El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se le había presentado
originalmente una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa
del senador Espinar. Posteriormente, se ha presentado una propuesta de
modificación firmada por el Grupo Popular, el Grupo Parlamentario de
Convergència i d’Unió, el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo
Parlamentario Mixto, por lo cual se entiende que la enmienda del senador
Espinar decae.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días a todos y a todas.

Comparezco ante ustedes una vez más, representando al Grupo
Popular, para defender y discutir —y tratar de convencerlos—
una moción que se nos antoja importante; y no porque la presentemos
nosotros, sino por el asunto que intentamos sacar adelante. Se trata,
simplemente, de instar al Gobierno, en colaboración con las comunidades
autónomas y con el Consejo Interterritorial, a crear un registro nacional
de pacientes. No se trata nada más que de eso, lo cual es mucho. Dicho
así parece sencillo, pero creemos que tiene una trascendencia
importantísima, definitiva, para poder seguir mejorando algo que todos
tenemos que mimar, que es el Sistema Nacional de Salud o el servicio
sanitario.

Es una moción que, como digo, se nos antoja oportuna. Es una
reivindicación de todas las comunidades autónomas, de todos los
profesionales de las comunidades autónomas, de todas las especialidades y
de todas las profesiones sanitarias. No es una moción ideológica, y no es
que tenga nada contra las ideologías, yo milito en un partido con una
ideología determinada, me defino como liberal, con lo cual estoy
encantado de tener ideología y de estar en el Partido Popular; pero esta
moción no es ideológica. Y creo que es importante que se traiga al
Senado, a esta Cámara, que por algo se llama Alta —alta y baja,
negro y blanco, todo el mundo se queda siempre con lo alto y con lo
blanco—. Además hemos sido capaces de tener la sensibilidad durante
varias legislaturas —yo llevo dos— de acertar en presentar y
sacar a debate cuestiones respecto a las que la ciudadanía nos pide que
lleguemos a acuerdos. Es verdad que este es un acuerdo que nos está
pidiendo la ciudadanía. Por cierto, queridos compañeros senadores y
senadoras, todos somos potencialmente enfermos. Es más, yo no sé si
existe la salud total. Y como esto es así, creemos que es importante
llegar a consensos de este tipo.

¿Dónde nos movemos hoy para hablar de crear un registro nacional
de pacientes? El concepto nacional no tiene ninguna imposición, es un
concepto global. Pues bien, nos movemos en una de las mejores sanidades
del mundo. Cuando subimos a esta tribuna hemos de decir que tenemos una
de las mejores sanidades públicas, financiada públicamente; no es
gratuita —es una palabra que hace mucho daño—, está
financiada públicamente, y, por cierto, es muy cara porque es muy buena,
y además, con una cartera de servicios universal y dentro de un distrito
sanitario único europeo. Ahí nos movemos; nos movemos en una de las
mejores sanidades del mundo. Debo decirles que no es chovinismo, sino que
todos deberíamos sentirnos muy orgullosos y decir siempre que podamos en
una Cámara como esta que nuestra sanidad está entre las cuatro o cinco
mejores del mundo. ¿Gracias a qué? Gracias a que tenemos unos magníficos
profesionales y a que tenemos una organización sanitaria que nos hemos
dado todos, y además ha conseguido y consigue resultados de los que nos
deberíamos sentir profundamente orgullosos.

También nos movemos en un mundo donde la salud es un derecho solo
del 20 % de la población mundial. Creo que también hay que decirlo. Nos
movemos en un mundo donde el derecho consolidado de la salud
—evidentemente desde la perspectiva de un país democrático como el
nuestro, con la tradición sanitaria y cultural que tiene— es un
derecho solamente del 20 %.

Además, hemos de decir que estamos moviéndonos en un concepto
evidente: el de que una vida no tiene precio —concepto moral
contundente—, pero que la sanidad tiene un coste y es limitada.
¿Qué quiere decir que es limitada? Que hay que hacer una cartera de
servicios pactada, universal y concluyente porque si no, se nos gripa el
sistema, y si se nos gripa, como un coche, un magnífico sistema como el
que tenemos, se rompe de forma irreversible.

No es baladí decir también que estamos en un distrito único
sanitario europeo, que estamos enlazados para potenciarnos, no para
controlarnos, no para limitar las funciones que tienen las comunidades
autónomas, cualquier institución o cualquier país, sino para potenciarnos
todos y que el ciudadano europeo se sienta dentro de un sistema sanitario
público, de financiación pública de primer orden. Por eso, respecto al
debate sobre el modelo sanitario público-privado, diré que no se puede
privatizar la sanidad; esa discusión es banal, no conduce a nada. Estamos
en un sistema europeo, y así se refleja en el Tratado de Maastricht
modificado en Ámsterdam y Lisboa —yo tuve la oportunidad de estar
allí representando, precisamente, al Senado la legislatura pasada—:
«La sanidad en los países signatarios de Lisboa es de financiación
pública. Prohibición de servicio libre.» Por tanto, no se puede
privatizar. Así pues, la discusión privado-público es absurda, no conduce
a nada, y el modelo está definido entre todos los países que pertenecemos
voluntariamente a la Unión Europea.

Dicho que nos movemos donde nos movemos, dicho que es una
magnífica sanidad, también diré que tiene sus debilidades. La debilidad
es la que está planteando el Grupo Popular en esta Cámara: el registro
nacional de pacientes, que es una reivindicación de todos los
profesionales, de todas las comunidades autónomas, de todos los países
que pertenecemos a la Unión Europea, y es definitivo que este Senado
tenga, una vez más, una actitud —con c y con p— significativa
en relación con estos temas y que esté a la altura de las
circunstancias.

Es verdad que ya hay registros, como el biomédico —entre
nuestros compañeros de todos los partidos hay profesionales de la sanidad
y a algunos los identifico muy bien—, pero no es el registro
nacional de pacientes; hay registros de trasplantes, de historias
clínicas, de altas, de satisfacción… Bien, pero están un poco
descoordinados. Eso no ha impedido que tengamos una magnífica sanidad,
pero sí ha impedido que no tengamos más potencialidad, algo que nos
exigen nuestros ciudadanos y que nos exigimos nosotros mismos, porque
todos somos potencialmente enfermos.

Evidentemente, como no puede ser de otra forma, debe haber una
colaboración intensa y permanente con las comunidades autónomas
—separados valemos mucho menos que juntos, y en el ámbito sanitario
esto es concluyente. Luego me referiré a los trasplantes— y
garantizando la confidencialidad con la Ley Orgánica de protección de
datos, y desde luego con consentimiento informado. Lo que estamos
planteando tiene garantías, tiene datos, tiene contundencia y tiene mucha
profundidad y mucho estudio.

¿Qué significaría no hacer esto? En mi vida profesional, y también
en la no profesional, yo siempre me planteo qué pasaría si hago o no hago
tal o cual cosa, para saber la trascendencia que ello tiene. La
potencialidad de hacer un registro nacional de pacientes es definitiva.
Podríamos estar mucho tiempo hablando de ello, pero limitándonos al que
tenemos, que creo es suficiente, diré, en primer lugar, que el registro
nos potencia a todos, a todas las comunidades autónomas, a todas las
instituciones, a Europa, a todos los países, pero sobre todo, a todos los
ciudadanos, a los cuales nos tenemos que dedicar, y hablo de
ciudadanos-pacientes, no de enfermos. Esto es clave y positivo. En
segundo lugar, sería un índice de calidad asistencial, y la calidad no es
una moda, es una necesidad objetiva de los sistemas público-sanitarios.
Así pues, si no creamos este registro, perderíamos esta posibilidad.
Además, sería una auditoría interna permanente. Nos permite ver cómo lo
estamos haciendo. Las auditorías internas no son un castigo; en calidad
no existe el castigo, sino el premio, el reconocimiento de que se hace
bien, y eso siempre es positivo. También nos proporcionaría datos
globales de supervivencia, de morbilidad y de mortalidad, y eso también
es muy importante, porque permite una estimación prospectiva y
retrospectiva de lo que estamos haciendo en fármacos para todos.
Asimismo, nos proporcionaría información sobre los resultados de las
terapias que estamos haciendo y que luego hay que medir. En calidad
sanitaria hay que medir todo, pero no para recortar, sino para mejorar.
También nos daría información dinámica sobre las etapas del diagnóstico y
sobre las etapas de los resultados —cuando se hace bien, nos
proporciona una información permanente—, y, desde luego, es
imprescindible para la investigación. ¡Qué importante es la
investigación, la I+D+i+d de divulgación!

Para buscar la complicidad de los ciudadanos es imprescindible un
registro nacional de pacientes, y no hacerlo conlleva su responsabilidad.
Por ello, apelo a que seamos capaces de dejar a un lado las ideologías
—y sé que estamos en un periodo peculiar de nuestra vida
política— y que cada uno podamos contar en nuestros territorios que
no es bueno votar en contra de esta iniciativa, con las modificaciones
que hemos introducido y que hemos aceptado gustosamente porque han
mejorado el texto, y es que no hemos tenido ninguna duda en aceptar lo
que nos proponía un compañero senador que milita en Podemos y que nos ha
proporcionado una serie de datos, porque era mejor.

Eso es lo que se pretende, porque hablamos precisamente de eso, y
además nos da una profundidad importante en los estudios demográficos. La
demografía es clave para poder utilizar los recursos necesarios; es
importante saber si hay más o menos jóvenes, si hay más mujeres, si son
de edad avanzada o no, para administrar los recursos sanitarios, que son
magníficos pero que hay que mimar porque son escasos, porque si no, se
nos gripa y porque no son ilimitados, y la limitación se establece en
ambas Cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Por eso
apelo, con todo respeto, a que seamos capaces, una vez más, de llevar
esta iniciativa adelante, pues lo hemos hecho muchas veces en el Senado y
hemos sido pioneros en ciencia e investigación. De hecho va a salir muy
pronto publicado un informe de ponencia, aprobado por todos en comisión y
que hemos debatido durante mucho tiempo, sobre fondos éticos, fondos de
investigación, micromecenazgo y mecenazgo. Pongámonos la mano en el
corazón y tengamos la nobleza de apartar el periodo en el que vivimos
para sacar adelante algo que reivindican todos los compañeros, todos los
profesionales y, sobre todo, los ciudadanos de este país para mejorar un
sistema sanitario que todos nos hemos dado y que considero que puede ser
imitado, por muchos motivos, en el resto del mundo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Espinar.

El señor ESPINAR MERINO: Gracias, señor presidente. Mi
intervención va a ser breve.

Simplemente queremos celebrar la posibilidad de que se generen
consensos como el que se ha producido entre el Grupo Popular y mi grupo
en esta moción. Nosotros proponíamos incluir algunos elementos de
redacción que tuvieran que ver con la finalidad de la creación del
registro, que es mejorar la calidad de la atención sanitaria; con la
protección de datos y con que el registro sea escrupuloso en su
tratamiento. Se han aceptado y, por tanto, hay consenso, por lo que vamos
a votar a favor de la moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna, egun on
senatori jaun-andreok. Buenos días a todos.

Hablamos de registros de pacientes, senador Alarcó, y en su moción
se pide la creación de un registro nacional de pacientes, esencialmente
para fines de investigación en prácticamente todos los campos de la
salud. En la parte dispositiva se enumeran las soluciones que tendría
este registro y se menciona concretamente controlar el alcance
estadístico de las enfermedades, la eficacia de los fármacos o las
características de los enfermos. En la parte expositiva se habla de
investigación clínica, evaluación de resultados de salud, aprobación y
financiación de medicamentos innovadores, mejora de la calidad
asistencial, fijación de precios, impacto de medicamentos o tecnologías
sanitarias. Todo esto ligado a la identificación personal de estas, que
es lo que aparece en la parte expositiva. Todo esto, a lo que usted llama
registro de pacientes, senador Alarcó, no deja de ser una historia
clínica, evidentemente. En el caso de los registros de enfermedades
concretas sería una historia clínica centrada en una enfermedad o en un
grupo de enfermedades. En el caso del registro general, como entiendo que
se propone en esta moción, sería una historia clínica al uso, porque para
la investigación son importantes todos los datos, absolutamente todos,
que ya deben estar incluidos en una historia clínica; si acaso, para los
registros, a lo mejor no hacen falta los datos de filiación.

Evidentemente es importantísimo conocer la enfermedad actual y sus
antecedentes, por supuesto los antecedentes personales y familiares, los
hábitos y el medio en el que vive el paciente, los datos de examen
general, el segmentario, las consideraciones y técnicas diagnósticas, los
estudios complementarios, las pautas del tratamiento y su seguimiento y
los resultados de este, todo lo que rodea a la epicrisis y al estado
posterior de curación del paciente. Eso es una historia clínica, porque
cada investigación se realiza cruzando todas estas variables o algunas de
ellas, y eso es así. En el cáncer se cruzan antecedentes personales y
familiares y todo tipo de datos, que tienen que estar en algún sitio y,
evidentemente, también en el registro. Por eso digo que estamos hablando
de una historia clínica al uso.

En el País Vasco llevamos años implantando la historia clínica
electrónica, con mucho esfuerzo, porque ha supuesto un cambio en los
hábitos de los profesionales y unos retos técnicos y tecnológicos
importantes. El profesional que estaba acostumbrado a hacer su trabajo en
papel y lo hacía bien y con muy buenos resultados se encuentra con que un
día no funciona la impresora, al día siguiente se ha caído la red y al
siguiente se ha desconfigurado algo, y ha habido un arduo trabajo de los
técnicos y de los profesionales para llegar a este punto, con mucho
esfuerzo, como digo. Pero poco a poco se ha ido potenciando ese registro
de información asistencial dentro de la propia historia clínica
electrónica. En el caso vasco en un programa llamado Osabide Global,
tanto de atención primaria —y hablo del caso vasco— como de
especialidad hospitalaria.

El objetivo es facilitar el trabajo asistencial a los
profesionales de la salud a través de una información accesible,
incorporando datos relevantes generados durante el propio proceso
asistencial. Esto permite obtener una información real y actualizada
—importante lo de actualizada— directamente desde el
documento nuclear de cualquier acto médico, como es la historia clínica.
Todo esto se puede obtener, por supuesto, con estricto cumplimiento de la
Ley Orgánica de protección de datos, porque las historias clínicas lo
cumplen. A partir de aquí, se obtienen los datos anonimizados generales
necesarios para la mejora de la investigación y de la propia gestión.
Todo ello —digámoslo así, ahora que está de moda— en un solo
acto, en el acto de la historia clínica.

La generación de registros específicos implica dedicar recursos de
profesionales sanitarios, especialmente el recurso tiempo, a la creación,
y lo que es más importante, al mantenimiento —vuelvo a repetir la
importancia del mantenimiento— del propio registro, en paralelo a
la historia clínica original del paciente. Nosotros, senador Alarcó, y
creo que todos los que estamos aquí, entendemos que los profesionales
deben dedicarse esencialmente a la atención sanitaria de sus pacientes
—que además es lo que quieren y les gusta hacer— y a
registrar la información necesaria para que esté disponible para la
atención médica y no rellenar registros paralelos que lo único que hacen
es gastar el recurso tiempo, porque la explotación de la información
registrada durante la atención sanitaria supone poner a disposición de
estos mismos profesionales gran cantidad de información que puede ser
utilizada con fines de investigación, de evaluación de la atención
sanitaria o para todo lo que usted decía en su parte expositiva. Se trata
de simplificar y no de duplicar esfuerzos para conseguir el mismo fin.
Después habrá que estudiar, implementar y mejorar los mecanismos que ya
existen para compartir la información con otros profesionales e
investigadores que estén fuera de esa red. Y eso es muy importante, es
esencial. Pero eso no significa tener un registro en paralelo. Además,
esto nunca ha sido un problema, se puede mejorar y se puede tener mucha
disponibilidad, pero hasta ahora no ha sido un problema. Nadie se niega a
compartir datos clínicos.

Por tanto, a nuestro juicio, tanto la investigación clínica como
la evaluación de resultados en salud deben estar basados en la
información registrada en las historias clínicas de los pacientes y no
tanto en registros específicos en paralelo, pues estos contienen los
datos necesarios para poder optimizar su atención y para facilitar la
información necesaria para estudios estadísticos e investigaciones, y
todo eso debidamente anonimizado, garantizando la Ley Orgánica de
protección de datos.

Voy a hacer algunas consideraciones extras. No conocemos
—por lo menos yo no conozco— que en ningún país se haya
creado un registro de pacientes global y genérico —yo no lo
conozco, pero si es así, usted nos lo puede aclarar—, por su
dificultad y precisamente por su inviabilidad técnica. A nivel
internacional sí hay experiencias, muchas experiencias de registro de
enfermedades o grupos de enfermedades concretas, como el cáncer,
enfermedades neurológicas, enfermedades renales, enfermedades
cardiovasculares; las hay, evidentemente que sí, y en España también, en
concreto, el registro con mayor cobertura es el del cáncer.

Actualmente, después de catorce años de descentralización
sanitaria, los registros de poblaciones globales de cáncer que están
consolidados son 14, y en su conjunto cubren una población de 12,5
millones de habitantes, más o menos, lo que representa el 27 % de la
población general. Existen otros 5 registros en fase de consolidación que
si se acaban consolidando, evidentemente podrían llegar a una cobertura
del 53 % de la población. Sin embargo, no es fácil que los 5 registros
que existen se consoliden.

Hay comunidades autónomas que no tienen ni un solo registro de
pacientes, porque resulta costoso y difícil. Hay un proyecto que quiero
mencionar, porque creo que también esta Cámara algo tiene que ver: el
nuevo registro de enfermedades raras, aprobado por el Consejo
Interterritorial, que va a suponer un reto enorme para las comunidades
autónomas y que no va a estar listo antes de cinco años, por lo que
supone de problemático. Por lo tanto, en este contexto, senador Alarcó,
viendo que técnicamente consideramos que no es viable —aunque usted
puede considerar que sí, pero reconocerá que nosotros podamos considerar
que no—, si la herramienta adecuada para obtener los datos es la
historia clínica electrónica, si existen y se pueden mejorar los sistemas
de intercambio de información y no cuesta un trabajo añadido para los
profesionales, la vía, senador Alarcó, para nosotros, no es el registro
nacional, sino, en todo caso, la mejora de los sistemas de intercambio de
información.

No votar favorablemente esta moción no significa no trabajar en la
mejora del sistema sanitario —eso se lo puedo asegurar, porque
vengo del país que vengo— ni poner trabas, ni mucho menos, a la
investigación —y lo digo por la misma razón, porque el País Vasco
es un ejemplo en investigación, en investigación biomédica, y en eso que
usted siempre dice que es la I+D+i+d—. Por lo tanto, no votar a
favor de esta moción no quiere decir que no estemos a favor de esto;
quiere decir que nuestro concepto es diferente, que basamos nuestro
desarrollo en otra vía, que es la de la historia clínica, porque creemos
que el tiempo de los profesionales debe ser para la atención sanitaria;
para la investigación también, pero la recogida de datos, que la hacen
los profesionales de primera línea de trabajo, tanto especialistas como
médicos generales, debe ser a través de la historia clínica.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Bon dia, president. Bon dia,
senyories.

Miri, sobre el paper, el registre de pacients, destinat a
gestionar i a aprofitar les dades que té tot el sistema sanitari públic,
sembla absolutament raonable. Sembla raonable per utilitzar aquestes
dades en investigació, i per utilitzar aquestes dades per tenir més
coneixement sobre la salut. Però també ens sembla una qüestió massa
seriosa per debatre-la en una sola moció i d’una manera molt poc
concreta. Per què dic això? Miri. Arran d’una decisió política de
fa uns mesos, a Catalunya hi va haver una gran discussió sobre el Big
data, sobre el registre de pacients a gran escala. I, arran
d’aquesta proposta del Conseller Boi Ruiz, de crear un gran
programa que es diu VISC, en el qual hi ha totes les dades dels registres
de pacients, es va decidir fer un document sobre bioètica i dades de
salut. És un document que els recomano, que es diu «Documento sobre
Bioética y Big data de Salud. Explotación y Comercialización de los Datos
de los Usuarios en la Sanidad Pública». Está hecho por
l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona,
dirigit per Maria Casado i d’altres col.laboradors. En aquest
document, s’extreuen una sèrie de recomanacions, recomanacions que
tenen molt a veure amb la nostra societat i les nostres dades. I una de
les recomanacions que es fa és que, en aquests moments, en la nostra
societat és necessari crear la cultura perquè la ciutadania sigui
conscient de la privacitat de les seves dades. Perquè tots sabem que,
quanta més informació tenen de nosaltres, qualsevol, més poder tenen
sobre les nostres conductes i sobre nosaltres, per les coses bones i per
les coses dolentes. Però sí que és veritat que falta aquesta consciència
col.lectiva de la importància que tenen les nostres dades i de l’ús
que se n’ha de fer. També recomanava el document informar i formar
la ciutadania sobre el fet real de què vol dir anonimitzar les dades. És
a dir, que ningú no sàpiga que jo sóc aquesta persona que té VIH o un
càncer o una sèrie de malalties. I ser conscient que, a vegades,
anonimitzar no vol dir tirar enrere, que després no puguem
desanonimitzar. També és important alertar de les necessitats de
redefinir el que són les dades personals.

Potser valdria la pena tornar a legislar sobre què són realment
dades personals. També és important, i cal empoderar la ciutadania,
perquè sàpiga tots els avantatges, riscs i beneficis a l’hora de
cedir les seves dades, per molt que li diguin que seran anònimes.
Aquestes són algunes de les recomanacions, n’hi ha unes quantes
més, però jo he triat les que em semblaven més importants. Per què li
diem això? Li diem això perquè ens sembla que un registre de pacients,
tot i que va cap al camí adequat, sí que és veritat que el que fa és que
la gent hagi de ser molt conscient de què es farà amb les seves dades de
salut, que són les dades més sensibles que tenim. Perquè diuen moltíssima
informació sobre nosaltres. I, per tant, són unes dades que donen molt
poder a qui les percep. Si vostè posa registre de pacients al google, el
primer que li apareixerà són una gran quantitat de pàgines de la
indústria farmacèutica que parlen de malalties concretes i de productes
concrets, no hi ha res de dolent, en això. Però sí que és veritat que la
indústria farmacèutica, entre d’altres, té molt d’interès en
tenir moltes dades. Per tant, és molt important que aquests registres,
aquestes big dades estiguin anonimitzades. Ja saben que diuen que big
dades és igual a big business. I per què diuen això? Perquè és veritat.
Com més dades posseeixi, com més dades pugui creuar de diferents coses,
més possibilitat tinc també de treure’n un negoci. I,
desgraciadament, en salut, això va passar a Anglaterra, amb el National
Health Service i la seva política de privatització, el que va ser en un
procés d’anonimització de dades, les van creuar amb les dades que
tenien les assegurances privades, provocant que, a algunes persones,
se’ls augmentés la quota de la seva assegurança privada, pel fet
que coneixien malalties que abans no coneixien. Per tant, quan parlem de
registre de pacients, hem de posar l’alerta de com serà aquest
registre, qui l’anonimitzarà i qui el gestionarà. Perquè en aquests
moments no existeix una figura especialista en gestionar aquest registre
de pacients.

Per tant, no només estem parlant de salut, sinó que estem parlant
de quines dades hem de treballar, quines són les dades personals i quines
no, quines hem d’anonimitzar i qui gestionarà aquestes dades. I tot
això, a mi em sembla que en una moció no es pot recollir, bàsicament
perquè és un tema massa complicat i que encara està a les beceroles per
poder-lo dur a aquesta Cambra i proposar-lo.

Per tant, amb tots aquests dubtes sobre la taula, el nostre
posicionament serà d’abstenció. I li dic per què, senyor Alarcó. No
és una qüestió en aquest cas política —bé, política també, ja sap
que jo defenso que aquí en aquesta tribuna el que més fem és
política—. Però, sobretot, perquè és una qüestió de prudència i de
racionalitat. Miri, estic convençuda que tots nosaltres ens sentiríem
orgullosos que, gràcies a l’anàlisi de totes les dades de salut,
poguéssim anar millorant la sanitat —i jo crec que aquest serà el
camí— crec sincerament que aquest serà el camí, però també li he de
dir que en aquests moments tenim encara massa coses pendents, hem de fer
primer a, b, c, per poder arribar al Big data que vostè ens proposa. Jo
crec que això encara està molt lluny de ser possible. Independentment que
les dades pertanyin a les comunitats autònomes o a l’Estat
—jo, en això, no hi vull entrar— perquè el que tinc molt clar
és que les dades ens pertanyen a cadascú de nosaltres. I com que cadascú
de nosaltres està en una situació de vulnerabilitat, com quan un està
malalt, i va al seu metge i li explica què li passa i per què li passa
—i aquest professional ho posa dins d’un ordinador— a
partir d’aquell moment nosaltres comencem a ser una mica més
febles. I és molt important que aquesta garantia que la nostra salut mai
no serà utilitzada per res que no sigui per a l’àmbit sanitari o
d’investigació, estigui realment blindada. Sincerament, crec que en
el nostre sistema encara hi ha massa forats com per donar-li aquesta
oportunitat.

Per tant, nosaltres votarem abstenció.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Buenos día, presidente. Buenos días, señorías.

Sobre el papel, el registro de pacientes, destinado a gestionar y
a aprovechar los datos que tiene todo el sistema sanitario público, me
parece muy razonable para utilizar estos datos en investigación y para
tener más conocimientos sobre la salud; pero también nos parece una
cuestión demasiado seria para debatirla en una sola moción y de una forma
muy poco concreta. ¿Por qué lo digo? A raíz de una decisión política de
hace unos meses, en Cataluña hubo una gran discusión sobre los big data,
sobre el registro de pacientes a gran escala; a raíz de esta propuesta
del consejero Boi Ruiz de crear un programa que se llama VISC, en el cual
estén todos los datos de registro de pacientes, se decidió hacer un
documento sobre bioética y los datos de salud. Es un documento que les
recomiendo y que se llama «Documento sobre bioética, explotación y
comercialización de los datos de los usuarios en la sanidad pública»,
elaborado por el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de
Barcelona y dirigido por María Casado y otros colaboradores. En este
documento se extraen una serie de recomendaciones que tienen mucho que
ver con nuestra sociedad y nuestros datos. Y una de las recomendaciones
es que en estos momentos en nuestra sociedad es necesario crear la
cultura para que la ciudadanía sea consciente de la privacidad de sus
datos. Porque todos sabemos que cuanta más información tiene de nosotros
alguien, más poder sobre nuestras conductas tiene y también sobre
nosotros, para lo bueno y para lo malo, pero es verdad que falta esta
conciencia colectiva de la importancia de nuestros datos y del uso que se
tiene que hacer de ellos. También recomendaba el documento informar y
formar a la ciudadanía sobre el hecho real de lo que significa anonimizar
los datos; es decir, que nadie sepa que yo soy esta persona que tiene el
VIH o que tiene un cáncer o que tiene una serie de enfermedades, y ser
consciente de que a veces anonimizar no significa ir para atrás, para que
después no podamos desanonimizar. También es importante alertar de las
necesidades de redefinir los datos personales.

A lo mejor valdría la pena volver a legislar sobre qué son datos
personales, importantes también, y hay que empoderar al ciudadano para
que sepa cuáles son las ventajas, riesgos y beneficios a la hora de ceder
sus datos, por mucho que le digan que van a ser anónimos. Estas son
algunas de las recomendaciones. Hay más, pero he escogido las que me
parecen más importantes. ¿Por qué decimos eso? Porque, aunque nos parece
que un registro de pacientes va por el camino adecuado, la gente tiene
que ser muy consciente de lo que se va a hacer con sus datos sobre salud,
que son los más sensibles que tenemos porque dan mucha información sobre
nosotros. Y son datos que dan mucho poder a la persona que los percibe.
Si usted escribe en Google «registro de pacientes», lo primero que
aparecerá es una gran cantidad de páginas de la industria farmacéutica
que hablan de enfermedades concretas y productos concretos. Y no hay nada
malo en eso, pero la industria farmacéutica, entre otras, tiene mucho
interés en tener muchos datos, así que es muy importante que esos
registros o big datas estén anonimizadas. Y, de alguna forma, big data es
igual a big business. ¿Por qué?






Porque cuantos más datos se puedan cruzar
más posibilidades se tendrán de hacer un buen negocio. Eso ya sucedió en
materia de salud en Inglaterra con la privatización de NHS, cuando, en un
proceso de anonimización de datos, estos se cruzaron con aquellos que
tenían los seguros privados, provocando que aumentase la cuota del seguro
privado de algunas personas porque se dieron a conocer enfermedades que
no eran públicas hasta ese momento. Por tanto, hay que estar alerta
respecto de cómo va a ser este registro, quién lo va a anonimizar y quién
lo va a gestionar, porque en estos momentos no existe una figura
especialista en gestionar este registro de pacientes.

No solo estamos hablando de salud, sino también de los datos con
los que tenemos que trabajar; hay que saber qué datos son personales y
cuáles no, cuáles debemos anonimizar y quién los va a gestionar. Y me
parece que todo eso no se puede recoger en una moción. Es un tema
demasiado complicado, y que todavía está en sus inicios, como para
traerlo y proponerlo en la Cámara.

Con todas estas dudas sobre la mesa, nuestra posición va a ser la
de abstención. Y le diré por qué. No es solo una cuestión política
—aunque también, por supuesto; ya sabe que defiendo que lo que más
hacemos es política—, sino básicamente de prudencia y
racionalidad.

Estoy convencida de que todos nosotros nos sentiríamos orgullosos
de que, gracias al gran análisis de todos los datos sobre salud,
pudiéramos mejorar la sanidad. Y ese va a ser el camino, pero en estos
momentos tenemos todavía demasiadas cosas pendientes. Tenemos que hacer
a, b y c hasta llegar a los big data que usted nos propone; y todavía
estamos muy lejos de que eso sea posible. Independientemente de que los
datos pertenezcan a las comunidades autónomas o al Estado —ahora no
voy a entrar en esa discusión—, tengo claro que nos pertenecen a
cada uno de nosotros. Cuando estamos enfermos vamos al médico, le
explicamos lo que nos ocurre, por qué nos pasa, y ese profesional
introduce esos datos en el ordenador, y a partir de ese momento empezamos
a ser un poco más débiles. Es muy importante, pues, tener la garantía de
que nuestra salud nunca se va a utilizar para nada que no se refiera
realmente al ámbito sanitario de investigación, es decir, que esos datos
estén blindados. Y creo que en nuestro sistema todavía hay demasiados
agujeros como para que exista esa oportunidad. Por tanto, nosotros nos
vamos a abstener.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Com a comentari previ a aquesta moció, voldria assenyalar que
nosaltres trobem que aquesta proposta és poc concreta. L’abordatge
és tan genèric, que no acaba proposant res clarament. Demana posar en
marxa les mesures necessàries per a facilitar i ens preguntem quines són
aquestes mesures. Aquí, certament, hem de manifestar que en una primera
llegida d’aquesta moció, ens aborden algunes inquietuds perquè,
malgrat que persegueix una bona finalitat, no en tinc cap dubte i a més a
més, coneixent el talant del senador Alarcó, no en tinc cap dubte, ens
planteja d’entrada dubtes respecte a temes de competències,
identificació, necessitat, model, costos, entre alguns que, a priori, et
vénen al cap. A banda de la centralització d’informació que pot
comportar aquesta mesura, perquè estan parlant d’identificació de
pacients i de dades clíniques, no únicament de tenir un registre de
pacients. L’anàlisi d’aquesta informació ara, en aquest
moment, és competència de les comunitats autònomes i no del ministeri.
Ens planteja qüestions. Llegint la moció podríem pensar: què ens estan
dient? Que les comunitats autònomes envien la informació i es gestionarà
per part de no sé qui sabem i després ens retornaran aquestes dades a
consulta? O pot ser que no sigui això el que ens plantegen, però en tot
cas no queda definit en aquesta proposta.

D’altra banda, no es parla de respectar els models
d’identificació actuals de cada comunitat autònoma, ni tan sols de
mancomunar els identificadors ja existents. Temes que també
s’haurien de posar al damunt de la taula, i amb la introducció de
les esmenes del grup de Podemos sí que alguns han quedat més aclarits,
identificació d’aquests ciutadans —per què hi ha tendència a
utilitzar un únic identificador— confidencialitat, autorització
dels ciutadans a gestionar aquesta informació, cost del manteniment
d’aquesta tramesa d’informació, no tan sols dins del sistema
comunitat autònoma-ministeri, sinó dins dels propis sistemes existents a
cada comunitat autònoma caldria conèixer quines són les funcions del
ministeri en relació a aquest nou projecte, qui gestionarà, de quina
manera.

A banda d’aquesta voluntat de centralitzar les dades
—ja li torno a dir. que és competència de les comunitats
autònomes— l’anàlisi detallada de pacients i patologies,
podem estar d’acord amb què les funcions, o la proposta, pugui anar
determinada a gestionar aquestes dades per trobar respostes en algunes
patologies, o tenir accés a més informació per a donar resposta a
aquestes patologies i, des del punt de vista de la ciutadania, en
l’anàlisi de la moció sembla que tot té una tendència a orientar
que es milloraran les condicions assistencials i nosaltres creiem que amb
aquesta proposta no és així. Ho trobem un brindis al sol perquè, a més a
més, ens posa dificultats que es podrien presentar amb aquest registre
nacional que vostè diu, a la seva utilització en àmbits de tipus més
territorials, més reduïts, amb variables i condicionants que són
diferents als estudis que es puguin dur a terme en aquests territoris en
qüestió. A més, a nivell territorial, a Catalunya ja hi ha registres en
aquest sentit, però sabem que no hi ha el mateix grau de maduresa a totes
les comunitats autònomes i hauríem de començar a tenir implantats els
sistemes i a mirar què fem de tota aquesta informació, com en fem un bon
ús, però, per a nosaltres, no passa per establir un sistema únic que
vulgui igualar i uniformitzar tot això, el que passa és per tota la
informació que tinguem a cada lloc, que la puguem compartir, estem més
per aquí. No sabem el grau de maduresa que hi ha a cada comunitat
autònoma, no ho sabem. A Catalunya s’ha treballat molt en aquest
sentit, fins i tot ens hem equivocat a l’hora d’implantar
alguns sistemes i hem hagut de rectificar, perquè no és una feina fàcil i
és una feina molt delicada, perquè hem de partir de la premissa que les
dades són del pacient, per tant, és un tema molt sensible quan estem
treballant amb aquesta informació.

Per tant, creiem que és preferible que la col.laboració de la
informació sigui col.laboració en xarxa, de diferents registres, sobre
variables prèviament acordades i en estudis d’àmbit
supraterritorial. En aquest sentit, recordar que Espanya ja forma part
d’iniciatives europees en aquest sentit. Tenim la European Network
of Cancer Registers, també estan en el Registre Europeu de Malalties
Rares o Minoritàries, pensem que no és necessària la fórmula
d’aquest registre de pacients a nivell nacional, per efectivament
trobar la manera, en xarxa, de posar tota la informació a l’abast
en aquest nivell que ja s’està duent a Europa. Per tant, compartim
que és bo que la informació estigui a l’abast per tal de poder
estudiar estadísticament les malalties o poder tenir coneixement de les
característiques del malalt, però no veiem que aquesta proposta, que és
molt inconcreta, pugui ser efectiva, i menys a aquestes alçades. Però
això, i perquè entenem que en un món globalitzat les solucions
d’informació no passen per ser úniques o uniformes, pensem que el
que cal és que puguin ser compartides, que les informacions puguin ser
compartides. Nosaltres, per l’experiència que tenim en
digitalització de les dades clíniques, apostem per la potenciació de la
interoperabilitat entre els diferents sistemes d’informació.

Si vostès estan parlant d’un registre nacional de pacients
únicament, des del punt de vista més tècnic, el ministeri té totes les
eines en aquest moment per fer un registre de pacients a través de la
història clínica digital. Això ja poden fer-ho. Si volen anar més enllà,
nosaltres pensem, en resum, que el més eficient és compartir la
informació però no allunyar-la dels registres de gestió dels diferents
àmbits de responsabilitat sanitària. Per una senzilla raó, de sentit
comú, perquè la proximitat dóna fiabilitat i dóna eficiència al
tractament de les dades.

Per això, malgrat que entenem que hi ha bona voluntat, pensem que
aquesta moció ens situa en un brindis al sol, pensem que hi ha molta més
feina per fer, que sona molt bé parlar d’aquest registre nacional
de pacients però, en aquest moment, no tenim la maduresa suficient en el
tractament de les dades i menys a nivell de totes les comunitats
autònomes, perquè aquesta proposta assoleixi la finalitat que diu
perseguir.

Per això, i perquè ja els dic que no estem d’acord amb el
fet de donar suport a una proposta que no ens proposa cap sistema
—no sabem qui gestionarà aquestes dades, de quina manera—
nosaltres no ens sentim còmodes donant suport, ens manifestem a favor de
la finalitat que diu perseguir, però no compartim el sistema ni pensem
que el registre nacional de pacients sigui la fórmula per aconseguir el
que diu aquesta moció.

Per tot això, em sap greu, senyor Alarcó, perquè si hagués de
votar d’acord amb el seu tarannà evidentment li votaria fins i tot
que sí, perquè és un bon company i una persona absolutament oberta al
diàleg i a parlar dels temes, però, pel contingut de la moció, em sap
molt greu però votarem que no.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Como comentario previo a esta moción quiero señalar que esta
propuesta nos parece poco concreta; su abordaje es tan genérico, que no
acaba proponiendo nada claramente. Se pide que se pongan en marcha las
medidas necesarias para facilitar…, y nos preguntamos cuáles son
esas medidas. Ciertamente, al leer por primera vez esta moción se nos
plantearon algunas inquietudes, porque, a pesar de que su buena finalidad
está clara —no me cabe la menor duda, sobre todo conociendo el
talante del señor Alarcó—, como digo, surgen dudas sobre
competencias, identificación, necesidad, modelo, costes o centralización
de la información que puede comportar esta medida. Porque se habla de
identificación de pacientes y datos clínicos y no solo de un registro de
pacientes. Bien, el análisis de esta información en este momento es
competencia de las comunidades autónomas, no del ministerio, y nos
plantea varias cuestiones. Leyendo la moción podríamos pensar: ¿Qué nos
están diciendo: que las comunidades autónomas enviarán la información,
esta se va a gestionar por parte de no sé quién, y luego se devolverán
los datos para consulta? ¿O no es eso lo que nos plantean? En todo caso,
no queda definido en la propuesta.

Por otro lado, no se habla de respetar los modelos de
identificación actuales de cada comunidad autónoma o de mancomunar los
identificadores ya existentes, temas que también se tendrían que poner
sobre la mesa. Con la introducción de la enmienda de Podemos algunos de
estos extremos han quedado un poco más aclarados, como la identificación
de esos ciudadanos —porque hay tendencia a utilizar un solo
identificador—, la confidencialidad, la autorización de los
ciudadanos para gestionar esta información, el coste del mantenimiento de
esta, no solo en el sistema comunidad autónoma-ministerio, sino también
en los sistemas existentes en cada comunidad autónoma, o conocer las
funciones del ministerio en relación con este nuevo proyecto y quién lo
va a gestionar y de qué forma.

Aparte de la voluntad de centralizar los datos —repito que
es competencia de las comunidades autónomas— y del análisis
pormenorizado de pacientes y patologías, estamos de acuerdo con que la
propuesta persiga encontrar y gestionar esos datos para dar respuesta a
esas patologías o tener acceso a más información a tal fin. Y desde el
punto de vista de la ciudadanía, del análisis de la moción se puede decir
que las condiciones asistenciales van a mejorar. Pero creemos que no es
así, que de alguna forma es un brindis al sol. Además, con ese registro
nacional se podrían presentar una serie de dificultades a la hora de
utilizar esos datos en un ámbito territorial más reducido, con variables
y condicionantes diferentes a los estudios que se puedan realizar en esos
territorios en cuestión. Por otra parte, en Cataluña ya existen registros
en ese sentido, pero sabemos que no hay el mismo grado de madurez en
todas las comunidades autónomas, por lo que deberíamos empezar por tener
implantados los sistemas y saber hacer un buen uso de toda esa
información. Y en nuestra opinión eso no pasa por un sistema único que
iguale y uniformice todo, sino porque podamos compartir toda la
información que tengamos en cada una de las comunidades autónomas. Repito
que no conocemos el grado de madurez de cada una de las comunidades. En
Cataluña se ha trabajado mucho en este sentido, e incluso nos hemos
equivocado a la hora de implantar algunos sistemas y hemos tenido que
rectificar, porque esta no es una tarea fácil, sino muy delicada. Debemos
partir de la premisa de que los datos son del paciente, por lo que
trabajar con esa información es un tema muy sensible.

Por tanto, creemos que es preferible que la colaboración sea en
red entre distintos registros sobre variables previamente acordadas y en
estudios de ámbito supraterritorial. A este respecto quiero recordar que
España ya forma parte de iniciativas europeas, como la red europea de
enfermedades de cáncer, o un registro europeo de enfermedades
minoritarias. En definitiva, pensamos que no es necesaria la fórmula de
un registro a nivel nacional para encontrar la manera de que toda la
información se ponga en red al nivel que ya existe en Europa. Pensamos
que es bueno que la información esté al alcance de todos para poder
estudiar estadísticamente las enfermedades o tener conocimiento de las
características del enfermo, pero no creemos que esta propuesta, muy
inconcreta, pueda ser eficaz y efectiva, y menos en estos momentos,
porque creemos que en un mundo globalizado las soluciones para la
información no pasan, repito, por ser únicas o uniformes, sino que deben
ser compartidas, que las informaciones se pueden compartir. Por nuestra
experiencia con la digitalización de los datos clínicos, apostamos por la
potenciación de la interoperabilidad entre los distintos sistemas de
información.

Si ustedes están hablando de un registro nacional de pacientes
únicamente desde un punto de vista muy técnico, en estos momentos el
ministerio ya dispone de todas las herramientas para poder llevarlo a
cabo a través de la historia clínica digital. Eso ya se puede hacer. Pero
si quieren ir más allá, pensamos que lo más eficaz es, repito, compartir
la información, pero no alejarla de los registros de gestión de los
distintos ámbitos de responsabilidad sanitaria, por sentido común: porque
la proximidad da fiabilidad y eficiencia al tratamiento de los
datos.

Por todo ello, a pesar de que reconocemos su buena voluntad,
pensamos que esta moción es un brindis al sol. Hay mucho trabajo por
hacer. Está muy bien hablar de un registro nacional de pacientes, pero en
estos momentos, insisto, no tenemos la madurez suficiente en el
tratamiento de los datos —y menos al mismo nivel en todas las
comunidades autónomas— para que esta propuesta consiga la finalidad
que persigue.

En resumen, como no estamos de acuerdo con apoyar una propuesta
que no nos propone ningún sistema —no sabemos quién va a gestionar
esos datos y de qué forma—, no nos sentimos cómodos apoyando esta
moción. Repito que estamos a favor de la finalidad que persigue, pero no
compartimos el sistema ni pensamos que el registro nacional de pacientes
sea la fórmula adecuada para conseguir el objetivo de esta moción.

Lo siento, señor Alarcó, si fuera por su talante votaría a favor,
porque es usted un buen compañero y una persona absolutamente abierta al
diálogo y dispuesta a hablar de todos estos temas, pero, aunque me sabe
muy mal, por el contenido de la moción vamos a votar en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
González Bethencourt.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.

Qué duda cabe que estamos ante una moción de enorme trascendencia,
no solo para los enfermos, sino para todos los profesionales que se
dedican a la investigación. Evidentemente, los que hemos hecho
investigación en hospitales y en la universidad a la hora de comenzar a
trabajar siempre hemos echado en falta no disponer de una buena base de
datos. Por tanto, el Partido Socialista valora y apoya la enorme
trascendencia que supone disponer de datos de los pacientes para poder
investigar, para avanzar en el tratamiento de pacientes con cáncer, para
avanzar en el costo de los medicamentos, para avanzar en la evolución de
los pacientes, en su seguimiento, supervivencia, etcétera. Es decir,
entendemos que la disponibilidad de los datos de pacientes a nivel
central es una base importante. Y también entendemos que eso no es fácil.
En cualquier caso, se trata de seguir una recomendación de la
Organización Mundial de la Salud, que sugiere, efectivamente, que todos
los países dispongan al más alto nivel de una base de datos para la
investigación, una investigación que no solamente puede ser clínica, sino
también epidemiológica, universitaria u hospitalaria, y que todos los que
hemos trabajado en este mundo sabemos lo importante que es. Ahora bien,
hay que tener en cuenta que en España ya se ha producido un avance
importante en este sentido; de hecho, ya hay siete registros que están
funcionando muy bien. Aparte del registro oncológico, tenemos los de
distrofia muscular, de enfermedades raras —fue tratado en este
Pleno, y lo apoyamos—, de espina bífida, de lupus eritematoso, de
errores congénitos del metabolismo y también el de instrucciones previas
sobre cuidados y tratamientos de la salud o con motivo de
fallecimiento.

Es decir, no partimos de cero, sino de un avance importante en
todos estos aspectos. Pero, efectivamente, para poder seguir avanzando
tenemos que disponer de esos datos, y hay que contar con las comunidades
autónomas y con los profesionales de la salud, que son los que inician el
proceso. Por tanto, es necesario que haya una planificación informática.
Es necesario que el Consejo Interterritorial de Salud planifique la
manera de recoger los datos; que estos estén informatizados
perfectamente; que se puedan estudiar y valorar de acuerdo con criterios
de control; y también que haya una seguridad para los pacientes. Por
cierto, esa seguridad ya está resuelta, puesto que en la historia clínica
y en los datos que se aportan nunca figura el nombre del paciente
—está en el anonimato—, aunque de alguna forma se define el
proceso del enfermo. Por consiguiente, entendemos, repito, que esta
moción supone un avance pero no resuelve las necesidades actuales de la
investigación.

En cuanto a lo que ha dicho el señor Alarcó sobre la aceptación de
los tres puntos de la enmienda de Podemos, tengo que recordarle, senador
Espinar, que no es correcto que el Grupo Popular haya aceptado los tres.
Por ejemplo, ha obviado —no sé si lo ha leído— la expresión:
«…sin que pueda cederse a empresas privadas ni pueda externalizarse
su procesamiento.» Como digo, de los tres puntos que usted ha presentado,
esta parte, que es muy importante, no ha sido incorporada al texto, luego
repito que no es verdad que el Grupo Popular haya aceptado la enmienda en
su totalidad.

En cualquier caso, valoramos y apoyamos esta iniciativa, pero
tenemos que ver los inconvenientes de la moción. Por un lado, señor
Alarcó, el PP no garantiza que no pueda cederse a empresas privadas la
información obtenida por los servicios sanitarios, los médicos, los
investigadores, los centros de salud, las empresas, etcétera, o que su
procesamiento no pueda externalizarse. Este es un problema importante, y
el texto de la moción no resuelve este punto. Por otro lado, la moción
del Grupo Popular reconoce —léanlo al final— que la recogida
de datos es muy tediosa y que va a suponer un esfuerzo al que deben
dedicarse recursos. Y eso supone una importante inversión; y es verdad,
porque pensar que en el Ministerio de Sanidad puedan figurar los datos de
todos los pacientes es una utopía, es imposible. Hay que centrarse, pues,
en los registros que ya tenemos e ir avanzando en otros nuevos.

Vemos que la moción presenta dos déficit importantes, que hacen
que revisemos nuestra decisión al respecto, que no nos gustan en
absoluto. Y también existe una contradicción: por un lado, en la moción
del Grupo Popular se dice que esta iniciativa exige una gran inversión y
que la recogida de datos es tediosa. Bien, se supone que hay que emplear
a profesionales de la informática, que hay que poner de acuerdo a médicos
e investigadores y canalizar los datos desde los servicios regionales de
salud al Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la moción también dice que
no supone coste económico alguno. Como digo, es una contradicción
absoluta: si dicen que la recogida de datos es importante, que además es
tediosa, y que requiere una gran inversión, no se puede luego adjuntar un
documento en el que se diga que no supone coste económico alguno.

Señor Alarcó, señores del Partido Popular, ¿en qué quedamos?
Apoyamos la investigación, apoyamos a los profesionales de los
hospitales, de atención primaria, de la universidad, apoyamos cualquier
iniciativa de investigación en favor de los enfermos, apoyamos que se
conozca el seguimiento de los tratamientos, la evolución y la
supervivencia en la cirugía, en los tratamientos de oncología y en todas
las enfermedades que hemos señalado antes. Pero vemos que esta moción del
Grupo Popular se presenta, curiosamente, al final de la legislatura. Es
muy llamativo que la presenten ahora, al final de la legislatura, cuando
ya no hay tiempo de poner de acuerdo a las comunidades autónomas y ni
siquiera habrá tiempo de convocar al Consejo Interterritorial de
Salud.

Por tanto, el Grupo Socialista, dejando claro que apoya la
iniciativa y también el registro de pacientes, se va abstener.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González
Bethencourt.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, señorías, para desmarcarme de cualquier crítica
posterior, quiero agradecer sinceramente a los portavoces de todos los
grupos el tono de su intervención. Creo que es un requisito que tenemos
que fomentar cada vez más.

En segundo lugar, ¡qué papelón, querido José Vicente González
Bethencourt, senador y médico! ¡Qué papelón! ¡Qué pena!

Si hay un idioma internacional, ese es el de la medicina. Es el
esperanto de la humanidad, con el que todos nos entendemos y en el que la
ideología no tiene peso. Y creo en las ideologías, lo hago con pasión,
pero este no es un tema ideológico. Para que el niño o la niña que nazcan
hoy —nacerán menos de los necesarios, pero nacerán—, tenga
una morbimortalidad perinatal de casi cero… (Una mujer que ocupa la
tribuna de público se desnuda el torso mostrando el lema «yo decido»,
mientras grita «libertad para abortar; mi cuerpo, mis normas»).

El señor PRESIDENTE: Ruego a los servicios de la Cámara que
desalojen la tribuna del público. (Los servicios de la Cámara proceden al
desalojo de la tribuna de público).

Continúe, senador Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Como iba diciendo, el niño o la niña
que nazca hoy en España tiene al nacer una morbimortalidad de 0,01 %.
Cuando la madre vaya a dar a luz, tendrá la morbimortalidad y la atención
de los mejores profesionales del mundo. Cuando necesite una intervención
quirúrgica entrará en quirófanos con profesionales que le darán una
garantía casi absoluta. Y eso, señores, es así gracias a que en España
tenemos una sanidad pública que es la suma de la sanidad de las
comunidades autónomas, que no tiene ningún déficit distinto a la sanidad
española. No hay que tener ningún miedo.

Señor Cazalis, como siempre, nos entendemos muy bien. Le comprendo
muy bien. Esta es una necesidad bibliográfica, técnica, que piden,
incluido el País Vasco, mis compañeros y los suyos. Por cierto, la unidad
de medida, el tiempo de duración de una legislatura es de cuatro años, no
uno. El cuarto año es igual de importante que el primero, querido
compañero. ¿Es que en el cuarto año, como es el último y hay elecciones,
no se puede hacer nada? ¿De qué estamos hablando? ¿No será esa una
excusa? Es importantísimo que no haya ninguna duda. La protección de
datos está en una ley orgánica, aprobada, por cierto, casi por mayoría
absoluta. Y los que la pusieron en duda también votaron a favor.

Y, por supuesto, no se trata de un gasto. Dice usted, señor
González Bethencourt, que hay una contradicción. Si usted dijera a sus
compañeros del hospital donde trabajaba lo que ha dicho aquí, tendría un
porvenir muy dificultoso. Le voy a dar un dato. Llevo treinta y nueve
años dando clase, y en mi cátedra preparamos a los MIR, a residentes de
todo el país. Y les hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué hay que hacer
para mejorar los datos de un país, incluida la estadística europea
—porque va a haber un registro europeo sanitario—? La
respuesta es: un registro nacional de pacientes. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Y si en la respuesta no figura «registro nacional de pacientes»,
la pregunta se ha suspendido y no se aprueba el MIR. ¿Por qué molesta que
la palabra «nación» sea inquisidora para el control de unos datos, cuando
eso está garantizado? Señores, ¡por favor!

Les voy a dar otro dato que creo que es definitivo. Somos —y
debemos decirlo con pasión y con orgullo todos y de todos los
partidos— el primer país del mundo, y lo llevamos siendo
veinticuatro años seguidos, incluido este —la estadística se
publicó hace dos días—, en donaciones de órganos y en trasplantes
por cada 1000 habitantes. Y eso lo organiza la Organización Nacional de
Trasplantes. Es imprescindible un registro de trasplantes nacional para
que, por ejemplo, los riñones que uno tiene la suerte de poder donar a
esa gran comunidad —donde yo aprendí a hacer trasplantes de
páncreas— que se llama Cataluña vayan a otro cuerpo
maravillosamente bien y den vida. ¿Por qué no ponemos las cosas en su
sitio? La Organización Nacional de Trasplantes es el registro nacional
más solidario, sin fronteras, más auténtico, más marca Europa y más marca
de este país que existe en nuestra historia. ¿Por qué? Porque es
solidario, porque es técnicamente perfecto, y lo ha sido, repito,
veinticuatro años seguidos. Porque cuando uno hace un trasplante no
pregunta de dónde vienen los órganos; cuando uno opera, opera bien, con
un resultado determinado, pero no tiene ninguna ideología. Insisto:
pongamos las cosas en su sitio. Esto es importantísimo.

En los minutos que me quedan, les pido modestamente,
encarecidamente, que todos podamos salir… (Rumores) —se oye
demasiado a la gente, y eso que yo también hablo cuando estoy ahí, con lo
cual, mea culpa— … de esta Cámara Alta, no Baja, que tiene
una misión fundamental en relación con la ciencia, que tiene la misión de
solucionar todos los problemas que se puedan a la ciudadanía, porque
cuando esta enferma no tiene ideología —ni la terapéutica—,
que podamos salir, digo, diciendo que hacer un registro nacional de
pacientes, que pronto será un registro europeo de pacientes —y ya
tenemos un registro nacional de trasplantes—, es importantísimo
para que mejore la calidad de lo que estamos dando. Repito que es
importante.

Para terminar, quiero decir al doctor Cazalis que el 80 % del
gasto sanitario lo engendramos los profesionales, como tiene que ser. No
solamente tenemos que saber odontología, hematología o cirugía, sino que
debemos ser racionales en su correcta utilización, con las herramientas
correctas, para poder hacer una medicina más eficaz. Y eso se llama
registro nacional de pacientes, que no es ni público ni privado, sino que
está protegido en un país democrático por la Ley Orgánica de protección
de datos. No tengan ninguna duda.

Voy terminando.

Llevo ocho años en esta Cámara y nunca había oído en esta tribuna
—y mire que he oído cosas, todos las hemos oído— que un
senador le diga a otro de otro partido: te has confundido diciendo que sí
al PP. Eso ha hecho José Vicente González Bethencourt, senador canario
del Partido Socialista, que le ha dicho a Podemos que se ha confundido al
aceptar lo que ha aceptado. Yo no lo he vivido nunca, aunque es verdad
que ocho años en el Senado no es mucho en comparación con la experiencia
que tienen otros senadores que llevan mucho más tiempo. Esto es algo
increíble, menudo papelón (Rumores). Ayer dialogué con el senador Espinar
y me propuso una serie de cosas que eran absolutamente razonables; y,
como son razonables, las proponga quien las proponga, el Partido Popular
no tiene ningún anticuerpo —ya que hablamos de sanidad— que
le impida aceptarlas con nobleza y decirlo en público y aquí.






Espero que
eso nunca nos limite a la hora de mejorar el tratamiento de los
ciudadanos, que somos todos los pacientes. Y lo que añadió fue muy
sencillo. ¿Cómo que usted quitó, si es una modificación, señor González
Bethencourt? Es una modificación y, como lo es, se corrige, se constata
con su grupo, se aprueba y se firma; y, una vez firmado, se toma la
resolución.

En definitiva, y quiero decirlo en público…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Ya termino. Pero se me ha interrumpido,
señor presidente. Le pido un minuto nada más.

El señor PRESIDENTE: Ya lo he tenido en cuenta, senador
Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Acabo ya. El señor Espinar añade tres puntos que son absolutamente
lógicos y que se han incorporado.

Para terminar, quiero agradecerles a todos el tono utilizado en
esta moción. Les pido y sugiero que recapaciten, porque es muy importante
que en esta Cámara se apruebe por unanimidad, o por lo menos con una
mayoría franca, esta moción que mejora el tratamiento de nuestros
ciudadanos y pacientes.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la propuesta de modificación, firmada por el
Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Convergència i
d’Unió, el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la moción del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231;
votos emitidos, 230; a favor, 149; en contra, 17; abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cuatro
enmiendas. Una, del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió,
dos del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la senadora Julios y
de la senadora Armas, y otra, del Grupo Parlamentario Socialista.
(Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Larriba. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora LARRIBA LEIRA: Buenos días, señor presidente.
(Rumores).

Señorías, traemos a este Pleno...

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora Larriba.
(Continúan los rumores).

Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio, por favor.

Cuando quiera, senadora Larriba.

La señora LARRIBA LEIRA: Gracias, presidente.

Traemos a este Pleno una iniciativa que tiene por objeto llamar la
atención del Gobierno sobre algunos aspectos que preocupan al sector
pesquero español.

Por lo que respecta a la gestión del caladero nacional, el
Gobierno ha cumplido el compromiso de revisar los repartos de cuotas
realizados en la anterior legislatura. Sin embargo, como todos ustedes
saben, todavía se hace necesario adecuar los niveles de flota a la
sostenibilidad de los recursos pesqueros, no solo desde el punto de vista
medioambientalista, sino también socioeconómico. Estos objetivos han de
especificarse por medio de planes de ordenación de las distintas flotas,
en conjunción con las comunidades autónomas, en lo referente a la pesca
en aguas interiores que son de su plena competencia, de tal manera que
alcanzando límites biológicos seguros se permita el mantenimiento de la
actividad a largo plazo, especialmente en las zonas altamente
dependientes de la pesca. Para ello, se debe analizar pormenorizadamente
cada segmento de flota atendiendo al caladero en el que desarrolla su
actividad y a las especies a las que dirige su labor.

El ministerio ha avanzado sustancialmente en esta dirección a lo
largo de la legislatura poniendo el acento en las personas que viven del
mar, defendiendo especialmente la actividad pesquera de los segmentos de
flota más vulnerables, como lo ha hecho con las embarcaciones del xeito y
del racú, ante la prohibición de pescar con redes de deriva.

Pero hay que seguir haciendo frente a los intentos descabellados
de ciertas organizaciones ecologistas, algunas de ellas, por cierto,
ligadas a intereses de empresas petrolíferas, para que se prohíba el
arrastre de fondo a partir de los 600 metros sobre la base de estudios
científicamente poco rigurosos que menosprecian el daño enorme que se
puede hacer a las economías costeras con las medidas que proponen. Por
eso, es necesario, especialmente en los fondos donde se permiten las
artes de pesca de arrastre, impulsar el mapeado de zonas sensibles de
pesca; estudios, por cierto, en los que España ha sido pionera, de modo
que las medidas que se adopten no estén basadas en estudios cargados de
demagogia, sino que resulten del respeto a los trabajadores y a la buena
planificación de la actividad pesquera.

Desde esta tribuna hemos instado al Gobierno a desarrollar un
sistema que posibilite la transferencia de cuotas individuales, las ITQ,
por especie entre las empresas. Esto sigue siendo necesario por varios
motivos. En primer lugar, porque a medio plazo este sistema no parece el
más apropiado para ciertas actividades de pesca de bajura, que requieren,
de momento, un sistema propio basado en la corresponsabilidad individual
y colectiva, expresada esta, quizá, a través de las cofradías de
pescadores. Sin embargo, tenemos que convencer a nuestros socios europeos
de que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para atender
debidamente el requerimiento de explotar las pesquerías al nivel de
rendimiento máximo sostenible.

En nuestra opinión, el sistema de cuotas transferibles es el más
eficaz para la autorregulación de las pesquerías industriales y de altura
e, incluso, el de algunas unidades de pesca de cerco. La experiencia
española así lo avala y ello ha permitido adaptar el tamaño de nuestra
flota a las posibilidades de pesca a medio y largo plazo. El ideal sería
un sistema global para Europa en el que estas cuotas individuales fueran
plenamente transferibles en todo el mercado común. Pero esto, hoy en día,
y con la jurisprudencia que defiende que las cuotas pertenecen a los
Estados miembros, no es posible. No obstante, creemos que la asignación
de estos derechos a las empresas mediante un sistema análogo a los
regímenes de concesión administrativa, donde estos derechos pudieran ser
pignorables sin que el Estado perdiera su titularidad, no solo es posible
sino deseable, porque permite una concentración de los derechos de manera
racional y con cargo a la iniciativa privada sin el concurso de recursos
públicos estableciendo, eso sí, los oportunos límites para evitar
situaciones de monopolio u oligopolio. Señorías, creemos que esta
cuestión debería estar incluida en los planes de ordenación pesquera
aunque solo sea para indicar la dirección en la que se enmarca la acción
del Estado.

No quiero dejar de señalar la necesidad de incentivar una
dimensión de la flota en equilibrio con los recursos disponibles y que
cumpla, además, con unos niveles óptimos de empleo, evitando la
sobrecarga de las unidades y con ello la fatiga del trabajo, mejorando la
calidad de la dura actividad que realizan los trabajadores del mar.

En cuanto a los planes de descarte y posibilidades de pesca para
el próximo año, todos ustedes saben que, tras la reforma de la política
pesquera comunitaria, la nueva regulación obliga a desembarcar todas
capturas que realice un buque pesquero en el desarrollo de su actividad,
prohibiendo expresamente los descartes, es decir, prohibiendo que se
devuelvan al mar, vivas o no, las capturas no deseadas, bien porque no
alcanzan la talla mínima o porque el pescador no dispone de cuotas para
esa especie que descarta. Esto plantea graves problemas en las pesquerías
mixtas o multiespecie porque, aunque se ha avanzado mucho en estas artes
selectivas, no hay manera de evitar las capturas incidentales de especies
no deseadas, lo que impide a estas pesquerías alcanzar sus niveles de
rendimiento máximo sostenible.

El caso de España es especial. En las negociaciones de adhesión a
la Unión Europea, a diferencia del resto de los Estados miembros, a
España solo se le asignaron cuotas sobre las pesquerías principales y no
sobre las accidentales, que están inevitablemente presentes en estas y
que, según el reglamento antiguo, debían devolverse al mar. Ahora ya no
es posible y habrá que paralizar la pesquería principal en cuanto se
alcancen ciertos niveles de captura de especies accidentales que, ahora
sí, cuentan sobre la cuota. Esta situación no deja de suponer cierta
alteración en las condiciones del tratado de adhesión, que es preciso
cuantificar y describir, así como proponer las soluciones adecuadas a
corto, medio y largo plazo. Desde luego, es el momento de apoyar la
reconversión de los buques hacia la utilización de artes de pesca más
selectivas y, quizá, el de proponer una revisión de las cuotas a las que
España tiene derecho.

A pesar de los aumentos de cuota obtenidos por el Gobierno actual
para la flota española y de las medidas de gestión adicionales para
compensar los desequilibrios existentes entre la capacidad y esfuerzo de
nuestra flota pesquera y las posibilidades de pesca, todavía se hace
necesario la utilización de paradas temporales planificadas con ayudas
públicas para minimizar, temporal o puntualmente, la existencia de
segmentos de flota y modalidades por caladeros en los que persiste
sobrecapacidad. Así lo contempla la nueva política pesquera comunitaria
al integrar la paralización temporal como una medida biológica de
equilibrio en las pesquerías, y se pone a disposición de los Estados
miembros a través de las ayudas del Programa horizonte 2020.

Señorías, debo destacar a este respecto que el considerable
incremento de las posibilidades de pesca para la flota española que se ha
producido a lo largo de esta legislatura se ha debido, en gran medida, a
la política de control e inspección de la actividad que ha mantenido el
Ministerio de Agricultura. Sin un equilibrio entre el esfuerzo pesquero y
los recursos disponibles, no es posible garantizar al sector la actividad
en el futuro y el abastecimiento del mercado comunitario. Sin embargo,
nuestro grupo parlamentario pide al Gobierno que asegure un acceso
suficiente a las cuotas en pesquerías pelágicas del litoral como la
caballa, el jurel, la anchoa o la sardina, intentando reducir las
sanciones ocasionadas por la negligencia del Gobierno anterior. Le
pedimos también que distinga claramente los stocks de bacaladilla del
norte y sur como independientes, así como que intensifique los estudios
para dilucidar si otros stocks están delimitados adecuadamente.

En relación con los acuerdos pesqueros a los que se refiere el
punto tres de nuestra moción, quisiera decirles que en materia de pesca
es esencial la participación activa e influyente en el proceso de toma de
decisiones político y legislativo de la Unión Europea. El sector pesquero
español es fundamental en la economía de Europa por su importancia
estratégica, desde el punto de vista del abastecimiento alimentario,
máxime ante una creciente demanda de alimentos. Se debe, por tanto,
mantener con firmeza una posición en las negociaciones internacionales y
no nos cabe duda de que así lo ha hecho este Gobierno. Desde febrero
de 2012 se han rubricado dieciséis acuerdos de pesca con terceros países,
algunos de los cuales estaban bloqueados al inicio de la legislatura,
como los de Marruecos, Gabón, Senegal o Guinea Bissau.

Señorías, la Unión Europea es el mayor mercado de productos de la
pesca del mundo e importa el 60 % del pescado que consume. La pesca
ilegal no declarada y no reglamentada tiene un grave impacto sobre los
entornos marinos y supone una competencia desleal con el sector pesquero
español. Por ello, desde esta tribuna pedimos al Gobierno que inste a la
Comisión Europea a que las medidas de inspección y control aplicadas con
tanto éxito por España se extiendan al resto de los Estados miembros,
evitando así que los productos importados busquen vías de entrada más
laxas en el mercado comunitario, compitiendo de manera desleal con
nuestros productos y poniendo en riesgo nuestra seguridad
alimentaria.

Pero todo esto, señorías, no es suficiente. Debemos reconocer el
importantísimo papel que juegan nuestras empresas de capital mixto
ubicadas en terceros países. Se necesita un marco comercial adecuado que
liberalice las importaciones de ciertos productos básicos, algo que
precisa nuestra muy desarrollada industria de transformación. No tiene
lógica, por ejemplo, que el abadejo de Alaska entre en la Comunidad
Europea en mejores condiciones arancelarias que la merluza argentina o
namibia, y lo mismo es válido para el gambón argentino. Señorías, es
ineludible la revisión al alza de los contingentes libres de arancel, así
como la eliminación de trabas que entorpecen y alargan los trámites
administrativos para permitir la entrada en territorio español y
comunitario de productos que en la mayoría de los casos son capturados
por nuestra flota de empresas mixtas o que resultan indispensables para
la buena marcha de nuestra industria transformadora de productos de la
pesca.

En cuanto al Plan estratégico de la acuicultura española al que
nos referimos en el último punto de nuestra moción, quiero decirles que,
efectivamente, la Secretaría General de Pesca ha finalizado el Plan
estratégico plurianual de la acuicultura española 2014-2020, y que para
su correcta planificación espacial se ha estado trabajando en el rediseño
del sistema de información geográfica, tarea que se verá reforzada en los
Presupuestos Generales del Estado 2016 con el aumento de la dotación que
ha presentado el Gobierno para respaldar los trabajos llevados a cabo por
Foessa, a través de un convenio con la Fundación Biodiversidad. El
objetivo, a nuestro juicio, es fijar con claridad cuáles son las áreas
susceptibles de instalación de este tipo de industrias para, una vez
definidas dichas áreas, procurar que la tramitación administrativa, desde
la aprobación de la inversión hasta el comienzo de las obras, no supere
los seis meses.

Señorías, sin ecología no hay economía. La vinculación empresarial
con la biodiversidad es evidente y su realidad se ve afectada si la
perdemos. De ahí que instemos al Gobierno a dar continuidad a los
trabajos llevados a cabo por Foessa y a desarrollar el plan estratégico
de la acuicultura española, en colaboración con las comunidades
autónomas, para que esta actividad pueda desplegar todo su potencial y
lograr el objetivo, para el horizonte temporal 2030, de que la
acuicultura española lidere en términos productivos y económicos esta
actividad en el ámbito europeo, reforzando su papel dinamizador en las
zonas rurales y litorales, creando empleo y garantizando a los
consumidores productos de calidad y procesos sostenibles.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Larriba.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador
Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, president.

La nostra és una esmena, com la immensa majoria d’esmenes
que hem portat en la història parlamentària de l’Estat, que intenta
moltes coses. Intenta, en primer lloc, millorar el text. Intenta que
sigui una moció de consens, i sobretot intenta ajudar el sector i també
respectar les competències. És curiós que encara haguem de parlar de
respecte competencial, però es lo que hay, que diuen en castellà.

Per tant, hem fet una esmena el redactat de la qual no desvirtua
en absolut el redactat del grup proposant, el Partit Popular. El primer
punt es manté. Al segon hi afegim —i ho diré en castellà perquè ho
entenguin bé—: «Para ello se tendrán en cuenta las singularidades
de la flota mediterránea en la elaboración de los citados planes». Si
mirem el mapa de l’Estat, veurem que la pesca espanyola pesca a
molts llocs, i és molt diversa i és molt plural. Es pesca al Mediterrani,
es pesca al Cantàbric, es pesca a diferents oceans... Per tant, el que
demanem és que aquesta moció, que té bona voluntat, que està ben
dirigida, que té bones intencions, però —sempre hi ha un
però— que no respecta les competències autonòmiques, tingui en
compte aquestes singularitats de la pesca del Mediterrani, una pesca de
costa, que és la que afecta a Catalunya i a totes les autonomies que
toquen el Mediterrani. El punt 3 el mantenim. Al punt 4 hi afegim «Donar
suport financer a les comunitats autònomes, amb l’objectiu de
desenvolupar aquest pla estratègic d’aqüicultura», perquè aquesta
activitat es pugui desenvolupar en tot el seu potencial. És una altra
aportació per respectar les competències autonòmiques. I el cinquè és un
redactat que diu «Establir una definició específica i diferenciada per a
la flota d’arrossegament, costera o de litoral, acompanyada
d’un pla de suport a les mesures per a les activitats pesqueres
artesanals i de proximitat». Per tant, és una altra aportació a la
diversitat de la pesca.

No sé quina serà la voluntat del Partit Popular; no ho sé. Si
se’ns acceptés l’esmena, votaríem encantats. Ens afegiríem a
aquesta voluntat de consens. Si no s’accepta l’esmena ens
abstindrem. No hi votarem en contra perquè hi veiem una voluntat
—com ha dit la portaveu del Partit Popular que ha presentat la
moció— d’ajudar el sector, de respectar, d’aportar...
Per tant, no la veiem una moció negativa. Però sí que hi ha una greu
malaltia, hi ha un tumor que cal extirpar, i nosaltres aportem aquesta
esmena per la manca de respecte institucional des del punt de vista de
les competències autonòmiques. Si la nostra no ha de ser una esmena
acceptada, ens abstindrem. Demanarem que el Partit Popular faci un últim
esforç, perquè amb totes les esmenes que s’aporten ‒no només
la de Convergència‒ aquesta moció podria ser molt millorada, una
moció que quedaria molt reforçada. I seria una moció de consens, i
aquesta és la nostra voluntat.

Res més i moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

Nuestra enmienda, como la inmensa mayoría de las que hemos
presentado en la historia parlamentaria del Estado, intenta muchas cosas:
mejorar el texto, que sea una moción de consenso y, sobre todo, ayudar al
sector y respetar las competencias. Es curioso que aún tengamos que
hablar del respeto competencial, pero es lo que hay, como dicen en
castellano.

Planteamos una enmienda cuyo redactado no desvirtúa en absoluto el
del grupo proponente, el Grupo Popular. El primer punto se mantiene. En
el segundo, añadimos —y lo diré en castellano para que se entienda
bien—: Para ello, se tendrán en cuenta las singularidades de la
flota mediterránea en la elaboración de los citados planes. Si miramos el
mapa del Estado vemos que la pesca española se realiza en muchos sitios,
es muy diversa y plural; se pesca en el Mediterráneo, en el Cantábrico y
en distintos océanos. Por tanto, lo que pedimos es que esta moción, que
tiene buena voluntad, está bien dirigida, tiene buenas intenciones pero
—siempre hay un pero— no respeta las competencias
autonómicas, tenga en cuenta las singularidades de la pesca del
Mediterráneo, la pesca de costa, que es la que afecta a Cataluña y a
todas las autonomías lindantes con el Mediterráneo. Mantenemos el punto
tres. Y en el punto cuatro añadimos: Apoyar financieramente a las
comunidades autónomas con el objetivo de desarrollar el Plan estratégico
de acuicultura, para que esta actividad se pueda desarrollar en todo el
ámbito competencial. Sin duda, esta aportación va dirigida a respetar las
competencias autonómicas. El redactado del quinto punto señala:
Establecer una definición específica y diferenciada para la flota de
arrastre costera o de litoral, acompañada de un plan de medidas de apoyo
a las actividades pesqueras artesanales y de proximidad. Esta es, por lo
tanto, otra aportación a la diversidad de la pesca.

No sé cuál será la voluntad del Grupo Popular, no lo sé. Si
aceptan la enmienda votaremos encantados a favor, añadiéndonos a esa
voluntad de consenso, pero, si no la aceptan, nos abstendremos. No
votaremos en contra porque vemos buena voluntad, como ha dicho la
portavoz del Grupo Popular que ha presentado la moción; como digo, vemos
voluntad de ayudar al sector, de respetar y de aportar, así que no vemos
que sea una moción negativa. Pero aportamos esta enmienda porque
consideramos que sí hay que extirpar un tumor, y es la falta de respeto
institucional desde el punto de vista de las competencias autonómicas.
Por lo tanto, si nuestra enmienda no es aceptada, nos abstendremos. No
obstante, queremos pedir al Grupo Popular que haga un último esfuerzo
porque creemos que con todas las enmiendas que se aportan, no solo la de
Convergència, esta moción quedaría muy reforzada y se lograría el
consenso, y esa es nuestra voluntad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Paso a defender las enmiendas presentadas a esta moción por
Coalición Canaria, también con el espíritu de poder conseguir, entre
todos, un acuerdo que cuente con la unanimidad de esta Cámara. Nosotros
entendemos que las enmiendas que hemos presentado no desvirtúan la
redacción, sino que pretenden incorporar algunas de las especificidades y
características del sector pesquero en Canarias.

En Canarias estamos haciendo un esfuerzo por recuperar el sector
primario y, dentro de este, especialmente el de la pesca. Es un elemento
fundamental, dentro de la apuesta decidida que estamos haciendo en
Canarias para diversificar la economía en nuestro archipiélago, para el
desarrollo de las islas, para la creación de empleo y también para el
autoabastecimiento alimentario de nuestra comunidad.

Por ello, planteamos las siguientes enmiendas. En relación con el
punto 1, proponemos incorporar la necesidad de que se tengan en cuenta
las alegaciones que en su momento presentó la Consejería del Gobierno de
Canarias con competencias en la materia. Estas alegaciones ya han sido
consensuadas con todo el sector pesquero de las islas, la ministra las
conoce y se ha comprometido a estudiarlas. Nos parece importante que se
incorpore este añadido en la moción porque el actual redactado del
borrador de la orden que va a regular el arte y las modalidades de pesca
marítima, que establece el plan de gestión para los buques censados en el
caladero canario, ha suscitado una fuerte contestación por parte de los
pescadores canarios; por todos, pero sobre todo por los de las islas de
Gran Canaria y de Lanzarote en lo que se refiere al número de
autorizaciones de nasas y a su tamaño. El sector no entiende que se
justifique un recorte tan drástico como el que se plantea en este
borrador de la orden sin los pertinentes estudios que lo avalen, ya que
esa disminución que se plantea pone en riesgo la pesca en algunas islas
—las dos que he comentado— debido a que bastantes unidades de
estas islas se dedican en exclusiva a este arte de pesca.

El número de nasas autorizadas no puede ser el mismo para todas
las islas, ya que la superficie de la plataforma insular varía en su
dimensión de unas islas a otras, lo mismo que el porcentaje de aguas
exteriores, cuya regulación es competencia del Estado. Las aguas
interiores, señorías, se fijan uniendo los vértices de las diferentes
islas y en algunos casos, como los citados de Gran Canaria y Lanzarote,
son prácticamente nulas por las características geográficas de esas
islas, de su entorno. En el caso de Gran Canaria, existe mucha superficie
de agua exterior y mucha plataforma, de ahí que los pescadores de esta
isla aspiren a poder recuperar las setenta y cinco nasas que había con
anterioridad.

La segunda enmienda plantea, en relación con el punto 2, que, a la
hora de trabajar y definir las cuotas y las posibilidades de la flota
pesquera, se atienda al artículo 17 del Reglamento europeo, que
específicamente dice que en el establecimiento de las cuotas se deben
favorecer las pescas tradicionales respetuosas con el medioambiente y que
favorecen el ahorro energético y generan economía local, como es el caso,
precisamente, del tipo de pesca que realiza la flota pesquera canaria.
Esto no se ha aplicado así —y pongo el ejemplo más reciente—
en el reparto de la cuota del atún rojo, según el cual Canarias, de
las 3000 toneladas, solo tiene asignadas 100. Para que tengan una idea
práctica de la repercusión que supone esta medida, les diré que un solo
cerquero gallego tiene la misma cuota asignada que toda la flota canaria,
y en la última campaña la ridícula cuota asignada a Canarias se agotó el
primer día. Creemos que el Gobierno de España tiene que hacer valer ante
la Unión Europea el artículo que les he comentado porque así podría
crecer la cuota asignada a Canarias sin afectar a otras comunidades
autónomas.

En el siguiente turno haré algunas reflexiones en torno al resto
de los puntos de la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente. Intervengo aún
con el tono quebrado porque hace unos minutos conocí la pérdida de un
gran amigo y compañero, militante histórico de mi pueblo.

En cuanto al paquete de enmiendas que nosotros presentamos, tiene
que ver con que consideramos que el Grupo Popular presenta una loa y un
esfuerzo de dar incienso al Gobierno que nos preocupa, porque le pide al
Gobierno que continúe haciendo lo mismo que ha hecho en estos cuatro años
y que ha perjudicado gravemente al sector pesquero. Para empezar, ha
minusvalorado la importancia de este sector reduciendo las dotaciones
presupuestarias a la mitad en cada uno de los ejercicios presupuestarios;
ha hecho una política que ha creado conflicto en el sector por las
decisiones erráticas que ha tomado y que han hecho que los pescadores
hayan tenido que salir muchas veces a la calle; también ha creado un
conflicto en el reparto de cuotas que ha conseguido enfrentar a
diferentes comunidades, a diferentes artes, a diferentes flotas, y ha
realizado una gestión que ha supuesto la pérdida de licencias que
teníamos y que daban actividad a nuestros buques en muchos países del
mundo. Por lo tanto, nos parece que el Gobierno rehúsa sus
responsabilidades en la materia, está buscando siempre culpables
—en la Unión Europea, en la Comisión, hoy hemos visto de nuevo cómo
se le echa la culpa de todo a los ecologistas— y, en ese sentido,
pensamos que debe haber un Gobierno que se ocupe de los problemas de la
pesca y para empezar podría hacerlo con una cuestión que plantea la
moción, como es el tema de los descartes, señorías, porque en el
año 2016, dentro de unos meses, habrá que aplicar esta medida y ni las
comunidades autónomas ni el sector saben lo que hay que hacer con esta
cuestión.

Por eso planteamos una enmienda, que es una alternativa, con diez
puntos: pide que se impulse la política de acuerdos pesqueros para los
buques, sobre todo los que quedaron sin actividad; que se negocie ante la
Comisión y el Consejo Europeo el incremento de las posibilidades de pesca
y que el resultado de esas negociaciones se haga en un reparto justo para
flotas, para las diferentes artes y también para los distintos
territorios; que se acaben de ordenar los caladeros nacionales, evaluando
la interacción entre arte y recurso y los equilibrios entre recurso,
mercado, empleo, impacto en el empleo en los territorios, etcétera; que
se promuevan iniciativas en la Unión Europea para que sean viables
nuestras flotas cuando haya que aplicar la política de descartes; que se
dé prioridad a la producción nacional en las industrias de transformación
de nuestro país y exigir condiciones de trazabilidad y responsabilidad
social y ambiental en las producciones pesqueras, tanto nuestras como en
el caso de la Unión Europea, y que afectan a muchos sectores —ya se
ha discutido aquí del atún y del mejillón gallego—; que se busque
el apoyo del Instituto de Oceanografía en coordinación con los centros de
investigación de las comunidades autónomas, el CSIC, etcétera, para
investigar y potenciar la investigación de especies que sean de interés
para los sectores pesqueros, de la utilización de las diferentes artes
—por ejemplo, para para los descartes—, el medio marino, la
acuicultura, la búsqueda de nuevos productos y subproductos de la pesca,
en definitiva, buscar y utilizar la investigación en apoyo del sector;
aumentar la presencia de los científicos en los foros donde se toman
decisiones que afectan a nuestra flota; modificar el programa operativo
nacional para permitir que todos los sectores puedan acceder al nuevo
fondo europeo de la pesca —en este momento hay sectores que no
pueden acceder por distintas prohibiciones reglamentarias—; que la
pesca ilegal se persiga no solo con sanciones, sino también con
vigilancia, utilizando nuevas tecnologías, dándole más medios, con la
política de formación, y llevar a cabo medidas de carácter social que
equiparen los derechos de los hombres y mujeres del mar con el resto de
los trabajadores, que les den nuevos derechos, como la prestación de
desempleo, o afronten el tema de las enfermedades profesionales.

Entendemos que estas son las medidas que el Senado le debe dar al
Gobierno, un Gobierno que, por cierto, se va a ir y yo creo que hay que
pedir al nuevo Gobierno que haga algo muy diferente de lo que está
haciendo este.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Tiene la palabra la senadora Larriba, para indicar si acepta o no
las enmiendas.

La señora LARRIBA LEIRA: Gracias, presidente.

Intervendré desde el escaño y muy brevemente, porque yo creo que
todos los enmendantes han reconocido estar de acuerdo con el fondo, les
parece bien el fondo de esta moción, por eso yo les pido que la
apoyen.

Señor Maldonado, no veo ninguna razón en la moción que le lleve a
pensar que no se van a respetar o que no se están respetando las
competencias de las comunidades autónomas —creo que lo he dicho en
otra ocasión—. Yo creo que están ustedes hipersensibilizados con
esta cuestión, de verdad que no veo ninguna razón que le pueda llevar a
usted a sospechar que no se respetan; de hecho, se reconocen las
competencias que las comunidades autónomas tienen en aguas interiores y
en marisqueo. Desde luego, señor Maldonado, en Galicia lo tenemos
clarísimo, clarísimo.

En cuanto a las enmiendas de Coalición Canaria, debo indicarle que
el proyecto que regula el caladero canario se está elaborando de acuerdo
con el procedimiento establecido, que incluye la consulta al sector y,
por supuesto, a la comunidad autónoma.

Y en cuanto al número de nasas que usted plantea aquí, es una
cuestión técnica, no política, que tiene que ver con el esfuerzo
pesquero. No es un tema para debatir en esta Cámara, sino que, como digo,
es un tema técnico.

Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, en
primer lugar, quisiera presentarle al senador Fidalgo mis condolencias
por el fallecimiento de su compañero y amigo.

Tengo que decirle que lo que nos presenta, más que una enmienda,
es una moción por la amplitud, pero es cierto que, sustancialmente, usted
está recogiendo la mayor parte de lo que nosotros planteamos en nuestra
moción. Lo que sí se ve claro es que el fondo le ha gustado en una gran
medida pero la forma no; quizás no haya acertado yo con la redacción. Le
animo a apoyarla y, si no fuera así, le animo a que presenten ustedes
otra moción, pero ya le digo: ha tenido usted cuatro años para
presentarla y lo oportuno sería, por lo menos, respaldar esta.

Para terminar, entre las cosas que ha comentado usted y que pide
en su enmienda está la prioridad arancelaria para algunas especies. Esto
no es posible, usted sabe que no es posible; lo que se puede hacer es
abrir el contingente libre de arancel —que es lo que nosotros
estamos proponiendo—, sobre todo para las especies que pescan
nuestras empresas.

Tal como comenzaba en mi intervención, tenemos claro que ustedes
están básicamente de acuerdo con el fondo y, por tanto, vamos a rechazar
estas enmiendas.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Larriba.

¿Turno en contra? (Pausa).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Lamentamos que no acepten ninguna de las enmiendas presentadas, ni
por nuestro grupo ni por ningún grupo. Parece que el espíritu de consenso
que todos hemos planteado a la senadora del Grupo Popular no ha hecho
mucha mella para intentar conseguir un acuerdo en esta iniciativa, cuando
para Canarias son verdaderamente importantes los elementos que nosotros
planteamos.

Señoría, no se trata de una sensibilidad subjetiva, se trata de
una inmunidad adquirida objetivamente por las agresiones sufridas por la
pesca en Canarias con los últimos acuerdos, y esa inmunidad genera el
recuerdo de una memoria que tenemos reciente de lo que ha ocurrido con
cuestiones que usted llama probablemente técnicas, pero que son las que
dan de comer a los pescadores, al sector pesquero y que generan muchos
empleos. Esas cuestiones técnicas que nosotros planteamos son las que
tienen que ser defendidas políticamente por el Gobierno de España. Y si
usted aquí les da la poca importancia de que como son cuestiones técnicas
no hay que valorarlas, entonces volveremos a estar en las mismas
circunstancias en que hemos estado hasta ahora: en un proceso de
deterioro y de desaparición de la flota pesquera canaria desde que hemos
incorporado a Canarias en la Unión Europea, por no respetar las
especificidades de nuestro territorio. Por lo tanto, no son cuestiones
secundarias, son cuestiones importantes y son cuestiones que tienen que
ser defendidas, desde nuestro punto de vista, por el Gobierno de España
ante la Unión Europea. Y digo esto porque, además de los elementos que he
incorporado en las enmiendas que acabamos de defender, en los otros
puntos de la moción tenemos cosas que señalar; en aras del consenso no
las expresamos objetivamente por medio de una enmienda, pero sí se las
voy a decir ya que he visto que, por lo visto, no tiene ningún interés en
reflexionar sobre las enmiendas que hemos planteado Coalición
Canaria.

En relación con el tercer punto, seguir impulsando la ampliación
de acuerdos pesqueros con países no comunitarios, pido también el
respaldo de la Cámara porque es necesario que se priorice que en estos
acuerdos no se perjudique a Canarias. Y lo digo de forma consecuente,
porque las consecuencias del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y
Mauritania para Canarias han sido catastróficas, lo han sido para el
sector extractivo, pero también lo han sido para el puerto de la Luz y el
puerto de Las Palmas en la isla de Gran Canaria. En concreto, la no
autorización de la descarga pelágica en el puerto de Gran Canaria
—y esto no es una cuestión técnica— ha dificultado, ha
generado pérdidas de puestos de trabajo por no haber descarga pelágica
del congelado en la isla de Gran Canaria, y además, no se nos permite la
pesca de los cefalópodos a la flota de la isla, no se permite nada de
pesca a la flota cefalopodera que teníamos en las islas Canarias en
general; ambas cuestiones se eliminaron en el acuerdo firmado en 2012. Lo
que nosotros planteamos, señorías, como es lógico, es que se permita
tanto la pesca de los cefalópodos por parte de la flota canaria como la
descarga pelágica en la isla.

Tenemos que seguir trabajando y debemos hacerlo de mutuo acuerdo
ambas administraciones ante la Unión Europea, porque es necesario
recuperar la situación en que estábamos antes de 2012. No se justifica la
prohibición de la pesca de cefalópodos por parte de nuestra flota,
creemos que tenemos una petición fundada y justificada dada la cercanía
que tienen ambos territorios, Canarias y Mauritania, y el número de
barcos cefalopoderos que tenemos en Canarias, que no son muchos. Lo que
pedimos es que se permita la pesca de un contingente razonable que no
perjudique en absoluto a la flota mauritana, como no se la ha estado
perjudicando durante todos estos años atrás, y, por supuesto, que se
permita, como había antes, la descarga de una parte de las 250 000
toneladas que supone el total de lo que se está pescando en estos
momentos.

Además, planteamos que se incorpore en los convenios algo que nos
parece muy importante dentro de la cooperación: tenemos en Canarias un
proyecto muy importante conjuntamente con Mauritania, el Macapel,
mediante el cual estamos transfiriendo la experiencia pesquera que
tenemos en Canarias, nuestro saber hacer, nuestro know how, en el puerto
y en la pesca a este país hermano, a Mauritania, y esto debería propiciar
la posibilidad de permitir la pesca y el desembarco del volumen de pesca
pelágica congelada que teníamos hasta hace poco en los puertos de la Luz
y de Las Palmas. Según los cálculos de la Federación Canaria de Empresas
Portuarias, Fedeport, conseguir el desembarco de esta mercancía podría
generarnos unos 2000 empleos directos e indirectos, de ahí, señorías, que
Coalición Canaria considere que la autorización de esta actividad tendría
una importante repercusión en el archipiélago, sobre todo en el puerto de
Las Palmas.

Y para concluir, en relación con el cuarto punto, el Plan
estratégico de la acuicultura española, como saben, Canarias es una
comunidad pionera en el desarrollo de la acuicultura, prácticamente está
concluido el plan estratégico de canarias en este sector y tenemos
también un importante desarrollo de I+D+i en esta actividad. Por todo
ello, nos parece importante que se tengan en cuenta los planes
estratégicos de las comunidades autónomas en el caso de que lo tengan
—como es el caso de Canarias, que sí lo tenemos— y que, desde
luego, cuando se desarrolle el Plan estratégico de España se tenga en
cuenta el importante volumen de costa que tenemos en Canarias y la
relevancia que está teniendo este sector en la economía de nuestro
archipiélago.

Lamento que no se acepten las enmiendas y, por tanto, nosotros no
podemos apoyar esta moción.

Gracias. (Aplausos del señor Díaz Tejera).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Anuncio también mi rechazo a la moción. No se trata solo de que,
como viene ocurriendo con frecuencia en los últimos meses, las mociones
del Grupo Popular sean propagandísticas, de autobombo del Gobierno y del
Partido Popular, sino que además en ésta en concreto prácticamente se nos
pide que demos un aprobado a lo que ha sido la política en materia
pesquera del actual Gobierno a lo largo de la legislatura.

La moción no deja de ser un balance de esa política pesquera,
balance que en la moción obtiene una nota elevada y por eso se pide que
se profundice en las acciones desarrolladas. Y esas acciones
desarrolladas no han impedido ni una reducción en el peso de la flota
—en el número de buques— ni una caída en el empleo ni tan
siquiera en algo que podemos compartir y en lo que se ha realizado un
cierto esfuerzo: en los estudios de seguimiento de la realidad de las
especies y de las posibilidades de captura, pues los resultados de los
mismos han sido lo suficientemente fiables como para poder establecer una
estrategia o una previsión de la marcha de las capturas de esas especies
a corto plazo.

En esta campaña de verano hemos visto dos ejemplos arquetípicos o
característicos. En primer lugar, la sardina, la humilde sardina que
durante mucho tiempo fue una especie de bajo precio, accesible a la
mayoría de los ciudadanos: en esta campaña se ha producido una caída
espectacular en las capturas de sardina que no había sido anunciada por
los estudios realizados; incluso, en manifestaciones públicas de los
expertos que participaron en esos estudios, y con un ánimo
autojustificativo, se dieron explicaciones muy poco plausibles, como que
esto es cíclico, que cada equis años se puede producir una caída en la
reproducción y en la captura, etcétera. En segundo lugar, también de
forma sorpresiva, una costera que significaba un porcentaje de los
ingresos de la flota muy importante, como es la del bonito, en esta
campaña ha tenido un volumen de capturas reducido que ha situado los
ingresos en unos niveles preocupantes, a pesar de que tanto en el caso de
la sardina como en el del bonito del norte el precio para el consumidor,
obviamente, se tuvo que disparar.

Tampoco podemos compartir las críticas que se han realizado en la
presentación de la moción a las organizaciones ecologistas en tanto en
cuanto cuestionen la práctica del arrastre, que, innegablemente, tiene
unas consecuencias medioambientales negativas, eso es incuestionable. Se
puede discutir sobre el impacto mayor o menor, pero vincular ese
cuestionamiento a intereses relacionados con las petroleras es una
descalificación carente de fundamento. En este país el propagandista de
las petroleras, como hemos podido comprobar incluso en sus intervenciones
en esta Cámara, es el ministro Soria, que es quien ha intentado
generalizar prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, en el entorno
de Canarias y también en el mar Cantábrico.

Finalmente, en la moción se hace referencia a que se insta al
Gobierno a seguir trabajando en las cuotas correspondientes para el
próximo año. Ya veremos qué gobierno hay el próximo año para aprobar esas
cuotas, pero si empieza esos trabajos, como asturiano, tengo que
recordarle al Gobierno la reciente sentencia de hace mes y pico del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con la Orden
Ministerial de 2014 para 2015, que fijó el reparto de la cuota de xarda
—que decimos nosotros, de caballa—, que discriminó
clarísimamente a la flota pesquera asturiana, que por eso fue impugnada
ante los tribunales y que obtuvo sentencia favorable reconociendo tal
discriminación. Por lo tanto, sea cual sea el gobierno que haya de fijar
la cuota para 2016, que corrija los criterios establecidos para 2014
y 2015 y que establezca algún mecanismo de compensación por los
perjuicios generados a la flota pesquera asturiana.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Si me lo
permite, voy a intervenir desde el escaño.

Hemos oído muchas cosas y la verdad es que todo lo que nos ha
contado la senadora Larriba nos suena mucho: es prácticamente lo que
recogimos en el primer documento de consenso en la comisión de pesca, un
documento del que nos felicitamos todos; luego, cuando hemos empezado a
hablar pormenorizadamente, hemos empezado a tener otro tipo de
desafinamientos, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad es que lo
que ha dicho suena a aquello que firmamos a principios de legislatura y,
además, le felicito por su exposición porque ha sido una muy buena
exposición, como no podía ser de otra manera.

En cuanto a la parte dispositiva de la moción, en principio
entendemos que los planes de ordenación del caladero nacional ya están
hechos —falta el canario y es evidente que hay que
completarlo— y, en mi opinión, se hizo con mucho trabajo y tampoco
es cuestión de andar tocando los planes cuando no hace falta. Por lo
tanto, podríamos estar de acuerdo en finalizar el mapa de planes que hay
en el Estado.

En cuanto al punto 2, preparar los planes de descartes —que
es uno de los apartados en el que se habla de ello—, creo que ahí
se está trabajando bien, entre otras cosas porque el problema es muy
grave y puede ser mucho más grave. Se está trabajando conjuntamente con
las comunidades autónomas —de hecho, AZTI-Tecnalia, que es la
tecnológica de pesca y alimentación del País Vasco, está involucrada en
varios de los proyectos para la minimización de los descartes, algunos
financiados por el Gobierno vasco y otros por la propia Secretaría
General de Pesca— y se ha creado una mesa estatal para la
eliminación de descartes. Aquí, hilando un poco con la moción anterior,
quiero decir que esta Mesa estatal de eliminación de descartes en un
principio se llamaba Mesa nacional de eliminación de descartes, pero a
alguien le chirrió mucho eso de mesa nacional y se puso mesa estatal
—para que vea el senador Alarcó que no solo nosotros hablamos de
cosa nacional, aunque en aquel caso no fue—. Por lo tanto, estamos
también de acuerdo con los descartes.

En cuanto a trabajar las cuotas y posibilidades de pesca para el
próximo año, hace poco ha habido una reunión en la Secretaría General de
Pesca. Nos preocupa el tema de la anchoa porque el secretario general de
Pesca dijo que iba a utilizar un nuevo mecanismo de flexibilidad
interanual de cuotas —lo cual nos da un miedo espantoso, pero habrá
que ver qué es lo que sale de todo eso— y entendemos que lo suyo es
trabajar las cuotas y las posibilidades de pesca para aumentarlas y para
repartirlas de la manera más adecuada posible, porque lo que sí es
evidente es que hay un punto al que no podemos volver: al de la pesca
olímpica, eso queda absolutamente descartado. Parte de los problemas que
estamos sufriendo ahora vienen precisamente por haber trabajado de esa
manera, y los primeros interesados en que eso no sea así es el propio
sector, porque a la fuerza ahorcan y se han dado cuenta de que realmente
es la peor manera de gestionar un caladero.

Por lo demás, entendemos que las cuotas y las posibilidades de
pesca hay que asignarlas en función de los recursos disponibles y la
sostenibilidad de las pesquerías, porque si no se hace así no va a ser
viable, pero también sobre la base de los históricos de capturas. No se
puede desvestir un santo para vestir otro, no se puede desvestir un santo
tradicional para vestir otro y, sobre todo, si los históricos de capturas
han servido, sirven y tendrán que servir para negociar las cuotas ante la
Unión Europea, evidentemente, luego no podemos hacer nosotros lo
contrario cuando estemos discutiendo de las cuotas en las aguas
estatales.

Por otro lado, estamos de acuerdo con lo que se ha dicho de la
pesca ilegal, pero estará usted de acuerdo conmigo, senadora Larriba, en
que aumentar la cuota de lomos de atún extraarancelarios de 20 000
a 30 000 toneladas no es acorde con esta norma, porque esas toneladas no
vienen de pesca totalmente legal o, por lo menos, vienen de pesca no
controlada. En este sentido, quiero recordar al Grupo Socialista que
también estamos de acuerdo con lo que plantea en el punto 5 de priorizar
la utilización de los productos pesqueros nacionales en nuestra
industria, pero también votaron a favor de la ampliación del contingente
de 20 000 a 30 000 toneladas. Por lo tanto, me parece que estamos
hablando de cosas diferentes y estamos haciendo excepciones cuando
probablemente solo nos venga bien a nosotros.

Por último, se habla de desarrollar el Plan estratégico de
acuicultura española. Me alegro de que diga en colaboración con las
comunidades autónomas y que no diga en coordinación. Y me alegro de que
diga en colaboración porque entendemos que el Gobierno español pueda
tener su plan estratégico, pero la acuicultura es una competencia
exclusiva de la comunidad autónoma vasca consagrada en el estatuto de
autonomía, que forma parte del bloque de constitucionalidad. Por lo
tanto, con la palabra colaboración, que es de igual a igual, podríamos
estar de acuerdo.

Aun así, vuelvo a repetir que, estando de acuerdo con esa vuelta
al consenso del comienzo de la legislatura, los distintos pormenores que
hemos tenido en otros temas no nos permiten ser tan optimistas como la
senadora Larriba con todo lo bueno que se ha hecho. En consecuencia, no
vamos a votar en contra, pero tampoco vamos a votar a favor; por lo
tanto, nos vamos a abstener.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Senyor president, des de l’escó estant,
si m’ho permet.

Respecte d’aquesta moció, el de la pesca és un tema que
sempre ens hi aproximem amb molta prudència. Venim d’un text en què
a l’inici de la legislatura es va consensuar una posició compartida
per tots els grups, i des d’aquesta perspectiva no havíem presentat
esmenes. La veritat és que aquesta moció ens ha semblat que té un to
—






com deia el senador Iglesias— de ser una moció balanç del
conjunt d’una legislatura, i per tant, ens semblava —i ho ha
dit la senadora Larriba— que la forma tenia poc a veure amb aquella
moció que ens va portar a un consens.

Nosaltres no estem d’acord amb el to optimista
d’aquesta moció. Entenem que en l’àmbit de la pesca hi ha en
aquests moment encara qüestions greus per resoldre. Se n’ha parlat
d’algunes. Sabem que el nostre és un país que té una dependència
exterior molt important en l’àmbit de la pesca. L’aqüicultura
hauria de pal·liar en certa manera aquesta dependència, però no ho està
fent. També sabem sobre la situació de les espècies comercials —se
n’ha parlat també— que en aquest moment el 59 % de les que
disposem d’informació està per sota dels mínims de la seguretat
biològica, un 14 % està per sota dels nivells d’emergència,
etcètera. Des d’aquesta perspectiva, entenem que s’hauria
d’abordar aquesta qüestió amb un altre discurs. Va ser exactament
amb el tema dels descartes, que és un tema important. Entenem que la
situació de descartes en aquest moment és absolutament insostenible.
S’han de fer coses i s’han de prendre mesures que evitin
aquesta situació. Des de la nostra modesta opinió, entenem que la qüestió
passa certament perquè es reculli el rol de les obligacions científiques
i que siguin de compliment obligatori, perquè d’alguna manera és el
que ens garantirà que estarem fent un ús sostenible del recurs
pesquer.

L’aqüicultura —ho torno a dir— és un element
important, un element absolutament estratègic, però és cert que no es pot
aprovar el que ha passat en aquests últims anys des del punt de vista de
l’aqüicultura quan hi ha inversors que diuen que han trigat 14 anys
a obtenir una llicència per poder fer una explotació d’aquestes
característiques. Des del nostre punt de vista —i ho diuen les
xifres de les pròpies associacions—, això ocasiona una pèrdua
de 1.700 llocs de treball directes i 2.500 d’indirectes.

Nosaltres, repeteixo, no teníem cap esmena en aquesta moció, però
ens hauria agradat que l’esperit de consens hagués continuat
vigent. Veiem que no és així i per aquest motiu, senyor president, el
nostre vot serà contrari a aquesta moció.

Gràcies.

Señor presidente, si me lo permite, voy a intervenir desde el
escaño.

La pesca es un tema al que siempre nos aproximamos con mucha
prudencia. Venimos de un texto en el que, al inicio de la legislatura, se
consensuó una posición compartida por todos los grupos y, por lo tanto,
desde esta perspectiva, no habíamos presentado enmiendas. La verdad es
que esta moción nos ha parecido que tiene el tono, como decía el senador
Iglesias, de un balance del conjunto de una legislatura y, por tanto, nos
parece, como ha dicho la senadora Larriba, que la forma tiene poco que
ver con aquella moción que nos llevó a un consenso.

Nosotros no estamos de acuerdo con el tono optimista de esa
moción. Entendemos que en el ámbito de la pesca en estos momentos hay
cuestiones realmente graves aún por resolver —se ha hablado de
algunas de ellas—. Sabemos perfectamente que el nuestro es un país
que tiene una dependencia exterior en el ámbito de la pesca muy
importante, la acuicultura debería paliar en cierto modo esta dependencia
y no lo está haciendo, y también conocemos la situación de las especies
comerciales —se ha hablado también de ello—: en estos
momentos, el 59 % de las que se dispone información están por debajo de
los mínimos de seguridad biológica, un 14 % está por debajo de los
niveles de emergencia, etcétera. Por lo tanto, desde esa perspectiva,
consideramos que habría que abordar esta cuestión con otro discurso. Se
produjo en el tema de los descartes y entendemos que la situación en
estos momentos es absolutamente insostenible; hay que hacer cosas y hay
que tomar medidas que eviten esta situación. Desde nuestra modesta
opinión, la cuestión pasa sin duda porque se recoja el rol de las
obligaciones científicas y que estas sean de cumplimiento obligatorio,
porque de algún modo es lo que nos va a garantizar que estaremos haciendo
un uso sostenible de los recursos pesqueros.

La acuicultura —vuelvo a decirlo— es un elemento
importante, absolutamente estratégico, pero no se puede aprobar lo que ha
pasado en estos últimos años en la acuicultura, cuando hay inversores que
dicen que han tardado 14 años en obtener una licencia para montar una
explotación de estas características. Desde nuestro punto de vista
—y lo dicen las cifras de las asociaciones—, esto ocasiona
una pérdida de 1700 empleos directos y 2500 indirectos.

Nosotros, repito, no hemos presentado ninguna enmienda a esta
moción, pero nos habría gustado que el espíritu de consenso hubiera
seguido vigente. Viendo que no es así, y por ese motivo, señor
presidente, nuestro voto será contrario a esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, el sector pesquer és un sector que històricament està
en crisi. És veritat que, en els últims anys, està avançant, està
superant obstacles i fins i tot albira una possibilitat de refer-se; però
segueix en crisi. Li ha afectat la crisi econòmica, li han afectat les
normes europees, li han afectat polítiques dels dos Governs —no
només PP, PP i PSOE— que no eren totes les que reivindicava el
sector, i d’alguna forma, segueix en crisi, tot i que va fent
camí.

Ens preocupen especialment determinades polítiques pesqueres que,
lluny d’afavorir la competitivitat del sector, segueixen reticents
a establir modificacions que permeten un major rendiment pesquer; per
exemple, l’assignació de quotes de la tonyina vermella entre els
pescadors del litoral mediterrani, el que se’n diu bajura
mediterránea. Espanya ha aconseguit més fons econòmics de la Unió
Europea, però malauradament cal lamentar novament que aquest increment de
fons no ha repercutit per igual a les comunitats autònomes. Per exemple,
Catalunya manté una distribució de fons similar a la d’anteriors
programes operatius, on Catalunya va ser considerada zona de no
convergència i rebia un repartiment inferior. Així, el repartiment dels
fons que va fer el Govern d’Espanya va posicionar Catalunya, des
del punt de vista pesquer, en el cinquè lloc, quan el pes de Catalunya, i
del sector pesquer, està situat a la tercera posició. Per tant, de
sortida, hem trobat que la política autonòmica no és una política que
afavoreixi la pesca catalana.

Deia la senadora Larriba que «aquí todo el mundo ha valorado las
formes». No? Pero nos preocupa el fondo. Sap què passa? Que en aquest
país les formes i el fons han d’anar lligades. I si no que li
preguntin al ministre de Defensa, el ministre Morenés, que parla de
formes i de fons. Per tant, sento molt la no acceptació de
l’esmena, una esmena que pretenia bàsicament centrar la moció i que
pretenia quadrar el cercle —cosa difícil, ho sé, perquè la pesca
estatal és plural i diversa, com hem dit abans—. Ens hauria agradat
molt l’acceptació de l’esmena.

Senadora Larriba, el seu to, la seva forma d’exposar la
bondat de la moció, fa que ens abstinguem. Perquè, com es diu en
castellà, lo que el cuerpo me pide, el cor a mi em demana votar en
contra. Però el cap em demana abstenir-nos. Ens abstindrem per
visualitzar davant el sector pesquer la bondat que pugui haver en part
d’aquesta moció i no hi votarem en contra, malgrat que hi ha una
manca de respecte institucional des del punt de vista de les competències
autonòmiques, com he dit abans. No es respecten les competències
autonòmiques, i això, senadora Larriba, és el que no ens permet votar-hi
a favor, i el que no ens permet —malgrat el seu to, la seva forma
d’intervenir, el seu missatge de respecte als altres grups—
votar-hi a favor. Allò del fondo y la forma.

La veritat és que a mi no em sorprèn el no a les esmenes. I no em
sorprèn perquè, malauradament, en aquesta legislatura, el no, la paraula
no, forma part de l’ADN del Partit Popular; forma part de la
política parlamentària del Partit Popular. Li he de ser sincer. Sé que
els membres del Partit Popular que formeu part de la Comissió de Pesca us
heu fet un fart de buscar consens. I acabaré agraint alguna persona que
sé que ha intentat arribar a consensos, i n’hem arribat. Però el no
forma part de l’ADN del Partit Popular.

Com deia, sento molt aquesta no acceptació de l’esmena de
Convergència ni de les altres esmenes. Perquè escoltant el senyor
Iglesias no entens perquè no s’accepten, i escoltant el portaveu
socialista no entens perquè no s’accepten. Sí que ho entens, perquè
vostès, senyories del Partit Popular, s’han passat quatre anys
dient no, no, no. No a qualsevol aportació dels grups de
l’oposició; aportacions de millora, d’addició, de
substitució, del que vulguin. I aquest no fa que vostès puguin arribar a
ser el primer partit del món que entri al Llibre dels Rècords Guinness.
Perquè la paraula no l’hauran fet servir més que mai. Són els
campions del no. A mi m’entristeix. M’entristeix perquè el
nostre grup vol defensar les competències autonòmiques, vol defensar el
sector pesquer; tot, el català i l’estatal, tot. El nostre grup
s’ha fet un fart de presentar iniciatives i demés i no ens
n’hem sortit. I no ens n’hem sortit malgrat el to de la
senadora Larriba, que sé que buscava consensos.

Vull acabar la meva intervenció agraint —i vull fer-ho en
positiu, perquè en política s’ha de ser honest—
l’actuació del portaveu, el senyor Enrique López Veiga, que durant
aquests quatre anys ha tingut una actitud de diàleg —almenys amb el
nostre grup, i crec que amb tots— i de buscar consensos. Vostès, a
la Comissió de Pesca, no són l’exemple del Partit Popular, però en
general el Partit Popular ha tingut una actitud durant quatre anys de
manca de consens parlamentari, de no voler acceptar esmenes
d’addició, de substitució ni de millora en cap dels segments
socials. I això no ha anat només en detriment de la vida política
—que també—, ni només de la política parlamentària —que
també—, sinó que ha anat en detriment de la societat. Han
perjudicat la societat catalana, però pensin que també la societat
espanyola.

Suposo que aquesta pot arribar a ser l’última iniciativa
parlamentària de pesca que es vegi aquesta legislatura. Sento que malgrat
la voluntat de diàleg no hàgim pogut arribar a més consensos. Com ha dit
el senador Cazalis, es va començar amb uns consensos problemàtics, es va
iniciar amb acords i vàrem arribar a propostes inicials, però hem acabat
batent el rècord del no. I això a mi, com a parlamentari,
m’entristeix, perquè no només perjudica l’oposició, que no ha
pogut introduir, millorar i participar en la vida parlamentària en les
aprovacions, sinó que perjudica els sectors, en aquest cas el sector
pesquer, i especialment el català. Per la manca de respecte a les
competències autonòmiques, el sector pesquer català no té aquelles ajudes
de tota mena —legislatives, econòmiques, estructura, etc.—
que es mereix i que necessita.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el pesquero es un sector que históricamente está en
crisis. Es cierto que en los últimos años está avanzando, está superando
obstáculos e incluso tiene una posibilidad de rehacerse, pero sigue en
crisis: le ha afectado la crisis económica, le han afectado las normas
europeas y le han afectado políticas de los dos gobiernos, no solo del
PP, sino también del PSOE, porque no eran todas las que reivindicaba el
sector. Por lo tanto, de algún modo sigue en crisis, pero va haciendo
camino.

Nos preocupan especialmente determinadas políticas pesqueras que,
lejos de favorecer la competitividad del sector, siguen reacias a
establecer modificaciones que permitan un mayor rendimiento pesquero, por
ejemplo, la asignación de cuotas al atún rojo entre los pescadores del
litoral mediterráneo, lo que se llama bajura mediterránea. España ha
conseguido más fondos económicos de la Unión Europea, pero hay que
lamentar, nuevamente, que este incremento de fondos no haya repercutido
por igual en las comunidades autónomas. Por ejemplo, Cataluña mantiene
una distribución de fondos similar a la de los anteriores programas
operativos, en los que Cataluña fue considerada zona de no convergencia y
recibía un reparto inferior. Así, el reparto de los fondos que hizo el
Gobierno de España posicionó a Cataluña, desde el punto de vista
pesquero, en el quinto lugar, cuando el peso de Cataluña y del sector
pesquero está situado en la tercera posición. Por consiguiente, nos
parece, de partida, que la política autonómica no favorece a la pesca
catalana.

Decía la senadora Larriba que aquí todo el mundo ha valorado las
formas, pero nos preocupa el fondo. ¿Sabe lo que pasa? Que en este país
las formas y el fondo deben ir de la mano, deben ir ligados, y si no que
se lo pregunten al ministro de Defensa, al ministro Morenés, al hablar de
forma y de fondo. Por lo tanto, siento mucho la no aceptación de esta
enmienda que, básicamente, pretendía centrar la moción, pretendía cuadrar
el círculo, cosa difícil, lo sé, porque la pesca estatal es plural y
diversa, como hemos dicho antes. Por consiguiente, nos habría gustado
mucho la aceptación de la enmienda.

Senadora Larriba, su tono, su forma de exponer la bondad de la
moción hace que nos abstengamos porque, como se dice en castellano, el
corazón me pide votar en contra, pero la cabeza me pide abstenerme, y nos
vamos a abstener para visualizar ante el sector pesquero que la bondad
que pueda haber en parte de esta moción hace que no votemos en contra, a
pesar de que hay una falta de respeto institucional desde el punto de
vista de competencias autonómicas, como he dicho antes. No se respetan
las competencias autonómicas y esto, senadora Larriba, es lo que no nos
permite votar a favor, a pesar de su tono, de su forma de intervenir y de
su mensaje de respeto a los otros grupos. Esto es lo del fondo y la
forma.

La verdad es que a mí no me sorprende el no a las enmiendas
porque, lamentablemente, en esta legislatura el no, la palabra no, forma
parte del ADN del Partido Popular, forma parte de la política
parlamentaria del Partido Popular. Le tengo que ser sincero: sé que los
miembros del Grupo Parlamentario Popular que forman parte de la Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación han hecho todo lo posible por buscar
el consenso y acabaré agradeciéndoselo a alguna persona que sé que lo ha
intentado, y hemos llegado a alguno, pero el no forma parte del ADN del
Partido Popular.

Siento mucho la no aceptación de la enmienda de Convergència y de
las otras enmiendas, porque escuchando al señor Iglesias no se entiende
por qué no se acepta, y escuchando al portavoz socialista no se entiende
por qué no se acepta; bueno, sí que se entiende, porque ustedes, señorías
del Partido Popular, se han pasado cuatro años diciendo no, no y no, no a
cualquier aportación de los grupos de la oposición, aportaciones de
mejora, de adición, de sustitución, y ese no, fíjense, hace que ustedes
puedan llegar a ser el primer partido del mundo que entre en el libro de
los récords Guinness, porque la palabra no la habrán utilizado más que
nunca, son los campeones del no. Y eso me entristece porque nuestro grupo
quiere defender las competencias autonómicas, quiere defender a todo el
sector pesquero, al catalán y al estatal, a todo el sector. Nuestro grupo
no ha parado de presentar iniciativas y no hemos conseguido nada, a pesar
del tono de la senadora Larriba, que sé que buscaba consensos.

Quiero acabar mi intervención en positivo, porque en política hay
que ser honesto, y dar las gracias al portavoz senador López Veiga, que
durante estos cuatros años ha tenido una actitud de diálogo, al menos con
nuestro grupo y creo que con todos, y de buscar consensos. Ustedes no son
el ejemplo del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación porque, en general, el Partido Popular ha tenido una
actitud durante estos cuatro años de falta de consenso parlamentario, de
no querer aceptar enmiendas de adición ni de sustitución ni de mejora en
ninguno de los segmentos sociales, y eso ha ido no solo en detrimento de
la vida política y de la política parlamentaria, sino también de la
sociedad. Yo me quejo por la sociedad catalana, pero piensen que han
perjudicado también a la sociedad española.

Supongo que esta puede llegar a ser la última iniciativa
parlamentaria de pesca que se vea en esta legislatura y siento que, a
pesar de la voluntad de diálogo, no hayamos podido llegar a más
consensos. Lo ha dicho el senador Cazalis: se empezó con unos consensos
programáticos, se empezó con acuerdos, llegamos a propuestas iniciales,
pero hemos acabado batiendo el récord del no, y eso a mí me entristece
como parlamentario, porque no solo perjudica a la oposición, que no ha
podido introducir mejoras ni participar en la vida parlamentaria con sus
aportaciones, sino que también perjudica al sector, en este caso al
pesquero, y especialmente al catalán, que por la falta de respeto a las
competencias autonómicas no tiene las ayudas de todo tipo, legislativas,
económica, estructurales, etcétera, que se merece y que necesita.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Ben, nós lamentamos que o Partido Popular
non acepte ningunha das achegas que facemos na nosa emenda. Nin unha só
das dez medidas que propoñemos. E témoslle que dicir que a nós, o contido
da moción do Partido Popular, todo ese incenso derramado que sería
obxecto de mellor causa, nos parece inaceptable, porque vén a dicir que
todo siga igual.

Eu teño que diferenciar tamén a intervención da senadora Larriba
do texto da moción, porque aquí o que estamos debatendo é o texto da
moción. E aínda o diferenciaría máis da xestión do goberno, que é o máis
importante que hai que valorar. E eu entendo que o Partido Popular
utilice a empatía natural da señora Larriba para esconder as súas
propostas e a súa xestión. Porque, miren, para nós é inaceptable dicir
que todo siga igual; bendicir unha xestión que rebaixa a dotación e os
programas da Secretaría de Pesca; unha xestión que está demasiado
acostumada, xa o vimos no debate, a buscar culpables: a culpa é da Unión
Europea, a culpa é dos ecoloxistas... Todo para esconder o que realmente
están facendo. O que realmente están facendo é unha xestión torpe, que
rebaixa o número de licenzas que tiña a flota española, e os pescadores
vense sos e teñen que andar polo mundo buscando onde pescar, eles sos, ou
resignarse ao despece, ou, como dicía a película, poñerse Los lunes al
sol.

E iso foi o que pasou cos diversos tratados. Aquel tratado do
malvado Zapatero, que conseguira 110 barcos para Mauritania, ou 240 con
Marrocos, pois desapareceron, tiveron limitacións graves cando se
renovaron e sufriron un serio recorte e rebaixa nas condicións. O mesmo
pasou ca rebaixa nas posibilidades de pesca no ano 2015. Señora Larriba,
no xurelo do Cantábrico, menos do 26 %, no xurelo do golfo de Biscaia
menos do 26 %, no galo de augas ibéricas menos do 39 %, na pescada de
augas ibéricas menos do 15 %, na xarda, xa se dixo, menos do 15 %.
Incluso a ministra chegou a dicir que era un éxito. E logo cando fixeron
ese reparto non se nos di por parte do Partido Popular, nin o goberno
explicou como se vai facer no ano 2016, e eu espero que non sexa como se
fixo no ano 2015, que se fixo un reparto caprichoso. E aquí quedou
claramente manifestado, onde todas as comunidades autónomas quedaron
insatisfeitas, todas as flotas quedaron insatisfeitas, todas as artes
quedaron insatisfeitas. E mentres tanto, o goberno non fixo nada por
achegar estudos científicos que melloraran a súa capacidade negociadora,
tanto en Bruxelas como aquí á hora de facer o reparto.

E, por exemplo, nada se ten feito, e nós por iso o poñemos nas
nosas propostas, (que non é só unha negación, senón, que nós achegamos en
positivo), para incorporar ao programa operativo nacional diversos tipos
de axudas para as que se pode utilizar o novo fondo español marítimo e da
pesca, como son as axudas para as paradas por toxinas, que prexudican
claramente a Andalucía e a Galicia e non é posible utilizar, ou diversas
axudas ás mariscadoras, onde se ven prexudicadas as mariscadoras galegas
ou de Huelva, ás que non se poden acoller porque a súa actividade non
está asociada a un barco, como esixen os regulamentos comunitarios.
Habería que tomar medidas para fortalecer a flota artesanal e non se está
facendo. E desde logo, aquí tamén quedou moi en evidencia, o Goberno non
ten que mirar para outro lado, qué se vai facer coa política de
descartes, que dentro duns meses imos ter que aplicar, senón que é o
Goberno quen ten que dicirlle ás flotas e ás comunidades autónomas cómo
se vai xestionar este importante reto que ten a flota española na nova
política da Política Pesqueira Común.

E o Goberno ten esquecido a política social, tendo en conta as
condicións difíciles en que desenvolve o seu traballo a xente do mar,
como é adecuar o catálogo de enfermidades profesionais ás novas doenzas
que van xurdindo, ou traballar en coeficientes redutores para a
xubilación anticipada, e outras reivindicacións que hoxe expuxen na
quenda de emendas. Como non se teñen ocupado en mellorar a
comercialización e a transformación, primando as producións nacionais, en
prexuízo de moitos sectores que xa se teñen citado, como é o caso do
mexillón galego ou do atún.

Polo tanto necesitamos unha política que poña en valor a
importancia do sector pesqueiro para empezar, que xa foi rebaixado por
este Goberno á categoría de Secretaría Xeral, que se traballe en Europa
para aumentar as posibilidades de pesca e aquí fagamos un reparto xusto
que non prexudique a ninguén e que non sexa, sobre todo, nin caprichoso,
nin prepotente, como se fixo pola anterior Secretaría de Pesca, que
obrigou precisamente ao cese do seu responsable nunha crise de goberno
que o Goberno quixo ocultar. Hai que traballar en resolver as cuestións
que se derivan da nova política pesqueira común, xa dixemos, como é a
política de descartes, da que o sector non sabe qué vai pasar. Hai que
traballar por conseguir actividades en terceiros países e, xa se dixo
aquí_, Canarias o dixo, os galegos o dicimos, todos perderon na política
de recortes e de restricións de licenzas con terceiros países. Hai que
impulsar o traballo científico en investigar recursos, especies de
interese para a pesca, hai que apoiar os centros de investigación, que
están totalmente desafiuzados polos recortes orzamentarios, e hai que
estar presentes nos foros onde se debaten e discuten as cuestións que
afectan ás nosas flotas. Hai que mellorar, señores do Partido Popular, a
diplomacia pesqueira de España, que co «diplomático» señor Cañete, encheu
este sector de grandes fracasos ao longo do mundo.

Polo tanto, a diferenza entre a súa proposta conformista e a nosa,
que é de renovación nas políticas pesqueiras, é abismal, por iso non
podemos votar a favor desa moción que o que pretende é bendicir a mala
xestión destes anos. A proposta de actuación que creo que o Senado ten
que facerlle ao goberno que se vai non vale, señora Larriba, para o
goberno que vén. Non recollen os contidos, nin as propostas. Nós
propoñemos propostas alternativas, políticas diferentes, porque o que
está facendo non vale e por iso nós votaremos que non.

Moitas grazas.

Nosotros lamentamos que el Partido Popular no acepte ninguna de
las aportaciones que hacemos en nuestra enmienda, ni siquiera una sola de
las diez medidas que proponemos, y tenemos que decirles que a nosotros el
contenido de la moción del Grupo Popular, todo ese incienso derramado que
sería objeto de mejor causa, nos parece inaceptable, porque quiere decir
que todo va a seguir igual.

Tengo que diferenciar la intervención de la senadora Larriba del
texto de la moción, porque lo que estamos debatiendo aquí es el texto de
la moción. Y aún lo diferenciaría más de la gestión del Gobierno, que es
lo más importante que hay que valorar. Entiendo que el Grupo Popular
utilice la empatía natural de la señora Larriba para esconder sus
propuestas y su gestión. Para nosotros es inaceptable decir que todo
tiene que seguir igual, es decir, bendecir una gestión que rebaja la
dotación y los programas de la Secretaría de Pesca, una gestión que está
demasiado acostumbrada, como ya vimos en el debate, a buscar culpables:
la culpa es de la Unión Europea o de los ecologistas. Lo que quieren es
esconder lo que realmente están haciendo, que es una gestión torpe que
rebaja el número de licencias que tenía la flota española. Los pescadores
se ven solos y tienen que andar por el mundo buscando dónde pueden
pescar, resignarse al desguace o, como decía la película, ponerse los
lunes al sol.

Esto es lo que pasó con los distintos tratados, por ejemplo, con
aquel del malvado Zapatero que había conseguido 110 barcos para
Mauritania, o 240 con Marruecos. Pues bien, desaparecieron, tuvieron
limitaciones graves cuando se renovaron y sufrieron un serio recorte y
una rebaja en sus condiciones. Lo mismo pasó con la rebaja de las
posibilidades de pesca en 2015. Señora Larriba, en el jurel del
Cantábrico, menos del 26 %; en el jurel del Golfo de Vizcaya, menos
del 26 %; en el gallo de aguas ibéricas, menos del 39 %; en la merluza de
aguas ibéricas, menos del 15 %; en la sardina, menos del 15 %. Incluso la
ministra llegó a decir que había sido un éxito. Después, cuando hicieron
ese reparto, ni el Partido Popular ni su Gobierno nos explicaron cómo se
iba a hacer en 2016. Espero que no sea como se hizo en el año 2015, en el
que hubo un reparto caprichoso con el que todas las comunidades
autónomas, todas las flotas, todas las artes, quedaron insatisfechas.
Mientras tanto, el Gobierno no hizo absolutamente nada por aportar
estudios científicos que mejoraran su capacidad negociadora tanto en
Bruselas como aquí a la hora de hacer los repartos.

Por eso nosotros incluimos en nuestras propuestas —y no es
solo una alegación, sino una aportación en positivo— la
incorporación en el Programa operativo nacional de distintos tipos de
ayudas, como el nuevo fondo español marítimo y de la pesca, o, por
ejemplo, las ayudas para paradas por toxinas, que perjudican claramente a
Andalucía y a Galicia, cuya utilización no es posible. O distintas ayudas
a las mariscadoras gallegas o de Huelva, por ejemplo, que se ven
perjudicadas ya que no pueden acogerse a aquellas porque su actividad no
está asociada a un barco, como exigen los reglamentos comunitarios.
Habría que tomar medidas para fortalecer la flota artesanal, lo que no se
está haciendo. Asimismo, quedó aquí muy en evidencia que el Gobierno no
puede mirar hacia otro lado. Tiene que pensar qué se va a hacer con la
política de descartes que dentro de un mes vamos a tener que aplicar. Y
es el Gobierno el que tiene que decirle a las flotas y a las comunidades
autónomas cómo se va a gestionar este reto tan importante que tiene la
flota española en la nueva política pesquera común.

El Gobierno olvidó por completo la política social, teniendo en
cuenta las condiciones difíciles en que desempeña su actividad la gente
que trabaja en el mar, como adecuar el catálogo de enfermedades
profesionales a las nuevas enfermedades que van surgiendo o trabajar en
coeficientes reductores para la jubilación anticipada y otras
reivindicaciones que he expuesto hoy en el turno de enmiendas. Como
tampoco se ocuparon de mejorar la comercialización y transformación,
primando las producciones nacionales con perjuicio para otros sectores
como, por ejemplo, es el caso del mejillón gallego o del atún.

Por lo tanto, necesitamos una política que ponga en valor la
importancia del sector pesquero —esto ya ha sido rebajado por este
Gobierno a la categoría de secretaría general—. Para empezar,
necesitamos que se trabaje en Europa para mejorar las posibilidades de la
pesca. Aquí tenemos que hacer un reparto justo, que no perjudique a nadie
y que no sea ni caprichoso ni prepotente, como se hizo por parte de la
anterior Secretaría de Pesca, que obligó precisamente al cese de su
responsable, una crisis que el Gobierno quiso ocultar en su momento.
Tenemos que trabajar ahora las cuestiones que se derivan de la nueva
política pesquera común —ya lo dijimos—, como es la política
de descartes, sobre la cual el sector no sabe qué va a pasar. Tenemos que
trabajar por conseguir actividades en terceros países, y algo que ya se
ha dicho aquí —Canarias ya lo ha dicho y los gallegos también lo
decimos—, y es que todos perdieron en la política de recortes y de
restricciones de licencias con terceros países. Tenemos que impulsar el
trabajo científico para investigar recursos, especies de interés para la
pesca, etcétera. Asimismo, hay que apoyar los centros de investigación,
que están totalmente desahuciados por los recortes presupuestarios. Y
también tenemos que estar presentes en los foros donde se debaten y
discuten las cuestiones que afectan a nuestras flotas. Señores del
Partido Popular, hay que mejorar la diplomacia pesquera de España, que
con el señor Cañete, tan diplomático, ha llenado este sector de grandes
fracasos alrededor del mundo.

Por lo tanto, la diferencia entre su propuesta, que es
conformista, y la nuestra, que es de renovación de las políticas
pesqueras, es abismal. Por consiguiente, nosotros no podemos votar a
favor de esa moción que pretende bendecir la mala gestión de todos estos
años. La propuesta de actuación que el Senado le va a hacer al Gobierno
que se va, señora Larriba, no vale ya para el Gobierno que viene porque
no recoge los contenidos y las propuestas que le presentamos. Nosotros
planteamos propuestas alternativas, políticas diferentes, porque lo que
se está haciendo no vale y por eso votaremos que no.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Larriba.

La señora LARRIBA LEIRA: Señorías, quisiera hacer puntualizaciones
a las cosas que los distintos grupos han comentado en este turno de
intervención.

La primera es al señor Maldonado con respecto a los temas
competenciales de los que él siempre está tan alerta.






Quiero recordarle
que el Partido Popular aprobó en el año 1993 una ley que dejaba clara la
competencia de las comunidades autónomas, tanto en aguas interiores como
exteriores. Fue una ley que el Partido Socialista no apoyó y que
recurrió, pero el Tribunal Constitucional sentenció dándonos la razón.
Por tanto, le ruego que no dude del compromiso del Partido Popular con
este tema competencial en materia de pesca porque creo que esta es una
muestra muy clara de la posición del Partido Popular.

En relación con el caladero canario, señora Julios, quisiera hacer
también algunas precisiones. La normativa actual del caladero canario es
muy antigua y dispersa, como usted bien sabe, y no responde a la realidad
de Canarias. Sabemos que se ha llevado a cabo un trabajo de actualización
de esa normativa, que se va a plasmar en una nueva orden ministerial y
que se adaptará a la realidad de las pesquerías de Canarias,
caracterizadas por una pesca artesanal con artes de pesca muy específicas
y una presencia abrumadoramente mayoritaria de la flota de artes
menores.

Se ha trabajado sobre la base de las alegaciones y observaciones
recibidas tanto del sector canario como del propio Gobierno de Canarias,
por lo que entiendo que las consideraciones que hace usted en su enmienda
son innecesarias. Hay que destacar que en todo el proceso la Secretaría
General de Pesca ha contado con la colaboración del Instituto Español de
Oceanografía, cuyo asesoramiento ha sido fundamental para poder tomar
decisiones sobre las prácticas permitidas, con el fin de continuar
avanzando hacia una pesca sostenible.

Sin duda, uno de los aspectos que ha suscitado mayor controversia
ha sido el uso de las nasas para peces. Este es un arte de pesca, como
usted sabe, muy poco selectivo, que ejerce una gran presión sobre el
recurso y cuya utilización en Canarias está muy extendida. Con la nueva
norma se va a crear un registro y un censo específico de nasas para poder
tener así constancia de qué barcos de entre los que faenan en el caladero
usan este arte. En Galicia se ha hecho. Con este censo cada barco tendrá
sus nasas identificadas, todo ello con el fin de conocer la realidad del
uso de este arte de pesca de manera que se puedan hacer evaluaciones
sobre el impacto que está teniendo y estudiar posibles ampliaciones o no
de su uso en las islas que así lo reivindiquen. Como digo, con esta nueva
orden que se está elaborando se culminaría un intenso trabajo, iniciado a
comienzos de la legislatura, de ordenación no solo del caladero canario,
sino de todos los caladeros, y que ha producido como resultado la
publicación de una orden para cada uno de ellos.

En relación con los planes de descartes, y como ya se ha dicho
aquí, entran en vigor en enero de 2016 y es necesario participar de
manera activa en todo el proceso de elaboración para que estos sean
flexibles, con el fin de que la adaptación a la norma comunitaria se
produzca de la manera menos traumática posible. Por ello pedimos al
Gobierno que siga actualizando la información disponible de la flota de
pabellón español sobre descartes pesqueros, así como las posibles medidas
de innovación por parte de empresas tecnológicas que puedan minimizar el
efecto de esta obligación, como también los estudios de
selectividad.

Como bien saben, la investigación científica y los estudios
técnicos permiten conocer el estado de los principales stocks de interés
para nuestra flota y profundizar en el conocimiento de los fondos
marinos. La contribución de la investigación española sobre recursos
pesqueros ha sido capital para la gestión de nuestras pesquerías, pero no
solo en el caladero nacional, sino en aguas comunitarias e incluso fuera
de ellas. Por eso insistimos al Gobierno en la necesidad de seguir
trabajando activamente en la obtención de datos básicos que permitan el
mejor asesoramiento científico y a que se siga apostando por la
realización de campañas pesqueras y oceanográficas, muy especialmente las
que llevan a cabo los tres buques de la Secretaría General de Pesca.

Por cierto, señor Iglesias, no podemos compartir la escasa
valoración de los estudios científicos españoles que ha hecho en su
intervención. Si me lo permite, quisiera hacerle una recomendación en
relación con esa complicidad entre algunas ONG y empresas con intereses
petrolíferos. Le recomiendo que se entere de lo que la Pew Foundation
está haciendo en los caladeros del Gran Sol y los problemas que su
actuación está conllevando.

En relación con los acuerdos pequeros, quiero reiterar que desde
el inicio de la presente legislatura el Gobierno ha contribuido de manera
muy positiva con sus gestiones a la ampliación de red de acuerdos de
pesca con terceros países. Como les comentaba en mi anterior
intervención, hay 16 actualmente en vigor más otro recién rubricado, que
es el de Liberia, frente a los 12 que había al comienzo de la
legislatura.

Señora Julios, lo que usted plantea sobre los cefalópodos debe
enmarcarlo en esta planificación de acuerdos de pesca y también en las
empresas conjuntas para las que, con nuestra intervención, estamos
pidiendo una visión más amplia. Creemos que España debe seguir impulsando
ante la Unión Europea las negociaciones de nuevos acuerdos pesqueros que
contribuyan al aumento de posibilidades de pesca para la flota española,
como los que puedan producir los que se están estableciendo con Kenia y
Tanzania. De este modo se completarían los acuerdos de la flota atunera
en todo el Índico.

Asimismo, se están manteniendo conversaciones para llegar a
acuerdos pesqueros con Sierra Leona, y en la zona del Pacífico con
Kiribati o las Islas Cook. Estos acuerdos permiten la actividad de los
buques en condiciones de seguridad jurídica y durabilidad difícil de
alcanzar de otro modo en ciertos países, al tiempo que garantizan el
acceso al mercado comunitario de productos de la pesca en condiciones de
seguridad sanitaria y jurídica, contribuyendo a nuestra seguridad
alimentaria y garantizando el empleo directo e inducido generado por esta
flota. Se afianza, además, la presencia de la Unión Europea en los foros
internacionales y se llena de valor la dimensión externa de la política
pesquera comunitaria.

Señor Cazalis, le anticipo que, según las informaciones que
tenemos, le va a caer una tarjeta roja a Tailandia gracias, precisamente,
a lo que hemos hecho en esta Cámara en este sentido. Le recuerdo nuestro
planteamiento: ni lomos ni latas, ni latas ni lomos que procedan de la
pesca ilegal.

Señorías, para terminar, quería decirles que no ha sido intención
de esta moción enmendarle la plana al Gobierno, porque mi grupo es
absolutamente consciente de la labor titánica que se ha realizado durante
esta legislatura para darle un giro a la percepción negativa que en
Europa se tenía de nuestro sector pesquero, un sector que estaba bajo
sospecha de pesca ilegal. A esta opinión contribuyó una política
excesivamente laxa en el control del caladero nacional, que llevó a la
Comisión a imponernos dos pesadas sanciones por sobrepesca, en 2009
y 2010, que han hipotecado al sector, principalmente al de la pesca
artesanal de cerco, que ha visto disminuido su cupo de una manera
brutal, 105 000 toneladas, que equivalen a la cuota española de tres años
y que han supuesto un serio revés a economías ya muy afectadas por las
restricciones generales a la actividad y agravadas por la actual
situación de paro.

Nuestra iniciativa está orientada a dar un impulso adicional ante
la perspectiva de la inminente entrada en vigor del reglamento de
descartes; a la necesidad de alcanzar, en términos generales, una
explotación de los recursos pesqueros en el ámbito del rendimiento máximo
sostenible, en cumplimiento de los acuerdos de Johannesburgo; y está
orientada a incidir en la importancia de la dimensión exterior de la
política pesquera comunitaria. Pretendemos con ella reiterar la posición
de liderazgo que el sector acuícola español debe alcanzar en el ámbito
europeo.

En definitiva, señorías, es hora del ajuste fino y de la
presentación de planes globales que muestren, ante la Comisión y ante
nuestros socios europeos, nuestra opinión concreta sobre cómo dar
cumplimiento a estos objetivos con una política realista y concreta.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Larriba.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular, tal y
como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242;
votos emitidos, 242; a favor, 148; en contra, 73; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor presidente da lectura al punto 6.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción no se han presentado enmiendas.
(Rumores). Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rivero, cuando
haya silencio en el hemiciclo. (Continúan los rumores).

Guarden silencio, por favor.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Bé, senyories, el Grup Parlamentari de Convergència i d’Unió
ha aportat aquesta moció per posar sobre la taula una problemàtica que
existeix a Catalunya, que existeix arreu de l’Estat espanyol, una
problemàtica que és ara i que afecta a persones que no tenen alguns
recursos que els havíem de donar i no tenen temps. Per això, hem cregut
oportú posar damunt de la taula aquesta problemàtica. I la posem
emmarcats en l’ambient que el Grup Parlamentari del PP, i el
Govern, en la presentació dels pressupostos, en una realitat optimista,
de realitat econòmica de clara millora ens presenta.

Intentem definir aquesta recuperació de forma recurrent en el que
han estat denominant indicadors de recuperació. Ahir mateix, el senyor
Montoro ens en recordava alguns. En paraules de l’Executiu, el
impacto favorece el crecimiento y el efecto de la recuperación. Hacen que
el presupuesto de gastos venga marcado por la recuperación social.
Malgrat la reducció de la despesa en desocupació, i de la càrrega
financera del deute públic, no veiem pas increment en partides socials
que, durant la crisi, van patir davallades molt importants.

Així, doncs, l’executiu central ha estimat un estalvi de
prestacions de desocupació per import de 5480 milions d’euros i un
estalvi dels interessos del deute per import de 2000 milions
d’euros. D’aquest estalvi, 7500 milions d’euros, tan
sols un 1 %, ha estat utilitzat pel Govern per atendre la dependència.
Una partida de 75 milions d’euros. (El senyor vicepresident, Lucas
Giménez, ocupa la Presidència).

Senyories, tots els ciutadans tenen dret de promoció de
l’autonomia personal i d’atenció a les persones amb
dependència. Això, no perquè ho digui el grup de Convergència i
d’Unió, això és perquè ho diu la llei vigent i és un dret dels
ciutadans. En l’actualitat, Sanitat reconeix una llista
d’espera d’unes 433 852 persones, un 37 % del total, dels que
tenen dret a un ajut. Això es deu a que, com que l’aplicació de la
llei es va fer de forma gradual, l’1 de juliol es van incorporar a
la llista de dependents els de grau de dependència moderada. I ens deixa
en una situació similar a la del 2009, recorden senyories? No vam saber
donar resposta, teníem un problema similar i, a més a més, vam causar
molta frustració a molts dependents que esperaven aquests ajuts que
resava la llei. La diferència és que, en aquell moment, estàvem parlant
del desenvolupament de la llei i en aquests moments estem parlant de la
finalització de l’aplicació d’aquesta llei. Aquest calendari
d’aplicació, a més a més, va ser aturat, per part del Govern, quan
va començar a governar, per la situació de crisi, prioritzant els
dependents de gran dependència o de dependència greu. Però la veritat és
que, segons dades del Govern, més de 90 000 persones amb gran o greu
dependència, encara estan per atendre. La resta són de dependència
moderada.

En definitiva, no ho han fet bé, ni amb els uns ni amb els altres.
Així les coses, en aquests moments, segons l’Associació Estatal de
Directors i Gerents de Serveis Socials, unes 100 000 persones han mort
esperant un ajut. L’increment de 75 milions d’euros, segons
aquesta mateixa associació, que queden regulats en els pressupostos per a
la dependència, es trigarien 25 anys en atendre a aquestes persones que
en aquest moment tenen la problemàtica. És obvi que la majoria no
disposa, ni molt menys, d’aquest temps.

El finançament de la dependència hauria d’estar repartit
entre el Govern central, les comunitats autònomes i els copagaments dels
que reben el servei. Avui, la participació financera estatal es troba en
el nivell més baix des de l’entrada en vigor de la llei, no arriba
ni a un 20 %, quan li correspondria un 50 %. A més, l’any 2012 es
va eliminar el finançament anomenat de nivell acordat amb les comunitats
autònomes. Alguna veu del ministeri, fins i tot —segons recollien
alguns mitjans— va assenyalar que no es facil para las comunidades
autónomas atender de pronto a todos los moderados. Ja els ho dic jo, i
tant com no n’és de fàcil! No ho és perquè, en aquests moments, com
és en el cas de Catalunya, estem assumint el 80 % del cost. Si féssim el
mateix pels nostres dependents que ha fet l’Estat, en aquest
moment, 94 000 dependents que estan atesos a Catalunya haurien quedat
fora del sistema. No és fàcil, senyories, no és fàcil per Catalunya i no
és fàcil per ningú. Però, certament, amb aquesta partida pressupostària
de 75 milions, vostès, el que aconseguiran és asfixiar les comunitats
autònomes que no podran atendre, o ho faran amb els recursos propis, si
en disposen. I parlen d’una partida d’ampliació de crèdit.
Nosaltres pensem que això hauria d’estar reflectit en els
pressupostos perquè és un problema real, que el tenim ara, i ja el tenim
quantificat. En definitiva, no donen resposta. Són insuficients per a
l’atenció de la dependència. Aquests anys, durant aquesta
legislatura, s’ha patit una disminució de 1490 milions
d’euros, sense tenir en compte que hi hauria un augment progressiu
de beneficiaris. El ministre, en la seva primera compareixença al
Congrés, anunciava amb satisfacció que s’havia acabat el període
d’implantació de la llei. Aquesta satisfacció nosaltres no la podem
compartir. Perquè no es tracta només d’aplicar i implantar les
lleis, sinó que donin respostes a les solucions, a les problemàtiques, i
en aquest cas no ha estat una solució. El president Rajoy, a més a més,
qüestionava la seva viabilitat. Jo els ho diré. La llei és viable, però
és viable si s’hi destinen els recursos necessaris. Altrament,
només serveix per a frustrar expectatives de la gent.

Els deia, començava la meva intervenció dient que el Govern ha
anunciat una recuperació econòmica, en la presentació dels pressupostos.
El senador Bel, no fa massa, en aquesta Cambra, ja va posar negre sobre
blanc com aquesta recuperació afectava les comunitats autònomes. Que, si
bé participem en bona part de la disminució del dèficit, no participem
dels augments impositius que ha dut a terme el Govern central.

Per tot això, nosaltres, perquè hi ha aquesta problemàtica, perquè
el Govern diu que en aquests moments està en disposició de poder
atendre-la, la qual cosa no s’havia pogut fer fins ara, proposem
dues solucions, que vindrien a donar solució immediata a molts afectats
per la dependència i al seu entorn familiar, que passen per dues vies. La
primera, augmentar amb 150 milions d’euros l’aportació
estatal al nivell mínim del sistema d’atenció de la dependència,
per tal d’aproximar aquests recursos de l’Estat, el 50 % del
cost real que assumeixen les comunitats autònomes. I, per altra banda,
restituir aquest nivell acordat, que van suprimir el 2012, la qual cosa,
al nostre entendre, reconeix d’un augment del finançament estatal
al sistema de dependència, d’uns 283 milions d’euros.

Senyories, jo penso que és un problema que afecta Catalunya i que
afecta tots els territoris, és un problema real que afecta la dignitat i
la facilitat de la vida de moltes persones, i, si bé podem discutir si la
quantificació i podem afegir xifres de més o xifres de menys, perquè és
molt difícil de quantificar, entenem que tothom estarà d’acord que,
si el problema el tenim ara, si hi ha gent patint, i el Govern diu que té
les eines per donar-hi solució, no ens podem quedar de braços creuats, no
podem esperar la tramitació dels pressupostos, i per això jo demano el
suport a la nostra moció i demano al Grup Popular que, d’aquí a la
tramitació dels pressupostos, tinguin en compte aquesta problemàtica i la
puguem veure solucionada i no n’haguem de parlar en el tràmit dels
pressupostos.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió ha
presentado esta moción para poner sobre el tapete una problemática que
existe en Cataluña y que existe en todas partes del Estado español; una
problemática actual que afecta a personas que, además de no tener los
recursos que habría que ofrecerles, no disponen del tiempo. Por eso hemos
puesto sobre el tapete este asunto, y lo hacemos enmarcado en un ambiente
optimista y de clara mejora económica con que el Grupo Parlamentario
Popular y el Gobierno presentan los últimos presupuestos.

Intentamos definir esta recuperación de forma recurrente en los
denominados indicadores de recuperación, y ayer mismo el señor Montoro
nos recordaba algunos. En palabras del Ejecutivo, el impacto favorece el
crecimiento y el efecto de la recuperación hace que el presupuesto de
gastos venga marcado por la recuperación social. A pesar de una reducción
del gasto en desocupación y de la carga financiera de la deuda pública,
no vemos incremento en partidas sociales que durante la crisis sufrieron
reducciones muy importantes. Así pues, el Ejecutivo central ha estimado
un ahorro de prestaciones de desocupación por importe de 5480 millones de
euros y un ahorro de los intereses de la deuda por importe de 2000
millones de euros. De este ahorro de 7500 millones de euros el Gobierno
solo ha utilizado un 1 % para atender a la dependencia, una partida de 75
millones de euros. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).

Señorías, todos los ciudadanos tienen derecho a la promoción de la
autonomía personal y a la atención a las personas con dependencia. Y no
porque lo diga yo, no porque lo diga el Grupo de Convergència i
d’Unió, sino porque la ley vigente dice que es un derecho de los
ciudadanos. En la actualidad, Sanidad reconoce una lista de espera
de 433 852 personas, un 37 % del total de los que tienen derecho a una
ayuda. Eso se debe a que como la aplicación de la ley se hizo de forma
gradual, el 1 de julio se incorporaron a la lista de dependientes los de
grado de dependencia moderada, lo que nos deja en una situación similar a
la de 2009. ¿Recuerdan, señorías? No supimos dar respuesta ante un
problema similar y causamos mucha frustración a muchos dependientes que
esperaban estas ayudas que rezaba la ley. La diferencia es que en aquel
momento hablábamos del desarrollo de la ley y ahora estamos hablando de
la finalización de la aplicación de esta ley. Este calendario de
aplicación fue parado por el Gobierno cuando empezó a gobernar por la
situación de crisis, priorizando a los dependientes de gran dependencia o
de dependencia grave; pero la verdad es que, según datos del Gobierno,
más de 90 000 personas con gran o grave dependencia todavía no tienen
atención y el resto son de dependencia moderada.

En definitiva, no lo han hecho bien ni con los unos ni con los
otros. Así las cosas, hasta este momento, según la Asociación Estatal de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales, unas 100 000 personas han
muerto esperando una ayuda. Según esta misma asociación, con el
incremento de 75 millones de euros que quedan regulados en los
presupuestos para la dependencia, se tardarían veinticinco años en poder
atender a las personas que hoy viven esta problemática. Es obvio que la
mayoría no disponen, ni mucho menos, de este tiempo.

La financiación de la dependencia tendría que repartirse entre el
Gobierno central, las comunidades autónomas y los copagos de los que
reciben los servicios. Hoy en día la participación financiera estatal se
halla en el nivel más bajo desde la entrada en vigor de la ley, no llega
ni a un 20 %, cuando le correspondería un 50 %. Además, en el año 2012 se
eliminaron las financiaciones de nivel acordado con las comunidades
autónomas; alguna voz del ministerio, incluso —según recogían
algunos medios—, señaló que no es fácil para las comunidades
autónomas atender de pronto a todos los moderados. Ya les digo yo: ¡pues
claro que no es fácil!, no es fácil porque en estos momentos, como en el
caso de Cataluña, estamos asumiendo el 80 % del coste; si hiciéramos lo
mismo con nuestros dependientes que lo que ha hecho el Estado, en estos
momentos 94 000 dependientes que han sido atendidos en Cataluña habrían
quedado fuera del sistema. No es fácil, señorías, ni para Cataluña ni
para nadie, pero, ciertamente, con esta partida presupuestaria de 75
millones ustedes lo que van a conseguir es asfixiar a las comunidades
autónomas, que no podrán atender o bien lo harán con los recursos
propios, si los tienen. Y hablan de una partida de ampliación de crédito.
Nosotros pensamos que esto tendría que estar reflejado en los
presupuestos, porque es un problema real que lo tenemos ahora y ya está
cuantificado. En definitiva, no dan respuesta y son insuficientes para la
atención de la dependencia. Estos años, durante esta legislatura, ha
habido una disminución en la atención a la dependencia de 1490 millones
de euros, sin tener en cuenta, además, que habría un aumento progresivo
de beneficiarios. El ministro, en su primera comparecencia en el
Congreso, anunciaba con satisfacción que se había terminado el periodo de
implantación de la ley. Nosotros no compartimos esta satisfacción, porque
no se trata solo de aplicar e implantar las leyes, sino de que den
respuesta a las problemáticas, y en este caso no se ha dado una solución.
El presidente Rajoy, además, cuestionaba su viabilidad. Yo les voy a
decir que la ley es viable, pero es viable si se le destinan los recursos
necesarios, si no, no sirve más que para frustrar las expectativas de la
gente.

Empezaba mi intervención diciendo que el Gobierno ha anunciado una
recuperación económica en la presentación de los presupuestos. El senador
Bel hace poco, en esta Cámara, ya puso negro sobre blanco cuando explicó
cómo afectaba esta recuperación a las comunidades autónomas, y decía que
si bien participamos en buena parte de la disminución del déficit, no
participamos de los aumentos de tipos impositivos que ha realizado el
Gobierno central.

Por todo ello, nosotros, porque existe esta problemática, porque
el Gobierno dice que en estos momentos está en disposición de poder
atenderla —cosa que no se había podido hacer hasta ahora—,
proponemos dos alternativas que vendrían a dar solución inmediata a
muchos de los afectados por la dependencia y también a su entorno
familiar: la primera, incrementar con 150 millones de euros la aportación
estatal al nivel mínimo del sistema de atención de la dependencia para
aproximar estos recursos del Estado al 50 % del coste real que asumen las
comunidades autónomas y, la segunda, restituir este nivel acordado que
suprimieron en el 2012, lo cual, a nuestro entender, requiere de un
aumento de la financiación estatal en el sistema de dependencia de
unos 283 millones de euros.

Señorías, yo pienso que este es un problema que afecta a Cataluña
y afecta a todos los territorios, es un problema real que afecta a la
dignidad y a la facilidad de la vida de muchas personas, y, si bien
podemos discutir si a la cuantificación le podemos añadir cifras de más o
de menos porque es muy difícil de cuantificar, sí que entendemos que todo
el mundo estará de acuerdo con que si el problema lo tenemos ahora, si
hay gente sufriendo, si el Gobierno dice que tiene las herramientas para
dar la solución, no nos podemos cruzar de brazos, no podemos esperar la
tramitación de los presupuestos, y por ello yo pido el apoyo a nuestra
moción y pido al Grupo Popular que, de aquí a la tramitación de los
presupuestos, tenga en cuenta esta problemática y la podamos ver
solucionada, de modo que no tengamos que volver a hablar de ella en el
trámite de los presupuestos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez):

En turno en contra, tiene la palabra la senadora señora
Torres.

La señora TORRES SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Entro a analizar directamente el cuerpo de la moción. Señalan, en
primer lugar, que no se aprecia en estos presupuestos una recomposición
del gasto social. El Grupo Parlamentario Popular duda de que la palabra
adecuada sea la de recomposición del gasto social, puesto que si hay algo
que caracteriza a este Gobierno es que nos ha devuelto a la senda del
crecimiento y de la creación de empleo, garantizando además la
sostenibilidad del Estado del bienestar, que estaba de capa caída tras el
paso de los gobiernos socialistas.

Estamos ante un tiempo nuevo, una vez completado el calendario
progresivo de la implantación de la ley, con un aumento de los créditos
destinados a la atención a la dependencia. Así, dentro de las políticas
de gasto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para
el próximo año, 7 de cada 10 euros están comprometidos con las personas
mayores y la Ley de dependencia. El presupuesto del Imserso para el
próximo año crece un 3,26 % respecto a 2015, recuperando los niveles del
ejercicio 2011, lo que demuestra que este Gobierno continúa con la
tendencia del incremento presupuestario iniciado en los dos ejercicios
anteriores, porque desde el año 2013, el presupuesto se ha incrementado
en 223 millones de euros, teniendo en cuenta además que se mantienen los
programas de prevención de la dependencia. Aquí está el compromiso
continuado y no una recomposición con el gasto social.

En segundo lugar, en la moción critican la participación de la
financiación estatal, y en particular solicitan aumentar en 150 millones
el nivel mínimo. Vaya por delante que la Administración General del
Estado siempre ha cumplido con la obligación de contar con créditos
necesarios para transferir a las comunidades autónomas las cantidades
devengadas en concepto de nivel mínimo, y en aquellos casos en que las
cantidades consignadas no resultaban suficientes se han tramitado las
oportunas ampliaciones de crédito, de tal forma que siempre se ha
garantizado esta financiación. Para mayor concreción, debo decir que
estas cantidades son objeto de cálculo a lo largo de todos los meses, de
manera que la cantidad definitiva vinculada a este concepto resulta
imposible de conocer con anterioridad a la finalización del año, por lo
que venir hoy aquí a solicitar una ampliación de 150 millones —que
podían ser 135 o 185— carece de validez.

Sobra decir que en el sistema para la autonomía y atención a la
dependencia la gestión corresponde a las comunidades autónomas y, por su
parte, al Estado le corresponde garantizar la igualdad y equidad del
sistema. Para esto último, el Estado utiliza instrumentos normativos de
coordinación general y financieros para garantizar una misma cuantía para
la atención a las personas en situación de dependencia, con una
prestación efectiva y en función de su grado, cualquiera que sea el lugar
donde residan.

Señorías, la financiación de la dependencia se asienta en dos
instrumentos normativos: por una parte, la Ley de dependencia propiamente
y, por otra, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre —que no entendemos
por qué silencian en su moción—, y de esta forma el Estado cumple
con su obligación de que las aportaciones de Estado y comunidad autónoma
estén equiparadas.

En tercer lugar, en cuanto a la solicitud de recuperar el nivel
acordado, la misma Ley de dependencia establecía que el período de
aplicación del nivel de protección acordado iba desde la propia entrada
en vigor de la ley —año 2007— hasta el año 2015. Ustedes
plantean en su moción que este nivel acordado se recupere en el año 2016,
por lo tanto, van en contra incluso del propio espíritu de la ley, y por
eso no podemos admitirlo. A mayor abundamiento, en esta misma
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, se recoge una financiación adicional
para las comunidades autónomas. Y es el propio Tribunal de Cuentas, no el
Partido Popular, el que en su informe de fiscalización señala que a
través de tales créditos se compensa con creces la suspensión del nivel
acordado, toda vez que las cifras asociadas a la financiación adicional
superan las transferencias en concepto del nivel acordado. Así, desde el
año 2009, por este concepto se han transferido a las comunidades
autónomas más de 9200 millones de euros.

En cuarto y último lugar, hablan también de la participación de la
financiación estatal en el sistema y dicen que no alcanza ni a financiar
el 20 % de los costes del sistema. Pues tengo que decirles que esta
afirmación también resulta falsa, y para ello me voy a remitir al
Informe 1035/2014, del Tribunal de Cuentas, que señala que con los datos
correspondientes al ejercicio del año 2012, la financiación del nivel
mínimo de protección a cargo del Imserso representó el 19,71 %. Los
previstos en la Ley 22/2009 recibieron un importe que representó
el 29,52 %. Sumando ambos, se cifran en un 49,23 %, lejos de ese 20 % al
que se refiere en su moción. Así, por tanto, se da cumplimiento al
artículo 32 de la Ley de dependencia.

Por todo ello, vemos cómo con el Gobierno del Partido Popular, y a
pesar de los malos augurios, se ha potenciado la dependencia. Hemos sido
vigilantes del cumplimiento de la ley, se han impulsado líneas de
colaboración consensuadas a través del Consejo Interterritorial de
Servicios Sociales con las comunidades autónomas y, lo más importante, se
garantiza, sin exclusión, el derecho subjetivo de todas las personas
valoradas como dependientes a la prestación que en cada caso les
corresponda. Por todo ello, y por las razones expuestas, mi grupo votará
en contra de su moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Vamos a
compartir el turno. Intervendré brevemente desde el escaño, en nombre del
Grupo Mixto.

La moción nos permite, al final de la legislatura, pensar en cómo
ha afrontado el Partido Popular el desarrollo de la Ley de atención a la
dependencia y hacer un poco de historia. En mi opinión, el Partido
Popular ha visto la Ley de atención a la dependencia como una parte de la
herencia recibida, como una carga frente a la que ha reaccionado con
desafección. Y lo ha expresado a través de los recortes presupuestarios,
haciendo que el porcentaje de participación de la Administración General
del Estado en el coste de la Ley de atención a la dependencia nunca
alcanzara lo establecido en la propia ley y tendiera a disminuir. Dada la
situación financiera de las comunidades autónomas y otras reformas
impulsadas por el Partido Popular, ello se ha traducido en un incremento,
a través de la figura de los copagos, de la aportación realizada por los
dependientes, lo cual, por supuesto, Izquierda Unida en ningún caso
comparte. En el ejercicio en el que estamos, después de que el Partido
Popular retrasara la aplicación de la ley a los dependientes moderados,
por fin estos se han incorporado al sistema, pero habría que decir que,
más que incorporarse al sistema, se han incorporado a la lista de espera
del sistema. Las consignaciones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado ni tan siquiera con el incremento producido van a permitir
satisfacer las necesidades de estos nuevos dependientes que han entrado
en el sistema.

Concluyo. Según el informe que conocen sus señorías, elaborado por
los directores y responsables de los centros de servicios sociales, con
las previsiones de financiación planteadas en los Presupuestos Generales
del Estado para 2016 serían necesarios al menos veinticinco años para
poder acabar con las listas de espera. Esto significa que la Ley de la
dependencia sigue languideciendo y no garantiza la atención necesaria a
quienes han alcanzado ya la calificación de personas dependientes.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Lima.

La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, señor presidente.

Es la primera vez que intervengo en el Pleno y quería decir que la
moción que presenta el Grupo Parlamentario Catalán plantea un contenido
que nosotros compartimos, pero ojalá no habláramos de dependencia, sino
de atención a la promoción de la autonomía personal, que habláramos de
las personas con necesidades de apoyo. Pensamos que este concepto
dignifica mucho más a las personas de las que estamos hablando. Lo que el
Grupo Parlamentario Catalán plantea en su moción es razonable, pero
nosotros pensamos que este aumento presupuestario no soluciona el
problema real con el que nos encontramos. Consideramos que este aumento
presupuestario para el próximo año 2016 es un insulto a las familias y a
las personas que necesitan apoyo. Como han comentado nuestros compañeros
de CiU, hablamos de 1400 millones de euros de recortes y, por tanto, este
aumento no compensa los recortes sufridos. Creemos que el objetivo tiene
que ir más allá. Tenemos que hablar de una ley que puede mejorarse, y,
evidentemente, esas mejoras tienen que ir acompañadas de una dotación
presupuestaria que asegure su implantación real.

Discúlpenme, pero da igual que hablemos del Gobierno estatal o del
Gobierno en el territorio catalán, pues durante todos estos años hemos
sufrido unos recortes salvajes que han afectado a uno de los pilares
fundamentales del Estado de bienestar; hablamos de educación, de sanidad,
de servicios sociales, etcétera. Esos recortes se incorporarán en el
futuro en los libros de historia que estudiarán nuestros jóvenes porque
estas políticas que están llevando a cabo están desmantelando poco a poco
nuestro Estado de bienestar. En la moción que ustedes plantean pretenden
volver a lo marcado en 2012. Nosotros pensamos que tendría que tener
carácter retroactivo, que esas cantidades que no se han gastado durante
todos estos años también deberían incorporarse.

Al Gobierno y al grupo que le apoya quiero decirles que la semana
pasada aprobamos un presupuesto extraordinario de más de 850 millones de
euros para un programa específico de armamento en tiempos de paz.
Explíquenme ustedes cómo vamos a decir esto a las familias, a las
personas que necesitan apoyos, cómo se lo vamos a explicar. Yo no me veo
capaz de hacerlo. Vemos que hay dinero para algunas cosas pero para otras
siempre falta. Ahora hablamos de personas. Hablamos de un sistema de
atención a la dependencia que crea empleo, que fomenta la innovación, la
tecnología, la investigación. Hablamos de un sector maravilloso,
señorías, de un pilar fundamental.

Y, señorías, si me permiten, dejando el tema presupuestario al
margen, quiero decir que necesitamos revisar en profundidad esta ley,
centrándonos, por ejemplo, en la economía del cuidado. La mayoría de
cuidadores son mujeres, tres de cada cuatro cuidadores son mujeres.
Hablamos de uno de los sectores productivos más precarios, un sector que,
además, promueve la economía sumergida, que, como consecuencia, conlleva
vulnerabilidad y nulidad de derechos laborales. Por todo esto, nosotros
planteamos que la solución debería ser una revisión en profundidad de
este sector y, evidentemente, de la ley.

Para concluir, señorías, nosotros hemos decidido abstenernos
porque no compartimos al cien por cien lo que plantean en su moción, ya
que pensamos que debemos ir más allá y hacer esa revisión que estamos
comentando. No podemos olvidarnos de la gran desigualdad que existe entre
las diferentes comunidades autónomas. A mí me ha costado encontrar datos
fiables, he tenido dificultades, me he encontrado con una gran opacidad.
A veces hablamos de cantidades, pero esas cantidades no solucionan el
problema real; tenemos que empezar a hablar de la situación real de las
personas y a partir de ahí ver cuáles son las necesidades y cuánto valen,
y entender que no estamos hablando de gasto social, sino de una inversión
social dirigida a que nuestra ciudadanía, nuestra sociedad vaya
mejor.

Gracias por escucharme. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, especialmente
por su esfuerzo, senadora Lima.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Si me lo
permite, voy a intervenir desde el escaño.

Volvemos de nuevo a hablar de la Ley de dependencia. Esta mañana
hemos hablado de muchas cosas; todo ya está muy hablado y muy discutido
en esta legislatura, no sé si para bien, pero al menos hemos debatido
sobre ello.

La Ley de dependencia, señorías, fue aprobada en la legislatura
del presidente Zapatero. En su día, nosotros, como Grupo Vasco, valoramos
la voluntad de la ley pero votamos en contra porque suponía y supone una
inadmisible invasión competencial en un área en la que ya las
diputaciones vascas actuaban antes de la propia Constitución de 1978,
como es el área de la asistencia y apoyo social y, además, porque la ley
no mostraba claramente una viabilidad económica, como dijimos en su
momento. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón de la peor
manera posible, y lo ha hecho eliminando las expectativas de aquellas
personas que creían tener, y que de hecho tienen, un derecho subjetivo,
pues dichas expectativas al final no se han cumplido.

Estábamos en esto cuando llegó el Gobierno actual, que modificó
los tres aspectos medulares de la ley: el calendario, las cuantías y la
financiación. Las primeras modificaciones se realizaron ya en diciembre
de 2011, nada más comenzar la legislatura. Pero mucho más sustanciales
fueron las introducidas en el Real Decreto Ley de 13 de julio de 2012,
primero, en el calendario de incorporación de las personas beneficiadas a
los servicios y prestaciones de atención a la dependencia; en julio
de 2012, se pospuso la incorporación de las personas valoradas con los
grados I y II hasta julio de 2015; en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, en cambio, mantuvimos el calendario original. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Respecto a las cuantías, mientras el Estado, en julio de 2012,
redujo entre el 15 y el 20 % las cuantías de las prestaciones de la ley,
es decir, la de cuidados en el entorno familiar, la de asistencia
personal y la vinculada al propio servicio, en el País Vasco las hemos
seguido manteniendo sin reducción alguna.

Y en cuanto a la financiación —sobre ello ha hablado la
senadora del Grupo Popular—, les diré que el Estado se comprometió
a compartir el 50 % del nivel mínimo con las comunidades autónomas. A
este respecto, quiero aportar dos datos de 2009 que considero
importantes, previos al recorte del Gobierno de Rajoy: la financiación
del Estado para los servicios relativos a la discapacidad y dependencia
se situaba en el 9,1 % y el 19,7 %; en el mejor de los casos, nunca llegó
al 20 %. Pero según el informe del Tribunal de Cuentas del Estado, al que
usted también ha aludido, en 2013, la financiación estatal de los
servicios del catálogo de la ley es de un 17,57 %. Con todo esto,
en 2013, en Vizcaya, que es el territorio que mejor conozco, se
destinaron 306 millones de euros para cubrir la Ley de dependencia. En
Guipúzcoa y Álava ocurre lo mismo, pero, evidentemente, en menor
proporción por cuestiones de población, etcétera. Por eso, nosotros no
podemos más que apoyar cualquier medida que suponga acercar la
financiación estatal a lo recogido en la propia ley, sin más, y, como
hemos visto, a lo que se ha incumplido de la propia ley desde el inicio
de andadura de la norma, tanto en el nivel mínimo como en el nivel
acordado, porque este último tenía plazo de finalización pero nunca
empezó; por tanto, si nunca empezó, vamos a ver si lo empezamos ahora.
Sin duda, también algún día tendremos que discutir cómo se compensa el
coste de aplicación de una ley que no ha sido derogada, solo congelada en
parte durante estos años en los que las administraciones locales vascas
han cumplido escrupulosamente con las cuantías y los plazos sin que el
Estado cumpliera con lo que le correspondía.

Por todo esto, señorías, señora presidenta, el voto del Grupo
Vasco va a ser favorable a esta iniciativa de Convergència i
d’Unió.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Presidenta, bon dia. Senadors,
senadores.

Senyories, 1 200 000 persones tenen dret reconegut a la prestació
per a la dependència. És una xifra prou significativa, que justifica
l’oportunitat i l’encert d’haver legislat sobre les
condicions que han de garantir la promoció de l’autonomia personal
i l’atenció a les persones amb dependència a través d’un
conjunt mínim de drets. Una llei de mínims, que ha de garantir
l’administració i que és susceptible de ser ampliada per les
comunitats autònomes.

Per primera vegada, es reconeix una realitat social que fins a
l’aprovació de la llei 39/2006 s’obviava. Gràcies al coratge
i a la capacitat suficient per fer-ho, aquestes persones sortien a la
llum i quedaven reconegudes socialment a tot l’Estat i per igual,
era el primer pas. Va haver-hi crítiques de tota mena però, ningú, avui,
no pot negar que es tractava d’un text legal que feia visible una
realitat social no reconeguda fins al moment.






De fet, simplement ha estat
modificada per paralitzar-la, però no ha estat derogada, doncs
apliquin-la!

Els governs han de ser els primers en donar exemple en el
compliment de les normes, no allarguin més el patiment de milers de
famílies.

Des del passat 1 de juliol, 310 000 dependents moderats haurien de
percebre la prestació a la qual tenen dret. Estem parlant,
majoritàriament, de gent gran, amb dificultat de mobilitat, de malalts
amb principis d’Alzheimer, que alguns han estat completament sols i
estem fent referència a l’ajuda per tal de llevar-se, de menjar, de
rentar-se. D’altres necessiten l’atenció 24 hores, la qual
cosa suposa, per algun familiar, haver de renunciar al lloc de treball
per a la seva atenció, entrant en un espiral que agreuja la situació
econòmica de les famílies.

Més del 35 % de les persones amb grau reconegut, no perceben la
prestació que els pertoca. Ha dit reiteradament el Govern, que estem en
una recuperació econòmica imparable, que serem els referents a Europa, la
locomotora. Això hauria de traduir-se en l’adopció de mesures
tangibles, perquè, sinó, només són paraules que se les emporta el
vent.

Al pressupost pel 2016, pel que fa a les partides que han de
garantir les prestacions per dependència, aquesta recuperació no ha
arribat.

Per donar cobertura a les persones amb dret a prestació, es
necessiten 3100 milions més dels que estaven pressupostats. I
l’increment efectuat per al 2016, és només de 70 milions. El
reconeixement de grau està fet, el càlcul és simple, són faves comptades.
Però el nivell matemàtic del Govern és molt deficient, o simplement
ideològic.

El finançament ha d’anar repartit entre el Govern de
l’Estat, les comunitats autònomes i algun copagament de qui percep
el servei. Però la realitat és que, del 50 % que ha d’aportar
l’Estat, només s’està aportant el 17 % del cost total. Són
les comunitats autònomes, en alguns casos, que estan aportant la
diferència. Hem de tornar, un cop més, a destacar la deslleialtat
institucional del Govern de l’Estat envers les comunitats autònomes
i, d’aquestes, als ajuntaments, que veuen com els seus veïns passen
desapercebuts per les administracions amb competències al respecte, i són
aquests, els ajuntaments, els que han de garantir als dependents
l’atenció necessària perquè puguin tenir una vida digna, torno a
repetir, simplement llevar-se del llit, rentar-se, menjar, viure, viure
amb dignitat.

Els greuges no acaben aquí. La decisió de suspendre les
cotitzacions de la Seguretat Social de les cuidadores no professionals,
vol dir condemnar a moltíssimes dones a no tenir una pensió contributiva,
a no poder accedir al món laboral. A renunciar a la seva professió per a
tenir cura d’un familiar i, per tant, a la pobresa.

Vull destacar que, pel que fa al desplegament de la llei a les
comunitats autònomes, s’ha produït una situació que ha creat
desigualtat en tot el territori a l’hora de rebre les prestacions o
els serveis. Mentre que hi ha comunitats autònomes que creuen en
l’esperit de la llei, que el comparteixen, i la seva prioritat són
les persones, d’altres, que van votar en contra, l’han deixat
d’aplicar o li han passat la tisora amb l’excusa de la crisi.
Sí, aquells que tan criticaven la llei no els ha estat difícil oblidar
els dependents, al.legant la falta de recursos. Mentre, per altra banda,
tiraven endavant una amnistia fiscal per a defraudadors i rebaixaven
impostos als que més tenen. És cínic agrair a la ciutadania
l’esforç que han fet per tal de superar la crisi.

Mentre a les famílies més riques se’ls suprimeix
l’impost de successions, o bé se’ls facilita que
s’acullin a una amnistia fiscal, els més desvalguts, la gran
majoria, se’ls puja l’IVA, l’IRPF, el rebut de la llum
i del gas, el copagament de la dependència o el copagament farmacèutic.
No, no tota la ciutadania ha fet el mateix esforç. I en aquesta
legislatura ha quedat més clar que mai que no tots els partits són
iguals. En el tema de la dependència, ha quedat ben clar quin partit
polític té com a prioritat l’atenció a les persones més vulnerables
i qui no. Com a exemple, en els pressupostos generals de l’Estat,
presentats pel Govern del Partit Popular, per al pressupost del 2015, el
Govern havia destinat 1235 milions per a l’atenció a la
dependència. En els pressupostos de la comunitat d’Andalusia, per
al 2015, solament en la comunitat d’Andalusia, es van destinar 1200
milions, comunitat que, com va dir ahir el ministre, és cert que ha
augment les llistes d’espera però per ordre del Govern de
l’Estat.

Com deia, només cal veure quin partit polític ha governat en les
comunitats autònomes i quin grau de desplegament s’ha produït.
L’any 2007, va néixer un dret de ciutadania, un dret que generava
ocupació, que ha donat autonomia a les persones i que ha generat drets a
dones cuidadores. En definitiva, ha donat dignitat. La inversió en
serveis a la dependència té un retorn social molt important. Per això,
perquè les persones dependents són una prioritat del nostre grup, i per
garantir-los els seus drets, per això donarem suport a la moció.

Gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidenta. Buenos días, senadores, senadoras.

Señorías, 1 200 000 personas tienen derecho reconocido a la
prestación para la dependencia; es una cifra bastante significativa que
justifica la oportunidad y el acierto de haber legislado sobre las
condiciones que deben garantizar la promoción de la autonomía personal y
la atención a las personas con dependencia a través de un conjunto mínimo
de derechos. Una ley de mínimos que debe garantizar la administración y
que es susceptible de ser ampliada por las comunidades autónomas.

Por primera vez se reconoce una realidad social que hasta la
aprobación de la Ley 39/2006 se obviaba. Gracias al coraje y a la
capacidad suficiente para hacerlo, estas personas salían a la luz y eran
reconocidas socialmente en todo el Estado y por igual. Era el primer
paso. Hubo críticas de todo tipo, pero nadie hoy puede negar que se
trataba de un texto legal que hacía aflorar una realidad social no
reconocida hasta ese momento. De hecho, simplemente ha sido modificada
para paralizarla, pero no ha sido derogada, así que aplíquenla.

Los Gobiernos deben ser los primeros en dar ejemplo en cuanto al
cumplimiento de las normas. No prolonguen más el sufrimiento de miles de
familias.

Desde el pasado 1 de julio, 310 000 dependientes moderados
tendrían que gozar de la prestación a la que tienen derecho. Hablamos de
gente mayor con dificultades de movilidad y de enfermos con principios de
alzheimer que están completamente solos. Simplemente estoy haciendo
referencia a la ayuda para levantarse, lavarse y comer. Otros necesitan
atención 24 horas, lo que supone para algún familiar tener que renunciar
a su puesto de trabajo para poder atenderlos, entrando en una espiral que
agrava la situación económica de las familias.

Más del 35 % de las personas con grado reconocido no perciben la
prestación que les corresponde. Se ha dicho reiteradamente —lo ha
dicho el Gobierno— que estamos en una recuperación económica
imparable, que seremos los referentes en Europa, la locomotora. Eso se
tendría que traducir en la adopción de medidas tangibles porque si no,
solo son palabras que se lleva el viento.

En cuanto a las partidas que deben garantizar las prestaciones por
dependencia en el presupuesto para el 2016, esta recuperación no ha
llegado. Para dar cobertura a las personas con derecho a prestación son
necesarios 3100 millones más de los presupuestados, pero el incremento
realizado para 2016 solo es de 70 millones. El reconocimiento del grado
está hecho, el cálculo es simple, pero la capacidad matemática del
Gobierno es muy deficiente o, simplemente, ideológica.

La financiación se tiene que distribuir entre el Gobierno del
Estado, las comunidades autónomas y el copago de quien percibe el
servicio, pero la realidad es que, del 50 % que tiene que aportar el
Estado, solo se está aportando el 17 % del coste total. Son las
comunidades autónomas, en algunos casos, las que están aportando la
diferencia. Debemos volver una vez más a destacar la deslealtad
institucional del Gobierno del Estado en relación a las comunidades
autónomas, y de estas con los ayuntamientos, que ven cómo sus vecinos
pasan desapercibidos para las administraciones con competencias al
respecto, y son estos, los ayuntamientos, los que deben garantizar a los
dependientes la atención necesaria para tener una vida digna. Vuelvo a
repetir, simplemente levantarse de la cama, lavarse, comer, vivir; vivir
con dignidad.

Los agravios no terminan aquí. La decisión de suspender las
cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales
significa condenar a muchas mujeres a no tener una pensión contributiva,
a no poder acceder al mundo laboral, a renunciar a su profesión para
cuidar a un familiar, conduciéndolas a la pobreza.

En cuanto al despliegue de la ley en las comunidades autónomas, se
ha producido una situación que ha creado desigualdad en el territorio
cuando no se reciben las prestaciones o servicios. Mientras hay
comunidades que creen en el espíritu de la ley, que lo comparten y su
prioridad son las personas, otras, que votaron en contra, la han dejado
de aplicar o la han recortado con la excusa de la crisis. Sí. A aquellos
que tanto criticaban la ley no les ha sido difícil olvidar a los
dependientes alegando la falta de recursos mientras, por otro lado,
seguían adelante con la amnistía fiscal para rebajar los impuestos a
aquellos que más tienen. Es cínico agradecer a la ciudadanía su esfuerzo
para superar la crisis.

Mientras a las familias más ricas se les suprime el impuesto de
sucesiones o se les facilita acogerse a la amnistía fiscal, a los más
desfavorecidos se les sube el IRPF, el recibo de la luz y el gas, el
copago de la dependencia o el copago farmacéutico. No, no toda la
ciudadanía ha hecho el mismo esfuerzo y en esta legislatura queda más
claro que nunca que no todos los partidos son iguales. En el ámbito de la
dependencia ha quedado muy claro qué partido político tiene como
prioridad la atención a las personas más vulnerables y quién no. Como
ejemplo, les diré que en los Presupuestos Generales del Estado para 2015,
presentados por el Gobierno del Partido Popular, se habían destinado 1235
millones, a la atención a la dependencia y, en 2015, solamente a la
comunidad de Andalucía se destinaron 1200 millones; comunidad que, como
dijo ayer el ministro, es cierto que paralizó y aumentó las listas de
espera, pero por orden del Gobierno del Estado.

Como decía, solo hay que ver qué partido político ha gobernado en
las comunidades autónomas y qué grado de despliegue se ha producido.
En 2007 nació un derecho de ciudadanía, un derecho que generaba
ocupación, que ha dado autonomía a las personas y que ha generado
derechos para mujeres cuidadoras; en definitiva, que ha dado dignidad.
Además, la inversión en servicios a la dependencia tiene un retorno
social muy importante. Por eso, porque las personas dependientes son una
prioridad para mi grupo parlamentario, garantizar sus derechos es
importantísimo y por ello vamos a apoyar la moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, presidenta.

En primer lloc, haurà notat que quan he parlat de la nostra moció,
no m’he volgut remuntar ni a herències ni a coses que havien passat
des del començament d’aquesta llei. Sí que els vull recordar,
després d’haver sentit els portaveus que, quan es va fer la primera
proposta d’aquesta llei, el meu grup parlamentari la va votar en
contra, a portes d’unes eleccions i se’ns va titllar de poc
sensibles amb aquest tema. I passa una mica això. A vegades el títol de
la llei sembla que ens vulgui donar solucions. Però nosaltres, ja en
aquell moment, en aquell moment ja vam advertir del que suposava la llei
sense una consignació pressupostària i en quina situació deixaria les
comunitats autònomes. La veritat és que el temps ens ha acabat donant la
raó.

A la senadora del PP, només li voldria fer unes petites
apreciacions. Vostè em ve aquí i em diu que la meva proposta carece de
validez. Exactament m’ha dit això. Jo li agrairia que digués que no
la comparteix, que no li sembla bé, que no està per aquesta labor, o que
no li sembla bé que ho presentem aquí i ja ho parlarem en pressupostos.
Però no em digui que no té validesa, perquè això els ho explicarà vostè a
tota la gent que hi ha a Catalunya i a la resta de l’Estat, que
tenen minvat el seu dret de la promoció i de l’autonomia personal.
Això és una proposta per donar solucions a problemes que hi són. Per
tant, té tota la validesa del món i nosaltres tenim tota la legitimitat
per portar-la a aquesta Cambra i intentar buscar una solució. Això per
una banda.

D’altra banda, em comenta que el nivell acordat que
demanàvem, que es va treure el 2012, no hi cap, perquè la llei tenia
previst que això havia de passar entre el 2007 i el 2015. Per tant, com
que la llei diu això, problemes fora. No, senyora, doncs si la llei
preveu això i per això no es pot recuperar aquest nivell que és bàsic per
a donar solució i donar drets als ciutadans, que els hem creat unes
expectatives, doncs es canvia la llei perquè sigui vàlida, així de fàcil.
Parlem de canviar la llei. Parlem de com ho encabim.

Per altra banda, he d’agrair l’aportació de la
senadora Lima, estic d’acord que, fins i tot podíem haver anat un
pas més enllà i que aquesta recuperació del nivell acordat podria tenir
caràcter retroactiu, té tot el sentit del món perquè són unes
consignacions que estaven previstes per la llei que finalment no han
estat destinades, absolutament d’acord. També d’acord que fa
poc, en aquesta Cambra —i el meu grup parlamentari així també ho va
denunciar— que mentre es va anunciant una bonança i una recuperació
en els pressupostos per a partides socials, ens trobem després amb
modificacions de crèdit i amb augments de partides pressupostàries per a
temes com l’armament. Per tant, això també entra en una gran
contradicció i pensem que aquests més de 800 milions d’euros que va
aprovar el grup de la majoria, podrien estar destinats a donar solució,
no a tot el procés, perquè ja li dic que nosaltres vam ser crítics amb la
llei i que se li pot donar moltes voltes, a aquesta i a totes les lleis
que calgui, perquè al final acabin aconseguint allò per al que han estat
fetes. No n’hi ha si s’anuncia que la tenim aplicada i que ha
acabat el calendari d’aplicació. El que ens hem de preguntar és si
ho hem fet prou bé per donar solució a la gent. La resposta és no, no ho
hem fet prou bé. Hi ha gent que està patint, hi ha gent que ha mort amb
les expectatives que els havíem creat i no van poder-les tenir.

Per tant, jo penso que aquesta moció té tota la validesa del món,
em sap molt greu que el grup majoritari no la recolzi i agraeixo a la
resta dels grups que li donin recolzament.

Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidenta.

Habrán visto que cuando he hablado de nuestra moción no he querido
remontarme ni a herencias ni a lo sucedido desde la puesta en marcha de
esta ley. Sin embargo, sí les quiero recordar, después de haber escuchado
a los portavoces, que cuando se presentó la primera propuesta de esta ley
mi grupo parlamentario votó en contra; y votó en contra a las puertas de
unas elecciones, de modo que se nos calificó de poco sensibles con este
asunto. A veces ocurre eso, pero es que en ocasiones parece que el título
de la ley nos quiere dar soluciones y ya en ese momento advertimos de lo
que suponía la ley sin una consignación presupuestaria y en qué situación
iba a dejar a las comunidades autónomas. La verdad es que el tiempo nos
ha acabado dando la razón.

Quiero hacer unas pequeñas apreciaciones a la senadora del Partido
Popular. Por una parte, usted ha venido aquí y me ha dicho exactamente
que mi propuesta carece de validez. Le agradecería que dijera que no la
comparte, que no le parece bien, que no está por esta labor o bien que no
lo presentemos aquí porque ya lo hablaremos en presupuestos, pero no me
diga que carece de validez porque esto se lo va a tener que explicar
usted a toda la gente que hay en Cataluña y en el resto del Estado que ve
mermado su derecho a la promoción de la autonomía personal. Esta es una
propuesta para dar soluciones a problemas que están ahí. Tiene toda la
validez de este mundo y nosotros tenemos toda la legitimidad para traerla
a esta Cámara e intentar buscar una solución.

Por otra parte, comenta que el nivel acordado en 2012 no
corresponde ahora porque en la ley estaba previsto que se alcanzase
entre 2007 y 2015. Por lo tanto, como la ley dice eso, problemas fuera.
Pues no, señora, eso es lo que prevé la ley y si no se puede recuperar
ese nivel, que es básico para dar solución y derechos a unos ciudadanos a
los que les hemos creado unas expectativas, pues se cambia la ley para
que sea válida. ¿Por qué no hablamos de cambiar la ley y de intentar
incluir esta situación?

Quiero dar las gracias a la senadora Lima porque estoy de acuerdo
con que podríamos haber ido un poco más allá y que esta recuperación del
nivel acordado podría tener carácter retroactivo. Tiene todo el sentido
del mundo porque estas consignaciones estaban previstas por la ley y
finalmente no han sido destinadas, de modo que estoy absolutamente de
acuerdo. Hace poco, en esta Cámara —y mi grupo parlamentario
también lo denunció—, se anunció una bonanza y una recuperación en
los presupuestos para partidas sociales, pero después nos encontramos con
modificaciones de crédito y con el aumento de partidas presupuestarias
para temas como el armamento. Esto también es una gran contradicción y
pensemos que estos 800 millones de euros, que no aprobamos, pero que
aprobó el grupo de la mayoría, se podrían destinar a dar solución en
estos momentos, aunque no sea a todo el proceso. Repito que nosotros
fuimos críticos con la ley y que se pueden dar muchas vueltas a todas las
leyes, a las que sean necesarias para que al final consigan aquello para
lo que han sido elaboradas. No basta con anunciar que ya está aplicada,
que ya ha acabado el calendario de aplicación. Nos tenemos que preguntar
si lo hemos hecho bien para dar soluciones a la gente y la respuesta es
que no, que no lo hemos hecho bien, que hay gente que sufre, que hay que
gente que ha muerto con las expectativas que les creamos y que no
pudieron alcanzar.

Creo que esta moción tiene toda la validez de este mundo, me sabe
muy mal que el grupo mayoritario no la apoye, y doy las gracias a todos
los grupos que sí lo van a hacer. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Socialista, senadora Andrés.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, señora presidenta. Buenos días,
señorías.

La Ley de dependencia surgió como un compromiso de aprobar una ley
básica de protección a las personas dependientes y una red de servicios
sociales dirigida a atenderlos. Además, contaba con el compromiso de
crear un sistema para la autonomía y atención a la dependencia, que
después del Sistema Nacional de Salud, del sistema educativo y del
sistema de pensiones se convirtiera en el cuarto pilar del Estado de
bienestar.

Permítanme que no esté de acuerdo con las consideraciones de
algunos portavoces de otros grupos cuando hablan de la insostenibilidad
de la ley desde el principio. Se aprobó en 2006 y se hablaba de nueve
años de implantación de la ley pero algunos grupos, desde el primer año,
ya decían que la ley no iba a ser viable. Me gustaría saber qué hubieran
pensado los parlamentarios de aquellas épocas sobre el Sistema Nacional
de Salud, sobre un sistema de educación pública para toda la población y
sobre el sistema de pensiones. La sostenibilidad de las leyes siempre es
posible si hay voluntad política.

Reconocíamos así un nuevo derecho de ciudadanía, el derecho de las
personas que no se pueden valer por sí mismas de ser atendidas por el
Estado, que les garantizaba, en función de su grado de dependencia, una
serie de prestaciones que, desde la implantación de la ley, podían ser
exigidas administrativa y jurisdiccionalmente. En eso nos empeñamos, y
nos empeñamos todos, hasta que el Partido Popular llegó al Gobierno,
porque desde entonces se produjo un cambio en el ritmo de implantación de
esta ley. El Gobierno del señor Rajoy, y lo han dicho algunos portavoces
que me han precedido en el uso de la palabra, aprobó en los primeros
meses de legislatura un decreto ley en el que sobre la base de su forma
de entender la sostenibilidad, sobre todo la sostenibilidad de los
servicios públicos, introdujo una serie de recortes que supusieron el
inicio del fin del derecho a la autonomía personal como un derecho
subjetivo.

Las primeras decisiones que el Gobierno del señor Rajoy tomó en
materia de dependencia fueron todas y cada una de ellas para obstaculizar
o ralentizar su implantación, así como para mermar los derechos y la
calidad en la prestación a los usuarios. Por ejemplo, recortes en la
prestación por cuidados en el entorno familiar, más de 827 millones,
según el criterio del Partido Popular, todo para ir profesionalizando los
cuidados, aunque a día de hoy nos encontremos a lo largo y ancho de todo
el país con camas vacías en residencias públicas o con prestaciones tan
recortadas que son inviables para que las personas dependientes se puedan
ir a residencias privadas. Otro recorte: la eliminación de las
cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales.
Como ha dicho alguna portavoz, en definitiva volvíamos a invisibilizar a
madres, a hijas y a hermanas que lastran su desarrollo profesional por el
cuidado de sus familiares dependientes.

Por lo que se refiere a la disminución de la intensidad de las
prestaciones, hoy nos estamos encontrando con denuncias públicas de
padres y madres de niños con parálisis cerebral, grandes dependientes,
que han pasado de percibir 470 euros mensuales en 2011, a 270 euros
mensuales en este año, mermándose las prestaciones en cada revisión de
grado.

Además, se ha producido un endurecimiento del régimen de
incompatibilidades entre prestaciones para miles de familias que ya no
saben cómo cubrir gastos, actualizando, asimismo, un copago que suponía
un importante incremento de la participación de los usuarios del
sistema.

Estos recortes han sido los que afectaban más directamente a los
usuarios. Pero además los sucesivos presupuestos aprobados por el Partido
Popular se acompañaban de otros recortes que han ido afectando al papel
del Estado y de las comunidades autónomas, al papel que las
administraciones públicas tenían que jugar en la protección de los
dependientes. Porque no podemos olvidarnos de algunas cosas, señoría, y
es que la Ley de dependencia ponía a prueba la madurez del Estado
descentralizado que nos dimos con la Constitución española de 1978,
porque el mantenimiento del Sistema de Atención a la Dependencia solo es
posible gracias a la cooperación del Estado con las administraciones
regional y local, que son las competentes en materia de servicios
sociales. En este sentido, el Gobierno del señor Rajoy ha recortado
entre 2012 y 2015 más de 1500 millones de euros las aportaciones del
Estado, reduciendo estas al nivel mínimo y eliminando el nivel acordado a
través del cual las comunidades autónomas recibían más de 300 millones de
euros.

Señoría del Partido Popular, ¿aportaciones equiparables?
Totalmente falso. Usted ha aludido a los informes fiscalizadores del
Tribunal de Cuentas. Le voy a leer lo que dice el último informe de este
tribunal. Año 2014: De los 9200 euros de coste medio al año por cada
dependiente soportado por las administraciones públicas, la financiación
finalista del Estado está en torno a 2000 euros. Señoría, 2000 euros. El
resto, los 7200 euros, son aportados por las comunidades autónomas. Lo
que debiera ser un derecho subjetivo, sus políticas lo están convirtiendo
en un derecho reconocido en muchos casos solo por vía judicial.

Varios extractos de fallos judiciales expresan la realidad que el
Ministerio de Sanidad oculta. Porque, como ustedes sabrán, el ministerio
no publica las bajas del Sistema de Atención a la Dependencia. ¿Se
imaginan que el Ministerio de Empleo no publicara los datos de
desempleados? Inconcebible, ¿no? Pues el Ministerio de Sanidad no hace
públicas las bajas ni las causas del Sistema de Atención a la
Dependencia. Y, como les decía, si leemos los fallos judiciales
encontramos algunas frases significativas que reflejan la realidad del
sistema en la actualidad. Frases como: anormal funcionamiento del
servicio público; abandono a su suerte durante todo el tiempo de
tramitación del procedimiento; enriquecimiento injusto por la resolución
tardía de los expedientes. Y así muchísimas más. Esta es la realidad, se
mire por donde se mire; realidad que ayer el ministro en esta tribuna se
negó a aceptar cuando habló de las listas de espera y del número de
usuarios.

Con esta realidad, entenderán no solamente que estemos de acuerdo
con la moción que plantea el Grupo Parlamentario de Convergència i
d’Unió, sino que nos parezca insuficiente la cuantía que piden que
se implemente en los Presupuestos Generales del Estado. Tengan en cuenta
que para que el sistema se pusiera al día y las 433 000 personas
dependientes que están en listas de espera percibieran la prestación,
haría falta un suplemento de 3000 millones de euros. Repito, de 3000
millones de euros.

Voy a finalizar con una respuesta a la portavoz del Grupo Popular,
porque usted ha jugueteado con los números haciendo una demagogia
impresionante, pensando que el resto de portavoces salimos aquí y no
sabemos de lo que hablamos. Ha mezclado la Ley 22/2009, de financiación
autonómica, con la Ley de promoción de autonomía personal. Le digo una
cosa: estaríamos de acuerdo si esas partidas que van de la Ley 22/2009 a
las comunidades autónomas fueran finalistas para dependencia, pero usted,
señoría, sabe que no lo son, y sabe que toda esa financiación adicional
que ha mezclado con la Ley de autonomía no se está cubriendo para el
Sistema de Atención a la Dependencia en las comunidades autónomas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Torres.

La señora TORRES SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.

Antes de nada, tomo la última reflexión que hace la portavoz del
Grupo Socialista porque quiero recordarle que, como he dicho, en concepto
de esta financiación adicional por parte de la Ley 22/2009, se han
destinado más de 9000 millones para atender a la dependencia. Pocas
lecciones pueden darnos los diferentes grupos cuando el 62 % del
presupuesto total del ministerio se destina a consolidar la Ley de
dependencia; 5,9 puntos más que el anterior Gobierno, por lo que ni nos
quedamos de brazos cruzados ni tampoco es una cuestión ideológica, como
algún portavoz ha manifestado esta mañana. Dejen ya de una vez de
apoderarse de lo social, por favor. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia).

Estos presupuestos culminan el proceso de aplicación progresiva
contemplado en la Ley de dependencia y lo hacen consolidando la prioridad
que a la atención a la dependencia se le ha dado en los últimos
ejercicios. Se garantiza la igualdad y la equidad del sistema,
estableciendo un baremo de valoración común que se aprobó en la
legislatura anterior, con un catálogo de servicios y prestaciones
idéntico, con un mismo plazo legal para la resolución y unos mismos
efectos retroactivos, así como una financiación pública sujeta a los
mismos criterios. Este es el contenido de los derechos subjetivos que la
ley configura y que el Gobierno del Partido Popular ha mantenido y
garantizado. Si hablamos a fecha de 31 de diciembre de 2014 comprobarán
que tenemos más beneficiarios con prestación, menos personas pendientes
de recibir prestación, más servicios profesionales, más empleo y más
cobertura. Hay un aumento y una consolidación en los servicios de ayuda a
domicilio, de centro de día y de atención residencial, así como de las
prestaciones económicas vinculadas al servicio y de asistencia personal,
que es lo que va a crear empleo. Hemos mejorado el catálogo de servicios
y prestaciones al ampliar a todos los grados de dependencia la prestación
para asistencia personal, cuando con el anterior Gobierno era solo para
los grandes dependientes, lo que ha hecho que se haya duplicado esta
prestación.

No sé qué reto de futuro tendrán ustedes —me dirijo al
Partido Socialista— pero en el Partido Popular sí tenemos retos de
futuro porque tenemos la aspiración de continuar gobernando.

Queremos apoyar la atención domiciliaria para personas mayores
dependientes. Como ven, la derecha tiene una postura sincera en materia
de dependencia porque creemos en las personas y, también, en sus
oportunidades —en esto me quiero acercar a la postura manifestada
por la portavoz de Podemos—. Hemos reforzado la atención a los
menores mediante el acuerdo de los criterios comunes, recomendaciones y
condiciones mínimas de los planes de atención integral a menores de tres
años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla. Y todo
ello, señorías, a pesar de que heredamos un sistema en quiebra, con un
desfase presupuestario de 2700 millones y con una deuda con la Seguridad
Social de 1034 millones de euros. A ver quién invisibiliza a quién,
señorías del Partido Socialista.

Me voy a referir también a lo indicado por la portavoz del Grupo
de CiU, del grupo proponente de esta moción. Por supuesto que tiene toda
la legitimidad del mundo para cifrar en cuánto quieren ustedes aumentar
la partida presupuestaria en materia de dependencia, pero yo me refería a
que en materia de dependencia el nivel mínimo de protección de las
liquidaciones mensuales no es matemático sino que depende de otros
criterios, como pueden ser el número de personas beneficiarias con la
prestación efectiva que la están recibiendo y el grado de dependencia.
Por eso, a priori no podemos acotar la cuantía de la partida
presupuestaria ni ampliarla a un determinado volumen porque, como digo,
no es un criterio justo y preciso sino que depende de ese número de
personas que estén asumiendo esa prestación efectiva.

Podemos hablar también de los datos de la financiación a Cataluña
en materia de dependencia y así le podré decir que en el
período 2007-2015, a través del nivel mínimo y del nivel acordado, se han
transferido a Cataluña más de 1700 millones de euros.

Por su parte, el Partido Socialista vuelve aquí a reclamar lo que
no son capaces de poner en marcha cuando gobiernan. Asúmanlo, a ustedes
se les fue de las manos la dependencia. No creían en la atención a la
dependencia porque habían convertido el carácter excepcional de las
prestaciones económicas en mayoritario. Ustedes no apostaban por el
empleo en materia de dependencia y, así, el Tribunal de Cuentas hablaba
de un sistema de subsidios.

Ahora, con el Partido Popular, se impulsa la creación de empleo.
Ustedes tenían un sistema absolutamente desorganizado. Así, el Tribunal
de Cuentas señalaba en su informe sobre la aplicación de la ley en el
periodo 2007 a 2011 que se habían detectado expedientes duplicados y de
personas fallecidas que estaban dentro del sistema y por las que las
comunidades autónomas recibían financiación. Esto también lo publicaron
ustedes, ¿verdad?

Hablan de lista de espera cuando una de cada tres personas
españolas en lista de espera en materia de dependencia reside en
Andalucía, y es que, como digo, ustedes vienen a pedir aquí lo que no son
capaces de cumplir donde gobiernan. Por ejemplo, la media nacional del
periodo medio de reconocimiento de la prestación es de 49 días y en
Andalucía de 300.

Ustedes mantenían un sistema colapsado, complejo y desigual,
poniendo en riesgo, tanto el derecho de los ciudadanos, como la
universalidad del sistema en condiciones de igualdad. Por tanto, ¿qué
lecciones nos va a dar el Grupo Socialista con un recorte de financiación
de 234 millones de euros y más de 300 000 dependientes a la espera de
recibir ayudas? Ustedes utilizan la dependencia solo como filón contra el
Gobierno y para sacar rédito político, y si no explíqueme a qué viene la
foto hecha en Castilla-La Mancha, de todos los portavoces y miembros de
los distintos partidos políticos, a excepción del Popular, que se unieron
en esa falsa defensa de la dependencia, cuando realmente era una unión de
perdedores con el objetivo de desbancar al Partido Popular de su
responsabilidad para ponerse ellos al frente del poder. Eso sí, ya
retomarán la defensa de la dependencia cuando se acerquen las
elecciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por favor, llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente
ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245;
votos emitidos, 245; a favor, 96; en contra, 144;






abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.