El señor vicepresidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A esta moción se ha
presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, el senador señor Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. En nombre del Grupo Popular en el Senado
presento a esta Cámara una moción de apoyo al sector de la remolacha
azucarera y del azúcar de remolacha, sector que a día de hoy concentra
sus hectáreas de explotación, y por tanto la producción, principalmente
en dos regiones de nuestro país, en Castilla y León y en Andalucía,
aunque también tiene incidencia en el País Vasco, en La Rioja y, ya en
mucha menor medida, en Navarra, habiendo desaparecido prácticamente en
Extremadura y en Castilla-La Mancha, tierra de donde yo provengo.

En la campaña 2013-2014 las hectáreas plantadas han estado en
torno a las 35 000 con una producción, más o menos, de 2 851 523
toneladas. En Castilla y León esa producción ha sido de algo más
de 1 843 000 toneladas, el 68,8 %, sobre una extensión cultivada
de 22 983 hectáreas; en Andalucía, 8407 hectáreas han producido un total
de 715 175 toneladas; en el País Vasco, 163 520 toneladas, el 6,1 % de la
producción española, sobre una superficie de 2240 hectáreas; y en
La Rioja, 1257 hectáreas con 115 300 toneladas de producción, el 4,1 %
del total nacional. De estas cantidades recolectadas, el 80,3 % ha sido
en época invernal con 2 135 648 toneladas y 26 605 hectáreas, y 8419
hectáreas y 715 875 toneladas de producción en la época estival.

Desde la campaña 2009-2010 la superficie cultivada ha descendido
en más de 11 000 hectáreas, por tanto, hay casi un 24 % menos de
superficie cultivada en remolacha azucarera. En esa campaña acabó el
proceso de reestructuración del sector que nace en la reforma del
año 2008.

En la campaña 2005-2006 el número de agricultores remolacheros
alcanzaba en nuestro país los 20 591. Además, 5500 trabajadores lo podían
hacer y lo hacían en once fábricas de transformación de la remolacha en
azúcar. Hoy se estima que ya son solo 8500 los agricultores dedicados a
la remolacha y tan solo cinco las fábricas que se dedican a producir
azúcar; cuatro fábricas en la zona norte —en La Bañeza, Toro,
Miranda y Olmedo—, y una fábrica en la zona sur, en Guadalete. Son
dos las empresas propietarias de estas cinco fábricas: Azucarera Iberia
S.L. y la Cooperativa General Agropecuaria ACOR.

La superficie de remolacha en España es ya sólo el 3,5 % del total
de la Unión Europea y el 0,8 % de la superficie mundial. En cambio, el
consumo nacional en esta campaña 2013-2014 ha sido de 1 641 209 toneladas
de azúcar, más o menos, 35 kilos/habitante, aun así, ha descendido el
consumo sobre el año anterior en un 7,1 %. Por lo tanto, somos
importadores netos con una balanza comercial negativa de 1 320 417
toneladas, fundamentalmente de azúcar bruto destinado al refino.
Principalmente importamos de Reino Unido, Francia, Brasil, Portugal y
Mozambique. Nuestra cuota asignada por la Unión Europea no alcanza el
medio millón de toneladas, es decir, menos de un tercio de aquello que
consumimos. Las ayudas que la Administración hace llegar al agricultor
representan, hasta la fecha, el 53 % de los ingresos del agricultor de
remolacha; estas ayudas, como se ve, están por encima de la media que
reciben los agricultores por la política agraria común.

La desaparición del régimen de cuotas en la Unión Europea a partir
del 1 de octubre de 2017 genera, sin duda, alguna incertidumbre, también
importantes retos, y creemos que puede generar oportunidades al sector,
que se dan al liberalizar la producción y al ser nuestro país, España,
deficitaria en cuanto a nuestro consumo, en tanto en cuanto nuestro
consumo es mayor —hasta multiplicar por 3— que la producción
asignada hasta el momento por las cuotas comunitarias.

La organización del sector en la interprofesional de productores e
industria está generando también acuerdos que ayudan a ser optimistas en
cuanto a la generación de valor añadido y, por lo tanto, también a la
consecución de buenos precios que hagan rentable el cultivo.

Las organizaciones agrarias, los agricultores son partidarios de
incrementar el número de hectáreas cultivadas y, por lo tanto, la
producción. Hay que recordar que España, nuestros agricultores en las
hectáreas que cultivan son altamente competitivos por cuanto que la
producción es mayor por hectárea que en otros países de la Unión Europea
con los que vamos a competir, con los que ya competimos de manera
directa.

Entendemos que es necesario seguir avanzando en el aumento de la
competitividad de nuestro sector remolachero en un escenario de
liberalización de producciones, de comercio global, de aumento de las
expectativas de hectáreas cultivadas y también, por qué no decirlo, de
una posible caída del precio final del azúcar. Para ello, entendemos que
la investigación, la I+D+ i en el sector agrario, avanzar en mejores
semillas, la valorización de los subproductos, la reducción de todos los
costes que genera la producción de la remolacha y la reducción de los
costes en el regadío es fundamental para hacer más competitivo el sector
y para hacer posible un sector rentable, una renta adecuada de los
agricultores y de la industria que permita satisfacer no solo las
demandas del consumidor, sino también seguir generado economía y
empleo.

El Gobierno de España en las últimas negociaciones sobre la
política agraria común para el período 2014-20120 ha defendido el
mantenimiento de cuotas más allá del 1 de octubre de 2015, y ha
conseguido finalmente que se prorroguen hasta ese 1 de octubre de 2017.
También se prevé en la PAC, y el Gobierno ha adoptado los acuerdos
precisos para ello dentro de la política nacional, ayudas acopladas a la
producción de casi 17 millones de euros anuales hasta 2020; ayudas que
nacen en tanto en cuanto el Consejo de Ministros de la Unión Europea
del 24 y 25 de junio de 2013 llegó al acuerdo final del mantenimiento del
sistema de cuotas de producción hasta el final de la campaña de
comercialización 2016-2017. Por lo tanto, hay un marco de estabilidad del
sector de cuatro años para incrementar su competitividad de cara a hacer
frente a una nueva coyuntura en un mercado menos intervenido.

Otras medidas que también están acordadas son mantener el canon de
producción durante el vigente régimen de cuotas, que pasen a ser
ordinarias la actuales medidas extraordinarios de incremento de la
cantidad de azúcar en el mercado comunitario, la recalificación del
azúcar fuera de cuota y la importación adicional de azúcar bruto con
arancel reducido; la fecha de comunicación del traslado de azúcar a la
campaña de comercialización posterior por las empresas productoras se
extiende hasta el 31 de agosto, teniendo en cuenta de esta manera la
remolacha que se cultiva en la zona sur de España, y durante la vigencia
del régimen de cuotas se mantiene la preferencia de importación en los
tres primeros meses de cada campaña de la comercialización a las
refinerías a tiempo completo. La cantidad correspondiente de azúcar para
refinar en este período se incrementa ligeramente hasta los 2 millones y
medio de toneladas. Todo esto, junto a las ayudas acopladas al sector de
la remolacha, que suman casi 17 millones de euros, y la posibilidad de
acometer ayudas en el Plan de desarrollo rural por cada comunidad
autónoma, como ha anunciado el Gobierno de Castilla y León, entendemos
que hace posible trabajar en esas oportunidades; trabajar en las
oportunidades de reducir costos, trabajar en las oportunidades de
aumentar la competitividad, trabajar en la oportunidad de aumentar la
superficie cultivada y la producción y trabajar en la oportunidad, como
están haciendo otros sectores, de buscar en la internacionalización
nuevos mercados.

Por ello, el Grupo Popular, en la búsqueda de esas oportunidades,
reafirmándonos en la necesidad de seguir haciendo sostenible y
manteniendo un cultivo que en el regadío es rentable, propone esta
moción, en la que el Senado insta al Gobierno, en primer lugar, a seguir
trabajando en la sostenibilidad del cultivo de la remolacha y en un uso
más racional de los factores de producción, y reducir las diferencias de
costes con los productores europeos, invirtiendo en investigación y
desarrollo como herramienta clave para conseguir esa competitividad; y,
en segundo lugar, a apoyar cualquier iniciativa que pueda realizarse para
favorecer la imagen del producto del azúcar que haga posible, como todo
en la vida, que con un consumo racional y adecuado pero también
necesario, pueda salvarse la situación de ese descenso del 7,1 % del
consumo interno en la campaña 2013-2014 respecto de la anterior.

Creemos que hay expectativas y retos, quizás también
incertidumbres, que se pueden salvar con el trabajo serio que están
haciendo los productores y la industria, con la concertación de medidas
que ayuden a hacer rentable la producción, así como con la aportación que
el Gobierno de España y los gobiernos de las autonomías pueden llevar a
cabo mediante las ayudas que permitan hacer a este sector rentable y
competitivo y cambiar esa tendencia que se originó ya hace tiempo y que
hizo que desapareciese el cultivo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, mi
región.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el senador Álvarez
Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Popular ha presentado una moción
—entendemos que con buena intención— para mostrar su apoyo al
sector remolachero azucarero de nuestro país, fundamentalmente asentado,
como ha dicho el señor Cotillas, en Castilla y León y Andalucía. Pero
sorprende en esta moción que, tras una exposición de motivos en la que se
resume brevemente la situación por la que atraviesa el sector, en la
parte resolutiva se inste al Gobierno a que siga haciendo lo que está
haciendo —parece ser—, con lo que da la impresión de que lo
que se pide al Gobierno que haga y nada es todo uno. Pero tampoco en el
análisis que realizan en la exposición de motivos se aporta absolutamente
nada nuevo. Probablemente, las afirmaciones bien podrían haber sido
obtenidas con un sistema de corta y pega de cualquiera de los informes
técnicos que elaboran las organizaciones agrarias. Incluso, hay un
párrafo copiado literalmente de uno de estos informes, en el que
únicamente se cambia un tiempo verbal —erróneamente, por cierto,
porque distorsiona el sentido—. Y la intervención del senador del
Partido Popular a los senadores que no conozcan el cultivo de la
remolacha les ha podido venir muy bien para enterarse de esta
proliferación de datos técnicos, que probablemente le ha pasado el
Ministerio de Agricultura, y que de forma divulgativa y orientativa
vienen muy bien, pero no aportan prácticamente nada para defender la
moción.

Es evidente, señorías, que la reforma del sector azucarero en la
Unión Europea ha afectado negativamente a los remolacheros y es evidente
que la liberalización del mercado comunitario provocará la desaparición
de buena parte de la superficie dedicada a la remolacha en toda la Unión
Europea. Es evidente también que esta situación tendrá una especial
incidencia en España si no se establece un precio remunerativo apropiado,
que al menos cubra los costes de producción. Todos sabemos que el buen
trabajo y la profesionalización de los cultivadores ha hecho que la
remolacha española presente los mayores rendimientos de azúcar de toda la
Unión Europea, pero esto, señorías, ha sido sobre la base de un mayor
coste de producción respecto de otros países comunitarios, sobre todo
debido a los costes del riego. Y todos sabemos que el sector está
poniendo los medios necesarios para incrementar su competitividad con
inversiones económicas en infraestructuras, maquinaria, etcétera, y
siguiendo las pautas marcadas por los técnicos de las organizaciones
agrarias, las industrias azucareras y de la Asociación de investigación
para la mejora del cultivo de la remolacha azucarera.

Pero la liberalización de las cuotas y la falta de apoyos
económicos suficientes pueden hacer inútiles todos estos esfuerzos y
provocar la desaparición del cultivo en nuestro país, con las
consecuencias sociales y económicas que esto conlleva. Señorías, puede
ser que el futuro de la remolacha y los remolacheros pase por incrementar
la productividad, es cierto, pero no solo por eso, debe pasar también por
la mejora de los precios, para que al menos, como decía antes, cubra los
costes de producción. Eso solo se consigue si las industrias azucareras y
las administraciones articulan una serie de medidas económicas de apoyo
directo a los remolacheros que aseguren el cultivo y la rentabilidad de
las explotaciones. En ese sentido tenemos que agradecer los acuerdos
interprofesionales que se vienen firmando entre la industria y las
asociaciones agrarias que, como el último firmado en diciembre de 2014,
permitirá definir un escenario estable para los remolacheros ante la
desaparición de las cuotas de azúcar en el año 2017. Todos estos
compromisos son básicos para mantener todo el tejido social y económico
asociado al cultivo de la remolacha azucarera.

Conscientes de esta realidad, la moción que presenta el Partido
Popular sería muy oportuna si hubieran planteado algo concreto, pero como
he dicho ya al inicio de mi intervención, no plantean ustedes
absolutamente nada, y por eso nosotros presentamos una enmienda, que
espero que nos acepten, en la que proponemos algo muy sencillo: que el
Gobierno elabore y apruebe un plan nacional que evite la disminución y
deslocalización de la producción en las zonas tradicionales —es lo
que piden, señorías, las organizaciones agrarias—, y que entre las
medidas a adoptar dentro de ese plan se incluya algo tan sencillo, entre
otras medidas por supuesto, como la reducción de las tarifas de regadío,
que saben ustedes que se han incrementado brutalmente desde que el
Partido Popular ha llegado al Gobierno y que están ahogando la economía
de los remolacheros; medidas concretas, señoría, que complementan, por
supuesto, la declaración de buenas intenciones que es lo que hacen
ustedes solamente con su moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Álvarez Villazán.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o
rechaza la propuesta de enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Cotillas López.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Señor presidente, vamos a rechazar la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por varios
motivos.

En primer lugar, en cuanto a lo que hace referencia a volver a
negociar con la Unión Europea el mantenimiento de las cuotas, al menos
hasta el 2020 sabe el señor senador que es poco viable, por no decir
inviable directamente, que se ha tenido en cuenta la negociación de la
política agraria común, que es muy difícil encontrar socios ahora en la
Unión Europea que vuelvan a negociar sobre lo mismo y que, además, sabe
que se consiguió, frente al criterio de algunos, que se llegase hasta
el 2017. Hay comparecencias del anterior ministro de Agricultura, Arias
Cañete, en las que hacía referencia a la manera con la que se aplaudió
por el anterior Gobierno precisamente el fin de las cuotas en el
año 2015.

En cuanto al segundo punto, elaborar y aprobar un plan nacional
que evite la disminución y deslocalización de la producción en las zonas
tradicionales, tengo que decir que ese plan nacional está en marcha. Hay
una ayuda asociada acoplada a la remolacha que se ha conseguido en esta
política agraria común, que ha negociado este Gobierno, de 17 millones de
euros anuales hasta el 2020. Si hubiésemos aplicado la política del
Partido Socialista de la tasa plana, en vez de 400 euros/hectárea
hubiésemos pasado a una disminución del 80 % por ejemplo en Andalucía.
También hay ayudas agroambientales dentro del Plan de desarrollo rural.
En ese sentido, Castilla y León va a aplicar una ayuda de 500 euros la
hectárea, y además también en la organización común de mercado el sector
cuenta con acuerdos interprofesionales que dan estabilidad y seguridad a
las relaciones contractuales entre productores e industria.

En cuanto a las medidas para la reducción de los costes
energéticos, ya lo hemos debatido aquí y no hace mucho tiempo. Es verdad
que este Gobierno ha tenido que hacer frente a una situación de déficit
tarifario bastante heredada del Gobierno anterior —estamos haciendo
frente a ella— y, evidentemente, todos los consumidores hemos
notado que nos ha subido el recibo de la luz, aunque menos que en la
etapa anterior del Gobierno socialista. Lo que sí ha hecho ya el
Gobierno, tal y como se ha comprometido con los agricultores, ha sido
reducir, como usted bien sabe, los módulos y el 85 % del impuesto a la
electricidad, precisamente, este año.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cotillas.

¿Turno en contra? (Denegaciones). No hay.

Turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegaciones). No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna; egun on,
senatori jaun-andreok.

Los datos en este caso son claros y elocuentes. El mundo de la
remolacha no es precisamente el mundo más conocido, pero parecer ser que
las cosas están más o menos claras: 1,4 millones de toneladas de consumo
de azúcar en España frente a una cuota asignada por Bruselas de,
escasamente, un tercio, 480 o 490 000 toneladas. Esta cuota supone
—y eso también hay que recordarlo— el 50 % de la cuota que
España tuvo para 2006.

Como dice la moción, a partir de 2017 se instaura la
liberalización de cuotas. Mientras tanto, Francia y Alemania, que son los
principales productores o los que más compiten, han tenido reducciones de
cuota muy inferiores a la española. Hoy mismo podíamos leer en una
publicación profesional que ya para estas fechas los agricultores
franceses habían completado el 90 % de la siembra de remolacha y esperan
una cosecha excelente, igual de excelente que la anterior, e igual que la
anterior. Si ya tenemos que importar, como Estado, dos tercios del
consumo por cuestiones de cuota, los productores tendrán que competir con
las producciones de Francia que son excelentes y, por tanto,
probablemente, a un precio inferior. Y si a esto le sumamos que una de
las dos grandes firmas del sector azucarero estatal tiene capital
francés, pues seguimos añadiendo alegría a esta fiesta.

No parece fácil que el sector remolachero pueda trabajar con
comodidad, sobre todo, porque estos cultivos además necesitan una
importante inversión de salida y, por lo tanto, necesitan tener una
cierta, no seguridad, pero una cierta estabilidad en los precios finales
y si el futuro de las cosechas no está asegurado, evidentemente, es muy
difícil aumentar la producción, como se pretende, para poder intentar
competir después de 2017 y cubrir el 100 %, si no el 100 % acercarse a
él, de las necesidades de azúcar en el Estado, porque además los precios
van a la baja. Por lo tanto, los incentivos para el sector no son
demasiados.

Algunas comunidades autónomas, senador Cotillas, y usted lo sabe,
precisamente para dar seguridad, para mejorar y dar más tranquilidad al
sector, han decidido destinar fondos propios a la remolacha. En el caso
vasco, se han destinado 800 000 euros entre patata y remolacha por esta
preocupación generada, pero también por una preocupación muy importante
añadida por el incierto futuro de la fábrica azucarera de Miranda de
Ebro, lo que no ayuda nada, desde luego, al sector remolachero
vasco.

Esta moción insta al Gobierno a seguir trabajando —y eso
está bien— y a apoyar cualquier iniciativa de las que se puedan
presentar. Pero, evidentemente, decir a quien tiene que trabajar, decir a
quien tiene la obligación de trabajar que siga trabajando es una
obviedad. Claro que se tiene que seguir trabajando, obligatoriamente. Se
podrá equivocar, pero tiene que seguir trabajando. Decir que siga
trabajando en una moción y estar aquí hablando de este tema no parece
tener mucho sentido. Resumiendo: en realidad, la parte dispositiva de
esta moción dice nada o casi nada. Muy buenas intenciones, pero ninguna
medida, ninguna idea. Podremos estar de acuerdo o no con la enmienda que
ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista —probablemente, no
estaríamos de acuerdo—, pero por lo menos intentan aportar algo
como representantes que somos, algo más que buenas intenciones.

Por lo tanto, senador Cotillas, como ha dicho el senador
Anasagasti, esta es una discusión dulce. Yo creo que esta es una moción
diabética, porque no dice nada respecto a hacer una correcta gestión del
azúcar, y eso se llama diabetes. En consecuencia, señor presidente, nos
vamos a abstener.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor Cazalis, según lo dicho hasta ahora, lo que
sabemos y vemos es que el sector remolachero se hunde. Esa es la
realidad. Se han perdido la mitad de las hectáreas cultivables, en los
últimos años se han cerrado 10 azucareras y la pérdida del valor del
cultivo es casi de un 50 %. El senador Cazalis lo ha definido
perfectamente —como siempre— con esa afortunada frase de la
diabetes. Sin embargo, ante esta situación, ustedes hablan de seguir
trabajando en la sostenibilidad del cultivo de la remolacha y en un uso
más racional de los factores de producción o de la I+D, y señalan un
segundo punto que me parece interesante: apoyar cualquier iniciativa que
se realice a favor de la imagen del producto. (Yo hubiera añadido: apoyar
cualquier iniciativa que ayude a la recuperación del sector.)

Señorías, me quedo ojiplático —palabra que existe en
castellano y que es muy sonora— ante la situación de este sector
—que podríamos comparar con el sector de la leche, sobre el que
mantuvimos un debate en una moción muy parecida a esta—, ante la
que ustedes podrían guardar un silencio prudente y no decir nada. Sin
embargo, presentan aquí una moción para decir que, ante el hundimiento
del Titánic remolachero, ustedes seguirán haciendo lo que hacen y lo que
les han dicho anteriormente. Es decir, nada. Ciertamente, esto es para
nota.

Hemos debatido mucho y largo y tendido durante esta legislatura
acerca de las materias agrarias. El señor Cotillas decía que han hecho
algo en cuanto al tema del riego. Es verdad que han hecho algo, pero muy
poco, señor Cotillas. Sabe que eso no va a reducir en absoluto el 400 %
del aumento del coste del término de potencia, que hace insostenibles
determinados riegos, en especial, de productos como la remolacha o la
patata, que han sufrido una caída en el precio del producto, que ni si
quiera les permite asumir los costes de producción, lo que mantiene a
este sector, como también al de la leche, absolutamente contra las
cuerdas.

La enmienda del PSOE es una oportunidad para aprovechar esta
moción y llevar a cabo una acción cuantificable que sea capaz de dar
alguna alternativa al sector. Este no es en absoluto el caso de esta
moción. Esta moción se suma a su táctica de señalar tan solo el problema
—efectivamente, lo señalan, pero hacen únicamente eso— y, a
partir de ahí, presentan una moción que solo sirve para el escaparate y
nada más.

Por tanto, nos encontramos ante el mismo debate que tuvo lugar en
el Pleno anterior con el caso de la leche. Creo que ustedes habrán
escuchado en las noticias —el asunto de la leche ha salido en
diversas ocasiones en los informativos y en los periódicos— decir
al agricultor: Oiga, estoy contra las cuerdas, los contratos de los que
ustedes hablan no funcionan, pues lo que me están diciendo las empresas
del sector lácteo es que tengo que aceptar un contrato con unas
condiciones absolutamente inasumibles para la producción, que lo tomo o
lo dejo. Por tanto, no tiene ningún mecanismo para salir al paso y salvar
sus explotaciones. Esto es reiterativo en el ámbito de la agricultura. La
caída de los precios lleva a muchos sectores a una situación dramática,
muy especialmente a las pequeñas explotaciones y a los pequeños
agricultores, y seguimos sin hacer nada. En esta legislatura hemos
perdido la oportunidad, como les planteamos, de crear una comisión
específica, una ponencia para abordar el problema de los precios
agrarios, que es gravísimo y que va a tener unas consecuencias muy graves
para el sector y para este país. Miro al señor Plana porque sabemos que
en nuestro territorio el drama de la fruta va a ser otra vez un tema
sobre el que vamos a tener que hablar, y mucho, y va a tener unas
consecuencias demoledoras para el conjunto del sector.

Por tanto, señorías, creo que debemos ser honestos por principio,
pero especialmente con los agricultores. Debemos decirles que queremos
crear marcos que sean creíbles y eficaces. Ciertamente, lo que está claro
es que agitar únicamente el agua no nos va a permitir pescar más peces;
es decir, hablar de la remolacha no sirve para salvarla, y me temo mucho
que en este debate lo único que hacemos es hablar, no hay ninguna medida
concreta, y así no vamos a ninguna parte.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Boya.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Plana.

El señor PLANA FARRAN : Gràcies, president.

En primer lloc, voldria establir un element clau, tot el meu
respecte cap a tots els productors agraris i, en aquest cas, els
productors de la remolatxa. Retrets, i molts, al que s’està fent
contínuament en aquesta cambra en matèria d’agricultura. Haurien
d’observar que, gairebé cap grup polític ha presentat cap esmena. I
em consta que el representant del partit socialista ha estat dubtant de
presentar esmenes. No és perquè hagin presentat una moció pulcra en el
seu sentit i en el fons. Sinó perquè ja n’estem cansats que es
presentin mocions que no tinguin cap tipus de contingut. Si m’ho
permet, gairebé estem amb una qüestió que es diu de vaga de paraules
caigudes. En un lloc que hauria de ser l’altar de la utilització de
la paraula, de la negociació i de la interpel.lació directa del Poder
Legislatiu cap al Poder Executiu, ens presenten una moció, important,
però sense cap tipus de mesura. I li dic de veritat, senador Cotillas,
des de l’estima que li tinc —ja fa quatre anys gairebé que
estem compartint espai i part d’aquest paisatge humà que conformem
tots els senadors, doncs crec que hi ha aquest mínim respecte i
estima—. Però jo crec, i m’estic plantejant seriosament per
part del nostre grup polític, de presentar cap altre tipus d’esmena
si no hi ha un contingut de fons. I reitero, reitero tant en la forma con
en el fons. Reitero aquesta situació.

Perquè si això ho afegim a una situació de poca agilitat
productiva pel que fa a la nostra comissió, la Comissió
d’Agricultura, hauríem de fer una mica de balanç, en el fons, i
dir: hem estat útils? Hem estat capaços de transformar aquelles demandes
que, des del sector, se’ns estan enviant, cap a aquests senadors
que som representants de la voluntat popular de diferents territoris per
articular i millorar un element fonamental com pot ser, —i ho ha
dit el senador Boya— millorar la vida d’aquelles persones que
estan a l’entorn rural i que la seva prioritat és viure a
l’entorn agrari i ramader? I hauríem de dir que no. Segurament que
em rebatrà, que em comentarà que s’ha fet la Llei de millora de la
cadena alimentària, la Llei de integració de cooperatives, que
s’han pres algunes mesures, però se’n poden fer més.

I li torno a reiterar. Avui, el que s’està veient aquí, amb
la gairebé nul.la presentació d’esmenes a la moció que presenten
—que no li nego que té la seva importància— crec que és una
sonora bufetada a la forma d’actuar que es té al respecte de
l’agricultura. Haurien pogut fer algunes propostes. Quan parlen de
millora de la competitivitat, som al seu costat. S’han presentat,
per part de tots els grups polítics, diferents mocions, per posar-li un
exemple, de reducció del cost de la factura elèctrica a l’hora de
regar. Vostès, amb la reforma tributària, sí que han rebaixat un 4,5 %.
Però li recordo que, en sis anys, el preu de la factura elèctrica
utilitzada pel reg —que és fonamental perquè si hi ha aigua, hi ha
vida— s’ha increment un 300 %. I això està a la seva mà de
proposar mesures pal.liatives a aquesta situació.

Però anem al fons d’aquest sector, molt atomitzat
l’element productor. Un oligopoli en la indústria transformadora i
incapacitat d’arribar els productors al client final. A més a més,
es diu que l’espai europeu és aquell altar del neoliberalisme, el
tema de la remolatxa li he de reconèixer que no el coneixia. Però em
posen els pocs pèls que tinc de punta. Amb la regulació total que
s’està fent de les condicions, tant de producció, tant de quotes
assignades i amb la favorització d’alguns països productors en
detriment dels productors de l’Estat espanyol. És a dir, aquell
altar del neoliberalisme que alguns acusen que s’està transformant
l’espai europeu, aquí veiem que hi ha una regularització des de la
producció fins a la transformació i això va en benefici dels productors
finals i de tota aquesta cadena productiva i cadena agroalimentària?
Doncs no és així. I vostès tenien la possibilitat i l’oportunitat
en aquesta moció, de fer unes propostes en positiu, demandant i
interpel.lant i obligant a l’Executiu del Govern de l’Estat
espanyol a que prengués unes mesures concretes.

He parlat de la millora de competitivitat pel que fa a la factura
elèctrica. Podríem parlar del preu del gasoil B. Es necessita gasoil per
poder produir, per poder fer anar tots els estris que es necessiten al
camp. Quin increment hi ha hagut?

Són unes mesures que es podrien prendre. Són unes mesures mínimes
però que tindrien molt impacte en la renda productiva d’aquelles
persones que es dediquen al camp. Perquè ens omplim la boca que no volem
que l’entorn rural quedi despoblat. Ho he dit i ho tornaré a dir.
Al costat d’un projecte social, cal un projecte econòmic. I aquest
projecte econòmic vol dir que, aquelles persones que estan treballant a
l’entorn rural, puguin viure dignament. Un concepte que és la
equirendibilitat. Evidentment que els productors necessiten els
transformadors i els distribuïdors per arribar al client final. Però
repartim d’una forma més equitativa tot aquest valor afegit. I
apliquem mesures. Hi ha eines, hi ha instruments, s’ha fet una
llei, amb els seus pros i amb els seus contres. Apliquem-ho. Segur que em
dirà que la ICA està fent una actuació excel.lent i em consta que
s’està fent molt bona feina. Però siguin proactius i posin-ho sobre
el paper. És dignificar aquesta cambra en la qual estem presents. És
dignificar la feina de tots els senadors que som aquí. És donar valor al
fet que el Govern de l’Estat espanyol està a favor de
l’entorn rural. No vull entrar en el tema de la distribució i de la
negociació de la PAC. Que hi podria entrar. No vull entrar en això. Però
li demano, si us plau, que siguin més concrets. Torno a reiterar-li.
Aquest senador, si no hi ha unes mesures totalment concretes, es pensarà,
d’una forma continuada, si fer aportacions i utilitzar, tan sols,
el torn de portaveus.

Per acabar, i no voldria deixar-m’ho, voldria fer una cita
de l’Eduard Galeano que diu:






Molta gent petita, en llocs petits,
fent coses petites, pot canviar el món. Doncs ajudem a canviar el món i
ajudem a dignificar l’entorn rural.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

En primer lugar quiero establecer un elemento clave: mi respeto a
los productores agrarios, agrícolas y a los productores de la remolacha.
Se han hecho muchos reproches en esta Cámara en materia de agricultura,
pero tendríamos que observar que ningún grupo político ha presentado
ninguna enmienda —me consta que el representante del Partido
Socialista ha estado dudando sobre presentar enmiendas—, y no es
porque se haya presentado una moción pulcra en el fondo y en la forma,
sino porque estamos hartos de que se presenten mociones que no tengan
ningún tipo de contenido. Si me lo permite, estamos casi ante una huelga
de palabras caídas —podríamos decirlo así— en un lugar que
tendría que ser el altar del uso de la palabra, de la negociación y de la
interpelación directa del Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo. Es
decir, nos presentan una moción importante pero sin ningún tipo de medida
a aplicar. Y se lo digo de verdad, señor Cotillas, con el aprecio que le
tengo —hace ya cuatro año que compartimos espacio en este entorno
humano que conformamos todos los senadores y creo que este mínimo respeto
y aprecio existe—, nuestro grupo político se está planteando
seriamente presentar enmiendas si no hay un contenido, repito, tanto en
la forma como en el fondo. Reitero esta situación.

Si a esto añadimos el hecho de la poca agilidad productiva de
nuestra comisión, de la Comisión de Agricultura, tendríamos que hacer
balance y pensar: ¿Hemos sido útiles? ¿Hemos sido capaces de transformar
aquellas demandas que el sector nos está enviando a los senadores, que
somos representantes de las voluntades populares de los territorios, para
articular y mejorar un elemento fundamental como es —y lo ha dicho
el senador Boya— la vida de aquellas personas que están en el
entorno rural y que su prioridad es vivir en el entorno agrícola y
ganadero? Tendríamos que decir que no. Seguramente me va a rebatir,
seguramente me va a comentar que se han hecho la Ley de mejora de la
cadena alimentaria, la Ley de integración de cooperativas, que se han
presentado algunas medidas. Pero se pueden hacer muchas más.

Repito: hoy lo que se está viendo aquí, con la casi nula
presentación de enmiendas a la moción que presentan —que no le
niego que tiene su importancia—, es un reproche sonoro a la forma
de actuar frente al tema de la agricultura. Se podían haber hecho
propuestas cuando hablan de mejora de la competitividad. Estamos de su
parte. Todos los grupos políticos han presentado distintas mociones. Por
ejemplo, respecto a la reducción del coste de la factura eléctrica,
ustedes, con la reforma tributaria, sí que la han rebajado
aproximadamente un 4,5 %, pero en seis años le recuerdo que el precio de
la factura eléctrica autorizada para el riego —que es fundamental,
porque si hay agua, hay vida— se ha incrementado un 300 %. Y está
en sus manos proponer medidas paliativas a esta situación.

Pero vayamos al fondo de este sector: atomización del elemento
productor, oligopolio de la industria transformadora e incapacidad de los
productores de llegar al cliente final. Además, se dice que el espacio
europeo es aquel altar del neoliberalismo. Debo reconocerle que no
conocía el tema de la remolacha, pero los pocos pelos que me quedan se me
ponen de punta con la regulación total que se está haciendo de las
condiciones tanto de producción, de cuotas asignadas y con el beneficio
de algunos países productores en detrimento de los productores en el
Estado español. Es decir, frente aquel altar del neoliberalismo que
algunos acusan en el cual se está transformando el entorno europeo, aquí
hay una regularización desde la producción hasta la transformación. ¿Y
eso se hace en beneficio de los productores finales y de toda esta cadena
productiva y agroalimentaria? No es así, y ustedes tenían la posibilidad
y la oportunidad de hacer una serie de propuestas en positivo,
solicitando, interpelando y obligando al Ejecutivo del Gobierno del
Estado español a que tomara una serie de medidas concretas.

He hablado de la mejora de competitividad en cuanto a la factura
eléctrica. Podríamos hablar también del precio del gasóleo B. Se necesita
gasóleo para poder utilizar todas las herramientas del campo y poder
producir. ¿Qué incremento ha habido?

Son unas medidas mínimas que se podrían tomar, que tendrían mucho
impacto en la renta productiva de esas personas que se dedican al campo.
Y nos llenamos la boca diciendo que no queremos que el entorno rural
quede despoblado. Lo he dicho y lo repito: junto a un proyecto social
tiene que haber un proyecto económico. Proyecto económico quiere decir
que aquellas personas que están trabajando en el entorno rural puedan
vivir dignamente, el concepto de la equirentabilidad. Evidentemente, los
productores necesitan los transformadores y los distribuidores para
llegar al cliente final, pero repartamos de una forma más equitativa todo
este valor añadido y apliquemos medidas. Existen herramientas,
instrumentos, se ha hecho una ley con sus pros y contras, pero
apliquémoslos. Estoy seguro de que me va a decir que el ICA está haciendo
una actuación excelente —me consta que está haciendo un muy buen
trabajo—, pero sean proactivos y póngalo sobre el papel. Se trata
de dignificar esta Cámara en la cual estamos, de dignificar el trabajo de
todos los senadores, de poner en valor que el Gobierno del Estado español
está trabajando por el entorno rural. No voy a entrar en el tema de la
distribución ni en el de la negociación de la PAC, que lo podría hacer,
pero le voy a pedir por favor que sean más concretos. Repito: este
senador, si no se aplican unas medidas concretas, se va a replantear
continuamente si hacer aportaciones, o utilizar o no el turno de
portavoces.

Quiero terminar citando —porque no quiero que se quede en el
tintero— a Eduardo Galeano: Mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Pues, ayudemos
a cambiar el mundo y a dignificar el entorno rural.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Sigo al senador Plana. Voy a leer otra cita, esta vez de Antonio
Machado, este gran poeta sevillano vinculado totalmente a Castilla y
León. Dice lo siguiente: Tu verdad, no; mi verdad, tampoco. Unámoslas y
caminemos juntos hacia la verdad.

Senador Cotillas, si ustedes hubieran querido transaccionar
nuestra enmienda, se hubiera podido hacer perfectamente. Es verdad que es
difícil, que lo que nosotros planteamos en la primera parte tiene una
enorme dificultad. ¿Cómo no lo vamos a saber?

Segundo: Elaborar un plan. Dicen ustedes que lo están haciendo. No
es cierto que ya haya un plan, se están adoptando medidas concretas
puntuales que no forman parte de un plan. Nosotros pedimos que se haga un
plan que podríamos haber redactado de otra forma si ustedes hubieran
querido, incorporando las propuestas que han hecho aquí tanto el senador
Cazalis, el senador Boya, el senador Plana y nosotros.

Le diré en cuanto al tercer punto exactamente lo mismo.

Recordando también a Castilla y León he de decir, señorías, que me
extraña que no haya sido un senador de Castilla y León —dado que es
donde se produce cerca del 80 % del cultivo de la remolacha— quien
haya defendido aquí esta moción. Digo que me extraña, y la verdad es que
no me extraña. Ustedes, los que no son de Castilla y León —por
cierto, no es la comunidad del Partido Popular, como mi compañera, la
senadora Torme, ha dicho en su anterior intervención, sino una comunidad
en la que durante unos años ha estado gobernando el Partido
Popular—, deben saber que el Partido Popular de Castilla y León
tampoco estaba de acuerdo con esta reforma que se ha llevado a cabo y que
también ha sido suficientemente crítico con esta reforma del Gobierno del
Partido Popular. Por eso entiendo que no haya ningún senador de Castilla
y León defendiendo esta moción.

Senador Cotillas, nosotros somos Poder Legislativo, y como se ha
dicho también aquí, tiene que ser el Poder Ejecutivo el que diga si se
puede o no hacer algo y si hay dificultad o no, pero nosotros como Poder
Legislativo tenemos que instar al Gobierno a que haga algo. Por favor, no
le instemos —aunque sé que se va a aprobar porque ustedes tienen
mayoría— a que siga haciendo lo mismo, porque flaco favor va a
hacer al cultivo de la remolacha de Castilla y León si sigue haciendo lo
que está haciendo. Si fuera posible legalmente hacer otra enmienda antes
de que se apruebe, yo diría: No, dejémoslo, que no haga nada y que lo
deje como está hasta que haya un cambio de Gobierno, porque, como siga
haciendo lo mismo, lo tenemos claro.

Todos sabemos que el sector remolachero se prepara para el final
del actual sistema de cuotas en 2017, teniendo a favor los mayores
rendimientos por hectárea —como señalaba antes— de toda
Europa y una constante modernización. Pero tenemos en contra una enorme
vulnerabilidad frente a todos los países europeos y a otros como los
americanos o asiáticos.

Señorías, será difícil competir, y lo sabemos todos, con Francia,
país que no tiene los mismos costes de regadío, o con Brasil, India,
Tailandia o China, donde los costes de producción son mucho más baratos,
o con el azúcar de caña barata, una situación que será realmente
preocupante tras la desaparición de las cuotas.

A partir de la entrada en vigor de la reforma de la OCM del
azúcar, el sector europeo del azúcar, como se ha señalado aquí, sufrió
unos fuertes cambios estructurales que provocaron, entre otras cosas, que
la Unión Europea pasase de ser exportadora de azúcar en los mercados
internacionales a ser importadora neta. La cuota de producción del
azúcar, que se redujo en más de 6 millones de toneladas, ha provocado el
cierre de 87 fábricas en toda Europa, el fin del cultivo de la remolacha
en países como Irlanda, Letonia, Eslovenia, Bulgaria y Portugal, y en
España ha llevado aparejado el cierre de 7 fábricas azucareras —las
de Guadalcacín y La Rinconada, de Azucarera Ebro, en la zona sur, y las
de Peñafiel y Valladolid, de ACOR, en la zona norte—. Y por si
fueran pocos problemas, continuamente se relanzan negociaciones
comerciales tanto bilaterales con la Unión Europea como con otros socios
comerciales, en muchas de las cuales se utiliza el azúcar como moneda de
cambio, defendiendo el cultivo en países con menores costes de producción
sin tener en cuenta que las condiciones sanitarias, laborales y de
calidad son bastante inferiores a las de la Unión Europea.

Sus señorías saben que, para compensar esta situación y para
compensar el precio mínimo institucional de la remolacha, los
cultivadores reciben una ayuda a esta reestructuración procedente tanto
del presupuesto de la Unión Europea como del Estado y de las comunidades
autónomas. Aunque lo saben ustedes perfectamente, les recuerdo que la
ayuda estatal consiste en el pago adicional a la remolacha, un pago
estatal acoplado y condicionado a la realización de actividades de
mejora.

Tengo que recordarles en cuanto a las ayudas autonómicas, a las
que ha hecho también mención el senador Cotillas, que hay una enorme
diferencia entre comunidades: mientras que en Andalucía se mantiene una
ayuda de 340,5 euros por hectárea para remolacha de regadío y 224 euros
en secano, en Castilla y León en el año 2011 —como conoce usted
perfectamente— se publicó una orden que dejó sin efecto la ayuda
de 3 euros por tonelada que había hasta el año 2014 y que desde la
campaña 2011-2012 los agricultores han dejado de percibir, limitándose en
estos momentos las ayudas para el cultivo sostenible de remolacha
azucarera a las contempladas —es verdad, usted también lo ha dicho
antes— en el Programa de desarrollo rural de Castilla y León pero
dentro de las medidas agroambientales.

El sector de la remolacha, no obstante, se ha venido defendiendo
por sí mismo, manteniendo la unidad de todos los afectados mediante los
sucesivos acuerdos interprofesionales que mencionaba yo en mi primera
intervención, por los que se establecen esas relaciones contractuales
entre los productores y la industria para la compraventa de la remolacha,
algo característico y relevante de este sector. No voy a detallarlos,
pero sí quiero recordar su importancia: por ejemplo, cómo en 2009 se puso
en marcha el denominado Plan 2014 para incrementar los rendimientos por
hectárea de la remolacha y a la vez reducir los costes; cómo en 2010
entró en vigor el acuerdo de integración del acuerdo-marco
interprofesional y el Plan 2014, que clasificó a los agricultores en
función de distintos parámetros, como, por ejemplo, el rendimiento, y
distribuyó los derechos de siembra entre ellos. En el año 2010 comenzó
también el Plan de ajuste del número de muestras, que incluía que, en vez
de medir los valores de riqueza y descuento de cada entrega del
cultivador, se disminuiría el número de muestras en función de la
cantidad de raíz entregada y la frecuencia de la entrega. Y se
consiguieron importantes resultados.

Es verdad que tanto las administraciones como los agricultores
—como dicen ustedes en la moción— consideran que es necesario
seguir trabajando en la sostenibilidad del cultivo y en un uso más
racional de los factores de producción, pero también
—reconózcanlo— es necesario reducir las diferencias de costes
con los productores europeos.

Señorías, seamos serios. No pueden pedirnos aquí que instemos al
Gobierno a seguir trabajando en la sostenibilidad del cultivo de la
remolacha y en un uso más racional de los factores de producción cuando,
por ejemplo, en Castilla y León —donde se cultiva casi el 80 % de
la remolacha azucarera de nuestro país— impiden hacer sondeos y en
la mayor parte de la comunidad no dan autorización ni para los sondeos de
menos de 7000 metros cúbicos. No seré yo, señorías, quien les pida que
instemos al Gobierno a reducir las diferencias de costes con los
productores europeos cuando el Gobierno del Partido Popular no es capaz
de controlar ni los costes de producción debido al incremento del precio
de la energía eléctrica, impidiendo incluso que los agricultores
suscriban contratos temporales coincidiendo con la campaña de riego.

Señorías, ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha
negociado y aceptado que las cuotas para la leche, la remolacha y los
derechos de producción de viñedo desaparezcan, y no es de recibo que
ahora se sienten aquí tan complacientes, con una PAC que ha eliminado
todos los mecanismos de protección, haciendo desaparecer todas las
medidas que eviten la disminución y deslocalización de la producción en
las zonas tradicionales, o la reducción de las tarifas de regadío, que,
como decía antes, están ahogando a los agricultores;...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor,
finalice.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Termino ya, señor presidente. Un
segundo.

... o una revisión al alza de las cuantías de las ayudas acopladas
para mantener la competitividad.

Por tanto, señorías, mi grupo se va a abstener. Fíjense, podríamos
votar que no, pero nos vamos a abstener por que no piensen que no
queremos apoyar todos los tipos de medidas que se hagan. Pero, como ya
les han dicho aquí, esta moción tiene mucho de tomadura de pelo y muy
poco de seriedad, porque realmente pudiendo plantear las medidas que
consideremos —ustedes, los demás grupos, mi grupo— necesarias
para que el Gobierno las tome en consideración y luego decida si se
pueden hacer o no —porque esa es su función—, digo que, en
vez de hacer todo eso, lo único que hacemos es un brindis al sol.

Espero que ustedes sean capaces de dar explicaciones de por qué no
aceptan estas enmiendas y por qué, pudiendo presentar algo más serio,
presentan esta moción a todos los cultivadores de remolacha de Castilla y
León, de Andalucía y de todo el país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el señor Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Buenos días otra vez.

Gracias, señor presidente.

Señorías, no les discuto que estoy doblemente sorprendido. En
primer lugar, estoy gratamente sorprendido por el voto de abstención del
Grupo Socialista —agradezco ese voto—, y un poco más
decepcionado y sorprendido con la intervención de los portavoces de los
diferentes grupos —no el Socialista— que han intervenido aquí
esta mañana. Estoy acostumbrado a que ustedes hagan enmiendas, a que
hagan su trabajo, a que aporten, a que den alguna solución desde su
prisma, a lo que no estoy acostumbrado o lo que no entiendo es la
posición de sus grupos, y me ha decepcionado sinceramente. Pensaba al
inicio que se debía a que este cultivo afecta principalmente a Castilla y
León y a Andalucía y que podía ser una de las razones por la que los
senadores afincados en el territorio catalán hubiesen preferido dejar
hacer, dejar pasar. Pero, después de escucharles, y tomando las últimas
palabras del señor Plana, les diré que es verdad que personas pequeñas,
con gestos pequeños —que puede ser esta moción—, todas
juntas, pueden cambiar el mundo. Pero no es fácil cambiar el mundo ni la
situación de la remolacha criticando a este portavoz y no aportando nada.
Por tanto, créanme, estoy sorprendido.

No ha habido ni una sola propuesta. Al Grupo Socialista tengo que
reconocerle que ha hecho algunas propuestas, aunque no estamos de acuerdo
con ellas y hemos explicado por qué. Sin embargo, ustedes no han hecho
hoy una sola propuesta, entiendo que quizá será porque no tengan la
solución o porque tampoco les preocupe mucho este sector.

Señor Cazalis, la diabetes puede generarse de una manera o, en el
caso de la de tipo 2, por el paso de los años o como consecuencia de
determinados hábitos de conducta, de consumo, etcétera, más o menos
saludables. Evidentemente, su intervención no va a ayudar mucho al sector
del azúcar. Es una diabetes que le puede llegar por la falta del buen
hábito de generar propuestas. No ha aportado nada a nuestra moción y
seguro que todavía aportan menos las intervenciones de los portavoces,
que ni la han enmendado para mejorarla ni han buscado otra cosa que la
confrontación directa con este portavoz que, como digo, tampoco tiene
ningún inconveniente en recibir todos los golpes que sean necesarios y
precisos.

Señor Boya, ¿a quién y a qué se debe la pérdida en el sector del
azúcar? Y esta pregunta también va dirigida al Grupo Socialista. En
Valladolid dicen que hablan el mejor castellano de todo el territorio
nacional. Los de Ciudad Real tenemos otro acento, pero hemos vivido el
cierre de la azucarera y la eliminación de toda plantación de remolacha
en nuestro territorio, pero no ha sido ahora, no ha sido con estas
políticas del Gobierno del Partido Popular —al que animamos para
que las siga haciendo—, ha sido con las políticas de su Gobierno,
del Gobierno del Partido Socialista.

Tengo que poner en cuestión los extraordinarios resultados que
dice usted que han aportado esas acciones, ese plan 2009-2010 porque
¿cuáles han sido los magníficos resultados? Tal y como he dicho en mi
primera intervención ¿los 8500 agricultores dedicados ahora a la
remolacha y al azúcar cuando eran más de 20 000 antes de la reforma
de 2008? ¿Y quién gobernaba en 2008? Creo que el Partido Socialista.
¿Esos son los magníficos resultados? ¿O un 50 % de reducción en la cuota,
también en 2008? ¿Y quién gobernaba en 2008? ¿Esos son los magníficos
resultados? Yo creo que esas políticas serían las que habría que cambiar.
Señor Boya, año 2008: pérdida del 50 % de la cuota, muy por encima de lo
que perdían los grandes productores, Francia y Alemania. Repito,
año 2008, Gobierno del Partido Socialista. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías. Por
favor, ruego silencio en el hemiciclo.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Por lo tanto, creo que hay que intentar
sumar —como han dicho— y, en mi opinión, el Gobierno del
Partido Popular se está sumando a los propios agricultores, a las
organizaciones profesionales, al sector de la industria. Y lo está
haciendo posible con medidas que facilitan el trabajo de las
interprofesionales a las que ustedes han alabado con buen criterio. (El
señor presidente ocupa la Presidencia).

Nosotros también damos las gracias a que el propio sector sea
capaz de ponerse de acuerdo para garantizar la sostenibilidad de su
producción, buscar nuevos mercados, buscar mejores precios y garantizar
la rentabilidad para toda la cadena alimentaria. En eso hemos trabajado,
señor Plana, y es cierto que lo vamos a recordar toda la legislatura,
pero es que lo hemos hecho nosotros, aunque también haya intervenido el
Senado como parte del poder legislativo, y es una buena medida que está
dando resultados y que estamos muy orgullosos de poder defender. Somos un
grupo parlamentario que defiende la acción de un Gobierno, que la impulsa
en esta Cámara y fuera de ella. Por eso, entiendo que a ustedes les
parezcan poco nuestras mociones, pero no entiendo que les parezcan tan
poco y que no hagan nada por resolverlo.

Además, señor Plana, señor Boya, es curioso que cada vez que
traemos una moción aquí, todos los sectores estén contra las cuerdas,
todos. Pero también es curioso que esté aumentando la renta agraria, que
estén aumentando las exportaciones, que esté aumentando el consumo en
maquinaria y en insumos en el mundo agrario. Es curioso que todos vayan
al precipicio, pero los datos indican que su esfuerzo está siendo
importante porque el rendimiento, parece ser, empieza a merecer la pena
gracias a las políticas de este Gobierno, del Gobierno del Partido
Popular.

Como digo, los agricultores están viendo la liberalización del
mercado como una oportunidad para aumentar la capacidad de producción,
para aumentar el número de explotaciones y para aumentar las hectáreas
cultivadas, justo lo contrario de lo que ha hecho el sistema de cuotas
que ustedes han defendido históricamente. Por cierto, las únicas
intervenciones sobre el tema del azúcar que he podido encontrar en los
Diarios de Sesiones hacen referencia a dos preguntas del Grupo
Socialista. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por
favor.

Señorías, guarden silencio.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Y el sentido de las dos preguntas no era
llevar la cuota a 2020, era saber si de verdad se iba a dejar la cuota
en 2017. Curioso. Hoy ya que está asegurada en 2017 vuelven ustedes a la
historia de 2020 que, como digo, el ex ministro Arias Cañete —de
quien yo me fío— dijo que no era la posición del Partido Socialista
en la negociación previa en la política agraria común.

Quisiera agradecer el trabajo y los acuerdos de las
interprofesionales. Hay que recordar que con la tasa plana se hubiesen
perdido un 80 % de ayudas en Andalucía. Usted ha explicado cómo el
Gobierno de Andalucía ayuda a los agricultores; ha explicado también, y
se lo agradezco —yo lo había dicho pero pensaba que no lo iba a
decir usted—, cómo el Gobierno de Castilla y León también ayuda a
esos mismos agricultores, pero lo que no nos ha dicho, y tendremos que
mirar, es cuál de los dos al final ayuda más. Yo tengo la sospecha
fundada de que ayuda más el Gobierno de Castilla y León porque usted no
ha dicho que lo haga menos y, posiblemente, creo que esa sea la
realidad.

Miren, nuestra moción es muy sencilla de entender, también fácil
de explicar y tiene un único objetivo, que es hacer posible que ante un
tiempo de nuevos retos, ante un tiempo de incertidumbres pero de mayores
oportunidades, el sector de la remolacha, del azúcar, vuelva a crecer y
no vuelva a ir hacia atrás, como lo ha hecho en épocas de Gobierno
socialistas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cotillas.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a someter a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230;
votos emitidos, 228; a favor, 143; en contra, 1; abstenciones, 84.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 2 enmiendas,
una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias
y Mariscal, y otra del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
(Rumores).

Señorías, guarden silencio.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías. (Rumores).

El Grupo Socialista presenta esta moción para que no desaparezcan
los registros civiles públicos y gratuitos, para que los órganos
judiciales no se alejen, incluso físicamente, de los ciudadanos y para
que no se pague por un servicio público.

El señor PRESIDENTE: Senador Rodríguez Esquerdo, espere un
momento, por favor.

Señorías, guarden silencio.

Continúe, señor senador.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

En esto tan sencillo se puede resumir nuestra moción, en que se
mantenga el carácter universal, público y gratuito del Registro Civil y
que no se regale su gestión a los compañeros del señor Rajoy, que no se
pierdan más puestos de trabajo en España, sobre todo en el sector
público, y para que ustedes entiendan que los ciudadanos y los
profesionales quieren que se retire su proyecto de ley de manera
definitiva.

Señorías, la primera Ley de Registro Civil surgió en 1870 fruto de
la Constitución de 1869, en la que primaron las tesis liberales que
ensalzaban el ideal democrático de respeto a los derechos y a las
libertades individuales, se instauró el principio del Estado aconfesional
y se decidió que los bautismos, los matrimonios y las defunciones no iban
a depender ya de los registros parroquiales. Esta ley estuvo en vigor
hasta 1957, cuando se elaboró la segunda Ley de Registro Civil, y en 1957
se estableció que el registro pasase a depender del Ministerio de
Justicia, que el encargado fuera un juez y, a pesar de todo lo que ha
llovido, se ha ido prestando un servicio público adecuado.

Señorías, el Registro Civil es una de las instituciones que ha
evolucionado y ha ido adaptándose con eficiencia a los cambios que ha
experimentado la sociedad española; un éxito que se ha ido desarrollando
por las excelentes cualidades de los profesionales a los que se confió su
llevanza. Así llegamos a 2011 cuando, como ustedes saben, se promulgó la
tercera Ley del Registro Civil, que debería haber entrado en vigor
en 2014. Esta ley, la de 2011, se consensuó con todos, incluso con el
Partido Popular, para que, por ejemplo, el papel se sustituyera por un
nuevo registro único a través de la incorporación de las nuevas
tecnologías, con un carácter electrónico y bidireccional; que se
mantuviera el carácter público y universal, y cuya llevanza
correspondiera a un funcionario público.

El registro había conseguido una renovación tecnológica y
organizativa que costó a los españoles cerca de 130 millones de euros y
supuso un paso firme hacia un Registro Civil más ágil y de mayor calidad,
orientado a la excelencia y al ciudadano. Se digitalizaron más de 123 300
tomos y cerca de 80 millones de páginas. Pero entonces llegó Fidel, llegó
el comandante y mandó a parar; llegaron ustedes y asolaron la Justicia;
llegó Ruiz-Gallardón y asoló el registro, aumentaron los actos jurídicos,
territorializó de manera inadecuada las funciones, aplicó principios
hipotecarios en un ámbito en el que mayoritariamente se inscriben actos
jurídicos y, por último, se atribuye la llevanza de los registros civiles
a los registradores mercantiles y de la propiedad.

Señorías, esta es una decisión política que da luz verde a la
privatización del Registro Civil y a la privatización de un servicio
público, además de dejar en el aire la situación laboral de más de 3500
funcionarios, al tiempo que va a generar el cobro y el pago por
expedientes rutinarios, perjudicando el acceso de los ciudadanos a la
Justicia, empeorando el servicio e incluso motivando la futura
desaparición de la figura del juez de paz.

Desde luego, los socialistas les reconocemos una virtud: que han
conseguido en poco tiempo irritar y enfadar a todo el mundo. Como
siempre, han actuado de espaldas a los operadores jurídicos e incluso han
faltado al respeto a los propios secretarios judiciales.

El Consejo General del Notariado ha argumentado reiteradamente que
esto es una privatización. Los sindicatos, todos los sindicatos, señalan
que es poner en manos privadas los registros civiles, lo que va a suponer
un coste económico a los ciudadanos. Los jueces indican que se beneficia
del negocio privado a un colectivo profesional hacia el cual el actual
poder político ha demostrado su proximidad. El Consejo de Estado formula
su reexamen en profundidad, además de criticarlo y decir que es oscuro y
tiene numerosos interrogantes. Los ayuntamientos españoles, de todos los
colores, y muchos parlamentos autonómicos respaldan el Registro Civil
como servicio público y gratuito para la ciudadanía, además de defender
el empleo público. Y los secretarios judiciales, a los que ustedes han
ninguneado, señalan que es someter el Registro Civil al arancel,
obligando a pagar por dar constancia jurídica de los actos relativos al
estado civil de las personas. Señorías, y todo esto ¿por qué? Para
elaborar una ley de parte, para compensar a los registradores del
descenso provocado en su negocio, para facilitar a los compañeros,
colegas y familiares del señor Rajoy nuevas vías de negocio; en
definitiva, señorías, para seguir con su afán privatizador, favoreciendo
a sus correligionarios.

El Registro Civil tramita cada año más de 1,4 millones de
expedientes gratuitos para la ciudadanía: nacimientos, defunciones,
matrimonios, divorcios, adopciones, tutelas, cambios de nombres, cambios
de apellidos… Privatizar, pagar por todo esto es algo grotesco e
inmoral. Pero antes de que esto suceda el próximo 15 de julio, hace unos
meses ustedes crearon una verdadera revuelta, un auténtico cisma dentro
del Colegio de Registradores, que incluso les dieron un portazo por la
falta de acuerdo y no quisieron hacerse cargo del registro. ¿Por qué? Muy
sencillo, ellos lo dejaron muy claro: no asumían este trabajo de forma
gratuita y ustedes tuvieron que adecuar la ley para buscar el
negocio.

Así, con su contrarreforma, habrá que pagar, seguro; digan lo que
digan, habrá que pagar, porque, si no ¿de dónde va a salir el dinero para
la privatización? La respuesta la dan los propios registradores, y es que
el propio colegio reconoce que para prestar un servicio público de
calidad, accesible y seguro, como dijo el señor Ruiz-Gallardón, es
necesario asegurarles una fuente de financiación suficiente y vinculada a
la prestación de los propios servicios del Registro Civil. Entonces, ¿de
dónde va a salir esa financiación? ¿De los Presupuestos Generales del
Estado, como hasta ahora? Parece que no. ¿De recortes de nuevos
servicios? Ahora no toca porque estamos en período electoral. Por tanto,
solo queda una triple respuesta: los aranceles de los registradores se
incrementarán multiplicados por 10, los actos registrales y los hechos
inscribibles se aumentarán y el número de clientes obligados a realizar
operaciones con registro también crecerá. Por tanto, el Gobierno, su
Gobierno, ha cuadrado el círculo y el negocio sale perfectamente
redondo.

Esto es sencillamente imperdonable, y todo para regalar un
servicio a unos privados, atentando contra el actual modelo de seguridad
jurídica, generando una justicia para ricos y otra para los demás; una
política que, unida a sus otras actuaciones, continúa mermando los
derechos de los ciudadanos. Ustedes van a acabar con 452 registros
civiles de toda España y con los miles de juzgados de paz que hacen de
Registro Civil en los municipios pequeños, y todo para crear una sociedad
anónima. Lo vamos a llamar registros civiles, S.A. Será una empresa
privada que está llamada a convertirse en el paradigma de la
opacidad.

Pero permítanme que hable un momento sobre los propios
registradores, los beneficiarios de todo esto. El ministro y ustedes
dicen que son funcionarios públicos —admitimos pulpo como animal de
compañía—. Los registradores son un híbrido entre funcionarios
públicos que dependen del Gobierno y trabajadores privados que se
financian con aranceles. Lo cierto es que sus registros son empresas
privadas y trabajan con una evidente estructura empresarial. El actual
ministro juega con las palabras porque incluso la propia Unión Europea
recoge que los registradores no pueden ser considerados personas de
derecho público porque cobran aranceles y están sujetos al IVA; pero
ustedes continúan sacando el pulpo a pasear. Pues no, porque los
registradores de la propiedad y mercantiles son profesionales que cobran
por su trabajo. Todo esto, señorías, huele francamente mal; huele mal por
la cesión de un regalo de un servicio público a unos privados, por la
gestión de los expedientes, y canta mucho por la conversión de
expedientes, por los software de gestión y por las empresas tecnológicas
escogidas con vinculaciones familiares con altos cargos del Gobierno.
Señorías, todo esto huele mal por el desarrollo millonario de un nuevo
sistema informático. Si en cualquier país se hubiera aprobado un real
decreto en un Consejo de Ministros un 4 de julio, bajo la Presidencia de
un registrador, hermano de dos registradores, y siendo el ministro de
Justicia el yerno y el cuñado de dos registradores, cuando menos, hubiera
sido un escándalo; pero aquí no, aquí ustedes siguen sacando pecho y
llevando la ley adelante.

Con respecto a los funcionarios de verdad, ¿qué les va a pasar a
los del Registro Civil? También es sencillo: los interinos perderán su
puesto en favor de los funcionarios con plaza y, los titulares, gracias a
la movilidad que se va a generar con la relación de puestos de trabajo,
se les recolocará en otros juzgados; por tanto, 3500 empleados públicos
se pondrán en la cola del paro.

Es verdad que los españoles vieron una esperanza con la llegada
del nuevo ministro, cuando Gallardón dijo adiós. El señor Catalá, al poco
de sentarse en el sillón del ministerio, dijo que reconsideraría algunas
de la cuestiones de su antecesor. Dijo que no habría reformas sin
colaboración con los funcionarios públicos y, todavía más, se comprometió
a revisar la llevanza del Registro Civil, pero ¿todo fue un sueño para
los españoles? No, todo fue una gran mentira y un gran engaño porque él
también sabía, y lo dijo aquí, qué hacer con el Registro Civil:
entregarlo, regalarlo, cederlo a los registradores y desmantelar un
servicio público que, según el Observatorio de Calidad del Ministerio de
Hacienda, cuenta con un 85 % de satisfacción. Incluso han llegado a
desarrollar una reforma a la medida donde el propio Colegio de
Registradores es quien ordena y legisla en esta materia y le dice al
Gobierno cómo tiene que desarrollar la ley vía enmiendas. Por lo tanto,
los españoles, en justicia, hemos ido a mucho peor.

Señorías, un servicio como este debe ser público e integrado en la
Administración Pública; debe ser universal y gratuito, y nunca se debe
dejar en manos privadas porque no solamente se va a deteriorar el
servicio sino que se va a generar una fuga de datos personales que
dejarán de estar bajo el control de la propia Administración Pública y
pasarán a manos de despachos privados.

Todo esto, según ustedes, lo hacen para desjudicializar el
registro, para evitar las quejas de los ciudadanos, para reducir las
colas, para eliminar la burocracia, para dotar de más seguridad jurídica
y, sobre todo, para ahorrarse 450 millones. Falso, rotundamente falso.
Señorías, todo esto es un intervencionismo atroz y un disparo a la línea
de flotación del derecho a la intimidad y un choque contra el sistema
jurídico y la ética política.

Con esta moción no pretendemos poner en duda la cualificación
profesional de los registradores —aunque es cierto que no tienen
experiencia en el Registro Civil— pero ustedes, desde luego, les
van a convertir en una suerte de cuarto poder independiente de la
administración, con autonomía en la gestión, ajeno a las estructuras
públicas y con un claro monopolio legal. Esta es su política, una
política de austeridad de pay per view, pero en régimen de concesión y
por conducto obligatorio.

Meter la mano en el bolsillo de los españoles, deslocalizar
oficinas y colocar a los registradores como controladores absolutos del
tráfico jurídico, civil y mercantil, con un poder sin parangón en
cualquier Estado de derecho moderno, no es lo ideal. Señorías, con su
decisión política se va a anquilosar nuestra creatividad jurídica y
nuestro derecho privado.

Por lo demás —y lo decía antes—, el ceder datos
personales e íntimos de los españoles a una corporación privada es un
riesgo que apunta al corazón de la democracia y del Estado de derecho,
que por un lado abre la puerta para el usufructo privado de bienes
públicos y de cualquier tipo y, por otro, abre una puerta que la
convierte en giratoria para algunos como nuevo nicho de negocio.

Cada día que pasan ustedes en el Gobierno nos sorprenden. Justo
dentro de tres meses —de 15 de abril a 15 de julio—, cuando
un ciudadano vaya a registrar el nacimiento de un hijo pagará 20 euros;
por registrar una defunción y por casarse, 100 euros; por un libro de
familia, 120 euros; por inscribir una comunidad vecinal, 300 euros.
Aunque casarse va a ser más difícil este verano, porque algunos juzgados
de los registros civiles están dejando de dar fechas, otros no encuentran
condiciones para garantizar la celebración de bodas a partir de julio,
otros ya no dan citas y, otros, directamente los envían a los
ayuntamientos. ¿Esto es seguridad jurídica? ¿Esto es gobernar para los
ciudadanos? Solo nos queda una esperanza, que hoy vean la respuesta que
dan los grupos en esta Cámara y reaccionen, de modo que no permitan que
se pierda un servicio público, con lo que supone para la ciudadanía y no
solamente porque se pierdan datos sensibles e importantes para los
propios españoles, sino incluso desde el punto de vista histórico y
sociológico.

Por todo ello, señorías, el Grupo Socialista presenta esta moción,
porque no queremos que desaparezcan los registros civiles y los juzgados
de paz; porque no queremos que los órganos judiciales se alejen de los
ciudadanos; porque no queremos pagar por inscribir nacimientos,
defunciones, matrimonios, divorcios, tutelas, por inscribir
incapacidades, adopciones, cambios de nombre, cambios de sexo o cambios
de apellido; porque no queremos que se generen situaciones de inseguridad
a los ciudadanos, como ya se están generando; porque no queremos que 3000
funcionarios se queden sin empleo; y porque no queremos que el Registro
Civil deje de ser público, universal y gratuito.

Por todo esto, esperamos el apoyo de todos los grupos de la
Cámara, para que este proyecto de ley nunca entre en vigor y para que el
Registro Civil en España, después de ciento cuarenta y cinco años de
vida, no se privatice ni se regale a los compañeros del señor Rajoy.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la enmienda que he formulado con el senador Mariscal
plantea la derogación del marco legal del que se está colgando el proceso
de privatización al que hace referencia esta moción sobre el Registro
Civil. Así, plantea la derogación de las disposiciones adicionales
vigésimo primera, vigésimo tercera y vigésimo cuarta de la Ley 18/2014,
de 15 de octubre. Esta enmienda refuerza la moción estableciendo el
mecanismo legal que de verdad garantizaría la paralización del proceso de
privatización iniciado.

Aparte de ello, no me resisto a decir que el debate que hemos
venido desarrollando con bastante intensidad en torno a esa materia debe
llevarnos a una reflexión, la de que es legítimo plantearse la mejora de
la gestión de un servicio público, como es el Registro Civil, pero que no
lo es buscar una alternativa que en ningún caso va a conseguir ese
objetivo y que además está absolutamente alejada de la realidad. Por más
que se insista, no es verdad que haya un cuestionamiento por los
ciudadanos del Registro Civil, que parece que tiene las mismas virtudes y
los mismos defectos que el sistema general de Administración de Justicia;
que sus carencias son las de los juzgados y que, por lo tanto, son
subsanables de la misma forma que las carencias del resto de los
juzgados.

Además, afecta a una materia especialmente sensible, los datos
personales, lo que configura los datos de la personalidad de nuestros
ciudadanos que tienen que tener garantizado al 100 %, por supuesto, que
van a contar con una protección y no van a ser difundidos.

Decía el portavoz socialista, acertadamente, que no se trata de
cuestionar la capacidad técnica o los conocimientos de los registradores
de la propiedad o de los registradores mercantiles, pero, a la vez, debo
señalar que no es lo mismo registrar la transmisión de un bien inmueble
que registrar una defunción o un nacimiento, entre otras razones, porque
en la inscripción o anotación de una diligencia de embargo se trabaja con
documentos y en la inscripción de un nacimiento o de una defunción se
trabaja con personas. En la mayoría de los casos, la presencia física
nunca va a poder ser sustituida por ningún avance tecnológico que se
aplique, por mucho que se informaticen los registros civiles.

Por otro lado, tal y como también apuntaba el portavoz socialista,
lo que queda claro en este debate es el poder de un colectivo pequeño en
este país, unos pocos cientos de registradores mercantiles, a los que se
han sumado los de la propiedad, que, además —y esta es otra razón
para oponerse a esta privatización—, han encontrado en los últimos
años en la Dirección General de los Registros —órgano
administrativo dependiente de los responsables del poder político—
una especie de tanque, de Panzer, por un lado, para fiscalizar la
actuación de cualquier novato en las funciones registrales, pero, además,
para desarrollar, a través de la figura de las instrucciones, una
interpretación de las normas que es cuasi legislativa. No se da esa
situación en ninguno de los jueces encargados del Registro Civil, que
gozan de la independencia propia del Poder Judicial. Es decir, esa
independencia del funcionamiento de los registros civiles, que en este
momento forma parte de la independencia del Poder Judicial, va a
desaparecer porque la dependencia se establecerá de esta Dirección
General de los Registros, que será la que marque la doctrina, lo cual
permitirá una intromisión, hasta ahora imposible, del poder político en
el funcionamiento de los registros civiles.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la
moción del Grupo Parlamentario Socialista que paso a detallar. En primer
lugar, añadimos el carácter telemático al punto primero de la moción
presentada, de acuerdo con la Ley 20/2011. En segundo lugar, y en línea
con el punto número 3 de la moción, que insta a que se lleven a cabo las
actuaciones e inversiones necesarias que permitan la entrada en vigor de
la ley, introducimos una mejora e instamos al Gobierno a que asegure la
desjudicialización y la llevanza del registro por funcionarios públicos a
través de la plataforma electrónica diseñada al efecto. También en línea
con el punto número 4 del petitum de la moción, creemos necesario que la
moción aborde todas aquellas acciones posibles para que se mantengan los
puestos de trabajo de todos los funcionarios; todos, tanto los fijos como
los interinos. Finalmente, como señala el punto número 4, creemos que es
fundamental que se realice una adecuada implantación del nuevo modelo de
gestión del Registro Civil, contando para ello con todos los sectores y
colectivos implicados, y garantizar de este modo que la transición entre
sistemas se realice asegurando la correcta prestación del servicio a los
ciudadanos.

Por estas razones, y teniendo en cuenta que se trata de una
enmienda que contribuye a la mejora de la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, les solicitamos que tengan a bien proceder a su
aceptación, más aun teniendo en cuenta que se trata de una enmienda en
positivo que, sin duda, nos permitirá avanzar en el funcionamiento de un
registro que ofrezca un mejor servicio al ciudadano.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo para indicar si
acepta o no las enmiendas.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Gracias, señor presidente. Si me lo
permite, voy a intervenir desde el escaño.

Señor Iglesias, aceptamos la enmienda que propone la derogación de
las disposiciones adicionales vigésimo primera, vigésimo tercera y
vigésimo cuarta de la ley porque entendemos que mejora la moción.

En cuanto al señor Arias, presenta una enmienda de sustitución con
la intención, supongo, de hacer un traje nuevo a la moción que presenta
el Grupo Socialista, pero creo, de verdad, que se han confundido de
destinatario. Esta enmienda, este traje nuevo, se lo deberían haber
enviado hace tiempo al ministro Gallardón y, si no, al actual ministro de
Justicia, porque si usted de verdad se reafirma en su enmienda, tal y
como ha dicho, debiera retirarla ahora mismo y apoyar la moción que
presenta el Grupo Socialista.

Hay dos diferencias fundamentales entre la enmienda y la moción.
Nosotros, los ciudadanos, los operadores jurídicos y los sindicatos
pretendemos que se retire la ley, cuestión que usted no cita para nada en
la enmienda. Otro aspecto que diferencia su enmienda respecto de la
moción socialista es la continua referencia que hacen ustedes a la
traslación telemática de datos, cuestión que ya contempló la ley de 2011
que pretendía, como indicaba antes, hacer un registro único de carácter
electrónico y bidireccional, pero con sede en la propia Administración de
Justicia y no dirigido a terceros, unos privados beneficiados con alguna
empresa que seguramente resultará beneficiaria de la creación y el
mantenimiento de todo el sistema telemático y que, además, obtendrá un
contrato de relevancia económica muy significativo para alguna empresa
mercantil que, según se señala, está muy próxima a altos cargos del
Gobierno.

Por tanto, por estas dos cuestiones no podemos aceptar su enmienda
de sustitución. Si quiere dar un paso más con su enmienda, es muy fácil:
queremos que el registro sea civil, público, universal y gratuito y que
garantice los puestos de trabajo y las inversiones necesarias de acuerdo
con la ley. Pues bien, tan sencillo como esto: ahora va y, además de
retirar su enmienda, le explica al ministro su traje nuevo y vota a favor
de la moción socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

¿Algún senador desea utilizar el turno en contra? (Pausa).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

En esta reflexión sobre la situación del Registro Civil y sus
alternativas, a la vista también de que la Ley 18/2004 llega hasta el
límite, forzando las previsiones de la Ley 20/2011, y constatando además
que, en mi opinión, va a resultar imposible que el 15 de julio sea
factible el despliegue completo de la ley de 2011, podemos aprovechar la
oportunidad, en primer lugar, para repensar la conveniencia de
desjudicializar los registros civiles; en segundo lugar, si se llegara a
la conclusión de que la desjudicialización sigue siendo la mejor opción,
hay que realizar la búsqueda y el encaje de otra fórmula sin salir de la
Administración de Justicia. En algún momento se barajó —y no digo
yo que sea la opción más adecuada ni preferente— que fueran los
secretarios judiciales los que llevaran los registros civiles dentro,
insisto, del servicio de Administración de Justicia.

Por otro lado, a estas alturas creo que la garantía de gratuidad
—lo decía con datos concretos el portavoz proponente, el portavoz
socialista, en la defensa de la moción— es hoy una auténtica
quimera. En el debate con el señor ministro ya avanzábamos que se habían
introducido nuevos actos inscribibles para garantizar ingresos a los
registradores y que se pagaría por actuaciones que hasta ahora eran
gratuitas. Recientemente, los medios de comunicación reflejaban que la
renovación de la encomienda de gestión de los procedimientos de
nacionalidad supondría la transferencia de recursos públicos por importe
de 4 millones de euros.

Lo desacertado de la opción que se estaba intentando sacar
adelante paso a paso ha contado con la contestación de todos los
colectivos del ámbito de la justicia, y de algunos próximos. Me llama la
atención, una vez más, la contundencia de los notarios en esta materia.
Voy a leer brevemente, si me lo permiten sus señorías, un par de párrafos
del editorial de la revista El Notario del siglo XXI, que está en esa
mesa del patio del Senado que, como saben sus señorías, es la revista del
Colegio de Notarios de Madrid, porque me parece realmente grave. Empieza
diciendo: «… la redacción por el Colegio Nacional de Registradores
de la Propiedad y Mercantiles de algunas de las enmiendas a la última
reforma del Registro Civil, fundamentalmente con la finalidad de
apuntalar sus vías de financiación, no viene más que a confirmar los
peores augurios: la estrategia política diseñada para garantizar la
subsistencia de un cuerpo de funcionarios va a ser sufragada por los
usuarios del tráfico civil y mercantil, por la vía de incrementar su
burocracia y trámites». Pero todavía, elevando aún más el tono, al final
concluye diciendo: «Pese a todo ello —a lo que acabo de hacer
referencia—, existe un riesgo todavía mayor, que apunta al corazón
de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Se van a ceder los
datos personales e íntimos de los españoles a una corporación no
integrada plenamente en la Administración General del Estado, sin
dependencia jerárquica efectiva ni sujeta a control directo, con
intereses económicos propios e individuales muy señalados. La
privatización de los elementos esenciales del Estado moderno no es un
alegato retórico. Esta cesión demuestra hasta dónde puede llegar. Ya no
es solo que por este portillo se abra la puerta al usufructo privado de
bienes públicos de cualquier tipo y condición, sino que atribuye
herramientas de control policial sobre la ciudadanía a sujetos cuyos
intereses privados no coinciden con los del Estado». Ninguna editorial de
Mundo Obrero se atrevería a decir las cosas con tanta claridad.

Muchísimas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días, señor presidente,
señorías.

Hace poco más de tres años y medio que se aprobó con un amplio
consenso —se ha comentado, y es un dato importante que hay que
subrayar— la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, es
decir, todos los grupos de la Cámara apoyaron este texto. Además, esta
ley tenía una buena adecuación a las necesidades de la sociedad del siglo
XXI y superaba ya las contradicciones que estaba generando la Ley del
Registro Civil de 8 de junio de 1957. Algo importante era el equilibrio
que se lograba, por una parte, con la necesaria protección del derecho
fundamental a la intimidad y, por otra, con el carácter público del
propio Registro Civil. Un dato curioso es que la Ley 20/2011, de 21 de
julio, se publicó el día 22 de julio, pero a través de su disposición
adicional décima el grueso de dicha ley entró en vigor a los tres años de
su publicación, es decir, el 22 de julio del 2014.

Evidentemente, no creo que sea el momento para valorar si la
vacatio legis era excesiva o no, pero sí voy a subrayar que, a un mes de
la entrada en vigor de la ley, el entonces ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, contestó en esta misma Cámara, si mal no recuerdo a una
pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, lo siguiente: El Gobierno,
en breve, presentará una propuesta para que el Registro Civil esté a
cargo de los registradores mercantiles. Lo anunció en esta Cámara, y su
respuesta no fue ninguna casualidad, puesto que en el Consejo de
Ministros celebrado la semana siguiente, el viernes 4 de julio de 2014,
como ustedes recordarán, mediante un real decreto ley ómnibus, que más
tarde fue la Ley 18/2014, de 15 de octubre que antes ha mencionado, se
modificaron decenas de leyes en las cuales había 5 disposiciones
adicionales que establecían que la llevanza del Registro Civil sería
asumida por los registradores de la propiedad y mercantiles. La
conclusión es que la Ley 20/2011, que se aprobó por unanimidad
—aunque nosotros tuviéramos algún reparo porque desocializaba el
único Registro Civil, reparo que entendíamos que se contrarrestaba con el
artículo 22 y las disposiciones adicionales primera, segunda y sexta de
la propia Ley 20/2011—, evidentemente equilibraba el papel que
tenían que jugar las comunidades en todo este quehacer.

En estos momentos, en el Congreso de los Diputados se encuentra en
tramitación la reforma de la Ley 20/2011 y, a su vez, se quiere poner en
marcha un sistema informático único que debiera estar en funcionamiento
antes del 15 de julio de 2015; es decir, podemos sintetizar esto con una
frase: todo un modelo de buen hacer jurídico. Tres años de vacatio legis,
teóricamente arbitrados para operar con tiempo, contraste y reflexión, y
ahora se nos remite al 15 de julio de 2015, es decir, una prórroga de más
de un año pero no para ejecutar el modelo de llevanza ya diseñado,
acordado y consensuado en esta Cámara, sino para poner en marcha un nuevo
modelo radicalmente distinto al original después de cuatro años.

Y no solo eso. Si la técnica legislativa, en nuestra modesta
opinión, ha sido penosa, la técnica relacional, la inteligencia emocional
o de sensibilidad para con los implicados y, en este caso, con las
comunidades autónomas, también podríamos decir que es penosa. ¿Saben sus
señorías cuándo fue comunicada la nueva regulación a los representantes
de las comunidades autónomas? Pues en una reunión técnica convocada de
urgencia la misma mañana del viernes en la que el Consejo de Ministros
debatía y aprobaba el real decreto ley en cuestión que ahora he
mencionado, es decir, todo un ejemplo de respeto para con las comunidades
autónomas.

Con respecto a la financiación de toda la llevanza del registro,
lo que viene a decir es que la prestación del servicio público que
constituye el Registro Civil continuará siendo gratuita, sin excepción de
ningún tipo. Lo decía la ley ómnibus y lo dice la ley aprobada el 15 de
octubre, pero si la llevanza del Registro Civil ya no será financiada con
cargo al presupuesto público, la pregunta que todos los aquí presentes
nos tenemos que hacer es quién sufragará los gastos que genere el
Registro Civil, porque en tanto en cuanto no haya una respuesta clara a
esta pregunta seguirá existiendo una laguna negra y, evidentemente, un
cero o un conjunto vacío en transparencia, porque no parece lógico que
los registradores mercantiles aplaudan que sean ellos quienes tengan que
cubrir los gastos que genere la llevanza del Registro Civil, como tampoco
parece lógico que el coste del Registro Civil se repercuta, vía
aranceles, a los restantes usuarios del Registro Mercantil. Con lo cual,
¿cuál es el modelo de financiación que tiene esta llevanza por los
registradores mercantiles? Porque, evidentemente, como se decía antes,
aquí nadie da duros a cuatro pesetas. Por tanto, ¿dónde está la
financiación de todo este servicio?

Además, si repercutiera vía aranceles a los restantes usuarios del
Registro Mercantil, podría generar una serie de dudas con el derecho
europeo del consumidor y de la competencia, y esto sí que puede generar
serios problemas.

En cuanto al punto de vista competencial, ya comentado, el modelo
previsto en la Ley 20/2011 permitía algún tipo de intervención autonómica
en el ámbito del Registro Civil. Fuimos críticos, pero sí que permitía
algún tipo de acuerdo, y es que en aquellas comunidades autónomas cuyos
estatutos posibilitaban la ejecución y desarrollo de esta norma, así lo
hacían, pero el modelo que resulta del real decreto que antes hemos
citado, después convertido en ley, que encomienda la llevanza del
Registro Civil a los registradores que tengan a su cargo el Registro
Mercantil, no deja espacio alguno para la intervención autonómica. Es
decir, esta ley reduce el papel de las comunidades autónomas con
competencias ejecutivas en materia de Registro Civil al de verdaderos
almacenes de libros de Registro Civil, y no es otro el papel que se da,
después de esta ley, a las comunidades autónomas.

Para finalizar, diré únicamente que nosotros vamos a apoyar este
texto con la enmienda aportada ya que creemos que clarifica
verdaderamente el sentido de esta moción, pero pedimos una vez más algo
que para nosotros es muy importante. Me refiero al segundo punto, que no
está en la enmienda realizada por el grupo mayoritario, sobre la
importancia que tiene la Ley 20/2011 en el ámbito competencial y, sobre
todo, respecto del papel que tienen que jugar las comunidades autónomas.
Verdaderamente esto clarifica que las comunidades autónomas sí tienen
mucho que decir en la llevanza del Registro Civil.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene
la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gràcies, senyor president.

El nostre votarà favorablement a aquesta moció del Grup Socialista
perquè coincidim en un objectiu. L’objectiu és fàcil: volem un
Registre Civil gratuït, públic i universal. Això és el que volem.

Com vostè saben, al Registre Civil s’hi inscriuen les dades
o els fets essencials d’una persona, el naixement, la mort, el
matrimoni, però moltes altres dades. Per tant, estem parlant d’una
instància on cal garantir la privacitat. Des d’aquest punt de
vista, per garantir la privacitat, històricament el Registre Civil depèn
de l’Administració. Ara el Partit Popular ens planteja una
privatització del Registre Civil. I la primera pregunta és per què.
Quines són les raons que porten al fet que el Partit Popular plantegi una
modificació i una privatització del Registre Civil? Privatització que
dóna, en definitiva, als registradors mercantils. No hi ha absolutament
cap raó, ni una raó en el projecte de llei i, prèviament, en el decret
que justifiqui la privatització del Registre Civil. Però, a més a més, hi
ha una cosa que també el portaveu del Grup Mixt, el senyor Iglesias, ha
dit, que és el risc —no només ho diem nosaltres, sinó els altres
grups de l’oposició— que manifesten el Col·legi de Notaris i
altres col·legis professionals. Som davant del risc que dades íntimes no
siguin respectades des del punt de la seva intimitat i privacitat.

Des d’aquest punt de vista, el projecte de llei diu que no
hi haurà problemes econòmics, però no presenta cap memòria econòmica.
Llavors, la pregunta que els faig és la següent: com es pot plantejar una
reforma, una modificació, del Registre Civil sense dir què es vol
millorar, sense dir quin cost econòmic té i posant en risc, en
definitiva, la informació o les dades absolutament confidencials que té
el Registre Civil.

Jo vull també llegir un parell de paràgrafs del mateix document
que el senyor Iglesias ha llegit. Un que diu el següent: «Resumamos una
vez más los fines y medios perseguidos: con el fin de colocar a los
registradores como controladores absolutos del tráfico jurídico, con un
poder sin parangón en cualquier Estado de Derecho moderno».

Això ho diu el Col·legi de Notaris: col·loquem els registradors
mercantils com a monopolitzadors de tot el trànsit jurídic, que no té
absolutament cap comparació en cap estat de la Unió Europea.

Hi ha un altre paràgraf que també és molt bo, que diu el següent:
«El que una reforma como esta pueda introducirse por vía de enmiendas a
una ley ajena, sin debate social, sin análisis económico, sin estudio
alguno sobre los efectos del encarecimiento y entorpecimiento que va a
producir en el tráfico jurídico, demuestra cómo se legisla hoy en España.
En cualquier país serio una reforma de este tipo hubiera venido precedida
de un análisis desapasionado de las necesidades a satisfacer».

En síntesi: no sabem —el Partit Popular no ens diu—
quines són les deficiències o els problemes a resoldre. No ens diu com es
finançarà. No hi ha memòria econòmica. Al mateix temps, les inversions
importants de més de 100 milions d’euros que s’han fet, en
definitiva, es cediran a l’esfera privada. I, paral·lelament, la
modernització del Registre Civil en cap cas pot significar un canvi en
l’estructura legal.

Jo crec que són raons suficients per dir que no, en definitiva, a
aquest projecte de llei, però per donar suport avui a la moció del Partit
Socialista, que planteja claríssimament la continuïtat del Registre Civil
públic, gratuït i universal en contra de les incerteses i del regal
material, però polític, important que el Govern del PP fa als
registradors mercantils i de la propietat.

Res més i moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente a esta
moción del Grupo Parlamentario Socialista porque coincidimos en su
objetivo, un objetivo sencillo: queremos un Registro Civil gratuito,
público y universal; esto es lo que deseamos.

Como ustedes saben, en el Registro Civil es donde se inscriben los
datos o los hechos esenciales de una persona, su nacimiento, muerte,
matrimonio y muchos otros datos. Por tanto, estamos hablando de una
instancia en la que se debe garantizar la privacidad. Desde este punto de
vista, para poder garantizarla el Registro Civil depende históricamente
de la Administración, pero ahora el Partido Popular nos plantea su
privatización. La primera pregunta es esta: ¿por qué?, ¿cuáles son las
razones que llevan a que el Partido Popular plantee la privatización del
Registro Civil? Se trata de una privatización que da también al Registro
Mercantil. No hay ni una sola razón en el proyecto de ley ni en el previo
real decreto que justifique la privatización del Registro Civil. Pero es
que, además, hay otro aspecto que ha mencionado el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Iglesias, y que manifiestan tanto el Colegio
de Notarios como otros colegios profesionales —no solo lo decimos
nosotros, también lo dicen los demás grupos de la oposición—, que
es el riesgo de que la privacidad de los datos íntimos no sea
respetada.

Por otra parte, en el proyecto de ley se afirma que no va a haber
problemas económicos, pero no se presenta ninguna memoria económica. Por
tanto, la pregunta que yo les hago es la siguiente: ¿cómo puede
plantearse una reforma, una modificación del Registro Civil, sin afirmar
qué es lo que se quiere mejorar, qué coste económico supondrá poner en
riesgo, en definitiva, una información o unos datos absolutamente
confidenciales que tiene el Registro Civil?

Me gustaría leer también un par de párrafos del mismo documento
que el señor Iglesias ha leído. Uno dice lo siguiente: «Resumamos una vez
más los fines y medios perseguidos: con el fin de colocar a los
registradores como controladores absolutos del tráfico jurídico, con un
poder sin parangón en cualquier Estado de Derecho moderno».

Esto lo dice el Colegio de Notarios: coloquemos a los
registradores mercantiles como monopolizadores de todo el tráfico
jurídico, cuando no existe ninguna situación comparable en ningún Estado
de la Unión Europea.

Y otro párrafo —también muy bueno— dice lo siguiente:
«El que una reforma como esta pueda introducirse por vía de enmiendas a
una ley ajena, sin debate social, sin análisis económico, sin estudio
alguno sobre los efectos del encarecimiento y entorpecimiento que va a
producir en el tráfico jurídico, demuestra cómo se legisla hoy en España.
En cualquier país serio una reforma de este tipo hubiera venido precedida
de un análisis desapasionado de las necesidades a satisfacer».

En síntesis, no sabemos —el Partido Popular no nos lo
dice— cuáles son las deficiencias o los problemas que deben
resolverse, no nos dice cómo va a financiarse y no hay ninguna memoria
económica. Al mismo tiempo, las inversiones importantes de más de cien
millones de euros que se han realizado van a cederse, desde mi punto de
vista, a la esfera privada. Y, en paralelo, la modernización del Registro
Civil en ningún caso puede significar un cambio de su estructura
legal.

Me parece que son motivos suficientes para decir que no, en
definitiva, a este proyecto de ley y para aprobar la moción del Grupo
Socialista que plantea, a todas luces, la continuidad de un Registro
Civil público, gratuito y universal, en contra de las incertidumbres y
del importante regalo material, pero político, que el Gobierno del
Partido Popular hace a los registradores mercantiles de la
propiedad.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente. Bé,
d’entrada, estem d’acord en tots els punts de la moció.
Primer, en relació al primer apartat, defensem que el registre civil, com
a servei orientat a la ciutadania, es mantingui amb totes les garanties,
i mostrem el nostre rebuig al possible allunyament d’aquest servei
dels ciutadans.

Amb aquesta reforma, operada amb el Reial decret Llei 8/2014, de 4
de juliol, el Govern espanyol ha optat per aprovar un canvi de model de
registre civil que suposarà que, a partir de l’






entrada en vigor de
la Llei 20/2011, de 21 de juliol, el proper 15 de juliol de 2015, la
funció registral, o el que és el mateix, dels registres civils, passi a
ser exercida pels registradors de la propietat i mercantils. Bé, no podem
estar d’acord amb un model de registre civil que, tot i que atorga
la competència per a la gestió del registre civil als registradors de la
propietat que tinguin al seu càrrec les oficines del Registre Mercantil
en la seva condició de funcionaris públics, en realitat comporta la
privatització d’aquest servei públic i la possibilitat, que no
s’ha de descartar, que en un futur els registradors puguin cobrar
pels seus serveis. Considerem que amb aquest model estan en perill la
gratuïtat i el caràcter públic del servei.

Al seu torn cal tenir present que no està clara quina serà la
funcionalitat de les oficines del registre civil, que només estaran
ubicades a les capitals de província. El servei públic del registre civil
s’allunya del ciutadà ja que la reforma limita la presència del
registre civil a la capitalitat de la província i obliga al ciutadà a
desplaçar-se a les capitals de província per realitzar tràmits que
afecten a la vida quotidiana i que es poden dur a terme mitjançant
jutjats de pau. A banda de considerar la reforma molt centralitzadora,
considerem que la mesura és un greuge comparatiu vers els ciutadans que
no resideixin en capitals de província i constitueix un pas enrere vers
la prestació d’un servei públic de vital importància.

Pel que fa al punt 2 de la moció sobre la retirada de la
tramitació parlamèntaria del Projecte de Llei de mesures de reforma
administrativa en l’àmbit de l’Administració de Justícia i
del Registre Civil, cal dir que el meu grup parlamentari es manifesta en
la mateixa línia del Conseller de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, el qual ha manifestat recentment en la Conferència Sectorial
de Justícia, celebrada a Madrid el 8 d’abril de 2015, la seva
oposició a la privatització del Registre Civil i ha instat al Ministeri
de Justícia que aturi la tramitació del Projecte de Llei de mesures de
reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de
justícia i del registre Civil.

En referència al tercer punt, estem d’acord que cal dur a
terme les actuacions i inversions necessàries per a l’entrada en
funcionament de la Llei 20/2011, l’entrada en vigor de la qual,
insistim, hauria de veure’s prorrogada a fi de posposar la mateixa
fins que no s’obtingui un consens en la propera legislatura.

Estem d’acord també en el punt 4: cal evitar que es
produeixin situacions d’inseguretat per als ciutadans i, en
particular, dels cossos de funcionaris públics afectats per la
indefinició i la confusió existent a l’actualitat. El contingut de
l’estructura i el funcionament del futur Registre Civil es
desenvoluparan en una altra norma complementària: el Projecte de Llei de
mesures de reforma administrativa en l’àmbit de
l’Administració de justícia i del Registre Civil, que continuarà la
reforma en la línia apuntada, on s’especificarà el règim del
personal al servei de l’Administració de Justícia destinat
actualment al Registre Civil. Fins que aquesta desjudicialització no es
produeixi la confusió i indefinició és evident.

Pel que fa a Catalunya, la gestió del registre civil seguirà com
fins ara encomanada al jutjats i tribunals i el Departament de Justícia
continuarà essent l’encarregat de la provisió de mitjans humans i
materials per al funcionament de l’Administració de Justícia a
Catalunya. En un futur s’haurà d’estar al desenvolupament
normatiu que determini les mesures concretes i escaients, cosa que no ha
d’implicar necessàriament la cessió de tots els mitjans materials i
personals. El criteri del Departament de Justícia és el de mantenir
aquest personal dins l’Administració de Justícia. Els jutges,
secretaris judicials i funcionaris que actualment es dediquen en
exclusiva o de forma compartida a prestar aquest servei passarien a
realitzar la seva activitat en l’àmbit de la funció jurisdiccional,
reforçant així l’Administració de Justícia.

Considerem que cal evitar que els ciutadans i els cossos de
funcionaris públics afectats pateixin les situacions d’inseguretat
i confusió que ara s’estan produint. Per tot això, ja anunciem el
nostre suport mitjançant el vot favorable a aquesta moció.

Gracias, señor presidente.

Ante todo, estamos de acuerdo con todos los puntos de la moción.
Respecto al primer párrafo, defendemos que el Registro Civil, como
servicio orientado a la ciudadanía, se mantenga con todas las garantías,
y mostramos nuestro rechazo al posible alejamiento de este servicio de
los ciudadanos.

Con esta reforma, operada con el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de
julio, el Gobierno español ha optado por aprobar un cambio de modelo de
Registro Civil que supondrá que a partir de la entrada en vigor de la
Ley 20/2011, de 21 de julio, el próximo 15 de julio de 2015, la función
registral, o lo que es lo mismo, de los registros civiles, pase a ser
ejercida por registradores de la propiedad y mercantiles. No podemos
estar de acuerdo con un modelo de Registro Civil que, aunque otorga la
competencia para su gestión a los registradores de la propiedad que
tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil en su condición de
funcionarios públicos, en realidad conlleva la privatización de dicho
servicio y la posibilidad, que no debe descartarse, de que en un futuro
los registradores puedan cobrar por sus servicios. Consideramos que con
este modelo están en peligro la gratuidad y el carácter público del
servicio.

A su vez, debemos tener en cuenta que no está claro tampoco cuál
va a ser la funcionalidad de las oficinas del Registro Civil, que tan
solo estarán ubicadas en las capitales de provincia. El servicio público
del Registro Civil se aleja del ciudadano, puesto que la reforma limita
la presencia del Registro Civil a la capitalidad de la provincia y obliga
al ciudadano a desplazarse a las capitales de provincia para efectuar
trámites que afectan a su vida cotidiana y que pueden llevarse a cabo
mediante los juzgados de paz. Además de considerar la reforma muy
centralizadora, opinamos que la medida es un agravio comparativo para los
ciudadanos que no residan en capitales de provincia, y constituye un paso
atrás ante la prestación de un servicio público de vital
importancia.

En cuanto al segundo punto de la moción, sobre la retirada de la
tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Registro Civil, mi grupo parlamentario se manifiesta en la misma línea
del conseller de Justicia de la Generalitat de Catalunya, que
recientemente ha manifestado en la Conferencia Sectorial de Justicia,
celebrada en Madrid el 8 de abril de 2015, su oposición a la
privatización del Registro Civil y ha instado al Ministerio de Justicia a
que detenga la tramitación del Proyecto de Ley de medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Registro Civil.

En cuanto al tercer punto, estamos de acuerdo en que se deben
llevar a cabo las actuaciones e inversiones necesarias para la entrada en
funcionamiento de la Ley 20/2011. Insistimos en que su entrada en vigor
debería verse prorrogada con el fin de posponerla hasta que se obtenga un
consenso en la próxima legislatura.

Estamos de acuerdo también con el punto cuatro. Debemos evitar que
se produzcan situaciones de inseguridad para los ciudadanos y, en
concreto, de los cuerpos de funcionarios públicos afectados por la
indefinición y la confusión existente actualmente. El contenido de la
estructura y el funcionamiento del futuro Registro Civil se van a
desarrollar en otra norma complementaria al Proyecto de Ley de medidas de
reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y
del Registro Civil, que va a proseguir la reforma en la línea apuntada,
donde se especificará el régimen del personal al servicio de la
Administración de Justicia actualmente destinado al Registro Civil. Hasta
que esta desjudicialización no se produzca, la confusión e indefinición
son evidentes.

En cuanto a Cataluña, la gestión del Registro Civil seguirá, como
hasta ahora, encomendada a los juzgados y tribunales y el departamento de
Justicia seguirá siendo el encargado de la provisión de medios humanos y
materiales para el funcionamiento de la Administración de Justicia en
Cataluña. En un futuro deberemos estar pendientes del desarrollo
normativo que determine las medidas concretas y más apropiadas, lo cual
no debe implicar necesariamente la cesión de todos los medios materiales
y personales. El criterio del departamento de Justicia es conservar este
personal dentro de la administración; los jueces, secretarios judiciales
y funcionarios que se dedican en exclusiva de forma compartida a prestar
este servicio pasarían a realizar su actividad en el ámbito de la función
jurisdiccional, reforzando así la Administración de Justicia.

Consideramos que debemos evitar que los ciudadanos y los cuerpos
de funcionarios públicos afectados padezcan las situaciones de
inseguridad y confusión que ahora se están produciendo y, por todo ello,
anunciamos nuestro apoyo mediante el voto favorable a esta moción.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias de nuevo,
presidente.

Señorías, en primer lugar, nuestro agradecimiento a los grupos que
van a apoyar esta moción y nuestra decepción, una vez más, por la
posición que adopta el grupo mayoritario, no solamente porque no asuman
nuestra propuesta —lo que es ya costumbre habitual y
reiterada—, sino porque de verdad siguen sin aprender y siguen sin
escuchar a los españoles.

El sábado pasado miles de personas se manifestaron en Cibeles
contra la privatización de los registros civiles, dejaron bien claro que
no se puede privatizar un servicio público esencial en favor de un
colectivo privilegiado para convertirlo en un negocio. Pero es que los
funcionarios públicos de Justicia que están en los registros civiles, que
trabajan allí, llevan meses, casi un año, parando cada viernes media hora
para protestar por la privatización —claro, si no les escuchan
seguirán—. Señorías, su Gobierno ya provocó la marea blanca de la
sanidad, provocó la marea verde de la educación y desde el día 11 de
abril tienen la marea amarilla de justicia. ¿Y saben lo que va a pasar
con tantas mareas? Que se va a generar tal resaca social que, visto lo
visto, les van a sumergir en el más absoluto de los fracasos y en pocos
meses les van a hacer salir del Gobierno, que ya es hora.

Señorías, creo que ha quedado muy claro que los registradores no
van a asumir la gobernanza de este servicio público sin contraprestación
económica alguna. Las cuentas no salen, como he señalado antes, y los
ciudadanos van a pagar sí o sí y los registradores van a cobrar sí o sí
también. Y si no, ahí tienen el primer ejemplo: Boletín Oficial del
Estado de 7 de abril, encomienda de la gestión del Ministerio de Justicia
al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles
de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por
residencia. Esta medida es un claro anticipo del proceso de privatización
del Registro Civil. ¿Cómo pretenden engañar a los españoles diciendo que
con esta resolución, con esta encomienda, se pretende dar salida
a 150 000 expedientes de nacionalidad atascados desde finales de 2013? La
realidad es que dichos expedientes se encuentran paralizados por ustedes
para provocar un embudo, sin que les importe la situación de
estos 150 000 extranjeros solicitantes de nacionalidad española. Al final
ustedes se han sometido a las órdenes de los registradores y con la
publicación de este boletín oficial les dan 4 millones de euros por la
encomienda —no está mal, ¿eh?—, 4 millones de euros de marzo
a diciembre, no está mal. ¿Por qué en vez de destinar esos 4 millones a
los registradores mercantiles, a los compañeros del presidente Rajoy, a
los cuñados, a los primos, a los sobrinos, no se lo ingresan directamente
al Registro Civil para que mejoren sus condiciones? ¿Por qué no lo
utilizan para dotar el Registro Civil de mejores medios, para que tenga
más inversiones, como dice su moción o como dice incluso la propia
defensora del pueblo? Muy sencillo, señorías, porque el problema del
Registro Civil en España no es ni el coste, ni la burocracia, ni las
colas, ni la judicialización, ni los 450 millones, el problema del
Registro Civil en España es su Gobierno, el Popular, y su ministro, antes
Gallardón y ahora el señor Catalá; esa es la verdadera razón, ese es el
verdadero problema que tiene el Registro Civil en España, su Gobierno y
su ministro.

Privatizar un servicio público a favor de una alcurnia
profesional, como son los registradores de la propiedad y los
registradores mercantiles, y a costa del bolsillo de los españoles alguno
lo definiría como un verdadero atraco. Hoy, señorías, van a consumar un
acto que yo defino como uno más de soberbia y de indiferencia del Grupo
Popular y de su Gobierno: darán el primer paso, evidente ya, para hacer
un Registro Civil algo más oscuro y mucho más ineficaz. Van a regalar la
gestión del Registro a los registradores, a los amigos, a los familiares
del presidente del Gobierno y de otros ministros para dotarles de mayor
volumen de negocio y harán que el registro deje de ser universal, público
y gratuito; eso sí, va a ser mucho más familiar porque entre hermanos,
cuñados y primos va a ser más familiar, pero van a desmantelar una
historia jurídica de ciento cuarenta y cinco años perjudicando al Derecho
privado, dañando la seguridad jurídica y la propia economía de los
españoles.

Desde el 15 de julio —lo decía antes también algún
portavoz—, dentro de unas pocas fechas los actos que se refieren a
las personas, o sea, el nacimiento, la filiación, el cambio de nombre, el
cambio de apellidos, el cambio de sexo, la nacionalidad, la vecindad
civil, la emancipación, la separación o el divorcio, si se quieren
inscribir, a pagar; el régimen económico de un matrimonio o las
modificaciones de las relaciones paterno-filiales, la modificación de la
capacidad de las personas, si se quieren inscribir, a pagar; la tutela,
las prestaciones legales, la protección de personas con discapacidad, los
apoderamientos, las declaraciones de ausencia, el fallecimiento o la
defunción, si se quiere inscribir, a pagar. Cualquier certificación que
ustedes se inventen, señorías, para incrementar el negocio, a pagar. Y
esto no lo decimos nosotros, lo dicen los propios registradores que les
han exigido una fuente de financiación segura, suficiente y bastante para
prestar los servicios que se les encomienden, y el primer ejemplo ya lo
hemos visto: para empezar ahora mismo, cuatro millones de euros por los
expedientes de nacionalidad. Para que vean cómo se compromete el Gobierno
con los registradores, 4 millones de euros, y para que vean cómo ustedes
no se comprometen con el texto de su enmienda porque esos cuatro millones
de euros podrían ir al Registro Civil y sólo era un mero canto de
sirenas.

Señorías, han tomado una decisión que, como les decimos, facilita
la privatización y perjudica el bolsillo y la intimidad de las personas,
y a miles de funcionarios que dejarán de prestar su función y que se
inscribirán gratis —estos sí lo harán gratis— en las colas
del paro. Pero es que a ustedes no les importa que se empeore un
servicio, o que se perjudique a los ciudadanos, o que se despida a
funcionarios, o que los operadores jurídicos, los sindicatos, estén en
contra; su único objetivo es facilitar el regalo a los compañeros del
señor Rajoy para nuevas posibilidades de negocio. Existe un compromiso y
creo que los españoles lo deben saber.

Con su actuación se va a menoscabar el derecho de los ciudadanos a
la justicia y el acceso a la justicia. Lo hacen cada viernes en su
Consejo de Ministros, pero hoy tendrían una buena oportunidad para
demostrar lo contrario, lo que dicen en su moción, si fuera cierto, pero
me da que va a ser que no, que van a seguir votando en contra de la
moción porque se han comprometido de verdad para que el próximo 15 de
julio el Registro Civil en España sea un negocio y se acabe con ciento
cuarenta y cinco años de historia jurídica.

Señorías, un servicio como este debe ser público, universal y
gratuito —lo hemos repetido todos y no nos cansaremos de repetirlo:
público, universal y gratuito—, pero claro, ustedes pretenden dotar
del control más absoluto de todo el tráfico jurídico civil y mercantil a
los registradores. Pues sigan adelante con el atropello, sigan adelante,
las mareas les sacarán del camino.

Como es lógico, nosotros votaremos a favor de esta moción que
presentamos y desde aquí también prestamos todo nuestro apoyo a esa nueva
marea, la amarilla, de los trabajadores de Justicia de los registros
civiles, porque no queremos su ley, no queremos que entre en vigor nunca
y porque igual que los españoles, igual que los ciudadanos, igual que los
sindicatos, igual que los trabajadores, queremos que la institución del
Registro Civil en España no se privatice y siga siendo, de verdad,
universal, pública y gratuita.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Rodríguez Esquerdo, quienes les colocaron a ustedes en la
oposición fueron los ciudadanos, no fue el Partido Popular. Por lo tanto,
de momento ustedes están donde están y nosotros estamos gobernando y
gobernando bien para sacar adelante a este país de la quiebra en la que
lo metieron ustedes. (Aplausos).

Es curioso que cuando todos estamos de acuerdo en que el registro
debe ser público, en que debe ser gratuito, en que debe ser electrónico
—creo que estamos todos de acuerdo también en que debe ser un
registro moderno, un registro electrónico— y que además se
garantice el empleo, ustedes no tengan a bien aceptar la enmienda que
hemos presentado, una enmienda que completaba lo que ya garantiza este
Gobierno. Y es que a veces, cuando algunos se dirigen desde el escaño o
desde la tribuna, da la sensación de que más que en el hemiciclo están en
un mitin de campaña electoral, pero de momento vamos a seguir hablando de
lo que importa, que hoy es el Registro Civil.

Porque hablan —y repiten como un tantra— de la
privatización de los registros; hablan y repiten también que los
ciudadanos van a pagar, pagar y pagar por cualquier gestión que hagan
ante los registros. ¿Y de dónde sacan eso? ¿De dónde saca eso, señor
Rodríguez Esquerdo? Yo tengo aquí la disposición adicional
vigesimoprimera del real decreto y dice literalmente que la prestación
del servicio público que constituye el Registro Civil continuará siendo
gratuita sin excepción de ningún tipo. ¿De qué estamos hablando?

Nuestra enmienda incidía en la modernización del registro, la
garantía de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, consensuada con todos,
avanzando en la desjudicialización que incluía esa ley y la llevanza por
funcionarios públicos, así como el mantenimiento de los puestos de
trabajo de todos los funcionarios o que la implantación del nuevo modelo
de gestión se realice contando con los sectores y colectivos implicados,
garantizado además la correcta prestación del servicio a los ciudadanos.
En definitiva, una enmienda que mejoraba lo que ya se garantiza, una
enmienda en positivo y que, lamentablemente, han perdido una oportunidad
muy brillante de aceptar esta mañana.

Adelanto que nuestro grupo va a votar en contra de la moción y lo
hace por los siguientes motivos. En primer lugar, porque está garantizado
el carácter público, universal y gratuito del Registro Civil y, como
saben, es la Ley 20/2011 la que establece la desjudicialización de este
servicio. De hecho, con la atribución al cuerpo de registradores de la
propiedad y mercantiles se logra la efectiva desjudicialización prevista
en la ley, tal y como refleja también el artículo 274, que no deja ningún
género de duda sobre el carácter de funcionarios públicos de los
registradores.

Por tanto, el Registro Civil sigue perteneciendo al Estado,
quedando a cargo de funcionarios que están bajo su dependencia jerárquica
y funcional. Igualmente, la propiedad de las bases de datos, la
supervisión de los sistemas informáticos y en general las funciones de
inspección y control del correcto funcionamiento del servicio público
corresponden al Estado. Además, el Registro Civil continuará siendo un
servicio público gratuito, ya que no se contempla, como decía
anteriormente, ningún devengo de aranceles para las operaciones
registrales ni para su publicidad. Así lo ha manifestado el ministro
Catalá y se recoge expresamente en la disposición adicional. ¿Porque se
acuerdan ustedes de que el ministro se comprometió a revisar las tasas?
¿Se acuerdan de lo que decían? Pues parece ser que el ministro Catalá es
una persona que cuando dice algo lo cumple, es una persona de fiar.

Piden la retirada del Proyecto de Ley de medidas de reforma en el
ámbito de la administración de justicia y del registro civil. En este
sentido, el cambio de modelo se estableció con la Ley 20/2011 y contó con
el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Estableció un Registro Civil
electrónico y desjudicializado, con el que se pretendía y se pretende
modernizar y mejorar un servicio público que actualmente recibe un alto
número de quejas por parte de los ciudadanos. Desde 2011 se inició el
proceso, todavía incompleto, de digitalización a través de la aplicación
Inforeg, un sistema que a día de hoy es insuficiente y que lleva a
plantear de otra manera la reforma, una reforma que también implique la
base organizativa y no solo la mejora de los medios técnicos. Y es en
este ámbito en el que se sitúa el proyecto actualmente en tramitación
parlamentaria, con el plazo de enmiendas abierto y, por lo tanto, no
procede a valorar su solicitud, dado que el modelo de registro
electrónico previsto en la Ley 20/2011 sigue pendiente de
aprobación.

Piden que se lleven a cabo aquellas actuaciones e inversiones
necesarias que permitan la entrada en vigor con todas las garantías de la
ley. Este cambio de gestión del registro implica que los ciudadanos
ganarán también en cercanía respecto al previsto inicialmente, pudiendo
acudir tanto a las oficinas registrales como a los actuales juzgados y a
los juzgados de paz. Además, al tratarse de un registro civil
electrónico, los trámites se podrán realizar cualquier día y a cualquier
hora en el portal correspondiente que podrá en marcha el Colegio de
Registradores; esto servirá para que los ciudadanos no tengan que
acercarse físicamente al registro para realizar sus gestiones, algo que
ponen en duda y que será de esta forma, algo que sin duda será muy
positivo para los ciudadanos. Y, finalmente, repetiremos por activa y por
pasiva el compromiso del Gobierno a través del ministro de Justicia de
mantener los empleos de los funcionarios y de los interinos.

Por tanto, el cambio de gestión del Registro Civil no conllevará
ninguna reducción de empleo público; además, se mantienen los juzgados de
paz, que actuarán como oficinas o puntos de consulta del nuevo Registro
Civil, muy alejado de lo que han venido manifestando durante esta
legislatura ustedes y de lo que han puesto de manifiesto una vez más esta
mañana. En definitiva, nosotros, el Grupo Popular, consideramos que el
nuevo modelo de registro ya garantiza las cuestiones que plantean en su
moción: un registro público, un registro cercano, un registro
electrónico, un registro gratuito y se garantiza el empleo público,
reforzando también la función jurisdiccional.

Por estos motivos, reitero, nuestro voto contrario a la
moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Antes de proceder a la votación, les informo de que no vamos a
suspender el Pleno para comer. Después de la votación entraremos en la
tercera moción, a continuación los tratados y los convenios
internacionales, después las tomas en consideración de proposiciones de
ley y realizaremos las votaciones correspondientes a partir de las cuatro
de la tarde.

¿Están sus señorías de acuerdo? (Asentimiento).

Vamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Socialista con la
incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Mixto,
defendida por el senador Iglesias

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229;
votos emitidos, 229; a favor, 85; en contra, 140; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. (Rumores).

Señorías, guarden silencio por favor. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. Ya veo que no hay prisa.
(Rumores).

Señorías, yo no tengo ninguna prisa en seguir con el Pleno.

Muchas gracias.

El señor presidente da lectura al punto 6.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda
del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la moción, tiene la
palabra por tiempo de quince minutos el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).

Presentamos hoy una moción ante el Senado mi compañera María del
Mar Julios y yo —como decimos nosotros, erre que erre, no es nada
nuevo—, una moción de transportes, una moción que habla de Canarias
y que desgraciadamente tenemos que seguir presentando porque los avances
en transporte en Canarias en estos últimos años han sido pocos, nulos o
yo me atrevería a decir que hemos entrado en un retroceso, y más adelante
les diré el porqué de esta afirmación y les daré los datos.

La crisis económica, la desaparición en Canarias de algunas
compañías, el monopolio en Canarias de algunas rutas aéreas y la política
de tasas aeroportuarias son algunos de los factores que han incidido en
los últimos años en que el transporte en Canarias se haya visto mermado:
pérdida de frecuencia, pérdida de rutas, disminución de pasajeros y
aumento de precios.

Como decía antes, el transporte en Canarias se ha visto disminuido
y esto ha condicionado la movilidad de aquellos ciudadanos que residen en
las islas principalmente, pero también de todos aquellos ciudadanos que
nos visitan o que quieren salir al exterior. Si hay un territorio que
cuenta, evidentemente, con un hecho diferenciado incuestionable,
incuestionable, ese es Canarias. Canarias es una región que está nombrada
por la Unión Europea como ultraperiférica, insular, de doble insularidad
en algunas islas y de lejanía, cuestión que, repito, la Unión Europea
recoge ya en sus estatutos y que, desgraciadamente, muchas veces el
Gobierno de Canarias no lo tiene en cuenta a la hora de articular las
diferentes políticas y medidas en materia de transporte.

Muchas veces he subido a esta tribuna, he preguntado y he
solicitado diferentes actuaciones para mejorar el transporte en Canarias.
Hoy presento una moción con 9 puntos que creo que podríamos aprobar y
pido a sus señorías y a todos los grupos políticos que sean sensibles,
puesto que algunos de ellos ya lo han defendido anteriormente.

En la pasada legislatura —porque tengo el honor de haber
estado dos legislaturas en esta Cámara— el Partido Popular apoyó
algunas de las propuestas que voy a plantear hoy, y no solo las apoyaba,
también las presentaba, las reivindicaba al Gobierno del Partido
Socialista, aunque en ese caso no fueron aprobadas. Paradójicamente, unos
años después, vuelvo a presentarlas y el Partido Socialista me ha apoyado
durante toda esta legislatura —así se comprometió— y el
Partido Popular, que me apoyaba antes, ahora no lo hace. Esto es una
realidad. Les voy a decir textualmente, porque para eso están los Diarios
de Sesiones, lo que el Partido Popular decía sobre el transporte en
Canarias hace tres años y medio, y más concretamente sobre el transporte
en islas como El Hierro. Después escucharemos lo que dice el Partido
Popular hoy día, por eso la moción consta de 9 puntos.

Primer punto. Convocar una reunión urgente. ¿Entre quién? Entre el
Ministerio de Fomento, que tiene todas las competencias en transporte
aéreo, la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos insulares, porque
siempre nos olvidamos de los cabildos insulares como Gobiernos insulares.
La realidad geográfica de Canarias es que somos 7 islas y cada una de
ellas tiene una realidad diferente —eso tenemos que
entenderlo—, con lo cual los cabildos insulares son piezas
fundamentales y estratégicas del desarrollo de Canarias conjuntamente con
la comunidad autónoma. Por eso pido esta reunión urgente.

¿Para qué? Para que se puedan regular las tarifas entre la
Península y Canarias y las tarifas entre Canarias. Las tarifas entre
islas están reguladas por obligación de servicio público, con lo cual es
el Estado quien lo puede hacer, y lo puede hacer y no es una ilegalidad;
no hay ninguna ilegalidad porque todas las rutas en Canarias están
declaradas OSP y lo puede hacer. Es verdad que entre la Península y
Canarias no y que ahí puede haber conflictos de competencias, etcétera,
pero lo que pedimos es que se articule. No nos vale con que la ministra
se reúna con las compañías aéreas y les diga dos cosas: que les pida que
bajen los precios porque son muy caros o que, como en el último año ha
bajado radicalmente el precio de los carburantes, les ha pedido que bajen
los precios pero no lo han hecho. Lo que no puede ser es que se lo pida
por la radio o que se lo pida en prensa, tenemos que articular medidas
para que el Gobierno lo pueda hacer, porque las compañías sí que han
aumentado el precio de los billetes cuando el precio de los combustibles
subía y entonces el Gobierno lo autorizaba; pues ahora también tiene que
tener argumentos para decir a las compañías que bajen estos precios.

Segundo punto. Aceptar la propuesta planteada en la nueva reforma
económica y fiscal de Canarias, REFC, para que fije unos precios máximos
de referencia para los billetes de avión entre Canarias y la
Península— que viene ligado al primer punto—. El REFC fiscal
ha sido aprobado, pero la parte económica, la parte vital, no ha sido
aprobada. Queremos el compromiso del Gobierno y del grupo que apoya al
Gobierno, el Grupo Popular, que en Canarias aprueba estas medidas, las
aprueba y dice que las va a defender por unanimidad en el Parlamento de
Canarias y las aprueba, insisto, pero aquí, en las Cortes, lo niega.
Entonces estamos ante un dilema: ¿miente el Partido Popular a los
canarios en Canarias o impone el Partido Popular de España al Partido
Popular de Canarias que aquí no pueda actuar? Me lo pregunto. Esto es
aprobado por todos.

Tercer punto. Impulsar una nueva regulación y mejora del
aprovechamiento de las subvenciones al transporte, incrementando la
bonificación a los pasajeros en rutas débiles, sobre todo en las islas de
menor población. Se trata de impulsar una nueva regulación y mejor
aprovechamiento de las subvenciones al transporte para las islas con
menos capacidad y de más débil transporte, como son La Gomera y,
especialmente, El Hierro, con una bonificación del 75 %. Una vez planteé
en esta misma tribuna la bonificación del 75 % para la isla de El Hierro,
pues somos la única isla, junto con La Gomera, que no estamos conectados
con el exterior; solo nos conectamos con las otras islas, con dos de
ellas principalmente. Desde la tribuna me respondieron que el Gobierno de
Canarias, con competencia exclusiva en el transporte marítimo, no lo
hacía porque legalmente no se podía, y que cuando el Gobierno de Canarias
lo hiciera, el Gobierno del Estado lo haría. Pues, fíjense, hace ya un
año que el Gobierno de Canarias legisló —por tanto, es legal y está
completamente regularizado— que las islas con menor tráfico y peor
comunicadas, como La Gomera y El Hierro, tengan una subvención adicional
del 75 % para los pasajeros, con el fin de compensar así el que no tengan
vías de conexión con el exterior. Por tanto, ya está hecho. Cumplan ahora
ustedes su compromiso. Ustedes me dijeron desde la tribuna: cuando el
Gobierno de Canarias lo haga, porque es ilegal, nosotros lo haremos. El
Gobierno de Canarias lo ha hecho ya hace un año. Que bonifique ahora
ese 75 % el Gobierno del Partido Popular.

Cuarto punto. Establecer como obligatorio el billete punto a punto
y la tarifa plana. ¿Esto qué quiere decir? Una tarifa plana en todo el
archipiélago para conseguir la cohesión territorial. El presidente del
Gobierno y la ministra dicen abogar por la cohesión territorial, pero
¿puede haber cohesión territorial cuando en una misma comunidad autónoma,
Canarias, un pasaje de Lanzarote a la isla de El Hierro cuesta 280 euros?
¿Eso es cohesión territorial? ¿Lo es que cuando damos un salto de la
Península a Tenerife el billete tenga un precio y que cuando se quiere ir
a El Hierro se sumen al precio otros 140 euros más? ¿Eso es cohesión
territorial? Me gustaría que me lo dijeran. No tiene nada que ver.
Nosotros proponemos una tarifa plana en el precio del billete entre todas
las islas y el billete punto a punto, para que, aunque tenga que hacerse
escala en otra isla, el precio sea el mismo por viajar de Fuerteventura a
La Gomera que por viajar de Tenerife a Gran Canaria; en este último caso,
el vuelo es directo, mientras que en el otro tengo que hacer escala, pero
el precio debería ser el mismo si queremos esa cohesión territorial.

Quinto punto. Recuperar la bonificación al transporte de
mercancías agrícolas e industriales hasta el cien por cien del coste del
transporte, porque así lo dice y avala Europa y porque a ello se
comprometió el Partido Popular en el debate de investidura: bonificar el
cien por cien para que Canarias pueda competir y sus productos puedan ser
competitivos; que tanto los que exporta como los que importa puedan tener
en Canarias el mismo precio que tienen en territorio continental, porque
si no, nuestras empresas y productos agrícolas, principalmente, nunca
podrán ser competitivos en el territorio continental. Si al precio del
producto tenemos que sumarle el precio del transporte entre Canarias y la
Península, como comprenderán, nunca podrán ser competitivos.

Sexto punto. Desarrollar una estrategia de captación de tráficos
aéreos con Estados Unidos, Latinoamérica y África para que Canarias se
convierta en un hub aeroportuario, o permitan a los aeropuertos canarios
tener la quinta libertad. Esta fue una promesa del debate de investidura
del presidente del Gobierno, el señor Rajoy. ¿Incumplimiento? Sí, sí y
sí, ha incumplido, pues fue una promesa del presidente Mariano Rajoy y
del Partido Popular en Canarias. Ya era una promesa del programa
electoral del Partido Popular en Canarias —del que no han cumplido
nada—, pero, repito, fue incluso una promesa del presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate de investidura. ¿La han incumplido?
Sí. Sin embargo, hay una compañía que hace meses lo ha pedido y se lo han
permitido —para que luego no me diga, señor Mateu, que se lo han
permitido a todas las compañías que lo han pedido—, y hay otra que
lleva muchos meses esperando que se le permita volar y se aplique a los
aeropuertos canarios la quinta libertad.

Séptimo punto. Contribuir al lanzamiento de nuevas rutas, tanto
aéreas como marítimas, así como la bonificación de todas las operaciones
de concentración y distribución de tráfico.

Octavo punto. Mejorar la conectividad de la isla de El Hierro en
términos de calidad y regularidad. Esto lo he repetido hasta la saciedad
en esta Cámara y lo vuelvo a decir. En la Península, un trayecto de ida y
vuelta de treinta minutos en AVE cuesta 18 euros. Lo volví a mirar hoy y
me costaba 18,34 euros ir a Segovia y volver si compro yo el billete. Si
lo compra un ruso, también le cuesta 18,34 euros. Lo mismo. Entre Gran
Canaria y El Hierro, si lo compro yo me cuesta 180 euros y si lo compra
un ruso, 210 euros. Imagínense ustedes una familia de cuatro miembros, de
los millones de turistas que vienen a Canarias, que viene a Gran Canaria
—una isla espectacular—, pero piensa pasar un día en El
Hierro —otra isla también espectacular—, pues le sale más de
mil euros. Con mil euros me voy desde Madrid a cualquier parte del mundo,
me pago una semana de hotel y como. Esa es una realidad. Por tanto, los
canarios no nos podemos permitir que a una familia de cuatro personas le
cueste ir de Gran Canaria a El Hierro más de mil euros. Insisto, es una
realidad. Ustedes me pueden decir todo lo que quieran, me pueden dar
datos, listas, estadísticas; me pueden hablar de economía y de lo que
quieran, pero la realidad es esta, y no la han mejorado, la han
empeorado. Y hoy hablaremos también de la privatización de AENA.

Por último, cumplan ustedes el artículo 33 del Estatuto de
Autonomía de Canarias y devuelvan las competencias de los aeropuertos
canarios a la comunidad autónoma —y también lo pedimos para los
cabildos porque son fundamentales en nuestro archipiélago— porque,
si no, desgraciadamente, esto va a afectar al día a día de los ciudadanos
canarios, a la economía y a la sociedad. El desarrollo social y económico
de Canarias no pasa por no tener unos aeropuertos acordes a una cohesión
territorial y acordes con lo que nosotros vivimos.

Repito lo que he dicho muchas veces desde esta tribuna, y termino:
en Canarias no nos movemos para ir de vacaciones, nos movemos para ir al
hospital, nos movemos para ir a trabajar. Pero también nos movemos para
cosas tan cotidianas como para ir a ver una obra de teatro; los chicos
de 16 años se mueven para jugar al fútbol, al tenis. También nos movemos
para estudiar. Nos tenemos que mover para sacar un pasaporte o el DNI.
¿Cuánto le cuesta a una persona de aquí sacar un pasaporte o el DNI? Si
lo pierde, creo que tiene que pagar 14 euros. Pues el herreño tiene que
pagar 14 euros si lo perdió, más 78 euros por el pasaje, más el taxi del
aeropuerto a la comisaría. Esa es una realidad. ¿Eso es cohesión
territorial? ¿Eso es igualdad de oportunidades? No.

Pido a todas sus señorías que aprueben esta moción con estos nueve
puntos porque, si no, estarán dejando una vez más a El Hierro y a
Canarias muy mal paradas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el señor Mateu por tiempo de cinco minutos.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.

Senador Quintero, es un placer nuevamente poder debatir con usted.
Hacía tiempo que no escuchaba su voz y sus reivindicaciones;
reivindicaciones que creo han sido bastante superadas por la actividad
del Gobierno del Partido Popular. Sabe usted que precisamente el Gobierno
trabaja siempre muy intensamente para mejorar la conectividad con las
islas Canarias, y somos plenamente conscientes, tanto el Gobierno como el
Grupo Popular que le apoya, de la importancia estratégica que tiene el
transporte aéreo y marítimo para el desarrollo económico, social y
cultural de nuestro territorio. Esta importancia se redobla precisamente
con las cuestiones que usted ha planteado, con nuestras queridas regiones
no peninsulares en las que esta conectividad, esta accesibilidad
desempeña un papel fundamental para garantizar e impulsar el transporte
de mercancías, contribuyendo con ello al desarrollo comercial y a
satisfacer esas necesidades de movilidad a las que usted hacía alusión,
senador Quintero, sin olvidar la accesibilidad y la movilidad para los
ciudadanos, así como para mejorar la competitividad mediante el
transporte marítimo de las mercancías canarias. Esa mejora de la
conectividad constituye la piedra angular que es el crecimiento del
turismo. Precisamente las últimas cifras sobre el turismo en España son
apabullantes. Esto demuestra que nuevamente se ha vuelto a generar
confianza en la actividad económica de nuestro Estado, y ese crecimiento
y aumento del turismo provoca, como no puede ser de otra manera, una
espectacular generación de empleo. Quiero recordar que uno de cada siete
empleos que se crea en España es gracias a la ampliación del turismo.
Insisto en que el Gobierno está volcado en mejorar esa conectividad,
pero, por supuesto, sin olvidar a nuestros compatriotas de Ceuta, de
Melilla y de las Islas Baleares.

Por eso, señor Quintero, trabajando el Gobierno de España como lo
está haciendo, podemos afirmar que no solo se ha garantizado la
accesibilidad y la conectividad entre los distintos territorios de
España, sino que se ha mejorado, especialmente la de los territorios
insulares. En este sentido, senador Quintero, he de recordarle que,
ciertamente, en muchas ocasiones se ha debatido aquí sobre la
accesibilidad, sobre la movilidad, sobre la conectividad, sobre la
cohesión territorial y social de nuestros territorios fuera de la
Península, territorios insulares o territorios en el norte de África.
Usted es perfectamente conocedor de todas y cada de las actuaciones que
ha desarrollado el Gobierno de España, siempre en bien y en pro de esa
conectividad. Estos esfuerzos, como digo y no me cansaré de repetir, han
constituido o creado o generado un campo mejor de condiciones de
conectividad en el archipiélago. ¿Fundamentalmente qué condiciones nuevas
de conectividad en el archipiélago han sido mejoradas por esa actividad
del Gobierno de España? Precisamente, senador Quintero, en los nueve
puntos de su moción en los que usted ha focalizado su intervención esa
actuación ha mejorado —y tendremos que seguir trabajando, por
supuesto, porque nunca hay que quedarse en el listón de la
complacencia— lo que denominamos la calidad de esa conectividad, la
regularidad, que es fundamental para satisfacer sus pretensiones y, desde
luego, el ámbito de los precios, por mucho que usted se refiera, senador
Quintero, a otras cuestiones que, desde luego, yo se las acepto y las
puedo entender. Luego, en los diez minutos de que dispongo en el turno de
portavoces, me explayaré en desarrollar los nueve puntos que usted ha
tocado; en ellos usted hace una mezcolanza de muchos temas: habla de OSP,
de bonificaciones, de exenciones, incluso de procesos de transferencias
que están en contra de la Constitución, tal y como ha avalado el Tribunal
Constitucional en varias sentencias; también habla del no buen trato que
se le dispensa a su isla, El Hierro. Habla usted de muchos conceptos que,
repito, en ese plazo de diez minutos, con una capacidad de síntesis que
espero poder ejercer y concretar —no amenazar, porque eso no
conduce a nada—, trataré de explicarle la realidad de los puntos en
los que usted ha expuesto un panorama negro de la actividad que está
desarrollando el Gobierno.

Por todo ello, señor Quintero, y porque nos avala la actividad del
Gobierno, yo le propongo una enmienda de sustitución, un texto
alternativo que dice lo siguiente —ya se lo pasé para su estudio y
creo que no va a ser aceptado—: «El Senado insta al Gobierno a
seguir potenciando, en estrecha colaboración con los representantes del
Gobierno autonómico y en el ámbito de sus respectivas
competencias…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
concluyendo.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Termino, señor presidente.

… medidas que permitan reforzar la conectividad y
accesibilidad de las islas Canarias, tanto en los enlaces entre las islas
del archipiélago, como en las conexiones con el resto de destinos
nacionales y mercados internacionales de carácter estratégico.»

He de comunicarle que votaremos en contra de la presente
moción.

Señor presidente, muchas gracias. Señores senadores, gracias.
(Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto,
senador Quintero, autor de la moción originaria, para contestar si acepta
o no la enmienda.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Intervengo para comunicar que no voy a aceptar la enmienda del
senador Mateu, que me hizo llegar hace unos días, y también es verdad que
le había comunicado que no la podía aceptar porque era demasiado
genérica, pues, desgraciadamente, no contiene nada relativo a los nueve
puntos a los que yo me refería. Repito, no voy a aceptar la
enmienda.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Quintero.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces. Tiene de nuevo la palabra el
senador, señor Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.

Me habría gustado, señor Mateu, que me hubiera dado los datos de
los nueve puntos, porque así le podría contestar. Desgraciadamente,
cuando ahora termine, no le podré replicar.

En cuanto a las estadísticas, le diré que el aumento del turismo
en Canarias, desgraciadamente, no ha tenido la incidencia en el empleo
que hubiéramos querido. No puede aludir eso porque llevamos unos años con
récord turístico en Canarias y no ha tenido la misma incidencia en el
empleo que si hubiera contado con factores como la reforma laboral y
otros. Por tanto, no hablemos de eso porque no ha sido así; a lo mejor,
en el resto del territorio, sí, pero en Canarias el aumento del turismo
no ha tenido incidencia en el empleo.

Señoría, como le decía anteriormente, le voy a dar datos del
Gobierno y del Ministerio de Fomento —no me los invento yo—:
Canarias, desde 2011 hasta el año actual, ha perdido más de 100
conexiones y 1 470 000 plazas entre Canarias y la Península; repito,
hemos perdido más de 100 conexiones con la Península entre el año 2011 y
el actual. No son datos míos, son preguntas oficiales que se han hecho al
Gobierno y respuestas del Ministerio de Fomento, esa es la realidad;
casi 1,5 de plazas. Ha aumentado el precio de los billetes en algunas
islas hasta un 10 %, desde 2011 hasta el año actual, entre Canarias y la
Península. También tengo los datos por islas; si quiere, se los doy. Pero
la media del precio de los billetes ha aumentado en más de un 3 % entre
Canarias y la Península.

Adelantándome a que usted me diga que el precio global ha bajado
un 2 % —también me lo dijo la ministra—, le diré: hombre,
claro, si saco un billete a Alemania para el invierno, lo voy a conseguir
barato. ¿Pero no se han dado cuenta de que los canarios tenemos que
viajar por obligación de hoy para mañana? A lo mejor no se han dado
cuenta. ¿No se han dado cuenta de que no estoy hablando de que
regularicen el transporte aéreo en Canarias? Cuando me voy a sacar el
billete para las vacaciones de diciembre, claro que encuentro una tarifa
reducida. ¿No se han dado cuenta de que para nosotros el avión es como
para ustedes coger el coche en la Península? ¿Que a lo mejor tienes que
salir urgente de tu casa para ir al hospital? A lo mejor no se han dado
cuenta. No me digan que ha bajado un 2 % el global, porque entre la
Península y Canarias ha aumentado más de un 3 %, según datos de su
ministerio, y han perdido 1,5 de plazas, y esa es la realidad.

Señoría, la OSP entre El Hierro y Gran Canaria fue aprobada por el
anterior Gobierno; es verdad que ahora este Gobierno lo ha vuelto a
ampliar. Es una realidad, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que pagar una OSP
el Gobierno de Canarias a El Hierro? Los precios son de 200 euros. ¿Quién
va a coger un vuelo con esos precios? En Canarias, todos los precios son
obligación de servicio público. El Ministerio de Fomento pone los precios
y cuando en Canarias, entre islas —no me diga entre Canarias y la
Península—, las compañías han pedido el aumento del precio del
billete por el aumento de combustible, el ministerio lo ha aceptado, y
ahora que lo puede hacer legalmente entre islas —vuelvo a repetir
para que no se refiera usted entre Canarias y la Península—, no ha
hecho efectiva la legislación. Lo puede hacer y no lo ha bajado.

Señor Mateu, no entienda que esto es una crítica personal porque
siempre es usted muy educado cuando hablamos, pero, desgraciadamente, no
han cumplido nada. No me puede decir usted que el Gobierno de España ha
cumplido lo prometido con Canarias. Entre islas, el precio del billete ha
aumentado en los últimos cuatro años un 7 %, y eso lo pagamos todos.
¿Dónde está la cohesión territorial? Antes le he preguntado: ¿por qué
ustedes defendían esto hace tres años y medio? ¿Por qué presentó una
moción el Partido Popular? Fíjense, el Partido Popular presentó una
moción en el Senado relativa a la isla de El Hierro —el senador era
yo, encantado de la vida— para ampliar la pista de rodaje y para
bajar los billetes. No salió adelante. Yo voté a favor, pero no salió
adelante. ¿Por qué han votado en contra de todas las que he presentado?
¿Por qué? No me ha respondido a ninguna de esas preguntas. ¿Le parece
justo que tengamos que pagar para sacar el DNI o el pasaporte? Un billete
de avión, más el taxi, y si me tengo que quedar porque son las cuatro de
la tarde, ya no tengo vuelo para El Hierro. No me responde a nada de eso;
me dirá que han invertido 250 millones de euros para el 50 % de
residencia. Por cierto, un derecho que casi lo querían quitar, hay que
hablar de los Presupuestos Generales del Estado, donde pusieron una
coletilla, una disposición adicional, pero gracias a que mediática y
políticamente —yo reconozco las cosas, a lo mejor ustedes no—
su partido se movió en Canarias para que ni se les ocurriera, porque
entonces, ¿adónde iríamos a parar? ¿Y por qué no hablamos de que nada más
entrar el Gobierno de España en el mes de enero aprobó un decreto y quitó
la bonificación de las tasas aéreas para Canarias? ¿La quito o no? Sí, la
quitó. ¿Y la puso otra vez? Sí, la puso, ¿por qué? Porque en ese momento
—era el mes de agosto, no digo el año por no equivocarme—,
fue la primera vez que El Prat superó a Barajas en número de pasajeros y
en rentabilidad —siempre ha estado por encima porque una de las
mayores pérdidas es el aeropuerto de Barajas— y se bonifican otra
vez las tasas para favorecer exclusivamente a ese aeropuerto, no para
favorecer a Canarias; lo repito, fue para para favorecer exclusivamente
al aeropuerto de Barajas. Dígame qué políticas ha hecho el Gobierno para
favorecer el transporte en Canarias.

Repito que el precio del billete ha aumentado un 3 % entre
Canarias y la Península y un 7 % entre las islas, datos de su ministerio.
Hemos perdido 1 470 000 plazas y más de 100 frecuencias con la Península.
Entonces, ¿qué han hecho ustedes? Siempre se basan en que el turismo en
Canarias va bien. ¿Por la marca España? No, no. El turismo en Canarias va
bien por dos cosas: porque Canarias está en una situación estratégica
geográficamente y porque nos estamos beneficiando de conflictos en otros
países que han derivado turismo hacia Canarias, pero no porque el
Gobierno de España esté haciendo una promoción para que vayan turistas a
Canarias. En cuanto a la apertura de las rutas con Rusia, fue el Gobierno
canario, y no el de España, el que tuvo que ir allí para conseguir que se
abrieran rutas entre Canarias y Rusia. Es decir, ustedes se atribuyen lo
bueno, pero lo malo es culpa nuestra o del Gobierno de Canarias,
evidentemente. En cambio, lo bueno es del Partido Popular.

De estas nueve propuestas voy a mencionar dos, ya que usted nos ha
presentado una enmienda que no podemos aceptar. La primera no tiene coste
económico, fíjese usted —acepte esta primera para que Canarias
tenga la quinta libertad y sea hub aeroportuario; yo se lo firmo hoy.
Repito, no tiene coste económico ninguno—. Reúnanse urgentemente
con los cabildos para que vean cuál es su demanda y la de la comunidad
autónoma. La segunda consiste en que se permita que Canarias sea hub
aeroportuario y obtenga la quinta libertad sin ningún coste económico. Si
en verdad el Partido Popular quiere favorecer a Canarias, acepten estas
dos propuestas; si no, evidentemente seguirá siendo un no por sistema,
como ustedes han hecho siempre en esta Cámara respecto del transporte de
Canarias y fundamentalmente con la isla de El Hierro.

Senador Mateu, el transporte en El Hierro ha empeorado, pues en el
año 2009 llegamos a tener 198 534 pasajeros y hemos bajado hasta
los 153 000. ¿Por qué? Porque los precios son muy caros y porque es
inviable que una familia normal pueda coger un avión diario como se coge
el coche en la Península. Hasta que en la cabeza de los que gobiernan en
Madrid no entre que el transporte aéreo en Canarias es lo mismo que
cuando ustedes cogen el coche para venir a esta Cámara, para ir a
trabajar, para ir al médico, para ver a sus hijos, a un partido de fútbol
o al teatro, desgraciadamente en Canarias seguiremos teniendo los
transportes más caros de España y de Europa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Quintero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Bai, mila esker, mahaiburu
jauna.

Egia da hitz batzuetan bakarrik aipatuko dudala gure taldearen
ikuspuntua, Quintero senatariak ederki aipatu dituelako beraien mozioan
aldarrikatzen dutena, edo eskatzen dutena. Berak aipatu du hasieran
erdaraz esaten den bezela , erre que erre hasi dela gai honekin. Eta egia
da, askotan hitz egin dugula gai honi buruz.






Berriro ere beharrean
aurkitzen badute beraien burua gaia hona ekartzeko, ezinbestekoa da
hausnarketa bat egitea, eta hori da orain arte planteatu duten guztietan
ezetza jaso dutelako, ezetza jaso dute, eta kasu batzuetan berak zioen
modura, atzera joan dira, hau da, hobekuntzak ez dituzte lortu, eta
gainera atzerako pausuak izan dituztela. Eta hori bakarrik gertatzen da
gehiengo absolutuaren ondorioa bezala. Hori, estilo horretan ohituta
gaude, eta hori izan da, edo izango da gaur bertan ikusiko dugun hurrengo
urratsa. Horrek eramaten gaitu oposizioko taldeak, eta kasu honetan
Quintero senatariak aurkeztu duen mozioaren tresnak bezala, galdera
bidez, edo edozein, parlamentarioki, egin dezakegun tresnak, erabil
ditzakegun tresnak aldarrikatzeko behin eta berriro behar duguna. Eta nik
hausnarketa txiki bat bakarrik egingo nuke. Espainiako gobernuak ez ditu
errealitate ezberdinak onartzen. Kasu honetan, geografikoki Kanariar
irlak dituzten ezaugarri bereziak ez dituzte onartzen, ez dituzte ikusten
hain adibide zehatzak, eta egunerokotasuneko adibideetan nabaritu
dituzten beharrak. Zaila egiten zait, Alderdi Popularreko senatariak,
iruditzen zaidalako oso gizon zentzuduna eta enpatia daukan gizona dela,
hain sentsibilitate kontu datu horien aurrean datuekin erantzutea,
benetan aipatzen diren kasuak, egunerokotasunekoak dira, eta beharrak
dituztenak dira. Beraz, iruditzen zait gobernuaren erantzuna haratago
izan beharko lukeela, eta ez datuekin erantzutea, edo egin denarekin
erantzutea. Hain zuzen ere, DNI bat atera behar badute, edo medikura, edo
kirola egiteko dituzten tasak aipatuta, zaila egiten da erantzuna
datuekin izatea. Baina berriro nion, Espainiako gobernuak zailtasunak
dituela dauden errealitate desberdinak onartzeko, eta ez kasu honetan
bezala. Guk, beste kasu askok, ez geografikoki baizik eta politikoki edo
beste arlo askotan ikusi dugu.

Beraz, Quintero senatariaren mozioan beste puntuetan eskumenen
kasua aipatu du, ez dituela hartutako konpromisoak bete, horretaz ere
jakin badakigula gure taldearen babesa izango du mozio honek. Penaz,
behin eta berriro askotan Talde Popularrak kupoa betetzeko aurkezten
dituen modura beraien mozioak, oposizioko taldeak erabili behar ditugula
behin eta berriro errepikatuz gure beharrei erantzuna jasotzen ez
dugulako Gobernuaren aldetik, eta nahiz eta errepikatzeko gaiak izan,
berriro jorratu behar dira. Zoritxarrez, jakinda, aldez aurretik
erantzuna zein izango den: berriro ere, ezetza. Horregatik, gure babesa
mozioari.

Eskerrik asko.

Muchas gracias, señor presidente.

Voy a explicar en muy pocas palabras el punto de vista de mi grupo
parlamentario. El señor Quintero ha expresado muy bien lo que reivindica
en su moción. Ha dicho al principio que han tratado este tema
repetidamente, lo que es cierto. Si de nuevo se encuentra en la necesidad
de traer este tema aquí es fundamental hacer una reflexión, y es porque
hasta ahora siempre han recibido la negación, siempre han rechazado sus
propuestas, porque no han recibido mejoras para ellas. Y esto es solo
consecuencia de la mayoría absoluta; estamos acostumbrados a este estilo,
y es lo que vamos a volver a ver hoy en esta Cámara, lo que nos lleva a
que los grupos de la oposición, tal y como ha expresado el señor
Quintero, utilicemos las herramientas necesarias para hacer nuestras
reivindicaciones. Y yo quiero hacer una pequeña reflexión: el Gobierno
español no acepta las distintas realidades. En este caso, no acepta las
características especiales de las islas Canarias. Se han planteado unos
ejemplos concretos de rutinas diarias y, teniendo en cuenta que el
senador del Partido Popular es muy sensato, me resulta difícil que se
responda tan vagamente a lo expresado por el señor Quintero, porque lo
que se ha planteado son necesidades diarias de los canarios. Por lo
tanto, creo que la respuesta del Gobierno debería ir más allá y no
responder con lo que ya se ha hecho. Teniendo en cuenta las cosas que se
han mencionado para sacar el DNI o para ir al hospital o para hacer
deporte, resulta difícil entender que se responda con datos. Lo vuelvo a
decir: el Gobierno de España tiene dificultades para aceptar las
distintas realidades del Estado, y no solo en este caso, lo hemos visto
en otros ámbitos también, incluso políticos.

El señor Quintero menciona en su moción que no se han cumplido los
compromisos adquiridos, por ello mi grupo apoyará esta moción. Muchas
veces el Grupo Popular ha presentado mociones para llenar el cupo, pero
nosotros presentamos las mociones porque necesitamos respuestas a
nuestras necesidades, y las volvemos a repetir sabiendo desgraciadamente
de antemano cuál va a ser la respuesta: la negativa. Por lo tanto, vamos
a apoyar esta moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo de la
Entesa, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, senyor president.

Efectivament, aquest debat, com ara assenyalava encertadament la
senadora Iparraguirre, posa de manifest la diferència substancial entre
la manera d’entendre Espanya que té el Govern i el Partit Popular i
la que tenim altres grups. Perquè, en fi, sembla gairebé increïble que no
es pugui entendre que existeix un fet diferencial, una singularitat tan
òbvia i evident com la que té a veure amb la mobilitat i, per tant, amb
les polítiques de transport i comunicacions en el cas de les illes
Canàries.

El Partit Popular entén una Espanya homogènia, una Espanya en la
qual s’han d’aplicar les mateixes polítiques a qualsevol
lloc, en comptes d’entendre que Espanya està feta des de la
diversitat i que la capacitat de continuar units té a veure amb la
capacitat d’abordar, de manera diferent, les situacions diferents
que es produeixen en diferents llocs. És el cas de la mobilitat i el
transport d’una manera òbvia i claríssima pel que fa referència a
les illes Canàries.

La moció que presenta el Grup Mixt, a través del senador Quintero,
aporta una bateria de mesures complementàries i, per tant, un paquet
integral de resposta a una situació greu en la qual aquest dret a la
mobilitat es veu absolutament conculcat i, per tant, el nostre grup hi
donarà suport. Amb el benentès, repeteixo, que té a veure amb les mesures
concretes, que ens semblen raonables i ens sembla especialment important
i significatiu el tema de la tarifa plana i l’abonament, crec que
és una solució correcta possible i útil en un cas com aquest, però a la
resta també ens hi sumaríem i, sobretot, perquè és l’expressió, una
vegada més, que existeix una Espanya diferent, que s’ha de tractar
de manera diferent.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Efectivamente, este debate, como señalaba acertadamente la
senadora Iparragirre, pone de manifiesto la diferencia sustancial entre
la manera de entender España que tienen el Gobierno y el Partido Popular
y la que tenemos otros grupos. Parece casi increíble que no se pueda
entender que existe un hecho diferencial, una singularidad tan obvia y
evidente como la que tiene que ver con la movilidad, con los medios de
transporte y comunicaciones en el caso de las islas Canarias.

El Partido Popular entiende una España homogénea, una España en la
que se tienen que aplicar las mismas políticas en cualquier lugar, en vez
de entender que España está hecha desde la diversidad y que la capacidad
de continuar unidos tiene que ver con la capacidad de abordar de manera
diferente las situaciones distintas que se producen en distintos lugares,
como es el caso de la movilidad y el transporte, de una forma obvia y
clarísima, en relación con las islas Canarias.

La moción que presenta el Grupo Mixto, a través del senador
Quintero, aporta una batería de medidas complementarias y, por lo tanto,
un paquete integral de respuestas a una situación grave en la que este
derecho a la movilidad se ve absolutamente mermado; por esta razón, mi
grupo la va a apoyar, entendiendo siempre que tiene que ver con unas
medidas concretas que nos parecen razonables, importantes y
significativas. La tarifa plana, el abono es una solución correcta,
posible y útil en un caso como este. Pero también nos sumaríamos al
resto. Y, sobre todo, a la expresión, una vez más, de que existe una
España distinta que se tiene que tratar de forma distinta.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martí.

Por el Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora
Candini. (El señor Sendra Vellvè pide la palabra). ¿Sí, senador
Sendra?

El señor SENDRA VELLVÈ: El senador Sendra va a sustituir a la
senadora Candini, que tiene un grave problema de afonía.

Gracias, presidente.

Quiero manifestar nuestro acuerdo con lo manifestado por el
senador Narvay Quintero.

Estem absolutament d’acord amb la moció presentada.
S’ha de tenir una sensibilitat molt i molt especial amb el tema
d’infraestructures de transport en aquells territoris de
l’Estat que estan allunyats, com són Canàries, com són les illes
Balears, per la seva insularitat però, sobretot, i en aquest cas de
Canàries, per la seva llunyania.

Vostès, senyors del PP, i vostès senyors del Govern, no poden
ignorar que el transport de Canàries, entre les illes Canàries, cap a
Canàries o fins i tot a les illes Balears no és un luxe, és una
necessitat. Vostès no poden ignorar les directrius de la Unió Europea en
aquest sentit quan reconeixen el dret de Canàries i els seus ciutadans a
tenir uns preus públics per un servei que és del tot públic. Vostès
continuen pecant del mateix. S’omplen la boca d’Espanya però
continuen governant, des de la seva curta visió centralista dels
despatxos de Madrid. Parlen molt d’Espanya, ens volen a tots molt
espanyols, però, a l’hora de governar i d’invertir
s’obliden dels territoris allunyats. Allunyats geogràficament i
també, certament, políticament.

I, per acabar i, a risc que m’acusin de jihadista, jo li
recomano al senador Quintero, als ciutadans de Canàries, que el millor
que poden fer per a garantir les infraestructures de tot tipus per a
Canàries i per als seus ciutadans és optar per la millor infraestructura,
per la millor via, que és la via canària a la independència.

Gràcies. Votarem que sí a la moció del senador. Gràcies.

Estamos absolutamente de acuerdo con la moción presentada. Se debe
tener una sensibilidad muy especial en cuanto a infraestructuras de
transporte en aquellos territorios del Estado que están alejados, como
son Canarias o las Islas Baleares, por su insularidad, pero sobre todo en
el caso de Canarias, por su lejanía.

Ustedes, señores del PP y del Gobierno, no pueden ignorar que el
transporte entre las islas Canarias, hacia Canarias o bien hacia las
Islas Baleares, no es un lujo, es una necesidad. Ustedes no pueden
ignorar las directrices de la Unión Europea en este sentido cuando
reconoce el derecho de Canarias y de sus ciudadanos a tener unos precios
públicos por un servicio que es del todo público. Ustedes continúan
pecando de lo mismo. Se llenan la boca de España, pero siguen gobernando
desde su corta visión centralista de los despachos de Madrid. Hablan
mucho de España, nos quieren a todos muy españoles, pero cuando gobiernan
se olvidan de los territorios alejados geográficamente y también alejados
políticamente.

Para terminar, y a riesgo de que me acusen de yihadista, yo
recomiendo al senador Quintero y a los ciudadanos de Canarias que lo
mejor que pueden hacer para garantizar las infraestructuras de todo tipo
para Canarias y para sus ciudadanos es optar por la mejor vía, la mejor
infraestructura, que es la vía canaria hacia la independencia.

Vamos a votar que sí a la moción del senador.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el senador Medina. (Rumores).

Silencio, señorías.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes,
señorías.

Una vez más vamos a hablar en esta Cámara de transporte aéreo y
marítimo entre Canarias y con Canarias. Anuncio que votaremos que sí a la
moción por las razones que a continuación voy a explicar. Sobra decir,
porque ya se ha dicho aquí, la importancia que tienen para Canarias
nuestras infraestructuras de puertos y aeropuertos; garantizan la
movilidad, garantizan la conectividad, y además dan estabilidad y
fiabilidad al sector turístico, que aporta al PIB canario nada más y nada
menos que en torno al 35 o 40 % de su valor. Hay que tener en cuenta
además que el 90 % de los turistas que nos visitan lo hacen a través de
nuestros aeropuertos. De ahí la necesidad perentoria de establecer
políticas que protejan estas infraestructuras.

Respecto a la moción, he de decir que la mayoría de los apartados
resolutivos que contiene ya han sido analizados y debatidos en esta
Cámara, tanto en comisión como en Pleno, y quiero mostrar mi
agradecimiento a su proponente, porque algunas son iniciativas que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Voy a destacar algunas que
creemos que son de especial interés.

La primera es la necesidad de actualizar las obligaciones de
servicio público. Datan del año 1998 y va siendo hora de que alguien las
actualice, porque la experiencia ha demostrado que sirven más para
defender los intereses de los operadores que para defender los intereses
de los usuarios. Hay que insistir en encontrar frecuencias, horarios y
tarifas competitivas que, insisto, vayan en beneficio de los usuarios. Y
en la moción se incluye algo que también sería importante analizar y
estudiar, la posibilidad de establecer obligaciones de servicio público
en algunas rutas Canarias-Península, no en todas, porque en algunas no
son necesarias, pero en otras sí.

Segunda, establecer precios máximos de referencia para los
billetes de avión entre Canarias y la Península es una propuesta que
recoge la actualización del REF, cuyo defensor más trascendental ahora
parece que es nuestro ministro Montoro por lo que dijo ayer.

Tercera, favorecer el transporte de mercancías con políticas de
bonificaciones adecuadas —después haré un comentario al
respecto—.

Y cuarta —que ya se ha solicitado pero hemos obtenido una
respuesta negativa del Gobierno—, la posibilidad de transferir a la
comunidad autónoma las competencias en materia de transporte aéreo
interinsular.

Voy acabando porque después de lo dicho por el señor Quintero poco
más tengo que decir. Quiero hacer unas cuantas reflexiones políticas,
sobre todo al último comentario del señor Mateu, que afirmó aquí que se
ha mejorado en calidad, regularidad y precio. Señor Mateu, saldría
satisfecho si usted sube aquí y me dice solo una medida novedosa, una,
adoptada por el Gobierno del Partido Popular que haya mejorado la
calidad, la regularidad y el precio entre las comunicaciones marítimas y
aéreas de Canarias; una sola.

Visto el problema desde la perspectiva de la conclusión de una
legislatura y comparando legislaturas y Gobiernos, es justo reconocer y
poner en valor determinadas medidas adoptadas por el Gobierno socialista
de José Luis Rodríguez Zapatero; después cuestionaré algunas adoptadas
por el Gobierno del Partido Popular.

Al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero los canarios y
canarias le tenemos que agradecer que haya adoptado la medida de
disminuir las tasas aeroportuarias. Otra medida importantísima es el
incremento del tanto por ciento en las bonificaciones; el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero las subió del 33 % en 2004 al 50 % en 2007
para el transporte aéreo, y del 10 % en 2004 al 25 % en 2007 en
transporte marítimo. Luego, no pongan ustedes aquí en su haber que han
garantizado las bonificaciones, porque eso ya estaba; es más, ustedes
tuvieron alguna tentación que diré después. Además, el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero —hay que recordarlo también— aprobó
el Real Decreto 170/2009, sobre compensación al transporte marítimo y
aéreo de mercancías. Esto lo hizo un Gobierno socialista; medidas
concretas, claras, nítidas, cuantificables y poco cuestionables.

¿Y el Partido Popular? Vamos a ver qué ha hecho el Partido
Popular, estoy a la espera, señor Mateu, de que usted después me concrete
alguna. Yo le voy a concretar algunas. Lo primero que hizo fue subir las
tasas, ¿sí o no? Lo segundo, un intento de establecer, a través de la
disposición adicional decimotercera de los Presupuestos Generales del
Estado de 2013, cuantías máximas bonificables, ¿sí o no? ¿Sí o no
sufrimos los canarios y los ciudadanos de Baleares, de Ceuta y Melilla un
calvario enorme para acreditar nuestra residencia por un capricho de la
señora ministra? Por cierto, señor Mateu, ¿qué sabemos de ese expediente
famoso? ¿Hay conclusiones o no? ¿Se ha incumplido o no se ha incumplido
el Real Decreto 170/2009, señor Mateu?

Señor Mateu, tengo aquí un acuerdo del Pleno del 8 de junio
de 2012, aprobado en esta Cámara. ¿Se ha cumplido algo de lo que esta
Cámara aprobó? Como tengo tiempo se lo voy a leer: «Elaborar una
estrategia específica en materia de transporte aéreo y marítimo para
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en colaboración con los Gobiernos y
las ciudades autónomas correspondientes.» Punto 6. «Establecer una
bonificación del 80 % a las operaciones de las compañías aéreas que
cubran las rutas siguientes: La Gomera-Gran Canaria; la Gomera-Tenerife
norte; El Hierro-Gran Canaria; Tenerife Sur-Gran Canaria y todas aquellas
que afecten a Baleares.» Señor Mateu ¿se ha dado cumplimiento a este
acuerdo plenario? Y lo más preocupante para los canarios y las canarias:
la privatización de nuestros aeropuertos. Sé que usted me va a decir que
jurídicamente... Esa decisión, cuyas consecuencias van a ser
imprevisibles para Canarias las ha tomado el Gobierno de la nación a
espaldas del Gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias y de la
sociedad canaria. Ojala nos equivoquemos, señor Mateu, pero
previsiblemente algunos de los ocho aeropuertos canarios —cuatro de
ellos están entre los más beneficiosos del país— se cerrarán, y
ojalá me equivoque.

Por lo tanto, señor Mateo, el balance de estos cuatro años de
legislatura del Gobierno del Partido Popular en relación con una materia
tan importante, transcendental y sensible para los canarios, desde
nuestro punto de vista, ha sido nefasta, y comparada con la que hizo el
Gobierno socialista, más nefasta todavía. Y si no, tiene usted una
oportunidad magnífica de dar aquí datos y cuantificar las actuaciones
concretas y no perdernos en filosofías —permítame la
expresión— baratas. Concrete, porque a lo mejor concretando podemos
comparar, y seguro que incluso usted está convencido de que las cosas no
las han hecho demasiado bien.

Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
señor Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente. Gracias,
señorías.

Nuevamente quiero concretar algunos aspectos de los nuevos puntos
que ha expuesto el senador Quintero, relativos a lo que ha hecho el
Gobierno del Partido Popular en estos últimos cuatro años de legislatura,
que ha sido mucho y ha contribuido a mejorar los índices de conectividad
y de accesibilidad de los canarios.

Senador Quintero, en el punto primero usted habla de una línea
entre Canarias y la Península, una OSP de competencia estatal que ya
existe. Habla de Canarias con la Península y esa ya estaba adjudicada. Y
quiero recordarle que las OSP o los contratos de navegación de interés
público solo rigen cuando la oferta privada no alcanza los parámetros de
calidad, regularidad y precios que establece el Gobierno para mejorar la
conectividad con las islas. Le recuerdo nuevamente, como hecho del
Gobierno del Partido Popular, que en el año 2014 se formalizó un nuevo
contrato de gestión de servicios para líneas marítimas de interés público
entre Cádiz y Canarias, con una vigencia de dos años, hasta el 31 de
marzo de 2016, y con un presupuesto de 3000 euros. Cubre también otras
líneas no capitalinas, como Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.

Respecto a la posibilidad de establecer obligaciones de servicio
público interinsulares, que usted también ha mencionado, no cabe. El
estatuto de autonomía únicamente habla del transporte entre puntos del
mismo archipiélago y de las propias islas canarias; de ahí precisamente
el Decreto de 23 de julio del año 1998, por el que se establecen las
obligaciones de servicio público a que se someten determinadas líneas
regulares de cabotaje marítimo interinsular de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

En cuanto al transporte aéreo, en la última comisión mixta, en la
cual se desarrollaron los trabajos de manera muy cordial, con fecha 10 de
marzo se acepta y se observa que ha mejorado el tráfico aéreo en el
archipiélago y que la conectividad de los ciudadanos canarios está
bastante mejorada. Son trece obligaciones de servicio público en las
conexiones interinsulares, de las cuales cuatro son deficitarias, y el
Gobierno de España pone 8,9 millones de euros en toda la
legislatura.

¿Ha mejorado el tráfico de pasajeros en los aeropuertos canarios?
En el año 2014 se incrementó un 7,1 % respecto al año anterior: 1,3 % en
enlaces con la península y 6,8 % en las rutas OSP; hubo una reducción del
precio de los billetes en el último año, un 2 % como usted bien decía en
los enlaces con la península y un 1 % en los enlaces interinsulares.
También hay que recordarle que la manipulación o tratar de influir en los
precios depende de la normativa comunitaria para saber distinguir lo que
es una OSP; únicamente se puede influir en los precios en una OSP y no en
lo que está cubierto por el servicio empresarial privado fuera de la
actividad del Gobierno. Y además el establecimiento de una OSP, donde se
tocan los precios, chocaría frontalmente con la flexibilidad que existe
en los precios, porque por beneficiar a algunos pasajeros, a lo mejor a
las compañías aéreas que establecen tarifas máximas y tarifas low cost no
les saldrían luego las cuentas de resultado. Por tanto, lo que
inicialmente beneficiaria a algunos perjudicaría a otros, al quedar
reducidas todas las posibles promociones en los billetes.

En los enlaces domésticos entre Canarias y la Península son seis
las compañías que vuelan, y ofrecen una gama muy amplia a todas las
personas en función de sus posibilidades económicas: Air Europa, Iberia,
Iberia Express, Ryanair, Vueling y Air Nostrum. Además, desde Canarias se
vuela también a otros destinos, no solo a Madrid, también a Barcelona,
Sevilla, Bilbao, Málaga, etcétera.

En cuanto a la reforma del REF, siempre ha de tener el escenario
marco o sostenimiento de la normativa establecida en la Unión Europea, y
no hay que olvidar que el Reglamento 1008/2008, de 24 se septiembre,
establece normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la
comunidad, en la que solo se señala la posibilidad de intervención en el
libre mercado para unos supuestos muy tasados —no voy a volver a
incidir en ellos—, que son los supuestos propios de las
obligaciones de servicio público.

Hay que decir que, según el análisis elaborado —y conocido
por el Gobierno canario—, se puede decir que la conectividad de los
enlaces domésticos es muy satisfactoria: seis compañías, 20 000 asientos
diarios, de media, a unos precios competitivos: 113 euros de media por
trayecto durante 2014, de los que el residente aporta solo la mitad,
y 65,5 euros en los interinsulares, en los que se aportaría únicamente
también la mitad.

Oferta. Verano de 2015, que va del 29 de marzo al 24 de octubre.
Las compañías, 23,2 millones de asientos en los aeropuertos canarios,
asientos repartidos en los más de 161 000 movimientos que se realizan
para 593 rutas. Creo que se atiende la conectividad de los ciudadanos
canarios. Compañías en el aeropuerto de El Hierro ofertan 134 600
asientos y en La Gomera 60 400, todos ellos vuelos interinsulares.

Mejor aprovechamiento de las subvenciones con respecto a la isla
de El Hierro. Pilares fundamentales de la política de transportes del
ministerio, como sabemos, son la política de bonificaciones a residentes
que usan el transporte aéreo y marítimo y las obligaciones de servicio
público, como ya hemos dicho. Desde el año 2012 el Gobierno de España, a
través del Ministerio de Fomento ha sufragado con más de 810 millones de
euros el transporte aéreo de nuestros residentes, añadiendo a ello
los 8,9 millones de euros de las cuatro líneas deficitarias
interinsulares cubiertas por la OSP. Se siguen aplicando las
bonificaciones del 50 % desde el año 2007, y tengan ustedes presente que
ya quedó convencido su presidente —veo que ustedes todavía
no— de que no peligra ese 50 % de bonificación. Desde luego, los
criterios para acceder a esa bonificación no vienen dados por el lugar de
residencia exacto, sino que, sencillamente, es sin distinción de ningún
tipo, solo por el hecho de residir en cualquier municipio no peninsular.
Así, en el ejercicio de 2014 el Ministerio de Fomento ha contratado
nuevamente los enlaces de Gran Canaria-El Hierro-Tenerife Norte y El
Hierro-Gran Canaria-La Gomera-Tenerife Norte, invirtiendo para ello 6,15
millones de euros para compensar las pérdidas de explotación de la línea.
Vamos sumando y vemos que la actividad del Gobierno no ha sido lenta ni
ralentizada, sino realizada con sumo interés, como ustedes se merecen, lo
mismo que los ceutíes, los melillenses y los residentes en las islas
Baleares.

Un hecho interesante que conviene destacar: Transporte marítimo
interinsular, competencia exclusiva del Gobierno canario. El Gobierno de
España, por compromiso con ese territorio, aporta el 25 % del precio de
los billetes, lo que supone un 46 % del total del presupuesto del
ministerio, 27,5 millones de euros, un esfuerzo del Gobierno precisamente
para que ustedes se den cuenta de que se les considera, y no han de vivir
con amargura ni con angustia. Sencillamente, insisto, el Gobierno de la
nación quiere una España unida, vertebrada y cohesionada
territorialmente.

Tarifas punto por punto. Hay que destacar que, evidentemente, solo
en las rutas bajo OSP se puede influir en los precios, y, desde luego, la
imposición de una tarifa plana, única en la OSP eliminaría esa
flexibilidad tarifaria actual basada en los precios de referencia
comparados con los precios máximos, y estos precios de referencia son
un 25 % inferiores que en las tarifas superiores marcadas, y, por
ejemplo, los precios actualmente vigentes son un 18 % inferiores, en
promedio, a las tarifas de referencia, no a las máximas,
establecidas.

Respecto a la bonificación del 100 % en el transporte de
mercancías y de los productos agrícolas, ya se abordó en una moción,
senador Quintero, y, efectivamente, tanto en un acuerdo del año 2009 de
la Comisión Europea, como en una instrucción del 2009 se permitía que lo
que los decretos del año 2007 establecían hasta el 75 %, fuera hasta
el 100 %. Pero, como ya le expliqué en aquella ocasión, nos encontramos
con una situación de caja dejada por el Gobierno anterior bastante
caótica, y, desde luego, ahora mismo es difícil llegar al 70 % de esa
financiación. ¿Por qué? Porque el porcentaje último y definitivo se
calcula en función de un prorrateo de la cantidad asignada en el
presupuesto de cada año, del número de las solicitudes y de los costes y
tipos calculados. Pero he de decirle que en el periodo 2012-2014 se han
empleado 59 millones para subvencionar el transporte de mercancías y,
desde luego, el esfuerzo que se ha hecho en el año 2015 con respecto
a 2014 es más de un 47 %, 8 millones para mercancía agrícola y 1 millón
para la industrial, y además no hay que olvidar que ha dejado de exigirse
el cobro de la prestación patrimonial pública por carga hub. Los hubs son
aeropuertos en los cuales una compañía o una alianza de ellas distribuye
a los pasajeros con los cuales trabaja, y ahí el Gobierno de España lo
único que tiene que hacer es crear nuevas infraestructuras con
posibilidad de ampliación para que sea atractivo. Así, el tráfico aéreo
con Estados Unidos se rige por un convenio que establece la libertad
absoluta de gestionar un vuelo entre Europa y América y se incluye el
ejercicio de la quinta libertad, que no hay que hacerla de una manera
explícita y no hay ningún límite, pero no ha habido ninguna solicitud de
quinta libertad para esas líneas. Ahora le diré cuáles son. Con
Latinoamérica hay nueve posibilidades de quinta libertad, con África hay
tres. La condición de quinta libertad per se no es ningún aliciente para
establecer una compañía, hay que acompañarlo de otras medidas. En la
actualidad todas las que se han presentado se han analizado. Verano
de 2015, única compañía que ejerce los derechos es la alemana Tuifly Gmbh
Langenhagen, seis vuelos semanales entre Canarias y Cabo Verde; y se
sigue estudiando, evidentemente, Ceiba Internacional para operar con Las
Palmas-Dakar y Malabo-Guinea Ecuatorial. Usted no ha hablado para nada
del registro de aeronaves y vulnera absolutamente la Constitución
—lo menciona en su moción— y he de decirle que está
establecido en la Constitución y en el Decreto de 13 de marzo de 1969, en
los que se establece que es competencia exclusiva del Gobierno de la
nación.

Respecto a las nuevas rutas, usted habla también de las autopistas
del mar, en las que no solamente influye el hecho insular, sino otros
aspectos que estableció el Gobierno de España en su programa.

Por último, —porque se me acaba el tiempo— he de
decirle que los puertos canarios y sus plataformas logísticas son
consideradas, a efectos de distribución logística, como grandes
plataformas por su colocación y por las bonificaciones y exenciones, y
también por el tratamiento de mercancía en tránsito que ha establecido el
texto refundido de Puertos y de la Marina Mercante del año 2011.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya
terminando.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Es más, señoría, estamos a favor del
mantenimiento de esa conectividad, e insisto, pensamos lo mismo. El
Gobierno de España ha trabajado y va a seguir trabajando en la mejora de
esa conectividad, y he de comunicarle que vamos a votar en contra de la
moción por los argumentos que he dado, que creo que son suficientes,
sobre la actuación del Gobierno de España.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia, y gracias
señorías.