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DS. Senado, Pleno, núm. 153, de 29/04/2015
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ


Sesión núm. 71


celebrada el miércoles, 29 de abril de 2015


ORDEN DEL DÍA






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en materia de restauración de daños, compensaciones
económicas y prevención de inundaciones en la cuenca del Ebro.


671/000166

GPS





Moción por la que el Pleno del Senado denuncia la
desproporcionada inversión en ferrocarril de alta velocidad y por la que
se insta al Gobierno a reforzar las inversiones en el servicio de
Rodalies de Barcelona.


671/000167

GPCIU






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para que la Comunidad Autónoma de Canarias se
constituya como plataforma estable de relaciones entre Iberoamérica y
Europa.


662/000188

GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a que realice las
actuaciones necesarias para ir adoptando medidas para garantizar la
accesibilidad de todas las personas y que se declare el año 2017 como Año
de la Accesibilidad Universal.


662/000189

GPP





Moción sobre el uso del método de fractura hidráulica,
conocido como fracking, en la extracción de gases e hidrocarburos de
forma no convencional en la provincia de Burgos.


662/000187

GPS






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




CONOCIMIENTO DIRECTO




Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de
Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos.


621/000111
colegio profesional; método pedagógico;
psicología








DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley para la salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial.


621/000112
Unesco; cultura popular; patrimonio cultural;
protección del patrimonio


Cultura





Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia concursal
(procedente del Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000116

Economía y Competitividad





Proyecto de Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.


621/000110
denominación de origen; producto
agrícola


Agricultura, Pesca y Alimentación







CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO




Convenio de cooperación entre las Comunidades Autónomas de
Castilla-La Mancha y Madrid para la prestación de asistencia sanitaria
especializada en determinadas zonas limítrofes de ambas Comunidades
Autónomas.


592/000018

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA





SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE RESTAURACIÓN DE DAÑOS, COMPENSACIONES
ECONÓMICAS Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL EBRO.


671/000166

GPS


El señor Becana Sanahuja defiende la moción.


La señora Navarro Viscasillas defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Becana Sanahuja expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda, rechazándola.


En turno de portavoces intervienen el señor Yanguas Fernández, por
el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maluquer
Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; el señor Becana Sanahuja, por el Grupo Parlamentario Socialista, y
el señor Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes, 209;
votos emitidos, 209; a favor, 78; en contra, 131.









MOCIÓN POR LA QUE EL PLENO DEL SENADO DENUNCIA LA
DESPROPORCIONADA INVERSIÓN EN FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD Y POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A REFORZAR LAS INVERSIONES EN EL SERVICIO DE
RODALIES DE BARCELONA.


671/000167

GPCIU


La señora Candini i Puig defiende la moción.


El señor Fernández Ortega defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Martí Jufresa defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Ortiz Pérez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


La señora Candini i Puig expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la presentada por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y rechazando las
formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre Bemposta,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí
Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la
señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Fernández Ortega, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Ortiz Pérez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente
resultado: presentes, 213; votos emitidos, 213; a favor, 74; en
contra, 137; abstenciones, 2.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS PARA QUE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SE
CONSTITUYA COMO PLATAFORMA ESTABLE DE RELACIONES ENTRE IBEROAMÉRICA Y
EUROPA.


662/000188

GPP


El señor Alarcó Hernández defiende la moción.


La señora Julios Reyes defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa del señor Quintero Castañeda
y esta senadora.


El señor González Bethencourt defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Alarcó Hernández expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen la señora Julios Reyes, por el
Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por
el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maluquer
Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; el señor González Bethencourt, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Alarcó Hernández, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 229;
votos emitidos, 228; a favor, 141; en contra, 77; abstenciones, 10.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE REALICE LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA IR ADOPTANDO MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA
ACCESIBILIDAD DE TODAS LAS PERSONAS Y QUE SE DECLARE EL AÑO 2017 COMO AÑO
DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.


662/000189

GPP


El señor presidente informa a la Cámara de que el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción, ha presentado una
enmienda de sustitución que se entiende incorporada al texto original de
la moción.


El señor Ibarrondo Bajo defiende la moción originaria, con la
enmienda incorporada.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor
Mariscal Cifuentes.


La señora Andrés Prieto defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Rieradevall Tarrés defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


La señora Almiñana Riqué defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Ibarrondo Bajo expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por
el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora
Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; la señora Andrés Prieto, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Ibarrondo Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 236;
votos emitidos, 235; a favor, 155; en contra, 2; abstenciones, 78.









MOCIÓN SOBRE EL USO DEL MÉTODO DE FRACTURA HIDRÁULICA,
CONOCIDO COMO FRACKING, EN LA EXTRACCIÓN DE GASES E HIDROCARBUROS DE
FORMA NO CONVENCIONAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS.


662/000187

GPS


El señor Gil García defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor
Mariscal Cifuentes.


El señor Gil García expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de la enmienda, rechazándola.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández y
la señora Julios Reyes, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; el señor Maluquer Ferrer, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Gil
García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Palacios
Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 229;
votos emitidos, 228; a favor, 70; en contra, 137; abstenciones, 21.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS OFICIALES DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS.


621/000111



El señor presidente informa a la Cámara de que no se han
presentado enmiendas ni propuestas de veto a este proyecto de ley dentro
del plazo que al efecto se señaló.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sequera García, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Alturo Lloan, por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor
Álvarez Areces, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora
González García, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se pospone la votación.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL.


621/000112

Cultura


La señora Ongil Cores, presidenta de la comisión, presenta el
dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 2.


El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 4,
de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.


El señor Martí Jufresa defiende la propuesta de veto número 5, de
la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí
Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Martínez Muñoz defiende la propuesta de veto número 3,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Bagué Roura defiende la propuesta de veto número 6, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Vázquez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré y el
señor Iglesias Martínez, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora
Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
el señor Guillot Miravet y el señor Martí Jufresa, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bagué Roura, por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor
Montes Jort, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Vázquez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se pospone la votación.









CONOCIMIENTO DIRECTO





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS OFICIALES DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS. (Votación)


621/000111



El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para el senador Marín Torrecillas, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en
sentido favorable al proyecto de ley.


Se procede a votar.
............................................................ 14794


Se aprueba el proyecto de ley con el siguiente resultado:
presentes, 228 más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 227 más 1 voto
telemático, 228; a favor, 225 más 1 voto telemático, 226; en
contra, 2.


El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL. (Votación)


621/000112

Cultura


Se procede a votar las propuestas de veto.
..................................... 14795


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para el senador Marín Torrecillas, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en
sentido negativo en las seis propuestas de veto.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 228 más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228
más 1 voto telemático, 229; a favor, 25; en contra, 142 más 1 voto
telemático, 143; abstenciones, 61.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 228 más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228
más 1 voto telemático, 229; a favor, 26; en contra, 144 más 1 voto
telemático, 145; abstenciones, 58.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 228 más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228
más 1 voto telemático, 229; a favor, 26; en contra, 144 más 1 voto
telemático, 145; abstenciones, 58.


Se rechaza la propuesta de veto número 5 con el siguiente
resultado: presentes, 228 más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228
más 1 voto telemático, 229; a favor, 25; en contra, 144 más 1 voto
telemático, 145; abstenciones, 59.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 228 más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228
más 1 voto telemático, 229; a favor, 27; en contra, 144 más 1 voto
telemático, 145; abstenciones, 57.


Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente
resultado: presentes, 228 más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228
más 1 voto telemático, 229; a favor, 26; en contra, 144 más 1 voto
telemático, 145; abstenciones, 58.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende sus enmiendas 12 a 14.


El señor presidente informa a la Cámara de que se ha presentado
una propuesta de modificación sobre la enmienda número 4, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 3 y 5
a 11, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este
senador y el señor Mariscal Cifuentes.


La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 15 a 23, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas 24 a 32 y 33 a 42,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Bagué Roura defiende las enmiendas 53 a 70, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Fuentes Curbelo defiende las enmiendas 43 a 49, del
Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Durán Vadell,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Martí Jufresa, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bagué
Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; el señor Montes Jort, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la
señora Durán Vadell, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se procede a votar.
............................................................................. 14811


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 179 780.


Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley
enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.









PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000116

Economía y Competitividad


El señor López Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 1,
de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Juncal
Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guillot
Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Juncal Rodríguez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se procede a votar la propuesta de veto.
......................................... 14826


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para el senador Marín Torrecillas, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en
sentido negativo.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 216 más 1 voto telemático, 217; votos emitidos, 216
más 1 voto telemático, 217; a favor, 5; en contra, 134 más 1 voto
telemático, 135; abstenciones, 77.


Comienza el debate de los votos particulares.


La señora Iparragirre Bemposta defiende las enmiendas 31 a 34,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 35 a 67, así como la vuelta
al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por
las enmiendas 162 a 165, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 68 a 97, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 98 a 128, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Ortiz Molina defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista 129 a 161, así como la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 162
a 165, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Juncal
Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Montilla Aguilera y
el señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya; el señor Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Juncal Rodríguez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se procede a votar.
.............................................................................. 14841


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.









PROYECTO DE LEY DE DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES
GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS DE ÁMBITO TERRITORIAL SUPRAAUTONÓMICO.


621/000110

Agricultura, Pesca y Alimentación


El señor Torres Colomer, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 y 2, de este
senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto.


El señor Cazalis Eiguren da por defendidas las enmiendas 24 a 28,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Boya Alós defiende las enmiendas 21 y 22 y 3 a 20 y 23,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Plana Farran defiende las enmiendas 29 a 38, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió


El señor Toledo Díaz defiende las enmiendas 39 a 50 y 52 a 59,
del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Martínez-Aldama Sáenz defiende la enmienda 51, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno en contra hacen uso de la palabra el señor Ruiz Reyes y
el señor Pagola Sáenz, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis Eiguren, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor
Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; la señora Coves Botella, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Pagola Sáenz, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Se procede a votar.
.......................................................................................... 14857


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.


El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE
CASTILLA-LA MANCHA Y MADRID PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA
ESPECIALIZADA EN DETERMINADAS ZONAS LIMÍTROFES DE AMBAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.


592/000018

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA


El señor presidente informa a la Cámara de que no se han
presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la
autorización de las Cortes Generales.


Intervienen el señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario
Mixto, y el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho
convenio.


Se levanta la sesión a las veintidós horas y treinta y cinco
minutos.








Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la sesión.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE RESTAURACIÓN DE DAÑOS, COMPENSACIONES
ECONÓMICAS Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL EBRO.


671/000166

GPS


El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por un tiempo de
cinco minutos, el senador Becana.


El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, señor presidente.


Señorías, presento esta iniciativa en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, y muy especialmente en nombre de los senadores
y de las senadoras María Chivite Navascués, de Navarra, Juan Francisco
Martínez-Aldama, de La Rioja, Miguel Fidalgo, portavoz de Medio Ambiente,
Yolanda Vicente, de Álava, Andrés Gil, de Burgos, Marcelino Iglesias, de
Huesca, Antonio Arrufat, de Teruel, y Juan Alberto Belloch, de Zaragoza,
que junto conmigo firmaron la interpelación al Gobierno de la que es
consecuencia esta moción.


Pero, señorías, presentamos esta moción también en nombre de todos
los afectados por las inundaciones del río Ebro y de otros ríos que los
pasados meses de febrero y marzo se desbordaron. Con muchos de estos
afectados estuvimos durante los días del desbordamiento y con muchos de
ellos seguimos hablando diariamente para conocer cómo evoluciona el
territorio dañado y cuáles son sus preocupaciones a día de hoy.


Hace 15 días, justo el día que presentamos la interpelación, llamé
a un agricultor de Alfaro para preguntarle cómo iba la atención a los
afectados y cómo iba la reparación de los daños en su localidad. Y aquél,
hace 15 días, literalmente me comentó: han comenzado a trabajar en las
defensas del río; no han reparado ninguna de las acequias de riego y no
se puede regar; en los caminos no han hecho nada; y en la atención a
daños a particulares, poca cosa más que el acta previa. Respondía esto un
mes y medio después del desbordamiento. Hoy se cumplen dos meses, y ayer
volví a repetir la llamada. Y dos meses después la respuesta literal era
la misma: en las defensas del río siguen trabajando; en las acequias de
riego van a un ritmo lentísimo y no se puede regar; tampoco han arreglado
ningún camino; y los daños en las fincas particulares siguen ahí porque
nadie ha dicho quién, cuándo y cómo pagará su reparación.


Y en la ribera aragonesa, el diagnóstico a día de hoy es muy
parecido. Cuando pregunto al alcalde de Remolinos cómo van las cosas, me
contesta: mira, José María, si vuelve a crecer el río hoy, entrará en mi
municipio como Pedro por su casa porque nadie ha reparado las defensas
que rompió, y cada vez que oímos que llueve a cántaros en la cabecera del
río nos ponemos a temblar. Por eso, señorías, esta moción hoy está más
vigente que hace 15 días porque si ya consideramos —y así lo
explicamos en la interpelación— que mala fue la gestión de la
crisis, mucho peor está siendo la atención y la reparación de los daños
causados. Señorías, falta coordinación, falta inmediatez y faltan
recursos.


Con esta moción pretendemos dar respuesta a las angustias de las
gentes que viven y trabajan en la ribera y hacer todo lo posible para que
catástrofes como esta no vuelvan a hacer tanto daño. Presentamos, pues,
esta iniciativa con el ánimo de que el debate nos lleve a una posición
común de todos los grupos parlamentarios, y de que esta impulse a las
administraciones implicadas a redoblar esfuerzos, a mejorar su
coordinación y a acelerar las actuaciones y los pagos a los damnificados.
Pretendemos también retomar la inversión en las cuencas de los ríos y
dinamizar todos los programas de prevención, en coherencia con la
directiva europea de riesgos, y, especialmente, el Plan medioambiental
del Ebro y del Bajo Cinca porque la principal demanda de todos los
ribereños, señorías, sigue siendo pedirle al Gobierno que esto no vuelva
a suceder.


Contamos con reunir el apoyo de todos los grupos parlamentarios
para dar respuesta a lo que cada día nos piden las gentes que sufrieron
las consecuencias de estas inundaciones.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Becana.


Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la senadora
Navarro.


La señora NAVARRO VISCASILLAS: Muchas gracias, señor
presidente.


Comienzo mi intervención mostrando el agradecimiento de mi grupo
parlamentario al encomiable trabajo que han realizado y están realizando
el Gobierno de España, los gobiernos autonómicos y todos los
ayuntamientos afectados por la crecida del Ebro los pasados meses de
febrero y marzo, particularmente los días 26, 27 y 28 de febrero y 1 de
marzo.


Como saben, señorías, la mayor gravedad de los daños se produjo en
la provincia de Zaragoza, en particular, aguas arriba, hasta la localidad
de Novillas; aguas abajo, hasta Pina de Ebro y el embalse de
Mequinenza: 20 000 hectáreas de cultivo inundadas, 10 000 animales
ahogados, daños en infraestructuras, caminos y acequias. Pero se actuó y
se está actuando de manera rápida, coordinada y eficaz para intentar
paliar, en la media de lo posible, los graves daños de esta
catástrofe.


En cuatro días visitaron la zona el ministro del Interior, la
ministra de Agricultura, el delegado del Gobierno en Aragón, el
secretario de Estado, el presidente del Gobierno de España, las
presidentas y presidentes de las comunidades autónomas, consejeros,
alcaldes y muchos, muchos, ciudadanos que arrimaron el hombro en momentos
tan complicados. Creo que las instituciones han estado a la altura de las
circunstancias, y hoy es el momento de hablar de medidas y no de sacar
réditos electorales de esta catástrofe.


Como saben, el Gobierno de España, el Consejo de Ministros, el
día 6 de marzo, aprobó un real decreto ley en el que se adoptaron medidas
urgentes para reparar los daños causados por estos desastres naturales.
El Gobierno lo aprobó incluso cuando todavía no había una estimación
efectiva de los daños, en atención a la gravedad y a la necesidad de
restablecer el normal funcionamiento de los servicios públicos lo antes
posible. Les enumero algunas de las medidas que consideró relevantes del
mencionado decreto: ayudas adicionales a titulares de las explotaciones
agrícolas y ganaderas que teniendo pólizas en vigor, amparadas por el
plan de seguros agrarios combinados, hayan sufrido pérdidas superiores
al 30 %, y acordar la exención de evaluación de impacto ambiental de
aquellas obras de reparación o rehabilitación de infraestructuras,
equipamientos o instalaciones sujetas a dicha evaluación. En lo referente
al dominio público hidráulico, las medidas aprobadas son las siguientes:
restauración y reparación de los daños causados por las avenidas, tanto
en las infraestructuras hidráulicas como en los márgenes de los ríos,
limpieza, retirada de tapones y reparación de desagües, colectores,
sifones y drenajes para evitar que se puedan producir nuevas retenciones
de agua que puedan provocar nuevos desbordamientos, y la restauración de
paseos fluviales que hayan sido dañados en esos días de la crecida.


Los gobiernos autonómicos ya han precisado que adonde no llegue el
Gobierno de España, llegarán ellos. Señorías, me veo en la obligación de
poner de ejemplo al Gobierno de Aragón, que está realizando una labor
responsable e incansable por reparar lo antes posible las consecuencias
devastadoras de la crecida del Ebro. El Gobierno de Aragón ha aprobado
dos decretos de medidas urgentes para reparar los daños causados que
complementan el decreto estatal, cinco órdenes de las distintas
consejerías que establecen bases reguladoras y convocatorias de
subvenciones para reparar daños en agricultura, ganadería, viviendas,
enseres, situaciones de riesgo grave para corporaciones locales
afectadas, daños en personas físicas y jurídicas que hayan efectuado
prestaciones personales, y daños en establecimientos industriales,
comerciales y de servicios. También se ha suscrito un convenio entre el
Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza para que ambas
instituciones coordinen la actuación de reparación de infraestructuras
locales. Asimismo se ha suscrito un convenio con varias entidades
financieras al que se podrán sumar otras para facilitar el acceso a la
financiación de los damnificados por el desbordamiento del Ebro. Por
consiguiente, la reacción y el trabajo de los gobiernos ha sido
proporcionada y adecuada a la situación creada.


La voluntad de mi grupo parlamentario ha sido siempre la de llegar
a un consenso, porque entendemos que, ante situaciones como la descrita,
debemos aunar voluntades y caminar todos en la misma dirección.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora NAVARRO VISCASILLAS: Termino, señor presidente.


Por ello presentamos esta enmienda de sustitución a la presentada
por el Grupo Socialista, en la que se propone un consenso en los
puntos 1, 2.b) y 7. El resto de los puntos no los recogemos, bien porque
son competencia autonómica, bien porque, como he expuesto en la defensa
de nuestra enmienda, ya se están ejecutando.


Por todo ello, señor Becana, le vuelvo a pedir que acepten nuestra
enmienda de sustitución.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Navarro.


Tiene la palabra el senador Becana, para indicar si acepta o no la
enmienda.


El señor BECANA SANAHUJA: Muchas gracias, señor presidente.


Quisiera explicar a la Cámara que una parte importante del
contenido de la moción que presentamos aquí recoge literalmente el
acuerdo unánime adoptado por las Cortes de Aragón en el Parlamento
autonómico. Frente a esta propuesta, en la que también participó el
Partido Popular, su grupo parlamentario en el Senado nos presenta una
enmienda, a una moción que pensamos que es muy completa para atender a un
problema muy complejo, recortada, una enmienda que recorta el acuerdo de
las Cortes de Aragón y todo lo que aportaba el Grupo Parlamentario
Socialista, una enmienda condimentada como las lentejas, como siempre,
lentejas, que si quieres, las tomas, y si no, las dejas. Eso no es
consenso ni acuerdo ni es hablar. Sí quiero agradecer la actitud de la
senadora Navarro y del senador Aparici, porque disposición tenían. Pero
no nos han explicado por qué les molesta que los municipios estén en la
Comisión de Coordinación Administrativa. ¿Por qué les molesta trabajar
codo a codo con los alcaldes que fueron los que dieron la cara en primera
instancia, en segunda instancia y en última instancia en cada uno de los
municipios afectados? ¿Por qué les molesta hablar de ayudas económicas a
los afectados que vayan más allá de lo asegurado? Porque en su enmienda
dicen solamente que cobren los que tienen seguro, pero en el territorio
han estado diciendo que van a cobrar todos. ¿Por qué les molesta añadir
esto?


Una de las cosas que ha fallado en todo esto ha sido que durante
tres años en las actuaciones en materia de agua, en los ríos, se han ido
recortando cada año mil millones de euros. Eso ha hecho que los ríos no
tuvieran una conservación adecuada y que el Plan medioambiental del Ebro
y todas las actuaciones que había que hacer no se hicieran; y no se ha
desbordado solo el Ebro, después se desbordaron en la misma cuenca varios
ríos. Hay que trabajar en prevención. ¿Por qué les molesta incluir esto
en el texto que apruebe el Senado? No nos lo han explicado. ¿Por qué no
quieren hablar del Plan medioambiental del Ebro y del Bajo Cinca? ¿Por
qué nos hemos de perder en el debate de si hay que dragar el río a tope o
de si hay que hacer una conservación? Si todo eso está resuelto ya en un
documento de participación ciudadana que aprobó el Gobierno de Aragón, si
ya tenemos un punto de acuerdo, pongamos recursos y ejecutemos porque la
demanda principal que nos hacen los afectados es reparar el daño, echar
una mano para retomar cuanto antes la actividad, para recuperar la
vivienda, para poner en marcha la granja y la cosecha. Nos dicen: hacerlo
ya por favor, pero sobre todo lo que nos piden es que se empiece a
trabajar en el río de una forma continuada y programada para que cada vez
que crezca no se nos meta en casa. Eso es lo que nos están pidiendo y
para eso tenemos instrumentos derivados de los planes de la Unión Europea
y del acuerdo que tienen la Comunidad de Aragón y la cuenca del Ebro, y
del Plan medioambiental del Ebro y del Bajo Cinca. ¿Por qué molesta que
esta propuesta se incluya en el acuerdo unánime del Senado? Eso es lo que
me gustaría que nos explicara. Si realmente están orgullosos de todo lo
que han hecho que den la cara los ministros. Aquí no vino la ministra de
Medio Ambiente a explicarnos esto, vino el ministro del Interior. Lo que
nos piden los ciudadanos, de verdad, es que hablemos y que nos pongamos
de acuerdo, y sobre todo que nos pongamos todos a trabajar en la misma
dirección para reparar lo acontecido y evitar que en el futuro una riada
como esta vuelva a hacer tanto daño.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Becana.


¿Turno en contra? (Denegaciones).


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Yanguas.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Estamos debatiendo hoy, como ya se ha dicho aquí, la moción
consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista en el Senado con la que, ya lo digo de antemano, Unión del
Pueblo Navarro está totalmente de acuerdo, y cómo no vamos a estarlo si
habla de crear una comisión administrativa donde estén los ministerios,
los gobiernos y los ayuntamientos. Estamos de acuerdo en poner en marcha
un plan urgente para la seguridad del personal, para dar una compensación
económica, una reparación, y ayudas económicas y administrativas. Por
supuesto que estamos de acuerdo en acometer esa reparación urgente, en
mejorar sistemas de alerta, en recuperar el nivel de inversión, en
finalizar esa elaboración de sus mapas de zona y en hacer efectivas
ayudas aún no materializadas. Cómo no vamos a estar de acuerdo con esta
moción. En la exposición de motivos se dice que en Navarra también ha
habido graves daños como consecuencia de otras inundaciones anteriores
que han tenido como colofón esta de finales febrero y principios de marzo
que ha venido a dar la puntilla a tramos del río que estaban debilitados.
En Unión del Pueblo Navarro hemos pedido al Congreso y al Senado, con
tres preguntas orales y con la tramitación de una enmienda que se
convirtió en una transaccional con el Grupo Popular en su día, que se
haga algo, que se ponga remedio, porque todos hemos podido ver sobre el
terreno las consecuencias de estas avenidas. Hay que dejar de hablar y
pasar a los hechos porque cuando venga la siguiente volveremos, otra vez,
a lamentarnos, y a las personas ya no les queda mucha paciencia o más
bien ninguna.


Por eso, creemos adecuado todo lo que se solicita en la moción; ya
lo he dicho, hay que coordinarse, hay que acelerar las obras, pero
también hay que decir alto y claro que el ministerio correspondiente, que
el Gobierno de España, está trabajando. Está trabajando y lo está
haciendo hoy sobre el terreno, el de Navarra, y lo está haciendo en
colaboración con el gobierno de Navarra; y eso hay que decirlo. En UPN,
de la misma manera que decimos una cosa, decimos también que el Gobierno
de España está trabajando de manera coordinada y bien.


Se hace necesario también plantear un plan de choque para acelerar
lo previsto en ese Plan nacional de restauración de riberas o en el Plan
medioambiental. Desde luego, los documentos los tenemos muy claros, los
tenemos ya aprobados, pero las actuaciones conviene incluso acelerarlas
todavía más. En UPN, en el Senado y en el Gobierno de Navarra, nos
consta, y lo vuelvo a decir, que se está coordinando y haciendo todo lo
que está en nuestra mano para que esto no vuelva a ocurrir o para que las
consecuencias, si ocurre, sean las mínimas posibles.


Y sería bueno —y ya termino— que en este punto los dos
grandes partidos de la Cámara —veo que no va a ser posible—,
Partido Popular y Partido Socialista, Partido Socialista y Partido
Popular, se pusieran de acuerdo, como ya lo hemos hecho en algún otro
tema, en alguna moción que yo, incluso, tuve el honor de presentar aquí,
y que esto saliera por unanimidad. El tema y las consecuencias lo merecen
y los ciudadanos también lo merecen. Lo veo complicado y me produce un
cierto desasosiego haber escuchado a los portavoces porque, pese a que
han intentado ponerse de acuerdo, al final parece ser que no va a
conseguirse en algo tan importante, como aquí se ha dicho —cierto
es, y lo traído el Partido Socialista porque es urgente—,porque no
hay unanimidad. En UPN entendemos que nuestra responsabilidad es, y así
lo vamos a hacer, apoyar esta moción.


Muchas gracias y buenos días.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias.


Señor presidente, si lo me permite, intervengo desde el
escaño.


Señorías, yo, desde luego, no voy a entrar a discutir quién fue,
cuándo fue y cuántas veces fue y si fue con botas katiuskas o con zapato
plano. Yo creo que las inundaciones sucedieron cuando sucedieron y esta
moción viene cuando viene, que es cuando efectivamente se puede, como ha
dicho el senador Becana —y yo le creo—, comprobar que se han
hecho o que no se han hecho cosas. Yo creo que la discusión está en el
texto, que es lo que aquí hay que discutir. Y, desde luego, nosotros sí
estamos por la creación de una comisión de coordinación administrativa en
la que estén los ayuntamientos. A nosotros no nos afecta demasiado como
territorio, pero, evidentemente, si no están los ayuntamientos, de poco
sirve que haya una comisión administrativa ni que se haga ningún tipo de
coordinación. Por lo tanto, sí a su creación.


Lo de poner en marcha un plan urgente es importante; probablemente
ya tendría que estar hecho. Esperar ahora a hacer un plan urgente
retrasa. Hay que hacerlo; hay que hacerlo en algún momento y esta es la
mejor manera de impulsarlo. Sí que es cierto que aquí tenemos algunas
reticencias, pero urge saber cómo se hace la gestión del agua en Euskadi,
qué limpiezas, cómo, dónde, qué dragados, etcétera. Habría que ponerse de
una vez por todas a hacer una planificación y un estudio serio,
científico, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de
vista de la protección civil, de lo que hay que hacer, cómo, cuándo y
dónde, porque no se puede actuar de cualquier manera y en cualquier
sitio.


En cuanto al resto de puntos, lo mismo; pero quiero resaltar una
cosa que a mí me parece esencial, que es la mejora de los sistemas de
alerta y del protocolo de actuación. Los protocolos de actuación son
importantes, pero los sistemas de alerta son esenciales; son esenciales
para que, si no se puede evitar que haya daños físicos, evitar al menos
que haya daños personales.


Por último, quiero hacer referencia a los mapas de zonas de riego
e inundación. Estamos en 2015 y hay zonas que se inundan todos los años.
Cualquiera que viva en estos entornos sabe qué se inunda, cuándo y por
qué y si le duele la rodilla, porque tiene reúma, sabe que se va a
inundar su granja.


El séptimo punto es el que justifica todos los demás porque hacer
efectivas las ayudas, aún no materializadas pero comprometidas en 2013,
nos da la medida de lo que puede suceder en estas inundaciones
de 2015.


Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la moción, entre otras
cosas, porque nos parece que cuando el río trae 2000 metros cúbicos por
segundo se puede hacer entre poco o nada, salvo salvar a las personas.
Cuando hay que hacerlo es después y después es ahora y, por lo tanto, nos
parece que hay que hacer las cosas teniendo en mente esta misma
definición u otra parecida, y discutiéndolas. Por eso, vamos a votar a
favor.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.


Voy a usar un segundo para recordar a las víctimas del terremoto
de Nepal, hoy que hablamos de catástrofes naturales, pues no hay nada
parecido al vacío que le queda a alguien que lo ha perdido todo. Por
tanto, este debate es muy importante y trascendente para mucha gente,
aunque a veces no lo parezca.


Yo traje a esta Cámara el debate sobre las inundaciones del
Pirineo central en 2013 y tengo que ser enorme crítico con el Gobierno en
este asunto, porque, ciertamente, en 2013 ustedes no cumplieron con el
Pirineo. Yo recuerdo al ministro Fernández Díaz aquí, la respuesta que me
dio a una pregunta que le hice a ese respecto; mintió, pues dijo que
había un decreto y ese decreto no ha aparecido. El resultado, señor
Becana, es conocido. Usted se pregunta ahora sobre esa grave avenida de
aguas del río Ebro que se produjo hace unos meses, y yo le voy a decir lo
que ha pasado dos años después de las inundaciones del valle de Arán. Las
ayudas del Gobierno se han saldado, señorías, tras una avenida que causó
daños por decenas de millones de euros, con 60 000 euros; con 60 000,
senadora. Por tanto, queda pendiente todo el trabajo de recuperación de
espacios turísticos, de caminos rurales, de reparación de los daños en
estructuras municipales porque los ayuntamientos no han recibido nada
para reparar todos los problemas que ocasionó el agua en estos
municipios. Todo eso va a cuenta del inexistente decreto al que se
comprometió el ministro, señor Fernández Díaz. Y aun esperamos que el
señor De Pedro, presidente de la Confederación Hidrográfica, nos diga si
realmente, de los problemas detectados en las infraestructuras
hidráulicas del río, son esas infraestructuras las responsables de una
parte de los importantes daños que sufrieron algunos municipios e
instalaciones del valle de Arán. ¿Y saben que es lo peor de todo,
señorías? Que quienes están pagando esos daños en este momento, por
denuncias promovidas por el propio Gobierno, son personas como aquel
señor del Camping que rehízo sus bungalows y construyó un muro de defensa
para proteger sus tierras, y que hoy en este momento están ante los
jueces. Ustedes solo han actuado contra aquellos ciudadanos afectados por
denuncias cuya única actuación ha sido la de restaurar y proteger sus
propiedades. La conclusión de todo esto, señorías, es muy fácil: ustedes
son fuertes ante los débiles y agachan la cabeza ante los fuertes. Esa es
la conclusión que sacamos de aquellas avenidas que se produjeron en el
Pirineo central en 2013.


Los ríos necesitan atención, efectivamente —lo ha dicho el
señor Becana y no voy a insistir en ello— y mantenimiento. Hay que
hacer drenajes puntuales porque los cauces se ciegan y los efectos son
más que conocidos, y así lo reivindican en las calles de Zaragoza. Por
tanto, estamos a la espera de que finalicen los planes de gestión de
riesgo, aunque estos planes no pueden suponer que se vacíen los entornos
de los ríos para que no haya ningún tipo de actividad, señorías. Hemos de
encontrar soluciones razonables y sensatas para que en los valles, como
en el caso del Pirineo, la actividad económica alrededor de los ríos
pueda continuar y para que se garantice la seguridad de las personas,
pues ambas cosas deben ser compatibles. Es cierto que el debate es
complejo, pero los hechos no. Los hechos son los que son. Por tanto,
cuando ustedes lleguen al examen, al final de la legislatura, tendrán
muchos deberes pendientes y a mucha gente insatisfecha porque el Gobierno
no ha cumplido con lo que prometió.


Por tanto, señorías, deberíamos aprobar esta moción porque sería
un buen antídoto contra lo que ocurrió en 2013. Deberíamos aprobarla; a
ustedes les conviene aprobarla; y les conviene precisamente porque si
adquirimos el compromiso que se expresa en la misma, no volverá a suceder
que un senador tenga que venir aquí, al cabo de 2 años de las
inundaciones, a decirles lo que no han hecho y lo que queda pendiente por
hacer en el territorio. Esta es una moción sensata, oportuna y
responsable a la que el Gobierno no puede dar la espalda porque no puede
decirle a la gente que no sabe de qué va esto.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Muchas gracias, presidente. Buenos días,
senadores y senadoras.


Ya que hablamos de inundaciones, yo empezaré también recordando
una moción que trajimos a colación a este Pleno en julio de 2013. Lo digo
en castellano, pues se puede decir más alto pero no más claro.


El tema de les inundacions és un tema recurrent i que cal que
seguim parlant en aquesta cambra seguim parlant cada vergada que hi ha un
desastre d’aquesta naturalesa.


Aquesta moció que avui ens ha posat damunt la taula el Grup
Socialista mitjançant el senador Becana, ens recorda com tenim uns
decrets d’emergències molt bons, que especifiquen la coordinació
entre les administracions, però al moment de posar-los a la pràctica
segueixen tenint unes mancances molt grans i després de tots aquests
anys, la gent de la Vall d’Aran, de l’Alta Ribagorça, del
Pallars Sobirà, encara estan afectats per aquest tema i no han rebut la
resposta adequada que sol·licitaven en el seu moment.


I per tant això ens porta a pensar que sempre tenim a sobre la
taula un debat, una constatació d’uns desastres naturals que els
hem de pal·liar a posteriori i que sembla que no puguem prevenir-los de
cap de les maneres. Malgrat això, també hem instat en aquest Ple i també
en Comissió el fet d’invertir més en tot el tema de les estacions
de detecció de les avingudes, modernitzant els sistemes. Tot això se ha
instat al Govern perquè ho tiri endavant i la capacitat de resposta del
Govern actual és, si més no, lenta. No fa ni dos mesos que el desastre de
les inundacions torna a arribar al nostre país i tornem a parlar-ne aquí.
I tornen a posar damunt la taula que l’home no pot anar interferint
en el funcionament normal dels ecosistemes. Tots tenim clar que
interferir en el funcionament normal dels ecosistemes amb construccions,
edificacions, amb conurbacions que d’alguna manera tenen previstes
aquestes avingudes, fa que per una banda pugui ser dolent per la natura,
però que acabi sent fatal per l’home. Aquests desastres, sobre tot
d’aquesta magnitud, poden passar, diuen les estadístiques, una
vegada cada 100 anys, però per el que estem veient, aquesta freqüència
s’està alterant i està passant molt més sovint. Cal recordar que
avingudes d’aquesta magnitud a la conca de l’Ebre han anat
passant el 1961, el 2003, i com els recordava, a les capçaleres el juny
del 2013.


Jo penso que hem de començar a treballar en la correcció de
l’impacte d’aquests danys devastadors que produeixen les
inundacions, i d’alguna manera intentar explicar als habitants, als
pagesos, a les persones que tenen activitat econòmica i que han vist
arrasades les seves explotacions, que malgrat tots els ajuts que pugui
rebre o que puguem posar damunt la taula, ell també ha contribuït a
vegades a que es produeixi aquest desastre. Per això ho hem de fer a base
d’una bona planificació, i per això estem els grups polítics per
intentar analitzar què és el què està passant i intentar aportar
solucions.


La moció que en porta el Grup Socialista és el que reclama: que
aquest Pla d’inversions territorialitzat, aquest pla
d’emergències, aquesta més celeritat i aquesta actuació en la
prevenció es tingui molt en compte el moment de poder prevenir tots
aquests desastres.


I per tant, estem absolutament d’acord en que cal aquest Pla
d’inversions territorialitzat, cal comptar amb les poblacions a
l’hora d’actuar, cal un pla de correcció de les
infraestructures.


Com sempre, el panorama que ens ha presentat la moció i que hem
estat debatent fins ara, es veu que el panorama és bastant caòtic, que el
missatge és pessimista i decebedor, a la vista de que no hem arribat a un
consens i a trobar aquest punt de trobada entre tots el partits
—sí, perdó president, acabo— I per tant els commino a tots a
despertar i començar a veure el bosc del futur llunyà i que deixem de
costat l’arbre que ens molesta i que no ens deixa prendre les
decisions oportunes.


Per tant, els anuncio que el meu grup votarà a favor
d’aquesta moció. Moltes gràcies i bon dia.


El tema de las inundaciones es recurrente, y es necesario que en
esta Cámara se siga hablando de ello cada vez que haya un desastre de
este tipo.


Esta moción que hoy nos ha traído el senador Becana en nombre del
Grupo Socialista nos recuerda que tenemos unos decretos de emergencias
muy buenos que especifican la coordinación entre las administraciones,
pero cuando se tienen que poner en la práctica siguen teniendo unas
lagunas muy grandes y al final, después de todos estos años, las
poblaciones del Valle de Arán, de la alta Ribagorza, del Pallars Sobirà,
están todavía afectadas por este desastre y no han recibido la respuesta
adecuada que solicitaban en su momento.


Esto nos lleva a pensar que siempre tenemos encima de la mesa el
debate de unos desastres naturales que tenemos que paliar a posteriori y
parece ser que no se pueden prevenir de algún modo. A pesar de ello,
también se ha hablado, tanto en el Pleno como en la comisión, de la
posibilidad de invertir más en lo referente a las estaciones de detección
de las subidas de agua modernizando los sistemas. De todo esto se
hablado, se ha instado al Gobierno para que lo lleve adelante, y la
capacidad de respuesta del Gobierno actual es, como mínimo, lenta. No
hace ni dos meses que el desastre de las inundaciones vuelve a llegar a
nuestro país, volvemos a hablar de ello y ponemos encima de la mesa que
el hombre no puede interferir en el funcionamiento normal de los
ecosistemas. Todos tenemos claro que interferir en el funcionamiento
normal de los ecosistemas con construcciones, con edificaciones, con
conurbaciones que de algún modo no tienen previstas estas subidas de agua
hace que, por un lado, pueda ser malo para la naturaleza, pero, por otro,
acabe siendo fatal para el hombre. Estos desastres, sobre todo los de
esta magnitud, pueden ocurrir, según las estadísticas, una vez cada cien
años, pero por lo que se está viendo esta frecuencia se está alterando y
suceden mucho más a menudo. Tenemos que recordar que subidas de esta
magnitud en la cuenca del Ebro han ocurrido en 1961, en 2003 y, como les
recordaba, en las cabeceras en junio de 2013.


Considero que debemos empezar a trabajar en la corrección del
impacto de estos daños devastadores que producen las inundaciones, y de
algún modo intentar explicar a los habitantes, a los agricultores, a las
personas que desarrollan una actividad económica y que han visto sus
explotaciones arrasadas, que a pesar de todas las ayudas que puedan
recibir o que se puedan poner encima de la mesa ellos a veces también han
contribuido a que se produzca este desastre. Esto tenemos que hacerlo con
una buena planificación, y por eso estamos aquí los grupos políticos,
para intentar analizar lo que está pasando e intentar aportar
soluciones.


La moción que nos trae el Grupo Socialista reclama que este plan
de inversiones territoriales, este plan de emergencias se haga con más
celeridad y se haga hincapié en una acción de prevención para evitar todo
este tipo de desastres.


Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo en que es necesario
este plan de inversiones en el territorio, en que hay que contar con las
poblaciones y corregir las infraestructuras.


Como siempre, el panorama que nos presenta la moción y que hemos
estado debatiendo se ve que es realmente caótico, el mensaje pesimista y
decepcionante y no hemos podido encontrar un punto de encuentro entre
todos —acabo ya, señor presidente—, por lo que les conmino a
todos ustedes a despertar y a empezar a ver el futuro bosque y dejemos de
mirar hacia el árbol que nos molesta y que no nos deja tomar las
decisiones oportunas.


Por tanto, les digo que mi grupo votará a favor de esta
moción.


Muchas gracias y buenos días.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Becana.


El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, señor presidente.


Señorías, hay una fórmula infalible para alcanzar un acuerdo
ahora: dejen de llamar al asesor del Ministerio y llamen a los afectados
(Aplausos). Verán cómo, si escuchan al afectado en lugar de escuchar al
asesor de turno, hoy mismo nos ponemos todos de acuerdo.


Quiero empezar la intervención agradeciendo a todos los grupos
parlamentarios que hayan entendido tan bien la importancia de sacar
adelante juntos esta moción, una moción, es cierto, ambiciosa, pero una
moción que está a la altura del daño causado reiteradamente por los ríos
cuando estos no se cuidan como deberían cuidarse. Señorías, la prueba más
palpable que el Gobierno, el propio Gobierno sabe que no ha hecho las
cosas bien es que durante la gestión del desbordamiento del río hace dos
meses ni la ministra de Agricultura, ni el ministro del Interior ni el
propio presidente del Gobierno se atrevieron a mirar a los ojos a los
afectados; sobrevolaron la zona, pasaron por la ribera sin mirar a la
gente que más necesitaba no solamente del apoyo material, sino del apoyo
afectivo del Gobierno. ¿Por qué escondieron a la ministra de Agricultura?
¿Por qué encargó el presidente al ministro del Interior que fuera al
Congreso y que viniera al Senado para hablar de las inundaciones del
Ebro? ¿Acaso piensa detener la próxima inundación desplegando por la
ribera del Ebro los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con la
orden de que detengan al río cuando crezca? ¡Hombre, no son así las
cosas! Quien tiene que liderar la prevención es el Ministerio de
Agricultura, es el órgano competente para hacerlo. ¿Por qué el Ministerio
de Agricultura no quiere hablar de los mapas de riesgo, no quiere hablar
en la moción de los planes de gestión de riesgo de inundaciones? ¿Por qué
el Ministerio de Agricultura no les deja hablar en la moción del plan
medioambiental del Ebro y del Bajo Cinca, un instrumento de actuación en
el río acordado mediante la fórmula de la participación ciudadana y
aprobado por consenso? ¿Por qué?


Insisto en que la mejor manera de llegar a un acuerdo es hablar
con los afectados. Si lo hacen, verán que lo que nos están diciendo es
que, frente a lo que se ha hecho mal, la única respuesta posible es
atender a los damnificados y reparar los daños, pero, sobre todo, lo que
nos van a pedir es saber qué pasó con los sistemas de alerta. ¿Por qué en
la cuenca del Ebro, que dispone de más de 500 estaciones de aforo e
información, que cada quince minutos comunican a la confederación cuál es
la situación real del río, esta falló? Sabiendo que estaban pasando aguas
con más de 2000 m3 en Castejón y que dos días más tarde pasarían por
Zaragoza, ¿por qué en la ribera del Ebro se murieron 10 000 cabezas de
animales que nadie desalojó de las granjas? ¿Por qué se quieren negar a
hablar de mejorar los sistemas de alerta en la moción?


Esto es lo que queríamos explicar al Grupo Popular para llegar a
un acuerdo. Esto es lo que nos están pidiendo: que trabajemos para
prevenir. Las riadas son inevitables, pero los daños ocasionados por
ellas no; las riadas son inevitables, pero los daños pueden
evitarse.


Lo que no se puede tolerar es mezclar en este debate, como
hicieron el ministro del Interior y algunos responsables del Partido
Popular, temas que no tienen nada que ver con las crecidas del Ebro.
Hablar de desaladoras en Levante; hablar del trasvase del Ebro; hablar
del embalse de Biscarrués para haber evitado estas inundaciones
directamente es un insulto a las personas que más han sufrido las
consecuencias de estas inundaciones. En nombre de estas personas,
lamentamos de verdad que estas propuestas que hoy traemos aquí en
positivo con el fin de atender el daño de hoy y evitar los
daños…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BECANA SANAHUJA: Acabo ya, señor presidente.


En nombre de estos afectados, lamentamos que estas propuestas
caigan en saco roto por el rodillo de la mayoría parlamentaria que tiene
el Grupo Popular, porque el resto de los grupos parlamentarios estamos de
acuerdo, y por la decisión de un burócrata, de un asesor del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Becana.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Aparici.


El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, creo, señor Becana, que queda
bastante claro en qué momento del año estamos; se nota de una forma clara
que estamos en campaña electoral y que para ustedes cualquier cosa,
incluso las desgracias de otras personas, sirve para hacer demagogia y
política barata. (Denegaciones). Sí, señor Aldama, ya lo creo que
sí.


Usted ha citado aquí a personas que no han ido o no han podido ir
en cualquier momento a ver las inundaciones, como, por ejemplo, el
alcalde de Zaragoza. No lo ha citado, ¿verdad que no? Porque hacemos
demagogia. O no ha citado la frase más lamentable que he oído jamás decir
a alguien que aspira a ser presidente del Gobierno, cuando dijo aquello
de: «dónde co… está…». ¿Se acuerda, no? Lamentable, de
verdad, como lamentable lo que ha hecho usted aquí en la última
intervención, especialmente en la última intervención, porque usted sabe
que hemos hablado, y mucho.


Usted no es dios aquí. Usted presenta una propuesta que puede ser
muy buena o muy mala, y nosotros tenemos todo el derecho del mundo a
decir qué es lo que no debe estar en esa propuesta. Le voy a decir qué
dijimos que no debía estar, y usted lo sabe, pero no lo ha explicado
aquí. Usted ha venido a hacer demagogia y a levantar la voz de forma un
poco extraña. Le dijimos por qué pensábamos que esos puntos, que nosotros
dejábamos fuera de la moción, no debían estar. En unas ocasiones era
porque ya había competencias municipales, que venían reflejadas en las
oficinas que se montaron al respecto en los lugares correspondientes. ¿Se
lo dijimos? Sí. La otra razón que le dimos también es que usted ponía
cosas que eran de competencia autonómica, y aquí no se pueden aprobar
cosas que sean de competencia autonómica. ¿Se lo dijimos, señor Becana?
Sí. También se lo dijimos.






El que no oye y no quiere escuchar es usted,
no nosotros. Esto es exactamente lo que hicimos. Se lo explicamos así.
¿Por qué viene usted a decir ahora que nadie le ha explicado por qué se
reducen esos puntos de su moción?


Nosotros no tenemos ningún problema con su moción, todo lo
contrario; lo que pasa es que, como le dijimos, la mayoría de las
cuestiones que planteaba esta moción, con los informes que tenemos del
Gobierno, ya se estaban haciendo.


Aquí antes también se ha dado un dato que no es cierto respecto a
las ayudas de 2013. En la Comunidad Autónoma de Aragón, de la que tengo
los datos, se ha pagado, por lo menos, el 85 % de las ayudas de 2013
—se lo dijimos, señor Becana— y el 15 % que no lo está es por
contenciosos administrativos o falta de documentación. ¡Y ustedes vienen
aquí a decir que no se ha pagado nada! Así difícilmente se puede llegar a
acuerdos. Nosotros, ¡claro que sí!, somos partidarios del consenso.


Sobre temas de agua le puedo citar al menos dos mociones muy
importantes, presentadas por el Grupo Popular aquí en esta Cámara, y
aprobadas por unanimidad: la moción sobre el pacto del agua, en febrero
de 2012, y la moción sobre prevención de inundaciones en el año 2014.
Aquí ya se ha aprobado una moción sobre prevención del riesgo de
inundaciones por todos los grupos políticos en el año 2014, y alguien
viene aquí a decir que no se ha hecho nada sobre esta cuestión. Pues fue
una iniciativa del Grupo Popular que aprobamos aquí todos los grupos
políticos. Por favor, léanse lo que aprobamos en esta Cámara, porque creo
que algunos senadores no se enteran bien ni de lo que aprobamos aquí. Han
sido cuestiones puramente de matiz, señor Becana, o cuestiones que hemos
constatado claramente con el Gobierno, que ya se estaban haciendo, y, por
lo tanto, no valía la pena repetir, o cuestiones de competencias de
comunidades autónomas que, efectivamente, nosotros aquí no podemos
aprobar.


Lo que más me ha dolido es que, al citar las políticas de agua, ha
dicho que no las tratamos bien. Una clave de todo esto es este documento
que muestro aquí. Es el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro, señoras y
señores senadores, imagino que lo conocen todos ustedes. Este documento
se aprobó el año pasado: en febrero de 2014. ¿Saben ustedes cuándo
debería haber estado aprobado este documento? Debería haber estado
aprobado, señor Becana —si no lo sabe, se lo digo yo—, en el
año 2009. (Aplausos). Y usted viene aquí a decirnos que no nos
preocupamos o que no hacemos correctamente las políticas del agua. Pues
sí: el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, ha aprobado el
Plan hidrológico de cuenca, que está en revisión, y en el año 2015 estará
terminado. Y ahí están la mayoría de las cosas que usted ha citado aquí.
Los planes ambientales están aquí, señor Becana, forman parte de este
plan hidrológico.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor APARICI MOYA: Lo que pasa es que a veces parece que no
nos queremos enterar de las cosas.


De verdad le digo que lamento mucho su última intervención,
muchísimo, porque ha habido mucho diálogo. Hemos estado trabajando mucho.
Quiero felicitar a la senadora María Navarro, porque sé que han estado
ustedes dialogando y trabajando muchísimo, y lamento, como decía antes,
su última intervención que me ha resultado demagógica, buscando solamente
un rédito electoral de desgracias ambientales, por decirlo de alguna
manera, como estas.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor APARICI MOYA: Acabo, señor presidente.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista tal y como ha sido
presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 209;
votos emitidos, 209; a favor, 78; en contra, 131.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.









MOCIÓN POR LA QUE EL PLENO DEL SENADO DENUNCIA LA
DESPROPORCIONADA INVERSIÓN EN FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD Y POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A REFORZAR LAS INVERSIONES EN EL SERVICIO DE
RODALIES DE BARCELONA.


671/000167

GPCIU


El señor presidente da lectura al punto 5.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
se han presentado tres enmiendas. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Decía que a esta moción consecuencia de interpelación se han
presentado tres enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista, otra
del Grupo Parlamentario de la Entesa y, finalmente, otra del Grupo
Parlamentario Popular.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora
Candini.


Guarden silencio, señorías, por favor. (El señor vicepresidente,
Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).


La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.


Efectivament, presentem la moció conseqüència
d’interpel·lació arran de la interpel·lació que li vàrem fer a la
ministra Ana Pastor. Ja vàrem dir al seu moment en aquella intervenció
que ens semblava que, darrerament de manera molt especial, les inversions
que estaven vinculades a tota la xarxa ferroviària, al nostre entendre,
d’una manera o altra, tenint en compte els escassos recursos
econòmics atès el context econòmic actual, anaven de manera desmesurada
en infraestructures de què no quedava clar el seu retorn social i,
òbviament, el seu impacte econòmic. Per això avui presentem aquesta moció
conseqüència d’interpel·lació. En el seu primer punt, diem que el
Ple del Senat denuncia la desproporcionada inversió en ferrocarril
d’alta velocitat que s’ha pressupostat en la present
legislatura, amb inversions superiors a 13 000 milions d’euros,
davant la penúria d’inversions en els serveis de Rodalies, amb
inversions inferiors als 500 milions d’euros, i en serveis
utilitzats diàriament per centenars de milers de persones. Per això volem
instar el Govern a reequilibrar amb celeritat les seves prioritats
d’inversió en benefici de les línies de Rodalies davant
l’abús d’inversió en línies d’alta velocitat.


En el segon punt, el Ple del Senat insta al Govern a reforçar amb
urgència les inversions en el servei de Rodalies de Barcelona per tal de
millorar la freqüència del servei, reduir el nombre d’avaries,
millorar la puntualitat, augmentar la seguretat del servei, mantenir uns
preus de bitllets moderats i garantir l’accessibilitat en totes les
seves estacions. I, a aquest efecte, les inversions han d’anar
destinades preferentment a les actuacions següents. A partir d’aquí
el que fem és un detall d’una manera molt més clara, ubicada
territorialment, atès el seu dèficit històric, de determinades
inversions, que són: executar les inversions previstes en l’Acord
d’inversió en actuacions prioritàries durant el període 2014-2016
per a la millora de la seguretat, funcionalitat i fiabilitat del servei
de Rodalies de Catalunya, acordat pel Govern de Catalunya i el MIFO
el 2013 i amb una previsió d’inversió de 388,81 milions
d’euros.


A la lletra b, redactar els tres projectes de desdoblament de la
línia R3, Barcelona — Puigcerdà, Parets — Granollers, Les
Franqueses — La Garriga, i Balenyà — Tona — Seva
— Vic , i executar aquests projectes a partir de 2016, prioritzant
el tram de Parets del Vallès i la Garriga amb l’objectiu de
millorar el servei i augmentar la capacitat de la línia.


A la lletra c, iniciar el projecte d’implantació
d’ERTMS, corresponent al tram L’Hospitalet — Mataró de
les Rodalies de Barcelona.


A la d, reactivar les obres d’accés ferroviari a la nova
terminal de l’aeroport del Prat.


La lletra e té a veure amb iniciar la remodelació
d’unitats 447 que han de substituir totes les actuals unitats 470
al parc de Rodalies i Regionals de Catalunya.


A la lletra f, es parla de reduir les penalitzacions en temps que
es produeixen actualment en els serveis regionals i que afecten
principalment les línies R11, R12, R13, R14, R15 i R16, i implementar un
pla urgent de millora de la fiabilitat del servei de Regionals de
Catalunya.


Pel que fa a la g, l’execució d’un pla plurianual
destinat a garantir l’accessibilitat de totes les estacions a les
persones amb mobilitat reduïda en el termini de 10 anys.


I la h, elevar les aportacions de l’Estat a
l’Autoritat Metropolitana del Transport fins a equiparar-les a les
de la Generalitat, corregint la reducció de les aportacions dels últims
anys per tal de poder mantenir uns preus moderats dels bitllets sense
generar nous dèficits.


Tot aquest seguit de plantejaments que fem ubicats en obres
específicament d’àmbits territorials són, evidentment, necessitats
que han estat demostrades, no únicament pels sindicats i els diferents
organismes de mobilitat i de coordinació de les diferents institucions
metropolitanes i del conjunt de Catalunya, sinó també a partir de tots
aquells fulls de millora, sobretot de cara a aspectes de seguretat, que
tenen un impacte tan greu si no es corregeixen.


Jo vaig fer-ho en l’exposició de la mateixa interpel·lació
i, en tot cas, amb la meva segona intervenció ho faré també, els diré
quina és la quantitat de viatgers que representa això que estem
plantejant avui respecte a un altre àmbit d’inversió, com puguin
ser els trens de gran velocitat, que, òbviament, des d’un punt de
vista d’impacte d’usuari, és molt inferior. Per tant,
inversió, interès general, gran abast des del punt de vista de la
ciutadania i, sobretot, insisteixo, no es tracta únicament d’allò
que defensem del tren per a tots, sinó que a més a més volem trens amb
garanties de seguretat, que vol dir de seguretat per als usuaris.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Presentamos la moción consecuencia de interpelación a raíz de la
interpelación formulada a la ministra Ana Pastor. Ya dijimos en su
momento en esa intervención que nos parecía que últimamente de forma más
especial las inversiones vinculadas a toda la red ferroviaria, a nuestro
entender en cierto modo, teniendo en cuenta los escasos recursos
económicos dado el contexto económico actual, se estaban otorgando de
forma desmedida a infraestructuras cuyo retorno social e impacto
económico no quedaba claro. Por ese motivo me gustaría presentar esta
moción consecuencia de interpelación, en la que en el primer punto
decimos que el Pleno del Senado denuncia la desproporcionada inversión en
ferrocarril de alta velocidad presupuestada en la presente legislatura,
con inversiones superiores a 13 000 millones de euros, frente a la
penuria de inversiones en los servicios de cercanías, con inversiones
inferiores a los 500 millones de euros, en servicios utilizados
diariamente por cientos de miles de personas. Por ello instamos al
Gobierno a reequilibrar con celeridad sus prioridades de inversión en
beneficio de las líneas de cercanías frente al abuso de inversión en
líneas de alta velocidad.


En el segundo punto, el Pleno del Senado insta al Gobierno a
reforzar con urgencia las inversiones en el servicio de Rodalies de
Barcelona para mejorar la frecuencia del servicio, reducir el número de
averías, mejorar la puntualidad, aumentar la seguridad del servicio,
mantener unos precios de billetes moderados y garantizar la accesibilidad
en todas sus estaciones. A tal efecto, las inversiones deberán ir
destinadas preferentemente a las siguientes actuaciones. Y a partir de
este punto detallamos de forma mucho más clara y con ubicación
territorial determinadas inversiones, dado su déficit histórico, que son
las inversiones previstas en el Acuerdo de inversión en actuaciones
prioritarias durante el período 2015-2016, para la mejora de la
seguridad, funcionalidad y fiabilidad del servicio de cercanías, Rodalies
de Cataluña, acordado por el Gobierno de Cataluña y el MIFO en 2013 con
una previsión de inversión de 388,81 millones de euros.


En la letra b, redactar los tres proyectos de desdoblamiento de la
línea R3 Barcelona-Puigcerdá-Parets— Granollers-Les Franqueses-La
Garriga y Balenyà-Tona-Seva-Vich y ejecutar dichos proyectos a partir
de 2016 priorizando el tramo de Parets del Vallès y La Garriga con el
objetivo de mejorar el servicio y aumentar la capacidad de la línea.


En la letra c iniciar el proyecto de implantación de ERTMS
correspondiente al tramo L?Hospitalet-Mataró de las cercanías de
Barcelona.


En la d, reactivar las obras de acceso ferroviario a la nueva
terminal del aeropuerto de El Prat.


La letra e se refiere a iniciar la remodelación de 447 unidades
que han de sustituir las actuales 470 del parque de cercanías y
regionales de Cataluña.


La letra f se refiere a reducir las penalizaciones en tiempo que
se producen actualmente en los servicios regionales y que afectan
principalmente a las líneas R11, R12, R13, R14, R15 y R16 e implementar
un plan urgente de mejora de la fiabilidad del servicio de regionales de
Cataluña.


La letra g propone la ejecución de un plan plurianual destinado a
garantizar la accesibilidad de todas las estaciones a las personas con
movilidad reducida en el plazo de diez años.


La última letra, la h, es elevar las aprobaciones del Estado a la
Autoridad Metropolitana del Transporte hasta equipararlas a las de la
Generalitat corrigiendo la reducción de aportaciones de los últimos años
con el fin de poder mantener unos precios moderados de los billetes sin
generar nuevos déficits.


Toda esta lista de planteamientos que realizamos ubicados en obras
específicas en ámbitos territoriales son, qué duda cabe, necesidades que
han sido demostradas, no solo por parte de los sindicatos y de los
distintos organismos de movilidad y coordinación de las distintas
instituciones metropolitanas así como de las distintas instituciones del
conjunto de Cataluña, sino también a partir de todas las mejoras y
concretamente de los aspectos de seguridad cuyo impacto es tan grave de
no corregirse.


Ya en la exposición de la interpelación me referí, y en mi segunda
intervención también voy a insistir sobre la cantidad de viajeros que
esto representa, a otro ámbito de inversión como podrían ser los trenes
de alta velocidad. Evidentemente, desde un punto de vista del impacto del
usuario es mucho menor, con lo cual, inversión, interés general, gran
alcance para la ciudadanía, y ante todo, insisto en ello, no se trata de
defender el tren para todos; lo que estamos haciendo es conseguir trenes
con garantías de seguridad, lo que significa seguridad para los
usuarios.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Candini.


A esta moción se han presentado tres enmiendas: una del Grupo
Parlamentario Socialista, otra del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya
y otra del Grupo Parlamentario Popular.


Para la defensa de la del Grupo Socialista, tiene la palabra el
senador Fernández Ortega.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño para explicar y aclarar cuál es el
motivo de nuestra enmienda, que persigue una doble intención. Por un lado
no condicionar, no descalificar las inversiones en AVE, que nosotros
consideramos estratégicas para el desarrollo de nuestro país y que son
muy importantes en este momento para crear empleo y para aumentar en el
futuro la competitividad de los territorios en sectores muy importantes
como, por ejemplo, el turístico, que supera el 10 % del PIB de nuestro
país, en territorios que están condicionados por tener o no tener unas
buenas comunicaciones. Creo que esto se entiende perfectamente en
ciudades como Barcelona, donde tienen 7,5 millones de visitantes al año o
en Granada, ciudad que, con la Alhambra, supera los 2 millones de
visitantes al año. Debemos tener las mejores condiciones de comunicación
para que ese turismo, para que la riqueza que se genera y ese empleo
continúen en el futuro. Por tanto, las inversiones en AVE son
importantes, aun reconociendo, como lo hemos hecho en debates de
presupuestos, que hay una enorme desproporción entre las inversiones en
cercanías y en AVE. Nos gustaría desvincular las inversiones en AVE de
las inversiones en cercanías.


Por otro lado, persigue nuestra enmienda cuantificar una
expectativa de inversión. No solo invirtamos más en cercanías, hablemos
de cuánto, de cantidades. Nos parecía una buena referencia para empezar a
discutir y debatir volver a la situación de 2011, en que ya había crisis
y muchos problemas en este país, aunque, sin embargo, estábamos
condicionando y fijando unos Presupuestos del Estado con el 9 % de la
inversión de ferrocarril destinada a cercanías. Esto significaba tener
una mayor sensibilidad, con una inversión socialmente muy importante y
que nosotros decidimos que se aumentara. Por tanto, estamos de acuerdo
con aumentar la inversión en cercanías, pero pongamos como referencia,
que puede ser buena, el 9 %, puesto que el Partido Popular, cuando llegó
en el año 2012, bajó al 0,5 % la inversión en ferrocarril, poniendo unos
ridículos 28 millones de euros para toda la inversión en cercanías
durante un año. Y seguimos en el ridículo, porque tampoco acaban de
cumplirse los presupuestos, pero ya me extenderé más en mi intervención
en el turno de portavoces.


Nos parece que es una enmienda razonable. Mantengamos las
inversiones para el AVE, que son estratégicas para el empleo hoy y para
la competitividad mañana, pero no las mezclemos con las de cercanías, y
aumentemos la inversión en estas —por lo menos en un 9 %, lo que no
quiere decir que ese sea el tope— todo lo necesario para que
tengamos unos servicios dignos para los ciudadanos que, sobre todo, son
usuarios que merecen la atención del Estado. Significativamente, cada año
los aeropuertos o los puertos reciben mucha más inversión que las
cercanías, cuando estas mueven muchos más pasajeros. Repito que abundaré
en estos argumentos durante la intervención en el turno de
portavoces.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Fernández Ortega.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador señor Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, president. Bon dia.


Senadores i senadors. Sens dubte, la situació de les Rodalies a
Barcelona és, com a mínim, deficient. Crec que la senadora Candini ho ha
explicat bé al llarg de la seva interpel·lació i en la presentació de la
moció. Hi ha problemes de freqüències, de puntualitat, d’avaries,
de manteniment, de seguretat, d’accessibilitat i de confort que fan
que aquest servei no estigui ni a l’alçada de les necessitat ni de
les demandes que de manera absolutament justificada planteja i mereix la
ciutadania de l’àrea metropolitana de Barcelona. Tot i així, el
nostre grup entén que una societat moderna, pròspera i just ha de fer una
aposta integral pel ferrocarril, perquè el mode de transport del
ferrocarril té a veure amb objectius que una societat com la nostra,
entenem, s’ha de plantejar sense reserves i a fons, objectius en el
medi ambient, objectius en la igualtat d’oportunitats, en la
seguretat i en l’eficiència econòmica, que fan que aquest mode de
transport sigui, i hagi de ser encara més en el futur, absolutament clau
i molt millor que el transport amb cotxe, amb camió o amb avions.


Per això el nostre grup entén que no hem de renunciar a un esforç
sostingut en qualsevol de les modalitats ferroviàries, ni en el tren
d’alta velocitat, ni en els trens de mitja distància, ni en els
metros, ni els tramvies, ni en les rodalies que configuren el conjunt del
sector ferroviari. No es pot contraposar, ens sembla, aquests modes de
transport ferroviari competint entre ells. És el conjunt del sector
ferroviari el que ha de desplaçar i competir i guanyar la batalla al
cotxe, als camions i als avions. Perquè les rodalies fan un servei
imprescindible de garantir una mobilitat de qualitat en la proximitat,
però els trens d’alta velocitat són, ens sembla, un èxit en termes
de connexions de mitja i llarga distància, i juguen a favor, com deia el
senador Fernández, de la competitivitat dels territoris, peça
absolutament clau en el nostre entorn totalment globalitzat.


A més, senadors i senadors, al nostre país, a Catalunya, encara hi
ha inversions en l’AVE pendents i molt, molt necessàries. Estic
pensant, evidentment, en l’estació intermodal de la Sagrera, la
gran estació de Catalunya. N’hem tingut oportunitat de parlar en
altres ocasions. Està molt endarrerida i sembla que les actuals
administracions no hi creguin. I, evidentment, també se n’ha parlat
a bastament, el corredor del Mediterrani. No podem renunciar a la
connexió Barcelona -València-Algesires per alta velocitat, i el que
comporta també l’alta velocitat, que és l’ample de via
internacional, que permet també un desenvolupament de les mercaderies
molt més eficient i molt millor.


Per aquests motius, el nostre grup ha presentat l’esmena de
supressió al punt 1, per no contraposar, com deia, una part dels modes
ferroviaris amb els altres i, per tant, demanem a Convergència i Unió
que, entenent que, encara que forma part de l’argumentació, no
forma part del nucli de la interpel·lació i de la reivindicació, pugui
acceptar la nostra esmena. Si així ho fes, el nostre vot, per descomptat,
seria a favor d’aquesta posició.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente. Buenos días.


Senadoras, senadores, sin duda, la situación de las cercanías en
Barcelona es, cuando menos, deficiente. Me parece que la senadora Candini
lo ha explicado bien a lo largo de su interpelación y en la presentación
de la moción. Existen problemas de frecuencias, de puntualidad, averías
de mantenimiento, problemas de seguridad, accesibilidad y confort que
hacen que este servicio no se encuentre ni a la altura de las necesidades
ni de las demandas que de forma absolutamente justificada plantea y
merece la ciudadanía del área metropolitana de Barcelona. Aun así,
nuestro grupo entiende que una sociedad moderna, próspera y justa debe
realizar una apuesta integral por el ferrocarril, puesto que este modo de
transporte tiene que ver con objetivos que entendemos que una sociedad
como la nuestra debe plantearse sin reservas y a fondo. Se trata de
objetivos de medioambiente, objetivos en la igualdad de oportunidades, en
la seguridad y en la eficiencia económicas que hacen que este modo de
transporte sea, y deba serlo aún más en el futuro, absolutamente clave y
mucho mejor que el transporte en coche, camión o avión.


Por ello, nuestro grupo entiende que no debemos renunciar a un
esfuerzo sostenido en cualquiera de las modalidades ferroviarias, ni en
el tren de alta velocidad, ni de media distancia, ni en metros, ni
tranvías, ni cercanías, que configuran el conjunto del sector
ferroviario. A nosotros nos parece que no se pueden contraponer estos
modos de transporte ferroviario para que compitan entre ellos. El
conjunto del sector ferroviario es el que debe desplazar, competir y
ganar la batalla al coche, a los camiones y a los aviones porque las
cercanías prestan un servicio realmente indispensable para garantizar una
movilidad y accesibilidad en la proximidad, pero nos parece que los
trenes de alta velocidad son un éxito en términos de conexión, de media y
larga distancia, y juegan a favor, como decía el senador Fernández, de la
competitividad de los territorios, pieza absolutamente clave en nuestro
entorno totalmente globalizado.


Es más, senadoras y senadores, en nuestro país, en Cataluña,
existen aún hoy inversiones pendientes en el AVE que son muy, pero que
muy necesarias. Estoy pensando en la estación intermodal de La Sagrera,
la gran estación de Cataluña, sobre la que hemos tenido la oportunidad de
hablar en otras ocasiones. Se encuentra con un grave retraso y parece que
las actuales administraciones no creen en ella. Evidentemente, también se
ha hablado del corredor del Mediterráneo. No podemos renunciar a la
conexión Barcelona-Valencia-Algeciras por alta velocidad, con lo que esta
conlleva, el ancho de vía internacional, que permite un desarrollo de las
mercancías mucho más eficaz y mejor.


Por estos motivos, nuestro grupo ha presentado la enmienda de
supresión del punto 1 para no contraponer, como decía, parte de los modos
ferroviarios con los otros. Por lo tanto, solicitamos a Convergència i
Unió que, aunque forma parte la argumentación, pero no del núcleo de la
reivindicación, pueda aceptar nuestra enmienda. En ese caso, nuestro
voto, por supuesto, sería a favor de esta moción.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martí.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
señor Ortiz.


El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo
también desde el escaño.


Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda por la cual
asume los compromisos de la ministra en el debate de la interpelación.
Sabe la senadora Candini —hemos estado hablando sobre el
tema— que hay unos puntos que posiblemente a ella le parecen
insuficientes, pero vuelvo a reiterar que el compromiso es asumido en una
iniciativa parlamentaria por la ministra del ramo como es, por ejemplo,
la redacción de los proyectos del desdoblamiento de la línea R3. Ya le
dijo la ministra que se va a redactar el proyecto de duplicación
inicialmente del tramo Parets del Vallès-La Garriga y se tramitará
ambientalmente.


En su moción usted también solicita iniciar el proyecto de
implantación del sistema de seguridad ERTMS correspondiente al tramo
L?Hospitalet-Mataró. Le quiero recordar que en el debate de la
interpelación la propia ministra dijo que ADIF tiene en marcha la
contratación del proyecto de implantación de este sistema en el tramo
indicado y que el plazo de ejecución y puesta en marcha es antes de
finalizar el presente año.


Usted, en uno de los puntos de su moción, solicita que se reanuden
las obras del acceso ferroviario al aeropuerto de El Prat. Pues bien,
quiero decirle que desde principios de verano se están desarrollando los
trámites oportunos para su aprobación por el Consejo de Ministros,
trámite indispensable y obligatorio.


Reitero que la intención de mi grupo parlamentario es plasmar en
un debate, y en el Diario de Sesiones, el compromiso que asumió la
ministra de Fomento en la interpelación de la que es consecuencia esta
moción y, por lo tanto, nosotros estaríamos encantados de que la
proponente aceptara nuestra iniciativa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Ortiz.


Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, autor de la moción originaria, para
indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.


Senadora Candini.


La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.


En tot cas, per l’esmena presentada pel senador Fernández,
voldria dir-li que part del seu relat el compartim plenament. És evident
que el que plantegem nosaltres, tot el que té a veure amb trens
d’alta velocitat, no estem dient que no puguin estar
interconnectats altres territoris, sinó que ens sembla que, per
l’actual context econòmic, s’hauria de prioritzar molt més,
sobretot pel context econòmic.


I li puc assegurar que, en el primer punt, no teníem cap mena de
voluntat que se’n pugui desprendre un to de desqualificació, tot el
contrari, de constatació. Entre la desqualificació i la constatació, al
nostre entendre, hi ha tot un món, però de ben segur que no hem sabut
trobar la manera, perquè si vostès han interpretat això, no és el nostre
esperit.


Vostè diu que el que els sembla equilibrat, encertat, que situa
les coses com són, és posar una referència econòmica, que és el 9 %. I
ara hi fa una coletilla —ho dic així en castellà—, hauria
estat molt diferent si vostès ho haguessin expressat d’aquesta
manera: que no quiere decir que sea el tope. Ah, és que aquí estem,
perquè si nosaltres admetem que sigui el 9 %, això és molt per sota del
que al seu dia la mateixa ministra Chacón va presentar quan era candidata
al Programa de Rodalies d’aquell moment. El 9 % no és que estigui
per sota, sinó que està molt per sota. Per tant, si vostè en el mateix
redactat hagués fet servir una altra terminologia, segur que nosaltres no
hem sabut trobat el to, ja li ho he dit, perquè si a vostès els sembla
que és desqualificació, no l’hem sabut trobar, no, constatació,
però vostès tampoc. No ens posin un 9 %, perquè un 9 % no és que estigui
molt per sota del que diem nosaltres, sinó molt per sota del que deien
vostès. Per tant, trobem l’equilibri. No li ho puc acceptar
pel 9 %, bàsicament. En canvi, tot el relat, les explicacions, les
compartim plenament, senador Fernández, però no li puc acceptar.


Pel que fa al senador, Martí, li ho acceptem, sí, té raó. Ja ho
hem comentat abans. Jo crec que el punt aquest primer és un punt més,
insisteixo, de constatació, però que forma part de l’explicació
política, òbviament no és pas la part dispositiva, que són els altres
punts i els essencials, els importants, en què ens hem de posar
d’acord. Només un petit comentari, però, en tot cas, després en el
torn de portaveus ja ho acabarem de comentar.


És evident que vostè fa referència a l’AVE, a aspectes molt
endarrerits, com l’estació de La Sagrera —i hi estem
totalment d’acord— i el corredor del Mediterrani, però jo el
que intento, si més no la voluntat d’aquesta moció i
interpel·lació, era parlar de Rodalies. Vostè ho sap, n’ha fet
referència, per totes les raons de seguretat, de mobilitat,
d’instruments, de garanties tècniques, etc., però que
l’acceptem plenament. Insisteixo, era més una valoració política
que ens semblava que acabava de completar la justificació que feia que
féssim la interpel·lació i, conseqüentment, la moció, però no tenim cap
problema de retirar-la.


I, pel que fa al Partit Popular, senador... —el conec tant
que no recordo mai el nom—, sap què passa, senador? Que el que
presenten vostès està per sota del que han acordat el Ministeri i el
Govern de la Generalitat. Està per sota. Jo sé que a vostè ara
l’assessor corresponent del Ministeri li dirà el que li diu i a
vostè li toca dir el que li toca dir, senador. És així, no hi ha més
certa que la que crema. Però això està molt per sota del que van acordar
la ministra Pastor amb el conseller Vila. Per tant, no podem acceptar una
cosa que està per sota d’allò que es va fer públic, a més a
més.


Per tant, allò de la bona voluntat de redactar, iniciar,
reactivar, seguirem impulsant... tots aquests eufemismes, forma part de
la política del dia a dia i, faltaria més, que no s’hagués fet com
a mínim això. Però li asseguro que, en tot cas, el tècnic o
l’assessor del Ministeri, el que realment ho sap, aquell dia devia
agafar festa i li han passat una moció que està molt per sota dels
compromisos agafats. Per tant, no podem acceptar-ho.


Gràcies.


Gracias, señor presidente.


Respecto a la enmienda presentada por el senador Fernández, me
gustaría decirle que compartimos plenamente parte de su relato. Es
evidente que cuando nosotros planteamos todas estas cuestiones que tienen
que ver con los trenes de alta velocidad no estamos diciendo que no
puedan estar interconectados con otros territorios, sino que nos parece
que, por el contexto económico actual, deberían priorizarse mucho más
otros servicios ferroviarios, sobre todo, como digo, dado el contexto
económico.


Le aseguro que en el primer punto no teníamos ninguna voluntad de
que se pudiera deducir un tono de descalificación. Todo lo contrario.
Sencillamente, me parece a mí que era un tono de constatación. Entre la
descalificación y la constatación, a nuestro entender, existe todo un
mundo. Quizá no hemos encontrado la forma si ustedes no lo han
interpretado así, pero ese no era nuestro espíritu.


Usted ha dicho que le parece equilibrado o que situar las cosas
como son supondría dar una referencia económica de ese 9 %. Y luego añade
la coletilla —utilizo el término en castellano— de que
hubiera sido muy distinto si ustedes lo hubieran expresado así, que no
quiere decir que sea el tope. En eso estamos, porque el 9 % está muy por
debajo de lo que en su día la ministra Chacón, cuando era candidata,
presentó como programa de cercanías. El 9 % no es que esté por debajo, es
que está muy por debajo. Por lo tanto, ustedes podrían haber utilizado
otra terminología en el redactado. Seguro que nosotros no hemos
encontrado el tono, porque si a ustedes les parece que estamos
descalificando es que no lo hemos encontrado, pero ustedes tampoco. Esto
es una constatación. No nos pongan el 9 % porque este porcentaje no es
que esté muy por debajo de lo que nosotros decimos, sino que está muy por
debajo de lo que decían ustedes, con lo cual, encontremos un equilibro.
No se lo puedo aceptar por ese 9 %, básicamente por ese 9 %, pero todo el
relato y las explicaciones las compartimos plenamente, senador
Fernández.


En cuanto al senador Martí, como ya hemos dicho, aceptamos el
punto primero que, insisto, es de constatación y forma parte de la
explicación política pero, evidentemente, no es la parte dispositiva, que
son las cuestiones esenciales en las que debemos ponernos de acuerdo. Es
un pequeño comentario al que me referiré posteriormente en el turno de
portavoces.


Es evidente que usted hace referencia al AVE, pero también se
producen retrasos, por ejemplo, en la estación de La Sagrera
—estamos totalmente de acuerdo— y en el corredor del
Mediterráneo. Pero en esta moción hablamos de cercanías, por los motivos
que usted conoce y que ha mencionado: seguridad, movilidad, instrumentos,
garantías técnicas, etcétera. Pero, repito, lo aceptamos plenamente
porque es una valoración política y nos parece que acaba de completar la
justificación de la interpelación y de la consecuente moción. Por tanto,
no tenemos ningún problema en aceptarla.


En cuanto al Partido Popular, senador —le conozco tanto que
no me acuerdo nunca cómo se llama—, lo que ustedes nos presentan
está por debajo de lo que acordaron el ministerio y el Gobierno de la
Generalitat. Sé que el asesor correspondiente del ministerio le habrá
informado y usted dice lo que le toca decir. Es así, senador, no hay más
cera que la que arde. Pero, repito, lo que ustedes nos presentan está muy
por debajo de lo que acordó la ministra Pastor con el conseller Vila y,
por tanto, no podemos aceptar aquello que está por debajo que, además, se
hizo público.


Por tanto, nuestra voluntad es iniciar, reactivar y seguiremos
impulsando todo esto, sin eufemismos, porque forma parte de la política
del día a día. Faltaría más, es lo mínimo. Pero le aseguro que el técnico
o el asesor del ministerio, que es el que realmente lo sabe, ese día
debía tener fiesta y le han pasado una contestación que está muy por
debajo de los compromisos adquiridos. Por ello no vamos a aceptarla.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Candini.


Por consiguiente, entiende la Presidencia que acepta la enmienda
de Entesa y no acepta las otras dos. (Asentimiento).


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Bai,eskerrik asko, mahaiburu
jauna.


Bueno beste behin aurkitzen gara Sustapen Ministeritzari buruzko
gaiei edo berari dagozkion gaiei buruz debatitzen. Eta ez bakarrik berari
dagozkion gaiak, baizik eta Sustapen Ministeritzak dauzkan inbertsioei
buruz hitz egiten. Eta inbertsio hauek egiterakoan hartzen diren edo
hartzen dituen irizpideak lehentasunak finkatzerakoan.


Candini senatariak aipatzen zuen eta nabari geratu da debatea ez
dagoela AHTari buruz edo AHTrentzako inbertsioak edo aldirikako trenak
edo gertuko trenak inbertsioa. Zalantzarik gabe, bestela gure taldeak
ezingo luke onartu mozio honek dioena, lehenengo puntuan aipatzen duenean
inbertsioak nolabait proportzioz kanpo daudela bata eta bestearen alde.
Nire izenean eta nire taldearen izenean, behin baino gehiagotan entzun
didazue zuek nire erreibindikazioa behin eta berriro Espainiako Gobernuak
hartzen dituen konpromisoak eta horren ondorioz Sustapen Ministeritzak
hartu dituen inbertsioak guretzat, Euskadirako, gabezi handikoak direla
eta ez direla nahikoak, beraz, ezingo genituzke onartu lehenengo puntuan
dauden esaldiak. Horrekin diodana da Entesa taldeak aurkeztu duen
emendakinarekin bat gatozela eta gainera Candini senatariak onartu
duenean askoz ere erosoago sentitzen gara mozio honen aurrean.


Berak zioen moduan, disposizioa, hain zuzen ere, dela benetako
mamia daukan puntua, bigarren puntua, eta puntu horrek dauzkan atal
guztiak, zalantzarik gabe argudiatu duen guztiarekin bat gatoz. Ez gara
gu izango inor beraiek dituzten beharrak edo gabeziak zalantzan jarriko
genituzkeenak. Beraz, errepikatzen dut, Sustapen Ministeritzak egiten
dituen inbertsio guztien benetako lehentasunak eta irizpide batzuei
erantzunezko lehentasunak beharra daukala finkatzerakoan, zeren eta kasu
honetan, nahiz eta bat etorri ez, ageri geratu da ez direla ondo eginak
izan.


Gure kasuan, Euskadiko AHTari buruz hitz egiten dugunean ez gatoz
bat ere ez, ez gaude ados, eta egia da, eta aipatu da, egoera ekonomikoa,
egoera ekonomiko berezi baten aurrean Espainiako Gobernuari zegokiona zan
helburuak birplanteatu, helburu horiei erantzuna emateko inbertsioei
aurre egiteko lehentasunak finkatu eta irizpide zehatz batzuei
erantzunez, gure kasuan Europak finkatzen dituen irizpideei
erantzunez.Gure kasuan ez da bete, kasu honetan ere ez.


Eta egia da Talde Popularreko senatariak aipatzen zuela beraien
emendakina finkatzen zela ministroak hartutako konpromisoetan. Ba,
senatari jauna, nire hitzetan esan dezakedana da ministroak izaten dituen
hitzak eta Espainiako Gobernu honek hartzen dituen hitzak behin eta
berriro esan dut, hitzetatik ekintzetara pasa dadila, nahikoa da, garaia
da, beraz, ulertzen duguna da ekintzak behar ditugula bestela behin eta
berriro mozio honek eta beste milaka izan ditugunak aurkituko ditugu
hemen behin eta berriro erreibindikatzeko gaizki egiten ari dena.


Horrekin guztiarekin gure taldearen babesa CIUk aurkeztutako
mozioari.


Mila esker.


Muchas gracias, señor presidente.


Una vez más estamos debatiendo temas que corresponden al
Ministerio de Fomento, aunque no únicamente a este ministerio, porque
hablamos de inversiones y hay una serie de criterios que se utilizan para
fijar las prioridades.


Como decía la senadora Candini, ha quedado claro que el debate no
es si invertir en las líneas de cercanías o en las de alta velocidad,
porque en ese caso no podríamos aceptar su moción. En el primer punto se
dice que las inversiones son desproporcionadas a favor de una y en
detrimento de otra; pues bien, en mi nombre y en el de mi grupo, como he
dicho muchas veces, vuelvo a reivindicar lo mismo que ya conocen, que el
Gobierno español ha adoptado una serie de compromisos y el Ministerio de
Fomento ha realizado una serie de inversiones que no son suficientes para
nuestras necesidades en el País Vasco. Por tanto, este primer punto no lo
podemos aceptar. Con esto quiero decir que estoy de acuerdo con la
enmienda de Entesa, y como ha sido aceptada por la senadora Candini nos
sentimos más cómodos.


El punto 2 de la moción, con todos sus apartados, es el más
importante. Estamos de acuerdo con todo lo que se ha debatido. No vamos a
ser nosotros quienes neguemos las necesidades y las carencias en
Cataluña. Respecto al Ministerio de Fomento, es cierto que debe fijar las
prioridades a la hora de realizar inversiones porque, aunque no estemos
de acuerdo, ha quedado claro que estas no se han fijado bien.


En nuestro caso, en cuanto a la alta velocidad en Euskadi, tampoco
estamos de acuerdo. Como ya se ha dicho, es cierto que la coyuntura
económica es la que es. Estamos en una situación económica especial, y lo
que corresponde al Gobierno español es replantearse los objetivos,
responder a esos objetivos y realizar las inversiones necesarias para
satisfacer esas prioridades. Se trata también de responder a unos
criterios muy concretos que, en nuestro caso, son criterios y prioridades
que fija Europa muy claramente, algo que en este caso y en el nuestro no
se ha cumplido.


El senador del Grupo Parlamentario Popular ha mencionado que su
enmienda se centraba en los compromisos adoptados por la ministra.
Señoría, lo que le puedo decir es que las palabras de la ministra y las
del Gobierno se quedan en papel mojado, como he comentado muchas veces.






Por favor, pasemos a la acción porque ya es hora. Necesitamos acciones
porque, si no, una vez más seguiremos presentando mociones, y con eso nos
vamos a encontrar. Vamos a tener que reivindicar una y otra vez lo que no
se está haciendo bien.


Por tanto, estamos de acuerdo con la moción presentada por
Convergència i Unió.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Iparragirre.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies de nou, senyor president.


El nostre grup entén que el sistema de Rodalies de Barcelona
hauria de passar dels 110 milions de viatges l’any que actualment
registra a 150. Pensin que el metro i el sistema metro-tramvia en aquests
moments arriba a 350 milions l’any. Per tant, la diferència entre
el que seria raonable, el que seria esperable en una conurbació con
l’àrea metropolitana de Barcelona i la realitat segur que té molt a
veure amb les deficiències de l’actual sistema. (El senyor
president ocupa la presidència.)


Hi ha deficiències d’ordre estructural i deficiències
d’ordre de funcionament. El nostre grup entén que les deficiències
d’ordre estructural tenen a veure amb la modernització de la xarxa
en termes d’infraestructures, de vies, etc., d’estacions i
pàrquings, per aconseguir la intermodalitat, també, i molt important,
s’esmenta en la moció i hi estem plenament d’acord,
l’accés a l’aeroport, que seria una font de reequilibri en
l’ús dels modes de transport en el conjunt de l’àrea
metropolitana, connectant directament les terminals T1 i T2 amb Sants,
Passeig de Gràcia i La Sagrera. I, finalment, un tema estructural també,
que són els túnels. El famós intercanviador de La Torrassa i els túnels
centrals de Barcelona, que es coneixen com el salt del moltó, que
permetrien reorganitzar tot el sistema de manera que es pogués circular
costa a costa i interior — interior, millorant les freqüències fins
a 5 i 6 minuts, per tant, equiparant el sistema de rodalies al sistema
del metro, com passa en les grans conurbacions europees. Això ho tenim
quantificat. El nostre grup creu que significa una inversió de 1200
milions d’euros, als que s’hauria d’afegir la superació
de les deficiències que s’han esmentat aquí, en termes de
manteniment, d’explotació, de seguretat, etc., i que estan
quantificades en la moció.


Això vol dir que la feina que queda per fer és ingent, enorme, i
que qualsevol endarreriment multiplica de manera exponencial el retard
global en la posada a punt d’un sistema que hauria de ser molt més
eficient i molt més útil per al conjunt dels ciutadans i ciutadanes. Per
això donem la benvinguda a aquesta moció, que situa els objectius
d’arrencada a curt termini, basats en els incompliments, en les
promeses i els incompliments del Govern del Partit Popular.


Em sembla que en aquest cas el PowerPoint se’l pot
autoaplicar la ministra, res a veure el que vostè en aquests moments,
senador, ens oferia com a pacte de mínims del Grup Parlamentari Popular
que la ministra havia anunciat al principi de la legislatura en aquesta
seu i a Barcelona.


Per tant, donem la benvinguda a aquesta moció que reitera,
insisteixo, les urgències, els elements imprescindibles per arrencar un
procés que ha d’anar molt més enllà i que subratlla i poa de
manifest els flagrants incompliments del Govern del Partit Popular i
aquesta retòrica absolutament desproporcionada entre el que es planteja i
el que després s’acaba fent.


Agraeixo l’acceptació de l’esmena per part del Grup de
Convergència i Unió. Li ben asseguro que el nostre vot favorable serà
sense cap mena de recança.


Moltes gràcies.


Gracias una vez más, señor presidente.


Nuestro grupo entiende que el sistema de cercanías de Barcelona
debería pasar de los 110 millones de viajes al año que actualmente
registra a 150. Piensen ustedes que el sistema de metro y tranvía
actualmente alcanza los 350 millones al año. Por consiguiente, estoy
seguro de que la diferencia entre lo que sería razonable y deseable en
una conurbación como el área metropolitana de Barcelona y la realidad
tiene mucho que ver con las deficiencias del actual sistema. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).


Existen deficiencias de orden estructural y de funcionamiento.
Nuestro grupo entiende que las deficiencias de orden estructural guardan
relación con la modernización de la red en términos de infraestructuras,
de vías, de estaciones y parkings para lograr esa intermodalidad. En la
moción se menciona también algo muy importante, con lo que estamos
totalmente de acuerdo: el acceso al aeropuerto. Una fuente de
reequilibrio en el uso de los modos de transporte en el conjunto del área
metropolitana sería poder conectar directamente las terminales T1 y T2
con Sants, Paseo de Gracia y La Sagrera. Por último, una cuestión
estructural también, los túneles. Me refiero al famoso intercambiador de
La Torrassa y los túneles centrales de Barcelona, que se conocen como el
salt del moltó, que permitirían reorganizar todo el sistema de costa a
costa y de interior a interior, mejorando las frecuencias hasta 5 y 6
minutos, equiparando así el sistema de cercanías al del metro, como
sucede en las grandes conurbaciones europeas. Esto lo tiene cuantificado
nuestro grupo y consideramos que supone una inversión de 1200 millones de
euros, a lo que debería añadirse la superación de las deficiencias
mencionadas aquí en cuanto a mantenimiento, explotación, seguridad,
etcétera, que a su vez están cuantificadas en la moción.


Esto significa que la labor que queda por realizar es ingente,
enorme, y que cualquier retraso multiplica de forma exponencial el
retraso global en la puesta a punto de un sistema que debería ser mucho
más eficiente y útil para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Por
eso damos la bienvenida a esta moción, puesto que establece los objetivos
de inicio a corto plazo sobre la base de las promesas e incumplimientos
del Gobierno del Partido Popular.


Me parece que en este caso el PowerPoint se lo puede autoaplicar
la ministra. Nada tiene que ver lo que usted nos está ofreciendo en estos
momentos como pacto de mínimos por parte del Grupo Parlamentario Popular
con lo que la ministra había anunciado al principio de la legislatura en
esta sede y en Barcelona.


Por tanto, señorías, damos la bienvenida a esta moción que
reitera, insisto, la urgencia sobre los elementos imprescindibles para
arrancar un proceso que debe ir mucho más allá y que subraya y pone de
manifiesto los flagrantes incumplimientos del Gobierno del Partido
Popular y esa retórica absolutamente desproporcionada entre lo que se
plantea y lo que se acaba realizando.


Agradezco la aceptación de la enmienda por parte del Grupo de
Convergència i Unió y le aseguro que vamos a votar a favor de la moción
sin ningún tipo de reparo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí Jufresa.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra
la senadora Candini.


La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.


Des d’aquí a l’escó, perquè crec que tant en el moment
de la interpel·lació com de l’explicació de la mateixa moció ja hem
donat prou arguments. Jo crec que l’argument més important el vaig
exposar, senador Ruiz, el vaig exposar en tot cas, Ortiz, en el moment de
la interpel·lació de la ministra, que és que per damunt de tot el que cal
és fer les inversions on hi ha, d’una manera o altra, major
benefici per al conjunt de la ciutadania. Voldria tornar a recordar unes
dades des del punt de vista de quantitat d’usuaris que jo crec que
acaben identificant claríssimament la importància d’aquesta
inversió, no tant, que també, i de manera clara, pel seu dèficit històric
des de fa tants i tants anys, sinó sobretot per l’enorme magnitud
de la quantitat de les deficiències que existeixen a Rodalies. Jo li
explicava en el moment de la interpel·lació que, per exemple, en les
Rodalies 3, R3, en els últims dos mesos hi ha hagut fins a 135
incidències. És a dir, la quantitat del procés del que representa la
maquinària, l’estructura de servei, està absolutament
deficient.


Si tenim en compte que no és únicament un problema de deficiències
i de retards en els horaris, sinó la mateixa manca de seguretat per tot
el que representa —estem parlant de 500 milions d’usuaris
respecte a 6 milions d’usuaris—, jo crec que les dades són
absolutament colpidores. Si, a més a més, afegim que el compromís de no
fa ni tan sols un mes i mig per part del Ministeri de 1100 milions
d’euros nous per a 41 nous AVE, més enllà que s’hagi de cosir
el territori —això ho va dir la mateixa ministra i, en algun
moment, depèn de quins representants del Partit Socialista Obrer Espanyol
també ho veuen—, jo crec que hi ha un moment determinat en què, més
enllà de l’impacte beneficiós econòmics en determinats territoris,
estic convençuda que si repassem aquests 41 nous AVE amb aquests 1.100
milions de ben segur que en molts casos no és tampoc aquesta necessitat
més immediata. No dic que amb el temps no pugui ser. Parlo de Rodalies
perquè, evidentment, com a senadora de Barcelona, jo he de traslladar,
com fan vostès en el seu àmbit territorial, les deficiències i les
necessitats del mateix territori, però de ben segur que, en altres
característiques, com pugui ser també rodalies de Madrid, hi ha unes
característiques que són similars.


Per tant, davant de la realitat de 500 milions d’usuaris, 6
milions d’usuaris, nosaltres plantegem aquesta moció conseqüència
d’interpel·lació, senador Ortiz, que ens sembla que és absolutament
realista. No únicament perquè ho diguem nosaltres, ho diuen els
sindicats, ho diuen tots els representants. Vagin a les xarxes socials i
vegin la quantitat de gent que es manifesta en quines condicions cada dia
pateixen unes deficiències molt greus.


Per tot això, ens sembla que hem presentat una moció conseqüència
d’interpel·lació que, lluny que algú pugui arribar a pensar que és
una carta als Reis d’Orient, allò que avui aboquem en aquesta moció
conseqüència d’interpel·lació ha estat en les reunions bilaterals
per part del Ministeri i el Govern de la Generalitat de Catalunya i
s’ha posat al damunt de la taula com a una realitat immediata i que
se li ha de donar resposta.


Per tot això, cregui’m, senador Ortiz, que em sap greu,
perquè jo sé que vostè és una persona mesurada i responsable, que li
facin fer aquest paper, perquè la moció conseqüència
d’interpel·lació que li ha passat l’assessor del Ministeri no
és el que estava a les reunions. Li ha passat un paper que està molt per
sota de les converses existents entre ambdós governs. És evident que a
vostè li toca el que li toca, però li asseguro que li haurien de passar
els deures més al dia.


Gràcies.


Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño porque me parece que tanto en la
interpelación como en la defensa de la moción hemos dado ya suficientes
argumentos. El más importante, senador Ortiz, lo expuse en la
interpelación a la ministra. Lo que nosotros decimos es que, ante todo,
se deben realizar las inversiones allí donde se pueda obtener un mayor
beneficio para toda la ciudadanía. Me gustaría recordar una vez más unos
datos sobre cantidades de usuarios que considero que permiten identificar
a todas luces la importancia de esta inversión, no tanto, aunque
claramente también por su déficit histórico de tantísimos años, sino,
sobre todo, por la enorme magnitud en cuanto a cantidad de deficiencias
que existen en el sistema de cercanías. Ya expliqué durante la
interpelación que, por ejemplo, en la línea R3 de cercanías ha habido
solo en los dos últimos meses hasta 135 incidentes, con lo cual en todo
este proceso lo que tiene que ver con la maquinaria y la estructura de
servicio es absolutamente deficiente.


Si a ello añadimos que no se trata tan solo de un problema de
deficiencias y de retrasos en los horarios, sino de la misma falta de
seguridad por todo lo que representa —estamos hablando de 500
millones de usuarios respecto a 6 millones de usuarios—, creo que
los datos son impactantes. Y si repasamos punto por punto el compromiso
del ministerio de hace apenas un mes y medio de 1100 millones de euros
para 41 nuevos AVE, estoy convencida de que, más allá de que el
territorio deba conectarse —lo ha dicho la ministra y en cierto
momento también lo piensan los representantes del Grupo Parlamentario
Socialista—, más allá del impacto económico beneficioso para
determinados territorios, veremos que en muchos casos esa necesidad no es
tan inmediata. Yo no digo que con el tiempo no pueda serlo, pero estoy
hablando de nuestras cercanías, porque evidentemente como senadora por
Barcelona yo debo trasladar, como lo hacen ustedes en su ámbito
territorial, las deficiencias y las necesidades de nuestro territorio. Y
estoy convencida de que en otros servicios, como podría ser el de
cercanías de Madrid, también se dan unas circunstancias similares.


Así pues, ante la realidad de esos 500 millones de usuarios frente
a 6 millones de usuarios, nosotros planteamos esta moción consecuencia de
interpelación que nos parece absolutamente realista, y no solo porque lo
digamos nosotros, sino que lo dicen los sindicatos y los representantes.
Vayan ustedes a las redes sociales y vean la cantidad de personas que se
manifiestan sobre las condiciones y las deficiencias muy graves que
padecen todos los días.


Por todos estos motivos consideramos que hemos presentado una
moción consecuencia de interpelación que está lejos de ser una carta a
los reyes magos de Oriente, como alguien podría pensar. Lo que hoy
volcamos en esta moción ha aparecido en las reuniones bilaterales entre
el ministerio y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, y se ha
puesto sobre el tapete como una realidad inmediata a la que se debe dar
respuesta.


Senador Ortiz, sé que usted es una persona responsable y comedida,
y créame que lamento que le hagan desempeñar este papel, porque la
respuesta a esta moción consecuencia de interpelación que le ha pasado el
asesor del ministerio no es lo que aparecía en las reuniones. Le ha
pasado un papel que está muy por debajo de las conversaciones existentes
entre ambos gobiernos. Simplemente a usted le toca, como digo, desempeñar
este papel, pero le aseguro que deberían pasarle los deberes más
actualizados.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Fernández Ortega.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señorías, estamos hablando de un asunto de la máxima importancia
para la ciudadanía, y nosotros apoyamos la moción que ha presentado la
senadora Candini para defender una mejora que va directa y diariamente a
los ciudadanos, por lo que nos parece pertinente y oportuna, al margen de
la reflexión que hemos hecho de no mezclar la inversión en cercanías con
la de AVE, que yo creo que ya ha quedado suficientemente clara.


Nos parece que la apuesta por el ferrocarril es la más sensata,
sobre todo en conurbaciones ya saturadas, como ocurre en el caso de
Barcelona, donde estamos hablando de carreteras prácticamente colmatadas
y donde la inversión en ferrocarril garantiza una movilidad y una
cohesión territorial y social muy importante. Por lo tanto, es necesaria
una mayor inversión en cercanías.


En mi primera intervención explicaba que no todos los gobiernos
han tenido la misma sensibilidad con la inversión en cercanías tanto en
Cataluña como en cualquier otro territorio, independientemente de que
hubiera o no crisis, y los datos, en este caso, son abrumadores. En el
año 2010 había 400 millones de viajeros en cercanías y una inversión, con
crisis, de 797,58 millones al año. En el año 2011, con 413 millones de
viajeros, y con crisis, la inversión era de 639,5 millones de euros en
cercanías, con lo cual había una sensibilidad que se reflejaba en un
indicador que yo he puesto como referencia, que era la inversión del 9 %
destinada a cercanías. He defendido en todos los presupuestos generales
en los que he debatido en esta legislatura que era necesaria una mayor
inversión y una apuesta clara y contundente por las cercanías, que
afectan a millones de ciudadanos diariamente.


Frente a esto, la sensibilidad del Partido Popular en la decisión
sobre en qué se invierte, en la que hay también mucha ideología por
detrás, ha sido llevar la inversión en cercanías a 28,5 millones en el
año 2012, que representa el 0,5 % de la inversión en ferrocarril. Además
de que el Gobierno hizo un enorme recorte en inversiones, política que
creemos equivocada, cercanías sufrió un doble castigo, hasta llegar al
ridículo del 0,5 % de la inversión en ferrocarril, que en el año 2015,
año electoral, alcanza el 3 %, con 153 millones. De ahí nuestra propuesta
de que se equiparara cercanías con inversiones que normalmente sí se
hacen en otros sectores del transporte, como los aeropuertos, que cuentan
con una inversión de más de 100 millones de euros al año; puertos, con
más de 100 millones; o cualquier tramo de carretera, que tendría más
inversión que cercanías. Por tanto, nos parece que la inversión es
ridícula y es pertinente exigir mayores inversiones en ese ámbito.


También me gustaría aprovechar esta intervención para distinguir
entre la posición del Gobierno de España, cuando era socialista, y el del
Partido Popular. Con el Gobierno socialista hubo un acuerdo de inversión
y se firmó un Plan de inversiones 2008-2015 que se empezó a implementar
en el año 2009. Incluso en su exposición, la senadora Candini y la
ministra reconocieron que había habido una inversión de 350 millones de
euros en ese periodo, y dijeron que quedaban pendientes más de 3600.
Fueron datos que aportaron ustedes mismos. Es más, la ministra de
Fomento, cuando llegó, se rasgó las vestiduras diciendo que cómo se
habían invertido solo 350 millones y que no se había hecho nada. Pero el
resultado es que el Partido Popular se ha pegado 2012 con una inversión
cero; 2013 también con inversión cero; en 2014 firma un
convenio 2013-2016 pero ese año no invierte prácticamente nada; y en 2015
promesas, de las cuales la más impactante es que se planifica una
conexión y se adjudica con el aeropuerto, pero resulta que no se hace
nada en dos años. El Partido Popular ha estado tres años sin hacer nada,
y cuando llega el cuarto año, 2015, ha encontrado una solución, y es que
la va a adjudicar y se va a gestionar por el método público-privado. Pero
es una promesa que ahora en verano tendrá que ser aprobada. O sea, que se
han pasado la legislatura sin hacer nada, y sin embargo lo cuenta como si
fuera un escándalo que no se hubiera hecho. Fíjense ustedes, han tenido
cuatro años y el resultado de cuatro años de Gobierno del Partido Popular
será cero en inversión en la conexión con el aeropuerto.


Para terminar, me gustaría subrayar que compartimos, como ha dicho
el senador Martí, las demandas de la moción en cuanto a mejoras de
medidas de seguridad, a la inversión para mejorar tiempo, a la inversión
para mejorar la accesibilidad y también en cuanto a mejoras para la
atención al usuario en general, que aunque no están explícitas, son muy
importantes en el día a día. Hay que mejorar la limpieza y la comodidad;
no puede ser, como decía la señora Candini, que un viajero se pase
cincuenta minutos de pie en el tren; es una barbaridad en el tiempo que
estamos viviendo.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Termino ya, señor presidente.


Y además, a diario, y para la gente que lo usa, hay que hacer
cosas como homogeneizar las máquinas de expedición de billetes o evitar
que haya colas en las ventanillas. Estamos hablando de que además de
invertir aún queda un camino importante para mejorar la gestión.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Ortiz.


El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora Candini, le agradezco sus palabras, pero no estoy haciendo
ningún papelón, estoy haciendo mi trabajo como miembro del Grupo
Parlamentario Popular que apoya al Gobierno. Ustedes también tienen un
Gobierno en Cataluña y como grupo parlamentario también tendrán que
hacerlo. Por lo tanto, no me siento ridiculizado por hacer y plantear las
cuestiones de mi grupo parlamentario.


Senador Fernández Ortega, usted ha dicho que hacemos inversiones
ridículas, si no recuerdo mal. Yo le recordaré que en Cataluña, cuando
gobernaban ustedes, el Partido Socialista, prometieron una inversión
de 4000 millones en el periodo 2008-2015, pero solo había un papelito que
era un powerpoint, como ha dicho el señor Martí Jufresa. Nosotros no
hemos copiado todavía el powerpoint. Creo que vamos paso a paso, firme a
firme, intentando solucionar los problemas de los ciudadanos de
España.


Y, senadora Candini, ni el Partido Popular, ni el Grupo
Parlamentario Popular, ni el Gobierno van a renunciar a la alta
velocidad, porque hay muchos territorios que no tienen cercanías y
carecen de alta velocidad. Por lo tanto, el mismo derecho que tiene usted
de reivindicar inversiones para su comunidad autónoma lo tenemos los
demás.


Quisiera aclarar también que las inversiones en cercanías y en
alta velocidad no son comparables, porque unas se financian a través de
los Presupuestos Generales del Estado y otras a través de los ingresos de
Adif alta velocidad, principalmente los cánones.


En cuanto a las cifras económicas de cercanías, en la actual
legislatura se han destinado 385 millones de euros a inversiones en los
distintos Presupuestos Generales del Estado, y más de 700 millones a su
conservación y mantenimiento. En el caso de los servicios, dada su
consideración de obligación de servicio público, para que nos entendamos,
se trata de financiar el déficit y la explotación, lo que yo llamo pagar
una parte importante, que en muchos casos llega a más del 50 % del
billete que sufragan los usuarios. Por tanto, para contrarrestar los
ingresos, menos gastos. Y, repito, a esa obligación de servicio público
se han destinado más de 1500 millones de euros que se desglosan en 1332
millones para cercanías de ancho ibérico, incluyendo las que son
competencia de la Generalitat de Catalunya, y 345 millones de euros, lo
que supone un incremento del 15 % durante el período 2008-2011. También
se han destinado 168 millones de euros para las cercanías de ancho
métrico, es decir, provenientes del antiguo FEVE. Quiero recordar que ha
sido el Gobierno del Partido Popular el que, mediante acuerdo del Consejo
de Ministros, ha declarado el servicio de cercanías FEVE como obligación
de servicio público, dado que antes no tenía esta consideración. Gracias
a estas cifras se han finalizado obras de mejora de infraestructura,
estaciones, sistemas de electrificación, telecomunicaciones e
instalaciones de señalización y seguridad, así como la mejora de la
accesibilidad.


Por tanto, señorías, creo que el Grupo Parlamentario Popular ha
demostrado voluntad de llegar a un principio de acuerdo respecto a la
moción presentada por la senadora Candini, con la que estamos de acuerdo
en algunos aspectos. Considero que no solo tenemos que mejorar las
cercanías y los trenes convencionales, sino, sobre todo, la implantación
de la alta velocidad en los territorios donde prácticamente no
existe.


Señoría, siento mucho tener que votar en contra de esta moción,
pero como no ha aceptado nuestra enmienda, no me queda más remedio que
hacerlo y, además, usted ha dicho que nuestra propuesta estaba muy por
debajo de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno central y el Gobierno
de la Generalitat de Cataluña. Por ello el Grupo Parlamentario Popular va
a votar en contra de la citada moción.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario de la Entesa, que ha
sido aceptada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 213;
votos emitidos, 213; a favor, 74; en contra, 137; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS PARA QUE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SE
CONSTITUYA COMO PLATAFORMA ESTABLE DE RELACIONES ENTRE IBEROAMÉRICA Y
EUROPA.


662/000188

GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los
senadores señor Quintero y señora Julios, y otra del Grupo Parlamentario
Socialista.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el senador Alarcó. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.


Me complace, una vez más, comparecer ante ustedes, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para defender y solicitar el
apoyo, si es posible, a una moción que nos parece importante, que además
no es ideológica —no es que me molesten las ideologías, ni mucho
menos—, es política; no tiene nada que ver con ideologías, pero
puede aportar un valor añadido muy importante a lo que significa Europa,
a lo que significa África, a lo que significa América y a lo que
significa Canarias.


No es una novedad, pero es muy importante y además merece la pena
recordarlo aquí, que a lo largo de la historia de España el archipiélago
canario siempre ha desempeñado un carácter geoestratégico importante, un
carácter geoestratégico importante que le da un valor muy importante
también —valga la redundancia— que viene de hace mucho
tiempo, desde el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, que lo
convirtió en una base de abastecimiento permanente. Esta moción puede
contribuir a consolidar, si es aprobada por esta Cámara, que el
archipiélago canario sea un puente permanente dentro del espacio que se
denomina euroafricano. Por cierto, en una moción aprobada por unanimidad
en esta Cámara en 2009 se tomaron medidas importantes con transcendencia
actual y definitiva, y ello ha contribuido a la presentación de esta
moción.


De aquella moción, en la que se aprobaron ocho puntos, merece la
pena destacar, aunque sea someramente, algunos: transmitir a la Comisión
Europea la dificultad de acceder a los fondos FED y Feder para la
cooperación en las regiones ultraperiféricas; un marco de política de
cohesión con el objetivo de la cooperación internacional europea, así
como la colaboración con el Gobierno de Canarias en el marco de las
acciones encaminadas a este espacio al que me estoy refiriendo; trabajar
para que las RUP tengan un protagonismo singular y el acceso a distintos
fondos comunitarios de manera estable —palabra clave— y
sostenible, teniendo en cuenta el marco de las próximas perspectivas
financieras; informar y coordinar al Gobierno de Canarias de todas estas
iniciativas y asegurar esta parte geoestratégica del archipiélago español
canario.


Señorías, como decía, la intención de esta moción es la
consecución de un objetivo demandado por nuestra tierra desde hace ya
muchos años y, además, que se ve correspondido de forma clara y
contundente en la otra parte del Atlántico, la bien llamada
Hispanoamérica o Iberoamérica.


La consideración del archipiélago como plataforma estable de
relaciones con Latinoamérica y con Europa es algo importantísimo que le
da un valor añadido a las partes. A nadie se le escapa que Canarias
históricamente ha sido siempre una tierra de paso, de navegantes, de
culturas, de ciudadanos, que entre otras cosas constituía un paso
obligado para otras tierras que, sin lugar a dudas, ha creado y forjado
en Canarias un clarísimo carácter singular, un carácter cercano, un
carácter liberal, un carácter abierto, un carácter de intercambio
permanente y muy propicio —que no es muy habitual— a la
aceptación de visitantes de forma histórica. No en vano, Canarias
—y no tiene nada que ver con esta moción—, por su clima y por
su situación es uno de los puntos receptores de turismo más importantes
del mundo.


También deberíamos decir, y creo que es muy importante, que no
solamente se trata de esta posición geoestratégica que estamos intentando
consolidar como estable y respecto a la cual hay un compromiso formal del
Gobierno de nuestro país si se aprueba en esta Cámara; es una fuente
constante no solamente de bonanza económica, sino, sobre todo de
conocimiento. Es un flujo permanente de conocimiento, que ahora llamamos
pomposamente la quinta libertad, pero que tiene un valor importante, que
es la libre circulación de las personas y del conocimiento. Canarias es,
pues, un buen ejemplo de un punto estratégico tricontinental para el
desarrollo de acciones sociales, culturales, económicas, comerciales,
etcétera. Así lo demuestra, por ejemplo, la primera reunión del Espacio
Atlántico Euroafricano celebrada en octubre de 2009, de cuyas
conclusiones más importantes merece la pena destacar en esta Cámara: la
importancia de las relaciones económicas, sociales e institucionales en
el ámbito de los países y las regiones del espacio atlántico
euroafricano; la necesidad de mejorar los flujos de inversión directa; la
necesidad de involucrar al sector privado como motor fundamental para
favorecer una mayor inserción regional; propiciar la implantación de las
políticas activas de creación de empleo; transferir e intercambiar
mejores prácticas a través de la cooperación, punto fundamental
—cooperación, mejores prácticas, democracia—, y solicitar a
la Comisión Europa la adopción de un marco de procedimiento claro para la
implementación de la concertación de los fondos FED y los fondos Feder,
punto fundamental de cohesión en la Europa a la que pertenecemos. Todas
estas cuestiones se destacaron en la relación entre Europa y África,
aprovechando las políticas de vecindad y la alta consideración que en
todos los Estados miembros poseen y seguirán poseyendo las regiones
ultraperiféricas, que, por suerte —y quiero hacer hincapié en
ello—, han dejado de ser percibidas como territorios de alta
dependencia del continente; hoy son percibidas como puntos estratégicos
de beneficio directo de la comunidad europea. Se ha invertido ese flujo,
lo cual es muy importante, y creo que esta moción puede contribuir de
forma clara a seguir en esa tendencia.


No obstante y volviendo a la materia objeto de esta moción, ahora
cabe dar una vuelta de tuerca más —si me permiten la
expresión— para potenciar de forma clara las regiones
ultraperiféricas en Europa. Con la iniciativa que el Grupo Popular trae a
esta Cámara pretendemos convertir a Canarias en tres ejes. Como digo, no
es una moción ideológica, es profundamente política; y no es económica,
sino profundamente de compromiso de crear algo estable. Y se pretenden
tres objetivos: primero, que se constituya en una plataforma estable,
aprovechando su carácter geoestratégico en la relación entre Iberoamérica
y Europa y también África; segundo, potenciar la inversión de pymes, de
grandes empresas y de autónomos, aprovechando el carácter ultraperiférico
y los incentivos fiscales del archipiélago Canario IGIC y ZEC; y tercero,
dinamizar todo lo relacionado con el ámbito cultural y científico entre
los dos continentes, aprovechando la situación privilegiada que tiene
este territorio europeo y español de las islas Canarias como plataforma
estable.


Señorías, las administraciones tenemos la obligación moral de
potenciar las virtudes de nuestros territorios para el beneficio
exclusivo de sus habitantes, y con esta iniciativa estamos ante una
oportunidad magnífica para lograrlo. Como decía antes, nuestro
archipiélago, este archipiélago español ultraperiférico y europeo, cuenta
con las condiciones perfectas para llevarlo a cabo: seguridad jurídica,
ventajas fiscales —zona especial canaria, zona franca—,
tributación especial diferenciada —IGIC—, ultraperifericidad
y tricontinentalidad. Estas características lo hacen único en Europa, y
precisamente ese carácter único de Europa hace que sea un beneficio muy
importante para Europa. Eso lo que tenemos que tener en cuenta como valor
añadido. Canarias no se comprende sin esa multiculturalidad que la
adorna; nuestra tierra no se entiende si no es comprendida desde la
perspectiva de un lugar de paso, de gente y de pensamientos. El
archipiélago no se capta del todo sin verlo desde el prisma de la riqueza
cultural. Por cierto, producto de esa riqueza cultural, en Canarias hay
una ciudad, La Laguna, patrimonio de la humanidad de la Unesco; no en
vano es una de las cosas importantes que tiene ser europeo. También hay
que mencionar el Instituto de Astrofísica; no podemos dejar de citarlo
como punto cultural y científico; no en vano Canarias tiene el mejor
cielo astronómico del mundo. No hemos hecho nada para tenerlo, pero
tenemos la suerte de tenerlo, lo que hace que el futuro científico
europeo, mundial y, sin duda, canario sea importantísimo.


Todo ese potencial, señorías, y lo que queda por venir, que es la
explotación —entre comillas— de la posición geoestratégica,
hará que esta moción sea un instrumento que lo canalice y proyecte ese
segundo eje de cooperación con el otro lado del mundo, con Latinoamérica.
Por eso creemos que si contamos con el apoyo del Gobierno de la nación a
esta iniciativa —apoyo que, por cierto, solicitamos de forma muy
sencilla porque creo que lo merece ya que, como digo, no es una
iniciativa ideológica— podremos conseguir que esa plataforma
estable hispanoamericana, de Europa y África, pueda ser consolidada en la
región española de Canarias, dejando así sentada su potencialidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alarcó.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra la senadora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.


Esta moción, como dice el senador Alarcó, trata de cuestiones que
son estratégicas para Canarias. Coincidimos con muchos de los aspectos
que ha expuesto el senador en su intervención, lo que lamentamos es que
no estén reflejados en la moción que pretende que aprobemos; la mayoría
no están recogidos en ella.


Usted plantea una moción en términos genéricos que, desde nuestro
punto de vista, son un brindis al sol. No plantea ningún avance ni ningún
compromiso sobre lo que ya se ha comprometido y no se ha cumplido; no
plantea ningún avance sobre lo que ya se había consensuado en diferentes
cámaras por todos los grupos parlamentarios, que es mucho más de lo que
usted plantea aquí, y no se ha cumplido. Por eso paso a defender la
enmienda que hemos presentado.


Planteamos una enmienda de modificación de los tres primeros
puntos de la moción presentada por el Grupo Popular con la que
pretendemos dotar de mayor concreción a lo que ustedes plantean. El punto
número 1 lo modificamos porque habla de África, pero no figura en esta
moción en ningún momento. Nosotros proponemos que se incluya a África,
además de América Latina y Europa. No se puede hablar de plataforma
tricontinental y que no figure África. No podemos dejarla fuera; al
contrario, debemos entender que la asignatura pendiente de España
precisamente es África, y es una oportunidad para España y para Europa la
posición estratégica de Canarias, ya que estamos a 100 kilómetros del
continente africano. De hecho, convertir Canarias en una plataforma que
cree puentes entre África y Europa es una estrategia que está asumida por
la Unión Europea. Además, planteamos que se adquiera un compromiso
presupuestario anual, pues de lo contrario esto es papel mojado y venta
de humo.


Añadimos al punto 2 de la propuesta planteada, que haya un mayor
compromiso del Gobierno de España, incluso buscando la implicación de la
Unión Europea para apostar por la internacionalización de las empresas
canarias hacia África.


En el punto 3 añadimos la necesidad de dinamizar no solo el ámbito
cultural y el científico, que es el que ustedes plantean, sino el
comercial, que, desde luego, es fundamental para las pymes canarias, ya
que el 95 % del tejido empresarial canario son pymes. Si no se ve la
necesidad de apoyar el ámbito comercial, que es en el que actúan la
mayoría de las pymes canarias, mal vamos. Y además de incluir a África,
que no estaba, añadimos otro punto: la cooperación para el
desarrollo.


Los puntos 4, 5 y 6 ya fueron aprobados en algún momento en el
Congreso de los Diputados. No se han cumplido y los volvemos a traer aquí
porque gozan de consenso, y espero que sus señorías lo aprueben: impulsar
la quinta libertad, imprescindible para la conectividad internacional de
Canarias, promover los acuerdos bilaterales entre España y terceros
países para que tengan operativa de vuelo en los aeropuertos canarios. Si
queremos convertir a Canarias en un hub aéreo esto es imprescindible,
señorías. No se puede ser una plataforma logística entre continentes si
seguimos viendo a los aviones, con sus pasajeros y sus mercancías, como
pájaros volando por el espacio canario, si no pueden utilizar nuestros
aeropuertos para activar la conectividad. Por ello planteamos la
necesidad de colaboración de las administraciones canarias con los
agentes sociales y económicos para conseguir una mayor conectividad de
nuestros puertos y aeropuertos.


Señoría, por último, planteamos un punto 7 que recoge los
principales apartados que ya fueron aprobados en el Parlamento de
Canarias por unanimidad en relación con la internacionalización de la
economía canaria. Se trata de medidas para estimular la
internacionalización de la integración, la mayor parte de ellas forman
parte del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Para impulsar a las
empresas canarias hay que apoyar el REF y evitar así, entre otras cosas,
que se deslocalice el tejido empresarial canario.


Orientamos también en este sentido algunos aspectos recogidos en
esta iniciativa —como digo, aprobada por el Parlamento de
Canarias—, como la necesidad de apoyar la cooperación internacional
basándonos en el código de responsabilidad solidaria que recomienda la
ONU —Organización de Naciones Unidas— y utilizar los fondos
europeos que están recogidos en el septenio 2014...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora JULIOS REYES: Voy terminando.


... para un mayor apoyo a la internacionalización de Canarias a
través de la cooperación internacional y de la cooperación territorial
que tiene Europa, así como —y ya concluyo, señor presidente—
instar a la Unión Europea para que todos los fondos que destine a
distintos aspectos que tienen que ver con la internacionalización y con
la cooperación al desarrollo se coordinen y se integren, y utilicen a
Canarias como plataforma logística para ello.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el senador González Bethencourt.


El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, señor presidente.


Señorías, cuando supe que el Grupo Popular iba a presentar esta
moción, la verdad es que me alegré mucho pensando que iban a dar
soluciones para Canarias. Luego, cuando ya vi lo que se presenta como
propuesta, efectivamente, mi gozo en un pozo, porque es una simple
declaración de intenciones sobre algo que ya conocemos de Canarias.
Sabemos la importancia que Canarias tiene entre Europa y América. Sabemos
lo importante que sería que esta plataforma de relaciones entre
Iberoamérica y Europa que se pretende aquí fuera efectiva. Y la verdad,
señor Alarcó, es que no va a ser usted un nuevo Cristóbal Colón, para
nada, porque no ha dicho absolutamente nada nuevo que no se haya tratado,
que no se haya discutido o que no se haya planteado. Y fíjense que lo más
importante para Canarias, para que realmente se establezca esta
plataforma, es la convalidación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, eso sería realmente lo único que tendría valor en esta moción.
Sin embargo usted no nombra el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, no
cita que el Congreso de los Diputados, con el Partido Popular, convalidó
el REF en enero, por tanto, el Partido Popular ha ninguneado al Senado.
Fíjense lo grave que es que una convalidación del Régimen Económico y
Fiscal pase por el Congreso y no venga al Senado. Nos ha hurtado a los
senadores canarios que podamos intervenir en la convalidación definitiva
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Realmente la convalidación es
lo que tiene valor y lo que usted debería exigirle a su Gobierno. No hace
falta este brindis al sol, sino ir directamente al señor Rajoy y decirle
que, de una vez por todas, ponga de acuerdo al Gobierno de Canarias y al
Gobierno de España para que el REF tenga una transcendencia en Europa,
que es lo que necesitamos, para los fondos europeos y todo lo demás.


Por tanto, la verdad es que lamentamos que el Partido Popular nos
haga perder el tiempo con esta moción que no dice absolutamente nada.
Señor Alarcó, la moción es lamentable, porque no plantea ningún tema
económico, no plantea ninguna inversión en infraestructuras de transporte
aéreo o portuario, no traslada ningún incentivo para las empresas.
Después de ver esto, nosotros hemos elaborado cuatro puntos que sí harían
efectiva esta plataforma entre Europa y América con Canarias y, por
supuesto, con África. Uno de ellos: Realizar todo tipo de inversiones
necesarias para potenciar las infraestructuras en el transporte,
consiguiendo así que las islas sean un referente mundial tanto en el
transporte aéreo como en el transporte portuario, en cuanto a cruceros,
que es tan importante para Canarias, estiba y transporte de mercancías.
Por otro lado instamos a que el Gobierno de Canarias alcance un acuerdo
definitivo con el Gobierno de España. Esto es importante, porque la
modificación que se ha aprobado es inconclusa, solamente se refiere a
aspectos fiscales pero no a los aspectos económicos, que realmente son
los que nos interesan. Otro de los puntos sería: una vez aprobadas estas
modificaciones, lo que habría que hacer a la mayor brevedad posible sería
crear los instrumentos bilaterales con el Gobierno de Canarias para las
subvenciones al transporte.


Por otro lado, creemos que la quinta libertad es un proyecto
importantísimo para Canarias. Ustedes saben que Canarias dispone de
cuatro beneficios en cuanto al transporte aéreo, pero no de la quinta
libertad, que permitiría que las empresas pudieran descargar y una mayor
actividad en los aeropuertos.


El Ministerio de Fomento creó este documento que le muestro,
Estrategia logística de España, aprobado el 25 de noviembre de 2013. Este
proyecto incluye a todas las comunidades autónomas incorporadas a
proyectos logísticos del Ministerio de Defensa pero ignora a Canarias. Es
lamentable. Lo que usted tendría que hacer es conseguir que el Ministerio
de Defensa incorporara entre las comunidades autónomas a Canarias en la
Estrategia logística de España. Por tanto, esta sería la siguiente
enmienda.


En definitiva, lamentamos esta pérdida de tiempo, esta falta de
rigor. Le invito a que incorporen nuestras enmiendas y a que exija al
Gobierno del Partido Popular que, de una vez por todas, haga efectivo que
Canarias sea una plataforma tricontinental porque se lo merece.


Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González
Bethencourt.


Tiene la palabra el senador Alarcó, para indicar si acepta o no
las enmiendas.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Intervendré desde el escaño. No vamos a aceptar las enmiendas.
Diremos los razonamientos en el turno de portavoces y aprovecharemos
dicho turno para contestar a todos los senadores.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.


Turno en contra.


¿Desean hacer uso de la palabra? (Pausa). No hay turno en
contra.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor Alarcó, creo que cuando está acabando una
legislatura es el momento para responder de la gestión que se ha hecho,
pero no es el momento de nuevas promesas, de vender humo a las puertas de
unas elecciones. Nosotros, desde luego, no vamos a contribuir a una venta
de humo colectiva ni a que ustedes nuevamente engañen a los canarios y a
las canarias. Eso no es creíble después de estos cuatro años de gestión
en los que han prometido y no han cumplido.


Señoría, le recuerdo lo que prometió el señor Rajoy en 2011 en el
debate de investidura cuando contestaba a la diputada Ana Oramas y decía:
«Estoy de acuerdo, porque lo conozco, con lo que usted ha planteado sobre
la prórroga de las tasas aéreas. Soy absolutamente consciente —no
hay que ser muy inteligente por otra parte para ello— de los
problemas de conectividad de las islas entre sí y de las islas con el
resto de España y del resto del mundo, particularmente con
África,...»


Insisto, señor Alarcó, en esta iniciativa usted no pone la palabra
África en ningún momento. Y además dice: «..., zona muy próxima de
presente y de futuro económico, evidentemente con África. Nosotros vamos
a plantear la quinta libertad del transporte aéreo europeo para Canarias
para cualquier aeronave comercial que sobrevuele las islas, para
aterrizar y despegar, para recoger y para dejar pasajeros. Creo que esta
es una reivindicación muy sentida por los canarios y, desde luego, las
políticas de tasas aéreas serán diferentes en los aeropuertos de
Canarias.»


Pues bien, señoría, de la quinta libertad no han hecho nada; de la
quinta libertad se habla en las enmiendas que Coalición Canaria presenta
a esta moción, unas enmiendas que, además, en algunos otros momentos en
otras Cámaras ya han sido votadas, unas enmiendas cuyo contenido era del
partido del señor Rajoy y en las que se prometían cosas que no han
cumplido. Y lo que tampoco es de recibo es que ustedes ahora no aprueban
las enmiendas que hoy traemos aquí, que están basadas y han sido
aprobadas con el consenso del Parlamento de Canarias, en el Congreso de
los Diputados y en distintas ocasiones también en esta Cámara. Por eso,
insisto, señoría, no vamos a contribuir a vender humo y a que se siga
engañando a Canarias. Este es el momento de dar respuesta a lo prometido
no cumplido y a la gestión hecha durante estos cuatro años, señoría.


En el Congreso de los Diputados en este año 2015 el Grupo
Nacionalista Canario plantea una proposición de ley para desarrollar la
quinta libertad. Dicha proposición de ley no fue aprobada porque el Grupo
Parlamentario Popular votó en contra. A los pocos días, el Partido
Popular presentó una proposición no de ley en la Comisión de Fomento del
Congreso de los Diputados. Los puntos 4, 5 y 6, que están en la enmienda
que hemos presentado, fueron consensuados, aprobados y votados a favor
por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y ahora nos dice que
no los incluye en esta moción. ¿Qué venta de humo es esta, señor Alarcó?
Esto no es un avance sino un retroceso a lo que ya se ha consensuado,
independientemente de que el Gobierno de España no lo haya cumplido ni el
Partido Popular. Si hoy no lo incluyen, ustedes estarán dando pasos hacia
atrás en vez de darlos hacia adelante.


Señorías, la quinta libertad no se ha desarrollado en Canarias
porque el Gobierno del Partido Popular no ha querido a pesar de haberlo
prometido. Y como se les dijo en la Comisión de Fomento: ha habido
oportunidades. Pondré un ejemplo: en noviembre de 2013 la compañía Ceiba
Intercontinental planteó realizar operaciones aéreas ejerciendo el
derecho de quinta libertad. No fue autorizada por la Dirección General de
Aviación Civil. Y como este ejemplo, hay muchos más, señoría; hay muchos
más.


Lo que en estos momentos es obligado, señor Alarcó, son los
compromisos de lo no hecho durante estos cuatro años. No volver a
vendernos humo porque estemos a las puertas de unas elecciones. Los
nacionalistas canarios, insisto, no vamos a contribuir a que usted vuelva
a engañar a los canarios. Plantean esta moción al final de la
legislatura, después de cuatro años de no haber hecho nada. Desde luego
que somos un archipiélago atlántico, señoría, deberíamos ser un activo
político para la política exterior española, deberíamos ser un activo
para la política comercial española y no lo estamos siendo. El Estado
debe poner instrumentos, recursos y presupuesto, tal y como les pedimos
en las enmiendas que plantea el grupo nacionalista en esta iniciativa,
para internacionalizar de verdad las empresas canarias. El Gobierno del
Partido Popular debe apoyar el régimen económico y fiscal —cuya
parte fiscal ya ha sido aprobada— en la parte económica, y ya han
anunciado que no lo van a discutir en esta legislatura. Si no aprueban el
régimen económico de Canarias, señoría, es un brindis al sol que estén
hablando de que van a apoyar a la pequeña empresa canaria en su
internacionalización hacia África o hacia América.


Insisto en que los demás puntos, como el punto 7 que recoge solo
un extracto de la estrategia de internacionalización de Canarias, fueron
aprobados por unanimidad en el Parlamento de Canarias con los votos del
Partido Popular. Y hoy los traemos aquí. ¿Dónde está en el Senado el
Partido Popular de Canarias que nos dice que no a estas enmiendas? ¿Dónde
está el Partido Popular, dónde están los senadores de Canarias en estos
momentos en el Senado si no aprueban las iniciativas que traemos y que ya
se aprobaron por su partido en el Parlamento de Canarias? No es creíble
que digan una cosa allí y que hagan otra cosa aquí. No es creíble,
señoría.


Yo esperaba más compromiso. Esperaba más capacidad de los
senadores canarios del Partido Popular, para influir en que su Gobierno
cumpliera con Canarias y con los canarios. A estas horas, a esta
velocidad, con esta iniciativa que nos traen, que solo es vender humo, si
fuera por ustedes, en vez de poner a Canarias en el vagón de cabeza del
desarrollo, lo pondrían en el vagón de cola. No es de recibo que
presenten una moción como esta, genérica, que representa un paso atrás de
lo ya consensuado y aprobado, para vender humo a las puertas de unas
elecciones.


Desde luego, señoría, el grupo nacionalista no va a apoyar esta
iniciativa que es un brindis al sol. Creo que vivimos momentos muy
difíciles. Claro que es importante apoyar la internacionalización de
Canarias. ¡Claro que un momento de crisis como este sería el ideal para
que el Gobierno de España se estuviera implicando hasta sus últimas
consecuencias! Porque internacionalizar a las empresas canarias,
internacionalizar el papel de Canarias como plataforma tricontinental
entre África, América y Europa, ayudaría, sin duda, a diversificar la
economía de Canarias, a que genere un valor y nos dé herramientas para
poder salir de esta crisis. Eso sí sería hacerlo. Pero, señor Alarcó,
lamento mucho decirle que no es de recibo que en estos momentos nos
plantee una moción como esta, que no acepte estas enmiendas, producto del
trabajo y del consenso de todos los grupos parlamentarios en el Congreso
de los Diputados, en el Parlamento de Canarias y también producto del
consenso del Partido Popular, que, en su momento, las apoyó, y que
plantea una vuelta atrás, una regresión, además de vender humo.


Señoría, los nacionalistas canarios no nos planteamos apoyar esta
iniciativa si ustedes no aceptan estas enmiendas, que, como digo, están
basadas en el consenso, en el apoyo de los grupos que ustedes mismos
representan en otras cámaras. Desde luego, los nacionalistas no vamos a
contribuir a vender humo y a que ustedes engañen de nuevo a los canarios
ahora, en campaña electoral.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.


Nosotros, como grupo parlamentario, nos acercamos con sumo respeto
a esta discusión que, fundamentalmente, es una discusión canaria. Pero,
indudablemente, nos llaman la atención varias cuestiones. La primera: que
se hace al final de la legislatura. Llama la atención. La segunda: que
esta Cámara territorial podía haber tenido un buen debate, quizás no con
una moción, sino con una interpelación que hubiera dado paso a una
moción, y que hubiera estado muy bien que la hubiera defendido el
ministro Soria, que tengo entendido que ha sido candidato a la
Presidencia del Gobierno canario, que conoce Canarias —es
canario— e indudablemente se podía haber acercado a este problema
como lo ha planteado el senador Alarcó. Pero, de hecho, no ha sido así,
se hace una moción de paso al final de la legislatura para decir que aquí
estamos nosotros, que nos preocupamos de los asuntos de Canarias, hay
unas elecciones a la vuelta de la esquina y somos los únicos que
defendemos los intereses de Canarias. Por tanto, creo que no es así.


Los grupos canario y socialista han presentado enmiendas y, sin
embargo, el senador Alarcó ha anunciado que no va a aceptar ninguna de
las enmiendas. Nosotros creemos que lo que han planteado los senadores
que han intervenido, tanto de Coalición Canaria como del Partido
Socialista, es un buen diagnóstico de situación porque completan y
complementan esta iniciativa. Si verdaderamente se quiere apostar por
Canarias, apuéstese por estas enmiendas, que, indudablemente, son un buen
diagnóstico de situación. Canarias no es simplemente decir que puede ser
un puente interesante entre América y Europa, porque hay muchos matices y
un caleidoscopio de iniciativas que se han podido ir tomando. No
olvidemos que, incluso, con voto americano se eligen senadores. Por
tanto, no es un tema cualquiera, es un tema que tiene su
importancia.


El pasado lunes intervino en la Comisión de Asuntos Exteriores el
director de Casa Árabe. Cuando preparaba esa intervención, tuve el
interés de ver qué pasaba con la Casa Árabe y con la Casa África, y vi
que Casa África tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo,
en esta moción ni se nombra este asunto africano ni refleja de qué manera
se puede comprometer una intervención, una justificación y un trabajo
conjunto entre América, África y Europa; hubiera sido interesante.
Repito, esto hubiera sido interesante para una moción consecuencia de
interpelación.


Nosotros, que tenemos un pacto de coalición en Europa con
Coalición Canaria, haremos lo que haga Coalición Canaria. Coalición
Canaria ha dicho que si se aceptan sus enmiendas votarán favorablemente,
si no, que votarán en contra. Nuestro grupo hará exactamente lo que ha
anunciado la senadora Julios.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Señorías, quiero decirles que esta moción
es modélica. Estoy seguro de que cuando haya un estudio sobre mociones
electoralistas esta va a aparecer de las primeras, va a ser un ejemplo de
una moción electoralista que no dice absolutamente nada.


Además, es grave que el portavoz del Partido Popular no entre en
el debate de las enmiendas que han presentado el Grupo Socialista y
Coalición Canaria. ¿Por qué no entra en el debate? Ya sé que tiene una
intervención final pero lo lógico es que, después de dos intervenciones
con enmiendas precisas, usted hubiera intervenido y nos hubiera dado las
razones para votar sí o no.


Miren, esta moción es exclusivamente electoralista. Es
incomprensible. Se presenta a pocos meses de la disolución del Senado y
del Congreso, no cumple los compromisos acordados en instituciones y,
además, en general, es humo. Por tanto, la pregunta es: Señor Alarcó, de
todas las enmiendas que le han hecho, ¿por qué no recoge alguna? ¿Cuál es
la razón que impide que en esta Cámara hoy se concrete un apoyo
fundamental a Canarias? Las intervenciones, tanto del portavoz socialista
como de la portavoz del Grupo Mixto, son absolutamente precisas,
concretas, constructivas y en positivo.


Por lo tanto, si no se aceptan las enmiendas, votaremos también
negativamente e insistimos en que mociones de este tipo, a mi entender,
degradan el debate político del Senado y se convierten simplemente en
mociones electoralistas, al margen de los acuerdos tomados y de la
inacción del Gobierno del Partido Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Gràcies president, bon dia
senyories.


La meva intervenció també va en el mateix sentit. Sembla que en
aquest moment del calendari electoral fa que totes les mocions que
presenten els diferents grups siguin considerades per la resta com a
mocions electoralistes.


Jo si que veig per les intervencions que hi hagut fins ara i per
la defensa que ha fet el senador Alarcó, i també la Coalició Canaria i el
Grup Socialista, sí que veig que és una moció buida de contingut i que
s’oblida de coses i que en canvi pot aportar confusió a
l’hora de dir quines són les millors opcions per promoure aquestes
relacions entre Europa i Amèrica. Crec que Espanya com a tal, i les seves
diferents regions tenen una llarga i densa tradició de relacions amb
Iberoamerica i aquesta moció en el seu primer punt que diu que vol
articular tantes mesures com siguin necessàries perquè Canàries es
constitueixi com a plataforma estable per la seva situació estratègica de
relacions entre Iberoamèrica i Europa pot donar a entendre que és la
única, jo voldria recordar aquestes relacions denses al llarg dels
anys.


Com ha dit el senador Anasagasti, la Casa Àfrica te seu a
Canàries, però tenim a Madrid la Casa América que te dos seus: aquests
consorcis que depenen del Ministeri d’exteriors i que tenen una seu
a Madrid i un altre a Barcelona, aleshores, com queda tot això, jo crec
que hem de treballar tots amb un sentit de país i que allò que pot
aportar Canàries precisament és aquesta relació d’Espanya amb
aquesta Àfrica occidental, amb aquesta Àfrica subsahariana: el Senegal,
Níger... perquè recordem també que Àfrica també te una part mediterrània,
i que d’alguna manera també hi ha tots els països riberencs, perquè
si no cada grup hauria de començar a presentar mocions en el sentit de
demanar que des dels diferents ports esdevinguem plataformes estables de
relació amb els països asiàtics. Penso que aquesta no és la voluntat,
però sí que podria donar lloc a aquesta confusió i a menystenir totes les
relacions dutes a terme.


El segon punt de la seva moció diu «potenciar la inversió a les
petites i mitjanes empreses i les grans empreses, aprofitant aquest
caràcter ultraperifèric i aquests incentius fiscals dels quals disposen.
Crec que això és un objectiu del govern no sols a Canàries, sinó a tot
l’Estat, els primers actors de la recuperació econòmica són les
petites i mitjanes empreses, a més de les multinacionals, però de tota
manera, les petites i mitjanes empreses són les que fixen la població al
territori són a les que realment hem d’ajudar i ho veiem bé.
D’altre banda sols es podria aconseguir gràcies al què dient el
grup de Coalició Canaria: la cinquena llibertat, la possibilitat
d’aquests vols que puguin fer escala a Canàries i poder rebre o
descarregar passatgers procedents d’un costat i de l’altre de
l’Atlàntic.


També parlen de dinamitzar tot allò relacionat amb l’àmbit
cultural i científic entre els dos continents, voldria recordar que això
interessa molt a totes les ciutats espanyoles, ara jo vinc de Catalunya,
malgrat que sóc de Girona, vull recordar el Centre Iberoamericà de
Desenvolupament Estratègic i Urbanístic., que te una llarga tradició i la
seva seu a Barcelona i que ha anat celebrant cimeres arreu de la
península i arreu dels estats iberoamericans, per tant això podria posar
en risc la feina d’organismes que porten aquesta llarga trajectòria
i que ara amb aquesta moció sembla que hem de començar de cero.


I per tant, per tots aquests motius, per el fet de veure que
aquesta moció no ens aporta gran cosa més, sinó que podria arribar a
difuminar i a posar un núvol de fum en tot el que és la política exterior
del nostre país i no beneficiaria de cap manera les Canàries, ens al
contrari, sols aporta aquestes ganes de dir seguim fent el que fèiem, i
una mica més, i veient que no accepten cap de les aportacions que els fan
els altres grups, els manifesto que el meu grup s’abstindrà.


Moltes gràcies i bon dia.


Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.


Mi intervención va en la misma línea.






El calendario electoral que
tenemos en estos momentos provoca que todas las mociones que presentan
los diferentes grupos al resto le parezcan electoralistas.


Veo por las intervenciones que ha habido hasta ahora, por lo que
afecta al senador Alarcó, a Coalición Canaria y al Grupo Socialista, que
es una moción vacía de contenido, que se olvida de algunas cosas, y que
puede llevar a confusión respecto a las mejores opciones para promover
las relaciones entre Europa y América. España y sus diferentes regiones
tienen una larga y densa tradición de relación con Iberoamérica, y el
primer punto de esta moción, que pretende articular tantas medidas como
sean necesarias para que Canarias se constituya como una plataforma
estable por su situación geoestratégica de relaciones entre Iberoamérica
y Europa, puede dar a entender que es la única; por ello, he querido
recordar estas relaciones densas a lo largo de los años.


Como ha dicho el senador Anasagasti, Casa África tiene su sede en
Canarias, pero Casa América tiene dos sedes, una en Madrid; son
consorcios que dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores y tienen una
sede en Madrid y otra en Barcelona. Tenemos que trabajar todos con un
sentido de país, y aquello que puede aportar Canarias es precisamente la
relación de España con esta África Occidental, esta África Subsahariana,
Senegal, Nigeria, etcétera, porque recordemos que África también tiene
una parte mediterránea. De lo contrario, cada grupo empezaría a presentar
mociones pidiendo que se convirtieran los diferentes puertos en
plataformas estables de relación con los países asiáticos. (Seríamos
todos los países de la ribera.) Esta no es la voluntad de la moción, pero
podría llevar a confusión y se podrían menospreciar las relaciones
llevadas a cabo hasta ahora.


El segundo punto de la moción pretende potenciar la inversión de
las pequeñas y medianas empresas y de las grandes empresas, aprovechando
el carácter ultraperiférico y los incentivos fiscales de los que
disponen. Este es un objetivo del Gobierno no solo para Canarias sino
para todo el Estado; es decir, los primeros actores de la recuperación
económica son las pequeñas y medianas empresas —aparte de las
multinacionales— a las que tenemos que ayudar, y nos parece bien.
Por otro lado, esto se podría conseguir —lo decía Coalición
Canaria— con la quinta libertad, es decir, la posibilidad de que
vuelos puedan hacer escala en Canarias y así recibir o descargar
pasajeros procedentes de uno y otro lado del Atlántico.


También hablan de dinamizar todo lo relacionado con el ámbito
cultural y científico entre los dos continentes. Les recuerdo que es algo
que interesa mucho en todas las ciudades españolas. Yo vengo de Cataluña,
soy de Girona, y quiero recordar que en el Centro Iberoamericano de
Desarrollo Estratégico Urbano, que tiene su sede en Barcelona, se
celebran cumbres de toda la península y todos los Estados
iberoamericanos. Por tanto, esta moción podría poner en riesgo el trabajo
de organismos que llevan una larga trayectoria y podría parecer que
tendríamos que empezar de cero.


Por estos motivos, porque consideramos que esta moción no nos
aporta mucho más y podría ser una cortina de humo en la política exterior
de nuestro país, y no beneficiaría de ningún modo a las islas Canarias,
sino todo lo contrario, solo les llevaría a decir que seguimos haciendo
lo que hacíamos y un poco más, y viendo que no aceptan ninguna de las
aportaciones del resto de grupos, les manifiesto que mi grupo se va a
abstener


Muchas gracias y buenos días.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
González Bethencourt.


El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, señor presidente.


Entiendo que el señor Alarcó no quiera abordar nuestras enmiendas
ni la importancia que tendría la convalidación definitiva del régimen
económico y fiscal para este proyecto. No quiere entenderlo, no quiere
oírlo, pero yo quiero decir a los demás senadores de la Cámara que
Canarias, por su condición insular, alejada de Europa, ha contado
históricamente con un tratamiento singular desde el siglo XVI tras la
incorporación a Castilla. Eso se ha traducido en un sistema librecambista
de puertos francos, basado en la libertad comercial de importación,
exportación, franquicias aduaneras, impuestos locales, etcétera, todo
ello trasladado en una ley de régimen económico y fiscal de Canarias que
además la Constitución reconoce, vinculado a la solidaridad que hay que
tener por nuestro hecho insular, nuestra lejanía, y también porque el
canario es la mejor renta que existe en España. En este sentido, les
quiero trasladar la importancia que tiene la anexión de España a la
Comunidad Europea el 1 de enero de 1986 que hizo inaplazable la
actualización del REF, porque no se colmaron las aspiraciones canarias,
sobre todo en materia de exportaciones agrícolas a Europa.


Por tanto, parece lamentable que no se entienda que en un proyecto
como este es muy importante la actualización del régimen económico y
fiscal, máxime cuando de lo que se trata es de propiciar movimientos
comerciales en Canarias donde tenemos el mayor paro de España, que ya
ronda el 34 %, que castiga sobre todo a jóvenes, a mujeres y a parados de
larga duración. Pues bien, realmente, lo que habría que traer hoy a esta
Cámara no es una moción electoralista a final de una legislatura cuando
no se ha hecho absolutamente nada de lo que se plasma en la moción del
Partido Popular. Lo que habría que haber traído aquí por fin es el encaje
de la legislación europea con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias
porque el periodo 2014-2020 es vital para Canarias en fondos y en ayudas
como región ultraperiférica.


Por tanto, nosotros lamentamos muchísimo que el señor Alarcó no
explique —espero que lo haga ahora— por qué no puede aceptar
estas 4 enmiendas sencillísimas, que muestran la voluntad de todos los
grupos en el Parlamento de Canarias de ayudar a esta moción, que es su
única pretensión, con inversiones en los puertos y aeropuertos, en
infraestructuras, en el avance de la trascendencia que puede suponer la
actualización del Régimen Económico y Fiscal de Canarias; que se destinen
todos los instrumentos relativos a costes de transporte, a mejoras en la
conectividad aérea, en la conectividad marítima; la quinta libertad,
fundamental —estoy de acuerdo con Coalición Canaria en lo
importante que es la quinta libertad para Canarias—, pues
proporcionaría puestos de trabajo y beneficiaría a las pequeñas y
medianas empresas; y, sobre todo, lo que debería hacer el señor Alarcó
es, en primer lugar, aceptar estas enmiendas si realmente esta moción
tiene la voluntad de que el Senado colabore y obligue al Gobierno.


En segundo lugar, voy a felicitar el señor Alarcó porque, por lo
que veo, está concitando el rechazo de todos los grupos de la Cámara;
todos los grupos de la Cámara están rechazando su moción, le están
invitando, incluso, a que la retire porque esto es una vergüenza.
Sinceramente, los canarios no entendemos que a estas alturas se oiga aquí
que una moción que dice avanzar, negociar, profundizar, pedir, etcétera
no diga absolutamente nada económico, no obligue a nada al Gobierno.
Sinceramente, señoría, si no aceptan nuestras enmiendas yo le pediría en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista que retire la moción. Pero,
además, voy a pedir otra cosa. Quiero saber qué opinan los senadores
canarios del Grupo Popular. ¿Qué opinan los senadores canarios de esta
moción tan vergonzosa para Canarias? ¿Qué opinan? Porque están callados.
Se han ido. Porque yo no les veo. ¿Dónde están los senadores del Grupo
Parlamentario Popular? Porque han desaparecido. ¿Qué opinan sobre esta
moción del Grupo Popular? ¿Qué opinan sobre esta moción que presenta,
además, un candidato a unas elecciones municipales? Porque a lo mejor su
intención es sacar mañana unos titulares en prensa; y desde luego lo va a
conseguir, porque nosotros vamos a denunciar cómo se está utilizando hoy
el Senado para presentar una moción que no tiene ninguna trascendencia
para Canarias, que no significa nada, que no obliga a nada al Gobierno,
que no obliga a nada al ministro de Hacienda, que no obliga al presidente
del Gobierno a que avance en la convalidación de un régimen económico y
fiscal que sí tendría valor tricontinental. Y, sinceramente, ignorar a
África en este proyecto me parece lamentable; a África, a la que tenemos
al lado de Canarias, con lo importante que es contar con ella en las
relaciones comerciales y con la cantidad de empresarios canarios que
están esperando pendientes de invertir en África. Sinceramente, señor
Alarcó, le invito a que retire la moción. Y a los senadores del Grupo
Popular, que no están aquí, les pido que ahora, cuando entren, voten en
contra de la moción del señor Alarcó.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González
Bethencourt.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador
Alarcó.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, debo decir que me he dado cuenta de que
ha sido muy oportuno presentar esta moción. Ahora sí me he dado cuenta de
ello.


Quiero agradecer el tono que en general han empleado todos los
compañeros senadores de otros grupos, que han expresado de forma razonada
su criterio. Va a hacer ocho años que estoy en esta Cámara y hemos sacado
casi todas las mociones por unanimidad. Yo no rehúyo la discusión y no
utilizo la Cámara con fines electoralistas; nunca lo hemos hecho, nunca
lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Otra cosa es que no guste.


Querido señor Anasagasti —a quien conozco y de quien aprendo
mucho porque es un hombre experto—, nosotros no vamos a presentar
una interpelación al Gobierno. No, señoría. Usted, que lleva muchos años
aquí, sabe que no podemos hacerlo porque estamos gobernando, y no por
nada, sino por la forma jurídica o parlamentaria de realizarlo.


Por cierto, y antes de que me olvide: Canarias somos todos, y la
fuerza más votada en Canarias es el Partido Popular. Senadores aquí somos
todos, unos autonómicos y otros de designación directa, y los senadores
del Partido Popular, que somos mayoría en Canarias, tenemos un resultado
en número de votos mayoritario; más que ningún otro. Y no es algo para
presumir, pero sí para contarlo. No nos vengan a dar lecciones de
democracia, de representatividad o de elecciones. El proceso electoral no
lo marco yo; el proceso electoral está aprobado por ley. Decir que ahora
todas las mociones tienen que ser electorales...Yo no voy por ahí, yo
estoy en política por otras cosas, estoy por un compromiso, de verdad. Yo
no vivo de la política. Estoy feliz en ella, pero no presento una moción
para buscar un simple voto.


Señora Julios, yo a usted no le agradezco ni el tono. Usted sí que
ha dado un mitin, usted sí que se cree que son dueños de Canarias y ni
siquiera son el partido mayoritario allí. Los políticos somos
administradores temporales de lo público, no dueños de ello, y me da la
sensación de que ustedes quieren ser los dueños. Que no, señoría, están
ustedes mal acostumbrados; llevan mucho tiempo con este tema. Por cierto,
el suyo creo que es un tono mitinero que desde luego no conviene a la
Cámara y que yo no veo en casi nadie. Su tono me ha sorprendido.


Señor Saura, yo siempre contesto, y a usted también. Le conozco
hace tiempo y nunca he dejado de hacerlo. ¿Qué es eso de que la moción es
humo? Estoy dispuesto a discutirlo en un monográfico; a ver quién dice lo
que es humo después de analizar nuestras mociones. Señoría, lo primero
que yo he hecho antes de venir a esta Cámara es hablar con la senadora
Julios, del Grupo Mixto, y con el senador González Bethencourt, del Grupo
Socialista, a los que he preguntado cómo lo ven y a lo que me responden
que habría que verlo porque parece incompleto. Sí, puede ser incompleto y
le recuerdo al senador de Canarias, José Vicente González Bethencourt,
que encima nos quiere dar clases de cómo tenemos que hacer las cosas, que
lo que nos faltaba es que nos marcara la ruta política que tenemos que
seguir. Por cierto, si me la marcara usted no tengo ningún futuro, cosa
que no voy a hacer. Como usted ha presentado un tótum revolútum, insta a
mis compañeros del Partido Popular diciendo que dónde están los
senadores, pues mírelos ahí sentados, cosa que usted y algunos otros no
están ahí siempre. Mírelos ahí sentados, ellos saben claramente lo que
tienen, lo que nos faltaba es que usted incitara a los senadores del
Partido Popular. Hágalo con los suyos, porque si quiere hablamos en
Canarias de lo que les ocurre a los suyos, pero no es el caso. También
estoy dispuesto a hablar en Canarias de lo que ocurre con el presidente y
el vicepresidente del Gobierno de Canarias, uno de Coalición Canaria y el
otro del PSOE a los que su propio partido les ha quitado el apoyo. No
queremos a este presidente, no sé si porque no lo ha hecho bien, y no
queremos al vicepresidente porque no sé si lo ha hecho bien, no sé si ha
defendido el REF bien o mal; no sé lo que ha hecho, y no pensaba entrar
en el y tú más, pero me parece increíble lo que ha querido hacer.


Además, ¿cómo que no sale la palabra África, si yo la he nombrado
siete veces y parte de una moción? Porque debo recordarle, ya que todavía
no se lo he dicho, que en diciembre de 2009 el señor Quintero y yo
debatimos sobre una moción para crear el espacio euroafricano, y lo
consensuamos, con el señor Saura incluido. (El señor Alarcó Hernández
muestra un documento). Todos los partidos firmamos un documento que no
voy a repetir, porque es absurdo que lo haga, que le mandé a Narvay
Quintero, a María del Mar Julios y al senador Bethencourt firmado por
todos, en donde se crea el espacio, y se dan todos los puntos que en
estos momentos ellos quieren que se incluyan. Además, le digo que en esta
moción aceptamos estos ocho puntos enteros que ya están aprobados, con lo
cual sería repetitivo y eso sí sería vender humo absolutamente. Me parece
totalmente increíble. ¡Claro que nombramos a África, como que creamos una
moción, como que hubo ya una reunión del espacio euroafricano y, además,
unido con Europa! Por cierto, ¿cómo no vamos a hablar de las pymes? Este
es un documento base con apoyo del Gobierno para que respecto a la
plataforma que todavía no existe haya un compromiso formal por primera
vez en la historia; por cierto, la Casa África está en Canarias y también
puede estar la Casa Iberoamericana. (El señor Alarcó Hernández muestra un
documento). Esto, señor González Bethencourt, aunque usted no estaba en
el Senado en esa época, lo firmó su grupo, el Grupo Parlamentario
Socialista en el 2009, ¿y quién gobernaba en el 2009? Todos los puntos
que usted ha dicho se aprobaron en ese año, por cierto, fue un corta y
pega, a lo cual está usted muy acostumbrado, porque están redactados
exactamente igual que los puntos que hicimos entre todos, por lo cual,
señor Saura, no tenía sentido que de lo que dijimos entre todos solo se
haya cumplido una parte de un solo punto que yo quería incluir aquí para
que estuvieran los cuatro puntos, que para algunos de ustedes eran humo,
más estos ocho aprobados y así lograr lo que se tenía que conseguir.
Nosotros siempre buscamos el consenso.


Con respecto a la región ultraperiférica, señor Bethencourt, no es
un beneficio, es una realidad que está en la Constitución Europea, somos
parte específica y clara de Europa y hay fondos especiales para la región
ultraperiférica. Por cierto, ¿qué ha hecho el Partido Popular? Muchas
cosas. Y lo que ha hecho coincide con la representatividad que yo llevé
al Fondo de cohesión en Bruselas por dos veces representando a una parte
de este Senado, porque también fue con nosotros el señor Manchado y algún
otro senador. Ahí defendimos los fondos de cohesión, cada uno a su
manera, y se consiguieron en la primera reunión y en la segunda. Por lo
tanto, ¿qué hemos hecho? Garantizar fondos de cohesión y aumentar y
garantizar el Posei. Usted habla de una forma un poco despectiva porque
aquí el que utiliza el periódico bien es usted, porque el otro día en una
moción que se aprobó, a la que nosotros votamos en contra, y que yo pacté
con usted, al día siguiente salió en la prensa de Canarias diciendo que
el señor Alarcó vota en contra de una moción, en contra de Canarias. Ese
estilo nunca lo usaré señor Bethencourt, por eso no me gusta que me
marque usted la línea política. Márquese la suya, que ya tiene bastantes
dificultades para hacerlo, y deje a los demás que democráticamente se
marquen lo que hay.


En definitiva, ¿qué se va a aprobar hoy? Yo creo que se va a
aprobar. ¿Por qué? Porque es una moción política y comprometida. Claro
que no es económica. No lo es. No pretendía ser económica. ¡Claro que no
está el REF! Garantiza que en esa plataforma sea un punto importante el
REF y en ese punto importante tienen que estar las pymes, tienen que
estar los autónomos, pero claro que no está el REF, no tenga usted
ninguna duda de que defendimos el REF en Europa, lo defendieron nuestros
eurodiputados muy claramente, Gabriel Mato defendió muy claramente el REF
y usted lo sabe, lo defendimos en Canarias y lo defendimos en el Senado.
Lo estamos defendiendo siempre y aquí también nos hemos referido a ello
en 5 ocasiones.


Por tanto, hay que articular cuantas medidas sean necesarias para
constituir una plataforma estable no es humo, es una realidad política
que ocurre por primera vez; potenciar las pymes y las grandes empresas
aprovechando el IGIC y la ZEC no es humo, es realmente un compromiso
formal y estable y dinamizar todo lo relacionado con el ámbito cultural y
científico es muy claro. Por cierto, hoy se ha discutido en Europa, en
Frankfurt, sobre el gran telescopio ruso, que espero que vaya a Canarias,
y ha sido defendido por todos. Yo no me creo, señor Saura, que seamos los
únicos, ni muchos menos, palabra que yo nunca uso. Canarias es de todos
los canarios, de todos los españoles y también de Europa, porque es una
región europea.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alarcó.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229;
votos emitidos, 228; a favor, 141; en contra, 77; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE REALICE LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA IR ADOPTANDO MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA
ACCESIBILIDAD DE TODAS LAS PERSONAS Y QUE SE DECLARE EL AÑO 2017 COMO AÑO
DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.


662/000189

GPP


El señor presidente da lectura al punto 6.2.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
autor de la moción, ha presentado una enmienda de sustitución que se
entiende incorporada al texto original de la moción. Además, se han
presentado 4 enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa
de los senadores Iglesias y Mariscal; otra del Grupo Parlamentario
Socialista; otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.


Para la defensa de la moción originaria con la enmienda
incorporada, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Ibarrondo.


El señor IBARRONDO BAJO: Presidente, señorías, muy buenos
días.


El Grupo Parlamentario Popular presenta una moción en esta Cámara
con la intención de declarar el año 2020 como año español de la
accesibilidad universal. Este concepto persigue fundamentalmente la
igualdad de condiciones para todos los ciudadanos en cualquier ámbito de
la vida: en el estudio, en el trabajo y en el ocio.


En el año 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la
fecha 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, lo cual supuso el punto de partida para que tanto la
sociedad como los organismos gubernamentales comenzaran a tomar
conciencia. Posteriormente, el año 2003 fue declarado como el Año Europeo
de las Personas con Discapacidad por la Unión Europea, en un intento más
por impulsar políticas encaminadas a la mejora de la calidad de vida de
las personas con discapacidad. Esta declaración supuso claramente un paso
muy significativo.


Ya en el año 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas dio otro
paso decisivo al aprobar la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, entre cuyos principios rectores se
encontraba la accesibilidad, la participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades y la no
discriminación.


La intención de declaración del año 2020 como año español de la
accesibilidad universal debe ser un hito, el colofón de un trabajo bien
hecho y satisfactorio para todos los ciudadanos, donde el esfuerzo por la
accesibilidad sea un motor hacia la efectiva igualdad de todos y en todos
los espacios y, por supuesto, catalizador para seguir con esa misma
labor. Esta declaración del año 2020 es una petición que se ampara en
todo lo anteriormente dicho y que sigue las líneas establecidas por
Naciones Unidas y en la Estrategia Europea sobre
Discapacidad 2010-2020.


La convención en su preámbulo reconoce la importancia de la
accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud
y la educación, a la información y a las comunicaciones para que las
personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales. También en su artículo 1,
referente al propósito, lo explica todo: promover, proteger, asegurar el
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades. Recuerda que las personas con discapacidad incluyen a
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales; un dato muy importante. En su artículo 9, relativo a la
accesibilidad, establece lo siguiente: los Estados parte adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico,
al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y
fíjense lo que señala el artículo 19: vivir de forma independiente y ser
incluido en la comunidad.


En la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 se habla en
términos muy similares a los de la convención, pero sus conclusiones
exhortan a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros
a colaborar en el marco de esta estrategia con el fin de construir una
Europa para todos libre de barreras.


Debemos hacer hincapié en qué se entiende por accesibilidad
universal. ¿Qué es accesibilidad universal? Es la condición que deben
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como
los objetivos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural
posible. Hay que reconocer que es responsabilidad de la sociedad en su
conjunto y muy especialmente de los poderes públicos. También es
imprescindible hacer extensiva esta responsabilidad sin olvidar al tejido
empresarial, a la universidad y a la sociedad civil en general. Ya la
Ley 13/1982, sobre integración social de los minusválidos y, veinte años
después, la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades producen un amplio
desarrollo normativo que da lugar a una pluralidad de normas
estatales.


Asimismo, en el ámbito internacional, como hemos dicho
anteriormente, se produce la Convención de Naciones Unidas y la
Estrategia Europea 2010-2020, España, Europa, todas las naciones unidas
vamos todos a un gran acuerdo en la misma línea. Hoy, España, con
ciudades que superan en el ámbito urbano porcentajes de accesibilidad muy
altos, vemos que la accesibilidad efectiva de todos debe ir aún más allá.
En 2014, concretamente en septiembre, se aprobó el Plan de acción de la
Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020. En este plan se fijan
las medidas prioritarias, 5 puntos: igualdad, empleo, educación,
accesibilidad y dinamización económica, que persiguen 21 objetivos
desarrollados en 96 actuaciones, y se señalan los ámbitos en los que es
más necesario actuar para que las personas con discapacidad dispongan de
los recursos que les ayuden a superar la diversidad de barreras a las que
todavía tienen que enfrentarse diariamente. En este sentido, trata de
poner unas acciones y crear un clima social en el que las personas con
discapacidad se sientan consideradas y animadas a formar parte de las
actividades políticas, culturales, artísticas, deportivas, sociales en
general y que no tengan impedimento externo para hacerlas.


Sí me gustaría ahora poner el acento en lo que es el seguimiento y
control, que es fundamental. El Consejo Nacional de Discapacidad será el
órgano responsable del seguimiento y control del plan de acción en sus 2
fases. Para ello deberá realizarse un informe anual sobre la fase en
vigor del plan de acción que el Consejo Nacional de Discapacidad deberá
debatir en su reunión ordinaria plenaria del segundo semestre de cada
año. El citado informe será realizado por el Observatorio Estatal de la
Discapacidad con las directrices que establezca la secretaría del Consejo
Nacional de la Discapacidad y bajo su supervisión. Durante el último
trimestre de 2016 —muy importante—, se presentará al Consejo
Nacional de la Discapacidad este informe que definirá los objetivos de
esta segunda fase hasta 2020.


Por otro lado, en el plan se contempla que las necesidades de
accesibilidad y la sensibilización sobre su importancia han de
incorporarse tanto en la actividad del sector privado, esencialmente en
las empresas, como en el sector público. Y aquí es donde apoyamos nuestra
moción. Nosotros, España entera, con nuestro ejemplo como sociedad, con
nuestro ejemplo y currículo en asistencia sanitaria o con nuestro
comportamiento con los mayores, muy vulnerables a la no accesibilidad,
debemos liderar y llegar a esta meta 2020 con el trabajo bien hecho. Las
actuaciones físicas, técnicas, jurídicas y administrativas deben marcar
un ritmo intenso y continuo. Los colectivos, las asociaciones que
trabajan por la accesibilidad —por cierto, hoy nos visita una de
ellas, a la que saludamos afectuosamente—, debemos estar juntos
liderando y colaborando con la política, con la empresa pública, con la
empresa privada, que debe ser un paso más, subir un peldaño más hacia la
igualdad. El trabajo hasta ahora ha sido mucho pero claramente
insuficiente, sobre todo para algunos. La ilusión, las ganas, las
fuerzas, las medidas y los recursos siguen ahí y cada vez deben ser
mayores; por eso esta propuesta no busca nada más que lo que queremos
hacer: un año en España en el que dedicaremos mucho tiempo a informar,
sensibilizar y rendir cuentas de lo hecho a la colectividad, rendir
cuentas de lo hecho.


El año 2020 por la accesibilidad universal debe motivar a las
instituciones públicas, a las privadas, al mundo de la docencia, de la
cultura, de la formación humana, del deporte a creernos y trabajar sobre
lo que también hemos pensado a lo largo de estos años y hemos escrito
mucho sobre ello.


Y termino diciendo que presentamos en el Senado una moción con un
objetivo muy sencillo, pero de un calado y de un peso social
importantísimo. La accesibilidad es una condición previa a la
participación en la sociedad y también a la participación en la economía.
Conseguir que sea una realidad 2020 como año de la accesibilidad
universal en España no es un mero eslogan, comporta una responsabilidad,
comporta un compromiso muy fuerte, nos obliga a unos compromisos
políticos, económicos y sociales constantes, que —insisto— se
vienen haciendo desde hace muchas legislaturas, pero no se deben
ralentizar, sino todo lo contrario. Hablamos de un año en la España
de 2020 donde dediquemos tiempo a mostrarnos cumplidores de nuestros
compromisos con la Unión Europea, las Naciones Unidas y, cómo no, con
nosotros mismos; un año en la España de 2020 donde dediquemos tiempo a
presentar un país que ha trabajado por superar y supera las barreras
físicas, sensoriales y cognitivas, obstáculos en todo su sentido que
durante mucho tiempo no nos han dejado ser verdaderamente iguales. Esta
es la moción.


Muchísimas gracias. Buenos días. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Nuestra enmienda lo es a una moción diferente. Si mediante una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular se dilata en tres años la
declaración de ese año de accesibilidad universal, que era la única
virtualidad de la moción —es lo único que planteaba como medida
susceptible de ser llevada a la práctica—, sin duda, se reducen las
posibilidades de los demás grupos de la oposición a la hora de enmendar.
En todo caso, la enmienda que formulamos el senador Mariscal y yo mismo
asumía, por no entrar en una confrontación directa con el texto de la
moción, el que se mantuviera esa solicitud de declaración de
entonces, 2017 —ahora, 2020— como año de la accesibilidad
universal. Pero lo fundamental de la enmienda que hemos planteado intenta
dar un contenido más amplio a la moción; en términos coloquiales, hacer
práctica la moción. Por ello, se pide que se cumpla el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprobó el Texto
Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social, en preceptos muy claros que establecían plazos
que se están incumpliendo o están a punto de incumplirse. Así, su
artículo 24 establece que, en el plazo de dos años desde la entrada en
vigor de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios integrales
sobre la accesibilidad a los bienes y servicios relacionados con la
sociedad de la información y medios de comunicación social. El
artículo 25 señala también que en el plazo de dos años desde la entrada
en vigor de la ley el Gobierno deberá realizar los estudios integrales
sobre la accesibilidad a los espacios públicos urbanizados y
edificaciones. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia). El artículo 27 indica también que en el plazo de dos años
desde la entrada en vigor de esta ley el Gobierno deberá realizar los
estudios integrales sobre la accesibilidad a los diferentes medios de
transporte. Y el artículo 28 igualmente señala que en ese plazo de dos
años el Gobierno deberá hacer los estudios integrales sobre accesibilidad
a los entornos en los ámbitos de las relaciones con las administraciones
públicas. Estamos a muy pocos meses de que se cumplan esos dos años y
nada indica que, a día de hoy, los estudios que debía haber realizado el
Ejecutivo estén siquiera en fase de inicio. Por su parte, el artículo 29
plantea también que se realicen en el mismo plazo estudios sobre la
accesibilidad a bienes y servicios a disposición del público.


Y por si fuera poco, la disposición adicional cuarta establece
que, en el plazo de un año —ya incumplido—, el Gobierno debía
aprobar el plan nacional de accesibilidad para un periodo de nueve
años.


Creemos que está bien que en algún momento —mejor en 2017
que en 2020 y mejor en 2016 que en 2017— haya un año de la
accesibilidad universal que plantee un debate a la sociedad sobre la
necesidad de que el conjunto de las administraciones, y también la propia
sociedad, se involucren en el desarrollo del concepto de accesibilidad
universal. Pero, más allá de valorar positivamente cualquier tarea o
difusión de sensibilización social, pensamos que las administraciones
públicas tienen que hacer algo más. En primer lugar, cumplir las leyes de
las que nos hemos dotado y, a partir de ellas, garantizar a través de los
compromisos presupuestarios y del desarrollo de las estrategias
correspondientes que estas contribuyan a resolver los problemas de los
colectivos para los que se ha legislado. Y en este caso concreto creemos
que es imprescindible que el Gobierno cumpla el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de su
enmienda, tiene la palabra la senadora Andrés.


La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño y muy brevemente, porque coincidimos
prácticamente con lo que ha manifestado el portavoz del Grupo Mixto.


Señorías, permítanme que les diga que su enmienda no lo es a una
moción presentada por ustedes mismos, sino una nueva modificación,
camuflada, de la disposición adicional tercera del Texto Refundido de la
Ley General de derechos para las personas con discapacidad. Es, en
definitiva, un nuevo incumpliendo de la ley; y no logramos entender
—permítanme que lo diga— por qué su grupo parlamentario, el
grupo político que apoya al Gobierno, presenta esta moción, que lo único
que va a hacer es poner en evidencia los incumplimientos y la absoluta
dejación de competencias que ha hecho el Estado en materia de
accesibilidad para las personas con discapacidad.


Nuestra enmienda a la moción primaria que ustedes habían
presentado reflejaba, por supuesto, la fecha límite para todas las
políticas de edificabilidad, sociales, etcétera, que marcaba la
disposición adicional tercera del texto refundido. Pero íbamos un poco
más allá y añadíamos un nuevo cumplimiento, que se indica en el texto
refundido: el desarrollo del reglamento de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad a los
bienes y servicios puestos a disposición del público.


Señorías del Grupo Parlamentario Popular, tienen que acostumbrarse
—usted mismo, señor portavoz, lo ha dicho en su intervención—
a presentar mociones que sirvan para acelerar o al menos cumplir las
leyes de las que nos dotamos, y mi grupo parlamentario no está dispuesto
a apoyar mociones que ralentizan o autorizan incumplimientos de lo que
nos marcan las leyes. Usted ha dicho que los compromisos no se deben
ralentizar, pero presenta una moción para ralentizar todos los
compromisos del Gobierno que establece la ley de 2013 en materia de
accesibilidad universal. ¿Por qué quieren modificar todas estas fechas?
Porque no han hecho nada, porque no han dado ningún paso que haga
factible que el año 2017 se pueda declarar año de la accesibilidad
universal; ninguno. Y se ponen en evidencia, porque no podemos empezar la
casa por el tejado; no vamos a declarar 2017 como el año de la
accesibilidad universal cuando no podemos poner nada de ejemplo. Les
invito a hacer una cosa: que, en esa fiebre legislativa que nos han
anunciado como Gobierno para los meses estivales en los que vamos a
entrar, tanto julio como agosto, traigan aquí el desarrollo de todos los
reglamentos a los que se refiere la ley. Si lo hacen así, seguramente
podamos declarar, como están pidiendo el Cermi y muchas plataformas de
personas con discapacidad, 2017 como el año de la accesibilidad
universal.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Andrés.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.
Intervendré desde el escaño.


El meu grup ha presentat una esmena de modificació que
addicionaria un segon paràgraf perquè la moció reflecteixi que les
esmentades mesures aniran en tot cas acompanyades del corresponent
finançament. Considerem que per més bones intencions que es tinguin, cal
que es puguin materialitzar, i per fer-ho possible el finançament és
imprescindible, en això i en tot. Així mateix incloem instar al Govern
perquè en el termini de tres mesos presenti un informe identificant les
partides pressupostàries executades en els darrers cinc anys, amb
l’objectiu de garantir l’accessibilitat. L’esmentat
balanç ha de constituir un punt de partida objectiu per incrementar la
quantia de les inversions en accessibilitat en exercicis futurs. Al
balanç també entenem que si haurien d’especificar els recursos que
l’Estat ha transferit a les comunitats autònomes perquè aquestes
puguin dur a terme les mesures i actuacions oportunes tendents a garantir
l’accessibilitat universal.


Amb l’acceptació d’aquesta esmena, la moció seria més
realista i tindria conseqüències practiques, i el que també és important,
en un termini no molt llunyà en el temps.


Moltes gràcies.


Mi grupo ha presentado una enmienda que adiciona un segundo
párrafo a la moción, en el que se indica que dichas medidas irán
acompañadas de la correspondiente financiación. Consideramos que por
muchas acciones que se hagan, hay que materializar estas, y para que ello
sea posible es necesaria la financiación en esto y en todo. Así, instamos
al Gobierno para que en el plazo de tres meses presente un informe
identificando las partidas presupuestarias ejecutadas en los últimos
cinco años, con el objetivo de garantizar la accesibilidad. El mencionado
balance debe constituir un punto de partida objetivo para incrementar la
cuantía de las inversiones en la accesibilidad en ejercicios futuros. En
el balance también se deberían especificar los recursos que el Estado ha
transferido a las comunidades autónomas para que estas puedan llevar a
cabo las medidas y actuaciones oportunas, dirigidas a garantizar la
accesibilidad universal.


Con la aceptación de esta enmienda la moción sería más realista y
tendría consecuencias prácticas, lo que también es importante, en un
plazo no muy lejano de tiempo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Rieradevall.


Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra la senadora señora
Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: El nostre Grup ha presentat una esmena
en la que sobre tot feia incís en partides finalistes per eliminar
barreres, perquè quan parlem d’accessibilitat sí que és veritat que
hem legislat extensament sobre la no construcció de noves barreres en tot
allò que fem nou, però hem deixat de destinar diners en el que és
important: eliminar les existents I per això era exactament la nostra
esmena.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


Mi grupo ha presentado una enmienda que incide en partidas
finalistas para eliminar barreras, porque hemos legislado extensamente
sobre la no construcción de barreras en todo aquello que hacemos nuevo,
pero hemos dejado de destinar dinero a lo importante: eliminar las
existentes. Ese es el objetivo de nuestra enmienda.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o
no las enmiendas presentadas.


El señor IBARRONDO BAJO: Gracias, presidente.


La verdad es que esta moción persigue un objetivo clarísimo:
declarar 2020 el año de la accesibilidad universal. No es una
justificación para no rendir cuentas sobre algo, cuando ya las estamos
rindiendo.


El decreto legislativo 1/2013, en su artículo 73 indica que es
fundamental la labor del Observatorio estatal y que este debe llevar a
cabo la recopilación, sistematización, actualización y generación de
información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad.
También, que con carácter anual el Observatorio Estatal de la
Discapacidad confeccionará un informe. Por otro lado, en la disposición
adicional cuarta se establece que un año después de la aprobación de
dicho real decreto el Gobierno debe presentar un plan de acción
estratégico, plan que se ha presentado en septiembre de 2014. Por tanto,
no sé por qué se dice que no se está cumpliendo, todo lo contrario. Y
este plan establece, a su vez, una serie de reglamentos. No se pueden
admitir, pues, comentarios como el de que estamos justificando algo que
no estamos cumpliendo, porque repito que no es así.


Por otro lado, queremos ir en la línea de la estrategia
Europa 2010-2020 con la convención de Naciones Unidas y con un gran
colectivo, como es el Cermi, un comité de representantes que aglutina a
más de 7000 asociaciones relacionadas con el mundo de la accesibilidad,
que ve con muy buenos ojos que 2020 pueda llegar a ser el año de la
accesibilidad. Por tanto, estamos siguiendo unas pautas que todos nos
hemos marcado.


Izquierda Unida nos pedía que cumpliésemos la ley. Yo creo que lo
hemos demostrado, y por eso no podemos admitir su enmienda. Por otra
parte, con los grupos parlamentarios Socialista y Entesa, así como con
los demás grupos parlamentarios, que tenían una serie de inquietudes
respecto de colaborar con las comunidades autónomas o con otras
instituciones, hemos intentado llegar a una transaccional que no ha sido
posible, aunque agradecemos el trato y la relación que hemos tenido.


Con respecto a las partidas presupuestarias, en la siguiente
intervención daré algunos datos, aunque no era el objetivo darlos. En
cualquier caso, estamos abiertos a ampliar esas partidas presupuestarias
siempre y cuando podamos cumplir con los objetivos que nos marcamos en el
artículo 135 de la Constitución.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Ibarrondo.


¿Turno en contra? (Pausa).


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señor portavoz del Grupo Popular, no es cierto que el Gobierno
haya cumplido la disposición adicional cuarta; lo que ha presentado no ha
sido un plan nacional de accesibilidad con un período de duración de
nueve años, ha presentado una Estrategia nacional de accesibilidad que,
si no me equivoco, tiene como marco de vigencia de 2014 a 2016. Es algo
distinto a lo que la ley obligaba a realizar. Por tanto, también en esto
hay un claro incumplimiento.


Pero la ley no se agota en los preceptos a los que he hecho
referencia. La ley, efectivamente, intenta ser una propuesta integral de
abordaje de las situaciones de dificultad que viven las personas que
presentan alguna discapacidad. Y el conjunto de las medidas del Gobierno
en el resto de los ámbitos tampoco ha contribuido a desarrollar los
contenidos de la ley.


Empleo. Solo una de cada cuatro personas que presenta alguna
discapacidad tiene hoy empleo. Su tasa de actividad se sitúa en el 36 %,
frente al 48 % de quienes no padecen discapacidad. La tasa de desempleo
se duplicó entre 2008 y 2013, hasta alcanzar el 33 % de la población
activa. Se sigue incumpliendo de forma flagrante la normativa que obliga
a que las empresas de más de 50 trabajadores tengan una reserva de empleo
del 2 %, sin que los planes de trabajo que cada año aprueba la Inspección
de Trabajo, valga la redundancia, desarrollen iniciativas que logren de
forma contundente el cumplimiento de este precepto legal.


Si hablamos de la dependencia, que sin ninguna duda es otro de los
ámbitos que afecta de forma muy directa al colectivo de las personas que
tienen algún tipo de discapacidad, hay que decir que vivimos una
situación inicialmente de congelación de la ley, y ahora ya de reducción
clara del número de beneficiarios. Por más que ayer el señor ministro de
Sanidad y Servicios Sociales sostuviera que el número de dependientes
acogidos a los beneficios de esta ley había aumentado, los datos que ha
presentado en su evaluación del Estado social el colectivo de
responsables de centros sociales —la semana pasada o la
anterior— mostraban muy claramente que, con los datos del Imserso,
a lo largo del 2014 se habían perdido 25 000 dependientes beneficiarios
de esta ley.


Por tanto, no solo porque la mera declaración de un año como el de
la accesibilidad universal resulte insuficiente para conseguir el
objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que presentan
algún nivel de discapacidad, sino porque no se cumple el Real Decreto
Legislativo 1/2013 y porque el conjunto de las políticas del Gobierno no
responde a las necesidades de este colectivo, vivimos una realidad en la
que no se produce ningún avance en la apuesta por conseguir la superación
de las dificultades que encuentran en la sociedad quienes presentan algún
nivel de discapacidad; y en algunos puntos, de forma clara y notable,
según los datos que barajaba en relación con la dependencia, incluso se
retrocede.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
señor Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna, egun on
senatari jaun-andreok. Buenos días a todos.


Antes de nada, creo que debemos dar las gracias a las personas que
nos acompañan en la tribuna de invitados por su trabajo, y ofrecerles
también un gran aplauso precisamente por eso, porque se lo merecen y
porque creo que sin ellos no conseguiríamos nada. (El señor Cazalis
Eiguren ofrece un aplauso a la tribuna, haciendo uso de la lengua de
signos). Y no solo porque defienden sus derechos, sino porque,
defendiéndolos, también defienden los derechos de todos. Por tanto,
repito, debemos darles las gracias junto con el aplauso que les he
ofrecido.


Todas las personas aspiramos a la mayor integración y
participación social posibles, aspiración que es a su vez un conjunto de
derechos cuyo ejercicio muchas veces se ve impedido por barreras tanto
físicas como de comunicación. Casi siempre nos centramos en las barreras
físicas, y no sé si las olvidamos, pero siempre dejamos en un segundo
plano las barreras de comunicación. Eso impide, sin duda, un normal
desenvolvimiento y crecimiento de todas las personas, no solo de las que
puedan estar afectadas por una discapacidad, que, dicho sea de paso,
tenemos todos, porque en mayor o menor medida todos estamos afectados por
alguna discapacidad. Y teniendo en cuenta, además, que la esperanza de
vida crece, tendremos que considerar que tenemos que prevenir ahora para
no acordarnos cuando seamos nosotros los afectados.


En fin, sin duda la sociedad en su conjunto y los poderes y
representantes públicos, como, en este caso, esta Cámara, tenemos la
obligación de favorecer y garantizar que realmente todas las personas
tengan acceso al medio físico y a la comunicación en igualdad de
condiciones, y hacerlo, sobre todo, con y para las personas que en la
actualidad más dificultades puedan tener para ello.


Nosotros casi siempre tenemos que recordar lo mismo, y es que la
gestión de la accesibilidad es una competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, y como tal competencia exclusiva se hizo allí
una Ley de accesibilidad en 1997 y se han aprobado diversos decretos y
guías técnicas de aplicación de la normativa —algo muy
importante— para que no ande cada uno a su aire. Y hace un par de
años se creó el Consejo Vasco para la Promoción de la Accesibilidad,
amén, por supuesto, de numerosísimos planes municipales de accesibilidad.
Yo diría que la inmensa mayoría de los municipios —desde luego,
todos los medianos y grandes, y muchos más— tienen planes propios
de accesibilidad. Yo tuve la fortuna de que en uno de mis mandatos se
aprobara el Plan de accesibilidad y también tuve la fortuna de poder
desarrollar muchos de los objetivos que se habían recogido en ese plan.
Por tanto, en el caso de nuestra comunidad autónoma —insisto, con
competencias exclusivas—, estamos trabajando en ello. Sin duda
alguna nos queda por hacer muchísimo trabajo, siempre nos queda trabajo,
entre otras cosas, porque la accesibilidad es un tema dinámico, es decir,
lo que hoy es accesible mañana seguirá siéndolo, pero como cada vez
tenemos más necesidades de accesibilidad, estas irán cambiando. Nadie nos
habría dicho que ahora estaríamos hablando de que las páginas web fueran
accesibles porque antes no existían. Por tanto, no podemos centrarnos en
una norma concreta ni en unos objetivos concretos; tenemos que centrarnos
en mejorar continuamente la calidad de vida de todas las personas, con un
especial interés en las que menos posibilidades tienen de desenvolverse
como el resto. Por eso nosotros no tenemos ninguna intención de que el
Gobierno español venga a sustituir al Gobierno vasco.


Eso no quita —es cierto— que esta moción podría haber
sido mucho más ambiciosa y no se limitase solamente a hablar del año de
la discapacidad. Creo que obras son amores y que el movimiento se
demuestra andando. Por tanto, repito que podría haber sido una moción
mucho más ambiciosa. Si nos atenemos a la literalidad, tenemos que
aceptar la explicación que nos ha dado el senador Ibarrondo sobre el
cambio de 2017 a 2020. Nos parece fiarlo muy largo. Probablemente
nosotros hubiéramos preferido que hubiera sido 2017, pero es cierto que
hacerlo en 2020 supone una oportunidad. Si se hacen todos los deberes
—y creo que aquí ha habido una lista de tareas pendientes muy
larga—, el 2020 podría ser un año de celebración y no un año más de
reivindicación. Eso, que es lo que se ha reivindicado en esta Cámara, es
algo en lo que se deberá empezar a trabajar con ahínco de aquí en
adelante. Los que no han hecho los deberes tendrán que hacer más y los
que han hecho parte de los deberes tendrán que hacer menos. Pero entre
todos habría que llegar a 2020 celebrando que realmente se ha cumplido
con el espíritu de favorecer la no discriminación y la accesibilidad de
todos los ciudadanos a esta vida social que pretenden.


En principio, nosotros vamos a votar a favor de la parte
dispositiva de la moción, sin entrar en más matices, porque creemos que,
sea como sea, aunque mejor en 2017 que en 2020, el hecho de que exista un
año en el que se hable de este tema de forma prioritaria puede ser
importante y un acicate para que de aquí a entonces se pueda trabajar en
este tema con más empeño.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.


Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra la senadora señora
Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.


Señorías, si les cito a Michael Phelps o Usain Bolt, todos ustedes
los reconocerán. ¿Les suena los nombres de Teresa Perales o Johnny Picot?
¿Qué tienen en común estos hombres y mujeres? Que son ganadores
olímpicos. Usain Bolt se despidió de los Juegos Olímpicos de Londres con
la palabra oro como sinónimo. Ganó su tercera medalla dorada en los 100
metros lisos. Michael Phelps cerró su carrera deportiva convirtiéndose en
el atleta con más medallas en la historia de los juegos: 22. Teresa
Perales es una nadadora española que conquistó la medalla de oro en
los 100 metros libres de natación en los Juegos Paralímpicos de Londres.
Es una de las deportistas más laureadas del deporte español. En
Londres 2012 sumó su vigésima medalla olímpica; son 5 oros, 4 platas y 9
bronces en tres juegos paralímpicos. Se sitúa al nivel de estrellas como
Michael Phelps, con —repito— 22 medallas. Esta nadadora
aragonesa se quedó parapléjica por una neuropatía. Y Johnny Picot ganó
los 100 metros lisos con una pierna ortopédica de alta tecnología en los
Juegos de 2012.


Cada cuatro años los juegos olímpicos despiertan nuestra
admiración al ver los resultados que consiguen los deportistas de élite.
Pero son los juegos paralímpicos los que nos asombran, los que nos dejan
boquiabiertos, los que realmente nos admiran, al ver a atletas con otras
capacidades que llegan a metas inalcanzables para la mayoría. Y esos
hombres y mujeres, aunque heroicos, tienen aún demasiadas dificultades
para acceder a una sociedad llena de barreras imperceptibles para la
mayoría.


Según la Convención de Naciones Unidas de 2006, la accesibilidad
universal es un derecho, y como tal hay que avanzar para cumplirlo. La
igualdad de oportunidades se ve cuestionada continuamente si se tiene una
discapacidad: desde la dificultad de acceder a la información o a algunos
servicios públicos, hasta dar un simple paseo por nuestros pueblos y
ciudades. Se ha avanzado, sí, pero no lo suficiente. Las personas con
discapacidad son especialmente vulnerables y tienen más riesgos de sufrir
exclusión social por distintas razones, entre otras, la falta de recursos
para ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. Por un lado, las
personas que viven en contextos de privación, malnutrición e
infravivienda se encuentran sometidas a mayor riesgo de adquirir una
discapacidad. Y, asimismo, las circunstancias de discapacidad funcional
son un factor precursor de la exclusión, ya que las oportunidades de
acceso a los servicios son menores. Como ven, es un pez que se muerde la
cola.


Partiendo de esta premisa, la nueva política relacionada con la
discapacidad, como la Convención de la ONU de 2006 sobre los derechos de
las personas con discapacidad, obliga a las administraciones y a los
políticos a romper con el modelo de servicios sociales tradicional,
basado en el asistencialismo, el paternalismo y la discrecionalidad, y a
reconocer como derechos subjetivos determinadas prestaciones y servicios
orientados a favorecer la autonomía personal. Así pues, las
administraciones deben elaborar e implementar políticas públicas,
servicios, prestaciones y recursos adecuados para configurar una red de
protección social que dé respuesta a las necesidades del colectivo de las
personas con discapacidad, pero, sobre todo, que facilite su inclusión
social en igualdad de condiciones que el resto de la población.


Las declaraciones del Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad, el Cermi, ponen de manifiesto que se ha avanzado en el
ejercicio de los derechos de la ciudadanía a lo largo de las últimas
décadas, pero también es cierto que se ha dejado en un segundo plano la
aplicación de derechos de las personas con distintas capacidades. Por
ejemplo, en el caso de la Ley 13/1982, la LISMI, hemos sido incapaces de
hacer cumplir el marco legal vigente en materia de empleo reservando
el 2 % de la cuota, tal como establece la ley.


Ustedes, señorías del Partido Popular, con sus políticas sociales,
con sus recortes sociales, no han mejorado la situación de este
colectivo; al contrario, la han precarizado, empezando por no cumplir las
leyes que ya están en vigor, como el Texto Refundido del Real
Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, del que antes ya ha hablado el
senador Iglesias y ha dado algunos ejemplos.


Ustedes han recortado en partidas presupuestarias como la
dependencia. Eso es un hecho. Ocho años después de la entrada en vigor de
la ley, la aportación del Gobierno, de la Administración central, se ha
reducido a la cuota más baja desde que existe la ley; solo dedican
un 17,9 %. El 62,7 % lo asumen las autonomías y, según el informe de la
Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios, que está
elaborado a base de datos oficiales que se publican en la web del
ministerio, el 19,4 % restante corresponde a los usuarios, que por
primera vez aportan más que el propio Estado. Este copago se ha
incrementado, y dependiendo de las autonomías, todavía más. Por eso, el
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el Cermi,
ha lanzado una iniciativa popular para reconducir esta aportación.


En el caso de la accesibilidad, no se trata solo de construir sin
barreras, sino de eliminar las ya existentes, y no solo las de movilidad,
sino también las sensoriales, las cognitivas… Todas las barreras.
Se trata de pensar en que no todos somos iguales cuando diseñemos
nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros pisos, cuando hagamos
películas o pensemos en obras de teatro. Se trata de invertir en una
sociedad donde todos podamos ser ciudadanos de pleno derecho.


Ustedes, en una de sus múltiples estrategias, nos traen al Pleno
una moción con una declaración de buenas intenciones y sobre la que
nosotros pensábamos llegar a una cómoda transaccional. Pero cuál no sería
nuestra sorpresa cuando vimos que ustedes enmendaban su propia moción y
cambiaban su sentido real al proponer que el año de la accesibilidad
universal sea 2020 en lugar de 2017. Nos tienen acostumbrados a que se
enmienden sus propias leyes, pero no a que se enmienden sus mociones. Y
en este caso diría que eso nos parece poco ético, fundamentalmente,
porque creo que la obligación de los que gobiernan o de los que pretenden
hacerlo es intentar cumplir las leyes; y entendemos que eso a veces puede
ser difícil, pero hay que cumplirlas. Según el compromiso del Texto
Refundido del Real Decreto 1/2013, en 2017 terminan todos los límites y
plazos de tiempo para cumplir con la eliminación de barreras; pero se ve
que no necesitamos más tiempo.


Nosotros, nuestro grupo, y creo que también los ciudadanos,
estamos ya un poco cansados de este juego. Estamos hartos, porque lo que
ustedes dicen no lo hacen y lo que prometen no lo cumplen, y ya nos han
demostrado cuáles son sus prioridades. Esta moción no propone ningún
cambio en su política, y por esa razón no la vamos a votar
afirmativamente.


Las personas con discapacidad están sujetas a los mismos derechos
y obligaciones que el resto de la ciudadanía y, sin embargo, por ahora no
gozan de la misma libertad ni de las mismas condiciones para ejercerla en
plenitud, como los demás, como todos. Para eso hay que avanzar, hay que
invertir y hay que cambiar la forma de mirar cuando pensamos en las
políticas para todos. Y no parece que ustedes vayan por ese camino.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.


El Govern de l’Estat, des de la Llei d’Igualtat
d’Oportunitats, No-discriminació d’Accessibilitat Universal
de les Persones amb Discapacitat, la Llei 51/2003, i a partir de 2007, ha
publicat un desplegament molt contundent de normes en format reials
decrets, ordres, lleis, i el Reial Decret Llei 1/2013 sobre
Accessibilitat Universal, Igualtat d’Oportunitats i
No-discriminació respecte a tots els àmbits (urbanisme, edificació,
comunicació, béns i serveis, relacions amb les Administracions, llengües
de signes, etc.), fins a tal detall que han envaït la capacitat i
competències de les comunitats autònomes en regulació, en tres de les
quals la Generalitat va fer tres intents de requeriments de competència.
Aquestes normatives presenten uns requeriments molt exigents i
determinats per tot el que sigui nou, i pel que està fet i construït cal
aplicar els ajustos raonables per adequar i transformar els entorns
existents en el màxim accessible possible, i amb una data límit per estar
fets: desembre de 2017. Tot això és el que s’està mirant de regular
i endreçar ara, des del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat, en la llei d’accessibilitat que s’ha fet i el
projecte de decret que s’






està gestant.


Per tant, teòricament, per a l’Estat, tot ha d’estar
adequat a l’esmentada data; però, excepte per al sector
d’habitatge, en espais comuns, l’Estat, fins ara, no ha
acompanyat ni ha facilitat cap altra dotació pressupostària ni ha fet cap
programa finalista o d’ajut a altres sectors per tal que les
comunitats autònomes, els ajuntaments (que són els responsables
principals que s’executin els entorns urbanístics) o petits
empresaris executin aquests mandats per a aquesta gran transformació, que
difícilment podrà ser, ni tant sols una part, al desembre de 2017, ni
tampoc per als anys posteriors: és irreal pensar que tots els territoris,
poblacions, carreteres, trens, serveis, botigues, bars, restaurants,
etc., seran accessibles, i concretament a partir del desembre de 2017.
Bé, mitjançant la seva autoesmena, potser s’ha imposant un criteri
més realista i possibilista i ha passat al 2020...


En definitiva, el fet que demani el Grup del Partit Popular al
Senat que la primera mesura a adoptar, per garantir
l’accessibilitat, sigui declarar l’any 2017 l’Any de
l’Accessibilitat, si no expliquen, ni sabem, què comporta aquesta
declaració, i sobretot si l’objectiu no és principalment el
d’ajudar a implementar i a impulsar amb múltiples estratègies i
recolzament econòmic per fer realitat aquesta transformació, no podrem
donar recolzament a aquesta moció. I de fet, ni la moció ni la proposta
de transacció no garanteixen el finançament adequat a les mesures, ni la
concreció de les partides pressupostàries per les comunitats autònomes i
la seva execució.


Pel que planteja la moció, evidentment se’ns fa difícil no
poder votar a favor sent un tema tant sensible i alhora just per fer una
veritable accessibilitat universal per a tothom. Ara bé, cal dir que
l’actuació del Govern en relació amb les persones amb discapacitat
al llarg de la legislatura no ha estat precisament exemplar. Potser hi ha
hagut algunes mesures més simbòliques que efectives com la moció que
presenta a debat el Grup Parlamentari Popular. El que es necessiten són
recursos per fer efectives i reals les mesures previstes en relació amb
l’accessibilitat universal a l’ordenament jurídic.


El concepte discapacitat és molt ampli (física, sensorial,
intel·lectual) cadascuna d’elles té les seves especificitats i les
seves gradacions, i per tant hem de parlar sempre de persones amb
diferents discapacitats, però tot i així hi ha trets en comú en totes
elles.


El marc normatiu estatal el constitueix el Reial Decret
Legislatiu 1/2013, amb el Text Refós, i entenem que l’objectiu
d’aquesta llei és garantir aquest dret d’igualtat
d’oportunitats i de tracte, així com l’exercici real i
efectiu dels drets per part de les persones amb discapacitat en igualtat
de condicions respecte a la resta de ciutadans i ciutadanes, mitjançant
la promoció de l’autonomia personal, de l’accessibilitat
universal, de l’accés a la feina, de la inclusió en la comunitat i
a la vida independent.


Per tant, dit l’anterior, no podem negar que el marc
normatiu per garantir el dret a la igualtat d’oportunitats i de
tracte a les persones amb discapacitat, que òbviament inclou
l’accessibilitat universal, el tenim. Això no ho discutim. Podem
dir que tenim els fonaments, però encara ens resta molt per construir. És
evident que el que preveuen les lleis no sempre té una translació real i
efectiva en el dia a dia. És en aquest sentit que els poder públics han
de vetllar perquè l’exercici dels drets reconeguts en les lleis
sigui real i efectiu, i de vegades per assolir-ho es requereixen accions
complementàries, que és el que reclamem.


Per altra banda, en l’afany perquè la igualtat i la
no-discriminació, que això implica una accessibilitat universal, siguin
una realitat per al col·lectiu de les persones amb diferents
discapacitats, el Grup Parlamentari Català al Congrés dels Diputats per
exemple ha presentat diverses iniciatives dirigides a millorar la seva
situació. Abans de citar-les, però, cal fer esment, al nostre entendre,
de les accions del Govern Central, al nostre entendre, ha emprès
discriminatòries vers les persones amb discapacitat, i que creiem que en
coherència amb la moció hauríem d’esmenar i rectificar, com són per
exemple la reducció dràstica de les transferències a les comunitats
autònomes en els Pressupostos Generals de l’Estat en programes de
serveis socials, polítiques de suport a la discapacitat, a la
dependència...


En la refosa del Reial Decret Legislatiu 1/2013, el Govern es va
extralimitar en les seves competències. En trams establerts en el
copagament farmacèutic no tenen en compte les famílies amb un o més
membres amb discapacitat. Pel que fa a la dependència, tot i que una
persona amb discapacitat no té per què ser depenent, és cert que en molts
casos la persona que pateix una discapacitat requereix en menor o major
grau l’atenció d’una altra. I en aquest sentit, s’han
reduït de forma molt important els recursos que l’Estat transferia
a les comunitats autònomes. També s’han reduït les prestacions i
s’ha ajornat l’accés al sistema de les persones en situació
de dependència moderada. Entre els ajustaments adoptats unilateralment
per l’executiu central es podrien destacar els següents: s’ha
eliminat des del 2012 el nivell d’atenció conveniat
Estat-Generalitat (s’han deixat de transferir a Catalunya més
de 280 milions cada any); s’ha reduït l’aportació de
l’Estat per al nivell mínim de protecció tant per a les persones
que tinguessin reconegut grau i nivell com per als sol·licitants sense
grau i nivell; s’ha limitat més l’accés a la prestació
econòmica per cures en l’entorn familiar; s’han reduït totes
les prestacions per als que no tinguessin resolució administrativa a
juliol de 2012 i per als sol·licitants futurs.


I pel que fa al nostre grup, hem insistit en mesures per donar
suport a aquest col·lectiu, com mesures per millorar
d’accessibilitats de les persones amb discapacitat (en els
transports, els edificis...); vam instar al Govern a completar en el
menor termini possible les reformes normatives necessàries per
actualitzar la prestació ortoprotèsica del Sistema Nacional de Salud;
modificacions en el permís de conduir, i també per a les persones amb
tartamudesa. Vàrem demanar al Govern impulsar l’actualització de
l’estudi realitzat el desembre de 2009 per la Universitat Carlos
III, sobre el greuge comparatiu econòmic que suposa el sobreesforç que
ocasiona la discapacitat en les persones que es troben en aquesta
situació per aconseguir un nivell de vida considerat com ordinari (la
iniciativa va ser rebutjada, per cert).


Una altra iniciativa que va ser rebutjada va ser la que proposava
la inclusió, com a beneficiaris del bonus social elèctric, a aquells
consumidors que acreditessin formar part d’una unitat familiar que
integri en el seu si una o més persones que tinguin reconeguda
oficialment una discapacitat. Novament el Govern va rebutja la nostra
proposta per l’assimilació directa de les situacions de dependència
oficialment valorades en la situació de discapacitat, almenys en el seu
grau mínim del 33 %, en el Decret 1/2013. També en matèria de dependència
ens hem oposat als ajustaments en matèria d’atenció a les persones
en situació de dependència i a les seves famílies, i hem proposat assolir
un ampli acord polític i social per garantir la sostenibilitat del
sistema d’atenció a la dependència.


Pel que fa a la recent reforma fiscal hem demanat, sense gaire
èxit per desgràcia, mesures en l’IRPF, en l’Impost de
Societats i també en l’IVA més contundents que les plantejades pel
Govern.


Bé, dit això, no es pot negar la sensibilitat i empatia del meu
grup vers l’assoliment de mesures per garantir
l’accessibilitat a totes les persones. Però no podem donar suport a
aquesta moció si no s’accepta la nostra esmena, la qual no queda
incorporada a la transaccional que ens ha proposat. Presentarem, doncs,
una proposició no de llei en coherència amb l’objectiu de
transparència, demanant aquest informe que identifiqui les partides
pressupostàries executades en els darrers cinc anys especificant els
recursos que l’Estat ha transferit a les comunitats autònomes, amb
l’objectiu d’incrementar la quantia de les inversions en
accessibilitat en exercicis futurs. I és que per saber que estem guanyant
la batalla de l’accessibilitat, hem de conèixer quant s’està
invertint cada any i quant s’està disposat a invertir.


Gracias, señor presidente.


Gracias, señor presidente.


El Gobierno del Estado, desde la Ley 51/2003, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, y a partir del año 2007 ha publicado un
despliegue muy contundente de normas en forma de reales decretos,
órdenes, leyes y el Real Decreto Ley 1/2013, sobre accesibilidad
universal, igualdad de oportunidades y no discriminación en todos los
ámbitos: urbanismo, edificación, comunicación, bienes y servicios,
relaciones con las administraciones, lenguas de signos, etcétera, hasta
tal punto que ha invadido la capacidad y las competencias de las
comunidades autónomas en regulación, en tres de las cuales la Generalitat
de Catalunya llevó a cabo tres intentos de requerimiento de competencias.
Estas normativas presentan unos requerimientos muy exigentes y
determinados para todo lo nuevo, y para lo que ya está hecho y construido
hay que aplicar los ajustes razonables para adecuar y transformar los
entornos existentes con la máxima accesibilidad posible y con una fecha
límite, diciembre de 2017. Todo esto es lo que está intentando regular y
ordenar el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat
en la ley de accesibilidad que se ha hecho y en el proyecto de decreto
que se está gestando.


Por tanto, teóricamente, para el Estado todo debe estar adecuado a
la mencionada fecha. Excepto para el sector de viviendas, en espacios
comunes, hasta ahora el Estado no ha facilitado ninguna otra dotación
presupuestaria ni ha puesto en marcha ningún programa finalista o de
ayuda a otros sectores para que las comunidades autónomas, los
ayuntamientos —que son los principales responsables de que se
ejecuten los entornos urbanísticos— o los pequeños empresarios
ejecuten esta gran transformación, de la que ni siquiera una parte podrá
llevarse a cabo en diciembre de 2017, ni tampoco en años posteriores. Es
irreal pensar que todos los territorios, poblaciones, carreteras, trenes,
servicios, tiendas, bares, restaurantes, etcétera, serán accesibles a
partir de esa fecha. Mediante su autoenmienda quizá se haya impuesto un
criterio más realista y posibilista para 2020.


En definitiva, el Grupo Popular pide al Senado que la primera
medida a adoptar para garantizar la accesibilidad sea declarar el
año 2017 año de la accesibilidad, pero si no lo explican ni sabemos lo
que conlleva esta declaración y, sobre todo, si el objetivo fundamental
no es ayudar a implementar e impulsar con múltiples estrategias y apoyo
económico para hacer realidad esta transformación, no podremos apoyar
esta moción. De hecho, ni la moción ni la propuesta de transacción
garantizan la financiación adecuada a las medidas ni la concreción de las
partidas presupuestarias para las comunidades autónomas y su
ejecución.


Por lo que plantea la moción, nos va a ser difícil votar a favor
siendo un tema muy sensible y a la vez justo para conseguir una auténtica
accesibilidad universal para todos. Ahora bien, la actuación del Gobierno
en relación con las personas con discapacidad a lo largo de la
legislatura no ha sido precisamente ejemplar. Quizá ha habido algunas
medidas más simbólicas que efectivas, como la moción que presenta a
debate el Grupo Parlamentario Popular. Lo que se necesita son recursos
para hacer efectivas y reales las medidas contempladas en relación con la
accesibilidad universal en el ordenamiento jurídico.


El concepto de discapacidad es muy amplio: física, sensorial,
intelectual, cada una de ellas tiene sus especificidades y sus
gradaciones, y, por tanto, tenemos que hablar siempre de personas con
diferentes discapacidades, aunque todas tienen aspectos en común.


El marco normativo estatal lo constituye el Real Decreto
Legislativo 1/2013, con el texto refundido, y entendemos que el objeto de
esta ley es garantizar este derecho de oportunidades y de trato, así como
el ejercicio real y efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones respecto al resto de ciudadanos y
ciudadanas mediante la promoción de la autonomía personal, de la
accesibilidad universal, del acceso al trabajo, de la inclusión en la
comunidad y a la vida independiente.


Dicho esto, no podemos negar que el marco normativo para
garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato a las
personas con discapacidad, que obviamente incluye la accesibilidad
universal, lo tenemos. Eso no lo discutimos. Podemos decir que tenemos
los fundamentos pero nos queda todavía mucho por construir. Es evidente
que lo que contemplan las leyes no siempre tiene una traslación real y
efectiva en el día a día. En este sentido, los poderes públicos tienen
que velar por que el ejercicio y los derechos reconocidos sean reales y
efectivos y a veces para llegar a ello se requieren aspectos
complementarios, que es lo que reclamamos.


Por otro lado, en el afán para que la igualdad y la no
discriminación, que implican una accesibilidad universal, sean una
realidad para el colectivo de las personas con diferentes discapacidades,
el Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso de los Diputados ha
presentado diversas iniciativas dirigidas a mejorar su situación. Antes
de citarlas, he de mencionar las actuaciones que el Gobierno central, a
nuestro entender, ha emprendido de manera discriminatoria hacia las
personas con discapacidad y que, en coherencia con la moción, tendrían
que rectificar, como son la reducción drástica de las transferencias de
las comunidades autónomas en los Presupuestos Generales del Estado en
programas y servicios sociales, en políticas de apoyo a la discapacidad,
a la dependencia.


En la refundición del Real Decreto Legislativo 1/2013, el Gobierno
se extralimitó en sus competencias. Los tramos establecidos en el copago
farmacéutico no tienen en cuenta las familias con uno o más miembros con
discapacidad. Por lo que respecta a la dependencia, aunque una persona
con discapacidad no tiene por qué ser dependiente, es cierto que en
muchos casos la persona que padece una discapacidad requiere en mayor o
menor grado la atención de otra, y en este sentido, se han reducido de
manera muy importante los recursos que el Estado transfería a las
comunidades autónomas. También se han reducido las prestaciones y el
acceso al sistema de personas en situación de dependencia moderada. Entre
los ajustes adoptados unilateralmente por el Ejecutivo central, se pueden
destacar los siguientes: desde 2012, se ha eliminado el nivel de atención
del convenio Estado-Generalitat; se han dejado de transferir a Cataluña
más de 280 millones de euros al año; se ha reducido la aportación del
Estado para el nivel mínimo de protección, tanto para las personas que
tienen reconocido grado y nivel como para los solicitantes sin grado ni
nivel; se ha limitado más el acceso a la prestación económica para la
atención al entorno familiar; se han reducido todas las prestaciones para
quienes no tienen una resolución administrativa a julio de 2012 y para
los solicitantes futuros.


Mi grupo insiste en la adopción de medidas para apoyar a este
colectivo, para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad
en los transportes, en los edificios; instamos al Gobierno a completar en
el menor tiempo posible las reformas normativas necesarias para
actualizar la prestación ortoprotésica en el Sistema Nacional de Salud;
modificaciones en el permiso de conducir, y también para las personas con
tartamudez. Pedimos al Gobierno impulsar la actualización del estudio
realizado en diciembre de 2009 por la Universidad Carlos III sobre el
agravio comparativo económico que supone el sobresfuerzo que ocasiona la
discapacidad en las personas que se encuentran en esta situación para
conseguir un nivel de vida considerado como ordinario, iniciativa que fue
rechazada, por cierto.


Otra iniciativa que se rechazó fue la que proponía la inclusión
como beneficiarios del bono social eléctrico a aquellos consumidores que
acreditasen formar parte de una unidad familiar que integre en su seno a
una o más personas que tengan reconocida oficialmente una discapacidad.
Nuevamente, el Gobierno rechazó nuestra propuesta por la asimilación
directa de las situaciones de dependencia oficialmente valoradas en la
situación de discapacidad, al menos en su grado mínimo del 33 %, en el
Decreto 1/2013. También en materia de dependencia nos opusimos a los
ajustes en materia de atención a las personas en situación de dependencia
de sus familias, y proponemos llegar a un amplio acuerdo político y
social para garantizar la sostenibilidad del sistema de atención a la
dependencia.


Por lo que respecta a la reciente reforma fiscal, hemos pedido,
sin mucho éxito, que se adopten medidas en el IRPF, en el impuesto sobre
sociedades y también en el IVA más contundentes que las planteadas por el
Gobierno.


Dicho esto, no se puede negar la sensibilidad y empatía de mi
grupo hacia la adopción de medidas para garantizar la sensibilidad a
todas las personas, pero no podemos apoyar esta moción si no se acepta
nuestra enmienda, la cual no queda incorporada en la transaccional que
nos han propuesto. Presentaremos, pues, una proposición no de ley en
coherencia con el objetivo de transparencia, pidiendo que este informe
identifique las partidas presupuestarias ejecutadas en los últimos cinco
años, especificando recursos que el Estado ha transferido a las
comunidades autónomas, con el objetivo de incrementar la cuantía de las
inversiones en la accesibilidad en ejercicios futuros. Y para saber que
estamos ganando la batalla de la accesibilidad, tenemos que conocer
cuánto se está invirtiendo cada año y cuánto se está dispuesto a
invertir.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora señora Andrés.


La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, presidente. Buenos días, de
nuevo.


Afortunadamente, señorías, es cierto que en los últimos años se ha
producido un cambio del modelo de concepción, tanto de la discapacidad
como de la accesibilidad, y la accesibilidad universal se ha convertido,
hoy en día, en un presupuesto inexcusable para el ejercicio de derechos
fundamentales y libertades públicas. Resulta, por tanto, un poco
paradójico que en la moción que presentan sobre accesibilidad y
discapacidad ni siquiera mencionen por encima la legislación nacional
sobre esta materia.


Les decía anteriormente que no tiene sentido empezar la casa por
el tejado, a no ser que estemos más en practicar una política de imagen y
de intención que de hechos. Porque, señorías, para declarar un año
concreto año de la accesibilidad, o tenemos gestión que poner encima de
la mesa, gestión que vender en este sentido, o tendremos que tener al
menos partidas presupuestarias para avanzar en estas políticas. Y se lo
decía la portavoz del Grupo de Entesa: de su moción no se desprende para
nada un cambio de rumbo en sus políticas sociales en este sentido. No hay
nada que nos haga entender que, después de aprobar esta moción, van a
cambiar la política que han llevado a cabo durante estos tres años.


Nuestra enmienda —y a mí sí me gustaría arrancar hoy al
Grupo Parlamentario Popular un compromiso firme— plantea algo muy
necesario: desarrollar el reglamento de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad a los
bienes y servicios puestos a disposición del público, un reglamento que
es importantísimo también para las personas que tienen discapacidades no
visibles, porque estamos hablando del acceso en condiciones de igualdad a
servicios y bienes públicos en materias tan importantes como la
asistencia médica o la educación, el ocio o el consumo. Señorías,
mientras ese reglamento no se desarrolle, no van a estar garantizados los
derechos de las personas con discapacidad, y ustedes son conscientes de
ello; por eso, aplicaron un plazo de dos años en el texto refundido de la
Ley general de discapacidad para desarrollar ese reglamento. Y les hablo
de arrancarles ese compromiso hoy aquí porque aún estamos a tiempo,
porque ese plazo de dos años finaliza en diciembre de este mismo
año.


Pero, además, hacen falta otra serie de políticas para que, cuando
declaremos el año de la accesibilidad universal, sirva para algo. Porque,
señorías, si nosotros no acometemos una reforma, por ejemplo, de la Ley
de propiedad horizontal, una ley que está permitiendo que más del 75 % de
los edificios de este país no sean accesibles, de nada va a servir tener
toda la declaración de intenciones sobre un año de discapacidad. Si el
Gobierno, a través de sus ministerios, a través de las administraciones
públicas, no cumple la cuota de reserva en la oferta extraordinaria, e
incluso en algunas ordinarias de empleo público, mandatada por el
artículo 59 del Estatuto del Empleado Público, que contempla la reserva
del 7 % para personas con discapacidad, de nada nos va a servir tener un
año de la accesibilidad universal. Mientras no retiremos de una ley, que
se enmarcó como un sistema de derechos, que es la Ley de autonomía
personal y atención a la dependencia, ese copago que ustedes impusieron y
que sitúa a muchos dependientes y a sus familias en el umbral de la
pobreza por acogerse a una prestación que lo único que pretende es
mejorar su calidad de vida, mientras ese copago no se retire, de nada les
va a servir a muchas personas dependientes con discapacidad que se
declare un año de la accesibilidad universal. Mientras el Gobierno y los
grupos políticos no estudien las 100 denuncias que el Cermi ha presentado
ante el Gobierno y ante la defensora del pueblo en un informe bastante
bien elaborado y bastante bien validado que se denomina «100
denuncias 100», en el que plasma 100 violaciones de derechos de las
personas con discapacidad por ausencia de accesibilidad en este país, de
nada les va a servir un año de la accesibilidad.


No podemos votar a favor de su moción, aunque estemos totalmente
de acuerdo con que definir un año de cualquier motivo sí pone el ojo de
la sociedad en los problemas que tienen esas personas, porque ustedes
—y no sé qué portavoz se lo decía— hacen lo contrario de lo
que dicen. Y miren, desde la entrada de su partido político en el
Gobierno, han recortado más de 3500 millones en políticas sociales; 3500
millones. En el 2012, cuando entraron ustedes en el Gobierno acabaron con
la teleasistencia. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Cuando
entraron ustedes en el Gobierno redujeron en más de un 68 % el plan
concertado de servicios sociales. Y cuando ustedes entraron en el
Gobierno finiquitaron un convenio con una trayectoria acreditada de
veinte años de vigencia entre el Imserso y la ONCE para eliminar barreras
arquitectónicas de nuestras ciudades. Decían que no había dinero y en
veinte años ese convenio supuso 200 millones de euros; mientras, de un
plumazo, no les importa rescatar a las autopistas por un importe de 600
millones. Después de hacer todo esto a favor, entre comillas, de la
discapacidad, ustedes pretenden declarar el año 2020, y estamos hablando
de que faltan dos convocatorias electorales para ese año; dos
convocatorias electorales. Por lo menos les proponemos que se pongan a
trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad, esa es la mejor manera de poner en el ojo público las
dificultades que muchas de esas personas tienen para desarrollar su vida
en el día a día. Si no están dispuestos a ello, yo les propongo que
hagamos del año 2017 el año de la invisibilidad de la discapacidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Andrés.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Ibarrondo.


El señor IBARRONDO BAJO: Muchas gracias, presidente.


Señorías, en primer lugar, a todos los grupos que han realizado
comentarios quería decirles que la moción perseguía un objetivo muy
claro: en el año 2020 la accesibilidad universal. He visto más que
ustedes querían no sé si revancha o echar en cara y perdernos en otros
caminos. El objetivo es muy claro, no es para darnos mantequilla en
el 2020, es para rendir cuentas ante la sociedad de lo que se ha venido
haciendo a lo largo de todos estos años, y muchos de ustedes han
reconocido que se ha hecho, como nosotros también lo hemos dicho, y que
falta mucho por hacer.


Me dice que incumplimos. Yo aquí tengo el Plan de acción de la
estrategia española sobre discapacidad 2014-2020, señor Iglesias (El
señor Ibarrondo muestra un documento). Nosotros presentamos cinco ejes:
igualdad, empleo, educación, accesibilidad y dinamización económica, con
los 21 objetivos —lo he dicho en mi primera intervención—,
con las 96 actuaciones, y dice que incumplimos la ley, pues lo hemos
presentado aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros el 12 de
septiembre de 2014, en plazo, antes de la finalización de ese año.


No me dice nada del 2020, y yo le digo que en este plan
estratégico se deja bien claro que el 2017 será otro hito, y se recibe un
informe del consejo de accesibilidad donde se da otro plazo de otros tres
años, según la ley, para llegar al 2020 recuperando o mejorando o
arreglando las cosas que no se han podido hacer, que luego veremos lo que
se ha hecho.


Señor Cazalis, me agrada que ustedes vayan a votar a favor de esta
moción y también que se sienta orgulloso como vasco que es, nosotros
también nos sentimos orgullosos como vascos que somos, pero aquí no se
trata de ver quién va más adelante; nosotros hemos intentado decir que
vamos todos de la mano, con mayor o menor acierto, pero no es una
competición para ver quién lo hace mejor, el objetivo es llegar a 2020 no
para celebraciones, como usted decía. Yo hablaba de un hito, de un
colofón, pero sobre todo de que en 2020 no es que se vaya a solucionar
toda la accesibilidad en todo el mundo —lógicamente, no—,
porque, como usted ha dicho, esto es muy cambiante y en 2020 seguramente
tendremos que seguir trabajando, con la versatilidad y la necesidad que
requiere la accesibilidad.


La senadora Almiñana dice que se ha avanzado, pero no lo
suficiente. Menos mal que estamos de acuerdo en algo. Yo he dicho que el
trabajo hasta ahora ha sido mucho, pero claramente insuficiente. Pero
luego usted y el Partido Socialista vuelven a decir: lo hacen muy mal, no
están haciendo las políticas que hacíamos nosotros... Por lo tanto, según
la izquierda, todo está mal. Y me hablan de los recortes. Yo tampoco me
quiero meter en un debate de cifras. Simplemente me remitiría a lo que a
ustedes les dijo ayer el ministro de Sanidad. Nosotros en estos momentos
estamos saliendo de ese agujero de 16 000 millones de euros que dejaron
en la Sanidad pública; de esos 3000 millones de facturas sin pagar; de
esos 1000 millones a pago de tarjetas sanitarias de turismo sanitario; y
en cuanto al sistema de dependencia hubo que pagar 1034 millones. Y
estamos en ese proceso. Esas son las políticas que hemos tenido que hacer
los tres primeros años. A pesar de todo eso, ahora estamos en una fase
que nos ha permitido cumplir con unos compromisos sociales
clarísimos.


También estoy de acuerdo en que usted dice que hay que construir
sin barreras —faltaría más— y proyectar sin barreras. Y para
eso, desde hace mucho tiempo, hay un código técnico de edificación donde
a nadie se le ocurre trabajar en una proyección con barreras o con
obstáculos. Por lo tanto, me está hablando de algo que hay que hacer
cuando el código técnico está aprobado desde hace bastante tiempo.


La disposición adicional cuarta dice que el año 2017 no es el
punto de terminación. Vuelvo a decir, 2017 es un punto en el que hay que
recibir un informe que nos permitirá llegar a 2020 mejorándolo. Le digo
lo mismo que al señor Iglesias.


A la señora Rieradevall le agradezco su inquietud para alcanzar
una transaccional en su momento. Con un poquito más de tiempo hubiésemos
conseguido que también la hubiese apoyado, porque yo creo que su espíritu
y su línea es la misma, estamos trabajando en la misma línea.


Todos los ministerios en su capacidad y en su competencia
—porque todo está regulado y muy regulado— están cumpliendo.
Fomento, por ejemplo —que es donde me suelo mover con más
asiduidad—, en su Decreto 1544/2007, sobre licitaciones de
concesiones de líneas regulares de viajeros por carretera, cumple con la
igualdad de oportunidades, señor Iglesias. Usted seguramente puede tener
razón en que ha habido algunos errores o que no se han cumplido ciertas
cosas puntuales —luego veremos cómo se subsana eso y cómo la ley
prevé que se pueda subsanar—.


Por lo que se refiere al transporte de viajeros por ferrocarril,
en Renfe hay un plan de accesibilidad. Usted me dirá que no existe, pero
sí existe el plan de accesibilidad. En cuestión de material móvil hay una
cantidad ingente de trenes tanto de alta velocidad como de media
distancia, larga distancia, cercanías —no les voy a abrumar con los
datos—, que cumplen con esa accesibilidad.


Estaciones. Renfe dispone de un plan de inversiones en estaciones.
El plan recoge entre 2014 y 2015 inversiones en 85 estaciones por un
importe de 144 millones de euros. En cuanto a asistencias realizadas con
el servicio Atendo de Renfe, hemos pasado de 388 000 asistencias a más
de 600 000, desde 2007 hasta 2011. Hemos establecido acuerdos con AENA y
con transportes marítimos. Y en materia de vivienda, la Ley de propiedad
horizontal establece un concepto que quizá les pueda inducir a error
cuando dice: en 2017 hay que realizar en las viviendas ajustes
razonables. Para cumplir este objetivo se aprobaron dos leyes hace dos
años: la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
—la famosa ley de las tres erres— y la Ley de acceso al
alquiler, donde un 4 % de las viviendas de promoción pública se destina a
lograr la accesibilidad. Así, podríamos ir desglosando todos los
ministerios en los que este objetivo se está cumpliendo.


Señorías, la Ley de propiedad horizontal fue modificada por esa
ley de las tres erres en una cuestión muy importante, pues dice que tiene
que haber una posibilidad para que las comunidades de vecinos se puedan
poner de acuerdo —a pesar de tener recursos económicos muy
reducidos—, con actuaciones de cesión, permuta o arrendamiento,
para construir consorcios o sociedades mercantiles dentro de la propia
comunidad a fin de hacerlas accesibles y eliminar las barreras dentro de
esas comunidades. Estos son algunos de los pasos que se han dado y de los
cumplimientos realizados.


Señorías, esta moción se asienta sobre hechos reales y busca lo
que busca: continuar trabajando con ilusión, con ganas, con fuerza y
seguir manteniendo medidas y recursos. Nuestra intención —superando
esta crisis como lo estamos haciendo— es aumentar estos recursos,
sin reducir las cuentas, sin celebraciones excesivas en 2020, para con
ello dar cumplimiento al buen trabajo realizado, pues me consta que la
voluntad de todos, a pesar de los dimes y diretes políticos, es que
desaparezcan los obstáculos y que todos seamos iguales.


Por tanto, votaremos a favor de esta moción.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Popular, tal y como ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236;
votos emitidos, 235; a favor, 155; en contra, 2; abstenciones, 78.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.









MOCIÓN SOBRE EL USO DEL MÉTODO DE FRACTURA HIDRÁULICA,
CONOCIDO COMO FRACKING, EN LA EXTRACCIÓN DE GASES E HIDROCARBUROS DE
FORMA NO CONVENCIONAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS.


662/000187

GPS


El señor presidente da lectura al punto 6.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda
del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y
Mariscal. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores).
Señorías, silencio, por favor.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y por tiempo de quince minutos, tiene la palabra el senador
Gil.


El señor GIL GARCÍA: Buenos días. Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, el Grupo Socialista trae a esta Cámara una moción sobre
la idoneidad de llevar adelante unos sondeos de exploración de gases e
hidrocarburos de forma no convencional que se están planteando en el
norte de la provincia de Burgos, concretamente en la comarca de Las
Merindades, en concreto... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Gil. Señorías,
guarden silencio, por favor, porque no se oye al senador que está en el
uso de la palabra. Guarden silencio.


El señor GIL GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Decía que, en concreto, se trata de unos sondeos que se denominan
urraca y sedano, que están situados en el área de investigación que lleva
el mismo nombre, y en las inmediaciones de municipios como Villarcayo,
Medina de Pomar, Merindad de Cuesta Urria y Sedano, entre otros muchos,
de la provincia de Burgos, como decía, en la comarca de Las
Merindades.


Y traemos a esta Cámara esta moción porque estos proyectos en
concreto se han convertido precisamente en la avanzadilla de esta técnica
de fracturación hidráulica, más conocida como fracking. Por tanto, son
unos proyectos que podríamos calificar de embrionarios, por lo que este
debate y el resultado final de esta moción serán de suma importancia no
solo para el presente de esta comarca, de la comarca de Las Merindades,
sino también para el futuro inmediato del país entero, que se ve
amenazado en muchos lugares por la puesta en marcha de esta
práctica.


Por lo tanto, señorías, vamos a decidir aquí, nada más y nada
menos, entre poner en riesgo nuestro subsuelo, los acuíferos
subterráneos, la agricultura, la ganadería, el turismo y un modelo de
desarrollo sostenible en una comarca y/o decir no al oscuro negocio que
algunas multinacionales gasísticas y petroleras pretenden llevar adelante
aprovechando algunos supuestos o presuntos recursos que se encuentran en
nuestro subsuelo. Eso es lo que vamos a decidir hoy aquí.


Señorías, es posible que alguno de ustedes no estén familiarizados
con esto del fracking. ¿Qué es el fracking? Lo explicaré brevemente. El
gas convencional, el que conocemos todos, normalmente está atrapado en el
subsuelo en grandes bolsas con una presión abundante, al que es fácil
llegar porque está cerca de la superficie; hay que perforar, pinchar la
burbuja y el gas sale con relativa facilidad. Sin embargo, de lo que
estamos hablando es de extraer del subsuelo gases que se denominan no
convencionales. ¿Qué significa esto? Pues que este material se encuentra
no precisamente cerca de la superficie sino a grandes profundidades;
estamos hablando de profundidades que rondan los 3000, 4000 y 5000 metros
de profundidad en el subsuelo. El gas en esta profundidad se encuentra
bastante disperso, por lo que es preciso perforar todas las capas hasta
llegar a ese nivel inyectando agua, arena y productos químicos altamente
contaminantes a gran presión para extraer del subsuelo estos
productos.


Pues bien, señorías, de un lado, ese líquido a presión con esos
productos químicos y esa arena que se inyecta van directamente al
subsuelo y retornan de nuevo a la superficie, pero no lo hacen en su
totalidad. Estudios científicos demuestran que una parte importante de
eso que se inyecta se queda abajo, en el subsuelo, en torno a un 20 %, y
es un material que puede entrar en contacto con los acuíferos que,
lógicamente, se encuentran ahí abajo; y, por otro lado, el fluido que
retorna a la superficie con el material que se pretende extraer lo hace
con otras sustancias que se encuentran también en el subsuelo, tales como
metales pesados: uranio, mercurio o, incluso, radón y radio, todos ellos
elementos que de sobra sabemos que son perjudiciales para la salud y el
medioambiente.


¿Pero cómo afecta a nuestro ecosistema esto del fracking? Ya he
dicho que puede contaminar los acuíferos que se encuentran en el
subsuelo, pero, además, señorías, puede provocar microseísmos en
ocasiones y directamente seísmos; incluso, puede atraer seísmos de otras
zonas. Y, señorías, no estoy inventando nada, no trato de alarmar a
nadie, simplemente conocemos los antecedentes, porque hay otros países
que tienen mucha más experiencia que nosotros en esta materia. Me estoy
refiriendo a los Estados Unidos, y, no en vano, el Servicio Geológico de
los Estados Unidos, recientemente, ha publicado un estudio que viene a
decir esto, que hay una relación directa entre esta práctica del fracking
y la aparición de seísmos o microseísmos importantes en las áreas donde
se practica. Insisto, no lo decimos nosotros, no lo dicen los
ecologistas, no lo decimos —como se suele decir— la gente
desconfiada de los pueblos —es verdad, algunos dicen que
desconfiamos de todo lo nuevo—; no, lo dice un servicio geológico
de los Estados Unidos, una agencia oficial.


Y escuchen esto, señorías. En el Estado de Oklahoma, que es el
Estado de Estados Unidos que más experiencia y mayor número de pozos de
fracking tiene, se han multiplicado por 40 el número de seísmos desde que
se usa este método de la fractura hidráulica. Les contaré un caso muy
concreto. En el Estado de Oklahoma hay una localidad que se llama Jones,
a 20 kilómetros de esta localidad hay un pozo de fracking; antes de su
puesta en marcha se habían registrado en la historia de este municipio 4
terremotos. ¿Saben cuántos se han registrado desde que se puso en marcha
el fracking? 145 seísmos, señorías. Yo les recomiendo que lean los
estudios científicos publicados. Hay muchos, pero, sobre todo, les
recomiendo que se hagan eco de algunas publicaciones científicas
suficientemente solventes en el ámbito internacional, como la revista
Science, que trata esta cuestión. Y, por si fuera poco, también pueden
ustedes leer un estudio de la Universidad de Columbia que asegura que
seísmos ocurridos en otros lugares lejanos han desencadenados terremotos
en zonas de Estados Unidos donde se utiliza esta práctica. No lo digo yo,
no lo dicen solo los ecologistas, lo dicen infinidad de informes y
estudios científicos; incluso, señorías, lo dice un informe del Instituto
Geológico y Minero de nuestro país, un informe, que, por cierto, el
Gobierno trató de ocultar porque en sus conclusiones ya alertaba sobre
esta práctica; pero este informe se filtró y todos pudimos conocer cuál
es la opinión de los profesionales y de algunos científicos que trabajan
en este Instituto Geológico y Minero español.


Pero, señorías, dejemos Estados Unidos y volvamos a España,
volvamos a Castilla y León, a Burgos, al norte de la provincia, a Las
Merindades, porque, si todo esto resulta ya inquietante, situarse con
esta técnica de fracking en esta comarca, aún lo es más. ¿Saben ustedes,
señorías, dónde pretenden desarrollar esta técnica del fracking el
Gobierno del señor Rajoy y el Gobierno del señor Herrera en Castilla y
León? Nada más y nada menos que en el perímetro de seguridad de la
central nuclear más antigua de Europa, en el perímetro de seguridad de la
central nuclear de Santa María de Garoña, que, como ustedes saben, tiene
más de 40 años de antigüedad. Yo, con todo respeto, señorías, me pregunto
si alguien no se ha vuelto loco intentando llevar adelante esta
cuestión.


Y, claro, si hablamos de fracking en el entorno del perímetro de
seguridad de una central nuclear, ¿qué dice el Consejo de Seguridad de
todo esto? Como ustedes saben, el Consejo es el máximo órgano regulador
que vela en nuestro país por la seguridad de las centrales nucleares.
Pues bien, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, nombrado por
este Gobierno, adquirió, en el año 2013, en el Congreso de los Diputados,
el compromiso de elaborar lo que se denomina una instrucción técnica
complementaria, es decir, un informe exhaustivo que estudiara si este
tipo de prácticas pueden hacerse en las inmediaciones de las centrales
nucleares.


Si estos proyectos de fracking siguen adelante importante es saber
qué dice ese estudio. ¿Saben ustedes si se ha producido este informe del
Consejo de Seguridad? Señorías, a fecha de hoy, ese informe no se ha
producido. Hace escasas fechas el propio ministro de Industria dijo en
una comparecencia en el Senado que ni se había producido ni se iba a
producir. Yo le desmiento: se va a producir y lo hará en breve; pero,
aunque no se haya producido, estos estudios, estos proyectos de fracking
siguen adelante, lo que es un auténtico disparate.


Resumiendo, señorías, nos encontramos con una técnica que fractura
el suelo, que introduce, señorías del Grupo Popular, productos químicos
altamente contaminantes, que saca a la superficie metales pesados que
pueden contaminar acuíferos, zonas de cultivo y ganadería, y que, además,
pueden provocar, como hemos visto, peligrosos seísmos en una zona
próxima, como es ésta, a una central nuclear con más de cuarenta años;
eso por no hablar de la contaminación paisajística, de la contaminación
acústica, del trasiego de transportes pesados, de camiones, por aquellas
carreteras —qué carreteras— y del desprestigio de algunos
productos naturales de esta comarca de la que estamos hablando que tienen
marca de calidad, que viven en un entorno natural saludable, como son la
lechuga de Medina de Pomar, la manzana y la ganadería de altísima calidad
por la abundancia y riqueza de los pastos.


¿Y qué hay para la comarca de Las Merindades? La multinacional
promotora, con el conocimiento del Ministerio de Industria, tiene
previsto invertir 250 millones de euros en los próximos cinco años, con
sondeos en emplazamientos —para que se hagan una idea, cada sondeo
tiene una extensión de 1,3 hectáreas— en los que se podrán hacer
dos pozos en cada uno en pleno corazón de esta comarca. Sin embargo,
señorías —puede que alguno de ustedes no tenga la fortuna de
conocer esta comarca—, Las Merindades no son el desierto de Sonora
precisamente; es una comarca con 3000 metros cuadrados, con más de 360
pueblos que acogen a 25 000 habitantes, y que atesora una historia, un
patrimonio cultural y un paisaje espectacular de contrastes que
salvaguarda la existencia de una riquísima biodiversidad. Hablamos,
señorías, de rincones mágicos con paisajes verdes de postal, de ríos y
cascadas de aguas cristalinas, de torreones y castillos medievales y
calzadas romanas, por no citar el riquísimo románico de Las Merindades;
una comarca, señorías, que vio nacer a Castilla en Taranco, en el Valle
de Mena.


No voy a seguir hablando de cuáles son los valores naturales y
patrimoniales de esta comarca porque seguramente necesitaría varias
intervenciones, pero, en suma, les diré que estamos hablando de unas
tierras que tienen como principal aliado, de presente y de futuro para su
desarrollo, a la naturaleza, de una comarca que se está viendo amenazada
por una industria que es claramente incompatible con la práctica del
fracking.


Señorías, creo que alguien en los despachos de Valladolid, de la
Junta de Castilla y León, y alguien en los despachos de Madrid debiera
saber, antes de cometer ninguna barbaridad, que este entorno es hogar
para una fauna muy diversa, que en esta comarca, señorías, habita una
especie en grave peligro de extinción como es el visón europeo, que es
especialmente sensible a la calidad de las aguas que se están viendo
amenazadas por esta industria del fracking. Y cómo no, señoría, es el
hogar de esas vacas que viven en los verdes prados y que sustentan una
importante industria ganadera de gran calidad y que son el sustento de
muchas familias que viven de ello. Señorías, todo esto está en juego y
todo esto es de lo que estamos hablando en esta moción que el Grupo
Socialista quiere paralizar. Estamos decidiendo si llenar de agujeros,
plataformas, tubos, polvo de camiones y sustancias nocivas un territorio
con 25 000 habitantes, 360 pueblos, dos parques naturales, dos monumentos
naturales e innumerables espacios protegidos de gran valor. Además, hemos
heredado del pasado una central nuclear que ya tiene cuarenta años de
antigüedad y un futuro bastante incierto.


Señorías, Las Merindades no deberían servir para los experimentos
energéticos ilusorios de ningún ministro ni de ningún presidente de
comunidad autónoma. Los burgaleses y las burgalesas, y con el tiempo
todos los españoles, no debieran poner en riesgo su salud para enriquecer
los bolsillos de unos pocos. Señorías, este no es el modelo de desarrollo
que quieren los ciudadanos, como así lo están manifestando.


Por todo lo anterior, quiero apelar a la sensibilidad de todas sus
señorías; pero sobre todo quiero apelar a la sensibilidad y a la
responsabilidad de los senadores y senadoras del Partido Popular de
Castilla y León, y especialmente de mis paisanos, de los senadores del
Partido Popular de la provincia de Burgos, para que escuchen el clamor y
la voz de toda una comarca que se ha movilizado y que ha salido a la
calle pidiendo que se paralicen estos proyectos, que lo hacen con todo el
sentido común, con toda la responsabilidad de haber heredado un riquísimo
patrimonio de nuestros abuelos que tenemos la obligación de legar a
nuestros hijos de la misma manera. Solicitamos, por tanto, el apoyo de
todos los grupos de esta Cámara a esta moción para paralizar estos
proyectos concretos de los que estoy hablando en esta zona muy concreta
del norte de nuestra geografía. Pedimos suspender cautelarmente los
proyectos de fracking descritos que, como he dicho, dependen del
Gobierno, por un lado, del señor Herrera, en Castilla y León, y por otro
lado, del Gobierno del presidente Rajoy aquí en España.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Gil García.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


La enmienda pretende introducir en el texto que se declare
expresamente la prohibición en todo el territorio nacional del uso de las
técnicas de fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos.


Hace mes y medio, en unas declaraciones a la prensa económica, el
director general de Shell Gas España, la empresa que está desarrollando
los proyectos a los que hace referencia la moción, manifestaba exultante
que esperaba que los primeros pozos exploratorios empezaran a funcionar
en 2016, que unos 70 proyectos contaban con licencia de exploración y que
había presentadas, además, otras 60 peticiones. Estamos, por tanto, ante
una auténtica implosión de solicitudes para el uso de la técnica de la
fractura hidráulica. Además, el Gobierno sigue adelante con su estrategia
de consolidar el marco normativo que permita la aplicación de esta
técnica.


Como saben sus señorías, porque ya está siendo objeto de debate en
esta Cámara, el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, que regula determinadas
medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración,
investigación y explotación de hidrocarburos, introduce como novedad la
creación de unos incentivos para que haya una aceptación institucional
por parte de las instituciones afectadas, y también social, de la
aplicación de esta técnica. Por un lado, regula un impuesto sobre el
valor de la extracción de gas, petróleo y condensados, y, por otro,
modifica el canon de superficie, estableciendo que los ingresos que se
obtengan mediante estas figuras reviertan a las comunidades autónomas y
ayuntamientos del ámbito en el que se desarrollen los proyectos de
fractura hidráulica. Además, dice también que el 1 % de la venta de lo
extraído por las empresas que exploten estos pozos deberá ser para el
propietario de los terrenos suprayacentes, lo cual probablemente en
algunos casos satisfará al propietario suprayacente, pero no creo que
satisfaga a los colindantes de ese terreno objeto de esa iniciativa.


En un reciente debate parlamentario —creo que fue hace dos
Plenos—, el ministro de Industria, el señor Soria, decía que toda
actividad industrial conlleva riesgos —hablaba, además, creo
recordar, de la extracción de petróleo en aguas del Mediterráneo—,
pero que estos riesgos deben de ser asumibles. A estas alturas
precisamente lo que está en cuestión es que los riesgos que se derivan de
la aplicación de la técnica del fracking sean asumibles. No lo son desde
luego para esos 3600 alegantes que han manifestado, en lo tocante a uno
de los proyectos a los que hace referencia la moción, su rechazo a esta
técnica, a que se apruebe la actividad de los pozos de extracción. No lo
son tampoco para más de 100 organizaciones internacionales que igualmente
se han manifestado en contra de la continuidad y del desarrollo de los
proyectos en Burgos.


Lo decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
proponente de la moción: el país que más experiencia tiene en materia de
fracking son los Estados Unidos, que han basado una estrategia de
contención del precio del petróleo en los mercados internacionales y de
incremento de su autonomía energética precisamente en la generalización
de esta técnica. En Estados Unidos ya se reconocen como reales y ciertos
los riesgos sísmicos. El estudio al que hacía referencia el proponente,
un estudio publicado por la revista Science en 2014, se centraba en la
situación del Estado de Oklahoma. Pero es que otra investigación
realizada por un equipo de geólogos y sismólogos de la Universidad
Southern Methodist de Dallas, publicado en Nature Communications, vincula
el cambio de presiones producidas por las inyecciones de fluidos con
los 30 terremotos producidos a finales de 2013 y principios de 2014 en la
ciudad de Azle, en Texas.


Riesgo asumible, decía, igual que el ministro, casi en términos
parecidos, el director general de Shell Gas España que frivolizaba, él
sí, al decir que estos movimientos sísmicos solo eran del 3,7 en la
escala de Richter y que, por lo tanto, era irrelevantes y prácticamente
no eran percibidos por las personas.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Tiene la palabra el senador Gil para indicar si acepta o no la
enmienda.


El señor GIL GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Intervendré desde el escaño. Senador Iglesias, agradezco su
enmienda y le digo que compartimos el fondo de la misma, al igual que su
grupo y el mío hemos compartido a lo largo de esta legislatura el voto
cuando hemos traído a esta Cámara varias iniciativas parlamentarias de
carácter general sobre la aplicación del fracking en nuestro país, pero
hoy el objeto y el sentido de la moción es muy concreto. Nos estamos
refiriendo a una zona muy concreta y a unos pozos de fracking muy
concretos, aunque su enmienda se refiere a un espacio más amplio, puesto
que abarca todo el territorio. La posición de mi grupo es muy clara en
contra de esta técnica, pero hoy queremos preservar el carácter local y
concreto de esta moción. Por lo tanto, no podremos aceptar la enmienda
que nos presenta. Insisto, compartimos el fondo de la cuestión pero
queremos preservar por encima de todo el carácter local, territorial, en
esta Cámara, en el Senado, de la moción que presenta mi grupo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil.


¿Turno en contra? (Pausa). No hay turno en contra.


Pasamos al turno de portavoces.


Grupo Parlamentario Mixto, senador Iglesias y senadora Julios,
¿van a compartir turno? ¿Senador Iglesias, va a compartir turno con la
senadora Julios que ha pedido también la palabra? (Asentimiento).


Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente para poder compartir con mi compañera el
tiempo.


A pesar del rechazo a nuestra enmienda, votaré a favor. Puedo
entender que haya razones tácticas que lleven al proponente a no asumir
la enmienda que he formulado. No obstante, aun siendo un pronunciamiento
parcial sobre unos proyectos muy concretos, comparto que en este caso
concreto se plantee la paralización de los mismos.


Si en mi anterior intervención, al defender la enmienda, hice
referencia a los riesgos sísmicos, ahora quiero abundar en otros riesgos
existentes que se derivan de la utilización de la técnica del fracking.
El primero es que supone un gran consumo de un bien escaso, el agua. Para
fracturar cada pozo necesita un mínimo de 9000 toneladas de agua que en
algunos casos pueden llegar a cerca de las 30 000. También hay bastante
opacidad, porque las empresas no aportan información al respecto, y así
lo denunció el parlamento europeo, sobre los productos químicos que se
utilizan, pero en un informe realizado por el Centro Tyndall de la
Universidad de Mánchester se habla de la utilización de al menos 260
sustancias químicas en la práctica del fracking. El estudio de la Duke
University of Durham, en Carolina del Norte, que se realizó en mayo
de 2011, constataba contaminación por metano en las viviendas próximas a
los pozos.


El tercer bloque de riesgos, después de los sísmicos y
medioambientales, sería el de los riesgos para la salud. En diciembre
de 2014, el gobernador del Estado de Nueva York anunció la prohibición,
en los meses siguientes, en dicho Estado de la técnica de fracking por
los riesgos para la salud, constatados en el estudio que había
encomendado previamente a la Comisión de salud pública del Estado. Otro
estudio realizado por la Universidad de Yale, y publicado por la revista
Environmental Health Perspectives constata que la utilización de la
técnica del fracking genera riesgos para las personas que viven en el
entorno de los pozos, que se manifiestan en problemas en la piel y en las
vías respiratorias.


Por todo ello, concluyo reiterando mi apoyo a la moción y
reafirmando la necesidad de que se prohíba la utilización del fracking
porque, recordemos de nuevo las palabras del señor ministro de Industria,
se trata de una actividad industrial que conlleva unos riesgos no
asumibles ni para la seguridad de las personas ni para su salud ni para
el medio ambiente.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Tiene la palabra la senadora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero expresar brevemente en representación de mi grupo,
Coalición Canaria, el apoyo a esta iniciativa. No hemos presentado
ninguna enmienda por respeto al carácter específico y local que se le
quiere dar, pero, lógicamente, nosotros no solo nos solidarizamos con el
temor o el riesgo que puedan tener los burgaleses a la práctica del
fracking, sino que también entendemos que su grupo parlamentario quiera
hablar de una forma específica de esta zona que rechaza también otras
prácticas de riesgo. En Canarias también vivimos una situación de riesgo
y en contra de las prospecciones petrolíferas que se han realizado en
nuestra tierra nos hemos manifestado una gran mayoría social y política,
pero seguimos trabajando para que el Gobierno de España rechace las
autorizaciones que pide Repsol, que en estos momentos continúan en vigor,
por completo para que no sigamos teniendo encima esa espada de Damocles,
por si el día de mañana a Repsol le apetece volver a hacer prospecciones
en Canarias.


Somos conscientes también de los riesgos que para la zona y para
la población implican prácticas como el fracking. En el caso de Canarias
a este riesgo se le añade otro, el de los vertidos, porque, debido a que
las prospecciones, como ustedes saben, se hacen a más de 3000 metros de
profundidad, se ha demostrado, con el hundimiento del barco ruso que
acaba de producirse en nuestras costas, que cuando se da una situación de
catástrofe, como la que ha habido, y el hombre no es capaz de llegar a
esas profundidades si no es con la ayuda de robots, la gestión de la
crisis deja mucho que desear y al final tenemos en nuestras costas el
chapapote, el pichi, como solemos llamarlo en Canarias.


Por tanto, vamos a apoyar esta iniciativa. La compartimos y por
ello no hemos presentado enmiendas, como he dicho, pero repito que somos
conscientes del riesgo porque en Canarias vivimos una situación parecida,
y lo que no queremos para Canarias tampoco lo queremos para ningún otro
lugar de España.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.


Yo no sé si saben sus señorías que los servicios de la Cámara
están invitando a que donemos sangre. En este momento se está donando
sangre en una de las salas adjuntas. Muchos senadores, como es lógico,
están donando sangre. Pero ustedes imagínense que los servicios de la
Cámara, en lugar de hacer esta petición altruista y humanitaria, les
dijeran que el Conde Drácula les invita a donar sangre. Pues yo, cuando
he visto la iniciativa, la exposición de motivos del senador Gil, al
hablar de la solicitud de reconocimiento de utilidad pública de los
sondeos de exploración Urraca 1 A, Urraca 1 B, Urraca 2 A y 2 B, Urraca 3
A y 3 B a realizar en el área del permiso de investigación, he pensado
que quien puso el nombre de Urraca —que es un ave depredadora, un
ave de rapiña— se lució y habría que darle, por lo menos, dos
medallas: una, por tonto, y otra, por si la pierde. Porque ese tipo de
nombre ya significa mucho. La gente que hace este tipo de apuestas
nominales demuestra no tener el menor respeto por el medioambiente al
decir que la exploración Urraca va a ser una exploración al servicio de
la comunidad.


La moción del senador Gil nos parece una iniciativa interesante,
centrada sobre todo en la Central de Garoña, y la prueba está en que no
ha aceptado la enmienda del senador Iglesias.


Nosotros, que representamos un grupo también territorial,
entendemos que este asunto levanta pasiones, porque, hoy por hoy, el
fracking —nombre que significa ruptura— es perjudicial para
el medioambiente, sobre todo para los acuíferos, y nadie, en su sano
juicio, quiere que se hipoteque el futuro de las siguientes generaciones.
También es verdad que la técnica avanza y si no, vayan ustedes a ver lo
que está ocurriendo en Estados Unidos. Quizá con el tiempo, dentro de muy
poco, la extracción de gas pueda hacerse sin romper nada y sin poner en
peligro salud alguna.


Apoyamos, lógicamente, la posición que está manteniendo el
Gobierno vasco, que no propicia la explotación, sino la exploración a
efectos de conocimiento, pero nunca la explotación. Queremos saber qué
contiene el subsuelo, evitando que esa exploración pudiera quedar en
manos de otros intereses, al margen de lo público, por ejemplo, de
Repsol. De ahí el interés con el que hemos solicitado las prórrogas
correspondientes de las autorizaciones, cuyos plazos pudieran
vencer.


Y si hay un grupo y un Gobierno que debe velar y ser garante de la
salvaguardia del medioambiente es, en nuestro caso, el Gobierno de
Euskadi, como lo fue el anterior Gobierno presidido por el lehendakari
Patxi López —no Repsol, sino las instituciones públicas—. Por
el momento, y ante la existencia de fórmulas o técnicas respetuosas con
el medioambiente, solo puede ser válida la exploración y no la
explotación, repito, la exploración y no la explotación. Los permisos de
exploración disponibles por la Administración, pendientes de ejecutar, no
conllevan ni presuponen autorización específica de trabajos concretos que
puedan entrañar algún riesgo para el medio natural. Por eso es preciso
mantener la titularidad de los permisos de investigación en manos
públicas, impidiendo su caducidad, ya que esta supondría la pérdida
—en nuestro caso, por parte de la comunidad autónoma vasca—
del control sobre este posible recurso para que desde fuera no se tome en
cuenta el medioambiente y se explote en contra de la voluntad de la
población como también ha planteado el propio senador Gil —porque
somos territorios colindantes y, como es lógico, lo que ocurre en Burgos,
sucede también en Álava concretamente—.


Por ello insistimos en que no vamos a utilizar criterios
exclusivamente economicistas y vamos a priorizar en todo momento los
criterios de salud y medioambientales, tanto en lo que se refiere a la
explotación en el futuro, si es que se produce, como a la exploración de
los yacimientos de gas que pueda haber en suelo alavés en concreto, o en
suelo vasco en general.


Por eso, nosotros nos vamos a abstener ante la iniciativa del
senador Gil, que la consideramos y la respetamos, y hacemos muchísimo
hincapié en una distinción muy clara entre la exploración y la
explotación.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra el senador
Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies, senyor president. Senyories,
bon dia.


Nosaltres sí que votarem a favor de la moció que ha defensat el
senador Andrés Gil en nom del Grup Parlamentari Socialista. Ho farem
perquè estem d’acord en la concreció que en fa el Grup Socialista
pel que fa a la sol·licitud de suspensió cautelar dels projectes de
fracturació hidràulica —de fracking— al nord de la província
de Burgos i també estem d’acord en el general, és a dir, en
coherència amb la nostra posició respecte del que defensem de la
suspensió també cautelar tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat
espanyol. Per què? Perquè, com diu la mateixa moció del senyor Gil, els
suposats beneficis econòmics —que no estan demostrats en
absolut— recaurien sobre les empreses multinacionals i, en canvi,
els efectes adversos, qui els sofriria, qui els patiria, serien
directament els ciutadans, els habitants del territori.


Els riscos del fracking —de la fracturació hidràulica—
són evidents: contaminació d’aigües subterrànies i de superfície,
problemes en la gestió dels residus produïts, un ús excessiu de
l’aigua, els gasos d’efecte hivernacle, el metà, com també el
risc de moviments sísmics. En aquest sentit, abundant en la informació
que donava el senyor Gil, avui mateix s’ha sabut que el Servei
Geològic dels Estats Units ha ampliat el mapa de risc sísmic dels Estats
Units per l’ús massiu d’aquesta tècnica en alguns dels
territoris nord-americans. Per tant, el que diu el Servei Geològic dels
Estats Units és que als llocs on s’està practicant de manera
important, massiva, la tècnica del fracking ha augmentat el risc i, per
tant, augmentem el mapa de riscos sísmics dels Estats Units.


Aquesta, evidentment, és una discussió oberta arreu del món: el
fracking, els esquists, les arenes bituminoses. Països com França o com
alguns Länder alemanys s’han posicionat clarament per la
prohibició, per la no utilització d’aquesta tècnica. A Espanya,
diverses comunitats autònomes, entre elles Catalunya, també ho han fet.
És veritat que hi ha hagut recurs per part del Govern al Tribunal
Constitucional, que en aquests moments estan suspesos i que s’està
a l’espera de les respectives sentències.


Per tant, senyories, davant d’aquests riscos, creiem que cal
actuar utilitzant i sota el principi de la precaució, de la prudència. En
aquest sentit, la moció que presenta el senyor Gil en nom del Grup
Socialista entenem que és prudent. Per tant, nosaltres també estem
d’acord a actuar davant d’aquests riscos i d’aquest
debat polític, però també tècnic i científic, utilitzar el principi de la
precaució, de la prevenció i, per tant, el de la suspensió cautelar.


Per això, senyories, votarem a favor d’aquesta moció.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.


Nosotros sí vamos a votar a favor de la moción que ha defendido el
senador Andrés Gil en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Lo vamos
a hacer porque estamos de acuerdo con la concreción que de ella hace el
Grupo Socialista respecto a la solicitud de suspensión cautelar de los
proyectos de fracturación hidráulica —fracking— en el norte
de la provincia de Burgos. También estamos de acuerdo en la visión
general, es decir, está en coherencia con nuestra posición respecto a lo
que defendemos de esta suspensión cautelar tanto en Cataluña como en el
conjunto del Estado español. ¿Por qué? Porque, como afirma la moción del
señor Gil, los supuestos beneficios económicos —no demostrados en
absoluto— recaerían sobre las empresas multinacionales y, en
cambio, quienes padecerían y sufrirían los efectos adversos serían
directamente los ciudadanos, los habitantes de ese territorio.


Los riesgos del fracking —de la fracturación
hidráulica— son evidentes: contaminación de aguas subterráneas y de
superficie, problemas en la gestión de los residuos producidos, uso
excesivo del agua, gases de efecto invernadero como el metano, así como
el riesgo de movimientos sísmicos. En este sentido, y ahondo en la
información que proporciona el senador Gil, hoy mismo se ha sabido que el
servicio geológico de los Estados Unidos ha ampliado el mapa de riesgo
sísmico de los Estados Unidos debido al uso masivo de esta técnica en
algunos territorios norteamericanos. Así pues, el servicio geológico de
los Estados Unidos afirma que en esos lugares donde la técnica de
fracking se está practicando de forma importante, masiva, ha aumentado el
riesgo y, por lo tanto, se amplía el mapa de riesgos sísmicos de los
Estados Unidos.


Evidentemente esta es una discusión abierta en todo el mundo
—el fracking, los esquistos, las arenas bituminosas—. Países
como Francia, por ejemplo, o algunos lander alemanes claramente se han
posicionado a favor de su prohibición, es decir, de la no autorización de
dicha técnica. En España, algunas comunidades autónomas, entre otras,
Cataluña, también lo han hecho así. Es verdad que ha habido unos recursos
del Gobierno ante el Tribunal Constitucional —que en estos momentos
están suspendidos— y se está a la espera de las respectivas
sentencias.


Por lo tanto, señorías, ante estos riesgos consideramos que debe
utilizarse bajo el principio de la precaución, de la prudencia. En este
sentido entendemos que la moción que presenta el señor Gil en nombre del
Grupo Socialista es prudente. En consecuencia, nosotros también estamos
de acuerdo en actuar ante estos riesgos. En este debate político, pero
también técnico y científico debemos utilizar el principio de precaución,
prevención y, por lo tanto, la suspensión cautelar. Por esos motivos,
señorías, vamos a votar a favor de esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.


Grupo Parlamentario Convergència i Unió.


Tiene la palabra el senador Maluquer.


El señor MALUQUER FERRER: Gràcies, president. Bon dia.


Tornem a ser davant d’una moció que afecta els temes del
fracking. A les Corts se n’han debatut manta vegades. En aquests
moments que me’n recordi, en el Congrés vaig seguir-ne alguna que
presentava Esquerra Unida, altres de presentades també al Senat per part
del Partit Socialista... El nostre vot, el de Convergència i Unió, ha
estat en aquelles mocions en alguns casos desfavorable i en altres
l’abstenció, perquè bàsicament en aquelles mocions sí que havíem
presentat esmenes i no se’ns havien acceptat, per tant, actuàvem en
conseqüència.


Dit això, vull dir-los que entenc, del que es desprèn de la moció
presentada del senador Gil, del Grup Parlamentari Socialista, que les
autoritzacions donades o tramitades actualment a la comunitat autònoma de
Castella i Lleó sobre la presència d’hidrocarburs a la província de
Burgos segueixen aquest procés d’informació pública i les
autoritats ambientals competents estableixen les condicions en què es
poden aplicar aquestes tècniques, totalment diferenciades, entenc jo i
entenem tots, entenc, que s’haurien d’aplicar en cas
d’explotació per tal que compleixin els requisits de compatibilitat
ambiental.


A més, em consta, com s’ha dit aquí també per part del
senador Gil i el senador Iglesias, que el Consell de Seguretat Nuclear
requerirà les afectacions sísmiques en un radi de 300 quilòmetres al
voltant de les centrals nuclears, que això és conseqüència d’aquest
tipus a què feien referència. Per tant, doncs, això afectarà de ple les
investigacions que volen dur-se a terme i que són objecte d’aquesta
moció per part del Grup Parlamentari Socialista.


Permetin-me que els faci una reflexió: penso que a l’hora de
planificar el territori i, per tant, també la política i la
compatibilitat dels diferents projectes que s’hi volen encabir han
d’actuar seguint tres principis bàsics. El primer, conèixer. A
Catalunya sempre ho hem tingut clar, és recomanable determinar
l’existència d’hidrocarburs no convencionals al subsòl del
país. Això, en principi, no hi estem en contra. El senador del Grup Basc
també ha fet esment al mateix. D’alguna manera, determinar o no
l’existència d’hidrocarburs no convencionals, en principi, no
sembla una mala cosa.


Podríem seguir pensant que cal conèixer-ho. Després, un cop
conegut, cal aprendre. Aquí s’ha esmentat, s’han fet estudis
i investigacions sobre l’explotació d’aquest tipus
d’






hidrocarburs i les tecnologies aplicades, i penso que sempre és
recomanable a l’hora de basar els nostres posicionaments, sobretot
la gent que tenim la responsabilitat de representar la ciutadania al
capdavant de les seves institucions, hem de tenir molt present que hem de
basar el nostre posicionament en l’estudi i l’anàlisi dels
treballs efectuats per organismes de prestigi i no fer-ho en
declaracions, notícies o manifestos determinats de naturalesa ideològica.
Per tant, hem de ser molt conscients i curosos d’on provenen
aquests estudis i aquestes informacions, i ser amatents a l’hora de
seguir el desenvolupament d’aquestes tècniques de fracturació
hidràulica, com moltes altres. No podem ser aliens dels avenços
tecnològics que es van derivant.


El tercer vector, la tercera pota sobre la que hem de fonamentar
la nostra actuació, és decidir. En el nostre cas, al nostre país, el
permís d’explotació, un cop s’ha investigat, és atorgat per
l’Administració central. Jo sóc dels partidaris a trobar fórmules
perquè cada territori pugui exercir el seu dret a decidir en les seves
reserves energètiques, i en molts altres temes també, però en aquest
també. Per això som un Estat plurinacional i cada territori té les seves
especificitats. Ara bé, la crisi energètica, la globalització, fa que
tinguem un problema seriós damunt de la taula que escanya la nostra
economia. Moltes vegades se’ns fa difícil créixer perquè som en un
món globalitzat i veiem com altres països no tenen en compte cap
d’aquests criteris i entren en concurrència competitiva i aprofiten
uns recursos que hi són i poden fer que els Estats Units tinguin el preu
del gas un 30 % més barat que a Europa. Tot això ens ha de fer pensar,
però en tot cas sobretot en què fem. Potser hem de tornar a plantejar-nos
que, abans de tirar endavant amb l’aprofitament dels jaciments
d’hidrocarburs, de buscar desenfrenadament aquesta font, que en
definitiva contribueix, i per això hi ha estudis que ho demostren, a
l’escalfament global —tots ara estem compromesos amb la
futura Conferència de París a lluitar contra aquest escalfament—.
L’hem de posar molt en estudi abans de decidir el què en cada
qüestió. Per tant, penso que hem de començar amb diàleg, sense
apriorismes de cap mena, a preparar un canvi d’aquesta societat
industrialitzada a una de més humanitzada. Ara, és evident, en som
conscients, no som germanetes de l’ecologia i de les floretes, sinó
que sabem que vivim al món que vivim i la millor protecció per al medi
ambient és coneixent i minimitzant al màxim els riscos i buscant
solucions que siguin positives.


Per tant, el posicionament és aquest. Hem d’intentar
aprofitar els recursos tal com ens vénen sense malgastar-ne gaires per
cercar noves fonts energètiques que, tant per la seva manera costosa
d’obtenir-les com per la necessitat de transformar-les en altres
energies, les fa poc eficients, tant ambientalment com econòmica. Aquí
potser, pel que es desprèn de la moció del Grup Socialista, estaríem
davant d’un cas com aquest. A Catalunya hem arribat a aquesta
conclusió: que potser el territori català no és el millor lloc
econòmicament i ambientalment bo per extreure aquests recursos a través
de la fracturació hidràulica. Per això ens hem buscat aquestes
alternatives, d’alguna manera ens estan donant la raó els
tribunals. A través de l’ordenament urbanístic, podem fixar unes
condicions, uns paràmetres, sense entrar de cap manera en el fons del
model energètic, que en tot cas ha de ser fruit d’un altre debat
molt més ampli i analitzar tots els vectors i paràmetres que s’hi
donen i que concorren en ell.


Per tant, mirant la situació de la nostra economia, mirant quins
són els coneixements que hi ha i mirant de fer el millor pels nostres
territoris, i entenent que cada territori, cada experiència, és diferent,
s’ha parlat dels Estats Units abans, doncs als Estats Units les
explotacions d’aquest tipus de jaciments abasten àrees de més
de 12 000 quilòmetres, gairebé com tota la província de Burgos, per tant,
jo no sé si aquestes prospeccions que es fan a la Urraca i al Sedano
abracen tant de territori. Jo penso que al final acabarà sortint que no
són viables econòmicament. En tot cas, el meu grup prefereix, en aquest
cas, a la vista que hi ha una tramitació d’informació pública,
optar per una abstenció en aquest punt de l’ordre del dia.


Moltes gràcies i bon dia.


Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.


Volvemos a encontrarnos ante una moción que afecta al fracking. En
las Cortes se ha debatido sobre esta cuestión en muchas ocasiones.
Recuerdo que en el Congreso se presentaron algunas mociones de Izquierda
Unida y en el Senado otras del Partido Socialista, y el voto de
Convergència i Unió fue en unos casos desfavorable y en otros de
abstención porque presentó enmiendas a esas mociones que no se aceptaron.
Por tanto, actuó en consecuencia.


Dicho esto, de la moción presentada por el senador Gil, del Grupo
Parlamentario Socialista, se desprende que las autorizaciones tramitadas
actualmente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre la
presencia de hidrocarburos en la provincia de Burgos siguen este proceso
de información pública y que las autoridades medioambientales competentes
establecen las condiciones en las que pueden aplicarse dichas técnicas
totalmente diferenciadas, y que deberían aplicarse en caso de explotación
para que cumplan los requisitos de compatibilidad ambiental.


Me consta, como también han dicho los senadores Gil e Iglesias,
que el Consejo de Seguridad Nuclear va a requerir las afectaciones
sísmicas en un radio de 300 kilómetros alrededor de las centrales
nucleares, consecuencia del estudio al que hacían referencia. Por
consiguiente, esto va a afectar de pleno a las investigaciones que
quieren llevarse a cabo y que son objeto de esta moción del Grupo
Parlamentario Socialista.


Me permitirán que les haga una reflexión. Considero que en la
planificación del territorio y en la política y la compatibilidad de los
distintos proyectos que tengan cabida en él, los gobiernos deben actuar
siguiendo tres principios básicos: el primero, conocer. En Cataluña hemos
tenido claro que es recomendable determinar la existencia o no de
hidrocarburos no convencionales en el subsuelo del país, con lo que en
principio no estamos en contra —el senador del Grupo Vasco también
ha ido en la misma línea—. Es decir, no me parece mal determinar
primero la existencia o no de hidrocarburos no convencionales. Por tanto,
debemos conocer su existencia.


Después, una vez conocidos, aprender. Como ya se ha dicho, se han
realizado estudios e investigaciones sobre la explotación de este tipo de
hidrocarburos y las tecnologías aplicadas. Por tanto, a la hora de basar
nuestros posicionamientos, sobre todo aquellos que tenemos la
responsabilidad de representar a la ciudadanía ante sus instituciones,
debemos basar nuestro posicionamiento en estudios realizados por
organismos de prestigio y no en declaraciones o manifiestos determinados
de naturaleza ideológica. Por tanto, debemos ser muy meticulosos sobre el
origen de estos estudios y de estas informaciones y seguir en alerta ante
el desarrollo de estas técnicas de fracturación hidráulica y de muchas
otras pues no podemos quedarnos ajenos a los adelantos tecnológicos que
de ella se derivan.


La tercera pata sobre la que debemos fundamentar nuestra actuación
es la decisión. En nuestro país el permiso de explotación, una vez
investigado, lo otorga la Administración central. Soy de los partidarios
de encontrar fórmulas para que cada territorio pueda ejercer su derecho a
decidir en sus reservas energéticas y en otros muchos temas también. Por
ello, somos un Estado plurinacional y cada territorio tiene sus
especificidades. Ahora bien, la crisis energética, la globalización, todo
ello, hace que tengamos un problema grave sobre la mesa que estrangula
nuestra economía y que muchas veces obstaculiza nuestro crecimiento
—porque nos encontramos en un mundo globalizado—, vemos cómo
otros países no tienen en cuenta ninguno de estos criterios, entran en
concurrencia competitiva y aprovechan los recursos existentes, lo que
puede hacer que Estados Unidos tenga el gas un 30 % más económico que
Europa. Todo ello debe hacernos pensar, pero, sobre todo, ¿qué hacemos?
Quizá deberíamos volver a plantearnos que, antes de seguir adelante con
el aprovechamiento de los yacimientos de hidrocarburos y buscar
desenfrenadamente dicha fuente, que, en definitiva contribuye, según
estudios que lo demuestran, al calentamiento global —todos estamos
comprometidos con la futura conferencia de París para luchar contra ese
calentamiento—, antes de tomar una decisión sobre cómo actuar en
cada cuestión, deberíamos estudiarlo. Por tanto, debemos empezar con un
diálogo sin apriorismos de ningún tipo para preparar un cambio de esta
sociedad industrializada a otra más humanizada. Pero somos conscientes de
que no somos manitas de la ecología y de las florecitas, sabemos que en
el mundo en el que vivimos la mejor protección para el medio ambiente es
conocer y minimizar al máximo los riesgos y buscar soluciones
positivas.


Este es nuestro posicionamiento. Debemos intentar aprovechar los
recursos tal y como vienen, sin despilfarrar demasiados para encontrar
fuentes energéticas, que a veces cuesta obtener o que, por la necesidad
de transformarlas en otras energías, resultan poco eficientes ambiental y
económicamente. Y aquí quizá nos encontramos ante un caso como este por
lo que se desprende de la moción del Grupo Parlamentario Socialista. En
Cataluña hemos llegado a esta conclusión, y quizá el territorio catalán
no es el mejor lugar desde el punto de vista económico y medioambiental
para extraer estos recursos a través de la fracturación hidráulica. Por
eso hemos buscado estas alternativas, y nos están dando la razón en los
tribunales. Por ejemplo, a través del ordenamiento urbanístico podemos
fijar unas condiciones, unos parámetros, sin entrar en el fondo del
modelo energético que debe ser fruto de otro debate mucho más amplio, y
analizar todos los vectores y parámetros que en él concurren.


Por tanto, hay que analizar la situación y los conocimientos
existentes e intentar hacer lo mejor por nuestros territorios,
entendiendo que cada experiencia es distinta. Anteriormente se ha hablado
de Estados Unidos. En este país las explotaciones de este tipo de
yacimientos alcanzan áreas de más de 12 000 kilómetros
—prácticamente como toda la provincia de Burgos—. No sé si
estas prospecciones que se realizan en Urraca, etcétera, alcanzan tanto
territorio. Supongo que, al final, acabará sabiéndose que no son viables
económicamente. En todo caso, a la vista de que se encuentra en trámite
de información pública, nuestro grupo prefiere optar por la abstención en
este punto del orden del día.


Muchas gracias y buenos días.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Gil.


El señor GIL GARCÍA: Gracias, presidente.


Quiero comenzar mi intervención agradeciendo el apoyo mostrado por
los senadores y por la senadora del Grupo Parlamentario Mixto y las
interesantes aportaciones y reflexiones que se han hecho aquí sobre un
debate que no voy a eludir, aunque no es el objeto de esta moción, como
es la dependencia energética de este país.


Quiero recordar que ese no es un debate exclusivo de España, es un
problema al que también tienen que dar solución otros países de nuestro
entorno como Francia, que también tiene una altísima dependencia
energética y ha tomado la decisión de prohibir esta técnica; u otro país
de la Unión Europea, como Alemania, que también tiene problemas —y
son unos cuantos— en materia de dependencia energética, país que el
Partido Popular suele utilizar como ejemplo para muchas otras cuestiones,
que ha tomado precauciones importantes respecto de esta técnica. Yo me
pregunto: ¿Es que nosotros somos más listos que nadie, cuando media
Europa está prohibiendo el fracking, cuando en Estados Unidos, estados
que tienen experiencia están declarando moratorias y paralizando esta
técnica? Repasen lo que ha ocurrido en el Estado de Nueva York, por
ejemplo.


Señorías, lamento que el portavoz del Grupo Popular no haya hecho
uso de su turno en contra para haber mostrado las razones que llevan a
este Gobierno a apoyar esta cuestión, pero me cuesta entender sobre todo
que, habiendo senadores y senadoras del Grupo Popular que son de Castilla
y León, tenga que debatir esta moción con un senador de Pamplona —y
no es ningún menosprecio hacia usted, senador Palacios— cuando
estamos hablando de un tema que afecta a nuestra tierra. Creo que podrían
haber tenido el coraje y la valentía de bajar a esta tribuna y defender
lo que dicen allí, señorías del Grupo Popular, lo que están diciendo en
la Diputación Provincial de Burgos, donde se han posicionado en contra y
donde han decidido incluso presentar alegaciones en contra de estos
proyectos de investigación. Senador Anasagasti, sabemos distinguir
perfectamente entre lo que es investigación y lo que es exploración. Yo
lamento que no hayan tenido la valentía de bajar a esta tribuna a hablar
de esta cuestión. No sé si será por su falta de coherencia o por algunas
noticias que en materia energética hemos conocido últimamente en Castilla
y León relacionadas con cierta trama eólica que vincula a altos cargos de
la Junta de Castilla y León. No sé si quizá eso tenga algo que ver.


Porque entenderán ustedes que los ciudadanos se pregunten a qué
viene ahora tanto interés por este Gobierno en poner la alfombra roja a
esta técnica del fracking, haciendo modificaciones legislativas, como una
máquina para conceder los permisos. Cuando la gente lee la prensa y ve lo
de la trama eólica y ahora lo del fracking se hace muchas preguntas.


Señorías del Grupo Popular, yo les pido que hagan un ejercicio: no
traten de convencernos a nosotros, no traten de convencerme a mí, a este
portavoz, sobre las bondades y la seguridad de esta práctica, convenzan a
los suyos. Vaya usted a Burgos, vaya a Las Merindades y convenza a sus
compañeros de la diputación provincial o al propio presidente Herrera,
que decía recientemente en una entrevista que esto del fracking no le
gustaba. Vaya a Las Merindades, donde, de los 27 municipios, hay 22
alcaldes y alcaldesas se han posicionado en contra, vaya allí y
explíqueselo, no me lo cuente a mí.


Senador Palacios, hemos oído muchas cosas sobre las sustancias
químicas altamente peligrosas que se emplean por esta industria. Se lo he
oído a diferentes miembros del Partido Popular e incluso al propio
ministro. Incluso he llegado a oír que estos productos químicos que
utiliza la industria del fracking son tan contaminantes como un
pintalabios. Esto se ha llegado a decir.


Seguramente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, guiado
por diferentes intereses, diga en esta tribuna que estamos exagerando,
que estamos alarmando innecesariamente sobre esta cuestión de los
productos químicos que se utilizan. Pues mire, yo le voy a invitar a que
hagamos hoy aquí un ejercicio muy práctico para que salgamos de dudas.
Hace unos días repasaba con un médico el listado de productos químicos
que las empresas que van a promover estos proyectos en Burgos han
remitido al Ministerio de Industria. Entre ellos se encuentran sustancias
como una que se denomina polieteramina, que es peligrosa para el medio
acuático; sulfato de aluminio, que puede afectar al sistema nervioso
central dando lugar a alteraciones funcionales; ácido sulfúrico, que es
cancerígeno; carboximetilcelulosa sódica, que tiene efectos reproductivos
y fetales; talco, que puede causar cáncer; o ácido clorhídrico. Estos son
solo algunos de ellos, señoría. Ustedes dicen que esto, en contacto con
el agua, no es nocivo para la salud. Pues yo le voy a invitar a que hoy
salgamos de dudas. Tengo aquí delante un vaso de agua de los que nos
ponen los servicios de la Cámara y he encargado a un laboratorio un
pequeño combinado de algunos de estos productos, al que le voy a invitar.
Pues bien, si esto no es tan peligroso, supongo que no tendrá usted
inconveniente en probarlo delante de todo el mundo y así salimos de
dudas. Aquí se lo dejo.


La inmensa mayoría de los que vivimos en la comarca de Las
Merindades tenemos muy claro que no queremos convivir con el fracking,
aunque las empresas que lo promueven se quieran llevar a nuestros
alcaldes con todos los gastos pagados de viaje a Polonia, o aunque el
Gobierno haya ofrecido a los ayuntamientos caramelos como una fiscalidad
a la producción del fracking que supuestamente reportará beneficios.


Senador, portavoz de Convergència i Unió, entiendo su reflexión
sobre la investigación y que hay que saber lo que hay en el subsuelo,
claro, y ustedes en Cataluña han promovido una ley para prohibir el
fracking. Lo que no quieran para Cataluña no lo quieran para Burgos. Lo
que no quieren ustedes yo tampoco lo quiero. Ustedes han legislado en
contra del fracking, por cierto con más fortuna que otras comunidades
autónomas que también lo han intentado como La Rioja, Cantabria, Navarra
y como Andalucía. Por algo será, señorías.


Señorías del Partido Popular de Burgos y de Castilla y León, hoy
aquí va a quedar claro cuál es su postura y qué es lo que en definitiva
votarán los ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas y
municipales. Yo les pido a ustedes especialmente que apoyen esta moción,
que tengan el coraje de votar aquí hoy lo mismo que dicen como partido
allí y paralicemos juntos este despropósito. Los ciudadanos sabrán
agradecérselo. Sean coherentes y no digan una cosa allí y voten hoy aquí
la contraria. Ustedes deciden, señorías, yo tan solo apelo al sentido
común: es un atentado contra nuestra naturaleza, contra el presente y el
futuro y contra todo un modelo de desarrollo sostenible en la provincia
de Burgos, en concreto, en la comarca de Las Merindades.


Tienen hoy, señorías del Partido Popular de Burgos y de Castilla y
León, una oportunidad de oro para sacar a la gente de dudas. Yo les pido
que voten en conciencia, que se pongan del lado de sus paisanos que
seguramente sabrán agradecérselo y no del interés de las multinacionales
que están detrás de estos proyectos.


Senador Palacios, por muy encontradas que puedan ser su postura y
la mía sobre esta cuestión de la que ya hemos debatido en otras ocasiones
—yo a usted le conozco desde hace un tiempo, el tiempo que llevo en
el Senado, y personalmente le tengo aprecio—, lo que nunca haría
sería poner en riesgo su salud. Por lo tanto, no le voy a poner en el
compromiso de que tenga que probar este combinado explosivo, y me llevaré
el vaso de esta tribuna. Eso es exactamente lo mismo que les estamos
pidiendo que hagan con los ciudadanos y ciudadanas de la comarca de Las
Merindades. No nos obliguen a asumir el riesgo de contaminar nuestros
acuíferos y de tener que sufrir contaminación de nuestro bien más
preciado, que es vital para el futuro el desarrollo de una comarca por
los innumerables valores ambientales, por la agricultura y la ganadería
en torno a la cual sabemos que queremos desarrollarnos, señorías.
(Aplausos).


En esta cuestión, si algo no podemos hacer, es darnos el lujo de
cometer ni un solo error. El más mínimo error sería fatal para el futuro
de esta comarca. Los riesgos potenciales, tanto en materia de
contaminación de acuíferos, como los riesgos en materia de sismicidad, en
el entorno de una central nuclear con más de cuarenta años, son demasiado
grandes, señorías. Les pido que sean sensibles pero, sobre todo, que sean
responsables y que, al final, entre todos, consigamos paralizar esta
barbaridad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Gil, parece que tengo que decirle que soy senador por
Navarra pero también soy portavoz de Energía. Además sabe que mi padre
nació en la comarca de Las Merindades. Por lo tanto, creo que puedo
hablar de este tema.


Ya estamos acostumbrados a que en esta Cámara los mismos que se
oponen al fracking y a las prospecciones petrolíferas nos digan que
tenemos que tener un suministro de energía seguro, continuado, asequible,
de bajo impacto y que tenemos que ser competitivos, y que para eso, hay
que tener una energía barata, segura y abundante.


Yo creo que hay algunos datos que nos deben hacer reflexionar. Uno
de ellos es que más del 67 % de la energía que consumimos en este país
procede de los hidrocarburos, y de ellos menos del 1 % son autóctonos, es
decir, el resto lo tenemos que importar, y al año un 4 % del PIB va a
pagar la factura de los hidrocarburos. Es decir, al día gastamos más
de 100 millones de euros. En otras palabras, lo que se ingresa por
turismo lo tenemos que pagar en gas y en petróleo. Ya sé que ustedes me
dirán que lo que tenemos que hacer es dejar los fósiles e ir a otras
fuentes de energía, como son las renovables, es decir, hidroeléctrica,
fotovoltaica, eólica; iba a decir también nuclear, pero ya sé que esto es
tabú. Eso es lo teórico, pero hay que pisar suelo, y el hecho es que
todos los informes nos dicen que las previsiones de ahora, al menos en el
horizonte del 2035 —si no es más—, tanto a nivel nacional
como internacional, en la cesta energética los hidrocarburos van a seguir
siendo indiscutibles y van a ser la espina dorsal del mix
energético.


Ante esta realidad, lo que tenemos que hacer es, como decía el
portavoz del PNV y de Convergència i Unió, saber qué tenemos en nuestro
subsuelo, tanto en tierra como en mar. En esto coincido con lo que dice
el secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores
Agrarios de la UGT de Castilla y León, el señor don Manuel López, que
recientemente ha dicho que la posición de UGT es saber qué yacimientos
hay en el país, cosa que no se conoce. Esta es la realidad y es lo que
tenemos que hacer porque lo demás es envolverse en la bandera del
ecologismo, oponerse a las prospecciones en Canarias, alegrarse cuando se
ve que no es rentable el petróleo que hay ahí, pero luego nos encontramos
con que pocas semanas después se pone en peligro el ecosistema marino de
ese archipiélago por las 1400 toneladas del fuel de un buque ruso, porque
el hecho es que todos los años por las aguas de Canarias pasan más
de 12 000 buques con mercancías peligrosas y muchas de ellas con
hidrocarburos. Por eso, señor Iglesias, como decía el ministro, el riesgo
cero no existe en ninguna actividad de la vida y tampoco en esta. Lo que
tenemos que hacer es reducir nuestra dependencia energética. Tenemos que
utilizar las técnicas que se están utilizando en otros países, eso sí,
con todas las garantías medioambientales y con todas las medidas de
seguridad.


Ustedes saben, y eso no lo ha dicho aquí ninguno de ustedes, que
la normativa comunitaria sobre el fracking es amplia y forma un vasto
cuerpo legislativo, normativa que ha sido traspuesta al ordenamiento
jurídico español. Y no solo eso, sino que el actual Gobierno, no el
anterior, el actual Gobierno, ha aprobado una ley en el año 2013 de
evaluación ambiental que ha introducido novedades con las que se ha
reforzado el control ambiental de esos proyectos y la seguridad para las
personas, los bienes y el medioambiente. Es decir, con esa ley lo que se
ha hecho es endurecer los requisitos y cautelas medioambientales que
tienen que cumplir todos los proyectos de exploración de hidrocarburos y
se ha establecido que todos estos proyectos tienen que someterse al
trámite de información pública y después a una batería de consulta de las
administraciones y de los interesados, con lo cual se está garantizando
la máxima protección del medioambiente y la máxima información a los
ciudadanos. Y por si fuese poco, esta ley ha establecido que esos
proyectos, antes de ser aprobados, necesitan una declaración de impacto
ambiental que es elaborada por los técnicos del departamento del
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en la que se analizan todo
tipo de riesgos.


Por tanto, y esto no lo he oído en esta tribuna, se trata de un
proceso muy garantista y reglado que está al margen de las decisiones
políticas, pues si la declaración de impacto es favorable se podrá seguir
adelante con esos sondeos exploratorios de los que hablaban algunos
portavoces, pero si es negativa no se harán los sondeos. Además, en el
supuesto de que se quiera pasar a la fase de explotación, se requerirá
después una nueva concesión, un nuevo proceso medioambiental reglado y
una declaración de impacto ambiental favorable.


Con relación a los proyectos de Burgos —que es de lo que se
trata en esta moción—, tal y como ya se ha dicho aquí, su estudio
de impacto ambiental se encuentra en fase de información pública, y
después habrá que elaborar esa declaración de impacto ambiental. Si es
favorable, se podrá proceder a la aprobación de los proyectos, es decir,
a los sondeos exploratorios. Por tanto, no tiene sentido lo que se está
pidiendo en esta moción.


Yo le preguntaría al senador Gil: ¿quién concedió la autorización
de estos sondeos? Fue el Gobierno anterior, el Gobierno del Partido
Socialista. Y yo me pregunto: cuando se concedieron, ¿no estaban situados
estos proyectos en una zona cárstica, con un terreno muy poroso, en el
que existía —según dice usted— riesgo serio de contaminación
del aire y de los acuíferos? ¿Es que han cambiado las circunstancias
porque el Partido Popular haya llegado al Gobierno? ¿Es que los sondeos,
cuando ustedes los concedieron, no se iban a realizar en el área de
seguridad del reactor de Garoña? ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Porque yo
creo que los proyectos se van a realizar en el mismo lugar.


Lo que no hay que hacer es meter miedo con los microseísmos que
pueden provocar estos sondeos. El informe que yo he leído del servicio
geológico de Estados Unidos dice clara y rotundamente que el fracking no
es el origen de los terremotos. Pero no solo eso, sino que desde el
año 1940 se han realizado en el mundo más de 2 millones de operaciones de
fracking y no se ha podido establecer ninguna relación entre la
utilización de esta técnica y los terremotos. Supongo que sabrán
—por lo menos eso es lo que yo he visto en los documentos y en los
informes que he leído— que solamente en tres casos la sismicidad
inducida ha podido dar lugar a terremotos de un grado inferior a 3 en la
escala de Richter, es decir, indetectables para las personas, inferiores
a los provocados por otras actividades industriales y de esos que el
Instituto Geográfico Nacional dice que en esta península ibérica se da
uno cada quince horas.


Como estamos en vísperas de elecciones, nos ha sacado usted a
colación el reciente acuerdo de la Diputación de Burgos en contra de los
sondeos. Yo le diría al señor Gil: ¿usted se acuerda de que cinco días
antes de las elecciones generales el secretario de Estado de Energía del
Partido Socialista decía que era favorable al fracking? ¿Sabe que, cuando
en el mes de octubre del año 2011, ETA decidió graciablemente dejar de
matarnos, el lehendakari Patxi López se encontraba en Estados Unidos
aplaudiendo el fracking? ¿Que él fue quien cambió la ley vasca para que
se pudieran hacer prospecciones en parques naturales y dio concesiones
cuando era ya lehendakari en funciones? Eso mismo pasó en Cantabria, ha
pasado con el Gobierno de Zapatero y en la Junta de Andalucía. Por tanto,
la única diferencia que hay aquí es que la Diputación de Burgos se puede
oponer, pero no tiene competencias para otorgar las concesiones. Ustedes
las tuvieron y las ejercieron y, además, tal y como afirmó rotundamente
el señor Unda, consejero vasco socialista, las perforaciones se iban a
hacer sí o sí. En este caso se harán si la declaración de impacto
ambiental es positiva. Lo deseable sería que este proceso que se está
llevando a cabo en Burgos, y que se encuentra en estos momentos en
tramitación, acabe con una declaración de impacto ambiental favorable,
que se puedan hacer las exploraciones, se encuentre gas y que este sea
rentable, porque eso será muy positivo para la comarca de las Merindades,
para Burgos y para toda España.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, antes de someter a votación la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, les anuncio que no vamos a parar a comer.
Entraremos en el debate del primer Proyecto de Ley, de creación del
Consejo General de Colegios de Pedagogos y Psicopedagogos;
posteriormente, en el debate de los vetos del siguiente Proyecto de Ley,
para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y se votarán
juntos el primer proyecto de ley y los vetos del segundo proyecto de ley,
nunca antes de las cuatro de la tarde.


Sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista
tal y como ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229;
votos emitidos, 228; a favor, 70; en contra, 137; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (La señora vicepresidenta,
Vicente González, ocupa la Presidencia).









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS OFICIALES DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS.


621/000111



La señora vicepresidenta da lectura a los puntos 7., 7.1.
y 7.1.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): A este proyecto de
ley no se han presentado enmiendas ni propuestas de veto dentro del plazo
que se señala.


¿Turno a favor? (Pausa).


¿Turno en contra? (Pausa).


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Intervengo con brevedad desde el escaño simplemente para
felicitarme por la configuración y constitución de este nuevo colegio.
Deseo a sus integrantes los mayores éxitos en el desarrollo de su
actividad y quiero hacer una consideración con carácter general.


Es positivo que se sigan constituyendo colegios profesionales
tras unos años en que se ha puesto en cuestión la figura colegial, la
profesión colegial. En mi opinión, es necesario, para el funcionamiento
adecuado y con las máximas garantías, tanto para los profesionales como
para quienes acuden a recibir sus servicios, la configuración de colegios
fuertes, democráticos y con capacidad para velar por intereses sociales
más allá de los puramente corporativistas.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


¿Por el Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). No se hace uso de la
palabra.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene
la palabra la senadora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias.


Intervengo muy brevemente para señalar que estamos ante un texto
de una ley de trámite procedimental, según lo que establece la
Ley 2/1974, de colegios profesionales. Manifiesto nuestro apoyo a la
creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y
Psicopedagogos, con el deseo de que sea una contribución para mejorar el
ámbito de la pedagogía en este país, para la defensa de la profesión,
para que se profundice en la visión y en los valores que defiende y para
que también contribuya a coordinar y compartir los éxitos de los
proyectos y las experiencias, a fin de avanzar en la pedagogía y
continuar con la tarea del legado de tantos y tantos profesionales que,
impregnados por su vocación, han contribuido a alcanzar una sociedad
mejor, tal y como lo hizo, entre otros, nuestra compañera, maestra y
amiga, Marta Mata, diputada y senadora de esta institución.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenos días.


Intervengo también de manera muy breve, simplemente para poner en
valor la profesión de los pedagogos y de los psicopedagogos, que tienen
su origen prioritariamente en el mundo de la docencia. En Cataluña es
imposible concebir una escuela, un colegio o un instituto sin la figura
de un pedagogo o un psicopedagogo en los gabinetes de orientación porque,
en definitiva, su tarea es tremendamente importante en el diseño de los
planes de acción tutorial, en el diseño de las evaluaciones, en la
atención a la diversidad, en la elaboración de los currículums o en los
proyectos educativos de centro. Por tanto, es una profesión tremendamente
importante, tremendamente necesaria, que si bien tiene este origen, creo
que en estos momentos también tiene otros campos de actuación muy
importantes, como el de la sanidad, la justicia o el asesoramiento, que
hacen que esta profesión tenga un buen y gran camino.


Finalmente, quiero poner en valor el trabajo que ha venido
realizado el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de Cataluña en
pro de su profesión, que creo que culmina, junto con la existencia de
otros colegios, con la creación de este Consejo en estos momentos, que
estamos convencidos de que va a redundar en la mejora de la profesión, en
general, y de los titulados.


Por tanto, nos felicitamos por este proyecto de ley que, sin
duda, va a ser muy beneficioso para la profesión.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Álvarez Areces.


El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias. Intervendré con brevedad.


Como se sabe, la Ley 2/1974, de colegios profesionales, establece
en su artículo 4 que cuando están constituidos varios colegios de la
misma profesión de ámbito inferior al nacional, existirá un consejo
nacional de colegios, cuya creación ha de tener lugar mediante una ley de
carácter estatal, según prevé también la Ley del año 1983, del proceso
autonómico, y este es el caso. Por ello se debate este proyecto de ley,
que ya vino del Congreso aceptado por unanimidad, y espero que aquí
también sea ratificado de igual manera para crear el Consejo General de
Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos, que se relacionará con
la Administración General del Estado a través del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Por eso los portavoces del ámbito educativo
participamos en él.


En el plazo de dos meses desde su entrada en vigor se constituirá
una comisión gestora, que en un plazo de seis meses elaborará unos
estatutos provisionales que se remitirán al ministerio para su
verificación y publicación en el BOE.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en el
Senado para mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa, ya que representa
una aspiración de ese colectivo de profesionales, que tienen una
creciente importancia en el ámbito educativo, como se ha reseñado por
otros portavoces; también en el asesoramiento pedagógico; en la atención
a la diversidad, tan importante hoy para evitar el fracaso escolar; para
la integración en los ámbitos de los centros educativos; pero también en
el sector sanitario, en el de servicios sociales y, en general, en los
servicios públicos. Es una profesión que tiene una importancia creciente,
como estamos viendo cada día en las informaciones que surgen en el
conjunto de nuestra sociedad. Por tanto, no hemos presentado ninguna
enmienda y vamos a votar a favor.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora González.


La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Me uno a las intervenciones de mis compañeros y compañeras. Estoy
muy contenta de que estemos totalmente de acuerdo. Sus palabras han
recogido, en conjunto, el sentido de mi intervención: el valor de los
pedagogos y psicopedagogos en los centros educativos.


Usted, senador Areces, ha hecho un breve resumen de la ley.
Efectivamente, se debe a que hay tres colegios autonómicos en España: el
colegio catalán, el de Baleares y el de Valencia. Por tanto, a través de
este trámite se tiene que formar un consejo.


Como muy bien ha dicho nuestro compañero senador, la labor de los
pedagogos y psicopedagogos tiene un valor muy importante en los centros
educativos, pero los nuevos retos del siglo XXI hacen que esa labor se
expanda. Fíjense en que la titulación de Pedagogía surge en 1904. Yo soy
titulada en Ciencias de la Educación porque en la época en que me titulé,
en el año 1992, todavía no existía la licenciatura de Psicopedagogía. Por
tanto, tenemos distintas titulaciones enfocadas al mismo ámbito, y los
colegios y el consejo van a enmarcarlas con el gran valor y las grandes
funciones que nuestros pedagogos y psicopedagogos tienen en el ámbito
educativo y ante los nuevos retos de la sociedad.


En consecuencia, vamos a aprobar la ley, y repito que estoy muy
contenta de que estemos de acuerdo todos los grupos porque, aunque a
veces es difícil llegar al consenso, hoy lo hemos hecho rápidamente para
apoyar este proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL.


621/000112

Cultura


La señora vicepresidenta, Vicente González, da lectura a los
puntos 7.2. y 7.2.1.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Pasamos a los
dictámenes de comisiones.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta
de la Comisión de Cultura, senadora Ongil Cores.


La señora ONGIL CORES: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, me corresponde presentar el Proyecto de Ley para la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Este proyecto de ley que
se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se
tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el
pasado 26 de marzo, fecha asimismo de su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.


El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba
inicialmente el día 9 de abril, fue ampliado hasta el 15 de abril
de 2015. A este proyecto de ley se han presentado 6 propuestas de veto
y 70 enmiendas.


El día 14 de abril la Comisión de Cultura designó ponencia, que
quedó integrada de la siguiente manera: don Joan Baptista Bagué Roura,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; doña
Margarita Durán Vadell, del Grupo Parlamentario Popular; don Pedro Eza
Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto; don Domingo Francisco Fuentes
Curbelo, del Grupo Parlamentario Socialista; don Carlos Martí Jufresa,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; doña Rut
Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco; don Félix Montes Jort, del
Grupo Parlamentario Socialista, y doña María Dolores Vázquez Muñoz, del
Grupo Parlamentario Popular.


La ponencia se reunió el día 22 de abril y emitió informe en el
que se incorporaron al proyecto de ley las enmiendas números 50, 51 y 52,
del Grupo Parlamentario Popular. Asimismo, se incluyeron diversas
correcciones contenidas en el informe elaborado por la letrada de la
comisión. La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 22 de abril
y emitió dictamen de conformidad con el texto propuesto por la
ponencia.


Han presentado votos particulares a este dictamen la señora
Capella i Farrè, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Guillot Miravet
y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el
señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla
Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y los grupos
parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya,
Convergència i Unió y Socialista.


Termino, señora presidenta, simplemente dando las gracias, como
presidenta de la comisión, a todos los portavoces, a todos los que forman
parte de la Comisión de Cultura, por ese buen hacer y esa buena
concordia. A pesar de esas diferencias lógicas que, ideológicamente,
tenemos cada uno de los grupos parlamentarios, hemos sabido llegar, una
vez más, con la tramitación de esta ley, a esos acuerdos cuando ha sido
posible y, si no, por lo menos a esa buena relación. Indudablemente, no
quiero terminar mi intervención sin agradecer la magnífica labor de
nuestra letrada en la comisión.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Comenzamos con las propuestas de veto. Propuesta de veto
número 2, de la senadora Capella i Farrè, del Grupo Parlamentario
Mixto.


Tiene la palabra, señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta. Buenas tardes,
senadoras y senadores.


Se han presentado 6 vetos a este Proyecto de Ley para la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que tiene como única
finalidad, desde el punto de vista de Esquerra Republicana, homogeneizar,
uniformizar, recentralizar, laminar e invadir competencias, obstaculizar
la gestión y el autogobierno de Cataluña, y tiene la pretensión de dejar
a la Generalitat de Catalunya subordinada a la política ejercida por el
Gobierno español.


Pretenden reducir las comunidades autónomas a meras delegaciones
de la Administración General del Estado, dedicadas a la ejecución de las
políticas elaboradas por el Gobierno del Estado español. Nos quieren
—no es una novedad— subordinados y de rodillas. Esta
afirmación la sustento en los actos del Partido Popular, pero también en
sus palabras, en las que utilizan y emplean en los debates y en aquello
que dicen en sus proyectos de ley. Para ello, solo basta repasar las
leyes que han sido aprobadas en esta legislatura. Todas, sin excepción,
laminan el autogobierno de Cataluña y de los països catalans en su
integridad, y por descontado del resto de las comunidades autónomas. Este
es su plan preconcebido. Ustedes no dan puntada sin hilo. Ahora bien, se
les acaba el tiempo, y espero que rápido.


El Gobierno del Partido Popular rema a contracorriente,
intentando legislar aquello que ya está legislado y que es competencia
exclusiva, en este caso, de la Generalitat de Catalunya. Y para más inri,
lo hacen rápido y mal, puesto que las competencias en cultura,
especialmente cuando se refieren al patrimonio cultural, corresponden a
las comunidades autónomas.


La Generalitat de Catalunya ya tiene una norma que regula el
patrimonio cultural inmaterial, y lo hace en ejercicio de las
competencias, como decía antes, que le son propias. Cataluña tiene su
propia ley, la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993, de 30 de
septiembre.


Es evidente que el extensísimo preámbulo del proyecto de ley
—por cierto, en leyes también muy importantes no era tan
extenso— obedece a la necesidad de justificar lo injustificable,
que no es otra cosa que la invasión de competencias por parte del Estado.
Lo justifican y se justifican para ello, tal y como se afirma en el
preámbulo, en que existe una compleja distribución de competencias y sus
reglas, que emanan de la Constitución, son de una densa especificidad y
sin parangón en otras materias. Por ello, en materia de cultura es
exigible incidir sobre los valores sensibles que se engarzan con el
ejercicio de numerosos derechos fundamentales. Se olvidan de los derechos
fundamentales que también cercenan cuando invaden estas competencias, la
existencia de concurrencia o dualidad competencial.


En este sentido, debo recordarles que la legislación catalana ya
dispone de medios jurídicos para declarar el grado de protección de los
bienes inmateriales y de adecuadas medidas para su fomento. Por tanto, no
le corresponde al Estado legislar al respecto aprovechando nuevamente el
complejo marco de distribución de competencias y una supuesta
concurrencia competencial en materia de cultura, dualidad que es mucho
más limitada de lo que se dice y de lo que se pretende. Es intolerable
que el Estado cercene dicha legislación, es intolerable la pretensión del
Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular de un tratamiento
homogéneo, que se aleja del principio de subsidiariedad y para el que no
dispone de competencias.


El presente proyecto de ley no cubre ninguna laguna legal, pues
todo lo que regula o pretende regular es innecesario o puede ser regulado
por las propias comunidades autónomas. De manera que todo ello nos lleva
a concluir que ustedes lo único que pretenden es imponer un marco
homogéneo a una realidad heterogénea. En este proyecto de ley violan y
vulneran su sacrosanta Constitución, también el bloque de
constitucionalidad del que forma parte el Estatut d’Autonomia de
Catalunya de 2006, y que, por lo que respecta a esta materia, el Tribunal
Constitucional dejó indemne la competencia exclusiva de la Generalitat de
Catalunya.


Este proyecto de ley tiene su antecedente inmediato, y no pasa
desapercibido —se?ls veu el llautó—, en la Ley 18/2013, de 12
de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio
cultural. Su voluntad, la voluntad del Partido Popular y del Gobierno al
que ustedes dan apoyo, es dejar sin efecto la abolición de las corridas
de toros en Cataluña. No está de más que les recuerde que en Cataluña la
regulación, la prohibición de la tauromaquia se produjo mediante la
presentación de una iniciativa legislativa popular con más de 180 000
firmas, y que el Parlament de Catalunya tramitó y aprobó. En Cataluña la
ciudadanía es quien decide, quien quiere decidir, y lo hace. Y eso puede
ser extrapolado a cualquier tema y materia: la consulta del 9 de
noviembre, la votación del estatuto de autonomía, las elecciones
plebiscitarias del 27 de septiembre, y así hasta un largo etcétera.


Hay que recalcar que tanto Cataluña como Canarias prohibieron las
corridas de toros. Debo recordarles también que Barcelona, capital de
Cataluña, ya en el 2006 se declaró ciudad antitaurina. Y, en
consecuencia, para Esquerra Republicana ustedes no son de fiar. Con este
proyecto de ley la intención del Partido Popular es dotarse de un nuevo
instrumento. Para ustedes toros es igual a patrimonio cultural inmaterial
y se amparan en lo que ustedes consideran y denominan la fiesta nacional
—ya saben quién le dio la categoría de fiesta nacional—,
para, de este modo, poder levantar la abolición aprobada por el Parlament
de Catalunya, poder diseñar una nueva vía que proteja la tauromaquia y,
finalmente, poderla reinstaurar en Cataluña. En Esquerra Republicana les
advertimos: no permitiremos que eso pase en Cataluña y no acataremos una
modificación legal de este calibre. Ustedes, señorías del Partido
Popular, pretenden obligar a todos los territorios a proteger un bien
inmaterial, aunque este sea ajeno a su cultura propia. Más de cien
organizaciones de protección animal de veintinueve Estados diferentes,
centenares de miles de ciudadanos de todo el mundo, incluso la ganadora
del Premio Príncipe de Asturias, Jane Goodall, y del Premio Nobel de
Literatura, John Maxwell Coetzee, han mostrado su apoyo a la abolición de
los toros en Cataluña.


Señorías, lo que se desprende de este proyecto de ley es que
ustedes prefieren intensificar e imponer la cultura nacional a garantizar
la financiación de las comunidades autónomas para que puedan proteger y
difundir sus bienes culturales. Es indigno destinar centenares de
millones de euros a subvencionar la tauromaquia, y es indigno que ustedes
no cumplan con la Ley de la memoria histórica. La tauromaquia ni es arte
ni es filosofía noble, es maltrato y es crueldad; es una actividad que
degrada a quien la ejerce y a quien la admira. Señorías, todas las
culturas, tanto las occidentales como las orientales, tienen elementos
destructivos. La tradición no justifica la crueldad, y no es civilizado
mantener la crueldad porque sea tradición.


Por estos motivos y por muchos más que ya desgranamos en su
momento en la Comisión de Cultura, hemos presentado este veto y
solicitamos al resto de grupos parlamentarios que le den apoyo. Asimismo,
ya anticipo que Esquerra Republicana dará apoyo a los vetos presentados
por el resto de los grupos parlamentarios.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 1 de los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto. Para su defensa tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Sinceramente, me cuesta trabajo encontrar motivos racionales que
me permitan entender por qué el Gobierno de España se mete en el jardín
de esta ley, un jardín que va a ser un foco de conflictos competenciales
con las comunidades autónomas absolutamente innecesario.


El proyecto expresa —eso no es ninguna novedad— una
clara voluntad recentralizadora del Gobierno de España. Y no es novedad
porque sus señorías, en reiteradas ocasiones nos habrán oído a los
portavoces de los grupos de la oposición expresar una idea similar en
relación con otros muchos proyectos de ley. Pero si esta puede ser una
crítica general al conjunto de la política legislativa de este Gobierno,
hay que entender que, más allá de la visión del Estado que el Gobierno
del Partido Popular pretende trasladar a través de estos proyectos
recentralizadores, en este caso concreto lo hace en una materia en la que
los problemas añadidos son evidentes. Intentaré de forma muy breve
argumentar desde la perspectiva constitucional lo inadecuado de este
proyecto.


Es cierto que constitucionalmente el artículo 149.1.28ª atribuye
competencia exclusiva a la Administración del Estado en la defensa del
patrimonio cultural artístico y monumental español —y acota—
contra la exportación y la expoliación. Y también atribuye esa
competencia exclusiva a museos, bibliotecas y archivos de titularidad
estatal. Es decir, la competencia exclusiva está perfectamente definida
en este precepto constitucional. Por su parte, el apartado 2 de este
mismo artículo, añade: «Sin perjuicio de las competencias que podrán
asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la
cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación
cultural entre las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas.» Aquí se
le concede a la Administración una competencia no exclusiva de buscar la
colaboración y la comunicación entre las comunidades autónomas.


Sin embargo, el artículo 148 de la Constitución, a la hora de
hablar de las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas,
en los párrafos 14.ª, 15.ª, 16.ª y 17.ª les atribuye competencias
directamente relacionadas con la cultura. De ello cabe concluir que la
cultura, desde la perspectiva competencial de la Constitución española,
es una competencia esencialmente de las comunidades autónomas y
residualmente de la Administración central del Estado.


Si bien está claro el marco constitucional, surgen tremendas
dificultades para ver la oportunidad de este proyecto cuando, además,
desde que España ratificó el Convenio de la Unesco en el año 2006, la
Administración central del Estado no ha legislado en la materia a que
hace referencia dicho convenio pero sí lo han hecho la mayoría de las
comunidades autónomas. Por tanto, nos encontramos con una realidad en la
que no es que se trate de una materia virgen sobre la que el Estado
legisla y discute con las comunidades autónomas quién tiene la
competencia, sino que legisla sobre algo que ya está legislado por ellas,
y además lo hace pretendiendo desarrollar una ley, inevitablemente de
armonización, sin que se cumplan las exigencias del artículo 150 de la
Constitución española, claramente establecidas también para la
utilización, para el uso del recurso de las leyes de armonización, y lo
hace yendo mucho más allá de las competencias claras que le reconoce el
artículo 149.


El Gobierno lo sabe, no puede ignorarlo. Por eso, además de
incorporar, como en todos los proyectos legislativos, una norma —en
este caso, la disposición final tercera, dedicada al título
competencial—, este proyecto en concreto, al contrario que el resto
de los proyectos, dedica en su preámbulo dos folios, cuatro páginas, a
explicar por qué es competente para plantear este proyecto de ley.
Excusatio non petita. Comparen sus señorías con cualquier proyecto de ley
y díganme si son capaces de encontrar uno solo en el que el Gobierno
entienda imprescindible dedicar dos páginas, cuatro folios, a argumentar
por qué tiene competencia para desarrollar este proyecto de ley.


El texto constitucional plantea que se debe buscar la cooperación
entre las comunidades autónomas, pero esta ley no tiene como objetivo
eso, aunque después en su contenido haga referencias constantes a la
necesidad de dicha cooperación, como a continuación expresaré. Plantea
que la legitimación de su competencia —o una de ellas— es que
algunos de estos bienes se proyectan sobre varias comunidades autónomas.
Sin embargo, el propio texto legal en su preámbulo establece una salvedad
muy clara. Dice que precisamente en esta materia, el locus, el
territorio, es difuso y difícil de determinar. En coherencia con ese
preámbulo, el argumento que en el articulado se maneja de que se trata de
bienes patrimoniales que se pueden proyectar sobre varias comunidades
autónomas, carece del más mínimo fundamento, es una contradicción
aberrante.


Les voy a poner un ejemplo de mi comunidad autónoma. Hay en
marcha desde hace tiempo ya, y seguramente con más retraso de lo
necesario, un proyecto de declaración como bien del patrimonio cultural
inmaterial a la sidra y todo lo que la rodea, no solamente su producción,
el llagar, sino los cantos, los coros o la poesía, todo lo que va
relacionado con la sidra. Pero, conforme a este proyecto, ¿va a
corresponder al Gobierno la declaración de manifestación representativa
del patrimonio, al amparo del artículo 12? Porque, claro, la sidra no se
bebe ni se produce solo en Asturias, se produce y se bebe cada vez más en
Cantabria y en Euskadi; hay sidra en Bretaña y los irlandeses también la
beben. Los asturianos no entenderíamos que se pretendiera que
paralizáramos nuestra decisión de declarar la sidra dentro del ámbito del
patrimonio cultural inmaterial porque es necesaria una declaración de la
Administración General del Estado. Sencillamente, es absurdo.


Precisamente la diversidad cultural que reivindica el proyecto se
garantiza desde la perspectiva de que sean las comunidades autónomas las
garantes de esa diversidad a partir de la declaración en el ejercicio de
sus competencias de protección y calificación de los bienes que
consideren oportuno como patrimonio cultural inmaterial. Y les decía
antes que siendo las funciones constitucionales en materia de cultura del
Gobierno de la nación, de la dirección general del Estado, más amplias,
las que invitan a buscar la colaboración con las comunidades autónomas,
este proyecto cuando baja al articulado no tiene más remedio que
reconocerlo. Después de arrogarse las competencias dice que hay que
desarrollar la colaboración con las comunidades autónomas y hay que
hacerlo en el Plan nacional de salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial; hay que hacerlo en el inventario general del patrimonio
cultural inmaterial que se hará a partir de lo que trasladen las
comunidades autónomas. Se trata de la negación en el articulado de la
afirmación competencial que se realiza de forma tan prolija en el
preámbulo del proyecto.


Concluyo con una razón más, aparte de la competencial. Se
pretende asumir una competencia sin que luego se concreten los
compromisos que se delegarían del ejercicio de esa competencia, y mucho
menos los recursos económicos. Por supuesto, este proyecto de ley también
mantiene en sus disposiciones adicionales, de forma expresa, la vigencia
de la Ley, que rechazamos, de declaración de la tauromaquia como bien del
patrimonio cultural inmaterial, solicitándola a la Unesco.


Por esos motivos sostenemos nuestro veto y solicitamos el apoyo
de la Cámara. Votaremos también a favor del resto de los vetos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Pasamos a la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot
y Saura, de la Entesa pel Progrés de Catalunya.


Tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyora presidenta.


Señorías, quiero empezar reiterando una vez más el compromiso de
esta Cámara y de sus grupos parlamentarios de que en esta legislatura
reformaríamos el Senado.


Este proyecto de ley que hoy discutimos adolece, a criterio del
senador Saura y mío, de una serie de insuficiencias que justifican el
veto que voy a presentar en representación de Iniciativa per Catalunya
Verds.


Es un proyecto de ley que llega tarde y mal. Tarde porque hay que
recordar que la Convención de la Unesco para la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial se aprobó en 2003, España la ratificó
en 2006 y nueve años después de su ratificación discutimos este proyecto
de ley, y mal.


Comparto la opinión del Consejo de Estado de que quizá habría
sido mejor que las disposiciones que contempla este proyecto de ley se
hubieran incorporado a la norma que regula el patrimonio histórico
español, la Ley 16/1985, y así crear una normativa legal integral. Pero,
sobre todo, son dos las razones que justifican este veto: una primera
conceptual y una segunda competencial.


Señorías, todos estamos de acuerdo en que hay que salvaguardar
nuestro patrimonio cultural inmaterial frente al reto y el peligro real
de la uniformización cultural que impone la globalización.


Si vamos al redactado que realiza la Unesco, sabemos a qué nos
referimos cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial. Compartimos
las afirmaciones de la Unesco cuando dice que el patrimonio cultural
inmaterial es, en primer lugar, tradicional, contemporáneo y viviente al
mismo tiempo. No solo son tradiciones heredadas del pasado, sino que
también son usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de
diversos grupos culturales.


En segundo lugar, es integrador. El patrimonio cultural
inmaterial se ha transmitido de generación en generación, ha evolucionado
en respuesta a su entorno y contribuye a infundir un sentimiento de
identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a
través del presente. Contribuye muy fuertemente a la cohesión social
fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los
individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la
sociedad en general.


En tercer lugar, es representativo. El patrimonio cultural
inmaterial no puede valorarse solo como un bien cultural, ya sea por su
exclusividad o valor excepcional. Florece en las comunidades y depende de
aquellos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se
transmiten al resto de la comunidad de generación en generación.


Y, en último lugar, es un bien basado en la comunidad. El
patrimonio cultural inmaterial solo puede serlo si es reconocido como tal
por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y
transmite. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una
expresión o un uso determinado forma parte de su patrimonio.


En resumen: tradicional, contemporáneo, viviente, integrador,
representativo, comunitario y generador de sentimiento de identidad y
pertenencia. Tal es la fuerza del patrimonio cultural inmaterial que a lo
largo de la historia todos los regímenes totalitarios han intentado
aniquilar como factor de dominación e uniformización.


Legislar sobre ello no es sencillo y más en un Estado
pluricultural y plurilingüístico. Exige una exquisitez cultural y una
lógica descentralizadora que, lamentablemente, señorías del Grupo
Popular, ni ustedes ni su Gobierno tienen.


Como muy bien afirmaba la portavoz del grupo de La Izquierda
Plural en el Congreso, señora De las Heras, se trataba de crear una malla
protectora y portadora de recursos y fortalezas, no de legislar para su
catalogación como patrimonio a proteger sobre una cuestión tan intangible
que va a ser fuente de arbitrariedades. Señorías, en una realidad
pluricultural, ¿qué bienes inmateriales pueden considerarse del
imaginario y de la tradición española?


Permítanme poner algunos ejemplos que aparecen en este proyecto
de ley para explicar mejor las razones del veto que hemos presentado el
senador Saura y yo.


Disposición final sexta. Regulación de la tauromaquia como
patrimonio cultural. No dice nada. Es un preocupante brindis al sol. Esta
disposición final no estaba en el proyecto de ley original. Todo el mundo
sabe que la cuestión de los toros en Cataluña está en manos
exclusivamente del Tribunal Constitucional, el resto son gestos del PP
para la galería taurina. Solo hay que ver el nivel de incumplimiento de
lo contemplado en la Ley 18/2013, para la regulación de la tauromaquia.
Ustedes aún no han presentado a la Unesco la declaración de las corridas
de toros como patrimonio cultural inmaterial.


Pero yendo al fondo del asunto, la Unesco afirma que el
patrimonio cultural inmaterial es tradicional, contemporáneo y viviente.
¿Son las corridas de toros en muchos territorios del Estado
tradicionales? Sí. ¿Contemporáneas? No, en muchas comunidades hace años
que no se celebran corridas de toros; en Cataluña están prohibidas.
¿Vivientes? Depende de los presupuestos públicos. ¿Son integradoras las
corridas de toros? Para nada; son y serán motivo de polémica y división.
¿Son representativas las corridas de toros? Tampoco, en muchas
comunidades su rechazo es aplastante; a nivel estatal, un 63 % se opone a
ellas. ¿Se basan en la comunidad? No.


Con la introducción de esta disposición final sexta, el Gobierno
del Partido Popular refleja su concepción de patrimonio cultural
inmaterial y lo que entiende por dar unidad nacional a la diversidad
cultural. Esta disposición adicional sexta también refleja el desprecio a
las competencias de las comunidades autónomas que tiene el Gobierno del
señor Rajoy y su afán recentralizador.


Con este proyecto de ley, el PP no es que invada competencias,
como muy bien decía el diputado Agirretxea, del PNV, en el Congreso, es
que se las autoadjudica. Desde el mismo instante en que el Parlament de
Catalunya prohibió las corridas de toros en uso de sus competencias, no
han parado. Aprobaron la ley de regulación de la tauromaquia y presentan
este proyecto de ley. Las corridas de toros no son cultura nacional, no
forman parte de un patrimonio cultural, ni ustedes tienen competencias
para imponerlas.


La segunda cuestión que justifica este veto es la competencial.
Para ustedes, la sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991 no es de
aplicación para los bienes culturales inmateriales. Para nosotros, sí. Su
propuesta de un modelo competencial dual de salvaguarda del patrimonio
cultural inmaterial es para nosotros innecesaria. Creemos que será una
fuente de problemas que un mismo bien inmaterial sea salvaguardado por el
Estado y, a su vez, por una o más comunidades, porque irá en detrimento
de las competencias de las comunidades autónomas.


Señorías, ni conceptual ni competencialmente podemos aceptar este
proyecto de ley. Y si añade la disposición final sexta sobre la
tauromaquia, muchísimo menos. Ustedes, senadoras y senadores del PP,
tienen un problema grave, y es que no entienden o no aceptan la
pluralidad cultural de España. No aceptan a España tal como realmente es,
plural. La España que ustedes quisieran no existe, y si la quieren
imponer será en detrimento de la España real, la plural.


Por todo esto pido el voto a este veto.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 5, de la senadora Almiñana, de los
senadores Boya, Martí, Montilla, Sabaté y la senadora Sequera, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Tiene la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señora presidenta.


Señorías que compartimos este mediodía del mes de abril, este
Proyecto de Ley de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial es un
error, y el Gobierno lo sabe. ¿Cómo se explica si no el preámbulo
larguísimo al que hacía referencia el senador Iglesias, más del 50 % del
texto, que suena a excusa y a autojustificación? ¿Cómo se explica la
disposición final quinta, que autoriza al Gobierno a refundir esta ley
con la Ley de patrimonio histórico español? Son muestras de que el
Gobierno es perfectamente consciente de que este no es un buen camino
para legislar esta materia.


Señorías, lo que empieza como un error de base, como este
proyecto de ley, no puede acabar bien y solo crea
disfuncionalidades.


¿Cuál es el error de base? Fragmentar una legislación que debiera
ser integral, y lo dice claramente —también se ha referido a ello
el senador Guillot— el informe del Consejo de Estado. El Proyecto
de Ley sobre esta materia debería ser una ampliación y una adaptación de
la Ley de patrimonio histórico español de 1985, por coherencia
regulatoria y simplificación jurídica, en primer lugar, para evitar
fricciones innecesarias con los estatutos de las comunidades autónomas,
algunas de las cuales —no todas— ya han desarrollado sus
competencias en esta materia, y sobre todo, porque la salvaguarda del
patrimonio material o inmaterial tiene ya análisis y jurisprudencia de su
texto en los desarrollos y subdesarrollos en los tribunales y en el
Tribunal Constitucional que, por tanto, son el amparo de una seguridad
jurídica que ustedes están rompiendo; y en segundo lugar y sobre todo,
como he dicho al principio, para evitar graves disfuncionalidades que
ahora voy a desgranar.


Señorías, este error de base produce una disfuncionalidad grave
en los contenidos de la ley y lleva a errores importantísimos en su
núcleo, que están regulados en los artículos 2 y 12. El artículo 2 tiene
dos errores graves, a nuestro entender. El primero se refiere al concepto
de patrimonio cultural inmaterial. Este artículo hace una trasposición
equivocada del precepto de la Unesco —que el senador Guillot ha
leído— sobre la definición de patrimonio cultural inmaterial, y
acaba convirtiendo la definición en una cláusula autootorgatoria de la
condición. En mi opinión, es perfectamente inteligible en su lectura:
«Tendrán la consideración de bienes de patrimonio cultural inmaterial los
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan
como parte integrante de su patrimonio cultural.» Esto, que quiere decir
que no se le puede imponer a alguien la condición de patrimonio cultural
inmaterial, como decía el senador Guillot, puesto en el artículo 2 acaba
pareciendo que es el propio generador del bien el que se autootorga la
condición de patrimonio; pero el artículo 1.2 de la Ley de patrimonio
histórico español, define mucho más claramente que para que algo pueda
ser catalogado y, por tanto, protegido tiene que tener un interés
histórico, artístico, arqueológico, etcétera. Por tanto, no haberse
puesto bajo el manto de la Ley de patrimonio histórico lleva a un primer
error gravísimo en el artículo 2.


Segundo error gravísimo de este artículo: el tratamiento que hace
de las lenguas. El artículo 2, en su punto a), decía —si bien es
cierto que antes de la enmienda que, afortunadamente, introduce en
ponencia el propio Grupo Popular— lo siguiente: «tradiciones y
expresiones orales, incluidas las lenguas y las particularidades
lingüísticas...», lo cual es absolutamente injustificable a todas luces
puesto que el tratamiento de las lenguas en España está sujeto a un
artículo constitucional específico que ustedes conocen perfectamente y
que es el artículo 3. El desarrollo de un artículo constitucional
requiere una ley específica, una ley orgánica, que en este país,
desgraciadamente, todavía no hemos tenido la valentía de debatir y
consensuar, y que ahora es urgente, si no urgentísimo.


Por tanto, una referencia a las lenguas en el punto a) era
totalmente inapropiada, pero suprimir cualquier referencia en la ley a
las lenguas y a las modalidades lingüísticas es, a su vez, un error,
puesto que son el patrimonio cultural inmaterial más importante que
tenemos nosotros y todos los países y pueblos del mundo. Por
consiguiente, el tratamiento que se lleva a cabo en el artículo 2 y en el
conjunto de la ley sobre esta cuestión es realmente equivocado y
erróneo.


Por lo que se refiere al artículo 12, que es en el que se
sustancia realmente qué puede hacer y qué va a hacer la Administración
General del Estado, el Ministerio de Cultura, en relación con la
protección de los bienes que puedan ser sujetos de calificación de
patrimonio cultural inmaterial, y puesto que los demás son artículos que
hablan de coordinación, de disposiciones generales o consecuencia de este
artículo 12, debo decir que en este artículo básico y fundamental hay
también a nuestro juicio dos errores gravísimos. El primero es el de cómo
se autootorga el Estado la capacidad para definir las manifestaciones
representativas que son el nombre que se dará a los bienes a proteger. Es
una justificación genérica y confusa, susceptible de generar
interferencias en las competencias de las comunidades autónomas. Y más
grave todavía es lo que aparece en el siguiente apartado: el
procedimiento para la protección del bien. Es un procedimiento
absolutamente laxo, insuficiente, con una base técnica y científica
totalmente precaria. E insisto, si ambas cuestiones se hubieran hecho al
amparo de la Ley de patrimonio histórico, habrían quedado perfectamente
resueltas, porque en esta ley se define el BIC, el bien de interés
cultural, de manera precisa y certera, y se define exactamente cuál es el
papel de los órganos que deben acompañar la otorgación de esta
calificación, y en definitiva, el amparo de técnicos, científicos,
especialistas agrupados en el Consejo de Patrimonio Histórico y otros
órganos de apoyo a esta función.


Pero además de esta primera y grave disfuncionalidad que tiene
que ver con los contenidos de la ley, este proyecto contiene una segunda
disfuncionalidad a nuestro modo de ver también altamente preocupante.
Este proyecto de ley lleva implícito un peligroso equívoco que la
disposición final sexta pone de manifiesto. ¿A qué viene, señorías del
Grupo Popular, la disposición final sexta que se refiere a la Ley para la
regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural? Dice: «Lo
establecido en la presente ley se entiende, en todo caso, sin perjuicio
de las previsiones contenidas en la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para
la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural». ¿En qué
legislación se ha visto que se incluya una disposición final que ponga:
sin perjuicio de una ley? Será de esta ley y de todas las demás,
evidentemente. ¿Por qué se cita específicamente esta? ¿Qué sentido tiene
esta obviedad puesta como disposición final en este proyecto de ley? Pues
simplemente llevarnos al equívoco; volver a engañar a los promotores de
la iniciativa legislativa popular que dio lugar a esa ley, haciéndoles
creer que con este conjunto de regulaciones el anhelo de que en Cataluña
se vuelvan a celebrar corridas de toros tiene alguna posibilidad de
hacerse realidad.


Pues bien, señorías, nada más lejos de la realidad jurídica y
legal. El decreto por el cual se declara manifestación representativa
cualquier bien del patrimonio cultural inmaterial no podrá tener nunca
más rango que una ley del Parlamento de Cataluña. Pero es absolutamente
impropio de nuestro trabajo legislativo sugerir una cuestión como esta
y/o intentar forzar el ordenamiento jurídico por la puerta de atrás y con
hechos consumados. Ello provoca, como he dicho antes, una inseguridad
jurídica que a estas alturas no deberíamos permitirnos de ninguna manera.
Hacer leyes a sabiendas de que son contradictorias es impropio de nuestro
trabajo legislativo. Y vuelvo a lo mismo. Si esta ley estuviera donde
debe estar, bajo el paraguas de la Ley de patrimonio histórico español,
todos estos temas quedarían perfectamente resueltos, porque esa ley no
solo ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, sino que ha sido
interpretada.


Hay una guía de lectura de todos y cada uno de los artículos de
esta ley, incluso de los decretos que la han desarrollado y, por tanto,
toda esta cuestión quedaría perfectamente obviada.


Si los defensores de que las corridas de toros vuelvan a
Cataluña, que ustedes parece que los quieren representar, si quieren que
eso pase, solo hay dos vías, y lo saben perfectamente, y por tanto,
todavía es más grave que continúen trayendo confusión con una nueva ley a
este Parlamento: o cambiar las mayorías en el Parlamento de Cataluña,
cosa perfectamente democrática y posible, o cambiar la Constitución y la
atribución de competencias. Pero con la actual Constitución y las
actuales mayorías en el Parlament de Catalunya no va a haber corridas de
toros en Cataluña. El propio Tribunal Constitucional se va a encargar de
avalarlo en cualquiera de las sentencias, por mucho que haya leyes que se
presten a equívocos y confusión, como esta, aprobadas, desgraciadamente,
por este Parlamento.


Por tanto, señorías, el problema de esta ley no es que pueda
contradecir una ley del Parlamento de Cataluña o cercenar las
competencias, como no lo hace la interpretación del Tribunal
Constitucional que ha hecho de la Ley de patrimonio histórico, sino que
es una ley realmente mal planteada.


Regular el patrimonio cultural inmaterial es sin duda necesario,
y así nos lo reclaman los organismos internacionales en los que
participamos, pero este enfoque que ustedes han escogido trae muchos más
problemas de los que pretende solucionar. Por ello, y después de todos
estos argumentos, que creo que son más que suficientes para justificar el
veto de nuestro grupo, me atrevo a preguntar a los portavoces del Partido
Popular, ¿Por qué, señorías, este enfoque equivocado, a sabiendas? ¿Qué
sentido tiene meter prisa ahora a esta regulación cuando ustedes mismos
se han dado un año para hacer lo que debería hacerse? ¿Qué sentido tiene
tener provisionalmente durante un año una ley que está mal hecha, llena
de equívocos y que no se va a aplicar? ¿Cuál es el motivo y la
justificación para que durante un año vayamos a tener en España una ley
de estas características, tan mala e inapropiada para un tema tan
importante y para un Parlamento de un país que se denomina moderno?


Espero, señorías, portavoces del Partido Popular, que por sus
explicaciones, como mínimo, pueda llegar a entenderlo, porque compartirlo
lo dudo. ¿Cuál es la explicación, la justificación que hace que se
presente una ley como esta para que durante un año sea ley en nuestro
país? No lo entiendo.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado.


Tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Sexto veto que se presenta a este proyecto de ley y coincidencia
además, prácticamente, con la totalidad de los argumentos expuestos por
los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, tanto en la
cuestión competencial como en la de fondo, y que provoca el rechazo
también de mi grupo parlamentario.


Senador Martí Jufresa, a lo mejor hay alguna pregunta que le
puedo contestar yo. O vamos a aprovechar que usted ha preguntado al
Partido Popular el porqué de la interinidad de este proyecto de ley o de
su duración durante un año si luego supuestamente va a venir una ley que
recoja la postura clara del Gobierno respecto de la protección del
patrimonio cultural, porque no es la primera vez que lo hacen, lo
hicieron también si mal no recuerdo, porque usted también fue ponente de
ese mismo proyecto de ley, con la Ley de propiedad intelectual. Muchas
veces este Gobierno está legislando con la vista puesta en los resultados
electorales más que realmente por la necesidad de ordenar las cuestiones
de Estado, porque aquí no había ningún problema y sin embargo este
proyecto de ley sí que los va a crear, y muchos, competenciales y no
competenciales, y sobre todo con las comunidades autónomas, porque
instaura un sistema dual que, sinceramente, va a traer el caos donde
hasta ahora había un ámbito en el que se estaba trabajando de forma
colaborativa sin mayores problemas.


Vamos a la cuestión y a la justificación del veto que ha
presentado el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Hemos presentado
este veto y diez enmiendas parciales que no vienen a ser sino más que
pequeñas partes que encuentran su justificación en el veto principal que
agrupa la parte más gruesa de nuestro argumentario. La justificación de
este veto descansa sobre dos cuestiones que, a nuestro juicio, resultan
inaceptables para nuestro grupo parlamentario. Por un lado, que el Estado
sea competente de alguna manera para proteger el patrimonio cultural,
inmaterial, material o el que sea, y, por otro, el modelo competencial
dual que viene a establecer este proyecto. La competencia del Estado en
materia de protección del patrimonio cultural ya está perfectamente
establecida en los títulos correspondientes de la Constitución española,
concretamente en el artículo 149.1.28.ª que se refiere a la defensa del
patrimonio cultural contra la exportación y la expoliación. El senador
Iglesias ha desarrollado perfectamente este argumento, con lo cual
tampoco voy a ir mucho más allá. Por lo tanto, esa competencia poca
conexión tiene con el objeto que supuestamente viene a regular este
proyecto de ley. La invocación de otros artículos constitucionales
tampoco tiene mayor justificación. El artículo 149.1.3.ª, relaciones
internacionales, permite inferir que la Administración General pueda
tener competencia para hacer cualquier cosa que tenga un mínimo de
relación con el exterior del Estado. Ni tampoco el 149.1.1.ª de la
Constitución española, que es un artículo que a los del Grupo Popular les
gusta mucho cuando no tienen capacidad de encontrar otra justificación
constitucional, porque es el que promulga la competencia del Estado en la
garantía de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de
derechos y deberes constitucionales. Como digo, esta necesidad de
garantizar la igualdad de los españoles tampoco puede justificar un
régimen jurídico homogéneo para todos los bienes, ya sean estos
materiales o inmateriales. Un ejemplo palpable, evidente y claro de que
eso no es así son las lenguas. Es evidente que las lenguas son patrimonio
inmaterial. Pero lo que no tiene ningún sentido es que estén incluidas
dentro del objeto y alcance de este proyecto de ley, porque en algunos
casos además son manifestaciones exclusivas de una única comunidad
autónoma, que son las que tienen competencia exclusiva para la
salvaguardia y la protección de las lenguas. También aquí ustedes se
quieren apropiar de lo que no es suyo y, no, por ahí mi grupo
parlamentario no va a pasar.


Como comentaba el senador Martí Jufresa, la jurisprudencia
constitucional tampoco les ayuda, ni les justifica en este caso. Más bien
todo lo contrario, viene a quitarles la razón y en caso de supuesto
recurso de este proyecto de ley ante el Tribunal Constitucional, tengan
muy claro cuál va a ser la sentencia, a no ser que venga el
Constitucional —que tampoco sería la primera vez ni tampoco sería
una cuestión que me extrañara mucho— a desdecirse de lo que dijo en
otras ocasiones. Pero sí tenemos una sentencia —y en este caso
bastante clara, que además es extensa y no deja ningún tipo de duda en su
interpretación—, del Tribunal Constitucional, la 17/1991, según la
cual la competencia para la protección o declaración de bienes culturales
se refiere a bienes culturales materiales, aunque tampoco lo expresa así
explícitamente. Es básicamente autonómica por considerar que estos bienes
están siempre ubicados en alguna de las comunidades autónomas. Llegamos a
la cuestión del locus. La sentencia no hace referencia, sin embargo, a
una vinculación directa de los bienes culturales con un determinado lugar
geográfico —lo mencionaba usted en el preámbulo—. Pero
debemos tener en cuenta, en ese sentido, que la sentencia 17/1991 ha sido
de aplicación no solamente a los bienes inmuebles —estos sí
vinculados a un locus geográfico—, sino también a los bienes
muebles que por su propia naturaleza pueden ser desplazados de un lugar a
otro. Pero incluso en el caso de los bienes culturales inmuebles, su
protección cultural muchas veces es inseparable, no se puede separar, de
valores inmateriales de lo que es portador dicho bien; valores cuya
significación además puede sobrepasar los límites de una comunidad
autónoma, pese a que se ubique en ella.


En el caso de los bienes culturales inmateriales, estos están
siempre asociados a comunidades, a grupos e incluso a individuos, a
personas individuales, y al igual que los bienes culturales materiales,
inmuebles o muebles, siempre pueden estar situados en algún sitio, en
alguna comunidad autónoma, como no puede ser de otra forma.


En consecuencia, no se encuentra fundamento alguno para que la
mencionada sentencia del Tribunal Constitucional en relación con que
estos bienes materiales, sean inmuebles o muebles, no tenga la misma
justificación para los bienes inmateriales y, por lo tanto, invalida
completamente el objeto y el alcance de este proyecto de ley.


Por eso, venimos a decir que este proyecto de ley supone una
clara invasión competencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en
este caso, y de sus competencias exclusivas en materia de cultura,
imponiendo un marco regulador unitario y reservándose incluso la
Administración General la gestión de buena parte del sistema de
protección de ese patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, a través
del Plan nacional de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial o de
la gestión del censo general del patrimonio cultural inmaterial, incluso
de la difusión internacional de este patrimonio;






es decir, que ustedes se
lo apropien de forma exclusiva no tiene ningún tipo de sentido y pueden
leer la Constitución boca arriba y boca abajo y no van a encontrar nada
que justifique que ustedes se pongan a regular esto, porque no es
competencia exclusiva suya.


La Administración General del Estado también se reserva
competencias plenas —plenas— para declarar la protección y
adoptar las medidas de salvaguardia que correspondan a los bienes que
superen el ámbito territorial de una comunidad autónoma. ¿Qué pasa, que
las comunidades autónomas somos tontas o incapaces de colaborar entre
nosotras para conseguir una perfecta y eficaz garantía de nuestro
patrimonio inmaterial compartido? ¿Tiene que venir aquí el padre Estado a
tutelar lo que ni entienden, ni comprenden, ni aprecian? Me hace gracia.
Voy a poner un ejemplo y con ello adelanto ya el debate de las enmiendas.
Ustedes, vía enmienda en el Senado, han incluido la toponimia como
patrimonio inmaterial. Pues voy a decir claramente lo que pensamos al
respecto. No somos contrarios a considerar las lenguas patrimonio
inmaterial, como tampoco a que la toponimia y los nombres que reciben
determinados lugares formen parte de ese patrimonio. A lo que sí somos
completamente contrarios es a su inclusión en este proyecto de ley,
porque encomienda la protección, la garantía y el control de ello
exclusivamente a los organismos centrales del Estado. Y ustedes
—como les decía antes—, ni lo entienden, ni lo comprenden, ni
lo quieren, ni lo valoran. Y claro ejemplo de ello es que hemos tenido
que esperar más de treinta años en Euskadi —treinta años de
Gobierno democrático— para lograr el reconocimiento de la
oficialidad de la grafía euskérica de los territorios históricos de
Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Hasta el año 2011 no se ha reconocido. Y si
analizamos la intervención del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
a propósito de esta proposición no de ley, ¿cómo vamos a dejar nosotros
en sus manos, con cierta garantía o tranquilidad, la protección de algo
que ustedes ni quieren, ni aprecian? Pues no.


Por lo tanto, vamos a votar en contra de esas enmiendas, no
porque su contenido no lo consideremos patrimonio cultural inmaterial,
sino porque consideramos que ustedes no están capacitados, como tampoco
autorizados moral, legal ni competencialmente para garantizar su
preservación.


Por lo tanto, señores del Partido Popular: veto, y gordo;
enmiendas sentidas, sencillas, argumentadas y claras. Y el Tribunal
Constitucional les va a decir lo mismo que nosotros: no son ustedes
quienes para arrogarse funciones en ese ámbito.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió.


Tiene la palabra el senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes,
señorías.


Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, para presentar el veto al Proyecto de Ley
para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. La razón
fundamental de la propuesta de veto que presentamos descansa
principalmente en la vulneración competencial del Estado en la materia
que se pretende regular: la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial. Este proyecto es un ejemplo más de la extralimitación de
competencias por parte del Estado, que incumple lo dispuesto en la
Constitución española y, también, y de forma evidente, la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional. Estamos ante otro proyecto que sirve de
pretexto a este Gobierno para laminar competencias de las comunidades
autónomas. Además, en Convergència i Unió cuestionamos la necesidad de
este proyecto en los términos en que actualmente está planteado. ¿Es
necesaria una regulación específica, singular, para salvaguardar el
patrimonio cultural inmaterial? En este proyecto de ley prácticamente no
se hace ninguna mención a la necesidad real de afrontar esta reforma. ¿No
sería mejor, a nuestro entender, una protección de nuestro patrimonio
cultural integral que incluyese también —aquí sí— el
patrimonio inmaterial? ¿Es necesario este proyecto singular y específico?
Lamentablemente, la justificación que recoge el proyecto de ley es mínima
y se sustenta en la evolución que ha experimentado el concepto de
patrimonio cultural inmaterial y en el cambio que supuso la Convención
para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco del
año 2003 —a la que hemos hecho referencia otros portavoces—.
El concepto de patrimonio cultural inmaterial ha sufrido una larga
evolución, pero ¿cómo justificamos impulsar ahora este proyecto en
concreto en los términos en que está redactado por parte del Gobierno? En
Convergència i Unió consideramos que la justificación es mínima y que,
probablemente, esconde otras motivaciones ajenas a la convención de 2003.
Además, se aleja mucho del espíritu de esa convención. En la convención
de 2003 se habla reiteradamente de la necesidad de respetar las distintas
culturas. En aquella convención se habla en diferentes ocasiones de
pluriculturalidad, y en el proyecto que hoy estamos analizando no
encontramos referencia alguna a tal concepto, ni tan siquiera en la
exposición de motivos. Nos da la sensación de que realmente detrás de
este proyecto hay otras motivaciones; una gran motivación que, además,
queda bien plasmada en la disposición final sexta: la cuestión de la
tauromaquia. Da la sensación de que todo este proyecto de ley esté
destinado a acabar lo que empezó con la aprobación de la Ley 18/2013,
de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio
cultural y sentar así las bases legales para imponer esa manifestación
cultural concreta a todo el territorio. Parece haber en el Ministerio de
Cultura una especial fijación en esta materia. A nuestro entender,
tenemos mil problemas en el ámbito de la cultura, mil temáticas para
abordar, pero existe esta especial fijación que nos sorprende.


Pero centrémonos primero en analizar la cuestión competencial de
este proyecto de ley. Lo han dicho otros portavoces —y lamento
reiterarlo—, pero coincidimos todos en el mismo argumento. Cabe
cuestionarse en qué fundamenta el Estado su competencia para impulsar
este proyecto. Según la disposición final tercera, esta ley se dicta al
amparo del artículo 149 de la Constitución española, y en concreto de las
reglas 1.ª, 3.ª, 28.ª y 30.ª.


Pasemos a analizarlo. La regla 1.ª de este artículo 149 establece
que corresponde al Estado la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Convergència i Unió considera que de este precepto no se traduce un
régimen jurídico aplicable en todo el territorio del Estado. En ninguna
parte nos obliga a que tenga que ser el mismo y, por tanto, este título
competencial no es aplicable en este caso, ya que su interpretación
extensiva anularía cualquier iniciativa legislativa autonómica; cualquier
iniciativa legislativa de un parlamento autonómico que estableciese
alguna diferenciación respecto de otro territorio entraría en colisión
con ello. Estamos otra vez ante esa voluntad persistente de uniformizar,
de homogeneizar lo diverso, lo distinto.


Por lo que se refiere a la regla 3.ª de este mismo artículo 149,
atribuye al Estado las competencias sobre las relaciones internacionales.
Ustedes también lo alegan como fundamento de sus competencias para
impulsar este proyecto. Resulta obvia la existencia de numerosas
manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial que poseen una especial
relevancia y que tienen transcendencia internacional, y también es obvio
que tiene que atribuirse la competencia para su protección. El Estado no
tiene por qué atribuirse esas competencias. Es necesaria la adopción de
medidas de salvaguardia, sin duda, pero el Estado no tiene por qué
atribuirse esa competencia. Se vulneran nuevamente competencias
exclusivas en materia de cultura de las distintas comunidades
autónomas.


La regla 28.ª de este mismo artículo 149 establece competencias
del Estado —se ha comentado por otros portavoces— para la
defensa del patrimonio cultural, y en concreto se refiere a los supuestos
de exportación y expoliación. Tenemos una sentencia reciente del Tribunal
Supremo dictada en el caso de la actuación urbanística efectuada en el
barrio del Cabañal, en Valencia —como ustedes saben bastante
polémica— en la que se establece un criterio muy claro: no se puede
utilizar la excusa de la expoliación para dilucidar conflictos de
competencias. Lo acaba de decir el Tribunal Supremo. Y tampoco puede
utilizarse sobre disparidad de criterios entre la comunidad autónoma y la
Administración General del Estado. Además, el Tribunal Constitucional ha
dictado distintas sentencias que también nos ayudan a interpretar de
forma correcta el sentido del ejercicio de la competencia en materia de
cultura.


En la sentencia 17/1991, a la que ya se ha hecho referencia, se
considera que la competencia legislativa del Estado sobre el patrimonio
cultural no es solo la que se deriva del artículo 149.1.28.ª de la
Constitución, sino que es más amplia. Hace un momento hemos hecho
referencia a la exportación y a la expoliación. De acuerdo con la
doctrina fijada en la sentencia 49/1984 del Tribunal Constitucional, el
artículo 149.2 de la Constitución permite al Estado legislar sobre la
preservación del patrimonio cultural común y también sobre los aspectos
que necesiten tratamientos generales o reclamen una definición unitaria,
pero siempre sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las
comunidades autónomas, y el Estado considerará el servicio de la cultura
como deber y atribución esencial.


Pero esa misma doctrina del Tribunal Constitucional, que nos dice
lo que no puede hacer el Estado, nos habla precisamente también de ese
título competencial y dice que ese argumento no vale para vaciar de
competencias a las comunidades autónomas. Por tanto, de acuerdo con la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no se puede atribuir al
Estado una competencia concurrencial plena en materia de cultura. Eso
dejaría sin contenidos las competencias específicas reconocidas en la
Constitución y en los distintos estatutos de autonomía, es decir, el
Estado no puede ostentar un título competencial autónomo en materia de
cultura. Además, debemos recordar que corresponde a la Generalitat la
competencia exclusiva en materia de cultura, según establece el
artículo 127 del Estatuto de Autonomía de Cataluña vigente.


En definitiva, si interpretamos debidamente la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional en materia de cultura, veremos que este proyecto
vulnera claramente la distribución de competencias establecida en la
Constitución. Ustedes, que siempre reclaman el respeto escrupuloso a la
legalidad y a la Constitución, podrían aplicárselo por una vez.


Consideramos, por lo tanto, que, a la luz de esta jurisprudencia,
el Estado tiene una competencia legislativa en materia de cultura de
carácter subsidiario respecto a las comunidades autónomas, que tienen
competencia exclusiva en cultura, en general, y en patrimonio cultural,
en particular.


El artículo 149.2, al que nos hemos referido muchos portavoces,
como decíamos anteriormente, no puede interpretarse como un título
habilitante universal que permita al Estado sustituir a las comunidades
en el ejercicio de sus competencias. Si leemos detenidamente el proyecto,
veremos que varios de sus artículos vulneran totalmente esa doctrina del
Tribunal Constitucional. Como muestra, basta la lectura del artículo 3,
con el largo listado de principios que recoge sobre actuación en materia
de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, o del artículo 12, en
ese mismo sentido. En ambos casos se fijan una serie de criterios que van
a habilitar la intervención del Estado, en detrimento de las competencias
claras de las comunidades autónomas.


Por otra parte, el proyecto tampoco prevé la posibilidad de una
situación que nosotros entendemos que es importante, no se prevé la
posibilidad de que una comunidad autónoma, la que tiene estas
competencias que les hemos contado, pueda decidir que es ajena a una
manifestación que pueda pretender ser protegida como patrimonio cultural
inmaterial. No es de recibo que ninguna autonomía pueda decidir en su
propio territorio y en aquello en lo que tiene competencia exclusiva qué
es de aplicación y qué no lo es. Se ha hablado de ello también en el caso
de aplicar el artículo 12, al que antes me refería, en esta redacción
propuesta en este proyecto, de modo que una comunidad autónoma tendría
que aceptar la protección en su territorio de manifestaciones ajenas a su
idiosincrasia y que a lo largo de la historia no han tenido calado ni
arraigo, lo que, por lo tanto, anularía la posibilidad de ejercer su
propia competencia exclusiva en materia de patrimonio cultural.


Sobre esta base, y considerando la tramitación del Proyecto de
Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural,
sospechamos —creemos que de forma fundamentada— que este
proyecto pretende, entre varios de sus fines, imponer nuevamente la
tauromaquia en territorios, como el de Cataluña, cuya práctica su
Parlamento abolió, pero también como Canarias, cuyo Parlamento autonómico
en el año 1991, a propuesta de un diputado popular, por cierto, abolió
las corridas de toros. En el caso de Cataluña 180 000 firmas, a través de
una ILP, hicieron que se debatiese en el Parlament de Catalunya y que
este, soberanamente, decidiese su abolición; por cierto, con libertad de
voto para más de un grupo parlamentario. Aquí no hubo disciplina de voto.
Por ejemplo, el grupo parlamentario al que yo represento en este Senado
en el Parlament de Catalunya dio libertad de voto a los diputados y cada
cual votó lo que le pareció; pudieron ejercer la libertad de conciencia
en este tema, y no coincidieron todos, por cierto.


Por tanto, pedimos la devolución al Gobierno de este proyecto, y
aprovecho para anunciar que votaremos a favor de los demás vetos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias,
señoría.


En el turno en contra, tiene la palabra la senadora Vázquez.


La senadora VÁZQUEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, a pocos meses de finalizar la legislatura subo a la
tribuna del Senado de España para exponer el posicionamiento del Grupo
Popular en relación con los seis vetos presentados por los distintos
grupos al Proyecto de Ley para la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial que nos ha remitido el Congreso de los Diputados.


Anticipo que nuestro posicionamiento va a ser en contra de todos
los vetos presentados por las razones que más adelante voy a enumerar.
Pero, antes de referirme de forma concreta a ellos, me van a permitir que
haga una reflexión en voz alta, que surge no solo para referirme a este
proyecto de ley, sino para expresar el devenir de la experiencia
parlamentaria que he tenido en la presente legislatura. Y es que,
señorías, cuando he hecho referencia al tiempo transcurrido de esta
legislatura —tres años largos— no ha sido porque de alguna
forma tenía que comenzar mi intervención, ni por significar la
oportunidad que me ha dado mi grupo parlamentario para poder hacerlo,
sino porque después del tramo de legislatura transcurrido he podido
comprobar, o al menos así me lo parece, lo repetitivo que es el
parlamentarismo para quienes permanentemente ejercen la labor de
oposición, oponiéndose por oponerse u oponiéndose para cumplir el guion
establecido. Oponerse sin argumentos convincentes, lógicos y razonados
solo porque hay que oponerse; criticar porque es lo que toca hacer; usar
permanentemente, se trate de lo que se trate, el término centralización,
sin venir a cuento la mayoría de las veces; repetir una y otra vez que la
ley objeto de debate no es necesaria o, en el mejor de los casos, que es
una ley mejorable, llega a ser un latiguillo que la oposición repite una
y otra vez, como si el Gobierno tuviera vocación de hacer las cosas mal y
la oposición tuviera que desparramar su sabiduría permanentemente para
que las cosas se hagan bien.


Y digo yo: ¿no nos daría un poco más de credibilidad admitir que
el Gobierno acierta alguna vez y la oposición se equivoca? Señorías, se
dice que el ejercicio del poder quema pero, visto lo visto, pienso que el
ejercicio de la oposición debe achicharrar. Y permítanme que les diga que
es natural que piense así, porque lo que he venido contemplando cada día
uno y otro pleno, una y otra comisión, es una oposición permanentemente
nerviosa, desgastada, con síntomas de cansancio, casi aburrida,
componentes todos ellos que propician los discursos repetitivos a los que
antes me he referido. No es posible, si esto no es así, entender cómo en
más de tres años de legislatura cinco grupos de la oposición no nos hayan
deleitado con abundantes debates de proposiciones de ley, figura recogida
en nuestro Reglamento, con la que nos hubiesen mostrado sus inquietudes
en favor, si no de todos los españoles, al menos de los que cada grupo
representa. Tan ocupados han estado en oponerse que solo han tenido
tiempo de presentar doce proposiciones de ley. Está visto que una y otra
vez, repitiendo los reseñados latiguillos, han preferido agotar el tiempo
de la legislatura en intentar derribar en vez de construir.


Pues bien, señorías, he concluido mi reflexión, pero hoy
nuevamente se repite la historia reseñada. Hoy el Gobierno, que sí viene
ejerciendo sus funciones, trae otro decreto ley —y van 124—,
con el que se pretende salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Y
la oposición, para volver a ser repetitiva, presenta nada menos que seis
vetos al referido decreto ley para decir lo mismo y seguir con las
repeticiones. Porque, señorías, observen cuáles son los argumentos que
esgrimen en todos y cada uno de la mayoría de los vetos: el Estado no es
competente; la competencia es de las autonomías; es un decreto ley
recentralizador; el Estado se extralimita en sus competencias e invade la
de determinada comunidad autónoma; se laminan las competencias
autonómicas; es un proyecto de ley no necesario; no es oportuno en estos
momentos; y hay quien manifiesta que la ley se centra en el debate
competencial. Como podrán observar sus señorías, toda una serie
interminable de novedosos argumentos para oponerse, hasta el extremo de
vetar el decreto ley. Y sería así si no fuéramos a ver los debates de
todas las leyes anteriores porque, si lo hacemos, observamos que son los
mismos y repetidos argumentos que se reflejan en cualquier debate, se
trate de una u otra ley.


Sin embargo, sería injusto no reseñar que sí hay algunas
novedades. Hay un grupo que abre una interrogante y pregunta: ¿En qué
fundamenta el Estado su competencia para impulsar este proyecto?
Importante novedad. Yo respondo con otra interrogante: ¿A quién le tiene
que pedir permiso para hacerlo? ¿Desde cuándo, para hacer legislación
básica o concurrente el Estado tiene que pedir permiso? ¿No le otorga esa
autorización la Constitución Española? (Rumores).


Hay otro grupo que también aporta una novedad, y es el que, más o
menos, viene a decir que no es necesario este proyecto de ley, pues con
reformar la actual Ley 16/1985 sería suficiente. (Rumores). ¿Saben
ustedes quién lo dice? El Grupo de Entesa, que en su escrito de
justificación del veto, emula el basamento del veto que el Grupo
Socialista presentó en el Congreso; el mismo que también dice que el
decreto ley que hoy debatimos necesita más diálogo. Vamos a ver:
en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, ¿quién gobernó? ¿En esos
siete años no tuvieron tiempo, unos para hacer y otros para reclamar las
reformas que ahora dicen que precisa la Ley de 1985? Con lo aficionados
que son ustedes al diálogo, ¿no tuvieron en siete años unas horas para
dialogar y consensuar las reformas que ahora reclaman como
suficientes?


Señorías, a quienes abren con sus vetos el debate competencial
manifestando que la ley objeto de debate lamina competencias de las
comunidades autónomas o que no se justifica la actuación de la
Administración del Estado por el mero hecho de que la manifestación
inmaterial pueda tener relevancia internacional, o a quienes dicen que el
Estado debe limitarse a declarar solo aquellas manifestaciones
inmateriales que pertenezcan a la tradición española, siempre de manera
subsidiaria a la actuación de la comunidad autónoma, o que se cede la
competencia de la Administración General del Estado, hemos de
manifestarles que la ley regula la acción general de salvaguardia que
deben ejercer los poderes públicos, y en especial la acción protectora
que debe ejercer la Administración General del Estado sobre las
manifestaciones que integran el patrimonio cultural inmaterial, así como
el régimen de declaración de aquellas que recaigan en su ámbito
competencial.


El principal objetivo de la Ley para la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial es ofrecer un tratamiento general común en
esta materia que, sin menoscabo de las competencias de carácter normativo
que las comunidades autónomas poseen en esta materia, ofrezca unas bases
mínimas comunes desde el punto de vista conceptual y comprenda el régimen
básico y los instrumentos de cooperación, así como la significación por
parte del Estado de aquellos bienes que en el conjunto del patrimonio
inmaterial presentan un carácter supraautonómico, y están referidos a
elementos simbólicos y culturales compartidos por un número notable de
ciudadanos del Estado.


La posibilidad de regulación que pretende esta ley viene amparada
en la doctrina del Tribunal Constitucional, reflejada en las
sentencias 17/1991 y 49/1984. En congruencia con la doctrina precedente,
la presente ley no pretende otra cosa que ofrecer un tratamiento general
de una materia necesitada de ello y, sobre todo, en el ordenamiento
jurídico internacional. El carácter general de esta regulación es
evidente, ya que la ley se limita a perfilar un conjunto de líneas
maestras que no impiden que a su vez las comunidades autónomas, en virtud
de la regla de concurrencia de normativa que las ampara, puedan dictar
sus regulaciones específicas sobre la materia. Por lo tanto, la norma que
debatimos no va a afectar a normas autonómicas en materia de patrimonio
cultural.


Por otro lado, al igual que sucede en la Ley 16/1985, las
competencias ejecutivas del Estado previstas en la ley son residuales y
se llevan a cabo únicamente en determinas circunstancias, correspondiendo
de ordinario la protección del patrimonio a las comunidades autónomas.
Las competencias estatales de declaración y adopción de medidas de
salvaguardia que se recogen en la norma son de modo residual, y se
atienen a las exigencias derivadas de la reiterada doctrina del Tribunal
Constitucional, que reconoce la legitimidad de la actividad estatal
cuando concurren los siguientes requisitos: a) que se persiga una
preservación del patrimonio cultural común; b) que precise de
tratamientos generales; y c) cuando los fines culturales no puedan
lograrse desde otras instituciones.


Refiriéndome al veto que habla del concepto de patrimonio
cultural inmaterial en el sentido de que la ley pueda generar problemas
por la propia concepción de la política patrimonial, he de manifestar que
la ley en su artículo 2 recoge con claridad la definición del patrimonio
cultural inmaterial, de acuerdo con los principios de la Convención de la
Unesco. Se hace una definición genérica y se desglosan aquellos usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las
comunidades, los grupos y en algún caso los individuos, pueden reconocer
como parte integrante del patrimonio cultural inmaterial. Y con respecto
a los bienes que puedan ser declarados como manifestación representativa
del patrimonio cultural inmaterial por la Administración General del
Estado, los supuestos aparecen muy tasados en el artículo 12 de la ley.
Fundamentalmente, podrán ser declarados cuando superen el ámbito
territorial de una comunidad autónoma y no exista un instrumento jurídico
de cooperación entre las comunidades para la protección de este bien;
cuando así lo solicite la comunidad autónoma donde tenga lugar la
manifestación; o cuando tenga por objeto que en su caso puedan aparecer
asociados o vinculados a los servicios públicos de titularidad estatal o
a los bienes adscritos al patrimonio nacional.


Igualmente me quiero referir a quienes en sus vetos ponen en
evidencia que la ley no define con claridad ni precisión las medidas de
protección. La presente ley es escrupulosamente respetuosa con el régimen
de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas. Se limita a recoger en su artículo número 3 una serie de
principios generales que, de acuerdo con lo previsto en los acuerdos
internacionales de los que España es parte, deben respetarse en todo el
territorio nacional. Y solo para su desarrollo se contemplan una serie de
medidas generales que deben desarrollarse para asegurar su cumplimiento,
entre las que se encuentran las siguientes: la protección de los bienes
materiales asociados; la transmisión, difusión y promoción de los bienes
objeto de salvaguardia; la promoción de medidas de carácter educativo, de
información y sensibilización; y la garantía de disfrute público por
parte de los ciudadanos. Una vez sentados estos principios y medidas de
carácter general, son las comunidades autónomas las que en el ejercicio
de su autonomía deben regular las acciones concretas a emprender para
asegurar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.


Hechos los razonamientos que dan respuesta a los planteamientos
esgrimidos en los diferentes vetos, quiero poner de manifiesto que para
el Grupo Parlamentario Popular el proyecto de ley es oportuno, necesario,
bienvenido, guardián de nuestro patrimonio cultural inmaterial, y estamos
satisfechos de que nuestro Gobierno haya decidido traerlo a debate y a
aprobación antes de que finalice esta legislatura.


Quiero que sepan que mi grupo saluda el proyecto de ley porque
viene a dar respuesta a la Convención de la Unesco aprobada en 2003 y
ratificada por España en 2006, dando así cabida al más amplio contexto de
la protección del patrimonio cultural y marcando de forma más clara la
especificidad de las estrategias para su protección.


Saludamos el proyecto de ley porque no habla de conservación sino
de medidas de salvaguardia. Saludamos el proyecto de ley porque de ningún
modo pretende suplir competencias tanto de definición como de protección
de las comunidades autónomas, por lo que las competencias de la
Administración General del Estado se limitan a la coordinación y
cooperación de las comunidades autónomas a través del Plan nacional de
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y a la gestión del
antiguo inventario, ahora Censo general del patrimonio cultural
inmaterial. No hay, por tanto, ni invasión de competencias autonómicas,
ni extralimitación de competencias ni laminación de ellas, por lo que
resulta rotundamente incomprensible decir que la norma se centra en el
debate competencial.


Saludamos y damos la bienvenida finalmente al proyecto de ley
porque viene a dar fortaleza a un patrimonio frágil, por la carencia de
base material que posee, siendo al mismo tiempo muy importante como
factor de mantenimiento de diversidad cultural, sobre todo en tiempos
como los actuales, en los que la globalización conforma una fuente
estructural permanente de amenazas para esa riqueza y esa diversidad
cultural. Todas estas razones son las que nos animan a prestar nuestro
apoyo al proyecto de ley, al tiempo que nos sirven de base para rechazar
los vetos presentados.


Comencé mi intervención con una reflexión que recoge mi corta
andadura parlamentaria, en la que refería que la labor de oposición por
oposición es un camino que conduce al ciudadano a pensar que los roles
están por encima de las razones y que estas terminan por ser solapadas
ante la repetitiva actuación de los roles. Quiero manifestar a sus
señorías mi más ferviente deseo de que esta tarde cambiemos el rol por la
razón y demostremos a los ciudadanos que todos nosotros pensamos que es
más beneficioso construir que destruir. Por ello me voy a tomar la
libertad de solicitar a todos los grupos que han presentado sus vetos que
los retiren, por dos razones básicas. En primer lugar, para demostrar que
yo no tenía razón cuando he dicho que la oposición dice no por sistema;
que la oposición es capaz de reaccionar y dejar de ser repetitiva, y para
demostrar también que hoy sí vamos a introducir la novedad de que por
primera vez los grupos de la oposición retiran sus vetos a un proyecto de
ley.


La segunda razón por la que pido la retirada de los vetos es
porque mandaríamos también el mensaje a los ciudadanos de que la
salvaguardia de nuestras costumbres, tradiciones, técnicas artesanales,
nuestras gentes, nuestras festividades y todo aquello que conforma
nuestro acervo cultural ha sido capaz de unir todas nuestras voluntades
en defensa de un proyecto de ley que quiere ser guardián de nuestras
tradiciones orales, de las artes del espectáculo, de nuestros usos
sociales, los rituales y los festivos y las de todos aquellos que, por no
tener una base material, forman parte del concepto antropológico de la
cultura. Estas sí son razones que justifican la defensa del proyecto de
ley y nos conducen a todos a prestarle su apoyo.


Señorías, no obliguen a nuestro grupo parlamentario a tener que
decir no a sus vetos, pero si se obstinan en ello, nuestro voto será de
rechazo a ellos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


En turno de portavoces, tiene la palabra por el Grupo Mixto, en
primer lugar, la senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.


No me queda más que agradecer los argumentos y reflexiones de la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y en especial los calificativos
con que nos ha obsequiado a los grupos parlamentarios de la oposición y a
los portavoces que hemos intervenido. Porque viniendo esto de quien
viene, del Partido Popular, quiere decir que lo estamos haciendo muy
bien. Y de verdad le digo que el argumento que más me ha gustado es aquel
que traducido en palabra normales diría: el Gobierno del Estado español
legisla en esta materia porque le da la real gana, diga lo que diga la
Constitución, digan lo que digan los estatutos de autonomía que, por
cierto, forman parte del bloque de constitucionalidad.


Dicho esto, le diré también que qué casualidad, ustedes siempre
entran en la autopista en dirección contraria y se preguntan cuando ven a
los que van en la dirección correcta: ¿adónde van estos locos? Yo creo
que deberían plantearse ustedes por qué en esta Cámara y de forma
reiterada desde hace muchísimo tiempo se presentan vetos a sus leyes.
También me preguntaría si fuese ustedes cuántas leyes importantes,
importantísimas, se aprueban con los únicos votos del Partido Popular.
Háganse la pregunta, a lo mejor, encuentran la respuesta.


Esta ley, como ha dicho ya algún portavoz, llega tarde y mal. Por
lo que respecta a Cataluña, les dije antes que no existe ninguna laguna
legal, porque ya hemos legislado nosotros. Además, tarde y mal porque,
como también ha dicho algún otro senador, se fundamenta en la Convención
de la Unesco de 2003 y hace una copia literal de lo que considera
patrimonio cultural inmaterial en el artículo 2, y traslada directamente
el tema de las lenguas y, como les decía el senador Martí, no se puede
legislar sobre esta materia en una ley ordinaria.


Asimismo, el tema de la tauromaquia se traspua tanto en el
preámbulo como en las adicionales de la ley. Y, como le dije antes:
se’ls veu el llautó, ahora defienden el patrimonio inmaterial, pero
ya hicieron una ley de la tauromaquia e intentan colarlo en esta ley con
calzador.


En definitiva, desde el punto de vista de Esquerra Republicana,
esta ley ya no es nuestra ley ni lo será. Como ya le he dicho, no la
vamos a acatar. Este Estado ya no es el nuestro. Nosotros ya estamos
haciendo vía; con su pan se lo coman.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Senador Iglesias, tiene la palabra.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.


Señoría, los vetos son el mecanismo de defensa de los grupos de
la oposición ante el rodillo del Gobierno y del grupo que lo sustenta en
el Congreso y en esta Cámara. Por lo tanto, no ponga usted en cuestión un
mecanismo democrático de reacción ante una estrategia constante del
Gobierno y del Partido Popular. Los vetos son la expresión o la respuesta
a la falta de diálogo. Y esta ley es la constatación más grosera que he
visto en este tiempo que llevo en la Cámara, en primer lugar, de la
voluntad de invadir competencias de las comunidades autónomas y, en
segundo lugar, de negar el diálogo. Porque lo que niega esta ley es el
diálogo. No solo aquí, en el debate parlamentario, sino el diálogo con
las comunidades autónomas. Ustedes se inventan un problema que tendría,
en todo caso, una solución muy fácil: la negociación con cada una de las
comunidades autónomas o con varias de ellas si se vieran afectadas por
uno de estos bienes patrimoniales inmateriales si se extendiera por
varias de ellas para conseguir una respuesta coordinada. No. Frente a esa
opción, que sería la democrática, la lógica, pretenden usurpar
competencias para decidir ustedes, el Gobierno de la nación, qué
conceptos son susceptibles de encajar en esta definición, bajo este
paraguas.


Yo, a la vista del debate y de la intervención de la señora
portavoz del Grupo Popular, no puedo por menos que darle la razón al
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Cada vez
estoy más convencido de que esta ley es la respuesta a las dificultades
con las que ustedes se encontraron en el debate de la Ley de declaración
de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial, y que
precisamente, como vieron ahí dificultades, quieren ahora articular un
mecanismo que impida que se puedan reproducir situaciones similares. Y se
equivocan. Son muy pocos los bienes que puedan ser declarados patrimonio
cultural inmaterial que no tengan un sustento en las comunidades
autónomas. Son escasísimos. Si usted pretendiera declarar como bien del
patrimonio cultural inmaterial la gastronomía española, tendría que
hacerlo a partir de la gastronomía vasca, la asturiana, la catalana, la
andaluza, etcétera. Y sería a través del acuerdo entre las diferentes
comunidades autónomas como de forma natural podría salir esa declaración,
no por la imposición, no por la declaración de un Gobierno de la
nación.


Por lo tanto, invitamos una vez más —para que quede
reflejado en el Diario de Sesiones— al diálogo, aunque somos
conscientes de que ustedes no necesitan el diálogo porque tienen los
votos y, por lo tanto, los aplican. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora
Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Sirva esto como posicionamiento de mi grupo parlamentario
respecto de los vetos presentados por mis compañeros. Mi voto va a ser
favorable, como no puede ser de otra manera, por la coincidencia de los
planteamientos y de los argumentos que han expuesto durante sus
intervenciones.


Quiero aprovechar también la ocasión para felicitar por su
magnífica intervención al senador Iglesias. Créame, senador Iglesias,
comparto todas y cada una de sus palabras y, además, su falta en este
Senado se notará mucho, y para peor.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


El Grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya compartirá el
turno.


Senador Guillot, tiene la palabra.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, presidenta. Intervengo muy
brevemente.


La frase exacta de Andreotti es que lo que realmente desgasta es
estar en la oposición, no en el Gobierno. El termino achicharrar no lo
hubiera utilizado un político tan fino. De achicharrados, ustedes sabrán,
porque llevan veintiséis años en la oposición en el Estado en lo que
llevamos de democracia, treinta y cinco en Cataluña y treinta y pico en
Andalucía. Ustedes sabrán.


Yo creo que abusar de los juicios de intención no sirve para
nada, lo único que pueden hacer es enconar el debate. Si presentamos un
veto no es para molestar al Partido Popular, es porque creemos que con
este veto salvaguardamos una serie de intereses; si solicitamos la
retirada de un proyecto de ley —no de un decreto ley; hay que saber
la diferencia entre los dos: al Senado no llegan los decretos leyes, solo
llegan los proyectos de ley— o presentamos un veto es para intentar
ejercer nuestra función y responsabilidad parlamentaria. Por lo cual, yo
le rogaría que evitara al máximo hacer juicios de intenciones y más de
esta calidad y de esta categoría.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias.


Senadora Vázquez, seguramente, citar a Andreotti no es la mejor
referencia en una Cámara legislativa, aunque igual le ha traicionado el
subconsciente. Además, usted ha confundido los vetos de Entesa, el del
senador Guillot y el mío; son dos vetos distintos y tienen una naturaleza
completamente diferenciada. Cuando se lleva tres años y medio aquí, como
yo, se aconseja un poquito de modestia y bajar un poco el nivel de
arrogancia cuando uno se dirige al resto de senadores y senadoras.
Incluso la vicepresidenta del Gobierno, mucho más veterana, dijo que yo
era de Esquerra Republicana de Catalunya. O sea, hay que tener un poquito
de modestia y de tranquilidad cuando se sube a esta tribuna.


Hechos estos comentarios a su intervención —que ha sido
solo un poquito provocadora, pero provocadora al fin y al cabo—,
déjeme decirle dos o tres cosas más. ¿Es que el Gobierno no se puede
equivocar? ¿Es que tener la mayoría da automáticamente la razón? Seguro
que no está de acuerdo con esta afirmación. Los demás, aunque estemos en
minoría, tenemos el derecho a oponer nuestras razones, nuestros
argumentos, y no estaría de más que el Partido Popular también pudiera
reconocer que a veces se equivoca. Los demás nos equivocamos, yo ya se lo
digo; si quiere le digo dónde me he equivocado en mi vida como fuerza
política. Pero ustedes también se equivocan, y le aseguro que con esta
ley se están equivocando porque es absolutamente gratuita, no hay ninguna
necesidad.


Usted no ha respondido a mis preguntas. ¿Por qué se hace esta ley
siguiendo este método, cuando el Consejo de Estado ha dicho que la forma
de legislar correcta era otra? Supongo que no creerá que son una panda de
alocados, que hacen los informes porque su obligación es estar en contra
del Gobierno. Ustedes han escogido un camino tortuoso, que lleva a
equívocos y que está plagado de errores y de equivocaciones.


Además, le voy a recordar que sobre esta cuestión mi grupo sí ha
presentado una proposición de ley, concretamente sobre las lenguas, sobre
las que usted no ha dicho nada, ni una palabra. Fue una proposición de
ley trabajada, larga, que su grupo no quiso discutir y el senador
portavoz del Partido Popular ni tan siquiera intervino en el turno en
contra y se limitó a una única intervención brevísima en el turno de
portavoces. ¿Qué le parece la actitud del grupo del Partido Popular
cuando la oposición presenta proposiciones de ley? ¿Le parece muy
constructiva? ¿Cree que entran a fondo en los debates? ¿Acaso proponen
proyectos alternativos o presentan enmiendas? Aun así me gustaría
insistir, senadora Vázquez, en que la carga de la prueba la tiene siempre
el Gobierno, que es quien debe justificar por qué hace lo que hace porque
para ello tiene el mandato de los ciudadanos de llevar la iniciativa,
como hemos dicho otras veces en esta Cámara.


En cualquier caso, le voy a reiterar las razones a nuestro veto
para ver si en el turno de portavoces puede contradecirlas. Le he dado
tres justificaciones: la primera, que la definición de la Unesco está
traspuesta al revés. Cuando la Unesco define el patrimonio pretende que
no se pueda imponer esa condición a nadie que sea su portador y lo que
aquí tenemos que descifrar es a quién corresponde, cómo y de qué manera
se declara un bien como patrimonio cultural inmaterial. ¿Quién lo
determina?






El punto 2 está mal redactado porque se ha traspuesto
equivocadamente; la literalidad no es una buena traslación. El contexto
en el que está escrita la convención de la Unesco no es el mismo al del
artículo 2 de esta ley. Lo siento pero está mal y provoca una aporía
legislativa.


En segundo lugar, tampoco ha dicho nada sobre el
artículo 12.4.c), que es el punto en el que este proyecto de ley otorga
menos garantías técnicas y científicas a la declaración de manifestación
representativa que la Ley de patrimonio histórico español para los bienes
inmuebles y los bienes muebles. ¿Por qué? Porque hace falta abrir la
puerta a arbitrariedades y posicionamientos que no tengan el fundamento
técnico y científico que esta materia requiere.


Finalmente, y tercer gran asunto: las leguas. Ya le he dicho que
usted no ha dicho nada en relación con esta cuestión y se trata de algo
fundamental porque, como he dicho en mi primera intervención, las lenguas
son el primero y el más grande de los patrimonios culturales inmateriales
que tenemos nosotros, como todos los pueblos de la tierra; por tanto, una
ley de estas características no puede pasar de puntillas sobre esta
cuestión sino que tiene que afrontarla y asumir que existe el artículo 3
de la Constitución española. Después, en el debate de las enmiendas,
hablaré de ello con mayor detalle.


En definitiva, espero que usted, que ha dicho que la ley es
oportuna, necesaria y bienvenida, diga por qué lo es y por qué no hace
caso del Consejo de Estado y utiliza un procedimiento legislativo mucho
más apropiado al contexto y a la jurisprudencia de esta materia en
nuestro país.


Para nosotros, lo siento, esta ley es equivocada y equívoca, que
es lo peor que le puede pasar a un texto legislativo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gracias.


No voy a consumir todo el tiempo en este turno de portavoces
porque buena parte de la argumentación la voy a desarrollar en el debate
de las enmiendas y en el turno final de portavoces. En todo caso diré que
el argumento de que cuando la postura de la oposición es coincidente se
debe a una conjura astronómica, astrológica o judeo-masónica para ir
contra el gobierno es un poco ridículo. En mi modesta opinión —y
somos Gobierno en Cataluña— cuando coincide toda la oposición, una
oposición tan distinta como los grupos que hemos hablado en este Pleno,
me preocupa y tiendo a concluir que alguna cosa estoy haciendo mal. Pero,
en fin, cada uno actúa como le parece conveniente. En todo caso, todos
los argumentos de mi grupo son jurídicos: jurisprudencia del Tribunal
Supremo, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también el informe
del Consejo de Estado. Más claro, más diáfano, imposible.


Respecto a juicios de intenciones no queremos hacer
interpretaciones. Ya las han hecho quienes tienen que hacerlas: el
Tribunal Constitucional, con tres referencias claras; el Tribunal
Supremo, en relación con el reciente caso del Cabañal, en Valencia; y el
propio informe del Consejo de Estado. Incluso en el informe de la letrada
que acompaña el dictamen de la ponencia hay un párrafo que deja claro que
las competencias sobre el patrimonio cultural son compartidas, de manera
que ninguna administración puede hacer lo que le parezca y que, en este
caso, las autonomías tienen un rol definido.


Otra cosa es que no les gusten las autonomías. Si no les gustan
las autonomías —y tengo la sensación de que en su grupo cada vez
hay más personas a las que no les gustan— o el desarrollo de la
arquitectura institucional que nos da la Constitución, esa será otra
cuestión. Sin embargo, si el hecho de reclamar o defender competencias
—insisto, con jurisprudencia del Tribunal Constitucional y apelando
a los estatutos de autonomía, que debemos recordar que forman parte del
bloque constitucional— se considera un ataque a no sé cuántas
esencias, creo que nos estamos equivocando.


En todo caso, como no ha contestado a ninguno de los argumentos
jurídicos y políticos que hemos expuesto en la presentación de nuestro
veto, vamos a mantenerlo y votaremos a favor de los demás.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Montes.


El señor MONTES JORT: Gracias, señora presidenta. Buenas
tardes.


Señorías, como ya sucedió en el Congreso y en la Comisión de
Cultura del Senado, y atizado en este caso por la intervención de la
portavoz del PP, la senadora Vázquez, acabamos de asistir a un debate que
entiendo que no era lo que nuestro rico y diverso patrimonio cultural,
material e inmaterial, se merecía y necesitaba. Otro flaco favor del
Partido Popular y del Gobierno actual a nuestra cultura.


Hemos escuchado posiciones, tanto en defensa como en contra de
los vetos presentados, que parten de las visiones competenciales de unos
y de otro. Se ha debatido sobre el papel de las administraciones en la
salvaguardia del patrimonio cultural; un debate que debería estar ya
superado desde el respeto competencial y la cooperación.


Hemos escuchado planteamientos que no podemos entender ni
compartir, ya que observamos cómo intentan apropiarse y utilizar el
patrimonio cultural en defensa de unos objetivos muy alejados de la
defensa de la cultura como valor y como derecho; un valor y un derecho
fundamental de convivencia y cohesión entendido desde el respeto y la
salvaguardia de la diversidad, de la importancia que todas y cada una de
sus manifestaciones tiene.


Señorías, en 2006, con un Gobierno socialista, nuestro país
ratificó la Convención de la Unesco para la salvaguardia del patrimonio
cultural Inmaterial de 2003; convención en la que se marcaban las líneas,
los objetivos y los compromisos que España debería llevar a cabo en
calidad de Estado Parte. Y, para cumplir los objetivos de la citada
convención, se empezó a trabajar en un sistema de salvaguardia que,
señora portavoz, en octubre de 2011, y también con un Gobierno
socialista, se materializó en el Plan nacional de patrimonio cultural
inmaterial, ni discutido ni atacado por nadie, porque no iba en contra de
nadie sino a favor de la cultura como valor y como derecho.


Por tanto, mucho trabajo hecho y mucho camino recorrido, como
incluso reconoce el propio Gobierno actual a través del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, que dice: España ratificó la Convención
para la salvaguardia del patrimonio cultural e inmaterial en 2006 y,
desde entonces, se ha llevado a cabo un trabajo muy activo,
convirtiéndose de esta manera en el cuarto país con más elementos
reconocidos. Fin de la cita.


Señorías, por tanto, mucho camino recorrido, muchas cuestiones
realizadas que no se pueden ni se deben pasar por alto ni obviar. Como
también, en ese mismo sentido, mucho trabajo realizado y mucho avanzado
por la mayoría, prácticamente por la totalidad de las comunidades
autónomas que, en el marco de sus competencias, ya han legislado sobre
esta cuestión —incluida la comunidad autónoma en la que vivo, que
es Castilla y León—. Se trata de avances que permitían y
aconsejaban la elaboración de una ley integral para nuestro patrimonio en
esta materia.


Han dicho aquí otros portavoces, y yo debo reiterarlo, que así se
refleja con toda claridad en el informe del Consejo de Estado sobre el
anteproyecto de ley que nos ocupa cuando dice, y también leo
textualmente: Sería más óptimo y razonable no proceder a elaborar una
nueva ley específica para el patrimonio inmaterial y sí reformar la
Ley 16/1985 del patrimonio histórico español —por cierto, también
elaborada por un gobierno socialista— para así convertirla en una
ley integral sobre el conjunto de todos los elementos constitutivos de
nuestra riqueza patrimonial. Como no podría ser de otra manera, nosotros
coincidimos con ello.


En definitiva, había muchas referencias —Unesco, leyes
autonómicas, legislación internacional, Consejo de Estado— que
aconsejaban, sin ningún género de dudas, ahora en 2015, que lo acertado
hubiera sido una legislación integral. Señorías, ¿por qué el Gobierno del
Partido Popular no ha escuchado? ¿Por qué no ha optado por lo razonable y
lo correcto? No voy a hacer ningún juicio de valor, pero en el pecado
está la penitencia, y todos sabemos cuál es el pecado e intuimos cuál
será la penitencia.


Está fuera de toda duda que lo acertado hubiera sido legislar
sobre patrimonio material e inmaterial en conjunto porque siempre
aparecen unidos en simbiosis perfecta. Incluso el propio texto, el
proyecto de ley, recoge en su disposición final quinta —una
disposición manifiestamente mejorable— que en el plazo de un año
hay que refundir todo en materia de patrimonio histórico español. Repito
que es manifiestamente mejorable y, por ello, invito al partido de la
mayoría, al Partido Popular, a que mejore esa disposición adicional
quinta, que apoyen la enmienda 49 —que después defenderá mi
compañero Domingo Fuentes— que propone que la elaboración de la
citada Ley de patrimonio histórico se realice y se tramite, de acuerdo al
artículo 82.6 de nuestra Constitución, a través de las Cortes Generales.
Esa visión democrática indudablemente quitaría algunos de los lastres con
los que nace esa ley. Además, es una elaboración a la que, por cierto,
también se comprometió el ministro Wert, y que como no es una cuestión
económica ni de recortes ni de mecenazgo ni de IVA cultural, es de
esperar que los señores Rajoy y Montoro le permitan cumplir su
compromiso. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


En definitiva, señorías, retrasan algo necesario y obvio. Estamos
perdiendo un tiempo precioso para haber hecho una ley integral y, en mi
opinión, hemos perdido ese tiempo por culpa de la visión trasnochada que
de la cultura tiene el Gobierno, y lamentablemente, por la utilización
partidista e ideológica del PP en relación con este proyecto de ley.


También, aunque sin detenerme mucho, les recomiendo que acepten y
que voten favorablemente la enmienda 48, del Grupo Socialista, que de ser
aceptada eliminaría muchas de las justificadas reticencias de los
representantes de las comunidades autónomas con representación en ámbitos
territoriales concretos.


Nosotros, señorías, entendemos que el hecho territorial o local
de cualquier manifestación cultural debe entenderse, defenderse y
salvaguardarse como distintivo y representativo, pero no en sentido
excluyente sino todo lo contrario; y su legislación, tampoco.


El patrimonio cultural es un reflejo de la diversidad, pero de
una diversidad abierta, no cerrada; por tanto, no la ataque. Esa
diversidad no es un caparazón que aísla ni una muralla que cierra sino
todo lo contrario, es una oportunidad. No podemos entender ni admitir
cómo se puede pretender imponer, a través de una ley, la generalización
en todos los territorios de una representación cultural concreta,
argumentando y forzando su armonización absurda en todo el Estado. Otro
flaco favor que se hace a la cultura, otro flaco favor que se hace a ese
valor y otro flaco favor que se hace a ese derecho.


Señorías, ¿por qué el Gobierno, en vez de legislar en este y en
todos los campos para solucionar, lo hace para enredar, lo hace para
enfrentar? Lo hemos visto a lo largo de toda la tarde, y concretamente en
la intervención que yo calificaría de incendiaria —y me vuelvo a
referir a ella— de la portavoz del Grupo Popular, imitando lo que
ayer vimos con el presidente Rajoy o con el señor Montoro, no sé si fruto
del momento electoral, de un sainete, de un esperpento, como consecuencia
de haber leído a Valle-Inclán o de la situación interna de su partido que
hace que salgan por pies de los sitios y lleguen aquí alterados. Como
digo, eso nada aporta a la tramitación de una ley.


En definitiva, señorías, nosotros nos vamos a abstener en los
vetos y también lo vamos a hacer en el proyecto de ley, porque para los
socialistas —y lo han podido comprobar en 1982, en 1985, en 2006 y
en 2011, porque hay referencias en esta ley— la salvaguardia del
patrimonio cultural material e inmaterial es un asunto de Estado; no
partidista ni electoralista.


Ahora, señoría, continúe usted con sus risas si quiere, pero esto
es demasiado serio. Tómeselo usted en serio.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montes.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora
Vázquez.


La señora VÁZQUEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, como no podía ser de otro modo, he prestado la mayor
atención a la intervención realizada por cada uno de los portavoces en
este turno de posicionamiento ante los vetos. He escuchado con
detenimiento a quienes han vuelto a defender su veto y a quienes han
fijado su posición ante estos y ante mi turno en contra, y quiero poner
de manifiesto que me ha llamado la atención el hecho de que todos los
intervinientes han guardado la misa línea de actuación: unos, repitiendo
la intervención anterior y otros, para no ser distintos, siguiendo la
postura de discurso reiterativo de latiguillos al uso para mantener el
rol de oposición por oposición y no de oposición razonada, quizá porque
si esta lo fuese, dejaría de ser oposición.


Créanme si les digo, señorías, que lamento no haber conseguido
que atendieran mi solicitud de que retiraran los vetos. No he podido,
aunque aún sigo teniendo la esperanza de que lo hagan.


Señorías, aparte de los comentarios a las intervenciones que cada
uno legítimamente podemos realizar, y en los que no voy a entrar, estamos
debatiendo un proyecto de ley de la mayor importancia cultural y de la
mayor prestancia y proyección social. Por ello reclamo un ejercicio de
buena voluntad y su esfuerzo por prestar la mejor atención. Sé que sus
señorías lo saben pero, como dice el refrán, por mucho trigo nunca es mal
año. En este sentido, voy a hacer hincapié en que se trata de un proyecto
de ley de prestancia y de proyección social.


La Unesco concibe el patrimonio cultural inmaterial, también
llamado oral o intangible, como el crisol de nuestra diversidad cultural
y, su salvaguarda, una garantía de creatividad permanente. Desde que este
concepto de patrimonio aparece en 1990 como contrapartida al patrimonio
de la humanidad, ha sido objeto de preocupación, trato especial y mimo
por parte de la Unesco. Así, en el año 2001 llevó a cabo con diversos
Estados y otras tantas ONG una encuesta que propició la celebración de
una convención específica sobre la materia en el año 2003, y a la que
España se adhirió en 2006.


Podríamos preguntarnos por qué esa preocupación por el patrimonio
cultural inmaterial. Sencillamente, porque la concepción que se tiene de
este patrimonio pasa por ser considerado como el conjunto de creaciones
basadas en la tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo
o individuos que responde a las expectativas de esa comunidad en la que
reflejan su identidad cultural y social.


Literatura, lengua, música, danza, juegos y deportes, tradiciones
culinarias, rituales y mitología, conocimientos y usos relacionados con
el universo, la artesanía y los espacios culturales, etcétera, se
encuentran entre las muchas formas de patrimonio inmaterial. No es de
extrañar, por tanto, que desde la Unesco se aliente a las diversas
comunidades para que identifiquen, documenten, protejan, promuevan,
revitalicen y salvaguarden este patrimonio y, como sus señorías
entenderán, por estas mismas razones y recomendaciones, si España
suscribió el convenio está obligada a establecer y poner en
funcionamiento las distintas normativas e instrumentos que velen,
protejan y salvaguarden nuestro patrimonio cultural inmaterial y en este
punto es donde juega su papel primordial y tiene su razón de ser nuestro
proyecto de ley.


Señorías, desde esta perspectiva debemos contemplar este proyecto
de ley y su contenido, al que si algún apelativo displicente se le
pudiera aplicar sería el de que llega tarde porque los gobiernos
socialistas, como anteriormente dije, en siete años no tuvieron tiempo de
elaborarla, como hace hoy el Gobierno del Partido Popular. Sin embargo,
solo un grupo ha calificado esta ley de tardía; por tanto, no está
justificada una oposición frontal al proyecto de ley, que es la
significación que tiene la presentación de un veto. Por cierto, los vetos
se presentan a las leyes no a los rodillos.


Como reiteradamente viene poniendo de manifiesto el Gobierno a
través del ministerio correspondiente, se trata de una ley que deja muy
claro que tanto la declaración como las reservas que se atribuyen a la
Administración General del Estado, reflejadas en el Título III respecto a
la protección de estas manifestaciones representativas, de ninguna forma
van a suplir las competencias de las comunidades autónomas. Es una ley
que se elabora desde el más escrupuloso respeto al concepto de
concurrencia, no excluyente con las comunidades autónomas, tanto en lo
referido a la definición de competencias como a lo que se determina en el
artículo 149.2 de nuestra Constitución. Es una ley que tiene muy en
cuenta las sentencias del Tribunal Constitucional 17/1991 y 49/1984 y,
como anteriormente hemos expresado, no es entendible que se vete por los
grupos de la oposición, ya que la argumentación de sus vetos es una para
todos y ha sido totalmente rebatida en el turno en contra.


Si queremos dar respuesta a nuestro compromiso con el convenio de
la Unesco firmado por un Gobierno socialista no basta con algunos
retoques a la Ley 16/1985, porque de ser así no es comprensible no
haberlo hecho en los últimos siete años de Gobierno socialista ni que
ningún otro grupo lo reclamase.


La realidad es que la singularidad del patrimonio que nos ocupa
reclama una ley que lo salvaguarde como la que ha elaborado el Gobierno
del Partido Popular y como ya han hecho otros Estados como Portugal,
Brasil, Colombia, y otros del arco iberoamericano.


No quiero finalizar, señorías, sin antes referirme a las
alusiones que se han hecho sobre la tauromaquia. En este sentido, quiero
manifestar que la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, reconoció de manera
expresa la dimensión cultural de la tauromaquia y, como tal, el deber de
la conservación por los poderes públicos de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Constitución española. Por tanto, no es necesaria una
nueva ley para reconocer y proteger la dimensión cultural de la
tauromaquia. Frente a ello, la Ley de salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial pretende regular una materia que carecía hasta la
fecha de un tratamiento general en nuestro país. Esta regulación no
altera en modo alguno el régimen de distribución de competencias y menos
aún en otras materias como la protección de los animales o los
espectáculos. En mi anterior intervención no hice referencia a ello
porque entendía que ese argumento no era suficiente por sí mismo para
justificar un veto. La ley que debatimos no excepciona la tauromaquia de
su ámbito de aplicación, por lo que su hipotética declaración como
manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial debería
seguir, en su caso, el procedimiento previsto en el texto, que incluye
entre otros lo siguientes aspectos: uno, trámite de audiencia pública;
dos, audiencia a las comunidades portadoras del bien, titulares de
derechos reales y a las Administraciones autonómicas y locales del
territorio en que tiene lugar; y, tres, el informe del Consejo del
Patrimonio Histórico, en el que están presentes todas las comunidades
autónomas y las instituciones consultivas especializadas en la materia,
así como de los órganos competentes de las comunidades autónomas. Por
tanto, señorías, de ninguna forma se puede afirmar que una determinada
manifestación, sea cual sea, vaya a ser impuesta por el Estado puesto que
el propio proceso de declaración prevé una amplia participación de
Administraciones, instituciones consultivas y comunidades
portadoras.


Tras todo lo expuesto, señorías, voy a finalizar mi intervención
manifestando que para el Grupo Popular hoy es un día de satisfacción
porque estamos convencidos de que es un día de alegría para el mundo de
la cultura, ya que esta ley viene a desarrollar un convenio internacional
de la Unesco para lo que el Estado español tiene plena competencia.


El Grupo Popular va a votar en contra de los vetos presentados,
pero esta senadora, una vez más, va a tener el atrevimiento de solicitar
su retirada. Si ello fuera así, supondría un gesto novedoso por parte de
la oposición porque también podría salir adelante una ley de todos y para
todos, donde todos los que amamos la cultura nos sintamos cómodos y
respetados, ya que el patrimonio del que trata la ley nos hace sentir que
es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Yo invito a todos a
que hagamos ese esfuerzo de entendimiento porque la causa que nos ocupa
bien se lo merece.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vázquez.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.









CONOCIMIENTO DIRECTO





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS OFICIALES DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS. (Votación)


621/000111



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar en primer lugar el
Proyecto de Ley de creación del Consejo General de los Colegios Oficiales
de Pedagogos y Psicopedagogos.


Les informo de que el senador Martín Torrecillas, del Grupo
Popular, ha sido autorizado a votar telemáticamente, ha ejercido su
derecho al voto y ha votado que sí a este proyecto de ley. Por lo tanto,
añadiré ese voto a la votación que realicemos a continuación.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228
más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 227 más 1 voto
telemático, 228; a favor, 225 más 1 voto telemático, 226; en
contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General
de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL. (Votación)


621/000112

Cultura


El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, las propuestas de
veto del Proyecto de Ley para la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial.


El senador Marín Torrecillas también ha ejercido su derecho a
voto telemático y ha votado en contra de todos los vetos, voto que
también iré añadiendo.


Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 2, de la
senadora Capella.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228
más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 voto
telemático, 229; a favor, 25; en contra, 142 más 1 voto telemático, 143;
abstenciones, 61.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias
y Mariscal.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228
más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 voto
telemático, 229; a favor, 26; en contra, 144 más 1 voto telemático, 145;
abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y
Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228
más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 voto
telemático, 229; a favor, 26; en contra, 144 más 1 voto telemático, 145;
abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 5, del resto de senadores del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228
más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 voto
telemático, 229; a favor, 25; en contra, 144 más 1 voto telemático, 145;
abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario
Vasco.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228
más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 voto
telemático, 229; a favor, 27; en contra, 144 más 1 voto telemático, 145;
abstenciones, 57.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228
más 1 voto telemático, 229; votos emitidos, 228 más 1 voto
telemático, 229; a favor, 26; en contra, 144 más 1 voto telemático, 145;
abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las
enmiendas.


En primer lugar, la senadora Capella ha presentado las
enmiendas 12 a 14. Para su defensa, tiene la palabra.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Presidente, intervendré desde el
escaño.


Señorías, Esquerra Republicana ha presentado tres enmiendas de
adición, en las que establecemos que el presente proyecto de ley, cuando
devenga en ley, no sea de aplicación... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
(Rumores).


Guarden silencio.


Continúe, señoría.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


...no sea de aplicación en los distintos territorios que
conforman els Països Catalans, es decir: Catalunya, el País Valencià y
las Illes Balears.


Como decía, las tres son enmiendas de adición, con el fin de que
el proyecto de ley que todavía estamos debatiendo, que aún no es ley, y
al que hemos presentado vetos, no tenga aplicación... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor,
porque es imposible oír a la senadora Capella. Continúe, señoría.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Repito, como sé que no les gusta, lo
voy a decir tantas veces como considere necesario, procedente y
pertinente en atención a que defiendo els Països Catalans. Por lo tanto,
lo que estoy diciendo es que las enmiendas que ha presentado Esquerra
Republicana de Catalunya, que son de adición, van referidas a la
necesidad de que el proyecto de ley que se está debatiendo no sea de
aplicación, cuando se convierta en ley, en els Països Catalans. La
portavoz del Grupo Popular, la señora Vázquez, decía que ya es ley,
porque le ha traicionado el subconsciente al entender, como nos tienen
acostumbrados, que les es indiferente lo que los grupos parlamentarios de
la oposición defendemos y aportamos aquí y, en consecuencia, ya lo
consideran ley. Pero —repito—, lo que pretende Esquerra
Republicana con las enmiendas de adición es que el proyecto de ley que se
debate cuando sea ley no tenga aplicación en el ámbito de els Països
Catalans: en Catalunya, en el País Valencià y en las Illes Balears. ¿Por
qué? Insisto, porque son competencias exclusivas de dichos territorios y,
en definitiva, lo que hace esta ley es invadir estas competencias
exclusivas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, los senadores Iglesias y
Mariscal han presentado las enmiendas 1 a 11. Posteriormente se acaba de
presentar una enmienda transaccional sobre la enmienda 4 de estos
senadores, firmada por los Grupos Popular, Convergència i Unió, Grupo
Vasco y Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Reconozco que tras la argumentación realizada en la defensa del
veto, lo coherente sería no presentar enmiendas a este proyecto. Si la
argumentación de este proyecto de ley supone que la Administración
central del Estado se excede en lo que son sus competencias, insisto, lo
más coherente, lo más cómodo sin duda hubiera sido no formular ninguna
enmienda. Pero como sigo pensando que incluso aunque no haya ninguna
posibilidad de que las enmiendas salgan adelante la obligación de quienes
nos sentamos en estos escaños es intentar que los textos legales que
salgan de esta Cámara sean los mejores posibles, me van a permitir que,
con toda brevedad, pase a presentar las enmiendas que hemos formulado los
senadores Mariscal Cifuentes y yo mismo.


La primera enmienda ya ha sido asumida en la práctica, hacía
referencia a que el proyecto renunciara a utilizar el término «censo» o
«censos» y lo sustituyera por el de «inventario» o «inventarios», como lo
hace el texto que vino a la Cámara.


Otras tres enmiendas hacen referencia al artículo 2 del proyecto.
Una de ellas, como acaba de manifestar el señor presidente, ha sido
objeto de una transaccional, la número 4, relativa a la incorporación de
la toponimia tradicional como una parte importante del patrimonio
inmaterial de los pueblos. De las otras dos, la primera plantea la
modificación que establece el proyecto del concepto de patrimonio
cultural inmaterial de tal forma que refleje literalmente el acuerdo de
la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial,
que tuvo lugar en su sesión celebrada en París el 17 de octubre
de 2003.


La segunda enmienda plantea sustituir la letra e) «técnicas
artesanales tradicionales» y la letra g) «aprovechamientos específicos de
los paisajes naturales» del artículo 2, por una redacción que incluya:
conocimientos, técnicas, destrezas, habilidades, simbolismos y usos y
procesos relacionados con actividades grupales.


Por su parte, de las tres enmiendas que se formulan al
artículo 3, que hace referencia a los principios generales de las
actuaciones de salvaguardia, la primera pretende suprimir la referencia a
la unidad de mercado, porque entendemos que es un concepto incompatible
con los que se barajan en el resto del proyecto. Pretendemos incluir una
nueva letra c) —lo que confronta abiertamente con la ley aprobada
en su día solicitando la declaración de la tauromaquia como bien del
patrimonio cultural inmaterial de la Unesco—, estableciendo como
condicionante el respeto a la naturaleza y a los animales. Asimismo, con
la última de las enmiendas se plantea una nueva letra k), que también
hace referencia a contenidos reflejados en la Convención para la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco, haciendo
que se refleje de manera expresa la identificación, documentación,
investigación, preservación, protección, promoción, valorización y
transmisión, básicamente a través de la enseñanza formal y no formal, y
la revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.


Se plantea la supresión del artículo 12, que es realmente el
precepto que se convierte en el eje fundamental de este proyecto de ley,
el precepto que regula la declaración de manifestación representativa del
patrimonio cultural inmaterial, por las razones que ya argumenté en la
defensa del veto.


En relación con el artículo 13.2, queremos que se añada in fine
de la letra a) la necesidad de que también juegue un papel la
coordinación entre administraciones, por lo que me reitero en lo
expresado en defensa del veto.


Por último, hay dos enmiendas que, igualmente, tienen relación
directa con el tema de la tauromaquia. En la primera se plantea la
derogación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de
la tauromaquia como patrimonio cultural, y en la segunda, la supresión de
la disposición final sexta, que declara la plena vigencia y validez de
dicha ley al margen del proyecto de ley que estamos aprobando.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 15 a 23.
Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Como he comentado anteriormente, mi grupo parlamentario ha
presentado una serie de enmiendas, que voy a dar por defendidas porque no
quiero entrar pormenorizadamente en cada una, ya que todas, absolutamente
todas tienen un fundamento competencial que creo que he desarrollado
suficientemente durante la intervención de defensa del veto.


Sin embargo, hay una cuestión que también subyace a todas y cada
una de las enmiendas y está relacionada intrínsecamente con la cuestión
competencial; es aquella que antes he mencionado solamente de forma muy
breve y sobre la que ahora me quiero extender algo más, el modelo
competencial dual de protección de patrimonio cultural inmaterial que
establece este proyecto de ley. Este es un modelo que no nos gusta nada
porque permite que un mismo bien sea protegido simultáneamente por el
Estado y también por una o más comunidades autónomas, lo que da lugar a
una situación que solo puede ser definida como peculiar o extravagante,
según la cual, por un lado, el Gobierno viene a manifestar la voluntad de
evitar duplicidades administrativas que redunden en un despilfarro de los
recursos públicos y, por otro lado, viene a crear una nueva duplicidad
allí donde no existía, y es que hasta ahora las comunidades autónomas que
compartíamos bienes y patrimonio cultural, fuera material o inmaterial,
hemos sido siempre o casi siempre capaces de llegar a acuerdos para
garantizar una mejor, mayor y más eficaz protección de los mismos. Por
tanto, entendemos que la contradicción que se instaura con este nuevo
proyecto de ley va a crear nuevas duplicidades, desde una lógica propia
que no solamente se ha visto en este proyecto de ley, sino en otros a lo
largo de esta legislatura, y es el fortalecimiento de las competencias
del Estado en detrimento, una vez más, del de las comunidades
autónomas.


Por tanto, entendemos que este proyecto de ley en su conjunto,
sin esa sustentación en la competencia de protección del patrimonio
cultural inmaterial, que no existe porque no la hay, quedará vacío de
contenido para asimilarse en la práctica a lo que podría ser un plan
general de actuación más que una ley con capacidad de regulación y
ordenación. No entendemos que con este proyecto de ley se vaya a mejorar
en absoluto la defensa del patrimonio inmaterial. Me cuesta entender cómo
alguien, senadora Durán, que ha tenido responsabilidades autonómicas en
este ámbito —además sé que usted disfruta con su trabajo, que es
totalmente vocacional— puede avalar con su voto y con su
participación como ponente un proyecto de ley que, efectivamente, no va a
mejorar la defensa ni la salvaguardia del patrimonio histórico.


Me voy a extender un poco más en algo que ya he anunciado antes
brevemente, y es sobre la inclusión de los topónimos como bien
inmaterial. Evidentemente, no voy a cuestionar que caerían en el supuesto
objeto de este proyecto de ley porque, como tal, tienen que ser bienes
inmateriales, pero no puedo aprobar las enmiendas del resto de los grupos
parlamentarios que quieren incluir la lengua y los topónimos dentro de
este proyecto de ley. ¿Por qué? No porque no sean bienes considerados
como patrimonio inmaterial, sino porque somos contrarios a que su
protección recaiga sobre organismos centrales del Estado. Como les decía
antes, solo hace unos pocos años, concretamente desde el 2011, que
Bizkaia, Araba y Gipuzkoa consideran la toponimia vasca, la grafía vasca
como oficial. Lo tuvimos que negociar con el Gobierno de Zapatero a
cambio de una serie de medidas totalmente ajenas a esta cuestión. Treinta
años ha costado que se reconozca la oficialidad de la grafía euskérica,
que es la original, ni la tradicional ni la no tradicional, es la
original y, por lo tanto, es la única que no tiene ningún tipo de sentido
que se reconozca su oficialidad y que, por tanto, los Territorios
Históricos puedan ser denominados en su forma tanto oral como escrita
como Gipuzkoa, Araba y Bizkaia. Treinta años, demostrando cuál ha sido la
sensibilidad no solo de su Gobierno sino también de los Gobiernos
anteriores respecto a esta cuestión.


En consecuencia, ¿cómo se van arrogar ustedes no ya las
competencias, sino la mínima sensibilidad, la mínima capacidad, el mínimo
amor a estas cuestiones como para que nosotros les podamos fiar su
custodia, su salvaguardia y su garantía, en definitiva, sacarla de
nuestras manos, porque es nuestra competencia? De ninguna de las maneras.
No me hagan gestos con la cabeza porque nos ha costado treinta años que
se reconozca la oficialidad de esa grafía; treinta años. Treinta años
hemos tenido que ver Bizkaia escrito con uve e i griega.


Señorías, eso no lo podemos permitir. Por lo tanto, aunque
consideremos que, efectivamente, caería dentro del objeto de esta ley por
los contenidos competenciales que esta se arroga y da a los ejes
centrales del Estado, lo siento, mantendremos el veto y cada una de las
enmiendas, y nos obligan, muy a nuestro pesar, a votar en contra también
de algunas enmiendas de otros grupos parlamentarios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


El Grupo Parlamentario de la Entesa ha presentado dos bloques de
enmiendas: el primero, de la 24 a la 32 y el segundo, de la 33 a la 42.
Tiene la palabra, senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente.


Voy a dar por defendidas todas las enmiendas de la Entesa.


El señor PRESIDENTE: ¿Los dos bloques?


El señor MARTÍ JUFRESA: Sí, los dos bloques.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El señor MARTÍ JUFRESA: Pero sí voy a subrayar algunas de ellas.
En particular, quiero entrar a fondo —lo siento por los demás
senadores, pero no pudimos hacerlo en el debate en ponencia ni en la
comisión— en el artículo 2, en el concepto de patrimonio cultural
inmaterial, porque me parece un tema especialmente relevante. Insisto,
todavía no he entendido los argumentos del Partido Popular y del Gobierno
en esta materia y me gustaría, aunque no los llegue a compartir, como
mínimo, comprenderlos, si tienen a bien explicármelos.


Nuestras enmiendas 24 y 32 tienen que ver con el artículo 2. Voy
a leer textualmente lo que dice el proyecto de ley. Artículo 2, concepto
de patrimonio cultural inmaterial: Tendrán la consideración de bienes del
patrimonio cultural inmaterial los usos, las representaciones, las
expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y
en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural y, en particular, y a continuación desgrana en varios
elementos. ¿Qué entiende cualquier persona que lee este texto? Entiende
que la condición de bien del patrimonio cultural inmaterial se autootorga
por parte de las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los
individuos —es lo que dice este párrafo—, que no tiene nada
que ver con la intención, insisto, de la Convención de la Unesco cuando
dice algo parecido en un contexto completamente diferente. Porque todo
puede ser cultura, pero seguro que no todo es patrimonio; no todo es bien
a proteger. Alguien tiene que dictaminar qué y por qué algo pasa a ser un
bien cultural, ya sea material o ya sea inmaterial. En esta ley ni se
define exactamente el quién ni —sobre todo, en este
artículo 2— el porqué. Insisto, la Ley de patrimonio histórico
español habla de un concepto que aquí no sale: el interés. Algo para ser
declarado patrimonio histórico, arqueológico, etcétera, tiene que tener
interés; y después se dice quién y cómo se determina si algo tiene
interés. En esta ley no se hace ni una cosa ni otra. Por ello, hemos
presentado esta enmienda al artículo 2 que intenta ser más clara y más
coherente en relación con esto que estaba explicando. Nuestra enmienda
dice: Podrán tener la consideración de bienes de patrimonio cultural
inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y
técnicas de las comunidades, los grupos y en algunos casos lo individuos
que se reconozcan por parte de las administraciones públicas como parte
integrante del patrimonio cultural. Nos parece que es mucho más
entendible y coherente con la legislación sobre patrimonio histórico que
hay en nuestro país y en general.


Segunda parte del artículo 2 que no nos gusta nada: el tema de
las lenguas. Ya he dicho antes que el que estuvieran incluidas las
lenguas era un error garrafal, desproporcionado con el tratamiento que
deben tener, tal y como se incluía en la letra a), ya que figuraban al
mismo nivel que las tradiciones y expresiones orales: «,...incluidas las
lenguas y las particularidades lingüísticas...». Esto se ha cambiado
mediante una enmienda del Partido Popular, ahora —no he entendido
bien todavía si va a ser así o no— mediante una transacción se va a
volver a recuperar no con la forma de lenguas, sino con la de modalidades
lingüísticas. Otro concepto equívoco y, en cualquier caso, referido en el
artículo 3.3 de la Constitución, igual que el de lenguas y, por tanto,
sujeto a la misma argumentación que la que he hecho anteriormente. En
esta ley deben figurar las lenguas y las modalidades lingüísticas como
parte integrante del patrimonio cultural inmaterial. No se pueden
soslayar ni las modalidades ni las lenguas, pero deben figurar como se
merecen, es decir, haciendo referencia a la existencia del artículo 3 de
la Constitución y pidiendo que haya una ley orgánica y específica, que
desarrolle este artículo 3 de la Constitución.


Por ello hemos presentado la enmienda 32, en la que se señala que
el Gobierno se compromete a desarrollar esta ley en función de otro punto
de nuestra enmienda 24, que define exactamente esta referencia al
artículo 3.3 y a la característica absolutamente específica y notable de
las lenguas y las modalidades lingüísticas en nuestro ordenamiento. Por
tanto, las enmiendas 24 y 32 las consideramos esenciales y absolutamente
troncales para el buen funcionamiento y desarrollo de cualquier
legislación en materia de patrimonio cultural inmaterial.


Las siguientes enmiendas sobre las que querría hacer hincapié son
las números 28 y 29, que se refieren al artículo 12. En particular, la
enmienda 29, que, como he dicho antes, indica —creo yo que con
mucha más coherencia con lo que son las legislaciones de
patrimonio— quién y cómo debe establecerse la condición de bien a
proteger. En la ley —lo siento porque la senadora Vázquez antes no
ha leído correctamente lo que dice este artículo— se señala lo
siguiente: En la elaboración se recabará el informe del Consejo del
Patrimonio Histórico y de las instituciones consultivas especializadas
relacionadas con la materia y que se consideren convenientes, así como de
los órganos competentes de las comunidades autónomas. Es decir, mucho
menos que lo que señala el artículo 9 de la Ley de patrimonio histórico
español, que pide el informe favorable del Consejo Consultivo que crea la
propia ley y, por tanto, muchísimo menos exigente, ¿por qué? No tiene
ningún sentido, no tiene ninguna lógica porque, además, es nuclear. Solo
tiene fundamento declarar alguna parte de nuestra cultura bien a
proteger, ya sea material o inmaterial, si viene avalado por técnicos o
por científicos. Cualquier otra persona que haga una propuesta en este
sentido puede ser loable, pero que tome la determinación, equivocado
seguro. En una materia como esta ni las coyunturas, ni los elementos
afectivos, en fin, hay muchos motivos que son materia susceptible de
equivocación a la hora de determinar el patrimonio cultural de cualquier
tipo. Por tanto, se requiere la objetividad de las personas que son
técnicos o tienen un conocimiento científico profundo, que esta ley
soslaya, y permite, por tanto, la arbitrariedad en la decisión o, en todo
caso, el influjo de elementos que no son propios para una toma de
decisión tan delicada como esta cuestión.


Finalmente, quería hacer una referencia a otras enmiendas que
también nos parecen relevantes, las números 25 y 31. La primera propone
la supresión, como también ha propuesto algún otro grupo, de la letra g)
del punto 3 por su referencia no a la unidad de mercado, sino a poner
sobre la mesa criterios que puedan condicionar la total protección de un
bien que sea declarado precisamente a proteger. Cuando se declara la
protección de un bien, ya sea material o inmaterial, eso pasa por encima
de cualquier otra consideración. Si ello no es así, si podemos introducir
elementos que pongan en duda, puertas traseras, rendijas, para limitar
esta protección, no estamos protegiendo el bien. La protección por
definición tiene que ser total, absoluta, si no, no tiene ningún sentido.
Y la letra g) del punto 3 introduce esta rendija, al incluir opciones,
planteamientos que pueden llegar a contradecir el objetivo final de una
declaración de protección para un bien patrimonial.


Para concluir, la enmienda 31, la famosa disposición final sexta,
que hace una referencia a la Ley de la tauromaquia, que no viene a nada
más que a traer algún fantasma que sobrevuela la redacción de esta ley.
En ninguna otra ley se hace referencia a otras leyes cuando no entran en
colisión, cuando no tienen nada que ver las unas con las otras desde el
punto de vista formal y jurídico. El sin perjuicio, lo he dicho antes, se
podría predicar de muchísimas otras leyes y, por tanto, este artículo
aporta confusión, aporta equívocos y, además, creemos que es impropio de
la técnica legislativa.


En definitiva, señorías, enmiendas que nos parecen troncales, que
están en el meollo de nuestra argumentación y que, si fueran aceptadas
aunque fuera parcialmente, sinceramente creemos que mejorarían el texto y
serían aportaciones a estos objetivos que la senadora Vázquez ha
expresado antes y que todos compartimos, aunque los compartimos
evidentemente de maneras distintas. Por eso hay distintos grupos en esta
Cámara, por eso representamos la pluralidad del país, y por eso tenemos
la obligación como grupos de plantear aquí nuestras ideas, aunque vayamos
a ser derrotados una y otra vez.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado las
enmiendas 53 a 70.


Para su defensa tiene la palabra el senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. La argumentación principal en la que
fundamentamos nuestras enmiendas es la invasión competencial y, a nuestro
entender, un claro espíritu intervencionista de este proyecto de ley,
para nosotros la espina dorsal de las enmiendas presentadas por nuestro
grupo, un total de 18 enmiendas que podríamos resumir en tres bloques. En
primer lugar, las enmiendas que se refieren al ámbito competencial, que
defienden las competencias de la Generalitat de Catalunya y de las demás
comunidades con competencia en cultura, y que corresponden a las
enmiendas 53, 54 y 58 a 64. En segundo lugar, otro bloque de enmiendas,
las números 65, 66, 67, 68, 69 y 70, que modifican el texto para impedir
que las manifestaciones culturales que no son propias de un determinado
territorio le puedan ser impuestas. Nos referimos en este caso
específicamente a la tauromaquia, pero también a cualquier otra
manifestación contraria a la legislación autonómica.


Estos dos bloques son en realidad uno solo, pero creemos que es
importante remarcar un aspecto de la ley que a nuestro grupo
parlamentario nos importa especialmente: en el proyecto de ley que nos
ocupa se establece que la declaración de manifestación representativa del
patrimonio cultural inmaterial por parte del Estado no obstará a las
acciones que puedan realizar las comunidades autónomas con el fin de
resaltar las especificaciones o modulaciones que presentan en sus
respectivos ámbitos territoriales. Esta previsión permite que las
comunidades autónomas puedan ejercer su competencia para declarar una
manifestación festiva aunque la Administración del Estado también haya
declarado tal manifestación.


Pero la competencia para declarar un bien como de interés
cultural también implica, lógicamente, una competencia negativa: la
facultad de no ejercerla y no efectuar una declaración. La colisión,
pues, puede surgir cuando la Administración del Estado efectúe una
declaración y la comunidad autónoma no esté de acuerdo con que se efectúe
dicha declaración en su territorio ni con que se apliquen las medidas de
protección correspondientes. Este proyecto de ley no contiene previsión
alguna para evitar conflictos competenciales en casos como el que acabo
de describir. No se prevé, además, la posibilidad de que una comunidad
autónoma a la que le sea ajena la manifestación que pretende ser
protegida pueda excepcionar en su ámbito territorial la extensión de
dicha protección. Así pues, este proyecto de ley establece que una
comunidad autónoma tendría que aceptar la protección en su territorio de
manifestaciones ajenas a su idiosincrasia y que no han tenido a lo largo
de la historia calado ni arraigo propio en aquel territorio, y anula la
posibilidad de ejercer su propia competencia exclusiva en materia de
patrimonio cultural. En este sentido, la enmienda número 53 al preámbulo
introduce un nuevo redactado que ofrece la posibilidad a una comunidad
autónoma de excepcionar en su ámbito territorial la protección de una
manifestación cultural que le resulte ajena o le haya devenido ajena con
el paso del tiempo o —y este punto es fundamental— que sea
contraria a su legislación. Porque, ¿piensa el Gobierno imponer a una
comunidad autónoma la protección de una manifestación cultural aun cuando
esta, la comunidad, entre en conflicto o haya sido prohibida por la
legislación propia? ¿Hasta este punto llegará la invasión
competencial?


La enmienda 54 modifica el redactado del artículo 1 a fin de
delimitar y garantizar en el propio objeto de la ley el ámbito
competencial del Estado y de las comunidades autónomas establecido
claramente por la Constitución española. De acuerdo con la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, no se puede atribuir al Estado una
competencia concurrencial plena en materia de cultura porque eso dejaría
sin contenido las competencias específicas reconocidas en la Constitución
y en los estatutos de autonomía. Es decir, el Estado no puede ostentar un
título competencial autónomo en materia de cultura, y especialmente en
los casos en los que las acciones derivadas del desarrollo de dicho
título competencial pudiesen entrar en conflicto con una normativa legal
autonómica.


Cabe señalar que en el caso de Cataluña corresponde a la
Generalitat la competencia exclusiva en materia de cultura, según
establece el artículo 127 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.
En su apartado 1.b) prevé la competencia exclusiva sobre el patrimonio
cultural, que incluye en todo caso —y hago una cita literal—:
Primero, la regulación y la ejecución de medidas destinadas a garantizar
el enriquecimiento y la difusión del patrimonio cultural de Cataluña y a
facilitar el acceso. Segundo, la inspección, el inventario y la
restauración del patrimonio arquitectónico, arqueológico, científico,
técnico, histórico, artístico, etnológico y cultural en general. Tercero,
el establecimiento del régimen jurídico de las actuaciones sobre bienes
muebles e inmuebles integrantes del patrimonio cultural de Cataluña y la
determinación del régimen jurídico de los bienes inmuebles, y también la
declaración y la gestión de estos bienes excepto los que sean de
titularidad del Estado. Cuarto y último, la protección del patrimonio
cultural de Cataluña, que incluye la conservación, la reparación, el
régimen de vigilancia y el control de los bienes, sin perjuicio de la
competencia estatal para la defensa de los bienes integrantes de este
patrimonio contra la exportación y la expoliación. Esta es la cita
literal de las competencias que define el Estatuto de Autonomía de
Cataluña para el caso concreto de mi comunidad, de Cataluña.


Asimismo, teniendo en cuenta que dentro del concepto de
patrimonio cultural inmaterial se incluyen las particularidades
lingüísticas, cabe señalar que la Generalitat tiene también
—debemos dejarlo claro— competencia exclusiva en materia de
la lengua propia, de conformidad con el artículo 143 del Estatuto de
Cataluña.


La enmienda 58, al artículo 6, delimita y garantiza el ámbito
competencial del Estado y de las comunidades autónomas en lo referente a
la transmisión, difusión y promoción. Consideramos que se debe valorar el
cumplimiento del reparto competencial y no que suponga una habilitación
extremadamente genérica para que la Administración General del Estado
pueda determinar singularmente aquellas condiciones o una adecuada
transmisión, difusión y promoción de los bienes inmateriales objeto de
salvaguardia.


La enmienda 59, al artículo 9, igualmente de carácter
competencial, pretende remarcar y aclarar algo que a estas alturas no
creíamos que fuese necesario recordar al Gobierno, y es que la
determinación de las medidas que garanticen el acceso de la ciudadanía al
patrimonio cultural inmaterial también es competencia exclusiva de las
comunidades autónomas y, por tanto, es necesario adecuar el redactado del
artículo al régimen de distribución competencial vigente.


Las enmiendas 60 y 61 modifican el artículo 11 de este proyecto
de ley para intentar delimitar la regulación omnicomprensiva y extensiva
que propone. Como dije antes en otra intervención, de acuerdo con la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no se puede atribuir al
Estado una competencia concurrencial plena en materia de cultura porque
eso dejaría sin contenido las competencias específicas reconocidas en la
Constitución y en los estatutos de autonomía —no en el catalán, en
todos los estatutos de autonomía—. Es decir, el Estado no puede
ostentar un título competencial autónomo en materia de cultura. La
invocación literal y genérica de los artículos de la Constitución que
hemos citado no habilita a una regulación tan extensiva como la
propuesta.


Respecto a los artículos 44 y 46 de la Constitución que se
invocan, cabe decir que instan a los poderes públicos a promover y a
tutelar el acceso a la cultura, a garantizar la conservación y a promover
el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los
pueblos de España y de los bienes que lo integran. Estos preceptos no son
títulos competenciales y, en consecuencia, debe intervenir el Estado o
deben intervenir las comunidades autónomas en función del reparto
competencial previsto en el bloque de constitucionalidad.


De acuerdo con la disposición final segunda, la ley de protección
del patrimonio cultural inmaterial se dicta al amparo de las
reglas 1.ª, 3.ª, 28.ª y 30.ª del apartado 1 y del apartado 2 del
artículo 149 de la Constitución española. La regla 1.ª del artículo 149.1
establece que corresponde al Estado la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Este precepto no se traduce en el hecho de que el régimen jurídico
aplicable en todo el territorio del Estado tenga que ser el mismo.


Las enmiendas 62, 63 y 64, al artículo 12, continúan intentando
poner orden al desbarajuste competencial que supone este proyecto de ley.
Se incide en que las actuaciones del Estado en el ámbito cultural deben
producirse siempre de manera subsidiaria a la actuación de las
comunidades autónomas, y ello mediante la modificación del apartado
primero; asimismo, se propone la supresión de los apartados 1.c) y 1.e).
Por lo que se refiere al apartado 1.e), se debe suprimir especialmente la
atribución al Estado de la competencia para declarar manifestaciones
inmateriales de la cultura que posean una especial relevancia y
trascendencia internacionales, ya que este hecho no puede ser por sí solo
un elemento que justifique la competencia estatal. El artículo 12, en su
apartado 1, letra e) excede la competencia atribuida por la Constitución
a la Administración General del Estado. De acuerdo con el Tribunal
Constitucional, no cualquier elemento de extranjería permite al Estado
asumir la competencia. Resulta obvia la existencia de numerosas
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial que poseen una
especial relevancia y que tienen trascendencia internacional, haciéndose
pues necesaria la adopción de medidas de salvaguardia y no por eso el
Estado tiene que atribuirse la competencia para su protección, vulnerando
las competencias exclusivas en materia de cultura.


Las enmiendas 65, 66 y 67 hacen hincapié en la necesidad de que
este proyecto de ley les devuelva a las comunidades autónomas sus
competencias en materia de cultura y evitar así la colisión entre la
Administración Central y la autonómica cuando el Estado efectúe una
declaración y la comunidad en cuestión no esté de acuerdo con esa
declaración ni con que se apliquen las medidas de protección
correspondientes. La ley, como dije antes, no contiene previsión alguna
para evitar conflictos competenciales en casos como el descrito.


Vayamos ahora al tercer bloque de enmiendas, 55 a 70, que
esencialmente son mejoras técnicas para perfilar y definir conceptos
—por ejemplo, patrimonio cultural inmaterial— y hacen
hincapié principalmente en la necesidad de excluir del concepto de
patrimonio cultural inmaterial aquellas artes del espectáculo o usos
sociales, rituales y actos festivos que incluyan o promuevan el maltrato
o la muerte de animales. En este sentido, tanto la enmienda 55 como la 57
introducen en el texto modificaciones a fin de que no pueda ser declarado
bien del patrimonio cultural inmaterial una celebración, un espectáculo o
un uso social que incluya o promueva el maltrato y la muerte del animal,
así como que se respete la legislación vigente en las comunidades
autónomas sobre protección de animales.


Resulta evidente que con el paso del tiempo y las condicionantes
sociales y culturales, la evolución de los tiempos, las reglas de
convivencia y de civismo, algunas actividades o manifestaciones que en
tiempos pasados eran ampliamente aceptadas y seguidas devienen
actualmente en prácticas lesivas de la dignidad de las personas o del
trato a los animales, protegidas por leyes sectoriales. Por ello,
entendemos que es necesario incorporar en este artículo una clara y
expresa salvedad en la posible consideración de un bien como
manifestación inmaterial de la cultura cuando se constate que su
ejercicio o su práctica conllevan un maltrato o un trato lesivo a los
animales.


Por último, la enmienda 69. Esperamos, confiamos en que el Grupo
Popular vote a favor de esta enmienda por una simple cuestión de respeto
a la Constitución y a los Reglamentos del Congreso y del Senado, respeto
institucional y constitucional. Se trata de una modificación a la
disposición final quinta, sobre la elaboración de un texto refundido en
materia de patrimonio histórico español. El presente proyecto de ley
establece que las Cortes Generales deleguen en el Gobierno la facultad de
refundir dos leyes; la refundición incluye la capacidad de regularizar,
aclarar y armonizarlas. Por tanto, y sobre la base de lo establecido en
el artículo 82.6 de la Constitución española, es preciso prever la
facultad de control de los diputados, de los senadores y de los grupos
parlamentarios, al efecto de que puedan formular las objeciones que
consideren necesarias una vez que haya sido publicado el texto articulado
refundido, tal y como está previsto en los reglamentos de las Cámaras. La
función principal de las Cortes es legislar, no delegar en terceros para
que legislen, por lo que entendemos que la prerrogativa de control de la
delegación efectuada debería ser incorporada de forma ordinaria en todas
las delegaciones para la elaboración de textos refundidos que se realicen
a favor del Gobierno.


Concluyo ya, señor presidente. Gracias, señorías, por su
atención. Las últimas explicaciones y la última argumentación las haré en
el turno final de portavoces expondré.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 43
a 49. Para su defensa, tiene la palabra el senador Fuentes Curbelo.


El señor FUENTES CURBELO: Gracias, presidente.


Señorías, como ya ha expresado nuestro portavoz de cultura, el
senador Félix Montes, nuestro principal desacuerdo en la tramitación de
la ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial se produce
en la alternativa legislativa escogida por el Gobierno para la regulación
de nuestro patrimonio cultural intangible: al margen de la Ley del
patrimonio histórico español.


Sinceramente, señorías, yo no entiendo esa habilidad que tiene el
Partido Popular para venir a crear problemas donde no existía ninguno. A
lo largo de este debate hemos visto cómo se ha abierto precisamente
—y valga la redundancia— el debate entre recentralización o
segregación.


Ya anunciamos en el Congreso nuestra voluntad de trabajar para
mejorar el proyecto de ley porque había puntos para posibles acuerdos, y
así ocurrió con la aprobación y la transacción de varias enmiendas al
articulado. El Grupo Socialista en el Senado hemos mantenido la misma
tónica, la misma voluntad de acuerdo, no tenemos diferencias insalvables
de fondo ni respecto al contenido general expresado en el articulado, por
eso no hemos presentado veto en el Senado; sin embargo hemos mantenido 6
enmiendas parciales y hemos añadido una nueva. Es una lástima que el
Grupo Popular no haya hecho un esfuerzo mayor de entendimiento con los
grupos parlamentarios para que la ley del patrimonio cultural inmaterial
se aprobara con una amplísima mayoría y que se hayan rechazado sin más
enmiendas que, desde nuestro punto de vista, mejorarían indudablemente el
contenido de la ley acercándola al criterio manifestado por el Consejo de
Estado, que consideraba más óptimo y más razonable —porque le daría
incluso más eficacia legislativa y simplificación jurídica— haber
procedido a la reforma de la Ley del patrimonio histórico español, en la
que ya se protegen no solo los bienes materiales, sino también los
inmateriales.


Las enmiendas 44, 46 y 47 son de supresión y las planteamos bien
porque lo enmendado no aporta nada al régimen jurídico del patrimonio
cultural inmaterial —en todo caso, excesivo reglamentismo o
reglamentarismo— bien por considerarlo innecesario porque la
Ley 16/1985, del patrimonio histórico español, ya garantiza lo que se
pretende regular en esos artículos.


Deseo hacer especial incidencia en las enmiendas 43, 45, 48 y 49.
En la enmienda 43, al artículo 2, propusimos —y lamentamos ahora
que no haya habido un acuerdo de todos los grupos de la Cámara en la
redacción final, a pesar del esfuerzo de la senadora Durán, lo reconozco,
para intentar llegar a un entendimiento pero, desgraciadamente, no ha
ocurrido— la inclusión de la toponimia tradicional como concreción
lingüística. Creo que no hay que tener miedo a que se incluya la
toponimia y además se denomine concreción lingüística de la relación de
las comunidades con su medio geográfico a lo largo del tiempo.


En Canarias, por ejemplo —perdonen que barra un poco para
mi tierra, donde, por cierto, ya tenemos el silbo gomero, que es un
sistema de signos, un sistema de comunicación oral perfectamente
estructurado, estudiado por lingüistas y filólogos, un lenguaje que ya
está inscrito como manifestación representativa del patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad—, tenemos toponimia que toma un valor
especial debido a la existencia de una lengua y una cultura
prehispánicas, que hace referencia al propio origen del pueblo canario.
Cuando uno estudia nombres de montañas, barrancos y pueblos —y voy
a decir una serie de términos que, probablemente, no se hayan dicho nunca
desde esta tribuna ni han sonado en este hemiciclo, como Taganana,
Aridane, Timijiraque, Guayadeque, Triquivijate, Chipude, Timanfaya,
Tamaraceite— obtiene una pista muy clara no solo sobre la lengua de
los aborígenes canarios prehispánicos, sino al menos de uno de los muchos
sustratos étnicos de la población de las islas Canarias. De ahí la
importancia de la concreción lingüística de los topónimos.


Con respecto a la enmienda 45, simplemente decimos que no se
pueden desvirtuar los bienes culturales materiales frente a los
inmateriales, y menos aún ante el riesgo de pérdida o expolio porque la
Ley 16/1985 ya los protege.


La enmienda 48, de modificación del apartado 4 del artículo 12,
trata del procedimiento para la declaración de manifestación
representativa del patrimonio cultural. Aquí lo que estamos diciendo
simplemente es que tal como está la ley puede dar lugar a decisiones
arbitrarias y discrecionales, arbitrarias y discrecionales, porque en
ella no se pone si los informes que se piden deben ser preceptivos o si
deben ser vinculantes. Nosotros proponemos que sean preceptivos en
algunos casos y en otros vinculantes, porque ello es una muestra de
respeto a las competencias de las propias comunidades autónomas.


Finalmente la enmienda 49, de adición a la disposición adicional
quinta, que autoriza al Gobierno a elaborar un texto refundido. Queremos
manifestar nuestro acuerdo con que en el plazo de un año al menos se
proceda a la elaboración de ese texto refundido y que se acabe de una vez
con la fragmentación legislativa —por un lado el patrimonio
histórico español y por otro el patrimonio cultural inmaterial—; de
acuerdo, pero lo que no queremos es dar carta blanca al Gobierno para que
haga este texto refundido y que no pase por las Cortes Generales. Lo que
estamos pidiendo en esta última enmienda del Grupo Socialista es que el
texto refundido pase al menos por el Congreso de los Diputados para que
este pueda emitir criterio.


En cuanto a las enmiendas al articulado de los demás grupos
parlamentarios, anunciamos que apoyamos todas aquellas que no tengan como
objetivo ni la recentralización ni la segregación. Tengamos en cuenta,
señorías, que muchas de las manifestaciones culturales, expresiones,
usos, conocimientos y técnicas que las comunidades, grupos e incluso los
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural
inmaterial pueden llegar a inscribirse en la Unesco como patrimonio
inmaterial de la humanidad independientemente del territorio en el que se
produzcan esas manifestaciones, como es el caso —y que nos atañe a
los canarios— del silbo de La Gomera.


Muchísimas gracias.






(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuentes
Curbelo.


Turno en contra.


Senadora Durán, tiene la palabra.


La señora DURÁN VADELL: Gracias, presidente.


En primer lugar, quiero agradecer su trabajo de todos los grupos
que han presentado enmiendas con el ánimo legítimo de mejorar este texto
y, sobre todo, a aquellos que han ofrecido la mejor de las disposiciones
para llegar a un punto de encuentro aunque pudiésemos partir de supuestos
diferentes.


Tras el trámite de la ponencia y los esfuerzos llevados a cabo
para alcanzar algún tipo de acuerdo, finalmente en el trámite del Senado
se han incorporado tres enmiendas que, honestamente, creo que enriquecen
la ley y también ha sido posible transaccionar una de ellas, de una
cuestión no menor, cual es la de la toponimia tradicional. Dicho esto, me
corresponde en cualquier caso dar los motivos por los cuales el resto de
enmiendas no han sido aceptadas. Como es lógico, no me detendré en
detallar cada una de ellas ni tampoco en plantear con carácter individual
su argumentación. Y dado que algunas no suponen un cambio sustancial en
el propósito de la ley, me centraré expresamente en aquellas cuya
aceptación hubiese supuesto realmente desvirtuar el texto de una ley que
si bien, como todo, puede ser mejorable, a nuestro entender es buena y es
necesaria.


El conjunto de las enmiendas presentadas por los diferentes
grupos de la oposición, más allá de las cuestiones técnicas sobre algunas
de las cuales se ha podido llegar a algún acuerdo tanto en el trámite del
Congreso como hasta ahora mismo en el Senado, se reducen a cinco
cuestiones: el debate competencial, el concepto de patrimonio cultural
inmaterial, la técnica normativa, las medidas de protección y,
finalmente, la cuestión de la tauromaquia.


La cuestión del debate competencial tiene su reflejo, por un
lado, en aquellas enmiendas en las que al Gobierno se le supone la
perversa intención —y cito textualmente— de laminar las
competencias de las comunidades autónomas, una intención —que tal
parece— que el Gobierno lleva persistiendo desde el inicio de la
legislatura y que responde al propósito inconfesado de acabar con las
comunidades autónomas, o por lo menos con alguna de ellas, siempre al
amparo de un nacionalismo rancio en tanto en cuanto es nacionalismo
español. Pero, por otro lado, el debate competencial también se ha
planteado en aquellas enmiendas justificadas en la creencia de que con
esta ley —y con gran número de las que han pasado por esta
Cámara— el Estado invade injustificadamente competencias
autonómicas en cuestiones ya tratadas en legislación propia. De lo
primero, permítanme considerarlo un dislate; en cuanto a lo segundo, creo
que se hallan ante un error. No aspiro a sacarles del mismo porque doy
por hecho que esa convicción es intrínseca a la esencia de sus partidos y
creo que esta cuestión ha quedado bastante clara en lo que llevamos de
legislatura. No obstante, y aun a riesgo de no quebrar esa convicción,
creo necesario plantear las cuestiones por las que este Gobierno
considera que esta ley no invade ni en el fondo ni en la forma
competencia alguna, motivo por el cual se rechazan las enmiendas que en
ese sentido se han presentado.


Aunque algunos insistan en lo contrario, el propósito de la ley
no es otro que, por un lado, regular la acción de salvaguarda que debe
ejercer la Administración General del Estado sobre las manifestaciones
que integran el patrimonio cultural inmaterial; también, el régimen por
el que deben ser declaradas como tal aquellas que recaigan única y
exclusivamente en su ámbito competencial; asimismo, pretende ofrecer un
tratamiento general que sea común en esta materia, porque ahora mismo no
es común en el conjunto de las normativas autonómicas, y también unas
bases mínimas comunes desde el punto de vista conceptual y que comprenda
el régimen básico y unos instrumentos de cooperación, que no
coordinación, sin menoscabo en ningún caso de las competencias normativas
de las comunidades autónomas. También se pretende señalar por parte del
Estado aquellos bienes que en el conjunto del patrimonio inmaterial
tienen un carácter suprautonómico y se refieren a elementos simbólicos o
manifestaciones culturales que son compartidas por un número notable de
ciudadanos del Estado. Ese es su propósito, ¿pero puede hacerlo sin que
por ello se considere que lamina o invade competencias? A nuestro
entender sí. Esa posibilidad viene amparada por la doctrina del Tribunal
Constitucional, particularmente en aquellas sentencias en las que se
recoge —y cito textualmente— la integración de la materia
relativa al patrimonio histórico-artístico en la más amplia que se
refiere a la cultura permite hallar fundamento a la potestad del Estado
para legislar sobre aquello, dado que la competencia del mismo habrá de
desplegarse en el área de preservación del patrimonio cultural común,
pero también en aquello que precise de tratamientos generales o que haga
menester esa acción pública cuando los fines culturales no pudieran
lograrse desde otras instancias. Creemos que este es el caso.


Coincidiendo con la doctrina emanada de esas sentencias, la
presente ley no pretende otra cosa que ofrecer un tratamiento general en
una materia que por diversos motivos ha experimentado notables cambios
conceptuales, ha pasado a ser objeto de una fuerte conciencia social y de
una legislación internacional que es vinculante. De la lectura, por
supuesto desprejuiciada, de la ley se deduce, creo que de manera
evidente, que esta se limita a perfilar una serie de líneas maestras que
no impiden que a su vez las comunidades autónomas, en virtud de la regla
de la concurrencia normativa, puedan dictar asimismo sus regulaciones
específicas. Y, por supuesto, del mismo modo que ocurre con la Ley de
patrimonio histórico español de 1985, las competencias ejecutivas del
Estado previstas en esta ley son, como ya se ha dicho, residuales y se
despliegan únicamente en determinadas circunstancias; por tanto, es a las
comunidades autónomas a las que corresponde de ordinario la protección de
su patrimonio.


Otro bloque de enmiendas se refiere a la técnica normativa, en
concreto, a la consideración de que este proyecto de ley supone una
fragmentación normativa de la Ley de patrimonio histórico español
de 1985.


Sobre esta cuestión me gustaría hacer una serie de apreciaciones.
La Ley de 1985, por motivos obvios, temporales, no contemplaba en su
título sexto, referido al patrimonio etnográfico, los principios
establecidos posteriormente por la Convención para la salvaguarda del
patrimonio cultural inmaterial de la Unesco de 2003. Y tampoco los
compromisos internacionales derivados de esta, ni sus medidas de
cooperación ni los mecanismos e instrumentos necesarios para garantizar
esta salvaguarda. Por tanto, se considera necesario cubrir la laguna que
existe en la legislación estatal incluyendo aquellos aspectos de obligado
cumplimiento. Ello supone una modificación de tal magnitud, que se hace
necesaria la confección de una nueva norma con rango de ley que regule
expresamente el patrimonio cultural inmaterial. Además, incluir en el
esquema de la Ley de 1985 la singularidad de los bienes que forman parte
del patrimonio cultural inmaterial y los especiales mecanismos para su
protección, así como las dificultades inherentes a la integración, tanto
de la Convención de 2003, como de la profusa normativa autonómica en la
materia, no hace aconsejable ni técnicamente deseable la modificación de
dicha ley para incorporar esta cuestión. Por otro lado, la nueva ley se
aborda incluyendo un ajuste puntual de la Ley de 1985 para garantizar la
adecuada integración en el patrimonio histórico español del patrimonio
inmaterial. Por último, cabe decir también que existen numerosos ejemplos
en los que los instrumentos de protección y salvaguarda del patrimonio
material e inmaterial aparecen separados en dos normas distintas, desde
la propia Unesco, hasta países como Brasil o Portugal, o las leyes
catalanas de 1993, en una de las cuales se regula el patrimonio histórico
y en otra distinta el fomento y protección de la cultura popular y del
asociacionismo cultural, siendo en esta última en la que se regulan las
manifestaciones que podríamos considerar de patrimonio inmaterial de
forma expresa.


En cuanto a la cuestión de la tauromaquia, considero honesta y
humildemente que, dado el interés que tiene el objeto de la ley en sí
misma, dadas la numerosas y variadas manifestaciones de patrimonio
inmaterial existentes en nuestro país, dada la proyección internacional,
refrendada por la Unesco, de algunas de ellas, y dado el amplio campo de
estudio que plantea la cooperación entre las distintas comunidades
autónomas en este ámbito, a mi entender llama la atención que la
tauromaquia se convierta en uno de los principales objetos de debate y
para algunos en el principal escollo para dar por buena esta ley, máxime
cuando el debate acerca de la regulación de la tauromaquia como
patrimonio cultural ya se llevó a cabo de manera prolija cuando la ley
que la regula expresamente fue objeto de su trámite parlamentario. Creo
que no hace falta, en consecuencia, recurrir a subterfugios ni a una
nueva ley para reconocer y proteger la dimensión cultural de la
tauromaquia, se esté o no de acuerdo con ello. Es cierto que para
asegurar la finalidad de la salvaguarda pretendida a través de la
declaración como manifestación representativa del patrimonio cultural
inmaterial es necesario que su aplicación se extienda a todo el
territorio al que la manifestación está vinculada, pero en el caso de la
tauromaquia esta ya goza del nivel de protección jurídica propio,
reconocido por la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de
la tauromaquia como patrimonio cultural. Por cierto, es una norma
absolutamente pacífica desde el punto de vista competencial, pues no fue
recurrida por ninguna comunidad autónoma ante el Tribunal Constitucional.
Diré también que por su naturaleza y características la tauromaquia sí se
acomoda a la definición del patrimonio cultural inmaterial establecida
por la Unesco, una definición que precisamente con la aprobación del
proyecto de ley objeto de estas enmiendas se incorporará por fin a la
legislación nacional.


Por último, quisiera referirme al bloque relativo a las medidas
de protección para decir que, precisamente por el respeto a la
distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas
en esta materia, en el artículo 3 de esta ley solo se recogen principios
generales de salvaguarda, atendiendo a lo previsto en los acuerdos
internacionales de los que España forma parte y que deben respetarse en
toda España, pero a partir de estos principios son las comunidades
autónomas las que deben regular las medidas concretas de protección.


Concluyo, manifestando de nuevo que, si bien esta ley, como
cualquier otra iniciativa legislativa, es mejorable, quien trata a diario
este tema, quien considera el patrimonio inmaterial como algo que no
admite espera, sabe que es una ley necesaria. Y reitero que quien la lea
sin el peso de los prejuicios ideológicos o tactistas concluirá que es
absolutamente injusto atribuirle intenciones distintas a las que se
expresan en el texto.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Durán.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


No hay intervenciones.


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).


No hay intervenciones.


¿Grupo Parlamentario de la Entesa? (Pausa).


Senador Martí, tiene la palabra.


El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, presidente.


Senadora Durán, usted ha anunciado que iba a tratar cinco
ámbitos: competencias, concepto, técnica normativa, protección y
tauromaquia. Se ha dejado uno. Ustedes, una vez más, no dan respuesta a
nuestras enmiendas. Es ya la tercera intervención de los portavoces del
Grupo Popular, y no dicen nada de nuestras enmiendas relativas al
concepto y las lenguas. Me parecen dos temas claves, y no consigo saber
cuál es su posición al respecto y cuáles los argumentos que la
fundamentan.


En cuanto al resto de sus comentarios, si lo que toca son dos
leyes, y es mucho mejor, ¿por qué presentan una disposición final que
dice que habrá que hacer un texto refundido? Será que lo mejor es el
texto refundido, digo yo. ¿O no? ¿O pone texto refundido por algún otro
motivo —no es bueno que haya un texto refundido, pero se pone
igualmente—? Su argumento ha sido totalmente contradictorio, y como
mínimo se queda cojo como contraargumento frente a los que defendemos la
necesidad de reformar al amparo de una legislación consolidada desde
muchos puntos de vista, como es la Ley de patrimonio histórico
español.


Y en relación con la tauromaquia, senadora Durán, si todo esto es
como usted dice, ¿por qué la disposición final sexta? ¿Por qué? Si nada
tiene que ver, ¿por qué la disposición final sexta? También habrá algún
motivo. Espero que en este turno de portavoces nos lo expliquen, porque
hasta ahora tampoco lo hemos entendido, al menos yo. Y si la tauromaquia
se adapta tanto a la Carta de la Unesco, ¿por qué todavía no se ha
presentado ante la Unesco? ¿Por qué? Si se adapta tanto tanto tanto, y es
algo tan claro y obvio, ¿por qué no lo han hecho, si ya tienen una ley
aprobada específicamente para esta cuestión? Seguramente será porque no
se adapta tanto y porque el debate va mucho más allá de las obviedades
que se dicen en la Ley de la tauromaquia.


Pero no quisiera acabar mi intervención sin volver a lo que para
nosotros es estrictamente nuclear y una oportunidad perdida de esta ley.
Me refiero al tema de las lenguas. Creo que sería ejemplar, que haría de
esta ley algo bueno, definitivamente bueno, que hiciéramos colectivamente
un gesto que nos permitiera abrir el debate sobre esta cuestión en sede
parlamentaria; que como mínimo fuéramos conscientes y lanzáramos el
mensaje de que queremos abordar esta cuestión, de que nos damos un plazo,
de que no huimos e intentamos no mirarnos a los ojos en este tema, que es
complejo y peliagudo, sí, pero precisamente por ello va la convivencia de
todos nosotros en esta cuestión. Hay que coger, valga el símil, el toro
por los cuernos —esta vez sí sirve la tauromaquia—. Cojamos
el toro por los cuernos, abordemos el tema. Les pido que me digan por qué
el Partido Popular no puede apoyar una enmienda que dice: Las lenguas
españolas y sus modalidades lingüísticas tienen la consideración de
patrimonio cultural, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución
española, y su reconocimiento, protección y desarrollo se regirán por una
ley específica al margen de la presente norma. Y otra que dice: En el
plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor de esta ley, el
Gobierno presentará al Parlamento un proyecto de ley para desarrollar el
artículo 3.3 de la Constitución española, dando así cumplimiento al
artículo 2.2 de la presente norma.


¿Por qué el Grupo Parlamentario Popular no puede apoyar estas
enmiendas, senadora Durán? ¿No cree que nos haríamos un favor grandísimo
como Parlamento y como sociedad española si se aprobaran y de una vez por
todas nos decidiéramos a enfrentar este tema y lo hiciéramos desde el
debate, sin prejuicios y con voluntad de consenso? ¿No cree que sería
realmente importante y que esta ley sí podría ser de singular relevancia
e importancia para la cultura y la sociedad española?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.


Intervengo en este turno final para fijar el posicionamiento de
mi grupo parlamentario. Lo primero que debemos constatar es que ustedes
no responden a lo que planteamos. Más que hablar de prejuicios o de si se
es genuinamente así o asá, yo he hablado de sentencias del Tribunal
Constitucional, de jurisprudencia del Tribunal Supremo y de informes del
Consejo de Estado; y creo que si planteamos las cosas a este nivel, a lo
mejor es más fácil entendernos o llegar a acuerdos.


Ustedes, a nuestro entender, han escogido una alternativa
legislativa para la regulación de nuestro patrimonio cultural inmaterial
absolutamente errónea. Coincidimos con el criterio expresado por el
Consejo de Estado, en el sentido de que parecería más adecuado y
razonable no proceder a la elaboración y tramitación de una nueva ley
específica para el patrimonio inmaterial y, en cambio, cabría reformar la
actual Ley 16/1985, del patrimonio histórico español, e intentar que se
convirtiese en una ley integral para todos los elementos constitutivos
del patrimonio. Lo dice el Consejo de Estado, no lo dice el Grupo de
Convergència i Unió. Parece a todas luces claro que estamos legislando de
forma fragmentada, de forma errática. El Consejo de Estado también apunta
que existen razones de eficacia legislativa, de técnica normativa y de
coherencia regulatoria, así como el logro de una mayor, y siempre
deseable, simplificación jurídica. Aquí estamos haciéndolo al revés. En
resumen, la actual Ley 16/1985, de patrimonio histórico español, necesita
de manera evidente una actualización y revisión, más todavía cuando, como
se ha señalado, la Unesco aprobó en 2003 unas recomendaciones esenciales,
siempre en el ámbito del patrimonio cultural.


Pero es que no escuchamos ni a los expertos. En 2009 se
celebraron en Teruel unas jornadas sobre patrimonio inmaterial,
organizadas por el Ministerio de Cultura, en las que participaron más
de 50 especialistas en la materia provenientes de los distintos
territorios y comunidades. En dichas jornadas se consensuaron
conclusiones y señalaron criterios que deberían regir también en este
proyecto de ley. Nada de todo ello ha sido recogido o se ha visto
reflejado en esta iniciativa legislativa. En esas mismas jornadas se
subrayaron especialmente la necesidad y el compromiso que debe existir
entre las administraciones, el diálogo y el consenso con los titulares,
con los usuarios, la coordinación entre las distintas administraciones y
el respeto a la naturaleza dinámica de este tipo de manifestaciones. Nada
de todo ello se ha visto reflejado en este proyecto. No sé por qué el
ministerio organiza jornadas de especialistas si después no les
escuchamos. Por tanto, entendemos que estamos haciendo las cosas
francamente mal.


Este proyecto de ley, digan lo que digan, es en realidad el
hermano mayor de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación
de la tauromaquia como patrimonio cultural. Si no, como decía el senador
Martí, ¿a qué viene una referencia en la disposición sexta? Esa es la
única explicación que le encontramos a la invasión competencial y a la
recentralización de la salvaguarda del patrimonio cultural
inmaterial.


Ahora, cuando acaba la legislatura, tenemos que recordar que la
evolución de los tiempos hace que, por ejemplo, en 2005 en el Reino Unido
—es un argumento que utilicé cuando debatíamos la tauromaquia, el
patrimonio cultural para los toros— la cacería del zorro con perros
eran una tradición muy arraigada desde hacía más de trescientos años por
la alta sociedad británica, una tradición seguida por la monarquía y la
aristocracia; pero se prohibió, de acuerdo con los tiempos que corren y
las tendencias mayoritarias de la sociedad. Hay que combatir la violencia
contra los animales, y todo el mundo occidental va en este sentido.


Muchas gracias, señorías, por su atención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Montes.


El señor MONTES JORT: Gracias, señor presidente.


Señorías, a pesar de que, como ya expuse, nuestras discrepancias
no son menores, por responsabilidad, y también —por qué no
decirlo— con generosidad, no vamos a votar en contra de este
proyecto de ley y, como les decía, nos vamos a abstener, una abstención
en la confianza de que se elaborará, seguramente por otro Gobierno mucho
más sensible con la cultura que el actual, la ley del patrimonio
histórico español. Es una responsabilidad también porque, como he dicho,
consideramos que nuestro patrimonio histórico material e inmaterial es un
valor fundamental, es una cuestión de Estado, es un derecho
constitucional que las administraciones deben salvaguardar. Es un deber
de todas y cada una de ellas para con la cultura y la convivencia que no
puede ni debe utilizarse como elemento de confrontación o enfrentamiento
—algún ejemplo hemos tenido aquí esta tarde— ni como coartada
o justificación de posiciones y planteamientos recentralizadores y
uniformistas.


En todo caso, reitero que lo correcto y necesario era legislar en
la materia de patrimonio cultural que nos ocupa partiendo y teniendo en
cuenta lo ya legislado a nivel central y a nivel autonómico, sin olvidar
—y rompo una lanza por ellos— las competencias locales, de
los miles de concejales y alcaldes que en todos y cada uno de nuestros
pueblos, de nuestros municipios, luchan por salvaguardar nuestro
patrimonio histórico cultural, tanto material como inmaterial.


Señorías, de haber aceptado un mayor número de nuestras enmiendas
—concretamente las números 43, 48 y 49— este proyecto de ley
sin duda se hubiera arreglado bastante. No han sido aceptadas, y lo
lamento. Creo que es un gran error, pero, ustedes mismos.


Con nuestra abstención también quiero trasladar nuestro apoyo y
reivindicación a favor de nuestra cultura y nuestro patrimonio material e
inmaterial, desde nuestro punto de vista muy maltratado en estos tres
años de Gobierno del señor Rajoy; un apoyo a la cultura con letras
grandes, al patrimonio con letras grandes, un apoyo y una solidaridad
ante los engaños, los trampantojos, los ataques y los despropósitos del
Gobierno del Partido Popular.


En todo caso, señorías, queremos mirar al futuro. Somos
conscientes de que en política el que nada cede nada consigue. Por ello,
reconocemos que algo —aunque insuficientemente— ha mejorado
el proyecto, y reconocemos también la predisposición y el esfuerzo
realizado por la senadora Durán Vadell.


Señorías, comenzaba mi intervención hace un par de horas
mostrando mi rechazo, e incluso mi crítica, por la utilización que se
está haciendo del patrimonio cultural. Y me van a permitir que en este
cierre haga referencia, para explicarme, a una película de nuestro cine,
referencia que deseo que sirva también de reconocimiento y homenaje a la
industria cinematográfica española, a las gentes del cine español; un
arte, un colectivo que es una de nuestras mejores y más positivas
muestras y señas de identidad; unas gentes, unos creadores, unos
trabajadores de la cultura; una industria que tan poco ha valorado e
incluso ha maltratado el Gobierno del señor Rajoy, llegando incluso a ser
menospreciada por algún ministro. Me refiero a unas escenas, que me han
venido a la mente escuchando las diferentes intervenciones —lo
mismo me sucedió en la Comisión de Cultura—, de la gran película
del maestro Berlanga, La vaquilla. ¿La recuerdan? Mientras que,
esperpénticamente, los bandos se enfrentaban, la vaquilla murió. Nuestras
ricas y diversas culturas, nuestro patrimonio cultural material e
inmaterial no puede ser víctima, como la vaquilla, ni objeto de debates
trasnochados que la hagan morir.


En definitiva, señorías, la salvaguarda del patrimonio cultural
material e inmaterial, la cultura, es para nosotros, repito, un asunto de
Estado, y como tal ha de tratarse y legislarse. Es un asunto tan
fundamental e importante, que no debe ser objeto de leyes partidistas ni
de la utilización y el manoseo electoralista al que, algunas veces,
demasiadas veces —incluso diría que muchas veces—, nos ha
acostumbrado el Gobierno del Partido Popular; y desde esta tribuna
decimos que no lo compartimos y lo denunciamos. Y que nadie dude de que
en 2016 se tramitará una ley del patrimonio histórico español por otros
cauces, en coordinación y respetando la trayectoria y las competencias de
las comunidades autónomas, una ley que con toda seguridad tramitará otro
partido político en el Gobierno, mucho más sensible con todas y cada una
de las manifestaciones de la rica cultura y culturas españolas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montes.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Durán.


La señora DURÁN VADELL: Gracias, señor presidente.


Como he dicho en mi anterior intervención, estamos ante una ley
buena y necesaria, y estoy segura de que si aquellos que se oponen a ella
hubiesen sido capaces de abordarla sin el prejuicio reflejo y desde la
permanente e injustificada sospecha, coincidirían conmigo. La salvaguarda
del patrimonio nada sabe del cálculo político, y subordinar su protección
a presupuestos ideológicos y no de eficacia les inhabilita —déjenme
que lo diga— para seguir sosteniendo un discurso en lo que se
refiere a la cultura de falsa superioridad moral con respecto al Partido
Popular (Aplausos). Sin el IVA de por medio, y cuando las medidas de
apoyo a la producción cultural se acaben concretando en una ley, ¿cuál
será entonces su coartada para seguir negando el pan y la sal al Partido
Popular, cuando de cultura hablamos? Déjenme manifestarles a aquellos que
focalizan el debate en una o dos cuestiones —por otra parte,
comunes, como ya he dicho, prácticamente en todos los debates de esta
Cámara— que aquello de lo que tratamos: la salvaguarda del
patrimonio inmaterial, tiene muchísima más importancia que la permanente,
injustificada y obsesiva desconfianza sobre las intenciones del Gobierno.
Merece, por tanto, que pasen del acto reflejo a reflejar con sus actos
que realmente creen en la necesidad de la salvaguarda del patrimonio
inmaterial, un patrimonio que no es suyo ni nuestro, sino de los pueblos
que durante generaciones han sido sus portadores.


El patrimonio inmaterial es tan vulnerable como el patrimonio
material; diría que incluso más, porque los daños que se producen sobre
el patrimonio material son visibles e incluso pueden ser reconducidos. Su
existencia y las modificaciones de las que ha podido ser objeto pueden
quedar atestiguadas por testimonios fiables y duraderos —el
testimonio fotográfico, sin ir más lejos— y, en cualquier caso, su
desaparición, particularmente en el caso del patrimonio inmueble, se
produce a la vista de todos. ¿Podemos decir lo mismo del patrimonio
inmaterial? Su propia esencia, aunque esté vinculado a un soporte
material, le hace profundamente frágil. De no ser por la práctica
continuada de sus portadores, del esfuerzo de recuperación de algunas
entidades e instituciones, sin la pasión de los investigadores, ¿cuántas
de esas manifestaciones, tras caer en el olvido, no hubiesen
desaparecido? Determinadas música, danza, toponimia o gastronomía nacen
ligadas a ciclos agrícolas, a devociones, a prácticas y costumbres que
han caído en desuso, pero siguen conformando el alma de las comunidades
en las que nacieron. Pero cuando dejan de tener su sentido primigenio,
¿quién y cómo mantiene su existencia? ¿Quién y cómo consigue que no se
desvirtúen? Es tan fácil como que se pierda su memoria y la disposición a
conservarlas.


El interés por preservar el patrimonio inmaterial ha ido
creciendo en los últimos años. De ese concepto decimonónico por el cual
solo era digno de protección y de reconstrucción —incluso de dudosa
reconstrucción— aquello que era antiguo y meritorio, una enseñanza
para las generaciones futuras, es decir, el monumento, pasamos a hablar
de patrimonio histórico artístico y, de este, a tener en cuenta la
extrema vulnerabilidad del patrimonio arqueológico, el bibliográfico y el
documental, y parar luego en el etnológico. Y ahí nos quedamos en la Ley
de 1985.


Esa es la situación de partida, y no otra, cuando se concibe esta
ley. Y, del mismo modo que nos felicitamos o no, dependiendo de las
sensibilidades, porque un elemento mueble o inmueble sea declarado BIC,
podemos felicitarnos porque una manifestación de patrimonio inmaterial
adquiera el reconocimiento de manifestación representativa del patrimonio
cultural inmaterial, con toda la carga de protección, salvaguarda y
prestigio que ello supone.


Obviaré, por hablar demasiado sobre ello, la cuestión de la
tauromaquia. Sin embargo, quisiera plantear una cuestión que tiene que
ver con las enmiendas presentadas por la senadora Capella. Señoría,
Antich, Bosch, Garau, Manchado, Pons, Sala y Durán son los apellidos de
los representantes en esta Cámara elegidos por los ciudadanos de las
Illes Balears o designados por su Parlament. Como verá, senadora Capella,
su nombre no figura entre ellos. Tampoco entre la larga lista de
senadores que representan a la Comunidad Valenciana, que no País
Valenciano. (Aplausos). Menciono esta cuestión para recordarle, pedirle o
instarle que respete la voluntad de los ciudadanos de las Illes Balears y
de la Comunidad Valenciana y deje de arrogarse de una vez por todas una
representación que nadie le ha otorgado; que no presente enmiendas en
nuestro nombre, porque nadie con derecho a hacerlo se lo ha pedido.
(Aplausos).


No es la primera vez que lo hace, y sé con certeza que su falta
de respeto institucional no se debe a que ignore o a que haya olvidado
que ni usted se ha presentado ni ha sido elegida para representar a
ninguna de estas dos comunidades autónomas. (Aplausos). También sé que
mientras acusa al Gobierno de la nación de recentralizador, y su
acusación no es en ningún caso más que una sospecha, usted y su partido
insisten en negar la capacidad de decisión de los ciudadanos de las Illes
Balears y de la Comunidad Valenciana, arrogándose su representación en
nombre de un constructo sin fundamento histórico ni jurídico, como son
los Països Catalans. Y aunque respeto profundamente las ensoñaciones, no
es sobre deseos sino sobre realidades sobre las que aquí legislamos.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora DURÁN VADELL: Y si hablamos de geografías o entes
jurídicos imaginarios, aunque yo misma sea fan declarada —permítame
que se lo diga— de El señor de los anillos, le aseguro que no se me
ocurriría nunca sustentar mi quehacer político en una referencia como la
comarca Mordor o las verdes praderas de Rohan. (Aplausos.— Una
señora senadora: ¡Bravo!) ¿Por qué? Porque, por más que me gusten, no
existen. Créame: aunque le sorprenda, a efectos prácticos, su ensoñación
y la mía son cuestiones similares.


Acabo como empecé: por una vez, porque el tema lo merece, dejen
de lado sus prejuicios, obvien aquellos aspectos no sustanciales que les
hubiese gustado mejorar y den una oportunidad a esta ley.


Muchas gracias. (Aplausos.— Varios señores senadores:
¡Bravo!)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Durán.


Llamo a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas.


En primer lugar, comenzamos con las enmiendas de la senadora
Capella. Votamos la número 12.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 14; en contra, 206;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 13 y 14.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 6; en contra, 209;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los senadores Iglesias y Mariscal, comenzamos votando la
número 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 70; en contra, 143;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 82; en contra, 143.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 78; en contra, 147.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 1 y 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 70; en contra, 144;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 9 y 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 7; en contra, 202;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 5, 6 y 11.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 66; en contra, 144;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, votamos
la número 16.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 82; en contra, 140;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 15 y 21.


Comienza la votación.






(Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 23; en contra, 199;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 17 a 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 15; en contra, 205;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 22 y 23.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 15; en contra, 199;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa. En primer lugar,
votamos la número 28.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 23; en contra, 201.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 24 y 26.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 67; en contra, 143;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 27 y 29.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 72; en contra, 143;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 25 y 30.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 82; en contra, 143.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 31 y 32.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 76; en contra, 142;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 34.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 60; en contra, 143;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 39.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 71; en contra, 143;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 40.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 76; en contra, 149.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 33 y 35.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 82; en contra, 143.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 41 y 42.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 19; en contra, 201;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 36 a 38.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 77; en contra, 142;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En
primer lugar, votamos la número 59.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 23; en contra, 140;
abstenciones, 61.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 55.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 69; en contra, 149;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 56.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 82; en contra, 143.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 70.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 75; en contra, 143;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 67.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 15; en contra, 208;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 68.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 18; en contra, 200;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 53 y 60.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 23; en contra, 202.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de enmiendas de Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 16; en contra, 202;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar,
votamos la número 43.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 76; en contra, 141;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 45.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 64; en contra, 142;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 49.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 82; en contra, 143.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 47.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 64; en contra, 151;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 44, 46 y 48.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 223; a favor, 69; en contra, 141;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la propuesta de modificación con número de
registro 179780, sobre la enmienda número 4 del Grupo Parlamentario
Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 154; en contra, 12;
abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de
ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 151; en contra, 65;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 226; a favor, 142; en contra, 25;
abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por su Majestad el Rey. (Aplausos).









PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000116

Economía y Competitividad


El señor presidente da lectura al punto 7.2.2.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la comisión, don Octavio López. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración
del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 17 de abril
de 2015, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, y se tramitó por el procedimiento de urgencia. (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).


El plazo de presentación de enmiendas finalizó, previa
ampliación, el día 23 de abril de 2015 y se presentaron un veto y un
total de 165 enmiendas. El veto fue presentado por los señores Guillot
Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya. En cuanto a las enmiendas, se distribuyen de la siguiente
forma: enmiendas 1 a 30, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto... (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento,
señoría.


Por favor, ruego silencio en el hemiciclo porque no se oye al
presentador del dictamen.


El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Enmiendas 31 a 34, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado;
enmiendas 35 a 97, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; enmiendas 98 a 128, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; enmiendas 129 a 161, del Grupo Parlamentario
Socialista; y enmiendas 162 a 165, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


El día 27 de abril se reunió la ponencia del presente proyecto de
ley y emitió informe en el que aprobaba, por mayoría, incorporar al texto
remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas números 162
a 165, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. A continuación, se
reunió la comisión y aprobó como dictamen el informe de la ponencia.


Finalmente, han presentado votos particulares a este dictamen los
senadores señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y los Grupos Parlamentarios
Vasco en el Senado, Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán en el Senado
Convergència i Unió y Socialista.


Buen debate. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


A este proyecto de ley se ha presentado un veto firmado por los
senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo de la Entesa pel
Progrés de Catalunya.


Para la defensa del veto, tiene la palabra el senador
Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, empiezo mi intervención recordando de nuevo la
necesidad de reformar el Senado.


La Ley concursal la vamos reformando a pedazos: llevamos cuatro
en esta legislatura y estamos pendientes de que entre para su tramitación
el proyecto de ley conocido como de segunda oportunidad. Y seguimos con
la misma técnica legislativa: primero son decretos leyes, que luego se
tramitan en forma de ley, mientras nuevos decretos leyes van modificando
las leyes que se debaten.


Señorías, aprobar un real decreto ley que entra en vigor tras su
aprobación y al cabo de más de seis meses tramitarlo como ley ordinaria,
que se puede modificar y que, de hecho, ya la han modificado en ese
proceso, no creo que sea una fuente de seguridad jurídica. Tampoco se
entiende que un decreto ley aprobado el 5 de septiembre de 2014 se
tramite por urgencia en abril de 2015.


Como no podía ser de otra manera, incorporamos a cualquier
tramitación legislativa materias que nada tienen que ver con el objeto de
la ley a debate. Ya les informo que en esta ley vamos a discutir, vamos a
hablar de la marina mercante. Con lo cual, el mal estilo y la técnica
legislativa deficiente de este Gobierno se mantiene.


Tanto el senador Saura como yo valoramos un hecho positivo, y es
que el derecho concursal incorpore otros fines de ámbito más general
conectados con el mantenimiento de la empresa y la conservación de los
puestos de trabajo junto, evidentemente, con el fin esencial de
satisfacción a los acreedores. Por ello, todas las propuestas que tengan
como objetivo estos fines —mantenimiento de la actividad económica
y la conservación de los puestos de trabajo— contarán con nuestro
apoyo.


El Gobierno ha realizado dos cambios de la ley concursal en
el 2014: la primera, por obra del Real Decreto 4/2014, después
Ley 17/2014, centrado en las refinanciaciones previas al procedimiento
concursal en sí, tendentes a evitar que se abra concurso; y la segunda
mediante el Real Decreto Ley 11/2014, que hoy debatimos como proyecto de
ley, que se refiere especialmente al convenio entre el deudor concursado
y sus acreedores en el seno del concurso y con el fin de evitar la
liquidación de la empresa. Compartiendo los objetivos, no compartimos los
contenidos.


¿Por qué presentamos este veto? El veto del senador Saura y mío a
este proyecto de ley tiene la misma lógica que el que presentamos al
Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de refinanciación y
reestructuración de la deuda empresarial. No valoramos que garantice los
derechos laborales y para nosotros esta no es una cuestión baladí; es
decir, el eje central que explica este veto es que no creemos que este
proyecto de ley garantice los derechos laborales, y para nosotros esta es
una cuestión importantísima.


La lógica de este veto es la de ser extremadamente exigentes en
todo lo que afecta a los intereses de los trabajadores, y ello por tres
razones: la primera, porque los trabajadores son el sector más vulnerable
en todo el proceso preconcursal o concursal; la segunda es el elevadísimo
precio que ha pagado y está pagando la clase trabajadora con esta crisis;
y la tercera es porque nos parece un grave error la lógica del PP de
considerar exclusivamente los intereses empresariales al abordar
cualquier propuesta que garantice la viabilidad de una empresa. Es una
lógica injusta y vieja. Hablar hoy de empresa no es solo hablar de los
empresarios y de sus intereses, es hablar también de los trabajadores.
Para dar más fuerza a esta afirmación, les recuerdo que las reformas del
derecho concursal que ha llevado a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy se
han producido todas sin la necesaria concertación social, a pesar de que
estas reformas afectan directamente a los trabajadores.


Ya lo expusimos en el debate de la Ley 17/2014. Para nosotros los
créditos laborales son de especial protección, al igual que los créditos
públicos, y más en las actuales circunstancias socioeconómicas que
atraviesa España. A esta propuesta, que reiteramos con nuevas enmiendas
también a este proyecto de ley, el Gobierno del PP se opone. Nos preocupa
mucho que no se excluyan de los acuerdos extrajudiciales de pagos a los
créditos laborales, como sí se hace con los créditos públicos y los
créditos con garantía real, lo que puede comportar su afectación al
acuerdo extrajudicial, con el gravísimo perjuicio que generaría a los
acreedores laborales, creándose una situación especialmente delicada para
el trabajador por su dependencia para asegurar su subsistencia y la de su
familia del cobro de dichos créditos.


No entendemos cómo el Gobierno y el grupo que le apoya no se dan
cuenta de la necesidad de que los trabajadores afectados por situaciones
preconcursales puedan acceder al Fondo de garantía salarial, el Fogasa.
La regulación actual no contempla la responsabilidad del Fogasa ante la
paralización de las ejecuciones mientras opera un expediente
preconcursal. Esto genera un perjuicio a los trabajadores por cuanto se
paraliza la ejecución laboral, pues puede suponer un retraso en la
declaración de insolvencia y en el acceso a la cobertura por el Fogasa.
Tampoco se prevé que el Fogasa asuma la responsabilidad en las deudas
laborales en caso de alcanzarse un acuerdo extrajudicial de pagos que
afecte a deudas laborales, imponiendo retrasos o quitas en su importe.
Frente a una situación de insolvencia de la empresa hay que contemplar
—y para nosotros esto es muy importante— fuentes de garantía,
y esta puede ser el Fogasa.


Otro motivo de nuestro veto es por considerar del todo
insuficiente la participación de los representantes sindicales en los
procedimientos, ya sean preconcursales o consursales. Creemos que es
fundamental garantizar la participación sindical en todos los procesos a
los que antes hacía referencia, ya que afectan siempre a derechos
laborales, ya sean convenios, procesos de enajenación, acuerdos
extrajudiciales, procesos de liquidación, transmisión de unidades
productivas, planes de viabilidad o cualquier otro proceso. Al senador
Saura y a mí nos sorprende que en la propuesta de integrantes en la
Comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de
sobrendeudamiento que contempla este proyecto de ley no participen los
agentes sociales, sindicatos y empresarios. Es incomprensible que los
agentes sociales no sean miembros de pleno derecho de esta comisión. Es
un verdadero desatino que una comisión que tiene entre sus funciones
realizar un seguimiento de las medidas adoptadas por esta ley y evaluar
su aplicación no cuente con los agentes sociales. (Murmullos).


Señorías del PP, está claro que su fuerte no es crear canales de
participación social. (Murmullos). Se repite con esta ley lo ya ocurrido
con la Ley 17/2014. Para este Gobierno los trabajadores y la defensa de
sus derechos son un estorbo, son un problema para la gestión de la
salvaguarda de la actividad económica. (Continúan los murmullos). El
ministro De Guindos dio un dato en el Congreso... (El señor senador
interrumpe su discurso para beber agua.— Cesan los murmullos).
Cuando hablo, hablan; y, cuando paro, callan; es algo que habría que
analizar. Como decía, el Ministro De Guindos dio un dato en el Congreso:
en 2013 entraron en concurso 9000 empresas, de las que un 95 % acabaron
en liquidación; cifras altísimas que superan las medias europeas. Estén
convencidos, señorías del PP, de que los trabajadores y sus
representantes son los primeros interesados en salvar a las empresas y,
por ende, los puestos de trabajo, lo que no es incompatible con la
defensa cabal de sus derechos.


Otro dato que dio el ministro de Economía me permite hablar de la
homologación que realiza la ley entre el trato a las entidades
financieras reguladas y supervisadas y los fondos de inversión o mejor
llamados fondos buitre. El señor De Guindos nos decía que el
endeudamiento empresarial, a pesar de haber caído casi 20 puntos, era aún
del 125 % del PIB; dicho de otra manera, muchas de nuestras empresas
están sobrendeudadas y, por ello, pueden ser verdaderas gangas.


Compartimos la idea de que hay que explorar la financiación
empresarial más allá de la tradicional que se realiza con la banca a
cambio de avales y pasar a una financiación a partir de la viabilidad de
la empresa y la oportunidad de negocio. Pero, señorías, facilitar la
inversión a fondos especulativos y de miras cortoplacistas no es lo que
necesita nuestra economía; ampliar el privilegio que otorga a los bancos
el Real Decreto Ley 5/2005 a estos fondos es un grave error. Existe el
peligro real de facilitar con esta ley la creación de un nuevo mercado:
el mercado de comercialización de créditos ordinarios entre las empresas,
la banca y estos fondos.


Otro aspecto, a nuestro entender muy peligroso, es atribuir
derecho de voto en los procesos concursales a quienes adquieren el
crédito después de declarado el concurso, que en la práctica puede ser
otro instrumento para que esos fondos compren a precio de ganga y puedan
imponer sus condiciones al resto de acreedores. Señorías, se avecinan
nuevos desastres si dejamos a merced de estos fondos especulativos un
sector empresarial sobrendeudado.


Quiero terminar mi defensa del veto hablando de los desahucios.
Por segunda vez, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una
durísima sentencia, reprocha al Gobierno vulnerar la tutela judicial
efectiva de las familias hipotecadas. A lo largo de toda la legislatura
venimos debatiendo y proponiendo medidas para parar el destrozo social
que representan los desahucios. Según ustedes, señorías del PP, el
Gobierno lo hacía y lo hace bien, pero la realidad es que los desahucios
prosiguen y en 2014 aumentaron un 7,4 %. ¿No les preocupa este drama? ¿No
piensan hacer nada para impedirlo? ¿Creen que casi cuatro años después de
formar Gobierno tiene justificación que los desahucios sigan aumentando?
¿No les dan vergüenza las sentencias del Tribunal de Luxemburgo? Lo que
nos proponen en este proyecto de ley no va a resolver el problema de los
desahucios. No les voy a reiterar las propuestas realizadas por la
Plataforma de afectados por las hipotecas pero, créanme, son las únicas
posibles si realmente queremos salvar a las personas, pues a los bancos
ya los hemos rescatado, y a qué precio.


Por todas estas razones, presentamos este veto el senador Saura y
yo, en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, para el cual
pido su voto.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Guillot.


Turno en contra.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Señorías,
muy buenas tardes a todos.


Señor Guillot, efectivamente, las últimas reformas concursales se
han tramitado por real decreto ley; real decreto ley que ha tenido su
tramitación como ley y que, por tanto, ha estado sujeto a transacciones,
a su debate en ambas Cámaras. Lamentablemente esto es así. Nos podemos
preguntar o analizar por qué. Creo que la situación era y es lo
suficientemente complicada como para que se actuara de una forma rápida y
eficaz. Quiero recordar que en el último mes de la pasada legislatura, es
decir, en septiembre de 2011, tramitamos la Ley 38/2011, de modificación
de la Ley concursal 22/2003. Pues bien, en esas fechas, ya en crisis,
aunque no reconocida, había situaciones complicadas y no se abordaron
estos temas. Lógicamente, el Gobierno ha tenido que ir haciendo frente a
esos problemas.


Algunos grupos dicen que llevamos 6 o 7 años de crisis. El señor
Rajoy tomó posesión, es decir, el Partido Popular, el 20 de diciembre,
quiero recordar, de 2011, y en 2012 y 2013 ha habido asuntos importantes
en el sector bancario, y todas las reformas que, obviamente, —ayer
se le recordó al presidente— se han tramitado en esta Cámara, las
más urgentes, como de forma urgente se tramitan también estas medidas.
Había que recuperar lo que es básico en una sociedad, que en términos
económicos conocemos todos por confianza. Si los propios ciudadanos y los
de fuera no tienen confianza en el país, difícilmente todas estas medidas
de carácter económico funcionarán.


Una vez más tengo que recodar el marco en el que nos estamos
moviendo, y usted lo ha mencionado al citar al ministro De Guindos,
estamos en un proceso concursal, estamos en una situación donde el 95 %
de las empresas que presentan concurso acaban en liquidación. ¿Y qué pasa
en los países de nuestro entorno? Pues que esta proporción no es del 95
sino que es de un 80 o de un 85 %. La intención del Gobierno es agilizar
y tomar medidas para que nos podamos acercar a ese porcentaje, para que
se salven más empresas y, por tanto, tejido productivo, tejido industrial
porque todos aquí sabemos lo fácil que se destruye y lo difícil que es
reconstruirlo. Por tanto, esa es la justificación que ha llevado al
Gobierno a tramitar de forma urgente por vía de real decreto, aunque,
vuelvo a insistir que su tramitación después de la ley ha permitido
transacciones y una mejora del texto inicialmente previsto. Como he
dicho, ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas
excepcionales.


Respecto a los derechos de los trabajadores invocados, puedo
entender su posición y la de algún otro partido, que no ha presentado
ningún veto pero sí enmiendas al articulado, puede entender que se
pretenda una mejor posición dentro de los créditos laborales. Entiendo, y
usted tiene que entenderlo también, que cualquier acreedor desearía ver
mejorada su posición. Los trabajadores, los prestadores de servicios de
la empresa, los financieros, ya no le digo los hipotecarios, que como
tienen una garantía hipotecaria, con lo que eso significa, se ven
afectados, los proveedores, etcétera, cualquier actuante, cualquier
sujeto actor de un concurso, un acreedor del tipo que sea, desearía ver
mejorada su posición. Pero, claro, yo tengo que negar que lo que se está
diciendo aquí —vuelvo a insistir en que estamos hablando de un
proceso concursal— se entienda como un ataque a los derechos de los
trabajadores. Mire, señoría, en el concurso y en estas modificaciones,
tanto en las que ha hecho referencia usted de la Ley 17/2014, proveniente
del Real Decreto 4/2014, como en las de este Real Decreto 11/2014, no se
modifican de forma sustancial los derechos de los trabajadores. Es más,
al contrario, refuerzan esos derechos porque, entre otras cosas, solo van
a sufrir el efecto de ver arrastrados sus créditos a quitas o esperas si
ellos mismos deciden aceptar las condiciones del convenio y votar a favor
con unos porcentajes, porque los créditos laborales en principio están
excluidos, salvo que ellos —y vuelvo a insistir— voten
adherirse al convenio en cuestión. Todos los créditos laborales son
créditos privilegiados, y como tal —repito— no se ven en
principio afectados por la arbitrariedad del convenio.


Hay otros partidos que van incluso más allá y pretenden
modificar, vía este proyecto de ley, los conceptos de sucesión de empresa
y los conceptos así determinados en el Estatuto de los Trabajadores,
concretamente en el artículo 44 creo recordar. El Gobierno tampoco
entiende que esa sea una situación que haya que fomentar. Y vuelvo a
insistir en que esta ley no modifica sustancialmente el contenido de las
obligaciones en sucesión y laborales recogidas en el Estatuto de los
Trabajadores. Es verdad que el privilegio de los salarios se limita a
tres veces el importe del salario mínimo interprofesional, que ustedes
también cargan para dejar fuera a los salarios de alta dirección; y
vuelvo a insistir en que sería en la proporción de tres veces el importe
del salario mínimo interprofesional. Entendemos que un jefe de planta no
tiene por qué verse excluido, pues, aunque ocupe un puesto de alta
dirección, es realmente un crédito laboral.


Por otra parte, el trámite de enmiendas de este proyecto de ley
ha estado parado en el Congreso —entre comillas— un largo
periodo de tiempo precisamente para transaccionar. De la izquierda plural
se han transaccionado, números del Congreso, la 16, la 33, la 40, la 41 y
la 42, que afectan fundamentalmente a las relaciones de los trabajadores.
Por eso yo no entiendo que se presente aquí el veto. No hubo enmienda a
la totalidad en el Congreso y se han transaccionado allí estas enmiendas
que le acabo de enumerar, por tanto, yo no le encuentro mucho sentido a
presentar aquí un veto. Ustedes piden también el nombramiento del segundo
administrador concursal nombrado por los trabajadores en los concursos de
especial trascendencia. La tendencia del concurso es que haya un
administrador concursal unipersonal, incluso por razones de economía
procesal, pero también está regulado en la Ley concursal el nombramiento
de auxiliares de la Administración concursal. Indudablemente en un
concurso todas las partes pierden; nadie puede pensar en acercarse a un
concurso para salir en mejores circunstancias de las que entró, pero
probablemente ganen mucho, y en algunos casos los trabajadores hasta
pueden conservar su puesto de trabajo.


El statu quo existente en temas de créditos laborales no se
modifica. Le quiero recordar que la ley reconoce como crédito contra la
masa los 30 días de salario, las indemnizaciones por despido o extinción,
el privilegio, como decía, de hasta tres veces el salario mínimo de los
salarios pendientes de pago, así como las indemnizaciones. ¿Que todo el
mundo quiere mejorar su posición? Lo entiendo, pero comprenderá que en
este proyecto de ley concursal hay que mantener el equilibrio entre las
partes, y el principal principio del derecho concursal, par conditio
creditorum, es fundamental y tiene que ser el principio básico de esta
ley. Por tanto, vamos a rechazar su veto y le pediría al resto de las
fuerzas políticas que también lo hagan porque, vuelvo a insistir,
modestamente creo que usted haría usted un gran favor si retirara el reto
que han presentado.


Le puedo citar las enmiendas transaccionadas en el Congreso
referentes al artículo 64 que es fundamentalmente el que regula los
contratos de trabajo en el ámbito concursal y que ha sido transaccionado
con La Izquierda Plural. Voy a hacer un apunte, precisamente el último
punto de ese artículo 64, al apartado 11 dice que en todo lo previsto en
este artículo se aplicará la legislación laboral y especialmente
mantendrán los representantes de los trabajadores cuantas competencias se
les atribuye. Por lo tanto, yo le niego la mayor. No se pretende
modificar ni hacer ningún ataque a los créditos laborales y, por lo
tanto, vamos a votar en contra si es que al final deciden no
retirarla.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Juncal.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, aun reconociendo los avances que se han hecho en la
tramitación en el Congreso, y en virtud de las transaccionales que se han
realizado solidariamente, votaré a favor del veto presentado por los
senadores Guillot y Saura porque tan cierto como eso es que alguna de las
cuestiones pendientes y que se reflejan en el veto siguen sin resolverse.
Hay un planteamiento inicial que puede tener solución, proyectos que nos
lleguen posteriormente pero que no se resuelven en este, y es que se
mantiene la inoperancia de la ley concursal frente a las situaciones de
sobreendeudamiento de las familias. La Ley concursal, desde sus orígenes,
fue pensada para responder a las realidades empresariales, y aunque con
las reformas sucesivas se abrió la posibilidad, y la jurisprudencia así
lo ratificó, de que el consumidor sobreendeudado pudiera acudir a la
misma, es tal la complejidad del proceso, que son puntuales los casos en
los que ese ciudadano sobreendeudado ha puesto en marcha los mecanismos
previstos en la Ley concursal. Por otro lado, aunque sea de manera
puntual, también hay que decir que privilegios de acreedores públicos, en
algunos casos concretos de la ley, se devalúan ligeramente. En relación
con los derechos de los trabajadores, en algunos casos es cierto que el
proyecto, en gran parte en virtud de esas enmiendas transaccionales, hace
una referencia expresa al mantenimiento de la vigencia de la legislación
laboral y en otros, no lo hace. Cabe presumir que sigue lógicamente
vigente, pero le recuerdo a su señoría el debate del proyecto anterior,
del proyecto sobre el patrimonio cultural inmaterial en el que, de forma
expresa y a través de la disposición adicional, creo recordar quinta, se
hacía referencia a que se mantenía la vigencia de la ley por la que se
aprobó la declaración de la tauromaquia como bien cultural inmaterial. Es
decir, ustedes en ese proyecto consideraron imprescindible que apareciera
reflejado el mantenimiento de esa vigencia. Nosotros entendemos que en
otros contenidos de este proyecto, en relación con la aplicación del
derecho laboral, ello debiera hacerse expreso, fundamentalmente en esas
situaciones a las que usted hacía referencia de sucesión de empresas
cuando se produce una adquisición en el procedimiento concursal de las
instalaciones de la empresa con voluntad de mantener la actividad.


Por otro lado, y también lo decía el senador Guillot, en el
proyecto no se destaca con suficiente claridad la facultad negociadora de
los representantes de los trabajadores en la propuesta de continuidad a
la empresa. En relación con la propuesta, si no me equivoco, el término
que utiliza el proyecto es el de oídos; no proceso de negociación, sino
oídos.


También el proyecto limita las posibilidades de recuperación del
importe de créditos en los que se ha subrogado el Fondo de garantía
salarial y eso lo hace de forma expresa en uno de los preceptos.


Concluyo ya. Como decía el senador Guillot, el proyecto intenta,
una vez más, en una estrategia de saneamiento de las entidades
financieras, dar prioridad a la limpieza de los balances de las entidades
financieras con la reafirmación del mantenimiento de la condición de
privilegiado de los créditos en los que se subrogan esos fondos de
inversión, esos fondos buitre.


Entendemos que, una vez más, frente al interés general, que
nosotros pensamos superior, de mantener la economía productiva allá donde
resulte posible y del empleo, se superponen, dándoles prioridad, las
necesidades de saneamiento de las entidades financieras.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Iparragirre


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. En mi grupo no ponemos en duda las
bondades del objetivo tanto de esta ley como de la de refinanciación y
reestructuración de la deuda empresarial, ya que en ambos casos, en
esencia, en nuestra opinión, dicho objetivo es tratar de salvar la
actividad y el empleo del mayor número posible de empresas que estén en
dificultades por motivo de la crisis que estamos padeciendo. También es
cierto que no aporto nada nuevo si afirmo que la larga y profunda crisis
económica que estamos pasando aún durante bastante tiempo seguirá
teniendo consecuencias negativas en términos de crecimiento, de
desempleo, de desigualdades, de precariedad y de un largo etcétera. Pero,
como decía, este proyecto básicamente nos parece adecuado para dar
respuesta a esta situación. Ahora bien, con dos matices. En primer lugar,
que consideramos que estas medidas vienen con retraso. Soy consciente de
que no es la primera vez que les hago caer en la cuenta de este matiz o
que hacemos esta valoración en mi grupo, puesto que a algún otro proyecto
de ley también hemos matizaciones con el objetivo de abordar las
consecuencias de la crisis. Pero es que cuando llevamos más de seis años
de crisis económica, señorías, una piensa que de haberse tomado antes
estas medidas quizás se hubieran salvado empresas y empleo. Lo que decía,
primer apreciación, entendemos que viene con retraso. Y, en segundo
lugar, que consideramos que el alcance real de este proyecto de ley
consideramos es limitado. En nuestra opinión —lo hemos manifestado
en otras ocasiones—, en opinión del Grupo Vasco, hubiera sido
deseable extender estas medidas a miles de autónomos y de ciudadanos que
con motivo de la crisis lo están pasando realmente mal. Como saben sus
señorías, una de las consecuencias de la crisis económica ha sido el
excesivo endeudamiento de empresas. Sí, señorías, pero también de las
familias; un endeudamiento que pesa aún como una losa. La explosión de la
burbuja inmobiliaria ocasionó muchos daños a miles y miles de ciudadanos.
Estaban en una situación en la que las viviendas era sobretasadas a
precios elevados, había un endeudamiento excesivo con expectativas de
seguir subiendo los precios y teníamos la creencia, en aquel momento, de
que nunca nos faltaría el empleo y con lo que se encontraron
posteriormente fue con el paro y, como consecuencia de ello, con no poder
hacer frente a las deudas contraídas. Muchos trabajadores autónomos que
invirtieron en sus negocios hoy continúan debiendo al banco unas
cantidades considerables, pero con una realidad muy diferente para poder
abordar esta deuda y es que sus negocios hoy están cerrados, por lo
tanto, difícilmente van a poder hacer frente a esa situación.


Con todo ello, lo que mi grupo quiere poner de manifiesto es que
hay muchos casos particulares que requieren solución. Por ello,
entendemos que facilitar la vía concursal a estos ciudadanos que se
encuentran en esta situación es una manera adecuada, a nuestro entender,
de darles una solución sin que se vean en la situación de perder incluso
su propia vivienda, la vivienda habitual. Señorías, no estamos hablando
de que no paguen. Somos conscientes de que la necesidad nos lleva a
realizar una búsqueda de equilibrio entre los deudores y los acreedores.
Pero sí, estamos hablando de reconocer las dificultades y de pactar una
solución razonable para las partes. Lo que solicitamos en esencia es que
se incorpore también a los ciudadanos y a los usuarios a esta vía
concursal de una manera efectiva para darles así una segunda oportunidad,
una segunda oportunidad, para superar la situación de crisis y para que
todo el mundo tenga la posibilidad de rehacer su negocio, de continuar
con su vivienda y, en definitiva, de mantener una vida con calidad o una
calidad de vida. Pero ustedes, señorías, o el Gobierno al que apoyan, han
decidido no incluir esta solución en este proyecto y realizar otro: el de
la segunda oportunidad. No voy a extenderme en valorar dicha decisión
que, a nuestro parecer, es claramente interesada y busca el protagonismo
o colocarse la medalla por haber sido quienes lo realizaron o lo
plantearon en exclusiva.


Señorías, me he extendido en mi explicación para argumentar por
qué consideramos importante incorporar la segunda oportunidad para
familias y autónomos. Y para ello hemos presentado una de las cuatro
enmiendas, que defenderé posteriormente en el turno de enmiendas, la
enmienda 34. Y ya les adelanto que la aceptación de la misma resolvería
de forma satisfactoria esta cuestión que planteo y, además, facilitaría
el apoyo de nuestro grupo a ese nuevo proyecto de ley de segunda
oportunidad que ustedes plantean. Sin embargo, por una cuestión ajena al
contenido del mismo, relativa a las políticas activas de empleo, que
atentan directamente contra el Estatuto de Autonomía de Gernika, anticipo
que nuestro grupo no podrá apoyarlo. Por lo tanto, aunque en el turno de
enmiendas defenderemos la enmienda número 34 y las otras tres que mi
grupo ha presentado, pensamos que con este matiz el texto podría
mejorar.


Al portavoz del Grupo Parlamentario Popular le hemos escuchado
argumentar, en alusión a otro grupo, que durante el trámite parlamentario
en el Congreso habían sido transaccionadas algunas enmiendas. En este
sentido, me gustaría decirle —tal y como se lo comenté en la
comisión— que, aunque el trámite parlamentario en el Congreso tiene
su importancia y allí se aceptan enmiendas, el trámite continúa aquí,
porque esa es nuestra la labor, presentar enmiendas e insistir para que
pueda ser aceptado el punto de vista que planteamos.


Muchas gracias.


EL señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Iparragirre.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador señor Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Senador Juncal, no retiraré el veto, y no lo haré porque los
pactos de enmiendas y transaccionales en el Congreso no resuelven las
cuatro principales razones que lo justifican: derechos laborales,
representación de los trabajadores, fondos de inversión y, por último,
una cuestión que por sí misma justificaría otro veto, y es la relativa a
cómo aborda este proyecto de ley el tema de los desahucios. Estas son las
cuatro grandes razones que justifican el veto y su mantenimiento.


Usted me decía: hay que hacer reales decretos-ley porque hay que
tener celeridad legislativa en los momentos complejos. Pero mi crítica,
aparte del uso y abuso que este Gobierno hace de los reales decretos-ley,
es que estos reales decretos-ley, que a la mañana siguiente de ser
publicados entran en vigor, se modifican al cabo de 6 meses. En este caso
sí. Si este real decreto-ley fue aprobado el 5 de septiembre de 2014 y
estamos a 29 de abril, y teniendo en cuenta que, como se han aceptado
enmiendas, tendrá que volver al Congreso, habrán pasado 7 meses desde su
aprobación. Por lo tanto, la seguridad jurídica del real decreto-ley es
de 7 meses. Cuando se tramita un proyecto de ley está abierto y es
proclive a aceptar enmiendas y transacciones o, incluso, a que ustedes
mismos incorporen enmiendas; que es lo que ha pasado. A esto me refería
cuando decía que hay demasiado movimiento legislativo y muy confuso.


Señorías, señor Juncal, para nosotros desprivatizar el derecho
concursal es positivo, lo es también incorporar la lógica de dar
satisfacción a los derechos de los acreedores haciendo lo posible para
mantener la actividad de la empresa y los puestos de trabajo. Para
nosotros es una lógica positiva que vamos a apoyar y que apoyan los
sindicatos. Pero el problema, como decía antes, es de los contenidos.
Usted decía que tiene que haber un equilibrio de intereses porque es un
derecho concursal entre los diferentes acreedores, a excepción de los
créditos públicos, que tienen una figura propia. Pero en la realidad
socioeconómica actual, los trabajadores, fruto de la crisis y de la
reforma laboral, están en una situación de extrema debilidad frente a
todo proceso de negociación, sea el que sea. Y el motivo de este veto que
presentamos el señor Saura y yo es reforzar la extremada debilidad que
tiene el mundo del trabajo en todo proceso de negociación de un
preconcurso o de un concurso. Esto es fácil de entender. Usted me decía
que en un convenio, los trabajadores, si así lo votan, pueden reducir sus
salarios. Pues claro, pero con esta crisis, con su reforma laboral y con
sus políticas los trabajadores tienen una pistola en la cabeza: o lo
aceptan o al paro; o lo aceptan o el despido. Esa es la dinámica que ha
impuesto el desequilibrio de fuerzas que ustedes han trasladado al mundo
del trabajo a partir de la reforma laboral y la que conlleva por sí misma
la crisis económica.


Es por ello que exigimos en el veto y proponemos en las enmiendas
elementos garantistas para un sector muy debilitado, muy golpeado que
creemos que tiene que tener una protección singular, como son los
créditos laborales y los acreedores laborales.


Por último, porque no me voy a alargar más, por lo que he
explicado en el veto, están los desahucios. Es verdad que habrá que
esperar al debate que habrá después del Decreto Ley 1/2015 y de su
proyecto de ley posterior, pero lo que ustedes proponen en este proyecto
de ley no sirve; no responde a las exigencias de la justicia europea y,
evidentemente, no resuelve el problema de los desahucios. Ya en la
presentación del veto les dije: senadores del PP, yo discutí en el primer
año de legislatura con el presidente de la Comisión de Justicia, que es
un senador del PP, una proposición de ley sobre la tregua invernal para
los desahucios proponiendo que hubiera una tregua invernal como pasa en
Francia. La respuesta que se me dio es que no, que no hacía falta, que
estuviera tranquilo, que el Gobierno estaba en ello y que en poco tiempo
iba a aparecer un código de buenas prácticas que se iba a proponer a la
banca. Hoy los desahucios se han incrementado respecto a 2012, 2013
y 2014. Díganme si es que el Partido Popular o el Gobierno del señor
Rajoy tiene alguna responsabilidad o no, porque este es un drama
cotidiano, es un drama visible y es un drama que está en todos los medios
de comunicación y que suscita gran parte de las reivindicaciones
sociales. Y ustedes no solo han fracasado, porque los datos así lo
indican, sino que en sus propuestas siguen ignorando la base real del
problema y siguen sin dar una solución satisfactoria a este problema.
Esta es otra razón, como decía al principio, por la cual mantengo mi
veto, no sin antes reconocer su cordialidad en la exposición y en el
debate.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Guillot.


Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente. Muchas
gracias, señorías. Buenas tardes.


Al igual que han hecho algunos de los portavoces que han
intervenido, quiero, en primer lugar, señor Juncal, manifestar la queja,
y en cierto modo la indignación, por cómo se tramita este proyecto de
ley. Es un proyecto de ley de mucha importancia, puesto que hablamos de
modificar la Ley concursal una vez más. Estamos hablando de salvar
empresas, de darlas continuidad, en definitiva, hablamos de puestos de
trabajo, y lo hacemos por procedimiento de urgencia, es decir, el día 15
se vio en la comisión del Congreso de los Diputados con competencia
legislativa plena, ayer finalizó el plazo de presentación de las
enmiendas que se mantenían vivas después del dictamen de comisión y hoy
ya estamos haciendo aquí este debate.Esta no es una manera seria de
tratar un proyecto de ley de estas características. Así pues, entendemos
que el procedimiento ha sido muy malo. Y si a esto sumamos a lo que ya
nos tienen acostumbrados, a aplicar el rodillo de su mayoría
parlamentaria no aceptando enmiendas, tenemos un agravante más. Y creo
que los ciudadanos tienen que saber cómo se están haciendo las cosas,
cómo se hacen aquí las leyes, lo que no favorece un buen clima de
trabajo, ni mucho menos que trabajemos precisamente en esa línea. Y usted
sabe, señor Juncal, que nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió,
todo lo que hace referencia a empresas y autónomos, a ayudarles a superar
la crisis, todo aquello que es realmente sustancial para salvar puestos
de trabajo siempre lo hemos apoyado. Y, sin embargo, ahora estamos aquí
ante un procedimiento que francamente consideramos que no
corresponde.


Vamos a hablar de la ley. Diríamos que es complementaria a otra
que se ha aprobado recientemente, que es la Ley 17/2014, de 30 de
septiembre, de refinanciación de la deuda empresarial, puesto que se hace
referencia a ella. Por tanto, hace cuatro días estuvimos debatiendo sobre
una ley, la de refinanciación de la deuda empresarial, y ahora hacemos
esta, que amplía algunos de los aspectos de la ley anterior. Pues bien,
voy a tener que hacer referencia a algunos de aquellos aspectos de la ley
anterior, puesto que, como no se han resuelto ni tampoco se resuelven en
esta ley, evidentemente tenemos que ponerlos de manifiesto. Es decir, nos
situamos en la ley anterior. Les decíamos entonces que esta ley no
incluía la posibilidad de la paralización de la ejecución de créditos
públicos, y nosotros presentamos enmiendas en este sentido a los efectos
de la paralización de las ejecuciones de créditos públicos cuando
recaigan sobre bienes o derechos necesarios para el funcionamiento de la
empresa. En este caso, si hay alguna entidad u organismo público, sea
Hacienda o la Seguridad Social, que tiene un crédito sobre estos bienes
raíces y si estos bienes son fundamentales para la viabilidad de la
empresa, lo lógico es que se pueda parar la ejecución de los créditos
públicos que sean necesarios para la continuidad de la empresa. Por
tanto, decíamos que debería incluirse una revisión para que se
extendiesen los efectos de la paralización de las ejecuciones a los
créditos públicos al menos cuando recaigan sobre estos bienes. De lo
contrario, evidentemente, tenemos un problema muy serio.


En el preámbulo de esta ley se nos habla de tres pilares básicos.
En primer lugar, el hecho de considerar la continuidad de las empresas
económicamente viables es beneficioso no solo para las propias empresas,
sino para la economía, en general. Totalmente de acuerdo con esa premisa,
¡faltaría más! Ahora bien, cabe preguntarse si el Gobierno está haciendo
todo lo que está en su mano para que esto ocurra. La voluntad del
preámbulo es positiva pero, sinceramente —luego se lo
argumentaré—, no vemos que el Gobierno desarrolle aspectos
verdaderamente importantes para que esta continuidad en las empresas sea
una realidad.


El segundo pilar al que hacía referencia dice: Se trata de
acomodar el privilegio jurídico a la realidad subyacente; es decir, el
reconocimiento de privilegios carentes de fundamento es un obstáculo para
los acuerdos concursales. Por tanto, parece razonable favorecer estos
acuerdos.


El tercer pilar dice: Se trataría de respetar, en la medida de lo
posible, la naturaleza jurídica de las garantías reales, siempre de
acuerdo con su verdadero valor económico. Estamos de acuerdo. Por lo
tanto, podemos decir que la ley pretende abordar la extensión de estos
tres pilares, así como adoptar una serie de medidas para flexibilizar la
transmisión del negocio concursal o algunas de sus ramas. Este es el
objetivo. Muy bien.


En definitiva, el espíritu es bueno, pero se contradice con las
actuaciones; es decir, el Gobierno no toma las medidas necesarias para
que esta buena voluntad que se manifiesta en el preámbulo sea luego una
realidad.


Le voy a concretar esta cuestión. La reforma promulgada el
pasado 5 de septiembre mediante Real Decreto-Ley 11/2014, que se publicó
al día siguiente en el BOE, introdujo una modificación en la norma
concursal que tendrá un efecto disuasorio en la compra de unidades
productivas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que los
compradores de unidades productivas, además de la carga laboral apuntada,
también se tendrán que hacer cargo de la deuda pendiente de pago de la
Seguridad Social, artículo 149.2 de la disposición a la que estoy
haciendo referencia. Por lo tanto, no solo por la elevada cuantía que
supone el crédito de dicho organismo en la mayoría de los concursos, lo
que hará inviable la mayoría de las operaciones;






no solo porque en
aquellos casos en los que se adquiera solo alguna de las diversas
unidades productivas de las concursadas implicará la asunción del total
pasivo con el organismo, lo que supone una grave injusticia, sino también
por el elevado nivel de inseguridad jurídica que implica comprar una
unidad productiva a la que va asociada esta contingencia. Por lo tanto,
creemos que la reforma debe corregir este punto.


Por todo ello, entendemos que este punto es un obstáculo
gravísimo para que una empresa pueda tener continuidad; con lo cual, para
nuestro grupo es un punto clave y determinante para dar nuestro apoyo a
este proyecto de ley. En el trámite en ponencia no se aceptó ninguna
enmienda; en el dictamen de la comisión, tampoco. Nosotros votamos en
contra del proyecto de ley y mantenemos esta posición; luego defenderemos
las enmiendas correspondientes. En definitiva, para nosotros estos puntos
son vitales y determinantes para la continuidad de la empresa.


No quiero hablar del Proyecto de Ley de segunda oportunidad, es
decir, de la reforma y de las enmiendas que en su momento presentamos,
que hacían referencia a ella, porque, en definitiva —lo hablaremos
en su momento—, tiene un calado muy importante, sobre todo, como
también se ha dicho aquí, para las familias que están pasando por una
situación complicada.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Alturo.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Manchado.


El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.


En atención al objetivo de la ley, quiero manifestar que nos
abstendremos en el veto. Posteriormente, plantearemos la defensa de las
enmiendas y la posición de nuestro grupo en el turno de portavoces,
siempre en función de las enmiendas que nos acepten.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señor
Manchado.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señor Iglesias, usted ha hablado aquí del endeudamiento ciudadano
de las personas físicas. Lógicamente, una ley concursal, por su
complejidad, no es el mecanismo legal más adecuado para solucionar ese
problema —esto lo puse de manifiesto incluso cuando se tramitó la
Ley 38/2011, de la que también fui ponente—, por lo tanto, aplicar
las normas de la Ley concursal a un ciudadano no empresario es aplicar un
antibiótico de caballo a un bebé. Recuerdo que puse ese ejemplo.
Efectivamente, está el Real Decreto Ley 1/2015, que tendrá también su
debate y tratamiento en ambas Cámaras.


Yo no estoy de acuerdo, no puedo compartir la idea de que esta
ley se hace para el saneamiento de los bancos. La entrada de los fondos
de inversión es una realidad económica y una posibilidad de crédito y
ante las dificultades incluso de su obtención por parte de los
empresarios no parece muy razonable que no puedan articularse y que esos
fondos de inversión realicen las operaciones. No estoy muy de acuerdo con
la calificación general que se hace sobre ellos. No digo que no pueda
haber, indudablemente, algún fondo que especule de una manera excesiva,
pero si un fondo decide entrar en una empresa para adquirir una
participación, significa que hay gente que cree en ese proyecto. Y si la
va a vender, habrá otro que la compre y que siga con el proyecto; pero,
mientras tanto, esa empresa sale adelante, se mantiene. Creo que eso es
un poco lo que todos perseguimos.


Señora Iparragirre, la Ley 1/2015 tendrá su tratamiento en esta
Cámara a posteriori; por lo tanto, tendremos oportunidad todos los grupos
de hablar del tema.


Señor Guillot, en el convenio el problema no es: aceptas o al
paro; es: o se acepta ese convenio —los créditos laborales tienen
capacidad para participar en la votación o no—, o la empresa va a
liquidación; lógicamente, si va a liquidación se produce la pérdida de
puestos de trabajo. Pero va a liquidación no por una decisión del
trabajador, sino por la situación general de la empresa que no es viable
y que, por lo tanto, no puede sobrevivir.


Señor Alturo, usted divaga un poquito. Insiste en lo de la
tramitación deficiente. Le vuelvo a recordar —se lo dije el otro
día— el curioso proceso que tuvo la tramitación de la Ley 38/2011,
que ustedes apoyaron. Nadie se dio cuenta en septiembre de 2011 de la
crisis que había, de las situaciones de insolvencia que iba a haber,
etcétera. Nos encontramos con una reforma en profundidad hecha en
septiembre de 2011, en la que, debido a las circunstancias, hubo que
tramitar una serie de reales decretos leyes para solucionar ese
tema.


Le voy a hacer una lectura real del artículo 146 bis, que son
modificaciones y aunque es un tema del trámite de enmiendas, como usted
lo ha tocado, se lo voy a contestar. El artículo 146 bis recoge
especialidades de las transmisiones de unidades productivas. El
apartado 4 establece que la transmisión no llevará aparejada obligación
de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la
transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el
adquirente la hubiese asumido expresamente o existiese disposición legal
en contrario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 145. Y que
esta excepción no se aplicará cuando el adquirente sea de las personas
especialmente relacionadas con el concursado, que ustedes piden que se
suprima. Yo no digo más, señor Alturo.


En el apartado 4 del artículo 149, respecto a las reglas de
liquidación, se establece que cuando, como consecuencia de la enajenación
a que se refiere la regla 1.ª del apartado 1, una entidad económica
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a
fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se
considerará, a efectos laborales y de Seguridad Social, que existe
sucesión de empresa, como no podía ser de otra manera. En tal caso, el
juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la
cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a
la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de
conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Es
decir, que hay un límite. En la venta de unidades productivas hay una
serie de deudas de acuerdo con otra legislación importante del Estatuto
de los Trabajadores que lógicamente hay que mantener. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). El resto de las deudas no se transmiten
y esa creo que es una ventaja importante porque, como muy bien usted
decía, lo que pretende este Real Decreto Ley 11/2014 es que lo que se
aprobó en el apartado 4, una serie de modificaciones, legislado como
preconcurso, traspasarlo en esta ocasión a sede concursal.


Al señor Manchado también le agradezco su posición en este
caso.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Juncal.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, votamos la propuesta de veto de los senadores Guillot y
Saura. (Pausa). Se me ha olvidado decirles que ha habido votación
telemática ejercida por el senador Marín Torrecillas, que también ha
votado en contra de la propuesta de veto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 216
más 1 voto telemático, 217; votos emitidos, 216 más 1 voto
telemático, 217; a favor, 5; en contra, 134 más 1 voto telemático, 135;
abstenciones, 77.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto.


Pasamos al debate de las enmiendas.


El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 31 a 34.
Para su defensa, tiene la palabra la senadora Iparragirre. (Rumores).
Señorías, guarden silencio, por favor.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.


El Grupo Vasco ha presentado, como se ha mencionado, cuatro
enmiendas. En la enmienda número 31 planteamos una disposición adicional
nueva que modifica el artículo 10.3 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.


La enmienda número 32 modifica el artículo 164.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Con la finalidad de
fomentar la refinanciación de empresas económicamente viables mediante la
reestructuración de sus deudas, se ha procedido a introducir en la
legislación concursal mecanismos extrajudiciales que permiten al deudor
superar la situación de insolvencia en términos similares al convenio
concursal, pero evitando con ello los costes asociados al concurso. Estos
mecanismos excluyen, sin embargo, del ámbito de su aplicación a los
créditos de derecho público. Con esta propuesta se pretende dotar de un
marco legal que permita a los deudores refinanciar sus pasivos de derecho
público en el marco de dichas alternativas extrajudiciales al concurso de
acreedores, sin perjuicio de mantener las garantías propias de la
naturaleza de esos créditos a favor de la Hacienda pública. Se contempla
esta medida como fundamental para permitir que dichos procedimientos
judiciales a la insolvencia puedan operar como auténticas alternativas al
concurso, lo que difícilmente se logrará si el crédito público solo puede
ser refinanciado en el marco de aquel. En la medida en que fomenta la
refinanciación de empresas en crisis, favorece tanto a los deudores como
a los acreedores de derecho público.


La enmienda número 33 modifica la disposición adicional cuarta de
la Ley 22/2003, de 9 de julio, y con esta enmienda se introducen las
modificaciones oportunas para que la Hacienda pública pueda participar
voluntariamente en cualquiera de los institutos preconcursales de
refinanciación que pueda proponer el deudor, sin perjuicio de mantener
alternativamente su facultad de alcanzar acuerdos o convenios singulares
con el deudor en los términos previstos en la precitada normativa
tributaria.


Y en cuanto a la enmienda 34, señorías, que he mencionado en el
turno de portavoces, entendemos que se hace imprescindible una reforma
que garantice los derechos del deudor-consumidor, especialmente, en dos
ámbitos. De una parte, lograr que el concurso de persona física no sea un
seguro destino hacia la ruina civil o un continuo círculo de concursos y
reapertura de los mismos, manteniendo en constante inseguridad jurídica a
los deudores-consumidores. Y, por otro lado, la protección a la vivienda
con garantía hipotecaria y posibilidad de extinción total de su deuda en
la parte no pagada por inexistencia de bienes, lo que en otros
ordenamientos jurídicos se denomina fresh start y que permite al
consumidor no arrastrar perpetuamente una deuda que condicione su vida
laboral y social.


Lo he citado anteriormente en el turno de portavoces. El Grupo
Vasco, mi grupo, entiende que con la aceptación de esta enmienda, más
allá de que sabemos que la decisión del Gobierno es elaborar una ley
exclusivamente para ello, podría dar apoyo a la posterior ley que ustedes
traerán, como ha dicho muy bien el senador Juncal, a debate a esta
Cámara, y, de la otra forma, vemos, como he dicho, dificultades para
ello, por el incumplimiento que se realiza en ella del Estatuto de
Gernika.


Estas son las cuatro enmiendas que el Grupo Vasco presenta. Y, a
pesar de que ya sabemos cuál va a ser, al menos, hasta el momento, su
futuro, insistimos en que el trámite parlamentario lo es hasta el final,
por lo que incido especialmente en la última que he mencionado, en la
enmienda número 34, y solicitamos su aceptación por parte del grupo
mayoritario.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.


El Grupo Parlamentario de la Entesa ha presentado dos bloques de
enmiendas: el primero de la 35 a la 67 y vuelta al texto remitido por el
Congreso en lo modificado por las enmiendas 162 a 165 del Grupo
Parlamentario Popular; y el segundo, de la enmienda 68 a la 97.


Tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señorías, nuestro grupo y, de manera muy singular sus senadores y
senadoras socialistas, cree firmemente en la necesidad de este proyecto
de ley. Tiene por objetivo principal mejorar el actual sistema de
reestructuración de la deuda de empresas, ciudadanos y autónomos para
facilitar y garantizar la supervivencia de parte de nuestro sector
empresarial que, aun siendo viable, ha acumulado, en algunos casos, una
carga financiera excesiva y que puede sobrevivir y, por tanto, mantener
la actividad y el empleo si se establece un sistema ordenado y
equilibrado de acuerdos con los acreedores y fórmulas de refinanciación
variadas y suficientes.


Aunque compartimos los objetivos de la norma, hemos presentado
treinta y tres enmiendas para intentar ampliar y reconducir las medidas
propuestas por el Gobierno con el fin de mejorar los procedimientos
concursales e impedir que las empresas que entren en un concurso lleguen
a la liquidación, el cierre y la pérdida de empleo.


También proponemos la adición de un título nuevo en la Ley
concursal para facilitar el procedimiento de concurso a las personas
físicas y familias en grave situación de sobreendeudamiento
personal.


Me gustaría destacar las enmiendas 35, 36, 52, 58 y 61, referidas
al artículo 5 bis de la Ley concursal, que regula el importante
procedimiento del convenio de refinanciación preconcursal. Proponemos que
se establezca también la exención de suspensión de los créditos
laborales, al igual que los créditos públicos y, complementariamente, se
posibilite que los trabajadores puedan acudir al Fondo de Garantía
Salarial para cobrar los créditos pendientes.


Nuestra enmienda 37 recupera la posibilidad de intervención de
los representantes de los trabajadores en la administración concursal
cuando el conjunto de deuda de los trabajadores supere los 200 000 euros
y la plantilla sea superior a 50 trabajadores. Está demostrado que esta
opción favorece la resolución de conflictos laborales vinculados a la
declaración del concurso, máxime cuando es el colectivo con mayor interés
en preservar la propia viabilidad de la continuidad de la empresa.


La enmienda número 38 completa la reforma del artículo 90.3 de la
ley, en ejecución separada, para plantear una tercería de mejor derecho
que le permita traer al concurso la diferencia entre el valor de la
garantía y el precio de venta o de adjudicación en la ejecución
separada.


La siguiente enmienda mejora técnicamente el sistema de
valoración de los inmuebles de acuerdo con las normas internacionales de
información financiera.


En la norma que se nos propone, para que una propuesta de
convenio sea aceptada por la Junta de Acreedores, se establece que cuando
se consiga una mayoría cualificada del 65 % las quitas no tengan límite.
Esto puede determinar que vuelvan lo que podríamos denominar las viejas
prácticas de las suspensiones de pagos en las que se imponían
liberaciones de hasta el 90 % que arrastraban a todos los acreedores. Por
eso, con nuestra enmienda número 40 se limita la quita como máximo
al 70 %.


Igualmente, el proyecto de ley establece, en el supuesto de
vinculación al convenio de acreedores, la posibilidad de que también se
vinculen los acreedores laborales cuando así lo decida una mayoría del
pasivo. Esto entraña el riesgo de que los acreedores, en muchos casos,
normalmente son ejecutivos, sean los que puedan establecer quitas,
reducciones muy elevadas o aplazamientos de hasta diez años que pueden
perjudicar gravemente a los acreedores laborales con salarios más bajos y
cuya economía familiar no podría soportar estas condiciones. La
enmienda 41 pretende corregir precisamente esta situación.


La enmienda 43 limita la responsabilidad del administrador por
deudas derivadas de avales o de fianzas de créditos de su empresa,
impidiendo que se liquide su patrimonio personal mientras no se haya
completado la liquidación de la sociedad avalada o afianzada.


Con la siguiente enmienda, la 44, se establece un marco que
permita la reestructuración eficiente de las empresas viables con
dificultades financieras y la posibilidad de ofrecer una segunda
oportunidad a los empresarios con el fin de fomentar el espíritu
empresarial, la inversión y el empleo, pudiéndose acordar una liquidación
controlada durante un plazo máximo de tres años.


Dado que en el proyecto de ley no se hace referencia al método de
venta de las unidades productivas durante la fase común, la enmienda 46
prevé que en este caso el juzgado deberá aplicar las garantías
supletorias del artículo 149.1 que, como norma general, obliga a la venta
en conjunto de las unidades productivas mediante subasta. En este
sentido, las enmiendas 50 y 51 mejoran las reglas supletorias para
aplicar a las operaciones de liquidación cuando no se aprueba un plan de
liquidación que se establece en el artículo 149.1.


La enmienda 47 propone que para que opere la trasmisión
automática de las unidades productivas al subrogado, el adquiriente debe
cumplir los requisitos y condiciones establecidos en el contrato para
poder desarrollar la actividad.


Nuestra enmienda 48 modifica el apartado 3 del artículo 146 bis
para eliminar expresamente, cuando se adjudican unidades productivas, el
supuesto vigente por el que el adquiriente que se subroga puede no asumir
los créditos laborales pendientes de pago a los trabajadores. Esta
circunstancia es contraria, a nuestro modo de ver, al artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores. Para completar y complementar esta
modificación, hemos registrado las enmiendas 53, 54, 55 y 56.


La enmienda 59 pretende mejorar y completar lo dispuesto en la
disposición adicional tercera para la constitución de una comisión de
seguimiento de los procedimientos concursales. Creemos que es fundamental
integrar como miembros permanentes de esta comisión a las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas, dado que su objetivo
principal es el de proponer reformas vinculadas al mantenimiento de la
actividad y del empleo.


También incluimos una nueva disposición adicional con la enmienda
número 60 para que cuando en los planes o acuerdos de refinanciación o en
los nuevos acuerdos extrajudiciales de pagos se elaboren planes de
viabilidad que afecten al empleo, se facilite la consulta y la
participación de los representantes de los trabajadores.


La enmienda 62 propone que el Gobierno reduzca sustancialmente la
remuneración de los administradores y mediadores concursales,
estableciendo cuando sea necesario un sistema de administración y
asistencia jurídica gratuita para aquellas personas y pymes en situación
de sobreendeudamiento, cuando este sea no doloso.


Finalmente, quisiera destacar que hemos incluido un paquete de
enmiendas para completar la ley concursal con la regulación de una
segunda oportunidad para las insolvencias de las personas físicas y de
familias. Todos somos conscientes de la gravísima crisis social y
familiar que está sufriendo nuestro país desde el comienzo de la crisis
económica. Son muy numerosos los casos de sobreendeudamiento familiar
provocados en su gran mayoría por la excesiva carga de deuda hipotecaria
que soportan. Estas circunstancias han conducido a una elevada situación
de insolvencia de muchos hogares, que han visto perder su vivienda y
comprometidas sus rentas futuras, ya que la normativa hipotecaria es
discriminatoria frente al deudor consumidor. Por tanto, nuestras
enmiendas 42, 45, 57, 64 y 65 proponen reformar la ley para garantizar
los derechos del deudor, persona natural, especialmente en dos ámbitos:
de una parte, logar que el concurso de persona física no sea un seguro
destino hacia la ruina y, por otro lado, la protección a la vivienda con
garantía hipotecaria y la posibilidad de extinción total de su deuda en
la parte no pagada por inexistencia de bienes, que permitiría a la
persona física no arrastrar perpetuamente una deuda que condicione su
vida laboral, familiar y social.


La enmienda 64 propone la retroactividad a cinco años de la
aplicación de este procedimiento de segunda oportunidad a las personas
físicas que han sufrido procesos de liquidación de sus bienes y que aún
les quedan deudas pendientes en estos todavía años difíciles de crisis
económica.


Son enmiendas todas ellas razonables y pensamos que consecuentes
con el objetivo de la ley, y sin duda mejorarían su contenido. De su
receptividad —que no tenemos esperanzas de que sea muy
positiva— dependerá el posicionamiento final de los senadores y
senadoras socialistas de mi grupo parlamentario.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.


Para la defensa del segundo grupo de enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el
senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.


Seré breve porque en mis dos intervenciones en la defensa del
veto he justificado las enmiendas de forma más concreta.


El senador Saura y yo presentamos un total de 29 enmiendas, 14 de
las cuales se refieren a los créditos y a los acreedores laborales, la
más importante es la necesidad de garantizar el acceso de los
trabajadores afectados por situaciones concursales al Fogasa y dos hacen
referencia a los fondos de inversiones. Y permítanme que les diga que
aquí tenemos dos problemas: primero, en la ley se homologan los fondos de
inversiones a las entidades financieras reguladas y supervisadas, y
pensamos que esto no es razonable. Es más, la ley permite también que
estos fondos de inversiones que ni están regulados ni tutelados puedan
acogerse a los beneficios del Real Decreto 5/2005, que de forma resumida
dice lo siguiente: Los bancos disponen de un privilegio que no tiene el
resto de acreedores, pueden automáticamente, sin autorización del deudor,
compensar las garantías financieras. Y esto es lo que consideramos
peligroso porque, como muy bien ha recordado el ministro de Economía,
nuestras empresas hoy en día acumulan una deuda del 125 % del PIB, están
sobreendeudadas, con lo cual son vulnerables y puedan llegar a ser
verdaderas gangas para esos fondos, muchos de los cuales son
especulativos y tienen una voluntad cortoplacista.


El señor Juncal hablaba de una cuestión que yo he mencionado en
el veto. Estamos de acuerdo en buscar nuevas fórmulas de financiación de
las empresas, es decir, no únicamente la clásica, que consiste en ir a
los bancos a pedir financiación a cambio de avales. Y los fondos de
inversión pueden ser una nueva fórmula, gente que invierte si ve que hay
negocio, una viabilidad de empresa y que considera oportuno destinar
recursos a esta actividad económica. Pero, insisto, el peligro que
nosotros vemos en esta homologación, en esta prebenda que se permite a
los fondos de inversión es que traducido a una realidad de
sobreendeudamiento empresarial pueda permitir la creación de un mercado
de comercialización de créditos ordinarios entre empresas, banca y
fondos.


Tres enmiendas van dedicadas a la participación, y quiero
insistir en que el hecho de que no estén los agentes sociales, sindicatos
y organizaciones empresariales en la comisión que contempla este proyecto
de ley es un disparate, porque si alguien tiene que evaluar y comprobar
el nivel de aplicación de este proyecto de ley deben ser los agentes
sociales.


Por último, presentamos 6 enmiendas al capítulo de desahucios.
Los grupos parlamentarios que hemos hecho referencia a esta cuestión, por
ahora el Partido Nacionalista Vasco, el senador Montilla en
representación de los senadores y senadoras del PSC y yo mismo, hablamos
de desahucios porque ustedes han tenido a bien incorporar en este
proyecto de ley una disposición transitoria cuarta, una disposición final
tercera y una disposición final cuarta, que hacen referencia a estas
cuestiones.


Y el debate que les planteamos con estas enmiendas es que estas
medidas que el Gobierno contempla en este proyecto de ley son del todo
insuficientes, no resuelven el problema ni responden a las exigencias de
la justicia europea. Por eso hay toda una serie de enmiendas, en nuestro
caso 6, referidas a este capítulo. Y no vale decir: señores, ya lo
discutiremos cuando venga el Real Decreto Ley 1/2015, porque, para eso,
no haber presentado estas disposiciones transitorias y finales.


Con esto termino la defensa de estas enmiendas. No confío en que
voten ninguna a favor, estoy convencido de ello, con lo cual, me reitero
en lo manifestado en el veto y en mi voto en contra de este proyecto de
ley.


Gràcies, senyor president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió
ha presentado las enmiendas 98 a 128.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a dar ya por defendidas la totalidad de las enmiendas, pero
voy a hacer referencia a algunas de ellas por ser más relevantes. En
primer lugar, voy a empezar por la enmienda 100, que pretende eliminar la
rigidez de obligar al adquiriente a continuar la actividad en las mismas
instalaciones; entendemos que aquí lo más relevante es la licencia o la
autorización administrativa, independientemente de donde se lleve a cabo
la actividad. Es una enmienda que favorece la continuidad de la actividad
empresarial.


La enmienda 101 hace referencia a la Seguridad Social y pretende
que se atienda y limite la responsabilidad a las condiciones de venta que
hayan sido aprobadas por el juez del concurso y a la valoración de la
compañía realizada por el administrador concursal en el correspondiente
plan de liquidación.


La enmienda 102 hace referencia a la sucesión de empresas y
señala que la ley concursal y las innumerables reformas que se han
acometido desde su promulgación no han resultado eficaces a la hora de
procurar la aprobación y cumplimiento de propuestas de convenio. Pese a
que se han impulsado toda clase de iniciativas legislativas, el estigma
de la insolvencia, el régimen de privilegios y el retraso en la
presentación del concurso han llevado al fracaso del convenio como
mecanismo de solución de insolvencia. Sin embargo, la venta de la unidad
productiva como fórmula para liquidar el haber concursal sí ha resultado
una fórmula extraordinariamente eficaz en la solución de la crisis
empresarial.


Gracias a la ley aprobada hace ahora diez años, decenas de miles
de trabajadores y trabajadoras han conseguido conservar su puesto de
trabajo y se han salvado cientos de pequeñas, medianas y grandes
empresas. Podemos afirmar que, gracias a esta norma, se ha podido paliar
parcialmente los efectos de la crisis. En este contexto, la reforma ha
abordado la compra de unidades productivas en concurso de acreedores por
personas que tienen una vinculación con la concursada. A primera vista,
puede sorprender que realice una oferta para la compra de su propio
negocio el empresario, el propietario; sin embargo, en pequeñas y
medianas empresas, cuando su oferta es la única o la más elevada y, sobre
todo, cuando la causa de la insolvencia ha sido fortuita, consideramos
que no se debe vetar esta vía, entre otras razones, porque la experiencia
nos dice que en la mayoría de las ocasiones ese empresario termina por
abrir ese mismo negocio. Si es así, consideramos que es mucho mejor que
lo haga públicamente y pagando un elevado precio por ello que no mediante
inteligencias fraudulentas. Por tanto, lo que pretendemos con esta
enmienda es abrir esta posibilidad sin necesidad de excluirla.


La enmienda 103 entendemos que es una enmienda muy importante y
ya he hecho referencia a ella anteriormente. Es la relativa a los efectos
de la Seguridad Social, puesto que muchos inversores han puesto sus ojos
en buenas empresas en dificultades y han invertido no solo en su
adquisición y en la subrogación de toda o parte de la plantilla, sino
que, además, han potenciado su crecimiento y viabilidad generando
riqueza. Uno de los principales alicientes que han encontrado ha sido la
seguridad jurídica. Es decir, al comprar la unidad productiva, únicamente
se hacían cargo de los pasivos laborales de aquellos trabajadores que
subrogaban en la compañía, el resto de pasivos quedaba en el concurso.
Por tanto, como ya he comentado antes, esta es una enmienda que
consideramos muy importante.


La enmienda número 104 pretende que se atienda y limite la
responsabilidad a las condiciones de venta que hayan sido aprobadas por
el juez del concurso y a la valoración de la compañía realizada por el
administrador concursal en el correspondiente plan de liquidación. Y las
enmiendas números 122, 126 y 127 tienen como finalidad fomentar la
refinanciación de empresas económicamente viables mediante la
reestructuración de sus deudas. Se ha procedido a introducir en la
legislación concursal mecanismos extrajudiciales, como la comunicación
del artículo 5 bis) y los acuerdos de refinanciación del artículo 71 bis)
y de la disposición adicional cuarta de la Ley concursal, que permiten al
deudor superar la situación de insolvencia en términos similares al
convenio concursal, pero evitando con ello los costes asociados al
concurso.


Estos mecanismos excluyen, sin embargo, del ámbito de su
aplicación los créditos de derecho público. Con esta propuesta se
pretende dotar de un marco legal que permita a los deudores refinanciar
sus pasivos de derecho público en el marco de dichas alternativas
extrajudiciales al concurso de acreedores, sin perjuicio de mantener las
garantías propias de la naturaleza de estos créditos a favor de la
Hacienda pública. Se contempla esta medida como fundamental para permitir
que dichos procedimientos judiciales a la insolvencia puedan operar como
auténticas alternativas al concurso, lo que difícilmente se logrará si el
crédito público solo puede ser refinanciado en el marco de dicho
concurso, lo cual, en la medida que fomenta la refinanciación de empresas
en crisis, favorece tanto a los deudores como a los acreedores. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). Esta
propuesta adapta los artículos 10.3 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, general de presupuestaria, y 164.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria al texto actualmente en vigor de la Ley
concursal. Por último, se introducen las modificaciones oportunas para
que la Hacienda pública pueda voluntariamente participar en cualquiera de
los institutos preconcursales de refinanciación que pueda proponer el
deudor, sin perjuicio de mantener alternativamente su facultad de
alcanzar acuerdos o convenios singulares con el deudor en los términos
previstos en la citada norma tributaria.


Podríamos decir, por tanto, que estas son las enmiendas más
destacables del conjunto de las presentadas, y agradeceríamos que el
Grupo Popular tuviera en cuenta las que hacen referencia a la sucesión, y
por tanto, a la Seguridad Social para que pudiéramos prestar nuestro
apoyo a la ley. De lo contrario votaremos en contra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas números 129 a 161 del Grupo Socialista, y vuelta al
texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las
enmiendas 162 a 165 del Grupo Popular.


Tiene la palabra el senador Ortiz.


El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, la Ley concursal es en sí misma una ley muy importante,
con gran trascendencia para el mundo económico y empresarial. Lo es menos
en tiempo de normalidad, pero adquiere una singular importancia en
tiempos de dificultades. Así lo hemos podido comprobar a lo largo y ancho
de la terrible crisis que estamos viviendo. Lo es en términos económicos,
y de manera muy especial en términos sociales, porque lo económico
siempre es recuperable antes o después, de una u otra manera, pero el
daño social es de difícil reparación, y en muchas ocasiones
irreversible.


En el desarrollo y desenlace de una crisis como la que estamos
sufriendo, una ley concursal adquiere un papel relevante, a veces de
vital trascendencia para las empresas y para las personas, por eso la ley
que nos ocupa, que pretende modificar la ley concursal en vigor del
año 2003, debemos abordarla siendo conscientes de que, sin perjuicio de
ser una ley que no invita a la poesía —especialmente compleja y
profundamente técnica—, en cierto modo en muchas ocasiones tiene
que ver con la vida o con la muerte de muchas empresas, y siempre con el
perjuicio o beneficio directo del bienestar de las personas afectadas,
con consecuencias dramáticas a veces para sus proyectos vitales.


Desde esa perspectiva económica empresarial y social,
consideramos oportuna esta iniciativa legislativa, y en gran medida
adecuada a lo que pretende, pero también con la misma determinación
tenemos que decir que es manifiestamente mejorable, sobre todo en
relación con lo que renuncia. A dicha mejora pretendemos contribuir con
las enmiendas que hemos presentado, algunas de las cuales en cierta
manera han sido aprobadas en el Congreso de los Diputados, pero tenemos
que seguir insistiendo porque gran parte de ellas siguen sin ser
aceptadas por el grupo mayoritario, dándose la circunstancia, además, de
que estas son, en gran medida, aquellas que más tienen que ver con la
dimensión social que esta ley debiera tener.


Se trata, señorías, de que la reforma que vamos a aprobar sea
útil para mejorar la eficiencia y eficacia de los procedimientos
concursales, e impedir que las empresas que entran en concurso, si son
viables, y en muchas ocasiones lo son, no acaben en liquidación, cierre y
extinción del empleo. Se trata de que en aquellos casos en los que sea
inevitable la liquidación, salvaguardemos en la mayor medida posible los
derechos de los trabajadores, y se trata también de que las personas
naturales, a título individual, alcancen la protección más justa que sea
posible en procesos de insolvencia no culpable.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una treintena de
enmiendas. Permítanme, señorías, que no entre en los pormenores de las
referidas a la mejora de la regulación de aspectos estrictamente
concursales en sentido clásico y básicamente procedimentales que por sí
solas se explican. Sin embargo, comprenderán, que no renuncie a referirme
con cierto detalle e insistencia a aquellas de mayor significado social y
económico que, por desgracia, son las que mayor defensa precisan, es
decir, las que tratan sobre los derechos de los trabajadores y
representación laboral y empresarial en los procedimientos; sobre la
necesidad de ofrecer un horizonte de segunda oportunidad empresarial y
personal, y las que tratan sobre la regulación específica para casos de
insolvencia de personas naturales. Convendrán conmigo en que, dadas las
circunstancias actuales, estos aspectos son de una relevancia
especial.


Las enmiendas 129 a 131, 135 a 138, 142 a 146 y 155 pretenden
preservar los derechos laborales y evitar consecuencias no deseadas en
este campo. En materia de ejecuciones la ley concursal, en su redacción
actual, solo excepciona los créditos de derecho público, y en su caso,
los créditos con garantía real, no los laborales. La situación en la que
se encuentra la empresa debe ser, a nuestro juicio, conocida directamente
por el Fogasa, con el objeto básico de agilizar el pago a los
trabajadores de los créditos pendientes. La supresión de los
administradores concursales designados por los acreedores se hace
preservando la intervención de las entidades públicas, pero ello no debe
significar la supresión en la administración concursal de la intervención
de los representantes de los trabajadores que establece la legislación
vigente. Debemos evitar la posibilidad de que los créditos laborales
privilegiados puedan verse afectados por los acuerdos que se alcancen en
la aprobación del convenio dentro del concurso. Se da el agravante de que
con la regulación actual se pueden establecer quitas o reducciones del
importe de la deuda laboral sin límite, o aplazamientos que pueden llegar
hasta diez años, ocasionando un grave perjuicio a los acreedores
laborales cuya situación es especialmente vulnerable por su dependencia
para asegurar su subsistencia y la de su familia. Igualmente debemos
salvaguardar en caso de transmisión los derechos laborales no
satisfechos. Pretendemos que se equiparen los créditos laborales a los
públicos en el marco de los acuerdos extrajudiciales y que se regule la
participación del Fogasa en figuras preconcursales y acuerdos
extrajudiciales.


Las enmiendas 153 y 154 proponen regular la participación de
trabajadores y empresarios en la aplicación y desarrollo de la ley.
Debemos integrar como miembros permanentes de la Comisión de seguimiento
de prácticas de financiación y reducción de sobreendeudamiento a las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas del país.
No es razonable la ausencia de participación sindical y empresarial en
una materia que debería estar encaminada a proponer reformas normativas
vinculadas al mantenimiento de la actividad y del empleo de las entidades
con problemas de refinanciación, que además pueden incidir directamente
en la materia laboral y en el mantenimiento de las condiciones de
trabajo. Además, cuando los planes de viabilidad incorporan medidas
laborales, la actuación del deudor en su elaboración presupone la
necesidad de cumplir la legislación laboral que, por otra parte, es mera
aplicación de la normativa europea e internacional en materia de
información, consulta y participación de los representantes de los
trabajadores en la empresa. La completa omisión de la Ley concursal de
este referente normativo introduce dudas interpretativas serias sobre su
vigencia y el cumplimiento de esa normativa internacional en situaciones
preconcursales. No se trata, señorías, de incorporar requisitos
adicionales, sino de garantizar el cumplimiento de los derechos de
información y consulta establecidos, eliminando además conflictividad e
inseguridad jurídica ante la eventual actuación unilateral del
deudor.


Las enmiendas 151 y 158 a 161 van orientadas a posibilitar un
marco que haga posible una segunda oportunidad. Establezcamos un marco
que permita la reestructuración eficiente de las empresas viables con
dificultades financieras y ofrezcamos una segunda oportunidad a los
empresarios honrados con el fin de fomentar el espíritu empresarial, la
inversión y el empleo, pudiéndose acordar una liquidación controlada
durante un plazo máximo de tres años, tal y como se prevé en la
Recomendación de la Comisión de 12 de marzo de 2014 sobre un nuevo
enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, pudiendo el
juez ordenar la remisión de todas las deudas, aunque no se hubieran
alcanzado los umbrales de satisfacción previstos. Ajustemos la
responsabilidad a los bienes afectos a la actividad y extendamos dicha
limitación a las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social.
Proponemos aplicar el procedimiento concursal especial para personas
físicas en situación de sobreendeudamiento, a las deudas pendientes de
pago de las personas cuyos bienes hayan sido objeto de ejecución o
liquidación en los cinco años anteriores a la entrada en vigor de esta
ley; medida esta indispensable para que sea efectiva una segunda
oportunidad para las personas afectadas durante los años de crisis
económica.


Y, finalmente, las enmiendas 147, 148 y 149 pretenden abordar la
situación de insolvencia de personas físicas. Señorías, la grave
situación económica que atraviesa nuestro país hace que el problema del
sobreendeudamiento familiar se haya convertido en una de las cuestiones
sociales que demandan una solución política más urgente. La principal
dificultad de muchas familias para llegar a fin de mes tiene un origen
principal en la excesiva carga que soportan por la deuda hipotecaria.
Estas circunstancias han conducido a una elevada situación de insolvencia
de muchas familias que han visto perder su vivienda y comprometidas sus
rentas futuras, ya que la normativa hipotecaria procesal es
discriminatoria frente al deudor consumidor. Es en este contexto donde
debe trazarse una necesaria reforma, a nuestro juicio, en la Ley
concursal.


Es cierto, señorías, que los contenidos de esta norma resultan de
aplicación, al menos sobre el papel, tanto a la insolvencia empresarial
como a la de la persona física. Sin embargo, el de la Ley concursal es un
régimen prácticamente pensado en exclusiva para la insolvencia
empresarial. La evidencia nos dice que, ante una situación de
sobreendeudamiento, las personas naturales no se suelen acoger al
procedimiento de la Ley concursal. Esto se debe a que el proceso, tal y
como está regulado, aboca a una penosísima situación personal, que acaba
en muchas ocasiones en la plena liquidación y ruina absoluta del
patrimonio de la persona concursada y no ofrece garantía al consumidor en
cuanto a la protección de sus derechos, además de resultar excesivamente
caro. Por todo esto, se hace imprescindible una reforma que garantice los
derechos del deudor personal natural, especialmente en dos ámbitos: por
una parte, para lograr que el concurso de persona física no sea un seguro
destino hacia la ruina civil; y, por otra, para que la sobreprotección
hipotecaria de la vivienda en garantía no impida la posibilidad de
extinción total de la deuda en la parte no pagada por inexistencia de
bienes, permitiendo a la persona física no arrastrar una deuda con origen
en factores ajenos, en la mayor parte de los casos, que condicione su
vida laboral y social a perpetuidad. Pretendemos también abrir la
posibilidad de un procedimiento extrajudicial previo al concursal para
dar una solución alternativa, vía acuerdo, a la situación de
sobreendeudamiento no doloso; asimismo, que se dejen exentas del pago de
tasas judiciales a las personas físicas del procedimiento concursal
especial; que se establezca la adhesión obligatoria de las entidades
bancarias participadas por el FROB al convenio notarial; y que se
reduzcan considerablemente los honorarios notariales y registrales
derivados de la autorización del posible convenio.


Concluyo, señora presidenta, señorías, insistiendo en la
oportunidad que tenemos de dar un paso hacia adelante. Si lo hacemos, no
estaremos inventando nada, simplemente nos estaremos homologando;
estaremos ajustando lo que hacemos a lo que decimos y, lo que es mucho
más importante, estaremos estableciendo un marco jurídico mucho más justo
del que tenemos en la actualidad.


Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


El señor Iglesias me hizo la pascua porque había preparado las
copias de las enmiendas de Izquierda Unida e Izquierda Plural y las de
Entesa con las del Grupo Parlamentario Socialista. Sin embargo, al no
asistir usted a la sesión de la comisión y decaer sus enmiendas, me ha
cambiado el esquema. Pero, bueno, lo intentaremos solventar.


Como decía, las enmiendas 1 a 30 presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto coinciden exactamente con las enmiendas 68 a 97 de la
Entesa, y empezaré por ahí. Quiero insistir, porque creo que todos
estaríamos de acuerdo en que aquellas enmiendas presentadas al articulado
que hacen referencia a la segunda oportunidad, dado que está en
tramitación el Real Decreto-Ley 1/2015, no tendrían cabida, y que lo más
lógico sería esperar a la celebración de ese debate para su incorporación
o no. En este sentido, no he entendido muy bien a la señora Iparragirre y
no sé si la aprobación de su enmienda número 34 —que afecta al Real
Decreto-Ley 1/2015, pero también hace referencia al proyecto de ley de
hoy— era la condición para que su grupo apoyara este proyecto. Sin
embargo, me resultaría poco lógico teniendo en cuenta que próximamente se
celebrará ese debate. En cualquier caso, entiendo, por sus gestos, que
está aclarado el tema.


Como decía, respecto a las enmiendas de la Entesa, vuelvo a
insistir en que el personal de alta dirección no constituye créditos
laborales salvo la restricción contenida en el artículo 91.1. Por lo
tanto, no veo por qué hay que seguir manteniendo la prevención sobre ese
tipo de créditos.


Debo decirle que el Partido Popular legisló, por primera vez, la
dación en pago. Contamos con esa ley de segunda oportunidad, pero hay que
reconocer que el Partido Popular ha sido el primero en regular la dación
el pago, a la que se han acogido algunos miles de ciudadanos.


En cuanto a sus miedos en relación con la transmisión, le diré
que esta se hace sin perjuicio de la normativa aplicable. A usted, por
una parte, le plantean dudas la continuidad de la empresa, los derechos
de los trabajadores y la sucesión empresarial, pero hay otros grupos que
consideran que tenemos que volarla; es decir, que hay para todos los
gustos. Yo estoy en el medio, en el centro, creo que está perfectamente
regulada, que es lo suficientemente equitativa y que su actual redacción
contribuye a un mejor funcionamiento de las distintas transmisiones que
se pudieran producir, si se diera el caso, porque hay que pensar que
estamos en un proceso de liquidación, es decir, inmersos en el
artículo 153 y, por tanto, ya no hay empresa. Lo que se ha tratado de
hacer es adaptar esas restricciones o esas posibles normas de
funcionamiento en la liquidación al convenio para así, de alguna manera,
salvar o intentar salvar un mayor tejido productivo. Pero eso no nos
puede llevar a la conclusión de que esas normas se hacen saltándose el
resto de disposiciones normativas y, fundamentalmente, aquella en la que
todos estamos pensando: el Estatuto de los Trabajadores.


También hacía referencia el señor Ortiz, del Grupo Socialista, a
que los créditos laborales se ven sumidos en una posible afectación de
quitas y esperas. Sin embargo, vuelvo a insistir en que los créditos
laborales, como créditos privilegiados, solamente se someten a quita y
espera si los que tienen esos créditos laborales votan, pero no tienen
por qué votar. Pueden sumarse al convenio, y para eso se requieren unas
mayorías, pero no tienen por qué participar. Sucede lo mismo que con el
derecho público porque son, vuelvo a insistir, créditos privilegiados que
no se ven afectados por esa medida.


Sobre constituir una hipoteca laboral con Fogasa —como he
citado anteriormente— no parece lógico modificar el statu quo
actual en cuanto a los privilegios y no privilegios de las partes
intervinientes en la masa concursal.


Al igual que el Grupo Socialista, mantienen una serie de
enmiendas, como la número 16, ya transaccionada en el Congreso, referente
a que el 15 % de la cantidad que se obtiene por la venta de un bien se
reserve para hacer frente al pago a los acreedores de la masa concursal.
Esta es otra de las medidas pensadas para favorecer a ese sector de los
acreedores laborales. En este sentido, entendemos que esta normativa
protege de manera suficiente el concurso, porque no estamos en una
situación general sino concursal; y mantiene suficientemente defendidos
los derechos laborales, los derechos de los trabajadores y no se modifica
el statu quo actual, por lo que vamos a votar en contra.


A las enmiendas del señor Montilla me referiré conjuntamente con
las números 35 a 97 del Grupo Socialista, puesto que coinciden
exactamente.


Señor Alturo, vuelvo otra vez a lo mismo. En su enmienda
número 99, que hace referencia al artículo 100.3, sobre bienes en pago de
deudas, creo que usted lo mezcla con la parte que se refiere al convenio,
según el cual se puede destinar cierta cantidad obtenida por la venta de
un bien no afecto a la actividad empresarial a la cancelación de una
deuda, pero no su totalidad. Ustedes alegan que se permite en caso de
liquidación y también de homologación de los acuerdos de refinanciación,
de modo que sería posible hacerlo aquí. Sin embargo, señoría, es que es
diferente porque en el artículo 148 hablamos de liquidación y la
homologación de los acuerdos de refinanciación se aborda en la
disposición transitoria cuarta; es decir, que son supuestos distintos, y,
por lo tanto, entiendo que no se puede aceptar su enmienda.


Respecto a la venta de licencias y autorizaciones si no continúa
la actividad empresarial en las mismas instalaciones, creo que es abrir
un juego complicado y difícil. Aquí estamos tratando de facilitar la
venta de alguna unidad productiva, para lo que se incluyen las licencias
y autorizaciones necesarias en esa actividad pero, lógicamente, sin que
el adquirente tenga que cumplir con el resto de normativas que le son
afectas. El problema de las autorizaciones y licencias es que estas van
ligadas a una determinada actividad, en un determinado lugar, con unas
determinadas características y con una determinada calificación
medioambiental, urbanística, etcétera. Por tanto, no entiendo muy bien a
qué viene esta enmienda. Obviamente, en el caso de una licencia de taxi,
se puede transmitir la licencia sin que vaya aparejado el vehículo y, por
tanto, puede ser objeto de venta separada. Sin embargo, en el caso de la
venta solo de la autorización de una discoteca, una residencia o un
hotel, no entiendo muy bien por dónde pueden ir los tiros.


En cuanto a suprimir la mención al artículo 44 del Estatuto de
los Trabajadores sobre la sucesión empresarial, insisto en lo que le leí
del artículo 149. En los años sesenta y setenta, por lo que me contaban
los que me dieron clase, era habitual que acudiera a la venta de unidades
productivas el concursado o personas relacionadas con este; pero no
parece lógico que se lleve la empresa a concurso, a liquidación y que se
adquieran de nuevo los activos limpios de polvo y paja. Creo que la
sociedad mercantil, la actividad empresarial en España ha avanzado lo
suficiente como para que nos olvidemos de este tema y no demos
oportunidad para que se repitan esas prácticas. Precisamente lo que
pretende la modificación de la ley, cuando hace referencia al concursado
y a las personas especialmente relacionadas con él, con esa ampliación a
todos los familiares e incluso a los que hayan convivido en los dos
últimos años con el concursado: hijos, cuñados, ascendientes,
descendientes, etcétera, es acotar y evitar que se den esas
circunstancias. Exactamente igual que no procede condonar la deuda de la
Seguridad Social como crédito público en la venta de unidades
productivas, señor Alturo, fuera de lo dispuesto en el artículo 149.4,
que está claro y que le he leído. Por tanto, creo que no es conveniente
ir más allá.


Ustedes vuelven a tratar de modificar conceptos, como el supuesto
subjetivo o la definición de insolvencia cuando no se cumplan
regularmente las obligaciones exigibles a corto plazo, etcétera, pero
meternos en estos temas no nos aporta nada.


Obviamente, en cuanto a conveniar los créditos públicos —y
en eso coincide con la propuesta del PNV—, le repito que entiendo
que merecen una especial protección por su carácter y que no deben ir a
convenio porque, en ese caso, al contar con una normativa especial para
su tratamiento, podrían verse afectados por los de su clase y arrastrar
al convenio a unas condiciones que, para la financiación del déficit y de
los ingresos públicos, no tienen por qué ser coincidentes.


De todas maneras, como ya hice referencia en alguna ocasión,
pretender igualar el crédito público con cualquier otro tipo de crédito
en el ámbito concursal no parece oportuno, sobre todo por el origen del
crédito. En la mayoría de las deudas con Hacienda hay una parte que puede
derivar de tributos locales, pero usted sabe que no son cantidades del
concursado y que no intervienen en la propia actividad empresarial sino
que vienen derivadas de sustitutos de la Hacienda Pública en recaudación:
IVA, IRPF, etcétera. Por tanto, el origen de ese crédito es completamente
distinto al de los otros actores ya que cuando entran en una relación
comercial, profesional e industrial con el concursado lo hacen por
aportación de materias primas, por sus servicios, etcétera. En
consecuencia, como unos quieren una sobreprotección del crédito público y
de los trabajadores, y otros quieren volar ese privilegio, creo que lo
más prudente para la economía y las empresas de este país es que nos
quedemos como estamos.


Las enmiendas del Partido Socialista y del señor Montilla
coinciden exactamente. Vuelven a insistir en el blindaje de los créditos
laborales y también hacen referencia al nombramiento de un segundo
administrador concursal en los concursos de especial trascendencia. Se
trata de una cuestión ya regulada —se aprobó en la
Ley 17/2014—, pero está pendiente de reglamento.


Hay una enmienda curiosa, que es la referente al artículo 90.3:
detraer de la masa el exceso del valor de garantía en ejecución separada.
Señor Montilla, el hecho de ir a ejecución separada quiere decir que ya
estamos en liquidación, que es primera posibilidad; o bien, segunda
posibilidad, que se ha obtenido un crédito que tendría garantía
hipotecaria —es decir, un crédito privilegiado—, que no se
vería afectado y, por lo tanto, después de un año, solicitaría la
ejecución. A mí me parece que llevar las condiciones concursales al
ámbito hipotecario es un juego muy peligroso porque, en definitiva, lo
que usted está proponiendo es hacer una hipoteca sobre un bien en
concurso, amparado en el derecho hipotecario. Es verdad que yo le podría
haber dado un valor, pero en el concurso me van a dar la novena o décima
parte de ese valor y comprenderá que si se ejecuta, será muy peligroso
traer ese valor a la hipoteca. Es decir, que una cosa es la valoración a
efectos de convenio y otra la garantía hipotecaria, que hay que suponer
que no se acoge al convenio ya que si votase a favor de este, querría
decir que se adapta a la norma o a los resultados de ese convenio.


Creo que nos conviene reflexionar sobre las garantías porque a
veces se lanzan mensajes sobre volar garantías y todos sabemos lo que
esto significa. En este sentido, si la garantía, por circunstancias, deja
de tener valor ya me dirá usted quién va a prestar una cantidad
significativa de dinero. Creo que sería bastante complicado y que nadie,
ninguna entidad financiera, concedería un préstamo sin las debidas
garantías. Por tanto, señor Montilla, señores del Partido Socialista, nos
habríamos cargado el sistema financiero y volveríamos al sistema de
trueque porque ya me explicarán ustedes quién ingresaría dinero en una
entidad sabiendo que se lo van a prestar al cliente sin ningún tipo de
garantía. Me parece que habría que reflexionar un poco sobre eso.


Con respecto a las tasaciones, comprendo que los colegios de
arquitectos puedan presionar porque quieran hacer las valoraciones. (El
señor Alturo Lloan pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señor
Alturo, gracias por recordármelo pero es que muchas enmiendas son
coincidentes.


Las sociedades de tasación realizan su trabajo con unas normas
específicas y no procede introducir criterios contables porque los
contables manejamos criterios como la imagen fiel, el coste de
adquisición, etcétera; es decir, que nos movemos en otros parámetros.
Precisamente, la tasación para la valoración y la administración en
concurso, que se realiza a través de sociedades de tasación homologadas
por el Banco de España, tiene su razón de ser en el tipo de trabajo que
se requiere y no trata de obtener la imagen fiel de una empresa
concursada porque para eso ya están los auditores, que son los que se
dedican a ese trabajo. Insisto en que los créditos laborales solamente
tienen quita y espera si lo votan, porque son privilegiados, por lo que
no tiene sentido su enmienda 135.


Mantienen la enmienda 136, pero en realidad es la enmienda
transaccional número 7 del Congreso.


Por otro lado, lo dispuesto en el artículo 146 no altera el
Estatuto de los Trabajadores. Vuelvo a insistir en que la modificación
concursal no afecta al Estatuto de los Trabajadores.


La enmienda 139 pretende la transmisión de los contratos no
resueltos, pero eso es una obviedad porque los contratos resueltos ya no
se pueden transmitir.


La enmienda 141 propone que, estando en liquidación, se pueda
arrendar la empresa durante seis meses para obtener recursos. Desde mi
punto de vista, arrendar las instalaciones de una unidad productiva







el personal, los daños— complicaría bastante las funciones
de liquidación. Por lo tanto, no parece muy acertado introducir esa
posibilidad.


Las enmiendas números 143, 144, 145, 146, 147, 148 y 149 afectan
a lo regulado en el Real Decreto 1/2015, junto con las enmiendas 151
y 152 y, por lo tanto, tampoco parece prudente su aprobación.


La enmienda 150 del Grupo Socialista ha despertado mi curiosidad
porque pretende limitar las ejecuciones de los avales hasta que esté
finalizado o cerrado el proceso de liquidación de la empresa. No tengo
aquí la enmienda que ha presentado el señor Montilla y que se corresponde
con esta, pero también ha hecho referencia a ello. Vuelvo a hacer la
misma pregunta que antes en relación con las garantías y es que,
entonces, ¿para qué valen los avales? Sé que es complicado y, en este
sentido, a mí me llamó la atención hace unos meses una situación que a
ustedes probablemente les sonará porque ocupó los medios de comunicación:
los socios del Rayo Vallecano organizaban una fila cero para una señora a
la que desahuciaban de su vivienda. Este era el titular pero, si uno
seguía leyendo la noticia íntegra, resultaba que el hijo había pedido un
crédito que avaló su madre de 82 años. No voy a discutir la buena
voluntad de ese crédito, pero lo que no me parece responsable es que un
hijo meta a su madre de 82 años en un berenjenal de ese tipo, como
supongo que estará de acuerdo conmigo, por mucha buena intención que se
tenga. No vamos a pensar mal, pero conozco otro caso que también salió en
los medios de comunicación en mi tierra, en Galicia, aunque no sé
exactamente en qué provincia, donde unas personas avalaron a su yerno
que, según cobró el crédito, puso pies en polvorosa y hasta hoy. Son
situaciones dramáticas y complicadas para el que las vive, pero
indudablemente cuando alguien toma la decisión de avalar sabe el riesgo
que corre. Y también habría que preguntarse respecto al que presta el
dinero si ese crédito de la empresa obtenido mediante un aval de terceros
se lo hubiesen dado en caso de no haber prestado la garantía el avalista.
Por tanto, no parece muy lógico y, por eso, están regulados los créditos
subordinados, etcétera. Y, poco más, porque el resto de las enmiendas,
las enmiendas 158, 159 y 160 afectarían al Real Decreto Ley 1/2015. (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Comprendo
que, entre el periodo de tramitación en el Congreso y su publicación,
ustedes han intentado ir avanzando. Estoy seguro de que esas reflexiones
que han hecho serán muy útiles en la tramitación del real decreto de
segunda oportunidad. Como decía, hay grupos que pretenden blindar los
créditos laborales —los públicos ya están blindados—,
mientras que otros quieren volar los créditos públicos y las garantías.
Hay un bloque importantísimo de enmiendas que afectarían al Real Decreto
Ley 1/2015, de segunda oportunidad y, por lo tanto, el resto de las
enmiendas junto con todas las demás las vamos a rechazar y vamos a
mantener el texto vigente basándonos en que si unos quieren una cosa y
los otros quieren otra, seguro que en el centro está la virtud y la
razón. Por consiguiente, rechazaremos sus enmiendas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).


¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Pausa).


¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Pausa).


Tiene la palabra el president Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente. Señorías,
intervendré con brevedad.


Nosotros no votaremos positivamente este proyecto de ley. Tampoco
nos opondremos al mismo. Por eso, no hemos presentado veto ni las
socialistas ni los socialistas catalanes de la Entesa, ni hemos votado
favorablemente al único que se ha presentado.


Este proyecto de ley es necesario, básicamente, como consecuencia
de la aprobación de la Ley 17/2014, que permite adoptar medidas urgentes
en materia de refinanciación y de reestructuración de la deuda
empresarial. Priorizar la continuidad de las empresas económicamente
viables evitando en lo posible la liquidación es fundamental para impedir
que se produzca la destrucción del tejido económico y del empleo. Y
conseguir que determinados privilegios, no siempre justificados, fuesen
removidos para no obstaculizar los posibles acuerdos preconcursales, era
igualmente necesario. También lo era respetar más certeramente las
garantías reales de las propias empresas en el proceso.


Era necesario, obviamente, extender estos principios y preceptos
regulados en la ley que mencionaba antes al convenio concursal. Ello es
lógico y de ahí la valoración que hacemos de la necesidad de la ley,
necesidad también de articular medidas que faciliten eso, la transmisión
del negocio de los concursados haciendo prioritaria, por encima de todo,
la continuidad de la actividad empresarial, porque ello comporta
actividad económica y empleo. El crecimiento de la actividad económica y
del empleo ha de seguir siendo una prioridad de la sociedad española,
porque estamos muy lejos de tener un nivel satisfactorio ni de actividad
económica ni de empleo. Este último, más que crecer, señorías, se reparte
en horas trabajadas —centenares de miles de empleos menos que en el
año 2011—.


Y el otro gran fenómeno de la actividad, los ingresos por cuotas
de la Seguridad Social, también demuestra, a pesar de la propaganda del
Gobierno, que los datos reales desmienten esa propaganda y ese optimismo.
Y lo digo no alegrándome, sino todo lo contrario. Ojalá la recuperación
tuviese la forma que ustedes propagandean. Pero esa no es la realidad y,
mucho menos, para las personas que no encuentran empleo y que, además,
pierden prestaciones. Por esto, de entrada valoramos positivamente la
reforma de las normas que pueden facilitar el mantenimiento del empleo. Y
esta ley, en parte, tiene ese objetivo. Ahora bien, esta reforma se queda
corta, es incompleta, no contempla aspectos de la reforma concursal que
nosotros creemos necesaria. Es verdad que en el trámite en el Congreso de
los Diputados se incorporaron enmiendas, se efectuaron transaccionales;
aquí, en esta Cámara, su actitud ha sido otra, la de no aceptar ninguna
de ningún grupo y solo incorporar las presentadas por el Grupo
Popular.


Nuestras enmiendas pretendían mejorar este proyecto de ley
cubriendo insuficiencias de la ley porque no es lógico que, teniendo como
referente el mantenimiento de la actividad y del empleo, haya cuestiones
en las que no se haya sido más riguroso. No me referiré ahora a ellas
porque ya lo he hecho en el turno de defensa de las enmiendas. Tampoco es
lógico que esta reforma continúe en la línea de anteriores reformas, como
las de 2014, perjudicando la posición de los trabajadores en el concurso,
que han ido quedando en un segundo plano a favor de las posiciones de
otros acreedores, básicamente de los acreedores financieros.
Precisamente, una parte de nuestras enmiendas, como he mencionado en mi
anterior intervención, iban dirigidas a mejorar esa posición en la fase
concursal de los trabajadores y a recuperar algunos derechos que,
incluso, figuraban en la Ley de 2011 y que fueron eliminados en las
modificaciones de 2014. Por ello, lo normal sería, por ejemplo, la
exención de la suspensión de los créditos salariales para darles un
tratamiento igual que los créditos públicos. Es evidente que es muy
importante garantizar el cobro de Hacienda y la Seguridad Social, no lo
ponemos en duda, pero tanto más lo es que los trabajadores cobren también
las cantidades que les adeuda la empresa.


No entendemos por qué ustedes no pueden considerar muchas de
estas enmiendas. Además, dado que somos conscientes de que es objeto de
otra norma, por supuesto, quizás hubiera sido conveniente tratar en este
proyecto de ley conjuntamente el mecanismo de la segunda oportunidad; es
lo que pensamos y, por eso, de ahí que presentemos nuestras enmiendas. No
ha sido así. Tendremos ocasión de debatirlas a la espera de que sean
ustedes más receptivos de lo que han sido con este proyecto de ley.


Por último, también quería hacer una referencia —creo que
el senador Guillot lo ha mencionado— a que una vez más hacen uso de
una pésima praxis legislativa incluyendo en este proyecto de ley dos
cosas que imagino que son dos olvidos: una referente a la Ley de
navegación marítima, fruto, seguramente, de lo precipitado de su
tramitación y también de la escasa receptividad a las enmiendas de los
grupos de esta Cámara; y otra que todavía tiene menos conexión con esta
ley —seguramente tiene más conexión con el calendario
electoral—, me refiero a la declaración de interés general de un
largo listado de obras de caminos rurales —no dudo del interés de
las obras para los municipios afectados, aunque más discutible es que
sean de interés general del Estado—. Seguramente, más les valdría
firmar convenios con las comunidades autónomas afectadas, que son las
competentes en la materia, porque serían más respetuosos con nuestra
arquitectura institucional y constitucional y, seguramente también, más
eficaz.


Acabo, señorías. Lamentamos no poder dar apoyo al texto que se
nos somete a votación. Realmente, su falta de receptividad a las
propuestas de todos los grupos de la oposición lo hacen muy difícil y,
por tanto, nos abstendremos en la votación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president
Montilla.


Tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señor Juncal, creo que iba más o menos bien desde la
discrepancia, pero lo de la señora del Rayo Vallecano ha sido una
anécdota muy desgraciada. Por esta misma regla de tres le preguntaría:
¿por qué hemos rescatado bancos? Si aquí cada uno tiene que hacer frente
a sus responsabilidades ¿por qué hemos rescatado a los bancos?


Gràcies, senyor president. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Guillot.


¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Pausa).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Manchado.


El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.


Señorías, corresponde a estas horas fijar la posición que el
Grupo Socialista va a adoptar en relación con una ley de la que ya,
prácticamente, se ha dicho todo por parte de los portavoces que han
tomado la palabra antes que yo y, fundamentalmente, por parte del senador
Juncal.


En primer lugar, tengo que agradecer el tono del senador Juncal,
un tono amigable, tranquilo. La verdad es que a mí me ha costado entender
hasta el final si iban a aceptar alguna o no, ya que todo era un cúmulo
de consideraciones, juicios de opinión y ejemplos. De verdad que me ha
costado, pero al final he entendido que no van a aceptar ninguna, con lo
cual me es más fácil decir lo que vamos a hacer.


Quisiera hacer una primera consideración, y sé que están de
acuerdo la mayoría de ustedes con lo que voy a decir, y es que seguimos
instalados en tramitaciones imposibles. Lo ha dicho el senador Alturo, lo
ha dicho el senador Montilla y creo que lo han dicho todos los
portavoces. Es muy difícil llegar a cualquier acuerdo así. Sé que, por un
lado, está la nula voluntad de llegar a acuerdos del Gobierno, pero, por
otro lado, está la casi imposibilidad de hacerlos. Es imposible ser
sensatos con 170 enmiendas y 3 días, con un fin de semana por medio. Así
no se puede trabajar o no se puede trabajar en condiciones. Y sé que no
conduce a nada que digamos y tú más. Sé que no conduce a nada eso y sé
que eso lo único que va a hacer va a ser emponzoñar más la cosa. No sé si
el otro Gobierno lo hacía o si este lo hace más o lo hace menos, da
igual, porque o dejamos de hacerlo o no vamos a ser capaces de que esta
Cámara tenga una utilidad visible.


Este proyecto de ley, y se ha dicho aquí, pretende un marco
jurídico más justo, un marco jurídico que favorezca fundamentalmente que
los procesos concursales no sean un obstáculo para la continuidad de las
empresas, fundamentalmente buscamos que las empresas que tienen
dificultades de continuidad puedan sobrevivir, por lo menos en un
porcentaje mayor del que lo están haciendo ahora y sobre todo puedan
hacerlo, y eso es positivo, pensando que las empresas son, en definitiva,
centros de trabajo, centros de empleo y que detrás del empleo, detrás del
paro o detrás de una empresa que se cierra hay hombres y mujeres que
pierden su trabajo. Ha habido una inmensa pérdida de capital humano estos
años, hemos perdido millones de puestos de trabajo, cientos o decenas de
miles de autónomos y de pequeños empresarios que, a pesar de tener
actividades viables, se han encontrado en una situación difícil por
endeudamientos sobrevenidos que no hemos podido resolver. Por estas
razones, el proyecto de ley es importante, y se ha dicho aquí.


Mi compañero el senador Ortiz ya ha explicado que en el trámite
del Congreso algunas enmiendas socialistas se transaccionaron, lo que
mejoró el texto, igual que las enmiendas de otros grupos. También pasó en
ese trámite del Congreso algo que comentaré al final y que entiendo que
empeoró el texto definitivamente y a lo que el senador Montilla se ha
referido como una mala praxis legislativa. En cualquier caso, en nuestra
opinión este proyecto de ley volvía a ser una oportunidad para mejorar
algunas cosas, algunas circunstancias de carácter social, no solo
económico. Con la tramitación que hemos hecho y el resultado final se va
a desperdiciar esta oportunidad, y digo que se va a desperdiciar una vez
que he entendido que el senador Juncal nos decía que no iba a aceptar
ninguna enmienda.


Nosotros tenemos algunas razones para estar en desacuerdo con el
proyecto de ley tal y como queda. Al final no apoyaremos este proyecto de
ley y mantendremos una posición de abstención, desde luego inmerecida por
el talante negociador, pero responsable, porque es verdad que algún
aspecto del proceso concursal mejora y, por tanto, puede permitir que
algunas de estas empresas que cerrarían, no lo hagan. Hay 3 razones que
hacen que no podamos apoyar este proyecto de ley: la primera es que este
proyecto de ley no considera algo que es fundamental, y es que en
cualquier situación de dificultad, de continuidad de la empresa los
acreedores más afectados, los acreedores más importantes son los
trabajadores y las trabajadoras, ya que no solamente pierden su salario,
sino que pierden lo que es su medio de vida, el medio con el que
sobrevive su familia, el empleo en definitiva. Y este proyecto de ley de
alguna manera les niega su participación en determinadas decisiones y,
además, no equipara el crédito salarial al crédito público. Por tanto,
primera cuestión por la que nos es imposible apoyarlo.


En segundo lugar, pensamos que es una ocasión desaprovechada para
mejorar lo que todos hemos llamado el mecanismo de la segunda oportunidad
que, tal como se entiende en Europa, permite que aquellos que más lo
necesitan, aquellos que han actuado de buena fe, aquellos que han pagado
una buena parte de sus deudas puedan volver a empezar una actividad
empresarial; actividad que es buena para ellos y que, además, es
necesaria para el país. Y también es una oportunidad perdida porque
volvemos a trocear las cosas; ahora nos dicen que vendrá otro real
decreto, que ya hablaremos de esto en otro real decreto, con lo cual
cualquier aportación que se haga en este se descalifica simplemente
porque vendrá otro después, y esta es una mala manera de hacer las
cosas.


Y, en tercer lugar, entendemos que esta ley —también lo ha
explicado convenientemente mi compañero— no plantea un
procedimiento sencillo, barato, pensado para personas físicas, para
autónomos, para micropymes, que puedan utilizar esos concursos sin morir
en el intento; es un procedimiento concursal pensado para pymes o grandes
empresas, pero desde luego no para un autónomo, no para una persona que
se juega la continuidad de su empresa, no para alguien que se juega su
puesto de trabajo, porque si se mete en este procedimiento lo tiene todo
perdido y, además, se arruina, y esto para nosotros es muy importante
porque precisamente detrás de estas situaciones se encuentran, como se ha
dicho, personas que probablemente han perdido su vivienda, la tienen
hipotecada o alguna cosa más.


Por esas tres razones no podemos apoyar esta ley. Pero quiero
terminar mi intervención con la reflexión que hice hace un rato y en la
que coincido con el senador Montilla: No puede ser que el Gobierno
aproveche un proyecto de ley como este que, como ha dicho mi compañero
Ramón Ortiz, es poco dado a la poesía, para obligar al Grupo
Parlamentario Popular a meter dos trágalas que no tienen nada que ver con
la ley, y uno no entiende la razón de que estén aquí. No vemos ningún
sentido a reformar la Ley de navegación marítima en una ley que pretende
modificar el procedimiento concursal; hablamos del registro de buques, de
la quilla de los buques, en fin, toda una serie de cosas que yo no
entiendo. Y con todo el respeto a todos los pueblos y ciudades afectados
por esos planes de interés general, por esos caminos rurales entre los
cuales está el Camí de Cavalls, de Menorca, una isla muy querida por mí,
con todo el respeto a los ciudadanos y ciudadanas de Menorca, y a la
senadora de Menorca, que está arriba, y al resto de pueblos a los que les
declaramos que sus caminos rurales son de interés general, perdónenme
pero ¿qué tiene que ver esto con esta ley de procedimiento concursal si
no es hacer un burdo arrastre de votos en algún sitio? (Aplausos).


Ustedes son cómplices, señores del Partido Popular, de una
decisión electoral del Gobierno que les ha metido en este lío. Porque no
hay otra razón, esto se hace normalmente en los Presupuestos Generales
del Estado, es que no puede ni ser un olvido, porque en ese caso lo
hubieran arreglado antes. Estamos a pocos días del inicio de la campaña
electoral de las elecciones municipales y ustedes utilizan esto como un
anzuelo, lo que entiendo que es un insulto a la inteligencia de las
personas que viven en esos pueblos, y espero que ni un solo voto vaya a
su partido, solamente por utilizar este burdo mecanismo de engaño y de
manipulación electoral.


Por todas estas razones, nos vamos a abstener en el proyecto de
ley, criticando seria y duramente la praxis legislativa en la que ustedes
nos meten día sí y día también. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Manchado.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Voy a
intervenir muy brevemente, porque ya hemos debatido suficientemente este
tema.


Señor Montilla, si reconoce la necesidad de esta ley, no voy a
volver a debatir estas cuestiones; pero si cogemos todas las enmiendas
relacionadas con la Ley 1/2015 que afectaban a este aspecto y del resto
de las que permanecen vivas sacamos también aquellas que habían sido
transaccionadas y que no las retiraron, vemos que son cuestiones técnicas
—con esto también contesto al señor Manchado—, y que una de
las razones para no votar a favor y abstenerse era la protección de los
trabajadores, y quiero recordar, vuelvo a insistir, que en el caso de los
trabajadores son créditos privilegiados y, por tanto, están
protegidos.


El señor Manchado también justifica su abstención en que no se
abordaba la segunda oportunidad. Es verdad, es cierto porque, como dije
en algún momento de mi anterior intervención, lo que se había hecho en
fase preconcursal con el real decreto 4 era adaptar todas aquellas
modificaciones a fase concursal porque son fases o sedes distintas y, por
tanto, era necesario incluirlas también en el convenio. Y después se ha
hecho referencia a que se aprovecha la ocasión para introducir en dos
enmiendas una disposición sobre la hipoteca naval o unas relaciones de
obras de interés general. Yo creo que el Partido Socialista ha gobernado
muchos años en este país y supongo que también se habrá visto en la
necesidad de tramitar urgentemente alguna enmienda para solucionar algún
problema detectado y busca la primera percha; tocó la concursal como
podría haber tocado cualquier otra. No me parece motivo suficiente para
que se abstenga el Partido Socialista, pero, obviamente, es su
decisión.


Aunque no tengo tiempo, quiero destacar también que para reforzar
la protección de los deudores, de aquellas personas con problemas
hipotecarios, en una de las disposiciones finales se crea ese fondo
social de viviendas para personas desalojadas de su vivienda habitual y
se ofrece un arrendamiento en función de su renta. Eso también es algo
positivo, es uno de los condicionantes positivos de esta ley. Ustedes
deciden abstenerse. Obviamente, todas las posturas son respetables pero
creo que se equivocan.


Señor Guillot, con todo el aprecio que sabe que le tengo, me
pregunta por qué hemos rescatado bancos. Pues mire, señoría, usted sabe
que en el pasivo de un banco, en esos tests de solvencia que hacen
determinadas instituciones, se considera que el capital puede llegar a
un 6 o un 10 %, el resto son recursos de terceros. Si no se hubiera
llevado a cabo el rescate bancario, no solamente los socios capitalistas,
los tenedores de acciones habrían perdido el capital, sino que de todos
esos recursos, todos esos depósitos de los clientes —en mi tierra
decimos paisanos, vecinos—, de ciudadanos y ciudadanas que tienen
una pequeña cantidad, 1000, 2000, 10 000, 100 000, equis, cada uno en
función de sus posibilidades, en las entidades de crédito, principalmente
cajas de ahorro, que eran las afectadas por la crisis y las que estaban
en situación de quiebra, si no se hubiese llevado a cabo el rescate
bancario no se habría recuperado nada más que el resultante procedente de
una liquidación de un proceso concursal, y, como usted sabe, según la
estadística, si llega al 10 %, los que lo consiguen ya tienen mucha
suerte.


Por tanto, hemos rescatado los bancos para salvar más de un
billón de activos de las entidades financieras. ¿Que ha tenido un coste
para todos los ciudadanos? Sí, pero mire usted lo que se estaba jugando
el país: insisto, más de un billón de euros.


Nada más y muchas gracias. Nosotros obviamente votaremos a favor
del proyecto de ley. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente
ocupa la Presidencia).


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas, por favor.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas.


Comenzamos votando las enmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco.


Votamos las enmiendas 31 a 34.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 200; a favor, 69; en contra, 131.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa comenzamos votando la
enmienda 39.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 201; a favor, 69; en contra, 132.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 35 a 37, 40 a 42, y 62.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 201; a favor, 55; en contra, 140;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 43 a 45 y 66.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 201; a favor, 64; en contra, 132;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 38, 46 a 61, 63 a 65, y 67.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 202; votos emitidos, 200; a favor, 55; en contra, 131;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 91.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 201; a favor, 55; en contra, 145;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 70 y 89.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 202; votos emitidos, 199; a favor, 64; en contra, 130;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 71 a 73, 92 y 95 a 97.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 201; a favor, 55; en contra, 131;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 68, 74, 75, 78, 79, 82, 86 y 87.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 201; a favor, 2; en contra, 140;
abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 69, 76, 77, 80, 81, 83
a 85, 88, 90, 93 y 94.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 202; votos emitidos, 200; a favor, 55; en contra, 139;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió votamos las enmiendas
números 98 a 100, 105, 111 a 115, 122 a 124, 126 y 127.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 201; a favor, 69; en contra, 132.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 101, 103, 104, 107, 108, 120, 121, 125
y 128.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 201; a favor, 14; en contra, 187.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 102, 106, 109, 110 y 116 a 119.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 201; a favor, 14; en contra, 132;
abstenciones, 55.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista votamos la 133.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 201; a favor, 69; en contra, 132.


El señor PRESIDENTE: Queda rechaza.


Votamos las enmiendas 158 y 160.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 201; votos emitidos, 199; a favor, 63; en contra, 131;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 148 a 153 y 159.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 201; a favor, 56; en contra, 131;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 203; votos emitidos, 201; a favor, 55; en contra, 140;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los Grupos Parlamentarios Entesa y Socialista votamos la
vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 162
a 165, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:






presentes, 203; votos emitidos, 201; a favor, 56; en contra, 132;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 202; votos emitidos, 202; a favor, 130; en contra, 13;
abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S. M. el Rey.









PROYECTO DE LEY DE DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES
GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS DE ÁMBITO TERRITORIAL SUPRAAUTONÓMICO.


621/000110

Agricultura, Pesca y Alimentación


El señor presidente da lectura al punto 7.2.3.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la comisión, el senador Torres Colomer.
(Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor TORRES COLOMER: Señor presidente.


Señorías, tengo el honor de haber sido designado por la Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación para presentar el dictamen del
Proyecto de Ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas
protegidas de ámbito territorial suprautonómico.


El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración
del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo
su entrada en esta Cámara el día 18 de marzo, fecha asimismo de su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de
presentación de enmiendas finalizó el día 8 de abril de 2015 tras su
ampliación.


A este proyecto de ley se han presentado 59 enmiendas, que se
distribuyen de la siguiente forma: enmiendas 1 y 2 del senador Jesús
Enrique Iglesias Fernández y del senador José Manuel Mariscal Cifuentes,
del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 24 a 28, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado; enmiendas 3 a 20 y 23, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; enmiendas 21 y 22, también del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 29 a 38, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y
enmiendas 39 a 59, del Grupo Parlamentario Socialista.


El día 21 de abril se reunió la ponencia para informar el citado
proyecto de ley. La ponencia acordó proponer a la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación que se mantenga en sus propios términos
el texto remitido por el Congreso de los Diputados. El mismo día 21 de
abril se reunió la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y emitió
dictamen sobre el citado proyecto de ley sin introducir modificaciones en
el informe emitido por la ponencia.


Con estas palabras, señor presidente, creo haber resumido la
tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Torres Colomer.


Vamos a dar comienzo al debate de totalidad.


¿Algún grupo quiere intervenir en el turno a favor? (Pausa).


¿Y en el turno en contra? (Pausa).


Entonces no hay turno de portavoces y vamos a proceder al de las
enmiendas.


Los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto,
han presentados las enmiendas números 1 y 2.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Si me lo
permite, intervengo desde el escaño de forma muy sintética.


La primera enmienda afecta al artículo 27.1, para que también
tengan la condición de agentes de la autoridad —como los
funcionarios— las personas de los organismos de control en aquellos
casos en que actúen en delegación de las funciones de inspección y que no
tengan la condición de funcionarios.


La segunda enmienda afecta a la disposición final primera,
párrafo segundo, para que se reconozca entre los fines generales de la
Agencia de información y control alimentario la gestión de los sistemas
de información y control de los mercados vitivinícolas para la mejora y
mayor trasparencia de la información sectorial.


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 24
a 28.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.


Las doy por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


El Grupo Parlamentario Entesa ha presentado dos bloques de
enmiendas: el primero de ellos incluye las enmiendas 21 y 22 y el
segundo 3 a 20 y 23. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.


Voy a defender nuestras enmiendas también de forma sintética y
breve.


La enmienda número 3, que se refiere al título, tiene su base en
una recomendación del Consejo de Estado y pretende que el título
especifique claramente que esta ley va dirigida a las denominaciones de
origen y las indicaciones geográficas protegidas cuando el ámbito
territorial se extienda a más de una comunidad autónoma.


No me voy a extender en el resto de las enmiendas para no ser
reiterativo, las voy a dar por defendidas, pero sí quisiera entrar en el
detalle de una de las que hemos presentado porque me parece que es
importante y porque considero que esta ley es una buena oportunidad para
dar un paso significativo en el reconocimiento de las zonas de montaña y
muy especialmente de aquellas zonas que tienen más dificultad desde el
punto de vista agrario y desde el punto de vista de las explotaciones
agrarias.


Señorías, hemos debatido mucho sobre esta cuestión, saben ustedes
que han acabado ya los trabajos de la comisión especial que trataba
precisamente los temas de despoblación, y creo que vale la pena
aprovechar esta ley para dar un paso decidido en el reconocimiento de los
productos de las zonas de montaña. En el turno de portavoces tendremos
oportunidad de hablar de la trascendencia de esta ley y de la importancia
que tienen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas
para dar un valor añadido a estos productos, puesto que el principio que
sustenta estas denominaciones permite una regulación en la producción y,
por tanto, sienta las bases que permiten que todas estas empresas sean
muy solventes, sean capaces de exportar y tengan un reconocimiento y una
diferenciación en sus productos.


Saben ustedes también que la Unión Europea publicó hace unos
meses un reglamento específico para los productos de montaña que
establece de qué forma podemos denominar un producto de montaña y explica
perfectamente cómo debe procederse para que tenga este tipo de
reconocimiento. Pues bien, nos parece que una ley que aborda alguna
denominación de origen que puede ser del conjunto del país, del conjunto
del Estado —este reglamento dice muy claramente que de una forma
excepcional estas denominaciones de origen podrán tener el marco del
conjunto del Estado—, es una magnífica oportunidad para la
agricultura de montaña, dado que, como saben, prácticamente 8 millones de
hectáreas están en zona de montaña. ¿Saben ustedes que el 40 % de nuestro
país es zona de montaña, que hay 3023 municipios que están en zonas de
montaña y que tienen enormes dificultades para sacar adelante una
agricultura que cada vez está más en vías de extinción porque es
enormemente complicado cultivar o desarrollar explotaciones ganaderas en
zonas de montaña?


Este país tendría que dar cumplimiento al artículo 130 de la
Constitución, que como saben ustedes dice con mucha claridad que deben
protegerse las zonas de montaña y que debemos tener una legislación
específica para estas zonas; en el año 1982 se aprobó una Ley de
agricultura de montaña que está absolutamente olvidada y que sería
necesario revisar y recuperar. Pero, insisto, hoy tenemos una magnífica
oportunidad para dar un paso adelante, yo creo que los agricultores y las
zonas de montaña lo agradecerían porque sería, repito, un instrumento muy
útil para sacar adelante algunas producciones que tendrían este
reconocimiento específico de ser productos de montaña, que no podrían ser
elaboradas más allá de 30 kilómetros de esas zonas de montaña y que, por
tanto, tendrían un paraguas comercial que les daría un prestigio en los
mercados interiores pero también, por qué no, pensando en la
exportación.


Por tanto, yo lo someto a su consideración, doy por defendidas el
resto de las enmiendas, pero sí pido al Grupo Popular —que tuvo
conocimiento de esta enmienda y también la posibilidad de incorporarla en
el momento previo a la tramitación de la ley y no lo ha hecho— que
reflexione sobre esta cuestión. Muchos de ustedes conocen perfectamente
lo que acabo de decir porque proceden de territorios y de zonas donde se
produce esta dificultad que he explicado aquí y, por lo tanto, les pido
que consideren muy seriamente la oportunidad de decir hoy que sí a esta
enmienda porque, ciertamente, las zonas de montaña de nuestro país darían
un paso adelante muy importante.


Señor presidente, acabo aquí y doy también por defendidas las
enmiendas del senador Guillot y del senador Saura.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.


El Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha presentado las
enmiendas 29 a 38. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Plana.


El señor PLANA FARRAN: Gracias, presidente.


Nuestro grupo, Convergència i Unió, está de acuerdo en el
espíritu de este proyecto de ley, un proyecto de ley que tiene como
función esencial poner en valor y mejorar la competitividad de algunos
productos al amparo de las denominaciones de origen y las indicaciones
geográficas protegidas. Esto que vaya por delante.


Ahora bien, este grupo, el grupo al que represento, no está
dispuesto a que cada vez que venga alguna normativa de la Unión Europea,
a partir de algún reglamento que obligue a adaptar la normativa del
Estado español, se utilice para cercenar según qué tipo de competencias,
competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Además, ante la
atribución que se le da en este proyecto de ley a la AICA, la Agencia de
Información y Control Alimentarios, ampliándole las capacidades, nosotros
debemos mostrar nuestro rechazo total. En realidad no es así, porque nos
vamos a abstener en este proyecto de ley, pero sí queremos poner encima
de la mesa esta situación de recentralización continuada que se está
realizando por el Partido Popular en cada proyecto de ley aprovechando,
como dicen aquellos, que el Pisuerga pasa por Valladolid.


Las comunidades autónomas vemos cada vez más cercenadas nuestras
competencias, y en este caso queremos ponerlo encima de la mesa. Y les
digo: seguramente que tiene una fundamentación válida, que tiene su razón
de ser, porque sabemos que las denominaciones de origen son un
instrumento muy válido para incrementar el valor de los productos que se
están produciendo en determinados territorios del ámbito estatal. También
sabemos que hay algunos productos que tienen una extensión o que tienen
su cultivo o su transformación en diferentes comunidades autónomas, y
esto de una manera u otra se tiene que armonizar y tiene que haber una
cierta seguridad jurídica que en estos momentos no se da. Ahora bien, a
lo que no está dispuesto el Grupo Convergència i Unió es a que cada vez
que se presente un proyecto de ley basándose en las directivas y en los
reglamentos provenientes de la Unión Europea se utilice para menoscabar
las competencias exclusivas, repito, que tenemos las comunidades
autónomas.


Por lo tanto, vuelvo a decirlo, estamos de acuerdo en el
espíritu, pero no en la forma de articular el articulado y valga la
redundancia. En consecuencia, les anuncio que el Grupo Convergència i
Unió no vamos a votar a favor, tampoco vamos a votar en contra y nos
vamos a abstener en este proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 39
a 59. Para su defensa, tiene la palabra el senador Toledo.


El señor TOLEDO DÍAZ: Muchas gracias, presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un total de 21
enmiendas al texto remitido a la Cámara de este Proyecto de Ley de
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en el
ámbito suprautonómico.


En este turno de enmiendas pasaré a defender todas ellas excepto
la número 51, que será defendida por mi compañero, el senador
Martínez-Aldama.


En este texto legislativo, que sigue muy de cerca el trabajo que
ya se realizó en la anterior legislatura, el objetivo que nos marcamos el
Grupo Socialista al presentar estas enmiendas es, como siempre, mejorar,
puntualizar y, en todo caso, realizar algunas correcciones que entendemos
necesarias y que sin lugar a dudas pueden enriquecer el texto
legislativo.


Empezaré por el bloque referido a las enmiendas 39, 40 y 45, que
son mejoras técnicas al texto y mejoras en la redacción de este proyecto
de ley, por lo que entendemos que pueden ser aprobadas perfectamente en
esta Cámara.


Otro grupo es el de las enmiendas 41 y 42, que siguen
estrechamente las recomendaciones del Consejo de Estado y,
fundamentalmente, de la Organización Mundial del Comercio en relación con
la calidad de los productos agroalimentarios.


Quiero detenerme en la enmienda número 43, sobre las
denominaciones que deben ser protegidas para introducir en el sector los
productos de indudable calidad y evidente importancia para el desarrollo
de diferentes zonas geográficas de nuestro país; lo ha comentado antes el
senador Boya, estamos hablando de los productos procedentes de la
agricultura y ganadería de montaña. Desde luego, no puedo estar de
acuerdo con lo que comentó el señor Martínez Martínez el pasado día 21 en
la Comisión de Agricultura, cuando rechazaba esta enmienda precisamente
porque estaba fuera del ámbito de esta ley, por ser una ley que tenía que
ver con productos de carácter suprautonómico o de más de una comunidad
autónoma. Evidentemente, si hacemos un repaso al mapa físico de nuestro
país, muchas cordilleras de montañas cubren varias comunidades autónomas
y, por tanto, sus productos pueden ser perfectamente incluidos en este
proyecto de ley. De verdad, no entendemos por qué no se puede incluir
como una parte más estos productos de montaña, habida cuenta también de
lo que se ha estudiado aquí, en este Senado, en la Comisión especial
sobre la despoblación de las zonas de montaña, que tiene mucho que ver
con la promoción de los productos que tenemos allí.


La enmienda 44 modifica el apartado 3 del artículo 13, porque
entendemos que debe ser la normativa de la Unión Europea la que determine
el alcance y la fuerza jurídica de los derechos de propiedad de las DO y
que debe ajustarse a este marco concreto de protección europea.


Mediante las enmiendas 47 y 48 incidimos en la necesidad de
incluir dentro de las funciones de las entidades de gestión de las DOP y
de las IGP o consejos reguladores la emisión de certificados de origen a
requerimiento de los interesados, que es lo que están realizando ya
actualmente y que entendemos que debería ser incluido en este proyecto de
ley.


La enmienda 46, que trata de los sistemas de representación
basados en el voto ponderado. Pedimos la supresión de este sistema porque
nosotros, como Grupo Socialista, entendemos que el voto no puede ser
ponderado, que para la gestión de estas entidades debe ser paritario
entre productores y elaboradores, precisamente para garantizar que se
puedan defender mejor los intereses tanto de unos como de otros.


La enmienda número 52, a la disposición adicional primera,
incluye un apartado relativo a la denominación de origen calificada Rioja
en todo lo relacionado con los servicios de inspección y tareas de
control oficial, en concreto los veedores que, a nuestro entender, deben
ser habilitados por el Magrama y estar bajo la supervisión de la Agencia
de Información y Control Alimentarios porque realmente están haciendo un
gran trabajo.


Señorías, termino con la enmienda número 59, de adición, a la
disposición final primera, en relación con la modificación de la Ley de
la viña y del vino para incluir lo regulado en el presente proyecto de
ley, incluyendo además —que es una propuesta que hacemos el Grupo
Socialista— la categoría de vino de pago calificado.


Doy por defendidas el resto de las enmiendas, que son simplemente
correcciones y, como he dicho, la 51 la defenderá mi compañero, el
senador Martínez-Aldama.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo.


Tiene la palabra el senador Martínez-Aldama.


El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor presidente.


Efectivamente, voy a defender solo una enmienda, la número 51,
que para mi comunidad autónoma, a la que represento, es una enmienda de
enorme transcendencia.


Quiero informar a sus señorías, por si alguno no lo conoce, que
en mi comunidad autónoma nuestro modelo vitivinícola es un modelo, sin
duda, de éxito, un modelo que funciona adecuadamente, un modelo cuya
piedra angular es la búsqueda del equilibrio entre la oferta y la
demanda, y para esto tanto el control de la masa vegetal como el control
de los rendimientos de la producción son capitales. Así ha sido
históricamente, así es también hoy en día y así queremos que siga siendo
para preservar ese modelo que, como les digo, es un modelo de éxito, que
hace rentables tanto nuestras explotaciones agrarias como nuestras
bodegas. Y este es el objetivo fundamental de esta enmienda.


Lo que ocurre es que en las últimas semanas hemos conocido
noticias procedentes de Europa que han encendido en La Rioja todas las
alarmas: los reglamentos comunitarios que maneja la Comisión por
delegación del Parlamento y del propio Consejo flexibilizan todavía más
la liberalización de plantaciones, se acentúa ese espíritu liberalizador
que inició ya un comisario del Partido Popular europeo, Dacian Ciolos,
para el cual la liberalización es una fuerte apuesta de la derecha
europea. En concreto, Europa lo que hace es abrir la puerta a la llegada
a La Rioja de miles de hectáreas de viñedo procedentes de otras zonas de
España. Si esto que se conoce hoy quedara así en Europa, miles de
hectáreas, por ejemplo, de Castilla-La Mancha o de Castilla y León o de
Navarra o de cualquier otra zona vinícola del país, se podrían arrancar y
replantarse en La Rioja sin ningún tipo de control; es decir, sería una
auténtica bomba atómica en el pilar de nuestra denominación, esto es, en
el equilibrio entre la oferta y la demanda a través del férreo control de
la masa vegetal. Y algo también muy grave para la dinámica de
funcionamiento del consejo: que a partir del próximo año convivirían las
plantaciones amparadas por la denominación con viñedos no amparados,
incluso en los mismos municipios; es decir, convivirían uvas para vino de
mesa con uvas para vino de Rioja, y esto sería otro misil contra el
prestigio de nuestros caldos.


Señorías, si esto que acabo de contarles ocurre se desestabiliza
la oferta y la demanda y un modelo de éxito para agricultores y
bodegueros podría irse al traste, y con ello la economía y, si me
permiten, el corazón económico de una comunidad donde el vino supone
el 20 % de la riqueza regional. No hay en España ninguna comunidad
autónoma que tenga en un solo producto o servicio el 20 % de su riqueza;
comprenderán la importancia y la magnitud de lo que estoy
contándoles.


Tanto es así, cómo será este riesgo, que el propio presidente del
Gobierno de La Rioja reaccionó ante este peligro y llevó al Parlamento de
La Rioja una ley para blindarnos de él: la Ley de defensa de la calidad
de la viña y del vino de la Comunidad Autónoma de La Rioja. El Gobierno
pidió entonces unidad, el sector pidió unidad y ahí estuvo el Partido
Socialista, sumando sus votos sin dudarlo, porque hablamos, como decía
antes, de una cuestión de región. Y aún hay más, las declaraciones del
señor Nagore, a la sazón consejero de Agricultura del Gobierno de La
Rioja. Decía en aquel momento el consejero de Agricultura: La normativa
estatal podrá regular y corregir aquellas cuestiones de reglamento
europeo que puedan resultar inconvenientes para el modelo de calidad de
la denominación de origen calificada Rioja. Pues aquí hay una normativa
estatal y aquí hay un peligro, luego esta es la ocasión para, en una ley
estatal, blindarnos también de este riesgo. Y decía más: Existe plena
sintonía entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de La Rioja en
este sentido y, por lo tanto, se podrá evitar cualquier riesgo. Esta
enmienda pretende eso: evitar, señorías, cualquier riesgo.


¿Qué es lo que pretendemos con esta enmienda de forma concreta?
Sencillamente, queremos aumentar, queremos perfeccionar el blindaje de
los intereses de toda la denominación de origen calificada Rioja,
respondiendo así a las demandas y expectativas de todo el sector. Y de
igual manera que el Partido Popular de La Rioja pidió unidad para votar
la ley en el Parlamento regional —y ahí estuvo el Partido
Socialista—, hoy pido unidad al Partido Popular para votar lo mismo
en una ley de rango nacional. Es decir, para blindar más y mejor al Rioja
es por lo que presentamos esta enmienda adicional al Proyecto de Ley de
denominaciones de origen.


Y hay un hecho irrefutable, señorías, que no podemos pasar por
alto: es necesario blindar nuestra denominación en una ley de carácter
nacional como la que aquí debatimos ahora porque esto que les cuento
afecta a tres comunidades autónomas: afecta al Rioja como vino, pero
afecta a tres territorios, La Rioja, Navarra y Euskadi.


El Parlamento de La Rioja en el mejor de los casos solo puede
blindar lo que pase en el territorio de La Rioja, pero no en Navarra o en
Euskadi, donde no es competente, evidentemente. ¿Y cómo se va a proteger
el Rioja de este intento liberalizador en Navarra o en Euskadi? Solo con
una ley de carácter nacional como esta, por lo que también pido el apoyo
de los senadores del Partido Popular del País Vasco y Navarra, ya que el
beneficio sin duda será para las tres comunidades autónomas. De hecho, el
título de la ley insta a votar sí y a apoyar esta enmienda. Les recuerdo
el título: Ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas
protegidas de ámbito territorial supraautonómico.


Y hay un último y contundente argumento. La enmienda que defiendo
en nombre del Grupo Socialista es una copia literal de la ley aprobada
por unanimidad en el Parlamento de La Rioja, señorías; una copia literal.
¿Dónde está la coherencia del Partido Popular y, en particular, de la
senadora González, que como diputada regional votó sí allí, en La Rioja,
y que como senadora de España votaría no al mismo texto? Decía el
secretario general del Partido Popular de La Rioja: el PSOE ha presentado
una copia de lo que hemos hecho en el Partido Popular de la mano del
sector y la interprofesional. Pues, caramba, si es una copia, si es su
texto, apóyenlo. Lo incoherente sería decir eso y luego votar en contra
de un texto que, según ustedes, es igual que el suyo. Coherencia, señores
del Partido Popular.


Lamentablemente, en la Comisión de Agricultura del pasado 21 de
abril el Grupo Popular no aceptó esta enmienda, y bien que lo lamento.
Pero en su argumentación para no aceptarla dejaron mal, muy mal al
presidente del Gobierno de La Rioja y del Partido Popular de La Rioja,
porque el argumento para no apoyarla fue que dicha regulación no se
considera precisa en un texto con rango de ley. Pues bien, si no hay que
regular esto en un texto con rango de ley, ¿qué ha hecho el señor Sanz
llevando al Parlamento de La Rioja un texto con rango de ley? ¿Acaso era
teatro? ¿Acaso se pensaba: viene un peligro, y nos blindamos con algo que
no tiene ninguna validez? ¿Dónde había teatro: allí o aquí? Coherencia,
señores del Partido Popular.


Acabo, señor presidente. Quiero dirigirme a las señorías del
Partido Popular para reiterarles la importancia de esta enmienda para el
futuro de nuestra comunidad autónoma, La Rioja; y en particular me quiero
dirigir a los cuatro senadores riojanos del Partido Popular: al señor
Pagola —ausente— (Rumores), al señor Osés
—presente—, a la señora Mendiola —presente— y a
la señora González —presente—. (Rumores). Los cuatro están
presentes. Me gustaría que explicaran por qué van a votar en contra. Les
recuerdo que el Partido Socialista votó sí en La Rioja y votará sí, aquí,
ahora, en Madrid. (Rumores). Y sería incomprensible, sería inexplicable
que en el plazo tan solo de un mes ustedes renunciaran a la coherencia
parlamentaria —yo diría al respeto institucional— y votaran
ahora en contra. Sería inaudito que en un tema de región, donde toda la
sociedad riojana espera altura de miras de sus representantes políticos,
ustedes adoptaran una posición partidista y votaran no. ¿Por qué? ¿Solo
porque la propuesta viene del Partido Socialista? ¿Van a votar en contra
de un texto exactamente igual al que votaron sí en el Parlamento de La
Rioja, y no aquí? Votando no, están cometiendo una traición a La Rioja.
(Protestas). Sí, ya sé que la palabra les molesta. Exactamente igual que
la que emplearon ustedes cuando el PSOE hablaba del blindaje vasco;
exactamente igual. Traidores a La Rioja. (Protestas). Votando no, ustedes
se convierten en traidores a La Rioja, señorías. Están votando en contra
de todos los intereses del sector del vino, de agricultores y de
bodegueros; y, como decía, por la importancia del vino en nuestra
economía y en nuestra forma de vida, en contra de todos los riojanos y
riojanas. Y no pongan excusas, señores del Partido Popular, porque si hay
dudas e informes jurídicos sobre la competencia de las comunidades para
legislar sobre plantaciones, no hay ninguna duda de que el Gobierno de
España la tiene, y el mejor ejemplo es el contenido de esta ley. De ahí
nuestra enmienda, para la que pido su apoyo una vez más, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Martínez-Aldama.


¿Turno en contra?


Tiene la palabra el senador Ruiz Reyes.


El señor RUIZ REYES: Muchas gracias, señor presidente.


En nombre del Grupo Popular, voy a responder en el turno en
contra de las enmiendas que se han presentado a la ley que estamos
debatiendo en estos momentos. Iré contestando a cada grupo
parlamentario.


Al Grupo Parlamentario Mixto le diré que vamos a votar
desfavorablemente las dos propuestas que ha presentado. Por un lado, no
se puede acreditar la condición de autoridad pública para aquellos que no
estén regulados por el derecho público. Por tanto, la primera enmienda
que ustedes presentan no tiene sentido, al igual que no lo tiene la
siguiente, ya que la intención de esta normativa no es la de adoptar
funciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios y no tiene
pretensión ninguna de asignar funciones diferentes a las de la
Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria.


También votaremos desfavorablemente las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco, ya que algunas son contrarias a los informes de la
Comisión de la Unión Europea, a la Ley 20/2013 y no garantizan a los
operadores económicos los estándares de calidad, que están fijados por
los distintos consejos reguladores. Por otro lado, la normativa no
influye para nada en el ámbito competencial, ya que, como bien saben, en
el momento en que son actividades supraautonómicas está dentro de la
Administración General del Estado.


Con respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán,
agradecemos que compartan que esta es una normativa favorable, tanto para
las denominaciones de origen protegidas, como para las indicaciones
geográficas protegidas, una normativa favorable que ha elaborado este
Gobierno para mejorar la calidad en los estándares, la cadena alimentaria
y la producción; en definitiva, para mejorar un sector tan importante
como es el agroalimentario español. Como digo, agradecemos su propuesta
favorable al espíritu de la norma, pero no entendemos que su voto vaya a
ser la abstención. No lo entendemos, y aquí está la contradicción
continua del Grupo Catalán en muchas propuestas debatidas en esta Cámara.
Vemos que constantemente hablan de que hay normativas favorables al
desarrollo de los distintos temas que se vayan a tratar —en este
caso, el agroalimentario—, pero siempre con la misma cantinela: el
asunto competencial. Miren ustedes, enmienda por enmienda, en lo que
respecta a la número 29 hay que decir la competencia en materia de
relaciones internacionales es exclusiva del Estado, como indica el
artículo 149.1. 3.ª de la Constitución. Asimismo, en los artículos 11. 2
y 11.3 de la propuesta se establece la colaboración necesaria entre la
Administración y las comunidades autónomas afectadas. Por tanto, en
ningún momento se invaden competencias, sino que se respetan las
competencias propias del Estado y se regularizan normas de colaboración
entre la Administración central y la autonómica.


Por lo que hace referencia a la enmienda número 30, la ordenación
queda totalmente reflejada en la sentencia del Tribunal Constitucional.
Así, solo corresponde a la Administración General del Estado la relación
y la propuesta que se circunscribe a las denominaciones de origen
protegidas y a las IGP. Por tanto, queda claro que la referencia
normativa autonómica es improcedente, ya que resulta de aplicación
contraria a la sentencia del Tribunal Constitucional, según la cual
corresponde su ordenación a la Administración General del Estado.


En cuanto a la enmienda número 31, hay las mismas garantías. Y en
la enmienda número 32 se dice que el artículo 128 del Estatuto de
autonomía catalán especifica que estas facultades de control se ejercerán
en los términos que determinan las leyes. En este sentido, en el capítulo
II se articula que este proyecto de ley es relativo a la cooperación de
las administraciones públicas. En el artículo 128.3 del estatuto, se
dice: La Generalitat, en el supuesto de que el territorio de una
denominación supere los límites de Cataluña, ejerce las facultades de
gestión y control sobre las actuaciones de los órganos de la denominación
relativas a terrenos e instalaciones situados en Cataluña en los términos
que determinen las leyes. Y el capítulo II del proyecto da cobertura a
esta fórmula de colaboración entre las comunidades y la Administración
General del Estado. Por tanto, en ningún momento hay invasión
competencial, como han dicho ustedes en su intervención.


Con respecto a las enmiendas que ha presentado el Grupo de la
Entesa, he de decir que no tiene sentido la propuesta de cambiar el
título de la normativa. Como recoge el artículo 1 del proyecto, el objeto
de la ley se delimita a las denominaciones de origen y las indicaciones
geográficas protegidas que se extienden a más de una comunidad, a lo que
se define como ámbito territorial supraautonómico.


En relación con la enmienda número 5, de la Entesa, hay que decir
que se busca mencionar de forma expresa no solo la regulación de los
productos agrícolas y alimenticios contemplados en el ámbito de
aplicación del Reglamento 1151/2012, de la Unión Europea, sino también el
resto de sectores involucrados, como pueden ser el vino, las bebidas
espirituosas o los productos vitivinícolas aromatizados. Por otro lado,
en aras de la vocación de permanencia, se pretende que esta ley no se
deje vinculada a la regulación concreta de la Unión Europea, que tanto en
su desarrollo como en sus actos de base es modificada con relativa
frecuencia. Por tanto, le da una garantía de estabilidad. Y lo mismo hay
que decir en cuanto a la enmienda número 7.


La Entesa y el Grupo Socialista se han referido a la actividad
agrícola y alimentaria de montaña. Miren ustedes, no hay mejor forma de
proteger la agricultura de montaña que con una política agraria común
como la que se ha aprobado por el Gobierno del presidente Rajoy. No
hacemos una política agraria común como la que se quería hacer con el
anterior Gobierno, del señor Rodríguez Zapatero, en el que se proponía
una política agraria de similitud, de todos por igual, de tabla rasa. Sin
embargo, la política agraria común que ha aprobado el Gobierno del
presidente Rajoy diversifica, valora las características en concreto, da
valor a las distintas explotaciones teniendo en cuenta sus diferencias,
sus condiciones, características o motivación. No es, repito, como la
política agraria común que intentaba establecer el Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero, que era, insisto, la de tabla rasa, la de todos por
igual, la de: el que pueda, que aguante, y el que no, lo sentimos
mucho.


Por tanto, la propuesta, de la que el Partido Socialista ha
hablado tanto, sobre las distintas actuaciones de la política agraria de
montaña, al igual que la del Grupo de la Entesa, en ningún momento quedan
desvirtuadas. Primero —lo vuelvo a repetir—, porque su
garantía está ya aprobada en esa política agraria común. Además, este
proyecto de ley tiene como ámbito la aplicación a las denominaciones de
origen e indicaciones geográficas protegidas, cuyos controles están
incluidos en el marco regulatorio comunitario general de controles
oficiales de piensos y de alimentos, no así en los términos de calidad
facultativos, como es el caso de los productos de montaña. Pero tenemos
que decir que, fuera del ámbito de esta ley, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está elaborando un proyecto
de real decreto por el que se establecen normas internas de aplicación
para los términos de calidad facultativos, es decir, para valorar in situ
los productos de la agricultura de montaña.


Siguiendo con las distintas enmiendas, hay algunas presentadas
por los grupos de la Entesa y Socialista a las que se les ha dado un
valor importante, en especial en el debate. Me refiero a las enmienda
número 20, y a las enmiendas 44, 48 y 59, del Grupo Socialista, relativas
a los vinos de pago. No se considera adecuado mantener esto vigente a
través de las modificaciones de las disposiciones de la Ley de la viña y
del vino, al objeto y el ámbito de aplicación de este proyecto de ley.
Vino de pago es una denominación que estaba reflejada en los artículos 93
a 111 del Reglamento de la Unión Europea 1308/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, con la calificación de vino de pago calificado y
denominación de origen calificada, cuyo territorio se asentará y tendrá
la consideración de dos denominaciones de origen protegidas distintas. En
definitiva, en la práctica se dificultaría el cumplimiento de los
requisitos previstos en la Ley 24/2003, en particular por la existencia
para cada caso de distintas agrupaciones solicitantes, autoridades
competentes y órganos de control. Dicha dificultad se pone claramente en
evidencia si se tiene en cuenta que en el periodo de vigencia de la
Ley 24/2003, de la viña y del vino, no se ha solicitado ni reconocido
ningún vino de pago calificado y, por el contrario, ahora, con la
normativa comunitaria, hay catorce vinos de pago reconocidos y
registrados por la Comisión Europea como denominaciones de origen
protegidas en sí mismas, no como vinos de pago, y están en tramitación
comunitaria otras seis denominaciones de origen protegidas. Por tanto,
estaríamos mezclando dos objetivos iguales con dos caminos diferentes, y
con ello complicaríamos al agricultor, al productor y al consumidor,
cuando podríamos tener la misma normativa para calificar, para dar los
estándares de calidad y tener las garantías, tanto con la denominación de
origen protegida como con la denominación de vinos de pago.


Así pues, el voto del Grupo Popular será contrario a estas
enmiendas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ruiz Reyes.


Senador Pagola, tiene la palabra.


El señor PAGOLA SÁENZ: Buenas tardes, señor presidente.


Me da hasta risa verle, señor Aldama. Creo que hoy hemos
desaprovechado una oportunidad importante en una ley que posiblemente sea
apoyada por todos los grupos, para habernos presentado mañana en La
Rioja, diciendo: Riojanos, aquí estamos el Partido Popular y el Partido
Socialista, y hemos sacado adelante una ley que beneficia muchísimo a la
comunidad autónoma, a los agricultores, a los bodegueros… A todo el
mundo. Pero, claro, ha tenido que venir usted, sacar los patas del tiesto
y decir una serie de barbaridades difícilmente creíbles, tan difícilmente
creíbles, que lo que opino es que el señor Aldama no tiene ninguna
credibilidad en este Senado y mucho menos credibilidad en La Rioja, con
lo cual creo que no nos va a afectar absolutamente para nada. (Aplausos).
Porque dice que el Partido Popular viene a hundir el vino; por cierto,
también he visto un acto parlamentario esta tarde que no había visto
nunca: ha leído usted una intervención, que le han preparado, que es la
misma que presentó usted en la comisión, donde consta en el acta. La
misma. Eso me parece increíble y no lo he visto en once años que llevo en
el Senado. En fin, lo repito: no tiene ninguna credibilidad ni en este
Senado ni en La Rioja, porque si alguien ha intentado hundir el vino de
La Rioja ha sido el Partido Socialista. La reforma de la organización
común del mercado de la viña, del año 2008, permitió —con el apoyo
del Gobierno español y con la ministra de Agricultura doña Elena
Espinosa, precisamente ministra de un Gobierno socialista, presidido por
el señor Zapatero— que se pusiera una fecha de caducidad a los
derechos de plantación, dando la liberación completa del viñedo para
el 31 de diciembre de 2015. Eso estaba en marcha hasta el 31 de diciembre
de 2015, y eso sí que habría supuesto la desaparición del vino de La
Rioja. Pero resulta que por primera vez en la historia de la Unión
Europea se deroga esa decisión antes de que entre en vigor y de un
régimen de derecho a replantación se pasa a un régimen de autorizaciones.
Es decir, lo que el Partido Socialista permitía: la liberación absoluta
del viñedo en La Rioja dentro de seis meses escasamente, lo hemos
conseguido parar; y creo que es la única vez —puedo
equivocarme— que se ha derogado un reglamento antes de entrar en
funcionamiento, antes de entrar en vigor.


La verdad es que usted ha dado una serie de argumentos con su
estilo habitual y el de muchos de sus compañeros. ¿Piensa usted que
alguien se puede creer que miles de hectáreas de Castilla-La Mancha, de
Cariñena, de Mallorca o de Canarias se van a plantar en La Rioja?
¿Alguien se puede creer eso? ¿Cree que eso se puede permitir? Pero han
hecho su típica enmienda: la de crear miedo, crear incertidumbre…
Una barbaridad. Pero, repito, no tiene ninguna credibilidad. Son
insidias, mentiras, medios conceptos, etcétera.


Si alguien se reúne con el sector, con todos los componentes del
sector, es el Partido Popular, y todas las leyes que saca la Comunidad
Autónoma de La Rioja salen con el beneplácito del sector. En el caso de
esta enmienda, estoy seguro de que ustedes no han hablado con ellos, pero
sé que no les gustaba ni un pelo. No me hable, pues, del sector. Me puede
hablar de ausencias, de ausentes, como me ha llamado antes —me han
llamado muchas cosas, y eso es lo que me faltaba—. Pues usted sí
que estaba ausente en el Gobierno de La Rioja, donde llevan veinte años
sin tocar pelo; y van a seguir otros veinte años más. (Aplausos.—
Rumores).


El Partido Popular, el Consejo de Ministros de Agricultura,
etcétera, han trabajado para anular una decisión histórica, como antes he
dicho, que permitiría la liberación de viñedos, que no fue impedida por
el Gobierno socialista. En el nuevo régimen de autorizaciones será la
interprofesional la que decida el incremento anual de la superficie de
producción, y el reglamento comunitario obliga a un máximo del 1 %, lo
que quiere decir que las regiones podrían acogerse a un mínimo
reglamentario. La interprofesional de La Rioja podría decidir la
plantación simbólica de solo una hectárea al año, si lo considerara
necesario, y será la denominación de origen Rioja, y no Bruselas
—ni siquiera el Gobierno central—, la que decida el aumento
anual en función de sus necesidades de crecimiento.


En cuanto a esta enmienda, la verdad es que ha mezclado
competencias; ha mezclado competencias autonómicas, nacionales y de la
Unión Europea. Es evidente que la agricultura es una competencia del
Gobierno de La Rioja, de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Por tanto, no
es necesario en este momento introducirla en un texto de rango nacional,
puesto que la competencia es, repito, de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, aparte de que, si no recuerdo mal, esta es la la Ley de
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. En ningún
momento se habla de replantear viñedos, etcétera.


Señorías —ya muy brevemente—, si analizásemos las
posiciones que el Partido Socialista ha tenido siempre en materia
vitivinícola nos encontraríamos con que con el vino de Rioja ha estado
siempre en el lado contrario del que debería estar, sin olvidar las
muchas promesas, pero pocos hechos, algunos incluso negativos. Podemos
recordar la Ley del alcohol, con la señora Salgado, que estuvo en Logroño
en la inauguración del Hospital San Pedro, con sus majestades los reyes.
Hubo un vino de honor, y tuvo que pedir un zumo. Pero estaba en La Rioja;
por lo menos podía haber respetado un elemento tan característico de La
Rioja.


El Partido Popular con esta ley de denominaciones contempla las
dos reivindicaciones que el sector siempre ha necesitado, y quiero decir
al Partido Socialista que en materia vitivinícola no puede darnos ninguna
lección y que jamás ha defendido los intereses de los viticultores, como
lo ha hecho el Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pagola.


Turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (El senador Martínez-Aldama Sáenz
pide la palabra).


Senador Martínez-Aldama, tiene usted un turno de portavoces.


El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Es que no voy a intervenir yo,
sino mi compañero.


El señor PRESIDENTE: Pues lo comparte con él, si no le
importa.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


No hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Intervengo
desde el escaño, si me lo permiten usted y el resto de los
compañeros.


Vaya por delante que cuando se planteó este proyecto de ley, como
comentaba el senador Plana, nos pareció que podía ser positivo, que tener
una norma de este tipo podía ser positivo para el sector primario.
Además, el proyecto debía tener un alto componente técnico, un componente
más técnico que político. Pero, por lo que he visto en esta legislatura







supongo que en todas las demás también, pero no lo puedo
constatar—, hasta las trasposiciones de directivas son susceptibles
de interpretación y de discusión. Y con esta ley ha pasado algo
parecido.


Además de esa vertiente más técnica, pensamos que esta era una
norma reclamada por los consejos reguladores, una petición de estos para
intentar evitar la generación de conflictos en los casos de las
denominaciones protegidas cuyo ámbito territorial se extiende a más de
una comunidad autónoma. Y se trataba también de hacer compatible el marco
jurídico estatal con la legislación comunitaria; y, por supuesto, en este
concepto incluyo el marco jurídico de las comunidades autónomas.


Al final la norma que surge de esta doble tramitación
parlamentaria en las Cortes Generales parece mejor que el proyecto
original que entró en el Congreso, al menos en lo que a la aportación del
Grupo Vasco se refiere, por la aceptación de tres de las ocho enmiendas
que presentamos en su momento en la Cámara Baja. En el Senado eso no ha
sido posible, por tanto, no hemos podido seguir mejorando la ley, porque
no se han aceptado ninguna de las cinco enmiendas que hemos mantenido,
aunque nos queda como triste consuelo que tampoco se ha aceptado ninguna
del resto de los grupos. Por tanto, seguimos con la misma cantinela, como
ha dicho el senador —y ya se defenderá el senador Plana—. No
solo no se ha aceptado ninguna enmienda —y no creo que haya sido
por los ponentes—, sino que me temo que no ha habido ninguna
intención de valorarlas.


Entendiendo que la ley puede ser necesaria, pero viendo que no se
han tenido en cuenta ninguna de las enmiendas presentadas en esta Cámara
y que el Grupo Popular y el Gobierno han vuelto a considerar el trámite
del Senado como un mal necesario, como un trámite obligado pero sin
ninguna utilidad, creemos que no podemos apoyar esta norma y, por tanto,
nos vamos a abstener.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente. Intervengo con
mucha brevedad, porque no voy a añadir mucho más al debate de las
enmiendas.


Es cierto que esta debería haber sido una ley técnica para
mejorar lo que tenemos; de hecho, este era el planteamiento y por esta
razón nuestro voto había de ser y será afirmativo, aunque ciertamente
lamento profundamente la intervención del primer portavoz del Grupo
Popular. Fíjese, señoría, usted ha menospreciado absolutamente a muchos
senadores, también del Grupo Popular, porque saben que en este momento
estamos trabajando de una forma intensa e importante en favor de las
zonas de montaña, por eso existe una comisión que está abordando una
problemática que no me la estoy inventado yo. Lo que ha dicho usted en
esa tribuna es que esto era un invento, que la culpa la tenía el señor
Zapatero y que con la nueva PAC —al final, acabará demostrándose
que era mentira, porque en realidad no es cierto lo que usted ha contado
en la tribuna— los agricultores van a perder un 15 % de dinero y
solo van a salir ganando los de siempre, los que más tienen, que es a los
que ustedes apoyan de una forma absolutamente implacable. Puede usted
hacer todos los gestos que quiera, pero la gente de la montaña no se
merece lo que usted les ha dicho. No se lo merece. (Aplausos).


Fíjese, señoría, si una denominación de origen no es buena para
la montaña, ¿por qué lo es para las zonas que producen aceite? ¿Por qué?
Explíquemelo. Si la montaña no lo necesita, dígame usted por qué el
aceite, la hortaliza o cualquier otra producción agraria sí lo necesitan.
Dígamelo. La gente de la montaña se merece todos los instrumentos y todos
los mecanismos que les podamos ofrecer para que sus productos, sus
agricultores y sus ganaderos salgan adelante, y usted no debe de ninguna
manera menospreciarlos. Usted lo ha hecho en esta tribuna y no ha estado
a la altura porque ni la ley exigía un comentario de esa dureza hacia las
zonas de montaña y hacia una enmienda que lo único que pretendía era
precisamente proporcionar estos instrumentos, ni tampoco todos aquellos
senadores que en este momento estamos trabajando porque existe un
problema en las zonas de montaña y queremos solucionarlo; insisto,
también muchos del Grupo Popular. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Plana.


El señor PLANA FARRAN: Gracias, presidente.


Senador Ruiz, se trata de un proyecto de ley técnico y usted ha
provocado la contestación de los senadores que me han precedido,
intentando poner un borrón a mi intervención en la que he valorado el
espíritu del proyecto de ley. Pero lo que no se puede permitir es que
usted suba a este estrado y diga que un senador del Grupo de CiU, en su
libre designio y representando un territorio, siempre se refugia en la
cantinela competencial. Esto es una irresponsabilidad por su parte.
(Aplausos). Sabe usted que existen diferentes ámbitos
competenciales.


Señoría, nuestra enmienda 29, que presentamos al artículo 11,
propone lo siguiente: En el caso de las denominaciones de origen y las
indicaciones protegidas cuyo ámbito territorial afecte a más de una
comunidad autónoma y, además, a otro u otros Estados miembros de la Unión
Europea, la relación con la autoridad competente del otro u otros Estados
miembros corresponderá a la Administración General del Estado a través
del cauce correspondiente. A usted le molesta todo esto. Ya sé que a
usted le molesta que, según qué territorios, tengan un ámbito
competencial protegido y respetado por el ordenamiento jurídico. Usted me
ha hablado de la sentencia 112/1995 del Tribunal Constitucional. ¡1995!
¿A qué han esperado ustedes si esto era una cuestión competencial? ¿A qué
han esperado ustedes? Pero no vayamos a esta cuestión porque le
reclamaría con todo el cariño del mundo, senador Ruiz, que intentara
abrir su mente. Eso que dicen: open your mind. Haga esto, por favor,
hágalo (Aplausos) y respete las competencias que tenemos atribuidas.
Senador Ruiz, yo no voy a hablar de cantinela, entre otras cosas, porque
no tengo el tono de voz adecuado para cantar. Téngalo presente.
(Risas.— Aplausos).


Denominaciones de origen. En el fondo, todo es un instrumento
para mejorar la vida de la gente que vive en el entorno rural, y en esto
deberíamos estar todos implicados, independientemente del planteamiento
competencial de cada uno. También tengo que decir que, en según qué
territorios, existen diferentes ámbitos: el ámbito económico de los que
viven en él, el ámbito social dentro del entorno rural y el ámbito
político. Y mire usted, a lo mejor no toca ahora, pero aprovecho que
estoy en el estrado para decir que, dentro del ámbito político, en mi
territorio, en Lleida, nos encontramos con que ahora, que vienen las
elecciones municipales porque el territorio necesita su representatividad
territorial, hay una gran cantidad de listas blancas de personas que se
han presentado y que no corresponden al municipio por el que se
presentan. Estamos hablando del ámbito político, que también forma parte
de la esencia humana. Y fíjese, le voy a enseñar una noticia que dice que
el PP de Lleida admite la existencia de listas fantasmas en más de 30
municipios de su entorno. Usted me lo está comentando, y yo le digo que
tenemos que poner los medios, todos los medios, para mejorar la vida de
la gente, y reivindico aquí la figura del concejal kilómetro cero y del
principio de subsidiariedad: donde está un senador, donde se presente un
concejal, que sea en el ámbito en el que le toque, que no sea
supraautonómico.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Coves.


La señora COVES BOTELLA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas
noches a todos y a todas.


Señorías, permítanme que, en primer lugar, manifieste mi
sorpresa. ¿Cómo es posible que hayan sido capaces de cabrear a toda la
oposición tras las intervenciones de los dos senadores del Grupo Popular
en el debate de un proyecto de ley donde los diferentes portavoces
manifestamos en comisión, antes de venir a este Pleno, nuestra posición
favorable o de abstención? (Aplausos). ¿Cómo es posible? ¿Cómo se pueden
hacer las cosas tan mal, señorías? ¿Tan mal están ustedes que ni siquiera
son capaces de respetar la voluntad y la intencionalidad de cada uno de
los portavoces?


El Partido Popular lleva una «semana grande» que empezó con el
saqueo de España (Rumores), continuó con la repera patatera y hoy culmina
con las dos intervenciones de los senadores del Grupo Popular que
quedarán para los anales. Por cierto, señor Pagola, espero que la
acepción de lo que usted ha dicho aquí, que hemos tenido la curiosidad de
buscar en el diccionario, se refiera a la taurina y no a la sexual,
porque en ese caso tendría usted que dar alguna explicación.
(Aplausos.— Rumores).


En cualquier caso, señorías, voy a intentar centrarme en el
proyecto de ley, que no merecería más comentario si no fuera por lo
triste y lo penoso que en esta Cámara han resultado sus intervenciones.
Hace unos días supimos que España se había convertido en este último año
en el país líder en exportación de vino. Nada menos que 22,6 millones de
hectólitros se vendieron el año pasado, por encima de países
tradicionalmente exportadores como Italia y Francia. Sin embargo, a pesar
de que subieron las ventas, bajaron los ingresos de los productores.
Francia e Italia —por ese orden— fueron los que más dinero
ingresaron, y además, con una diferencia enorme.


Según el Observatorio Nacional del Vino, somos el país que más
barato vende sus caldos. Mientras que España vende el litro a 1,1 euro,
de media, Francia lo vende a 5,37 euros. Este organismo afirmaba, además,
que los vendedores de vino cada año están perdiendo más dinero, y se
vende más vino a granel, no embotellado, y eso estaba lastrando a un
sector que para España tiene una importancia estratégica. Vinos que
además son envasados en otros países, vinos que son manipulados y
vendidos, comercializados, a un precio muy superior. Esa situación que
les estoy describiendo para el vino podríamos aplicarla a otros productos
como el aceite de oliva. En mi tierra es quizá donde más se sufre, donde
se comercializa con una etiqueta fundamentalmente bajo el made in Italy,
y sin embargo ese aceite de oliva es producido aquí en España.


Señorías, la importancia que les quiero referir es que ahora en
estos momentos el panorama queda definido con una frase que podría ser:
buena calidad a precios de saldo, y si en España no mejoramos la
competitividad de los productos agroalimentarios, corremos el riesgo de
convertirnos en el supermercado low cost de toda Europa. Quizá, la
consecuencia más dolorosa de lo que estoy diciendo es que los
productores, los agricultores y ganaderos cada vez son más pobres y, de
hecho, el año pasado bajó la renta agraria un 7,5 %. Pero más grave aún
es que en los últimos tres años las cifras que el Gobierno nos ha
facilitado de paro registrado, es decir, de demandantes de empleo, hayan
crecido progresivamente: 128 000 parados en el año 2011, 167 000
en 2012, 179 000 en 2013 y 192 000 parados más en 2014. Señorías, este es
el triste presente de la agricultura y la ganadería en España en estos
momentos por mucho que ustedes traten de enmascararlo con grandes
titulares y con cifras grandilocuentes.


Nosotros no somos pesimistas, sabemos que las cosas se pueden
cambiar, que se puede mejorar la competitividad de los productos
agroalimentarios, pero para eso tenemos una buena demostración y es la
que han hecho los consejos reguladores en los últimos años.


Señorías, nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley
fundamentalmente por dos razones: primero, por responsabilidad, porque
este proyecto de ley quedó prácticamente ultimado cuando el Gobierno
socialista gobernaba en España y este proyecto es prácticamente
igual.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora COVES BOTELLA: Voy acabando. Eso es lo que ustedes
llaman la herencia recibida y no la tabla rasa a la que se refería el
senador del Grupo Popular, que estaba mintiendo. Y segundo, lo vamos a
hacer por coherencia con ese proyecto y sobre todo por responsabilidad
porque es un proyecto de ley necesario. Lo único que pedimos, señorías, a
estas alturas de Pleno es la misma coherencia en el Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora COVES BOTELLA: Si hay una ley que se ha aprobado en el
Parlamento de La Rioja, lo justo y necesario es que también se apruebe
esa enmienda en el Senado de España; lo contrario no se entendería,
señorías.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Coves.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Pagola.


El señor PAGOLA SÁENZ: Gracias, presidente. Muy brevemente,
porque creo que ya estamos todos suficientemente cansados.


Quiero agradecer el voto favorable que van a presentar todos los
grupos, y lo digo de todo corazón porque lo siento así. Creo que es bueno
para el sector que todos los grupos apoyemos esta ley, pero no mezclemos
las cosas. La portavoz socialista ahora ha salido hablando de la mala o
buena situación de la agricultura y no estamos hablando de eso, estamos
hablando de las denominaciones de origen. Les quiero decir una cosa,
curiosamente esta tarde, de los pocos días que entro en Facebook, he
leído una noticia de la europarlamentaria riojana que está defendiendo
los intereses de La Rioja y de todos los españoles en el Parlamento
Europeo. Dice así —a las 3 de la tarde—: Acaba de terminar el
turno de votaciones y es un placer comunicaros que hemos frenado en seco
a un grupo de diputados, la mayoría de ellos socialistas, verdes y
comunistas, que pedían que en el futuro no se dieran fondos europeos a la
promoción del vino, anulando el trabajo que hice hace un año con el
informe de producción de productos alimentarios, y que no querían que se
reconociera que el vino es parte de un modo de vida saludable. Espero y
deseo que ningún socialista español haya intentado echar abajo esta forma
de promoción de nuestros vinos, que yo creo que es importantísima también
para nosotros.


Y, por último, hay que sentir orgullo también y decir que algo
haremos bien con el vino, y con el vino de Rioja en particular, cuando
llevamos gobernando cinco legislaturas seguidas los últimos veinte años y
que el Rioja es un sector muy importante en La Rioja para los políticos y
para todos los riojanos. Como digo, llevamos veinte años gobernando y
creo que el día 24 seguiremos gobernando otros cuatro años más.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pagola.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Vamos a proceder a la votación de las enmiendas.


Empezamos con las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal.
En primer lugar, la enmienda número 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 197; votos emitidos, 194; a favor, 7; en contra, 181;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 198; votos emitidos, 196; a favor, 57; en contra, 138;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, las
números 24 y 26.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 199; votos emitidos, 197; a favor, 66; en contra, 131.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 25.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 198; votos emitidos, 196; a favor, 16; en contra, 180.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 27 y 28.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 198; votos emitidos, 196; a favor, 14; en contra, 129;
abstenciones, 53.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa. En primer lugar,
votamos la enmienda número 21.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 199; votos emitidos, 197; a favor, 3; en contra, 188;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 22.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 199; votos emitidos, 197; a favor, 57; en contra, 139;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 9.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 198; votos emitidos, 196; a favor, 53; en contra, 134;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 19.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 199; votos emitidos, 196; a favor, 53; en contra, 138;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 3 y 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 199; votos emitidos, 197; a favor, 58; en contra, 131;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 14, 15 y 18.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 199; votos emitidos, 197; a favor, 53; en contra, 131;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 4 a 8, 11, 17, 20 y 23.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 199; votos emitidos, 197; a favor, 66; en contra, 131.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 10, 12 y 16.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 197; votos emitidos, 195; a favor, 60; en contra, 131;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En
primer lugar, votamos la enmienda número 29.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 198; votos emitidos, 196; a favor, 15; en contra, 130;
abstenciones, 51.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 32.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 199; votos emitidos, 197; a favor, 20; en contra, 131;
abstenciones, 46.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 34.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 198; votos emitidos, 195; a favor, 20; en contra, 175.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 30, 31 y 33.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 199; votos emitidos, 197; a favor, 14; en contra, 182;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 35 a 38.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 198; votos emitidos, 196; a favor, 14; en contra, 182.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar,
votamos la enmienda número 51.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 198; votos emitidos, 196; a favor, 54; en contra, 130;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 45.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 198; votos emitidos, 196; a favor, 51; en contra, 136;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 39.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 199;






votos emitidos, 197; a favor, 59; en contra, 130;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 46, 52, 54, 55 y 59.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 199; votos emitidos, 197; a favor, 53; en contra, 131;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 40 a 44; 47, 48, 50 y 56.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 198; votos emitidos, 196; a favor, 65; en contra, 131.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 49, 53, 57 y 58.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 199; votos emitidos, 197; a favor, 61; en contra, 130;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 199; votos emitidos, 197; a favor, 182; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos).


Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
Proyecto de Ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas
protegidas de ámbito territorial supraautonómico.










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE
CASTILLA-LA MANCHA Y MADRID PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA
ESPECIALIZADA EN DETERMINADAS ZONAS LIMÍTROFES DE AMBAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.


592/000018

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA


El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1.
y 8.1.1.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas para que la
celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes
Generales.


¿Alguien desea intervenir? (El senador Iglesias Fernández pide la
palabra)


Tiene la palabra el senador Iglesias. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Entiendo que me odien, dada la hora
que es, pero con la legitimidad que me da que de las trece horas y media
que llevamos aquí, doce y pico me las he pasado aquí sentado, me van a
permitir ustedes que les robe simplemente cinco minutos (Aplausos),
porque no creo que por más que las comunidades autónomas tengan toda la
legitimidad de alcanzar los acuerdos que consideren oportunos, teniendo
en cuenta el peso que el debate sanitario tiene en esta Cámara, yo al
menos deba dejar pasar este convenio sin hacer algunas consideraciones al
respecto; consideraciones críticas, como pueden suponer sus
señorías.


El gasto sanitario ha sufrido en Castilla-La Mancha uno de los
recortes más importantes de todo el Estado, el 18 % desde 2011.


En esa comunidad autónoma se han destruido 3750 puestos de
trabajo en sanidad, se han reducido 534 camas en los hospitales de la
región y la inversión en infraestructuras sanitarias cayó en este periodo
un 92 %, en cuatro años. Está paralizada la construcción de los
hospitales en Toledo y en Guadalajara y la reivindicación que algún
movimiento social hace de un nuevo hospital en Puertollano se convierte a
estas alturas en una quimera.


Se ha avanzado en un proceso de privatización de hospitales y en
la deriva de enfermos a clínicas privadas de Madrid y de Valencia. Se
pretende de alguna manera compensar esa realidad ahora con un acuerdo con
la Comunidad de Madrid, y —permítanme, señorías, la expresión
coloquial— ello significa que el cazo se va a juntar con la sartén.
Se plantea un acuerdo porque hay servicios no disponibles en el Hospital
General Universitario de Guadalajara, servicios, en mi opinión, claves,
fundamentales. No existe servicio de neurocirugía, de cirugía cardiaca,
de cirugía pediátrica, de pediatría y de sus especialidades, de
neonatología, de medicina nuclear y de cirugía torácica, especialidades
cuya atención —en mi humilde opinión— resultan bastante
incompatibles con desplazamientos geográficos y desplazamientos
territoriales.


Y luego, para mayor complejidad, se busca compensar estas
deficiencias en un convenio que marca como referente el Hospital Infanta
Cristina y el Hospital Universitario del Tajo, que, según dice el mismo
convenio, carecen de la mayoría de estos servicios. Estos dos hospitales
no tienen medicina nuclear ni cirugía torácica, ni neurocirugía ni
cirugía pediátrica, y, a su vez, tienen como referencia los hospitales de
Getafe y del Doce de Octubre para atender estos servicios. Ello hace al
convenio absolutamente incomprensible. Se produce una deriva hacia unos
hospitales que tendrán que derivar a su vez. Además —y con eso
concluyo ya, porque prometí ser muy breve—, se pretende que estos
hospitales de referencia en Madrid asuman esta carga de trabajo derivada
sin haber reforzado en ningún momento sus plantillas, con lo cual la
atención sanitaria inevitablemente se va a degradar.


Les pido excusas una vez más por haber prorrogado en el tiempo
esta larga jornada de Pleno, pero era mi obligación traer estas
consideraciones a la mente de sus señorías.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


¿Alguna intervención más? (Pausa).


Tiene la palabra el senador Aguirre.


El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


En lo referente al gasto habitante/año por comunidad autónoma,
tengo que recordarle, senador Iglesias, que la media estadística de
España está en 1275 euros/habitante/año. Andalucía es la que tiene
menos, 1004 euros/habitante/año, y la que más, Euskadi, con 1574
euros/habitante/año. Castilla-La Mancha, igual que Madrid, está en la
media estadística de España por lo que se refiere al gasto por
habitante/año.


En cuanto a la optimización de los recursos en beneficio del
paciente en la sanidad pública española, a todos nos parece muy óptimo
que no pueda haber 14 servicios de cardiología cuando no hay una masa
crítica específica para ese servicio, y lo mismo sucede en neurocirugía,
en neurología, etcétera. Todo lo que sea sumar recursos, optimizando y
logrando la eficiencia en el gasto sanitario entre comunidades autónomas
lo vemos muy muy positivo desde la bancada del Grupo Popular.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias. (Aplausos).


¿Alguna intervención más? (Pausa).


No hay más intervenciones.


En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la celebración de
este convenio.


Señorías, se levanta la sesión. Buenas noches a todos.


Eran las veintidós horas y treinta y cinco minutos.