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DS. Senado, Pleno, núm. 172, de 10/09/2015
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ


Sesión núm. 79


celebrada el jueves, 10 de septiembre de 2015


ORDEN DEL DÍA






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley del sector ferroviario.

621/000146
infraestructura de transportes; seguridad del
transporte; transporte ferroviario


Fomento





Proyecto de Ley de Carreteras.

621/000147
infraestructura de transportes; red de carreteras;
seguridad del transporte


Fomento





Proyecto de Ley de Seguridad Nacional.

621/000152
cooperación administrativa; política de defensa;
seguridad pública


Constitucional





Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para el
establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los
Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su
modificación.


624/000004
autonomía; proyecto de ley; recurso de
inconstitucionalidad


Constitucional







HABILITACIONES




Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016.


551/000080





SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY DEL SECTOR FERROVIARIO.

621/000146

Fomento


La señora Pan Vázquez, presidenta de la comisión, presenta el
dictamen.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 1.


El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 2.


El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 4,
de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.


El señor Martí Jufresa defiende la propuesta de veto número 5, de
la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí
Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs y de la señora Sequera García,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Iparragirre Bemposta defiende la propuesta de veto
número 3, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Alturo Lloan defiende la propuesta de veto número 7, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió.


El señor Fernández Ortega defiende la propuesta de veto número 6,
del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Mateu Istúriz,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el
señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora
Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; el señor Fernández
Ortega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Mateu Istúriz,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar. .............................................
17019


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido
voto a favor de todos los vetos.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 226 más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 225
más 1 voto telemático, 226; a favor, 80 más 1 voto telemático, 81; en
contra, 144; abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 226 más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 225
más 1 voto telemático, 226; a favor, 81 más 1 voto telemático, 82; en
contra, 144.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 226 más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 224
más 1 voto telemático, 225; a favor, 80 más 1 voto telemático, 81; en
contra, 144.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 225 más 1 voto telemático, 226; votos emitidos, 223
más 1 voto telemático, 224; a favor, 80 más 1 voto telemático, 81; en
contra, 142; abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 226 más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 225
más 1 voto telemático, 226; a favor, 81 más 1 voto telemático, 82; en
contra, 144.


Se rechaza la propuesta de veto número 7, con el siguiente
resultado: presentes, 226 más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 225
más 1 voto telemático, 226; a favor, 77 más 1 voto telemático, 78; en
contra, 147; abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente
resultado: presentes, 225 más 1 voto telemático, 226; votos emitidos, 224
más 1 voto telemático, 225; a favor, 81 más 1 voto telemático, 82; en
contra, 143.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 71 del
Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por este senador.


La señora Iparragirre Bemposta defiende las enmiendas 72 a 81,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas 82 a 159 y 231
a 234, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 160 a 230, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 318 a 381, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.


El señor Sanz Carramiñana defiende las enmiendas 235 a 254 y 256
a 317, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ibarrondo
Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i d’Unió; el señor Sanz Carramiñana, por
el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Ibarrondo Bajo, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar. .............................................
17038


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.


El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.









PROYECTO DE LEY DE CARRETERAS.

621/000147

Fomento


La señora Pan Vázquez, presidenta de la comisión, presenta el
dictamen.


El señor Guillot Miravet anuncia la retirada de la propuesta de
veto número 1, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Comienza el debate de los votos particulares.


La señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
sus enmiendas 175 y 176.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 25, del
Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por este senador, y
da por defendidas las enmiendas 26 y 27, también del Grupo Parlamentario
Mixto, presentadas inicialmente por la señora Domínguez Hormiga.


La señora Iparragirre Bemposta defiende la enmienda 28, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas 29 a 58 y 84 a 87,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 59 a 83, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 125 a 174, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.


El señor Medina Tomé defiende las enmiendas 88 y 91 a 124, del
Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ibarrondo
Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor
Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i d’Unió; el señor Fernández Ortega, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Ibarrondo Bajo, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se pospone la votación.









PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD NACIONAL.

621/000152

Constitucional


El señor Cuevas Cuerda, vicepresidente primero de la comisión,
presenta el dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 1 y da por defendida la propuesta de
veto número 2, de la señora Capella i Farré, también del Grupo
Parlamentario Mixto.


La señora Lima Gozálvez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
su propuesta de veto número 5.


El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 4,
del señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.


El señor Bildarratz Sorron defiende la propuesta de veto
número 6, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


La señora Rivero Segalàs defiende la propuesta de veto número 3,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ramírez
Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández y
la señora Lima Gozálvez, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; el
señor Antich Oliver, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor
Ramírez Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.









PROYECTO DE LEY DE CARRETERAS. (Votación)

621/000147

Fomento


Se procede a votar. .............................................
17084


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.


El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.









PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD NACIONAL.
(Continuación)


621/000152

Constitucional


Se procede a votar las propuestas de veto.
............................................. 17087


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido
voto a favor de todos los vetos.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 219 más 1 voto telemático, 220; votos emitidos, 219
más 1 voto telemático, 220; a favor, 16 más 1 voto telemático, 17; en
contra, 202; abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 223 más 1 voto telemático, 224; votos emitidos, 223
más 1 voto telemático, 224; a favor, 15 más 1 voto telemático, 16; en
contra, 207; abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 222 más 1 voto telemático, 223; votos emitidos, 222
más 1 voto telemático, 223; a favor, 15 más 1 voto telemático, 16; en
contra, 207.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 223 más 1 voto telemático, 224; votos emitidos, 223
más 1 voto telemático, 224; a favor, 16 más 1 voto telemático, 17; en
contra, 207.


Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente
resultado: presentes, 223 más 1 voto telemático, 224; votos emitidos, 223
más 1 voto telemático, 224; a favor, 15 más 1 voto telemático, 16; en
contra, 208.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 223 más 1 telemático, 224; votos emitidos, 223
más 1 telemático, 224; a favor, 15 más 1 telemático, 16; en
contra, 208.


Comienza el debate de los votos particulares.


La señora Lima Gozálvez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
las enmiendas 55 a 57.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 1, del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada originariamente por este senador.


El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 21 a 38, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Saura Laporta defiende la enmienda 20, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas 47 a 54, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Rivero Segalàs defiende las enmiendas 2 a 19, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.


El señor Antich Oliver defiende las enmiendas 39 a 46, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Casero Ávila,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz Sorron,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté
Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la
señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i d’Unió; el señor Antich Oliver, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Casero Ávila, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar. .............................................
17096


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.


El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PARA EL
ESTABLECIMIENTO DEL RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD PARA LOS
PROYECTOS DE LEY ORGÁNICA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA O DE SU
MODIFICACIÓN.


624/000004

Constitucional


El señor Cuevas Cuerda, vicepresidente primero de la comisión,
presenta el dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 1 y da por defendida la propuesta de
veto número 5, de la señora Capella i Farré, también del Grupo
Parlamentario Mixto.


La señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
su propuesta de veto número 3.


El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 4,
del Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.


El señor Bildarratz Sorron defiende la propuesta de veto
número 2, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


La señora Rivero Segalàs defiende la propuesta de veto número 6,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ramírez
Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández y
el señor Espinar Merino, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; el
señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el
señor Ramírez Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se procede a votar. .............................................
17119


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido
voto a favor de todos los vetos.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 190 más 1 voto telemático, 191; votos emitidos, 190
más 1 voto telemático, 191; a favor, 12 más 1 voto telemático, 13; en
contra, 177; abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 191 más 1 voto telemático, 192; votos emitidos, 190
más 1 voto telemático, 191; a favor, 11 más 1 voto telemático, 12; en
contra, 178; abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 191 más 1 voto telemático, 192; votos emitidos, 191
más 1 voto telemático, 192; a favor, 11 más 1 voto telemático, 12; en
contra, 179; abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 191 más 1 voto telemático, 192; votos emitidos, 191
más 1 voto telemático, 192; a favor, 11 más 1 voto telemático, 12; en
contra, 179; abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 191 más 1 voto telemático, 192; votos emitidos, 191
más 1 voto telemático, 192; a favor, 11 más 1 voto telemático, 12; en
contra, 179; abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente
resultado: presentes, 191 más 1 voto telemático, 192; votos emitidos, 191
más 1 voto telemático, 192; a favor, 9 más 1 voto telemático, 10; en
contra, 181; abstenciones, 1.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Yanguas Fernández da por defendida la enmienda 3, del
Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por la señora
Julios Reyes.


El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 1 y 2, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Saura Laporta defiende la enmienda 4, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Martí Jufresa da por defendida la enmienda 5, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Rivero Segalás da por defendidas las enmiendas 6 a 8,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió.


El señor Rodríguez Esquerdo defiende la enmienda 9, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Navarro
Viscasillas, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Espinar Merino, por
el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Saura Laporta, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Rodríguez
Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Navarro
Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar. .............................................
17127


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.


El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.










HABILITACIONES





PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL
AÑO 2016.


551/000080



Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.


Se levanta la sesión a las veintiuna horas y veinte minutos.







Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Buenos días, señorías.






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY DEL SECTOR FERROVIARIO.

621/000146

Fomento


El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1. y 7.1.4.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra la presidenta de la Comisión de Fomento, senadora Pan.


La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, como presidenta de la Comisión de Fomento me
corresponde el honor de presentar ante el Pleno del Senado el dictamen de
esta comisión sobre el Proyecto de Ley del sector ferroviario.


El texto de este proyecto de ley, remitido por el Congreso de los
Diputados, tuvo entrada en el Senado el día 13 de julio de 2015,
abriéndose un plazo para la presentación de enmiendas que fue prorrogado
hasta el día 30 del mismo mes. Al proyecto de ley se han presentado 7
propuestas de veto y 381 enmiendas.


La propuesta de veto número 1, de la señora Capella i Farré, del
Grupo Parlamentario Mixto. La propuesta de veto número 2, del señor
Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto. La propuesta de veto
número 4, del señor Guillot Miravet y del señor Saura Laporta, ambos del
Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Catalunya. La propuesta
de veto número 5, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué,
el señor Boya Alòs, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el
señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera
Garcia, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya. La propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado. La propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió. Y la propuesta de
veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.


Las 381 enmiendas se distribuyen de la siguiente forma:
Enmiendas 1 a 71, del señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario
Mixto. Enmiendas 72 a 81, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.
Enmiendas 82 a 234, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya. Enmiendas 318 a 381, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i d’Unió. Enmiendas 235 a 254 y 256 a 317,
del Grupo Parlamentario Socialista.


La ponencia designada para informar el proyecto de ley procedió a
emitir informe el día 26 de agosto de 2015, acordando aceptar como
informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión
se reunió para determinar dicho proyecto el día 26 de agosto de 2015,
aceptando como dictamen el informe realizado por la ponencia.


Finalmente, se han presentado los siguientes votos particulares a
este dictamen. Votos números 1 y 2, del Grupo Parlamentario Mixto. Voto
número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió. Voto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista. Votos
números 4 y 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Votos
números 6 y 7, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Voto número 8, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del
Grupo Parlamentario Mixto. Voto número 9, presentado conjuntamente por la
señora Almiñana Riqué, señor Boya Alós, señor Bruguera Batalla, señor
Martí Jufresa, señor Montilla Aguilera, señor Sabaté Borràs y señora
Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.


Comenzamos el debate de las propuestas de veto.


En primer lugar, la propuesta de veto número 1, de la senadora
Capella. Tiene la palabra para su defensa.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.


Señorías, hemos presentado veto a este proyecto de ley y, además,
insistiré en lo que he venido diciendo a lo largo de estos días. De nuevo
ponemos en entredicho la forma en la que el Gobierno del Estado español,
a quien da apoyo el Partido Popular, legisla. No lo dice esta senadora de
Esquerra Republicana, se lo dice el Consejo de Estado, que considera que
este texto no es un buen texto.


Es evidente que tienen prisa para pasar este trámite, dado que
entramos ya en una dinámica electoral y seguramente los augurios respecto
a los resultados han desencadenado esta manera de legislar en la que
todos estamos inmersos. Es verdad que las prisas no son buenas consejeras
para nadie; entendemos que en este proyecto de ley no se han podido
contrastar, ni evaluar ni incorporar de una forma adecuada las
consideraciones que deberían haber realizado los distintos sectores
afectados. Cierran en falso la regulación del sector ferroviario al no
determinar las bases de liberalización, incluso otorgando a la ministra
de Fomento la posibilidad de regular mediante orden facultades que le
exceden.


Señorías, la liberalización ferroviaria no garantiza la seguridad
del empleo ni las condiciones laborales, ni siquiera el respeto a los
estándares de calidad y mantenimiento que debería tener el sistema
ferroviario. Deberíamos recordar la situación en la que se encuentra
Inglaterra, que privatizó su línea de ferrocarriles a mediados de los
años noventa. No se ponen de acuerdo ni en el Consejo de Transportes de
la Unión Europea; ningún país respalda la postura del Estado español y
ustedes deberían preguntarse por qué otros países europeos, como Grecia,
Portugal, Holanda, Irlanda o Austria, han manifestado su oposición a la
aplicación total de la directiva. ¿Por qué Francia y Alemania están a la
expectativa? Si quieren, les hago una reflexión de lo que pasa en
Cataluña. Ustedes me dirán que en todo caso fue transferido y que es
responsabilidad de la Generalitat de Catalunya. Sin ir más lejos,
anteayer volvimos a tener retrasos de entre cuarenta y cinco minutos y
dos horas y media, que hasta ayer a mediodía seguían vigentes. Es
inaudito que hoy en día sigan siendo incapaces de resolver el déficit
endémico que Cataluña arrastra en infraestructuras ferroviarias. El
Gobierno del PSOE comprometió 4000 millones de euros, de los que a día de
hoy solo se ha ejecutado una décima parte. Por tanto, entendemos que nada
nuevo hay en el horizonte para que… (Se apagan parte de las luces
del hemiciclo). Yo no tengo nada que ver con esto. (Risas).


El señor PRESIDENTE: ¿Está segura? (Risas). Continúe, si puede
leer.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Como decía, se comprometieron 4000
millones de euros a fin de poder poner al día las Cercanías de Cataluña y
a día de hoy solo ha sido ejecutada una décima parte. La falta de
inversión es igual a falta de seguridad, a la vez que impide una
frecuencia de paso de los convoyes. Esto significa menor afluencia de
ciudadanos y, obviamente, identifica qué modelo de transporte y de
sostenibilidad tenemos unos y tienen otros.


Ustedes comprometen nuestras infraestructuras y con ello, sobre
todo, nuestro crecimiento, todo esto con ADIF arrastrando una deuda
de 24 000 millones de euros y Renfe de 5000 millones de euros. Otro
ejemplo, ¿cómo puede ser que la línea Barcelona-Puigcerdà aún circule a
velocidad propia del siglo XIX, pese a que ustedes se comprometieron a
hacer mejoras en esta línea? El último compromiso es de febrero
de 2015.


Ustedes siguen empeñados en hipotecar el crecimiento de todo el
arco mediterráneo e impulsan el corredor central, en detrimento del
proyecto insignia de la Unión Europea, que no es otro que el corredor
mediterráneo. Con ello, castigan —se lo decía al ministro Montoro
el martes— no solo a la competitividad y al empresariado del arco
mediterráneo, de los Països Catalans, del País Valencià, de Cataluña,
sino que comprometen el de la península ibérica. Un ejemplo que lo
demuestra es la paralización otra vez del tramo Castellbisbal-Martorell,
eje principal del corredor mediterráneo, lugar donde hay empresas de la
envergadura de Seat, Solvay, Cerestar, piezas muy importantes para el
crecimiento de la economía catalana, pero que también afecta a la
península ibérica. Para nosotros, este tramo es muy importante, es
importante para todos, ya que facilitaría la salida de los productos a
Europa, a la vez que se terminaría con el cuello de botella más
importante de dicho corredor. Con este proyecto de ley y con este modelo
que ustedes diseñan, condenan a las líneas que a sus ojos no son
rentables, sin dar la posibilidad de que las autonomías puedan buscar
soluciones para garantizar su futuro.


La pregunta que debemos formularnos cada vez que se tramita un
proyecto de ley es cuál es su objetivo y qué se pretende. En todo caso,
la pregunta que nos hacemos nosotros en Cataluña es: ¿cómo beneficia a
Cataluña? ¿Cómo beneficia a los catalanes y a las catalanas? ¿Cómo se
resuelve la pérdida de competitividad? ¿Qué representa para nosotros la
falta del corredor mediterráneo? En definitiva, como les decía al
principio de mi intervención, ¿por qué se legisla de esta manera,
deprisa, rápido? ¿A quién están intentando beneficiar ustedes con este
proyecto de ley? Dejo aquí la pregunta. Me gustaría que ustedes me la
contestasen.


En todo caso, por estos motivos y por los que se irán exponiendo
a lo largo de las intervenciones, hemos presentado veto a este proyecto
de ley y solicitamos el apoyo del resto de los grupos parlamentarios.
Anunciamos que daremos apoyo a los vetos que han sido presentados por el
resto de grupos parlamentarios, indicando que deberían hacer una
reflexión, porque es evidente que ustedes se habrán dado cuenta de que,
en este devenir legislativo de este último tramo final de la legislatura,
no hay ley que no lleve acompañados, excepto la de carreteras —si
no recuerdo mal—, vetos de la mayoría de los grupos parlamentarios
que conforman la oposición en esta Cámara. Es una reflexión que dejo en
el aire por si ustedes entran en razón y se dan cuenta de que este
proceder legislativo no es la mejor manera de avanzar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


Propuesta de veto número 2 del senador Iglesias. Tiene la palabra
para su defensa.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Inicio la defensa del veto, en este ambiente íntimo al que solo
le falta como música de fondo «Y todo a media luz» (Risas), desde la
perspectiva de cuestionar gran parte de las líneas maestras del Proyecto
de Ley de ferrocarriles.


Como seguramente sus señorías saben, la organización que
represento, Izquierda Unida, se ha manifestado en contra del proceso de
liberalización del sector ferroviario por considerar que es un sector
estratégico; en consecuencia, no debiera ser susceptible de sustraerse a
la decisión de los poderes públicos, sin perjuicio de que, a la vez,
seamos conscientes de que las directivas europeas imponen unas
exigencias. Pero siendo cierto que las directivas europeas imponen
exigencias respecto a la liberalización del sector ferroviario, no lo es
menos que, en nuestra opinión, este proyecto de ley hace una
interpretación entusiasta de esa demanda de liberalización y, además,
apresurada de su concreción en el tiempo.


Presentamos este veto por considerar que, al contrario de lo que
de forma expresa las directivas europeas demandan, no es imprescindible,
como establece el proyecto, que se abra la posibilidad de que existan
varios operadores de infraestructuras ferroviarias públicos o privados.
Conocen sus señorías la situación actual después de la reestructuración
de la gran empresa pública del sector ferroviario español, Renfe. Se
configuró la sociedad ADIF precisamente para jugar ese papel de gestor de
las infraestructuras ferroviarias. En nuestra opinión, debe mantenerse el
modelo actual de un único operador público como gestor de las
infraestructuras ferroviarias.


Tampoco compartimos las prisas de la liberalización del
transporte ferroviario de viajeros iniciado ya hace más de un año,
fundamentalmente en torno a las líneas de alta velocidad ferroviaria. Con
esta decisión de abrir ya la liberalización del transporte ferroviario de
viajeros se adelantan los plazos máximos fijados en las directivas
europeas. Entendemos que a lo máximo que se debiera llegar es a permitir
la existencia de líneas ferroviarias de titularidad privada
exclusivamente cuando estas conformen el complemento de la actividad
principal diferente del titular; pensemos en una gran siderurgia que
necesita una línea ferroviaria para conectar con el puerto más próximo
por el que exportar la producción siderúrgica.


Frente a la regulación establecida en el proyecto, que demuestra
una total y absoluta obsesión por la eficiencia económica, Izquierda
Unida considera que toda la estrategia ferroviaria, desde la
planificación de las infraestructuras a la fijación de cánones y tarifas,
ha de someterse al principio de sostenibilidad social como única garantía
de la cohesión territorial, económica y social, que dice pretender
alcanzar el texto que estamos debatiendo en este Pleno. En un país como
el nuestro en el que sigue habiendo grandes diferencias en los servicios
ferroviarios de los distintos territorios —la senadora Capella
acaba de hacer referencia a las dificultades de Cataluña; yo podría
contarles a sus señorías los problemas que tenemos en mi tierra, en
Asturias—, la irrupción de la iniciativa privada en ningún caso va
a contribuir a superar unas desigualdades preexistentes; al contrario, la
búsqueda inmediata, como es lógico, de rentabilidad de las inversiones
privadas sin duda alguna las va a agravar, en tanto en cuanto se van a
concentrar donde ya, hoy, hay un mayor número de infraestructuras
ferroviarias porque existe una mayor demanda vinculada a la actividad
económica más importante. Incluso de la lectura del proyecto pudiera
parecer que el legislador acaba viendo como un estorbo para los objetivos
que se ha fijado la existencia de las empresa públicas y, por ello,
establece unos contenidos, una normativa, que propician que la iniciativa
privada esté en condiciones de acabar arrinconando a estas empresas
públicas.


Por otro lado, Izquierda Unida opina que la importancia de la
seguridad quedó trágicamente desvelada con el accidente de Santiago.
Aunque el proyecto establece avances sobre la situación que tenemos, no
es menos cierto que esos avances resultan poco exigentes, o al menos
insuficientes en esta materia, tanto en lo que hace referencia a las
infraestructuras como sobre todo en material rodante y personal, donde no
se establecen unas exigencias rigurosas que abunden en reforzar
suficientemente las demandas de necesidades concretas relacionadas con la
elevación del nivel de grado de seguridad y, además, el texto no
proporciona a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria la fortaleza
que precisa.


Esta posición que Izquierda Unida articula a través del veto es
el colofón de nuestro posicionamiento en torno a las políticas
ferroviarias desde el inicio de los procesos liberalizadores, en torno
al 2006 y 2007. Nos manifestamos en contra de la apertura de operadores
privados del tráfico de mercancías hace ya ocho años. Rechazamos en su
día la segregación de Renfe en tres sociedades y posteriormente la
desaparición de FEVE a través de la creación de Renfe Ancho Métrico.
Cuestionamos presupuesto a presupuesto que las inversiones en alta
velocidad se hicieran fundamentalmente a costa de no afrontar las mejoras
en los servicios de Cercanías, que han perdido usuarios en los últimos
años no solo por la crisis, que evidentemente significa menos
trabajadores que se desplazan en ferrocarril a su puesto de trabajo
porque se ven en la dramática situación de estar en el desempleo, sino
también por las medidas de ajuste que se han aplicado y que en muchos
casos han significado un deterioro del servicio. Igualmente, confrontamos
con la introducción de mecanismos de cierre de líneas y tramos, que
quedaban excluidos de la consideración de sujetos a obligación de
servicio público; no es que se haya generalizado ese proceso, pero es
cierto que se sentaron las bases y luego se aplicó de forma puntual en
los trenes regionales. Y rechazamos que en el proyecto se plantee que la
única alternativa al cierre en estas situaciones sea la asunción de
costes por las comunidades autónomas o, incluso —nos parece más
llamativo—, por las corporaciones locales.


Por estas razones formulamos el veto para el que solicitamos el
respaldo de la Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


La propuesta de veto número 4 es de los senadores Guillot y
Saura.


Tiene la palabra el senador Guillot, para su defensa.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president. Buenos días,
señorías.


Un proyecto más que vamos a debatir en las peores condiciones,
uno más entre los 7 de este Pleno y los 33 que vamos a aprobar en menos
de dos meses. Y seguimos degradando este Senado, que parece que nadie
quiere reformar.


A continuación, expondré las razones del veto que el senador
Saura y yo presentamos en representación de Iniciativa per Catalunya
Verds.


Señorías, dentro de poco más de un mes, aproximadamente, el
presidente Mariano Rajoy disolverá las Cortes. Entre tanto, discutiremos
y ustedes, señorías del PP, aprobaran una ley, la del sector ferroviario,
tramitada, en mi opinión, de forma muy precipitada. Una ley que no
responde a las necesidades del sector, a la sostenibilidad del sector
ferroviario, ni a su planificación y financiación. Una ley que no
garantiza los derechos de los ciudadanos, especialmente en las zonas
denominadas menos rentables. Lamentablemente, las políticas ferroviarias
de los gobiernos de España nunca han tenido en cuenta la cohesión
territorial, económica y social; nunca se ha dado una apuesta por la
sostenibilidad ambiental del sistema.


La ministra Pastor decía en el Congreso de los Diputados que esta
ley no es una ley para esta legislatura, ni siquiera para los próximos
diez años. Pues se equivoca. Vistos el número de vetos presentados, deseo
que se pueda cambiar después de las próximas elecciones.


Señorías, no es excusa de esa precipitación en la aprobación de
ese proyecto de ley justificarse en la urgencia de trasponer una
directiva europea, y menos si hablamos de la Directiva europea 2012/34,
que está sufriendo cambios en su tramitación. El informe del Consejo de
Estado ya alerta de la brevedad y premura de los plazos en la tramitación
del proyecto de ley; una ley, como la del sector ferroviario, que carece
de su memoria económica y de su informe económico, como señala el mismo
Consejo de Estado, algo realmente sorprendente.


La ministra Pastor también afirmaba en el Congreso, en la defensa
de este proyecto de ley, que el sistema ferroviario no es patrimonio de
ningún Gobierno, sino de todos los españoles. De ser cierta esta
afirmación, yo le respondería que cada vez es menos patrimonio de todos
los españoles y más de las empresas privadas tras el proceso de
privatización llevado a cabo y de los que van a impulsar este mismo
proyecto de ley.


Hablar en España de ferrocarriles es hablar del AVE, por los
menos en los últimos treinta años; es hablar de una especie de
papanatismo con el AVE que no se sostiene ni por necesidades sociales,
costos económicos, intereses territoriales, ni desde una óptica de
sostenibilidad territorial y ambiental. Señorías, ¿ustedes encuentran
lógico que seamos el país europeo con más kilómetros de AVE, más que
Alemania, de mucha mayor extensión territorial, mucho más plana, con
mayor población, por no hablar de sus potenciales económicos? ¿Es lógico
que seamos la segunda potencia del mundo detrás solo de China? ¿Es
razonable que desde el año 2000 el despliegue de la red europea de los
AVE en servicio se deba en un 50 % a España? ¿Que durante estos años de
dura crisis, lo que algunos llaman la gran recesión, con sus recortes de
gasto e inversión públicas, España representara el 70 % de los nuevos
servicios de AVE? ¿Qué se creen, que los países de nuestro entorno son
menos listos?, ¿que nosotros somos más ricos? La verdad es que desde el
punto de vista del senador Saura y mío es del todo irracional. ¿No
hubiera sido más útil, para modernizar nuestra red ferroviaria, invertir
en Cercanías y regionales, apostar por la velocidad alta, para
entendernos, Euromed, en vez de por la alta velocidad? Deben de estar muy
orgullosos de sus 2515 kilómetros de AVE construidos, de los 1380 en fase
de construcción y de los 1702 kilómetros que, según ADIF, restan por
construir. Nos proponen para 2016 en los Presupuestos Generales del
Estado que el 67 % del total de la inversión presupuestaria se destine al
AVE. Llevamos gastados más de 65 000 millones de euros en el AVE y no
hemos alcanzado aún el objetivo del 75 % de ocupación que se fijaba ya
para el 2009; seguimos en un 63 %, que es la misma ocupación que
en 2005.


Una apuesta por el AVE no sostenible, según el Tribunal de
Cuentas, que señala un coste de deuda amortizada a devolver a partir
de 2017 —dentro de año y medio— de 9142 millones de euros. No
podía ser de otra manera; si a las reducciones a la mitad de las
aportaciones de las ayudas europeas al AVE se le suman los recortes
presupuestarios, la resultante es este imparable endeudamiento. A la
preocupación, expresada por el Tribunal de Cuentas, de que los cánones
que ADIF cobra a Renfe y cobrará a los futuros operadores privados sean
suficientes para cubrir los costes de mantenimiento de la infraestructura
y para garantizar su sostenibilidad económica, la respuesta que da este
Proyecto de Ley del sector ferroviario es una mayor flexibilización de
estos cánones.


Señorías, en España, a mi entender, se ha primado velocidad sobre
seguridad y eficiencia. Esta concentración de la inversión en el AVE ha
producido el desplazamiento de los proyectos de inversión de los demás
modos ferroviarios con la inevitable descapitalización por no alcanzar la
inversión anual, ni siquiera los valores de mantenimiento. Les quiero
recordar que mientras tanto se han liquidado miles de kilómetros de red
convencional. Mientras se construían 2400 kilómetros de AVE, se reducía
la red convencional en 2954 kilómetros. Con las reducciones de la red
convencional llevadas a cabo por este Gobierno, casi dos millones de
pasajeros se han quedado sin servicio ferroviario, agravando los
problemas de territorios extensos de nuestra geografía que se van
despoblando. El proyecto de ley, en su artículo 4, hace referencia a las
líneas que se pueden incluir o excluir en el catálogo de líneas y tramos
de interés general, y en su artículo 11 abre la posibilidad de clausurar
líneas o tramos siempre que no sean rentables económica y socialmente. La
ley no define en ningún momento estos conceptos de rentabilidad económica
y social, y así como para los operadores la rentabilidad económica es
fácil de establecer, la social solo puede ser definida desde la
legislación e interpretada por los poderes públicos. Señorías, si la
lógica es exclusivamente la de la rentabilidad, el impacto social y
territorial será muy grave. Su propuesta de que las comunidades autónomas
o los ayuntamientos puedan asumir los costes de las líneas o tramos que
el Gobierno piensa suprimir, realmente es un brindis al sol, por no decir
un disparate.


Es un proyecto de ley que no resuelve con claridad las cuestiones
de la seguridad. Se plantea la creación de la agencia estatal de
seguridad ferroviaria sin definir con claridad sus competencias y
composición.


Nos presentan un proyecto de ley que tiene como uno de sus
principales objetivos consolidar el rigor en la planificación y
construcción de nuevas infraestructuras. Si esta afirmación se refiere al
rigor con el que hasta el momento se han tomado las decisiones sobre la
línea de alta velocidad, estamos aviados, y más si ya se han construido o
están en fase de construcción el 70 % del total de la planificación de
AVE. ¿Qué van a planificar y con qué rigor? Mucho me temo que el actual
Plan de infraestructuras, transporte y vivienda, Pitvi, ha generado una
especie de burbuja ferroviaria insostenible.


A nadie que haya leído el proyecto de ley se le escapa el afán
privatizador de este Gobierno. En 2013 se liberalizó el transporte
turístico de viajeros; en 2014, el resto de transporte de viajeros y,
ahora, con este proyecto de ley se pretende blindar la entrada de capital
privado para la explotación de nuestras infraestructuras ferroviarias de
transporte, tanto en mercancías como en viajeros. El Gobierno del Partido
Popular se adelanta a los procesos de liberalización marcados en la
directiva y modificada, en parte, en el cuarto paquete ferroviario, que
da de plazo hasta 2019 para la apertura del mercado ferroviario de
viajeros, y, hasta 2023, para la licitación de los contratos para la
obligación de servicios públicos.


Tampoco me sorprende nada, conociendo como las gasta este
Gobierno, que la nueva tasa para que las empresas de transporte de
viajeros contribuyan también al pago de las obligaciones de servicio
público no entre en vigor hasta 2022. En privatizar, corriendo, y en qué
paguen, lentísimos.


Señorías, en Europa ya tenemos una experiencia nefasta en la
privatización del servicio público ferroviario: la llevada a cabo en Gran
Bretaña por Margaret Thatcher. El senador Saura y yo consideramos que
sería mejor atender a los plazos que marca la Unión e insistimos en no
precipitarnos.


Para Iniciativa per Catalunya Verds el camino que marca esta ley
no es el correcto porque no se prima el interés general ni el equilibrio
territorial. La apuesta por el ferrocarril es una apuesta estratégica
para el país en todos los órdenes, por lo que no puede ni medirse con
criterios chatos de rentabilidad ni someterse a los intereses privados.
Es demasiado lo que hay en juego, por lo que pedimos su voto favorable a
este veto.


Gràcies, senyor president. Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


La propuesta de veto número 5 es de las senadoras Almiñana y
Sequera y de los senadores Boya, Bruguera, Martí, Montilla y Sabaté.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Martí Jufresa.


El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos
días.


Senadores, senadoras, no hay duda de la importancia del
ferrocarril para cualquier sociedad que quiera ser moderna y justa. La
centralidad de este modo de transporte proporciona igualdad de
oportunidades y garantiza, como ningún otro, el derecho a la movilidad.
Mercancías y viajeros circulan mucho mejor en ferrocarril que en otros
modos de transporte, incluso, en la cotidianeidad millones y millones de
ciudadanos necesitan, y querrían todavía más, disponer de un sistema
ferroviario que les permita funcionar en su vida con eficacia,
puntualidad, comodidad y eficiencia medioambiental y económica, en
términos de usuarios, pero también junto con la sociedad, en términos de
seguridad, y, a la vez, de dinamización económica. En este sentido, el
sector ferroviario dispone en España de 600 empresas que dan trabajo
a 145 000 personas, un trabajo cualificado, tanto directa como
indirectamente. Además, en términos de transporte genera 2150 millones de
euros al año y su industria factura 4350 millones de euros anuales, 2500
de los cuales están relacionados con la exportación. Aporta una
dinamización económica también clave en términos de desarrollo turístico
y, sobre todo, de competitividad para el resto de los sectores
económicos. En definitiva, señorías, como he dicho, es un sector crucial
para el presente y el futuro de cualquier sociedad que quiera ser
moderna, competitiva y justa. Por ello, este sector debe estar bajo el
amparo y cuidado del liderazgo público.


Un esfuerzo tan grande en términos sociales, económicos y
presupuestarios, y tan prolongado en el tiempo como el que requieren las
dotaciones y el desarrollo del sector ferroviario —que además
necesita mucho cuidado en su racionalización y sistematización puesto que
estas cantidades ingentes de esfuerzo después tienen poca flexibilidad
para volver atrás—, insisto, solo puede tener un liderazgo público.
En este país hemos hecho mucho todos, pero seguramente también convendrán
ustedes, señorías, en que todavía no hemos hecho suficiente y que hay
algunos errores básicos que habría que enmendar.


Por todo ello, señorías, mi grupo ha prestado una especial
atención a este proyecto de ley que nos parecía, como he dicho,
especialmente relevante para nuestro futuro colectivo. Y he de
transmitirles nuestra profundísima decepción debido a tres discrepancias
amplísimas en tres frentes que voy a exponer a lo largo de esta
intervención y que nos hacen llegar a esta conclusión: nos sentimos
altamente decepcionados por este proyecto de ley que es incapaz de
abordar, con la suficiente amplitud de miras y con la suficiente
profundidad social, un sector tan estratégico, como he dicho, para
nuestro desarrollo colectivo.


Nuestra primera discrepancia tiene que ver con la forma. Ustedes
son perfectamente conscientes de que esta tramitación ha sido muy
deficiente, como refleja el informe del Consejo de Estado, que es
inusualmente crítico con la tramitación de este proyecto de ley. Tanta
urgencia en la demanda de los informes preceptivos de los órganos
consultivos ha llevado a que incluso falte alguno —el del Consejo
Económico y Social, por ejemplo— y también a que la memoria
económica sea claramente inconsistente e insuficiente. Por tanto, la
primera decepción deriva de la discrepancia por la forma de tramitación,
en precario, de un proyecto de ley tan importante.


La segunda discrepancia —que también se ha formulado
aquí— es la oportunidad. Este proyecto, como todos ustedes saben,
se desarrolla en el marco del cuarto paquete ferroviario de la Unión
Europea. Es un paquete que está todavía en discusión y sobre el que no
hay consenso comunitario, entre otras cosas, sobre las fechas y las
condiciones de la liberalización, por ejemplo, del transporte interior de
viajeros. Se explicaba aquí también que otros socios comunitarios tienen
una actitud completamente distinta, mucho más prudente, pausada y
analítica sobre cuál debe ser el desarrollo de este sector en un futuro
inmediato. Por tanto, señorías, esta ley puede quedar obsoleta en breves
meses o años y, en este caso, insisto, eso supondría un agravante debido
a la complejidad de las marchas atrás en un tema como este.


Además, señorías, cambios estructurales tan profundos como los
que ustedes proponen en esta ley requieren evaluación y, sobre todo,
consenso técnico, social y político. El propio ministerio encargó un
informe a una comisión científico-técnica creada ad hoc para el estudio
de mejoras en el sector ferroviario, y este informe dice a las claras,
señorías, que ustedes no lo están haciendo bien, que el funcionamiento no
es oportuno. En su punto cuarto, este informe solicita que antes de tomar
cualquier decisión se desarrolle un análisis multidisciplinar sobre la
experiencia del sector ferroviario en España desde 2005; análisis que el
ministerio no ha llevado a cabo y, por tanto, no ha tenido en cuenta,
como requeriría este asunto, el análisis de los distintos factores.
Además, en el apartado siete dice muy claramente: hasta que todas estas
entidades y organismos no hayan sido definidas, estructuradas y funcionen
adecuadamente, y hasta que no se haya producido un retorno de experiencia
mucho más consistente, si se pretende avanzar en la liberalización del
transporte nacional de viajeros, más allá de lo que finalmente exija la
Unión Europea, habría que analizar con cuidado las posibles
implicaciones. Por el momento, existen muy pocas experiencias
liberalizadoras de éxito. Por tanto, parece prudente acometer un proceso
gradual de transformación. Es decir, todo lo contrario de lo que ustedes
pretenden con este proyecto de ley.


Sus propios expertos, señorías del Partido Popular, recomiendan
calma y prudencia en el enfoque y en las propuestas, y ustedes hacen todo
lo contrario: precipitar —y de manera urgente durante este último
tramo de la legislatura— el cambio de toda la estructura del sector
ferroviario en España.


¿Qué necesidad había de plantear ya esta ley? ¿Qué urgencia
había, teniendo tiempo, como tenemos, hasta 2019? Me temo que la
respuesta tiene que ver con el tercer tipo de discrepancia que les
anunciaba: discrepancias de fondo muy significativas en cuanto al enfoque
de esta ley y, sobre todo, respecto al modelo de organización propuesto
del sector ferroviario. En cuanto al enfoque, señorías, esta ley traduce
una apuesta solo superficial por el ferrocarril en nuestro país. Existen
lagunas en aspectos clave que indican que el objetivo principal de este
proyecto de ley no es, como decíamos al principio, que el transporte por
ferrocarril nuclee y vertebre la apuesta por la movilidad en España sino,
simplemente, un cambio de modelo al que luego me referiré.


Voy a señalar brevemente seis aspectos que este proyecto de ley
no recoge. Primero: mercancías. Este es el primer reto que tenemos que
afrontar en España en cuanto al transporte. Los datos son clarísimos:
estamos muy por debajo de la media. Los usos mixtos de vía dificultan la
clave del buen funcionamiento del transporte de mercancías: la velocidad
continua; la logística, la optimización de capacidades y la
interoperabilidad no están para nada reflejadas en esta ley. Segundo: la
intermodalidad. Ustedes se llenaron la boca con la intermodalidad al
principio de legislatura y, sin embargo, en este proyecto no encontramos
nada en términos de trazados, de ubicación de las estaciones, de relación
con otros modos de transporte, etcétera. Tercero: la integralidad, es
decir, la relación de la Red Ferroviaria de Interés General con la red de
Cercanías y otros modos de transportes, y lo que es más importante
todavía: la relación del ferrocarril con otras cuestiones clave para que
pueda tener un buen funcionamiento; por ejemplo, el abastecimiento de
energía. Cuarto: la homologación y tecnificación respecto al ancho de
vía, un asunto importantísimo que ni siquiera se menciona en este
proyecto de ley. Señorías, en España conviven tres anchos de vía. Sin
duda, hay que hacer un gran esfuerzo por compatibilizarlos y, sobre todo,
para que la red central pueda relacionarse con el resto de Europa. Sin
embargo, hay falta de señalización, de desdoblamiento, de material, de
informática de gestión y cuestiones relacionadas con el desarrollo de la
I+D en la investigación ferroviaria. Quinto: los derechos y deberes de
participación de los usuarios. Y sexto: los profesionales del sector,
pues en esta ley no se recoge nada en cuanto a su carrera, su formación o
el horizonte de su desarrollo profesional.


En definitiva, este proyecto cuenta con lagunas en aspectos
claves, lo que se traduce en que para ustedes el sector del ferrocarril
no ocupa la posición central de la que hablábamos antes.


Pero la principal discrepancia con mi grupo, como pueden suponer,
tiene que ver con el cambio y el desbarajuste en el modelo de
organización del sector ferroviario que propone esta ley. En esta ley no
queda clara cuál va a ser la titularidad de las vías de nuestro país. Hay
una leve referencia a que puede haber una titularidad privada, pero en
ningún momento se dice que la titularidad sea pública, lo cual, por
comparación con la ley de carreteras que discutiremos después, llama
poderosísimamente la atención, pues en esta última sí se dice
explícitamente; es más, se indica que el Gobierno podrá dar facilidades
de expropiación para la construcción de líneas de ferrocarril privadas. Y
es lo único que se menciona en esta ley.


Segundo aspecto: fragmentación y privatización del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias de la red de interés general. Además, en
un punto se habla del administrador y, en otro, del administrador
general, con lo cual se genera cierta confusión sobre cómo se organiza la
red.


El tercer elemento es la consolidación de la idea de la OSP, de
la obligación de servicio público, que es la concepción al revés, que
consiste en pensar que el mercado proveerá y que, donde el mercado no
llegue, habrá un Gobierno que dirá que hay una obligación de servicio
público y destinará cierta cantidad de dinero para que quede mitigado el
desequilibrio del mercado, cuando, como he dicho, el sector ferroviario
tiene que pensarse desde el liderazgo público. ¿Con la complementariedad
del sector privado? Sin duda. ¿Entendiendo que puede haber liberalización
en determinados tramos? También. Pero sin dejar nunca al mercado, al
sector privado, el peso del desarrollo de este sector.


En definitiva, señorías, se trata de un modelo que está en las
antípodas del que nosotros defendemos, que es el modelo de base pública,
de titularidad pública, de administración de la infraestructura pública
como garantía del servicio público y de operadores públicos y privados,
pero con un operador público central que garantice el equilibrio entre
los tramos de rentabilidad y los de no rentabilidad. Señorías, el mercado
solo responde a la demanda que es solvente y, en este caso, estamos
hablando de algo que va mucho más allá de una demanda. Liberalizar no
quiere decir privatizar, y el sector público en esta ley queda como un
mero regulador.


Por todos estos motivos, señorías, mi grupo propone este veto y
votará a favor del resto porque nos parece más necesario que en muchos
otros proyectos de ley, que este texto acabe aquí su tramitación, que se
devuelva al Gobierno y encuentre la pausa, el análisis, el trabajo
previo, el debate y el consenso que un tema tan sumamente estratégico
para nuestro país requiere. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez,
ocupa la Presidencia).


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Para la defensa del veto del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, mahaiburu jauna.
Egun on. Buenos días, señorías.


Sin duda, compartimos las bondades del ferrocarril y en mi grupo
estamos convencidos de que el futuro viaja en tren. No es la primera vez
que nos lo escuchan. De ahí la insistencia de mi grupo y de esta senadora
en concreto en la Y vasca, y no solamente como un proyecto importante
para Euskadi y para España, sino para la conexión que supone con
Europa.


Teniendo en cuenta lo anterior, deberíamos entender la
importancia de esta ley. Sin embargo, consideramos que llega tarde y mal,
como ya se ha manifestado anteriormente; incluso, más allá de lo que
opinemos como senadores o como grupos parlamentarios, el propio informe
del Consejo de Estado lo constata.


Es verdad que esperábamos que hubiera habido un mayor número de
puntos de encuentro en torno a esta ley, y me baso en las palabras que la
señora ministra citaba al presentar el proyecto en el Congreso. Ella
hablaba de voluntad para alcanzar acuerdos, pero no es lo que ha pasado
en el transcurso del trámite parlamentario.


Como decía, creemos en el modelo integral del ferrocarril pero
eso sí, señorías, desde el respeto competencial, y el veto que a
continuación voy a defender se basa principalmente en ese aspecto.


Mi grupo presenta el veto a este proyecto de ley y lo basa
precisamente en la utilización manifiestamente abusiva del concepto de
interés general. Así, en relación con las competencias sobre
ferrocarriles, el artículo 149.1.21.ª de la Constitución establece que el
Estado tiene competencias sobre ferrocarriles y transportes terrestres
que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma.
Mientras tanto, el artículo 148.1.5.ª dice que las comunidades autónomas
pueden asumir competencias cuando el itinerario de los ferrocarriles se
desarrolle íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma.


Por su parte, el artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía del
País Vasco, aprobado por la Ley orgánica 3/1979, establece la competencia
exclusiva en materia de ferrocarriles, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 149.1.20.ª de la Constitución, mientras que el artículo 12.9
del Estatuto de Autonomía dispone que la comunidad autónoma tiene la
competencia de ejecución de la legislación del Estado en materia de
ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y
su destino dentro del territorio de la comunidad autónoma, aunque
discurran sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que hace
referencia el artículo 149.1.21.ª de la Constitución, sin perjuicio de la
ejecución directa que se reserve el Estado.


La sentencia del Tribunal Constitucional 245/2012 recuerda que la
distribución de competencias en esa materia se basa en dos ejes
fundamentales: el territorial y el de interés general. El primero, es
decir, el territorial, no es el único pero sí es fundamental o esencial.
Señorías, esto significa que a pesar de ser necesario completar este
título competencial con los de obra pública e interés general, el
criterio territorial sigue siendo el primordial y, por ello, no es
posible desvirtuarlo con otros títulos estatales, por lo que siguiendo la
doctrina del Tribunal Constitucional deberían ser aplicados solamente
como excepción.


Con fundamento en todo lo anterior, no cabe la sustitución del
criterio territorial por el de interés general a la hora de aplicar el
reparto de competencias. De hecho, son numerosos los pronunciamientos
anteriores a la importante sentencia 245/2012, que he mencionado
anteriormente, que vienen a avalar dicha doctrina, entendiendo así que la
materia está sometida a un doble canon sucesivamente: el de
territorialidad y el de interés general, en el entendimiento de que el
criterio de interés general complementa y modula el puramente
territorial, pero sin excluirlo de forma sustancial. Por ello, el Estado
no es competente para actuar en el ámbito interno de las comunidades
autónomas y cualquier intervención se tendrá que fundamentar en otros
títulos habilitantes, expresamente previstos en la propia
Constitución.


En relación con las competencias sobre transporte ferroviario, la
doctrina del Tribunal Constitucional ha advertido que el transporte es
una materia con entidad propia y diferenciable de la infraestructura, y
que la competencia sobre el transporte no afecta, en principio, a la
relativa a la infraestructura, pues se trata de funciones públicas
diferenciadas a los efectos de la distribución de competencias entre el
Estado y las comunidades autónomas.


La principal particularidad de la distribución competencial en
materia de transportes terrestres es la que resulta de la distinción que
se produce entre las competencias normativas y las competencias de
ejecución de la legislación estatal. Así, el objeto de la competencia
autonómica de ejecución es, en principio, algo más amplio que el de la
competencia autonómica exclusiva sobre transportes intracomunitarios,
pues mientras la primera se refiere a los transportes ferroviarios cuyo
origen y destino se hallen dentro de la comunidad autónoma, con
independencia de que el recorrido rebase en algún momento, como he dicho
anteriormente, el territorio autonómico, la segunda se circunscribe a los
transportes que discurran íntegramente por el territorio de la comunidad
autónoma, con independencia de a quién corresponda la titularidad de la
infraestructura y de la reserva de la acción directa por parte del
Estado.


Señorías, en reiteradas ocasiones se ha reprochado al Grupo Vasco
nuestro erre que erre con la defensa del ámbito competencial; una defensa
realizada siempre partiendo de un prisma político, aunque ciertamente
todo lo que aquí debatimos tiene ese enfoque.






Quizá por ello hoy estoy
intentando esgrimir algún argumento desde un prisma más jurídico en la
defensa de este veto. Como les decía, la sentencia 245/2012 del Tribunal
Constitucional ha señalado que si los servicios de transporte ferroviario
discurren íntegramente por una la comunidad autónoma, la entera
ordenación de esos transportes ferroviarios debe corresponder a dicha
comunidad, que tiene plena libertad para organizar la gestión y la
financiación de los servicios y transportes ferroviarios de interés
público, atendiendo a la importancia del criterio territorial en la
distribución de competencias.


En cuanto a otros títulos competenciales que resultan
concurrentes es preciso señalar que el carácter estratégico de los
transportes en general, y del ferroviario en particular, tanto en lo que
afecta a la propia infraestructura como al servicio de transporte de
viajeros, tiene una indudable dimensión económica, lo que puede
justificar que en su regulación entren en juego otros títulos
competenciales de esta naturaleza, algo que no negamos. No obstante los
puntos 13.ª y 14.ª del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución
relativos a las bases de coordinación de la planificación de la actividad
económica en general, y de la Hacienda pública, deben ser definidos. No
se pueden crear prestaciones patrimoniales de carácter público para uso
de las infraestructuras ferroviarias, u otros conceptos, o de cualquier
medida que incida en los ingresos y en los gastos del Estado sin
manifestar claramente cuáles son los conceptos por los que se
realizan.


No les voy a relatar una vez más la variedad de manifestaciones y
de retorcidos usos del Gobierno, y que sospecho que en el tiempo que nos
queda, que es breve, pretende seguir utilizando en relación con el título
competencial del artículo 149.1 de la Constitución, pero hay
abundantísima jurisprudencia constitucional que viene a decir que la
invocación de tal competencia no puede provocar el vaciamiento de las
competencias autonómicas, que en ningún caso pueden quedar vacías de
contenido a causa de la intervención estatal. Señorías, creo que esto
está meridianamente claro, y lo hemos defendido en reiteradas
ocasiones.


Como les decía, entendemos que es absolutamente necesario, si se
hace uso de este título, que se concreten los preceptos, los capítulos o
los títulos a los que se refieren cada una de las materias, y ustedes en
esta ley no lo hacen; hacen una referencia genérica. Esta determinación
es absolutamente necesaria por una razón clara: por exigencias de
seguridad jurídica que afectan al fundamento mismo del proyecto de ley
que ha de partir de la correcta identificación de las competencias que el
Estado tiene para aprobarla. Además, no hay que olvidar, y lo hemos
mencionado a lo largo del debate sobre los diferentes temas objeto de
este Pleno, que en un Estado compuesto como el español la lealtad
institucional obliga a primar el escrupuloso respeto al orden de las
competencias, y eso no solo significa que cada nivel territorial deba
fundamentar debidamente sus competencias, sino que también debe facilitar
el ejercicio de las de los demás, más aun cuando las nuestras deben
ejercerse en el marco de las suyas.


Creo que al hilo de las anteriores consideraciones debemos llamar
la atención, en primer lugar, sobre la definición de la red ferroviaria
de interés general del artículo 4 del proyecto de ley, que es idéntica a
la que recoge el número 4 de la vigente Ley del sector ferroviario, si
bien con tres apartados más, el 4, el 5 y el 6, que tratan sobre el
catálogo de infraestructuras ferroviarias de la red de interés general
que debe aprobar el Ministerio de Fomento y en cuya elaboración deben ser
escuchadas las comunidades autónomas correspondientes, puesto que supone
la puesta en servicio de nuevas infraestructuras mediante un sistema de
inclusión automática en el citado catálogo.


A la vista de lo anterior podemos afirmar que en esta cuestión no
se produce ninguna variación relevante, por lo menos de los criterios
empleados en el precepto para considerarla como una infraestructura de
interés general, y continúan siendo los mismos que en la Ley del sector
ferroviario; por tanto, merecen el mismo juicio que estos. En nuestra
opinión no se definen los límites precisos ni se traza una línea clara
sobre la realidad a la que se refieren, al tiempo que se elude, se hace
caso omiso, a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la
distribución de competencias en materia ferroviaria a la que
anteriormente me he referido.


Estas son precisamente las razones que han conducido al
contencioso que la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
mantiene en la actualidad con el Ministerio de Fomento, puesto que la
discusión radica en cuáles son esos tramos y esas líneas que deben tener
esta consideración en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, en
Euskadi. Lo peor es que es un problema que se podía haber solucionado si
en este proyecto de ley se hubiera definido el catálogo de lo que se
considera interés general de otra manera, es decir, si lo hubiese
delimitado de una manera más clara y respetando la doctrina que el
Tribunal Constitucional ha ido elaborando en la materia.


En realidad, esto debería significar que la Administración
General del Estado solo puede construir y administrar tramos o líneas de
redes que en verdad tengan las características propias de la red
ferroviaria y que vayan a formar parte de esta, y no a la inversa. Es
decir, que todas las infraestructuras que sean de titularidad de la
Administración General del Estado, o que esta construya, tengan que tener
esta consideración, con independencia de que cumpla o no con los
requisitos correspondientes, y parece que sigue siendo la posición
ministerial a pesar del duro reproche que ha recibido este planteamiento
por parte del Tribunal Constitucional. Como consecuencia creemos que
subsisten las razones que en su día fundamentaron las alegaciones que
fueron formuladas al proyecto de catálogo de líneas y tramos de la red
ferroviaria de interés general y el recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley 11/2013, de 16 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor
y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo que reproduce lo
dispuesto en el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de
apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y la creación de
empleo.


Señorías, voy finalizando. Es por todo ello que el proyecto de
ley del sector ferroviario debería formular una redacción alternativa de
definición de la red ferroviaria de interés general cuya interpretación
no deje lugar a la aplicación que de este concepto se viene realizando
por el Ministerio de Fomento ya que cercena las competencias autonómicas
vascas en la materia. Definición que debería ajustarse a los criterios
constitucionales de distribución de competencias y sustentarse en
criterios funcionales, históricos y de servicios, además de geográficos,
y que esté redactada de tal manera que impida la sustitución pura y
simple del criterio territorial por el de interés general, como hasta
ahora ha venido realizando la Administración del Estado. Por todos estos
motivos, señorías, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado este veto a
este proyecto de ley.


Retomo uno de los comentarios que hice al principio de mi
intervención del posicionamiento de la ministra en la presentación de
este proyecto de ley en el Congreso sobre la búsqueda de acuerdos y
reitero la manifestación que he hecho de que lo dudo, puesto que hasta
ahora no ha existido. No obstante, mi grupo presenta este veto con todas
las argumentaciones, quizá excesivamente jurídicas, y solicito el apoyo
del resto de los grupos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Iparragirre.


Por el Grupo de Convergència i d’Unió, que presenta la
propuesta de veto número 7, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, muy buenos días.


Este proyecto de ley del sector ferroviario entendemos que no
aborda adecuadamente ni resuelve los problemas que tiene el sector
ferroviario estatal. Ello se debe en buena parte a que el proceso de
elaboración de este proyecto de ley se ha hecho de una forma precipitada,
con prisas, sin que los distintos actores hayan podido participar ni en
profundidad ni aportando reflexiones, no ha habido tampoco trámites de
audiencia y de información, y hay que recalcar que las quejas no vienen
solo de los sectores, sino también del propio Consejo de Estado que ha
calificado este proyecto de ley de poco maduro. Nuestro grupo en el
Congreso de los Diputados no presentó ningún veto atendiendo a que la
señora ministra daba la sensación de que quería abrir un diálogo y es lo
que esperábamos, pero a la hora de la verdad la precipitación y la
colaboración se tradujeron en que todas las enmiendas, como las del resto
de los grupos, fueron rechazas. Por ello, nosotros, aquí en el Senado,
presentamos este veto que voy argumentar con siete razones por las cuales
entendemos que este proyecto de ley no resuelve los problemas del sector
ferroviario.


Primera razón. En relación con el establecimiento de las bases
para permitir una competencia efectiva en el transporte de mercancías de
ferrocarril, este proyecto de ley presenta un gran obstáculo debido a que
se mantiene a Renfe Operadora como empresa que ostenta el control sobre
Renfe Alquiler de Material Ferroviario S.A. y sobre Renfe Fabricación y
Mantenimiento, S.A. Es necesaria la desvinculación de Renfe Operadora
debido a un claro conflicto de intereses. Estas sociedades mercantiles
tendrían claros incentivos para beneficiar a otras empresas del mismo
grupo empresarial en detrimento de las empresas ferroviarias privadas.
Este es un conflicto grave que, en definitiva, perjudica lo que se
pretende en los objetivos del proyecto de ley, que es una competencia
efectiva en el sector del transporte.


Como segunda razón, un aspecto importantísimo es que se obvia el
concepto de intermodalidad como cooperación de los modos de transporte, y
muy especialmente entre los modos de transporte terrestre de mercancías:
ferrocarril y carretera, y de éstos con el marítimo. Para favorecer el
transporte de mercancías por ferrocarril hace falta que en este proyecto
de ley se sienten las bases para que se establezca esta intermodalidad
efectiva entre los distintos medios de transporte. Esto es clave, y este
proyecto de ley no resuelve este problema y esta situación.


Tercera razón. En relación con la futura liberalización del
sector del transporte de pasajeros por ferrocarril, además de esta
problemática que he planteado en el primer bloque, hay otro problema, y
es que el canon adicional para la utilización de las líneas ferroviarias
desincentiva las economías de escala y, por tanto, que todas las
empresas, tanto públicas como privadas, puedan ser más eficientes y
ofrecer servicios más económicos. En definitiva, este canon va en contra
del objetivo previsto en este proyecto de ley: Propiciar la apertura de
la red para potenciar el uso de la alta velocidad mediante la mejora de
la calidad y el aumento de la oferta. Por lo tanto, estos objetivos
tampoco se cumplen.


Una cuarta razón importante que nos hace presentar este veto es
la falta de respeto a las competencias y a la capacidad de gobernar y
gestionar de las comunidades autónomas y entidades locales. Como es
habitual en esta legislatura, en lugar de favorecer la participación y la
coordinación de las distintas administraciones, el Gobierno central
continúa con su ordeno y mando y punto. Un ejemplo es la ausencia en el
proyecto de ley de la actuación de la Comisión bilateral
Estado-Comunidades Autónomas, la cual resulta imprescindible. Es decir,
esta colaboración tendría que reflejarse en este proyecto de ley, y
resulta imprescindible a raíz de las competencias en materia de
ordenación del territorio de la Generalitat prevista en el artículo 149.2
del Estatut d’Autonomia. Este es un elemento importante.


Otro ejemplo es que no se tiene en cuenta que, en el caso de los
servicios de interés general, como son los de Cercanías y regionales,
competencia de la Generalitat de Catalunya, esta institución no tiene un
tratamiento y una consideración preferente a la hora de asignar la
capacidad necesaria para garantizar la correcta prestación de este
servicio. Entendemos que esta situación es grave y muy preocupante.
Señores del Partido Popular, ponentes, tomen buena nota y esperemos que
reflexionen y puedan dar respuestas claras y contundentes, puesto que
ustedes saben lo que representa Cercanías y regionales para Cataluña.


Quinta razón. En la misma línea, las entidades locales y las
comunidades autónomas salen malparadas a nivel de financiación, ya que en
el caso de que el Gobierno central decida, por ejemplo, cerrar una línea,
estas administraciones solo lo pueden evitar si se hacen cargo de su
financiación. Tampoco se contempla que si una comunidad autónoma impone
las condiciones de servicio público por sus competencias sobre servicios
ferroviarios no se establezca ningún mecanismo en el que se acuerde la
parte de financiación que deba asumir cada una de las administraciones,
sino que la comunidad debe afrontar toda la parte económica que le
correspondería, con lo cual esto tampoco puede concebirse. En definitiva,
es un perjuicio grave tanto para las comunidades como para las entidades
locales.


La sexta razón está ligada también con la anterior y tiene mucha
importancia: que dentro de los requisitos para obtener una licencia se
tenga que ser una sociedad anónima, es decir, que para obtener una
licencia se tiene que ser sociedad anónima; en cambio, las entidades de
derecho público con una dilatada gestión del servicio de transporte de
pasajeros y de ferrocarriles en sus respectivas comunidades autónomas no
lo pueden hacer. Por lo tanto, evidentemente, este requisito es
innecesario puesto que la legislación europea no establece requisito
alguno en relación con la forma jurídica.


La última razón es que este proyecto de ley deja completamente al
margen al ferrocarril histórico, olvidándose de su potencial para
favorecer el turismo en las zonas rurales, las cuales requieren de este
tipo de iniciativas. Señorías, hay que tenerlo presente. Les voy a poner
un ejemplo, en mi tierra, en Lleida, el tren turístico que va desde
Lleida a la Pobla de Segur es un ejemplo que está gestionando la
Generalitat de Catalunya junto con la Diputación de Lleida. Eso supone un
atractivo turístico para potenciar las zonas rurales, las zonas de
montaña, el Pirineo. Ustedes deberían también considerarlo, y no lo
tienen presente en ninguna de las modalidades.


Por todo ello creemos que es un proyecto de ley precipitado, que
no escucha, no atiende, no soluciona; un proyecto, en definitiva, que
prescinde de las comunidades autónomas y que de nuevo lleva al grupo de
la mayoría a dar gas a una locomotora, prescindiendo del resto del tren.
Van solos, señorías, van rápido, pero su vía también tiene final.
Esperemos, de hecho confiamos, en que sepan frenar y que decidan atender
las propuestas que presentamos cada uno desde el vagón que le
corresponde. Hagamos que el tren funcione y no se pare porque esto es lo
que interesa, lo que conviene a nuestra economía para tener una economía
productiva, competente, eficaz y que nos haga crecer en los parámetros y
en los sistemas que todos deseamos. Por lo tanto, creo que tienen que
reconsiderar muchos aspectos en este proyecto de ley. Ya les dije que no
presentamos veto en el Congreso y ahora lo hemos presentado por estas
razones, que entendemos que son importantes y que ustedes tienen que
atender y considerar.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, que firma la propuesta de
veto número 6, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.


El Grupo Socialista, uniéndose a lo que han hecho el resto de los
grupos en esta Cámara, presenta un veto a la Ley del sector ferroviario
porque estamos en total desacuerdo con la tramitación que —por la
urgencia con que se ha hecho y sin escuchar a nadie— roza lo burdo,
y con el fondo porque el Partido Popular aborda un cambio de modelo sin
haber negociado nada con nadie, como es costumbre, con la soberbia con la
que aplican su mayoría absoluta, pero que queda muy alejado de lo que
sería lógico en un sistema constitucional como el nuestro, donde los
gobiernos se suceden unos a otros y conviene que las leyes que regulan
elementos estratégicos para nuestro país tengan, al menos, un mínimo de
acuerdo.


Debería hacerles reflexionar que nadie apoye el proyecto de ley
que hoy traen a esta Cámara. No solo los grupos políticos descalifican
este proyecto de ley, también los usuarios, que ven recortados sus
derechos; los trabajadores, que tienen una gran inseguridad con este
proyecto de ley, y las instituciones, que han trasladado al Gobierno, por
activa y pasiva, que este proyecto de ley tiene muchos fallos, muchas
lagunas, incluso que ni siquiera tenía la madurez suficiente para haber
ido al Consejo de Ministros, expresión textual recogida en el dictamen
del Consejo de Estado. Yo que ustedes, lo pensaría. Soberbia, sí, pero
comprensión de los demás, también. Es que no hay nadie que dé un mínimo
de razón a este proyecto de ley.


Fíjese si es contundente el dictamen del Consejo de Estado, que
casi podría ser un veto más a este proyecto de ley. Voy a destacar unos
elementos sobre los cuales creo que merece la pena que reflexionemos
todos, especialmente los senadores y senadoras de Grupo Popular. Dice el
Consejo de Estado que falta la memoria económica. Todos nos hemos dado
cuenta, y compartimos con el Consejo de Estado, que no haya ningún
estudio económico que acompañe a esta nueva regulación; que no es estudie
la incidencia que va a tener en la economía. Cualquier ayuntamiento,
cuando va a fijar una tasa, tiene que hacer un estudio económico. En esta
ley estamos fijando los cánones que van a tener que satisfacer, los
usuarios, las empresas que utilicen las infraestructuras ferroviarias y
no hay ningún estudio económico. ¿No les llama la atención esta laguna,
que es muy importante y que no se puede soslayar?


Además, dicen ustedes: hacemos esta ley para trasladar la
Directiva Recast, la normativa europea. En los artículos 7 y 8 de esta
directiva se habla de la sostenibilidad económica, pero ustedes no hacen
ninguna referencia, cuando estamos hablando de una infraestructura en la
que se han invertido ya 50 000 millones, que va a alcanzar una deuda
pendiente de 24 000 millones el año que viene. ¿No hay nada que hablar
sobre la sostenibilidad económica? ¿No creen que debería haber, al menos,
un título completo sobre financiación en este proyecto de ley? Me parece
que es una laguna lo suficientemente grave como para devolver al Gobierno
el proyecto de ley.


Al Consejo de Estado le preocupa, como a todos nosotros, la
precipitación en su tramitación. Se lo dije al Grupo Popular en todas las
reuniones que hemos tenido: ustedes han tramitado la ley respetando el
aspecto formal, pero de manera incompleta. Ustedes han jugado con las
normas para decir que las cumplen, en apariencia, pero en el fondo no
tenemos que escuchar a nadie, nos da igual todo el mundo, lo que queda
bastante lejos de lo que debería ser el respeto parlamentario y, sobre
todo, la comprensión de lo que significa nuestro sistema
constitucional.


Dice el Consejo de Estado que faltan informes fundamentales que
son inexcusables —aquí se ha citado alguno—, incluso faltan
de los ministerios que podrían verse afectados, como el Ministerio de
Defensa, así como algunos otros que ya han puesto de manifiesto los
senadores de otras fuerzas políticas. Llega a decir el Consejo de Estado
en su dictamen, que casi es un veto, que el proyecto de ley es
inconsistente, llega incluso a dudar, como he dicho antes, de que esté lo
suficientemente maduro como para ir al Consejo de Ministros, pero al
Gobierno le da igual lo que le diga cualquier organismo. Es un ejercicio
de soberbia absoluto. Tanto el Consejo de Estado como la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia llama la atención en cuanto a
que no se ha trasladado la Directiva Recast; no se ha trasladado el
reglamento que ustedes dicen que justifica hacer este proyecto de ley. Se
lo dicen por escrito las instituciones del Estado, los informes que
ustedes mismos han pedido, pero les da igual. No cambian nada y tampoco
aceptan ninguna enmienda de los grupos políticos.


El Consejo de Estado dice que este proyecto de ley es impreciso,
sobre todo en su artículo 5.3, donde dice que no hay que hacer estudios
informativos cuando las modificaciones no sean significativas, y eso lo
incluimos en una ley en el siglo XXI. Oiga, eso es una estupidez. ¿Cómo
van a decir que no se puede hacer un estudio informativo cuando las
modificaciones no sean significativas? ¿Y qué es significativo? Es
absolutamente impreciso e inconcreto. Como esas, tiene unas cuantas
perlas, tanto la Ley de sector ferroviario como la Ley de carreteras, de
la que luego hablaremos, porque escriben unas cosas... Y dicen que si es
grande o es pequeño, y con eso toman una decisión. Pero, ¿quién dice lo
que es grande y lo que es pequeño? Se ve que habrán visto Barrio Sésamo
más que los demás, porque ellos sí tienen claro lo que es grande y lo que
es pequeño y no necesitan hacer comparaciones.


El Consejo de Estado dice que es inconcreto. Señorías, ahora,
para clausurar una línea férrea tiene que ser altamente deficitaria.
Cerrar una línea férrea supone un paso atrás, y hay que madurarlo y
demostrarlo. Con la nueva ley, no. Con la nueva ley se rebaja, y lo dice
el propio Consejo de Estado, a que sea altamente deficitaria. Se elimina,
y se pone: que haya falta de rentabilidad. ¿Y quién decide dónde está la
falta de rentabilidad? ¿Dónde está el listón? El cambio de lenguaje es
importante también.


Al Consejo de Estado también le llama la atención que se habilite
al ministro para todo: para la revocación de licencias ferroviarias; para
la aprobación de contratos-tipo; para la regulación de condiciones y la
regulación de todos los sistemas de naturaleza estructural que componen
el sistema ferroviario; para el establecimiento de procedimientos de
control, incluso, en los controles de alcohol y droga, para todo
interviene directamente el ministro. Y recomienda el Consejo de Estado
—con un criterio bastante razonable— que todo se haga vía
reglamento no por decisiones del propio ministro. Pero donde hace falta
reglamento, no hay ninguno y donde no hace falta, sí lo hay. La ley es
prácticamente un reglamento, y llega a decir que lo que recoge esta ley
en muchos casos es superfluo.


Y es hasta chocante —también califica de esta forma el
Consejo de Estado al proyecto de ley— porque mientras que el
ministro dispone cuáles son las condiciones para participar en los
procedimientos de licitación, el Consejo de Ministros decide cuántos
títulos se adjudican y se pueden habilitar; las condiciones para
habilitarlo las decide el ministro. Es chocante porque lo importante lo
decide el ministro y lo accesorio lo decide el Consejo de Ministros. Se
ve que el proyecto de ley está suficientemente bien pensado. En mi
opinión, es sonrojante la crítica que le hace el Consejo de Estado, y hay
que tener mucha soberbia para aplicar la mayoría y hacer oídos sordos a
este informe.


El Grupo Socialista también se opone de manera frontal a este
proyecto de ley porque supone un cambio de modelo decidido únicamente por
el Partido Popular, que tiene, además, una fuerte carga ideológica
detrás. Las infraestructuras y su administración también tienen carga
ideológica, y el Partido Popular ha puesto toda la carne en el asador.
Permite asignar a empresas privadas funciones del administrador de
infraestructuras, elimina algunas de las funciones que tiene ahora el
administrador. Le hemos llamado la atención por quitar el mantenimiento a
las funciones del administrador, cuando el mantenimiento es una de las
herramientas básicas para garantizar la seguridad, uno de los principios
básicos del sistema ferroviario; eliminan el mantenimiento de las
funciones del administrador de infraestructuras público. Además, ustedes
adelantan la liberalización del transporte interior a la fecha prevista
por la Unión Europea, que era el año 2019, pero no es algo que esté
cerrado, porque la Unión Europea sigue negociando y, sin embargo,
nosotros vamos a ir por delante. Y, en mi opinión —también lo
repetiré al final—, considero que eso debilita la posición de Renfe
frente a otros operadores internacionales que, por cierto, son todos
estatales, y que van a llegar a ese año, en el momento en que se
liberalice, con una posición mucho más fuerte que la de la empresa
española. No hay un modelo de gestión del sistema. Ustedes abren el
sistema pero no hay un modelo recogido en este proyecto de ley. Tiene
unas lagunas muy importantes porque solo les importa la ideología, pero
no han buscado redondear el proyecto de ley.


Nos oponemos, y por ello hemos presentado este veto, a la Ley del
sector ferroviario porque se retrocede en los derechos de los ciudadanos.
No se recogen los avances que, en este sentido, ha habido a nivel
europeo, y porque, además, eliminan derechos que están recogidos en la
ley vigente del sector ferroviario. Señorías, yo he visto despropósitos
en algunas normativas, pero recoger que los ciudadanos no tengan derecho
a contratar el servicio en cualquier estación donde suban y bajen
pasajeros, lo único que hace es dar carta de libertad a las empresas
privadas que se instalen para ir del punto de salida al punto de llegada
sin paradas intermedias.


Piensen todos ustedes, señorías del Partido Popular que
pertenecen como yo a muchas provincias que no son punto de salida y punto
de llegada, cuál es el efecto que va a tener en nuestras economías
locales y que ustedes van a apoyar al aprobar esta ley. Va a haber muchas
ciudades que se van a ver empobrecidas en el movimiento de pasajeros
porque a las empresas privadas no les interesará parar. A mí me preocupa
el efecto que pueda tener en las estaciones intermedias.


Borra el derecho a indemnización de los ciudadanos, que está
recogido en la ley actual; borra el derecho a la información, que está
recogido en la ley actual y lo elimina en este proyecto de ley. Este
proyecto de ley se hace para las empresas, pero no se hace para defender
el interés de los ciudadanos, que debería ser nuestra prioridad, la de
ustedes y la de todos nosotros. El Partido Popular está haciendo aquí un
proyecto de ley a favor de las empresas exclusivamente.


Votamos en contra de este proyecto de ley porque lo que hace es
dar carta de naturaleza a la arbitrariedad y discrecionalidad del
Gobierno; lo han hecho ignorando los informes del Consejo de Estado, del
Tribunal de Cuentas, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia ha puesto por escrito que le preocupa que el Gobierno, el
ministro pueda dar títulos habilitantes de manera discrecional. Lo han
puesto por escrito. ¿No les da por pensar que la ley está mal hecha? Se
lo están diciendo organismos que no dependen y en los que no tienen
ninguna influencia el resto de los grupos políticos.


Incluso nos parece disparatada —y hemos llamado la atención
en varias ocasiones sobre este asunto— la disposición adicional
undécima. El Partido Popular, obsesionado, dice que todas las medidas que
están en esta ley se deben aplicar sin incrementar el personal, sin
incrementar las retribuciones ni los gastos de personal. ¿Y si hay que
dar a alguien sueldos más altos? Aquí se dice que no se pueden
incrementar las retribuciones. ¿Y si hay que contratar a alguien?
¿Tampoco? Me parece un sinsentido bloquear por ley lo que debe
desarrollarse en la gestión de una empresa o en un convenio laboral.
Ustedes bloquean por ley el convenio laboral. Yo no he visto eso en la
vida. Además, lo están poniendo en todas las leyes y lo hacen abusando de
la mayoría absoluta.


Y me parece partidista y sesgado cómo han previsto que se
administre el cierre de líneas en este proyecto de ley. Señorías, para
cerrar una línea el administrador de infraestructuras, el Gobierno tiene
que consultar a la empresa que esté operando, pero a ustedes —y
algunos provienen de comunidades autónomas y de administraciones
locales— no hay que consultarles, hay que ir con la decisión tomada
y decirles: si ponen dinero, se queda abierta y si no, se cierra y no han
tenido que preguntarles nada. Esa es la ley que va a aprobar el Partido
Popular con su mayoría y su soberbia. No han aceptado ni una sola
enmienda de las que hemos presentado, por muy sensata que sea.


Para terminar, quiero trasladarle algunas preocupaciones de
reflexión, prácticamente, personal. Me preocupa que al final, con la
evolución de los mercados, cuando se privatice la prestación de servicios
ferroviarios, a medio plazo, acabemos pasando de un monopolio público a
un monopolio privado porque no va a haber una gran cantidad de empresas
que inviertan en poner líneas, que luego, para que sean competitivas,
acabarán aglutinándose y no estoy yo muy seguro de que abrir el mercado
de esta manera no acabe pasando de un monopolio público a un monopolio
privado o a un oligopolio, donde queden 3, 4 o 5 grandes empresas a nivel
europeo que sean las que nos presten los servicios en toda Europa y
entonces habremos hecho un pan como unas tortas los políticos de toda
Europa. Es una reflexión que queda ahí de fondo.


Le he dicho antes, y quiero subrayarlo, que me preocupa mucho que
se dañen las ciudades intermedias en las líneas. Se ponen condiciones
para que los operadores puedan decidir dónde paran y no los ciudadanos,
con lo cual restaremos servicio a los ciudadanos y pondremos en riesgo
uno de los modos de transporte de las ciudades que son del futuro. Con el
Libro Blanco del transporte del año 2011 estamos diciendo que queremos
que en el 2050 más de la mitad de los viajeros utilicen el tren. Pues no
sé cómo lo vamos a hacer. Con esta ley no estamos andando el camino para
que eso ocurra.


Para terminar, quiero hacer una reflexión. Si nosotros
adelantamos el proceso de liberalización del transporte ferroviario al
resto de Europa y el resto de Europa —los otros grandes países,
como Francia y Alemania— lo que tienen son empresas estatales, la
empresa estatal española llegará en una posición más débil al momento en
el que se abra el mercado, competiremos con más dificultad para entrar en
otros países y tendrán más facilidad para venir esas otras empresas
estatales a España. Sigo pensando que con esta ley se hace un pan como
unas tortas. De hecho, de ser los más listos de Europa, podemos acabar
siendo los más tontos. Por eso, hemos puesto este veto a esta ley, que
nos parece un error grave, que va en contra de los intereses de los
ciudadanos y de los territorios.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Mateu, por el Grupo Popular.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Señor presidente, señorías, buenos
días.


Estamos debatiendo sobre la tramitación de una ley
importantísima, una ley de futuro, que por ser de futuro no olvida todo
lo hecho también por los restantes Gobiernos que tuvieron la
responsabilidad en infraestructuras ferroviarias. Como bien dijo la
ministra, y ha sido repetido aquí, no es una ley para los diez próximos
años, es una ley que va a plasmar en el seno de la sociedad una tarea
bien hecha, aunque todo, por supuesto, sigue siendo susceptible de ser
perfeccionado.


Cuánto han cambiado los tiempos, señorías, desde aquella primera
línea férrea que se estableció entre Stockton y Darlington, allá en el
año 1825. Después se siguió en las colonias españolas, en La
Habana-Güines en el año 1837; y en España, Jerez-Puerto de Santa María o
Barcelona-Mataró. Todo eso trajo un cúmulo de desarrollo legislativo que
tuvo un principio no solo fáctico, sino de arropo a los ciudadanos
usuarios. Pasamos por las leyes del año 1924, del año 1926, del año 1941,
del año 1987, para desembocar en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre. Esta
ley, por supuesto, se aprobó bajo el Gobierno del Partido Popular y en su
momento fue muy controvertida por la oposición, pero el Partido
Socialista, que gobernó posteriormente, no tuvo la necesidad, por lo
visto, de derogarla, sino sencillamente de modificarla.


Pues bien, ahora, dentro del programa de actividad legislativa y
de mejora de la condición de vida para los ciudadanos, el Partido Popular
ha decidido emprender su mejora y modificación, fundamentalmente porque
ha sido objeto de grandes modificaciones que hacen que ahora mismo sea
difícil hasta su consulta, porque hay que hacer una refundición de todos
los textos que la afectan. Otro motivo es que hay que trasponer al
derecho nacional la Directiva Recast, la 2012/34, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 21 de noviembre, que refunde a su vez las tres
directivas anteriores relativas al servicio de transporte ferroviario.
También hay que adaptar esta ley a la nueva configuración, es decir, ADIF
como administrador y ADIF Alta Velocidad como constructor de
infraestructuras dentro del traspaso de las líneas férreas de interés
general del Estado a ADIF Alta Velocidad. Un tema importante que también
ha motivado la modificación de esta ley es que no disponía de un título
específico dedicado a la seguridad. Por último, los tiempos también
aconsejan la modificación de esta ley por la existencia del reglamento
sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y
carretera, por el que se derogan los reglamentos anteriores que regulaban
esta materia.


Señorías, por eso les voy a postular los principios fundamentales
que tiene esta ley con objeto de rebatir, creo además que con éxito,
todos los argumentos que ustedes han empleado en los siete vetos
formulados. Comencemos por el proceso de liberalización, que ha sido
objeto de comentarios por parte de prácticamente todos los grupos. La
disposición transitoria primera de la ley es muy clara en cuanto a que no
va a distorsionar en absoluto el sistema actual tanto de empleo como de
garantía y de comodidad para los ciudadanos. Esta disposición transitoria
establece que el proceso de apertura a la competencia de los servicios de
transporte ferroviario interior de viajeros de competencia estatal se
realizará con el fin de garantizar la prestación de los servicios, la
seguridad y la ordenación del sector. Ahí están incluidas las relaciones
laborales que, desde luego, van a seguir siendo iguales. Asimismo, este
procedimiento, para su tranquilidad, va a ser público, garantizando la
efectiva competencia de todos los operadores concurrentes.


Esta planificación de infraestructuras no solamente incorpora
—ustedes han hecho hincapié en ello— aspectos puramente
económicos, sino que esta ley, básicamente, ha retomado y viene a
implementar dentro de ella el aspecto social. Luego, si me da tiempo,
hablaremos sobre el artículo 11 a efectos de esa clausura de líneas
ferroviarias que se han empeñado en que se va a producir. Bien, entiendo
que todavía no somos adivinos.


Esta ley, en definitiva, constituye un marco general que articula
mecanismos para concretar después la planificación específica de los
objetivos que marca la política del Gobierno. En el caso concreto de
estas infraestructuras se establecen directrices para que los
instrumentos de planificación más generales garanticen una red común
equilibrada y desarrollada no solo bajo criterios económicos, sino
también, señorías, bajo criterios sociales.


Es la primera vez que en una ley del sector ferroviario se hace
una programación bajo la denominación de estrategia indicativa, a la cual
nos ha obligado la Directiva Recast. Se trata de una estrategia
indicativa y participativa sometida a trámite de audiencia de las demás
administraciones y de todos los interesados. Insisto, no solamente se
elaborará bajo la perspectiva o el prisma de los aspectos económicos,
sino también de los sociales.


Esta apertura a la competencia en el transporte de viajeros no se
está realizando con prisas, sino con un sentido progresivo de la
anticipación. ¿Para qué? Para garantizar que, por parte de la
Administración, se realiza con un control de aspectos fundamentales, como
la calidad y seguridad con la que se prestan los servicios, de forma que
el proceso de adaptación o de transición se realice con todas las
garantías posibles y para, en definitiva, disponer de un periodo
suficientemente amplio para que todos los agentes, incluyendo Renfe, ADIF
y el nuevo operador, puedan adaptarse y que se optimicen los
resultados.


No se ha hablado aquí con mucha profundidad de la obligación
pública de servicios, que son, básicamente, los que garantizan la
prestación de estos servicios esenciales para la ciudadanía. Me refiero a
cercanías y media distancia, tanto por la red convencional —ancho
métrico— como por la de ancho ibérico. Efectivamente, seguimos
trasponiendo de las directivas europeas el concepto de OSP, obligación de
servicio público. No tengan ustedes temor, porque eso nunca se va a
privatizar, como ustedes dicen, sino que la propia Renfe, en tanto la
Unión Europea no establezca la apertura total, se hará cargo de esos
servicios.


Competencia. Entendemos que es buena y la ley así lo establece.
No es una privatización del sector, sino una herramienta para mejorar los
servicios a los ciudadanos a precios más competitivos, porque no olviden,
señorías, que Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad seguirán siendo de
propiedad pública y administradores generales de infraestructuras, como
establece el propio artículo 22 del proyecto de ley.


Se ha hablado también de un holding público ferroviario, pero
esto no es objeto de tratamiento en la ley.


Seguridad. Aspecto fundamental en el que el Gobierno de España
quiere llevar a cabo todo lo que se tiene que hacer a este respecto. Los
principios básicos de seguridad están establecidos, como todos ustedes
saben, señorías, en directivas comunitarias. Por eso, este proyecto de
ley recoge el contenido de la Directiva 2004/49, de 29 de abril, sobre
seguridad en los ferrocarriles comunitarios, que es el marco de
referencia en el que la legislación nacional debe desarrollarse.
Seguridad atendida al ciento por ciento en todos los sentidos por parte
del Gobierno de España. Estas directivas europeas se han desarrollado con
mucho más detalle mediante reglamentos de aplicación directa a nivel
nacional, y las directrices, tanto en el proyecto de ley como en la ley
vigente, se han desarrollado a través de otros instrumentos o vehículos
de carácter legal como, por ejemplo, el Real Decreto 810/2007, de 22 de
junio, por el que aprobó el Reglamento sobre seguridad en la circulación
de la red ferroviaria de interés general, o las diversas órdenes
ministeriales sobre personal, puesta en servicio, líneas, etcétera.
Señorías, en esto últimos años el Gobierno de España no ha descuidado en
absoluto la seguridad, sino que se ha seguido dictando normativa, como el
Real Decreto 623/2014, modificaciones de la orden del Ministerio de
Fomento sobre títulos habilitantes, la orden del Ministerio de Fomento
por la que se regulan las condiciones para la entrada en servicio de
subsistemas de carácter estructural o el Real Decreto de 19 de diciembre
de 2014, por el que se creó la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y
se aprobó su estatuto Por eso la ley —insisto y no me cansaré de
remacharlo— pone su foco de atención en la seguridad ferroviaria.
Para ello dedica un título específico por el que se dota a esta Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria de los mecanismos y de la financiación
necesaria para que ejecute sus funciones con eficiencia y con eficacia.
Para ello se mejora el régimen sancionador, para que sea más proporcional
y más efectivo.


Los administradores generales de infraestructuras, señorías, sí
se ocupan de la formación de las personas que forman parte de su cuerpo
para desarrollar sus propias tareas. Está establecido específicamente así
en el artículo 64 del Proyecto de Ley del sector ferroviario y, además,
les recuerdo que ya existía en el artículo 56.3 de la ley actual, del
año 2003.


Quiero hacer una pequeña alusión a los cánones para que vean que
no son una carga para la mejora de la conectividad ni para la entrada de
competidores en el ámbito ferroviario. Esta ley no tiene el objetivo de
rebajar los cánones ferroviarios que establece el administrador de
infraestructuras con criterios basados nada más que en los costes de
producción, sino que dota de flexibilidad suficiente, mediante
bonificaciones, para incentivar —no para obstaculizar— el
crecimiento del tráfico ferroviario. Es un principio que todos
entenderán: no se trata de pagar más o menos, sino de pagar mejor.


El artículo 19 —al que también se han referido en alguno de
sus vetos al proyecto de ley— habla de que el administrador de
infraestructuras también se tiene que encargar del mantenimiento de las
líneas de interés general. El artículo 11 se refiere al cierre de las
líneas, y ahí se ha introducido un avance con respecto a la legislación
actual, que nada más se refería a que la clausura de las líneas se podría
producir cuando hubiera un déficit de alta intensidad o de alto calado.
Señorías, el Gobierno del Partido Popular ha mejorado esa redacción con
este proyecto de ley al incorporar el aspecto social. Además, tienen
todos ustedes el ejemplo de lo que ha sido ese proyecto de
racionalización en la utilización de las líneas férreas, que precisamente
el Gobierno declaró en Consejo de Ministros como de obligación de
servicio público. El Gobierno de España está ahí al quite para financiar
los déficits de explotación que pueda haber en ellas.


Señorías, les quiero recordar también el artículo 2 de la ley, en
el que queda muy gráficamente expuesto cuál es el objetivo que tiene el
Ministerio de Fomento con la publicación y entrada en vigor de esta ley.
Son principios resumidos que, por el tiempo del que dispongo, creo que
puedo leérselos textualmente. En principio, trata de garantizar un
sistema común de transporte ferroviario en el territorio del Estado;
satisfacer las necesidades de la sociedad en el ámbito del transporte
ferroviario con la máxima eficacia; y asegurar la eficiencia del sistema
ferroviario estatal mediante una adecuada utilización de los recursos
disponibles. Recursos tenemos muchos, señorías, pero hemos de ser muy
escrupulosos en su utilización para que los ciudadanos vean el esfuerzo
que se ha hecho por su parte, esfuerzo que hay que devolverles con unas
líneas férreas eficaces que les aproximen de sus casas al centro de
trabajo o a otros ámbitos de cualquier tipo que sirvan para su desarrollo
personal.


Tratamos de asegurar con esta ley la eficiencia del sistema
ferroviario estatal mediante una adecuada utilización de los recursos
disponibles. Promovemos —objetivo básico de la ley— la
prestación de servicios ferroviarios en condiciones de seguridad,
definiendo las responsabilidades que en dicha materia incumben a todos
los agentes que intervienen u operan en la red ferroviaria de interés
general. Asimismo, determinamos las atribuciones de la autoridad nacional
responsable de la seguridad ferroviaria.


Por último, y muy importante —relacionado, como diré luego,
con el artículo 62—, se busca proteger los intereses de los
usuarios, con atención especial a las personas con discapacidad o con
movilidad reducida, garantizando sus derechos al acceso a los servicios
de transporte ferroviario de viajeros en adecuadas condiciones de calidad
y seguridad y a la elección de la empresa que los preste, así como
—es un tema desagradable y desgraciado, pero que estamos ya
preparando y preparados, como lo estuvimos en otros tiempos— la
prestación de una asistencia integral a las víctimas en caso de accidente
ferroviario.


En cuanto al respeto competencial en este proyecto de ley, hemos
de afirmar, mutatis mutandis, lo que el dictamen del Consejo de Estado
ratifica, es decir, que la ley es plenamente respetuosa con la
competencia de las comunidades autónomas. El texto del dictamen así lo
establece cuando dice: Examinado el contenido del anteproyecto
consultado, a la vista de lo expuesto por el Tribunal Constitucional, el
Consejo de Estado considera que respeta el reparto constitucional de
competencias y que sus previsiones se ajustan a la interpretación del
bloque de constitucionalidad en materia ferroviaria hecha por aquel. El
informe aprovecha también para aprobar la Orden del Ministerio de
Fomento 710/2015, de 30 de enero, que es la que establece el catálogo de
las líneas de interés general, recurrido precisamente por el Gobierno
vasco, como bien ha expuesto la senadora María Eugenia Iparragirre.


Con respecto al catálogo de interés general, el texto de la ley
es muy claro en su articulado cuando dice —y podemos colegir de lo
dicho en el texto del proyecto de ley— que no todas las
infraestructuras que sean de titularidad estatal han de formar parte de
la red ferroviaria de interés general. Sí lo serán las nuevas que se
construyesen y se pongan en servicio en el marco y de acuerdo con las
directrices de este proyecto de ley. Por tanto, señorías, no ha de
considerarse improcedente su inclusión automática en el catálogo de la
red.


Además, este proyecto de ley prevé, a modo de cautela o garantía,
la revisión periódica de este catálogo cada tres años, pudiendo dejar de
formar parte de él las que hayan perdido las condiciones por las cuales
se incluyeron. Este plazo de tres años debemos entenderlo, lógicamente,
como un plazo máximo que no es incompatible con que la Administración lo
reduzca para proceder a su revisión.


En cuanto a la liberalización, repito —y no me cansaré de
hacerlo—, esta se hace con las garantías suficientes y necesarias
para asegurar la calidad, la eficacia y la eficiencia, y los ciudadanos
deben entenderla como un método para mejorar las líneas férreas.


Por lo que se refiere a la incorporación o trasposición de la
Directiva Recast, el Gobierno de España no puede esperar más, señorías,
porque era en junio cuando se tenía que haber hecho.






La directiva ha sido
traspuesta considerando lo ya existente hasta el momento. Se trata de una
ley que establece los parámetros generales en cuanto a la regulación de
un ámbito tan importante como el sector ferroviario. No obstante,
señorías, no olviden que durante la tramitación legislativa existe otro
estadio normativo, el reglamento, así como posteriores disposiciones de
rango jurídico inferior que permiten mayores desarrollos. Por tanto,
existe la posibilidad —de hecho, así se hará— de elaborar un
reglamento, que siempre estará abierto a las novedades que se puedan
producir de aquí hacia el futuro en relación con este cuarto paquete
ferroviario —que discutimos en enero de 2013 y que contiene tres
medidas—, sobre el cual podremos seguir discutiendo si llega la
ocasión, pues se ha aprobado ya en primera lectura.


Señorías, ha habido muchas críticas en cuanto a la premura y
falta de informes de este proyecto de ley, y hasta cabría decir que el
dictamen del Consejo de Estado puede considerarse como el octavo veto.
Sin embargo, yo les puedo decir lo que señala también en su informe el
Consejo de Estado: El anteproyecto remitido a las Cortes Generales recoge
expresamente todas aquellas observaciones esenciales —se hicieron
nada más a dos artículo, el 3 y el 5—, teniendo convenientemente en
cuenta el resto de observaciones que se han realizado en el informe. No
voy a interpretar estas palabras, pues creo que es muy explícito el texto
del dictamen del Consejo de Estado. Además, continúa diciendo,
concretamente en su página 61: El anteproyecto de ley sometido a consulta
puede elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación —cosa que
hizo el Gobierno de España— y su posterior remisión a las Cortes
Generales. Esta es la razón por la que hoy estamos tramitando este
proyecto de ley.


También se ha hablado aquí de cómo puede afectar el proceso de
liberalización del transporte ferroviario a la relación entre Renfe
Operadora y las empresas Renfe Alquiler de Materiales y Renfe Fabricación
y Mantenimiento, que forman parte del conjunto de cuatro empresas en las
que se escindió Renfe para poder atender a lo que establecen las
directivas europeas; medida tomada por el Gobierno de España con gran
acierto. En definitiva, dicha estructura empresarial no puede ser objeto
de debate, pues está al margen del ámbito de esta ley.


Se hablaba también de que esta ley no respeta uno de los
principios básicos de actuación en materia de infraestructuras: la
intermodalidad. Señorías, les recuerdo, a modo de flash, que esta ley se
rige básicamente por tres elementos: una planificación para el futuro,
una financiación sostenible, y todo ello bajo el prisma de la
intermodalidad. A esta intermodalidad se hace plena alusión en la
disposición adicional tercera, que se refiere precisamente a la
interconexión e interoperabilidad de las redes e intermodalidad de los
servicios que establece. No se la voy a reproducir para no hacer muy
cansina la intervención, pero les aconsejo a todos ustedes, que sé que se
han estudiado el texto del proyecto de ley, que la lean. Porque todo lo
que se articula se realizará garantizando la interoperabilidad e
intermodalidad, y luego tendrá su desarrollo posterior mediante un real
decreto en el que se establecerá la puntualidad de los requisitos
técnicos así como los medios para determinar y hacer posible esta
interconexión e interoperabilidad de las redes y la intermodalidad de los
servicios ferroviarios.


Insistiendo en el respeto a las competencias de las comunidades
autónomas, no voy a repetir lo mismo que he dicho anteriormente, pero sí
quiero manifestar que siempre se han respetado y siempre se respetarán
los bloques constitucionales derivados de una Carta Magna que nos dimos
entre todos los españoles, que ha sido muy útil y que tiene que seguir
siéndolo para nuestra convivencia. En absoluto ha habido ninguneo de
ninguna institución, de ninguna comunidad, señorías. Todo lo contrario.
Ya saben que el Gobierno de España tiene siempre la mano abierta. Que
siempre tiene preparada su boca y su lengua para establecer un diálogo
fructífero que sea percibido por los ciudadanos en el sentido de que los
partidos políticos no están nada más que para satisfacer sus propios egos
y sus propias necesidades, sino que están al servicio de todos los
ciudadanos. Por eso, señorías, pleno respeto a las competencias de las
comunidades autónomas, tal y como indicó el informe del Consejo de
Estado.


Voy a ir terminar con otro temita que trataré brevemente. En
cuanto a los derechos de los usuarios, señor Fernández Ortega, esta ley
no restringe en absoluto lo que establecía la anterior norma. Si usted
lee el artículo 59 de la ley —y sé que lo ha leído— verá que
se refiere a lo que establezcan las disposiciones comunitarias, y como en
este supuesto siempre es de aplicación el Reglamento 1371/2007, del
Parlamento y del Consejo Europeo, de 23 de octubre, ahí están
establecidos los derechos y garantías que tienen todos los usuarios
cuando utilizan estos medios públicos de transporte. Por eso, no
confundamos a la opinión, a los usuarios, con que esta ley restringe sus
propios derechos. Otra cosa es que no haga una enumeración exhaustiva de
ellos, pero hay una remisión expresa. De hecho, usted que tanto menciona
el dictamen del Consejo de Estado, sabrá que acepta esta situación
diciendo que podrían haber sido relatados pero que es perfectamente
aceptable lo que en él se contiene.


Un aspecto último y final es el título VI de esta ley, que se
refiere a los aspectos económicos. Aluden ustedes a la ausencia de
memoria económica. Si esta no se hubiera considerado como tal, no hubiera
podido pasar el anteproyecto de ley a la aprobación del Gobierno y a la
posterior tramitación legislativa. Le recuerdo que en el apartado 3.2 del
informe de impacto normativo están descritos los cánones, las tarifas y
las tasas. Y si ustedes se leen las disposiciones adicionales del
proyecto de ley, verán que se refieren al principio de legalidad al que
están sometidos tanto los cánones como las tasas y las tarifas.


Por todo ello, señoría, por estas razones que han sido expuestas,
muy elaboradas sobre la base de los argumentos por ustedes esgrimidos, el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha llegado al convencimiento de
que el texto legislativo sometido a debate en la mañana de hoy es el que
va a permitir consolidar la tarea —como he dicho en el comienzo de
mi intervención— realizada por todos los Gobiernos anteriores de
cara al sector ferroviario y continuada por el Gobierno del Partido
Popular, así como de que va a ser una base de futuro, una base de
desarrollo y una base con la que los ciudadanos españoles van a tener
garantizados los principios de cohesión, de conectividad y de
aproximación, procurando su bienestar en sus desplazamientos en tren, al
igual que a las empresas en el transporte de mercancías por
ferrocarril.


Por eso, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a
rechazar los siete vetos planteados contra el Proyecto de Ley del sector
ferroviario.


Señorías, muchas gracias por su atención.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces. ¿Senadora Capella?


La señora CAPELLA I FARRÉ: Intervendré rápidamente,
presidente.


Insisto en la pregunta: ¿por qué el Reino de España ha sido
rápido y veloz en legislar cuando otros países europeos, como Grecia,
Portugal, Holanda, Irlanda y Austria se han opuesto a la directiva y,
como decía, Francia y Alemania están a la expectativa?


En este paseo que ha hecho usted por los motivos y las bondades
del proyecto de ley, no contesta tampoco a la indignante situación del
servicio de cercanías, en el que he insistido en la defensa del veto,
mientras se invierte a destajo en la red de alta velocidad, en la
insostenibilidad de una red que es la más extensa, cara y deficitaria de
toda Europa. Mientras tanto, lo que realmente importa e interesa en
materia de competitividad y sostenibilidad, como es el corredor del
Mediterráneo, el més calent a l’aigüera. Hay grandes retrasos en la
construcción de estaciones importantes, como la Sagrera. Este es el timo
de la estampita, porque no hay ministro o ministra de Fomento que se
precie que no haya prometido su construcción y finalización.


Insisto en preguntas que no contesta el proyecto ni tampoco el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular. ¿Cómo resuelve esta ley la
situación que diariamente se padece en cercanías? ¿Cómo beneficiará esta
ley a los ciudadanos? ¿Cómo resuelve esta ley el perjuicio que representa
para la economía catalana, la de los Països Catalans y también la del
Estado español al no tener una red ferroviaria a la altura de la
productividad y del potencial productivo de los Països Catalans?


La inversión más importante del Estado en cercanías, por lo que
respecta a Cataluña y en estos últimos cuarenta años, ha sido la línea de
mercancías del Vallés, y ustedes y los que les han precedido, mientras
tanto, han continuado renunciando a sus obligaciones inversoras. Con este
proyecto de liberalización, en el que no se sientan las bases, ¿cómo
esperan que inviertan un solo euro en el mantenimiento y mejora del
servicio empresas que buscan el puro y duro interés económico y no,
evidentemente, el interés general?


Por estos motivos nosotros hemos presentado veto y tampoco nos ha
convencido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular para que lo
retiremos.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador señor
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Si me lo
permite, también intervendré desde el escaño.


Este maratón legislativo ofrecía hoy, por la coincidencia de la
tramitación del Proyecto de Ley de carreteras y del Proyecto de Ley del
sector ferroviario, sentar unas bases legislativas que contribuyeran a
definir el papel estratégico y trascendental del ferrocarril frente a la
historia de las comunicaciones en nuestros país, que está basada,
fundamentalmente, en la apuesta y en las inversiones en la carretera y en
la que el ferrocarril ha jugado un papel secundario. Con estos dos
proyectos no se avanza nada en la corrección de ese error histórico.


Por el contrario, en opinión de Izquierda Unida, la preocupación
fundamental de este proyecto de ley es engrasar la apuesta del Gobierno
en el sentido de acelerar la liberación del transporte ferroviario de
viajeros, fundamentalmente con el compromiso de que antes de que acabe la
legislatura —y ya queda muy poco— se pueda lograr que al
menos los corredores de alta velocidad, fundamentalmente los de Levante,
sean operados también por operadores privados. Por eso, en el texto legal
se sale al paso de las objeciones que los operadores privados han puesto
a las ofertas que ha realizado el Gobierno en esa dirección.


Finalmente, este proyecto de ley, en el que se devalúa el papel
de la empresa pública Renfe, está alentando decisiones que no nos gustan.
Nos decía el señor portavoz del Grupo Popular que no va a afectar al
personal, pero acabo de leer en un diario digital que Renfe tiene ya en
fase de estudio un proyecto de externalización del mantenimiento, lo que
pondrá en riesgo 3000 puestos de trabajo. Esa decisión de Renfe encaja
perfectamente y es alentada por la filosofía de este proyecto.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la senadora señora
Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.


Intervengo también desde el escaño, únicamente para hacer una
valoración sobre alguno de los comentarios del portavoz del Grupo
Popular.


En primer lugar, quisiera constatar que sin duda somos muy
diversos, y no solo por lo que aquí se ha visibilizado a la hora de
presentar los vetos a este proyecto de ley que ustedes de manera tan
vehemente defienden, sino por la diferencia que tenemos, ya no a la hora
de opinar, sino también de interpretar. Porque llama la atención esa
reiterada alusión a la página 25 en la que el informe constata la no
invasión en el ámbito competencial, pero no hacen referencia con la misma
insistencia a otras páginas del informe de las que, como la valoración no
es favorable al proyecto, se hace otra interpretación por su parte. Creo
que decía el senador Mateu algo así, mutandis mutandis —seguramente
no lo haya dicho bien—, aludiendo a la interpretación que realiza
el informe sobre el ámbito competencial. Como digo, somos también
diversos en cuanto a la interpretación.


Hablaba también del respeto, pero, señor Mateu, respeto es una
cosa y cumplimiento otra, y a los hechos nos remitimos. Su interpretación
del respeto no coincide con la nuestra, de lo contrario no tendríamos que
estar llevando continuamente al ámbito judicial los incumplimientos que
durante tantísimo tiempo se han producido.


Por todo ello y porque el eje principal del argumentario de
nuestro veto ha sido este al que he hecho alusión y que usted me ha
repetido tanto en comisión como hoy mismo, nos reafirmamos en la
presentación de este veto y votaremos a favor del resto de los vetos
presentados.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Iparragirre.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.


Senador Mateu, usted no me ha dicho una sola palabra de por qué
en el informe de la Comisión técnico-científica para el estudio de las
mejoras del sector ferroviario de junio de 2014 se dice que hay que hacer
todo lo contrario de lo que ustedes han hecho, que es, primero, realizar
una evaluación sistemática de los procesos fruto de la Ley 2003 puestos
en marcha básicamente a partir de 2005 antes de plantear ningún cambio
legislativo de enjundia; de por qué, como se señala en este informe, no
siguen ustedes la recomendación de acompasar el desarrollo del sector
ferroviario con las disposiciones, los debates y los impulsos que llegan
de la Unión Europea. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Segunda cuestión sobre la que usted tampoco me ha comentado nada,
senador Mateu. Yo estoy dispuesto a concederle que el tema de la
seguridad está bien tratado en esta ley, es más, me parece lo único
sustantivamente bien tratado en ella, pero no me ha contestado por qué ni
mercancías, ni intermodalidad, ni integralidad, ni homologación y
tecnificación, ni derechos y deberes, ni participación de usuarios y
profesionales aparecen en esta ley. Bueno sí, me ha dicho que en la
disposición adicional tercera hay un párrafo que dice que ya se hará. En
seguridad no hay un párrafo que diga que ya se hará o que ya se ha hecho,
hay un título entero. ¿Por qué esta ley no se ocupa de otras cuestiones
que no son estrictamente la organización del funcionamiento del sector?
Es decir, administración, explotación, planificación y gestión de los
servicios. ¿Por qué el resto de las cuestiones que son tanto o más
nucleares al desarrollo y la vertebración del servicio ferroviario en
España no están en absoluto desarrolladas en esta ley? Pues me atrevo a
contestar que es porque lo que realmente les interesa es lo otro, porque
realmente la fijación que ustedes tienen, como aquí se ha dicho y yo
suscribo, es simplemente intentar hacer lo más dificultosa posible la
marcha atrás en el proceso de liberalización que ustedes interpretan como
privatización del sistema del sector ferroviario español. Y creo que hay
que volver a decirlo en esta tribuna: ya conocemos la privatización que
deja al sector público únicamente en tareas de regulación en un sector
socioeconómico; y la hemos vivido en el sector de las telecomunicaciones
y sabemos lo que ha dado de sí; la hemos vivido en el sector de la
energía, y sabemos de manera todavía más cruel lo que ha dado de sí.
Señorías del Partido Popular, cuando el mercado es el único que se
preocupa de un sector económico solo hay dos circunstancias: o hay
beneficio potencial y entonces se desarrolla o el Estado acaba pagando a
las empresas privadas, lo cual no deja de ser un contrasentido. ¿Qué
sentido tiene que el Estado acabe pagando a las empresas privadas para
que hagan aquello que no da beneficio? Cuando si lo hace directamente el
Estado donde hay y no hay beneficio se compensan estos con los sitios
donde no hay beneficio y no hay coste para los Presupuestos Generales y
para la sociedad.


Por tanto, en términos de eficiencia económica y de reparto de
los costes, sigue siendo profundamente injusto privatizar sectores
estratégicos. Además, y usted lo ha dicho, ¿cómo empezó el ferrocarril en
Europa? Privado. ¿Cómo es que ciento cincuenta años después la inmensa
mayoría de las líneas férreas en Europa son públicas? ¿Por qué? Porque
cuando algo deviene de forma estratégica, troncal y central para el
desarrollo de una sociedad el liderazgo pasa a ser público, como mínimo
en nuestras sociedades europeas en el desarrollo de nuestros países
occidentales en Europa.


El ferrocarril garantiza mucho mejor que cualquier otro modo, que
el coche, el autobús, el avión, a la vez la igualdad de acceso a la
movilidad y la eficiencia general del sistema, por eso requiere un
liderazgo público y, por tanto, ¿se puede contemplar la presencia del
sector privado? Sí, pero en el ámbito de la prestación y no en el de la
administración, y mucho menos en el de la titularidad, y solo en términos
de complementariedad, que es cuando adquiere su auténtica funcionalidad
la relación y la organización público-privada.


Insisto, ustedes hacen al revés, piensan que el mercado proveerá
y que si hay algunas lagunas muy agudas se dictarán OSP, Obligaciones de
Servicio Público, el Estado pagará y al final no resolveremos el problema
y será todo mucho más caro para los Presupuestos Generales del
Estado.


Frente a este modelo suyo, insisto, nosotros defendemos un modelo
completamente distinto, de base pública, en red y descentralizado, con
participación de las comunidades autónomas en el que la titularidad y la
administración general corresponde al Estado y la gestión es compartida,
pero con un operador público fuerte y capaz de compensar, con los
beneficios de las líneas rentables, las deficiencias de las líneas que no
lo son y que, por tanto, efectivamente, haya una igualdad de prestación
del servicio público en todos los territorios y para todos los ciudadanos
y ciudadanas de España.


Frente a esto ustedes tienen un modelo, y voy a utilizar una
palabra que quizá no sea conveniente, esquizofrénico. ¿Por qué? Porque en
puertos y carreteras suscriben un modelo público, y en aeropuertos y
ferrocarriles un modelo absolutamente privatizado. En aeropuertos
centralizado y privatizado, en ferrocarriles privatizado y
descentralizado en distintas empresas privadas. ¿Por qué? ¿Cuál es la
diferencia sustantiva entre la red de aeropuertos y la de puertos, y
entre la red de carreteras y la red de vías férreas y de ferrocarriles?
Me temo lo peor, señorías, creo que su política en aeropuertos y en el
sector ferroviario es simplemente la avanzadilla de lo que realmente
piensan también para puertos y carreteras, lo que se entrevé en la ley de
carreteras, que después discutiremos, y sobre todo sus declaración al
respecto.


Por tanto, reitero nuestra enorme decepción por lo que representa
esta ley, por su precipitación, por su cambio encubierto de modelo hacia
un futuro mucho más ineficiente, mucho menos clave para la centralidad
del ferrocarril en el sistema de movilidad y transporte y de
comunicaciones en nuestro país. El Pitvi, ese plan que no hemos aprobado,
ese plan que después de cuatro años no existe, no ha sido formalmente
aprobado, y una serie de promesas sobre la intermodalidad, etcétera, que
ustedes no han cumplido, vienen acompañadas de este proyecto de ley
absolutamente impropio y desajustado con el presente y con las
necesidades de futuro de nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Mateu, no voy a reiterar los argumentos que he planteado.
Yo creo que no ha dado respuesta a los argumentos que nuestro grupo ha
manifestado aquí y, en definitiva, entiendo que hay algunos aspectos que
considero claves que ustedes no atienden y deberían atender.


He hablado de la intermodalidad, por ponerle un ejemplo. Supongo
que estará de acuerdo en que la cooperación entre el transporte de
mercancías terrestre, marítimo, ferroviario es clave. ¿Lo estamos
potenciando con este proyecto de ley? No, no lo potenciamos, y esto es
clave para la economía y es un aspecto importantísimo.


Otra cuestión relevante: las competencias. Las competencias
autonómicas y las competencias locales se ven erosionadas con este
proyecto de ley. Esto también está clarísimo. Evidentemente, usted ha
hecho una argumentación contra los vetos y a favor del proyecto de ley,
pero nos gustaría que nos hiciera aportaciones claras e importantes en
este sentido, que no las ha hecho, señor Mateo, no las ha hecho.


Por otro lado, para nosotros hay un punto también sumamente
importante como Cercanías y regionales, que es competencia de la
Generalitat, pero esta institución —y esto es un bien de interés de
servicio público— no tiene ninguna preferencia ni mención destacada
en este proyecto de ley. Por lo tanto, los argumentos que usted ha dado
no son válidos y entendemos que usted no ha debatido correctamente
esto.


Asimismo, usted ha dicho que el Gobierno y su grupo, es decir, el
Grupo Parlamentario Popular, tienen siempre preparada su boca y su lengua
para el diálogo. Pues bien ¿dónde está el diálogo, señor Mateu? Está muy
bien hablar, presentar argumentos, pero el diálogo se traduce en la
aceptación de enmiendas. No puedo hablar todavía, porque no sé lo que va
a suceder, pero lo intuyo, y es que no van a aceptar ninguna enmienda,
como sucedió en el Congreso de los Diputados, por lo tanto, no hay
diálogo. Está muy bien hablar, pero eso no es escuchar, eso no es tener
boca ni lengua para escuchar y para debatir y, en definitiva, aceptar
propuestas que son positivas, que son de interés general, que son buenas
y que ustedes no tienen en cuenta.


Por lo tanto, reiteramos nuestro veto y votaremos a favor de los
otros vetos que se han presentado. Estamos totalmente en contra de este
proyecto de ley y decepcionados por la actitud, pues en un principio la
ministra afirmó que habría diálogo y se hablaría y todo esto no ha tenido
lugar ni se ha producido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fernández Ortega.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente. Gracias,
señorías.


Señor Mateu, entre educación y respeto hay diferencias. Por
supuesto, yo no le discuto la educación con la que empieza usted su
discurso diciendo que todo es susceptible de mejora, pero sí echo en
falta el respeto al trabajo y al compromiso del resto de los grupos
políticos al no aceptar ninguna de las que hemos presentado, algunas
bastante sensatas, como hemos dicho todos. Podría ser casi embaucador eso
de las buenas palabras y de que estamos dispuestos a debatir, pero no
consigue embaucarnos, porque al final queda patente que ustedes no están
dispuestos a escuchar a nadie, por muy sensato que sea lo que se
diga.


Señorías, dice el Partido Popular, en esta línea de decir una
cosa y hacer justo la contraria, que no es privatizar lo que han hecho.
Cada vez que vamos a un procedimiento de privatización el PP intenta
darle otro nombre. Hoy nos dicen que no es privatizar. Yo les quiero
llamar la atención sobre un detalle que me parece importante en esta ley:
cuando nos dice el Partido Popular que transpone la directiva, esa
directiva, el cuarto paquete ferroviario, busca avanzar en la
liberalización de los operadores, pero el Gobierno de España, la derecha
ideológica, porque esta es una ley ideológica de derechas, privatiza no
solo el operador, sino también el Administrador de infraestructuras. No
pareciéndole suficiente privatizar el Administrador y el operador, la ley
contempla también explícitamente que el Administrador de infraestructuras
público puede privatizar sus funciones, para que no haya la menor duda de
que se privatiza todo. Eso es lo que el Partido Popular refleja en este
proyecto de ley, que yo considero muy ideológico.


Dice usted que el mantenimiento está recogido. Las funciones
están en el artículo 23, si no recuerdo mal, no en el 19, el 19 es una
declaración de intenciones y luego está el artículo 23, que relata cuáles
son las funciones. Hay una enmienda en la que nosotros le decimos que
recojan el mantenimiento entre las funciones explícitas del Administrador
de infraestructuras, y no está recogido. Hay una intención clara de
vaciar de contenido al Administrador de infraestructuras, y esta ley lo
va a permitir. Dice el Partido Popular que no afecta al empleo, y yo les
llamo la atención sobre lo que piensan los afectados. Ustedes nos dicen
que hacen leyes que son maravillosas, pero la gente que las tiene que
sufrir y padecer discrepa radicalmente. En el Eurobarómetro la opinión de
los usuarios es justamente la contraria; piensan que con este
procedimiento los usuarios se van a ver perjudicados en los precios y en
la seguridad. Es lo que piensan los ciudadanos. Lo que a mí me preocupa
como representante político, y creo que deberíamos ocuparnos todos en
ello, no es lo que piensa usted personalmente, sino lo que piensan los
ciudadanos en una encuesta europea. Los sindicatos y los trabajadores
trasladan una grave preocupación por el deterioro de los salarios y de
las condiciones de trabajo, que es lo que ha ocurrido en otros sectores
que se han privatizado, como el aéreo, sin ir más lejos. No estamos
especulando, nos estamos basando en hechos reales.


Dice usted que con las obligaciones de servicio público se
transpone la normativa europea. Se lo he dicho en mi primera intervención
y debería llamarles a la reflexión a ustedes, la ley recoge que cuando el
Gobierno decida cerrar una línea lo consultará con las empresas y tomará
la decisión y, una vez tomada, le ofrecerá las lentejas a las comunidades
autónomas, y, o pagan y es obligación de servicio público sostenida por
los ayuntamientos y las comunidades autónomas o se cierra, no dice que
tenga que oír primero a los usuarios, no dice que tenga que oír a las
comunidades autónomas; no hay que oír a nadie, solo a las empresas.
Señorías, ¿está clara o no está clara la ideología de esta ley?


En cuanto al Consejo de Estado usted, después de que todos los
grupos hayamos recurrido al Consejo de Estado por la contundencia y la
dureza que ha utilizado en la crítica a este proyecto de ley, viene a
decir que el Consejo de Estado lo que ha hecho ha sido santificarlo. El
Consejo de Estado le ha dado el visto bueno a la ley. Ha dicho que
ustedes han cumplido todo el procedimiento formal —se lo he dicho
en mi primera intervención—, nadie discute que hayan cumplido el
procedimiento formal, pero en el fondo lo que han hecho ha sido impedir
que haya esos informes por los plazos que han dado. Lo pone por escrito,
¿o es que usted se lee a saltos los informes? Lo pone por escrito, no ha
dado tiempo para que se puedan hacer los informes o se han hecho ligeros
y superficiales.


Dice usted que los derechos de los usuarios están recogidos en
los reglamentos de la Unión Europea, que no es necesario transponerlos,
que por eso ya se puede eliminar el derecho a reclamar, el derecho a ser
indemnizado... No está recogido en la ley, le he llamado la atención, les
hemos presentado enmiendas para corregir esto y usted dice que no es
necesario, que como está en los reglamentos de la Unión Europea es
suficiente. Señorías, como el Partido Popular es muy vigilante de las
directivas europeas se ha dado cuenta de que tiene que haber un libro de
reclamaciones, y que las directivas europeas no lo recogen. En
consecuencia, en la ley que nos traen aquí nos dicen explícitamente que
el libro de reclamaciones tiene que ponerlo la empresa. ¡Qué bien que se
han leído ustedes las directivas y qué atentos han estado para recoger en
la ley española lo que es sustantivo e importante: que haya un libro de
reclamaciones, pero que los ciudadanos tengan derecho a contratar en
cualquier estación, eso no es necesario decirlo en la ley! Espero que
hayan entendido la ironía de mis palabras, que creo que es bastante
clara. La ley recoge los derechos de los usuarios con la existencia de un
libro de reclamaciones. Eso sí lo recoge la ley que han presentado
ustedes, pero se han dejado lo importante, que es el derecho a reclamar,
a ser informado, a comprar un billete en cualquier estación. Muchos de
ustedes viven en provincias pequeñas. Expliquen en su provincia que no
importa que no pare el tren. Eso, van y lo explican luego. Los
socialistas, desde luego, no vamos a tener que explicarlo porque vamos a
votar en contra de este proyecto de ley. Por eso hemos presentado el
veto.


En la ponencia hemos hablado con bastante sensatez, por lo que no
entendemos la obcecación del Gobierno en no aceptar ni un punto ni una
coma de lo que plantean los demás grupos políticos. Respeten el trabajo
de los demás. A veces decimos algo inteligente. No hace falta que
apliquen el rodillo de la soberbia continuamente, que llevamos cuatro
años soportándolo. ¿No va a haber ningún respiro al final? ¡Ya está bien!
Decimos cosas que son inteligentes; al menos, respeten nuestro
trabajo.


Para ustedes, las infraestructuras —y esta ley lo refleja
con claridad— siguen siendo un fin en sí mismo; en este caso, un
negocio. Esa es la imagen que nosotros sacamos de este proyecto de ley.
En un negocio quien manda, señorías, es el dueño de la empresa. Los
clientes no tienen que tomar decisiones, porque los usuarios son clientes
en este proyecto de ley; por lo tanto, en cuanto a su opinión, si se
tiene en cuenta por el que manda en alguna encuesta, dirá: tampoco hay
que oírlos más. En este proyecto de ley no se les escucha para nada.


En la directiva que ustedes dicen transponer se recogen
explícitamente los derechos de los ciudadanos. La CNMC les recuerda a
ustedes la obligación de consultar a los ciudadanos periódicamente. Esta
ley no lo recoge. Les piden que corrijan el proyecto de ley recogiendo lo
que dice la directiva europea, y ustedes no lo hacen.


Asimismo, en la directiva europea que se está negociando se
recoge explícitamente que se cree un comité de coordinación entre el
Administrador de infraestructuras y los que se puedan ver afectados por
sus decisiones. Como políticos, tenemos que explicarnos. Por lo tanto, en
ese comité de coordinación que dice la Unión Europea que tenemos que
crear estaría el Administrador de infraestructuras, los usuarios y los
trabajadores. A ustedes se les ha olvidado recogerlo.


Usted ha venido a decir que los derechos de los usuarios están
suficientemente recogidos. Pues no, porque ustedes han convertido a los
ciudadanos en clientes puros y duros, en mercancía para un negocio, el de
las infraestructuras públicas. Ideología de derechas pura y dura.
(Aplausos). Por eso los socialistas estamos enfrente, y todos los grupos
políticos. Luego algo irá en contra del interés general, que es lo que
percibimos todos los grupos políticos, porque, siendo de derechas o de
izquierdas —aquí también hay otros partidos de derechas—, nos
preocupan los ciudadanos y defender sus intereses, que es para lo que nos
han elegido, no para favorecer el negocio privado y los beneficios. Esa
no debe ser nuestra prioridad. No es que estemos en contra de que haya
negocio, como decía el senador Martí, pero no es la prioridad de la
política ni de las decisiones que nosotros debamos tomar.


Con sus decisiones, ustedes han puesto en riesgo además las
empresas públicas porque, al separarlas, las han vaciado de contenido.
También lo dicen los informes de las instituciones. Y les preocupa qué
puede pasar con Renfe ya que, al no tener patrimonio, no puede acceder a
la financiación. A ustedes eso no les preocupa. Ustedes toman las
decisiones y, con su mayoría absoluta, no necesitan dar explicaciones. La
verdad es que nosotros, aunque ustedes levanten un muro en la frontera
entre la razón y el Partido Popular, seguiremos atacando ese muro de
hormigón armado para que la razón penetre en sus filas. Les estamos
diciendo cosas sensatas, están dañando a los territorios, y vamos a
seguir insistiendo en las cosas que creemos que son verdaderamente
importantes.


Esta ley no ayuda en nada a alcanzar los objetivos que nos hemos
planteado a nivel europeo. Para el año 2050 queremos que la mitad de los
pasajeros viajen en tren. Y, ¿qué medidas se están tomando para
promocionar el uso del tren? ¿Qué artículo lo recoge? ¿Qué apartado? Toda
la Unión Europea embarcada en pasar pasajeros de las carreteras a los
trenes y nosotros justamente lo contrario. Cuanto antes salgan del
Gobierno, mejor para España y mejor para los ciudadanos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Mateu.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.


Señor Fernández Ortega, respeto absoluto a todo su trabajo; se lo
he dicho en todas mis intervenciones. Otra cosa es que usted, cuando
discrepamos de lo que ustedes quieren plasmar en una ley, lo lleve al
terreno de la falta de respeto. Quítese ese temor, señoría, que el
respeto es extremo y absoluto, y se reconoce el trabajo que todos ustedes
han realizado, independientemente de que luego el Gobierno del Partido
Popular, el Ministerio de Fomento, tenga otro concepto de cómo tiene que
ser la regulación del sector ferroviario.


Señorías, antes no tuve tiempo de responder al senador Guillot
cuando habló de papanatismo con respecto al AVE. Senador Guillot, ¿por
qué habla ahora de papanatismo cuando su comunidad, su magnífica región,
ya está comunicada por alta velocidad? Eso lo tenía que haber dicho usted
antes, no ahora, cuando ya están conectados con la alta velocidad. Y,
sobre todo, ¿por qué, con su expresión, trata de evitar que España tenga
el liderazgo en alta velocidad? ¿A usted le molesta que en el Foro
internacional de Davos, por ejemplo, España sea reconocida como la cuarta
potencia mundial en infraestructuras ferroviarias? ¿Que ocupe ese ranking
en alta velocidad en Europa? No lo entiendo, señoría. Tendría que ser un
orgullo de país, un orgullo de patria, pero, claro, ahora mismo, ustedes
están enzarzados en otros asuntos y creo que no les interesa tener ese
sentimiento o ese orgullo de patria, evidentemente. Eso se lo quería
decir muy claro y muy alto. (Aplausos).


Con respecto al infatigable senador Iglesias, le quiero decir que
siempre agradezco —y cómo no, a todos ustedes— su tono en las
conversaciones que hemos mantenido y en el debate. Se ha referido a los
corredores de alta velocidad. Pues bien, en concreto el corredor
mediterráneo, le diré que siempre ha tenido un impulso espectacular en la
Ley de presupuestos. Este año se destinan, precisamente, unos 1323
millones de euros para que suponga, efectivamente, una línea de dinamismo
económico para la conexión de nuestro sur de España con el resto del
corredor mediterráneo, que discurre también por otros países.


Senadora Iparragirre, hoy no he mencionado el artículo 25, como
usted me recriminó en la comisión el otro día. Mejor dicho, no me
recriminó, sino que me dijo que, como lo había utilizado un diputado
nacional, no le extrañaba que lo fuéramos a mencionar hoy. Yo he
utilizado lo que son las páginas 1 a 61 del dictamen del Consejo de
Estado y, casualmente, en la página 25 habla del respeto absoluto al
bloque constitucional derivado del artículo 149 de la Constitución que,
en materia de competencia ferroviaria, ha sido interpretada y determinada
la situación por varias sentencias del Tribunal Constitucional, en
concreto, la última, que abordó la disposición adicional décima de la Ley
del año 2003, en la cual se obligó a que no todas las líneas férreas
estuvieran incluidas en la Ley de interés general por su datación tiempos
atrás a gobiernos anteriores. Pero, evidentemente, está ratificado y, si
usted me lo permite, santificado, el respeto absoluto a las competencias
en cada actuación legislativa del Gobierno de España.


Respeto y cumplimiento. Usted dice que yo hablo de respeto pero
que luego no cumplimos. Vamos a ver, siempre tiene que haber un punto de
entendimiento, y el respeto es la norma básica de actuación entre
personas, primero, y después, entre partidos políticos, para conseguir el
bien de los ciudadanos, no única y exclusivamente con intereses espurios
de los propios partidos políticos, algo que nos ha recriminado la
sociedad en las últimas, digamos, asambleas que hemos celebrado para
ratificar la actuación de los partidos políticos. Por eso, insisto,
respeto siempre, y su cumplimiento nunca se hace con carácter o intención
torticera.


Senador Martí Jufresa, le agradezco que haya reconocido algo de
este estupendo Proyecto de Ley del sector ferroviario cuando ha hablado
de la seguridad. Agradezco que ustedes tengan también esa sensibilidad
por la seguridad, que el Partido Popular consagra con un título
específico, como dije anteriormente. Y me preocupa que al leer la ley no
haya visto o entendido, más bien yo creo que usted no ha entendido que, a
efectos del transporte de mercancías por ferrocarril, se han adoptado una
serie de medidas, como las medidas liberalizadoras de los servicios que
se prestan en las terminales ferroviarias públicas; precisamente, el
papel de los puertos se impulsa cuando tienen terminal ferroviaria como
administradores de las infraestructuras ferroviarias dentro de su dominio
público. Ese es un grado de potenciación de la intermodalidad,
fundamentalmente por la importancia que tienen los puertos en España.
También se imponen nuevas condiciones de transparencia para la actuación
de los administradores de infraestructuras y se simplifica el régimen
tarifario y las autorizaciones necesarias. Por eso, señor Martí Jufresa,
creo que estamos en la línea del impulso del transporte de mercancías por
ferrocarril, algo que el Gobierno de España considera importante por el
desfase que tenemos de un 3 %, prácticamente, con respecto a una media
del 20 % en el ámbito europeo.


En cuanto a la liberalización, no privatización, diré que el
Gobierno del Partido Popular añade a la prestación de los servicios un
plus de mejora, abriendo la posibilidad a operadores privados para que
puedan participar. Pero esa posibilidad no se regala ni se da sin ningún
marchamo de calidad en las actuaciones. No, se somete siempre a un
riguroso procedimiento de licitación, regido por una ley que todos
conocemos, la Ley de contratos del sector público, que establece las
garantías para la adjudicación de lo que sea en ese momento adjudicable
según los principios de publicidad, concurrencia y no evitación de
participación de nadie en esos procesos.


La senadora de Esquerra Republicana habla de Cataluña con ese
sentimiento, que no sé por qué lo tienen ustedes, de victimismo, de
recibir maltrato del Gobierno de España. No lo entiendo. Pregúntenles a
todos los españoles por el tratamiento que se hace en todas las
comunidades autónomas. Le quiero recordar, como última cuestión económica
con Cataluña, los 27 millones de euros de acceso al puerto de Barcelona,
unas obras que entran de lleno plenamente en la concepción de la
intermodalidad como aspecto fundamental en el sector de los transportes.
Por eso, de verdad, no tengan ese victimismo, ya que el Gobierno de
España no les maltrata; el Gobierno de España trata de ayudarles con una
mano tendida hacia el dialogo;






otra cosa es que no pueda haber un
monólogo.


Senador Fernández Ortega, en cuanto a la falta de respeto, ya se
lo he dicho, no la conciba como tal porque no lo era. Con respecto a la
privatización, volvemos otra vez al concepto de liberalización o
privatización. Ustedes entienden per se que la privatización es mala.
Ustedes, senador Fernández Ortega, ustedes fueron, como dije cuando
debatimos el asunto de AENA, de la entrada de capital privado en AENA, no
de la privatización —se privatiza cuando la mayoría de un capital
se ostenta por empresas privadas y en AENA el 51 % lo ostentaba el Estado
español—, los campeones de las privatizaciones en los gobiernos de
los presidentes González y Zapatero. Las empresas que eran las joyas de
la corona fueron privatizadas con el afán de hacer caja y, si hacemos
cuentas, la caja en aquellos momentos fue ridícula. Pero también hay que
decir que gracias a ese impulso privado esas empresas han salido delante
de una manera muy brillante, poniendo el pabellón de España muy alto en
todos aquellos países donde están radicadas.


Le vuelvo a recordar que el artículo 19 se refiere al
mantenimiento y al contenido y alcance de la administración de las
infraestructuras ferroviarias. La administración de las mismas tiene por
objeto el mantenimiento y la explotación de aquellas. Aquí está muy
claro. En el artículo 23 no se tiene que mencionar, porque es un
procedimiento de técnica legislativa. En cuanto a los derechos de los
usuarios, el usuario sigue siendo un ciudadano. No es ninguna mercancía;
y la expresión que ha utilizado usted no ha sido buena. El usuario del
ferrocarril es un ciudadano amparado en toda su actuación, en sus riesgos
y en sus venturas, por el Gobierno de España y no por el Gobierno del
Partido Popular, sino por todos los gobiernos. De hecho, las garantías
del trasporte en ferrocarril están plenamente amparadas no solamente por
la legislación española, sino también por las directivas europeas que se
han transpuesto, como la de 2007, que es de la que le he hablado.


Usted se empeña en que, dada la existencia del artículo 11 del
proyecto de ley, se van a tener que cerrar líneas ferroviarias. Esa es
una obsesión que tienen ustedes, pero la tienen para perjudicar el buen
hacer y la buena redacción que se ha dado a este artículo, porque este
artículo ha incorporado no solamente las razones económicas, sino también
las razones sociales, y esas razones sociales son las que siempre van a
primar. Tengan ustedes en mente todo lo que hemos hecho, nuestra
experiencia con los proyectos sobre las obligaciones de servicio
público.


El impulso al uso del tren está plenamente garantizado con esta
ley y está garantizado por esa nueva política comercial que ha
establecido el Gobierno de España. Analicen ustedes los datos de la gente
que nunca había subido en un tren de alta velocidad y en otros trenes de
cercanías. Piensen ustedes el incremento de usuarios que han tenido. Eso,
señor Fernández Ortega, señorías, será por algo; será por el buen hacer
del Gobierno de España, que ha mejorado lo que se heredó, lo que se trajo
de otros gobiernos. Hay que ser justo y decirlo.


Por eso, señorías, les apremio a que voten con nosotros este
proyecto de ley, que marcará el futuro de España en la mejora, defensa y
competitividad de nuestro sector ferroviario.


Muchas gracias, señorías y señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de
veto al Proyecto de Ley del sector ferroviario. La senadora Cunyat ha
hecho uso de la votación telemática; ha votado que sí, afirmativamente, a
todas las propuestas de veto. Comenzamos votando la propuesta de veto
número 1, de la senadora Capella.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226
más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 225 más 1 voto
telemático, 226; a favor, 80 más 1 voto telemático, 81; en contra, 144;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2, del senador Iglesias.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226
más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 225 más 1 voto
telemático, 226; a favor, 81 más 1 voto telemático, 82; en
contra, 144.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y
Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226
más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 224 más 1 voto
telemático, 225; a favor, 80 más 1 voto telemático, 81; en
contra, 144.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 5, de los senadores del Grupo
Parlamentario de la Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225
más 1 voto telemático, 226; votos emitidos, 223 más 1 voto
telemático, 224; a favor, 80 más 1 voto telemático, 81; en contra, 142;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario
Vasco.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226
más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 225 más 1 voto
telemático, 226; a favor, 81 más 1 voto telemático, 82; en
contra, 144.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 7, del Grupo Parlamentario de
Convergència i d’Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226
más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 225 más 1 voto
telemático, 226; a favor, 77 más 1 voto telemático, 78; en contra, 147;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Y, finalmente, votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225
más 1 voto telemático, 226; votos emitidos, 224 más 1 voto
telemático, 225; a favor, 81 más 1 voto telemático, 82; en
contra, 143.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las
enmiendas. En primer lugar, veremos las enmiendas presentadas por el
senador Iglesias 1 a 71.


Tiene la palabra el senador Iglesias para su defensa.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Retiro la enmienda número 53. El
resto las doy por defendidas e intentaré, con la mayor brevedad, explicar
el contenido de las mismas.


La enmienda 1 plantea que se sustituya en todo el proyecto de ley
la referencia a diversos administradores de infraestructuras por la de un
único administrador público de infraestructuras ferroviarias.


Enmendamos el preámbulo en el primer párrafo porque el objetivo
último no puede ser convertir el ferrocarril en un modo de transporte
competitivo; el objetivo fundamental debe ser que el ferrocarril preste
un servicio de máxima eficacia social tanto en el transporte de viajeros
como en el de mercancías.


Modificamos el párrafo veinteavo del preámbulo porque nos parece
necesaria la cohesión territorial, la calidad y la seguridad. Asimismo,
enmendamos el artículo 2, apartado b), porque las necesidades de
transporte ferroviario de la sociedad deben ser satisfechas por el sector
público.


Planteamos una modificación del artículo 5.1, que habla de la
planificación de infraestructuras ferroviarias integrantes de la red
ferroviaria de interés general para que tal planificación esté basada en
la sostenibilidad social y económica en vez de la referencia que se hace
a la eficiencia económica y social.


Modificamos el artículo 5.5, que se refiere al PIF, para ampliar
las observaciones que se puedan realizar al estudio informativo sobre
aspectos globales y de explotación y no solo, como plantea el texto, a la
concepción global del trazado.


Enmendamos el apartado 2 del artículo 11, relativo a la clausura
de líneas o tramos de las infraestructuras ferroviarias, porque no
consideramos que las comunidades autónomas y, sobre todo, los
ayuntamientos deban asumir la financiación de las líneas o tramos con el
objetivo de que estos no sean clausurados.


Enmendamos el artículo 19.1 que alude al contenido y alcance de
la administración de las infraestructuras ferroviarias. La enmienda
plantea que no podrá encomendarse a terceros la realización de funciones
inherentes a la gestión del sistema de control de circulación y de
seguridad, así como tampoco el mantenimiento de los elementos claves de
los mismos ni la gestión sobre el conjunto del mantenimiento de las
infraestructuras ferroviarias.


Se suprime el apartado 4 del artículo 19, que permite al
ministerio que asigne a una entidad pública o privada, en virtud de un
contrato, las funciones propias del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias para la construcción y administración, o solo la
administración, de una infraestructura ferroviaria que forma parte de la
red ferroviaria de interés general.


Se suprime el artículo 21, que regula el cambio de administración
de una infraestructura ferroviaria por entender que, como ya tuve
oportunidad de reiterar en la defensa del veto, solo debe existir un
único administrador público de infraestructuras.


Modificamos el primer párrafo del artículo 22, sobre la
Administración General de Infraestructuras de la red ferroviaria de
interés general, para que dicha administración general y la construcción
correspondan a una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de
Fomento y nos abra la posibilidad de que tales funciones sean asumidas
por varias entidades públicas. Reitero que creemos que debe existir un
único administrador público de las infraestructuras ferroviarias.


Enmendamos el artículo 23.1.e), relativo a las funciones de los
administradores generales de infraestructuras ferroviarias, para añadir,
como una de esas funciones, el mantenimiento de las infraestructuras
ferroviarias que administren.


En el artículo 23, apartado 1, queremos que se explicite que se
prestarán también servicios adicionales, además de los auxiliares y
complementarios contemplados en el texto del proyecto.


Modificamos el artículo 25 con cuatro enmiendas. En el primer
apartado, que hace referencia a las aportaciones económicas del Estado a
través de convenios, suprimimos la referencia a los mecanismos de
colaboración público-privada. Planteamos que en el apartado 2 se diga que
el conjunto de medidas incluidas en el convenio debe garantizar la
adecuación económica para alcanzar la sostenibilidad social de las
infraestructuras ferroviarias. Proponemos la supresión del artículo 25.3
en tanto en cuanto exige el equilibrio financiero de pérdidas y
ganancias. En el apartado 4 del artículo 25 proponemos la supresión de la
expresión «asegurando al mismo tiempo el equilibrio financiero», en
relación con el programa de actividad que desarrolle el administrador de
infraestructuras.


Modificamos el número 6.º del artículo 26, que se refiere a los
recursos de los administradores generales de infraestructuras, para que
se incluyan los percibidos por la prestación de servicios adicionales.
Planteamos modificar el apartado 2 del artículo 32, contenidos y
elaboración de la declaración sobre la red, para que la declaración sea
sobre la red a través de un administrador único y no sobre los ámbitos
respectivos de cada uno de los diversos administradores. Al artículo 36,
que concierne al procedimiento de adjudicación de capacidad, planteamos
una enmienda de adición para este se realice atendiendo al interés
general y para que la empresa pública tenga preferencia en tal
adjudicación.


Proponemos dos enmiendas al artículo 40, una al apartado 1,
régimen aplicable a las líneas ferroviarias de titularidad privada, para
limitar la posibilidad del transporte ferroviario privado a los supuestos
en que este sea complementario de otra actividad principal, y otra que
suprime el apartado 3 de este mismo precepto para que las empresas que
desarrollen la actividad ferroviaria tengan dedicación exclusiva a esta
función.


Planteamos modificar el artículo 42, apartado 3, para explicitar
que el explotador de las instalaciones de servicios de transporte de
viajeros, de logística de mercancías, de las vías de apartado, de las
instalaciones portuarias y del aprovisionamiento de combustible debe
encontrarse bajo control directo o indirecto de una Administración
pública. También proponemos la modificación del apartado 5 del
artículo 42 para que no se pueda mantener una instalación de servicios
públicos por un periodo superior a 20 meses consecutivos sin buscar una
solución de integración de dicha instalación en la empresa pública. El
proyecto lo que plantea es que se ofrezca a un tercero esa
privatización.


Hemos presentado dos enmiendas al artículo 44 para que figuren
entre las competencias, como en enmiendas anteriores, los servicios
adicionales y para modificar el apartado 1 explicitando que también se
prestarán servicios adicionales además de los auxiliares y
complementarios. Asimismo, proponemos la modificación del artículo 45.1
para suprimir que los servicios auxiliares y complementarios puedan ser
asumidos por otros operadores públicos o privados que no sean el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias; y que se exima, en el
apartado 2 de este artículo, la posibilidad de que la prestación de
servicios auxiliares pueda establecerse en régimen de colaboración con
otras empresas ferroviarias.


Modificamos el apartado 2 del artículo 47 para especificar que el
servicio de transporte ferroviario se prestará en régimen de libre
competencia solo en aquellos casos en los que por razones de evidente
interés social y económico se demuestre que otros operadores externos
pueden prestar servicios más eficientes.


A los artículos 59 y 60, que regulan la obligación de servicios
públicos, hemos presentado 5 enmiendas. En lo tocante a los servicios de
transporte ferroviarios sujetos a obligaciones de servicio público,
artículo 59.1, proponemos que la declaración sea obligatoria cuando
concurran las circunstancias previstas en el proyecto y no sea
potestativa, como este establece. Modificamos también el apartado 1 del
artículo 59 para que diga que los servicios sujetos a obligaciones de
servicio público se prestarán en régimen de exclusividad, sin que el
Consejo de Ministros pueda determinar otro régimen de prestación.
Modificamos también el apartado 2 de dicho artículo, suprimiendo la
posibilidad de adjudicación prevista en el proyecto para cuando el coste
anual de la prestación de servicio no supere el millón de euros. Y
modificamos este mismo apartado 2 del artículo 59 para que no solo en los
supuestos de adjudicación directa, sino en todos, las empresas cumplan
con los principios de eficiencia y buena gestión.


En relación con el artículo 60, enmendamos el apartado 2, para
que el Ministerio de Fomento, cuando el procedimiento de licitación para
otorgar una autorización para la prestación de servicios sujetos a
obligación de servicio público fuera declarado desierto, preste dicho
servicio, en vez de que pueda imponerse a una empresa que opere en la
zona.


El artículo 62 se refiere a los derechos de los usuarios. A él
proponemos añadirle un nuevo apartado, 1 bis (nuevo), para reconocer que
los usuarios tendrán derecho a acceder con la suficiente antelación a las
publicaciones de horarios y tarifas de las empresas.


El artículo 64.3 del Título V, que se refiere a la seguridad,
dice que se dará prioridad a las actuaciones. Nuestra enmienda añade que
no solo a las actuaciones, sino a las inversiones necesarias para que
estas se desarrollen, para que no queden meramente en el papel.
Modificamos también el apartado 4 del artículo 64 para que la
responsabilidad de la seguridad, además de al Administrador de
infraestructuras ferroviarias, y no a los administradores y a las
empresas ferroviarias, también competa al Ministerio de Fomento, al
Gobierno y a los demás organismos con competencias sobre el sistema
ferroviario.


Con relación a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria hemos
presentado 4 enmiendas. La primera de ellas al artículo 65, para
explicitar que las funciones de la agencia en materia de seguridad son
intransferibles. La segunda, para reducir de 4 meses a 3 el plazo de
adopción de decisiones de la agencia ante las solicitudes que se le
plantean. Y las restantes para que las asociaciones y sindicatos
participen en la misma en la elaboración del marco normativo de seguridad
y para que sea preceptivo y no potestativo, como establece el precepto,
que la agencia lleve a cabo las investigaciones e informes que sean
necesarios para cumplir sus funciones y para que sus decisiones no sean
interferidas por la labor de la comisión de investigación de accidentes
ferroviarios. Con ello tratamos de respaldar de alguna forma su actuación
independiente.


En el artículo 67, relativo a la autorización de seguridad,
proponemos que, a la hora de concederla, se contemplen las mismas
condiciones que ha de cumplir el material rodante. En el apartado 4 del
artículo 67 añadimos que el incumplimiento de las condiciones de
seguridad establecidas en la autorización conlleve en todo caso —y
no, en su caso, como dice el texto— la revocación de esa
autorización.


Enmendamos el artículo 69.2, que regula el régimen aplicable al
personal ferroviario, para que se incluya, entre las condiciones
exigibles para obtener el título habilitante para desarrollar las
funciones propias del personal ferroviario, un reconocimiento
psicofísico, lo que a nuestro entender es mejor que el reconocimiento
médico que se exige en el texto del proyecto.


Al artículo 69.5 planteamos una adición, con la intención de que
se protocolicen las medidas de fomento del uso responsable de
medicamentos que puedan alterar las facultades psicofísicas del personal
ferroviario en el desempeño de las funciones. En la enmienda de
modificación al artículo 72.3, que regula la comisión de investigación de
accidentes ferroviarios, proponemos que los miembros de la misma no
puedan solicitar o aceptar instrucciones de ninguna persona o autoridad,
con la finalidad de reforzar su independencia.


Al artículo 75 hemos presentado dos enmiendas para añadir la
retirada de documentos, grabaciones de vídeo, audio e incluso la
paralización del material rodante o instalaciones ferroviarias para su
examen cuando ello resulte necesario, previa autorización del juez
competente.


Para ir más rápido pasaré ya al artículo 106, relativo también a
la seguridad, que regula las infracciones muy graves; nosotros proponemos
incluir que lo sea no cumplir la normativa laboral creando tensiones que
pongan en riesgo la seguridad; proponemos asimismo, que el
incumplimiento, por el personal de seguridad de la circulación, de la
normativa de seguridad se exija directamente a la empresa de la que
dependa la responsabilidad. En cuanto a las infracciones en materia de
transporte ferroviario del mismo precepto, queremos que se añada un nuevo
apartado para que sea infracción el incumplimiento por parte de la
empresa de la obligación de disponer de su plan de asistencia a las
víctimas y familias. Coherentemente, planteamos la supresión del
artículo 107.2.6 del proyecto, que en vez de calificar de muy grave este
comportamiento al que acabo de hacer referencia, lo califica de
grave.


Enmendamos el artículo 109.7 para que cuando, como consecuencia
de una infracción, se produzcan daños a las infraestructuras o a los
medios de transporte respondan las empresas titulares de tal función.
Enmendamos también la disposición adicional cuarta, que concierne a los
servicios internos de transporte ferroviario de viajeros, para que el
Ministerio de Fomento pueda rechazar, recoger y dejar viajeros en
estaciones distintas a las de origen y destino, cuando esta situación
conlleve la sustitución de servicios que se estén prestando por la
empresa pública. Enmendamos la disposición adicional quinta para suprimir
el calificativo «indicativa» referido a la estrategia de infraestructuras
ferroviarias, que debe publicarse antes del 16 de diciembre de 2016. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).


Enmendamos asimismo la disposición adicional sexta, que regula
los trenes históricos, para que además de por la normativa propia también
se rijan por esta ley y no excluirlos como plantea la misma. En cuanto a
la disposición adicional undécima, que es la que plantea que no haya
incremento de gasto, en vez de seguir la estrategia habitual de plantear
la supresión, proponemos una modificación que diga expresamente que sí
cabe. Asimismo, planteamos una disposición adicional nueva para que a las
infraestructuras ferroviarias se les aplique la normativa de
accesibilidad universal para las personas con discapacidad. Planteamos
una modificación a la disposición transitoria primera para que se agoten
los plazos de la liberalización del transporte de viajeros a partir de
enero de 2020, aprovechando el margen que concede la normativa europea.
Formulamos una nueva disposición transitoria para establecer un plazo de
seis meses para desarrollar reglamentariamente el funcionamiento de los
servicios de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria; otra nueva
disposición transitoria para que se apruebe, en el plazo de un año, el
reglamento de circulación ferroviaria. Y, finalmente, proponemos la
modificación del Anexo II, relativo a los parámetros de los convenios a
suprimir entre el ministerio y el Administrador de infraestructuras
ferroviarias, para que en el apartado 5 también se incluyan los
incentivos para la penetración en trayectos con potencial económico o
social, donde hay que promocionar el ferrocarril de viajeros como una
apuesta clara por su generalización, así como fomentar el transporte
ferroviario de mercancías.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Vasco, senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, mahaiburu
andreak.


Señorías, las razones que nos han llevado a formular estas
enmiendas parciales, sin duda, son la voluntad de mejorar el proyecto de
ley. Porque consideramos, como dije en la comisión, que es posible
trabajar de manera colaboradora y armoniosa entre el Estado y las
comunidades autónomas, con lealtad política e institucional y con respeto
al bloque de constitucionalidad, que al fin y al cabo, es el marco
jurídico que nos hemos dado; con respeto también —señor Mateu,
comparto con usted la valoración que ha hecho sobre el respeto— a
las personas, aunque discrepemos, aunque los diferentes grupos tengamos
diferentes planteamientos acerca del proyecto de ley que en este momento
estamos debatiendo o de cualquier otro tema que tuviéramos que debatir,
porque si no les tenemos respeto a las personas es imposible que
respetemos las ideas. Pero está claro que la idea que cada uno defendemos
con respeto abarca también la defensa de los intereses que cada uno de
nosotros representamos. Estaba intentando rescatar el término que ha
utilizado al final pero creo que hablaba de una postura excesivamente
partidista. Sin duda. Yo insisto en el ámbito competencial y en el del
bloque constitucional puesto que yo represento a los guipuzcoanos y, en
definitiva, a los vascos. Por lo tanto, nuestras enmiendas reflejan la
postura que mi grupo mantiene en la defensa del ámbito competencial, y
las presentamos, insisto, con voluntad de entendimiento, con voluntad de
colaborar y con la lealtad institucional en la que, reiteradamente, mis
compañeros insistían ayer en los proyectos de ley que también debatimos
en esta Cámara.


Hemos presentado las enmiendas 72 a 81, que doy todas por
defendidas. Me atrevo a decir que intentábamos que alguna de ellas
tuviera algún éxito. Incluso, podría ser que no fueran aceptadas las del
Grupo Vasco, por esa discrepancia ideológica que podemos tener puesto que
están mayoritariamente sustanciadas en el ámbito competencial, pero sí
podrían ser aceptadas las de alguno de los otros grupos, por ese respeto
al trabajo que se ha mencionado anteriormente o por esa voluntad de
acuerdo que la ministra manifestó en el comienzo del debate de esta ley,
o como usted mismo ha mencionado, senador Mateu, cuando hablaba de la
boca y la lengua para poder ponernos de acuerdo. Como decía, deberíamos
encontrar la posibilidad de que alguna fuese aceptada.


Las enmiendas 72, 73 y 74 están basadas, principalmente, en la
utilización del concepto de interés general y, como ya me he extendido en
la defensa del veto, no reiteraré argumentos. (El señor presidente ocupa
la Presidencia).


La enmienda número 75 al artículo 69.2 la presentamos porque
entendemos que es necesaria una adecuación del texto al régimen de
cooficialidad lingüística vigente en algunas comunidades autónomas.


En la enmienda 76, también al artículo 69.2, creemos que es
necesario introducir la audiencia a los sindicatos que tienen mayoría
sindical en el ámbito autonómico.


La enmienda 77 al artículo 73.1 señala que la configuración de la
comisión de investigación de accidentes ferroviarios debe incluir la
participación de las comunidades autónomas que hayan asumido competencias
en materia ferroviaria.


La justificación de las enmiendas 78, 79 y 80 es que estimamos
que es conveniente ir adecuando el régimen de reparto competencial al
esquema ferroviario europeo. La integración del trazado de la red global
que afecta a líneas y tramos de competencia autonómica precisará del
oportuno consentimiento de la comunidad autónoma. Señorías, ya se ha
fijado en el año 2020 la fecha para esta adecuación y, dado que el
Mecanismo Conectar Europa tiene una franja temporal de 2014 a 2020, nos
parece oportuno que para dicha fecha pueda identificarse la red básica
europea.


En la enmienda 79 consideramos conveniente aprobar una delegación
de transferencia del artículo 150.2 de la Comunidad Europea, a fin de
facilitar que sea la Comunidad Autónoma de Euskadi la que desarrolle las
funciones ejecutivas sobre la infraestructura ferroviaria y los servicios
de alta velocidad, sin perjuicio de adoptar las medidas de coordinación
necesarias para garantizar el buen funcionamiento y gestión de la red
estatal ferroviaria de interés general.


La enmienda 80 pretende introducir otra disposición adicional, al
igual que las enmiendas 78 y 79. Entendemos conveniente aprobar una
delegación de transferencia del artículo 150.2, al que hacía referencia,
a fin de facilitar que sea la comunidad autónoma vasca la que desarrolle
las funciones ejecutivas sobre la infraestructura ferroviaria que
discurra por ella respecto a aquellas líneas que posean su origen y
destino en una comunidad autónoma y, en particular, las que hayan sido
construidas por la propia comunidad autónoma en virtud de la encomienda
del Estado. Todo ello sin perjuicio de adoptar las medidas de
coordinación necesarias para garantizar el buen funcionamiento y gestión
de la red estatal ferroviaria de interés general.


Para finalizar, la enmienda 81 introduce otra disposición
adicional porque creemos que, de acuerdo con la Constitución, las
delegaciones de competencias previstas en el artículo 150.2 deben poseer
naturaleza de ley orgánica.


Señorías, como les decía, la presentación de estas enmiendas por
parte de mi grupo no obedece más que a la voluntad de trabajar de manera
colaboradora entre el Estado y las comunidades autónomas; en ese ámbito
se enmarcan y las justificamos en nombre de quienes representamos y por
quienes venimos aquí a solicitar que sean tenidas en cuenta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.


El Grupo Parlamentario de Entesa ha presentado dos bloques de
enmiendas 82 a 159 y 231 a 234. Para la defensa del primero, tiene la
palabra el senador Martí Jufresa.


El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señor presidente.


Ciertamente, en este más que en otros muchos proyectos de ley nos
habría gustado presentar una enmienda a la totalidad. Como he explicado
antes en el debate de los vetos, consideramos que se parte de una
equivocación radical en cuanto al enfoque y al modelo que se construye.
Aun así evidentemente no hemos renunciado a presentar un conjunto de 81
enmiendas por si se pudieran introducir algunas mejoras parciales que
modificaran de manera sustancial algunos de los principales errores que
en nuestra opinión contiene la ley. Las doy todas por defendidas y paso a
presentar las más significativas agrupadas en nueve bloques.


En primer lugar, hay dos bloques que, como digo, tienen que ver
con el núcleo de nuestro veto: lo referido al Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias y a la puerta que se abre en esta ley a su
desmembración y a su privatización. A este respecto hemos presentado las
enmiendas 82, 84, 112 y 114. El segundo bloque, que nos parece crucial,
tiene que ver con el desarrollo de la ley y con ese imprescindible
acompasamiento a las directrices, los debates y las conclusiones a las
que se llegue en relación con el cuarto paquete ferroviario en el seno de
la Unión Europea. Las enmiendas referidas a esta cuestión serían
las 156, 157 y 158.


El resto de los bloques tienen que ver, en primer lugar, con la
participación de las comunidades autónomas. No hemos hecho especial
hincapié en esta cuestión en la defensa de nuestro veto, pero compartimos
con algunos de los otros grupos el hecho de que la presencia en la toma
de decisiones, en la articulación del entramado institucional para el
funcionamiento del sector ferroviario está claramente desequilibrado en
contra de las comunidades autónomas, y proponemos algunas enmiendas para
reequilibrar esta cuestión en algunos casos particularmente sensibles.
Son las enmiendas 89, 129 y 131.


Hay también un conjunto de enmiendas referidas a los usuarios y
los ciudadanos, que, como hemos dicho, nos parece deficientemente tratado
en este proyecto de ley. Se refieren, como digo, a los derechos y deberes
de los usuarios y a su participación en el conjunto del sistema. Son las
enmiendas 137, 134, 147 y 148.


En relación con los ciudadanos, hemos planteado un conjunto de
enmiendas bastante amplio para intentar contrastar la arbitrariedad del
administrador de infraestructuras en relación con las afecciones en el
entorno de viviendas y lo que se llama el efecto barrera. Serían las
enmiendas 99, 101, 107, 100 y 109.


Hay también una enmienda sustancial para nosotros que se refiere
a la clausura de líneas. En este sentido, y como ha explicado muy
elocuentemente el senador Iglesias, el enfoque nos parece absolutamente
equivocado, pues ningunea a las administraciones locales, a los
ciudadanos y a los potenciales usuarios de estas líneas. Para
contrarrestar esta situación hemos presentado la enmienda 105.


Otro conjunto de enmiendas se refiere al desarrollo de los
estudios de viabilidad y los estudios informativos. En relación con la
transparencia están las enmiendas 98 y 100, y en relación con las
garantías para que su desarrollo y su tramitación permitan cumplir los
objetivos por los cuales son creados los estudios informativos, que es
para dar garantías de correcta adecuación de los diseños y los proyectos
a las necesidades sociales y económicas, están las
enmiendas 93, 94, 96, 97, 98 y 117.


Finalmente, quería comentar dos últimas cuestiones: una para
reforzar el criterio del acceso universal a todas las personas, incluso
las que tengan dificultades añadidas de movilidad o alguna discapacidad,
enmienda 153, y otras sobre algunos matices a la seguridad, en particular
a la comisión de accidentes, que serían las enmiendas 138, 139, 140
y 141.


En definitiva, señorías, un paquete amplio de enmiendas que
denota la preocupación y la voluntad de nuestro grupo, el Grupo
Socialista, por entrar a fondo en esta materia, pero aunque se aprobaran
todas —cosa que desgraciadamente no va suceder—, mejoraría
sin duda el texto pero no cambiaría ese radical y equivocado enfoque que
hemos denunciado en el veto y que, como he dicho antes y repito ahora,
nos produce un especial desasosiego.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


El segundo bloque de enmiendas de la Entesa va de la 160 a
las 230. Para su defensa tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.


Señorías, después de una defensa tan pormenorizada como la que ha
realizado el senador don Jesús Iglesias, no voy a reiterar ni repetir los
argumentos de un bloque de enmiendas que son idénticas a las que ha
presentado él. Quería hacer solo un par de comentarios.


El primero es que yo creo que uno de los graves problemas de la
política en España es no aceptar a España tal como es, una potencia
media, con sus debilidades y fortalezas, que está atravesando desde hace
unos años gravísimos problemas. Esta no aceptación de nuestra realidad,
de cómo es el país, de sus potenciales y sus capacidades económicas, nos
ha llevado a graves errores. Les recordaré uno. ¿Se acuerdan de la foto
de las Azores cuando jugábamos a ser una gran potencia militar? Esto es
no entender qué país tiene uno entre las manos.


Senador Mateu, ¿por qué no estoy yo orgulloso de que España sea
la potencia europea del AVE, o la segunda potencia mundial después de
China? Por dos razones: la primera es que nuestra apuesta habría sido por
la red convencional, por la velocidad alta en vez de la alta velocidad.
Creíamos y creemos que esto es lo más racional y lo que realmente
necesitaba España. Y la segunda gran razón es porque no podemos
permitírnoslo; no nos lo podemos permitir. ¿Creen ustedes que los
ministros de Fomento de Alemania son más torpes que los españoles? No.
¿Creen ustedes que Alemania tiene menor potencial económico que España?
Evidentemente no. La orografía alemana es aún menos dificultosa que la
española.


Nos hemos embarcado en un proyecto del AVE, que ya criticamos
antes de que existiera la línea, para su tranquilidad, Madrid-Barcelona,
Barcelona-Madrid, porque para nosotros no tiene sentido en relación con
las necesidades y capacidades que debe tener nuestro país. Insisto, por
esto, mi partido, el senador Saura y yo, hemos sido y somos críticos con
la apuesta del AVE.


Termino diciendo por qué estoy preocupado. Creo que ustedes
tienen un problema con los políticos catalanes: son independentistas, o
para independentistas, o pasivamente independentistas, excepto,
evidentemente, el Partido Popular catalán. Esto tiene una lectura tan
simplona que llega a preocupar. ¿Sabe por qué estoy preocupado? Permítame
que parafrasee a Unamuno: Me duele España, y me duele especialmente la
España que nos van a dejar.


Gràcies, president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


El Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió ha
presentado las enmiendas 318 a 381.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, voy a dar por defendidas las 62 enmiendas que hemos
presentado. Atendiendo a los argumentos expuestos en nuestra propuesta de
veto, es evidente que van en la dirección de los objetivos principales
que nosotros entendemos debería cumplir este proyecto de ley. Voy a
agruparlas en cuatro bloques para no entrar en un análisis pormenorizado
y haré una exposición más global.


Un primer bloque hace referencia a toda la invasión competencial
que se está produciendo, especialmente en las corporaciones locales, y en
algunos otros casos se refieren a mejorar la coordinación, puesto que no
se tiene en cuenta que hay comunidades autónomas con competencias
importantes, que tienen un sistema ferroviario propio y otras tienen, por
ejemplo, competencias en Cercanías. El proyecto de ley no acaba de tener
en cuenta estas circunstancias, y por ello hemos presentado enmiendas en
este sentido.


Un segundo bloque de enmiendas va encaminado a perfeccionar algo
que para nosotros es de vital importancia, que es la competitividad y la
productividad de nuestro sector ferroviario. Introducimos un número muy
importante de enmiendas que pretenden mejorar, por ejemplo, los cánones,
a lo que me he referido en la intervención en los vetos. En la actual
redacción, los cánones perjudican al más eficiente. Sería muy grave que
saliera de aquí una ley que invitara a los operadores a ser ineficientes.
Me consta que para todos los operadores, incluso para el público, esta es
una gravísima preocupación. Deberíamos decir con toda claridad que
estaríamos aprobando un proyecto de ley que no hace competitivo el
ferrocarril y que prima la ineficiencia. Repito, sería de suma gravedad
hacer una ley que perjudique la competitividad del sector.


Un tercer bloque de enmiendas hace referencia a algo que nos
parece sorprendente en algunos artículos, y es que se castigue a las
empresas públicas. Es realmente impresionante; resulta que solo podrán
competir las sociedades anónimas y no las empresas públicas. Considero
que para temas menores podrían competir sociedades limitadas e incluso
cooperativas; el hecho de que se prohíba competir a las empresas públicas
me parece preocupante. Esta es otra línea roja que podría solucionarse
muy fácilmente de atender a nuestras enmiendas que, desde nuestro punto
de vista, podrían resolver estos aspectos que son realmente
preocupantes.


Un cuarto bloque, al que también hemos hecho referencia en líneas
generales en la propuesta de veto, hace referencia a que el proyecto de
ley no toma decisiones sobre algo que nos parece importantísimo: España
es un país en el que se hace una apuesta turística, el turismo es muy
importante. En algunas regiones, especialmente de interior —por
citar algunas, en mi tierra, Lleida, por ejemplo en el Pirineo—,
hay comarcas, regiones y autonomías de interior, en las que el turismo es
un sector muy importante, que tendría su expansión utilizando las líneas
ferroviarias para potenciar justamente estas comarcas, como se está
haciendo en Francia o en Inglaterra. Ya hemos dicho en varias ocasiones
que este es un sector económico importante al que deberíamos prestar
atención, pues implicaría también un desarrollo rural, aspectos claves
para el progreso.


Por tanto, estas son, resumidas, las enmiendas que hemos
presentado, en bloques para que puedan atenuar este proyecto de ley en la
línea de los objetivos que para nosotros son claves e importantes.
Repito: Comunidades autónomas, invasión de competencias, intermodalidad,
potenciación del turismo rural, en definitiva, invasiones competenciales
en el ámbito de las autonomías y en el ámbito local. Esperamos que estas
enmiendas las miren bien. Ojalá alguna de ellas se aceptara, porque
mejorarían la competitividad, que es lo que pretendemos con este proyecto
de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 235
a 254 y 256 a 317. Para su defensa, tiene la palabra el senador Sanz.


El señor SANZ CARRAMIÑANA: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Socialista ha presentado a este proyecto de
ley 82 enmiendas, concretamente la 235 a la 317. A este proyecto de ley
del sector ferroviario se han presentado 41 enmiendas al título II, que
corresponde a infraestructuras ferroviarias; 10 enmiendas que
corresponden al título IV, en relación con el transporte ferroviario; 7
que tienen que ver con la seguridad ferroviaria, aparte de la famosa
enmienda 310, que ya se comentó amplia y detalladamente en la comisión.
Además, presentamos algunas enmiendas que recogen los derechos de los
usuarios, también en relación con la mayor transparencia, mejores
técnicas y coherencia. En definitiva, son bloques que ha defendido mi
compañero en la propuesta de veto.


Podemos estar de acuerdo con los principios fundamentales de esta
ley, pero vemos que de los principios fundamentales a lo que recoge la
propuesta del proyecto de ley hay un abismo. La presentación de estas
enmiendas corresponde, con todo nuestro respeto, a una ley inadecuada,
que no da solución a ninguno de los problemas de la sociedad y de los
sectores implicados.


Si me permiten, voy a enumerar los bloques que justifican la
presentación de las citadas enmiendas, y que podrían mejorar el texto del
proyecto de ley, ya que ignoran los objetivos que se quieren conseguir y
además obvian la falta de informes importantes, así como las
recomendaciones del informe del Consejo de Estado y de la Directiva
Recast.


El primer bloque es la sostenibilidad. Del texto del proyecto se
desprende que no se garantiza la sostenibilidad ni el saneamiento
financiero. Hay que recordar que la directiva tiene como objeto
fundamental la sostenibilidad del proyecto. Pues bien, en este sentido,
tengo que decir que el texto del proyecto no hace ni una sola referencia
al mismo.


Segundo bloque, planificación. Vemos que el proyecto entiende las
infraestructuras como un fin, no como un medio que garantice la movilidad
de forma sostenible.


Tercer bloque, liberalización y preparación de la apertura del
mercado a la competencia. Llama la atención que el ministerio sigue
apostando por un título habilitante para el corredor de Levante que, al
parecer, según los medios de comunicación, se va a producir este mismo
mes, según el ministerio y la ministra, puesto que se acordó en el
Consejo de Ministros de junio de 2004 sacar a concurso la liberalización
y ahora se lleva a efecto. Para que luego digan ustedes que de prisa,
nada, cuando aquí se ha repetido a lo largo de la mañana que se está
negociando el cuarto paquete y la obligación es trasponer hasta el
año 2019.


Cuarto bloque, financiación del administrador de
infraestructuras. Se proponen unos cánones que son insuficientes para
cubrir los costes. Si los costes son inferiores a los actuales de ADIF,
ya me dirá qué va a ocurrir después. Quiero recordar una vez más que la
directiva determina que los cánones tienen que ser equivalentes a los
costes y también que en la memoria económica de Renfe del año 2013 los
cánones supusieron en torno al 30 % de los costes. La entrada de la
iniciativa en los corredores más apetecibles económicamente hablando solo
ayuda a una privatización pura y dura. Como van a ser deficitarios de
todas las maneras, lo que va a suceder es que el déficit de las empresas
privadas lo vamos a pagar los contribuyentes, es decir, todos los
españoles.


Otro tema importante es la posibilidad de la entrada de
administradores de infraestructuras privados, asumiendo funciones propias
de la Administración. Señorías, esto es un despropósito, por no utilizar
una palabra más fuerte. Es trocear la red para que la gestione no sé
quién y con qué interés. Esto conllevaría, como todos sabemos, recortes
de personal en el sector público, tanto en ADIF como en Renfe-Operadora.
Lo quieran reconocer o no, ustedes tienen vocación privatizadora.
Reconózcanlo, no pasa nada; no pasa nada por reconocerlo. ¡Si es que
privatizan todo! Privatizan los aparcamientos, la fibra óptica..., todo
lo que está a su alcance lo privatizan. Ustedes han entendido que bajo el
paraguas de la liberalización se persigue la privatización. Díganlo
claramente. No pasa nada. Es lo que va a suceder en el corredor
Madrid-Levante con la entrada de nuevos operadores, como he dicho antes.
Como el corredor va a ser deficitario, una vez que se instalen los nuevos
operadores, solicitarán a ADIF precios por debajo del que está pagando
ahora Renfe y, al final, tendrá que ir papá Estado a pagar el déficit. Ya
sabemos cómo suceden estas cosas. Al final, aparecen los fondos de
inversión, que lo único que buscan es rentabilidad, y la seguridad, a la
que tanta importancia ha dado el señor Mateu —y que la
tiene—, la dejan apartada. Tenemos experiencia en los años setenta
en Europa, o sea, que no vamos a descubrir nada.


Tampoco facilita el transporte intermodal. Hay que recordar que
el transporte de mercancías por ferrocarril en España representa solo
el 3 %, mientras que en Europa es el 10 %. También hemos presentado
enmiendas en ese sentido.


Antes de pasar a la defensa de las enmiendas, me gustaría
reconocer el trabajo realizado por los senadores Mateu e Ibarrondo por
tratar de aceptar alguna de estas enmiendas, aunque ya sabemos cómo
funciona el Ministerio. Por tanto, quiero reconocer la intención y el
trabajo realizado.


Voy a hacer referencia a unas cuantas enmiendas de los bloques
que ha defendido mi compañero en la propuesta de veto.


En la enmienda 235 —






lo comentamos ya en la comisión—
proponemos que en todo el proyecto de ley se sustituya el término
administradores generales de infraestructuras ferroviarias por
Administrador General de Infraestructuras ferroviarias. Me dijo el
senador Ibarrondo: Esto lo hemos puesto porque hay dos administradores.
Efectivamente, está ADIF y ADIF Alta Velocidad. ¿Sabe por qué pasó? Para
que no computase el déficit, no por otra cosa. Quiero que lo sepan.
Presentamos esta enmienda porque entendemos que no puede haber un
ferrocarril con proyectos, inversiones y cuya sostenibilidad garantiza la
ley, y otro carente de inversiones, sometido a su suerte, a la obligación
de servicio público, que, como saben, hay hasta el 2023 para su
implantación, por lo que se creará una dualidad de ciudadanos.


La enmienda 237 propone mantener la unidad de mercado. Dice usted
que viene en la Constitución. De acuerdo. También viene en la actual ley
la unidad de mercado. La pregunta es por qué no se mantiene la unidad de
mercado en todo el territorio español. No lo entiendo. Lo que dice el
Tribunal Constitucional es que garantiza la libertad de circulación sin
trabas por todo el territorio nacional de bienes, capitales, servicios y
mano de obra. No entiendo, de verdad, por qué no lo aceptan.


En cuanto a la enmienda 236, le he dicho que en los principios
fundamentales estaríamos de acuerdo. El objetivo de esta ley —por
lo menos, tiene que serlo— es conseguir un transporte por
ferrocarril que contribuya a la cohesión social y territorial con los
mayores niveles de seguridad y fiabilidad, con los menores costes
medioambientales y la mayor eficiencia económica. Ese tiene que ser uno
de los fines, es lo que intenta. Creo que el Grupo Popular compartía al
menos esta idea, pero dista mucho a la hora de trasponer y de ponerlo en
papel en el proyecto de ley.


Enmienda 239. Se omite toda referencia a la Administración
General del Estado, quitan al Estado para poner empresas privadas. Si
leen el informe del Consejo de Estado, observarán que en su página 33 ya
lo dice: «Se aprecia una omisión en su tenor de las referencias al
administrador ferroviario del Estado». Por tanto, en mi opinión, se debe
incluir esta referencia.


Enmienda 240 —y también se ha hablado de la
intermodalidad—. Estamos de acuerdo en que hay que potenciar la
intermodalidad, y parece que en los presupuestos del próximo año hay una
inversión importante para el corredor de Levante. Pero, señorías, no
hacemos nada con mejorar las conexiones con los puertos si luego se
produce el estrangulamiento. Le voy a poner un ejemplo: existe una
reivindicación no del Partido Socialista, que también, pero de la Cámara
de Comercio y de la asociación de empresarios de Valencia y Castellón,
relativa al estrangulamiento en el trayecto Valencia-Tarragona con vía
única, y el Ministerio de Fomento se descuelga y dice que va a poner un
tercer hilo del ancho internacional. Esa no es la solución. ¿Saben cómo
la han calificado las asociaciones que he comentado anteriormente? Con
mucho respeto, como chapuza. Ahí lo que se necesita es desdoblar la vía y
que sea vía doble, no un tercer carril por dentro. Por tanto, nosotros
apostamos por potenciar este sistema de transporte, pero, insisto,
primero Dios y luego los santos.


La enmienda 243 avala que las infraestructuras garanticen un
sistema común de transporte ferroviario. Por tanto, proponemos incorporar
a la Red Ferroviaria de Interés General los enlaces a las terminales
logísticas de carácter supralocal.


La enmienda 244 de modificación, relativa a las comunidades
autónomas, dice: «Corresponde al Gobierno acordar en cada momento, de
común acuerdo con las comunidades autónomas afectadas,...» —e
incluimos una moción—, exigiendo el previo acuerdo de aquellas
administraciones que tienen atribuidas constitucionalmente competencias
en materia de transporte.


La enmienda 245 es la relativa a la transparencia. Nosotros
consideramos que se debe publicar el catálogo en un plazo de seis meses a
contar desde la fecha de entrada en vigor de la ley.


La enmienda 246 —esto es gordo también— dice que
corresponde al Ministerio de Fomento, oído el Consejo de Obras Públicas y
las comunidades autónomas. Lo que viene a decir es que se sustituye toda
referencia al Consejo Asesor de Fomento por el Consejo de Obras Públicas.
Pues bien, el Consejo Asesor de Fomento no existe en el organigrama del
ministerio. Por tanto, lo que proponemos es que se ajuste.


He de decir que, a lo largo de la mañana, no le he oído hablar de
la estrategia indicativa de desarrollo. (Asentimiento). ¿Sí? Pues
perdóneme. Nosotros proponemos en la enmienda 247, de adición, la
definición de las nuevas líneas de construcción. En mi opinión, tiene que
haber un criterio básico en la planificación de infraestructuras,
señorías. Eso es lo que proponemos en esta enmienda.


En la enmienda 248, relativa a la redacción del estudio previo de
viabilidad, nosotros proponemos establecer la obligatoriedad de un
estudio de viabilidad económica como paso previo para planificar una
nueva infraestructura, de forma que no pueda redactarse un estudio
informativo que no cuente con un estudio de viabilidad económica
favorable. Se establece la excepción de realizarlo por motivos de interés
social, pero deberá acordarlo el Consejo de Ministros, no el Ministerio
de Fomento.


Enmienda 249. Motivación: el proyecto de ley es contrario a la
ley vigente, se limita la exigencia del estudio informativo en caso de
modificaciones. ¿Qué es una modificación significativa, sustancial o de
tamaño reducido?


Coincidiendo con la opinión del Consejo de Estado, se deberían
mantener los términos de la previsión de la ley vigente, no resultando
conveniente flexibilizar la exigencia de la aprobación de un estudio
informativo en los casos de modificación de las líneas ferroviarias y
menos aún cuando la delimitación de los supuestos se hace mediante el uso
de conceptos indeterminados e imprecisos «como modificación
significativa», «que no suponga una modificación sustancial» o «de
recudido tamaño». Eso es lo que dice el informe del Consejo de
Estado.


La enmienda 256 está relacionada con el bloque de trasparencia.
Dice que, una vez aprobados los proyectos básicos, estos tendrán carácter
público y deberán ser accesibles de forma libre y gratuita en formato
editable a través de la página web del ministerio.


La enmienda 261 —y también se ha hecho referencia a lo
largo de la mañana aquí— dice que cuando la explotación de una
línea ferroviaria sea altamente deficitaria desde el punto de vista
económico, social y medioambiental, el Consejo de Ministros, a instancia
del Ministerio de Fomento, previa solicitud motivada, podrá acordar su
clausura y, consiguientemente, su exclusión del Catálogo de la Red
Ferroviaria de Interés General. Mediante esta enmienda se trata de evitar
la flexibilización que introduce la nueva normativa proyectada para
acordar la clausura de nuevas líneas.


En la enmienda 262, a la que ya ha hecho referencia la portavoz
del Grupo Vasco, se propone que, si unas u otras asumieran la
financiación de líneas o tramos, el Ministerio de Fomento debería asumir
la financiación y suscribiría un convenio en el que se fijaran los
términos de mantenimiento de la línea o el tramo de la línea, o bien
—y este es el motivo de la enmienda— su traspaso a la
comunidad autónoma correspondiente. (Eso lo dice una sentencia del
Tribunal Constitucional.)


La enmienda 267, también de modificación y a la que ha hecho
referencia mi compañero, dice: «La administración de las infraestructuras
ferroviarias integradas en la Red Ferroviaria de Interés General tiene
por objeto el mantenimiento y explotación de aquellas, así como también
la gestión del sistema de control, de circulación y de seguridad», y
nosotros añadimos: «... y la gestión de los activos inmobiliarios y
logísticos que tengan tal consideración.» La motivación es facilitar el
equilibrio económico-financiero de la administración y reducir la
aportación de fondos públicos.


La enmienda 268 —lo he dicho antes un poco por
encima— es de supresión. Con ella se pretende suprimir el punto 4,
del artículo 19. Viene a decir: «Suprimir la posibilidad de que el
Ministerio de Fomento pueda asignar a una entidad privada las funciones
propias de una administración de infraestructuras ferroviarias.» Tal
posibilidad no viene impuesta por la normativa comunitaria, que es objeto
de trasposición mediante este proyecto de ley, con lo cual tampoco vemos
mayor inconveniente en la no aceptación del Grupo Popular.


La enmienda 273, la famosa de mantenimiento, propone que se
modifique el apartado e) del artículo 23, quedando de la siguiente
manera: «e) El mantenimiento, control, vigilancia e inspección...» La
motivación es la siguiente: que el mantenimiento de la red se debe
recoger entre las funciones de la Administración general de
infraestructuras, ya que consideramos que es un elemento determinante
para garantizar la seguridad.


Enmienda 286: «Para la prestación de servicios ferroviarios
sujetos a obligaciones de servicio público, las empresas deberán disponer
de una autorización otorgada por el Ministerio de Fomento, previo informe
de los ministerios de Economía y Competitividad y de Hacienda y
Administraciones Públicas y las comunidades autónomas y entidades locales
cuando participen en su financiación...» Si tienen la posibilidad de
participar en su financiación, yo creo que también podrán participar en
la toma de decisiones, máxime cuando se trata de un diseño de
infraestructuras.


La enmienda 291 se refiere a los derechos de los usuarios, y no
me voy a detener mucho porque creo que ya está muy mareada y existe otra
similar. Recoge concretamente los derechos de los usuarios de los
servicios de transporte ferroviario como acceder a la publicación,
contratar la prestación del servicio, recibir el servicio satisfecho,
celebrar un contrato de transporte con la empresa, ser indemnizados y ser
informados, y cualesquiera otros que vengan recogidos en las normas
vigentes.


La enmienda 294 habla de velar por el mantenimiento general de la
seguridad en la circulación sobre la Red de interés general. Nosotros
creemos que esto se consigue mediante la inspección y supervisión del
cumplimiento de las obligaciones de los actores y de todos los elementos
del sistema ferroviario.


De acuerdo con el criterio de la Secretaría General Técnica y del
Consejo de Estado, se debería establecer que los métodos para velar por
la obligación del mantenimiento general de la seguridad en la circulación
se ampliaran a la inspección de las obligaciones de todos los
actores.


Enmienda 298. También se ha hecho aquí referencia a la
composición de las comisiones de investigación en caso de accidente y a
que se debe garantizar en todo momento su independencia. Por lo tanto,
nosotros proponemos que el presidente y los vocales no podrán haber
recibido remuneración alguna, ni directa ni indirectamente, de ningún
administrador de infraestructuras ferroviarias ni de empresas
ferroviarias en los tres años anteriores a su designación, ni en el
ejercicio de su mandato, ni en los tres años posteriores a su cese, para
garantizar en mayor o menor medida su independencia.


El tema de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Antes de
prestar servicio cualquier empresa, se deberá otorgar la correspondiente
autorización —en este caso se incorpora el órgano a expedir los
certificados de seguridad— a la Agencia Estatal de Seguridad.


La enmienda 299 se refiere a la cuantía de la tasa regulada en
esta sección. Estoy hablando del punto 1 del artículo 83, cuya
modificación quedaría como queda: «... se determinará por primera vez y
podrá ser modificada a través de las leyes de Presupuestos Generales del
Estado.» Tal y como señala el informe del Consejo de Estado, no existen
razones objetivas que justifiquen la atribución al Ministerio de Fomento
de facultades para modificar los importes y para excepcionar por la vía
de la deslegalización el principio de legalidad tributario. No se puede
atribuir el Ministerio de Fomento estas facultades cuando no le
corresponden, sino a la Agencia Tributaria.


La famosa enmienda 310, que también se comentó en la comisión. La
disposición adicional undécima dice —ese es el título—:
«Ausencia de impactos en costes de personal. Las medidas incluidas en
esta ley se llevarán a cabo sin incremento de dotaciones de personal, de
sus retribuciones ni de otros gastos de personal.» Eso es lo que dice el
proyecto de ley. El senador Ibarrondo me comentó que la disposición y la
ley no impiden ninguna clase de mejoras salariales, se limita a indicar
que la ley no las establece, por lo tanto, la ley no entra en ello. Eso
es lo que comentó el senador Ibarrondo, salvo error. Si es así, lo tienen
fácil: admítanos esta enmienda y se disipan toda duda y toda clase de
interpretaciones. Fíjese usted si lo tiene fácil.


Enmienda 311, disposición adicional (nueva). Garantía de
accesibilidad para personas con discapacidad. Como ya se ha hecho aquí
referencia a ello por algunos portavoces, no me voy a detener.


Enmienda 312: aprobar un plan de supresión de pasos a nivel por
seguridad. (Me estoy refiriendo lógicamente a la red convencional porque
en los trenes de alta velocidad —como saben— no hay.)


Señorías del Partido Popular, han dejado pasar una oportunidad
única para conseguir un ferrocarril europeo seguro, fiable, moderno y
competitivo. No puede ser que una ley tan importante como esta —que
lo que pretende es establecer un espacio único ferroviario europeo con la
trasposición de una directiva, la 2012/34, sus reglamentos, y la
liberalización del transporte interior de viajeros— se realice de
una forma tan precipitada, inconsistente, con falta de consenso, en
nuestra opinión, con falta de rigor. Les voy a poner solo un ejemplo.
Como recordarán, el Ministerio de Fomento suprimió la Dirección General
de Ferrocarriles y mediante real decreto se creó la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria —en 2014—. Posteriormente, en una
orden, la orden 769 del Ministerio de Fomento, se determina la
integración e incorporación de personal de la Dirección General de
Ferrocarriles a entidades públicas como ADIF y ADIF-Alta Velocidad. El
personal de la extinguida Dirección General de Ferrocarriles es
funcionario de carrera y al ser transferido, lo hace en situación de
excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público en
régimen distinto al de funcionarios de carrera. El 75 % aproximado del
personal se incorpora a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, el
resto —como he comentado—, el 25 %, pasa a ADIF y a ADIF-Alta
Velocidad, es decir, pasan de ser funcionarios de carrera a ser personal
laboral del sector público. Asimismo, a este personal transferido es de
aplicación, según la Orden Ministerial 7/2007, el Estatuto Básico del
Empleado Público, que, en su disposición cuarta.3, recoge que los
funcionarios que hayan sido transferidos podrán integrarse como propios
en la ciudad donde hayan sido transferidos. ¿Saben ustedes de qué
ciudades estamos hablando? De Ceuta y Melilla, de ciudades que no tienen
ni ferrocarril. Este es el rigor, la seriedad y los ritmos —y digo
los ritmos, porque también en comisión nos recriminaron y nos dijeron que
no había prisas, que eran ritmos—. Ha dicho antes alguna compañera
que las prisas no son buenas consejeras y esto es producto de ello. Así
lo entendemos.


También consideramos que ha habido una falta de respeto
institucional a las comunidades autónomas y a las entidades locales. En
este sentido hemos presentado enmiendas y las damos por defendidas.


Es una ley que no contempla ni en sus objetivos ni en sus fines
la sostenibilidad del sistema ferroviario, a pesar de la deuda de ADIF,
que pone de manifiesto los problemas de seguridad y fiabilidad —son
las dos señas de identidad del ferrocarril, seguro y fiable; de siempre,
no de ahora— debido a la falta de financiación para la mejora y
conservación de la red convencional. No sé cuántos de sus señorías viajan
por la red convencional, yo creo que pocos. (Rumores). Digo por la red
convencional. Hay que recordar que casi tenemos 13 000 kilómetros de vía
férrea convencional y cada vez se destinan menos recursos a estos
menesteres —no hay más que ver el informe de fiscalización, donde
se observa la disminución de la aportación del Ministerio de Fomento año
tras año—. Insisto, hay que mejorar el mantenimiento. No hay que
ver más que lo que ha sucedido estos días de verano, con las tormentas,
en una línea general, Madrid-Ávila —lo digo por la cercanía—,
con desprendimientos de trinchera. Eso es falta de mantenimiento y
conservación, no es otra cosa. Si como dice el senador Mateu, viaja en la
red convencional, habrá observado la cantidad de limitaciones temporales
de velocidad que existen. Una barbaridad. Eso es como consecuencia de
falta de inversión en mantenimiento y conservación, señoría. Si no se
consigue atajar eso, al final, nos llevaremos algún susto con algún
accidente.


Para lograr todo esto, lo que deseamos, la cohesión social y
territorial y la seguridad de un ferrocarril moderno y competitivo se
tienen que sustentar en tres ejes. Primero, seguridad. Miedo me da que en
estas fechas que entramos, la señora ministra no inicie una tournée de
inauguraciones y cortes de cinta. Creo que ya ha anunciado que va a poner
en conexión distintas capitales, que asimismo, estarán conectadas a la
red de alta velocidad —Granada, Castellón, Cádiz, Murcia, además de
Zamora—. Nosotros no estamos en contra de eso, ni mucho menos, pero
sí exigimos que el funcionamiento de estos tramos se realice en
condiciones de máxima seguridad, con todos los mecanismos tecnológicos
disponibles y operativos y en concordancia con el tipo de vía a utilizar,
dada la triste experiencia ya acumulada. Segundo eje: calidad y
confortabilidad. Se consigue con inversiones y mantenimiento. Tercer eje,
y no menos importante: fiabilidad y puntualidad.


Todos ellos tienen un denominador común: inversión, prevención y
mantenimiento, que son los pilares que reclama la Unión Europea. Se debe
actuar para conseguir eso que tanto reclama la sociedad, es decir,
ofrecer garantías de un ferrocarril seguro, moderno y fiable. Asimismo,
los cánones son insuficientes para cubrir gastos y garantizar la
sostenibilidad económica. ¡Qué les voy a decir a ustedes de la
liberalización que pretenden llevar a cabo este año! Es vaga, imprecisa y
la despachan con una disposición transitoria y con una falta de estudio
de la demanda. Como ya hemos comentado, nosotros consideramos que, antes
de realizar una nueva infraestructura, se deben hacer estudios de demanda
para ver realmente la necesidad o no.


En fin, señorías, a estas alturas del debate, está todo dicho y
escrito para el que lo quiera ver, leer, escribir y, sobre todo,
escuchar, que buena falta les hace.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz
Carramiñana.


Para turno en contra, tiene la palabra el senador Ibarrondo.


El señor IBARRONDO BAJO: Presidente, señorías, muy buenos
días.


Senador Carramiñana, le diré en primer lugar que, sobre todo, se
han estudiado con muchísima atención y cuidado todas estas 381 enmiendas
que se han escuchado y sobre las que se ha hablado. Comprenderán la
dificultad que voy a tener para poder contestar a todas y cada una de
ellas, pero voy a intentar reducir las explicaciones; muchas de ellas ya
se han dado en la Comisión de Fomento, en una sesión muy interesante en
la que se debatió creo que satisfactoriamente, al menos para unos cuantos
grupos.


Tenemos una dificultad de entendimiento con el Grupo Mixto
—también con otros grupos— sobre los administradores
generales de infraestructuras ferroviarias. Es una tontería, pero lo
ponemos en plural porque ya hay varias administraciones generales.


Les diré respecto al artículo 5.5 que las alegaciones a la
información pública solo son para el trazado, no para la explotación. La
enmienda que hace el Grupo Mixto al artículo 19 crearía controversias con
la sección internacional, por ejemplo, en el tramo Perpiñán-Figueras;
esta enmienda no se puede admitir.


Tampoco quieren entender esa diferencia de concepto entre ADIF y
ADIF-Alta Velocidad. Nosotros apostamos por esa segregación. Sería un
debate inútil hablar sobre por qué realizamos esta actuación, porque es
evidente que tenemos un patrimonio muy grande de alta velocidad para el
que ya tenemos más de 5000 millones de inversión. Se merece un
gestor.


Respecto a un concepto que repiten varios de ustedes —los
servicios adicionales, que ahora los llamamos servicios básicos—,
les diré que en el artículo 20, en sus siete apartados, están muy bien
regulados. En el artículo 25 se establece que el convenio para la
financiación de las inversiones en infraestructuras debe garantizar la
sostenibilidad económica de estas —se debe garantizar—, pero
parece que no llega a convencerle que esa conservación y construcción
puedan ser cofinanciadas para esa sostenibilidad.


Dicen que es muy restrictiva la contabilidad de pérdidas y
ganancias, y nosotros decimos que es una exigencia de la
Directiva 2012/34.


Respecto al artículo 36 se dice que no se puede dar prioridad de
adjudicación a las empresas ferroviarias públicas en procesos de
adjudicación —me parece más que evidente— y en lo
concerniente al artículo 42.3, que no puede imponerse por ley controlar a
los explotadores de las instalaciones de servicio, no se puede
regular.


En cuanto a las OSP, no puede establecerse taxativamente que
deben concitarse ciertas circunstancias —que es el texto que
quieren poner ustedes—. La adjudicación de las OSP puede ser
directa siempre que cumpla con la legislación comunitaria, con la
disposición transitoria octava y con el Reglamento 1370/2007.


Se podría admitir lo que plantean en el artículo 62.1 (nuevo)
sobre la información y horario de servicios, pero lo queremos gestionar
durante la tramitación del reglamento.


Le diré respecto al asunto de la seguridad que aquí se consulta a
todo el mundo, y está implícita la consulta a las asociaciones de
usuarios y a los sindicatos.


Artículo 65.4. Quiero decirle que la independencia de la comisión
de investigación está garantizada en el artículo 72.


Nos parece más completo el concepto de retirada de los restos que
aparece en el artículo 75.


Lo que se ha dicho respecto al artículo 106 es una mezcla entre
infracciones en materia de transportes e infracciones laborales, cuando
son dos tipos de infracciones distintas. (Aquí estamos tratando las
infracciones en materia de transportes, lógicamente.)


La propuesta al artículo 109.7 impediría la indemnización cuando
la infracción no fuera cometida por una empresa o por persona alguna.


La disposición adicional decimoprimera: las dotaciones de
personal serán las que cada año se reflejen en los Presupuestos Generales
del Estado.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió ha presentado sus enmiendas en varios bloques y, senador
Alturo, le agradezco su simplificación. En líneas generales, como ya le
dije en comisión, perseguimos cosas muy parecidas. Pero quiero decirle
que muchos de los temas relacionados con las competencias —como los
abordados, por ejemplo, en el artículo 4.2, 4.6 o en el artículo 5—
de las comunidades autónomas que abordan estos artículos se consideran
suficientemente resueltos. Lo mismo le diré al Grupo Parlamentario Vasco.
Partimos de un principio de solidaridad y colaboración, en la medida en
que esas líneas de ferrocarril van a atravesar distintos territorios. Por
lo tanto, tiene que existir sintonía entre todas ellas. Por otra parte,
quiero señalar que respetamos lo manifestado en la página 25 del informe
del Consejo de Estado.


Respecto al bloque de las aportaciones económicas del Estado y
sobre el equilibrio financiero, parece razonable que en los supuestos a
los que se refiere este párrafo el Gobierno pueda exigir —y no solo
atender— a las administraciones que equilibren sus cuentas sin
financiación estatal.


Diré que no procede la inclusión del párrafo propuesto en la
enmienda en el artículo 25.4 —aportaciones económicas del Estado,
convenios y programas de actividad— puesto que en el proyecto se
establecen reglas de carácter general y no transitorias objeto de
desarrollo pormenorizado en la disposición transitoria primera del
proyecto.


Un bloque muy importante al que ustedes se han dedicado de forma
extraordinaria es al de los ferrocarriles históricos. No es que nosotros
despachemos este punto de un solo golpe —pues vemos que ustedes han
preparado una batería, un reglamento interesantísimo respecto al concepto
del tren cultural, turístico e histórico—, pero es que este asunto
de los trenes históricos —como señalamos en la disposición
adicional sexta— queda excluido del ámbito de aplicación de esta
ley. Por lo tanto, no es que no queramos regularlo, es que no corresponde
a esta ley sino a otra.


Muchas de las enmiendas presentadas por Grupo Parlamentario
Socialista, Entesa y Els Verds coindicen, tal y como ellos mismos han
reconocido,...


Perdónenme, me parece que me he saltado las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco.


Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco. Aunque la
senadora Iparragirre ha tenido una exquisita atención durante todas estas
discusiones y debates, cuando desciende a las enmiendas vuelve al tema
competencial. Nosotros queremos decirle que una infraestructura
ferroviaria podrá tener interés general con independencia de que sobre la
misma se desarrollen algunos tráficos estrictamente intraautonómicos.
También le decimos que no corresponde a la Ley del sector ferroviario
definir el alcance de la cooficialidad lingüística vigente en algunas
comunidades. Asimismo, en la legislación estatal, la audiencia a los
representantes de los trabajadores debe hacerse a los sindicatos más
representativos del sector. Y, luego, que el carácter técnico de la
investigación de accidentes ferroviarios y el perfil estrictamente
profesional de los miembros de la comisión aconsejan no introducir
factores territoriales en su composición. Respecto a la adicional nueva,
que se propone en la enmienda 80, no resulta posible aceptar esta nueva
disposición, ya que no es materia de ley. Lo mismo ocurre respecto a la
enmienda 81.


Por lo tanto, volviendo a esa famosa página 25, nosotros
respetamos esa lealtad, esa complicidad institucional y esas competencias
autonómicas que nos hemos dado hace años. Yo le digo la dificultad con
que nos encontramos en estos momentos al gestionar tres anchos: el
métrico, el estándar y el ibérico, así que no hagamos el ancho
nacionalista, por favor. Está claramente demostrado por todos los
informes y por la voluntad de esta redacción que no queremos ancho
nacionalista. Queremos, como decía usted, que el futuro vaya en tren y
movernos con esos anchos que nos hemos dado: el estándar, el ibérico y el
métrico. Dejemos de hacer más anchos y, en cambio, tengamos más amplitud
de miras respecto a la gestión de este gran proyecto que es la alta
velocidad. Y, por cierto, en cuanto a la complicidad, una vez más, la
ministra se va a reunir con la consejera de Infraestructuras del País
Vasco —creo que el 20 de este mes o el 2 del próximo mes—,
por lo que sí existe dicha complicidad.


Reinicio las enmiendas del Grupo Socialista y de Entesa. El señor
Guillot ha hecho unas reflexiones. Nos ha dicho que después de una
inversión de más de 45 000 millones de euros y bien servida y bien
actualizada la red de Cataluña, dice que no nos la merecemos, o me lo ha
dado a entender, o que parece que es excesivo, que hay muchos ministros
fuera, en Europa, que son tan listos como los que hay aquí, pero que van
a otro ritmo. Pues mire, yo reivindico la Y vasca y reivindico la alta
velocidad en ese proyecto europeo de hacer una actuación transeuropea,
lógicamente, pues creo que nos lo merecemos. Si estamos marcando unas
políticas en el sentido de que aquello que queremos hacer, si se puede
pagar, lo hagamos, ¿por qué nos ponemos puertas, balizas o pasos a nivel
para evitar conseguirlo? Además, respecto a su reflexión, si estuviésemos
todos más unidos, si tuviésemos el concepto de unidad nacional y de ir
todos en la misma línea, en la misma vía, conseguiríamos que estos
resultados fuesen mucho más eficientes y no tendríamos que entrar en
discusiones que no están aportando nada a estos proyectos de alta
velocidad.


En cuanto a la enmienda 235 del Grupo Socialista, que comparten
todos ustedes, se considera más adecuada la utilización del término en
plural —y vuelvo al comentario de antes— de administradores
de infraestructuras ferroviarias.


Respecto a la enmienda 236, no es necesaria la adición, pues el
artículo 2 ya recoge la cohesión territorial, económica y social.


Respecto al artículo 2, no están de acuerdo con los fines de la
ley. Hablan de meter la Constitución dentro de ese artículo. Nosotros
creemos que la Constitución está ahí, que se reconoce en esa famosa
página 25 y, por lo tanto, no viene al caso.


Enmienda 239. No parece que la determinación de los órganos que
integran la Administración ferroviaria y su régimen jurídico haya de
formar parte de la relación de fines generales perseguidos por la
ley.


Enmienda 243, sobre la red ferroviaria de interés general. El
artículo 4 en su punto 1 no se refiere a instalaciones concretas de
viajeros o mercancías, sino al sistema común del transporte ferroviario y
su funcionamiento.


Enmienda 244. Se considera más adecuado que la inclusión en la
red ferroviaria de interés general corresponda al Ministerio de Fomento y
al Gobierno.


Enmienda 247. Nosotros creemos que la cuestión se encuentra
suficientemente resuelta en el apartado 1 de este artículo y que, por lo
tanto, no es necesario volver en el artículo 2 sobre lo que decimos en
el 1. La viabilidad económica se considera mejor resuelta, de forma menos
casuística y con menos rigideces respecto a este artículo.


En cuanto a la petición que se realiza en la enmienda 250, ya
está recogida en el artículo 5.5.


El artículo 5.7, el derecho a la información, está reglado en la
Ley 19/2013.


Se plantea también una enmienda de adición al artículo 5. El
estudio informativo no entra al detalle de cuestiones que deberían ser
resueltas en el proyecto de construcción. Vayamos por fases, una cosa
corresponde al de construcción y otra a los estudios informativos.


Hay varias enmiendas respecto a la redacción en las que no voy a
entrar. Creemos que la enmienda 262 está bien resuelta en el
artículo 4.3. Habla sobre un componente en el límite de edificación sobre
el ruido. Yo creo que eso es más competencia de planeamiento urbanístico
y, por lo tanto, es más un tema municipal.


Enmienda 267, al artículo 19.1, sobre el contenido y alcance de
la Administración de las infraestructuras ferroviarias. Resulta
innecesario hacer referencia particular a los activos inmobiliarios y
logísticos que formen parte de la red ferroviaria de interés general.
¿Por qué? Porque ya están incluidos al hacerse referencia general a las
infraestructuras ferroviarias que forman parte de aquella.


En el artículo 24, administración y construcción de las
infraestructuras ferroviarias por los administradores generales de
infraestructuras ferroviarias, el apartado 2 ya regula esos criterios de
actuación. Y respecto del artículo 25.3, el equilibrio entre ingresos y
gastos de los administradores de infraestructuras ferroviarias es una
exigencia de la Directiva 2012/34, que aquí se transcribe prácticamente
igual.


Enmienda 286, intervención administrativa en la prestación de
servicios de transporte ferroviario y en la explotación de
infraestructuras, las OSP. La adjudicación de los servicios OSP podrá
hacerse de manera directa en todo mientras no sea contraria a la
legislación comunitaria en los términos establecidos en la disposición
transitoria octava. A partir de ese momento, fecha en la que la
legislación de la Comunidad Europea acuerde la plena apertura al mercado
del transporte ferroviario de viajeros, únicamente podrán realizarse
adjudicaciones directas en los términos previstos en dicha normativa.
Parece razonable que estas estén suficientemente motivadas.


Respecto a los derechos de los usuarios, solamente hay que decir
que estos derechos están regulados de forma muy detallada en la
Directiva 1371. Aquí es donde entran los famosos libros de reclamaciones,
que por supuesto no desaparecen.


En el artículo 64.3, seguridad viaria, les decimos que el
precepto enmendado no atribuye competencias, es el artículo 65 el que,
por ley, enumera las competencias de la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria.


Voy a terminar con tres enmiendas y creo que así podré dar una
contestación razonable a todas sus peticiones.


La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, tal como resulta del
artículo 104 del proyecto de ley, no es el único organismo responsable de
la inspección de las actividades ferroviarias. Por eso es más adecuado
mantener la redacción actual.


Respecto al certificado de seguridad, se considera que la
inclusión del inciso que ustedes proponen en la enmienda 297 no mejora
sustancialmente este proyecto de ley. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia).


Y respecto a la enmienda al artículo 83, el proyecto de ley no
impide, en ningún caso, que la cuantía de la tasa pueda modificarse en
los presupuestos generales. Se lo vuelvo a repetir porque se lo dije en
comisión, la disposición undécima no impide ninguna clase de mejoras
salariales y se limita a indicar que la ley no las establece; se
establecerán en otra ley, en esta no, pero no las impide.


En cuanto a la enmienda 311, a la disposición adicional nueva, no
resulta necesaria dicha regulación, ya que está en el contenido del Real
Decreto 1/2013.


Para finalizar, sobre la enmienda a la disposición adicional
nueva —última—, es necesario que los pasos a nivel cuenten
con una regulación específica en el texto de la ley y, para su supresión,
las inversiones también tienen que estar previstas en la ley de
presupuestos. Todos los años hay una partida incluida dedicada a los
pasos a nivel.


Por lo tanto, como diré en mi segundo turno, creo que esta ley
consigue satisfacer altamente los objetivos que nos habíamos marcado.


Muchísimas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Seré muy breve.


Señor Ibarrondo, ancho nacionalista vasco, evidentemente. Usted
ha hecho alusión a ello.


Amplitud de miras. Con el respeto del que al principio
hablábamos, le diré que no implica mayor o menor amplitud de miras elegir
una u otra opción. Me alegra que nos traiga usted otra vez a colación la
próxima reunión que el día 22 va a mantener la ministra con la consejera,
así como con los alcaldes de las ciudades donde tiene que entrar el tren
de alta velocidad a Euskadi. Esperemos que esa sea una reunión fructífera
y que, dentro de esa amplitud de miras que tenemos, se cumpla lo que hace
tantísimo tiempo se tenía que haber cumplido y tengamos el tren de alta
velocidad en Euskadi como usted mismo, como alavés y vitoriano, sin duda
querrá que ocurra. Decía que hay discusiones que no aportan nada, y es
verdad, algunas no lo hacen.


Reiteramos nuestra posición ante este proyecto de ley. No voy a
insistir en los matices que ha hecho usted a la página 25, y así como
también harán otros, manifestamos nuestro voto en contra del proyecto de
ley que estamos debatiendo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Iparragirre.


Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra el senador
Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET:






Gracias, señor presidente. Seré
brevísimo.


Senador Ibarrondo, mi partido y yo estábamos en contra del AVE
Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid antes de que se realizara. No es que
una vez que ya lo tenemos no quiera otros para otras comunidades
autónomas; no, señoría. Es que nosotros estamos en contra del AVE porque
apostamos por la red convencional y por los trenes de velocidad alta, no
por la alta velocidad. ¿Queda claro? Lo digo para que no me sigan
insistiendo en que defiendo una postura egoísta porque no queremos la Y
vasca o el AVE a Galicia. No: queremos otro modelo ferroviario más
sostenible, que ligue el territorio y que sea económicamente viable.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Guillot.


Por el Grupo de Convergència i d’Unió tiene la palabra el
senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.


Señores Ibarrondo y Mateu, supongo que estaremos de acuerdo en
que, cuando hablamos de objetivos, un objetivo clave e importante en
estos momentos es la generación de empleo y, por tanto, levantar la
economía en la que estamos inmersos por esta crisis económica. Muy bien,
señorías, objetivos compartidos.


Ahora bien, las infraestructuras tienen que ser un elemento clave
para el desarrollo de esta economía que deseamos, una economía
productiva, una economía competitiva. Por tanto, debe haber inversiones
eficientes; no cualesquiera inversiones, señorías, sino, insisto,
inversiones eficientes.


En estos momentos estamos hablando del sistema ferroviario y yo
le voy a poner simplemente dos ejemplos para dejar constancia de la
importancia que tiene esto que le digo y de la intermodalidad, es decir,
la comunicación entre el transporte de mercancías terrestre, ferroviario,
por carretera y marítimo. Esto es clave.


Primer ejemplo. Puerto de Barcelona. Una empresa importante en el
campo de la logística hace una inversión tremenda en contenedores.
Condición: los accesos ferroviarios al puerto de Barcelona. ¿Están
hechos? No, no lo están. Por tanto, no hemos cumplido en una cuestión
importantísima.


Segundo ejemplo de 3 de abril. La empresa Daimler descartó una
inversión multimillonaria en el puerto de Tarragona al no disponer este
del ancho de banda europeo. Hemos perdido inversión, hemos perdido
economía y hemos perdido puestos de trabajo. Una empresa que
exporta 200 000 vehículos; casi nada. Por ello, nosotros venimos
reclamando en este campo que las inversiones en infraestructuras tienen
que ser eficientes, y en este caso hablamos también del eje mediterráneo
que tiene que unir todo el litoral, y además, los puertos de Tarragona y
Barcelona con Europa. Con lo cual hacemos un proyecto de ley de
instalaciones ferroviarias y no tenemos en cuenta todas estas cuestiones.
Por lo tanto, este es un proyecto de ley que no nos hace avanzar en la
creación de ocupación ni en la economía productiva. En consecuencia,
nosotros no daremos apoyo a este proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Alturo.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el senador Sanz
Carramiñana.


El señor SANZ CARRAMIÑANA: Gracias, señor presidente.


Telegráficamente, si me permiten, haré seis reflexiones, pero
antes quería lamentar la falta de aceptación de algunas enmiendas que
modestamente entendemos podrían haber mejorado el texto del proyecto. (El
señor presidente ocupa la Presidencia).


Una de las reflexiones es que no vemos suficientemente articulada
la autonomía de la gestión de la Administración general de
infraestructuras ferroviarias respecto a la tutela del Estado. También
observamos que el nuevo proyecto de ley del sector ferroviario abre la
vía para el establecimiento de negocios jurídicos de gestión de
infraestructuras ferroviarias o, lo que es lo mismo, para la
privatización en la gestión de las infraestructuras, no recogiéndose en
cambio la regulación del control de dichas concesiones para garantizar la
eficiencia y seguridad de la prestación de los servicios. Tampoco vemos
desarrollado un sistema de financiación suficiente para la Administración
general de infraestructuras ferroviarias. No creemos que los sistemas de
cánones y adjudicación de capacidad dibujada en el proyecto de ley vayan
a estimular a los administradores generales de infraestructuras
ferroviarias para que optimicen la utilización de las infraestructuras e
inviertan en ellas. En cuanto al desarrollo de la estrategia, no vemos
suficientemente articulado este tema. Poco se ha hablado de la falta de
regulación para la implantación de dichas políticas y las aportaciones
económicas, por lo que corremos el riesgo de que se conviertan en meras
intenciones. Respecto a la financiación de la Administración general de
infraestructuras ferroviarias, creemos que no está suficientemente
desarrollada la participación pública privada. Finalmente, con respecto a
la seguridad en la circulación, si bien reconocemos que se han dado pasos
importantes derivados del nuevo escenario normativo europeo, consideramos
que no se impulsa lo suficiente la investigación y desarrollo de la
prevención de riesgos en esta materia.


Por esto y por lo expuesto anteriormente, votaremos en contra del
proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Ibarrondo.


El señor IBARRONDO BAJO: Gracias, presidente.


Señorías, senadora Iparragirre, ojalá en el 2019, con esa
complicidad que aquí nos hemos marcado, consigamos tener la Y vasca.


Señor Guillot, luego me cuenta, cuando utiliza el tren de alta
velocidad, cómo llega, cómo viene aquí, cómo lo usa y qué modelo de
ferrocarril coge; porque yo quiero el mismo y, verdaderamente, en eso
estamos trabajando, como le he dicho a la senadora Iparragirre.


Señor Alturo, respecto a las inversiones, de los presupuestos de
este año 27 millones son para el acceso al puerto de Barcelona y 134
concretamente para todo ese puerto. Van a ser ustedes la segunda
comunidad en inversión en los presupuestos, y ya lo veremos. Son 1343
millones para todo el corredor mediterráneo, en el que Barcelona es
prioridad absoluta y eje vertebrador.


Por último, quería decirles que hemos cumplido el primer paquete
ferroviario, 2001, mercado único; segundo paquete ferroviario, 2004,
directiva de seguridad; tercer paquete, 2010, apertura al tráfico
internacional viajero; y el cuarto, en el que estamos trabajando y que
también estamos cumpliendo gracias, en parte, a esta ley, es la mejora
del reparto modal del transporte de viajeros.


Muchísimas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a votar las enmiendas presentadas al Proyecto de
Ley del sector ferroviario.


Empezamos con las enmiendas del senador Iglesias. En primer
lugar, votamos la enmienda 16.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 5; en contra, 143;
abstenciones, 74.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 68.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 64; en contra, 143;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 22.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 67; en contra, 148;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 47 y 49.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 74; en contra, 143;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 66.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 77; en contra, 141;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 8, 31, 40 y 64.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 73; en contra, 143;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 1 a 7, 10, 12 a 14, 17, 18, 23
a 26, 32, 34, 35, 38, 39, 41 a 46, 48, 50, 51, 52, 54, 58 a 62, 65 y 69
a 71.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 67; en contra, 141;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 9, 11, 15, 19 a 21, 27 a 30, 33, 36, 37, 55
a 57, 63 y 67.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 8; en contra, 139;
abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.


En primer lugar, votamos la enmienda 74.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 74; en contra, 145;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 76.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 75; en contra, 142;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 72 y 73.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 141;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 75 y 77.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 18; en contra, 200;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 79 a 81.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 12; en contra, 202;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 78.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 5; en contra, 205;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa.


En primer lugar, votamos las enmiendas 90, 141 y 153.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 72; en contra, 144;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 154.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 67; en contra, 144;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 92, 93, 125, 147 y 148.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 61; en contra, 143;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 106, 113, 118, 122, 129, 131 y 155.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 65; en contra, 142;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 111, 119, 123, 152 y 156 a 159.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 62; en contra, 141;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 82 a 89, 91, 94 a 105, 107 a 110, 112, 114
a 117, 120, 121, 124 a 128, 130, 132 a 140, 142 a 146, 149 a 151 y 231
a 234.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 67; en contra, 139;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 181.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 66; en contra, 145;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 206, 208 y 225.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 70; en contra, 142;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 223.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 62; en contra, 141;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 226.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 4; en contra, 141;
abstenciones, 76.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas
números 160, 168, 170, 174, 175, 178, 179, 180, 186 a 189, 192, 195, 196,
214 a 216 y 222.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 8; en contra, 143;
abstenciones, 69.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 161 a 167, 169, 171
a 173, 176, 177, 182 a 185, 190, 191, 193, 194, 197 a 205, 207, 209
a 213, 217 a 221, 224 y 227 a 230.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 66; en contra, 144;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i
d’Unió.


Votamos la enmienda número 323.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 11; en contra, 141;
abstenciones, 69.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 325.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 14; en contra, 147;
abstenciones, 61.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación votamos la enmienda número 328.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 70;






en contra, 148;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 336.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 11; en contra, 208;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 366.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 10; en contra, 210;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 375.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 10; en contra, 147;
abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos la enmienda número 378.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 11; en contra, 205;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 343 y 377.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 12; en contra, 144;
abstenciones, 66.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 380 y 381.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 11; en contra, 148;
abstenciones, 62.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 331, 356 y 360.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 72; en contra, 144;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 364, 365 y 367.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 11; en contra, 149;
abstenciones, 62.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 332 y 362.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 76; en contra, 143;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 370, 373 y 379.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 11; en contra, 148;
abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 329, 342 y 357.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 11; en contra, 146;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 335, 348, 351 y 363.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 143;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 330, 339, 344, 346 y 376.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 77; en contra, 143;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 368 y 369.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 145;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 334, 337, 349, 350 y 361.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 73; en contra, 144;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 327, 333, 340, 341, 345 y 359.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 13; en contra, 144;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 318 a 322, 338, 347, 352
a 355, 358, 371, 372 y 374.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 78; en contra, 140;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas
números 287 y 309.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 64; en contra, 144;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 245.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 141;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 298 y 311.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 76; en contra, 141;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 312.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 75; en contra, 141;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 237, 280 y 304.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 63; en contra, 143;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 247, 248 y 305.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 67; en contra, 141;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 250.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 69; en contra, 139;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 251, 258, 259, 272, 276, 278 y 315
a 317.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 63; en contra, 142;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 262, 286 y 288.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 72; en contra, 141;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 269, 275 y 313.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 64; en contra, 140;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 282.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 68; en contra, 141;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 244, 253, 254, 256, 260 y 263.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 72; en contra, 141;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 235, 236, 238
a 243, 246, 249, 257, 261, 264 a 268, 270, 271, 273, 274,
277, 279, 281, 283, 284, 285, 289 a 297, 299 a 303, 306 a 308, 310
y 314.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 67; en contra, 141;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 252.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 61; en contra, 140;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 223; a favor, 141; en contra, 81;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
Proyecto de Ley del sector ferroviario.









PROYECTO DE LEY DE CARRETERAS.

621/000147

Fomento


El señor presidente da lectura al punto 7.1.5.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra la presidenta de la Comisión de Fomento, la senadora Pan.


La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías, por favor.


La señora PAN VÁZQUEZ: Como presidenta de la Comisión de Fomento
me corresponde el honor de presentar ante el Pleno del Senado el dictamen
de esta comisión sobre el Proyecto de carreteras. El texto de este
proyecto de ley, remitido por el Congreso de los Diputados, tuvo entrada
en el Senado el día 13 de julio de 2015, abriéndose un plazo para la
presentación de enmiendas que fue prorrogado hasta el día 30 del mismo
mes. Al proyecto de ley se presentaron 1 propuesta de veto y 176
enmiendas. La propuesta de veto ha sido presentada por los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya. Las 176 enmiendas se distribuyen de la siguiente
forma: enmiendas 1 a 25, del señor Iglesias Fernández, del Grupo
Parlamentario Mixto; enmiendas 26 y 27, de la señora Domínguez Hormiga,
del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 175 y 176, de la señora Julios
Reyes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmienda 28, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas 29 a 87, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 125 a 174, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió;
y enmiendas 88 y 91 a 124, del Grupo Parlamentario Socialista.


La ponencia designada para informar el proyecto de ley procedió a
emitir informe el día 26 de agosto de 2015, acordando aceptar como
informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión
se reunió para dictaminar dicho proyecto el día 26 de agosto de 2015,
aceptando como dictamen el informe realizado por la ponencia.


Finalmente, se han presentado los siguientes votos particulares a
este dictamen: votos números 1 y 2, del Grupo Parlamentario Mixto; voto
número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió; voto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista; voto
número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; votos números 6, 7
y 8, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.— El señor
Guillot Miravet pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Pan.


Senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Anuncio que el senador Saura y yo retiramos el veto.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.


En ese caso, iniciamos el debate de las enmiendas.


Señorías, les informo de que vamos a debatir las enmiendas de
este proyecto de ley, que entraremos a continuación en el debate de las
propuestas de veto del Proyecto de Ley de seguridad nacional y, al
finalizar, votaremos las enmiendas de este Proyecto de Ley de carreteras,
y después los vetos del Proyecto de Ley de seguridad nacional, pero nunca
antes de las cuatro de la tarde. ¿De acuerdo? (Asentimiento).


Para la defensa de las enmiendas números 175 y 176, del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Coalición Canaria ha presentado dos enmiendas a este proyecto de
ley. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
Abandonen el hemiciclo en silencio.


La señora JULIOS REYES: Como decía… (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Un momento, senadora Julios. Señorías, la
senadora Julios no va a continuar hasta que no haya silencio.


Muchas gracias. Continúe.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Como decía, Coalición Canaria ha presentado dos enmiendas a este
proyecto de ley. La primera de ellas pretende añadir una nueva letra al
artículo 4.5., que plantea textualmente lo que sus señorías nos han
escuchado repetir en multitud de ocasiones en referencia a los
artículos 95 y 96 de la Ley del régimen económico y fiscal de Canarias.
Planteamos que se consideren carreteras o infraestructuras de interés
general del Estado, a efectos de que se incluyan en los Presupuestos
Generales del Estado, los créditos correspondientes a las
infraestructuras y las instalaciones de telecomunicaciones que permitan o
faciliten la integración del territorio del archipiélago. No voy a
repetir el resto del texto porque lo que he reproducido es lo que
expresamente recogen los artículos 95 y 96 que hemos comentado. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).


La enmienda 176 es de adición al artículo 7. Plantea incluir un
apartado en el desarrollo del Plan estratégico de carreteras del Estado,
de forma que se incluyan también las infraestructuras insulares que se
definan como de interés general, tal como recogen los artículos
mencionados del Régimen Económico y Fiscal.


Señorías, reitero nuevamente que el planteamiento es que el
Régimen Económico y Fiscal no solo es la ley de la fiscalidad de
Canarias, sino que es la expresión y la concreción de lo reconocido en
artículo 138.1 de la Constitución: el reconocimiento del hecho insular.
Concretamente, estos dos artículos, 95 y 96, expresan el reconocimiento
de la compensación del hecho insular en lo que se refiere a las
infraestructuras de interés general del Estado. Está así recogido en la
ley; sin embargo, esta no se cumple desde el mismo año en que se publicó
y, por ello, planteamos que se refrende en esta Ley de carreteras para
ver si, de una vez por todas, se empieza a cumplir una ley vigente en
nuestra comunidad autónoma y, además, en el ámbito del Estado
español.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Julios.


El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado las enmiendas 1 a 25,
del senador Iglesias Fernández, y las enmiendas 26 y 27, de la senadora
Domínguez.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias
Fernández.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Doy por defendidas todas las enmiendas.


Las que he formulado en nombre de Izquierda Unida encajarían
mayoritariamente en dos materias: la primera, el uso de los ciclos y la
seguridad que debe acompañar a tal uso y, la segunda, la regulación de
los tramos urbanos de las carreteras nacionales y los mecanismos de
trasmisión a los ayuntamientos, a los municipios.


Presentamos una enmienda para modificar la letra f) del
apartado 2 del artículo 1, introduciendo como finalidad de la política de
carreteras colaborar en la protección del medioambiente, especialmente,
en la creación de diseños adecuados para uso de vehículos no motorizados;
en particular, ciclos.


También modificamos ha letra h) del apartado 2 del artículo 1,
que regula la finalidad de la política de carreteras, para promover la
intermodalidad entre bicicletas y sistemas de ferrocarriles nacionales y
regionales.


En otra enmienda pretendemos modificar el apartado 2 del
artículo 2, definiciones, estableciendo que se consideren carreteras las
vías de dominio y uso público para la circulación de vehículos a motor.
El añadido que incorporamos es: de otros modos no motorizados.


Modificamos también la letra b) del apartado 3 del artículo 2,
elementos funcionales, para garantizar que los ciclos puedan utilizar las
autovías si no hubiera una vía alternativa que pueda ser considerada
carretera.


Igualmente, modificamos el artículo 5 para que se suprima la
previsión de que en casos de cesión de carreteras del Estado no
integradas en la red, en el supuesto en que no haya acuerdo entre las dos
administraciones, la cedente y la cesionaria, resuelva el Consejo de
Ministros. Pensamos que solamente mediante un convenio, mediante un
acuerdo, se han de resolver estas cuestiones.


Presentamos cinco enmiendas más en relación con los ciclos, que
afectan al artículo 7. Así, se propone la modificación de la letra d) del
apartado 2 del artículo 7, Plan estratégico de carreteras del Estado,
incorporando la elaboración de un plan nacional de intermodalidad y
accesibilidad al transporte público. En el apartado 3 proponemos que se
garantice la participación de la FEMP en la elaboración de este plan
nacional. Se añade un nuevo apartado 2 bis al artículo 7 para que el Plan
estratégico de carreteras del Estado incorpore un plan específico de
infraestructuras ciclistas. Se modifica también el artículo 7 a través de
un apartado nuevo, el 2 ter, para que se establezca un calendario para
implantar en todas las vías objeto de la ley pintura de señalización
antideslizante, también para que en ese calendario se prevea la
sustitución de elementos reflectantes de tal forma que no supongan un
peligro para la seguridad de los ciclistas, así como para modificar las
vías ciclistas y las vallas metálicas de protección con la finalidad de
incrementar su protección. Se propone un nuevo apartado en el
artículo 7.2, el quater, para que se incorpore en el proyecto un plan
calendarizado de dotación en todas las vías objeto de la ley de arcenes
con un ancho adecuado y de corrección de los escalones ya existentes, por
ser este el espacio que habitualmente utilizan los ciclistas.


Se han presentado ocho enmiendas al artículo 9. Se propone añadir
una nueva letra f) a su apartado 2, que habla de los principios generales
de la programación, estudios y proyectos de carreteras, con la finalidad
de que se introduzca en su elaboración la necesidad de realizar la
identificación y análisis de la viabilidad medioambiental de todas
aquellas infraestructuras que introduzcan un crecimiento del tráfico
motorizado y que contribuyan a la dispersión urbanística. Se añade una
nueva letra g) en este mismo apartado 2 del artículo 9 para que en la
elaboración de estas programaciones y proyectos se garantice la adecuada
accesibilidad de las bicicletas entre los núcleos urbanos y las vías
interurbanas. Proponemos la adición de un nuevo apartado 5 al artículo 9
para que se incluyan las necesidades de los ciclistas en los pliegos de
condiciones de las obras a ejecutar en la elaboración de los proyectos
que se contemplan en esta ley. Finalmente, en relación con este
artículo 9, se propone añadir un nuevo apartado 6 para que se elabore una
normativa sobre requisitos técnicos que han de cumplir las vías
ciclistas.


Con otra enmienda incorporamos una nueva letra, la g), en el
apartado 4 del artículo 10, programas de carreteras, para que contengan
criterios de integración de los usos ciclistas.


También modificamos la letra g) del apartado 2 del artículo 11,
estudios de carreteras, para que se establezcan estudios de delimitación
en carreteras nacionales de tramos urbanos que incluyan el uso
ciclista.


Se añade un nuevo artículo 15 bis, evaluación y memoria en
materia de accesibilidad universal para personas con discapacidad, con la
finalidad de que estas formen parte obligatoriamente de los estudios
informativos de nuevas carreteras o de proyectos que signifiquen
modificaciones sustanciales de las existentes.


Se propone la modificación del apartado 7 del artículo 16,
ordenación del territorio y ordenación urbanística, para que no sea
potestativa, como prevé el proyecto, sino preceptiva la participación del
ministerio en las reuniones de los órganos colegiados de otras
administraciones competentes para la aprobación de los instrumentos de
planificación urbanística y territorial que puedan afectar a carreteras
del Estado.


Mediante otra enmienda, queremos modificar el apartado 1 del
artículo 38 en el sentido de que el ministerio pueda adoptar limitaciones
de circulación para proteger a los ciclistas. Es una práctica que se
viene realizando pero que carece de una base legal clara, y por eso
planteamos esta enmienda.


Igualmente, solicitamos la modificación del artículo 40, daños a
las carreteras, para que se añada un nuevo párrafo en el que se indique
que también se podrán imponer sanciones y exigir responsabilidades a
quienes tengan la obligación legal de mantener las vías en adecuadas
condiciones de seguridad y no acometan las obras de reparación o
mantenimiento que sean necesarias por motivos de deterioro o destrucción
de la vía. Mediante otra enmienda proponemos la adición de una nueva
letra i) bis en el apartado 2 del artículo 41 —sanciones—,
para que se consideren infracciones administrativas muy graves la
omisión, por quienes están obligados legalmente, de la realización de las
obras de mantenimiento, cuando ello signifique comprometer gravemente la
seguridad de los usuarios.


Por otra parte, proponemos la modificación del apartado 3 del
artículo 48 —estudios de delimitación de tramos urbanos—,
para que cuando no haya acuerdo se inicie un proceso de negociación del
convenio entre las administraciones y no se imponga la alternativa a
través de una decisión del Consejo de Ministros.


Proponemos también la modificación del artículo 49
—entregas a los ayuntamientos de tramos urbanos de
carreteras—, para que se realice mediante convenio y no por
resolución del Consejo de Ministros. Finalmente, hemos presentado otras
dos enmiendas, en una de las cuales proponemos una disposición
transitoria nueva para que en el plazo máximo de un año el Gobierno
elabore una norma técnica para adaptar el uso de las bicicletas de las
vías públicas en condiciones de seguridad y la regulación de la
construcción de vías ciclistas. Por otra parte, proponemos en otra
enmienda la adición, al final del anexo 1, de una nueva definición: la de
las vías alternativas para ciclistas.


Muchísimas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Pasamos a continuación a las enmiendas presentadas por la
senadora Domínguez. (Pausa).


No está presente.


Senador Iglesias, ¿da por defendidas las enmiendas de la senadora
Domínguez? (Asentimiento).


Gracias, senador Iglesias.


El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado la enmienda
número 28.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.


Mi grupo ha presentado una única enmienda a este proyecto de ley,
que paso a defender.


Tal y como dispone el artículo 10.34 del Estatuto de Gernika, la
Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta competencia exclusiva en
materia de carreteras y caminos, además de las competencias contenidas en
el artículo 148.1.5.ª de la Constitución. El traspaso de los servicios
del Estado en materia de carreteras se materializó mediante el acuerdo de
la Comisión Mixta de Transferencias, de 25 de septiembre de 1980,
aprobado por el Real Decreto 2769/1980, de 26 de septiembre, que señala
que se transfieren a la Comunidad Autónoma del País Vasco —y abro
comillas—: «… todas las funciones y potestades hasta ahora
ejercidas por el Gobierno y la Administración del Estado sobre la
totalidad de carreteras, caminos y autopistas no sujetas a régimen de
concesión, que hasta la actualidad han sido de titularidad estatal en
aquellos tramos que discurren dentro del territorio de la comunidad
autónoma vasca, incluidos los correspondientes itinerarios de las redes
nacionales básicas, complementaria y regional.» Y cierro comillas.


El texto del Proyecto de Ley de carreteras no difiere en lo que
respecta a la distribución competencial entre el Estado y la comunidad
autónoma y sus territorios forales de la actual vigente regulación,
contenida en la Ley 25/1988, de 29 de julio. No obstante, y como cuestión
general, mi grupo echa de menos en este Proyecto de Ley de carreteras una
referencia similar a la contenida en la disposición adicional tercera de
la vigente Ley 25/1988, de 29 de julio, que contempla expresamente la
peculiaridad competencial de la comunidad autónoma vasca en esta materia.
Entendemos que la ausencia de esta disposición puede suponer la necesidad
de forzar la interpretación de la normativa estatal, aspecto que en
ocasiones resulta problemático y requiere su formulación ante el Tribunal
Constitucional para ajustar la misma al orden competencial vigente, con
la dificultad y demora en el tiempo que esta cuestión ofrece. Por ello,
hemos presentado una enmienda de adición de una nueva disposición
adicional al proyecto que debatimos, que se divide en dos puntos.
Primero: que la planificación, proyecto, construcción, conservación,
modificación, financiación, uso y explotación de las carreteras que sean
competencia de los órganos de Gobierno y de los territorios forales con
derechos históricos se efectuará conforme al régimen jurídico en vigor.
Segundo: que la construcción en estos territorios de nuevas carreteras
que puedan afectar a las facultades que corresponden al Estado, conforme
al artículo 149.1.21.ª y 24.ª de la Constitución, requerirá la
coordinación y acuerdo con este. Consideramos necesario, en aras de la
seguridad y claridad de la norma, transcribir en la nueva ley el literal
de la vigente Ley 25/1988. Esta es la enmienda que presenta nuestro
grupo, esta es su justificación y nos gustaría que fuera tenida en
cuenta.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Iparragirre.


El Grupo de la Entesa ha presentado dos grupos de enmiendas: un
primer grupo incluye las enmiendas 29 a 58 y 84 a 87, y, otro segundo,
correspondiente a las enmiendas 59 a 83.


Para la defensa del primer grupo de enmiendas, tiene la palabra
el senador señor Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Muchísimas gracias, presidente.


Senadores y senadoras, nuestro grupo no ha presentado veto a este
proyecto de ley, puesto que a diferencia del anterior nos parecía que era
sustancialmente una puesta al día de la Ley de 1988, que ha tenido
sucesivas modificaciones, las últimas, del año 2001, por lo que es
merecedora de esta puesta al día, de esta actualización. Y, a la vez, a
diferencia de la ley anterior, no supone, según nuestro parecer, ninguna
quiebra sustancial del modelo sobre el cual se organizan, financian y
distribuyen las competencias en la red de carreteras de España. Aun así,
existen tres cuestiones en esta ley que nos preocupan sobremanera, que
centran el conjunto de las enmiendas que hemos presentado —de estas
treinta y dos enmiendas que aprovecho para decir que, evidentemente, las
doy todas por defendidas— y que, sin duda alguna, van a condicionar
nuestro posicionamiento general en relación con esta ley en función de la
receptividad que el grupo mayoritario pueda tener respecto a ellas.


El primer tema tiene que ver, cómo no, con el modelo del que
hablábamos antes. En este caso, la titularidad y la administración de la
red conservan la titularidad pública, como no podía ser de otra manera,
pero también se introducen algunos matices que nos preocupan, referidos a
la introducción de la financiación privada, invirtiendo el carácter que
tenían en la ley actual de complementos, subsidiariedad, en relación con
la financiación pública e introduciendo, en este caso, un objeto de
priorización.


Concretamente, hemos presentado la enmienda 45, de modificación,
del apartado 3 del artículo 15. En el mismo se dice que podrá estudiarse
la viabilidad de una financiación privada, un proyecto a la planificación
de construcción de distintos tramos de carreteras. Pretendemos
sustituirlo por el de deberá estudiarse, que prioriza, primero, la
solución privada antes que la opción pública en el redactado actual de la
ley.


Lo mismo ocurre con la enmienda 47, que tiene que ver con el tema
de los peajes, como si se invirtiera en esta ley la idea de que los
peajes son una medida excepcional que, a nuestro entender, tiene que ver
sobre todo con la regulación de la movilidad. Y el pago por el uso del
coche, ya sea por su circulación o por su aparcamiento, debe responder,
según nuestra opinión, a criterios de fomento de la movilidad sostenible
y de regulación de los flujos —por lo que debe ser extremadamente
flexible— y no a la financiación de la construcción de las
infraestructuras. Entendemos que no tiene ningún sentido pensar que las
infraestructuras deban ser pagadas por sus usuarios. Estas son un bien
público que revierte sobre los usuarios y sobre los que no lo son. Porque
la circulación y el transporte que por ellas transita acaba teniendo
efectos indirectos enormemente poderosos sobre el conjunto de la
sociedad.


Por tanto, los peajes sí, como medida excepcional, no como se
construyeron las primeras autopistas en España, para financiación, pero
sí como medida de regulación de los flujos. Y con esta ley parece que
volvamos al criterio de hace cuarenta años de priorizar la construcción
de las autopistas en base a que las paguen los que luego circulen por
ellas. Este es un punto, señorías, que nos preocupa sobremanera, y en él
están centradas algunas de nuestras enmiendas.


El segundo punto que nos preocupa es el de las competencias. Una
reversión de la capacidad de incidencia sobre algunos temas clave en
beneficio del ministerio y del Gobierno frente a las comunidades
autónomas y, muy en particular en esta ley, a las competencias
municipales .En concreto, todo lo que tiene que ver con imposiciones en
el planeamiento urbano de los municipios y con la autorización de
licencias, haciendo una homologación con la zona marítimo-terrestre en
relación con los terrenos colindantes con las vías de titularidad
estatal.


Un tercer punto que también nos preocupa de manera muy
determinante es la nula referencia o, en algunos casos, insuficiente
referencia a un tema clave en política en materia de carreteras como es
el mantenimiento y la conservación. El mantenimiento y la conservación
deben ser claves en el momento del diseño de las vías y en los criterios
de explotación de estas vías porque tienen que ver con el aprovechamiento
de los recursos públicos y, evidentemente, con un tema tan importante
como la seguridad vial.


Hay un cuarto tema no tan prioritario pero que quisiéramos
destacar, como es contemplar el uso ciclista. Este es un uso que ya está
siendo progresivamente implantado en las urbes, en las ciudades, en el
continuo urbano, que también tiene muchos adeptos en lo deportivo en los
trayectos interurbanos pero que con el tiempo también va a ir ganando en
uso de transporte, sobre todo en las redes secundarias, y creemos que
debe ser considerado de una manera más destacada en este proyecto de
ley.


Por consiguiente, como digo, nuestras enmiendas tienen que ver
con los siguientes aspectos. La enmienda 29 tiene que ver con introducir
el mantenimiento y conservación en los objetivos de la ley; la
enmienda 30 pretende garantizar las competencias de las comunidades
autónomas en los temas de denominación y señalización; la enmienda 31
propone garantizar la coordinación territorial y el equilibrio
interadministrativo en el marco de las transferencias de titularidad de
las carreteras; las enmiendas 34, 42 y 43 tienen que ver con la seguridad
vial, la presencia en el plan estratégico y otras mejoras; la enmienda 37
también hace énfasis en la coordinación interinstitucional y
administrativa en la planificación; la enmienda 41, como decía, propone
la integración del uso ciclista en la planificación; las enmiendas 45, 47
y 49, ya he hecho referencia antes, se refieren a la presencia y la
priorización de la financiación privada en la construcción de las vías;
las enmiendas 46 y 53 tienen que ver con la participación de las
entidades locales en la planificación urbanística que les afecta y en la
elaboración de los estudios; la enmienda 57 propone un plan
extraordinario de conservación; y, finalmente, también quiero destacar
las enmiendas 84 y 85, que contribuyen, según nuestro criterio, a
delimitar de manera mucho más fiel a la realidad actual las competencias
de ayuntamientos y comunidades autónomas en la gestión de los tramos
urbanos colindantes con las vías de titularidad del Estado.


Estaremos atentos a la respuesta del Grupo Popular para fijar
nuestro voto al conjunto de la ley.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martí.


Para la defensa de las enmiendas 59 a 83, tiene la palabra el
senador señor Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, no voy a hacer una defensa pormenorizada de las
enmiendas porque son las mismas que ha presentado, justificado y
defendido el senador Iglesias. Me gustaría explicar las razones de fondo
que hay en la presentación de estas veinticuatro enmiendas.


El senador Saura y yo creemos que se ha perdido la oportunidad en
el conjunto de este proyecto de ley para integrar una cuestión que en la
actualidad es de absoluta necesidad: la movilidad sostenible respecto al
medioambiente. Para nosotros, esta ley no incorpora el concepto integral
de movilidad sostenible y de respeto al medioambiente del modo en que las
circunstancias actuales, la época que vivimos y los compromisos adoptados
requieren. En pleno siglo XXI hay que abordar esto de una manera mucho
más precisa que lo que hace la ley. Es necesario ser mucho más exhaustivo
y analizar de forma precisa la viabilidad medioambiental de todas
aquellas infraestructuras que induzcan al incremento del tráfico
motorizado y a la dispersión urbanística.


También el proyecto de ley contempla como principio general que
el Ministerio de Fomento promueva la participación y colaboración de la
iniciativa privada en la planificación, programación, construcción y
explotación de carreteras y sus elementos funcionales, reflejando una
pretensión ideológica hacia un modelo de gestión de las infraestructuras
cuya eficacia es más que cuestionable.


Creemos que en el texto que ha llegado al Senado se ha regulado
con excesiva vaguedad las cuestiones relacionadas con la coordinación con
las otras redes de infraestructuras, obviando la imprescindible conexión
de los diferentes modos de transporte y la intermodalidad entre ellos,
especialmente en los de mayor sostenibilidad. En este contexto no se
entiende que en el plan estratégico de las carreteras del Estado no se
incluya la creación de un plan nacional de intermodalidad y accesibilidad
al transporte público, como sí contemplamos en enmiendas que hemos
presentado, que garantice la promoción específica de los modos no
motorizados.


En definitiva, señorías, este es un proyecto de ley que con su
redactado ofrece la posibilidad al Ministerio de Fomento de no estar
obligado a solicitar la participación de las administraciones competentes
en materia urbanística y de ordenación del territorio en las reuniones
que celebran los órganos colegiados a los que incumba la aprobación de
los instrumentos de planificación urbanística y territorial que afectan a
carreteras del Estado. Este hecho no garantiza los intereses de las
entidades locales, preocupación que hemos expresado también en diferentes
enmiendas en cuanto a la ordenación del territorio y ordenación
urbanística, lo cual resulta absolutamente inconcebible.


Para el senador Saura y para mí hay tres grandes objetivos
respecto de la movilidad terrestre. Uno es la sostenibilidad, pues España
es un país muy contaminado y donde la contaminación tiene un doble
impacto, en el cambio climático y en la salud. Otro es la racionalidad, y
yo siempre pongo el ejemplo de Tarragona. En muy pocos kilómetros tenemos
la nacional 340, la línea convencional de ferrocarril, la autopista, se
está haciendo un tramo de autovía y el tramo del AVE que se está
construyendo. Es decir, que hay cemento para dar y tomar, y ello en muy
pocos kilómetros. Consideramos que debería haber una mayor racionalidad
en el aprovechamiento de lo ya existente con la ampliación y mejora
necesaria con tal de alcanzar este gran objetivo.


Y finalmente, y con esto termino, señor presidente, creo que este
proyecto de ley, y en relación con el debate que se mantuvo en el pleno
pasado con la ministra de Agricultura sobre la ambición del Gobierno en
lo que será la cumbre de París sobre el cambio climático en el mes de
diciembre, es un paso hacia atrás al no abordar con rigor y exhaustividad
todo el tema de la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio
climático y también en cuanto a la contaminación que generan autobuses y
camiones.


Por ello hemos presentado estas veinticuatro enmiendas que doy
por defendidas.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Guillot.


Por el Grupo de Convergència i d’Unió, y para la defensa de
las enmiendas 125 a 174, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, voy a dar las enmiendas por defendidas, pero, al igual
que he hecho en el proyecto de ley anterior, las agruparé en cuatro
bloques que creo que representan a todas ellas.


En primer lugar, hay unas enmiendas referidas a la distribución
competencial de funciones entre Estado y comunidades autónomas respecto
del diseño de la red de carreteras del Estado. Esta es una ley de
actualización de la vigente Ley de carreteras que en algunos casos
reduce, que no incrementa, la colaboración con las comunidades autónomas,
invade sus competencias y la de las administraciones locales.


Es evidente que un proyecto integral de la red de carreteras
clasificadas en autopistas, autovías, redes de doble vía multifuncional y
ordinaria también tendrían que tomar en consideración los diseños de las
comunidades autónomas. Dentro de este bloque hay también enmiendas para
fomentar la colaboración y una mejor coordinación y comunicación entre la
Administración General del Estado y las administraciones autonómicas. Es
seguro que ello iría en pro de una coherencia y de una eficiencia en la
planificación territorial.


También, dentro de este primer bloque, hay enmiendas referidas al
papel que debemos dar a las comunidades autónomas a la hora de comunicar
cualquier tipo de diseño de carreteras en el ámbito de los trazados
internacionales. Por ejemplo, el artículo 6 de este proyecto de ley hace
referencia a la capacidad que tiene el Estado de intermediar y de recabar
información con las comunidades autónomas y con las personas físicas y
jurídicas afectadas por la modificación de una carretera no estatal
cuando esta se tiene que incorporar en un trazado internacional. Pues
bien, existen casos de carreteras secundarias con frontera con España y
con Portugal que son objeto de este trazado internacional, y parecería
razonable que en materia de comunicación de carreteras secundarias
fronterizas con España, como con Francia o Portugal, la interlocución,
recabar información y acordar el diseño se hiciera básicamente de manera
exclusiva a través de las comunidades autónomas que en definitiva son las
que conocen y tienen ya la experiencia adquirida.


El segundo bloque de enmiendas se refiere al papel que viene
defendiendo nuestro grupo parlamentario y en el que viene trabajando
desde hace mucho tiempo y es en relación con las bicicletas.
Afortunadamente estas están más presentes como medio de transporte en
nuestra sociedad, no únicamente dentro de las ciudades, sino también de
comunicación entre ciudades y municipios. Llevamos años trabajando con
asociaciones de fomento de las bicicletas para asegurar la presencia
apropiada de estas en autovías si fuera necesario por no haber carreteras
secundarias o en otras carreteras que sean bien del Estado o de las
comunidades autónomas.


Con nuestras enmiendas referidas a las bicicletas les planteamos
un cambio de mentalidad o una progresión en la aproximación que deben
hacer las administraciones públicas a la hora de incorporarlas de forma
absolutamente segura dentro del diseño de la red de carreteras y la
seguridad de los ciclistas tiene que ser la prioridad máxima. Es
perfectamente compatible estudiar diseños de autovías y de carreteras, en
este caso, estatales que puedan incorporarlas y que tengan la
sensibilidad hacia este hecho que es normal en países centroeuropeos de
nuestro entorno. Les podría poner el ejemplo de Holanda, de Bélgica, del
Benelux, donde se puede integrar perfectamente la bicicleta en la red de
carreteras. No tenemos que pensar únicamente en carreteras para coches,
camiones y motos, sino también incorporar las bicicletas. En este sentido
hemos presentado un número notable de enmiendas en todo el articulado que
debieran aceptar para hacer compatible la circulación de vehículos y
bicicletas con total seguridad y evitar accidentes terribles con víctimas
mortales como, por ejemplo, el que ha tenido lugar este fin de semana en
el municipio de Serós, cerca de Lleida, en mi territorio, en el que
desgraciadamente ha habido dos víctimas, dos heridos graves, y esto no
debería ocurrir.


Permítanme que, llegado este momento del debate, mi grupo
parlamentario de Convergència i d’Unió transmita a los familiares y
amigos las condolencias por este terrible accidente y por estas pérdidas
que han causado mucho dolor en estos municipios a los que me he
referido.


El tercer bloque de enmiendas se refiere a que ,por un lado, hay
que ayudar a determinados colectivos de personas con diferentes grados de
discapacidad y para ello presentamos enmiendas que piden la gratuidad de
los peajes, y, por otro, también hay que fomentar determinadas políticas
ecológicas. Debemos hacer una política proactiva y social de integración
de los discapacitados. Proponemos una enmienda para la gratuidad de los
peajes, en concreto les estoy hablando de la 145 que no tiene un impacto
económico importante pero sí social para personas que circulan en
vehículos adaptados para discapacitados, y es un mensaje creo que muy
claro.


Legislar es hacer políticas públicas de estímulo de determinados
sectores. Cuando abordamos la actualización de la red de carreteras lo
hacemos con una realidad que para algunos aún es incipiente pero que está
muy instalada en nuestra sociedad: estoy hablando del vehículo eléctrico.
El vehículo eléctrico es un instrumento de presente y de futuro, y algún
día, no muy lejano —cuanto menos tarde mejor—, esperamos que
esté totalmente adaptado a la circulación en la red de carreteras.
Tenemos que tenerlo muy presente, y una forma de fomentar el incremento
de los vehículos eléctricos, es decir, de potenciar su uso, es fomentar
los vehículos ecológicos, y estimular con políticas públicas como, por
ejemplo, a través de la gratuidad en los peajes para estos. Esta sería
una medida transitoria que lo que pretende es impulsar estas políticas
ecológicas que interesan a todos.


En el cuarto y último bloque de enmiendas, hacemos referencia al
anexo, que es muy relevante, porque se cambia la tónica de muchos años.
Estoy hablando, por ejemplo, de los traspasos de carreteras de tramos
urbanos a las administraciones locales. Ustedes contemplan este traspaso
pero sin los recursos económicos suficientes; hacer el traspaso sin
contar con los recursos económicos es trasladar el problema a las
administraciones locales. Esta es la política de quitarse de encima
carreteras de la red nacional de autovías o de carreteras nacionales,
traspasando las cargas, las responsabilidades a las administraciones
autonómicas o locales pero sin las dotaciones correspondientes.


Finalmente, quiero comentar otro aspecto: es inconcebible,
después de treinta y cinco años, que no hayamos adoptado el nomenclátor y
las referencias toponímicas a la realidad plurilingüística; estamos con
unos retrasos muy importantes y significativos. Esto es importante, y
también lo es hacer el traspaso en condiciones de seguridad. Esta ha sido
una legislatura en la que hemos discutido mucho sobre redistribuciones de
competencias a las administraciones locales y su suficiencia financiera,
y sabemos que para un ayuntamiento al que se le traspasa un tramo de
carretera nacional puede suponer un coste inasumible si no existe una
dotación suficiente.


Valdría la pena que estas enmiendas recogidas en estos cuatro
bloques las estudien bien y se pudieran aceptar, puesto que conllevan una
mejora del proyecto de ley que en estos momentos queda muy cojo solo con
el texto que ha venido del Congreso.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Alturo.


El Grupo Socialista ha presentado las enmiendas números 88 y 91
a 124.


Para su defensa, tiene la palabra el senador señor Medina.


El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señor presidente. Gracias,
señorías.


Vamos a defender las treinta y cinco enmiendas que hemos
presentado al proyecto de ley. Ya dijimos en la comisión correspondiente
que veintidós son de modificación, diez de adición y tres de supresión, y
destacamos allí —y lo queremos hacer aquí también— que cuatro
son de nueva presentación en esta Cámara: treinta y una se han
incorporado en el Congreso de los Diputados y hemos añadido cuatro en la
tramitación en el Senado; cuatro enmiendas sobre las que hará un especial
estudio y debate el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Tres
tienen que ver con el marco competencial, fundamentalmente con aquellas
cuestiones que, desde nuestro punto de vista, invaden competencias en
materia urbanística: las números 113, 117 y 118; y una, la número 116,
relativa a la sanciones.


Con objeto de ser ágil en la defensa, agruparé las enmiendas por
su objeto definitorio y destinatario. Hemos presentado las
enmiendas 92, 94, 101, 114, 115 y 122 como mejoras técnicas o
conceptuales en el proyecto de ley, unas veces por entender que la
redacción no es la adecuada y otras por incluir conceptos o
procedimientos a veces innecesarios, desde nuestro punto de vista, y
otras no acordes con el objeto de la ley. Sobre el objeto de la ley haré
alguna reflexión al final de mi intervención.


A todo aquello que tiene que ver con la financiación dedicamos
las enmiendas 100, 105, 106, 108 y 110 a 112. En este conjunto de
enmiendas queremos, en primer lugar, ponderar la participación de la
iniciativa privada, cuestión sobre la que hay que dejar claro que no
estamos en contra, pero que queremos medir. En segundo lugar, ponderar
también el binomio eficiencia económica-beneficio social. Ustedes le dan
más importancia al primer elemento de este binomio que al segundo. Y en
tercer lugar, como argumentos para incluir este grupo de enmiendas en la
financiación, la defensa del menor coste posible para los usuarios. Ya
hablaremos de nuestras propuestas sobre la excepcionalidad, por ejemplo,
en el cobro de peajes.


A aquello que tienen que ver con el marco competencial, o incluso
con la coordinación interadministrativa, dedicamos las
enmiendas 91, 93, 96, 98, 99, 107, 113 y 117 a 121. Desde nuestro punto
de vista, falta una voluntad clara para establecer mecanismos de
coordinación con las comunidades autónomas; en otros casos el proyecto de
ley se extralimita desde el punto de vista competencial, e incluso viene
a aconsejar cómo deben denominarse las carreteras que son competencia de
las comunidades autónomas, e incluso en algunos sitios, como en Canarias,
de los Cabildos Insulares. Creemos —lo argumentamos en comisión y
lo haremos también aquí— que hay un intento de invadir competencias
municipales y en otros casos también detectamos confusión procedimental
en la tramitación de los proyectos de ejecución de obras que afectan a
nuestras carreteras.


A infracciones y sanciones dedicamos la enmienda 116.


Por último —y lo he dejado para el final porque queremos
destacar este bloque de enmiendas—, aquel que tiene que ver con el
trinomio mantenimiento, seguridad vial e inversión:
enmiendas 88, 95, 102, 103, 104, 109, 123 y 124. Creo que todos
coincidimos en esto, en que no hay seguridad vial garantizada si no
existe un mantenimiento y una conservación adecuados; y no existirá un
mantenimiento y una conservación adecuados si la inversión necesaria no
se realiza. Como ya se ha dicho aquí, presentamos una enmienda, la 123, a
la disposición final, en la que proponemos la aprobación de un plan
extraordinario de actuaciones en conservación.


Queremos destacar con este conjunto de enmiendas las diferencias
del Grupo Parlamentario Socialista, Ley de 1988, y nuestras posiciones
frente al proyecto de ley que el Grupo Parlamentario Popular defiende
aquí hoy.


Me voy a centrar en tres aspectos que creo que son los
fundamentales. El primero es la financiación. Mientras que para el
Gobierno del Partido Popular la generalidad está en fomentar la
participación privada y que los usuarios contribuyan a la financiación a
través del pago de peajes, para nosotros estas cuestiones deben ser
siempre una excepcionalidad. Como el señor Ibarrondo aseguró en la
comisión que la excepcionalidad es un concepto que podría causar
inseguridad jurídica, debo decir que mucha inseguridad no debe causar
porque desde el año 1988 este concepto ya estaba en la ley. Pues bien, yo
no recuerdo que se haya armado ningún follón ni ninguna tragedia jurídica
por hacer excepcionales estas dos formas de financiación, tanto la
privada como el pago de peaje. En relación con este asunto, queremos
dejar claro que el beneficio social debe siempre primar sobre el
beneficio económico. La enmienda 105 va destinada a esta cuestión.


En cuanto a las competencias, el senador Fernández Ortega hará
referencia a este tema. En consecuencia, voy a pasar por encima de las
reflexiones que sería conveniente hacer al respecto. El respeto
competencial debe ir acompañado de una voluntad manifiesta de
colaboración y coordinación. Siempre se respetará el marco competencial
de las comunidades autónomas y de las administraciones inferiores a las
comunidades autónomas siempre que haya voluntad manifiesta de
colaboración y coordinación. Además, se debe huir de la tentación que no
solo en este proyecto de ley, sino en otros, el Partido Popular ha
mantenido a lo largo de esta legislatura de empeñarse en matizar
competencias que desde hace mucho tiempo están en manos de quienes deben
estar: de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y, en Canarias,
de los cabildos.


La tercera cuestión que nos diferencia, y mucho, es la inversión.
Ya dijimos antes que sin inversión no hay mantenimiento y buena
conservación, y que si no hay buena conservación no existe seguridad
vial. Desde luego, ustedes tampoco aprueban en esto. Como ya decía antes
el senador Alturo, las voluntades en la ley tienen que ir acompañadas de
voluntades presupuestarias, pero la realidad es tozuda. Si uno repasa las
consignaciones presupuestarias de los Gobiernos de José Luis Rodríguez
Zapatero, Partido Socialista, es decir, los presupuestos de los
años 2008, 2009, 2010 y 2011, y los compara con los presupuestos del
Gobierno de Rajoy, del Partido Popular, de los años 2012, 2013, 2014
y 2015, la diferencia es manifiesta. Hablar de seguridad vial, de
garantía de seguridad vial y de mantenimiento y conservación y luego no
poner en los presupuestos las perritas necesarias es una
contradicción.


El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el
periodo 2008-2011, de media en el programa 453 B, creación de
infraestructuras de carreteras, invirtió 2150 millones de euros. El
Gobierno del Partido Popular, en el mismo programa, 1183 millones. Y
siendo verdad que este programa, en el último año del Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, 2011, descendió casi un 50 %, lo que nunca hizo
Zapatero fue disminuir las inversiones correspondientes al programa 453E,
mantenimiento y conservación; nunca lo hizo. Su media de inversión
—es importante decirlo— fue de 1188 millones de euros,
mientras que la media de inversión del Gobierno de Rajoy, del Partido
Popular, en mantenimiento y conservación de carreteras es de 872
millones. Es una realidad. Las matemáticas son así: dos y dos en base
diez son cuatro. Esto no se discute


Para terminar, señor Ibarrondo, quiero hacer una mención a
Canarias. Sería imperdonable que no aprovechara esta oportunidad para
referirme a Canarias, a mi tierra, y a mi isla, La Gomera, y debatir
algunas cuestiones que usted manifestó en la comisión en relación con las
dos enmiendas que presentó Coalición Canaria. (La señora vicepresidenta,
Vicente González, ocupa la Presidencia). Me ha llamado la atención y,
sinceramente, creo que es el momento de cambiar con usted impresiones
sobre este asunto. Ni Canarias en general ni La Gomera, mi isla
—después le diré por qué—, se han merecido el trato que el
Gobierno de Rajoy, el Gobierno del Partido Popular, les ha dado en
materia de carreteras en esta legislatura. No obstante, agradecemos el
gesto del Partido Popular de incluir en los presupuestos 27,2 millones de
euros para la carretera de La Aldea. Usted defendió eso el otro día, y me
parece bien. Pero dice el señor Ibarrondo que no hay peor mentira que
decir la verdad a medias. Es verdad que este año, y después de una
tremenda batalla, el Gobierno del Partido Popular incluyó en sus
Presupuestos Generales del Estado esos 27,2 millones de euros, pero a mí
me gustaría que reconociera que el Gobierno del Partido Popular, al que
usted hoy aquí representa, debe a Canarias 600 millones como consecuencia
del incumplimiento flagrante del convenio de carreteras. Si nos deben 600
y nos dan 27, el negocio lo hace el Gobierno del señor Rajoy, y los
canarios nos vemos perjudicados en esta materia. Obras tan necesarias en
mi tierra como la circunvalación del anillo de La Gomera, Vallehermoso,
Arure, Alajeró y el aeropuerto podrían haber estado concluidas si el
Gobierno del señor Rajoy hubiese cumplido con lo establecido en el
convenio de carreteras del año 2009. No lo hicieron.


Cuando la senadora Julios ha planteado esas dos enmiendas al
proyecto de ley, usted ha dicho algo que, sinceramente, me ha llamado la
atención, algo que, por otra parte, ha sido habitual en algún proyecto de
ley, y es lo siguiente: No, no, eso no toca. En las dos enmiendas se
pide, fundamentalmente, que se declaren de interés general en Canarias
aquellas que comunican los principales núcleos poblaciones de las islas.
Porque claro, salvo que se invente algún mecanismo que permita ir desde
la península a Canarias por carretera —que yo no conozco—,
los canarios nos vemos desplazados en materia de inversiones cuando se
habla de carreteras de interés general.


Me gustaría que alguien me dijera, si no es en esta ley donde se
incluye esa petición, ¿en qué ley será? ¿En el REF? Ya está. Pero es que
le queremos dar estabilidad, y por eso, con buen criterio, la senadora de
Coalición Canaria plantea estas cuestiones en este proyecto de ley. Pero
yo me alegro de que usted diga que no toca ahora, porque igual nos
llevamos la sorpresa y aprueban una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista presentada a los Presupuestos Generales del Estado en la que
plantean que se consideren de interés general las obras e
infraestructuras viarias que conecten los principales núcleos urbanos de
Canarias. Oírle a usted, como representante del Partido Popular, decir
que esto no es objeto de la ley, a mí, personalmente, me causa estupor,
porque si hay un grupo parlamentario especialista —y lo hemos
podido comprobar a lo largo de esta legislatura— en incluir en los
proyectos de ley cuestiones que para nada tienen que ver con el objeto de
la ley, ha sido el suyo. Por ejemplo, modificaron la Ley del sector
eléctrico, que habían aprobado meses atrás, en la tramitación del
Proyecto de Ley de metrología, y nada tenía que ver una cosa con otra. Y
la técnica del fracking la aprobaron cuando se estaba tramitando en las
Cortes Generales el Proyecto de Ley de regulación del sector eléctrico
insular y extrapeninsular.






¿Qué tendrá que ver el fracking con un
proyecto de ley que regula los sistemas eléctricos? ¿O la Ley del sector
eléctrico con la metrología? Lamentable, señor Ibarrondo. Si ustedes, en
su momento, no quisieron aprobar estas enmiendas porque tenían prisa para
aprobar la ley, díganlo, pero no pongan sobre la mesa argumentos que no
son defendibles. Seriedad, señor Ibarrondo, seriedad.


Hemos intentado mejorar el proyecto de ley, pero no han aceptado
ninguna enmienda, algo que no nos llama la atención, pero al menos hemos
cumplido con nuestra obligación, y es dejar claro qué diferencia, también
en materia de carreteras, a la derecha de la izquierda de este país.
Gracias, señorías.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


En turno en contra, tiene la palabra el senador Ibarrondo.


El señor IBARRONDO BAJO: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, como siempre, agradezco el tono y la actitud
positiva que están adoptando en el debate de estas enmiendas.


Senadora Julios, senador Medina, créanme que se ha querido
atender con detalle las peticiones contenidas en esas dos enmiendas, pero
le tengo que repetir lo mismo que en su momento les dijimos en la
Comisión de Fomento. Se lo digo sin ganas de alterar al señor Medina.
Creemos concienzudamente que este no es el campo de la petición que
realizan ustedes. El Plan estratégico de las carreteras del Estado
incluirá también las infraestructuras insulares definidas como de interés
general en el artículo 95 de la Ley 20/1991, sobre el REF que decía
usted. Esto les puede alterar y les puede enfadar pero, por otro lado,
les digo el refrán de los hechos son amores. Gracias a este Senado, a
senadores del Partido Popular, se llegó a un acuerdo este año para el
tramo La Aldea-El Risco por 27,2 millones de euros adicionales.


Usted me habla de qué va a pasar en el futuro, y me pregunta
sobre la deuda. Yo le digo que en el convenio de carreteras del 2016, en
esa ley de la que hemos hablado hace un momento, hay 52,49 millones, y en
el capítulo séptimo, de forma muy específica, para el anillo de Tenerife
hay 15 millones. Es un total de 97,2 millones de inversión para Canarias,
un incremento respecto del año pasado del 73 %. Yo creo que esto no es
falta de atención, de respeto, de colaboración interinstitucional, sino
todo lo contrario. Les digo sinceramente que se ha intentado ver la
posibilidad de hacer modificaciones a través de sus enmiendas, pero hemos
visto que no encaja. Por otro lado, les digo cuál es el devenir de los
convenios —y no me voy a retrotraer a otros años—, y este año
sube en un 73 % la inversión.


Paso a contestar las diferentes enmiendas del Grupo Mixto. El
concepto de carreteras para este grupo dista mucho del concepto del Grupo
Popular, pero les tengo que decir que el del Grupo Popular está muy
cercano al de todos los países de la Unión Europea. Hacen una mención muy
especial y muy importante al apoyo a los ciclos, a todo lo relativo a la
bicicleta y a los medios no motorizados, pero también les digo que aquí
de lo que se trata fundamentalmente —y ya lo veremos en alguna
enmienda— es de la carretera y de los medios motorizados. El plan
de carreteras debe referirse a las carreteras, y no a las
infraestructuras ciclistas. En todo caso, hay un momento en el
desarrollo, como en toda ley, donde sí aparecerá esta figura. El
artículo 7 no establece ningún calendario para aprobar el plan de
carreteras. Eso dependerá de las administraciones gestoras de
carreteras.


En relación con la enmienda 9, sobre la adecuada accesibilidad de
bicicletas en núcleos urbanos y vías interurbanas, tengo que decir que no
es objeto de esta ley. Además, es un tema claramente municipal en esos
tramos urbanos. Si hablásemos de los tramos urbanos nos dirían que hay
invasión de competencias. Esto es así tanto si hacemos una cosa como si
hacemos la contraria.


Sobre las personas con discapacidad, quiero señalar que nosotros
nos referenciamos siempre al Real Decreto 1/2013 y, por tanto, esta ley
lo contempla, respeta, protege, ampara y lo cumplirá.


En cuanto al cierre de tramos temporales, la ley ya lo
contempla.


En líneas generales, esta es la contestación al Grupo Mixto.


Al Grupo Parlamentario Vasco ya le dije en comisión que el
preámbulo de esta ley ya empieza con la defensa del artículo 149. Esta
mañana hemos tratado dos leyes, y si todas inciden de la misma forma, si
todas tienen su página 25, como hablábamos, en esta todavía con más
prioridad. O sea, no empieza con que las carreteras son importantes o no
sé qué; no, la ley empieza haciendo referencia al sistema competencial,
al artículo 149 de la Constitución. Por lo tanto, no estamos invadiendo,
nadie quiere hacer algo que no respete esas competencias.


Respecto a Convergència i Unió, quiero decir primero que la
inversión en Cataluña en conservación —luego hablaremos de
conservación en general— es de 195 millones y de 95 millones en
mantenimiento puro y duro.


Nos hablan de que para el preámbulo tienen otra visión y de que
no hay sintonía con lo que explicamos, pero creemos que nuestro preámbulo
tiene una coherencia brutal con el objeto de la ley.


Ustedes vuelven también, como el Grupo Mixto, a hablar de tipos
de transporte no motorizados, y también les decimos que no es lo
prioritario en esta ley, sino que es más reglamentario. Hablan sobre
barreras de peaje y estaciones de aforo, pero nosotros no lo consideramos
como elementos funcionales. Me refiero a su enmienda 128.


Y luego hay una serie de enmiendas que es cierto que están muy
estudiadas, muy encajadas, como decíamos antes respecto a los transportes
no motorizados, pero algunas de ellas redundan e incluso quieren meter
ciertas leyes, que tienen su independencia, dentro de esta. Nosotros
defendemos la presencia de las administraciones públicas, de las
entidades locales y de los sindicatos afectados, que van a participar,
cómo no, en la redacción, planificación y visión de la ejecución de estas
carreteras.


La movilidad reducida les inquieta mucho, y así lo demuestran en
sus enmiendas, y les digo lo mismo que al Grupo Mixto: aplicación de la
actual ley.


Respecto a los tramos urbanos, luego haré algún comentario al
Grupo Socialista y daré contestación a su enmienda 169.


Al Grupo Socialista y al Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya, que como ellos mismos afirman comparten muchas de estas
enmiendas, empezaría diciéndoles que cuando hablan de la modificación que
proponen al artículo 1, ofrecer la infraestructura necesaria para el
transporte de personas o bienes y en condiciones óptimas de mantenimiento
y conservación, les preocupa que no se cumpla ese transporte, pero es una
obviedad que la oferta de las infraestructuras de transporte se realice
en buenas condiciones.


Sobre las carreteras del Estado, artículo 4, creemos que no
procede. Se trata de evitar heterogeneidades en cuanto a la clasificación
de las carreteras que puedan dar lugar a posibles confusiones en los
usuarios, con riesgo para la seguridad vial que tanto nos preocupa a
todos.


La enmienda 92, enlazar a las comunidades autónomas conectando
con los núcleos principales, no procede el texto de su redacción, pues la
función de la articulación territorial es coincidente con la que ya se
describe en el mismo párrafo para el que se propone esta enmienda.


En la enmienda 94 proponen suprimir el tercer párrafo del
artículo 5 por ser contenido de regulación en otras leyes. Nosotros
decimos que no conviene suprimirlo porque entra a regular. Se limita a
establecer la posibilidad de cesión de un bien que constituye el objeto
de regulación sectorial contemplado en aquel. Por lo tanto, no procede su
eliminación.


Respecto a comparecer en las comisiones antes de aprobarlo por el
Ministerio de Fomento, la aprobación corresponde, lógicamente, al
Ejecutivo, sin perjuicio de que este informe al Legislativo cuando sea
pertinente. La ley no lo excluye. De todos modos, la ley contempla una
amplia participación pública en la elaboración del plan, algo que
preocupaba a todos los grupos. La participación y colaboración de la
iniciativa privada no supone mediatización en la toma de decisiones de la
Administración. También conviene en este ámbito un informe de un
organismo colegiado de asesoramiento, ya que los colegios técnicos tienen
mucho que aportar en esta redacción.


Sobre garantizar la compatibilidad de todos los intereses
públicos, se pretende que el Ministerio de Fomento pueda solicitar su
participación en las reuniones de los órganos con competencias
urbanísticas si se afectase a las carreteras del Estado.


Respecto a la financiación, otra de las enmiendas fuertes, no es
necesario añadir el calificativo de excepcional, senador Medina, a
ninguna de las posibilidades de financiación que se indican en el texto
legal, más aún si no se desarrolla el criterio de excepcionalidad, lo
cual es necesario para dotar de seguridad jurídica al texto cuando se
añaden adverbios a una simple enumeración de posibles alternativas.


Volviendo al artículo 22.2, otra vez sobre financiación, no se
encuentra justificada en su redacción la introducción del carácter de
excepcionalidad sobre el cual están pivotando todas sus enmiendas. Es más
correcto limitarse a enumerar las posibilidades indicadas en él sin la
introducción de adverbios —excepcionalidad— que dan lugar a
esa imprecisión jurídica que se está defendiendo y que pueden ser
cambiantes según las circunstancias temporales, económicas o sociales.
Esto también lo tiene que recoger, no solamente quedarse con la parte
inicial de mi intervención en la comisión.


En cuanto a destinar parte de la recaudación proveniente de la
prestación económica de la mejora de las áreas de servicio, descanso y
parking, ya les hablé de que aquí había una incongruencia entre las
enmiendas 111 y 112 respecto a que, por un lado, no lo consideramos
aceptable por vulnerar el carácter no finalista de los ingresos del
Estado y el principio de caja única de la legislación presupuestaria. Sin
embargo, en los aparcamientos seguros ustedes quieren que haya una
recaudación. Y decimos que no, que tanto las áreas de descanso como el
parking es gratuito, sin que sea necesario establecerlo por ley.


La actividad en zonas de protección y la distribución de
competencias establecidas en la ley es clara, y por lo que respecta a los
tramos urbanos se encuentra perfectamente concretada en el artículo 47
del texto. Y aquí es donde voy a contestar a Convergència i Unió y al
Partido Socialista. Aquí hay una discusión entre zona de servidumbre y
zona de afección en cuanto a invasión de competencias por parte el
Gobierno central en las zonas urbanas. Un previo: cuando un ayuntamiento
quiere hacer un desarrollo urbanístico de una zona de la ciudad,
lógicamente contempla en su estudio económico financiero, obligatorio en
toda planificación, cuál va a ser el resultado final y cuáles son las
cargas que tienen que aportar los que van a desarrollar ese tramo
urbanístico. Y esas cargas van a recibirse en las arcas del ayuntamiento,
que luego recibirá esa urbanización que, evidentemente, deberá tener su
gasto y conservación. No es que vaya a hacer un plan de desarrollo el
Estado, faltaría más. Este es el previo que hay que tener claro.


Respecto a la distinción entre zonas de servidumbre y zonas de
afección, se propone en la enmienda que la competencia para otorgar
autorizaciones en zona de servidumbre no corresponda al Ministerio de
Fomento, sino a los ayuntamientos en tramos urbanos de carreteras. No se
considera aceptable, como les decía, la propuesta por la propia
funcionalidad de la zona de servidumbre, muy vinculada a la explotación
de la carretera, razón por la que por razones operativas debe ser el
gestor de aquella el que resuelva sobre la utilización de dichas zonas,
de acuerdo con las necesidades de gestión de la vía. No ocurre así en la
zona de afección en la que por ser menores las exigencias de protección
de la carretera las autorizaciones de uso pueden ser otorgadas por los
ayuntamientos respectivos. Es una enmienda que, como decía, ha tenido
mucho peso en su trabajo.


Sobre el consenso de intereses entre Administración central y
entidades locales, los estudios de delimitación de tramos urbanos son uno
de los tipos de estudios de carreteras cuya realización corresponde al
Estado si son carreteras de su titularidad. No forman parte de ningún
tipo de convenio, lo cual no excluye la participación en su tramitación
de otras administraciones y sectores afectados, como ya se prevé en esta
propia ley en el artículo 16.1.


Senador Medina, en cuanto a la conservación, me ha abrumado con
los datos del presidente Zapatero en los últimos años. Y yo me los creo.
No los traía preparados, pero yo me los puedo creer. Y usted se ha roto
la camisa —entiéndame la expresión— para explicármelo. Usted
ha hecho aquí una loa de lo que les preocupa la conservación, de lo que
les preocupa la seguridad, de la atención que han prestado en inversión a
lo largo de todos esos años y el Partido Popular la ha menguado. Usted me
ha dicho algo de dos y mil y pico millones en no sé qué periodo, pero yo
le digo que este año 2016 se prevén 1058 millones de euros para
conservación en toda España. Y le voy a contar algo respecto a esa
preocupación por la conservación: España estaba dividida en 160 áreas de
conservación y nosotros nos encontramos, en esos presupuestos que no
quisieron hacer del 2011, 45 de las 160 áreas en las que no se había
renovado el contrato de mantenimiento y de conservación. Entonces, habría
dinero o habría una voluntad de actualizar esos convenios, pero
—¡oh, casualidad!— hubo que sacar 453 millones de euros de
otros sitios para cerrar los convenios que no se habían firmado y que no
se habían hecho en los presupuestos de 2011. El papel lo aguanta todo;
puede haber muchísima voluntad e interés en la conservación, pero hay que
remitirse a los hechos, a los números, a los pagos y a las realidades de
«quiero hacer esto-yo te lo pago, pero te lo pago porque lo puedo hacer».
No se puede decir: Quiero hacerlo, voy a disponer de unas cantidades;
pero luego, cuando hay que pagarlo, no hacerlo, porque así nos podemos
romper la camisa, los botones y no dar respuesta a la conservación que
tanto nos preocupa en las carreteras de España.


Con esto creo que, de forma un poco genérica, he podido contestar
y atender a todas sus enmiendas.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias.


Intervengo rápidamente desde el escaño, si me lo permite, señora
presidenta, para reiterar lo manifestado en relación con el Proyecto de
Ley del ferrocarril en el sentido de que la tramitación conjunta de estos
dos proyectos suponía una oportunidad excepcional para alterar el orden
de prioridades de la acción de los gobiernos en cuanto al uso de un
sistema de comunicación u otro, de tal forma que, si hasta ahora se
priorizó la carretera, a partir de estos proyectos quedara claro que la
estrategia era la priorización del uso del ferrocarril.


En relación con los ciclos, nosotros creemos que al concepto de
carreteras debiera de incorporase de forma expresa —era lo que
pretendíamos con nuestras enmiendas— la existencia de
infraestructuras en las mismas que permitieran este uso por los ciclos.
Respecto a la colaboración público-privada, nos tememos que no se ha
aprovechado tampoco este proyecto para dar respuesta a los problemas que
se han derivado de esa colaboración como muestra la experiencia de los
últimos años, con una situación actual de inconcreción de las ayudas que
va a haber que aportar para aquellas empresas concesionarias de
autopistas de peaje que, financiadas con el método alemán, no han
conseguido un número suficiente de vehículos para alcanzar la
rentabilidad.


Termino con dos cuestiones. Seguimos pensando que la preocupación
medioambiental del proyecto es mínima y que en el caso concreto del
traspaso de la competencia sobre carreteras nacionales a los
ayuntamientos se altera el mecanismos preexistente en el que el
ayuntamiento asumía la titularidad de una carretera nacional que se había
convertido en vía urbana después de que el Ministerio de Fomento
realizara una adaptación y mejora, asumiera algún tipo de compromiso en
relación con ella y que eso se plasmara en un convenio. El proyecto opta
por la imposición más que por la negociación.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra
la senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señor Ibarrondo, decía en la defensa de la enmienda que el Grupo
Parlamentario Vasco ha presentado que echábamos de menos en este proyecto
de ley una referencia similar a la contenida en la disposición adicional
tercera de la ley vigente. Por ello, entendíamos que dicha ausencia podía
suponer la necesidad de forzar a la interpretación la normativa estatal y
de ahí que presentáramos esta enmienda. Pero para evitar dicha
interpretación y que usted tuviera que argumentar la negativa a aceptar
nuestra enmienda haciéndonos ir al preámbulo —donde, según usted
dice, se respeta el ámbito competencial— lo tendrían facilísimo si
aceptaran nuestra enmienda y volviera a aparecer la disposición adicional
tercera que ya existía en la ley que hoy derogamos, la Ley 25/1988, y que
con este nuevo Proyecto de Ley de carreteras desaparece. No hagamos
interpretaciones, busquemos el punto de encuentro. Y si ya existía esta
disposición, en vez de retirarla, manténganla, que no es otra cosa que lo
que pedimos en nuestra enmienda.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidenta.


Como se ha demostrado con la intervención del senador Ibarrondo,
el Grupo Parlamentario Popular no ha despejado ninguna de nuestras dudas,
y menos aún respecto a la cuestión principal de la inclusión de la
financiación privada en la construcción y explotación de las
infraestructuras viarias a partir de ahora.


Por tanto, simplemente manifiesto nuestro voto negativo a este
proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señora presidenta.


Una vez más, senador Ibarrondo, tenemos que decir que sentimos
muchísimo que no acepten ninguna de nuestras enmiendas. Este Proyecto de
Ley de carreteras que estamos debatiendo, así como el Proyecto de Ley del
sector ferroviario anterior, son proyectos muy importantes por las
razones que ya hemos argumentado, y es que la economía productiva y la
creación de empleo pasan por tener infraestructuras eficientes y que
estas den respuesta a las necesidades productivas existentes.


Mi grupo ha presentado diversas enmiendas —no voy a
repetirlas—, pero el hecho de que no acepten ninguna significa que
no hay diálogo, que ustedes continúan en su línea de imponer su proyecto
de ley y punto. Nosotros, evidentemente, discrepamos de esto, como me
imagino que también discreparán muchos sectores de la sociedad, que en
definitiva se van a ver perjudicados por esta política que están llevando
a cabo.


Permítame que haga referencia a dos o tres puntos. Cuando
hablamos de carreteras también hay que tener en cuenta, dentro de la Red
Nacional de Carreteras, la seguridad de los vehículos, en definitiva, la
seguridad de la circulación en las carreteras nacionales. Tenemos muchos
problemas —lo hemos dicho muchísimas veces— debido a los
múltiples puntos negros que hay en nuestras carreteras, pues estos
provocan, por desgracia, accidentes de vehículos con víctimas mortales.
Hemos hablado mucho de ello —ustedes lo saben— en las
diferentes mociones que hemos presentado en la comisión, y le pondré
algunos ejemplos: La Nacional 230, a su paso por el Valle de Arán, en la
Alta Ribagorça; el Eje Pirenaico; la Nacional 240, en Borges y Juneda.
Usted lo sabe muy bien porque hemos hablado de la necesidad de rotondas.
Estas son cuestiones que se tienen que solucionar. Por tanto, seguridad.
Usted me puede decir que las inversiones son las que son y que estamos en
una época de crisis, pero hay que priorizar la seguridad, como también la
eficiencia; y esto no lo vemos por ninguna parte.


Con relación a las bicicletas, usted comentaba: hacemos
carreteras y no infraestructuras para bicicletas. Ya se lo explicará
usted a quienes usan las bicicletas; un sistema de transporte cada día
mayoritario. En los países europeos se están compaginando los dos medios
de transporte, con bicicletas tanto en carreteras como en las ciudades.
Por tanto, hay que tener esto en cuenta, ¿o no queremos ir hacia estos
objetivos? Hay que asumirlos y tenerlos muy presentes, cosa que ustedes
en este proyecto de ley, y al no aceptar ninguna de las enmiendas, no
consideran.


Por otra parte, usted hacía aquí gala de las inversiones que
están llevando a cabo en materia de mantenimiento. Ya lo discutiremos
cuando tenga lugar el debate de los presupuestos, pero en el caso de
Cataluña, las inversiones no llegan a su PIB ni de lejos. Y, por hablarle
de cuestiones concretas, los presupuestos del Estado para Lleida
—hago esta referencia porque, quizá, lo conozca mejor— en
esta infraestructura han caído un 58 % y los de Fomento un 43 o un 44 %,
aproximadamente, del 2012 a 2016. Esta es la realidad. Sentimos mucho que
tampoco potencien cuestiones y enmiendas que son importantes desde
nuestro punto de vista para facilitar, para potenciar el vehículo
eléctrico y los vehículos adaptados para personas con discapacidad.
Nosotros ante esta situación tampoco podemos apoyar este proyecto de
ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fernández Ortega.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra
de esta ley, al igual que lo ha hecho en contra de la del sector
ferroviario, porque entendemos que es una ley tramitada con mucha
celeridad, con inconsistencia, que básicamente eleva a rango de ley
materias que son propias del ámbito reglamentario y que, al fin y al
cabo, tiene una huella ideológica muy potente, lo mismo que sucede en la
del sector ferroviario, dejando claro que el Partido Popular ha utilizado
las infraestructuras para trasladar también sus posiciones
ideológicas.


Para empezar, en la tramitación no hemos encontrado en esta
ocasión, como sí en el Proyecto de Ley del sector ferroviario, el informe
del Consejo de Estado, que seguro que no hubiera dejado pasar una crítica
a este proyecto de ley sobre su inconsistencia, en relación con artículos
como el 33.6 en el que el Partido Popular nos dice que se puede modificar
y cambiar el límite de edificación —seguro que eso lo van a ver muy
claro los arquitectos— si es muy grande la proyección horizontal de
una explanación. Aquí el límite lo ponen en que sea muy grande. Luego ya
nos pondremos de acuerdo en qué es grande y qué es pequeño, al igual que
nos pasaba con el sector ferroviario. Así vemos que la ley tiene poca
consistencia. Y esto es mucho más inconsistente que decir que quitan
ustedes la excepcionalidad para evitar que haya inseguridad jurídica.
Ustedes quitan la excepcionalidad en los peajes porque quieren que en el
momento en que decidan abordar que se pague por utilizar las carreteras y
las autovías del Estado no haya ningún problema legal. Lo que están
haciendo es preparar el terreno, igual que hicieron en su día para la
privatización de AENA.


Llama la atención, entre los pocos informes que tiene la ley,
leer los que hace el propio Gobierno. Porque este pone en cuestión la
utilidad de la ley que elabora. El Gobierno nos dice en su memoria de
análisis de impacto normativo que esta ley no tiene ningún impacto, ni
económico ni presupuestario, a pesar de los cambios que se hacen, por
ejemplo, en el tema de los peajes. Que no implica gastos ni ingresos. Que
no tiene efectos sobre la competencia. Que no provoca efectos directos en
el empleo —lo que debería ser la principal prioridad de todas las
acciones que llevaran a cabo en política—. Que no se esperan
efectos significativos en los ámbitos de la innovación. Será que no
estamos asistiendo a innovaciones en el ámbito del transporte por
carretera con los coches. Será que no merece la pena que el Gobierno en
un proyecto de ley nuevo aborde, por ejemplo, la sostenibilidad en las
carreteras, que hablemos de energías renovables en las carreteras o de
las nuevas tecnologías. La ley no dedica a esto absolutamente ni una
línea. No va a afectar a los consumidores, ni a la economía europea
—lo dice el propio Gobierno, que no va a afectar a nada de
esto—, ni tampoco a otras economías ni a las pymes, pero es una ley
que tiene un profundo impacto económico en la realidad española. Está
claro que el propio Gobierno está reconociendo que lo que tiene es una
impronta ideológica, la de darle a la iniciativa privada todas las
prioridades, darle la prevalencia a la hora de tomar decisiones sobre las
carreteras, e, incluso, influir en la decisión del diseño de estas y
abrir la posibilidad a los peajes. Además, hay otro elemento importante
respecto al que nosotros nos ponemos también claramente en contra, la
idea recentralizadora, fiscalizadora, por la que la derecha quiere que el
Ministerio de Fomento sea el que controle todo lo que ocurre alrededor de
las carreteras, reservando, incluso, para sí, competencias que ya son
municipales, como son las licencias de obra, expandiéndolas. Utilizando,
además, criterios que sí generan inseguridad jurídica para arrogarse la
potestad en la toma de decisiones y coartar las licencias que se dan en
los ayuntamientos. Sobre esto insistiré un poco más adelante.


Es muy importante la apuesta por la seguridad que hay que hacer
y, sin embargo, en esta ley no se contempla profundizar y garantizar la
seguridad en nuestras carreteras, no hay ninguna apuesta que venga
incluida en este proyecto. Solamente se recoge ahondar en la limitación
de la instalación de publicidad en las carreteras. Ese es el único
elemento que yo he visto que tenía algo que ver con la seguridad. El
resto se limita a enunciar que les preocupa la seguridad vial pero no
profundiza en nada. De hecho, en nuestras carreteras hay algo para
preocuparse porque está aumentando el número de accidentes en los últimos
años. Hemos asistido a una quiebra de la tendencia a la baja. De hecho,
hay informes publicados por las aseguradoras. Hoy mismo se publicaba en
los medios que dejar de cuidar las carreteras provoca muertos. Tampoco
necesitamos que nos lo digan por escrito, es algo que ya sabemos todos y,
sin embargo, al hacer una ley de este tipo podíamos haber aprovechado la
oportunidad para ahondar mucho más en algo que el Gobierno del Partido
Popular ha venido abandonando durante esta legislatura, que es la
inversión en conservación que, a pesar de recoger en los presupuestos 900
millones en el año 2015 o más de 1000 en el año 2016, la ejecución
presupuestaria se queda por debajo de los 600 millones.


Para evitar que podamos contrastar esos datos, la ministra de la
transparencia, que es la ministra de Fomento, la ministra que cuando
viene aquí se niega a informar sobre la deuda del ministerio, con lo que
ella se quejaba de la herencia recibida, sin embargo, ahora nunca nos da
un dato sobre la deuda, ha prohibido en su ministerio que se suministre
información sobre la deuda de las empresas públicas y del Ministerio de
Fomento a los otros grupos políticos. Ha dado un paso más y ahora también
los oculta a los ciudadanos y ha eliminado los informes de ejecución de
los informes anuales del Ministerio de Fomento; ha quitado de la página
web el capítulo 3 de los informes del Ministerio de Fomento para que no
sepamos cuál es el grado de ejecución y, además, ha borrado los datos
desde el año 2012, ha borrado toda su legislatura para que no se sepa qué
ha cumplido de sus propios presupuestos. Esta es la ministra de la
transparencia, la que venía aquí a decirnos que ella lo tenía todo claro
y que no escondía nada.


Hay elementos que nos preocupan mucho y que consideramos
sustantivos para criticar este proyecto de ley y oponernos a su
aprobación. El primero es la apuesta descarada que se hace por la
iniciativa privada, que la convierte en el principio orientador de la
política de carreteras. La seguridad vial, que nos debe preocupar a
todos, no entiende de lucro del sector privado. La prioridad debería ser
la eficiencia social y la eficiencia económica, por ese orden. Nosotros
no estamos diciendo que no sea necesaria la iniciativa privada, pero
estamos en contra de que dirija las líneas de actuación y la programación
de la política, que es lo que pretende el Partido Popular con este
proyecto de ley.


Nos preocupa también el bloqueo de la ordenación urbanística de
los municipios que hace este proyecto. Dice que con la aprobación de un
estudio previo ya se bloquean todas las opciones que ese estudio
contemple, ni siquiera estoy hablando de un estudio informativo. La ley
dice que el estudio informativo empieza a bloquear todas las opciones a
partir de la aprobación inicial, ni siquiera de la definitiva, pero
incluso el estudio previo podría condicionar la actuación. Imagínense que
se hable en un área metropolitana de una ciudad de una circunvalación y
que la línea por la que pase, en un estudio previo, que contempla muchas
opciones, bloquee todas las decisiones urbanísticas de los municipios, se
bloquearía el área metropolitana de las ciudades. Les llamamos la
atención sobre eso y no hemos visto que ustedes hayan aceptado ninguna
enmienda ni hayan hecho ninguna reflexión. Es más, en esta intención
recentralizadora del Gobierno, de que el Ministerio de Fomento asuma
competencias, no solo quieren otorgar las licencias de obras en las zonas
que bordean la carretera, sino que han inventado un término, la zona de
influencia, que puede afectar directa o indirectamente a la carretera,
que ya la definirán por reglamento. Ahí te pueden bloquear también
cualquier decisión urbanística que tome el municipio. Por tanto, a partir
de ahora, si tú como municipio decides calificar un suelo industrial a
cinco kilómetros de una autovía, el Gobierno puede decidir que es zona de
influencia y tú ya no puedes tomar esa decisión. Además, en la ley no
está definido qué es la zona de influencia.


Nos parece muy grave que se abra también la posibilidad de
instalar peajes. Vamos a insistir sobre este asunto en más de una
ocasión. Nos parece inoportuno que el Gobierno haya quitado la
excepcionalidad en este proyecto de ley a la instalación de peajes y
creemos que el Partido Popular pretende en el futuro cobrar por el paso
por las carreteras.


Para terminar, hay un elemento al que deberíamos oponernos. Lo he
dicho en la ley del sector ferroviario porque hay aquí muchos
representantes que son municipales y lo vuelvo a decir ahora con la ley
de carreteras. La ley ya contempla que cuando un ayuntamiento hace una
planificación, tiene que recibir un informe vinculante del Ministerio de
Fomento. Ya hay un control previo; es un informe vinculante que va a
delimitar qué tipo de construcciones se producen, qué altura, qué
distancia, etcétera. Sin embargo, ahora el ministerio
—artículo 46— va a tener que dar la licencia en la zona de
dominio público también. Los ciudadanos van a tener que ir a pedir la
licencia al Ministerio de Fomento. A mí me parece que esto es un error
que va en contra de las competencias de los ayuntamientos, pero también
de los ciudadanos, que tendrán que ir a pedir la licencia nada menos que
al Ministerio de Fomento para poder arreglar una vivienda que esté a ocho
o diez metros del borde de una carretera nacional, y en nuestro país
tenemos muchas que pasan por núcleos urbanos.


El Partido Socialista se va a oponer a este proyecto de ley. Al
igual que en la ley del sector ferroviario, rechazamos que la conducta
del Partido Popular sea oponerse a escuchar, que la decisión sea que no
hay nada que escuchar sea positivo o negativo. Por tanto, y a pesar de
todo, el Partido Socialista seguirá planteando enmiendas y luchando por
el interés general, que es lo que mueve nuestra iniciativa política.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Ibarrondo.


El señor IBARRONDO BAJO: Señora presidenta, señorías, muchísimas
gracias.


Por no volver a incidir en lo mismo quiero decir al Partido
Nacionalista como alavés que soy —y usted lo sabe perfectamente
como guipuzcoana que es— que las diputaciones forales tienen
competencia total y absoluta respecto de las carreteras, y que eso está
muy protegido y salvaguardado, y en la redacción que se hace desde el
inicio del preámbulo hasta las disposiciones finales está recogido. No le
gustará la redacción, pero, como le digo, constitucionalmente está
recogido, amparado y protegido.


A Convergència i Unió, creo que tanto en comisión como ahora les
hemos dado respuesta a sus peticiones y, por supuesto, les hemos
escuchado, porque aquí se ha escuchado mucho y se ha intentado atender,
en la medida de lo posible y dentro de las discusiones mantenidas, muchas
de esas peticiones relacionadas con la redacción. Pero vuelvo a los
datos: hay 195 millones en conservación y 95 millones en mantenimiento.
Lo vamos a ver en los presupuestos dentro de un mes, pero creo que se
establece un posicionamiento claro al respecto poniendo ese dinero por
delante.


El Partido Socialista ha elencado una serie de artículos sobre
los criterios de inseguridad, la falta de atención a las carreteras y la
exigencia de informes vinculantes. En mi primera intervención les he
hablado del mantenimiento y la conservación, y por cierto, en los
presupuestos del presidente Zapatero —cuyos datos me han pasado
ahora ya que yo no los había traído pues no quería sacar a colación al
presidente Zapatero—, en el 2010 se asignaron 1257 millones
destinados a conservación y en el 2011 eran 1085. Y es cierto que en los
presupuestos de este año 2016 son 1058, quizá un poquito menos, ¿verdad?
Y podrán decir: ¡Fantástico, somos campeones porque hemos puesto más
dinero! Pero es que estos son de los que se van a poder pagar, de los que
hay dinero en caja para pagar. Los otros son los del pufo que quedó ahí
atrás y que no se han pagado. Esto es como lo del tú tira y apunta en la
barra de hielo, que alguien pagará. Y ya han venido los que van a pagar.
Tú puedes romperte la camisa y presumir de todo lo que has querido hacer
y no has podido hacer porque no lo has pagado. Entonces, estamos en esos
presupuestos de 2011 comparándolos con los de 2015 y 2016 en cuanto a lo
destinado a conservación.


Y, luego, cuando se preocupan ustedes del mantenimiento de esos
sectores les vuelvo a decir que se pagaron en el 2012, en esa labor de
hacer unos presupuestos en menos de tres meses, los 453 millones que
dejaron a deber. Pero me van a permitir que no entre a contestar a las
últimas cuestiones porque yo creo que o ya lo he hecho o hemos hablado
sobre ellas tanto en comisión como aquí en el Pleno, pero, yo, desde este
púlpito, sin ponerme muy subido —y perdóneme la petulancia—,
tengo que decirle que cuando le estaba escuchado hablar sobre los
informes vinculantes, sobre la obligatoriedad de que el Ministerio de
Fomento esté atento a no sé qué, sobre que el Consejo de Ministros
habilite a la Unión Europea..., a mí, cuando me hablaba de eso ¿sabe cómo
les veo yo a ustedes? Pues, resumiendo mucho, yo les veo a ustedes en
política de carreteras como a los de la técnica de la pegatina plástica.
¿Se acuerda usted del señor Rubalcaba cuya gran estrategia en carreteras
para el ahorro de la sostenibilidad y de la seguridad era ir con 6150
pegatinas plásticas de lluvia antideslizante y pegarlas sobre las señales
ya existentes? Eso vino a costar 584 000 euros. Los resultados y las
conclusiones las dejaré para otro momento, pero léanse el informe. Esa es
la política de seguridad, conservación y mantenimiento de sus carreteras.
Por lo tanto, esas lecciones que me ha dado desde este púlpito
asustándonos de lo mal que lo hemos hecho no me las creo y, sin embargo,
sí me creo, y con esto concluyo, cuáles son los objetivos de esta ley que
se están cumpliendo y se van a cumplir gracias a todo ese articulado.


Hemos trabajado sobre la utilización de recursos disponibles,
sobre el análisis de eficiencia en la intermodalidad, sobre la suspensión
temporal cautelar de las recalificaciones. La mejora en la atención a la
seguridad es evidente. Las auditorías de seguridad, la protección del
patrimonio público viario, el refuerzo de la cooperación administrativa,
senadora Iparragirre. Las mejoras en gestión administrativa. Se reconoce
a la iniciativa particular, y les puede doler, pero es que es fundamental
la iniciativa particular en el proyecto de país, porque Administración y
particulares estamos constituyendo y consolidando a España. Se da una
alta consideración a las nuevas tecnologías, también se da una atención
especial al régimen sancionador, al incremento en la cuantía de las
sanciones y también hay una mejora en la competencia y en la
accesibilidad. Esto es lo que busca esta ley y creo que se ha conseguido.
Lamento que no hayamos podido llegar a ningún acuerdo en cuanto a las
enmiendas, pero creo que el resultado es satisfactorio.


Muchísimas gracias y muy buenos días. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.









PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD NACIONAL.

621/000152

Constitucional


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Pasamos a debatir el
Proyecto de Ley de seguridad nacional, dictaminado por la Comisión
Constitucional.


Para la presentación del dictamen tiene la palabra el
vicepresidente primero de la comisión, el senador Cuevas Cuerda.


El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar
a esta Cámara el dictamen de la Comisión Constitucional al Proyecto de
Ley de seguridad nacional. Este proyecto de ley fue remitido al Senado
por el Congreso de los Diputados y publicado el 31 de julio de 2015.


El plazo de presentación de enmiendas concluyó el 12 de agosto
del mismo año ampliándose hasta el 19 de agosto. Se han presentado 6
vetos y 57 enmiendas. Los vetos han sido presentados por: veto número 1
del señor Iglesias Fernández, del Grupo Mixto, veto número 2 de la señora
Capella i Farré, del Grupo Mixto, veto número 3 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, veto número 4 de los
senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo de la Entesa, veto
número 5 de la senadora Lima Gozálvez, del Grupo Mixto y veto número 6
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.


Las enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: enmienda
número 1 del señor Iglesias Fernández, del Grupo Mixto, enmiendas 2 a 19
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència, enmienda 20
del Grupo Parlamentario de la Entesa, enmiendas 21 a 38 del Grupo
Parlamentario Vasco, enmiendas 39 a 46 del Grupo Parlamentario
Socialista, enmiendas 47 a 54 del Grupo Parlamentario de la Entesa,
enmiendas 55 a 57 de la senadora Lima Gozálvez, del Grupo Mixto.


La comisión designó la ponencia el 7 de julio de 2015 y estuvo
integrada por: el senador Antich Oliver, del Grupo Socialista, el senador
Bildarratz, del Grupo Vasco, el senador Casero Ávila, del Grupo Popular,
el senador Martí Jufresa, del Grupo de la Entesa, el senador Ortiz
Molina, del Grupo Socialista, el senador Ramírez Rodríguez, del Grupo
Popular, la senadora Rivero Segalàs, del Grupo de CiU y el senador
Unamunzaga Osoro, del Grupo Mixto.


El 27 de agosto del mismo año se reunió la comisión y procedió a
dictaminar el proyecto de ley sin introducir ningún cambio respecto del
texto remitido por el Congreso de los Diputados.


Por último, para su debate en el Pleno se han formulado 10 votos
particulares: Número 1 del Grupo Catalán de Convergència i d’Unió,
manteniendo las enmiendas 2 a 19 y su propuesta de veto. Número 2 de la
senadora Capella i Farré del Grupo Mixto, manteniendo su propuesta de
veto. Número 3 del Grupo Mixto, manteniendo la enmienda número 1 y la
propuesta de veto presentada originariamente por el senador Iglesias.
Número 4, de la señora Lima Gozálvez, del Grupo Mixto, que mantiene las
enmiendas 55 a 57 y la propuesta de veto. Número 5, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, para mantener su propuesta de veto.
Número 6, también del Grupo Vasco, que mantiene las enmiendas 21 a 38.
Número 7, del Grupo Entesa pel Progrés, que mantiene la enmienda
número 20. Número 8, también de Entesa, para mantener las enmiendas 47
a 54. Número 9, de los senadores del Grupo Entesa señores Guillot Miravet
y Saura Laporta, para mantener su propuesta de veto. Número 10, del Grupo
Socialista, para mantener las enmiendas 39 a 46.


Con estas palabras, creo haber resumido fielmente la tramitación
que hasta ahora se ha llevado a cabo.


Gracias, presidenta. Gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuestas de veto.


Propuesta de veto número 1, del senador Iglesias. Tiene la
palabra su señoría.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en este maratón legislativo al que se nos está
sometiendo a los miembros de la Cámara en el Pleno anterior y en este se
incorporan al debate dos bloques de proyectos: uno responde al interés
del Gobierno en completar sus famosas reformas estructurales o de
reforzarlas o de intentar convertirlas mediante algún blindaje en
definitivas; pero hay otro paquete de proyectos que yo calificaría de
identitarios, que el Partido Popular tiene interés en sacar ahora, al
final de la legislatura, para poner en evidencia ante la sociedad
española una imagen en la que se destaquen valores y contenidos propios
de una opción de derechas. Lo vimos ayer en la reforma de la Ley de
interrupción del embarazo, lo podemos ver en este momento con este
proyecto de ley y, de alguna forma también, con el proyecto que veremos a
continuación.


La seguridad ha sido tradicionalmente uno de los valores que las
fuerzas políticas de la derecha siempre han situado en primera línea en
su acción de Gobierno; en este proyecto esto llega hasta tal punto que se
introduce un artículo en el que se habla de una cultura de la seguridad
nacional, haciendo, una vez más, como hacemos todos, un mal uso del
término cultura.


La seguridad nacional es importante, la seguridad es necesaria,
es cierto que hoy hay nuevos retos en esa seguridad como consecuencia de
que han surgido amenazas que hace unos años no se daban, pero ello
también nos debiera llevar a la reflexión de que no basta con articular
respuestas frente a esas amenazas si a la vez, como mínimo, no hacemos un
análisis de por qué surgen esas amenazas y cómo han contribuido a que en
las mismas se generen decisiones de carácter geoestratégico que afectan a
la política exterior y que afectan a la política de defensa. Si no,
estaremos actuando como el médico que acude simplemente a proporcionar la
medicina, sin aconsejar las medidas que el paciente ha de adoptar para
que la enfermedad no se produzca, es decir, la medicina preventiva.


Yo no voy a entrar en algunas de las sospechas que se han
manifestado, a través de los medios de comunicación, desde diferentes
opciones sobre la intencionalidad de por qué se aprueba este proyecto en
el momento en que hay un claro conflicto territorial y sobre las
posibilidades de que el mismo se utilice en él, porque creo sinceramente
que es imposible, es imposible en tanto en cuanto estamos ante una ley
ordinaria. Sí podría sembrarse esa duda y sí podría generarse esa
inquietud si, como reflejaba el anteproyecto, el planteamiento fuera el
de una ley orgánica; estamos ante una ley ordinaria y, por lo tanto, es
imposible que afecte a derechos y libertades fundamentales.


Pero sí es indudable que este proyecto de ley establece esas
situaciones de interés para la seguridad nacional, a las que pretende
responder con una estructura fuertemente piramidal, situando en la
cúspide de la misma al presidente del Gobierno, que es quien declara
estas situaciones de interés para la seguridad nacional, y declarada la
situación, bajo la dirección del Gobierno se establece una coordinación
reforzada de las autoridades; será también el Gobierno el que previamente
habrá aprobado el catálogo de recursos humanos y de medios materiales a
disponer en estas circunstancias y el que aprobará por real decreto la
declaración de recursos que podrán emplearse en situaciones de interés
para la seguridad nacional. Esto deja en manos del Gobierno la facultad
de disponer de todos los recursos, públicos y privados, de todas las
autoridades en el ámbito autonómico, en el ámbito local y, por supuesto,
también en el ámbito central, sin que se establezca ningún tipo de
cortapisa ni de límite. A las Cortes se les da exclusivamente el papel de
debatir las líneas generales y de ser informadas de las iniciativas en el
marco de seguridad nacional por quien declara la situación de interés
para la seguridad nacional, pero sin tan siquiera ser informadas
inmediatamente. En nuestra opinión, las Cortes deberían ser las que
declararan estas situaciones, es decir, no se informadas, sino que
ostentaran la competencia y la capacidad para la declaración de estas
situaciones de interés para la seguridad nacional.


Como decía antes, las comunidades autónomas y las corporaciones
locales tienen la obligación de colaborar en la elaboración de los planes
de recursos humanos y materiales. Se involucra al sector privado en la
contribución con recursos a la seguridad nacional, contribución con
recursos que no se aclara si son materiales o también humanos —yo
creo que la interpretación que hay que hacer del proyecto es que se trata
de medios humanos y materiales dependientes de un particular—.
Vuelvo a insistir: quedo más tranquilo de que no sea una ley orgánica,
porque eso impedirá que esta disposición afecte, por ejemplo, al derecho
de huelga, y no nos veamos en situaciones propias de tiempos superados
cuando se declaraba la práctica militarización del metro o de los
ferrocarriles.


Pero seguramente, lo que más preocupante pueda resultar desde la
perspectiva de Izquierda Unida sea la indefinición de la definición: la
indefinición de la definición de la situación de interés para la
seguridad nacional, con el uso de términos tan inconcretos como «por la
gravedad de sus efectos», «por la dimensión», «por la urgencia», puesto
que, obviamente, queda en manos exclusivas de quien tiene la facultad de
declarar la situación, es decir, del presidente del Gobierno, el valorar
cuándo hay esta urgencia, cuándo hay esta gravedad de sus efectos, cuándo
hay una dimensión suficientemente trascendente como para declararla.


Y en el amplio ámbito del concepto de seguridad nacional que se
incorpora al proyecto, se incluye la garantía de suministros y recursos
esenciales en materia de ciberseguridad, de seguridad económica y
financiera —yo me pregunto qué situación de riesgo para la
seguridad nacional se deriva de una crisis financiera: ¿una crisis
financiera puede dar lugar a una actuación de estas características?, ¿la
influencia sobre el IBEX 35 de la crisis china puede llevar a que se
declare esta situación?—, de la seguridad marítima, de la seguridad
del espacio aéreo y ultraterrestre, de la seguridad energética, de la
seguridad sanitaria y de la preservación del medio ambiente.


Son tantas las dudas por la inconcreción y la definición, por una
parte, y tantas las dudas de que se deje en manos del presidente del
Gobierno exclusivamente la declaración de este estado, por otra, con la
repercusión que ello tiene para el conjunto de las autoridades y
administraciones y para los ciudadanos, personas físicas y personas
jurídicas, que Izquierda Unida, a través de este humilde senador, ha
formulado un veto al proyecto.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 2, de la senadora Capella i Farré. ¿Va a
defenderla usted, senador Iglesias?


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: La doy por defendida, señora
presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 5, de la senadora Lima Gozálvez. Tiene
la palabra la senadora Lima.


La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, señora presidenta.


No dudamos de la importancia que tienen las leyes en las
sociedades en general, sin ellas la convivencia sería arduo complicada;
el problema es el uso que algunos gobiernos dan a esas herramientas, y
por eso pensamos que este proyecto de ley inspira temor.


El concepto de seguridad nacional definido en este proyecto de
ley implica proteger los derechos, las libertades y el bienestar de la
ciudadanía, así como sus instituciones, pero después de leer este
proyecto considero que no establece los mecanismos adecuados para
garantizar estos desafíos; además, vemos que no se precisan las amenazas
de las que hablamos.


Nosotros pensamos que sería mejor cambiar el concepto de
seguridad nacional por el de seguridad humana, porque, ¿qué representa
mejor lo nacional que nuestra gente? Por ello, en primer lugar, hay que
garantizar los derechos y el bienestar de la ciudadanía. Ustedes
consideran que la seguridad humana no tiene relación alguna con la
seguridad nacional, pero entonces me gustaría que me explicaran de qué
hablamos, qué protegemos, ¿nuestros montes y nuestros bosques? Pero, por
ejemplo, en la última reforma legislativa se ha facilitado que tras un
incendio se pueda edificar en nuestros montes, o ahí está la Ley de
Costas, que permite edificar sin apenas límite.


Nosotros y nosotras tenemos que dar respuesta a los desafíos
actuales, y los desafíos actuales son las demandas ciudadanas: el empleo,
la sanidad y la educación de calidad para empezar. Y eso sí que es una
situación de emergencia. ¿Pero es una cuestión de interés para la
seguridad nacional o no?


La seguridad tiene una gran implicación, una gran incidencia en
los derechos de la ciudadanía y ello requiere de un amplio debate
social.


Voy a resumir qué nos trasmite la ley tras leerla. Es una ley
imprecisa e innecesaria, llena de continuas vaguedades, cuya utilidad nos
causa dudas y transmite un cierto oportunismo, porque este país cuenta
con herramientas suficientes para proteger la seguridad —hablamos
de una política de defensa, coordinada por un Ministerio de Defensa bajo
la Ley 5/2005; contamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, los servicios de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, así como
diferentes regulaciones, tales como la ley sobre los estados de alarma,
excepción y sitio—, que sin duda garantizan y que están coordinadas
bajo la estrategia de seguridad nacional. Además, contamos con
regulaciones que coordinan las policías autonómicas con la Administración
central y con algo fundamental: nuestra Constitución, que garantiza los
derechos y libertades de la ciudadanía. Todo eso fortalece la seguridad
nacional, aunque es cierto, debo añadir, que la Constitución necesita una
profunda reforma, que ya vendrá con el tiempo.


También nos preocupa que la participación de las Cortes Generales
se vea limitada en esta ley. Únicamente se dice que se presentará a la
comisión mixta Congreso-Senado, que aparece como un sujeto pasivo
receptor de información, y nuevamente no se especifican las situaciones
de interés general recogidas en esta ley. Ahora bien, limitar la
participación de nuestro Parlamento implica minimizar la representación
de la ciudadanía a través de ellos. Asimismo, consideramos que interfiere
en las competencias autonómicas, lo que supone un gran desprecio hacia su
autonomía, cuando esta ley recoge que se pueden requerir sus recursos a
disposición del Gobierno.


Echamos en falta una disposición adicional que contemple el
posible coste presupuestario de la implementación de esta ley y cuáles
van a ser las necesidades que se requerirán. Como ha señalado el senador
Iglesias, me sorprende que aparezca el sector privado en el desarrollo de
esta ley —se habla de que se aúnen los recursos humanos,
etcétera—. ¿Pero qué papel tiene el sector privado en esta ley?
¿Por qué está explícitamente reflejado?


Como decíamos, no es una ley orgánica, es una ley ordinaria, pero
tengo la sensación de que sí puede limitar y restringir los derechos y
libertades de la ciudadanía, sin embargo no hay garantías, no hay
compensación que garantice el respeto a sus derechos y libertades.
Además, incluye la cultura de la seguridad a través de un adoctrinamiento
social. ¿Cultura de seguridad o deberíamos llamarla cultura del
miedo?


Hemos pensado —a ver si coincidimos— en ejemplos de
amenazas posibles, porque como la ley no las detalla, hemos tenido que
tirar de la imaginación. ¿Qué opinan, por ejemplo, de la dependencia
energética del exterior? Hay una gran dependencia de terceros países, lo
que supone un coste económico, y en la mayoría de ocasiones hay una
presencia militar de nuestro país para garantizar los suministros del
flujo del crudo —y como siempre se nos acusa de que no aportamos
propuestas, voy a decir ahora que nuestra propuesta es sencilla: apostar
por las energías renovables, que harán que nuestro país sea maravilloso,
puesto que tenemos recursos a nuestra disposición, como el sol, y eso
hará que esa dependencia de terceros países disminuya
considerablemente—. Pues bien, en el Congreso de los Diputados
hablaban del terrorismo yihadista. No olvidemos que occidente ha sido
partícipe de actuaciones en todos esos países donde se está gestando:
Siria, Libia, Irak, Afganistán; no sé, en cierta manera hemos provocado
ese surgimiento del terrorismo yihadista. ¿A la sociedad española le
preocupa? ¿Lo ve como una amenaza real? Al contrario, yo les digo que a
mí la amenaza real que me preocupa día tras día, sinceramente —y
perdonen por el concepto—, es el terrorismo machista. Sí o sí, y
voy a tratar de justificarlo: me viene a la mente la legislación de
Estados Unidos —no sobre seguridad nacional, que está devaluada y
mejorada ya con el transcurso del tiempo—, porque en el año 2010
incluyeron la igualdad de la mujer como un factor crítico para la
estabilidad de la democracia, sobre la base de informes que comparaban y
correlacionaban ambos factores; a eso se le llamó doctrina Hillary.


Por último, otro ejemplo de posible amenaza: el austericidio.
(Rumores). Sí, ya conocéis esta palabra, se usa en la actualidad. Las
políticas públicas llevadas a cabo hasta ahora de recortes económicos, de
derechos, etcétera, que contribuyen al desmantelamiento del bienestar
social, eso sí que es una amenaza real y auténtica, la amenaza con
mayúsculas.


Voy terminando, falta poquito. Es muy llamativo algo que el
senador Iglesias también lo ha recogido: la recentralización del poder en
el Gobierno, en el presidente del Gobierno. En España debemos sentirnos
orgullosos de tener un sistema parlamentario plural y democrático, y yo
creo que está preparada para tomar decisiones en cuanto a política de
seguridad nacional.


También brilla por su ausencia el concepto —que ahora está
en boga, está bastante de moda— de transparencia, que no aparece en
la ley, máxime cuando sabemos la gestión del Gobierno en cuanto a los
presupuestos, a la deuda del Ministerio de Defensa, que ha echado mano
del fondo de contingencia y ha utilizado la deuda pública para
camuflarla. Todo eso inspira desconfianza, es un indicador de
desconfianza y es una herramienta más para que puedan continuar sus
tejemanejes.


Hace poco aprobaron la ley mordaza y con esa ley se blindaron
ante la ciudadanía. Ahora, con esta ley pretenden hacer lo mismo, pero
blindándose frente al Parlamento y a las administraciones territoriales.
Cuando leía esta ley también me venía a la mente la Patriot Act, que fue
aprobada en 2001 durante el Gobierno de George Bush, en cuyo nombre se
han justificado violaciones atroces de los derechos humanos.


Para finalizar —no me quiero extender más—, la ley
está basada en una perspectiva del miedo, como ya he dicho, y nos asusta
que en nombre de la seguridad y del miedo se generen monstruos. Señorías,
saben que los monstruos asustan, dan bastante miedo, sobre todo los que
salen de tu propio armario. Mi propuesta es ver la seguridad nacional
desde otra perspectiva: una perspectiva de seguridad humana y social.


Para finalizar, me gustaría terminar con una frase de Eduardo
Galeano que a mí me encanta: «Habitamos un mundo gobernado por el miedo,
el miedo manda, el poder come miedo, ¿qué sería del poder sin el miedo?
Sin el miedo que el propio poder genera para perpetuarse».


Así acaba mi defensa del veto. Muchas gracias por su
atención.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y Saura.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora Presidenta.


La compañera de Podemos me ha recordado otra cita de Galeano, que
decía que el poder cede cuando la sociedad se abraza mucho (El libro de
los abrazos).


He de confesar que he participado ya en la elaboración de
bastantes leyes y posiblemente no he vivido una ley tan rara como esta;
es una ley extraña, una ley innecesaria. De forma burda —y me van a
perdonar que sea de forma burda—, resumiré en qué consiste esta
ley.


Esta ley consiste en definir que todo, todo, puede ser
susceptible de amenazas de seguridad nacional —luego explicaré qué
se entiende por seguridad nacional— y que, sobre esa base, el
presidente del Gobierno puede hacer lo que quiera —competencias,
funciones, etcétera— al margen, evidentemente, de la distribución
de competencias o de las funciones de otras comunidades autónomas o
administraciones. Es decir, estamos haciendo una ley por la que el
presidente del Gobierno puede decidir, arbitrariamente, qué es una
amenaza y, arbitrariamente, puede decir cómo actúa y qué recursos se
queda de todas las administraciones públicas. Si me lo permiten, esta es
una ley de un régimen autoritario, no es una ley de un régimen
democrático. En una ley de un régimen democrático, por ejemplo, la
decisión de que hay una amenaza grave, de que hay una crisis, se toma en
las Cortes; en un régimen democrático no se crean estos cuerpos
especializados, que no sé qué son, pero que mueven a decir eso de: ¡qué
van a hacer estos de aquí! En un régimen autoritario no se tiene en
cuenta que, como en España, existen comunidades autónomas con
competencias en justicia y en policía —los Mossos d’Esquadra
o la Ertzaintza—. La pregunta es: ¿por qué hacen esta ley?, ¿a qué
responde esta ley?


La primera respuesta es qué se entiende por seguridad nacional,
porque en la Constitución figura la seguridad pública, pero existe la
seguridad nacional. Les voy a leer lo que dice el proyecto de ley sobre
seguridad nacional: «Se entenderá por seguridad nacional la acción del
Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de
los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y
valores constitucionales, así como a contribuir, junto a nuestros socios
y aliados, a la seguridad internacional en el cumplimiento de los
compromisos asumidos». Todo, todo. ¿Quién me dice algo que no esté aquí?
Todo. ¿Quién valora el nivel de gravedad? El Gobierno, hasta el punto de
que el Consejo de Estado, ante esta definición, dice lo siguiente: «Ha de
advertirse que la norma en proyecto presenta en algunos puntos un
carácter excesivamente abierto e indeterminado y tiende a emplear
formulaciones poco precisas, que no permiten deslindar adecuadamente los
conceptos que en ella se definen ni las situaciones que regula». Es
decir, el Consejo de Estado les está diciendo que ustedes hacen una
definición de seguridad nacional indeterminada, ambigua, abierta, no
concreta, y esto, evidentemente, no permite decidir cuál es el nivel de
gravedad de cualquier tipo de amenaza. Esta es nuestra objeción
fundamental. Es decir, no puede ser que cedamos por ley al presidente del
Gobierno la capacidad de que él, en lo que se denomina el Consejo de
Seguridad Nacional, pueda decidir cuál es la gravedad de una crisis. Eso
se decide en los Parlamentos. Y menos aún que el presidente del Gobierno
tome la decisión, por ejemplo, de que los Mossos de d’Esquadra, la
Ertzaintza, la justicia de no sé dónde o Protección Civil de Galicia,
todo eso, pase a ser directamente gestionado por él. Insisto en que eso
está fuera de todo planteamiento democrático.


Voy a ser muy breve, porque no sé qué más decir. Cuando he leído
esta ley me he quedado absolutamente absorto. Simplemente voy a repetir
las cinco o seis ideas por las que hemos presentado el veto. Aparte de
esas ideas, a las que ahora me voy a referir, este es un proyecto de ley
improvisado, que tiene algunos elementos curiosos. Por ejemplo, las
palabras «seguridad nacional» aparecen más de ciento diez veces. Creo que
nadie que se lo ha mirado y lo ha repasado para suprimir alguna vez las
palabras «seguridad nacional». Y lo digo, no tanto por la importancia de
fondo, sino por lo que indica del nivel de improvisación en esta ley, al
igual que en otras leyes que se están tramitando últimamente en las
Cortes.


Las cinco o seis ideas por las cuales presentamos el veto son:
primero, porque es una ley innecesaria. Tenemos una normativa de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tenemos una normativa de las
Fuerzas Armadas, tenemos una normativa de Protección Civil… Tenemos
muchas normativas que están funcionando y funcionan relativamente bien.
En definitiva, no hace falta inventarse nada. Y tenemos unas
instituciones que se coordinan ante momentos de crisis. Por tanto,
primera idea: indefinición del ámbito de aplicación de esta ley e
indefinición y arbitrariedad sobre quién decide cuál es la gravedad de la
crisis en cada momento. Eso es importantísimo.


Segundo: inexistencia prácticamente del papel de las Cortes. Es
cierto que en dos o tres artículos se informa a las Cortes, pero las
Cortes no deciden. Y nosotros queremos que en temas de esta importancia
se decida.


Tercero: la recentralización, un aspecto que atraviesa siempre
todos los proyectos de ley que presenta el Gobierno.


Y, finalmente, quiero hacer una apreciación, si quieren,
subjetiva. Alguien me podrá decir que una ley siempre es oportuna, pero
yo pienso que precisamente esta ley no viene en un momento oportuno y que
su opacidad puede hacer pensar en cosas que a lo mejor no están tras la
voluntad de esta ley. Pero lo primero que uno se pregunta es: ¿por qué
hacen esta ley? ¿A qué se debe esta ley al final de la legislatura, en la
situación política española?


Por tanto, es políticamente inadecuada, jurídicamente contiene
arbitrariedad y una discrecionalidad por la que todo pasa al presidente
del Gobierno, y una ley que deja a las Cortes, una vez más, en situación
de minoría de edad.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Vasco.


Senador Bildarratz, tiene la palabra.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías, nosotros entendemos que, no solo el proyecto de ley que
estamos debatiendo, sino también el siguiente, es decir todo el prócer
legislativo que vamos a tramitar durante esta tarde, está totalmente
pervertido por dos razones, una de las cuales ya ha sido continuamente
comentada, pero que no sobra que volvamos a repetir. Porque, señorías,
son dieciséis los proyectos de ley que, no sé si vamos a debatir, pero
que vamos a ver o a tramitar formalmente en esta Cámara; dieciséis.
Evidentemente, sé que es adecuado al Reglamento y a derecho, pero
entenderán sus señorías que no es un proceder habitual. Estamos haciendo
algo que no sé si se ha conocido alguna vez en este hemiciclo, como es
debatir o tramitar en una misma semana nueve proyectos de ley y a la
semana siguiente, otros siete. Evidentemente, entiendo que, cuando menos,
no es una situación normal ni habitual.


Como segunda reflexión sobre lo que yo considero que es una
perversión del prócer legislativo, entiendo que estas Cámaras están
siendo violentadas por las necesidades electorales que tiene el Partido
Popular, seguidas, de una manera u otra, por el Partido Socialista. Y
digo por las necesidades electorales, porque, como partido que se
autocalifica de centro derecha, hay una serie de elementos que siempre
intentan subrayar, como la seguridad. No hay más que ver el desarrollo y
todo lo acontecido en su momento con la inmigración o también su inicial
posicionamiento sobre los refugiados. Han tenido que entrar en una línea
determinada, evidentemente, por la presión de la sociedad, por la presión
de la ciudadanía y, sobre todo, por la presión electoral. Por eso les
digo que están pervirtiendo el prócer legislativo, porque lo están
utilizando a su conveniencia, cuando les conviene. Y, en estos momentos,
cuando hay un debate importante, con unas elecciones en Cataluña,
seguidas de unas elecciones a Cortes Generales, a ustedes les conviene
hablar de seguridad nacional y de recentralización.


Una vez realizada esta reflexión, y ateniéndonos ya a lo que es
el Proyecto de Ley de seguridad nacional, hay que comentar que es real y
cierto lo que el difunto politólogo y sociólogo Ulrich Beck definía como
sociedad de riesgo global. Así es: riesgos medioambientales que están
aquí, pero que pueden estar en Japón y afectarnos; el riesgo financiero
global, como hemos visto con la crisis de las subprimes, iniciada en
Estados Unidos y de la que tanto está costando salir; o el terrorismo
global. Otra cosa son las causas, pero son una constatación del riesgo
global. En ese sentido, hay una serie de necesidades, y reafirmo esa
idea. Ahora bien, dicho esto, hay que decir que la consecuencia del
riesgo global también es una responsabilidad global, y la responsabilidad
global acarrea temas como los que estamos viviendo en estos momentos con
los refugiados sirios; y desde el inicio hay que aceptar que es una
responsabilidad global por el comportamiento que hemos podido tener en un
determinado momento ante una situación de riesgo global.


Hecha esta reflexión, quiero realizar una serie de apuntes. El
primero, que estamos hablando de derechos fundamentales, como los
derechos a la libertad y la seguridad. No entiendo, pues, que estemos
hablando de un Proyecto de Ley de seguridad nacional y podamos decir que
no estamos hablando de derechos fundamentales. ¿O no estamos hablando
continuamente de seguridad y libertad? Creo que son conceptos básicos en
este proyecto de ley, con lo cual, no acabamos de entender cómo podemos
estar tramitando este tema a través de una ley de carácter ordinario. Es
cierto —lo decía también el senador Iglesias— que, puesto que
es un proyecto de ley de carácter ordinario, no va a afectar a principios
fundamentales. Yo creo que es justo a la inversa: puesto que afecta a
principios fundamentales —¿o no afecta a la seguridad o a la
libertad?—, puesto que estamos hablando de principios
fundamentales, a nuestro entender debería ser un proyecto de ley
orgánica, sabiendo también qué plantea el Consejo de Estado con respecto
al anteproyecto que el Gobierno presentó en su momento. Además, si
estamos tratando conceptos constitucionales como los de defensa nacional
o seguridad pública, evidentemente, estamos hablando de un proyecto de
ley orgánica. Y si en el presente proyecto de ley encontramos preceptos
que cuestionan —por calificarlo de una manera moderada— una
ley orgánica como es la del Estatuto de Autonomía del País Vasco, creo
que necesita otro tipo de calificación.


Segundo apunte. ¿Qué realidades se prevé que puedan acaecer y que
la normativa actualmente vigente no contemple o no le sea posible
atender? En nuestra opinión, el presente proyecto de ley es totalmente
innecesario. Analicémoslo. El artículo 9 del proyecto de ley define como
componentes fundamentales de la seguridad nacional la seguridad pública,
la defensa nacional y la acción exterior, conceptos que ya están
definidos por diferentes artículos de la Constitución española. Ahora se
crea un nuevo concepto, el de seguridad nacional, a través de una ley
ordinaria, aconstitucional, que además se está superponiendo
continuamente con el concepto de seguridad pública, que sí está recogido
en la Constitución.


Tercera reflexión —y algo también compartido en comisión
por los portavoces del Partido Popular—: la imprecisión de los
términos en que se formula este proyecto de ley. Ante los compromisos,
las obligaciones y las consecuencias que este proyecto de ley acarrea,
podrán ustedes comprender que estemos preocupados. Cuando ustedes aceptan
en comisión que eso es así, nosotros nos echamos a temblar. Porque,
viendo cuál es su actitud histórica y su actitud actual ante conceptos
como descentralización o diversidad, no creo que hayan hecho nada
—y menos en este proyecto de ley, pero tampoco durante esta
legislatura— que haga merecer nuestra confianza. Porque a ustedes
el concepto de descentralización no les gusta, y el Título VIII de la
Constitución española, tampoco. Y, siendo esa su actitud, entenderán que
nos preocupe tal imprecisión. Es tal la imprecisión, que este texto
entiende la política de seguridad nacional como una política de Estado
que ni siquiera define con precisión las obligaciones de los componentes
de la seguridad pública existentes en el Estado. Lo que sí hace, tal como
se ha dicho, es someter la seguridad nacional a la dirección del
presidente del Gobierno, involucrando en esa política al conjunto de las
administraciones públicas del Estado. Y esa imprecisión, precisamente,
posibilita una autorización incondicionada e ilimitada para la
disposición y utilización de los recursos de administraciones ajenas a la
Administración del Estado. ¿Entienden nuestra preocupación?


Este proyecto de ley obliga a que, en determinados supuestos, las
policías autonómicas pasen a depender directamente de la Administración
del Estado; directamente. Estoy constatando una realidad que,
evidentemente, no se contempla en una ley orgánica como es la del
Estatuto de Autonomía del País Vasco. Por tanto, entiendan que, si algo
que está contemplado en un bloque de constitucionalidad es pervertido por
una ley ordinaria, me preocupe.


No podemos engañarnos, porque, aunque ustedes utilicen conceptos
como coordinar, colaborar, etcétera, entre diferentes instituciones que
son competentes en un ámbito material determinado, lo que están haciendo
es arrebatar desde la Administración del Estado competencias del resto de
administraciones, bien sean del ámbito de las comunidades autónomas, bien
del ámbito de las entidades locales. Y todo ello, como he dicho,
vulnerando diferentes preceptos del Estatuto de Autonomía del País Vasco,
como ocurre en nuestro caso.


En definitiva, señorías, entendemos —y en eso justificamos
el presente veto— que no se puede crear un nuevo concepto
totalmente aconstitucional que vulnera leyes orgánicas, y todo ello a
través de una ley ordinaria que otorga facultades que contravienen
competencias autonómicas, que contravienen mecanismos previstos en el
bloque de constitucionalidad. Y lo más importante: no han hecho ni el más
mínimo esfuerzo, no han dedicado ni cinco minutos ante todos los
argumentos expuestos —que son preocupaciones de los diferentes
grupos—, para explicar su posicionamiento, justamente contrario al
que estamos planteando, e intentar hacernos ver que lo único que ustedes
están intentando es coordinar y colaborar entre diferentes
administraciones públicas. Pero como eso no es así, y su verdadera
intención es justamente la contraria, presentamos nuestro veto, y
votaremos favorablemente el resto de los presentados por los demás
grupos.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i d’Unió.


Tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.


Intentaré hacer unas consideraciones sobre el proyecto de ley, y
espero tener tiempo también para situarlo en tiempo y acompañamiento.


En primer lugar, como viene sucediendo, nosotros no podemos no
estar de acuerdo con los motivos que dice inspirar la ley. Cierto es que
en la actualidad existen amenazas que no existían en materia de
ciberseguridad, bioterrorismo y protección de infraestructuras críticas.
Pero otra cosa muy distinta, que es lo que suele pasar, es lo que nos
encontramos en las propuestas del proyecto. Todos los Estados deben
garantizar la libertad y felicidad de sus ciudadanos. Ello justifica su
existencia, por supuesto. Nosotros tenemos un Estado de derecho, al que
siempre se apela; un Estado democrático; un Estado con Parlamentos
representativos;






un Estado autonómico; un Estado donde debe existir la
separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que son
precisamente la garantía para el ejercicio y la protección de las
libertades y los derechos. Pero esta ley refuerza el poder arbitrario del
Estado.


De la lectura del concepto de seguridad nacional, recogido en el
artículo 3 —no lo volveré a citar, porque lo han citado algunos de
los senadores que me han precedido— se desprende que cualquier
acción en la vida pública o privada de un individuo puede ser o es
susceptible de ser declarada un tema de seguridad nacional. Y, si bien es
cierto que estamos hablando de una ley ordinaria, esto nos plantea una
cierta inseguridad, si me permiten decirlo. Porque ¿cómo se van a aplicar
estos preceptos jurídicos en la práctica? ¿Qué hay de los derechos
individuales y colectivos? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, en algo tan
mínimo como la utilización de las nuevas tecnologías? ¿Hasta dónde pueden
fiscalizarnos? Esta inseguridad nos viene dada justamente por esta
indeterminación o por este cajón de sastre donde cabe todo lo relativo a
la definición de seguridad nacional.


Los Estados deben tener la capacidad de definir qué es la
seguridad nacional, así como marcar las directrices de los mecanismos que
se deben utilizar para su garantía. Hasta aquí, podría no haber ningún
problema. Pero eso debe estar sujetado por un control, que en un Estado
de derecho queda garantizado por la separación de poderes
—Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, que deben compartir
responsabilidad y también las competencias tanto a nivel de Estado
central como del Estado de las Autonomías. Y no hay control de las Cortes
Generales. No lo hemos encontrado en el proyecto.


En el caso territorial, una vaga y confusa redacción permite que
las medidas de coordinación que efectivamente se adopten en determinados
supuestos que afecten a la seguridad nacional se hagan sustrayendo las
competencias que los estatutos de autonomía confieren a las comunidades
autónomas. Por ello, una vez más debemos denunciar la recentralización en
perjuicio de las comunidades autónomas.


La seguridad pública en Cataluña y en otras comunidades autónomas
con cuerpos policiales propios, que tienen competencias para la
protección de bienes y de personas, es una competencia concurrente. Por
tanto, en este proyecto se debería contemplar la participación de esas
administraciones territoriales en la adopción y ejecución de las
decisiones en esa materia.


Debemos hacer notar que el proyecto establece órganos estatales,
como el Consejo de Seguridad Nacional, compuesto por el presidente del
Gobierno, los vicepresidentes y los diferentes ministros y directores,
todos ellos del ámbito de la Administración central. Pero también será
este órgano, como consta en el artículo 28, el que se ocupe de la
organización de la contribución de recursos a la seguridad nacional.
También los autonómicos y locales.


En el artículo 21 se habla de que las comunidades autónomas
podrán ser convocadas. A nuestro entender, no deberían ser convocadas
sino que deberían participar en dicho órgano desde el principio. Si a
nivel territorial volvemos a anunciar una nueva embestida, una nueva
agresión al Estado de las Autonomías, como ya viene siendo habitual
—no nos cansaremos de denunciarlo—, pensamos que a estas
alturas de la legislatura ni siquiera les preocupa que se note el
cuidado.


Hay una inseguridad que viene planteada en el artículo 22, en el
título III. La gestión de crisis se activará en situaciones de interés
para la seguridad nacional, definidas en el artículo 23, que incluyen las
cuestiones de gravedad efectiva, pero también las situaciones que el
Consejo de Seguridad Nacional considere con gravedad potencial, un
término subjetivo que preocupa y crea indefensión, pues el Gobierno queda
en disposición de calificar la situación de interés para la seguridad
nacional ante cualquier causa que le pueda suponer incertidumbre —a
lo largo del proyecto existen indefiniciones respecto de situaciones de
riesgo y amenaza—. Todo ello podría suponer que con la aplicación
de una ley ordinaria se vulneraran competencias o incluso que pudieran
ser afectados derechos fundamentales sin justificación alguna.


En el artículo 24 se pretende utilizar los medios de todas las
administraciones públicas, sin que estas puedan tomar parte en las
decisiones. Es otra flagrante incongruencia, además de volver a ignorar
las competencias que tiene cada parte del Estado. Sí, señorías, el Estado
central y el Estado de las Autonomías, de momento.


El presidente del Gobierno podrá declarar y gestionar la
situación de interés para la seguridad nacional, que no deberá ser
aprobada ni convalidada por las Cortes Generales. Nuevamente se da un
poder ilimitado al Gobierno, despreciando la división de poderes central
y territorial. En este proyecto de ley se pretende dar un poder ilimitado
al Gobierno central por encima del Estado de las Autonomías, por encima
de la separación de poderes, de un Estado de derecho que se preciara de
serlo. Es un poder ilimitado sin garantías ni control que, además de un
flagrante menosprecio a los estatutos como cuerpo constitucional, también
supone un retroceso en las libertades de los ciudadanos. El presidente de
Gobierno, solo con declarar una situación de interés para la seguridad
nacional, abordaría todos los ámbitos y competencias de una autonomía.
Eso es así.


En definitiva, esta ley está hecha para que el Gobierno pueda
decidir y gestionar cualquier competencia autonómica sin tener que pasar
por el control de los poderes Legislativo y Judicial. Es una especie de
guinda que ustedes ponen a ese pastel de la recentralización, de la lucha
jurídica, del inmovilismo, de la falta de soluciones políticas que
aportan al debate territorial, especialmente dedicado a Cataluña.


En nuestra opinión, este proyecto de ley envía dos mensajes muy
claros. El primero es que el sistema autonómico, según ustedes, no tiene
ninguna garantía, y para nosotros esto justifica per se el proceso que
existe en Cataluña; por agotamiento, por convicción, por pura autodefensa
de nuestros derechos; y, también, señorías, por falta de oportunidad
política. Pensamos, además, que puede ser un intento de anular o acumular
competencias autonómicas sin ninguna estridencia, sin ningún control, sin
nada que pueda saltar a los titulares, sino sencillamente aplicando una
pura orden ministerial, la orden ministerial de turno.


En definitiva, este proyecto de ley no ofrece ninguna
participación autonómica en aquellas decisiones que afectan directamente
a las competencias autonómicas. Tras una pretendida indeterminación, se
pretende justificar la intervención exclusiva del Gobierno central
—presidente y Consejo de Ministros— bajo la inexistencia de
control de sus actuaciones por los restantes poderes del Estado de
derecho. Además, estas actuaciones pretenden involucrar directamente a
todas las administraciones sin que estas puedan siquiera opinar. Estos ya
son motivos suficientes para la presentación de nuestro veto, pero les he
dicho que también intentaría situar el proyecto en tiempo y
acompañamiento.


El tiempo —lo sabemos, y se ha notado en el Pleno— es
un tiempo preelectoral. Estamos en ese fantástico tiempo de descuento,
donde parece que todo el mundo quiera tener puntos para su campaña. En
cuanto al acompañamiento, este proyecto de ley no viene solo; ya se
aprobó la Ley mordaza, y hemos tenido conocimiento de la anunciada
reforma del Tribunal Constitucional, una reforma que nuestro grupo
parlamentario denunció, sobre el que expuso sus miedos respecto de lo que
se nos anunció, al igual que denunció su falta de oportunidad. Pensamos
que es una decisión de una gran irresponsabilidad política, que no aporta
y que crispa.


Y cuando nosotros defendemos esto no se nos dan argumentos, no se
nos seduce, no se nos explica en qué estamos tan equivocados. Lo que
hacen —de hecho, así fue— es decirnos que no tenemos respeto
al Tribunal Constitucional, apelan al Estado de derecho, nos dicen que
desafiamos a los ciudadanos, que utilizamos artimañas políticas, que nos
mueve el odio a España, que el pueblo catalán no existe, que debemos
tener respeto a la ley, que la Generalitat forma parte del Estado
español. Y ante eso, nosotros les contestamos: ¿Respeto al Tribunal
Constitucional? Por supuesto; todo el respeto al Tribunal Constitucional,
pero queremos un Tribunal Constitucional despolitizado. ¿Estado de
derecho? Sí, señores, un Estado de derecho donde se respete y garantice
la separación de poderes. ¿Desafío a los ciudadanos? Nosotros desafiamos
a los ciudadanos convocándoles a las urnas. Si ustedes consideran que en
un Estado democrático eso es un desafío, nosotros continuaremos
desafiando a los ciudadanos. ¿Artimañas políticas? Para nosotros
artimañas políticas es —para aquellos que apelan siempre al
Tribunal Constitucional— burlar sentencias del Tribunal
Constitucional con decretos leyes o enmiendas en leyes para no
cumplirlas. La última que hemos visto en esta Cámara, la del 0,7 % del
IRPF en temas sociales. Nosotros defendemos nuestra legitimidad, nuestro
proyecto político dentro de las leyes con todo el fervor y la pasión
posibles. ¿Odio a España? En absoluto. No somos nosotros quienes hemos
utilizado esos conceptos de odio, artimañas o desafíos. A nosotros nos
mueve el respeto, nosotros queremos tener futuro, nosotros no confiamos
en el Gobierno central, pero no tenemos ningún problema con España.
España forma parte de nuestra cultura. No quieran confundir. ¿Que el
pueblo catalán no existe? El pueblo catalán existe, es una realidad
objetiva; otra cosa es que ustedes no lo quieran reconocer como sujeto
político, pero el pueblo catalán existe. Y si existe el pueblo catalán,
hay ciudadanos en Cataluña y ustedes les deberían dejar ejercer su
derecho a decidir qué quieren respecto de su futuro. ¿Respeto a la ley?
Siempre respetamos la ley, y si no la respetamos o ustedes interpretar
que no la respetamos, tranquilos, que ya se cuidan ustedes de llevarnos
enseguida a los tribunales.


¿La Generalitat forma parte del Estado español? Sí, en estos
momentos jurídicamente la Generalitat forma parte del Estado español,
cosa que ustedes no deben creerse, porque en el proyecto de ley que hemos
estado debatiendo ustedes hablan de seguridad nacional pero no la tienen
en cuenta como parte de ese Estado. No la dejan participar para nada en
decisiones de Estado relacionadas con esa seguridad nacional.
Jurídicamente la Generalitat de Catalunya forma parte del Estado español
y negar esto sería decir una mentira, pero políticamente la Generalitat
de Catalunya existía con anterioridad a aprobar la Constitución, y si no
recuerden ustedes que cuando Adolfo Suárez restableció al president de la
Generalitat, el señor Tarradellas, aún no estaba aprobada la
Constitución, por tanto, políticamente la Generalitat de Catalunya es lo
que es y tampoco se puede negar. Lo que pasa que ustedes se encuentran
más cómodos en el debate jurídico que en el debate político.


También nos acusan de delirio independentista y nosotros solo
tenemos capacidad de imaginar un futuro mejor y tenemos todo el derecho a
hacerlo y continuaremos haciéndolo.


Finalmente, para decirnos todo esto se citó que el derecho se
convierte en nada si no lleva aparejada suficiente garantía. Señorías,
con su recentralización, con iniciativas como la Ley mordaza, el proyecto
de seguridad nacional, la que ya se llama reforma Mas del Tribunal
Constitucional que ustedes han anunciado y con iniciativas como muscular
un Tribunal Constitucional politizado, ustedes dejan poca oportunidad
política. Para nosotros, ustedes, tal como dicen que el derecho se
convierte en nada si no lleva aparejada suficiente garantía, no son
garantía para el Estado de las autonomías, tienen alergia a la diversidad
y no creen en un Estado heterogéneo, plurilingüe y pluricultural.


Esto, en definitiva, es el ambiente que ustedes nos regalan a dos
días de nuestras elecciones autonómicas que para nosotros tienen carácter
plebiscitario aunque ustedes dicen que son simplemente unas elecciones
autonómicas. Si son solo esto no sé por qué se toman tantas molestias en
poner trabas y tienen estas ocurrencias de falta de oportunidad política.
Lo único que podemos hacer es agradecerles que ustedes nos den todavía
más seguridad en que lo que estamos haciendo lo hacemos por el bien de
nuestro futuro, por defender nuestros derechos y continuaremos
haciéndolo.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para el turno en contra, tiene la palabra el senador Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venía, señora presidenta.


Señorías, el Proyecto de Ley de seguridad nacional pretende,
puesto que tanto se ha cuestionado esta tarde aquí, coordinar los
recursos existentes bajo una autoridad única de forma temporal y con la
máxima participación de todas las instituciones afectadas en relación con
sus respectivas competencias, sin que, señorías, en ningún caso, pueda
implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades
públicas de los ciudadanos. Es la letra de la ley y es el intento que
este proyecto tiene.


Esta tarde aquí hemos cuestionado la existencia del concepto de
seguridad nacional, un término que en el mundo occidental está tipificado
y forma parte de las leyes. En contra de lo que decía el señor Saura no
es una muestra de una legislación no democrática, sino que si usted,
señor Saura, hace un pequeño trabajo de derecho comparado verá que en
Francia, en Italia o en Gran Bretaña se parece muchísimo la ley de
seguridad nacional a las normas que tratan la propia seguridad nacional
de estos países. Otra cosa es el estado guerra que se declara por las
asambleas parlamentarias, por la asamblea nacional, etcétera.


Con respecto al veto número 1, presentado por el señor Iglesias
Fernández, con una letra bastante similar al veto número 4 que
presentaban el señor Guillot Miravet y el señor Saura, lo vamos a
rechazar sobre la base de que la propuesta de este veto contiene un
visión sobre la que nosotros pensamos que discrepa franca y profundamente
el proyecto de ley.


Muy al contrario de esa acusación directa y expresa de que este
proyecto de ley contiene una visión conservadora y centralizadora de la
seguridad, nosotros creemos que es el resultado del análisis integral de
los aspectos de seguridad de distintas políticas sectoriales que
persiguen aumentar la capacidad de respuesta del Estado ante la
envergadura de los nuevos riesgos y amenazas a los que España y la
comunidad internacional se enfrentan. Son riesgos y amenazas que, como
todos ustedes saben, mutan constantemente. La participación de las
distintas administraciones públicas está asegurada, desde nuestro punto
de vista, así como los cauces para su canalización.


La señora Capella ha dado por defendido su veto. Básicamente es
muy corto, pero, por contestar levemente a este veto —el veto
número 2—, que es del Grupo Mixto, diré que este proyecto de ley no
es propaganda ideológica; y no lo es como lo prueba el hecho de que otros
grupos de la Cámara ya han anunciado su voto favorable al mismo, ni
compilación de ningún discurso del miedo, como han dicho la señora
Capella y otros muchos intervinientes.


Habla la señora Capella en su propuesta de veto de un supuesto
enemigo. Desgraciadamente, no son supuestos los enemigos, sigue habiendo
terrorismo en el mundo. Hay amenazas potenciales, reales, que hacen que
minimizar su impacto, desde nuestro punto de vista, no suponga ni una
afirmación prudente ni responsable. Nada en este proyecto de ley debe ni
puede hacer pensar que el auténtico monotema del proceso soberanista
catalán, señora Rivero, se haya compelido en él. No estoy contestando a
su propuesta de veto, pero me he acordado de usted porque el monotema ha
quedado claro en la lectura de su manifiesto electoral hace un instante.
Solo la obsesión puede hacernos pensar que todo, absolutamente todo,
tiene relación con el mismo asunto; no tiene sentido, y no parece serio
andar a vueltas con lo mismo veinticuatro horas diarias.


En el veto número 3 —que sí es de la señora Rivero, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió—, no podemos compartir las cosas que contiene esta
propuesta, pero sobre todo, señora Rivero, no podemos compartir que se
haga, aparte del manifiesto electoral, una gran exposición de argumentos
jurídicos por parte de la representante de un grupo que gobierna en la
Generalitat catalana y que ya ha anunciado que incumplirá expresamente la
ley, si puede. ¿De qué Estado de derecho me está usted hablando? ¿De
cuál? ¿Usted qué dice? ¿Cuáles son las normas que hay que cumplir y
cuáles no? Mire usted, hay que cumplirlas todas. ¿De qué me habla usted,
de respeto al Tribunal Constitucional? Respeto a toda la Constitución, no
solamente a aquella parte que a usted le gusta y le parece bien.


Ustedes que son los adalides de esa presunta legitimidad por
encima de la ley, de esa presunta soberanía por encima de la ley, ¿de qué
leyes me habla usted? Ustedes deberían moverse en la línea de modificar
la Constitución, de modificar las leyes para poderlas cumplir, y no
anunciar que las van a incumplir y después exigirnos a los demás un
respeto increíble a la ley que nosotros creemos que tenemos, y que
cumplimos estrictamente. Desde luego, estamos en fechas electorales,
mayormente usted, señora Rivero, más que nosotros, y, además, se le nota
muchísimo. Los nervios electorales se le notan a usted muchísimo; mucho
más que a mí, no le quepa duda.


El veto número 4 ya lo hemos explicado. El veto número 5, de la
señora Lima González, dice que existen otros temas muy importantes, no me
cabe duda; usted hablaba del paro. El otro día en la comisión hablaba
usted —palabras textuales— del terrorismo machista. Tiene
razón, es un tema muy interesante, pero no es objeto de un proyecto de
ley de seguridad nacional. Además, yo creo que tenemos tiempo para hablar
de todo; es decir, podemos hablar de seguridad nacional y podemos hablar
de esos otros temas que a usted tanto le preocupan.


Tenemos un Pleno muy largo y hay tiempo para las dos cosas. El
que nos ocupemos de una no quita que nos ocupemos de la otra; por lo
tanto, no sé ese empeño en traerlo, en mezclarlo todo y, en fin, hablar
absolutamente de todo para decir al final que nosotros, los españoles,
que somos muy originales, no necesitamos una ley de seguridad nacional,
como el resto de los mortales que sí la necesitan, por lo que se ve.


Señora Lima, tampoco compartimos que de la letra de este proyecto
de ley se deriven restricciones a los derechos de los ciudadanos ni que
se perturben los ejercicios de competencias autonómicas. El proyecto de
ley es respetuoso con el ordenamiento jurídico español y con las
competencias de cada una de las administraciones públicas implicadas.


Respecto al veto del Grupo Parlamentario Vasco, señor Bildarratz,
me gustaría que se diera alguna precisión más que le hiciera ver lo
positivo de esta ley. Decía usted que puede que la policía autónoma vasca
llegue a estar bajo el mando temporal y provisional, en algún momento,
directamente del Estado; casi se rasga usted las vestiduras. Y yo decía:
bueno ¿y qué?, ¡tampoco pasará nada! Es terrible, ¡verdad! Fíjese usted
que haya un señor que le dé una orden a la policía autónoma vasca y no
forme parte del Gobierno vasco, es una cosa espectacular, ni siquiera en
un momento de extrema urgencia, de emergencia; no, no. Eso puede ser
terrible.


Señorías, que haya una situación de emergencia nacional, que se
haga una previsión para poder hacer frente a una situación que se
considere que afecta a la seguridad nacional, que es la integridad de la
nación, eso es lo que puede afectar a la seguridad nacional, que se vea
amenazada la integridad de la nación, de un Estado que existe, como
existe la nación, como dice el artículo 1 de la propia Constitución.


Pues bien, señorías, que tengamos esta ley es francamente
positivo, como lo prueba el hecho de que va a tener el apoyo y el
respaldo de los dos principales grupos de esta Cámara.


Porque, señorías, después de tantas cosas que hemos oído en este
Pleno donde ayer, cuando se hablaba de la modificación de la Ley del
aborto, yo me sentía miembro de un grupo muy chiquitito, de 8 o 10
senadores, que estábamos maniáticamente proponiendo cosas muy raras y
que, desde luego, no representábamos absolutamente a nadie; se nos
insultó, se nos llamó casposos, todo eso. Pues, señorías, nosotros
representamos al Partido Popular que ganó las elecciones con mayoría
absoluta y por eso tenemos la mayoría de este Pleno. Hay que tener un
poquito de respeto no a nosotros, sino a los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.
¿Comparte turno con la senadora Lima? (Asentimiento.—El señor
Vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la presidencia).


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Compartiré el turno de portavoces.


En relación a los argumentos fundamentales —en su
expresión— del rechazo a los vetos que ha formulado el portavoz del
Grupo Popular, yo quisiera reflexionar con él en el sentido de que
estamos ante un concepto, el de seguridad nacional, que es cierto que,
como él afirmaba, está presente en multitud de Estados democráticos. Pero
seguramente su señoría no ignora que bajo ese concepto en esos mismos
Estados democráticos se han desarrollado actuaciones y comportamientos
que han significado vulneraciones de derechos humanos. Por lo tanto, el
concepto de seguridad nacional no es un concepto —permítame la
expresión— limpio, no lo es en tanto en cuanto en multitud de
ocasiones ha servido como coartada. Y yo no estoy diciendo que esa sea la
voluntad del proyecto ni de los proponentes, pero hago referencia a una
experiencia contrastada: bajo ese concepto de seguridad nacional se nos
ha espiado yo creo que a todos —a mí supongo que no porque importo
muy poco—, jefes de Estado, ministros de la Unión Europea han
estado sometidos a las escuchas de otro Estado democrático bajo el amparo
de la seguridad nacional, y ello ha generado un escándalo, como bien
saben sus señorías, de ámbito internacional con repercusión en las
relaciones diplomáticas de los Estados. Si eso es así —que lo
es—, si además en el proyecto de ley hay una absoluta inconcreción
sobre el concepto real de lo que va a significar en España la seguridad
nacional que permite la aplicación de este precepto, las reservas son
lógicas y surgen de forma natural.


Por otro lado, seguramente la seguridad nacional exige
coordinación de recursos. Lo que ocurre es que los mecanismos de
coordinación de recursos que se establecen en este proyecto pasan por la
supeditación del resto de las administraciones a la decisión de la
Administración General del Estado que, además, se personifica
exclusivamente en el presidente del Gobierno, que es el que determina la
declaración, y eso, obviamente, desde la perspectiva de un Estado de las
Autonomías inevitablemente tiene que rechinar.


No tuve la oportunidad de escuchar —había que comer algo
rápidamente— la intervención del portavoz del Grupo Vasco en la
defensa de su veto pero lo más grave respecto a lo que dijo es que en
este proyecto de ley no se establece ningún tipo de mecanismo
—mecanismo que signifique garantías para las comunidades autónomas
que tienen la competencia directa sobre esos medios humanos y materiales,
y, en el caso concreto al que hacemos referencia, sobre la materia de
seguridad— que explique cómo se va a garantizar que esa
coordinación no se traduzca en la práctica de forma temporal en una
privación, en una anulación de las competencias que en esa materia tienen
las comunidades autónomas. Eso no está especificado en ningún caso en
este proyecto de ley, y, por tanto, también es lógico que se manifiesten
reservas al respecto.


Señorías, volvemos a hablar de la cultura de la seguridad. El
problema de intentar construir ex novo la cultura de la seguridad está
fundamentalmente en el hecho, que guarda relación con mis primeras
palabras, de que su articulación forzosamente tiene que partir de la
existencia de una amenaza que exige una respuesta desde la garantía de la
seguridad. Y proyectar hacia la sociedad mensajes de la existencia de esa
amenaza —sin que, reitero, lo dije en mi primera intervención,
niegue en ningún caso la trascendencia en este momento histórico de la
amenaza yihadista, para los árabes, en primer lugar, y después para
nuestro país y para el resto de los países occidentales—
inevitablemente genera la necesidad de articular un proyecto que
garantice la seguridad —porque si no hubiera inseguridad no haría
falta acudir a un proyecto que garantice la seguridad—, una
sensación de inquietud, de amenaza, de miedo. Y esto tiene también
consecuencias en la sociedad, en tanto en cuanto una sociedad que se
siente amenazada es más dócil frente a los poderes, más dócil frente a
las amenazas que se puedan plantear en el ejercicio de sus derechos y
libertades, lo cual, desde la perspectiva de Izquierda Unida, en ningún
caso es bueno y en ningún caso debe ser alentado.


Concluyo. El señor ministro del Interior, que a lo largo de su
historia tiene unas cuantas frases desafortunadas, ha hecho un flaco
favor a este proyecto y al debate que hoy tenemos cuando sobre la
tragedia de los refugiados, el compromiso de la sociedad , la búsqueda de
alternativas por la Unión Europea y las medidas de articulación por el
Gobierno de nuestro país, vinculó el fenómeno de los refugiados a la
amenaza yihadista, porque esto, aparte de ser injusto, permite ampliar el
ámbito de la seguridad nacional y de la amenaza que da lugar a las
respuestas de esa seguridad nacional a un colectivo tan indefenso como es
en este momento el de los refugiados.


Muchísimas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Continuando con el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora
señora Lima.


La señora LIMA GOZÁLVEZ: Intervendré desde el escaño.


Me gustaría decirle al portavoz del Grupo Parlamentario Popular
que tengo la sensación de que quizás no me haya entendido bien lo que he
dicho sobre el terrorismo machista, y voy a explicarme de nuevo. Estoy
cansada de escuchar que no tiene ninguna relación, y voy a repetir lo que
he dicho en mi intervención. En el año 2010, en Estados Unidos —ya
que les encanta tanto ese país— la doctrina Hillary incluía la
igualdad de la mujer en la Ley de seguridad nacional. No sé si me ha
entendido o no. El terrorismo machista no es ninguna tontería; estamos
hablando de una violencia y de una amenaza real que sufren muchas
mujeres, y ustedes pueden utilizar esta ley para protegerlas y no hablar
de un terrorismo yihadista; utilicemos los recursos para acabar con el
terrorismo machista. No sé cómo explicarlo más claro. Siento oír
constantemente que no pega con la Ley de seguridad nacional; estoy
cansada, me da la impresión de que en ocasiones se están burlando de mí.
Simplemente quería hacer esta aclaración.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Lima y
gracias también por su esfuerzo.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador y
portavoz, señor Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.


Para aprobar y debatir un proyecto de ley hay una serie de
elementos que consideramos muy importantes, y uno de ellos es el contexto
de oportunidad, más aun cuando en un Estado como el español, con un
Estado autonómico como el del Estado español, es tan cuestionado a través
de un proyecto de ley. Porque entenderá que la recuperación de
determinadas competencias que se están realizando con este proyecto de
ley —como he dicho antes— preocupe, cuando menos, a las
comunidades afectadas. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Y si
existe esa preocupación, y además no ha habido ni medio minuto de
dedicación a aquellas comunidades que pueden tener un mínimo de
preocupación porque vean afectadas sus competencias, es evidente que hay
que analizar el contexto de oportunidad; y el contexto de oportunidad
existente en estos momentos no es el mejor: en un contexto de elecciones
generales, de elecciones en Cataluña, con el conflicto que se está
viviendo en estos momentos, que no han sabido y no han querido gestionar,
entenderá que reivindiquemos el contexto de oportunidad.


Nos ha puesto anteriormente una serie de ejemplos de países, de
Estados que tienen desarrolladas una serie de leyes de seguridad nacional
como Francia, Italia, etcétera. Yo le voy a poner un ejemplo similar al
del Estado español —evidentemente, salvando las distancias—,
como es el de Alemania, con los länder, etcétera. ¿Sabe cuál es una de
las grandes diferencias entre el conjunto del Estado alemán y el conjunto
del Estado español? La lealtad, la lealtad que existe entre todos los
componentes del Estado alemán. (Rumores.— Un señor senador
pronuncia palabras que no se perciben). Senador, no he dicho del Estado
hacia las comunidades ni de las comunidades hacia el Estado, sino que le
estoy constatando un hecho que entiendo que es objetivo como la lealtad.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor, no
hagan debates entre el que está en la tribuna y ustedes.


El señor BILDARRATZ SORRON: Ya, pero si al final me lanzan
mensajes…


El señor PRESIDENTE: Senador Bildarratz, continúe, pero para todo
el hemiciclo.


El señor BILDARRATZ SORRON: Estoy dirigiéndome al Grupo
Popular.


El señor PRESIDENTE: Es que no se trata solo de eso, se trata de
que hable para todos.


El señor BILDARRATZ SORRON: Tal como le estaba diciendo, existe
una lealtad en el Estado alemán que puede ser un ejemplo y aquí no
existe, y no digo quién es el culpable, sino que no existe. Uno de los
datos que le voy a dar, por ejemplo, en el caso de Alemania, es que
cuando tuvimos la oportunidad de visitar el Tribunal Constitucional y
lanzamos la pregunta de cuántos conflictos constitucionales tenían con
los länder, nos dijeron que ninguno y el magistrado con el que hablamos
decía que había conocido uno. Solo en Euskadi ya hay 13 con el Gobierno
central y no sé cuántos del Gobierno central con la comunidad de Euskadi,
es decir, el concepto de lealtad es muy importante para poder superar una
serie de desconfianzas que se ven en este proyecto de ley.


Hablaba el senador Ramírez de otro elemento muy importante: el
cumplimiento de todas las leyes. Eso es lo que nosotros reivindicamos, el
cumplimiento de todas las leyes. Le voy a lanzar una pregunta como
anteayer se la planteé al ministro Montoro: ¿se cumple el Estatuto de
Gernika en su integridad? Se supone que sí. Si después tengo tiempo,
bajaré el estatuto y leeré lo que no. Tendremos tiempo para poder leer lo
que no, porque no están cumpliendo. Tampoco están cumpliendo sentencias
del Tribunal Constitucional contra el Gobierno central, tampoco las están
cumpliendo. De esto hay en más de una autonomía: existe en Cataluña, en
Euskadi, son sentencias del Tribunal Constitucional que el Gobierno no ha
cumplido, no quiere cumplir y no va a cumplir.


Respecto a si la policía autonómica o las diferentes
instituciones, en este caso del País Vasco, tienen que depender o no de
la Administración del Estado, esto ya está regulado en la Constitución
española y están también definidos en el estatuto de autonomía los
mecanismos de los que nos hemos dotado. A través de una ley orgánica como
el Estatuto de Gernika está establecida la relación entre las
administraciones del País Vasco y las administraciones del Estado.


Venía a cerrar su intervención y su reflexión demandando un
respeto a los ciudadanos, un respeto a los ciudadanos que eran muchos
millones de votantes en las elecciones de 2011. Estoy lejos de cuestionar
la legitimidad y el número de escaños que tienen, tanto en el Senado como
en el Congreso, pero usted me reconocerá también que la situación de la
ciudadanía española en estos momentos no es la que existía en 2011. La
opinión con respecto a las políticas que ustedes han llevado adelante no
son las esperadas por la ciudadanía española en 2011, con lo cual
evidentemente la ciudadanía está muy preocupada y muy enfadada por toda
la serie de políticas que han estado llevando a cabo durante toda esta
legislatura. Además, en este cierre de legislatura están cuestionando de
una manera muy importante —tal como he dicho antes— los
ámbitos de la seguridad y también una serie de ámbitos competenciales que
están trastocando la sensibilidad de determinadas comunidades autónomas.
Evidentemente, en esas comunidades el enfado de la ciudadanía es más que
evidente. Y si no se sabe interpretar la situación actual, por ejemplo,
en Cataluña o, salvando las distancias, en Euskadi con respecto a la que
podía haber hace cinco o seis años, es que no se quiere ver, no se quiere
entender o se quieren cerrar los ojos, y realizar políticas cerrando los
ojos no nos lleva a ningún sitio.


Las comunidades autónomas están preocupadas, en este caso la
comunidad vasca, a la hora de llevar este proyecto adelante. Hay una gran
desconfianza. Dar tanto poder a una única persona para que pueda decidir
en una serie de situaciones y dar el mando de diferentes administraciones
del ámbito vasco, evidentemente, preocupa. Como he dicho, en un ámbito
tan importante que trastoca los derechos fundamentales, derechos
recogidos en el artículo 17 de la Constitución, ustedes tendrían que
haber realizado otro trabajo y haber mantenido otra relación con las
comunidades, en nuestro caso con la comunidad vasca, pero ni las prisas,
ni las maneras, ni las actitudes les han dejado.


Por eso reafirmamos nuestra posición sobre el veto y el conjunto
de vetos presentados por el resto de grupos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador
Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en el turno de portavoces para posicionar a
los senadores y senadoras socialistas del Grupo de la Entesa pel Progrés
de Catalunya respecto a este Proyecto de Ley de seguridad nacional.


La seguridad nacional, fundamentalmente la defensa, es una
competencia del Estado, tal y como establece —y así lo reconoce el
proyecto de ley— el artículo 149 de la Constitución española. La
gestión de la defensa, en definitiva, la dirección de la defensa, y, por
tanto, de la seguridad nacional —entendida la defensa en sentido
amplio— corresponde al Gobierno, según el artículo 97 de la
Constitución española.


Señorías, no hay que tener miedo a hablar de seguridad nacional.
Países como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, democracias
consolidadas y la propia Unión Europea aprobaron en 2003, a propuesta del
alto representante para la política exterior y de seguridad común, Javier
Solana, la llamada estrategia europea de seguridad. España, nuestro país,
tiene aprobada desde 2013 la estrategia de seguridad nacional, que recoge
y parte de un documento elaborado por el anterior Gobierno socialista
presidido por el señor Rodríguez Zapatero en 2011. Este documento, la
estrategia de seguridad nacional, anunciaba una futura ley de seguridad
nacional, y eso es lo que estamos debatiendo en este momento.


La ley responde a la necesidad de garantizar la seguridad
colectiva como garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.
La ley regula la forma, los procedimientos y los límites con los que debe
actuar el poder del Estado para garantizar la seguridad colectiva.
Asimismo, el preámbulo requiere la colaboración de todas las
administraciones públicas para garantizar el bien común, y deben
respetarse los respectivos ámbitos competenciales. En el turno de
enmiendas defenderé las nuestras en el sentido de precisar mucho más la
participación de las distintas administraciones, tanto las autonómicas
como las locales, en las situaciones de crisis, de seguridad
nacional.


Señorías, el debate sobre la relación entre libertad y seguridad
es antiguo e importante, muy importante. Me atrevo a afirmar que es
difícil garantizar la libertad de los ciudadanos sin seguridad, y, por
supuesto, no hay verdadera seguridad sin libertad. Aunque pueda parecer
un juego de palabras, son dos conceptos íntimamente ligados. Nunca, nunca
hay que renunciar a la libertad, pero si renunciamos a la seguridad
difícilmente seremos libres. Un caso extremo sería el de los Estados
fallidos.


El Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, en su título
IV, define Europa como un espacio de libertad, seguridad y justicia. Y,
dentro de este título IV, el artículo 61 dice:






La Unión constituye un
espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los
derechos fundamentales y de los sistemas y tradiciones jurídicas de los
Estados miembros. La Estrategia de seguridad europea establece una serie
de mecanismos de actuación conjunta para garantizar la seguridad de la
Unión, sin menoscabo de las competencias en seguridad interior y exterior
de los Estados miembros en ejercicio de su soberanía.


Señorías, en eso estamos, en ese debate, en ese debate
complementario de la Estrategia de seguridad de la Unión Europea dentro
del marco de España. Y, por eso, siguiendo lo que hizo en Grupo
Socialista, del que forman parte nuestras diputadas y diputados en el
Congreso, votaremos en contra de los vetos planteados a este proyecto de
ley.


Señorías, antes de finalizar mi intervención, quería hacer un
comentario y plantear una pregunta a la senadora Rivero, portavoz de
Convergència i d’Unió, que de alguna forma, ante lo que plantea el
proyecto de ley que estamos debatiendo, contraponía la voluntad perversa
del conjunto del Estado y del Gobierno central, del Gobierno de España a
la voluntad y garantía de libertad, que es la estrategia que se está
siguiendo en Cataluña por parte de los nacionalistas, de los
separatistas.


Mi pregunta, senadora Rivero, es sencilla. ¿Esa garantía de la
libertad del pueblo de Cataluña, ese respeto a esa capacidad de decisión,
les llevaría, en el caso de una hipotética, entre comillas, declaración
de independencia de Cataluña, a respetar la decisión libre de los
ciudadanos que en determinados territorios, hipotéticamente, en algunas
comarcas, pudiese haber sido mayoritario el voto no independentista? ¿O
es que hablar de que la soberanía nacional reside en el conjunto del
pueblo español es una imposición y hacerlo de que la soberanía reside en
el conjunto del pueblo de Cataluña es precisamente un dechado de
libertad? Me gustaría que me contestase a esa pregunta.


Gracias, señorías, gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, president.


En primer lugar, señor Sabaté, intentaré explicarme.


President, como no es sobre el proyecto de ley, ¿puedo expresarme
en catalán? (La señora Rivero Segalàs continúa su intervención en
catalán).


El señor PRESIDENTE: Senadora Rivero, no puede utilizar el
catalán.


La señora RIVERO SEGALÀS: Se lo he preguntado y no me ha dicho
que no.


El señor PRESIDENTE: No, no puede utilizar el catalán.


La señora RIVERO SEGALÀS: Muy bien. Discúlpenme. Pensaba que tras
mi consulta, el presidente había asentido. Discúlpenme. No tengo
inconveniente en hacerlo en castellano.


Sencillamente le decía al senador Sabaté —estaba más cómoda
hablándole en catalán, porque no tenía que ver directamente con mis
argumentos sobre este proyecto de ley—, ya que me ha interpelado,
que yo le responderé, aunque creo que este no es el momento para
interpelarme, porque su grupo parlamentario y mi grupo parlamentario
tienen una Cámara para estas cuestiones, para presentar interpelaciones,
realizar el control al Gobierno y plantear todas las dudas que tengan, y
se llama Parlament de Catalunya, y usted lo sabe.


Claro que hay una soberanía nacional y hay una soberanía del
pueblo catalán. El problema es que usted ya no entiende lo del pueblo
catalán y niegan la mayor. Ustedes niegan la mayor. Nosotros, de momento,
solo queremos hacer una consulta al pueblo de Cataluña para que decidan
sobre su futuro político. A partir de ahí, nosotros todavía no les hemos
dicho cómo lo tenemos que hacer. No nos queremos saltar nada. Estamos
apelando constantemente a un pacto en función de lo que decida un pueblo
—nosotros partimos del hecho de que cualquier pueblo puede
decidir— y para esto hay que poner las urnas. Podemos llevarnos la
sorpresa de poner las urnas y que salga el no, pero lo gestionaremos y
respetaremos. Ustedes se están avanzando, tienen miedo de que se consulte
a la gente y se sitúan en otros parámetros. Nosotros pensamos que el
pueblo de Cataluña es un pueblo soberano y tiene derecho a decidir. Y el
pueblo así lo pide, lo pide con manifestaciones. Si es un mandato
popular, el 90 % de los ayuntamientos también lo ha pedido. El 80 % del
Parlament está de acuerdo con el derecho a decidir. Cada año, más de 2
millones de personas salen a las calles para pedirlo. (Un señor senador
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¿Y qué?) ¿Y qué?
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


La señora RIVERO SEGALÀS: Pues nosotros vamos a poner las urnas
para que puedan expresar su voluntad. A partir de aquí, cogeremos el
camino político que decida el pueblo de Cataluña. (Rumores.— Un
señor senador: ¡Que decida España!).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


La señora RIVERO SEGALÀS: Y, preferiblemente, lo haremos con
pacto y entendiéndonos, si es posible, aunque ya vemos que es complicado.
Pero contestarle ahora a esto está restando tiempo de mi intervención,
así que cuando acabemos, si quiere, nos sentamos y continuamos hablando
de ello.


En cualquier caso, nosotros hemos dejado claro que creemos que
este proyecto no tiene ninguna oportunidad política. Nos reafirmamos en
los argumentos expuestos en nuestro veto. Es cierto, señor Ramírez, que
yo he venido a hablar de mi libro, porque este proyecto no se entiende
sin el resto de proyectos que estamos viendo a final de esta legislatura
y he intentado enmarcarlo y hacer una lectura política global de estos
proyectos, ya que uno nos va confirmando los temores del anterior. Como
digo, es cierto que he hablado de mi libro porque cuando nosotros
denunciamos estos proyectos, como argumento, ustedes nos hablaron del
suyo, y yo sencillamente he debatido sobre los argumentos que ustedes nos
dieron para hablar de estos proyectos.


Usted me dice que nosotros queremos dar lecciones acerca de la
ley y que hemos dicho que incumpliremos la ley. ¿Nosotros hemos
incumplido la ley? Yo no he dado lecciones a nadie. ¿Ustedes han cumplido
la disposición adicional tercera del Estatut? ¿Ustedes han cumplido la
Sentencia 70/2013, Programa de cooperación y voluntariado sociales con
cargo a la asignación tributaria del IRPF?; ¿la Sentencia 52/2013?; ¿la
Sentencia del Tribunal Constitucional 26/2013, respecto al desarrollo de
programas a favor de la integración de inmigrantes?; ¿la
Sentencia 21/2013?; ¿la Sentencia 245/2012?; ¿la Sentencia 227/2012?; ¿la
Sentencia 226/2012, relacionada con los servicios sociales?; ¿la
Sentencia 177/2012, sobre el régimen general de subvenciones de la
Secretaría General de Política Social y Consumo?; ¿la Sentencia 178?, y
así otras cuantas. Estos son hechos. Estas leyes y las sentencias
existen, por eso les pregunto. Ustedes nos dicen que cumplamos las leyes,
si quieren precedernos con el ejemplo empiecen a cumplir aquellas que les
quedan por cumplir.


No quiero dar lecciones a nadie. Yo vengo aquí a defender una
opción política, mis ideas y mi posicionamiento respecto al proyecto. Me
gustaría que tuvieran un poquito más de respeto, porque, cuando ustedes
hablan, yo no les interpelo ni les increpo desde mi escaño.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Antich.


El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señor presidente,
señorías.


Tal y como ya hizo en la Comisión Constitucional, el Grupo
Socialista va a votar en contra de los vetos que se han presentado al
presente proyecto de ley. Y lo va a hacer, en primer lugar, porque en su
momento el Grupo Socialista valoró positivamente la Estrategia de
seguridad nacional 2013, que significa ir en la misma dirección en la que
han ido países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o la misma Unión
Europea. La valoramos así porque mi grupo entiende que facilita las
respuestas a los nuevos riesgos y amenazas que afectan a los ciudadanos,
mejorando así la defensa de los derechos fundamentales, libertades y
bienestar.


En segundo lugar, porque, además, significa dar continuidad a los
trabajos realizados en la anterior legislatura sobre esta misma materia y
que, finalmente, no pudieron plasmarse en lo que tenía que ser la
Estrategia 2011. Y les puedo asegurar que todos los trabajos iban
dirigidos precisamente a dar respuestas a esta necesidad de una mejor
seguridad nacional y no a ningún problema territorial en concreto, como
se ha estado diciendo.


En tercer lugar, porque, tanto de la Estrategia para la seguridad
nacional 2013 como de los trabajos realizados en 2011 por el anterior
Gobierno, se derivaba la creación de una ley de las características del
proyecto de ley que hoy estamos debatiendo. De esto ya se habló en
el 2013, ya se presentó una Estrategia para la seguridad nacional 2013.
En aquellos momentos esta estrategia ya plasmaba la necesidad de que
hubiera un proyecto de ley que incorporara el fundamento orgánico
operativo y de funcionamiento de los recursos del Estado para defender la
seguridad nacional, y la verdad es que entonces no abrió el debate que
ahora parece que sí suscita. Es un proyecto de ley ordinaria, como dice
el Consejo de Estado, por ser organizativo y complementario de lo
establecido en la Ley Orgánica 4/1981 y en la legislación de la defensa
nacional, que el presente proyecto no modifica, y porque no significa la
suspensión de los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos.
El proyecto lo dice muy claro: no significa la suspensión de los derechos
fundamentales y libertades de los ciudadanos. El proyecto de ley impulsa
una política gubernamental permanente y demanda la coordinación de todos
los mecanismos y administraciones del Estado, entendiendo la seguridad
nacional como un concepto integrador de los ámbitos clásicos: defensa
nacional, seguridad pública, acción exterior y protección civil, así como
de nuevos ámbitos transversales, entre otros, la ciberseguridad, la
seguridad marítima, la seguridad económica, etcétera.


En cuarto lugar, porque el Grupo Socialista ha mantenido siempre
en materia de seguridad la posición de hacer el mayor el esfuerzo para
llegar a un acuerdo, por ser un tema básico, como ya he dicho, para la
defensa de los derechos fundamentales, libertades y el bienestar de las
personas; postura que también hemos mantenido en este proyecto.


Y en quinto lugar, porque de una forma u otra en la tramitación
en el Congreso se aceptaron nuestras enmiendas —y creemos que
mejoran el proyecto en temas clave—, lo cual hizo que allí diéramos
nuestro apoyo al proyecto de ley que estamos debatiendo.


Las enmiendas no lo resuelven todo, pero sí creemos que mejoran
el proyecto inicial en temas clave; entre otros, se refuerza el papel a
jugar por las comunidades autónomas, se da mayor precisión al objetivo
esencial de la política de seguridad nacional —que no es otra que
la defensa de los derechos fundamentales, libertades y bienestar de los
ciudadanos—, se fijan mejor los límites de las facultades del
proyecto de ley, se marca la diferencia entre situaciones de interés para
la seguridad y las denominadas anomalías constitucionales, se ofrece una
mayor precisión sobre figuras como la gestión de crisis, la situación de
interés para la seguridad nacional y la denominada aportación de recursos
y se refuerza, además, la concepción de la política de la seguridad
nacional como una política gubernamental permanente.


En este sentido, valoramos positivamente que, de los instrumentos
de coordinación inicialmente existentes y las nuevas incorporaciones
durante su tramitación, el proyecto de ley finalmente prevea una
conferencia sectorial entre las comunidades autónomas y el Gobierno en
torno a la seguridad nacional y una comisión bilateral Congreso-Senado;
la participación en el Consejo de Seguridad Nacional de aquellas
comunidades autónomas que vean afectadas sus competencias; la
participación de las comunidades autónomas en la elaboración de los
catálogos de recursos; la obligación de coordinarse con las comunidades
autónomas para establecer cauces que fomenten la colaboración con el
sector privado y la sociedad civil, para la declaración de recursos de
interés para la seguridad nacional, para organizar la contribución y
adscripción de recursos a la seguridad nacional, para desarrollar la
figura de la gestión de crisis y para desarrollar reglamentariamente la
regulación de los órganos de coordinación y apoyo del departamento de
seguridad nacional, así como de los mecanismos de enlace y coordinación
permanente del sistema de seguridad nacional.


Sin perjuicio de que estemos ante una competencia estatal
—la defensa nacional o la defensa del Estado—, es lógico que
exista una gran coordinación con las comunidades autónomas, ya que en sus
territorios mantienen competencias relacionadas con esta materia y,
además, porque el proyecto de ley prevé la aportación de recursos, que
aunque en nuestro ordenamiento no es una novedad —la aportación de
recursos ya existe en la legislación de protección civil y en la de
defensa nacional— es evidente que necesita de un proceso lo más
claro y participativo posible. Y fundamental es también poner en práctica
lo que señala el propio proyecto —lo dice—,: todos estos
temas se tendrán que aplicar de forma gradual y proporcional.


En el trámite del Senado hemos presentado un conjunto de
enmiendas nuevas que, desde nuestro punto de vista, significan mejorar y
dar mayor claridad al texto que debatimos. Entre otros aspectos ayudan a
enmarcar las facultades que ofrece el presente proyecto de ley, a mejorar
la participación de las comunidades autónomas y entidades locales y
también a aumentar el control parlamentario. La declaración del Estado de
alarma, que es la situación inmediatamente superior a la declaración de
la situación de interés para la seguridad nacional, no necesita de la
aprobación de las Cortes, siendo, como digo, una declaración superior o
más grave que la declaración de la situación de interés para la seguridad
nacional. Se necesita la autorización del Congreso de los Diputados para
su prórroga, no para la declaración. Por lo tanto, lo que nosotros
pedimos es que, en el caso de la declaración de la situación de interés
para la seguridad nacional, como mínimo, exista un plazo fijado para que
el Gobierno dé cuenta a las Cortes de la evolución de la citada
situación.


Como decía, mantenemos una serie de enmiendas que hemos
presentado en el Senado; después las explicaré.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.


Señorías, decía el senador Iglesias que una ley de este tipo, que
trata temas como el de la seguridad nacional, provoca dudas. También
hacía alguna mención a la cultura de la seguridad. En cuanto a las dudas,
yo creo que en este Parlamento podemos tener muchas discrepancias, pero
todos sabemos que tenemos una democracia, que vivimos en un Estado social
y democrático de derecho y que los Gobiernos y Parlamentos legítimos y el
Estado legítimo se merecen un margen de confianza en el que no caben
tantas dudas. Por supuesto, caben matices y todas las aportaciones que a
sus señorías, cada uno desde su punto de vista y desde su ideología, les
parezca oportuno hacer.


Decía la señora Lima que le molestaba que le dijeran que no
pegaba. Yo no he dicho que no pega su aportación en la Ley de seguridad
nacional, digo que es otro tema, que no es exactamente lo mismo. Y es que
está usted hablando de derecho penal, pero no de seguridad nacional. Dice
usted que Estados Unidos nos gusta mucho. Yo qué sé, les gustará mucho a
algunos, a otros menos y a otros más. A mí me gusta, pero, en cualquier
caso, esa doctrina Hillary a la que usted ha hecho mención, que consideró
oportuno incluir en un texto legal cercano al de seguridad nacional que
hoy tratamos aquí algo sobre la protección de la mujer, me parece muy
bien. Me parece muy interesante para Estados Unidos pero aquí estamos en
Europa, estamos en España, y eso lo consideramos derecho penal, así se ha
considerado siempre. Me parece que existe una ley integral de violencia
de género. Me parece que incluso se ha ofrecido, por parte del Partido
Socialista, un pacto de Estado. Hay constantes aportaciones de todos y yo
creo que por ahí debemos seguir. Yo les invito a ustedes a que traigan a
esta Cámara parlamentaria las sugerencias, las propuestas, las
iniciativas, legislativas o no, que consideren oportunas. Pero, desde
luego, esta es una Ley de seguridad nacional que no trata estos temas a
los que usted, con todo su derecho, alude esta tarde.


El senador Bildarratz hacía referencia al contexto de oportunidad
ante las próximas elecciones catalanas y generales. Pero será cuando las
haya, señor Bildarratz. No están ni convocadas y llevamos hablando de las
elecciones generales desde abril o mayo, desde entonces estamos en un
contexto electoral. En una democracia siempre se está en un contexto
electoral.


Por otra parte, nos comparaba usted con Alemania y resaltaba una
virtud del funcionamiento de ese Estado federal. Habla de los länder y de
la lealtad. La lealtad, desde luego, es admirable y yo aspiro a que aquí,
en España, tengamos la misma o mejor lealtad. Y si no lo hemos logrado
tenemos que trabajar mucho en ello.


Señor Bildarratz, decía usted también que el Estatuto de Gernika
no se cumple en una parte. Yo no lo sé, no lo vivo día a día como usted,
como lo vive el Gobierno vasco o como lo vivirán las autoridades del
Estado, tanto de una parte como de otra, que tienen que velar por el
cumplimiento de la ley. Supongo que se cumplirá básicamente y, si no es
así, entiendo que tampoco afecta a la aprobación, esta tarde, de una ley
de seguridad nacional.


La señora Rivero ha hecho referencia a un tema y ha querido
apartarlo de aquí, porque se ha puesto a hablar en catalán, no sé si como
acto fallido para marginarnos a los demás. (Rumores). Yo entiendo
perfectamente el catalán, faltaría más, y en cualquier caso tengo
traductores. Como hacía alusión al señor Sabaté Borràs, le ha hablado en
catalán, se ha puesto mirando para allá y se ha dirigido solo a él, nada
más, y además le ha citado para continuar luego, aquí no. Creo que era
muy interesante lo que le preguntaba el señor Sabaté Borràs. Porque usted
niega la existencia del pueblo español, al menos como lo entiende la
Constitución, al menos como lo entendemos aquí, que es el pueblo español.
(Aplausos). Afirma usted la existencia del pueblo catalán, por cierto, no
como lo entiende la Constitución, sino como lo entienden usted y su grupo
político, y niega usted la existencia del pueblo de l’Empordà, por
ejemplo. Eso sí lo niega usted. Ese no existe, ese pueblo hará lo que
quiera el pueblo catalán y no lo que quiera el pueblo español.
(Aplausos). Señoría, su forma de pensar es muy singular; es singular y no
general.


Dice usted que representa al 90 %, que ahí están las
manifestaciones. Ahí están las urnas. Ya nos ha dicho el señor Mas que
las urnas, aunque no le den la mayoría, si le dan la mayoría de los
diputados, hará lo que le dé la gana. Pues muy bien, él se define muy
bien con esa actitud.


Señora Rivero, este es un tema de seguridad nacional. Estamos
ante un proyecto de ley de seguridad nacional que da respuesta a las
demandas expresadas por los agentes de la seguridad nacional, integrados
por las administraciones públicas, por el sector privado y por la
sociedad en general. Ante los actores y circunstancias que ponen en
peligro los niveles de seguridad, que se encuentran en constante
transformación, como no podía ser menos, y tal y como conviene a sus
fines, es responsabilidad de los poderes públicos dotarse de la
normativa, procedimientos y recursos que le permitan responder con
eficacia a los distintos desafíos a la seguridad. Entre estos desafíos,
señorías, que en ocasiones tienen una elevada complejidad y sobrepasan a
los tradicionales, como la defensa, la seguridad pública, la acción
exterior y la inteligencia, se encuentran también los relacionados con el
medioambiente, la energía, los transportes, el ciberespacio y la
estabilidad económica.


Como se pone de relieve en la memoria justificativa de este
proyecto, la oportunidad de la norma surge de la necesidad de articular a
modo de bóveda superior la visión amplia de los asuntos propios de la
seguridad nacional y de sus componentes fundamentales y ámbitos de
especial interés, los cuales se integrarán en el sistema de seguridad
nacional en los términos previstos en esta norma. Como decía usted, señor
Iglesias, se repite mucho lo de seguridad nacional.


Señorías, yo les anuncio el voto en contra de estos vetos porque
consideramos que el proyecto de ley que el Gobierno ha enviado a las
Cortes Generales es el que necesitamos en estos momentos, y además, señor
Bildarratz, es una ley ordinaria, como le decía al señor Antich, porque
así nos ha dicho que debe ser el Consejo de Estado.


Y me hago eco de una frase que se oía en una bancada, que no era
la del Grupo Popular, cuando intervenía la señora Rivero y ofrecía su
visión del poble català: ¡Que decida España! Yo creo que eso es lo que
dice la Constitución.


Gracias, señorías. Buenas tardes. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.









PROYECTO DE LEY DE CARRETERAS. (Votación)

621/000147

Fomento


El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos votando las
enmiendas del Proyecto de Ley de carreteras.


Votamos, en primer lugar, las enmiendas 175 y 176 de la senadora
Julios.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 70; en contra, 145;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del senador Iglesias.


En primer lugar, votamos las enmiendas 3 y 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 8; en contra, 204;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 7 a 10, y 16, 22 y 24.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 69; en contra, 144;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 1, 2, 13, 14, 20, 21 y 25.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 9; en contra, 207;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 5, 6, 11, 12, 15, 17 a 19 y 23.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 72; en contra, 145;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 26 y 27 de la senadora Domínguez.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 72; en contra, 144;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 28 del Grupo Parlamentario Vasco.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 75; en contra, 143;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa.


En primer lugar, votamos las enmiendas 38, 39, 45, 47 y 56.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 65; en contra, 144;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 29 a 37, 40 a 44, 46, 48 a 55, 57, 58 y 84
a 87.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 65; en contra, 144;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 59 a 62, 71, 72, 78, 79 y 83.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 6; en contra, 207;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 63 a 70, 73 a 77 y 80 a 82.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 68; en contra, 143;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i
d’Unió.


En primer lugar, votamos la enmienda 126.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 68; en contra, 149;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 160, 163 y 173.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 3; en contra, 213;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 127, 131, 142, 148, 150, 155, 164
y 166.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 68; en contra, 144;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 152, 159, 165, 169, 171 y 172.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 7; en contra, 204;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 125, 129, 130, 132 a 135, 137
a 141, 143, 147, 151, 153, 167, 168 y 170.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 218; a favor, 68; en contra, 144;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 128, 136, 144 a 146, 149, 154, 156
a 158, 161, 162 y 174.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 7; en contra, 208;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


En primer lugar, votamos las enmiendas 99, 100, 106, 108
y 122.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 219; a favor, 66; en contra, 140;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 91, 93 a 95, 97, 102, 107 y 120.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 71; en contra, 144;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 88, 92, 96, 98, 101, 103, 104, 105, 109
a 119, 121, 123 y 124.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 68; en contra, 142;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 222; a favor, 145; en contra, 74;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
Proyecto de Ley de carreteras. (Aplausos).









PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD NACIONAL.
(Continuación)


621/000152

Constitucional


El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación las
propuestas de veto del Proyecto de Ley de seguridad nacional.


La senadora Cunyat ha hecho uso de la votación telemática. Ha
votado a favor de todas las propuestas de veto.


Comenzamos votando la propuesta de veto número 1, del senador
Iglesias.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 219
más 1 voto telemático, 220; votos emitidos, 219 más 1 voto
telemático, 220; a favor, 16 más 1 voto telemático, 17; en contra, 202;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora
Capella.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223
más 1 voto telemático, 224; votos emitidos, 223 más 1 voto
telemático, 224; a favor, 15 más 1 voto telemático, 16; en contra, 207;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 5, de la senadora Lima.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222
más 1 voto telemático, 223; votos emitidos, 222 más 1 voto
telemático, 223; a favor, 15 más 1 voto telemático, 16; en
contra, 207.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y
Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223
más 1 voto telemático, 224; votos emitidos, 223 más 1 voto
telemático, 224; a favor, 16 más 1 voto telemático, 17; en
contra, 207.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario
Vasco.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223
más 1 voto telemático, 224; votos emitidos, 223 más 1 voto
telemático, 224; a favor, 15 más 1 voto telemático, 16; en
contra, 208.


El señor PRESIDENTE: Queda rechaza.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Convergència i d’Unió.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223
más 1 telemático, 224; votos emitidos, 223 más 1 telemático, 224; a
favor, 15 más 1 telemático, 16; en contra, 208.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de las
enmiendas.


En primer lugar, enmiendas de la senadora Lima, 55 a 57. Para su
defensa, tiene la palabra la senadora Lima.


La señora LIMA GOZÁLVEZ: Voy a realizar la defensa desde el
escaño.


Hemos presentado tres enmiendas. Para concluir, reitero que
exigimos que haya un mayor papel de los representantes políticos electos
y también reitero lo defendido en el veto anteriormente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.


El senador Iglesias ha presentado la enmienda 1. Para su defensa,
tiene la palabra el senador Iglesias. (Rumores).


Guarden silencio, señorías.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Señor presidente, haré la defensa
también desde el escaño, si me lo permite.


En nombre de Izquierda Unida planteo una única enmienda que a su
vez supone la pretensión de que se adicione una nueva disposición final
para que el Gobierno remita un proyecto de ley regulador de la seguridad
pública —que nos parece un término más ajustado— como
respuesta a los nuevos riesgos de la seguridad que sustituya a este
texto.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 21 a 38.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor BILDARRATZ SORRON: Señorías, en este turno de defensa de
las enmiendas, puesto que en comisión ya lo hice de una manera
singularizada, intentaré englobarlas en conceptos más genéricos para que
el debate o su respuesta pueda ser más fácil.


La primera enmienda clarifica los conceptos de seguridad y de
libertad. Hacemos una modificación que sugiere una mejora del texto
propuesto, y en ese sentido entenderíamos que se aceptara.


Después hay un bloque de enmiendas que pretenden introducir de
una manera más clara y contundente la idea de política exterior y de
seguridad común de la Unión Europea. La integración en la Unión Europea
hay que vivirla con cierta naturalidad porque debe haber una apuesta
seria, importante, rigurosa y trabajada para continuar el proceso de
integración. La seguridad nacional fuera de la Unión no tiene ningún
sentido. Además, los riesgos globales que antes he mencionado —la
nueva sociedad de los riesgos globales— pueden ser hasta
visualizados en un ámbito superior al europeo, y no hay más que ver las
consecuencias de la gestión de la crisis o de la situación de los
refugiados. Estas tres enmiendas mejoran el texto y entiendo que no
tienen mayor problema conceptual para que el Grupo mayoritario las pueda
aceptar; igual que puedo entender que hay determinadas cuestiones de
carácter político, como la relación de la Ertzainza con las fuerzas de
seguridad del Estado, también entiendo que estas enmiendas están
relacionadas con el ámbito de la Unión Europea y son importantes. Hay que
apostar por el proceso de integración en la Unión Europea.


Otro conjunto de enmiendas mejoran el proyecto clarificando el
papel que deben jugar las comunidades autónomas. En el debate mantenido
anteriormente con el senador Ramírez, del Grupo Popular, hablábamos de la
confianza necesaria que debiera haber entre las diferentes
administraciones, tanto del Estado como de las comunidades autónomas.


Hay una serie de enmiendas blancas, entre comillas, que no
cuestionan de ninguna manera la idea de España que ustedes o nosotros
podamos o no tener y que mejoran el texto, por ejemplo, la enmienda 25, o
que hacen un reconocimiento de la realidad de las comunidades autónomas
que disponen de cuerpos de policía propios. Hay enmiendas que hacen una
distinción clara entre comunidades autónomas que disponen de cuerpos de
policía propios y comunidades que no disponen de ellos. Es evidente que
la función, la aportación, la coordinación, la colaboración, todos los
calificativos que podamos poner, van a ser diferentes puesto que, repito,
unas comunidades sí disponen de esos cuerpos y otras no. Es importante
clarificarlo.


Mediante otra enmienda proponemos la supresión de la expresión
«cultura de seguridad nacional» porque entendemos que para que los
ciudadanos disfruten de la libertad, de la justicia, del bienestar, del
progreso, no es necesario el desarrollo de preceptos como el artículo 5
del proyecto que, en nuestra opinión, está totalmente ideologizado porque
la cultura nada tiene que ver con lo que pretende dicho artículo, que es
la socialización de la seguridad nacional.


En la enmienda 32 hacemos una defensa de las entidades locales,
que son las grandes olvidadas en este proyecto; solo se mencionan en el
preámbulo pero en el resto de la ley no hay ninguna otra referencia. Y se
podrían dar situaciones muy concretas en las que las entidades locales
pudieran jugar un papel muy importante, ya que son las administraciones
más cercanas al ciudadano, son las verdaderas antenas de la política
general y, por ello, se merecen un respeto institucional.


Para finalizar, presentamos un conjunto de enmiendas que intentan
clarificar conceptos que resultan excesivamente imprecisos. Ustedes
aceptaron en comisión el diagnóstico que realizamos los diferentes grupos
de la oposición calificando determinados conceptos de imprecisos, de
excesivamente genéricos. Si todos estamos de acuerdo en el diagnóstico,
tampoco es malo que intentemos concretar, que intentemos cerrar unos
conceptos que dejan el significado demasiado abierto y que pueden
acrecentar la desconfianza.


Esta ha sido la defensa de nuestras enmiendas. Las doy todas por
defendidas y, como he dicho al comienzo de mi intervención, lo único que
he hecho ha sido comentar los grandes bloques en los que se agrupan para
que el debate con el grupo mayoritario pueda ser mucho más sencillo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.


El Grupo Parlamentario de la Entesa ha presentado dos bloques de
enmiendas. En primer lugar, para la defensa de la enmienda número 20,
tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


En la intervención sobre el veto he manifestado las
insuficiencias del proyecto de ley que se presenta; insuficiencias a la
hora de concretar exactamente qué es seguridad nacional, insuficiencias
en relación con el papel de las Cortes, en relación con las comunidades
autónomas. Por tanto, la enmienda número 20 plantea que en un año el
Gobierno presente en el Congreso de los Diputados y en el Senado un
proyecto de racionalización del sistema de seguridad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


El segundo bloque corresponde a las enmiendas 47 a 54.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, como ya planteé en mi intervención en el turno de
portavoces sobre los vetos, los senadores socialistas de la Entesa
compartimos el espíritu y buena parte del contenido del proyecto de ley
que estamos debatiendo, en la medida en que ha sido negociado en el
Congreso de los Diputados y el Grupo Socialista, del que forman parte
nuestras diputadas y diputados, ha participado de una manera activa, a la
vez que es un proyecto de ley que responde a un planteamiento ya
formulado por el anterior Gobierno Socialista presidido por el señor
Rodríguez Zapatero. Pese a todo, es mejorable, y hay algunos aspectos que
convendría precisar de una manera más clara, sobre todo en lo que se
refiere al respeto a las competencias de las otras administraciones
públicas —comunidades autónomas y entes locales— y también a
aquello que afecta a las garantías de los derechos y las libertades de
los ciudadanos.


Por ello, en las enmiendas 47 y 48 proponemos que se reconozca
más explícitamente el carácter complejo del Estado y se respete la
distribución de competencias de las comunidades autónomas. En ningún caso
una situación de interés para la seguridad nacional puede comportar la
modificación de la distribución competencial entre las distintas
administraciones y tampoco puede comportar la suspensión de los derechos
fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.


En la enmienda 49 proponemos que se regule más específicamente la
participación de las comunidades autónomas en el Consejo de Seguridad
Nacional, así como de las administraciones locales afectadas.


Las enmiendas 50, 51 y 52, en coherencia con la enmienda 49,
defienden lo mismo.


En la enmienda 53 defendemos que la situación de interés para la
seguridad nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de
las distintas administraciones públicas. En ningún caso debe comportar la
suspensión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos,
ni tampoco debe afectar a la distribución competencial entre
administraciones.


Finalmente, en la enmienda 54 planteamos que el Gobierno
informará inmediatamente a las Cortes Generales ante una situación de
interés para la seguridad nacional. Entendemos que una cosa es que el
Gobierno y su presidente tengan competencia para declarar esa situación y
otra es el respeto al Parlamento y la necesidad de que este esté
informado y debata sobre la situación planteada. Y, en caso de prórroga
de la declaración inicial, el Gobierno deberá comparecer ante las Cortes
Generales en un plazo no superior a diez días.


Estas son nuestras enmiendas, señoras y señores senadores del
Grupo Popular, con las que mejoraría sustancialmente el proyecto de ley
que estamos debatiendo, eliminando suspicacias y recelos y dando mayores
garantías a los ciudadanos y a las distintas administraciones
públicas.


Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


El Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió ha
presentado las enmiendas 2 a 19.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.


Señorías, señor Ramírez, respecto a L’Empordà —otra
vez me han emplazado a contestar—, nosotros creemos en el derecho a
decidir de todo el mundo, de L’Empordà también. Y como supongo que
se inspiran en lo que pasó en Quebec, donde se permitía que alguna parte
pudiera manifestar su derecho a decidir y a estar o no estar donde
quisiera estar, yo les emplazo a que hagan ustedes lo mismo: déjennos
hacer un referéndum, pues primero tenemos que saber qué quiere la gente y
luego ya daremos respuesta a sus inquietudes.


Ha dicho usted que yo tenía el 90 %. Yo no tengo nada, señor
Ramírez. Yo le he dicho que en Cataluña hay un mandato de la gente, que
hay un 90 % de los ayuntamientos que la gente elige, que hay un 80 % del
Parlament con diferentes fuerzas políticas y que hay una contestación en
la calle que nosotros recogemos y entendemos como mandato. Yo no tengo
nada. Se empeñan en que vengo a aleccionar pero, como ya les he dicho, yo
no tengo nada, sencillamente esto. Creo que es injusto que me interpelen,
que me hagan preguntas —que he intentado contestar— pero que
no respondan a las preguntas que yo formulo respecto a cuándo piensan
ustedes cumplir con las sentencias que están incumplidas, empezando por
la adicional y acabando por la última que he podido enumerar en mi turno
de portavoces.


En cualquier caso, respecto a las enmiendas seré muy breve.
Intentaré dar una pincelada de las que recogemos, en la línea de lo que
ya hemos manifestado en el debate de nuestro veto. Por un lado,
reclamamos la participación del Estado autonómico en el proyecto; y, por
otro, proponemos una sustitución de la definición de seguridad nacional
que, a nuestro entender, es más acorde con lo que dice perseguir el
proyecto. También suprimirnos el concepto de defensa nacional, ya que la
defensa nacional se rige por su propia ley, la Ley Orgánica 5/2005, de 17
de noviembre, de la defensa nacional, que con su carácter orgánico puede
afectar a las libertades de las personas. También hemos presentado
enmiendas relativas a la existencia de un control parlamentario.
Básicamente, el grueso de nuestras enmiendas se enmarca en el ámbito de
la participación del Estado autonómico: como ya les he ido desglosando en
mi veto, en la participación en algunos de los órganos previstos a la
hora de tomar decisiones, y la necesidad de coordinación y colaboración
entre el Estado y aquellas comunidades autónomas que tienen competencias
al respecto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 39
a 46. Para su defensa, tiene la palabra el senador Antich.


El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.


Señorías, tal y como ya he dicho durante el debate de los vetos,
el Grupo Socialista reconoce que en el Congreso se hizo un buen trabajo
en cuanto a la mejora del proyecto de ley pero, así y todo, hemos
presentado toda una serie de enmiendas en el Senado, que básicamente van
dirigidas a reforzar algunos aspectos de este proyecto de ley.


En primer lugar, para que en el preámbulo de este proyecto quede
más clara cuál es la realidad de nuestra estructura de Estado y, de esta
forma, su naturaleza de Estado complejo, en el que existe una relevante
distribución competencial entre las comunidades autónomas y el Gobierno.
Creemos que es necesario que el preámbulo deje patente la naturaleza de
nuestra estructura de Estado, con el fin de que la interpretación del
texto del proyecto de ley esté ajustada a esta realidad. En segundo
lugar, para que en el mismo preámbulo, y también en el articulado de la
ley, mediante la modificación del artículo 23.3, se deje claro que la
presente norma no significará modificación de la distribución
competencial vigente, siendo su objeto únicamente coordinar los recursos
ordinarios existentes bajo una autoridad única de forma temporal,
gradual, proporcional y con la máxima participación de las instituciones
afectadas. Creemos que ante el recelo que genera la norma respecto a la
afectación a las competencias autonómicas es importante dejar claro que
la norma solo atribuye la facultad organizativa y no significa de ninguna
manera modificación competencial alguna. Por otra parte, también creemos
conveniente, a fin de ganar en coherencia, que un elemento tan definidor
de las facultades de la ley como es que no podrá implicar la suspensión
de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos,
debe figurar también en el preámbulo.


En primer lugar, creemos también que si la vigente Ley
Orgánica 4/1981, en el caso de los estados de alarma, excepción y sitio,
situaciones de rango más elevado que las del interés para la seguridad
nacional previstas en la presente ley, deja claro que no podrán
significar interrupción del normal funcionamiento de los poderes
constitucionales del Estado, parece lógico que se deje patente que la
declaración de las situaciones previstas en la presente ley tampoco
puedan suponer dicha interrupción.


En segundo lugar, con la intención de que tanto las comunidades
autónomas como las entidades locales afectadas, no solo por ver
comprometidas sus competencias —supuesto que ya figura en el
proyecto de ley— sino porque además, por ejemplo, vean implicado su
territorio en la declaración de una situación especial, formen parte del
Consejo de Seguridad Nacional y no solo exista la posibilidad de que
formen parte si son convocadas. Creemos que el hecho de que las
comunidades autónomas y entidades locales afectadas, en un sentido más
general, formen parte del Consejo de Seguridad Nacional refuerza la idea
de coordinación que formula el proyecto de ley.


En tercer lugar, proponemos una modificación del artículo 24.3,
para que el Senado, como Cámara de representación territorial, no quede
al margen respecto de la información del Gobierno sobre las medidas
adoptadas y su evolución en relación a la declaración de la situación de
interés para la seguridad nacional. En una norma que pide la coordinación
de todas las administraciones públicas y, sobre todo, la coordinación de
las comunidades autónomas, que incluso puede suponer que estas tengan que
aportar recursos, cómo puede ser que el operativo más importante que
propone esta norma, la declaración de la situación de interés para la
seguridad nacional, solo se tenga que informar en el Congreso de los
Diputados y no se dé cuenta en la Cámara territorial, en el Senado. Este
es uno de los temas que nos debieran preocupar, sobre todo si queremos
dar el papel que realmente le corresponde a esta Cámara.


Por otra parte, al tratarse la declaración de la situación de
interés para la seguridad nacional de una situación excepcional, debe
quedar claro que las prórrogas también darán lugar a la obligación
inmediata del Gobierno de informar a las Cortes Generales y que, en todo
caso, las informaciones sobre la evolución de la declaración de la
situación de interés para la seguridad nacional no podrán sobrepasar el
plazo de diez días, dada la singularidad y los efectos excepcionales de
una declaración de este tipo. Creemos que en este punto el texto queda
muy abierto, sin que se fije ningún plazo de referencia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.


En turno en contra, tiene la palabra senador Casero.


El señor CASERO ÁVILA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes,
señorías.


Subo a esta tribuna en nombre de mi grupo para defender el turno
en contra de las 57 enmiendas que el resto de grupos políticos han
presentado a este Proyecto de Ley se seguridad nacional.


Agradezco a los portavoces su voluntad de ser concisos y claros
porque el número de enmiendas no es muy extenso. La mayoría de ellas se
centran en reformar casi el mismo número de artículos y con la misma
filosofía, por lo que podré responder a casi todas de manera muy concreta
y también concisa.


El grueso de las enmiendas va destinado mayoritariamente a dejar
clara la separación entre las competencias del Estado y las de las
comunidades autónomas. Hay una cuestión evidente, que creo que ya señalé
en la comisión, pero que voy a repetir hasta la saciedad en este turno:
que la seguridad nacional no es una competencia compartida; la seguridad
nacional no es una competencia delegable; la seguridad nacional no es una
competencia que pueda tener otro ámbito de actuación, sino que es una
competencia propia de cualquier Estado, incluso diría que la primera.
Partiendo de ese punto de vista, podemos hablar de otras muchas
cuestiones, pero si tenemos claro que la competencia en seguridad
nacional es exclusiva y única del Estado, el resto del debate, aunque
pueda parecer redundante, sobra.


El hecho que esta no sea una ley orgánica y que no pueda estar
por encima de otras normativas garantiza todas esas cuestiones a las que
la mayoría de grupos hacen referencia en sus intervenciones.


Al no ser una ley orgánica sino ordinaria no puede contravenir
derechos fundamentales de los ciudadanos. Creo que eso queda
perfectamente claro en la ley, independientemente de que lo indique o no
en el preámbulo. Al no tener rango de ley orgánica —como ha dicho
mi compañero al portavoz del PNV— no puede contravenir derechos
fundamentales de los ciudadanos. Es una cuestión que fija el Consejo de
Estado en su informe. El Gobierno pretendió que fuera una ley orgánica,
pero la envió al Consejo de Estado y este indicó que al no regular normas
y derechos fundamentales, no consideraba necesario que se desarrollase a
través de una ley orgánica. Por lo tanto, creo que queda bastante
garantizado en la ley que no se pueden vulnerar los derechos
fundamentales de los ciudadanos en ningún caso ni la Administración
central se puede atribuir competencias puesto que no son propias de
regulación de una ley ordinaria, como la que estamos debatiendo aquí.


Algunos portavoces preguntaban también durante todo el debate de
esta iniciativa legislativa cómo se desarrollarían las relaciones entre
las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en tanto en
cuanto algunas comunidades autónomas tienen competencia en esta materia,
si se declarara el estado de seguridad nacional. Evidentemente, lo
regularían esas leyes orgánicas a las que ustedes han hecho referencia,
como el Estatuto de Gernika o el Estatut de Catalunya, que son los que se
aplicarían para la coordinación de esta normativa.


Una idea tiene que quedar clara y es que esta ley no está por
encima de la Constitución ni por encima de las leyes que pertenecen al
bloque constitucional. Otra cuestión es que ustedes piden en muchas de
sus enmiendas que, en los órganos de decisión o de desarrollo de esta
ley, como puede ser el Consejo de Seguridad Nacional, estén presentes las
comunidades autónomas y los ayuntamientos. En este sentido, en mi grupo
parlamentario y en el Gobierno entendemos que eso no sería favorable en
aras de la operatividad. Es una enmienda que presentan la mayoría de
grupos, pero los proponentes de esta ley entienden que si bien el
funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional prevé la posibilidad de
convocar a los entes afectados a la reunión en la que se tomen estas
decisiones, no deben formar parte directamente de él por una cuestión de
operatividad y de normalidad. Es necesario poder tomar decisiones con
rapidez, a las que, evidentemente, todas las instituciones públicas están
obligadas en un caso de seguridad nacional, porque todas las
administraciones públicas de este país están sometidas al imperio de la
ley suprema, que es la Constitución española. Y en cuanto a las
decisiones que se tomen en pos de una declaración de seguridad nacional,
habría que aplicar otras normativas superiores para poder desarrollarlas,
pero todas estarían sometidas, evidentemente, a esa ley que garantiza la
seguridad nacional.


Algunos portavoces, en este caso el del PNV, han hablado también
de la necesidad de que se aceptasen algunas enmiendas blancas. Hacía
referencia a la necesidad de recoger de manera explícita la integración
de esta normativa en el bloque de la Unión Europea. Evidentemente, esta
es una ley que emana de las propias directivas políticas que la Unión
Europea viene marcando desde al año 2003. Sin embargo, la ley quiere
tener un concepto más amplio que el de la Unión Europea porque no solo
habla de seguridad nacional con respecto a nuestro entorno más cercano,
como puede ser la Unión Europea, sino que también habla de colaboración
con otros organismos como la ONU, la OTAN, la OCDE. Es decir, que sería
quizá reduccionista circunscribirlo solo al ámbito de la Unión Europea,
en el que evidentemente, por propia lógica, se encuentra incardinada esta
normativa.


Algunas enmiendas defendidas por los portavoces —alguna de
CiU— hablan de la necesidad de que se cambie el concepto de defensa
por el concepto de seguridad. Nosotros entendemos que es necesario que
aparezca el concepto de defensa porque, en definitiva, la Ley de
seguridad nacional no solo tiene un carácter defensivo en el sentido
militar, sino que tiene un carácter de previsión y de afrontar los
riesgos y las nuevas amenazas que requieren los sistemas de defensa del
siglo XXI. Por lo tanto, no estimamos necesario que se retire, como han
dicho algunos portavoces, el término defensa y se cambie por el término
seguridad.


Yo creo que la participación de las comunidades autónomas está
garantizada. Se crea por primera vez una Conferencia sectorial de
seguridad nacional. La seguridad nacional es una cuestión que recae en el
Poder Ejecutivo, que es el primero que tiene que tomar esa decisión y
luego informar al Poder Legislativo, como así reconoce la propia
normativa.


Además, esta ley intenta coordinar y poner en valor todos los
efectivos del Estado español, de las comunidades autónomas, de las
administraciones locales y todos los entes que forman parte de él, no
solo los públicos sino también los privados. Algún portavoz ha preguntado
por qué se hacía referencia en la ley a los medios privados, y es porque,
evidentemente, también los medios de seguridad privados en nuestro país
estarían sujetos a esta ley si se declarara el estado de seguridad
nacional.


Por lo tanto, mi grupo parlamentario entiende que la ley resuelve
taxativamente todas las cuestiones que ustedes plantean en sus enmiendas.
No obstante, en el turno de portavoces espero poder responder algunas
otras preguntas que me han planteado.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Casero.


Pasamos al turno de portavoces. ¿Desea intervenir algún senador
en nombre del Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No hay
intervenciones.


¿Grupo Parlamentario Vasco? Tiene la palabra el señor
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo únicamente para finalizar el debate.


Cuando hoy hablamos de un concepto amplio como es el de lealtad,
nos podemos preguntar en qué consiste. Si hoy analizamos todos los
proyectos que estamos desarrollando, trabajando y tramitando desde las
nueve de la mañana, con todas sus enmiendas, vemos que las apoyadas y
aprobadas por el grupo mayoritario ha sido cero. Desde mi punto de vista,
en todos los grupos parlamentarios trabajamos mucho y hay rigor, por lo
que creo que alguna enmienda de todas en las que hemos trabajado habrá
tenido más o menos sentido.


Senador Casero, cuando le comentaba que había una serie de
enmiendas blancas y, por ejemplo, hacía alguna asociación de ideas con el
Tratado de Lisboa, entenderá que considero que nada tiene que ver la
relación que puede tener el Estado español con diferentes organismos
internacionales, como Naciones Unidas, con un tratado como el de Lisboa y
con los compromisos que requiere al Estado español. Creo que no hace
falta explicar que el Tratado de Lisboa ya determina la anulación de los
pilares europeos y desarrolla —y es una de sus grandes
innovaciones— una política exterior común. En este sentido, cuando
hemos lanzado una serie de enmiendas que no tienen mayor consecuencia
política que la de subrayar que estamos dentro de un ámbito europeo y que
la seguridad nacional también hay que verla desde esa perspectiva,
entenderá que tampoco tiene mayor o menor importancia que acepten o no
esas enmiendas, pero sí denota su actitud. Esa es la actitud que va
desarrollando y calificando los conceptos que antes le comentaba: el
trabajo conjunto y la lealtad. Así, no hemos conseguido que en ninguno de
los proyectos de ley en los que hemos trabajado, y en los que seguiremos
trabajando durante el día de hoy, hayan aprobado ninguna enmienda. Y eso
denota una actitud que es la del rodillo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Intervendré con brevedad, y desde el escaño, para lamentar
también que no hayamos podido alcanzar algún acuerdo en la medida en que
era un proyecto de ley que venía consensuado y que es manifiestamente
mejorable en algunos aspectos. Suscribimos su espíritu y buena parte de
la forma y, por ello, vamos a votar favorablemente, como ya hicimos en el
Congreso y como he anunciado pero, sin duda, se podrían haber precisado
mejor las garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos, así
como las garantías de respeto a las competencias de las otras
administraciones públicas, comunidades autónomas y entes locales, para
evitar precisamente suspicacias en relación con un posible mal uso de un
instrumento legal absolutamente necesario para garantizar precisamente
eso: la libertad, los derechos y, en definitiva, la seguridad de las
españolas y los españoles.


Por tanto, todos los esfuerzos que se pudieran hacer para que
esta ley cuente con el máximo consenso posible, incluso con los grupos
minoritarios, de modo que pueda perdurar en el tiempo, no serían
esfuerzos baladís. No ha sido posible y lo lamentamos.


En cualquier caso, reitero que el voto de los senadores
socialistas de la Entesa va a ser favorable al proyecto de ley.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.


A mi grupo parlamentario le gustaría poder decir que este
proyecto de ley ha sido consensuado con nosotros y aportar después
algunas mejoras, pero no ha sido así. No obstante, a pesar de nuestro
rechazo al proyecto hemos intentado aportar con nuestras 17 enmiendas
algunos conceptos que pensábamos que daban solución a la tan reclamada
participación de todas las administraciones en el proyecto y que, además,
no desvirtuaban el título del proyecto, pues estábamos de acuerdo con los
motivos que decían inspirar la ley. Sin embargo, es una pena que, a pesar
de que algunas de nuestras enmiendas no suponían ninguna desviación de
aquello que dice pretender alcanzar esta ley, el grupo mayoritario no
haya aceptado ninguna de ellas.


Por todo ello, avanzo que nuestro grupo votará en contra del
proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Antich.


El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.


Intervendré también muy brevemente, para lamentar que no se haya
podido llegar a un acuerdo sobre nuestras enmiendas, aunque me consta que
el senador Casero lo ha intentado; sin embargo, no ha sido posible.


Las enmiendas que habíamos propuesto, en su gran mayoría, daban
más claridad al proyecto de ley y más precisión a algunos conceptos que
en estos momentos, según se ha podido ver en el debate, crean ciertas
discrepancias.


Quisiera referirme, una vez más, al Senado. El hecho de que en el
principal operativo que propone esta ley, la declaración de situación de
interés para la seguridad nacional, se dé solo información al Congreso y
no al Senado, a pesar de que sabemos que esta declaración puede afectar a
las competencias de las comunidades autónomas e implicar que estas tengan
que aportar recursos, no nos parece adecuado. Además, un eje principal de
esta ley es la coordinación del Gobierno con todas administraciones, y de
forma especial con las comunidades autónomas, y dado que esta es la
Cámara territorial y de las comunidades autónomas, lo lógico sería que
esta información no se diera solo en el Congreso de los Diputados sino
también en el Senado. Señorías, hemos trabajado durante toda la
legislatura —también a través de un estudio— para intentar
mejorar y reforzar las funciones del Senado y no puede ser que después, a
través de algunas legislaciones, se deje al Senado como Cámara segundona
y sin importancia. En este sentido, lamento el hecho de que, una vez más,
se excluya al Senado de un tema que implica directamente a las
comunidades autónomas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Casero.


El señor CASERO ÁVILA: Gracias, presidente. Voy a ser muy
breve.


Quiero agradecer a los portavoces el tono utilizado en este turno
de portavoces. Lo cierto es que el debate de los vetos ha sido más
bronco.


Esta es una ley de un profundo calado político, pues aborda la
concepción de nuestro territorio y la interpretación de nuestra norma
suprema, la Constitución española.


Quiero agradecer la labor de los grupos parlamentarios
presentando esas 57 enmiendas. Sé que la intención de la inmensa mayoría
era mejorar el texto y recalcar algunas cuestiones que en nuestro grupo
entendemos que quedan claramente definidas en la norma. Esta es una ley
necesaria. Se ha dicho esta tarde aquí en muchas ocasiones que no lo era,
pero yo creo que es necesaria y propia de países avanzados. Se empezó a
desarrollar este término en la Unión Europea en el año 2003 y,
evidentemente, está provocada por los nuevos riesgos y amenazas que el
sistema de defensa y seguridad requiere de los países avanzados, propios
del mundo moderno. Además, la defensa no solo se entiende en un sentido
militar sino como defensa de valores y principios democráticos, que es la
que apoyamos todos los grupos que estamos sentados en esta Cámara.


En España, es el Gobierno de Zapatero, en el año 2008, el que
pone en marcha el proyecto de la estrategia de seguridad nacional, que es
lo que nos ha traído aquí. La propia conclusión del último informe del
año 2013 de estrategia nacional hace referencia a la necesidad de la
aprobación de una ley de seguridad nacional que regule y coordine la
disposición de todos los efectivos para enfrentar determinadas
características. Saben que los dos grupos mayoritarios con presencia en
esta Cámara y en el Congreso de los Diputados se pusieron de acuerdo para
impulsar y poner en marcha esta ley, que se reunieron con los portavoces
de todos los grupos con representación parlamentaria para que se llegara
a un acuerdo, pero esto no fue posible. En todo caso, la seguridad
nacional es una cuestión sobre la que se viene informando, de la que se
ha debatido y nunca ha habido informes ni argumentos en contra por parte
de las comunidades autónomas. Queda clarísimo que no vulnera ninguno de
los derechos fundamentales regulados por la Constitución y que los
estados de alarma, sitio y excepción que regula la norma suprema también
quedan excluidos de esta normativa.


Les he hablado de la necesidad de cooperación y entiendo que esa
es la reivindicación que la mayoría de los portavoces han hecho en su
intervención: la necesidad de que las diferentes administraciones
colaboren y cooperen para poner en marcha esta ley. En este sentido, les
diré que la cooperación es indispensable, pero que también es
indispensable la unidad de acción. Es decir, no se pueden tener 50 voces
en cuenta a la hora de tomar una decisión en materia de seguridad
nacional. Es necesario cooperar, pero tiene que haber una unidad de
acción. Por lo tanto, la seguridad del país —repito— no es
una competencia compartida sino que es una competencia exclusiva del
Estado y es la primera competencia que se arrogan los Estados en la
inmensa mayoría de democracias de nuestro entorno.


También se ha dicho aquí que sin seguridad no hay derechos ni
libertades y esa es una idea que también tenemos que tener muy clara.
Parece que cuando hablamos de este tipo de normas solo nos referimos a
represión de derechos y no es verdad. Repito, sin seguridad no hay
derechos ni libertades.


Creo que las comunidades autónomas y el resto de administraciones
que forman parte de la organización territorial del Estado van a estar
perfectamente representadas en la conferencia sectorial que se creará
sobre la materia de seguridad nacional que regula esta ley; y, además,
que las Cortes Generales —senador Antich, sabe que he peleado
porque se aceptara la enmienda relativa a la necesidad de informar al
Senado de estas cuestiones—, ambas Cámaras, quedarán representadas
con la constitución de esa comisión mixta Congreso-Senado en la que el
Gobierno tendrá que dar explicaciones en el caso de que se tuviera que
declarar ese estado de seguridad nacional, que esperemos nunca llegue a
producirse.


Les agradezco su trabajo y les pido además que voten
favorablemente a esta ley.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Casero.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a votar las enmiendas del Proyecto de Ley de
seguridad nacional. Comenzamos votando las enmiendas 55 a 57, de la
senadora Lima.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 6; en contra, 202;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del senador Iglesias, votamos la enmienda 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 217; a favor, 6; en contra, 204;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la enmienda 21.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 72; en contra, 144;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 22 y 23.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 217; a favor, 71; en contra, 145;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE:






Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 29 a 31, 35, 36 y 38.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 215; a favor, 14; en contra, 143;
abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 24 y 33.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 13; en contra, 203;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 27 y 37.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 217; a favor, 11; en contra, 203;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 32.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 11; en contra, 203;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 25, 26, 28 y 34.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 14; en contra, 203;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos la enmienda 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 6; en contra, 203;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 48.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 64; en contra, 144;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 47, 49, 50 a 51.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 61; en contra, 145;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 52, 53, y 54.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 64; en contra, 145;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, votamos
las enmiendas 3, 4, 15, 16 y 18.


(El señor Sabaté Borràs pide la palabra).


Se anula la votación.


Tiene la palabra el senador Sabatè.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Disculpe, pero debido a un error no hemos pedido votación
separada de las enmiendas 3, 4 y 15.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señoría.


Votamos entonces las enmiendas 3, 4 y 15.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 19; en contra, 146;
abstenciones, 53.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 16 y 18.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 13; en contra, 144;
abstenciones, 60.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 8; en contra, 144;
abstenciones, 66.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 16; en contra, 144;
abstenciones, 57.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 216; a favor, 10; en contra, 201;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 6, 8, 9, 13 y 19.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 14; en contra, 202;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 6; en contra, 150;
abstenciones, 62.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 11.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 11; en contra, 204;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 12.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 217; a favor, 11; en contra, 146;
abstenciones, 60.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 14.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 11; en contra, 206;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 17.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 217; a favor, 13; en contra, 147;
abstenciones, 57.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda 39.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 70; en contra, 144;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 40.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 61; en contra, 146;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 41, 44 y 45.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 60; en contra, 144;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 42, 43 y 46.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 63; en contra, 144;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 201; en contra, 15;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
Proyecto de Ley de seguridad nacional. (Aplausos).









PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PARA EL
ESTABLECIMIENTO DEL RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD PARA LOS
PROYECTOS DE LEY ORGÁNICA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA O DE SU
MODIFICACIÓN.


624/000004

Constitucional


El señor presidente da lectura al punto 7.1.7.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen tiene la
palabra el vicepresidente primero de la comisión, el senador Dimas
Cuevas. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).


El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, señor presidente.


Señorías, me cabe el repetido honor de haber sido designado para
presentar ante esta Cámara el dictamen de la Comisión Constitucional a la
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para el establecimiento del
recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica
de estatutos de autonomía o de su modificación.


Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de
los Diputados y publicado el 23 de julio de 2015. El plazo de
presentación de enmiendas concluyó el 4 de agosto de este mismo año. Se
han presentado 6 vetos y 9 enmiendas. Los vetos han sido presentados de
la siguiente manera: veto número 1, del señor Iglesias Fernández, del
Grupo Mixto; veto número 2, del Grupo Parlamentario Vasco; veto número 3,
de la señora Julios Reyes, del Grupo Mixto; veto número 4, de los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo de Entesa; veto número 5, de
la señora Capella i Farré, del Grupo Mixto; y veto número 6, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado.


Las enmiendas se distribuyen de la siguiente manera: enmiendas 1
y 2, del Grupo Vasco; enmienda 3, de la señora Julios Reyes, del Grupo
Mixto; enmiendas 4 y 5, del Grupo Entesa; enmiendas 6 a 8, del Grupo
Catalán en el Senado, y enmienda 9 del Grupo Socialista.


La comisión designó la ponencia el 16 de julio de 2015 y quedó
integrada por los senadores Antich Oliver, del Grupo Socialista;
Bildarratz Sorron, del Grupo Vasco; Martí Jufresa, de la Entesa; Navarro
Viscasillas, del Grupo Popular, Ramírez Rodríguez, del Grupo Popular;
Rivero Segalàs, de CiU; Rodríguez Esquerdo, del Grupo Socialista, y
Unamunzaga Osoro, del Grupo Mixto.


El 27 de agosto de 2015 se reunió la comisión y procedió a
dictaminar el proyecto de ley, sin introducir ningún cambio respecto del
texto que había sido remitido por el Congreso de los Diputados.


Por último, para su debate en el Pleno, se han formulado 9 votos
particulares: el voto particular número 1, del Grupo Socialista,
manteniendo la enmienda 9; el número 2, del Grupo Catalán, manteniendo
las enmiendas 6 a 8, así como su propuesta de veto; el número 3, de la
señora Capella i Farré del Grupo Mixto, manteniendo la propuesta de veto;
el número 4, del Grupo Mixto, manteniendo la propuesta de veto presentada
originariamente por el senador Iglesias Fernández, así como la enmienda 3
y la propuesta de veto presentada por la senadora Julios Reyes; el
número 5, del Grupo Vasco en el Senado, manteniendo su propuesta de veto;
el número 6, del Grupo Vasco, manteniendo las enmiendas 1 y 2; el voto
particular número 7, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, manteniendo la enmienda número 4; el número 8, del Grupo
Parlamentario Entesa, manteniendo la enmienda número 5, y el voto
particular número 9, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta,
del Grupo de Entesa, manteniendo su propuesta de veto.


Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta
ahora se ha llevado a cabo como paso previo al debate.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Pasamos al debate de las propuestas de veto. La propuesta de veto
número 1 está firmada por el senador Iglesias Fernández, que tiene la
palabra


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Si me lo permite, aprovecharé también para dar por defendido el
veto de la senadora Capella, no sea que luego se me olvide; por tanto,
queda defendido.


Entrando en la defensa del veto que he formulado en nombre de
Izquierda Unida, señorías, si fuéramos capaces de hacer abstracción y
descontextualizar completamente este proyecto de ley, podríamos
desarrollar el debate en términos prácticamente doctrinales, aun siendo
conscientes de la repercusión política que de él se deriva. Lo que ocurre
es que no es posible hacer esa abstracción, no es posible hacer esa
descontextualización porque estamos ante un proyecto de ley una vez más
reactivo; reactivo frente al conflicto territorial que se produce como
consecuencia del debate en torno al encaje de Cataluña en nuestro modelo
territorial y, una vez más, se apuesta por intentar buscar soluciones en
el ámbito jurisdiccional a un problema político, a un problema, insisto,
territorial; si quieren ustedes, el problema catalán; problema catalán
que, además, tuvo como detonante algo que es imposible desligar de esta
propuesta que ahora nos traen: la sentencia del Tribunal Constitucional
tras la aprobación del Estatuto de Cataluña, incluido el referéndum,
declarando la inconstitucionalidad de varios de sus preceptos.


La historia nos enseña, señorías, que no hay precedentes de que
las soluciones jurisdiccionales o jurídicas aplicadas a problemas
políticos, salvo que sean la plasmación de un acuerdo y un consenso,
resuelvan estos. Creo, sinceramente —y lo cree Izquierda
Unida— que tampoco va a ser útil para resolver esa cuestión este
proyecto de ley. Ni va a ser útil ni probablemente —y aquí entraré
en el ámbito del debate político doctrinal— sea constitucional,


La Constitución española en el título IX ordena a través del
Tribunal Constitucional un sistema de control legislativo a posteriori,
ajeno a todo control previo, con una excepción que la Constitución
establece porque así lo quiere. La Constitución quiere que solamente en
un caso haya un control previo: el caso del artículo 95, de los tratados
internacionales.


Siendo, por tanto, la pretensión de la modificación de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional una apuesta por exceder las
garantías constitucionales, ampliando el ámbito de intervención del
Tribunal Constitucional, no tiene otro fundamento que la ley orgánica que
lo regula, es decir, la ley que se pretende modificar, y como argumentaré
a continuación, en mi opinión, esa cobertura resulta insuficiente. Digo
que resulta insuficiente porque permite sembrar dudas sobre la
inconstitucionalidad; dudas, señorías, que no son nuevas; dudas que se
produjeron ya cuando se debatió la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional. En aquel momento los portavoces de la
oposición así lo manifestaron. El socialista Peces Barba calificó la
introducción de este recurso en la primera Ley del Tribunal
Constitucional como claramente inconstitucional, y el comunista Solé Tura
como un veto sobre la autoridad de las Cortes; dudas que cabe mantener
hoy.


El artículo 161.1.d) de la Constitución española permite aumentar
las materias de las que puede conocer el Tribunal Constitucional, pero no
permite la creación de nuevos y distintos procesos para su conocimiento.
Y eso es lo que hace esta modificación de la Ley Orgánica que traen
ustedes hoy aquí y someten a nuestra consideración.


Por eso, la Ley Orgánica 4/1985 derogó el capítulo II del título
VI, artículo 79, y en su preámbulo esta ley expresamente afirma que la
experiencia de la aplicación del recurso previo —cito
literalmente— ha venido a demostrar que este recurso previo se ha
configurado como un factor distorsionador de la pureza del sistema de
relación de los poderes.


Poco después, un prestigioso magistrado del Tribunal
Constitucional, que también se citaba en el debate de la última moción
que debatimos el martes, Rubio Llorente, manifestó que el recurso previo
operó en la práctica como un veto suspensivo, y amenazó con transformar
al Tribunal Constitucional, al menos ante los ojos de la opinión pública,
en una especie de tercera cámara política. Y esta reforma de nuevo viene
a trasladar a la sociedad española esa imagen.


Si ya es cuestionable —vuelvo a remitirme a lo manifestado
por quienes fueron ponentes en el debate y aprobación de la primera Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979— con carácter general,
que además se introduzca ahora exclusivamente para los estatutos de
autonomía, lo hace aún más cuestionable. La mayoría de los manuales de
derecho constitucional coinciden en que todo control a priori es
automática e inevitablemente un control político. Y hacerlo sobre un
estatuto de autonomía resulta aún más delicado en nuestro modelo
constitucional del Estado de las Autonomías, porque buena parte también
de la doctrina española coincide en que los estatutos de autonomía, como
leyes acordadas entre las comunidades autónomas y el Estado, forman parte
del bloque constitucional, a lo que debe añadirse que en la práctica el
recurso previo supone una alteración de los procesos de reforma de los
estatutos previstos en esta. Sí, en la práctica significa modificar el
contenido de los estatutos de autonomía que regulan sus propios
mecanismos de reforma, en tanto en cuanto esta ley introduce un nuevo
elemento, introduce un nuevo trámite ajeno a las comunidades
autónomas.


También en el debate doctrinal —y voy terminando— se
analiza que pudiera tener sentido, y tiene sentido, una propuesta como la
que ustedes nos traen en otros modelos de descentralización política, de
descentralización territorial, como es el modelo italiano, en el que está
previsto que así sea, pero porque los estatutos de autonomía de las
regiones de Italia no son aprobados por el Parlamento italiano y el
mecanismo de control de constitucionalidad se ejerce directamente, sin la
fase intermedia de la participación del Parlamento asturiano, perdón
—me pierde la tierra chica— del Parlamento italiano, por el
Tribunal Constitucional .


No es ese el caso de nuestro modelo, y por eso esta propuesta es
dudosamente constitucional, inoportuna, como respuesta judicial a un
problema político que, en un momento en el que se debería apostar por el
diálogo, añade más leña a un fuego desgraciadamente desatado de forma
generalizada.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


La propuesta de veto número 3 está firmada por la senadora Julios
Reyes. Tiene la palabra su señoría.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.


Coalición Canaria ha presentado también un veto a esta
proposición de ley porque entendemos que a estas alturas pretender
introducir un recurso que ya fue derogado en 1984 es sin duda un elemento
regresivo. Desde nuestro punto de vista es un retroceso jurídico y
político respecto de lo que debería haber sido un avance en la
interpretación de la Constitución española, que no se ha producido en
esta legislatura. Esta iniciativa es la culminación de todo un proceso
regresivo de la política del Gobierno actual del Partido Popular durante
esta legislatura, incluso del espíritu fundacional en el que se basó la
Constitución, obviamente, la democracia y el pluralismo político que le
es inherente, pero también de la realidad plurinacional de España; un
retroceso en todos los órdenes respecto a los avances conseguidos desde
la entrada en vigor de la Constitución. Podemos discrepar si estos
avances han sido o no suficientes, pero lo cierto es que esta iniciativa
representa un retroceso en el desarrollo del Estado descentralizado y
plural, que es el que apuntó la Constitución española.


Son muchas las reformas pendientes, lo comentaba el senador
Antich cuando hablaba del papel del Senado. En su momento se dibujó así.
Cuando se aprobó la Constitución no estaban aprobados los estatutos de
autonomía, pero si se aprobó que el Estado español fuera un Estado de las
Autonomías, y se dibujó un andar de dos Cámaras, una de ellas el Senado
que ocupara ese papel territorial. Insisto, no solo es grave que no se
avance, más grave es que se retroceda.


No se ha avanzado, se ha retrocedido, señorías, en lo que debiera
haber sido el avance natural de un Estado basado en el Estado de las
Autonomías, y nos encontramos en una vuelta atrás hacia un modelo de
Estado recentralizado, que no fue el que los españoles votaron en la
Constitución española.


Desde nuestro punto de vista, esta iniciativa representa un
retroceso y no un avance en el diálogo, en el consenso, en la lealtad
institucional entre las diferentes partes del Estado. Señorías, no
olvidemos que en España, cuando hablamos del Estado, este lo conforman la
Administración central y las comunidades autónomas. Por lo tanto, el
avance lógico hubiera sido el diálogo y el consenso entre las diferentes
partes de la Administración del Estado, y no la confrontación entre las
diferentes partes de la Administración del Estado. Por eso digo que esta
legislatura ha generado una confrontación y un retroceso, cuando debía
haber sido todo lo contrario, sobre todo ante la difícil situación social
y económica que se está viviendo en España y en Europa, ya que deberíamos
haberla afrontado sobre la base de la cohesión, del diálogo y de la
solidaridad.


Esta iniciativa es la culminación de una forma de hacer política
que ha tenido el Gobierno en esta legislatura, apoyado por el Partido
Popular; es la culminación de un proceso que nos ha llevado a una mayor
descohesión social y a una mayor descohesión territorial en España. Desde
nuestro punto de vista, no se ha producido un avance, sino un retroceso
en la forma de resolver los conflictos políticos. Hubo un avance
importante en nuestra transición que culminó con la Constitución. Fue una
forma madura de afrontar el modo de hacer política en este país
—afortunadamente después de la dictadura—. Pero, señorías,
solo se pueden resolver los conflictos políticos buscando soluciones
políticas, no soluciones jurídicas, que es lo que pretende esta
iniciativa; eso es un retroceso en la forma de entender y de convivir
desde las diferentes opciones políticas.


Señorías, esta forma de entender España y de ejercer el poder
desde el Gobierno de España, que culmina en esta iniciativa, desde
nuestro punto de vista es de una gran torpeza política; y pretender
resolver los problemas políticos con imposiciones políticas o represivas,
más que una torpeza es algo que yo tacharía incluso de peligroso, porque
los problemas se enquistan, los problemas se pudren y las posturas se
radicalizan.


En este sentido, señorías, defendemos el veto que hemos
presentado. Entendemos que esta iniciativa de ninguna manera puede
resolver la frustración política que ocasionó la declaración de
inconstitucionalidad de gran parte del Estatuto catalán. No se resuelve
con esto ni tampoco se resuelve la frustración que hay en otros muchos
territorios de España, en otras muchas comunidades autónomas, y pongo
como ejemplo la frustración padecida en Canarias cuando hace dos
legislaturas que aprobamos una modificación del Estatuto de autonomía en
el Parlamento autonómico y todavía no ha visto la luz porque ha estado
bloqueado en el Congreso de los Diputados.


Señorías, insisto, también es de una gran frustración situaciones
como las que vivimos en Canarias, que siendo la última región de
ultramar, la única que tiene España —como tal se nos ha reconocido
en los tratados de la Unión Europea— todavía estamos esperando que
se reforme la Constitución y permita el encaje del hecho diferencial de
la realidad plurinacional que tenemos.


Señorías, insisto en que los problemas políticos se tienen que
resolver con soluciones políticas y no jurídicas. Las soluciones
políticas en este momento que estamos viviendo pasarían por una adecuada
interpretación de la Constitución entre todas las fuerzas políticas y los
representantes de todos los territorios, y si no ha lugar, pasaría por la
búsqueda de los consensos suficientes para modificar la Constitución y
para que tuviéramos cabida las diferentes realidades plurinacionales.


Señorías, esta iniciativa, desde nuestro punto de vista, más que
generar una solución va a generar un problema aun mayor. Los estatutos de
autonomía o sus reformas, antes de ser aprobados por las Cortes
Generales, han pasado por un proceso democrático, por un proceso de
debate y de consenso en el seno de los diferentes parlamentos y después
en el Congreso, en las Cortes Generales, que no olvidemos que es donde
radica la voluntad popular. Por mandato constitucional los poderes del
Estado lo que debieran hacer, a lo que están obligados, es preservar la
voluntad de las Cámaras que han decidido democráticamente un estatuto de
autonomía.


Cualquier modificación de los estatutos de autonomía que no tenga
su origen en la misma voluntad popular que los generó, desde luego que
propiciará más confrontación política en España. No es una solución
política propia de un Estado democrático avanzado la que se da con esta
iniciativa. Además, va a crear un nuevo problema, el de la confrontación
entre la legitimidad de la voluntad del pueblo, expresada en sus
representantes políticos en las cámaras legislativas, y las decisiones
del Tribunal Constitucional. Señorías, no es ese el camino para
profundizar en nuestra democracia; no es ese el camino.


Concluyo, señor presidente, haciendo mención a dos citas de dos
ponentes de la Constitución —está expuesto en el veto— que no
creo que sean reconocidos por sus planteamientos radicales: la primera,
la del señor Miguel Roca, que declaraba en una entrevista, precisamente
con motivo del 35 aniversario de la Constitución, que la cerrazón del
Tribunal Constitucional había acabado con ella. La segunda, la de don
Miguel Herrero de Miñón, que decía que la plurinacionalidad no constituye
amenaza alguna para la integridad de España porque es parte esencial de
su ser profundo, pero sí es un grave riesgo para dicha integridad el
desconocimiento de este rasgo constitutivo de su propia estructura. La
realidad suele vengarse con quien la ignora.


Señorías, yo no sé con quién se vengará la realidad, pero lo
cierto es que esta ley pretende dar soluciones a la España de 2015 con
herramientas de la España del siglo pasado. Eso, señorías, nos va a
afectar a todos los ciudadanos en España.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Julios.


La propuesta de veto número 5, firmada por la senadora Capella,
la entiendo defendida por el senador Iglesias.


La propuesta de veto número 4 está firmada por los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta. Para la defensa del veto tiene la
palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


El debate que tenemos hoy viene desde el mismo momento de la
aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es decir,
desde el año 1979. Desde entonces hasta ahora este ha sido un debate
recurrente, como el Guadiana: ha aparecido, se ha escondido; ha
aparecido, se ha escondido. Voy a leer algunas de las cuestiones que han
sido motivo de discusión, empezando por el mismo debate de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, donde ganó la posición del recurso
previo, pero hubo una fuerte oposición pidiendo su supresión.
Fundamentalmente hubo cuatro argumentos a favor de la supresión del
recurso previo. Uno fue el de la inconstitucionalidad por infringir el
sistema de control de constitucionalidad introducido en la Constitución,
que defendieron Martín Toval y Peces-Barba. Otro fue defendido por Solé
Tura y Peces-Barba porque se decía que no podía ser que se introdujera el
recurso previo ya que era un nuevo requisito en un proceso no previsto en
la Constitución. Hubo otra argumentación importantísima de Roca Junyent y
Solé Tura en el sentido de que el recurso previo iba a significar la
politización del Tribunal Constitucional. Finalmente, hubo otra enmienda
importante de Óscar Alzaga que, si bien no cuestionaba la
constitucionalidad, destacaba la disfuncionalidad.


Evidentemente, han pasado muchas cosas desde 1979, pero estos
cuatro elementos siguen hoy en pie. Los cuatro elementos importantes por
los cuales Solé Tura, Peces-Barba, Martín Toval y Roca Junyent creían que
el recurso previo de inconstitucionalidad no se debía producir siguen
vigentes.


Finalmente, en cuanto a algunos estudios e informes que se han
hecho sobre qué ha pasado, quiero leerles los inconvenientes y las
ventajas de introducir el recurso previo de inconstitucionalidad.


Primer inconveniente: la excepción que el control previo supone
respecto del principio general recogido en la Constitución, es decir, es
una excepción de lo que prevé la Constitución. El segundo inconveniente
es que esto supone un tipo de control en el procedimiento legislativo,
añadiéndose de facto un nuevo trámite a los exigidos en la Constitución,
es decir, una interferencia en el proceso legislativo. El tercer
inconveniente sería la mayor politización del Tribunal Constitucional que
lleva consigo este tipo de actuaciones, que obliga al Tribunal
Constitucional a desempeñar funciones que no le corresponden. Otro
inconveniente es que el recurso previo en absoluto zanjaba el recurso
posterior ordinario. Además, el recurso previo permite, en la medida en
que se suspende la ejecución de la ley, bloquear o impugnar leyes desde
la oposición. La gran ventaja del recurso previo es que se puede evitar
que un proyecto viciado inconstitucionalmente sea ley y provoque
problemas.


Por tanto, en relación con el recurso previo hay cinco o seis
inconvenientes y una razón importantísima.


En el año 1984 —insisto, en 1979 se introdujo el recurso
previo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional— se modifica
esto. Les voy a leer dos párrafos de la exposición de motivos de la
de 1984 y un párrafo de la presentación de esta modificación.


La Ley Orgánica 4/1985, en la que se eliminaba el recurso previo,
decía lo siguiente: «Efectivamente, el título IX de la Constitución
ordena, a través del Tribunal Constitucional, un sistema de control
legislativo a posteriori y de carácter no suspensivo, ajeno a todo
control previo, cuya aceptación, al exceder de las garantías
constitucionales, no tiene otro fundamento que la propia ley orgánica que
lo regula». El otro párrafo dice lo siguiente: «El Estado configurado en
la Constitución se fundamenta en un inmediato equilibrio de poderes que
se caracterizan por la demarcación estricta del ámbito de actuación
política y jurídica de cada uno de estos, sin interferencias que
desequilibren su relación armónica. Pero la configuración del recurso
previo de inconstitucionalidad puede suponer una grave fisura en este
equilibrado sistema de relaciones, con incidencia negativa del poder
legislativo y del Tribunal Constitucional». Este es el texto de la
exposición de motivos.


El primer párrafo de la propuesta de eliminación del recurso
previo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que presentó Sáez
de Cosculluela, decía: «Señor presidente, señoras y señores diputados,
quizás subo con ingenuidad a esta tribuna a defender una proposición de
ley que, por restablecer con claridad y restituir para las Cortes
Generales la plena capacidad decisoria en materia política y legislativa,
sin perjuicio naturalmente del control de constitucionalidad posterior,
no puede ser recibida sino positivamente por todos los miembros de esta
Cámara, que representamos la soberanía popular». ¿Qué les estoy diciendo?
Que en 1979 se introduce el recurso previo de inconstitucionalidad, que
en 1984 se modifica y que posteriormente sigue sin existir.


Entiendo perfectamente que haya posiciones de rechazo y de
asunción del recurso previo. Personalmente, a Jordi Guillot y a mí nos
mueve la ventaja de que no exista recurso previo por las razones
expuestas, porque no deja de ser una interferencia grave en el proceso
legislativo. Fíjense que la proposición de ley que nos plantean hoy
significa lo siguiente: una vez que las Cortes aprueban definitivamente
el estatuto de autonomía, se publica en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales y hay tres días para impugnarlo. Si se impugna, automáticamente
se suspende la ejecución de la ley y tarda seis meses. Es brutal. No hay
por qué suponer que una ley es inconstitucional, pero por el solo hecho
de presentar el recurso en esos tres días se suspende su ejecución y se
tarda seis meses. Además, no deja de ser una tercera Cámara, porque el
Tribunal Constitucional puede decir que no es inconstitucional y no pasa
nada, pero si declara que sí es inconstitucional, puede decir dos cosas:
supriman artículos o modifíquenlos. Se lo dice a las Cortes y no al
parlamento autonómico. Es decir, un estatuto nace en un parlamento
autonómico, pasa a las Cortes, va al Tribunal Constitucional y el
Tribunal Constitucional lo devuelve a las Cortes diciendo que lo
modifique. Imagínense, las Cortes modifican y hay otro grupo
parlamentario que no está de acuerdo con que esa modificación responda a
lo que el Tribunal Constitucional dice, y vuelve a presentar el recurso.
¿Cómo se vivirá en un parlamento autonómico que el texto del estatuto de
autonomía que ellos han confeccionado sea modificado por el
Constitucional y reescrito por las Cortes sin su participación? Esto es
un lío. Yo no creo que esto ayude y signifique mayor agilidad para que
los estatutos funcionen.


Por lo tanto, entiendo perfectamente que se pueda defender la
incorporación del recurso previo como elemento de agilidad, pero creo que
hay suficientes elementos para decir que sus costes son superiores a sus
ventajas. He pensado en el estatuto catalán, porque posiblemente esta
propuesta nace del conflicto catalán. Imaginemos que hubiera habido
recurso previo y que el Constitucional hubiera dicho lo que dijo y lo
devuelve a las Cortes. ¿Qué pasa? ¿Qué hubieran hecho las Cortes? Si
aceptan la modificación no creo que en Cataluña hubiera sido bien visto,
y si se modifica el estatuto en las Cortes sin hablar con el Parlamento
catalán para intentar que el Constitucional diga que sí, tampoco creo que
hubiera sido bien visto. Es un callejón absolutamente sin salida.


Sé que se puede decir que si no hay recurso previo, el recurso a
posteriori no es bueno. Fran Caamaño, que fue ministro de Justicia,
defiende —creo que Rubio Llorente también— una tesis que a mí
personalmente me gusta y que presentamos en nuestra enmienda. Esta tesis
se basa en que no hay recursos de inconstitucionalidad a texto globales
de estatuto. Alguien me puede preguntar: ¿Qué está diciendo usted, que no
hay un control constitucional? La respuesta es: hagamos control
constitucional cuando haya problemas y conflictos concretos entre las
competencias estatales y autonómicas. Es decir, que si el nuevo estatuto
catalán dice, por ejemplo, que el dominio marítimo público es de Cataluña
y eso no es así, un recurso al Constitucional sobre ese punto concreto.
En definitiva, la aprobación de los estatutos forma parte del bloque
constitucional. Y la pregunta es, ¿por qué razón la interpretación de
doce personas del Constitucional vale más que la interpretación de las
Cortes, del Senado y del Congreso? ¿Por qué razón? ¿Qué más legitimidad
tienen? Creo que la propuesta que hace el exministro Caamaño me parece
muy acertada, pero es una propuesta que deja abierto el camino a posibles
conflictos constitucionales, huye de los problemas que se pueden tener
con recursos a textos absolutamente estatutarios y, sobre todo, huye del
obstruccionismo. No soy ingenuo, y creo que ustedes tampoco, si pienso
que ante la aprobación de muchos estatutos, la posibilidad de presentar
un recurso que aplace durante seis meses su ejecución se puede producir
perfectamente, porque otras cosas más graves han ocurrido. Y no puede ser
que vaya al Congreso y al Senado y que una vez que haya desarrollado todo
este camino estemos pendientes de que este tribunal diga si es o no
constitucional. Es decir, es una tercera Cámara. No queremos tercera
Cámara, no queremos politización del Tribunal Constitucional. Insisto,
hay una vía que me parece inteligente, que es abrir puertas al conflicto
constitucional pero sin suspender definitivamente y sin dejar fuera a los
parlamentos autonómicos, porque son el origen de las nuevas legislaciones
estatutarias.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


La propuesta de veto número 2 está firmada por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado. Para su defensa tiene la palabra su
portavoz, el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.


Tal como hemos empezado la tarde, este debate también lo
introduzco dentro del contexto anunciado anteriormente: estamos viviendo
un cúmulo de proyectos de ley que tienen que desarrollarse durante dos
semanas y, además, estamos viviendo un periodo electoral.


Mi primera reflexión es que nos volvemos a encontrar con una
nueva proposición de ley que viene de la mano del Partido Popular, pero
esta vez, sorpresivamente, también viene de la mano del Partido
Socialista. Esto ocurre, además, el mismo día en que un destacado miembro
del Partido Socialista publica un artículo de opinión en La Razón, que
entre una serie de lindezas dice lo siguiente: El nacionalismo es una
suerte de baja pasión que contamina todo lo que toca; por supuesto,
también deja tocadas de muerte las palabras y su significado. Lo dice hoy
en La Razón un destacado miembro del Partido Socialista. Si quiere,
después le doy el artículo.


Asistimos en poco tiempo a dos reformas de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional y esto, cuando menos, denota improvisación. Dos
reformas en tan poco tiempo no es algo fácilmente entendible. Además, las
dos tienen los mismos objetivos, el primero, ser un aviso a navegantes, y
el segundo, mandar un mensaje: cuidado. Porque, si mal no recuerdo, el
Partido Socialista pidió al Partido Popular aprobar el recurso previo de
inconstitucionalidad antes de la aprobación del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha. Evidentemente, el Partido Popular no quiso. ¿Por qué
no quiso el Partido Popular reformar la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional previamente a la modificación del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha? Porque, señorías del Partido Socialista, el objetivo
de este recurso únicamente tiene dos ámbitos —principalmente
uno—: Cataluña y Euskadi. Ahí está el problema y el quid de la
cuestión.


Tal como se ha dicho anteriormente, con esta figura se introduce
la judicialización de la política y una modificación sustancial del
bicameralismo imperfecto, que se sustituye por un tricameralismo. Lo ha
dicho el portavoz Joan Saura, además del senador Iglesias: tenemos al
Congreso, tenemos al Senado y ahora tenemos al Tribunal Constitucional.
Voy a intentar justificar esta afirmación y complementar la aportación
interesante que han realizado los dos senadores antes citados. Analizando
los términos utilizados en la modificación del artículo 79 que establece
la proposición de ley, entendemos que existe una clara contradicción que
va en contra de la propia Constitución. Por una parte, se dice: Son
susceptibles de recurso de inconstitucionalidad los proyectos de estatuto
de autonomía. Entiendo que el que tiene capacidad legislativa no es el
Tribunal Constitucional, son las Cortes Generales. Y se supone que un
proyecto de ley es aquel que se puede modificar, y que quienes pueden
modificarlo única y exclusivamente son las Cortes Generales. Por otra
parte, para matizar esta afirmación de proyecto, dice: el recurso tendrá
por objeto la impugnación del texto definitivo. Esto supone una
contradictio in terminis, porque el proyecto de ley no es un texto
mutable, porque si es un texto definitivo ya es ley, aunque después
vengan la sanción y la publicación. Por tanto, si es ley, tenemos un
problema a la hora de definir esta proposición de ley.


La potestad legislativa se atribuye en exclusiva, tal y como
decíamos, a las Cortes Generales —artículo 66.2 y
artículo 91—. Sus decisiones, una vez sean definitivas, son leyes.
Terminado el último trámite legislativo en el Congreso o en el Senado, lo
que existe es una ley y no un simple proyecto; evidentemente, una ley que
carece de vigencia y eficacia jurídica, pero ley, no proyecto. Si el
Tribunal Constitucional entra en el debate de un proyecto de ley está
cometiendo una infracción constitucional; por eso estoy hablando de
tercera Cámara. El artículo 66.2 de la Constitución española atribuye en
exclusiva la potestad legislativa a las Cortes Generales. Por tanto,
están atribuyendo al Tribunal Constitucional un poder que la Constitución
no le arroga.


Señorías, independientemente de la distancia, independientemente
del escepticismo que la sociedad tenga respecto a sus representantes,
respecto a los miembros de las Cortes Generales, es evidente que al
Tribunal Constitucional no se le puede dar un papel legislativo.


Y además de todos estos argumentos jurídicos, señorías, el
momento político. Está claro que para aquellos que defienden que cuanto
peor, mejor, este es un buen momento; pero para aquellos que defendemos
que cuanto peor, peor, es evidente que es una mala situación.


Otra cuestión que merece una reflexión es que no es ninguna
casualidad que estemos debatiendo este proyecto de ley el día 10 de
septiembre, a dos días del comienzo de la campaña electoral catalana.
Durante estos días, cuando nos encontramos dentro de la campaña catalana,
estamos intuyendo el eje electoral de la tercera vía, protagonizado por
Felipe González. Por eso me gustaría contextualizar la acción de Felipe
González con la Ley Orgánica 4/1985, citada anteriormente. Voy a intentar
leer aquellos párrafos que hasta ahora no se han comentado, como, por
ejemplo, este que dice: Puede incidirse así, y de forma negativa, que el
ejercicio de la potestad legislativa que el artículo 66.2 de la
Constitución atribuye sin limitaciones a las Cortes Generales se ve
lanzado a una función que no responde al sistema de relación de poderes
que la Constitución establece. Es decir, en este momento nosotros no
estamos dando una serie de argumentos políticos, sino una serie de
argumentos jurídicos. Y me gustaría que en el turno en contra de los
vetos lo justificasen de una manera u otra. Y continúo: La eficacia del
artículo 79 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, puede tener difícil encaje en las previsiones del
artículo 91 de la Constitución, que señala un plazo determinado de
sanción real de las leyes aprobadas por las Cortes, sin prever plazos de
espera en los eventuales proyectos que han dejado de serlo para
transformarse en leyes, sin bien carentes todavía de sanción. Como saben
sus señorías, el artículo 91 de la Constitución española da un plazo
de 15 días para sancionar lo que ya son leyes; no tienen validez
jurídica, porque todavía les falta la sanción y la publicación, pero son
leyes. Ese es el argumento jurídico. A fin de cuentas, estamos hablando
de una ley orgánica que se utilizó en su momento. Ya me gustaría que
alguien intentase argumentar, de una manera u otra, por qué lo que antes
no estaba ajustado a derecho, ahora sí lo está.


Voy finalizando. Dije ayer y lo he dicho también hoy, que no
espero gran cosa del Partido Popular con esta proposición de ley, porque
dicen: no al Estado autonómico, no al título VIII de la Constitución, no
a la descentralización, no al estatuto de autonomía, no al derecho de la
gente a opinar, no a todo, no, no, no; o sea, todo aquello que tenga que
ver con el concepto de descentralización es no. Pero de aquellos que han
aprobado una ley orgánica del tenor de lo que ahora he leído,
evidentemente, sí espero otra cosa.


Última reflexión. Se deposita la confianza en el Tribunal
Constitucional, que es un tribunal de parte, de parte; ustedes quieren
que tengamos una absoluta confianza en el Tribunal Constitucional. ¿Pero
de verdad piensan ustedes que nosotros podemos poner nuestra confianza en
un Tribunal Constitucional presidido por una persona que pagaba cuotas
religiosamente al Partido Popular? En nuestra opinión, modificar para su
provecho la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en vísperas
electorales es del todo una irresponsabilidad. Aunque en estos momentos
se haga de la mano del Partido Socialista, para nosotros sigue siendo una
irresponsabilidad. Por eso ponemos a votación este veto y, evidentemente,
votaremos a favor del resto de vetos presentados por los diferentes
grupos.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bildarratz.


La propuesta de veto número 6 está firmada por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió. Para
su defensa, tiene la palabra la senadora señora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.


Señorías, empiezo la defensa del veto presentado por el Grupo de
Convergència i d’Unió con la sensación de que el debate en el que
vamos a participar respecto del recurso previo de inconstitucionalidad no
responde a una verdadera voluntad de desarrollar y mejorar los mecanismos
de control constitucional, no responde tanto a eso como a un acuerdo
entre PP y PSOE para enviar un mensaje al debate territorial. Lo que pasa
es que nosotros no entendemos el porqué, por qué ahora ni qué pretenden
exactamente. Eso sí, déjenme agradecerles que ustedes pongan sobre la
mesa y reconozcan un conflicto que en Cataluña ha sido denunciado una y
otra vez a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el
Estatut d’Autonomia de Catalunya, que plantea, como mínimo, una
confrontación de legitimidades entre la voluntad del pueblo de Cataluña y
la decisión del Tribunal Constitucional.


Señorías, cuando la voluntad democrática de un pueblo expresada
en las urnas es cuestionada por un tribunal, existe un conflicto. No lo
podemos negar, es un problema, es un punto de inflexión a partir del cual
ya nada puede volver a ser igual; eso queda evidenciado a estas
alturas.


A nuestro entender, esta proposición llega tarde y mal. Pensamos
que la propuesta es inútil —ya les he dicho que no entendemos ni
por qué ni por qué ahora—, no resuelve el hecho de que en la
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña —que fue refrendado
por la ciudadanía, tal y como ocurre con la Constitución— fuera
modificado por el Tribunal Constitucional, haciendo de él un estatuto
distinto al que la gente, los catalanes, aprobaron por referéndum.
Tampoco vemos que esto dé respuesta a casos posteriores, ya que el
recurso previo y la resolución que de él haga el Tribunal Constitucional
no garantizan la constitucionalidad del proyecto una vez ha sido
modificado por este recurso previo;






al contrario, un estatuto objeto de
ese recurso previo puede volver a ser —como ha explicado muy bien
el senador Saura— objeto de recurso de inconstitucionalidad, aquí
no existe el principio de efecto de cosa juzgada, con lo cual lo estamos
sometiendo a un doble control.


Los estatutos que son aprobados por el artículo 151 de la
Constitución —estatutos hacen todas las comunidades autónomas,
todas ellas, pero es evidente que hay diferentes canales— necesitan
la aprobación de un referéndum; estos estatutos deben ser refrendados
después de haber pasado el trámite parlamentario en las Cortes y en los
parlamentos autonómicos, son las únicas leyes orgánicas que tienen que
pasar este trámite por su naturaleza especial y, además, forman parte del
bloque de constitucionalidad, no se pueden equiparar a una norma
dispositiva con rango de ley. Señorías, a nuestro entender, no tiene
sentido someterlos a un control distinto del que sometemos a la
Constitución porque forman parte de ese bloque constitucional. Esto es
así, pero ustedes continúan empeñados en limitar competencias y el
autogobierno e intentan aplacar cualquier debate aplastándolo con su
mayoría absoluta y llevándolo al terreno de lo jurídico. Hacen un flaco
favor a la democracia participativa y representativa, hacen un flaco
favor a la política cuando hablan de diálogo y se atrincheran con la
brigada Aranzadi y judicializan la política; no debatimos, no discutimos
ideas, sencillamente, las llevan a los tribunales.


El Tribunal Constitucional —y esto no lo dice solo mi
grupo, no lo digo yo, hasta lo han reconocido algunas voces de su partido
últimamente aquí, en Madrid— debe despolitizarse, ustedes mismos
reconocen que es un tribunal altamente politizado, cuestionado por su
composición y la forma de elección de sus miembros, pero en este caso
concreto ustedes hacen de él una tercera cámara —ya lo han dicho
los senadores que me han precedido—: doce personas que sitúan por
encima del legislador, de los parlamentos autonómicos, del Congreso y del
Senado e, incluso, por encima del resultado de las urnas cuando estas han
sido convocadas —en este caso no lo pueden cuestionar— según
contempla la ley. Ustedes depositan su responsabilidad política en el
Tribunal Constitucional, porque no son capaces de afrontar las realidades
que tienen delante de ustedes con diálogo, buscando consenso y buscando
alguna vía para no llegar a la confrontación; de hecho, el portavoz del
Grupo Popular de la Comisión Constitucional del Congreso ha llegado a
decir hace poco que la reforma del Tribunal Constitucional forma parte de
su estrategia política.


En cualquier caso, pensamos que se debe admitir y practicar la
separación de poderes —lo hemos repetido continuamente—, si
no se hace así nos encontraremos hablando de una cosa que es muy distinta
de lo que queremos hablar, que es de democracia participativa. No se
puede judicializar la política ni esconder las reclamaciones
territoriales —están ahí, nacen de una interpretación del pacto
constitucional que nos habíamos dado, nacen de unas decisiones políticas
que han sido impecables en cuanto a legalidad y en cuanto a que podían
darse jurídicamente—, ha sido una irresponsabilidad política y eso
está puesto encima de la mesa; ustedes van modificando el pacto, durante
toda la legislatura ustedes han ido dando pellizcos al todo, niegan el
escenario y nos proponen una vuelta atrás, una recentralización
constante. A nuestro entender, esta proposición es un mal remedio, no
soluciona, no aporta, es una medida inútil que solo envía un mensaje de
inmovilismo, en el mejor de los casos, y de desenterrar viejas
herramientas de épocas donde no se confiaba en los parlamentos por su
incipiente creación. Ustedes dan un mensaje de desconfianza en los
parlamentos y, lo que es peor, de falta de respeto por los referéndums
legalmente realizados.


El debate territorial, especialmente en Cataluña, no es algo
nuevo, pero es cierto que tampoco se encuentra en la etapa donde se
respetaba el autogobierno que nos confería el Estatut antes de ser
cepillado. Someter la voluntad del pueblo a un tribunal ha hecho aparecer
algo nuevo en el debate: la defensa de la democracia y de la dignidad,
que pueden tener —pueden tener— recorrido legal tanto como lo
están teniendo social y político. Ustedes niegan esto porque no están
cómodos con nuevos escenarios; tienen que reaccionar políticamente a un
debate territorial que es político.


De las frustraciones políticas —declaración de
inconstitucionalidad del Estatut d’Autonomia de Catalunya— se
derivan situaciones políticas nuevas, situaciones que no cesan aunque no
sean atendidas; al contrario, si no se encuentra interlocutor, se
reafirman, se radicalizan. Sí, señorías. Quizá esto les vaya bien a
ustedes para poder desmontar el Estado de las Autonomías, y hablo de las
estructuras, porque los contenidos ya los han ido vaciando. Lo hemos
denunciado muchos grupos repetidamente durante la legislatura, les hemos
dicho que, si ustedes no creen en el Estado de las Autonomías, vengan y
propongan otra solución, hablémoslo, debatámoslo, pero no las vacíen, no
las maten de inanición, porque de momento es el marco que nos hemos dado.
(La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).


Ustedes deberían atender políticamente cuestiones de la realidad
actual como un Estado avanzado, descentralizado y plural, un Estado
moderno y europeo, como el que nosotros esperábamos tener después de
haber contribuido siempre a ello. Pero no, señorías: viejas herramientas
jurídicas y un Estado cada vez más recentralizado, y un Estado que habla
de diálogo pero que en la realidad practica la imposición no es un
interlocutor válido.


Por ello, encontramos que este proyecto de ley llega tarde y no
es oportuno, no va a aportar soluciones. Presentamos este veto y pedimos
al resto de los grupos que nos den su apoyo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, senadora
Rivero.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.


En la defensa del veto número 1, señor Iglesias Fernández, se ha
referido usted al hecho de que se pronunciase un tribunal después de
haberse expresado la soberanía popular, cuestión que se ha repetido a lo
largo de la tarde por parte de varios portavoces; también decía que el
Tribunal Constitucional se convertía en una tercera Cámara. Yo entiendo,
señoría, que sería una tercera Cámara si tuviese la iniciativa
legislativa, si tuviese la facultad de controlar la acción de Gobierno,
etcétera, algo que no se da; se da la posibilidad de modificar un texto,
pero nunca de crear uno nuevo. No es, por tanto, una tercera Cámara, no
es lo que se pretende, ni creo que en la práctica se dé esa situación en
absoluto.


Como usted sabe, estamos en un Estado de derecho, estamos
sometidos al imperio de la ley, todo está sometido al imperio de la ley.
La ley máxima que nos hemos dado es la Constitución y en ella se recoge
dónde reside la soberanía nacional porque es fruto de la soberanía
nacional, todo lo cual comprende una democracia impecable. Todas las
normas están sujetas a la Constitución y me parece que no viene a cuento
institucionalizar ni dudas ni errores, creo que no es para eso para lo
que estamos aquí mandatados. La Constitución nunca es un límite o una
cortapisa, es la mayor y más seria garantía democrática de un Estado de
derecho.


Señor Iglesias, nos hablaba de Rubio Llorente, de Peces-Barba y
de Solé Tura —los dos últimos ya fallecidos, que en paz
descansen— y nos contaba lo que ellos decían respecto a lo que
suponía la existencia de un recurso previo de constitucionalidad. Pero no
se referían a este, sino a un recurso previo de inconstitucionalidad para
las leyes orgánicas en general; repito, no para este recurso —que
se repondría de alguna manera—, que se refiere a los proyectos de
ley orgánica de estatutos de autonomía o a su modificación. Con lo cual
me parece que esos conceptos no son exactos como para aplicarlos a esta
proposición de ley orgánica, que trae otra cuestión, otra cuestión
absolutamente distinta.


Señor Iglesias, habla usted de lo bueno que sería que estas
normas no se pudieran recurrir, que no existiera este instrumento. ¿Pero
se imagina usted una comunidad de propietarios en la que cada planta
tuviera la facultad de modificar aquella parte de los estatutos que le
afecte? Creo que sería invivible, desde un punto de vista práctico sería
imposible. Si cada uno de nosotros, desde cualquier punto de nuestro
país, hiciéramos las modificaciones que considerásemos oportunas y, de
alguna manera, modificásemos Constitución, estaríamos haciendo una
Constitución incoherente. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


¿Es bloque constitucional? Claro que es bloque constitucional,
pero lo es cuando está sometido al control de la Constitución, cuando
podemos probar y garantizar que se adapta a nuestra Carta Magna, a
nuestra Constitución. Si no se adapta no es bloque constitucional, es un
bloque constitucional defectuoso.


En cuanto al veto del Grupo Parlamentario Vasco, es muy
interesante lo que ha dicho el senador Bildarratz con respecto a que se
trata del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de
ley orgánica de estatutos de autonomía, porque, efectivamente, la
proposición de ley habla del texto completo del proyecto de ley una vez
tramitado por Congreso y Senado; en ese momento es cuando puede ser
recurrido. Es ciertamente curioso, pero me parece que eso aclararía un
poco lo que usted decía en esta tribuna que debía aclararse.


Decía usted que no espera nada del PP, pues nosotros en el PP
esperamos muchísimo del PNV, lástima que no sea un amor correspondido. Sí
al estatuto de autonomía, sí al Capítulo VIII de la Constitución, sí a la
descentralización, sí a las autonomías, sí al Estado de derecho, señor
Bildarratz. Aunque usted no nos vea así, esa es nuestra respuesta
siempre. (Aplausos). Esa es nuestra respuesta.


Y decía también que hay una tercera vía que representa el señor
González. Pues me parece a mí que no, porque yo creo que las últimas
misivas del señor González son asumibles por esta parte derecha del
hemiciclo, por mi grupo. Incluso los que podíamos tener alguna duda
—primero la tuvieron en su partido algunos jefes, algunos líderes,
algunos varones— respecto a lo manifestado por Enric Juliana, en el
sentido de que el señor González decía que él era partidario de que
Cataluña fuera reconocida como nación, lo cierto es que el señor González
lo ha desmentido, ha dicho que él nunca dijo tal cosa. El señor Juliana
ha dicho que formaba parte de una pregunta, pero incluso la pregunta se
refiere a una realidad nacional y no a una nación, así que yo creo que
esa no es la tercera vía, o bien nosotros somos la tercera vía, con
Felipe González, no le quepa duda.


Señorías, respecto al veto número 3, de la señora Julios, nos
habla todo el tiempo de retroceso, todo el tiempo nos habla de
confrontación: confrontación política y confrontación entre las leyes y
la política, entre el derecho y la política. Señoría, no puede haber
confrontación entre el derecho y la política. ¿Para qué estamos aquí,
señoría, para qué estamos aquí? Aquí estamos para hacer el derecho desde
la política, no hay confrontación; por tanto, si algo chirría, si algo no
le gusta a usted, venga aquí y propóngalo, y si usted nos convence lo
aprobamos y verá usted como no hay confrontación. Ahora bien, señoría, lo
que no se puede decir es que la soberanía popular así vista puede
incumplir leyes. No, tenemos un procedimiento, tenemos una soberanía
popular que la ha elegido a usted, que la ha mandado para acá, ¿sabe
usted para qué? Para que aprobemos aquí la ley que ellos y todos tenemos
que cumplir. Ese es el procedimiento, es muy fácil, no hay ninguna
confrontación ni disquisición, no hay ningún problema, así que vamos a
hacer las cosas bien, porque no tiene ningún sentido. Yo respeto
muchísimo lo que usted ha dicho, pero me parece que hay una pequeña
confusión.


Decía usted una frase de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y
otra de Miquel Roca, que creo que forma parte ahora de un grupo que son
los amigos de Josep Antoni Duran i Lleida. Yo no sé si el Miquel Roca de
ahora mantiene la frase o no la mantiene, pero lo que sí sé es que don
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, un brillantísimo jurista, no dijo
esa frase cuando era padre de la patria, la ha dicho un poco después,
cuando ya estaba algo disgustado. Si cogemos una frase de don Miguel
Herrero en cada momento histórico se contradirían entre sí, así que no me
parece que sea la mejor frase que puede usted traer aquí.


El señor Saura, muy brillante y muy inteligente, como siempre en
sus intervenciones, nos ha puesto muchas pegas a este trámite. Ha hablado
de que es una excepción, que es un nuevo trámite... Un nuevo trámite, sí,
desde luego que sí, señor Saura, porque lo es. Mayor politización, no veo
por qué. Será tanta politización como queramos ver. El Tribunal
Constitucional estará más politizado o menos politizado —eso va por
barrios, cada uno tiene su opinión—; desde luego, sería deseable
que no estuviera politizado y yo entiendo que no lo está, pero, en
cualquier caso, no hay mayor politización porque se apruebe una ley
orgánica que reconozca este recurso previo de inconstitucionalidad.


Y, señor Saura, todas las frases de todos los autores que nos ha
traído usted están muy bien, pero todas se refieren a un recurso previo
que no es este que traemos hoy para aprobar, ninguna, ninguna se refiere
al mismo. Tiene usted que refrescar un poquito sus citas y traernos las
que se refieren a esta proposición.


La señora Capella —que no está hoy, estará en la
Diada— nos traía el veto número 5, en el que también hablaba del
bloque constitucional y de cómo los estatutos de autonomía se convertían
en norma jurídica tras su aprobación por el parlamento autonómico. Todo
eso está muy, pero lo único que debemos garantizar es que todos nos
acojamos a la Constitución, como nosotros mismos —todos—
hemos votado, como hemos decidido que todo se ajuste a la Constitución,
con lo cual un texto de este tipo también tiene que ajustarse a la
Constitución.


Señora Rivero, sinceramente, yo creo que no se prestó un buen
servicio ni a Cataluña ni al resto de España proponiéndose un texto
defectuosamente constitucional para someterlo a referéndum; yo creo que
no se le prestó un buen servicio desde las instituciones democráticas. Si
tenemos vigente el recurso previo de inconstitucionalidad, seguro que
vamos a atender mucho mejor las necesidades y los deseos de los
ciudadanos que, legítimamente, tienen que votar un estatuto que sea
legal. Y me remito a los hechos: no es que yo tilde de más o menos
inconstitucional el estatuto que aprobaron las Cortes Generales, sino que
me refiero a ese Estatut que fue modificado por el Tribunal
Constitucional.


Respecto a ese presunto doble control, al que también se ha
referido el señor Saura y me parece que también el señor Iglesias, voy a
decir lo mismo que dije en la comisión: que no parece probable que el
Tribunal Constitucional se revise a sí mismo a lo largo del trámite de
aprobación de un estatuto de autonomía; si el Tribunal Constitucional se
ha pronunciado ya en el recurso previo, no creo que después diga que lo
dijo o dejó entrever que era constitucional ahora no lo es.


Señorías, esta proposición se trae a estas Cortes Generales, al
Senado del Reino de España, para mejorar, para completar, para disponer
de mayores garantías constitucionales y democráticas. No es, ni está
previsto, para referenciar ni para dar lecciones sobre nada o sobre
nadie, ni respecto al Estatuto de Cataluña ni al de Castilla-La Mancha,
ni al presunto nuevo estatuto o modificado de Euskadi. La Constitución,
señorías, es el marco, estar en su seno nunca debe ser ni un
inconveniente ni un retroceso, todo lo contrario, la Constitución tiene
que ser una garantía para todos de igualdad, de libertad y de democracia,
y si no es así, lo estaremos haciendo mal, señorías. Creo que este es el
camino adecuado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Ramírez.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, compartirán el turno los
senadores Espinar e Iglesias. En primer lugar, tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Con toda cordialidad —porque además es cierto que es
imposible discutir con el portavoz del Grupo Popular—, pero
mantengo las razones fundamentales de las discrepancias.


Nos decía su señoría que el Tribunal Constitucional no puede ser
entendido nunca como una tercera Cámara. Pues le digo lo siguiente: la
función más relevante que tiene esta Cámara es la de formular vetos. Esa
facultad es la que se está concediendo con esta ley al Tribunal
Constitucional; previamente, antes de que el Senado pueda ejercer el
veto, lo va a poder ejercer el Tribunal Constitucional. ¡Figúrese su
señoría si es una tercera Cámara y de qué rango, de qué nivel!


Descalificaba las citas que traía del debate parlamentario en el
Congreso del año 1979, y yo creo que las descalifica sin mucho
fundamento, porque en aquel debate el señor Peces-Barba y el señor Solé
Tura no dijeron que no valiera, que no sirviera el recurso previo de
inconstitucionalidad salvo en los casos de estatutos de autonomía, sino
que decían: de todas las leyes orgánicas, incluidas los estatutos de
autonomía.


Cuando se hizo la reforma en el año 1985, el Grupo Socialista,
mayoritario en la Cámara, tampoco salvó de la desaparición del recurso de
inconstitucionalidad a la posibilidad de que se planteara con carácter
previo frente a los estatutos de autonomía —por eso a mí me cuesta
trabajo entender en este momento el cambio de posición del Partido
Socialista—. Porque además —lo intenté explicar antes y
seguramente no me salió bien—, si es cuestionable que quepa el
recurso previo frente a cualquier ley orgánica, más cuestionable es que
quepa frente a una ley orgánica que es estatuto de autonomía, que suma
dos legitimidades: la ley orgánica suma la legitimidad del Congreso y del
Senado, de las Cortes Generales; la ley orgánica/estatuto de autonomía a
esas legitimidades suma la legitimidad de la cámara autonómica en la que
se elaboró el proyecto. Por lo tanto, si hubiera que establecer una
excepción, la excepción debiera ser que en ningún caso en los supuestos
de estatutos de autonomía cupiera el recurso previo.


Yo creo que se ha sacado una conclusión equivocada de la
situación difícilmente digerible, es cierto, desde la perspectiva
jurídica y política que significó la sentencia del Constitucional en
torno al Estatut de Catalunya. Yo comparto que esa fue una situación de
difícil encaje desde cualquier perspectiva, pero sacar como conclusión
que para evitar eso lo que hay que hacer es aprobar esta proposición de
ley orgánica que ustedes nos plantean, entiendo que es un tremendo error
—error, inmenso error—.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Tiene la palabra el senador Espinar.


El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente.


Si me lo permiten, tengo entendido que ha sido la última
intervención del senador Iglesias en esta Cámara y quería pedir un
aplauso. (Aplausos).


Y aplaudido como se merece el senador Iglesias: «Ni una sentencia
constitucional ni ninguna ley pueden negar la realidad nacional catalana,
pero tampoco puede disolverse el Estado desde el marco legal. La crisis
actual requiere una solución política, necesariamente negociada». Esto lo
dice Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que, hasta donde yo tengo
entendido, no es precisamente un militante de Podemos, es el padre de la
Constitución que ustedes designaron.


La reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, que regula
el Tribunal Constitucional, que ustedes nos proponen hoy es una reforma
que está muy lejos de cumplir el objetivo para el cual ustedes la
presentan. Nosotros nos tememos que ustedes creen que con esta reforma
del Tribunal Constitucional protegen la Constitución, porque creen que
van a proteger la Constitución a golpe de decreto legislativo, a golpe de
imposición de un rodillo que es una mayoría en las Cámaras
parlamentarias, pero que ya no es una mayoría social, y qué va: lo que
ustedes están haciendo es dinamitar la Constitución del 78.


Desde la tribuna se ha reiterado que es una reforma que le
atribuye al Tribunal Constitucional una potestad por encima de la
voluntad popular, una potestad casi por encima de las cámaras
legislativas y una potestad por encima de la voluntad popular.


Eso sería grave en cualquier contexto político pero es mucho más
grave en un contexto como el que vive hoy el país. Porque hoy —lo
hemos dicho alguna vez en esta Cámara y no nos vamos a cansar de
repetirlo— hay una disociación entre la Constitución material y la
Constitución formal en este país. Lo que el texto constitucional dice
tiene poco que ver en ocasiones con la realidad social, tiene poco que
ver con el curso de los acontecimientos políticos, tiene poco que ver con
lo que la gente quiere, y eso hace que el texto constitucional tenga que
ser revisado, que los estatutos de autonomía tengan que ser
revisados.


Es un clamor que el encaje de Cataluña en España, tal cual está,
no sirve; es un clamor y lo vamos a ver mañana en la manifestación de la
Diada. En Podemos no queremos que Cataluña se vaya de España, lo hemos
dicho muchas veces, pero entendemos que su estrategia para que Cataluña
no se vaya de España está profundamente equivocada. Ustedes entienden que
Cataluña no se va a ir de España por sus narices, porque van a imponer a
los catalanes el modelo de España que ustedes quieren. Y esto no funciona
así.


Ustedes van estrechando cada vez más lo que cabe en la
Constitución española de 1978. Ustedes van estrechando cada vez más lo
que cabe en España, en ese modelo de España carpetovetónica del Partido
Popular. El otro día oíamos a una oradora en la tribuna que nos daba
clases de lo que era una familia normal, escuchamos a oradores que nos
dicen lo que son los españoles normales, y escuchamos a oradores que nos
dicen lo que tiene que ser España. Pero lo que pasa es que en ese
concepto de las personas normales, de las familias normales, de la España
normal, de lo que ustedes se creen que es España, cada vez cabe menos
gente y están ustedes echando a gente de España. Y la peor estrategia que
puede emplear quien quiera convencer a los catalanes de que se queden en
España es imponerles un modelo de España que no quieren, y lo han dicho
una vez tras otra.


Reconozcan y asuman que la Constitución española se puede tocar,
se puede alterar, que los estatutos de autonomía se pueden tocar y se
pueden alterar —hay algún senador que niega con la cabeza—.
No queda tan lejos cuando ustedes, por mandato de la señora Merkel,
reformaron en dos días el artículo 135 la Constitución española, pactando
con el Partido Socialista. La Constitución no es intocable, se puede
modificar, y es mejor modificarla, escuchando a la ciudadanía que a la
canciller alemana. De verdad, la Constitución pertenece mucho más a la
ciudadanía española que a la canciller alemana. Escuchen el clamor de
pueblos que ya no están a gusto en la arquitectura institucional de
Estado. Escuchen el clamor de pueblos que ya no están satisfechos con el
tipo de reconocimiento que se le da a sus realidades y pregúntenles,
dejen que el Estado pregunte a sus ciudadanos cuál es el modelo de
convivencia que quieren tener.


Tenemos una Constitución que está obsoleta en muchas materias, no
solo en esta, y debatiremos sobre esto por extenso; también está obsoleta
cuando dice que el mecanismo a través del cual se obtienen los derechos
sociales es el trabajo y buena parte de la población de este país no lo
tiene, más de la mitad de los jóvenes. Hay muchas cosas en las que la
Constitución española está obsoleta. Asúmanlo y sean valientes.


Manuela Carmena lleva diciendo desde que es alcaldesa de
Madrid… (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


El señor ESPINAR MERINO: Si es que tienen ustedes un problema con
lo de escuchar, y tienen ustedes un problema grave con escuchar a quienes
piensan diferente. Ustedes se deben de creer que la realidad se termina
en este hemiciclo, pero la realidad no se termina en este hemiciclo. La
realidad social de este país, cuando se sale del Parlamento, no cabe en
la idea de España que tienen ustedes; la idea de España que tienen
ustedes es una parte, pero no compone la totalidad de este país.


Como les decía, Manuela Carmena dice que gobernar es escuchar. Yo
a ustedes no les voy a pedir tanto, no les voy a pedir que entiendan el
Gobierno como lo entendemos nosotros, porque comprendo que hay formas
diversas de entenderlo; pero sí les pido que salgan de su
ensimismamiento, que dejen de pensar que España es solo la que concibe el
Partido Popular. Ustedes han estrechado tanto la Constitución española
de 1978 que a buena parte de la ciudadanía de este país se le queda
estrecha.


Tengan altura de miras y comprendan que un país no es el proyecto
de un partido. Tengan altura de miras y no hagan con el país lo que han
hecho con la Constitución: no hagan que España se le quede pequeña a
buena parte de los españoles. Estamos a tiempo de entendernos, y todavía
estamos a tiempo de reconstruir un proyecto de país de países en el que
quepa todo el mundo; pero eso se hace tendiendo puentes y no levantando
muros, y esta reforma del Tribunal Constitucional no aporta nada porque
en este país ya hay Estado de derecho e imperio de la ley y se cumplen
las sentencias del Tribunal Constitucional. No hacía falta esta reforma
para que eso sucediera, y es una reforma que en lugar de tender puentes
levanta muros. Tiendan puentes al entendimiento, entiendan que viven en
un país plural y salgan del ensimismamiento, de mirarse el ombligo y de
creerse que España es el país que ustedes ven cuando se miran al espejo,
porque España es una cosa mucho más compleja y la componemos mucha gente
que no nos parecemos en nada a ustedes, y tenemos derecho también a que
nuestro país nos reconozca.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Espinar.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra
el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, nos encontramos en una situación que comienza,
simplificando un poco, en 2006 con la reforma del Estatuto de Cataluña.
La reforma del Estatuto de Cataluña es fruto de un pacto: un pacto en el
Parlamento catalán, un pacto con los catalanes y un pacto y un debate que
se produjo en las Cortes Generales. En estos momentos nos encontramos,
también en Euskadi, con un debate. Como escuchamos en la interpelación al
señor Montoro, hay una ponencia de autogobierno cuya misión principal es
la de elaborar un nuevo estatuto. Evidentemente, lo primero que a
nosotros nos importa es obtener un acuerdo interno, un pacto, es un
sistema de pacto. Para ello tenemos un método, y ese método empieza con
escuchar, continúa con el diálogo, con la negociación, con el acuerdo y
termina con el referéndum.


Esa es la metodología que tenemos en el Parlamento vasco. ¿Y cuál
es la situación que se está dando? Que cuando el Parlamento vasco, a
propuesta del Partido Popular vasco, requiere del Gobierno español una
serie de informes, por ejemplo, se los niega aduciendo que está
requiriendo una serie de información que es competencia exclusiva del
Gobierno central; un informe sobre la situación de las transferencias y
competencias en el ámbito vasco. ¡Díganme sus señorías dónde está la
exclusividad del Gobierno español! Además, después de un año sin
contestar a la demanda realizada por el Parlamento vasco hubo que
requerirle para que se respondiera.


¿Qué se deduce de eso? ¿Qué demuestra eso? Una actitud de no
valorar el trabajo que se está haciendo, una actitud de no atender, una
actitud de no acuerdo; es decir, que cualquier trabajo que se vaya a
realizar —en este caso por el Parlamento vasco— va a poder
ser cuestionado por el grupo mayoritario.


Como les decía, lo importante de un estatuto de autonomía es el
pacto, es el pacto interno, sabiendo que después se necesita el pacto con
el resto del Estado; es decir, parlamentarios vascos, ciudadanos vascos,
participación ciudadana, Congreso, Senado, vale mucho menos que el
interés, que también es político, de 12 personas que conforman el
Tribunal Constitucional, con un valor mayor que todas aquellas personas
que han sido elegidas en las urnas, que han mostrado una actitud
política, que han querido trasladar esa política y esa voluntad política
y participada con la ciudadanía a un documento; y lo importante es que se
sepa adecuar esa necesidad de la ciudadanía a ese documento y al marco
del que todos nos hemos dotado.


¿Y cuál es el resultado de todas las intervenciones y
comportamientos que están teniendo ustedes a partir de 2006? ¿Cuál es el
resultado de todo? Conflicto, conflicto y conflicto. Es decir, en estos
momentos hay una gran preocupación por todo lo que está ocurriendo en
Cataluña y por todo lo que pueda ocurrir también en otras comunidades
autónomas. Pero los únicos responsables de la situación en la que nos
encontramos son ustedes, porque no han gestionado las necesidades que
tiene la ciudadanía y, sobre todo, no han querido conocer cuál es la
situación, cuál es la realidad que en estos momentos se da en la sociedad
catalana. Para conocer cuál es la realidad, cuál es la situación,
evidentemente no hay más que una manera: preguntar a la ciudadanía qué
quiere. Aquel que tiene miedo a preguntar lo que la ciudadanía quiere
evidentemente tiene que cuestionarse si la política es el elemento
importante de su vida o de su plan de vida de cara al futuro, porque lo
únicos que a nosotros nos da legitimidad, los únicos que nos dan a
nosotros credibilidad es la ciudadanía, es la sociedad. El no querer
conocer lo que está pasando es cerrar los ojos, es mirar hacia el otro
lado. En ese sentido nosotros no entendemos, tal como lo hemos planteado,
que el Tribunal Constitucional que, como hemos dicho, valoramos que actúe
de parte, quiera poder entrar en el debate parlamentario en cualquiera de
sus fases, porque cuando está diciendo que quiere entrar en el texto
definitivo del proyecto de ley, evidentemente ya está diciendo que quiere
entrar como tercera cámara, además con todas las contradicciones que
hemos aducido aquí, a las cuales todavía no se nos ha respondido. Ya
hemos comentado cómo en el preámbulo de la Ley 4/1985 se están aduciendo
una serie de argumentos, a los cuales no se ha respondido. Por ejemplo,
¿cómo se soluciona la contradicción que se produce con el artículo 91 o
con el plazo que tiene el Rey para poder sancionar la ley? ¿Cómo se
supera ese problema? Es evidente que, viendo todo ese tipo de preceptos,
la Constitución en ninguno de los casos está pensando en un recurso
previo de constitucionalidad, sino siempre en un recurso posterior.


Por todo lo aducido, nosotros seguimos pensando que hay que
apoyar nuestro veto y los vetos del resto de grupos y esperamos que por
el grupo mayoritario se nos aduzcan una serie de razones o de argumentos
que puedan contradecir lo que hasta ahora recogía la Ley 4/1985 y también
del Grupo Socialista, en base a qué razones jurídicas dan el cambio que
en esa ley orgánica ya está visto que dan.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
señor Martí Jufresa.


El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, nuestro grupo, en particular los senadores socialistas
catalanes, hacemos una valoración ampliamente positiva de la tramitación
de esta proposición de ley, básicamente por dos motivos, que expondré a
continuación, aunque antes me gustaría hacer algunas consideraciones
previas, al hilo del debate que estamos teniendo.


La primera —como se ha dicho aquí— es que solo se
está proponiendo volver al recurso previo para los estatutos de
autonomía, y no se suspende su ejecución, sino su ratificación por
referéndum por parte de aquellos que les corresponde; al contrario,
nosotros creemos que esto es una excepción con el conjunto de las leyes
orgánicas y que, por tanto, como tal caso singular merece la excepción de
que el recurso de constitucionalidad sea previo y no a posteriori.


Segunda consideración. Si no se aprueba esta modificación de la
ley, no habrá recurso previo. No es que no haya nada, es que se mantendrá
el recurso a posteriori; por tanto, estaremos como ahora.


Tercera consideración. Algunos de ustedes, señorías, parece que
consideran —algunos lo han dicho más explícitamente y otros más
implícitamente— que los estatutos de autonomía no se debieran
someter al control de constitucionalidad; no debieran ser interpretados
por el Tribunal Constitucional. Sinceramente, no entiendo cómo se puede
convivir en un Estado de derecho con esta situación. ¿Con el pacto
permanente y constante entre poderes, por lo tanto, descartando al tercer
poder del Estado de derecho, que es el que interpreta las normas en todos
los casos y también en la Constitución y frente a todas las leyes? ¿Cómo
se puede convivir con una doble legitimidad, una que emana de la
Constitución y la otra de los estatutos de autonomía? No consigo
entenderlo. Señorías, no consigo entender qué proponen todos los grupos
que han presentado veto. Todavía no he entendido qué proponen. ¿Que no
haya Tribunal Constitucional? ¿O que no haya Constitución? En algunas de
las intervenciones me ha parecido entender esto. Me gustaría saber qué
proponen a la situación actual de recurso a posteriori. Frente a las
modificaciones, reformas o aprobación de los estatutos de autonomía, ¿qué
proponen ustedes que hay que hacer? ¿Quedarse como estamos ahora? ¿Volver
al recurso previo? ¿Cambiar la Constitución?


Señorías, hechas estas consideraciones previas, me gustaría
volver a los dos motivos principales que hacen que los senadores
socialistas catalanes veamos ampliamente positiva esta reforma.


La primera es que subsana, a nuestro entender, una
disfuncionalidad democrática gravísima, precisamente la actual
tramitación de modificaciones de estatutos, que no garantiza que la
ciudadanía tenga la última palabra. Reponiendo el recurso previo de
inconstitucionalidad en estos casos, lo que hacemos es que lo que
sanciona el referéndum ciudadano ratificando el texto no tenga enmienda
sustantiva posterior. Estamos certificando que la soberanía reside
efectivamente en el pueblo, en este caso de manera directa. Nos parece
absolutamente lógico que el recurso previo, como he dicho antes, sea una
excepción por la naturaleza de la norma, que precisamente debe ser
ratificada en referéndum, no como el resto. Además, lo que hace es
concluir un proceso dándole su última garantía, como hace —las
senadoras y senadores catalanes lo saben perfectamente— el Consell
de Garanties Estatutàries de Catalunya, que, antes de que sea ley, revisa
la constitucionalidad y la adecuación al Estatuto de Cataluña de las
leyes que emanan del Parlamento de Cataluña, y que suspende por un tiempo
su ejecutividad hasta que le haya dado el visto bueno y, si dice lo
contrario, se modifican. Por tanto, este recurso previo es precisamente
la garantía de que un texto puede ir a referéndum sin que luego se
contradiga la decisión soberana popular. Además —se ha dicho
aquí—, con plazos perfectamente razonables: tres días para la
presentación, seis meses para la resolución.


Por tanto, a nuestro entender, esta proposición de ley no
representa ningún retroceso. Lo que nos parecía un retroceso es la
situación actual: contradecir la voluntad popular. Esto sí que nos
parecía un retroceso. Por consiguiente, creemos que es una mejora
objetiva del procedimiento democrático en un tema clave para la
estructura del Estado porque evita un choque de legitimidades entre el
Tribunal Constitucional y la soberanía popular, que cuestiona muy
seriamente la arquitectura política de nuestro país ya que es una
situación que los ciudadanos y ciudadanas no llegan a entender.


¿Cómo es posible que se someta a votación, a su última palabra, y
después se enmiende, se modifique y se diga que todo este trámite no ha
servido para nada? Por tanto, ante la evidencia de esta falla en nuestro
edificio democrático, creemos que había que reconducir la situación y es
lo que, a nuestro entender, hace esta proposición de ley.


Pero existe, señorías, un segundo motivo, que quiero subrayar
también en esta situación y es que esta proposición de ley es el
reconocimiento político de un error, de un error del Partido Popular, que
utilizó el recurso posterior de inconstitucionalidad irresponsablemente,
como arma estrictamente política contra el Estatuto de Cataluña. Votando
esta proposición de ley, el PP reconoce su error y lo celebramos.
Rectificar es de sabios, nunca se debió envenenar la situación política
con este recurso, nunca se debió pensar que todo vale para derribar a un
Gobierno, porque cuando alguien juega con fuego, todos acabamos quemados
y ahora tenemos meridianamente claro a qué se refiere esta expresión.


Esperamos que esta proposición de ley sea también simbólicamente
la expresión de que el Partido Popular ha aprendido la lección de lo que
significa transitar por las vías del enfrentamiento total —blanco o
negro, vencedores o vencidos— y del cortoplacismo político, que
pone en juego la esencia misma de nuestra democracia.






Esperamos que así
sea.


Señor Ramírez, el expresidente Felipe González apoya la reforma
federal de la Constitución española. Si usted apoya también la reforma
federal de la Constitución española —como ha parecido que apoyaba
todas las tesis del señor Felipe González— bienvenido sea el
Partido Popular a cambiar la Constitución. Junto con Podemos y el resto
de fuerzas sentémonos, cambiemos la Constitución y hagamos la reforma
federal que necesita España. Nos parecen, pues, como decía, dos motivos
de suficiente calado político, no solo para apoyar esta proposición de
ley en toda su dimensión, sino para pedir nosotros también, aunque no la
hayamos presentado directamente, al resto de los grupos que se sumen a su
aprobación.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.


Intervengo de una manera muy rápida. No voy a volver a repetir
mis argumentos. De hecho, nuestro grupo hace mucho tiempo que intenta
explicar la situación política de Cataluña; intenta contribuir a buscar
soluciones, pero no encuentra interlocutor, de momento. No volveré a
explicar el sentido del contenido del veto, porque creo que he dejado
claro todo lo que quería decir y dudo de que esta senadora pueda
convencer al Partido Popular para que se plantee lo que nosotros pensamos
que es un error a estas alturas. Pensamos que no es el momento y que no
aporta soluciones, más allá de plantearlo.


Lo único que quiero decir es que me mantengo en el contenido del
veto que hemos defendido y que voy a dar mi apoyo a todos los vetos
—algunos con matices—, desde ideologías muy distintas, pero
que han sabido coger mucho mejor que el grupo mayoritario el pulso y la
necesidad de dar soluciones al conflicto político territorial que en
estos momentos tenemos, que está ahí y que no se puede obviar; un
conflicto en el que, por parte del grupo mayoritario, por parte del PP,
de su candidato en Cataluña, hace poco, se nos contesta con : se ha
acabado la broma. Yo solo quiero dejar claro que esto no es una broma.
Nosotros no nos lo hemos tomado nunca como una broma, no tenemos ninguna
intención de soliviantar a nadie. Se nos acaban las salidas, no nos dan
oportunidad política, y entendemos que cuando la gente pide lo que pide,
y lo pide reiteradamente, como todos los buenos gobernantes intentamos
dar camino a sus peticiones.


Por eso, sencillamente, manifiesto mi voto a favor de todos los
vetos presentados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas noches, señorías.


Podemos decir que el Estado autonómico diseñado por la
Constitución ha funcionado razonablemente bien a lo largo de estos
treinta y cinco años. Ha permitido la creación y la consolidación del
Estado de las Autonomías y ha servido para la consolidación de derechos y
libertades y de los propios servicios públicos de este país. Creo que
podemos decir que hemos conseguido un Estado descentralizado, lógicamente
con sus luces y con sus sombras, sobre todo sombras en estos cuatro
últimos años. Sombras e insatisfacción que han llevado al Grupo
Socialista a pensar que debemos abordar, más pronto que tarde, reformas
que perfeccionen nuestro Estado autonómico y caminar hacia un Estado
federal, fundamentalmente para garantizar la convivencia desde el respeto
a la singularidad, a la cultura y a la lengua, y más que nada porque no
nos gusta la España que se está construyendo en los últimos años.


Señorías, los desafíos se ganan siempre con el diálogo y no
imponiendo el pensamiento único por la vía de urgencia. Decimos sí a las
reformas que sean necesarias, como la que hoy traemos a esta Cámara, y no
a las reformas innecesarias que acaben con la propia naturaleza del más
alto tribunal; sí reformas de cuestiones que nos garanticen nuevos
derechos, que reconozcan nuevas libertades y que fortalezcan la
convivencia en común, y no reformas que conviertan al Tribunal
Constitucional en un mero actor político o, como ha dicho el propio
profesor Rubio Llorente citado ya esta tarde, que echen sobre el Tribunal
Constitucional una carga política que terminará por aplastarlo.


Con el Tribunal Constitucional, señorías de la derecha, no se
puede jugar a ser desleal, unilateral e inoportuno. Al Tribunal
Constitucional ni ustedes ni nadie puede convertirlo en un ejecutor al
servicio del Gobierno para que tome medidas inútiles. Con el Tribunal
Constitucional, señorías, no se pueden cometer disparates. Por eso, los
socialistas consideramos que las reformas que se deben adoptar en el
ámbito de la constitucionalidad deben provocar mejoras, por ejemplo, en
la financiación autonómica, en el refuerzo del autogobierno o en la
mejora de los instrumentos de cooperación. Y todo esto, señorías de la
derecha, se tiene que hacer sin atropellar al Parlamento como ustedes van
a hacer próximamente, porque las prisas —y creo que se ha dicho hoy
por algún senador— nunca fueron buenas consejeras y además
normalmente traen malos resultados. Señorías, creo que todos deberíamos
compartir esto, porque creo que todos estamos de acuerdo si decimos que
en España hay dos principios sólidamente instaurados: el de legalidad y
el de jerarquía normativa. Y en nuestro país, como en los Estados
modernos, hay una cuestión que es meridiana: la cúspide del ordenamiento
jurídico la ocupa una norma que es la Constitución.


Por todo esto y por la profunda reflexión que el Grupo Socialista
ha realizado con este proyecto, apoyará el proyecto legislativo y no se
posicionará a favor de los vetos presentados.


Quiero hacer un comentario rápido al señor Bildarratz: lee usted
periódicos que no son muy buenos. Yo le daré otros artículos del señor
Tomás Gómez y ya verá cómo se aclara mucho mejor.


Como decía, los socialistas apoyamos y presentamos esta
iniciativa por dos razones tangibles, señorías: en primer lugar, por el
cúmulo de desatinos que surgieron en torno al Estatuto de Autonomía de
Cataluña y, en segundo lugar —lanzo esta pregunta a la
Cámara—, ¿alguien se cree que, si este proyecto no se aprobara, el
control constitucional sobre los estatutos de autonomía no iba a
continuar, no iba a existir? Evidentemente, iba a existir el control,
pero en los términos establecidos en la actualidad. Los socialistas
—lo decía el senador Martí— pensamos que el control
jurisdiccional es preferible y es mejor que sea ex ante y no ex post. De
ahí el apoyo al proyecto y nuestro posicionamiento con respecto a los
vetos.


Señorías, el Grupo Socialista no puede olvidar que en 1985 un
Gobierno socialista propuso la supresión del recurso de
inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía. Lo hizo en
aquellos momentos por el abusivo uso que se estaba haciendo y, a la par,
para suprimir un factor que distorsionaba la relación entre poderes. Los
socialistas no renegamos de aquello, pero hoy, treinta años después y
tras la desazón que nos creó a todos —creo que todos lo sufrimos y
lo tenemos en nuestra memoria—, el Grupo Socialista considera
oportuna la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los
socialistas la venimos reclamando desde el 6 de julio de 2013 con nuestra
declaración política de Granada. Lo hicimos entonces y lo hacemos ahora
porque la propia Constitución es la que establece en su título preliminar
y en su articulado, fundamentalmente en el artículo 9.3, que es nuestro
máximo texto legal el que garantiza la jerarquía normativa, el principio
de legalidad y la seguridad jurídica. Este es, señorías, un principio que
no admite ninguna excepción. Por eso, los socialistas reclamamos y
pretendemos que se respeten absolutamente la Constitución y el Tribunal
Constitucional. Y también la voluntad democrática de los ciudadanos de
todas las comunidades autónomas. Por ello la ley que hoy defendemos. Es
una propuesta democrática y positiva para nuestro sistema de justicia
constitucional, treinta y cinco años después.


No debemos olvidar que los estatutos de autonomía están sujetos a
la propia Constitución como garantía de estabilidad y del mantenimiento
de las propias estructuras jurídicas e institucionales del Estado. Por
tanto, el propio Tribunal Constitucional es el que debe y tiene que
ostentar el control de dicha constitucionalidad, y por eso no debe
deteriorarse. Se trata, por tanto, de garantizar un equilibrio entre la
legitimidad incuestionable de los estatutos de autonomía, como norma
básica de las comunidades autónomas, y el respeto evidente al propio
marco constitucional, como norma fundamental de nuestro ordenamiento
jurídico. Creemos que hoy, si se aprueba este proyecto de modificación
nos hará más eficaces en la defensa de los derechos fundamentales y de
las libertades públicas y, por tanto, seremos más ágiles en el control
constitucional y en la resolución de posibles conflictos. Porque no creo
que se les deba olvidar que hay estatutos de autonomía porque hay
Constitución, y que esta ley, esta reforma —se ha oído decir
aquí— no se plantea en ningún momento para judicializar cuestiones
políticas. Esta reforma no se plantea para convertir el Tribunal
Constitucional en una tercera Cámara, como se ha dicho. Esta reforma se
plantea, sobre todo, y en estos momentos, para vertebrar con mayor rigor
jurídico y mayor coherencia social el Estado, España, y, sobre todo, por
la necesidad de evitar en estos momentos posibles choques de
legitimidad.


La Constitución en su momento permitió, porque así lo quisieron
los españoles, dos vías de acceso a las autonomías y, por tanto, dos
formas diferentes de elaborar los estatutos de autonomía. Pero, una vez
constituidas las comunidades autónomas, y elaborados y aprobados los
estatutos de autonomía, todos tienen ya la misma naturaleza jurídica y
una norma, la Constitución, como norma suprema de nuestro ordenamiento
jurídico. No olvidemos, señorías, que no hay legitimidad sin
constitucionalidad. Por tanto, tampoco hay legitimidad estatutaria sin
constitucionalidad; pero sí habrá fricciones en nuestros principios
jurídicos institucionales sin constitucionalidad o con medidas que puedan
atropellar al Parlamento y al propio Tribunal Constitucional.


Por tanto, y a la vista del camino recorrido, el Grupo Socialista
considera necesario en estos momentos introducir nuevamente el recurso
previo de inconstitucionalidad tan solo para los estatutos de autonomía,
para garantizar, como señalaba antes, la especial legitimidad que tienen
los estatutos de autonomía como norma institucional básica y nuestro
máximo texto legal, la Constitución.


Hoy no estamos, creo, para más choques de legitimidades. Hoy
estamos para buscar equilibrios y simetrías entre la legitimidad
ciudadana de la voluntad popular y la legitimidad que tiene el propio
Tribunal Constitucional.


Para terminar, señor presidente, lo que pretende el Grupo
Parlamentario Socialista con el apoyo a este proyecto de ley es
fortalecer nuestro Estado de derecho; lo que pretende hoy es introducir
garantías y seguridad jurídica; lo que pretende es proteger la
Constitución como ley de leyes; lo que pretende el Grupo Parlamentario
Socialista hoy, y en un próximo futuro, es garantizar la unidad y, a la
par, garantizar la diversidad, proteger el autogobierno y hacer más
fuertes las autonomías. Porque la pluralidad no es ninguna amenaza y la
singularidad nos dota, además, de más libertad y más democracia. Por todo
ello, votaremos favorablemente la ley que va a modificar la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional para restablecer el recurso previo de
inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía y, por tanto, no
apoyaremos ninguno de los vetos presentados.


Para acabar, quiero decirles que creemos que las opiniones y las
convicciones diferentes se complementan entre sí y que, como señalaba al
comienzo, los desafíos se ganan con consensos y nunca con la
imposición.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.


Para finalizar, señorías, les diré que para el Grupo
Parlamentario Popular es muy satisfactorio que esta proposición de ley
orgánica que ha traído a esta Cámara vaya a tener, según parece, el apoyo
mayoritario.


Hoy, por una parte, se nos llamaba carpetovetónicos. Ayer se nos
decía que sacáramos el rosario de no sé dónde. Pues bien, señorías, la
mayoría de la Cámara, la que tiene la mayoría absoluta, no puede ser
carpetovetónica, porque carpetovetónica no es España y porque la mayoría
de nuestro país tampoco lo es. (Aplausos). Se nos ha dicho también que la
realidad no se acaba en este hemiciclo. Es cierto. Ni siquiera la
realidad es la que todos y cada uno de nosotros ve en el espejo. Es
cierto, esa no es toda la realidad. Y se nos ha dicho que dejemos de
pensar que España es no sé qué. Tampoco España es una acampada en la
Puerta del Sol. No lo es, señorías. (Aplausos).


Estamos aquí porque tenemos un mandato, porque tenemos algo que
hacer. Gobernar es escuchar, evidentemente. Decía el señor Bildarratz que
hay que tener en cuenta la participación ciudadana. Por supuesto que sí,
señor Bildarratz. Cada uno de nosotros tenemos que interpretar cuál es
esa voluntad popular y cumplir con el mandato que nos dieron. Y nosotros
cumplimos con el mandato que nos dieron, mayoritario, defendiendo eso que
creemos que representa la mayoría de la voluntad del pueblo español. Eso
es lo que hacemos aquí todos los días. Es muy fácil. Porque, claro,
viendo la votación del proyecto de ley anterior, de la Ley de seguridad
nacional, el cuadro de votaciones no se compadecía para nada con todo lo
que se ha dicho aquí. Parecía que esa mayoría abrumadora de senadores que
aprobaba ese proyecto de ley de seguridad nacional era también
carpetovetónica.


Señorías, hoy vamos a aprobar un instrumento que consideramos que
perfecciona, que mejora las posibilidades que tiene nuestro Estado para
dar un mejor servicio a la ciudadanía. Decía el señor Martí Jufresa que,
felizmente, el Partido Popular había reconocido un error. Pues mire
usted, no reconocemos un error. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que el
Estatuto catalán, siendo inconstitucional parcialmente como ya sabemos,
porque así lo dijo el Tribunal Constitucional, debería haberse quedado
así? ¿Eso es lo que está diciendo? Nosotros usamos los instrumentos de
que disponíamos. Repito que no estamos reconociendo ningún error, lo que
estamos haciendo es perfeccionar y tener mejores instrumentos para que
determinadas situaciones no se den. Eso no es reconocer ningún error,
señoría.


Y, por supuesto, no estamos con la reforma federal. Además, si un
día ustedes nos la explican, será de lujo (Aplausos), porque hasta ahora,
desde luego, no tenemos ni la más remota idea de lo que es, salvo ese
tratamiento asimétrico que ustedes parece ser que quieren dar a según qué
comunidad española. Y sabe usted que en su propio partido tiene mucha
contestación y no les gusta nada escuchar que Cataluña debe ser
reconocida como nación o que el Estado federal debe ser asimétrico. Eso
no se lo creen ni ustedes. Es terrible.


La señora Rivero se quejaba de la frase hecha que dijo nuestro
candidato, García Albiol, a president de la Generalitat catalana: Se
acabó la broma. Señoría, era una forma de hablar. Lo que significaba era
que el Grupo Parlamentario Popular reaccionaba y ponía un instrumento
legítimo y legal al servicio de lo que considera mejor para Cataluña y
mejor para España. Solamente eso.


Por otra parte, señor Rodríguez Esquerdo, le agradezco su
intervención y su respaldo a esta proposición de ley orgánica del Partido
Popular. Es curioso que haya hablado usted de otra ley. Ya que en esta
estamos de acuerdo, vamos a expresar el desacuerdo, que es a lo que
estamos mucho más acostumbrados. Está muy bien, pero en lo que ahora
estamos haciendo estamos de acuerdo. Bienvenido sea.


Nada más, señorías. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Ramírez.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, comenzamos votando las propuestas de veto de la
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley del Tribunal
Constitucional.


La senadora Cunyat ha hecho uso de la votación telemática y ha
votado sí a todos los vetos.


Empezamos con la votación de la propuesta de veto número 1, del
senador Iglesias.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 190
más 1 voto telemático, 191; votos emitidos, 190 más 1 voto
telemático, 191; a favor, 12 más 1 voto telemático, 13; en contra, 177;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3, de la senadora Julios.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 191
más 1 voto telemático, 192; votos emitidos, 190 más 1 voto
telemático, 191; a favor, 11 más 1 voto telemático, 12; en contra, 178;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 5, de la senadora
Capella.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 191
más 1 voto telemático, 192; votos emitidos, 191 más 1 voto
telemático, 192; a favor, 11 más 1 voto telemático, 12; en contra, 179;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y
Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 191
más 1 voto telemático, 192; votos emitidos, 191 más 1 voto
telemático, 192; a favor, 11 más 1 voto telemático, 12; en contra, 179;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario
Vasco.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 191
más 1 voto telemático, 192; votos emitidos, 191 más 1 voto
telemático, 192; a favor, 11 más 1 voto telemático, 12; en contra, 179;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo
Parlamentario de Convergència i d’Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 191
más 1 voto telemático, 192; votos emitidos, 191 más 1 voto
telemático, 192; a favor, 9 más 1 voto telemático, 10; en contra, 181;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las
enmiendas.


En primer lugar, debatimos la enmienda número 3, presentada por
la senadora Julios.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Yanguas.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Señor, presidente, la doy por
defendida.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.


El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas
números 1 y 2.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a defenderlas de manera muy breve, porque creo que ya no
vamos a añadir nada nuevo a lo ya dicho.


La primera enmienda es de sustitución, y lo único que pretende es
reflejar la filosofía del pacto, tanto interno como con el Estado, que
antes les he trasladado. Y en cuanto a la segunda enmienda, de
sustitución, entendemos que tienen que ser susceptibles de declaración de
inconstitucionalidad las leyes orgánicas, excepto los estatutos de
autonomía. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia).


Considero que no merece la pena trabajar mayores justificaciones.
En ese sentido defendidas nuestras enmiendas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Entesa pel Progrés de
Catalunya, tiene la palabra, en primer lugar, el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Solo tenemos una enmienda, que hace referencia a la imposibilidad
de presentar recursos de inconstitucionalidad a los estatutos y a que
sean los conflictos concretos de competencias los que puedan ir al
Constitucional.


Nada más.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra el senador Martí. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).


El señor MARTÍ JUFRESA: Doy nuestra enmienda por defendida, señor
presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


El Grupo Convergència i d?Unió ha presentado las enmiendas 6
a 8.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, president.


También las damos por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Y el Grupo Socialista ha presentado la enmienda 9.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Rodríguez
Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.


El Grupo Socialista presenta una enmienda a este proyecto de ley
tras un desatino que se produjo en el Congreso de los Diputados. Con ella
pretendemos que se redacte de nuevo el artículo diecinueve. Y la
planteamos, porque consideramos que hay cosas en el Tribunal
Constitucional que se deben cambiar, como, por ejemplo, la
incompatibilidad expresa de los magistrados del Tribunal Constitucional
de estar afiliados a partidos políticos, así como la obligación de dar
cuenta de dicha incompatibilidad en su comparecencia parlamentaria.


Los miembros del más alto tribunal no tienen que tener ningún
carné ni pertenecer a ningún partido. El Grupo Socialista entiende que
afiliarse a un partido es un derecho que no tiene que estigmatizar a
nadie, lógicamente, pero no vale hacer trampas en el solitario. Creo que
debe quedar claro que una cosa es estar afiliado antes de tomar posesión
como juzgador y otra muy distinta seguir afiliado cuando se toma posesión
y se está ejerciendo el cargo, y además se oculta al Parlamento. Los
socialistas creemos que ahora es el momento de arreglar esas cosas que se
hicieron mal o que no funcionaban bien y que, por tanto, se puede
cambiar, al ser el Tribunal Constitucional una institución básica del
Estado y del propio entramado institucional. Lo hemos expresado siempre
y, si no, recuerden lo que sucedió con el señor Pérez de los Cobos.


Por tanto, para cuidar más —si me permiten la
expresión— a nuestro Tribunal Constitucional presentamos esta
enmienda; como revisión o como arreglo. Y esperamos que el grupo
mayoritario de la derecha lo asuma, no solamente porque hay que serlo,
sino también porque hay que parecerlo. Y si con su absoluta mayoría no
aceptan esta enmienda siempre quedará una sombra de duda de posibles
intenciones o motivos. Creo que no tiene que volver a suceder lo ocurrido
con el señor Pérez de los Cobos, que incluso ocultó su militancia en el
Partido Popular y preside el Tribunal Constitucional, porque eso
sencillamente deja por los suelos la imparcialidad y la neutralidad que
debe tener un tribunal juzgador. Lo he intentado decir antes: la
imparcialidad, desde luego, no se demuestra ni se mide teniendo o no
teniendo carné de afiliación a un partido político. Pero, insisto, además
de serlo, hay que parecerlo, y por eso presentamos esta enmienda.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.


En turno en contra, tiene la palabra la senadora Navarro.


La señora NAVARRO VISCASILLAS: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.


Intentaré ser muy breve, porque ya manifesté mis argumentos de
rechazo de las enmiendas en comisión.


Antes de entrar en esos argumentos considero necesario recalcar
que esta iniciativa tiene un único objetivo, que no es otro que recuperar
el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía
y sus propuestas de reforma. En este sentido, como ustedes saben, el
alcance de esta reforma afecta únicamente a tres preceptos de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional: se modifica el artículo 2, se
modifica el artículo 10 y se añade un nuevo título VI bis y un nuevo
artículo 79, que se había quedado sin contenido tras la reforma de 1985.
Este nuevo título VI bis señala que el recurso tiene por objeto la
impugnación del texto definitivo del proyecto de estatuto o de la
propuesta de reforma de estatuto tras su tramitación en ambas Cámaras de
las Cortes Generales. El plazo de su interposición será muy breve
—de tres días—, y se incluye una importante novedad en la
resolución por parte del Tribunal Constitucional: esa resolución tiene
que ser en seis meses y se debe resolver con carácter preferente.
Reiteraré pues, de manera muy breve —como ya he dicho, los expuse
en comisión— los argumentos de rechazo de las nueve enmiendas.


Las enmiendas número 1 y 2, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado, la enmienda 3, de la senadora María del Mar del Pino Julios, así
como la enmienda 5, cuestionan la legitimidad del Tribunal Constitucional
para enjuiciar los estatutos de autonomía. Proponen la sustitución del
preámbulo, del artículo 2 y del artículo 27, con el único objeto de
excluir a los estatutos de autonomía de la declaración de
inconstitucionalidad. Pero es que, señorías, ya se ha dicho, y lo
reitero: ese control de constitucionalidad ya existe, y así está regulado
en el artículo 27.2 de la actual Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.


Un ejemplo que también se ha nombra aquí en varias ocasiones es
el recurso que interpuso el Grupo Popular contra la Ley Orgánica 6/2006,
de reforma del estatuto de autonomía. Además, es preciso señalar que es
curioso que ninguna de las partes en ese proceso, desde el año 2006, en
que se recurrió, hasta el 2010, en que se produjo la sentencia, ninguna,
alegara la legitimidad del Tribunal Constitucional para controlar los
estatutos de autonomía. Por tanto, no cuestionemos ahora la legitimidad
de este tribunal, ya que, se aprobase o no esta iniciativa, ese control
seguiría existiendo. Lo único que se propone es que ese control se haga
antes de la entrada en vigor del estatuto o su modificación, con el único
objetivo de dotar de una mayor seguridad jurídica al ordenamiento.


En cuanto a las enmiendas 6, 7 y 8, de CiU, pretenden mantener el
recurso de inconstitucionalidad para unas comunidades y excluirlo para
otras. Reitero lo que manifesté también en comisión: con estas enmiendas
se pretende diferenciar a las comunidades autónomas que accedieron a su
autonomía por la vía del artículo 143 y aquellas que accedieron por la
vía rápida del artículo 151. La única diferencia que existió fue la
distinta forma de acceso a la autonomía a través de los procedimientos de
aprobación de sus estatutos, pero el distinto procedimiento de acceso a
la autonomía no significa que el Estatuto de Autonomía de Cataluña no se
tenga que someter al control del Tribunal Constitucional y el Estatuto de
Autonomía de Aragón, sí. Eso es lo que proponen ustedes, señora Rivero,
en sus enmiendas. Hoy todos los estatutos son iguales, todos son norma
institucional básica de las comunidades autónomas y todos están sometidos
a la Constitución. Como también he explicado antes, todos en la misma
medida, sin distinción alguna, están sometidos al control del Tribunal
Constitucional.


Para terminar, me referiré a la enmienda 4, de la Entesa, y a la
número 9, del Grupo Socialista. Señor Rodríguez Esquerdo, como ya le
manifesté en la comisión, no entendemos que presenten ahora esta enmienda
en el Senado, cuando esta iniciativa viene de un acuerdo entre el Partido
Socialista y el Partido Popular y su contenido no es objeto de esta
iniciativa, con lo cual la vamos rechazar. Y lo vamos a hacer, además,
porque ustedes solicitan que se modifique el artículo 19 de la actual
ley, en el sentido de regular la incompatibilidad de los magistrados del
Tribunal Constitucional con la afiliación de partidos políticos, pero mi
grupo parlamentario entiende que el régimen de incompatibilidades
contemplado en el actual artículo 19 es lo suficientemente amplio para
garantizar la independencia de los miembros del tribunal. Además, hay que
señalar que el artículo 19 deriva del régimen de incompatibilidades que
se recoge en el artículo 159 de la Constitución.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Navarro.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Espinar.


El señor ESPINAR MERINO: Gracias, señor presidente.


Vamos a votar a favor de prácticamente todas las enmiendas.
Saludamos especialmente la número 9, del Grupo Socialista, que tiene que
ver con la independencia de los miembros del Tribunal Constitucional, por
entender que, como se ha repetido a lo largo del debate, el Tribunal
Constitucional se parece más a una tercera Cámara que a un tribunal
independiente. Es algo que le resulta evidente a cualquiera, y por eso,
repito, saludamos la enmienda del Grupo Socialista. Habríamos agradecido
que el Partido Socialista se hubiera aplicado el cuento antes, pero, en
todo caso, vamos a votar... (Rumores). No me griten. Lo podemos hablar
tranquilamente. Tienen ustedes ahora un turno. Lo discutimos. (Rumores).
No hace falta que nos demos voces de bancada a bancada, ni con ustedes ni
con los señores del Partido Popular. (Rumores). Y, ya que tenemos turno,
vamos a retomar la intervención del señor Ramírez para contestar a alguna
cosa.


Señor Ramírez, nosotros nos damos cuenta de que nos alude, aunque
no nos nombre. (Rumores). Le aseguro que aunque usted diga que está
contestando a los portavoces de Podemos no le va a salir erisipela.
Estamos aquí, en el Senado, y podemos discutir. Ha contestado usted
nominalmente a todos los portavoces, menos a nosotros; nómbrenos, y no
tenga miedo, que estamos aquí y vamos a estar un buen rato.


Dice el señor Ramírez: nosotros venimos aquí a cumplir con el
mandato que nos dieron las urnas. Pues no sé si vienen ustedes a cumplir
con el mandato que les dieron las urnas como cuando prometieron que no
iban a subir el IVA, o como cuando prometieron que iban a crear tres
millones de empleos. No sé exactamente a qué se refiere cuando dice:






venimos aquí a cumplir el mandato que nos dieron las urnas. El mandato
que tiene cualquier partido en el Gobierno es, cuando presenta una idea
de país, no mirarse el ombligo, sino mirar a la sociedad y hablar...
(Rumores). Espere, usted ha hablado, yo ahora le contesto; y después, me
puede contestar, si quiere. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Senador Espinar, haga usted su discurso
dirigido a todo el hemiciclo.


El señor ESPINAR MERINO: Estoy en ello.


El señor PRESIDENTE: Pues hágalo.


El señor ESPINAR MERINO: Es que estoy cansado de oír que no nos
gustan los parlamentos, y somos los más respetuosos de toda la Cámara con
el procedimiento parlamentario. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Senador Espinar, haga el favor de hacer su
discurso.


El señor ESPINAR MERINO: A ver si puedo. Gracias.


Nos dice usted que nos miramos el ombligo y que España no se
termina en una acampada en la Puerta del Sol. Lo tenemos clarísimo; lo
que pasa es que en esa acampada de la Puerta del Sol, en la que no estaba
toda España, se decían cosas que luego el CIS ha dicho que comparten
el 70 y el 80 % de los españoles; por ejemplo, sobre el derecho a la
vivienda, sobre los desahucios y sobre algunas otras materias que tienen
que ver con los derechos sociales. Por eso, esa acampada de la Puerta del
Sol, que no representa a toda España, merece ser escuchada, como merecen
ser escuchados todos los ciudadanos por quien gobierna.


Lo que les queremos transmitir es que el pegamento de un pueblo,
el pegamento de un país, no es la etnia, no es la lengua, no es la
cultura y no es ni siquiera el ordenamiento jurídico. El ordenamiento de
un pueblo es la voluntad de ser y la voluntad de ser juntos. Y para
construir voluntad de ser juntos lo peor que se puede hacer es que el
ordenamiento jurídico del país se parezca solo a una parte del país y no
al resto. Lo peor que se puede hacer es decir que las familias normales
son aquellas que se parecen a las que el Partido Popular tiene en la
cabeza como normales, que las personas normales son aquellas que se
parecen a las que el Partido Popular entiende que son normales, y que el
país se parece solo a lo que el Partido Popular quiere.


Lo que nosotros decimos es: ustedes tienen un modelo de país y
una mayoría parlamentaria. Eso está muy bien y lo respetamos. Pónganlo a
dialogar con una realidad social que, primero, ya no se parece demasiado
a la mayoría de las Cámaras, pero, lo que es mucho más grave, no se
parece nada a lo que ustedes cuentan. Hay una realidad social que es
otra, que ha cambiado y con la que el ordenamiento jurídico tendrá que
dialogar si no quieren ustedes que el ordenamiento jurídico se quede
sencillamente obsoleto y ya no represente a absolutamente a nadie. Y este
es un debate muy viejo en la doctrina, es el debate entre quienes
entienden el Estado de derecho como defender el ordenamiento jurídico que
hay y blindarlo y entre quienes entendemos el Estado de derecho como un
continuo diálogo entre la sociedad y las instituciones.


Yo creo que la democracia se parece mucho más a esta segunda
forma de entender el Estado de derecho. Hagan un poco más de caso a la
realidad social, escuchen un poco más a la ciudadanía, y mírense un poco
menos en el espejo para pensar en qué es España. España es un país
plural, es un país de países y es un país en el que hay, por
cierto...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ESPINAR MERINO: ... un lío territorial que, como diría
el presidente del Gobierno, no es menor, abierto, entre otras cosas,
porque ustedes le han querido imponer a los españoles un modelo de país
que ni les gusta ni lo quieren ni al que se parecen.


Escuchen a los españoles.


Acabo ya, presidente, en diez segundos.


El señor PRESIDENTE: Termine ya, senador Espinar.


El señor ESPINAR MERINO: Un portavoz del PSC nos ha preguntado: y
ustedes, ¿qué proponen? Lo llevamos diciendo un año y medio: proponemos
un proceso constituyente en el que se le pregunte a todo el mundo sobre
todas las cosas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador
Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Sí, presidente, vamos a compartir el
turno con el senador Saura.


Por mi parte seré muy breve. Ya hemos expuesto los argumentos en
favor de esta proposición de ley y solo le quiero decir al senador
Ramírez por qué fue un error que el Partido Popular presentara recurso al
Estatuto de Cataluña. Primero, porque ustedes no estaban preocupados por
la constitucionalidad del Estatuto porque votaron artículos que luego
fueron —de los pocos— suspendidos; los votaron ustedes, no el
Parlamento de Andalucía, ustedes, el Grupo Popular en Andalucía votó a
favor. Por tanto, no estaban preocupados por la constitucionalidad de
estos artículos, sino por otra cosa.


Segunda razón. ¿Sabe qué pasa, senador Ramírez? Que el Tribunal
Constitucional les dio la razón muy poquito. Ustedes impugnaron ciento
veintisiete preceptos y les dio la razón en catorce, y a la mitad de
ellos solo parcialmente. Luego, la operación era otra y además, insisto,
fue un error. ¡Cuánto daño, senador Ramírez, cuánto daño con tan poca
razón!, ¡cuánto daño! (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martí.


Tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias.


Dos cuestiones. Una en relación con la proposición de ley que
vamos a aprobar, sobre si hay recurso previo o recurso posterior. Yo
mantengo el recurso posterior porque el previo va a suponer un problema
terrible. Imagínense lo siguiente, que para el Estatuto catalán se hace
un recurso previo. El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales
determinados artículos y lo devuelve a las Cortes, y estas han de
modificar o suprimir estos artículos. ¿No creen que el choque de
legitimidades se va a producir igual? Es más, en el último artículo la
proposición de ley dice: en este caso —en el caso de que haya
inconstitucionalidad—, la tramitación del texto no podrá proseguir
sin que tales preceptos sean modificados o suprimidos por las Cortes
Generales. Dos preguntas al respecto. ¿Y por qué no por el Parlamento
catalán, el Parlamento andaluz o por el que sea? Y la otra pregunta.
Cuando sean modificados o suprimidos por las Cortes Generales, ¿qué pasa
con esta modificación?, ¿dónde va este estatuto? Y si hay un texto de las
Cortes que lo modifica, ¿qué hacen, vuelven a ir al Constitucional?, ¿se
puede hacer otro recurso previo? Es decir, no es cierto. Porque lo que
estamos discutiendo hoy no es ideología política de fondo, sino si existe
un procedimiento u otro más eficaz para controlar los estatutos. Creo que
lo que vamos a aprobar va a complicar mucho más esto.


Y la segunda cuestión a la que quería referirme tiene que ver con
unas palabras que el senador Martí ya ha comentado. Ayer también se dijo
que el problema no era el control de los estatutos, sino qué modelo de
Estado queríamos. Y ustedes, desde hace cuatro años, no abren la boca, lo
han bloqueado todo. Me parece muy ingenioso y divertido —cómo es
usted, señor Ramírez— que diga que le expliquen el tema federal.
Pero, por favor, el problema no es ese. El problema es que en Europa
el 90 % de los países tienen Estados federales distintos, y el problema
es que hoy España necesita un salto adelante, y no solo por lo de
Andalucía. Mire, el Estatuto catalán estuvo vigente cinco años y que yo
sepa durante ese tiempo no hubo más grietas en España para que se
rompiera España, hubo las mismas. Pero ustedes hicieron una gran campaña
sobre que si se aplicaba el Estatuto catalán España se rompería. España
no se rompió. Y lo que el Tribunal Constitucional hizo —y no quiero
referirme al culebrón del Tribunal Constitucional y al uso partidista que
se hizo de él— fue suspender artículos que funcionan en Holanda, en
Alemania, en Austria, en la mayoría de países.


En síntesis, la proposición de ley que estamos a punto de aprobar
va a traer más problemas, uno evidente —y con esto acabo—.
Cuando en el año 1984 el ministro Sáenz de Cosculluela modificó y
eliminó, en nombre del Gobierno y de la mayoría socialista, el recurso
previo dijo que se producía obstruccionismo. ¿Ustedes de verdad creen que
el recurso previsto en esta proposición de ley, que va a suponer la
suspensión automática del Estatuto, como mínimo durante cinco meses, no
va a producción obstrucción? ¿De verdad piensan esto? ¿Es que no han
visto lo que ha pasado?


En definitiva, va a ser un elemento de obstruccionismo y, como
decía antes, una vez que se modifiquen los estatutos, nadie va a saber
dónde va cada estatuto y se va a producir otro choque de
legitimidades.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Gracias, señor presidente. Señorías,
seré breve.


Es una pena, senadora Navarro, que no hayan asumido ustedes la
enmienda presentada por el Grupo Socialista, que estoy seguro de que
hubiera sido asumida por el resto de la Cámara, porque pensamos que el
Tribunal Constitucional, nuestro más alto tribunal, no ha de tener
ninguna sombra de sospecha ni de parcialidad porque es una institución
básica del Estado y de todo el entramado político institucional.


Es cierto que la enmienda no está dentro del objeto de la ley,
tal y como usted ha señalado, pero estará conmigo, senadora Navarro, en
que ustedes hacen eso cada dos por tres; continuamente, al hacer una ley,
en el objeto de la ley hay artículos que no tienen nada que ver con sus
leyes. Claro, eso lo hacen ustedes, no el Gobierno. La oposición presenta
una enmienda y ustedes no la asumen. También es cierto, y lo decía al
principio, que, salvando la controversia que se generó en el Congreso de
los Diputados, los socialistas siempre hemos considerado que, aunque la
afiliación no tiene que estigmatizar a nadie, un miembro del más alto
tribunal no debe estar afiliado a ningún partido político.


Hoy la Cámara va a aprobar una reforma de la ley que regula el
Tribunal Constitucional con una tramitación correcta y consensuada. Así
si, señorías. Así sí, senador Ramírez. Pero no todo iba a ser tan fácil,
permítame también que hable de lo otro. Hacer de nuestro máximo tribunal
un actor político más, desnaturalizarlo y generar irregularidades, así
no, señor Ramírez. Por ello, es bueno recordar cómo el Consejo de Estado,
ese que ahora ustedes obvian, admitió que para eliminar los estatutos de
autonomía, la sospecha de inconstitucionalidad o incurrir en ella era
conveniente recuperar o reintroducir el recurso previo de
inconstitucionalidad.


Señorías, la democracia está ligada a la diversidad, la
pluralidad y la descentralización, y solo desde la diversidad se
garantiza la libertad y la convivencia de los pueblos, de los pueblos de
España. Además, nuestra Constitución reconoce esa singularidad de todos
los territorios de España y los estatutos de autonomía de las comunidades
autónomas han desempeñado un papel protagonista en la construcción de
este Estado de bienestar.


El Estado de las Autonomías, señorías, fue capaz de integrar un
proyecto común de nacionalidades históricas definidas desde sus
respectivas identidades políticas, culturales y lingüísticas, por lo que
ha sido un instrumento absolutamente eficaz para la vertebración
nacional. Los socialistas seguimos creyendo en ese Estado de las
Autonomías, pero siendo conscientes de que hoy necesita una reforma, una
revisión profunda y una actualización federal; ha de actualizarse y
perfeccionarse hacia un estado autonómico del siglo XXI y, para esto, es
necesario modificar muchas cosas, entre ellas, el propio control
constitucional de las reformas de los estatutos de autonomía, para que no
se repita el hecho de que el Tribunal Constitucional anule parcialmente
un estatuto de autonomía que ya había sido votado por los ciudadanos. De
ahí nuestro apoyo a este proyecto de ley.


Señorías, España necesita renovar el pacto para reformar el
sistema político y construir la democracia del siglo XXI, sin debilitar a
las autonomías y sin desandar lo recorrido en tres décadas con diferentes
reformas y consensos, porque el Estado de las Autonomías es un esfuerzo
de ese consenso. Creemos que en estos momentos es necesario actualizar lo
que ha quedado obsoleto o corregir lo que ha demostrado ser
disfuncional.


Por ello, senadora Navarro, el Grupo Socialista mantiene la
enmienda presentada a este proyecto, a pesar de que ustedes no la vayan a
votar, porque consideramos que hay cosas que tienen que cambiar en el
Tribunal Constitucional y que no cabe mancillarlo para nada ni por nada
ni por nadie, como se va a hacer la próxima semana, y mucho menos hacer
de él un tribunal administrativo desnaturalizado y con una evidente carga
partidaria. Señorías, esto debería ser algo obligado para todos, y mucho
más para ustedes y para el Gobierno.


Por consiguiente, y a pesar de considerar un solemne error no
asumir la enmienda que presenta el Grupo Socialista, ya que esta dotaría
al Tribunal Constitucional de más confianza y mejor imagen, vamos a
apoyar la propuesta que hoy se trae a debate en esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
la senadora Navarro.


La señora NAVARRO VISCASILLAS: Muchas gracias, presidente.


Señor Saura, le voy a decir lo que mi grupo parlamentario va a
conseguir con la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad.
En nuestra opinión, se consigue —y el Partido Socialista también lo
cree— un doble objetivo: por un lado, que los estatutos no se
declaren inconstitucionales cuando ya estuviesen surtiendo efectos
jurídicos, como ocurrió, como todos saben, en el año 2010 con la
sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de autonomía. Y,
por otro, que el control se ejerza antes de que se produzca el
referéndum, o sea, cuando sea necesario antes de que ese referéndum se
celebre. Por tanto, los ciudadanos votarían un estatuto de autonomía que
previamente ha pasado por el control de inconstitucionalidad.


Por todo ello, no entiendo por qué no debemos aprovechar las
ventajas del control preventivo. ¿Y cuáles son esas ventajas? Esas
ventajas las podemos resumir en tres. La primera, que aporta una mayor
seguridad jurídica, ya que cuando el estatuto entra en vigor ya ha sido
objeto de control y, además, sin que este haya sido aún aplicado,
evitándose así el problema, a veces irresoluble, de reparar los efectos
producidos por la norma después de que sea declarada inconstitucional. La
segunda, que dota de una mayor sencillez y eficacia al ordenamiento, pues
este no sufre ninguna repercusión por causa de la declaración de
inconstitucionalidad, y de este modo no se crea ninguna laguna en el
tejido normativo. Y la tercera es que entendemos que el control previo
implica una garantía; una garantía de cara a la depuración del
ordenamiento. El control de constitucionalidad, sea previo o sucesivo, es
una garantía y no un obstáculo, siempre que el tribunal resuelva en un
plazo razonable, como en este caso, pues introducimos un plazo de
resolución de seis meses.


Agradezco al senador Rodríguez Esquerdo el consenso al que hemos
llegado en esta iniciativa, porque de esta forma se demuestra que para
los dos partidos mayoritarios es prioritario consolidar la posición de la
Constitución como piedra angular de nuestro Estado de derecho, y con esta
iniciativa se impedirá repetir en el futuro errores del pasado, porque al
margen de la Constitución solo existen inseguridades. Y nos reafirmamos
en que nuestra Constitución es la mejor garantía de convivencia
democrática mediante la cual defendemos y defenderemos la unidad de
España, y solo de esta forma fortaleceremos el Estado de las
Autonomías.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Navarro.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas


Votamos las enmiendas.


En primer lugar, la enmienda número 3 de la senadora Julios.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 182; votos emitidos, 181; a favor, 11; en contra, 170.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos las enmiendas 1 y 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 182; votos emitidos, 182; a favor, 11; en contra, 171.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos la enmienda
número 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 182; votos emitidos, 182; a favor, 49; en contra, 132;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 182; votos emitidos, 182; a favor, 11; en contra, 171.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, votamos
las enmiendas 6, 7 y 8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 181; votos emitidos, 181; a favor, 6; en contra, 173;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Finalmente, del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la
enmienda número 9.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 180; votos emitidos, 180; a favor, 49; en contra, 131.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 182; votos emitidos, 182; a favor, 171; en contra, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales la
proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional para el establecimiento del
recurso previo de constitucionalidad para los proyectos de ley orgánica
de estatuto de autonomía o de su modificación. (Aplausos).


No se me vayan, que queda un punto todavía.










HABILITACIONES





PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL
AÑO 2016.


551/000080



El señor presidente da lectura a los puntos 8. y 8.1.


El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, oída la Junta de
Portavoces, en su reunión del día 8 de septiembre de 2015, ha acordado
solicitar al Pleno la habilitación de todos los días y horas de los meses
de septiembre y octubre del año en curso para la tramitación del citado
proyecto de ley, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del
Reglamento del Senado.


¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).


Queda aprobada. Muchas gracias.


A continuación, se reunirán la Comisión de Incompatibilidades en
la sala Clara Campoamor, la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
en la sala Enrique Casas y la Comisión de Cooperación Internacional para
el Desarrollo en sala Luis Carandell.


Señorías, se levanta la sesión. Buenas noches a todos.


Eran las veintiuna horas y veinte minutos.