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DS. Senado, Pleno, núm. 155, de 13/05/2015
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ


Sesión núm. 72


celebrada el miércoles, 13 de mayo de 2015


ORDEN DEL DÍA






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a la creación de una
Organización Estatal de Enfermedades Raras (OEER).


671/000171
centro de investigación; derechos del enfermo;
enfermedad; investigación médica; política de
investigación


GPV






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para optimizar los recursos de los cuidados
paliativos.


662/000191
cuidados paliativos; derechos del
enfermo


GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en favor de la profundización en la integración de
España en la Unión Europea.


662/000192
profundización de la Unión Europea

GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con la conmemoración del centenario del
genocidio cometido contra la población armenia en territorio del Imperio
Otomano.


662/000190
Armenia; conmemoración; crimen contra la
humanidad


GPEPC






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas
y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000117
coste social; deuda pública; equilibrio
presupuestario; financiación pública; hacienda regional; recursos
presupuestarios


Hacienda y Administraciones Públicas





Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan
determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.


621/000115

Industria, Energía y Turismo





SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CREACIÓN DE UNA
ORGANIZACIÓN ESTATAL DE ENFERMEDADES RARAS (OEER).


671/000171

GPV


El señor Cazalis Eiguren defiende la moción.


La señora Mendiola Olarte defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Cazalis Eiguren expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda, rechazándola.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por
el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero
Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; el señor Toledo Díaz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la
señora Mendiola Olarte, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes, 186;
votos emitidos, 186; a favor, 78; en contra, 108.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE LOS CUIDADOS
PALIATIVOS.


662/000191

GPP


El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de
modificación, por lo que no hay defensa de enmiendas.


El señor Aguirre Muñoz defiende la moción.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por
el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero
Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; el señor González Bethencourt, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente
resultado: presentes, 206; votos emitidos, 202; a favor, 186; en contra,
2; abstenciones, 14.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DE LA PROFUNDIZACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE
ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA.


662/000192

GPP


El señor Muñoz-Alonso Ledo defiende la moción.


El señor Ortiz Molina defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.


El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Sabaté Borràs defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Muñoz-Alonso Ledo expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté Borràs,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor
Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Ortiz Molina, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Muñoz-Alonso Ledo, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 217;
votos emitidos, 216; a favor, 196; en contra, 19; abstenciones, 1.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL
GENOCIDIO COMETIDO CONTRA LA POBLACIÓN ARMENIA EN TERRITORIO DEL IMPERIO
OTOMANO.


662/000190

GPEPC


El señor Guillot Miravet defiende la moción.


El señor Díaz Tejera defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.


El señor Guillot Miravet expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda, rechazándola.


En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el
señor Aiartza Azurtza, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; el señor Plana Farran, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Díaz
Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Chiquillo
Berber, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Vuelve a hacer uso de la palabra el señor Guillot Miravet.


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes, 213;
votos emitidos, 212; a favor, 14; en contra, 130; abstenciones, 68.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Y DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000117

Hacienda y Administraciones Públicas


El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número
1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 2.


La señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
la propuesta de veto número 3, de esta senadora y el señor Quintero
Castañeda.


El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 4,
del señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.


El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número
5, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera
Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor
Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.


El señor Alturo Lloan defiende la propuesta de veto número 7, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Vázquez García defiende la propuesta de veto número 6,
del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Peñarrubia
Agius, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré, el
señor Iglesias Fernández y la señora Julios Reyes, por el Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Alturo Lloan, por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor
Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor
Peñarrubia Agius, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar las propuestas de veto.
......................................... 15048


El señor presidente informa a la Cámara de que el senador Marín
Torrecillas ha hecho uso de la votación telemática, siendo el sentido de
su voto contrario a las propuestas de veto.


Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente
resultado: presentes, 215 más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215
más 1 voto telemático, 216; a favor, 76; en contra, 138 más 1 voto
telemático, 139; abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 214 más 1 voto telemático, 215; votos emitidos, 212
más 1 voto telemático, 213; a favor, 77; en contra, 134 más 1 voto
telemático, 135; abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 215 más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215
más 1 voto telemático, 216; a favor, 77; en contra, 138 más 1 voto
telemático, 139.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 215 más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215
más 1 voto telemático, 216; a favor, 76; en contra, 138 más 1 voto
telemático,139; abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 215 más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215
más 1 voto telemático, 216; a favor, 77; en contra, 138 más 1 voto
telemático, 139.


Se rechaza la propuesta de veto número 7, con el siguiente
resultado: presentes, 214 más 1 voto telemático, 215; votos emitidos, 214
más 1 voto telemático, 215; a favor, 77; en contra, 137 más 1 voto
telemático,138.


Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente
resultado: presentes, 215 más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215
más 1 voto telemático, 216; a favor, 76; en contra, 139 más 1 voto
telemático, 140.


Comienza el debate de los votos particulares.


La señora Capella i Farré da por defendidas las enmiendas 21 a
40, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por esta
senadora.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 4, del
Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador y el
señor Mariscal Cifuentes.


La señora Julios Reyes defiende las enmiendas 5 a 20, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por esta senadora y el
señor Quintero Castañeda.


La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 41 y 42, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 43 a 52 y la vuelta
al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado e
incorporadas al Informe de Ponencia.


El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 53 a 59, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 70 a 94, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Lerma Blasco defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 60 a 69 y la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por el Informe de la
Ponencia como consecuencia de todas las enmiendas introducidas en su
texto.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor De las Heras
Muela, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Montilla Aguilera,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor
Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor De las Heras Muela, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se procede a votar.
............................................................................. 15063


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo
90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 34/1998, DE 7
DE OCTUBRE, DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, Y POR LA QUE SE REGULAN
DETERMINADAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS EN RELACIÓN CON LA
EXPLORACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS.


621/000115

Industria, Energía y Turismo


El señor Muñoz Martín, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 1.


El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto número
2, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 4,
presentada por el señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número
3, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera
Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor
Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.


El señor Alique López defiende la propuesta de veto número 5, del
Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Palacios
Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Martínez Oblanca y el
señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; el señor Alique López, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Palacios Zuasti, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar las propuestas de veto.
......................................................................
15089


El señor presidente informa a la Cámara de que el senador Marín
Torrecillas ha hecho uso de la votación telemática, siendo el sentido de
su voto contrario a las propuestas de veto.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 194 más 1 voto telemático, 195; votos emitidos, 193
más 1 voto telemático, 194; a favor, 57; en contra, 131 más 1 voto
telemático, 132; abstenciones, 5.


Se rechaza la propuesta la propuesta de veto número 2, con el
siguiente resultado: presentes, 194 más 1 voto telemático, 195; votos
emitidos, 194 más 1 voto telemático, 195; a favor, 58; en contra, 131
más 1 voto telemático, 132; abstenciones, 5.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 194 más 1 voto telemático, 195; votos emitidos, 194
más 1 voto telemático, 195; a favor, 58; en contra, 131 más 1 voto
telemático, 132; abstenciones, 5.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 194 más 1 voto telemático, 195; votos emitidos, 194
más 1 voto telemático, 195; a favor, 58; en contra, 131 más 1 voto
telemático, 132; abstenciones, 5.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 194 más 1 voto telemático, 195; votos emitidos, 194
más 1 voto telemático, 195; a favor, 58; en contra, 131 más 1 voto
telemático, 132; abstenciones, 5.


Comienza el debate de los votos particulares.


La señora Salanueva Murguialday defiende las enmiendas 32 a 57,
presentadas por el señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y
el señor Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.


La señora Capella i Farré da por defendidas las enmiendas 1 a 7,
del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por esta
senadora.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 8 a 23, del
Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador y el
señor Mariscal Cifuentes.


El señor Martínez Oblanca da por defendidas las enmiendas 24 a
29, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este
senador.


La señora Julio Reyes defiende enmiendas 58 a 62, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por esta senadora y el
señor Quintero Castañeda.


El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas 30 y 31, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 102 a 108, 110 a 174 y 189
y da por defendidas las números 175 a 188.


El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas 63 a 101, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Medina Tomé defiende las enmiendas 190 a 256, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Juncal
Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Montilla
Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Gil García, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Juncal Rodríguez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se procede a votar.
................................................................................. 15109


Se rechazan todas las enmiendas.


El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley.


Se levanta la sesión a las veintidós horas y veinte minutos.








Se reanuda la sesión a las nueve horas


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CREACIÓN DE UNA
ORGANIZACIÓN ESTATAL DE ENFERMEDADES RARAS (OEER).


671/000171

GPV


El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.4.


El señor PRESIDENTE: A esta moción ha presentado una enmienda el
Grupo Parlamentario Popular.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna; egun on,
senatari jaun-andreok.


Vamos a empezar la jornada de la manera más importante y light
posible, aunque, desgraciadamente, tengo que volver a recordar a las
víctimas de Nepal. Ha coincidido que, tanto durante la interpelación,
como en la moción, Nepal de nuevo ha sido objeto —triste
objeto— de un terremoto. Y vuelvo a pedir al Gobierno que haga todo
lo que pueda y que no se olvide de las víctimas, a pesar de que dejen de
salir en la televisión, como ha pasado precisamente en estas últimas
semanas. Por tanto, vaya nuestra solidaridad hacia la gente que ha
sufrido ese terremoto. Y espero que esto sea tiempo de descuento, señor
presidente.


Decía en la interpelación que en esto de las enfermedades raras
jugábamos contra realidades. La primera es que en este tema todos estemos
de acuerdo en que estamos de acuerdo. Bien, parece que eso era más un
convencimiento o un deseo propio que una realidad, porque lo del acuerdo
no es cierto del todo. Tengo que decir, para ser justos, que en esta
legislatura no se aprobó una moción de Entesa en la Comisión de Sanidad;
a pesar de que todos estábamos de acuerdo, inexplicablemente no se
aprobó, y me parece que esta vez vamos por el mismo camino,
desgraciadamente. Y lo siento.


La segunda realidad es que, después de tantas iniciativas y
propuestas, tenemos documentada de manera pormenorizada qué es lo
importante y qué es lo que tenemos que hacer para afrontar el reto de las
enfermedades raras. El último hito en este tema —y tomo la palabra
hito en la definición de la Real Academia como mojón o poste de piedra
que indica una dirección o la distancia en los caminos— ha sido
precisamente el decálogo de tareas pendientes que nos presentó la
directora de Feder en su última comparecencia, un importante documento
que hoy, desde luego, va a estar presente en esta tribuna varias
veces.


Y la tercera realidad es que, a pesar de todo, nos damos cuenta de
que la lista de cosas por hacer todavía es enorme y, vuelvo a remitirme
al decálogo de Feder, porque si dice que están por hacer es que están por
hacer. Ninguno de los Gobiernos de España ha cumplido con suficiencia
aquello que la sociedad les ha pedido por boca de los afectados y por
boca de sus representantes legítimamente elegidos, que en este caso somos
nosotros. Y repito que la prueba más evidente es el decálogo de Feder,
una vez más.


Nosotros tenemos clara cuál es la conclusión: hay que buscar una
nueva vía de trabajo que refuerce, complemente y enriquezca lo que ya se
ha hecho hasta ahora, que dé un nuevo impulso, diferente o más intenso, a
la lucha contra las enfermedades raras. Y no nos cansaremos de repetir
que desde nuestro punto de vista el éxito estará siempre en el trabajo en
red, en los empeños institucionales y personales mantenidos en el tiempo
y en la creación de un sistema blindado, reforzado y bien coordinado. O
sea, el éxito está en un efecto multiplicador basado en un trabajo a
medio y largo plazo, sin olvidar el presente, en la mejora continua y en
la acumulación de pequeños pasos y de pequeños éxitos. Lo dije el otro
día y lo repito hoy, señorías.


El documento de referencia en este tema es el informe de la
ponencia de estudio que se hizo en el Senado en 2007
—en 2007—, con sus 7 apartados y sus 28 medidas,
desarrolladas en un montón de acciones bien detalladas, medidas
importantes que ahora no puedo relatar. Pero quiero volver a recordar la
segunda conclusión, en la que se habla de la creación de la organización
estatal de enfermedades raras. Voy a leer lo que dice, con la máxima
rapidez: La ponencia considera necesario crear un órgano de información y
coordinación específico en enfermedades raras. Es uno de los puntos
centrales para la satisfacción de las necesidades de estos enfermos. Se
propone la creación, en colaboración con las comunidades autónomas, a
través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de una
organización de ámbito estatal de enfermedades raras.


Señorías, esto coincide prácticamente con lo que hemos presentado
en esta moción; y digo prácticamente, porque hemos añadido que la
organización se encargue de todos aquellos aspectos que se recogen en el
informe y que esto se pueda hacer también a nivel europeo. Creemos que es
algo que puede marcar la diferencia con lo hecho hasta ahora y servir de
revulsivo y acicate. Entendemos que es la manera de avanzar en este
problema, en un empeño conjunto entre lo público y lo privado para
avanzar en aspectos asistenciales, de investigación, de desarrollo de
terapias y medicamentos o en el resto de objetivos sociolaborales y
educativos que se recogen en el informe. Un ejemplo de esto puede ser lo
que ha sucedido con los enfermos de Sanfilippo en estas últimas semanas.
Nos parece importante, imprescindible, crear esta organización, no solo
porque hay que trabajar a nivel de Estado, sino porque, como ya he dicho,
tenemos que trabajar y ampliar esta red a nivel europeo. Y es que es
evidente que cuanto más amplia y universal sea la red de apoyo a los
afectados más efectiva será esta y más éxito tendremos a la hora de
solucionar los problemas de los afectados y sus familias; siempre, por
supuesto, señorías, en los términos de respeto a los ámbitos
competenciales, que también se recogen en el tan repetido informe de la
ponencia de 2007 cuando se habla de la creación del órgano.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la senadora Mendiola.


La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, presidente. Buenos
días.


Señorías, traen esta mañana al Pleno una iniciativa que, en
principio, no aporta ninguna novedad y diría que es más bien innecesaria,
pero a pesar de ser innecesaria no deja de ser importante, porque todo lo
relacionado con las enfermedades raras lo es, así que la iniciativa nos
permite mostrar nuestro total apoyo y compromiso con todas las personas
que padecen alguna de estas enfermedades. Enfermedades raras o poco
frecuentes, según la Unión Europea, son aquellas patologías con muy baja
incidencia en la población; afectan a una persona por cada 2000, pero más
de 3 millones de personas en nuestro país padecen alguna de
las 7000 enfermedades catalogadas como raras o poco frecuentes, luego
estamos hablando de muchas, muchísimas personas. Además, son los niños
los que representan el porcentaje más alto de los pacientes con estas
enfermedades y el 35 % de los fallecimientos de niños antes de cumplir un
año es consecuencia de una enfermedad poco frecuente. Por eso, señorías,
para el Gobierno es una prioridad la atención a estas personas y el Grupo
Parlamentario Popular es consciente de la importancia que tienen todas
las medidas y todos los acuerdos que podamos adoptar en este sentido. Es
fundamental el acuerdo de todos los grupos parlamentarios.


Señor Cazalis, en el texto de su moción, como usted nos ha dicho,
se insta al Gobierno a crear, en colaboración con las comunidades
autónomas, y a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, una organización estatal de enfermedades raras. Pues bien, como
usted sabe, señor Cazalis, los avances en el tratamiento de las
enfermedades poco frecuentes ya se fomentan en el Sistema Nacional de
Salud, tanto desde la perspectiva asistencial, como desde el punto de
vista de la investigación. Además, ya existe un comité de seguimiento y
evaluación de esta estrategia, que es un foro de discusión para todos los
agentes implicados en la atención a los afectados por las enfermedades
raras, así como de plataforma de coordinación para promover la atención
integral.


El comité de seguimiento y evaluación está formado, a su vez, por
un comité técnico y por un comité institucional. El comité técnico está
integrado por representantes de asociaciones de pacientes y de sociedades
científicas, y el comité institucional reúne a representantes designados
por las consejerías de salud de las comunidades autónomas. Como en el
resto de las estrategias en salud, además de las direcciones y
subdirecciones del Ministerio de Sanidad participa el Instituto de Salud
Carlos III. Por tanto, en dicho comité participan todos los agentes
implicados en la atención a las enfermedades raras y sirve como foro de
discusión permanente, por lo que su propuesta resulta innecesaria.


Teniendo en cuenta lo mencionado y también el espíritu de su
propuesta, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda en
la que instamos al Gobierno a impulsar el comité de seguimiento y
evaluación de esta estrategia mediante su comité técnico y su comité
institucional, como ese foro de debate y plataforma de coordinación que
es, con el objetivo de mejorar la atención integral de las personas con
enfermedades raras en España. Asimismo, se insta a facilitar que los
citados comités de la estrategia promuevan el cumplimiento de los
objetivos que pueda determinar el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud; promuevan e impulsen el trabajo en red entre las
diferentes entidades y servicios; e impulsen la colaboración de estas
entidades y servicios del Estado español con otros de su misma índole
dentro de la Unión Europea. Y también se insta a promover e impulsar la
actividad investigadora desarrollada por el Instituto de Salud Carlos III
mediante el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, el Centro
de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras y el Consorcio
Internacional de Investigación en Enfermedades Raras.


Señor Cazalis, el Grupo Parlamentario Popular espera que acepte
nuestra enmienda, porque, como he dicho, todos los acuerdos que podamos
adoptar siempre redundarán en beneficio de los pacientes, que son a los
que, al final, nos debemos todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendiola.


Tiene la palabra el senador Cazalis, para indicar si acepta o no
la enmienda.


El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.


Señoría, le voy a hacer dos tipos de consideraciones para
justificar el rechazo de nuestro grupo a su enmienda; unas son de fondo y
otras, de forma. En cuanto a las de fondo, le diré que la parte medular
de esta enmienda ya fue aprobada, prácticamente en su literalidad, en la
Comisión de Sanidad del Congreso el 25 de marzo de este año. La parte
medular de esta moción, repito, ha sido aprobada en el Congreso hace
escasamente un mes, por tanto, volverla a aprobar probablemente sería
inútil. Ya que usted dice que esto es innecesario, aprobar esta enmienda
sería inútil; ya está aprobada. Y la segunda razón de fondo es que
aceptar su enmienda como sustituta de la moción que hemos presentado y
que recoge las conclusiones del informe de la ponencia 2007,
prácticamente en su literalidad, supondría, de hecho, sustituir un texto
bueno, que es el del informe, por un texto que no aporta nada, que ya
está aprobado y que no habla de lo mismo sino de otra cosa.


En cuanto a la forma, quiero decir que el Grupo Popular conocía el
contenido de esta moción antes de que el Grupo Vasco la registrara en
esta Cámara. Quiero que esto quede claro, para que quede clara nuestra
intención de colaborar y aprobar un texto conjunto sin entrar en
discusiones estériles y en descalificaciones de innecesariedad. Por el
contrario, este portavoz tuvo noticia de la enmienda a las 12,30 de ayer,
al igual que el resto de los senadores de esta Cámara, lo cual no está
mal; por qué vamos a hacer diferencias ante el que presenta la moción y
ante el resto. No tenemos por qué.


Pero existe una razón que yo considero más conceptual para
rechazar su enmienda de sustitución, y voy a hacer referencia a los
fundamentos jurídicos de una sentencia del Tribunal Constitucional a
propósito de un recurso de amparo presentado por senadores de esta Cámara
en la legislatura pasada en relación con la introducción de unas
enmiendas del Grupo Popular en la tramitación de un proyecto de ley.
Lógicamente, los temas son diferentes y no se puede aplicar una cosa a la
otra, evidentemente, pero estoy hablando de los fundamentos jurídicos, no
de la sentencia. Y traigo esto a colación, porque en el sexto fundamento
jurídico de esa sentencia se da una definición del concepto de enmienda,
que voy a leer. Se habla de que la Constitución y el Reglamento del
Senado definen cuáles son los procedimientos de presentación de enmiendas
y el trámite legislativo del Senado, y no incluye ninguna previsión
acerca del carácter material referido al contenido de las mismas. Ello
sin embargo —y ahora abro comillas—, no implica que desde la
perspectiva constitucional no quepa extraer la exigencia general de
conexión u homogeneidad entre las enmiendas y los textos a enmendar. Con
carácter general, la necesidad de una correlación material entre la
enmienda y el texto enmendado se deriva, en primer lugar, del carácter
subsidiario que por su propia naturaleza toda enmienda tiene respecto al
texto enmendado —cierro comillas—. Y vuelvo a abrir comillas,
para que conste en el Diario de Sesiones que esto no lo digo yo: En
efecto, la enmienda, conceptual y lingüísticamente, implica la
modificación de algo preexistente, cuyo objeto y naturaleza ha sido
determinado con anterioridad. Solo se enmienda lo ya definido. La
enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva
que debe nacer también de una nueva iniciativa.


Por tanto, senadora Mendiola, esto no modifica lo que nosotros
hemos presentado, lo sustituye en otra línea totalmente diferente, y
tendría que ser objeto de otra iniciativa totalmente diferente que su
grupo puede presentar cuando quiera, pero no para enmendar una moción que
tiene sus objetivos muy claros.


Habla de la innecesariedad de lo que hemos presentado. De acuerdo,
usted puede opinar eso, pero le recuerdo que en el primer punto del
decálogo de Feder se recoge exactamente lo que estamos planteando; por
tanto, ¿Feder está planteando una cuestión innecesaria? Y si alguien sabe
de lo que está hablando es la Federación Española de Enfermedades Raras.
Lo sabrá el ministerio, pero quienes lo padecen y trabajan en esto están
en la Federación Española de Enfermedades Raras. Por tanto, lo de la
innecesariedad sobra; entre otras cosas, porque la comisión que usted
plantea ya existe, y en ella hay tantos intereses de todo tipo y está
presente tanta gente, que se autobloquea. Y necesita de alguna otra
institución que la desbloquee. De ahí nuestra propuesta.


Por lo que he dicho, señor presidente, como puede suponer, mi
grupo va a rechazar la enmienda de sustitución presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


¿Turno en contra? (Denegaciones).


No hay turno en contra.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño, si me lo permite, simplemente para
afirmar que compartimos el contenido de la moción y la argumentación
realizada por el senador Cazalis y, en consecuencia, votaremos a
favor.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el
senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Por tercera
vez subo y bajo.


Señorías, he dado algunas razones para no aceptar la enmienda,
pero hay más. Sinceramente, me parece que aceptar esta enmienda sería
aceptar a la baja aquello que se recogió en ese documento y que ustedes
deberían conocer muy muy bien. Muy bien. ¿Saben por qué? Precisamente
porque fue el Partido Popular el que planteó la creación de esa ponencia
en la legislatura en la que gobernaba el presidente Rodríguez Zapatero.
Fue el Partido Popular el que planteó la creación de la ponencia. Fue el
Partido Popular el que presidió la ponencia. Fue el Partido Popular el
que la presentó en esta Cámara. Y fue el Partido Popular, junto con el
resto de miembros de esta Cámara, el que la aprobó. Por tanto, puede que
nuestra moción sea innecesaria, porque ya existe una decisión de esta
Cámara, aprobada y publicada, en la que se recoge lo que estamos
pidiendo. Puede, repito, que sea innecesaria, pero desde ese punto de
vista, no desde el que usted la ha planteado. Y es necesaria, porque
además lo pide en su comparecencia la directora general de la Federación
Española de Enfermedades raras, que dice: La primera propuesta es
impulsar un plan de desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional
en Enfermedades Raras con un presupuesto específico y un comité de
seguimiento y evaluación externo —que ya existe—. Para lograr
que la estrategia se impregne a nivel autonómico debemos solicitar a las
comunidades autónomas que creen un plan específico de enfermedades raras
como los que ya existen en Andalucía, Extremadura y en otras comunidades.
Finalmente, para lograr una coordinación entre al ámbito autonómico y el
estatal debe crearse un órgano de coordinación en el Ministerio de
Sanidad que garantice la cohesión e implementación de la estrategia y la
optimización de recursos, compartiéndose los servicios prestados en
diferentes comunidades autónomas. Por tanto, Feder está diciendo que hace
falta.


Esta Cámara aprobó por unanimidad una decisión; y ahora el
Gobierno —y digo el Gobierno, no solo el grupo— no la quiere
cumplir. Esto, además, es una falta de respeto a esta Cámara: una falta
de respeto a los comparecientes que estuvieron en esa ponencia, que
fueron muchos y muy importantes, una falta de respeto a los ponentes que
estuvieron en esa comisión, y una falta de respeto a todos aquellos que
votaron que sí. Y usted me habla de innecesariedad, senadora Mendiola. La
verdad es que no acabo de entenderlo; sí entiendo que estén ustedes
instalados en la infalibilidad, eso sí lo entiendo, porque los votos
parece que les hacen infalibles, pero solo lo parece. Lo que le hace al
Gobierno —en el nivel que sea— la soberbia que tiene es
llevar la contraria precisamente a la Cámara de representación popular.
Eso es lo que estamos haciendo en este preciso momento. Además de no
poner los mecanismos para solucionar el problema, el Gobierno se está
saltando a esta Cámara como si no existiera, y eso, personalmente, como
senador, me puede dar pena, pero también me da mucha pena como persona
que está preocupada por un tema tan complejo como este, tema que debe
tener un tratamiento general a lo específico, que solo se puede hacer
trabajando en red con un organismo y personas que realmente estén por
encima de cualquier tipo de discusiones e intereses personales y luchen
por fomentar que verdaderamente existan medios para llevar a cabo una
gestión integral del problema de las enfermedades raras para los
pacientes y sus familiares.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra la
senadora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente. Señorías, buenos
días.


Somos la voz de más de 3 millones de personas en España. Con este
lema se presenta Feder, la Federación de Enfermedades Raras, y nos
presentó aquí, en el Senado, su decálogo, un decálogo de prioridades
para 2015 con el fin de mejorar la vida de esos 3 millones de personas.
Dichas prioridades —pensaba que se leerían a lo largo del debate de
esta moción, pero no ha sido así— son las siguientes: impulsar un
plan de desarrollo e implementar la Estrategia Nacional de Enfermedades
Raras. Garantizar la sostenibilidad del Registro nacional y la adecuada
codificación de las enfermedades raras. Promover la formación e
información de las enfermedades raras. Favorecer la investigación.
Fortalecer, garantizar y agilizar el procedimiento y designación de los
centros, servicios y unidades de referencia. Implementar el modelo
asistencial integral que dé respuesta a las personas con estas
enfermedades tan poco frecuentes. Impulsar el acceso equitativo a los
medicamentos huérfanos. Fortalecer los servicios sociales. Promover la
inclusión laboral de estas personas. Y favorecer la inclusión
educativa.


¿Les parece que a día de hoy en España tenemos resueltas todas
estas prioridades? La respuesta es no. Porque, por un lado, es muy
difícil resolver todas y, por otro, eso implica una gran complejidad. Es
verdad que en esta Cámara, en distintas mociones, hemos recogido y
aprobado esas prioridades. Además, como se ha dicho, muchas de ellas ya
fueron señaladas por las conclusiones de la ponencia de esta Cámara en el
año 2007. Y una de las conclusiones de la ponencia era precisamente la
creación del órgano que hoy nos pide el Grupo Parlamentario Vasco, un
órgano de información y coordinación específico para estas enfermedades,
con la colaboración de las comunidades autónomas, a través del Consejo
Interterritorial, cuya función agruparía muchas de las peticiones que a
día de hoy nos hace la federación.


La propuesta el Grupo Parlamentario Vasco nos parece que puede ser
una buena solución para coordinar lo que nos piden esos 3 millones de
pacientes: ser visibles, ser diagnosticados de forma temprana, tener
acceso a los medicamentos huérfanos, y un largo etcétera. Nos cuesta
entender por qué el Partido Popular no apoya esta moción, este
compromiso, y entendemos que su enmienda ya está refrendada por toda la
Cámara y también por el Congreso, como se ha dicho.


Repito que las enfermedades raras son un enemigo invisible porque
no sabemos qué nos pasa; no tienen nombre mientras no tenemos un
diagnóstico; son impredecibles porque sabemos muy poco de ellas hasta que
tenemos ese diagnóstico certero; y, por supuesto, son minoritarias porque
las padecen muy pocas personas. Pero esas personas, con sus diferencias,
suman 3 millones, las mismas que a día de hoy están diagnosticas de
diabetes tipo II en nuestro país. Ellas nos piden, año tras año, que
cumplamos lo que votamos en esta Cámara, desde las ponencias de estudio
hasta cada una de las mociones. Piden al Gobierno que cumpla con sus
compromisos y también se lo piden a la oposición, a los grupos
parlamentarios. Y mi compromiso como oposición es denunciar aquello que
el Gobierno se compromete a hacer y no hace. Señorías, sus políticas de
recortes —la Ley de la dependencia, los recortes sanitarios o los
copagos a los pensionistas— han afectado de pleno al colectivo de
estas personas con enfermedades minoritarias. Pero en cómo poder mejorar,
en cómo poder allanar el camino a esos pacientes siempre hemos intentado
llegar a consensos en el Senado, y por eso nos extraña que hoy no
lleguemos a uno.


Mi grupo continua apostando por todo aquello que facilite que
esos 3 millones de personas dejen de ser invisibles, como ellas pedían
este año en el hashtag en el Día Mundial de las Enfermedades Raras.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra
la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies president.Bon dia senadores i
senadors


Altre cop ens trobem amb el cor partit davant d’una moció:
els diré perquè: d’entrada el Partit Nacionalista Basc ens presenta
una moció que nosaltres compartim, amb algunes reticències i amb certes
inquietuds en alguns temes, i ara ho explico. És cert, i ho diré molt
breument, perquè hem parlat abastament durant aquesta legislatura
d’aquest tema, i de fet hi ha moltes iniciatives en aquest sentit,
que la problemàtica de les malalties estranyes és una problemàtica real,
està quantificada, sabem a quanta gent afecta, parlem de percentatges,
però sabem que darrera hi ha persones amb situacions molt i molt
complicades, és cert també que no partim de zero. Quan hi ha un problema
s’ha de buscar una solució, s’ha de saber què s’ha de
fer i quan se sap el què s’ha de fer, s’ha de posar fil a
l’agulla per donar solucions reals als problemes reals. En aquest
sentit, aquí no partim de zero i com ja han dit els senadors que han
parlat anteriorment, venim d’una relació de deures perfectament
detallada, que ja està recollida des de l’any 2007, avalada
perfectament per la Federació Espanyola de Malalties Estranyes que són,
sense cap mena de dubte, les que poden dir quins són exactament aquests
deures que poden donar solució a la problemàtica en la que es troben
aquests malats i les seves famílies.


Dit això, que sembla molt senzill, i ho és senyories, i és aquí on
entra aquesta complicació i aquesta mena de postureig que sembla que hi
ha en aquests temes, on ens hem trobat varies vegades amb iniciatives.
Sense anar més lluny, i des del meu Grup parlamentari la senadora Cunyat
així ho va manifestar, en temes que en principi pensem, com deia el
senyor Cazalis, que podríem estar tots d’acord, però resulta que
dubtem si estem d’acord.


Fa poc van comparèixer la Federació Espanyola de Malalties
Estranyes a la Comissió de Sanitat. Tots els grups per unanimitat vam
creure oportú que podíem fer una moció recolzant les demandes
d’aquesta Federació, i resulta que el Partit Popular tot sol, agafa
el relleu en primer lloc i presenta sol aquesta iniciativa, la qual cosa
va molestar a tots els grups de la Cambra, que haguessin estat
d’acord amb fer la iniciativa conjunta. Em costa d’entendre,
i penso que als ciutadans també que fem aquest joc de postures en temes
com aquest.


Votarem a favor d’aquesta moció, i no sense dir-los, de fet
compartim la intervenció que va fer el senador Cazalis en la seva
interpel·lació. Per nosaltres, el tema està clar: volem sumar. El fet que
es plantegi la proposta d’un organisme d’una organització
estatal també, com deia el senador Cazalis, ens suposa una certa
inquietud. Estem amatents a que no tinguin la temptació de tornar a
robar-nos competències, o a posar-se a casa nostre.


Però a banda d’aquesta inquietud que ja va estar
perfectament defensada per el senyor Cazalis, a nosaltres se’ns en
crea una de nova, que podran entendre que poder en el País Basc, que
tenen el concert econòmic, no se’ls crea. I és que quan parlem
d’aquestes coses, quan parlem de malalties estranyes, a nosaltres
ens provoca una inquietud, i aquí pot semblar una frivolitat, però jo els
he de dir que estem parlant de moltes propostes, però no de com les
finançarem i de que com les farem front. I en aquest sentit les
Comunitats Autònomes han fet un gran esforç en temes com dependència,
pagament de medicaments per aquestes malalties, que tenen un gran cost, i
a més, el tema de les compensacions entre diferents territoris tampoc no
el tenim resolt. I a tot això li sumem que a nosaltres se’ns crea
un especial malestar quan tenim a punt d’entrar en aquesta Cambra
la nova LOFCA i en aquí ja hem detectat que vostès pretenen sotmetre a
fiscalització competències autonòmiques en matèria sanitària, i sense que
això hagi estat debatut en la Comissió de Sanitat.


Per tant, amb totes aquestes inquietuds i malgrat totes aquestes
inquietuds, nosaltres pensàvem que valia la pena donar suport, i així ho
farem a aquesta moció, perquè no perdem de vista l’objectiu final,
i crec que no tothom té tan clar això alhora de portar les seves
propostes a aquesta Cambra: senyories, menys postureig, solucions i
recursos per donar solucions reals als problemes reals.


Moltíssimes gràcies.


Gracias, presidente. Buenos días, senadores y senadoras.


Una vez más, nos encontramos con el corazón roto ante una moción,
y les diré por qué. El Grupo Vasco nos presenta una moción que nosotros
compartimos, aunque con algunas reticencias, con ciertas inquietudes
sobre algunos temas, de los que ahora hablaré. Es cierto —me
referiré a ello muy brevemente porque hemos hablado mucho en esta
legislatura y se han presentado muchas iniciativas en ese sentido—
que la problemática de las enfermedades raras es real y está
cuantificada, sabemos a cuánta gente afecta. Hablamos de porcentajes,
pero sabemos que detrás de ellos existen personas con situaciones muy muy
complicadas. Es cierto también que no partimos de cero. Cuando hay un
problema se ha de buscar la solución, saber lo que tenemos que hacer; y
cuando se sabe, hay que poner el hilo en la aguja para dar soluciones
reales a los problemas reales. En este sentido, no partimos de cero. Como
ya han dicho los senadores que han hablado con anterioridad, venimos de
una relación de deberes perfectamente detallada y recogida desde el
año 2007 y avalada totalmente por la Federación Española de Enfermedades
Raras, que sin duda sabe exactamente los deberes que pueden dar solución
a la problemática con la que se encuentran estos enfermos y sus
familias.


Dicho esto, que parece muy simple, y lo es, surge esta
complicación, esta especie de postureo que existe en estos temas. Y
muchas veces nos hemos encontrado con iniciativas —así lo manifestó
mi grupo parlamentario a través de la senadora Cunyat— sobre temas
en los que en principio todos podríamos estar de acuerdo, como decía el
senador Cazalis, pero dudamos de si lo estamos o no.


Hace poco compareció una representación de la Federación Española
de Enfermedades Raras en la Comisión de Sanidad y todos los grupos, por
unanimidad, creyeron oportuno que se presentara una moción apoyando sus
demandas. Y resulta que el Grupo Popular, unilateralmente, coge el relevo
en primer lugar y presenta solo esta iniciativa, lo que molestó a todos
los grupos de la Cámara que, repito, hubiesen estado de acuerdo en hacer
una conjunta. A uno le cuesta entender, y creo que también a los
ciudadanos, que hagamos estos juegos de protagonismos y estos juegos de
postureos en temas como estos.


Votaremos a favor de esta moción y de hecho compartimos la
intervención que hizo el senador Cazalis. Para nosotros el tema está
claro: queremos sumar. Pero también, como decía el señor Cazalis, el
hecho de que se plantee la propuesta de una organización estatal nos
supone una cierta inquietud y estaremos atentos a que no tengan la
tentación de volver a robarnos competencias o a que quieran situarse en
nuestro territorio.


Aparte de esta inquietud, que defendió perfectamente el señor
Cazalis, a nosotros se nos crea una nueva, porque podrán entender que
quizás en el País Vasco con el Concierto Económico no se les crea este
problema. Cuando hablamos de enfermedades raras a nosotros nos provoca
una inquietud —y eso puede parecer una frivolidad aquí—,
porque estamos hablando de muchas propuestas pero no de cómo se
financiarán y de cómo se harán frente. En este sentido, las comunidades
autónomas han hecho un gran esfuerzo en temas como dependencia, pago de
medicación para estas enfermedades, que tiene un coste muy alto, además
de que la cuestión de las compensaciones entre diferentes territorios no
está resuelto, y a todo ello le sumamos que a nosotros se nos ahora un
malestar cuando está a punto de entrar en esta Cámara la nueva LOFCA,
porque nosotros hemos detectado ya que ustedes pretenden someter a
fiscalización competencias autonómicas en materia sanitaria sin que ello
se haya debatido en la Comisión de Sanidad.


Por tanto, con todas estas inquietudes y a pesar de ellas, hemos
pensado que era necesario apoyar —y así lo haremos— esta
moción porque no perdemos de vista el objetivo final, aunque creo que no
todo el mundo tiene esto tan claro cuando trae sus propuestas a esta
Cámara. Menos postureos, señorías, soluciones y recursos para dar
soluciones reales a los problemas reales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Toledo.


El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, yo no voy a defender aquí con argumentos la moción
presentada por el senador Cazalis porque ya lo ha hecho él excelentemente
y compartimos totalmente todos sus argumentos, así como el fondo y la
forma de esta moción.


La postura de mi grupo en relación con los pacientes de
enfermedades raras y poco frecuentes es absolutamente clara y meridiana.
Ya mi compañero, el senador González Bethencourt, defendió esta postura
en la intervención en el turno de portavoces del debate de la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en esta misma Cámara el 11
de marzo de 2005. Y nos queda muy poco más que añadir sobre el fondo de
este tema a debate, a debate nuevamente, señorías. Pero aprovecharé este
turno de portavoces para entrar en la forma, en el porqué, en por qué
tenemos que volver a debatir sobre algo en lo que todos los grupos
estamos de acuerdo o, por lo menos, estamos prácticamente en todo de
acuerdo y solamente nos separan pequeños matices; por qué vuelve a ser un
tema recurrente año tras año, incluso a escasamente dos meses se vuelve
aquí con una moción en el Senado y también en el Congreso. Tal vez tendrá
algo que ver con el hecho de que el Gobierno, independientemente de las
PNL aprobadas en el Congreso y de las mociones consensuadas —como
la del pasado 11 de marzo en el Senado— sigue sin querer hacer una
política clara y una apuesta firme por los pacientes de enfermedades
raras en nuestro país.


Pero es que, aunque inicialmente parece una contradicción, a
nosotros sí que nos parece, senadora Mendiola, una moción oportuna,
absolutamente oportuna. ¡Y claro que aporta una novedad! El problema es
que el Grupo Parlamentario Popular no quiere decir por qué el Gobierno no
quiere aprobar ese órgano de coordinación. Podría repetir argumentos que
han dicho ya senadores anteriores sobre la ponencia aprobada en este
Senado, sobre los estudios realizados en el Senado, sobre las mociones
presentadas por otros grupos y en muchos casos rechazadas por el Grupo
Parlamentario Popular; pero no lo voy a repetir ni lo voy a hacer, creo
que ha quedado absolutamente claro y es una absoluta falta de respeto ni
siquiera plantearse que es necesario ese órgano de coordinación, senadora
Mendiola.


Efectivamente que existe un Comité de seguimiento y evaluación de
estrategias en el ministerio, pero nada tiene que ver su trabajo
—que debe ser de control sobre estas estrategias que marcan el
ministerio y el Consejo interterritorial— con este órgano, que se
estudió, se preparó y se crea, como bien decía el senador Cazalis, con
unas determinadas características. El senador Cazalis ha leído una parte
de la ponencia aprobada en el Senado, pero yo voy a añadir brevemente dos
cosas más. Señorías, recoge esta ponencia como funciones de este órgano:
recopilar información científica, difundir la información entre
sociedades científicas y médicas, establecer registros de centros,
servicios y unidades profesionales, promover eficacia y agilidad en la
asistencia a los enfermos, etcétera; es decir, es un trabajo
completamente distinto al del Comité de seguimiento y evaluación
—por cierto, la enmienda que han presentado ustedes es exactamente
igual a la PNL que se aprobó, como bien decía el señor Cazalis, en marzo
en el Congreso de los Diputados, por cierto, a propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista—. Por tanto, no es lo mismo este Comité de
seguimiento que el órgano de coordinación.


También se ha comentado la comparecencia en la Comisión de Sanidad
del presidente y la directora general de Feder, la Federación Española de
Enfermedades Raras, que nos informaron con detalle absoluto, preciso y
completo de la situación actual de los enfermos en nuestro país, con un
decálogo que yo no voy a relatar porque ya se ha referido a él la
senadora Almiñana, del Grupo Entesa. Pero es que recuerdo que en esa
comisión todos los grupos presentes ya dijimos que íbamos a acordar una
moción conjunta con ese decálogo —así lo expresó nuestra portavoz
en esa comisión, la señora Llinares— y el Grupo Popular se adelantó
y presentó una moción por su cuenta, que se debatió el pasado 11 de
marzo. A esa moción presentamos una enmienda de sustitución;






llegamos a
un acuerdo, se metieron ocho de los diez puntos del decálogo y se dejaron
dos; el primero precisamente habla de este órgano de coordinación.


Señorías del Grupo Parlamentario Popular, digan claramente en esta
Cámara, díganles a los enfermos de enfermedades raras, díganle a
federación Feder por qué razón el Ministerio de Sanidad no quiere aprobar
este órgano de coordinación y por qué una vez más se deja de lado a este
Senado, el trabajo realizado por este Senado y por muchas señorías
presentes en esta legislatura y en la pasada, y usted lo sabe
perfectamente, senador Aguirre, perfectamente. Es lamentable que no se
apoye lo aprobado por este Senado.


Por supuesto, la postura del Grupo Parlamentario Socialista va
ser, sin lugar a dudas, aprobar esta moción.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Mendiola.


La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, presidente.


Señorías, estamos ante un problema que afecta a tres millones de
personas en toda España, y tres millones de personas nos tienen que hacer
reflexionar y actuar. Quizás a algunos les puedan parecer pocas, pero al
Partido Popular no y creemos que tienen que ser atendidos tanto ellos
como sus familias, porque las familias que conviven con estos pacientes
también padecen serias dificultades y corren el grave riesgo de asilarse
socialmente. Todo esto implica la necesidad de actuaciones de carácter
sociosanitario, porque las actuaciones solamente sanitarias pueden ser
insuficientes.


Como muy bien ha dicho el señor Cazalis, el Partido Popular ha
iniciado un camino importante u se ha dado voz a unas personas y a unas
patologías que antes no se tenían en cuenta. Es necesario abordar estos
problemas con una estrategia global que integre la prevención, el
abordaje terapéutico y sociosanitario, la formación y la investigación, y
es lo que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy. El Gobierno del
Partido Popular está trabajando con intensidad para responder a las
necesidades de las personas afectadas.


Este importante reto para el Sistema Nacional de Salud se está
afrontando desde tres ámbitos: desde una perspectiva sanitaria, desde una
perspectiva científica y desde una perspectiva social. Desde la
perspectiva sanitaria, se está trabajando en coordinación con las
comunidades autónomas para promover la prevención y la detección precoz,
la mejora de la atención sociosanitaria y la aplicación de terapias
avanzadas. Así, en marzo del año 2013 el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud aprobó el procedimiento de realización del mapa
de unidades hospitalarias de atención en enfermedades raras para que las
familias sepan dónde dirigirse para recibir el tratamiento más adecuado.
En diciembre de 2013 se aprobó un catálogo de 11 buenas prácticas en
enfermedades raras en el Sistema Nacional de Salud.


Con respecto a los tratamientos, tratamientos tan complicados, de
los 82 medicamentos para uso humano con opinión favorable de la EMA
en 2014, 17 son huérfanos y de estos 12 ya tienen autorización por parte
de la Comisión. Esto supone la cifra más alta hasta el momento de
medicamentos huérfanos autorizados.


Y desde la perspectiva científica, el Gobierno del Partido Popular
está fomentando el desarrollo de líneas de investigación sobre
enfermedades raras. El Instituto Carlos III trabaja en ello y desarrolla
diferentes acciones.


Así que, señor Cazalis, soberbia en el Gobierno, no. Y, señor
Toledo, compromiso firme del Gobierno, sí. El Gobierno está utilizando
recursos, hoy sí se utilizan recursos. Mire, señor Toledo, mientras
ustedes utilizaban 0 euros en la estrategia de enfermedades raras, el
Gobierno del Partido Popular en 2013 destinó 305 920 euros a financiar
actuaciones en el desarrollo de la estrategia y la misma cantidad en el
año 2014; en 2015 se han multiplicado por tres las aplicaciones
presupuestarias de años anteriores, hasta llegar a un millón de
euros.


El camino que se está realizando es importante y el Grupo
Parlamentario Popular considera que no todo está hecho y que todavía no
hemos trabajado suficiente. El haber dado voz a unas personas y a unas
patologías que antes no se tenían en cuenta no nos puede hacer olvidar
que aún queda mucho por hacer. Se han ido ganando posiciones, pero
debemos seguir trabajando en la sensibilización, en la prevención y en el
diagnóstico de estas enfermedades.


Y sí, señor Cazalis, si alguien sabe de enfermedades raras es la
Federación; por lo tanto, la enmienda que hemos presentado no es una
enmienda inútil. Quiero aclararles respecto a esta enmienda presentada a
esta moción, que el pasado 19 de febrero de 2015 tuvo lugar la
comparecencia del presidente y la directora de la Federación Nacional de
Enfermedades Raras; aquí se hizo balance de la aplicación y la conclusión
de la ponencia de estudio encargada de analizar la especial situación de
los pacientes con enfermedades raras. Luego nuestra enmienda es la que
está avalada por la propia Federación y salió de esa Comisión de
Sanidad.


Es una pena que no hayan aceptado nuestra enmienda, lamentamos que
no haya sido así, y en esta ocasión es una pena que no hayamos llegado a
un acuerdo porque hemos perdido una oportunidad para mejorar las
patologías consideradas poco frecuentes.


El Grupo Parlamentario Popular considera que tenemos que mantener
este tema vivo, que debemos seguir todos trabajando y en el Partido
Popular seguiremos haciendo un esfuerzo para apoyar tanto a las personas
que padecen las enfermedades raras como a sus familias.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendiola.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Vasco.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 186;
votos emitidos, 186; a favor, 78; en contra, 108.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Rumores).









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE LOS CUIDADOS
PALIATIVOS.


662/000191

GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


A esta moción se habían presentado tres enmiendas: una del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal,
otra del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Convergència i
Unió. (Rumores). Posteriormente, se ha presentado una propuesta de
modificación firmada por todos los grupos. Por lo tanto, decaen las
enmiendas. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Aguirre. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy en esta Cámara Alta vamos a hablar de cuidados
paliativos. Yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que hablamos de
cuidados paliativos, y si lo hacemos se debe en gran parte a la magnífica
Asociación Española contra el Cáncer, que este año ha escogido como lema
el tema de los cuidados paliativos. Hoy nos acompañan su presidenta,
Isabel Oriol, también Vanesa García y Ana Fernández. Bienvenidas a esta
Cámara. Nuestras actuaciones son fruto de vuestra razón de ser, es decir,
nosotros nos debemos a lo que la sociedad civil nos transmite; en
reuniones que hemos mantenido previamente con vosotras y con la
asociación en su conjunto es donde hemos sacado en claro la necesidad de
impulsar la moción que hoy traemos a la Cámara.


Vosotras por una parte, pero también he de alabar —tengo que
decirlo— las reuniones mantenidas con la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos, con mi querido amigo Marcos Gómez —amigo mío y
presidente del Comisión Central de Deontología, Derecho Médico y Visado
del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España—,
que puso en marcha la unidad de cuidados paliativos del Hospital Centro
de Cuidados Laguna, un magnífico hospital, y creo que está considerado
como el padre de los cuidados paliativos en España. Con él también debatí
la posibilidad de presentar esta moción y me dio el ok, el visto
bueno.


Por supuesto, como bien ha dicho el presidente, agradezco las
aportaciones de la Cámara en pleno, que los seis grupos parlamentarios
hayan aportado, porque con esas aportaciones han mejorado la moción
originaria presentada por el Grupo Parlamentario Popular y hemos sacado
adelante una moción muy muy interesante, con una perspectiva de futuro de
cara a una forma de abordar los cuidados paliativos mucho más integral,
no solo para los enfermos de cáncer, sino para todos aquellos enfermos en
los que es preceptiva su utilización.


Ya que esta es la primera vez que se habla de cuidados paliativos,
en esta primera intervención voy a explicar, para que quede recogido, qué
son los cuidados paliativos, qué son los tratamientos paliativos, y en mi
segunda intervención, ya en el turno de portavoces, explicaré cómo vemos
punto a punto la moción que traemos a esta Cámara.


Voy a recoger lo que dice la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos al respecto. Señorías, los cuidados paliativos son el cuidado
total y activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a
tratamientos curativos. Para los cuidados paliativos es fundamental el
control del dolor y de los síntomas, pero también otros aspectos muy
importantes, como son los aspectos psicológicos, los aspectos sociales, y
por qué no, también los espirituales. Los cuidados paliativos son
interdisciplinares —importantísimo—, afectan, como luego
veremos, a muchísimas personas dentro del mundo sanitario, e incluyen al
paciente, incluyen a la familia e incluyen al entorno de la familia. En
cierto sentido, proporcionar cuidados paliativos es ofrecer lo más
integral del concepto de cuidar, cubriendo las necesidades del paciente
independientemente de dónde se presten, bien en casa bien en el hospital.
Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte como un
proceso normal, ni la aceleran ni la atrasan, su objetivo es preservar la
mejor calidad de vida posible hasta el final.


Señorías, también hay que tener claro lo que no son cuidados
paliativos, eso que muchas veces está en el pensamiento de parte de la
sociedad. Los cuidados paliativos no son sinónimo de muerte; los cuidados
paliativos no son acelerar ni adelantar la muerte, como ya he dicho; los
cuidados paliativos no son desatención ni abandono ante los últimos
estadios de la vida de una persona; los cuidados paliativos no son un
castigo, sino todo lo contrario. Y hay que saber diferenciar lo que son
cuidados paliativos de los tratamientos paliativos. Tanto los cuidados
paliativos como los tratamientos paliativos para terminales brindan
bienestar, sin embargo los cuidados paliativos pueden empezar en el
momento del diagnóstico y al mismo tiempo que el tratamiento; el
tratamiento paliativo comienza ya en los estadios finales de la vida.
Normalmente el tratamiento paliativo se ofrece solo cuando queda poco
tiempo para que se produzca el fallecimiento, en tanto que los cuidados
paliativos deberían comenzar en la fase temprana del diagnóstico de una
enfermedad que amenaza la vida, simultáneamente, repito, con los
tratamientos curativos.


De la misma forma, incluso en las fases finales de la enfermedad,
en las que el tratamiento es predominantemente paliativo, puede existir
un espacio destinado al intento de medidas más curativas. Por otro lado,
el duelo puede requerir atención durante una fase prolongada. Esa
transición de los cuidados paliativos al tratamiento paliativo es a
menudo gradual y debe basarse en las necesidades individuales de las
personas más que en un plazo concreto de supervivencia esperada. ¿A qué
pacientes van normalmente dirigidos los cuidados y los tratamientos
paliativos? Se pueden ofrecer a todas las personas que no se puedan curar
y que tengan una corta esperanza de vida como consecuencia de la
enfermedad que padecen. Imaginen que solo por cáncer cerca de 100 000
personas al año deberían estar con cuidados paliativos a lo largo de un
año; pero no solo se trata de pacientes oncológicos, sino también
pacientes con patologías cardíacas en el último estadio, con enfermedades
pulmonares, con insuficiencia multiorgánica, con insuficiencias renales y
hepáticas, con demencia, con VIH-sida, con esclerosis lateral amiotrófica
o con enfermedades neurodegenerativas. Todos estos pacientes pueden ser
objeto en un momento determinado de cuidados y tratamientos paliativos,
siempre sin renunciar a su médico de cabecera, a su médico especialista
ni a los tratamientos normales que vaya recibiendo.


¿Quién brinda los cuidados paliativos? Es importante saber qué
parte de profesionales son los que los brindan, porque estos requieren
una formación muy específica y por eso hemos hablado antes de un equipo
multidisciplinar o un equipo interdisciplinar. Los equipos
interdisciplinares de cuidados paliativos están formados por
profesionales que se dedican exclusivamente a trabajar con personas con
enfermedades avanzadas y terminales. Normalmente los forman médicos,
enfermeras, psicólogos, auxiliares, enfermería y trabajadores sociales.
Sin embargo, hay otros profesionales como los fisioterapeutas e, incluso,
los asesores espirituales, quienes en momentos determinados son muy
importantes para abordar determinadas fases en pacientes que necesitan
cuidados o tratamientos paliativos. ¿Y dónde se realizan? En el domicilio
o en el hospital; en cualquier sitio deben tener accesibilidad a unidades
de cuidados paliativos. Hay un tema en el que trabaja muy bien la
Asociación Española contra el Cáncer: el voluntariado. Es un voluntariado
perfectamente cualificado y perfectamente formado por la propia
asociación, que tiene unas actividades muy propias de apoyo, de
logística, de actividad fundamental y, en gran parte, de apoyo
familiar.


¿Dónde se aplican los cuidados y los tratamientos paliativos?
Pueden ofrecerse, y quizá se hace con demasiada frecuencia, en el
hospital, en la Agencia de Atención Médica Domiciliaria, en las clínicas
oncológicas y en las clínicas de convalecencia. Pero nosotros en la
moción abordamos la importancia de llevar los cuidados paliativos a la
cabecera del paciente, dentro de lo que es su ámbito, dentro de lo que es
su vida, donde está su familia y donde está lo que llamamos la propia
cabecera del paciente.


¿Qué incluyen los tratamientos o los cuidados paliativos? Incluyen
a cualquier paciente con una enfermedad grave. Pero cuando hay una
enfermedad grave no solamente enferma el cuerpo; aparte de los problemas
físicos propios, encontramos problemas emocionales, sociales, el
afrontamiento de la propia muerte, problemas prácticos, burocráticos,
asuntos espirituales, etcétera. Y todo esto se aborda desde el punto de
vista de los cuidados paliativos.


Señorías, los cuidados paliativos tienen como objeto fundamental
aliviar el sufrimiento y mejorar en lo posible la calidad de vida de
estos pacientes. Esto supone necesariamente que los profesionales y las
administraciones sanitarias asuman el reto de prestar una atención
integral que tenga en cuenta no solo los aspectos físicos, emocionales,
sociales o espirituales, sino también que se preste en el lugar idóneo,
con especial énfasis en los periodos agónicos, y teniendo en cuenta a los
familiares en el proceso de duelo cuando sea necesario. Existe una
demanda generalizada de una atención centrada en el ser humano, de
calidad y a coste razonable, que permita una vida y una muerte digna. En
España se ha producido un rápido crecimiento de estos programas, de los
servicios de cuidados paliativos, como respuesta a la gran demanda y al
creciente interés del sistema sanitario para responder a la misma. No
obstante, mejorar la accesibilidad a los cuidados paliativos de todos los
pacientes que los necesiten y la calidad de la atención recibida sigue
siendo unos de los retos en la atención sanitaria.


Señorías, además de esta atención, es un derecho reconocido por
los diferentes organismos internacionales y una prestación sanitaria que
la legislación española contempla como básica en la Ley de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud, que a su vez recoge en la Cartera
de servicios básica del Sistema Nacional de Salud desde el año 1995, y
todo se ha visto refrendado y apoyado por la Estrategia en cuidados
paliativos aprobada en el año 2007.


Respecto a otros países del mundo, España se sitúa entre los
primeros en cuanto a número de recursos en cuidados paliativos. Pero,
pese a su posición, todavía es necesario no solo aumentar la calidad de
dichos recursos, sino, además, optimizar la distribución. Más del 50 % de
los fallecimientos se producen en hospitales debido a que los familiares
no cuentan con otras alternativas, impidiendo que el paciente permanezca
durante sus últimos días de vida en su entorno y rodeado de los seres
queridos. No podemos pasar por alto el gasto económico que supone todo lo
anteriormente citado a la sanidad pública, puesto que no se están
optimizando todos los recursos disponibles ni se están dotando de
aquellos especializados en cuidados paliativos que garanticen una
adecuada calidad de vida en la unidad familiar.


Señorías, termino diciendo que la finalidad de esta moción y de
los cuidados paliativos no es una muerte digna, sino una vida digna hasta
el final con el máximo confort.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.


Yo también me congratulo de que la integración de las enmiendas
formuladas a la moción permita hoy una aprobación unánime en la Cámara.
La enmienda que habíamos formulado el senador Mariscal Cifuentes y yo
mismo pretendía añadir —y así se hizo— un nuevo punto para
que se garantizase el acceso a los profesionales a la historia clínica,
al testamento vital, y se garantizase igualmente el respeto a las
prescripciones contenidas en él.


Desde el año 2013, todos los registros autonómicos están
conectados al Registro nacional de instrucciones previas y, por tanto, es
perfectamente factible garantizar el acceso a él. No se trata todavía de
una práctica mayoritaria en nuestra sociedad, pero en 2013 ya
había 150 000 personas que habían registrado un testamento vital. Sin
embargo, no podemos negar que sigue habiendo resistencia por parte de
algunos profesionales que entienden que su criterio profesional, su
criterio médico ha de prevalecer sobre la voluntad de los pacientes.


La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, regula el estatuto del
paciente y recoge esta figura del testamento vital, de las instrucciones
previas, definiéndolas como instrucciones previas para el caso en que el
paciente no esté en condiciones de decidir. Obviamente, las
prescripciones no pueden ir ni contra la ley ni contra la lex artis de
los profesionales. En todo caso, en algún momento nos tendremos que
plantear como sociedad y como Cámara una regulación adecuada del derecho
a morir dignamente.


En relación con la moción, es cierto que el estudio realizado a
instancia de la Asociación Española contra el Cáncer constata que uno de
cada dos pacientes que precisan cuidados paliativos no tienen acceso a
ellos y que sería necesario contar con una unidad de cuidados paliativos
por cada 80 000 habitantes. En nuestro país, nuestro sistema sanitario
cuenta con 458 recursos. Aplicar el criterio fijado en este estudio
significaría tener que promover el desarrollo de otros 200 recursos.


Desde la perspectiva del gasto sanitario, al que también se ha
hecho referencia en la presentación de la moción, la inversión en
unidades de atención paliativa suponen en la práctica un ahorro, una
disminución del gasto sanitario, puesto que resulta más costoso el
mantenimiento de las personas que se ven en esta circunstancia en las
instalaciones hospitalarias ordinarias. De hecho, la creación de estas
unidades podría suponer un ahorro de prácticamente el 60 % del gasto que
supone la atención a las personas al final de la vida o en las
circunstancias a las que hacen referencia estos cuidados paliativos en
las instalaciones hospitalarias de carácter ordinario.


Por todo ello, votaremos favorablemente la moción.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna, senatari
jaun-andreok.


Senador Aguirre, la verdad es que se ha trabajado usted la moción,
y nos parece una moción muy interesante que, además, ha mejorado mucho
con la transaccional que se ha presentado. Pero una cosa es que la
hayamos firmado para poder tramitarla y otra cosa es que estemos todos de
acuerdo por unanimidad. Yo pediría, señor presidente, que pudiéramos
votar esta moción cuando llegue el momento.


En Euskadi teníamos un plan de cuidados paliativos, del que surgió
el plan de cuidados paliativos de Álava, en el que se basa a su vez la
nueva estrategia que se está planteando para los próximos meses. Hay tres
unidades de cuidados paliativos específicas, cuatro servicios de cuidados
paliativos en hospitales de agudos y once servicios de hospitalización
domiciliaria.


En el Servicio Vasco de salud se ha apostado también por que se
pueda prestar esta asistencia por los servicios de atención primaria, no
solamente por las unidades específicas de tratamiento a paliativos. Quien
define el tipo de asistencia y la intensidad con que la debe recibir es
el propio paciente, teniendo en cuenta también sus circunstancias, y para
eso el senador Iglesias nos ha hablado del testamento vital, que es algo
que evidentemente tenemos que respetar, como no puede ser de otra manera,
con los límites que también muy acertadamente ha planteado el senador
Iglesias. Esto pasa la mayor parte de las veces por la permanencia en el
domicilio en esta parte final de la vida, tan necesario para poder morir
dignamente; pasa por la asistencia en el propio domicilio en coordinación
con todos los servicios sociales, espirituales, etcétera, como ha dicho
también perfectamente el senador Aguirre.


El Gobierno vasco, como he dicho, ha apostado por favorecer que
este tipo de cuidados se puedan dar también por la atención primaria, no
solo por las unidades de paliativos, y esto lo ha hecho después de haber
estudiado el tema, como no puede ser de otra manera, a través de la
sociedad pública Osatek, que es la que se encarga de los temas de
tecnología sanitaria. Hay un estudio muy interesante de Osatek en el que
se basan las decisiones que ha tomado el Gobierno vasco: no solamente
unidades de paliativos sino también la formación de todo el personal
sanitario a todos los niveles, también el personal social y todas
aquellas personas que puedan estar o que estén en contacto con los
pacientes en esta situación y que puedan aportar lo que el paciente en
ese momento necesita.


No estamos cómodos con el primer punto de la moción en el que se
habla de implantar unidades multidisciplinares de atención a paliativos.
Entendemos que tienen que existir estas unidades, lógicamente, porque la
gravedad del paciente en algunos casos lo requerirá, en muchos
probablemente; incluso la tranquilidad de los familiares de haber hecho
todo lo posible y considerar que a lo mejor en el hospital están mejor,
también hay que tenerlo en cuenta, pero creemos que en otros muchos casos
se deben atender por los propios servicios de atención primaria. Tampoco
es algo que nos hayamos inventado nosotros. Me gustaría leer lo que se
dijo en el documento de la LXVII Asamblea Mundial de la Salud, en un
documento que se llama Fortalecimiento de los cuidados paliativos como
parte del tratamiento integral a lo largo de la vida, que es de mayo
de 2014. En el primer punto insta a los Estados a que formulen, refuercen
y apliquen, según convenga, políticas de cuidados paliativos en apoyo del
fortalecimiento integral de los sistemas de salud, con miras a incorporar
en la totalidad del proceso asistencial unos servicios de asistencia
paliativa basados en criterios científicos, costoeficaces y equitativos,
y ello en todos los niveles, con énfasis en la atención primaria,
atención comunitaria y domiciliaria y los problemas de cobertura
universal.


Tampoco estamos cómodos con los puntos 4 y 5, cuando se habla de
la formación porque se habla solamente de la formación a los
profesionales que trabajan en las unidades de paliativos y creemos que
hay que dársela a todo el personal que está en la asistencia primaria a
todos los niveles. También este documento de la Organización Mundial de
la Salud, en el punto cuarto dice que traten de incluir los cuidados
paliativos como componente integral en los programas de educación
continua y formación ofrecidos a los dispensadores de atención,
dependiendo de sus expectativas, funciones y responsabilidades, de
conformidad con los principios siguientes, y habla de todos los planes de
estudio, las facultades de medicina y escuelas profesionales de
enfermería, y formará parte de la formación de servicio impartida a
quienes dispensen cuidados de primer nivel de atención, incluidos los
profesionales sanitarios, los cuidadores que atienden a las necesidades
espirituales de los pacientes y los trabajadores sociales. Por eso no
estamos especialmente cómodos con estos puntos. Evidentemente, no se
trata de que podamos elegir tener o no tratamientos de paliativos; es
imprescindible, es necesario, porque la dignidad del ser humano, la
dignidad del paciente, lo exige. Otra cosa es cómo se den los servicios
y, en eso, nosotros podemos diferir en parte. Por esa razón, señor
presidente, nos vamos a abstener en esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra la senadora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.


Señorías, aprovecho para saludar y agradecer la presencia de los
invitados en la tribuna, especialmente la de doña Monserrat Riqué
Bellver.


El más terrible de los señores de la humanidad. Así definió el
dolor el médico, teólogo y filósofo Albert Schweitzer, Premio Nobel de la
Paz en 1952. Tanto el hombre primitivo como nosotros mismos sentimos
dolor, lo tenemos e intentamos evitarlo enfrentándonos a él con todos los
medios a nuestro alcance. A lo largo de la historia de la humanidad habrá
cambiado la forma de abordarlo, de entenderlo, pero no su presencia. Si
hay algo que nos une, que nos iguala a todos es el dolor. Es un fenómeno
universal, conocido por todos, vivido por todos en su multitud de
variantes y matices.


Parecería innecesario definirlo, sin embargo, cuando lo
intentamos, nos damos cuenta de la magnitud del fenómeno, de los
innumerables matices, connotaciones y aspectos que queremos transmitir en
el concepto del dolor. No fue hasta 1979 cuando la comunidad científica,
a través de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, pudo
emitir una definición unificada de él. Todo eso nos ayuda a entender que
el dolor es una experiencia de gran complejidad, subjetiva, individual,
intransferible, un compañero de viaje de cada uno de nosotros en el
transcurso de nuestra biografía. Al fin y al cabo, desde cualquier
perspectiva del análisis, el dolor es un fenómeno indeseable porque
altera y condiciona nuestra actividad personal, limita nuestra libertad,
nos esclaviza y nos impide el desarrollo de nuestro propio proyecto
vital, aunque estemos en su tramo final. Sentirse mejor es un objetivo
tan obvio cuando una persona sufre a consecuencia de una enfermedad que
se convierte en su principal misión, y más cuando curar ya no es posible.
Ese es el momento de aliviar el dolor físico y emocional a través de los
cuidados paliativos. Según denunció el pasado 4 de febrero la Asociación
Española contra el Cáncer, ya sea por falta de información o por falta de
recursos, uno de cada dos pacientes que necesita cuidados paliativos no
tiene acceso a ellos. En los dos casos es una situación grave y a la que
debemos poner solución.


El estudio sobre la situación actual en nuestro país sobre los
cuidados paliativos que realizó esta asociación puso de manifiesto que, a
pesar del Plan Estratégico de cuidados paliativos, realizado en 2007, y
de la actualización de la Estrategia de los cuidados paliativos en el
Sistema Nacional de Salud de 2011, a día de hoy, en España existen
grandes diferencias entre la comunidades autónomas en el acceso a los
recursos para los cuidados paliativos, ya sean en unidades o en equipos
de atención domiciliarios, y hay una gran desinformación sobre cómo
funcionan, qué ofrecen y cómo se accede a los cuidados paliativos.


En la Cámara ya se ha dicho que, según las estimaciones de la
Sociedad Española de Cuidados Paliativos, sería óptimo contar con una
unidad de cuidados cada 80 000 habitantes. Conforme a ese ratio
necesitaríamos unas 200 unidades más en nuestro país. El 1,5 % de la
población precisa la intervención de un equipo multidisciplinar que dé la
asistencia sanitaria, social y psicoemocional que el paciente necesita en
el tramo final de su vida. La mayoría de los afectados prefieren ser
atendidos en casa, pero algunas veces son necesarios los recursos
hospitalarios para controlar los síntomas.


No podemos olvidar que son las comunidades autónomas las
principales responsables de garantizar que la población tenga un fácil
acceso a los cuidados paliativos, de organizar una buena red asistencial,
de poner en conocimiento de los ciudadanos los recursos de que disponen
para el buen morir. Pero el Estado debe jugar un papel para homogeneizar
los cuidados paliativos, ayudando a disminuir las diferencias
territoriales existentes, impulsando políticas y leyes que garanticen que
morir sin dolor y con dignidad en nuestro país es un hecho habitual.


Hemos mejorado mucho sin duda, pero el camino por recorrer y sus
políticas, señorías del Partido Popular, las que han desplegado en esta
legislatura no nos ayudan mucho a avanzar. Y no me voy a cansar de
denunciar lo que ya he dicho en otras ocasiones: los recortes han
afectado a los servicios sanitarios y no han mejorado los recursos
existentes. Pero en este tema, para ser concretos, han recortado una
partida de los presupuestos generales que va destinada precisamente a
esto, a los cuidados paliativos.


De todas formas entendemos que lo que pretende esta moción, como
demuestra la enmienda que hemos transaccionado todos los grupos
parlamentarios, es la convicción de seguir avanzando en los cuidados
paliativos en nuestro país. Dice Woody Allen: «No es que tenga miedo a
morir, es que no quiero estar allí cuando suceda». Estar, estaremos
seguro; pero lo que no queremos es sufrir dolor; y, para entonces, si lo
necesitamos, nos gustaría que en este tramo final de la vida nos
acompañaran profesionales de los cuidados paliativos: médicos,
enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, profesionales que nunca se
rinden, profesionales para los que la expresión «no hay nada que hacer»
no existe.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyor president.


Senyories, el Grup Parlamentari Popular torna a portar una moció
davant la qual ningú resta indiferent, tothom mostra sensibilitat. Estem
parlant d’acompanyar, confortar, estalviar el patiment físic i
psíquic d’aquelles persones malaltes, a les que la medicina ja no
pot curar. Estem parlant d’acompanyar en el tram final de la vida.
Si bé és cert que tothom ha de morir, ja ho sabem, les circumstàncies
d’aquest tram final no iguals per a tothom, i en alguns casos fa
que aquesta etapa sigui especialment dura tant per als malalts com per
als familiars. S’estima que entre un 1,2 i un 1,5 de la població en
aquestes circumstàncies necessita assistència amb aquestes cures
pal·liatives. Sempre es pot fer alguna cosa per tal d’alleujar el
patiment del malalt i del seu entorn. Per això els diferents
especialistes, metges, infermeres, psicòlegs, treballadors socials, es
posen al servei d’aquests casos per fer l’acompanyament.


És cert que el model d’atenció al final de la vida que
recull l’Estratègia de cures pal·liatives del Sistema Nacional de
Salut és un referent per a les comunitats autònomes. La seva implantació
es basa en l’accessibilitat i equitat a les cures pal·liatives en
funció de la complexitat assistencial de la persona amb una malaltia
avançada. A Catalunya s’ha fet molta feina en aquest sentit i així
ho avalen les dades, són dades objectives. Només cal, senyories, que
revisin l’Estratègia nacional en cures pal·liatives del Sistema
Nacional de Salut; concretament a la seva pàgina 37 tenen vostès unes
estadístiques per veure que ja fa temps que a Catalunya hi ha resultats
perquè s’hi aboquen ganes i recursos. També és cert que mai
n’hi ha prou ni és suficient, però en aquest moment a banda de
l’atenció hospitalària, tenim més de setanta equips especialitzats
en atenció domiciliària dins del Programa d’atenció domiciliària i
equips de suport.


També s’ha apostat molt per les cures pal·liatives
infantils. A ningú se li escapa que l’hospital Sant Joan de Déu,
pioner a tot l’Estat en aquest tipus de cures, és un referent per
als més menuts. A banda de la feina dels professionals, també volem lloar
iniciatives que porten a terme els propis malalts i els seus familiars.
En aquest sentit volem destacar la iniciativa de la mare d’una nena
de l’hospital Sant Joan de Déu, que es diu «Seguirem vivint», un
títol que ja per si mateix parla, no parla de l’amor, parla de
continuar vivint, de viure dignament fins a l’últim moment.


A més, l’atenció mèdica requereix també d’equips de
treballadors socials i d’altres terapeutes que apliquen teràpies
com la musicoteràpia, la cromoteràpia i d’altres, que si bé no
curen el físic, sí que poden alleugerir els mals de l’ànima, els
mals emocionals. Aquest aspecte emocional és summament important, a més
de donar suport també caldrà prendre decisions complicades al llarg
d’aquests processos, moltes vegades entrant fins i tot en
conflictes ètics amb la decisió de sedar o no sedar, quan interrompre o
no un tractament, així que també cal un acompanyament en aquest
sentit.


Finalment, quan arriba el moment fatídic de la pèrdua, també és
necessari el seguiment d’un dol, i com s’ha arribat a aquesta
pèrdua d’una manera complicada, també té un seguiment molt acurat
perquè és un dol complicat. Doncs bé, tot això ja s’està fent a
Catalunya. Actualment, per al desenvolupament coherent d’aquest
model, cal promoure una acreditació de la competència professional en
cures pal·liatives per a tots els professionals, així com introduir
aquest reconeixement en el sistema sanitari. En aquest sentit, el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya col·labora amb la
Societat catalano-balear de cures pal·liatives en la realització
d’una prova objectiva i estructurada d’avaluació de
competències per a metges de cures pal·liatives. També, paral·lelament a
això, com ha dit el senyor Cazalis, també es treballa en la
sensibilització i en la formació de tots els professionals del sistema
sanitari per tal d’oferir una millor qualitat d’atenció
pal·liativa dels recursos convencionals. Creiem que queda avalada la
necessitat de les cures pal·liatives.


Però davant de tot això, també els he de dir que els pressupostos
generals de l’Estat contemplaven una partida per transferències
estratègiques a les comunitats autònomes del Sistema Nacional de Salut;
aquesta partida, malauradament, ha desaparegut. Per tant, ja els he dit
que aquest grup ha signat una transaccional perquè pensàvem que valia la
pena tirar endavant la iniciativa, i a més a més amb la incorporació
d’esmenes de diferents grups p parts d’esmenes de diferents
grups també enriquíem aquesta proposta, però demanaà també a la
Presidència la votació d’aquesta moció, i explicaré perquè. Pel
contingut de la moció, votaríem un sí rotund, però se’ns planteja
la següent qüestió, i ho diré planament: A Catalunya, les propostes que
figuren en aquesta moció ja les tenim assolides. Sempre es poden fer més
coses i millor, però en aquest sentit pensem que som bastant capdavanters
i tenim les propostes de la part dispositiva assolides a Catalunya. També
parla de què en totes les comunitats autònomes es garanteixin aquestes
mesures i, per tant, nosaltres votaríem que sí, perquè el que volem és
que tothom pugui tenir aquests serveis, i que tots els malalts arreu
puguin disposar d’aquestes cures, tot i que sabem que no és així a
tot arreu.


Però parlem de recursos. Ja els he dit que s’han retirat
partides pressupostàries, i ja els he dit en la meva anterior intervenció
en la moció conseqüència d’interpel·lació que hem debatut abans que
hi ha una sèrie d’incompliments, així com permeteu-me dir-ho així
una sèrie de deslleialtats cap a les comunitats autònomes que han
d’assolir aquests temes. Perquè vostès, Partit Popular, proposen,
disposen, i nosaltres paguem, i en molts casos no podem ni tan sols
decidir. En aquest sentit, nosaltres trobem a faltar que aquestes
propostes que vostès fan per a les comunitats autònomes per a les seves
pròpies competències, ja que vostès són Estat i tenen capacitat de poder
arrencar dels pressupostos alguna dotació per aquest tema que consideren
tan important com per portar-lo a la Cambra i no ho fan així, pensem que
això no és de rebut. Per tant, en aquest sentit diríem no a aquesta moció
que proposa el Grup Popular per a les comunitats autònomes sense que hi
hagi darrere un finançament; és a dir, proposen, disposen, nosaltres
paguem i no decidim, i en això no estem d’acord.


En aquest sentit, estem en aquesta dicotomia entre el sí i el no,
perquè volem que tothom tingui aquesta atenció en tots els territoris de
l’Estat espanyol no només a Catalunya i que aquesta proposta
d’homogeneïtzació arribi a tothom, però que no suposi, un cop més,
baixar el llistó perquè aquells que han assolit resultats hagin de
igualar a la baixa, sinó que s’emmirallin perquè tothom pugui tenir
a aquest nivell màxim assolit, per tant que es pot assolir, i que
tendeixi a l’excel·lència.


Avanço, doncs, el nostre absolut, absolut, absolut, compromís i
sensibilitat cap a aquesta qüestió. Qualsevol treballador del servei
públic ha de ser sensible al patiment de les persones però, com ja he
dit, i els ho he avançat també en l’altra moció, hi ha moltes
deslleialtats: deslleialtat pel que fa a pagaments de medicaments,
deslleialtat amb el tema de la dependència, i deslleialtat ara també,
sembla ser, amb la nova llei amb la LOFCA, que veurem d’aquí a poc,
que pretén un altre vegada fiscalitzar les competències autonòmiques en
sanitat sense que això hagi estat debatut.


En aquest sentit, el meu grup se sent amatent, se sent incòmode
pel fet que un altre cop vostès proposin en temes que no són de la seva
competència i no disposin i solucionin en temes que sí estan en la seva
mà poder solucionar.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular vuelve a traer una moción
ante la cual nadie se queda indiferente, todo el mundo muestra
sensibilidad. Estamos hablando de acompañar, confortar, ahorrar el
sufrimiento físico y psíquico a esas personas enfermas, a las que la
medicina ya no puede curar. Estamos hablando de acompañar en el tramo
final de la vida. Si bien es cierto que todo el mundo debe morir, ya lo
sabemos, las circunstancias de este tramo final no son las mismas para
todos, y en algunos casos hace que esta etapa sea especialmente dura
tanto para los enfermos como para los familiares. Se considera que entre
un 1,2 y un 1,5 de la población en estas circunstancias necesita
asistencia con estos cuidados paliativos. Siempre se puede hacer algo
para aliviar el sufrimiento del enfermo y de su entorno. Por eso los
distintos especialistas, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores
sociales, se ponen al servicio de estos casos para hacer un trabajo
conjunto en el acompañamiento.


Es cierto que el modelo de atención al final de la vida que recoge
la Estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud es un
referente para las comunidades autónomas. Su implantación se basa en la
accesibilidad y equidad de los cuidados paliativos en función de la
complejidad asistencial de la persona con una enfermedad avanzada. En
Cataluña se ha trabajado mucho en este sentido y así lo avalan los datos
—datos objetivos—. Basta, señorías, con que revisen dicha
Estrategia nacional en cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud;
concretamente en su página 37 tienen ustedes unas estadísticas para ver
que hace tiempo ya que en Cataluña hay resultados porque se ponen ganas y
recursos. También es cierto que nunca es suficiente, pero en este momento
además de la atención hospitalaria, tenemos más de setenta equipos
especializados en atención hospitalaria dentro del Programa de atención
domiciliaria y equipos de apoyo.


También se ha apostado mucho por los cuidados paliativos
infantiles. A nadie se la escapa que el hospital San Juan de Dios,
pionero en todo el Estado en este tipo de curas, es un referente para los
más pequeños. Además de la labor de los profesionales, también queremos
alabar iniciativas que llevan a cabo los mismos enfermos y sus
familiares. En este sentido queremos destacar la iniciativa de la madre
de una niña del hospital San Juan de Dios, que se llama «Seguiremos
viviendo», un título ya ilustrativo por sí mismo, hablamos del amor y de
vivir dignamente hasta el último instante.


Además, la atención médica requiere de equipos de trabajadores
sociales y de otros terapeutas que aplican terapias como la
musicoterapia, la cromoterapia y otras, que si bien no curan lo físico,
sí pueden aliviar los males del alma, los males emocionales. Este aspecto
emocional es sumamente importante, además de apoyar también habrá que
tomar decisiones complejas a lo largo de estos procesos, muchas veces
entrando incluso en conflictos éticos con la decisión de sedar o no
sedar, cuándo interrumpir o no un tratamiento, así que es necesario
también un acompañamiento en este sentido.


Por último, cuando llega el momento fatídico de la pérdida, se
exige el seguimiento de un duelo, y como se ha llegado a esta pérdida de
una manera complicada, exige un seguimiento cuidadoso porque es un duelo
complicado. Pues bien, todo esto ya se está haciendo en Cataluña. En la
actualidad, para el desarrollo coherente de este modelo, hay que promover
una acreditación de competencia profesional con cuidados paliativos para
todos los profesionales, así como introducir este reconocimiento en el
sistema sanitario. En ese sentido, el Departamento de Salud de la
Generalitat de Catalunya colabora con la Sociedad catalano-balear de
curas paliativas en la realización de una prueba objetiva y estructurada
de evaluación de competencias para médicos de cuidados paliativos.
También, en paralelo a este aspecto, como ha dicho el señor Cazalis,
trabajamos en la sensibilización y en la formación de todos los
profesionales del sistema sanitario a fin de ofrecer una mejor calidad en
la atención de cuidados paliativos respecto a los recursos
convencionales. Creemos que queda avalada la necesidad de los cuidados
paliativos.


Sin embargo, también debo decir que los Presupuestos Generales del
Estado recogían una partida de transferencias estratégicas a las
comunidades autónomas del Sistema Nacional de Salud; esta partida,
desgraciadamente, ha desaparecido. Ya he dicho que este grupo ha firmado
una transaccional porque pensábamos que valía la pena sacar adelante esta
iniciativa, además se ha enriquecido esta propuesta con la incorporación
de enmiendas de distintos grupos, pero vamos a pedir también a la
Presidencia la votación de esta moción, y voy a explicar por qué. Por el
contenido de la moción, votaríamos un sí rotundo, pero se nos plantea la
siguiente cuestión, y lo voy a decir de una manera muy clara: En
Cataluña, ya llevamos a cabo las propuestas que figuran en esta moción.
Siempre se pueden hacer más cosas y mejor, pero en este sentido somos
bastante pioneros porque, repito, lo que nos proponen ya lo llevamos a
cabo en Cataluña. También se pide que en todas las comunidades autónomas
se garanticen estas medidas y, por tanto, nosotros votaríamos
afirmativamente a esta propuesta porque queremos que todo el mundo pueda
gozar de estos servicios, que todos los enfermos en todas partes puedan
disponer de estos cuidados, aunque sabemos que actualmente no es
así.


Hablemos de recursos. Ya he dicho que se han retirado partidas
presupuestarias, y en mi anterior intervención en la moción consecuencia
de interpelación que acabamos de debatir he comentado que hay una serie
de incumplimientos, así como —permítame decirlo así— una
serie de deslealtades hacia las comunidades autónomas que deben adoptar
estas medidas. Porque ustedes, Partido Popular, proponen, disponen, y
nosotros pagamos, y en muchos casos no podemos ni siquiera decidir.
Echamos de menos que estas propuestas que ustedes hacen a las comunidades
autónomas en sus propias competencias, ya que ustedes son Estado y tienen
capacidad de hacerlo en los presupuestos, no vayan acompañadas de alguna
dotación para este asunto que consideran tan importante, pero no lo hacen
y pensamos que esto no es de recibo. Por tanto, en este sentido diríamos
no a esta moción que propone el Grupo Popular para las comunidades
autónomas sin que haya detrás una financiación; es decir, proponen,
disponen, nosotros pagamos y no decidimos, y en eso no estamos de
acuerdo.


En este sentido, estamos en esta dicotomía entre el sí y el no,
porque queremos que todo el mundo tenga esa atención en todos los
territorios del Estado español no solo en Cataluña y que esta propuesta
de homogeneización llegue a todo el mundo, pero que no suponga, una vez
más, bajar el listón para que aquellos que han alcanzado resultados
tengan que igualar a la baja, sino que busquen, como en un juego de
espejos, que todo el mundo pueda llegar a ese nivel máximo alcanzado y,
por tanto, se tienda a la excelencia.


Avanzo, pues, nuestro absoluto compromiso y sensibilidad hacia
esta cuestión. Cualquier trabajador del servicio público tiene que ser
sensible al sufrimiento de las personas pero, como ya he dicho, hay
muchas deslealtades: deslealtad en cuanto al pagos de medicamentos,
deslealtad en la dependencia, y deslealtad con la LOFCA, que debatiremos
en breve, que pretende de nuevo fiscalizar las competencias autonómicas
en sanidad sin que se haya debatido al respecto.


En este sentido, mi grupo se siente incómodo por el hecho de que
ustedes propongan temas que no son de su competencia y no aquellos que sí
está en su mano resolver.


Gracias.


El señor PRESIDENTE:






Muchas gracias, senadora Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
González Bethencourt.


El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, señor presidente. Buenos
días (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).


Señorías, hoy traemos al Pleno del Senado una cuestión de enorme
trascendencia: qué puede aportar el Senado en la regulación y mejora de
las condiciones necesarias para que cuando una persona se enfrenta al
final de su vida lo haga de la manera más digna posible, tanto para ella
como para su entorno familiar.


Les voy a hablar hoy desde el corazón y desde mi reciente
experiencia. He vivido una experiencia en directo como familiar y como
médico en los cuidados paliativos finales a mi esposa, Conchi Vera Diaz,
a la que les ruego me permitan dedicar mi intervención. Lo he vivido en
primera persona y he podido apreciar cuáles son las dificultades con las
que se encuentran no solo los pacientes sino también sus familiares
cuando llega el momento en el que hay que decidir si el enfermo se queda
en casa, o en el caso de que vaya al hospital el tiempo que puede estar
la familia a su lado, es decir, en qué condiciones o circunstancias
convive un paciente que está falleciendo con otro que está a su
lado.


La verdad es que es una experiencia muy complicada para los
familiares y también para los trabajadores. Siendo médico y habiendo
vivido durante muchos años en los hospitales, estos días miraba a los
médicos, a los enfermeros, a los auxiliares, al personal de limpieza, y
les decía: Vaya entereza tienen que tener ustedes para venir aquí a
trabajar y marcharse sabiendo que la persona que están atendiendo puede
fallecer esta tarde o mañana, porque ya le tienen que empezar a
administrar morfina, lo que significa que la van a desconectar de su
realidad, etcétera.


Lo cierto es que la oncología es una especialidad impresionante y
por eso creo que en esta Cámara hoy debemos apoyar a sus profesionales y
apostar por más formación. Y coincido en que la enseñanza en la Facultad
de Medicina, en la Facultad de Enfermería, la enseñanza pregrado, lo que
hay que hacer cuando se trata a un enfermo en estas circunstancias, no
está nada avanzada. Y coincido en que hay que formar, preparar e
incentivar a estos profesionales, porque hay que tener un coraje especial
para atender a este tipo de enfermos que están a punto de fallecer, y
tanto en la atención primera como en la atención hospitalaria, en todas
las especialidades.


Hoy, el Partido Popular presenta una moción en cuyas
consideraciones iniciales coincidimos; coincidimos en que hay que avanzar
en cómo regular, en cómo ayudar a una muerte digna —en eso estamos
de acuerdo— pero, sinceramente, al Grupo Socialista sus propuestas
le parecen muy escasas. Lamentamos no ver un avance concreto; el que lea
lo que vamos a votar y a acordar hoy en el Senado no va a ver un avance,
no se obliga al Gobierno a una actuación concreta en todos los temas que
estamos planteando. El Partido Popular, y así lo han dicho, dice que esto
es competencia de las comunidades autónomas, cuando en un tema tan
importante como este, qué fundamental es la coordinación del Ministerio
de Sanidad con todas las comunidades autónomas. Luego no vale decir que
es competencia de las comunidades autónomas, sino hay que apostar y
obligar al Gobierno a que siga avanzando en todo lo que hay que hacer en
este sentido. Por ejemplo, la propuesta número 2 del Partido Popular, que
dice que hay que mejorar y ayudar a los centros de referencia en el
tratamiento de la oncología, no tiene sentido aquí. Vale, claro, en el
momento del diagnóstico y del tratamiento, pero los centros de referencia
oncológicos no están para atender a los enfermos paliativos que se
encuentran en el final de su vida, hay que atenderlos en los domicilios,
hay que atenderlos en los centros o en los hospitales donde se
encuentren. Como decía, lamentamos que el Partido Popular no avance y no
se comprometa más en la regulación para ayudar a tener una muerte digna.
Afortunadamente, la sedación ya está bastante avanzada hoy, está
considerada, está consensuada, es una responsabilidad del médico, que
consulta a la familia e incluso al paciente, pero hay que garantizar
siempre el pleno respeto a la libre voluntad del paciente. En el Senado
podríamos homogeneizar lo que habría que hacer en toda España para
proteger la dignidad de estas personas enfermas en fase terminal, que
incluso no pueden decidir por sí mismas en situación de agonía. Es una
situación en la que tenemos que respetar el derecho a la libre voluntad
del enfermo, sus decisiones y las de su entorno familiar.


Creemos que el ministerio puede hacer mucho más. Por eso, hemos
presentado 6 enmiendas, enmiendas en las que creemos recoger cuál es la
problemática que tienen el paciente al final de su vida, el entorno
familiar y los trabajadores y cómo mejorar algunos aspectos que les voy a
concretar. Por ejemplo, qué duda cabe que hoy el dolor está tratado
mediante la sedación, el acompañamiento y demás, pero ¿qué hacemos con
los enfermos: los dejamos morir y que al lado esté otro paciente viendo
su final? Una de las cosas que habría que hacer es fomentar en todas las
comunidades autónomas que el enfermo fallezca en una habitación
individual. Es fundamental, no puede haber un enfermo que esté
falleciendo y al lado, otro enfermo, como estamos viendo, porque no hay
camas. Hay que respetar el criterio y fomentar que estos pacientes estén
en una habitación individual porque así los familiares lo van a acompañar
y se van a sentir más realizados. Por lo tanto, la habitación individual
para estos pacientes es fundamental. Ya sé que depende de las comunidades
autónomas, pero, por lo menos, hay que proponerlo.


Otro problema: que los enfermos que necesitan analgesia continua a
veces tienen dificultades para conseguir la medicación. Hay enfermos que
tienen más facilidades para conseguir analgésicos, porque el hospital les
da una medicación bastante importante, pero otros tienen que ir al médico
de cabecera, lo que a veces también crea bastantes dificultades. Por lo
tanto, tenemos que simplificar el acceso a los medicamentos, a los
analgésicos cuando las personas están en esta situación.


Otro problema tremendo es el de la persona que se pasa la noche
entera al lado de este familiar sin dormir y tiene que ir a trabajar al
día siguiente. Son situaciones también complicadísimas. Es verdad que hay
personas que lo resuelven en su trabajo con buena voluntad, otras no lo
pueden hacer porque no pueden dejar su trabajo para acompañar a estos
enfermos. En Alemania, en Francia, por ejemplo, hay ayudas sociales para
los cuidadores principales. Existe la figura del cuidador principal, que
es esta persona que se hace cargo de la persona que se encuentra en sus
últimos días. Tenemos que favorecer que lo pueda hacer, tenemos que
ayudarle, incluso valorar una posible baja laboral para el cuidador
principal que demuestre que lo es, que efectivamente está atendiendo al
paciente.


Y, por supuesto, también hay que regular la enseñanza. Tenemos que
regular la enseñanza obligatoria sobre cuidados paliativos, tanto en el
pregrado de las carreras y estudios sanitarios como en una formación
continuada de todos los profesionales, no solo de los que están en
oncología. Todos los profesionales tienen que participar de este
proceso.


Lamentamos que no se hayan apoyado más las enmiendas, pero, en
cualquier caso, entiendo que, al firmarse esta transacción, por lo menos,
hoy el Senado dice que se avance y que se continúe trabajando en las
ayudas a los enfermos terminales y en los cuidados paliativos. Creo que
este es un reto importante que no está resuelto. Ojalá la próxima
legislatura aborde este asunto según los planteamientos que hemos
expresado.


Por todo ello, aunque no se hayan apoyado nuestras enmiendas, en
un ejercicio de responsabilidad y de imagen del Senado ante un problema
como los enfermos terminales y los cuidados paliativos, vamos a votar a
favor de la moción.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador González
Bethencourt.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
señor Aguirre.


El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y creo
que en nombre de toda la Cámara, quiero transmitir desde esta tribuna el
máximo pesar a nuestro querido compañero, el señor González Bethencourt,
por el fallecimiento de su mujer, a la cual tuve el honor de conocer no
hace mucho en Salamanca.


En segundo lugar, voy a empezar a explicar cada uno de los puntos
de la moción. No voy a hablar del magnífico trabajo hecho por la
Asociación Española contra el Cáncer en cuanto a la cuestión de los
paliativos, pues ya se ha hablado aquí de porcentajes, de ratios, de las
necesidades, del índice poblacional, del número de pacientes y de la
eficiencia a la hora de los cuidados paliativos. Ellos sí que saben de
cuidados paliativos, ya que las primeras unidades para este tipo de
cuidados —que no se nos olvide— nacen de la propia Asociación
Española contra el Cáncer. Al menos en mi pueblo, donde yo era médico de
atención primaria, se llamaba en estos casos a la asociación pues aunque
dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud existía
este tipo de atención, no se había puesto en marcha como tal la unidad de
paliativos y, sin embargo, sí se estaba prestando a través de la
Asociación Española contra el Cáncer.


En el primer punto de la moción que se trae a colación se señala
—leo textualmente—: «Implantación de las unidades
multidisciplinarias de atención al final de la vida, tanto hospitalarias
como domiciliarias, en todas las comunidades autónomas, garantizando la
máxima accesibilidad de toda la población española hacia las unidades de
paliativos, prestación incluida en la cartera básica de servicios del
Sistema Nacional de Salud.» Señor Cazalis, yo no comprendo por qué le
molesta a usted este primer punto, pues lo único que estamos intentando
conseguir es la cohesión interterritorial y la accesibilidad por parte de
todos los pacientes, tanto del ámbito urbano como rural, a la unidad de
paliativos, ya que en comunidades autónomas como la mía, Andalucía, se
produce inequidad entre las propias provincias, ya sea por la dispersión
geográfica, o según se trate de zonas rurales o zonas urbanas, en cuanto
al acceso a las unidades de paliativos. Por tanto, nuestra propuesta en
este primer punto es que el cuidado paliativo debería formar parte del
servicio de cabecera del paciente. El paciente ha de tener accesibilidad
directa al paliativo, independientemente de que este se produzca en el
ámbito hospitalario o en atención primaria.


Segundo punto de la moción: «Buscar la equidad en el acceso a los
tratamientos, facilitando la movilidad de los pacientes entre comunidades
autónomas y el acceso a centros de referencia de patología oncológica.»
Actualmente, señorías, ustedes saben que los CSUR —centros,
servicios y unidades de referencia—, desarrollados por el
Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, tienen como
objetivo centralizar pacientes —pues la población diana es pequeña
en determinados centros— para que los profesionales tengan el
máximo conocimiento de los mismos y sea de mayor calidad ese tipo de
asistencia. Estos CSUR requieren de alta tecnología y gran
especialización en el diagnóstico, ya que las patologías son poco
prevalentes. Lo importante es que estos CSUR —que están en
determinadas comunidades autónomas— tengan un buen feedback y se
produzca una buena accesibilidad de todos los pacientes a estos centros,
independientemente de la comunidad autónoma que sea. Actualmente, desde
el punto de vista oncológico, hay CSUR que están funcionando para tumores
extraoculares en la infancia —los rabdomiosarcomas—, para
tumores intraoculares en la infancia —los retinoblastomas—,
para tumores intraoculares en adultos —los melanomas
uveales—, para tumores orbitarios, para tratamiento de tumores
germinales con quimioterapia intensiva, para trasplantes de progenitores
hematopoyéticos alogénico infantil, para neurocirugía pediátrica
compleja, que incluye la cirugía neurooncológica infantil. Asimismo están
pendientes de designarse nuevas unidades de referencia y centros para la
atención de síndromes neurocutáneos genéticos, facomatosis,
neuroblastomas, sarcomas de la infancia, sarcomas y otros tumores
musculo-esqueléticos en adultos. (A las estenotipistas, luego les daré la
lista, porque supongo que no habrán cogido ninguno de los nombres.)


El tercer punto: potenciación de la hospitalización domiciliaria
para pacientes con necesidades de cuidados paliativos, buscando siempre
la calidad y el bienestar de los enfermos. Yo pienso que el paciente de
cuidados paliativos, sobre todo al final de sus días, donde mejor está es
en su casa, rodeado de su familia, y con la máxima atención por parte de
estas unidades de Cuidados Paliativos, y, por supuesto, por su unidad de
atención primaria, su médico y su enfermería. Esto es llevar la unidad de
paliativos a la cabecera del paciente, una frase que yo utilizo
mucho.


Cuarto punto: Fomentar la formación y acreditación de los
profesionales que trabajan en cuidados paliativos y la formación
específica —señor Cazalis— de los cuidadores de estos
pacientes, es decir, no solamente formar a los equipos
multidisciplinarios, sino también a los cuidadores, como la Asociación
Española contra el Cáncer se encarga de formar a los voluntarios.


Quinto punto: «Promover la puesta en marcha de diplomas de
acreditación avanzada para los profesionales sanitarios vinculados a las
unidades de Cuidados Paliativos.» El Gobierno, con el objetivo de mejorar
la ya de por sí extraordinaria formación de estos profesionales, ha
puesto en marcha los diplomas de acreditación avanzada como una forma de
reconocer el esfuerzo formativo de los profesionales sanitarios. En el
caso concreto de cuidados paliativos, y debido a las peculiaridades de
los procesos en los que se hace necesario este tipo de cuidados, es
especialmente importante la formación desde una perspectiva
multidisciplinar y fomentar los másteres sobre cuidados paliativos, que
actualmente se están desarrollando en Madrid —en el Hospital de La
Paz—, en Valladolid, en Sevilla, en Canarias y en Cataluña, al
final de los cuales se les dará una acreditación específica a estos
profesionales y constituya un valor añadido para trabajar en las unidades
de cuidados paliativos.


El representante de Izquierda Unida ya se ha referido al sexto
punto; lo veo lógico. Consiste en garantizar el acceso de los
profesionales desde la historia clínica al testamento vital y el
cumplimiento de voluntades expresadas en el mismo. Actualmente 20
millones de españoles ya tienen historia clínica digital. Hubo una
ponencia en el Senado sobre técnicas de información y comunicación en
salud. Calculamos que, en un plazo de dos o tres años, casi el 80 %, 90 %
de la población española tendrá ya historia clínica digital, desde la que
también debería haber accesibilidad al testamento vital. Sería absurdo
que la historia clínica digital, con todos los documentos sanitarios del
paciente, no contuviera uno tan importante como puede ser el testamento
vital. Luego, agradezco la enmienda propuesta por Izquierda Unida.


Sucede lo mismo respecto a la enmienda propuesta por el Grupo
Parlamentario Socialista, en la que se aborda la atención integral e
individual de los pacientes, buscando el confort —sobre todo a
nivel hospitalario—, por ejemplo, a través de habitaciones
individuales y pudiendo estar con la familia, así como el máximo acceso
posible a los tratamientos específicos para este tipo de
enfermedades.


Por último, está la enmienda propuesta por Convergència i Unió,
que dice —lógicamente— sin perjuicio de las competencias en
el ámbito que corresponde a las comunidades autónomas. Quiero recordarle
que las unidades de cuidados paliativos vienen contempladas en la Ley de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que están recogidas en
la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud de 1997 y
que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del
año 2007, se aprobó la Estrategia en cuidados paliativos. Luego, quien
tiene que presupuestar, sobre todo para la puesta en marcha de unidades
de paliativos, son las comunidades autónomas. Por tanto, no vale decir
que hay que apostar especialmente desde los Presupuestos Generales del
Estado a tal fin, sino, y sobre todo, desde los presupuestos de las
diferentes comunidades autónomas.


En definitiva, estoy totalmente convencido de que progresamos
adecuadamente a través de esta moción. Se ve el ánimo de todos los grupos
políticos por apoyar la extensión de las unidades de cuidados paliativos
al cien por cien de la población española, algo que resulta
necesario.


Termino con una frase de un anónimo del siglo XIV que dice: Curar,
a veces; mejorar, a menudo; cuidar, siempre.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Aguirre.


Llamamos a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa la
Presidencia).


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación
debatida y firmada por todos los grupos parlamentarios.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 206;
votos emitidos, 202; a favor, 186; en contra, 2; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (El señor vicepresidente,
Lucas Jiménez, ocupa la Presidencia).









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DE LA PROFUNDIZACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE
ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA.


662/000192

GPP


El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al
punto 5.2.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Jiménez): A esta moción se han
presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Socialista, otra
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y otra
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. (Rumores).


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Muñoz-Alonso, después de haya silencio en el hemiciclo. (Rumores).


Silencio, señorías.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, este mes de mayo y el próximo mes de junio están
plagados de conmemoraciones que hacen referencia a la agitada historia
contemporánea de Europa y a la magna empresa de la construcción europea,
así como a la integración de España en la misma.


Me gustaría empezar recordando las fechas que marcan la
trayectoria europea y nuestra incorporación a ese proceso.


Europa celebraba la semana pasada el septuagésimo aniversario del
fin de la Segunda Guerra Mundial, que en realidad suponía el punto final
de lo que algunos historiadores han denominado la segunda guerra de los
Treinta Años, comenzada en 1914, hace ahora ciento y un años. Aquellas
contiendas, las más terribles que ha sufrido la humanidad, fueron en
buena medida una guerra civil europea que determinó el ocaso de la
hegemonía planetaria de los países europeos. El resultado fue una Europa
destruida, dividida y empobrecida —decenas de millones de muertos,
millones de vidas rotas, de víctimas del holocausto y de tantas otras
masacres— y muchos de los que lograron salvar sus vidas fueron
víctimas de la represión y muchos se convirtieron en desplazados,
tuvieron que abandonar los lugares en donde habían desarrollado sus vidas
y adaptarse a nuevas situaciones y condiciones. Todo eso es el testimonio
abrumador, horroroso, de una larga y sombría etapa que los europeos se
han prometido que no volverá a repetirse.


En efecto, la Europa libre y democrática pudo salir de aquella
situación y superar aquella ominosa herencia gracias a la voluntad
política de los padres fundadores de la integración europea. Cinco años
después del final de la Segunda Guerra Mundial, otro día de mayo, el 9 de
mayo de 1950, Robert Schuman, entonces ministro de Asuntos Exteriores de
la República francesa, hizo un llamamiento para la unidad europea, que
cuajó en la primera de las comunidades europeas, la del Carbón y del
Acero, que puso en marcha el proceso de integración de lo que hoy es la
Unión Europea. El Consejo Europeo de Milán de 1985 decidió proclamar el 9
de mayo como Día de Europa, que desde entonces celebramos.


Por otra parte, dentro de un mes, el 12 de junio, celebraremos
otro importante aniversario, el trigésimo aniversario de la firma en la
Sala de Columnas del vecino Palacio Real de Madrid del Acta de Adhesión
de España a las Comunidades Europeas. Terminaba así la larga espera de
nuestro país a las puertas de la Europa comunitaria, cerradas mientras
aquí persistió el régimen dictatorial que nos había impedido participar
en el gran proceso de reconciliación de los pueblos europeos que hoy
representa la Unión Europea.


Desde los orígenes de la presente etapa democrática, la
integración de España en las comunidades europeas fue el objetivo de
política exterior más ampliamente compartido y apoyado por los ciudadanos
de nuestro país. Con la misma intensidad con que la opinión pública y las
incipientes formaciones políticas aspiraban a construir las instituciones
democráticas, plasmadas en la Constitución de 1978, era patente la
voluntad de todos los sectores de nuestra sociedad de tomar parte activa
en el proceso de integración europea. La vocación europea de los
españoles fue el punto de encuentro de las diversas corrientes políticas
y uno de los pilares básicos del consenso que puso los cimientos del
presente orden constitucional. Los españoles eran, entre todos los
europeos, uno de los pueblos más comprometidos con la idea europea. El
segundo presidente del Gobierno de la democracia española, don Leopoldo
Calvo-Sotelo, acuñó la expresión transición exterior, en la que quería
subrayar que la democracia española no estaría completa hasta que España
no formara parte de las grandes organizaciones internacionales. España
acababa de entrar en el Consejo de Europa, en el Foro de las Democracias
del Continente, y en 1981 se incorporó a la Alianza Atlántica, que, a
diferencia de las comunidades europeas, fue un objetivo polémico, al
menos hasta el referéndum de 1986. Todos los españoles eran europeístas y
se sentían plenamente europeos, aunque los diferentes partidos políticos
tuvieran concepciones de Europa no siempre coincidentes.


Los beneficios que España ha obtenido en estas tres décadas son
evidentes: la renta per cápita de los españoles ha aumentado un año tras
otro, hasta el frenazo que ha supuesto la crisis económica, que
afortunadamente va quedando atrás; los fondos de cohesión y de la PAC se
han volcado sobre nuestro país con beneficiosos y patentes efectos en
nuestra agricultura y nuestras infraestructuras, que hoy son una de las
más modernas del mundo; el comercio con nuestros socios europeos se ha
incrementado, como lo han hecho las inversiones, tanto las de España en
otros países como las de otros países en el nuestro —tenemos
multinacionales que están presentes en todos los rincones del
planeta—. Además, España es uno de los países fundadores del euro
después de que supo cumplir estrictamente los criterios de convergencia
de la moneda única. Son muchos los datos que confirman irrefutablemente
el evidente progreso de España en las décadas a caballo de los siglos XX
y XXI como consecuencia, en muy buena medida, de la integración en la
Unión Europea y, por supuesto también, del esfuerzo mantenido de todos
los españoles en esa línea.


Pero la crisis económica ha arrojado sus sombras sobre este
panorama de prosperidad, y las jóvenes generaciones que ahora tienen
problemas para encontrar trabajo quizás desconocen las aportaciones
beneficiosas que para España ha supuesto la pertenencia a la Unión
Europea. Algunos incluso pueden caer en la tentación de acusar a Bruselas
de todo lo que no les gusta. Nacieron en una España próspera y desconocen
cuánto costó conseguir esas metas y cómo nos favoreció la entrada en el
mercado común —como acostumbraban a llamar nuestros conciudadanos a
lo que hoy es la Unión Europea—. Paradójicamente, muchos de esos
jóvenes pueden completar su formación e incluso buscar empleo en los
países europeos gracias a su ciudadanía europea. El programa Erasmus es
un buen ejemplo de estos nuevos horizontes que se abren ante nuestros
jóvenes, aunque todos deseamos que sea aquí donde puedan proyectar sus
saberes y sus ambiciones.


El punto de partida de esta moción es la constatación de que el
entusiasmo europeísta de los españoles de hace tres décadas ha sufrido
una notoria mengua como consecuencia de los sacrificios necesarios para
cumplir las políticas europeas de estabilización y consolidación fiscal,
indispensables para volver a la prosperidad. Corresponde a la sociedad
española el mérito de haber superado estas dificultades, o estar en
trance de superarlas, y de encontrarnos ahora en la senda del crecimiento
y la recuperación.


Aquí no tratamos de diseñar cuáles deben ser las políticas
europeas —la nueva Comisión Europea tiene un plan de trabajo que
todos conocemos, orientado al crecimiento y a la creación de empleo, y a
él me referiré en el turno de portavoces— y tampoco entramos en el
detalle de las políticas europeas. Se trata de recuperar nuestra vocación
europeísta que ha formado parte de nuestra identidad democrática, que
aspiramos a que siga cumpliendo el papel indispensable y que en algunos
sectores de la sociedad española está más debilitada. Como ha ocurrido en
otros países miembros de la Unión Europea, en España no nos hemos librado
del nihilismo populista, que trata de arruinar los logros de este
brillante periodo a partir de rancios y superados planteamientos
ideológicos o de recetas ya ensayadas y siempre fracasadas. Pero, a
diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, esos sentimientos de
frustración no se han traducido en la aparición de formaciones
abiertamente antieuropeas —quizá un síntoma de que la vocación
europea no se ha extinguido, sigue latente, de lo cual hemos de
felicitarnos—.


Nuestro objetivo es reivindicar esa vocación europeísta que
inspiró y ayudó a construir los cimientos de nuestra democracia y
recordar a las jóvenes generaciones que nuestro horizonte no puede ser
otro que el de la Unión Europea. Hace exactamente doscientos años, en el
Congreso de Viena ya se hablaba de concierto europeo y de Europa como
patria común. La unión que entonces no se pudo realizar, aunque garantizó
una larga paz internacional en el continente, es ahora una meta
irrenunciable, porque en este mundo globalizado, en el que los mayores
protagonistas son los Estados grandes y los conjuntos, los países
europeos desunidos se condenarían a la irrelevancia. Nuestra alternativa
es apostar a fondo por la unión política, poniendo en común soberanías y
competencias, o convertirnos, como tantas veces se ha dicho, en un parque
temático para que los turistas americanos y asiáticos vengan a contemplar
nuestras catedrales y nuestros monumentos.


Los puntos de los que consta esta moción querrían ser un
llamamiento no solo al Gobierno, sino a todas las administraciones
públicas y también a los sectores cultural, educativo, científico y
empresarial, en suma, a la sociedad civil, para que valoren los avances y
ventajas que España ha logrado por su integración en la Unión Europea y
combatan y rechacen el discurso aislacionista y antieuropeo, que, en un
despliegue de suma ignorancia, achaca todos nuestros males y nuestros
problemas a las instituciones de la Unión o a nuestra pertenencia a la
eurozona.


Es importante que los españoles comprendan que las turbulencias
económicas padecidas habrían sido mucho más difíciles de superar con
monedas nacionales. El error cometido tras el Tratado de Maastricht, al
avanzar en la unión monetaria pero no en la unión económica, se ha
corregido con la firma del Pacto de estabilidad y crecimiento y con la
unión bancaria y su sistema de supervisión. Es necesario también avanzar
en las relaciones entre la Comisión y el Parlamento europeos y los
parlamentos nacionales, porque se dará así un plus de legitimidad al
trabajo que se realiza en las instituciones europeas.


Me parece de justicia valorar las funciones que desempeña nuestra
Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, que actúa, además,
como punto de enlace con los parlamentos de las comunidades autónomas,
recogiendo sus puntos de vista sobre el cumplimiento del principio de
subsidiariedad por parte de las iniciativas normativas de la Comisión
Europea. La nueva Comisión Europea se ha tomado en serio esta necesaria
relación. Las comparecencias de todos los comisarios recién elegidos ante
la citada comisión mixta y sus debates con los diputados y senadores que
forman parte de ella son una novedad que debe consolidarse de cara al
futuro, como también lo es la comparecencia del secretario de Estado para
la Unión Europea antes de cada Consejo Europeo para informar de las
cuestiones que se van a abordar en él. Pero la relación no debe quedar
limitada a dicha comisión mixta, y creo que el Pleno de la Cámara Alta no
puede ser ajeno a nuestra dimensión europea ni a los compromisos que
exige, y debo reconocer que se están haciendo progresos en esa relación
entre el Parlamento Europeo y nuestras Cortes Generales, los contactos
son cada vez más frecuentes y también más fructuosos.


Con la cuestión de Ucrania a la vista, sumida ahora en una nueva
forma que podríamos llamar híbrida del expansionismo ruso, hemos incluido
un punto que hace referencia al respeto de las fronteras establecidas
internacionalmente y a la soberanía de los Estados de acuerdo con el acta
final de Helsinki, la Carta de París y tantos otros tratados y convenios
bilaterales y multilaterales, cuyo cumplimiento es indispensable para el
mantenimiento de la paz y de la estabilidad de las instituciones
democráticas.


Señorías, al pedirles el voto favorable a esta moción les
sugeriría que lo considerasen como una manera de conmemorar el Día de
Europa, que se celebraba hace cuatro días, y como una conmemoración
anticipada del trigésimo aniversario de la firma del Acta de Adhesión de
España a las entonces Comunidades Europeas; un hecho aquel en el que
coincidimos la inmensa mayoría de los españoles y por el que lealmente
apostaron todas las formaciones políticas del momento.


Esta moción mira más a nuestro país que a Bruselas. Se trata de
que nuestros conciudadanos conozcan mejor qué es la Unión Europea y lo
que a ella debemos. Desde la Presidencia semestral española de la UE
en 2003 se asumió como lema: Más Europa. Se han repetido insistentemente
estas dos palabras en España que sintetizan esa vocación europeísta de
los españoles y la convicción de que los europeos, todos juntos, podemos
resolver nuestros problemas y esperar un futuro más brillante y próspero
para nosotros y para nuestros hijos.


Posiblemente en esta moción nos hemos quedado cortos; se podrían
haber añadido muchas más cosas, y mis conversaciones con alguno de los
senadores que han presentado enmiendas así lo muestran.


Yo me comprometo a hacerlo así y quiero aprovechar el valioso
material que aportan con sus enmiendas para presentar otra moción
diferente en la que podamos coincidir todos; una moción que detalle con
más precisión las políticas europeas y su aprobación.


Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Muñoz-Alonso.


Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra, por el Grupo
Socialista, el señor Ortiz.


El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor Muñoz-Alonso, esta iniciativa es un error pero, a
pesar de ello, más allá de que se acepte o no la enmienda de adición que
hemos presentado, el Grupo Socialista votará a favor porque si nos
abstuviéramos o votáramos en contra estaríamos poniendo un error encima
de otro. Porque, ¿quién no va a estar de acuerdo, sobre todo en la parte
resolutiva, con lo que propone el PP? Campañas informativas en relación
con la Unión Europea, exposiciones y eventos, fortalecer la relaciones
entre la Comisión, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales,
que es algo además forma parte de la nueva política de la etapa Juncker.
En ese sentido, no hay nada relevante, nuevo ni censurable, pero creo que
es un error porque lo que se nos plantea, aparte de ser unilateral
—y eso, en este tipo de asuntos, descalifica de entrada la
iniciativa— es francamente mejorable. ¿Por qué? Pues porque es
verdad que el camino de construcción europea que hemos recorrido es
interesante, pero también es verdad, y en la misma medida, que hay toda
una serie de lagunas que reclaman una urgente rectificación y que
deberíamos poner encima de la mesa cada vez que abordamos estos temas.
Por esa razón, porque creemos que esta iniciativa es francamente
mejorable, hemos presentado una enmienda de adición para que, más allá de
los logros conseguidos, se incorporen nuevos retos a los que no debemos
nunca renunciar.


Señor Muñoz-Alonso, es verdad que España viene comportándose con
un afán europeísta grande; lo ha hecho de manera más o menos intensa,
según las coyunturas. Es verdad también que entre la nueva generación de
españoles y españolas hay una posición a veces crítica, pero lo que no
podemos pretender, ya no solo en relación con la Unión Europea sino
incluso con nuestro propio país, es ilusionar a los jóvenes contándoles
las virtuosas batallitas que hemos librado en el pasado. Habrá que
ilusionarles planteando horizontes y retos que tengan el suficiente nivel
y, sobre todo, que respondan a las necesidades de esas nuevas
generaciones de españoles y españolas, de esas nuevas generaciones de
europeos y a los retos que tienen planteados. No se puede vivir
eternamente de batallitas ni en el ámbito de la Unión Europea ni en el de
nuestro país.


Por eso hemos presentado esa enmienda de adición, una enmienda que
no debería causarles ningún problema, salvo los relativos al amor propio,
que creo en este caso deberían subordinar al interés y a la sustancia del
asunto que tenemos entre manos. ¿Qué es lo que propone el Grupo
Socialista en esta enmienda de adición? Proponemos impulsar como objetivo
una nueva Europa. Una Europa que progrese, una Europa que proteja, una
Europa que funcione, una nueva Unión Europea más fuerte, socialmente más
justa y democráticamente más exigente; comprometer la creación de empleo
como la máxima prioridad, prestando especial atención al desarrollo
completo de la garantía juvenil y aumentando sustancialmente su
presupuesto y su cobertura para todos los jóvenes menores de 30 años;
reclamar un nuevo impulso a la economía europea, que renuncie a las
políticas basadas solo en la austeridad y que tanto han perjudicado
nuestras economías y castigado a los menos responsables de la crisis;
planteamos la necesidad de mutualizar responsabilidades y derechos dentro
de la eurozona e, igualmente, la reducción de los déficits de las cuentas
públicas de un modo más justo y sostenible; e impulsar la lucha contra el
fraude y la evasión fiscal, aplicando mano dura contra los paraísos
fiscales hasta su total extinción.


Asimismo, proponemos trabajar para que el sector financiero esté
realmente al servicio de los ciudadanos y de la economía real, imponiendo
mayores regulaciones en el sector bancario y frenando la especulación
financiera; luchar por una Europa que no deje a nadie atrás, impulsando
un plan de choque europeo contra la pobreza y la exclusión social;
liderar que el principio de igualdad sea un aspecto esencial de lo que
significa ser ciudadano y ciudadana de la Unión Europea; impulsar la
solidaridad real entre todos los Estados miembros en política de
inmigración y asilo, reclamando la habilitación de recursos suficientes y
asumiendo, señorías, que salvar vidas no es discutible, así como reforzar
la lucha contra el tráfico de personas; y, finalmente, les proponemos que
incorporen a esa moción trabajar para recuperar el liderazgo de la Unión
Europea en la protección del medioambiente, los recursos naturales y en
la lucha contra la contaminación y el cambio climático.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, le ruego vaya
finalizando.


El señor ORTIZ MOLINA: Concluyo inmediatamente, señor
presidente.


Señorías, creo sinceramente que estas propuestas de adición en
nada malogran, ni tan siquiera rectifican, el menor aspecto de la moción
del Partido Popular y, sin embargo, la mejorarían muchísimo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Ortiz.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador señor Plana.


El señor PLANA FARRAN: Gràcies senyor president.


Senador Muñoz-Alonso: vostè ha manifestat que ha parlat amb els
diferents grups polítics alhora de les esmenes presentades. Dec tenir un
cert punt de desconnexió, però no és la primera vegada que em passa, que
presentem algunes esmenes i no hem pogut parlar, excepte en aquest
moment, en el qual estem aquí, al hemicicle.


Crec que estic, amb la part introductòria estic del tot
d’acord: Europa és una idea d’èxit. Una idea d’èxit amb
la que hem aconseguit que en els últims 65 anys no hi hagués cap
conflicte bèl·lic dins l’espai europeu. I això parteix d’un
principi d’uns pares que van viure uns períodes molt preocupants,
amb moltes baixes, com poden ser la Primera i després la Segona Guerra
Mundial. Parlem de Schuman, parlem de Monnet parlem de De Gasperi. Tots
aquests arquitectes del que ha anat passant a la Unió.


Però anem més a prop: el Tractat de Maastrich introduïa el
concepte de ciutadania europea i aquest crec que és un element
fonamental. Ho dic, entre d’altres coses, perquè, si em permet
l’expressió, des del territori que represento, si hem tingut una
vocació, ha estat la vocació europea i europeista. I n’hem donat
suficients mostres durant tota l’historia contemporània. I la
suficient implicació, com molt bé ha dit vostè, l’any 1986, amb
l’entrada d’Espanya dins la Comunitat Econòmica Europea, i
amb l’entrada de l’euro.


No obstant, apart de l’Europa de les institucions hi ha
l’Europa de les persones. I l’Europa de les persones
requereix d’unes esmenes que hem presentat nosaltres. Un procés
d’integració cap a les mitjanes europees.


Demanem que hi hagi l’acceleració de les transposicions de
les directives europees que encara estan pendents. Demanen que es faci un
esforç per part del Govern espanyol per la reducció de les taxes
d’atur i que s’arribi als límits que hi ha a la Unió Europea,
o a les mitjanes. Demanem la reducció del tipus impositiu de l’IVA
aplicat, per exemple, en serveis culturals, que no és el mateix. Demanen
l’increment del pressupost d’educació a nivells mitjans de la
Unió Europea. Demanem garantir uns serveis sanitaris a l’alçada i a
la mitjana de la Unió Europea, recordant i apel·lant al principi de
subsidiarietat que està establert i recollit al Tractat de Maastrich, en
el que són les comunitats autònomes que tenim les competències exclusives
que cal.


Reclamem que hi hagi una inversió veraz, com diuen vostès, una
inversió des del punt de vista estratègic europeu, perquè no ens trobem
en aquella situació en la que el corredor del Mediterrani va al pas que
va. Aquesta és una infraestructura estratègicament importantíssima per el
conjunt de la Unió Europea.


Aquestes són totes les mesures que li estem demanant. També
demanem, des del punt de vista social, i a l’hora dels portaveus ja
hi incidiré, que hi hagi una revisió dels permisos de maternitat i
paternitat.


Demanem que hi hagi un increment d’inversió de I+D+I, perquè
si volem que Europa no es converteixi en aquell parc temàtic que vostè ha
dit, tinguem aquell valor afegit i ens puguem diferenciar d’altres
economies globals que existeixen en aquest món globalitzat.


També demanem la revisió del finançament de les prestacions de
Seguretat Social per fills a càrrec. I demanem sobre tot, la garantia de
l’aplicació de les mesures estipulades per la Carta Europea de les
llengües regionals o minoritàries aprovades per el Comitè de Ministres
del Consell d’Europa del 25 de juny de 1992, i ratificada per
l’Estat espanyol aquell mateix any. Reclamem que es prenguin les
mesures necessàries a fi i efecte de que el català sigui llengua oficial
a tots els efectes de la Unió Europea. Més Europa? Evidentment, però més
Europa de les persones.


Jo vinc d’un partir social cristià, i l’element
fonamental és l’humanisme. I crec que aquesta ha estat una de las
bases fonamentals de la construcció europea. Per tant, mesures tangibles
a favor de les persones que conformem tot l’espai europeu.


Gracias, señor presidente.


Senador Muñoz-Alonso, usted ha hablado con los distintos grupos
parlamentarios sobre las enmiendas presentadas. Sin embargo, debo de
tener un cierto punto de desconexión porque no es la primera vez que me
ocurre que presentamos enmiendas y no podemos hablar de ellas hasta el
momento en que nos encontramos aquí, en el hemiciclo.


Estoy totalmente de acuerdo con su parte introductoria. Europa es
una idea de éxito, con la que hemos conseguido que en los últimos 65 años
no se produjera ningún conflicto bélico en el espacio europeo. Hemos
partido de la idea que defendieron los padres europeos, que vivieron unos
periodos muy preocupantes, con muchas bajas —la Primera y la
Segunda Guerra Mundial—; les estoy hablando de Schuman, de Monnet,
de De Gasperi, de todos estos arquitectos de la Unión.


Pero vayamos más cerca. El Tratado de Maastricht introducía el
concepto de ciudadanía europea y creo que este es un elemento fundamental
porque, entre otras cosas, si me permiten la expresión, si hemos tenido
una vocación en el territorio al que represento ha sido la europea y
europeísta. Hemos dado suficientes muestras de ello y de nuestra
implicación durante toda la historia contemporánea; como usted bien ha
señalado, en el año 1986 con la entrada de España en la Comunidad
Económica Europea y con la entrada en el euro.


Sin embargo, aparte de la Europa de las instituciones está la
Europa de las personas, y la Europa de las personas demanda enmiendas
como la que hemos presentado nosotros, con el fin de fomentar un proceso
de integración hacia las medias europeas.


Señoría, pedimos que exista una aceleración de las transposiciones
de las directivas europeas que todavía están pendientes; pedimos el
esfuerzo del Gobierno del Estado español para la reducción del índice del
paro y que este se equipare a los que existen en la Unión Europea;
pedimos una reducción del tipo impositivo del IVA, por ejemplo, para los
servicios culturales; pedimos un incremento en el presupuesto de
Educación equiparable al de los niveles medios de la Unión Europea; y
pedimos garantizar unos servicios sanitarios a la altura de la Unión
Europea, recordando y apelando al principio de subsidiariedad que está
establecido y recogido en el Tratado de Maastricht, en el que se
establecen las competencias exclusivas necesarias de las comunidades
autónomas.


Reclamamos que exista una inversión, veraz —como ustedes
dicen—, desde el punto de vista estratégico europeo porque, entre
otras cosas, el corredor del Mediterráneo va al paso que va, y se trata
de una infraestructura estratégicamente importantísima para la Unión
Europea. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Estas son todas las medidas que les estamos pidiendo, además de
las que se engloban en el ámbito social —a las que me referiré en
el turno de portavoces—, como la revisión del sistema de permisos
de maternidad y paternidad.


Por otro lado, pedimos un incremento de la inversión en I+D+i
porque si no queremos que Europa se convierta en aquel parque temático
que usted ha mencionado, tenemos que contar con ese valor añadido y
diferenciarnos de otras economías existentes en este mundo
globalizado.


Asimismo, solicitamos la revisión de la financiación de las
prestaciones de la Seguridad Social para personas con hijos a cargo y,
sobre todo, la garantía de la aplicación de las medidas que estipula la
Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias, aprobada en el
Comité de Ministros del Consejo de Europa de 25 de junio de 1992 y
ratificada por el Estado español en ese mismo año. Igualmente, reclamamos
que se adopten las medidas necesarias a los efectos de que el catalán se
considere una lengua oficial en la Unión Europea a todos los efectos.
Evidentemente, es más Europa, pero más Europa de las personas.


Provengo de un partido socialcristiano cuyo elemento fundamental
es el humanismo, y creo que una de las bases fundamentales de la
construcción europea es esa: las medidas tangibles a favor de las
personas que conformamos todo el espacio europeo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de la
Entesa, tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, senador Muñoz-Alonso, estamos ante una moción sin duda
bienintencionada, que pretende impulsar el espíritu europeísta y
reforzar, si cabe, el espíritu europeísta entre la sociedad española; una
sociedad que, como ha dicho usted mismo y lo han señalado otros
portavoces en la defensa de sus enmiendas, se ha caracterizado por ser de
las más europeístas de toda la Unión, posiblemente porque la larga
dictadura franquista nos impidió cumplir ese anhelo de sumarnos a la
Comunidad Económica Europea en ese momento, y precisamente eso reforzó
nuestra voluntad de identidad e identificación con todo el proceso de
construcción europea.


Sin embargo, la moción que usted presenta es manifiestamente
mejorable. Por una parte, se pide al Gobierno que impulse campañas de
promoción del reconocimiento de lo que es la Unión Europea y de las
ventajas de la Unión, con lo que estamos plenamente de acuerdo; y, por
otra, se apunta la necesidad de impulsar determinadas políticas en
materia de vecindad, de seguridad y defensa, de comercio y de
integración; en definitiva, de impulso a la unidad política europea. Por
tanto, es una moción hasta cierto punto descompensada pero, sobre todo,
senador Muñoz-Alonso, señorías, hay una cuestión que creo que es
fundamental y que motiva nuestra enmienda. Luego hablaré de lo que
representa Europa y, en definitiva, de lo que deberíamos hacer
precisamente para reforzar el proceso de unidad.


En este momento, si esa voluntad e identificación europeísta de la
sociedad española se ha visto claramente afectada y hasta cierto punto ha
entrado en crisis ha sido, sin duda, por el efecto del impacto de la
crisis económica y, sobre todo, como consecuencia de determinadas
políticas que nuestra ciudadanía percibe que se impulsan desde las
instituciones europeas y que acaban afectando muy negativamente a las
personas, a las familias y, en definitiva, al conjunto de nuestra
sociedad. Me refiero a las políticas de austeridad, que han contribuido a
alargar el gran drama del paro y la incertidumbre sobre el futuro para
una gran cantidad de familias, para un sector importante de las
sociedades europeas y especialmente de la sociedad española, afectada de
manera particular por el paro. Evidentemente, es necesario superar estas
políticas de austeridad y apostar por políticas de crecimiento, que es lo
que planteamos en nuestra enmienda de adición, en la que pedimos que el
Gobierno se comprometa a impulsar en el seno de la Unión Europea un
abandono claro, más allá del plan Juncker —del que podríamos hablar
y que, evidentemente, es bien intencionado— y más allá de las
políticas que está impulsando en este momento el Banco Central Europeo.
Tendría que haber un giro estratégico, de manera que tanto el Consejo
Europeo como la Comisión Europea —en definitiva, las instituciones
europeas—, apuesten por las políticas de inversión y de crecimiento
que ayuden a superar el drama del paro y que generen un horizonte de
optimismo, que es lo que en realidad permitiría que la sociedad española,
y sobre todo nuestros sectores más jóvenes, se pudieran sentir plenamente
identificados con lo que representa la Unión Europea. Si se tiene la
percepción de que de la Unión Europea solo nos llegan sacrificios y
dificultades, evidentemente, este objetivo y esta voluntad de
identificación se verán claramente en apuros.


Por este motivo, hemos presentado una enmienda, tan
bienintencionada como la moción, para precisamente pedir al Gobierno que
lleve a cabo un papel activo de impulso de estas nuevas políticas en el
seno de las instituciones europeas, que es donde se podrá reforzar ese
sentimiento europeísta de la sociedad española. No es suficiente con
hacer campañas para recordar los beneficios para España —que son
ciertos— derivados de la pertenencia a la Unión Europea ni decirles
las bondades de lo que representa esta en el contexto internacional, es
necesario que nuestra sociedad, las personas, perciban claramente los
beneficios de formar parte de la Unión Europea y, por tanto, es necesario
un cambio de políticas. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).


Es cierto que, en este momento, tanto el Consejo Europeo como la
Comisión están introduciendo cambios en las políticas con cierto grado de
consenso, pero hace falta incidir más en ese punto y el papel del
Gobierno de España sería determinante para conseguir ese cambio y, por
tanto, es lo que pedimos en nuestra enmienda, que nos gustaría que fuese
aceptada.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Sabaté.


Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o
no las enmiendas presentadas.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.


Señores Ortiz, Plana y Sabaté, muchas gracias por sus aportaciones
que creo que son efectivamente valiosas, pero estamos hablando del mismo
tema, de Europa, aunque desde unas perspectivas distintas.


No he pretendido hacer un catálogo de las políticas europeas
—aunque me puedan decir que sí, que alguna política europea he
tocado— sino que me he limitado a tres: la política exterior y de
seguridad común, la de vecindad, y he hecho una referencia también a la
cuestión de Ucrania. Lo he hecho así porque estaba convencido de que los
grupos presentes en la Cámara no teníamos ninguna discrepancia en ese
punto, pero el catálogo completísimo y utilísimo —porque tengo que
decirlo así— de políticas europeas que ustedes proponen en sus
enmiendas no era mi objetivo directo e inmediato.


La moción estaba pensada más para la sociedad española, para
recuperar, resucitar o fortalecer la vocación europeísta de España, tan
fuerte en algún momento y ahora, como he dicho, más menguada, más
disminuida. Repito que no he querido hacer ese catálogo de políticas
europeas, con la excepción que he mencionado, porque creía que era un
punto de encuentro.


Reitero lo que he dicho en la primera intervención y, por ello,
propongo a sus señorías que con el material que han aportado —que
me parece de una gran utilidad, aunque en algunos aspectos podamos
discrepar o cambiar algún aspecto de la redacción— se presente una
nueva moción de políticas europeas, aunque ese no era mi objetivo. En ese
sentido, han hecho ustedes un repaso de cantidad de políticas, todas muy
importantes: políticas de sanidad, de educación, de empleo, de
consecuencias en relación con la financiación autonómica pero, en suma,
el conjunto de sus aportaciones casi parecían un programa electoral
porque estaba todo, estaba prácticamente todo, y no era ese mi objetivo
ni el objetivo de mi grupo al presentar la moción.


Por ejemplo, el Grupo Socialista hablaba de la política de
inmigración y asilo, del fraude y la evasión fiscal, de la sostenibilidad
del déficit público y, en definitiva, aunque son cuestiones importantes
—y algunas de ellas están de alguna manera ya corregidas— me
parecía que este no era el momento. Por otro lado, hay algunas cuestiones
de redacción, quizás mínimas, pero importantes, como le he dicho al
senador Socialista fuera del debate, y es que no me gusta el concepto de
nueva Europa porque nosotros queremos la Europa de siempre, mejorada y
reformada para que cumpla mejor sus fines, pero no hacer borrón y cuenta
nueva con lo que se ha hecho hasta ahora. Además, eso de nueva Europa
tiene resonancias poco gratas de las que es mejor no acordarse; es una
expresión que gustaba a otros hace ya mucho tiempo.


Otros puntos de la enmienda —como en las otras dos— me
parecen bien y se podrían discutir, pero estaríamos debatiendo una moción
distinta y, por ello, reitero mi invitación a que no nos quedemos en el
propósito, sino que la llevemos a cabo. No sé si la cuestión es que
estamos en un ambiente electoral, pero cuando leí las enmiendas me dije
que parecían un programa electoral. Sin duda, podríamos incluso compartir
muchos aspectos de ese programa electoral, así que, desde luego —se
lo digo con toda sinceridad—, le reitero mi agradecimiento por el
esfuerzo desplegado, y aunque ahora no pueda aceptar las enmiendas porque
me parece que se salen del propósito inicial de la moción, no cabe duda
de que podremos aprovechar sus aportaciones, y creo que debemos hacerlo.
(El señor presidente ocupa la Presidencia).


En el turno de portavoces me referiré a algunas de las novedades
que hay ahora en el ámbito europeo, especialmente al plan Draghi y al
plan Juncker, que desde mi punto de vista no han tenido ustedes muy en
cuenta, y esa sería también una objeción. Han hablado de Europa como se
podía hablar hace un año, pero resulta que están pasando cosas
importantes, se han producido modificaciones en los últimos seis u ocho
meses que debemos tener en cuenta, incluidas las nuevas relaciones que se
están estableciendo con los parlamentos nacionales —que es un
aspecto a resaltar aquí— cuando estamos hablando de Europa y de
esta nueva etapa que se abre en la Unión Europea.


Muchas gracias, de todas maneras, a todos ustedes.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz-Alonso.


¿Turno en contra? (Pausa).


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Iglesias tiene la
palabra.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Se trata de un turno de portavoces que, en efecto, podría ser casi
un turno en contra.


Pertenezco a una fuerza política que no es euroescéptica, pero que
manifiesta, argumentadamente, un claro escepticismo sobre la deriva en la
construcción europea que se ha producido en los últimos diez años.


Nos equivocamos todos —y creo que se equivoca el argumento
fundamental de la moción— si pensamos que hay un deterioro del
nivel de confianza y de la simpatía de los españoles hacia la Unión
Europea porque falta información, y que esto se puede combatir y superar
con un esfuerzo pedagógico y propagandístico. No es un fenómeno
estrictamente español, es un fenómeno que se manifiesta en prácticamente
la totalidad de los Estados que configuran la Unión Europea. Les voy a
poner un ejemplo que el Partido Popular no podrá negar que le resulta
próximo: la reciente victoria del señor Cameron en las elecciones del
Reino Unido; una victoria que se basó, como uno de los argumentos
fundamentales de campaña, en el compromiso de celebrar el próximo año un
referéndum sobre la permanencia del Reino Unido de la Gran Bretaña en el
seno de la Unión Europea. Y esto en el país que está menos integrado en
la Unión Europea y que, a día de hoy, mantiene una moneda propia, la
libra esterlina, no comparte el euro y, por tanto, tiene los instrumentos
de reacción ante la crisis propios de una política monetaria específica,
algo de lo que carecemos el resto de los Estados de la Unión Europea que
compartimos el euro.


¿Por qué se ha producido esta reacción, cada vez más negativa
frente a la Unión Europea, si la Unión Europea es cierto que nace
compartiendo unos valores positivos, en principio asumibles por la
inmensa mayoría de los ciudadanos europeos? Eran los valores de
configurar un sistema de integración política que suponía la superación
de lo que en su día representó la Comunidad Económica Europea, una
comunidad creada simplemente para compartir mercados.


La Unión Europea suponía inicialmente un intento de ir más allá y
de buscar una integración política e institucional que permitiera que
Europa compartiera decisiones en todos sus Estados y que fuera un
interlocutor en todos los ámbitos, no solo en el económico sino también
en el político, en el ámbito internacional, cada vez más polarizado, y en
el que a su vez predominan Estados tan poderosos como los Estados Unidos
o Estados que emergían ocupando una posición predominante en el ámbito
internacional.


Precisamente, el primer elemento de escepticismo para gran parte
de la sociedad ha sido la frustración que han generado las limitaciones
en esa construcción de una arquitectura institucional y democrática
propia. Pero el segundo elemento ha sido después la constatación de que
esa carencia en el desarrollo de los aspectos políticos se debía a que de
nuevo los aspectos económicos primaban por encima de la voluntad
democrática de los Estados, por encima de las instituciones políticas
estatales e incluso de instituciones políticas como el Parlamento Europeo
de las que se había dotado la Unión Europea. Es la percepción por amplios
sectores de nuestra sociedad de que Europa dejó de ser aquella madre
amorosa que nos acogía en el ámbito de la democracia, después de salir de
un régimen dictatorial, para convertirse en una madrastra que nos reñía,
nos castigaba y nos imponía políticas que devaluaban las condiciones de
vida de la mayoría de esa sociedad.


El Partido Popular y su presidente no se cansan de decir que el
gran éxito de su política es que España no ha sido intervenida por la
Unión Europea. Pues si no nos han intervenido, a pesar de que se rescató
el sistema financiero, a pesar de que los hombres de negro nos visitan, a
pesar de que hay que seguir presentando actualizaciones del Programa de
Estabilidad del Reino de España 2015-2018 a la Comisión Europea, a pesar
de lo que hoy refleja un medio de comunicación digital, elEconomista.es:
«Bruselas pide a España que cerque a las comunidades autónomas y cierre
la reforma bancaria», si a pesar de todo eso no estamos rescatados y nos
tratan así, pueden ustedes entender cómo ven a Europa los países que sí
lo han sido. Si a ello sumamos la actitud de una Europa en la que aquella
visión de que la integración nos hacía a todos más iguales y más
demócratas se ha quebrado porque se percibe nítidamente que hay un puente
de mando en el que participan muy pocos Estados y el resto somos
tripulantes, en el mejor de los casos, cuando no inmigrantes encerrados
en la sentina —que es como se deben sentir los griegos en este
momento por la forma en que Europa los está tratando—, resulta
realmente muy difícil lograr que los ciudadanos europeos se identifiquen
y recuperen el principio fundacional de la Unión Europea, porque en su
vida cotidiana están constatando que los diseños estratégicos que esa
Europa elabora y son impuestos a los Estados no están mejorando sus
condiciones de vida, al contrario, las están empeorando.


Ese déficit institucional y democrático, esa carencia de un tesoro
que juegue el papel que no está jugando el Banco Central Europeo, ese
rechazo a mutualizar la deuda que hubiera permitido evitar muchos de esos
sacrificios impuestos, no son decisiones que avalen la bondad del actual
modelo de construcción europea. No se trata de rechazar la integración
europea, se trata de reivindicar la necesidad de corregir las líneas
maestras de esa integración europea en los últimos años. Se ha visto que
desde ese puente de mando se ha actuado con prepotencia, con desprecio,
hacia la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos en
diferentes Estados y, a partir de esa sensación, resulta muy difícil
convencer a los ciudadanos realmente con vocación democrática de las
bondades de esta construcción europea.


Termino con la referencia que se hace al respeto a las fronteras.
Es cierto que en el texto no se habla expresamente de Ucrania, pero
incluso en esta materia resulta difícil ver la coherencia de la Unión
Europea. Después de la actitud de la Unión Europea en la desintegración
de Yugoslavia, después del reconocimiento de Kosovo —por cierto, la
posición española fue contraria a ello—, va a ser difícil que se le
pueda reconocer legitimidad a la Unión Europea en esta exigencia. Por
eso, termino mi intervención reafirmando la confianza en la necesidad de
una auténtica integración europea que Izquierda Unida ha sostenido a lo
largo de los últimos años, a la vez que la discrepancia con el modelo
elegido por unos pocos, elegido a partir de reducir las competencias y
capacidades del Parlamento Europeo, incluso en algo tan fundamental para
el desarrollo de la acción parlamentaria y de control como es la
aprobación de los presupuestos de la Comisión Europa, en los que se ha
producido un levísimo avance que en ningún caso convierte a la Eurocámara
en un auténtico y real Parlamento, con las competencias lógicas
imprescindibles.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el
senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, señor Muñoz-Alonso, como usted bien ha dicho, Europa
está enferma, Europa está débil, y usted viene aquí con un parche Sor
Virginia y con una cataplasma. Es como si usted invita a sus amigos a una
especie de pícnic y ofrece a todos los presentes esas pequeñas tortillas
que conocemos en las embajadas pero que en realidad ha comprado en el
Corte Inglés en lugar de hacerlas en su casa.


Esta es una moción interesante y además bien construida pero que
no da con el núcleo duro de lo que tiene que ser en este momento la
construcción europea. ¿Sabe usted por qué Europa está débil y enferma?
Usted lo sabe muy bien, nosotros conocemos su trayectoria: por lo que
establece el punto octavo de su moción. Nosotros vamos a votar en contra
y usted sabe mejor que nadie que el Partido Nacionalista Vasco ha estado
en el movimiento europeo, ha estado en la Unión Europea demócrata
cristiana, ha estado en el contubernio de Munich, porque creíamos que
Europa era un horizonte de libertad bajo el franquismo.


Ese punto octavo que usted plantea en esta moción es un punto
tóxico y es la clave de porqué Europa no es Europa, es la cesión de
soberanía. Los Estados no quieren ceder soberanía, y usted lo consagra en
el punto octavo por esa especie de empecinamiento en algo que se tiene
que superar. ¿Por qué los Estados Unidos tienen una agenda digital común?
Porque son los Estados Unidos y el Estado de Texas no pone ninguna
objeción a que Estados Unidos tenga una agenda digital común. ¿Por qué
hay un cielo europeo? Porque los Estados que componen la Unión Europea
han cedido soberanía. ¿Por qué Europa no está funcionando como tiene que
funcionar? Porque no cede soberanía.






Usted lo sabe mejor que nadie pero
lo consagra en el punto octavo diciendo que las fronteras de Europa son
absolutamente intocables. ¡Hombre!, son cicatrices de la historia y claro
que son tocables, se han tocado en los últimos tiempos y se seguirán
tocando.


En mi opinión, usted ha puesto un freno de mano. Es como si usted
nos vendiera aquí un campo nudista y nos dijera que todos tienen que ir
vestidos. Oiga, pues no, una cosa o la otra. Si quiere usted una Europa
que supere a China, una Europa que supere a los Estados Unidos, una
Europa que supere a esa India que está emergiendo con mucha fuerza,
incluso en el ámbito cultural y cinematográfico, a una América Latina que
mira al Pacífico y que dentro de pocos años tendrá una importancia
fundamental en las relaciones entre la Unión Europea y América, si quiere
todo esto, Europa se tiene que unir, y se tiene que unir cediendo
soberanía a los Estados. Europa no puede seguir tolerando 28 ejércitos
bonsáis porque eso no funciona, tiene que tener una política de defensa
común, una unión económica y monetaria común, una política exterior común
si quiere competir con China, y eso está ahí a la vuelta de la esquina,
pero en ese vademécum que plantea —que nos parece que es un buen
trabajo, que nosotros no descalificamos, le conocemos y sabemos de su
buena intención y que es un europeísta convencido— usted mete la
zorra en el gallinero —y perdone la expresión—. La zorra en
el gallinero es el artículo octavo. Si usted no lo hubiera incluido, mi
grupo habría apoyado la moción con entusiasmo, incluso habríamos incluido
alguna iniciativa, como ha hecho el Grupo Parlamentario Catalán. Pero el
no querer admitir que si Europa quiere competir tiene que ceder
soberanía, implica que no hay nada que hacer. Por ello, mi grupo, quizá
como un saludo a la bandera, no como un acto antieuropeísta, va a votar
en contra.


Al principio de su intervención usted ha hecho una alusión a los
actos que se han celebrado la pasada semana. Se han cumplido setenta años
del final de la Segunda Guerra Mundial, Rusia lo ha celebrado con grandes
desfiles en la Plaza Roja, y también, en un acto de cultura democrática,
en Londres los candidatos perdedores han estado al lado del primer
ministro, David Cameron, presentando sus honores a aquellos que
desgraciadamente perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por
qué España ha estado ausente? Esa es la clave del porqué España entra en
Europa en 1986, junto a Portugal, porque aquí sufrimos una dictadura de
cuarenta años, y eso no se quiere reconocer y superar. Estamos todos los
días hurgando en esa historia desagradable y tenemos que superarla. ¿Y
por qué no han estado España y los representantes de las instituciones
españolas en esos actos del final de la Segunda Guerra Mundial? Pues,
desgraciadamente, porque Francisco Franco colaboró con Hitler y
Mussolini, que le ayudaron. Aquí tuvimos una dictadura de cuarenta años
que impidió que España entrara en Europa y entramos con muchísimo
retraso. Y eso también hay que recordarlo. Usted ha pasado un poco por
encima, pero nosotros queremos hacer hincapié en aquello, que fue muy
duro y que usted quizá lo viviera muy intensamente en el año 1962 con el
contubernio de Múnich, cuando españoles con mucha inquietud y con mucha
decencia política plantearon el hecho de que si España quería entrar en
democracia, indudablemente, esa democracia se debía unir al concepto de
la Unión Europea, una Unión Europea democrática, una Unión Europea
federal, una Unión Europea de valores y una Unión Europea que mirara al
futuro. Por eso, señor Muñoz-Alonso, respetamos mucho su iniciativa;
usted nos conoce, sabe que somos europeístas, pero, desgraciadamente,
consideramos que este es un acto fallido por ese punto octavo de la
iniciativa que es un punto tóxico.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, lamento que no se haya podido aceptar la enmienda que he
defendido. En cualquier caso, valoro positivamente el ofrecimiento del
senador Muñoz-Alonso de consensuar una nueva propuesta sobre políticas
europeas que podamos compartir, si no todos, la mayoría de los grupos
parlamentarios de esta Cámara.


Estamos hablando de la Unión Europea, cuestión que daría para un
debate mucho más extenso. Es bueno recordar que Europa, con todas las
contradicciones —que las hay—, proviene de una historia
común, aunque contradicciones, como digo, las hay. La historia de Europa
es una historia de constantes enfrentamientos, de disputas territoriales
entre los Estados que la configuran. Pero, a la vez, Europa significa
también un código de valores compartido. Tiene raíces en la democracia
griega, raíces en la común cultura basada en los valores del
cristianismo, pero, sobre todo, en el humanismo renacentista, concretado
luego con las revoluciones liberales. Europa es la patria de los derechos
humanos, de la libertad, de la democracia, a los que se añade el ansia de
igualdad que surge con el movimiento obrero en el siglo XIX y en el siglo
XX, que es el que genera después de la Segunda Guerra Mundial el Estado
del bienestar, que es una de las características de la Unión Europea, de
Europa, y que debemos proteger e impulsar como garantía para las
generaciones futuras.


El Tratado de Roma, como ya se ha dicho, origen de la actual Unión
Europea, significa superar este conjunto de enfrentamientos históricos.
Surge después del final de la Segunda Guerra Mundial o de esa segunda
guerra de los Treinta Años, como decía en su cita el senador
Muñoz-Alonso. En definitiva, después de esos dos conflictos encadenados
es cuando, finalmente, una serie de líderes políticos con visión de
futuro plantean la necesidad de ese proceso de Unión Europea. Surge en
principio como una unión económica, como un mercado común, pero luego se
va configurando con distintos tratados. El Tratado de Lisboa constitutivo
de la Unión Europea se configura hoy como un gran espacio de libertad, de
seguridad y de justicia; un espacio compartido que precisamente combina
estos tres grandes valores. Es un gran espacio también de soberanía
compartida; un gran espacio que queremos, como han dicho también otros
portavoces, que continúe avanzando en este proceso de unión
política.


Pero, evidentemente, Europa, como ya se ha dicho, no está exenta
de contradicciones. Hay desigualdades internas entre los veintiocho
miembros de la Unión; sigue habiendo diferencias importantes. Es cierto
que las políticas de cohesión han sido fundamentales dentro de la Unión
Europea, dentro de las políticas comunitarias, pero hoy sigue habiendo
diferencias importantes que, de alguna forma, están en el fondo de
ciertas corrientes eurófobas que están creciendo como consecuencia de la
crisis económica que estamos viviendo. Y hay contradicciones y
desigualdades entre las personas y las clases sociales. Europa sigue
siendo una sociedad desigual, situación que se agrava por la coyuntura de
crisis a la que hacía referencia.


Pero, señorías, también tenemos conflictos externos. En este
momento estamos viviendo un conflicto en la frontera oriental en Ucrania
con motivo de la anexión unilateral de Crimea por parte de la Federación
Rusa. Se trata de un conflicto importante que ha tensionado a la Unión
Europea y a nuestros aliados. Asimismo, estamos viviendo otro conflicto
importante —del que hemos hablado ya muchas veces en esta
Cámara—, el provocado por el terrorismo del yihadismo radical, que
aunque surgió en el Próximo Oriente, está afectando a todo el
Mediterráneo y al conjunto de la Unión Europea y respecto al que España,
por su carácter fronterizo, se encuentra en una situación de especial
vulnerabilidad.


Otro conflicto externo, pero con consecuencias internas, es el
nacido de las migraciones del sur hacia el norte. Las grandes
desigualdades en el mundo actual provocan estos flujos de población, lo
cual está derivando en este momento en una crisis humanitaria de extrema
gravedad. Por tanto, se trata de un problema que requiere de una urgente
solución. Parece ser que hoy la Unión Europea podría llegar a acuerdos
importantes, sobre todo para establecer cupos de reparto de los
refugiados que lleguen a su territorio, evitando así la profunda
desigualdad y el desequilibrio en el reparto de estos recién llegados, a
la vez que intenta combatir a las mafias, las cuales son el origen de que
se produzcan a diario estos millares de muertos de inmigrantes que
intentan atravesar el Mediterráneo para entrar en la Unión Europea.


Europa, a su vez, tiene problemas estratégicos. En este momento,
está perdiendo peso político y económico en el contexto internacional.
Europa ha pasado de ser un actor fundamental hasta la Segunda Guerra
Mundial y durante toda la posguerra hasta el inicio del siglo XXI, a
encontrarse en riesgo de convertirse en un actor secundario. Pérdida de
peso por el surgimiento de los llamados países emergentes, nuevas
potencias que están desplazando nuestro protagonismo en el contexto
internacional, así como el surgimiento del nuevo eje del Pacífico, lo que
provoca que los Estados Unidos de Norteamérica estén mirando precisamente
hacia el Pacífico, ese eje que comparten China, Estados Unidos, Japón y
La India; lo que, en definitiva, desplaza el eje Atlántico y puede
relegar a la Unión Europea en muchos campos. Asimismo, desde el punto de
vista estratégico —y a ello hacía referencia hace un momento el
senador Anasagasti—, la falta de una política de defensa común, más
allá de la Alianza Atlántica. Europa solo puede ser un agente
internacional de primer orden si se mantiene fuerte en ese código de
valores que inspiran su razón de ser, si se mantiene fuerte en su
cohesión interna, si se mantiene fuerte en sus políticas de crecimiento y
comerciales, pero, sobre todo, si cuenta con una política de defensa
común que le permita ser un actor fundamental en el contexto
internacional. Es cierto que la política de defensa europea está en este
momento en manos de la Alianza Atlántica, pero no todos los países de la
Unión Europea son miembros de la Alianza Atlántica ni todos los miembros
de la Alianza Atlántica son miembros de la Unión Europea. Por tanto, si
bien hay una coincidencia de objetivos estratégicos, no son coincidentes
y sería necesario una política europea de defensa fuerte que permita
sostener nuestro papel en el contexto internacional, sin que prime
evidentemente el aspecto militar, pero sí para que este sirva de refuerzo
de nuestra política de defensa de los derechos humanos, de la libertad y
de nuestros intereses económicos en el contexto internacional.


Europa sigue siendo —y con esto voy concluyendo— un
gran proyecto de futuro. Europa es precisamente todo lo que he dicho
—y por ello he querido hacer un cierto repaso histórico—,
pero, sobre todo, es una gran esperanza de futuro. Y eso es lo que
debemos expresar al conjunto de la sociedad española y especialmente a
los jóvenes, esa confianza en que realmente Europa, que viene de un
pasado rico, complejo, contradictorio a veces, es sobre todo un gran
proyecto y puede ser una esperanza de futuro colectiva, de libertad, de
igualdad, de crecimiento, de bienestar y, en definitiva, un factor de
estabilidad y de impulso de los derechos humanos en el contexto
internacional, en el contexto mundial.


Y a la vez no es baladí recordar que Europa es un proyecto que ha
sido enormemente beneficioso para España. Hay quien hoy en día cuestiona
toda esta trayectoria. Pues precisamente hay que recordar todo lo que ha
significado para España este periodo, desde que a mediados de los ochenta
entramos en la Comunidad Económica Europea; lo que han significado las
ayudas de cohesión obtenidas, los fondos estratégicos, los fondos
estructurales y, en definitiva, toda la aportación de la Unión Europea y
todo lo que ello ha significado de normalización y de impulso para el
conjunto de nuestra sociedad, normalización de valores y de derechos,
normalización de crecimiento económico y, en definitiva, pasar a ser un
actor importante en el contexto de la Unión Europea entre el resto de
países. Eso es lo que hay que comunicar a la sociedad española, eso es lo
que hay que comunicar a los jóvenes.


Pero como he dicho en mi intervención anterior en defensa de la
enmienda, lo que hay que hacer también —evidentemente es importante
y espero que lo recoja la moción que intentaremos consensuar— es
impulsar un cambio de políticas. No son iguales todas las políticas. No
es igual la política que ha hecho Estados Unidos para salir de la crisis
que la que está desarrollando la Unión Europea; no es igual la política
que hacía el anterior Consejo Europeo y la anterior Comisión Europea que
la que se está impulsando en este momento. Por tanto, desde el máximo
consenso posible, es necesario avanzar en un cambio de políticas que
impulsen el crecimiento, que impulsen la creación de puestos de trabajo,
que impulsen el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, que
garanticen la superación de las contradicciones internas y que nos
permitan acoger también a toda la gente que llega de fuera con la
esperanza de encontrar un espacio para ellos y sus familias en el seno de
la Unión Europea, porque Europa, debilitada demográficamente, también
puede ser y debe ser un gran espacio de acogida que realmente permita
garantizar ese futuro que esperamos.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Plana.


El señor PLANA FARRAN: Gràcies senyor president,


Estic aquí en nom del Grup de Convergència i Unió per donar
resposta a la moció presentada per el Grup del Partit Popular.


Senador Muñoz, ha comentat, entre d’altres coses que li
estranyava que no haguéssim dit res al respecte del Pla Juncker, per
exemple, o d’altres element que ara són damunt la taula i que
s’estan fomentant per part de les institucions europees, com pot
ser el programa RIS3, que és Research and Innovation Estrategies for
Smart Specialisations. Li recordo que el 13 de febrer del 2015, una
interpel·lació del Grup de Convergència i Unió i una moció conseqüència
d’interpel·lació presentada per el nostre senador, Salvador Sedó, i
signada per tots els Grups polítics, el què diu és que del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por la que se
insta al Gobierno a debatir y consensuar los proyectos de inversión
susceptibles de recibir financiación del Fondo Europeo de Inversiones
Estratégicas para el periodo 2015-2017, así como priorizar aquellos que
permitan aumentar la competitividad de la economia española y la
trasnformación del modelo productivo. Per tant, obras son amores y no
buenas razones, primer punt.


Segon punt, la proximitat de les eleccions, en aquest cas
municipals, a Catalunya, no em fa de cap de les maneres ser proactiu amb
les propostes que li han fet avui, ens al contrari. Són propostes
d’integració en els estàndards europeus d’una Europa de les
persones. Per tant, jo crec que las mocions, més enllà del que es pugui
dir, i els aclariments que després ja entrarem en el tema del punt 8,
quan ha parlat d’Ucraïna, les mocions han de tenir alguna utilitat.
Instem al Govern de l’Estat espanyol a que posi les mesures per
poder arribar als estàndards de la Unió Europea, que s’estableixen.
Però si em permet, li volia fer dues puntualitzacions: un dels arguments
que utilitza vostè perquè sobre tot les generacions més joves siguin més
obertes, o tinguin més consciencia del què ha significat el fenomen de la
Unió Europea, parla de l’increment del 40 % de la Renda durant
aquests anys. En el cas de Catalunya som contribuents nets a Europa, i
això, tot el contrari, no ens retrotreu a ser més o menys europeistes. Li
vull dir, que fins i tot per una posició geoestratègica, a Catalunya
sempre ens hem emmirallat a Europa. Per tant, aquest argument de que
s’incrementa el 40 % de la renda des del moment que s’està
dins la Unió Europea, poder l’haurien d’aprofundir una mica
més. No és allò de do ut des, aquell principi, ni molt menys, sinó que
hem de ser més proactius.


Tots els senadors que m’han precedit estem d’acord que
Europa es troba en una certa crisi. I poder tots n’hauríem de ser
responsables. Després de la caiguda del mur de Berlín, hem mirat amb
molta condescendència unes polítiques liberals, massa liberals, que el
què no han fet és establir polítiques a favor de les persones. Poder és
l’efecte pèndul , en aquell moment va haver-hi la possibilitat de
que la caiguda del mur de Berlín provoqués alguns elements interns i
vàrem ser massa condescendents amb unes polítiques neoliberals, que així
ens hem trobat.


A més, un altre punt que tenim damunt la taula. Per fer certs
paral·lelismes: l’Estat de Califòrnia en fallida, una mateixa
situació, o similar a la de Grècia. Quina especulació hi hagut respecte
un i altre territori? Respecte a Grècia una especulació dels capitals
molt forta. Per què no ha passat tant a Califòrnia? Perquè hi havia un
senyor de la Reserva Federal, anomenat Bernanke, que va dir que no
permetria de cap de les maneres que s’especulés amb la situació
econòmica de Califòrnia. Què vol dir això? Els que m’han precedit.
Doncs que hi ha un Estat Federal en el que hi ha una unitat
d’actuació. Què anem per aquest camí a nivell europeu? Evidentment.
Què anem cap aquella situació en la que s’han d’intentar
homogeneïtzar les diferents polítiques? És totalment evident, però ens
trobem en què els Estats de dins la Unió Europea són reticents en cedir
par de la seva sobirania. I per això aquest endarreriment. Jo crec que no
ens hem de preocupar, aquest senador creu que no ens hem de preocupar
perquè Europa s’està fent a partir de crisis, i una de les crisis a
la que crec que estem anant poder és per aquest punt de l’Europa
dels Estats, i hauríem d’anar cap al punt de l’Europa dels
pobles. Dit això, faig aquesta referència i subscric totalment les
paraules del senador Anasagasti quan parla del punt vuitè.


Senador Muñoz: vostè ha especificat que era una qüestió
d’Ucraïna únicament. Doncs mirem dins dels vint-i-vuit Estats que
conformem la Unió Europea. I trobem Eslovàquia, Txèquia, Letònia,
Lituània, segons aquest principi no podrien ser-hi presents, segons el
que estableix vostè, de la integritat de les fronteres, podrien o no
ser-hi presents? Per tant, aquest punt amb el que vostè està insistint i
incidint, tot i que ho ha referit a Ucraïna, poder va una mica més enllà.
Es el que es pot deduir quan parla de la integritat de les fronteres, i a
més afegeix que les petites economies o aquelles estructures estatals
petites no tenen futur en un món globalitzat. Està molt bé, però també hi
ha casos, com poden ser Dinamarca, com pot ser Holanda, que són petites
estructures estatals que tenen uns nivells d’ingressos i un nivell
de renda molt més elevats que d’altres Estats que tenen més
població i una extensió més gran.


Què li vull dir amb tot això? Que no li nego la bondat de la seva
moció, però dins d’aquests punts, s’hagués pogut tractar
d’una forma més adequada, o incidir més amb l’Europa de les
persones i no l’Europa dels Estats.


Hi ha una afirmació feta també dins de diferents treballs dels que
he estat informant-me, que diu que no es pot ser un gegant econòmic sen
un nan polític. És indispensables que hi hagi aquesta correlació entre un
gegant econòmic i una unió política. I aquesta unió política què
significa? Que els Estats, entesos com els entenem actualment, han de
cedir part de la seva sobirania. I amb això és amb el que hauríem
d’anar: una Europa que generi riquesa. I també segur que estarà
d’acord amb mi, una Europa que sigui capaç de redistribuir millor.
No sóc d’aquelles persones que creuen que generar riquesa
s’ha de penalitzar, el que sí que crec és que un cop es generi
riquesa, i això es fa mitjançant unes polítiques d’inversió en
I+D+I, i de transferència cap al món econòmic i el món empresarial, i un
cop s’hagi generat aquesta riquesa i hi hagi uns mecanismes de
distribució, això sí, si em permet l’expressió, li podria comprar
dins d’aquesta moció.


Quan parla d’aquest procés d’integració, li voldria
dir, per acabar de recordar i clavar el clau, aquesta possibilitat que
tenia avui vostè d’incorporar aquell punt del número 10 de la
nostra esmena que diu «garantir la aplicació de les mesures estipulades
per la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries, aprovada
per el Comitè de Ministres del Consell d’Europa del 25 de juny
de 1992 i ratificada per l’Estat espanyol aquell mateix any».


Torno a dir-li: quanta gent de Catalunya se’n anava en
aquell període fosc de la Dictadura, se’n anava cap a Perpinyà per
poder tenir aires més renovats d’Europa. A Catalunya sempre hem
mirat cap a Europa. Sempre ens hem emmirallat. Per tant, més Europa,
menys Estats i més l’Europa de les persones i dels pobles.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Subo a la tribuna en nombre de Convergència i Unió para dar
respuesta a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Senador Muñoz, ha dicho usted, entre otras cosas, que le extrañaba
que no hubiésemos comentado nada con respecto a Juncker y algunos
elementos que ahora están sobre la mesa y que están fomentando las
instituciones europeas, como puede ser el Programa RIS 3, research and
innovation strategies for smart specialisations. Les recuerdo que el 13
de febrero de 2015 una interpelación del Grupo Convergència i Unió y una
moción consecuencia de interpelación presentada por nuestro compañero
Salvador Sedó y aceptada por todos los grupos políticos instaban al
Gobierno a debatir y consensuar los proyectos de inversión susceptibles
de recibir financiación del Fondo europeo de inversiones estratégicas
para el periodo 2015-2017, así como a priorizar aquellos que permitan
aumentar la competitividad de la economía española y la transformación
del modelo productivo. Por tanto, obras son amores y no buenas razones,
primer punto.


Segundo punto. La proximidad de las elecciones municipales en
Cataluña de ningún modo me hace ser proactivo con las propuestas que han
hecho, sino al contrario. Son propuestas de integración en los estándares
europeos de una Europa de las personas. No obstante, más allá de lo que
se pueda decir y de las aclaraciones que después haremos respecto al
punto 8 cuando se habla de Ucrania, las mociones han de tener alguna
utilidad. Instamos al Gobierno del Estado español a que tome las medidas
para poder llegar a los estándares de la Unión Europea que se establecen.
Pero, si me permite, querría hacer dos puntualizaciones, porque uno de
los argumentos que usted utiliza para que las generaciones más jóvenes
sean más abiertas o tengan más conciencia de lo que ha significado el
fenómeno de la Unión Europea hace referencia al incremento del 40 % de la
renta durante estos años. En el caso de Cataluña somos contribuyentes
netos en Europa, y eso, todo lo contrario, no nos retrotrae de ser más o
menos europeístas. Por la posición geoestratégica sobre todo, no lo digo
por otra razón, en Cataluña siempre nos hemos mirado en Europa. Por
tanto, quizá tienen que profundizar un poco más en este argumento de que
se incrementa el 40 % de la renta desde el momento en que se entra en la
Unión Europea. No se trata del principio do ut des, ni mucho menos.
Tenemos que ser más proactivos.


Es cierto que todos los senadores que me han precedido en el uso
de la palabra están de acuerdo en que Europa está en crisis. Quizá todos
tendríamos que ser responsables de ello. Después de la caída del muro de
Berlín se han mirado con mucha condescendencia unas políticas demasiado
liberales que no han establecido políticas en favor de las personas.
Quizá debido al efecto péndulo y a que en aquel momento existía la
posibilidad de que la caída del muro de Berlín provocase algunos cambios
internos, fuimos demasiados condescendientes con unas políticas
neoliberales, y así nos encontramos ahora.


Otro punto que tenemos encima de la mesa nos permite hacer ciertos
paralelismos. El Estado de California, en quiebra; una situación muy
similar a la de Grecia. ¿Qué diferencia ha habido en cuanto a la
especulación de un territorio y otro? En Grecia ha habido una
especulación de los capitales muy fuerte. ¿Por qué no ha sido así en
California? Porque había un señor de la Reserva Federal, llamado
Bernanke, que dijo que no permitiría de ninguna manera que se especulase
con la situación económica en la que se encontraba California. Esto, ¿qué
significa? Que hay un Estado federal en el que existe una unidad de
actuación. ¿Vamos por este camino en Europa? Evidentemente. ¿Vamos hacia
la situación en la que se han de intentar homogeneizar las diferentes
políticas? Evidentemente, pero nos encontramos con que los Estados de la
Unión Europea son reticentes a ceder parte de su soberanía; por eso
tenemos este retraso. Creo que no debemos preocuparnos, este senador cree
que no nos debemos preocupar porque Europa se está construyendo a partir
de crisis, y una de las crisis hacia la que estamos yendo es por este
punto de la Europa de los Estados. Quizá deberíamos ir a la Europa de los
pueblos. Dicho esto, suscribo totalmente las palabras del senador
Anasagasti cuando habla del punto octavo.


Senador Muñoz, usted ha especificado que era una cuestión de
Ucrania únicamente. Si miramos los veintiocho Estados que conforman la
Unión Europa, encontramos Eslovaquia, Chequia, Letonia y Lituania. Según
este principio, según lo que usted establece de la integridad de las
fronteras, ¿podrían o no estar presentes? Por tanto, en este punto en el
que usted está incidiendo, aunque lo ha circunscrito a Ucrania, quizá
haya que ir más allá. Es lo que se puede decir cuando se habla de la
integridad de las fronteras. Además, añade que las pequeñas economías o
aquellas estructuras estatales pequeñas no tienen futuro en un mundo
globalizado. Está bien, pero hay casos, como Dinamarca y Holanda, que son
pequeñas estructuras estatales, pero tienen unos niveles de ingresos y un
nivel de renta mucho más elevado que otros Estados en los que hay más
población y tienen una extensión más grande.


¿Qué quiero decirle con esto? Que no le niego la bondad de su
moción, pero que dentro de estos puntos se hubiese podido tratar de un
modo más adecuado o incidir más en la Europa de las personas y no en la
Europa de los Estados, en la Europa de los pueblos y no en la Europa de
los Estados.


También hay una afirmación hecha dentro de diferentes trabajos con
los que me he estado informando, que dice que no se puede ser un gigante
económico siendo un enano político. Es indispensable que exista esa
correlación entre un gigante económico y una unión política. Al fin y al
cabo, ¿qué significa esta unión política? Que los Estados, entendidos
como los entendemos en la actualidad, tienen que ceder parte de su
soberanía, y hacia ahí deberíamos ir, a una Europa que genere riqueza y
que sea capaz —seguro que estará de acuerdo conmigo— de
redistribuir mejor. No soy de aquellas personas que creen que generar
riqueza debe penalizarse, pero sí creo que una vez generada la riqueza
—eso se hace mediante unas políticas de inversión en I+D+i y de
transferencia hacia el mundo económico y empresarial— deberían
existir unos mecanismos de distribución. Si me permite la expresión,
entonces sí le podría comprar esta moción.


Cuando habla de este proceso de integración, querría comentarle,
para acabar de clavar el clavo, la posibilidad que tenía usted hoy de
incorporar el punto 10 de nuestra enmienda que dice: Garantizar la
aplicación de las medidas estipuladas por la Carta Europea de las lenguas
regionales o minoritarias, aprobada por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa, de 25 de junio de 1992, y ratificada por el Estado
español en el mismo año.


Repito, ¿cuánta gente de Cataluña se iba a Perpiñán en aquel
periodo oscuro de la dictadura para poder tener influjos y aires más
renovados de Europa? Cataluña siempre ha mirado hacia Europa, siempre nos
hemos mirado en Europa. Por tanto, más Europa, menos Estados y más Europa
de las personas y de los pueblos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Ortiz.


El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor Muñoz-Alonso, me sumo a lo que han razonado
algunos de los portavoces en el sentido de que podemos encontrar bondad
en su iniciativa, pero visto lo visto, y si tenemos en cuenta sus propias
palabras en las que dice: Adoptamos una iniciativa que va orientada a
tratar de insuflar un nuevo ánimo europeísta en el conjunto de la
sociedad española —esa es la orientación más noble de la iniciativa
que ha adoptado—, debo decirle que a día de hoy los que estamos
aquí también somos españoles y, además, somos muy representativos; yo
diría que entre todos representamos casi el cien por cien del espectro
político y social español.


Señor Muñoz-Alonso, oídos todos los portavoces resulta que usted
no ha conseguido sumar no voy a decir que el entusiasmo, sino ni tan
siquiera la voluntad. Como mucho ha conseguido usted el compromiso, pero
por responsabilidad de cada cual. Visto lo visto, yo creo que lo
razonable sería retirar esta iniciativa porque sinceramente le digo que
es una pena, y no lo hago con ánimo de crítica porque ya le he dicho que
pasara lo que pasara he anunciado que el Grupo Socialista votará a favor.
¿Por qué? Porque en relación con este tipo de asuntos tan transversales,
tan importantes, tan de todos, lo razonable quizá no es esta moción que
usted nos ha traído, sino que quizá lo razonable sería —creo que la
situación lo reclama a gritos— si no una moción compartida por
todos, una declaración institucional pero de amplio consenso.


Y le digo más, señor Muñoz-Alonso: es perfectamente posible ese
amplísimo consenso mediante una declaración institucional de esta Cámara
e incluso una moción, pero lógicamente hay que hablar y acordar, máxime
cuando existe disposición. Por eso creo —se lo he dicho al
principio— que es un error y que el enfoque es muy deficiente.


Si entramos en detalles, porque usted se empeña en mantenerla y no
enmendarla —está en su legítimo derecho—, permítame que le
diga sin ningún tipo de acritud —pero no quiero dejar de decir lo
que opino— que si el enfoque es deficiente, el contenido lo es
todavía más porque, señor Muñoz-Alonso, es parcial, sesgado y muy
interesado de parte.






Es decir, el Partido Popular va a lo suyo, a su
interés particular, olvidando el todo y el interés general. Parece que
tienen ustedes —y en este caso se hace patente— una tendencia
natural a tratar de apropiarse de lo que es de todos, y a veces lo tratan
de hacer con la Constitución, con los conceptos de España y de patria y
con la bandera. Cuando se plantean este tipo de asuntos de naturaleza
básicamente transversal, se esfuerzan en hacerlo de manera que el resto
no podamos compartirlos. Parece que se dicen a sí mismos: A ver si lo
formulamos de tal manera que los demás tengan que decir que no, porque
así estamos solos. Con este tipo de actitudes hay una tendencia natural a
la exclusión, y creo que eso es un error. Además, entiendo que hacen un
flaco favor a conceptos que son de todos: España, la patria y la bandera,
cuando, con una actitud muy interesada, pretenden arrogarse para sí un
protagonismo que no les corresponde en exclusiva.


Y lo hacen, fíjense, incluso con el uso del propio lenguaje. Al
enmarcar el proceso de construcción europea, ha hecho usted referencia a
Schuman; una referencia acertada, precisa, legítima y muy apropiada,
insisto. Pero cuando ha hecho referencia a España en relación con todo
ese proceso de integración europea ha mencionado usted a Calvo-Sotelo
porque hizo unas declaraciones diciendo que era necesario hacer una
transición exterior. Señor Muñoz-Alonso, ¿no ha encontrado usted ninguna
declaración, por ejemplo, de Santiago Carrillo manifestando su
europeísmo? ¿No ha encontrado usted ningún momento en la historia de
España en el que, por ejemplo, merezca la pena mencionar a Felipe
González en relación con el proceso de construcción europea y con la
integración de España en él? No, cita a Calvo-Sotelo. Insisto en que creo
que hay mucha parcialidad.


Nuestra presencia en el proceso de integración europea es
patrimonio, señor Muñoz-Alonso, de todos los españoles y españolas,
aunque en su día fue Felipe González quien tuvo el protagonismo más
singular en dicho proceso de incorporación. Es patrimonio de todos y
debemos, a través de la palabra, del lenguaje y de las actitudes, hacer
justicia con la historia y con la realidad de nuestro país. Que la Unión
Europea diera el salto histórico de pasar de ser una realidad
exclusivamente económica a una realidad social, todavía no concluida, es
patrimonio de todos los europeos, aunque fuera Felipe González el gran
impulsor de ese compromiso en el conjunto de las instituciones
europeas.


El hecho de que pretendamos que la Unión Europea dé el siguiente
paso, que es un nuevo hito, convertirse en una auténtica realidad
política, si es que lo logramos —ese es el gran reto—, será
también un logro de todos. Por eso, arrogarse protagonismos singulares en
este tipo de cosas supone prestar un flaco favor. Además, señor
Muñoz-Alonso, no es justo y, sobre todo, es una dinámica excluyente. No
tiene sentido apelar a la defensa del proceso de integración europea con
unas tácticas que son, precisamente, desintegradoras, y lo estamos viendo
con lo que está pasando esta mañana, con la actitud de los grupos
parlamentarios en relación con la propuesta que nos formulan.


Pero, señor Muñoz-Alonso, no me tome todo esto muy en cuenta,
porque lo digo solamente a título de desahogo personal. Recojo el guante,
y si usted se empecina en que apoyemos esta iniciativa, que insisto,
votaremos favorablemente, espero que con inmediatez hagamos algo que sea
realmente útil en términos institucionales, políticos y sociales.
Insisto, recojo el guante; vamos a elaborar algo que podamos suscribir
entre todos, algo que, además, es perfectamente posible. Usted no quiere
aprovechar este momento para, en cierto modo —y permítame la
expresión— enriquecer lo que tiene entre manos. Yo no sé qué
problema tiene usted ahora mismo para subirse a esta tribuna y decir que
sí, que acepta, por ejemplo, que la creación de empleo tiene que ser una
prioridad. Oiga, esto es tan genérico como las cosas que usted propone, e
incluso yo diría que más; y esto no es programático, no es un programa
electoral. Ha hecho usted una referencia a que las propuestas que hacemos
le suenan a pasadas, que esto de la Unión Europea va muy rápido y que en
los últimos meses han ocurrido muchas cosas. Perdóneme que le diga, señor
Muñoz-Alonso, que aquí el que más y el que menos está al día. ¿Cree usted
que esto de que el empleo sea una prioridad es algo pasado? ¡Por favor!
Yo creo que es de absoluta actualidad y que, además, responde sin lugar a
dudas a un reto político y a un anhelo social, y tiene naturaleza
genérica. ¡Por supuesto que sí! ¿Qué dificultad tiene usted en añadir que
se reclame un nuevo impulso a la economía europea que renuncie a las
políticas basadas solo en la austeridad? ¿Tiene usted algún problema en
eso? ¡Pero si yo creo que lo estamos defendiendo prácticamente todos!
Incluso le diría que su Gobierno, el Gobierno que preside el señor Rajoy,
que es el Gobierno de todos, también reclama esto en sus negociaciones
europeas. ¿Qué problema tiene entonces en incorporarlo? ¿Qué problema
tiene en incorporar que hay que impulsar la lucha contra el fraude y la
evasión fiscal y que hay que acabar con los paraísos fiscales? ¿Pero qué
problema tiene usted en incorporar eso a su propuesta? Si no lo hace creo
que es sencillamente por un empecinamiento en decir que no quiere que
esto de la Unión Europea sea algo compartido, y me parece un error. ¿Qué
problema tiene usted, señor Muñoz-Alonso —y con esto
concluyo— en que en su propuesta se incorpore que la Unión Europea
tiene que, de manera decidida, en términos reales y no solo dialécticos,
asumir que salvar vidas no es algo discutible? Eso se tiene que asumir.
¿Qué problema tiene entonces, insisto, en incorporarlo a su propuesta?
Ninguno. Incorpórelo entonces. ¿O es que sí lo tiene? No es posible
modificar una coma de la propuesta que nos hace pero quiere que votemos a
favor.


Señor presidente, concluyo. Señor Muñoz-Alonso, votaremos a favor,
pero sepa usted que lo hacemos por el gran sentido de responsabilidad que
siempre hemos tenido y hemos ejercido los socialistas en este tipo de
asuntos. Creemos que proyectar fuera una imagen de unidad en este tipo de
asuntos siempre tiene que estar muy por encima de la mezquindad de cada
cual.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Muñoz-Alonso Ledo.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, empiezo por el senador Ortiz porque es el último que ha
hablado. Se lo he explicado antes de una manera que me parece
absolutamente convincente, señoría: no he querido meter en esta moción
políticas europeas. Ese no era mi objetivo. Les he dicho que estoy
pensando más en la sociedad española que en Bruselas, y he añadido que
podemos llegar a acuerdos en esas políticas europeas. No tengo nada en
contra de ir contra el fraude ni contra los paraísos fiscales. ¿Cómo voy
a tenerlo? Le he explicado a usted en público y en privado que eso sería
objeto de otra iniciativa que les he ofrecido llevar a cabo y que creo
podemos hacer.


Me dice usted que no sumo. ¡Pues claro que sumo! Si usted mismo me
ha dicho que esto podría ser objeto de una declaración institucional.
Precisamente ese era mi objetivo, hacer una moción en la que, por tocar
los aspectos más esenciales de la Unión Europea y de nuestra
participación en ella, estuviéramos todos de acuerdo. Los otros quizá
serían más discutibles. Insisto, ese era mi objetivo. Lo que pasa es que
usted está de acuerdo con lo que yo he presentado —y le agradezco
muchísimo que me haya reiterado que va a votar que sí— pero después
añade otras cosas. Pues mire, esas otras cosas las vamos a discutir,
podemos hacerlo y llegar a una proposición conjunta en la que estemos
prácticamente todos de acuerdo. Creo que lo he explicado.


Y no me coja por donde pica por una frase que he elegido del señor
Calvo-Sotelo a la que me he referido no por darle ninguna relevancia,
sino porque estábamos hablando del problema de la Transición, de cómo los
españoles se fueron haciendo europeístas, de cómo eran muy europeístas y
encontré esa frase que hablaba de la transición exterior y de que no
seríamos plena democracia hasta que no estuviéramos integrados en las
instituciones europeas. Después he procurado no hablar de nadie más,
precisamente porque estoy de acuerdo con usted en que la incorporación a
Europa y el europeísmo de los españoles es una tarea común, una tarea de
todos y que todos compartimos. Y yo no me la quiero apropiar, se lo
aseguro. Me parece que en mi intervención inicial he dicho una serie de
cosas que lo demuestran.


Quisiera contestarles a todos, porque me parece que hay materia
para hacerlo, pero no sé si me va a dar tiempo. El señor Iglesias hablaba
de que hay falta de información. Pues a lo mejor tiene razón. Lo cierto
es que hay mucha información circulando. En Bruselas son continuas las
ruedas de prensa de los portavoces, de los comisarios, del presidente,
del Parlamento. Continuamente hay información. Que llegue o que no llegue
a los ciudadanos es otra cosa. Aquí tenemos al Gobierno que nos informa
antes y después de los consejos, aparte de que en el Parlamento hay muy a
menudo ocasiones en las que se tocan cuestiones europeas. Que lleguen o
no lleguen es otra dificultad.


La complejidad de las instituciones europeas es evidente. En eso
tiene usted mucha razón. Habría que recordar aquí —y espero que por
la cita no se moleste nadie— la cita aquella de Kissinger de que
cuando hay que llamar a Europa, ¿cuál es el teléfono? Porque claro, con
un presidente de la Comisión, un presidente del Parlamento, un presidente
del Consejo, un alto representante, etcétera, es complicado a veces saber
con quién hay que hablar. Es difícil. Por ello es posible que los
ciudadanos se encuentren en ocasiones un tanto desorientados ante una
complejidad institucional tan grande. Lo que sí ha pasado, y creo que
usted lo ha aludido de pasada, es que en estos últimos tiempos ha habido
una tentación renacionalizadora en la que se ha producido la reacción de
que como lo que viene de Europa es malo, vamos a hacerlo desde aquí. Yo
creo que es un error. Hay cosas que hay que hacerlas desde Europa, lo
cual no quiere decir que no haya que mejorarlas y que no haya que
ponerlas al servicio de todos.


Usted ha hecho alusión a los defectos —que los tiene—
de la política exterior y de seguridad común, que son muy fáciles de
entender porque es una de aquellas políticas que no son comunitarias,
sino intergubernamentales. Y claro está, poner a 28 países diferentes,
con intereses e historias distintas, es muy difícil. Por tanto, es una
política que va lenta. Yo creo que se están haciendo esfuerzos muy
notables por mejorarla y porque Europa se ahorme de una vez en estas
cuestiones de política exterior, pero no cabe duda de que es algo
complicado.


Al senador Anasagasti, ¿qué le voy a decir? Él venía con una
soflama preparada, de las muy buenas que hace aquí en el Senado, como las
hacía antes en el Congreso, y no me ha escuchado. Ha saltado, se ha
agarrado al punto 8, le ha dado unas vueltas y le ha sacado a este punto
lo que yo no había puesto en él. Porque ha dicho: Usted consagra. Yo no
consagro nada, no llega a mis competencias la facultad de consagrar. Se
ha inventado usted unos pícnics con tortilla que, por lo visto, yo hago
—que no he hecho nunca, pero tomo nota, porque a lo mejor son una
cosa interesante—, pero usted nos ha preparado una hamburguesa de
McDonald?s de esas que le encantan —porque yo sé que le encantan y
usted sabrá por qué, teniendo en cuenta la grasa, el colesterol... pero
en fin, eso es cosa suya— y nos ha metido ahí un montón de cosas,
unas detrás de otras, que tampoco acabo de entender. Dice usted que hay
que ceder soberanía. ¡Pero si yo acabo de decir en mi intervención
inicial que hay que poner en común soberanías y competencias! ¿No me ha
oído? ¡Como usted estaba a lo suyo no me ha querido oír! He dicho eso. Y
de las fronteras, yo no me he inventado nada. Pensando en Ucrania
—aunque usted ha querido sobrepasarlo yo estaba pensando en ese
país porque es el problema más importante que tiene en estos momentos la
política exterior y de seguridad común europea— me he referido a
las cosas que podrían haberse aplicado en ese país. Cuando quiera
hablamos de eso más despacio, empezando por el Acta de Helsinki. Y hay
una cosa que no he citado aquí, pero que voy a citar ahora: el Memorándum
de Budapest, que me parece que es de 1994, en el que Rusia acepta las
fronteras de Ucrania, que ahora, evidentemente, no ha respetado. Y es a
eso a lo que yo me quería referir, pero usted lo ha sacado de contexto y
ha exclamado: ¡A ver qué hay aquí! Pues mire, no hay nada. Hay una cosa
muy simple y estoy basándome en normas europeas y nada más que en normas
europeas.


Estoy de acuerdo, como siempre, con el señor Sabaté, y puedo
suscribir de arriba abajo todo lo que ha dicho. No sé si me ha dicho que
no había hablado de Juncker y de Draghi. Mi idea era hablar en este turno
de portavoces —seguramente no me va a dar tiempo, pero esa era mi
idea— con un objetivo muy claro: decirles que en la Unión Europea
estamos en una etapa nueva. Hay una Comisión nueva que ha cambiado, que
está haciendo políticas nuevas, y los parlamentarios nacionales estamos
yendo más a Bruselas, estamos viendo cómo funcionan y creemos que hay una
esperanza mucho mayor porque están mucho más en contacto con lo que
nosotros decimos, con lo que nosotros aspiramos, nos están escuchando más
y, por lo tanto, hay que tenerlo presente.


El senador Plana me ha dicho unas cosas que son muy respetables.
Ha hablado de la Europa de los pueblos y de las personas. La Europa de
las personas ya está en los tratados. Está en el Tratado de Lisboa cuando
se dice que la unión de Europa es una unión de Estados —no de
pueblos, no habla de pueblos— y de ciudadanos. La Europa de los
pueblos es otra cosa, tan respetable como pudiera ser cualquier otra,
pero no está en los tratados europeos; la de las personas sí está, y no
hay nada más que pensar que casi como frontispicio del Tratado de Lisboa
la Unión Europea pone la Carta Fundamental de los Derechos, que dice que
tiene valor jurídico directo, no es simplemente una declaración de
principios. Esa es la unión de las personas, porque ahí están los
derechos de las personas; y después están los Estados. Si se me permite
la expresión, creo que esa es la pura ortodoxia europea, no me invento
nada. En ese sentido, cuando hablaba del punto 8, mi idea era hablar de
Ucrania y nada más que de Ucrania.


Me gustaría señalar que el plan Juncker, de noviembre pasado, es
ambicioso porque intenta procurar más inversiones en Europa ya que
nuestra cifra de inversiones ha disminuido desde 2007 en nada menos
que 430 000 millones de euros, y esto exige un remedio acelerado. La
Comisión anterior no lo hizo y ahora lo quieren hacer, y creo que debemos
valorar que ahí hay un esfuerzo. Como lo hay en el plan Draghi, del mes
de enero, que habla de poner en el mercado 60 000 millones al mes de aquí
a septiembre del año que viene, y ampliable, lo cual puede suponer un
cambio radical de las condiciones económicas de los países miembros de la
Unión Europea.


De esos 60 000 millones ¿qué nos va a tocar a nosotros? Pues ya se
puede saber, porque cada país tendrá una cantidad en función del
porcentaje que tiene en el capital del banco. Como nosotros tenemos
el 12,6, en esta primera etapa, hasta septiembre del año que viene,
España podría disponer, más o menos, de 143 600 millones de euros, que es
una buena noticia que nadie había dicho esta mañana, y creo que lo
debemos recalcar porque eso quiere decir que vamos a tener posibilidades
de dinamizar el consumo, de dinamizar las inversiones, de aumentar el
crédito y, como consecuencia de todo ello, la creación de empleo, que a
ustedes les preocupa pero a mí también, aunque no haya hablado de ello
esta mañana porque no era mi objetivo. Claro que me preocupa. Creo que
estamos en una situación en la que podemos ser optimistas.


Doy las agracias a aquellos que han dicho que me van a apoyar, y a
los que no también. Se lo agradezco porque han hecho sus aportaciones y
están en su perfecto derecho. Reitero mi propósito, en el que ya estoy
trabajando, aunque les parezca mentira, de presentar una moción, que voy
a tratar de consensuar con todos los grupos, para hablar de esas otras
políticas que ustedes echaban de menos en mi moción. Mi objetivo era
distinto y merece, evidentemente, otra iniciativa que les propondré en su
momento.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz-Alonso.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 217;
votos emitidos, 216; a favor, 196; en contra, 19; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL
GENOCIDIO COMETIDO CONTRA LA POBLACIÓN ARMENIA EN TERRITORIO DEL IMPERIO
OTOMANO.


662/000190

GPEPC


El señor presidente da lectura al punto 5.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor. (Continúan los
rumores).


Señorías, guarden silencio. No vamos a dar comienzo a la moción
hasta que no haya silencio.


Gracias.


Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador
Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, queremos cumplir con nuestro compromiso, el de todos los
grupos parlamentarios que nos comprometimos a que en esta legislatura
íbamos a reformar el Senado.


Esta es una moción muy sencilla. Su objetivo es que una Cámara
parlamentaria, el Senado de España, se pronuncie, al igual que ha
reiterado el Parlamento Europeo el pasado 15 de abril, sobre el genocidio
sufrido por el pueblo armenio bajo el Imperio otomano, del que se cumple
este año el primer centenario. Creo que la conmemoración del centenario
de este genocidio es una buena ocasión para pronunciarnos sobre el tema.
¿Fueron las matanzas y deportaciones perpetradas contra la población
armenia en el Imperio otomano un genocidio? Indudablemente lo fueron. Así
lo contempla la mayoría de los historiadores. Señorías, que haya
historiadores, fundamentalmente turcos, que lo nieguen no quita razón.
Tampoco podemos ignorar que fueron las atrocidades cometidas contra el
pueblo armenio las que motivaron a Raphael Lemkin a teorizar y acuñar la
palabra genocidio.


El exterminio de armenios iniciado en 1915 se inscribe de lleno en
la definición de genocidio que realizó Lemkin al existir lo que él define
como una conspiración, es decir, un plan coordinado que se dirige hacia
la destrucción de los fundamentos esenciales de una nación, en este caso
la armenia.


Señorías, no lo duden. Existía un plan de limpieza étnica por
parte de las autoridades otomanas, que quedaría plasmado en la Ley de
traslado y reasentamiento aprobada el 27 de mayo de 1915.


El mismo fundador de la Turquía moderna, Mustafá Kemal Atatürk,
reconoció y condenó el extermino de los armenios. Ya
sean 800 000, 1 000 000, 1,5 millones de víctimas, cualquiera de estas
tres cifras o cualquier otra da la dimensión de la tragedia.


Con esta moción, una Cámara parlamentaria, nosotros como senadores
y senadoras, ¿estamos supliendo el trabajo de los historiadores? Creo que
no. Nos apoyamos en las conclusiones de los historiadores para realizar
nuestro trabajo político, que es pronunciarnos sobre algo que pasó, sí,
hace cien años y muy lejos de nuestro país, pero pasó y tenemos que hacer
esas conclusiones por las siguientes razones: en primer lugar, porque la
historia nos ha demostrado, como decía Primo Levi, que lo que ha sucedido
puede volver a pasar. En segundo lugar, porque forma parte de nuestras
responsabilidades realizar la pedagogía necesaria sobre cuestiones tan
dolorosas como el genocidio armenio, que, desgraciadamente, se ha ido
repitiendo a lo largo de la historia. Y es por ello, conscientes de estas
responsabilidades, que las Cortes Generales han ido realizando
pronunciamientos sobre cuestiones parecidas: el holocausto judío, el
genocidio de Ruanda, etcétera. Recuerdo el acto de conmemoración del
holocausto judío celebrado hace pocas semanas en el Senado bajo la
Presidencia del rey. Y, señorías, sobre todo, porque no hay
reconciliación sin verdad. Creo que sí hay una afrenta a las víctimas de
cara al genocidio, y olvidarlo o instalarse en una actitud equidistante
sobre el mismo es una irresponsabilidad.


¿Por qué involucrar al Senado presentando esta moción? Porque
creo, sinceramente, que es también la mejor aportación que podemos hacer
para la plena normalización de las relaciones entre las Repúblicas de
Armenia y de Turquía, objetivo, creo, por todos deseado. Creer que serán
las partes involucradas quienes lo resuelvan así, sin más, o bien es un
error o es una excusa para no pronunciarse. No hay que ser un lince de la
política para saber que para Armenia esta cuestión es fundamental en sus
relaciones con Turquía, —señorías, la verdad tiene un lugar
necesario como medida de justicia para el pueblo armenio—, como
tampoco hay que ser demasiado espabilado políticamente para saber que más
pronto que tarde Turquía deberá ajustar cuentas con su pasado y con la
cuestión armenia en particular.


¿Aprobar esta moción puede tener el efecto contrario al deseado?
Creo que no. Insisto, el mejor camino para profundizar en las relaciones
bilaterales entre la República de Turquía y Armenia es el de la verdad.
Lo sucedido hace cien años es demasiado monstruoso como para ignorarlo o
pensar que esquivando la cuestión se pueden mejorar esas relaciones
bilaterales. ¿Recibirán positivamente las autoridades turcas esta moción,
de ser aprobada? No. ¿Debemos por ello callar? Creo que no. Sería lo peor
que podríamos hacer: acallar la verdad por no molestar a un aliado. Creo
que si proliferara la aprobación de mociones como la que hoy defiendo a
escala internacional no solo expresaríamos un reconocimiento a las
víctimas del genocidio armenio, sino que también ejerceríamos una presión
positiva para que Turquía se reencontrara con la responsabilidad de su
pasado.


Señorías, verdad y reconciliación, paz y reconciliación pedía el
papa Francisco cuando, repitiendo un juicio ya expresado por Juan Pablo
II en el año 2001, calificaba el genocidio armenio como el primer
genocidio del siglo XX. En el Parlamento Europeo no hubo ni dudas ni
divisiones. El europarlamentario del Partido Popular europeo, el señor
Brok, afirmaba en su intervención en el Parlamento Europeo para
justificar el voto del grupo que no se puede olvidar el genocidio. El
diputado del Partido de los Socialistas Europeo, señor Fleckenstein,
decía: «ya sé que algunos no quieren oír esta palabra, pero un genocidio
es un genocidio; reconocer la realidad, reconocer la verdad es
imprescindible para restablecer unas buenas relaciones». No es este un
debate entre historiadores, es un debate político que exige claridad de
posiciones si realmente queremos colaborar en la normalización de las
relaciones bilaterales y, sobre todo, si queremos ir construyendo una
cultura global de paz, respeto a los derechos humanos y tolerancia.


Termino, señorías. El poeta Marcos Ana, comunista y el preso que
más años estuvo en una prisión franquista, dijo que no se puede pasar
página sin antes haberla leído. Les invito a votar esta moción y así
expresar que el Senado ha leído esta página tan dolorosa de la historia
de la humanidad y saca sus conclusiones.


Graciès, senyor president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente, con la venia.
Buenos días a todos y a todas.


En 1908 en Turquía, los llamados jóvenes nacionalistas turcos
dieron un golpe de Estado y asumieron el Gobierno en Turquía. A partir de
ahí se desencadena un conjunto de sucesos atroces, horrendos, execrables,
una auténtica masacre. Dos personas, Talaat Pasha, ministro del Interior
de ese Gobierno, y Enver Pasha, ministro de la Guerra de ese Gobierno,
tienen dos criterios distintos en torno a lo acontecido. Talaat Pasha, el
ministro de Interior, decía que no había una voluntad planificada de
exterminio, mientras que Enver Pasha, el ministro de la Guerra, decía que
sí había una voluntad planificada de exterminio. En este momento ¿qué
pretende el Grupo Parlamentario Socialista con esta enmienda, que no
leeré a continuación porque consumo el tiempo, pero sí les digo grosso
modo que lo que plantea es la ejecución de los protocolos de Zurich, que
se elaboraron en el año 2009? Lo que pretende es la creación de una
comisión imparcial de investigadores turcos y armenios que investiguen
este período, que algunos autores proponen que sea de 1915 a 1917, otros
que sea hasta 1923, pero la verdad es que el horror fue algo
inconmensurable, porque como tenían prohibido el uso de munición, primero
fue la detención la noche del 24 de abril de 253 personas, de lo que
llamamos la élite ilustrada, la intelectualidad de la población armenia,
y luego fue la expulsión por el desierto de Der El Zor, en lo que era
Mesopotamia, en dirección al Éufrates, en lo que era Iraq. En ese caminar
iban muriendo de hambre, de sed, de infecciones, o iban muriendo por
ahogamiento o por arma blanca porque tenían prohibido el uso de la
munición. Insisto, hechos absolutamente execrables.


¿Qué plantea entonces el Grupo Parlamentario Socialista? Que lo
que acordaron en el año 2009 en esos protocolos de Zurich y que no se ha
desarrollado ni ejecutado, se haga ya. ¿Por qué razón? Porque es una
manera de conseguir el objetivo expuesto por el señor Guillot, que es el
acercamiento entre los dos pueblos, que, como usted sabe, no tienen
relaciones, y si usted está en Turquía y quiere ir a Armenia, aunque
están al lado, tiene que ir hasta Moscú y luego bajar hasta Yerevan. De
ahí que la propuesta sea una comisión mixta armenio-turca imparcial de
historiadores que investiguen estos hechos para evaluarlos, porque lo que
pretendemos es avanzar en la relación entre estos dos países. Nos parece
que es una propuesta razonable. Hay un conjunto de autores a los que
hemos acudido, Joan Frigolé Reixach, de la Revista de Etnología de
Cataluña, Jacques Sémelin y Tony Judt, que plantean diferentes
formulaciones en términos antropológicos o históricos. Como bien decía el
señor Guillot, no es un debate jurídico, no es un debate histórico, es un
debate de naturaleza política, y la única razón de ser de la función de
todos los aquí presentes, los que estamos en esta Cámara, la única razón
de ser de la Cámara, en mi opinión es ser útil en la resolución de este
conflicto.


Todo conflicto tiene un origen. El origen está en el lapsus
temporal de 1915 a 1923, sobre todo de 1915 a 1917. Y con esta enmienda
pretendemos coadyuvar a la resolución del conflicto desarrollando los
protocolos de Zurich del año 2009 y la creación de esta comisión mixta
entre historiadores turcos y armenios. Pensamos que este es un asunto que
se puede solucionar. Conviviendo en el Consejo de Europea con otros
miembros de esta Cámara, comprobamos que hay otros conflictos que están
tan enconados en torno al presente que son difíciles de abordar, pero un
conflicto que se produjo hace cien años, pensamos que es momento de
hacerlo. Fíjense, incluso dentro de dos semanas veremos aquí la ley sobre
el acceso a la nacionalidad española de la comunidad sefardí, que fue un
conflicto de hace quinientos años. Estamos en condiciones de hacer una
reparación histórica para un conflicto que sucedió hace quinientos años.
Ahora abordamos un conflicto de hace cien años pero que pervive en una
herida, que sigue sangrando, entre el pueblo turco y el armenio. Pensamos
que una manera de contribuir es presentando esta enmienda, y esa ha sido
la voluntad propositiva del Grupo Socialista.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.


Tiene la palabra el senador Guillot para indicar si acepta o no la
enmienda.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Si a pesar de que han pasado cien años de este genocidio seguimos
como estamos, es que no debe ser tan sencillo. Insisto, este no es un
debate entre historiadores. Los historiadores han emitido su veredicto.
Raphael Lemkin ha emitido su veredicto. ¿Dónde está el problema? El
problema está en la cerrazón de las autoridades turcas en reconocer que
lo que pasó entre 1915 y 1917, entre 1915 y 1923 fue un genocidio,
programado y querido, de la población armenia, ese es el problema.
Entonces, ¿cómo somos más útiles? ¿Cómo podemos ayudar a superar esa
situación que, evidentemente, impactará en la normalización de las
relaciones bilaterales entre la República turca y la República de
Armenia, y con la que podremos hacer pedagogía para prevenir futuros
genocidios, y, sobre todo, recuperar una verdad histórica? ¿Cómo podemos
ser más útiles? Pues siendo claros, diciendo y expresando las cosas con
meridiana claridad, porque si no, ¿qué mensaje mandamos?


Señorías, ¿saben cuál ha sido la respuesta del presidente Erdogan
a las palabras del papa Francisco? «Cuando algunos políticos y religiosos
asumen el trabajo de historiadores no dicen verdades sino estupideces»
¿Cómo superamos esta cerrazón? Pues manifestándonos, llamando a las cosas
por su nombre y diciendo que lo que pasó hace cien años, en 1915, fue un
genocidio. Todo lo demás es rehuir el problema, todo lo demás manda un
mensaje a las autoridades turcas de que no hay presión internacional, y
no podrá haber un restablecimiento normalizado de las relaciones entre
Armenia y Turquía sin el reconocimiento de genocidio. Estamos hablando,
como ha dicho el senador Díaz Tejera, de una monstruosidad, de una
monstruosidad programada, planificada y querida por las autoridades
otomanas de aquel momento.


No me sirve que dos verdugos difieran en su diagnóstico sobre
quién hizo la guerra, porque ambos fueron condenados a muerte por el
Gobierno de Atatürk. Lo que sí me sirve es que el Senado tenga la
responsabilidad de reconocer los hechos, llamarlos por su nombre y, a
partir de ahí, ejercer una pedagogía positiva. No creo que inhibirnos
ayude; insisto, con ello mandamos un mensaje muy negativo. No quiero
exagerar, no quiero hablar de impunidad, pero estamos mandando el mensaje
de que priman determinados intereses geopolíticos, geoestratégicos,
Alianza de Civilizaciones, lo que ustedes quieran, por encima de otras
cuestiones. La historia nos demuestra que siempre que queremos hacer
realpolitik, siempre que queremos hacer de estadistas frente a estos
hechos, nos equivocamos. Porque lo que pasó, pasó, eso ya es
irreversible. Y si frente a lo que pasó queremos sacar una lectura en
positivo, superar el pasado en positivo, evidentemente el camino se
acerca más a mi moción que a la propuesta del Grupo Socialista, al que
agradezco, como mínimo, que haya presentado la enmienda.


Señorías, y con esto termino, no voy a aceptar la enmienda porque,
insisto, rompe con la lógica y los objetivos que persigue esta moción. Se
coloca en un escenario que —como ya he dicho al principio— no
es un problema de historiadores sino político, y lo más acertado sería
votar la moción tal como está.


Gràcies, senyor president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


¿Turno en contra? (Denegaciones).


No hay turno en contra.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gràcies senyor president. Bona tarda,
senyories,


El president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i
Jover, durant la celebració del consell de guerra que el va condemnar a
mort l’octubre de l’any 1940 va dir: «la història ens jutjarà
a tots en la nostra intenció».


I sí, avui en aquesta Cambra, hi haurà segurament qui no votarà a
favor d’aquesta moció. Efectivament, la història ens/els jutjarà i
amb duresa, per no acceptar la veritat dels fets i per haver obviat i
oblidat la veritat tant de temps. De què tenen por? De què tenim por? Per
què temem? El Parlament de Catalunya l’any 2010 va reconèixer
aquesta barbàrie que, a Europa, ja 11 membres de la Unió Europea van
qualificar com a genocidi, perquè eren matances ordenades i
sistematitzades pel partit de Govern denominat Joves Turcs. El passat 15
d’abril el Parlament Europeu va tornar a aprovar una resolució
commemorant el genocidi armeni, però no és la única institució que
reconeix aquesta atrocitat. Nacions Unides també ho va fer. Països com
ara Estats Units, França, Grècia, Holanda o Suïssa, entre d’altres,
ja s’han pronunciat a favor del reconeixement internacional.


Els animo a què votin a favor d’aquesta moció de
l’Entesa pel Progrés de Catalunya La societat armènia, ni cap de
nosaltres ni la humanitat, no pot tancar aquest capítol negre de la
història de la humanitat fins que les ferides i tragèdies no quedin
reconegudes tal i com es van produir. Si no, és impossible del tot la
reconciliació.


Deixin de banda els càlculs, els interessos polítics i econòmics,
i segueixin les passes del Parlament Europeu en aquest tema. I en tants
d’altres també, però en aquest concretament, també. Avui 100 anys
després de l’atrocitat, Turquia segueix negant el genocidi. Els
familiars de les víctimes no poden tancar el seu dol i tenen dret a que
se’ls reconegui una realitat molts cops oblidada. Una realitat que
ens mostra, com deia abans, la part més fosca de l’ésser humà i que
ens destrueix i ens fa pitjors persones. S’estima que van ser
exterminats 1,5 milions d’armenis, entre el 1915 i el 1923. Més
d’1 milió van ser deportats l’any 1915; centenars de milers
van ser massacrats. Molts altres van morir d’inanició i epidèmies
que assolaren els diferents camps. Estem parlant d’uns dels
exterminis més grans de la història de la humanitat, i està en les
nostres mans contribuir a la reparació del dolor. Cal reconèixer que la
violència, sigui quina sigui, no és la solució. El fi no justifica pas
els mitjans, contràriament al que alguns pregonen. Que el govern turc no
ho reconegui, no obsta ni ha d’impedir que el govern espanyol no ho
faci. No han de tenir por. Què faran vostès? Què farà el govern de
l’Estat espanyol? El mateix que el govern turc? Els encoratjo a
reconèixer i que facin també el que pertoca respecta a la història recent
de l’Estat espanyol.


Què és genocidi? És l’extermini, l’eliminació
sistemàtica d’un grup social per motius de raça, ètnia, religió,
política o nacionalitat. Tenint en compte això, els llegeixo una
declaració que va fer el senyor Nazim Fehtí, secretari general del Comitè
d’Unió i Progrés, la qual va ser aprovada per unanimitat en el
congrés de Tessalònica entre el mes d’agost i setembre de 1910.
Deia aquest senyor: «Proposo al congrés l’extermini total dels
armenis de l’Imperi Otomà; es necessari aniquilar-los. Per dur a
terme aquest propòsit cal actuar, afrontar totes les dificultats, absolts
de consciència, de sentiment d’humanitat, perquè la qüestió no és
ni de consciència ni de sentiments humanitaris; és només de caràcter
polític. Íntimament vinculat al beneficia i al futur de Turquia. Així
acabarà immediatament la qüestió armènia. El govern turc quedarà
alliberat de la intromissió estrangera en els seus afers interns. El país
es desempallegarà de la raça armènia i així brindarà un ampli camp als
turcs. Les riqueses dels armenis passaran a ser propietat del govern
turc. Anatòlia serà territori habitat exclusivament pels turcs.
S’enderrocarà l’obstacle més important per a
l’assoliment de l’ideal panturànic.». Per tant, jutgin vostès
si això no era o no anunciava ja el que va passar desprès.


Gràcies.


Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.


El presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys i
Jover, durante la celebración del consejo de guerra que lo condenó a
muerte en octubre de 1940, dijo: «La historia nos juzgará a todos en
nuestra intención.»


Y sí, como seguramente hoy en esta Cámara habrá quien no vote a
favor de esta moción, efectivamente, la historia nos juzgará con dureza
por no aceptar la verdad de los hechos, por haber obviado y olvidado la
verdad durante tanto tiempo. ¿De qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos
miedo? El Parlamento de Cataluña reconoció en el año 2010 esta barbarie
que once miembros de la Unión Europea calificaron de genocidio, porque
fueron matanzas sistematizadas y ordenadas por el partido del Gobierno
llamado Jóvenes Turcos. El pasado 15 de abril, el Parlamento Europeo
aprobó de nuevo una resolución conmemorando el genocidio armenio, pero no
es la única institución que reconoce esta atrocidad. Naciones Unidas
también lo hizo, países como Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda o
Suiza, entre otros, ya se han pronunciado a favor del reconocimiento
internacional.


Les animo a que voten a favor de esta moción del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, porque ni la sociedad
armenia, ni ninguno de nosotros podemos cerrar este capítulo negro de la
historia de la humanidad hasta que las heridas y las tragedias no queden
reconocidas tal como se produjeron, porque, caso contrario, es
absolutamente imposible la reconciliación.


Dejen de lado los cálculos, los intereses políticos y económicos y
sigan los pasos del Parlamento Europeo en este asunto, y en muchos otros
también. Hoy, cien años después de esta atrocidad, Turquía sigue negando
el genocidio. Los familiares de las víctimas no pueden cerrar su duelo y
tienen derecho a que se reconozca una realidad muchas veces olvidadas;
una realidad que nos muestra, como he dicho anteriormente, la parte más
oscura del ser humano y que nos destruye y nos hace peores personas. Se
considera que entre 1915 y 1923 fueron exterminados 1,5 millón de
armenios; más de 1 millón fueron deportados en el año 1915; cientos de
miles, masacrados; muchos otros murieron de inanición y de epidemias en
los distintos campos de concentración.


Estamos hablando de uno de los peores exterminios de la humanidad,
y está en nuestras manos contribuir a la reparación del dolor. Hay que
reconocer que la violencia, sea cual fuere, no es la solución. El fin no
justifica los medios, contrariamente a lo que algunos predican. Que el
Gobierno turco no lo reconozca no debería impedir que el Gobierno español
lo haga. No deberían tener miedo. ¿Qué harán ustedes? ¿Qué hará el
Gobierno del Estado español? ¿Lo mismo que el Gobierno turco? Les invito
a reconocerlo y a que hagan lo que corresponde.


¿Qué es genocidio? Genocidio es el exterminio, la eliminación
sistemática de un grupo social por motivos de raza, etnia, religión,
política o nacionalidad. Teniendo esto en cuenta, les voy a leer una
declaración del señor Nazim Fehti, secretario general del Comité de Unión
y Progreso, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de Salónica
entre agosto y septiembre de 1910. Decía lo siguiente: «Propongo al
congreso el exterminio total de los armenios del Imperio otomano. Es
necesario aniquilarlos y para este propósito hay que actuar, afrontar
todas las dificultades absueltos de conciencia, de sentimientos de
humanidad, porque la cuestión no es de conciencia ni de sentimientos
humanitarios, es solo de carácter político, íntimamente vinculado al
beneficio y al futuro de Turquía. Así terminará inmediatamente la
cuestión armenia. El Gobierno turco quedará liberado de la intromisión
extranjera en sus asuntos internos. El país se liberará de la raza
armenia y así tendrá un amplio campo para los turcos. Las riquezas de los
armenios pasarán a ser propiedad del Gobierno turco. Anatolia será
territorio habitado exclusivamente por turcos. Se eliminará el obstáculo
más importante para alcanzar nuestro ideal.» Juzguen ustedes si esto no
anunciaba ya lo que sucedió después.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


Tiene la palabra el senador Aiartza.


Senador Iglesias, ¿va a intervenir usted también?
(Denegaciones).


No, solamente los dos. Gracias.


El señor AIARTZA AZURTZA: Gracias señor presidente.


Telegrama del ministro del Interior Talaat a la ciudad de Aleppo,
en 1915: «Ya se ha comunicado que el Gobierno ha decidido exterminar
totalmente a los armenios de Turquía, sin miramientos por las mujeres,
los niños y los enfermos; por trágicos que puedan ser los medios de
exterminio, sin atender a los sentimientos de conciencia, es necesario
poner fin a sus existencias.»


Hace escasamente una semana tuve la ocasión de mostrar respeto
ante el monumento de Medz Yeghern, en Ereván, Armenia, a los
descendientes del genocidio armenio y al pueblo armenio en general. Es,
por tanto, muy grato tener este debate aquí. Este debate ya ha pasado por
un montón de países, como Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, Austria,
Suecia, el Congreso de los Estados Unidos, donde se ha aprobado, así como
en el Parlamento Europeo, que ha reconocido el genocidio armenio dos
veces: en 1987 y hace escasamente unas semanas, con el voto favorable del
Partido de los Socialistas Europeos. Ha sido también aprobado en
diferentes parlamentos autonómicos, como el vasco y el navarro, con el
voto favorable del Partido Socialista. Lo sorprendente es que todavía
haya gente que lo rechace.


Todos sabemos que el origen del genocidio armenio hay que situarlo
en la profunda crisis económica y política en la que cae el Imperio
otomano a finales del siglo XIX. Los armenios eran un obstáculo en el
desarrollo expansivo de un panturquismo que deseaba unir a la raza
turánica de Transcaucasia, Asia central y el Volga. El panturquismo de la
organización los Jóvenes Turcos se convierte en un instrumento para la
asimilación de todas las minorías nacionales de la región junto con el
panislamismo y su primer reflejo se da ya en la región de Adana a finales
del siglo XIX, donde son asesinados en pocos días más de 30 000
ciudadanos armenios. El inicio de la Primera Guerra Mundial va a situar a
los armenios en una situación muy difícil, dado que Rusia declara la
guerra al Imperio otomano y fue una oportunidad única para que los
jóvenes turcos realizasen su objetivo. Está acreditada documentalmente la
constitución del Comité de los tres por el ministro del Interior Talaat.
Están acreditadas también las fases en las que se desarrolló este
genocidio: primero convocaron a los hombres armenios a las armas; más
de 60 000 fueron ingresados en el ejército solo para trabajar en trabajos
forzados, y luego fueron ejecutados. En febrero de 1915, el ministro de
la Guerra, Enver, ordenó su exterminio. Como se ha señalado antes, se
apresó en abril a toda la inteligencia armenia y fueron también
asesinados. Luego empezó la deportación y la masacre de ancianos, niños y
mujeres. Churchill declaró en ese momento que no había duda de que ese
crimen se preparó y realizó por medios políticos, ya que presentaba una
oportunidad para hacer desaparecer del país una raza cristiana que se
había revelado contra la turca. Y por eso fueron exterminados más de un
millón de armenios. El armisticio llevó a que los criminales de guerra
fuesen procesados, pero nunca condenados, porque huyeron a Alemania. Se
demostró que el exterminio fue premeditado. Como señaló el embajador de
Estados Unidos en Turquía en la época el objetivo real de la deportación
era el saqueo y el exterminio. Se trataba de una nueva forma de
eliminación. Cuando las autoridades turcas daban órdenes de deportación
en realidad dictaban sentencias de muerte de toda una nación.
Desgraciadamente, aunque se trata de unos crímenes cometidos por los
dirigentes del que fue el Imperio otomano, y no del pueblo turco, las
autoridades turcas todavía no lo han reconocido.


No entendemos que todavía a día de hoy haya gente que intente
plantear esto como un debate histórico. No es cierto. El debate histórico
se ha dado, la mayoría de los historiadores lo reconoce. Hay elementos
probatorios, hay elementos testificales. Tampoco hay debate sobre si los
hechos se encuadran o no en el tipo de genocidio. ¿Cómo podría haberlo si
el autor de la conceptualización del tipo del genocidio, Raphael Lemkin,
declaró que el tipo lo desarrolla teniendo en cuenta el genocidio del
pueblo armenio, que esa es la base para desarrollar este concepto? Por
tanto, no hay motivos históricos para negar este genocidio. Habrá motivos
políticos todavía no confesados.


Nosotros vamos a apoyar esta moción, señoría. Creemos que en el
centenario de estos trágicos hechos es necesario que lo recordemos y que
lo denunciemos con el objetivo de que no vuelvan a ocurrir. Que no suceda
más lo que manifestó Adolfo Hitler cuando procedía a diseñar el
holocausto. «¿Quién se acuerda ahora de los armenios?», dijo Hitler.
Nosotros, cien años después, nos acordamos de los armenios, y más ahora,
cuando vemos que en toda la región vuelve a perseguirse a hombres y
mujeres por su pertenencia a un grupo étnico o a una religión.


Por todo ello, porque no solo se trata del pasado, sino del
futuro, nosotros vamos a votar a favor de esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aiartza.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.


Reconozco que no conozco a ningún armenio;






sí de lejos a Charles
Aznavour, que es armenio y que seguramente le dedicaría al senador
Guillot alguna de sus canciones, porque la moción es procedente y vale la
pena. No conozco a armenios, pero sí conozco a Erdogan, quien estuvo en
esta casa en visita oficial y me tocó almorzar a su lado, y he de decir
que no conozco a un jefe de Estado más antipático, más zafio y más torpe.
Por tanto, ya ven que no tengo ninguna simpatía, no por los turcos sino
fundamentalmente por un personaje como Erdogan. Y sí conozco al papa
Francisco; nuestro grupo parlamentario le visitó hace un año. Y sí
conozco a un parlamentario vasco, Javier Ormaechea, que hace diez años
presentó en el Parlamento vasco una iniciativa con motivo del 90
aniversario del genocidio armenio y redactó una declaración
institucional; se anticipó a los tiempos. Además, nos parece muy oportuna
esta moción presentada por Entesa, sobre todo porque estos últimos días
hemos recordado el genocidio armenio.


Y como he mencionado al papa, tengo que aferrarme a sus palabras,
sobre todo porque estoy hablando también ante un grupo mayoritario del
Partido Popular, y teóricamente algunos son confesionales. Las palabras
del papa se produjeron durante el saludo inicial a las autoridades y
fieles armenios que acudieron a la basílica vaticana para participar en
una misa en la que se conmemoró el centenario del martirio de este pueblo
por parte de las autoridades otomanas. Y estas palabras provocaron la
inmediata reacción del Gobierno turco, que convocó de urgencia al nuncio
vaticano —seguramente el Erdogan que conocimos en esta casa—
y llamó a consultas a su embajador en El Vaticano. Jorge Bergoglio, con
semblante serio, se dirigió a la asamblea para rememorar aquel atroz
—estas son palabras del papa— y descabellado exterminio, que,
parafraseando a Juan Pablo II, calificó de primer genocidio del siglo XX,
seguido por los ejecutados por el nazismo y el estalinismo. Dijo el papa
que recordar a las personas que padecieron aquellos acontecimientos es
necesario e incluso obligatorio, porque ahí donde no persiste la memoria
significa que el mal mantiene aún la herida abierta. Y defendió que
esconder o negar el mal es como dejar que una herida continúe sangrando,
sin sanarla. Y tras las tragedias de la centuria pasada, el papa opinó
que parece que la humanidad no consigue dejar de derramar sangre
inocente, como si el entusiasmo surgido tras la Segunda Guerra Mundial
estuviera desapareciendo y disolviéndose. Parece que la familia humana
rechaza aprender de sus propios errores causados por la ley del terror, y
aun así hoy hay quien trata de eliminar a sus semejantes con la ayuda del
silencio, cómplice de otros que permanecen como espectadores, lamentó el
papa. Francisco denunció en múltiples ocasiones la tercera guerra mundial
por partes que se vive en la actualidad, en un mundo marcado
cotidianamente por la locura de la destrucción y por toda clase de
crímenes atroces y masacres sanguinarias, una suerte de genocidio a nivel
global que, como ya evidenciara en el pasado septiembre en el osario
italiano de Redipuglia, está provocado por la indiferencia general y
colectiva, por el silencio cómplice de Caín, que exclama: ¡A mí qué me
importa! Tras pronunciar este mensaje, el pontífice procedió a celebrar
la misa por el rito armenio, y el templo Vaticano se vio inundado por el
humo del incienso y por antiguos cánticos de tradición oriental. Entre lo
que dice y hace Erdogan y lo que dice el papa, me quedo con el papa. Ya
sabe usted que nosotros somos bastantes meapilas, pero también en este
caso estamos muy de acuerdo con lo que dice el papa, porque sabe de lo
que habla.


Hemos hecho una incursión en el Instituto Elcano, que,
teóricamente, es uno de los cerebros que impulsan el pensamiento del
ministro García-Margallo, y está muy bien lo que el Instituto Elcano ha
reflexionado.


Turquía está conmemorando con grandes fastos su victoria de 1915
en Galípoli, que este año ha adoptado un cariz conflictivo al coincidir
con el centenario de los sucesos conocidos como el genocidio armenio, en
el que la población de armenios otomanos perdió más de un millón de
personas. Las celebraciones del aniversario de Galípoli comenzaron el
pasado 18 de marzo, fecha en la que una fuerza naval franco-británica
entró en el estrecho de Dardanelos para intentar tomar Constantinopla
—hoy Estambul— y fue rechazada por los cañones turcos.
Tradicionalmente, ese es el día fundamental para Turquía, mientras que
el 25 de abril es el que recuerdan Australia y Nueva Zelanda, miles de
cuyos soldados murieron en la batalla. Este año Turquía conmemoró también
una serie de ceremonias el pasado 24 de abril, que coincide precisamente
con el que evoca el inicio de la tragedia armenia.


El presidente armenio Sargsián acusó a su homólogo Erdogan de
sabotear el aniversario del genocidio, un término que los gobiernos
turcos siempre se han negado categóricamente a aceptar. Erdogan invitó a
Sargsián, junto con más de cien líderes mundiales, a asistir al
aniversario de Galípoli, después de recibir una solicitud de aquel para
que asistiera a la ceremonia de conmemoración del genocidio armenio ese
mismo día.


La decisión de Erdogan de celebrar la ceremonia de Galípoli el
mismo día del centenario armenio parece un cínico intento de desviar la
atención del mundo del que suele considerarse el primer genocidio del
siglo XX.


El centenario se ha recordado con la publicación de dos libros
escritos sin prejuicios, que además ponen el dedo en la llaga. Lo que sí
proporcionan los autores de estos libros son numerosas pruebas que
refutan la versión turca de los hechos. Los líderes de los Jóvenes Turcos
creían que los armenios eran enemigos internos aliados de Rusia en la
Primera Guerra Mundial —Turquía apoyaba a Alemania— y que
estaban conspirando para obtener su independencia como Estado. Siempre el
nacionalismo por detrás. Pero entonces, ¿por qué murieron tantos niños y
mujeres asesinados o de inanición después de que les desterraran al
desierto? La respuesta al nacionalismo separatista, como dice Erdogan
—también lo dice con los kurdos—, de unos pocos fue la
destrucción total de la comunidad étnica a la que pertenecían aquellos
nacionalistas armenios.


La tragedia armenia ocupa el debate histórico más antiguo y
enconado que existe en la actualidad, junto con otro también. Turquía
cerró la frontera con Armenia en 1939 en apoyo de su aliado Azerbaiyán,
que mantenía una disputa con Armenia por el enclave de Nagorno Karabaj.
En 2009 Turquía y Armenia acordaron una hoja de ruta para normalizar las
relaciones, y en ella se incluía el establecimiento de una subcomisión
para examinar la dimensión histórica de sus relaciones.


En 2010 se suspendieron los protocolos de Zúrich debido a la falta
de avances, y los grupos de la diáspora armenia pensaban que la
existencia de la comisión era una estratagema puesto que ya existían
pruebas voluminosas y muy bien documentadas. La comisión habría dado a
Turquía una oportunidad para reescribir su versión oficial de 1915, que
lo niega todo, y más de veinte países, entre ellos, Francia y el
Vaticano, han reconocido ya el genocidio.


La cuestión armenia ha dejado de ser un tema tabú en Turquía.
En 2005 Orhan Pamuk estuvo a punto de ir a la cárcel por hacer unos
comentarios polémicos sobre la matanza de armenios. Le acusaron de
insultar el carácter nacional turco; sin embargo, desde entonces las
versiones alternativas se han ido permitiendo cada vez más, aunque no se
ha abandonado la estrategia de negarlo todo. El año pasado el mismo
Erdogan, que estuvo en esta Casa, ofreció sus condolencias a las familias
de los armenios asesinados. Sus declaraciones fueron las más
conciliadoras hasta el momento y un gran paso para un dirigente turco,
pero significaron poco para Armenia, porque no llegó a pedir oficialmente
perdón.


Hay otros países que han afrontado los episodios incómodos de su
pasado, en especial Alemania. Turquía debe encontrar la manera de hacerlo
también. Y hay que recordar que Armenia ha celebrado este centenario con
una resolución del Parlamento Europeo, que ya en su resolución de 1987
reconoció que lo que le sucedió a los armenios de 1915 a 1917, el Imperio
otomano, representa un genocidio, según la definición de la Convención
para la prevención y la sanción del delito de genocidio, y rechaza
firmemente cualquier atentado de negación. Como tributo a la memoria de
un millón y medio de víctimas armenias inocentes, el Parlamento Europeo,
en representación de 28 países europeos, se unía a la conmemoración del
centenario del genocidio armenio e incitaba a la Comisión y al Consejo a
seguir su ejemplo. El Parlamento Europeo consideraba la prevención y la
sanción efectiva de los genocidios y los crímenes contra la humanidad
como una de las principales prioridades de la comunidad internacional. La
resolución contiene el importante mensaje para Turquía de utilizar la
conmemoración del centenario del genocidio armenio para reconciliarse con
su pasado, reconocer el genocidio y, de ese modo, pavimentar el camino
hacia una genuina reconciliación entre los pueblos turco y armenio.
Mediante la adopción de esta resolución, el Parlamento Europeo reafirmaba
una vez más su dedicación a la protección de los derechos humanos y a los
valores universales.


Finalizo con lo mismo con lo mismo que ha finalizado el senador
Aiartza, recordando aquello que Hitler dijo: ¿quién se acuerda de los
armenios? Pues miren, nosotros nos acordamos de los armenios y queremos
que se consagre que fue un genocidio y que esta moción sea aprobada por
casi la unanimidad.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president. Intervengo
desde el escaño, porque no quiero repetirme más.


En primer lugar, pediría a los grupos que todos tuviéramos la
tendencia, el objetivo, la voluntad, la ambición de intentar votar lo
mismo en el Parlamento Europeo, en los parlamentos autonómicos o, por
ejemplo, en el Senado. Repito que intentar votar lo mismo tendría que ser
una ambición de todos; si no, al final crearemos una confusión tremenda.
Y es que en el Parlamento Europeo se expresa un tipo de votación, y en
los parlamentos autonómicos de Baleares, Cataluña, Euskadi y Navarra
también ha habido pronunciamientos sobre este tema; y no quisiera
recordar ahora, para no hacer sangre, la intervención del señor Luna en
el Parlamento catalán, en el que defendió y votó a favor de una moción
similar. Insisto en que creo que debemos tener la misma ambición.


En segundo lugar, hay una cosa que me he olvidado decir en la
presentación de la moción, y es que también las Naciones Unidas se han
manifestado al respecto. En 1985 el señor Whitaker, relator especial para
la revisión de la Convención sobre el genocidio, de 1948, incluyó en su
informe, como antecedentes de genocidios, el genocidio armenio. Eso fue
votado y aprobado, evidentemente con la máxima presión de Turquía para
evitarlo.


Y quisiera terminar con dos cuestiones. Por ahora no se ha
producido, pero creo que instalarnos en un debate negacionista o
equidistante desde el punto de vista histórico sería una vergüenza.
Estamos hablando de un genocidio probado, constatado, estamos hablando de
sufrimiento, estamos hablando de secuelas que se arrastran hasta este
momento, y hacer eso sería, repito, una vergüenza. Podría aceptar, y
antes he dado mi opinión, el debate sobre cómo podemos ser más útiles,
cómo ayudar a recuperar la verdad, cómo ayudar al restablecimiento de la
normalización plena entre la República turca y la de Armenia, cómo ser
más útiles en nuestro compromiso de prevención de posibles futuros
genocidios.


Antes decía que la propuesta de esta moción es hacerlo siendo
claros, anteponiendo la verdad histórica por encima de cualquier otro
tipo de intereses y, sobre todo, buscando un efecto, el de lanzar este
mensaje a las autoridades turcas: señores, esto no está a debate porque
la historia demuestra que hubo un genocidio. Con lo cual, el debate debe
ser otro respecto de las relaciones entre Armenia y Turquía.


Insisto una vez más en pedir el voto favorable a esta moción.


Gràcies, president. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Plana.


El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.


Vull començar amb unes paraules del Papa Francesc en les quals diu
que la pau és un producte artesanal que es construeix dia rere dia amb
l’amor. Vul iniciar aquesta intervenció respecte al centenari del
que va succeir a territori de l’imperi Otomà en el qual les
actuacions al respecte dels ciutadans armenis van patir i van patir
d’una forma execrable.


Vull agrair el fet d’haver portat aquí, en aquest hemicicle,
una moció en la qual es fiqui damunt la taula aquest debat i després
també vull reiterar aquesta situació en la qual cal anar en la línia de
facilitar aquest punt d’entesa si és possible entre aquests dos
països.


S’han fet totes les rememoracions històriques, fins i tot
s’ha anat abans d’aquest any 1915 per intentar trobar una
explicació de per què es va actuar d’aquella manera per part de
l’Imperi Otomà respecte dels ciutadans armenis, i crec que és prou
important reiterar i mantenir les manifestacions fetes per diferents
parlaments, en aquest cas també pel Parlament Europeu, i les
manifestacions fetes pel Papa Francesc recentment, en una situació com
aquesta. També vull recordar un fet succeït l’any 2008 en el qual
es parlava de la diplomàcia del futbol. Que a partir d’un partit de
futbol entre Armènia i Turquia sembla ser que les relacions van començar,
no dic a suavitzar-se, però sí que hi va haver un primer punt de
trobada.


Per què ho dic això? Perquè nosaltres podem estar debatent aquí i
entenc el fons del senador Guillot de ficar pressió al govern turc, però
el que cal és que, d’una vegada per totes, hi hagi el posicionament
i el reconeixement o no, en aquest cas seria necessari que hi hagués el
reconeixement per part del govern turc. No vull dir que em grinyoli, no
ho agafi malament, però el punt número 4, quan diu que des d’aquí
s’ha de treballar amb les autoritats turques per trobar la fórmula
per realitzar una declaració del caràcter de genocidi d’aquells
fets, aquest punt és el que a mi més em costa, perquè al cap i a la fi sí
que es un element d’un crim contra la humanitat, si vostè vol, però
si demanaria també aquest respecte al punt de trobada que han de tenir
aquestes dues nacions. Per això fiquem aquest dubte al respecte.


Torno a insistir, primer en la bondat de la presentació
d’aquesta moció, en la línia que no és l’únic parlament que
ho ha fet, el Parlament Europeu també ha anat en aquesta línia, Però,
alhora, en la línia que el senador Tejera també ha manifestat amb la seva
esmena d’intentar d’una manera o altra vestir aquella base en
la qual es puguin trobar uns punts d’entesa per part de les dues
parts, no em sembla malament, i una cosa no ha de ser excloent de
l’altra.


Vull reiterar el nostre refús total envers aquesta situació
continuada de 100 anys d’una situació injusta, execrable que va
provocar la mort de milers i milers i milers de persones que no tenien
res a veure, de persones que anaven més enllà d’aquella situació,
fins i tot d’aquells efectes colaterals que malauradament
s’utilitzen amb aquell llenguatge macabre relacionat amb les
guerres que malauradament tenim en aquest món. Per això aquest
posicionament que li explicito, senyor Guillot.


Per la nostra part, la nostra intervenció acabarà aquí.


Gracias, presidente.


Quisiera empezar con unas palabras del papa Francisco, que dice
que la paz es un producto artesanal que se construye día tras día con el
amor. Quiero iniciar esta intervención refiriéndome al centenario de lo
que sucedió en territorio del Imperio otomano, a las actuaciones respecto
de los ciudadanos armenios, que sufrieron de una forma execrable.


Agradezco que se haya traído aquí, a este hemiciclo, una moción
con la que se pone sobre la mesa este debate. Y también quiero reiterar
que en esta situación es preciso avanzar en la línea de facilitar un
punto de entendimiento, si es posible, entre esos dos países.


Se han hecho todas las rememoraciones históricas, e incluso se ha
hecho alusión a antes del año 1915, a fin de intentar encontrar una
explicación de por qué el Imperio otomano actuó de esa forma con respecto
a los ciudadanos armenios. Y creo que es suficientemente importante
reiterar y mantener las manifestaciones hechas por distintos Parlamentos,
en este caso también por el Parlamento Europeo, así como las
recientemente realizadas por el papa Francisco ante una situación como
esta. También quiero recordar un hecho sucedido en el año 2008, cuando se
hablaba de la diplomacia del fútbol; y es que, al parecer, a partir de un
partido de fútbol entre Armenia y Turquía las relaciones empezaron, no
voy a decir que a suavizarse, pero sí a tener un primer punto de
encuentro.


¿Por qué menciono esto? Porque aquí podemos debatir, y entiendo el
fondo de lo que dice el senador Guillot, es decir, ejercer presión sobre
el Gobierno turco, pero lo que necesitamos es que, de una vez por todas,
se produzca el posicionamiento y el reconocimiento —o no, aunque en
este caso sería necesario que se produjera— del Gobierno turco. No
voy a decir que no me suena bien —no se lo tome a mal—, pero
me cuesta más aceptar el punto 4, en el que se dice que a partir de aquí
hay que trabajar con las autoridades turcas para el reconocimiento del
carácter de genocidio de esos hechos. Ese punto me cuesta más porque, al
fin y al cabo, sé que es un crimen contra la humanidad, si usted quiere,
pero también —insisto— pido respeto a un punto de encuentro,
tan necesario entre estas dos naciones, y precisamente por eso tenemos
esta duda al respecto.


Vuelvo a insistir, primero, en la bondad de la presentación de
esta moción, máxime cuando no es el único Parlamento que lo ha hecho
—el Parlamento Europeo también ha avanzado en esta línea—;
pero lo manifestado por el senador Díaz Tejera en la defensa de su
enmienda, en el sentido de intentar, de un modo u otro, vestir la base
sobre la cual se puedan encontrar puntos de entendimiento por ambas
partes, tampoco me parece mal. Y creo que una cosa no excluye la
otra.


Reitero nuestro total rechazo a esta situación injusta, execrable
y continuada, que provocó la muerte de miles y miles de personas que no
tenían nada que ver, personas que se encontraban mucho más allá de esa
situación y de sus efectos colaterales, para los que, lamentablemente, se
utiliza el lenguaje macabro relacionado con las guerras que
desgraciadamente se producen en este mundo. De ahí el posicionamiento que
estoy explicitando, señor Guillot.


Por nuestra parte, nada más. Nuestra intervención finaliza
aquí.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Buenas tardes. Con la venia, señor
presidente.


Saludos a todos y a todas, y especialmente a doña Montserrat Riqué
Bellver, que nos acompaña en el día de hoy.


Hay tres asuntos que deberíamos abordar en esta materia. Primero,
los hechos; segundo, la categorización de tales hechos; y tercero, cómo
ser útiles. En torno a los hechos, este senador, representando al Grupo
Socialista, ha fijado posición en el Consejo de Europa, ha firmado
manifiestos como vicepresidente del Grupo Socialista en el Consejo y ha
expuesto razones en el Plenario y en comisión. Y también aquí, en España,
como senador, estuve en la catedral de la Almudena. Yo soy agnóstico,
pero aquello era una celebración que nos pedía Avet Adonts, el embajador
de Armenia, y también el arzobispo de la más vieja religión cristiana,
del año 301; porque veintiún años más tarde Roma asume el cristianismo
como religión oficial, pero la más vieja religión cristiana es la
armenia, que tiene su propio rito.


Con esto quiero decir, en torno a los hechos, que creo que nadie
los cuestiona. Algunos pueden criticar la cantidad —800 000, dicen
algunos, 1,5 millones, dicen otros—, pero lo cierto es que cientos
de miles de inocentes fueron asesinados. Y hay definiciones a este
respecto. Antes citaba a Tony Judt, y pido permiso al señor presidente,
porque sé que el Reglamento de la Cámara prohíbe leer, pero en ocasiones,
cuando se trata de la cita de un autor, me parece que lo más riguroso es
leer exactamente lo que dice. Pues bien, Tony Judt dice: «El siglo XX
corre el riesgo de convertirse en un palacio de la memoria moral, en una
suerte de cámara de los horrores históricos de utilidad pedagógica, cuyas
estaciones se llaman Munich, Pearl Harbor, Auschwitz, Gulag, Armenia,
Bosnia o Ruanda, con el 11 de septiembre como especie de sangrienta
posdata.» Aquí habría que añadir la Kampuchea Democrática, Sierra Leona y
también la antigua Yugoslavia, porque son lugares en los que se ha
reconocido que ha habido genocidio. De ahí los tribunales internacionales
de Ruanda o de la antigua Yugoslavia.


Y hay un autor muy querido por quien presenta la moción, que es
Frigolé Reixach, que establece claramente la diferencia entre masacre y
genocidio. Y disculpen la traducción, directamente del catalán, que no es
mi lengua materna ni la hablo nunca, ni siquiera en la intimidad. Frigolé
Reixach dice: «El genocidio mata a procreadores y procreados, los
segundos por el hecho de ser hijos de los primeros y porque representan
una garantía de reproducción futura de los primeros. El genocidio quiere
truncar de manera definitiva la cadena genealógica y así suprimir la
reproducción de un grupo. El genocidio tiene una duración relativamente
breve, pero pretende tener un impacto eterno.»


Hay muchos otros autores que podemos seguir citando, e incluso el
artículo 2 de la Convención del año 1948, que entró en vigor en el
año 1951. Pero el debate, como decía antes el senador Guillot, y con
razón, no es un debate entre historiadores, no es un debate entre
juristas. Por eso, en torno a los hechos no se discute que hubo cientos
de miles de inocentes que fueron exterminados. Eso no se discute. Hechos
absolutamente execrables e ignominiosos. Lo más abyecto del ser humano se
manifestó en ese periodo de tiempo. En torno a los hechos, toda la Cámara
está de acuerdo. Podemos rivalizar en el uso de unos u otros adjetivos,
pero, insisto, todos la Cámara está de acuerdo en torno a los hechos. En
cuanto al punto tercero que les propongo, también estamos todos de
acuerdo: todos queremos ser útiles; de ahí los apartados tercero y quinto
de la moción del señor Guillot, que son tremendamente propositivos. En
ese sentido quiero valorar el esfuerzo hecho en el día de ayer por el
senador Guillot, el senador Chiquillo y un servidor de ustedes para
llegar a una posición común, porque todos reconocemos los hechos y todos
queremos ser útiles. La única diferencia está en la categorización, en el
uso de la expresión del genocidio, bien con conceptos jurídicos del
artículo 2 de la Convención de 1948, que entró en vigor en 1951, bien con
conceptos antropológicos, como algunos de los autores que he citado
ahora.


Y es verdad que hay 22 países, de 192, que usan la expresión y,
añado más, a favor de la tesis del ponente. Así, el presidente del
Bundestag alemán, Norbert Lammert, la usa. El presidente de la República
de Alemania, Joachim Gauck, también la usa. Pero, permítanme que cite a
dos autores más. En primer lugar, a la vicepresidenta del Parlamento
Europeo —ya que lo han citado, lo vuelvo a subrayar—, que
califica lo acontecido de atrocidad horrorosa, la califiquen como la
califiquen. Es la expresión que usa de manera exacta. Y Marie Harf, la
portavoz del Departamento de Estado de la república de Estados Unidos de
América del Norte —porque América es un concepto mucho más
amplio—, habla de la necesidad de un reconocimiento completo,
franco y justo. Pero si me tengo que quedar con una cita, a pesar de que
coincido también con el señor Anasagasti en la cita que ha hecho Recep
Tayyip Erdogan —por cierto, antes el senador Griñán me explicaba
que los apellidos armenios acaban en an, y es curioso que el apellido del
presidente de la República de Turquía también acabe en an, con lo cual el
origen pudiera ser armenio—, me quedo con la de una armenia nacida
hace veintisiete años en El Líbano, María Dosselman. Dice así: «Hay que
mirar hacia adelante. No podemos anclarnos en el pasado. Tenemos que
seguir y dejar atrás el odio. Quiero pasar página. No tengo como enemigos
ni a Israel ni a Turquía.»


¿Qué es lo que viene a plantear respecto del tercer apartado que
antes he apuntado? Ser útiles. Comparto muchas de las razones que aquí se
han expuesto, pero los socialistas tenemos una pasión por ser útiles en
todos los ámbitos: en los ámbitos de la privacidad del ser humano y en el
ámbito del ser humano como integrante de un grupo, o sea, lo que dice el
artículo 9.2 de la Constitución: «Corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos en la vida política, económica, cultural y
social.» Promover, remover, facilitar; una actitud proactiva en torno al
individuo, en torno a la libertad y la igualdad del individuo como tal y
como parte de un grupo. Y en el ámbito de las relaciones internacionales,
también. Digamos que cuando uno va cumpliendo años reduce las
aspiraciones de cambiar muchas cosas, pero en las pocas que puedas hacer
en tu pequeño ámbito, en la medida de lo posible hay que intentar ser
útil. Hay conflictos que estamos viviendo en el caso del Consejo de
Europa, donde hay 47 países, y hablamos con ellos pero no hay manera de
ser útiles. Por ejemplo, cuando el ejército armenio, con el apoyo del
ejército ruso, se comió el 30 % de Azerbayán, las siete provincias y
Nagorno Karabaj. Hubo un conflicto entre armenios y azeríes de no
reconocimiento de fronteras, de no reconocimiento de soberanía, de no
reconocimiento de integridad territorial. Y ahí, por mucho que lo
digamos, no somos útiles. Sin embargo, en este conflicto entre turcos y
armenios creo que podemos ser útiles, porque cuando he hablado con los
turcos y con los armenios he encontrado que hay margen porque son hechos
de hace cien años. Entonces, lo relevante hoy es mostrar nuestras
condolencias hacia los que sufrieron, y de ahí la conmemoración del
centenario, estar con las víctimas, estar con los que sufrieron
—antes de nada, estar con ellos y con ellas—, y luego tratar
de ser útiles. De ahí la propuesta de la enmienda y de ahí la propuesta
de este razonamiento: tratar de ser útiles para que después de este
debate en el Senado de alguna manera coadyuvemos al avance en las
relaciones de estos dos pueblos y vuelvan a establecer vínculos
diplomáticos, para que pueda haber una conversación fluida entre personas
que tienen puntos de conflicto. De igual manera que los Parlamentos se
hacen, no para que los amigos hablen entre sí —para eso comen,
beben o bailan—, sino para que los enemigos hablen entre sí, porque
es mejor que hablen a que haya guerra, también las relaciones
diplomáticas se establecen para hacer posible la relación entre los
pueblos. Esa es la razón de ser de nuestra enmienda, esa es la razón de
ser de nuestra intervención y esa es la razón de ser de las palabras que
he pronunciado aquí, agradeciéndole al presidente los diecisiete segundos
de benevolencia.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo como portavoz del Grupo Parlamentario Popular
para fijar nuestra posición sobre la moción que estamos debatiendo, pero
antes, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que apoya al Gobierno
de España, quiero decir que España ha condenado y condena, y se ha
solidarizado y se solidariza con los centenares de miles de víctimas y
sus familiares que sufrieron las masacres y la atrocidad, hace ahora cien
años, en tiempos del Imperio otomano.


Quiero empezar mi intervención, como siempre hago en los debates
en que ha habido referencias a antecedentes parlamentarios, haciendo
también alguna referencia para llamar al sentido común y apelar a alguno
de los grupos a que reconsidere la posición manifestada en su turno. El
pasado 22 de abril, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso se
guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas armenias y otras
que perdieron sus vidas durante los trágicos acontecimientos que tuvieron
lugar en Anatolia oriental, entonces parte del Imperio otomano, en 1915
y 1916. Ha habido diversos debates parlamentarios en 2012 y antes, y
quiero hacer referencia al debate de 2012 en el Congreso de los
Diputados, porque los antecedentes utilizados en las intervenciones de
los grupos parlamentarios Popular y Socialista coincidían en algunos
argumentos que quiero que consten en sede parlamentaria.


En primer lugar, entendemos que esta moción no debería prosperar
porque entraña una dificultad de la interpretación histórica y de la
propia cuestión de revisionismo histórico que conduce a un callejón sin
salida. A pesar de que el portavoz del grupo proponente ha opinado lo
contrario, entendemos que este tipo de declaraciones e iniciativas no
ayudan a lo que en teoría es su objetivo —usted piensa una cosa y
yo pienso la contraria—. En muchas ocasiones no se consigue justo
lo que se pretende, y tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo
Parlamentario Socialista lo han dicho en diversos debates en las Cortes
Generales en los últimos diez años. Es más, no disminuyen la tensión ni
favorecen el entendimiento. Y ya que hemos hecho referencia a Cámaras
parlamentarias de países europeos, el caso más claro es el de la Asamblea
Nacional Francesa hace unos años, y recientemente, con una moción muy
parecida en sus términos a la que hoy se ha presentado, que de nuevo
abrió heridas que estaban en un proceso muy difícil de cicatrizar y no
ayudó en ningún momento al objetivo de todos, que es el acercamiento
entre Armenia y Turquía.


Este acercamiento, que comenzó con la firma en octubre de 2009 de
los protocolos de Zúrich y que apoyó el Gobierno español de entonces
—Partido Socialista—, lo celebró con un comunicado público. Y
entendemos —también lo hace el Gobierno actual— que se debe
continuar avanzando en esa línea, en la del entendimiento y el
acercamiento diplomático entre ambas partes, Armenia y Turquía. Es una
solución dialogada, difícil, pero tenemos que intentar por todos los
medios que los dos gobiernos, que los dos países vayan en esa línea sin
interferencias y presiones; y los Estados miembros de la Unión Europea y
de la comunidad internacional podemos coadyuvar a ese objetivo.


Hacemos bien manteniendo la posición del anterior Gobierno
socialista y del actual, en el sentido de que tenemos que avanzar y
promover el acercamiento entre ambos países, Turquía y Armenia, y apoyar
una solución dialogada del conflicto.


Les invito a que lean el Diario de Sesiones del último apasionado
debate en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, en mayo
de 2012, y lo que decía la portavoz del Grupo Socialista, que suscribe el
Gobierno de España de hoy, en 2015: Vale la pena invertir esfuerzo en
intentar que el conflicto lo resuelvan las partes involucradas, Armenia y
Turquía.


El Gobierno socialista apoyó decididamente el acercamiento que
significaron los protocolos de Zúrich de 2009 y consideramos que
corresponde a ambos países fijar cómo gestionar el desencuentro de ese
conflicto para poner fin a los episodios que pertenecen a su historia y
hacerlo de la manera que consideren más oportuna; entendemos que podíamos
encontrarnos, paradójicamente, con la aprobación por esta Cámara de una
moción que podía tener el efecto contrario de lo que los proponentes
pretenden y no ayudaría a disminuir la tensión ni a llegar a un camino de
entendimiento entre Turquía y Armenia; diálogo, acuerdo y palabra.


No es un tema sencillo, a pesar de lo que ha dicho en sus primeras
palabras el portavoz del grupo proponente, que era una moción sencilla.
Todo lo contrario, es una moción terriblemente complicada. ¿Por qué?
Porque hay planteamientos jurídicos e históricos. Y no voy a entrar en
los temas jurídicos: lo que dice nuestro Código Penal, lo que dice el
artículo 607, lo que dice el artículo 131 —no prescriben,
indudablemente—, lo que dice de la institución jurídica de la
justicia universal la Ley Orgánica de 2014 o lo que dice el estatuto de
Roma, pero lo que sí está claro es que los responsables serían, en todo
caso, personas naturales, nunca las organizaciones-estado o entidades,
según el tenor literal de la legislación internacional vigente. Ahora
bien, sobre todo estamos hablando de un tema histórico, que ocurrió hace
cien años y que lamentamos, rechazamos y condenamos con todas nuestras
fuerzas, porque yo soy católico y soy prácticamente y atiendo los
consejos y recomendaciones de la santa madre iglesia, porque soy
católico, apostólico y romano. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por
favor.


El senador CHIQUILLO BARBER: Pero esta cuestión es histórica y
jurídica, y la tienen que encauzar las dos partes en conflicto.


En el Grupo Parlamentario Popular entendemos que no es positivo
abrir un proceso de revisionismo histórico porque, si tuviéramos en
cuenta desde el día 1 de enero del año 1900 al día 1 de enero del 2015,
en esta Cámara no haríamos otra cosa que hablar de matanzas y de
vulneración de derechos humanos en demasiados rincones del mundo,
desgraciadamente, y creo que no es lo procedente.


Sencillo no es, señor Guillot, ni es frívolo. Yo señalaba razones
incluso sobre el significado jurídico y el significado coloquial de la
expresión matanza, crímenes de lesa humanidad, genocidio, y creo que es
un terreno muy jurídico y muy técnico, y aquí somos una Cámara
parlamentaria, no somos ni un juez sumarísimo ni una institución
judicial. Por lo tanto, el significado jurídico en su conjunto mueve a
muchas personas a calificar algunos hechos delictivos, rechazables y
condenables —como condenamos— con unas consideraciones
técnicas y jurídicas que no proceden, a pesar de que las corrientes
doctrinales dicen lo que dicen y hay división de opiniones: posición A,
posición B y posiciones eclécticas en el mundo jurídico. El crimen de
genocidio si se distingue de otros crímenes es por el dolo especial, y
así lo ha dicho el Tribunal Penal Internacional en diversos casos
ocurridos en el siglo XX; ese dolus specialis reside en la intención
específica de destruir en todo o en parte un grupo nacional. Eso
corresponde a los órganos judiciales, nunca a un Parlamento y, en todo
caso, expertos históricos y jurídicos y las partes son las que tienen que
mediar y avanzar en esa dirección.


Eso es precisamente lo que decía el protocolo de Zúrich de 2009,
que muy acertadamente recogía en su enmienda el Grupo Socialista y que el
Grupo Popular veíamos como un camino al entendimiento y a la no
distorsión y a la no presión a las partes implicadas, porque un crimen
contra la humanidad como el genocidio, repito, es un término jurídico y
no se puede atribuir a los países a la ligera. No ha habido ninguna
resolución judicial y la falta de consenso entre historiadores y
académicos es evidente; a pesar de que usted ha utilizado unos, yo podría
utilizar un largo etcétera de eminencias que ponen en duda algunas de las
cuestiones para definir el tipo penal como genocidio. Entiendo que los
parlamentos no son sede judicial, son para el debate parlamentario y
tenemos que ir en la línea de apelar a la llamada para construir un
futuro desde la palabra.


Yo le pido que retire la moción, como se hizo en el Congreso de
los Diputados: que demos una oportunidad al diálogo. Usted ha citado 22
países de la comunidad internacional que apoyan el reconocimiento del
genocidio. ¿Sabe cuántos países no lo reconocen? 168, cinco sextas partes
de los Estados, incluida España, no reconocen el denominado genocidio. Lo
que tenemos que hacer es, como dice la vicepresidenta del Consejo,
intentar el diálogo, agotar todas las vías de diálogo y la Unión Europea
tiene que incentivarlo, donde lo importante es la reconciliación. Y
entendemos que esta moción hoy no ahonda en el camino de la
reconciliación.


El grupo informal de amigos de Turquía, a raíz de la resolución
del Parlamento Europeo, ¿saben lo que dijo? Que la presión externa
respecto al reconocimiento del genocidio no ayuda a la reconciliación. En
la misma línea, la vicepresidenta de la Comisión dijo que esta apertura
no contribuía a la reconciliación...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El senador CHIQUILLO BARBER: ... y por eso el Grupo Parlamentario
Popular va a votar en contra de esta moción, porque la posición del
Gobierno de España es seguir apoyando lo que se firmó en Zúrich en 2009,
es decir, los esfuerzos internacionales para que las partes, con una
comisión de expertos mixta armenia-turca e internacional haga un examen
científico imparcial de toda la documentación y se contribuya con esos
trabajos al acercamiento entre los pueblos.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El senador CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.


España no reconoce ese genocidio.






Lamenta las atrocidades
cometidas, lamenta el sufrimiento del pueblo armenio, pero entiendo que
hay que dejar que la diplomacia avance y no presionemos desde un
parlamento la libre voluntad de dos pueblos que, Dios quiera, Dios
quiera, lleguen a la reconciliación por el bien de sus países.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.


Llamen a votación. (Pausa.—El señor Guillot
Miravet pide la palabra).


¿Si, senador Guillot?


El señor GUILLOT MIRAVET: No quiero polemizar con nadie, sino
hacer referencia a lo que ha propuesto el portavoz de Convergència i
Unió. Si se hubiera presentado una enmienda yo hubiera retirado el punto
número 4 de esta moción —tampoco creo que sea de los
fundamentales—. No sé si el Reglamento autoriza que pueda retirar
ahora de viva voz el apartado 4 de la moción.


El señor PRESIDENTE: No, señoría.


El señor GUILLOT MIRAVET: Ya lo imaginaba. Pero, como mínimo,
quiero expresar la voluntad respecto a la intervención del portavoz de
Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.
(Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 213;
votos emitidos, 212; a favor, 14; en contra, 130; abstenciones, 68.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Y DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000117

Hacienda y Administraciones Públicas


El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1.
y 6.1.1.


El señor PRESIDENTE: Señorías, no vamos a parar para almorzar y,
por lo tanto, entraremos ahora en el debate de los vetos, pero la
votación de los vetos, como siempre, no será antes de las cuatro de la
tarde. (Rumores).


Señorías, guarden silencio por favor.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente
de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, el senador
Sanz.


El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).


Señoras y señores senadores, el proyecto de Ley Orgánica de
modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
financiación de las comunidades autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, tuvo su entrada en esta Cámara y fue publicado el pasado
día 24 de abril de 2015. Se tramita por el procedimiento de urgencia y el
plazo de presentación de enmiendas y de propuestas de veto finalizó en
principio el pasado día 28 de abril, pero fue ampliado hasta el pasado
día 30.


Se presentaron 7 propuestas de veto y 99 enmiendas, de las cuales
una de ellas fue inadmitida por falta de congruencia material con el
proyecto de ley. Las propuestas de veto fueron presentadas por los
siguientes senadores o grupos: la número 1 por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto; la número 2 por la
señora Capella i Farré, del Grupo Mixto; la número 3 por la señora Julios
Reyes y el señor Quintero Castañeda, también del Grupo Mixto; la número 4
por los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa; la
número 5 por la señora Almiñana Riqué y los señores Boya Alós, Bruguera
Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora
Sequera García, del Grupo Entesa; la número 6 por el Grupo Socialista, y
la número 7 por el Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Por su parte, las enmiendas se distribuyeron de la siguiente
forma: enmiendas números 1 a 4, presentadas por los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto; las números 5 a 20, de
la senadora Julios Reyes y el senador Quintero Castañeda, del Grupo
Mixto; las números 21 a 40, de la senadora Capella i Farré, del Grupo
Mixto; las números 41 y 42, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado;
las números 43 a 59, del Grupo Entesa; números 60 a 69, del Grupo
Parlamentario Socialista; números 70 a 94, del Grupo Catalán en el Senado
Convergència i Unió, y las números 96 a 99, que presentó el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El pasado 6 de mayo se reunió la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas, que acordó designar la siguiente ponencia para
informar este proyecto de ley: por el Grupo Popular, don Juan Antonio de
las Heras Muela y don José Joaquín Peñarrubia; por el Grupo Socialista,
don Joan Lerma Blasco y don Juan María Vázquez García; por el Grupo
Catalán, el senador Ferran Bel Accensi; por el Grupo Entesa, don Jordi
Guillot Miravet; por el Grupo Vasco, la senadora Martínez Muñoz y por el
Grupo Mixto don Isidro Martínez Oblanca.


Como he comentado, dicha ponencia se reunió y elevó a la comisión
el informe que introducía como modificaciones en el texto remitido por el
Congreso de los Diputados las enmiendas 96 a 99, que había presentado el
Grupo Popular, así como la corrección de algunos errores materiales.


La comisión procedió a dictaminar el proyecto y, tras ese debate,
se votaron las propuestas de veto, quedando todas ellas rechazadas.
Posteriormente, se debatieron las enmiendas y, finalmente, se sometió a
votación el texto propuesto por la ponencia en su informe, resultando
aprobado por 15 votos a favor y 10 en contra.


Ha presentado votos particulares el Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado respecto a las enmiendas 40 y 41. El Grupo Mixto, respecto a
las propuestas de veto números 1, 2 y 3, y a las enmiendas 1 a 40. El
Grupo Catalán Convergència i Unió, respecto a su propuesta de veto
número 7 y a las enmiendas 70 a 94. El Grupo Socialista, respecto a su
propuesta de veto número 6 y a las enmiendas 60 a 69. Los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa, respecto a su
propuesta de veto número 4. Los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y
Sequera García, del Grupo Entesa, respecto a su propuesta de veto
número 5, y el Grupo Entesa respecto a sus enmiendas 43 a 52 y también
respecto a sus enmiendas, en otro escrito posterior, 53 a 59. Además el
Grupo Entesa y el Grupo Socialista instan en sus respectivos votos
particulares a la vuelta al texto del Congreso en la parte enmendada por
las enmiendas 96 a 99, aprobadas en la comisión.


Muchas gracias, señoras y señores senadores. Muchas gracias,
señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Pasamos a debatir los vetos. En primer lugar, el veto número 1,
de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.


Para la defensa del veto, tiene la palabra el senador señor
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, defiendo el veto formulado por los senadores Mariscal
Cifuentes y yo mismo desde la constatación, en primer lugar, de que la
presentación de este proyecto significa la expresa renuncia del Gobierno
a afrontar dos cuestiones que, por una parte, son compromisos electorales
y, por otra, demandas reiteradas de las administraciones afectadas; un
nuevo modelo de financiación autonómico y un nuevo modelo de financiación
local. Además, en el caso concreto de la financiación autonómica se
supera con la situación actual las previsiones de la Ley 22/2009, que
introducía como cuestión que a partir del 1 de enero de 2014 debiera
haber un nuevo modelo fruto de la revisión del previsto en esta ley.


España, para no ser formalmente intervenida —y enlazo con
el debate de la moción en torno a Europa que antes discutimos—, ha
asumido que los hipotéticos interventores pongan en cuestión nuestro
modelo económico, nuestro modelo social e incluso también nuestro modelo
institucional, nuestro modelo político. No solo las exigencias del
cumplimiento de los objetivos de déficit han condicionado una devaluación
de las condiciones de vida de los españoles, un recorte en materia
salarial, en servicios públicos y en prestaciones, sino que se han
traducido en una devaluación del Estado de las autonomías. Nada de ello
ha sido puesto en cuestión por el Gobierno de don Mariano Rajoy porque
resulta acorde con los principios ideológicos del Partido Popular: menos
Estado para que se amplíen los ámbitos del mercado y, dentro de esta
reducción del Estado, más Estado central y menos Estado autonómico.


De ahí que a lo largo de esta legislatura hayan sido una
constante, por un lado, los guiños a la Comisión Europea en todos los
memorandos que se han presentado —en el último, al que hacía
referencia también en el debate sobre Europa— en línea con la
desconfianza, en mi opinión incomprensible, que la Comisión Europea
mantiene hacia nuestra descentralización política; no resulta entendible
que siendo el eje vertebrador de la política europea Alemania, un Estado
federal, la prioridad a la hora de dirigirse a nuestro país sea poner en
cuestión esa descentralización política. Y, por otro lado, ha sido
también una constante la sucesión de proyectos que drenan competencias de
las comunidades autónomas en favor de la Administración central del
Estado.


En el pasado Pleno teníamos un ejemplo, que yo considero de lo
más ilustrativo, de hasta qué punto se quiere llegar en este proceso de
recentralización: el proyecto de patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué
necesidad tiene la Administración central del Estado, qué necesidad puede
tener —imagino que en esta cuestión no habrá entrado la Comisión
Europea— en que esta materia sea fundamentalmente competencia del
Estado a partir de ese proyecto y no se mantenga la situación
preexistente en la que la competencia lógica era de las comunidades
autónomas?


El Gobierno de la nación, a través de este proyecto de ley, se
habilita a sí mismo para intervenir más en la ejecución de los
presupuestos de las comunidades autónomas, en este caso a través del
mecanismo de retención de una parte de los ingresos que debía transferir
a estas en cumplimiento del modelo de financiación aún vigente —y
que, lógicamente, cuando las comunidades autónomas han aprobado el
presupuesto correspondiente las han consignado como ingresos
previsibles— para pagar a las corporaciones locales las cantidades
pendientes por convenios y transferencias relacionados con servicios
públicos esenciales, como educación, sanidad y servicios sociales,
exigibles a 31 de diciembre de 2014, que sean líquidos y exigibles. Y
esto nos plantea un nuevo problema: frente a la voluntad del Gobierno de
la nación de intervenir la ejecución presupuestaria de las comunidades
autónomas, para justificar esa decisión y además poder llevarla a cabo se
atribuye implícitamente la facultad de decidir qué es líquido y qué es
exigible; no van a ser los deudores, no van a ser las comunidades
autónomas las que decidan lo que es líquido y exigible, sino que será la
Administración central del Estado la que lo determine. Se trata, por
tanto, en la práctica de una doble intervención y de una doble reducción
de las competencias de las comunidades autónomas.


Yo puedo compartir con el Gobierno y con el Partido Popular la
necesidad de que los ayuntamientos perciban aquellas cantidades a las que
tienen derecho, pero tal preocupación —compartida, insisto—
casa mal con otras iniciativas del Gobierno de España. Si tanta
preocupación hay porque los ayuntamientos reciban las cantidades que
precisan para prestar estos servicios públicos esenciales, ¿por qué
desde 2012, presupuesto general del Estado a presupuesto general del
Estado, se han venido reduciendo las consignaciones que tradicionalmente
iban dirigidas a esta finalidad?¿Por qué se ha extinguido prácticamente
el plan concertado de servicios sociales con las corporaciones locales?
¿Por qué se ha reducido la financiación de la red básica de servicios
sociales y extinguido la de la ayuda a domicilio? Todo ello sacrificado a
las nuevas divinidades de cumplimiento del objetivo de déficit.


Por otro lado, las dificultades de las corporaciones locales no
responden exclusivamente a los impagos de las comunidades autónomas,
responden también a que esos impagos, en primer lugar, no son fruto de
una voluntad deliberada y rebelde de las comunidades autónomas de no
cumplir sus compromisos con los ayuntamientos, sino que son fruto de que
la distribución del objetivo de déficit que ha realizado el Gobierno de
la nación desde el año 2012 favorece a la Administración central del
Estado y sanciona a comunidades autónomas y a ayuntamientos. Las
dificultades económicas de los ayuntamientos también responden a esos
objetivos de déficit cero que se les han impuesto y las dificultades de
las comunidades autónomas en transferir los recursos o pagar a los
ayuntamientos responden a que en 2012 la Administración central del
Estado se reservó el 4,5 % de objetivo de déficit; a las comunidades
autónomas les atribuyó el 1,5 % y a las corporaciones locales el 0,3 %.
En 2013, Administración central, 2,5 %; comunidades autónomas, 0,5 %;
corporaciones locales, cero. 2014, Administración Central, 4,5 %;
comunidades autónomas, 1 %; corporaciones locales, cero. 2015,
Administración central, 2,9 %; comunidades autónomas, 0,7 %;
corporaciones locales, cero.


Por otra parte, este proyecto de ley amplia las facultades de
control de la Administración central sobre las operaciones de
endeudamiento y de concesión de avales y reavales por parte de las
comunidades autónomas. Y seguramente en alguna comunidad autónoma se
habrá actuado con frivolidad a la hora de acudir a los mecanismos de
endeudamiento, a la hora de conceder avales o reavales, pero esa no es la
realidad del conjunto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, la
respuesta no debería ser una modificación legal, sino una actuación
directa sobre las comunidades autónomas que han desarrollado estas
prácticas, y no pongo nombres para no ofender más de lo imprescindible a
los señores senadores del Partido Popular, pero en la cabeza de todos
está cuáles han sido fundamentalmente estas comunidades autónomas.


Si estos motivos o estas razones para presentar el veto eran
coincidentes con las que sirvieron para presentar la enmienda de
totalidad en el Congreso frente al texto original que allí llegó, la
tramitación parlamentaria en la Cámara baja ha dado lugar a
modificaciones respecto a aquel que se convierten ahora en nuevos motivos
para formular el veto por parte de los senadores Mariscal Cifuentes y yo
mismo. A través de las enmiendas que fueron incorporadas en esta
tramitación parlamentaria se han modificado 7 leyes más: la Ley general
de sanidad, la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo, la Ley de medidas fiscales
administrativas y de orden social, la Ley de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud, la Ley general presupuestaria, la Ley de
factura electrónica y registro contable de facturas y, por si faltaba
algo, la Ley de loterías y apuestas del Estado. Todo ello, por supuesto,
como no estaba incorporado al proyecto original aprobado en el Consejo de
Ministros, sin ningún tipo de informe de los órganos que preceptivamente
lo debían realizar.


Por citar la última ley, la Ley de loterías y apuestas del
Estado, sigo sin ver la relación con el proyecto original de que se cree
una sociedad estatal de loterías y apuestas del Estado que sustituya al
ente existente hasta este momento. La conexión con el resto del proyecto
resulta absolutamente nula.


Por otro lado, en virtud de estas enmiendas asumidas en la
tramitación parlamentaria en el Congreso, se limitan las competencias
sanitarias de las comunidades autónomas en materia de gasto sanitario, al
establecer límites en el gasto, vinculándolo al crecimiento del producto
interior bruto y estableciendo sanciones en casos de incumplimiento, como
en el caso de imposibilidad de aprobar la cartera de servicios
complementarios y condicionando a través de estos mecanismos el acceso de
las comunidades autónomas al reparto de recursos en materia sanitaria. De
nuevo, estamos ante una intervención de competencias de comunidades
autónomas absolutamente injustificada. El gasto sanitario, salvo el
hospitalario, había tenido una contención notable en los últimos años,
más allá de que los cuestionados y rechazados mecanismos de copago se
hayan traducido en ahorros, en nuestra opinión, no deseados.


Por tanto, concluyo. Nuestro veto se basa fundamentalmente en
entender que, por un lado se plantea un proyecto de ley de nuevo
recentralizador, que invade competencias autonómicas, dando una vuelta de
tuerca más, y lo hace aún más gravoso en el trámite parlamentario en el
Congreso, y además se hace sin resolver los problemas de fondo: la
necesidad de una ley de financiación autonómica y la necesidad de un
nuevo sistema de financiación local. No son los corsés los que van a
solucionar los problemas de financiación de comunidades autónomas y
corporaciones locales, sino que serán sistemas de financiación más
solidarios, en los que se establezcan mayores posibilidades de
participación en recursos que en este momento se reserva el Estado, los
que pueden dar la respuesta adecuada a estas necesidades.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


La propuesta de veto número 2 está firmada por la senadora
Capella i Farré. Para su defensa, tiene la palabra.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, ¿les suenan de algo los conceptos recentralización,
laminación de competencias y homogeneización? Deberían sonarles porque
son una constante calificación por lo que respecta a Esquerra Republicana
en cuanto a gran parte de los proyectos de ley, que han terminado siendo
ley, en esta legislatura. Una vez más la deslealtad del Partido Popular
hacia Cataluña queda plasmada por lo que nosotros pensamos y creemos en
este nuevo ataque a su autogobierno. Es un proyecto de ley que asfixia
económicamente no solo a Cataluña, sino también a las demás comunidades
autónomas, y ahoga, en definitiva, a la ciudadanía.


Ese dicho que dice Dios aprieta pero no ahoga con ustedes termina
siendo mentira, porque el Partido Popular ahoga más que aprieta y ahoga
más que Dios. Quieren dejar a las comunidades autónomas sin su modelo de
autogobierno y sitúan a la ciudadanía pagando los platos rotos mediante
más recortes, porque, en definitiva, esto es lo que ustedes están
haciendo: recortando, limitando el acceso a los servicios públicos.


Les voy a volver a recordar lo que ya les he dicho muchas veces,
venga o no venga a cuento: Cataluña representa el 16 % de la población
del Estado, aportamos el 22 % de los impuestos y suponemos el 20 % de la
riqueza del Estado. Y ¿qué recibe Cataluña a cambio? El 9 % de las
inversiones y padecemos el 29,7 % de los recortes del Estado. Esto, les
guste o no les guste, es incontestable. Además, ustedes —añado la
coletilla— infringen, no cumplen la famosa Ley del Estatut
d’Autonomia de Catalunya, que es ley, les guste o no.


Supongo que saben que el gasto en sanidad, en educación, en
servicios sociales y en cultura, que también es Estado del bienestar,
recae sobre las comunidades autónomas. Lo tienen claro, ¿verdad? Quién
diría que a ustedes les preocupan sus conciudadanos cuando se empeñan en
aumentar el control sobre las comunidades autónomas y en limitar su
independencia económica. Se les ve la intencionalidad. Nosotros
entendemos que lo que pretenden ustedes es salvar a aquellas autonomías
que rinden pleitesía al Partido Popular. Ya les digo que Cataluña ni se
resigna ni va a resignarse.


Este es un nuevo parche que tiene como objetivo pagar la deuda y
no generar ocupación ni riqueza, en definitiva, no reactivar la economía.
Ninguna de las leyes que ustedes han traído al Senado y las que se han
debatido en el Congreso tenían ese objeto. Esta es la conclusión final de
Esquerra Republicana; esta es la conclusión final de lo que va a
representar el balance definitivo al final de esta legislatura y, cuando
tengamos que volver a presentarnos a unas elecciones, esta será también,
espero, la conclusión final que sentencie la ciudadanía, porque, en
definitiva, este proyecto de ley, junto con otros, supone lo que
supone.


También supone el retorno al Estado unitario, recentralizador,
indisoluble y homogéneo, y esto afecta no solo a las comunidades
autónomas, sino a las administraciones locales, que ven que parte de sus
competencias quedan relegadas o eliminadas; que ven que se limitan las
políticas de proximidad y no se legisla su financiación. Este nuevo
remiendo nos da más argumentos a los que defendemos la independencia de
Cataluña. Continúen así porque cada día nos dan razones, motivos y
argumentos.


¿Dónde están los millones adeudados por el Estado respecto a la
disposición adicional tercera del Estatatut de Catalunya del 2006, esa
que les obliga por mandato estatutario, por el bloque de
constitucionalidad que representa el Estatut d’Autonomia? ¿Dónde
está la financiación de la Ley de la dependencia? Y así hasta el infinito
y mucho más.


En buena medida, ustedes, señorías del Grupo Popular, son los
causantes de la situación en la que se encuentra Cataluña. Ustedes nos
han impuesto un techo de déficit presupuestario, nos han cerrado el
acceso a los mercados de deuda. Estructuralmente hablando, para nosotros,
ustedes son una ruina; para nosotros, formar parte del Estado español es
una ruina. Y, lo que es más grave aún, el dinero que ustedes nos prestan
pertenece, les guste o no oírlo, a los catalanes y a las catalanas ya sea
por los impuestos que se han recaudado en Cataluña o de la propia deuda
pública española, que se terminará pagando, en buena medida, con los
impuestos que se recaudan en Cataluña. Esto lo reconoce hasta el Partido
Popular en Extremadura; lo dijo así y lo ha reconocido.


Aun así, nos intentan imponer con su mayoría absoluta este nuevo
apaño, como decía antes, este remiendo. Ustedes incumplen sus leyes y las
leyes y, una y otra vez, también sus promesas. Nosotros ya no nos fiamos
de ustedes ni de sus promesas. En definitiva, gracias por reforzar, como
decía antes, nuestras tesis; gracias por darnos motivos, razones y
argumentos, porque tenemos otros, pero ustedes cada día nos dan más.


Este Gobierno es incapaz de presentar en el Congreso y en el
Senado, en las Cortes españolas, una nueva ley de financiación. Pese a su
control total de su Administración y de las Cortes, no han encontrado aún
la manera de presentar un nuevo sistema de financiación. Con esto también
incumplen la ley; ustedes incumplen la ley.


Concluyo con los tres motivos principales por los que se ha
presentado veto a esta ley. En primer lugar, porque representa un nuevo
despliegue de los principios ideológicos del Partido Popular, de la
constitucionalización del déficit cero de las administraciones públicas y
de la priorización del pago de los intereses y de las amortizaciones de
la deuda pública, todo ello expresado en la nueva redacción del
artículo 135 de la Constitución y también en la aprobación de la Ley de
estabilidad presupuestaria; principios ideológicos contrarios a los
posicionamientos y a lo que Esquerra Republicana defiende aquí y en todos
los debates donde fueron aprobadas estas leyes y las reformas.


En segundo lugar, este proyecto de ley es un paso más en su
estrategia de recentralización impulsada por el Gobierno del Partido
Popular, por el Gobierno del Estado español, en perjuicio de las
comunidades autónomas y también del resto de administraciones públicas y
de la Administración Local. Se ejerce un control sobre las finanzas que
reduce a la mínima expresión la autonomía política de los gobiernos
autonómicos y de sus parlamentos y, como decíamos antes, ello redunda
también en perjuicio de los ciudadanos, en perjuicio de sus derechos
porque se ven privados del acceso a servicios públicos. En definitiva, se
ven privados de su derecho a una vida digna por cuanto que ustedes
limitan servicios públicos, limitan el acceso a una educación de calidad,
a una sanidad pública de calidad, a los servicios sociales, a la cultura
que, en definitiva, son prestados por las administraciones públicas a las
que ustedes están ahogando a través de sus proyectos de ley y de sus
leyes que ya están aprobadas.


En tercer lugar, más allá de la consolidación del Fondo de
liquidez autonómico como alternativa a la aprobación de un nuevo modelo
de financiación autonómica que, como decía también, el Gobierno debería
haber llevado a cabo en el año 2014, la reforma normativa que el Gobierno
del Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular proponen introduce
un mecanismo de control sobre los avales, reavales y garantías sobre las
operaciones de crédito realizadas por las comunidades autónomas y las
entidades que dependen de ellas e introduce la necesaria autorización por
parte del Gobierno de cada operación de estas características, a la vez
que, insisto, limita e interviene en exceso las políticas de desarrollo
económico y social. De manera que en Esquerra Republicana de Catalunya
consideramos urgente y necesario que la ciudadanía de Cataluña pueda
decidir qué país quiere; ustedes no nos van a detener en este anhelo de
libertad, y lo haremos.


Hemos presentado veto a la ley por estos motivos y por otros
muchos más que hemos ido expresando a lo largo de las sesiones
parlamentarias en las que ustedes han ido presentando proyectos de ley,
que han llegado a ser ley en el sentido que antes exponía. Por esos
motivos, también nosotros daremos apoyo al resto de vetos presentados por
el resto de grupos parlamentarios porque nosotros ya no peleamos ni
queremos pelear por las migajas que ustedes pretenden darnos, sino que,
como les he dicho también en múltiples ocasiones y como decía Ovidi
Montllor, Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Capella.


La propuesta de veto número 3 está formulada por la senadora
señora Julios Reyes y el señor Quintero Castañeda. Para la defensa del
veto, tiene la palabra la senadora señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.


Paso a defender el veto que hemos presentado los senadores
canarios de Coalición Canaria, don Narvay Quintero y yo misma. La verdad
es que el hecho de que el Gobierno traiga hoy, en estos momentos de final
de legislatura, este proyecto de ley me parece una
irresponsabilidad.


Defendemos el veto porque nos parece de mucho calado lo que se
pretende con este nuevo proyecto de ley. Este proyecto de ley representa
un nuevo recorte en el sistema de financiación de las comunidades
autónomas; este proyecto de ley es una reforma del sistema de
financiación de las comunidades autónomas encubierta, hecha por la puerta
de atrás, sin debate en el Consejo de Política Fiscal, sin debate con las
comunidades autónomas y sin transparencia.


Este proyecto de ley también significa un nuevo recorte a los
servicios públicos, un nuevo recorte al sistema sanitario público, un
recorte encubierto, hecho por la puerta de atrás, sin debate, sin
transparencia, como para que no se enteren los ciudadanos y que seamos
las comunidades autónomas las que tengamos que dar la cara ante los
ciudadanos porque cada vez tenemos menos dinero para la financiación de
los servicios públicos.


Este proyecto de ley supone, nuevamente, una pérdida de derechos
para los ciudadanos, derechos tan fundamentales como la educación, la
sanidad y los servicios sociales. Señorías, este proyecto es reflejo de
los dos pilares más importantes de la estrategia fundamental llevada a
cabo por el Partido Popular en esta legislatura, el santo y seña de su
ideología; supone una piedrita más en el desmantelamiento del Estado de
las Autonomías, un regreso. En esta legislatura no se ha avanzado en el
desarrollo del modelo territorial del Estado español, pendiente desde la
Constitución. Pero no solo no se ha avanzado, es que están en posición de
generar un continuo regreso a posiciones absolutamente centralistas por
parte de la Administración General del Estado.


Este proyecto supone una vuelta de tuerca más a otra seña de
identidad del Partido Popular: el desmantelamiento del Estado del
bienestar en materia de servicios públicos, especialmente el sanitario;
uno de los servicios que ha sido víctima de los mayores recortes
provocados por el Gobierno del Partido Popular.


A este proyecto de ley y por la puerta de atrás, sin hablar en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera ni con las comunidades autónomas,
el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso de los
Diputados una enmienda con la que modifica dos leyes fundamentales en
este país que se elaboraron con el consenso de todos los grupos
políticos. Una de ellas es la Ley general de sanidad, vigente casi desde
el inicio de nuestra democracia. Cuando dejen ustedes el Gobierno, que lo
dejarán, y volvamos a mirar la Ley de sanidad será irreconocible; la han
cambiado tanto que ya no hay Ley general de sanidad. Y la otra ley que
ustedes cambian es la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud. En el primer caso, en la Ley general de sanidad tocan todo el
apartado de la prestación farmacéutica —miren si no es importante
la prestación del medicamento para los ciudadanos— y, en el
segundo, con la Ley de cohesión cambian precisamente artículos que tienen
que ver con la cartera de servicios complementaria. He ahí, otra vez, un
nuevo recorte a los ciudadanos en sus derechos y un nuevo recorte en la
cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.


Señorías, ustedes siguen haciendo todo esto y tratan de
convencernos de que lo hacen en nombre del control del déficit y del
control de la deuda pública. ¿Qué déficit y qué deuda pública, señorías?
¿Quién es el responsable del déficit y de la deuda pública? Si miramos el
informe del ministerio sobre el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad en el ejercicio 2012, vemos los siguientes datos. El déficit
del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en el 2014
un 5,68 % del PIB, lo que supone una desviación negativa de 0,18 puntos
con respecto al objetivo de estabilidad. No se consiguió el objetivo de
estabilidad, pero ustedes echan la culpa a las comunidades autónomas y a
las administraciones locales. Vamos a ver cómo se reparte el déficit y el
incumplimiento del objetivo de estabilidad. Resulta que este 5,68 % se
reparte de la siguiente forma: 3,5 % es el porcentaje del PIB de la
Administración Central del Estado en relación con el déficit, un total
de 37 060 millones de euros; las comunidades autónomas, un 1,65 %
y 17 501 millones de euros; las administraciones locales han tenido
superávit, así que no es un menos es un más, con un porcentaje de 0,53 %
y un superávit de 5600 millones. El déficit de los fondos de la Seguridad
Social, gestionados directamente por la Administración del Estado, supone
un menos 1,06 % y menos 11 000 millones de euros.


Señorías, con estos datos se pone de manifiesto que son las
administraciones autonómicas y locales las que mayor esfuerzo han hecho
en el control del déficit. ¿Quién tiene que controlar a quién? Eso nos
preguntamos en nuestra comunidad autónoma. La Comunidad Autónoma de
Canarias está recibiendo 800 millones de euros menos cada año para
prestar servicios a nuestros ciudadanos, que también son españoles; 800
millones de euros menos que la media del Estado. Hemos cumplido los
objetivos del déficit, según ha dicho el propio ministerio. Somos de las
cuatro comunidades autónomas que hemos cumplido con los objetivos del
déficit en los ejercicios presupuestarios, y somos de las comunidades
autónomas que menor nivel de endeudamiento tenemos. ¿Por qué se sigue
castigando a la Comunidad Autónoma de Canarias con leyes como esta, que
no resuelven el problema de la desigual financiación que estamos
recibiendo, y que, por el contrario, profundizan en dejar a Canarias en
una situación peor? No es de recibo que esto se presente de esta manera,
al final de una legislatura y nuevamente por no enfrentar una
responsabilidad del Estado, que es trabajar por el interés general,
trabajar buscando la cohesión territorial, sentando a todas las
comunidades autónomas para ver cómo resolvemos el problema, para ver cómo
les llega la misma financiación por parte de la Administración General
del Estado a todos los ciudadanos en vez de aumentar la brecha que nos
separa a unas comunidades autónomas de otras. Eso no es de recibo, es una
injusticia y reclamamos y exigimos que se reforme el sistema de
financiación actual de verdad, pero para resolver los problemas, no para
agrandarlos.


Señorías, el sistema de financiación actual no estaba preparado
para la crisis, y menos aún para tener al frente de España un Gobierno
insensible incapaz de ser solidario con las comunidades autónomas que
menos tienen. Señorías, hay un Fondo de compensación en el actual sistema
de financiación. Pongamos que ustedes no han querido cambiarlo porque no
tienen la valentía de trabajar buscando consensos en España. ¿Por qué
mantienen el Fondo de compensación sin dotarlo adecuadamente para
compensar a las comunidades autónomas que menos tenemos? ¿Por qué tenemos
que esperar encima hasta dos años para liquidar el Fondo de
compensación?


Canarias solo está recibiendo del Estado la mitad de lo que nos
cuesta el mantenimiento de nuestros servicios públicos: 4300 millones en
educación, sanidad y servicios sociales en Canarias. Insisto, el Estado
solo nos da la mitad, por eso más de un 70 % de nuestro presupuesto se
tiene que dedicar a poner el dinero que ustedes no ponen, quitándolo de
otras áreas que serían fundamentales para trabajar por el desarrollo
económico de Canarias y tener más capacidad para crear riqueza y empleo.
Pero no contentos con ello con esta nueva ley provocan otra vez una gran
deslealtad hacia las comunidades autónomas, al introducir aspectos como
el de los avales o el de las garantías sin haber sido consensuados con
las comunidades autónomas. Es una nueva vuelta de tuerca en la
deslealtad. Ahora indexan el crecimiento sanitario al PIB y nos amenazan
con mayores herramientas por parte del Estado para intervenir aquellas
comunidades autónomas que crezcan por encima del producto interior bruto.
Eso es lo que hace el Estado, es lo que hace el Gobierno de España con
esta ley, es lo que hace el Partido Popular. Así no se controla el gasto,
así se perjudica a los ciudadanos. Es una deslealtad, porque, además, las
que deciden el precio de los medicamentos no son las comunidades
autónomas, es el Gobierno de España. Es una deslealtad, porque quien
decide qué medicamentos se incorporan en la cartera de servicios y qué
medicamentos no, no son las comunidades autónomas, es el Gobierno de
España.


Señoría, el Partido Popular se presentó en Canarias durante las
elecciones prometiendo que iba a cambiar el modelo de financiación para
hacer que Canarias fuera más igual al resto de las comunidades autónomas
de España. No solo no lo ha cumplido, sino que el presidente Rajoy cuando
empezó a gobernar adquirió el compromiso de que en 2004 se iba a negociar
un nuevo modelo de financiación autonómica y que ese nuevo modelo iba a
estar incluido en los presupuestos de 2015. No se ha cumplido, señoría.
Y, además, con los cambios que están haciendo ustedes en todas estas
leyes no solo no están acabando con las desigualdades sino que están
acrecentándolas. Exigimos que Canarias esté financiada, como mínimo,
dentro de la media del resto de comunidades autónomas.


Y, para colmo, señoría, ahora en este proyecto de ley
quieren ustedes imponerles a las comunidades autónomas políticas
restrictivas en los servicios públicos. En las comunidades autónomas
donde ustedes gobiernan, lo hacen. En las comunidades autónomas donde
gobierna el Partido Popular privatizan los servicios públicos. Pero como
no pueden llegar a las comunidades autónomas que no están gobernadas por
ustedes, ahora nos amenazan con mayor capacidad por parte del Gobierno
del Estado para ser intervenidos si decidimos seguir defendiendo los
intereses de nuestros ciudadanos y seguir defendiendo la necesidad de dar
respuesta a la financiación de los servicios públicos.


Por eso, los senadores de Coalición Canaria hemos planteado este
veto. Nos parece injusto que se siga haciendo repercutir esta crisis en
los más débiles. Nos parece injusto que se siga haciendo repercutir esta
crisis en los servicios públicos. Y nos parece injusto que se siga
haciendo repercutir esta crisis en las comunidades autónomas que tienen
menor capacidad de ingresos. Reclamamos una financiación justa para
Canarias. Ni más ni menos que la que nos corresponde.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


La propuesta de veto número 4 está firmada por los senadores
señores Guillot Miravet y Saura Laporta. Para la defensa del veto, tiene
la palabra el senador señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Buenas tardes, señor presidente.


He de confesar que estoy aún aturdido por el último debate que se
ha producido en torno al tema del genocidio. Quiero recordar que hace
pocos meses votamos favorablemente y con convicción la denuncia de
asesinatos, de persecuciones, que están sufriendo los cristianos en los
países árabes. No había ningún informe jurídico, no había ningún informe
científico, pero votamos eso. Me sorprende que en un tema en el que hay
millones de personas asesinadas, muertas, hoy se haya negado esta
posibilidad.


Pero, yendo al tema que nos ocupa, el Gobierno aprobó una
modificación de la LOFCA y de la ley de estabilidad presupuestaria.
Cuando se tramitó en el Congreso, el Partido Popular presentó 15
enmiendas que significaban la incorporación de 7 nuevas modificaciones de
leyes, como las siguientes: Ley de medidas fiscales, administrativas y
del orden social, Ley general presupuestaria, Ley general de sanidad, Ley
de impulso de la factura electrónica, Ley de calidad del Sistema Nacional
de Salud, o el Régimen jurídico de las administraciones públicas. Es
decir, de dos modificaciones de ley que contemplaba el texto inicialmente
aprobado, se pasó... (Se va la luz). Somos pocos, pero igual podrían dar
la luz. (Pausa).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Puede continuar, señor
Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Sigo, puedo leer aún, así que puedo
seguir. Decía que pasamos de dos modificaciones de ley a nueve. Si
quieren incluso puedo decirlo de otra manera. El proyecto inicial de la
ley tenía 4 páginas y el proyecto resultante, con las modificaciones y
enmiendas del PP, 15 páginas, es decir, un proyecto de ley absolutamente
distinto del que se había presentado.


La pregunta es: ¿Qué juicio les merece eso? ¿Les merece un juicio
positivo que un proyecto de ley con dos modificaciones de leyes tenga 15
enmiendas, que suponen la incorporación de siete nuevas modificaciones de
leyes? Yo creo que es una burla, una estafa, un timo, un engaño pero,
sobre todo, es un quebranto del procedimiento democrático de elaboración
de leyes. ¿O acaso no es un quebranto sustituir 2 modificaciones de leyes
por 9 modificaciones de leyes?


Y, señoría, esto se está produciendo en un momento en el que en
la sociedad hay un clamor de regeneración democrática. La pregunta es: lo
que ha hecho el Grupo Popular, ¿es regenerar la democracia o es
degradarla? Y a uno le surge otra pregunta que es clara: ¿Por qué lo
hace? ¿Por qué el Partido Popular, cuyo Gobierno aprueba una ley, para
cambiar 2 leyes, modifica 9 y pasa de un texto cortito, breve, de 4
páginas a un texto de 15 páginas? ¿Es que improvisan, se dan cuenta a
última hora, están descoordinados? ¿Por qué el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado no presenta una proposición de ley?


Creo que la respuesta es clara. El Gobierno del Partido Popular
hace esto por dos razones fundamentales: primera, para eludir los
informes del Consejo de Estado y de otros organismos —porque la
presentación por la vía de enmiendas significa la elusión de informes al
Consejo de Estado— y, segunda, porque evitan, reducen el debate
social y el debate parlamentario. Es decir, hoy, los que hemos presentado
el veto tenemos quince minutos para exponer un veto
sobre 9 modificaciones de leyes, cuando como mínimo las modificaciones
que se presentan requerirían 3 o 4 vetos.


Por lo tanto, señoras y señores senadores, un planteamiento como
el que ustedes han hecho, de elusión de informes del Consejo de Estado y
de modificación, de forma importantísima, del proyecto inicial es
incomprensible, es romper la línea roja del funcionamiento de las normas
democráticas que nos hemos dado.


Vamos a la LOFCA y a la Ley de estabilidad presupuestaria. Lo
primero que hay que decir —y ya lo ha dicho todo el mundo, y yo lo
repito— es el incumplimiento del Gobierno de presentar una nueva
ley de financiación autonómica. Sé que se dice que hay crisis y que, como
hay crisis, no se puede hacer. No es verdad, se pueden hacer cincuenta
mil cosas: se puede hacer una ley de financiación, que se aplicará
gradualmente cuando el PIB crezca equis por ciento; se puede hacer una
ley de financiación en donde se regularice la distribución de los
objetivos de déficit; se puede hacer una ley de financiación que
contemple que, del exceso de recaudación del Estado, una parte vaya a las
comunidades autónomas. Hay muchas posibilidades de presentar una ley de
financiación autonómica; incluso puede decirse que no se hará ejecutiva
al día siguiente y será aplicada gradualmente. El Gobierno no ha hecho en
absoluto esto. Y la pregunta sería: ¿Qué plantea el Gobierno del Estado
con la modificación de la LOFCA? Si no plantea una nueva financiación,
¿qué plantea? Fundamentalmente dos cosas:






reducir la autonomía financiera
de las comunidades y avanzar hacia la senda de la austeridad; es decir,
la LOFCA no da respuesta al problema fundamental hoy en España de
financiación de las comunidades autónomas, sino que reduce aún más la
autonomía financiera de las comunidades autónomas y avanza por la senda
de la austeridad. Y sabemos los resultados de estos dos avances. Estos
resultados significan, por un lado, la recentralización del Estado y, por
otro, el recorte absoluto de derechos. El proyecto de ley está lleno de
ejemplos, como el de los avales.


El proyecto de ley inventa unas palabras curiosas. Un eufemismo:
habla de prudencia financiera. No sé qué es la prudencia financiera y no
sé quién lo define —mejor dicho, lo define el Gobierno—. Y el
Gobierno dice que si no hay prudencia financiera, no permitirá el aval de
las comunidades autónomas. Por tanto, con el término prudencia financiera
se está abriendo la puerta a la arbitrariedad absoluta del Gobierno.


Se dice que no hay dinero y que el Gobierno cumple. Quiero hacer
tres o cuatro consideraciones con relación a la situación económica. La
primera es que el Gobierno acusa a todo el mundo de incumplir, pero el
máximo incumplidor de las leyes en relación con las finanzas es el
Gobierno del Estado. He dicho la primera —el incumplimiento de la
presentación de la Ley de financiación autonómica—, pero también ha
incumplido los objetivos de déficit. Se ha acercado un poco. ¿Gracias a
qué? Gracias al superávit de los ayuntamientos, a las políticas de Draghi
o a la disminución de los precios del petróleo.


El déficit. Como ha dicho antes la portavoz del Grupo Mixto, si
las comunidades autónomas representamos la tercera parte del gasto
público, parece sensato y lógico decir que deberíamos tener la tercera
parte de los objetivos de déficit. No es así, tenemos la tercera parte
del gasto público y la quinta parte del déficit. Otra medida que favorece
los intereses de la Administración central. Además, en los presupuestos
del 2015 se dice que se van a recaudar 10 000 millones más, pero para las
comunidades autónomas nada más 900 millones.


Quisiera referirme a la deuda, porque sé que las intervenciones
del Partido Popular al final del todo, cuando no podamos hablar, citan la
deuda. El Partido Popular ha dicho repetidamente: ¡Qué España nos dejó
Zapatero! He de decirles que yo nunca voté a Zapatero y que no lo voy a
hacer, o sea, que no defiendo en absoluto la política de Zapatero, pero
otra cosa es decir la realidad. Zapatero dejó una deuda del 70 % del
producto interior bruto y ahora estamos en el 100 %, lo que significa que
en cuatro años se ha incrementado 300 000 millones de euros. Cuando
ustedes decían qué España nos dejan, ahora ustedes dejan a España
con 300 000 más; dicho de otra manera, prácticamente con 7000 euros per
cápita para todo el Estado. Lo mismo puedo decir del tripartito
—cuando hablamos los senadores de Cataluña, siempre se nos dice el
tripartito—: en siete años el tripartito generó una deuda de 27 000
euros, el Gobierno de Convergència —y no es una crítica porque no
es el sitio— en cuatro años ha generado una deuda de 26 000
millones de euros. No me quejo del gasto de Convergència ni del gasto del
tripartito. El problema no es el gasto sino los ingresos que se han
desplomado; los ingresos se han desplomado en el Estado —por eso
tienen 300 000 millones más de deuda—; con el Gobierno de
izquierdas, 27 000 millones de euros en siete años; y con el Gobierno de
Convergència, 26 000 millones en cuatro años. Esto es importante decirlo
para sacarles este latiguillo de que estas cifras no son ciertas con
relación a la deuda.


Quiero decirles una cosa más: la reciente información de que
Europa por primera vez, Bruselas, sanciona por distorsionar el déficit a
la Comunidad Valenciana. Es decir, ustedes han salido aquí atacando o
denunciando los déficits o las deudas de determinadas comunidades y la
primera sanción que realiza la Comunidad Europea es en relación con
Valencia.


Por tanto, he dicho el primer tema democrático, el segundo tema
de financiación y finalmente quiero hablar del tercer tema, de la
sanidad, en el que se intenta usurpar competencias o intervenir,
condicionando las políticas sanitarias de las comunidades autónomas. Todo
el mundo sabe, y ustedes también, que la sanidad está infrafinanciada.
Proponen acogerse a un instrumento de estabilidad, que no permite el
crecimiento de la tasa sanitaria por encima del producto interior bruto,
en el caso de que se pase un poquito, se prohíbe que existan complementos
sanitarios; o, si no es así, que no se puedan dedicar recursos a la
inversión. Esto es, una vez más, una usurpación de competencias a las
comunidades autónomas al poner techo y al poner sanciones si no se
cumple.


En síntesis, señorías, nos encontramos con un proyecto de ley que
solo por el procedimiento debería ser objeto de veto. No conozco ningún
proyecto de ley al que durante el plazo de enmiendas se hayan presentado
quince, que haya provocado la modificación de siete leyes y su volumen
haya pasado de 4 a 15 páginas. No conozco tampoco ningún proyecto de ley
en el que se haya formulado clarísimamente que se incumple la obligación
legal del Gobierno de presentar una propuesta de financiación autonómica.
No presentan una propuesta de financiación autonómica, pero todas las
decisiones que toman van a favor de la Administración Central y en contra
de las comunidades autónomas, y encima se atreven, o tienen la osadía, de
acusarlas de que incumplen. ¿Cómo las comunidades autónomas van a cumplir
si se les asocia un 1 % del déficit cuando representan el 33 % de la
despensa pública? ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo es posible que ustedes no
hayan iniciado unos borradores de la Ley de financiación para decir a
partir de qué momento se pueden aplicar y tomar medidas provisionales
que, en definitiva, solventaran la grave situación de las comunidades
autónomas?


Esta mañana escuchaba en la radio una canción de Joaquín Sabina
que decía: Nos sobran los motivos. Yo estaba redactando esto y pensé: A
ti también te sobran los motivos para presentar el veto esta tarde.


Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


La propuesta de veto número 5 está firmada por los siguientes
senadores: la señora Almiñana Riqué; los señores Boya Alós, Bruguera
Batalla, Martín Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora
Sequera García.


Para la defensa del veto número 5, tiene la palabra el senador
Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señorías, permítanme una cita para empezar mi intervención, la
cita es: «El 1 de enero de 2014 debería estar aprobado un nuevo sistema
de financiación autonómica porque así lo establece la ley y así se acordó
en la pasada Conferencia de Presidentes hace un año.» Quien así se
expresaba en un artículo publicado el 14 de octubre de 2013 no era un
dirigente socialista, ni fue el pronunciamiento de ningún antiguo
responsable de gobiernos de izquierdas de Cataluña, ni tampoco un
dirigente nacionalista, se trataba del presidente de la Comunidad de
Madrid. Un año antes, el 18 de octubre de 2012, la página web del Partido
Popular informaba de una reunión entre el presidente Rajoy y el
presidente de Madrid, Ignacio González, al poco tiempo de asumir este la
Presidencia de la comunidad. El titular era: González y Rajoy coinciden
en comenzar a renovar el modelo de financiación autonómica. No son citas
de hemeroteca aisladas, podríamos encontrar muchas otras. Ustedes pueden
encontrar muchas otras. Los pronunciamientos de dirigentes de todo el
arco parlamentario y de responsables de los distintos gobiernos de las
comunidades autónomas acerca de la necesidad y de lo perentorio de
abordar la reforma del sistema de financiación de las comunidades
autónomas son abundantes.


Sea cual sea el balance que hagamos del sistema acordado en 2009,
la coincidencia sobre su alcance quinquenal es absoluta, o al menos lo
era hasta hace unas semanas, porque precisamente la intervención del
portavoz del Partido Popular en el debate en el Congreso sobre el
proyecto de ley que ahora nos ocupa puso sobre la mesa la verdadera
intención del Gobierno: no poner en marcha la revisión del modelo. Así se
desprende de la afirmación sorprendente que hizo el diputado Matarí Sáez:
«La Ley de 2009 establece la vigencia indefinida.» Es decir, sostienen
ustedes que no hay obligación ninguna de revisión quinquenal, a pesar de
que lo prevé la disposición adicional séptima de la Ley 22/2009 y de lo
reiteradamente anunciado y comprometido por el presidente del Gobierno y
por muchos otros dirigentes del Partido Popular.


Señorías, no se trata únicamente de una previsión legal, se trata
de un compromiso político que en su día fue asumido en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera y en la Conferencia de Presidentes que
presidió Mariano Rajoy. Por lo tanto, ¿cómo pueden decir ustedes a estas
alturas que no hay obligación, que no hay ni obligación ni compromiso de
abordar la revisión del sistema? Me dirán ustedes que el sistema que
acordamos en el 2009 es malo —ya lo han dicho en algunas
ocasiones— y que ha sido una fuente de problemas. Yo le recordaré
que el actual ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el señor
Montoro, participó también en la negociación del anterior, acordado por
el presidente Aznar y el presidente Puyol en su momento, que motivó una
sorprendente declaración del en aquel momento consejero de Economía, el
señor Mas, manifestando que era el mejor sistema y que tenía carácter
definitivo. Ese sistema hubo de ser modificado porque era manifiestamente
injusto. Pero este no es el debate de hoy. Cuando ustedes quieran,
iniciamos la discusión sobre los defectos del actual sistema, sobre sus
efectos, sobre los problemas pendientes de resolver y sobre las
propuestas para resolverlos. Cuando ustedes quieran discutimos aquí sobre
los mecanismos de solidaridad interterritorial y sobre la
corresponsabilidad fiscal en los ingresos y en los gastos de las
comunidades autónomas. Pero la obligación que tienen ustedes hoy,
jurídica y políticamente, es iniciar los mecanismos de revisión del
modelo. Deben ustedes proceder a confeccionar los análisis
correspondientes con los servicios de las comunidades autónomas y
proporcionar al Consejo de Política Fiscal y Financiera la evaluación de
sus resultados. Y deben proponer en el marco multilateral de ese consejo
el inicio de las conversaciones para hacer posible un nuevo acuerdo de
financiación, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2014. Eso
es, en mi modesta opinión, lo que ustedes deberían hacer, lo que deben
hacer y lo que ustedes deberían haber hecho ya por razones de respeto a
la propia LOFCA que ahora modificamos y a la normativa vigente en materia
de financiación autonómica, a sus compromisos políticos y al sentido de
responsabilidad que debería animar a su Gobierno.


Naturalmente, en tanto no hay un nuevo sistema y permanecen los
problemas de tesorería y de liquidez de las comunidades autónomas,
también tienen la obligación de garantizar el funcionamiento de estas
administraciones territoriales. No hacerlo hubiera sido insensato y
hubiera puesto en peligro no ya la estabilidad financiera de las
comunidades autónomas, sino del propio Estado español. Un colapso de las
finanzas de las administraciones autonómicas hubiera comportado
gravísimos problemas para el conjunto del país. Por esa razón y ante la
imposibilidad de concurrir en los mercados internacionales era preciso
que la Administración General del Estado arbitrara mecanismos de
financiación. La puesta en marcha del FLA y de los instrumentos de pagos
a proveedores para facilitar liquidez a las administraciones
territoriales son, pues, medidas positivas y necesarias, no me cuesta
reconocerlo, sin embargo, señorías, la puesta en marcha de esas medidas
no debería implicar la invasión sistemática de competencias de las
comunidades autónomas, ni mucho menos puede significar que ustedes se
arroguen para el Gobierno de España la dirección de las políticas
sociales que corresponde a los Gobiernos de esas comunidades autónomas.
Ustedes pueden conceder un crédito —en el fondo no es otra
cosa— a la Generalitat de Catalunya, como al resto de comunidades
autónomas que participan de los diversos fondos, que esta obviamente
tendrá que devolver. Ustedes no resuelven de este modo ni los problemas
de fondo del modelo de financiación, ni los problemas de fondo que su
equivocada política de austeridad sin matices está provocando en el
tejido social del país.


No se arroguen, pues, de la iniciativa de definir las políticas
sociales, señorías, se trata de hablar de autonomía financiera y de
autogobierno. Las políticas sociales las han de definir y desarrollar las
comunidades autónomas de acuerdo con sus competencias, en el marco de las
competencias que fijan sus estatutos, y el control del ejercicio de esas
competencias corresponde a sus Cámaras legislativas, porque así está
definido en sus estatutos y así debe ser en un Estado compuesto como el
nuestro.


Al Gobierno de España le corresponde, como a ustedes les gusta
recordar, la planificación y dirección de la política económica, sin
embargo, esa competencia general de dirección de la política económica no
puede comportar, como ustedes pretenden sistemáticamente con cada una de
las iniciativas legislativas que tramitan, la anulación del autogobierno,
y lo que es peor, la desaparición de la corresponsabilidad política y
fiscal de las propias comunidades autónomas.


Señorías, no podemos ignorar que mientras con una mano concede un
crédito a las comunidades autónomas —crédito que habrá de
devolver—, con la otra impone un objetivo de déficit inalcanzable e
injusto en relación con el margen que reservan para la Administración
General del Estado. A la vez, impiden su participación en los incrementos
de recaudación fiscal y niegan la anticipación de la entrega a cuenta de
unos ingresos estatales que, dadas las circunstancias del ciclo
económico, sería bastante razonable facilitar.


Señor presidente, señorías, el Gobierno presenta este proyecto de
ley que, por lo que han manifestado, atentan nueva y explícitamente
contra el sistema constitucional de competencias autonómicas. El texto
propuesto, y más aún, con las modificaciones del Grupo Popular aprobadas
en el trámite del Congreso —a lo que se han referido las personas
que me han precedido en el uso de la palabra—, limita y cercena la
autonomía de gestión, la autonomía financiera y la corresponsabilidad
fiscal de las administraciones autonómicas. Por tanto, rechazamos
frontalmente la tramitación de esta ley, que no respeta mucho de los
preceptos vigentes de los estatutos de autonomía y de la propia
Constitución.


Entro en algún detalle de su contenido que motiva nuestras
enmiendas parciales a las que tendré ocasión de referirme después. Quiero
señalar que la norma obliga, por ejemplo, a las comunidades autónomas a
reducir el riesgo y el coste asumido en la concesión de avales, reavales
y cualquier otra clase de garantías para afianzar operaciones de crédito
de personas físicas, jurídicas, tanto públicas como privadas. Esto es muy
grave ya que puede suponer una limitación al desarrollo de políticas
económicas autonómicas, afectando a su autonomía financiera y
presupuestaria, en especial, por ejemplo, en la relación con la concesión
de avales y garantías a las pequeñas y medianas empresas, así como la
propia concesión de avales a sus propios entes instrumentales, tanto por
operaciones de endeudamiento, contempladas dentro de los límites de
endeudamiento de las comunidades autónomas, como por proyectos de
colaboración públicos o privados que puedan ser realizados. Todo ello
puede comportar la parálisis de instrumentos útiles para coadyuvar a la
recuperación económica, como puede ser en el caso de Cataluña de una
manera muy significativa el Institut Català de Finances.


Por otra parte, el texto establece la prioridad del pago a
entidades locales sobre otras obligaciones asumidas por las comunidades
autónomas en materia de servicios públicos fundamentales. Entiendo que
esa decisión de carácter fundamentalmente político corresponde al
gobierno de esa comunidad y no debe ser consecuencia de una ley que se
impone, al margen de su capacidad de respuesta. Además, el proyecto
amplía el concepto constitucional de deuda pública, integrando la deuda
de las comunidades autónomas con las entidades locales por transferencias
y convenios suscritos en materia de gasto social, previendo en
determinados casos la posibilidad de retener los recursos de los
regímenes de financiación aplicables a las comunidades autónomas para que
el Estado pague directamente a dichas administraciones públicas
territoriales, y esto es, desde mi punto de vista, contrario al precepto
constitucional de que la deuda con entidades locales no tiene la
consideración de deuda pública por lo que no pueden equipararse ambas
deudas.


El Gobierno del Partido Popular, de forma unilateral, sin debate
ni consenso, propugna un cambio de modelo con un claro efecto
recentralizador, atacando nuestro sistema de autogobierno territorial,
convirtiendo al Estado en su principal financiador y obteniendo, por
consiguiente, un nivel de control efectivo sobre las prioridades de gasto
de las comunidades autónomas. Y esto no es admisible en un Estado
descentralizado, como el nuestro, gracias al reparto constitucional de
competencias entre los distintos niveles de la Administración.


Existen aún otros argumentos que avalan el rechazo a este
proyecto, son argumentos políticos y relacionados con la calidad de
nuestro sistema democrático, algo a lo que también se ha referido el
señor Saura. La actividad legislativa del Ejecutivo desde prácticamente
el comienzo de esta legislatura ha estado caracterizada por una falta de
respeto grave al Parlamento y por el trabajo de los parlamentarios.


No es de recibo, señorías, que, apoyándose en su mayoría
parlamentaria, y de forma poco transparente, incorporen enmiendas en el
trámite del Congreso para evitar los correspondientes e importantes
informes de los órganos consultivos y el estudio, debate y posibilidad de
enmienda de la oposición. Es una falta de respeto a las Cortes pero
también a los órganos institucionales de asesoramiento del Estado y a los
órganos de participación de las comunidades autónomas en la gobernanza de
España.


El proyecto de ley que se registró en el Congreso de los
Diputados tenía dos artículos y una disposición final que modificaban la
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
comunidades autónomas, y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, tal y como
explicita además el título de este proyecto. En cambio, a esta Cámara ha
llegado el texto exclusivamente con las modificaciones del Partido
Popular del Congreso, incorporando 11 nuevas disposiciones finales que
modifican 6 leyes más, muchas de ellas sin ninguna conexión con el objeto
de la norma original, y algunas muy importantes, como la Ley General de
Sanidad.


Por eso, los senadores y senadoras firmantes de esta propuesta de
veto no podemos compartir esta técnica legislativa que es irrespetuosa y
fuera de toda lógica; no podemos tolerar el ataque a la autonomía
financiera y de gestión de las comunidades autónomas y la falta de
respeto a sus estatutos de autonomía.


Por tanto, presentamos esta propuesta de veto al proyecto de ley
y solicitamos su devolución al Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president
Montilla.


La propuesta de veto número 7 está firmada por los senadores del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo parlamentario también ha presentado un veto a
la totalidad por diferentes razones que voy a ir exponiendo, y, además,
es una reincidencia, puesto que ya lo presentamos en el Congreso de los
Diputados; veto que posteriormente retiramos para facilitar un diálogo y
la aceptación de determinadas enmiendas que habíamos presentado, pero a
la vista de que en el Congreso no se adelantó nada en este aspecto, lo
volvemos a presentar puesto que consideramos que, como ya se ha comentado
aquí, este proyecto de ley modifica de manera gravísima competencias que
corresponden a las comunidades autónomas.


Voy a ir desgranando los motivos por los cuales mi grupo presenta
este veto. El proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de
financiación de las comunidades autónomas y la Ley Orgánica de
estabilidad presupuestaria, ambas de gran relevancia para la financiación
de las comunidades autónomas, y máxime en un momento de crisis como el
actual en el que se exige austeridad, son muy relevantes para modificar
el ritmo y la profundidad de los ajustes presupuestarios que deben
afrontar las administraciones autonómicas.


Las modificaciones que incorpora el proyecto de ley a ambas leyes
tienen un importante contenido técnico pero excepto en lo que se refiere
a nuevas obligaciones a las comunidades autónomas para reducir el riesgo
y coste de los avales que conceden y en lo que atañe a la exigencia
informativa contenida en la disposición final primera e introducida vía
enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el trámite en el Congreso, se
pretende limitar el gasto sanitario autonómico.


Nos parecen gravísimas algunas de las situaciones que se plantean
en el mismo y que afectan exclusivamente a Cataluña, así lo entendemos,
como el hecho, absolutamente absurdo e ilógico, que se va a producir, si
se aprueba el texto propuesto en su literalidad, con la actividad del
Institut Català de Finances, que es un organismo público de apoyo a la
financiación a la pequeña y mediana empresa catalana. Por la literalidad
del texto propuesto, cualquier aval que deba presentar el Institut Català
de Finances, aunque fuera de 3000 euros, deberá ser autorizado por el
Consejo de Ministros o por el ministro de Hacienda. Se trata de una
situación absolutamente incomprensible e inviable; habría sido mejor que
hubieran ordenado al Banco de España cerrar el ICF porque, en realidad,
eso es lo que va a suponer la aplicación de esta normativa.


Decía que ambas disposiciones añaden un capítulo más a la
política de laminación de las autonomías y de Cataluña en concreto. En
todo caso, por un lado, no puede abordarse la reforma de ambas leyes sin
reflexionar sobre la normalidad con que se está incumpliendo su propio
redactado y su espíritu, con consecuencias muy negativas para la gestión
económica, financiera y social de las administraciones autonómicas en el
ejercicio de sus competencias. Por otro lado, tampoco puede obviarse que,
en lo relativo al gasto sanitario, el Gobierno haya evitado un debate en
profundidad —ya se ha reiterado aquí por otros portavoces— y
que lo haya introducido por la puerta de atrás. Además, es una medida que
acarrea consecuencias para los ciudadanos, por lo que debería ser
abordada en la Comisión de Sanidad, y que afecta gravemente a la
autonomía financiera de las comunidades autónomas.


Una reforma de la LOFCA en 2015 debería venir acompañada de una
reforma paralela del modelo de financiación, ya que la ley establece su
revisión quinquenal. El sistema de financiación vigente correspondía al
período 2009-2013, de manera que el año pasado, 2014, debería haber
entrado en vigor un nuevo modelo de financiación que garantizase los
recursos suficientes a las comunidades autónomas que el actual sistema no
garantiza.


En el preámbulo del proyecto de ley se indica que el gasto social
constituye uno de los pilares básicos del Estado del bienestar, por lo
que es preciso adoptar medidas que faciliten la financiación con el fin
de garantizar la continuidad de los servicios públicos fundamentales,
como son la educación, la sanidad y los servicios sociales, que prestan
las entidades locales en virtud de convenio con las comunidades
autónomas. Esta afirmación está vinculada a la reciente reforma local que
atribuye a las comunidades autónomas la responsabilidad de financiar
servicios que hasta el momento venían financiando las corporaciones
locales e incorpora una positiva disponibilidad de liquidez con este
objetivo.


Sin duda es necesario garantizar la continuidad del gasto social;
sin embargo, no solo este, también es necesario garantizar la
financiación del grueso del gasto social que vienen prestando las
comunidades autónomas y que representa no menos del 70 % del presupuesto
de gastos, repito, no menos del 70 % del presupuesto de gastos. Y,
precisamente, para garantizar este gasto social era importante haber
revisado el sistema de financiación con anterioridad a 2014 y no dos años
más tarde.


Asimismo, si el proyecto de ley modifica la LOFCA, deberían
corregirse aquellos aspectos de esta que toleran interpretaciones en
fraude de ley. Es el caso, por ejemplo, del libramiento de recursos
correspondientes al Fondo de competitividad, destinado a igualar los
recursos per cápita que reciben cada una de las comunidades autónomas y
que, en estos momentos, las comunidades beneficiarias reciben con dos
años de retraso. Estoy hablando, por ejemplo, de Baleares, Canarias,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid.


De la misma manera, no resulta oportuno modificar la Ley Orgánica
de estabilidad presupuestaria para limitar la capacidad de otorgar avales
a las comunidades autónomas, en particular cuando no cumplan con los
objetivos de déficit y, a su vez, no garantizar que dichos objetivos de
déficit se ajusten a lo que establece la propia ley en la disposición
transitoria primera. Esta disposición establece que la reducción del
déficit por parte del Estado y de las comunidades autónomas debe hacerse
de manera equilibrada entre ambas administraciones a lo largo de un
período que deberá finalizar en 2020.


Concretamente, la ley dice que el déficit se distribuirá entre
Estado y comunidades autónomas en función de los porcentajes de déficit
estructural que hubiesen registrado el 1 de enero de 2012, premisa que no
cumplen los objetivos de déficit vigentes.


Por lo que respecta a la disposición final primera, esta supone
una injerencia en la gestión de los servicios sanitarios transferidos y
asumidos por las comunidades autónomas, puesto que a través de un
supuesto instrumento de facilitación de tesorería del gasto farmacéutico
se pretende intervenir la competencia de las comunidades autónomas,
pudiendo intervenir automáticamente esta gestión la Administración del
Estado, de manera que se podría llegar a la situación de anular la
cartera complementaria de servicios sanitarios de las comunidades
autónomas y, por tanto, limitar el acceso al reparto de los recursos
económicos por sanidad. La medida es, por tanto, pura y llanamente, una
intervención de las comunidades autónomas, sin respaldo alguno en lo que
establece la propia Constitución española en cuanto al reparto de
competencias entre administraciones, de modo que se podrían llegar a
dejar sin recursos económicos determinadas prestaciones farmacéuticas que
hoy asumen las comunidades autónomas sin perjuicio para los
ciudadanos.


Siempre es oportuno efectuar aquellos ajustes legales que
contribuyan a facilitar la operatividad de las administraciones, pero los
grandes objetivos y compromisos contemplados en las propias leyes no
pueden ser interpretados a voluntad, sino que también deben cumplirse.
Por tanto, nosotros entendemos que esta es una ley claramente
intervencionista, recentralizadora, muy perjudicial para las comunidades
autónomas y que, en definitiva, nos obliga a presentar este veto.


Además, aprovecho esta intervención para manifestar también que
vamos a apoyar los vetos restantes que se han presentado.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


La propuesta de veto número 6 está firmada por el Grupo
Socialista y la defiende el senador Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, una vez más me veo obligado, como han hecho otros
portavoces, a comenzar esta intervención refiriéndome a las formas y a
denunciar que el Gobierno y el Grupo Popular actúan a través de enmiendas
de última hora, para eludir los informes de los órganos consultivos y el
debate con los grupos de la oposición en el Congreso sobre asuntos de
calado y que, en muchos casos, poco o nada tienen que ver con la materia
que se debate. En este caso, un proyecto que envía el Consejo de
Ministros a las Cortes y se publica en su boletín pasa de tener 2
artículos y una extensión de 5 folios a añadir 12 disposiciones finales y
a ocupar 11 folios más, y de modificar 2 leyes a modificar 9, algunas de
la importancia de la Ley general de sanidad, la de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo, la Ley
general presupuestaria y hasta la de loterías y apuestas del Estado.


Nuevamente, la exposición de motivos poco o nada tiene que ver
con el articulado, y lo que sí está claro es que tiene mucho que ver con
los hábitos democráticos y participativos tal y como los entiende este
Gobierno. Tampoco se puede esperar más, pues ese ha sido su estilo desde
el principio de la legislatura. Eso debería importarles a ustedes como
grupo parlamentario, pues no es solo una burla o un abuso hacia los
grupos de la oposición, también lo es hacia el grupo mayoritario que se
utiliza como instrumento para realizar la labor del Gobierno,
perfectamente a sus órdenes.


Entrando en el fondo de la cuestión, lo que hoy debatimos
confirma un nuevo fracaso del Gobierno, señorías. Creo que ya se han
hecho 12 modificaciones a la Ley de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera en tres años, lo que demuestra que teníamos
razón los que entonces dijimos, cuando se aprobó, que era imposible de
cumplir, mientras que ustedes y su Gobierno proclamaban que sus objetivos
eran sagrados, inamovibles e irrenunciables. Las posteriores
flexibilizaciones y modificaciones nos dan la razón, una vez más
—una vez más ustedes estaban equivocados— y lo que es peor,
no se atreven a aplicarla o lo hacen arbitrariamente. ¿Por qué no usan
los mecanismos que ustedes mismos aprobaron en su Ley de estabilidad con
aquellas comunidades autónomas que se han desviado mucho del objetivo de
déficit en 2014 o que han inflado los ingresos para 2015, como ha
denunciado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal? Sin
embargo, tampoco han modificado la ley adaptándola a los objetivos y al
ciclo económico, como sería lógico; solo parches y más parches.


Fracaso e incapacidad también en cuanto al modelo de financiación
territorial, al que se opusieron con vehemencia en 2009 y que mantienen
en vigor a pesar de ello y a pesar de haber caducado el pasado año. Y
aquí está su gran invento, el gran invento del ministro Montoro y del
Gobierno: en vez de negociar un nuevo modelo que corrija las
insuficiencias e injusticias, lo que ha hecho ha sido crear una maraña de
fondos —ya van por ocho— que consiste en hacer un préstamo a
los entes territoriales cuando se ven apurados en su liquidez, que las
comunidades autónomas y ayuntamientos tendrán que devolver pero, a
cambio, se les imponen controles, tutelas, peajes, y todo ello de forma
unilateral, sin negociación alguna, ni siquiera reuniendo en algunos
casos, como ha pasado ahora con la sanidad, a los órganos colegiados, de
forma discrecional y escapando esos fondos —y van ya por 184 000
millones de euros— de los procedimientos y exámenes de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal y demás órganos. Este vuelve a
ser su estilo, y encima tratan de vendérnoslo como positivo.


Hoy toca cercenar la capacidad de las comunidades autónomas en
cuanto a regular con autonomía su sistema sanitario, sabiendo además
—como todos sabemos— que está infrafinanciado; o lo
instrumentos de política económica, algo tan importante para cualquier
Gobierno autónomo como diseñar su política económica, su política de
apoyo a las pymes y a los autónomos, entre otros. Es una nueva vuelta de
tuerca en la recentralización emprendida. Como se ha dicho aquí, amplía
incluso el concepto de deuda pública que define el artículo 135 de
nuestra Constitución y, una vez más, va en contra de los estatutos.


Todavía insisten en eso de las facturas en los cajones y en la
herencia, cuando todos sabemos quiénes eran los tramposos y mal pagadores
y en qué cajones estaban las facturas, que no eran otros que los de las
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como demuestra
la reciente sanción de Bruselas a la Comunidad Valenciana. En todo caso,
las prórrogas de esos fondos en los años 2013, 2014, incluso en este año
con un nuevo fondo, ya no serán para pagar las facturas de los Gobiernos
anteriores o del Gobierno anterior. ¿Es esta también responsabilidad de
Zapatero o es de los nuevos gobernantes de las comunidades autónomas, que
en muchos casos siguen siendo los mismos del Partido Popular que han
generado esos impagos a proveedores? Está claro.


El método del señor Montoro, del Gobierno, es muy simple: me
quedo con toda la flexibilidad —antes decía un portavoz que los
entes territoriales representan el 36 % pero no es así, representan
el 50 % del gasto público— y solo les doy un quinto de la
posibilidad de flexibilización del déficit; sin embargo yo, que
represento entre la Seguridad Social y la administración central el
otro 50 %, me quedo con los cuatro quintos, que es lo que vienen haciendo
desde el principio. Elimino convenios, ayudas, el Plan concertado de
servicios sociales, la teleasistencia, la dependencia, etcétera, y,
encima, me quedo con todos los ingresos procedentes del incremento de
impuestos; con todos, a pesar de la cotitularidad de algunos ellos. ¿Qué
ocasiona esto? Si en los presupuestos de 2015, los actuales, se
incrementa el presupuesto de la administración central en 10 000 millones
de euros, y en el caso del resto de los entes territoriales solo en 900,
al final se provoca la asfixia de las comunidades autónomas. Entonces
llega el Gobierno salvador y les crea un nuevo fondo con euros que recibe
del Banco Central Europeo, a intereses más bajos y, nuevamente, como
préstamos que han de devolver, pero a cambio las obliga a perder más
autonomía —y yo diría que dignidad— y, encima, piden el
aplauso. De nota. En el debate de enmiendas seremos más concisos sobre el
articulado.


El señor ministro no ha venido hoy —por lo tanto, ya no se
podrá ufanar más y decir que está siempre presentando las leyes en el
Senado—, pero yo sí he leído su intervención cuando la presentó en
el Congreso de los Diputados y he de decir que dedicó la mayor parte de
su tiempo a glosar lo maravillosamente bien que estamos en nuestro país y
lo mucho que le debemos. Por ello, voy a intentar aclararles algunas de
las cosas que él dijo.


Mire, ni a mí ni al Grupo Socialista nos cuesta nada reconocer
—y, además, alegrarnos— de que algunos datos macroeconómicos
vayan mejorando; crecemos más, se crean empleos, la financiación continúa
escasa pero a menor coste y el déficit, aunque mucho más lentamente de lo
previsto, se va corrigiendo. Pero el Gobierno, ustedes, en vez de
colgarse todas las medallas, deberían reconocer que también han influido
en todo ello factores incontrolables por el Gobierno, por ningún
Gobierno: el menor coste del petróleo, la depreciación del euro, la
bajada de tipos, la compra masiva de bonos por parte del Banco Central
Europeo —60 000 millones al mes ha puesto encima de la mesa el
señor Draghi—; en fin, ese viento de cola favorable que está
ayudando a todas las economías del euro. Por lo tanto, deberían ser más
rigurosos en las valoraciones y huir de ese triunfalismo desbordante que
les caracteriza, pues al final puede parecer que el Gobierno es el único
que no se entera de algunos datos que debería saber.


Debería saber que la deuda pública está rozando el cien por cien
del PIB, superando ya el billón y que con este Gobierno ha
crecido 290 000 millones más, 250 millones diarios, incluidos festivos.
Somos el país del mundo en el que más se ha incrementado la deuda.
Además, deberían saber que, a pesar de las sucesivas ampliaciones de
plazos en cuanto a objetivos de déficit, continuamos a la cabeza de
Europa, somos el segundo país de Europa con más déficit. Si hablamos solo
de la Administración central, que es la competencia de este Gobierno,
habrá que decir que cerró el año pasado con un 4,68 % de déficit, que es
apenas medio punto menos que el que heredó, el 5,1, del denostado
Gobierno Zapatero. La Administración central ha ajustado 5000 millones de
euros el déficit después del enorme recorte de servicios y derechos
públicos, de más de 50 000 millones de euros, y de subidas de impuestos.
Ese es el círculo virtuoso que tanto se ufana en describirnos el señor
Montoro, pero que más bien es un círculo vicioso.


Supongo que saben que, según Eurostat, España representa el 12 %
del PIB europeo, de la eurozona, y, sin embargo, tiene el 25 % del
déficit público y el 30 % del desempleo de toda la zona. No está
mal.


Pero ¿acaso no ha tenido nada que ver con estos datos positivos
la brutal devaluación salarial, las precarias condiciones laborales, la
caída de las rentas familiares disponibles y el deterioro de los
servicios públicos y prestaciones sociales? Esta es la parte oscura que
quieren ocultar. Señores del Grupo Popular, bajen al suelo y abandonen
esa euforia que algunas veces puede resultar insultante para la mayoría
de españoles que todavía no están percibiendo ninguna mejora.


¿Y si hablamos en términos de igualdad? Esa es otra, pero es que
a ningún miembro del Gobierno, a ningún militante del Partido Popular le
sale esa palabra: desigualdad. Quizá el debate debería ser ese, ¿qué
sociedad queremos? Esa es la gran diferencia entre nosotros y el Partido
Popular. Nos van a dejar una España mucho más desigual que la que
encontraron y su modelo está plasmado en el último programa de
estabilidad 2015-2018, enviado a Bruselas la pasada semana, en el que
indican dos cosas, entre otras: la primera es que el gasto público debe
bajar cinco puntos, 50 000 millones de euros, hasta el 38,4 % que,
evidentemente, supondrá más recortes de 2012 a 2018; por lo tanto, el
gasto público se habrá reducido nueve puntos en estos años, de 2012
a 2018, y cuando termine ese periodo tendremos casi diez puntos menos de
gasto público que la media de la Unión Europea. La segunda es que los
ingresos públicos se quedan en el 38,1 %, cuando la media está en
el 45 %, es decir, siete puntos más que la nuestra. Ese es un modelo de
sociedad con menos Estado, con menos ingresos públicos, con menos gasto
público y, por lo tanto, mucho menos social y mucho más privatizado de lo
que a nosotros nos gusta y que nosotros intentaremos cambiar. Y esta es
la cuestión. Nos quieren llevar a ese modelo de países como Bulgaria,
Lituania o Estonia y nosotros queremos estar en ese otro grupo, junto a
Francia, Italia, Alemania, etcétera. Este es nuestro modelo y este será
el gran cambio que haremos.


Ahora me dirán que todo lo basan en el gran crecimiento, pero
todos indican, incluso la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal que ustedes crearon y nombraron, que en el medio plazo esto no
será así. Todos los analistas definen que, a partir de 2016, habrá un
estancamiento en el crecimiento y en el incremento del empleo. Ahora
mismo, aunque se crease ese millón de empleos que ustedes prevén
entre 2014 y 2015, se estaría creando uno de cada tres puestos de trabajo
perdido durante la crisis. ¿Cómo se pueden disminuir en cinco años, antes
de 2018, 400 000 millones de la deuda? ¿Cómo se puede disminuir 400 000
millones en cinco año? ¿Y 10 000 de esos millones corresponden a las
comunidades autónomas? ¿Cómo se puede conseguir eso, a pesar de que el
crecimiento continúe como ahora? Sinceramente, es imposible disminuir esa
deuda. Hay que ser realista, hay que ser sincero y plantearse nuevos
objetivos con respecto a esta cuestión.


Curiosamente, esa misma Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal les recomienda con respecto a ese plan de
estabilidad lo mismo que hoy hemos pedido aquí todos, que revisen el
sistema de financiación para —y leo textualmente—: adecuar
los recursos a las responsabilidades de prestación de los servicios. Ya
que no nos hacen caso a nosotros, atiendan a su Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal.


Señorías, termino mi intervención diciéndoles que ustedes siguen
sin estar al tanto del sentir de la sociedad española, a pesar de los
datos que las encuestas del CIS dan constantemente. En este sentido,
citaré una frase del premio nobel Joseph Stiglitz que dice así: Una de
las razones por las que la mayoría de la gente percibe que, aun subiendo
el PIB, está peor, es porque efectivamente está peor.


Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Vázquez.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Peñarrubia.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes.


Señorías, como es natural, mi grupo va a votar en contra de los
siete vetos presentados a este proyecto de ley orgánica que modifica dos
del mismo carácter: la Ley de financiación autonómica y la Ley de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.


Precisamente, ese es el objetivo que persigue, garantizar la
sostenibilidad financiera de nuestros entes territoriales, comunidades
autónomas y ayuntamientos y, a su vez, la prestación de los servicios
básicos esenciales que le son propios.


Con esta reforma se pretenden dos cosas muy sencillas: por un
lado, financiar con un menor coste las administraciones públicas; y, por
otro, garantizar que esos servicios básicos —sanidad, educación y
servicios sociales— se presten con las mejores garantías, puesto
que son los pilares y fundamentos del Estado del bienestar. Y esto,
señorías, que es tan sencillo, ustedes no lo entienden, o mejor dicho, no
lo quieren entender.


En ese sentido, aunque con más brevedad que ustedes, voy a
intentar sacarles de su cerrazón. Sé que es difícil, sé que es
complicado, ya sé que no es tarea fácil, pero en esto soy insistente.
Creo que al final ustedes podrán reconocer en su fuero interno que el
Gobierno del Partido Popular no va desencaminado y que está haciendo las
cosas razonablemente bien.


En el año 2012, a comienzos de la legislatura, la falta de
liquidez de los entes territoriales, de las comunidades autónomas y
ayuntamientos, era un problema —ustedes lo saben bien— de
enormes proporciones. Era una cuestión especialmente grave; era tan grave
que, en el mejor de los casos, los intereses para pagar los fondos que
permitían mantener esos servicios eran inasumibles y, en el peor de los
escenarios, los mercados estaban cerrados a cal y canto para nuestro
país. Les guste o no esa es la realidad del inicio de esta legislatura,
desde el año 2012 hasta aquí, que gracias a Dios se ha ido mejorando. La
falta de confianza sobre nuestra economía impedía que se pudieran obtener
recursos para mantener esos servicios públicos, y también lo saben. En
este tiempo la economía española presentaba gravísimos desequilibrios que
era urgente corregir, y además, de inmediato. Había un déficit público
disparatado, ¿sí o no?; una inflación elevada, ¿sí o no?; y un sistema
financiero muy débil. No estábamos, como llegó a decir el señor Rodríguez
Zapatero, en Nueva York, en la Champions League, en la liga de campeones
del sistema financiero; estábamos en recesión pura y dura, creciendo
negativamente, y eso parece que se olvida muy pronto. El paro aumentaba;
casi 3 500 000 personas perdieron su empleo entre 2008 y 2011 y la prima
de riesgo, señorías, estaba por las nubes. No hace falta
recordárselo.


Esta era, lo quieran o no, la situación que había: un país sin
rumbo y a la deriva, al borde del precipicio, a punto de ser intervenido.
Y tan es así que las opiniones en ese momento se dividían; había quienes
decían que no nos quedaba más remedio que salir del euro y otros
afirmaban que, en pura lógica, lo que teníamos que hacer era pedir el
rescate de nuestra economía. ¿Se acuerdan ustedes o andan mal de memoria?
Yo creo que sí se acuerdan.


Sin embargo nosotros, como es evidente y gracias a Dios, optamos
por otro camino, un camino más lógico, más razonable, mucho más sensato y
menos traumático, que era acometer una serie de reformas de todo tipo
para deshacer la maraña en la que estábamos metidos por una mala gestión
del Gobierno anterior. Y, entre esas medidas, necesitábamos abordar un
programa de consolidación fiscal que permitiera reconstruir la confianza
perdida y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad del Estado de
Bienestar, un proceso que ha sido coherente y que se ha llevado con
sentido común porque nadie en su sano juicio discute que hoy las cosas
están mucho mejor que hace tres años, para el país, para España, para los
ciudadanos, para todo el mundo, lo quieran o no lo quieran.
(Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Ahí están los datos, ahí están las
estadísticas; este país no es el de hace tres años. Sin embargo, ustedes
aprovechan la ocasión para abrir una causa general contra el Gobierno del
Partido Popular a costa de la financiación autonómica. Rizan el rizo.
Hablan y no paran de recentralización, de ataques a las comunidades
autónomas, de deslealtad institucional y de una serie de cosas más e,
incluso, llegan a decir, en este revoltijo de despropósito, que el
Gobierno está poniendo en peligro el Estado de Bienestar, como si el país
hace tres años o incluso menos tiempo hubiese estado para sutilezas.






La
cuestión era que o lo arreglábamos o esto se hundía, y lo saben; o lo
arreglábamos con decisión, con valentía y con eficacia o esto se
hundía.


Y como colofón a esa serie de despropósitos que han dicho y que
seguro que todavía les quedan por decir, hacen una crítica al modelo de
financiación autonómica de 2009, un modelo que no satisface a nadie, que
disgusta a todo el mundo, a todas las comunidades autónomas y que es un
auténtico disparate, el modelo de financiación del gobierno del Partido
Socialista que no hay, señorías, por dónde cogerlo. ¿Que hay que
abordarlo? Sin duda. ¿Que vencía en el 2014? También es cierto. ¿Pero
ustedes creen de verdad —y no se engañen y no nos engañen—
que se han dado o se están dando las circunstancias económicas adecuadas
y las condiciones políticas para hincarle el diente a esta cuestión? Sean
sinceros, por favor. Este es un tema que, a nuestro juicio, requiere
consenso, diálogo, sosiego, objetividad, solidaridad y un poco de
generosidad. Y a la vista de las intervenciones que esta tarde, en esta
hora gastronómica, ustedes han planteado, no se adivina ninguna de estas
posibilidades.


Les he dicho, y lo repito, que esto es poco menos que una causa
general contra el Gobierno, aprovechando la financiación autonómica. Le
he dicho también que esto es un revoltijo de despropósitos y ahora les
voy a decir que olvidan los objetivos porque este proyecto de ley, esta
reforma de dos leyes orgánicas lo que busca es lo que ustedes dicen que
el Partido Popular, que el Gobierno del Partido Popular se va a cargar.
Garantizan la educación, la sanidad y las políticas sociales. Cuestiones,
creo yo, más formales que de fondo son las que les han llevado a plantear
estos 7 vetos. Creo que solo queda un grupo político que no lo ha hecho,
el Partido Nacionalista Vasco, pero ya nos anunció su portavoz que en el
turno de portavoces utilizarán los argumentos como si hubiesen presentado
un veto y que, además, se iban a adherir, iban a apoyar e iban a votar
los 7 vetos restantes.


Este no es un proyecto de ley de recentralización. Lo que
pretende evitar este proyecto de ley, y se lo voy a decir con claridad,
es el «yo gasto y tú pagas», el «yo gasto» y que venga el Estado, que
venga el Gobierno de la nación a sacarnos las castañas del fuego. Le
decía anteriormente que el país no está para sutilezas. El debate ha
demostrado, está demostrando, que con ustedes, y esto es muy duro, es
imposible entenderse. Ustedes actúan todos a una, como Fuenteovejuna, o
hacen las cuentas —sí, señora Capella— del gran capital. Los
señores Iglesias, Capella, Julios Reyes, Saura, Montilla, Alturo, don
Ramón, y Vázquez, todos han coincidido en las bondades —entre
comillas porque ustedes son un tanto rácanos a la hora de reconocer las
cosas positivas y buenas que ha podido hacer un Gobierno—, y han
reconocido que se han hecho cosas bien, lo que ha permitido que se
mejoren muchas situaciones que estaban muy mal en el año 2012, pero todos
al final dicen lo mismo. Es más, en el caso del senador Vázquez, que el
viento nos sopla de cola y que esto es así porque las condiciones son
favorables. Esto es así porque hubo un gobierno serio, un gobierno
responsable, un gobierno que cogió el toro por los cuernos, que planteó
medidas que podían no entenderse, pero que tres años después han dado su
fruto.


Quiero acabar, señor presidente, señorías, pero no sin decirles
antes que se han olvidado —hay que ver lo frágil que es la
memoria— de la situación de la que partíamos, de la situación que
heredamos o, si prefieren para ser más suave, de la situación que nos
encontramos y también de las muchas medidas —se han citado algunas
muy de pasada— que este Gobierno implantó para sacar adelante a las
comunidades autónomas, que es lo mismo que decir sacar adelante a España,
desde el plan de pago a proveedores, pasando por las medidas que hoy, a
pesar de ustedes, vamos a aprobar, y sin olvidar el fondo de liquidez
autonómico. Y a lo largo de estos años y hasta más allá de 2015, hay que
decir, y debe quedar constancia de ello en el Diario de Sesiones, que se
ha facilitado liquidez a las comunidades autónomas y ayuntamientos por
importe de 184 000 millones de euros, de los cuales aproximadamente
un 70 %, es decir, 100 000 millones de euros han ido exclusivamente a
gasto social. Gracias a esta medida y al dinero inyectado se han podido
pagar —y quiero que también conste— más de 2 millones de
facturas que estaban olvidadas en los cajones.


Por tanto, señorías, señor presidente, creo que están ustedes a
tiempo de recapacitar, que están a tiempo de ser generosos, de dar
respuesta a una propuesta del Gobierno del Partido Popular y de retirar
los vetos que han presentado a este proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Peñarrubia.


Pasamos al turno de portavoces. Los tres portavoces del Grupo
Parlamentario Mixto van a compartir el turno. En primer lugar, tiene la
palabra la senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


¡Qué mala suerte tenemos aquí los de la oposición! ¡Nunca
entendemos la redacción de los proyectos de ley que ustedes presentan!
¿No será que siempre entendemos, además de la literalidad de lo que
ustedes dicen en cada uno de los artículos de los proyectos, la
intencionalidad? Porque pueden ustedes leerlo del derecho, del revés o
como quieran, pero me parece que todos nos hemos expresado en el mismo
sentido. Y, como les decía en mi intervención, esto no deja de ser un
paso más que se da en todos esos proyectos de ley que ya son ley y que y
quieren recentralizar, controlar, impedir y laminar el autogobierno. Y en
este caso me quejo de mi país, de Cataluña, y soy solidaria con el resto
de comunidades autónomas, sí; Cataluña es especialmente solidaria.


Les voy a volver a leer la letanía de siempre a los que no
entienden, a los que no escuchan, a los que les parece que esto no es
verdad cuando sí que es verdad, porque ustedes no refutan nada de lo que
les decimos. Cataluña representa un 16 % de la población del Estado;
aportamos el 22 % de los impuestos y suponemos el 20 % de la riqueza del
Estado. Y lo repito: ¿qué recibimos a cambio? El 9 % de las inversiones y
padecemos el 29,7 % de los recortes del Estado. Y esto es incontestable,
pero ustedes no lo rebaten nunca porque no pueden.


Les decía antes también que Cataluña estaría en condiciones y en
situación de poder pagar el cien por cien de nuestras políticas sociales
si no tuviésemos que cargar con ustedes, especialmente con las
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, y si ustedes
cumpliesen con las obligaciones de financiación que se derivan de los
acuerdos estatutarios. Cumplan, cumplan la ley, cumplan el estatuto de
autonomía, cumplan con los acuerdos y no canten siempre la misma
cantinela, que la culpa es de los otros, porque hace ya más de tres años
y medio que están gobernando ustedes.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senadora.


Tiene a continuación la palabra, por el Grupo Mixto, el señor
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Efectivamente, no es una cuestión de cerrazón. La postura de
todos los grupos de la oposición, en vez de verla ustedes como una
especie de nueva configuración de la confabulación judeomasónica, tienen
que verla como la coincidencia de diversas opciones políticas ante un
proyecto que todas esas opciones políticas ven como algo negativo. Y lo
ven como algo negativo porque afecta al concepto de autonomía que es
consustancial al modelo de Estado que nos hemos dotado
democráticamente.


El caso más arquetípico es el del Partido Nacionalista Vasco que,
efectivamente, no ha formulado veto —yo no tenía información de
cuál iba a ser su posición, el señor portavoz del Grupo Popular ha tenido
la amabilidad de adelantárnosla—, porque que el Partido
Nacionalista Vasco, que tiene un sistema de financiación que no es el del
resto de las comunidades autónomas, que es el foral, como en el caso de
Navarra, también vea este proyecto de ley como una agresión, es la mejor
manifestación de que no se trata solo de una cuestión de modelo de
financiación, sino que se trata de otra cosa, se trata de la revisión del
modelo de Estado, y eso sí les afecta directamente, eso sí les toca
directamente.


Yo no voy a discutir que los datos de los últimos meses en la
macroeconomía son más positivos que los que había hace un año, hace dos
años o hace tres años, pero tampoco creo que sea bueno, por respeto a la
verdad, que ustedes se atribuyan el éxito —entrecomillas— de
esa situación. El señor portavoz del Grupo Popular insistía en que los
mercados se han abierto, y yo tengo que responderle que los mercados se
han abierto no gracias al señor Rajoy, sino que se han abierto gracias al
ser Draghi, que fue el que modificó la política del Banco Central Europeo
y lo permitió. La caída de la prima de riesgo se produce a partir del
anuncio del señor Draghi, ni siquiera de la decisión, muchos meses antes
de que la medida se articulara, de que iba a utilizar una parte de las
capacidades y competencias y funciones del Banco Central Europeo para
dinamizar la economía europea, y eso benefició a todos los Estados y
también a nuestro país.


Pero cabalguemos sobre su argumentación, intentemos hacer un
desarrollo lógico de su argumentación; si es cierto que estamos en una
situación económica mucho mejor, que se han superado una gran parte de
los problemas ¿qué necesidad hay ahora de tomar esta decisión, que no
hizo falta tomar cuando la situación era mucho peor? ¿Por qué ahora, que
va todo mejor, es imprescindible embridar aún más a las comunidades
autónomas?


Y sigo galopando sobre su argumentación. Nos decía que no se dan
las circunstancias políticas para que se afronte con posibilidades de
éxito y de consenso la elaboración de un nuevo modelo de financiación. Yo
añado: y no hay tiempo ya de aquí a noviembre. Si esto es así, tampoco se
darán las circunstancias políticas que propicien una modificación como la
que ustedes están planteando; esperen al nuevo modelo de financiación y
busquemos todos una solución a estos problemas. No se trata de que los
vetos se articulen, como ha apuntado el senador portavoz del Grupo
Popular, como una causa general frente al Gobierno; el problema es que la
mayoría de las comunidades autónomas empiezan a ver que la estrategia
desarrollada por el Gobierno de don Mariano Rajoy es una auténtica causa
general a las comunidades autónomas, a las que se hace responsables de
todos los males económicos que se han producido en este país. Ustedes
combinan el discurso sobre dos pies, van lanzando alternativamente uno y
otro; por un lado, la culpa es del gobierno anterior, la herencia del
señor Zapatero —yo no les voy a discutir nada de eso—, y
cuando interesa, en vez de utilizar ese pie, avanzan con el otro pie, y
la responsabilidad es de las comunidades autónomas, sin que ustedes
asuman nunca en esta parte el indiscutible cupo de participación que en
ella tendrán las comunidades autónomas en las que gobiernan, que no son
las que precisamente presentan el escenario financiero más favorable.
Distintos portavoces ya han hecho referencia a la actuación de la
Comisión Europea en relación a Valencia y, por lo tanto, no ve voy a
detener en ello.


Concluyo. Decía el señor portavoz del Grupo Popular que aquí el
conjunto de los grupos de la oposición actuamos como Fuenteovejuna.
Reflexione sobre esa frase. En Fuenteovejuna, el pueblo que actuaba unido
tenía razón e imponía la justicia, y al final en la obra se constató el
acierto de las decisiones que el pueblo, como uno solo, tomó en aquel
momento.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Cierra el debate, por el Grupo Mixto, la senadora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Muy brevemente, quiero manifestar la posición de nuestro grupo en
relación con las enmiendas a la totalidad o con los vetos que vamos a
apoyar. Yo le pediría portavoz del Grupo Popular que recapacite. Usted
nos lo pide a todos nosotros, y yo se lo pido a usted, recapacite; y le
pido al Grupo Parlamentario Popular que asuma responsabilidades, que las
asuman todos. A mí me toca pedírselas especialmente a los senadores y
senadoras canarios que tienen ustedes en su grupo; les pido que tengan
responsabilidad. Habla usted de que tenemos un escenario económico mejor
y de que todo está mejor. En Canarias las cosas no están mejor, señoría.
Dígaselo usted a las miles de personas que tenemos en desempleo. ¿Cómo
les explicamos ahora, cuando volvamos a Canarias, que vienen más recortes
y que nos van a amenazar con una intervención si tenemos un gasto
superior en medicamentos? Explíqueles usted eso a los ciudadanos que
tenemos en Canarias. La responsabilidad la tienen que asumir ustedes. No
estamos mejor, señoría. La responsabilidad del Grupo Popular sería
exigirle al Gobierno de España que cumpla con las obligaciones jurídicas
y políticas que tiene: realizar el modelo en el 2014 y defender una
igualdad de condiciones de todos los ciudadanos en este país vivan donde
vivan.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Julios.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora
Martínez Muñoz.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Como bien adelantaba el senador Peñarrubia, efectivamente, mi
grupo parlamentario va a apoyar los siete vetos del resto de grupos
parlamentarios. En realidad deberíamos haber presentado nosotros también
un veto, pero no lo hicimos en su día porque es cierto que el proyecto
original presentado por el Gobierno en su debate en el Congreso era un
texto que regulaba exclusivamente el ámbito de la financiación de las
comunidades autónomas acogidas al régimen común. En cuanto a comunidad
foral, en nuestro caso nos sentíamos que no estábamos tampoco afectados
por el proyecto de ley pero, como ha ocurrido en otras ocasiones, el
Partido Popular ha presentado enmiendas a su propio proyecto de ley en el
trámite del Congreso introduciendo modificaciones que sí que nos afectan
y mucho, porque van a venir a limitar nuestra capacidad de gasto
farmacéutico; concretamente me estoy refiriendo a las disposiciones
adicionales primera y cuarta que ustedes han introducido saltándose todos
los trámites parlamentarios, saltándose cualquier tipo de lógica
parlamentaria y saltándose los informes preceptivos que habrían sido
necesarios para modificar una ley, como la de sanidad, en este caso del
Consejo de Estado o incluso del Consejo Económico y Social. Y ahí es
donde nosotros tenemos que poner pie en pared y decir que no, que aquí se
viene a regular mucho más que la financiación de las comunidades
autónomas de régimen común; aquí se viene a poner límites a lo que
nosotros entendemos que es nuestra capacidad de autogestión y de
autogobierno. Se viene a poner en riesgo la cartera de servicios
complementarios que puede prestar la Comunidad Autónoma Vasca en materia
sanitaria. Por lo tanto, nosotros, si bien hemos presentado un veto
propio, sí que nos sentimos legitimados para apoyar con total claridad
los vetos presentados por el resto de los grupos parlamentarios. Más
adelante, en el turno de enmiendas, haré un defensa más explícita y
amplia de cuáles son los principales problemas que vamos a ver a esas
disposiciones primera y cuarta y también procuraré hacer referencia, y
darle la réplica que merece, a esa afirmación que usted ha hecho de «yo
gasto y tú pagas», que no se puede aplicar en ninguno de los casos a la
Comunidad Autónoma Vasca.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


El portavoz del Grupo Popular nos ha dicho que hacemos
improperios, despropósitos y no sé cuántas cosas más. Intentaré ser más
aplicado la próxima vez. Fíjese, le digo que ustedes están solos en esta
Cámara políticamente. ¿Qué dicen las ONG? ¿Qué dice la encuesta del CIS?
¿Hay alguien que les apoye? Los sindicatos, ¿les apoyan? Cáritas, ¿les
apoya? Están absolutamente solos.


Usted dice que hay recuperación. Hay recuperación macroeconómica,
luego me referiré al porqué. Pero las condiciones en la vida no están
cambiando; solo hace falta ir por cualquier barrio —por cualquier
barrio no, por la mayoría de los barrios— de Madrid, de Barcelona,
de Sevilla o de Valencia para ver que la gente continúa pasándolo mal;
que trabajadores que hace cuatro años ganaba 1000 euros, y decíamos
entonces que eran mileuristas y que lo pasaban mal, hoy ganan 800; y que
hay trabajadores que están en precario, que no pueden vivir dignamente
con su salario; y a esto ustedes no hacen referencia.


El señor Rajoy en todos sus debates ni una sola vez, fíjese lo
que le digo, ni una sola vez, ha dicho que en España había pobreza. Y ni
una sola vez ha dicho que en España había desigualdad. ¿Cómo se concibe
esto? ¿Cómo es posible que usted diga esto? En España la recuperación
económica es macroeconómica y se produce en detrimento de los
trabajadores y de las clases populares. La salida de la crisis se está
construyendo con una estructura social diferente, de aumento de la
exclusión de la gente, de disminución de la clase media y de grandes
beneficios de la clase poderosa.


Usted habla de la financiación autonómica, pero ¿por qué no
pueden discutir de ella? La ley dice que no se hará ley de financiación
si la situación económica es grave. ¿Es que no dice esto? ¿Quién
interpreta si se puede hacer o no? Ustedes incumplen la ley. Yo le he
sugerido tres o cuatro o cinco cuestiones que se podían incluir en esta
ley. ¿No se puede negociar una ley y aplicarla gradualmente? ¿Por qué no?
¿No se pueden clarificar en esta ley los objetivos justos de distribución
del déficit? ¿No se puede decir en esta ley que una parte de los
incrementos de recuperación del Estado han de ir a las comunidades
autónomas? No solo no se dice nada de todo esto, sino que hacen un
reparto de la distribución de los objetivos de déficit desigual porque
las comunidades autónomas, que representan el 36 % del gasto, tienen la
quinta parte del techo del gasto y la Administración Central se lo queda
todo.


En relación con el optimismo, a mí me parece —no se lo tome
como un improperio— que no se puede decir que la recuperación
macroeconómica depende de las reformas estructurales del Partido Popular.
No le niego, fíjese, que pueda haber una parte que sí, pero la gran
recuperación, ¿de dónde viene, señor portavoz, de dónde viene? Viene de
la disminución de los precios del petróleo y de la política de Draghi, y
sin la política de Draghi y sin la disminución de los precios del
petróleo, ustedes tampoco tendrían salida en los mercados. Porque, ¿dónde
estaba la prima de riesgo? ¿Por qué baja la prima de riesgo, por las
reformas del Partido Popular? ¿O la primera de riesgo baja, en
definitiva, por las decisiones de la Unión Europea? Lo más grave de todo
es que la propuesta que nos traen hoy es un quebranto democrático del
procedimiento legislativo de las leyes.


¿Cómo es posible que una ley, que un proyecto de ley que presenta
modificaciones de dos leyes, modifique nueve leyes, que no pase por el
Consejo de Estado ni por el Consejo de Política Fiscal, y que ustedes no
permitan el debate? Hemos tenido que defender antes en quince minutos
vetos a ocho leyes —para ustedes, magnífico, se evitan siete
debates—; por lo tanto, como ustedes hacen lo que hacen, enmendar
una ley, y no permitir que se presente una proposición de ley ni
incorporar en el proyecto de ley las modificaciones, están eludiendo y,
por tanto, vulnerando las normas democráticas para hacer una ley; están
reduciendo el tiempo de debate social y político. Estamos aquí
defendiendo en quince minutos ocho leyes, cuando estas ocho leyes
deberían ser objeto de veto una por una con quince minutos cada una. Por
lo tanto, señores del PP, esta ley es una ley de quebranto democrático,
una ley que en lugar de dar financiación a las autonomías hace dos cosas:
reduce la autonomía financiera y chupa competencias, y además, modifica
leyes de sanidad que significan recortes de competencias. Estoy seguro de
que la ciudadanía está viendo esto de forma clara. Y si todo fuera tan
bien, no habría en las encuestas descensos de 15 y 20 puntos, como
ustedes están teniendo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador, señor Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Peñarrubia, yo voy a hablar por mí, por el veto que he
presentado y por los argumentos que hemos planteado desde nuestro grupo
parlamentario. Hemos utilizado argumentos, y en su intervención para
rechazar los vetos no he escuchado argumentos. Y le voy a poner algunos
ejemplos. En el Congreso de los Diputados —ustedes lo saben—
nosotros lo retiramos porque dijeron que iban a negociar enmiendas
importantes que nos preocupaban y que preocupaba a muchas comunidades
autónomas lo que se estaba planteando aquí. Ustedes lo dijeron, pero no
lo han cumplido. No quiero adelantarme a los hechos porque todavía queda
el debate de las enmiendas, y no sé si se va a aceptar o no alguna. No me
quiero adelantar a determinados hechos, pero en cualquier caso en la
intervención final ya lo plantearemos.


Primera cuestión, hemos intentado facilitar el diálogo y hasta
ahora no lo hemos visto en ninguna de las intervenciones que aquí se han
dado. Usted nos dice que no entendemos y que no queremos entender. A mí
me da la sensación de que hay una serie de vehículos que van en un
sentido, otros que van en otro, y parece que los que están equivocados
son todos los que van, según ustedes, en sentido contrario, no se puede
interpretar de ninguna otra forma. Es decir, ¿estamos todos equivocados?
¿Tienen ustedes la razón absoluta de todo lo que se está planteando?
Sinceramente, háganselo mirar porque no es así, ustedes no tienen la
razón absoluta. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Usted nos ha dicho muchas cosas y alguna de ellas merece la pena
repasarla. Nos habla de la situación económica con la que se encontraron
y la mejora económica que estamos teniendo desde el punto de vista
macroeconómico. Muy bien, pero yo le voy a comentar dos o tres cosas que
creo que es conveniente decirlas en estos momentos. Primera, la situación
de crisis ha llegado tan bajo, que solo faltaría que en algún momento no
se notara algo de crecimiento, solo faltaría, porque ha llegado muy bajo.
Segunda, los salarios han bajado muchísimo. Ha habido unos ajustes
tremendos, con lo cual esto ha favorecido que haya crecimiento. Y,
tercera, se han encontrado con unas situaciones que les han venido bien.
No me dirá que la bajada del precio del crudo no les ha venido bien. Esto
les ha venido bien, e igualmente la fortaleza que tenía el euro y los
cambios que ha habido ¿han favorecido o no a la economía? Esto también ha
sido así, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y luego usted nos
dice: yo gasto y tú pagas. ¿Cómo nos puede decir esto de que yo gasto y
tú pagas refiriéndose a nosotros, y que ustedes son los que han
introducido liquidez a las autonomías? ¿Qué es el FLA? ¿Es un dinero que
nos dan? ¿Hay intereses o no? Resulta que este es un dinero que encima
pagamos las comunidades autónomas; resulta que pagamos intereses porque
hemos de ir al Estado y no podemos ir a buscar financiación en el
exterior, pero dicen que han dado liquidez a las autonomías. Pues vale,
es decir, ¿quién paga esta liquidez? Pues la estamos pagando nosotros.
Por tanto, no nos diga esto. No nos lo diga porque, en definitiva, esto
no es así.


No me dirán que en sanidad no se ha producido una injerencia
tremenda. Que quieran reconocerlo o no es otra cosa, pero además se ha
producido sin entrar en el debate que realmente se tiene que hacer en la
comisión correspondiente. Ustedes nos tienen acostumbrados a una ley que
habla de financiación, y ahora quieren introducir otros aspectos que nada
tienen que ver con el objeto de la ley. Esto me encanta, y me recuerda
cuando rechazaron una enmienda que nosotros presentamos a este proyecto
de ley. No nos dejaron ni debatirla porque decían que no venía a cuento
en este debate. Mira que bien. Hay que recordarles las cosas, porque
ustedes han presentado enmiendas a un proyecto de ley que nada tiene que
ver con él, y ahora dicen que esta enmienda no tiene relación con el
objeto de la ley. Seamos coherentes. Esto es incoherencia total y, en
definitiva, es una falta de respeto al sector y a los ciudadanos que no
se haya producido el debate y que hayan introducido por la puerta de
atrás todas estas cuestiones. Dígame o no si el ICF, el Institut Català
de Finances, hace una función en pro de la economía productiva o no. ¿Hay
algo que les moleste del Institut Català de Finances? Porque, en cuanto a
los avales, tenemos un problema gravísimo y están perjudicando al sistema
productivo.


Por tanto, no nos convencen, utilicen argumentos porque, en
definitiva, lo que están haciendo es aplicar el rodillo, aplicar la
mayoría absoluta. De lo que se trata es de imponer su voluntad de que no
quieren negociar. Como se ha dicho aquí, se trata de un proceso de
recentralización, de laminación de competencias, pero elevado a la máxima
potencia. En la última intervención tendremos ocasión de ver cómo acaba
todo el proceso.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


El señor Peñarrubia quiere sacarnos de la cerrazón en la que nos
acusa de estar a todos los grupos de la oposición, algún compañero se lo
ha dicho. Me viene a la cabeza el chiste del desfile militar, donde la
madre se empeñaba en que su niño era el único que iba marcando bien el
paso.¡ Qué quiere que le diga, señoría! pero debería contestarnos si
están de acuerdo o no con las formas, con que se presenten en el Congreso
doce nuevas enmiendas que modifican siete leyes más sin posibilidad de un
debate ni de un análisis previo. Si están de acuerdo o no con lo que se
hace con los fondos para las comunidades autónomas. Esos 184 000 millones
de euros se destinan a préstamos a los ayuntamientos y a las comunidades
autónomas que tienen que devolver; préstamos que el Gobierno recibe del
Banco Central Europeo en mejores condiciones. ¿Es verdad o no es verdad?
¿Es verdad o no es verdad que las ventajas del mayor gasto que permiten
las distintas flexibilizaciones de los objetivos del déficit se las queda
—prácticamente cuatro quintas partes— el Gobierno central
cuando solamente tiene el 50 % del gasto público? ¿Es verdad o no es
verdad que todo lo que ha supuesto un incremento de ingresos como
consecuencia de la subida de impuestos se lo ha quedado el Gobierno
central y nada las comunidades autónomas o los ayuntamientos?


Señoría, nosotros hemos reconocido las cosas que van mejor y
hemos puesto el objetivo, la lente, en aquellas cosas que no van tan
bien, pero es que ustedes no son capaces de asumir ninguna cosa de las
que no van tan bien, ninguna. En su intervención no ha sido capaz de
decir que es verdad que tenemos una deuda muy superior a la que nos
encontramos, o es verdad que el paro en nuestro país todavía está en unos
niveles absolutamente insoportables, o es verdad que la renta familiar
disponible ha disminuido en nuestro país y que ha habido una devaluación
salarial importantísima, o es verdad que ha habido unos importantes
recortes en los gastos, en los servicios, y copago por parte de los
ciudadanos, o es verdad que ha habido importantes subidas de impuestos en
estos años. No reconocen nada de esto, pero es verdad, son realidades
absolutamente incuestionables.


Vuelven otra vez con la herencia recibida, y brevemente les voy a
leer algunos datos de finales de 2011 a marzo de 2015. Parados, INEM. En
nuestro país, a finales de 2011, había 4 420 000, en estos
momentos 4 455 000; entonces, una tasa de paro del 22,56 %, del 23,70 %
ahora. ¿Estamos mejor o peor que hace cuatro años?


Parados de más de dos años. Entonces teníamos 1 431 000 y ahora
hay 2 387 000. ¿Estamos mejor o estamos peor? Empleo. Afiliados a la
Seguridad Social, entonces había 17 248 000, ahora hay 16 832 000,
¿estamos mejor o peor? Deuda pública, 700 000 millones entonces,
ahora 1 billón 35 000 millones. Españoles que se van de España,
entonces 165 al día, ahora 236. En el Fondo de Reserva de la Seguridad
Social había 66 815 millones y ahora hay 40 000. Población activa,
entonces 23,5 millones y ahora unos 23 026 000 Estos son datos del INE y
del Ministerio de Hacienda, no son nuestros. Por tanto, ese discurso ya
está bastante agotado.


Usted hablaba de frases que pronunció el anterior presidente del
Gobierno: Somos el motor de crecimiento en Europa. Somos y estamos a la
cabeza de Europa. Somos los primeros. Todas ellas son frases del actual
presidente del Gobierno. Y es verdad que estamos los primeros, pero en
deuda, en paro, en mínima renta familiar disponible, en devaluación
salarial, en recortes, en copago y en más impuestos. En eso somos los
primeros.


El señor Peñarrubia ha dicho que no quiero reconocer los méritos
del Gobierno en las mejoras que se han producido, achacándolas al viento
favorable de cola de la Unión Europea. Y le tengo que decir que me ha
convencido, yo estaba equivocado. Me ha convencido de que fue Rajoy quien
logró que en julio de 2012 comenzase a bajar la prima de riesgo en todos
los países mediterráneos, fue Rajoy y no Draghi, como algunos piensan.
Fue Rajoy quien consiguió la bajada del precio de los carburantes en el
mundo, nada han tenido que ver países como el que nos visita, sino que
fue nuestro presidente del Gobierno quien hizo que en todo el mundo
bajase el precio de los carburantes. Fue Rajoy quien logró la bajada de
los tipos de interés y la mayor liquidez en toda Europa, el Banco Central
Europeo no tuvo nada que ver. Incluso la mejora del turismo se debe a
nuestro gran presidente, que tiene la capacidad de influir en los ciclos
de renta y consumo de los países emisores de turistas o incluso en la
mala situación del turismo de otros países competidores. Y eso lo ha
conseguido a pesar de que perdimos el sillón que en el Banco Central
Europeo históricamente ocupaba España, con el que teníamos influencia en
ese foro, y a pesar de que perdimos nuestro puesto en el Banco Europeo de
Inversiones. Asombro del mundo entero es la capacidad del presidente del
Gobierno español. Hace milagros. Por eso, en Europa están entusiasmados
con que sea nuestro ministro De Guindos el que presida el Ecofin en los
próximos meses.


Señor Peñarrubia, señores del PP, ¿tan difícil es reconocer que
ni todo lo que han hecho está bien ni que todo lo que han hecho está mal?
¿Tan difícil es que ustedes aterricen y se pongan al mismo nivel de
percepción de la realidad del resto de grupos parlamentarios? Porque
todos los grupos hemos presentado un veto, todos menos uno, que se
arrepiente ahora de no haberlo hecho por lo que ustedes introdujeron por
la puerta falsa en el Congreso. Por tanto, alguna razón podemos tener. No
lo achaque, señor Peñarrubia, a la cerrazón de todos nosotros.


Usted ha dicho que España está muy bien, y cuando se les
preguntaba desde algún escaño quiénes estaban muy bien, ustedes
respondían que todos los ciudadanos. ¡Hombre! Están muy bien los bancos,
mucho mejor los bancos con la inyección de dinero que se les ha metido;
están muy bien las grandes empresas del IBEX, que van ganando y van
subiendo el sueldo a sus directivos y a sus consejeros; están muy bien
los grandes patrimonios y las grandes fortunas;






están muy bien los
defraudadores y los amnistiados; están maravillosamente bien. Pero el
resto de la población o está igual o está peor y algunos, que es de los
que algunos queremos preocuparnos, están mucho peor. Aquí le ha dicho hoy
un portavoz que no pronuncian la palabra pobreza, que la quieren quitar
del vocabulario, como si quitándola del vocabulario dejase de existir. Y
no es verdad, y no hay que avergonzarse de que ahora mismo haya más
pobres que antes o más población cerca de la exclusión social; es una
consecuencia de sus políticas, de la crisis. Vale, analicémoslo. Pero no
podemos ignorarlo, taparnos los ojos ante esa realidad. Miran, pero no
ven; oyen, pero no escuchan ni entienden, porque nadie, nadie, en el
Gobierno, ni en el Partido Popular, no solamente no nombra la palabra
pobreza, sino que no les he escuchado nunca nombrar la palabra
desigualdad. Y ese es el gran problema de sus políticas, esa es la gran
consecuencia de sus políticas, la enorme brecha social que van a dejar en
este país, muy superior a la que se encontraron. Ahí es donde nosotros
queremos realmente incidir, porque por mucho que mejoren determinados
índices macroeconómicos, por mucho que el PIB crezca, por mucho que
ustedes quieran poner en positivo ciertas cosas, mientras no se tomen
determinadas medidas redistributivas que consigan volver a equilibrar
socialmente nuestro país, nosotros consideraremos que sus políticas son
un fracaso.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


Señorías, les informo de que en las tribunas del público está
presente una delegación del Consejo Nacional Federal de los Emiratos
Árabes Unidos, que viene encabezada por su presidente y que ha estado
toda la mañana acompañándonos aquí, en el Senado. Sus miembros han estado
reunidos con la Comisión de Asuntos Exteriores. Están visitando España en
una visita que se prolongará hasta mañana por la tarde. Démosles la
bienvenida. (Fuertes y prolongados aplausos de las señoras y señores
senadores puestos en pie). Muchas gracias.


Tiene la palabra, a continuación, por el Grupo Parlamentario
Popular, el senador Peñarrubia.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo desde el escaño y con brevedad. Yo creo que
el debate ha sido intenso, un debate importante, pero los portavoces han
utilizado ese turno para hacer una serie de descalificaciones a lo que el
Gobierno del Partido Popular ha realizado en estos últimos años.


Desigualdad, señor Vázquez, la que ustedes dejaron. Eso sí era
desigualdad (Aplausos). Desigualdad es la brecha que es casi imposible
superar, pese a que se han adoptado medidas —y se lo he dicho en el
debate— de indudable calado. Ustedes, al final, dicen que esto es
poco menos que casualidad, que es la suerte, el señor Draghi, el precio
del petróleo, y desconocen y prescinden de la mayor: que han sido
políticas eficaces, políticas decididas, valientes del Gobierno del
Partido Popular, porque de no tomarlas España —y lo saben— se
hundía, la hundía un Gobierno socialista. (Rumores.—Aplausos). La
prima de riesgo no baja por casualidad. (Varios señores senadores: ¡No!
¡No!) Baja porque ha aumentado la confianza en la economía española, que
es mérito de todos (Aplausos), de los ciudadanos también y del Gobierno
del Partido Popular. (Varios señores senadores: ¡Ahí! ¡Ahí!) Por eso,
baja la prima de riesgo. Y de no haberse adoptado esas medidas, y con la
reforma de esta ley orgánica se da un paso adelante, nosotros estaríamos
como países vecinos. ¿O es que quieren estar como Grecia o Portugal?
(Protestas). Ese era el camino de España de no haber actuado con rapidez
y con decisión.


Por último, señorías, les pregunto: ¿Están ustedes a favor o en
contra de que se abaraten los costes de financiación de las comunidades
autónomas y de los ayuntamientos? ¿Están a favor o están ustedes en
contra de que ese abaratamiento de los costes de financiación vaya a
garantizar los servicios públicos esenciales, como sanidad, educación y
servicios sociales? ¿Sí o no? Parece que ustedes no están de acuerdo.
Pues que quede constancia en el Diario de Sesiones y salgan a la calle y
se lo explican a los ciudadanos. (Aplausos.—Protestas).


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Peñarrubia.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto. Antes
de proceder a la votación tengo que comunicarles que ha habido votación
telemática del senador Marín Torrecillas, del Grupo Popular, que ha
ejercido su derecho al voto en sentido contrario a los vetos.


Comenzamos con la propuesta de veto número 1, presentada por los
senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215
más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215 más 1 voto
telemático, 216; a favor, 76; en contra, 138 más 1 voto telemático, 139;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2 de la senadora Capella, del
Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214
más 1 voto telemático, 215; votos emitidos, 212 más 1 voto
telemático, 213; a favor, 77; en contra, 134 más 1 voto telemático, 135;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3 de la senadora Julios y el
senador Quintero.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215
más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215 más 1 voto
telemático, 216; a favor, 77; en contra, 138 más 1 voto
telemático, 139.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4 de los senadores Guillot y
Saura, del Grupo Parlamentario de la Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215
más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215 más 1 voto
telemático, 216; a favor, 76; en contra, 138 más 1 voto telemático,139;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 5 de todos los senadores de
la Entesa menos los senadores Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215
más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215 más 1 voto
telemático, 216; a favor, 77; en contra, 138 más 1 voto
telemático, 139.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 7 del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 214
más 1 voto telemático, 215; votos emitidos, 214 más 1 voto
telemático,215; a favor, 77; en contra, 137 más 1 voto
telemático,138.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 6 del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215
más 1 voto telemático, 216; votos emitidos, 215 más 1 voto
telemático, 216; a favor, 76; en contra, 139 más 1 voto
telemático,140.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de las
enmiendas.


En primer lugar, vamos a debatir las enmiendas del Grupo
Mixto.


Las enmiendas 1 a 4 han sido presentadas por los senadores
Iglesias y Mariscal; las enmiendas 5 a 20 han sido presentadas por la
senadora Julios y el senador Quintero, y las enmiendas 21 a 40 han sido
presentadas por la senadora Capella.


Para su defensa tienen treinta minutos que se repartirán entre
los distintos senadores.


Comienza la senadora Capella con la defensa de las enmiendas 21
a 40. Tiene la palabra.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchas gracias, señor presidente.


Las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana son de
supresión y de adición, y básicamente van en la línea de garantizar la
autonomía presupuestaria y financiera de las comunidades autónomas.


Doy por defendidas las enmiendas presentadas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


A continuación, tiene la palabra el senador Iglesias para
defender las enmiendas 1 a 4.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Voy a defender de forma harto sintética las cuatro enmiendas. En
la primera se plantea la supresión del apartado cinco del artículo
primero, que faculta al Gobierno a retener las cantidades que las
comunidades autónomas adeudaran, a 31 de diciembre de 2014, a los
ayuntamientos por los servicios públicos esenciales de sanidad, educación
y servicios sociales.


La segunda enmienda aspira a modificar el apartado tres del
artículo segundo, prescindiendo de la necesidad de la autorización del
Gobierno para que las comunidades autónomas concedan avales y
reavales.


En la tercera enmienda se plantea una nueva disposición adicional
para que el Gobierno proponga al Consejo de Política Fiscal y Financiera
un nuevo modelo de financiación autonómica, con la finalidad de no seguir
incumpliendo la previsión de revisión a los cinco años establecida en la
Ley 22/2009.


Finalmente, proponemos otra disposición adicional nueva para que
el Gobierno plantee una distribución diferente de los límites de deuda y
déficit que resulte más justa a las comunidades autónomas y
ayuntamientos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Senadora Julios, tiene la palabra.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Paso a defender brevemente las enmiendas presentadas por los dos
senadores de Coalición Canaria. Aunque todas ellas van en la línea de
recuperar la autonomía financiera de las comunidades autónomas, quiero
detenerme en dos que ya he comentado.


En una de ellas planteamos una disposición adicional nueva en la
que pedimos que, con efectos de 1 de enero de 2015, se proceda a una
reforma del sistema de financiación autonómica tendente a nivelar una
financiación per cápita ajustada y a garantizar la suficiencia de
financiación de los servicios públicos. Durante muchas horas hemos estado
hablando de ello en el Pleno, pero, recogiendo las palabras del portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, que dice que España va tan bien y que
los indicadores macroeconómicos son estupendos, me cabe plantearle, si
eso es así, por qué no cumplen con la obligación jurídica y política que
tiene el Gobierno de España de igualar a todos los españoles con un
modelo de financiación que apueste por la igualdad de derechos en todos
los territorios y que no profundice en la desigualdad, como se hace en el
texto que ustedes hoy han traído aquí.


La otra enmienda que quiero resaltar es la que hace referencia a
que desaparezca el texto que el Grupo Parlamentario Popular introdujo en
el trámite de esta ley llevado a cabo en el Congreso de los Diputados,
por el cual se reforman la Ley general de sanidad y la Ley de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud, introduciendo nuevamente
importantes recortes en la Cartera de servicios del Sistema Nacional de
Salud. Nos parece un atentado a la autonomía de las comunidades autónomas
y a los derechos de los ciudadanos que indexen el crecimiento del gasto
farmacéutico al crecimiento del producto interior bruto. Es más, las
comunidades autónomas no decidimos —y vuelvo a repetirlo— ni
los precios de los medicamentos ni los que forman parte de la cartera de
servicios de los medicamentos y cúales son financiados por el sistema;
eso lo decide, en exclusiva, la Administración central del Estado, y por
eso nos parece una deslealtad institucional que ahora las amenacen con
ser intervenidas y con que, en caso de incrementarse el gasto en la
prestación farmacéutica, no podamos desarrollar una cartera de servicios
complementaria para los ciudadanos. Se amenaza incluso con recortar los
recursos económicos que distribuye al Ministerio de Sanidad a las
comunidades autónomas. A todo esto cabe preguntarse para qué queremos un
Ministerio de Sanidad si ahora resulta que tenemos que mandar toda la
información del gasto farmacéutico, hospitalario y extrahospitalario al
Ministerio de Hacienda. Ahora resulta que también tenemos que mandar la
información al Ministerio de Hacienda, y esto es muy peligroso porque se
quiere controlar el gasto en tecnología sanitaria. ¿Para qué queremos un
Ministerio de Sanidad? ¿Es que el Ministerio de Hacienda no es capaz de
coordinarse con el de Sanidad? ¿No son capaces de poner en común las
bases de datos de la múltiple información que les tenemos que estar
enviando las comunidades autónomas?


Señorías, esto es un despropósito y, como ya he dicho, nuevamente
se quieren introducir recortes en la Cartera de servicios sanitaria, en
las prestaciones sanitarias, en el Estado del bienestar y en el Estado de
las Autonomías por la puerta de atrás y limitando la capacidad de las
comunidades autónomas para tomar decisiones.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.


El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 41
y 42.


Para su defensa tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Como bien dice, hemos presentado dos enmiendas, concretamente
la 41 y 42, de supresión de las disposiciones finales primera y cuarta,
respectivamente. Sus señorías quizá no estén familiarizados con cómo ha
sido el procedimiento por el que se han incorporado estas enmiendas, pero
yo se lo voy a recordar.


En el Congreso el Grupo Parlamentario Popular autoenmendó su
propio proyecto de ley, introduciendo una serie de disposiciones finales
que hasta entonces no existían y que poco o nada tenían que ver con el
título de la ley, que no es otra que la financiación de las comunidades
autónomas. Se introdujeron, por tanto, 11 disposiciones finales nuevas
que, como vuelvo a decir, nada tienen que ver con el proyecto de ley al
que se reenganchan, una práctica que tampoco responde a ningún tipo de
lógica parlamentaria, primero, porque está hurtando los informes
preceptivos y el propio debate parlamentario, y segundo, porque el Grupo
Parlamentario Popular, y concretamente las Mesas del Congreso y del
Senado, rechazan sistemáticamente enmiendas de los grupos parlamentarios
con el argumento de que no se atienen al texto original o que poco o nada
tienen que ver con el proyecto de ley en el que están siendo tratadas.
Por tanto, alguien debería hacer una reflexión sobre esta doble vara de
medir, ese doble criterio que utiliza el Partido Popular a su
conveniencia.


Pero me voy a centrar en las disposiciones finales primera y
cuarta, ambas vienen a reformar la Ley general de sanidad, una ley que ya
lleva varios años en vigor, una ley que, además, se ha reformado en tres
ocasiones y siempre con muy poco consenso. Y aquí lo que se viene a
establecer es la obligatoriedad no solo de comunicar por parte de las
administraciones públicas de las comunidades autónomas al Ministerio de
Hacienda el gasto farmacéutico en el que están incurriendo, sino que,
además, viene a establecer límites a ese gasto. No solo nos vienen a
decir a las comunidades autónomas que tenemos que gastar menos, que
tenemos que controlar el déficit, y encima en mayor medida que los
poderes centrales del Estado, sino que, además, ahora también se inaugura
una nueva forma de controlar el déficit, que es el sectorial. Además de
decirnos cuánto podemos gastar, nos van a decir también en qué.


Señorías, evidentemente esto no puede ser de recibo y no lo vamos
a permitir, porque es una forma más de recentralizar el Estado; por mucho
que ustedes lo nieguen y renieguen, proyecto de ley tras proyecto de ley
venimos a constatar que efectivamente se produce una recentralización del
Estado en términos generales y también en ámbitos sectoriales. Lo que
ustedes están consiguiendo con esto en la práctica es que Euskadi, por
ejemplo, no va poder hacer frente a su cartera de servicios
complementarios. Por ejemplo, se va a poner en riesgo el sistema
preventivo de cáncer de mama entre los 40 y los 50 años, que forma parte
de la cartera complementaria del Gobierno vasco; o la pervivencia de la
Unidad de Trastornos de Identidad de Género del Hospital de Cruces, que
también forma parte de la cartera de servicios complementarios de la
comunidad autónoma vasca; o las ayudas al copago farmacéutico que hemos
establecido para que nuestros mayores no tengan que hacer frente al
copago farmacéutico que ustedes han impuesto; o el calendario vacunal,
que es distinto en la comunidad autónoma vasca porque tenemos algunas
enfermedades endógenas. Van a poner en riesgo ustedes toda esta cartera
complementaria de servicios con esta ley. Y les vuelvo a recordar lo que
les mencionaba al inicio: en Euskadi nosotros nos organizamos el gasto de
modo que somos responsables de nuestros propios servicios. Nosotros no
vamos a gastar para, luego, pedirles a ustedes dinero. Nosotros gastamos
de lo que tenemos, gestionando bien, con eficiencia, sabiendo lo que
podemos ingresar para conocer exactamente lo que podemos gastar y en qué
lo podemos gastar. Y lo que no vamos a permitir son tutelas de quién y
del Estado a la hora de establecer qué, dónde y en qué podemos gastar
nuestro dinero. Eso no lo vamos a permitir. Si lo quieren hacer tendrán
que modificar la Ley de estabilidad presupuestaria y la Ley del concierto
económico. Mientras no lo hagan, señorías, esta ley es inconstitucional;
mientras no lo hagan esta ley es ilegal; y mientras no lo hagan esta ley
se carga el consenso constitucional que alcanzamos todos en el 78.


Por lo tanto, ahí quedan mis enmiendas. Piénsenselo.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas: el primero de ellos, de la 43 a
la 52 y la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado
por las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular e
incorporadas al informe de la ponencia. El segundo, de la 53 a
la 59.


Senador Montilla, ¿va a defender los dos bloques?


El señor MONTILLA AGUILERA: El primero.


El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señorías, como les decía en mi primera intervención de defensa
del veto, el contenido de esta norma atenta gravemente contra la
autonomía de gestión y la autonomía financiera, en definitiva, contra la
autonomía política de las comunidades autónomas ya que no respeta algunos
de los preceptos vigentes de los estatutos de autonomía. Por eso, entre
otras cosas, además de formular un veto, hemos registrado diez enmiendas
al texto que paso a detallarles brevemente.


La enmienda 44 propone la supresión de la nueva obligación para
las comunidades autónomas de reducir el riesgo y coste asumido en la
concesión de avales, reavales y cualquier otra clase de garantías para
afianzar operaciones de crédito de personas físicas y jurídicas, públicas
o privadas. El contenido del texto propuesto por el Gobierno que recoge
el proyecto de ley es, a nuestro modo de ver, muy impreciso, obligando a
una restricción a las comunidades autónomas que puede limitar
sustancialmente su autonomía en el desarrollo de medidas de política
económica.


Las enmiendas 45, 46 y 47 también proponen la supresión de otra
injusta limitación para las comunidades autónomas y su autonomía de
gestión y financiera al proponer la retención de recursos autonómicos por
parte del Estado para pagar directamente a las entidades locales,
obligaciones pendientes de pago de las comunidades autónomas en materia
de servicios públicos esenciales. Este apartado, en el caso de Cataluña,
atenta directamente contra el artículo 201.2 del Estatuto de Autonomía,
que establece explícitamente que la financiación de la Generalitat se
rige por los principios de autonomía financiera, coordinación,
solidaridad y transparencia en las relaciones fiscales y financieras
entre las administraciones públicas, así como por los principios de
suficiencia de recursos, responsabilidad fiscal, equidad y lealtad
institucional entre las mencionadas administraciones. La autonomía para
priorizar los pagos recae constitucionalmente y estatutariamente sobre la
autoridad, en este caso, autonómica, y el Estado no es quién para decir
qué o a quién se paga primero. Además, este apartado, cuya supresión
proponemos, considera deuda pública la deuda de las comunidades autónomas
con las entidades locales, lo que es, a nuestro modo de ver, también
contrario a la propia Constitución.


Nuestra enmienda 43 propone modificar las condiciones de
autorización del Estado en las operaciones de crédito en el extranjero de
las comunidades autónomas. Planteamos la necesidad de establecer un
procedimiento de silencio administrativo positivo, a los dos meses, para
que no se pierdan operaciones importantes de financiación por falta de
colaboración institucional.


Hemos registrado la enmienda 48 para seguir insistiendo y
recordándole al Gobierno del Partido Popular su obligación de revisar y
reelaborar un nuevo modelo de financiación autonómica. Proponemos que el
Gobierno se ponga a trabajar, sin demora, en el nuevo modelo, evaluando
el vigente y caducado, en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y tratando de aunar el máximo consenso posible para aprobar un
modelo que garantice los principios de coordinación y solidaridad que
recoge la Constitución.


Con las enmiendas 49 y 50 proponemos suprimir las disposiciones
finales incluidas a través de las enmiendas del Grupo Popular en el
Congreso, que modifican la normativa sanitaria —se ha hecho alusión
a ella en diversas intervenciones—, que se alejan por completo del
objeto de este proyecto de ley a nuestro modo de ver y se saltan el
estudio e informe de los órganos consultivos. Porque, señorías del Grupo
Popular, una vez más decimos que no es bueno trabajar así, no es bueno
que se hagan este tipo de trampas porque los ciudadanos y, por supuesto,
esta Cámara se merecen un trato más respetuoso.


Finalmente, quisiera destacar la enmienda 51, con la que,
mediante la modificación del texto refundido de la Ley reguladora de las
haciendas locales, proponemos reforzar la autonomía de gestión financiera
de las entidades locales. El texto propuesto facilita que los
ayuntamientos puedan emplear el superávit de su presupuesto para
reactivar la economía, para crear empleo, para promover el bienestar
social o la atención a los sectores de la sociedad más necesitados en
estos momentos. Para esto, se propone una enumeración de materias de
inversión bastante amplia para facilitar la elección de cada municipio
según su economía local y las necesidades de su población. En esta
enmienda también incluimos una clarificación del concepto de municipio
turístico y se adecua al cómputo de la población a efectos de aplicar los
límites a la contratación de personal previstos en la legislación
local.


Pensamos que son enmiendas razonables, pero me temo, como es
habitual, que no serán objeto de su consideración, así al menos lo ha
sido en comisión. Nos gustaría equivocarnos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


Para defender el siguiente bloque de enmiendas, tiene la palabra
el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Voy a ser breve porque el senador Montilla ha defendido unas
enmiendas que tienen el mismo texto que las nuestras. Simplemente
explicaré o daré cuenta de 4 o 5 enmiendas. La primera es este eufemismo
que el proyecto de ley prevé sobre lo que es prudencia financiera. No sé
qué es exactamente prudencia financiera, creo que no lo sabe nadie, pero,
en todo caso, el Gobierno tiene la facultad de decidir qué operaciones
son prudentes financieramente o qué operaciones no son prudentes
financieramente y en función de eso, autorizar, por ejemplo, los avales.
Esto haría referencia a las enmiendas 53 y 55.


La enmienda 54 hace referencia al hecho de que el proyecto de ley
prevé que el Estado puede pagar directamente deudas de las comunidades
autónomas a las corporaciones locales y detraer este dinero de la
financiación de las comunidades autónomas. Es un caso de injerencia en la
autonomía de las comunidades autónomas que planteamos suprimir.


Otra enmienda es la enmienda 56, donde planteamos lo que ha sido
el eje central del debate que hemos tenido en el veto, la necesidad de
que el Gobierno presente en un plazo urgente un proyecto de modelo de
financiación. He de decir, igual que he dicho en el debate del veto, que
no es verdad que la situación económica y la situación de crisis pueda
abortar el inicio de un debate sobre los contenidos de la financiación
autonómica o considerar otros aspectos como son una distribución más
justa de los objetivos de déficit o que una parte de la recaudación del
Estado vaya a las comunidades autónomas.


Finalmente, quiero plantear la supresión de aquellos artículos
que lo que hacen es promover, facultar y obligar a una intervención del
Estado en la política sanitaria de las comunidades autónomas, llegando
incluso a prohibir, en función de los resultados económicos de la
comunidad, el establecimiento de sistemas complementarios de
sanidad.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió
ha presentado las enmiendas 70 a 94.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, también voy a ser muy breve.


En principio, voy a dar por defendidas todas las enmiendas. De
entrada, quiero decir que las enmiendas que hemos presentado van en la
línea de los argumentos que hemos expuesto en el veto correspondiente.
Por lo tanto, lo que pretenden es corregir los descalabros que se vienen
haciendo con las diferentes propuestas que hemos estado analizando y
viendo aquí. De todas formas, quisiera comentar alguna en concreto de
manera más particular. Por ejemplo, las enmiendas 70, 71 y 74 hacen
referencia a los avales, es decir, a lo que antes he comentado que es
importante para nosotros desde el punto de vista del Institut Català de
Finances, para que, evidentemente, pueda continuar operando como hasta el
momento. Es decir, lo que pretendemos es que queden excluidas de la
aplicación del principio de prudencia financiera aquellas instituciones
financieras y entidades de crédito dependientes de las comunidades
autónomas existentes a la fecha de la entrada en vigor de esta ley y que
estén clasificadas como tales por el Banco de España. Por tanto, lo que
proponemos es añadir este punto en los artículos a que he hecho
referencia y suprimirlo en aquellos que lo mantienen, con lo cual, estas
enmiendas 70, 71 y 74 son, desde nuestro punto de vista, tremendamente
importantes.


Quiero también hacer referencia a la enmienda 73, con la que se
pretende que la preliquidación y pago a cuenta de las comunidades
autónomas a causa de desviación de la recaudación de tributos en función
de los Presupuestos Generales del Estado, se aplique pero no en el tiempo
en que se está realizando en estos momentos.


La número 74 hace referencia a la supresión de medidas
sancionadoras por las comunidades autónomas puesto que entendemos que son
excesivas y no están acordes con lo que establece de alguna forma la
Unión Económica y Monetaria de Europa en relación con los Estados
miembros.


La enmienda 81 pretende que haya una compensación para las
comunidades autónomas por la minoración en el Fondo de suficiencia en las
liquidaciones definitivas del ejercicio 2012. Y, evidentemente, otra de
las más importantes sería la número 84, de supresión, y que hace
referencia a todo el aspecto del gasto farmacéutico a consecuencia de la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular introducida en el Congreso de
los Diputados. Por tanto, lo que se pretende con esta enmienda es la
supresión de la que acabo de comentar porque, en definitiva, entendemos
que es enormemente perjudicial en general para el sistema sanitario y,
además, tremendamente intervencionista.


Finalmente, la enmienda 94 se refiere a las universidades,
financiación de becas y ayudas al estudio porque entendemos que es una
parte muy importante que hay que tener presente. Lo que hacemos con esta
enmienda es garantizar, mejorar y que estas aportaciones económicas
tengan el sentido que deben tener.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 60
a 69 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por el informe de la ponencia como consecuencia de todas las
enmiendas introducidas en su texto.


Para su defensa tiene la palabra el senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.


Me disculparán ustedes que piense que parece que hubiésemos
empezado a discutir ahora una cosa realmente muy importante: el texto
constitucional. Yo creo que esta ley, contrariamente a otras que
normalmente merecían la presencia del ministro, da la impresión de que
esta es una cuestión meramente técnica por la que se puede pasar por
encima incluso sin parar a comer. Pues a mí me parece que en esta ocasión
estamos discutiendo algo más que unas meras enmiendas técnicas. Ya me lo
pareció y no dejé pasar la oportunidad de decirlo en comisión, y me sigue
pareciendo ahora que lo que en realidad estamos discutiendo en estas
enmiendas es, repito, el pacto constitucional. Pero eso no significa que
tengamos que decir —como señalaba el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular—: ¿Defiende usted que se pueda ahorrar de las
comunidades autónomas para garantizar los servicios...? No, no es eso lo
que estamos discutiendo; a eso no hay nadie que se oponga. Lo que aquí
estamos defendiendo es el reparto competencial, que forma parte del pacto
constitucional, y eso está incluido en la Constitución y en los estatutos
de autonomía, pero el señor ministro de Hacienda en este proyecto se lo
quiere cargar. Lo ha hecho en otras muchas oportunidades pero no de
manera tan evidente como en esta cuestión. Con el pretexto que ha venido
sucediendo a lo largo de la crisis de que la culpa de todo la tenían las
comunidades autónomas, ha vuelto a dar, en este caso, un giro más para
decir: ahora soy yo el guardián de las esencias, yo soy el que dicta aquí
quién gasta bien y quién gasta más. Y esa atribución no la tiene por
ningún texto legal, ni por la Constitución, ni tampoco por los estatutos
de autonomía, ni por las modificaciones que pretende plantear, cuyo
resultado final es una sentencia contraria del Tribunal Constitucional.
Esto será lo que pasará. Pero, aparte de la sentencia contraria del
Tribunal Constitucional, pasará otra cosa peor, pasará que las
circunstancias en las que estamos abordando determinadas relaciones con
las comunidades autónomas empeorarán, porque en vez de dejar que la gente
se sienta cómoda con el triunfo de lo que ha sido en España el Estado de
las Autonomías y, por tanto, el reconocimiento de la diversidad, se
quebrará, como lo están quebrando cada día con el comportamiento que
ustedes están teniendo. Esa es la situación, que, de verdad, estamos
jugando con esta mera enmienda técnica supuestamente, que no ha merecido
ni la presentación del ministro de Hacienda en esta oportunidad cuando,
evidentemente, viene a cosas mucho menores.


La situación real que estamos juzgando, y a la que nosotros hemos
intentado contribuir con nuestras enmiendas, es, en primer lugar, que sí
estamos de acuerdo en intentar optimizar los recursos, pero hay que
empezar por dar recursos suficientes para que la gente no tenga que
incurrir permanentemente en déficit y tenga que acogerse a créditos a los
que a veces no es capaz de llegar a pagar. ¿Y cómo se hace eso? Eso no se
hace primero con una reforma de la LOFCA intentando controlar el
endeudamiento de las comunidades autónomas, eso se hace, primero, con una
reforma del sistema de financiación que haga posible la suficiencia para,
a continuación, decir: a partir de ahí, de común acuerdo vamos a
controlar esa suficiencia que ahora te damos. Porque para nadie es un
secreto que, primero, se intenta controlar el déficit, pero que
previamente no se ha dado dinero suficiente para pagar. Señorías, hay
diferencias entre comunidades autónomas que, en el caso concreto de la
educación, y no por diferencias significativas entre unas y otras, llegan
a superar el 50 % del presupuesto. Hay diferencias en sanidad que, sin
tener otra justificación que la de la financiación, llegan a superar
el 45 %; hay diferencias sustanciales de financiación en las comunidades
autónomas que hacen imposible que actualmente la gente pueda tener una
prestación similar en todas y cada una de ellas, y eso lo reconoció el
propio José María Aznar cuando fue presidente, introduciendo, como
ustedes recordarán, como siempre, indebidamente, una enmienda que creaba
el impuesto minorista de venta de hidrocarburos para financiar
casualmente el déficit sanitario que entonces ya era evidente. ¿Y qué
pasó con ese déficit sanitario o con los hidrocarburos introducidos a
traición en una enmienda en el Senado que no se pudo discutir a
continuación? Pasó lo que ustedes saben, que estamos devolviendo el
céntimo sanitario rigurosamente a quienes han podido acreditar que lo han
pagado y, simultáneamente, no tenemos financiación sanitaria suficiente e
incurrimos, una vez más, obviamente en déficit.


Lo primero que hay que solucionar es la financiación y, a partir
de ahí, hablemos de cómo se controla de común acuerdo, porque el Estado
—y eso es otra cosa que tienen que aprender porque algunos de
ustedes no estaban en la Transición que tanto amparan ahora—, en
este caso la Administración central, no tiene la tutela de las
comunidades autónomas. Eso pasa en la Administración local, no han
entendido ustedes que la autonomía es política, y hay muchos
pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, en lo que son
competencias exclusivas estamos al mismo nivel comunidades autónomas y
Administración central, y no tiene la tutela el Estado, y eso es un error
que no pagan ustedes, sino que nos hacen pagar a todos los demás con la
desafección de las comunidades autónomas debido a la organización
territorial que nos hemos dotado y que es un grandísimo éxito para
reconocer la autenticidad de España, que es una riqueza en su diversidad.
Por desgracia, ustedes todavía no han sido capaces de entender esa
situación y toda la legislación que nos traen adolece de la misma
cuestión.


En segundo lugar, es evidente que, aparte de eso, siguen
utilizando ustedes una muy mala técnica legislativa que acaba en que
muchas veces la gente no sabe dónde tiene que ir a buscar su reforma
correspondiente, y en el caso concreto de esta cuestión que acaban
ustedes de plantear han vuelto a limitar las comunidades autónomas en el
tema sanitario con cosas que no les competen y que deberían pasar por
órganos que tendrían que aconsejar la solución de igual manera al Estado
y a las comunidades autónomas, que no son, repito, el órgano tutelante de
la Administración autonómica. Y también hay un hecho muy grave en esta
cuestión; recordarán ustedes —aunque es posible que no lo
sepan— que en esta ley que vamos a aprobar se regula algo tan
pintoresco como el Organismo Nacional de Loterías, cosa que evidentemente
tiene una relación directísima con la LOFCA, pero se regula ahora
precisamente porque el Partido Popular interpuso un recurso de
inconstitucionalidad a esta regulación que iba contenida en los
Presupuestos Generales del Estado, y el Tribunal Constitucional dictaminó
en su día que ese no era el lugar para hablar del Organismo Nacional de
Loterías, que se requería una ley específica, como la reforma de la LOFCA
que ahora se acaba de plantear. Ustedes tienen que tener muy claro que si
aquella no era la ley adecuada, esta lo es menos, y además, como siempre,
lo han metido a traición, en una enmienda, cuestión que hace imposible el
debate de lo que se acaba de plantear, que es prácticamente lo mismo que
ustedes recurrieron al Constitucional. Evidentemente una gran
satisfacción para volver a regular de la misma manera lo que ustedes
regularon, pero es que los temas del juego son muy serios y se dice que
hay que regularlos en un área específica porque requieren una
transparencia muy especial que ustedes, obviamente, han intentado ocultar
de la forma en que han planteado la cuestión y que sin ninguna duda
también planteará una mala solución.


Por último, una de las enmiendas que ya dije con toda claridad
que me preocupaba muy expresamente era la relativa a la inversión local.
Estábamos diciendo —y así lo hemos planteado en la enmienda—
que es necesario que las administraciones locales que gocen de superávit
tengan la posibilidad de participar en la mejora de la economía, en la
dinamización de la economía y en la generación de empleo, y les hemos
ofrecido un catálogo muy amplio de posibilidades de inversión sin gastar
más que los excedentes que podrían tener los ayuntamientos, y ustedes no
se han dignado ni a mirar el catálogo, directamente lo han rechazado. En
todas estas cosas entiendo que no se pueda invertir porque se pone en
riesgo su sostenibilidad, pero en otras cosas que ayudan a dinamizar la
economía, de lo que estamos tan necesitados, digan ustedes que sí a lo
que sea razonable y sostenible desde el punto de vista de la inversión,
no le nieguen a los ayuntamientos la posibilidad de contribuir, con toda
claridad, a la recuperación sin gastar más de lo que tienen.


La última cuestión que se plantea en esta enmienda —y eso
sí que es más aberrante, para lo que yo intenté, con mucha
pretenciosidad, ponerles deberes con toda claridad— es por qué
Benidorm no puede ser un municipio turístico si es el paradigma del
beneficio turístico en España. ¿A eso se puede simplemente decir que no?
¿Es que acaso era un chiringuito para unos cuantos que tienen acotado ese
privilegio y los demás no pueden acceder? ¿Es que Benidorm no es el
espejo para millones de ciudadanos que vienen de fuera como a muchos
otros pueblos, por cierto, municipios importantes en toda la costa
española, y especialmente en la costa del Mediterráneo? ¿Es que no son
ellos el espejo donde miran millones de ciudadanos extranjeros cómo
somos, cómo vivimos, los servicios que ofrecemos y la calidad que puede
ofrecer el turismo en España? ¿Es que no les podemos dejar que presten
unos servicios adecuados a la población que realmente atienden? ¿Es que
no pueden tener una policía local adecuada? ¿Es que no pueden ofrecer un
servicio de basuras adecuado?


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor LERMA BLASCO: ¿Es que no saben ustedes perfectamente
cuáles son las necesidades que tiene un municipio turístico y que si hay
un municipio turístico por antonomasia, con todo el respeto para los
demás —que los hay y muy buenos en España y son también espejo de
todo esto—, ese es Benidorm? Hagan ustedes un esfuerzo y ayúdennos
a solucionar la cuestión, que ya va siendo hora, porque es verdad que a
todos se nos ha pasado la ocasión, pero este es el momento de
solucionarlo.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.


¿Turno en contra?


Senador De las Heras, tiene la palabra.


El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente.


Señorías, empezaré por la parte final, por la parte que ha
comentado el senador Lerma, por Benidorm, concretamente por las
enmiendas 51, de Entesa, y 68, del PSOE, que hacen referencia a las
inversiones financieramente sostenibles y la disposición citada que se
introdujo mediante el Real Decreto Ley 2/2014, de 21 de febrero. Las
enmiendas que plantean ambos grupos suponen un incremento sustancial de
los grupos de programas que se incluirían como inversiones de aquella
naturaleza, y que frente a los 22 actuales que representan la
modificación que se introdujo en la Ley de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, pasan a los 43 que proponen ambos grupos; es,
literalmente, la misma enmienda calcada de los diferentes programas de
inversión. Mi grupo y el Gobierno de España entienden que con ello se
podría incrementar el gasto de las entidades locales en inversiones que
en algunos casos puedan generar incremento de gasto corriente con
carácter inmediato, cuando no en otros casos que son potencialmente
generadores de gasto corriente a futuro y, en consecuencia, posible
fuente de todos aquellos desequilibrios financieros que el Gobierno de
España y el Grupo Parlamentario Popular llevan intentando corregir
durante estos tres años y pico.


Senador Lerma, señorías, el artículo 125.1 del texto refundido de
la Ley de haciendas locales recoge la definición de municipio turístico,
haciéndolo depender de la población de derecho —más de 20 000
habitantes y menos de 75 000— y de que el número de viviendas de
segunda residencia supere al de viviendas principales. Pero, además, en
la enmienda que ustedes proponen pretenden añadir a los anteriores
requisitos el número de pernoctaciones en establecimientos turísticos.






Le
recuerdo que esa definición de municipio turístico ya se plasmó en un
acuerdo suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias
y el ministerio nada más y nada menos que en noviembre de 2002 y con un
contenido análogo al artículo 125 del texto refundido de la Ley de
haciendas locales.


Pero, senador Lerma, usted, como yo, fue senador en la IX
Legislatura, y el senador Almodóbar también. Le recuerdo una proposición
de ley que presentó el senador Almodóbar y que consiguió el visto bueno
de esta Cámara, en la anterior legislatura, en la IX, que ustedes con su
mayoría parlamentaria —no la que tenían, sino la que conseguían a
través de otros grupos— tumbaron en el Congreso de los Diputados;
proposición de ley que aprobó el Pleno de esta Cámara y que ustedes
fueron incapaces de desarrollar desde el año 2009. (Aplausos). Esa es la
realidad de la diferencia turística del municipio de Benidorm. Además, se
creó una comisión... (La senadora Llinares Cuesta pronuncia palabras que
no se perciben). Senadora, yo he tenido un respeto absoluto a todos los
portavoces, no me interrumpa. Se creó una comisión específica en la que
se está trabajando. Y me consta, además, que el senador Almodóbar y todos
los senadores del Grupo Parlamentario Popular de Alicante están
trabajando en ello. Pero, claro, según este precepto, la participación
total de cada uno de los municipios turísticos en los tributos del Estado
tendría un componente definido por el modelo de variables y un componente
de financiación de cesión de la recaudación de los impuestos sobre
hidrocarburos y sobre las labores del tabaco, en los mismos términos que
los ingresos tributarios del Estado definidos en el artículo 121 del
texto refundido de la Ley de haciendas locales, por el cual el importe de
la cesión de la recaudación de los impuestos sobre hidrocarburos y sobre
las labores del tabaco está calculada con base en el año 2004 para cada
municipio. Y señorías, estarán ustedes conmigo que en puridad las
peculiaridades de Benidorm y de Sigüenza, que es mi municipio y también
es un municipio turístico, el segundo municipio más visitado de
Castilla-La Mancha, en puridad esas peculiaridades, como el carácter
turístico de tantos otros municipios de España, deberían considerarse
modelos de participación de las entidades locales en los tributos de las
comunidades autónomas, más que en los del Estado, que deben recoger
criterios de aplicación homogénea y uniforme en todo el Estado español.
Parece que mucha menos justificación tiene establecer un régimen
específico para un determinado municipio, como el que ustedes parecen
tener, y, además, aplicarle incluso un criterio de retroactividad. Esa es
la posición de mi grupo parlamentario respecto a la enmienda que ustedes
han presentado.


Doy por presentadas las enmiendas números 96 a 99 que se
introdujeron en la ponencia. Y voy a entrar solo en algunas de las
enmiendas que han presentado el resto de los grupos, porque,
evidentemente, en los quince minutos que me faltan no me va a dar tiempo
a entrar en las 94 enmiendas restantes, puesto que la 95 fue rechazada
por la Mesa.


Respecto al Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, al señor
Iglesias le diré que mi grupo no lo entiende como una gravísima
interferencia de la autonomía financiera de las comunidades autónomas,
pero la retención que se regula en el apartado 5 del artículo primero de
este proyecto ley únicamente se aplicará en el supuesto de que las
comunidades autónomas adheridas al compartimento del Fondo social
incumplan sus obligaciones de pagos exigibles y que han pactado
directamente con las entidades locales. Ellas sabrán lo que hacen
respecto de los convenios que firman. Respecto del otorgamiento de
garantías públicas a operaciones de crédito otorgadas por las comunidades
autónomas, entendemos que algunas de ellas pueden comprometer la
sostenibilidad financiera y que introducir esa incertidumbre sobre sus
futuras necesidades de financiación podría producir graves desequilibrios
fiscales. La enmienda número 3 pretende la modificación de la norma que
regula en la Ley 22/2009 los aspectos señalados, sin que esta
modificación haya sido acordada por el órgano competente, que es el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Finalmente, respecto a la
enmienda número 4, el Gobierno establece que se revise la distribución en
vertical de los objetivos de deuda o déficit en función de determinados
criterios, que no se llegan a definir por Izquierda Unida,
fundamentalmente el incremento del gasto social, pero se incluyen
modificaciones del artículo 15 de la Ley de estabilidad presupuestaria
que requiere de la participación efectiva también del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, que no se ha producido, del informe del Mineco y,
finalmente, de la aprobación de las Cortes Generales.


Coalición Canaria ha presentado las enmiendas 5 a 20, de la
senadora Julios, sobre aspectos económicos y financieros de las
comunidades autónomas, como la consecución de los objetivos de déficit,
deuda y techo de gasto. Llevamos tres años intentando corregir esos
fuertes desequilibrios que se han producido en el conjunto de las
administraciones públicas respecto del déficit, de la deuda y, sobre
todo, del techo de gasto. Y todo ello bajo el amparo del principio de
lealtad institucional que entendemos debe presidir las relaciones entre
las administraciones públicas. Respecto a la enmienda número 6,
prácticamente similar a las números 44 de la Entesa, 61 del Grupo
Parlamentario Socialista y 71 de CiU, hasta última hora de esta mañana ha
habido un intento de presentar una transaccional, que finalmente no se ha
producido, respecto de la autonomía financiera y de algo que le preocupa
al senador Alturo, el funcionamiento del Instituto Catalán de
Finanzas.


En la enmienda número 7 estimamos necesario reforzar el control
sobre algunas de las operaciones de afianzamiento de las comunidades
autónomas, especialmente en los casos en los que se hayan superado los
objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y techo de
gasto.


La número 8, de Coalición Canaria, respecto de la citada
disposición adicional a la que hace referencia, en la que se regulan los
mecanismos adicionales de financiación para las comunidades autónomas y
las corporaciones locales, está regulado por normas de rango de ley.


La número 9, relativa a la posible vulneración del principio de
autonomía financiera, no obsta para que el legislador —y esto es
con carácter general también, sobre todo para algunas de las cuestiones
que ha planteado la senadora Martínez— pueda acordar aquellas
normas que, afectando o limitando dicho principio, lo hagan compatible
con otros principios constitucionales pero diferentes y no incompatibles
con el principio de autonomía financiera y que vienen derivados de la
redacción dada al artículo 135 de la Constitución española, que son los
principios de estabilidad y sostenibilidad financiera del conjunto de las
administraciones públicas, de las que todos somos responsables.


Quiero centrarme especialmente en algunas de las enmiendas del
Grupo de la Entesa y decirle a la senadora Capella —que ahora no
está presente— que, en cualquier caso, fuera un poco más original,
al menos al presentar las enmiendas en el Registro General de la Cámara,
porque no todo en política es garantizar la autonomía presupuestaria y
financiera de las comunidades autónomas; que está bien, pero que sepa la
senadora Capella que también hay vida después.


Respecto de la supuesta reforma de la LOFCA, he de señalar que no
se modifica la redacción original del apartado tercero del artículo 14 en
referencia a la enmienda 22, salvo la inclusión de las palabras literales
«deuda pública» y «regla de gasto».


Las enmiendas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 no tienen
absolutamente nada que ver con este asunto, pues algunas hablan incluso
hasta del gasto militar o del establecimiento de una variable de esfuerzo
territorial que permita un mayor endeudamiento; es decir, que volvamos a
situaciones pretéritas que nadie quiere.


Senadora Martínez, como le dije en comisión respecto a sus
enmiendas 41 y 42, si este grupo parlamentario las aceptara,
automáticamente se estaría poniendo en contra de las enmiendas 87 y 88
que fueron presentadas en el Congreso de los Diputados. Evidentemente, la
capacidad normativa del Gobierno y de las Cámaras, tanto del Congreso de
los Diputados como del Senado, están por encima incluso de las
pretensiones de algunos grupos políticos.


El Grupo de la Entesa presenta las enmiendas 43 a 59, que son
prácticamente similares a todas las presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, concretamente, las
números 43, 54, 55, 56, 51, 61 y 69, y además, la 66 y la 67, que también
afectan a la Ley de sanidad, entrarían en contradicción con las
números 87 y 88, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados.


Respecto de las enmiendas 51 y 68 del PSOE, ya he dicho lo que
quería.


Me gustaría resaltar que el vigente sistema de financiación de
las comunidades autónomas lo aprobaron ustedes en el año 2009, la mayoría
socialista y los socios que la acompañaban, y que ya el Grupo
Parlamentario Popular en aquel momento dijo que era un sistema de
financiación absolutamente injusto y que traería los problemas que está
creando actualmente. En cualquier caso, no supone interferencia a la
autonomía financiera de las comunidades autónomas porque tienen plena
potestad en el ejercicio de las funciones que determinan sus
competencias.


Respecto a la literalidad de la enmienda 72 presentada por CiU,
he de señalar que esa modificación tampoco ha sido acordada por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, como exige además la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre otras, la
sentencia 13/2007, de 18 de enero.


En relación con las enmiendas 70, 71 y 74, y sobre el futuro del
Instituto Catalán de Finanzas, entendemos que se hace sobre la base de
criterios de prudencia financiera. Si el Instituto Catalán de Finanzas o
la propia comunidad autónoma no incumplen las normas de estabilidad
presupuestaria, no tendrán mayor problema.


En cuanto a la enmienda 80, en la que se propone una adición de
la disposición adicional para que se disponga que en el plazo de un mes
el Gobierno revise la distribución de los objetivos de déficit entre los
niveles administrativos, compensando con carácter retroactivo a las
comunidades autónomas por las desviaciones acumuladas derivadas de la
exigencia de un esfuerzo fiscal mayor a estas que a la Administración
central, he de señalar al señor Alturo que corresponde al Estado la
coordinación en materia de estabilidad presupuestaria y no la imposición,
senador Lerma. En cualquier caso, el déficit estructural del conjunto de
las administraciones públicas se deberá reducir al menos un 0,8 % del
producto interior bruto nacional en promedio anual; esta reducción se
distribuirá entre el Estado y las comunidades autónomas en función de los
porcentajes de déficit estructural que se hubieran registrado a 1 de
enero de 2012, y, además, en caso de procedimiento de déficit excesivo,
la reducción del déficit se adecuará a lo exigido en el mismo. Se trata,
por tanto, de una disposición sometida a excepciones.


Con respecto a la enmienda número 82, senador Alturo, el fondo de
competitividad se encuentra regulado en la Ley por la que se regula el
sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y
ciudades con estatuto de autonomía, y se modifican determinadas normas
tributarias. En dicha ley, senador Alturo, no se establece la percepción
por las comunidades autónomas de entregas a cuenta del fondo de
competitividad, ni tampoco del fondo de cooperación, sino que se prevé
que los importes correspondientes a dichos fondos sean percibidos, junto
con el resto de cantidades resultantes, en la liquidación definitiva.
Mediante la enmienda que ustedes proponen se modificaría, por tanto, la
forma en la que se regula este aspecto en la Ley 22/2009, sin que esta
modificación haya sido acordada por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera que, tal y como le decía anteriormente, exige la
jurisprudencia.


Antes de terminar, quiero hacer un comentario sobre la
enmienda 83. La Ley que regula el sistema de financiación de las
comunidades autónomas establece que el importe de las entregas a cuenta
se tiene que calcular con datos de previsión de recaudación existentes a
la fecha de aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado; por ello, conforme a la ley, una vez aprobado el presupuesto y
comenzado el ejercicio, las entregas a cuenta no pueden modificarse
aunque la recaudación que se prevea en el ejercicio vaya mejor o peor de
lo previsto. Ese incremento o disminución de la recaudación de las
comunidades autónomas lo recibirán, como todos ustedes conocen, en la
liquidación correspondiente al ejercicio que se efectúa, más dos. No
puede, por tanto, modificarse de forma unilateral por el Legislativo, tal
y como propone la enmienda que ustedes presentan, sin previa suscripción
una vez más de un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera.


Respecto de las enmiendas 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 93,
presentadas por su grupo, evidentemente, no vamos a aceptarlas pues
alterarían la modificación introducida por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso de los Diputados; más concretamente, la enmienda 82, que
afecta a la Ley general presupuestaria, la 85, a las pensiones de clases
pasivas, y la 87, a la Ley general de sanidad.


Vamos a rechazar las enmiendas, y lo lamento, porque algunas eran
susceptibles de ser transaccionadas. Lo hemos intentado en estos dos días
que llevamos de Pleno, pero finalmente no ha sido posible; en principio
había doce preseleccionadas, después se quedaron en cuatro. Por tanto,
salvo las cuatro incluidas en la ponencia, vamos a rechazar el resto de
enmiendas.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De las Heras.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, ustedes ganarán esta votación, su proyecto de ley
seguirá su tramitación hasta que vea la luz en el boletín oficial y
tendrán ustedes un nuevo éxito. Pero no se engañen, así no se resuelven
los problemas de fondo, como hemos señalado diversos portavoces en
nuestras intervenciones.


Ustedes han vuelto a hablar de herencias y de milagro económico.
De herencias, todos los que hemos gobernado tenemos experiencia, porque
nunca se accede a un gobierno con una tabla rasa, siempre hay una
herencia; todos los gobiernos en pura lógica democrática asumen su
responsabilidad con el objetivo de llevar a cabo su programa,
condicionados por los aciertos y errores del gobierno anterior y
limitados por el contexto económico en el que se van a mover, y ustedes
no son una excepción. Y desde luego tampoco nos hablen de su milagro
económico. La lectura del documento con la actualización del Programa de
estabilidad 2015-2018 y del Programa nacional de reformas 2015, que
acaban de aprobar y enviar a Bruselas, no permite su exceso de optimismo,
salvo para quien considere un éxito la consolidación de las
desigualdades, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de la
calidad del empleo existente.


Señorías, este es un proyecto de ley que no ayuda a resolver los
problemas, los graves problemas que tiene la estructura territorial de
España y sus manifestaciones, especialmente las referidas al sistema de
financiación de las comunidades autónomas, que no permiten dar alas al
optimismo. España necesita revisar su modelo de financiación territorial,
de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos, y es urgente
y esencial. Pero, sobre todo, es normal y es de sentido común. Cada
revisión del sistema —y ha habido varias a lo largo de los años,
como ustedes saben— ha comportado una mejora, alguna corrección. Es
lógico que sea así y no habría de sorprendernos. Ahora, la revisión del
modelo, que debería estar aplicándose desde enero de 2014, debería
profundizar sobre la autonomía financiera, la corresponsabilidad de los
ingresos y los gastos y sobre el reparto, un reparto más equitativo en
los recursos del conjunto de todos los territorios de España.


El acuerdo de 2009, con la ampliación de la cesta tributaria y la
creación del Fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales y
del resto de fondos previstos, pretendía avanzar en el doble objetivo de
autonomía y equidad. La eclosión de la crisis económica y financiera ha
perjudicado sin duda al desarrollo y la consolidación del modelo y ha
puesto de manifiesto la necesidad de mecanismos más transparentes y una
mayor autonomía de los gobiernos de las comunidades autónomas. Y asimismo
se ha puesto de manifiesto la conveniencia de figuras tributarias más
estables que garanticen la suficiencia de la financiación en función de
las competencias asumidas.


Por lo tanto, señorías, abordemos este escenario, no solo por
razones económicas y fiscales, sino por razones políticas. Con leyes como
esta, ustedes están poniendo en riesgo mucho más que lo que entrevé la
tramitación del propio proyecto de ley. Y quiero pensar que lo saben, que
son conscientes.


Señor De Las Heras, la senadora Ester Capella no es miembro del
Grupo Parlamentario de la Entesa. Lo digo para su información.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.


Señor De las Heras, la verdad es que no sé muy bien por dónde
empezar. En el turno de vetos expusimos nuestros motivos. Al señor
Peñarrubia le hemos comentado nuestros argumentos en contraposición a lo
que él nos ha dicho. Para empezar, he de decirle que nosotros nos
sentimos engañados. Y usted dirá ¿por qué? Pues permítame que le haga un
breve repaso de lo que ha sido el trámite de este proyecto de ley.


Nosotros presentamos el veto en el Congreso de los Diputados. En
su grupo parlamentario dijeron que se iban a transaccionar y que se iban
a aceptar muchas de las enmiendas que nosotros presentamos —se
dijo, consta en el Diario de Sesiones—; nosotros retiramos el veto
y en el Congreso de los Diputados 0 enmiendas transaccionadas, 0
enmiendas aceptadas. Primer paso.


Segundo paso, llegamos aquí, al Senado, presentamos el veto,
lógicamente, porque a la vista de la situación no nos quedaba más
remedio, y también en comisión —figura en el Diario de Sesiones y
figura en las actas— ustedes se comprometieron a negociar con
nosotros, a aceptar y a transaccionar enmiendas. Eso dijeron. El señor
Bel, que estaba en la sesión, me lo ha comentado. Esta es la
realidad.


La verdad es que nosotros lo hemos intentado. Yo les he llamado
por teléfono 3 o 4 veces entre ayer y hoy, y siempre nos han dado
excusas: que si mañana el ministro tiene que venir a la Cámara y a ver si
lo hablamos; al día siguiente que si esto o lo otro; y la verdad es que,
finalmente, decepción, mentira y engaño. No nos podemos sentir de ninguna
otra forma, y esto solo tiene una reflexión: ustedes han hecho mucho
fariseo con nosotros en este tema porque nos han estado diciendo que iban
a negociar y no lo han hecho. Saben que hay enmiendas muy importantes
para nuestro grupo en este proyecto de ley, como hemos comentado y
detallado, y sin embargo entendemos que en estos momentos se perjudica de
manera grave las competencias autonómicas. Incluso había algunas
enmiendas que ustedes habían propuesto para ser transaccionadas, como las
números 70, 71, 74, 77 y 81. Por tanto, no entendemos esta situación con
ustedes.


En definitiva, lo que hay que decir es que, por un lado, la
disposición final primera supone una injerencia gravísima en la gestión
de los servicios sanitarios transferidos y asumidos por las comunidades
autónomas. Lo han hecho por la puerta de atrás y, en consecuencia, no se
ha hecho el debate correspondiente. Por tanto, queremos denunciarlo
porque no se puede hacer de esta forma, ya que está alterando el sistema
normal de funcionamiento de la Comisión de Sanidad, que es donde se
debería haber celebrado este debate. Por otro lado, otra situación que
nos parece gravísima es la que afecta exclusivamente a Cataluña, como
hemos venido reiterando desde las primeras intervenciones, y es que
resulta absurdo e ilógico lo que se va a producir, porque si se aprueba
esta literalidad del texto —y parece ser que va a ser así—,
al Institut Català de Finances, que es un organismo público que ayuda a
las pequeñas y medianas empresas, en definitiva al tejido productivo, lo
van a dejar sin funciones, porque para cualquier aval que tenga que
gestionar, aunque sea de 3000 euros, tendrá que pedir autorización al
Gobierno o al ministro de Hacienda.


Por tanto, entendemos que todo esto es gravísimo y que estamos
todos de acuerdo con las palabras que se han oído aquí: recentralización
y laminación de competencias.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ALTURO LLOAN: Termino, señor presidente.


En definitiva, están haciendo un abuso tremendo de su rodillo, se
creen en posesión de la razón absoluta, y nada más lejos que eso. Espero
que los ciudadanos tomen buena nota de lo que están haciendo ustedes en
este caso y en este proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.


Veo que, efectivamente, no ha tenido ningún efecto en los
problemas que plantea esta ley desde el punto de vista del pacto
constituyente, lo cual me parece normal porque, en definitiva, si se
hubiesen dado cuenta de estas cosas seguramente no las hubieran
planteado. Pero esto va a traer consecuencias, y más graves de las que ya
están planteadas. Todos los días venimos hablando de que queremos una
solución federal para la situación actual y regularmente estamos hablando
de que las comunidades autónomas, como mínimo, deberían participar en la
Agencia Tributaria, si no son ellas las que tienen la competencia en el
asunto, y ustedes se despachan con que tienen la tutela de las
comunidades autónomas y de todas las administraciones. Esto es una cosa
normal, de ceguera política del Partido Popular, lo cual traerá, como ya
ha sucedido, consecuencias para España, como ustedes conocen
perfectamente.


Ya he visto que el tema de Benidorm no es una cosa que se les
hubiera olvidado, sino que incluso han intentado justificar su posición
tanto en este caso como en el de otros muchos municipios turísticos que
dan un servicio muy superior a las posibilidades financieras que tienen
que, como digo, son el espejo de España y que, desde luego, creo que
deberían tener un tratamiento mejor.


No envidio al senador Almodóbar —a quien, por lo demás,
seguramente aprecio mucho más que ustedes— porque en este momento
no está en buena posición, pero lo que nos debe preocupar no es eso. Lo
que nos debe preocupar es —parece que ustedes se han enfadado mucho
y han elevado el tono de voz, por lo que lamento haber generado esa
reacción en ustedes— una cosa que no es cierta. La cuestión que
planteó el senador Almodóbar creo recordar que fue una proposición no de
ley, no una moción, y es verdad que se aprobó aquí y que pasó al
Congreso; lo que no es verdad es que a continuación se sometiera a
votación, porque con su mayoría en la Mesa nunca pasó a votación al
Congreso porque, obviamente, se hubiera descubierto su posición: que
ustedes están en contra del reconocimiento de Benidorm como municipio
turístico, así como de otros muchos municipios españoles —algunos
me citaban antes en mi bancada y seguro que en la suya hay muchos
más— que tienen necesidades diferentes a la financiación que ahora
mismo tienen.


Otra cuestión que también es de razón, tal y como usted la ha
planteado, sería decir: oiga, hay un listado excesivo de gastos que puede
hacer un ayuntamiento con sus excedentes. Bien, yo estoy dispuesto a
negociar ese listado, por lo que en vez de esos pueden hacer la tercera
parte de cosas que impliquen que los gastos de inversión no generen a
continuación gastos corrientes. Muy bien. Ofrézcame usted esa
alternativa. No me diga que no a todo. Que los municipios puedan
intervenir en la generación de empleo y en apoyar el crecimiento de la
economía. Yo he planteado lo suficiente para reformar una ley que ustedes
han aprobado indebidamente porque significa negar la posibilidad a los
ayuntamientos de ser considerados mayores de edad cuando, encima, han
sido elegidos democráticamente. Si a pesar de eso a usted le parece
excesivo, reduzca el listado a aquello que crea que no les va a endeudar
en el futuro y yo, con mucho gusto, lo negociaré con usted, e incluso le
apoyaré.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
De las Heras.


El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente.


Senador Montilla, si dije lo que dije de la senadora Capella
habrá sido un lapsus. Entiendo que la senadora Capella está perfectamente
ubicada en Esquerra Republicana de Cataluña y que la Entesa es otra cosa.
No pasa nada.


El senador Alturo ha dicho que se sienten engañados. No es ni ha
sido nunca esa nuestra intención. Si acaso, es posible que se sientan
decepcionados; incluso es posible que yo también esté decepcionado porque
ofrecí una serie de enmiendas, concretamente 12, la inmensa mayoría del
Grupo Parlamentario de CiU, pero al final no ha podido ser. Siento que no
haya podido ser porque a mí y a mi grupo nos hubiera gusto llegar
finalmente a un acuerdo. No sé, será la campaña electoral.


Senador Lerma, ¡pero si ya tiene usted 22 conceptos específicos
para la utilización del superávit de las corporaciones locales! ¡Si las
corporaciones locales estamos como nadie, echando una mano en el
crecimiento económico español y en el mantenimiento del empleo! Pero
entenderá que no se pueden volver a producir situaciones similares o
parecidas a las pretéritas.


En cuanto a Benidorm, no recuerdo si fue PNL, proposición de ley
o simplemente una moción. Lo que sí recuerdo es que se aprobó en la IX
Legislatura, en el año 2009, que la aprobó esta Cámara y que ustedes con
su mayoría, no nosotros ni la Mesa actual del Congreso de los Diputados,
fueron los que la tumbaron.


Pero en estos últimos tres minutos quiero centrarme en la parte
positiva de este proyecto de ley orgánica, en las nuevas medidas
adicionales de financiación que van a tener las comunidades autónomas y
los ayuntamientos, que vienen impulsadas por el Gobierno de España con el
objetivo de garantizar, una vez más, su sostenibilidad financiera y la
prestación de unos servicios públicos fundamentales que dependen de las
administraciones territoriales. Quiero recordarles que, por ejemplo,
Cataluña, senador Alturo, tendrá este año 2015 una financiación mayor por
el conjunto de los mecanismos que ahora se aprueban, en total 10 200
millones de euros, y un ahorro en la carga de intereses de 1610 millones
de euros —creo que está muy bien y que estará conforme con
ello—; que la Comunidad Valenciana va a obtener un ahorro de 9000
millones y un ahorro de intereses de 1037 millones de euros; y que
Andalucía, por poner otro ejemplo, va a obtener una financiación de 4648
millones de euros y un ahorro en la pesada carga de intereses que
soportamos las administraciones públicas de 815 millones de euros.


Asimismo, conviene recordar a sus señorías que lo que nos
encontramos a comienzos de esta legislatura no se generó por la crisis
financiera que había en España. (Rumores). Se venía generando desde el
año 2004, señorías, que es cuando se inicia el proceso de incremento de
la deuda comercial. En España, señorías, queridos compañeros de bancada,
algunos políticos no hicieron los deberes como debían, empezando por el
Gobierno de España del señor Zapatero, que no atendió a las necesidades
de financiación del conjunto de las administraciones públicas y permitió
a estas un incremento disparado de la deuda comercial. (Rumores). No
había atajos, señorías, ni soluciones fáciles. Había que actuar en dos
direcciones: por un lado, introducir medidas de ajuste del gasto,
preservando el gasto social —así se ha hecho— y aprobando
reformas estructurales que transmitieran el mensaje claro de que España
estaba afrontando una grave crisis de déficit público; y por otro,
facilitar instrumentos de liquidez a las administraciones territoriales
que les permitieran obtener recursos para responder a los compromisos de
financiación y, sobre todo, para sostener las políticas sociales haciendo
frente a las facturas pendientes de pago con sus proveedores, que muchas
administraciones públicas, como en mi comunidad autónoma, tenían
guardadas en los cajones. (Rumores). En Castilla-La Mancha, con el
presidente Barreda, había 4200 millones de euros y 680 000 facturas en
los cajones. (Rumores). A lo largo de estos años y hasta el año 2015,
señorías, se habrá facilitado al conjunto de las administraciones
territoriales un importe de 184 000 millones, y solo con fondos de
financiación 144 000. Y es que algunas comunidades autónomas no tenían
facilidades ni dinero, ni dentro ni fuera.


Finalmente, quiero acabar como concluyó ayer el ministro de
Hacienda. Los ahorros son para el conjunto de las administraciones
públicas, para su saldo final, y por eso, cuando encargamos al Tesoro
Público la financiación de nuestras administraciones territoriales,
hacemos que se optimice la rebaja en las condiciones financieras y, por
supuesto, se exige prudencia financiera al conjunto de las
administraciones. Señorías, para muestra un botón: la subasta de ayer de
las letras del Tesoro a seis y doce meses.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor DE LAS HERAS MUELA: Termino, presidente. Un minuto.


En la subasta de ayer, 12 de mayo, las letras del Tesoro a seis
meses obtuvieron rentabilidad negativa. Es decir, nos pagan por la deuda,
poco, el 0,002, pero nos pagan, cuando antes nos costaba unos intereses
desorbitados. Se colocaron 596 millones de euros. En las letras a doce
meses nos pagan el 0,015 y se colocaron la friolera de 4599 millones de
euros.


Repito, como decía ayer el ministro de Hacienda: vuelta la burra
al trigo, y el trigo que necesita la economía española es lo que se
presenta en este proyecto de ley. Votaremos en contra de las
enmiendas.


Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De las
Heras.


Llamen a votación. (Pausa).


Por favor, cierren las puertas.


Señorías, cuando quiera el diputado y exsenador Segura Clavell, a
quien damos la bienvenida, procederemos a la votación de las enmiendas.
(El señor Segura Clavell: ¡Saludos!—Risas).


Comenzamos por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


Enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal. Enmiendas 1
a 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 72; en contra, 133;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De la senadora Julios y el senador Quintero comenzamos votando la
número 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 73; en contra, 133;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 15.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 2; en contra, 193;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 17.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 64; en contra, 134;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 5, 12 y 14.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 14; en contra, 135;
abstenciones, 65.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 11.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 213; votos emitidos, 213; a favor, 12; en contra, 192;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 18.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 16; en contra, 134;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 6 a 9, 13 y 16.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 213; votos emitidos, 212; a favor, 72; en contra, 132;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 19 y 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 213; votos emitidos, 213; a favor, 76; en contra, 134;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De la senadora Capella votamos las enmiendas 27 y 28.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 12; en contra, 192;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 35.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 1; en contra, 193;
abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 21, 25 y 26.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:






presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 11; en contra, 134;
abstenciones, 69.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 22 a 24.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 72; en contra, 134;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 37, 39 y 40.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 16; en contra, 134;
abstenciones, 62.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 38.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 77; en contra, 134;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 29 a 34.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 213; votos emitidos, 213; a favor, 11; en contra, 193;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 36.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 77; en contra, 134;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Vasco votamos las enmiendas 41 y 42.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 77; en contra, 134;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Entesa votamos la enmienda 51.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 213; votos emitidos, 213; a favor, 64; en contra, 133;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 45 y 52.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 61; en contra, 132;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 49 y 50.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 213; votos emitidos, 212; a favor, 76; en contra, 133;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 43, 44 y de la 46 a la 48.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 73; en contra, 134;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 53 a 57.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 72; en contra, 134;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 58 y 59.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 78; en contra, 133;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, votamos la
enmienda 84.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 77; en contra, 134;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 87.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 17; en contra, 134;
abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 70 a 75 y 80 a 83.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 72; en contra, 134;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos de la 76 a la 79.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 11; en contra, 193;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 85, 86 y 88 a 94.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 11; en contra, 134;
abstenciones, 69.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Socialista, votamos la enmienda 68.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 213; votos emitidos, 213; a favor, 71; en contra, 133;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 62 y 69.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 213; a favor, 62; en contra, 133;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 66 y 67.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 76; en contra, 134;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 60, 61 y 63 a 65.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 213; votos emitidos, 213; a favor, 71; en contra, 133;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los grupos parlamentarios Entesa y Socialista, votamos la
vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por el informe de la ponencia, como consecuencia de todas las
enmiendas introducidas en su texto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 214; a favor, 67; en contra, 134;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 213; votos emitidos, 213; a favor, 137; en contra, 76.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 34/1998, DE 7
DE OCTUBRE, DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, Y POR LA QUE SE REGULAN
DETERMINADAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS EN RELACIÓN CON LA
EXPLORACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS.


621/000115

Industria, Energía y Turismo


El señor presidente da lectura al punto 6.1.2.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la comisión, senador Muñoz.


El señor MUÑOZ MARTÍN: Señor presidente, señorías, el Proyecto de
Ley por el que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y
no tributarias en relación con la exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos, tuvo su entrada en esta Cámara el pasado 10
de abril, siendo objeto de una corrección de errores publicada el día 23.
(La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).


El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el día 22 de
abril y fue ampliado hasta el día 28 del mismo mes. (Rumores). Se
presentaron un total de 5 vetos y 256 enmiendas distribuidas de la
siguiente manera: (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone,
señoría.


Señorías, guarden silencio. No se puede oír al orador.
(Pausa).


Continúe.


El señor MUÑOZ MARTÍN: Gracias, señora presidenta.


Decía que los vetos y las enmiendas se distribuyen de la
siguiente manera: veto número 1, de la senadora doña Ester Capella i
Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; veto número 2, de los senadores don
Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes,
del Grupo Mixto; veto número 3, de los senadores doña Mónica Almiñana
Riqué, don Francisco Boya Alós, don Rafael Bruguera Batalla, don Carlos
Martí Jufresa, don José Montilla Aguilera, don Joan Sabaté Borràs y doña
María Jesús Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; veto número 4, de los senadores don Jordi Guillot Miravet y
don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista; enmiendas
números 1 a 7, de la senadora Capella i Farré del Grupo Parlamentario
Mixto; enmiendas números 8 a 23, de los senadores don Jesús Enrique
Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; enmiendas números 24 a 29, del senador Martínez
Oblanca, igualmente del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 30
y 31, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas números 32
a 57, de los senadores Eza Goyeneche, Salanueva Murguialday y Yanguas
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 58 a 62, de
los senadores Julios Reyes y Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario
Mixto; enmiendas números 63 a 101, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; enmiendas números 102 a 189, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y enmiendas números 190
a 256, del Grupo Parlamentario Socialista.


De las referidas enmiendas se retiraron la número 109, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El día 14 de abril se reunió la Comisión de Industria, Energía y
Turismo para designar la ponencia, quedando esta definitivamente
integrada por los siguientes senadores: don Jesús Alique López, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, del Grupo
Parlamentario Vasco; don Andrés Gil García, del Grupo Parlamentario
Socialista; don Juan Manuel Juncal Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular; don Gregorio Medina Tomé, del Grupo Parlamentario Socialista;
don José Montilla Aguilera, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; don José Ignacio Palacios Zuasti, del Grupo Parlamentario
Popular; doña Amelia Salanueva Murguialday, del Grupo Parlamentario
Mixto; don Salvador Sedó Alabart, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, y don José Luis Balines Díaz, del Grupo
Parlamentario Popular. Dicha ponencia elevó a la comisión un informe que
mantenía en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los
Diputados.


La Comisión de Industria, Energía y Turismo se reunió para
dictaminar el proyecto el día 5 de mayo, defendiéndose en dicha sesión
todos los vetos y enmiendas presentados. La comisión emitió el
correspondiente dictamen de conformidad con el texto propuesto por la
ponencia. El referido dictamen, junto con los votos particulares
presentados, ha sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales. Este proyecto de ley tiene como objeto, según se expone
en los antecedentes remitidos con él, la profundización en la liberación,
competencia y seguridad de suministro en el sector del gas natural,
carburantes y gases licuados del petróleo, aprobándose además un marco
tributario adicional y específico para la exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos que permitirá fomentar la actividad
compensando el impacto de las personas y administraciones más afectadas.
El proyecto incluye 22 artículos estructurados en 2 títulos. Completan el
mismo 4 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, 1
disposición derogatoria y 8 disposiciones finales.


Solo me queda, señor presidente, agradecer el buen hacer de los
ponentes y portavoces de los diferentes grupos y del letrado de la
comisión, don Alfonso Cuenca.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 1, de la senadora Capella i Farré.


Tiene la palabra la senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda.


Señorías del Grupo Popular, ustedes legislan con vendas en los
ojos, no hacen leyes para el pueblo sino todo lo contrario. Después de su
último fiasco, es decir, el caso Castor, van camino de repetir la misma
historia. Pretenden hacer lo que hacen siempre: sortear, en este caso a
las comunidades autónomas. Creen que con su mayoría absoluta son capaces
de acallar a la ciudadanía, pero, señorías, se olvidan de que Cataluña no
está en venta y tampoco lo vamos a permitir. Su modelo energético no es
el nuestro, al menos el de Esquerra Republicana, el suyo no es el
nuestro. Para nosotros no es válida cualquier cosa y, por tanto, hemos
presentado este veto y no avalaremos su proyecto de ley, y tampoco
permitiremos que Cataluña se convierta en su tablero de ajedrez donde las
grandes multinacionales se reparten el pastel y destruyen lo que tanto
tiempo y esfuerzo ha costado construir.


Ustedes no tienen dignidad. (Protestas). No les gusta, pero lo
repetiré cuantas veces crea que sea necesario, pertinente y procedente.
(Protestas). Su idea más brillante es perpetuar las energías fósiles,
cuando lo más lógico sería invertir en renovables. El fracking es una
tecnología que profundiza en la utilización de recursos no renovables del
planeta. Señorías, ustedes están impidiendo la transición natural hacia
un nuevo escenario energético mundial.


¿Saben ustedes lo que es el fracking? ¿Saben ustedes los efectos
medioambientales que causa? Hay serias sospechas de que las explotaciones
de fracking son las responsables de las variaciones del régimen sísmico
que se han producido en algunos puntos del planeta donde se practica esta
tecnología. No se puede afirmar de forma categórica, pero solo con la
mera sospecha tendrían o tendríamos que obligarnos a adoptar las máximas
prevenciones en este sentido. No podemos poner en juego la economía
productiva de las zonas afectadas: la producción agroalimentaria de
calidad, su potencial turístico ni la calidad de vida de las personas, a
cambio, como se pretende, de explotar una tecnología invasiva, agresiva
con el medioambiente, de abasto desconocido y de bajo rendimiento tanto
económico como energético.


La negativa de nuestro partido a este proyecto de ley va más allá
del modelo energético. El Gobierno al que ustedes representan no se da
cuenta de la cantidad de recursos que se necesitan para poner en marcha
los pozos o plataformas. Cataluña es un país donde las energías
renovables podrían ser punteras en muchos ámbitos, por delante de las
energías fósiles y, por tanto, nos parece que es el camino que tenemos
que seguir; nosotros pensamos que este es el camino que debería seguirse
porque las muchas horas de sol favorecería conseguir una energía
alternativa, y, además, la energía eólica también debería tener un papel
preponderante. El objetivo sería, en todo caso, crear un mix energético
suficientemente importante para ir dependiendo cada vez menos de los
combustibles fósiles. Pero con ustedes, con este Gobierno y con el
Partido Popular esto sería o será imposible.


Pero, señorías, no se preocupen, nosotros ya nos vamos, porque
con ustedes no hay nada que hacer. El ministro que tienen ustedes, el
señor Soria, esta mañana ha acabado afirmando que defendemos las
renovables y otras energías, pero que a lo mejor el sol también se acaba;
en definitiva, también va para nobel. ¿Ustedes saben que la fractura
hidráulica contamina el suelo de verdad? ¿Saben que después de dar este
primer paso la tierra ya no puede usarse para ninguna otra actividad, ya
sea agrícola o ganadera? En Cataluña la disponibilidad de agua es un
elemento que limita claramente el desarrollo tanto económico como
territorial, es uno de los aspectos más delicados del impacto de esta
tecnología, y aun así ustedes se empeñan en querer destruir todo lo que
la rodea. El Gobierno del Partido Popular hace política mediante el uso
del rodillo, se pasan por encima todo y a todos y tampoco respetan nada
ni a nadie. En cada sistema de pozos o plataforma en el que se agrupa una
extracción utilizan entre 54 000 y 174 000 metros cúbicos de agua, y
entre 1000 y 3500 metros cúbicos de sustancias químicas solo para la
primera fase de la fractura, y eso es, en opinión de Esquerra
Republicana, una barbaridad.


En una zona de explotación intensiva de un territorio densamente
poblado, con una gran actividad en transporte y consumo de energía, de
demanda de mano de obra especializada, con un alto nivel de consumo de
recursos y una alta producción de residuos de alta peligrosidad tienden a
hacer pensar en una pérdida generalizada de calidad del medio y de
calidad de vida de sus habitantes, en la destrucción del tejido social de
las zonas afectadas, sin ningún tipo de repercusiones especialmente
favorables ni en la ocupación ni en la economía local. Si a esto le
añadimos el impacto severo sobre el paisaje, del que se benefician
iniciativas turísticas, y las posibles repercusiones sobre el sector
agroalimentario, no se prevé nada bueno en la implantación de esta
tecnología en nuestro país, en mi país, que seguramente no es el
suyo.


Ustedes, como siempre, legislan rápido y mal. Nos intentan
imponer este proyecto de ley, cuando en países como Francia, Reino Unido,
Bulgaria y Holanda lo han prohibido, será porque ellos han visto cosas
que ustedes no ven ni han escuchado ni sienten. ¿Qué nos quieres
esconder? Para ustedes el fracking, o técnica de fractura hidráulica, no
es más que otro modelo especulativo a explotar. Ustedes chantajean a la
población ofreciéndoles una compensación económica para las áreas
afectadas por proyectos de hidrocarburos, eso demuestra su falta de
compromiso no únicamente con el medioambiente sino con el cambio
climático, y, lo que es aún más preocupante, faltan a la voluntad
democrática de la ciudadanía de los territorios afectados. Pretenden
comprar a la gente que está en completa oposición con este proyecto de
ley.


El país al que aspiramos y que queremos los catalanes no es el
que ustedes nos presentan; tiene que ser un país donde podamos vivir, que
podamos dejar a nuestros hijos, que sea sostenible y que no abuse de sus
recursos naturales, y lo que aún es más importante, que no quede en manos
de los cuatro de siempre, de aquellos compañeros de pupitre o de sus
amigachos. Nosotros queremos a nuestro país y en Esquerra Republicana
queremos que nuestro país esté al lado de sus ciudadanos y ciudadanas, y
no solo tenemos el derecho sino también el deber de revelarnos para
defender los intereses de nuestros conciudadanos, por lo que, en
definitiva, no daremos apoyo a esta ley, no nos relegaremos ante este
proyecto de ley. Por eso hemos presentado este veto y por estas razones
que he expuesto vamos a votar también favorablemente al resto de vetos,
porque, mal que les pese, Cataluña dice no al fracking y también dice no
al Gobierno del Partido Popular.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 2, de los senadores Iglesias y
Mariscal.


Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


El Gobierno, aunque le costó, ha incorporado a su discurso que el
fenómeno del cambio climático es real; sin embargo, las políticas
energéticas que continúa desarrollando suponen en la práctica dar la
espalda a este fenómeno real.


El proyecto que ahora discutimos reitera la apuesta por el
combustible sólido, en este caso concreto fundamentalmente en torno al
gas, propiciando, que España sea una especie de arteria hacia Europa del
gas del norte de África y promoviendo en nuestro país una especie de loca
fiebre del gas, partiendo de facilitar el uso de la técnica de fractura
hidráulica.


Hay que recordar que todavía a día de hoy, cuando se plantea esa
loca fiebre del gas, hay 57 plantas de ciclos combinados, con una
inversión de 13 161 millones de euros, en las que solo se utiliza el 10 %
de su capacidad. En la anterior reforma de la Ley de hidrocarburos se
abrió la opción de la hibernación. Red Eléctrica Española plantea que 10
de estas plantas con 6000 megavatios están abocadas hacia esa
hibernación. Iberdrola, en septiembre, planteó ya una hibernación parcial
de su planta de Castellón. Recuérdese que en 2008 se utilizaba el 52 % de
la capacidad de los ciclos combinados entonces existentes. En el proyecto
no se especifican las ventajas que para el país tendrá el tráfico
gasístico argelino —sin duda, una aportación a las interconexiones
energéticas europeas—, ni si se pretenden aplicar a este destino
fondos del plan Juncker. Sería conveniente que el proyecto viniera
acompañado de información en este sentido.


Como novedad especial están los contenidos que se ponen al
servicio del fracking. En primer lugar, la modificación del canon de
superficie, juntamente con el impuesto sobre el valor de la extracción
del gas, no constituye realmente una fiscalidad verde, una fiscalidad
medioambiental, sino que se concibe como un incentivo a las
administraciones autonómicas y locales para que asuman los riesgos
políticos —los otros son obvios y de ellos hablaré después—
por la autorización de los proyectos en sus ámbitos competenciales. En la
misma línea va la compensación del 1 % de las ventas al titular de los
terrenos suprayacentes. El fracking conlleva serios riesgos.


En una moción que debatimos en el Pleno anterior hice referencia
a estudios de universidades de los Estados Unidos y del Reino Unido. Como
no quiero reiterarme, voy a utilizar este documento sobre recomendaciones
ambientales en relación con las medidas preventivas y correctoras a
considerar en proyectos relacionados con la exploración y explotación de
hidrocarburos mediante técnicas de fractura hidráulica, elaborado por el
Gobierno de España, no por el Ministerio de Industria, pero sí por el de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y por Ministerio de Economía y
Competitividad, con la participación del Instituto Geológico y Minero de
España. En este documento se hacen recomendaciones para aminorar, que no
hacer desaparecer, los riesgos medioambientales que el documento
constata. Las referencias bibliográficas de escenarios medioambientales,
contaminación de acuíferos, contaminación atmosférica, microsismos,
etcétera, son numerosas. Hay situaciones que han dado lugar a moratorias
temporales de varios años con el fin de llevar a cabo estudios de
investigación de los procesos contaminantes en el medioambiente en los
Estados de Pensilvania y Nueva York, Quebec —Canadá— y
Sudáfrica, y prohibiciones que podían ser o no definitivas de acuerdo con
el estado de conocimiento del momento en Francia y Bulgaria. Entre 2005
y 2009 las operadoras americanas de fracturación hidráulica
utilizaron 750 sustancias químicas diferentes. De acuerdo con un estudio
realizado, 12 eran cancerígenas y 24 eran contaminantes atmosféricos
peligrosos. Concluye el documento que hoy día es posible utilizar menos
productos. La superficie que normalmente se considera necesaria para
acotar y definir un emplazamiento de cualquier pozo de fracturación es
aproximadamente de unos 20 000 metros cuadrados. Los valores de consumo
de agua necesarios son muy variables y, dependiendo de las
características de cada pozo, están comprendidos normalmente entre 8000
metros cúbicos y 16 000 metros cúbicos; no obstante se puede llegar a
necesitar volúmenes entre 30 000 y 45 000 metros cúbicos por fracturación
y pozo. La aparición en pozos de aguas superficiales próximos a los
sondeos de fracturación hidráulica de metano termogénico —metano
profundo disuelto en el agua— está perfectamente comprobada y
constatada.


Respecto a la contaminación atmosférica, en estos estudios
aparecen como especialmente importantes las concentraciones de metano,
gas efecto invernadero, formación de ozono por altas concentraciones de
óxidos de nitrógeno y benceno, tolueno, xileno, etilbenceno y otros
componentes volátiles. Un estudio científico considera que entre el 3,6 y
el 7,9 % del metano producido se va a la atmósfera entre venteos y
escapes.


Sismicidad inducida. Existen dos tipos de sismicidad asociados a
la fracturación hidráulica: eventos microsísmicos habituales y debidos a
la propagación de la fractura, y eventos sísmicos mayores. Un ejemplo de
evento sísmico mayor podría ser el caso de la operación de fractura
hidráulica en el pozo de Oklahoma, detectado el 1 de abril. Otros casos
bien documentados de sismicidad inducida por inyección de fluidos son los
casos de Rocky Mountain Arsenal, Rangely en Colorado y Paradox Valley en
Colorado. Respecto a la distancia a la que se podían producir los
terremotos, la mayoría de los sismos se produjeron en un radio de 4
kilómetros en torno al pozo. Insisto, se trata de un informe oficial del
Gobierno de España. Hace algo más de un año, 17 de los 28 Estados de la
Unión Europea contestaron a la Comisión que no otorgarían autorizaciones,
porque, como suele ocurrir en estos escenarios, los riesgos son siempre
públicos para la salud y para el medioambiente. Si se produce una
catástrofe también han de afrontarla las administraciones públicas,
mientras que los hipotéticos beneficios pertenecen a las empresas
privadas.


Finalmente, concluyo denunciando una vez más que no se hayan
cumplido los requisitos formales de informes preceptivos. En este caso no
se ha pedido informe a la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia ni al Consejo de Estado, ni siquiera al Consejo Consultivo de
Hidrocarburos. Estas son las razones que avalan el veto del senador
Mariscal Cifuentes y el que yo mismo suscribo, para el que solicito el
apoyo de la Cámara.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y Saura, de
la Entesa pel Progrés de Catalunya.


Tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas
tardes.


El señor Iglesias decía que el señor Rajoy había empezado a
hablar de cambio climático. Yo quiero decir que así como en cualquier
discurso de investidura o general de Merkel, de Hollande o de Obama se
habla de cambio climático, el presidente del Gobierno español nunca se
refiere al cambio climático en discursos generales. Y no solo eso, sino
que España es el único país donde no existe un ministerio específico de
medioambiente y de cambio climático. Estos dos hechos demuestran la falta
de sensibilidad que, a mi entender, existe en el Gobierno español en lo
que es uno de los dos principales problemas del mundo. Creo que en el
mundo hay dos problemas: la pobreza y el cambio climático, y así como en
la pobreza se hacen cosas, independientemente de que esté de acuerdo o
no, en el cambio climático no existe un discurso y una estrategia de
acción del Ejecutivo y muy especialmente del presidente del
Gobierno.


Esta ley plantea diversos objetivos, pero yo quiero resaltar dos:
es una ley que por un lado quiere convertir el Estado español en un
centro logístico de gas natural, que importa, como dijo en la
presentación el ministro Soria, y por otro lado, es una ley que quiere
impulsar las técnicas de fracking y de prospecciones marinas profundas
para la extracción de hidrocarburos. A nadie se le escapa que estas dos
técnicas son contaminantes y socialmente rechazables y que significan la
continuidad de un modelo energético que hay que cambiar. Los documentos
de Naciones Unidas, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y
las organizaciones más importantes del mundo hablan de la necesidad de
una transición hacia un sistema energético basado en las renovables, en
la eficiencia y en la energía.


Con este proyecto de ley que hoy nos presenta, España no hace
esto sino que va en una dirección contraria. Merece la pena decir que el
año pasado la factura energética costó 38 000 millones de euros, teniendo
en cuenta que costó menos que el año anterior no porque se gastara menos
sino porque el precio del petróleo, como ustedes saben, sufrió una
importante disminución. Este diagnóstico global de falta de dinamismo, de
valentía del Gobierno español en relación con el modelo energético, está
recogido en las declaraciones de todas las ONG importantes: Greenpeace,
Amigos de la Tierra, etcétera. Todas ellas dicen absolutamente lo mismo
y, aunque no sea garantía de que lo que dicen es verdad, hay que tenerlo
en cuenta.


Quiero resaltar una pequeña anécdota, y es el eufemismo que el
ministro Soria utilizó en el Congreso para no decir los riesgos que
comporta la utilización de estas técnicas. En la presentación de este
proyecto en el Congreso, a raíz de explicar —como luego explicaré
yo— la compensación económica que se prevé en el proyecto de ley en
aquellos territorios y a aquellos propietarios que instalen prospecciones
o fracking, dijo literalmente lo siguiente: «Se hace esto para compensar
posibles efectos que puedan derivarse de potencialidades y externalidades
negativas.» Cuando lo leí el otro día, recordé una frase de Juan de
Mairena —que, como ustedes saben, es un personaje de Antonio
Machado—, que pedía a sus alumnos en una clase que tradujeran en
lenguaje poético: los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, y
el alumno dijo: «Lo que pasa en la calle.» Y cuando leí esta frase pensé
cuál sería el lenguaje poético de potenciar externalidades negativas. El
lenguaje poético es: los problema de contaminación atmosférica, los
problemas de contaminación de aguas superficiales, los problemas de
contaminación de aguas subterráneas y los problemas de contaminación de
los residuos; pero en lugar de decir esto, el ministro habla de potenciar
las externalidades negativas.


Además quiero decir que el informe que ha enseñado el senador
Iglesias, elaborado por el Gobierno, señala los principales problemas. Se
puede afirmar que en este asunto no hay un diagnóstico claro. Hay países
y personas que están a favor del fracking y países personas que están en
contra. En la Unión Europea, hay 11 países proclives al fracking y 19
países en contra. Y hace muy pocas semanas, en el debate de un informe
sobre la Estrategia Europea de Seguridad de Suministro Energético, hubo
una enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo
Verde e Izquierda Unitaria cuya votación quedó en un empate, 30 a 30.
Esta enmienda proponía no dar permiso a ninguna nueva instalación de
fracking. Hubo un empate de 30 a 30, y el presidente de la Comisión
desempató no aceptando la enmienda. En estos momentos en el Parlamento
Europeo existe un empate, hay países que permiten y favorecen el fracking
y otros que no lo permiten.


En este aspecto, quiero manifestar que estoy en contra. A menudo
se dice que el medioambiente es un obstáculo para el desarrollo de los
países. Si observamos cualquier país, especialmente España, veremos que
el medioambiente ha sido relegado en detrimento del desarrollo económico,
a veces salvaje. Solo hay que hay que ir por zonas inmensas del litoral
del Estado español y ver algunos ríos, algunos vertederos y algunas
canteras; es decir el medioambiente no ha sido fundamental, no ha
dirigido el desarrollo económico, sino que el desarrollo económico a
menudo se ha llevado a cabo en detrimento del medioambiente.


Les voy a dar tres razones de por qué creo que hay que decir que
no a la instalación del fracking y, por tanto, por qué es necesaria la
presentación del veto en relación con este proyecto de hidrocarburos. La
primera, porque es climáticamente irresponsable. La Agencia Internacional
de la Energía ha dicho hace muy poco que hay que dejar una tercera parte
del petróleo y la mitad del gas en el subsuelo durante los próximos
cuarenta años si queremos evitar que se produzca el desastre; es decir,
la Agencia Internacional de la Energía insiste en la necesidad de hacer
un parón en la extracción de combustibles sólidos, fósiles. Y en España
hay un crecimiento de la utilización de combustibles fósiles, como el
Gobierno reconoció en la Cumbre de Lima. En definitiva, este proyecto de
ley de hidrocarburos va en contra o choca con algunas orientaciones que
se desprendieron de dicha cumbre. Por tanto, como he dicho, en primer
lugar es climáticamente irresponsable y medioambientalmente
inaceptable.


En segundo lugar, España posiblemente sea —ustedes lo saben
y lo comparten conmigo— el país de la Unión Europea con más
biodiversidad; o sea, la belleza, la naturaleza distinta de Galicia,
Andalucía, Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha o Castilla y León creo
que es absolutamente irrepetible en cualquier otro país, y por ello es
importante salvaguardar todo aquello que aún se puede salvaguardar, es
decir, los acuíferos, los subsuelos, las zonas montañosas que son parques
naturales, etcétera, ante algunas decisiones que pueden ir en contra en
ese sentido. El proyecto Castor es un ejemplo concreto: no solo ha sido
un desastre medioambientalmente sino también financieramente y, como se
ha dicho antes, el Parlamento Europeo ha repetido en varias ocasiones que
no se abone, que los consumidores no hagan frente a ese gasto financiero,
sino que lo hagan las empresas.


Y, en tercer lugar, es un proyecto de ley socialmente injusto.
Paralelamente a la idea de que España es posiblemente el país con mayor
biodiversidad, nuestro país es uno de los más importantes turísticamente
hablando precisamente por esa biodiversidad, y cualquier intento de
prospección marítima profunda, de fracking, en zonas que económicamente
viven del turismo tiene un rechazo, ya que cualquier operación de este
tipo puede llevar al traste miles y miles de empleos. Por tanto, como
digo, desde el punto de vista social es una operación también
injusta.


En definitiva, necesitamos cambiar el actual modelo energético de
combustibles fósiles por un modelo basado en una transición energética de
energías renovables, de eficiencia y energía. No me atrevo a decir que el
fracking y las prospecciones petrolíferas sean absolutamente condenables,
pero hay un debate en torno a esta cuestión, y creo que el principio de
precaución debería primar en relación con estos temas y habría que decir
que el fracking y las prospecciones traen problemas desde el punto de
vista climático, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto
de vista social.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 3, de la senadora Almiñana y de los
senadores Boya, Bruguera, Martí Jufresa, Montilla, Sabaté, y de la
senadora Sequera, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya.


Tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, sin duda alguna la política energética ha sido durante
esta legislatura, ya en su tramo final, la materia objeto de más
modificaciones legislativas, unas veces —en 11 ocasiones, conviene
recordarlo— utilizando la figura del decreto ley, y otras mediante
proyectos de ley, en algunos casos tramitados, además, por la vía de
urgencia, como ustedes saben.


Nosotros no cuestionamos la legalidad ni el principio de
oportunidad de un Gobierno para propiciar la modificación de la
legislación vigente en una determinada materia; obviamente, forma parte
de las reglas democráticas. Lo que sí cuestionamos es el desorden y la
improvisación de este Gobierno, que ha llegado en algunos casos a
modificar en dos y hasta en tres ocasiones la legislación que él había
modificado previamente.


Hoy le toca a la Ley de hidrocarburos —por cierto, ya
modificada por ustedes en dos ocasiones en esta legislatura— y, de
paso, ustedes modifican nuevamente la Ley del sector eléctrico; una vez
más la Ley 18/2004, de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia; el Real Decreto Ley 13/2012, de
trasposición de directivas en materia de mercados interiores de
electricidad y gas; el Real Decreto Ley 6/2000, de medidas urgentes de
intensificación de la competencia… En fin, es una demostración de
la pésima praxis legislativa de este Gobierno.


Además, como viene siendo habitual, este Gobierno y la mayoría
que le da apoyo vuelven a prescindir del trámite de consulta del proyecto
de ley por parte de organismos como la CNMC. Entre los objetivos del plan
de actuación 2015 de la CNMC, elaborado sobre la base de su plan
estratégico, en la acción estratégica 1 figura la acción económica 1.10,
que se refiere a informar las propuestas normativas necesarias para la
creación de un mercado organizado mayorista del gas —hub del
gas—, por citar un ejemplo. Como digo, es una de las acciones que
se prevén en este plan de actuación 2015 de la CNMC. Y es obvio que la
CNMC no podrá cumplir con la función que le asigna la ley que la creó,
porque en este caso ustedes lo impiden, a pesar de que la ley fue
iniciativa de ustedes. Así, han obviado informes que pueden ser
incómodos, a pesar de ser elaborados por la CNMC, por una Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia que no es precisamente un
ejemplo de pluralismo de sensibilidades. A ustedes les molestan hasta los
informes de los suyos; no es la primera vez, y creo que,
desgraciadamente, no será la última. Señorías, la calidad de nuestra
democracia se resiente cada vez que ustedes, abusando de su mayoría
absoluta, prescinden de las normas que nos hemos dotado en la tramitación
legislativa. La democracia son muchas cosas, pero también es el respeto a
las normas.


Tampoco han creído ustedes pertinente que este proyecto de ley
sea sometido al dictamen del Consejo de Estado o al Consejo Consultivo de
Hidrocarburos. Si lo hubiesen hecho seguramente se habría puesto de
relieve, entre otros aspectos, el carácter centralizador de aquel. Poco
importa que determinadas actividades puedan tener un enorme impacto sobre
el territorio, cuyas competencias en materia de ordenación son de las
comunidades autónomas, absolutamente recogidas en todos los estatutos.
Una vez más usan y abusan del artículo 149 de la Constitución para
legislar.


A nuestro entender, el proyecto de ley pone de relieve otras
carencias, ya que, por un lado, no aborda —solo lo hace de manera
tangencial— algunos de los problemas existentes, que forman parte
de los objetivos declarados en el preámbulo del proyecto de ley, como,
por ejemplo, el problema de la deficiente competencia en el mercado
minorista de hidrocarburos líquidos. Por supuesto, da carta de
naturaleza, como han expresado los portavoces que me han precedido en el
uso de la palabra, a una tecnología de investigación, exploración y
extracción discutible —el polémico fracking— y, a la vez,
establece un sistema de medidas tributarias y no tributarias que
supuestamente tratan de armonizar el riesgo de la aplicación de esta
tecnología y la rentabilidad, de manera, a nuestro entender, poco
consistente.


Señorías, en primer lugar, después de la aprobación de este
proyecto de ley —si la mayoría no lo reconsidera— seguiremos
teniendo los mismos problemas de deficiente competencia en el mercado
minorista de hidrocarburos líquidos. Ustedes saben que la estructura
empresarial del sector de distribución de carburantes de automoción ha
sufrido pocos cambios desde que se produjo la liberalización del sector.
No es casualidad que tengamos el mayor nivel de precios en valores medios
antes de impuestos respecto del resto de países de la Unión Europea. Así
lo han puesto de manifiesto los organismos reguladores, y muy
especialmente los diferentes informes mensuales de supervisión de la
distribución de carburantes en estaciones de servicio que elabora la CNMC
en estos momentos, que en el último año indican de manera especial el
incremento del margen bruto de distribución, es decir, la diferencia
entre el precio de venta al público y la cotización internacional del
mismo.


Este proyecto era una ocasión para abordar este problema, que
reconozco que no es fácil, pero tenían ustedes la obligación de intentar
incrementar la competencia efectiva, reduciendo las barreras de entrada a
nuevos operadores. Y, en cierta forma, esta es una ocasión perdida.


Nosotros hemos planteado un conjunto de enmiendas —que
posteriormente expondremos— que van precisamente en la línea que
reclamamos y de la que adolece este proyecto de ley.


En segundo lugar, el proyecto de ley regula otros aspectos
relacionados con los gases licuados del petróleo, y hace referencia a la
canalización a granel, a las obligaciones del operador al por mayor de
GLP y al comercializador al por menor de GLP a granel, entre otras
cuestiones. Y si bien reconocemos que era necesario regular algunos de
estos aspectos, tenemos objeciones a las soluciones que se le dan a
estos. También hemos presentado un conjunto de enmiendas que hacen
referencia al límite temporal del derecho preferente de los operadores de
GLP, y algunas relativas a las obligaciones técnicas y de seguridad y a
la responsabilidad de los comercializadores al por menor y a la propuesta
de creación de un bono social para consumidores de butano y propano
—obviamente, pensando en personas de escasos recursos
económicos—; y, compartiendo la necesidad de crear un mercado
mayorista del gas, también tenemos objeciones al diseño del proyecto de
ley.


En tercer lugar, y en otro orden de cosas, este proyecto de ley
regula aspectos tributarios y no tributarios en relación con la
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. En realidad,
bajo este largo título se esconden básicamente los incentivos a
particulares y a administraciones territoriales para facilitar el
desarrollo de la tecnología de fracturación hidráulica, conocida como
fracking, que ya posibilita la legislación, después de las modificaciones
que ustedes realizaron en la Ley de hidrocarburos el año pasado y en la
Ley de evaluación ambiental.


Yo no soy una persona que se oponga al uso de esta tecnología por
cuestiones dogmáticas o de principios. Ustedes ya saben que los informes
científicos —un portavoz ha hecho alusión a uno de ellos—
sobre el impacto de esta tecnología han pasado de ser escasos a empezar a
abundar, y, por supuesto, no todos coinciden. No es casualidad que en el
ámbito, por ejemplo, de la Unión Europea todo lo que ha suscitado el
consenso necesario para su aprobación sea la recomendación del 22 de
enero de 2014, el año pasado, relativa a unos principios mínimos para la
exploración y producción de hidrocarburos con la utilización de la
fracturación hidráulica de alto volumen. Esta misma recomendación, que,
como ustedes saben, no es vinculante por su propia naturaleza, está
inspirada y fundamentada en el principio de precaución, no en vano su
considerando número 10 reconoce —y cito textualmente— que no
se dispone de experiencia en relación con la producción de hidrocarburos
mediante fracturación hidráulica. La experiencia es limitada también en
el caso de la autorización de la exploración en la Unión Europea, y de
ahí la necesidad de considerar los riesgos de impactos por problemas
previstos en la aplicación de la legislación de la Unión Europea. Y no es
casualidad, señorías, que solo el Reino Unido y Polonia hayan realizado
una apuesta total por el uso de esta tecnología. Como ustedes saben, en
Francia está prohibida; países como Bélgica y Dinamarca han aprobado
moratorias; y hay situaciones más dispares, como las de Alemania o Suiza,
donde hay länder y cantones que la han prohibido y otros que están
aplicando moratorias.


Al margen de esto —y a ello se ha referido especialmente el
senador Saura—, nuestra geografía, nuestra orografía y nuestro
medio natural son de una riqueza y una biodiversidad enormes, elementos
estos, por supuesto, a tener muy presente también a la hora de plantearse
el incentivar esta tecnología. Bien, a pesar de estas objeciones al uso
de esta tecnología, y en previsión de que sean desestimadas, también
hemos formulado un conjunto de enmiendas a las disposiciones de carácter
tributario, ya que las propuestas que se recogen en esta materia también
distan de las que existen en otros países, y consideramos que son lesivas
para el interés público, en detrimento en especial de las
administraciones territoriales.


Para finalizar, señorías, como decía al comienzo de mi
intervención, esta es una oportunidad perdida, son unos parches que no
solventan los problemas y retos que en esta materia tiene la sociedad
española, razones suficientes para plantear a esta Cámara el veto al
proyecto de ley y la solicitud de su retirada.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, la legislatura llega a su fin, y el Gobierno del
Partido Popular presenta una norma que es el reflejo de todo lo que ha
ocurrido durante estos últimos cuatro años. Voy a intentar resumirlo en
pocas palabras: el Gobierno legisla legisla y legisla, artículo tras
artículo, absolutamente para nada, y además en muchas ocasiones lo hace
careciendo del procedimiento legalmente establecido y, por supuesto,
rehuyendo el debate y el consenso con los grupos políticos de la
oposición. La verdad es que la palabra consenso no está en el ADN del
Partido Popular y le produce alergia al Gobierno del señor Rajoy. Y todo
ello ¿con qué propósito? ¿Para beneficiar el interés general? Ni mucho
menos. Solo para vender humo y más humo y, eso sí, para intentar colocar
entre esa amalgama de preceptos inconexos algún artículo que, como
siempre, beneficie al oligopolio energético, a sus amigos, a esos que
dicen reconocer esa recuperación que anuncia el señor Rajoy, porque al
común de los mortales, a los ciudadanos normales, les sigue acechando el
paro, la precariedad y la desigualdad, por no hablar de nuestros jóvenes,
que sufren directamente el exilio.


Señorías, este es el relato de esta legislatura y la forma de
gobernar del Partido Popular, que nos tiene atrapados en un caos
normativo. ¿Hace falta modificar la Ley de hidrocarburos? La respuesta es
sí. Por eso el Gobierno socialista, en julio de 2011 presentó un proyecto
de ley, que no pudo tramitarse por el adelanto de las elecciones. ¿Era
necesario hace cuatro años? Sí. Y es necesario cuatro años después. Diría
que es urgente adaptar al sector de los hidrocarburos la
Directiva 2009/73, sobre normas comunes para el mercado interior del gas
natural. Y precisamente por eso nos sorprende que este texto no atienda
esas necesidades.


Nuestro texto, el de julio de 2011, era tremendamente leal con el
modelo energético de la Unión Europea. En cambio, este, el que hoy
debatimos, solo esconde lealtades con ciertas grandes empresas, que todos
conocemos, cuyos intereses en absoluto están alineados con los
consumidores y las pymes. Sí, señorías del Grupo Popular, saben de lo que
les hablo. ¿Saben lo que hacía el proyecto de ley del año 2011? Reforzaba
las competencias y las funciones del órgano regulador; las ampliaba y,
como digo, las reforzaba. Además, avanzaba significativamente en la
liberalización del sector, dotándolo de un mayor grado de competencia y
eficiencia.






Lamentablemente, este proyecto de ley, en lo que al área del
gas se refiere, es una regulación insuficiente y carente de enfoque
integral.


A nosotros, señorías, al Grupo Socialista, después de leer y
estudiar detenidamente este proyecto de ley, no nos salen las cuentas.
Faltan muchas cosas y sobran otras. Compartimos los grandes principios,
es decir, avanzar en la competencia, en la transparencia, en reducir los
costes, en reducir el fraude y, por supuesto, en la protección de los
consumidores. Pero eso se queda en el preámbulo, formará parte del papel
y no de la realidad, porque, como ya se ha dicho por otro portavoz que me
ha precedido en el uso de la palabra, no va a haber competencia
suficiente ya que el mercado va a estar en manos de unos pocos; por
tanto, no habrá competencia real.


No entendemos las grandes carencias que tiene este proyecto. Por
ejemplo, no entendemos por qué no se regula la posibilidad de comprar y
vender gas en puntos virtuales a través de una plataforma de contratación
electrónica. Tampoco entendemos por qué no se adapta a la directiva
europea antes mencionada en materia de separación de actividades. Todas
estas actuaciones, todas estas cuestiones son importantes desde el punto
de vista de la transparencia y el buen funcionamiento del Gobierno y no
se tratan como se debe, por no hablar del olvido, que nos parece grave,
de reforzar la independencia del organismo regulador, como exige la
normativa europea. Nosotros, en ese proyecto de ley de 2011, sí lo
hacíamos, y los pocos avances que se han hecho en esta legislatura, los
que se hicieron en el Real Decreto Ley 13/2012, duraron poco porque el
Gobierno se encargó de truncar ese propósito.


A través precisamente de la normativa con la que este Gobierno
creó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se eliminaron
las funciones del organismo regulador de entonces, la Comisión Nacional
de la Energía, como es el caso de la conocida función 14, que concedía al
regulador el control sobre la entrada de las empresas extracomunitarias
en el sector energético. Es otra prueba más de lo poco que le gusta al
Gobierno del señor Rajoy los procedimientos democráticos, máxime cuando
son garantistas.


Toda esta legislatura está plagada de ejemplos que corroboran esa
afirmación, que, más que una afirmación, es una denuncia, porque este
proyecto de ley no podía ser una excepción. Quiero recordar —ya lo
ha hecho algún otro portavoz— el lamentable espectáculo que ha
supuesto presentar este proyecto de ley sin pedir el oportuno dictamen al
organismo regulador, a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, un dictamen que quiero recordar que no es vinculante, pero
sí obligatorio. Por cierto, ese olvido, que luego se ha intentado
solucionar de forma chapucera, también se ha extendido a los dictámenes
que podrían haber emitido el Consejo de Estado y el Consejo Consultivo de
Hidrocarburos. Como ven, no solo tapan la boca a la oposición, sino que
también se la quieren tapar a los organismos reguladores y a los órganos
consultivos cuando creen que les van a criticar, y seguramente hubiesen
criticado este proyecto de ley. Esto confirma la falta de confianza de
este Gobierno en el organismo regulador; lo hace cuando le ningunea y no
pide ese dictamen y lo hace también cuando no traspone la directiva
europea que refuerza la independencia del organismo regulador con nuevas
funciones y competencias.


Señorías, sin un regulador sólido e independiente es imposible
hablar de trasparencia y es un farol hablar de competencia. En ese
sentido, echamos en falta todas las facultades y competencias que la
normativa europea atribuye al organismo regulador sectorial, algo que no
hace este proyecto de ley. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa
la Presidencia). En primer lugar, el establecimiento de la metodología
para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de
acceso. En segundo lugar, la imposición de sanciones, la solicitud de
información o la realización de inspecciones sin previo aviso a los
titulares de instalaciones de transporte. En tercer lugar, el
establecimiento de metodología relativa al acceso a las infraestructuras
fronterizas. Y, en cuarto lugar, la supervisión de la transparencia y la
competencia, incluyendo los precios al por mayor. Echamos en falta,
señorías, todas esas facultades porque, como les he dicho, con un
organismo regulador que no sea sólido e independiente es imposible hablar
de transparencia y es una burla hablar de competencia.


Señorías, las palabras son cera y los hechos son acero. Y los
hechos en el sector de los hidrocarburos demuestran que este Gobierno
trabaja por y para intereses específicos, concretos y particulares, muy
alejados del interés general, un interés general que, por ejemplo, exigía
que en este proyecto de ley hubiese habido obligaciones claras a las
comercializadoras de Gas Natural para asegurar la protección de los
consumidores. No aparecen esas obligaciones; lo que se establecen son
diversas medidas tributarias, entre ellas, la creación de un nuevo
impuesto sobre el valor de la producción de hidrocarburos que pretende
compensar a los propietarios de los terrenos en los que se sitúen los
yacimientos en función de la producción nacional.


El Gobierno estima que con las distintas medidas tributarias se
podría obtener una recaudación de entre 11 y 320 millones de euros al
año, y en el Grupo Parlamentario Socialista nos preguntamos si ese es el
precio que el Gobierno del señor Rajoy considera que tenemos que pagar a
las empresas extractivas a cambio de poner en peligro nuestro futuro,
nuestra salud y nuestro medioambiente.


Señorías, ¿qué es lo que esconde este proyecto de ley? Se lo voy
a decir: esconde un intento descarado y descarnado por dar carta de
naturaleza a una técnica como la del fracking y también a las
prospecciones petrolíferas. Señorías, este Gobierno, lejos de apostar por
las energías renovables, la innovación energética y la eficiencia, una
vez más se retracta y se alinea con el pasado. Otra vez más de lo mismo:
más hidrocarburos, más energías sucias y menos sostenibilidad.


A nivel sectorial replican a pies juntillas el mismo patrón que
en la política nacional. En la política nacional estamos viendo las
circunstancias y condiciones que nos llevaron precisamente a la burbuja,
replican las políticas del señor Rato —por cierto, necesitaríamos
un buen rato de tiempo para hablar del señor Rato— y vuelven al
ladrillo, vuelven a la precarización y vuelven al capitalismo de
amiguetes. Y lo mismo hacen ustedes con la política energética. Ustedes,
señorías del Partido Popular, renuncian al futuro y nos anclan en el
pasado; apuestan por lo que nos falta y desprecian lo que nos sobra: el
sol y el viento; legislan para favorecer a unos pocos y pasar por encima
de la mayoría. Ese es el vademécum de este Gobierno, un vademécum que les
lleva una vez más a dejar pasar la oportunidad de que haya competencia y
transparencia en el sector de los carburantes, de las gasolinas y los
gasóleos, para que las bajadas del precio del crudo se trasladen de una
vez por todas a los precios de los carburantes de automoción en las
gasolineras a la misma velocidad y con la misma proporción en que lo
hacen cuando sube el precio del crudo, como ha ocurrido en lo que
llevamos de 2015.


El único avance que hay entrará en vigor —además, copian
ustedes una propuesta nuestra, lo cual nos parece bien— en julio
de 2016, precisamente cuando el Partido Popular ya esté en la oposición.
Como ven, señorías, otro brindis al sol.


Miren, señorías, el vector energético —lo he dicho en más
de una ocasión— es importante para el crecimiento de nuestro país y
nuestro futuro, y parchear, confundir y legislar a trompicones no ayuda
absolutamente a nada. Hace falta valor, visión de futuro y liderazgo, y
de eso precisamente carece el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno
del señor Rajoy. Esta y las otras leyes de reforma del sector eléctrico
son prueba de ello. Cuando deberíamos haber puesto rumbo hacia un modelo
de transición energética basado en la sostenibilidad económica,
medioambiental y social, como han hecho Francia y Alemania, que conduzca
hacia un modelo de crecimiento bajo en carbono, con este Gobierno vamos
en dirección contraria, en una dirección que precisamente nos lleva al
pasado, que es contraria al progreso y el futuro. Cuando deberíamos haber
apostado sin ambages por las energías renovables, por el autoconsumo, por
el ahorro y la eficiencia energética, este Gobierno se dedica a sembrar
el mercado de inseguridad jurídica, cercenar la inversión y poner trabas
a la innovación y la investigación. Y así, señorías, vamos mal, muy mal.
Este proyecto de ley nos introduce de lleno en la dirección contraria al
progreso y el futuro, este proyecto de ley no apuesta por la competencia,
no apuesta por la transparencia. No hay futuro más allá de su articulado
y sí mucho pasado. Por eso, señorías, presentamos este veto y pedimos al
resto de los grupos que lo apoyen para devolverlo al Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


En turno en contra, tiene la palabra el senador señor
Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.


Aunque son cinco los vetos que se han presentado, y así se han
defendido, una vez leídos quedan reducidos a cuatro, porque el veto
número 2, de los senadores Iglesias y Mariscal, y el número 4, de los
senadores Guillot y Saura, son prácticamente iguales; y todos ellos,
salvo el número 3, presentado por la Entesa, tienen su correspondencia
con una serie de enmiendas a la totalidad que fueron debatidas en el
Congreso de los Diputados.


El primero de estos vetos es el de la señora Capella. En él se
dice expresamente que lo que se pretende con este proyecto de ley es
facilitar e incentivar la implantación del fracking en el Estado español
pese a la contestación que se está produciendo en los territorios
inicialmente afectados. El resto de los vetos —ya hemos oído las
intervenciones que ha habido— también se refieren al fracking. Yo
creo que nos tenemos que retrotraer al Pleno de hace quince días, en el
que hablamos de unos sondeos de fracking en la provincia de Burgos. Como
entonces indiqué, creo que hay una serie de datos que nos tienen que
hacer reflexionar, y uno de ellos es que más del 67 % de la energía que
consumimos procede de hidrocarburos, es decir, del petróleo y el gas, y
solo el 0,2 % de ese 67 % es autóctono, el resto lo tenemos que importar.
Esto supone que nuestra factura energética es de 37 000 millones de
euros, 4 puntos del PIB; lo que ingresamos por el turismo, más de lo que
pagamos por el servicio de la deuda y mucho más de lo que pagamos por el
desempleo.


Además, por mucho que queramos apostar por las energías
renovables, todos los informes y análisis de los expertos en la materia
nos dicen que en las próximas décadas vamos a tener que seguir
dependiendo —no solo en España, sino a nivel mundial— de los
hidrocarburos. Por eso, señora Capella, lo digno, lo sensato y lo
prudente es que, con todas las garantías medioambientales y todas las
medidas de seguridad que se establecen en nuestra normativa sobre esta
materia, después de seguir una tramitación garantista y reglada, exenta
de decisiones políticas, porque los informes los hacen técnicos expertos
en la materia, y tal como se está haciendo en otros países, exploremos
nuestro subsuelo, tanto en tierra como en el mar, para saber con qué
recursos contamos y si su extracción es rentable o no.


Este es el único camino que tenemos para reducir nuestra
dependencia energética del exterior y para reducir el precio de nuestros
combustibles. Si logramos reducir esa factura energética, el dinero que
nos sobre lo vamos a poder destinar a otros fines mucho más interesantes,
como pueden ser los sociales, y a incentivar nuestra industria para que
podamos exportar más. De esta manera podremos tener un gas más barato,
como ha sucedido ni más ni menos que en Estados Unidos, y de esa manera
seremos más competitivos y —como les decía— podremos exportar
más y mejor.


También lo dije en el Pleno de la semana pasada: ha sido el
actual Gobierno el que, a través de la Ley de evaluación ambiental del
año 2013, ha introducido una serie de novedades en la regulación, en la
tramitación de estos expedientes y con esas novedades se ha reforzado el
control ambiental, la supervisión de estos proyectos y la seguridad tanto
para las personas como para los bienes y para el medio ambiente. Y
además, con esa ley del año 2013 lo que se ha hecho ha sido endurecer los
requisitos y las cautelas medioambientales que tienen que cumplir todos
estos proyectos de exploración de hidrocarburos con las técnicas de
fracturación hidráulica. Como es sabido, a partir de esa ley del año 2013
estos proyectos tienen que ser sometidos al procedimiento de evaluación
ambiental ordinaria y se tiene que aprobar una declaración de impacto
ambiental —cosa que hasta ahora no se hacía, con el Gobierno
anterior esto no sucedía— en la que tiene que haber un estudio
comparativo de la situación ambiental actual con la actuación derivada
del proyecto objeto de la evaluación para todas y para cada una de las
alternativas que se examinen.


Por tanto, como les decía, el procedimiento no puede ser más
garantista y reglado. Por eso, siempre que se garantice el estricto
cumplimiento de las medidas de protección de las personas y del medio
ambiente, no existen razones técnicas objetivas para que a priori, como
se pide en este primer veto, se rechace esta técnica de la fractura
hidráulica.


Señora Capella, y también otros autores de otros vetos, no es
cierto que con este proyecto de ley se pretenda comprar la voluntad de
los territorios donde se ubican estos proyectos destinando para ello
recursos económicos. Lo que se está haciendo con esta ley, como ya sucede
en estos momentos con iniciativas similares con las cuales se están
financiando actuaciones en municipios del entorno de instalaciones
nucleares, es establecer que una parte de los beneficios que se puedan
generar por la explotación de la fractura hidráulica revierta a la
sociedad, y esto se hace a través de una triple vía: en primer lugar, se
establece un impuesto nuevo que va a recaer en las comunidades autónomas
y en los ayuntamientos más directamente afectados; en segundo lugar, a
través de la actualización de los cánones de superficie y, en tercer
lugar, a través de la participación del propietario del suelo en cuyo
subsuelo se realicen las investigaciones en los beneficios que puedan
obtenerse. Por tanto, gracias a estas medidas que se crean con esta ley
los propietarios de los terrenos y la sociedad en general se van a ver
beneficiados y van a ver cómo una parte de los beneficios revierten sobre
ellos, cosa que es lógica y que no ha sucedido en las 800 exploraciones
que hasta este momento se han hecho en nuestro país.


El riesgo cero no existe en ninguna actividad de la vida y
tampoco en las actividades industriales, y con esto no se están comprando
voluntades. Por cierto, señora Capella, el ministro no ha dicho que el
sol se pueda acabar; lo que ha dicho es que cuando no hay sol, cuando no
hay viento, esas energías renovables no funcionan y que se necesita tener
un respaldo, un backup de otras energías, como son los hidrocarburos. Por
eso hay que mantenerlas.


Esta del fracking es la única cuestión que le preocupa a la
señora Capella. En los vetos 2 y 4 además se tocan otros asuntos. En
ellos se dice que se está renunciando a cualquier apuesta viable de
incremento de la autonomía energética de nuestro país y que este proyecto
de ley apuesta por impulsar un hub gasístico que incentiva el consumo de
gas y potencia el papel de nuestro país como intermediario de gas
procedente del norte de África, argumentos que después de leídos los
vetos no llegamos a comprender, porque la realidad es que en España
tenemos una red de gas natural muy desarrollada, tenemos una alta
diversidad de origen de las importaciones de hidrocarburos: como saben
ustedes, el 50 % aproximadamente viene de Argelia a través de los
gasoductos del Magreb y el resto procede de muchos países, que llega en
forma de gas natural licuado y que a través de las regasificadoras
españolas llegan hasta las plantas, y además tenemos una alta capilaridad
del sistema de distribución al pormenor de gas. Por eso, lo que tenemos
que hacer es poner en valor nuestros almacenamientos subterráneos y
nuestras regasificadoras y para ello es preciso que cuanto antes contemos
con las interconexiones suficientes con el resto del continente para que
el gas que nos sobre lo podamos suministrar a otros países europeos. En
otras palabras, que nos podamos convertir en un centro logístico de gas
natural para el resto de Europa, que es lo que se pretende hacer con este
proyecto de ley.


Todos sabemos que España no se suministra del gas ruso; no
obstante, las tensiones que se viven en Ucrania han puesto en evidencia
la vulnerabilidad y la dependencia que el resto del continente tiene de
él. Muchos países dependen de ese gas y hay hasta 6 socios nuestros de la
Unión Europea, como son Lituania, Estonia, Letonia, Finlandia, Rumanía y
Bulgaria, que dependen al cien por cien de ese gas. Y hay un dato
objetivo: de los 462 bcm de gas que se consumen en Europa, 109, que es
el 36 %, son de origen ruso y de ellos el 53 % se importan a través de
Ucrania. De ahí que si el presidente ruso decide cerrar el grifo, las
consecuencias serían dramáticas para esos países, pero serían muy graves
para todos los demás y las sufriríamos porque estamos en un mundo muy
relacionado y muy interdependiente.


Por eso, parece lógico que se intente paliar ese riesgo y una
forma de hacerlo es mejorando nuestras interconexiones con Francia,
porque si las tuviéramos ya, España estaría en condiciones de suministrar
al resto de Europa hasta el 50 % de todo el gas de Rusia que va a Europa
a través de Ucrania. Para solucionar este problema, como saben ustedes,
el pasado mes de marzo y convocada y liderada por el presidente Rajoy se
ha celebrado la cumbre de Madrid —a la que asistieron el presidente
francés, el primer ministro portugués, el presidente de la Unión
Europea—, en la que se ha puesto en evidencia la importancia de
estas interconexiones de gas y electricidad y se han fijado unos plazos
para desarrollarlas. Cuando se hagan realidad, nos convertiremos en el
nuevo centro de suministro al resto de Europa, lo cual nos va a
beneficiar a todos, a nuestro país y también al resto de la Unión
Europea; nos podremos beneficiar y no, como se dice en estos vetos, que
esto solo sirve para que se beneficien los operadores gasistas.


Por otro lado, tengo que decir que con esta ley lo que se hace es
subsanar una laguna que existe en la actualidad, como es que España es
uno de los pocos países europeos que no cuenta todavía con un mercado
organizado del gas y la creación de este, que se hace con esta ley, nos
va a servir para que nos podamos dotar de una mayor transparencia y para
que tengamos un precio de referencia en las transacciones de gas natural,
y esto nada tiene que ver con lo que se dice en estos vetos, en el 2 y en
el 4, acerca de que esta medida se va a traducir en un aumento del recibo
del gas. Todo lo contrario.


En el veto número 3, del resto de senadores de Entesa, se dice
que este proyecto de ley confirma la apuesta del actual Gobierno por un
modelo energético con el que se consolida nuestra dependencia de los
combustibles fósiles y el abandono de las energía renovables. Ya he
señalado antes que todos los estudios apuntan a que de aquí hasta el
año 2035 al menos los hidrocarburos van a seguir siendo la espina dorsal
del mix energético en todo el mundo. Como les digo, esto aparece en los
informes de los expertos y, por tanto, es lógico que este proyecto de ley
se refiera a los combustibles fósiles.


Ahora bien, en relación con las energías renovables quiero decir
que no estoy de acuerdo con lo que indica el veto de los senadores de
Entesa porque, como es bien sabido, con la Ley del sector eléctrico, que
se ha aprobado en esta legislatura, lo que se ha hecho ha sido establecer
un marco regulatorio estable para las energías renovables, y gracias a
ese nuevo marco una parte importante de la inversión extranjera que viene
a nuestro país está interesada por estas energías renovables —en
estos momentos hay 5000 millones de euros en inversiones que están
viniendo a España para energías renovables—. Esta es la realidad.
Es falso que el actual Gobierno haya abandonado las energías renovables,
unas energías para las cuales van a ser fundamentales esas
interconexiones que se aprobaron el pasado mes de marzo, porque esa será
la mejor manera de que la energía renovable que produzcamos aquí y que no
se consuma en el mercado ibérico, que no se puede almacenar, se pueda
llevar al resto del continente.


Por tanto, insisto, es falso que el actual Gobierno haya
abandonado las energías renovables. Lo que ha hecho este Gobierno ha sido
poner orden en ellas y tomar las medidas necesarias para acabar con esas
rentabilidades que tenían de hasta el 20 %, que era algo inviable y que
suponía tener que pagar casi 11 000 millones de euros al año en primas.
Lo que este Gobierno ha hecho —y ayer nos lo explicaba el ministro
de Industria desde esta misma tribuna—, siguiendo la doctrina del
Tribunal Supremo, ha sido establecer que haya una rentabilidad razonable,
del 7,4 %, durante toda la vida del proyecto. Como nos decía él, en el
momento en que se estableció esta medida los bonos del Tesoro a 10 años
tenían una rentabilidad del 4,5 % y en estos momentos esa rentabilidad es
del 1,6 %; pues bien, la rentabilidad de estas energías renovables es
del 7,4 %.


Señores de Entesa, tengo que decirles que algo que aparece en el
veto es incierto, porque este proyecto de ley cumple con las
recomendaciones de la Directiva comunitaria de 2009 en materia de
separación de actividades. Y tengo que decirles también que esta ley
incorpora una serie de medidas adicionales en materia de transparencia en
relación con los precios de venta al consumidor de los carburantes, a la
distribución de carburantes y en todo lo relativo a la limitación de
cuota de mercado para operadores dominantes en función de las ventas por
provincias. Estas medidas que aparecen en esta ley se unen a otras que
han sido tomadas a lo largo de esta legislatura; así, en el año 2013 se
tomaron unas medidas que ya han dado frutos en lo que a las estaciones de
servicio se refiere, porque en estos casi dos años, de las más de 300
nuevas estaciones de servicio, el 90 % son independientes.


Y por último, en cuanto al veto número 5, del Grupo Socialista,
la verdad es que prácticamente se limita a hablar de ese proyecto de ley
de 2011, que apareció en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el
día 15 de julio. Lo primero que tendría que preguntarle al Grupo
Socialista es que, habiendo estado en el Gobierno dos legislaturas, casi
ocho años en el Gobierno, por qué tardaron tanto en presentar este
proyecto de ley, porque lo podrían haber hecho antes. Apareció publicado
el 15 de julio y, como recordarán sus señorías, el presidente Zapatero
anunció la disolución de las Cortes el día 29 de julio, es decir, 14 días
después.


Lo que pretenden con este veto es que lo contenido en ese
proyecto de ley de 2011 apareciera recogido en esta ley. Los senadores
socialistas tendrían que saber que muchas de las previsiones de ese
proyecto de ley ya fueron recogidas en el Real Decreto Ley 13/2012, de 30
de marzo, por el que se traspusieron directivas en materia de mercados
interiores de electricidad y gas y en materias de comunicaciones
electrónicas, y que otras de las cuestiones que se contenían en ese
proyecto de ley han sido recogidas en diferentes disposiciones que se han
ido aprobando a lo largo de esta legislatura. Por eso no tiene sentido
que se vuelvan a recoger en este proyecto de ley, que es una modificación
parcial de la Ley de hidrocarburos de 1998; esta ley no va a sustituir a
la de 1998 porque parte de ella va a seguir vigente.


Este veto se refiere también a otros temas que ya he tocado como,
por ejemplo, el del fracking, las medidas fiscales del fracking, la
competencia y la transparencia en el sector de hidrocarburos, el mercado
organizado del gas, el hub gasístico, y por lo tanto me remito a lo que
he dicho antes. Simplemente me resta decirles que por las razones
expuestas vamos a votar en contra de estos 5 vetos.


Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Martínez Oblanca, que va a compartir el turno.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Este es un proyecto de ley muy mejorable, singularmente porque
deja de lado cuestiones que para nosotros son importantes y que hemos
tratado de corregir con la presentación de 6 enmiendas parciales que, a
tenor de los hechos, no van a ser respaldadas por el Grupo Popular, por
lo que apoyaré los vetos presentados por los diferentes grupos ante la
nula posición negociadora adoptada por el grupo mayoritario de la Cámara.
Esta ley debería ser devuelta al Gobierno.


En todo caso, es conveniente resaltar que la producción española
de hidrocarburos deriva de pequeños campos de producción, marginales, que
condicionan nuestra dependencia del 98 % en esta materia. Sin embargo, el
estudio más completo sobre perspectivas económicas en la exploración y
producción de hidrocarburos en España, fechado en marzo de 2013,
elaborado por Gesal, concluyó que con unos recursos prospectivos
estimados en 2500 bcm, equivalentes a noventa años de consumo de gas a
ritmos actuales, España emergería en el mapa energético europeo como un
país con un potencial considerable, lo cual no es cuestión baladí, habido
cuenta que ahora necesitamos, por ejemplo, importar casi el 90 % del gas
natural para consumo propio.


En este sentido, tampoco puede ignorarse el avance técnico en el
aprovechamiento de recursos geológicos y los éxitos en proyectos de
exploración de hidrocarburos no convencionales. España no puede
permanecer al margen de los países avanzados, no solo de nuestro entorno
europeo y geográfico sino, de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos,
que están profundizando en el aprovechamiento de este tipo de
hidrocarburos. En Asturias, algunos, no todos —comenzando su
escepticismo por el actual Gobierno autonómico—, observamos con
expectación estos avances porque, como todos ustedes conocen, tenemos
cuencas que ahora mismo son un páramo industrial por las decisiones
políticas compartidas sucesivamente por los gobiernos del PSOE y del PP
para fulminar el importantísimo sector del carbón, que tantos puestos de
trabajo se ha llevado por delante. Resulta incompresible e inaceptable,
como he afirmado en numerosas ocasiones en esta misma tribuna, que España
renuncie a su soberanía energética. De la mano del PSOE y del PP se ha
laminado un recurso clave como es el carbón, nuestro único combustible
fósil autóctono, el único combustible fósil que tenemos en España, y
ahora estas dos fuerzas políticas están en fase durmiente ante las
expectativas que España ofrece para el uso de fórmulas que, como ya se
están aplicando en muchas partes del mundo, permiten la obtención de
hidrocarburos no convencionales.


Pensamos que en las cuencas carboníferas existen razonables
expectativas para hallar bolsas de gas, y nosotros creemos que por el
futuro de esas cuencas, por el futuro de Asturias y por el futuro de
España tenemos que afrontar con urgencia la exploración y, si cabe, la
explotación de estos nuevos recursos.


Consecuentemente, al igual que mi compañero Álvarez Sostres
realizó en el Congreso de los Diputados, he registrado varias enmiendas
en el trámite por el Senado de este proyecto de ley. Se desestimaron allí
y, lamentablemente, no he apreciado por parte de la mayoría parlamentaria
del Partido Popular en la Cámara Alta el más mínimo intento por buscar
algún punto de acuerdo respecto a estas enmiendas, lo cual equivale a
despreciar los estímulos en la investigación que planteamos y a la
prospección de hidrocarburos no convencionales en España que nosotros
proponemos. En justa correspondencia con la negativa a incorporar estas
enmiendas parciales a este proyecto de ley, votaré a favor de su
devolución al Gobierno.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martínez Oblanca.


Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Con toda brevedad, voy a centrarme exclusivamente en dos de las
cuestiones que ha planteado el portavoz del Grupo Popular.


Respecto a las renovables, el señor ministro insistía,
efectivamente, en la interpelación del día de ayer en lo que usted
manifestaba hoy, pero un planteamiento tan optimista sobre la situación
de las renovables no casa con dos datos. Primer dato: hay paralizados
multitud de proyectos de renovables de energías eólicas desde hace al
menos tres o cuatro años, en el norte de España de forma muy clara y
destacada. Segundo dato: va a ser difícil casar las nuevas inversiones de
fondos extranjeros cuando los que ya habían llegado en este momento
tienen una docena de solicitudes de arbitraje internacional y los
autóctonos, los pequeños, han presentado más de 1000 recursos ante la
jurisdicción contencioso-administrativa. Señores del Partido Popular, si
esta situación se hubiera dado en otro país en relación con inversores
españoles estarían ustedes hablando de inseguridad jurídica en ese país y
de lo poco atractivo que resultaría invertir en él.


En cuanto al fracking, nos decía el portavoz del Grupo Popular
que este Gobierno ha ido sentando las exigencias medioambientales en
torno al fracking. Pero es que hasta que este Gobierno se puso a ello,
aquí no había posibilidad de plantear un desarrollo en los términos que
en este momento están sobre la mesa de la técnica del fracking, y este
Gobierno lo que tuvo que hacer fue ir acompasando el vacío legal
existente, ese limbo en el que se encontraba el fracking, a través de
diferentes reformas y, evidentemente, las medioambientales eran
imprescindibles; imprescindibles no porque ustedes lo crean más o menos
—que ustedes sabrán—, sino porque, evidentemente, la
normativa europea al respecto no permitiría en ningún caso el desarrollo
de esta técnica sin una mínima garantía.


Y si estuviera tan claro que el fracking no conlleva ningún
riesgo y que la experiencia de los Estados Unidos ha sido tan positiva,
no se entiende, por un lado, que la mayoría de los Estados de la Unión
Europea se hayan pronunciado en el sentido de no utilizar en los próximos
años esta técnica —17 de los 28— y, por otro, que allá donde
triunfó la técnica del fracking en este momento se estén planteando en
diferentes Estados, como consecuencia de las repercusiones —que
para ellos no son una hipótesis, sino algo comprobado y constatado—
en el medioambiente y en la salud de las personas de esta técnica, la
adopción de medidas de precaución que pasan por la prohibición de las
técnicas en diferentes Estados. Aprendamos de los errores, en Estado
Unidos están viendo que la proliferación de esta técnica está teniendo
repercusiones medioambientales y en la salud inadmisibles. ¿Qué va a
hacer falta, que en España se produzca una situación similar —por
lo tanto renunciando en este momento al principio de precaución—
para que nos tengamos que replantear lo que ahora se legaliza primero a
través de las reformas y se impulsa después a través de proyectos que
abundan en la misma dirección? Yo creo que eso no es razonable,
señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, debatimos hoy en
este acto político del Senado los vetos, las enmiendas a la totalidad,
presentadas al proyecto de ley por la que se modifica la actual Ley de
hidrocarburos, y venimos a la tribuna para fijar la posición de nuestro
grupo parlamentario, el Grupo Vasco, en relación con las enmiendas a la
totalidad presentadas por otros grupos, con sus vetos.


Nosotros, como saben, no hemos presentado ningún veto, porque
quizá teníamos la ingenua esperanza y la convicción de que con las
enmiendas parciales —que eran dos— podrían modificar el texto
actual en el sentido que consideramos necesario. Pero usted sabe que los
esfuerzos baldíos producen melancolía, y en este momento estamos bastante
melancólicos.


Para nuestro grupo parlamentario esta es una ley relevante,
puesto que en Euskadi desde hace décadas se ha dado una importancia
capital al desarrollo del gas. Hemos considerado el gas natural como
energía de transición hasta la llegada de un escenario dominado por las
energías renovables y como herramienta para sustituir el consumo del
petróleo o sus derivados. Por ello, permítannos realizar una breve
mención a la apuesta por el gas natural que hemos realizado, que sobre
todo ha realizado el Gobierno vasco desde el inicio del autogobierno
en 1980, y que permite entender nuestro interés y, sobre todo, nuestra
posición.


El panorama energético en Euskadi ha variado sustancialmente
desde los años ochenta y, sin duda alguna, el Ente Vasco de la Energía ha
tenido un papel fundamental en ello. Hace treinta años, en plena crisis
energética y económica, supimos reaccionar y plantear una gran
transformación de un modelo energético para hacerlo viable y, sobre todo,
sostenible. Se puso en marcha una política energética basada en
eficiencia, en la diversificación de fuentes y en el fomento de energías
renovables. La gasificación fue una apuesta estratégica por la que se
trabajó decididamente tanto en el ámbito político y competencial como en
materia presupuestaria, para destinar los recursos necesarios a la
construcción de las infraestructuras de transporte y distribución de gas.
Eso fue hace ya más de treinta años y es indudable que esta apuesta ha
dado sus frutos, y está dando sus frutos.


Nuestra estructura energética ha cambiado radicalmente. Les vamos
a dar un dato que ilustra con claridad: la participación del gas natural
en el consumo total energético era del 1 % hace treinta años; dicho
porcentaje se sitúa hoy en el 38 %. El eje de la diversificación para
satisfacer las necesidades de la industria, las actividades domésticas y
comerciales ha funcionado. Nuestro actual mix energético refleja una
reducción del uso de derivados del petróleo en la industria, energía de
la que éramos totalmente dependientes hace tan solo 40 años, sustituidos
en gran medida por el gas natural, energía mucho más limpia y competitiva
ya que permite implementar procesos tecnológicos mucho más
eficientes.


La demanda de recursos energéticos queda actualmente en Euskadi
de esta forma: derivados del petróleo, el 41 %; gas natural, el 38 % y
las energías renovables, el 7 %. Primero fue la gasificación en el
entorno industrial, más tarde en el doméstico-comercial y, como
consecuencia lógica de este proceso, en los noventa se apostó por
aumentar los puntos de almacenaje y regasificación, un punto de entrada
de gas natural que aumenta la seguridad del abastecimiento de suministro.
En este contexto se gestaron, como bien saben sus señorías —o sobre
todo aquellos que siguen de cerca la política en Euskadi—, los
proyectos de Bilbao Bahía Gas, con el objetivo de garantizar el
suministro de gas natural y, al mismo tiempo, para hacer de Euskadi un
importante centro de conexiones de la red gasista en el eje atlántico, y
el ciclo combinado de Bilbao Bizakaia Electricidad para asegurar la
garantía de suministro, proyectos cuyo diseño conjunto ha permitido el
desarrollo con éxito de ambas instalaciones a lo largo del tiempo.


Y no voy a eludir uno de los temas importantes de este debate,
que es hacer mención a la apuesta que se ha hecho en materia de
investigación, exploración y explotación de hidrocarburos. Para ello
pondré dos ejemplos concretos, por un lado, el Gobierno vasco a través
del Ente Vasco de la Energía cuenta con una empresa cien por cien
pública, como es la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, que lleva
actuando en este área desde hace más de 30 años; por otro lado, debo
mencionar también la plataforma marina Gaviota, que no tiene nada que ver
con el Partido Popular, puesta en marcha en los años 80 para la
instalación de gas natural y reconvertida actualmente en depósito de gas
natural. La apuesta en toda la cadena del gas natural por la realización
continuada de importantes inversiones, ha permitido la creación de una
red de infraestructuras sobre la que se ha desarrollado, asentado y
madurado el mercado de gas natural, que sin ellas seguramente hubiera
tenido un ritmo de crecimiento bastante inferior.


Por lo tanto, una vez puesta de manifiesto la relevancia del tema
que nos ocupa para Euskadi, paso a comentar algunas cuestiones que, a
nuestro juicio, son mejorables en el actual proyecto de modificación de
la Ley de hidrocarburos, y que hemos plasmado en nuestras enmiendas, que
son dos, parciales. En materia de fiscalidad, nos parece correcto el
establecimiento de nuevas herramientas fiscales que permitan a las
entidades locales directamente afectadas y a los propietarios de los
terrenos obtener un beneficio o compensación de la extracción. Creemos
que este beneficio habrá que extenderlo seguramente a las comunidades
autónomas, pero hemos tratado de hacerlo a través de las enmiendas
parciales. No obstante, insisto en que nuestro grupo ha presentado
enmiendas que mejoran el proyecto, pero ya hemos visto que no han tenido
mucho recorrido.


Al igual que el Gobierno, consideramos absolutamente necesario
regular un mercado secundario del gas que dote al sistema de mayor
transparencia, permitiendo que aflore un precio para el gas natural, al
igual que ocurre desde hace tiempo en otros países europeos, lo que sin
duda redundará en una mayor competencia y, en última instancia,
beneficiará al consumidor final. No obstante, como compartimos la
necesidad de regulación en esta materia, también hemos presentado
enmiendas para mejorar el sistema propuesto y para permitir aprovechar y
poner en valor algunas estructuras ya creadas como el Iberian Bilbao Gas
Hub, que igualmente pueden contribuir a dotar de liquidez al mercado.
Esta liquidez constituye la pieza clave en el desarrollo del mercado y,
en consecuencia, en la determinación del precio del gas natural.


El proyecto también prevé cambios en materia de inspecciones
periódicas. La modificación propuesta puede suponer un incremento
significativo de actuaciones fraudulentas, tal y como ocurre en otros
ámbitos como en las bombonas de butano, lo que tendrá que conllevar un
mayor esfuerzo por parte de las administraciones en labores de vigilancia
y de control. En principio no estamos en contra de la liberalización
propuesta, si bien deberán implementarse medidas para la correcta
coordinación con la empresa distribuidora e intercambio de información
entre empresas mantenedoras, distribuidoras y Administración, con el
objetivo de que no se vea afectada la seguridad del sistema.


Señor presidente, estas son las ideas que nuestro grupo
parlamentario quería trasladar a esta Cámara. Y como hemos adelantado,
votaremos en contra de los vetos presentados al proyecto dado el acuerdo
que tenemos el Gobierno y el Grupo Parlamentario Vasco. Para finalizar,
quiero sobre todo destacar la importancia que la política industrial
tiene en todas las comunidades autónomas, en el Gobierno español en
general y, sobre todo, en Europa, pues si no se apuesta por la industria,
el futuro estará siempre muy condicionado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.


¿Grupo Parlamentario de la Entesa? (Denegaciones).


No interviene, gracias.


Por el Grupo de CiU, tiene la palabra el senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.


Tomo la palabra para manifestar sucintamente nuestra opinión
respecto a los 5 vetos defendidos por sus respectivos portavoces. Es
claro que nosotros no presentamos veto alguno ni enmienda a la totalidad,
ni en su trámite en el Congreso, ni ahora aquí en el Senado, en parte
porque en el Congreso transaccionamos un par de enmiendas con el Grupo
Parlamentario Popular y otros grupos, y en parte porque, en contra de lo
que se ha manifestado por algunos intervinientes, es una ley que pone al
día una regulación sectorial con más de 16 años de vida, adaptándola de
alguna manera, no muy correctamente, a los nuevos requerimientos que
plantea la situación y realidad actual del mercado de nuestro entorno; o
sea, viene marcada por una actividad económica que no es distinta de la
de los países de la Unión Europea o de nuestro entorno comercial.


Ahora bien, como decía, mi grupo, CiU, no comparte muchos de los
planteamientos con los que este proyecto de ley aborda ciertas
modificaciones sustanciales, tanto de contenido como de forma, de los que
quiero destacar la poca voluntad para dialogar con los distintos agentes
implicados, empresas distribuidoras, comercializadoras, consumidores y,
especialmente, otras administraciones, las comunidades autónomas. Y esto
lo pongo de manifiesto al constatar que no cuenta con el preceptivo
informe del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, la cual hubiera recabado, porque es la función de este
regulador independiente, la opinión de los agentes implicados antes
mencionados. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


En cambio, nosotros sí hemos hablado con los actores, y por ello
hemos seguido presentando enmiendas al proyecto de ley que debatiremos
más tarde. Pero permítanme que ahora les destaque las que afectan al
ámbito competencial que para mi grupo son sustanciales, sobre todo
aquellas que hacen referencia a esta capacidad de fijar tributos del
Gobierno, que recaudará el Estado, y que recaerán sobre las comunidades
autónomas y los entes locales a cambio de una triste subvención; triste
panorama otra vez para el entramado institucional de nuestro país, que no
es un Estado monolítico sino plurinacional. Y puestos a reflexionar, otro
tema que no tiene en mente este proyecto de ley es la pobreza energética,
y no se aprovecha la ocasión para mejorar la atención a las familias más
necesitadas, como mencionamos en algunas de las enmiendas que luego
tendré ocasión de explicar.


Ahora bien, en conclusión, y para justificar nuestra abstención a
los vetos, quiero decirles que para nosotros no es una ley de fracking
sí, fracking no, sino que es una ley que pretende —a nuestro
entender, y por esto en principio no hemos presentado ningún veto—
la creación de un mercado organizado del gas, si bien entendemos que la
participación del regulador independiente hubiera sido muy deseable a la
hora de tramitarla porque hubiéramos obtenido un proyecto de ley más
acorde con nuestros tiempos y se hubieran solucionado muchos de los
problemas que plantea la ley que está modificando este proyecto.


En definitiva, el principio de recentralización que subyace en
muchas de las políticas de este Gobierno brilla de nuevo en este proyecto
de ley. Lo dijimos en el Congreso y lo volvemos a decir aquí, en el
Senado. Aquí se ha hablado de si fracking sí, fracking no, pero no es el
momento de tener este debate ni de aprovechar esta ley para abrirlo,
porque en España ahora todos vemos que los buenos datos macroeconómicos
que hacen alimentar grandes esperanzas, al Gobierno y a la sociedad, de
un nuevo futuro de prosperidad y crecimiento. Pero algún día tendremos
que hablar, porque si uno estudia el tema del fracking tiene que ver las
estadísticas, y la quiebra de muchas empresas estadounidenses es ya un
hecho en esos territorios porque cada día hay menos perforadores, como
también lo es la bajada del precio del petróleo, seriamente del fracking
y del modelo de seguridad del cual nos hemos dotado para pensar en serio
que el mundo entero debe cambiar, no solo España, porque la producción
máxima de petróleo ya la hemos alcanzado hace más de 5 años, y ahora
todas las estadísticas vuelven a mostrar esta caída de la producción. Al
final, sin lugar a dudas, no tendrá ningún sentido aplicar muchos de esos
tributos, y menos en nuestro país por la orografía y por la biodiversidad
que ofrecen nuestros territorios, porque no se podrá llevar a cabo
ninguna explotación por mucho que hayamos podido determinar la existencia
de algún yacimiento que no va a responder a las demandas mundiales del
mercado de hidrocarburos.


Nada más. Vamos a abstenernos, dejando para otra ocasión el
debate del modelo energético del país y del mundo y, en todo caso, en el
turno de debate de las enmiendas profundizaré más en aquellas que les he
mencionado en mi discurso.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Gobierno del Partido Popular, en diciembre de 2011,
cuando accedió al Gobierno, se encontró con los deberes hechos en materia
de energía. Se encontró con un trabajo serio y riguroso de la Subcomisión
de Política Energética, que se creó la pasada legislatura en el Congreso
y que definió la política energética para los próximos 25 años. ¿Y qué
hizo el Gobierno, qué hizo el señor Soria? Tiró ese documento a la
papelera. Se encontró, como les he dicho anteriormente, con un proyecto
de ley que modificaba la Ley de hidrocarburos para adaptarla a lo
dispuesto en la Directiva 2009/73, sobre normas comunes para el mercado
del gas natural; eso no se hace en este proyecto de ley, no se traspone
porque no se quiere tener un organismo regulador independiente y sólido
porque ustedes no quieren las críticas para el Gobierno ni tampoco para
el sector. ¿Y qué han hecho el Gobierno y el Partido Popular con este
proyecto de ley? Lo han tirado a la papelera. Y la pregunta debería ser,
¿qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular durante estos cuatro años?
Nada. Y lo poco que ha hecho, lo ha hecho sin contar con los grupos de la
oposición y sin contar con los agentes económicos y sociales, y solo ha
servido para complicar más las cosas y para generar incertidumbres.


Seguimos sin competencia efectiva en sectores como el de la
electricidad, el del gas o el de los carburantes, que son vitales para la
economía española. Se ha generado una tremenda inseguridad jurídica en el
sector energético, que ha traído un aluvión de pleitos judiciales hasta
el punto de que nos hemos convertido en el país con más pleitos
internacionales a costa del ataque a las energías renovables; nos
situamos a nivel de países en inseguridad jurídica como Venezuela.


Tenemos los precios de los carburantes antes de impuestos más
altos de Europa, igual que los de la electricidad y del gas, lo cual
merma la competitividad de nuestras empresas. La propia secretaria
general de Industria, es decir el Gobierno, reconoce en sede
parlamentaria que no hay empresa que vaya a su despacho y no le plantee
como principal problema los elevados costes energéticos. Y la
cogeneración, que es una herramienta para la competitividad de nuestra
industria, para el ahorro y la eficiencia energética, así lo señala la
propia Unión Europea, se encuentra en este momento por la reforma
energética del Gobierno en un escenario de cierre gradual del
sector.


Y lo más grave es que el Gobierno camina, como he dicho en mi
primera intervención, en dirección contraria al futuro y al progreso de
forma diferente a como lo hacen otros países, por ejemplo, Alemania o
Francia, que apuestan por una economía baja en carbono, apoyando las
energías limpias, el ahorro y la eficiencia energética o el autoconsumo.
Por contra, el Gobierno de Rajoy ataca, señor Palacios, a las energías
renovables, como he dicho, con esos pleitos y, además, como hace en este
proyecto de ley, apuesta por una economía carbonizada, apuesta por el
pasado, apuesta por los combustibles fósiles, por el fracking y por las
prospecciones petrolíferas.


Señorías, ahora, cuatro años después, el Gobierno nos presenta en
el área del gas una regulación que es insuficiente y carente de enfoque
integral, como, por cierto, sí han hecho países como Francia y Alemania;
una legislación que, a diferencia del proyecto de ley que presentó el
Gobierno socialista en julio del año 2011, no se adapta a la directiva
europea precisamente porque a ustedes les da miedo tener un organismo
independiente y sólido que critique las decisiones del Gobierno y que
supervise las del propio sector; una legislación que confirma la falta de
confianza que tiene este Gobierno en la Comisión Nacional de los Mercados
y de la Competencia y una legislación que no apuesta por la competencia y
por la transparencia.


Señorías, no podemos continuar edificando el futuro energético de
nuestro país sobre pilares tan opacos y tan endebles. Necesitamos
cimientos sólidos sobre los que basar una política energética creíble y
solvente, que es lo contrario de lo que está haciendo este Gobierno. El
objetivo lo tenemos todos claro y en mente: abastecimiento energético a
un precio razonable, seguridad del aprovisionamiento, reducción del
impacto medioambiental y fomento del desarrollo industrial y de
empleo.


Señorías, señorías del Partido Popular, ¿cómo va a ser el camino
a seguir primar a quien nos acerca a las energías sucias, a las más
caras, a las que menos disponemos? ¿En qué cabeza cabe eso, señor
Palacios? Pues bien, eso es lo que está haciendo este Gobierno y en
muchos artículos de este proyecto de ley lo que hace es anteponer los
intereses particulares a los intereses de la mayoría, porque ustedes
claudican ante las grandes empresas. ¿Y saben por qué? Porque lo único
que interesa a estas grandes empresas es consolidar los más de 70
proyectos de exploración de hidrocarburos que están aprobados y otros
tantos que están pendientes de autorizar. Señorías, ya se ha dicho, en
Europa se está implantando la técnica del fracking de una manera más
lenta que en Estados Unidos. Hay muchos países que directamente la han
prohibido y otros que ponen un control férreo a esta técnica. Pero todo
el mundo es consciente de los peligros que tiene: contaminación de los
acuíferos, contaminación atmosférica o riesgo sísmico. Pero esto parece
que no le importa al Gobierno del Partido Popular.


En este punto es necesario que el Gobierno, que el Partido
Popular, que el señor portavoz del Grupo Popular, hoy nos responda a unas
preguntas claves. La primera, ¿por qué el Gobierno apuesta por
combustibles fósiles, por el fracking, en definitiva, por qué apuesta por
lo que nos falta? Segunda pregunta, ¿por qué el Gobierno rechaza las
energías renovables, en definitiva, por qué desprecia lo que nos sobra?
Esto, señorías, no tiene ninguna lógica, máxime cuando por primera vez en
nuestra historia disfrutamos de una ventaja comparativa al disponer de
recursos eólicos y solares con una intensidad doble de radiación que la
que hay en el centro de Europa. Además, señorías, disponemos de
tecnología propia. Nunca las condiciones habían sido mejores para nuestro
país. ¿Y qué hace el Gobierno con este proyecto de ley? Tirar piedras
contra nuestro propio tejado. España necesita crecer y para crecer más
allá del ladrillo, más allá de la devaluación salarial, de la
precarización del empleo o del desmantelamiento del Estado del bienestar,
hay sectores menos dudosos, menos coyunturales y más generadores de
empleo. Me estoy refiriendo, señorías, al ahorro y la eficiencia
energética y me estoy refiriendo a las energía limpias. No es cierto,
señor Palacios, como usted dice, que los informes internacionales nos
abocan a seguir dependiendo de los hidrocarburos; y se lo voy a decir
ahora. Señorías del Partido Popular, apostar por las energías renovables
no es un capricho y tampoco es un sueño de ecologistas modernos,
señorías. ¿Saben lo que dicen los organismos internacionales? No lo que
dice usted, señor Palacios; lo que dicen, y recientemente lo ha dicho la
Agencia Internacional de la Energía, es que hay que fijar como objetivo
el triplicar las partidas en I+D, en energías limpias, para lo cual se
insta a los gobiernos para que, en colaboración con el sector privado, se
trabaje estrechamente y se centre en este tipo de tecnología. ¿Por qué
dice esto la Agencia Internacional de la Energía?






Le voy a leer
textualmente una de las conclusiones que establece, que invertir en
energías limpias no solo es un medio para conseguir limitar el
calentamiento climático, sino que tiene un rendimiento económico, ya que
por cada dólar dedicado a las tecnologías limpias se evitará gastar casi
tres en combustibles fósiles en el horizonte del año 2050. ¿Ven, señorías
del Partido Popular, cómo invertir en energía renovables es rentable
desde el punto de vista económico y es rentable desde el punto de vista
del ahorro? El problema, señorías, es que el Gobierno del Partido Popular
no trabaja para el interés general, no trabaja para el interés de los
ciudadanos, no trabaja para el interés de España, trabaja para el interés
de sus amigos, trabaja para el interés de unos pocos, trabaja para el
interés del oligopolio energético; un interés, el del oligopolio
energético, que este Gobierno defiende cuando consiente que sigamos
siendo el país que tiene el precio de los carburantes de la gasolina y
del gasóleo más altos de toda Europa y que tiene los márgenes
empresariales de las petroleras más alto de toda Europa, algo que
lamentablemente seguirá ocurriendo, porque con este proyecto de ley habrá
tres grandes operadoras que tendrán la mayor cuota de mercado; una de
ellas, solo Repsol, tiene más del 40 %. Y eso mismo ocurrirá en el sector
del gas, que estará concentrado en el mercado en unos pocos. Señorías,
por tanto —y voy terminando—, seguirá habiendo poca
competencia y eso irá en perjuicio del bolsillo de los ciudadanos y de la
competitividad de nuestras empresas, de nuestras pymes. Esa es la
decisión, esa es la voluntad, del Partido Popular, algo que durará muy
poco, escasamente meses, cuando después de las elecciones pierdan el
Gobierno y vuelva a gobernar el Partido Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alique.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.


El señor Alique terminaba haciéndome una serie de preguntas. Lo
primero que tengo que recordarle es que fue el Gobierno socialista el que
hizo las concesiones para que se pudieran realizar los sondeos. Tengo que
decirle que este Gobierno no apuesta por el fracking, este Gobierno lo
que quiere es que, con todas las garantías medioambientales, se realicen
los sondeos para ver con qué recursos contamos en nuestro subsuelo, tanto
en la tierra como en el mar, y, como ya le he dicho en mi intervención
anterior, este Gobierno apoya las energías renovables y es el que ha
establecido un marco estable, gracias al cual están viniendo las
inversiones extranjeras. Y en relación con este proyecto de ley, tengo
que decir que es la culminación de la reforma del sector energético que
el actual Gobierno emprendió desde el minuto cero de esta legislatura,
una reforma con la que se ha equilibrado el sistema eléctrico, se han
puesto los medios para que no se vuelvan a producir los desequilibrios y
con la que se ha garantizado el suministro al consumidor al menor coste
posible y de la forma más transparente.


El señor Alique nos decía que en diciembre de 2011 el Gobierno
anterior nos dejó los deberes hechos. Sí, los deberes que nos dejaron
fueron los siguientes: entre los años 2004, 2011 y 2012 los precios de la
electricidad subieron para un consumidor medio un 82,8 %, es decir, 351
euros al año, y en diciembre de 2011 teníamos la luz más cara del
continente, al tiempo que el déficit de tarifa que empezó a generarse
en 2005 era de 26 000 millones y crecía a un ritmo de 10 000 millones al
año, y, si no se hubiesen tomado medidas, habríamos tenido que subir la
luz otro 42 %. Estos son los deberes que nos dejaron hechos, es decir,
nos dejaron un sistema energético insostenible e inviable y, por eso,
como les decía, hubo que tomar medidas desde el minuto cero. Las primeras
fueron dirigidas fundamentalmente hacia los ingresos, estableciéndose un
impuesto a la generación de mayor impacto ambiental, y después vinieron
otras que incidieron en la reducción de los costes, lo que se ha hecho a
través de una serie de medidas que es cierto que no han gustado porque
han supuesto un coste para todos los actores del sistema eléctrico, es
decir, para las empresas convencionales, esas que al señor Alique tanto
le gusta llamar oligopolio, para las empresas de energías renovables,
para los consumidores y también para el Estado. Pero, gracias a esas
medidas que ha tomado el actual Gobierno, se ha acabado con el déficit de
tarifa en menos de tres años, y por primera vez en la historia de este
país el oligopolio ha devuelto a los consumidores 400 millones de euros;
entre los años 2013 y 2014 la luz, que desde 2004 lo único que hacía era
subir, ha bajado un 8,6 %, se han estabilizado los precios del gas y hace
muy pocos meses también ha bajado el precio de la bombona de butano.


Ahora, con este proyecto de ley, como les decía, se pone punto
final a esta reforma del sector energético. Esta, que estamos debatiendo
en estos momentos, es una ley necesaria porque, en la actualidad
—como les decía en mi intervención anterior— el mercado del
gas no está organizado. Somos uno de los pocos países de Europa que no lo
tiene organizado. Ese mercado solamente se basa en intercambios
bilaterales con unos precios que no están revelados. Ahora, con este
mercado organizado que se crea con esta ley, los precios van a ser
transparentes y con ello se está facilitando la competencia.


Esta ley también regula una serie de medidas tributarias a las
que ya me he referido en mi intervención anterior con relación a la
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y con ello se
va a permitir que las rentas económicas derivadas de los yacimientos de
hidrocarburos reviertan en el conjunto de la sociedad porque esas
exploraciones, con el gobierno anterior, no tenían ninguna ventaja.


A partir de esta ley, en los Presupuestos Generales del Estado,
se va a poder establecer que en los ingresos procedentes de estos
tributos haya unas dotaciones destinadas a las comunidades autónomas, a
los ayuntamientos, en donde se ubiquen las actividades, y también, cómo
no, para los propietarios de los terrenos.


Esta ley cuenta con un tercer gran paquete de medidas dirigidas a
impulsar la competencia en el sector de hidrocarburos y a reducir el
fraude, y lo hace tanto en lo que se refiere al gas natural como a los
gases licuados del petróleo y a los carburantes.


En relación con el gas natural, las instalaciones no solo serán
inspeccionadas por los distribuidores, como se hace ahora, sino que lo
podrá hacer también cualquier instalador habilitado; de esta manera, se
está fomentando la competencia. También se está fomentando la entrada de
nuevos comercializadores de otros países mediante convenios bilaterales
previos, que se tendrán que firmar, con esas naciones. En cuanto a las
existencias mínimas de seguridad de suministro, se establecen una serie
de medidas que van a dotar a los comercializadores de una mayor
flexibilidad y un menor coste. Se distingue también entre lo que son las
reservas estratégicas y las reservas operativas. Esto en lo que se
refiere al gas natural.


Respecto a los gases licuados del petróleo, por la eficiencia de
costes, con esta ley se va evitar la duplicidad de instalaciones de
distribución de combustibles gaseosos por canalización y se va a
distinguir entre los gases licuados del petróleo y el gas natural
principalmente. Asimismo, se va a fomentar la distribución por
canalización en aquellas zonas que aún no tienen acceso al gas natural,
ya que se da un derecho preferente a las empresas que comiencen
distribuyendo gases licuados por canalización para que después puedan
distribuir el gas natural. También se va a obligar a los
comercializadores de gases licuados a granel a suministrar a todos los
consumidores que lo soliciten, siempre que se encuentren en su misma
provincia de actuación.


Por último, y con relación a los carburantes, en esta ley se
establecen una serie de medidas para combatir el fraude, ya que se podrá
inhabilitar temporalmente a los operadores de productos petrolíferos
durante la instrucción de los expedientes sancionadores. Además, y por si
todas estas medidas fuesen pocas, esta ley revisa y refuerza el régimen
sancionador en materia de hidrocarburos.


En definitiva, nos encontramos ante una ley que, como les decía,
es necesaria; una ley que complementa las medidas ya tomadas por el
actual Gobierno durante esta legislatura con las que se está aumentando
la competencia y la transparencia en el sector de hidrocarburos. Por
estas razones, votaremos en contra de los vetos para, de esta manera,
propiciar que esta ley pueda ser aprobada.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de
veto. Les anuncio que ha habido votación telemática del senador Marín
Torrecillas, que ha votado en sentido negativo a las propuestas de
veto.


Comenzamos votando la propuesta de veto número 1, de la senadora
Capella.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 194
más 1 voto telemático, 195; votos emitidos, 193 más 1 voto
telemático, 194; a favor, 57; en contra, 131 más 1 voto telemático, 132;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta la propuesta de veto número 2, de los
senadores Iglesias y Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 194
más 1 voto telemático, 195; votos emitidos, 194 más 1 voto
telemático, 195; a favor, 58; en contra, 131 más 1 voto telemático, 132;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y
Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 194
más 1 voto telemático, 195; votos emitidos, 194 más 1 voto
telemático, 195; a favor, 58; en contra, 131 más 1 voto telemático, 132;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores del Grupo
Parlamentario Entesa menos los senadores Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 194
más 1 voto telemático, 195; votos emitidos, 194 más 1 voto
telemático, 195; a favor, 58; en contra, 131 más 1 voto telemático, 132;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 194
más 1 voto telemático, 195; votos emitidos, 194 más 1 voto
telemático, 195; a favor, 58; en contra, 131 más 1 voto telemático, 132;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Rechazadas las propuestas de veto, entramos en el debate de las
enmiendas.


En primer lugar, los senadores Eza y Yanguas y la senadora
Salanueva, del Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las enmiendas
números 32 a 57.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Salanueva.


La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, intentaré ser breve en la defensa de las veinticinco
enmiendas que hemos presentado los tres senadores de Unión del Pueblo
Navarro al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de
hidrocarburos. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia). No voy a posicionarme sobre la ley hasta el final, en el
turno de portavoces, pero sí adelanto que nuestro voto en contra de los
vetos tiene una razón de ser, y es la oportunidad de presentar este
proyecto de ley. Pero, aunque nos parece oportuna la creación de un
mercado secundario organizado del gas, consideramos que es mejorable. Esa
es la razón por la que hemos presentado veinticinco enmiendas, y relataré
muy brevemente su sentido, aunque todas ellas tienen una exposición de
motivos extensa que ustedes habrán podido leer.


Algunas son consecuencia de la reflexión que en Unión del Pueblo
Navarro hemos realizado, pero otras tienen que ver con las sugerencias
que los operadores del mercado del gas nos han hecho, ya que ellos son
quienes pueden y quieren aportar mejoras al proyecto de ley, al que no se
oponen, pues al fin y al cabo regula su actividad. Algunas de esas
sugerencias tenían sentido y por ello las hemos hecho nuestras.


Como otros grupos parlamentarios, nosotros creemos que es posible
mejorar el reparto de ese impuesto —no olvidemos que esta es una
ley que establece nuevas tasas e impuestos— para que redunde de
manera más justa en las entidades locales. Por ello hemos presentado la
enmienda 32, que propone un nuevo reparto. Asimismo hemos presentado las
enmiendas 35 y 41 que, aunque lo son a distintos artículos, son
idénticas. Ambas dicen lo mismo: pretenden regular el bono social.
Consideramos que son muy importantes, y lamentamos pensar que no van a
tener ningún éxito, aunque otros grupos también lo han recogido. Creemos
que, tal y como se estableció para el sector de la electricidad, también
es necesario establecer el bono social para determinados colectivos para
el butano y para el gas natural. Son colectivos como el de pensionistas,
personas en paro, familias numerosas y mayores de 60 años. Como decía,
queremos contemplarlo de manera similar al bono social eléctrico porque,
a nuestro juicio, esta medida garantiza cierta protección respecto del
precio de la energía.


En el consumo de gas no existe este bono social y consideramos
que es el momento de incorporar esta figura al texto legislativo, lo que
nos permitiría disponer de una tarifa más económica en el consumo de este
suministro, que es básico para los hogares españoles y que cuesta mucho
pagar a muchas familias, a personas mayores y a personas con dificultades
económicas. Además, como ya dije en comisión, el ministerio avanzó la
posibilidad de incorporar este bono social, aunque luego no lo hemos
visto reflejado en ningún sitio, e incluso la Comisión Europea hizo
recomendaciones en este sentido.


Las enmiendas 33 y 36 son de mejora técnica. En cuanto a la 37
quiero hacer una puntualización, y es que con ella pretendemos aclarar el
alcance del monopolio legal del operador organizado de gas y establecer
una mayor claridad y seguridad jurídica.


Con la enmienda 42 queremos mejorar todas las cuestiones
relacionadas con el planeamiento urbanístico para una finalidad que nos
preocupa mucho y de manera permanente en el conjunto del proyecto de ley
y de las enmiendas que hemos presentado. Se trata de agilizar trámites,
armonizar la legislación sectorial con la urbanística y evitar demoras.
Luego explicaré por qué. Entendemos que las peticiones de investigación y
de prospecciones deben estar reguladas, deben tener un marco jurídico
seguro con el que todo el mundo sepa a qué atenerse, pero lo que no es de
recibo es que se produzcan demoras injustificadas.


En comisión tuve oportunidad de preguntar al ministro sobre esta
cuestión, y él me lo negó, pero en estos momentos hay más de treinta y
una peticiones que cumplen todos los requisitos que exige la ley y que
siguen sin respuesta por parte del Gobierno. Eso tampoco es de recibo, es
una contradicción; no comprendemos que el Gobierno esté regulando y que
intente dar mayor seguridad jurídica, y que, sin embargo, en estos
momentos siga pendiente este listado que tengo aquí y que, si el portavoz
del Grupo Popular quiere, le facilitaré, como digo, con las treinta y una
peticiones de investigación que todavía están esperando una
respuesta.


Las enmiendas 44 y 45 se refieren a cuando una concesión de
explotación finaliza. Creemos que hay que establecer una situación para
el caso en que no se resuelva la prórroga antes de que expire el periodo
de vigencia de dicha concesión de explotación. Esta enmienda es una más
de las que pretenden conseguir una mayor seguridad jurídica, al igual que
la enmienda 45 que pretende mejorar las autorizaciones de pruebas de
producción de larga duración, debido al vacío legal existente.


La enmienda 46 se refiere al vacío que se produce con los
retrasos de otorgamientos sin autorizaciones debido a la contestación
social, y pide que se regulen por ley las consecuencias que esas
decisiones tienen y que quede claro a quién competen las
responsabilidades, si no son imputables al titular de la concesión.


Las enmiendas 48, 49, 50, 51 y 52 están relacionadas con la parte
impositiva. Con ellas se pretende mejorar la base imponible en materia de
planificación de hidrocarburos y la forma de exaccionar el impuesto.
Consideramos justa una rebaja del canon por perforación en sondeos
marinos —tal y como ocurre en los países de nuestro entorno—
pues es cinco veces superior al canon previsto para las perforaciones en
superficie.


En la enmienda 54 consideramos necesario introducir un sistema
transitorio que garantice que el nuevo impuesto a la producción de
hidrocarburos sea de aplicación exclusiva a las concesiones de
explotaciones otorgadas a partir de la entrada en vigor de la nueva ley
sin que afecte —que nos parece de justicia— a las condiciones
iniciales en que fueron concedidas las licencias de explotación
correspondientes a los campos actualmente en producción.


Los motivos y justificación de las enmiendas 55, 56 y 57 están
perfectamente explicados. Una de las finalidades de la ley que nos parece
muy importante , es una de las razones que nos va a llevar a apoyarla, es
la mejora de la competencia, el eliminar oligopolios e impedir que los
operadores con una cuota de mercado superior al 30 % adquieran nuevos
puntos de venta. Con nuestra enmienda 55 pretendemos que esta medida sea
efectiva cuanto antes. No nos parece de recibo —lo ha dicho algún
portavoz en el debate de los vetos— que esta medida que pretende
eliminar el monopolio o mejorar la competencia, sin embargo establezca un
periodo de entrada en vigor en julio del año 2016. Hay margen para que
esto se haga antes y es lo que pretendemos con nuestra enmienda.


Para finalizar, aunque más adelante tendré oportunidad de
explicar nuestro posicionamiento, diré que son enmiendas en positivo,
constructivas en la línea de lo que se plantea en el proyecto de ley.
Insisto en que es una exigencia, una obligación de las directivas
comunitarias. Por tanto, es oportuna y hay que hacerlo. Lamentamos que el
intento del 2013 no haya salido adelante, pero estamos a tiempo de
rectificar.


Quería defender algunas enmiendas, pero como mis compañeros
siguen en el hemiciclo, termino.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Mixto.


Enmiendas de la senadora Capella, 1 a 7.


Tiene la palabra su señoría.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.


Las doy por defendidas.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas 8 a 23, de los senadores Iglesias y Mariscal.


Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. También
voy a ser muy ágil.


Hemos presentado el senador Mariscal Cifuentes y yo dieciséis
enmiendas, que fundamentalmente tienen relación con el fracking.


En la primera enmienda planteamos un nuevo artículo, que modifica
el 9 de la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos, para que se
introduzca la exigencia de un seguro de responsabilidad civil que
específicamente cubra los riesgos medioambientales y en el caso de
fracking también los del agua, los de la reducción del uso del agua.


Mediante un nuevo artículo queremos modificar el artículo 14 de
esta misma Ley de hidrocarburos, con la finalidad de que al igual que
ocurre con explotaciones de carbón, se garantice la restauración
ambiental de los terrenos en los que se lleva a cabo la explotación de
hidrocarburos.


Mediante otra enmienda nueva queremos modificar el artículo 38,
para que las bajadas de precio internacional repercutan obligatoriamente
en el precio final del combustible en un 80 % y el 20 % restante sirva
para financiar el plan de transición energética.


Con otra enmienda queremos crear un consejo asesor en materias de
inspección de instalaciones de distribución al por menor. Con otra
enmienda planteamos configurar una compañía de ahorro energético como
entidad pública empresarial. Queremos suprimir el artículo 7, que es el
que habla de los incentivos a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos. También modificamos el impuesto sobre el valor añadido de
la extracción de gas, petróleo y condensados para que quede afectado a la
financiación del plan de transición energética. El portavoz popular
fijaba antes como ejemplo las nucleares como justificación de que el
destino de las mismas sean las comunidades próximas. Yo creo que es un
ejemplo muy oportuno, pero en el caso de las nucleares también tiene como
finalidad compensar los riesgos que significa la proximidad de una
central nuclear. No se plantea nunca la creación de un impuesto para
compensar por la proximidad de la instalación como un spa o como un
jardín botánico o como un acuario.


Planteamos la supresión, en el capítulo IV, de la disposición
transitoria tercera, que es el pago a propietarios, por las mismas
razones. Planteamos enmendar la disposición adicional quinta para que los
operadores al por mayor que efectuaron su declaración responsable antes
de la entrada en vigor de la ley también tenga que constituir las
garantías exigidas en el artículo 42 bis de la Ley 34/88 en el plazo de
seis meses. Con otra enmienda planteamos una nueva disposición adicional
para que el Gobierno elabore en seis meses un plan de transición
energética. A través de otra disposición adicional, para que presente en
seis meses un proyecto de ley de energías renovables que sea
transposición completa de la directiva 2009/28/CE. Otra disposición
adicional para que se establezca la prohibición en todo el territorio de
los usos de la técnica de fractura hidráulica. Mediante otra disposición
adicional, para que en seis meses se produzca la transposición de la
directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
eficiencia energética.


Finalmente, mediante otra nueva disposición adicional, para que
se aplique el IVA reducido al gas y electricidad y, para concluir, una
disposición derogatoria para recuperar el papel de la Comisión Nacional
de la Energía y de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas 24 a 29, del senador Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Intervengo para darlas por defendidas en los términos registrados
y con las justificaciones contenidas en las mismas, que han sido
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, incluso
con algunas aplicaciones aritméticas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas 58 a 62, de la senadora Julios y del senador
Quintero.


Tiene la palabra la senadora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.


Nosotros hemos votado a favor de los vetos presentados. No
compartimos este proyecto de ley y hemos presentado diferentes enmiendas,
que doy por defendidas. Solo me voy a detener en una.


Permítanme que haga una reflexión, y es que llevo poco tiempo en
este Senado, pero no deja de sorprenderme la sensación de obsesión por
parte del Gobierno de España y del Grupo Popular de excluir a Canarias
cuando de derechos se trata. La verdad es que es difícil de entender,
puesto que esta es la Cámara territorial. Por eso, paso a defender la
enmienda 59, en relación al artículo 7. Tal y como está, Canarias
quedaría excluida de cualquier expectativa de recibir incentivos. Como
saben, las prospecciones que se han autorizado son en el mar de Canarias,
y conforme lo que dice el Tribunal Constitucional, el mar territorial
solo puede ser considerado parte del territorio de la comunidad autónoma
cuando existe explícitamente un reconocimiento en el estatuto. Nosotros
hemos aprobado recientemente un nuevo estatuto que está de camino y
vendrá al Congreso y al Senado dentro de poco, donde pasamos a que en
nuestro estatuto se reconozca nuestro mar territorial, pero ahora mismo
no lo está.


Por tanto, es importante incluir esta enmienda donde se dice que
también tenemos derecho a recibir los incentivos cuando la actividad se
haga en el mar y haya, por tanto, que compensar a la comunidad autónoma
que geográficamente esté más cercana. Esta enmienda también incluye la
cuantía de la compensación, que actualmente no figura en el texto.
Nosotros hablamos de que sea un 50 %. Por otra parte, también pensamos
que la compensación debe ser entendida como un impuesto cedido a las
comunidades autónomas, no como una subvención, porque las consecuencias
desde un punto de vista jurídico son muy diferentes.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco números 30 y 31.


Tiene la palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Mahaiburu andrea, arratsalde on.


Antes de pasar a defender y a explicar las dos enmiendas
presentadas por nuestro grupo parlamentario a este proyecto de ley que
modifica la Ley de hidrocarburos y por la que se regulan determinadas
medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración,
investigación y explotación de hidrocarburos, me van a permitir una breve
reflexión que hará entender mejor la posición de nuestro grupo
parlamentario en los debates y en la tramitación del proyecto.


Tal y como se deduce del propio título, enmiendas a la Ley de
hidrocarburos —por eso lo he enunciado—, y asimismo del
contenido de los artículos, cabe concluir que a través de esta ley ni se
permite ni se impide el fracking, queremos dejarlo claro para evitar
malentendidos. Es cierto que muchos grupos parlamentarios en esta Cámara,
al debatir las enmiendas a la totalidad, se referían a la técnica de la
fractura hidráulica trasladando la sensación de que esta ley habilita lo
que se entiende por fracking. Evidentemente, cada cual puede defender su
posición política como entienda conveniente, pero simplemente quería
aclarar que a través de esta ley ni se permite ni se impide la fractura
hidráulica. Lo que sí se establece es que a través de la fiscalidad se
repartan los beneficios que puedan derivarse de la explotación de
hidrocarburos vía convencional o no convencional entre los propietarios
del suelo, los municipios afectados por la exploración y las comunidades
autónomas en las que se realicen las operaciones. Es decir, que los
posibles beneficios redunden en el municipio y en la comunidad, en las
prestaciones públicas y en los servicios sociales. Se trata de alguna
manera de socializar los beneficios que puedan derivarse de la
explotación, y creemos que esta medida como tal es positiva.


Una de nuestras enmiendas plantea que los recursos fiscales que
se destinen a las comunidades autónomas y a las entidades locales no
estén condicionados a las disponibilidades financieras, existan o no,
como señala el texto actual. Queremos que se diga que se harán efectivas
y no que en función de las disponibilidades financieras se harán o no se
harán sino que se harán efectivas en todo caso. Queremos que no haya
dudas en este sentido.


Por otra parte, quisiéramos poner en valor el acuerdo alcanzado
por el Grupo Parlamentario Popular y el Ministerio de Industria para que
el mercado regulado del gas opere de forma más eficiente. Como saben, en
Euskadi está operando desde hace varios años el que se denominaba Iberian
Hub Gas. A través de este proyecto se crea un mercado regulado y se le
asigna a Mibgas su puesta en marcha tal y como lo prevé el proyecto. Con
este acuerdo se sella un compromiso en el sentido de que ambas
plataformas gestoras de gas se unifiquen y operen aprovechando las
sinergias y experiencias y sin echar por la borda lo avanzado por Iberian
Hub Gas absorbiendo su actividad, el empleo y situando el domicilio en
Bilbao.


La otra enmienda es técnica y creo que es la segunda vez que la
presentamos en esta Cámara. Tiene que ver con la eliminación de la
palabra licuado cuando hablamos de la exención de tasas por el uso de gas
en los motores auxiliares de los grandes buques. Evidentemente, el gas
licuado no se puede utilizar en los motores auxiliares, es inútil, tiene
que ser siempre gas comprimido. Por lo tanto, mientras se mantenga en la
norma que deba ser gas licuado es imposible cumplirla. Es un tema técnico
que intentamos corregir en su momento en los Presupuestos Generales del
Estado, no se consiguió, sigue vigente y, por lo tanto, mientras no se
corrija sigue siendo una norma inútil, y esperemos que el grupo
mayoritario la acepte para que esto se pueda corregir.


Muchas gracias, señor presidente.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


Tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta, gracias,
señorías.


Les voy a detallar, brevemente, el contenido de algunas de las
setenta y dos enmiendas que hemos presentado para mejorar el texto del
proyecto de ley. Me refiero a las enmiendas números 102, 108, 110 a 174
y 189. Y, a la vez, daré por defendidas las enmiendas números 175
a 188.


Quisiera empezar con la enmienda 104, que modifica el artículo 4
de la Ley de hidrocarburos, que pretende establecer una planificación en
materia de infraestructuras de hidrocarburos estable, transparente,
consistente y sostenible tanto en lo económico como en lo medioambiental.
Además, persigue asegurar la cobertura de la demanda en condiciones de
seguridad de suministro mejorando la competitividad de la economía y
evitando, en la medida de lo posible, el sobredimensionamiento permanente
del sistema.


Seguidamente, quisiera destacar un paquete de enmiendas dirigidas
a incrementar la competencia en el sector de los carburantes. Así, la
enmienda 111 establece la posibilidad de que un distribuidor pueda
revender productos petrolíferos a otro distribuidor o detallista, lo que
facilitaría la competencia en beneficio del consumidor al existir un
mayor número de sujetos en el mercado y, además, aportaría mayor
transparencia en el mercado, sobre todo en lo que respecta a la fijación
del precio para evitar la existencia de conductas prohibidas por la Ley
de defensa de la competencia.


El contenido de la enmienda 113 explicita la no aplicación del
artículo 43 bis exclusivamente en lo previsto en el párrafo 1 a) con el
objeto de cumplir con el Reglamento de la Unión Europea 330/2010, de la
Comisión, que prohíbe la fijación vertical de precios, que ahora se está
incumpliendo por parte de algunos operadores que venden desde locales
propiedad de su proveedor. Esta propuesta trata de posibilitar la
aplicación efectiva de la normativa de defensa de la competencia en la
distribución minorista de carburantes.


La enmienda 112 amplía la duración máxima del contrato de
suministros en exclusiva a tres años, prorrogable a uno más, ya que un
menor tiempo no permitiría la amortización necesaria.


Con la enmienda 122 se establece la exención total de la
obligación del mantenimiento de existencias mínimas de seguridad durante
el primer año de actividad a algunos operadores que no tienen red propia
en nuestro país. Esto facilitaría la importación, que es la única
alternativa que tienen las estaciones de servicio para provisionarse de
carburantes distintos de los suministrados por los operadores al por
mayor actuales. Esta alternativa podría también promover una mayor
competencia en precios.


Y, en coherencia con esta modificación, en las enmiendas 127
y 128 se limita el papel de Cores, de la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos, a las reservas estratégicas de
hidrocarburos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.2 de la Ley
de hidrocarburos. Otra medida fundamental para reducir los precios
finales de los carburantes es asegurar el buen funcionamiento de la red
de transporte.


En esta línea, la enmienda 123 propone que el acceso a la red de
transporte de CLH se conceda por estricto orden de solicitud, que haya
una metodología objetiva de precios y que las tarifas estén sujetas a
autorización por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia. Estas medidas contribuirían a fomentar la igualdad de
oportunidades entre los distintos operadores mayoristas y minoristas y de
los propietarios de instalaciones competidoras de CLH.


Con el contenido de la enmienda 171, se impide a aquellos
operadores con una cuota de mercado superior que adquieran nuevos puntos
de venta, lo que conllevaría un progresivo ajuste de su cuota efectiva en
línea con el objetivo de incrementar la competencia efectiva en el sector
de distribución de carburantes.


Asimismo, proponemos reducir la cuota de mercado al 25 % a los
principales operadores de cada provincia, quienes no podrían adquirir
instalaciones en régimen de propiedad o en virtud de cualquier otro
título que les confiera la gestión directa o indirecta de la instalación,
y al mismo tiempo no podrían renovar los contratos de suministro en
exclusiva a su expiración si con ello se superara esta cuota de mercado
del 25 %. Otra de las medidas que puede ser eficaz para aumentar la
competencia en los precios de los carburantes la planteamos en la
enmienda 173 mediante una modificación de la Ley de carreteras para
ampliar los criterios de competencia en la adjudicación de concesiones
sobre áreas de servicio en las carreteras estatales. Para ello, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informaría
preceptivamente sobre los requisitos y las condiciones que deberían
observarse en los pliegos de licitación para la adjudicación de las
concesiones de áreas de servicio en las carreteras estatales teniendo en
cuenta el grado de competencia y la estructura del mercado en el área de
influencia de la vía.


Quisiera destacar otro paquete de enmiendas relativas a los
operadores al por mayor de gases licuados del petróleo, son las
enmiendas 114, 115, 116, 117, 118 y 119. Creemos que la obligación de
exigir la documentación acreditativa de las condiciones técnicas y de
seguridad de las instalaciones de los usuarios finales de gas licuado del
petróleo tiene que recaer sobre los comercializadores al por menor del
gas ya que son ellos los que realizan el suministro a los consumidores
finales, y no sobre el conjunto de operadores al por mayor. Además,
planteamos incluir la obligación a los comercializadores al por menor de
gas licuado a granel del suministro a todo el que lo demande siempre que
el lugar donde deba efectuarse la entrega del gas sea en la misma
provincia del comercializador.


La enmienda 118 introduce un límite temporal al ejercicio del
derecho preferente de los operadores de GLP canalizado para convertir sus
redes a gas natural y convertirse en distribuidores de este. Este derecho
se aplicaría a las instalaciones de distribución que discurran por la vía
pública y alimenten a más de un bloque de viviendas.


La enmienda 121 pensamos que es importante porque habilita al
Gobierno a poner en funcionamiento un bono social para determinados
consumidores de gases licuados del petróleo, es decir, para los usuarios
domésticos de las bombonas de butano o propano.


El siguiente grupo de enmiendas que les voy a detallar es sobre
la regulación del mercado organizado del gas natural y comprende las
enmiendas 129, 132 a 146, 160 y 161. Nuestras enmiendas plantean un
modelo diferente a la propuesta del Partido Popular, un modelo de mercado
realmente organizado del gas, con el desarrollo de medidas que faciliten
y fomenten nuevas posibilidades de desarrollo económico dada la posición
geoestratégica a la que se ha hecho referencia en algunas de las
intervenciones de nuestro país.


La enmienda 136 atribuye la supervisión del mercado organizado
del gas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como
organismo regulador independiente, tal y como establece la normativa
comunitaria. También se encargaría de la aprobación mediante resolución
de las reglas de funcionamiento del mercado a propuesta del operador de
mercado y de la cooperación, también, con los órganos equivalentes de las
comunidades autónomas.


Las enmiendas 140 y 142 introducen medidas para incrementar y
garantizar la seguridad de las instalaciones de gas natural, así como el
refuerzo de las actuaciones de inspección para garantizar la continuidad
del suministro y la seguridad de las personas y de los bienes.


Las enmiendas 160 y 161 buscan garantizar la liquidez del mercado
del gas, incluyendo la posibilidad de que los comercializadores de gas
natural que ostenten la calificación de operadores dominantes estén
obligados a ofertar y comprar gas del sistema.


También hemos incluido un grupo de enmiendas, de la 153 a la 159,
para mejorar el procedimiento sancionador de la Ley de hidrocarburos,
ampliando la potestad sancionadora del organismo regulador.


Como les decía anteriormente en la defensa del veto, no somos
favorables a la realización de actividades de prospección, exploración,
investigación o explotación de hidrocarburos no convencionales que
supongan la utilización de las técnicas de fractura hidráulica, y por
ello nuestra enmienda 164 explicita su prohibición, así como la de la
reinyección en el subsuelo de los flujos de retorno o de desecho
consecuencia de la explotación de fuentes de energía fósil.


Complementariamente, las
enmiendas 103, 105, 107, 108, 110, 149, 163 y 189 aportan medidas para
incrementar la seguridad, la colaboración institucional, las
compensaciones y restauraciones ambientales cuando se autoricen
exploraciones, prospecciones y concesiones de explotación.


Las enmiendas 103 y 115 prevén la celebración de convenios de
colaboración y coordinación entre la Administración General del Estado y
las comunidades autónomas para conseguir una gestión más eficaz de las
actuaciones administrativas reguladas en la ley, incluyendo
explícitamente la concesión de autorizaciones de exploración, permisos de
investigación y concesiones de explotación en las zonas del subsuelo
marino. Además, se contempla expresamente la vigilancia de los principios
de objetividad, transparencia, no discriminación y ponderación de la
totalidad de los intereses públicos implicados en el ejercicio de las
competencias propias en materia de autorizaciones en el subsuelo
marino.


La enmienda 189 excluye expresamente de la concesión de permisos
los espacios o zonas que pudieran requerir de protección especial o
exclusión por razones de seguridad pública o de interés social o de
carácter medioambiental.


Las enmiendas 107 y 108 proponen medidas ante el seguro rechazo
que habrá por parte del grupo mayoritario de la prohibición del fracking
para obligar a las empresas responsables de los trabajos de prospección o
perforación por fracturación hidráulica y otros sistemas similares a que
asuman las posibles consecuencias negativas que produzcan a todos los
niveles, incluyendo el perjuicio medioambiental o los perjuicios en las
expectativas económicas de otras actividades que se puedan desarrollar en
las mismas zonas, así como la obligación a la posterior restauración
medioambiental de los terrenos.


La enmienda 110 regula la necesaria existencia de órganos de
vigilancia y control de carácter independiente que permitan hacer un
seguimiento de la actividad de los operadores en los procesos de
exploración, investigación y explotación.


La enmienda 149 introduce como infracción muy grave el
incumplimiento del contenido, prescripciones y condiciones relacionadas
con el medioambiente durante la realización de las actividades reguladas
en el presente proyecto de ley.


La enmienda 163 prevé que en los Presupuestos Generales del
Estado se establezcan dotaciones destinadas a las comunidades autónomas y
a las entidades locales en cuyos territorios se desarrollen actividades
de exploración, investigación y explotación de yacimientos de
hidrocarburos al objeto de aportar —pensamos— la necesaria
seguridad jurídica a todas las administraciones públicas
intervinientes.


Por último, quisiera dar por defendidas, como decía al comienzo,
las enmiendas 165 a 188, de Entesa, correspondientes a los senadores
Guillot y Saura.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas 63 a 101, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.


Tiene la palabra el senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidenta.


Intervengo para comentar algunas de las enmiendas que hemos
presentado, de la 63 a la 101, básicamente por su contenido. Como les he
dicho en mi intervención en el turno de portavoces, al expresar la
intención de voto respecto de los vetos les he explicado que
presentábamos una serie de enmiendas, en concreto, las
números 64, 71, 88, 89 y 97, que yo llamaría competenciales. ¿Por qué?
Porque son enmiendas que de alguna manera vienen a indicar que hay que
ceder esa competencia de los permisos de exploración, investigación y
explotación a las comunidades autónomas. Y, en consecuencia, las
comunidades deben tener la capacidad de fijar los tributos y los
impuestos, las tasas necesarias para decidir la conveniencia de su
redistribución territorial en función de los criterios que ellas decidan,
y de compensar a aquellos territorios que a lo mejor se verán afectados
por alguna de estas actividades y no van a obtener ninguna compensación.
Porque la que puede conocer mejor la realidad de cada territorio es esa
Administración más próxima al ciudadano para poder decidir la
conveniencia o no de un impuesto o de una redistribución de la
recaudación. Criticamos que esto se quiera paliar recaudando el Gobierno
y entregando sencillamente una subvención a las comunidades y entes
locales en función de las disponibilidades presupuestarias que en ese
momento de coyuntura económica tenga el Gobierno de turno para poder
ofrecer lo que yo llamaría —entre comillas— prebendas.


Otra de las enmiendas que quiero remarcar en mi intervención
pretende paliar la pobreza energética. Para eso hemos presentado la
enmienda 90, que de alguna forma viene a poner de manifiesto la
obsolescencia del actual bono social eléctrico, tratando de extender a
determinados consumidores los consumos energéticos tanto de gas natural
como de gas butano o de otras fuentes energéticas, mientras no se
modifique la condición de quién es el consumidor vulnerable porque, tal
como se considera ahora en el bono social eléctrico, no se tiene en
cuenta la renta per cápita familiar como variable para determinar esa
condición de consumidor vulnerable como, por otro lado, se hace en el
resto de los países de la Unión Europea. Para nosotros este es un tema
muy importante.


Y ya que ustedes hacen una serie de leyes de modificación de
otras leyes que no acaban de ser nuevas, y que ofrezcan esa actualización
de las políticas tributarias y fiscales que nos pongan al día realmente
para tener un mercado competitivo, transparente y seguro para los
distribuidores y comercializadores y también para los consumidores, no
entendemos por qué no lo aprovechamos, como nosotros proponíamos, a la
vista de la desaparición de las primas, por ejemplo, en un problema
ambiental grave como es el de los purines. De hecho, en España había 29
plantas de tratamiento de purines que con las decisiones del Gobierno
vieron reducidas las primas que recibían y, como consecuencia de esta
reducción, las empresas que las gestionaban consideraron que no era
viable su mantenimiento y permanecen cerradas desde febrero de 2014.
Hasta ahora estas plantas absorbían 2 500 000 de toneladas anuales de
purines, generadas por explotaciones porcinas situadas en zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos, cosa que va en contra de una
buena gestión del territorio. Y en este ámbito tan concreto, si ustedes
quieren tan pequeño pero tan importante, porque esto marca un poco el
modelo de país y la calidad que queremos ofrecer a nuestros ciudadanos,
vemos que esta ley, aunque da pinceladas y arregla algunas cuestiones,
sin embargo, no aprovecha para tener en cuenta esta enmienda que
presentábamos precisamente para contar con una moratoria para que las
instalaciones de tratamiento de purines desarrollaran una tecnología
mejor, más moderna y suficiente para poder suplir su actividad con la
misma eficiencia, gracias a esta nueva tecnología que se podría llegar a
tener en pocos años con la colaboración de los centros de investigación y
de los propios explotadores de estas plantas de tratamiento.


Otro tema que nosotros hubiéramos querido que se tuviera en
cuenta era la modificación de la Ley 24/2013 del sector eléctrico, es
decir, aprovechar esta ley para que los distribuidores pequeños, los que
tienen menos de 100 000 habitantes, tuvieran la misma reducción que
aquella a la que se acogieron los grandes distribuidores respecto al
régimen arancelario de los notarios y los registradores, que debido a la
nueva normativa tienen que hacer una adaptación de su estructura
jurídica.


Por último, quiero explicar la cuestión de las inspecciones
técnicas periódicas por parte del comercializador, esta liberalización
que ustedes proponen. Nuestra enmienda era más conservadora porque
entendía que hasta que no quedara muy garantizada la seguridad de quién
controlaría la bondad de que una instalación ha sido inspeccionada y
controlada, debería seguir recayendo en el distribuidor como hasta ahora
porque, si no, nos podemos encontrar con un vacío que durante un tiempo
genera una inseguridad y perder todo el camino andado en cuanto a la
seguridad de las instalaciones. Es muy importante para el ciudadano
contar con esta garantía, que esta bajada de precios al final no conlleve
los beneficios que se pretenden sino que redunde en una mayor inseguridad
y, encima, una mayor carestía por tener que hacer dos inspecciones en un
plazo corto de tiempo.


Solo me queda decirles que doy por defendidas todas las enmiendas
en general en su texto y en su justificación, que las hemos presentado en
defensa de un interés general y que nos ha sorprendido nuevamente la
cerrazón del grupo de la mayoría a la hora de escucharnos y de intentar
buscar la mejora del texto que hoy nos disponemos a aprobar.


Muchas gracias, y buenas tardes.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas 190 a 256, del Grupo Parlamentario Socialista.


Tiene la palabra el senador Medina Tomé.


El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, presidenta. Señorías, buenas
tardes.


El Grupo Parlamentario Popular no ha tenido a bien considerar
ninguna de las 67 enmiendas que hemos presentado al proyecto de ley que
debatimos, que damos por defendidas no sin antes realizar algunas
consideraciones que tienen que ver con el proyecto de ley, como es
natural, y con las enmiendas que hemos presentado. Ya se han expuesto las
consideraciones generales en nuestro veto, aunque en mi exposición seguro
que repetiré algunas de ellas.


La primera constatación que se desprende de la lectura del
proyecto de ley del Partido Popular tiene que ver con la planificación en
materia de hidrocarburos. Ni una sola mención, ni una sola hace el
Gobierno del Partido Popular a esta materia, pero este asunto no es
nuevo, huyen de la planificación, huyen de establecer criterios de
políticas a medio y largo plazo; lo hicieron con la Ley del sector
eléctrico y lo hicieron con la ley que reguló los sistemas eléctricos
insulares y extrapeninsulares.


Sin embargo, hemos presentado la enmienda 241 que enriquece lo ya
establecido en el artículo 4 de la Ley 34 del texto ya consolidado y que
establece una planificación en materia de hidrocarburos, infraestructuras
incluidas, con una temporalidad de cuatro años, con unos contenidos
específicos y claros en la materia, que elaborará, como es natural, la
Administración General del Estado, con un informe previo de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, y algo muy relevante, con la
participación activa de las comunidades autónomas. Quiero hacer
referencia aquí a una cuestión que me parece importante por ser canario,
y es que esta enmienda recoge la posibilidad de que en Canarias también
participen los cabildos insulares. Aconsejo la lectura de esta
enmienda.


La segunda constatación tiene que ver con la ordenación del
mercado de productos derivados del petróleo. El proyecto de ley que hoy
analizamos no desarrolla medidas suficientes para incrementar la
transparencia y la competencia en el mercado, no fomenta la igualdad de
oportunidades entre los distintos operadores mayoristas y minoristas, no
favorece la reducción de los precios finales en los carburantes y, en
consecuencia, señorías, poco beneficia al consumidor, que debe ser en un
Estado de derecho y democrático, el último objeto de beneficio de
cualquier ley que se precie.


Las enmiendas 192 a 199, 201, 202, 204, 240, 253, 254 y 255,
pretenden corregir las deficiencias descritas. En este bloque de
enmiendas quiero destacar las siguientes: La enmienda 202, de adición de
un nuevo artículo 51 bis a la Ley 34, operadores al por mayor para el
suministro de carburantes y automoción procedentes de la importación a
instalaciones de suministros a vehículos. La enmienda 203, que propone
añadir a la Ley 34 un nuevo artículo, el artículo 41 bis, de acceso a la
red de transporte de la Compañía Logística de Hidrocarburos. La
enmienda 253, que propone la adición de una nueva disposición final de
modificación de la disposición transitoria quinta, contratos en exclusiva
de los operadores al por mayor, del Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento
y de la creación de empleo. La enmienda 254, que propone la modificación
del artículo 1 del Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas
urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y
servicios. Y, por último, la enmienda 255, que propone la adición de una
nueva disposición final que modifica la Ley 25/1988, de carreteras, al
objeto de ampliar los criterios de competencia en la adjudicación de
concesiones sobre áreas de servicio en las carreteras estatales.


La tercera constatación tiene que ver con el mercado del gas. El
proyecto de ley del Partido Popular no contempla la posibilidad del uso
de una plataforma de contratación electrónica, como ya se ha puesto de
manifiesto aquí; no avanza en la liberalización del sector; no lo dota de
mayor grado de competencia, eficiencia, control y garantía y, además,
reduce —cuando no cercena— las funciones y competencias de
los organismos reguladores y de seguridad como la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia y la Corporación de Reservas Estratégicas
de Productos Petrolíferos. Ustedes por ocultar ocultaron hasta el
proyecto de ley a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
práctica habitual también.


Las enmiendas 200, 206, de la 208 a la 218, las enmiendas 224,
226, 227, 242, 243, 247, 249, 251, 252 y 256 corrigen las carencias
descritas, que afectan fundamentalmente a la gestión técnica del sistema
y al mercado organizado del gas.


Ponemos en valor la enmienda 200, a través de la cual hablamos de
la composición y funciones de Cores en su calidad de entidad central de
almacenamiento y del papel que debe jugar en esta materia la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia a través de las enmiendas 217
y 227.


Queremos destacar una enmienda, a la que ya se ha hecho
referencia, la 256, que propone la adición de una nueva disposición final
de modificación del real decreto legislativo porque se aprueba el texto
refundido de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante al
plantear reducir la tasa por el acceso y estancia de los buques que
utilicen el gas natural en sus motores auxiliares.


La cuarta constatación tiene que ver con el régimen de
infracciones y sanciones establecidas en la Ley 34. Me gustaría saber en
qué endurece el sistema el régimen de infracciones y sanciones el
proyecto de ley. Nosotros proponemos a través de diez enmiendas, entre
ellas las enmiendas 228 y 238, una clara estructura de régimen
sancionador para estas materias, que introduce mejoras técnicas a lo ya
establecido en la Ley 34; dota a las autoridades reguladoras de las
funciones y de las competencias otorgadas por directivas europeas;
ampliamos el plazo de prescripción de tres a cuatro años para las muy
graves: tres para las graves y dos para las leves; establecemos un
catálogo de sanciones accesorias; declaramos determinadas obligaciones
por parte del infractor; establecemos que el importe de las sanciones e
indemnizaciones, así como el contenido económico de los demás actos de
ejecución forzosa, tengan naturaleza de crédito de derecho público.


La quinta constatación tiene que ver con el fracking.
Enmienda 246. Es verdad que en este proyecto de ley ni se autoriza ni se
desautoriza el fracking. A mí me sorprendieron el otro día en la comisión
las manifestaciones que realizó el senador Vallines, que argumentó la no
aceptación de las enmiendas que tenían que ver con esta materia en el
hecho de afirmar que nada tenían que ver con el objeto de la ley. A mí me
sorprendió, porque si no es en esta ley, ¿dónde se va a hablar del
fracking? La trampa del Partido Popular está en decir ahora aquí que ni
autoriza ni desautoriza. Yo no sé si el señor Vallines recuerda en qué
ley se autorizó la técnica del fracking, no sé si lo recuerda. Fue en una
ley que tenía mucho que ver con el fracking. Se lo voy a recordar. En el
proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la
competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
¿Qué le parece, señor Vallines? O sea, no se admite ni siquiera que se
discuta del fracking porque no toca y el Partido Popular la introduce, la
autoriza a través de una ley que nada tiene que ver, nada en absoluto,
con estas técnicas.


Un comentario a algo que afirmó aquí el señor Palacios en
relación con este asunto. Señor Palacios, ¿usted está completamente
seguro de que las condiciones que se exigen ahora para los informes de
impacto medioambientales son más rigurosas que con los gobiernos
socialistas? (El señor Palacios Zuasti: Sí) Lo vamos a tener que
demostrar, señor Palacios, porque hay quién dice que no, que todo lo
contrario, que ahora precisamente son más light. Lo veremos.


La sexta constatación tiene que ver con el bono social. El
proyecto de ley del Partido Popular no contempla la posibilidad de crear
un bono social para consumidores de gas natural que garantice condiciones
mínimas de vida dignas asociadas a la vivienda habitual. La enmienda 201,
del Grupo Socialista, sí la plantea.


Este tema, junto con el fracking, ha sido objeto en esta Cámara
de innumerables iniciativas. Y créanme si les digo que uno tiene la
sensación de que al Grupo Parlamentario Popular poco le importa la
pobreza energética. Muy poco.






Poco les importan los 4 millones de
personas que viven en situación de pobreza energética y los más de 7
millones que están en riesgo de sufrirla. Poco les importa. Por estas
materias pasan a pies juntillas. Den la cara y den argumentos sólidos
para que no incluyan en un proyecto de ley de esta naturaleza el bono
social. Den argumentos sólidos y no se escuden en que el precio de la
bombona ha bajado. No, lo que va a hacer es subir después de las bajadas
considerables del petróleo.


La séptima constatación —y aquí sí me quiero detener un
poco más— tiene que ver con las comunidades autónomas. De la
lectura del proyecto de ley del Partido Popular se desprende algo que es
muy importante: no se garantiza la participación efectiva de las
comunidades autónomas en las materias objeto de análisis. Y esta
marginación —no hay que retrotraerse en el tiempo siglos, Canarias
y Baleares están a la vuelta de la esquina, me refiero en el
tiempo— no solo pone en riesgo la protección medioambiental, sino
que incluso puede poner en riesgo determinados sectores socioeconómicos
que son estratégicos para determinadas comunidades autónomas como puede
ser la canaria.


Debatimos antes aquí un proyecto de ley que tenía que ver también
con las comunidades autónomas, y de la misma manera que dije antes que
tiene uno la percepción del poco interés que mantiene el Grupo Popular en
relación con el bono social, he de decir que también tiene uno la
percepción de que a ustedes les importa muy poco el marco competencial
que entre todos hemos aprobado y que la Constitución recoge en materia de
competencias de las comunidades autónomas. Ustedes han intentado atar en
corto a las comunidades autónomas —y una prueba es la ley que hemos
debatido anteriormente—, y tratan de controlar a las corporaciones
locales de este país y como prueba evidente tenemos la Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Lo de
«España, una, grande y libre» parece que ustedes lo llevan a rajatabla
(Risas). A rajatabla. Y, sin embargo y curiosamente, nada se sabe en esta
Cámara de un compromiso que adquirió el señor Montoro, que no fue otro
que organizar, reestructurar la Administración periférica del Estado y,
sin embargo, estamos esperando todavía la propuesta del señor
Montoro.


Insisto en que el Partido Popular tiene el deber institucional de
respetar el marco competencial que nuestra Constitución establece, ni más
ni menos. Y ciñéndonos en esta materia al proyecto de ley, las
enmiendas 240, 241, 190, 191, 245 y 250, que afectan a la Ley 34 y al
título II del proyecto de ley, como decía antes, tratan de corregir y de
garantizar de forma efectiva la participación de las comunidades
autónomas. ¿Qué proponemos en este conjunto de enmiendas? Voy a leerlas
porque creo que es interesante y además tengo tiempo.


En primer lugar, proponemos que las autorizaciones, permisos y
concesiones de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos
sean otorgados ponderando la totalidad de los intereses públicos
implicados en el ejercicio de las competencias propias de cada comunidad
autónoma.


En segundo lugar, que los convenios de coordinación que se
celebren entre la Administración General del Estado y las comunidades
autónomas sean preceptivos con carácter previo en las zonas del suelo
marino con las comunidades autónomas implicadas y puedan extenderse a
cualquier materia afecta por las mismas.


Tercero, que cuando se produzcan actividades en el subsuelo
marino, incidan o no en zonas terrestres, se requerirá informe previo de
la comunidad autónoma afectada en el procedimiento de concesión de
explotación de yacimientos y de almacenamientos subterráneos de
hidrocarburos.


Cuarto, que las autorizaciones de explotación, permisos de
investigación y concesiones que se realicen en el suelo marino sin la
celebración de los respectivos convenios de colaboración que regula el
artículo 3.5 de la Ley 34, se entenderán suspendidas por un plazo de dos
años, prorrogable por otros dos, en tanto en cuanto se celebren aquellos.
Transcurrido este tiempo, se entenderán caducados. Lo proponemos para
evitar que se vuelvan a producir situaciones como las sucedidas en
Canarias, Baleares y otros puntos del Mediterráneo.


Y aquí me quiero detener un momento. Voy a hacer referencia a una
enmienda que no es nuestra, no es del Grupo Parlamentario Socialista,
pero que sí quiero poner en valor. Se trata de la enmienda número 189, de
Entesa, y lo hago para que conste en el Diario de Sesiones y no se
confunda después, en la votación. Que sepa esta Cámara que el Grupo
Parlamentario Socialista va a votar a favor de la enmienda 189, de
Entesa, que dice que al objeto de preservar aquellas zonas que el Estado
o las comunidades autónomas consideren zonas a preservar por interés
social o medioambiental, quedarán excluidos de la concesión de permisos
los espacios o las zonas que pudieran requerir de protección especial o
exclusión por razones de seguridad pública, interés social y/o
medioambiental, dando un paso más que nosotros en esta materia. Y, señor
Montilla, que sepa que vamos a votar a favor de esta enmienda porque nos
parece muy interesante.


Y la última razón de este conjunto de enmiendas que presentamos a
la participación efectiva de las comunidades autónomas tiene que ver con
los incentivos a estas y a las entidades locales, y, como ya se ha dicho,
lo que pretendemos es que este asunto se articule mediante una orden
ministerial al objeto de aportar la necesaria seguridad jurídica.


En definitiva, señorías, hemos defendido 67 enmiendas que nos
diferencian, ¡vaya si nos diferencian! Y es curioso, 36 de ellas, es
decir, cerca del 55 %, no suponen alteración de ninguna propuesta que
modifique el proyecto de ley del Partido Popular. Son añadidos y me
sorprende que el Partido Popular no haya tenido la consideración de
incluir alguna. ¡Es sorprendente! Después, el Gobierno del Partido
Popular y los señores ministros, cuando comparecen aquí o en el Congreso,
siempre piden acuerdos, consensos, propuestas, pero cuando se las ponemos
encima de la mesa las rechazan, incluso hasta las ningunean. Si fuera
solo con el Grupo Parlamentario Socialista, uno podría tener alguna razón
política, pero es que es con todos los grupos. De las 256 enmiendas que
hemos presentado todos los grupos a este proyecto de ley, ¿cuántas han
aceptado? ¿Tan inútiles somos? ¿No estarán equivocados ustedes? ¿Nunca se
equivocan? Reflexionen sobre esto.


De lo que se trata —mi compañero incidirá en ello en el
turno de portavoces— es de enfrentar modelos energéticos. Ya sé que
al señor Palacios no le gusta, pero es verdad que hay un modelo
energético en este país que defiende el Partido Popular y que se basa,
como se ha dicho en muchas ocasiones, en los combustibles fósiles, y eso
a pesar de lo que dice el ministro. Por cierto, vamos a hacer una prueba,
señor Palacios, que tiene que ver con el coste de la luz. Coja los
recibos que usted ha pagado en los últimos seis años y compare —yo
también lo voy a hacer, vamos a hacerlo los dos— a ver si paga más
ahora que antes. Vamos a hacerlo. En lugar de hacer caso a lo que dicen
las estadísticas —que también—, vamos a ser prácticos. Hágalo
y verá cómo usted está equivocado cuando afirma que ahora la luz es mucho
más barata que antes.


¡Claro que nosotros tenemos un modelo! ¡Por supuesto que sí! Un
modelo que ustedes, como dijo antes el portavoz del Grupo Socialista,
metieron en un cajón. Un modelo social, económica y ambientalmente
sostenible que apuesta por las energías limpias —de esto, en
Canarias sabemos un poco—, por la reducción de la dependencia
energética y por favorecer el ahorro y la eficiencia energética. Porque,
señorías, en muchas cosas nos diferenciamos; en muchas, pero,
especialmente en esta, claro que nos diferenciamos, y orgulloso estoy de
que así sea.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


En turno en contra, tiene la palabra el senador Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Buenas noches, señora presidenta,
señorías.


En principio, esta era una modificación de la ley con unos
objetivos claros, sencillos y perfectamente comprensibles, como era la
creación del mercado secundario organizado del gas natural, que no
existía y que permite tener un mercado más competitivo, con señales de
precios, fáciles contrataciones, etcétera. También recoge medidas
tributarias en materia de explotación y producción de hidrocarburos que,
como se dijo aquí por alguno de los senadores que han intervenido, esta
ley ni autoriza ni desautoriza, ni favorece. Me gustaría que me
explicaran cómo algunos grupos dicen que con esta ley se pretende
incentivar el fracking. Sería la primera vez que la imposición de
impuestos incentivara una actividad. Cualquier imposición tributaria lo
que hace es poner piedras en el camino más que favorecer la actividad.
También medidas para impulsar la competencia en el sector de
hidrocarburos y reducir el fraude, tema del que ya se ha hablado. Eso ha
dado lugar a un número de enmiendas, desde mi punto de vista,
excesivo: 256, independientemente de las consabidas y repetidas de la
Entesa, de las que voy a destacar unas cuantas porque pretendo ser breve.
Las he agrupado por el tipo de enmienda y porque su contenido lo asumen
casi todos los partidos.


Por una parte, algunos incluso rechazan el fracking, pero sí
quieren el impuesto y que vaya a las comunidades autónomas y
corporaciones locales, además de que no se haga a través de la Ley
general de subvenciones. Es verdad que el Grupo Parlamentario Socialista,
en su enmienda 245, lo único que reconoce y pide es que sea a través de
una orden ministerial, y en eso coincidimos; el Gobierno entiende que no
hace falta, pero bueno. Y, por otra parte, varía la participación: unos
hablan de 60/40, otros de 40/60 y otros de un 50/50. Pero en ese aspecto
hay que tener en cuenta un principio básico: la solidaridad. El Estado
obtiene unos recursos y, desde mi punto de vista, España sigue
existiendo, aunque indudablemente con sus diversidades y nuestras normas.
Y como España existe, recauda el Estado español y lo distribuye de
acuerdo con la normativa existente. Este tema es abordado por Esquerra,
Izquierda Unida, Foro Asturias, PNV, UPN, Coalición Canaria, Convergència
i Unió y el Grupo Socialista.


En cuanto a la base imponible y las cuotas, en lo que se refiere
a modificaciones o enmiendas que afectan a los artículos 15 y 17, también
son Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y CiU los que proponen
modificar el tipo, bajarlo o una exención. Creo que son unos tipos
razonables, más bajos de los que hay en otras partes del mundo sobre este
tipo de actividades, y como este sector es nuevo al menos nos permite
fijar una normativa legal que posibilite obtener impuestos de una
actividad.


El mayor papel de las comunidades autónomas también es asumido
por casi todos los grupos, Convergència i Unió, UPN, Foro Asturias y ERC,
que les dan ese carácter supramunicipal. Pretenden sustituir la
Administración General del Estado por Gobierno, pero no entendemos muy
bien esa obsesión.


En cuanto al bono social, no es cuestión de mojarse o no, lo que
pasa es que el butano tiene unos precios regulados. El butano se utiliza
precisamente en lugar de la electricidad, que es un sustitutivo porque sí
que llega a todo el territorio nacional, mientras que las instalaciones
de gas no; por eso las bombonas de 8 y 20 kilos tienen un precio regulado
y fijado por el Gobierno. Por ello no tendría mucho sentido incluirlo
como un tema de bonificación social, como proponen PNV, UPN, CiU y el
Grupo Socialista.


Otra enmienda curiosa que me llama la atención, también suscrita
por Foro Asturias, UPN y CiU, es la relativa a la sujeción al impuesto de
los nuevos yacimientos y no de los antiguos. Esto me lleva a reflexionar.
Cuando en 1986 se implantó el IVA, aquel que tenía actividades
profesionales y empresariales empezó a tributar por IVA y antes no lo
hacía, y lo mismo vale para cualquier otro impuesto nuevo que se
implante. De todas maneras, baste ver la aportación en los cálculos que
se hacen sobre la base de unas extracciones mínimas, calculando el precio
del barril a 50 euros. Sobre un valor de producción de 18 millones de
euros el Estado se llevaría 350 000 euros, que tampoco me parece una
cantidad tan notable como para necesitar una modificación.


Otro grupo de enmiendas que despertaron mi curiosidad son las
relativas a suprimir en la prórroga de las prospecciones el 50 % que se
pierde en la segunda prórroga de superficie, porque no aplicar esa norma
supondría una manera de establecer una cierta reserva sobre los terrenos
para que otros no puedan seguir desarrollando trabajos de prospección. Es
decir, es una manera clara de evitar acaparar terrenos.


El pago a propietarios es bien recibido por todo el mundo, salvo
por los señores de Izquierda Unida, que con su «¡viva Cuba!» no quieren
que los propietarios perciban ni un solo euro de los recursos que se
puedan obtener por el impuesto de extracción de petróleo, gas y
condensados. Todo el mundo lo admite y también me parece positivo.


Respecto a Cores, exactamente igual, el funcionamiento de la
Corporación de Reservas Estratégicas, que asume la función de mantener
las reservas estratégicas, va a suponer una disminución de costes y
complicaciones al resto de operadores, y por tanto, queda perfectamente
regulado con los textos actuales.


Pero vamos ya al tema más político en el que derivó esta ley.
Quisiera hacer un comentario sobre la disposición adicional cuarta que
regula el tema del 30 % de las estaciones de servicio. El viernes pasado,
en el Consejo de Ministros el Gobierno —porque es interés de este
Gobierno que haya competencia y que bajen los precios de los
combustibles, que la rebaja del precio llegue lo antes posible al
consumidor— aprobó una norma mediante la cual tampoco puede haber
estaciones de servicio del mismo titular de forma continua en las
carreteras nacionales.


Donde también coinciden Esquerra Republica, Izquierda Unida y el
PSOE es en la paralización del fracking, tanto en el artículo 5 como en
una disposición adicional. ¿Ustedes no se preguntan —supongo que
sí, porque hay literatura abundante sobre el tema— a qué es debida
la bajada de combustible y del precio del petróleo que ha tenido lugar en
los últimos tiempos? Porque no se debe a que los países árabes hayan
incrementado la producción, sino que va muy ligada a un gigante de la
economía, como es Estados Unidos, que ha conseguido pasar de ser el mayor
importador de petróleo y de gas mundial gracias a esa técnica del
fracking, que le ha permitido desarrollar una industria que no solo cubre
sus necesidades interiores, sino que se considera que a partir del 2016
va a pasar a ser exportador de gas y petróleo. Algo tendrá que ver, por
tanto.


La izquierda en general habla de conseguir la independencia
energética, pero, ¿qué recursos tenemos en España? En principio no
tenemos gas y tampoco petróleo, y por tanto, difícilmente vamos a poder
tener una mayor independencia energética y mejorar nuestra balanza
comercial si renunciamos a técnicas como las del fracking, que permiten
mejorar los abastecimientos si existen, porque, a todo esto, nosotros no
tenemos la certeza de que los haya. Porque hay muchos estudios sobre la
materia, y unos dicen que sí hay esperanzas para la obtención de gas
mediante técnicas de fracturación porque hay expectativas más o menos
importantes de que existen reservas, en tanto que otros informes dicen
que esas expectativas no son muy altas. Al Estado tampoco le va a costar
que haya empresas privadas que arriesguen en hacer prospecciones para
obtener este tipo de productos. Por lo tanto, es positivo y no entiendo
esa negación a base de asustar con los terremotos. Hay opiniones
autorizadas de geólogos, concretamente en España, que dicen que es
absolutamente descabellado ligar los terremotos con la actividad de
fracking o con la contaminación de aguas y demás. Por desgracia, las
noticias de terremotos las tenemos en el Nepal. De Estados Unidos
—cuyas cifras de utilización de fracking son gigantes—
tenemos noticias cuando hay un problema en la falla de San Francisco,
etcétera, pero no por el fracking, pues el propio Gobierno americano ha
negado esa relación entre el fracking y los posibles terremotos.


Otra de las cuestiones ligadas a este asunto es el abandono de
combustibles fósiles. Yo no sé si los intervinientes que me han precedido
en el uso de la palabra se han tomado la molestia de mirar los datos del
coste de las distintas tecnologías de producción eléctrica en 2014, que
dan unos resultados. Los señores del PSOE, sobre todo, y de Izquierda
Unida y los demás hablan de pobreza energética, de que tenemos que
apostar por las renovables. ¡Claro que tenemos que apostar por las
renovables!, pero la producción de renovables es lo que es, y a pesar de
que España apostó por la eólica y tiene una producción importante,
indudablemente la mayor parte de la producción no se realiza a través de
técnicas renovables, sino de otras energías. Para avanzar en el
desarrollo de las renovables, hay que tener una energía de respaldo. Me
gustaría que todos aquellos que defienden la apuesta de forma indefinida
y absoluta por las renovables bajaran aquí y dijeran cuál es la
tecnología de respaldo que se va a usar, porque solamente hay tres
alternativas: o nuclear o carbón o gas. Carbón sabemos el efecto que
tiene. Para obtener gas, aparte del importado, el fracking sería
fundamental, es decir, la existencia de obtener gas por fracturación
hidráulica sería un tema interesante. O si no la nuclear. Pero aquí se
renuncia a todas las alternativas. Y los únicos países independientes
energéticamente que conozco son los de los señores que tuvimos el honor
de que nos acompañaran esta tarde, los Emiratos Árabes, Arabia, etcétera,
que pinchan, sacan petróleo y no tienen que dar explicaciones a nadie.
Nosotros tenemos que jugar con un mix y de alguna manera combinar todas
las partes.


Ustedes hablan de pobreza energética. Voy a dar unos pocos datos,
y con esto termino. Primero aclararé un dato de la producción del 2014.
La nuclear se obtiene a 43,99 euros megavatio, la solar fotovoltaica
a 336 y la termosolar a 2,91.


El señor Alique no está, pero antes hizo alusión a este asunto, a
que el Partido Popular defendía el oligopolio. Primero quiero recordarle
que técnicamente un oligopolio es aquel que puede fijar el precio y yo no
sé qué oligopolio defendemos cuando las técnicas de obtención de energía
que defienden ustedes se pagan 8 y 9 veces más que el pool o la nuclear,
es decir, la que produce el oligopolio. No sé qué clase de oligopolio es.
No quería hacer la pregunta al señor Alique, pero si nosotros defendemos
el oligopolio, ¿qué intereses defienden ustedes pagando 8 veces más por
un mismo producto? No me parece de recibo.


Podemos hablar del riesgo nuclear. Si van a la página web
fácilmente pueden ver, por poner un ejemplo, que Barcelona está a 392 y
San Sebastián y Huesca a 244 kilómetros de centrales nucleares en
territorio francés. Después hay que preguntarse por qué —y estos
son datos de Eurostat que les muestro— los precios en industrias
—la línea inferior es la de abajo y la superior es la de
España— la diferencia es más que considerable. Y si vamos a precios
de consumidores con impuestos, es decir, hogares con impuestos, Francia
sigue mucho más barata y España prácticamente está al doble. Vuelvo a
insistir, baje alguien de ustedes aquí y diga qué tecnología de respaldo
quieren: nuclear o carbón o gas. Si no usamos ninguna de las tres, pues
tendremos mucho AVE —y lo he dicho en otra intervención—,
pero cuando falte la electricidad, porque no haya viento o no haya sol,
tendremos que bajarnos y empujar. Creo que no es el sistema que
queremos.


Para terminar, hice referencia a la asunción de más competencias
por parte de las comunidades autónomas y menos por parte del Estado. Pues
les diré que a la Administración General del Estado no le pasaría lo que
le ha pasado hoy a la Junta de Andalucía, y es que concedió la reapertura
de la mina de Aznalcóllar sin el más mínimo rigor. Creo que eso no le
pasa a la Administración General del Estado.


Por lo tanto, vamos a rechazar todas las enmiendas por entender
que el texto cumple con los objetivos que tiene encomendados.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno de portavoces.


¿Grupo Mixto? (Denegaciones).


No hace uso de la palabra.


¿Grupo Vasco?


Tiene la palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Señora presidenta, sé que no tenemos
ninguna prisa y por eso voy a intervenir.


Quisiera hablar un poco de la enmienda número 31, ya que en mi
turno de defensa de enmiendas no he podido incidir demasiado en ella. Se
trata de una enmienda que coincide con otra que presenta el Grupo
Socialista, y si no se aprueba es por algún empecinamiento rarísimo, no
se acaba de entender, y lo voy a explicar. En la Ley de presupuestos
generales de 2015 el Gobierno propuso una disposición adicional
decimoséptima por la que se planteaba la exención del 50 % de las tasas
portuarias a aquellos buques que usaran como combustible el gas natural
licuado, algo que, dicho sea de paso, fue una recomendación de la
ponencia de estudio de la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara. He
empezado la mañana hablando de una ponencia de estudio y termino la noche
hablando de otra. En el trámite parlamentario se amplió esta exención
del 50 % a aquellos buques que utilizaran, cuando estaban atracados en el
puerto, gas para mover sus motores auxiliares o se conectaran a la red
eléctrica del propio puerto. En la letra j de aquella disposición final
decimoséptima se decía: Así como los buques que durante su estancia en el
puerto utilicen gas natural licuado o electricidad suministrada desde el
muelle para la alimentación de sus motores auxiliares. Hay un problema
técnico, y es que los motores auxiliares no pueden funcionar con gas
natural licuado, sino con gas natural comprimido.


Lo que se plantea en la enmienda es eliminar la palabra «licuado»
del texto de la letra j) para que realmente dicha letra de la reforma de
la Ley de Puertos y de la Marina Mercante sea efectiva al cien por cien.
No es que sea una decisión política, puesto que la decisión política ya
estaba tomada cuando el propio Gobierno presentó la disposición
adicional 17.ª y cuando se consensuó en el trámite de la Ley de
presupuestos que se añadiera esta excepción en la letra j).


Por tanto, no entendemos si es un tema técnico, quitar el gas
natural licuado, precisamente con objeto de que cuando los barcos estén
atracados no contaminen o contaminen menos en los entornos portuarios,
que ya de suyo están especialmente contaminados porque hay mucho tráfico
pesado, de trenes, camiones, etcétera. No entendemos por qué no se
elimina ese término de «licuado», algo que también propusimos en el
trámite de aprobación de la Ley de presupuestos de 2015 en esta Cámara.
El Grupo Vasco lo propuso y creo que también algún otro grupo. No lo
entendemos. Si es el no por el no, de acuerdo, pero no tiene sentido.
¡Pero si fue el propio Partido Popular quien planteó estas
excepciones!


Por tanto, yo le pediría al Grupo Popular que reconsiderara
aprobar la enmienda 31 o la 256 del Grupo Socialista. Es que si no es
simplemente, como digo, el no por el no, y a estas horas del día
—yo estoy aquí desde las siete y media de la mañana— el no
por el no me fastidia.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene
la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, todos coincidimos en que España es un país con un alto
grado de dependencia energética, seguramente no solo por lo
insignificante de nuestros recursos propios en materia de hidrocarburos,
sino también por lo irregular de nuestra pluviometría, que hace que la
energía eléctrica de origen hidráulico también sea escasa, como escaso y
no precisamente de la mejor calidad es nuestro carbón, dicho con permiso
de los amigos asturianos y leoneses. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Por no hablar de las centrales nucleares, que también van
agotando su ciclo y que cada vez aportarán menos al mix energético. Pero
contamos también con fortalezas, como el parque de instalaciones de
energías de régimen especial, de energías renovables especialmente, a
pesar del parón de estos últimos años, y también con nuestro sistema
gasista. Este sistema gasista, construido a lo largo de años, es sin duda
uno de los mejores de Europa, y en parte es objeto de este proyecto de
ley —y digo en parte—.


A diferencia de la mayoría de nuestros socios comunitarios, como
muy bien se ha expresado en algunas intervenciones, nosotros no
dependemos de los gasoductos rusos, ni tan siquiera de los dos que nos
abastecen desde Argelia. Nuestros aprovisionamientos, gracias a las
plantas de regasificación, están muy diversificados y, por tanto,
plenamente garantizado y asegurado el suministro. Por ello, los avances
que está habiendo de mejora de las interconexiones —que serán
lentos—, en este caso de las gasistas, con nuestros vecinos
—con Portugal seguramente más avanzados y con Francia muy
reducidos— son muy importantes.


Por eso nosotros, aunque discrepamos de aspectos esenciales de la
ley, compartimos algunos de sus objetivos, como la creación del mercado
organizado del gas que complemente la contratación bilateral, que
pensamos es una buena opción. Otra cuestión es que el diseño de este
mercado que fija el proyecto de ley sea manifiestamente mejorable, como
hemos puesto de relieve mediante las enmiendas al articulado que nuestro
grupo ha presentado. Pero las deficiencias de este proyecto de ley,
desgraciadamente, no acaban aquí, y es que tienen su origen en su propia
tramitación, prescindiendo de los informes preceptivos de los organismo
consultivos, pasando por la fragmentación o el parcheo que supone su
contenido respecto a diversas normas, además de la propia Ley de
hidrocarburos. En fin, no reiteraré los argumentos ya expresados en
anteriores intervenciones. Simplemente pensamos que se pierde una buena
oportunidad también de cambiar de forma de legislar y de gobernar.


Señorías, el rodillo, la mayoría absoluta, se acaba, y ustedes
nuevamente en este proyecto de ley no han sido precisamente receptivos a
las propuestas de los grupos de la oposición. Ustedes tienen que ir
cambiando el chip porque esta forma de actuar tiene fecha de caducidad.
Así lo comprobarán próximamente en numerosos ayuntamientos y comunidades
autónomas, y dentro de pocos meses también aquellos que tengan la
responsabilidad de gobernar España, que ya no lo harán con la mayoría que
ustedes tienen ni lo podrán hacer con su estilo, afortunadamente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señor presidente.


Senadores, brevemente diré que el sentido de nuestro voto de
abstención al proyecto de ley es básicamente por esta negativa, por esta
cerrazón a la hora de contemplar algunas de las enmiendas que hemos
presentado. Nosotros somos gente constructiva; en el fondo somos
conscientes y atendimos bien a la intervención del ministro en su
comparecencia en el Congreso cuando decía que el sector de hidrocarburos
es un sector maduro, fuerte, y que la red de gas natural con que cuenta
nuestro país es una infraestructura que representa una oportunidad como
centro logístico de gas natural para toda Europa viendo la vulnerabilidad
del sistema de suministro a Europa desde Rusia, pasando por Ucrania, y
que el 50 % del gas que se consume en Europa en este momento lo podríamos
suministrar nosotros. Habló también de la cim de Madrid y de la apuesta
por fijar plazos para las interconexiones eléctricas y de gas. Me gusta
citar esa cim de Madrid con la Unión Europea, porque si hablamos de
interconexiones eléctricas, en un futuro también podremos hablar de
interconexiones de agua para una Europa más fuerte, más unida, de manera
que las escaseces que sufrimos los ciudadanos puedan solventarse. También
habló de la alta capacidad del sistema, de la distribución del detalle,
de la elevada seguridad, etcétera. Son cuestiones que suponen
modificaciones a la Ley 34/1998, que de alguna forma nos parecen bien
porque son oportunas en las materias y en el tiempo. Un mayor debate, y
en particular la participación del regulador, del que no se solicitó
informe, como he mencionado antes, hubiera sido mucho más deseable.


Otra reflexión que les quiero hacer respecto a esta modificación
de la Ley de hidrocarburos en materia de gas y de hidrocarburos líquidos,
es que resulta procedente la creación de un mercado organizado de gas que
fije una señal de precio del gas en España y se constituya en un lugar
para comprar y vender gas. Somos el último gran mercado europeo sin este
intercambio y, por tanto, en esta materia no tenemos nada que añadir,
salvo desear que la ley progrese rápidamente para que el mercado sea un
hecho para beneficio siempre del consumidor.


Otra reflexión que les quiero dejar encima de la mesa es el tema
del gas canalizado, pues se ha perdido una oportunidad más de abrir más
opciones a los clientes finales de los gases licuados del petróleo.
Durante los últimos años los precios del gas natural han sido
considerablemente más baratos, si bien a día de hoy se han igualado por
la bajada del petróleo, como de todos es sabido. La ley configura el
derecho del distribuidor del gas licuado del petróleo que suministra un
precio regulado a ser distribuidor de gas natural, pero le da
preferencia, con lo cual no vamos a conseguir el incentivo que tendría al
convertirse en distribuidor de gas porque perdería el negocio actual de
comercializador al exigir la normativa gasista esta separación de
actividades. Pues bien, la regulación de detalle del gas licuado del
petróleo tiene más de veinte años y nuestro grupo considera que necesita
una revisión.


Otra reflexión que dejo encima de la mesa es sobre la apertura de
las inspecciones periódicas del gas al mercado. Ahora los instaladores
podrán realizar este servicio en competencia. Todo lo que pueda rebajar
el coste al cliente final es bienvenido, pero el desarrollo reglamentario
posterior, como les decía antes, se debe cuidar en gran manera porque se
deben mantener estos estándares de seguridad alcanzados hasta la fecha.
Finalmente, asegurando que todos los clientes realizan la inspección,
tarea que nosotros entendíamos que solo puede recaer en el distribuidor.
Estaremos atentos al desarrollo de esa ley y de estas otras
normativas.


En relación con las competencias para establecer las tarifas de
gas, quería indicar que, como señala la reglamentación europea, esta
competencia debe ser del regulador independiente, en este caso la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, mientras que la
modificación de la Ley de hidrocarburos subraya que la competencia es del
ministerio. Esto no hace más que volver a separarnos de las prácticas
europeas, lo que ya nos están señalando en los foros internacionales. Se
añade también, como competencia de Cores, el mantenimiento de reservas
estratégicas de gas, cuando hasta ahora solo se dedicaba a las de
petróleo. Si en la actualidad son los comercializadores los que almacenan
por su cuenta y riesgo estas existencias de veinte días de gas, de forma
general cumplen totalmente estas obligaciones desde el año 2000 y no se
entiende por qué la Administración ahora deberá encargarse de esta
función cuando el mercado ha demostrado que ya resuelve el problema por
sí solo y que probablemente esté encontrando el gas más barato de lo que
sea capaz de hacerlo Cores. Una duda que dejamos encima de la mesa.


También parece pertinente la nueva función del regulador, al que
se le encomienda una mayor vigilancia del CLH y sus tarifas, la
transparencia de acceso y sus inversiones, si bien resulta curioso que
ahora le estemos dando nuevas funciones a este organismo en materia de
hidrocarburos líquidos, sobre todo en el tema de la metodología de las
tarifas, cuando con la fusión de los reguladores, en su momento, las
funciones relativas a los hidrocarburos líquidos las tenía la Comisión
Nacional de la Energía, y se encargan ahora al ministerio y no a la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.


Finalmente, quería decirles que ya que hemos modificado la ley,
deberíamos actualizar algunos reales decretos que están claramente
obsoletos, como los relativos al acceso de terceros a la red y estructura
de peajes, básicamente el Real Decreto 949/2001 y la regulación del
suministro a los consumidores finales, que es el Real
Decreto 1434/2002.


Por parte de mi grupo nada más que manifestar estas reflexiones
muy rápidamente expresadas, y no podemos hacer otra cosa que decir que
siga adelante, pero en todo caso con nuestra abstención.


Muchas gracias y buenas noches.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senado Maluquer.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador
Gil.


El señor GIL GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Decía el senador Anasagasti hace ya un rato largo que le producía
melancolía la actitud, yo creo que un tanto cerril y ciega, del Partido
Popular, y se lo digo con afecto. (Rumores). Proyecto de ley tras
proyecto de ley practican el rodillo cercenando la propia naturaleza de
esta Cámara, que no es otra que la de mejorar los proyectos de ley que
nos llegan del Congreso. No es creíble que ni una sola de las 256
enmiendas que han presentado el conjunto de grupos de la oposición no le
sirva al Partido Popular para mejorar este proyecto de ley. Señorías, no
es creíble y, además, no es lo que nos están demandando los ciudadanos.
Se trata de una forma de hacer política —el senador Montilla lo
explicaba muy bien— que tiene los días contados, pero allá
ustedes.


En lo que se refiere al meollo de la cuestión, por resumir y no
extenderme demasiado, es verdad que hay muchas cosas de este proyecto de
ley que no nos gustan. En primer lugar, no se modifica la normativa para
adaptarla a la directiva europea —se ha citado varias veces—,
que es fundamental para proponer un gestor de red independiente
certificado. En segundo lugar, falta la posibilidad de realizar
operaciones de compra y venta de gas a través de una plataforma de
contratación electrónica. En tercer lugar, no se establecen obligaciones
a las comercializadoras de gas natural para asegurar la protección de los
consumidores domésticos, en los que también nos tenemos que fijar. En
cuarto lugar, no impulsa la competencia real en el mercado de la
distribución de carburantes de automoción. Y por último, y en quinto
lugar —ha sobrevolado todo el debate aquí y creo que lo va a hacer
en el debate energético en nuestro país—, quería referirme a la
fractura hidráulica, al fracking, cuestión que, como ha recordado el
senador Palacios, debatimos aquí en esta misma tribuna hace quince días
con una moción que tuve el honor de presentar. Consideramos entonces, y
consideramos hoy, que en España debemos caminar hacia un nuevo modelo
energético basado en la sostenibilidad económica, medioambiental y
social, y que técnicas como las de la fracturación hidráulica son
incompatibles con este modelo. En consecuencia con ello, el Grupo
Socialista ha presentado una enmienda, en concreto la 246, que plantea de
una manera muy clara la prohibición de esta técnica en nuestro país. Es
verdad que esta ley ni autoriza ni no autoriza el fracking, pero ¿quieren
decirme ustedes qué proyecto de ley hay más oportuno para aprovechar la
ocasión de presentar una enmienda para prohibir la técnica del fracking?
Precisamente este, el Proyecto de Ley de hidrocarburos, en el que si
hubiera voluntad política por parte del Partido Popular —cosa que
no es así, como ya han manifestado en reiteradas ocasiones—
podríamos lograr paralizar esta técnica en nuestro país.


Ha dicho el senador Palacios en una de sus intervenciones que no
es verdad que este Gobierno se haya cargado el sector de las renovables.
Han sido muchas las pregunta escritas que numerosos parlamentarios hemos
venido realizando a lo largo de toda la legislatura para hacer un
seguimiento —hay innumerables datos que lo avalan— de esta
cuestión, y sí es cierto, senador Palacios. Hasta la patronal de las
renovables, APA, ha cifrado en 2261 millones de euros el recorte sufrido
por las tecnologías renovables como consecuencia —usted lo
sabe— de la reforma eléctrica del Gobierno, un 30 % menos. Además,
se han reducido 250 instalaciones, lo que supone una caída del 20 % de la
producción; y lo que es también muy importante y no se ha dicho aquí en
todo el día, la destrucción de miles de puestos de trabajo en un sector
estratégico de país. Lo es en mi comunidad autónoma, en Castilla y León,
donde como consecuencia de las políticas del Gobierno del señor Rajoy y
del Gobierno del señor Herrera en Castilla y León, se han
destruido 30 000 puestos de trabajo en un momento duro, de crisis también
en Castilla y León y en torno a un sector que consideramos estratégico,
que puede y debe seguir generando energía y empleo de futuro en mi
tierra.


Ante este panorama nos presentan ustedes un Proyecto de Ley de
hidrocarburos que lo que hace realmente es apuntalar un modelo energético
del pasado, insostenible, caro y que deja la puerta abierta a la
utilización de técnicas de extracción realmente peligrosas, como es el
fracking.


Senador Palacios, ustedes lo que han hecho durante toda esta
legislatura ha sido ponerle la alfombra roja al fracking, han realizado
todas las adaptaciones legislativas que han podido, le han dado el
respaldo legislativo que no existía en nuestro ordenamiento con
anterioridad y, además, no es verdad que ustedes hayan reforzado las
garantías ambientales. Le recuerdo que antes, para hacer un estudio de
impacto ambiental, eran necesarios hasta dos años, y ustedes lo que han
hecho es introducir y dar respaldo legal al fracking y lo han convertido
en fracking exprés. Ahora para realizar un estudio de impacto ambiental
son necesarios entre tres y cuatro meses. Ya me dirá usted dónde está el
rigor y el respaldo medioambiental a esta técnica.


Decía el senador Juncal que bajáramos a esta tribuna y
explicáramos cuál es nuestro modelo alternativo. Senador Juncal, lo hemos
hecho muchas veces —no quisiera extenderme en este momento—
en interpelaciones al ministro, en debates que sobre esta cuestión hemos
mantenido durante toda la legislatura —estoy seguro de que usted ha
estado muy atento a todas nuestras explicaciones, aunque puede que no las
comparta—, pero ya que usted me pide que bajemos a esta tribuna y
que hagamos ese ejercicio, yo le invito a usted a que haga otro ejercicio
más sencillo que seguramente no lo ha hecho: cójase de la mano del
senador Vallines —que es cántabro y que seguramente va a bajar a
esta tribuna a intervenir—, cójase todos los gráficos que ha
exhibido aquí y se lo cuenta a sus compañeros del Partido Popular en
Cantabria que han intentado legislar en contra del fracking. No me
convenza a mí ni intente convencer a los grupos de la oposición, convenza
primero a los suyos, a sus compañeros. Seguro que el senador Vallines
estará encantado de acompañarle con sus gráficos a Cantabria para
explicarles a sus paisanos qué opinan ustedes del fracking aquí y qué es
lo que dicen allí. Estoy seguro de que estarán encantados de
hacerlo.


Señorías, la verdad es que esta manera de legislar del Partido
Popular nos suena, no es nueva. Nos suena bastante porque con la excusa
del fomento de la competitividad y de la eficacia siempre se beneficia a
las grandes empresas frente a los intereses de la mayoría. Y luego,
además, comprobamos que ni existe más competitividad ni más eficacia,
sino más oligopolios, peor servicio a los ciudadanos y beneficios para
algunos amiguitos del alma. Señorías del Partido Popular, ustedes ya
modificaron en el año 1998 la Ley del suelo con la misma cantinela, con
el objetivo declarado de abaratar los precios del suelo mediante una
abundancia de oferta. Y los resultados de aquella maniobra ya hemos visto
cuáles son y cuáles han sido en este país: un desastre económico, social,
en muchos casos ambiental, y en la mayoría de ellos seguramente
irreversibles o que tardaremos décadas en devolver a su estado. Ese ha
sido el resultado de una manera de resolver un problema.


Y ahora, con esta ley y con su modelo energético, pretenden crear
otra burbuja, en esta ocasión con los hidrocarburos, aprobando esta ley
que no está hecha para abaratar los costes, sino para favorecer al ya muy
mimado, cuidado y multimillonario oligopolio energético, que no va a
fomentar por sí solo ningún modelo energético sostenible e innovador, y
que va a agujerear aún más el bolsillo de los ciudadanos y, si no, al
tiempo. Y es que, senadores del Partido Popular, yo creo que no han
aprendido nada de esta crisis en la que aún nos encontramos, porque
ustedes están repitiendo exactamente los mismos esquemas fallidos del
pasado. No estamos ante una medida que favorece a los ciudadanos, sino
ante una nueva oportunidad de negocio para las poderosas empresas
energéticas. No estamos tampoco, como se ha dicho, ante una serie de
medidas de fomento de la modernización y de la optimización del sector,
sino ante una vuelta de tuerca más a un modelo caduco, social y
ambientalmente injusto. Y desde luego, señorías, para hacer esto no
cuenten con el Grupo Parlamentario Socialista.


Nada más y muchas gracias.






(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Cazalis, de verdad que lo siento. No le puedo dar otra
explicación más que se refiere a la Ley de puertos y que no tiene encaje
en esta ley. No puedo darle ninguna otra explicación, y de verdad que lo
siento.


Señor Gil, que me hable usted de amiguetes en el tono en que lo
dice... (Rumores). No me gusta entrar en este tipo de debate, pero claro,
cuando el ponente socialista en el Proyecto de Ley de hidrocarburos tiene
intereses directos en el negocio de las gasolineras, pues no me hable
usted a mí de amiguetes. (Rumores). Por favor, seamos serios. Yo no
quiero entrar en estas disquisiciones.


Por otra parte, ¿se acuerda en la época de Zapatero cómo
funcionaba esta Cámara? Probablemente igual o de forma parecida, pero
había una diferencia, y es que no se solucionaban los problemas; con
Rajoy sí se solucionan los problemas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Juncal.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, comenzamos la votación. Vamos a proceder a la votación
de las enmiendas 32, 33 y 39 de los senadores Eza, Salanueva y
Yangüas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; a favor, 2; en contra, 154;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 34 y 40.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 163; votos emitidos, 162; a favor, 2; en contra, 116;
abstenciones, 44.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 35.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 163; votos emitidos, 162; a favor, 40; en contra, 115;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 36.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 44; en contra, 116;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 37.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; a favor, 6; en contra, 116;
abstenciones, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 38.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; a favor, 40; en contra, 116;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 41.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 163; votos emitidos, 162; a favor, 6; en contra, 115;
abstenciones, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 42 a 46, 51, 52, 53 y 55.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; a favor, 2; en contra, 153;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 48, 49 y 54.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; a favor, 6 en contra, 154;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 50.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; a favor, 2; en contra, 153;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 56.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 163; votos emitidos, 162; a favor, 6; en contra, 153;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 57.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; a favor, 2; en contra, 154;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 47.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; a favor, 2; en contra, 116;
abstenciones, 45.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, de la senadora Capella, votamos la
enmienda 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 163; votos emitidos, 163; a favor, 6; en contra, 118;
abstenciones, 39.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; a favor, 5; en contra, 117;
abstenciones, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 1, 3 y 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 11; en contra, 118;
abstenciones, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 6 y 7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 162; votos emitidos, 162; a favor, 5; en contra, 116;
abstenciones, 41.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los senadores Iglesias y Mariscal, votamos las enmiendas 8
a 10, 12 a 14, 16, 18 y 22.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 163; votos emitidos, 163; a favor, 39; en contra, 115;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 11, 15, 17, 19 a 21 y 23.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 43; en contra, 116;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del senador Martínez Oblanca, votamos las enmiendas 24 a 26.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 163; votos emitidos, 162; a favor, 2; en contra, 153;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 27.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 162; a favor, 2; en contra, 153;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 28 y 29.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; a favor, 6; en contra, 154;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De la senadora Julios y del senador Quintero, votamos las
enmiendas 58, 60 y 61.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; en contra, 118;
abstenciones, 45.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 59.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 162; a favor, 4; en contra, 154;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 62.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 163; votos emitidos, 162; en contra, 118;
abstenciones, 44.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la enmienda 30.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; a favor, 5; en contra, 154;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 31.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; a favor, 5; en contra, 154;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa votamos la enmienda107.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 11; en contra, 116;
abstenciones, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 171.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; a favor, 38; en contra, 117;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 112, 120, 122, 124, 125, 127, 128, 130 a
132, 137, 142, 144, 155, 163, 165, 167, 169 y 170.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 162; votos emitidos, 162; a favor, 40; en contra, 114;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 129.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 45; en contra, 116;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 102, 104, 105, 111, 114
a 119, 123, 126, 133 a 135, 138 a 141, 143, 145, 146, 148 a 154, 156
a 162, 164, 166, 168 y 172 a 174.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 39; en contra, 116;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 103, 106, 108, 110, 121, 136 y 147.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 43; en contra, 116;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 113.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 41; en contra, 120;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 189.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:






presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 41; en contra, 116;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 175, 182, 184, 186 y 187.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 43; en contra, 118;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 176 a 181, 183, 185 y 188.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; a favor, 38; en contra, 118;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
votamos las enmiendas 64, 75 y 80.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 163; votos emitidos, 163; a favor, 11; en contra, 117;
abstenciones, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 65, 66 y 91.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 162; votos emitidos, 161; a favor, 4; en contra, 113;
abstenciones, 44.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 71, 90 y 92.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 163; votos emitidos, 163; a favor, 11; en contra, 115;
abstenciones, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 76, 77, 81 a 86, 94 a 96 y 99.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 4; en contra, 116;
abstenciones, 44.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas de Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 163; a favor, 4; en contra, 117;
abstenciones, 42.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda 253.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 39; en contra, 116;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 200, 202, 204, 206, 208
a 212, 218, 224, 234, 245, 247, 249, 251 y 252.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 163; votos emitidos, 161; a favor, 39; en contra, 114;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 213.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 162; a favor, 43; en contra, 116;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 222.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 163; votos emitidos, 163; a favor, 38; en contra, 118;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 190, 195, 196, 198, 199, 203, 205, 207, 214
a 216, 219 a 221, 223, 225 a 233, 235 a 244, 246, 248, 250 y 254
a 256.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 39; en contra, 116;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 191 a 194, 201 y 217.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 43; en contra, 116;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 197.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 39; en contra, 122;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 164; votos emitidos, 164; a favor, 121; en contra, 39;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Por lo tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del sector de hidrocarburos, y por la que se regulan
determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.


Señorías, se levanta la sesión. Buenas noches.


Eran las veintidós horas y veinte minutos.