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DS. Senado, Pleno, núm. 159, de 10/06/2015
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ


Sesión núm. 74


celebrada el miércoles, 10 de junio de 2015


ORDEN DEL DÍA






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para potenciar el deporte aficionado y sin ánimo de
lucro.


671/000177
deporte

GPCIU






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a fomentar el relevo
generacional en el sector agrario.


662/000196
sector agrario; trabajo de jóvenes

GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para modificar la aplicación en nuestro país de la
Política Agrícola Común (PAC).


662/000198
política agrícola común

GPS





Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con el derecho de autodeterminación del
pueblo saharaui.


662/000197
Marruecos; Sáhara Occidental; independencia
nacional


GPV






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




LECTURA ÚNICA




Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26
de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado
y la Comunidad Foral de Navarra. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


621/000126
Navarra; cooperación administrativa; fiscalidad;
relación Estado-entidades territoriales








DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria.

621/000119
Derecho civil; Derecho mercantil; jurisdicción
judicial


Justicia







PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES




Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación
con la despoblación rural en España.


543/000007
autonomía local; despoblación; entidad local;
migración rural


Entidades Locales







CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO




Convenio marco de colaboración y apoyo mutuo entre las
Comunidades Autónomas del Principado de Asturias y de Galicia en materia
de protección civil y gestión de emergencias.


592/000015
Galicia; Principado de Asturias; cooperación
administrativa; estado de emergencia; protección civil


XUNTA DE GALICIA
CONSEJO DE GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS





SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS PARA POTENCIAR EL DEPORTE AFICIONADO Y SIN ÁNIMO DE
LUCRO.


671/000177

GPCIU


El señor Maldonado i Gili expone la interpelación.


En turno de portavoces intervienen la señora Martínez Muñoz, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Sequera
García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Álvarez Villazán, por el Grupo
Parlamentario Socialista; y el señor De España Moya, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes, 183;
votos emitidos, 182; a favor, 72, en contra, 110.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A FOMENTAR EL RELEVO
GENERACIONAL EN EL SECTOR AGRARIO.


662/000196

GPP


La señora Leyte Coello defiende la moción.


El señor Toledo Díaz defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Boya Alós defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió.


La señora Leyte Coello expone la posición de su grupo respecto de
las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor
Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Toledo Díaz, por el Grupo Parlamentario
Socialista; y la señora Leyte Coello, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes, 222;
votos emitidos, 221; a favor, 138; en contra, 83.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS PARA MODIFICAR LA APLICACIÓN EN NUESTRO PAÍS DE LA
POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC).


662/000198

GPS


La señora Coves Botella defiende la moción.


El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió.


La señora Coves Botella expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió, rechazándola.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Plana
Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; la señora Coves Botella, por el Grupo Parlamentario Socialista; y
la señora Moya Moreno, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes, 231;
votos emitidos, 231; a favor, 68; en contra, 138; abstenciones, 25.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DEL
PUEBLO SAHARAUI.


662/000197

GPV


El señor Anasagasti Olabeaga defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, presentadas a iniciativa de este senador y del señor
Mariscal Cifuentes.


El señor Sabaté Borràs defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Anasagasti Olabeaga expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptándolas.


En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal Azurmendi,
la señora Julios Reyes, la señora Capella i Farré y el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti
Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Sedó Alabart, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; la señora Fernández Pena, por el Grupo
Parlamentario Socialista; y el señor Chiquillo Barber, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto y de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes, 232;
votos emitidos, 231; a favor, 92; en contra, 137; abstenciones, 2.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




LECTURA ÚNICA





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26
DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO
Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


621/000126



En nombre del Gobierno, hace uso de la palabra el señor ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).


En turno de portavoces intervienen el señor Eza Goyeneche y el
señor Unamunzaga Osoro, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; la señora Chivite Navascués, por el Grupo
Parlamentario Socialista; y el señor Palacios Zuasti, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la senadora Cunyat Badosa, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido su
voto favorable al proyecto de ley.


Se procede a votar
.................................................................................... 15530


El señor presidente informa de que queda aprobado definitivamente
por las Cortes Generales el proyecto de ley.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.

621/000119

Justicia


El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la Comisión, presenta
el dictamen.


Se inicia el debate de totalidad.


El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 3, de
este senador y el señor Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.


El señor Bruguera Batalla defiende la propuesta de veto número 2,
de la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla,
Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, y de la señora Sequera
García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Díaz Tejera defiende la propuesta de veto número 4, del
Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Cuevas Cuerda,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el
señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Díaz
Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Cuevas Cuerda,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar las propuestas de veto
.................................................................................... 15531


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la senadora Cunyat Badosa, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que se ha
abstenido en las cuatros propuestas de veto.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 232 más 1 voto telemático, 233; votos emitidos, 229
más 1 voto telemático, 230; a favor, 64; en contra, 150; abstenciones, 15
más 1 voto telemático, 16.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 229 más 1 voto telemático, 230; votos emitidos, 227
más 1 voto telemático, 228; a favor, 64; en contra, 148; abstenciones, 15
más 1 voto telemático, 16.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 231, más 1 voto telemático, 232; votos
emitidos, 229, más un voto telemático, 230; a favor, 63; en contra, 150;
abstenciones, 16, más 1 voto telemático, 17.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 232, más 1 telemático, 233; votos emitidos, 230,
más 1 telemático, 231; a favor, 65; en contra, 150; abstenciones, 15,
más 1 voto telemático, 16.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 12 a 139 y 141
a 153, presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto.


La señora. Capella i Farré defiende las enmiendas 1 a 11, del
Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por esta
senadora.


El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 154 y 155, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Bruguera Batalla da por defendidas las enmiendas 245
a 433 y 434 a 575, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 156 a 244,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


La señora Marra Domínguez defiende las enmiendas 576 a 766, del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Cuevas Cuerda da por defendidas las enmiendas 767 a 778
y 780 a 787, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y hace a la
vez uso del turno en contra de las enmiendas de los demás grupos
parlamentarios.


En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz Sorron,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura
Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la
señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo
Parlamentario Socialista; y el señor Cuevas Cuerda, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar
.................................................................................... 15543


Se rechazan todas las enmiendas excepto las
números 94, 245, 255, 256, 517, 576, 586, 587, 768
a 777, 779, 780, 782, 784, 786 y 787.


Se aprueban las propuestas de modificación con números de
registro 187 467, 187 468, 187 469, 187 470, 187 471, 
87 472, 187 473, 187 474, 187 475, 187 476, 187 477, 187 478, 187 479,
187 480, 187 481, 187 482, 187 483, 187 484, 187 485 y 187 490.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.










PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN RELACIÓN
CON LA DESPOBLACIÓN RURAL EN ESPAÑA.


543/000007

Entidades Locales


El señor García Martínez presenta el informe.


En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Sequera
García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la
señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Arrufat Gascón, por el Grupo Parlamentario
Socialista; y el señor Martínez Martínez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba el informe de la Ponencia por asentimiento de la
Cámara.










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APOYO MUTUO ENTRE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE GALICIA EN MATERIA
DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.


592/000015

XUNTA DE GALICIA
CONSEJO DE GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS


El señor presidente informa a la Cámara de que no se han
presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la
autorización de las Cortes Generales.


La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho
convenio.


Se levanta la sesión a las diecinueve horas.








Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS PARA POTENCIAR EL DEPORTE AFICIONADO Y SIN ÁNIMO DE
LUCRO.


671/000177

GPCIU


El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.4


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
no se han presentado enmiendas.


En turno a favor, tiene la palabra el señor Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor president. Bon
dia.


La veritat és que en cinc minuts és molt difícil exposar aquesta
moció. És una moció que, per se, té sis enunciats, sis punts, que
desenvolupen el seu missatge. És una moció que tanca un cicle.


Durant tota la legislatura, aquest portaveu, com a portaveu
d’esports de Convergència i Unió, he fet preguntes parlamentàries
al Govern per escrit, he fet iniciatives, mocions, compareixences,
interpel·lacions, i avui diria que aquesta és la moció que tanca el
cicle. I la veritat és que amb poc èxit, perquè fins ara l’únic que
fem són llistats de greuges, preocupacions, angoixes; sentiments del
sector que fa arribar als grups, entre altres el nostre, que
l’esport amateur, l’esport de base, l’esport aficionat,
està tocat de mort. Sé que el ministre Wert no comparteix aquesta
afirmació. Però un dels motius d’aquesta moció és conscienciar. Jo
sé que la majoria absoluta del Partit Popular condemna a la mort, a la
negativa d’aquest Senat, aquesta moció. Ho sé. Algú de vostès
podria dir: doncs per què la presenta? Per responsabilitat, perquè som
aquí per defensar els sectors, per sentiment, perquè jo m’estimo
l’esport ‒l’esport català i l’esport en
general‒ i veig com pateix, i per conscienciar.


No diré noms, lògicament, però la moció conseqüència
d’interpel·lació que avui presentem va fer que a l’anterior
ple, després de la interpel·lació al ministre, on explicàvem això que
avui demanem i instem al Govern, en acabar la meva intervenció i el ple,
tres alcaldes i senadors del Partit Popular, per separat, em diguessin
amb paraules textuals: «Maldonado, tiene razón, estamos preocupados. En
nuestro municipio el deporte base sufre». Lògicament, per disciplina de
partir, ells varen votar en contra, i avui votaran en contra. Però la
seva consciència i responsabilitat política fa que sàpiguen que això que
demanem no és una petició sectària ni una petició polititzada; és una
necessitat del sector esportiu català i estatal. Perquè aquests tres
alcaldes no eren catalans, curiosament; eren de la restat de
l’Estat. A ells els agreixo l’honestedat. I sobre aquesta
base, l’únic que faig és esmentar que també al PP hi ha gent
preocupada, i molta. Gent del PP que poden ser alcaldes, o presidents de
clubs, o esportistes federats. A ells els toca conscienciar el
Govern.


Explicaré la interpel·lació. 1.300 dirigents esportius catalans,
de la societat civil, per primera vegada a la història, van treure una
targeta vermella i van demanar al Govern que rectifiqués, amb un memorial
de greuges. No tinc temps d’exposar-los, però sí
d’enumerar-los: llicència única; voluntariat esportiu; impost sobre
el valor afegit (IVA) reduït; impost de societats; Llei de Transparència;
Llei de Blanqueig de Capitals; Llei de mecenatge.


Què és el que demana el nostre grup? Què és el que demana
l’esport català? Què és el que demana l’esport estatal? Una
normativa específica per a l’esport de base. Que calgui fer allò
que ara fan. Per exemple, que el club del Yuró de la Peira, que no té ni
seu social, hagi de guardar durant deu anys tota la documentació, hagi de
fer una declaració de tota la gent que ha rebut una mínima subvenció i
hagi de portar tota una documentació que els és impossible, i no poden
contractar un gestor perquè no tenen diners. I qui diu això parla de la
llicència única, de l’IVA i de moltíssimes coses.


Se m’acaba el temps.


Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.


La verdad es que en cinco minutos es muy difícil exponer esta
moción. Es una moción que, per se, tiene seis enunciados, seis puntos que
desarrollan un poco su mensaje. Es una moción que cierra un ciclo.


Durante toda la legislatura este senador, como portavoz de
deportes de Convergència i Unió, ha hecho preguntas parlamentarias al
Gobierno para su contestación escrita, he presentado iniciativas,
mociones, ha pedido comparecencias, interpelaciones…, y hoy esta es
la moción cierra el ciclo. La verdad es que con poco éxito porque hasta
ahora lo único que hemos hecho son listados de agravios, preocupaciones,
angustias, sentimientos que el sector hace llegar a los grupos, entre
otros al nuestro, como el de que el deporte amateur, el deporte de base,
el deporte aficionado, está tocado de muerte. Sé que el ministro Wert no
comparte esta afirmación, pero uno de los motivos de esta moción es
concienciar. Yo sé que la mayoría absoluta del Partido Popular condena a
muerte esta iniciativa con su negativa en este Senado a esta moción, lo
sé. Alguno de ustedes podría decir: ¿Por qué la presenta? Por
responsabilidad, porque estamos aquí para defender a los sectores, por
sentimiento, porque yo amo el deporte catalán y el deporte en general,
veo cómo sufre, y para concienciar.


Lógicamente, no diré nombres, pero el debate de la interpelación
origen de esta moción que presentamos al ministro en el anterior Pleno,
donde explicábamos esto que hoy pedimos, que es instar al Gobierno, hizo
que cuando yo acabé mi intervención y se terminó el Pleno, tres alcaldes,
senadores del Partido Popular, por separado, me dijeran estas palabras
textuales: Maldonado, tiene razón, estamos preocupados en nuestro
municipio porque el deporte base sufre. Lógicamente, ellos, por
disciplina de partido, votaron en contra y hoy van a votar en contra,
pero su conciencia y responsabilidad política hacen que sepan que esto
que pedimos no es sectario, no es una petición politizada, sino una
necesidad del sector deportivo catalán y estatal. Estos tres alcaldes,
curiosamente, no eran catalanes, sino del resto del Estado, y a ellos les
agradezco su honestidad. Sobre esa base, lo único que hago es citar que
también en el PP hay gente preocupada, y mucha. Gente del PP que pueden
ser alcaldes, presidentes de clubes, gente del PP que pueden ser
deportistas federados, y es a ellos a quienes corresponde concienciar al
Gobierno.


Voy a explicar la moción con la que 1300 dirigentes deportivos
catalanes, por primera vez en la historia de la sociedad civil, han
sacado una tarjeta roja al Gobierno y le han pedido que rectifique un
listado de agravios que no tengo tiempo de exponer pero sí de enumerar:
licencia única, voluntariado deportivo, impuesto sobre el valor añadido
reducido, impuesto sobre sociedades, Ley de transparencia, Ley de
blanqueo de capitales o Ley de mecenazgo.


¿Qué pide nuestro grupo? ¿Qué pide el deporte catalán? ¿Qué pide
el deporte estatal? Una normativa específica para el deporte de base para
que no tengan que hacer lo que ahora hacen. Por ejemplo, que el club Turó
de la Peira —que no tiene siquiera sede social— tenga que
guardar durante diez años toda la documentación y hacer una declaración
de toda la gente que ha recibido una mínima subvención, documentación que
les es imposible presentar, pues no tienen dinero para contratar a un
gestor. Además de esto, me refiero también a la licencia única, al IVA y
muchísimas más cosas.


Se me acaba el tiempo.


Voy a terminar mi intervención en castellano para que me puedan
escuchar todos los presentes.


Esta no es una moción política, esta no es una moción
politizada...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MALDONADO I GILI: Acabo inmediatamente, señor
presidente.


Esta es una moción de conciencia, de sentimiento y de servicio
público. Los políticos estamos para ayudar al servicio público, estamos
para que los ciudadanos puedan gestionar sus clubes, sus empresas,
sociedades, etcétera. En este caso, hablamos de deporte. Por ello, mi
llamada se dirige a los alcaldes que me decían que tenía razón, a otros
que están aquí y a sus señorías para que, in extremis, le digan al
Gobierno que rectifique, pues el deporte base en Cataluña y en el Estado
está tocado de muerte.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.


¿Turno en contra? (Denegaciones).


No hay turno en contra.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


No hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Recojo el guante lanzado por el señor Maldonado y, evidentemente,
votaremos a favor de esta moción.


El deporte base, el deporte aficionado, se enfrenta muchas veces a
los mismos retos a los que se puedan enfrentar clubes profesionales o
clubes grandes, lo cual no tiene sentido. Las comunidades autónomas, en
el ámbito de nuestras competencias, estamos desarrollando medidas y
aplicando políticas que permiten facilitar la práctica del deporte
aficionado, pero es cierto que muchas veces nos encontramos con trabas
estatales que dificultan mucho esa labor.


Por lo tanto, considero totalmente oportuna, adecuada, mesurada y
lógica la moción presentada por el señor Maldonado, motivo por el que
vamos a apoyarla.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra la senadora
Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: President, senyories, bon dia.


El Grup de l’Entesa donarà suport a aquesta moció, perquè
entenem que l’esport és d’interès general per molts motius:
per salut, per cohesió social, pel foment de valors com el respecte al
contrari, la convivència a l’equip, l’esforç... Per tant, és
un element social que, al llarg de la història, a través de clubs
esportius de totes les disciplines i de totes les mides, ha demostrar ser
indispensable per al foment de la millora de la nostra societat. No
obstant això, volem manifestar que som conscients que existeix una
normativa laboral que s’ha de complir. Ens garanteix una relació
laboral amb uns drets i uns deures que afecten sobretot els treballadors,
i per tant, la seva aplicació i el seu compliment són per a nosaltres
irrenunciables. D’altra banda, també som conscients que en la
situació actual en què vivim la societat ens reclama molta transparència,
a tots els nivells; també al món de les institucions sense ànim de lucre,
i més encara quan moltes d’elles reben diners públics.


Ser transparents no ha de ser un impediment per continuar
desenvolupant una tasca, en aquest cas l’esport, que contribueixi
d’una forma molt significativa a una important funció social
d’interès general. Per tant, sí, creiem que cal prendre mesures per
garantir la continuïtat de la tasca que realitzen milers i milers de
clubs esportius. Però voldria fer un incís per destacar que no tan sols
les entitats esportives són les afectades per les mesures que ha pres el
Govern de Mariano Rajoy, pel que fa a la pujada de l’IVA o els
canvis normatius a la Llei de Societats, sinó que tot el teixit
associatiu sense ànim de lucre, de molts altres àmbits, també es troba en
la mateixa situació. Entre uns i altres estem ofegant l’esport. Des
del Govern de l’Estat, ja hem destacat que la pujada de l’IVA
i l’impost de societats ataquen la supervivència de
l’esport.


Però vull destacar de forma molt significativa l’Arsal. Amb
aquesta llei, amb les seves restriccions en competències esportives als
ajuntament de menys de 20.000 habitants ‒és a dir, la
majoria‒, s’impedirà que l’assessorament i els recursos
municipals que fins ara rebien molts clubs desapareguin de cop. Això es
tradueix en situar l’esport de base i amateur en perill
d’extinció.


D’altra banda —i en aquest cas parlo de la comunitat
autònoma d’on provinc—, la reducció de les subvencions per a
l’esport català amb més d’un 90 % acumulat també agreuja la
situació de l’esport i de les institucions del món de
l’esport. Em refereixo, a banda dels clubs, als consells esportius,
la UFEC, els ajuntament... Al pressupost és on es contreu el compromís, i
realment es veuen les sensibilitats d’un Govern i les seves
prioritats. Per tant, sí a la supervivència de l’esport, sí a la
regulació, però no a costa de l’empobriment dels clubs i de les
entitats esportives, ni de la penalització del voluntariat.


El marc normatiu s’ha adaptar a la realitat del teixit
esportiu. Cal afrontar una modificació de la legislació per tal de reduir
el percentatge de cotització de l’esport amateur, i que el
voluntariat quedi exempt de la cotització de la Seguretat Social,
entenent que les quantitats que perceben estan majoritàriament per sota
del salari mínim interprofessional, i que s’adrecen a compensar les
despeses pel desenvolupament d’una activitat que no és
professional, i no s’haurien de considerar retribucions salarials.
Prou menyspreu a les competències autonòmiques, amb l’aplicació de
la llicència única esportiva i l’intent de recentralització de
l’esport català. Aquesta llicència provoca la pèrdua
d’autonomia de les federacions catalanes i les situa sota la tutela
de les federacions estatals, alhora que incrementa la quantia de les
despeses dels esportistes catalans.


El futur de l’esport precisa d’un abordatge en
profunditat de la situació jurídica de les entitats esportives. Cal
facilitar i adequar les obligacions que han de complir per garantir la
supervivència del teixit associatiu, i preservar un sistema viable que
fomenti la pràctica de l’esport en les seves vessant educativa, de
promoció d’hàbits saludables i de cohesió social.


Per tant, queda sobre la taula una tasca pendent, i ara toca
demostrar per part dels grups parlamentaris fins on arriba el compromís
polític. L’Entesa ho creu necessari i hi estem disposats. Cal veure
si les paraules del ministre en la interpel·lació eren sinceres o només
eren això: paraules buides de contingut.


Gràcies. (Aplaudiments).


Presidente, señorías, buenos días.


El Grupo de la Entesa va a apoyar esta moción porque entendemos
que el deporte es una actividad de interés general por muchos motivos:
por salud, por cohesión social, porque fomenta valores como el respeto al
contrario, la convivencia en el equipo y el esfuerzo. Por tanto, se trata
de una actividad social que a lo largo de la historia, a través de clubes
deportivos de todas las disciplinas y de todos los tamaños, ha demostrado
ser indispensable para el fomento de la mejora de nuestra sociedad. No
obstante, queremos manifestar que somos conscientes de que existe una
normativa laboral que hay que cumplir, una relación laboral, con derechos
y deberes, que afecta sobre todo a los trabajadores, cuya aplicación y
cumplimiento es para nosotros irrenunciable. Por otro lado, también somos
conscientes de que, debido a la situación actual en que vivimos, la
sociedad nos reclama mucha transparencia a todos los niveles, y también
en el mundo de las instituciones sin ánimo de lucro, más aún cuando
muchas de ellas reciben dinero público.


Ser transparentes no debe ser un impedimento para seguir
desarrollando una tarea, en este caso el deporte, que contribuye de forma
muy significativa a una importante función social de interés general. Por
lo tanto, sí creemos que hay que tomar medidas para garantizar la
continuidad de la labor que realizan miles y miles de clubes deportivos,
pero quiero hacer un inciso para destacar que no solo las entidades
deportivas son las afectadas por las medidas que ha tomado el Gobierno de
Mariano Rajoy en cuanto a la subida del IVA o los cambios normativos en
la Ley de sociedades, sino que todo el tejido asociativo sin ánimo de
lucro de muchos otros ámbitos también se halla en la misma situación.
Entre unos y otros estamos ahogando el deporte, y ya hemos destacado que,
con la subida del IVA y del Impuesto sobre sociedades, el Gobierno ataca
la supervivencia del deporte.


Quiero destacar de forma significativa la Arsal. Con esta ley, con
sus restricciones en competencias deportivas a los ayuntamientos de más
de 20 000 habitantes, es decir, la mayoría, se va a impedir el
asesoramiento y los recursos municipales que hasta ahora recibían muchos
clubes; van a desaparecer de golpe. Eso se traduce en situar el deporte
de base y amateur en peligro de extinción.


Por otro lado —y en este caso hablo de la comunidad autónoma
de donde provengo—, la reducción de las subvenciones para el
deporte catalán en más de un 90 % acumulado también agravia la situación
del deporte y de las instituciones relacionadas con el mundo deportivo;
me refiero a los clubes, a los consejos deportivos, a la UFEC, a los
ayuntamientos... Con los presupuestos se contrae el compromiso y es donde
se ve realmente la sensibilidad del Gobierno y sus prioridades. Por lo
tanto, sí a la supervivencia del deporte. Sí a la regulación, pero no a
expensas del empobrecimiento de los clubes y de las entidades deportivas
ni a la penalización del voluntariado.


El marco normativo debe adaptarse a la realidad del tejido
deportivo. Hay que afrontar una modificación de la legislación haciendo
reducir el porcentaje de cotización del deporte amateur y que el
voluntariado quede exento de la cotización a la Seguridad Social,
entendiendo que las cantidades que perciben, mayoritariamente por debajo
del salario mínimo interprofesional, se dirigen a compensar los gastos
para el desarrollo de una actividad que no es profesional, por lo que no
deberían considerarse retribuciones salariales. Basta de despreciar las
competencias autonómicas con la aplicación de la licencia única deportiva
y el intento de recentralización del deporte catalán. Esta licencia
provoca la pérdida de autonomía de las federaciones catalanas y las sitúa
bajo la tutela de las federaciones estatales, al tiempo que incrementa la
cuantía de los gastos de los deportistas catalanes.


El futuro del deporte precisa de un abordaje profundo de la
situación jurídica de las entidades deportivas. Hay que facilitar y
adecuar las obligaciones que tienen que cumplir para garantizar la
supervivencia del tejido asociativo y preservar un sistema viable que
fomente la práctica del deporte en sus vertientes educativas, promoción
de hábitos saludables y de cohesión social.


Por tanto, queda sobre la mesa una tarea pendiente, y ahora los
grupos parlamentarios tienen que demostrar hasta dónde llega su
compromiso político. La Entesa lo cree necesario y estamos dispuestos a
ello. Habrá que ver si las palabras del ministro en la interpelación eran
sinceras o eran solo eso, palabras vacías de contenido.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyora Sequera. No es
preocupi; segur que són paraules buides de contingut. En tenim massa
experiència. Però bé, tant vostè com jo, com tots els portaveus, som aquí
per seguir denunciant allò que creiem que s’ha d’esmenar, que
s’ha de millorar o que s’ha de rectificar. I rectificar és de
savis; i rectificar és el que de vegades honora els polítics; i
rectificar, de vegades, és el que beneficia la societat; i rectificar és
el que de vegades ajuda a que un país prosperi.


Perquè l’esport, a Catalunya i a l’Estat, és un model
d’èxit. Espanya, que tant va amb la boca plena de la Roja, los
campeones, campeones del mundo, etcètera, ha de barrinar, ha de pensar
d’on vénen aquests campions. Els qui els parla avui és un culer
tricampió; bi-tricampió. Però sabem que els Xavi, Piqué, Messi no surten
del no res. Surten de la base, de la Masia en aquest cas o d’altres
llocs. Els Márquez, els germans Gassol, les Ona Carbonell no surten per
reial decret; surten per polítiques esportives. I Catalunya ha tingut un
teixit espectacular durant segles. A Catalunya hi ha moltíssims clubs
centenaris. I a Espanya també: molts clubs centenaris. I aquests clubs
centenaris són clubs que han vist com de cop i volta l’IVA ha
passat del 8 al 21 %; han vist com les llicències federatives, que es
podien fer a la seu de la federació autonòmica corresponent, la catalana
o la que fos, ara ha de ser una llicència estatal; ha vist com la Llei de
Mecenatge, mentre que a Itàlia i a altres països d’Europa és una
font de finançament de la societat, que per tant allibera
l’Administració, a Espanya és inexistent, mínimum minimorum. Han
vist incongruències incomprensibles, com responsabilitat civil en
competicions de carretera. Una petita cursa ciclista ha de fer
assegurances per 70 milions. Jo no sé fins a quin punt és normal que es
demani a un club ciclista una responsabilitat civil amb una quantia
mínima de 70 milions d’euros per als esportistes participants. Això
és incongruent. Ens diuen que al nou model del Codi de Circulació això es
canviarà, però quants anys fa que arrosseguem? Per tant, Llei de
Transparència i Llei de Blanqueig.


La portaveu d’Entesa ha dit que cal complir la Llei Laboral;
i tant. Però també ha dit que el voluntariat no hi té res a veure. O és
que el senyor que, per exemple a la nostra comarca, a Albinyana, va a
regar el camp, i no sé quant li paguen, però si li donen 70 o 80 o 100
euros, o a Les Peces, o a Passanant... Aquest senyor se l’ha de
donar d’alta de la Seguretat Social? Saben quin objectiu té, això?
Que els milers i milers de voluntaris que, durant molts anys, al poble,
al club, han estat netejant la roba, arreglant els vestidors, a canvi de
res, a canvi de vegades de poder pagar la benzina, ara estaran assegurats
i passaran a ampliar los puestos de trabajo que el Gobierno ha
conseguido. Els milers i milers de persones que han treballat durant anys
i anys als clubs, gairebé a canvi de res, ara els han d’assegurar,
perquè és clar, al final d’any hi ha eleccions, i si aconseguim
que 200.000 homes i dones voluntaris de clubs, que
porten 15, 20, 30, 40, 50 anys no cobrant, rebent una petita
gratificació, ara passin a la cotització de la Seguretat Social,
s’emplenaran les llistes i diran que hay más trabajo en
España.


Muchas gracias, señora Sequera. No se preocupe, que seguro que son
palabras vacías de contenido. Ya tenemos mucha experiencia, pero tanto
usted como yo y el resto de portavoces estamos aquí para seguir
denunciando lo que creemos que hay que mejorar o rectificar. Rectificar
es de sabios, y a veces es lo que honra a los políticos, lo que beneficia
a la sociedad y lo que ayuda a que un país prospere.


El deporte, en Cataluña y en el Estado, es un modelo de éxito.
España, que tanto se llena la boca con «la Roja» y con ser los campeones
del mundo, tiene que pensar de dónde vienen estos campeones.






Quien les
habla hoy es un culé tricampeón, más bien bitricampeón, pero sé que los
Xavi, los Piqué o los Messi no salen de la nada, salen de la base, en
este caso de La Masia y de otros lugares. Los hermanos Márquez, los
hermanos Gasol u Ona Carbonell no aparecen por real decreto, sino por
políticas deportivas, y Cataluña ha tenido un tejido espectacular durante
siglos. En Cataluña hay muchísimos clubes centenarios —y en España
también—, clubes que han visto que de repente el IVA ha pasado
del 8 % al 21 %, han visto cómo las licencias federativas, que antes se
podían hacer en la sede de la federación autonómica correspondiente, en
este caso la catalana o en la que fuere, ahora deben ser estatales; han
visto cómo la Ley de mecenazgo, que en Italia y en otros países de Europa
es una fuente de financiación de la sociedad, y que, por tanto, libera a
la Administración, en España es inexistente, minimum minimorum, y han
visto incongruencias incomprensibles, como seguros de responsabilidad
civil en competiciones de carretera, y es que en una pequeña carrera
ciclista se necesita hacer seguros por valor de 70 millones. Yo no sé
hasta qué punto es normal que se pida a un club ciclista una
responsabilidad civil con una cuantía mínima de 70 millones de euros para
los deportistas participantes. Esto es incongruente. Dicen que esto
cambiará en el nuevo modelo del código de circulación pero ¿cuánto tiempo
hace ya? No sabemos. Así pues, Ley de transparencia y ley de
blanqueo.


La portavoz de Entesa ha dicho que hay que cumplir la Ley laboral.
¡Por supuesto! Pero también ha dicho que el voluntariado no tiene nada
que ver. ¿O es que el señor que, por ejemplo, va a regar el campo y al
que le dan 50, 60 o 70 euros tiene que darse de alta en la Seguridad
Social? ¿Saben qué objetivo tiene esto? Que los miles y miles de
voluntarios que durante muchos años han estado en su pueblo, en su club,
limpiando la ropa, arreglando los vestuarios a cambio de nada, a cambio a
veces solo de que les paguen la gasolina, ahora, como asegurados, pasarán
a ampliar el número de puestos de trabajo que el Gobierno ha conseguido.
Ahora hay que asegurar a los miles y miles de personas que han trabajado
durante años en clubes prácticamente a cambio de nada porque al final de
año hay elecciones, y si conseguimos que 200 000 hombres y mujeres
voluntarios en clubes que llevan 30, 40 o 50 años sin cobrar, recibiendo
solo una pequeña gratificación, pasen a cotizar a la Seguridad Social,
sumarán en las listas para decir que hay más trabajo en España.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MALDONADO I GILI: Voy acabando. Però això l’esport
no ho pot permetre ni ho pot aguantar.


Per tant, com que em toca acabar, acabaré com he començat. Sé que
aquesta moció està condemnada a la mort, sé que aquesta moció no
prosperarà. Intento que els que m’hagin pogut escoltar conscienciïn
el seu Govern. Què pretenem? Pretenem que l’esport, català i
estatal, sàpiga que alguns senadors i senadores —avui dos grups ja
s’hi ha definit a favor— estan preocupats com ells.


Moltes gràcies.


Esto es algo que el deporte ni puede permitirlo ni puede
aguantarlo.


Pero como ya tengo que acabar, lo voy a hacer como he empezado. Sé
que esta moción está condenada a la muerte; sé que no va a prosperar,
aunque espero que quienes me hayan escuchado conciencien a su Gobierno en
este tema. ¿Y qué pretendemos? Pues pretendemos que el deporte catalán y
estatal sepa que algunos senadores y senadoras —hoy dos grupos se
han pronunciado a favor de nuestra moción— estamos preocupados por
esto.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Maldonado.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el senador Álvarez
Villazán.


El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la verdad es que uno sube a esta tribuna con cierto
desánimo tras escuchar las palabras, a su vez ya de desánimo, del señor
Maldonado, proponente de la moción, dando por hecho que esta no se va a
aprobar. Yo espero que el Grupo Popular sea sensible a lo que plantea CiU
en esta moción y que al final logremos aprobarla entre todos por
unanimidad.


No hace mucho le decía al ministro Wert, aquí en esta misma
Cámara, que daba la impresión de que no estaba contento con haber
impuesto una reforma educativa que iba a dinamitar la enseñanza pública y
que ahora el Gobierno del Partido Popular parecía haber decidido
dinamitar también el deporte base, dos pilares fundamentales del Estado
de bienestar, porque, si no, no se explicaba que primero impusiese a los
clubes y a cuantos practican el deporte una subida del IVA del 8 %
al 21 % por el uso de las instalaciones deportivas, y poco después, con
la medida del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de regularizar
laboralmente la actividad desarrollada en los clubes y entidades
deportivas sin ánimo de lucro, que parecía responder más a objetivos
recaudatorios y presupuestarios, como se ha dicho ya aquí en esta
tribuna, y por supuesto a incrementar el número de afiliaciones a la
Seguridad Social, se ponía en grave peligro la supervivencia del deporte
base, de clubes y de entidades deportivas y la de miles de entrenadores y
monitores que de manera altruista y voluntaria vienen realizando una
magnífica labor. Señorías, la verdad es que esto es incomprensible.
Estamos hablando de más de 62 000 clubes de base no profesionales, que
apoyados por sus ayuntamientos abren todos los días las puertas de miles
de instalaciones deportivas y que gracias a la colaboración desinteresada
de numerosos voluntarios y voluntarias hacen posible que miles de jóvenes
puedan practicar un deporte diariamente.


En las federaciones de fútbol, en su momento, se convocó con tal
motivo una huelga en sus comunidades autónomas. Estas federaciones, la
Comisión de Deportes de la FEMP, las asociaciones deportivas, y la misma
Federación Española de Fútbol han manifestado que con esta medida se está
tirando por la borda el trabajo desinteresado que cientos de clubes
deportivos de base, como decía antes, con el apoyo de sus ayuntamientos,
vienen realizando desde hace muchos años. Por eso, creemos que es
urgente, y así lo hemos pedido en reiteradas ocasiones en esta
legislatura, elaborar, en el marco de un plan de apoyo económico y mejora
del deporte base, propuestas para regularizar convenientemente las
actividades remuneradas que se realizan en el seno de los clubes y
entidades deportivas. No estamos de acuerdo, como seguramente el Grupo
Popular va a alegar, con que el que realiza una actividad remunerada no
la declare, no pague por ella o no se inscriba en la Seguridad Social, ni
mucho menos. Pero tampoco estamos de acuerdo con que se ponga en peligro
a todo este voluntariado que viene haciendo funcionar al deporte base en
nuestro país.


Por tanto, entendemos que se regularice convenientemente este tipo
de actividades deportivas, de acuerdo con la legalidad vigente, por
supuesto, en el ámbito laboral, pero teniendo en cuenta las
peculiaridades de cada modalidad deportiva y asegurando el mantenimiento
de la consolidada red de voluntariado en el deporte, cuya compensación
económica por los gastos que le ocasiona la actividad desarrollada, y lo
saben todas sus señorías, en modo alguno puede considerarse como salario.
Por ello, solicitamos que se desarrolle una regulación propia y
específica para el deporte no profesional que contemple sus
peculiaridades, pues de lo contrario, como decía antes, muchos clubes se
verán abocados a la desaparición por la falta, lógicamente, de dirigentes
que quieran asumir las posibles responsabilidades personales por las
potenciales infracciones a la Seguridad Social y a Hacienda, reduciendo
al mínimo los directivos y voluntarios que altruistamente colaboran con
el fútbol base.


Desde hace años se viene solicitando por todas las esferas
federativas que este sector, muy importante, infravalorado en muchas
ocasiones por su capacidad de dinamización económica, sobre todo en lo
referente al deporte base y amateur, dadas sus particularidades, requiere
legislación específica que, lejos de eludir sus responsabilidades, las
adecúe a la realidad y generalice su aplicación. Lo mismo podríamos decir
del despropósito de intentar crear una licencia deportiva única con una
buena intención, como declaraba el Gobierno, que era facilitar y agilizar
todos los trámites y que en la práctica parece que va a conseguir todo lo
contrario.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Termino, señor presidente.


Por tanto, manifiesto nuestro apoyo a esta moción y espero que
cuente también con el apoyo del Grupo Popular.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Villazán.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador
España.


El señor DE ESPAÑA MOYA: Buenos días.


Señor presidente, queridos compañeros parlamentarios, ante todo
quiero decir que nuestra compañera Marta les pide disculpas por no poder
estar hoy en esta tribuna, pero es que a veces la naturaleza falla y su
laringe le ha jugado una mala pasada. Por ese motivo hoy tengo el gusto
de estar ante ustedes.


Señor Maldonado, ante todo quiero manifestar mi admiración por la
infraestructura deportiva de Cataluña desde hace muchísimos años. Yo
podría hablarle, por ejemplo, de María Ballester, de Miguel Torres, de
Jaime Monzó, de Puyol o de Corell. Y estoy hablando de deportistas
importantes de Cataluña, de aquellos que iniciaron un ascenso importante
de la natación, en este caso catalana. Sé la buena gestión que han hecho
ustedes y admiro su voluntad por favorecer al deporte, pero usted sabe,
porque su partido gobierna en Cataluña, que este no es el cauce para
resolver problemas y que hay que encontrar otros. Decía usted: ¿Por qué
traigo aquí una moción si sé que la voy a perder? Yo no voy a dudar de su
buena voluntad, pero usted la trae aquí por una cosa, por interés
político. Usted puede, como los demás, vender allí ciertas circunstancias
que indudablemente no son motivo de solución, sino de incordio, de
fomento del inmovilismo que existe en cualquier club o en cualquier
profesión cuando se cambian las condiciones laborales, y sobre todo
cuando existen martingalas en el desarrollo de la actividad
deportiva.


Yo he sido diez años directivo de una federación deportiva
—boxeo— y tres años directivo de fútbol base en dos clubes
alicantinos, y podría contarle muchas cosas; podríamos hablar y tratar de
convencer, pero lo que indudablemente no es el cauce es venir a esta
tribuna y luego tratar de vender a los medios de comunicación lo de ¡qué
bueno soy y qué malos son esos!


En relación con la moción presentada, se ha considerado dar
respuesta concreta a cada punto y en su orden a los efectos del informe.
En cuanto a apoyar las políticas e iniciativas adoptadas por las
comunidades autónomas en materia de deporte, he de manifestar que el
Gobierno respeta todas y cada una de las competencias de las comunidades
autónomas, tanto en esta como en el resto de las materias. Respecto a
impulsar la modificación del sistema de licencia deportiva única
recuperando el modelo anterior, quiero manifestar que esta medida
contribuye decisivamente a la extensión del principio de unidad de
mercado al ámbito del deporte no profesional, ya que permitiría evitar
duplicidades y reducir trámites administrativos necesarios para la
práctica deportiva. También mejorará la movilidad geográfica de los
deportistas, ya que habilita a su titular para participar en cualquier
competición oficial cualquiera que sea su ámbito territorial. Por otra
parte, en su tramitación consiguió tanto el apoyo de la Unión de
Federaciones Deportivas de Cataluña, la UFEC, como en su tramitación
parlamentaria el del Partido Nacionalista Vasco. Esta medida reforzará, e
indudablemente potenciará el deporte federado.


Sobre reducir el tipo impositivo del IVA del tipo general al tipo
reducido, entendemos que es un punto en el que el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas es quien debe pronunciarse en esta materia
concreta dentro de su ámbito competencial. Respecto a garantizar el
cumplimiento del compromiso acordado en el Congreso de los Diputados de
revisar la normativa que afecta del impuesto sobre sociedades, etcétera,
quiero manifestar que, en lo referente a la sujeción de los clubes
deportivos de base al impuesto sobre sociedades, si bien el texto
original del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
impuesto sobre sociedades, suprimía la exención de declarar a las
entidades sin ánimo de lucro que, entre otros requisitos, no superasen
los 100 000 euros de ingresos totales mediante la modificación
introducida a través del Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, de
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y
otras medidas de orden social, se ha restaurado la exención, si bien
referida a solo 50 000 euros.


Entendemos que es una carga burocrática menor, porque estas
sociedades ya estaban aportando la documentación —ahora
obligatoria— desde el momento en que pedían subvenciones públicas.
Además, en ningún caso supone una carga contributiva adicional. Por otra
parte, existen programas informáticos muy simples, gratuitos.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor DE ESPAÑA MOYA: Son programas que ofrece la Agencia
Tributaria para los clubs que no tienen apenas operaciones económicas, y
esto resulta sencillo. En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas sería el competente para pronunciarse.


Con respecto a abordar la revisión de la normativa laboral, en
este punto mantenemos el respeto y cumplimiento del Pacto de Toledo, cuya
aprobación, de hecho, tuvo su origen en una proposición no de ley de
Convergència i Unió, que propuso la inclusión de una ponencia sobre la
cuestión de la Seguridad Social en la Comisión de Presupuestos del
Congreso de los Diputados, acerca de garantizar los derechos de los
trabajadores y reducir el número de regímenes especiales.


Finalmente, en cuanto a dotar las medidas legislativas necesarias
con el fin de simplificar las gestiones burocráticas, la ley afecta a las
entidades privadas que ejercen potestades administrativas, como las
federaciones deportivas y las ligas profesionales.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor DE ESPAÑA MOYA: Perdón, termino enseguida,
presidente.


También, a las asociaciones de deportistas organizadas, como
sindicatos, y a quienes perciban subvenciones públicas en cuantía
superior a 100 000 euros o un porcentaje que supere el 40 %. Entendemos
que esta norma solo puede ayudar a la gestión, buena gobernanza y
transparencia de las entidades deportivas y garantiza un derecho de todos
los ciudadanos, por lo que no es justificable una excepcionalidad en este
ámbito.


Por tanto, manifestamos nuestra disconformidad con la moción
presentada y votaremos en contra.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador España.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 183;
votos emitidos, 182; a favor, 72; en contra, 110.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A FOMENTAR EL RELEVO
GENERACIONAL EN EL SECTOR AGRARIO.


662/000196

GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado seis
enmiendas: cuatro, del Grupo Parlamentario Socialista; una, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y otra, del Grupo
Parlamentario Convergència i Unió. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Leyte,
por tiempo de quince minutos. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidente.


Señorías, como he repetido alguna vez en esta tribuna, vivo en
Ourense, un concello rural e interior con una importante dispersión
poblacional: 3000 habitantes en 62 núcleos de población. Esta situación
personal me lleva a preocuparme por la enorme despoblación que está
sufriendo el mundo rural, que tiene una población muy envejecida y con
escaso relevo generacional, una preocupación compartida por mi grupo
parlamentario y estoy segura de que también por todos los miembros de
esta Cámara.


Prosigue el proceso de urbanización que comenzó hace varios años,
y hace que nuestro entorno rural esté envejecido y masculinizado. Estos
problemas aún son más graves en las zonas de interior, sobre todo si
coexisten con orografías complicadas, dispersión poblacional y elevadas
tasas de envejecimiento, como ocurre en mi comunidad autónoma, Galicia, y
en alguna otra comunidad de España.


En España el sector agroalimentario juega un papel estratégico en
nuestra economía y nuestra sociedad, tanto por su contribución a la salud
de la población como por su aportación a la generación de valor añadido.
Hay que decir que el sector aporta el 9 % del PIB y da empleo a 2,5
millones de personas. Y las cifras de las explotaciones van en aumento:
en 2014 fueron de 41 000 millones de euros, con un incremento del 23 %
respecto de 2011 y un saldo comercial que se ha incrementado en el 324 %,
pasando de los 3000 millones de euros a casi 10 000 millones. Son cifras,
desde luego, importantes. España está en el octavo lugar del mundo en
exportación de productos agroalimentarios y en el cuarto dentro de la
Unión Europea, y hay un gran potencial de desarrollo; tenemos que pensar
que la población mundial será de 9000 millones de habitantes en 2050, lo
que supondrá un aumento de producción del 70 %.


Es en este contexto en el que España y Europa serán indispensables
en el logro de un equilibrio mundial de alimentos y la agricultura y la
pesca seguirán siendo imprescindibles para una alimentación saludable,
prometiendo futuro, si es que sabemos aprovecharlo. Sin duda, esto
implica una exigencia de mejora en los sistemas de producción para seguir
modernizando este sector estratégico de nuestra economía, y conseguirlo
supondrá una revitalización del territorio, el asentamiento de la
población y el mantenimiento de nuestros ecosistemas en buen estado de
salud, porque es cierto que las cifras económicas son muy importantes,
pero no lo es menos la necesidad de evitar el abandono de gran parte de
nuestro territorio. Para paliar esta situación resulta imprescindible,
necesario, incorporar a los jóvenes al sector agroalimentario, así como a
las mujeres, y para ello es imprescindible hacer atractiva esta oferta
con una remuneración adecuada a su esfuerzo y dedicación, que puedan
realizar una agricultura competitiva y rentable y con mayor apoyo a la
internacionalización del sector. Debemos pasar de la situación «no quiero
que mis hijos trabajen en el campo, como yo» a lograr hacerlo atractivo y
necesario, porque la agricultura es una labor muy importante y una
profesión digna del mayor respeto y consideración por ser vital para
nuestro futuro como país y como personas.


En los últimos veinte años en España se han perdido prácticamente
la mitad de los ocupados agrarios, que han pasado de 1 600 000 a menos
de 800 000. Es cierto también que el problema del relevo generacional en
la agricultura rebasa nuestras fronteras y ya es un problema europeo. Los
agricultores menores de 35 años en la Unión Europea representan menos
del 6 %, mientras que la producción de alimentos, como he dicho, tiene
que seguir aumentando en el futuro. Esta cifra en España es aún más baja,
se sitúa en el 4,5 % y, en contraposición, sigue la tendencia alcista de
los mayores de 65 años. Dicho de otra manera, uno de cada tres
agricultores tiene más de 65 años y solo uno de cada veinte tiene menos
de 35. Por tanto, hay que tomar medidas. Pero, además de las medidas, se
precisa un cambio de mentalidad que dignifique el sector agrario. Es
necesario para todos. Debemos tener en cuenta que las tierras de cultivo
ocupan una gran extensión de nuestro territorio y que la agricultura y el
desarrollo rural pueden y deben ayudar a mitigar el cambio climático
mediante la reducción de emisiones, la producción de energía renovable y
bioproductos y el almacenamiento de carbono en tierras agrícolas. También
debe jugar un papel importante en la protección de los recursos hídricos,
la protección de los hábitats y la biodiversidad y —no menos
importante— en la conservación y restauración de los paisajes, algo
que, sin tener estudios ni conocimientos previos, han hecho nuestros
agricultores desde siempre.


Nadie duda de que la PAC ha contribuido de forma muy importante a
la construcción de Europa. Las sucesivas reformas han permitido
adaptarnos a los desafíos de la evolución, permitiendo que nos
beneficiemos de un nivel de seguridad y de normas de salud muy elevados;
apoyando el desarrollo de las marcas de calidad, indicaciones geográficas
y agricultura ecológica; incrementando la orientación al mercado de la
producción agrícola; modernizando la agricultura y controlando los
excedentes —esto, en España, ha beneficiado más a unas comunidades
autónomas que a otras; en algunos casos, como en la mía, no ha ido
demasiado bien. De todas maneras, bienvenida la PAC y bendita sea—;
e incluyendo el desarrollo rural y el medio ambiente como metas.


Desde todas las instituciones debemos tratar de favorecer el
retorno a un medio rural que tiene que ofrecer mucho a los jóvenes si
somos capaces de realizar ese cambio de mentalidad y cambiar la
denostación por la oportunidad, ofreciendo unas buenas infraestructuras,
solucionando los problemas existentes de acceso al crédito y cambiando
también las rigideces de la estructura socioeconómica del mundo rural,
que verdaderamente provocan serias dificultades, para promover de forma
efectiva el relevo generacional en el sector agrario de nuestro
país.


Cierto es que la crisis ha supuesto un cambio de actitud de los
jóvenes respecto de la agricultura y las zonas rurales, que empiezan a
ver en este sector una oportunidad laboral; y, aunque insuficiente, hay
que aprovechar ese cambio para incrementar la formación mediante ciclos
educativos apropiados que capaciten a los jóvenes para afrontar los
nuevos retos. La política que se está desarrollando en el ministerio en
colaboración con las comunidades autónomas se dirige precisamente a
afrontar esos retos, especialmente a frenar el envejecimiento y la
despoblación, incrementar la competitividad de las explotaciones
agrarias, garantizar una renta adecuada a los agricultores y asegurar un
manejo sostenible de los recursos.


El Gobierno de España ha puesto en marcha una serie de medidas
para ofrecer incentivos económicos, financieros y fiscales para la
incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, además de apoyar la
internalización del sector para llegar a más mercados con más productos y
a mejor precio, objetivos que se podrán realizar gracias a la exitosa
negociación de la nueva PAC, que supone un total de 47 000 millones de
fondos europeos. Precisamente ayer pudimos escuchar a nuestra ministra en
la conferencia denominada Nueva PAC, retos y oportunidades, referirse a
que la nueva PAC supone más ayudas para los jóvenes y los sectores
vulnerables. El Gobierno se ha marcado como objetivo incorporar a 15 000
nuevos jóvenes para el próximo periodo, un 50 % más que en el anterior,
con la adopción de medidas que permitan estas nuevas incorporaciones para
que se involucren jóvenes emprendedores con capacidad de innovar y
afrontar los nuevos retos.


Entre las actuaciones relacionadas con el desarrollo rural que se
están poniendo en marcha cabría destacar la inclusión de la medida de
ayuda para la instalación de jóvenes agricultores de forma prioritaria en
el marco nacional de desarrollo rural para el periodo 2014-2020, que
establece elementos comunes para su aplicación en todo el territorio
nacional. Hay que señalar que el grueso de la programación de desarrollo
rural recae en las comunidades autónomas, que son las que desarrollarán e
implementarán las medidas que se consideren más oportunas en sus
territorios de acuerdo con su estrategia y, por tanto, las que decidan el
dinero que programarán para la instalación de jóvenes agricultores. Pero
creo que con la colaboración entre Gobierno y comunidades autónomas es
posible trabajar por el futuro que todos deseamos.


En la nueva PAC se concederán ayudas directas a agricultores
jóvenes destinadas a consolidar las explotaciones dirigidas por ellos,
tales como ayudas de un máximo de 70 000 euros por joven agricultor
beneficiario. También se subvencionarán las inversiones en activos
físicos para mejorar el rendimiento de la explotación y la
comercialización. Habrá apoyos para contratar asesoramiento, así como
desgravaciones fiscales durante los primeros cinco años de actividad. Y
apoyo a las inversiones realizadas por jóvenes a través de un instrumento
financiero nacional de préstamos y garantías que se está creando en
colaboración con varias comunidades autónomas a fin de soslayar la
dificultad existente de acceso al crédito, que, aunque es genérica, en el
caso de jóvenes agricultores cobra especial relevancia.


Por ello, me gustaría y agradecería que todos los grupos
parlamentarios presentes en esta Cámara diesen el apoyo al siguiente
texto: El Senado insta al Gobierno a fomentar el relevo generacional en
el sector agrario facilitando la entrada de agricultores adecuadamente
formados y suprimiendo las trabas que existen hoy en día para el acceso
de los jóvenes a la actividad agraria, contribuyendo con ello a hacer que
el campo sea más rentable y atractivo para los jóvenes y para potenciar
aún más el sector agrario en nuestro país, con el fin de que no abandonen
la vida rural y de garantizar la continuidad del campo.


Ese es el texto. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Leyte.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Toledo.


El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado cuatro
enmiendas de adición a la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en relación con el relevo generacional. Y las hemos presentado,
habida cuenta del carácter absolutamente genérico que tiene la moción y,
por tanto, la falta de concreción de las medidas que debería tomar el
Gobierno del Partido Popular para que dicho relevo generacional pueda
tener posibilidades reales, aparte de lo que ya ha hecho el Gobierno, que
es lo que nos ha relatado la senadora Leyte en la presentación de esta
moción.


La primera enmienda establece desarrollar la Ley 35/2011, sobre
titularidad compartida de las explotaciones agrarias, especialmente en lo
referente a las subvenciones y ayudas de carácter prioritario. Señorías,
para el Grupo Parlamentario Socialista la política de igualdad de género
ha de tener obligatoriamente un carácter transversal en cualquier línea
de actuación política de todo Gobierno. Por eso, pensamos que desarrollar
adecuadamente —y ustedes saben que el Gobierno del señor Rajoy, del
Partido Popular, no lo ha hecho— la Ley 35/2011 no solo visibiliza
y pone en valor el trabajo de la mujer en el medio rural, sino que
también puede suponer un gran apoyo para que los jóvenes, tanto mujeres
como hombres, puedan plantearse en su futuro vital incorporarse a la
agricultura o ganadería de nuestro campo. Esto, además, incide claramente
en el asentamiento de la población en nuestros territorios rurales, tan
necesario para evitar la espada de Damocles que pende sobre grandes zonas
de nuestro país: la continua despoblación.


La segunda enmienda propone incrementar las consignaciones
presupuestarias para el programa de primera instalación de jóvenes
agricultores. Desde luego, señorías, no vamos a descubrir aquí y ahora
que sin la necesaria dotación presupuestaria difícilmente se pueden
llevar a cabo políticas efectivas también para el relevo generacional.
Aunque la senadora Leyte lo ha explicado como si fuese un logro de este
Gobierno, las políticas sobre nuevas instalaciones de jóvenes
agricultores se llevan haciendo y presupuestando desde hace ya bastante
tiempo en los Presupuestos Generales del Estado. (Rumores). Sí, y ustedes
han rebajado también la cantidad en estos presupuestos. Y es que ahora,
cuando el Gobierno debería estar elaborando los Presupuestos Generales
del Estado para 2016, es cuando se puede instar a incrementar la partida
correspondiente del programa 414B, sobre el desarrollo del medio rural;
en concreto, la primera instalación de jóvenes agricultores.


La tercera enmienda que presenta el Grupo Socialista, también de
adición, se refiere a incrementar el porcentaje de la aportación estatal
en la cofinanciación de los programas de desarrollo rural para el
período 2014-2020 de las comunidades autónomas, hasta alcanzar el 50 % de
cofinanciación que tenía el anterior programa de desarrollo rural.


Y, por último, la cuarta enmienda, asimismo de adición, habla de
impulsar, en colaboración con las restantes administraciones implicadas,
la adopción de las oportunas medidas fiscales, sociales y financieras que
establezcan los incentivos económicos necesarios para apoyar y atraer a
los jóvenes agricultores a los núcleos rurales, con especial atención
respecto de aquellos que sufren un riesgo de despoblación, como las zonas
de alta montaña.


Señorías, todos entendemos que la adopción, entre otras, de las
medidas fiscales y sociales que establezcan los necesarios incentivos
económicos dirigidos a apoyar la instalación de jóvenes en el medio rural
debe ser la primera piedra, la piedra angular en la que debe apoyarse el
Gobierno para que seamos efectivos en el necesario relevo generacional.
Además, como ya he comentado al referirme a la primera enmienda, eso
ayudaría claramente al mantenimiento de la población en las zonas rurales
en general y, en particular, en las zonas de alta montaña, que, como
todos conocemos, tiene una problemática muy concreta y específica.


Como pueden ver, señorías, son únicamente cuatro medidas
concretas, pero estoy convencido de que entre todos podemos establecer
muchas más que tengan el mismo objetivo: llenar de un poquito de
contenido la resolución de la moción que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular. Por ello, espero que el Grupo Popular no considere
dichas enmiendas como una ofensa de radicalidad a la concreta y efectiva
moción que ha presentado.


Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de la
Entesa, tiene la palabra el senador Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.


La verdad es que después escuchar a la senadora Leyte tengo que
decir que coincido plenamente con su exposición; pero le pediría que
ustedes fueran consecuentes. En realidad, en el diagnóstico estamos
absolutamente de acuerdo. Es cierto que estamos al final de la
legislatura y que lo que no se ha hecho hasta ahora difícilmente se podrá
hacer en el poco tiempo que queda, y es verdad que como declaración de
intenciones está bien, pero les pido, repito, que sean consecuentes.


Si creen que esta política es absolutamente necesaria porque, como
usted muy bien ha explicado —y las cifras son
incuestionables—, el campo ha envejecido, ha perdido población, ha
perdido mano de obra, ha perdido trabajadores, y en este momento se dan
unas circunstancias determinadas por las cuales hay jóvenes que quieren
volver de la ciudad al campo ya que la crisis se lo ha puesto difícil y,
por tanto, quieren recuperar las tierras, quieren volver a iniciar una
actividad agraria, hagan ustedes un gesto. Como estamos ante unos nuevos
presupuestos, insisto: hagan un gesto, digan que sí al incremento de
recursos para hacer posible lo que están pidiendo, porque, si no, no nos
los creeremos. Y es que el programa 414B ha perdido desde el año 2010
hasta ahora la mitad de los recursos. Como usted ha dicho, el tope de la
Unión Europea en ayudas a los jóvenes será de 70 000 euros, pero estamos
en una media de poco más de 30 000 euros y los jóvenes agricultores y las
organizaciones profesionales agrarias dicen lo mismo: que cada vez es más
difícil acceder a las ayudas, más difícil acceder al crédito
—efectivamente— y más difícil acceder a un plan de mejoras,
que ha perdido prácticamente el 20 % de las ayudas.


Lo repito una vez más: sean ustedes coherentes y consecuentes;
hagan un gesto; dígannos algo; dennos algún motivo por el cual podamos
creer que realmente van a cambiar su política, que a partir de ahora las
cuestiones que impiden que los jóvenes puedan empezar una actividad
agraria van a cambiar. Pero si usted nos dice: no podemos aceptar ninguna
de sus enmiendas y lo único que les pedimos es un acto de fe…
Francamente, a estas alturas de la legislatura, pedirnos un acto de fe
creo que es, senadora Leyte —lo digo con todo respeto—, un
poco ingenuo, porque por responsabilidad no podemos hacerlo. Tenemos que
ser más exigentes que nunca porque la situación es muy grave y muy
complicada. Y convendrá usted conmigo en que a lo largo de la legislatura
el espíritu de consenso no ha existido en esta Cámara; quizá en algunas
cuestiones muy concretas en el ámbito de la pesca hayamos logrado algún
acuerdo, pero, en general, el consenso no ha sido una tónica en esta
legislatura. Y en esta materia, la de la incorporación de los jóvenes al
campo, que tiene que ver con el desarrollo del medio rural, el recorte en
los presupuestos a los planes de desarrollo rural ha sido enorme en
cuanto a las aportaciones directas del Estado para ayudar a las
comunidades autónomas en los PDR. Ustedes han puesto en un cajón la ley
del 2007, una ley muy importante, porque en el mundo rural debe haber un
complejo sistema de medidas para que haya suficiente calidad de vida con
el fin de que los jóvenes se quieran quedar. Y exactamente igual pasa con
una discusión trascendente: la del modelo de agricultura. Si la única
apuesta que hacemos en este momento es la de la agricultura estrictamente
industrial, vamos por mal camino, porque esa es la inercia del mercado y
con esa inercia vamos a expulsar a los agricultores y, especialmente, a
los jóvenes por sistema.


Por tanto, le pido un gesto, senadora Leyte; y si existe ese
gesto, nos sumaremos a su propuesta.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.


El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.


Coincideixo amb els senadors que m’han precedit en dos o
tres aspectes que són prou importants: el bon sentit de la moció,
l’interès, el to amb què l’ha desenvolupat i els arguments
donats, posats damunt la taula. Crec que tots els senadors que som aquí
en aquest hemicicle estem a favor de la incorporació de la gent a
l’entorn rural, però ho tenen a les seves mans. Això ho expliquem
el Grup de Convergència i Unió en aquestes esmenes presentades.


A partir del reglament que ha vingut de la Unió Europea pel que fa
a l’aplicació a la PAC, vostès tenen la possibilitat, o la tenien,
mitjançant els diferents reials decrets, d’establir unes bases
mínimes perquè tots els joves que tinguin ganes d’establir-se a
l’entorn rural i a les explotacions agràries i ramaderes poguessin
tenir-ne l’oportunitat. Què fan vostès? Doncs, l’article 25
del Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, i el Reial
Decret 1076/2014, també de 19 de desembre, que el que fan és establir
l’assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política
agrària comuna, fixa una exclusió injusta pel que fa a alguns joves que
vulguin incorporar-se al món agrari. Qui en queda fora? Els joves
agricultors que s’inicien en l’activitat exclusivament en
sectors com els de la fruita, hortalisses, patates, plantes ornamentals o
també la vinya, equí o una combinació de tots ells, sectors que no
estaven exclosos en el règim de pagament únic. Qui queda també exclòs?
Els joves agricultors de sectors no incorporats al règim de pagament únic
que disposin de drets bàsics de pagament per cessions, és a dir,
arrendaments o vendes o successió inter vivos o mortis causa de drets,
que no poden percebre el pagament anual complementari.


Per tant, primer constato la bondat de la seva proposta, senadora
Leyte, però ja que vostès poden instar el Govern, l’executiu, de
l’Estat espanyol perquè prengui mesures, li demanem en un sentit
coherent del que hem presentat que se suprimeixin les traves que
s’han fixat amb aquests dos reials decrets, el 1075/2014 i
el 1076/2014. Li explicaré dues coses que crec que són gràfiques.
Malauradament, ahir, a les meves terres, les nostres dels senadors que
representem les terres de Lleida, vam tenir una pedregada, aquestes
inclemències meteorològiques esdevingudes que tenen una afectació molt
gran a les explotacions. Imagineu-vos aquelles explotacions que han fet
aquells emprenedors o que han agafat el testimoni d’aquelles
explotacions agràries que són negocis familiars de diferents generacions
que en un dia tots els esforços i inversions que s’han fet durant
un any poden perdre’s per culpa d’aquestes pedregades. Li
diré aquests pobles: es corresponen a la comarca del Segrià i de la
Noguera, com poden ser Albesa, Corbins o d’altres zones properes a
una zona concreta de producció, en aquest cas, de fruita dolça, de pinyol
i de llavor.


En el torn de portaveus, faré una explicació crec molt més extensa
del que hauria de ser el concepte de justirendibilitat,
d’emprenedoria dins de l’entorn agrari i en la implicació
dels joves en la seva explotació.


De tota manera, sí que li demanaria, senadora Leyte —que
això sí que ho tenen a les seves mans— que aquesta proposta de
modificació d’aquests dos reglaments, que ho poden fer o poden
instar el Govern de l’Estat espanyol que ho faci perquè faciliti la
incorporació dels joves i, com a mínim, que no els exclogui d’una
política europea que, com molt bé ha dit vostè, el que vol és tornar a
recuperar els joves, rebaixar l’edat mitjana de gent que està
treballant en el mercat agrari i donar-los facilitats. Facilitats, perquè
l’esforç ja el posen.


Gracias, presidente.


Coincido con los senadores que me han precedido en el uso de la
palabra en dos o tres aspectos que son bastante importantes: en el buen
sentido de la moción, en el interés de esta y el tono en que ha sido
desarrollada y en los argumentos que se han puesto sobre el tapete. Me
parece que todos los senadores presentes en este hemiciclo estamos a
favor de la incorporación de la gente joven al entorno rural, pero está
en sus manos conseguirlo, como bien explica el Grupo Convergència i Unió
en la enmienda presentada.


A partir del reglamento que nos ha llegado de la Unión Europea
sobre la aplicación de la PAC, ustedes tenían la posibilidad, mediante
los distintos reales decretos, de fijar unas bases mínimas para que todos
los jóvenes que tengan ganas de establecerse en un entorno rural, en las
explotaciones agrarias y ganaderas, pudieran tener una oportunidad. ¿Qué
han hecho ustedes? El artículo 25 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de
diciembre, y el Real Decreto 1076/2014, también de 19 de diciembre, que
establece la asignación de derechos de régimen de pago básico de la
política agraria común, fijan una exclusión injusta respecto de
determinados jóvenes que deseen incorporarse al mundo agrario. ¿Y quién
queda fuera? Los jóvenes agricultores que se inicien en la actividad
exclusivamente en sectores como el de la fruta, hortalizas, patatas,
plantas ornamentales, la viña, o una combinación de todos ellos, sectores
que no habían quedado incluidos en el régimen de pago único. ¿Quiénes
quedan también excluidos? Los jóvenes agricultores de sectores no
incorporados al régimen de pago único que dispongan de derechos básicos
de pago por cesión, es decir, mediante arrendamientos o ventas o sucesión
ínter vivos o mortis causa de derechos que no puedan percibir el pago
anual complementario.


Por tanto, en primer lugar, reconozco la bondad de su propuesta,
senadora Leyte; sin embargo, ya que pueden instar al Ejecutivo del
Gobierno español a que tome una serie de medidas, desde la coherencia de
lo presentado le pedimos que se supriman las trabas impuestas en estos
dos Reales Decretos, el 1075/2014 y el 1076/2014, y le voy a explicar un
par de cosas que creo que son bastante gráficas. Desgraciadamente ayer,
en la tierra de los senadores que representamos a Lérida sufrimos una
intensa granizada y estas inclemencias meteorológicas afectan
significativamente las explotaciones. En este sentido, imaginemos la
situación de los emprendedores de estas explotaciones o de los que han
tomado el testigo de explotaciones familiares a lo largo de generaciones
y que ven que en un solo día todos sus esfuerzos, todas las inversiones
realizadas durante un año, pueden perderse. Voy a mencionarle algunos
pueblos de la comarca del Segrià y de la Noguera, por ejemplo, Albesa,
Corbins u otras zonas cercanas a un área concreta de producción en este
caso, de fruta dulce, de fruta de pepita y de hueso.


En el turno de portavoces daré una explicación mucho más extensa
sobre cómo deberían ser los conceptos de justirrentabilidad y de
emprendeduría dentro del entorno agrario y la implicación de los jóvenes
en su explotación agraria.


En cualquier caso, senadora Leyte, quiero pedirle —porque
está en sus manos— que inste al Gobierno del Estado español a
llevar a cabo esta propuesta de modificación de estos dos reglamentos
para que facilite la incorporación de los jóvenes y que al menos no
queden excluidos de una política europea que, como muy bien ha dicho
usted, lo que desea es volver a recuperar los jóvenes, rebajar la edad
media de los trabajadores del mercado agrario y darles facilidades porque
el esfuerzo ya lo ponen ellos.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor PLANA FARRAN: Per tant, tingui a bé incorporar
d’incorporar aquesta esmena, que crec que és de just sentit
tenir-la.


Moltes gràcies.


Por tanto, por favor, tenga a bien incorporar esta enmienda, que
considero justa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.


Tiene la palabra la senadora Leyte, para indicar si acepta o no
las enmiendas.


La señora LEYTE COELLO: Gracias, señor presidente. Buenos días de
nuevo.


He escuchado con suma atención la defensa de las enmiendas que ya
había estudiado y que analicé ayer con el Gobierno.


Voy a empezar diciendo al senador del Partido Socialista que
votaremos en contra de sus enmiendas. En su enmienda número 1 habla de la
titularidad compartida y la igualdad de las mujeres en el mundo rural;
por supuesto estamos de acuerdo con la igualdad de las mujeres en el
mundo rural, pero ese no era el tema de esta moción, que ya se abordó en
esta Cámara —además, me tocó defenderlo a mí— y en cuanto a
la titularidad compartida no solo es un problema del Gobierno del señor
Rajoy sino también de las comunidades autónomas; concretamente,
Andalucía, donde ustedes gobiernan desde hace muchos años, es una de las
comunidades donde menos se ha puesto en marcha la titularidad compartida;
se ha implementado muchísimo más, por ejemplo, en Castilla-La Mancha y en
Castilla y León. Por consiguiente, no es un problema del Gobierno del
señor Rajoy sino que, en último caso, será un problema conjunto.


La enmienda número 2 no concreta consignaciones presupuestarias,
es imprecisa y tendríamos que conocer el informe económico previo. De
todas maneras, en este momento no están sobre la mesa los Presupuestos
Generales del Estado y estoy segura de que la intención es, precisamente,
que se tengan en cuenta en ese debate.


En cuanto a la enmienda número 3, la reforma de la PAC se ha
llevado adelante con el acuerdo de todos los países y en este momento no
sería posible revisar lo ya acordado.


La enmienda número 4 no mejora la redacción original en absoluto,
es redundante y se centra en incentivos económicos.


Por lo que respecta a la enmienda de la Entesa, antes de nada
quiero agradecer el tono siempre agradable y las buenas maneras del
senador que la ha presentado, el señor Boya. Este no es el momento de
hablar de presupuestos, pero estoy segura de que, si los próximos los
elabora el Partido Popular, se tendrán en cuenta estas cuestiones porque
esa es la voluntad del Gobierno, como ayer mismo expresó la ministra, en
el sentido de que se lleve a cabo ese relevo generacional. Sí ha habido
medidas concretas de cara a la puesta en marcha de exenciones fiscales,
se han aumentado las ayudas para la primera explotación y se van a
instaurar medidas para el acceso al crédito. Creo que esas sí son medidas
importantes para ayudar a los jóvenes a que se establezcan en el mundo
rural.


Consideramos que no se puede aceptar la enmienda de Convergència i
Unió porque el Real Decreto 1075/2014 no determina las orientaciones
productivas de las superficies sobre las que deben activar sus derechos
los jóvenes agricultores que reciban derechos de pago básico. Por
consiguiente, el Gobierno cree que esto no afectaría a esa cuestión.


En cuanto a lo que ha comentado del granizo, es cierto que los
agricultores, y especialmente cuando los jóvenes inician esa nueva
actividad con toda la ilusión, a veces se ven frente a ese tipo de
problemas pero existen seguros agrarios y, además, el Gobierno está
siempre con ellos cuando ocurre una catástrofe —es así y lo tiene
que reconocer— y, desde luego, siempre ayuda a las comunidades
autónomas en toda España, en todo el territorio, a paliar los efectos de
los desastres naturales.


Por tanto, rechazo las enmiendas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Leyte.


Turno en contra. (Denegaciones).


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto no hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna, egun on,
senatari jaun-andreok.


Senadora Leyte, a mi grupo se le ocurren dos razones para que el
Grupo Popular presente en este momento esta moción: la primera, que crea
que corresponde al Gobierno central la competencia en la política de
fomento del relevo generacional; y, la segunda que crea que las
comunidades autónomas no están haciendo suficiente al respecto. En
nuestro caso, por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco.


En cuanto al primer punto, la Comunidad Autónoma del País Vasco
tiene competencias exclusivas en materia agrícola y, como dije ayer,
tiene voluntad de seguir ejerciéndolas, por supuesto siempre en el marco
de la política agraria común. Por lo tanto, no corresponde al Gobierno
central la iniciativa en tal materia.


En el segundo caso, en el caso de que pensara que no se está
haciendo nada, tampoco tiene razón porque en el caso del Grupo Vasco, y
de las instituciones vascas, el impulso a la incorporación de los jóvenes
al sector agrario profesional ha constituido, constituye y seguirá
constituyendo una línea básica de actuación. ¿Por qué? Porque a pesar de
todo lo que hemos hecho existe una preocupante situación de
envejecimiento del sector agrario vasco en comparación con otros sectores
productivos, por varias razones que creo que podríamos resumir en las que
voy a citar a continuación. En el sector agrario vasco existe muy poca
mano de obra asalariada; las explotaciones son, en su mayoría,
microempresas que solamente emplean a sus titulares, normalmente unidades
familiares. Por otro lado, el principal medio de producción en el sector,
el suelo agrario, tiene muy escasa movilidad en el País Vasco y se ve
sometido además a una presión urbanística muy grande para usos
residenciales, industriales o para infraestructuras, lo que lógicamente
encarece el poco suelo que existe para usos agrarios. Asimismo, las
necesidades de suelo para acceder a producciones rentables son cada vez
mayores, mientras que el suelo sigue siendo el mismo o menor. Igualmente,
el acceso a la mayoría de los subsectores agrarios requiere afrontar
fuertes inversiones que, dados los niveles de rentabilidad que se
obtienen —que no son comparables con el resto de sectores—
precisan de largos plazos de amortización y de financiaciones costosas y
muy específicas. Las condiciones de trabajo en el sector agrario, sobre
todo el ganadero, son mucho más exigentes que en otras actividades
laborales, por lo que siempre lo hemos denominado como trabajo esclavo,
entre comillas, y creo que hay que recordarlo.


Por todo esto, el sector agrario es el sector productivo, por lo
menos en el caso de nuestro país, que más dificultades presenta a la hora
de captar empleo juvenil. A diferencia de otros sectores, el problema en
este caso es la falta de voluntad de acceso por las condiciones de las
que hemos hablado antes, y aunque existen jóvenes dispuestos y con
interés —cada vez más, probablemente— de volver al sector
primario, al sector agropecuario, necesitan una serie de incentivos
suficientes. Por estos motivos el Gobierno vasco publicó un decreto, el 4
de febrero de 2014, en el que desarrollaba el Estatuto de personas
jóvenes agricultoras. Y por ello también es por lo que el nuevo Plan de
desarrollo rural para el periodo 2015-2020 de Euskadi, aprobado en
comisión el pasado 26 de mayo, recoge una serie de medidas para fomentar
la incorporación de los jóvenes al sector. En este sentido, quisiera
destacar dos líneas en este sentido. La primera de ellas se trata una
ayuda a la primera instalación de hasta 70 000 euros, que incorpora
además la novedad de un sueldo de 10 000 euros al año durante los dos
primeros años de instalación y la posibilidad de financiar la compra de
tierras y ganado así como el arrendamiento de tierras; que es una parte
muy importante del problema. Y la segunda es que se da un carácter
prioritario a los jóvenes que se inician en esta actividad agraria en
cuanto a la concesión de diferentes ayudas —apoyo a las
inversiones, cooperación, etcétera—, en porcentajes superiores a
las concedidas al resto de beneficiarios, como por ejemplo las ayudas a
la inversión de hasta 20 puntos en el caso de la incorporación de
jóvenes, etcétera.


Por otra parte, en 2004 se puso en marcha en la comunidad autónoma
vasca el Plan de jóvenes agricultores y agricultoras, Gaztenek. Se
trataba de un plan interinstitucional cuyo impulso correspondió
conjuntamente al departamento de agricultura y a los diferentes
departamentos de las tres diputaciones forales, con carácter decenal,
para fomentar la preparación y el acceso de los jóvenes a la agricultura.
En la actualidad, se está avalando el plan y se pretende crear uno nuevo
para trabajar hasta 2020.


Por tanto, ni el Gobierno tiene competencias ni va a venir ahora a
hacer algo que no se esté haciendo, tanto desde el punto de vista
organizativo, como legislativo, financiero o formativo. En el País Vasco
contamos con varias escuelas profesionales de agricultura que dependen de
la fundación HAZI y abarcan desde la gestión hasta la escuela de
pastores. Por tanto, como todo eso ya se está haciendo no vemos la razón
de esta moción, salvo la demostración de un interés general sobre este
asunto y nada más, pues, vuelvo a repetir, no son competentes ni aportan
nada que no se esté haciendo.


La semana pasada el señor Xabier Iraola, que es un experto en
temas agrarios, escribió un artículo en su blog que se titula «Los
ángeles de Mikel». En ese artículo explicaba que Mikel dejó la empresa de
maquinaria en la que trabajaba, y se fue a la escuela de pastores de
Arantzazu a formarse. Casualmente encontró lo que el señor Iraola llama
el primer ángel, que no fue otro más que un pastor del Goierri que dejaba
a su rebaño por motivos de salud, y así Mikel pudo comenzar a gobernar su
propio rebaño y contar con su pequeña cuadra. Posteriormente se le
apareció un segundo ángel, que era una señora que tenía un puesto en el
mercado de San Martín de San Sebastián, Donosti, que también se jubilaba;
y Mikel y su pareja, Inma, cogieron ese puesto en el mercado de San
Martín. Y por último, aparece un tercer ángel que es otro pastor ya
mayor, que deja su rebaño y, además, su cartera de clientes; una cartera
de clientes que principalmente englobaba establecimientos hosteleros, lo
que le daba una cierta garantía en las ventas. Estos tres ángeles son los
que dejaban la actividad y Mikel e Inma los que entraban. Por tanto,
aparte de todo lo que hagamos, lo que hay que conseguir es que los
ángeles salientes sean conscientes de que su trabajo de toda la vida se
queda en los entrantes. Esa es una parte que probablemente no se arregle
ni con dinero ni con planes sino que es algo muy superior. Al final, el
señor Iraola terminaba diciendo: «Mikel e Inma han tenido tres ángeles
pero otros muchos no tienen tanta suerte y se quedan en el camino.
Busquemos y/o trabajemos esos ángeles cuya luz se está apagando, sigilosa
y anónimamente, para que alumbren el futuro de otros jóvenes.»


Esto es lo que hay que hacer, senadora Leyte, y usted también lo
ha explicado. Sin embargo, creemos que esta moción no viene a aportar
nada nuevo sobre lo que se está haciendo y, además, a pesar de todo lo
que dijo el ministro Montoro ayer sobre que no había ningún afán
recentralizador ni nada de nada, sinceramente el hecho de pedir al
Gobierno que empiece a hacer algo en cualquier ámbito en el que las
comunidades autónomas —o, por lo menos, la Comunidad Autónoma del
País Vasco— tengamos competencias exclusivas nos da mucho miedo
porque siempre supone un mordisco a las competencias exclusivas y ya nos
han mordido bastante.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Boya.


El señor BOYA ALÓS: Muchas gracias, señor presidente.


Senadora Leyte, yo también le agradezco el detalle de haber podido
mantener una conversación previa a este debate, que no ha sido lo
habitual en esta legislatura. Por tanto, vaya por delante este
agradecimiento por sus formas.


Quería hablar un poco de aquellos que no tienen ángel, como decía
el senador Cazalis, que creo que ha hecho una muy buena intervención y
que, en definitiva, ha situado el problema. Es cierto que es un problema
complejo porque muchas veces no es únicamente el dinero sino que son las
circunstancias y los contextos. La realidad —y esto, evidentemente,
son números muy generalistas— es que alguien que quiera empezar en
la actividad agraria necesita disponer, como mínimo, de unos 150 000
euros para poder empezar a desarrollar una actividad que, como ustedes
saben, cuenta con las particularidades del mundo agrícola o ganadero, que
es compleja porque se necesita maquinaria, inversión y tierras. Por
tanto, la realidad es que los únicos que en este momento se están
incorporando como jóvenes al sector agrario son aquellos que tienen
ángel, como decía el senador Cazalis, o aquellos que pueden recuperar la
actividad que estaba ejerciendo alguno de los mayores de la familia, que
a partir de ese momento puede quedar en sus manos y ya cuentan con unas
instalaciones y unas infraestructuras que están funcionando. Para el
resto es muy complicado y lo demuestra el hecho de que en 2012 lo
intentaron 5800 jóvenes, pero solo la mitad lo consiguió. Eso demuestra
que no hay falta de voluntad por incorporarse a la actividad agraria sino
que necesitan un camino que tenga un trazo claro que les permita superar
todos esos problemas que les imponen las circunstancias y que muchas
veces tienen que ver, efectivamente, con el dinero, pero no solo eso.
Así, en este momento las normativas, los requisitos, las posibilidades de
implantar una actividad agraria en algunos municipios se hace enormemente
difícil porque en general las administraciones tampoco ayudan.


Desde esta perspectiva, es bueno que debatamos y que la sociedad
tome conciencia de lo trascendente que es que en el mundo rural haya
jóvenes agricultores y que, por tanto, se desarrolle una actividad que
vaya más allá de la producción de alimentos, que también —y usted
lo ha dicho— y que tiene mucho que ver con la gestión del
territorio. En eso estamos absolutamente de acuerdo. El desacuerdo
fundamental, senadora Leyte, al margen de lo que ha apuntado el senador
Cazalis sobre las cuestiones competenciales, está en que realmente en
esta moción no visualizamos ningún instrumento que vaya a cambiar las
cosas.


Usted ha dicho que íbamos a hablar de la exitosa negociación de la
PAC, como señaló ayer la ministra en una conferencia; de acuerdo,
hablemos —de hecho, lo vamos a hacer en la siguiente moción—
y veremos, desde nuestro modesto punto de vista, que esta negociación ni
ha sido tan exitosa ni ha dado los resultados que ustedes anunciaron que
iba a dar.


No me alargo más, señor presidente. Solo quiero decirle que
estamos de acuerdo con el diagnóstico y con la nueva voluntad de diálogo
que usted ha expresado, pero absolutamente en desacuerdo si no somos
capaces de definir algún instrumento que haga que esta moción no sea,
como decía el anterior portavoz del Grupo Parlamentario Popular, una
moción de carácter generalista que se limite a decir a los agricultores
que estamos preocupados por ellos, por su acceso a la agricultura, pero
no tenemos ninguna palanca, ningún mecanismo que dé soluciones.


Acabo, señorías, recordándoles lo que decían los agricultores hace
unos meses frente al Ministerio de Agricultura: Mamá, quiero ser
agricultor y no me dejan.


Esa es la realidad, no les dejamos.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE:






Muchas gracias, senador Boya.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Plana.


El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.


S’han posat molts conceptes damunt la taula. S’ha
parlat d’incorporació de joves, com he dit abans, s’ha parlat
de transmissió generacional, d’emprenedoria, en definitiva, de
vertebració d’un entorn que els que venim d’un entorn rural
volem.


Suposo, vull suposar, que les diferents administracions, des de
diferents perspectives, i els diferents govern també ho volen, però obras
son amores y no buenas razones. Li dic això perquè, entre altres coses,
la proposta que li havia fet aquest senador era ben bé una proposta que
es podia acceptar i que, d’una manera o altra, facilitaria
mínimament la incorporació o la no exclusió d’alguns joves en algun
entorn, com he dit, de la fruita dolça, de diferents sectors de la
ramaderia, de la planta viva, en la qual vostès els recordo que van
intentar arreglar una solució que havien provocat amb l’increment
del 21 % de l’IVA i, després de dos anys i de moltes explotacions
tancades, van tornar a l’IVA original.


Però voldria parlar-li d’alguns aspectes més genèrics. En
primer lloc, la inversió necessària que s’ha de fer per iniciar una
explotació agrària, la inversió en immobilitzat. Si no hi ha unes
facilitats molt grans, a més a més de l’esforç i aquests business
angels que són les famílies, moltes vegades, no es poden dur a terme,
llevat que sigui per transmissió familiar. Aquí venim amb la qüestió dels
negocis o les empreses familiars i la dignificació del treball que vostè
molt bé ha dit, senadora Leyte, quan abans hi havia aquell xip, si
m’ho permet, que deien els fills dels treballadors que es dedicaven
a l’agricultura i a la ramaderia: busca’t la vida en un altre
lloc. Doncs això no ho hem de permetre, entre altres coses perquè es
necessita un nivell de formació cada vegada més elevat, perquè hi ha uns
clústers agroindustrials i agroalimentaris que són de primera magnitud, i
aquí estem parlant tant de Catalunya com d’Andalusia, però també a
altres territoris de l’Estat espanyol amb producció lletera, com és
el seu territori, on s’està fent la feina bé, on el nivell de
productivitat és prou elevat, però no tan sols cal això. Hi ha altres
conceptes com són la justirendibilitat, allò que dèiem de la cadena
alimentària, que tots els sectors, tots els actors principals, de la
cadena alimentària puguin tenir el seu punt de participació en aquest
valor afegit que el client final està disposat a pagar.


A més, hi ha un altre element essencial: la reducció dels costos
de producció. Quant s’han incrementat els costos de producció en
els últims anys? Ahir parlava amb la ministra, la interpel·lava en la
sessió de control. A quin preu es va pagar la fruita l’any passat,
la campanya passada? Vint cèntims menys del que costa produir-la. És
aquest bucle pervers que ahir ja vaig esmentar i avui hi torno el que fa
que molta gent amb ganes de continuar amb l’explotació agrària no
puguin perquè no tan sols han d’invertit els seus esforços sinó
també els seus diners i la taxa de retorn és negativa.


Però, més enllà de les situacions puntuals dels mercats, hi ha
d’altres coses que l’executiu del Govern de l’Estat
espanyol podria fer, per exemple, la factura elèctrica. S’aplica
sobretot a les comunitats de regants i ha generat un increment de cost
del 70 %. Està a les seves mans poder-la adaptar segons les demandes i la
temporalitat. No pot ser que hi hagi una tarifa plana i aquesta factura
elèctrica s’hagi de pagar permanentment tot l’any, fins i tot
quan no s’utilitza. A més, hi ha els costos financers a
l’hora de fer inversions en immobilitzat, que vol dir: terra,
estris, llavors, planter, adobs, electricitat, mà d’obra...
Fixi’s qui s’encarrega de l’immobilitzat material, qui
se’n fa càrrec i en quins períodes cobren. Totes aquestes mesures
que li estic dient, més enllà del que li he explicat —perquè
després ja entrarem a parlar de la PAC—, en les mesures que li he
fixat en les esmenes que li he presentat, totes aquestes eines, són a les
seves mans i vostès no ho estan utilitzant.


Ahir també vaig recomanar a la ministra que les quotes de la
seguretat social dels treballadors del camp es redueixin un 30 % o
un 40 %. Per exemple, els mòduls de l’IRPF que cada vegada no
s’hagi de fer una demanda constant al Ministeri d’Hisenda per
aconseguir que s’adaptin a les situacions i les inclemències
temporals que, torno a dir, han patit no tan sols un territori que he
esmentat, sinó que això és un dia a dia, les sequeres que han patit a
l’entorn rural, totes aquestes coses depenen de l’executiu
del govern del Partit Popular i és a les seves mans; d’aquí
aquestes demandes.


Anem a l’articulat. Vostè m’argumenta que no poden
acceptar les esmenes que li he fet, entre altres coses, perquè no
s’escau a la normativa europea, més o menys és aquest plantejament.
Jo li dic que, de forma genèrica, el reglament de la Unió Europea
estableix un marc en el qual es puguin donar les ajudes, que no
subvencionar, d’incorporació dels joves a l’entorn rural, a
les explotacions agràries, i vostès, amb aquells reials decrets que han
promulgat el que fan és excloure una part important d’aquests joves
que volen fer-ho, per tant, el principi d’igualtat el
trenquen.


Però vostès han utilitzat una escletxa del reglament de la Unió
Europea d’aplicació de la PAC perquè hi hagi un PDR estatal i que
les comunitats autònomes hagin d’aportar un 70 % de cofinançament a
aquests programes dels plans de desenvolupament rural contravenint un
dels principis fonamentals de la Unió Europea, que és el principi de
subsidiarietat. Les administracions més properes i, en aquest cas, que
tenim competències exclusives som aquelles que sabem les bases dels
problemes i les solucions que s’hi poden donar. Què ha hagut de fer
en aquest cas l’administració catalana? Incrementar
l’aportació del cofinançament als plans de desenvolupament rural.
Per tant, vostès per un costat diuen que no poden acceptar aquestes
esmenes que li faig al respecte de la discriminació de la incorporació
dels joves a l’entorn rural i, per un altre, aprofiten aquesta
escletxa que permet el reglament de la Unió Europea per aplicar aquesta
política, aquesta via central, d’acció del govern del Partit
Popular, que és aprofitar cada escletxa legal per a la
recentralització.


Segur que en el fons, senadora Leyte, tant vostè com jo estem
d’acord que hem de donar tot el suport per a la incorporació dels
joves a l’entorn rural, a les explotacions agràries, ramaderes,
perquè és la millor forma de vertebrar el territori, i vostè ve
d’un entorn rural i jo també, i el territori de Lleida correspon
al 37 % de Catalunya i tan sols el 7 % de la població, i necessitem
aquesta vertebració territorial. Posem-hi les eines. Ja li dic que, des
del Govern de Catalunya, amb les seves limitacions, i no vull entrar aquí
al fons perquè potser ens allargaríem massa, ho està fent i de la millor
manera possible. Li demano que, per part del Govern del Partit Popular,
facin el mateix.


Un petit esment, senyor ministre: ahir la ministra em va dir que
havien obert exportacions a altres territoris a l’hora
d’exportar la fruita quan li vaig fer la interpel·lació.


Gracias, presidente.


Se han puesto muchos conceptos sobre la mesa. Se ha hablado de la
incorporación de los jóvenes, como ya he dicho antes, y también de la
transmisión generacional y de emprendeduría. En definitiva, se ha hablado
de la vertebración de un entorno que aquellos de nosotros que procedemos
del mundo rural deseamos mantener.


Quiero suponer que las distintas administraciones, desde
diferentes perspectivas y con distintos gobiernos, también desean lo
mismo, pero obras son amores y no buenas razones. Les digo esto porque,
entre otras cosas, la propuesta formulada por este senador podía
aceptarse perfectamente y de una forma u otra facilitaría, aunque
mínimamente, la incorporación o la no exclusión de los jóvenes en
determinados entornos, como los ya mencionados: la fruta dulce, distintos
sectores de la ganadería o la planta viva. Les recuerdo que intentaron
arreglar una situación que provocaron ustedes mismos con el incremento
del IVA hasta el 21 %, cuando, transcurridos dos años y después del
cierre de muchas explotaciones, volvieron a aplicar el IVA original.


Pero me gustaría hablares de algunos aspectos más genéricos. En
primer lugar, quiero referirme a la inversión necesaria para iniciar una
explotación agraria, a la inversión en inmovilizado, que muchas veces no
se puede realizar y de los business angels, que muchas veces son las
familias, a no ser que existan muchas facilidades o se trate de una
transmisión familiar. Aquí podemos hablar de las empresas familiares y de
la dignificación del trabajo porque, como muy bien ha dicho la señora
Leyte, antes a los hijos de los trabajadores que se dedicaban a la
agricultura y a la ganadería se les decía que se buscasen la vida en otro
sitio. Esto no debemos permitirlo, entre otros motivos, porque se
requiere de un nivel de formación cada vez más elevado, y porque existen
unos cluster agroindustriales y agroalimentarios de primera magnitud, y
aquí estamos hablando tanto de Cataluña como de Andalucía, pero también
de otros territorios del Estado español con producción lechera, como
sucede en su territorio. Allí el trabajo se está haciendo bien y el nivel
de productividad es bastante elevado, pero no es necesario solo esto sino
que hay otros conceptos a tener en cuenta como el ajuste, la
rentabilidad, y lo que mencionábamos de la cadena alimentaria: que todos
los sectores, que todos los actores principales de la cadena alimentaria
puedan tener su punto de participación en este valor añadido que el
cliente final está dispuesto a pagar.


También hay otro elemento esencial que es la reducción de los
costes de producción. ¿En cuánto se han incrementado los costes de
producción en los últimos años? Ayer habló de ello la ministra en una
interpelación que se le hizo en la sesión de control. ¿A qué precio se
pagó la fruta en la pasada campaña? Pues 20 céntimos menos de lo que
costó su producción, y este es un bucle perverso del que ayer hablé y que
hoy vuelvo a mencionar. Por culpa de este bucle muchas personas que
tienen ganas de continuar en la explotación agraria no pueden hacerlo,
porque no solo deben destinar a ello sus esfuerzos sino también invertir
su dinero, y la tasa de retorno es negativa.


Pero es que más allá de las situaciones puntuales de los mercados
existen otros aspectos en los que sí podría actuar el Ejecutivo del
Gobierno del Estado español, como es, por ejemplo, la factura eléctrica.
La factura eléctrica que se aplica sobre todo a las comunidades de
regantes ha generado un incremento de costes del 70 % y está en sus manos
adaptarla según las demandas y la temporalidad. No puede ser que exista
una tarifa plana de forma que haya que abonar la factura de electricidad
permanentemente, todo el año, incluso cuando no se está utilizando.
También hay que tener en cuenta los costes financieros en el momento de
la inversión en inmovilizado; e inmovilizado son tierras, son aperos, son
semillas, son abonos, son planteles, es electricidad, es mano de obra,
etcétera. ¿Quién realiza este trabajo? ¿Quién se encarga del inmovilizado
material? ¿Quién se ocupa de esto y en qué periodos cobran? Pues todas
las medidas que le estoy mencionando, y que he plasmado en las enmiendas
más allá de lo que ya le he explicado —después entraremos a hablar
de la PAC—, todas esas herramientas las tienen ustedes en sus manos
y no las están utilizando.


Ayer también recomendé a la señora ministra que las cuotas de la
Seguridad Social de los trabajadores del campo se redujeran un 30 % o
un 40 %, por ejemplo; que en el caso de los módulos de IRPF, que no haya
que realizar esa demanda constante al Ministerio de Hacienda para lograr
que se adapten a estas situaciones y a las inclemencias temporales que,
insisto una vez más, ha sufrido no solo un territorio como el mencionado,
sino que es el día a día del entorno rural, con las sequías que ha
padecido. Todas estas cosas dependen del Ejecutivo del Gobierno del
Partido Popular y, por tanto, está en sus manos actuar sobre ello; de ahí
nuestras demandas.


Por lo que se refiere al articulado, usted argumenta que no pueden
aceptar las enmiendas que he presentado, entre otros motivos, porque no
se corresponden con la normativa europea. Este ha sido más o menos su
planteamiento, pero le he de decir que de forma genérica el Reglamento de
la Unión Europea establece un marco en el que se pueden otorgar
—que no subvencionar— ayudas de incorporación de estos
jóvenes al entorno rural, a las explotaciones agrarias; pero ustedes, a
través de los reales decretos que han promulgado, están excluyendo a una
parte importante de esos jóvenes que desean hacerlo, y con ello rompen el
principio de igualdad.


Ustedes, mediante esta rendija, han utilizado el reglamento de
aplicación de la PAC para que exista un PDR estatal, y las comunidades
autónomas tienen que aportar un 70 % de cofinanciación a estos programas
de los planes de desarrollo rural, contraviniendo uno de los principios
fundamentales de la Unión Europea, que es el principio de subsidiariedad.
Las administraciones más cercanas, que en este caso ostentamos
competencias exclusivas, somos las que sabemos y conocemos las bases de
los problemas y las soluciones que podemos darles. ¿Qué ha tenido que
hacer en este caso la Administración catalana? Incrementar la aportación
de la cofinanciación a los planes de desarrollo rural. Por lo tanto,
ustedes, por un lado, afirman que no pueden aceptar estas enmiendas que
yo les formulo en relación con la discriminación de la incorporación de
los jóvenes al entorno rural y, por otro, aprovechan esa rendija que
permite el reglamento de la Unión Europea para aplicar esta política,
esta vía central de acción del Gobierno del Partido Popular que consiste
en aprovechar todas las rendijas legales para la recentralización.


Seguro que en el fondo, senadora Leyte, tanto usted como yo
estamos de acuerdo en que tenemos que dar todo el apoyo necesario para la
incorporación de los jóvenes al entorno rural y a las explotaciones
agrarias y ganaderas, porque es la mejor forma de vertebrar el
territorio, y usted y yo procedemos de un entorno rural. Lérida ocupa
el 37 % del territorio de Cataluña y tan solo tiene el 7 % de la
población, por tanto, necesitamos esa vertebración territorial, pero
demos las herramientas. Ya le digo que el Gobierno de Cataluña, con sus
limitaciones —y no me gustaría ahora entrar en el fondo de la
cuestión porque quizá nos alargaríamos demasiado—, lo está haciendo
de la mejor manera posible. Le pido que el Gobierno, el Ejecutivo del
Partido Popular, haga lo mismo.


Quería hacer una pequeña mención, señor ministro, a lo que dijo
ayer la ministra cuando le formulé la interpelación acerca de que habían
abierto las exportaciones de fruta a otros territorios.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor PLANA FARRAN: Acabo, senyor president.


Voldria dir-li que per crear i generar un mercat, ara acabo,
president, gràcies, es tarda nou anys, no es fa d’un dia per a
l’altre. Per tant, posin-se a treballar, posin les mesures perquè
els joves els ho agrairan i l’entorn rural també.


No votarem a favor d’aquesta moció.


Moltes gràcies.


Termino, señor presidente.


Me gustaría decirle que en crear y generar esto se tarda nueve
años, no se logra de la noche a la mañana. O sea, empiecen a trabajar y
tomen las medidas necesarias porque los jóvenes se lo agradecerán y el
entorno rural también.


No vamos a votar a favor de esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Toledo.


El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, senadora Leyte, lo que voy a comentar no va expresamente
contra usted como senadora a título personal, quiero que ya de antemano
lo tenga claro, pero sí va sobre su grupo. Esta moción que ustedes han
presentado nuevamente en el fondo deja mucho que desear sobre cuál debe
ser el verdadero trabajo que debe realizar esta Cámara, y por desgracia
da mucho pábulo y mucha fuerza a aquellos que opinan que en esta Cámara
no se hace ningún trabajo y que somos inútiles para la sociedad española.
Se lo digo sinceramente a la senadora Leyte y al Grupo Popular.


Ustedes han dicho que las enmiendas que hemos presentado los
grupos de la oposición, incluido el mío, eran demasiado genéricas, cuando
ustedes presentan una moción absolutamente genérica, en la que no aportan
ninguna medida nueva especial en relación con la regeneración necesaria
en el campo español. Por tanto, no podemos estar más en desacuerdo. A
pesar de esa radicalidad sobrevenida que ustedes nos están achacando como
estrategia orquestada entre el Gobierno y el Partido Popular para desviar
el foco de atención lógico en el evidente fracaso de sus políticas
—ahora que estamos terminando esta legislatura les entran las
prisas y también los miedos—, es cierto, senadora Leyte, que
estamos de acuerdo en muchas cosas de la parte estructural de su moción,
como han comentado otros portavoces; claro que sí, claro que tenemos un
problema de envejecimiento progresivo en el campo español y claro que lo
tenemos que intentar solucionar. El diagnóstico es evidente: hay un
problema, como existen también problemas adicionales que ustedes comentan
en su moción y que no ayudan en nada —y leo textualmente— a
ese necesario relevo generacional, como son los elevados costes de
instalación, que también ha comentado el senador Plana; o el número de
explotaciones disponibles excesivamente reducido, o la falta de formación
específica, a la que nosotros, el Grupo Socialista, añadiríamos también
la paralización continua en muchos expedientes de ayudas a jóvenes
agricultores en muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido
Popular, como puede ser el caso de Aragón.


¡Claro que estamos de acuerdo, senadora Leyte, en que el relevo
generacional debe ser una fuente de oportunidades de empleo para los
jóvenes de nuestro país que quieran incorporarse a ese nicho de empleo, a
ese trabajo en el campo, en el medio rural! ¡Claro que estamos de
acuerdo! Es que existe un problema, senadora Leyte y senadores del Grupo
Popular, por eso ustedes han presentado una moción, pero aquí terminan ya
las coincidencias con el Grupo Socialista. Porque ante este problema y
ante la necesidad del Gobierno —obligación, diría yo— de
tomar medidas urgentes, ustedes proponen en esta parte resolutiva
ambigüedades, generalidades: que el Gobierno estudie... Pues, senadora
Leyte, el Ministerio muy posiblemente conozca perfectamente este
problema, pero por desgracia, en esta moción, los únicos que hemos
presentado algunas medidas concretas y específicas —posiblemente
hay muchas más—, que pensamos que pueden servir para intentar hacer
este relevo generacional, hemos sido los grupos de la oposición en esta
Cámara, senadora Leyte. Usted no ha presentado nada concreto y específico
nuevo. Y le recuerdo que en 2013 ustedes presentaron una moción en este
Pleno, también en relación con este tema, en la que incorporaban algún
punto en concreto que tiene que ver con el primer pilar de la PAC y que
usted ha recordado en su exposición y estoy convencido de que nos va a
recordar en su intervención posterior. Ahí ustedes decían algo en
concreto, pero ahora nos presentan una moción que quieren que les
apoyemos y en la que no dicen absolutamente nada, dejando que el Gobierno
tome la iniciativa.


Hay una cosa que yo podría entender, y es que ustedes tuvieran una
información que nosotros no tenemos. Es decir, que el Ministerio de
Agricultura tenga preparada alguna medida concreta y específica
importante para luchar a favor de este relevo generacional para apoyar a
los jóvenes en el campo de nuestro país. Entendería que ustedes tuvieran
información de primera mano sobre eso. Lo que ya no tengo tan claro es
que, si eso es así, no lo hayan especificado ustedes en su moción. ¿O es
que nos lo va a anunciar ahora usted en el turno de portavoces?
(Denegaciones de la señora Leyte Coello). Pues entonces, si no existe
ninguna medida, resulta que ustedes han presentado una moción vacía y
totalmente generalista, lo que da a entender que ustedes no han
comprendido nada de lo que ha pasado el 24 de mayo. Son los ciudadanos
los que han mandado un mensaje claro a todos los políticos de este país.
Hay que hacer una política cercana a los ciudadanos para intentar
resolver sus problemas. Esta moción, ni es cercana ni intenta resolver
ningún problema porque no aporta nada nuevo, pero se necesitan
soluciones, señorías, también en este punto.


Hablemos de las enmiendas. A mí me sorprende que diga que nuestra
enmienda número 1 no es el tema, cuando habla de potenciar la ley sobre
titularidad compartida, la Ley 35/2011. ¿No es el tema visibilizar el
trabajo de la mujer en el campo, en el medio rural español? ¿No es ese el
tema? ¿No facilitaría la solución potenciar esa ley, por cierto,
competencia del Estado, como ya informamos al Grupo Popular, y que tiene
guardado el Gobierno en un cajón desde hace ya casi cuatro años? ¿No
sería importante potenciar esa ley para que la mujer se pueda
reincorporar, por un lado como joven agricultora, y por otro, como mujer
que lleva toda la vida trabajando a la sombra del marido sin tener
derechos? ¿Visibilizar eso no entra en el tema? Sí, señorías, ¡claro que
entra en el tema! Debería ser política transversal de todo gobierno que
se crea la política de igualdad entre las mujeres y los hombres de este
país.


Dice usted que nuestra segunda enmienda es imprecisa, cuando
pedimos que se incremente la consignación presupuestaria en los próximos
Presupuestos Generales del Estado, si es que los hace el Gobierno del
Partido Popular, como ha dicho usted. (Denegaciones de la señora Leyte
Coello). No sabemos si ha comentado eso o una cosa parecida, pero no voy
a entrar en el tema. Dice usted que es una enmienda imprecisa. ¿Usted
piensa de verdad, de corazón, que si llegamos a poner una cifra concreta
aquí el Ministerio de Agricultura iba a aceptar esta enmienda? Pues no.
Evidentemente.


Y luego hay una cosa que me choca de la enmienda número 4 que
hemos presentado. Y me sorprende. Dice usted que nuestra enmienda
número 4 no mejora el texto original, ¡y mira que es fácil mejorar el
texto original! Pero dice usted que no lo mejora. A mí me sorprende
muchísimo, porque esta enmienda número 4, señorías, senadora Leyte, está
extraída casi textualmente de una magnífica ponencia de estudio que ha
hecho esta Cámara en relación con la despoblación en el medio rural de
nuestro país. Y entre de todas sus conclusiones, en dos de ellas que se
reducen a una, repito, con consenso de todos los grupos, incluido el
suyo, el Grupo Popular, habla de esto. O sea, que me está diciendo usted
que algo que hemos consensuado todos en esta Cámara es demasiado vago
para incorporarlo en una moción que ha presentado el Partido Popular en
la que no dice nada. Sorprendente.


Como decía, no nos sorprende que haya personas que piensen que a
veces perdemos el tiempo en esta Cámara. No nos sorprende que ustedes
parezcan vivir en un bucle del tiempo constante, como el día de la
marmota, y piensen que siempre estamos en 2011, que ustedes no han
gobernado casi cuatro años en este país y que han tomado medidas, y deben
tomarlas, porque tienen esa responsabilidad, sobre los problemas que
tengan los ciudadanos de este país, también los jóvenes agricultores de
este país. Con mociones de este tipo y actitudes como las suyas —y,
repito, no se lo tome a título personal, me refiero a actitudes de su
grupo—, se desmerece absolutamente cualquier trabajo de la
oposición, pues dudo mucho que ni siquiera se planteen la posibilidad de
llegar a acuerdos. De hecho, han sido muy pocos los acuerdos a los que se
ha llegado en esta Cámara y esto desmerece mucho el trabajo de todos los
senadores.


Y no quiero agotar el tiempo, pero quiero acabar con una reflexión
personal. Señorías, ser el partido más votado en un ayuntamiento o
comunidad autónoma no significa tener la mayoría de los votos de los
ciudadanos. Porque, muy a su pesar, puede ser que una mayoría de votantes
quieran cambiar la política que ustedes, los del Partido Popular, han
realizado. A título personal les digo que si dialogar, llegar a acuerdos
y consensuar para cambiar la nefasta política que ha hecho el Partido
Popular a nivel nacional y en muchos ayuntamientos y comunidades
autónomas es ser radical, pues sí, yo, senador del Grupo Parlamentario
Socialista, me considero un radical, un radical para cambiar esa política
del Partido Popular.


Muchas gracias, señorías.


Señor presidente, muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Leyte.


La señora LEYTE COELLO: Presidente, señorías, siento que esta
moción no sea aprobada por unanimidad. Me hubiese gustado que en algo tan
importante para el mundo rural hubiésemos sido capaces de alcanzar un
consenso. Creo que uno de los objetivos principales de la moción se ha
logrado, el de hablar aquí del problema de abandono en general del campo
que existe y la nula o muy escasa —nula no se puede decir porque
hay un 4,5 %— incorporación de los jóvenes al mundo rural. Por
tanto, el objetivo principal era que en esta Cámara, en el Senado de
España, se hablara de un problema que afecta enormemente el mundo
rural.


Aquí siempre ocurre esta dicotomía. El senador Cazalis dice que en
realidad ni siquiera tendríamos que traer aquí esta moción, porque es una
cuestión que está transferida y las comunidades autónomas son las
responsables, las encargadas. Él se siente amenazado por ese intento
centralizador que yo no veo, pero él sí, y lo respeto. Sin embargo, otros
achacan todo al Gobierno. En este país existe esta dicotomía. Es una
manera de pensar razonable y justa, y en ella nos movemos todos los que
nos dedicamos a la actividad política; se trata de una responsabilidad
compartida. El Gobierno español intenta poner de manifiesto el problema,
intenta adoptar las medidas que puede en función de sus competencias, sin
invadir ninguna que corresponda a las comunidades autónomas, porque de no
ser así, estas las llevarán al Tribunal Constitucional. Por tanto, se
tiene cuidado en este aspecto. Es importante que el Gobierno adopte todas
las medidas que pueda llevar a cabo. Al Gobierno le competía la
negociación de la PAC, y creo que lo ha hecho de manera adecuada. Aunque
las previsiones eran muy negativas, ha habido un gran logro en la
cantidad alcanzada. Se han negociado los 47 000 millones, que han sido
muy beneficiosos para nuestro país, cuando esas no eran las previsiones.
El sector lácteo ha aumentado enormemente su dotación frente a los 12
millones anteriores. La cuota de pesca también ha aumentado, y eso sí que
es responsabilidad del Gobierno central. Creo que lo ha hecho
magníficamente, y de eso también se van a beneficiar todas las
comunidades autónomas, a las que les tocará aplicar esas políticas en sus
distintas comunidades. Por consiguiente, creo que cada uno tenemos que
hacer nuestro papel de la mejor manera posible.


Ahora me voy a referir a las intervenciones de sus señorías.
Considero que el problema es preocupante. Las organizaciones agrarias
tienen una gran impronta en el mundo rural, como el Foro de Acción Rural,
y están constituidas por muchas organizaciones, en las que se incluyen
redes de desarrollo rural, agricultores, silvicultores,
conservacionistas, propietarios, sindicatos y municipios, que están muy
preocupados por este problema. Creo que todos han recibido una
documentación que han mandado a todos los partidos políticos, también el
partido en el Gobierno, poniendo de manifiesto estas cuestiones. Desde
luego, una de sus máximas preocupaciones, entre otras, era precisamente
que se reconociera la importancia del mundo rural y que se hablara de una
incorporación y de una oportunidad real para mujeres y jóvenes.


Señorías, no he dicho que la titularidad compartida no sea
importante; la titularidad compartida fue una iniciativa del Grupo
Popular. Lo que he dicho es que hay grandes dificultades en su
aplicación, muchas veces por problemas con las leyes y las competencias
de las comunidades autónomas. He dicho simplemente que este no era el
tema de esta moción y que ya se ha defendido varias veces en esta
Cámara.


El senador del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho que el
Gobierno no ha hecho nada. Pues bien, yo quiero recordarle que mientras
gobernaban ustedes, la renta agraria bajó un 15 % y ha subido un 2 % solo
en los dos últimos años. Como han estado muchos años en el Gobierno
—en esta última etapa dos legislaturas, pero en etapas anteriores
muchos años—, les corresponde una gran parte de responsabilidad en
lo ocurrido, por eso me hace gracia que venga aquí diciendo que todo es
culpa del Gobierno, que no hacemos nada y que esto es un brindis al sol.
Considero que parte de estas circunstancias son precisamente
responsabilidad de sus políticas, que han estado mucho tiempo haciendo
brindis al sol y por eso nos vemos en estos momentos en esta situación.
Por consiguiente, en último caso, la responsabilidad también les
corresponde.


Se han ofrecido medidas, como la posibilidad de negociación de
créditos para jóvenes agricultores; el aumento de la dotación para
instalar nuevas explotaciones; la Ley de cooperativas, que permitirá
aumentar el peso del sistema en las rentas agrarias; el nuevo programa de
desarrollo rural para revitalizar las áreas rurales, que también actuará
como un eje vertebrador, algo que considero decisivo; y por último, las
exenciones fiscales.


El Gobierno está trabajando, y me consta, con las comunidades
autónomas y con los ayuntamientos para que todo esto sea una realidad.
Europa también está preocupada. Y, hablando de formación, a lo que se ha
referido el senador de CiU, el señor Plana, tengo que decirle que en la
última reunión de ministros de Agricultura de los veintiocho países se ha
puesto sobre la mesa un plan Erasmus, parecido al de las universidades,
para jóvenes agricultores.


Creo que son iniciativas muy importantes porque van en la línea de
ese cambio de mentalidad que pedimos para aumentar la formación y
conseguir que los jóvenes estén a la altura de los nuevos retos. Esa
propuesta de los veintiocho países que se han sentado en esa mesa es
fundamental. La incorporación de los jóvenes es un desafío y una
necesidad, aunque algunos no lo perciban o sus posicionamientos políticos
les impidan apoyar esta propuesta que creo razonable.


Esta propuesta es un punto de partida, un trampolín para relanzar
un mundo que, de verdad, esmorece.






Busqué la palabra, porque existe en
gallego, y también está recogida en el Diccionario de la Real Academia.
Significa que desaparece, con el desastre que eso produciría en gran
parte del territorio. En Galicia gran parte de los incendios tienen mucho
que ver con el abandono agrícola y ganadero. También hay que tener en
cuenta la proliferación de animales salvajes, que están destrozando
cosechas, cuando antes labrar esas tierras los mantenía a raya y era un
ecosistema que funcionaba.


Traigo aquí este tema con el objetivo de aumentar la sensibilidad
hacia él. Me consta que el Gobierno la tiene y que se va a notar en los
Presupuestos Generales del Estado, que ustedes verán y que los hará, por
supuesto, el Partido Popular —no sé por qué el senador tenía dudas
al respecto porque yo no dije nada de eso—. Creo que debemos ser
capaces de dar respuestas, impulsar a los jóvenes emprendedores y
asalariados para que dirijan sus pasos al mundo agrario, que con su
esfuerzo no solo conseguirán un medio de vida, sino que también ayudarán
al resto de la sociedad manteniendo nuestra alimentación, innovando con
nuevos cultivos y prácticas, aplicando nuevas tecnologías y sosteniendo
el medio ambiente y todo lo que lo conforma.


En cuanto a los resultados electorales, quiero decirle al senador
socialista —esto es a título personal, ya que ha hablado de
eso— que yo vivo en el entorno rural, soy alcaldesa desde hace
veinticuatro años con mayoría absoluta, y en estas últimas elecciones
hemos ganado un concejal más; hay once concejales en la corporación y
hemos pasado de siete a ocho. (Aplausos). Por tanto, creo que sí estoy
cerca de los ciudadanos, que sí conozco sus problemas, y desde luego
tanto la gente joven como la gente de mi municipio saben que siempre
tendrán una defensora del mundo al que realmente he dedicado mis últimos
años.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Leyte.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y
como ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222;
votos emitidos, 221; a favor, 138; en contra, 83.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS PARA MODIFICAR LA APLICACIÓN EN NUESTRO PAÍS DE LA
POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC).


662/000198

GPS


El señor presidente da lectura al punto 5.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa).


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Coves.


La señora COVES BOTELLA: Gracias, señor presidente.


Señorías, desde 1962 Europa comparte una política agraria común.
Al tratarse de un sector en constante renovación, el modelo de aplicación
ha ido variando con los años, porque ha tenido que hacer frente a
diferentes retos. En un principio se puso en marcha una política que
debía atemperar los excedentes, hasta llegar a esta nueva política
agraria común, fundamentalmente una política social de rentas, más que
una política sectorial.


De hecho, la política medioambiental, la seguridad y la calidad
agroalimentaria, la cohesión territorial son los fundamentos de esta
nueva política agraria común, que se reflejan, se desarrollan, se ven
plasmados especialmente en el segundo pilar de la PAC. Sin embargo,
señorías, la última reforma aprobada, la del periodo 2014-2020, ha sido
sin lugar a dudas la reforma más polémica de las que hemos conocido hasta
ahora. Dos razones de peso: la primera es que se considera que esta nueva
PAC no va a ayudar a alimentar a la creciente población teniendo que
racionalizar medios de producción como el agua y la tierra, que hacen
esencial una apuesta por la I+D+i, cosa que no ocurre en la plasmación de
esta nueva política agraria común.


La segunda razón por la que no hay un contento generalizado sobre
cómo ha quedado definida es todavía más importante. Esta nueva PAC no
cuenta con herramientas para la regulación de los mercados agrícolas, de
las que sí disponen otros países productores, lo que permite la
intervención pública cuando los mercados colapsan, con lo cual es casi
imposible proteger en estos momentos a los pequeños y medianos
productores.


Durante el proceso de negociación de esta nueva PAC, el Grupo de
la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento
Europeo expresó su preocupación, su inquietud, por el elevado grado de
subsidiariedad —más bien se trata de una renacionalización—,
que la comisión iba a permitir a cada uno de los Estados miembros. Y, de
hecho, así ha sido, porque esto podía generar desequilibrios entre los
productores comunitarios.


Solamente le voy a poner un ejemplo para que ustedes perciban
hasta qué grado hemos sembrado diferencias de trato entre unos
agricultores y otros. Aquí en nuestro país, en España, el sector de
frutas y hortalizas frescas es uno de los más potentes, pero no cuenta
con la ayuda pública que sí tienen los productores de frutas y hortalizas
frescas de otros países como, por ejemplo, Francia e Italia, lo que lleva
a los productores españoles a competir en desigualdad de condiciones. Y
esta, señorías, es solamente una de las muchas frustraciones que la
aplicación de la PAC ha generado en España, hasta el punto de que todo el
proceso de negociación ha sido denunciado ante la Comisión Europea por
diferentes organizaciones agrarias; un hecho insólito, un hecho inédito
hasta ahora en la historia de nuestro país. Hay oscurantismo, falta de
participación e interlocución del sector, arbitrariedad, información
errónea, especialmente en la definición de «agricultor activo» y en la de
«regionalización», que no se ha aclarado hasta el mes de diciembre, una
vez que las medidas estaban adoptadas; y hay, lo que nos resulta más
grave, un incumplimiento de las directivas comunitarias en su aplicación
a España. Estos son los ejes fundamentales de las denuncias que las
organizaciones agrarias han formulado ante la Unión Europea. A nuestro
juicio, una pésima gestión del Gobierno de España, donde han primado las
decisiones políticas y el hacer daño a las comunidades autónomas donde no
gobierna el Partido Popular. Por encima de un criterio técnico y de
racionalidad han primado los criterios políticos. Porque, ¿cómo explican
ustedes, señorías, que con la misma ficha financiera, según los datos que
nos ha hecho llegar el Gobierno en distintas ocasiones, solo haya una
comunidad autónoma que haya perdido con esta nueva política agraria
común? Andalucía, señorías, pierde casi 600 millones de euros entre el
segundo y el primer pilar, entre ayudas directas y desarrollo rural; y la
única explicación que podemos encontrar a tal hecho es precisamente la
del castigo político.


Esta nueva PAC, señorías, ha resultado tan decepcionante y
polémica que diversos foros están haciendo un estudio pormenorizado, una
revisión crítica, para promover su renovación en la revisión intermedia
que se tiene que realizar entre los años 2016 y 2017. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Y precisamente
porque tenemos esta oportunidad de revisión hemos traído aquí esta moción
para aportar nuestro grano de arena, mejorar esta aplicación de la PAC y
situar a la producción agrícola y a los productores en el centro de las
políticas agrarias de nuestro país; y sobre todo para hacer esta
aplicación mucho más equitativa.


Señorías, si hay un punto de coincidencia entre todos los
protagonistas del sector no es otro sino la necesidad de vetar el cobro
de ayudas y subvenciones a quien no tenga una actividad agraria en sus
explotaciones, a los denominados «agricultores de salón» y, de hecho, se
ha llegado a un acuerdo, a un compromiso, con el Ministerio de
Agricultura en la definición de este «agricultor activo»; acuerdo que
podría ser insuficiente, pero efectivo, para ahuyentar a los denominados
«caza primas». Ese acuerdo en la definición de «agricultor activo»
afectaría a aquellos que percibieran al menos un 20 % de sus ingresos a
partir de la venta de sus productos. Pues bien, señorías, ni siquiera eso
es lo que va a conseguir la aplicación de esta nueva PAC, porque a pesar
del acuerdo del ministerio con las diferentes comunidades autónomas y
organizaciones agrarias, el decreto que plasma el contenido de la PAC en
España no contempla esta limitación; es decir, que bastará con el
mantenimiento, con tener el territorio, para poder cobrar ayudas directas
de la PAC. Obviamente, este incumplimiento del Gobierno ha causado una
enorme decepción, una gran indignación; de nuevo ganan los grandes
propietarios, los cotos agrarios, y pierde la agricultura familiar y
profesional; de nuevo esta aplicación de la PAC consolida los 900 000
perceptores frente a los 400 000 agricultores y ganaderos profesionales.
Algo similar va a ocurrir a partir del año 2016 con las ayudas a los
pastos; podrán cobrar los propietarios de pastos sin ni siquiera tener un
requisito mínimo de cabezas de ganado.


Señorías, otro aspecto crucial en la aplicación de esta PAC es que
Bruselas blindaba la posibilidad de hacer un reparto más igualitario o
más justo de estas ayudas, o sea, de fijar un techo, una limitación o un
tope máximo en la percepción de estas ayudas. España, por supuesto, al
hacer la traslación a nuestro país, ha optado por no aplicar ningún tipo
de techo en la percepción, solamente el que obliga la Unión Europea:
recortar un 5 % para los perceptores de más de 150 000 euros. En otros
países, en cambio, no solamente se ha establecido un techo en la
percepción de ayudas, sino que se han adoptado medidas redistributivas
como, por ejemplo, en Francia, al premiar económicamente a las primeras
hectáreas y con ello conseguir un reparto más social de nuestras ayudas.
En España, ya les digo, no se ha optado por poner un tope a estas ayudas,
con lo que de nuevo cuando se publique el listado de los perceptores en
el año 2015, volveremos a ver cómo el 8 % de estos perceptores acaparan
más del 50 % de esas ayudas. Volveremos a ver en ese listado cómo los
Mora Figueroa, Villar Mir, Botín, Abelló, Grosvenor o los Conde, ocupan
el top ten de perceptores de ayudas o subvenciones de la PAC. Igual que
lo hemos visto en el listado de este año 2014 que se acaba de publicar
recientemente. Obviamente, señorías, nosotros en nuestra moción queremos
que se fije un tope, y lo hacemos precisamente en los 150 000 euros, una
vez descontados los gastos que genera el empleo. Y ese dinero sobrante
pasaría a incorporarse al segundo pilar.


Igualmente, señorías, nos parece injustificado que tras pelear en
Bruselas el incremento de las ayudas acopladas hasta un 15 %, finalmente
el Gobierno de España haya decidido no utilizar ese tope en las ayudas
acopladas; es decir, no prestar o no incorporar cultivos que están en
riesgo de desaparición, como por ejemplo el olivar en pendiente o el
olivar de baja producción, a pesar de las reiteradas peticiones que hayan
formulado diferentes comunidades autónomas. Igual de incomprensible nos
resulta el trato discriminatorio que tiene el ganado caprino frente el
ovino, cuando en el anterior ejercicio, en la anterior campaña, habían
tenido un trato similar en el tema de las ayudas. Proponemos en nuestra
moción utilizar el máximo respaldado por Bruselas, el 15 % de las ayudas
acopladas y, además, hacer una revisión para que haya una redistribución
más justa.


Finalmente, señorías, quisiéramos que se consideraran de un modo
especial las dificultades que tiene el ejercicio de la agricultura en las
zonas con limitaciones naturales. Precisamente porque tienen limitaciones
naturales necesitamos su supervivencia, puesto que tienen una gran
trascendencia para el medio rural. Me gustaría extenderme muchísimo más
sobre el segundo pilar, pero no puede ser porque en estos momentos, a
mediados del año 2015, todavía no se han aprobado los reglamentos que van
a definir el desarrollo rural en nuestra comunidad autónoma.


En definitiva, señorías, debemos remediarlo y podemos hacerlo
porque esta es una buena ocasión para plantear propuestas, para intentar
mejorar la nueva PAC. Si no lo hacemos, esta nueva política agraria común
va a afianzar la brecha entre los grandes terratenientes y los pequeños y
medianos productores, va a favorecer el abandono del campo, el éxodo
rural. Cambiar es lo que se ha hecho, pero cambiar para que todo siga
igual; razón por la que el Grupo Socialista presenta esta moción, para
intentar paliar un reparto injusto de las ayudas, para que la PAC siga
teniendo como objetivos primordiales la producción de alimentos y, sobre
todo, la vida en el mundo rural, máxime cuando en estos momentos las
subvenciones, las ayudas directas de la PAC significan algo más del 30 %
de la renta de los agricultores y ganaderos.


Por todo ello, les pido, señorías, a todos los grupos presentes en
esta Cámara su voto favorable.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor
Plana.


El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.


Abans de res, vull dir que a la meva anterior intervenció al
president li he donat la qualificació de ministre. Res més lluny de tot
això; vull demanar disculpes i reiterar el meu coneixement respecte de
les institucions, i que sé que és el president del Senat i no el
ministre.


En segon lloc, crec que ens de facilitat tots plegats que aquesta
Cambra de representació territorial doni tanta importància, com a mínim
en el que fa referència a la sessió plenària, a l’agricultura. Avui
ho hem vist i ahir també ho vam veure. Sessions de control on els
diferents grups polítics fan diferents intervencions a la ministra del
ram, com avui s’ha vist, amb la moció d’abans i amb la que
estem tractant en aquests moments, també referida al tema de
l’agricultura i a una qüestió tan fonamental per a Europa i per al
nostre entorn més proper com és l’aplicació de la Política Agrària
Comuna, que té unes reminiscències històriques i que va néixer per unes
qüestions determinades. I ja que es parla del concepte de sobirania
alimentària, crec que això ho hauríem de tenir del tot interioritzat. El
concepte de sobirania alimentària i el concepte de fixació dels
professionals a l’entorn del qual parlem: l’entorn rural,
l’entorn agrari, l’entorn pesquer, l’entorn
ramader.


Per tant, en segon lloc —ja que primer he volgut
felicitar-nos fent aquesta proclama—, he presentat aquestes esmenes
a la moció, i agraeixo a la senadora proposant d’aquesta moció
l’acceptació, o si més no el clima de diàleg perquè poguéssim
arribar a uns punts d’acord. El Grup de Convergència i Unió ha
presentat unes esmenes concretes, que volen millorar el text, respecte
del que s’estableix en uns punts concrets, com la incorporació de
joves, que abans hem parlat. Volem fer aquest incís respecte de la
publicació del Reial Decret 1076/2014. Després, demanem la supressió del
punt e), quan diu «establir criteris perquè les zones amb limitacions
naturals rebin fons complementaris. La justificació d’això, entre
altres coses, és que ja els PDR autonòmics tenen assignats aquests fons.
Treure fons del primer pilar i portar-los a aquest segon pilar podria
generar una certa distorsió. Ho dic des de la màxima comprensió i amb la
voluntat d’intentar establir un model en el qual tots puguem
encabir-nos. Parlem també del concepte d’eliminar les ajudes
acoblades als incentius contraris a la normativa de la Unió Europea, que
suposo que tots els grups hi estarem d’acord. Amb la senadora que
proposa la moció ja vam parlar, durant les converses que vam tenir en el
dia d’ahir, i hi havia aquest punt, no de conflicte sinó
d’una certa diferenciació de posicionament respecte del punt
e).


He anat indagant i fonamentant-me en tot això i les principals
organitzacions professionals agràries em deien això, que podia ser un
motiu de distorsió un cop que ja s’han assignat els Plans de
Desenvolupament Rural autonòmics. Després, al torn de portaveus,
insistiré en el tema de la regionalització, el cofinançament,
l’escletxa legal que s’ha utilitzar per fer un PDR estatal en
detriment dels PDR autonòmics que fins ara, en alguns territoris i durant
uns períodes, sortien bé i tenien la seva importància.


Per tant, proposem aquestes esmenes i esperem que a tinguin a bé i
que d’una manera o altra les puguin incorporar. Reitero, però, la
felicitació a aquesta Cambra per la importància que es dóna a un sector
tan important com és el sector agrari, agroindustrial i
agroalimentari.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


Antes de nada quiero decir que en mi anterior intervención al
presidente le he dado la cualificación de ministro. Nada más lejos de la
realidad. Quiero pedir disculpas porque conozco las instituciones y sé
que es el presidente del Senado y no el ministro.


En primer lugar, todos tenemos que felicitarnos porque esta Cámara
de representación territorial dé tanta importancia, como mínimo en la
sesión plenaria, a la agricultura. Ayer hubo sesiones de control donde
los distintos grupos políticos preguntaron e interpelaron a la ministra
del ramo. Hoy se ha visto ya una moción sobre el tema y ahora estamos
tratando otra también que alude a la agricultura y a una cuestión tan
fundamental para Europa y para nuestro entorno más próximo: la aplicación
de la política agraria común, que tiene unas reminiscencias históricas y
que nació por unas cuestiones determinadas, entre otras, por la necesidad
de delimitar el concepto de soberanía alimentaria; concepto que
deberíamos tener ya del todo interiorizado, al igual que el de fijación
de los profesionales, en el entorno en el que estamos, en el entorno
rural, en el entorno agrario, en el entorno pesquero y en el entorno
ganadero. He querido, por eso, hacer esta proclama para
felicitarnos.


En segundo lugar, esta enmienda que el Grupo Convergència i Unió
ha presentado a la moción —día tras día agradeceré a la senadora
proponente de la misma su aceptación, pero si no lo hace, al menos le
agradezco el clima de diálogo creado para que pudiéramos llegar a algunos
puntos de acuerdo—, quiere mejorar unos puntos concretos del texto:
la incorporación de jóvenes que antes hemos comentado —hago este
inciso con vistas a la aplicación o a la publicación del Real
Decreto 1076/2014—, la supresión del punto e) que dice que hay que
establecer criterios para que las zonas con limitaciones naturales
reciban fondos complementarios. La justificación, entre otras cosas, está
en que ya los PDR autonómicos tienen asignados estos fondos. Quitar
fondos del primer pilar para llevarlos a este segundo pilar podría
generar una cierta distorsión, y lo digo con la máxima comprensión y con
voluntad de intentar establecer un modelo en el que todos podamos caber.
Luego hablamos de eliminar las ayudas acopladas a los incentivos
contrarios a la normativa de la Unión Europea, cuestión con la que
supongo que todos los grupos estaremos de acuerdo. Ayer hablamos con la
senadora que propone esta moción sobre el punto e), en el que no hay
conflicto pero sí una cierta diferencia de posicionamiento.


He estado indagando y documentándome sobre este aspecto con las
distintas organizaciones profesionales agrarias y me han dicho que puede
ser motivo de distorsión una vez que se han asignado los planes de
desarrollo rural autonómicos; posteriormente, en el turno de portavoces
insistiré en la racionalización, en la cofinanciación y en la rendija
legal que se ha aprovechado para hacer un PDR estatal en detrimento de
los PDR que hasta ahora han funcionado bien en algunos territorios, al
menos durante unos periodos, y que tenían su importancia.


Proponemos, pues, estas enmiendas y esperamos que tengan a bien
incorporarlas de una forma u otra, pero reitero mi felicitación a esta
Cámara por la importancia que se da a un sector tan fundamental como es
el agrario, el agroindustrial y el agroalimentario.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Plana.


Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario
Socialista, autora de la moción originaria, la senadora Coves, para
manifestar si acepta o no la enmienda.


La señora COVES BOTELLA: Gracias, señor presidente. Si no le
importa, voy a intervenir desde mi escaño.


Comparto con el senador Plana la importancia que tiene para esta
Cámara una política tan importante como es la política agraria común,
especialmente porque con el nuevo ejercicio se aplicará en los próximos
seis años, y, por ello, como ya destacaba en mi primera intervención, si
podemos mejorarla debemos hacerlo porque que yo recuerde es la primera
vez en la historia que la negociación ha sido llevada a Bruselas por un
incumplimiento del propio Reglamento de la Unión Europea. Por tanto, algo
se ha hecho mal; de ahí que traiga esta cuestión a esta Cámara para que
la estudiemos, debatamos y, si acaso, la mejoremos; tendremos una
oportunidad estupenda en la próxima revisión del año 2016.


Señor Plana, lamento no poder aceptar su enmienda y voy a intentar
justificar mi rechazo. En cualquier caso, le agradezco que la haya
formulado en esta Cámara porque eso nos permite seguir ahondando no solo
en las diferencias sino en el grado de aproximación al que podamos
llegar. Obviamente estamos de acuerdo con el relevo generacional, cómo
no; el campo está sufriendo un envejecimiento, que es uno de los factores
fundamentales que explica la existencia de síntomas tan claros como el
incremento de los incendios forestales en los últimos años. No hay
actividad agraria. El campo no es interesante para los jóvenes, y,
además, la administración tampoco lo hace interesante. Por tanto, es un
tema que tenemos pendiente con el que estamos absolutamente de
acuerdo.


Pero no coincidimos, señoría, en la supresión del punto dos que
usted solicita, en el que pedimos un trato preferencial para las zonas
con limitaciones naturales que están distribuidas a lo largo de todo
nuestro país. Existen en Cataluña, en Andalucía, y en cualquier comunidad
autónoma. Precisamente porque tienen limitaciones naturales, la práctica
de la agricultura y de la ganadería tiene especiales dificultades y
sencillamente queremos que se tenga un mimo especial con esa práctica.
Por tanto, no podemos aceptar la supresión que usted nos solicita en su
enmienda.


Muchísimas gracias, senador Plana.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Coves.


¿Turno en contra? (Denegaciones).


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


No es la primera vez que hablamos en esta Cámara de la política
agraria común. Hemos tenido oportunidad de debatir proyectos de ley que
afectaban a la misma. Por tanto, son conocidas las posiciones de los
grupos políticos en relación con esta materia.


Izquierda Unida expresó su discrepancia, en primer lugar, sobre
algo que se destaca en la moción de forma acertada, con el concepto de
agricultor activo. En la definición de este concepto, la normativa
comunitaria daba una cierta libertad a los gobiernos de los Estados para
delimitar las características de este concepto. Al respecto expresamos,
en algunos de estos debates, que la definición que el Gobierno de España
estaba manejando no salía al paso de lo que se había convertido, en estos
años de aplicación de la política agraria común en nuestro país, en
motivo incluso de escándalo, como el hecho de que las cantidades más
importantes o el volumen de ayudas más grande fueran precisamente a
sociedades o a grandes capitales familiares, a grandes patrimonios
familiares que mantenían sin actividad una gran parte de sus propiedades
agrarias. Entendíamos que había que ser mucho más estricto en la
definición de este concepto y que los parámetros que se barajaron por el
Gobierno de España no eran los adecuados. Hoy nos ratificamos en ello e,
igualmente, compartimos la conveniencia, como plantea la moción, de fijar
un techo a esas ayudas que al menos palíe las consecuencias de los
criterios previamente definidos.


En la comunidad autónoma asturiana, la política agraria común, y
las ayudas que de ella se derivan, tienen una gran transcendencia. La
política agraria común generó perjuicios claros a nuestra estructura
agropecuaria que fueron paliados de forma parcial con estas ayudas
directas. Sin embargo, la aplicación de los criterios que se han
establecido para el periodo 2014-2020, aunque en el año 2014 hayan sido
aplicados de forma muy tenue, están generando un recorte que supone un
riesgo mayor para esas explotaciones agropecuarias. El anterior ministro
de agricultura, el señor Cañete, antes de marcharse como candidato a
eurodiputado y después como comisario, desmintió claramente las denuncias
hechas en Asturias en el sentido de que la aplicación de estos nuevos
criterios iba a significar inevitablemente recortes. La realidad ha
desmentido al señor Cañete. En 2014, sin aplicar todavía estrictamente
los criterios fijados, a Asturias ha llegado ya un millón menos de euros
y ha disminuido el número de beneficiarios, hay 161 beneficiarios
menos.


Por otro lado, habíamos dicho, en discusiones anteriores, que
estos criterios iban a generar perjuicios de forma inevitable porque,
además del discutible criterio establecido por el Gobierno en torno al
agricultor activo, no se había tomado la decisión política de aplicar
otros mecanismos previstos en la PAC para dar respuesta a las necesidades
de sectores que vivían circunstancias específicas. Por ejemplo, el no
asumir que los pagos vinculados a la producción lleguen al 15 % reduce de
forma importante las posibilidades de transferir montos importantes a las
rentas agrarias. Y lo mismo no aceptar que la ganadería de montaña tenga
un tratamiento específico como sector estratégico cara a un incremento de
los pagos acoplados. Esto nos permite, además, enlazar con el debate de
la moción anterior. Si hay un área geográfica en la que resulte más
difícil mantener la actividad agropecuaria, y además en la que resulte
más necesaria, es la de las zonas de montaña; donde hay más riesgo de
despoblamiento es en las zonas de montaña. La continuidad de la actividad
y el mantenimiento de las poblaciones mediante ayudas permitiría, en
primer lugar, la subsistencia de las actividades agropecuarias que
utilicen métodos de producción tradicionales, naturales, que cumplan los
objetivos de las producciones ecológicas, que además son capaces de
generar mayores plusvalías. Por otro lado, más allá de los réditos
económicos que el mantenimiento de estas actividades generen, las mismas,
más el asentamiento poblacional, permiten acotar el crecimiento de las
especies no cinegéticas, de las especies salvajes que generan daños en la
actividad agropecuaria, y también reducir su incremento de las zonas
abandonas sin ningún tipo de cultivo, lo que conlleva riegos de carácter
medioambiental e incendios forestales.


En Asturias, el sector que más se beneficiaba de las ayudas de la
PAC ha sido tradicionalmente el sector lácteo. Por tanto, reducir en este
momento las ayudas al sector lácteo supone sumar un problema más a las
dificultades que se derivan del final de las cuotas lácteas. En el pasado
más reciente, las ayudas de la PAC podían suponer en algunas
explotaciones hasta el 60 % de las rentas. En consecuencia, cualquier
disminución, como la que ya se ha producido, e incluso una disminución
mayor, como la que inevitablemente se va a producir, puede poner en
riesgo la continuidad de otro número muy importante de explotaciones
lácteas después de años en los que se han perdido decenas de miles de
explotaciones de estas características.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
señor Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Mahaiburu jauna, senatari jaun-andreok,
egun on berriro.


Hoy nos tenemos que felicitar, como ha dicho el senador Plana,
porque llevamos casi toda la mañana hablando de agricultura, lo cual
viene bien y aclara las cosas.


Senadora Coves, antes de empezar a hablar de la moción, quiero dar
unos datos que luego me van a servir para hablar de otras cosas.


La comunidad autónoma vasca tiene una extensión de 7234 kilómetros
cuadrados, 2,2 millones de habitantes y una densidad media de 301
habitantes por kilómetros cuadrado. El 85 % de los municipios son de
montaña. El 8 % de la población vive en municipios con menos de 150
habitantes por kilómetro cuadrado, según la clasificación de área rural
de la OCDE, mientras que en Álava este dato es del 19 %. Como ya he dicho
en la moción anterior, existe una fuerte imbricación entre lo rural y lo
urbano, lo que aumenta las oportunidades para el medio rural porque
facilita la prestación de servicios a los ciudadanos, pero, a su vez,
reduce la disponibilidad del territorio con fines rurales: el 15 % del
territorio rural es de cultivo, el 30 % es SAU, superficie agrícola útil,
y el 55 % es forestal. Esta imbricación produce a su vez una fuerte
presión urbanística, lo que complica las cosas a la agricultura del País
Vasco. Demográficamente, entre 2001 y 2011 aumentó la población en las
zonas rurales un 15,7 %, mientras que en la media de la comunidad
autónoma solo aumentó un 4,67 %, aunque no se incrementó de manera
homogénea en todo el territorio: fue menor en la montaña alavesa, en el
Duranguesado y en el Alto Deba, por ejemplo. El 19,5 % de la población
rural es mayor de 65 años, dos puntos más que la media del Estado, por
debajo solo de Alemania e Italia en Europa; algo que también hemos de
tener en cuenta. El PIB agrícola es el 8,9 % en la montaña alavesa, entre
el 7 % y el 5 % en el valle y La Rioja alavesa y en Markina-Ondarroa, mi
comarca, y en cambio es del 5 % en el resto del territorio. Empleados en
el sector primario en la comunidad autónoma vasca en 2012 estaban 18 625
personas, de las cuales 15 843 lo estaban en el sector primario
agroganadero. Desgraciadamente, en los últimos ocho años el empleo en el
sector primario agroganadero se ha reducido un 30 %.


Un dato importante que se ha comentado antes y del que seguiremos
hablando lo encontramos en el censo agrario de 2009, según el cual
el 30 % de las explotaciones son dirigidas por mujeres, el 20 % del total
de los asalariados son mujeres y de las 3400 personas jóvenes que se
incorporaron al sector ese mismo año, 2700 fueron hombres y 720 mujeres,
más o menos una relación 80/20. Por eso en el País Vasco elaboramos el
Proyecto de Ley del estatuto de mujeres agricultoras. En el 2009 estaban
censadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco 16 416 explotaciones
agrícolas: el 21 % en Álava, el 35 % en Guipúzcoa y el 43 % en Vizcaya;
pero la dimensión media de explotación en Álava es de 32 hectáreas, en
Guipúzcoa de 16 y en Vizcaya de 10. Y si comparan esta extensión media
con la que tiene la mayor parte de sus territorios verán que la
diferencia es muy notable en el tipo de explotación del que estamos
hablando. Solamente el 10 % de las explotaciones están gestionadas por
titulares de menos de 40 años.


Estas son las características sectoriales específicas del País
Vasco, aunque probablemente sean extrapolables a algunas otras
comunidades, como la asturiana o la cántabra. Como he dicho en la moción
anterior y últimamente no me canso de repetirlo, ese es el motivo por el
que reclamamos las competencias exclusivas que tiene la comunidad
autónoma vasca en esta materia y por eso decimos que tenemos voluntad
política de seguir ejerciéndolas, en este caso en ambos pilares de la
PAC. Y no es solamente una declaración política, es que en el nuevo PDR,
del que ya he hablado antes y que fue aprobado recientemente, en mayo del
presente año, se especifica la utilización de una cantidad importante de
fondos propios no procedentes de la Unión Europea. De los 400 millones
que se van a utilizar para el desarrollo del segundo pilar, un 87,1 %
proceden de Feder, a lo que hay que sumar otros 500 millones que va a
invertir el departamento de Medio Ambiente en cuestiones medioambientales
y en la gestión de aguas. Por lo tanto, no solamente hay un interés
político de que se cumpla, sino que además esta decisión está avalada con
hechos.


Senadora Coves, en la conferencia sectorial celebrada en Madrid
el 23 y el 24 de julio de 2013 se abordó la aplicación de la reforma de
la PAC en el Estado de cara a este nuevo periodo de
programación 2014-2020. En aquella conferencia el Gobierno vasco,
sustentado por este grupo político, denunció la aprobación, en el marco
de la política agraria común, de un modelo de gestión centralista y
uniformizador del Estado, que limitaba las competencias agrarias y el
desarrollo rural de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, se
defendió que la Comunidad Autónoma del País Vasco tenía plenas
competencias para la aplicación de la política agraria en su territorio
y, como he dicho, voluntad política de ejercerlas en referencia a la
reforma de la PAC en su ámbito de gestión, tanto en lo relativo a las
ayudas directas como a las ayudas estructurales en materia de desarrollo
rural y sectorial, sin mayores restricciones que las que impone el propio
marco normativo europeo, ni más ni menos. Concretamente, en cuanto a la
aplicación de la reforma en materia de ayudas directas, en dicha
conferencia se reclamó la implantación de un modelo de regionalización
administrativa para la base territorial de Euskadi conforme al sobre
financiero que le corresponde a la comunidad autónoma vasca en el reparto
estatal. En cuanto a la aplicación de la reforma en el segundo pilar, en
los fondos Feder, se demandó capacidad plena a la hora de definir
estrategias, objetivos y medidas propias acordes a la realidad
socioeconómica de Euskadi sin que resultase necesaria la existencia de un
programa nacional o un marco nacional. Y esta misma reclamación se
planteó en la conferencia sectorial del 20 y 21 de enero de 2014, donde
se culminó el modelo de aplicación de la PAC en el Estado, y en las
distintas reuniones bilaterales mantenidas entre la consejería y el
ministro Arias Cañete y la ministra García Tejerina, así como en el
Congreso y en el Senado.


Por tanto, consideramos que debemos seguir defendiendo un modelo
de regionalización administrativa para la base territorial de Euskadi en
función del sobre financiero que nos corresponde en el reparto estatal, y
consecuentemente, aceptando la competencia que ya tenemos pero que no se
nos deja ejercer, Euskadi podría establecer cuantas medidas de apoyo,
criterios, techos de ayuda, etcétera considere oportuno de acuerdo a su
singularidad. Esto es lo que venimos reclamando y defendiendo.


Senadora Coves, esta es la tercera moción tipo ómnibus que se ha
presentado en los tres últimos Plenos: la primera fue la de la senadora
Llinares, ayer la de la senadora Andrés y hoy la suya. Ayer la senadora
Andrés nos dijo que tendríamos que haber trabajado un poquito más y haber
presentado enmiendas a cada uno de los puntos para poder llegar a
acuerdos. Yo estoy de acuerdo con que la senadora Andrés nos incite a que
trabajemos más —creo que ella no lo puede hacer, pero nosotros
sí—, pero también podemos dar la vuelta al argumento: lo que no
podemos hacer es debatir mociones en las que tenemos tantas cosas sobre
las que discutir, cosas en las que podemos estar o no de acuerdo, pero
que, desde luego, no podemos ventilar —dicho entre comillas—
en los diez minutos que dura la intervención, por muchos acuerdos a los
que hayamos llegado antes. Por tanto, también podemos pedir nosotros al
Grupo Socialista que traiga todos estos puntos a debate de uno en uno
—tienen capacidad de hacerlo— para que los discutamos en
comisión y lleguemos a acuerdos, algo de lo que no tengo ninguna
duda.


Como dije ayer, nosotros apreciamos lo que quiere hacer su señoría
con la moción; entendemos que es poner en evidencia lo que ha sucedido y
decir que hace falta cambiar la PAC. Por ello nos quedamos con la
definición del punto 1 de su moción. Creemos que eso es lo que hay que
hacer, hay que revisar lo que se ha hecho con la PAC, llegar a consensos
y hacerlo desde un punto de vista que ya está refrendado por la
distribución administrativa y política del Estado español. Por ello no
vamos a votar en contra; nos vamos a abstener, porque entendemos que sí
hace falta modificar la PAC, pero lo que no podemos hacer es aceptar la
parte dispositiva tal y como está porque entonces, como dije ayer,
seríamos del Grupo Socialista, y de momento no lo somos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.


Por el Grupo de la Entesa tiene la palabra el senador Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo para manifestar el apoyo de mi grupo
parlamentario a esta moción. La verdad es que se trata de una moción que,
al margen de la parte dispositiva, que puede ser discutible o abordable,
como decía el señor Cazalis, y que va a motivar la abstención de algún
grupo, invita a hacer una reflexión en profundidad sobre un tema que,
como se ha dicho ya a lo largo de la mañana, es absolutamente vital en
muchos ámbitos para un sector que no está bien. Y la prueba más evidente
de que no está bien es que esta demanda sobre la repartición de los
fondos de la PAC la haya hecho llegar a las más altas instancias europeas
una organización profesional agraria. A nosotros, por tanto, nos parece
oportuna.


Asimismo consideramos que el debate debe poner al Grupo Popular
ante un espejo, porque ciertamente todos recordamos los términos tan
aplaudidos del discurso de Arias Cañete hablando de la PAC y elogiando su
negociación y los fondos, pero luego, cuando ha llegado la hora de la
verdad y hemos visto cuál ha sido el reparto de los fondos, el señor
Arias Cañete ya no está y la realidad, que tiene poco que ver con la
propaganda, es que hay una reducción de un 13 % en el lineal para los
agricultores, una reducción que será de un 25 % para aquellos que tengan
ayudas por debajo de los 5000 euros. Por tanto, sí es el mismo dinero,
aunque no exactamente, pero hay una pérdida importante para los
agricultores, que van a recibir menos dinero. En las correcciones que ha
habido en 2014 y que afectan a 865 554 beneficiarios del régimen de pago
único hay una reducción de 5452 euros en relación con 2013. No sé si para
ustedes la cantidad es o no importante, pero para los agricultores que
tenían que recibirla les aseguro que sí lo es.


Por tanto, insisto, la propaganda y la verdad tienen poco que ver.
Recordarán ustedes además que el señor Cañete, en el que hoy es un tema
central del debate y que lo fue entonces: la definición de agricultor
activo, aseguró de todas las formas posibles que eso iba a cambiar porque
ciertamente era una indecencia que cobraran aquellos cuya única gestión
del campo era especular, pero a pesar de esos compromisos la realidad es
que hoy estamos igual que antes, por no decir peor. Es decir hay 2
millones de hectáreas en nuestro país que no se cultivan y que en cambio
perciben ayudas de la PAC, hay 700 millones de euros de la PAC por
tierras que no producen absolutamente nada y esos sí serían, sin duda
alguna, recursos que podrían ir destinados a ayudar a los agricultores
jóvenes que tienen tantas dificultades para acceder a la agricultura.
Allí es donde habría que rascar el dinero para poder ayudar a todos
aquellos que quieren incorporarse para hacer una gestión del campo, para
trabajar el campo y la tierra; esos son los únicos que deberían cobrar y
ser beneficiarios de las ayudas de la PAC.


Por tanto, insisto, la moción nos parece útil; creemos que es
necesaria una revisión crítica sobre cómo ha sido elaborada esta PAC y
una nueva perspectiva que sea capaz de hacer que la PAC sea justa, que el
dinero llegue a aquellos que realmente cultivan la tierra y lo necesitan
para superar una situación que en este momento pone otra vez sobre la
mesa unas cifras que vuelven a rayar en la indecencia, es decir, que
el 0,2 % de los perceptores en España reciban más de 150 000 euros
repartiéndose prácticamente el 10,5 % de las ayudas. Por tanto,
efectivamente nosotros somos partidarios, señora Coves, de que se ponga
un tope a esas ayudas y que especialmente aquellos que van a recibir más
encima no sufran ajustes del 5 % en relación con aquellos que lo van a
sufrir del 13 % o del 14 %, es decir, que se haga un reparto justo.


Además, esta PAC, señorías, tiene otro problema que comentaba el
senador Plana en la anterior moción, y lo hizo ayer también, y es que no
tiene mecanismos para garantizar un precio mínimo de mercado. No se habla
de ello en esta moción pero hoy sabemos, y lo hemos debatido en esta
tribuna reiteradamente, que uno de los problemas graves de nuestra
agricultura es el precio de los productos, es decir no es suficiente
producir ni producir calidad sino que el problema es el precio que te van
a pagar, y eso tampoco está resuelto. Se ha hablado de los problemas del
veto ruso y eso tiene que ver con estos mecanismos, y ciertamente Lleida
y los productores de fruta dulce de Aragón tienen un grave problema que
ya se puso en evidencia el año pasado y que no vamos a poder resolver y
va a llevar a una crisis muy profunda en una parte muy importante de
nuestro campo.


A ello hay que sumar la opacidad que ha tenido toda la tramitación
de los PDR, las propias instancias europeas han puesto en evidencia la
falta de participación en ellos, y creo que hay elementos suficientes
como para pedir a todos los grupos que apoyen esta moción porque, yo no
sé senador Cazalis si podemos entrar en el debate punto por punto, es
cierto que es complejo y complicado, tiene usted razón, pero yo creo que
la moción tiene un sentido crítico con una situación que realmente no es
satisfactoria, y no lo dice el Grupo de la Entesa o el Grupo Socialista,
sino que lo están diciendo las organizaciones agrarias y creo que en este
sentido el Gobierno y, por tanto, el Grupo Popular deberían reflexionar
al respecto.


Señor Plana, vull manifestar també el meu desacord amb el punt que
vostè ha volgut excloure de la moció del Partit Socialista. No entenc la
seva esmena perquè, certament, que les zones de muntanya requereixen més
recursos és més que evident, però no sé quin és el desequilibri que es
pot produir en aquest moment quan encara ara els reglaments del PDR no
estan aprovats. Encara ara no estan aprovats. I és més, en aquesta PAC,
el reglament nacional de la PAC diu exactament que el 5 % del sobre
nacional hauria d’anar destinat a les zones de muntanya, i això no
es compleix ni en una mínima part. (Quiero manifestar también, señor
Plana, mi desacuerdo con el punto que usted ha querido excluir de la
moción del Partido Socialista. No entiendo su enmienda porque,
ciertamente, que las zonas de montaña requieren más recursos es más que
evidente, pero no sé cuál es el desequilibrio que se puede producir en
estos momentos cuando aún ahora los reglamentos del PDR no están
aprobados. Aún ahora no están aprobados. Y es más, en esta PAC, el
reglamento nacional de la PAC dice exactamente que el 5 % del sobre
nacional debería ir destinado a las zonas de montaña, y eso no se cumple
ni en una mínima parte).


Es decir, que si unos territorios están discriminados
negativamente en el reparto de la PAC estos son especialmente las zonas
de montaña, y un 40 % del territorio de este país es zona de montaña.
Estamos realmente en un debate muy trascendente para intentar dar alguna
oportunidad a muchas zonas que hoy no la tienen ni quizá la vayan a
tener, porque además no hay ningún mecanismo que les reconozca una
esperanza de futuro. Por tanto, creo que la agricultura de las zonas de
montaña debe recibir más recursos, como sucede en Francia y en otros
países en los que las ayudas de la PAC suman hasta un 15 % en las zonas
de montaña, algo de lo que estamos a años luz en este país.


Quiero pedirles también su voto favorable y decirle al senador
Plana que reconsidere su enmienda ya que creo que no es justa
precisamente con las zonas de montaña.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Boya.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió tiene la palabra el senador Plana.


El señor PLANA FARRAN: Gràcies, senyor president.


Tot i la interpel·lació directa, senador Boya, no és pas la moció
seva. Potser qui ha demanar la incorporació de l’esmena ha de ser
la proposant d’aquesta moció.


Aquest plantejament que ha fet, i que soni com una justificació,
ni molt menys, és un plantejament que ens han comunicat la major part de
les organitzacions professionals agràries —perquè una de les
tasques que tenim les persones amb una certa representativitat—, i
l’han posat sobre la taula. I quan els vam demanar que
justifiquessin aquesta situació ens van dir: «és que venim d’un
temps en el qual tan sols s’invertia el 60 o 70 % dels Plans de
Desenvolupament Rural, quan era responsabilitat dels Governs autonòmics».
Amb el Govern actual de la Generalitat, el 98 % dels fons dels Plans de
Desenvolupament Rural s’estan aplicant, a diferència de temps
passats, i no vull parlar de qüestions d’herència, ni molt
menys.


Però no vull entrar en aquest fons, i crec que estaríem
d’acord, senador Boya, en punts de consens, però com he dit abans,
obres son amores y no buenas razones. Hi havia una política fallida o
semifallida de cofinançament i d’aplicació de Plans de
Desenvolupament Rural, sobretot en zones de muntanya o en zones com Les
Garrigues, que es va passar d’un PDR aplicat al 60 % en temps del
tripartit a l’actualitat, que s’ha arribat al 98 %. És
evident, doncs, que totes les coses són susceptibles de millora, però
alguna cosa bé s’ha hagut de fer. I torno a reiterar —gairebé
per orígens familiars, i per la representativitat que tenim amb la
senadora Rivero moltes vegades que parlem de qüestions de desenvolupament
rural i qüestions relacionades amb la inversió i l’aplicació de
polítiques agràries i agroalimentàries o agroindustrials a les zones de
muntanya—, l’






esforç és màxim.


Però no era la qüestió de fons de la moció, perquè no vull que
sembli un debat entre vostè i jo, ni molt menys. Voldria parlar de la
qüestió de fons a la qual ens estem referint, l’aplicació de la
proposta de PAC que ha fet el Govern de l’Estat espanyol aquí.
Torno a corroborar el que he dit a l’anterior moció.
L’aprovació del Reial Decret 1075/2014, juntament amb el 1076/2014,
posa en evidència la incongruència en tres grans eixos que representa la
PAC: les ajudes directes, que és la part millor dotada econòmicament, i
la que d’una manera o altra, arriba als agricultors i ramaders; el
desenvolupament rural, destinat a accions concretes; i per últim, com
molt bé deia el senador Boya —i en això coincidim, com en moltes
altres coses, senador Boya—, les mesures de mercat aplicables. Però
no vull que d’aquest debat s’arribi a un punt de dir que el
sector agropecuari està buscant únicament i exclusiva la subvenció.
Perquè moltes vegades, quan ens movem per entorns que no són rurals,
entorns urbans o periurbans, arriba aquesta percepció que es busca
únicament i exclusiva la subvenció per se. No és així. El que hauria de
ser la PAC és un conjunt de mesures d’inici o continuïtat
d’aquesta activitat econòmica, social i de vertebració i fixació
del territori respecte de les persones que es dediquen a
l’activitat agrària i a l’activitat ramadera.


Amb això, vull fer un altre incís en una qüestió que és bàsica:
els Plans de Desenvolupament Rural. S’ha aprofitat, per part del
Govern de l’Estat espanyol, qualsevol escletxa legal per arribar a
un punt de recentralització de les atribucions que teníem les comunitats
autònomes o aquells territoris que tenim unes ànsies majors. Ens basem en
el principi de subsidiarietat; som així. És un principi informador i
creiem que el que han de fer les administracions que estan més properes a
la situació tractada, entre altres coses, és donar-hi aquesta solució.
L’han de donar en altres aspectes, una solució d’aportació de
mesures que puguin ser favorables a totes aquelles persones i tots
aquells entorns que vulguin aplicar la seva política econòmica a unes
activitats concretes.


També voldria insistir en un altre aspecte que crec que és
denunciable, com és el concepte d’agricultor actiu. Amb aquest
concepte, que hagués permès implantar unes mesures no tan flexibles, sinó
més ajustades a la realitat, haguéssim aconseguit, entre altres coses,
que no s’hagués aplicat aquell principi del Gattopardo que diu:
«canviar-ho tot perquè tot quedi igual». Totes aquelles persones que eren
perceptores amb l’anterior model de la PAC continuen d’una
manera o altra, perquè no hi ha hagut una diferenciació ni una descripció
detallada del concepte d’agricultor actiu, tal com diu fins i tot
la Unió Europea, de la forma més adequada i més correcta.


Què vol dir tot això? Doncs que teníem una oportunitat de posar en
valor el sector agrari, el sector ramader, el sector agroalimentari, el
sector agroindustrial, i d’explicar molt bé totes aquelles funcions
—com he dit abans— a partir de la sobirania alimentària, que
és un element fonamental que hauríem de tenir inculcat tot l’espai
europeu; a partir de la valorització del treball que s’està
realitzant a l’entorn rural; a partir d’unes mesures de
mercat que arribin a aquell punt de justa rendibilitat de totes aquells
parts que formen la cadena alimentària, i donar-hi una funció de dignitat
que en aquest cas es veu una mica deixada de banda.


Voldria insistir en un altre element. La PAC, o les polítiques
europees d’inversió en R+D+I, haurien de ser un element per
millorar la rendibilitat, per millorar la productivitat i perquè,
d’una manera o altra, es pogués fer una redistribució més justa de
tot aquest valor afegit que es genera al sector agroindustrial.
Evidentment, cal que s’observi el principi d’igualtat. No es
pot utilitzar el concepte de regionalització per fer-lo tan sols a partir
de criteris, no vull dir imposats, però sí promoguts per part del
Ministeri sense tenir cap tipus de consideració a les consideracions
—valgui la redundància— que han vingut de les diferents
administracions autonòmiques.


Ja va aconseguir l’anterior ministre, el senyor Arias
Cañete, que ningú no estigués content o que estiguessin contents aquells
que ja ho estaven abans, i excloure alguns grups, com els joves
agricultors que es volen incorporar a l’activitat agrària, que es
veuen desplaçats i no tenen aquesta possibilitat de continuar el seu
camí; aquell camí que —vull tornar a rememorar— ens va
explicar una vegada l’escriptor Francesc Canosa, que deia que la
pitjor collita és aquella que no se sembra. I això els que venim del camp
ho sabem. Si no sembrem, si no adoptem les mesures adequades, sabeu el
que passarà? Doncs que el despoblament de l’entorn rural serà cada
vegada més gran, la sobirania alimentària estarà en mans d’altres
territoris i ens trobarem amb un entorn rural totalment despoblat.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Una interpelación directa, senador Boya, no es precisamente su
moción. Quien quizá debería pedir la incorporación de la enmienda es la
proponente de esta moción.


El planteamiento que ha hecho usted —y no es que esto quiera
ser una justificación ni mucho menos— es el que hace también la
mayor parte de organizaciones profesionales agrarias, porque una de las
tareas de quienes tenemos una cierta representatividad es comunicarnos.
Nos lo han comunicado, lo han puesto sobre la mesa, pero cuando les
pedimos que justificaran nuestra situación, nos dijeron: es que venimos
de un tiempo en el que tan solo se invertía el 60 o el 70 % de los planes
de desarrollo rural, cuando era responsabilidad de los gobiernos
autonómicos. Pues con el actual Gobierno de la Generalitat el 98 % de los
fondos de los planes de desarrollo rural se está aplicando, a diferencia
de tiempos pasados —y no quiero hablar de cuestiones de herencia ni
mucho menos—.


Sin embargo, no quiero entrar en este fondo. Senador Boya, creo
que estaríamos de acuerdo en algunos puntos, pero como he dicho antes,
obras son amores y no buenas razones en una política fallida o
semifallida de cofinanciación y de aplicación de planes de desarrollo
rural, sobre todo en zonas de montaña o en zonas como, por ejemplo, las
Garrigas, donde se ha pasado de un PDR que estaba aplicado en un 60 % en
tiempos del tripartito, a la actualidad, en que se ha llegado a un 98 %.
Es evidente que las cosas se pueden mejorar, todas son susceptibles de
mejora, pero algo ha debido hacerse bien. Y reitero, si me lo permite,
que por orígenes familiares y por la representatividad que tenemos con la
senadora Rivero, cuando hablamos muchas veces de desarrollo rural y de
cuestiones relacionadas con la inversión y la aplicación de políticas
agrarias y agroindustriales en las zonas de montaña, decimos que el
esfuerzo es máximo.


Pero no era ese el fondo de la moción porque vuelvo a decir que no
quiero que esto parezca un debate entre usted y yo, ni mucho menos. Lo
que queremos comentar es la cuestión de fondo a la que nos referimos, la
aplicación de la propuesta de la PAC que ha hecho el Gobierno del Estado
español aquí. Reitero, insisto una vez más y corroboro lo que he dicho en
la anterior moción. La aprobación de los reales decretos 1075/2014 y 1076
pone en evidencia la incongruencia en tres aspectos básicos o en tres
grandes ejes que representa la PAC. Primero, las ayudas directas, que es
la parte mejor dotada económicamente y la que de un modo u otro llega a
los agricultores y ganaderos; segundo, el desarrollo rural destinado a
acciones concretas, y por último, como muy bien decía el senador Boya
—en esto coincidimos, como en muchas otras cosas—, las
medidas de mercado aplicables. Pero no quiero que de este debate se
llegue a un punto en el que el sector agrario o agropecuario esté
buscando única y exclusivamente la subvención. Muchas veces, cuando nos
movemos por entornos no rurales, urbanos o periurbanos, llega esa
percepción de que se busca única y exclusivamente la subvención per se. Y
no es así; no lo es. Lo que debería hacer en este caso la PAC es
establecer una medida o un conjunto de medidas de inicio o de continuidad
de esta actividad económica, social, de vertebración y de fijación del
territorio y de las personas que se están dedicando a la actividad
agraria y ganadera.


Y con esto quiero hacer otro inciso en una cuestión que es básica:
los planes de desarrollo rural. El Gobierno del Estado español ha
aprovechado cualquier rendija legal para intentar llegar a un punto de
recentralización de las atribuciones que teníamos las comunidades
autónomas o aquellos territorios que tenemos mayores ansias. Nos basamos
en el principio de subsidiariedad. Somos así. Es un principio informador
y creemos que lo que deben hacer las administraciones que están más
cercanas a la situación tratada es, entre otras cosas, dar esta solución,
y hacerlo en otros aspectos; aportar soluciones y medidas que puedan ser
favorables a todas aquellas personas, a todos aquellos entornos que
quieran aplicar su política económica a unas actividades concretas.


También querría insistir en otro aspecto que creo que es
denunciable: el concepto de agricultor activo. Con este concepto,
habiendo podido establecerse unas medidas no tan flexibles, sino más
ajustadas a la realidad, habríamos conseguido, entre otras cosas, que no
se hubiera aplicado aquel principio de El gatopardo que dice: cambiarlo
todo para que todo quede igual. Todas aquellas personas que eran
perceptoras con el anterior modelo de la PAC lo siguen siendo de un modo
u otro, porque no ha habido una diferenciación ni una descripción
detallada del concepto de agricultor activo —tal como dice incluso
la Unión Europea— más adecuada y correcta.


¿Qué quiere decir todo esto? Pues que hemos tenido una oportunidad
de poner en valor los sectores agrario, ganadero, agroalimentario y
agroindustrial, de explicar muy bien todas aquellas funciones, como he
dicho antes, a partir de la soberanía alimentaria, que es un elemento
fundamental que deberíamos tener inculcado todo el espacio europeo, a
partir de la valorización del trabajo que se está realizando en el
entorno rural, a partir de unas medidas de mercado que lleguen al punto
de justa rentabilidad de todas aquellas partes que forman la cadena
alimentaria, y darle una función de dignidad, que en este caso se ha
visto algo dejada de lado.


Quiero insistir en otro elemento. La PAC o las políticas europeas
de inversión en I+D+i deberían ser un elemento para mejorar la
productividad y la rentabilidad, para que se pueda hacer una distribución
más justa de todo este valor añadido que se genera en el sector
agroindustrial, y, evidentemente, para que se observe el principio de
igualdad. No se puede utilizar el concepto de regionalización para
hacerlo única y exclusivamente a partir de criterios, no quiero decir
impuestos pero sí promovidos por el ministerio sin tener ningún tipo de
consideración a las consideraciones —valga la redundancia—
que proceden de las distintas administraciones autonómicas.


El anterior ministro, el señor Arias Cañete, consiguió que nadie
estuviera contento, o que solo lo estuvieran quienes ya lo estaban, y
consiguió que aquellos grupos, como los jóvenes agricultores que se
quieren incorporar a la actividad agraria, se vieran desplazados y
excluidos y sin posibilidad de seguir su camino. Ese camino que quiero
rememorar es el que nos explicó una vez el escritor Francesc Canosa, que
decía que la peor cosecha es aquella que no se siembra, y esto quienes
venimos del campo lo sabemos. Si no sembramos, si no implantamos las
medidas adecuadas, lo que pasará es que la despoblación del entorno rural
será cada vez mayor, la soberanía alimentaria estará en manos de otros
territorios y nos encontraremos con un entorno rural totalmente
despoblado.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora señora Coves.


La señora COVES BOTELLA: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias también a todos los portavoces que han intervenido,
con los que podré o no compartir su posición sobre este asunto, pero,
desde luego, les agradezco muchísimo su trabajo y, sobre todo, el estudio
que han llevado a cabo.


Me doy por satisfecha de haber traído esta moción al Pleno si
todos estamos convencidos —cuando digo todos quiero decir la
mayoría, porque todavía no hemos oído al Grupo Popular— de que es
necesario hacer una revisión, mejorar, cambiar, la aplicación de la
política agraria común que se está haciendo en estos momentos en España.
Me doy por satisfecha con eso, porque tendremos la posibilidad de volver
a plantear nuevas iniciativas que nos permitirán profundizar en todos y
cada uno de los puntos que son necesarios revisar.


Señorías, comparto plenamente algunas cuestiones que se han
planteado aquí. Soy consciente de que en el medio urbano la política
agraria no tiene receptividad, no tiene una visión tan positiva como en
el medio rural, pero eso se debe no tanto a la política de ayudas y de
subvenciones —por cierto, no es obligatorio cobrarlas— sino
más bien al reparto desigual e injusto que se hace de esta política de
ayudas y subvenciones, porque si las principales fortunas de España
vuelven a ser, año tras año, las que más cobran, obviamente se crea una
conciencia crítica con respecto a esta política agraria común.


Una de las razones fundamentales por las que el Grupo Socialista
trae aquí esta moción es por la situación que está viviendo el campo en
estos momentos: un veto de Rusia a las exportaciones agroganaderas que
—parece que ayer quedó claro— se va a postergar más de un
año; un abaratamiento del precio del petróleo que tiene su repercusión,
su correlato, en una disminución en el precio de los fertilizantes; un
incremento exponencial de la tarifa eléctrica agrícola, como consecuencia
de las decisiones del Gobierno de España; pero, sobre todo, una caída
brutal de los precios, que está haciendo que en estos momentos la mayoría
de los agricultores y ganaderos estén vendiendo sus productos por debajo
del precio de costo.


No es extraño, por tanto, que el año pasado la renta agraria
cayese un 7,1 %, situándose en los niveles del año 2000, y que el empleo
agrario, desde el año 2011 hasta ahora, no haya dejado de caer: 128 000
parados en el año 2011, y ahora, en el año 2014, ya tenemos nada menos
que 192 000 parados en el campo.


Por tanto, no podemos afirmar que este sector se esté recuperando.
Aquí, señorías, no existe ningún brote verde —permítanme la
digresión—. Si el Grupo Popular sigue valorando la gestión del
Gobierno, como viene haciendo hasta ahora, en función de la fluctuación
de la renta agraria, tenemos que concluir que la tarea del Gobierno en
estos momentos ha fracasado estrepitosamente. Si su argumento de defender
la gestión del Gobierno cuando subía la renta agraria era precisamente
fundamentarla en eso, ahora que está bajando, tenemos que entender el
fracaso absoluto de la ministra Tejerina.


Señorías, nos preocupa enormemente la falta de reacción del
Gobierno, que está haciendo que se agrave la situación que vive el campo
en estos momentos. Hoy más que nunca necesitamos una política agraria que
mire por el interés general de España y que cuente —lo han dicho
diferentes portavoces, señorías— con instrumentos de intervención
que permitan que los mercados no colapsen.


Ya sé que la PAC no es capaz de arreglar todos los problemas que
tiene el campo, pero sí al menos de paliarlos, haciendo que esa política
de ayudas y de subvenciones tenga un esquema mucho más igualitario, mucho
más justo, mucho más racional. Que no sea la PAC un instrumento que
ahonde en las diferencias entre el campo y la ciudad, entre los grandes
propietarios y las pequeñas y medianas explotaciones.


Señorías, desde que se conoce el presupuesto global de la PAC
—con el exministro Arias Cañete— hasta la aplicación
definitiva, no hemos conocido más que fiasco tras fiasco. ¿Puede el
partido que sustenta al Gobierno decir hoy aquí que la cifra global del
presupuesto de la PAC es la misma o mejor que la del ejercicio anterior?
(La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).
¿Puede sostener esto hoy en día el Grupo Popular? ¿Puede sostener el
Grupo Popular que no se va a producir trasvase de dinero entre
comunidades autónomas? ¿Puede sostener el Grupo Popular, como se nos
prometió hace ya algún tiempo, que no va a haber un trasvase de rentas
entre agricultores y ganaderos? Me gustaría que el Grupo Popular
contestara después estas preguntas. Yo les voy a ayudar en su
respuesta.


Hace unos días el Ministerio de Agricultura, a través de la página
del FEGA, publicaba los datos de un recorte en el pago único de la PAC
del año 2014 de más de un 9 % —el senador Boya decía que en torno
al 13 %—. La cuestión es que solo en el año 2014 las ayudas
directas se han reducido 425 millones de euros. ¿Me van a decir que los
agricultores no van a notar la merma en ese pago único? ¿Eso es lo que me
están diciendo?


El problema no es solamente que haya bajado el montante y que haya
un recorte en las ayudas, sino cómo se ha aplicado ese recorte. En
ejercicios anteriores, la Unión Europea permitía, y en este también, que
se aplicara esa redistribución, que ese ajuste se hiciera de manera
proporcional, de tal forma que ese recorte no se aplicaba a los
perceptores que cobraban menos de 5000 euros. Pero, no, el Gobierno de
España en estos momentos ha aplicado un ajuste general igual para el que
cobra 2000 euros de la PAC que para el que cobra 200 000 euros, haciendo
por tanto ese ajuste mucho más injusto porque beneficia al que más cobra
y castiga al que menos cobra. Tan injusto, señorías —se lo han
señalado todos los portavoces—, como la definición del agricultor
activo. Por cierto, el cambio de opinión del Gobierno de España ha sido
tan radical que en los documentos que tenemos nosotros se refleja la
primera definición que había prometido el Gobierno de España y que luego,
repentinamente, cambió. Eso hizo que muchos de los agricultores y
ganaderos de España hicieran cambios jurídicos y cambios administrativos
para poder acogerse a las nuevas ayudas con ese nuevo criterio, pero
cuando lo habían culminado, van ustedes y cambian de criterio. Lo cierto
y verdad, señorías, es que con esta definición o, mejor dicho, con la
ausencia de definición de agricultor activo vuelven de nuevo a cobrar
ayudas en un nivel importante los agricultores de salón —una
descripción exacta de lo que va a ocurrir en España—. De nuevo los
aeropuertos, los servicios de transporte, las instalaciones recreativas,
las instalaciones deportivas, todos ellos, volverán a cobrar un año más
ayudas de la PAC, siempre que representen al menos un 5 % del total de
los ingresos no agrícolas.


Creo que esto es lo que da mala fama a la política agraria común,
esa posibilidad de que infraestructuras que no generan producción ni
empleo puedan cobrar finalmente ayudas. Se ha producido un fiasco en el
montante global del presupuesto general de la PAC; se ha producido un
fiasco en la definición de agricultor activo y también un fiasco
importante en el reparto de las ayudas acopladas. En definitiva,
señorías, no nos gustan los cambios que ha introducido a última hora el
Gobierno de España. Probablemente nos diga ahora la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular que estos cambios han venido obligados por la Unión
Europea, pero no sé si se trata de un engaño del propio ministerio desde
el primer momento, o si se ha debido a la falta de capacidad negociadora
del ministerio ante la Unión Europea. Ninguna de las dos respuestas me
gusta, ninguna me vale.


Espero que el Grupo Popular no caiga ahora en la tentación de
argumentar con la herencia recibida o los medios de comunicación para
evitar responsabilidades sobre este tema. Espero que no se le ocurra
siquiera argumentar con esa mentira que tantas veces ustedes han repetido
de que el anterior Gobierno defendió la tasa plana. No es cierto. Es
falso. Enséñenme un documento con una firma socialista que haya avalado
esa tasa plana. Por favor, dejen de mentir a esta Cámara y a la sociedad,
porque eso no es verdad.


En definitiva, señorías, nuestra intención con esto es abrir un
debate sobre la aplicación de la PAC en España. No nos gusta tal y como
ha quedado, pero, viendo la política en general, la actuación del Partido
Popular, pensamos que es también un añadido más. Ustedes siempre que
hacen leyes, siempre que gobiernan tratan de cuidar, de mimar y de
proteger a los suyos, a quienes son sus iguales, y da lo mismo que se
trate de la política fiscal, de la amnistía fiscal, que se trate del
intento de privatizar la educación o la sanidad,…


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.


La señora COVES BOTELLA: Gracias.


...siempre tratan de favorecer y de afianzar a los que más tienen.
En esa tarea, señorías, tengo que decirles que tienen éxito y además
tengo que reconocerles su perseverancia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Moya.


La señora MOYA MORENO: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos
días.


Voy a empezar mi intervención —como ha hecho en muchas
ocasiones el Grupo Popular, yo una vez más— ratificando nuestro
agradecimiento y de muchos agricultores españoles y organizaciones
agrarias por el trabajo que el Gobierno de España —el ministro
Arias Cañete en su momento y ahora la ministra García Tejerina— ha
hecho y sigue haciendo con la negociación de la política agraria común,
porque, sin duda, era lesiva la propuesta que venía de la Comisión para
todos los agricultores y ganaderos de España, senadora Coves. Y cuando
escuchaba su intervención, pensaba que usted se estaba refiriendo a la
propuesta que la Comisión hizo en su momento, una propuesta en materia
agrícola para España que distorsionaba totalmente las ayudas comunitarias
y que posiblemente hubiese hecho que desaparecieran muchas explotaciones
agrarias en España. Por cierto, sí voy a hablar de la tasa plana, que es
verdad, y parece mentira que usted la siga negando. Fue una de las
cuestiones que planteaba la Comisión en aquel momento y que el señor
Zapatero aceptaba. (La senadora Coves Botella: Es mentira. Enséñemelo;
enséñemelo). Hay documentos, y me comprometo a traérselos cuando usted
quiera para que los vea usted, toda la prensa y todos los señores
senadores que quieran. (Aplausos.— La señora Coves Botella: Sí, sí,
tráigalos). Los traeremos. Porque mentiras, las justas. Y mentiras las
que ustedes nos dijeron no a nosotros, sino sobre todo a los agricultores
españoles, durante mucho tiempo, aplicando modulaciones que reducían las
ayudas en un 10 %, y que ustedes negaban. Eso sí que era un engaño total
y absoluto a los agricultores.


El Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular fue capaz,
junto con las organizaciones agrarias, junto con las comunidades
autónomas, de darle la vuelta a una propuesta aceptada por el señor
Zapatero en su momento —por lo tanto, sí era una herencia, que
fuimos capaces de tirar para atrás— que todos rechazaban: aquella
que hablaba por cierto de la tasa plana obligatoria en 2020; aquella de
los 100 euros por hectárea de forma lineal, que usted dice que no;
aquella que hablaba de no limitar la superficie, con lo cual habría
habido una bajada en las ayudas de forma generalizada; o aquella que
hablaba de unas prácticas medioambientales, que eran, en algunos casos,
imposibles de poder cumplir por los agricultores. Precisamente, aquellas
eran algunas de las medidas que contemplaba esa propuesta de la Comisión,
que aceptaban de forma unánime el Gobierno socialista y todos ustedes.
Ustedes callaban. Por lo tanto, creo que hay una diferencia.


¿Qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular? Hacer un gran
trabajo. Y, efectivamente, ha sido una de las negociaciones más duras que
ha habido. ¿Por qué? Porque había que darle la vuelta a una propuesta de
política agraria común para España que era lesiva para los intereses de
todos los agricultores y de todos los ganaderos españoles y con la que
estaban en contra todas las organizaciones agrarias y las comunidades
autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Socialista, aunque se
callaran porque era algo que había negociado su propio Gobierno. Esa es
la realidad. ¿Qué hizo durante ese tiempo que llevó a cabo la negociación
el Gobierno de España? Precisamente, hacer posible que se mantuviera un
presupuesto similar al que habíamos tenido desde el año 2006 hasta el
año 2013, limitar los trasvases de ayuda entre beneficiarios, sectores,
territorios, —que usted conoce muy bien— y orientar los pagos
hacia aquellos agricultores que practicaran la actividad agraria. De ahí
que hayamos hablado, ustedes y nosotros, de la clasificación de los
agricultores activos. Eso es lo que ha hecho el Gobierno del Partido
Popular, darle la vuelta a una propuesta que era lesiva, como decía.


Además, el Partido Popular ha conseguido los objetivos que se
propuso, y uno de ellos, hablando de los PDR, era precisamente que
hubiera un programa de ámbito nacional que coexistiera con el resto de
los PDR autonómicos y con este de ámbito suprarregional, con el fin de
aplicar proyectos entre distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, la
Ley de cooperativas, etcétera. ¿Qué es lo que ha hecho este Gobierno?
Hacer posible que España tenga 47 000 millones de euros de ayudas para el
sector agrario y ganadero de esa política agraria común, de los
cuales, 8291 van dirigidos al desarrollo rural y 3000 millones son para
medidas de mercado, aquellas que tanto les preocupan a ustedes. Por lo
tanto, creo que se hizo una buena negociación. Que hay cosas que habrá
que ir revisando está clarísimo, pero, con eso, lo que sí queda
garantizado es precisamente una parte importante de los ingresos de los
agricultores, que supone el 30 % aproximadamente.


Hay una cuestión también muy clara, y es que en los programas de
desarrollo rural lo que consigue el Gobierno es precisamente que cada
comunidad autónoma con competencias tenga igualdad de oportunidades en
esos proyectos de desarrollo y autonomía en el desarrollo de esos
programas, no como ocurría anteriormente —que eso seguro que sí les
gustaba a ustedes, sobre todo, a usted, señora Coves—. En el
programa de desarrollo rural, aprobado por el Gobierno socialista,
el 76 % de los fondos para el desarrollo rural se lo repartieron entre
siete comunidades autónomas —eso lo hizo el Gobierno
socialista—, y el resto, es decir, las otras diez comunidades
autónomas, solo tenía el 23,4 % de fondos. ¿Eso sí les gusta a ustedes?
Pues a nosotros no, nosotros preferimos que todas las comunidades
autónomas tengan las mismas posibilidades y que los fondos lleguen a
todos ellos en la misma situación.


Me centro en la moción que presenta el Grupo Socialista, que
propone revisar el modelo de aplicación de la PAC, que ha entrado en
vigor este año 2015. (El señor presidente ocupa la Presidencia). La
moción se basa en una supuesta revisión de la PAC, prevista en los
reglamentos de la Unión Europea para el año 2016, lo cual es incorrecto,
pues no está prevista en la normativa comunitaria una revisión tan a
corto plazo y sin contar con la experiencia necesaria en la puesta en
marcha de la PAC. Así lo ha puesto de manifiesto la propia Comisión
Europea en el marco del ejercicio de simplificación de la PAC que está
llevando a cabo, donde ha establecido como uno de los principios que
deben orientar dicha simplificación asegurar la estabilidad en las
decisiones políticas acordadas en junio del año 2013.


Resulta necesario, en aras de la seguridad jurídica, dotar por
tanto al sector de una cierta estabilidad normativa para que los
agricultores no se enfrenten a un escenario cambiante continuamente y que
puedan planificar su actividad y disponer de un tiempo para adaptarse a
la nueva PAC. Por lo tanto, se desaconseja cualquier revisión
precipitada, más aún sin disponer de una experiencia en los resultados
obtenidos sobre los que basar esa revisión.


Recientemente, el Consejo de Ministros de la Unión Europea ha
aprobado unas conclusiones sobre simplificación de la PAC, en las que
recomienda a la Comisión centrar su atención en mejorar las orientaciones
para la práctica de la PAC, proporcionar asistencia técnica y facilitar
el intercambio de buenas prácticas entre administraciones, mientras que
se deja para una etapa posterior la simplificación de los reglamentos de
base, a la vista de la experiencia adquirida durante los primeros años de
plena implementación de la nueva PAC. Por tanto, no está prevista en
estos momentos una revisión intermedia de la PAC.


Señorías, el modelo aprobado en España es el resultado de un
intenso y dilatado proceso de diálogo, en el que han participado los
principales agentes implicados, fundamentalmente las comunidades
autónomas y representantes de los agricultores, y, por otros intereses
afectados, las organizaciones medioambientales o los proveedores de
medios de producción. En concreto se han alcanzado tres acuerdos en la
Conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural tanto para
definir la posición española en la negociación a nivel de la Unión
Europea en junio de 2012, como para el modelo de aplicación de la reforma
de la PAC en España en julio de 2013 y enero de 2014. Además, se ha
mantenido un elevado número de reuniones a nivel técnico y de directores
generales y con grupos de alto nivel, para asuntos concretos como la
regionalización, el agricultor activo, ayudas acopladas, etcétera, y
paralelamente con todas las organizaciones sectoriales representativas.
Por tanto, señoría, ni oscurantismo ni falta de participación, sino más
bien todo lo contrario. Además, las posibilidades de revisión de las
decisiones adoptadas en los diferentes ámbitos vienen reguladas en el
Reglamento de pagos directos, no siendo posible para los Estados miembros
efectuar modificaciones de manera unilateral en cualquier momento.


La moción propone una serie de medidas concretas. Con respecto a
la primera le diré que la reducción que proponen de los pagos se recoge
en el artículo 11 del Reglamento UE 1307/2013 de pagos directos. El
importe de 150 000 euros se refiere al pago básico y no a todos los pagos
directos. Por lo tanto, la propuesta, tal y como está planteada, no es
compatible con la normativa comunitaria. En España se ha optado por
aplicar disposiciones específicas para entidades asociativas, para que el
cómputo se realice a nivel individual, así como en el caso de las
explotaciones en régimen de titularidad compartida. Estas decisiones
fueron notificadas a la Comisión antes del 1 de agosto de 2014, como era
preceptivo, y, en principio, no está prevista en la normativa comunitaria
ninguna posibilidad de revisión.


Con respecto a la cuestión que plantea sobre la ampliación de las
ayudas acopladas hasta alcanzar el 15 %, cabe señalar que el presupuesto
destinado a las ayudas acopladas no supone un incremento de la dotación
financiera asignada a España, sino que su financiación debe realizarse en
detrimento de los demás pagos, fundamentalmente del pago básico. La
selección de los sectores beneficiarios de estas ayudas, su justificación
y nivel de apoyo es el resultado de un minucioso análisis sectorial
realizado en el marco del Grupo de Alto Nivel creado para este fin. Por
lo tanto, supone una solución equilibrada que tiene en cuenta los
intereses de los sectores más vulnerables, como son los del conjunto del
sector agrario. En este caso la normativa comunitaria sí prevé una
revisión en el año 2016 para su aplicación a partir de 2017. El acuerdo
de la Conferencia sectorial de enero de 2014 ya contempla que esa
revisión se llevará a cabo antes del 1 de julio de 2016, y se realizará
un seguimiento de todos los sectores, como se ha venido haciendo con
normalidad.


Por otra parte, plantea la revisión de la definición del
agricultor activo. La definición del agricultor activo se basa en los
criterios obligatorios que establece el Reglamento 1307/2013 en su
artículo 9.2. Es decir, la lista negativa de actividades excluidas se
contempla con unos criterios adicionales de exclusión en base a lo
dispuesto en el artículo 9.3 del reglamento para aquellos casos en que el
solicitante no se encuentre en dicha lista negra pero su actividad
agraria sea insignificante o no constituya actividad principal.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora MOYA MORENO: España precisamente es uno de los países
que más fuerte ha apostado por orientar las ayudas a los agricultores que
realmente realicen actividades productivas. La definición de agricultor
activo llega hasta el límite de lo permitido en la normativa comunitaria
y la compatibilidad con las normas de la Organización Mundial de
Comercio.


También plantean revisar la definición de superficie
elegible.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora MOYA MORENO:






Termino, señor presidente.


Me refería a las 38 000 hectáreas elegibles, que finalmente se han
quedado en 23 000, con lo cual usted sabe perfectamente cómo hubiese sido
la distribución de las ayudas y cómo habrían bajado.


También establece criterios para las zonas con limitaciones
naturales. Es una de las cuestiones que hay que ver, pero de hecho
reciben desde el segundo pilar de la PAC.


En definitiva, señorías, no vamos a aceptar la moción que presenta
el Grupo Parlamentario Socialista por una razón muy sencilla, y me voy a
referir...


El señor PRESIDENTE: Termine, senadora Moya, por favor.


La señora MOYA MORENO: Termino ya, señor presidente.


...a lo que ustedes hablaban de establecer un modelo uniforme. Yo
creo que se ha establecido un modelo uniforme de la aplicación de la
PAC…


El señor PRESIDENTE: Senadora Moya, ha pasado dos minutos más del
tiempo que tiene. (Rumores). Yo suelo ser muy tolerante con los tiempos,
pero es que se está excediendo demasiado.


La señora MOYA MORENO: Muy bien, señor presidente, termino.


No vamos a aceptar esta moción porque las propuestas concretas que
plantea o bien están en marcha u otras son incompatibles con la normativa
comunitaria.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Moya.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Socialista tal y como ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231;
votos emitidos, 231; a favor, 68; en contra, 138; abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DEL
PUEBLO SAHARAUI.


662/000197

GPV


El señor presidente da lectura al punto 5.3.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la última moción.
(Rumores).


A esta moción se han presentado tres enmiendas: dos del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal, y
otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya—.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra por tiempo de
quince minutos el senador Anasagasti. (Rumores).


Espere, señor Anasagasti, hasta que haya silencio en el hemiciclo.
(Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Cuando quiera, señoría, puede empezar su intervención.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Sí, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario presenta esta moción por tres razones.
(La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). La
primera porque en noviembre se conmemora el 40 aniversario de la famosa
Marcha Verde que conculcó los derechos del pueblo saharaui, quitándoles,
por aquella iniciativa del rey Hasán II, la posibilidad de que vivieran
en su propio territorio. En segundo lugar, porque España preside el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pro tempore. Y, en tercer lugar,
porque conocemos la sensibilidad del Partido Popular ya que llevamos
mucho tiempo con estas cuestiones y sabemos que, cuando estaba en la
oposición, siempre tenía como bandera el hecho de que el asunto saharaui
se tenía que resolver y no con un paño caliente, sino, fundamentalmente,
con el ejercicio del derecho de autodeterminación para al pueblo
saharaui.


Ya sé que posteriormente el ministro Margallo ha mantenido una
política de acercamiento continuo al rey de Marruecos, pero los derechos
del pueblo saharaui están ahí y hay compromisos históricos, morales y,
sobre todo, de coyuntura. Si se va a recordar en noviembre el 40
aniversario de aquella famosa Marcha Verde, no estaría nada mal que
España en el Consejo de Seguridad ayudara a solucionar un problema
enquistado en la historia.


El 27 de febrero de 1976, tras el abandono por parte de España del
hasta entonces llamado Sáhara español, el Frente Polisario, representante
único y legítimo de la población del Sáhara Occidental, proclamaba la
República Árabe Saharaui Democrática —RASD—. (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone,
señoría.


Señorías, guarden silencio, no se oye al portavoz.


Gracias.


Continúe.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señora presidenta.


Treinta y ocho años después, ningún Estado en el mundo reconoce la
anexión del Sáhara por parte de Marruecos y decenas de países, incluida
la propia Unión Africana, sí reconocen a la República Árabe Saharaui, lo
que no ha impedido que aproximadamente un 75 % de su territorio
permanezca militarmente ocupado aun cuando es manifiesta la ausencia de
cualquier título de soberanía de Marruecos sobre los territorios del
Sáhara Occidental.


Treinta y ocho años después, el del Sáhara Occidental parece un
conflicto olvidado que no interesa, que no está en definitiva en la
agenda de la comunidad internacional, al tiempo que las Naciones Unidas
se muestra incapaz de persuadir a Marruecos para que cumpla con la
legalidad internacional y se celebre un referéndum de
autodeterminación.


No obstante, más allá del derecho a la libre determinación del
pueblo saharaui y sus relaciones aún por definir con el Estado marroquí,
resulta necesario enfocar la mirada en la situación de derechos humanos
de la población que reside en los territorios del Sáhara Occidental,
convencidos de que ni en el Sáhara ni en cualquier otro lugar del planeta
podrá haber paz ni acuerdo político duradero sin verdad, sin justicia,
sin reparación y sin garantías de no repetición para las víctimas de las
violaciones de derechos humanos. Una violación particularmente odiosa son
las desapariciones forzosas o involuntarias que transgreden toda una gama
de derechos consagrados en la Declaración Universal y enunciados en los
pactos internacionales de derechos humanos y otros importantes
instrumentos internacionales de derecho humanitario, drama todavía
presente en la vida de muchas familias saharauis, desconocedoras del
destino de sus seres queridos y atenazadas por un dolor y sufrimiento
indescriptibles por una herida que no han podido cerrar aún. Véase al
respecto el excelente trabajo MEHERIS: La esperanza posible: Fosas
comunes y primeros desaparecidos saharauis identificados, de Carlos
Martín Beristain y Francisco Etxebarria Gabilondo, que recoge los
hallazgos realizados por un equipo de investigación forense en el
laboratorio genético de la Universidad del País Vasco sobre un caso de
personas saharauis desaparecidas.


La búsqueda de la verdad, las iniciativas de justicia, la
reparación y las garantías de no repetición, además de obligaciones
jurídicas vigentes, contribuyen de forma interrelacionada como parte de
una misma política integrada y con enfoque de género al reconocimiento de
las víctimas como elemento esencial para cualquier futuro político que se
pueda diseñar mediante el diálogo y el acuerdo entre las partes en el
marco de las iniciativas llevadas a cabo por Cristopher Ross, enviado
personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara
Occidental, que en próximas fechas dice que comenzará una nueva gira.
(Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, si no
guardan silencio, no se puede escuchar al portavoz. Los que quieran
hablar, por favor, salgan del hemiciclo, si no, no podremos continuar el
debate.


Continúe, señoría.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señora presidenta.


Como señala con acierto Pablo de Greiff, Relator Especial de la
ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición, que recientemente visitó el Estado español,
después de situaciones de represión y conflicto, incluso en situaciones
de conflicto en curso en las que no cabe siquiera hablar de transición,
los Estados tienen las obligaciones jurídicas permanentes contraídas en
virtud del derecho internacional de aplicar medidas que realicen el
derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no
repetición. Lo estamos viendo estos días en Venezuela con la presencia de
Felipe González en Caracas. Aquí se ha alabado la iniciativa del
presidente González de estar presente en Caracas de una manera discreta,
ponderada y prudente, tratando de que se hiciera justicia con los
encarcelados por el chavismo. Aquí se aplaude una situación como la de
Venezuela; sin embargo pediríamos también que se tenga en cuenta y en
consideración la situación de represión que están viviendo personas
saharauis y en este momento en huelga de hambre.


El tema saharaui es muy delicado y muy cercano. No olvidemos que
todos los veranos hay niños saharauis que pasan parte de esas vacaciones
en familias españolas. Por tanto, es un tema que tiene muchísimas
implicaciones y, sobre todo, la más importante que es la implicación
humana, porque hay una deuda histórica y moral con aquel pueblo y ha
llegado el tiempo de que se haga justicia.


Estos cuatro elementos no solo son una cuestión de empatía hacia
las víctimas, que también, como demuestra la experiencia internacional en
conflictos pasados y presentes, sino que también en el Sáhara Occidental
es preciso hacer frente a las violaciones manifiestas de los derechos
humanos padecidas por la población civil saharaui bajo administración
marroquí.


El citado trabajo de Beristain y Etxeberría y la reciente admisión
por parte del juez Pablo Ruz de la ampliación de la querella por
genocidio contra el pueblo saharaui, a partir del descubrimiento de las
fosas comunes en las que fueron hallados ocho cadáveres, algunos con
documentación española, constituyen pasos firmes en la necesaria
dirección de justicia y reparación para las víctimas. Esta es una razón
más entre las otras miles y miles de víctimas del planeta para defender
el principio de jurisdicción universal y oponerse a la reforma que limita
la facultad de las y los jueces españoles de investigar y enjuiciar los
graves crímenes de derecho internacional que atentan contra la dignidad
humana y contra la propia comunidad internacional.


Por esta razón, el Grupo Vasco ha presentado esta moción, que es
una moción sencilla. Nosotros no hemos querido irnos por las ramas,
simplemente hemos querido poner negro sobre blanco la situación que
ocurrió hace cuarenta años con aquella Marcha Verde, con aquellos
acuerdos de Madrid, con aquella vergonzosa salida por parte española del
Sáhara y dejar aquello en manos de Marruecos, que se hizo nada menos que
con todo el territorio saharaui, e incluso de Mauritania, y con una
situación absolutamente impresentable de poblaciones que llegan a
las 150 000 personas viviendo en Tinduf, en el Sáhara, a unas
temperaturas de 50 grados centígrados.


¿Es, pues, un tema político? Sí, pero fundamentalmente es un tema
humano. Tenemos la obligación de tratar de resolver este tema humano. Por
eso, nosotros simplemente hemos contado, en primer lugar, lo que ocurrió
hace cuarenta años; en segundo lugar, hemos recordado la responsabilidad
que tiene España como antigua potencia colonizadora y, en tercer lugar,
queremos decir que España, en este momento, tiene la magnífica
oportunidad, al estar presente en el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, de mover este tema. España está moviendo otros temas, como el de
Sudán, Siria u Oriente Medio, pero tiene también la obligación de mover
este asunto. Nosotros pedimos al Gobierno que inste al representante
español en el Consejo de Seguridad que mueva este tema, que se está
pudriendo.


¿Qué se espera, que el Sáhara se muera o que reaccione militar y
violentamente e, incluso, con terrorismo? No queremos nada de eso;
fundamentalmente queremos que se cumpla la resolución de Naciones Unidas.
Uno de los grandes debates de la guerra de Irak fue que no se cumplían o
se dejaban de cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. Aquí hay un
acuerdo de Naciones Unidas que se tiene que cumplir, como se tiene
cumplir en el Oriente Medio con el tema palestino porque si no, la
legalidad internacional, conculcada reiteradamente, va a significar que
cualquier iniciativa internacional no sirva absolutamente para nada. Lo
que prima aquí, una vez más, es la ley de la fuerza, es la ley de los
intereses, es la ley del poder. Por tanto, nosotros sabemos que el
Partido Popular lleva mucho tiempo trabajando en estos temas, conocíamos
cómo criticaba a Trinidad Jiménez cuando era ministra de Asuntos
Exteriores y apareció en aquella fotografía en aquellos actos en pro del
pueblo palestino en Madrid, y cómo le afeaba el Partido Popular a
Trinidad Jiménez el hecho de que había cambiado por razones de Estado,
las tremendas razones de Estado que no están en ninguna Constitución. Son
los intereses de Estado, los intereses de no mover demasiado el arbolito
porque son pequeños porque si, en lugar de saharauis débiles,
empobrecidos y casi sin futuro, tuviéramos ahí una potencia veríamos cómo
se iba a mover toda esta situación.


Por todo ello, nosotros pedimos a esta Cámara que, recordando
el 40 aniversario, recordando la presencia española en el Consejo de
Seguridad y recordando lo que han votado en el pasado todos los grupos
parlamentarios a favor del pueblo saharaui, aprueben también esta
moción.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto
tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


El señor Mariscal y yo hemos presentado dos enmiendas. La primera
plantea que la Minurso asuma la misión de velar por los derechos humanos
de la población saharaui en los territorios ocupados. El Sáhara tiene
otorgada por Naciones Unidas la calificación jurídica internacional de
territorio no autónomo, sin que se reconozca a ningún Estado, por la
renuncia de España, la condición de potencia administradora. Marruecos es
la potencia ocupante que no puede, conforme al derecho internacional, ni
beneficiarse de las riquezas naturales del territorio —la pesca y
los fosfatos—, ni aplicar su legalidad interna, que ya es de por sí
cuestionable por no responder a estándares democráticos.


Señorías, Amnistía Internacional constata, en primer lugar, la
limitación de la libertad de expresión de quienes defienden el derecho a
la autodeterminación. En segundo lugar, la prohibición de manifestaciones
y uso excesivo de la fuerza. En tercer lugar, denuncias de torturas y
malos tratos nunca investigados. En cuarto lugar, que tribunales
militares son los que juzgan a civiles saharauis y, en quinto lugar,
desapariciones a lo largo de los años setenta, ochenta y noventa nunca
investigadas —a las que también hacía referencia el senador
Anasagasti—. Por otra parte, en este momento, Takbar Haddi,
saharaui residente en Canarias, se encuentra en huelga de hambre para
reclamar el cadáver de su hijo de 21 años, muerto en las cárceles
marroquíes.


Ante esta realidad, ¿qué hace la Minurso, la misión de Naciones
Unidas desplegada en los territorios? Tengo aquí un informe elaborado
hace unos años por una delegación de juristas comisionada por la Comisión
de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española en misión
de observación en los juicios que se desarrollan contra presos políticos
saharauis en el Sáhara Occidental, que concluye en los siguientes
términos en relación con la Minurso: la actuación de la misión de
Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, Minurso, es
inexistente. No acude a los juicios aunque los acusados se encuentren
incluidos en el censo de votantes elaborados por la propia Minurso, y
parece acatar calladamente las órdenes de la policía cuando les prohíben
acceder a la zona del tribunal. Asimismo, se ha podido observar a sus
componentes asistir pasivamente a las agresiones de la policía marroquí
contra la población saharaui, manteniendo su inactividad en todo momento.
Y, por desgracia, continúa detallando una larga relación de hechos.
Probablemente, esta sea la misión más inútil de los despliegues que ha
realizado Naciones Unidas. En algunas ocasiones se ha denunciado que
pareciera que los miembros de la Minurso se encuentran en el Sáhara
Occidental para disfrutar de sus playas y de las instalaciones hoteleras
que sobre los territorios ocupados las empresas marroquíes, en algunos
casos en colaboración con empresas españolas, han estado
construyendo.


La segunda enmienda plantea que España denuncie la declaración de
principios firmada entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara
Occidental firmada en Madrid el 14 de noviembre de 1975, y que se
publiquen ya los anexos secretos de las mismas, de los que ya se sabe
algo en relación con las cuestiones económicas. Estos acuerdos son
ilegales, pues no son reconocidos por Naciones Unidas. Estos acuerdos son
ilegales porque los suscribieron tres regímenes autoritarios: el
franquismo agonizante en aquella fecha, la dictadura existente entonces
en Mauritania y el régimen autocrático del rey Mohamed VI en Marruecos.
De hecho, Mauritania ya se apeó de estos acuerdos y renunció a los
territorios sobre el Sáhara Occidental que los mismos le concedían.


Por lo tanto, ya es hora de que, en esa revisión de nuestro pasado
reciente, la democracia española condene un acuerdo internacional,
adoptado por la dictadura franquista, que vulnera todas las normas del
derecho internacional y de que lo haga de forma solemne denunciando este
tratado.


Como ha manifestado con todo acierto el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco, el señor Anasagasti, España se comportó de forma
vergonzosa con el abandono de los saharauis, con su entrega al Gobierno
de Marruecos, algo que hizo con la abdicación de sus obligaciones como
potencia colonizadora de estos territorios. Asumamos en este momento esa
responsabilidad y hagamos justicia histórica y, sobre todo —lo que
es más importante—, justicia presente.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Muchas gracias, señora presidenta.


Avanzo ya que compartimos el espíritu de la moción presentada por
el senador Anasagasti en nombre del Grupo Parlamentario Vasco. Es
necesario hallar una solución para el pueblo saharaui, buscar una
solución política, legal y jurídica a la situación del Sáhara Occidental
y, por tanto, es necesario, entre otras cosas, que se cumpla la
Resolución 3458, de diciembre de 1975.


Pero entendemos que no solo ha de cumplirse esa resolución, sino
que debe adoptarse cualquier solución para el Sáhara Occidental teniendo
en cuenta el contexto de la legalidad internacional y el marco que
precisamente establece Naciones Unidas. Naciones Unidas ha ido acordando
y tomando una serie de resoluciones con posterioridad a 1975 sin que se
desvirtúen ni el espíritu ni la letra de dicha resolución, y, entre
otras, entendemos que debe respetarse la Resolución 2218, de abril
de 2015, para hallar una solución que respete los intereses del pueblo
saharaui y se tenga en cuenta a las partes y los acuerdos
internacionales. El punto 7 de esta resolución dice: «Exhorta a las
partes a que continúen las negociaciones bajo los auspicios del
Secretario General, sin condiciones previas y de buena fe, teniendo en
cuenta los esfuerzos realizados desde 2006 y los acontecimientos
posteriores, con miras a lograr una solución política justa, duradera y
mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del
Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios
y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y haciendo notar la
función y las obligaciones que incumben a las partes a este respecto». Y
el punto 8 señala: «Invita a los Estados Miembros a que presten la
asistencia adecuada para esas conversaciones».


Señorías, entendemos que lo correcto sería que el acuerdo que
adoptemos hoy en esta Cámara, en el Senado de España, atienda a la
posición de las Naciones Unidas, que evidentemente compartimos, y eso es
lo que debería aplicar el Consejo de Seguridad. Por tanto, compartiendo
el espíritu y la letra de la moción, creemos que podíamos ampliar su
contenido para ofrecer todas las garantías y situarnos en el marco
establecido por el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas.


Espero que el senador Anasagasti acepte nuestra enmienda. En
cualquier caso, aunque ya avanzo el voto favorable del Grupo
Parlamentario Entesa a la moción, pensamos que quedaría más completa y
que entraríamos en la vía de la solución que Naciones Unidas está
defendiendo.


Gracias, señorías. Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para indicar si acepta las enmiendas, tiene la palabra el senador
Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Nuestro grupo parlamentario acepta las enmiendas, tanto las
presentadas por el senador Jesús Iglesias como la formulada por el
senador Sabaté, porque efectivamente completan esta iniciativa. Lo cierto
es que hemos querido presentar una iniciativa muy sencilla con vistas a
que fuera aprobada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
Teniendo en cuenta que el otro día el señor Sabaté formuló una pregunta
al ministro García-Margallo y este le contestó: Todo lo que venga del
señor Sabaté nosotros lo consideramos con mucho respeto e interés, espero
que esta iniciativa, que nosotros vemos con mucho respeto e interés,
también le parezca lo mismo al Grupo Parlamentario Popular.


Y fíjense, el senador Iglesias me ha dicho algo que considero
importante en política. Decía: He presentado dos enmiendas; si crees que
para que el Grupo Popular pueda aceptar esta moción monda y lironda tengo
que retirarlas, lo haría, porque lo importante es que se tome en cuenta
que este año se cumplen, desgraciadamente, cuarenta años de aquella
famosa Marcha Verde, y que se empiece a encarrilar el tema de una vez por
todas y se dé un aldabonazo para que se mueva el asunto del Sáhara.


Por tanto, lógicamente mi grupo parlamentario va a aceptar estas
enmiendas.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


¿Turno en contra? (Pausa).


Turno de portavoces.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Mendizabal.


La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señora presidenta.


Nuevamente se ha traído a este Pleno el tema del Sáhara
Occidental, algo necesario, y al mismo tiempo, previsible en este
año 2015 por ser una fecha señalada. Tal como se dice en el texto de la
moción, y acaba de repetir el senador Anasagasti, próximamente tendrá
lugar el 40 aniversario de los infames tratados de Madrid por los que el
Estado español, incumpliendo la legalidad internacional, otorgó bajo su
responsabilidad el control de los territorios a Marruecos y a Mauritania.
Además estamos ante el 45 aniversario de los graves sucesos de junio
de 1970, sucesos que no deberíamos olvidar, cuando tropas españolas
abrieron fuego contra manifestantes pacíficos saharauis, matando a un
número indeterminado de ellos, y deteniendo posteriormente a los
dirigentes del Movimiento Nacional de liberación, entre ellos al señor
Basiri, todavía desaparecido. Todo ello en un año en el que España se
vuelve a sentar como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.


Por tanto, no es de extrañar que el tema del Sáhara Occidental
irrumpa nuevamente en esta Cámara, porque España fue parte del problema y
debe ser parte activa de la solución. Sin embargo hasta ahora ningún
Gobierno ha querido reparar la injusticia que cometió el último Gobierno
franquista. En este sentido consideramos que el texto presentado por el
Grupo Vasco puede contribuir a la resolución justa que se pretende, y por
ello mi grupo va a apoyar esta moción, porque realmente entendemos que lo
que se plantea en el texto presentado es una moción de mínimos
perfectamente asumible por el Gobierno, ya que lo que se pide es el
cumplimiento de lo ya acordado y que se trabaje intensamente.
Lamentablemente en esta Cámara ya hemos conocido un no del Grupo Popular
a una propuesta de justicia de mínimos para con el pueblo saharaui y su
justa causa; un hecho lamentable porque, repito, el Estado español fue
parte del problema y debe ser parte muy activa de su solución.


Señores del Grupo Popular, hoy tienen una nueva oportunidad para
solucionar este problema.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra la senadora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas
tardes, señorías.


Como no puede ser de otra forma, Coalición Canaria quiere expresar
su apoyo a la moción presentada por el señor Anasagasti en nombre del
Grupo Vasco, y además, le felicita por la oportunidad de hacerlo justo
este año, cuando en noviembre se cumple el 40 aniversario de la Marcha
Verde que dio lugar a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental ante la
pasividad del Gobierno de España de aquel entonces. Recordemos que era el
final de la dictadura en este país; en aquel momento se produjo, ante la
mirada de todos los observadores internacionales, esa invasión que aún
continúa siendo realidad.


Por ello quiero felicitarle, señoría, porque efectivamente esta es
una magnífica oportunidad para que el Gobierno de España, que va a
presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas próximamente, asuma
esa deuda histórica que tenemos con África, y especialmente con el Sáhara
Occidental y con el pueblo saharaui.


Como saben, en Canarias tenemos una relación de vecindad con el
Sáhara y una estrecha relación entre ambos pueblos, el saharaui y el
canario, y son muchas las familias canarias que incluso vivían en el
Sáhara cuando se produjo la Marcha Verde, y somos conocedores de las
penurias y las injustas situaciones en las que viven las familias
saharauis, muchas de ellas rotas desde hace cuarenta años cuando se
produjo esta invasión.


Señorías, en este sentido —termino, señora presidenta—
quiero hacer constar en este Parlamento que son numerosas las iniciativas
que hemos tenido en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento de
Canarias, y es penoso que después de cuarenta años sigamos debatiendo
sobre este tema ante una injusta situación que además es reconocida de
forma irregular e ilegal por todo el derecho internacional y supone una
gran impotencia no poder resolver esta situación. Desde luego si el
pueblo saharaui fuese otro y tuviera una posición de mayor poder en el
contexto internacional este tema no estaría hoy como está.


Quiero solamente hacer una mención a una declaración institucional
del Parlamento de Canarias porque muchos temas tienen que ver con lo que
aquí se está discutiendo, pero sobre todo uno de sus apartados que es el
que voy a reiterar, el de condenar toda violencia y menoscabo de los
derechos fundamentales de las personas que están en el territorio
saharaui. Es importante, y así lo puso de manifiesto un informe del Alto
Comisionado de los Derechos Humanos que se elaboró en el 2006 en donde
reclamaba a Naciones Unidas que se implicara en la preservación del
derecho de reunión, de asociación y de manifestación del pueblo saharaui,
y también recientemente ha habido un informe de Amnistía Internacional
recordando que en estos momentos en este territorio se producen torturas
y que internacionalmente tenemos que responder ante ellas.


También quería solidarizarme, por supuesto, con la situación de
una madre saharaui, Takbar, que está en huelga de hambre desde el 15 de
mayo en la Palmas de Gran Canaria ante el asesinato de su hijo pidiendo
que se le devuelva su cadáver y que se produzca una investigación
imparcial sobre los hechos acontecidos que condujeron a su muerte.


Por lo tanto, nos sumamos a esta moción y solicitamos también al
Grupo Popular que, como lo ha hecho en otras ocasiones cuando no estaba
gobernando, también se sume a esta iniciativa y entre todos contribuyamos
a resolver esta injusta situación del pueblo saharaui.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Senadora Capella i Farré, tiene la palabra.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.


Señorías, de nuevo estamos ante otra moción en relación con el
Sáhara Occidental.


L’Estat espanyol té unes obligacions i responsabilitats
directes dimanants del dret internacional. Continua sent potència
colonitzadora i administradora. L’Estat espanyol no pot ni ha
d’eludir la seva responsabilitat respecte a la situació que està
patint el poble sahrauí. Per una banda, l’ocupació del seu
territori, sotmès a més a més a un clima de repressió política i social,
on es produeixen de forma continuada violacions dels drets humans. Al
mateix temps, s’està intensificant la colonització per part del
Marroc amb la finalitat o com a objectiu principal d’alterar el que
ha de ser el resultat del futur referèndum d’autodeterminació que
necessàriament ha de produir-se, perquè existeix un mandat clar i
explícit dimanant de les resolucions de Nacions Unides.


D’altra banda, s’està produint el desplaçament i
desterrament d’una bona part de la ciutadania cap a camps de
refugiats, que es troben en territori algerià i que se sustenten per la
cooperació internacional, perquè resulta insostenible la supervivència al
desert i perquè estan mancats de tots els recursos, no tenen recursos de
cap tipus, entre ells, tampoc de recursos hídrics. La cooperació
espanyola en aquest moment és francament millorable. Així ho vam
denunciar en aquesta tribuna d’oradors l’abril de l’any
passat.


L’Estat espanyol ha d’insistir-hi —ho hauria de
fer, és la seva obligació— a nivell bilateral i també multilateral,
des de la Unió Europea i des de Nacions Unides, més ara en aquest temps,
per tal que es doni compliment a les resolucions de Nacions Unides,
exigint-ne el compliment i també el respecte dels drets humans. En
definitiva, ho deia abans, Espanya ha d’assumir la seva
responsabilitat, complir amb les seves obligacions, amb la seva
responsabilitat històrica i ètica que té amb el Sàhara Occidental. La
situació actual, com deia abans, és insostenible, el silenci no fa res
més que convertir-nos en còmplices del que està passant, i massa sovint
importants dirigents de partits polítics espanyols han fet promeses al
poble sahrauí, promeses incomplertes que han permès que el conflicte
sigui encara una realitat. El novembre de 1976, un important dirigent
polític espanyol que va esdevenir president del govern espanyol durant
molt temps, deia als camps de refugiats de Tindouf: Vuestra experiencia
es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. Yo quiero, por
consiguiente, no prometeros algo sino comprometerme con la historia.
Estaremos con vosotros hasta la victoria final.


Des d’Esquerra Republicana de Catalunya, ho hem estat
sempre, al costat del poble sahrauí, i sí, continuarem estant al costat
del poble sahrauí fins a la victòria final. Per aquests motius, i per
tots els motius que hem anat invocant cada vegada que hem parlat del
poble sahrauí, nosaltres donarem suport a aquesta moció.


Gràcies.


El Estado español tiene unas obligaciones y responsabilidades
directas emanadas del derecho internacional ya que sigue siendo potencia
colonizadora y administradora. El Estado español no puede ni debe eludir
su responsabilidad respecto a la situación que está sufriendo el pueblo
saharaui. Por un lado la ocupación de su territorio se suma a un clima de
represión política y social donde se producen de forma continuada
violaciones de los derechos humanos y al mismo tiempo se está
intensificando la colonización por parte de Marruecos con la finalidad de
alterar lo que debe ser el resultado del futuro referéndum de
autodeterminación que necesariamente debe producirse porque existe un
mandato claro y explícito emanado de las resoluciones de las Naciones
Unidas.


Por otro lado, se está produciendo el desplazamiento y destierro
de gran parte de la ciudadanía hacia campos de refugiados que se
encuentran en territorio argelino y que se sustentan por la cooperación
internacional, porque resulta insostenible la supervivencia en el
desierto y porque no tienen recursos de ningún tipo, entre ellos tampoco
recursos hídricos. La cooperación española hoy por hoy es francamente
mejorable. Así lo denunciamos en esta tribuna de oradores en el mes de
abril del año pasado.


El Estado español debe insistir —debería hacerlo, es su
obligación— a nivel bilateral y multilateral desde la Unión Europea
y desde Naciones Unidas, y más aún en estos momentos, en que se dé
cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas y exigiendo también el
cumplimiento y el respeto de los derechos humanos. En definitiva, como
decía antes, España debe asumir su responsabilidad histórica y ética que
tiene con el Sáhara Occidental. Como decía antes, la situación actual es
insostenible. El silencio no hace otra cosa que convertirnos en cómplices
de lo que está sucediendo. Demasiadas veces importantes dirigentes de
partidos políticos españoles han realizado promesas al pueblo saharaui
que luego no han sido cumplidas y han permitido que el conflicto sea aún
hoy una realidad. En noviembre de 1976 un importante dirigente político
español, que se convirtió en presidente del Gobierno español durante
mucho tiempo, decía en los campos de refugiados de Tinduf: Vuestra
experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. Yo
quiero, por consiguiente, no prometeros algo sino comprometerme con la
historia. Estaremos con vosotros hasta la victoria final.


Esquerra Republicana de Catalunya hemos estado siempre al lado del
pueblo saharaui, y sí, seguiremos estando a su lado hasta la victoria
final.


Por estos motivos y por todos los demás que hemos ido invocando
cada vez que hemos hablado del pueblo saharaui, vamos a dar apoyo a esta
moción.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


El principal problema del pueblo saharaui sigue siendo España y
los condicionantes de nuestra política exterior, nuestro marco de
relaciones con Marruecos, ese marco que desde la perspectiva económica
hace que muchas de nuestras empresas hayan encontrado en ese país el
lugar de asentamiento de las maquilas —como las que hay en
Centroamérica, en América Latina y en el norte de África en este
caso—, unos lugares de producción y de ensamblaje que resultan más
baratos que el desarrollo de esas actividades en nuestro país.


El segundo problema es la capacidad de presión de Marruecos sobre
nuestro país a través de los flujos migratorios. Esa es una constante, y
ante cualquier conflicto de España con Marruecos la respuesta del régimen
marroquí es esta: hacer más permeables sus controles, sus barreras ante
la inmigración y facilitar y propiciar la presión sobre Ceuta y Melilla.
En ambos casos se trata de cuestiones de política económica y exterior,
que son ajenas a los derechos humanos porque así lo decidimos como
sociedad y como colectivo político, porque supeditamos a esos intereses a
los del respeto a los derechos humanos que reivindicamos con gran
contundencia en otras ocasiones, cuando ello no afecta directamente a
nuestra seguridad o a nuestra cartera. Pero es necesario que en algún
momento seamos capaces de incorporar a las líneas maestras de la acción
exterior, más aún en un caso en el que tenemos una implicación tan
directa como es esta, el priorizar el respeto a los derechos humanos, el
respeto al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui sobre
cualquier otra consideración. Yo no tengo ninguna esperanza de que los
votos que hoy se produzcan en esa Cámara signifiquen un cambio de
prioridades.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchísimas gracias, señora
presidenta.


Ha habido algo en la tramitación de esta moción que me ha
preocupado. Generalmente el senador Chiquillo suele ser persona amable
que siempre está dispuesta a lograr algún tipo de acuerdo. Sin embargo,
estos días estaba desaparecido. Yo preguntaba por él, le iba a buscar,
pero estaba desaparecido. Ahora no, ahora está ahí, en el escaño.
(Risas). Eso me tiene mosca porque me da la impresión de que ustedes van
a votar que no.


Simplemente voy a recordarle algo que otro senador de su propio
partido decía, concretamente el senador Cosió, que ahora es director de
la Policía, es decir,no un cualquiera. A mí me encantaría que ustedes,
como grupo parlamentario, siguieran manteniendo lo que decía: Un partido
se tiene que presentar ante la sociedad manteniendo una coherencia con
los principios que defiende, y no la política del pequeño paso y la
política de coyuntura que condiciona todo lo demás.


Decía el PP, el señor Cosidó: «En nuestra opinión, incurre el
Gobierno —se refería al socialista, lógicamente— en que, por
un lado, mantiene un discurso en el que se apoya permanentemente el
derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, pero acto seguido se
niega a la posibilidad de un referéndum, tildándolo de imposible,
contraproducente, e, incluso, anunciando que la celebración de ese
referéndum generaría un grave conflicto en el área.» Señor Cosidó.
Partido Popular.


Y le traigo aquí, señor Chiquillo, porque usted sabe que yo tengo
una larga trayectoria parlamentaria, todas y cada una de las iniciativas
del Partido Popular apoyando el ejercicio del derecho a la
autodeterminación del pueblo saharaui. Me va a salir usted por peteneras
hablando de la coyuntura... Ya nos conocemos ese discurso. El otro día le
escuché hablando del genocidio armenio y me quedé absolutamente pasmado,
porque usted puso un énfasis y un calor en esa defensa que no se
encuentra en los parlamentos de Europa occidental.


Fíjese, en un artículo titulado The Responsability of the UN
Security Council in the Case of the Western Sahara, publicado en la
revista International Judicial Monitor, Hans Corell, el subsecretario
general para asuntos legales y exconsejero jurídico de Naciones Unidas,
señala tres posibles opciones para solucionar el conflicto del Sáhara
Occidental a la vista de las consideraciones del secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, en su informe al Consejo relativo a la situación en
este territorio. En dicho informe, de fecha 10 de abril del año pasado,
el secretario general de la ONU señalaba: «Dado que el Sáhara Occidental
está en la lista de territorios no autónomos desde 1963, los esfuerzos de
Naciones Unidas por conducto de mi enviado personal, mi representante
especial y la Minurso, Misión Especial de las Naciones Unidas para el
Referéndum en el Sáhara Occidental, seguirán siendo sumamente importantes
hasta que se determine el estatuto definitivo del territorio.» O sea, que
esta guerra tiene mucho recorrido.


En caso de no producirse progresos, el secretario general
consideraba que habría llegado el momento de que los miembros del Consejo
de Seguridad abordasen —Consejo de Seguridad, España presente en el
Consejo de Seguridad— una revisión integral del marco establecido
en abril de 2007 para el proceso de negociación entre las partes del
conflicto. Por tanto —plantea Corell—, la pregunta es: ¿Cómo
debe abordar ahora el Consejo de Seguridad la cuestión primordial, esto
es, cómo llevar a cabo la autodeterminación del pueblo saharaui? Este
proceso se ha prolongado durante décadas y las actuales negociaciones se
han convertido en una farsa que ha llegado a su fin. Es una cuestión
política que el Consejo tiene que tratar. Pero cualquier solución que se
adopte debe ser acorde con el derecho internacional. El Consejo
—señala Corell— debe considerar ahora opciones más radicales
que en el pasado. Entre ellas, las tres siguientes —fíjese qué
interesantes son las tres cuestiones que plantea el señor Corell—.
Primera, transformar la Minurso en una operación similar a la
Administración Transitoria de Naciones Unidas para Timor Este, que fue
investida de amplios poderes para la administración de Timor Oriental y
facultada para ejercer la autoridad legislativa y ejecutiva, incluida la
Administración de Justicia. Una iniciativa interesante.


Segunda, ordenar a España que lleve a término su responsabilidad
como potencia administradora del Sáhara Occidental. Pero, puesto que
España abandonó esa responsabilidad —un deber sagrado según el
artículo 73 de la Carta de la ONU— en 1976, esta opción, aunque
legal, puede no ser aconsejable, teniendo en cuenta además que España es
actualmente miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Pero el
problema con las dos opciones anteriores es que ambas requieren la
organización de un referéndum en el que el pueblo saharaui pueda ejercer
su derecho a la autodeterminación, lo cual significa que el proceso de
identificación de votantes, que ha sido un problema constante durante
años, seguiría siendo una complicación importante.


Y tercera, habida cuenta de que la cuestión del Sáhara Occidental
está en la agenda de las Naciones Unidas desde hace cuatro décadas, la
solución puede ser una tercera opción más radical: que el Consejo de
Seguridad reconozca al Sáhara Occidental como Estado soberano. A mí me
suena estupendo desde el punto de vista legal. Esta también sería una
opción aceptable y no privaría al pueblo saharaui de buscar una solución
diferente a su autodeterminación en el futuro, si así lo deseara. Esta
última opción requiere ante todo un gran esfuerzo para apoyar la creación
de capacidades para el autogobierno, a fin de evitar la formación de un
Estado fallido y los consiguientes peligros, especialmente, a la vista de
la situación de la seguridad en algunos países vecinos. Una solución a
este problema podría ser que el Consejo de Seguridad hiciera efectiva su
decisión con una antelación de unos cinco años, por ejemplo, y durante
ese periodo dotara a la Minurso con un mandato similar al otorgado a la
Untaet.


Hans Corell subraya que sugiere estas posibilidades como
soluciones a título estrictamente personal y con absoluta neutralidad,
sin otro interés que el respeto a la ley. Estas sugerencias están basadas
en su experiencia como juez y asesor jurídico durante muchos años en su
propio país, en Suecia, y más tarde como consejero jurídico de la ONU
durante una década; de hecho, en el año 2002, a petición del Consejo de
Seguridad, Hans Corell emitió un conocido dictamen relativo al Sáhara
Occidental sobre la legalidad de determinados actos de las autoridades
marroquíes, concretamente, la licitación y firma de contratos con
empresas extranjeras para la exploración de recursos minerales en dicho
territorio. El dictamen concluía que si se llevaban a cabo en el futuro
actividades de exploración y explotación sin tener en cuenta los
intereses y los deseos del pueblo del Sáhara Occidental, se estarían
violando los principios del derecho internacional aplicable a los
territorios no autónomos. Más tarde, Corell sostuvo que los acuerdos de
pesca, firmados por la Unión Europea y Marruecos en 2007, no eran
conformes con el derecho internacional en lo concerniente al Sáhara
Occidental.


La razón por la que Hans Corell plantea la cuestión del Sáhara
Occidental es que considera que estamos ante una situación en la que el
Consejo de Seguridad corre el riesgo de no llevar a término el
cumplimiento de su mandato, como le obliga el artículo 24 de la Carta de
la ONU, en la que se le encomienda la responsabilidad primordial de
mantener la paz y la seguridad internacional. En el pasado ha habido
deficiencias graves a este respecto, incluso casos en que los propios
miembros permanentes del Consejo han violado la Carta de la ONU, y esta
falta de respeto y defensa del Estado de derecho a nivel internacional
simplemente tiene que llegar a su fin. Hay que defender la autoridad de
Naciones Unidas, y el Consejo de Seguridad debe estar en la vanguardia de
esa defensa. Por tanto, es imperativo que en el tratamiento de la
cuestión del Sáhara Occidental el Consejo actúe con autoridad, con
determinación y de conformidad con la ley.


Finalizo, señora presidenta. Las palabras al respecto del senador
George McGovern son bien claras, y escúchenlas, por favor, que tiene su
interés: Lo que está en juego aquí es algo más que el destino de unos
cientos de miles de saharauis que viven bajo la ocupación militar
marroquí en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados en la
vecina Argelia. Como señalan los autores Zunes y Mundy, lo que en última
instancia está en juego es el sistema legal internacional posterior a la
segunda guerra mundial. Si al pueblo del Sáhara Occidental no se le
concede el derecho a elegir su propio futuro, incluyendo la opción de la
independencia, y se permite que Marruecos mantenga el dominio del
territorio, será la primera vez, desde la fundación de las Naciones
Unidas que la comunidad internacional consienta que un territorio no
autónomo reconocido sea anexionado a la fuerza sin el consentimiento de
la población, y la primera vez que se permita a un país ampliar su
territorio por la fuerza militar contra la voluntad de una población
sometida. Solo los territorios árabes todavía ocupados por Israel
desde 1967 permanecen bajo tal control extranjero hostil, y aunque la
resolución de este conflicto también lleva esperando mucho tiempo, al
menos ha llamado la atención de la comunidad internacional, mientras que
la situación similar en el Magreb se ha mantenido en una relativa
oscuridad.


Por eso nosotros hemos presentado esta moción. No creemos que sea
cualquier moción, sino una moción que el Partido Popular debería apoyar,
como siempre ha hecho cuando estaba en la oposición, porque simplemente
se trata de recordar lo que ocurrió hace cuarenta años, recordar que
tiene poder moral para hacerlo porque va a presidir el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas y porque los argumentos que va a utilizar el
señor Chiquillo no tienen nada que ver con la realidad, son intereses.
Señor Chiquillo, ya conozco su argumentación, y nos va a decir que no es
procedente, que los intereses españoles en relación con Marruecos...
¡Chanfainas! Aquí hay una resolución de Naciones Unidas que no se quiere
cumplir, ustedes han demandado al Partido Socialista en reiteradas
oportunidades que la cumplan, y ahora, como están ustedes en el Gobierno,
piensan de otra manera. Pero, seguramente, no estarán en el Gobierno
dentro de seis u ocho meses, y seguramente cambiarán de opinión.
Preferiría escuchar al señor Chiquillo dentro de siete meses que no lo
que va a decir en este momento.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyora presidenta.


Senyores i senyors senadors, d’entrada vull agrair al
senador Anasagasti la seva voluntat positiva, la seva sensibilitat, per
incorporar les esmenes, entre altres la que hem presentat el Grup de
l’Entesa.


Entenc que, tal com explicava en la defensa de l’esmena,
precisament la incorporació del respecte i del compliment de tots els
acords i totes les resolucions preses per Nacions Unides significa que
aquesta moció podria ser, entenc jo, perfectament consensuades. En
definitiva, són acords presos en el marc de Nacions Unides, resolucions
del Consell de Seguretat, del que avui, com s’ha dit reiteradament,
en forma part Espanya com a membre no permanent, i per tant això hauria
de possibilitar realment un acord d’aquesta cambra, del Senat
d’Espanya. Perquè realment Espanya tenim una responsabilitat,
derivada d’uns acords desastrosos, els acords de Madrid, de 1975.
Va ser un moment molt especial per a la història del nostre país, un
moment en què la dictadura estava finalitzant —el dictador, el
general Franco, estava agonitzant, de fet, moriria sis dies més
tard— i teníem un cap d’estat interí, el futur rei Joan
Carles, però mancat de tot tipus d’autoritat per poder prendre
decisions importants en aquest marc.


Va ser una solució vergonyosa per a la dignitat d’Espanya
com a estat sobirà la manera d’abandonar el Sàhara Occidental i va
ser una decisió desastrosa per al poble sahrauí, que el va condemnar a
una situació de marginalitat, en què va haver de fugir bona part de la
seva població, centenars de milers de persones, que encara avui estan
refugiats als camps de Tindouf. Realment, és una situació que exigeix
resposta, i Espanya, com s’ha dit, ha de ser una part important
d’aquesta resposta com a antiga potència colonitzadora i com la que
va auspiciar i participar en els acords de Madrid també amb el regne de
Marroc i Mauritània. (El senyor president ocupa la Presidència.)


La moció planteja el reconeixement del dret
d’autodeterminació del poble sahrauí, un dret que ha estat
reconegut també en diferents resolucions de Nacions Unides per als pobles
colonitzats i, per tant, es tracta que s’expliqui un principi de
validesa universal i que no es pot negar, en aquest cas, al poble del
Sàhara Occidental. Però necessitem, com deia en la defensa de
l’






esmena, una solució en el marc de Nacions Unides. Ha pres
resolucions, és cert, com deia el senador Anasagasti, que fins ara no han
estat eficaces, però el que hem d’aconseguir, precisament, és que
aquesta acció de Nacions Unides realment acabi concretant-se en
l’exercici d’aquest dret d’autodeterminació. Però
s’ha de fer passant per la missió de les Nacions Unides, la
Minurso, per al Sàhara Occidental, s’ha de fer a partir del diàleg
entre les parts, a partir del diàleg internacional i sense forçar les
solucions de manera violenta. Sobretot per una qüestió: per no
inestabilitzar la regió, entre altres. Som en una situació internacional
molt delicada, que hem debatut en aquesta cambra en altres moments, com
és precisament la inestabilitat de tota la zona del Magrib, que ve ja de
l’Orient Mitjà i arriba fins a l’Atlàntic, precisament a les
zones de Mauritània, el Marroc i el Sàhara Occidental.


Per tant, hauríem d’intentar que la posició al Consell de
Seguretat de Nacions Unides comporti una negociació que forci el regne de
Marroc a acceptar la solució del referèndum, una solució negociada, una
solució amb les potències implicades, entre altres, Espanya, que
finalment acabi en una solució pacífica, democràtica, que reconegui
aquest dret del poble sahrauí i acabi amb aquesta situació injusta, de
marginació, d’expulsió de centenars de milers de sahrauís que són
fora del país i del seu territori des de fa massa anys.


És per tant necessària una solució. Segurament no la donarà el
Senat d’Espanya, però seria important que el Senat d’Espanya
avui insti el nostre Govern, precisament membre del Consell de Seguretat
de Nacions Unides en aquest moment, perquè realment se li doni un impuls
definitiu. No és qüestió d’anar donant llargues, sinó de ser
resolutius, prendre decisions i impulsar-les cap endavant. Segurament el
marc de Nacions Unides podria ser, ha de ser, el marc adequat per
resoldre aquesta situació d’una manera satisfactòria. Per això, com
he anunciat abans ja, el nostre grup, l’Entesa pel Progrés de
Catalunya, votarà favorablement aquesta moció del Grup Basc en el Senat,
presentada pel senador Iñaki Anasagasti.


Gràcies, senyores i senyors senadors. Gràcies, senyor
president.


Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores senadores, ante todo me gustaría agradecer al
senador Anasagasti su voluntad positiva y su sensibilidad al incorporar
enmiendas, entre otras la presentada por el Grupo de la Entesa.


Entiendo que, tal y como explicaba en la defensa de la enmienda,
la incorporación del respeto y el cumplimiento de todos los acuerdos y
todas las resoluciones tomadas por las Naciones Unidas significa que esta
moción podría ser, entiendo yo, perfectamente consensuada. En definitiva,
son acuerdos tomados en el marco de las Naciones Unidas, resoluciones del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del que, como se ha dicho hoy
reiteradamente, forma parte España como miembro no permanente. Por lo
tanto, esto debería posibilitar un acuerdo de esta Cámara, del Senado de
España, porque realmente España tiene responsabilidad derivada de unos
acuerdos desastrosos, los acuerdos de Madrid de 1975. Fue un momento muy
especial de la historia de nuestro país; un momento en el que la
dictadura estaba finalizando —el dictador general Franco estaba
agonizando, murió seis días más tarde— y en el que nos encontramos
con un jefe de Estado interino, el futuro rey Juan Carlos, sin autoridad
para poder tomar decisiones importantes en este marco.


La decisión de abandonar el Sáhara Occidental fue una solución
vergonzosa para la dignidad de España; fue una decisión desastrosa para
el pueblo saharaui, que fue condenado a una situación de marginalidad y a
que gran parte de su población tuviera que huir, centenares de miles de
personas que hoy en día aún se encuentran refugiados en los campos de
Tinduf. Realmente, es una situación que exige respuesta, y España, como
se ha afirmado, debe formar parte importante de esta respuesta como
antigua potencia colonizadora y como la que, en cierto modo, auspició y
participó en los acuerdos de Madrid con el Reino de Marruecos y
Mauritania. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


La moción plantea el reconocimiento del derecho de
autodeterminación del pueblo saharaui, un derecho que ha sido reconocido
en distintas resoluciones de las Naciones Unidas para los pueblos
colonizados. Por lo tanto, se trata de aplicar un principio de validez
universal que no puede ser negado, en este caso, al pueblo del Sáhara
Occidental, pero necesitamos, como se decía en la defensa de la enmienda,
una resolución en el marco de las Naciones Unidas. Naciones Unidas ha
tomado resoluciones, aunque es verdad, como decía el senador Anasagasti,
que hasta ahora no han sido eficaces. Lo que debemos lograr precisamente
es que esta acción de las Naciones Unidas acabe concretándose en el
ejercicio de este derecho de autodeterminación, pero debe hacerse pasando
por la misión de las Naciones Unidas, la Minurso, para el Sáhara
Occidental, y a partir del diálogo entre las partes y del diálogo
internacional, sin forzar la solución de forma violenta, sobre todo por
una cuestión: por no inestabilizar la región. Nos encontramos en una
situación internacional muy delicada; una situación que hemos debatido en
esta Cámara en otras ocasiones, como es la inestabilidad de toda la zona
del Magreb, que va desde Oriente Medio hasta el Atlántico y las zonas de
Mauritania, Marruecos y el Sáhara Occidental.


Por lo tanto, deberíamos intentar que la posición en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas conlleve una negociación que fuerce al
Reino de Marruecos a aceptar la solución del referendo; una solución
negociada con las potencias implicadas, entre ellas España, que
finalmente desemboque en una solución pacífica, democrática y que
reconozca el derecho del pueblo saharaui y ponga fin a esta situación
injusta de marginación; esta situación de expulsión de centenares de
miles de saharauis que se encuentran fuera de su país y de su territorio
desde hace demasiados años.


A este respecto, es necesaria una solución. No la va dar
seguramente el Senado de España, pero sería importante que el Senado de
España inste a nuestro Gobierno, miembro precisamente del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas en estos momentos, para que realmente se le
dé un impulso definitivo. No es cuestión de demorarnos, sino de ser
resolutivos y de tomar decisiones e impulsarlas. Seguramente el marco de
las Naciones Unidas podría ser el adecuado para resolver esta situación
de forma satisfactoria. Por eso, como he anunciado antes, nuestro grupo,
el Grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya, va a votar a favor de
esta moción del Grupo Vasco en el Senado presentada por el senador Iñaki
Anasagasti.


Muchas gracias, señoras y señores senadores. Muchas gracias, señor
presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Sedó.


El señor SEDÓ ALABART: Gràcies, senyor president.


El nostre Grup Parlamentari de Convergència i Unió, votarà a favor
de la moció presentada pel senador Anasagasti en nom del Grup
Parlamentari Basc. Breument, els donaré alguns dels arguments pels quals
ho farem.


Primer, perquè al llarg de molts anys nosaltres hem defensat el
dret a l’autodeterminació del poble sahrauí. En tots els diversos
projectes de llei i mocions que s’han produït a les Corts Generals
espanyoles, així com les mocions i iniciatives que s’han pres al
Parlament de Catalunya, sempre hem reclamat el dret del poble sahrauí a
decidir el seu futur, el dret a l’autodeterminació. I, com ha dit
el senador Anasagasti, moltes d’aquestes iniciatives s’han
produït per unanimitat al Congrés dels Diputats. Per tant, no tindria
sentit avui que aquí el Senat no estigués a favor i donés suport per
unanimitat al dret a l’autodeterminació.


Ens agrada la moció per la considerem idònia en el temps. Estem
veient que aquest moment, en el quaranta aniversari de la Marxa Verda,
alhora que Espanya està al Consell de Seguretat de les Nacions Unides, és
idoni perquè Espanya, que té una responsabilitat sobre el problema del
Sàhara Occidental, prengui la iniciativa. I no la prenguem com de vegades
ho fem, que donem suport a una moció, la votem unànimement, reclamem el
dret del poble sahrauí a la seva autodeterminació, que reclamem el
respecte als drets humans —i després hi faré referència—,
sinó que prenguem mesures concretes. I ara, aprofitant la pertinença
d’Espanya al Consell de Seguretat de les Nacions Unides, és el
moment en què demanem que es prenguin mesures concretes per resoldre una
situació que està enquistada des de fa molts i molts anys. Ara és el
moment que Espanya pot adoptar una actitud positiva per intentar resoldre
aquest tema. Nosaltres creiem que això ha de basar-se en el reconeixement
del dret a l’autodeterminació, i ningú ens pot dir res.


Nosaltres hem reclamat l’exercici del dret a
l’autodeterminació i hem sentit durant molts mesos, en aquests
darrers anys, per part del Govern del Partit Popular, que el dret a
l’autodeterminació només es pot aplicar en casos de
descolonització, aplicant això que diuen vostès i que nosaltres podríem
discutir, no poden negar al poble sahrauí l’exercici del seu dret a
l’autodeterminació. Vostès ho diuen, i el senyor García-Margallo
s’ha fet un fart de repetir-ho en el darrer any. Per tant, no poden
no donar suport a aquesta moció que reclama el dret a
l’autodeterminació.


També crec que és important que puguem —com s’ha fet
en algunes de les esmenes i també a la moció— reclamar el respecte
als drets humans per part del Govern del Marroc. Una cosa és definir el
futur institucional, definir el futur del poble sahrauí i de les seves
institucions, i una altra, que hi va lligada, evidentment, és el
maltractament i el no respecte dels drets humans que aplica el Govern del
Marroc sobre la comunitat sahrauí des de sempre. No podem tancar els
ulls. No podem parlar d’interessos —que n’hi ha, i a
Catalunya en tenim molts, d’interessos, amb el poble del Marroc i
amb el Govern del Marroc—, però no podem tancar els ulls per
aquests interessos, per aquesta conjuntura política. De vegades ens
interessa tancar els ulls, però hem de dir clarament que el Govern del
Marroc està trencant sistemàticament el respecte als drets humans,
malversant els drets humans del poble sahrauí. No podem tancar els ulls i
no podem tancar la boca i restar callats amb això. No valen aquí els
interessos, per molt forts que puguin ser; ni comercials, ni polítics ni
econòmics. El Govern del Marroc ha de respectar els drets humans, i
Espanya té una responsabilitat perquè això sigui possible. Té
responsabilitat perquè tot això ve d’una mala descolonització en el
moment en què es va produir, com s’ha dit aquí. Evidentment, el
Marroc, que sempre juga al límit i juga a posar en situacions incòmodes
el Govern espanyol, va aprofitar el moment de la transició espanyola
—de fet no havia ni començat la transició, no s’havia mort el
dictador—, va aprofitar una situació d’impàs en la
governabilitat espanyola per poder atacar i fer-se fort al Sàhara
Occidental.


Per tant, hi ha un problema que afecta, i afecta molt, Espanya,
que és una descolonització mal feta. Espanya té la responsabilitat, i més
ara en el marc de les Nacions Unides, de trobar-hi una solució, que passa
perquè el poble sahrauí pugui exercir el seu dret a
l’autodeterminació, que passa perquè es compleixi la legalitat
internacional i que passa perquè les Nacions Unides, aplicant les
diverses resolucions que s’han anat fent, obligui el Marroc a poder
tirar endavant un referèndum per l’autodeterminació. I, sobre la
base del diàleg entre el Front Polisari, el poble sahrauí i el Govern del
Marroc, amb el suport de la comunitat internacional i les Nacions Unides,
i especialment d’Espanya i de la Unió Europea, cal que ajudin a
buscar un marc estable perquè el poble sahrauí tingui una sortida
institucional viable, creïble i basada en la legalitat internacional. Ara
és el moment en què ho podem fer i, per tant, nosaltres donarem suport a
aquesta moció del Grup Parlamentari Basc que insta el Govern —i per
tant, això ha de ser ràpid—, en el marc de la seva pertinença al
Consell de Seguretat de les Nacions Unides, a trobar una solució a un
problema que no va provocar Espanya però que, en certa manera, és
responsable de com va sortir. El poble sahrauí necessita que trobem
d’una vegada per totes una solució estable, respectant el seu
exercici a l’autodeterminació, basada en el diàleg i en la
legalitat internacional, i que pugui trobar, en les diferents fórmules
que ja les Nacions Unides han intentat proposar, una solució estable per
al poble sahrauí i el seu futur.


Moltes gràcies, i com ha he dit, votarem favorablement a la moció
del Grup Parlamentari Basc.


Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, va a votar a
favor de la moción presentada por el senador Anasagasti en nombre del
Grupo Parlamentario Vasco, y brevemente voy a darles algunos argumentos
por los que lo vamos a hacer.


En primer lugar, porque a lo largo de muchos años nosotros hemos
defendido el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui a través
de las diversas mociones y proyectos de ley que se han tramitado en las
Cortes Generales, así como en las mociones y otras iniciativas que se han
adoptado en el Parlamento de Cataluña. Siempre hemos reclamado el derecho
del pueblo saharaui a decidir su futuro, el derecho a la
autodeterminación, y, como también ha dicho el senador Anasagasti, muchas
de estas iniciativas se han aprobado por unanimidad en el Congreso de los
Diputados. Por tanto, no tendría sentido que hoy aquí, en el Senado, no
se mostrase este apoyo al derecho de autodeterminación de forma
unánime.


Nos gusta la moción porque la consideramos muy idónea en el
tiempo. Consideramos que hoy, en el 40 aniversario de la Marcha Verde,
cuando España está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es
un momento idóneo para que España, que tiene una responsabilidad sobre el
problema del Sáhara Occidental, tome la iniciativa. Pero no la tomemos
como a veces podemos hacer, que apoyamos una moción, la aprobamos
unánimemente y reclamamos el derecho del pueblo saharaui a su
autodeterminación, reclamamos el respeto a los derechos humanos
—luego me extenderé sobre ello—, sino que adoptemos medidas
concretas. Ahora, aprovechando la pertenencia de España al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, es el momento de que se tomen medidas
concretas para resolver una situación que está enquistada desde hace
muchos años. Ahora es el momento en que España puede adoptar una actitud
positiva para intentar resolver este tema, que nosotros creemos que debe
basarse en este principio de reconocimiento del derecho a la
autodeterminación.


Nosotros siempre hemos reclamado el ejercicio del derecho a la
autodeterminación, y muchas veces hemos oído en los últimos años por
parte del Gobierno del Partido Popular que el derecho a la
autodeterminación solo se puede aplicar en casos de descolonización. Pues
aplicando esto que dicen ustedes —y que nosotros podemos
discutir—, no pueden negar al pueblo saharaui el ejercicio a su
derecho a la autodeterminación. Ustedes lo dicen y el señor
García-Margallo no ha parado de repetirlo en el último año. Por tanto, no
pueden dejar de dar apoyo a esta moción que reclama el derecho a la
autodeterminación.


Y creo que también es importante que podamos reclamar —se
expresa en algunas de las enmiendas y también en la moción— el
respeto a los derechos humanos por parte del Gobierno de Marruecos. Una
cosa es definir el futuro institucional, definir el futuro del pueblo
saharaui y de sus instituciones, y otra, que evidentemente va ligada, es
el maltrato y el no respeto a los derechos humanos que está llevando a
cabo el Gobierno de Marruecos sobre la comunidad saharaui desde siempre.
No podemos cerrar los ojos, no podemos hablar de intereses, que los hay
—en Cataluña tenemos muchos intereses con el pueblo de
Marruecos—. No podemos cerrar los ojos por esos intereses, por esa
coyuntura política que a veces nos interesa. No podemos cerrar los ojos,
sino decir claramente que el Gobierno de Marruecos sistemáticamente está
rompiendo el respeto a los derechos humanos, malversando los derechos
humanos del pueblo saharaui. No podemos cerrar los ojos, no podemos
cerrar la boca y quedarnos callados ante esto. Aquí no valen los
intereses, por muy fuertes que estos pudieran ser, ni comerciales, ni
políticos, ni económicos. El Gobierno de Marruecos debe respetar los
derechos humanos y España tiene una responsabilidad en que eso sea
posible. Tiene responsabilidad porque todo esto viene de una mala
descolonización —ya se ha hablado aquí del momento en que se
produjo—. Evidentemente, Marruecos, que siempre juega al límite y
juega a poner en situaciones incómodas al Gobierno español, aprovechó el
momento de la transición española —cuando ni siquiera había
empezado la transición, porque no había muerto aún el dictador—,
aprovechó una situación de impasse en la gobernabilidad española para
poder atacar y hacerse fuerte en el Sáhara Occidental.


Por tanto, hay un problema que afecta a España, y que la afecta
mucho: una descolonización mal hecha en la que España tiene una
responsabilidad, y ahora, como decían, en el marco de las Naciones
Unidas, la tiene aún más, para hallar una solución, que pasa por que el
pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación; que pasa
por que se cumpla la legalidad internacional; y pasa por que las Naciones
Unidas, aplicando las distintas resoluciones que se han ido dictando,
obligue realmente a Marruecos a sacar adelante un referéndum para la
autodeterminación, y que busquen, sobre la base del diálogo entre el
Frente Polisario, el pueblo saharaui y el Gobierno de Marruecos, con el
apoyo de la comunidad internacional, las Naciones Unidas y en especial de
España y de la Unión Europea, un marco estable para que el pueblo
saharaui tenga una salida institucional viable, creíble y basada en la
legalidad internacional. Ahora es el momento en que podemos hacerlo; por
tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción del Grupo Parlamentario Vasco
que insta al Gobierno —esto, pues, debe de ser rápido—, en el
marco de su pertenencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a
encontrar una solución a un problema que en cierta manera no provocó
España, pero que sí es responsable de cómo salió. El pueblo saharaui
necesita que encontremos, de una vez por todas, una solución estable,
respetando su ejercicio a la autodeterminación basada en el diálogo y en
la legalidad internacional y que puedan encontrar, a través de las
diferentes fórmulas que Naciones Unidas ya ha intentado proponer, una
solución estable para el pueblo saharaui y para su futuro.


Muchas gracias, y como ya he dicho, vamos a votar a favor de la
moción del Grupo Parlamentario Vasco.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Fernández Pena.


La señora FERNÁNDEZ PENA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, vamos a votar a favor de esta moción, con la que estamos
totalmente de acuerdo, ya que fija la posición que desde hace tantos años
—hace ya demasiados años— se viene recordando en esta Cámara
de forma periódica. Una postura coincidente con el marco fijado por la
Organización de las Naciones Unidas para la búsqueda de una solución
pacífica, justa y duradera, y mutuamente aceptada, que prevea la libre
determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Un compromiso con el que
todos nos sentimos cómodos y que todos hemos defendido en esta Cámara en
algún momento, pero también llevamos cuarenta años viendo cómo no se
cumple. Demasiado tiempo para que nada se haya conseguido. Podemos usar
nuestro turno de portavoces para buscar culpables, podemos usarlo para
buscar la crítica entre las partes o podemos usarlo para ponernos de
acuerdo y pedirle al Gobierno que utilice todos los instrumentos, todos
los mecanismos y todos los organismos que tiene a su alcance para lograr
que se celebre el referéndum de autodeterminación auspiciado por las
Naciones Unidas. Un acuerdo que debería pasar, señorías, por votar a
favor de esta moción. Una moción enriquecida con las enmiendas de todos
los grupos que complementan un texto muy claro presentado por el PNV, un
texto que recoge, en primer lugar, una apuesta por la recuperación de la
memoria histórica; en segundo lugar, una apuesta por la activación de
nuevos mecanismos de diálogo y, en tercer lugar, el encargo al Gobierno
de retomar con intensidad la solución a un conflicto que lleva olvidado
cuarenta años en las agendas internacionales.


Se pide en esta moción que se prepare un plan de divulgación
explicando la realidad y la historia de la Marcha Verde para buscar
soluciones, y que estas estén absolutamente respaldadas por toda la
ciudadanía. Repito, debe hacerse un proceso de divulgación de lo que
sucedió en aquel momento, conocer la realidad de la Marcha Verde, saber
cuál fue la acción o, más bien, la inacción del régimen, cuál fue la
posición política de este país. Debemos conocerlo y todas y todos los
ciudadanos de este país tenemos que saber qué pasó realmente para evitar
su repetición y garantizar, además, la reparación.


Todos merecemos conocer la realidad, desde los refugiados
saharauis hasta los ciudadanos marroquíes y, cómo no, todas y todos los
ciudadanos españoles. Y que no se entienda esto como un ataque a lo
sucedido, sino más bien que lo que se busca, y así lo entendemos, es
analizar, estudiar y divulgar, de modo que todo ese trabajo sirva de base
para que el cambio consensuado se cimiente en realidades. Si realmente
hay voluntad de las partes para seguir negociando bajos los auspicios del
secretario general de las Naciones Unidas, sin condiciones previas y con
buena fe, como se indica en la Resolución 2218 del año 2005, si desde
España lo que queremos realmente es propiciar, auspiciar, invitar
—usen, señorías, el verbo que quieran— a un acuerdo con
Marruecos en el marco de Naciones Unidas, es importante conocer nuestra
historia para conseguirlo. Por eso manifestamos nuestro total apoyo al
primer punto de la moción y, también, nuestro total apoyo a los puntos 2
y 3.


Venimos de cuarenta años de vueltas políticas sin soluciones: el
Plan Baker, las resoluciones de Naciones Unidas incumplidas, los 24 años
de la Minurso sin conseguir el fin para el que fue creada, que era la
realización del referéndum, son demasiados fracasos; fracasos buscados en
algunos casos, fracasos propiciados en otros, fracasos políticos,
fracasos sociales; señorías, fracasos al fin. Y esto debe cambiar, y
puede cambiar porque estamos ante un nuevo escenario tanto internacional
como nacional que puede ayudar. Estamos frente a una nueva monarquía,
estamos frente a una nueva posición del Estado en Naciones Unidas. Por
eso nos parece muy positiva la propuesta de aprovechar la posición de
España en el Consejo de Seguridad para reiterar nuestra petición de
cumplimiento de la Resolución 3458, porque esa posición, ese asiento en
el Consejo de Seguridad, no debiera ser solo una cuestión de prestigio,
sino que nos tendría que servir como lanzadera, como plataforma para
elevar la presencia de nuestro país y reforzar nuestra capacidad en la
búsqueda de acuerdos. Debería aprovecharse para lanzar invitaciones,
negociaciones o exigencias, elijan también en este caso la palabra que
ustedes quieran, y devolver con ellas al pueblo saharaui la dignidad que
le ayudamos a perder.


Además, España tiene la obligación moral de hacerlo porque, más
allá de nuestros lazos históricos, la ONU nos sigue reconociendo como
potencia administradora. Por eso entendemos que debemos ser nosotros
quienes abramos el debate en el Consejo de Seguridad, quien inicie
contactos con Francia y con Marruecos y los demás países que forman parte
de ese comité. Debiéramos ser también los primeros en velar por la
garantía de los derechos humanos de los que eran ciudadanos españoles con
plenos derechos. Debemos usar todas nuestras posibilidades
institucionales, todas.


Aprobar esta moción, señorías, sería un buen paso para algo tan
simple como convertir nuestras palabras en hechos. Y permítanme que me
explique. El 23 de abril del año pasado se debatió en esta Cámara una
moción para reclamar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
incluyera en la Minurso acciones de supervisión de los derechos humanos.
Se trataba de una petición similar a la que plantea hoy el Grupo
Parlamentario Mixto en sus enmiendas. En aquel momento el senador
Chiquillo Barber, para justificar su voto en contra, con un tono entre
recriminatorio y pseudopedagógico, dijo textualmente: Deberían saber cómo
funciona, primero el Grupo de amigos y, en segundo lugar, el Consejo de
Seguridad. En el Grupo de amigos España participa con voz y con voto,
pero en el Consejo de Seguridad no estamos. Y ahora, a pesar de que sí
ocupamos un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, España
se ha limitado a votar a favor de la resolución del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas en la renovación de la Minurso, sin abrir ni siquiera
debate sobre la necesidad de la supervisión de que los derechos humanos
sean parte de esa misión humanitaria. Y a pesar de que el senador
Chiquillo seguía diciendo en su intervención: Todos sabemos las
posiciones de cada cual, España la ha mantenido y la va a mantener: que
se supervisen los derechos humanos en todas las misiones en todos los
rincones del mundo. Y fíjense, señorías, ni en el Consejo de Seguridad,
ahora que pueden, lo han pedido. Han perdido esa oportunidad. Ni tan
siquiera lo hacen en este rincón de España, en el que una madre saharaui
hace huelga de hambre para pedir ver el cadáver de su hijo. Tarbak Haddi
lleva, como decían los senadores anteriores, casi un mes en huelga de
hambre ante el Consulado de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria. Y es
curioso, pero nadie hace nada por ella, nadie, ni siquiera el Estado
español, que simplemente observa a una ciudadana haciendo huelga de
hambre en su territorio, sin preocuparse y sin analizar soluciones,
olvidándose del hecho de que como potencia administradora del territorio
saharaui debiera preocuparse por sus intereses, y obviando la obligación
moral que tendríamos que tener con ella.


Hablaba el senador del Partido Popular de supervisar los derechos
humanos en todos los rincones del mundo, mientras el Ministerio del
Interior deniega la protección internacional de asilo al activista
saharaui Hassana Aalia, miembro de la Asociación de víctimas de
violaciones graves de los derechos humanos, condenado a cadena perpetua
por denunciar la situación del pueblo saharaui. Señorías, mientras el
Gobierno se limitó a denegar su derecho al asilo, tuvo que ser la
justicia ordinaria la que tomara cartas en este asunto para evitar
temporalmente su deportación, esa misma justicia, señorías del Partido
Popular, que ustedes se han empeñado en sesgar con la Ley de justicia
universal para impedir, entre otras, la investigación del juez de la
Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en relación con el genocidio del pueblo
saharaui entre los años 1976 y 1991. Es curioso que en este caso el juez
Ruz pudiera continuar adelante al tratarse de delitos cometidos contra
ciudadanos españoles. Explíquenme, señorías, ¿podemos defenderles en los
tribunales, pero no podemos hacerlo en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas?


Por eso, señorías, hoy es el día en el que ustedes deberían
enmendar ese voto en contra, porque no es de recibo no haber aprovechado
nuestra nueva posición en el Consejo de Seguridad después de decir lo que
dijeron en esta Cámara, atreviéndose incluso a criticar la acción de
otros gobiernos en relación con la situación del pueblo saharaui. Me
gustaría que hoy todos pudiéramos aprobar esta moción por unanimidad,
sobre todo, porque nosotros mismos —todos y todas— deberíamos
empezar a exigirnos con hechos lo que vendemos con palabras en esta casa
de la palabra.


Así que permítanme, señorías —y termino—, una última
reflexión, mi última reflexión, además, como senadora, porque este es mi
último Pleno. Si hace unos días fuimos capaces de aplaudir de forma
unánime a la delegación de Emiratos Árabes Unidos, un pueblo, un país
cuestionado internacionalmente por los defensores de los derechos
humanos, les pido, señorías, que mostremos el mismo apoyo unánime, esta
vez con nuestros votos, al pueblo saharaui, un pueblo al que se le ha
quitado incluso el derecho a ser pueblo.


Señorías, ha sido un placer; ha sido fantástico trabajar con
ustedes y ha sido fantástico aprender de ustedes. Salud, y hasta siempre.
(Prolongados aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Fernández Pena.


Senadora Fernández Pena, le deseo lo mejor en el futuro.
Igualmente, ha sido un placer compartir con usted el tiempo que ha estado
en el Senado.


Muchas gracias. (Aplausos).


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender
la posición de nuestro grupo respecto del debate de hoy, interesante,
importante y sensible debate. Y vayan por delante mis primeras palabras,
de compromiso personal, como el de mi grupo y del Gobierno de España, de
plena solidaridad con el pueblo y la causa saharaui, su sufrimiento y sus
justas e históricas reivindicaciones como pueblo.


Hoy he oído muchas lecciones y, echando mano del mismo argumento
que han utilizado algunos de los portavoces, antes de entrar en el fondo
de la cuestión voy a ir a los antecedentes parlamentarios, porque, sin
que yo haya intervenido en el turno en contra, unos cuantos Rappeles en
esta Casa han dicho, ya no qué iba a votar, que era más fácil, sino qué
iba a decir.


Primero quiero poner en valor las palabras del ministro de Asuntos
Exteriores en esta Casa, en las Cortes Generales, en el Congreso y el
Senado, con respecto al Sáhara Occidental. El ministro Margallo señaló
—es el planteamiento del Gobierno de España— que el Sáhara
Occidental sigue siendo una cuestión que toca muy de cerca los intereses
y valores compartidos por los españoles y también la sensibilidad de la
mayoría de nuestros conciudadanos. España mantiene un firme compromiso
con la búsqueda de una solución política justa, duradera y mutuamente
aceptable que prevea la autodeterminación del pueblo del Sáhara
Occidental en el marco de Naciones Unidas.


Yendo ya a la pasada legislatura, también sé muy bien lo que dijo
el representante del Grupo Parlamentario Popular en esta Casa cuando
defendió la causa saharaui, quien solicitó que se promoviera la
modificación del mandato de Minurso para darle competencias plenas y
directas en el ámbito de los derechos humanos.


La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, con el apoyo del
Partido Popular y del Partido Socialista, aprobó en mayo de 2014 una
proposición no de ley en la que se ahondaba en el compromiso del Partido
Popular, que sigue defendiendo a día de hoy: la necesidad de una solución
urgente, justa y definitiva al conflicto en el marco del Consejo de
Seguridad; promover en el ámbito de las relaciones bilaterales y en el
seno de los organismos internacionales las propuestas de consenso que
incluyan la vigilancia y protección de los derechos humanos; apoyar la
labor de Minurso; apoyar el trabajo del enviado personal del secretario
general para la supervisión en materia de derechos humanos en el Sáhara
Occidental; el papel de las ONG; facilitar que las delegaciones
parlamentarias puedan visitar el Sáhara Occidental y acercarse a la
realidad de ese territorio; y buscar una solución equilibrada, adecuada y
conforme a derecho a los casos pendientes de solicitud de nacionalidad
española para ciudadanos saharauis.


En primer lugar, España, el Gobierno español sabe —y muchas
de sus señorías también, aunque, por sus intervenciones, permítanme que
lo dude— que la solución tiene que ser política, es decir, ni
militar ni impuesta por la fuerza por una de las partes. En segundo
lugar, debe ser mutuamente aceptable; es decir, no son aceptables
aquellas soluciones decididas unilateralmente o impuestas sin el
consentimiento de las dos partes: Marruecos y el Frente Polisario. Y, en
tercer lugar —y el Partido Popular tiene ese firme
compromiso— debe prever la libre determinación del pueblo del
Sáhara en el marco de la legalidad internacional, encarnada y
representada por Naciones Unidas.


Si algunos de los portavoces que hoy han hecho uso de la palabra
no lo conocen, es su problema, y si lo conocen y han hecho las
intervenciones que han hecho, hay que decir que estas son frívolas y con
muchas dosis de demagogia. Sí, hemos asistido a unas intervenciones con
algunas gotitas de demagogia —por ser generoso en mi
valoración—, porque, hablando de los antecedentes, también conocen
que el Pleno del Congreso, en el reciente debate sobre el estado de la
nación de 2015 —hace apenas seis meses—, aprobó prácticamente
por unanimidad la Resolución número 12, en la que se insta al Gobierno de
España, que está cumpliendo ese mandato, durante su pertenencia al
Consejo de Seguridad en el bienio 2015-2016 a la búsqueda de una solución
política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre
determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de los
principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.


¿Qué dicen esos principios? ¿Qué dice sobre cómo funciona el
Consejo de Seguridad? ¿Hay desconocimiento o mala fe por algunos de los
que aquí han intervenido respecto de cómo se establece el funcionamiento
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Voy a pensar que es
desconocimiento, porque si hay un uso torticero de lo que dicen esos
procedimientos para formar las mayorías en el Consejo de Seguridad
tendría que pensar que hay ganas, con unas dosis de demagogia, de
utilizar de una manera recurrente los argumentos que muchas veces se
escuchan en esta Cámara sobre otras cuestiones; y en esta me duele,
porque es un tema sensible, de derechos humanos, estamos de acuerdo,
pero, tal como funciona el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es lo
que es. Y ustedes pretenden venderlo de otra manera.


Podría valorar el objeto y el contenido de la moción, y lo voy a
hacer, pero la prueba de la pobreza de gran parte de los argumentos de la
moción es que se ha tenido que recurrir a los salvavidas de las enmiendas
para que tenga algo de contenido, que no va muy lejos de aquello que está
haciendo el Gobierno de España. Y lo voy a decir.


La moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, por la que
se insta a la adopción de determinadas medidas en relación con el derecho
de autodeterminación del pueblo saharaui, va a contar el voto negativo
del Grupo Popular. Lo ha adivinado usted, señor Anasagasti. Si usted
acaba esta legislatura y no es reelegido, puede quitarle el papel al
señor Rappel.


Entrando ya en el objeto y contenido de la moción —reitero,
de pobre contenido—, entendemos —aquí sí nos une a
todos— que la prioridad no es un debate de hace cuarenta años; no
es un debate sobre hechos históricos, sino que se trata de contribuir a
la solución del conflicto.


La resolución de la que hablan en su moción los proponentes no fue
aprobada por el Consejo de Seguridad, fue una resolución aprobada por la
Asamblea General en un periodo en el que España aún era potencia, en
diciembre de 1975, porque, como ustedes saben, y usted muy bien ha
citado, dejó de serlo el 26 de febrero del año 1976. Por tanto, alguno de
sus argumentos queda bastante obsoleto. Y desde entonces ha habido
numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad, con participaciones del
actual Gobierno del Partido Popular, con voz y voto en el Grupo de amigos
del Sáhara, y ahora en el Consejo de Seguridad, y de anteriores gobiernos
desde 2006 en el Grupo de amigos del Sáhara, incluida la que con buen
criterio ha citado el Grupo Socialista, la resolución 2218, de hace
apenas un mes y medio, y de la que exigen un cumplimiento inmediato,
cuando ustedes saben —si sacan el cuentagotas y dejan de poner
dosis de demagogia— que es un tema complejo, difícil, sensible y
que no se soluciona con que España presida por el turno rotatorio el
Consejo de Seguridad como miembro no permanente.


Quien ha querido saber lo que ha hecho España en ese grupo de
amistad, bien lo sabe; y desde el 1 de enero de 2015, quien ha querido
saberlo, también sabe lo que ha hecho el representante de España,
cumpliendo los mandatos de esta Casa, de las Cortes Generales, pero no
desde el año 2012, en que gobierna el Partido Popular, sino, por lo
menos, desde 2006, con plena sintonía entre el anterior Gobierno, del
Partido Socialista, y el actual, del Partido Popular, que hoy, en su
intervención de despedida, ha puesto en duda la portavoz del Grupo
Socialista.


Nuestro compromiso fue y es el respeto de los derechos humanos,
claro que sí, en todos los rincones del mundo, y especialmente con la
población del Sáhara Occidental. Lo hemos defendido bilateralmente y en
los foros multilaterales.






España siempre ha defendido, hasta el mes de
abril de 2015, mientras se elaboraba la renovación del mandato de la
Minurso, que hubiera mecanismos de control del respeto de los derechos
humanos, bien lo saben. Pero para que esos mecanismos se incorporen se
requieren dos requisitos: en primer lugar, hacerlo de acuerdo con la
Carta de Derechos Humanos y el funcionamiento del Consejo de Seguridad,
que, repito, algunos portavoces desconocen o han pretendido hacer ver que
desconocen hoy, porque requieren el acuerdo de las partes —capítulo
VI—. Y, en segundo lugar, tiene que haber un consenso en el Grupo
de amigos del Sáhara y en el Consejo de Seguridad. Y en el Grupo de
amigos del Sáhara, desde hace ya unos cuantos años Rusia y Francia ponían
objeciones, con lo cual, la propuesta que se eleva al Consejo de
Seguridad no puede salir con pretensiones como las que ha defendido
España, de derechos humanos…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El senador CHIQUILLO BARBER: …porque, automáticamente, en el
Consejo de Seguridad, donde hay cinco miembros que tienen derecho de
veto, y Rusia y Francia lo tienen, hubieran tumbado cualquier pretensión
en esa línea.


Por tanto, quiero decir claramente que el Partido Popular ha
defendido, defiende y defenderá todos los procesos de negociación entre
las partes que lleven a esa solución política duradera y den una solución
a esa demanda histórica, política y justa del pueblo saharaui. Lecciones,
las justas. Pero las resoluciones de Naciones Unidas…


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El senador CHIQUILLO BARBER: El funcionamiento del Consejo de
Seguridad es el que es, y España no dejará... (Rumores). Es que a lo
mejor yo también me despido hoy. Déjenme despedirme.


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


El senador CHIQUILLO BARBER: Para concluir, acepto el tono de
todas las intervenciones, pero me gustaría que constara en acta el de la
del portavoz del grupo proponente, que no tolero. Y reto a esos señores
de arriba a que hagan un informe y valoración de votaciones, ausencias y
presencias, porque estoy seguro de que el señor Anasagasti ha faltado a
muchísimas votaciones sobre temas de calado y de importancia, como
este.


El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, termine de una vez.


El senador CHIQUILLO BARBER: Que no me dé lecciones sobre que no
estaba en el hemiciclo (Protestas), porque el señor Anasagasti,
ausencias, más de una.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.


Llamen a votación. (Pausa)


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Vasco, con la incorporación de las tres enmiendas aceptadas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232;
votos emitidos, 231; a favor, 92; en contra, 137; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




LECTURA ÚNICA





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26
DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO
Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


621/000126



El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1.
y 6.1.1.


El señor PRESIDENTE: Señorías, a este proyecto de ley no se han
presentado propuestas de veto.


¿Turno a favor? (Denegaciones).


No hay turno a favor.


¿Turno en contra? (Denegaciones).


No hay turno en contra.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿van a compartirlo, senador
Eza? (Rumores).


Perdón, señor ministro. (Risas.— Aplausos).


Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, en nombre del Gobierno.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.


Tengo el honor de ocupar la tribuna para presentar y defender
ante el Senado el Proyecto de Ley de modificación del convenio económico
entre el Estado y Navarra. Este texto fue negociado en la comisión
coordinadora del Convenio Económico que rige las relaciones de Navarra y
el Estado, acordado en el seno de la comisión negociadora del convenio, y
aprobado por el Parlamento de Navarra antes de que el Gobierno de España
lo remitiera a las Cortes para su ratificación como proyecto de ley.


El Convenio Económico entre el Estado y Navarra es, sin duda,
enormemente representativo de nuestro Estado de las autonomías, basado en
la diversidad y la pluralidad de España, en el respeto y la protección de
los derechos históricos y, a la vez, en la solidaridad entre los
distintos territorios que pertenecen a un mismo país y que conviven al
amparo de nuestra Constitución.


El Convenio Económico entre el Estado y Navarra no es un
privilegio de los habitantes de esta comunidad autónoma ni discrimina a
unos ciudadanos frente a otros. Es un instrumento de relación diferente,
que forma parte de nuestra Constitución, un instrumento en el que tienen
acomodo todas las normas tributarias del Estado y que cuenta con los
mecanismos necesarios para que esa relación sea beneficiosa, tanto para
la comunidad foral como para el conjunto de España.


El convenio económico otorga a Navarra un amplio margen de
gestión de las obligaciones tributarias y en la potestad que tiene la
comunidad para establecer y regular sus propios tributos, y al mismo
tiempo garantiza el respeto a lo dispuesto en la legislación del régimen
general del Estado y la contribución de Navarra a la solidaridad
interterritorial, amparada, asimismo, por nuestra Constitución.


Los ciudadanos navarros contribuyen, efectivamente, como el resto
de los españoles, a los Presupuestos Generales del Estado, y no hay
motivo para que desde ningún ámbito se critique o ataque la relación
fiscal que se establece entre Navarra y el resto de España, acusándola de
insolidaridad. Además, el convenio económico cuenta con sus propios
instrumentos de coordinación y arbitraje para resolver las discrepancias
y los conflictos que puedan surgir en las relaciones entre el Estado y
Navarra, que, con la modificación que ahora planteamos para su
ratificación por las Cortes Generales, por el Senado, salen reforzados
con el objetivo de reducir la litigiosidad entre administraciones y
evitar perjuicios a los contribuyentes.


El convenio económico tiene un amplio respaldo social en los
ciudadanos navarros, y me atrevo a decir que también por el conjunto de
los españoles, que entienden las instituciones forales de esta comunidad,
no como un hecho disgregador, sino como una forma de entender España y su
pertenencia a ella. No hay nada en las instituciones forales navarras que
las separe de España, todo lo contrario; son instituciones cuya
supervivencia se ha mantenido y desarrollado en muy diferentes avatares
históricos a lo largo de siglos y que hoy en día tienen, además de la
legitimidad que les da el arraigo popular, la legitimidad jurídica y
política que les ofrece desde hace más de treinta y seis años la
Constitución, marco de convivencia para todos los españoles. Sin lugar a
dudas, las modificaciones introducidas lo modernizan y convierten en el
mejor convenio posible en dos sentidos: por un lado, en el ámbito
tributario, por la incorporación y adaptación a la norma de diversos
tributos que han sido aprobados por el Gobierno de España desde la
anterior modificación del convenio, en el año 2012; y, por otro, porque
refuerza y amplía la autonomía navarra, además de mejorar, como he dicho
antes, la coordinación y la integración entre la Hacienda navarra y la
Hacienda del Estado.


Quiero detenerme algo más en el avance en la foralidad que supone
el convenio. Este Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular son firmes
defensores de las instituciones forales, que son, sin lugar a dudas,
parte de la riqueza histórica de este país. En esta legislatura hemos
podido profundizar en el escenario de autogobierno, tanto en Navarra como
en el País Vasco, a pesar de la complicada distribución de fuerzas
políticas existente en el Parlamento navarro y en las diputaciones
vascas. Eso ha sido posible por la capacidad de diálogo que han mostrado
todas las partes y, sin duda, también por el respeto al marco
constitucional en el que convivimos. Sin una y otra condición no hubiera
sido posible ni la aprobación del convenio ni la aprobación del
concierto. Deseo que la nueva etapa política que se abre en Navarra tras
las últimas elecciones autonómicas pueda caracterizarse por ese mismo
espíritu de acuerdo y consenso y por ese respeto a la Constitución y a
las propias normas de la comunidad foral, por más que algunos puedan
constituir una mayoría parlamentaria que realmente tratara, en términos
políticos y dialécticos, de oponerse a alguno de los principios que
establece el convenio.


Señorías, como les decía, tras esta modificación se incorporan al
convenio económico, con efecto retroactivo, diversos tributos aprobados
por las Cortes Generales durante estos años, y más concretamente, el
impuesto sobre actividades de juego, el impuesto sobre el valor de la
producción de la energía eléctrica, el impuesto sobre la producción de
combustible nuclear gastado y el impuesto sobre el almacenamiento de
combustible nuclear y residuos radiactivos, el impuesto sobre los
depósitos de las entidades de crédito y el impuesto sobre gases fluorados
de efecto invernadero.


Asimismo, el convenio se adapta a la sustitución del impuesto
sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, al conocido
como céntimo sanitario, por un tipo autonómico del impuesto sobre
hidrocarburos, y a la reciente modificación del impuesto especial sobre
la electricidad. Además, se establece que las retenciones del gravamen
especial sobre premios de loterías percibidas por residentes navarros se
ingresarán en la Hacienda de la comunidad foral.


También me gustaría destacar que, a partir de la modificación del
convenio, los grupos fiscales deberán estar integrados solo por
sociedades que se rijan por la misma normativa, ya sea foral o común, sin
que sean posibles los grupos mixtos. Por tanto, el régimen de
consolidación fiscal será el correspondiente a la comunidad foral cuando
la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas a la
normativa foral en régimen de tributación individual, y será el
correspondiente al régimen de consolidación fiscal del territorio común
cuando la sociedad dominante y todas las dependientes estuvieran sujetas
al régimen tributario común en régimen de tributación individual.


Por otro lado, el convenio introduce cambios que en esencia se
producen en la autonomía de la comunidad foral. Creo, sin duda, que este
ámbito es muy importante, porque, como decía antes, demuestra los avances
que se pueden conseguir cuando el diálogo entre dos gobiernos, el
Gobierno de una comunidad autónoma y el Gobierno de España, se realiza
desde el respeto a la Constitución y la lealtad institucional, como ha
sido el caso. Demuestra, además, nuestra capacidad de interlocución y
nuestra disposición a mejorar el autogobierno de las comunidades que
quieren ir un paso más allá en su autonomía, siempre que ese paso no se
convierta en una carrera que busque desbordar las fronteras
constitucionales y la soberanía del conjunto del pueblo español.


En el caso del convenio económico, se modifica el artículo 2 para
resaltar la potestad tributaria navarra, de manera que se garantice la
posibilidad de que la comunidad foral establezca y regule tributos
diferentes a los que ya se mencionan en el convenio, siempre desde el
respeto a la legislación del régimen general del Estado y a los
principios y criterios de armonización del propio convenio.


Además, se modifica el artículo 6 buscando mejorar los mecanismos
de coordinación entre la Administración del Estado y la comunidad foral.
Esta modificación va a permitir que cuando se presente un proyecto de ley
en el que el Gobierno de España promueva el establecimiento de un nuevo
impuesto a nivel estatal, se convoque a la comisión coordinadora o a la
subcomisión en la que aquella delegue para evaluar y analizar la
adaptación del convenio a la nueva figura impositiva proyectada en el
conjunto del Estado. Dicho en otras palabras: Navarra podrá conocer y dar
su opinión sobre las líneas básicas de la futura convención de las nuevas
figuras impositivas que se proyecten antes incluso de que entren en vigor
en el conjunto del Estado.


En el ámbito de la mejora de la coordinación entre ambas
administraciones públicas, la estatal y la foral, se introduce asimismo
una modificación en el artículo 67 del convenio económico, que tiene como
objetivo agilizar la remisión a la junta arbitral de consultas
tributarias sobre las que no se ha alcanzado acuerdo en la comisión
coordinadora. De esta manera la junta arbitral, que tiene un papel
realmente importante como institución capaz de acercar posturas entre las
dos administraciones, adquiere una mayor relevancia a la hora de que
disminuya la litigiosidad.


Para finalizar deseo destacar, como ministro de Hacienda y
Administraciones públicas, y también decirlo personalmente, como sincero
defensor de las singularidades fiscales existentes en España, que la
modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral
de Navarra fortalece políticamente el autogobierno navarro en el terreno
fiscal, al tiempo que mejora la relación entre el Estado y la comunidad
foral.


Después de este proyecto de ley, las Cortes Generales habrán
ratificado en poco más de un año y con un elevado grado de consenso la
modificación de tres pilares de nuestra singularidad fiscal: el concierto
vasco, el Régimen Económico Fiscal de Canarias y ahora, el Convenio
Económico navarro. Tres regímenes económicos fiscales diferentes, como es
el Régimen Económico Fiscal de Ceuta y de Melilla, que hacen de España lo
que es, un país complejo, un país articulado, pero un país orgulloso de
su diversidad; un país que cuenta con unas instituciones que no existen
en ningún lugar del mundo y que trabaja para conservarlas, potenciarlas y
adaptarlas a los cambios políticos y económicos.


Señorías, el Convenio económico entre el Estado y la Comunidad
Foral de Navarra es un orgullo para todos nosotros porque es el mejor
ejemplo de cómo se pueden conciliar y defender los derechos históricos y
los intereses generales de España bajo el amparo de la Constitución y de
las leyes. La modificación de la Ley del convenio es la prueba de que el
diálogo político, la lealtad institucional y la voluntad de entendimiento
son fundamentales para avanzar en el autogobierno de una comunidad
autónoma y que las propuestas sensatas dentro de la Constitución y de las
leyes serán escuchadas siempre por el Gobierno y acogidas por el
Parlamento de España.


Navarra está en el origen de la nación española, en su historia y
en su futuro, por eso sus derechos históricos están y estarán siempre
garantizados por la Constitución y las leyes. La actualización del
régimen foral y el impulso de su autogobierno, al amparo de la
Constitución, son la mejor garantía de estabilidad política para Navarra,
y de progreso económico y social para sus ciudadanos. En esto se
fundamenta la modificación del convenio pactada entre el Estado y
Navarra, y es por ello por lo que el Gobierno pide hoy a la Cámara su
ratificación.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y
señores senadores. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, y perdón por
el despiste.


Ahora sí pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Eza.


El señor EZA GOYENECHE: Gracias, presidente.


Señorías, hoy es un día importante políticamente hablando para
Navarra y para la España de las autonomías. Debatimos, precisamente, la
modificación de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, porque está previsto
que cuando se produzca una reforma sustancial en el ordenamiento jurídico
tributario del Estado ha de procederse de común acuerdo a la revisión del
convenio económico. Esta tarea, señorías, de buscar el acuerdo es un
proceso largo en el tiempo y complejo en la negociación técnica y
política, pues nosotros tratamos de defender los intereses de Navarra y
de sus ciudadanos en el marco en el que hay que hacerlo, en el que le
corresponde, que no es otro que el de la ley y el del pacto. La comisión
negociadora, compuesta por representantes del Estado y de Navarra, a lo
largo de distintas sesiones logró el acuerdo que hoy sometemos a la
consideración del Senado, y desde luego queremos agradecer el esfuerzo
que los técnicos de una y otra parte han realizado para llegar a este
punto. No puedo entrar en más detalles porque el señor ministro ha sido
suficientemente explícito, y no voy a hablar de las modificaciones
tributarias; sin embargo, sí quisiera insistir en algo que también ha
señalado, como son los cambios técnicos, con el fin de mejorar la
coordinación entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, compromisos
de coordinación y colaboración en materia de estabilidad presupuestaria,
o añadiendo un nuevo párrafo al artículo 6 para cuando se establezcan
nuevos impuestos estatales de modo que se convoque a la comisión
coordinadora para evaluar y analizar la adaptación del convenio a la
nueva figura impositiva y que Navarra puede conocer y dar su opinión al
respecto, incluso antes de que entre en vigor en el conjunto del
Estado.


En este mismo ámbito de la mejora de la coordinación se introduce
una modificación en el artículo 67 del convenio económico con el objeto
de agilizar la remisión a la junta arbitral de consultas tributarias
sobre las que no se ha alcanzado acuerdo en la comisión coordinadora y
facilitar de este modo que disminuya la litigiosidad que hemos conocido,
por ejemplo, con el conflicto de competencias en relación con las
devoluciones de IVA de 2007-2011, o intentar mejorar, a través de la
redacción del artículo del convenio, la garantía de la plena capacidad
tributaria de Navarra.


En este punto, señorías, debo recordar que el régimen de convenio
económico entre el Estado y Navarra es un derecho histórico amparado en
la disposición adicional primera de la Constitución Española y en el
artículo 45 de la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del
fuero. Y su carácter es paccionado y bilateral, característica que
constituye una de las especificidades propias de los regímenes forales,
de manera que el acuerdo alcanzado por las partes en el seno de la
comisión negociadora no puede ser enmendado ni modificado
unilateralmente. Lo ha recordado el señor ministro al decir que antes de
que el Gobierno de España lo remitiera a las Cortes, este texto fue
aprobado en el Parlamento foral con los votos a favor de los grupos
parlamentarios aquí representados hoy, el Grupo Parlamentario Socialista,
el Grupo Popular y Unión del Pueblo Navarro, que somos quienes creemos en
el fuero y quienes entendemos que trasciende cualquier estrategia de
partido.


Como decía un portavoz en el debate del Congreso, con esta
reforma se pone de manifiesto que el convenio económico es un instrumento
moderno y adaptable a los cambios y permite regular perfectamente las
relaciones económico-financieras y tributarias entre la Comunidad Foral
de Navarra y la Administración del Estado. Un instrumento válido, y no he
dicho a qué grupo correspondía este portavoz. En definitiva, para los
navarros el convenio económico tiene nuestra máxima consideración y para
él les pedimos su comprensión y su apoyo.


En otro orden de cosas, me permitirán que insista en un aspecto
que también ha citado el señor ministro: Navarra es solidaria. Algunos
nos dijeron en el Congreso que éramos unos privilegiados porque ellos
entienden que privilegiados son aquellos que aceptan los derechos pero no
las obligaciones. Navarra es solidaria, y precisamente a través de esa
cantidad anual hace su aportación al mantenimiento de las cargas
generales del Estado por las competencias no asumidas, y lo hace sobre la
base de la riqueza regional, el PIB, y no precisamente por el peso de
nuestra comunidad en la población española. Por tanto, según este
criterio nos corresponde un pago mayor. Además, mediante su aportación al
Fondo de compensación interterritorial y también a la financiación del
déficit en que incurre el Estado, aporta tanto al pago de los intereses
como a la amortización de su deuda.


En definitiva, señorías, quiero insistir también en que la
comunidad foral tiene un sistema fiscal equivalente al del Estado
derivado del régimen foral. Y es que Navarra cuenta con un sistema fiscal
propio que establece un sistema tributario equivalente al del Estado,
apreciándose una mayor progresividad en los tipos impositivos con un
mayor número de tramos.


Señorías, termino recordando que en Navarra la ya lejana Ley
paccionada de 1841, a impulsos de los liberales navarros, tuvo su primer
reflejo en el convenio económico de 1877, siendo renovada sin solución de
continuidad en 1927, en 1941, en 1969, y por último mediante ley de 1990,
ya en período constitucional, con sus sucesivas actualizaciones
de 1998, 2003, 2007 y de la actual de 2015, unos siglos difíciles el XIX
y el XX políticamente para España, como saben sus señorías. En
definitiva, lo que sí quisiera recordar hoy es que el fuero es ante todo
la cultura del pacto, y pacto significa reconocimiento del otro como
interlocutor válido, fiable y con el que se puede llegar a acuerdos, pero
no a acuerdos que caducan en unos meses o en pocos años, sino acuerdos de
larga duración que comprometen a generaciones. Ese reconocimiento de otro
como socio implica romper con la lógica excluyente de un mundo dividido
entre buenos y malos, amigos y enemigos que observamos en determinados
movimientos. Porque algunos, señorías, no saben alcanzar pactos, solo
hablan de treguas. A la vez, fuero implica también ser reconocido como
sujeto y, por tanto, que el otro no busque tu asimilación. Es comprender
que el bienestar propio está relacionado con el bienestar de los demás,
cuestión que algunos olvidan con facilidad. Fuero implica convivencia con
los demás territorios, pero también significa pacto entre los navarros;
reconocernos unos a otros como seres libres, completos, y, por lo tanto,
como seres a los que nos les falta nada, seres que no necesitan ser
redimidos de una identidad supuestamente perdida. Es tratarnos unos a
otros como adultos y respetarnos en nuestras diferencias culturales,
lingüísticas, ideológicas y hasta religiosas, sabiendo que tenemos en
común un mismo derecho: los términos del pacto que acordemos.


Algunos hablan —como hicieron en el Congreso—
entendiendo el fuero como privilegio. Creo que ya les he convencido, o
por lo menos lo he intentado, de que no es así, porque nosotros también
asumimos, junto al derecho, las obligaciones. Algunos también creen que
el fuero tiene una ventaja para sus supuestas teorías, porque sospechan,
y así lo creemos todos, que el Estado no podría romper nunca su parte del
acuerdo unilateralmente. Pero ellos sí; ellos romperán el pacto cuando
les dé la gana y nos hablarán de otras teorías que suponen un largo
proceso.


El señor PRESIDENTE: Senador Eza, si van a compartir turno, está
usted agotando el tiempo.


El señor EZA GOYENECHE: ¿Perdón?


El señor PRESIDENTE: Que si van a compartir turno el senador
Unamunzaga y usted, está usted agotando el tiempo que tienen para los
dos.


El señor EZA GOYENECHE: Pues termino, señoría.


Me limitaba a hablar ya de los derechos históricos, porque son
muy importantes. Nosotros los hemos manejado a través del fuero. Los
otros, ellos sabrán. En cualquier caso, reconocemos el diálogo que ha
existido para alcanzar este acuerdo y admitimos cualquier posición al
respecto. Pero las palabras son libres y, en este caso, nosotros
preferimos los hechos, y los hechos son los que han permitido a Navarra
un proceso económico y social que ha mejorado al conjunto de los
ciudadanos.


Pedimos, por tanto, señorías, su comprensión y su apoyo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Eza.


Tiene la palabra el senador Unamunzaga.


El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.


Lo que debatimos hoy es la continuidad de una realidad que ya
hemos repetido en reiteradas ocasiones en esta tribuna y que no es otra
que la relativa a los derechos históricos, a la capacidad de decisión y a
la soberanía de Nafarroa. Es una historia, la renegociación de este
convenio, que reúne elementos de thriller, de chantajes, de
escenificaciones, de agravios, con un desenlace anunciado. Y todo ello
realizado, eso sí, en torno a una supuesta normalidad que es la que
caracteriza la apariencia de todas las decisiones que adopta su Gobierno
en boca de cualquiera de sus representantes a lo largo de toda esta
legislatura.


Les voy a volver a exponer lo que para su Gobierno parece ser que
es normal y que constituye uno de los elementos centrales de esta trama:
la no retirada por parte del Estado del recurso interpuesto ante el
Tribunal Supremo en relación con el IVA de Volkswagen. Un recurso no
retirado, sino, por el contrario, dejado en suspenso a la espera de que
se llegase a un acuerdo. Y este recurso es el elemento que ha sobrevolado
y condicionado toda la trama hasta su desenlace definitivo.
Efectivamente, ustedes no retiraron el recurso, sino que lo han mantenido
activo en un segundo plano para ponerlo en marcha si no consiguiesen un
acuerdo que fuese a favor de sus intereses, es decir, de los intereses
del Estado español. Es por ello por lo que podemos afirmar que la que
estamos debatiendo aquí tiene, en nuestra opinión, un poquito de
maquiavelismo. Vamos a recapitular los hechos. Resulta que un día, así
como por casualidad y gracias a la diligencia del ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, se descubrió que en Navarra se debían 1500
millones como consecuencia del no pago del IVA correspondiente a la
empresa Volkswagen. Les añado que la cantidad no era menor, ya que se
acercaba a la mitad de los presupuestos públicos de Navarra para 2015.
Además, al mismo tiempo de producirse este descubrimiento, sobre la mesa
se encontraba otra serie de problemas importantes. Por un lado, dos
sentencias recientes del Tribunal Constitucional que en gran medida
ponían en solfa completamente las competencias históricas de Navarra en
materia tributaria. Y, por el otro, había que tener en cuenta que el
momento político era bastante delicado. Se acercaban las elecciones y era
más que evidente que el cambio político y social, como después se ha
visto, venía.


El Gobierno de UPN, como no podía ser menos, afirmó que había que
defender, por encima de todos los intereses de Navarra, que las cuentas
son las cuentas, y así empezó la renegociación de la renovación del
convenio que hoy estamos discutiendo.


Durante las negociaciones, como es lógico y previsible, la
reclamación de los 1500 millones de euros funcionó: o se acepta lo que yo
digo o aquí está mi reclamación de los 1500 millones. Es decir, a la
vista de lo ocurrido, podemos afirmar que el Gobierno del Estado ha
llevado una postura negociadora que solo se puede definir de una manera:
un chantaje puro y duro. Y ante esta obviedad, este hecho objetivo,
ustedes no hacían, y no hacen, otra cosa que continuar afirmando que todo
era y es normal, que no pasaba ni pasa nada. El propio ministro Montoro
contestó esto mismo en esta Cámara a este mismo portavoz que les habla,
en relación con una pregunta referida a este tema.


Efectivamente, todo lo ocurrido estos años en relación con
Nafarroa era normal, sí, pero normal para sus intereses. A lo largo de
esta legislatura, para su Gobierno, han sido normales los constantes
recursos del Estado ante las leyes adoptadas por el legítimo Parlamento
navarro. Para su Gobierno, ha sido normal que a estos recursos se les
sumase la amenaza de denuncia en el Tribunal Supremo de 1513 millones de
euros por el denominado pleito a la Volkswagen. Y al final de esta
historia, y después de unas cuantas posturitas y unas cuantas
grandilocuencias verbales, se llegó a un acuerdo. Por un lado, el Estado
retira la reclamación de los 1500 millones de euros y, por otro, se
acepta que la potestad tributaria en Navarra para aprobar impuestos
diferentes a los regulados en el convenio —y leo
textualmente— se ejercerá sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación del régimen general del Estado, y esto que les acabo de leer
es algo que antes no existía en el convenio. Y en el caso de los dos
controvertidos impuestos sobre producción de energía eléctrica y
depósitos de entidades de crédito —y leo también
textualmente— la Comunidad Foral de Navarra aplicará las mismas
normas sustantivas y formales establecidas por el Estado en cada momento.
¿Qué quieren que les diga? Que colorín, colorado, este cuento se ha
acabado. Que, tal como les dije en esta misma Cámara, agresión tras
agresión a lo largo de todo este proceso hasta la puñalada final. Fotos y
sonrisas preelectorales. España va bien; y Navarra, ni te cuento. Esta es
la película, pero la realidad, desde nuestro punto de vista, ha sido
bastante diferente.


Y llegados a este punto, a la narración de los hechos, les hago
una pregunta, que espero que me contesten con honestidad: Si realmente
estaban ustedes por una solución justa, como repetían una y otra vez,
¿por qué no retiraron el recurso? ¿Por qué no hicieron una negociación en
igualdad de condiciones? Palabras como respeto a Navarra, bilateralidad,
lealtad, ¿dónde quedaron, señoras y señores del Partido Popular? Les
respondo yo: quedaron en nada; y quedaron en nada porque, repito, lo
ocurrido no ha sido respeto, ha sido un chantaje, ha sido un proceso de
negociación ventajista que ha contado con la patente incapacidad de un
Gobierno de Navarra, el Gobierno saliente de Unión del Pueblo Navarro,
que ha permitido, reunión tras reunión, todas sus agresiones, amenazas y
desprecios, y una presidenta, Yolanda Barcina, a la que ustedes han
apoyado en su fracaso, a sabiendas de que este elemento les iba a
facilitar sobremanera su ofensiva recentralizadora en Nafarroa. El
chantaje de los 1500 millones ha funcionado y ha sido contundente y, como
ha ocurrido en otros momentos de la historia en los que se han generado
conflictos entre las competencias navarras y las del Estado, una vez más,
esto ha sido a costa de socavar las propias competencias que ya se
tenían, de acentuar el sometimiento de las competencias navarras a las
normas estatales y convertir el Boletín Oficial de Navarra en un corta y
pega del Boletín Oficial del Estado.


Por eso, Amaiur, como ya hizo en el Parlamento foral y en el
Congreso, no va a votar a favor de esta modificación del convenio porque,
en buena medida, nos parece una negociación paripé sometida a un chantaje
que no aceptamos. Y frente a esta situación, quiero que les quede claro,
y vuelvo a repetir una vez más, que ante estos problemas, Navarra, sus
derechos históricos y su capacidad de decisión, ni puede ni va a depender
de la voluntad que ustedes, el Gobierno español, tengan, según el
momento, de castigar o dar la paga al territorio de Navarra.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminado, señoría.


El señor UNAMUNZAGA OSORO: Termino enseguida, señor presidente.
Gracias.


Este paripé de negociación, en cualquier caso, no les ha
funcionado precisamente bien. El fin de la historia es de sobra conocido
por todos, y ya se lo dijimos, pero se está confirmando. El Partido
Popular va camino de convertirse en una fuerza política residual en mi
país, como se ha visto en los resultados de las elecciones municipales, o
con la bajada de un 50 % a la ya reducida representación del Partido
Popular en el Parlamento de Navarra. Y esto lo que evidencia es que lo
que ha existido detrás de este convenio y detrás de muchas más cosas ha
sido una constante agresión del Gobierno de Madrid, del Gobierno del
Partido Popular, a los intereses, a las competencias y a la soberanía de
nuestro pueblo. Una nueva historia está a punto de comenzar en estos
momentos.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor UNAMUNZAGA OSORO: El cambio político y social ha llegado
a Nafarroa, es imparable y ha venido para quedarse. Y ante ello, y tal
como les dijo mi compañero Sabino Cuadra, en el Congreso, tomen ustedes
una tila, o más de una si les hace falta, y no se pongan nerviosos.


Termino con una cita, señor presidente. Quiero terminar esta
intervención recordando el lema de las Juntas de Infanzones de Obanos en
el Reino de Navarra, allá por el siglo XIII: pro libertate patriae, gens
libera state. Hombres libres, poneos en pie por la defensa de las
libertades de la patria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.


Les informo a sus señorías que realizaremos la votación de este
proyecto de ley a partir de las cuatro, con las votaciones de los vetos
del siguiente proyecto de ley.


¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?


No hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señorías, este proyecto de ley, como nos indicaba el ahora
ausente ministro de Hacienda en su intervención, ha sido negociado en la
comisión coordinadora del convenio económico que rige las relaciones de
Navarra y el Estado, acordado en el seno de la comisión negociadora y
aprobado por el Parlamento de Navarra antes de que el Gobierno lo
remitiera a las Cortes Generales para su tramitación como proyecto de
ley; una tramitación singular, como singular fue también la modificación
de la Ley del concierto económico vasco, que aprobamos en esta Cámara
el 9 de abril del pasado año, como también recordaba el ministro.


¿Elementos en común de ambos textos? Que las Cortes ratifiquen o
no ese conjunto de acuerdos por el procedimiento de lectura única y sin
trámite de enmiendas, ya que lo que se pone en valor es precisamente el
carácter de norma paccionada entre la Administración General del Estado
y, en este caso, el Gobierno de Navarra, ratificados por los Parlamentos
de ambas instituciones. Por tanto, procedimiento singular; singular, sí,
señorías, con elementos confederales —cualquier manual de derecho
constitucional comparado lo calificaría así—, o, si ustedes
quieren, con una tramitación similar a la que requiere un tratado
internacional. Esta Cámara puede rechazar este proyecto de ley, pero no
es soberana para modificarlo. Una muestra del carácter asimétrico del
Estado de las Autonomías, que ya dibujó la Constitución de 1978. Pura y
simplemente lo que hay que hacer es reconocerlo.


El objetivo del proyecto de ley se corresponde con la adaptación
de la norma foral, incorporando a la misma con efecto retroactivo
diversos títulos o modificaciones de tributos aprobados por las Cortes
Generales a lo largo de esta legislatura, tales como el impuesto sobre el
juego, el impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica,
el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado, el impuesto
sobre almacenamiento de combustible nuclear y residuos radiactivos, el
impuesto sobre entidades de crédito y el impuesto sobre gases fluorados
de efecto invernadero, además de adaptar el conocido como céntimo
sanitario, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea y de establecer también las retenciones del gravamen especial
sobre los premios de lotería. A la vez, se realizan las previsiones para
garantizar la plena capacidad tributaria de Navarra y se resuelve un
contencioso, al que también se han referido otros portavoces, como es el
caso del IVA de Volkswagen, que todos ustedes conocen.


El convenio tiene un sólido anclaje constitucional en la
disposición adicional primera y en la Ley Orgánica del régimen foral
navarro que la desarrolla. Desde ese punto de vista, no hay nada que
objetar por parte de nuestro grupo, que, además, les anuncio que votará a
favor del presente proyecto de ley. Sin embargo, señorías, se da la
circunstancia de que este es el segundo proyecto de ley —el tercero
si hablamos del régimen especial de Canarias— que afecta a la
financiación de una comunidad autónoma; la primera fue la modificación de
la Ley del concierto económico vasco, como mencionaba al comienzo de mi
intervención. Pero el Gobierno sigue incumpliendo sus propios compromisos
en materia de financiación autonómica. Las comunidades autónomas de
régimen foral disfrutan de los incrementos que se han ido produciendo en
la recaudación, en parte por la creación de las nuevas figuras
tributarias y también últimamente por el mayor crecimiento de la
economía, mientras las de régimen común siguen esperando la modificación
de la ley. ¿Es esta la igualdad y la solidaridad que tanto pregonan la
mayoría y el Gobierno al que da apoyo? ¿O estos principios solo los sacan
ustedes a relucir cuando se trata de hablar de la financiación de otras
comunidades autónomas, por ejemplo, como Cataluña?


Navarra y el País Vasco, y nosotros nos alegramos por ellos, no
necesitan recurrir al denominado FLA para que le haga el gran favor de
prestarles dinero. Ellos recaudan todos los impuestos. Otras comunidades
sí han de recurrir al FLA y, además, comprueban cómo en este tema, en la
financiación autonómica, también el Gobierno incumple sus compromisos.
Los compromisos del Partido Popular y de Mariano Rajoy recogidos en
numerosas declaraciones y documentos en los que se comprometían a abordar
la reforma de la financiación de las comunidades autónomas de régimen
común en esta legislatura.


Pero es que además de estos compromisos existe la obligación
derivada de la disposición adicional séptima de la Ley 22/2009. Por
tanto, tienen ustedes una obligación política y también jurídica, que ya
hemos visto que no piensan cumplir. Todos hemos constatado las
deficiencias existentes en el vigente sistema de financiación,
especialmente las relacionadas en particular con el modo de establecer la
distribución interna de la solidaridad, a pesar de las mejoras que han
posibilitado las revisiones periódicas que ha ido teniendo el sistema.
Nosotros siempre hemos defendido la existencia de un mecanismo de
solidaridad que transfiera recursos desde las comunidades que tienen más
potencial recaudatorio y más renta a aquellas que tienen menos para
posibilitar que servicios esenciales del Estado del bienestar —la
salud, la educación, los servicios sociales— puedan ser prestados
en igualdad de condiciones para el conjunto de los españoles.


No somos los únicos en aplicar mecanismos de solidaridad en
España. La mayoría de Estados federales o descentralizados los aplican y,
como ustedes saben, también existen mecanismos parecidos entre los países
de la Unión Europea. Ahora bien, estos mecanismos deben ser revisados
periódicamente y por eso la normativa prevé su renegociación a los cincos
años —la Ley 22/2009, a la que me he referido—; cinco años
que ya han concluido. En el actual ejercicio ya debería haber entrado en
vigor el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de
régimen común.


Solidaridad interna, señorías, que debe contar, obviamente, con
la aportación de todos. Yo no digo que el texto que hoy aprobaremos, al
igual que cuando aprobamos la modificación de la Ley del concierto vasco
el año pasado, no posibilite esta solidaridad. Será la concreción de las
funciones atribuidas a la comisión coordinadora en el artículo 67, sobre
el método de determinación de la aportación, regulados en los
artículos 52 a 63 de la ley que es objeto de discusión, lo que lo hará o
no posible, y al final, será el resultado de esa aportación en el caso de
Navarra o el cálculo y determinación del cupo vasco lo que determinará si
existe esa solidaridad o evidenciará si estos territorios están exentos
de esa obligación constitucional en la práctica.


Nosotros pensamos que, obviamente, no lo están y que la
solidaridad nos vincula a todos, a todos, y que eso requiere
transparencia de los modelos, la transparencia del modelo de financiación
de las comunidades autónomas de régimen común y también de los sistemas
forales. Señorías, si la aplicación de estos sistemas es solidaria
—y yo no tengo por qué dudarlo—, ¿por qué cualquier alusión a
su posible aplicación a algún otro territorio —pongamos un ejemplo,
Cataluña— levanta tan encarecidas oposiciones, tildando tal
pretensión de insolidaria? No les mencionaré, pero ustedes la conocen, la
innumerable bibliografía de expertos de todas las sensibilidades
políticas —alguno de ellos cabecera del señor ministro de
Hacienda— que cuestionan con cifras los resultados solidarios de
los sistemas forales. Yo no lo he hecho, pero estos expertos lo hacen.
Los que de verdad defendemos la equidad y también la solidaridad
—que creo que somos la inmensa mayoría de los aquí presentes—
sabemos que este tema es un poco tabú —me refiero a la solidaridad
de los sistemas fiscales forales—, pero creo también que más pronto
que tarde se acabará debatiendo de verdad sobre este tema. Así creemos
los que defendemos el concierto y el convenio, pero también que la
obligación de ser solidarios no es solo de algunos sino del conjunto de
los españoles. Así me gustaría.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, vaya por delante que, como pueden intuir y como ha sido
tradición en nuestro grupo parlamentario a lo largo de los últimos
cuarenta años prácticamente, vamos a votar a favor de esta propuesta de
modificación de la Ley 28/1990, que regula el convenio económico entre la
Comunidad Foral de Navarra y el Estado español. Lo vamos a hacer porque
lo hemos hecho siempre y porque, por principio, entendemos que si hay un
acuerdo entre las dos instituciones que deben vertebrarlo —la
Comunidad Foral de Navarra y el Estado— debemos respetar el acuerdo
al que hayan llegado legítimamente.


Tampoco se va a desprender de mis palabras que consideremos este
régimen económico foral como un privilegio especial o, como alguien ha
apuntado, que pueda tildarse de insolidario. Nada más lejos de nuestra
pretensión y de nuestro objetivo; al contrario, celebramos que se pueda
formalizar este convenio dentro de la absoluta normalidad, dentro de la
absoluta lealtad institucional y, en todo caso, lo vemos con una cierta
nostalgia o envidia sana porque entendemos que también podría ser
aplicable —no exactamente en los mismos términos, pero sí
parecidos— a otras comunidades autónomas del Estado español y, por
supuesto, a Cataluña. Lo menciono porque el ministro ha dicho que tenemos
un régimen fiscal especial en el caso de Navarra. Sin embargo, también lo
tenemos en el País Vasco, es verdad; y también lo tenemos en Canarias, es
verdad; y también lo tenemos en Ceuta y Melilla, es verdad. En este
sentido, cuando hay tantas singularidades, negarse a que pueda haber una
singularidad adicional es difícil de entender, es difícil de comprender,
es difícil de explicar y, evidentemente, cuando a los afectados se les
argumenta que no es posible ninguna singularidad más en el conjunto del
Estado español, después de muchos años de oír la misma canción, creen que
se tienen que buscar soluciones alternativas.


En todo caso, nosotros lo celebramos por la Comunidad Foral de
Navarra y celebramos que entre dentro de la absoluta normalidad que
cuando haya modificaciones significativas en el ordenamiento tributario,
tal como establece el preámbulo de la ley, se deban adaptar los regímenes
de financiación a estas modificaciones sustanciales. Sin embargo, la
Constitución española no establece que estas modificaciones sustanciales
solo deban rectificarse en los regímenes de financiación para la
Comunidad Foral de Navarra o la Comunidad Autónoma del País Vasco.


Por ello, como he dicho en esta tribuna en diferentes ocasiones
—y hemos presentado varias iniciativas al respecto— a lo
largo de los últimos años, especialmente los tres últimos años, ha habido
modificaciones sustanciales en el ordenamiento tributario español que han
incrementado la recaudación por parte del Estado español de los ingresos
tributarios, y este incremento de recaudación de ingresos tributarios,
derivados esencialmente del incremento del IVA —pero no solamente
del IVA, sino también del IRPF y del impuesto sobre sociedades— no
ha repercutido en todas las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña
concretamente, aunque podría hablar de cualquier otra, este incremento
del IVA que ha beneficiado a todas las comunidades autónomas debido al
régimen de financiación, ha provocado una disminución del Fondo de
suficiencia, con lo cual los recursos que han ido a financiar la
Comunidad Autónoma de Cataluña han sido exactamente los mismos, aunque se
haya incrementado la presión fiscal para las empresas y los ciudadanos
residentes en Cataluña. Por tanto, es una situación paradójica, una
situación que sorprende y es una situación también muy difícil de
explicar.


Con esto no quiero decir absolutamente nada en contra de la
Comunidad Foral de Navarra —incluso nos alegramos de su
situación— pero sí pone en evidencia ese discurso de que las
singularidades solo son aceptables en determinado ámbito.


Como han dicho otros portavoces que me han precedido en el uso de
la palabra y también mi grupo parlamentario, en el Congreso, en el Senado
y en el Parlament de Cataluña, si ustedes no quieren entender que en
Cataluña debe haber una singularidad en la financiación que estimamos que
es o era posible, al menos cumplan con la normativa vigente. El sistema
de financiación de las comunidades autónomas se tendría que haber sido
revisado, pero que no se ha hecho. Al parecer lo iban a hacer antes de
finalizar la legislatura, pero la legislatura está finalizando y ya no se
va a hacer porque no estamos en la coyuntura necesaria, suficiente, no se
da el clima —habrá que poner aire acondicionado si no existe el
clima necesario— para realizar esta modificación de la financiación
autonómica.


En cualquier caso, la realidad es la que es, y no se trata ya de
que lo diga Convergència i Unió, que lo digan la mayoría de portavoces
que han intervenido en esta sesión, el Gobierno de la Generalitat o el
Parlament de Cataluña, es que lo dijo anteayer, concretamente el día 8 de
junio, con voz muy alta, el Fondo Monetario Internacional. Este Fondo
Monetario Internacional al que el Gobierno recurre para contrastar que
las reformas que se han realizado van por el buen camino, que el
crecimiento económico supera las expectativas, y que ponen en evidencia
cuando lo necesitan —que es bastante a menudo— ha emitido una
declaración final de la misión de la consulta del artículo IV de 2015, de
fecha de 8 de junio, donde reconoce el crecimiento de la economía
española, que se debe perseverar en algunas reformas, que modifica las
previsiones de crecimiento y todo eso que nos han ido recordando los
diferentes ministros del Gobierno del Estado español. Pues bien, hay un
apartado, prácticamente al final de las conclusiones, que dedica a la
consolidación fiscal, a la que denomina coordinada y creíble. En este
apartado, y leo textualmente para que les quede constancia, aunque lo
saben perfectamente el ministro y el Gobierno, establece lo siguiente:
«Debería considerarse el fortalecimiento del marco fiscal autonómico. La
contribución de los gobiernos autonómicos a la consolidación post-crisis
ha sido significativa pero desigual, lo que sugiere posibles riesgos de
ejecución en el futuro. Es necesario avanzar aún más en la mejora del
marco fiscal autonómico, incluyendo: Mejorar el seguimiento y la
ejecución de los objetivos y reglas fiscales regionales, así como también
el acceso a los mecanismos de mutualización de la deuda en el marco de la
Ley de estabilidad presupuestaria y otros instrumentos relacionados.
También podría considerarse la introducción de mecanismos impositivos
alternativos que permitan la financiación de las autonomías en épocas de
crisis. Abordar los defectos en el diseño del sistema de financiación
autonómica que limitan la capacidad e incentivos de las regiones a la
consolidación. Permitir el establecimiento de objetivos fiscales
regionales diferenciados —mediante un sistema transparente y basado
en reglas— que tengan en cuenta las diferencias estructurales entre
las necesidades y las capacidades de ajuste.»


Lo hemos reclamado reiteradamente desde esta tribuna, lo han
reclamado reiteradamente el Gobierno de la Generalidad, el conseller de
Economía, el señor Mas-Colell, y ahora se lo reclama el Fondo Monetario
Internacional. Nos parece bien esta modificación de la Ley 28/1990, del
convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, pero
nos parece imprescindible la modificación del sistema de financiación de
los niveles intermedios en el Estado español. Sin esto, evidentemente, no
es posible ni conseguir aquellos objetivos que ustedes entienden que son
prioritarios en este momento como es la consolidación fiscal.


En todo caso, quiero dedicar mis últimas palabras a felicitar a
la Comunidad Foral de Navarra por esta modificación que a otros nos
hubiera gustado también poder disfrutar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Chivite.


La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, antes de entrar a valorar el proyecto de ley que hoy
debatimos, quiero hacer alguna pequeña referencia al sistema de convenio
porque hay determinadas voces que, de manera continuada, cuestionan el
peculiar anclaje de Navarra en el entramado constitucional, haciéndose
eco de los privilegios que supone el convenio económico respecto al
llamado régimen común.


El convenio económico forma parte de la especial relación que
tiene Navarra con el Estado; una relación refrendada en la Constitución
española y en la Ley orgánica de reintegración y amejoramiento del
régimen foral de Navarra. El convenio económico es el instrumento
económico por el cual Navarra contribuye —y digo— de manera
solidaria con el conjunto del Estado; es aquí donde se determinan las
aportaciones de Navarra a las cargas generales del Estado, señalando sus
cuantías y el procedimiento para su actualización, así como los criterios
de armonización de su régimen tributario con el régimen general del
Estado.


El régimen foral navarro está democratizado, constitucionalizado,
incorporado al modelo autonómico y amparado por la normativa europea. En
el imaginario colectivo navarro, fuero equivale a la capacidad de
autogobierno. Para nosotros el fuero es una oportunidad para todos los
navarros y para todas las navarras. El régimen económico del convenio
Navarra-Estado es un derecho histórico reconocido en la Constitución,
desarrollado en el Amejoramiento, que es como nuestro estatuto de
autonomía, y refrendado por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.


Navarra aporta de media anual un 2,15 % de su PIB regional,
representa el 1,6 % de la riqueza de España y el 1,3 % de su población.
Navarra es la tercera comunidad autónoma más pequeña en número de
habitantes, pero la quinta que más contribuye. Estos son los datos en los
que me baso para decir que Navarra contribuye de manera solidaria con el
resto del Estado.


Una vez establecido este marco, me centraré en el meollo de la
cuestión. Sinceramente, me alegro mucho de que se haya llegado a un
acuerdo, y mi alegría todavía es mayor si tenemos en cuenta el desarrollo
de las relaciones de Navarra con el Estado a lo largo, peculiarmente, de
esta legislatura, y lo digo porque el Gobierno del Partido Popular ha
tenido una relación no especialmente cordial ni de respeto hacia nuestro
autogobierno. El Partido Popular ha abogado más que nunca hacia una
recentralización del Estado autonómico no solo con Navarra sino con el
resto de autonomías, y también lo ha hecho con la comunidad foral. Un
Gobierno —se lo diría al señor ministro, pero no está— que ha
recurrido decisiones del parlamento y actuaciones del Gobierno de Navarra
sin dignarse ni tan siquiera a informar previamente de ello. Un Gobierno
que ha recurrido catorce leyes forales en tres años. ¡Qué clima tan
diferente al que reinaba, por ejemplo, en la legislatura anterior en
septiembre del 2010 cuando, también en esta Cámara y con un Gobierno
Socialista, debatimos y aprobamos con inmenso grado de consenso la
reforma de la Lorafna!


El texto del acuerdo sobre la modificación del convenio es
positivo no solamente porque resuelve definitivamente el contencioso del
IVA de Volkswagen sino también porque las modificaciones introducidas
deberán ser tenidas en cuenta tanto por los que sistemáticamente han
recurrido recurriendo al Tribunal Constitucional como también para el
propio Tribunal Constitucional, que a partir de ahora, y en sus
interpelaciones futuras, va a tener que medir más sus sentencias.


El acuerdo que hoy debatimos no constituye una reforma integral
del convenio del año 1990 sino que es una reforma parcial, como las que
ya se realizaron en los años 1998, 2003 y 2007.






Es un acuerdo que
clarifica las competencias forales en materia tributaria, tras un
turbulento período en el que el Gobierno central ha demostrado una falta
de respeto constante por los ciudadanos de Navarra, por las decisiones de
sus instituciones y, en particular, por las del parlamento de Navarra
que, como ya he dicho antes, ha interpuesto catorce recursos de
inconstitucionalidad.


La firma del nuevo acuerdo debería poner fin a un tiempo en el
que se ha quebrado la tradición paccionada y de lealtad institucional,
que exige diálogo entre ambos Gobiernos para trabajar conjuntamente por
el interés común. Nunca desde que vivíamos en democracia había habido una
brecha tan profunda entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno del
Estado. El acuerdo, como decía, introduce una disposición adicional que
pone fin al conflicto generado por las devoluciones del IVA y articula
vías de solución paccionada para futuras controversias, si estas llegaran
a producirse.


En ocasiones anteriores nos pronunciamos sobre el conflicto del
IVA, subrayando la insostenibilidad e incluso el carácter disparatado de
los argumentos de la agencia tributaria, que en el fondo equiparaba una
transacción entre Navarra y el régimen común con una operación
intracomunitaria.


El acuerdo debe servir para mejorar la coordinación entre ambas
administraciones, reconstruir las condiciones de diálogo y recuperar los
instrumentos legales que dan juego institucional a la relación
Navarra-Estado y comisión coordinadora-comisión negociadora, tan
maltratados estos tres últimos años.


En materia de armonización tributaria resuelve el contencioso
respecto del impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica, el gravamen sobre depósitos a entidades de crédito y los
tributos sobre hidrocarburos, de manera que la potestad tributaria de
Navarra queda salvaguardada. Asimismo, se armonizan todos los impuestos
regulados durante los ejercicios 2013 y 2014, que estaban pendientes de
convenir: loterías, juego online, gases fluorados, de manera que queda la
exacción a quien corresponde.


Señorías, la autonomía tributaria de Navarra es un elemento
esencial de nuestro régimen foral, que le permite mantener, establecer y
reglar con su propio régimen tributario, sin más limitaciones que las
marcadas por el propio convenio y por la Constitución; por supuesto que
fija las reglas de armonización y el sistema de coordinación y conexión
para determinar la competencia de una y otra administración, para evitar
sobre todo la doble imposición.


Como todo sistema complejo, entendemos que debe irse adaptando
—lo estamos haciendo— y sin duda habrá que seguir haciéndolo.
Por ejemplo, el avance hacia una unión fiscal de la Unión Europea es sin
duda uno de los grandes retos a los que se enfrenta. Además, el convenio
establece también las aportaciones de Navarra y el procedimiento para su
cálculo y actualización. Como ustedes bien saben, Navarra financia
el 1,6 % de los gastos del Estado que no se corresponden con competencias
de nuestra comunidad. El índice se eligió en el año 1990 conforme a la
renta relativa y no con respecto a los criterios de población, que
hubieran implicado una cifra menor. La autonomía financiera y tributaria
en la práctica exige una gran responsabilidad a las instituciones y a la
Hacienda de Navarra, como se ha demostrado también durante estos años de
crisis.


Señorías, tal y como recoge la Declaración de Granada del Partido
Socialista Obrero Español, adoptada en 2013, hacia una estructura federal
del Estado, el compromiso de los socialistas con las instituciones del
concierto y el convenio del País Vasco y de Navarra es absoluto;
instituciones que deben seguir manteniendo su reconocimiento
constitucional, al tiempo que se perfecciona su aplicación práctica.


Señorías, será un reto para los socialistas, cuando estemos en el
Gobierno de España, encajar la peculiaridad navarra en el horizonte de
una España que deberá ser federal, donde la igualdad, la justicia y la
solidaridad se den la mano en un diálogo franco que permita una
convivencia armónica en una España plural a la que todos
pertenecemos.


Si me permite el presidente, quiero aprovechar esta intervención,
que es la última en esta Cámara, para despedirme. Sin duda, ha sido para
mí una experiencia muy positiva estar en esta Cámara; como decía ayer a
mis compañeros, he hecho un máster en política.


Y no quiero terminar sin reivindicar el valor de esta Cámara, de
la Cámara de representación territorial, del buen trabajo que aquí se
desempeña, del buen hacer de los senadores y de las senadoras, y solo os
pido que lo defendáis.


Me voy para Navarra con otras responsabilidades, a una realidad
institucional y social bastante compleja; una realidad que va a exigir a
todos altura de miras, diálogo, generosidad y, sobre todo, mucha
prudencia. Allí estaré para trabajar en la mejora de la vida de la gente
y por la convivencia. Allí estaré. Cuando queráis, nos vemos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Chivite.


Le digo lo mismo que a la senadora Fernández Pena, que le vaya
muy bien en el futuro y que tenga mucha suerte. Le deseo lo mejor.


Ha sido un placer compartir con usted el tiempo que ha estado en
el Senado. Mucha suerte. (Aplausos).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.


Mis primeras palabras tienen que ser para suscribir todo lo que
el señor ministro de Hacienda ha dicho tan atinadamente sobre el convenio
económico de Navarra y sobre la oportunidad y naturaleza de las
modificaciones que en él se están introduciendo. Aprovecho también para
agradecerle todas las gestiones que ha realizado para que esta
modificación llegue a buen fin, así como todo lo que a lo largo de esta
legislatura ha tenido que hacer por y para Navarra, entre otras cosas,
para resolver ese contencioso del que ya se ha hablado: el del IVA de
Volkswagen.


Tengo que recordar que este es un sistema que estaba funcionando
desde el comienzo de los años noventa y que se quebró en la etapa del
Gobierno anterior, presidido por el señor Zapatero.


Los portavoces navarros que me han precedido en el uso de la
palabra, el señor Eza y la señora Chivite, ya se han detenido en lo
sustancial de los cambios introducidos, por lo que no lo voy a hacer yo.
Solamente tengo que decir lo que ya ha indicado el ministro: que estas
reformas sirven para modernizar y para perfeccionar nuestro convenio
económico.


Desde ahora mismo quiero anunciar que el Grupo Popular va a votar
a favor de esta norma jurídica paccionada, con lo que estamos demostrando
nuestro compromiso con la Constitución española, con Navarra y con su
foralidad histórica.


Señorías, el proyecto de ley que estamos debatiendo es un texto
justo, coherente y técnicamente impecable; es fruto del trabajo de los
técnicos de la Hacienda tributaria y de la Hacienda de Navarra, así como
también del acuerdo habido en el seno de la comisión negociadora del
Convenio entre los Gobiernos de Navarra y de España. Tengo que recordar
que en la parte navarra, junto a la representante del Gobierno, estaban
los representantes de todos los grupos parlamentarios.


Señora Chivite, al tiempo que le deseo mucha suerte en la nueva
etapa que va a iniciar, en este momento en que usted se va, le tengo que
recordar que el Tribunal Constitucional está dando la razón uno a uno a
todos los recursos planteados por el Estado. Le tengo que recordar que en
la pasada legislatura el Parlamento de Navarra se ha dedicado, con el
Partido Socialista a la cabeza, a legislar en contra incluso de los
propios informes de los letrados de esa Cámara, de ese Parlamento.


Como sus señorías recordarán, en el Pleno pasado adoptamos un
acuerdo por asentimiento para que este proyecto de ley fuese tramitado
directamente y en lectura única, que es el procedimiento habitual porque
las relaciones de Navarra con el resto de España siempre se han
establecido vía pacto. Me preguntarán por qué es así y lo cierto es que
es muy sencillo: porque, como es sabido, desde la Reconquista, todos los
territorios que se fueron incorporando a la Corona de Castilla se
asimilaron a esta, perdieron sus instituciones propias y se les
implantaron las castellanas. La excepción a esa regla fue Navarra, pues
su incorporación a la Corona de Castilla se hizo de igual a igual, como
un reino aeque et principaliter. A partir de ese año, de 1515, Navarra
siguió conservando su personalidad, sus instituciones, sus competencias y
su ordenamiento jurídico propio. Navarra siguió siendo un reino de por sí
y no un reino nominal; fue un reino real y efectivo con rey propio,
aunque no exclusivo porque este lo era también de Castilla. Este estatus
jurídico se mantuvo desde 1515 hasta entrado el siglo XIX. Entonces,
cuando España se divide en provincias, Navarra volvió a pactar las
condiciones para su integración en el Estado unitario español. Es cierto
que en ese momento perdió su condición de reino y desaparecieron sus
instituciones privativas —es decir, las Cortes, el rey, la
Diputación del Reino, el Consejo Real, la Cámara de Comptos y los
tribunales de justicia propios—, pero en virtud de la ley
paccionada, es decir, del pacto de Navarra con el Estado del año 1841,
Navarra no se convirtió en una provincia más de España sino en una
provincia foral, con una amplia autonomía administrativa y con un régimen
fiscal propio, todo ello gestionado desde ese momento por una institución
representativa como es la Diputación Foral.


Esos derechos originarios e históricos de Navarra también fueron
reconocidos y amparados por la Constitución de 1978. Por esa razón, y
también por la vía del pacto con el Estado, Navarra aprobó en 1982 su
amejoramiento del fuero, en el que se consagra que es una comunidad
foral, no una comunidad autónoma y que esos derechos originarios e
históricos le conceden la potestad para mantener, establecer y regular su
propio régimen tributario distinto del estatal.


Señorías, en los casi 175 años que han transcurrido desde la
promulgación de la Ley paccionada, a la hora de interpretar esta es
lógico que hayan surgido conflictos entre el Estado y Navarra. Sin
embargo, a pesar de las muy diversas circunstancias y avatares políticos
que se han vivido en este país, Navarra siempre ha defendido —y
además lo ha hecho con ahínco— que esa ley no podía ser modificada
unilateralmente por el Estado y que los cambios tenían que ser
introducidos a través del pacto, a través del convenio con Navarra
—ni más ni menos que como ahora estamos haciendo con este proyecto
que debatimos—. El instrumento que estableció la Ley paccionada
para armonizar ambos sistemas tributarios es el convenio económico, en el
que se determina de quién es la competencia para la exacción de un
impuesto; es decir, si es de la Hacienda de Navarra o del Estado. Además,
es el instrumento para evitar la doble imposición.


El convenio económico que ahora estamos modificando es una
institución histórica, un pacto político de Navarra con España, supone la
expresión de solidaridad entre ambas y la norma con rango formal de ley
que articula ambos poderes y fija sus límites recíprocos. El convenio
económico es donde se determinan las aportaciones de Navarra a las cargas
generales del Estado, donde se señala la cuantía de estas y donde se
fijan los criterios de armonización de ambos regímenes tributarios,
porque a pesar de lo que hemos podido oír hoy en esta tribuna, el fuero
no es ni una antigualla del pasado ni un privilegio ni discrimina a unos
ciudadanos frente a otros. El fuero es el instrumento jurídico garante de
la libertad colectiva de Navarra; el fuero es una singularidad pero no es
un privilegio porque Navarra no es un paraíso fiscal. Navarra cuenta con
un sistema fiscal propio que tiene una mayor progresividad en los tipos
impositivos y un mayor número de tramos, pero su presión fiscal es
equivalente a la del resto de España.


Además, Navarra, a través del convenio económico y por las
competencias que no tiene asumidas, aporta a las cargas generales del
Estado y su aportación, el cupo, no depende del número de habitantes
—como ya se ha dicho, somos muy pocos, un poco más de 600 000,
el 1,3 % de la población española—, sino de su renta relativa, por
su riqueza regional, por el PIB de Navarra respecto al conjunto del
Estado, y por eso paga el 3 %, en vez del 1,3 % que le correspondería por
la población. Esto supone una media de unos 510 millones al año, el 16 %
de los presupuestos de Navarra y unos 800 euros por navarro. Además,
Navarra contribuye al resto de España por otras vías: a través del Fondo
de Compensación Interterritorial y de la financiación del déficit en que
incurre el Estado, tanto a través del pago de los intereses como de la
amortización de la deuda.


Señorías, su singularidad fiscal no solo genera ventajas a
Navarra sino también inconvenientes. Por ejemplo, el resto comunidades de
régimen común saben al comienzo del año la cantidad con la que van a
contar. Navarra, no. Navarra siempre está al albur de lo que recaude, y
más en los tiempos de crisis como los que hemos vivido durante los
últimos años. Además, Navarra tampoco se ha podido acoger a las medidas
que han sido aprobadas por el Gobierno durante estos últimos años para
las comunidades de régimen común, como el aplazamiento del pago de las
devoluciones por la liquidación del sistema de financiación, el Fondo de
liquidez autonómico o el mecanismo extraordinario del pago a
proveedores.


Por tanto, señorías —y con esto termino, señor
presidente—, el régimen fiscal de Navarra es una singularidad pero
no es un privilegio; no es una antigualla, es algo que está actualizado,
que estamos actualizando con este convenio, es algo que funciona y algo
que es justo. Tal y como ha dicho el ministro, Navarra está en el origen
de la nación, en su historia y en su futuro. Por eso, en mi condición de
senador por Navarra, me produce una gran satisfacción reiterar que el
Grupo Parlamentario Popular va a apoyar esta modificación del convenio
económico porque es coherente y técnicamente impecable.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.

621/000119

Justicia


El señor presidente da lectura a los puntos 6.2. y 6.2.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la comisión, el senador Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.


El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración
del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento ordinario tuvo
su entrada en esta Cámara el día 8 de mayo, fecha, asimismo, de su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba
inicialmente el día 21 de mayo, fue ampliado hasta el día 27 de mayo
de 2015. A este proyecto de ley se han presentado 4 propuestas de veto
y 787 enmiendas.


El día 2 de junio la comisión designó ponencia, que quedó
integrada de la siguiente manera: don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo
Parlamentario Vasco, don Dimas Francisco Cuevas Cuerda, del Grupo
Parlamentario Popular, don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario
Socialista, don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo Parlamentario Mixto, doña
María de los Ángeles Marra Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista,
doña María Rieradevall Tarrés, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, don Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez,
del Grupo Parlamentario Popular, don Joan Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y don Nicanor Jorge Sen
Vélez, del Grupo Parlamentario Socialista. A continuación, se reunió la
ponencia para emitir su informe que no introducía modificaciones en el
texto remitido por el Congreso de los Diputados.


La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 2 de junio y
emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia. Han
presentado votos particulares a este dictamen los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto, las
señoras Almiñana Riqué y Sequera García y los señores Boya Alós, Bruguera
Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, todos ellos
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y los grupos
parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya,
Convergència i Unió, Socialista y Popular.


Señorías, quiero además aprovechar esta intervención para, en
nombre de los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado,
agradecer expresamente su trabajo al letrado Juan José Pérez Dobón tras
su marcha al Congreso de los Diputados. El señor Pérez Dobón no solo ha
colaborado intensamente en los trabajos de la comisión, rayando un
altísimo nivel, sino que también nos ha regalado su extraordinaria
humanidad y su amistad. Estoy seguro de que en sus nuevas tareas en el
Congreso de los Diputados todo le irá tan bien como en los últimos
treinta y tres años en el Senado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.


Pasamos al debate de las propuestas de veto.


En primer lugar, la propuesta de veto número 1 ha sido presentada
por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario
Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Aunque el preámbulo del proyecto insista en que el mismo busca
modernizar el sistema positivo de tutela del derecho privado
homologándolo con el existente en otros países y articulando instrumentos
sencillos y ágiles para la actuación de un determinado derecho, lo cierto
es que el proyecto responde a una visión economicista que ha vertebrado,
probablemente, la totalidad de las reformas en materia de justicia que el
Gobierno del Partido Popular ha ido desgranando y que, además, el actual
ministro de Justicia ha expresado con claridad en diferentes
ocasiones.


Si hace unos meses defendía que las reformas en materia de
justicia debían de ser una aportación a la mejora de la competitividad de
la economía española, hace tan solo una semana, en una jornada de
procuradores, sostuvo que 25 000 millones están en proceso de resolución
en los tribunales. Resulta difícil aproximarse a los mecanismos con los
que se ha llegado a hacer esta cuantificación, puesto que la estadística
habitual del Consejo General del Poder Judicial en ningún caso permite
llegar a esos niveles de detalle. Podía haber dado un paso más y decir
que ello era consecuencia de un atasco judicial, fruto de las carencias
existentes en medios materiales y en los órganos jurisdiccionales, pero
no lo dio.


El número de jueces en el periodo 2011-2014 pasó de 5171 a 5362,
dejando a nuestro país con 11,5 jueces o magistrados por cada 100 000
habitantes, pero a la vez hay que recordar que simultáneamente se tomó la
decisión de hacer desaparecer, prácticamente extinguir, la figura de los
jueces sustitutos y magistrados suplentes. Por tanto, aunque formalmente
aparezca en los datos un incremento del número de jueces algo inferior a
los 200, hay que colocar en el otro plato de la balanza de la justicia la
desaparición de aproximadamente 1500 jueces sustitutos y magistrados
suplentes.


Esta visión sobre la justicia es la que permite abrir, no solo en
este proyecto, sino en otros anteriores, el ámbito de intervención de
registradores y notarios; una especie de constante en gran parte de las
reformas impulsadas por este Gobierno. Y por más que de forma reiterada
el Gobierno y los portavoces del Partido Popular insisten destacar en su
argumentación en los debates parlamentarios el carácter de funcionarios
públicos de notarios y registradores —no me cansaré de añadir
siempre que son peculiares funcionarios públicos—, no es menos
cierto que se está produciendo una modificación en la concepción de
quienes acuden a la justicia valiéndose de estos peculiares funcionarios
públicos. Si antes de las reformas que se han desgranado, en estos tres
años y pico, el ciudadano que acudía a la Administración de justicia era
un justiciable, tras estas reformas, el ciudadano que acude a la
Administración de justicia paralela que se ha configurado con notarios y
registradores deja de ser justiciable para convertirse en cliente del
notario, en cliente del registrador, aunque desde luego en el caso de los
registradores sean clientes muy especiales, puesto que lo son forzosos;
dependiendo de su residencia o del tipo de actividad que desarrollen
tendrán que acudir a un registrador o a otro. Ni siquiera son
administrados. Dejan de ser justiciables y ni siquiera pasan a ser
administrados, sino que se convierten en clientes que pagan el arancel
correspondiente por el servicio que les presta este peculiar
funcionario.


En Izquierda Unida pensamos que la Administración de justicia
debe avanzar en su papel de garante de derechos y libertades, y
rechazamos, por tanto, que se restrinja su ámbito de intervención para
dar cabida a otros operadores, profesionales cualificados sin duda, pero
que carecen de funciones constitucionales; las funciones constitucionales
que a jueces y magistrados les reconoce la Carta Magna, y que
legítimamente —quiero pensar que sin poner en cuestión la
legalidad— tienen un interés peculiar: el de velar por conseguir
sus ingresos, los mayores ingresos posibles, interés que es ajeno al que
corresponde a jueces y magistrados. Por lo tanto, las diferencias son
notables y evidentes.


Por ello rechazamos —y es uno de los motivos concretos que
justifican este veto, además de la impugnación general de la filosofía e
ideología del proyecto— que los notarios puedan tramitar
expedientes matrimoniales. Pero, además, creo que en la redacción del
texto es especialmente desafortunada la confusión que se genera en la
terminología al hablar del expediente matrimonial y situar a la vez, en
paralelo y sin diferenciar si forma parte de él, la facultad de los
notarios de certificar o determinar la capacidad matrimonial. Creemos que
esa confusión va a generar problemas de forma inevitable. Sí asumimos que
los notarios, para que se vea que no se trata tampoco de una persecución
de un colectivo concreto, puedan recoger el consentimiento de los
cónyuges y que por lo tanto puedan celebrar matrimonios, aunque pensamos
que también puede dar lugar a situaciones peculiares propias de nuestra
idiosincrasia como pueblo. Los notarios podrán, efectivamente, hasta
ofrecer un paquete matrimonial, capitulaciones matrimoniales o celebrar
la ceremonia en los términos que los cónyuges determinen, con toda la
parafernalia, día, hora, e incluso también con la posibilidad de meter en
el mismo paquete la hipoteca del piso que hayan comprado quienes contraen
matrimonio. Es el libre mercado y por lo tanto dentro de esas reglas los
contrayentes clientes podrán pactar con el funcionario público notario
todas las peculiaridades, condiciones y requisitos de la celebración de
su matrimonio. Pero, si estamos de acuerdo con que puedan casar, en
ningún caso lo estamos, como no lo está el informe del Consejo General
del Poder Judicial, con que puedan tramitar separaciones o divorcios de
mutuo acuerdo cuando no haya menores o cuando no los haya emancipados
porque en estos casos no interviene en el procedimiento judicial el
fiscal pero el juez vela para que los acuerdos sean mínimamente
equilibrados y no haya en los mismos condiciones gravosas para alguna de
las partes. En este proyecto se atribuye esa facultad de valoración de
las condiciones al notario que, lo vuelvo a decir, carece de la
independencia de un miembro del Poder Judicial y también del marco de
relaciones del resto de sus actividades. Voy a ponerles un ejemplo;
imagínense ustedes un matrimonio de un importante constructor que cada
año lleva a la notaría escrituras de compra-venta de centenares de
viviendas. Ahora imagínense que acude al notario con su divorcio de mutuo
acuerdo. Pues bien, la valoración que el notario pueda hacer de los
desequilibrios de esos pactos libremente —entre comillas—
asumidos, puede estar condicionada —corremos ese riesgo— por
ese otro entramado de relaciones económicas propias del mercado ajenas a
la Administración de Justicia que la vida cotidiana impone; y no se trata
ni de maldad ni de falta de probidad; se trata de la realidad, de lo que
ocurre cada día. Por otro lado, hay que preguntarse qué acomodo tienen en
esta ley estos procedimientos. ¿Son de verdad los divorcios de mutuo
acuerdo expedientes de jurisdicción voluntaria? En mi humilde opinión no
lo son. No son expedientes de jurisdicción voluntaria y no deben tener
cabida en un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria.


Otro argumento. Se nos dice que hay necesidad de introducir
cambios en la jurisdicción voluntaria y, efectivamente, encontramos
puntos de coincidencia en lo que a la búsqueda de una mayor agilidad en
la tramitación de estos expedientes se refiere. Pero si por un lado
creemos que el proyecto se pasa cuando atribuye a los notarios estas
funciones a las que acabo de hacer referencia, por otro pensamos que se
queda corto a la hora de optar por la alternativa de transferir
competencias de jueces a secretarios que son funcionarios de la
Administración de Justicia y a los que solamente en unos casos concretos
atribuye competencias. Les atribuye, dicho rápidamente, deslindes,
subasta voluntaria, convocatoria de juntas generales, nombramiento y
revocación de liquidador, auditor e interventor de una entidad,
convocatoria de la asamblea general de accionistas, adopción de medidas
en los casos de robo, hurto, sustracción, extravío o destrucción de
títulos de valor y nombramiento de peritos en los contratos de seguros y
conciliaciones.


Pensamos que las posibilidades de que asuman competencias los
secretarios son mucho más amplias y que de alguna manera sigue pesando
sobre el secretario la visión tradicional de que su función fundamental
es ser fedatario público. Se puede ir más allá, se puede extender al
resto de los expedientes a través de nuestras enmiendas. Solamente
mantendrían la competencia los jueces en lo relativo al derecho al honor,
intimidad y a la propia imagen de los menores o personas con capacidad
modificada judicialmente, y en relación a la fijación de plazos en el
cumplimiento de las obligaciones. También esto en línea con el informe
del Consejo General del Poder Judicial, que sabemos es mucho más
restrictivo que nuestros planteamientos a la hora de transferir
competencias a los secretarios. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez,
ocupa la Presidencia).


En nuestra propuesta se potencia la intervención en los
expedientes del Ministerio Fiscal; si lo desjudicializamos sin sacarlo de
la Administración de Justicia y le atribuimos la competencia fundamental
al secretario, planteamos que sí haya una mayor participación del
Ministerio Fiscal como complemento de esa competencia, y en la lógica de
esta perspectiva, que ya sabemos que no es la del proyecto, establecemos
la posibilidad de que frente a las resoluciones dictadas por los decretos
del secretario que resuelve estos expedientes, se establezca un recurso
de revisión ante el juez que permita que al final éste evalúe y valore el
acierto o desacierto de la resolución del secretario.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente por los
senadores Guillot y Saura del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya. Para su defensa tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Voy a defender el veto presentado por el senador Guillot y por mí
mismo sobre el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria en una sesión
también de asistencia voluntaria escasa.


Quisiera hacer en primer lugar tres apuntes muy breves antes de
entrar en el fondo del proyecto. El primero es que este proyecto de ley
viene 13 años tarde, deriva de la Ley de enjuiciamiento civil del
año 2000 y en enero de 2002 tenía que haber estado en vigor. Han tenido
que pasar 13 años para que discutamos este proyecto. En segundo lugar, el
Partido Popular sigue en la tradición de los últimos meses de plantear en
un mismo proyecto de ley modificación de siete, ocho o nueve leyes
vigentes. En tercer lugar, otra tradición del Partido Popular últimamente
—y he de agradecer la voluntad de los ponentes del Grupo
Parlamentario Popular en las transacciones y en el trabajo
parlamentario— son las enmiendas de última hora de este grupo que
dificultan mucho las posibilidades de transacción a pesar de las grandes
ofertas de diálogo que hemos tenido.


Cuando empezamos a leer esta ley lo primero que se me ocurrió fue
pensar que estamos a final de legislatura y pensé en hacer balance de la
política de justicia del Gobierno. Releí la primera comparecencia del
ministro Ruiz-Gallardón que dijo no sé cuántas veces que de lo que se
trataba era de mejorar la justicia. Mejorar la justicia era el objetivo
fundamental de la política del Ministerio de Justicia. Y la pregunta es,
¿alguien se atreve a decir que la justicia ha mejorado? Nadie. Creo que
es una de esas políticas que ni desde el mismo ministerio se atreven a
decir que ha mejorado. La política de justicia, como luego explicaré, ha
empeorado. ¿Qué ha pasado con la política de justicia, donde se enmarca
este proyecto de ley al que luego me referiré?


Creo que hay tres finalidades u objetivos que ha conseguido la
política de justicia en estos casi cuatro años. La primera, un ataque a
la separación de poderes, a la independencia de la justicia. La segunda,
una privatización y externalización de materias que están en estos
momentos en el campo público del Ministerio de Justicia. Y la tercera,
como consecuencia de estas dos, la sustracción o limitación de un derecho
básico tan importante como la tutela judicial efectiva. Estas son las
tres herencias que el Gobierno del Partido Popular va a dejar al próximo
Gobierno: un ataque a la independencia judicial, una externalización de
la Justicia y una limitación o reducción del derecho fundamental.


Pondré tres ejemplos, por no alargarme más. El primero, el de la
independencia judicial, tiene que ver con la reforma del Consejo General
del Poder Judicial que fue absolutamente contestada por todo el mundo
porque consistió en transferir competencias y funciones del consejo al
ministerio dejando a este último, simplemente, con la labor de solucionar
algunas vicisitudes de los jueces. He de decir, como lo hice en aquellos
momentos en el veto, que la independencia judicial no es un privilegio de
los miembros de la judicatura, sino una garantía de los derechos de los
ciudadanos. Por lo tanto, hay un primer —si me permiten
decirlo— pecado original en la política del Ministerio de Justicia,
que es el ataque a la separación de poderes y el ataque a la
independencia judicial en relación con otros poderes. El segundo, la
externalización o privatización de áreas importantes en la Justicia.
Algunas se han parado o están paradas en el Registro Civil; recuerden que
vimos aquí hace muy pocas semanas el debate entre el catastro y el
registro, la ley hipotecaria, y ahora, en definitiva, esta ley. Y, el
tercero, es la sustracción o limitación a los ciudadanos de este derecho
de tutela judicial efectiva. Hay muchos ejemplos, pero el más claro es el
de las tasas, que, evidentemente, son un elemento disuasorio, de
dificultad, para que miles de ciudadanos no accedan, en definitiva, a la
Justicia.


La contestación social a esta política de tasas obligó a una
reforma no totalmente satisfactoria de esta ley, con el incumplimiento
importante de que el ministro Ruiz-Gallardón se comprometió a dedicar los
recursos de las tasas a la justicia gratuita y esto no se ha producido.
Por lo tanto, esta primera reflexión, insisto, se basa en esta imagen, en
este balance político global del Ministerio de Justicia, de interferencia
en la independencia judicial, de privatización y de reducción de derechos
a los ciudadanos.


No sé si alguien se atreverá a decir que este es un diagnóstico
de la izquierda radical, pero no es un diagnóstico solo de Jordi Guillot
y mío, ni de las entidades, asociaciones o colegios profesionales, sino
que podemos afirmar sin ningún género de dudas, de sectarismo, ni de
parcialidad, que los desacuerdos con la política de Justicia de todo el
mundo de la Justicia nunca habían sido tan graves. Les voy a poner tres
ejemplos. En primer lugar, en esta legislatura se ha producido una huelga
en la Justicia como nunca se había producido. En segundo lugar, en un
reciente informe del Colegio de Abogados de Barcelona se afirma —y
lo explica detalladamente— que la Justicia empeora cada año. Y, en
tercer lugar, el presidente del Consejo General de la Abogacía ha
manifestado lo siguiente: El Estado de Derecho, fruto del pacto
constitucional de 1978 está en riesgo de quedar huérfano. Nuestra
Justicia está más lejos de los ciudadanos y nuestra democracia es hoy
menos democracia. Quiero repetir esta frase porque es de una gravedad
extrema. El presidente del Consejo General de la Abogacía dice que el
Estado de Derecho del Estado español, que es fruto del pacto
constitucional de 1978, está en riesgo de quedar huérfano, que nuestra
Justicia está más lejos de la ciudadanía y que nuestra democracia es hoy
menos democracia.


He hecho esta primera reflexión para decir que la ley que hoy
discutimos está en el marco de esta dinámica o de esta política de
Justicia. El propio Consejo General de la Abogacía dice, en relación con
el proyecto de ley que hoy discutimos, lo siguiente: El anteproyecto de
ley de jurisdicción voluntaria, entre otros muchos enfoques
desafortunados, pone en manos de notarios y registradores el negocio de
determinados actos hasta ahora judiciales, bodas, divorcios,
convocatorias de juntas generales, subastas o expedientes de
participación, por lo que también habrá que pagar dos veces, una en los
impuestos y otra por cada acto. La afirmación que hace el Consejo General
de la Abogacía es de una gravedad terrible.


Porque la pregunta es, ¿a quién beneficia esta ley? ¿Beneficia a
la sociedad, a los ciudadanos? Cuando se haya aprobado esta ley, ¿quién
saldrá beneficiado? Solamente colectivos como los notarios y los
registradores porque, como dice el Consejo General de la Abogacía, hacen
negocio, en parte, con materias que hoy están absolutamente
judicializadas. Por tanto, este proyecto de ley, que estoy seguro que se
aprobará dentro de unas horas, pertenece a esta concepción global de la
justicia a la que antes me he referido.


Si estuviera el señor ministro, le preguntaría, ¿qué va a hacer,
finalmente, el Ministerio de Justicia? Si, en definitiva, estamos
vaciando el Ministerio de Justicia de competencias y de funciones, ¿qué
es lo que va a hacer?


El argumento central de nuestro veto, del señor Guillot y mío,
incide en nuestra oposición a que continúe el vaciado de la
administración de justicia. El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto ha
puesto una serie de ejemplos de lo que puede pasar. Yo no quiero poner
muchos más, pero hay algunos que son clarísimos. El otro día, una persona
que se quería casar me comentaba: He ido al Registro Civil y me han dicho
que me van a tardar seis meses en poder casarme. Pero si se aprueba esta
ley, me podré casar en una semana pagando un arancel. Hay dos justicias.
Incluso en una boda o en un divorcio va a haber dos justicias, una rápida
para los que paguen y otra lenta, de cinco o seis meses, para los que no
paguen.


Señorías, estamos aquí para que la justicia sea igual para todos.
Ustedes dan un paso más en esta legislatura. Hemos tenido un debate
profundo durante mucho tiempo sobre igualdad en las escuelas, igualdad en
la sanidad, universalización de las políticas sanitarias y de las
políticas educativas, pero, hasta ahora, no se ha discutido la
universalización y la igualdad en la justicia. El proyecto que traen hoy
implica, en el fondo, el establecimiento de dos justicias: aquellos que
quieran pagarla tendrán una justicia rápida y los que no tendrán una
justicia lenta; una justicia lenta que se va a degradar más porque, si no
recuerdo mal, el volumen de materias iniciales de la jurisdicción
voluntaria no sobrepasa el 2 %. Por tanto, no hay ningún argumento que
pueda darse para decir que, gracias al proyecto de ley que hoy debatimos,
se va a producir una mayor agilidad y modernización en la justicia. La
modernización en la justicia pasa por más inversión y por más
funcionarios, jueces y fiscales, y esto no solo no está pasando sino que
se está reduciendo.


Finalmente, les quiero hablar de la competencia. En el proyecto
de ley se plantea la competencia para los jueces y los secretarios
judiciales. A nuestro entender, y de acuerdo con lo que dice el Consejo
de Europa en 1965, en el Libro Blanco de la Justicia, y también, si no
recuerdo mal, con el pacto de Estado entre el PSOE y el Partido Popular,
la competencia exclusiva era de los secretarios judiciales. Por otro
lado, el nombre de proyecto nos gusta. Hace un momento el senador Díaz
Tejera y yo comentábamos que no debería llamarse proyecto de ley de la
jurisdicción voluntaria, porque la palabra adecuada no es «jurisdicción»,
que le deberíamos cambiar el nombre. Nosotros hemos presentado una
enmienda de cambio de nombre, incluso. Además, esta ley carece de
consenso. Rectifico, sí tiene consenso, el de los notarios y los
registradores. Si se hace un balance de estos cuatro años, posiblemente
el colectivo que ha ampliado su radio de acción y su posibilidad de
negocio es el de los notarios y especialmente el de los registradores.
Tampoco sé por qué, pero esto es así.


Acabo diciendo que nuestro veto no es apriorístico, que no es un
veto de izquierda radical; es un veto que transmite simplemente lo que
consideran prácticamente todas las entidades que se mueven alrededor del
mundo de la justicia, del Consejo General de la Abogacía; y no les leo
determinadas declaraciones de asociaciones como Jueces para la
Democracia.


Por todas esas razones, pedimos que se apruebe el veto porque, en
definitiva, estamos en contra de que continué el desmantelamiento de la
justicia como servicio público, porque ese desmantelamiento perjudica un
derecho básico y fundamental de la ciudadanía, como es la tutela judicial
efectiva, y porque, incomprensiblemente, promueve en estos momentos un
negocio para unos colectivos sin ningún sentido de racionalidad ni de
eficacia para la ciudadanía y para la sociedad.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


La propuesta de veto número 2 ha sido presentada conjuntamente
por la señora Almiñana, los señores Boya Alós, Bruguera, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, y la señora Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa.


Para la defensa de esta propuesta de veto, tiene la palabra el
senador señor Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. Intervengo en nombre de los senadores y
senadoras de Entesa pel Progrés de Catalunya para defender la propuesta
de veto que hemos presentado al Proyecto de ley de la jurisdicción
voluntaria y, por tanto, la propuesta de devolución de dicho texto.


Quiero empezar dejando claro, señorías, que no cuestionamos la
necesidad de una regulación de la jurisdicción voluntaria, es más, la
creemos necesaria, la creemos oportuna. Compartimos con el Gobierno una
buena parte de las intenciones recogidas, una buena parte de las
intenciones plasmadas en el preámbulo sobre la oportunidad de la reforma
y los objetivos que pretende. Compartimos también la necesidad de
reformar la regulación de la jurisdicción voluntaria para modernizar una
parte importante de la justicia que, evidentemente, resuelve muchos
asuntos de cada día, muchos asuntos cotidianos de los ciudadanos, como
también compartimos que es necesario racionalizar el sistema en beneficio
de los interesados, de los ciudadanos, descargando a los jueces y
magistrados del conocimiento de la mayoría de los asuntos de este ámbito
y, por supuesto, que debe hacerse con el máximo consenso de todos los
operadores jurídicos implicados.


Sin embargo, señorías, una cosa son las buenas intenciones
reflejadas en el preámbulo y otra muy distinta el texto concreto, el
texto articulado, que nos somete a debate el Gobierno, texto que
rechazamos y cuestionamos; de ahí la presentación del veto que estamos
defendiendo en estos momentos. Porque lo que cuestionamos de una manera
frontal es este texto concreto presentado por el Gobierno del Partido
Popular, que rompe y dinamita el acuerdo, el consenso, plasmados en el
Pacto de Estado para la reforma de la justicia suscrito —como ya se
ha comentado— en mayo de 2001; un acuerdo y un pacto que, en
consonancia con las recomendaciones del Consejo de Europa y también del
Consejo General del Poder Judicial, debía traspasar los procesos de
jurisdicción voluntaria —o por lo menos una buena parte de
ellos— de la competencia de los jueces a la competencia de los
secretarios judiciales, es decir, los procesos referentes a la
jurisdicción voluntaria quedarían y continuarían dentro de la
Administración de Justicia, garantizando el principio de la tutela
judicial efectiva. Este proyecto de ley cumple la primera parte del pacto
y de las recomendaciones del Consejo de Europa y del Consejo General del
Poder Judicial, es decir, elimina estas competencias de los jueces, pero
no cumple la segunda, porque las sustrae de la Administración de Justicia
para traspasarlas a operadores extrajudiciales, notarios y registradores;
es decir, externaliza una buena parte de los trámites de la jurisdicción
voluntaria, los privatiza y los convierte en negocio, o, dicho de otra
manera, cuestiones que hasta ahora se sustanciaban en los tribunales con
el amparo y la garantía de la tutela judicial efectiva, reconocida como
derecho en la Constitución española, pasarán de aprobarse el texto que
estamos debatiendo a operadores extrajudiciales privados.


Esta decisión unilateral del Gobierno y del grupo parlamentario
que lo sustenta ha provocado —y ya se ha comentado también—
el rechazo unánime del Conejo General de la Abogacía, de los
procuradores, de los secretarios judiciales, asociaciones de jueces y
magistrados, fiscales, etcétera, y también ha provocado que esta ley haya
entrado en el trámite parlamentario sin consenso político o, como mínimo,
sin el necesario consenso político; eso sí, el único acuerdo alcanzado ha
sido con los grandes beneficiados de esta ley, es decir, los
registradores y los notarios.


El Gobierno defiende el contenido de este proyecto de ley sobre
la base, entre otros, de dos argumentos: en primer lugar, descongestionar
los juzgados y, en segundo lugar, reducir costes y conseguir ahorro
económico. Pues bien, ninguna de las dos pretensiones es cierta. En
cuanto a la primera, la de descongestionar los juzgados, la jurisdicción
voluntaria representa aproximadamente el 4 % de los asuntos que se
sustancian en juzgados y tribunales y esta ley afectará aproximadamente a
la mitad de los asuntos de jurisdicción voluntaria, es decir, únicamente
se liberará, en el mejor de los casos, el 2 % de la carga de trabajo de
jueces y tribunales. Por lo tanto, desde este punto de vista de quitar
trabajo, quitar presión y descongestionar los juzgados esta ley es
absolutamente innecesaria.


En cuanto al segundo objetivo del ahorro económico, de aprobarse
esta ley tal como ha entrado en el Senado tampoco cumplirá este objetivo
pretendido por el Gobierno, no se reducirán costos. ¿Por qué? Porque la
externalización obligará necesariamente a reformar la justicia gratuita
para extender esta prestación a los honorarios de notarios y
registradores en los supuestos de justicia gratuita y en estos casos el
Estado, por consiguiente, estará obligado a pagar los servicios a los
operadores privados en vez de usar sus propios recursos, los de la
Administración de Justicia; es decir, no solo no habrá reducción de
costes ni ahorro de la administración pública, sino que con el dinero
público, con los Presupuestos Generales del Estado, se tendrán que pagar
los servicios de notarios y registradores en los casos previstos de
justicia gratuita. En ese sentido, tampoco esta ley consigue los
objetivos que pretende el Gobierno y, por lo tanto, podemos hablar
claramente de una ley innecesaria e ineficaz.


Además de estas razones, rechazamos este proyecto de ley por
otras cuestiones que resumo a continuación. En primer lugar, como ya
hemos dicho, vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución española.


En segundo lugar, se trata de una pieza más del puzle legislativo
del Gobierno a lo largo de esta legislatura, caracterizado por recortes
de servicios, de derechos y de libertades, y por la privatización de
buena parte de los servicios públicos y de estos derechos; en el caso que
nos ocupa, en el caso de la justicia, podemos poner, por ejemplo, la Ley
de tasas, la privatización de los registros civiles y también el proyecto
de ley que estamos debatiendo en estos momentos. La justicia deja de ser
un servicio público esencial para privatizarse y, por lo tanto,
convertirse en negocio.


En tercer lugar, si se aprueba esta ley tendremos una justicia
—también lo ha comentado el senador Guillot y estamos de
acuerdo— a dos velocidades, dos tipos de justicia: una justicia más
rápida para el que se la pueda pagar y una justicia lenta, mucho más
lenta para los ciudadanos que no tienen suficientes recursos económicos,
es decir, para la mayoría de los ciudadanos de nuestro país.


En cuarto lugar, como consecuencia de lo dicho anteriormente,
esta ley se convertirá en un elemento más de desigualdad entre los
españoles, puesto que esta privatización instaura en la práctica un nuevo
copago.


En definitiva, nuestra propuesta de veto pretende recordar al
Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular una constante que se repite en
todos o en la mayoría de los vetos que hemos presentado a las distintas
leyes a lo largo de esta legislatura: quiero recordar al Gobierno y al
Grupo Parlamentario Popular la obligación de defensa del interés general
en la acción de gobierno y también quiero recordarle y decirle que no
tiene que utilizar esta obstinación y preferencia de los intereses de
ciertos grupos que se van a beneficiar de algunas de las medidas que
contiene la norma. En resumen, señorías, creemos haber argumentado
suficientemente que esta ley, tal como se nos presenta, es ineficaz e
innecesaria para lograr los objetivos planteados por el Gobierno y que
también es una ley injusta socialmente.


Para finalizar, reiteramos la necesidad de una nueva regulación
de la jurisdicción voluntaria en la que prime el interés general,
reforzando y garantizando el acceso de todos a la justicia como servicio
público de interés general. A fin de conseguir dicho objetivo proponemos
—y lo han hecho también otros grupos parlamentarios— que se
atribuyan los expedientes de jurisdicción voluntaria a los secretarios
judiciales, como cuerpo administrativo capacitado que haga posible un
mejor funcionamiento de los juzgados y tribunales y que mejore las
garantías y la tutela de los derechos de los ciudadanos.


Por todo lo expuesto, señorías, presentamos esta propuesta de
veto al Proyecto de Ley de la jurisdicción voluntaria y pedimos su apoyo
a los grupos parlamentarios a través del voto afirmativo.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bruguera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa del veto
número 4, tiene la palabra el senador señor Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente, con su venia. Buenas
tardes, señorías.


Les llamo la atención sobre la materia acerca de la que trata
este texto y les sugiero la lectura de la página 45 del Diario de
Sesiones del día 11 de diciembre de 2014 para usar exactamente las
expresiones que en su momento planteó el ministro de Justicia. Es el
propio ministro de Justicia quien dice que la alternatividad debe ser un
principio inspirador del proyecto de ley —lo dice el ministro de
Justicia: la alternatividad—, es decir, que el ciudadano decida si
estas materias las hace ante el secretario judicial, el registrador o el
notario. El propio ministro, en esta página 45, reconoce que en el texto
se deja muy poco margen para la alternatividad, es decir, para que el
ciudadano decida y escoja.


Pues bien, ¿qué ocurre con ese texto? Que cumple un mandato de la
Ley de enjuiciamiento civil del año 2000. Y alguno se preguntará: ¿Por
qué razón de 2000 a 2015, es que no ha habido otro texto? Lo hubo, hubo
un texto del primer mandato del presidente Zapatero
—año 2006— que remitió al Congreso de los Diputados sobre
esta materia. También se llamaba jurisdicción voluntaria y, sinceramente,
también se equivocaba con el nombre, porque la iurisdictio solo la puede
hacer el personal jurisdicente, y el personal jurisdicente son jueces,
magistrados y magistrados del Supremo; no es personal jurisdicente ni el
secretario judicial, ni los registradores, ni los notarios, que tratan de
procedimientos no litigiosos o solicitudes donde no hay conflicto, donde
no hay litigio, donde no hay pleito, donde no hay controversia.


¿De qué trata? Trata de la efectividad de derechos privados,
trata de obtener certeza acerca de negocios, situaciones o relaciones
jurídicas en el ámbito privado —subrayo la palabra privado porque
es un argumento capital en nuestra propuesta de veto—. Son asuntos
privados que tienen que ver con la intimidad del ser humano o con la
intimidad de su núcleo familiar: tienen que ver con la patria potestad,
tienen que ver con la guarda de hecho, tienen que ver con la adopción,
tienen que ver con el acogimiento, tienen que ver con el matrimonio,
tienen que ver con el divorcio u otros negocios no ya exactamente de
ámbito privado, sino de tipo societario en el ámbito mercantil en los que
se busca obtener la certeza de algo —de una relación o de una
situación jurídica donde no hay controversia, donde no hay litigio, donde
no hay conflicto— y se acude a este profesional, repito, para dar
certeza de una relación, de una situación o de un negocio.


Volviendo entonces a subrayar lo privado, les digo: el Consejo de
Europa planteaba que los jueces, en la medida de lo posible, se limitaran
a juzgar y ejecutar lo juzgado, o sea, que no desempeñaran tareas
administrativas; pero como esta efectividad de derechos privados tiene
naturaleza, tiene elementos de carácter administrativo, de lo que se
trataba era de que los jueces no se vieran obligados a hacer esa parte y
solo hicieran aquello que solo pueden los jueces, y que no hicieran otra
cosa que pudieran hacer otros servidores públicos. Entonces, ¿qué
planteaba el proyecto que mandó el Gobierno de España en el año 2006 al
Congreso? Una traslación del ámbito de competencia de los jueces a los
secretarios judiciales, porque una vez que hay mecanismos para grabar la
imagen y el sonido se produce un vaciamiento del contenido de las tareas
de los secretarios judiciales; hay unos aparatos que graban sonido, que
graban la imagen y, por tanto, tenemos unos cualificadísimos
profesionales que pueden hacer muchas otras cosas. Y se les encargaba a
ellos porque son quienes pueden dar certeza de esa relación, de ese
negocio o de esa situación.


¿Qué argumento se utiliza aquí? Se argumenta que es la Comisión
de Codificación quien ha remitido el texto. La Comisión de Codificación
remitió el texto del año 2006, pero este texto de ahora está
profundamente modificado respecto a la propuesta de 2006, porque en 2006
la propuesta que se hacía era una traslación competencial a los
secretarios judiciales y había una alternatividad pura. ¿Qué quería decir
alternatividad pura? Que el ciudadano o la ciudadana podían escoger entre
una prestación gratuita —que ya está pagando con los
impuestos— que es ir al secretario judicial o pagar los aranceles e
ir al notario o al registrador. El ciudadano o la ciudadana decidían
libérrimamente.


¿Qué ocurría con aquel texto? Que respetaba lo que decía el
Consejo de Europa —que era que los jueces solo juzgaran y
ejecutaran lo juzgado, que no llevaran tareas administrativas—,
respetaba lo que establecían los libros blancos del Consejo General del
Poder Judicial y respetaba el pacto del 28 de mayo de 2001 entre los dos
principales partidos políticos de España. ¿Qué ocurrió en el año 2003
—y luego en el año 2009—? Que tanto un Gobierno PP como un
Gobierno PSOE, los dos, subrayaban el artículo 456 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, donde figura que el secretario judicial tiene unas tareas
en la oficina judicial mucho más amplias; es decir, lo acordado en el
Consejo de Europa, los libros blancos del Poder Judicial, más luego el
Pacto de Estado por la Justicia 2001, más luego la práctica de los
Gobiernos del Partido Popular y del PSOE respecto a la oficina judicial,
todo ello suponía ese mantenimiento de traslación competencial a los
secretarios judiciales.


¿Y qué ocurrió con aquel texto? Que el texto que se había enviado
del Gobierno al Congreso, allí en el Congreso el Grupo Popular apoyó
todas las enmiendas de Esquerra Republicana —señora Capella, le
digo esto para que se conmueva emocionalmente—, repito, el Grupo
Popular apoyó todas las enmiendas de Esquerra Republicana en el Congreso
de los Diputados, con lo que de ser un texto que tenía un fin, un
proyecto, cuando llega del Congreso al Senado tenía: cuello de jirafa,
patitas de ratón, brazos de elefante y piel de tiburón —podríamos
seguir con toda la zoología—. (Rumores). Era un proyecto no
identificable y aquí, en el Senado —los que estaban en aquel
entonces lo recordarán—, quien estaba de ministro de Justicia, don
Mariano Fernández Bermejo, decidió retirar el texto porque no se podía
concebir como una figura coherente, sino que era absolutamente
deslavazada e incoherente. Esto es parte de la historia.


En la actualidad, ¿qué hace este texto? Modifica la propuesta del
Consejo de Europa; modifica la propuesta del Pacto de Estado por la
justicia del año 2001; no tiene en cuenta las reformas del año 2003 y del
año 2009 de este artículo 456 de la Ley orgánica del Poder Judicial; no
tiene en cuenta la opción de atribución de competencias a los secretarios
judiciales y plantea un modelo nuevo. Ese modelo nuevo —subrayo las
expresiones del ministro recogidas en la página 45 del Diario de
Sesiones, del Pleno celebrado el 11 del 12 de 2014— deja muy poco
margen al principio de alternatividad, cuando es necesario que este
principio inspire todo el proyecto.


¿Cómo podría solucionarse todo esto? Con una propuesta que
dijera: para todas estas situaciones jurídicas, para todos estos
procedimientos, el ciudadano podrá escoger entre ir al secretario
judicial, ir al registrador o ir al notario. Si lo dejase de manera
libérrima y que cada ciudadano o cada ciudadana pudieran decidir,
entonces eso sí supondría una alternatividad garantizada. Por el
contrario, lo que aquí se plantea sobre asuntos tan privados como les
acabo de relatar —y como pueden ver ustedes a lo largo de todo el
texto, no solo en las propuestas en torno a cada una de las categorías,
instituciones o situaciones jurídicas, sino en el conjunto de
disposiciones que modifican leyes capitales en nuestro ordenamiento
jurídico—, asuntos que, insisto, tienen que ver con la privacidad,
que tienen que ver con la efectividad de derechos privados, aunque haya
elementos de naturaleza administrativa, es el no respeto a la decisión
libre de cada ciudadano. Muy al contrario, como ya han subrayado los
portavoces de los distintos vetos, se opta por un modelo que está en
coherencia con los textos anteriores, consistente en dotar de
competencias a un cuerpo funcionarial —por otro lado, cualificado y
dignísimo— para que asuma tareas de evaluación jurídica, cuando su
función es registrar lo que les llega —un negocio jurídico
previamente contraído— y si tienen alguna dificultad, alguna pega,
no registrarlo, pero previamente el negocio ya ha venido contraído. Por
todo ello hemos presentado las enmiendas 779, 785 y 787, que lo que
plantean son traslaciones competenciales que perturban el conjunto del
ordenamiento jurídico con las tareas que tiene el cuerpo de notarios o
las tareas que tiene el cuerpo de registradores de la propiedad.


Asimismo, en la reunión que hemos mantenido antes y en la que
hemos firmado veintitantas transaccionales para facilitar el trámite
—porque es criterio del Grupo Socialista facilitar el trámite, que
cada grupo pueda acceder al trámite de cualquier iniciativa, dejando
libertad de que cada uno exprese lo que estime y vote lo que estime
también libérrimamente—, hemos presentado una propuesta que tiene
que ver con el artículo 5 del proyecto y los asuntos que se llevan en
esta llamada jurisdicción. Antes de continuar vuelvo a decir que no es
correcto hablar de jurisdicción deberían denominarse procedimientos no
conflictivos o procedimientos sin controversia; aparte de la obsesión por
el lenguaje que tiene el texto en torno a las palabras típicas del
derecho administrativo, por ejemplo, las palabras que más se repiten son
expediente, interesado y de vez en cuando aparece alguna solicitud, pero,
en general, está muy cargada de toda la jerga propia del ámbito del
derecho administrativo continental—. Les decía que la definición
estaba bien planteada al comienzo del texto, en el artículo 1, pero en el
artículo 5 limita las posibilidades del juez, porque solo puede practicar
una prueba de oficio cuando afecta a menores o cuando afecta a personas
que tienen su capacidad modificada judicialmente, pero le limita a esos
dos supuestos. Por ello les hemos trasladado una enmienda donde se deja
abierta la posibilidad de que el juez pueda practicar esa prueba de
oficio si entiende que hay un elemento de la controversia que hay que
clarificar, que tenga esa iniciativa de poder hacer esa prueba de oficio
si hay un elemento de la controversia. Antes hablaba con el portavoz del
Grupo Popular que es una vieja práctica en los menores cuantía la
comparecencia previa, donde el juez llama a los abogados y a sus clientes
para ver la madre del cordero en términos peninsulares o la madre del
baifo en termino canarios, esto es, de qué trata, cuál es la almendra, el
meollo, el cogollo del pleito, porque a veces los abogados ayudan a
clarificar o a veces no, a veces son tácticas procesales para enmarañar o
no enmarañar.


Estas son algunas sugerencias que hemos hecho. ¿Por qué razón?
Porque el conjunto de enmiendas que hemos planteado intentan que en esta
efectividad de derechos privados —vuelvo a reiterar esta
expresión—






, en la medida de lo posible, no haya merma de garantías
jurídicas; si hay controversia, si hay conflicto ya no estamos en esta
ley, eso lo declara el juez y ya es un pleito. Pero como lo que abunda no
daña, no me parece mal la propuesta de que, en general, se establezca de
una manera preceptiva y por escrito que desde el momento en que hay una
oposición, desde el momento en que hay litigio, desde el momento en que
hay controversia, ya no estamos en el campo de la mal llamada
jurisdicción voluntaria, estamos en el campo del litigio y entonces un
tercero imparcial, que es el juez o el magistrado, es el que tiene que
declarar el derecho.


Este conjunto de propuestas, este conjunto de razonamientos son
los que nos llevan a plantear que si el texto solo se hubiese limitado a
respetar la propuesta del Consejo de Europa, el Pacto de Estado por la
justicia de 28 de mayo de 2001, o las propias propuestas del Partido
Popular y del Partido Socialista a través de las reformas del
artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003 y 2009,
manteniendo que esa oficina judicial fuera el eje básico sobre el que
funcionara la Administración de Justicia y que el secretario judicial
tuviera más competencias de las que plantea en la actualidad, habría sido
una buena fórmula para trabajar sobre un campo que, aunque
cuantitativamente no es muy grande, sí que afecta muchísimo a la vida
personal, a la vida familiar y a la vida comercial de todos los
españoles.


Nada más, presidente. Y gracias a sus señorías por haberme
permitido expresar. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador señor Cuevas.


El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, señor presidente.


Subo a esta tribuna para posicionar a mi grupo ante los vetos que
ha recibido la ley de jurisdicción voluntaria, una posición lógicamente
negativa, y es normal. Saben ustedes que esta es una ley que viene a
complementar el ímpetu reformista que ha demostrado este Gobierno en
todos los ámbitos: en el ámbito económico, en el ámbito social y también
en el ámbito de la justicia. Fíjense si será amplio ese ímpetu que nos
quedan todavía como mínimo diez leyes por ver en el ámbito de justicia en
lo que nos queda de legislatura; un Gobierno que algunos dan por muerto
pero les aseguro que todavía tiene mucho que decir.


En definitiva, es una ley que pretende modernizar la
Administración de Justicia, quiere facilitar ciertos trámites que no
afectan a derechos fundamentales, no afectan a menores, no afectan a
personas con capacidad modificada judicialmente, como bien se ha dicho
aquí, en procedimientos donde no hay contradicción y en muchos casos
están muy cerca del ámbito administrativo, en los que no es necesaria la
tutela absoluta, en los que no es necesario mantenerse dentro del ámbito
jurisdiccional, como por otra parte dice el Pacto de Estado por la
justicia suscrito entre el Partido Popular y el Partido Socialista, dicen
los libros blancos y dicen las recomendaciones europeas.


En el turno de portavoces hablaremos del contenido de esta ley,
porque ahora es el momento de hablar de los vetos que hemos recibido, que
se parecen mucho; de los 20 minutos de los que dispongo me van a sobrar
unos cuantos, porque los cuatro vetos son muy similares, dos de ellos de
hecho están calcados y los otros se parecen mucho. Lo citaba antes el
senador Saura porque lo dije en la comisión, y lo mantengo: son vetos con
un contenido apriorístico, vetos basados en prejuicios, en prejuicios ni
siquiera ideológicos, por eso digo casi partidistas. Son vetos que forman
parte de una actitud que hemos sufrido este Gobierno y nuestro grupo a lo
largo de los últimos cuatro años, en los que han pretendido defender un
mantra absoluto de que este Gobierno ataca al servicio público, que este
Gobierno va en contra del servicio público, incluso que este Gobierno va
en contra de los ciudadanos, cosa bastante incomprensible, pero es lo que
estamos aburridos de oír. Y esto es lo que mantienen los cuatro vetos que
nos han presentado.


Es muy llamativa, por ejemplo, una referencia a la justicia a dos
velocidades; me llama la atención la falta de confianza que tienen
ustedes en la Administración de Justicia pública. ¿Por qué creen que si
un ciudadano va a la Administración de Justicia clásica, por así decir,
en vez de ir al nuevo operador jurídico va a tener una velocidad peor?
¿Por qué creen que va a dar peor servicio el público que el operador que
aquí han llamado privado —no es privado porque es un
funcionario—? Muestran ustedes una clara desconfianza hacia el
servicio público de la justicia.


Se ha hablado también de la necesaria alternatividad. Es cierto
que el ministro habló en la presentación de la ley de que pecaba de falta
de alternatividad y es verdad también que se han aceptado enmiendas, ha
habido cambios a lo largo de la tramitación parlamentaria de esta ley,
por la cual se garantiza, precisamente, esa alternatividad en muchos
casos. La gente va a poder elegir ante quién casarse, evidentemente, y
otras muchas cosas más. Bien es cierto también que hay determinados
ámbitos, determinados procedimientos, determinados expedientes que por su
grado de especialización se encargan a otros operarios jurídicos;
operarios jurídicos, no operarios privados, como se ha dicho aquí.
Estamos hablando de funcionarios públicos con una gran cualificación,
funcionarios públicos que son depositarios de la fe pública y que no solo
tienen una capacitación profesional, sino también, por qué negarlo,
medios técnicos a disposición de todos los ciudadanos. Con lo cual, en
absoluto hay una obligación, salvo en casos muy concretos, de acudir a
esos nuevos operarios. Además, en esos casos se garantiza la asistencia
gratuita, se garantiza que nadie va a tener que pagar para acudir a ese
operario jurídico, que tiene todas las garantías, desde luego tiene toda
la confianza de este Gobierno y también tiene, por qué no decirlo, la
confianza de todos los ciudadanos. Quiero recordarles que hace muchos
años las herencias abintestato pueden hacerlas los notarios con plena
garantía y con plena satisfacción de los ciudadanos. Precisamente
queremos encargar más cometido a esos profesionales, queremos que sirvan
al ciudadano porque el objetivo de esta ley es que el ciudadano obtenga
satisfacción para el reconocimiento de derechos o de ciertas situaciones
que garanticen sus necesidades. Eso es lo que esta ley busca, que sea
siempre por el procedimiento más breve y menos costoso para el ciudadano.
Por eso, hay una serie de expedientes que siguen bajo garantía
jurisdiccional, mediante el articulado de la Ley de jurisdicción
voluntaria, y otros que se encargan a otros operadores jurídicos. Además,
se garantizan plenamente todos los derechos fundamentales puesto que hay
un control jurisdiccional, un control del juez para todo aquello que
afecte a menores, a derechos fundamentales o a personas con la capacidad
modificada judicialmente.


Esta es la realidad del proyecto de ley que presentamos. ¿Qué nos
encontramos frente a ello? Nos encontramos unas posiciones plenamente
apriorísticas, de prejuicio absoluto de los grupos que han presentado
veto.


El senador Iglesias hablaba de libertad de mercado. Yo quiero
decirle que lo que esta ley contempla no es libertad de mercado, es
libertad; es libertad para que el ciudadano elija dónde quiere ir, es
libertad para que elija cuál es el operador que le va a dar mejor
solución a su problema; no libertad de mercado, que también; nosotros
creemos en ella, pero sobre todo creemos en la libertad del ciudadano y
estamos dispuestos a mantenerla y garantizarla. Sinceramente, me parece
que eso es algo muy importante.


El senador Saura ha repetido en su intervención lo que ya dijo en
la comisión. Nos hizo un resumen de los cuatro años de la política
judicial del Gobierno. Según él, falta independencia del poder judicial,
las tasas…, ha traído un resumen de toda la actuación de este
Gobierno en justicia. Quiero recordarle que estamos aquí para hablar de
la Ley de la jurisdicción voluntaria. Efectivamente, este Gobierno tiene
una idea conjunta de la justicia, una idea conjunta que va a conseguir
mejorar la intervención de la Administración de Justicia en todo aquello
que beneficie al ciudadano y, desde luego, no creo que estemos aquí para
hablar del Consejo General del Poder Judicial, aunque podemos hacerlo,
porque tenemos la conciencia tan tranquila que podemos hablar de él
perfectamente.


El senador Bruguera ha sido quien ha empleado la expresión
operadores privados. Me parece una expresión poco adecuada porque ni
notarios ni registradores son operadores privados, son funcionaros
públicos sometidos a unas obligaciones y con depósito de la fe pública,
es así realmente. Son funcionarios públicos, no tienen una tienda
abierta, están ejerciendo una función pública. Con lo cual, creo que
hablar de operadores privados es una especie de desprecio demagógico al
papel que pueden desarrollar y que de hecho desarrollan en números
ámbitos de la vida privada, y también de la vida pública en este
país.


Por último, el senador Díaz Tejera —que, por cierto, ha
mezclado un poco el debate de los vetos y de las enmiendas y no tenemos
problema en hablar de vetos y enmiendas, hablaremos de las dos
cosas— se ha referido a la alternatividad y, como le digo, ha
habido grandes mejoras en alternatividad en este proyecto de ley a lo
largo de su tramitación parlamentaria. Es cierto que el ministro se
comprometió a incorporar mayores dosis de alternatividad y es algo que se
ha hecho. Pero, sobre todo, me parece muy importante el hecho de que se
garantice la justicia gratuita para todo aquel que la necesite porque esa
es la verdadera alternatividad, la que va a permitir que uno elija y que
cuando no pueda elegir no se vea limitado por el hecho económico. Yo creo
tanto en la fe pública, creo tanto en la buena fe privada de un notario,
como en la de un juez, en la de un secretario o en la de un registrador;
creo en las tres igual, y creo que el ciudadano también. Por tanto, va a
poder elegir a quién acudir y va a contar siempre con la prestación del
servicio que, en definitiva, es lo más importante.


Señorías, considero que los grupos de la oposición quieren
aprovechar estos vetos para continuar con su labor de desgaste del
Gobierno, lo cual es legítimo, pero en una ley de este tipo, que tiene un
contenido procedimental, un gran contenido técnico, es triste que nos
quedemos en la espuma de los apriorismos. Una ley con tanto contenido
procedimental no merece que hagamos de ella el campo de juego de la
política de trazo grueso, que es lo que han intentado los grupos de la
oposición.


Por tanto, votaremos en contra de los cuatro vetos. Muchas
gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Cuevas.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
señora Capella, que compartirá su turno con el senador Iglesias.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


Senadores y senadoras, siempre acabo arrepintiéndome cuando no
presento veto a una ley. Después de escuchar al portavoz del Grupo
Popular, que ha defendido la posición de voto en contra de los vetos,
lamento no haberlo presentado, pensando, ingenuamente, que alguna de las
enmiendas que planteaban los distintos grupos parlamentarios llegaría a
buen fin. Es verdad que esta es una ley técnica, pero también lo es que
ustedes no han admitido y no admiten nunca que se modifiquen las leyes
aunque sea por cuestiones técnicas.


Insistiré en varias cuestiones que se señalan en los vetos y que
comparto.


Este es un Proyecto de Ley de la jurisdicción voluntaria que se
terminará aprobando sin que exista ni diálogo ni consenso con ningún
operador jurídico de todas las profesiones jurídicas que podrían haberlo
apoyado. Se trata de una reforma más en el ámbito de la justicia que
atiende poco —desde el punto de vista de Esquerra
Republicana— al necesario contenido de servicio público que debe
tener la justicia. Este proyecto de ley lo entendemos como un paso más en
la privatización del servicio público de la justicia. La posición del
Gobierno del Estado español y del partido político que le da apoyo, el
Partido Popular, defiende unos intereses muy claros; no son los de la
mayoría de la ciudadanía, sino más bien los de unos pocos. Nos
encontramos ante un nuevo paso de plantear la justicia de una manera
dual: aquellos que podrán acceder a la justicia y aquellos que no podrán
hacerlo. Es evidente que la concepción de justicia del Partido Popular no
coincide con la que tiene Esquerra Republicana. Para nosotros se trata de
un servicio público sin ningún tipo de matices, que está al servicio de
los ciudadanos y garantiza el ejercicio y la defensa de los derechos, en
definitiva, la tutela judicial efectiva. Para el Partido Popular se trata
de un servicio público matizado en el fondo y en la forma, en atención a
los tintes mercantilistas que en materia de justicia han ido adoptando a
lo largo de esta legislatura, ya sea con las tasas —algunas
derogadas pero otras aún vigentes—, ya sea con los aranceles, y esa
decidida voluntad de poner trabas al acceso a la justicia que se pone de
manifiesto en cada reforma legislativa que afecta a la Administración de
Justicia. Ustedes pretenden arreglar el colapso de la justicia y los
retrasos en la Administración de Justicia limitando el derecho de los
ciudadanos a acceder a ella. Ustedes utilizan una terminología que les
delata; hablan de clientes, de costes, de aranceles, y en este proyecto
de ley nombran un nuevo actor en la actividad jurisdiccional en materia
de resolución de conflictos: los registradores y notarios. Porque la
jurisdicción voluntaria —al menos así lo vemos en Esquerra
Republicana— es actividad jurisdiccional.


Con este proyecto de ley, el PP y el Gobierno benefician a un
determinado colectivo —insisto, a costa de los derechos de los
ciudadanos—, pues aunque señalan que los ciudadanos podrán acceder
a los servicios a través de un notario, también limitan que sea
obligatoria la asistencia letrada diciendo que será posible. Con esto
ustedes convierten la justicia en una justicia dual: los que siempre
accederán con intervención letrada en defensa de sus derechos e intereses
y aquellos que no tendrán derecho a ello por no ser preceptivo ni
obligatorio.


Como ya he dicho, en Esquerra Republicana consideramos que existe
una merma de derechos y de garantías para los ciudadanos cuando
determinados actos de la vida esenciales para las personas, como casarse,
divorciarse, declaraciones de herederos cuando no existe testamento o
para protocolizar testamentos ológrafos o aquellos que han sido otorgados
verbalmente, pueden ser realizados ante notario y no ante la jurisdicción
y muchas veces sin intervención letrada. Como digo, asistimos a una merma
de derechos y de garantías, y además pagando.


En Esquerra Republicana defendemos que la jurisdicción voluntaria
es jurisdicción y, en consecuencia, las competencias deben ser ejercidas
y enmarcadas dentro de la Administración de Justicia; como decía, afecta
a actos importantísimos en la vida de las personas. Con este proyecto de
ley ustedes no cumplen con las directrices que les marca el Consejo de
Europa, ni con el Libro Blanco de la Administración de Justicia aprobado
por el Consejo General del Poder Judicial, ni con el Pacto de Estado para
la reforma de la justicia. Este proyecto de ley no sirve para modernizar
ni para racionalizar ni para descongestionar los juzgados y tribunales,
sino para limitar derechos y para generar una justicia dual.


Por eso, Esquerra Republicana dará apoyo a todos los vetos
presentados por los grupos parlamentarios de la oposición, a pesar de no
haber formulado veto, e insisto en que lamento no haberlo hecho.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Capella.


Comparte grupo con el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el
senador Iglesias, que tiene la palabra.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Decía el portavoz del Grupo Popular que los vetos partían de
prejuicios, pero, en mi opinión, parten de la experiencia. Parten de
hacer un seguimiento de las diferentes iniciativas que el Partido Popular
ha desarrollado en materia de justicia en esta legislatura, en la que
siguen una línea recta muy clara, y este proyecto es una pieza más de ese
puzle. Por lo tanto, las mismas reservas que expresamos en otros
proyectos son trasladables aquí, y no porque tengamos prejuicios, sino
porque los argumentos que sustentan el proyecto son similares y
coherentes —en relación con la acción del Gobierno del Partido
Popular me habrán escuchado muchas veces utilizar este término— con
otros. Eso, en ningún caso, es prejuicio.


Reconoce el portavoz del Grupo Popular que el proyecto pretende
dar más libertad a los ciudadanos, también en lo que se refiere a la
libertad de mercado. Que yo sepa, la libertad de mercado es consustancial
con nuestro sistema económico, pero eso no significa que la libertad de
mercado deba llegar a todas y cada una de las facetas de la vida de los
ciudadanos. La libertad de mercado no tiene por qué llegar a todos los
ámbitos de la vida y de la sociedad, y nosotros negamos que la libertad
de mercado sea un concepto aplicable a un valor como la justicia y a
quien tiene la función constitucional de administrarla. Y eso es lo que
hace este proyecto: introducir la libertad de mercado en lo que, hasta
ahora, le quedaba sustraído, que era el ámbito de la jurisdicción.


Y al final hay una contradicción in terminis. Luego, en el turno
de defensa de las enmiendas —lo adelanto, aunque lo sabe muy bien
el portavoz del Grupo Popular y ponente— comentaré que planteamos
una modificación en la terminología, en la propia denominación del
proyecto, porque va a ser muy difícil que con estos contenidos resulte
cierto y ajustado terminológicamente mantener la denominación de
jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria respondía a un
planteamiento en el que los justiciables, frente a otros procedimientos
en los que tenían que acudir forzosamente obligados, acudían a la
Administración de Justicia de forma voluntaria, pero acudían a la
Administración de Justicia. Con los contenidos que ustedes introducen en
este proyecto, con la aplicación de la libertad de mercado a estos
ámbitos, ya no van a acudir a la Administración de Justicia; van a ir, si
lo consideran oportuno, al notario, y el notario será funcionario público
peculiar, pero no forma parte de la Administración de Justicia, no forma
parte de la jurisdicción, no tiene funciones ni competencias
jurisdiccionales. Por tanto, o cambian ustedes la denominación del
proyecto o sacan a los notarios de él, porque aquí sí son incoherentes,
aquí no mantienen ustedes una coherencia en la concreción del
proyecto.


Así pues, y aun habiendo escuchado con todo respeto al portavoz
del Grupo Popular y haber conversado con él, incluso cordialmente en
algunas ocasiones a lo largo de estos días, no me ha convencido, por lo
que mantengo el veto en todos y cada uno de sus términos.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.


Efectivamente, tenemos que contextualizar este proyecto de ley en
la ambición de los grupos parlamentarios a la hora de modernizar la
justicia. Eso es así. Y el ponente en este caso, el portavoz del Grupo
Popular que nos ha precedido en el uso de la palabra, decía que dentro de
esa ambición modernizadora todavía quedan unos diez proyectos de ley que
van a ir en este mismo sentido. Ayer preguntábamos al ministro de
Justicia sobre esta cuestión, y habrá que ver si este trabajo continuado
más el que vamos a desarrollar los próximos meses está llevando a buen
puerto el servicio público de justicia o no lo está haciendo.


En ese sentido, y utilizando argumentos y palabras del ex
ministro Ruíz-Gallardón en esta misma Cámara ante la Comisión de
Justicia, tenemos que valorar, hablar y reflexionar sobre la lentitud de
la justicia, sobre su escasa imparcialidad, sobre el consenso que
entonces decían querer el ministro de Justicia y el Gobierno a la hora de
elaborar las leyes, así como superar la congestión que tenían los
juzgados. Eso es lo que tenemos que valorar. Hablaremos sobre la calidad,
porque son muchos los proyectos de ley, son muchos los textos, ¿pero cuál
es el fruto?, ¿cuál es el resultado último? Tenemos que ver que, sobre la
base de los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial, el
resultado de la suma y la resta no es nada positivo para el Grupo
Popular. El año 2014 resulta peor que el 2013 y que el 2011 en datos
objetivos sobre asuntos tramitados en todas las jurisdicciones. Insisto,
el resultado de la suma resulta peor, y ello nos debe llevar a una
reflexión sobre la labor y el trabajo que se está haciendo.


Ciñéndonos a este proyecto de ley, este es un texto que nace con
la Ley de enjuiciamiento civil del año 2000, una ley que, como se ha
comentado antes, no reguló algo tan importante como era y es la
jurisdicción voluntaria, y fue a través de una disposición final donde se
encomendó la elaboración de un proyecto de ley en el plazo máximo de un
año. Tal como nos ha informado el senador Díaz Tejera, han pasado
prácticamente quince años. Han pasado, señorías, quince años para aprobar
este proyecto de ley. Con lo cual, la primera pregunta sería: ¿Es esta la
gran preocupación que los diversos gobiernos tienen con la calidad de la
justicia? Después de quince años viene este proyecto de ley. Segunda
pregunta: Si han tenido que pasar quince años, ¿ello no justificaría
—por las razones que les voy a dar ahora— que estuviera aquí
también el ministro de Justicia para presentar este proyecto de ley? Aquí
debiera estar el ministro de Justicia, que les recuerdo que solo ha
estado una vez para presentar un proyecto de ley y, después de hacerlo,
irse sin ni siquiera escuchar a los portavoces de los diferentes grupos.
Y entiendo que es importante, primero, porque han pasado quince años
antes de que se presentara este proyecto de ley y, segundo, porque en la
ocasión anterior en la que sí se presentó, en la primera legislatura del
Gobierno Socialista, tal como nos ha informado el señor Díaz Tejera, fue
en el Senado donde se retiró este texto, con lo cual entiendo que a esta
Cámara se le debe una explicación por cortesía parlamentaria, además de
la presencia del ministro de Justicia para debatir con él este proyecto
de ley.


Una de las razones que se han dado para justificar el retraso del
presente proyecto de ley ha sido la necesidad del consenso y de que
hubiese una voluntad de acuerdo, y no hay más que escuchar a los
diferentes portavoces de los grupos parlamentarios para ver que ese
consenso no existe y no hay acuerdo. No hay más que ver que hoy se nos
han presentado una serie de transaccionales y agradezco además que se
haya hecho de esta manera, porque yo no pensaba que se nos iba a aceptar
ni siquiera un mínimo texto, con lo cual ha habido un acercamiento y hay
que reconocerlo, pero también me tiene que reconocer que no es fácil el
consenso cuando esta mañana se viene con un texto muy técnico y muy
difícil, por lo que en ese sentido sí creo que ha habido una falla
importante del grupo mayoritario.


El objeto de este proyecto de ley es el de encomendar a otras
entidades u organismos públicos distintos de los jueces la
responsabilidad de determinados derechos hasta ahora en el ámbito de la
jurisdicción, como secretarios judiciales, operadores jurídicos ajenos a
la Administración de Justicia, etcétera. Tampoco hay acuerdo ni con los
que están en el ámbito de la jurisdicción ni con los que están fuera de
ella y en ese sentido entendemos, como decíamos antes, que hay una laguna
importante.


Es incomprensible la tardanza en la presentación de este proyecto
de ley a sabiendas de que la consecuencia debe ser la reducción de carga
de trabajo de los titulares de los juzgados y de los tribunales para
poder corregir esa penosa situación que el Estado español tiene con
respecto a la calidad de la justicia en relación con la media de los
Estados miembros de la Unión Europea. Continuamente estamos utilizando
diferentes informes elaborados por la Comisión Europea que vienen a decir
que la salud de la justicia dentro del Estado español deja mucho que
desear o está por debajo de la media. Para poder abordar una mejora del
servicio público de la justicia es necesario ese consenso y un trabajo
con el resto de grupos, y para que haya una mejora importante se tiene
que hacer de una manera conjunta y no como se ha hecho en este proyecto
de ley que, tal como se ha comentado aquí, es de una enorme complejidad
técnica y la eficacia de la justicia es una de las bases de nuestra
democracia. Ello quiere decir que, por una parte, hay que eliminar carga
innecesaria a los jueces y tribunales de aquellas competencias que no
tengan una naturaleza jurisdiccional en sentido estricto y, por otra, el
cuidado de los derechos fundamentales que de ninguna de las maneras
pueden verse cuestionados en este proyecto de ley.


Antes hemos comentado temas de calidad. Ayer mismo le decía que
cuando se están convocando juicios para el año 2016, vistas para 2017,
para 2018 o para 2019, algún problema tiene la justicia. Algún problema
tiene la justicia que no se ha sido capaz de resolver durante esta
legislatura, y este proyecto de ley tampoco lo va a hacer. No sé si los
diez próximos proyectos de ley que van a venir a esta Cámara van a
solucionarlo, pero mucho me temo que las actitudes del grupo mayoritario
no van a cambiar, con lo cual los resultados de la justicia tampoco van a
verse modificados de una manera importante.


Para obtener unos buenos resultados la clave es muy sencilla, y
eso se ha podido ver el pasado 24 de mayo al escuchar la opinión de la
ciudadanía. Y lo que la ciudadanía pide es que hay que buscar
colaboración entre todos los agentes implicados, sin olvidar a los
diferentes grupos parlamentarios. Porque, evidentemente, lo único que se
consigue sin ese acuerdo es enfadar a los diferentes colectivos, es
enfadar a los diferentes agentes u operadores jurídicos y es enfadar a
los grupos parlamentarios. La justicia no se merece eso porque la
ciudadanía no se merece no tener un servicio público de justicia enfocado
a las necesidades del siglo XXI.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Voy a hacer tres consideraciones. La primera es que el señor
Cuevas nos acusa de apriorismo en relación con nuestra intervención. Yo
he dicho que si el veto fuera simplemente una opinión del señor Guillot y
mía, usted tendría razón, pero nunca en la historia de la democracia ha
habido tantos conflictos contra el Ministerio de Justicia.


¿Recuerda usted alguna huelga general excepto la de esta
legislatura? ¿Qué ocurre para que el Colegio de Abogados de Cataluña diga
hace tres o cuatro semanas que la justicia cada vez está peor? ¿Qué
significa que el Consejo General del Colegio de Abogados diga
literalmente que el Estado de derecho, fruto del pacto constitucional
del 78, está en riesgo de quedar huérfano, que nuestra justicia está más
lejos de los ciudadanos y que nuestra democracia es hoy menos democracia?
¿Qué opinan de esto? ¿Es la izquierda radical la que dice esto, o es que,
en definitiva, todo el mundo está diciendo esto? Por tanto, hay algunas
políticas que podemos discutir si son buenas o malas.


Nosotros rechazamos la política económica y ustedes la defienden,
pero hoy no se puede defender la política de justicia porque no ha
mejorado la justicia. Ruiz-Gallardón en su primera comparecencia dijo:
Objetivo, mejorar la justicia. ¿Alguien se atreve a decir hoy que mejora
la justicia? ¿En qué mejora la justicia?


Usted decía: es que ustedes no tienen confianza en los
funcionarios y por eso hablan de justicia dual. Yo tengo un caso muy
cercano, señoría. Una boda en Barcelona en el Registro Civil. ¿Sabe
cuánto tiempo les han dado para casarse en el Registro Civil? Siete
meses. Y no es culpa de los funcionarios, es que no hay medios ni
personal. Solución que ustedes dan: que se vayan al notario o al
registrador y que se lo paguen. Pero nosotros decimos que este servicio,
evidentemente, lo tiene que dar la Administración pública, y no en siete
meses, sino en una semana o en diez o quince días.


Por otro lado, y con esto acabo, yo he hecho una intervención
inicial enmarcando la política de justicia después de releer ayer
tranquilamente la intervención de Ruiz-Gallardón. Decía: «Objetivo
fundamental, mejorar la justicia». ¿Ha mejorado la justicia? No.


En estos cuatro años, ¿qué ha pasado con la justicia en España?
Han pasado tres cosas importantes. Primera, se ha laminado la
independencia judicial. El Partido Popular, en contra de todos los grupos
parlamentarios, en contra de todas las asociaciones profesionales y
entidades jurídicas, hizo una modificación del Consejo General del Poder
Judicial donde traspasó competencias del consejo al ministerio, y el
consejo hoy tiene muy poco poder. Y sin independencia del Poder Judicial,
sin independencia de la justicia se pueden vulnerar los derechos de la
ciudadanía.


Por lo tanto, primera cuestión, se ha atacado la separación de
poderes. Segunda cuestión, ustedes lo externalizan casi todo. A este paso
no sé qué va a hacer el Ministerio de Justicia. Lo externalizan casi
todo, lo privatizan casi todo: intentaron hacerlo con el Registro Civil;
el otro día lo intentaron en el debate que tuvimos aquí, en el catastro
versus registro, en la mediación, y hoy nos traen una externalización, en
definitiva, de la jurisdicción voluntaria. Y, tercera cuestión, sus
políticas llevan a una reducción del derecho básico fundamental de las
personas a tener tutela judicial efectiva.


¿Qué era la Ley de tasas? ¿Era facilitar el acceso a la justicia?
¿O era hacer que mucha gente no fuera a la justicia? ¿Por qué han
modificado, aunque sea parcialmente, la Ley de tasas? Por la contestación
social que ha habido; han tenido que modificar tarde y parcialmente la
ley de tasas por la contestación que ha tenido. Por lo tanto, señor
Cuevas, yo le agradezco la voluntad que ha tenido de transaccionar,
aunque sea en el último momento. Dos horas antes de la comisión, nos han
dado no sé cuántos folios y enmiendas, algunas de las cuales hemos
firmado porque nos han parecido oportunas. No hemos tenido una actitud de
rechazo. Ahora bien, les decimos que la política de justicia es una de
las más nefastas que ha habido. Y la pregunta es: ¿a quién beneficiará
esta ley cuando se apruebe? ¿Beneficiará a la sociedad? ¿Beneficiará a
los que vayan al Registro Civil? ¿O va a beneficiar, como dice el Consejo
General de la Abogacía, a colectivos que van a hacer un gran negocio con
materias que son de dominio claramente público? Beneficia a esos, y
nosotros decimos que queremos beneficiar a toda la sociedad y a la
ciudadanía.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


Por el Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra la señora
Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, coincidimos en muchos de los argumentos esgrimidos en
los cuatro vetos defendidos por sus respectivos grupos parlamentarios.
Coincidimos en el diagnóstico. El texto no acaba de cumplir con los tres
principales objetivos que a priori se había propuesto el Gobierno: dar
coherencia sistemática a la regularización de la jurisdicción voluntaria;
racionalizar el sistema en beneficio de los interesados, descargando a
los jueces y magistrados del conocimiento de buena parte de los asuntos
propios de este ámbito, y hacerlo con el máximo consenso de todos los
operadores jurídicos implicados. Aun así no podemos apoyar dichas
propuestas en tanto en cuanto consideramos que la tramitación y
aprobación de este proyecto de ley son necesarias e incluso
imprescindibles.


Debemos tener en cuenta que el Proyecto de Ley de jurisdicción
voluntaria que hoy es objeto de debate viene de un mandato que ya hacía
en su momento la disposición final decimoctava de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en la que se encomendaba al Gobierno de entonces
que remitiera a las Cortes Generales un proyecto de ley de jurisdicción
voluntaria. Se decía: una previsión legal vinculada a la construcción de
un sistema procesal avanzado y homologable al existente en otros países.
Teníamos que desgajar la jurisdicción voluntaria del ordenamiento de la
Ley de enjuiciamiento civil.


Pero a pesar de estar de acuerdo con gran parte del contenido de
este proyecto de ley y con la necesidad de tramitarlo, hay muchos puntos
mejorables. De hecho, mi grupo ha presentado 90 enmiendas que
consideramos que mejorarían bastante el texto que estamos debatiendo. El
balance que hacemos es que nos encontramos ante una apuesta clara por
traspasar a otros profesionales, órganos y funcionarios públicos ciertas
materias que hasta ahora estaban atribuidas solo a jueces y
magistrados.


En línea con el parecer del Consejo General del Poder Judicial
expresado en su informe al anteproyecto, y en términos generales, estamos
de acuerdo con el proyecto de ley, puesto que compartimos la necesidad de
descargar de trabajo al juez y de aligerar la carga de trabajo que afecta
a los tribunales. Ahora bien, destacamos que estamos de acuerdo en que la
desjudicialización que se lleve a cabo sea parcial y que no se predique
en todos los supuestos de jurisdicción voluntaria. Como decimos, si bien
es adecuado este aligeramiento de carga de trabajo, no podemos olvidar
que es indudable que para el ciudadano la máxima garantía de sus derechos
viene dada por la intervención del juez. Por lo tanto, hay cuestiones que
no se pueden desvincular de ninguna manera de su conocimiento, como por
ejemplo afectaciones de derechos fundamentales, derechos relacionados con
menores y otras personas especialmente vulnerables y a proteger.


Por otra parte, la desjudicialización de la jurisdicción
voluntaria no puede ver comprometida; por ejemplo, la efectividad de
ciertos derechos privados, hasta ahora tutelados y bajo la competencia
del conocimiento del servicio público de la justicia y de los jueces y
magistrados. Así, no estamos de acuerdo en que se atribuya la tramitación
del divorcio ante notario. A pesar del artículo 87 de la norma, que prevé
que la atribución al notario del control de los convenios reguladores de
separación y divorcio lo sean solo respecto de aquellos de mutuo acuerdo,
consideramos adecuado en este caso mantener la competencia del juez,
puesto que el divorcio acostumbra a ser un momento proclive para hacer
valer situaciones de desigualdad u otras, lo que hace necesaria la
intervención del juez.


Asimismo, y compartiendo el informe del Consejo General del Poder
Judicial, consideramos que el expediente notarial de reclamación de
deudas dinerarias tendría que suprimirse y mantener este procedimiento de
jurisdicción voluntaria en el ámbito judicial, puesto que consideramos
capital la necesidad de que sea el juez quien controle indirectamente,
cuando menos, su admisión e inadmisión, garantizando su viabilidad al
efecto de la documentación presentada por el acreedor, cada vez más
compleja.


Estamos en contra de la regulación contenida en la disposición
final decimoctava del proyecto de ley, ya que permite que la valoración
de la concurrencia de los requisitos relativos a la insuficiencia de
recursos económicos para disfrutar del beneficio de justicia gratuita
esté en manos del notario registrador. Entendemos que esta valoración
debe corresponder y permanecer en manos de las comisiones de asistencia
jurídica gratuita.


Finalmente, en relación con la eventualidad de la ley y la
desjudicialización de la jurisdicción voluntaria, entendemos que
convendría valorar una ampliación del consenso con las administraciones
de las comunidades autónomas, que, como Cataluña, tienen competencias
para regular la creación de una justicia de proximidad como escalón
inferior de la justicia por debajo de los tribunales de instancia. Los
modelos propugnados, pues, por ambas administraciones, la General del
Estado y la catalana, podrían entrar en conflicto en ciertos
aspectos.


Cataluña propugna crear en la justicia de proximidad unos
tribunales de base, los cuales se tienen que encargar del conocimiento de
aquellos asuntos de jurisdicción voluntaria, aquellos que no revisten una
especial complejidad y puedan tener una tramitación más ágil. Estos
tribunales se tendrán que situar en poblaciones medianas, teniendo en
cuenta variables objetivas, como, por ejemplo, la población, las cargas
de trabajo o la accesibilidad geográfica. Las plazas de estos órganos se
tendrían que cubrir con los primeros escalones de la carrera judicial,
favoreciendo la experiencia de los jueces de nuevo ingreso. Estos
tribunales de base pueden entroncar con la justicia de proximidad a que
se refiere el artículo 108.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña; de
hecho, no se puede obviar que en Cataluña tenemos las bases para
desarrollar la justicia de proximidad porque la contempla nuestro
estatuto, y esta justicia podría constituir el primer escalón de la
carrera judicial y resolver con celeridad y eficacia conflictos menores
en los ámbitos civil y penal.


Por todo ello, vamos a abstenernos en la votación de los vetos,
puesto que consideramos que, aunque el proyecto es mejorable, debemos
posibilitar su tramitación.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora
Rieradevall.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su
portavoz en justicia, el senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente, con la venia.


Cuando se celebra un matrimonio, sea cual fuere la religión y el
rito religioso que la presida, o sea cual fuere el acto civil, en un
ayuntamiento o en un juzgado, todos tienen en común que lo único que hace
quien oficia es dar fe de que hay una expresión de voluntad libremente
efectuada en ese acto y que, efectivamente, contraen matrimonio en ese
acto. No hacen otra cosa: dan certeza, como explica el artículo 44 del
Código Civil, de que el matrimonio tiene la misma naturaleza y
características, ya sean cónyuges del mismo o distinto sexo, que fue la
reforma que se hizo aquí en el Senado, en el Gobierno Zapatero...
Perdonen, pero es que me acabo de acordar de Pedro Zerolo, y me parece
injusto seguir hablando de esto sin manifestar mi cariño por él, que fue
el que más se lo curró, sinceramente. Todavía lo recuerdo. Estaba ahí
cuando tuve el honor de ser ponente, y durante años siempre explicaba que
al casar a la gente, sean del mismo o distinto sexo, las madres tienen la
misma cara. Todas estaban sonrientes. Era una manera de explicar a la
gente por qué apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Les
pido disculpas y cierro el paréntesis.


Lo que intento decir es que se explique el artículo 44 y después
el 66, el 67 y el 68 del Código Civil, y una vez explicados, expliquen
los artículos constitucionales, sobre todo el 14, el de la igualdad
respecto a las responsabilidades de los cónyuges. A mí no me parece mal
—y esto es una discrepancia que mantengo, dicho sea con todo
respeto, con el amigo y colega señor Iglesias— que dé fe de una
manifestación de voluntad no solo el secretario judicial, no me parece
mal que la pueda dar un notario o un registrador, no tengo ningún
inconveniente, pero sí es cierto que, en cualquier caso, no es verdad lo
que dijo el ministro en su discurso de que esta ley iba a generar menos
coste para la ciudadanía. Eso no es posible, no es posible, porque es
como explicar la cuadratura del círculo. Si usted va a un notario o a un
registrador, eso le cuesta. Ahora, no me teoricen, que cuando van a un
juzgado o a un ayuntamiento también les cuesta; no me teoricen eso,
porque no hay punto de comparación entre una cosa y la otra —y
estoy mirando a la cara a un alcalde—, no hay punto de comparación.
Luego no es verdad que esto genere menos coste para los españoles; al
contrario, esto genera más coste para los españoles; eso en primer
lugar.


En segundo lugar, aquí no hay prejuicios, lo que hay es un
análisis del texto, y cuando se lee el texto se observa que entre el
preámbulo y el articulado hay una contradicción: el preámbulo dice
alternatividad y el texto no lo garantiza. Yo les sugiero a ustedes lo
siguiente: puede haber un artículo cercano al primero que diga: en
cualquiera de los procedimientos, siempre que no haya reconocimiento de
derechos subjetivos —entonces hace falta que esté el juez— y
siempre que no haya controversias —entonces hace falta que esté el
juez—, en cualquiera de los procedimientos el ciudadano podrá
escoger dónde llevar a cabo la satisfacción de ese interés, de esa
afectividad, de ese derecho privado, en cualquiera de las posibilidades
que tiene abiertas. Esa es una cláusula general por la que optaba el
modelo del año 2006 y que aquí no está; aquí va por cada uno de los
supuestos.


Segunda sugerencia que les hago: ¿por qué no plantear que en
todos los procedimientos donde haya controversia haya garantía de
abogado? Les digo más, aunque se prevea la posibilidad de la justicia
gratuita para quien vaya al registrador o al notario, habrá que pagarlo.
Luego, más costes. Estoy hablando del ámbito de lo que no es personal
jurisdicente, es decir de la traslación competencial al secretario
judicial, que era el modelo del año 2006, que es el que plantea el
Consejo de Europa, el que plantean los dos libros blancos y el que
plantea el pacto de Estado del año 2001, que reafirmaron en 2003 y
en 2009 el Gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista cuando
reformaron el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en torno
a la oficina judicial, dotando de más competencias a los secretarios
judiciales.


En tercer lugar, señor Cuevas, con todo cariño y respeto, no
espete usted a los portavoces de los grupos que son senadores y que están
en una Cámara política, que es un Parlamento, que estén aquí haciendo
política, porque si no hacen política aquí, ¿qué van a hacer? ¿Calceta o
capar a las abejas? Lo que están haciendo aquí es política, según sus
posiciones y sus análisis en torno al modelo de justicia;






lo que están
haciendo es política. Si usted lo que quería decir era: no haga
partidismo sectario, entonces es una expresión distinta y entonces veamos
quién hace sectarismo partidista, es decir quién se plantea una propuesta
que no genere más costes a la ciudadanía —repito lo de los
aranceles—; quién se plantea la alternatividad para que
libérrimamente decida el ciudadano si quiere ir al registrador, si quiere
ir al notario o si quiere ir al secretario judicial, o incluso quién se
plantea la garantía en ese procedimiento monitorial ante el notario en
las deudas no contradichas y quién se plantea la garantía para que tenga
la presencia de ese abogado.


Les digo incluso más, cuando se dice en el preámbulo que es un
texto que llega con el consenso de los profesionales, les manifiesto que
hasta hoy a última hora hemos estado hablando con sus representantes, y a
excepción de un grupo de funcionarios, todos ellos absolutamente
dignísimos y cualificadísimos, no hay tal consenso. No es verdad, están
permanentemente manifestándolo. Nosotros no planteamos ningún tipo de
conflicto corporativo entre unos y otros, cuestionándonos unos u otros o
jerarquizando unos u otros. Eso, permítame que se lo diga con todo el
cariño, no lo ha dicho nadie aquí. Nosotros lo que estamos diciendo,
sinceramente, es que el modelo que plantea el Consejo de Europa es
trasladar los asuntos de carácter administrativo del juez al secretario y
que esté, sobre todo, dentro del ámbito de la Administración de Justicia,
que garantiza esa imparcialidad. Los otros servidores públicos
—fíjese que sigo usando el concepto de servidores públicos, que me
parece un concepto muchísimo más digno— son cualificadísimos y
dignísimos, pero su función es distinta. Yo no estoy ahora jerarquizando
quién está más cualificado, si el secretario judicial, el juez, el
registrador o el notario. Eso no lo ha dicho nadie, todos piden su
cualificación, pero la función institucional, el anclaje constitucional
es distinto, la función es distinta, la tarea es distinta, y el tercero
imparcial, le insisto, es en el ámbito de la Administración de
Justicia.


Nuestro planteamiento es situar la mayor parte del grueso
competencial en el secretario judicial y que los registradores tengan su
ámbito competencial en lo que no supone evaluación jurídica; que el
negocio que se ha fraguado antes llegue al registro y si no hay ninguna
pega, lo registra y si tiene alguna pega o algún obstáculo, pues no lo
registra. Pero su ámbito es el de la hipoteca, es el ámbito societario,
no es el de los derechos personales, porque estamos hablando de la
efectividad de derechos privados, de ámbitos muy privados, y como estamos
hablando de ámbitos privadísimos hay que permitir que sea el ciudadano el
que escoja un tipo de relación con el notario de donde vive, con el
registrador o con el secretario judicial, pero que sea el propio
ciudadano el que escoja. Me parece que ese es un discurso perfectamente
admisible por todos y estaba en el texto de los libros blancos del
Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Europa y del Pacto de
Estado del año 2001, como he reiterado varias veces, y estaba en el texto
que mandó el Gobierno de Zapatero en el año 2006 al Congreso de los
Diputados.


¿Cuál es nuestro argumento central? Que siendo un texto que todos
califican de técnico —la palabra técnica es de origen griego y
quiere decir arte, el arte de resolver situaciones de las personas, no
tiene mayor trascendencia—, siendo un texto técnico, tiene una gran
trascendencia en la vida privada, en la vida familiar de los españoles, y
no se pueden abordar las cosas sin medir las consecuencias: que generan
más costo para la ciudadanía; perturbación de nuestro sistema jurídico,
porque la función del registrador no es hacer evaluaciones jurídicas, no
es participar en el negocio jurídico, sino registrar el negocio que
efectivamente se ha hecho.


Luego hay una cosa que no entiendo, se lo he preguntado a usted
en privado y vuelvo ahora a preguntárselo en público. ¿Me podrían
explicar esa vacatio legis hasta el año 2017 para los notarios? ¿Tiene
alguien algún argumento?


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, acabe, por
favor.


El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.


Porque si el argumento es que va a haber reformas de futuras
leyes, prevéase tal cosa, pero carece de sentido decir que hasta el
año 2017 no puede desempeñar las tareas que prevé el propio
ordenamiento.


Nada más, presidente, y gracias por los treinta y seis segundos
de más. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Díaz
Tejera.


Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el senador señor
Cuevas.


El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, señor presidente, voy a ser
breve.


Principalmente quiero agradecer a los grupos políticos que han
anunciado que no van a apoyar los vetos, porque supone un apoyo a que
siga adelante la tramitación de la ley, a que siga adelante una ley que
estamos convencidos de que va a ser buena para los ciudadanos y que, por
lo tanto, va a ser buena para todos.


Es una ley que además está contando con el máximo consenso
—lo han señalado varios portavoces—. Hasta última hora hemos
estado intentando llegar a transacciones. Ya se hizo una gran labor de
aceptación de enmiendas en el Congreso y se hace ahora en el Senado, por
lo que estamos convencidos de que mejorará el resultado final de este
proyecto de ley, que tiene como objetivo final servir al ciudadano, y
como objetivo secundario y no menos importante centrar a los jueces en
aquello para lo que están. La Constitución dice que los jueces están para
juzgar y para hacer cumplir lo juzgado, y eso es lo que queremos, lo que
marcan todas las recomendaciones y lo que busca también este proyecto de
ley: que el juez se centre en su trabajo, no solo por economía de medios,
que también, sino porque es lo justo y lo razonable.


Una vez dicho esto, muy brevemente me referiré a algunos
portavoces que han intervenido.


Senadora Capella, me da pena que se quede con ganas de presentar
vetos. Se han presentado tantos, que por uno más no habría habido grandes
diferencias. Por lo tanto, puede usted seguir vetando con calma y
tranquilidad.


El senador Iglesias me dice que no le he convencido. Ni él a mí,
y además estoy muy contento de que ninguno nos convenzamos y los dos
sigamos hablando y sigamos teniendo la capacidad de dialogar, incluso
aunque no nos convenzamos; esa es la gran virtud y el gran mérito de la
democracia y por lo que estamos aquí todos nosotros.


El portavoz del Grupo Vasco ha mostrado una preocupación que nos
une a todos: la mejora de la calidad de la justicia. Efectivamente, tiene
usted mucha razón. Seguramente el gran problema que tiene la justicia es
la falta de calidad en la atención al ciudadano, principalmente no solo
por los retrasos, sino por más cosas. Esta ley forma parte de un gran
catálogo de medidas que intenta mejorar la calidad en la Administración
de Justicia. Queremos el consenso y queremos buscar la mejora en la
calidad de la justicia. Considero que el Proyecto de Ley de la
jurisdicción voluntaria avanza en ese sentido.


El senador Saura señala que todos están en contra de cómo
evoluciona la justicia y lee algunas declaraciones, muchas de ellas
hechas por colectivos en el fragor de ciertas batallas; pero, en el
fragor de la batalla, todos decimos cosas. Yo no creo que todo el mundo
esté en contra de cómo ha funcionado la justicia en estos cuatro años.
Tiene usted razón cuando dice que hay gente que ha mostrado sus
discrepancias; las respetamos, pero estamos haciendo lo posible y vamos a
seguir haciéndolo.


A la senadora Rieradevall le agradezco que haya entrado en temas
técnicos; es decir, que nos dejemos de apriorismos, nos dejemos ya de
juzgar a las cosas por su envoltorio y entremos en aspectos concretos.
Vamos a hacer lo que podamos para aceptar algunas enmiendas, vamos a
transaccionar las que podamos y es bueno que hablemos de cosas concretas
y no hagamos prejuicios, como, una vez más, ha hecho el senador Díaz
Tejera.


Ha dicho usted que va a haber que pagar por ir al notario. Mucha
gente paga por ir al ayuntamiento a que le casen; muchos ayuntamientos
tienen tasas tan elevadas como cualquier notario. El hecho de que exista
una tasa no es algo que impida a nadie elegir y, en todo caso, con el
ejemplo que usted me ha puesto, usted podrá casarse —bueno, usted
no. No lo sé; también usted, si quiere más adelante. (Risas)—
podremos todos casarnos cuando queramos, si es que somos capaces de ello,
y donde queramos: ante el notario, ante el juez, ante el secretario o
ante nuestro concejal preferido; hay una libertad plena de elección. Y,
aunque usted diga que no, yo sí creo que el Partido Socialista se alinea
con tesis radicales y que no son razonables.


Ha tenido usted la osadía de defender su propio proyecto de ley,
el del año 2015, del que hace un rato ha dicho que era deslavazado, que
hubo que retirarlo porque quedó —como ha dicho usted— con
patas de cangrejo y cuello de jirafa —no recuerdo exactamente los
animales que ha mencionado—. Usted mismo ha dicho que el proyecto
quedaba deslavazado. Por cierto, siguieron más años en el Gobierno y
fueron incapaces de presentar ningún otro, así que vamos a compartir
culpas: hemos tenido quince años de retraso en la ley, ustedes
presentaron un proyecto que tuvieron que retirar porque era una mezcla de
animales; después estuvieron varios años sin presentar ninguno, y ahora
creo que es una irresponsabilidad presentar un veto a este proyecto de
ley. Yo entiendo que ustedes lo enmienden, entiendo que ustedes quieran
aportar mejoras, pero no entiendo que veten un proyecto que bebe del
acuerdo de la justicia entre el Partido Popular y el Partido Socialista,
que bebe del libro blanco, que bebe en buena medida de la ley que ustedes
propusieron, que aporta novedades y que es un proyecto de ley para una
justicia del siglo XXI. A lo mejor a ustedes les gusta más la justicia
del siglo XIX, viendo la gente con la que pactan últimamente, a lo mejor
les gusta la política del siglo XIX y a lo mejor también les gusta la
justicia del XIX. Nosotros queremos una justicia del siglo XXI, y en ello
estamos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Llamamos a votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.









LECTURA ÚNICA





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26
DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO
Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (Votación)


621/000126



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder, en primer lugar,
a la votación del Proyecto de Ley del convenio económico entre el Estado
y la Comunidad Foral de Navarra. Ha habido utilización de la votación
telemática por parte de la senadora Cunyat, del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió y ha emitido su voto afirmativo al convenio, con lo
cual lo añadiré a la votación que celebremos ahora.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232
más 1 voto telemático, 233; votos emitidos, 231 más 1 voto
telemático, 232; a favor, 224 más 1 voto telemático, 225;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado
definitivamente por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el
convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
(Aplausos).









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.
(Continuación).


621/000119

Justicia


El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, las propuestas de
veto del Proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria.


Ha habido utilización también de la votación telemática por parte
de la senadora Cunyat para las cuatro propuestas de veto, y se abstiene
en las cuatro.


Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los
senadores Iglesias y Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232
más 1 voto telemático, 233; votos emitidos, 229 más 1 voto
telemático, 230; a favor, 64; en contra, 150; abstenciones, 15 más 1 voto
telemático, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto rechazada.


Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 3, de los
senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229
más 1 voto telemático, 230; votos emitidos, 227 más 1 voto
telemático, 228; a favor, 64; en contra, 148; abstenciones, 15 más 1 voto
telemático, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores y
senadoras del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos
los senadores Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231, más 1 voto telemático, 232; votos emitidos, 229, más un
voto telemático, 230; a favor, 63; en contra, 150; abstenciones, 16,
más 1 voto telemático, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos finalmente la propuesta de veto número 4 del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 232, más 1 telemático, 233; votos emitidos, 230, más 1
telemático, 231; a favor, 65; en contra, 150; abstenciones, 15, más 1
voto telemático, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las
enmiendas.


En primer lugar, las enmiendas 12 a 139 y 141 a 153, que han
presentado los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario
Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.
(Rumores).


Espere un momento, senador Iglesias. Señorías, por favor, guarden
silencio.


Cuando quiera, señoría, puede empezar.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).


Señorías, el senador Mariscal y yo mismo hemos presentado 142
enmiendas —una de ellas fue retirada y sobre otra se ha alcanzado
un acuerdo transaccional—. Son fácilmente agrupables en bloques
estas enmiendas. Por lo tanto, haré una descripción de estos bloques de
forma somera.


Enmiendas al articulado. Un primer bloque plantea una definición
de expedientes sin conflicto, materia de la que es objeto este proyecto,
entendiendo por tales aquellos que, estando legalmente previstos,
requieran la intervención de la Administración de Justicia para la tutela
de derechos e intereses en materia de derecho civil y mercantil, sin que
exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. En
base a esta definición se plantea que a lo largo de todo el proyecto
—en los títulos, en los capítulos, en los artículos— se
sustituya la expresión «expedientes de jurisdicción voluntaria» por la
expresión «expedientes sin conflicto».


Otro paquete de enmiendas sustituye la atribución de competencia
al juez que realiza el proyecto por la concesión de la competencia al
secretario en la totalidad de los expedientes, con la salvedad de
aquellos que ya se regulan de esta forma en el proyecto y de aquellos
otros en los que se plantea el derecho a la imagen de los menores y la
fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones. La
atribución de competencias al secretario sería para el conjunto de la
tramitación de los expedientes —inicio del mismo, acumulación en el
caso en que proceda, apreciación de la competencia, examen de la
existencia de efectos y omisiones, admisión de la solicitud, práctica de
pruebas, celebración de comparecencias y la resolución por
decreto—. Como ya avanzaba en la defensa del veto, en estos casos
se establecería un recurso de revisión frente al decreto promulgado por
el secretario, del que conocería el juez.


Un tercer bloque amplía la declaración como no preceptiva de la
intervención de letrado y procurador.


En relación con las disposiciones, con nuestras enmiendas
defendemos la supresión de la disposición adicional cuarta, la que fija
que en tres meses el Gobierno aprobará nuevos aranceles para reflejar la
remuneración de las nuevas competencias atribuidas a notarios y
registradores —por tanto, sí va a haber retribución—.


Mediante otras enmiendas planteamos modificaciones de la
disposición final primera, en primer lugar, para excluir la posibilidad
de que los notarios tramiten separaciones de mutuo acuerdo en
reconciliaciones o divorcios. No hay discrepancia frente a lo que
manifestaba mi buen amigo y compañero, el senador Arcadio Díaz Tejera, en
el sentido de que sí aceptamos que los notarios casen —incluso
vestidos de Elvis Presley si les pagan lo suficiente y ellos están de
acuerdo—, pueden recibir el consentimiento de los cónyuges, lo que
no pueden es disolver el matrimonio. En segundo lugar, para que los
notarios no instruyan el expediente matrimonial. Sí planteamos por contra
que se incorpore a los secretarios de ayuntamiento con capacidad para
desarrollar esta función. Y, coherentemente con la visión que tenemos del
proyecto y con las enmiendas que hemos formulado al articulado,
planteamos otro paquete de modificaciones de los artículos del Código
Civil.


En relación con la disposición final cuarta, que hace referencia
a la modificación de la Ley del registro civil, de nuevo enmendamos para
excluir que los notarios extiendan el certificado de capacidad
matrimonial.


Con otra enmienda defendemos la supresión de la disposición final
quinta.bis, que vuelve a hablar del arancel de los notarios en estas
nuevas competencias.


Con respecto a la disposición final quinta, que modifica la
Ley 24/1992, en lo que hace referencia a los matrimonios de carácter
evangélico, judaicos o islámicos, enmendamos para excluir igualmente la
participación de los notarios en la instrucción de los expedientes
matrimoniales, incorporando, por contra, la posibilidad de que esta
competencia la asuman los secretarios de ayuntamiento.


También modificamos la disposición final decimoprimera, que
modifica la Ley del notariado, y con tres enmiendas planteamos tres
nuevas disposiciones finales: una, en cuanto a la adaptación del
articulado del Código Civil a las reformas que planteamos de los
contenidos del proyecto de ley mediante nuestras enmiendas, y otra, en
relación con la Ley de enjuiciamiento civil y el Real decreto 1723/2012,
de 28 de diciembre, fundamentalmente en todo lo que hace referencia a las
competencias en la materia.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas 1 a 11, del Grupo Parlamentario Mixto, de la senadora
Capella i Farré.


Tiene la palabra la senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señora presidenta. Buenas
tardes.


Las enmiendas que presentamos se refieren todas ellas a la
necesidad de incorporar como preceptiva la intervención de abogado y
procurador, porque consideramos en cada uno de los puntos que enmendamos
y solicitamos que sea preceptivo que son aspectos importantes en la vida
de las personas y que afectan al ejercicio de derechos fundamentales. Por
tanto, pedimos que se modifique el artículo 23 y se incorpore la
intervención preceptiva de abogado y procurador en la autorización o
aprobación judicial del reconocimiento de la filiación no
matrimonial.


La mera existencia de derechos de menores o personas con
capacidad judicialmente cumplimentada y las situaciones de conflicto de
intereses o de otro tipo que se plantean en los supuestos indicados en
nuestra enmienda exigen su defensa garantista, haciendo en consecuencia
preceptiva la intervención de abogado y procurador. En el mismo sentido,
cuando hablamos de remoción del tutor o curador, es decir, si se quiere
evitar la confrontación o litigio contradictorio, debe garantizarse que
el interesado esté defendido con las garantías exigibles desde el inicio
del procedimiento. Igual en la constitución del patrimonio protegido de
personas con discapacidad y otras actividades relacionadas con el mismo,
es decir, evidentemente, es necesaria la intervención en defensa de los
intereses de la persona sometida a declaración de incapacidad para que
pueda ser defendida. Asimismo incorporamos una enmienda de modificación
relativa a la necesidad de que sea preceptiva la intervención de abogado
y procurador para aquellos supuestos que suscitan cuestiones que afectan
a menores o a personas con capacidad modificada. Asimismo, en los
supuestos de autorización o aprobación judicial para la realización de
actos de disposición, constitución de gravamen u otros que se refieren a
los bienes y derechos de menores o personas con capacidad modificada
judicialmente.


El proyecto excluye la intervención preceptiva para aquellos
supuestos cuyo valor del acto para el que se inste el expediente no
suponga los 6000 euros. Consideramos que no debe haber límites a tal
intervención por las cuestiones que también planteamos en la
justificación de la enmienda. Igualmente ocurre respecto al apartado 4
del artículo 68, en lo referido a los expedientes de declaración de
ausencia legal y de declaración de fallecimiento, así como para el
supuesto de dispensa de impedimento matrimonial y también en lo que
afecta a la transcendencia de los derechos de la persona, en definitiva,
la necesidad de ejercer la defensa con todas las garantías.


En ese mismo sentido, en materia de expedientes de intervención
judicial, en relación con la patria potestad y en caso de desacuerdo en
su ejercicio, estimamos necesaria la intervención preceptiva de abogado y
procurador.


Finalmente, también consideramos necesaria la intervención de
abogado y procurador en los casos de desacuerdo conyugal y en la
administración de los bienes conyugales porque de esta manera se
garantiza el derecho de defensa en la tutela judicial efectiva. Es verdad
que no se prohíbe acudir con abogado y procurador. El hecho de que no sea
preceptiva, como decíamos en la defensa del voto favorable de los vetos
presentados por otros grupos parlamentarios, está fomentando esta
justicia dual, a la que algunos acceden en defensa de sus intereses y de
sus derechos legítimos con todas las garantías y otros no porque, al no
ser preceptiva la intervención letrada de abogado y procurador, es
evidente que tampoco tienen derecho a que se les sea asignados por el
turno de oficio.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, presidenta.


Nosotros presentamos dos enmiendas, la 154 y la 155. En lo que
respecta a esta segunda, a la 155, entendemos que será aceptada tras la
enmienda transaccional propuesta por el Grupo Popular. En ese sentido,
únicamente me referiré a la 154.


La enmienda 154 es la correspondiente al artículo 45, que está
dentro de la tutela y la curatela. Entendemos que el texto que proponemos
mejora y que también tiene en cuenta tanto a las entidades tutelares
autonómicas como, en su caso, a las forales con competencia en la
materia. Pedimos al grupo mayoritario que atienda esta enmienda porque
mejora el texto en este Estado con diferentes comunidades autónomas y sus
correspondientes competencias.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la
palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, presidenta. Buenas
tardes.


Doy por defendidas todas las enmiendas de los senadores de la
Entesa pel Progrés de Catalunya, tanto las de los senadores Guillot y
Saura como las de los senadores del PSC. En todo caso, lo que haré será
defenderlas desde un punto de vista mucho más global.


Este proyecto de ley demuestra nuevamente que, en la mayoría de
los casos, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular legislan de una
manera absolutamente improvisada y dando palos de ciego. Un ejemplo claro
de ello es, sin ir más lejos, lo que pasó en el Pleno pasado con la ley
de nacionalización de los sefardís. Esta ley es otra prueba de lo que
estamos diciendo. En el Congreso se autoenmendaron, pues el Grupo
Parlamentario Popular presentó casi un centenar de enmiendas a su propio
texto —un texto aprobado por el Gobierno—. Eso quiere decir
que presentaron las mismas enmiendas que, por ejemplo, el Grupo
Parlamentario Socialista, y muchas más que el resto de grupos, a
excepción de Izquierda Unida, que presentó algunas más —no muchas
más— que el Grupo Parlamentario Popular. Esto es legítimo, no tengo
nada que decir al respecto, simplemente quiero ponerlo de relieve pues
demuestra claramente que en muchos casos el Gobierno legisla sin
criterios claros y sin rumbo. Además, tal y como hemos dicho en numerosas
ocasiones, los cambios que se introducen a través de estas enmiendas
hacen imposible trabajar al resto de grupos parlamentarios en un texto
concreto, conocido y real.


Como les decía, doy por defendidas todas las enmiendas que hemos
presentado y únicamente voy a exponer sus grandes líneas y las razones
que las han motivado, todas ellas en concordancia con el veto que hemos
defendido en el turno anterior.


En primer lugar, hemos presentado un grupo de enmiendas que
pretenden trasladar al articulado los objetivos expuestos en el
preámbulo, que —como decíamos en la defensa del veto—
compartimos en gran medida pero no se reflejan en absoluto en el texto
del proyecto de ley. En segundo lugar, hacemos referencia al Pacto de
Estado para la reforma de la justicia de mayo de 2001 y dejamos claro que
no nos hemos movido, que estamos donde estábamos en el año 2001 y que ha
sido el Grupo Parlamentario Popular el que de forma unilateral ha
cambiado de posición. En tercer lugar, defendemos las recomendaciones del
Consejo de Europa y del Consejo General del Poder Judicial para mantener
los procesos de jurisdicción voluntaria dentro del ámbito de la
Administración de Justicia y, por lo tanto, estamos contra de la
externalización de operadores extrajudiciales. Asimismo, consideramos
necesario mantener y asegurar en todo caso el principio de
alternabilidad, es decir, no cerrar la puerta y permitir que el ciudadano
que quiera pueda seguir optando entre acudir al juez o al secretario
judicial. En cuarto lugar, hemos presentado otro grupo de enmiendas
claramente destinadas a la defensa del artículo 24.1 de la Constitución
española, referido al derecho fundamental de todo ciudadano a la tutela
judicial efectiva. En quinto lugar, otro bloque de enmiendas, encaminadas
a la defensa, promoción y garantía de la justicia como servicio público
esencial. En sexto lugar, enmiendas encaminadas a corregir las
desigualdades entre los ciudadanos —desigualdades que condena este
proyecto de ley—. Y, finalmente, en séptimo lugar, defendemos el
interés general por encima de los intereses de determinados grupos, en
este caso, de los notarios y registradores y que en otros proyectos de
ley son otros los colectivos claramente beneficiados por las medidas
gubernamentales.


Estas son, señorías, las grandes líneas que han inspirado todas
las enmiendas de los senadores del Grup de la Entesa pel Progrés de
Catalunya.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra
la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo ha presentado un total de 90 enmiendas: 23 de
supresión, 10 de adición, 1 de sustitución y 55 de modificación. He
agrupado algunas de ellas para no extenderme demasiado.


Un grupo de nuestras enmiendas trata de limitar la ampliación en
la elección de notario. El proyecto de ley recoge muchos puntos de
conexión para que distintos notarios puedan intervenir, cosa que
consideramos puede atentar contra la seguridad jurídica e, incluso,
conculcar el artículo 93 de la Constitución. Por lo tanto, presentamos
algunas enmiendas para evitar esta ampliación de puntos de conexión a la
hora de determinar la competencia, lo cual tiene una vis atractiva hacia
las grandes capitales y perjudica a aquellas zonas en las que es muy
importante que exista una notaría. Defendemos una concepción territorial
que no concentre todo en las grandes capitales, porque es necesaria una
distribución territorial de las notarías acorde y que a esas notarías se
les dé un mínimo de trabajo preestablecido en expedientes y
procedimientos en los que deberían poder intervenir.


Hay un conjunto de enmiendas que pretenden garantizar la
intervención de abogados y procuradores en una serie de
procedimientos.


Otro bloque de enmiendas se refiere a los jueces de paz y con
ellas se pretende recuperar el papel de los juzgados de paz en la
conciliación y en todo tipo de materias. Debemos poner en valor estos
juzgados que se caracterizan por la proximidad a la ciudadanía.
Concretamente, respecto al título IX, De la conciliación, la enmienda 179
añade como competente al juez de paz —además del secretario—
para la presentación, tramitación y celebración del acto de conciliación,
así como una mejora técnica respecto a la aportación de documentos.


Con la enmienda 176 se pretende, por una parte, recuperar el
papel de los juzgados de paz en la conciliación y en todo tipo de
materias. Por otra parte, donde no hay Juzgado de Paz, el Juzgado de
Primera Instancia es el juzgado de la población del conciliado, donde
debería celebrarse la conciliación. Ello es coherente con el principio de
proximidad de la justicia y con la reivindicación de la resolución
alternativa de conflictos.


Mediante la enmienda 180 se elimina el inciso en el que se dice
que el desarrollo de la comparecencia se grabará, puesto que es
irrelevante el contenido literal de las conversaciones que mantengan las
partes y el secretario judicial o el juez de paz con la finalidad de
alcanzar un acuerdo. Por tanto, es innecesaria la grabación audiovisual.
Por otra parte, ello dificultaría o impediría que las partes se
expresaran sin reservas por temor de que luego pudiera perjudicarles en
un ulterior juicio o en caso de que no se produjera avenencia. También
hay que tener en cuenta que muchos juzgados de paz carecen de medios
audiovisuales para la grabación, con lo cual, en caso de establecerse
como preceptiva esta grabación, tendríamos un problema adicional.


La enmienda 181 versa sobre la competencia en la ejecución.
Consideramos que debería corresponder al mismo juzgado que tramitó la
conciliación cuando se trate de asuntos de la competencia del propio
juzgado. En los demás casos sería competente para la ejecución el Juzgado
de Primera Instancia o Mercantil a quien hubiere correspondido para
conocer de la demanda.


Mediante la enmienda 184 se modificaría la disposición final
decimonovena, con el objetivo de regular la gratuidad de determinados
expedientes notariales y registrales. De conformidad con las
prescripciones legales contenidas en la Ley 1/1996, de asistencia
jurídica gratuita, consideramos que la facultad que el presente proyecto
de ley otorga a los colegios notariales o registros para verificar y
valorar la acreditación de los requisitos para obtener algunos beneficios
y prestaciones de la Ley de justicia gratuita vulnera el sistema de
tramitación que articula dicha ley para el reconocimiento de este
derecho.


Por lo que se refiere a la intervención del notario o secretario
en separaciones de mutuo acuerdo, hemos presentado enmiendas de
modificación a los apartados de la disposición final primera, donde se
regula. Con las enmiendas 185 a 187 pretendemos la eliminación en los
preceptos de las referencias a la disolución del matrimonio por
otorgamiento de escritura notarial. En la atribución al notario del
control de los convenios reguladores de separación y divorcio
consideramos adecuado, en este caso, mantener la competencia del juez,
aun cuando sea respecto a aquellos en los que haya mutuo acuerdo.


Con la enmienda 195 se deja claro que cada cónyuge ha de ser
asistido por su letrado en el momento de otorgamiento de la escritura
pública.


Proponemos en la enmienda 196 excepcionar el pago del impuesto
sobre actos jurídicos y documentados de las actas notariales o decretos
de los secretarios judiciales para asimilar la fiscalidad de la escritura
pública de separación matrimonial o divorcio a la sentencia o decreto de
separación o divorcio y así evitar asimetrías fiscales por el simple
hecho de que el consentimiento se preste ante notario o ante un
secretario judicial.


Mediante la enmienda 188 se propone eliminar la referencia que se
hace en el proyecto al derecho internacional privado español en la norma
aplicable en la separación y divorcio, ya que en esta materia el
Reglamento UE 1259/2010, del Consejo, por el que se establece una
cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la
separación judicial, tiene efectos erga omnes.


La enmienda 189, que ha sido transaccionada, se formula para que
exista coherencia normativa. Propone añadir un nuevo apartado a la
disposición final primera y suprime el inciso «sin ulterior recurso» del
artículo 156 del Código Civil, dado que el artículo 88 no excluye el
recurso de apelación. Por lo tanto, consideramos que cabe recurso de
apelación y, gracias a esta transacción, así va a ser.


Por lo que se refiere al juzgado competente para el proceso de
divorcio y separación, mediante la enmienda 191 proponemos añadir el
criterio de competencia territorial establecido en el Reglamento
UE/2201/2003 cuando los puntos de conexión previstos en el artículo 769
de la ley no se cumplan.


Asimismo hemos presentado un conjunto de enmiendas a los
expedientes de jurisdicción voluntaria, enmiendas que van de la 200 a
la 207. En ellas proponemos incluir las normas de derecho internacional,
a las que el proyecto no hace la debida referencia para los expedientes
de jurisdicción voluntaria en los casos internacionales.


Proponemos incluir en cuanto a la inscripción en registros
públicos las salvedades de las normas de derecho internacional y de la
Unión Europea, a las que entendemos que el proyecto tampoco hace la
debida referencia.


Y por lo que a la incoación del expediente se refiere,
consideramos que resulta necesario suprimir el inciso que exonera a quien
acuda sin abogado de concretar la fundamentación jurídica de lo
solicitado, puesto que es una cuestión de seguridad jurídica.


Por lo que a la celebración de la comparecencia se refiere, con
el fin de dar la posibilidad de que el solicitante conozca los motivos de
oposición con antelación para poder preparar la comparecencia y evitar
inútiles pruebas y suspensiones, se propone que no se realice a través
del trámite de juicio verbal sino del que está previsto a tal efecto en
la ley, que actualmente se encuentra en tramitación, y se pueda dar un
trámite específico de contestación a la demanda por escrito.


Proponemos en cuanto a la caducidad del expediente ampliar el
plazo de tres meses a un año en consonancia con el plazo más breve para
la caducidad en la instancia. Finalmente hemos transaccionado que, en vez
de ampliarse de tres meses a un año, sea de seis meses. Considerábamos
que era mejor doce meses, no obstante el acuerdo es mejor que si se
quedara en tres meses.


Nuestra enmienda 214 propone, por lo que a la adopción se
refiere, que el recurso de apelación que se presente contra el auto de
adopción tenga efectos suspensivos, ya que así se evitaría la inscripción
de una adopción que luego pudiera ser revocada.


Por último quiero agradecer al senador Cuevas su buena
predisposición para transaccionar ocho enmiendas, de las cuales
finalmente se han transaccionado siete. Nos gustaría haber podido hacerlo
con más enmiendas y también que se acepten las que quedan
pendientes.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Marra.


La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario Socialista no cuestiona la necesidad de
que se aborde la reforma de la regulación de la jurisdicción voluntaria,
al contrario, lo señalamos en nuestra propuesta de veto, donde el senador
Díaz Tejera lo defendió claramente. Ahora reiteramos la necesidad de que
se apruebe un texto, que, en nuestra opinión, es fundamental, es básico
para contribuir a la modernización de un ámbito de nuestro ordenamiento
jurídico de singular importancia por la cotidianidad de los asuntos que
se tratan, por la importancia que la resolución de muchos expedientes
tienen para la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y
a pesar de que en este texto que se remite se nos presentan unos
planteamientos que van en la línea de dar coherencia sistemática a la
regulación, de racionalizar el sistema y de hacerlo con el máximo
consenso, este proyecto de ley que hoy trae el Gobierno fracasa
prácticamente en todos estos objetivos: fracasa en el acuerdo; fracasa en
el consenso de los operadores jurídicos; fracasa también en puntos
esenciales como la sistemática coherencia necesaria en estos expedientes
de jurisdicción voluntaria; y fracasa en un punto que es fundamental,
como es la racionalización de la jurisdicción voluntaria, cuando plantea
la desjudicialización radical de una buena parte de estos expedientes,
cuya tramitación y resolución se atribuye prácticamente en exclusiva a
notarios y registradores. Lo recogían aquí muy bien portavoces
anteriores, y es que lo que nos deberíamos plantear con este proyecto de
ley es a quién beneficia y a quién perjudica, porque si analizamos a
quién beneficia constatamos que es a un pequeño colectivo, precisamente
al de registradores y notarios, al que el Gobierno, manifiestamente,
contribuye a atribuirle en exclusiva una gran parte de los expedientes
que con alternatividad deberían llevar adelante los secretarios
judiciales; y perjudica, señorías, y lo hace gravemente, a una gran
mayoría de los ciudadanos que se ven obligados a tener que acudir
exclusivamente a notarios y registradores para poder llevar adelante
estos asuntos que son, reitero, cotidianos y fundamentales para la vida
de una gran mayoría de los ciudadanos de este país.


Por todo ello, el Grupo Socialista presenta un conjunto de
enmiendas a este Proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria, las que van
del número 576 a la 766, casi 200. Se trata de enmiendas que quiero dar
por defendidas, aunque quiero hacer una determinada referencia a unos
puntos que consideramos de especial trascendencia.


En primer lugar, gran parte de las enmiendas socialistas a este
proyecto de ley se han centrado en asegurar la tesis de la alternatividad
en los procesos de jurisdicción voluntaria que trata esta ley y, en
consecuencia, que los ciudadanos tengan la capacidad de elegir y, por lo
tanto, de decidir acudir a uno u otro profesional, siendo posible, por lo
tanto, con esta alternatividad, que los ciudadanos elijan como ellos
mejor vean conveniente, sin necesidad de que con exclusividad sean
notarios y registradores, y que mediante pago se les imponga que
resuelvan muchos de estos asuntos de jurisdicción voluntaria. Esto fue
siempre, como bien señaló el senador Arcadio, lo que defendió el proyecto
socialista, que no llegó a aprobarse en su momento, pero que con la
necesaria coherencia que tuvimos entonces ponemos de manifiesto ahora
para que nuevamente, con esta tesis de alternatividad que consideramos
fundamental, se asegure la tutela judicial efectiva de los derechos de
todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, pero también para
erradicar los intentos de privatización de la justicia que con este
proyecto de ley se pretende por parte del Gobierno y que solo conduce a
acentuar la desigualdad de oportunidades.


Señorías, incorporar la alternatividad significa dar respuesta a
las recomendaciones del Consejo de Europa, significa dar respuesta al
Libro Blanco para la Justicia elaborado por el Consejo General del Poder
Judicial, pero también al Pacto de Estado para la reforma de la justicia,
que aconseja establecer las nuevas competencias atribuidas a notarios y
registradores con alternatividad a los secretarios judiciales. Es
evidente, señorías, que de no hacerse se estaría discriminando
descaradamente a los secretarios judiciales, no reconociendo su prestigio
actual e histórico, de cientos de años, con funciones que amplía la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, en materia de jurisdicción
voluntaria y conciliación, y sí vaciando de contenido sus funciones
mediante encomienda a notarios y registradores, reitero que sin
alternativa judicial, vulnerando así el derecho de los ciudadanos al
servicio público de la justicia. Por ello la intervención del secretario
judicial está garantizada constitucionalmente, por la posibilidad de
intervención directa del juez o tribunal en los expedientes por vía de
recursos. En último termino, se garantiza la función del secretario
judicial por los jueces como garantes últimos de los derechos de las
personas, reconocido por el artículo 117.4 de la Constitución
española.


Otro gran conjunto de enmiendas que presentamos los socialistas
van encaminadas a conseguir la igualdad entre las partes dentro de los
asuntos que se tratan en este proyecto de ley.


Señorías, no es una cuestión menor garantizar la igualdad entre
las partes. Lo que queremos decir con ello es que se incluya la
preceptividad necesaria de abogado y procurador cuando aun en sede
extrajudicial se produzca oposición. Con ello quiero hacer referencia a
que, tras múltiples enmiendas que se presentaron en el Congreso de los
Diputados, en las que la mayoría de grupos reclamaban esta necesidad de
preceptividad de abogado y procurador en estos asuntos, el Grupo Popular
ha tenido a bien incorporarlo en el artículo 3.2 del proyecto de ley. Lo
que no entendemos es por qué en algunos de los asuntos, en algunos de los
expedientes que se tratan en este proyecto de ley, el Grupo Popular, o en
este caso el Gobierno, no acepta incluir, también en el caso de
oposición, que se pueda establecer la preceptividad de abogado y de
procurador.


Por la trascendencia que esto tiene, quiero hacer referencia a
algunas de nuestras enmiendas, ya que sería conveniente incorporarlas
para clarificar a los ciudadanos cuándo es necesario —lo tienen por
justicia— que puedan acudir a un abogado y a un procurador de
existir oposición, como es el caso en relación con la defensa del derecho
al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con
capacidad modificada judicialmente. Esto viene recogido en el
artículo 59.3 del proyecto de ley. O en relación con la declaración de
ausencia y fallecimiento; o bien en relación con la patria potestad o con
la consignación. Reitero que sería conveniente que este proyecto de ley
se modificase en la medida de establecer fehacientemente que es posible
que en el caso de oposición los ciudadanos puedan acudir con
preceptividad a un abogado y a un procurador en caso de conflicto.


Pero donde quiero pararme con mayor detenimiento, porque este
proyecto de ley sí lo excluye y, por tanto, no lo hace preceptivo, es en
relación con la fijación del plazo para el cumplimiento de las
obligaciones, cuando proceda. Esto hace referencia fundamentalmente a
problemas de cumplimiento de obligaciones entre consumidores,
artículo 97.2 de este proyecto de ley, en el que, reitero, no se
incorpora como preceptivo abogado y procurador en el caso de que haya
oposición y, por tanto, conflictividad entre las partes.


Por ello sería conveniente también en todos estos casos que se
hiciera preceptivo que los ciudadanos pudieran acudir, por tanto, a
abogado y procurador en el caso de oposición y conflictividad entre las
partes.


Señorías, algunas de las enmiendas que también presentamos a este
proyecto de ley van orientadas a corregir la atribución de determinados
expedientes a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
Quizá por la queja que se viene haciendo por parte de distintos
operadores se recoge aquí una en concreto, que es la que nosotros
planteamos en nuestra enmienda 758, que propone la supresión de la
reclamación notarial de deudas dinerarias que pudieran resultar no
contradichas, esto es, en este proyecto de ley se instaura el
procedimiento monitorio notarial en la medida en que supone un proceso
alternativo al procedimiento monitorio judicial. No se alcanza a entender
sobre qué base se les atribuye a los notarios la competencia en régimen
de alternatividad de las reclamaciones de pago de deuda dineraria de
cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible.


Por ello planteamos esta enmienda, porque de no ser así, en
nuestra opinión, el nuevo monitorio notarial evitará el control judicial
de oficio en cuestiones de tal importancia como las cláusulas abusivas en
contratos bancarios concertados con los ciudadanos, con la consiguiente
indefensión al sustraer el contrato del que surge la deuda del control de
los jueces de instancia, quienes están facultados y obligados a declarar
de oficio la nulidad de las cláusulas abusivas que puedan contener.


Como bien señala el dictamen del Consejo General del Poder
Judicial, el procedimiento monitorio es declarativo, que por la
naturaleza del tráfico jurídico y de las circunstancias presenta multitud
de complejidades que evolucionan con el tiempo. Es un procedimiento,
además, agresivo con el patrimonio del deudor, que se incardina en la
función jurisdiccional recogida en el artículo 117.3 de la Constitución.
Por lo tanto, no puede ser extraído del ámbito judicial y menos para unos
operadores, los notarios, que no son autoridad pública. De no suprimirse
de hecho este procedimiento monitorio notarial, las posibilidades de
defensa del deudor ante este proceso ejecutivo son significativamente
menores que si de un proceso declarativo se tratara. Es, por lo tanto,
necesario que se suprima este procedimiento monitorio notarial y que se
tenga a bien aceptar esta enmienda 758 que presenta hoy el Grupo
Parlamentario Socialista.


Otro grupo de enmiendas se encamina a dar coherencia sistemática
a la regulación de la jurisdicción voluntaria. Consideramos que no existe
un marco en el que sea posible establecer todos los expedientes de
jurisdicción voluntaria y no autolimitarse a lo que se tramita ante
órganos jurisdiccionales, dejando buena parte de los expedientes sin
regular o haciéndolo en otros cuerpos normativos. De hecho, a través de
disposiciones adicionales se modifican leyes tan importantes como el
Código civil, la Ley del notariado, la Ley hipotecaria o la Ley de
enjuiciamiento civil, lo que viene a no clarificar el texto del proyecto
de ley que hoy se presenta en esta Cámara.


Por lo tanto, con el objetivo de que se aúnen, de que se agrupen
en un único texto estos expedientes de jurisdicción voluntaria, ha de
tenerse a bien incorporar muchas de las enmiendas que nosotros planteamos
en este proyecto de ley a fin de que este se clarifique legalmente en
materia de jurisdicción voluntaria.


Estas son las grandes líneas generales que presenta mi grupo
parlamentario. Sin embargo, no puedo por menos que hacer referencia a las
transaccionales presentadas por el Grupo Popular hace pocas horas.
Señorías, no solamente en esta Cámara se debe hablar del fondo de este
proyecto de ley. También es conveniente hablar de las formas, de los
procedimientos que se deben utilizar en esta Cámara a la hora de traer
los proyectos de ley. ¿Qué quiero decir? Que parece que es una práctica
habitual que el Grupo Popular, de forma reiterada, se autoenmiende en los
distintos proyectos de ley que pasan no solamente por esta Cámara, por el
Senado, sino también por el Congreso de los Diputados. Y muestra de ello
es este proyecto de ley. Quiero recordar que en el Congreso se
presentaron más de 200 autoenmiendas por parte del Grupo Popular. Más
de 20 adicionales se han incorporado en esta Cámara, en el Senado. Esto
imposibilita que los distintos grupos parlamentarios podamos trabajar con
la tranquilidad y el sosiego necesarios que conlleva este proyecto de ley
que, reitero, es fundamental para la vida de una gran mayoría de los
ciudadanos de este país. Por ello criticamos mucho las formas en las que
el Grupo Popular viene aprobando y tramitando estos proyectos de ley
sobre la base de autoenmiendas y transaccionales que se presentan en el
último minuto en esta Cámara.


No puedo por menos, sin embargo, que hacer referencia a algunas
de las enmiendas transaccionadas que presenta el Grupo Parlamentario
Popular. Algunas de ellas, de hecho, recogen enmiendas que previamente,
en comisión, ni siquiera fueron aprobadas por el Grupo Parlamentario
Popular y que ahora se presentan como transaccionales. Me refiero en
concreto a la enmienda que inicialmente planteó el Grupo Parlamentario
Popular, la 785, que sí se presentó en la sesión de la Comisión de
Justicia de esta pasada semana pero que, sin embargo, ahora nos trae este
mismo grupo como enmienda transaccional. Lo que viene a decir esta
enmienda, fíjense, es que amplía con límites insospechados las facultades
calificadoras de los registradores, lo que es claramente innecesario y,
por tanto, la mayoría del resto de los grupos de la oposición no la ha
aceptado.


Otro grupo de enmiendas transaccionadas que se presentan en esta
Cámara son las relativas al artículo 53 sobre competencia, legitimación y
postulación en relación con la solicitud de emancipación o de beneficio
de mayoría de edad, en la que en la práctica de las actuaciones no sería
preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, salvo que se
formule oposición, en cuyo caso sí sería preceptivo. No es entendible por
qué el Grupo Parlamentario Popular no ha querido aceptar esta última
pequeña modificación, es decir, que fuese preceptivo abogado y procurador
en caso de oposición en un tema que también consideramos de máxima
importancia, como es la emancipación.


Otra transaccional a la que no puedo dejar de hacer referencia es
la relativa al artículo 140.1. Nuestra posición ha sido muy clara. La
competencia para conocer de los actos de conciliación se debe mantener en
los juzgados de paz. Nuevamente aquí el Grupo Parlamentario Popular,
encubriendo a través de una transaccional, quiere hacer ver que están
apoyando el trabajo que realizan los juzgados de paz. Fíjense que
únicamente con esta transaccional lo que se incorpora es que esta
competencia para los juzgados de paz se realice para una cuantía de
petición inferior a los 6000 euros. No es entendible por qué no se
establece para cuantías superiores. Sería bueno que explicaran por qué
fijan una transaccional cuando la cuantía de petición es inferior a 6000
euros y no una cantidad superior, que es lo que plantea el Grupo
Parlamentario Popular en una enmienda relativa precisamente a favorecer
estos juzgados de paz en la tramitación de competencias de actos de
conciliación.


Por último, señorías, este proyecto de ley no es la única muestra
de cómo el Partido Popular viene legislando en estos últimos años; de
hecho, lo vimos en Plenos anteriores de las Cámaras en los que se
aprobaron reformas de proyectos de ley de suma importancia, como Ley
hipotecaria, la Ley de catastro inmobiliario, la de concesión de
nacionalidad a los sefardíes, etcétera, y lo vemos también en relación
con este proyecto de ley, en el que claramente, como dije al inicio de mi
intervención, el Grupo Parlamentario Popular quiere beneficiar claramente
a unos colectivos en detrimento de otros; beneficia claramente a los
registradores y a los notarios, y nuestra pregunta es por qué con este
proyecto de ley se les quiere beneficiar en exclusividad y, por el
contrario, se perjudica muy gravemente al resto de los ciudadanos que,
reitero, se ven obligados en numerosos expedientes a que con exclusividad
tengan que acudir a notarios y registradores y que, por tanto, tengan que
pagar los correspondientes aranceles.


Para finalizar, quisiera agradecer que en el último momento
—estaba subiendo a esta tribuna— el Grupo Popular haya tenido
a bien aceptar una de nuestras enmiendas. Insisto, agradezco que se haya
tenido a bien aceptar esta enmienda transaccional, una enmienda que va en
la línea —permítanme que la lea— de que el juez o secretario
judicial, según quién sea el competente para el conocimiento del
expediente, decida sobre la admisión de los medios de prueba que se le
propongan, pudiendo ordenar prueba de oficio en los casos en que exista
un interés público si afecta a menores o personas con capacidad
modificada judicialmente, lo estimen conveniente para clarificar algún
elemento relevante y determinante de la cuestión o expresamente lo prevea
la ley. Por lo tanto, agradecemos que se haya tenido a bien aceptar esta
transaccional.


Por último, no puedo finalizar sin señalar, como dije al
principio, la necesidad de un texto que regule la jurisdicción
voluntaria. Lo creemos profundamente. También creemos en la necesidad de
que estos proyectos de ley de suma importancia sean textos acordados,
texto consensuados no solamente por los operadores jurídicos, que son los
que al fin y al cabo van a aplicar la ley, sino también por el resto de
los grupos de la oposición, en este caso, en esta Cámara. Creemos también
en la posibilidad de que se pueda alcanzar un texto, si no por
unanimidad, sí con un amplio consenso, sin que finalmente, como viene
ocurriendo en esta Cámara, se acabe imponiendo la voluntad de uno solo de
los grupos, algo que lamentamos profundamente.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Popular.


Tiene la palabra el senador Cuevas Cuerda.


El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, presidenta. Buenas tardes.


Con permiso de la Presidencia, voy a utilizar un solo turno para
defender las enmiendas del Grupo Popular y para el turno en contra del
resto de las enmiendas.


Nuestro grupo ha presentado un total de 21 enmiendas —que,
por supuesto, doy por defendidas— que buscan mejorar,
evidentemente, la calidad de esta ley y, además, dar sentido a lo que
todos queremos que sea esta Cámara, una Cámara de segunda lectura que
permita corregir errores, que permita, por ejemplo, como se ha hecho,
ajustar la parte preliminar de la ley a las enmiendas que se han
aceptado. Por tanto, sabemos que va a ser una mejora final de la calidad
legislativa, que es algo muy importante.


En el turno en contra no voy a referirme a las nada menos que 800
enmiendas presentadas —hay 4 veces más enmiendas que disposiciones
en esta ley—. Parecen muchas —y son muchas—, pero
realmente la mayor parte de ellas solo son un trasunto de los vetos que
se han presentado —lo han dicho algunos portavoces—.
Efectivamente, los vetos, al final, se transforman en enmiendas para
intentar acomodar la ley a esa negativa absoluta a su filosofía. Esto es
normal, es razonable, y la mayor parte de las enmiendas tienen, como he
dicho antes, un contenido claramente político en el sentido de que van
contra la filosofía de la ley, es decir, contra la desjudicialización
—que no privatización— de determinados expedientes. Esto es
normal, pero quiero decir que en el Grupo Popular y en el Gobierno hemos
hecho un gran esfuerzo para aceptar el mayor número de enmiendas posible.
De hecho, hay una veintena de transaccionales —hemos aceptado
enmiendas de Izquierda Unida, enmiendas de Entesa, enmiendas del Grupo
Socialista— y, en total, se van a incorporar en torno a 30
enmiendas que mejorarán significativamente la ley. Por tanto, creo que
entre todos conseguiremos tener una mejor Ley de jurisdicción
voluntaria.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno de portavoces.


¿Grupo Mixto? (Denegaciones).


No hace uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, presidenta.


Intervengo únicamente para decir que en el turno de portavoces el
representante del Grupo Popular mostraba su acuerdo con el diagnóstico
que nosotros realizábamos, como es la baja calidad del servicio público
de la justicia, tal y como lo percibe el ciudadano. También se nos
comentaba que han sido más de 30 las enmiendas acordadas con los
diferentes grupos, y se nos ha anunciado que faltan 10 proyectos de ley
para trabajar en los próximos meses y lograr que la calidad de la
justicia se incremente. Veamos cuál es la actitud. Todos los grupos que
estamos en la Cámara hemos sentido y vivido durante la legislatura una
cerrazón importante por parte del Grupo Popular. Ha habido proyectos en
los cuales no se ha aceptado ninguna enmienda. Entiendo que la calidad de
los parlamentarios y su inteligencia es la misma hoy que hace tres meses,
es la misma cuando se aceptan 30 enmiendas que cuando no se acepta
ninguna. Entiendo que la diferencia es la del interlocutor, la diferencia
es la del receptor, que sobre la base de no sé qué políticas o no sé qué
criterios a veces acepta una serie de enmiendas y otras veces no acepta
ninguna. Si uno de los criterios es el consenso, si uno de los criterios
es el acuerdo, háganse esfuerzos, porque no se trata de plantear unas
horas previas al debate una serie de transaccionales y ponerlas encima de
la mesa para llegar a un acuerdo.


Además, hemos asistido a un proceso y es la primera vez que yo
vivo algo similar, y es que en el Pleno votemos enmiendas del Grupo
Popular. Me encanta, pero esto quiere decir que había sus dudas en la
Comisión de Justicia a la hora de abordar una serie de enmiendas o había
elementos que no estaban claros.


Para finalizar, voy a poner encima de la mesa los datos que antes
he comentado, los datos del Consejo General del Poder Judicial: los
asuntos resueltos en todas las jurisdicciones en el año 2014 son
inferiores a los del año 2013 y son inferiores a los del año 2011, con lo
cual, a la hora de evaluar y valorar los objetivos que este Gobierno
pretendió al inicio de la legislatura, vemos que es evidente que el
resultado es negativo. Quedan pocos meses de legislatura, pero parece que
el recorrido legislativo todavía es importante. Que sean las actitudes de
consenso, de acuerdo, de escucha las que imperen para que la justicia
vaya a mejor. Es verdad que en cuatro meses no se arregla nada. Esto es
como en la universidad, que estudiando la víspera los resultados no son
los apetecidos. Pero si somos capaces de mejorar los datos aportados por
el Consejo General del Poder Judicial y, en definitiva, de dar un mejor
servicio a los ciudadanos, algo se habrá mejorado. Eso depende del grupo
mayoritario, depende de ustedes.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Reitero los argumentos de mi grupo para exponer nuestra
disconformidad con este proyecto de ley. Posiblemente la pregunta que no
se ha contestado es a quién beneficia esta ley. Estamos convencidos de
que al día siguiente de su aprobación ningún ciudadano ni ciudadana se
beneficiará de esta ley, y la sociedad tampoco; se beneficiarán unos
colectivos determinados que harán negocio sobre la base de materias que
hoy por hoy forman parte del espacio público. Desde ese punto de vista,
esta ley se enmarca dentro de una dinámica general de la política de
justicia del Gobierno del Partido Popular que, como he repetido, tiene
tres elementos fundamentales: limitar la independencia de la justicia,
privatizarla y reducir los derechos de la ciudadanía en cuanto a la
tutela judicial efectiva.


Por todas esas razones votaremos en contra. El anuncio de que
tendremos un alud de nuevas iniciativas legislativas del Gobierno
demuestra la inseguridad, la incapacidad y las limitaciones que hasta
ahora ha tenido.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.
Intervendré desde el escaño.


Celebramos que se haya podido llegar a acuerdos en este proyecto
de ley y esperemos que esta sea la tónica que impere en los próximos
proyectos, pues desgraciadamente estamos acostumbrados a la soberbia
parlamentaria que ha tenido esta mayoría absoluta del Grupo Parlamentario
Popular. Esperamos que en los próximos proyectos así sea. Lamentamos no
haber podido alcanzar más acuerdos; de momento, con los alcanzados no
podemos darnos por satisfechos en su totalidad y, por tanto, nos vamos a
abstener en la votación.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Díaz
Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidenta. Con su venia.


Señoría, las novedades que aporta este texto en comparación con
el anterior es que no respeta el criterio establecido por el Consejo de
Europa ni el Pacto de Estado por la justicia del año 2001 ni los libros
blancos —estoy haciendo un esfuerzo por hablar como los
peninsulares— del Consejo General del Poder Judicial; tampoco lo
que hicieron los gobiernos en los años 2003 y 2009 en relación con el
artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en torno a la oficina
judicial y las competencias del secretario judicial. Por lo tanto, la
novedad aquí es que desplaza la traslación inicialmente planeada para
ubicar tareas de los jueces en los secretarios judiciales; las saca del
ámbito de los secretarios judiciales y los ubica en los registradores y
notarios. Esa es la novedad.


Segunda novedad, lo que antes era alternatividad y que la
ciudadanía decidiera, ahora ustedes los ubican en registradores y
notarios. Tercero, no es verdad que sea menos costoso, es más costoso.
Cuarto, no tiene en cuenta la realidad del tiempo en que se va a aplicar.
Le pongo el ejemplo de una fecha. El 15 de agosto de 2015 entra en vigor
un reglamento comunitario que, como usted sabe, es una norma jurídica que
tiene rango de ley, a pesar de su nombre, que regula el derecho sucesorio
europeo; establece el certificado sucesorio con ámbito de aplicación en
la Unión Europea.






Eso no se contempla en el texto, señoría, cuando se
sabe que entrará en vigor el 17 de agosto de 2015.


En general, yo procuro no aludir a asuntos distintos de los que
estamos trabajando; estamos debatiendo un mal llamado texto de
jurisdicción voluntaria; como he dicho varias veces, es un procedimiento
no litigioso, un procedimiento sin conflicto, sin controversia; pero se
ha acuñado el término y lo seguiremos usando porque facilita la
comunicación. Yo procuro no aludir a eso, a lo que está fuera del texto,
porque hay que hacer un esfuerzo por leer el texto, leer el proyecto
anterior y escuchar lo que se dice. Aquí se ha señalado que el texto del
año 2006 explicaba claramente que la competencia era del secretario
judicial. Pero, como decía un afamado lord británico cuya frase usó luego
mucho el presidente fundador del Partido Popular, que en paz descanse,
«la política hace extraños compañeros de cama». Y señoría, ese texto del
año 2006 que mandó el Gobierno al Congreso —y el Partido Popular en
el Congreso apoyó todas las enmiendas de Esquerra Republicana; fíjese qué
maridaje— transformó la coherencia de un texto en relación con el
libro blanco, en relación con el Consejo de Europa, y aparece ese ser con
cuello de jirafa o cuerpo de león o pie de gatito o como se quiera
llamar. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).
Esa es la explicación. Por lo tanto, dialoguemos entre nosotros,
conversemos entre nosotros con lo que estamos hablando aquí, y a ser
posible respóndase a los argumentos que se esgrimen aquí y no busquemos
operaciones de camuflaje hablando de asuntos ajenos al propio texto.
Ahora comprendo el latiguillo, los lugares comunes, la radicalidad y todo
ese tipo de cosas, y esas vainas de los pactos y los impactos. Pero
hablando de eso —ya que usted me invita a que lo haga, cosa que
jamás hago porque procuro leer los textos; intento ganarme el pan
leyéndome el texto, no buscando operaciones de camuflaje—, le
comunico, pongo en su conocimiento, que ya que tanto afán se tiene ahora
por esto de votar la lista que tiene más apoyo, me decía antes el
presidente Griñán que mañana será la cuarta oportunidad que tengan en
Andalucía por apoyar la lista más votada. ¡A ver si tienen tanto amor a
eso! Y usted perdone que haga esta pequeña excursión, que no busca
ninguna operación de camuflaje por no haberme estudiado el texto, dicho
sea esto con todo el cariño y todo afecto a su persona.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Díaz
Tejera.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Cuevas.


El señor CUEVAS CUERDA: Cerrando ya el debate queda poco más que
decir; nos hemos dicho casi todo lo que nos teníamos ganas de decir.


Al señor Saura solo quiero decirle que estoy convencido de que a
quien va a beneficiar esta ley va a ser a los ciudadanos, que van a tener
una justicia más moderna y más ágil de la que han tenido hasta ahora; y,
por tanto, más eficaz, que es de lo que se trata. Esa es nuestra
obligación. Van a poder ejercer mejor sus derechos y conseguir de un modo
mejor lo que desean; eso es lo que creo que vamos a conseguir.


Sin entrar más en debate, porque no lo merece ni la ocasión ni el
tiempo ni casi la provocación, no le diré al señor Díaz Tejera lo que él
se estudia o se deja de estudiar, solo añadiré que la semana que viene va
a tener ocasión su compañero de Partido Socialista de ver a quién vota en
Castilla-La Mancha, si gobierna con apoyo del PSOE o deja que gobierne la
lista más votada, que es la del Partido Popular. (Aplausos). Con esto,
cerramos el debate.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.


Llamamos a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la
Presidencia).


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.


Vamos a proceder a la votación de las enmiendas.


En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal.


Votamos la enmienda número 94.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 135; en contra, 3;
abstenciones, 70.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas 109, 114 y 115.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 5; en contra, 187;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 34, 63, 66, 68, 70, 74, 79, 91, 93, 96
y 103.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 14; en contra, 134;
abstenciones, 61.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas de los senadores Iglesias y
Mariscal, salvo las que están sometidas a transacción, que son las
enmiendas 14, 15 y 29.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 5; en contra, 134;
abstenciones, 69.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de la senadora Capella. Votamos la 1 y la 11.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 1; en contra, 138;
abstenciones, 70.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 2 a 4 y 6 a 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 11; en contra, 137;
abstenciones, 61.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. En primer
lugar, la enmienda 154.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 15; en contra, 133;
abstenciones, 60.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya. Comenzamos votando la enmienda 245.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 190; en contra, 4;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas 255 y 256.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 191; en contra, 1;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos las enmiendas 247, 292, 355, 357 y 376.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 67; en contra, 133;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 252.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 67; en contra, 134;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 292.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 67; en contra, 134;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 308, 315, 361, 372 y 376 a 382.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 206; a favor, 55; en contra, 133;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 253, 254, 258, 277, 279,
280, 286, 288, 293, 319, 320, 323, 325, 330, 333, 338, 349, 382
y 383.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 56; en contra, 134;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya del primer bloque, enmiendas 245 a 433, salvo
las transaccionales que han afectado a las
enmiendas 249, 260, 295, 356, 407 y 419.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 58; en contra, 133;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del segundo bloque del Grupo Parlamentario de la Entesa votamos
la 517.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 141; en contra, 1;
abstenciones, 67.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas 531, 533 y 534.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 5; en contra, 186;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las
enmiendas 456, 484, 487, 489, 495, 497, 502, 507, 514, 516, 519
y 526.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 14; en contra, 134;
abstenciones, 61.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa
del segundo bloque, enmiendas 434 a 575, salvo las que han sido objeto de
transacción que son las enmiendas 437, 438, 451 y 508.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 4; en contra, 134;
abstenciones, 71.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió votamos las
enmiendas 174, 177, 181, 184, 187, 191 a 194, 198, 205, 210 y 213.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 15; en contra, 134;
abstenciones, 60.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las
enmiendas 161, 165, 183, 185, 211, 212, 219, 223, 224, 230, 236
y 242.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 16; en contra, 192;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 157, 159, 160, 162, 164, 166 a 171, 188, 190, 195
a 197, 200 a 203, 214, 215, 218, 220, 225, 228, 232, 237, 243 y 244.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 16; en contra, 134;
abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió, salvo las que han sido objeto de transacción que son
las enmiendas 158, 175, 176, 182, 189, 199 y 207.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 16; en contra, 134;
abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 586
y 587.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 188; en contra, 3;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la 662.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 206; a favor, 55; en contra, 132;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 707.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 68; en contra, 135;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 639, 646, 692, 703 y 708 a 713.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 56; en contra, 135;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 578, 622, 686 y 688.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 67; en contra, 134;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 576.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 192; en contra, 1;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas 623, 714, 715 y 747.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 57; en contra, 133;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 583 a 585, 589, 608, 611, 613, 619,
621, 650, 651, 655, 657, 662, 665, 670 y 683.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 56; en contra, 134;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 716 a 739, 741 a 746 y 748 a 751.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:






presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 57; en contra, 134;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, salvo las que han sido objeto de transacción, que son las
enmiendas 580, 591, 625, 687, 740 y 752.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 57; en contra, 134;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Popular votamos la enmienda 768.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 145; en contra, 4;
abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda 780.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 145; en contra, 2;
abstenciones, 61.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda 782.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 190; en contra, 3;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas 769 y 770.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 133; en contra, 2;
abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la enmienda 771.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 207; a favor, 135; en contra, 10;
abstenciones, 62.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la número 772.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 134; en contra, 70;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda 775.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 134; en contra, 56;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas 779 y 786.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 135; en contra, 1;
abstenciones, 72.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la número 787.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 134; en contra, 16;
abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas 773, 774, 776, 777 y 784.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 133; en contra, 1;
abstenciones, 74.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos, a continuación, las propuestas de modificación del
dictamen.


En primer lugar, la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 187 467.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 135; en contra, 1;
abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 468.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 148; abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 469.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 152; en contra, 1;
abstenciones, 56.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 470.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 152; abstenciones, 56.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 471.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 152; abstenciones, 57.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 472.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 151; en contra, 1;
abstenciones, 57.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 473.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 151; abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 474.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 151; en contra, 56;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 475.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 148; en contra, 1;
abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 476.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 151; abstenciones, 56.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 477.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 152; abstenciones, 56.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 478.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 208; a favor, 151; en contra, 1;
abstenciones, 56.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 479.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 151; abstenciones, 56.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 480.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 135; abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 481.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 150; en contra, 2;
abstenciones, 56.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 482.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 144; abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 483.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 208; votos emitidos, 208; a favor, 135; en contra, 71;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 484.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 134; ;
abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 187 485.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 149; en contra, 2;
abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Finalmente, votamos la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 187 490.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 207.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).


Señorías, votamos a continuación, en un solo acto, el resto del
proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 209; a favor, 134; en contra, 57;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del
texto definitivo por S. M. el Rey.










PONENCIAS DE ESTUDIO




INFORMES





PONENCIA DE ESTUDIO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN RELACIÓN
CON LA DESPOBLACIÓN RURAL EN ESPAÑA.


543/000007

Entidades Locales


El señor presidente da lectura al punto 7., 7.1. y 7.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del informe, tiene la
palabra el representante elegido por la comisión, el senador García
Martínez.


El señor GARCÍA MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, la ponencia de estudio para la adopción de medidas en
relación con la despoblación rural en España fue creada en el seno de la
Comisión de Entidades Locales, a resulta de la aprobación por el Pleno
del Senado en su sesión extraordinaria número 25, celebrada el día 16 de
enero de 2013, de una moción formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista y en la que se acuerda que la ponencia de estudio tendrá por
objeto el análisis de los factores que han venido provocando el fenómeno
de la despoblación rural en España —principalmente en la España
interior— de sus causas y consecuencias, y de las medidas que deben
adoptar para atajar y revertir este fenómeno.


La Mesa y portavoces de la Comisión de Entidades Locales en su
reunión del 5 de febrero de 2013 acordó por unanimidad que se denominara
Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la
despoblación rural en España. El día 8 de abril de 2014 la comisión
acordó el nombramiento de los ponentes y la ponencia quedó conformada de
la siguiente forma: como coordinador, el senador que les habla; y, como
vocales, los senadores don Gerardo Martínez Martínez, del Grupo
Parlamentario Popular; don Antonio Ernesto Arrufat Gascón y don Miguel
Ángel González Vega, del Grupo Parlamentario Socialista, doña María
Teresa Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; doña María Jesús Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; don José María Cazalis
Eiguren, del Grupo Parlamentario Vasco; don José Manuel Mariscal
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; y, como letrado, don José
Fernando Merino Merchán.


La ponencia inició sus sesiones el día 3 de junio del 2014,
dedicando el día 24 de marzo de 2015 a su cierre. En total se han
celebrado diez sesiones y han comparecido un total de 31 expertos que
representaban a todos los ámbitos afectados por la problemática de la
despoblación rural en España. Así, comparecieron representantes de la
Administración local, provincial, autonómica y nacional, de la FEMP, la
universidad, empresarios, asociaciones del mundo rural, Red Española de
Desarrollo Rural y Red Estatal de Desarrollo Rural, entre otros.


Antes de iniciar la presentación del informe quiero agradecer a
todos mis compañeros de la ponencia, a las senadoras María Jesús Sequera
y María Teresa Rivero, a los senadores José María Cazalis, Miguel Ángel
González, Antonio Ernesto Arrufat y Gerardo Martínez que me hayan
facilitado la coordinación de la ponencia, encontrando en todo momento el
consenso a través del diálogo y su enorme implicación en el estudio de
las conclusiones y las propuestas recomendadas por esta ponencia.
Igualmente, agradezco al letrado, don José Fernando Merino, el habernos
facilitado el trabajo de la ponencia.


El informe que tengo el honor de presentar comprende un resumen
de las aportaciones de los comparecientes así como las recomendaciones
que consideramos sustanciales para la consecución de los objetivos de la
ponencia. Las conclusiones fueron repartidas en distintas medidas:
destinadas a crear un eje vertebrador en favor de la natalidad, relativas
a los fondos europeos y su reparto, de orden territorial, sociales y
financieras, de mejora de las infraestructuras, las comunicaciones y las
nuevas tecnologías y de impulso económico, así como de apoyo a niños y
mayores. Para hacer efectivas estas medidas tendentes a reducir el
despoblamiento rural, los ponentes hemos señalado quince recomendaciones
que consideramos esenciales para conseguir los objetivos de esta
ponencia.


Estas recomendaciones, aunque las citaré muy brevemente, se
centran en los siguientes puntos: delimitar y diferenciar zonas o
territorios escasamente poblados utilizando como criterio identificador
aquellos municipios que han perdido población desde el año 1950 y tienen
una densidad inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado; que por las
diversas administraciones se establezcan las acciones políticas
necesarias para garantizar la permanencia de la población en el mundo
rural y especialmente de la mujer joven en estos municipios; conseguir
para estos municipios el mayor reparto posible de fondos económicos de
las administraciones; que todas las administraciones establezcan las
acciones políticas necesarias para garantizar la permanencia de la
población en el mundo rural; conseguir para estos municipios el mayor
reparto posible de fondos económicos; establecer medidas que impliquen
discriminación legal positiva para generar empleo; ofrecer a los
habitantes de estas poblaciones los servicios básicos que garanticen su
permanencia; mejorar las comunicaciones entre territorios; la adopción de
medidas fiscales, sociales y financieras que permitan apoyar a los
emprendedores y empresas; favorecer la igualdad de oportunidades;
desarrollar poblaciones intermedias con unos adecuados multiservicios
rurales; impulsar los propios recursos naturales de la población, que
permitirán activar el turismo rural; así como apoyar el emprendimiento
ganadero; y, por último —y creo que es lo más importante—
buscar la mayor coordinación de todas las administraciones e
instituciones implicadas en la lucha contra la despoblación rural con el
respeto a su ámbito competencial, apoyando y priorizando inversiones
públicas generadoras de empleo en el mundo rural.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador García Martínez.


A continuación, pasamos al debate de totalidad del informe.


¿Turno a favor? (Denegaciones).


¿Turno en contra? (Denegaciones).


Por tanto, no hay debate a la totalidad.


Turno de portavoces.


¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Mixto?
(Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Mahaiburu jauna, señorías, quiero
simplemente dar las gracias a todos los participantes y ponentes de la
comisión y, por supuesto, a todos cuantos han comparecido en ella pero,
sobre todo, hay que agradecérselo al senador Arrufat, que fue el padre de
la criatura, y al senador Sebastián García, que ha sido la madre de la
criatura, asistidos por el señor letrado. (Risas).


Ha sido un trabajo muy interesante para alguien que viene de un
municipio con una densidad de población de 3500 habitantes por kilómetro
cuadrado. Como pueden ustedes imaginar, mi principal misión ha sido la de
aprender y aportar muy poco más allá de lo que pueda ser lo razonable y
de sentido común.


Creo ha sido un trabajo muy interesante y que —como otros
muchos trabajos en ponencia que se han hecho en esta Cámara— va a
resultar esencial y una referencia para el futuro.


Espero que sus señorías lo lean porque es muy interesante.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra la senadora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Quiero mostrar mi agradecimiento a
todos los miembros de la ponencia, a los senadores y a la senadora, al
letrado, señor Merino, y al personal de la Cámara por habernos facilitado
el trabajo en un ambiente cordial, distendido y muy agradable.


Quiero destacar que de alguna manera ha quedado constatado que
las causas y dificultades de la despoblación rural en España son comunes
en todo el territorio, en las diferentes autonomías; y también la
cantidad de personas expertas en diferentes ámbitos que han acudido como
ponentes y que han expuesto los trabajos que llevan realizando mucho
tiempo. Son personas muy sensibilizadas con el problema y que han hecho
gran cantidad de aportaciones para intentar lograr un compendio de
soluciones que pueden llevarse a cabo.


Espero simplemente que los trabajos de esta ponencia no acaben en
la simple edición de un libro en que se recopile todo lo realizado sino
que culminen con la puesta en marcha por el Gobierno de una serie de
medidas referentes al problema tratado.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra
la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Buenas tardes.


Intervendré únicamente para agradecer su trabajo a los compañeros
de ponencia; por supuesto, al coordinador Sebastián García, al letrado
por su diligencia en la asistencia y también al senador Arrufat, por ser
el proponente y por habernos permitido —por haberme
permitido— participar en este trabajo de pedagogía del mundo
rural.


Siempre digo que elegir vivir en el mundo rural supone una manera
distinta de entender la vida, pero tenemos que hacer pedagogía para
entender que el mundo rural está en el siglo XXI y debemos aprender a
verlo en color y no en blanco y negro.


Espero que con algunas de las iniciativas que proponemos en esta
ponencia podamos aportar este poquito de luz y que muy pronto puedan ser
una realidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Arrufat.


El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, presidente.


En primer lugar, señorías, permítanme manifestar mi
agradecimiento a toda la Cámara. Si ustedes recuerdan, allá por enero del
año 2013 aprobamos por unanimidad —de las pocas ocasiones en que
hemos visto la pantalla en verde— esta propuesta. Con lo cual,
déjenme que ponga en valor de nuevo ese detalle que tuvieron ustedes, los
de todos los territorios. Asimismo, manifiesto mi gratitud a los que
hemos estado peleando por el tema: a María Jesús, Maite, José Mari
Cazalis, Gerardo, Miguel Ángel y, sobre todo, a Sebastián. ¿Te acuerdas
que el primer día dijimos que nos teníamos que entender? Pues creo que lo
hemos demostrado, principalmente, por el interés. Gracias a vosotros y a
todos los participantes. También quiero dar las gracias a la dirección de
mi grupo parlamentario, tanto a Marcelino Iglesias y a José Miguel
Camacho, que nos permitieron introducir esta moción en el Plenario, como
a María Chivite y Óscar López, que nos permitieron introducir un grupo de
enmiendas en los últimos presupuestos que aprobamos.


Se trata de un tema trascendental para la España interior porque
hay 31 provincias afectadas por la despoblación; es decir, prácticamente,
provincias de toda España, incluso muchas costeras, como Castellón o
Valencia, a las que nombro porque me son más cercanas. Ha habido un
trabajo constante y continuo en el ámbito político, profesional y
científico.


En segundo lugar, he de citar a esta Cámara, a la que en muchos
lugares se pone en evidencia, porque ha desarrollado una labor
importantísima en el aspecto territorial y no lo ha hecho únicamente en
relación con esta ponencia sino también en cuanto a la Comisión especial
de estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de
las zonas de montaña que, sin lugar a dudas, la complementará. Esto hay
que ponerlo en valor. Tenemos que creer en lo que estamos haciendo y en
lo importante que es para la sociedad.


Permítanme también que dirija una reflexión hacia aquellos
críticos que cuando presentamos los presupuestos dijeron que no tocaba.
Señor Barreiro, ¿recuerda que hablábamos de las enmiendas a los
presupuestos para ver si podíamos negociar una cantidad? Pues les invito
a que trasladen al Gobierno que ya están listas las conclusiones, para
que se apliquen y hagan faena.


Desde luego, les pediré también algo muy importante y es que se
enamoren un poco más de la Unión Europea para que las medidas
establecidas por esta sirvan para cofinanciar las 15 medidas, las 15
recomendaciones que hacía el senador García Martínez.


Para terminar, les diré que no nos olvidemos de que esto acaba de
empezar —que nadie piense que la faena está hecha—; acaba de
empezar y tenemos que trabajar en tres direcciones. La primera, como
responsables políticos que somos, hemos de hacer ver a nuestros gobiernos
—y digo nuestros gobiernos en plural— que tienen que
instrumentar las medidas. La segunda, que tenemos que hacer pedagogía con
los territorios poblados; les tenemos que pedir empatía para que
entiendan estas medidas porque aquí hay muchas senadoras y senadores que
residen en núcleos importantes de población y tenemos la obligación de
convencerles y de explicarles esta acción. Y tercera medida,
importantísima, hacer una labor de marketing y de promoción en los
territorios despoblados para poner en marcha las medidas.


Termino simplemente diciendo que, a partir de este momento,
señorías, somos todos embajadores de este asunto. Es decir, que si hemos
trabajado en una dinámica, en unas recomendaciones, a partir de ahora
todos tendremos la responsabilidad de ponerlas en marcha.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrufat.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Martínez Martínez.


El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, antes de nada quiero agradecer expresamente al letrado
de la ponencia de estudio sobre despoblación rural, don José Fernando
Merino Merchán, y a todo el personal de la Cámara su inestimable apoyo y
colaboración para sacar adelante este trabajo. Muchas gracias, porque han
sido de gran ayuda. Asimismo, a mis compañeros senadores Antonio Arrufat,
Miguel Ángel González, María Teresa Rivero, María Jesús Sequera, José
María Cazalis y al coordinador de la ponencia, Sebastián García, quiero
decirles que ha sido realmente un verdadero placer trabajar con ellos
durante este periodo de tiempo y compartir esta grata experiencia de
trabajo y las muchas horas de reuniones que hemos mantenido. Gracias a
todos ellos por su buen hacer y por su trabajo.


La ponencia de estudio ha sido eminentemente de carácter técnico,
y eso es algo muy muy importante. En ella han comparecido 31 personas,
representantes de los diferentes ámbitos: agentes económicos y sociales
del mundo rural y también políticos que, en definitiva, han sido los
verdaderos protagonistas y los hacedores de esta ponencia de estudio. Nos
han enriquecido muchísimo con sus diferentes puntos de vista, tanto
demográficos, históricos y culturales como económicos, lo que nos han
permitido hacer este documento que contempla 50 conclusiones y 15
recomendaciones.


La despoblación, como se ha dicho en esta ponencia de estudio, es
un problema nacional muy grave que requiere soluciones a corto, a medio y
a largo plazo; es un problema que demanda un pacto de Estado contra la
despoblación rural en España, que requiere, además, de una estrategia
nacional con medidas concretas y no aisladas, como las políticas de apoyo
económico, de apoyo empresarial, de conciliación familiar, de incentivos
fiscales y de apoyo a la natalidad; medidas todas ellas contempladas en
las conclusiones y en las recomendaciones de esta ponencia de
estudio.


Este documento, elaborado con esas conclusiones y esas
recomendaciones de la ponencia de estudio, representa una puerta abierta
a la esperanza de los territorios rurales afectados por la despoblación.
La sociedad del mundo rural, los ciudadanos del mundo rural, están hoy
muy pendientes de lo que estamos debatiendo en esta Cámara territorial y
no les podemos defraudar porque lo que está en juego es el futuro de
muchos ciudadanos del mundo rural.


Por ello, señorías, después de agradecer a mis compañeros su
participación y colaboración en esta ponencia de estudio, les pido a
todas sus señorías el apoyo a este estudio, a estas medidas para combatir
la despoblación en el mundo rural.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.


Después de escuchar sus intervenciones, ¿se puede aprobar el
informe de la ponencia por asentimiento? (Asentimiento).


Queda aprobado por asentimiento el informe de la Ponencia de
estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural
en España.










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y APOYO MUTUO ENTRE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE GALICIA EN MATERIA
DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS.


592/000015

XUNTA DE GALICIA
CONSEJO DE GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS


El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1.
y 8.1.1.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas para que la
celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes
Generales.


¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).


En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la celebración de
dicho convenio.


Señorías, a continuación se reunirá la Comisión de Justicia en la
sala Clara Campoamor.


Buenas tardes a todos.


Se levanta la sesión.


Eran las diecinueve horas.