6. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1. Convenio de colaboración entre el Servicio Público
de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura (SEXPE) y el Gobierno
de La Rioja sobre la utilización y uso gratuito de la aplicación
informática «Control de desempleados del SEXPE».

(Núm. exp. 592/000017)

Autores: JUNTA DE EXTREMADURA y GOBIERNO DE LA RIOJA

7. TRIBUNAL DE CUENTAS

7.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

7.1.1. Declaración sobre la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2012, así como la Resolución adoptada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

(Núm. exp. 770/000004)

8. HABILITACIONES

8.1. Ponencia de estudio para la evaluación de diversos
aspectos en materia de residuos y el análisis de los objetivos cumplidos
y de la estrategia a seguir en el marco de la Unión Europea, constituida
en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.

(Núm. exp. 551/000055)

8.2. Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a
desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña.

(Núm. exp. 551/000056)

8.3. Comisión de Fomento.

(Núm. exp. 551/000057)

8.4. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.

(Núm. exp. 551/000058)

9. PONENCIAS DE ESTUDIO

9.1. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME

9.1.1. Ponencia de estudio para la adopción de medidas en
relación con la despoblación rural en España, constituida en el seno de
la Comisión de Entidades Locales.

(Núm. exp. 543/000007)

10. PETICIONES

10.1. Informe sobre la actuación de la Comisión de
Peticiones en el período ordinario de sesiones de febrero a junio de
2014.

(Núm. exp. 871/000005)

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades,
emitido en su sesión del día 9 de diciembre de 2014, en relación con
varios señores Senadores.

(Núm. exp. 503/000010)

Página
13385

Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor
Rodríguez Comendador Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la señora Torres Sánchez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en sentido
negativo.

Se procede a votar

13407

Se rechaza la toma en consideración con el siguiente
resultado: presentes, 241 más 1 voto telemático, 242; votos emitidos, 240
más 1 voto telemático, 241; a favor, 92; en contra, 148 más 1 voto
telemático, 149.

5.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

5.2.1. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

Comisión: Agricultura, Pesca y Alimentación

13420

(Núm. exp. 621/000098)

El señor Torres Colomer, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Martínez Oblanca defiende la propuesta de veto
número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por
este senador.

El señor Plana Farran defiende la propuesta de veto número
2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor López
Veiga, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Martínez
Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura
Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Plana Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor López Veiga, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la señora Torres Sánchez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en sentido
contrario a las dos propuestas de veto.

Se procede a votar las propuestas de veto

13434

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 241 más 1 telemático, 242; votos emitidos, 241 más
1 voto telemático, 242; a favor, 1; en contra, 149 más 1 telemático, 150;
abstenciones, 91.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 241 más 1 telemático, 242; votos emitidos, 241 más
1 voto telemático, 242; a favor, 26; en contra, 149 más 1 telemático,
150; abstenciones, 66.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas 1 a 9,
presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor Martínez Oblanca defiende las enmiendas 27 a 36,
del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por este
senador.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas 10 a 12,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Boya Alós defiende las enmiendas 47 a 49, 51 a 60
y 61 a 69, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Plana Farran defiende las enmiendas 37 a 46, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende las enmiendas 13 a 16
y 18 a 26, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Larriba
Leira, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Fidalgo Areda,
por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Larriba Leira, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

13443

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

6. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1. Convenio de colaboración entre el Servicio Público
de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura (SEXPE) y el Gobierno
de La Rioja sobre la utilización y uso gratuito de la aplicación
informática «Control de desempleados del SEXPE».

(Núm. exp. 592/000017)

Autores: JUNTA DE EXTREMADURA y GOBIERNO DE LA RIOJA

13446

El señor presidente informa a la Cámara de que no se han
presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la
autorización de las Cortes Generales.

La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho
convenio.

7. TRIBUNAL DE CUENTAS

7.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

7.1.1. Declaración sobre la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2012, así como la Resolución adoptada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas

13447

(Núm. exp. 770/000004)

En turno a favor hace uso de la palabra el señor Parro del
Prado, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Bruguera
Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Sen Vélez, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Parro del Prado, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Se aprueba por asentimiento de la Cámara el dictamen con la
resolución propuesta por la Comisión.

8. HABILITACIONES

8.1. Ponencia de estudio para la evaluación de diversos
aspectos en materia de residuos y el análisis de los objetivos cumplidos
y de la estrategia a seguir en el marco de la Unión Europea, constituida
en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático

13454

(Núm. exp. 551/000055)

Se aprueba por asentimiento de la Cámara.

8.2. Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a
desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña

13454

(Núm. exp. 551/000056)

Se aprueba por asentimiento de la Cámara.

8.3. Comisión de Fomento

13454

(Núm. exp. 551/000057)

Se aprueba por asentimiento de la Cámara.

8.4. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático

13455

(Núm. exp. 551/000058)

Se aprueba por asentimiento de la Cámara.

9. PONENCIAS DE ESTUDIO

9.1. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME

9.1.1. Ponencia de estudio para la adopción de medidas en
relación con la despoblación rural en España, constituida en el seno de
la Comisión de Entidades Locales

13455

(Núm. exp. 543/000007)

Se aprueba la solicitud por asentimiento de la Cámara.

10. PETICIONES

10.1. Informe sobre la actuación de la Comisión de
Peticiones en el período ordinario de sesiones de febrero a junio de 2014

13455

(Núm. exp. 871/000005)

La señora Leyte Coello, presidenta de la comisión, presenta
el informe.

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades,
emitido en su sesión del día 9 de diciembre de 2014, en relación con
varios señores Senadores

13456

(Núm. exp. 503/000010)

El señor Moreno Bonilla, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.

Se levanta la sesión a las quince horas y veinte minutos.

Página
13389

Los ayuntamientos de las comarcas afectadas y todos los
agentes sociales y las fuerzas políticas en general mantienen en estos
momentos una absoluta unanimidad en el tratamiento del problema. Y digo
en general, porque todas las fuerzas que están representadas en esta
Cámara parlamentaria han asumido, al menos públicamente, con sentido de
la responsabilidad la urgencia en la toma de decisiones ante este
problema. Y nosotros planteamos una moción que queremos que alcance
también un gran consenso en esta Cámara, para que el Gobierno inste a Red
Eléctrica a que se pueda hacer el diseño de esta segunda subasta,
respetando, por supuesto, la normativa reguladora y la competencia, de
manera que Alcoa y otras industrias que no alcanzaron los lotes de
interrumpibilidad necesarios pudieran, en términos similares —en
absoluto privilegiados respecto de otras situaciones—, seguir
adelante en un contexto tan complejo como la crisis que vivimos y en el
que se establece como gran objetivo a alcanzar por España y Europa, en el
escenario de la Europa 2020, el proceso de reindustrialización en nuestro
país y en el conjunto del continente europeo.

Como decía, los antecedentes de este problema hay que
buscarlos en lo que se denominaban empresas afectadas por la tarifa G4,
que eran las grandes consumidoras que había en España. Las empresas que
tuvieron las tarifas G4 eran fundamentalmente Alcoa y la anteriormente
denominada Inespal, que tiene instalaciones en Asturias y en Galicia. En
Galicia, además de en A Coruña, está la de San Cibrao; y en Asturias,
Asturiana de Zinc, situada en San Juan de Nieva, y Arcelor Asturias. En
el sector industrial asturiano estas tres grandes empresas
multinacionales engloban un número de empleos absolutamente elevado, pero
no solo por el empleo directo, sino también por las subcontratas, por el
empleo inducido, por los proveedores afectados o por las cargas de los
puertos. Sencillamente, es algo que impacta de lleno en el corazón
industrial de nuestra comunidad y también de forma muy importante en
Galicia.

La tarifa G4 fue prohibida por la normativa europea por dos
razones: porque era una tarifa específica, por usos, y no general, por
tensiones y niveles de utilización. Y la segunda directiva europea
estableció el fin de las tarifas reguladas en alta tensión a partir del 1
de julio del 2007. Hay que saber estos datos para conocer el origen del
problema y no situarlo específicamente en una subasta —quién lo
coge o quién no lo coge—, ya que estas industrias tenían una
situación específica que se venía contemplando en el escenario del
suministro eléctrico en España.

El Gobierno español había llegado a un acuerdo con la
Comisión Europea para retrasar la supresión de las tarifas de alta
tensión el 1 de julio del 2008, como así fue, con la excepción de la G4.
Por tanto, la supresión de la G4 estaba instada en aquel momento, y su
escenario tenía que regularse como muy tarde a finales del año 2009.
Había dos elementos básicos para abordar dicho escenario: por un lado,
las aportaciones del sistema eléctrico, que pasaban por la fijación de
peajes de acceso especialmente favorables para estos consumidores, y un
sistema de pagos por interrumpibilidad; y, por otro, un mecanismo de
negociación entre el consumidor y las empresas eléctricas que
suministraban a cada una de estas factorías, porque, aunque las factorías
pertenecen a una empresa, los suministros eléctricos provienen de
distintos operadores eléctricos.

Hubo una negociación extraordinariamente compleja que se
desarrolló a lo largo de unos años, de 2005 a 2009, que afectó a
distintos ministerios y responsabilidades. Puedo decirles que los
Gobiernos de la Xunta de Galicia y Asturias —en aquel momento me
tocó presidir el de Asturias— fueron muy activos en la solución del
problema y que encontraron una gran receptividad tanto en el Gobierno
como en las empresas afectadas, los operadores eléctricos y los agentes
sociales, que actuaron con un gran sentido de la responsabilidad. Y se
consiguió llegar a un acuerdo favorable para que la tarifa G4
desapareciese y estas industrias no tuviesen un lastre en el coste
energético porque son grandes consumidores; y es que en el producto
elaborado el coste energético ocupa un porcentaje muy elevado, que puede
ser del 35, el 40 o el 45 % en función de las factorías, de las
tecnologías que se utilicen y también de las empresas afectadas.

Como decía, la solución se alcanza a través de un acuerdo
que tiene ese doble pivote, el del operador eléctrico en cada caso, ya
sea E.ON, en Cantabria, Iberdrola, o la empresa que suministre en cada
territorio, llegando a un acuerdo pero completándolo con la
interrumpibilidad que hacía directamente el Gobierno en términos
razonables, de modo que los costes energéticos pudieran ser competitivos
para esas empresas, que actúan fundamentalmente en mercados europeos y en
otros mercados externos.

Desde mi punto de vista la negociación fue exitosa y de
referencia, y lo deberíamos tener en cuenta porque este problema no solo
afecta a Alcoa, que es lo urgente, lo inmediato, sino al conjunto del
sector industrial electrointensivo, y yo diría que incluso al conjunto de
la industria española, porque el coste energético de esta también es
elevado, está por encima del promedio europeo, y hay una gran demanda.
Ustedes conocen el posicionamiento prácticamente de todo el sector
industrial español como consecuencia de la Ley de medidas fiscales para
la sostenibilidad energética, de 2012, que obtuvo una respuesta
generalizada de crítica por parte de todos los sectores industriales, que
en una carta pública que tuvo gran difusión en los medios de
comunicación, titulada La industria en riesgo, señalaban que la citada
ley era un instrumento exclusivamente ideado para dar solución al
problema del déficit tarifario, pero que al mismo tiempo obviaba el coste
de miles de millones de euros, que se trasladaban a las empresas
industriales de nuestro país, y que el riesgo de deslocalización era
evidente, generando consecuencias irreversibles sobre la economía. Ponían
también sobre la mesa datos importantes sobre la participación, dos
tercios del producto industrial bruto, que generaban las empresas
firmantes de aquel documento y los más de 4 000 000 de puestos de trabajo
cualificados que podían quedar afectados de forma directa o
indirecta.

Este es el problema origen de la situación que hoy tenemos,
un problema que se puede resolver con voluntad política, que se puede
resolver porque el diseño de la subasta que haga Red Eléctrica,
respetando la normativa de competencia y la normativa reguladora, tiene
que ser realizado de tal manera que no ponga fuera de la subasta a
empresas que venían funcionando con normalidad, con el riesgo que eso
tiene para el empleo y la economía. Esto se puede hacer y es lo que
demandamos como elemento de urgencia, de primera instancia, en la moción
que hoy presentamos. Alcoa también debe ser corresponsable con esta
posición. Alcoa tiene que saber que tanto en Estados Unidos, donde tiene
su sede central, como en sus instalaciones de España ha tenido siempre el
apoyo de los gobiernos autonómicos y de España para la solución de los
problemas. Esa es la actitud que esperamos del Gobierno de España y de
Red Eléctrica, que repito que depende del diseño de la subasta y de la
capacidad que tenga para conseguir lotes de 90 megavatios y algunos de 5
megavatios, que entre las dos factorías supondrían prácticamente 220
megavatios a repartir entre las dos.

Insisto en que eso es posible, en que se puede hacer
respetando la normativa, y además se ha hecho en algunas regiones
europeas. Recuerdo que en 2010 el Gobierno italiano consiguió que la
Comisión Europea considerase la interrumpibilidad especial en las islas
de Cerdeña y Sicilia y que no fuesen consideradas ayudas de Estado. Se
tuvieron en cuenta las especiales circunstancias respecto de la Italia
continental, es decir, la falta de interconexiones, pobres estructuras de
distribución en las islas, la existencia de grandes centrales de
generación obsoletas y el riesgo de apagones. Ese hecho ha determinado
que la Comisión Europea lo haya autorizado y haya renovado en 2012, hasta
2015, esa autorización.

La diferencia esencial con respecto a la situación que
tenemos en España es que aquí hay una subasta competitiva que deja fuera
a muchos y que incluso ha introducido a competidores que antes no había;
y es que antes teníamos a las grandes empresas que he citado, pero han
introducido a Ferroatlántica, Celsa, Solvay y a algunas otras empresas
que no estaban en ese gran bloque, consumidoras de gran envergadura pero
no exactamente las que provenían de la G4. Esta es, como digo, la
diferencia: en Italia hay más oferta que demanda y por ello se puede
respetar la competencia, se puede hacer de manera que Europa lo acepte,
pero lógicamente con la satisfacción del sector. Y esa gran diferencia es
la que tenemos que hacer llegar a la voluntad política para hacer eso
posible.

Unesid, la patronal siderúrgica española, ha sido muy
crítica; mostró de forma inmediata su descontento con esa subasta cuando
el Gobierno decidió modificar el sistema de gestión de la
interrumpibilidad y señala los efectos perversos que tendría para la
supervivencia de la industria electrointensiva y muy particularmente de
la industria siderúrgica en nuestro país. Unesid recurrió en su día, el
recurso está pendiente, y señala que el diseño de la subasta sirve para
minimizar la retribución por la prestación del servicio pero, en cambio,
provoca una transferencia —digámoslo así— hacia la industria
de problemas que no tenía y que además la industria no debe asumir porque
no son inherentes estrictamente al coste de la generación eléctrica, sino
que son otros problemas de otros sectores que se le trasladan.

Si el Gobierno de España y toda la sociedad española
quieren tener una reindustrialización ambiciosa y operativa no puede ser
que cada año se cree una gran inseguridad, no puede haber inversiones
industriales y tecnológicas si cada año en cada subasta no se sabe quién
va a quedar favorecido por las retribuciones de interrumpibilidad. Esto
sirve para las grandes empresas y también para el conjunto del sector
industrial.

Termino, haciendo referencia a los tres puntos de la
moción. El primero, sobre la urgencia de la subasta, con un diseño
adecuado para solucionar el problema; el segundo, para buscar de manera
consensuada la estabilidad en el coste de las energías de las empresas
consideradas como grandes consumidores; y el tercero, relativo a una
reflexión sobre la competitividad del sector industrial y la influencia
del coste energético en esa competitividad y la necesidad de que en
España haya un gran pacto de Estado entre…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: …todos los agentes
implicados para que esto se pueda llevar a la práctica.

Por supuesto, vamos a apoyar la siguiente moción, que se
debate conjuntamente, ya que somos coincidentes en los objetivos y además
se incluye algún aspecto en el que también coincidimos, como lo que
afecta a los consumidores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Areces.

Para la defensa de la moción del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente. Muy buenos días.

No es casualidad que dos de las tres mociones que se traen
a la última sesión anual del Pleno del Senado hagan referencia a un mismo
asunto: las consecuencias indeseadas, indeseables e inaceptables
derivadas del anuncio de Alcoa, una empresa multinacional, de cerrar dos
de sus factorías en España, la de Avilés, en Asturias, y la de A Coruña,
en Galicia. De llevarse a término esto supondría la pérdida de más de 800
puestos de trabajo directos y un mazazo irrecuperable para la economía de
las comarcas donde se ubican estos dos grandes centros de producción del
aluminio.

Desde que se hizo pública tan durísima intención han sido
numerosas las expresiones de rechazo. Permítanme que haga referencia a la
manifestación, como nunca antes se había visto, llevada a cabo el pasado
jueves en Avilés, que fue producto de la enorme preocupación por las
consecuencias de un cierre que no puede en modo alguno producirse.
También en A Coruña se celebró el viernes otra multitudinaria
manifestación ciudadana en defensa de su planta de producción.

Tampoco es casualidad que ahora se haya anunciado esta
decisión de efectos dramáticos para tantas y tantas familias, que hay que
evitar. En todo caso, jamás deberíamos haber llegado a esta situación si
el Gobierno hubiese estado atento y sensibilizado por la deriva de la
evolución de los mercados, anticipándose a unos acontecimientos
predecibles, como se le reclamó desde principios del mandato en esta X
Legislatura. De hecho, ya en febrero de 2012, aquí, en el Pleno del
Senado, se le advirtió de la ausencia de una política tarifaria que
permita a nuestra industria afrontar un coste energético homologable al
de otros países europeos y proporcionarle competitividad a nivel
internacional. Por tanto, esta situación de emergencia surgida este mes
de diciembre no es producto de un cataclismo sobrevenido e inesperado,
no. Desde hace años se venían alzando voces de inquietud por los
crecientes y severos riesgos de deslocalización y desmantelamiento de la
industria básica relacionada con el acero, el zinc y también el aluminio,
una manifiesta alarma derivada de los altos costes que las empresas
tienen que pagar en España por las tarifas eléctricas y que les impiden
competir en unos mercados europeos que pagan un 30 % menos de factura
energética.

El aviso sobre los efectos dramáticos para la industria
electrointensiva de los altos costes de la tarifa eléctrica en España no
es nuevo; se remonta a junio de 2008, cuando don Miguel Sebastián, nuevo
ministro de Industria del segundo Gobierno socialista de Rodríguez
Zapatero, decretó una

subida general de las tarifas eléctricas tanto para la
industria como para los hogares. Aquello supuso todo un atropello para el
conjunto de la sociedad española y benefició directamente a los
constructores que habían compensado la crisis inmobiliaria con su
irrupción en las empresas eléctricas. Ellos fueron los grandes
beneficiarios de aquel alevoso y dañino tarifazo de Sebastián, uno de los
más grandes desmanes de la historia económica reciente en España, con
efectos demoledores sobre el bolsillo de las familias españoles y también
sobre las empresas. El tarifazo del Gobierno socialista no hizo
distingos; afectó a todos los españoles: a pobres y ricos, a pequeñas y
grandes empresas, a consumos eléctricos bajos y altos. A todos los
españoles sin excepción.

Desde aquella infausta decisión los peligros de
deslocalización industrial y de eliminación de puestos de trabajo estaban
latentes. Tanto es así, que las empresas que perdieron competitividad en
costes como secuela del alevoso decreto gestado en torno a la tarifa
eléctrica tuvieron que ajustar sus plantillas con gran sacrificio de los
trabajadores, sometidos a procesos de regularización de empleo y rebajas
salariales. También paralizaron sus inversiones para compensar la
penalización derivada de los altos y elevados costes energéticos. E
incluso recurrieron a la discontinuidad en el aprovechamiento de sus
instalaciones para modular los costes de producción y afrontar las
consecuencias de la política energética consumada por el Gobierno.

Y mientras todo esto sucedía en la España de 2008, en otros
países europeos se hacía todo lo contrario, y con tarifas eléctricas que
hoy son del orden del 30 % más baratas los competidores de nuestra
industria básica han podido vender mejor sus productos, modernizar sus
instalaciones y crear empleo.

Señorías, Asturias es desde hace mucho tiempo una
referencia nacional en cuestiones industriales. Hoy el temor invade todas
las factorías, así como a las miles de pequeñas y medianas empresas que
giran en mayor o menor medida alrededor de la producción
siderometalúrgica. Es el temor por un futuro absolutamente condicionado
por los precios que las empresas tienen que afrontar por sus trabajos y
que les impide tener competitividad en unos tiempos de mercados globales.
Hoy es Alcoa, pero si no se adoptan inmediata y urgentemente medidas para
corregir las tarifas eléctricas detrás de Alcoa van a venir otras
empresas, y eso es algo que ni Asturias ni Galicia ni España se pueden
permitir.

Del PSOE de Zapatero al PP de Rajoy. Tal para cual. ¿Por
qué hemos llegado hasta aquí? ¿Qué hizo el actual Gobierno para corregir
los desmanes derivados de las decisiones antisociales y antitodo tomadas
en junio de 2008? Para empezar, el actual responsable de Industria,
Energía y Turismo ha resultado toda una calamidad para Asturias. Les
recuerdo que ya en el primer Consejo de Ministros canceló de forma
unilateral e ilegal los fondos mineros para las comarcas del carbón, y
cuando en la comunidad autónoma se convocaron elecciones, tras el bloque
presupuestario al alimón del PP-PSOE frente al Gobierno de
Álvarez-Cascos, la única iniciativa conocida del señor Soria en torno a
la cuestión eléctrica, en torno a las industrias de consumo eléctrico,
fue forzar una fotografía electoral con la candidata del Partido Popular
y los directivos de las grandes empresas siderometalúrgicas. Fue aquella
toda una parodia protagonizada por un Gobierno que en estos tres años se
ha dedicado a triturar todos los compromisos electorales, incluidos los
relativos a un marco energético para impulsar la economía —páginas
45, 46 y 47 de su programa electoral, titulado «Lo que España necesita»,
documento convertido, como todos ustedes saben, en fosfatina—. Hoy
ya no hay fotos de campaña ni farsas electorales; al revés, en la
sociedad hay una indignación acompañada de un reproche generalizado hacia
el ministro de Industria por unas recientes declaraciones con las que
irresponsablemente agravó con mayor angustia a los trabajadores sometidos
a la gran incertidumbre por el inmediato futuro de las factorías de Alcoa
en Asturias y Galicia.

Todo deriva de la subasta del servicio de interrumpibilidad
realizada durante los días 16 y 17 de noviembre para empresas que, a
cambio de compensaciones económicas, aceptan ver parado su servicio
cuando hay picos de demanda. El mecanismo de la subasta no es novedoso,
pero llevábamos casi cinco años sin implantar las pujas, que ahora se
hacen por centro productivo, por cada factoría, y no por el conjunto de
la empresa. Tras sus irresponsables declaraciones, el señor Soria sufrió
una repentina indisposición que la pasada semana le impidió responder en
el Congreso de los Diputados a una pertinente, oportuna y acertadísima
pregunta oral formulada por mi compañero Enrique Álvarez Sostres. Nada
importante para su salud; por la mañana se encontraba indispuesto para
responder en el Congreso, pero por la tarde comparecía tan campante en
unos

estudios de televisión. Si el ministro de Industria se
escabullera de este asunto el Partido Popular estaría pegándole la
puntilla al sector industrial siderometalúrgico, el mayor consumidor
industrial de energía eléctrica en España, un sector al que se le niegan
las ayudas que, sin embargo, el Gobierno aplica amplia y repetidamente
para sectores como el de la banca, con más de 100 000 millones de euros,
el automóvil, o la más reciente para compensar la cancelación del
proyecto Castor, con una indemnización a la empresa de 1350 millones de
euros que repercutirán en el recibo doméstico del gas durante los
próximos treinta años. Y no solo la inhibición del Gobierno sería la
puntilla para la industria, también para el conjunto de la economía
asturiana, sobre cuyo PIB la industria es un factor vital.

El Gobierno no puede acumular otra decisión calamitosa para
Asturias, una comunidad que se ha visto castigada por el Ejecutivo de
Rajoy hasta el punto de situarse como la única autonomía que acabará 2014
con una merma de su PIB. Todas las demás crecen. Asturias, con el último
informe elaborado por Ceprede, Centro permanente de investigación
económica, baja. Es la única que baja. El Gobierno no puede permanecer
ajeno a las consecuencias del desmantelamiento industrial producto de la
falta de competitividad derivada de la tarifa eléctrica. Tiene en su
poder los instrumentos para evitar la catástrofe social derivada del
cierre y el desmantelamiento de este sector clave de la economía, como lo
tiene también para los demás sectores que tienen relación con la energía.
Y por eso cabe preguntarse por qué España no es europea en sus precios
energéticos, como el de los combustibles en las gasolineras para los
consumidores, y por qué España tampoco es europea en los precios de
electricidad para los grandes consumidores eléctricos. Repito: el
Gobierno tiene en su mano los mecanismos para evitar el desmantelamiento
de la industria metalúrgica —siderurgia, aluminio y zinc—,
que hoy alcanza su angustia más profunda en las factorías avilesina y
coruñesa de Alcoa.

La irresponsabilidad de la política energética que
padecemos en España, unido a la carencia de política industrial, nos ha
colocado en la antesala de un desastre de proporciones incalculables si
no se ataja cuanto antes. El Gobierno tiene que aceptar y apoyar con
medidas de emergencia plasmadas en el Boletín Oficial del Estado que el
acero, el zinc y el aluminio se vendan en un mercado globalizado pero con
unos costes de la energía eléctrica, necesaria para su producción, que no
sean discriminatorios porque están marcados por el mercado eléctrico
nacional. Es conveniente indicar que en el caso del aluminio los costes
energéticos suponen del orden del 35 % del coste total de producción, por
lo que es imprescindible —y lo reclamamos— la adopción de
medidas de emergencia para fijar con carácter inmediato una tarifa
eléctrica que proteja la competitividad de la industria básica española,
intensiva en consumo eléctrico. Con estas medidas se frenaría el proceso
ya iniciado de deslocalización de producciones en el sector de la
metalurgia nacional, con las consiguientes pérdidas de empleo y cierres
de centros de producción por no contar con costes energéticos
equivalentes a los que pagan otros competidores europeos.

Nuestra moción tiene también un segundo objetivo, como es
acometer con urgencia la reforma estructural del sistema de costes
energéticos para favorecer la competitividad del conjunto de la sociedad
española, desde los hogares y los pequeños consumidores domésticos, hasta
los medianos y grandes consumidores industriales. Se trataría de evitar
que la situación actual, con España a la cabeza de las tarifas más caras
de la Unión Europea a pesar de nuestro poder adquisitivo, inferior al de
muchos de los países miembros, condene a nuestro país a convertirse
progresivamente en un gueto caracterizado por el desmantelamiento
progresivo de sectores clave para la economía española. Porque el
problema de nuestros altos precios de electricidad no es exclusivo del
sector industrial, no solo los grandes consumidores industriales tienen
enormes problemas para afrontar los costes de las tarifas eléctricas.
También en la tarifa doméstica estamos a la cabeza de Europa, y si en
algunos países resulta superior pero la comparamos en relación con sus
poderes adquisitivos, las diferencias son brutales. Alemania tiene una
tarifa doméstica un 32 % superior a la española, pero con un salario
medio un 73 % mayor. Dinamarca, con la electricidad un 35 % más cara,
tiene un salario medio un 103 % mayor, más del doble del español. En
Francia, la energía eléctrica es un 30 % más barata que en España, con un
salario medio un 42 % mayor. En Noruega, la tarifa doméstica es un 27 %
menor, con un salario medio 2,5 veces el salario medio español.

En esta X Legislatura el cambio del sistema para establecer
las tarifas de electricidad permitió a principios del actual ejercicio de
2014 una bajada que ha desaparecido a lo largo del año, hasta

el punto de situar la tarifa mensual del usuario doméstico
medio en 76,01 euros en el recién terminado mes de noviembre frente a los
67,62 del pasado mes de enero. En definitiva, no solamente la industria
sino toda la sociedad española, comenzando por los hogares y los
consumidores domésticos, se ven arrastradas por una tarifa que ha subido
más del 72 % en diez años, lo que ha llevado a España a ser el país de la
Unión Europea en el que se pagan los precios más altos por la
electricidad. De ahí también el segundo punto de nuestra moción para el
que pedimos el apoyo de la Cámara. Y ya anuncio que daré mi respaldo a la
moción defendida por el senador Álvarez Areces del Grupo Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

¿Turno en contra? (Pausa).

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Empiezo anunciando mi respaldo a las dos
mociones.

Partiendo de la reflexión de que la política energética que
ha desarrollado el Gobierno del Partido Popular ha sido un foco constante
de conflicto y de agravamiento de los problemas preexistentes, y si
podemos decir, desgraciadamente, que una de las obras más famosas de Goya
es Los desastres de la guerra, hay que manifestar que la más famosa obra
del ministro Soria es los desastres del sector eléctrico, de la energía
en nuestro país. El Gobierno ha abordado un largo y complejo proceso y
más de una docena de normas para intervenir en el sector eléctrico, en
teoría, para resolver los problemas más relevantes, entre ellos sin duda
el del déficit tarifario, pero sin conseguir con estas reformas que esos
problemas sustanciales hayan encontrado una respuesta adecuada; por
contra, esas medidas, esas reformas han generado multitud de nuevos
conflictos. En 2013 seguimos teniendo déficit tarifario, 3540 millones de
euros que adelantarán los bancos con la bendición del Ejecutivo español
mediante un acuerdo que parece ser otra chapuza más, porque la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia anuncia que abrirá un
procedimiento de investigación sobre este acuerdo sector eléctrico/sector
financiero —dos de los sectores económicos más importantes de
nuestro país— por haberse producido mucho antes de que se
estableciera la decisión administrativa, la publicación en el Boletín
Oficial del Estado, del marco que la permitía.

El segundo conflicto abierto —y lo apuntaba el señor
Oblanca— fue con el carbón nacional, abocado al cierre, puesto que
cuando faltan apenas quince días para que acabe el año 2014 siguen sin
concretarse las anunciadas y novedosas medidas de apoyo al sector y, a la
vez, tenemos conocimiento de la existencia de un stock de 6 000 000 de
toneladas de carbón en las térmicas, que sirve de coartada para que se
incumplan a lo largo del 2014 los compromisos, la resolución dictada por
el Gobierno para establecer la cuota de consumo de carbón nacional y, por
supuesto, para que no haya ninguna esperanza de que en 2015 se produzca
por estas térmicas consumo de nuestro carbón. A ello hay que sumar las
renovables, cuyo sector está pendiente de decenas de demandas presentadas
ante la jurisdicción española y los tribunales de arbitraje
internacional, un absoluto desastre en el que se ha sumido al sector
energético en nuestro país.

Hasta ahora, la preocupación pública y el debate social
giraban en torno al precio de la electricidad en el consumo doméstico y
al fenómeno de la pobreza energética. Es curioso; ayer el señor ministro,
en su intervención en el Pleno, respondiendo, no recuerdo si a una
pregunta o a una interpelación, dijo que la pobreza doméstica era solo
una manifestación de la pobreza. Y digo que es curioso porque hace menos
de un mes leí esas mismas palabras, los mismos términos en boca del
presidente de la patronal de las eléctricas.

Hasta el 2008 el coste de la energía eléctrica en nuestro
país estaba por debajo de la media de la Unión Europea, pero a finales de
2013 se situaba por encima de esta en un 11,5 %. Mientras en la zona
euro, entre 2008 y 2013, el precio de la electricidad aumentó el 29 %, en
España se incrementó el 63 %; este incremento solo ha sido superado por
Malta, con un 71 %, Estonia, con un 66 %, y Letonia, con un 64 %. En
Europa el coste de la industria de la energía eléctrica solo es más
elevado en Lituania, Eslovaquia, Irlanda, Malta y Chipre, grandes
potencias industriales, como saben sus señorías.

En 2013 el esfuerzo de nuestras industrias, en relación con
el consumidor industrial medio europeo, era un 23,3 % superior al de este
año; algo tendrá que ver que el sector sea un oligopolio especialmente
tramposo, y mientras no se resuelva esa situación no habrá ninguna
reforma que cambie la realidad que vivimos y que genera el problema de
Alcoa y del resto de los grandes consumidores. ¿No tuvo el Gobierno que
anular la subasta, hace un año precisamente, porque era un oligopolio
tramposo el que determinaba el resultado de esa subasta? Por eso, en
2012, porque estamos ante un oligopolio cada vez más fuerte, el margen de
beneficio de las grandes eléctricas españolas era del 6,78 %, mientras
que el de sus homólogas de la Unión Europea era del 2,62 %. Y en el 2013
el margen de beneficio de las grandes empresas eléctricas españolas era
del 6,23 %, mientras que en el resto de Europa era del 3,49 %.

Y ahora, tras generar la pobreza energética, tras provocar
un millón de cortes de luz al consumidor doméstico al año, por la
imposibilidad de pagar el precio, destruyen empleo, y lo hacen afectando
a los grandes consumidores con ese último invento de la subasta aplicado
por el Gobierno para adjudicar las compensaciones por interrumpibilidad;
mecanismo que también ha provocado otra cascada de recursos, una decena
ante el Tribunal Supremo. Estamos ante la decisión de las multinacionales
de chantajear a la sociedad y a las administraciones, de la misma forma
en que el oligopolio eléctrico chantajea a la sociedad y a las
administraciones públicas cada año, pero con unas consecuencias sobre un
territorio como el asturiano que pueden provocar un auténtico proceso de
desertización industrial porque afectan a la columna vertebral del sector
industrial, a las grandes empresas de las que cuelgan el resto. Están en
riesgo esos puestos de trabajo de Alcoa porque se ha abierto la amenaza y
el chantaje de la deslocalización de las grandes multinacionales; pero
además del riesgo que supone la posibilidad de que Alcoa, con ese
expediente de regulación de empleo, destruya 800 puestos de trabajo
directos entre Asturias y Galicia, las otras multinacionales, grandes
consumidoras eléctricas, empiezan también a expresar su inquietud.
Arcelor tiene paralizada una inversión de 190 millones de euros en las
plantas asturianas ante la incertidumbre que genera el mecanismo de la
subasta, que es un mecanismo inestable de por sí puesto que cada
convocatoria supone riesgos evidentes. No es ese el marco más adecuado
para animar a una multinacional a realizar inversiones. Por eso Arcelor
empieza a mirar hacia Italia, donde vivimos otra gran contradicción: la
posibilidad de que lo que fue una empresa pública española privatizada,
Ensidesa, se incorpore a un grupo empresarial que ahora adquiere una gran
planta siderúrgica en Italia en la que va a haber una participación
pública en el accionariado y en la gestión puesto que el presidente Renzi
ha comprometido adquisición de acciones y presencia de gestores
públicos.

Por tanto, creemos que se trata de un nuevo error de este
Gobierno en materia energética que debe ser corregido de forma inmediata
porque sus consecuencias tendrían una repercusión en cada uno de los
trabajadores —de Alcoa en este caso—, que quedarían en
situación de riesgo en Arcelor o en Asturiana de Zinc, pero que la suma
—como decía el ministro De Guindos el otro día, la suma de los
datos microeconómicos son los que dan los macroeconómicos— de esas
pérdidas de empleo, uno por uno, significan el desastre para una
comunidad autónoma como Asturias.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente. Muy buenos días, señores senadores.

Mi grupo parlamentario va a apoyar estas dos iniciativas.
Reconocemos el trabajo que han realizado los senadores Vicente Álvarez
Areces e Isidro Martínez Oblanca.

También queremos, aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid, felicitar al presidente del Senado, Pío García-Escudero, por
no haber acudido a la cena de anoche de los periodistas parlamentarios,
porque una vez más fue una vergüenza el tratamiento que se hizo con este
Senado, el maltrato de siempre, sobre todo después de que este Senado,
con el premio Carandell, reconociera a la presidenta de la Asociación de
Periodistas Parlamentarios, Anabel Díaz. Dicho esto, voy al grano.
(Aplausos.—Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado: ¡Muy bien!—). Es una auténtica vergüenza lo que está
ocurriendo con ese tema.

La aplicación del nuevo sistema de subastas establecido por
el Gobierno para retribuir y compensar los servicios de interrumpibilidad
a las industrias que han visto reducidas sus retribuciones compensatorias
en 400 millones de euros con respecto a 2013, está generando un grave
perjuicio a las empresas en general, a las empresas asturianas en
particular y también a las empresas vascas, como ocurre con cualquier
otra comunidad autónoma que tenga empresas, que lógicamente han tenido
que trabajar con una tarifa tan alta. Por tanto, nosotros apoyamos
solidariamente estas iniciativas.

Este sistema ha provocado una merma notable de los ingresos
en el caso concreto de las industrias de la comunidad autónoma vasca, que
son grandes consumidoras de energía y que están acogidas a este modelo.
El Gobierno vasco ya alertó sobre esta situación, así como sobre las
graves consecuencias que la reforma eléctrica iba a ocasionar al tejido
empresarial debido al aumento del coste de acceso a la energía y la
reducción de su capacidad competitiva en mercados con menores costes
energéticos.

Hace un año, la aprobación del nuevo sistema de subastas
para la asignación de la interrumpibilidad eléctrica, es decir, el
sistema por el cual las industrias pueden ver interrumpido su servicio
energético y ser retribuidas y compensadas por ello, ha sido duramente
cuestionado, en este caso por el Ejecutivo vasco y por el conjunto de las
empresas industriales de Euskadi, que, hasta la fecha, habían venido
realizando este servicio mediante un sistema de tarifas fijadas vía
Boletín Oficial del Estado. El resultado de la primera subasta de
asignación de productos de interrumpibilidad a mediados de noviembre,
2000 megavatios en bloques de 9 y 5 megavatios, ha supuesto una reducción
muy importante del coste. Se ha pasado de los 750 millones del sistema
anterior a 350, con una reducción adicional de 200 millones sobre lo
previsto por el ministerio para el año 2015. Las empresas nos han
manifestado un profundo malestar por la reducción tan drástica de sus
ingresos, debido a la adjudicación por interrumpibilidad, y hay firmas
que han optado por salir de las subastas y renunciar al modelo de la
interrumpibilidad, ya que los precios de compensación están por debajo de
sus costes. Las empresas que sí han optado han recibido una remuneración
notablemente menor de la prevista por el ministerio. Nosotros, como Grupo
Parlamentario Vasco, vamos a apoyar estas dos mociones, que consideramos
que son oportunas, necesarias y ojalá prosperen.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyor president.

Senyories, nosaltres també votarem a favor de les mocions
presentades pel Grup Socialista i el Grup Mixt. Ho farem perquè tot i que
planteja un dels problemes de la indústria, que és l’alt cost de
l’energia, i tot i referir-se a unes plantes concretes
d’Alcoa, situades al Principat d’Astúries i Galícia, això
també ens està permetent referir-nos a problemes de caràcter més general,
ja que el que ha propiciat la moció afecta també a altres factories
industrials, com s’ha fet referència, d’altres activitats
diferents a la producció d’alumini i situades en altres comunitats
autònomes. L’evolució a l’alça del preu de
l’electricitat és un problema que afecta a tots els consumidors
domèstics, comerciants, petita i mitja empresa i a tot tipus
d’activitats industrials. Però és un problema més determinant, per
a la seva competitivitat, per a les empreses agrupades en
l’Associació d’Empreses amb Gran Consum d’Energia,
l’AEGE. Més determinant el problema després de la baixada dels preu
energètics, especialment als Estats Units, fruit de l’aplicació de
tecnologies com el fracking per a l’extracció de gas i petroli, que
són un dels causants, juntament amb la reducció de la demanda, de la
baixada del preu dels hidrocarburs als mercats internacionals. Però també
perquè els competidors d’aquestes indústries bàsiques, situades al
nostre país, són globals, i també ho són els Estats Units.

Aquestes empreses, grans consumidores d’energia, van
representar a Espanya l’any passat un 12 % del consum
d’electricitat de tota la Península i el 30 % del que va consumir
tota la indústria. Representen el que en el llenguatge col·loquial
denominem indústria bàsica, metalls no ferris, siderúrgies, químiques,
cimenteres, gasos industrials i altres. Són de l’ordre de 34 grups
empresarials que donen ocupació, entre directa i indirecta, a més de 200
000 persones. I, per tant, estem parlant d’un sector important de
la indústria del nostre país.

Avui parlem d’Alcoa i dels 814 afectats pel seu
expedient de regulació d’ocupació, per motiu del seu no accés a
alguns dels blocs de subhasta d’incentius
d’interrumpibilitat. Però el problema és més global i de
proporcions més alarmants ja que la competitivitat d’aquests grups
empresarials s’ha anat deteriorant per la pujada de la seva factura
energètica i pel seu desavantatge enfront dels seus competidors.

Senyories, la indústria bàsica intensiva en consum elèctric
del nostre país té la necessitat d’aconseguir preus elèctrics
competitius i estables, especialment estables a mig i llarg termini, que
a més li marquin un horitzó clar, sense incerteses, per realitzar les
seves inversions —és així—. L’energia elèctrica és
absolutament determinant en els costos d’una gran part
d’aquestes empreses. Això té relació amb la interrumpibilitat,
també amb aquests serveis, i aquesta té relació amb la gestió de la
demanda, perquè la gestió de la demanda no pretén una altra cosa que,
mitjançant diverses accions, influir en l’ús que els consumidors
fan del consum elèctric, per propiciar canvis en els seus hàbits, per
estalviar i incrementar l’eficiència, ja sigui en l’àmbit
particular o domèstic, com en la corba agregada del sistema elèctric.

És a través de la gestió de la demanda que s’han
trobat instruments a Espanya i altres països per abaratir el preu de
l’electricitat d’aquests grans consumidors industrials. Es
tracta d’orientar als grans consumidors, aquells que per la seva
activitat ho puguin fer, que desplacin una part substancial del seu
consum des de les hores puntes, en què els preus són més alts, a les
denominades hores vall, on en haver-hi menys demanda, els preus són més
baixos. La utilització de tarifes nocturnes o l’increment del
consum en les hores vall aconsegueixen que el sistema elèctric sigui més
eficient.

Per tant, la gestió de la demanda elèctrica a través
d’aquest denominat servei de gestió de la demanda
d’interrumpibilitat no és només un instrument destinat al fet que
la indústria, gran consumidora d’electricitat, disposi de preus més
baixos, sinó que és un element essencial en la gestió de la demanda que
contribueix a l’estalvi i l’eficiència del sistema, al no
creixement exponencial dels preus en moments de demanda punta i a més
permet una resposta ràpida i eficient a les necessitats del sistema
elèctric en situacions també d’emergència. I crec que també, això,
convé posar-ho de relleu avui.

Les empreses acollides a aquest sistema tenen obligacions
com la desconnexió davant la pèrdua d’importants volums de
generació o la caiguda de xarxes, consumir un mínim del 55 per cent de la
seva energia anual en hores vall, així com un mínim que satisfaci les
necessitats del servei, entre altres obligacions. El problema, senyories,
com s’ha posat de relleu en les intervencions d’altres
portaveus, és que la reforma energètica, o més ben dit del sistema
elèctric que ha realitzat aquest Govern també ha afectat a aquest servei
de gestió de la demanda d’interrumpibilitat i així, en el present
any, s’ha adoptat la mesura de reduir la retribució d’aquest
servei en un 20 % respecte a l’any 2013, passant de 680 milions a
550 milions d’euros. I d’altra banda, s’ha establert un
mecanisme competitiu d’assignació del servei mitjançant subhastes
que estarà operatiu a partir de l’any 2015 per al sistema
peninsular.

Les subhastes, certament, generen incertesa —el
portaveu del Grup Mixt ho posava de relleu—, però cal dir també que
l’assignació directa també genera incerteses, i la prova són alguns
expedients oberts per la Comissió a alguns països que tenien algun
sistema molt semblant al que nosaltres hem aplicat. La incertesa, per
tant, afecta a les subhastes però també afecta al possible expedient per
ajudes d’Estat que en alguns països s’ha posat en marxa per
assignació directa.

Com a resultat d’això, d’aquest canvi
d’orientació, s’ha celebrat la primera subhasta que ha
comportat que grups empresarials o factories que fins ara disposaven o
eren usuaris d’aquest servei, deixin de ser-ho, com a fruit de la
subhasta, entre elles les factories d’Alcoa que, de fet, són les
que motiven aquestes dues mocions del Grup Socialista i del Grup Mixt.
Segons el gestor del sistema, Red Eléctrica, han quedat per assignar 200
milions d’euros d’aquests 550 milions als quals feia
referència abans i la pretensió és fer una subhasta addicional al llarg
dels propers dies.

Senyories, el cost de la gestió de la demanda
d’interrumpibilitat, com deia, no és un instrument per aconseguir
només energia elèctrica més barata per als grans grups consumidors, és
una peça bàsica perquè el sistema sigui més eficient, es consumeixi menys
energia i aquesta sigui més barata. Ara bé, això no solucionarà el
problema dels alts preus de l’electricitat a Espanya, que afecten a
tot tipus de consumidors i que la reforma del Govern no ha ajudat a
orientar. Ja sé que estem parlant d’un tema que no és fàcil, i que
no té una fàcil solució. Però el Govern té un cert

marge per tractar de trobar solució a aquests problemes. De
fet, recentment, vàrem observar com utilitzant la Llei de metrologia
s’introduïen canvis per facilitar i abaratir el preu de
l’electricitat a consumidors industrials d’una determinada
comunitat autònoma. No citaré quina, vostès segur que ho saben. Per tant,
hi ha marge per tractar, si més no, que aquesta multinacional no tingui
l’excusa del cost energètic per deslocalitzar les seves activitats
o tancar les seves factories a Espanya. Humilment, i reconec que jo no
tinc una solució màgica, però igualment també altres haurien de
reconèixer que ni totes les causes estan en el passat, ni les seves
solucions han estat solucions als problemes que, desgraciadament, em temo
que perduraran. Avui Alcoa i els seus 814 treballadors afectats, demà, em
temo que uns altres, però sempre, en qualsevol cas, mereixeran el nostre
suport. Per això, votarem favorablement a aquestes dues mocions
plantejades.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros también votaremos a favor de las
mociones presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Mixto. Lo haremos
porque aunque plantea uno de los problemas de la industria, que es el
alto coste de la energía, refiriéndose, en concreto, a unas plantas de
Alcoa, situadas en el Principado de Asturias y en Galicia, nos permite
referirnos a problemas de carácter más general, puesto que lo que ha
propiciado la moción afecta también a factorías industriales de otras
actividades diferentes a la producción de aluminio situadas en otras
comunidades autónomas. La evolución al alza del precio de la electricidad
es un problema que afecta a todos los consumidores domésticos,
comerciantes, pequeña y mediana empresa, y a todo tipo de actividades
industriales. Pero es un problema más determinante para la competitividad
de las empresas agrupadas en la Asociación de Empresas con Gran Consumo
de Energía, AEGE. Más determinante aún después de la bajada de los
precios energéticos, especialmente en los Estados Unidos, fruto de la
aplicación de tecnologías como el fracking para la extracción de gas y
petróleo, que es uno de los causantes, junto con la reducción de la
demanda, de la bajada del precio de los hidrocarburos en los mercados
internacionales. Y también porque estas industrias básicas situadas en
nuestro país y sus competidores son globales, así como lo son los Estados
Unidos.

Estas empresas, grandes consumidores de energía,
representaron en España el año pasado el 12 % del consumo de electricidad
de toda la Península y el 30 % de lo que consumió toda la industria.
Representan lo que en el lenguaje coloquial denominamos industria básica,
metales no férreos, siderúrgicas, químicas, cementeras, gases
industriales y otros. Son cerca de 34 grupos empresariales que dan
ocupación, de forma directa o indirecta, a más de 200 000 personas. Por
lo tanto, estamos hablando de un sector importante de la industria de
nuestro país.

Hoy hablamos de Alcoa y de los 814 afectados por su
expediente de regulación de empleo, por motivo de su no acceso a alguno
de los bloques de subasta de incentivos de interrumpibilidad. Pero el
problema es más global y de proporciones más alarmantes, puesto que la
competitividad de estos grupos empresariales se ha ido deteriorando por
la subida de su factura energética y por su desventaja ante sus
competidores.

Señorías, la industria básica intensiva en consumo
eléctrico de nuestro país tiene la necesidad de conseguir precios
eléctricos competitivos y estables, especialmente estables a medio y
largo plazo, que además le marquen un horizonte claro sin incertidumbres
para realizar sus inversiones —es así—. La energía eléctrica
es absolutamente determinante para los costes de una gran parte de estas
empresas. Esto tiene relación con la interrumpibilidad y, en definitiva,
también con estos servicios, y tiene relación, asimismo, con la gestión
de la demanda, porque la gestión de la demanda no pretende otra cosa que,
mediantes diversas acciones, influir en el uso que los consumidores hacen
del consumo eléctrico con el fin de propiciar cambios en sus hábitos para
ahorrar e incrementar la eficiencia, ya sea en el ámbito particular o
doméstico como en la curva agregada del sistema eléctrico.

Es a través de la gestión de la demanda como se han
encontrado instrumentos en España y en otros países para abaratar el
precio de la electricidad de estos grandes consumidores industriales. Se
trata de orientar a los grandes consumidores a que aquellos que por su
actividad lo puedan hacer desplacen una parte sustancial de su consumo
desde las horas punta, en las que los precios son más altos, a las
llamadas horas valle, en las que al haber menos demanda los

precios son más bajos. La utilización de las tarifas
nocturnas o el incremento del consumo en las horas valle consiguen que el
sistema eléctrico sea más eficiente.

Por tanto, la gestión de la demanda eléctrica a través de
este llamado servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad no es
solo un instrumento destinado al hecho de que la industria, gran
consumidora de electricidad, disponga de precios más bajos, sino que es
un elemento esencial en la gestión de la demanda que contribuye al ahorro
y a la eficiencia del sistema, al no crecimiento exponencial de los
precios en momentos de demanda punta y permite además una respuesta
rápida y eficiente a las necesidades del sistema eléctrico en situaciones
también de emergencia. Y creo que hoy también hay que ponerlo de
relieve.

Las empresas acogidas a este sistema tienen obligaciones
como la desconexión ante la pérdida de importantes volúmenes de
generación o la caída de redes, consumir un mínimo del 55 % de su energía
anual en horas valle, así como un mínimo que satisfaga las necesidades
del servicio, entre otras obligaciones. El problema, señorías, como se ha
puesto de relieve también en las intervenciones de otros portavoces, es
que la reforma energética o, mejor dicho, del sistema eléctrico que ha
hecho este Gobierno ha afectado también a este servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad, y así, en el presente año se ha adoptado la
medida de reducir la retribución de este servicio un 20 % respecto a
2013, pasando de 680 millones a 550 millones de euros. Y, por otro lado,
se está estableciendo un mecanismo competitivo de asignación del servicio
mediante subastas que estará operativo a partir del año 2015 para el
sistema peninsular.

Las subastas, ciertamente, generan incertidumbre —el
portavoz del Grupo Mixto ponía de relieve este hecho—, pero hay que
decir también que la asignación directa genera incertidumbres, y la
prueba son algunos expedientes abiertos por la Comisión a algunos países
que tenían un sistema muy parecido al que nosotros hemos aplicado. La
incertidumbre, por lo tanto, afecta a las subastas pero también afecta al
posible expediente por ayudas de Estado que en algunos países se ha
puesto en marcha por asignación directa.

Como resultado de este cambio de orientación, se ha
celebrado la primera subasta, que ha comportado que grupos empresariales
o factorías que hasta ahora disponían o eran usuarios de este servicio
dejen de serlo fruto de esta subasta, entre ellas las factorías de Alcoa,
que de hecho son las que motivan estas dos mociones del Grupo Socialista
y del Grupo Mixto. Según el gestor del sistema de Red Eléctrica Española,
han quedado asignados 200 millones de euros de estos 550 millones de
euros que se prevé que se harán en una subasta adicional a lo largo de
los próximos días.

Señorías, el coste de la gestión de la demanda de
interrumpibilidad, como decía, no es un instrumento para conseguir solo
energía eléctrica más barata para los grandes consumidores, es una pieza
básica para que el sistema sea más eficiente, se consuma menos energía y
que esta sea más barata. Ahora bien, esto no solucionará el problema de
los altos costes de la electricidad en España que afectan a todo tipo de
consumidores y que las reformas del Gobierno no han ayudado a orientar.
Sé que estamos hablando de un tema que no es fácil y que tampoco tiene
una solución fácil. Pero el Gobierno tiene cierto margen para tratar de
encontrar soluciones a estos problemas y, de hecho, recientemente, vimos
cómo utilizando la Ley de metrología se introducían cambios para
facilitar y hacer más barato el precio de la electricidad a consumidores
industriales de una determinada comunidad autónoma. No diré cuál, ustedes
seguro que lo saben. Por tanto, existe un margen para tratar, al menos,
que esta multinacional no tenga la excusa del coste energético para
deslocalizar sus actividades cerrando sus factorías en España.
Humildemente, reconozco que yo no tengo una solución mágica, pero
igualmente también otros deberían reconocer que ni todas las causas están
en el pasado ni sus soluciones han sido soluciones a los problemas que,
desgraciadamente, creo que perdurarán. Hoy, Alcoa y sus 814 trabajadores
afectados, mañana, temo que serán otros, pero, en cualquier caso, siempre
merecerán nuestro apoyo. Por ello, votaremos favorablemente las dos
mociones planteadas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gràcies, senyor president. Bon
dia.

La posició del nostre grup, o l’anàlisi que volem
fer, va més enllà del debat de les dues mocions. Evidentment, tenim un
problema important a l’Estat espanyol en allò que afecta els preus
de l’energia, i sobretot en les grans corporacions industrials, que
no permet que la nostra indústria, i especialment la indústria d’ús
intensiu energètic elèctric, sigui competitiva actualment al món.
S’ha dit aquí que els Estats Units han abaixat més d’un 20 %
el preu de la seva factura energètica, i en canvi a Europa l’estem
apujant. La diferència que hi ha entre els Estats Units, per no dependre
de l’exterior i ser completament autònoms a nivell energètics, i
Europa és massa elevada, i estem perdent competitivitat. Aquesta, doncs,
és part del problema, o és un dels problemes principals. Si volem tornar
a industrialitzar Espanya necessitem poder oferir a la indústria preus
d’energia elèctrica i altres fonts que siguin realment competitius.
I avui dia això no ho estem fent. Alguns del proponents de la moció, crec
que el representant del Grup Mixt, parlaven de la necessitat de fer un
pacte d’estat de l’energia. M’ho hauran sentit dir en
diverses ocasions, i el nostre grup parlamentari tant al Senat com al
Congrés ho ha dit en diverses ocasions. És necessari que puguem definir
un pacte per l’energia, un sistema energètic, on els preus puguin
ser definits a llarg termini. Avui dia cap gran companyia es planteja de
fer inversions importants perquè el cost de l’energia canvia cada
any. I així no es poden fer plans per produir inversions. És important,
doncs, que puguem determinar tot això, que puguem definir un espai dels
preus al més estable possible, que permeti canalitzar aquestes inversions
futures.

Però no hem d’oblidar una cosa: part del canvi del
sistema d’interruptibilitat ve per la possibilitat que hi hagi un
expedient europeu en considerar les ajudes de la interruptibilitat com a
ajudes d’Estat. I no ens enganyem, perquè això en el fons és així.
S’està pagant a unes grans empreses perquè puguin tallar en algun
moment necessari, de màxima demanda, la seva producció, i així
se’ls compensa el que no puguin produir. Però en el fons això és
una subvenció encoberta. Sí que ajuda a la demanda, sí que ajuda a
preveure ─com deia el senador Montilla─ que es pugui
controlar la demanda i la necessitat energètica del sistema, però en els
darrers anys la interruptibilitat no s’ha utilitzat. No s’ha
utilitzat segurament perquè la crisi econòmica també que hi hagués menys
demanda energètica. I si Déu vol i puja la demanda, que significarà que
estem tornant a produir més i a necessitar més energia, i per tant, que
estem sortint de la crisi, és un tema que haurem d’analitzar a
fons. Però hem de tenir en compte aquesta possibilitat que es considerin
ajudes d’Estat.

La nostra posició respecte de la moció del Grup Mixt és
favorable. Ens agrada el to i votarem a favor de la necessitat que fem
una anàlisi important dels costos energètics, especialment per a la
indústria.

Respecte de la moció del Grup Socialista, nosaltres ens
abstindrem. No ens agrada el primer punt, en què es demana una subhasta a
mida per Alcoa, perquè pensem que no es pot demanar una subhasta a mida.
Potser no ens agradarà el sistema de la subhasta, i potser algunes
empreses s’han adormit o donaven per fet que els seria fàcils, i
altres empreses de menor mida que en principi no podien optar o no havien
optat en anys anteriors a les subhastes d’interruptibilitat, ara ho
han fet perquè és una manera de rebre uns diners que els permeten
compensar; perquè recordem que no s’ha produït aquesta
interruptibilitat. Per tant, considerem que posar en una moció un punt en
què es demana que la subhasta estigui dirigida a afavorir un grup
empresarial determinat, i entenent el que això comporta per a aquest grup
i per a tota la societat, és una cosa que no es pot fer; perquè serà el
que sigui però no serà una subhasta com a tal.

Si el que vol aquest grup és que se’ls doni una
subvenció directa, que ho demanin així. Perquè hi ha altres grups
importants a nivell energètic, arreu de l’Estat, que potser
prendran mesures judicials, com ha anunciat algun gran grup, que en el
cas que es faci una subhasta a mida d’Alcoa o que es disgregui la
subhasta en lots petits perquè pugui afavorir els centres de producció
d’Alcoa, ho portarà davant dels tribunals.

Per tant, entenent la línia bàsica i la preocupació que
comporta en les zones de Galícia i d’Astúries, com en altres zones
on també hi ha empreses industrials potents amb necessitat intensiva
d’ús d’energia, nosaltres ens abstindrem en la moció del Grup
Socialista.

Torno a recalcar que, si el que realment volem és intentar
potenciar la industrialització del país, necessitem poder establir a
llarg termini una política energètica que no vagi canviant a mesura que
vagin canviant els diferents governs de torn de l’Estat. Això és un
pacte que ens hem de ficar tots

al cap. Si no som capaços de generar aquest marc estable de
preus energètics no serem capaços de captar noves inversions, que les
actuals grans indústries d’ús energètic intensiu puguin invertir a
llarg termini i que es creïn llocs de treball, i se seguiran produint
deslocalitzacions.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Buenos días.

La posición de mi grupo, o el análisis que queremos hacer,
va más allá del debate de las dos mociones. Evidentemente, tenemos un
problema importante en el Estado español en lo que afecta a los precios
de la energía y, sobre todo, en lo que afecta a los precios de la energía
en las grandes corporaciones industriales, que no permite que nuestra
industria, y en especial la industria de uso intensivo energético
eléctrico, sea competitiva actualmente en el mundo. Se ha dicho aquí que
Estados Unidos ha bajado más de un 20 % el precio de su factura
energética y, en cambio, en Europa la estamos subiendo. La diferencia que
hay entre Estados Unidos, por no depender del exterior y ser
completamente autónomo a nivel energético, y Europa es demasiado elevada,
por lo que estamos perdiendo competitividad. Este es, pues, parte del
problema o uno de los problemas principales. Si queremos volver a
industrializar España, lo que necesitamos es poder ofrecer precios de
energía eléctrica y de otras fuentes a la industria que sean realmente
competitivos, y hoy en día eso no lo estamos haciendo. Aquí, alguno de
los proponentes de la moción, creo que el representante del Grupo Mixto,
hablaba de la necesidad de alcanzar un pacto por la energía, un pacto de
Estado por la energía. Me habrán oído decir en varias ocasiones, y
también a mi grupo parlamentario, tanto en el Senado como en el Congreso,
que es necesario que podamos definir un pacto por la energía, un sistema
energético en el que los precios se puedan definir a largo plazo. Hoy en
día ninguna gran compañía se plantea hacer inversiones importantes porque
el coste de la energía cambia cada año y así no se pueden hacer planes
para producir inversiones. Por lo tanto, es fundamental que podamos
determinar todo esto, que podamos definir un espacio lo más estable
posible de los precios que permita canalizar estas inversiones
futuras.

Pero aparte del cambio del sistema de interrumpibilidad, no
debemos olvidar una cosa, que hay un expediente europeo para considerar
la ayudas de interrumpibilidad como ayudas de Estado. Y no nos engañemos,
esto en el fondo es así, se está pagando a grandes empresas para que
puedan cortar su producción en algún momento necesario de máxima demanda
y así se les compensa lo que no puedan producir. En el fondo, es una
subvención encubierta. Sí que ayuda a la demanda y sí que ayuda a prever,
como decía el senador Montilla, que se pueda controlar la demanda y la
necesidad energética del sistema, pero en los últimos años la
interrumpibilidad no se ha utilizado, seguramente porque la crisis
económica también ha hecho que hubiera menos demanda energética, y si
Dios quiere y sube la demanda, lo que significará que estamos volviendo a
producir más y a necesitar más energía y, por lo tanto, que estamos
saliendo de la crisis, es un tema que deberemos analizar a fondo. Sin
embargo, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que se consideren
ayudas de Estado.

Mi grupo es favorable a la moción del Grupo Parlamentario
Mixto. Nos gusta el tono y vamos a votar a favor de la necesidad de hacer
un análisis importante de los costes energéticos especialmente para la
industria.

Por otro lado, nos vamos a abstener en relación con la
moción del Grupo Parlamentario Socialista. He de decir que no nos gusta
el punto 1, en el que se pide una subasta a medida para Alcoa, porque
pensamos que no se puede hacer así. Quizá no nos guste el sistema de la
subasta y es posible que algunas empresas se hayan dormido o que hayan
dado por hecho que sería fácil y otras de menor tamaño, que en principio
no podían optar o no habían optado en años anteriores a las subastas de
interrumpibilidad, ahora lo han hecho porque han visto que es una manera
de recibir un dinero que les permite una compensación. En este sentido,
tenemos que recordar que no se ha producido esta interrumpibilidad. Por
lo tanto, establecer en una moción un punto en el que se pida que la
subasta esté dirigida a favorecer a un grupo empresarial determinado, con
lo que eso comporta para ese grupo y para toda la sociedad, creemos que
no se puede hacer porque será lo que sea pero no una subasta como
tal.

Si lo que este grupo pretende es que se les dé una
subvención directa, que lo pidan así, pero, evidentemente, hay otros
grupos importantes a nivel energético en todo el Estado que tomarán
medidas judiciales —como algún grupo ha anunciado ya— en el
caso de que se haga una subasta

a medida del centro de producción de Alcoa o de que se
disgregue la subasta en lotes pequeños para favorecerle.

Por tanto, porque no estamos de acuerdo con ese punto 1 de
la moción, y a pesar de que entendemos la línea básica y la preocupación
que comparten en zonas de Galicia y de Asturias, como en otras zonas
donde también hay empresas industriales potentes con necesidad intensiva
de uso de energía, repito, nos vamos a abstener en la votación de la
moción del Grupo Parlamentario Socialista.

Vuelvo a recalcar que si lo que realmente queremos es
intentar potenciar la industrialización del país, necesitamos establecer
a largo plazo una política energética que no se modifique a medida que
cambien los gobiernos de turno en el Estado. Este es un pacto que todos
debemos meternos en la cabeza. Si no somos capaces de generar este marco
estable de precios energéticos, no seremos capaces de captar nuevas
inversiones, de que las actuales grandes industrias de uso energético
intensivo puedan invertir a largo plazo ni de que se creen lugares de
trabajo, por lo que se seguirán produciendo deslocalizaciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente para trasladar un mensaje desde
Lugo.

En mi provincia se asienta una de las tres factorías del
grupo Alcoa dedicadas al tratamiento de la alúmina y del aluminio, en la
que trabajan 1200 personas de forma directa y 400 de forma indirecta, por
lo que ya imaginarán ustedes lo que supone esto para la provincia de
Lugo.

Si bien es cierto que la factoría de Lugo, en esta
auténtica ruleta rusa que supone la subasta de los paquetes de
interrumpibilidad energética, ha salido dañada solo de forma leve,
también es verdad que se ha instalado en esta provincia una profunda
preocupación por el futuro del grupo y de las empresas de Alcoa. Existe
una profunda preocupación por la amenaza de cierre inminente de las
factorías de La Coruña y de Avilés, en Asturias, pero también una
profunda preocupación por el futuro. Este Gobierno debe resolver de
manera inmediata, de forma urgente la situación en la que se encuentran
las dos factorías amenazadas de cierre, pero también el futuro, dotando a
las factorías, a los grandes consumidores energéticos de España, de un
modelo que permita la estabilidad y la continuidad en la actividad.

La empresa Alcoa manifestó a sus trabajadores de forma muy
taxativa que no iba a hacer ningún tipo de inversión mientras no hubiera
un modelo estable y permanente que fijara los precios que hicieran
competitivas a las empresas. Por lo tanto, esto es absolutamente
imprescindible. Y les traslado, en nombre del comité —que así me lo
ha pedido— la necesidad de solidaridad y apoyo a las industrias que
están amenazadas de cierre, para las cuales solicitamos a esta Cámara el
acuerdo de una solución definitiva.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Senador Losada, tiene la palabra.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Señor presidente, señorías, en
primer lugar, y antes de nada, quiero trasladar aquí mi solidaridad con
los ciudadanos de la provincia de Coruña, de Boiro y Ribeira, que en
estos momentos sufren la crueldad de la desaparición de tres marineros en
el hundimiento de un buque durante las horas pasadas.

Señorías, en menos de la décima parte del tiempo que yo he
tardado en subir a esta tribuna y ha tardado en bajar mi predecesor, un
trabajador tuvo que darle a un botón y con ello decidió el futuro de más
de 1500 trabajadores y el de miles y miles de puestos de trabajo. Eso
significó la subasta.

¿Algún senador o senadora puede pensar que es lógica,
racional, competitiva o moderna esa decisión? Esto es lo que ha pasado:
un trabajador, solo, incomunicado en una cabina, tuvo que darle a un
botón en milésimas de segundo, y eso ha decidido que se puedan perder más
de 415 puestos de trabajo directos y más de 1500 indirectos. Y esta
situación no es solo el problema de

dos localidades, sino un problema de la industria española.
Estamos ante un proceso que afecta a todo el sistema industrial español,
que afecta al sector del gran consumidor energético pero que en este caso
afecta también a dos ciudades: a A Coruña y a Avilés. Esta es la
constatación de la política errática del ministro Soria durante estos
tres años.

Hoy toca hablar de dos localidades, de Coruña y de Avilés;
toca hablar, claro que sí, de una empresa; y toca hablar de la subasta de
interrumpibilidad, para alcanzar acuerdos en esta Cámara, para que se
inste al Gobierno a resolver el grave problema provocado por un sistema
viciado en el reparto de megavatios. Porque ese es el problema. Ninguna
empresa ni ningún sindicato cuestionaron la competitividad del sistema.
Lo que se cuestionó fue una chapuza, la forma en que se reglamentó. Esa
chapuza ha provocado que hoy 1500 personas —415 empleos directos y
el resto indirectos— se encuentren en una situación de
incertidumbre, por la decisión de un ministro que no solo no entiende al
sector del aluminio, sino tampoco al sector electro-intensivo, que
necesita de un marco energético estable para asegurar viabilidad y
competitividad. Por eso, señorías, no entiendo que el senador Sedó, y
tomo nota —supongo que será por desconocimiento de las
características de estas empresas—, haya mostrado esa falta de
solidaridad al abstenerse en la votación de la moción que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista.

Señorías, estamos en una situación de la que no es culpable
la empresa, de la que no son culpables los trabajadores que están
angustiados, sino un ministerio que ha hecho las cosas mal. Señorías, la
competitividad de nuestra industria en el sector del aluminio
—somos los segundos de Europa y los terceros del mundo— o el
futuro de las ferroaleaciones no puede depender de un sistema basado en
apretar un botón en un segundo. A eso se reduce la reglamentación para la
adjudicación de los megavatios, a no tener un sistema tarifario estable y
a la imposibilidad de planificación.

Señorías, la subasta, tal como fue concebida, favorece la
tormenta perfecta, impide inversiones a largo plazo, impide a las
empresas tener presupuestos plurianuales. No hay capacidad de inversión
para la renovación tecnológica continua, solo hay mantenimiento. ¿Y qué
ocurre como consecuencia? Que cae la competitividad. La tormenta
perfecta.

Señorías, ¿cómo se explica, además, que queden empresas que
consumen más de 90 megavatios y se hayan dado bloques de 90 megavatios a
empresas que no los tienen, que no los consumen? ¿Cómo han conseguido
megavatios empresas a las que no se les ha hecho el informe preceptivo
que marca la ley para ver si producen esos 90 megavatios? ¿Es que van a
especular estas empresas con los megavatios que han adquirido y que no
consumen? Yo creo que el Gobierno debería responder a eso.

Hoy mi grupo trae cuestión focalizada en dos ciudades y en
una empresa, con un solo un objetivo: una segunda subasta donde se
planifiquen bloques de 90 megavatios. Eso es lo que solicitamos, no
pedimos una subasta a la carta sino que esta se ajuste a las necesidades
concretas de la industria del aluminio, de la industria
electro-intensiva, porque, si no, el día 1 de enero cerrarán dos empresas
líderes, se irán a la calle 815 trabajadores, lo que supondrá un hachazo
a la ciudad de La Coruña y un hachazo a la ciudad de Avilés, hachazos
además, como saben ustedes, señorías, irreversibles, porque cuando estas
empresas cierran, no vuelven a abrir debido a los costes necesarios para
reiniciarlas.

También debemos pensar en cómo hemos llegado a esto, por
qué se hace una subasta que impide la planificación, por qué se hace lo
contrario que en otros países, en los que hay precios estables de
megavatios, con contratos a 10 años e incluso a 20 años. ¿Cómo se puede
hacer pender la competitividad y, como consecuencia, el futuro de los
trabajadores de un botón y de un segundo?

Señorías, pensar que la competitividad en un sector en el
que el 40 % de la producción es energética y obrar en función de una
subasta anual es tener una espada de Damocles continua sobre los
trabajadores y sobre la empresa. Por eso, ahora ya no vale que se repita
la subasta con los megavatios que han quedado libres, lo que se necesita
es una subasta que se ajuste a las características de la realidad de la
industria electro-intensiva y del aluminio —y no valen subastas de
5 megavatios—, y, una vez solucionado el problema, hacer una nueva
forma de política energética en España.

Señorías, hoy el Senado debería decirle a los trabajadores
de A Coruña y de Avilés que está con ellos, que defiende sus empleos. En
una situación de crisis económica no podemos permitir,

por una decisión política, que se pierdan empleos. Hoy, los
ciudadanos de Galicia y de Asturias tienen que saber que el Senado es
sensible, que comprende, que apoya sus demandas, y estas son dos: que se
realice una subasta adecuada al consumo real de megavatios y que, dentro
de la normativa de la Unión Europea, se establezca un sistema que permita
estabilidad...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Ya termino, señor
presidente.

Un sistema que permita estabilidad, planificación y
competitividad, porque eso es lo racional y lo lógico —es lo que
tiene Alemania, es lo que tiene Italia, es lo que tiene Noruega o es lo
que tiene Islandia—. Por eso, señorías pido el apoyo a todos los
grupos a esta moción. Les pido el apoyo para las ciudades de A Coruña y
de Avilés, pero también para todo el sistema industrial español. Y
también quiero decirles que mi grupo apoyará al Grupo Parlamentario Mixto
en su moción. El señor Martínez Oblanca se refirió al año 2008 y no dijo
—me imagino que será por el lapsus o por el poco tiempo— que
en 2009 un ministro de Industria socialista y un presidente del Gobierno
socialista solucionaron muy bien el grave problema que la Unión Europea
trajo. Sin embargo hoy en 2014 se cierran dos fábricas por la voluntad de
un ministro del Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días a todos.

Debo empezar recordando que entre los años 2004 y 2011 el
recibo de la luz subió un 67 %, a un promedio anual del 5,9 %; que en el
año 2011 nos dejaron la energía más cara del continente; que gracias a
las medidas que ha adoptado este Gobierno, después de 60 meses
ininterrumpidos de subidas en el recibo de la luz, en el año 2013 bajó un
3,7 %; que este año 2014 se prevé que sea bajada sea mayor; y es así, con
un recibo de la luz que va convergiendo con el de otros países de nuestro
entorno, como podemos ser competitivos y como nuestro sector industrial
puede colocar sus productos en el exterior.

Todos sabemos con relación a la interrumpibilidad que esta
es una herramienta que está en manos del operador del sistema, es decir,
de Red Eléctrica de España, para garantizar la seguridad del suministro,
o sea, para dar unas respuestas rápidas y eficientes ante eventuales
situaciones de emergencia. Ahora bien, esta es una herramienta que tiene
sentido allá donde hay una capacidad muy ajustada a la demanda. Pero eso
no se da en nuestro país, donde una parte de la capacidad del sistema
está parada e infrautilizada. Por tanto, en realidad esta es una
herramienta para ayudar a la competitividad de las empresas
electro-intensivas.

Ya lo han dicho aquí: hasta el año 2009 rigió la tarifa de
grandes consumidores, la llamada G4, con la que esas empresas obtuvieron
suculentos descuentos en sus facturas eléctricas, tarifa que en el año
2009 —con el Gobierno anterior— tuvo que ser anulada porque
la Unión Europea dijo que atentaba contra la libre competencia
comunitaria. En ese momento se sustituyó por otra tarifa —también
más ajustada— que estuvo vigente hasta diciembre de 2012. En 2013,
dentro de las reformas del actual Gobierno, se creó un sistema dual en
función de la potencia contratada que bonificaba el megavatio por hora a
35 euros a esos grandes consumidores, con lo que se solventó el problema
de Alcoa, Arcelor y Asturiana del Zinc, entre otros. Ahora bien, esto se
adjudicaba de una manera administrativa, sin competencia, y en previsión
—al ver lo que había sucedido en Italia, donde se consideraron
ayudas de Estado y se les impuso una sanción de 300 millones—,
fueron las propias empresas las que pidieron que se cambiara a un sistema
de subasta competitiva, en el que se ofrecieran las mismas condiciones a
todos. Eso sí, un sistema que tiene un inconveniente y es que cada
empresa libre y legítimamente adopta la estrategia que va a seguir en la
subasta. Es decir, ella marca el precio de puja que desea y sabe el
riesgo que corre de quedarse fuera si no puja suficientemente.

La primera subasta —ya se ha dicho— se celebró
el pasado día 17 de noviembre. En ella se asignaron todos los bloques de
grandes empresas de 90 megavatios y quedaron sin cubrir algunos de los
bloques de 5 megavatios de las medianas por un monto total de unos 200
millones. Y hay que decir que, de todas las grandes empresas, la única
que no cubrió sus expectativas fue Alcoa,

que se quedó sin un 50 % de los megavatios interrumpibles a
los que aspiraba. Es decir, ha conseguido tres de los cuatro bloques para
la planta de San Ciprián, en Lugo, y se ha quedado sin sendos bloques
para las de La Coruña y Avilés. Estas —ya se ha dicho
también— son dos plantas prácticamente gemelas, con unos 400
trabajadores cada una y con un volumen de producción muy similar. No
haber conseguido estos lotes le va a suponer a Alcoa que en la planta de
La Coruña se vayan a incrementar los costes energéticos en 34 millones y
en 27 millones en la de Avilés —es decir, 61 millones—,
cuando entre esas dos plantas el año pasado obtuvieron unos beneficios de
53 millones ─8 000 000 menos─.

También se ha dicho que después de la subasta, el 1 de
diciembre, Alcoa anunció que iba a presentar ese ERE de extinción para la
totalidad de la plantilla de esas dos fábricas a partir del día 1 de
enero. La dirección de Alcoa basó ese ERE no solo en la pérdida de esos
incentivos, sino además en el hecho de que esas dos plantas cuentan con
una tecnología menos eficiente, por lo que su capacidad de producción es
inferior a la de la moderna planta que tiene en Lugo, a la cual no le ha
afectado la crisis.

La pregunta que me hago es la siguiente: ¿Quién nos dice
que esa menor eficiencia e inferior capacidad no fue lo que le llevó a
mostrar un menor interés a Alcoa por conseguir esos bloques en la
subasta?

El ministro de Industria dijo que el ERE no tiene nada que
ver con el nuevo mecanismo de interrumpibilidad. Lógicamente, ante ese
ERE, el Gobierno está preocupado, es consciente de la seria situación por
la que pasan los trabajadores, los familiares, todas las empresas
auxiliares que trabajan con Alcoa, las ciudades en las que están ubicadas
y las comunidades autónomas afectadas, y quiere que este problema se
resuelva para que Alcoa pueda mantener su actividad y pueda seguir
produciendo aluminio en esas plantas de Asturias y de Galicia a partir
del próximo día 1 de enero como hasta ahora. No lo digo yo, lo ha
confesado el propio secretario general de la UGT, Cándido Méndez, después
de hablar con el presidente del Gobierno,… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
por favor.

El señor PALACIOS ZUASTI: Gracias, presidente.

…que le dijo que este tenía una gran receptividad
hacia este asunto.

Y el Gobierno no se ha quedado en palabras, sino que ha
pasado a los hechos. El pasado día 27 de noviembre, el Ministerio de
Industria puso en marcha el procedimiento para que, antes de que acabe
este año, se pueda celebrar una nueva subasta en la que se puedan
adjudicar los megavatios sobrantes, una subasta que en este momento está
pendiente de recibir el informe preceptivo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, y que cuando lo tenga, se realizará en
idénticas condiciones para todos los participantes. Es decir, en ella va
a poder participar Alcoa y lo van a poder hacer todas las empresas que lo
deseen con los mismos criterios competitivos.

Por tanto, no es posible lo que se pide en la moción del
Grupo Socialista de que se diseñe de tal manera que permita a Alcoa poder
obtener los lotes energéticos que necesitan esas fábricas. Eso, lisa y
llanamente, es imposible, legalmente no se puede hacer. Sería hacer un
traje a la medida, algo que sería ilegal.

Yo, al ver esta moción, me preguntaba: si nosotros, el
Grupo Popular, hubiésemos propuesto esto, ¿qué se estaría diciendo desde
la oposición? Se nos estaría tachando de favorecer a las multinacionales
y de favorecer al lobby. Ahora bien, supongamos que en la segunda subasta
consiguen esos lotes que necesitan. La pregunta que me haría sería: ¿Se
habrá conseguido la solución definitiva para esas plantas, o esto será un
mero parche? Porque ¿qué va a pasar después? Yo creo que para que el
futuro de esas dos plantas esté asegurado se necesita que Alcoa en los
próximos meses anuncie un plan industrial que esté dotado de inversiones
—porque son dos plantas en las que se trabaja con una tecnología
obsoleta—. Esto se puede solicitar desde aquí, desde el Senado, y
no es mucho pedir porque los que conocemos el sector —porque hemos
trabajado en él— sabemos que en el año 1998 Alcoa se quedó con
Inespal en unas condiciones muy ventajosas ya que se quedó en exclusiva
con el negocio del aluminio en España y consiguió a través de la SEPI un
precio para el kilovatio que estaba espléndidamente subvencionado para
quince años, es decir, hasta el año 2013. Estamos ahora acabando el 2014
y Alcoa lógicamente ha visto mermados sus beneficios, y esta merma ha
coincidido en el tiempo con los descomunales

beneficios que empieza a tener en el megacomplejo que ha
montado en Arabia Saudita. Quizá por eso no ha mostrado tanto interés a
la hora de pujar para las plantas de Avilés y La Coruña. ¿No será,
señorías, que está buscando una coartada para el cierre? Porque la
estrategia en la planta de San Ciprián fue completamente otra muy
distinta.

Por eso, yo creo que estas mociones tendrían que haber ido
encaminadas a instar a Alcoa a que presente ese plan industrial para esas
dos plantas, pues solo así estaría firmando un contrato de adhesión con
los trabajadores, con las ciudades y con las comunidades autónomas
afectadas. Por el contrario, la ausencia continuada de esas apuestas
económicas y técnicas por sus centros fabriles son el preludio de que más
pronto que tarde se puede producir una muerte anunciada de esas plantas.
Por eso, vamos a votar en contra.

Muchas gracias, señor presidente, y Feliz Navidad a todos.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a votar las dos mociones separadamente.

Votamos, en primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario
Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 77; en contra, 145;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la moción del senador Martínez
Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 90; en contra, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

5. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

5.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

5.1.1. PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.

(Núm. exp. 622/000012)

AUTOR: GPEPC

El señor presidente da lectura a los puntos 5., 5.1. y
5.1.1. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa,
por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para la defensa de la toma en consideración, tiene la
palabra el senador Saura. (Rumores).

Señorías guarden silencio, por favor. (Rumores).

Guarden silencio, por favor. (Rumores).

Espere un momento, senador Saura, hasta que haya silencio.
(Pausa).

Cuando quiera, señoría.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, paso a defender una proposición de ley que
plantea la derogación del apartado 3 del artículo 315 del Código Penal.
(El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Antes de entrar en el contenido quisiera hacer tres
observaciones: la primera es que estamos ante una toma en consideración y
que, por lo tanto, lo que se vota hoy no es aprobar o no el texto
concreto que presentamos, sino si se va a tramitar o no. (Rumores). La
segunda consideración es

que somos conscientes de que en el Congreso de los
Diputados desde hace más de un año se está tramitando el Código Penal y
que, por consiguiente, este tema incide en esa tramitación parlamentaria.
(Rumores). La tercera consideración y más importante es que a pesar de
los murmullos de la sala…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, por
favor.

El señor SAURA LAPORTA: Como decía, la tercera
consideración y más importante es que la proposición de ley que
presentamos tiene o puede tener consecuencias sobre el hecho de que
personas determinadas vayan a la cárcel de forma injusta según nuestro
parecer. No estamos ante una iniciativa parlamentaria de hacer una
carretera, que es importante, o una escuela, sino que estamos ante una
proposición de ley que lo que plantea es una modificación de un artículo
del Código Penal que tiene incidencia en el ingreso en la cárcel de
sindicalistas en el ejercicio del derecho a huelga.

Cuando decimos que planeamos la derogación del apartado 3
del artículo 315 del Código Penal no estamos diciendo que se queden sin
castigo, sin pena aquellas actuaciones de coacción violenta que poden ser
tramitadas por otro artículo del Código Penal, que es el 172. En los
últimos meses más de 260 personas han estado encausadas penalmente en
relación con el ejercicio del derecho de huelga. La fiscalía pide para
todas ellas más de 130 años de cárcel. Esta es una situación
absolutamente inédita desde la recuperación de la democracia en el Estado
español. La pregunta es: ¿qué está pasando? ¿Está pasando que los
sindicatos en las huelgas se han vuelto violentos? ¿Hay mucha violencia?
Esto es absolutamente falso. Lo que está pasando es que se aplica por
primera vez el apartado 3 del artículo 315 y que hay una estrategia desde
nuestro punto de vista muy clara de ataque al derecho a la huelga y de
criminalización de la libertad sindical, con un intento de transformar
los conflictos sociales en conflictos de orden público. Por lo tanto,
políticamente el diagnóstico que hacemos es una estrategia de ataque al
derecho de huelga, de ataque a la libertad sindical y de intentar
traducir el conflicto social en un conflicto de orden público.

¿Cuál es el origen del apartado 3 del artículo 315 que
proponemos derogar? A finales de 1975 y durante 1976 se produjo en el
Estado español el estallido más importante de huelgas. Teníamos un
gobierno presidido por Arias Navarro que afirmaba la voluntad de
continuidad del régimen franquista, no había libertad de sindicatos ni de
asociación ni de prensa, pero hubo un importante incremento de huelgas en
1975 y en 1976. La respuesta del Gobierno de Arias Navarro fue doble: por
un lado, represión policial y sindical ─recuerden,
desgraciadamente, los muertos de Vitoria─ y, por otro, una
modificación de las leyes, que eran leyes no democráticas y que no
reconocían derechos fundamentales de las personas.

En ese sentido, el 21 de julio se promulgó una ley que
indicaba en la exposición de motivos que la presencia y la creciente
actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de
huelga constituyen, sin duda, un ataque a la seguridad del trabajo. A
partir de esto se introdujo una modificación en el Código Penal en la que
se segmentaba, se especificaba el delito de coacciones concretamente para
el de huelga, al que se le otorgaba la pena de prisión mayor, que era de
tres años. En 1995, con la aprobación del nuevo Código Penal, este
apartado se mantuvo prácticamente en sus mismos términos, es decir, el
Código Penal de 1995 mantenía una tipificación especial para la coacción
del derecho de huelga, cosa que no se mantiene absolutamente para nada
más y que era producto de un contexto social determinado. Por otro lado,
mientras que el delito de coacciones previsto en el artículo 172 como
máximo condena a tres años de cárcel, el delito del artículo 315 condena,
como mínimo, a tres años. Dicho de otra manera, las condenas por el
artículo 315 significan el ingreso en prisión sin que su suspensión sea
posible. Evidentemente, en comparación es una desproporción y una
injusticia.

Esto no se aplicó hasta hace muy poquito en la democracia
española. Creo que el sentido común o las instrucciones de la Fiscalía o
de los jueces ha hecho que esto no se aplicara. Se ha empezado a aplicar
una vez que hubo la huelga general del 2012. A partir de ahí ha habido
diversas manifestaciones de distintas personas que cuestionan, como
cuestionamos nosotros hoy, la existencia de ese apartado 3 del artículo
315 que singulariza la coacción en el derecho de huelga. El propio ex
ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, el 17 de septiembre de 2014, en
respuesta a una pregunta de un diputado socialista, decía lo siguiente:
Tenga por seguro que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular están
dispuestos a debatir la modificación de este artículo.

Pero más significativa es la comparecencia del 26 de
noviembre, hace 20 días, del fiscal general del Estado en el Congreso
presentando la memoria, donde dice lo siguiente en relación con este
artículo: El delito del 315.3 del Código Penal es un delito durísimo, de
una estructura también durísima, y hay que decirlo. Las penas, atendiendo
a que subyace un derecho como es el posible derecho de huelga, son
desproporcionadas. Dejo caer aquí que habría que estudiar seriamente la
modificación y la reforma de este delito, que desde este mismo momento
reconozco que es extraordinariamente duro. Me brindo a modificarlo porque
nosotros no estamos muy cómodos, por decirlo de alguna forma, con esa
conceptuación de tipo delictivo concretamente. Nosotros, la Fiscalía, no
estamos cómodos y vamos a reexaminar absolutamente casos de los que
disponemos. Reflexionaré si doy o no una instrucción a los fiscales para
que valoren las circunstancias correspondientes.

Creo que es inédito que un ministro de Justicia y el fiscal
general del Estado, en sede parlamentaria, cuestionen, en definitiva, un
artículo del Código Penal.

Más recientemente, en una sentencia sobre la aplicación del
artículo 315.3 a la secretaria general de Comisiones Obreras de Baleares,
el juez, que la absuelve, dice lo siguiente: Esta conducta —la
tipificada en el artículo 315.3— fue introducida en nuestro
ordenamiento penal por la Ley 23/1976, y el mantenimiento de esta figura
delictiva en el Código Penal de 1995 ha sido criticado por buena parte de
la doctrina, que señala que la tipificación de esta conducta responde a
un determinado momento histórico, político y social —la dictadura y
el Gobierno de Franco, que no lo dice, pero evidentemente está
claro—, y que carece de sentido tras la promulgación de nuestra
Carta Magna en el contexto social y laboral que estamos viviendo en el
presente, y entiende que resulta innecesaria la tipificación específica
de este precepto siendo suficiente para castigar esta conducta el tipo
básico y ordinario del artículo 172. Es más, recientemente la OIT ha
declarado lo siguiente: Cualquier sanción impuesta por actividades
ilegítimas relacionadas con huelgas debería ser proporcional al delito o
a la falta cometida, y las autoridades deberían excluir el recurso a
medidas de encarcelamiento contra quienes organizan o participan en una
huelga indefinida.

La pregunta es: ¿qué más se necesita para derogar este
artículo? El exministro de Justicia, el fiscal general, el juez en una
sentencia, la OIT… ¿Qué más se necesita para cambiar este artículo?
De todas maneras quiero decir que, a pesar de estas declaraciones,
recientemente, mientras que el juez en la causa contra la secretaria
general de Comisiones Obreras de Baleares absolvía de este delito, el
fiscal ha presentado un recurso de apelación en contra de la decisión del
juez pidiendo una sentencia de cuatro años y un día para estas
personas.

Por lo tanto, señoras y señores senadores, creo que es
importante hacer caso al fiscal, al exministro, a la OIT, al juez.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, concluya,
por favor.

El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señor presidente.

Este apartado viene de una situación especial de la
dictadura, donde el Gobierno de Arias Navarro pretendía dos cosas:
intimidar a los trabajadores y recortar o hacer imposible la emergencia
de huelgas que cuestionaban no solo la política económica de la dictadura
sino que, concretamente, pedían libertad y democracia, y ahora tenemos la
oportunidad de aprobar esta proposición de ley en el trámite en el Senado
para hacer posible que ninguna otra persona tenga que ir a la cárcel
simplemente por haber participado en un derecho a la huelga cuando,
además, respecto a otros artículos del Código Penal que hacen referencia
a las coacciones para evitar la huelga de los trabajadores, que yo
conozca, no hay una sola causa en contra de estas actuaciones, mientras
que hay más de 260 trabajadores que han sido encausados por estas
acciones de participar en huelgas legítimas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.

En turno a favor, tiene la palabra el senador Díaz.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente; con su
venia. Buenos días.

En mi opinión, sería suficiente la intervención del señor
Saura para atender como razonable su petición, y, atendiéndola como
razonable en el trámite, enmendarla en aquello con lo que se

discrepe, pero atenderla porque el grueso del razonamiento
es razonable, es ponderado. Sé que sus señorías van a argumentar que
llevemos este asunto al debate del Código Penal, que lleva meses, por no
decir años, durmiendo el sueño de los justos, paralizado en la Cámara
baja. Ahora sé que de nuevo se ha reunido la ponencia para trabajar sobre
las 900 enmiendas que tiene y sé también de la urgencia con que se
impulsa que en enero pueda estar ya resuelto lo que en otras ocasiones ha
llevado años en su trámite. ¿Pero por qué no aprovechar el tiempo? Ya el
maestro Saura ha subrayado algunas instituciones del Estado, y no estoy
hablando de grupos parlamentarios, ni siquiera de académicos, puesto que
no ha habido una variación doctrinal ni en términos de autores de Derecho
Penal ni en términos de interpretación de los jueces. ¿Qué ha habido
entonces? Se ha producido un cambio de criterio en su aplicación. Luego,
el razonamiento es el siguiente: si esto es sensato, si esto está
fundado, ¿por qué no ganar tiempo y aprovechar para quitar algo que, en
general, está perturbando la dinámica de la relación entre sindicatos y
empresarios?

Y permítame un pequeño paréntesis, que no es sobre análisis
jurídico, sino relativo a la vertebración social. Señorías, tengamos
todos claro que toda ideología intoxicadora contra la democracia
parlamentaria y contra los sindicatos es mala para el sistema
democrático; tengámoslo todos claro, porque la sustitución de los
partidos políticos no es más democracia y la sustitución de los
sindicatos de clase no es mejor sindicalismo. Tengamos todos claro eso
porque es necesario vertebrar el país en este conjunto de ámbitos para
hacer posible la interlocución y los acuerdos sociales. Cierro este
paréntesis sobre otra consideración y vuelvo al análisis jurídico.

Por lo tanto, si es sensato lo que se plantea y si podemos
aprovechar el tiempo, ¿por qué no hacerlo? Yo intento subrayar algunos de
los argumentos que ha esgrimido Saura, como que lo grave que está
sucediendo aquí es en torno a algo que nunca se ha aplicado, y aquí
también sé que hay un punto de debate, porque en la brillante
intervención del diputado Manuel de la Rocha en el Congreso no tuvo la
oportunidad de responder al portavoz del Grupo Parlamentario Popular
cuando él argumentaba que había habido muchas sentencias sobre esto.
Ustedes perdonen, pero nosotros hemos tenido la precaución —lo ha
hecho Julio, el asesor del Grupo Parlamentario Socialista— de
peinar toda la base de datos del Tribunal Supremo. Tenía razón Manuel de
la Rocha cuando mencionaba una sentencia del Tribunal Supremo del año
1999, solo una, reajustando el sentido que tiene el artículo 315.3, y es
que esto está previsto para situaciones de gravedad, de violencia, de
intimidación. No estamos diciendo que quien vulnera el derecho
fundamental de aquella persona que quiere trabajar no tenga un reproche,
no estamos diciendo eso. Solo que hasta ahora, durante los años que ha
estado en vigor el artículo 315.3 del Código Penal con la versión del
Código de 1995, que se remonta a los anteriores de los años 1973, 1949,
etcétera, esto nunca se aplicaba. Lo que se hacía era que se reconducía a
las coacciones del artículo 172. Esto siempre se ha hecho así. No hay
ninguna otra sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto. A quien
diga que hay más sentencias, que hay muchas sentencias, no le voy a
calificar, pero sinceramente no es verdad. Es incorrecto. Solo está esa.
Y admito otra corrección, la del 7 de julio de 2014. En esta ocasión no
es el Tribunal Supremo sino la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
en un brillante análisis jurídico, en mi opinión, sobre lo que son
derechos fundamentales. Lo que hace es comparar derechos y contrastar. Y
el derecho a la huelga es un derecho fundamental pero no tiene la misma
categoría que otros como el derecho al trabajo. Comparándolos cuando
colisionan, uno de ellos es fundamental y está en el capítulo II,
artículos 14 a 29 con la inclusión del 30.2, objeción de conciencia,
mientras que el derecho al trabajo no es un derecho fundamental, aunque
es un derecho fundamental de conflicto. Hay una situación de conflicto
que es inherente al ejercicio de este derecho fundamental. Y en cuanto a
los piquetes, no son un elemento accidental o tangencial al derecho
fundamental sino parte del contenido esencial del derecho fundamental. Si
no hay esos piquetes hay un elemento sustancial y vertebrador del derecho
fundamental que no se está ejerciendo. Cosa distinta es cuando un piquete
usa la violencia o la intimidación. Entonces hay un reproche penal, pero
ustedes saben que cuando hay una duda entre si un asunto es de materia
administrativa, civil o mercantil, de un lado, o, de otro lado, penal, en
situación de duda siempre será civil, administrativa o mercantil pero
nunca penal. Es decir, en situación de duda no el derecho penal. A la
hora de aplicar la pena, siempre proporcionalidad, principio de
intervención mínima, proporcionalidad y naturaleza del bien jurídico que
ha sido afectado por ese comportamiento por acción o por omisión.

¿Qué está pasando entonces? En la Comisión de Justicia,
cuando interviene el fiscal general del Estado siempre distinguimos lo
que es la responsabilidad política, que es el ministro, con lo que son
responsabilidades institucionales, distinguimos los planos. Y solo hay
dos asuntos respecto de los que nosotros hemos manifestado nuestra
profunda discrepancia con el fiscal general del Estado, pareciéndonos un
magnífico hombre de cultura de España y un magnífico jurista. Un primer
asunto es cuando la Fiscalía General ordenó al fiscal jefe del Tribunal
Constitucional que retirara el recurso en relación con la memoria
democrática. Me pareció un profundo error, porque distintos órganos
jurisdiccionales en España habían fijado posición, y como había
diversidad de criterios era importante que el Tribunal Constitucional
fijara un criterio sobre la vigencia de la Ley de amnistía, como ocurrió
en Argentina con su Ley de punto final, etcétera. Ese es un error porque
hay que resolver estos asuntos en clave de interpretación
constitucional.

Y el segundo error es este en que estamos ahora. ¿Por qué
razón ha habido ese cambio de criterio? ¿Por qué razón hasta este momento
los fiscales generales no hacían esa interpretación? Por eso no se ha
dado esta sentencia, por eso no hay sentencia sobre esta materia, porque
no se había aplicado. ¿Y por qué razón ahora sí?

Permítanme que haga otra pequeña incursión pero ya de
naturaleza política. El día 10 de diciembre se celebró el LXIV
Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues en
el Subcomité de Derechos Humanos del Consejo de Europa evaluamos estos
años, sobre todo el último, con todas las ONG que trabajan en esta
materia. ¿Saben el análisis que se hacía respecto a la evolución de un
conjunto de democracias parlamentarias, entre ellas, la nuestra? Que
había una involución autoritaria a la hora de interpretar la aplicación
de los derechos fundamentales. Y esto es lo que me parece a mí que hay de
fondo, una interpretación autoritaria, porque se parte de una
desconfianza hacia los sujetos sociales. Y que, en ocasiones, vale más
cuestionar su papel, en lugar de encauzar adecuadamente la
reivindicación. E insisto en que eso es malo, cuestionar el papel de los
sindicatos o el de las organizaciones patronales, como también es malo
cuestionar el papel de los partidos políticos. Sin partidos políticos no
hay democracia parlamentaria. No existe.

Cierro el paréntesis extrajurídico y vuelvo al razonamiento
jurídico. La desproporción no es solo manifiesta por lo que hasta ahora
he estado diciendo, sino que les añado algo más y les ruego que acusen
recibo de este argumento en esta conversación parlamentaria que estamos
teniendo. Les ruego que acusen recibo y me respondan a esto, porque, si
no, cada uno lee lo que tiene escrito y no conversamos. Yo les sugiero
que le echen un vistazo al artículo 142 del Código Penal, respecto al
homicidio imprudente. Al 178 respecto a la agresión sexual. Al 183.1
respecto al que comete abusos sexuales con menores. Al 172 respecto al
que coaccione a otro para impedir que ejerza un derecho fundamental, del
que he estado hablado todo el rato, como mejor cabida a las figuras del
315.3. Al reo de robo con fuerza en casa habitada, del 241.1. O al reo de
robo con violencia o intimidación, del 242.

Acabo ya, señor presidente. ¿Saben lo que tienen en común
todos estos artículos? Que todo condenado por ellos, si antes no tenía
antecedentes penales, si es un delincuente primario, tiene una segunda
oportunidad, la pena es inferior a dos años, se le suspende la pena y no
va a la cárcel. Fíjese usted qué delitos tan abyectos he citado.
Compárelo con un condenado por el 315.3. La pena es de tres años y un día
a cuatro años y medio, no permite la segunda oportunidad, no permite la
suspensión condicional y va a la cárcel. ¿A ustedes no les parece esto
profundamente desproporcionado? A nosotros, sí. Y sé qué van a
preguntarse por qué razón no lo hicimos nosotros cuando llevamos a cabo
la reforma de 2010, que afectó a 150 artículos del Código Penal. Yo ahí
asumo mi cuota parte de responsabilidad diciéndoles lo siguiente: ¿Saben
ustedes por qué no caímos en eso? Porque hasta ese momento nadie lo había
aplicado, y era algo que estaba hecho para proteger derechos. Sin
embargo, no lo argumentó nadie, ni siquiera las señorías del Grupo
Popular, que se abstuvieron en la reforma y no la votaron en contra.
Nadie había caído en eso, ni los autores en el ámbito académico, ni los
jueces interpretando las sentencias. Los jueces hacen una interpretación
muy restrictiva, remitiéndolo al 172.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
terminando.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya.

Nadie había caído en eso porque no podíamos pensar que iba
a pasar lo que ha pasado en estos tres años. Es una desproporción brutal
que a personas por defender su derecho fundamental se les metan cuatro u
ocho años de cárcel. Por eso, mi sugerencia es que como todavía estamos a
tiempo, aprovechémoslo.

Gracias, presidente, por su benevolencia. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Díaz Tejera.

¿Turno en contra? (Pausa).

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Quisiera hacer uso del turno
de portavoces.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Senador Iglesias,
no habiendo turno en contra, no procede el turno de portavoces.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Hay dos turnos a favor.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, pero no
hacen uso del turno en contra. Aun así, su señoría puede hacer uso, con
flexibilidad, del turno de portavoces. Le daremos, senador Iglesias, el
turno de portavoces con tiempo, no se preocupe.

Gracias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Ya que estoy abajo, utilizaré entonces el turno de
portavoces. Pido disculpas por la interpretación errónea del Reglamento.
Intentaré hacer el uso más moderado posible de la flexibilidad del señor
presidente en el turno de portavoces. Fundamentalmente, porque las
razones esenciales han sido ya expuestas.

El problema fundamental es que estamos ante la
interpretación que desde el Ministerio Fiscal se hace de un precepto que
siempre ha sido desequilibrado, el artículo 315; desequilibrio que no era
perceptible porque la interpretación realizada, tanto por el Ministerio
Fiscal en el ejercicio de la acusación como por los tribunales, lo
paliaban. El problema está en que ahora la interpretación que se viene
realizando desmiente incluso la denominación del título. Que el párrafo
tercero del artículo 315 encaje en la definición de delitos contra los
derechos de los trabajadores, cuando precisamente se aplica para reprimir
a los trabajadores que ejercen y defienden sus derechos, es un auténtico
contrasentido.

El desequilibrio del precepto es evidente, hay una
clarísima asimetría entre los dos primeros apartados y el tercero. En las
escasas ocasiones en que se han aplicado los dos primeros preceptos, los
que sancionan que se obstaculice el ejercicio de libertad sindical o del
derecho de huelga, los tribunales han hecho una interpretación que ha
excluido la mayoría de las actuaciones empresariales del ámbito del
precepto. Así, para que se entienda que hubo limitación al ejercicio de
la libertad sindical o al derecho de huelga, la jurisprudencia exige que
las barreras impuestas por el empleador sean serias —Sentencia de
la Audiencia Provincial de Lugo, de 1 de septiembre de 2006— y que
se haya hecho desde una especial posición de fuerza; no basta con la
superioridad implícita de la posición empresario/trabajador en la
relación laboral —Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya,
de 13 de febrero de 2001—.

Cotidianamente, frente a lo que significan las huelgas
generales o los conflictos enquistados, hasta ahora no había sido
aplicado este precepto y, en los casos en que se había intentado aplicar,
se ha resuelto sin sanción penal para los empresarios que obstaculizaban
ese ejercicio de huelga. Tenemos ejemplos recientes. En la huelga de Coca
Cola, la Inspección de Trabajo ha resuelto en dos ocasiones que la
empresa vulneró el derecho a la huelga de los trabajadores; en el caso de
Telemadrid, reiteradas sentencias, hasta del Tribunal Supremo, declaran
que existe vulneración del derecho de huelga; en la huelga general del 29
de marzo de 2012, un sindicato abrió una página web para que se
denunciaran coacciones de los piquetes empresariales, recibió 125
denuncias y trasladó a la fiscalía las denuncias de esas 125 empresas,
solo, en Cataluña.

Los servicios impuestos por las administraciones públicas
en la mayoría de los casos vulneran, por ser demasiado extensos, el
derecho de huelga, y hay sentencias posteriores que así lo declaran. Un
caso reciente lo tenemos en la Comunidad Autónoma de Madrid, con ocasión
de la

última huelga general. En ninguno de estos casos se ha
excitado el celo del Ministerio Fiscal para la persecución por
vulneración de derechos sindicales o por vulneración del derecho de
huelga; en el mejor de los casos, se ha acudido a la posibilidad
sancionatoria que las actas de la Inspección de Trabajo abren en estos
supuestos. Por el contrario, la interpretación que en los últimos tiempos
se está realizando del párrafo tercero se convierte en una especie de
mazo, no para proteger el derecho al trabajo, que, como muy bien decía el
portavoz socialista, no es un derecho fundamental sino que es un
principio inspirador de la acción del Gobierno; además, parece que es un
derecho cuyo ejercicio solo se protege cuando hay una huelga, no, por
supuesto, cuando uno está en situación de desempleo.

El derecho de huelga, además, implica el derecho no
solamente a cesar en la actividad laboral, sino el derecho a requerir a
otros la adhesión a la huelga y a participar en acciones conjuntas a tal
fin, es decir, a formar parte de piquetes informativos, Sentencia del
Tribunal Constitucional 254/1988, de 21 de diciembre, y 37/1998, de 17 de
febrero. Y, además, el propio Tribunal Constitucional sentencia que en la
ponderación que le impone el principio de proporcionalidad, el legislador
—nosotros en este caso— debe tener en cuenta el efecto
disuasorio del ejercicio de derechos fundamentales que supone la sanción
penal de conductas ilícitas pero lindantes con dicho ejercicio, máxime
cuando es difusa la frontera entre el delito y el ejercicio del derecho,
y este es, en el caso del derecho de huelga, el paradigma de esta
afirmación del Tribunal Constitucional contenida en la Sentencia
136/1999. Sin embargo, la nueva aplicación desarrollada por la Fiscalía
ha provocado que haya al día de hoy 81 causas abiertas
—fundamentalmente a partir de la huelga general de 2012—
contra 265 sindicalistas, que haya ya dos condenas a tres años y un día,
o que en el famoso caso de «los ocho de Airbús», así llamado en los
medios de comunicación, el fiscal pida a cada uno de ellos ocho años y
tres meses.

La Organización Internacional del Trabajo ha solicitado
información al Gobierno de España sobre esta situación porque entiende
que puede incumplir convenios de la OIT y que puede incumplir también la
Convención Europea de Derechos Humanos y la Carta Social Europea. Se ha
presentado un informe denuncia ante el Comité Europeo de Derechos
Sociales del Consejo de Europa, y el Comité Económico y Social Europeo,
así como la Confederación Europea de Sindicatos, la Confederación
Sindical Internacional y 21 sindicatos del Reino Unido, Suecia, Portugal,
Bélgica, Austria, Argentina, Brasil, México y Chile se han dirigido al
Gobierno de España trasladando su preocupación. No es bueno que la
represión de sindicalistas se incorpore a la marca España. Y no basta
como alternativa la solución en algún momento apuntada de recurrir a la
figura del indulto. Si se mantiene el precepto, si se mantiene la
interpretación del precepto que desde la Fiscalía se está realizando,
ninguna duda nos debe caber de que al final el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos acabará conociendo de esta realidad y sentando
decisiones que probablemente no contribuyan tampoco a ese reforzamiento
de la marca España.

Creo que la proposición de ley que hoy se presenta da la
solución adecuada al problema. Como decía el portavoz socialista, en el
caso de que se produzcan en un marco de conflicto social acciones
coactivas, hay un precepto genérico, general en el Código Penal que
persigue y sanciona esas actuaciones. El mantener un tipo específico y
agravado para los supuestos del conflicto social no deja de ser más que
dar continuidad a una herencia del régimen dictatorial que precedió a la
democracia. Corrijamos a la mayor brevedad esta situación.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días, señor
presidente.

En primer lugar, quisiera agradecer el planteamiento y la
proposición de ley traída a esta Cámara por Entesa y el senador Saura,
porque, tal como nos tiene acostumbrados, es un tema importante, es un
tema humano, es un tema bien traído, es un tema bien informado; pero a su
vez, señor Saura, le tengo que leer un poco la cartilla, porque me da la
sensación de que usted no se entera de cómo se adoptan las decisiones en
el Senado.

Si usted quiere adoptar una proposición de ley en positivo
no tiene más que acordarla con el PNV. Los votos del PNV son suficientes
y le voy a poner dos ejemplos. El primero de ellos está promovido por la
senadora María de Haro que en un titular muy espectacular en un periódico
local

de Canarias viene a decir que la enmienda de 400 000 euros
del Partido Popular para El Roque no prospera por la oposición del PNV.
Este no me preocupa tanto, pero hoy podemos ver en El Heraldo de Aragón
algo que ya me preocupa un poco más, porque ya me hace un poco más de
daño, y es que el Partido Nacionalista Vasco veta que el Senado vuelva a
aprobar fondos para la Giménez Abad, con todo lo que ello quiere decir de
la Giménez Abad. Evidentemente, he mostrado al portavoz adjunto, Antolín
Sanz, mi desacuerdo con esta manera de proceder y con esta falta de ética
a la hora de acordar y de trabajar cualquier presupuesto. Con el Partido
Nacionalista Vasco cualquier grupo parlamentario de esta Cámara,
cualquiera, puede llegar hasta el fin del mundo. Ahora, con estas
actitudes, con esta falta de ética en el trabajo, con nosotros no va a ir
ni de aquí a ahí, y solo es una constatación, primera y última. No nos
conocemos mucho todavía, pero primera y última. Porque si la Giménez Abad
no tiene hoy los 60 000 euros que le corresponden es porque en el
Congreso de los Diputados, cuando el Gobierno introduce el documento no
tiene esa partida; porque en el ponencia del Congreso de los Diputados de
presupuestos no se introduce la partida; porque en la Comisión de
Hacienda no se introduce la partida; porque el Pleno del Congreso no
introduce la partida; porque la ponencia del Senado no introduce la
partida; porque la Comisión de Hacienda no introduce la partida y porque
cuando tiene que presentar lo que tiene que presentar, no introduce la
partida. Querer asociar Partido Nacionalista Vasco con falta de
subvención a la Giménez Abad... ¡por favor!, ¡por favor!

Y, en otro orden de cosas, terminando ya con este punto, y,
evidentemente, siguiendo con el aplauso que me ha merecido el
planteamiento realizado por el portavoz de Entesa, señor Saura, respecto
al artículo 315.3, yo diría que no se puede estar en misa y repicando.
¿Con eso qué quiero decir? Tenemos, por una parte, los apartados 1 y 2
que son los delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga y,
por otro lado, tenemos en el apartado 3 un delito específico de coacción
a la huelga, que es, precisamente, lo que queremos corregir, lo que
queremos suprimir y, evidentemente, lo que nosotros vamos a apoyar.

El apartado 3 castiga la coacción a la huelga. Se quiere
proteger el mismo derecho a la huelga que descansa en la libertad
personal del trabajador ante la presencia de grupos organizados, en
teoría, que se denominan piquetes de extensión de huelga. También la
seguridad del trabajador. En el actual apartado 3, del artículo 35, no se
ve por ninguna parte la protección de este importantísimo derecho del
trabajador que es el derecho a huelga; más bien, sucede todo lo
contrario, lo que aquí se protege es el derecho a no estar en huelga o a
no hacer la huelga. En los casos en que se impida violentamente el
ejercicio del derecho a la huelga será aplicable el apartado 2, del
artículo 315, en relación, como sabemos, al apartado 1. En realidad, la
tipificación del delito, en nuestra opinión, es innecesaria. Y es
innecesaria puesto que los hechos que en él se tipifican podrían
sancionarse, y de hecho así se han sancionado —como ya se ha
comentado—, como coacciones, por medio del artículo 172, del
capítulo 2, del título VI. Incluso algunos lo han considerado como
anticonstitucional por limitar el derecho a la huelga del artículo 28 de
la Constitución.

Y aquí me gustaría traer a colación una sentencia del
Tribunal Constitucional del año 1988 que hace referencia al artículo 496,
párrafo segundo, del Código Penal que, como sus señorías saben, es previo
a la reforma del año 1995. El Tribunal Constitucional dice al respecto
sobre este artículo lo siguiente: este apartado penaliza los excesos en
el ejercicio de un derecho fundamental, el derecho a la huelga,
reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución. En otro apartado de la
misma sentencia dice: de ahí la exigencia de que los límites de los
derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios
restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y excelencia de
tales derechos —es decir, del derecho a la huelga—, no pueden
interpretarse de tal forma que se vacíe de contenido el derecho
fundamental. Y el tercer apartado de la sentencia del Tribunal
Constitucional da una salida, la misma que tanto el Grupo Parlamentario
Socialista como Entesa estaban dando: calificación del apartado 3 como
coacciones. Eso lo está diciendo el Tribunal Constitucional, con lo cual
tenemos al ministro, al fiscal general del Estado y una sentencia del año
1988, previa a la reforma del Código Penal de 1995, que determina el
espíritu con el que se tiene que trabajar.

No hemos podido escuchar la argumentación del Grupo
Parlamentario Popular, pero parece que como en estos momentos se
encuentra en trámite la reforma del Código Penal, no tiene objeto debatir
este tipo de cuestiones.

Me gustaría señalar aquí una reflexión del senador Saura
que siempre traemos a colación. Caras y ojos. Es decir, en estos momentos
hay más de 250 personas en una situación complicada. Solo con que a una
de ellas le mejoremos la situación, solo a una de ellas, ya habremos
ganado muchísimo y habremos cumplido con la que es nuestra función. Lo
único que se está diciendo es que se tome en consideración esta
proposición de ley, consistente en la supresión del tercer apartado del
artículo 315. Toma en consideración, porque yo estoy seguro de que si hoy
en esta Cámara somos capaces de acordar la toma en consideración de esta
proposición de ley habremos trasladado un mensaje muy importante al
Congreso en cuanto al debate de la reforma del Código Penal. Si estamos
todos de acuerdo no entiendo que haya motivos para que esto quede sin
aprobar, por razón de que la reforma del Código Penal esté ya en
ciernes.

Acuérdense, señorías: solo con que a un inocente, solo con
que a una persona le restemos un minuto de una situación injusta,
habremos mejorado mucho.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, quiero agradecer el apoyo recibido por estos dos
grupos parlamentarios, no solo por el apoyo, sino porque considero que
han sumado argumentos a la defensa de nuestra propuesta. Tanto el señor
Díaz Tejera como el señor Bildarratz han añadido argumentos.

En las tres intervenciones se ha hecho una pregunta: ¿Por
qué ahora se ha aplicado el apartado de este artículo, pues este es un
apartado excepcional? Posiblemente, porque hay una intención —hace
falta saber de quién proviene la intención— de atacar el derecho de
huelga, de atacar la libertad sindical y, sobre todo, de hacer parecer la
huelga como un hecho posiblemente delictivo. Cuando se condena a cuatro
años de cárcel a un dirigente sindical —otra de las características
de estos 81 expedientes sancionadores es que normalmente se acusa a
dirigentes o responsables sindicales— por motivo de una huelga, se
extiende la percepción social de que hacer huelga posiblemente es delito,
o que los piquetes informativos son posiblemente un delito. Los piquetes
informativos no solo no son delito sino que son legales, siempre y cuando
no cometan violencia.

Evidentemente, derogar el apartado 3 del artículo 315 no
significa dejar impune posibles actos delictivos, como se ha dicho aquí y
como he recalcado al principio de mi intervención, porque el artículo 172
responde a esa situación.

Me hubiera gustado que el Partido Popular hubiera
intervenido ya para conocer su posición porque habrá cuestiones formales
que tener en cuenta. La primera de ellas es que se está debatiendo en el
Congreso de los Diputados y, como le comentaba ayer al portavoz del
Partido Nacionalista Vasco, al que le dije que, en la línea que seguía el
senador Díaz Tejera, debemos aprovechar el tiempo. Esta es una
proposición de ley fácil, simple y que se puede aprobar de forma
rapidísima, sin tardar un año y medio o dos años, como en el Congreso de
los Diputados en relación con el Código Penal. ¿Qué quiere decir que
aprovechemos el tiempo? Como decía el portavoz del Partido Nacionalista
Vasco, solo con que evitemos que una persona esté un día en la cárcel,
tendrá sentido lo que estamos haciendo.

He tenido la oportunidad de hablar con algunos dirigentes
sindicales de Comisiones Obreras y de UGT que están pendientes de una
sentencia de tres o de cuatro años de cárcel por aplicación de este
artículo y mi pregunta es ¿puede el Senado no esperar al Congreso,
siguiendo esa línea de autonomía y de fuerza que el señor Anasagasti, en
otro orden de cosas, formulaba esta mañana? ¿Puede el Senado lanzar un
mensaje al Congreso de los Diputados y poner en marcha una iniciativa
legislativa que tenga en cuenta todos los argumentos que hemos expuesto
―no solo yo sino también los portavoces que me han precedido―
para eliminar un apartado que, insisto, es producto del miedo de un
Gobierno dictatorial ante la extensión de las huelgas, que cuestionaba no
solo la política económica de la dictadura sino que reclamaba la libertad
sindical y la lucha por la democracia? Ese es el origen de este
apartado.

El otro día, en relación con otro tema, dije que creía
―y lo digo con todo el respeto― que la derecha española aún
tiene algunos hilos que conectan con el pasado; pues bien, este es otro
hilo que conecta con el pasado.

No estamos ante un problema de derechas o de izquierdas
sino de decir que no a una disposición excepcional, dictatorial y, en
definitiva, represiva, que se combinaba con la represión policial y que
en este momento no tiene ningún sentido. Además, que yo sepa, en ningún
país de Europa existe una tipificación específica para las coacciones en
caso de huelga, como no existe para otros casos. Por lo tanto, quiero
expresar mi contento porque hayan aparecido otros elementos.

Mencionaré dos últimas cuestiones. Lo que es grave es que
en el Proyecto de Ley del Código Penal que el Gobierno aprobó y envió a
las Cortes no se dice nada de ese artículo; ese artículo continúa
vigente. Es decir, que no solo en 1995 y en 2010 sino que el texto que el
Congreso de los Diputados está discutiendo contempla el apartado 3 del
artículo 315. El Partido Popular ha presentado una enmienda en el
Congreso de los Diputados a este artículo que modifica el tiempo de
cárcel, que pasa de un mínimo de tres años a un máximo de tres años
―por debajo, lo sube a un año y medio―, pero mantiene la idea
del señor Arias Navarro: que establezcamos para la huelga un apartado
específico de coacciones.

Eso no tiene nada que ver con nada del Código Penal
restante porque en ningún otro tipo de delitos se tipifica una cosa
especial sino que se formulan genéricamente como coacciones, y el juez y
el procedimiento judicial determinan qué se hace. Pues bien, el Gobierno
del Partido Popular ha elaborado un proyecto de ley que no toca el
apartado 3 y, además, cuando presenta una enmienda, en definitiva
modifica la pena de cárcel no suficientemente ―porque no la iguala
al artículo 172― pero mantiene la tipificación especial para la
huelga.

Y quiero acabar hablando de las dificultades de la huelga.
Hacer huelga, en contra de algunas opiniones, es algo que los
trabajadores no quieren. Hacer huelga es conflicto, pérdida de salario,
tensiones, mucho mal rollo. En general, en la huelga no solo puede haber
coacciones de trabajadores —que pueden existir y existen—,
sino que hay coacciones empresariales. Insisto, no solo las penas del
apartado 3 del artículo 315 van dirigidas de forma injusta a los
trabajadores, sino que no hay, que yo sepa —se lo preguntaron a los
fiscales y dijeron que no lo sabían—, un solo expediente de
procedimientos judiciales en contra de decisiones empresariales que
impidan la huelga; no hay ni uno solo. Por lo tanto, estamos ante una
discriminación de la aplicación del artículo 315 —los dos primeros
puntos con el tercero—, una discriminación, como decía el señor
Díaz Tejera, relativa a cómo es posible que delitos como los abusos
sexuales a menores, los homicidios improcedentes, los robos con fuerza en
casa, que todo esto tenga una segunda oportunidad y que, en definitiva,
una coacción en una huelga tenga una penalización más grave que lo dicho
anteriormente.

No sé qué votarán ustedes —supongo que votarán que
no—, pero creo que es una oportunidad perdida y les conmino no solo
a votar hoy que sí, sino a cortar aquellos lazos de la legislación o de
la acción parlamentaria y ejecutiva que vienen de muy lejos. En este caso
lo que estamos discutiendo, insisto y con esto acabo, es una decisión
tomada por un Gobierno ante el miedo de que las huelgas que se estaban
produciendo en 1996 tumbaran el régimen. No lo tumbaron, pero Arias
Navarro tuvo que dimitir al cabo de muy pocos meses, y se acabó con un
Gobierno que en aquellos momentos hablaba clarísimamente de defender la
continuidad del régimen franquista, negando las libertades y los derechos
que en cualquier país democrático existían

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la conducta que se describe en el artículo 315.3
no puede tener peor ubicación sistemática. Este artículo recoge un tipo
penal agravado, que supone una incriminación penal de los piquetes de
huelga cuando precisamente el artículo 315, en el cual se inserta,
tipifica los delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga
incluidos dentro del título autónomo, el título XV, dedicado a los
delitos contra los derechos de los trabajadores. Estamos, pues, de
acuerdo en que la localización del tipo no es quizá la más acertada desde
un punto de vista de técnica normativa, se ubica en una conducta del
título del Código Penal relativa a derechos, y se aplica contra los
trabajadores.

La aplicación que ha tenido este artículo es claramente
incongruente con la ubicación sistemática de estas conductas en el Código
Penal. Además, es un apartado claramente innecesario, tal y como han
señalado otros portavoces. Lo que se pretende perseguir estaría ya en
otros preceptos del Código Penal, estaría en la regulación del artículo
172, relativo a las coacciones, o estaría incluso en las faltas sobre
coacciones, pero en ningún caso deberíamos legitimar este tipo penal
específico agravado. De ahí que Convergència i Unió adelante su voto
afirmativo a la toma en consideración de esta proposición de ley. Hasta
la actualidad ha sido un precepto que se ha aplicado poco, pero
observamos que últimamente desde la Fiscalía existen peticiones de penas
altas aplicando este artículo. Convergència i Unió considera que tales
peticiones no se realizarían por parte de la Fiscalía si tal precepto no
existiera; es evidente. Por lo tanto, valoramos positivamente esta
proposición que pretende resituar estas actuaciones en los demás
artículos del Código Penal, si fuera necesario, porque en realidad, el
delito por la falta de coacciones ya existe. Así pues, entendemos que no
hemos de dar este tratamiento penal específico y agravado que se está
dando actualmente en este artículo 315.3.

Por otra parte, CiU siempre ha puesto de relieve y ha
recordado la necesidad de hacer prevalecer los principios de intervención
mínima y la proporcionalidad como inspiradores de cualquier materia
penal. Creemos que las penas de las conductas que se describen en el
artículo 315.3 ni son proporcionales ni obedecen a este principio de
última ratio que debería tener el Código Penal en estos supuestos.
Podemos entender las penas a las conductas que deben ser tratadas como
sanciones administrativas o incluso desde una óptica penal, pero no de la
manera específica, agravada y estigmatizada que tiene la actual redacción
de este artículo. Es una redacción que ha pervivido en otras legislaturas
y con otras mayorías políticas. Lo cierto es que estaba allí, pero no era
un artículo que provocara, como ha provocado, la creciente manifestación
ciudadana contraria a las peticiones de aplicación que se llevan a cabo.
Es cierto también que el Tribunal Constitucional ha situado el debate
donde debería estar, en la justa proporción que no tiene este artículo
315.3.

Por lo tanto, votaremos a favor de la toma en consideración
de esta proposición de ley, también por la coherencia debida a la defensa
de los derechos de los trabajadores y a los derechos de libertad
sindical.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señor presidente, con
su venia.

Respetando la táctica parlamentaria, lamentablemente no ha
podido haber conversación parlamentaria. ¿Por qué no ha podido haber
conversación parlamentaria? Porque no se ha intervenido en contra. Yo
respeto que se hable al final, es cuestión de respetar los números, pero
si se habla al final no puede haber conversación, se habla cuando nadie
puede responder. Puede que se sea muy inteligente por eso, pero
—permítame el comentario— un poquito de cobardía sí se tiene,
porque si se hubiese intervenido en contra, los demás tienen la
posibilidad de acusar recibo de los argumentos y de poder explicarse. Ya
Juan Alberto Belloch una vez nos contaba aquí, que había un lord inglés
que decía que había escuchado discursos excepcionales, muy buenos, buenos
regulares y malos, pero ningún discurso que hubiese generado un cambio de
voto. Yo algún día espero que podamos vivir la sorpresa de que escuchando
las cosas, se pueda reaccionar.

Le hemos argumentado en términos jurídico-penales, ahora le
argumento en términos jurídico-laborales. La Ley 3/2012, la reforma
laboral, ¿qué ha supuesto? Pérdida de autonomía colectiva, práctica
desaparición de los convenios colectivos, extensión de la ultraactividad
de los convenios, descuelgue en 2012 de cerca de 300 convenios colectivos
y más de 2000 en 2013. ¿En general, para el ámbito del mercado del
trabajo, ha supuesto algo positivo? En mi opinión, no, porque incluso
hasta lo que eran puestos indefinidos se han troceado en contratos a
tiempo parcial. Y ya se han comentado los millones de horas extras que se
hacían y que no se cobraban. Lo explicaban ayer compañeros que llevan
permanentemente esta área. Si están explicando las consecuencias que ha
tenido en el ámbito laboral, pero a la vez hacen esta otra interpretación
del artículo 315.3 del Código Penal, están cerrando el círculo. Por un
lado están generando una situación de mayor crisis y, por

otro, están diciendo: ¡ojo!, que tienes la posibilidad de
tres años y un día a cuatro años y medio. Es un círculo diabólico en
términos de accesibilidad a la tutela judicial efectiva del derecho
fundamental a la huelga. Es más, yo casi diría que el poder público
democrático está disuadiendo a los españoles para que no ejerzan ese
derecho fundamental y, si no, compárelo usted con el inverso. Aquí
estamos hablando de piquetes que tratan de fomentar la huelga; cuando es
al contrario, cuando tratan de impedir la huelga, la pena es inferior.
Por lo tanto, el esfuerzo disuasorio es: no ejerza usted el derecho
fundamental de la huelga. Lo otro no son derechos fundamentales, insisto,
los derechos fundamentales son solo los del artículo 14 a 29, con la
inclusión del 30.2; lo otro pueden ser principios, pueden ser
indicaciones, como quiera calificarlo, pero no tienen el ultrarrefuerzo o
la plusprotección que tienen los derechos fundamentales con el artículo
53.2 y el recurso de amparo.

Entonces, lo que trato de plantear es que es un artículo
respecto al cual nadie había pensado que tuviera esta interpretación,
porque nadie nunca lo pensó, ni siquiera nosotros. Si buscásemos dónde
hay más abogados laboralistas, en general, es en la izquierda; esto es un
hecho objetivo. Pongo el caso de don Manuel de la Rocha, que es un
clásico entre los abogados laboralistas, ¿planteó alguna vez la
posibilidad de que existiera esta interpretación? Nunca. Nunca imaginamos
que se pudiera dar esta involución, sinceramente nunca lo imaginamos. Es
lo mismo que en otras ocasiones cuando hemos hablado de las tasas. En
situación de crisis poner tasas, cierras el círculo, impides el acceso, o
peor aún, porque hablando con ustedes a título personal muchos me han
manifestado su criterio, esto de que el policía pueda pinchar un teléfono
y que en veinticuatro horas nadie lo sepa y que pasadas veinticuatro
horas se lo comunique al juez, esto que está en el borrador de la Ley de
enjuiciamiento criminal es una involución autoritaria impensable, porque
ya creíamos consolidado que esa posibilidad solo se podía dar en
situación excepcional antiterrorista o solo se podía dar en situación
ordinaria con la cobertura del auto del juez de instrucción. Es más,
pregunten ustedes a los profesionales de la seguridad a ver si alguno le
dice que está de acuerdo con eso; al contrario; todos dicen: no, no, yo
quiero hacer mi trabajo con la cobertura que me da el auto del titular
del juzgado de instrucción que por turno corresponda.

Pues bien, esto es lo mismo. Yo les invito a ustedes a que
hagan el siguiente ejercicio, ¿estarían ustedes tranquilos si esa
posibilidad de que el ministro del Interior pudiera pinchar todos esos
teléfonos fuera un ministro del Interior de un Gobierno socialista? ¿No
les genera preocupación? A mí me genera preocupación sea cual fuere el
ministro, sea cual fuere el secretario de Estado. ¿Por qué? Porque
siempre tienes que pensar que otra persona con otros criterios
interpretativos puede ejercer esa facultad. Pues esto es lo mismo. En el
año 1995 nadie, de ningún grupo, planteó la más mínima iniciativa para
modificar el artículo 315.3, nadie. Si ahora lo estamos planteando es
porque estamos viendo que su práctica y su ejercicio están dando lugar a
gran desproporción en la aplicación del Código Penal, a una extensión en
la aplicación del Código Penal con una intensidad que no tiene
precedentes, que no hay sentencias al respecto, excepto la del año 1999
y, ahora, la del 7 de julio de 2014, como les dije antes, que fue con
motivo de los asuntos que rodearon a las Cortes catalanas; ese fue el
planteamiento. Entonces, en una situación como esta, nuestro
planteamiento es si ahora podemos solventar esto, por qué no hacerlo.
Ustedes dicen: en enero del 2015 podemos modificarlo. Pero mientras tanto
los juicios se siguen celebrando.

Si se tuviera una cierta experiencia en el ejercicio del
derecho fundamental a la huelga y si se tuviera una cierta experiencia en
lo que son los piquetes informativos, se sabría de lo que estamos
hablando, y les aseguro que en el ejercicio del derecho fundamental a la
huelga y en los piquetes informativos, es verdad que a veces hay personas
que pierden el autocontrol y para eso está el artículo 172, la falta de
coacciones, pero la respuesta de tres años y un día a cuatro años y medio
es absolutamente desproporcionada. Les he puesto el ejemplo de una serie
de figuras delictivas que tienen la oportunidad de no entrar a cumplir su
pena de privación de libertad porque no son delincuentes, es la primera
vez que delinquen, se les da la segunda oportunidad. En este caso no se
le da. Yo creo que es profundamente injusto, profundamente
desproporcionado, no respeta la jurisprudencia del Constitucional y la
que hay del año 1999, el 315.3 del Tribunal Supremo, no tiene en cuenta
la sentencia de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Social, de 7 de
julio de 2014. Me parece que no hay razones de ninguna naturaleza. (El
señor presidente ocupa la Presidencia). El único argumento es el momento
de la oportunidad, y yo les invito, aunque sea por el espíritu de
Navidad, para que no solo sea un buen uso social y una buena costumbre de
desearnos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, aprovechando este espíritu
decirles a esas 267 personas: el

Senado de España entiende que este artículo se debe
derogar. Es muy sencillo, es un mensaje inequívoco a la Fiscalía, es un
mensaje inequívoco a los jueces, es un mensaje inequívoco a toda la
población y, también, es un mensaje inequívoco a estas 267 personas.

En cualquiera de los casos, aunque estén ustedes en
desacuerdo con esto que plantea razonablemente el señor Saura, aunque
estén en desacuerdo con ello, les invito a que se dejen impregnar, a que
se dejen afectar por el espíritu de la Navidad y acepten esta propuesta
del señor Saura porque es profundamente razonable. No obstante, les deseo
Feliz Navidad. Hay una buena expresión, que se utiliza en el mundo del
derecho del trabajo para las despedidas, con la que yo también voy a
despedirme: salud y libertad, que es un magnífico deseo. Que mejor deseo
para un ser humano que desearle salud y libertad. Añadamos en esta fecha,
salud, libertad y trabajo. Creo que es un magnífico deseo que compartimos
todos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Rodríguez Comendador.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Muchas gracias.

Con la venia, señor presidente, señorías, paso a posicionar
al Grupo Popular en relación con la Proposición de Ley de modificación de
la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Senador Díaz Tejera, yo estoy
absolutamente impregnado del espíritu navideño, no se preocupe, pero no
vengo aquí a expresar mi opinión personal, y usted lo ha de entender.
Vengo a posicionar a mi grupo en relación con la toma en consideración de
la proposición de ley que la Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado.

Empezaré hablando de la huelga en sí. No hay una definición
concreta de huelga. Hay muchas definiciones. Sin embargo, la Sentencia
11/1981 del Tribunal Constitucional dice textualmente que se trata de una
perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida
social y, en particular, en el proceso de producción de bienes y
servicios que se lleva a cabo de forma pacífica y no violenta mediante un
concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho
proceso que puede tener como objeto reivindicar mejoras en las
condiciones económicas o en general, en las condiciones de trabajo, y que
puede también suponer una protesta con repercusión.

La proposición presentada por la Entesa, que han apoyado
todos los demás grupos, afecta al apartado 3 del 315 del Código Penal, el
llamado Código Penal de la democracia de nuestro compañero el senador
Belloch. Esa modificación no es tal, sino que supone una supresión
completa de ese apartado 3 del 315, o sea la derogación del mismo, y
propone a su vez una nueva disposición transitoria y una nueva
disposición final. Todo ello debe enmarcarse y tomarse en consideración
en la reforma del Código Penal al que ustedes han aludido y que en enero
va a estar funcionando. En enero, señores Díaz Tejera y Saura, y estamos
a mediados de diciembre y hablando de pasar la Navidad para tener la
reforma del Código Penal en marcha en el Congreso de los Diputados. Ese
es el marco idóneo para realizar la modificación legal propuesta por su
señoría. Pero al margen de ello habría que realizar algunas
consideraciones sobre la proposición no de ley. Ya he comentado que el
Código Penal de 1995 se aprobó con los votos de la izquierda y ustedes no
dijeron nada sobre esta figura delictiva. Es verdad que usted ha
reconocido, entre comillas, su mea culpa en ese aspecto y que nadie,
ningún grupo político, ningún legislador del momento arguyó sobre el
mismo. Tampoco durante el Gobierno del señor Zapatero. Ya no estamos en
1995, señor Díaz Tejera, sino que estamos en anteayer. El PSOE no tuvo a
bien presentar una modificación de este artículo ni siquiera cuando en el
año 2010 se modificaron 150 artículos del Código Penal. No fue una
modificación pequeña ni parcial. Fue una extensa modificación del mismo.
Tampoco se arguyó por parte de ustedes ni de los grupos que le apoyaron
ninguna modificación del artículo 315. Y ahora, que gobierna el Partido
Popular, viene la urgencia de la modificación. Todo se puede debatir, por
supuesto, señorías. En el fondo, seguramente la inmensa mayoría de esta
Cámara va a estar de acuerdo con ello, seguro, pero creemos que no es el
momento oportuno a través de la proposición de ley presentada.

Señorías, no se criminaliza el derecho de huelga, está
absolutamente garantizado en el 28.2 de la Constitución, lo que se
castiga en el referido punto 3 del 315 es el ejercicio de coacciones que
supongan violencia o intimidación para tratar de obligar a otros a
iniciar o continuar una huelga

y esa violencia o esa intimidación tiene que ser de tal
entidad que se considere grave, ya que si no estaríamos aplicando la
falta de coacciones del artículo 620.

Por lo tanto, hay diferenciar lo que significa la falta de
coacciones del delito de coacciones y esa violencia o intimidación debe
ser ejercida, además, en grupo, otra de las características del tipo
delictivo, que es ese elemento esencial del tipo y que justifica su
agravación respecto de lo que son las coacciones ordinarias. ¿Dónde se
limitan los derechos fundamentales de los sindicalistas en este artículo,
señorías? Yo no veo limitación ¿O acaso el uso de la violencia o la
intimidación colectiva y ejercida hacia un trabajador para que inicie o
continúe una huelga es garantizar la libertad sindical? Estamos de
acuerdo todos en que no, evidentemente. El derecho de huelga no incluye
la posibilidad de ejercer coacciones sobre terceros, ya que ello afecta
también a bienes y derechos constitucionalmente protegidos, no derechos
fundamentales, pero constitucionalmente protegidos también, como la
libertad de trabajar o la dignidad de la persona, artículos 10 y 15 de
nuestra Constitución.

Por todo ello, señorías, nuestro voto va a ser contrario a
la proposición de ley, porque entendemos que el derecho de huelga está
plena y absolutamente protegido en nuestro país y también estamos
convencidos de que el derecho de huelga debe ejercerse de forma libre y
voluntariamente, sin coacciones ni violencia de ningún tipo, defendiendo
también al trabajador que en uso legítimo de su voluntad decide sin
miedo, ni fuerza, ni intimidación, ni coacciones que quiere ejercer su
derecho a trabajar y todo ello, señorías, sin que obste en absoluto para
que coincidamos en que puede haber una necesidad real de modificación del
artículo, puede haberla, personalmente creo que la hay. Tenemos una
oportunidad magnífica en el Congreso de los Diputados, a partir de dentro
de un mes escaso. Pongámonos de acuerdo en ello, establezcamos los
límites y digamos hasta dónde tenemos que reafirmar que garantizando,
como está absolutamente garantizado en el artículo 28 de nuestra
Constitución, el derecho de huelga, también hay que garantizar que la
libertad, la palabra más hermosa que hay en el diccionario después de la
vida del ser humano, para ejercer su derecho a trabajar también tiene que
ser garantizada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Comendador.

Señorías, los servicios técnicos han detectado un problema
en el sistema de votación que no pueden arreglar mientras se utilizan los
micrófonos. Por tanto, una vez terminados los debates, vamos a
interrumpir el Pleno unos minutos ─espero que no sean más de cinco
o seis─ y, cuando esté arreglado el sistema, llamaremos a
votación.

Muchas gracias. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, no se ha podido solucionar el problema. El
problema afecta a la segunda fila de la bancada del Grupo Parlamentario
Socialista. (Rumores). Pero ellos no tienen la culpa.

Vamos a hacer una votación hasta cierto punto atípica. Si
les parece, al resultado que salga de la votación en el hemiciclo
añadiremos la presencia de los 11 senadores que están en esa bancada y le
sumaremos el resultado.

Además, hay voto telemático de la senadora Carmen Torres,
que ha sido autorizado, y ha votado en contra.

Votamos la toma en consideración de la proposición de ley
que ha presentado el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241 más 1 telemático, 242; votos emitidos, 240 más 1 voto
telemático, 241; a favor, 92; en contra, 148 más 1 telemático, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en
consideración.

5.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

5.2.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
3/2001, DE 26 DE MARZO, DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO.

COMISIÓN: AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

(Núm. exp. 621/000098)

El señor presidente da lectura a los puntos 5.2. y 5.2.1.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen
tiene la palabra el presidente de la comisión, senador José Luis Torres,
cuando haya silencio en el hemiciclo. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor TORRES COLOMER: Con su permiso, señor presidente,
antes de entrar en la cuestión quisiera expresar, en nombre de la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y entiendo que también de
toda la Cámara, nuestro pesar por el hundimiento del barco Paquito II
como decía el senador Losada y por supuesto —que es lo más
triste—, por la desaparición de sus 3 tripulantes en las cercanías
del cabo Corrubedo.

El Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, que se somete en este acto a
la consideración del Pleno del Senado, tuvo su entrada en esta Cámara el
día 6 de noviembre, fecha asimismo de su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, y el plazo de presentación de enmiendas
finalizó el 25 de noviembre de 2014, tras su ampliación.

A este proyecto de ley se han presentado 2 vetos y 69
enmiendas, que se distribuyen de la siguiente forma: veto número 1, del
senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto;
veto número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió; 9 enmiendas, las números 1 a 9, de los senadores Jesús Enrique
Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; 10 enmiendas, las números 27 a 36, del senador
Isidro Manuel Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; 3
enmiendas, las números 10 a 12, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado; 23 enmiendas, las números 47 a 69, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; 10 enmiendas, las números 37 a 46, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; y 14 enmiendas,
las números 13 a 26, del Grupo Parlamentario Socialista.

El día 5 de diciembre se reunió la ponencia para informar
el citado proyecto de ley. La ponencia acordó proponer a la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación mantener en sus propios términos el
texto remitido por el Congreso de los Diputados. El mismo día 5 de
diciembre se reunió la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y
emitió dictamen sobre el citado proyecto de ley sin introducir
modificaciones en el informe emitido por la ponencia. Han sido retiradas
la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Socialista, y la número
50, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que
hasta ahora se ha llevado a cabo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Torres
Colomer.

Entramos en el debate de las propuestas de veto.

La propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario
Mixto, ha sido presentada por el senador Martínez Oblanca.

Tiene la palabra para su defensa.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Permítame, por supuesto, al inicio de la tramitación de
esta ley de pesca que compartamos la angustia por la desaparición de los
tres marineros gallegos que están siendo buscados tras el naufragio de su
embarcación en Corrubedo, la preocupación por las noticias que llegan
desde allí, el ánimo para la cofradía de pescadores de Muros y para los
equipos de rescate y la esperanza para sus familias de que puedan ser
encontrados. En todo caso, 2014 ha sido un año catastrófico, terrible,
con naufragios y numerosas víctimas mortales. Este de los tres marineros
gallegos es otra muestra de la dureza y del peligro que sufre la gente de
la mar, destinataria de este Proyecto de Ley de Pesca Marítima del
Estado, al que he presentado un veto porque considero que España se
merecía un esfuerzo mucho mayor para tratar de elaborar una ley que fuese
el producto de un consenso generalizado de grupos parlamentarios,
comunidades autónomas, representantes de los diferentes sectores,
organizaciones pesqueras, instituciones implicadas y sociedad civil.

La pesca marítima española se merecía, a mi juicio, un
mayor esfuerzo y una mayor ambición para situar al sector ante los retos
inmediatos de este primer cuarto del siglo XXI. Por supuesto

que esa ley necesaria y ambiciosa respondería a un trabajo
arduo, porque estamos, en efecto, ante un asunto en el que se
entremezclan muchos factores con características muy variadas y
complejísimas. El Gobierno, sin embargo, ha optado por la vía más cómoda,
que es dar continuidad a las diferentes modificaciones legislativa
habidas en la última década y hacer uso de la garantía que le da su
holgada mayoría absoluta aunque eso suponga renunciar al diagnóstico, a
los objetivos y a las medidas que el propio Partido Popular planteó en su
programa electoral de hace cuatro años.

La elaboración de este proyecto de ley parte de una arcadia
pesquera feliz, pero nosotros creemos, por el contrario, que hay informes
y datos suficientes para compartir la inquietud del sector si se da
continuidad a los rasgos generales que han prevalecido en estos pasados
años y también por los cambios que promueve el Gobierno a través de esta
ley, cambios que van a ser perjudiciales, al menos eso he tenido yo
oportunidad de escuchar a algunos pescadores en Asturias, mi comunidad
autónoma de origen.

En los debates de tramitación de este proyecto de ley por
las Cortes Generales se han significado discrepancias en cuestiones como
la creación de un nuevo registro general de la flota pesquera, artículo
57, la diversificación a través de aspectos como la denominada
pesca-turismo, la aplicación de criterios de igualdad de oportunidades,
la traza y etiquetado del pescado, y finalmente un nuevo régimen de
sanciones en el que nosotros hemos focalizado nuestras 10 enmiendas
parciales.

Son varias las razones que nos han impulsado a registrar
este veto a una ley que culmina la deriva de una política pesquera en
España que ha arrastrado al sector a una situación de declive que es el
desenlace de varios años de cesión competencial y de malas negociaciones.
Esta ley trata de acomodar la actividad pesquera en torno a la política
pesquera comunitaria, pero creemos que el resultado será el refuerzo del
papel de las grandes empresas del sector y acabará limitando y
arrinconando a las pequeñas empresas. Esto tiene especial trascendencia
en Asturias, donde las empresas artesanales, que son la gran mayoría, el
80 % del total, tendrán más dificultades aún para adaptarse a los
cambios. Tal vez aquí sea de aplicación lo de que el pez grande se come
al chico.

Creemos que habría merecido la pena redactar una ley de
pesca marítima que no fuese secuela de las modificaciones legislativas y
normativas que han tenido lugar en España desde que en 2001 las Cortes
Generales aprobasen una ley general que fue pionera, porque pese a la
importancia específica de la pesca marítima, no existía una ley
reguladora en España. Subrayo que este proyecto de ley que hoy debatimos
no debería ser una derivación de estos años, porque si en el año 2000
había 67 000 tripulantes en España, hoy son menos de 30 000. Repito: de
67 000 a 30 000, más de la mitad de puestos de trabajo extinguidos. Si en
2000 teníamos una flota que se calificaba de moderna y competitiva, con
17 300 buques, hoy son menos de 11 000; si en 2000 la producción era de 1
300 000 toneladas, hoy estamos rondando el millón. Los datos son
oficiales e irrefutables. Podrá el Gobierno a través de su ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentar esta iniciativa
legislativa con pirotecnia propagandística a modo y manera de su
antecesor, el señor Arias Cañete, que en realidad es el inductor
intelectual de este proyecto, y de hecho tuvo su entrada en las Cortes
Generales tres días antes de cesar como ministro para ser candidato del
Partido Popular a las elecciones europeas celebradas el pasado mes de
mayo. En todo caso, la realidad para el sector pequero español es que con
la aplicación y el desarrollo de la Ley de pesca marítima de 2001, y
sobre todo con las normativas derivadas de su aplicación, hemos ido de
mal en peor, y los primeros que lo han sufrido y lo padecen son las
familias, los trabajadores y, en definitiva, todas las personas que viven
de la mar.

Nos encontramos ante una nueva vuelta de tuerca en la
cesión de los derechos que nos corresponden para la explotación de
nuestros recursos de pesca marítima. Esta ley trata de acomodar al sector
pesquero español a las prioridades que marca Bruselas, entre las que cabe
señalar la reducción de flota. Somos europeístas, pero para un país como
el nuestro, en el que la pesca marítima supone un sector económico y
social estratégico —no en vano tenemos casi 8000 kilómetros de
costa; somos el decimocuarto país del mundo en longitud de costa y el
tercero de la Unión Europea—, este proyecto de ley debería servir
para dotarnos de instrumentos que sirvan para reflotar, nunca mejor
dicho, nuestro sector pesquero, desde luego el zarandeado sector pesquero
asturiano, pero me temo que esto no va a ser así.

Si hasta ahora España ha ido cediendo paulatinamente
competencias a las autoridades marítimas de Bruselas, arrastrando con
ello a una merma de las posibilidades de participación de las comunidades
autónomas, a partir de la entrada en vigor de esta nueva ley los
pescadores se van a encontrar con mayores dificultades y cada vez más
desatendidos.

Es obvio que este proyecto de ley está redactado de cara a
la Unión Europea pero de espaldas al sector pesquero español, o, al
menos, de la parte española que yo trato de representar en esta Cámara y
que no tiene muchos motivos de satisfacción ante esta modificación
legislativa. Esta ley se presenta, como no puede ser de otra forma, como
garante de la sostenibilidad de los recursos, pero en la práctica se
restringe a las comunidades autónomas, desde luego a Asturias, para que
puedan participar más directamente en la evaluación de su cadena de valor
específica, es decir, el equivalente a una estimación de la pesca, la
transformación y la comercialización del producto final. Todo esto es muy
importante, porque se han abierto líneas de ayudas económicas a través de
fondos europeos, como es el relacionado con los asuntos marítimos y la
pesca, ayudas a las que solo se va a poder acceder con solicitudes muy
justificadas, y aunque globalmente son cantidades muy grandes, habrá
mucha concurrencia, por lo que creemos que habría que tratar de
garantizar unos repartos equitativos y que lleguen a las comunidades más
necesitadas, así como a los pescadores y su entorno próximo.

Los redactores de este proyecto de ley, que deberíamos ser
los legisladores pero aquí viene todo prácticamente rodado a mayor gloria
del Gobierno, han decidido que esta sea una ley exhibicionista, para que
la Unión Europea vea que en España pretendemos ser muy exigentes con
nuestros pescadores y muy duros con el régimen de sanciones para quienes
cometan infracciones. Me temo, y lo temen también no pocos pescadores,
que este hipercontrol de la flota española irá en detrimento de la propia
flota y ocasionará nuevos recortes a un sector que ha tenido que realizar
esfuerzos y sacrificios titánicos en las últimas tres décadas por las
enormes dificultades para afrontar los cambios.

El acuerdo sobre medidas del Estado Rector de puerto
destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada
y reglamentada que la Unión Europea suscribió en 2011 tiene que ser
acompañado de un apoyo total a la modernización del subsector de la pesca
marítima, cuya flota tiene una edad media de 28 años y que en los últimos
cinco años ha sufrido una reducción, especialmente en la flota de altura
y gran altura, mediante el desguace, y en menor medida, en la exportación
de buques a terceros países. Así, se han dado de baja del orden de 2500
buques en todos los tipos de pesca y caladero.

Desde 1986, la entrada de España en la Comunidad Económica
Europea ha traído una gradual cesión competencial en materia de pesca
marítima, que se ha acomodado a los mandatos de Bruselas y que no en
pocos casos ha sido producto de malas negociaciones en las que nuestros
pescadores y nuestros intereses pesqueros no han estado correctamente
representados. A diferencia de la defensa que realizó la ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, nosotros no aceptamos que
España haya avanzado con el último acuerdo de política pesquera común. No
dudo que haya quien se sienta conforme con los objetivos alcanzados, pero
para nosotros esta reforma legislativa avanza hacia el desequilibrio
territorial, hacia el desequilibrio de las comunidades autónomas que,
como Asturias, tienen pesca marítima pero han visto mermadas sus
competencias y sus posibilidades de crecimiento hasta el punto de que ha
ido disminuyendo el número de embarcaciones, como dije antes.

La gestión responsable de los recursos pesqueros tiene que
ser, por supuesto, un objetivo compartido por todos. Pero estamos viendo
una y otra vez que hay excepciones en virtud de decisiones políticas
discutibles. Hace apenas un mes que los pescadores asturianos han visto
cómo la captura de una especie como la sardina, cuyo agotamiento está
acreditado por las investigaciones científicas, concretamente por el
Instituto Español de Oceanografía, ha sido autorizada para el golfo de
Vizcaya, mientras que su pesca era vedada en el caladero asturiano. ¿Por
qué se utiliza esta doble vara de medir que menoscaba y posterga a unos
mientras beneficia a otros? Pues porque el Gobierno aplica el viejo
criterio de ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Y tengo
que reconocer la debilidad de Asturias, que no hace la defensa que
corresponde de los derechos de los pescadores asturianos.

Finalmente me gustaría señalar que desde el punto de vista
ambiental se ha constatado una continua y grave merma de las poblaciones
de peces, y también una grave destrucción de los

fondos marinos. Todo eso ha repercutido y sigue
repercutiendo para mal tanto en el empleo que genera la pesca como en las
condiciones de vida de las familias pescadoras.

Esta ley ha puesto mucho énfasis en el régimen sancionador
como contrapartida a la necesidad de preservar un modelo pesquero
sostenible. Nosotros creemos que el modelo o régimen sancionador es
disparatado y coloca al sector pesquero español bajo sospecha, como si el
Gobierno tuviera todo el interés en la necesidad de propinar grandes
escarmientos a los infractores y que, además, lo visualice todo el
mundo.

Aquí detectamos sensibilidad hacia la explotación racional
de los recursos, pero insensibilidad hacia un sector que, económica y
socialmente, ha ido clarísimamente a menos, sobre todo en cuanto a la
flota, que precisa de una mano de obra más intensiva. Con los años eso ha
derivado hacia la disminución del número de embarcaciones de pesca
artesanal en beneficio de las embarcaciones de mayor tamaño. ¿Cuáles son
las secuelas? Pues la destrucción de empleo, el empeoramiento de las
condiciones de vida y la cancelación de oportunidades que permitan la
regeneración del sector pesquero con gente joven.

Nosotros creemos que con esta ley las sanciones tienen una
triple función: punitiva, recaudadora y ejemplarizante, y van a caer de
lleno sobre la parte más débil del sector pesquero: la pesca artesanal,
que, sin duda, es la garantía de la pervivencia de las comunidades
costeras. Si la función punitiva de la ley va a caer de plano sobre una
parte del sector que ya sobrevive a muy duras penas, no es difícil
anticipar que nos vamos a encontrar con situaciones dramáticas e
irreversibles ante la imposibilidad de afrontar las durísimas sanciones
que entrarán en vigor con la aprobación de esta Ley de pesca
marítima.

En definitiva, con nuestro veto y con nuestras enmiendas
nos hacemos eco de la insatisfacción por esta Ley de pesca marítima;
insatisfacción que, al menos en cuanto a su régimen sancionador, es
compartida por un buen número de pescadores españoles, que la consideran
durísima.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Este senador, en nombre de Convergència i Unió, quiere
sumarse a lo que han comentado los senadores de los diferentes grupos que
me han precedido respecto a los tres marineros gallegos, a los que
expreso la máxima solidaridad por parte de este grupo y el máximo
reconocimiento, como no podía ser de otra manera. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Entrando en el fondo del veto y en la motivación que nos ha
llevado a presentarlo, cabe hablar, entre otras cosas, de unos principios
generales. El primero de ellos es la separación de poderes, que, como se
ha apuntado anteriormente, parece ser que no existe. El Poder Legislativo
tiene atribuida la función de legislar pero nuestro grupo tiene la
impresión de que existe una imposición del Ejecutivo respecto al
Legislativo, y única y exclusivamente lo que se hace es dar el plácet.
Esto se puede ver en este proyecto de ley de pesca marítima.

Pero hay otro principio que también quiero poner encima de
la mesa: el de subsidiariedad, principio en el que se fundamentan los
tratados de la Unión Europea, donde se establece que las administraciones
más próximas a las circunstancias son las que tienen mayor capacidad y
visibilidad y, por tanto, son las que deberían tener mayores atribuciones
para poder dar solución a estas situaciones. Y lo que nos encontramos hoy
es la negación del principio de subsidiariedad, porque con este proyecto
de ley lo que se está haciendo, entre otras cosas, es una invasión
competencial, que es una norma continuada en todos los proyectos de ley
presentados por el Partido Popular en lo que va de legislatura.

Pero no voy a negar la mayor respecto a los principales
objetivos de este proyecto de ley. Que se quiera impulsar la mejora de la
situación económica del sector pesquero y acuícola gracias a su
diversificación económica es un elemento a tener en cuenta y a valorar;
que esta diversificación económica se haga mediante actividades como el
turismo pesquero y marinero y la pesca turismo también es un elemento a
tener en cuenta; reforzar las medidas de lucha contra la pesca ilegal
internacional y paralelamente establecer una simplificación y
modernización administrativa en

estos ámbitos, en principio también parece positivo
—nadie lo niega—. El proyecto de ley debe ir en esta línea,
pero cuando analizamos el proyecto de ley y su articulado vemos que va en
un sentido totalmente contrario. ¿Por qué lo decimos? Entre otras cosas,
porque se habla de la diversificación pesquera y la diversificación
acuícola, diversificaciones —si me permiten la expresión— que
ya han sido adoptadas por Cataluña. Y quiero redireccionar este elemento
hacia el principio de subsidiariedad: vemos que una competencia que
tenemos asignada, que se ha realizado, que se está realizando y que está
regularizada por Cataluña, se utiliza por parte del Gobierno del Partido
Popular para recentralizar. Es decir, que hay una deconstrucción de este
sistema legal, constitucional, por parte del Gobierno del Partido Popular
—lo vuelvo a reiterar— en cualquier tipo de proyecto de
ley.

En el caso de Cataluña somos Administración competente en
materia de pesca y turismo, y las medidas y definiciones que incorpora
este proyecto de ley generan un confusionismo innecesario que no se
produciría si el proyecto se limitara a eliminar los obstáculos
normativos que impiden una diversificación de la actividad pesquera. Y
las enmiendas que presentamos van en esta línea. Seguramente hay una
parte de este proyecto de ley que sea necesaria, pero intentémoslo hacer
desde la simplificación, el respeto a las competencias atribuidas y la
significación que tenemos atribuida en Cataluña. No me negarán la mayor:
la diversidad pesquera en todo el litoral de la península ibérica es un
hecho fehaciente, por tanto, las administraciones que tenemos atribuidas
esas competencias —en este caso, Cataluña— estamos planteando
que, teniendo un mayor conocimiento de esta diversidad, que actúe la
propia Administración; en este caso, catalana. Porque, en el fondo, el
mensaje que se puede llegar a adivinar en este proyecto de ley es que,
como hasta ahora no se había regulado de forma adecuada, viene la
Administración central a poner orden en el desaguisado existente. Eso es
lo que más o menos se puede desprender de las argumentaciones. Y voy a
hacer un ejercicio de profecía, sobre el que seguro me van a argumentar,
una capacidad de profecía, no por mi condición de senador de un partido
demócrata-cristiano, sino porque estas argumentaciones están presentes de
forma continuada. Les voy a ilustrar con diferentes ejemplos.

Las citadas actividades, sobre todo en materia de pesca y
turismo, ya se encuentran reguladas en Cataluña por el Decreto 87/2012,
de 31 de julio, en el que se establece claramente lo que es
pesca-turismo, lo que es turismo pesquero y acuícola y las atribuciones
de la comunidad autónoma. Pero, por si esto no fuera suficiente, utilizan
ustedes el artículo 149.1.13ª para establecer que se tienen que fijar las
bases y la coordinación general de la actividad económica en lo que se
refiere a la materia de este proyecto de ley en el capítulo V, del título
II, sobre puertos de desembarque, cuando eso estaba regulado en el
artículo 149.1.19ª, que establece que la competencia exclusiva en materia
marítima le corresponde al Estado, sin perjuicio de las competencias que
en la ordenación del sector se atribuyan a las comunidades autónomas. Lo
que les estaba comentando: ustedes utilizan —perdónenme, a lo mejor
no es el concepto más adecuado— o aprovechan este proyecto de ley
para recentralizar, algo que en nuestro grupo podemos deducir del
articulado.

El último punto de discrepancia de nuestro grupo con el
proyecto de ley se refiere a la nueva regulación del registro de
embarcaciones de pesca, y alguna comunidad autónoma ya se ha manifestado
respecto del registro y la nueva regulación de embarcaciones de
pesca.

En definitiva, luego entraremos en el fondo de las
enmiendas que se han presentado. Vuelven a perder una oportunidad para
establecer un principio fundamental, que es intentar reducir al máximo el
marasmo legislativo, respetar las competencias que tienen atribuidas
todas las comunidades autónomas, respetar un principio fundamental,
fundacional, de la Unión Europea, que es el principio de subsidiariedad,
y el respeto a las propias competencias, que el Grupo de Convergència i
Unió cree que en este caso no está siendo respetado. Por eso, pedimos a
los diferentes grupos políticos que voten a favor de este veto, porque
tiene su fundamento en lo que hemos expuesto hasta ahora.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
senador.

¿Turno en contra? (Pausa).

Tiene la palabra el senador López Veiga.

El señor LÓPEZ VEIGA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, ante todo quiero unirme a las condolencias a las
familias de los pescadores, que nosotros conocíamos.

Hoy no tengo el día para ser un Demóstenes, y no porque
esté enfadado, sino porque tengo una pequeña parálisis en la cara que me
va a impedir, sobre todo, hacer gestos hacia la izquierda; y me temo que
también hacia la derecha.

Señor Plana, señor Oblanca, no entiendo por qué han
presentado los vetos. Puedo discutir con ustedes largamente sobre lo que
aquí se ha dicho o no, pero creo que hay que situar este tema en su
contexto. ¿De qué trata este proyecto de ley? Nada más y nada menos que
de una modificación de la Ley de pesca de 2001. Y nada hay de
modificación en cuanto a las competencias. En absoluto. No lo hay.

En primer lugar, tengo que decir que al Partido Popular le
cabe un poco el orgullo de haber sido el primero que hizo una Ley de
pesca. Nadie más ha hecho una ley de pesca, y no se modificó cuando hubo
oportunidad de hacer una ley de pesca sostenible en la legislatura
pasada, que no llegó a buen fin. Pero de eso nosotros no tenemos la
culpa.

Señor Plana, le tengo que decir que pocas comunidades
autónomas han hecho tanto como Galicia en defensa de las competencias
exclusivas que se tienen en materia de pesca. En Galicia se hizo una ley
en 1993, que el Gobierno socialista recurrió entera y que perdió entera,
que es lo que precisamente ha servido de base para la ley de 2001. Y
tiene usted razón: ustedes siguen teniendo competencias exclusivas en
aguas interiores, pero también tienen competencias exclusivas, como
Galicia, en el marisqueo y en la acuicultura en aguas exteriores. Y eso
no se modifica en absoluto en esta ley.

Es verdad que la reforma es necesaria, pero no por las
razones que ha expuesto el señor Oblanca, sino porque desde el año 2001
han acontecido cosas muy importantes en la Unión Europea. En primer
lugar, en 2007 se aprobó el Tratado de Lisboa, que introduce un precepto
muy importante —no sé si ustedes se habrán dado cuenta—:
establece que la Unión Europea tiene competencias exclusivas en materia
de conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política
pesquera común. Y nosotros nos hemos unido a la Unión Europea. No hay
nada de lo que lamentarse. No se siguen los dictados de Bruselas, porque
Bruselas somos todos. Bruselas es el Consejo de Ministros, en el cual
están todos los ministros de la Unión Europea. Es el que decide a
instancias de la Comisión. Pero nada hay de raro en los principios
generales que se establecen para la conservación de los recursos
biológicos. Estamos persiguiendo la recuperación de los stocks. Y,
desgraciadamente, en la Unión Europea no hemos sabido dar ejemplo al
mundo; ni los países civilizados y más avanzados han sabido dar ejemplo
al mundo, porque nos hemos retrasado demasiado en esta recuperación.
Repito que nada hay de nuevo en esto. Sí lo hay, en el sentido de que
hasta el Tratado de Lisboa las comunidades autónomas teníamos absoluta
libertad —y digo teníamos porque lo sé; he sido conselleiro de
Pesca— para legislar en nuestras aguas interiores. Pero ahora, no.
Desde la aprobación del Tratado de Lisboa, incluso Cataluña en sus aguas
interiores —volveremos sobre esto— no tiene competencia
exclusiva, solo puede actuar de acuerdo con los principios generales que
marca la Unión Europea. No tienen por qué pasar por Madrid. Son los
principios generales de conservación que esgrime y defiende la Unión
Europea.

En cuanto a la política comercial, señor Plana, el
principio de subsidiariedad no es lo que usted ha dicho. Está recogido en
el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión —me lo apunté,
porque me imaginaba que usted iba a ir por ahí—, y no dice eso.
Dice que la Unión Europea —y, mutatis mutandis, eso sirve para la
Administración General del Estado— se debe abstener de actuar
cuando las cosas se consigan de manera más eficiente a un nivel más bajo.
Y es ahí donde vamos: existe una política comercial común y esa política
comercial no se establece a nivel de las comunidades autónomas sino de
toda la Unión. Y le tengo que decir que en Galicia —hago alusión a
mi condición de gallego y de conocedor del mundo de la pesca— lo
que quiere nuestro sector pesquero en términos de trazabilidad —es
lógico, yo también lo quiero y todos lo queremos, por lo menos en mi
grupo— es la mayor eficiencia, y esta no se consigue legislando a
nivel de cada comunidad autónoma. Eso es un fárrago de legislaciones del
que tenemos que escapar. Yo no lo propongo para Galicia y sé que mis
armadores no lo quieren. Y me voy a atrever un poco más. Ustedes tienen
un sector pesquero muy eficiente, el del atún rojo, y no pueden querer el
troceo de las normas de trazabilidad. ¿Por qué? Porque venden en toda
Europa. Tengo que decir que nuestro grupo es profundamente europeísta y
habríamos preferido que todas estas normas se

tomaran a nivel de la Unión Europea, pero no se pueden
tomar porque en la Unión Europea no hemos sido lo suficientemente
valientes como para tirar las barreras e integrarnos cada vez más. Hay
una pequeña diferencia. Repito que nuestro grupo sí es europeísta; y
usted también, porque está en el grupo del Partido Popular Europeo,
porque en la Eurocámara está con nosotros. Nosotros queremos construir un
espacio común. Eso es lo que hay. Por eso he dicho, señor Plana, que no
se vulnera absolutamente ningún principio, que no se vulnera el principio
de subsidiariedad. Lo único que se hace es actuar sobre la base de la
ordenación general de la política comercial, que obviamente es parte de
la política económica y ha de ser legislada a nivel del Estado.

También les tengo que recordar —me refiero asimismo
al señor Oblanca— que ha habido otro factor de mucha importancia,
como es la aprobación del Reglamento de control de la Unión Europea
122/2009. Y se discute y se dicen cosas muy serias. Y no es eso de que
Bruselas nos quiera hundir, no; se habla de los recursos generales que
son de todos, de todos los ciudadanos europeos, que trascienden las
fronteras de los Estados y, por supuesto, de las comunidades autónomas. Y
lo único que se busca es la defensa de los principios generales de
conservación, que supone tratar de conseguir y obtener el máximo
rendimiento sostenible para 2015, cosa que es difícil para muchos stocks.
Eso está recogido en la Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo
sostenible. Estamos defendiendo principios universales. Y, entre otras
cosas, si usted consulta el Código de pesca responsable de la FAO verá
que uno de los problemas principales para resolver el exceso de
mortalidad por pesca es el exceso de la capacidad de pesca. Y es que,
como en cualquier otro sector económico, y la pesca lo es, hoy en día con
mucho menos pescamos lo mismo porque la tecnología ha avanzado. Si usted
analiza la industria siderúrgica de hace veinte años y la de ahora verá
que, naturalmente, el empleo ha disminuido, pero la tecnología ha
avanzado mucho y esa evolución no se puede parar. Lo que no se puede
defender es que tengamos que seguir haciendo agricultura con el arado
romano. Es evidente que con el arado romano tendríamos muchos más puestos
de trabajo, pero es absolutamente ilógico defender ese tipo de políticas.
Esta ley no introduce ese elemento; no introduce nada de eso sino que
habla de otras muchas cosas.

Cuando queremos controlar los recursos lo primero que
tenemos que controlar es nuestra propia flota, y para ello debemos tener
un registro de pesca. Y no es verdad que se limite la libertad de las
comunidades autónomas, porque ese registro integra dos: el registro de
los buques que faenan en aguas exteriores y el de los buques que faenan
en aguas interiores. El registro de buques que faenan en aguas interiores
es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y lo único que se
hace, con lógica, es señalar que el nuevo registro integra a los dos
porque es la manera de decir a Bruselas cuántos barcos tenemos y, entre
otras cosas, cómo podemos canalizar las ayudas económicas para la
modernización de esas unidades, inclusive las de las aguas
interiores.

Y quiero hablar de las aguas interiores porque creo que
aquí se desconoce su alcance. Señor Plana, Cataluña prácticamente no
tiene aguas interiores, salvo un poquito en el golfo de Rosas y un
poquito en el canal de Sant Jordi. Muchas menos que Galicia. Y le voy a
decir cuál es mi experiencia: en una época en la que sí había libertad
para la pesca en aguas interiores y se podía establecer una política
independiente de flota para aguas interiores, pretendí establecer ese
tipo de censo. Y no se apuntó nadie, porque no hay ningún pescador en su
sano juicio en todo el caladero español que viva exclusivamente
―salvo en el caso de algunas modalidades de marisqueo― de las
aguas interiores. No existe, y precisamente por eso el Estado tiene que
regular la pesca y las actividades de diversificación. Porque es lógico
que si usted embarca a turistas los lleve a aguas exteriores, y eso
conlleva un montón de problemas que guardan relación con la normativa de
navegación en general: es política de marina mercante, es política de
seguridad y muchas otras políticas. Y por eso esta norma tiene que estar
establecida a nivel nacional, porque desde Barcelona usted no va a poder
hacer ninguna actividad de diversificación turística, ni en Sant Feliu de
Guíxols ni en Mataró, que no llegue a las aguas exteriores. Por tanto, no
veo dónde está el problema. A todo esto, se dice: sin que ello sea en
detrimento de las competencias exclusivas que tiene Cataluña. Esta ley no
invalida lo que ustedes han aprobado en Cataluña, salvo que entre en
conflicto; y nada entra en conflicto. Simplemente, usted no puede
legislar ni puede autorizar a hacer turismo pesquero en aguas exteriores
porque no tiene esa competencia; quien la tiene es el Estado y por eso
hay que regular esta actividad. Por eso no veo razonable que ustedes
hayan presentado un veto basándose en eso.

En cuanto al señor Oblanca, permítame que le diga que en
Galicia la pesca tiene muchísima importancia, y en Galicia no se nos
ocurre decir que la pesca industrial compite con la pesca artesanal
porque han coexistido desde que la pesca es pesca. Por otro lado, no es
verdad lo que usted dice en su veto sobre que los muelles se están
convirtiendo en descarga de aguas exteriores. (El señor presidente ocupa
la Presidencia). Usted tiene que saber que el mundo ha cambiado, y la
pesca —y estoy muy orgulloso de ello— es uno de los sectores
que más se ha internacionalizado. Por eso, nuestras empresas pesqueras y
nuestras embarcaciones, ante las dificultades legales que hemos tenido,
se han establecido en muchísimos países: en Namibia, Malvinas, Perú,
Angola o Mozambique, y además han hecho una excelente labor de desarrollo
en esos países de la que estamos muy orgulloso. Y también estamos
recibiendo materia prima para un entramado industrial muy importante que
se ha desarrollado, como es la industria de transformación de productos
de la pesca.

Señor Oblanca —y termino ya, señor presidente—
tampoco lo entiendo, porque aquí no se habla de repartos, aquí no se
habla de nada de lo que usted dice. Puedo entender que usted proponga
enmiendas para mejorar unos repartos, aunque, como le he dicho, no hay
otra manera de repartir que la basada en las capturas históricas
—el señor Cazalis sabe que lo he dicho en Galicia y en contra de lo
que se llama lo políticamente correcto—, porque si queremos que nos
respeten fuera hay que ser serios dentro. Y de eso es de lo que se trata:
de convertir a España en una nación pionera en el cumplimiento y el
respeto a la conservación de los recursos. Así podremos eliminar esa
falsa e injusta imagen negativa que nos han atribuido desde hace muchos
años.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López
Veiga.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Si bien al participar en la tramitación de este Proyecto de
Ley de pesca marítima hemos puesto un especial énfasis en expresarnos
contra el durísimo régimen sancionador, no le he escuchado, señor López
Veiga, ningún reproche sobre la visión que tenemos en Foro de la
aplicación, a través de esta ley, de un régimen que realmente coloca al
sector pesquero español bajo sospecha y eleva las multas de forma
considerable. Después, en el turno de defensa de las enmiendas, explicaré
pormenorizadamente no solamente las cuantías, sino los tipos y plazos,
que se han ampliado con la aplicación de la reforma legislativa que
estamos debatiendo esta mañana.

Señoría, le reconozco su gran conocimiento del mundo
pesquero, y no tema usted por la parálisis facial porque, desde luego, no
se nota para nada a la hora de explicarse en esta Cámara. Usted dice que
no entiende nuestros vetos. Pues bien, a diferencia de otros textos
legislativos que se han traído durante estos años de legislatura, este
proyecto de ley no ha sido de los que más enmiendas de veto ha cosechado
—en concreto, son solamente 2 vetos y 69 enmiendas—, pero el
hecho de que no haya habido mucha oposición frontal a este proyecto no
garantiza que vaya a obtener un respaldo amplio en la votación final.
Después oiremos al resto de portavoces y lo veremos en forma de votos,
pero por lo que he tenido ocasión de ver y leer, en la tramitación
iniciada en el Congreso el pasado mes de abril no he encontrado grandes
muestras de satisfacción plena en la elaboración de este proyecto de ley,
salvo, por supuesto, las procedentes del Grupo Popular, que apoya al
Gobierno.

Como decía antes, aparte de nuestra discrepancia total
sobre la aplicación de un régimen sancionador que, insisto, es
disparatado y coloca como sospechosos a nuestros pescadores, también
creemos que el Gobierno ha optado por el camino fácil en lugar de
aplicarse en la elaboración de una ley acorde con la importancia de la
pesca marítima española y con la declinante evolución del sector, que
bien merecería un revulsivo para tratar de frenar el impacto
socioeconómico de unas actividades que responden a una tradición
histórica, a un número muy importante de capturas, al papel exportador,
al papel importador y también al volumen de empleos que genera. Y no
apreciamos en esta ley ese revulsivo. Al revés, creemos asistir a un
nuevo capítulo de cesiones ante las autoridades comunitarias de Bruselas,
a una consolidación del desequilibrio territorial en materia de pesca
marítima, lo que permitirá, a nuestro juicio, la consolidación de
comunidades autónomas de primera y de segunda. Naturalmente, esta ley no
va a impedir la reedición de

polémicas y batallas en las que el peso político derivado
de la población y de los votos va a resultar decisivo, a mayor calamidad
de comunidades como la mía, cuyo sector pesquero ha sido relegado, como
tantas veces, sobre todo en estos últimos años, se ha denunciado.

He señalado en mi anterior intervención en defensa del veto
el creciente empobrecimiento de una política pesquera que ha tenido mucha
incidencia sobre las comunidades pesqueras y sobremanera sobre las que
giran en torno a la pesca artesanal. Insisto: ha sido una gran
oportunidad perdida no afrontar una ley que ofreciese más alternativas a
la dependencia total de las rentas procedentes de la pesca artesanal. Y
la pesca-turismo puede tener un futuro, aunque en el caso del Cantábrico
hay que contemplarla como un complemento a la actividad pesquera y desde
luego nunca como un sustituto.

Finalmente, quisiera hacer referencia a la necesidad
compartida de fijar un modelo pesquero sostenible, pero referido sobre
todo a la sostenibilidad social, es decir, al mantenimiento del empleo, a
la generación de riqueza, al desarrollo de los territorios de tradición
pesquera. Ya en la reciente tramitación de la Ley de parques nacionales,
que tuvo lugar aquí hace unas semanas, subrayé que la gran especie a
proteger no es otra que el ser humano. La gran especie a conservar y a
proteger es el ser humano, y con el tema pesquero la necesidad es
idéntica. Está muy bien que la explotación de los mares sea racional y
tenga bases científicas, pero la política pesquera tiene que girar en
torno a las personas, aumentando su desarrollo, garantizando su presente
y abriendo expectativas de futuro. Y vea la evolución de todos estos
años: el sector pesquero español ha ido clarísimamente a menos.

La gestión pesquera debería tener en esta ley una garantía
para asegurar que en la explotación de los recursos tengan participación
los protagonistas de la comunidad pesquera, comenzando por cofradías y
organizaciones representativas, y también las administraciones
autonómicas y, en su caso, locales. Se trataría, creo yo, de establecer
mecanismos de coordinación que diesen canales de participación efectivos,
algo que este proyecto de ley no garantiza porque todo lo fía al Tratado
de Lisboa o a los acuerdos de desarrollo posterior que se realizaron
desde Europa. Como he dicho antes, en el turno de enmiendas me referiré
al régimen sancionador que se va a aplicar de forma prolija a partir de
la entrada en vigor de esta ley.

Como ha sucedido con otras leyes a lo largo de esta X
Legislatura, de este proyecto se desprende un tufo persecutorio y también
recaudatorio; persecutorio, sobre un sector al que se coloca bajo un
manto de sospecha. Por supuesto, no estamos en contra de la persecución
de los infractores, pero sí de magnificar tipos y cuantías sancionadoras
para que en Bruselas aprecien el esfuerzo del Gobierno. A nosotros nos
habría gustado que ese esfuerzo se hubiese centrado en proporcionar
vitalidad a un sector tremendamente castigado por la evolución de la
pesca y que observa con preocupación lo que se le viene encima.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Eguerdi on, mahaiburu jauna,
eguerdi on, senatari jaun-andreok.

Voy a intervenir en este turno de portavoces para explicar
por qué el Grupo Vasco no ha presentado un veto. Creo que también hay que
explicarlo; lo explicamos cuando lo presentamos y también cuando no lo
hacemos.

No lo hemos presentado porque, aunque no es la ley que
nosotros habríamos hecho —sin duda la hubiéramos hecho de otra
manera—, recoge algunas de las cuestiones que hemos venido pidiendo
como Grupo Vasco en esta misma Cámara y con bastante insistencia también
en el Congreso. No tenemos más que recordar las iniciativas que hemos
presentado sobre la mujer en el sector pesquero y sobre la propia
actividad pesca-turismo. Fueron dos interpelaciones con sus
correspondientes mociones, que tuvieron un distinto final. Nosotros
habríamos preferido una cosa más sencilla, pero tampoco está mal que se
recoja en la ley. Por eso no nos oponemos a que esté ahí.

El número 2 del artículo único habla de la igualdad de
trato y oportunidades en el sector pesquero en todos los aspectos,
también en el de la mujer, algo que a nosotros nos parece muy importante
pero que habrá que sustanciar posteriormente. Y es que todo lo que aquí
se recoge habrá que sustanciarlo posteriormente de manera oportuna, y
espero que se haga y no se quede

solamente en una declaración de intenciones. Este pasado
lunes, en Bilbao, el lehendakari entregó los certificados de
profesionalidad a las neskatillas y empacadoras de Bermeo y de
Ondarroa.

Un paso más, se les ha pedido a las mujeres que estudien.
Han estudiado, han compaginado su trabajo con los estudios, algo que no
es fácil, pero siguen pidiendo lo mismo. Y colgando de este número 2 del
artículo único tendrán que venir una serie de cuestiones sociales que
equiparen ese trabajo de la mujer con el del hombre en el sector
pesquero: en enfermedades profesionales, en los coeficientes de
reducción, etcétera. Por lo tanto, está bien que se recoja en la ley,
pero esperemos que después se vaya trabajando esto punto a punto. No nos
paremos aquí, porque esto queda muy bonito, el texto es precioso, pero no
soluciona el problema y ellas siguen reclamando que se tomen medidas
reales. Yo creo que esta norma es la oportunidad de seguir desarrollando
esta cuestión.

Otro tema en el que nosotros también nos hemos empeñado es
el de pesca-turismo, y no solamente en esta Cámara sino también cuando
teníamos funciones de alcalde, etcétera. Ha sido un tema complicado. En
su día, nosotros propusimos que con el cambio en la definición de lo que
es actividad pesquera de la Ley 3/2001 y después del Real Decreto-Ley
1027/1989, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro
marítimo, podía bastar. El Gobierno ha cogido otra vía, y tampoco nos
parece mal. Ahora volvemos a estar otra vez en lo mismo. Nosotros creemos
que sí hay una invasión competencial en este aspecto porque hay
competencias exclusivas en la gestión pesquera, pero también en turismo.
Por lo tanto, se podía haber mejorado el texto. De hecho, hemos
presentado enmiendas en esa dirección, que luego comentaré aunque sea por
encima.

Volvemos a tener otra vez un montón de normas que cuelgan
de esta, normas que habrá que seguir cambiando. No tiene sentido tener
esta ley y no cambiar el resto de normas que faciliten que la
pesca-turismo se pueda volver a dar en condiciones. Sobre todo, lo que
más me preocupa es que realmente —y yo no sé si eso queda
claramente recogido en esta norma, yo creo que no— la actividad de
pesca-turismo tenga la misma cualificación que la actividad de pesca en
todos los aspectos, sobre todo para los marineros, incluyendo también
aquí los coeficientes reductores, etcétera. Esto no queda demasiado claro
y probablemente sea un tema reglamentario más que de ley, pero habrá que
estar atentos para que eso sea así.

El resto del texto trata también temas muy importantes,
como el que hemos hablado de los registros y, sobre todo, el del régimen
sancionador. Evidentemente aquí sí hay —y le doy la razón— un
gran condicionamiento por parte de la normativa europea, y también
entendemos que aunque desde el punto de vista sancionador, como ha dicho
el senador Martínez Oblanca, se podían haber tomado distintas vías, se
podía haber sido un poco más suave o un poquito menos suave, tampoco
creemos que sea razón suficiente para presentar un veto.

En fin, como he dicho, no es el texto que nosotros
hubiéramos preparado ni presentado. Creemos que puede ser un avance,
sobre todo desde un punto de vista conceptual. Evidentemente ahora
tenemos que trabajar entre todos, y especialmente el Gobierno que es al
que le toca, para que esto se desarrolle en la dirección en la que yo
creo que se tiene que desarrollar. Y esa es la asignatura que queda
pendiente para todos los que estamos en esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Respecto al veto del señor Martínez Oblanca, quiero
anunciar que nos abstendremos porque su orientación política en este tema
es contraria a la nuestra, pero votaremos a favor del veto de
Convergència i Unió principalmente por las razones competenciales. El
señor López Veiga decía que no había problemas competenciales, pero yo he
leído el estatuto y el artículo 119 dice: Corresponde a la Generalitat la
competencia exclusiva en materia de pesca marítima y recreativa en aguas
interiores, así como la regulación y la gestión de los recursos pesqueros
y la delimitación de espacios protegidos. También tiene competencia
exclusiva en materia de actividades marítimas y tiene competencia
compartida en la construcción, la seguridad, el registro oficial de
barcos, cofradías de pescadores y lonjas de contratación. Además, en
turismo tiene competencia exclusiva.

Si se compara esto con el proyecto de ley, es evidente que
existen, en definitiva, limitaciones o reducciones de las competencias de
las comunidades autónomas.

Señor López Veiga, tengo la sensación de que el Gobierno
del Partido Popular legisla como si no hubiera Estado de las Autonomías,
en general. Por eso, en cada proyecto de ley que discutimos hay una parte
importantísima, en unos más y en otros menos, de delimitación, de
reducción o de laminación de las competencias de las comunidades
autónomas. En el proyecto de ley no se hace mención prácticamente en
ningún momento a las competencias compartidas que tiene Cataluña o que
tienen otras comunidades, como si no existieran. Si alguien lee el
proyecto de ley y no conoce cuál es la articulación del Estado español,
de su lectura no inferiría en qué tipo de Estado estamos, sino que
estaría convencido de que estamos en un Estado centralista.

Reconozco la necesidad —como usted ha dicho— de
que existan determinados principios básicos que ordenen el conjunto de la
pesca marítima. Estoy absolutamente de acuerdo. Este es el otro aspecto
conflictivo con el Gobierno central porque para éste son básicas cosas
concretas. Por ejemplo, en el proyecto de ley se regula pedir el carné de
pesca, para quien haga pesca recreativa, que cuesta 3 o 5 euros; y si no
lo tienes te pueden sancionar de 60 a 600 euros. Independientemente de
eso, si se llega a ese nivel de concreción, la pregunta es, ¿qué legislan
las comunidades autónomas? ¿Qué nos queda por legislar? En este tema como
en otros hay una necesidad de legislación básica, pero respetando a las
comunidades autónomas y dejando espacios de legislación a las comunidades
autónomas.

Desde ese punto de vista, hay cinco o seis cuestiones que
no se pueden olvidar: el registro —que ya se ha comentado—,
el decreto del año 2012 —que también se ha comentado, que regula
cuestiones de pesca-turismo en Cataluña y que entra en contradicción con
el proyecto de ley—, la construcción, la seguridad, y las
infracciones. Hay toda una serie de temas en los que se lamina la
competencia autonómica.

Finalmente, quiero decir que la base que el Gobierno
central emplea para rescatar competencias es la que utiliza en este
proyecto de ley: la ordenación económica básica general. Basándonos en
esto, cualquier atisbo de actividad económica se recupera por el Estado
central. Sobre el 149 he de decir que todos los españoles han de tener
los mismos servicios, en igualdad, eso es verdad, pero se recupera
absolutamente todo.

Por estas razones nosotros vamos a dar un voto positivo al
veto de Convergència i Unió. No obstante, quiero repetir las tres
palabras que utilicé en relación con el Estado de las Autonomías:
silencio, bloqueo y retroceso. Claramente existe un bloqueo; no ha habido
un desarrollo autonómico mínimo en el Estatuto de Cataluña. Y, en cambio,
existe un retroceso de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, porque una vez que se apruebe esta ley habrá menos competencias
en Cataluña.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gracias, señor presidente.

Parece ser que el resto del mundo estamos equivocados en
relación con las competencias y ustedes tienen la razón y la verdad
suprema, según lo que establecen y según la explicación que dan, esa de
que no se llegaban a explicar por qué se ha presentado el veto al
respecto. Algunos grupos políticos han refrendado lo que otros, en este
caso el Grupo de Convergència i Unió ha realizado. Los diferentes grupos
que me han precedido en el uso de la palabra han sido insistentes en lo
competencial. Esto es una evidencia. Hay unos elementos, hay unas
materias que son puntos de fricción y negar la mayor forma parte de la
política del Partido Popular. No obstante, utilizan única y
exclusivamente, y de forma continuada y sostenida en el tiempo, cualquier
proyecto de ley para laminar o para entrar en competencia con las
competencias exclusivas —valga la redundancia—, en este caso
las establecidas para Cataluña.

Quiero hacer dos puntualizaciones, si me permite. Usted ha
dicho que somos europeístas y supongo que, excepto aquellos
euroescépticos, el resto del arco político parlamentario del Parlamento
Europeo también es europeísta. Y usted también ha dicho que vamos juntos,
pero le tengo que decir que nosotros estábamos antes, en este caso Unió
Democrática de Cataluña, dentro del Partido Popular Europeo. Lo digo tan
solo como puntualización y no vayamos a entrar a

ver quién ha entrado antes y quién después. Tan solo quiero
decir, ya que lo ha comentado, que claro que somos europeístas y, además,
mi grupo, con más insistencia, si me permite. Unió Democràtica de
Catalunya y Convergència i Unió siempre han dicho más Europa y menos
Estados, porque creemos que este es un principio fundamental. La cuestión
nacional estatal tiene esta voluntad —porque se ve de forma
sostenida y continuada en el tiempo— de laminación de competencias
y de volver a un principio que a lo mejor está pasado en el tiempo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, el Grupo Socialista no ha presentado veto a este
proyecto de ley porque considera que un sector estratégico como este
necesitaba de una verdadera regulación normativa, una regulación que
impulsara el crecimiento y el empleo y, sobre todo, que estableciera un
marco jurídico necesario. Por ello, pretendemos destacar, en primer
lugar, la importancia que para el Grupo Socialista tiene la pesca como
sector económico y estratégico en España, y así entendemos la obligación
que tiene el Gobierno de presentar un marco normativo. Por tanto, y
después de darle muchas vueltas, les tengo que reconocer que no hemos
presentado un veto a esta rácana ley y hemos sido ingenuos con respecto a
ustedes, señorías.

El Partido Socialista ya presentó en la legislatura pasada
un proyecto de ley de pesca sostenible que intentó sin éxito sacar
adelante; un proyecto de ley que era mucho más ambicioso que el que hoy
se trae a esta Cámara; un proyecto que no pretendía reformar la Ley de
pesca marítima del Estado de 2001, sino que pretendía derogar esa ley con
un objetivo evidente: establecer un completo marco jurídico de la
actividad pesquera y de las actividades relacionadas y siempre desde un
punto de vista sostenible del medio marino. De ahí la presentación de 13
enmiendas —ya que, como se ha dicho, se ha retirado la número
17— que con posterioridad debatiremos, y con la aprobación de esas
enmiendas y de su texto sí hubiéramos conseguido una reglamentación
cierta porque su proyecto de ley podía haber sido mucho más de lo que
es.

Faltan medidas de protección al medio. Falta un
estructurado sistema de control e inspección de la actividad pesquera.
Echamos de menos un tratamiento integral de la acuicultura con absoluto
respeto a las comunidades autónomas costeras, como bien se ha señalado
antes. No encontramos la creación de programas de seguridad en los buques
o la creación de empresas mixtas o el impulso de la cooperación
internacional. Y se han olvidado completamente de las mujeres del sector.
¿Dónde han dejado la equiparación de derechos del desempleo o las
enfermedades profesionales? ¿Dónde han abordado las condiciones laborales
de esas mujeres de 30 a 55 años que combinan el trabajo en su casa con
las labores de rederas, empacadoras o neskatillas, que han demostrado
durante muchos años su capacidad profesional? Permítame que en este
momento felicite —lo decía antes el senador Cazalis— a las 36
mujeres vizcaínas que anteayer obtuvieron el certificado profesional del
mar, que han tenido que hacer ese curso, y también quiero dedicar un
especial recuerdo a los tres tripulantes desaparecidos ayer.

Por lo tanto, señorías, los socialistas consideramos que
este proyecto de ley es necesario, sí, absolutamente necesario, pero
visto lo visto, no es suficiente. Les ha faltado ambición y les ha
sobrado capricho y rodillo, como demostraron en la ponencia de hace unos
días. Ayer por la tarde hablábamos de deporte; pues les ha faltado
rematar a puerta. Con sus pretensiones han fallado en el último metro y
aquí, en el Senado, van a dejar pasar la oportunidad una vez más.

Por eso les decía antes que los socialistas valoramos
presentar un veto a esta ley y proponer nuestro propio articulado, pero
también entendíamos que con su texto y con las enmiendas que nosotros
formulábamos abríamos esa puerta a una evidente mejora de su texto y
creábamos, de verdad, un texto alternativo completo porque al final el
Grupo Socialista lo que pretende es una ley adecuada y conforme no
solamente con la propia actividad, sino también con la conservación del
medio, con la conservación de los recursos marinos y que también sea
coherente con el régimen de la acuicultura. Los socialistas, señorías,
defendemos ante todo una pesca sostenible que asegure la pervivencia del
sector y de nuestras comarcas pesqueras, que ofrezca oportunidades
ciertas para la práctica de esta estratégica actividad. Por ello
compartimos en buena medida la preocupación que plantean los dos vetos
presentados, pero hemos sopesado la necesidad de

tener una ley escasa y sin muchas pretensiones a seguir con
una ley que ya pretendimos sustituir en la pasada legislatura. De ahí la
presentación de nuestras enmiendas, aunque también, como veremos, una vez
más ustedes, como grupo parlamentario mayoritario y con un Gobierno del
cada día más errático señor Rajoy, van a perder una nueva oportunidad
para abordar de forma debida y decidida una regulación completa y global
del sector pesquero. Una oportunidad perdida más que se suma a su gestión
y que tanto está perjudicando a nuestra flota.

Por todo ello, y al no haber presentado un texto
alternativo y una propuesta devolutiva, y aun en parte, como les decía,
compartiendo el contenido de los vetos presentados, en este momento nos
abstendremos en la votación de los dos vetos que se han traído a esta
Cámara, aunque no les quepa duda de que censuramos este exiguo proyecto
de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador López Veiga.

El señor LÓPEZ VEIGA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, muchas gracias a los que no han
presentado veto porque entiendo que, cubriendo el expediente, esta ley
precisa un desarrollo y ese desarrollo tiene mucho recorrido. En ese
sentido puedo estar en buena medida de acuerdo con lo que ha dicho el
señor Cazalis en cuanto a que tenemos que elaborar esta ley y
desarrollarla adecuadamente.

Señor Rodríguez Esquerdo, en cuanto a la mujer, creo que sí
está contemplado. Si hay algún sitio en toda España donde la mujer haya
avanzado de manera notable y especial en su profesionalización en el
mundo del mar es en Galicia con una Ley de 1993, que fue recurrida por el
Gobierno socialista de quilla a perilla, aunque perdieron. Incluso le
puedo dar nombres de patronas mayores en numerosas cofradías. Creo que en
el resto de España no hay muchas, pero en Galicia sí. En Galicia ya están
profesionalizadas las mariscadoras, con su cotización, con su estatus
profesional y, por supuesto, las rederas —nosotros no las llamamos
neskatillas— ya existen en Galicia hace mucho tiempo. O sea, el
Partido Popular no es que no se haya quedado atrás, sino que ha ido muy
por delante del resto, señor Rodríguez Esquerdo. Pregunte usted a quien
quiera de entre los senadores gallegos que tiene en su propio grupo. Y
desde luego a mucha honra.

En cuanto a las competencias, senador Saura, no es cierto
que se invadan. No es cierto. Le voy a decir lo que puede usted hacer,
porque yo lo he hecho como conselleiro en Galicia. Usted gestiona
íntegramente en Cataluña los fondos estructurales. Usted puede decidir
qué buques se desguazan y qué buques no se desguazan. Usted puede decidir
si les cambia la base o no. Usted puede decidir a qué industria le dedica
los fondos estructurales y qué tipo de industria de transformación tiene
que hacer, y en eso el Estado no se va a meter porque tiene competencias
exclusivas. Usted puede decidir cuál es el fomento de la industria de
conserva. Pero le voy a decir más, señor Saura. Usted tiene competencia
exclusiva hoy día en aguas exteriores en acuicultura, que es muy
importante en Cataluña. Usted puede decidir qué tipo de embarcaciones
auxiliares de acuicultura financia y cuáles no, y el Estado no dice nada.
Usted puede decidir qué tipo de acuicultura permite en las aguas
exteriores que rodean Cataluña; lo puede hacer. Por eso, nosotros no
tenemos un tratamiento integral de la acuicultura, como quería el señor
Rodríguez Esquerdo, porque sabemos que se pueden hacer cosas generales de
fomento de la actividad. Pero eso ya existe; ya existe un Jacumar desde
hace muchísimo tiempo, ya existen organismos de coordinación.

Señor Plana, en estos momentos usted puede decidir, como es
en el caso de Galicia, si autoriza o no la pesca del cangrejo real, que
seguro que lo tendrá en las aguas de Cataluña, incluso a 200 millas,
porque nosotros gestionamos el banco de Galicia que está a ciento y pico
millas de la costa con competencia exclusiva, y con un conflicto en el
año 1990 con el Gobierno Central que se resolvió a favor de Galicia.

Señor Saura, usted puede decidir si autoriza o no a faenar
a sus embarcaciones los fines de semana, como hemos hecho en Galicia con
un recurso de un Gobierno socialista que pretendía tener a la gente
trabajando los sábados y los domingos, y lo ganamos en el Constitucional.
¿Cómo que no tiene usted competencias? Tiene muchísimas, pero hay que
saber cómo usarlas.

Y lo único que ustedes han argumentado ha sido acerca del
censo operativo y el registro. Es lógico que la comunicación a la Unión
Europea se haga a través de los Estados; no lo pueden

hacer ustedes desde una autonomía. Tiene que haber un censo
que, por una parte, registre las embarcaciones que faenan en aguas
exteriores y, por otra, las que faenan exclusivamente en aguas
interiores. Pero ya les digo que va a haber muy poco barco que se apunte,
y más en su caso, porque no fuimos capaces en Galicia y tenemos muchas
más aguas interiores que ustedes; y es que no existe eso.

Y en cuanto a legislar sobre el turismo pesquero, ¡claro
que es necesario tener una norma nacional!, porque esa figura tiene que
estar reconocida en una norma nacional, sin perjuicio de lo que ustedes
hayan decidido en Cataluña. Respecto a las condiciones bajo las que se
embarca la gente en las embarcaciones, ustedes no tienen competencias,
porque ese asunto está contemplado en la Ley de navegación marítima y
para eso necesitamos que exista primero esta figura reconocida.

Por tanto, creo, sinceramente, que no hay ninguna invasión
de competencias, en absoluto. Ustedes tienen todas las competencias que
quieran y, si no, señor Plana, me apuesto con usted lo que quiera a que
ya verá que no hay ninguna vulneración de las competencias, porque, de
otra forma, el señor Cazalis hubiera presentado el veto correspondiente.
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

El señor LÓPEZ VEIGA: Sin más y deseando a todo el mundo
felices fiestas, termino diciendo que están ustedes en el Partido Popular
Europeo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa).

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas
de veto de la Ley que modifica la Ley de pesca. Lo vamos a hacer igual
que en la votación anterior, es decir, los senadores socialistas de la
segunda fila entiendo que votan en el sentido del portavoz. Añadiré sus
votos a lo que resulte en la pantalla. Además, la senadora Carmen Torres
Sánchez ha hecho uso de la votación telemática y ha votado en contra de
los 2 vetos.

Votamos la propuesta de veto número 1 del senador Martínez
Oblanca.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241 más 1 telemático, 242; votos emitidos, 241 más 1 voto
telemático, 242; a favor, 1; en contra, 149 más 1 telemático, 150;
abstenciones, 91.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada la
propuesta de veto número 1.

Votamos ahora la propuesta de veto número 2 del Grupo
Parlamentario Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241 más 1 telemático, 242; votos emitidos, 241 más 1 voto
telemático, 242; a favor, 26; en contra, 149 más 1 telemático, 150;
abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto
número 2.

Terminado el debate de las propuestas de veto y rechazadas
estas, pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, los senadores Iglesias y Mariscal, del
Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las enmiendas 1 a 9.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Con mucha brevedad intervengo desde el escaño para señalar
que las 9 enmiendas que los senadores de Izquierda Unida hemos presentado
versan sobre cuatro cuestiones que nos parecen fundamentales y que de no
ser incorporadas conllevarían nuestro rechazo a este proyecto de ley.

En primer lugar, la apuesta por el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, en este caso de los recursos
pesqueros que creemos no se garantiza con este texto. En segundo

lugar, la permanencia y el fortalecimiento de la actividad
pesquera tradicional. Creemos que también se pone en riesgo y nos parece
que esta ley debería hacerse eco de la necesidad de tener que fortalecer
la actividad pesquera tradicional en nuestro país. En tercer lugar, los
planes de gestión participativa. Ya se ha hecho mención en el debate de
los vetos sobre este asunto y sobre la necesidad de que los protagonistas
de la pesca tengan capacidad de decidir y de intervenir en las decisiones
que se adoptan en torno a los recursos pesqueros y su sostenibilidad. Y
finalmente, el respeto al ámbito competencial de las comunidades
autónomas que de nuevo en esta ley, como en tantas otras, se invaden de
forma clara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mariscal.

El senador Martínez Oblanca ha presentado las enmiendas 27
a 36. Para su defensa tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Como señalé en la defensa del veto a este proyecto de ley,
nuestras enmiendas parciales giran en torno al significativo y abrumador
bloque de reformas que se introducirá a partir de la aprobación por las
Cortes de este proyecto de ley y que hacen referencia al nuevo régimen
sancionador de infracciones y multas. Ya anticipamos que el celo
inspector se va a intensificar, aunque no será garantía en modo alguno de
mejores maneras y métodos para el ejercicio de la pesca marítima.

A la vista del articulado de esta reforma legislativa cabe
augurar un importante aumento de procedimientos sancionadores con
secuelas económicas que se añadirán a las ya muy grandes cargas y
dificultades que atraviesan las empresas del sector pesquero español. En
este sentido cabe señalar que se aumenta el tiempo de prescripción de las
sanciones leves, ampliándolo de seis meses a un año. Se extiende asimismo
el plazo de caducidad del procedimiento sancionador. A partir de la
entrada en vigor de esta ley, el periodo máximo para tramitar, resolver y
notificar la resolución sancionadora será de seis meses para las
infracciones leves y de 9 meses para las infracciones graves y muy
graves.

Aparecen nuevas infracciones leves, entre otras, la mala
utilización del diario electrónico de a bordo, el ejercicio de la pesca
de recreo sin portar licencia o autorización, disponiendo de los permisos
en vigor; también el ejercicio de la pesca de recreo con caña desde
tierra sin disponer de la correspondiente licencia.

Diré respecto a las infracciones graves que se regulan,
además de las ya existentes, veinticuatro nuevas infracciones, entre las
que destaca el ejercicio de actividades de pesca sin estar incluido en el
censo específico correspondiente, así como cualquier incumplimiento de la
normativa en materia de señalización, organización de concursos de pesca
de recreo sin contar con la autorización preceptiva, o el incumplimiento
de las condiciones de esta autorización.

En las infracciones muy graves, se incorporan nueve
actuaciones ilícitas para las que se establecen castigos muy duros. Entre
ellas, destaca la presentación de documentos, datos, circunstancias o
información falsos para la obtención de autorizaciones, permisos o
licencias de cualquier clase; también la violación de las obligaciones
establecidas en virtud de los tratados internacionales o regionales en
materia de pesca marítima cuando su incumplimiento suponga o pueda
suponer un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado.
Asimismo se piensa castigar con dureza mediante esta ley la participación
en la explotación, gestión y propiedad de buques a países terceros
identificados por las organizaciones internacionales por haber incurrido
en actividades contrarias a las medidas de conservación y gestión de los
recursos pesqueros. Con la aprobación de esta ley se aumenta también la
escala máxima de las sanciones por la comisión de infracciones muy
graves, previendo una horquilla de sanción pecuniaria entre 300 000 y 600
000 euros.

Finalmente, se crean hasta siete nuevas clases de
sanciones, tales como la amonestación pública, el decomiso de capturas
pesqueras o productos de pesca, reducción o anulación de derechos o
posibilidades, la inmovilización temporal del buque y la suspensión del
estatuto de operador económico autorizado.

Para nosotros, como subrayé antes, este proyecto de ley
nace como otro grave obstáculo para la subsistencia del sector mediante
un texto en el que se reconvierte la legislación vigente en un

instrumento recaudatorio, con sanciones que en algunos
casos duplican las que actualmente se venían imponiendo. Una normativa
particularmente sancionadora va a intensificar, a nuestro juicio, la
debilidad del sector pesquero nacional, que ya de por sí es creciente
como consecuencia del notabilísimo incremento de los costes, la reducción
de capturas impuesta por los organismos supranacionales y la importación
del pescado de otros países.

Llama la atención que ni el Gobierno ni el Grupo Popular
que lo sostiene parlamentariamente con mayoría absoluta tanto en el
Congreso como aquí, en el Senado, hayan atendido las alarmas procedentes
de algunos sectores, singularmente, las de la Federación de Cofradías de
Pescadores, que no se ha cortado a la hora de calificar el régimen
sancionador que se promueve con esta ley. Nosotros sí creemos haber
atendido a la gran preocupación que nos llegó singularmente de los
pescadores asturianos.

En todo caso, señor presidente, doy por reproducida la
justificación de nuestras diez enmiendas parciales en los términos que
figuran en el Boletín Oficial del Senado y que están numeradas desde el
número 27 al número 36, ambos inclusive.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 10
a 12.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Muchas gracias, señor
presidente.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado tres enmiendas,
en principio las tres van en la misma línea. Antes hemos estado hablando
de competencias, en principio porque la Comunidad Autónoma Vasca tiene
competencias exclusivas en turismo y también en ejecución pesquera, por
lo que entendíamos que había que tener en cuenta a las comunidades
autónomas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la actividad de
pesca-turismo y también incluso en la llevanza y modificaciones del
Registro general de la flota pesquera.

Entendemos que las comunidades autónomas deberían de ser
quienes establecieran las condiciones de complementariedad y
compatibilidad de la actividad pesquera extractiva y de pesca-turismo y
las condiciones del embarque del pasaje. Por eso hemos presentado estas
tres enmiendas, aunque, por lo que vemos, el Grupo Parlamentario Popular
no las va a aceptar, si bien hubieran mejorado sustancialmente el
texto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

El Grupo Parlamentario Entesa ha presentado dos bloques de
enmiendas: el primero, enmiendas 47 a 49 y enmiendas 51 a 60, y el
segundo, enmiendas 61 a 69.

Para la defensa del primer bloque, tiene la palabra el
senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Muchas gracias, señor presidente. Haré
una única y breve intervención, así que ya realizo nuestro turno de
portavoces.

En primer lugar queremos sumarnos a la condolencia por los
pescadores gallegos y por su triste desaparición.

Paso a defender nuestro voto particular y las enmiendas en
una intervención, como decía, forzosamente breve.

A nosotros nos parece que en este debate —y creo que
se ha dicho ya— se ha puesto de manifiesto gran parte de lo que es
sustancial en este proyecto de ley. Aunque, como bien entenderá el señor
López Veiga, mi enfoque lo hago desde una aproximación lejana
—normalmente suelo hablar de agricultura y de montañas—,
coincido en una cuestión con usted que me parece muy importante, aunque
lo haya dicho de otra manera: que sin peces no hay pesca. Creo que este
es el gran reto que tenemos en este momento: plantear la sostenibilidad y
la durabilidad de la actividad de la pesca.

Ya se ha hecho mención al Tratado de Lisboa, que me parece
fundamental para abordar el debate legislativo, pero yo quisiera
referirme también al Libro Verde de la Unión Europea, que dio pie a los
planteamientos que estamos haciendo en este momento desde el punto de
vista legislativo, en el cual se nos advertía de que el 30 % de los
stocks de los caladeros estaban en

aquel momento por debajo del límite biológico. No hemos
mejorado mucho, y usted lo ha reconocido, y creo que este problema
debemos abordarlo y que esta ley no puede quedar al margen de eso, o al
menos no lo hace en todo caso suficientemente desde nuestra perspectiva.
Por tanto, debemos tener en cuenta esos 93,7 millones de toneladas que se
pescaron en el 2011, que evidentemente es una cantidad muy importante
porque el crecimiento de la pesca en este momento ha aumentado un 3,2 %
mientras que la población mundial lo ha hecho un 1,6 %. Por tanto, vemos
que la explotación es mayor que, como también se ha explicado, depende
mucho de la mayor capacidad de pesca que tienen nuestros buques—
que el porcentaje de crecimiento de la población.

La FAO habla de que debemos fomentar con nuestras
normativas el crecimiento azul, es decir, hace un resumen con un enfoque
coherente para una ordenación sostenible, integrada y sensible con los
aspectos socioeconómicos que tienen que ver con los océanos y humedales y
nos pide prestar especial atención a la pesca de captura, a la
acuicultura, a los servicios ecosistémicos del comercio y, sobre todo
—y creo que esta es una de las cuestiones que esta ley no acaba de
concretar ni de precisar—, a la protección social de las
comunidades costeras.

Tengo que decir también que esta ley adolece de un título
para la actividad de la acuicultura, que, fíjense, representa ya
prácticamente en toneladas lo mismo que se pesca, es decir, que tiene un
peso importantísimo desde el punto de vista de la actividad comercial que
representa y también en términos de alimentación respecto de su
producción. Por tanto, a nosotros nos parece que este es otro déficit
importante que acumula esta ley.

Insisto en que nos parece que esta protección social de las
comunidades costeras no está bien resuelta en la ley, que hemos recogido
en 22 enmiendas, que de alguna manera intentan mejorar este texto, que,
repito, siendo necesario, tiene una insuficiencia palmaria respecto a lo
que debería haber recogido para garantizar, por una parte, este ámbito
tan importante de la sostenibilidad, que nos parece absolutamente
esencial, y, por otra, los marcos administrativos.

El senador Saura ha hecho ya una defensa en su intervención
en el veto de lo que nosotros consideramos que es también alguna
vulneración de las competencias que deben tener las comunidades
autónomas.

Doy por defendidas nuestras enmiendas. Insisto una vez más
en que nos parece que la tramitación de un proyecto de ley que es
francamente estratégico adolece de una falta de diálogo suficiente con
los grupos parlamentarios, pero también con las comunidades autónomas.
Por eso nuestro voto va a ser contrario al proyecto de ley.

Con estas palabras acabo, señor presidente, deseándoles a
todos ustedes también una feliz Navidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado las enmiendas 37 a 46.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gracias, presidente.

Creo que nuestra posición ha sido bien clara y se ha
manifestado así durante el debate del veto. Hemos tenido nuestros más y
nuestros menos —que se van a mantener en el propio proyecto de
ley— y ahora en la justificación de las enmiendas al articulado,
que van en la misma línea de lo que he expuesto anteriormente.

En primer lugar lo que pretendemos es la supresión de las
definiciones de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo pesquero o
marinero, porque consideramos que definir y regular los diferentes tipos
de turismo es competencia de las comunidades autónomas —un punto de
fricción más en lo que le he comentado anteriormente—. Por lo
tanto, la competencia de la Administración Central se debe ceñir a
eliminar las trabas normativas que impidan una diversificación de la
actividad pesquera, pero en ningún caso a regular o definir. Somos
suficientemente inteligentes en las comunidades autónomas —las
diferentes administraciones— para regularlo y definirlo, aunque
ustedes digan todo lo contrario y nieguen la mayor de que no hay una
invasión competencial.

También pedimos una modificación del artículo 2, respecto
al censo de la flota pesquera operativa, y la supresión del apartado
Artículo único.Once del referido texto.

Señor presidente, lo que pedimos al fin y al cabo es que se
establezcan de una forma determinada las condiciones de pesca-turismo por
lo que respecta a las comunidades autónomas en virtud de lo que hemos
dicho anteriormente, relativo al turismo, a la pesca y a las competencias
que tenemos las comunidades autónomas, y sobre todo que se utilice el
paraguas protector del artículo 149.1.19ª de la Constitución. Quiero
decir que no nos parece de recibo que se vacíen a las comunidades
autónomas de las competencias que teníamos atribuidas. De ahí las
enmiendas que hemos presentado.

Por último, deseo a todos los presentes y a aquellos que
nos están escuchando desde sus despachos unas felices fiestas y un
próspero año nuevo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas 13 a 16 y 18 a 26.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Rodríguez
Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, hoy, una vez más, y se lo decía antes, van a
dejar pasar la oportunidad de abordar de verdad, de forma decidida, una
nueva regulación global del sector pesquero —de Galicia, señoría,
ya le hablará el señor Fidalgo, no se preocupe—. Hoy regulamos una
ley de pesca del Estado, y el Grupo Socialista apostaba por esta ley de
pesca. Creo que todos los grupos de la Cámara apostábamos por esta ley
—y ya creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de
reformar, de cambiar, de modificar la Ley de 2001—, pero ustedes,
como siempre, han cerrado la puerta a la oposición, y lo que es peor, nos
presentan un proyecto de ley insuficiente y escasamente ambicioso, por no
decir nada ambicioso.

El Grupo Socialista —y se lo intentaba decir
antes— entiende que la pesca es un sector estratégico para nuestro
país. Por eso, consideramos que es necesario un nuevo, completo y
sistemático marco jurídico normativo de la actividad pesquera y del
propio sector económico y productivo de la pesca y de todo lo relacionado
con el mundo marino. Y como esto lo echamos en falta, hemos presentado 13
enmiendas a este proyecto de ley —5 de modificación y 8 de
adición—, que mantenemos en este Pleno y damos por defendidas,
señor presidente.

En primer lugar, presentamos un grupo de enmiendas
dirigidas a la regulación del marco de las infracciones y de las
sanciones. Nosotros pretendemos proteger los recursos naturales con
medidas concretas y con una nueva zona de protección pesquera,
preservando, señorías, la riqueza natural y los propios ecosistemas.

Otro grupo de enmiendas va orientado a garantizar un censo
de flota real y, en coherencia con la insuficiente Ley de transparencia
aprobada por ustedes, y a una cierta posibilidad de acceder a la
información por los medios electrónicos.

Otro grupo de enmiendas se enfoca a crear una reserva
natural —algún senador anterior ya lo ha señalado— para tener
mayores posibilidades de pesca. Permite contar con un instrumento, por
medio de esta extensa enmienda que presentamos, que mejore el control de
la actividad pesquera, que favorezca la gestión empresarial y que tenga
un tratamiento más completo y estructurado del sistema de control e
inspección de la actividad pesquera.

También pretendemos que se favorezcan las medidas de
colaboración y de colaboración pesquera internacional para ayudar a
nuestras empresas y al prestigio y desarrollo del sector pesquero
español.

Nosotros pensábamos, señorías, y se lo digo de verdad, que
este asunto que nosotros consideramos fundamental ustedes lo iban a
aceptar en la ponencia y en la comisión, se lo digo sinceramente, pero,
como siempre, ha vuelto a ser el no por el no.

En referencia a los servicios de inspección pesquera,
consideramos vital dotarles de una cobertura legal suficiente para
conseguir que las actas que se levanten tengan un valor probatorio y, a
la par, que los propios inspectores adscritos sean agentes de la
autoridad. Pues, al parecer, algo que nosotros consideramos necesario y
ellos también ustedes tampoco lo ven.

Pretendemos que se tenga en cuenta a las comunidades
autónomas del litoral, que se genere actividad económica y empleo y que
se implemente a este sector la responsabilidad social y empresarial. Otro
grupo de enmiendas que tampoco ven.

Tratamos en otro apartado de enmiendas de fomentar la
diversidad genética marina de acuerdo con los propios criterios de la
FAO. Dirigimos una enmienda a que lo recaudado por las sanciones
impuestas se dedique íntegra y directamente a la gestión y mantenimiento
de las reservas marinas.

Y, por último, consideramos que una ley de pesca sostenible
—que es como se debiera denominar esta ley— no puede
desconocer la importancia que está adquiriendo la acuicultura como
actividad económica complementaria de la pesca marítima, actualizando,
por tanto, la normativa reguladora de este fenómeno de la acuicultura,
dando coherencia a la regulación de este sector, incluyéndole un régimen
de sanciones e infracciones.

Finalmente, señorías, consideramos imprescindible regular
los recursos genéticos del mundo marino.

Estas son nuestras enmiendas y es una lástima que, por lo
visto, no las acepten, porque esta ley es necesaria —se lo decía
antes—, pero va a ser insuficiente. Ustedes traen a esta Cámara el
último proyecto de ley del exministro Cañete y creo que debieran hacer un
esfuerzo por conseguir una ley más ambiciosa. Si ya el ministro era
decadente y se fue a Europa, ustedes hagan más moderna esta ley. Pero nos
da que otra vez ustedes van a decir que no a las enmiendas que presenta
toda la oposición, a pesar de que las nuestras y las del resto de los
grupos hayan pretendido mejorar sustancialmente el régimen actual de
pesca. Y se va a dar la circunstancia y la paradoja que, estando todos de
acuerdo en que el sector necesita una adecuada regulación, ustedes se
vuelvan a quedar solos, o prácticamente solos, sin dar una respuesta
cierta a este mundo, con un marco legislativo insuficiente y escasamente
ambicioso, incluso, en algunos aspectos, con un marco legislativo que no
se alinea con las nuevas políticas pesqueras europeas.

En definitiva, señorías, estas son nuestras 13 enmiendas a
una ley en la que —no sé si porque ustedes no han podido, o no han
querido— no han realizado un esfuerzo para asumirlas y conseguir
que entre todos tengamos una ley de verdad y no una que nazca ya desde
hoy anticuada e impropia. Una ley de un Gobierno que, con su caprichosa
gestión, va a castigar a la flota artesanal, al marisqueo, a la
acuicultura, al sector comercializador y al sector transformador. Una ley
de un Gobierno que lo primero que tendría que haber hecho era mirar por
el sector y por los trabajadores de la mar, dotándoles de tranquilidad,
que es lo que piden.

Señorías, nosotros no estamos de acuerdo con su regulación
de la ley de pesca. Ahí tienen las 13 enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, apóyenlas y conseguirán ciertamente un buen texto legal, si
no, esta ley seguirá siendo un pegote para el sector que —no les
quepa duda— tendrá que arreglar un próximo Gobierno del Partido
Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Pasamos al turno en contra de las enmiendas.

Senadora Larriba, tiene la palabra.

La señora LARRIBA LEIRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, tomo la palabra para dar a conocer la posición
del Grupo Parlamentario Popular en contra de las 69 enmiendas presentadas
a este proyecto de ley que se ha defendido a lo largo de esta mañana. De
ellas, 7 se presentan por primera vez en el Senado, por parte del Grupo
Parlamentario Mixto, y el resto de enmiendas fueron ya debatidas en el
Congreso de los Diputados. En todo caso, me referiré a ellas en términos
generales, agrupándolas por razón de su contenido y tratando al
analizarlas de no repetir los muy exhaustivos argumentos que ya se han
expuesto en el debate de la totalidad.

Sobre el reparto de las posibilidades de pesca ustedes
dicen que este proyecto de ley no contribuye a un reparto equitativo de
los derechos y cuotas transferibles entre los buques y que tampoco evita
la acumulación de los derechos de explotación. No estamos de acuerdo en
absoluto con este planteamiento. Muy al contrario, ya existe un tope
legal del 30 % de derechos en un mismo caladero, en un mismo barco, en
una misma empresa o en una misma asociación o grupo de empresas. La
experiencia acumulada durante todos estos años —que es mucha y muy
notable— ha redundado en una mejora continua de las condiciones de
aplicación de los repartos de derechos y no parece razonable promover un
intervencionismo del Estado en la gestión pesquera y que los derechos de
pesca se apliquen a merced del criterio del Gobierno en cada

momento. Por tanto, no lo compartimos en absoluto. Creemos
que los repartos de cuotas no son arbitrarios y que, en todo caso,
tampoco es materia del proyecto de ley que nos ocupa. Entendemos que su
planteamiento no puede estar más lejos de la realidad. Da la impresión de
que ustedes ignoran la existencia de los grupos de trabajo de los
distintos caladeros de pesca españoles, integrados por las comunidades
autónomas y la Secretaría General de Pesca, en cuyo seno se negocian y se
adoptan las decisiones sobre los repartos de cuotas.

Señor Martínez Oblanca, permítame que ponga un ejemplo
sobre Asturias, ya que ha sido usted el que se ha referido a esta
cuestión. Si el reparto de cuotas de caballa de este año, por ejemplo, se
hubiera aplicado de forma objetiva, teniendo en cuenta los históricos de
capturas, los asturianos habrían obtenido solo el 1,3 % de la cuota. Lo
cierto es, y usted lo sabe, que, tras la negociación en los grupos de
trabajo asturianos, obtuvieron el 3 %. Esta es la discriminación positiva
—yo diría que muy positiva— a la que están sometidos.

En materia de conservación de los recursos pesqueros
plantean que desaparezca el control sobre los aparejos de pesca,
olvidando que el tamaño de las artes, el uso de redes, anzuelos y su
clasificación son determinantes en el esfuerzo pesquero, por lo que es
oportuno y pertinente regularlos.

Tampoco consentimos el secuestro del discurso de
sostenibilidad que hacen algunos grupos de la izquierda, porque para mi
grupo parlamentario la sostenibilidad no es un concepto meramente
medioambiental sino también socioeconómico: es solidaridad con las
comunidades dependientes de la pesca, es racionalidad, es sentido común y
no utopías que acaban en un cajón porque concitan el rechazo social de
todo —e insisto en esto— el sector pesquero como aconteció
con la Ley de pesca sostenible del Partido Socialista de 2011.

En relación con las reservas marinas, se han incorporado en
el Congreso dos de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, que
vienen a reforzar su protección, incluyendo no solo la regeneración de
los recursos pesqueros sino también la preservación de su riqueza natural
y la conservación de especies marinas o la recuperación de
ecosistemas.

Pretenden en cuanto al censo de la flota pesquera operativa
que se excluyan de él a los barcos que se dedican a faenas auxiliares de
la pesca. Esto no es posible, señorías, porque esta es una exigencia de
la normativa comunitaria vigente y, además, de la actual normativa
reguladora del censo.

Otra cuestión a destacar en este proyecto de ley es la
creación de un nuevo registro general de la flota pesquera que elimina la
dicotomía entre el actual registro de buques pesqueros y el registro de
buques y empresas navieras gestionado por el Ministerio de Fomento,
herramienta esta con la que se asegura el adecuado control de la
capacidad y del esfuerzo de nuestra flota y, a la vez, se cumple con las
obligaciones comunitarias sobre el suministro de datos de la titularidad
y de la totalidad de los buques españoles. Sobre esta cuestión, el
senador López Veiga ha dado una magnífica explicación y ha dejado claro
que, en materia de ordenación del sector pesquero, la legislación básica
es una función que corresponde al Estado y que a las comunidades
autónomas compete su desarrollo y ejecución.

Por ello, con el nuevo registro de buques, la
Administración General del Estado solo está unificando, a efectos de su
envío al registro comunitario de buques, los datos del censo de la flota
pesquera operativa y los datos de los registros de las comunidades
autónomas de las embarcaciones que operan exclusivamente en aguas
interiores. Con este nuevo registro —que lo que pretende es
garantizar la uniformidad de los datos— en nada se están
invalidando los registros de las comunidades autónomas.

Otro tanto sucede con los programas de modernización de la
flota. Se rechazan las enmiendas presentadas en este sentido porque, en
materia de construcción de buques pesqueros, la competencia es
estatal.

En relación con las medidas de diversificación pesquera y
acuícola, como bien explicó el senador López Veiga, la Unión Europea, a
través de la política pesquera comunitaria y, concretamente, del
Reglamento del FEMP, exige a los Estados miembros una legislación básica
con normas de obligado cumplimiento para todos. Por ello, señores de
Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Vasco, es necesario
introducir definiciones de pesca-turismo porque son la base de una área
de negocio nueva en el ámbito jurídico nacional. Hay que generar la
figura y, con ello, las condiciones de complementariedad y compatibilidad
de la actividad de pesca extractiva y

de la pesca-turismo, así como las condiciones del embarque
del pasaje, que deberán ser establecidas por la Dirección General de la
Marina Mercante.

Señorías, no se hipersensibilicen, no hay afanes
centralistas ni se entra en contradicción con las comunidades autónomas,
lo que hay es un escrupuloso reparto competencial establecido en la
Constitución española y desarrollado jurisprudencialmente por el Tribunal
Constitucional. Les recuerdo que las definiciones y bases comunes del
desarrollo de esta actividad han sido previamente consensuadas con todas
las comunidades autónomas.

Esta ley contribuye a aglutinar y unificar criterios en
torno a lo que podríamos llamar un acuerdo de mínimos, que facilitará el
posterior desarrollo de estas actividades en todas las comunidades
autónomas, tanto las que cuentan con normativa específica como las que
aún no han regulado en esta materia.

Todos estamos de acuerdo en que la diversificación
económica que representa el turismo pesquero, marinero y acuícola supone
para el sector una oportunidad de crecimiento a la vez que —y esto
no es una cuestión menor— una importante promoción de la cultura
pesquera, de su patrimonio material e inmaterial. Muy al contrario de lo
que ustedes plantean, lo que se quiere evitar es confundir a turistas y
usuarios al aclarar, en términos generales, en qué consisten estas
actividades de diversificación, independientemente del punto geográfico
en el que estas se realicen.

Lo que no podrán negarnos es que se ha cumplido el
compromiso del Gobierno manifestado en esta Cámara a instancias del Grupo
Parlamentario Vasco al comienzo de esta legislatura de que la actividad
de pesca-turismo, considerada como una actividad pesquera más, tenga
cobertura legal. Así que esperamos su respaldo al proyecto de ley.

Hacen mención a la acuicultura, que entendemos que no es
objeto de esta Ley de pesca marítima y que, además, ya está regulada en
la Ley 23/1984, de 25 de junio, de cultivos marinos.

En relación con el régimen sancionador que, a juicio de
algunos senadores —y cito literalmente— pone al sector
pesquero bajo sospecha al añadir nuevas infracciones y elevar las
sanciones y compromete la subsistencia del sector mediante un instrumento
recaudatorio, el régimen de infracciones traslada al ordenamiento español
las disposiciones establecidas por dos importantes reglamentos
comunitarios: el Reglamento de lucha contra la pesca ilegal no declarada
y no reglamentada y el Reglamento de control 1024/2009, que ha sido
ampliamente citado en el debate de hoy.

La graduación de las sanciones se eleva para conseguir que
la legislación española cumpla adecuadamente con los tramos genéricos
para sanciones administrativas en materia de pesca establecidos por la
normativa comunitaria citada. Le recuerdo que son de obligado
cumplimiento para todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Ustedes proponen, por ejemplo, rebajar las sanciones y
facilitar el acceso a subvenciones o ayudas a los infractores, y esto,
sin duda, no podemos aceptarlo, porque no solo no nos parece
proporcionado y adecuado que los contribuyentes favorezcan con sus
impuestos a aquellos que están poniendo en riesgo la conservación de los
recursos pesqueros y, por tanto, la sostenibilidad del sector, sino que
son principios recogidos en los reglamentos comunitarios y también en la
vigente Ley de pesca marítima del Estado. Recomiendan, por otro lado,
resarcir a los pescadores y mariscadores por los daños económicos
causados en caso de que las medidas provisionales sean levantadas y no se
lleguen a considerar infracción. Pues bien, a este respecto les recuerdo
que la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común y el Reglamento de los procedimientos
de las administraciones públicas establecen el derecho de los
particulares a ser indemnizados como consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos, por lo que no es necesario introducir en este
proyecto de ley ningún régimen de este tipo.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Larriba.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió?
(Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestra intervención de cierre del debate de esta
ley quiere, en primer lugar, recordar lo caro que lo paga el sector. Ayer
tuvo lugar un grave suceso en Boiro: la desaparición del barco Paquito
II. José Germán Fernández, Santiago Blanco y Antonio Hermo y sus familias
no van a tener Navidad. De alguna forma queremos reivindicar que cuando
muere un marinero nos gustaría que tuviera la atención social que tienen
otras muertes, como las que ha habido recientemente; en lo que va de
otoño llevamos ya 6, y en la primavera fueron más de 20 y a las puertas
del invierno, desde luego, las desgracias en el mar se siguen
repitiendo.

Respecto a esta ley, la primera crítica que tenemos que
hacer es por sus escasos contenidos: apenas se remite a regular la
aplicación en España de determinada normativa europea, sin más
contenidos. A mí, que soy de letras, me recuerda aquella definición
matemática de conjunto vacío que parecía una contradicción en sí misma.
Es una ley sin apenas contenido y que, desde luego, no valora en su justa
medida la importancia de este sector. Un sector que solo en el ámbito
extractivo genera 55 000 empleos y que es la vida en muchas comarcas que
se dedican prácticamente al monocultivo en lo que se refiere a este
sector económico porque viven solo de la pesca artesanal, de la
acuicultura, del marisqueo o de la industria conservera, y esa es toda la
actividad y todo el empleo que hay en esas comarcas.

Por lo tanto, este sector, que ya ha sufrido el desgaste y
los golpes de la gestión del Gobierno durante estos tres años, al ver
recortadas las dotaciones presupuestarias, no participando
suficientemente en los fondos europeos o en la actividad, con las
pérdidas de licencias o los caprichos en el reparto de cuotas, se
enfrenta a una ley que podría ser una oportunidad para promover el
sector, sin apenas contenidos nuevos para crear un cuerpo legal positivo
en favor del mismo. Nos parece que la primera medida que deberíamos tomar
para afrontar esta ley sería considerarla como una oportunidad para
adoptar decisiones en favor del sector con el fin de crear y potenciar
programas ante la nueva política pesquera común para que, en lugar de los
inconvenientes y las amenazas que trae consigo la nueva política pesquera
común, fuera una oportunidad para que este sector continuara siendo líder
en el mundo y, en consecuencia, aprovechar el nuevo Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca para fomentar nuevas medidas de apoyo a las comarcas,
al sector, en lugar de la actitud a veces partidista, como recientemente
ha sucedido, en el reparto de fondos discriminando a comunidades en las
que no gobierne el Partido Popular. Por tanto, creemos que también aquí
cabría tomar medidas para optimizar la gestión, crear criterios sobre el
reparto de fondos, etcétera.

Lo mismo sucede con las medidas que nosotros proponemos
para mejorar la gestión de los recursos pesqueros, como es la creación de
esa reserva de posibilidades de pesca, que introduciría criterios claros
y transparentes sobre cómo se reparten las oportunidades de pesca. Lo
mismo se puede decir de la mejora de las condiciones de trabajo,
afrontando las medidas de seguridad por las razones que he citado antes,
dadas las graves consecuencias y los repetidos accidentes que están
sufriendo los trabajadores del mar en el sector con graves consecuencias.
También cabría hablar de otra serie de medidas para regular las empresas
mixtas, fomentar la cooperación internacional y proteger de forma
integral los recursos pesqueros, así como prepararnos para afrontar los
efectos del cambio climático.

En resumen, me parece que a esta ley le falta contenido
para proteger a los pescadores. Y si me permiten, por el tiempo en que
estamos, remitiéndome a una parábola evangélica, les diría que si el
Partido Popular gobernara con estas políticas en Galilea, Jesús no
hubiera encontrado pescadores que le siguieran y pudieran hacerse
apóstoles. (Aplausos). Por lo tanto, a pesar de ello, permítanme que, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, les desee a todos Bo Nadal y
Bo Ano 2015, para todos los senadores, para todos los trabajadores de
esta Casa, para todos los españoles y de una forma especial para la gente
del mar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Larriba.

La señora LARRIBA LEIRA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señores socialistas, parece que ustedes no quieren que en
este país haya una ley de pesca. Ustedes no fueron capaces de impulsar ni
de respaldar la que está ahora en vigor, no fueron

capaces de aprobar, en el año 2011, la que ustedes
plantearon pero que no logró pasar de la tramitación en esta Cámara
porque ustedes eran muy conscientes de que era rechazada por todo el
sector, y ahora tampoco les gusta esta.

Para concluir y porque yo creo que el debate ha sido
bastante exhaustivo, yo les voy a señalar 4 o 5 contenidos fundamentales
de esta ley y les llamo, aunque sea en el último minuto, a que consideren
su posición y la respalden. Señorías, estamos convencidos de que la
modificación que introduce este proyecto de ley va a tener efectos
positivos para la pesca española, que revitalizará su desarrollo
socioeconómico, revitalizará el emprendimiento y la creación de empleo en
las zonas costeras, en las cuales, y usted lo sabe bien como gallego, la
pesca tiene un gran impacto.

Y quiero empezar por resaltar esta cuestión porque soy
mujer y porque conozco bien a las mujeres que se dedican a estas tareas:
hay un aspecto del proyecto que conviene resaltar, y es que recoge el
principio esencial de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres
y mujeres en línea con el Plan estratégico de igualdad de oportunidades
2014-2016 de este Gobierno. Desde luego, su inclusión en este proyecto de
ley demuestra el compromiso del Gobierno con las trabajadoras del mar y,
sin duda, es un punto de partida para el desarrollo posterior que, como
bien ha recordado mi compañero el senador López Veiga, ya tiene en
Galicia un amplio recorrido. Pero es que en esta ley tienen gran
trascendencia los cambios que se introducen en materia de control
pesquero, especialmente en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y
no reglamentada porque establece un marco jurídico que será referencia
internacional. Se fortalece el control de las importaciones de productos
de la pesca ilegal provenientes de terceros países. Como ya tuve
oportunidad de señalar en comisión, España en los años 2012 y 2013
efectuó más del 50 % del total europeo de denegaciones de partidas de
productos pesqueros capturados ilegalmente. Y para que lo conozcan sus
señorías, voy a comentar que las cifras de esta pesca ilegal que maneja
la FAO son alarmantes, entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado
anuales que alcanzarían un valor de entre 10 000 y 23 000 millones de
dólares. Gracias a estas medidas de control, hemos recuperado nuestra
posición de liderazgo en las negociaciones de pesca tanto a nivel
comunitario como internacional, lo que se refleja en los logros obtenidos
en el marco de la política pesquera comunitaria, en los acuerdos de pesca
o en los significativos aumentos de cuotas, sin ir más lejos.

En relación con los procedimientos sancionadores, se
modifica el régimen de destino de las capturas y productos pesqueros
decomisados. No hemos hablado de ello, y por eso no quisiera que quedara
en el tintero. Se introduce la posibilidad de donar estas capturas a
entidades benéficas para evitar su introducción en el mercado y favorecer
la labor social que realizan estas entidades.

Señorías, termino diciendo que lo que pretende el proyecto
de ley es favorecer sin duda la situación socioeconómica del sector
pesquero español, que fomenta la diversificación pesquera y acuícola como
complemento a la actividad principal.

Por todas estas razones, nuestro grupo apoya decididamente
este proyecto de ley.

Señorías, quero concluír desexándolles Feliz Nadal a todos
e Feliz Ano Novo. Feliz Navidad.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Larriba.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a dar comienzo a la votación de las
enmiendas, utilizando los mismos procedimientos de antes. En este caso no
hay votación telemática y hay diez escaños cuyos dispositivos de votación
no funcionan.

Comenzamos con las enmiendas de los senadores Iglesias y
Mariscal. Votamos, en primer lugar, las enmiendas 1 y 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 67; en contra, 152;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 3 y 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 67; en contra, 164;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 63; en contra, 164;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos de la 6 a la 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 68; en contra, 151;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del senador Martínez Oblanca, votamos las enmiendas 27, de
la 30 a la 33 y la 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 1; en contra, 214;
abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 14; en contra, 213;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 5; en contra, 151;
abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 5; en contra, 214;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 5; en contra, 214;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, votamos las
enmiendas 10 a 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 18; en contra, 151;
abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya votamos las enmiendas 47, 51, 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 67; en contra, 152;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 48, 49, 54, 55, 57 y 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 63; en contra, 151;
abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 63; en contra, 151;
abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 56.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 63; en contra, 156;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 58, 62 y 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 67; en contra, 164;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 65.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 63; en contra, 165;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 60, 61, 64 y 66 a 69.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 66; en contra, 151;
abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, votamos las enmiendas 38, 39 y 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 81; en contra, 149;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 37 y 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 14; en contra, 149;
abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 40, 41, 42, 44 y 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 19; en contra, 151;
abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda
24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 67; en contra, 165;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 13, 16, 18 y 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 68; en contra, 151;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 14, 15, 19 a 21, 23 y 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 63; en contra, 150;
abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 63; en contra, 156;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 151; en contra, 77;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de
pesca marítima del Estado.

6. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

6.1. CONOCIMIENTO DIRECTO

6.1.1. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (SEXPE) Y EL GOBIERNO
DE LA RIOJA SOBRE LA UTILIZACIÓN Y USO GRATUITO DE LA APLICACIÓN
INFORMÁTICA «CONTROL DE DESEMPLEADOS DEL SEXPE».

(Núm. exp. 592/000017)

AUTORES: JUNTA DE EXTREMADURA Y GOBIERNO DE LA RIOJA

El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y
6.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas de que
la celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes
Generales.

¿Alguien desea intervenir? (Denegaciones).

En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la
celebración de dicho convenio.

7. TRIBUNAL DE CUENTAS

7.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

7.1.1. DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA
COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS.

(Núm. exp. 770/000004)

El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1. y
7.1.1.

El señor PRESIDENTE: La Comisión Mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas ha emitido dictamen en relación con la Cuenta
General del Estado correspondiente al ejercicio 2012, que incluye una
resolución aprobada por dicha comisión en su sesión del día 9 de
diciembre de 2014.

En turno a favor tiene la palabra el senador Parro.

El señor PARRO DEL PRADO: Muchas gracias, señor
presidente.

Subo a la tribuna para presentar un turno a favor de la
Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2012 en
representación del Grupo Parlamentario Popular.

En primer lugar, quisiera ubicar adecuadamente el problema
al que se enfrentó el Gobierno de la nación, que tomó posesión el día 21
de diciembre de 2011. Todos recordarán que la irresponsabilidad del
Ejecutivo saliente por incumplir sus obligaciones constitucionales de
carácter económico les llevó a no tener presupuestos a la hora de esta
toma de posesión. Pero no solamente presupuestos aprobados, sino que ni
siquiera habían sido presentados. Los nuevos presupuestos fueron
aprobados el 29 de julio de 2012, que son los que se someten a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas.

También cabe recordar que en una de las crisis económicas
más intensas de España, el Gobierno de España se encontró con una
situación económica sin precedentes y, repito, sin presupuestos. (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

La situación, en resumen, podría señalarse de la siguiente
forma: son unos presupuestos mil veces reventados, un desempleo a razón
de 3000 personas diarias, hasta alcanzar 5,5 millones de parados, cuando
ellos habían prometido el pleno empleo; los sueldos públicos reducidos
por primera vez en los últimos setenta años; enorme velocidad de
destrucción en las empresas; una deuda pública imparable; un déficit
público superior a 3 puntos al exigido por Europa. (Rumores). En
elecciones mintieron…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías, no se oye al orador; por favor, ruego silencio.

El señor PARRO DEL PRADO: En elecciones mintieron diciendo
que el déficit solo alcanzaría el 6 % y que cumplirían con lo exigido por
Europa, sin embargo el déficit alcanzó el 8,9 %, y, por lo tanto, 30 000
millones de déficit que el nuevo Gobierno tenía que asumir, por las
buenas o por las malas; situación crítica de las finanzas de las
comunidades autónomas y también de los ayuntamientos y corporaciones
locales; crisis financiera bancaria de una muy difícil solución y pérdida
de confianza —lo más grave de todo— en España de los
mercados, con la consiguiente subida de la prima de riesgo, que alcanzó
hasta los 600 puntos básicos.

Entrando en la Cuenta General que estamos fiscalizando y se
pretende aprobar hoy en esta Cámara, en cuanto a las obligaciones
reconocidas netas consolidadas en los ejercicios 2010 a 2012,
clasificadas por políticas de gastos y por capítulos respectivamente, se
puede deducir del

análisis de los anexos que el gasto total se ha
incrementado en 2012 respecto de 2010 en un 7 %, 27 600 millones en
términos absolutos, mientras que en 2011 respecto a 2010 se había
reducido en un 10,1 %, 40 000 millones, lo que supone que la relación
entre 2012 y 2011 supuso un incremento del 19 %, 67 000 millones.

Del análisis de gastos cabe destacar que el programa de
actuaciones de carácter general representó el 47,9 % del total respecto
de los gastos consolidados, esto es, casi el 50 % del gasto del Estado
fue a parar a actuaciones de carácter general, con un incremento con
respecto de 2011 en este capítulo de 77 166 millones. ¿Dónde hubo
aumento? Principalmente, en los siguientes aspectos: con valores
absolutos, les puedo decir que se destinó un aumento de 17 166 millones
por operaciones relativas a la aportación del conocido FLA, 49 242
millones por préstamos concedidos al FROB y 9775 millones por
amortización de deuda pública. Estos gastos fueron atendidos como reflejo
de un país en quiebra que tuvo que asumir el nuevo Gobierno tras la
desastrosa actuación del Gobierno socialista, que puso a España al borde
del precipicio y de la intervención y el rescate. Sería justo reconocer
hoy por parte de todos que las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy
han evitado el drama que nos venía.

En cuanto a obligaciones y derechos reconocidos netos, en
términos globales y a nivel agregado, fueron 462 016 millones de euros,
inferiores en 35 700 a los créditos definitivos, que eran de 497
millones, lo que supone un índice de ejecución del 92,8 %. La mayor
desviación, en valor absoluto, se ha producido en la política de gasto,
administración financiera y tributaria, motivada principalmente por una
operación de concesión de préstamos al Fondo de reestructuración ordenada
bancaria, FROB, con lo que, si bien el importe autorizado para el
ejercicio fue de 60 000 millones de euros, las obligaciones reconocidas
ascendieron a 39 468 millones, lo que supuso un 8,5 % de todas las
obligaciones reconocidas en el ejercicio. Además, se han producido
desviaciones significativas: en deuda pública, 2421 millones; en
investigación, desarrollo e innovación, 2410 millones; en servicios de
carácter general, 2207 millones, y en otras prestaciones económicas, 1674
millones.

En definitiva, la actuación dirigida a salvaguardar el
sistema financiero del FROB es el principal causante del mantenimiento
del gasto público en este ejercicio. En otras palabras, sin necesidad de
salvaguardar a las cajas de ahorros afectadas por diversas situaciones de
insolvencia producto de una deficiente gestión y seguramente de una gran
laxitud en su control en épocas precedentes, la ejecución presupuestaria
habría sido notablemente menor en gastos.

También se pone de manifiesto claramente que los ingresos
del capítulo IX, es decir, los obtenidos principalmente por deuda pública
han sido superiores a los previstos en 66 736 millones como consecuencia
de las mayores necesidades de financiación. Pese a la reducción de gastos
acometida por el nuevo Gobierno y la subida impositiva adoptada en
diciembre de 2011, se produjo una necesidad de financiación que superó
los 160 000 millones que requirieron nuevas emisiones de deuda pública.
Esto es, el Gobierno se encontró con una situación que exigió financiar
con deuda pública el 34 % de todo el gasto público del Estado. Era lo que
había que hacer; era el menos malo de los remedios sobre todo para evitar
el peor de los males, es decir, la intervención y el rescate.

La rúbrica de créditos y valores representativos de
inversiones tienen un saldo de 72 405 millones que se incluyen en los
importes pendientes de cancelar a largo plazo de los créditos concedidos
a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos por las liquidaciones
negativas de los recursos del sistema de financiación de los años 2008 y
2009. En el caso de las comunidades autónomas asciende a 15 708 millones
y el de los ayuntamientos a 4173 millones.

También se incluyen los anticipos presupuestarios
concedidos en 2012 a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos por
importe de 2258 millones como consecuencia de una disposición transitoria
de la Ley de presupuestos del año 2012 que permite aplicar un mecanismo
financiero extrapresupuestario con el objetivo de extender a 120
mensualidades iguales a computar a partir del día 1 de enero de 2012 el
aplazamiento del saldo pendiente de reintegro a la citada fecha de las
liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009.

En esta misma rúbrica se incluyen los préstamos concedidos
en 2012 a 9 comunidades autónomas por el FLA, creado por el Real Decreto
Ley de 13 de julio, de medidas de liquidez de las administraciones
públicas en el ámbito financiero. La finalidad era dotar de liquidez a
las comunidades autónomas por un importe de 16 642 millones.

Para finalizar, no hay que olvidar los préstamos concedidos
a la República Helénica, cuya gestión se realiza por un fondo carente de
personalidad jurídica denominado Fondo de apoyo a dicha República, con
dotaciones presupuestarias de 9794 millones, de los cuales a 31 de
diciembre de 2012 se habían concedido 6 créditos con vencimiento a largo
plazo y cuyo valor asciende a otros 6299 millones. En fin, una Cuenta que
es fiel reflejo de la herencia recibida que refleja el estado de ruina en
el que se encontraba España, a la que hubo que aportar decisiones duras
pero que, a la postre, sirvieron para no ser intervenidos y para que hoy
estemos, gracias a Dios, en números de crecimiento.

Por todo ello pido el voto favorable a la Cuenta General
del Estado de 2012. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

¿Turno en contra? (Pausa).

Pasamos al turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto,
senador Iglesias? (Denegaciones).

Gracias, senador Iglesias.

¿Grupo Parlamentario Vasco, senador Bildarratz?
(Denegaciones).

Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo brevemente y desde el escaño.

Estamos tratando la Cuenta General del Estado
correspondiente al año 2012, por tanto, al primer ejercicio del Gobierno
del Partido Popular tanto desde el punto de vista del sector público
administrativo como del empresarial y fundacional. El portavoz del Grupo
Parlamentario Popular que me ha precedido en el uso de la palabra, aun
tratándose de la Cuenta General del Estado y de las cuentas del primer
ejercicio del Partido Popular, resulta que es todo culpa también de la
herencia recibida.

En primer lugar, quisiera decir que el informe del Tribunal
de Cuentas advierte importantes deficiencias e irregularidades desde un
punto formal —yo creo que esto no es debido a la herencia—,
irregularidades en cuanto a rendición de cuentas, cuentas no presentadas
por algunas empresas y fundaciones, o presentadas fuera de plazo. Estamos
hablando de la no integración en la Cuenta General de algunas entidades
del sector público; del incumplimiento del título II, sobre buen
gobierno; de la Ley de transparencia, referente también a la información;
de la necesidad de subsanar las deficiencias observadas en las cuentas de
las entidades públicas que presentan informes, algunos de ellos, con
opinión favorable, pero con salvedades, en alguna ocasión con opinión
desfavorable por parte del tribunal, y en otras con opinión denegada, así
como de la anulación de fondos sin personalidad jurídica o, tal como dice
el informe, de la necesidad de corregir el incremento de las operaciones
de gastos pendientes de aplicar al presupuesto en curso —en este
sentido, en 2012 supusieron más de 10 000 millones de euros, un 13 % más
que en el ejercicio anterior, el de 2011, último del Partido
Socialista—, o de la necesidad de elaborar correctamente los
inventarios de bienes, repito, de elaborar correctamente los inventarios
de bienes.

Resumiendo, señorías, una Cuenta General de 2012
manifiestamente mejorable. Esperemos que el año próximo el Partido
Popular cumpla con la resolución aprobada en el seno de la comisión
mixta. Una resolución de 62 puntos a la que nosotros vamos a votar
afirmativamente, así como al conjunto de la declaración sobre la Cuenta
General del Estado para el año 2012.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bruguera.

Por parte de Convergència i Unió, tiene la palabra el
senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Señorías, primera Cuenta General del Partido Popular a
presupuestos que aprobamos en 2012, que correspondían al ejercicio de
dicho año. Por tanto, más allá de la herencia recibida, que puede
servirles como argumento para algunas de las cuestiones, este es un
presupuesto ejecutado íntegramente por el Gobierno del Partido
Popular.

Dicho esto, vaya por delante que hay algunos aspectos en
cuanto a la rendición de cuentas, que entendemos mejorables. ¿Se ha
mejorado respecto de ejercicios anteriores? Efectivamente. Hay menos
organismos autónomos, menos fundaciones y menos empresas que no rinden
cuentas, en las que la opinión de las auditorías ha estado denegada o que
las rinden tarde. Aun así, hay que poner de manifiesto que todavía son
una cantidad que, desde nuestra óptica, es inaceptable. Hay que recordar
que a muchos ayuntamientos, a muchas corporaciones locales, se les
paraliza la transferencia de la participación en los tributos del Estado
por no rendir cuentas en tiempo y forma. En cambio, la Administración
General del Estado no es capaz de hacerles cumplir dichos plazos a los
organismos que dependen de ella.

Quiero añadir dos cosas sobre la ejecución presupuestaria.
Podríamos comentar muchísimas. De hecho, el informe del Tribunal de
Cuentas da para mucho. Pero, miren (El señor senador muestra una
publicación): ¿reconocen este libro? Es el libro amarillo de los
presupuestos, pero no de los presupuestos de 2015, sino de 2012. Porque
cuando uno pasa cuentas de un cierre de ejercicio, hay que recordar cómo
presentaron el presupuesto de 2012. Fíjense: página 99 del libro
amarillo, análisis de los gastos planificados en defensa; textualmente:
6260 millones para la política de defensa, un 8 % menos que en 2011. Y
especifica: En este contexto, hoy más que nunca, el conjunto de objetivos
que se plantean solo serán alcanzables mediante una adecuada
racionalización de los medios y efectivos disponibles.

Defensa. Cuando ustedes presentan el presupuesto de defensa
nos dicen que lo van a reducir en un 8,8 %. ¿Qué ha pasado con el
presupuesto de defensa en el 2012? Se lo explico. ¿Han hecho
modificaciones presupuestarias?, sí. ¿Han ampliado los créditos
existentes?, sí. ¿Por una cuantía modesta? No. ¿Por una cuantía de
escándalo? Sí, y se lo voy a confirmar: han incrementado el presupuesto
de defensa en un 43,43 %, 2722 millones de euros más en defensa de lo que
habían presupuestado. Y, por tanto, en lugar de reducir el presupuesto de
defensa en un 8,8 %, lo que han hecho es que han incrementado el
presupuesto de defensa en un 12,36 %. Eso sí, han reducido el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y sus gastos en un 21 %, han reducido los
gastos en Sanidad y Servicios Sociales en un 13 % y han ahogado
financieramente a las comunidades autónomas, que, como les recordaba
ayer, gastan esencialmente el 70 % de su presupuesto en políticas
sociales, en políticas sanitarias y en políticas educativas.

Alguien tendría que venir aquí, subir a esta tribuna y
explicar por qué en el contexto del 2012 presupuestan un 8,8 % menos los
gastos de defensa y presentan, sin el debate necesario en estas cámaras,
modificaciones presupuestarias por un 44 % más en los gastos de defensa.
Eso es lo que queremos escuchar hoy. Queremos encontrar una
justificación. Porque a las comunidades autónomas se les puede pedir
mucho sacrificio, y ahora voy a hablar de ellas, pero cuando los gastos
en defensa se incrementan de forma desmesurada y con modificaciones
presupuestarias absolutamente legales, pero a espaldas del debate
político en las cámaras donde se aprueban los presupuestos, alguien tiene
que subir a esta tribuna y dar las correspondientes explicaciones.

Más allá de la herencia recibida, alguno de ustedes puede
tener la tentación de decir que esto se ha hecho siempre. Yo les diría
que, desgraciadamente, era una costumbre infravalorar los gastos del
Ministerio de Defensa, pero, para que tengan una referencia, sepan que en
el 2011 también pasó, aunque el incremento en los gastos en defensa fue
de un 16 %, no de un 44 %. ¿Era una costumbre del Gobierno anterior? Sí,
pero es que ustedes la han multiplicado por 3; en lugar de reducirla, la
han multiplicado por 3.

Y esta liquidación del presupuesto de 2012 del que nos da
cuenta el informe del Tribunal de Cuentas también pone de manifiesto una
cuestión en relación con los objetivos de déficit, y alguien puede pensar
que es una obsesión de este senador, y no lo es. Yo les recomiendo que se
lean mi intervención de junio de 2012, cuando estábamos aprobando el
presupuesto de 2012 en relación con el déficit y los objetivos del
déficit. En aquellos momentos, a través del libro amarillo de 2002,
ustedes aprobaron un objetivo de déficit para el conjunto del Estado
español de 5,3 puntos porcentuales sobre el PIB; 3,5 para la
Administración central y la Seguridad Social. ¿Sabe cuál fue la realidad
de la liquidación del presupuesto? Entre la Administración central y la
Seguridad Social generaron un déficit en este presupuesto, que era su
presupuesto, de 5,23 %. Es decir, superaron las previsiones del
presupuesto en un 49,43 %. Ustedes pueden decir que las comunidades
autónomas también lo incumplieron, y es verdad; a las comunidades
autónomas se les había asignado un 1,5 % y al final tuvieron un déficit
de un 1,84 %. Las comunidades autónomas

superaron su objetivo de déficit inicial en un 22 %. La
Administración General del Estado y la Seguridad Social superó su
objetivo de déficit en un 49 %, y una parte de esto está en el incremento
del 44 % del Ministerio de Defensa. Eso también es necesario que venga
alguien y que dé explicaciones. No es comprensible; no es comprensible y
esto no forma parte —se lo digo sinceramente— de la herencia
recibida. Esto es propio de la gestión presupuestaria del Gobierno que
ustedes apoyan.

Por tanto, más allá de que, como suele ser costumbre,
obviamente, nosotros vamos a votar a favor de la formulación de la Cuenta
General del Estado y de las recomendaciones que surgen de la Comisión
Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, pero hay que poner
de manifiesto que la ejecución presupuestaria no ha sido la deseable.
Nosotros estábamos en contra del presupuesto de 2012 por las razones que
allí analizamos y la verdad es que la ejecución del presupuesto de 2012
que hoy también estamos analizando nos da no solo la razón, sino que nos
da muchísimas más razones para haber votado en contra.

De todas formas, a mi grupo nos gustaría que alguien nos
explicara por qué en el contexto actual, en el contexto de ajustes
presupuestarios durísimos —durísimos para la Administración central
y también durísimos para las comunidades autónomas—, el presupuesto
de defensa se modifica y se amplían créditos por un 44 % de los créditos
iniciales.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Bel.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador señor
Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Bel, si le contestara la señora Cospedal, le diría:
¡Porque estamos en guerra, que usted no se ha enterado! (Risas).
Seguramente sería eso lo que le contestaría la señora Cospedal.
(Risas).

Pero les voy a decir lo siguiente. He estado escuchando
atentamente al portavoz del Grupo Popular y yo creo que lo que le podría
definir según nuestro punto de vista es: ¡Qué mal estaba todo cuando
llegamos y qué mal lo pusimos! Ese sería el mejor ejemplo de lo que tenía
que decir el Partido Popular: lo mal que estaba todo y lo mal que lo
pusimos. Seguimos otra vez con la herencia, y vuelta con la herencia, y
más herencia. Si todos sabemos ya la situación en la que se encontraba
este país y muchos de los países de la Unión Europea, en una situación de
crisis profunda, que a día de hoy todavía perdura por mucho que se quiera
decir lo contrario, todavía seguimos en crisis, y este fin del mundo que
nos han anunciado aquí, y que si no llega el Partido Popular hubiera
llegado y no sé qué le hubiera pasado a este país.

No, vamos a ver. Por supuesto que la situación era
complicada, una situación difícil, pero no lo decimos nosotros, porque
nosotros tuvimos que hacer los ajustes del año 2010. El portavoz de
Asuntos Económicos de la Comisión Europea, señor Amadeu Altafaj, ha dicho
claramente que a España no se le iba a rescatar por los ajustes que había
hecho el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, muy a su pesar, pero
eso es lo que dice la propia Comisión Europea.

Nos encontramos, por lo tanto, en esta Cuenta General del
año 2012, como también se ha dicho aquí, un año íntegramente gobernado ya
por el Partido Popular. Hay que tener en cuenta que durante este año,
durante el año 2012, ante un panorama en el que previamente sabían que no
se iba a poder llevar a efecto ni una sola de las falsas promesas
electorales que el Partido Popular hizo a todos y a cada uno de los
españoles, han seguido intentando en vano cambiar el orden y el concepto
de las cosas, llamando reformas a los recortes y haciendo una política en
la que claramente se beneficia a una muy minoría para perjudicar con sus
imposiciones a la inmensa mayoría. Los mayores recortes de la democracia
se llevaron a cabo en apenas dos semanas después de la composición del
Gobierno, en el primer Consejo de Ministros, cuando la vicepresidenta
anunció la que seguramente sea una de las mayores subidas de impuestos en
la historia reciente de España.

Subieron el IRPF en todos los tramos; se recortaron casi
9000 millones en inversiones públicas; se paralizaron todas las
convocatorias de empleos públicos, dejando a 0 la tasa de reposición;
hicieron desaparecer el calendario de aplicación de la Ley de
dependencia; suprimieron la renta básica de emancipación. Como este
primer tajo no les parecía suficiente, en su carrera de recortes, en
abril vuelven a regalar a los ciudadanos otro recorte de 10 000 millones
de euros, 7000 millones

de ellos en sanidad y 3000 millones en educación e imponen
el copago farmacéutico que, por primera vez en la historia, obligaba a
los pensionistas españoles a que se pagasen —y se paguen—
parte de sus medicamentos. Como no les parecía suficiente —entiendo
que considerando que los pensionistas españoles ganaban mucho
dinero—, al final, sacaron más de 400 fármacos de la lista de
medicamentos subvencionados. Subieron las tasas universitarias y
devolvieron el ratio de alumnos por aula retrocediéndolo en más de
veinticinco años y también llevando a cabo el despido de profesores
interinos.

Seguía sin ser suficiente y nuevamente, en este mismo
ejercicio, se siguen recortando derechos a las personas paradas y
dependientes y se vuelven a subir los impuestos. Subieron el IVA, y eso
que nos dijeron hasta la saciedad —hasta hicieron campaña y sacaron
mesas a las calles— que no se podía subir el IVA cuando había una
época de crisis. Y también retiraron la desgravación por compra de
vivienda. Llevaron a cabo una reforma laboral con la que, según ustedes,
de forma casi automática se iban a empezar a crear miles y miles de
puestos de trabajo, que comenzaría a crearse empleo. Pero los números
reflejaron en poco tiempo que se provocaría el efecto, precisamente
contrario; la destrucción de puestos de trabajo seguiría siendo
imparable, superando por primera vez en la historia el 25 %,
consiguiendo, eso sí, despidos de saldo y caídas en los salarios, que se
vienen produciendo hasta el día de hoy.

Si los españoles no tenían suficiente, aparte de perder su
trabajo con una indemnización ridícula y una prestación mediocre, el
Partido Popular impuso la Ley de tasas, para que antes de que se pudiera
recurrir al amparo de la tutela judicial efectiva tengamos que pasar por
caja, ante el rechazo de todos y cada uno de los sectores judiciales.

Esta situación, en parte, también se refleja en esta Cuenta
General en la que el presidente del Tribunal de Cuentas nos dice que
siguen faltando organismos autónomos por integrarse en la Cuenta,
circunstancia y hecho —lo reconocemos— que también ocurría
con anterioridad. Hecho que ustedes, además, también habían criticado y
ahora que gobiernan siguen sin solucionar También nos indican que en la
liquidación de los presupuestos de modificación de los créditos
iniciales, que ascendieron en términos netos a 105 204 millones de euros,
se observan deficiencias en algunos expedientes; que se incrementan un
38,2 % las modificaciones netas de créditos iniciales, cuando en el
ejercicio 2011 tan solo fueron del 7,7 %, hecho que ustedes también
criticaron y vean ahora el resultado de su gestión.

También se evidencia por el Tribunal el no reconocimiento
de obligaciones por 5577 millones de euros, que correspondían a gastos
realizados en el ejercicio, al igual que defectos en operaciones que
tienen repercusión en el resultado presupuestario del ejercicio por un
importe negativo de 3396 millones de euros. Como continuación de lo
anterior, el tribunal hace referencia a otra no imputación también de 336
millones de euros.

En las conclusiones se hace referencia al incumplimiento
del artículo 34 de la Ley general presupuestaria en una serie de
operaciones que repercuten negativamente en la representatividad de la
Cuenta General. Siguen existiendo problemas con los inventarios de bienes
—también lo ha dicho aquí algún portavoz— y derechos que
constituyen el inmovilizado no financiero de la Administración General
del Estado y de la Tesorería General de la Seguridad Social, otra
circunstancia que ustedes también habían criticado y que tampoco son
capaces de solucionar estando ya en el Gobierno.

De la Cuenta se desprende también el aumento del
endeudamiento del Estado, aquello que ustedes decían que no se podía
continuar así y que tanto criticaron. Lo siguen ustedes haciendo y en
este ejercicio lo elevaron más de un 13,6 % y un desahorro de casi 60 000
millones de euros. El presidente del Tribunal de Cuentas destacó que en
el sector público administrativo no se aporta suficiente información y se
denuncia la falta de explicación de las causas que motivan las
desviaciones entre el resultado presupuestario obtenido y el previsto
inicialmente.

Como novedad se incluyen en esta Cuenta General los números
del FROB, con una aportación de 12 750 millones de euros, donde el
Tribunal también valora negativamente que solo se hayan deducido por
deterioro 6750 millones de euros, cuando tenía que haberse deducido el
total de la inversión. Otro toque negativo del Tribunal de Cuentas a esta
Cuenta del Partido Popular. No puede ser que 13 entidades no hayan
rendido las cuentas individuales que se les ha reclamado por la
Intervención General de la Administración del Estado, o el resultado
negativo de casi 25 000 millones de euros de la cuenta de pérdidas y
ganancias.

Señorías, finalizo esta intervención poniendo de manifiesto
3 puntos. Siendo el primer ejercicio del Gobierno de Mariano Rajoy el
resultado que arroja la Cuenta General es muy negativo y contrario a lo
que han estado ustedes criticando una y otra vez antes de llegar al
Gobierno. Eso que criticaban es lo que están ustedes haciendo. El año
2012 ha pasado a la historia moderna de nuestro país como el año de mayor
retroceso en cuanto a los derechos de las personas y servicios públicos
para los ciudadanos. Después del primer año de Gobierno del Partido
Popular, la situación económica, social y política de nuestro país ha
empeorado, como reflejan la inmensa mayoría de los índices económicos y
sociales. No obstante, nosotros, debido a que se trata de un documento
técnico, votaremos favorablemente esta Cuenta.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Sen.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador señor Parro.

El señor PARRO DEL PRADO: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero desearles a todos una feliz Navidad
y que el próximo año nuevo alcancen prosperidad, salud y felicidad.

A la fuerza tengo que hacer una réplica de lo que se ha
dicho, pues esto parece la rueda del molino: siempre dando vueltas en la
misma dirección y siempre negando lo que no se puede negar. El día 21 de
diciembre de 2011 no es el día en que, hasta entonces, las cosas pasaban
como pasaban y, desde esa fecha, pasan de otra forma. No, en política no
es así, en economía no es así, en desempleo no es así, en sanidad no es
así, en cultura no es así, como tampoco ocurre así en educación ni en
ningún otro servicio. Lo único que ha ocurrido el día 21 de diciembre es
que un equipo de Gobierno del Partido Popular, alcanzada la mayoría
absoluta, tomó las riendas del Estado español con las consecuencias
correspondientes, soportando y dando continuidad a todas aquellas cosas
que debían tenerla en relación con lo anteriormente hecho. El negar las
circunstancias y venir a decir que la herencia no existía es una
barbaridad, como lo sería negar que el Partido Socialista heredó en 2004
un Gobierno del Partido Popular con las cajas llenas y decreciendo los
índices de paro cada día. El 50 % de todo el empleo que se creaba en
Europa tenía lugar en España. Por tanto, los resultados del Gobierno
Socialista de 2004 no eran consecuencia de lo que él estaba haciendo, era
una consecuencia heredada. Pues claro que sí. Y en 2012 el Partido
Popular no ha podido desarrollar ninguno de sus principios programáticos
con los que se presentó a las elecciones. Bastante tenía con solucionar
los problemas heredados, que eran gordos y muy importantes. Pero parece
que, nada, ¡el día 21 de diciembre el mundo se ha acabado! ¡Ya no tenemos
responsabilidad de nada, ya no hay ninguna consecuencia! Pues no, señor.
Todos los datos de esta Cuenta manifiestan claramente que ha habido que
hacer unos equilibrios extraordinarios, imposibles de comprender por
quienes la formulaban incluso, pero que se tuvieron que hacer para salvar
una situación de quiebra en España. Y la situación de quiebra de España
no es responsabilidad del Gobierno entrante. La situación de quiebra de
España es responsabilidad del Gobierno saliente y ustedes —y a
usted tampoco se lo he oído decir, señor Sen— todavía no han pedido
perdón por no haber reconocido que la crisis estaba ahí, por no reconocer
lo que se entregaba... (Protestas.—Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista). Estoy cansado ya de escucharles. Yo
tengo derecho a hablar tanto como los demás y no he discutido nada de lo
que ha dicho el señor Sen y alguno de ustedes me ha mandado callar hace
un rato. No, señores, el respeto es fundamental, y decir la verdad de las
cosas también es fundamental. (Aplausos).

Claro que es la Cuenta del Partido Popular; claro que ha
gestionado el presupuesto el Partido Popular; claro que la ha presentado;
y claro que ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer porque era
necesario hacerlo: pagar lo que no estaba pagado —claro que
sí—; rescatar la confianza del país que estaba perdida —pues
claro que sí—. Además, esta Cuenta demuestra en todos sus números
que precisamente el Partido Popular ha sabido gestionar porque hemos
alcanzado hoy, en 2014, un Estado que no era imaginable en julio de 2012.
(Rumores). No era imaginable, y a ninguno de ustedes le llegaba la camisa
al cuello. (Protestas).

Señor Bel, usted me parece muy equilibrado en muchas
cuestiones, aunque solo coincidamos en algunas, pero basa todas sus
intervenciones, una y otra vez, en no reconocer ningún valor a la
política económica del Partido Popular con respecto al FLA y a las
comunidades autónomas. Esta

Cuenta, aparte de todas esas deudas, ha tenido un gran
punto de inflexión económica en relación con los gastos y, sobre todo, en
relación con la deuda, y con lo pagado con deuda pública: la intervención
del Estado con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en razón de
una situación insostenible de quiebra total en muchos ayuntamientos y
también en las comunidades. La falta de financiación era grave para el
país, se ha sido valiente y se ha tomado la decisión de producir gastos a
la deuda pública, en razón de lo que son gastos de Estado.

Además, usted sabe —porque el otro día lo
discutimos— que no tiene nada que ver, —a pesar de la opinión
del señor Sen— el decreto de abril de 2014 de ayuda a los
ayuntamientos con el actual decreto por el que se regulan las ayudas a
los ayuntamientos, que hace posible que se pueda sobrevivir y,
lógicamente, pagar cuando se tenga que pagar.

De verdad, creo que es la Cuenta del primer año de Gobierno
del Partido Popular que demuestra la justa herencia recibida; claro que
sí. Y no está mal hablar de la herencia recibida porque ustedes no lo
hicieron cuando la recibieron tan bien, con buenas muestras de resultados
económicos y sociales en 2004, 2005 y 2006, pero ahora no aceptan
—como no aceptaron la crisis— que lo hicieron mal y, por
tanto, que era necesario hacer lo que había que hacer, recortes
incluidos. Lo que había que hacer y lo que se ha hecho, recortes
incluidos en todos los aspectos que usted ha señalado, es lo que se debía
hacer y, lógicamente, muchos nos preguntamos qué habría sido de este país
si el Partido Socialista hubiera ganado las elecciones.
(Protestas.—Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

A la vista de las intervenciones ¿se puede aprobar por
asentimiento la declaración sobre la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2012? (Asentimiento).

Gracias. Por asentimiento queda aprobada.

8. HABILITACIONES

8.1. PONENCIA DE ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE DIVERSOS
ASPECTOS EN MATERIA DE RESIDUOS Y EL ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS CUMPLIDOS
Y DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA, CONSTITUIDA
EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.

(Núm. exp. 551/000055)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura a los
puntos 8. y 8.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Se solicita la
habilitación de la Cámara para que la mencionada ponencia de estudio
celebre reuniones durante del mes de enero de 2015.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).

Gracias. Queda aprobada.

8.2. COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE LAS MEDIDAS A
DESARROLLAR PARA EVITAR LA DESPOBLACIÓN DE LAS ZONAS DE MONTAÑA.

(Núm. exp. 551/000056)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto
8.2.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Se solicita la
habilitación de la Cámara para que la mencionada ponencia de estudio
celebre 2 sesiones extraordinarias durante del mes de enero de 2015.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).

Gracias. Queda aprobada.

8.3. COMISIÓN DE FOMENTO.

(Núm. exp. 551/000057)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto
8.3.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Se solicita la
habilitación de la Cámara para que la mencionada comisión celebre una
sesión extraordinaria el día 26 de enero de 2015, con el orden del día
que ha sido comunicado con número de registro de entrada 149128.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).

Gracias. Queda aprobada.

8.4. COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.

(Núm. exp. 551/000058)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al punto
8.4.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Se solicita la
habilitación de la Cámara para que la mencionada comisión celebre una
sesión extraordinaria en el mes de enero de 2015, con el orden del día
que ha sido comunicado con número de registro de entrada 151467.

¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).

Gracias. Queda aprobada.

9. PONENCIAS DE ESTUDIO

9.1. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME

9.1.1. PONENCIA DE ESTUDIO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN
RELACIÓN CON LA DESPOBLACIÓN RURAL EN ESPAÑA, CONSTITUIDA EN EL SENO DE
LA COMISIÓN DE ENTIDADES LOCALES.

(Núm. exp. 543/000007)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura a los
puntos 9., 9.1. y 9.1.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Se solicita la
ampliación del plazo para la conclusión de los trabajos de la mencionada
ponencia de estudio, por un período adicional de dos meses.

¿Se aprueba dicha solicitud por asentimiento?
(Asentimiento).

Gracias. Queda aprobada.

10. PETICIONES

10.1. INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE
PETICIONES EN EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE FEBRERO A JUNIO DE
2014.

(Núm. exp. 871/000005)

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura a los
puntos 10. y 10.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para la
presentación del informe, tiene la palabra la señora Leyte. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).

La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidente. Aunque tarde,
buenos días, señorías.

En el curso de la sesión celebraba el día 10 de diciembre
de 2014 la Comisión de Peticiones aprobó el correspondiente informe a las
actividades desarrolladas en el período de sesiones comprendido entre los
días 1 de febrero y 30 de junio de 2014. Conforme a lo dispuesto en el
artículo 195 del Reglamento del Senado, la Comisión de Peticiones acordó
en esa misma sesión elevar a la Presidencia de la Cámara el informe de
referencia, donde se ofrece relación de peticiones presentadas, de las
decisiones que se adoptaron sobre las mismas y de las contestaciones
recibidas de las autoridades a las que se trasladaron.

Durante el período de sesiones a que se contrae el presente
informe la comisión recibió un total de 57 peticiones. Como en informes
anteriores, se acompaña la relación nominal de los peticionarios, número
de petición e indicación sumaria de su contenido. Dichas peticiones han
dado lugar a los trámites siguientes, cuya totalidad no coincide con la
de peticiones presentadas puesto que una misma petición da lugar en
algunos casos a 2 o más trámites simultáneos o

sucesivos, y, por otra parte, las peticiones recibidas
después de la última reunión de la comisión, previa a las vacaciones
parlamentarias, son estudiadas en el siguiente período de sesiones.

Para archivo: 9 peticiones —sin perjuicio de dar
conocimiento a los peticionarios, si hay en el escrito datos que lo
permitan— se archivan por no tener carácter de petición, faltarles
las indicaciones indispensables para conocer su objeto, no tener otra
finalidad que su conocimiento por la comisión o tratarse de reiteraciones
en temas ya resueltos anteriormente por la comisión, sin que se aporte
ningún elemento de juicio nuevo; 19 peticiones han sido trasladadas a los
diversos departamentos ministeriales y 15 a otros organismos. También les
informo de que durante el período que comprende el presente informe se
han recibido respuesta a 20 peticiones, que se han tramitado
remitiéndolas a los diferentes organismos.

Dado el número de peticiones que deben trasladarse a otros
organismos, la comisión se ha preocupado del seguimiento de las mismas, y
ha dicho efecto se cuenta con expedientes individuales de cada petición,
siempre actualizados, que permiten consultar y conocer en todo momento el
estado de su tramitación.

Nada más, solo quiero desearles a sus señorías, a los
funcionarios, a los trabajadores y a las fuerzas de seguridad de esta
Casa unas felices Navidades, y que todas las peticiones de sus cartas a
los Reyes Magos se hagan realidad en 2015, con el deseo de que sea un
buen año para todos los españoles, especialmente para los más
desfavorecidos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Leyte.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).

La Cámara se da por enterada del informe.

11. INCOMPATIBILIDADES

11.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

11.1.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES,
EMITIDO EN SU SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2014, EN RELACIÓN CON
VARIOS SEÑORES SENADORES.

(Núm. exp. 503/000010)

El señor presidente da lectura a los puntos 11., 11.1. y
11.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra el senador Moreno Bonilla.

El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, tomo la palabra muy brevemente para presentar a
este Pleno el dictamen aprobado por la Comisión de Incompatibilidades en
su sesión celebrada el pasado 9 de diciembre de este mismo año y que se
refiere a todos los miembros de la Cámara que se encontraban pendientes
de este trámite, que son los siguientes: Amores Regalado, don Rubén; De
Barrionuevo Gener, don Avelino; López Águeda, don Óscar y Sedó Alabart,
don Salvador.

En relación con la situación de todos ellos, la comisión ha
emitido dictamen favorable, toda vez que no existe en su situación causa
alguna de incompatibilidad con el mandato de senador. De acuerdo con el
artículo 16 del Reglamento del Senado, se emite como dictamen de lista,
es decir, sin motivación individual, para cada uno de los senadores
incluidos.

Importa señalar que la comisión ha aprobado este dictamen
por unanimidad y siguiendo la propuesta formulada también por unanimidad
de sus miembros. La había formulado la ponencia permanente constituida en
la comisión, que está integrada por los senadores Campoy Suárez, Fuentes
Gallardo y Sendra Vellvè.

Dicha ponencia ha examinado atentamente las declaraciones
formuladas por los senadores al incorporarse a la Cámara, y les ha
solicitado, cuando ha sido necesario, documentos y declaraciones
complementarias acerca de su situación. En particular se ha comprobado
que no se da duplicidad de retribuciones públicas y, en el caso de ocupar
cargos en compañías privadas, que estas no son contratistas de la
Administración o del sector público.

Desde hace muchas legislaturas, la Comisión de
Incompatibilidades observa la costumbre de encargar a su presidente la
presentación de sus dictámenes al Pleno de la Cámara, como una muestra
más del sentido institucional con el que quiere desarrollar sus tareas.
En nombre de toda la Comisión de Incompatibilidades, concluyo solicitando
lógicamente el voto favorable de sus señorías para este dictamen. Y no
quiero despedirme sin desearles una muy feliz Navidad y un próspero y
mejor año 2015.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Moreno
Bonilla.

¿Algún grupo parlamentario desea intervenir?
(Denegaciones).

¿Se puede aprobar por asentimiento? ¿Nadie quiere salvar su
voto? (Pausa).

Pues queda aprobado por asentimiento.

Dos notas muy rápidas: la Comisión de Interior se va a
reunir a las cuatro en la Sala Clara Campoamor. Y la Mesa de la Comisión
de Suplicatorios, integrada por los senadores y senadoras López Veiga,
Vázquez Muñoz, Varela Sánchez, Torres Sánchez y Navarro Andreu, se
reunirá ahora al finalizar el Pleno en el Salón de ministros.

Señorías, felices Pascuas a todos, feliz Navidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Se levanta la sesión.

Eran las quince horas y veinte minutos.