Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes,
224; votos emitidos, 222; a favor, 79; en contra, 139; abstenciones,
4.

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a revisar y
modificar las medidas normativas aprobadas y que tiene previsto aprobar
en relación con el sector de las energías renovables y, especialmente, de
las biomasas.

(Núm. exp. 662/000144)

Autor: GPS

11075

El señor Alique López defiende la moción.

El señor Boya Alós defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Alique López expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda, aceptándola.

En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya
Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya;
Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista,
y Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes,
227; votos emitidos, 227; a favor, 87; en contra, 140.

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a defender en
el seno de la Unión Europea la necesidad de elaborar una ley a nivel
comunitario que aporte transparencia a la cadena agroalimentaria.

(Núm. exp. 662/000145)

Autor: GPP

11088

El señor Sánchez Duque defiende la moción.

El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Martín Rodríguez defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

El señor Boya Alós defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sánchez Duque expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya
Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Plana
Farran, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; Martín Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sánchez
Duque, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes,
225; votos emitidos, 224; a favor, 143; en contra, 66; abstenciones,
15.

Página
11046

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 50,
presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 79 a 189 y la
vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda 241, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 244 a
275, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 190 a 239,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas 51 a 78,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor González Bethencourt defiende las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista números 276 a 385 y la vuelta al texto
remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la
enmienda 241, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Rodríguez Marín, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bildarratz Sorron, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Saura Laporta, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; las señoras Parera
Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, y Marra Domínguez, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como
el señor Torres Colomer, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se procede a votar

11144

Se rechazan todas las enmiendas, salvo la número 56, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

6.1.2. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

11149

(Núm. exp. 621/000071)

La señora Ruiz Ruiz, presidenta de la comisión, presenta el
dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número
2, presentada por el señor Guillot Miravet y este senador.

El señor Sabaté Borràs defiende la propuesta de veto número
3, presentada por la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

El señor Fidalgo Areda defiende la propuesta de veto número
4, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Navarro
Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Saura Laporta, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Fidalgo
Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Navarro Pérez,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto
telemático ha sido autorizado para las senadoras García Carrasco e Ibarz
Ibarz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha sido
contrario a ambas propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente
resultado: presentes, 224 más 2 votos telemáticos, 226; votos emitidos,
223, más 2 votos telemáticos, 225; a favor, 64; en contra, 153, más 2
votos telemáticos, 155; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 2 con el siguiente
resultado: presentes, 224 más 2 votos telemáticos, 226; votos emitidos,
224 más 2 votos telemáticos, 226; a favor, 65; en contra, 153, más 2
votos telemáticos, 155; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 3 con el siguiente
resultado: presentes, 223 más 2 votos telemáticos, 225; votos emitidos,
223 más 2 votos telemáticos, 225; a favor, 65; en contra, 152, más 2
votos telemáticos, 154; abstenciones, 6.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 222 más 2 votos telemáticos, 224; votos emitidos,
222 más 2 votos telemáticos, 224; a favor, 64; en contra, 152, más 2
votos telemáticos, 154; abstenciones, 6.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Fuster Muniesa defiende la enmienda 1, presentada
por este senador y las señoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Domínguez Hormiga, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende sus enmiendas 12 a 18.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 2 a 11,
del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas a iniciativa de este senador y
el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Cazalis Eiguren defiende la enmienda 40, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas 23 a 30, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Saura Laporta defiende las enmiendas 31 a 39, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maluquer Ferrer defiende las enmiendas 19 a 22,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Ruiz Santos defiende las enmiendas 41 a 50, del
Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Elena
Núñez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Saura Laporta, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Ruiz
Santos, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Elena Núñez, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

11165

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

7. HABILITACIONES

7.1. Ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos
derivados del uso de la Red por parte de los menores, constituida en el
seno de la Comisión conjunta de las Comisiones de Interior, de Educación
y Deporte, y de Industria, Energía y Turismo

11183

(Núm. exp. 551/000041)

7.2. Ponencia de estudio sobre el desarrollo de nuevas
fórmulas de gestión de la cooperación, constituida en el seno de la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

11183

(Núm. exp. 551/000042)

7.3. Comisión de Fomento

11184

(Núm. exp. 551/000043)

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para las senadoras Ibarz Ibarz y García
Carrasco, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, aunque solo la
segunda ha emitido voto, favorable en los tres puntos.

Se aprueban por asentimiento de la Cámara estas tres
habilitaciones.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL
DÍA 25 JUNIO DE 2014 PARA LA INCLUSIÓN EN EL MISMO DE LA HABILITACIÓN
PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
ENTIDADES LOCALES EL DÍA 8 DE JULIO DE 2014, Y DE LA HABILITACIÓN PARA LA
TRAMITACIÓN DURANTE EL PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA POR LA QUE SE MODIFICA
LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL Y DEL PROYECTO
DE LEY DE TRANSFORMACIÓN DEL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A
PROVEEDORES.

Núm. exp. 550/000042

Se aprueba por asentimiento una modificación del orden del
día para la inclusión de nuevos asuntos en el punto 7 del orden del día,
Habilitaciones, que se tramitan a continuación.

7.4. Comisión de Entidades Locales

11184

(Núm. exp. 551/000050)

Se aprueba por asentimiento de la Cámara esta
habilitación.

7.5. Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de
racionalización del sector público y otras medidas de reforma
administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial

11184

(Núm. exp. 551/000048)

7.6. Proyecto de Ley de transformación del Fondo para la
financiación de los Pagos a Proveedores

11184

(Núm. exp. 551/000046)

Se aprueban por asentimiento de la Cámara estas
habilitaciones.

8. PETICIONES

8.1. Informe sobre la actuación de la Comisión de
Peticiones en el período ordinario de sesiones de septiembre a diciembre
de 2013.

11185

(Núm. exp. 871/000004)

La señora Leyte Coello, presidenta de la comisión, presenta
el informe.

Se levanta la sesión a las veinte horas y veinte
minutos.

Página
11051

a Europa y, aun así, pretenden desarrollar una organización
judicial con una evidente falta de profesionalización y especialización:
con el establecimiento de órganos colegiados pretenden suspender los
grandes casos de corrupción; con la atribución de nuevas competencias
judiciales pretenden limitar la libertad de expresión de los jueces,
atentando contra la independencia judicial; acaban de un plumazo con la
justicia de proximidad suprimiendo los juzgados de paz; y, tal y como
ayer desveló el propio ministro, los registros civiles pasan a manos
privadas, implantan su jurisdicción voluntaria para traer más
privatización al servicio público, que, eso sí, genera más volumen de
negocio para los notarios y los registradores.

Con su nuevo enjuiciamiento civil generan dos tipos de
justicia; y no digamos nada de las leyes de seguridad privada y de
seguridad ciudadana, que consuman el círculo del Estado policial, o de la
reforma del Código Penal. Si nos fijamos en la Ley de servicios
profesionales, se pone de manifiesto su afán centralizador, además de
arremeter contra abogados y procuradores. Y no hablemos de la justicia
gratuita, de los partidos judiciales y de los modos de tramitación que
utilizan formas excepcionales para desarrollar un complejo proceso de
mutación y un entramado legislativo que quebranta los principios
generales del derecho.

Con su mayoría, a ustedes todo esto les da igual. Aunque
sus reformas cuentan con el rechazo de todos los operadores jurídicos y
se enfrenten directamente con el Poder Judicial, les da lo mismo. El
señor Gallardón dijo que no se podía dejar la justicia como está. Es
cierto, pero está liando una que la deja francamente mal. Está cruzando
todos los límites, y haciéndolo sobre todo con una evidente falta de
respeto a las formas democráticas. Pero a ustedes todo esto les da lo
mismo, y por eso el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta moción:
para que el Gobierno reconsidere, impulse y consensue nuevas formas de
hacer política en justicia. Esperamos que sea apoyada por todos los
grupos, y ustedes tienen también la oportunidad de hacerlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, en
primer lugar, el senador Iglesias, que comparte su tiempo con la senadora
Domínguez.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Me atendré estrictamente al
tiempo, señor presidente.

Señorías, nuestra enmienda propone sustituir el primer
párrafo de la moción, en el que se hace referencia a la necesidad de
revisar y reconsiderar la Ley 10/2012, por un texto en el que se plantee
expresamente la derogación de esta ley. Yo podría entender que, si los
términos de la moción sirvieran para contar con el respaldo y el apoyo
del Grupo Parlamentario Popular, esta se mantuviera en sus propios
términos. Pero si, como sospecho, no va a haber ninguna posibilidad de
contar con ese apoyo, invito al Grupo Parlamentario Socialista a aceptar
esta enmienda para que quede expresada de forma más clara y contundente
la necesidad de derogar una ley que ha significado un claro obstáculo
para el acceso a la justicia de un gran número de ciudadanos, según los
datos de la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial
presentados a finales de marzo.

Señorías, la litigiosidad descendió en 2013 un 3,8%
respecto a los asuntos ingresados. Asimismo, aumentó un 2,1% en la
jurisdicción social, como consecuencia de la reforma laboral y de la
impugnación de su aplicación por un gran número de trabajadores. El caso
más destacado es la impugnación de los ERE, que en muchas ocasiones ha
contado con el respaldo jurisdiccional mediante resoluciones que los han
anulado. Por otra parte, se ha producido una caída importante del número
de demandas civiles, un 9,2%, fundamentalmente divorcios y separaciones,
aunque parece que a lo largo de los primeros meses de 2014 se ha generado
un repunte de este tipo de litigiosidad. Y donde se ha producido una
caída espectacular, un 15,5%, es en la jurisdicción
contencioso-administrativa. Es curioso que a ella hiciera referencia en
su comparecencia en términos de entusiasmo el señor ministro de Gracia y
Justicia, más de lo primero que de lo segundo, aunque a mí me haga poca.
Decía que de esta manera se sale al paso de recurrir sistemáticamente las
multas. Yo creo que su entusiasmo denota un escaso respeto por los
ciudadanos, y desde luego por sus derechos, pues la alternativa que
plantea es la de que no puedan defenderse y de que, o pagan la multa, sea
justa o injusta o, aun siendo injusta, pagan la tasa para recurrir esa
sanción. Ello no debiera ser motivo de satisfacción para ningún Gobierno,
y mucho menos para su ministro de Justicia.

Y termino —porque agoto los tres minutos que son el
50% del tiempo— diciendo que, además, aquel compromiso de que la
recaudación de las tasas iba a servir para potenciar la justicia gratuita
ha sido un compromiso que no se ha cumplido puesto que, como todo el
mundo sabe, solamente el 10% de lo recaudado se ha dedicado a este
objeto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra la senadora Domínguez.

La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, antes de nada quiero expresar mi absoluta
conformidad con la moción consecuencia de interpelación presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. Entiendo que es necesario hacer una
revisión absoluta, un examen de la normativa actual en materia de tasas y
justicia universal y de los efectos impeditivos que tal normativa está
causando sobre la tutela judicial efectiva. En esta línea, he presentado
2 enmiendas. Empezaré por la segunda, porque creo que es la más
importante y por cuestión de tiempo: quizás no me dé tiempo a exponerlas
en su totalidad.

Entiendo que es posible que incluso la revisión de la
normativa vaya un poco más allá, y se pueda impulsar y modificar la Ley
1/1996, de asistencia jurídica gratuita, para incluir dentro de ella a
las sociedades limitadas que ahora mismo están exentas de optar por ese
derecho. Las sociedades limitadas, la mayoría de ellas entidades
empresariales conformadas en épocas de boom económico, tienen casi todas
carácter unipersonal, no pueden optar a procesos jurisdiccionales tan
costosos y, al final, terminan en un bucle procesal que les impide salir
de la situación de bancarrota en la que muchas de ellas se encuentran.
Por eso, y en la línea de lo reflejado en la misma exposición de motivos
de la Ley de tasas, toda la cuota tributaria que se recauda de la
aplicación de tasas tiene que revertir en beneficio del sistema judicial
y, en concreto, en los servicios de asistencia jurídica gratuita.
Entiendo que es viable que la derivación de las tasas se lleve a efecto
con la ampliación de las entidades bonificadas por la asistencia jurídica
gratuita.

La otra enmienda simplemente viene a matizar la aplicación
del apartado 1, al proponer una serie de premisas a la hora de valorar y
de reestudiar la Ley de tasas. Se propone el mantenimiento de la cuota
fija de la tasa, pero la eliminación de la cuota variable, dado que la
cuota variable grava el principal del interés del proceso judicial. Esto
supone que en lo que se está gravando no se está valorando los servicios
prestados, ya que da lo mismo que un procedimiento monitorio sea de 60
000 euros o de 120 000; se está gravando la situación del principal del
interés y va en contra del principio expuesto en la exposición de
motivos. Otra de las propuestas es la anulación de las tasas que gravan
la interposición de recursos. Un recurso de apelación, por ejemplo, son
800 euros, un recurso de casación son 1200, más la inclusión de otras
cuantías en función de si son personas jurídicas o físicas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Sí, señor presidente.

Entonces, entiendo que estos recursos ya se han gravado en
primera instancia y, por lo tanto, debería eliminarse el gravamen.

Por último, se propone que la Ley de tasas tenga una
periodicidad. Dado que la misma ha nacido a partir de la órbita de una
situación de crisis, consideramos que, a medida que la situación
económica vaya mejorando, esta ley debería ir mermando la cuantía de sus
tasas y tendiendo a desaparecer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Domínguez.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo, para
indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Si me lo permite, señor
presidente, intervengo desde el escaño.

En cuanto a las 3 enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
de la senadora Domínguez y de los senadores Iglesias y Mariscal, estamos
absolutamente de acuerdo con la presentada por estos últimos, para la
derogación de la Ley 10/2012, porque, si cabe, apuntala aún más la moción
al ampliar su contenido en cuanto a la Ley de tasas. Igualmente,
aceptamos la enmienda presentada por la senadora Domínguez sobre
asistencia jurídica gratuita, pero no la que se refiere a la modificación
de las tasas, porque aceptamos la del señor Iglesias mediante la cual
quedan derogadas.

Son 3 enmiendas que, unidas al texto de la moción, tratan
de evitar que la acción retrotransformadora del Gobierno siga
perjudicando a la justicia española y a los ciudadanos, que son los
verdaderos sufridores por tener al señor Gallardón como ministro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Turno en contra. Tiene la palabra el señor Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

Señorías, hay que contar las cosas como son, hay que contar
la verdad.

Senador Rodríguez Esquerdo, usted en la moción consecuencia
de interpelación plantea dos cuestiones principales: por una parte, que
el Gobierno obstaculiza de manera flagrante el derecho a la tutela
judicial efectiva, cuando es todo lo contrario. Este Gobierno no ha hecho
más que abrir la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales y a
otros medios de solución de conflictos, como son el arbitraje y la
mediación. Usted tiene ahora dos fórmulas heterocompositivas de solución
de conflictos: la jurisdicción del artículo 24.1 de la Constitución, y el
arbitraje, además de una tercera fórmula autocompositiva a través de la
mediación, en la que las partes pueden encontrar una solución. Usted no
tiene por qué acudir necesariamente a la jurisdicción, hay otras fórmulas
para acudir a la solución de conflictos, y este Gobierno no ha hecho más
que ampliar la posibilidad de solucionarlos.

Por otra parte, se ha realizado un elenco de reformas
legislativas que dice usted que suponen restricción de los derechos
fundamentales con dejación de las obligaciones internacionales. Eso lo
piensa usted, desde luego; yo, no, por muchas razones. Respecto a la Ley
1/2014 de justicia universal, que modificó la Ley Orgánica del Poder
Judicial, recientemente aprobada en este plenario, muchas cosas le podría
decir, pero solamente le voy a indicar una: ayer, el plenario de la
Audiencia Nacional archivó un expediente, un procedimiento
jurisdiccional, precisamente debido a la aprobación de esta norma. ¿Usted
cree que, si el plenario de la Audiencia Nacional hubiera entendido que
aquí habíamos aprobado algo en contra de los tratados y convenios
internacionales, no habría planteado una cuestión de inconstitucionalidad
por la presunta inconstitucionalidad de la norma aplicada por nosotros?
No ha sido así; han archivado el procedimiento porque han entendido que
aquí habíamos aprobado y habíamos hecho las cosas como tocaba. Se ha
hecho una homologación al régimen jurisdiccional del derecho comparado
con Francia, con Alemania, con el Reino Unido y con Estados Unidos.

Respecto a las tasas, mucho tuvimos ya la oportunidad de
decir en su momento, pero, señorías, España no es un país querulante; lo
que pasa es que el sistema pervertido lo había convertido en un país
querulante. Los españoles, y el señor ministro de Justicia tuvo la
oportunidad de manifestarlo aquí, nos habíamos convertido en grandes
demandadores, en grandes denunciantes o querellantes. ¿Por qué? Porque el
sistema nos llevaba a eso. Francia, con 20 millones de habitantes más,
tenía 6 millones de procedimientos jurisdiccionales; nosotros, con 20
millones de habitantes menos que Francia, 3 millones de asuntos más. ¿A
qué se debía eso? Al sistema, que no funcionaba. Las tasas están
cumpliendo su función, y, desde luego, no vamos a poder aceptar ni la
moción que ustedes plantean ni las enmiendas que ustedes han
incorporado.

Respecto a la Ley de asistencia jurídica gratuita, a la que
también se refiere una de las enmiendas, la modificación de la Ley 1/1996
llegará en su momento, está en tramitación parlamentaria. Pero fíjese,
señoría: hay un real decreto ley aprobado, el Real Decreto Ley 3/2013, en
el que ya se modifican las tasas y también la asistencia jurídica
gratuita. ¿Cómo se realiza? Por una parte, acudiendo al indicador público
de renta de efectos múltiples y, de otra manera muy principal,
incorporando la posibilidad de que personas que hasta entonces no estaban
amparadas

por esa justicia gratuita ahora puedan estarlo; por
ejemplo, las mujeres que padecen la violencia de género o los
menores.

En cuanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, me ha
llamado la atención que usted no comentara nada. ¿Recuerda que aquí
modificamos el sistema de elección de los 12 vocales judiciales del
Consejo General del Poder Judicial? ¿No le parece democrático abrir la
posibilidad a que los 12 vocales judiciales sean elegidos por toda la
carrera judicial, y no solo por las asociaciones profesionales? ¿Por qué
no lo dice? Seamos sinceros y digamos todas las cuestiones, no solamente
aquellas que presuntamente les pueden interesar a ustedes. Nos
encontramos con una justicia mucho más democrática precisamente desde que
se permite también ese sistema de elección.

Y respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que afecta
también a la Ley de demarcación y planta judicial, de 28 de diciembre de
1988 —que en su momento se aprobará, si sus señorías así lo
estiman—, no hay nada nuevo bajo el sol. Las sedes judiciales se
van a mantener, y ya veremos lo que se decide sobre las demarcaciones
judiciales. Pero fueron ustedes —el Partido Socialista— los
que promovieron los tribunales de instancia, y nosotros los acogimos; yo
tuve la oportunidad —ya lo he contado en alguna ocasión— de
acudir a un Taller de alto nivel, así denominado, organizado por el
Ministerio de Justicia, donde se nos contó cómo sería la nueva Ley
Orgánica del Poder Judicial, y ya se incluían esos tribunales de
instancia que el Partido Popular ha acogido. Estamos diciendo, más o
menos, lo que ustedes dijeron.

Por nuestra parte, no vamos a votar a favor de la moción
consecuencia de interpelación, ni a favor de las enmiendas de adición
presentadas por la senadora Domínguez Hormiga respecto a la justicia
gratuita —tiempo tendremos de verlo cuando llegue su tramitación
parlamentaria—, ni tampoco a favor de la enmienda de sustitución
presentada por los senadores Mariscal Cifuentes e Iglesias Fernández
referente a la derogación de la Ley de tasas, habida cuenta de que está
cumpliendo la función para la que fue prevista.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Si
me lo permite, voy a intervenir desde el escaño.

En relación con las tasas, no tengo nada que añadir a lo
manifestado en la defensa de las enmiendas.

Respecto a los otros contenidos de la moción, quiero
expresar nuestra coincidencia en lo que se refiere a la justicia
universal. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular se congratulaba
ahora de que el Pleno de la Audiencia Nacional hubiera resuelto ayer de
forma favorable al texto de la ley, por una minoría escasa, el
procedimiento abierto dirigido contra algunos responsables del Gobierno
de la República Popular China; pero obvia que ese mismo Pleno, con
anterioridad, y al menos en otros 3 casos, se ha pronunciado en contra de
lo manifestado por la ley. Es precisamente esa decisión del Pleno de ayer
la que abre paso a la opción de un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional que en los 2 casos anteriores no resultaba posible porque
no se había dado el archivo de la causa. En consecuencia, no es que ayer
el Gobierno saliera reforzado porque haya una presunción de
constitucionalidad, digamos que la partida se encuentra en tablas.
Obviamente, el portavoz ha corrido un tupido velo en relación con las
otras consecuencias de esta reforma: la liberación de casi 60
narcotraficantes que habían sido detenidos fuera de las aguas
jurisdiccionales españolas en buques con bandera de otros países. No creo
que el Gobierno y el Partido Popular se puedan congratular de ese
resultado de la reforma.

La moción también hace referencia a los contenidos que se
han ido desgranando en relación con la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Lo primero que hay que constatar es que esta reforma en
este momento solo cuenta con el apoyo del Gobierno y del Partido Popular.
Y no me refiero a las fuerzas políticas de la oposición: me estoy
refiriendo al conjunto de operadores jurídicos, a los profesionales del
derecho; desde las asociaciones de jueces y magistrados a las
asociaciones de fiscales, jueces decanos y jueces de instrucción de la
Audiencia Nacional: uno tras otro se han ido pronunciando y ha ido
cuestionando los contenidos de esta reforma. En primer

lugar, por la desaparición de los partidos judiciales y su
sustitución por los tribunales provinciales —que veremos hasta
dónde llega—, que podrán tener o no delegaciones en las localidades
en las que ahora como cabecera de partido judicial existen juzgados; como
ha ocurrido en otras reformas fuera del ámbito judicial, cada vez que se
ha planteado una concentración de cualquier tipo de órgano administrativo
en este país, las delegaciones han sido siempre mucho menores que las que
existían antes del proceso de concentración, que para algo se hizo.

Igualmente, los jueces han cuestionado la desaparición del
juez decano que, en mi humilde opinión, ha desempeñado un papel positivo
en el funcionamiento de la Administración de Justicia en este país, tanto
como elemento que ha coadyuvado a la unificación de criterios dentro de
los partidos judiciales en los que había varios jueces, como en su
carácter de portavoz de las preocupaciones de esos mismos jueces, y todo
ello ha redundado en un mejor funcionamiento de la justicia. Suprimir la
figura del juez decano suena a represalia, porque lo que venían diciendo
en los últimos tiempos tampoco gustaba.

Igualmente, la introducción de esa figura de la instrucción
colegiada solo va a redundar en más retrasos en los casos complejos, y en
confrontación y discrepancia entre los instructores. Y suena también a la
búsqueda de «dentro de una terna, alguien habrá de la cuerda en esa
instrucción», y no creo que ese deba ser el criterio fundamental a la
hora de afrontar cuestiones como las que están siendo materia de
investigación judicial y de preocupación social en este momento.

Finalmente, la mordaza: esa calificación del proyecto como
«ley mordaza» por parte tanto de los jueces decanos como de los jueces de
instrucción y de las asociaciones profesionales de jueces y
magistrados.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Egun on, eta eskerrik asko,
mahaiburu jauna.

Gaur goizean hemen lau gai ditugu ardatz nagusi bezala.
Lehenengoa izango lirateke tasa judizialak edo epailearen tasak;
bigarrena izango litzateke justizia unibertsala; hirugarrena, Botere
Judizialaren Lege Organikoa; eta, emendakinen bitartez Alderdi
Sozialistak onartua, laugarrena izango litzateke doako asistentzia
juridikoa. Lau gai, nire ustez, hemen askotan hitz egin direnak, jorratu
direnak, eta dezente eztabaidatu direnak.

Baina, egia esan, gaur goizean —beti izan naiz inozo
samarra—, banuen nolabaiteko itxaropen bat. Zergatik? Ikusten
dudalako Alderdi Sozialistak aurkeztu duen mozio honek benetan baduela
eztabaidatzeko borondate bat. Bestela, Alderdi Popularrak esan beharko
luke zer punturekin ez dagoen ados. Adibidez, lehenengoa, tasa judizialen
ebaluazioa. Ez al gaude ados tasa judizialen aplikazioen ebaluazio
batekin? Edo zer ondorio izan dituen? Ez al gaude ados?

Edo bigarrena, justizia unibertsalaren inguruan, sortu
diren arazoen inguruko erreflexio bat. Ikusi dugunean justizia
unibertsalaren legearen aprobazioaren ondoren 53 trafikatzaile kalera
atera direla, dudarik ez dago horrek erreflexio bat beharko lukeela, ze
egia da Altava jaunak esan duena, atzo Audientzia Nazionalean gaia
jorratu egin zela, baina plenarioan bertan ez zen eztabaidatzen ea
Konstituzionalera joan edo ez joan, baizik eta kasu bat itxi edo ez itxi,
eta erabaki zen ixtea. Hori da, hain zuzen, arazoa —parentesi
artean, esan beharra dago gero gobernu txinoak eskertu egin duela
Espainiaren jarrera eta Rajoyren gobernuari esan diola hemendik aurrera
sakondu egingo dutela bi herrialdeen arteko harremanetan. Hori izan da
eskertza. Azken finean, justizia vs ekonomia, edo justizia vs dirua. Hori
izan da azkenean—. Baina mozio honetara bueltatuz, azken finean,
mozio honek esaten duena da: sortzen diren interferentzien inguruan
nolabaiteko erreflexioa.

Hirugarren gaiaren inguruan esaten duena dela-eta
(Consensuar adecuadamente con todos los actores jurídicos implicados el
Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial),
zerekin ez dago Alderdi Popularra ados? Beraz, ulertzen dugu Alderdi
Sozialistak, Alderdi Popularraren eraginez edo jarrera ikusita, onartu
izana bertan aurkeztu diren emendakinak. Are gehiago, urte eta erdi falta
da legealdia bukatzeko, eta, nire ustez, gai hauek, egia esan, askotan
jorratu ditugu, baina tokatzen zaigu ebaluatzea zer izan den Justizia
Ministerioaren papera eta bere hasierako nahiak, asmoak eta helburuak,
eta zertan bihurtu diren. Lehenengo gauza esan beharra dagoena da
ministroa behin bakarrik egon dela Justizia Batzordean konparezentzia

batean, behin bakarrik. Horren ondorioz, hemen gauden
alderdi politiko guztiak eskatu dugu ministro beraren konparezentzia.
Zertarako? Ikusteko hemendik legealdiaren bukaera arte dauden asmoak. Ez
daukagu ez erantzunik, ez asmoen berri. Horrek zer esan nahi du? Ikusten
dugula zein den ministro honen jarrera. Azken finean, bere diskurtsoa,
interpelazioan ikusi genuen bezala, alde batetik doa, baina, gero,
errealitatea eta bere ekintzak beste alde batetik doaz. Azken finean,
dauka irekita konflikto bat momentu honetan operadore juridiko
guzti-guztiekin. Hemen bertan, legebiltzar honetan, eskaini duenean
adostasuna, eskaini duenean elkarren arteko planteamenduak eta lana
egitea, azken finean, hori guztia ezerezean gelditu da.

Buenos días y muchas gracias, señor presidente.

Hoy tratamos aquí 4 temas principales: en primer lugar, las
tasas judiciales; en segundo lugar, la justicia universal; en tercer
lugar, la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en cuarto lugar, aprobada a
través de las enmiendas, la asistencia jurídica gratuita. Cuatro temas
que, en mi opinión, se han desarrollado y debatido en esta Cámara en
numerosas ocasiones.

En cualquier caso, reconozco que siempre he sido un poco
ingenuo y hoy albergaba una pequeña esperanza porque creía que la moción
presentada por el Grupo Socialista tenía la voluntad de ser debatida. Por
otro lado, el Grupo Popular debería decir con qué punto no está de
acuerdo; por ejemplo, en primer lugar, tenemos la evaluación de las tasas
judiciales. ¿Acaso no estamos de acuerdo en una evaluación de la
aplicación de estas tasas o en la evaluación de sus repercusiones?

Por otra parte, debemos reflexionar sobre los problemas en
torno a la justicia universal. Cuando vemos que tras la aprobación de
esta ley 53 traficantes han salido a la calle, no queda duda alguna de
que ello exige una reflexión. Bien es cierto que, como ha dicho el señor
Altava, ayer, en la Audiencia Nacional, ya fue debatido el tema, pero en
el plenario lo que se debatió no era si recurrir al Tribunal
Constitucional o no, sino cerrar un caso o no, y lo que se decidió fue
cerrarlo, y ese es precisamente el problema. Entre paréntesis, el
Gobierno chino obviamente ha agradecido la actitud del Gobierno español y
ha trasladado al Gobierno de Rajoy su voluntad de profundizar en las
relaciones entre los 2 países. En ello consiste su agradecimiento, es
decir, justicia versus economía o justicia versus dinero. Pero volviendo
a esta moción, lo que se solicita, al fin y al cabo, es que se reflexione
sobre las interferencias que surjan.

En tercer lugar, habla de consensuar con los actores
jurídicos implicados el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. ¿Con qué no está de acuerdo el Partido Popular? Entendemos que,
por influencia o vista la actitud del Partido Popular, el Partido
Socialista haya admitido las enmiendas aprobadas, pero falta un año y
medio para que finalice la legislatura y aunque es bien cierto que hemos
hablado en numerosas ocasiones de estos temas, también toca evaluarlos.
Es decir, ¿cuál ha sido el papel del Ministerio de Justicia y en qué se
han convertido sus intenciones, voluntades u objetivos iniciales? El
ministro solo ha comparecido una vez ante la Comisión de Justicia. A raíz
de esa comparecencia, todos los partidos aquí presentes hemos solicitado
su presencia, de cara a estudiar sus intenciones de aquí al final de la
legislatura. Pero no hemos recibido ninguna respuesta, con lo cual, tal y
como vimos en la interpelación, su discurso va por un lado, pero la
realidad y sus acciones van por otro. Al fin y al cabo, tienen abierto un
conflicto con la absoluta totalidad de los operadores jurídicos y cuando
ha ofrecido consenso en esta misma Cámara, planteamientos comunes o una
colaboración, todo ello ha quedado en nada.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

El señor BILDARRATZ SORRON: Azken finean, bere diskurtso on
hori gelditu da ezerezean, azken finean ez duelako jaramonik ere egin, ez
duelako entzun inongo operadore juridikorik, eta, azkenean, bakarrik
ekarri digu justiziaren sistemara konfliktoa, eta besterik ez. Jarraitzen
dugu bederatzi milioi kasu edukitzen urtean zehar, eta jarraitzen dugu
sententzien aplikazioetan izugarrizko zuloarekin.

Besterik ez. Mila esker.

Su discurso de buena fe ha quedado en nada porque no ha
escuchado a los operadores jurídicos y, al final, lo único que ha traído
al sistema de justicia es conflicto. Continuamos con 9 millones de casos
al año y con un vacío impresionante en la aplicación de las sentencias
judiciales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Buenos días, señor presidente,
señorías.

La interpel.lació que el Grup Socialista ens ha presentat i
la moció té el vot favorable del nostre grup. Perquè el nostre diagnòstic
és que la qualitat democràtica de la política, de la justícia ha anat
empitjorant greument. El portaveu del Partit Popular defensava el
contrari. Però, avui, abans d’assenyalar els elements pels quals
mantinc aquesta afirmació volia assenyalar dues qüestions. Primera, que
mai no s’havia produït una vaga a la justícia com es va produir
l’any passat. I, segona, que pràcticament totes les iniciatives
legislatives que el Govern del PP, en matèria de justícia, fa, té la
confrontació, l’oposició, de tots els operadors jurídics, no només
els polítics sinó els Col.legis d’Advocats, els notaris, els
fiscals, absolutament tothom. Però anant ja a la moció i al diagnòstic.
Per què diem que, en definitiva, la qualitat democràtica de la justícia,
de la política de justícia ha empitjorat? Fonamentalment per quatre
raons. Simplificant i resumint, per 4 raons. Una raó és que hi ha
restricció i una limitació dels drets fonamentals de les persones. Una
segona raó és que el Govern ha trencat obligacions que té amb convenis
internacionals, la justícia universal. Una tercera raó —i aquesta
és gravíssima— que el Govern ha atacat, ha mossegat la
independència del Poder Judicial. I una quarta raó és que la llei que
s’està tramitant, de modificació de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, ja la discutirem però m’interessa assenyalar el seu
aspecte centralista i uniformitzador de la justícia.

Intentaré explicar, amb aquests tres minuts que tinc,
aquestes quatre qüestions. Primera, la Llei de Taxes. Mirin, i és
indiscutible. La Llei de Taxes significa la impossibilitat que molta gent
accedeixi a la justícia, la gent que té recursos econòmics vulnerables,
pocs recursos econòmics. Això vol dir que una dona o un home que no hagin
treballat fora de casa i que vulguin posar una reclamació per pensió
compensatòria de 300 euros, la taxa és de 600 euros. En definitiva, posar
la reclamació significa 2 mesos del que es demana.

A més a més, com ha dit tothom repetidament, hi ha no sé
quants recursos d’anticonstitucionalitat. Es diu que es recaptaran
300 milions d’euros i no es recapta ni la meitat i, a més a més, no
se sap a on aniran a parar. És a dir, senyor Altava, no es pot negar que
la Llei de Taxes significa una impossibilitat que la gent que té menys
recursos econòmics accedeixi a la justícia. No es pot negar.

I, mirin, vostès poden dir el que vulguin. Però no hi ha
ningú que digui el contrari, excepte vostès. Això els hauria de fer
reflexionar. Si tothom diu el contrari, i no només tothom sinó que la
pròpia defensora del poble va fer un informe que va motivar que, al cap
de dos mesos de la vigència de la llei, de dos mesos, el ministre de
Justícia modifiqués la llei, de forma insuficient, però que modifiqués la
llei.

El segon punt importantíssim és l’atac a la
independència judicial. Es va produir ja fa uns mesos una modificació de
la Llei Orgànica del Poder Judicial mitjançant el qual el ministeri
s’ha quedat part de les competències del Consell General del Poder
Judicial. S’ha quedat la potestat reglamentària, el Consell no pot
fer el pressupost i, per tant, en definitiva, el ministeri s’està
quedant amb aspectes fonamentals que asseguren la independència de la
justícia. Això és especialment greu en un moment en què hi ha casos de
corrupció.

El tercer cas és la justícia universal. Miri. És difícil
trobar una llei que hagi produït més fiasco que aquesta llei. Hi ha
pràcticament 60 presumptes narcotraficants excarcerats. Hi ha els plens
de l’Audiència —no només el que vostè diu, sinó el que ha dit
el senador Iglesias— que, en definitiva, són plens de
l’Audiència que fan que hi hagi jutges que no facin cas de la llei.
I, en definitiva, és una llei que ha canviat drets humans per interessos
econòmics.

I la quarta raó és la raó del centralisme i de la
uniformització d’aquesta llei. No tinc temps d’entrar-hi però
hi ha un aspecte que és important. Que tots els tribunals
d’instància es concentrin a la capital de província es anar molt
temps enrere. Tots. Això vol dir que hi ha províncies en les quals les
persones hauran de fer 150 o 200 quilòmetres per, en definitiva, accedir
a la justícia. I l’avantprojecte a més a més perd
l’oportunitat de traslladar algun alt tribunal a llocs que no
siguin Madrid, no tot ha d’estar a Madrid, i aquesta era una gran
oportunitat.

Per tant, les quatre qüestions importants són: primera,
limita drets fonamentals d’accés a la justícia i això no es pot
negar. Segona, és un atac a la independència de la justícia. Tercera,
trenca compromisos i convenis internacionals

La moción que el Grupo Socialista nos ha presentado, como
consecuencia de la interpelación, tiene el voto favorable de nuestro
grupo, porque nuestro diagnóstico es que la calidad democrática de la
política y de la justicia han ido empeorando gravemente. El portavoz del
Partido Popular defendía lo contrario, pero antes de señalar los
elementos por los que yo sostengo esta afirmación, quisiera señalar 2
cuestiones. La primera, que nunca se había producido una huelga de
justicia como la que tuvo lugar el año pasado y que prácticamente todas
las iniciativas legislativas que el Gobierno del PP ha hecho en materia
de justicia tienen la confrontación, la oposición, de todos los
operadores jurídicos: fiscales, colegios de abogados... Pero, yendo ya a
la moción y al diagnóstico, ¿por qué decimos que, en definitiva, la
calidad democrática de la justicia, de la política de la justicia, han
empeorado? Fundamentalmente, simplificando y resumiendo, por 4 razones.
Una de ellas es que hay una restricción y una limitación de los derechos
fundamentales de las personas. Una segunda razón es que el Gobierno ha
roto las obligaciones que tiene con convenios internacionales de justicia
universal. La tercera razón —y esta es gravísima— es que el
Gobierno ha atacado, ha mordido, la independencia del Poder Judicial. Y
una cuarta razón es que la ley orgánica que se está tramitando de
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial la vamos a discutir,
pero me interesa señalar su aspecto centralista y uniformizador de la
justicia.

Voy a intentar explicar estas 4 cuestiones. En primer
lugar, la Ley de tasas. Esta ley —y esto es indiscutible—
significa la imposibilidad que tienen para acceder a la justicia personas
que tienen recursos económicos vulnerables o tienen pocos recursos
económicos. Esto quiere decir que, para una mujer o un hombre que no ha
trabajado fuera de su casa y quiere poner una reclamación de pensión
compensatoria de 300 euros, la tasa es de 600 euros. En definitiva, poner
la tasa significa pagar 2 meses de lo que se pide.

Además, como se ha dicho repetidamente, lo dice todo el
mundo, no sé cuántos recursos hay de anticonstitucionalidad. Se dice que
se van a recaudar 300 millones de euros, pero no se recauda ni la mitad
y, además, no se sabe dónde van a ir a parar. Es decir, no se puede negar
que la Ley de tasas significa la imposibilidad de que las personas que
tienen menos recursos económicos accedan a la justicia. No se puede
negar.

Pueden decir lo que quieran, pero nadie mantiene lo
contrario, excepto ustedes. Esto les tendría que hacer reflexionar. Todo
el mundo dice lo contrario, hasta la misma defensora del pueblo presentó
un informe que motivó que, al cabo de dos meses de la entrada en vigor de
la ley, el ministro de Justicia la modificara; de forma insuficiente,
pero la modificó.

El segundo punto importantísimo es el ataque a la
independencia judicial. Se produjo hace unos meses una modificación de la
Ley Orgánica del Poder Judicial mediante la cual el ministerio se ha
quedado con parte de las competencias del Consejo General del Poder
Judicial; se ha quedado la potestad reglamentaria, y el Consejo tampoco
puede hacer un presupuesto. En definitiva, el ministerio se está quedando
con aspectos fundamentales que aseguran la independencia del sector de la
justicia. Esto es especialmente grave en un momento en el que hay casos
de corrupción.

El tercer punto tiene que ver con la justicia universal. Es
difícil encontrar una ley que haya producido más fiasco que esta. Hay
prácticamente 60 presuntos narcotraficantes excarcelados. Tenemos unos
plenos de la Audiencia —y no solo los que ha dicho usted, también
los comentados por el señor Iglesias— que hacen que algunos jueces
no hagan caso de la ley. En definitiva, es una ley que ha cambiado
derechos humanos por intereses económicos. Derechos humanos por intereses
económicos.

Y la cuarta razón es el centralismo y la uniformización de
esta ley. No tengo tiempo ahora de entrar en esto pero hay un aspecto que
es importante. El hecho de que todos los tribunales de instancia se
concentren en la capital de provincia supone un retroceso. Esto quiere
decir que en algunas provincias la gente tendrá que recorrer 150 o 200
kilómetros para poder acceder a la justicia. Además, en el anteproyecto
se pierde la oportunidad de trasladar un alto tribunal a sitios que no
sea Madrid. No todo tiene que estar en Madrid, y aquí se pierde una gran
oportunidad.

Por lo tanto, las cuatro cuestiones importantes son las
siguientes. Primera, limita derechos fundamentales de acceso a la
justicia; eso no se puede negar. Segunda, es un ataque a la independencia
de la justicia. Tercera, rompe compromisos y convenios
internacionales,...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SAURA LAPORTA: ...com el Conveni de Ginebra o el
Conveni contra la Tortura. I, en quart lloc és una llei que continua
aquesta línia estratègica del Govern del Partit Popular de centralitzar i
uniformitzar tota la política de l’Estat.

Res més i moltes gràcies.

Acabo, señor presidente.

...como el Convenio de Ginebra o el Convenio contra la
tortura. Y cuarta, esta ley sigue la línea estratégica del Gobierno del
PP de recentralizar y centralizar toda la política del Estado.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Moltes gràcies, senyor
president.

Evidentment, Convergència i Unió votarà a favor
d’aquesta moció conseqüència d’interpel.lació. No és una
sorpresa, hem estat manifestant el nostre punt de vista durant la
tramitació de tots els projectes de llei que aquí s’estan
plantejant revisar.

Jo lamento dir que el Govern, en matèria de justícia, no
n’està encertant ni una. Ni una. No es pot legislar amb més
oposició. No només per part de tots els grups parlamentaris aquí presents
sinó també per part de tots els operadors jurídics. I, tot i així,
s’entesten en no escoltar, en no dialogar i continuar endavant amb
les seves tesis.

La Llei de Taxes Judicials és absurda i injusta, és que no
mereix un altre qualificatiu. La realitat és que persegueix agilitzar la
justícia impedint l’accés als ciutadans, no una altra cosa. No és
veritat que serveixi per finançar justícia gratuïta, perquè ja s’ha
demostrat que això no és així. Només a tall d’exemple. Per
interposar una demanda amb reclamació d’aliments a un familiar,
s’han de pagar 150 euros de taxes. Si això no els sona absurd, si
algú està posant una demanda per reclamar aliments, és que té una
situació econòmica precària. Per tant, com se li poden demanar 150 euros
en taxes, que no recuperarà mai, per interposar una demanda?

Quant a la justícia universal, no només suposa una
intromissió del Poder Legislatiu en el Poder Judicial —fet que
entenc que és intolerable en un estat de dret en el qual impera la
separació de poders— sinó que, a més a més, suposa la impunitat de
delictes gravíssims. Estem parlant de genocidis, estem parlant de crims
de guerra, estem parlant de desaparicions forçoses, de tortures, de crims
contra la humanitat. I vostès no reaccionen. Ja ho han comentat abans
d’altres companys d’escó. S’han alliberat més de 50
narcotraficants. És que només per això, només per això, el Govern ha de
fer una reflexió. Alguna cosa no està funcionant. No podem tolerar que 56
narcotraficants quedin lliures per una llei que hem aprovat. Alguna cosa
no estem fent bé.

Pel que fa a l’Avantprojecte de la Llei Orgànica del
Poder Judicial, la moció tan sols demana consens. Com es pot votar en
contra d’això? Com es pot votar en contra de consensuar? És que
això hauria de ser alguna cosa innata en un Govern. Dialogar. Jo no dic
que s’acceptin totes les propostes, però el diàleg amb la resta
dels grups parlamentaris? Amb els operadors jurídics? I vostès voten en
contra d’això? El Consell General del Poder Judicial ha rebut més
de 1500 aportacions al seu informe per part de membres de la carrera. La
Sala de Govern del Tribunal Suprem ha elaborat un informe, fruit de
diverses reunions entre els magistrats, on es mostra molt molt crítica
amb l’Avantprojecte d’aquesta Llei. De fet, manifesten que el
text planteja dubtes de constitucionalitat. Doncs facin-s’ho mirar.
Ahir coneixíem que sis vocals del Consell General del Poder Judicial han
elaborat un informe paral.lel al de la Comissió Permanent que cito
textualment: el text xoca amb els mandats constitucionals que han de
presidir la carrera judicial. Independència. Ull, eh? Estem parlant
d’independència del poder judicial. Inamobilitat o submissió a
l’imperi de la llei. I xoca amb les garanties que assegura la seva
afectivitat com són les d’un Consell General del Poder Judicial que
actuï com un autèntic contrapès dels altres poders constitucionals.
Manifesten,

fins i tot, al igual que nosaltres hem fet en aquesta
cambra directament al Ministre Gallardón, que s’ha fet sense
comptar amb les Comunitats Autònomes i els ens locals. I que fa més
difícil l’accés a la justícia dels ciutadans que no visquin a
capitals de província i desprotegeix els col.lectius més vulnerables. És
demolidor. I la resposta del Ministre és que això no és veritat. Que això
no és així. Doncs, miri, jo els ho dic, senyors del Partit Popular,
senyor ministre Gallardón —que lamento que no sigui aquí. No ho diu
Convergència i Unió. És que els ho diu tothom. Els ho diu tothom. Per
favor, facin una reflexió. Encara hi són a temps. I busquin més consens,
almenys en el cas d’aquesta llei, que encara no està tramitada.

Moltíssimes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Evidentemente, Convergència i Unió va a votar a favor de
esta moción consecuencia de interpelación, y no es una sorpresa, puesto
que hemos manifestado nuestro punto de vista a lo largo de la tramitación
de todos los proyectos de ley cuya revisión se ha planteado aquí.

Lamento decir que el Gobierno en materia de justicia no
está acertando ni una. No se puede legislar con más oposición, y no solo
la de todos los grupos parlamentarios aquí presentes, también la
manifestada por parte de todos los operadores jurídicos. Aun así, están
obcecados en no dialogar, en no escuchar y en seguir adelante con sus
tesis.

La Ley de tasas judiciales es absurda, no merece otro
calificativo. La realidad es que persigue agilizar la justicia impidiendo
el acceso a los ciudadanos, no otra cosa. No es verdad que sirva para
financiar la justicia gratuita, de hecho ya se ha demostrado que esto no
es así. Solo como ejemplo les diré que para interponer una demanda a un
familiar reclamando la pensión alimenticia hay que pagar 150 euros de
tasas. ¡Si esto no les parece absurdo! Si alguien está poniendo una
demanda para reclamar alimentos es que tiene una situación económica
precaria. ¿Cómo se le pueden pedir 150 euros en concepto de tasas, que no
va a recuperar nunca, para interponer una demanda?

En cuanto a la justicia universal, no solo supone una
intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial —hecho que
entiendo que es intolerable en un Estado de derecho donde impera la
separación de poderes—, sino que, además, supone la impunidad de
delitos muy graves: genocidios, crímenes de guerra, desapariciones
forzosas, torturas y crímenes contra la humanidad, y ustedes no
reaccionan. Lo hemos comentado antes, lo han dicho otros compañeros de
escaño. Se ha liberado a más de 50 narcotraficantes. Solo por esto el
Gobierno tiene que reflexionar. Algo no está funcionando. No podemos
tolerar que 56 narcotraficantes queden libres por una ley que hemos
aprobado. Algo no estamos haciendo bien.

Respecto al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder
Judicial, la moción solo pide consenso. ¿Cómo se puede votar en contra de
esto?, ¿cómo se puede votar en contra de consensuar? Esto tendría que ser
algo innato en un gobierno. Hay que dialogar; yo no digo que se acepten
todas las propuestas, ¿pero ustedes votan en contra del diálogo con el
resto de los grupos parlamentarios y con los operadores jurídicos? El
Consejo General del Poder Judicial ha recibido más de 1500 aportaciones a
su informe por parte de miembros de la carrera. La Sala de Gobierno del
Tribunal Supremo ha elaborado un informe fruto de distintas reuniones
entre los magistrados donde se muestra muy crítica con este anteproyecto
de ley. De hecho manifiestan que el texto plantea dudas de
inconstitucionalidad. ¡Por favor, mírenlo! Ayer supimos que 6 vocales del
Consejo General del Poder Judicial han elaborado un informe paralelo a la
comisión permanente que dice, y cito textualmente: El texto choca con los
mandatos constitucionales que deben presidir la carrera judicial:
independencia —ojo, que estamos hablando de independencia del Poder
Judicial—, inamovilidad o bien sumisión al imperio de la ley, y
choca con las garantías que aseguran su efectividad, como son las de un
Consejo General del Poder Judicial que actúe como un auténtico contrapeso
del resto de poderes constitucionales. Manifiestan incluso, al igual que
nosotros hemos hecho en esta Cámara directamente al ministro Gallardón,
que se ha hecho sin contar con las comunidades autónomas y con los entes
locales, y que hace más difícil el acceso a la justicia de los ciudadanos
que no vivan en capitales de provincia y desprotege a los colectivos más
vulnerables. Esto es demoledor, y la respuesta del ministro es que esto
no es verdad, que no es así. Y yo les digo, señores del Grupo Popular,
señor ministro Gallardón —y lamento que no esté aquí—, que
esto no es algo que diga solo Convergència i Unió, lo dice todo el mundo.
Por favor,

reflexionen, todavía están a tiempo, y busquen más
consenso, por lo menos respecto de esta ley que todavía no se ha
tramitado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, de nuevo,
señor presidente.

Señorías, una vez que he oído a los portavoces, a quienes
agradezco su posición, creo que hay una cosa que ha quedado demostrada, y
es que ustedes han conseguido que la justicia española esté en el peor
momento de su historia, a pesar del intento de defensa, querido senador
Altava; y es que no lo digo yo ni lo dicen los portavoces de la
oposición, lo dice el propio Consejo de Europa en su informe anual de
2013, donde afirma que la justicia española tiene que cuidar su imagen y
alerta sobre la percepción que tiene la ciudadanía de su poca
independencia. Desde luego si querían reformar la justicia para evitar
que se quedara obsoleta, no lo han conseguido, aunque les tengo que
reconocer un doble éxito: primero, que culpan a los ciudadanos españoles
de ser asiduos a las puertas de los juzgados y de ser los generadores de
los conflictos, y segundo, que no sé si han conseguido unanimidad, pues
los magistrados, los jueces, los fiscales, los secretarios judiciales,
los abogados, los procuradores, los sindicatos, las asociaciones
conservadoras y progresistas de magistrados, jueces y fiscales están en
contra de sus políticas de justicia, y no digamos los ciudadanos
españoles que son, como les decía antes, los verdaderos sufridores de las
políticas de contrarreformas del señor Gallardón.

Pero yo tengo tres preguntas: ¿Por qué el ministro y
ustedes tienen tanta prisa para remodelar de golpe tantas leyes y tantos
códigos sin analizar las consecuencias que pueden tener? ¿Por qué se
pretende —según el ministro— agilizar la justicia, reducir la
litigiosidad, descongestionar los juzgados a costa de la indefensión de
millones de españoles? ¿Por qué están privando a los ciudadanos de sus
derechos? Son preguntas que todos nos hacemos y creo que solo cabe una
respuesta: ideología en la justicia, hacer una justicia para los que
pueden y una justicia para los que no pueden, en vez de trabajar para
hacer una justicia con un servicio público real, cercana, accesible e
independiente.

Ustedes con sus políticas y el señor Gallardón con su
gestión están provocando justo todo lo contrario, están perjudicando a
todos los actores de la justicia, y todo por su arrogancia y suficiencia,
haciéndolo todo sin acuerdo y sin consenso, como decían los portavoces.
Están reformando sin pensar en las consecuencias; están reformando sin
ver —o quizá sí— que se está privando de derechos y
libertades a los ciudadanos; están reformando para mejorar a unos y
perjudicar a otros, y esto no es gobernar, señorías, esto es someter y es
manejar. Así no se gobierna.

Están poniendo encima de la mesa un programa reformista
—ustedes lo llaman así— y yo creo que es otra cosa, es una
manera indudable de vulnerar derechos fundamentales. Se olvidan de que
los poderes públicos son los que deben promover la libertad, la justicia
y la igualdad, y que estas sean reales y efectivas entre los
ciudadanos.

El señor Gallardón siempre indica que estamos en el siglo
XXI y que la justicia española no puede tener esquemas ni mecanismos del
siglo XIX, pues su programa de contrarreformas nos está llevando justo a
ese siglo, con esas formas y con esas maneras. Para ustedes —se lo
decía— todos los males de la justicia pasan por culpar a los
ciudadanos que acuden a los tribunales sin necesidad, y eso no es así,
señorías. Ustedes tienen la obligación de favorecer a los ciudadanos sea
cual sea su condición para que puedan acceder a una tutela judicial
efectiva; pero ustedes no escuchan ni a los ciudadanos ni a los
profesionales ni, por supuesto, a la oposición, ni siquiera a los propios
magistrados del Tribunal Supremo, y así ustedes no van muy bien, y no lo
decimos nosotros, lo reitero, lo dice el Consejo de Europa.

Ustedes no quieren ni apuestan por el diálogo y el consenso
—lo tenían hoy fácil con la moción—, y mucho menos por el
acuerdo. Así se aprecia en sus reformas, en las numerosas reformas
legislativas —yo no les voy a enumerar nada más que algunas por el
escaso tiempo—: la Ley 10/2010, de tasas judiciales, de la que ya
se ha hablado; la de jurisdicción voluntaria; la futura gestión del
Registro Civil, que ayer el ministro desveló que nuevamente lo van a
privatizar a través de los registradores mercantiles, aunque hoy ya los
propios registradores mercantiles han

dicho que no están de acuerdo; la Ley 5/2014, de seguridad
privada; la Ley de seguridad ciudadana; la reforma del Código Penal; la
ley que elimina los juzgados de paz y las audiencias provinciales y los
centraliza en un tribunal provincial, que también ayer intentó desvelar
el ministro. Y podríamos seguir, pero sus reformas no van nunca hacia una
administración de justicia.

Ustedes tienen un problema y es que no ven la justicia como
un servicio público accesible y cercano, no tienen respeto ni a los
profesionales ni a los ciudadanos, y en ningún momento buscan un consenso
o un acuerdo, de ahí la aceptación de las enmiendas de los grupos
proponentes.

Ha quedado evidenciada una cosa: esta es su justicia y este
es el lío en el que están metiendo el señor Gallardón y el Partido
Popular a la justicia española y a los españoles. Hoy han perdido una
nueva oportunidad para cambiar la dirección de su gestión; es evidente
que no lo van a hacer, van a seguir con su arrogancia y a la par
restringiendo derechos y perjudicando a los profesionales y ciudadanos.
Esa arrogancia llega hasta ser ustedes los que digan si aceptan o no las
enmiendas que presenta la oposición; seremos nosotros los que lo tengamos
que decir, ¿verdad?

Acabo ya, presidente. Ustedes se encuentran solos
nuevamente en este Pleno. Sigan así: no escuchen, no oigan, sigan por un
camino equivocado y no rectifiquen —están perjudicando a los
españoles y a los profesionales—, y luego sí, digan que la política
de justicia que está haciendo el Partido Popular es la que necesita
España, es la que necesita la España del siglo XXI. Señorías, nadie,
absolutamente nadie, les cree ya.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

Senador Rodríguez Esquerdo, faltaría más que nosotros
tuviéramos que aceptarle las enmiendas. Lo que le he dicho es que no
aceptamos su moción ni las enmiendas que ustedes mismos han incorporado a
su moción.

Todos los portavoces me merecen mucho respeto y querría
contestarles a todos y absolutamente a todas y cada una de las preguntas
que formulan, muy interesantes algunas de ellas, pero desgraciadamente no
voy a tener tiempo.

Senador Iglesias, manifestaba usted que se está proponiendo
la desaparición de los partidos judiciales. Eso lo dice usted. El
ministro en ningún momento lo ha dicho. Además, están hablando de un
borrador hipotético que todavía ni siquiera ha sido aprobado por el
Consejo de Ministros y que tendrá que seguir su tramitación
parlamentaria, con lo cual, el día que llegue ya veremos en qué queda.
Están cuestionando, de momento, un borrador que ha visto la luz pero que
ni siquiera ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.

El senador Bildarratz se preguntaba si no había voluntad de
consenso, y desde luego que sí la hay. El ministro siempre ha dicho que
no quiere un derecho de paternidad para la justicia, que para que haya
una buena justicia tiene que haber una justicia participativa y por parte
de todos.

Se preguntaba concretamente respecto a las tasas por qué no
se hace una evaluación. En esta moción no se podría realizar una
evaluación; a lo mejor se podría realizar un estudio sobre cómo está
funcionando la Ley de tasas, pero no es el objeto de esta moción.

Respecto a la justicia universal, ¿qué problema hay?
Ninguno. Simplemente lo que se ha hecho ha sido homologar nuestra
justicia con el derecho comparado —ya lo he dicho—, con
Francia, Reino Unido, Norteamérica y Alemania.

Por lo que se refiere a la Ley Orgánica del Poder Judicial,
exactamente igual. Estamos debatiendo sobre un borrador. Hablemos de
derecho positivo. Estamos cuestionando normas de lege ferenda que ya
veremos si tendremos oportunidad de debatir en este plenario el día que
nos lleguen.

Exactamente igual con la Ley de asistencia jurídica
gratuita que planteaba. Ya se hizo una reforma que afectaba a las tasas,
modificándolas en sentido negativo para abajo, dulcificándolas, y también
en relación con la asistencia jurídica gratuita.

Ha puesto de manifiesto que el ministro no ha comparecido
más que en una ocasión en la Comisión de Justicia. Pues bien, todos los
martes que hay Pleno lo tienen aquí para responder tanto a las preguntas
como a las interpelaciones. Yo tuve oportunidad de decirlo en la Comisión
de Justicia: a mitad de legislatura llevábamos ya más sesiones de esa
comisión que las celebradas en la legislatura pasada. Eso lo viví en
carne propia y por eso lo puse de manifiesto.

El senador Saura hablaba de los operadores jurídicos y
decía que están en disconformidad con muchas de las reformas aportadas.
Senador, puede que sí, pero también hay muchas comunidades autónomas que
tienen competencia transferida en materia de justicia. A lo mejor el
Ministerio de Justicia está pechando con la responsabilidad en materia de
justicia pero hay comunidades autónomas que también son corresponsables.
A lo mejor hay responsabilidad compartida, senador Saura, y la Comunidad
Autónoma de Cataluña tiene competencias, con lo cual algo también tendrá
que ver en el funcionamiento bueno o menos bueno de la justicia.

Hablaba de la Ley Orgánica del Poder Judicial y decía que
le daba un sentido centralista. Me reitero en lo dicho. Estamos hablando
de un borrador, pero señoría, no todo está en Madrid, como usted ha
dicho. ¿Dónde está la Escuela Judicial? En Barcelona. ¿Dónde está el
Centro de Estudios de Documentación Judicial? En el País Vasco. Seamos
serios y digamos la verdad. No se quiere hacer una justicia centralista
para nada. Si es a los tribunales de instancia a lo que usted se refería,
exactamente igual que proponía en su momento el Gobierno socialista.

Respecto a las tasas, ha habido un incremento en materia
civil precisamente allí donde hay tasas, y es verdad que ha habido un
decremento en penal, donde no hay tasas, y en lo
contencioso-administrativo.

La senadora doña Eva Parera, de Convergència i Unió,
también manifestaba su desencanto respecto a la Ley de tasas y decía que
con la justicia universal hay una intromisión del Poder Legislativo en el
Poder Judicial. Me atengo a lo dicho ya con anterioridad. Ayer mismo el
plenario de la Audiencia Nacional —la sala plenaria—, todos
los magistrados de la Audiencia Nacional tuvieron oportunidad de decidir
si les parecía constitucional o no y entendieron que sí lo era. También
ha cuestionado la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ya veremos, porque
estamos ante un borrador.

El senador Rodríguez Esquerdo comentaba que los operadores
jurídicos están en contra de la reforma y se hacía tres preguntas. ¿Por
qué el ministro quiere reformar tantas cuestiones en materia de justicia?
¿Sabe por qué? Porque ustedes no lo hicieron, porque ustedes dejaron
muchos deberes por hacer, y el Ministerio de Justicia, que ha dicho en
muchas ocasiones que no ha venido a estar, sino a hacer, está reformando
la justicia, porque en una cosa que convenimos todos es en que la
justicia necesita reformas, y al menos el ministro sí las está
realizando.

Se decía que se está aportando indefensión. Para nada, y
creo que lo he manifestado con anterioridad. Lo único que se está
haciendo es abrir la posibilidad de que las partes solucionen sus
conflictos, no solamente mediante la jurisdicción sino también mediante
el arbitraje y la mediación.

Y se hacía una tercera pregunta sobre por qué se está
privando de derechos a los ciudadanos. Al contrario. Las leyes de la
justicia se están realizando para que haya una buena gestión de la
justicia, para que la justicia deje de ser eso de lo que nos quejamos
tanto: es decir, lenta y costosa. Por eso no podemos aceptar ni la moción
ni las enmiendas presentadas.

Señorías, para concluir: decía Ortega y Gasset en La
rebelión de las masas que el mayor peligro es siempre el Estado, el
intervencionismo estatal. Lo decía Ortega y Gasset, que también fue
diputado.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ALTAVA LAVALL: Sí, señor presidente.

Dejemos que las cosas funcionen, por lo menos aquellas que
se ha demostrado que funcionan, e intentemos entre todos arreglar el
resto.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación
del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda
de los senadores Iglesias y Mariscal y de la enmienda de la senadora
Domínguez con número de registro 132675 que han sido aceptadas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 83; en contra, 136.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.
(Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores). Señorías,
guarden silencio.

4.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1369/2006, DE 24 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE REGULA EL PROGRAMA DE RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN PARA DESEMPLEADOS CON
ESPECIALES NECESIDADES ECONÓMICAS Y DIFICULTAD PARA ENCONTRAR EMPLEO, ASÍ
COMO A LA DEROGACIÓN DE DETERMINADAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL TÍTULO
III DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL REAL DECRETO
ANTERIOR.

(Núm. exp. 671/000128)

Autor: GPS

El señor presidente da lectura al punto 4.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación no se han presentado enmiendas. (Rumores). Señorías,
guarden silencio, por favor.

Para su defensa, tiene la palabra, por tiempo de cinco
minutos, el senador Varela. (Rumores). Señorías, guarden silencio por
favor.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, en el último Pleno interpelábamos a la ministra
de Empleo sobre el nivel de cumplimiento de la categórica afirmación del
señor Rajoy poco antes de las últimas elecciones acerca de que el Partido
Popular, él como presidente si llegaba a gobernar, no tocaría las
prestaciones ni los subsidios por desempleo. Eso dijo el señor Rajoy. No
tardó mucho en faltar a su palabra. Nada más llegar al Gobierno, tocaron,
y tocaron a fondo, tanto las prestaciones contributivas como los
subsidios de desempleo. Diría que de algún modo desguazaron buena parte
de ese sistema de protección social reconocido en la Constitución.

Algunas de las cuestiones que afectaron más a los
trabajadores que se encontraban en esa delicada, lamentable situación de
desempleo son bien conocidas. El 35% de cotización a la Seguridad Social
que pagaban los parados y que asumía el Servicio Público de Empleo dejó
de asumirlo y se lo endosó a los trabajadores en paro. Esto ha provocado
en España una situación curiosa, paradójica, que no se da en toda Europa.
Señorías, la ministra de Empleo —que aprueba, toma esta decisión y
pone en marcha esta medida— paga un tercio de cotización a la
Seguridad Social de lo que paga un parado. Teniendo en cuenta que todos
pagamos el 4,7% de nuestra base reguladora a la Seguridad Social,
exactamente igual que los parados, pero ellos cobran el 50 o el 60% de su
base reguladora, resulta que un parado está pagando un mínimo de 9,4% de
cotización a la Seguridad Social sobre sus ingresos reales y la ministra
—como es sabido, y cualquiera de los que estamos aquí— tiene
topado el máximo de cotización, está pagando un 3,2%. ¡Qué paradoja,
señoras y señores senadores, que en este país cotice menos sobre su
salario una ministra que un parado!

Además, disminuyeron del 60 al 50% la percepción sobre la
base reguladora de los últimos dieciocho meses. Por cierto, preguntamos
al Gobierno en la Comisión de Empleo cuánto suponía, qué importe, qué
montante total tenía esta cantidad que habían sustraído a los parados. No
recibimos respuesta, el Gobierno no nos lo quiere decir. Por eso, nos
obliga a que realicemos cientos, miles de preguntas, colectivo por
colectivo, edad por edad, sector por sector, para saber exactamente qué
es lo que le está sustrayendo el Gobierno a los parados. Además, este
Gobierno ha parcializado el subsidio de desempleo de los trabajadores que
venían de contrato a tiempo parcial. Antes cobraban la totalidad del
subsidio y ahora solo cobran en función del tiempo trabajado, del
porcentaje de tiempo trabajado de ese contrato a tiempo parcial, con lo
cual lo han pasado, en números redondos, de los 426 euros a una media
entre 200 y 250 euros de subsidio de los trabajadores que tenían el
contrato a tiempo parcial.

Han impedido, además, que quien no había cobrado
previamente una prestación pueda acceder a la renta activa de inserción.
Han aumentado de 52 a 55 años la edad para percibir el subsidio previo a
la jubilación. Decenas de miles de parados en tierra de nadie, señorías.
Y luego cierran el círculo y obligan a los parados que cobraban este
subsidio previo a la jubilación a jubilarse a los 61 o a los 63 años,
perdiendo para el resto de su vida hasta el 40% de su pensión

de jubilación. Esto lo hicieron con una pequeña y sutil
modificación donde se decía que esta jubilación obligatoria se realizaría
a la edad que le permitiera acceder a la pensión contributiva,
cambiándolo por la anterior redacción, que rezaba: «…cuando alcance
la edad ordinaria que le permita jubilarse». Con ese parrafito han
deteriorado la vida futura de millones de personas en este país. También
han congelado el salario mínimo interprofesional, no han revisado el
IPREM en mucho tiempo y han reducido el gasto por parado de 499 euros a
385.

Señorías, la última EPA es bien elocuente sobre los efectos
de estas medidas del Gobierno. Es muy elocuente y nos dice que hay 6
millones de parados y que solo 2 de esos 6 millones cobran prestaciones
por desempleo; es decir, el 32,6%. Además, nos dice que el 73% de los que
llevan más de un año parados no cobran ninguna prestación, que el 77% de
los que llevan más de dos años tampoco cobran ninguna prestación, que hay
845 000 parados más que no cobran prestaciones que cuando el Partido
Popular llegó al Gobierno y, lo que es más dramático y que forma parte
sustancial de la moción que presentamos, que 990 459 españoles que están
en situación de desempleo y viven en hogares de más de 2 miembros, no
cuentan con ningún ingreso; repito, personas paradas en hogares de 2 o
más miembros y sin ningún ingreso.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino inmediatamente, señor
presidente.

Señorías, esto no puede suceder. Las personas paradas, con
familiares a su cargo, han de tener la posibilidad y el derecho de
recibir un subsidio porque si no, señorías, pasará lo que está
ocurriendo: la expulsión de los trabajadores de sus puestos de trabajo y
la imposibilidad de recibir una renta digna de supervivencia en este
país. Así, los indicadores oficiales nos están dando datos de pobreza
disparada en el país o datos más graves, como la pobreza infantil, que
alcanza el 27%.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Ya termino, señor presidente.

Esto se resuelve simplemente con una pequeña modificación
en lo que está haciendo el Gobierno: avalar o aportar 5100 millones de
euros para permitir que en este millón de hogares pueda entrar una renta
que sustente a la familia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Fernández Sánchez.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Buenos días, señor
presidente.

Señorías, voy a intentar presentar una visión seria,
contundente y no catastrofista a la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, porque entiendo que la señora ministra de Empleo ya respondió
al señor Varela la última vez que intervino desde esta tribuna.

Desde mi punto de vista, el Gobierno que representó al
señor Varela en su momento dejó un déficit oculto en este país; al señor
Rajoy se le dijo que era un déficit público del 6% y luego se encontró
con que era más del 9,3% ―es decir, 30 000 millones de euros
más―, así que fíjese lo que podía hacer el señor Rajoy con la
herencia que ustedes dejaron.

Usted está ahora como el gusano de seda, saliendo del nido
y diciendo que a ver qué pasa, a ver qué hay, pero lo que hay que ver es
qué solución se puede dar a tantísima demagogia como ustedes manifiestan
desde la tribuna.

Señor Varela, creo que usted tendría que ser consciente de
la forma en que se marchó su Gobierno, por la gatera, sin siquiera hacer
los Presupuestos Generales del Estado, que precisamente es la asignatura
pendiente más importante que tiene un Gobierno: hacer unos presupuestos
acordes y adecuados con aquello que va a ser su tarjeta de visita en el
año venidero. El señor Rodríguez Zapatero sabía perfectamente que se
marchaba y ni siquiera hizo aquellos Presupuestos Generales del Estado
para que el futuro Gobierno ―o bien el país― pudiera
disfrutar de aquella situación tan buena y tan blanda que nos dejaba.

Creo que es importante recordar —y luego lo haré en
mi segunda intervención— que las mentiras tienen las patitas muy
cortas. Sabe usted perfectamente el volumen de desempleo que

dejaron en este país, y habla de bases topadas cuando se
refiere a las prestaciones; y compara usted, por ejemplo, a la ministra
con un ciudadano que esté desempleado y se pregunta qué cuantía tiene
topada en su base reguladora. Yo le puedo decir a usted quién topó las
bases reguladoras: fue su Gobierno el que topó todas las bases
reguladoras y puso tope a las pensiones. Si algo está topado es porque lo
hicieron ustedes; lógicamente, se dieron cuenta, como también se dieron
cuenta de que hubo que congelar las pensiones. También se dieron cuenta
ustedes de que las pensiones quedaron congeladas porque no había otra
alternativa para seguir manteniéndolas. ¿Por qué no les explican ustedes
también a los pensionistas que, aparte de congelar las pensiones, no
utilizaron el fondo de pensiones —que en aquel momento disponían de
70 000 millones de euros, una cuantía decente— para pagar a los
pensionistas? No, eso no lo hicieron. Simplemente quiero decirle que el
empleo llegará con un crecimiento económico como el que estamos viendo;
estamos viendo cómo las cuantías que se han puesto en mano de los
proveedores, a través de los préstamos ICO, están dando un resultado
suficiente y creo que el empleo es la garantía y el futuro que vamos a
tener con este Gobierno.

Hemos conocido los datos del paro registrados no hace mucho
tiempo y hemos visto que son esperanzadores. Estamos hablando del décimo
mes consecutivo en que se reduce el paro sin tener en cuenta el efecto
estacional. Es muy importante, señor Varela. El paro ha bajado en 112 000
personas aproximadamente. Señor Varela, en mayo había 318 500 parados
menos, que es importante; eso sí que es importante. Y los contratos
indefinidos se han prorrogado tácitamente en un número muy considerable
de más de 115 000, que suponen más de un 21% de la contratación
indefinida. Esa es la política de empleo, no la que usted intenta traer
aquí. Es el mismo discurso que usted hizo la última vez que estuvo con la
ministra en la que no habló en absoluto del crecimiento económico y de la
creación de empleo, que estamos notando poco a poco. Yo le puedo dar
datos, pero es bueno que recuerde lo que ustedes congelaron y lo que
ustedes hicieron. Lógicamente, con estos mimbres, ¿qué espera usted que
tengamos?

Usted viene aquí a pedir, como si fuera una tómbola. Todo
le parece mal, todo se ha hecho rematadamente mal, pero, por lo visto, de
dos años para acá. Cuando ustedes gobernaban no había nada mal, todo era
bueno. Pues mire, dejaron ustedes 6 millones de parados; dejaron ustedes
un país en la hecatombe total y absoluta; dejaron a este país en una
bancarrota que no hay quien la sostenga; Europa ni nos miraba a la cara,
y ustedes ahora vienen a decirnos lo que tenemos que hacer.

Señoría, ha habido una situación de auténtico progreso en
este país. Estamos viendo cómo poco a poco la economía está resurgiendo y
cómo estamos siendo reconocidos en Europa con mejores mimbres que antes,
y espero que usted también lo reconozca. Porque usted dice aquí siempre
lo mismo, dice que hace 40 000 preguntas para que nunca le digan nada.
Usted, por lo visto, no se da cuenta de que ustedes tenían el traje
puesto en el Gobierno, antes de llegar nosotros, y ese traje a ustedes
les ha ido muy mal; se les ha desmenuzado entero, ya no tienen nada, se
han quedado sin traje alguno, y vienen aquí ahora a la tribuna a decir lo
que creen ustedes que hay que decir. No, señor Varela, sea usted
consecuente, construya, colabore y trabaje por este país, porque en la
oposición también se puede hacer mucho.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Sánchez.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para expresar nuestra coincidencia con el contenido de la
moción.

Todas las reformas que en materia de prestaciones por
desempleo ha impulsado el Gobierno se han reducido a convertirse en un
instrumento más para alcanzar el cumplimiento del objetivo de déficit; es
decir, para poder dedicar menos recursos a prestaciones y subsidios a
pesar de que se seguía sosteniendo un aumento en el número de
desempleados. ¿Cómo se conseguía ello? En primer lugar, reduciendo el
importe de las prestaciones; en segundo lugar, estableciendo nuevos
requisitos que obstaculizaban el acceso a dichas prestaciones. Esa ha
sido la filosofía y la letra del conjunto de las reformas que en materia
de desempleo el Gobierno, vía real decreto o a través de los diferentes
proyectos que han pasado por las Cámaras, ha ido introduciendo.

Lógicamente, la respuesta debe ser revertir esa situación,
porque la realidad del mercado de trabajo es que, aunque en los últimos
meses se hayan producido reducciones en el número de trabajadores que
aparecen registrados como desempleados en las oficinas del Instituto
Nacional de Empleo, ello va acompañado, en primer lugar, de la
confrontación o el choque de datos entre los registros del INEM y la
encuesta de población activa, en la que ya destaca el número de
trabajadores desanimados —en la última encuesta de población activa
más de medio millón de trabajadores desanimados— que obviamente ni
tan siquiera acuden a mantener su presencia en el registro del INEM
porque creen que no tienen ninguna opción de conseguir un puesto de
trabajo. En segundo lugar, el reforzamiento del fenómeno del paro de
larga duración que se enquista. Según esa misma encuesta de población
activa, en 2013 el 62% de los parados llevaba más de un año sin lograr
empleo. Igualmente, llevaban más de tres años sin empleo 1 250 700
desempleados, es decir, el 20% de los parados. Este colectivo de parados
de larga duración que llevaban más de tres años sin trabajo aumentó un
22% en 2013. Obviamente, este colectivo de parados de larga duración es
el colectivo que está sin prestación, en el que el fenómeno de no contar
con ningún tipo de ingreso o prestación o subsidio, porque se ha agotado
aquel que devengaron como consecuencia de su actividad laboral, es más
numeroso.

Por otro lado, estos parados de larga duración coinciden
con los parados de mayor edad. Durante mucho tiempo, en nuestros debates
hemos destacado el drama de la generación perdida de jóvenes, aquellos
trabajadores de 25 años, perfectamente formados, los más formados de
nuestra historia —no nos cansamos de decirlo todos los
representantes políticos—, que no encuentran un empleo en nuestro
país y que en muchos casos tienen que emigrar fuera de él. Pero nos
olvidamos de la otra generación perdida, porque esta crisis está dando
lugar a dos generaciones perdidas: la de los jóvenes y la de los mayores
de 45-50 años, que son quienes nutren fundamentalmente ese colectivo de
trabajadores sin esperanza, de trabajadores desanimados que ya no buscan
un puesto de trabajo porque saben que en los procesos de selección su
edad se convierte en un obstáculo insalvable. Y a ese colectivo es
imprescindible darle también respuesta, garantizándoles rentas de
supervivencia y el acceso a la jubilación en las mejores condiciones.

Concluyo. Estamos viendo el problema desde la perspectiva
laboral, pero si lo analizamos desde la perspectiva social, las
consecuencias son igualmente dramáticas. Las familias que cobran en
nuestro país rentas de inserción se han duplicado desde 2007. Las rentas
de inserción son ese otro mecanismo de supervivencia que no guarda
relación directa con el mundo laboral, aunque tenga concomitancias. Y es
curioso, las 5 comunidades autónomas en las que el número de familias que
pueden acceder a estas rentas de inserción en las que es menor ese número
son comunidades gobernadas por el Partido Popular: por cada 1000
habitantes, en Castilla-La Mancha hay 0,5 familias; en Extremadura,
1,2.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.

Nada más doy los datos de las 5 comunidades: en Murcia,
1,3; en Baleares, 2; y en la comunidad valenciana, 2,4.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑÓZ: Eskerrik asko, presidente jauna.
Muchas gracias, señor presidente.

El objeto que persigue la moción que estamos debatiendo en
este momento es que el Gobierno derogue determinadas modificaciones que
ha venido realizando en los últimos años en la normativa que regula la
protección por desempleo y que modifique además los requisitos de acceso
al Programa de renta activa de inserción, todo ello con la finalidad
manifiestamente expresa en esta moción de tratar de incrementar el número
de personas beneficiarias de las prestaciones por desempleo y del
Programa de renta activa de inserción, ampliar además los plazos de
duración de las mismas e incrementar significativamente las cuantías
totales que se perciben.

En este sentido, cabe destacar que la moción plantea 3
tipos de medidas: primero, se proponen modificaciones al artículo 2 del
Real Decreto 1369/2006, por el que se regula el acceso, la duración y las
cuantías de la renta activa; segundo, se propone también la derogación de
aquellas modificaciones que han sido introducidas fundamentalmente en el
año 2012 al artículo 2.1 de este mismo decreto que he mencionado
anteriormente; y, tercero, se propone además la derogación de alguna de
las modificaciones realizadas al título II de la Ley General de la
Seguridad Social, que regula, entre otras cosas, el régimen especial
agrario.

Es evidente la buena voluntad de esta moción, porque busca,
efectivamente, garantizar que aquellas familias que llevan mucho tiempo
sin percibir ingresos o que llevan mucho tiempo en situación de paro
puedan obtener unos ingresos que les permitan vivir de forma digna. Como
ha señalado el senador Iglesias, en las circunstancias y en el contexto
económico y laboral que estamos viviendo ahora, la protección a estas
familias y a estos trabajadores es imprescindible.

En el Grupo Parlamentario Vasco lo que vemos también es que
lo que propone el Grupo Socialista es volver a la situación del año 2012.
Tampoco nos parece que esta moción incluya mecanismos que permitan
garantizar la sostenibilidad económica de las medidas que está
proponiendo. Me sorprende asimismo que la Mesa del Senado no haya
solicitado un informe económico sobre los costes que pueden derivar de
esta moción.

Señores, no podemos volver a la situación del año 2012, no
podemos permitir que la Seguridad Social afronte otra vez los riesgos de
la situación económica en la que ustedes la dejaron. Está claro que
tenemos que afrontar un debate de mucho más calado: cómo garantizar el
sostenimiento de las familias en una situación de altas cotas de
desempleo sin poner por ello en peligro la gestión y sostenibilidad
económica del sistema de la Seguridad Social.

Por lo tanto, aunque compartimos el fondo de la moción y su
intencionalidad, e incluso algunas de las medidas que ustedes están
proponiendo, lamento profundamente no poder votar a favor de esta moción.
Una forma de garantizar la sostenibilidad de las pensiones es volver a
recuperar otra vez el consenso en torno al Pacto de Toledo. Y aprovecho
para reivindicar aquí una vez más algo que ya es tradicional por parte de
mi grupo parlamentario, y es que, según el artículo 18.2 del Estatuto de
Gernika, en materia de Seguridad Social corresponde al País Vasco: a) el
desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del
Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma;
b) la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Lo traigo de
nuevo a colación porque estoy segura de que tras el cumplimiento de la
ley, cuando se dé la transferencia en materia de Seguridad Social a la
comunidad autónoma vasca, la gestión de la misma va a ser sostenible y,
evidentemente, mucho, mucho más adecuada.

Por lo tanto, anuncio desde ahora la abstención de mi grupo
parlamentario.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Senadora Martínez, senador Fernández, olvidémonos de que el
senador Varela es socialista, no leamos la exposición de motivos ni la
argumentación dada por la señora ministra en la interpelación. La
pregunta es: ¿los contenidos de la moción —muy detallados, muy bien
hechos—, ayudan o no ayudan? La respuesta es que sí. Uno no puede
salir a combatir una moción apelando al pasado ni interpretando el
balance del último Gobierno de Rodríguez Zapatero respecto a las
políticas de empleo, etcétera. Si no, no hay manera de dialogar, o
dígannos ustedes en qué fecha y bajo qué actitud podremos discutir
razonablemente entre todos los grupos sobre una propuesta sea o no sea
esta positiva. Seguir interpelándonos respecto al pasado lo considero un
desastre.

Senador Fernández, ustedes hicieron una apuesta para
relanzar la economía como fue recuperar la competitividad a partir de la
devaluación interna. La devaluación interna tenía dos grandes
instrumentos: la flexibilidad interna y externa de las empresas y las
reducciones salariales y del déficit para recuperar el crédito. Esas
fueron las prioridades de este Gobierno junto con el saneamiento del
sector financiero. No obstante, estas opciones tienen costes. Cuando caen
los salarios cae el consumo. La reforma del sistema financiero que
ustedes han realizado impide que hoy por hoy fluya el crédito. Por otra
parte, todas las apuestas por las medidas de flexibilización

interna y externa no solo han laminado derechos y
modificado condiciones de trabajo sino que han incrementado los despidos
y el desempleo. Es por ello que hoy estamos hablando de casi 6 millones
de parados, si leemos la EPA, o de 4 600 000 si leemos los datos de las
oficinas de empleo. En su apuesta por la reducción del déficit laminaron
las partidas presupuestarias dedicadas a las protecciones por desempleo y
a las políticas activas de empleo. Esto lo hemos estado discutiendo en
cada debate presupuestario y son datos objetivos si comparamos la partida
de un año respecto a otro. Además, han dificultado y creado más trabas
para el acceso a la protección por desempleo, con lo cual, ¿cuál es la
realidad macroeconómica de España según nos dice Bruselas? Hay un paro
alarmante, el trabajo que se crea es precario, el 94% de los trabajadores
contratados en el mes de mayo son contratos en precario, contratos
temporales. Hay pobreza —nos advierte la Unión Europea—, y la
deuda va disparada. Ese es el resumen macroeconómico de las consecuencias
de las políticas que ustedes han llevado a cabo.

Por otra parte, hace poco presentan un plan para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia que ignora el desempleo de
larga duración. El senador Iglesias decía algo con mucha razón: en España
hay un problema gravísimo de desempleo juvenil, también hay un problema
gravísimo de parados mayores de 45 años y un tercer problema es que el
54% de los parados son de baja cualificación, con lo cual tienen una
mayor dificultad para reincorporarse al mercado de trabajo.

Todo esto no forma parte de las prioridades del último Plan
2014-2016 que ha presentado el Gobierno, con lo cual, señorías, creo que
la propuesta que el senador Varela presenta hoy en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista es concreta, que va directamente a los objetivos
de mejora de la protección de los desempleados y de colocar las
condiciones de acceso a esta protección en unos parámetros razonables. Es
por ello que el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya dará
apoyo a esta moción. Y felicitamos al senador Varela por esta
iniciativa.

Gràcies, senyories.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor
presidente.

Gràcies, senyor president.

El meu Grup coincideix en el contingut de l’Exposició
de Motius que el Grup Socialista ha presentat en aquesta moció
conseqüència d’interpel·lació.

És evident que el que seria ideal i més just és que tothom,
en aplicació de l’article 35.1 de la constitució, pogués treballar,
però quan la realitat comporta que això no sigui així, calen, en
aplicació de l’article 41 de la mateixa constitució, eines de
protecció per desocupació que siguin reals, justes i equitatives, mesures
que permetin mitigar els efectes devastadors del binomi
desigualtat-atur.

Fent una ullada a l’enquesta de pressupostos de
despesa familiars de 2.013 publicada fa poc per l’Institut Nacional
d’Estadística, es pot observar que la reducció de la despesa a les
llars on el sustentador principal és una persona ocupada, respecte el
2.012, és del 4% (molt alta) i del 6,1% quan el sustentador principal
està a l’atur (altíssima), mentre que en el cas del jubilat la
reducció és de l’1% (molt més moderada). Un ocupat té una despesa
mitjana de 30.713 euros, només un 20% superior a la d’un jubilat
(25.553 Euros). La gran diferència està entre la despesa d’un
ocupat i la d’un aturat (17.985 Euros). És a dir, de mitjana, una
llar amb el sustentador principal ocupat manté una despesa un 70%
superior a les llars on el sustentador principal està a l’atur. Un
jubilat manté una despesa superior en un 42% a la d’un aturat. Si
fem una valoració de les dades durant els anys de la crisi entre
2008-2013, es pot observar que durant l’esmentat període cada llar
on el sustentador principal és una persona ocupada, l’any 2.013 ha
gastat 5.500 Euros menys, de mitjana, que el que va gastar l’any
2.008 (15% de reducció). I altres dades: per exemple el principal èmfasi
cal posar-lo en el cas de les llars en les quals el sustentador principal
ha perdut la feina, que tenia feina al 2008 i no en té al 2013. En aquest
cas la reducció mitjana de la despesa per llar ha estat del 50%

I és que només l’ocupació pot fer reduir les
desigualtats. Cal fer créixer l’ocupació per a augmentar el nombre
de cotitzant que paguen les pensions, però també per reduir les
desigualtats,

ja que les prestacions per jubilació tenen una capacitat de
cobrir les despeses dels jubilats que les prestacions d’atur no
tenen respecte els diferents col·lectius d’aturats. Així, mentre no
hi ha ocupació per a tothom, cal incrementar els mecanismes de protecció,
sobretot als desocupats amb càrregues familiars. En aquesta línia, en
data de d’11 de febrer de 2.014, el Grup Parlamentari Català al
Congrés de Diputats va presentar una proposta de creació d’una
Subcomissió en el sí de la Comissió de Sanitat i Serveis Socials per a
reduir la desigualtat i incrementar la cohesió social. L’atur i la
manca d’ingressos estan generant un increment de desigualtat sense
precedents. I aquesta situació ha fet disparar la taxa de pobresa
infantil.

Conscients de la situació, ja en el darrer debat de
política general, el Grup Parlamentari Català al Congrés va presentar una
proposta de Resolució instant el Govern a rectificar l’ajust
social, i lluitar contra l’increment de la desigualtat. En el punt
6 de l’esmentada proposta s’insta el govern a recuperar i
millorar la protecció de les persones desocupades per recuperar el
subsidi especial per a majors de 45 anys que s’hagin vist obligats
a esgotar la prestació contributiva; per recuperar l’edat de 52
anys pel cobrament del subsidi actualment establert per a majors de 55
anys; per promoure la modificació de les prestacions per desocupació de
manera que protegeixin de forma més efectiva els individus amb fills o
persones a càrrec; implementar subsidis complementaris per a salaris
baixos; impulsar una reforma de la Renda Activa d’Inserció per a
garantir la percepció d’uns ingressos mínims quan no es pugui
accedir a una prestació contributiva.

Coincidim doncs, amb el Grup Socialista. Així, pel que fa
al punts 1, 2 i 3 de l’Apartat A), sobre la modificació de
l’article 2 del Reial Decret 1369/2006, pel qual es regula la renda
activa d’inserció, coincidim en què cal la inclusió del col·lectiu
de menors de 45 anys que tinguin càrregues familiars, en què no hi hagi
espera d’1 any entre percebre la primera Renda Activa
d’Inserció i les posteriors per a aquest col·lectiu amb càrregues,
així com suprimir la limitació a 3 percepcions com a màxim
d’aquesta prestació fins que la taxa d’atur es situï al 15% o
per sota.

Pel que fa a la derogació de totes les reformes realitzades
al títol III de Protecció per desocupació de la Llei General de la
Seguretat Social, també valorem favorablement que la proposta pugui
materialitzar-se atès que, comporta una recuperació de drets de les
persones en situació d’atur en un moment particularment delicat per
la situació econòmica que està travessant el país.

I, finalment, en relació a la derogació de les reformes
realitzades pel Reial Decret 1369/2006, també hi estem d’acord
donat que s’amplien els supòsits de percepció de la Renda Activa
d’Inserció a altres col·lectius sense l’exigència
d’haver esgotat les prestacions esmentades. És per tot això, que
votarem favorablement la present moció conseqüència
d’Interpel·lació.

Gràcies.

Mi grupo coincide con el contenido de la exposición de
motivos que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en esta
moción. Es evidente que lo ideal y justo sería que, en aplicación del
artículo 35.1 de la Constitución, todo el mundo pudiera trabajar, pero
cuando la realidad implica que esto no sea así, en virtud de la
aplicación del artículo 41 de la misma Constitución, es necesario que
haya instrumentos que sean reales, justos y equitativos, medidas que
permitan mitigar los efectos devastadores del binomio
desigualdad-paro.

Echando una ojeada a la encuesta de presupuestos de gastos
familiares de 2013 publicada hace poco por el Instituto Nacional de
Estadística, se puede observar que la reducción del gasto en los hogares
donde el sustentador principal es la persona ocupada respecto al año 2012
es del 4% —muy alta— y del 6,1% cuando el sustentador
principal está en paro —una tasa altísima—, mientras que en
el caso del jubilado la reducción, mucho más moderada, es solo del 1%. La
gran diferencia radica entre el gasto de un ocupado y la de un parado.
Tenemos un gasto del 70% superior en los hogares donde el sustentador
principal está ocupado respecto a aquellos hogares donde el sustentador
principal está desocupado. Un jubilado tiene un gasto del 42% superior al
de un desempleado. Si hacemos una valoración de los datos durante los
años de crisis, entre 2008 y 2013, se puede observar que durante este
período cada hogar donde el sustentador principal es una persona ocupada
en el año 2013 ha gastado 5500 euros de media respecto a lo que gastó en
el año 2008, un 15% de reducción. Hay otros datos, por ejemplo, el
énfasis principal debe ponerse en el caso de los hogares donde el
sustentador principal tenía trabajo en el 2008 y no lo tiene en el 2013.
En este caso la reducción media del gasto por hogar es del 50%. Y es que
solo el empleo

puede reducir las desigualdades. Por tanto, hay que hacer
crecer la empleo para que aumente el número de cotizantes que pagan las
pensiones, pero también para reducir las desigualdades, ya que las
prestaciones por jubilación tienen una capacidad de cubrir los gastos de
los jubilados que las prestaciones de desempleo no tienen respecto a los
diferentes colectivos de parados. Por tanto, hay que ampliar los
mecanismos de protección, sobre todo para las personas desocupadas con
cargas familiares.

En esta línea el Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso
de los Diputados hizo una propuesta en el seno de la Comisión de Sanidad
y Servicios Sociales para reducir la desigualdad e incrementar la
cohesión social. El desempleo y la falta de ingresos incrementan a su vez
la desigualdad sin precedentes, y esta situación ha disparado la tasa de
pobreza infantil. Conscientes de la situación, ya en el último debate de
política general el Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso hizo una
propuesta instando al Gobierno a rectificar esta cuestión para luchar
contra las desigualdades. En el punto 6 de esta propuesta se insta al
Gobierno a mejorar la protección de las personas desempleadas para
recuperar el subsidio especial para mayores de 45 años que se han visto
obligados a perder la prestación contributiva; también se pretende
promover la modificación de las prestaciones por desempleo para proteger
de manera más efectiva a las personas con hijos o personas a cargo, e
implementar subsidios complementarios para salarios bajos así como
impulsar una reforma de la renta activa de inserción para garantizar la
percepción de unos ingresos mínimos cuando no se pueda acceder a una
prestación contributiva.

Coincidimos, pues, con el Grupo Socialista. Así, con
respecto a los puntos 1, 2 y 3 del apartado A), sobre la modificación del
artículo 2 del Real Decreto 1369/2006, coincidimos en que es necesario
incluir al colectivo de menores de 45 años que tengan cargas familiares
para que no haya que esperar un año entre la percepción de la primera
renta activa de inserción y las posteriores y suprimir la limitación a 3
percepciones como máximo de esta prestación hasta que la tasa de
desempleo se sitúe en el 15% o por debajo.

Respecto a la derogación de todas las reformas realizadas,
también valoramos favorablemente que la propuesta pueda materializarse
puesto que comporta una recuperación de derechos de las personas en
situación de desempleo en un momento especialmente delicado, habida
cuenta de la situación económica del país.

Por último, en cuanto a la derogación de las reformas
realizadas por el Real Decreto 1369/2006 también estamos de acuerdo dado
que se amplían los supuestos de percepción de la renta activa de
inserción a otros colectivos sin la exigencia de haber agotado otras
percepciones.

Por ello vamos a votar favorablemente esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, antes de nada quiero agradecer a los grupos que
van a apoyar esta moción su posición y el reconocimiento de que es una
moción trabajada, estudiada para que ni un solo punto de las
modificaciones que ha puesto en marcha el Gobierno y que afectan
negativamente a los trabajadores y a sus subsidios y prestaciones pudiera
no ser modificado por esta iniciativa ni retrotraerse a su situación
inicial.

A la senadora Martínez, quiero decirle que no sé si lo ha
visto, pero esta moción va acompañada de un coste económico de 5112
millones de euros.

Señora Martínez, no tranquilice su conciencia con la
sostenibilidad. Esos 5112 millones de euros están en los presupuestos
generales del Estado. Sencillamente, no se están gastando. En el primer
trimestre del año 2014 el Gobierno dejó de gastar 1200 millones de euros
de los fondos destinados a protección por desempleo, es decir, en cómputo
anual prácticamente los 5000 que pedimos para proteger a ese millón de
familias.

En todo caso, señora Martínez, si este país tiene 40 000 o
50 000 millones de euros para dárselos a la banca para resolver sus
problemas, malo será que no pueda tener 5000 millones de euros para
proteger a un millón de familias que no reciben ningún ingreso. Por lo
tanto, no es la sostenibilidad, creo yo —permítame que se lo diga
así—, la justificación para no aprobar esta moción.

Ayer leíamos en un periódico de tirada nacional que una
madre contaba la agonía que vivía cada día para poder alimentar y sacar
adelante a sus tres hijos; era una madre que cobraba uno de esos
subsidios que van a desaparecer, que se van a agotar; esta madre decía
que en España, en esta España insolidaria que se está construyendo, la
gente se piensa que no se pasa hambre, y eso no es verdad. Decía: si
tengo tres piezas de pesca, las pongo en la mesa; y si los niños se han
comido las tres, pues ya está, no queda nada, no pasa nada, así ha de
ser, está bien.

Y yo digo que no está bien. Eso no está bien. Eso no puede
pasar en este país. No estamos hablando de África, no estamos hablando
del tercer mundo que, desgraciadamente, está sometido a estas
situaciones. Estamos hablando de Asturias, estamos hablando de España.
Estamos hablando de que hay un millón de familias que no tiene ningún
tipo de ingresos, y el Gobierno no solo no trata de proteger a esos
colectivos, a esas familias, sino que día tras día va poniendo encima de
la mesa medidas que recortan o anulan su posibilidad de supervivencia o
de una vida medianamente digna. Y eso, señorías, no está bien. Eso está
muy mal.

Paradójicamente, me da la sensación de que este Gobierno de
España está en aquello que denostó y contra lo que luchó siempre: está en
la lucha de clases. El Gobierno del señor Rajoy está en la lucha de
clases, está ejecutando un plan concienzudo y minucioso para que esta
crisis la paguen la clase obrera y los parados, que son los principales
depositarios del coste de la salida de la crisis. En dos años, en este
país se han reducido los salarios en 48 000 millones de euros, y han
reducido las prestaciones que en 2011 se dedicaban al desempleo.

Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, yo no le
vengo a pedir aquí nada más que eso que usted critica. Dejen la situación
como estaba en 2011. Las maldades del señor Zapatero, recupérenlas
ustedes. Pongan el subsidio a tiempo parcial como estaba. Pongan el
derecho al subsidio para los mayores de 52 años como estaba. Pongan la
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores en desempleo como
estaba. No le pido más. Le pido que recuperen la herencia del señor
Zapatero en materia de protección y de subsidios por desempleo, porque lo
que están haciendo ustedes, señores del Gobierno, es sencillamente
castigar a los colectivos más débiles.

Señores del Gobierno y señores del Partido Popular, se lo
digo de otra manera. Aquí no pagan los bancos. No pagan los ricos, que
son cada vez más ricos, según los datos que nos presentan. No pagan las
rentas de patrimonio. No pagan los beneficios empresariales. Aquí están
pagando los paganos, y los paganos se llaman parados y trabajadores. Este
Gobierno, señor portavoz del Partido Popular, está robando a los pobres
para dárselo a los ricos. Así, tal y como suena, está robando a los
pobres para dárselo a los ricos. Los pobres son los que están pagando la
salida de esta crisis. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

Y se lo digo con más detalle. A los jóvenes que iban a
estudiar, a base de retirarles las becas y aumentarles las tasas les
están robando su futuro. A los enfermos, a base de retirar dinero de la
sanidad pública, de reducir el número de profesionales de la sanidad
pública, a base de privatizar hospitales les están robando la salud. A
las personas que pierden su empleo, a base de eliminar prestaciones y
subsidios y dejarlas sin absolutamente nada les están robando lo último,
les están robando su dignidad. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Concluya, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino inmediatamente, señor
presidente.

A las personas con discapacidad y a sus familias les están
robando el derecho a una vida decente. Y a las mujeres de este país les
están robando el más elemental de los derechos, el derecho a decidir
sobre su cuerpo. Eso es lo que está haciendo su Gobierno. (Rumores). Y,
señorías, señor presidente, a los españoles —lamentablemente es
así, por mucho que les duela— les están robando el país justo y
solidario que estábamos construyendo entre todos, convirtiendo España es
un país absolutamente injusto y absolutamente insolidario.

Muchas gracias. (Aplausos).

Página
11074

posiblemente, le venga bien, pero aquí no tiene usted
ninguna credibilidad. (Rumores). ¡Está bueno el gallinero hoy!

Por tanto, señor Varela, creo y entiendo que usted debía
reforzar la vinculación del empleo garantizando mayor flexibilidad porque
es su trabajo, es lo que tiene que hacer, lo demás no tiene sentido
ninguno. Así que, tanto en su primera moción como en esta, en ningún
momento ha introducido grandes rasgos de cambio. Lo mismo que hizo usted
con la ministra. Por tanto, vamos a votar negativamente porque,
lógicamente, no estamos de acuerdo con ello. Vamos a implementar medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria; asegurar la viabilidad
financiera, es algo que también consideramos, como le dijo la ministra;
concentrar la protección de las situaciones de pérdida de empleo y
situación personal que requieren especial atención; vamos a impulsar la
actividad de los desempleados e incentivando el pronto retorno a la
ocupación; vamos a facilitar la activación de los trabajadores de mayor
de edad; vamos a reforzar el sistema de políticas activas sobre la base
del principio de eficiencia y permitir que los limitados recursos
disponibles se destinen a aquellas iniciativas más útiles; y vamos a
racionalizar el sistema de prestaciones en su totalidad, dotándolo de una
mayor coherencia interna que asegure la equidad. Esos son los objetivos
que va a mantener este Gobierno, y lo está manteniendo la ministra de
Empleo, algo que ya les ha manifestado. La viabilidad de la protección,
la eliminación de todos los parámetros que no son apropiados para que
haya menos desempleo y todo lo que estamos haciendo, es lo adecuado.
Creación de empleo, creación de empleo y creación de empleo, esa es la
política que ha hecho este Gobierno. No estamos vegetando, como ustedes
hicieron. Vegetar no, trabajar, luchar y crear un empleo digno y fácil
para todo el mundo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Sánchez. Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista tal y como ha sido
presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 222; a favor, 79; en contra, 139;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

5. MOCIONES

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REVISAR Y
MODIFICAR LAS MEDIDAS NORMATIVAS APROBADAS Y QUE TIENE PREVISTO APROBAR
EN RELACIÓN CON EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y, ESPECIALMENTE, DE
LAS BIOMASAS.

(Núm. exp. 662/000144)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
(Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. Abandonen el
hemiciclo en silencio.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo
de quince minutos, el senador Alique. (Rumores).

Guarden silencio, señorías, por favor.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, la voracidad legislativa de este Gobierno en
materia energética es la historia de un fracaso. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Después de dos años
y medio de Gobierno del Partido Popular tenemos la electricidad más cara,
más déficit de tarifa, más pobreza energética y más destrucción de
empleo, especialmente en sectores como las renovables

y el régimen especial de la cogeneración, que representa el
20% de la actividad industrial y que tiene previsto cerrar entre un 50 y
un 70% de las plantas existentes, según anuncia el sector, con motivo de
las últimas reformas del Gobierno. Asimismo, hay más inseguridad
jurídica. España ha dejado de ser líder mundial en energías renovables a
cambio de ser líder mundial en pleitos contra el Estado.

Señorías, nos encaminamos hacia el último año de Gobierno
del Partido Popular y estamos en condiciones de sumar un nuevo dato
negativo al balance de lo que prácticamente será la legislatura más
perniciosa de la reciente historia democrática de España. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento,
senador Alique.

Señorías, por favor, guarden silencio. Ruego permitan al
orador intervenir, porque es absolutamente imposible oírle.

Puede continuar, senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Me refiero al hecho de que no queda
ni un solo colectivo que no haya manifestado en más de una ocasión su
protesta contra unas políticas, las de este Gobierno, que serán
recordadas como las que llevaron a España a alcanzar las más altas tasas
de paro y de desigualdad. Con 1 de cada 4 españoles en paro —2 de
cada 4 en el caso de los jóvenes— todavía hay quien celebra esa
recuperación económica que quiere vender el Gobierno, aunque, en
realidad, vivimos en la España que denuncia el informe de Cáritas. Pero,
como digo, la realidad es otra. La realidad es que son miles de familias,
de españoles, los que un fin de semana sí y otro también, salen a las
calles para protestar contra unas políticas con las que no están de
acuerdo. Los ciudadanos piden al Gobierno soluciones para sus problemas y
que deje de jugar al gato y al ratón con una sociedad a la que ya no se
la engaña fácilmente ni con filibusterismos políticos, ni tampoco de
corte fiscal, como es el caso de esa falsa reforma fiscal que anunciaba
recientemente el Gobierno y que, en realidad, solo pretende bajar
impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas, mientras que
el palo es para los de siempre, para los trabajadores y los parados. No
solo se conformaron ustedes con una reforma laboral que bajaba salarios,
que facilitaba y abarataba el despido, sino que ahora con esa mal llamada
reforma fiscal ustedes pretenden crear un nuevo impuesto para los parados
con el fin de que tributen por la indemnización por despido.

Electoralismos desesperados aparte, lo cierto es que el
sábado pasado también miles de personas, empresarios y promotores de
energías renovables se echaron a las calles de Madrid en número de miles
contra un Gobierno, para protestar por esa demonización que hace
continuamente de las energías renovables y en contra de un nuevo marco
regulatorio impuesto y retroactivo que arruina al colectivo y destruye a
este sector de las energías renovables. Así como para dejar muy claro que
no van a permitir que sigan ustedes, señorías del Partido Popular,
privilegiando al oligopolio eléctrico a costa de las energías renovables
y de la competitividad de la economía española. Entienden, como
entendemos en el Grupo Parlamentario Socialista, que ese recorte brutal a
las primas de las energías renovables que ha aprobado recientemente el
Gobierno, además de no solucionar los grandes problemas que tiene el
sistema eléctrico español, ahonda en la destrucción de un sector que es
básico para el presente y el futuro de la economía española como son las
energías renovables. Por eso, el Grupo Socialista presentó hace un año un
recurso de inconstitucionalidad y algunos Gobiernos autonómicos, como el
andaluz, pero también del Partido Popular, como el Gobierno extremeño y
el de Murcia, han presentado recursos contra esta reforma del Partido
Popular.

Con esta política de destrucción económica y
medioambiental, si el Partido Popular sigue gobernando, ocurrirá un hecho
insólito, que España, que en este caso ha ocupado desde el principio y
por primera vez un espacio destacado al frente de la locomotora de la
innovación, se bajará y ocupará los últimos asientos del furgón de cola.
Desgraciadamente, una vez más, los intereses de unos pocos, muy pocos,
han prevalecido sobre el interés general de muchos. Y el responsable
político de esto tiene nombre y apellidos, el Gobierno del señor Aznar.
Perdón, del señor Rajoy. (Rumores). No, si el Gobierno del señor Aznar
empezó y lo ha culminado el señor Rajoy. Con estas medidas, el Gobierno
castiga a miles de ciudadanos que se manifestaron el sábado pasado y
castiga, sobre todo, a aquellas personas que apostaron, con una
legislación que se aprobó para las energías limpias, y que, ahora, en
unos casos, se les condena al desempleo, y,

en otros, a la ruina. Pero nada más lejos de la realidad
esa seguridad jurídica que tenían, porque este Gobierno ha aprobado
recientemente una normativa que cambia las reglas a mitad del partido y,
si hasta ahora, se les retribuía en función de la cantidad de energía que
se producía y que se suministraba al sistema, a partir de ahora la
retribución se va a calcular en función de otros parámetros como el coste
de inversión o de mantenimiento. Como consecuencia de ello, se va a
favorecer a tecnologías más caras e ineficientes, que son las que nos
hacen ser más dependientes energéticamente y que suben el recibo de la
luz, como el gas y el petróleo.

El resultado de este despropósito normativo, señorías, es
descorazonador, porque la inversión en energías renovables se ha
paralizado drásticamente, como reconoce la propia Unión Europea, que ha
llegado, incluso, a decir que el recorte retroactivo de las energías
renovables ahuyenta la inversión. ¡Cómo no va a ahuyentar la inversión en
este escenario de inseguridad jurídica y de retroactividad que ha
aprobado el Gobierno? ¿Y qué garantías tendremos de que se cumplan los
objetivos marcados en el ámbito de la Unión Europea con las energías
renovables? Pues simple y llanamente, señorías, ninguna, porque con la
legislación que ha aprobado el Gobierno se arroja al sector de las
energías renovables al precipicio, y eso es algo que no se puede permitir
la economía de nuestro país, porque, precisamente el futuro está en las
energías renovables y son un sector fuerte que crea empleo y riqueza.

Gracias al progreso técnico, las nuevas inversiones en
energías limpias son menos costosas y más eficientes, lo que ha
contribuido a democratizar el mercado de las energías, haciéndolo más
accesible tanto a los consumidores como a las pequeñas empresas. El
resultado es obvio, y es que el oligopolio eléctrico ha visto cómo sus
plantas convencionales han sido sustituidas por plantas de generación
renovable, que son más limpias, más competitivas y más eficientes.

Las renovables, como ustedes saben, señorías, con un coste
variable de producción cercano a cero, reduce las horas de funcionamiento
de las plantas convencionales, contribuyendo a que bajen los precios en
el mercado mayorista, como estamos viendo estos días, y reduciendo los
beneficios extraordinarios que perciben algunas centrales amortizadas,
como es el caso de las nucleares y de las hidroeléctricas.

En estas circunstancias, lógicamente, las grandes compañías
eléctricas no quieren perder su liderazgo, no lo quieren perder, pero
saben que en un momento u otro van a tener que subirse al carro de las
energías renovables, como está ocurriendo en el resto de Europa y del
mundo. Lo que pretenden es manejar los tiempos y retrasar la decisión, y
para ello cuentan con la inestimable colaboración del Gobierno del
Partido Popular.

Pero, señorías, no solo son razones económicas las que nos
llevan a la defensa de las energías renovables —de por sí ya
importante—, también nos conduce a ello razones medioambientales,
la apuesta por la I+D+i o el hecho de que, a través de las energías
renovables, se cree un número importante de puestos de trabajo
—algo relevante en este país— o se mejore la balanza
comercial. Con las decisiones que está tomando este Gobierno, España está
perdiendo el liderazgo que tenía en energías renovables debido a que
estos recortes retroactivos, que ponen en tela de juicio la seguridad
jurídica, también perjudican la inversión futura en esta materia. Por eso
pedimos que se revise y que se rectifique toda la normativa que tiene que
ver con las energías limpias, porque perjudican al conjunto de la
economía en general y a las energías renovables en particular.

Y pedimos un cambio de rumbo urgente en la política
energética, que debe pasar, en primer lugar, por hacer converger los
precios que pagan los consumidores con los costes reales y efectivos de
producción, de abastecimiento y de instalación, ni más ni menos. Con eso,
señorías, conseguiríamos que tecnologías que en este momento escapan a la
competencia, como la nuclear y la hidroeléctrica, dejasen de tener
sobrerretribuciones que están perjudicando al bolsillo de los ciudadanos
y a la competitividad de nuestras empresas. Pero eso es justo lo
contrario de lo que está haciendo este Gobierno.

Por tanto, señorías, es evidente que este recorte que ha
aprobado recientemente el Gobierno de 1700 millones de euros al régimen
especial de las energías renovables no era necesario. Con esta medida lo
que hacen es penalizar a las energías limpias y dejar indemnes a la
nuclear y a la hidroeléctrica, que son el verdadero lugar donde se ha ido
gestando el déficit de tarifa. Estas medidas que ha aprobado el Gobierno
afectan al conjunto de las energías renovables y de manera

particular a un tejido productivo, el de la biomasa, que
por sus particulares características requiere de un análisis mucho más
detallado y de especial atención.

Señorías, el sector de la biomasa está vinculado al mundo
rural y también a la economía verde. La biomasa no es solo una energía
renovable más, se trata de una verdadera industria asociada a sectores
como el agrícola, el forestal o el ganadero. En nuestro país se sigue
considerando la biomasa como un recurso marginal para la producción de
energía renovable, a pesar de que tenemos una enorme cantidad de biomasa
agroganadera y forestal. Les recuerdo que en los países europeos no solo
se apuesta por la energía limpia —en este caso, me refiero a la
biomasa—, también se prioriza; sin embargo, en nuestro país es
continuamente olvidada y relegada, a pesar de las cantidades de biomasa
que están disponibles para ser revalorizadas, cuantía mayor que en el
conjunto de la Unión Europea. Además, señorías, el aprovechamiento de la
biomasa para la generación de electricidad reduce las emisiones de CO2 y
también los costes en prevención y extinción de incendios. Y, además, la
biomasa genera actividad económica en el medio rural y crea empleo. Como
ven, señorías, las singulares aportaciones medioambientales, económicas y
sociales que estas energías tienen y generan en otros sectores de la
actividad económica, como el agrícola, el forestal o el ganadero,
determinan que su desarrollo y consolidación deba realizarse de mutuo
acuerdo entre el Gobierno de España, los gobiernos de las comunidades
autónomas y las empresas afectadas.

Señorías, el Grupo Socialista considera que la promoción de
la biomasa debe ser un objetivo prioritario de las políticas públicas, de
las políticas industriales y de la política energética, no solo del
Gobierno de España, sino también de las comunidades autónomas; por tanto,
pedimos que se rectifique de manera urgente, lo antes posible, la dura
moratoria impuesta, la tasa del 7% a la generación, que aprobó el
Gobierno, y el nuevo régimen retributivo, injusto y retroactivo, que
perjudica a las energías renovables en general y a la biomasa en
particular. Por cierto, la biomasa es la única renovable que no ha
cumplido los objetivos que se le asignaron en su momento, unos objetivos
que no se han cumplido, entre otras circunstancias, porque este Gobierno
viene legislando desde hace dos años y medio contra este tipo de
tecnologías; y está poniendo en peligro el funcionamiento de las plantas
existentes en este momento y va a impedir de facto la aparición de nuevas
inversiones en esta materia.

Con ello, señorías, el Gobierno condena a muerte a un
sector, el de las energías renovables, y a un tejido productivo como es
el de la biomasa, lo que va a generar efectos muy perjudiciales e
irreversibles en el medioambiente y en las economías rurales,
especialmente en los ámbitos agrícola, forestal y ganadero, y en sus
industrias asociadas, con una afectación muy directa en la creación de
valor añadido y de empleo en el conjunto del territorio español.

Concluyo diciendo que la sostenibilidad económica y
medioambiental son metas alcanzables en el sector eléctrico, y para ello
es necesario que se respete plenamente la seguridad jurídica para los
consumidores e inversores, y eso es precisamente lo que no está pasando
en este momento. Sin seguridad jurídica el proceso inversor no se
desencadena, y si eso no sucede España quedará relegada al furgón de cola
de un sector de progreso como es el de las renovables que, sí o sí,
formará parte del futuro de Europa.

Señorías, las energías renovables democratizan el beneficio
energético, nos permiten tener más competitividad, nos ayudan a crear
empleo, ayudan a que la economía crezca y son una garantía de futuro. Por
eso pido a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta moción para
poner freno a esta barbarie, para poner freno a este despropósito
político y económico que está hipotecando nuestro futuro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Alique.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Volvemos otra vez al debate de la energía, un debate que
creo que es trascendente. Hace pocas semanas mantuvimos uno respecto de
los temas relacionados con la cogeneración; y a nosotros nos parece un
debate importante, porque es una cuestión que el Gobierno no resuelve y
consideramos que, al contrario, la situación en el marco general está
empeorando. Y luego me

referiré a la respuesta que dio ayer el ministro a la
senadora Salanueva, porque creo que algunas de las cosas que dijo son
absolutamente inciertas y no responden a la realidad que está viviendo
hoy especialmente el ámbito de la cogeneración, pero también el de la
energía en general. Y en este sentido hemos presentado una enmienda a
esta moción.

Creo que no es necesario reiterar los argumentos expuestos
por el senador Alique, pero nuestra enmienda apuesta porque el Gobierno
sea capaz de discriminar en el ámbito de las energías aquellas cuya
producción comporta un valor añadido en términos sociales y económicos. Y
es que, ciertamente, hay energías que únicamente requieren de una
infraestructura técnica y que, por tanto, aprovechan las fuerzas propias
de la naturaleza, como el sol y el viento, y hacen una aportación desde
el punto de vista de la sostenibilidad ambiental de la energía. Pero hay
otras energías, como es el caso de la biomasa, que además de la
aportación en términos de sostenibilidad medioambiental hacen una
aportación muy importante desde el punto de vista de la creación de
puestos de trabajo; y díganme ustedes si en este país, hoy, en este
momento, hay alguna cosa más importante que salir al paso de los 6
millones de parados que tenemos en España.

Desde esta perspectiva, nos parece que no se puede tratar
todo por igual. Es necesario crear un marco específico que beneficie
precisamente a aquellas renovables que están ayudando a la generación de
puestos de trabajo y también a la gestión y el control de las masas
forestales —en estos últimos años prácticamente se han doblado en
el conjunto del Estado, por lo que tienen una potencialidad
enorme—, con lo que al mismo tiempo estamos dando viabilidad a
muchos espacios del mundo rural, especialmente de las zonas de montaña,
que tienen enormes problemas para encontrar salidas laborales en un
momento de crisis.

Fíjense lo que sucede, por ejemplo, en Austria: genera 180
000 empleos verdes, es decir, estamos hablando de que 1 de cada 10
empleos de los que generan los austriacos tiene relación con la biomasa y
otras actividades relativas al medioambiente. Este es un sector que
ustedes no quieren mirar, que no quieren ver, y que tiene unas enormes
posibilidades en nuestro país. Somos el segundo país de Europa en masas
forestales y, en cambio, el uso de la energía de la biomasa es
estrictamente el 4,3% en el mix.

Nos parece absolutamente necesario que se contemple también
la energía desde la perspectiva de la creación de empleo, y en este
sentido hemos presentado esta enmienda, con el fin de que exista una
discriminación positiva para todas aquellas energías que, sobre la base
de esos criterios de eficiencia social y ambiental, resulten beneficiosas
para el conjunto de nuestra sociedad, y así seamos capaces de tener una
regulación que sea sensible también con estos aspectos y que no se centre
—aunque también es necesario hacerlo— única y exclusivamente
en el sumar y restar del ministro Soria, porque además no tiene razón,
como explicaré en el turno de portavoces.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Boya.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Socialista, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no
la enmienda presentada por el senador del Grupo Parlamentario de la
Entesa.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo muy brevemente para anunciar que el Grupo
Socialista admitirá la enmienda de adición presentada por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, porque va en la línea de
lo expuesto en nuestra moción y de lo que ha sido mi intervención.

Creemos que es fundamental establecer un marco normativo
específico que apoye esta tecnología, la biomasa, por sus singulares
aportaciones medioambientales, económicas y sociales, como he dicho en mi
anterior intervención, en sectores como el agrícola, el forestal y el
ganadero, muy extendido en todo el territorio nacional y muy importante
para el medio rural. Y también porque tiene una gran capacidad de crear
empleo, porque reduce las emisiones de CO2, y reduce asimismo los gastos
en prevención y en extinción de incendios.

Fíjense si estamos de acuerdo, que les voy a poner un
ejemplo de la provincia de Guadalajara, de la cual soy senador, que es
ilustrativo. Con motivo de un importante incendio que hubo en la
provincia de Guadalajara en el año 2005, los poderes políticos fueron
capaces de convencer a una

empresa, en este caso a Iberdrola, para poner en marcha una
central de biomasa en la provincia de Guadalajara, en el Alto Tajo, donde
ocurrió ese desgraciado incendio. Pues bien, estuvo en funcionamiento
desde julio del año 2009 hasta finales de diciembre del año 2012, justo
cuando el Partido Popular entró en el Gobierno y anunció la moratoria
renovable y los primeros recortes a este tipo de tecnologías. Esa central
tenía una potencia instalada de 2 megavatios y necesitaba utilizar
—escuchen bien— 20 000 toneladas de residuos forestales al
año, que se recogían en los bosques próximos, por lo que se contribuía a
limpiarlos. Y era una planta que además se dedicaba a la investigación y
trataba de impulsar cultivos energéticos en la zona. Es cierto que las
plantas de biomasa tienen una rentabilidad media muy ajustada, por eso no
son atractivas para los grandes operadores energéticos, y por eso, cuando
se les pone la más mínima traba, esos operadores energéticos a los que se
les convence, como en el caso de Iberdrola, cierran inmediatamente. Hay
que tener estímulos y hacer una discriminación positiva, porque, por
ejemplo, para este tipo de plantas se necesitaría tener en cuenta el
coste de los residuos forestales.

Por tanto, estamos de acuerdo con esta enmienda, que
complementa la propuesta de la moción, porque creemos que es necesaria
esa discriminación positiva para este tipo de tecnologías. Es una
enmienda que, como digo, viene a completar y mejorar nuestra moción.

Solo quiero recordarles —y ya termino, señor
presidente—, porque lo he dicho en más de una ocasión, que hay un
informe de la OIT que dice que si España apostase por la economía verde,
es decir, por las energías renovables, por la eficiencia energética,
podrían crearse un millón de puestos de trabajo de aquí al año 2020. Es
una oferta de la OIT, que también hace el Grupo Parlamentario Socialista
a este Gobierno para crear empleo con las energías verdes y el ahorro y
la eficiencia energética.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

¿Turno en contra? (Pausa).

No hay turno en contra.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna; egun
on, senatari jaun-andreok.

Voy a intentar ser breve, porque tenemos por delante un día
muy largo. Este es un tema que ha sido ya muy tratado en esta Cámara y
sobre el que el Grupo Vasco ha tenido una postura bastante clara desde un
principio, sobre todo en lo que respecta esencialmente a la inseguridad
jurídica y empresarial que se derivó de los cambios que el Partido
Popular comenzó a hacer en 2012. Es cierto que después ha habido más
cambios y que algunos de ellos han ido en distintas direcciones, pero la
verdad es que seguimos con esa espada de Damocles de la inseguridad y de
la retroactividad de las medidas tomadas en este campo.

Ayer mismo oíamos a la senadora Salanueva hablar de este
tema y hacer una pregunta al ministro, y no hace demasiado el senador
Plana nos trajo una iniciativa referente al tema de la gestión de los
purines, que no deja de ser también muy importante. Para el Grupo
Parlamentario Vasco no es nueva la reivindicación de un plan energético
estatal consensuado, no por partes ni por sectores, sino un plan global
energético consensuado que apueste claramente por un sistema energético
equilibrado y sostenible, que es lo que, al fin y al cabo, se nos puede
exigir. Y, por supuesto, tampoco es nueva, y queremos reiterarla, la
reivindicación de un sistema energético vasco y una gestión energética
propia, que es como creemos que mejor se pueden hacer las cosas, y más
cuando hablamos de este tipo de energías.

Al final, la falta de una planificación estratégica clara a
todos los niveles, incluido el europeo, es el origen de todos estos
males. Probablemente, si se hubiera hecho con tiempo, si se hubiera hecho
con consenso y si se hubiera hecho pensando no tanto en los intereses de
uno u otro subsector sino en el futuro, realmente estas situaciones no se
habrían dado, o por lo menos no se habrían dado con tanta crudeza. Y esto
es lo que nosotros queremos reivindicar una vez más; y no solamente
porque sea necesario volver a regular el sector de las energías
renovables, y en él, por supuesto, el uso de las biomasas, sino porque es
imprescindible planificar una estrategia

energética que favorezca realmente, de forma militante, la
utilización de energías no basadas esencialmente en combustibles fósiles,
a pesar de que los combustibles fósiles también son biomasa; lo que pasa
es que llevan unos cuantos años de putrefacción y maduración encima, pero
no por ello dejan de ser biomasa, algo que ahora tampoco estamos dejando
que suceda.

Antes de la modificación, e incluso después, hemos querido
posicionarnos sobre la utilización de la biomasa. Pero incluso en este
subsector hay grandísimas diferencias, muchas diferencias que hacen que
el subsector sea muy complicado de gestionar y que haya que estudiar, no
digo caso a caso, pero casi, y sistema por sistema y territorio por
territorio, cuáles deben ser las condiciones en las que se debe
desarrollar. Y es que no es igual la producción de biodiesel, que la
imperiosa necesidad de gestionar los lodos derivados de la depuración de
aguas fecales, o el tratamiento de los purines, que es un problema. Por
lo tanto, no es lo mismo utilizar los elementos de biomasa para generar
gas que para incinerarlos, ya que los procesos son diferentes y, por
consiguiente, también los costos son muy muy diferentes.

Lo que debemos tener claro al hablar de biomasa es que no
se trata solo de una apuesta energética; la gestión de la biomasa es una
necesidad medioambiental, la necesidad de no desperdiciar materias primas
que en muchos casos generamos sí o sí. No podemos eliminar los residuos
forestales si seguimos teniendo una explotación forestal. Y además está
la necesidad de gestionar residuos en muchos casos peligrosos y nocivos
para la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, ya no se trata solo de la
generación de energía, sino de resolver problemas graves, problemas que
con el tiempo cada vez son más graves porque digamos que son problemas
dosidependientes, que dependen de la acumulación de residuos que estamos
generando. Y hay que tener eso en cuenta a la hora de regular el
tratamiento fiscal y tarifario, que debe ser más acorde con cada uno de
los tipos de explotación de la biomasa.

En principio entendemos que este asunto se debe reestudiar.
Evidentemente, hay que volver a un punto —no sé a cuál— en el
que se busquen los consensos necesarios, con el norte claro de lo que
queremos conseguir, porque lo que no podemos es depositar en vertederos
materiales en vez de reciclarlos, y tampoco podemos estar mirando desde
la ventana de nuestra casa cómo en el monte de enfrente se están quemando
residuos de explotaciones forestales mientras estamos utilizando la
calefacción de gas o de petróleo. Eso es lo que no podemos seguir
haciendo, porque eso ni es sostenible ni es razonable; mejor dicho, ni es
razonable ni es sostenible, por ese orden.

Por eso vamos a votar a favor de la moción, no para volver
a ninguna situación anterior, repito, porque las situaciones anteriores
pueden ser buenas o malas por exceso o por defecto, sino porque creemos
que es imprescindible pararse, revisar y modificar la normativa para
darle racionalidad y estabilidad, por el bien, no de ningún sector, sino
por el bien de la sociedad, que es a lo que nosotros tenemos que
aspirar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador
señor Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Lo cierto es, como ha dicho el señor Cazalis, que hemos
debatido largo y tendido sobre esta cuestión. También se aprobó una
moción en este sentido, y muy especialmente respecto de la gestión de los
incendios y de la madera que queda en los bosques después de un incendio
forestal. Ciertamente, este no es un problema menor, y hemos hablado
extensamente de esta cuestión. Ha habido algún año en que en este país se
han quemado alrededor de 209 000 hectáreas, concretamente, en 2013
—ese año en concreto fue muy intenso—, y anualmente estamos
hablando de una cifra que se aproxima a las 150 000 hectáreas quemadas,
una madera que podría aprovecharse perfectamente, que podría convertirse
en energía. Y una industria de la biomasa bien estructurada y con un
marco jurídico que permitiera realizar esta actividad sería, como se ha
dicho, un elemento dinamizador del medio rural y, sobre todo, una fuente
de creación de empleo muy importante.

Por tanto, nos parece que el discurso del Gobierno en este
sentido, y muy especialmente la respuesta que daba ayer el ministro a la
senadora Salanueva, no se corresponde con la realidad. El ministro
hablaba únicamente en términos de déficit tarifario —un déficit
tarifario que, por cierto, él ha aumentado de forma notable en el tiempo
de su gestión—, pero no explicaba que en el caso

de las renovables, de la cogeneración, esta es rentable a
partir de los 5 euros por megavatio/hora; y las renovables se están
pagando en este momento a precios superiores a 200 euros por
megavatio/hora. Cuando se cruzan los datos del pool es evidente que el
precio promedio español del régimen especial está alrededor de 126-132
euros megavatio/hora. Esto quiere decir que si de alguna manera
eliminamos todas aquellas energías que se encuentran por debajo de la
media ponderada del precio eléctrico, efectivamente el promedio subirá, y
eso demuestra que estas energías son perfectamente rentables si se tienen
en cuenta los costos de la energía que se utiliza para su producción,
pero sobre todo el efecto que tienen en los procesos industriales o
medioambientales, como en el caso de la biomasa.

A nosotros nos parece, como decía el senador Cazalis, que
este es un debate que seguramente hay que abordar desde una perspectiva
general y amplia. Por eso, en nuestra enmienda nos referimos a la
necesidad de ser capaces de discriminar, como han hecho en el resto de
los países de Europa, los elementos positivos sobre el medio ambiente y
la creación de puestos de trabajo, máxime en un país como el nuestro,
que, insisto, ha experimentado un importante crecimiento de la masa
forestal, del 156%, en los últimos diez años.

Por otra parte, es absolutamente imprescindible que se
entienda que en un país que tiene una dependencia energética de los
combustibles fósiles, del petróleo, del 43%, y del 23% en el caso del
gas, hay que abordar el debate, como se hizo años atrás, para potenciar
las renovables.

Por tanto, votaremos a favor de esta moción y lo haremos
convencidos de que es posible otra gestión y otra forma de gobernar con
respecto a un tema tan importante y estratégico como es la energía.

Por otro lado, creemos que este es un elemento que no
podemos circunscribir estrictamente a la actividad industrial, por lo que
estamos absolutamente obligados a pensar en lo que está sucediendo en el
mundo rural —con esto acabo, señor presidente—, ya que un 23%
de la población ha vuelto a emigrar de las zonas rurales en los últimos
años; y hay municipios que han perdido hasta el 50% de su población.
Seguimos sin ser capaces de dar ninguna alternativa a este éxodo
poblacional, que sigue el camino de dejar desertizada prácticamente al
40% de nuestra geografía nacional. Alguien, algún día, tendrá que abrir
los ojos y decir que no podemos continuar dejando el país convertido en
un auténtico desierto poblacional.

Así pues, la biomasa y las cuestiones que guardan relación
con la reactivación económica del mundo rural tienen una importancia
estratégica y absoluta para este país, como también lo tiene el debate
que se producirá a continuación sobre los temas de alimentación.

En consecuencia, daremos soporte a esta moción porque nos
parece oportuna, y pedimos para ella el apoyo del conjunto de la
Cámara.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gràcies, president. Senyories,
bon dia.

Bé, nosaltres hem estudiat amb atenció aquesta moció
presentada pel senador Alique en nom del Grup dels Socialistes.

En principi, en l’exposició de motius, es parla de
moltes coses, de la bondat de la biomassa, etc. etc. per acabar fent
incidència en tot el que significa ajudar les energies renovables perquè
es puguin desenvolupar millor després del canvi, de la reforma energètica
que ha emprès aquest Govern, d’alguna manera, per corregir aquest
dèficit tarifari.

És clar, nosaltres veiem que aquesta retallada de 1700
milions és evident. Aquests 1700 milions retallats en ajuts i incentius
al preu del megawatt significa que, aquests negocis que estaven duent a
terme la producció d’energia a través de les renovables, passen a
tenir menys rendibilitat. Des del moment que el Govern considera que una
rendibilitat raonable és el preu del bonus a 10 anys, que està ara fixat
en el 7,5%, doncs trenca amb el 20, 25, 30% que s’estava pagant,
que s’estava assegurant d’increment en el preu de
l’energia produïda a través de les renovables. I això què ens feia?
Doncs ens feia que, en el mercat europeu i —evidentment, el Govern
alguna cosa havia de fer— érem anticompetitius. Anticompetitius,
perquè si tenim en compte que en la darrera subhasta de megawatts/hora
produïts diàriament, doncs avui a Espanya tenim un preu del 70 euros
megawatt/hora, a França, aquí al costat, l’estan pagant a 28 euros

megawatt/hora. Amb la qual cosa, la diferència tan abismal
fa que acabi incidint en la competitivitat de tota la nostra
economia.

I sí que ens volem preocupar del fet que la biomassa té
molt de futur i que ens hem de preocupar del que és el sector, el medi
rural i que aquest és un sector que, si mirem, necessita el nostre país
per fer aquest mosaic de territori que tenim, no només concentrat en
àrees urbanes sinó amb un medi rural realment cuidat perquè hi ha
persones que hi viuen i s’hi guanyen la vida.

I, de fet, per les dades de què nosaltres disposem, aquest
medi rural té futur, i té molt futur en aquests moments, en els quals
estan canviant moltes de les maneres de viure i s’està tornant al
camp. Malgrat que hi ha zones en les quals hi ha un despoblament
important, hi ha altres zones que, en canvi, a través de la producció de
l’agricultura ecològica, a través de moltes altres iniciatives,
s’està tornant al camp i s’estan obtenint unes rentes que
abans no s’obtenien perquè es treballava l’agricultura
d’una manera més intensiva. I ara, d’alguna manera, buscant
aquestes formes més extensives, menys lesives per al paisatge i per a
l’entorn, fa que a més es pugui compatibilitzar amb les activitats
de lleure i de turisme. I, per tant, des del punt de vista que cal
realment ajudar el medi rural, que cal donar el màxim impuls a la
multiplicitat d’activitats que es puguin realitzar en el medi rural
i, en tot cas, tirar endavant una política d’unes renovables més
d’acord amb aquest entorn, jo penso que a aquesta moció se li pot
donar resposta.

No m’agrada fer aquesta lectura tan catastrofista que
fa la moció en el sentit que aquestes mesures són tan perjudicials, en
tot cas no són bones perquè trenquen una inèrcia. Però, en tot cas,
compartim segurament, que cal repensar aquestes mesures que s’han
dut a terme, com sempre hem de fer tots els que ens dediquem a la
política, de seguir revisant aquelles mesures que prenem, que, per
corregir unes coses no en fem malbé d’altres. I que cal, doncs,
repensar en el sector, repensar en les administracions competents en el
tema, quina rendibilitat hem d’assegurar a aquestes produccions
d’energia.

No fa gaire dies parlàvem de les plantes de tractament de
purins. Ho deia el meu company, el senador Plana. Que també s’han
quedat sense aquests ajuts i que sembla que les facin inviables. I que,
d’alguna manera, és clar, si et trenquen aquests objectius de
rendibilitat tan alts i te’ls abaixen al 7,5%, doncs s’entén
que, si tu has comprat un negoci amb unes rendibilitats X, i, de cop i
volta et veus perjudicat amb aquestes rendibilitats, hi puguis perdre
bous i esquelles. Però això no vol dir que no es pugui fer d’una
millor manera. I, per tant, segurament aquest 7,5% de la rendibilitat
raonable que diu el ministre Soria no és suficient. Perquè segur que, si
nosaltres ens n’anem a un banc a demanar-los un crèdit per un
negoci que només dóna un 7,5%, ens el denegaran perquè saben que, al
primer contratemps, ens quedarem sense capacitat d’assumir els
deutes i, per tant, de tirar endavant el negoci.

Bé, res més, dir que, malgrat que potser haguéssim
introduït algunes esmenes i que, per temps, no em va ser possible fer
arribar aquestes esmenes, en tot cas accepto la moció tal i com està i,
per tant, proposaré al meu grup que votem a favor d’aquesta
moció.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Nosotros hemos estudiado con atención esta moción,
presentada por el senador Alique, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista.

En principio, la exposición de motivos habla de muchos
temas, como la bondad de la biomasa, etcétera, para acabar haciendo
incidencia en todo lo que significa ayudar a las energías renovables con
el fin de que se puedan desarrollar mejor, después de la reforma
energética que ha emprendido este Gobierno para corregir el déficit
tarifario.

Nosotros vemos que el recorte de 1700 millones para ayudas
e incentivos al precio del megavatio significa que los negocios que se
estaban realizando en el ámbito de la producción de energía a través de
las renovables pasan a tener menor rentabilidad. Desde el momento en que
el Gobierno considera que una rentabilidad razonable es el precio del
bono a diez años, que está fijado al 7,5%, se rompe con el 20, 25 o el
30% que se estaba pagando, que se estaba asegurando de incremento en el
precio de la energía producida a través de la renovables. Y esto ¿a qué
llevaba? A que en el mercado europeo —también aquí el Gobierno algo
tenía que hacer, evidentemente— no fuéramos competitivos. Éramos
anticompetitivos, porque en la última subasta de los megavatios/hora
producidos diariamente, España tiene un precio de 70 euros megavatio/

hora, mientras que en Francia, que está al lado, se están
pagando 28 euros megavatio/hora, y esta diferencia tan abismal acaba
incidiendo en la competitividad de toda nuestra economía.

Y, sí, nos tenemos que preocupar porque la biomasa tenga
mucho futuro, y también por todo lo que es el medio rural. Si lo
analizamos, vemos que nuestro país necesita de este sector para que el
mosaico de territorio que tenemos no esté solo concentrado en áreas
urbanas sino también en un medio rural cuidado, porque hay personas que
viven en él y se ganan la vida.

De hecho, por los datos que tenemos, el medio rural tiene
mucho futuro en estos momentos, en que están cambiando las formas de
vida. Se está volviendo a él; y, a pesar de que hay zonas despobladas de
manera importante, a través de la evolución de otras, de la agricultura
ecológica y de muchas iniciativas se está volviendo al campo y se están
obteniendo rentas que antes no se obtenían. Y es que antes se trabajaba
en la agricultura de manera más intensiva, y ahora se están buscando
nuevas formas, más extensivas, menos nocivas para el paisaje y el
entorno. Además, se pueden compatibilizar las actividades de ocio y de
turismo pensando en que es importante ayudar al medio rural y ofrecer el
máximo impulso a la multiplicidad de actividades que se pueden
desarrollar en él. Y, en todo caso, hay que impulsar una política de
renovables que esté de acuerdo con ese entorno.

Creo que con esta moción se puede dar una respuesta, aunque
tampoco me gusta la lectura tan catastrofista que se hace, en el sentido
de que estas medidas son tan perjudiciales. No son buenas, porque rompen
una inercia, pero compartimos la idea de que hay que repensar las medidas
aplicadas. Todos los que estamos en política tenemos la obligación de
seguir revisando y corrigiendo aquello que no se ha acabado de hacer
bien. Hay que repensar en el sector, repensar en las administraciones
competentes en el tema, en definitiva, repensar con todos ellos cuál es
la rentabilidad que hay que asegurar en estas producciones de
energía.

No hace muchos días nos referíamos a las plantas de
tratamiento de purines, y hablábamos con mi compañero, el senador Plana,
de que se han quedado también sin estas ayudas y que al parecer van a ser
inviables. Y si se rompen esos objetivos de rentabilidad tan altos y se
ven reducidos al 7,5%, quien haya comprado un negocio con una
rentabilidad equis y de golpe y porrazo se vea perjudicado por esa
rentabilidad va a perder una parte importante del negocio. Pero eso no
significa que no se pueda hacer de mejor manera. Ese 7,5% de
rentabilidad, a la que se refiere el ministro Soria, seguramente no será
suficiente, porque si vamos a un banco a pedir un crédito para un negocio
que solo nos da el 7,5% probablemente nos lo denegará, ya que el banco
sabe que al primer contratiempo nos quedaremos sin capacidad de asumir
las deudas y, por lo tanto, de seguir impulsando el negocio.

Por mi parte, nada más. A pesar de que podríamos haber
introducido algunas enmiendas, lo que no ha sido posible por cuestiones
de tiempo, tengo que decir que acepto la moción tal como está y que voy a
proponer a mi grupo que votemos a favor de ella.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a los grupos que han
intervenido que hayan manifestado su apoyo a esta moción, y espero que
así lo haga también el grupo mayoritario, del Partido Popular, y podamos
rectificar todo este atropello que se está produciendo para las energías
limpias en general, y para la biomasa de manera muy particular.

Esta es una legislatura de grandes oportunidades perdidas,
también en materia energética. Y me explico. Este Gobierno ha tenido la
oportunidad, la posibilidad de modernizar los mercados energéticos, los
mercados eléctricos, de acercarlos al futuro y a Europa; sin embargo, ha
decidido consolidar un modelo obsoleto e ineficiente que perjudica, como
estamos viendo claramente, la competitividad de la economía. Después de
tres años, nada sabemos de esa auténtica reforma —que es la que
están pidiendo los consumidores, los autónomos y las pequeñas y medianas
empresas— del sector energético en general y del eléctrico en
particular. Y todo ello, a pesar de que el sector de la energía es clave
en términos de competitividad, de innovación y de creación de empleo, y
básico para la salida de la crisis. Pero ustedes, señorías del Partido
Popular, erre que erre, siguen trabajando solo en pro y en favor del
oligopolio eléctrico.

El sector eléctrico tiene dos características fundamentales
que hay que cumplir: la primera es la innovación y, al mismo tiempo, la
competencia. Pues bien, todas las medidas de este Gobierno no favorecen
la competencia, y con ello seguimos teniendo altos precios de la
electricidad, como ocurrirá en julio, en que volverá a subir con el nuevo
sistema. Eso es malo para el conjunto de la economía porque reduce la
competitividad de nuestras empresas, especialmente de nuestras pymes,
porque además destruye empleo, y porque perjudica claramente al bolsillo
de los ciudadanos, que se encuentran muy asfixiados con las políticas
económicas y sociales de este Gobierno. El problema no es de los mercados
energéticos, el problema es de quien pudiendo y teniendo la obligación de
reformar, por el interés general, esos mercados energéticos, no lo hace;
y no lo hace, porque todas las políticas van en la misma dirección, que
es perpetuar el oligopolio eléctrico y perpetuar altos precios de la
electricidad.

Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, señorías del
Partido Popular: ¿eso es lo que quieren para España? Más de 400 000 pymes
que se destruyen cada año, el 26% de parados, 6 millones de personas que
están en situación de pobreza energética, ¿no creen que son razones
suficientes para aprobar de verdad una auténtica reforma energética?
Nosotros, en el Grupo Parlamentario Socialista, creemos que sí; creemos
que es necesario revertir esta dramática situación para que la energía se
convierta en un factor de crecimiento, de competitividad, de innovación y
de sostenibilidad para el conjunto de la economía. Pero para ello es
necesario, como proponemos en nuestra moción, que se revisen en
profundidad todas las medidas que ha tomado este Gobierno en materia
energética y, de manera muy particular, las que tienen que ver con las
energías limpias.

En este sentido, cabe preguntarse, cabe que nos
preguntemos: señorías, ¿por qué el Gobierno sigue empecinado en acabar
con el déficit de tarifa a costa de las energías renovables? ¿Por qué el
Gobierno sigue empecinado en no dar competencia al sector eléctrico, con
lo cual se incrementa el recibo de la luz? ¿Por qué este Gobierno ni
habla ni discute de la sobrerretribución que tienen tecnologías ya
amortizadas, como la nuclear y la hidroeléctrica? ¿Por qué este Gobierno
no habla de la sobreinversión en pagos en ciclos combinados y del exceso
de pagos de capacidad que esta situación genera? ¿Y por qué no habla de
tantas y tantas otras situaciones que están sin resolver y que este
Gobierno no quiere que se solucionen, como tampoco quieren las grandes
eléctricas? Señorías del Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular
da a entender que el principio y el fin de todos los males del sistema
eléctrico empieza y termina con las energías renovables, y no es cierto;
nada más lejos de la realidad. Reconocemos la importancia del déficit de
tarifa, la necesidad de eliminarlo, cómo no —un déficit de tarifa
que, por cierto, aprobó —ahora sí— el Gobierno del Partido
Popular en la época del señor Aznar—, pero no compartimos el cómo y
a costa de qué se está haciendo. Creemos que el Gobierno se equivoca y,
además, desde nuestro punto de vista lo hace grave e interesadamente,
porque, ¿por qué no eliminan esa sobrerretribución que tienen demostrada
las centrales nucleares y las hidroeléctricas de manera injusta y que
están sufriendo los ciudadanos en el recibo de la luz?

Señorías, les voy a dar unos datos sobre el balance
económico de la generación eléctrica renovable, que ayer el ministro no
dio. Ayer el ministro solo habló de las primas, pero no de los beneficios
que tienen las energías renovables, y los beneficios económicos de las
energías renovables son muy superiores a sus costes. Les voy a dar los
datos de ese balance. De esta manera, si se hace un cálculo honesto y se
computan todo los costes y todos los ahorros que tienen las energías
renovables, comprobarán que son rentables desde el punto de vista
económico para el conjunto de la sociedad porque ayudan, como estamos
viendo también durante estos días, a bajar el precio de la electricidad
en el mercado mayorista. Primer dato: en 2012 la diferencia existente
entre las primas recibidas por las energías renovables y los beneficios
derivados de la existencia de estas —es decir, el ahorro en
emisiones de CO2, el ahorro en importaciones, el ahorro que se produce
abaratando el coste en el mercado mayorista que propician las energías
renovables— superó y, por tanto, produjo un ahorro —solo en
el año 2012 en el conjunto del sistema— de 620 millones de euros. Y
de forma acumulada, entre el año 2005 y el año 2012 las energías
renovables han supuesto un ahorro para el conjunto del sistema
—escúcheme, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular—
de 51 000 millones de euros.

Y un nuevo dato —el último, para no cansarles—:
si tenemos en cuenta el déficit de tarifa y el ahorro que generan las
energías renovables, se obtienen los siguientes resultados. El volumen

total de primas recibidas por las energías renovables en el
período 2005-2012 ascendió a 26 899 millones de euros, mientras que el
ahorro producido en el pool, es decir, en el mercado mayorista, por la
existencia de las energías renovables fue de 32 538 millones de euros. Es
decir, gracias a las energías renovables, en el período 2005-2012 se ha
producido un abaratamiento del coste de la electricidad en el mercado
mayorista de 5639 millones de euros, que no han pagado los ciudadanos,
los consumidores, ni tendrán que pagar, porque eso es ahorro. Dicho de
otra manera: en el periodo 2005-2012 el déficit de tarifa generado fue de
36 786 millones de euros. Sin renovables ese déficit se habría
incrementado en esos 5639 millones de euros, que fue un ahorro que
provocó en el mercado mayorista precisamente la introducción de las
energías renovables. Esta es, señorías, la prueba del 9 de que las
energías renovables no han sido las causantes del déficit de tarifa, como
quiere hacernos ver este Gobierno y quieren hacernos ver las grandes
eléctricas, y ayer también nos quería hacer ver de manera indirecta el
ministro de Industria.

Señoría, hay mucho de lo que hablar y mucho de lo que
discutir, y a eso hacemos referencia en esta moción, pero el Gobierno ni
dialoga ni consensua ni acuerda. Y eso es un gran problema, porque si
ustedes no dialogan y, sobre todo, no rectifican ese nuevo marco
normativo que han aprobado y que, en definitiva, es un recorte
retroactivo de las energías renovables, eso traerá consigo
deslocalizaciones, despidos, refinanciaciones, más pleitos contra el
Estado y un sinfín de efectos perversos.

Y les voy a dar un último dato, que creo que es importante
e ilustrativo: a partir de ahora, con ese recorte a las renovables y a la
cogeneración, estos 2 sectores tendrán que refinanciar los créditos que
están en este momento en marcha. En total, la banca tiene una exposición
con este sector de 40 000 millones de euros, superior o igual a lo que
fue el rescate. Ojo al dato, porque seguro que hablaremos de esto en las
próximas semanas.

Como ven, señorías, este Gobierno ha ocasionado un caos
regulatorio y una inseguridad jurídica propia de países tercermundista; y
lo que es más importante y reconoce la propia Unión Europea: se sienta un
precedente que va a ahuyentar la inversión en nuestro país. Esto es grave
en un momento en que necesitamos que venga inversión para generar empleo,
que es el principal problema de nuestro país. Por tanto, no tiene ningún
sentido, ni político ni económico, continuar dejando morir a un sector de
futuro como es el de las energías renovables en general, y a un tejido
productivo como es el de la biomasa, muy importante para el mundo rural,
que, como he dicho antes en mi intervención, es la única renovable que no
ha cumplido objetivos de los que tenía asignados. Por eso consideramos
que es necesario establecer un marco normativo específico que reconozca
las singularidades económicas, medioambientales y sociales que estas
energías tienen en otros sectores, como el agrícola, el forestal o el
ganadero, en términos de empleo, en términos de ahorro de emisiones de
CO2, o en términos de prevención y extinción de incendios.

El Partido Socialista va a seguir peleando por que ustedes
negocien y, sobre todo, rectifiquen estas medidas que ha aprobado
recientemente el Gobierno contra las energías renovables, pero si no es
así, asumimos un compromiso: que la próxima legislatura derogaremos estas
medidas que van contra las energías limpias y daremos un nuevo impulso a
las energías renovables frente al modelo del Partido Popular, basado en
el fracking, en las prospecciones marinas y en la prolongación de la vida
de las centrales nucleares.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador señor Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Señor presidente, buenos
días.

En el Grupo Parlamentario Popular, como no puede ser de
otra manera, estamos de acuerdo con una parte de lo que se indica en la
exposición de motivos y con algunos de los argumentos que se han
utilizado desde esta tribuna pues somos conscientes de que en un país
como el nuestro, que tiene una gran dependencia energética del exterior,
casi del 80%, las renovables y por supuesto la biomasa con fines
energéticos no pueden ser desdeñadas y deben contribuir a crear un
mercado energético sostenible, diversificado y competitivo. Sabemos muy
bien que de todas las energías renovables la biomasa es la única que
puede ser gestionada al 100% porque el resto depende de una serie de
condiciones que no son controlables —que haya viento o sol—
y, por lo tanto, necesitan de un backup de ciclos combinados para poder
garantizar un suministro

constante de calidad a la red. Por el contrario, la biomasa
se nutre de materia orgánica procedente de la vid, del olivar y de otros
cultivos que hoy están, como ya se ha dicho aquí, totalmente
infrautilizados y de los que más de un 90% acaba siendo quemado en los
campos. Sabemos también que la biomasa con fines energéticos reporta
muchos beneficios al medio rural, pues, como aquí se ha dicho, sirve para
que los montes estén limpios y para prevenir incendios forestales y
contribuye a crear puestos de trabajo en el medio rural. En definitiva,
se trata de una fuente de renta complementaria para nuestros
agricultores. Y por si todo esto fuese poco, la utilización de la biomasa
en la generación eléctrica ayuda además a la consecución de los objetivos
a los que nos hemos comprometido como país tanto en Kioto como en la
Cumbre del Clima, de Doha, es decir, que en el año 2020 hayamos reducido
un 20% las emisiones de CO2. Hasta aquí estamos totalmente de
acuerdo.

He de decir que en las intervenciones he echado de menos
alguna mención a la equivocada política llevada a cabo durante las 2
legislaturas pasadas en materia de renovables, con las que se creó una
industria altamente subvencionada y se generó un coste social y económico
elevadísimo, que pasó, señor Alique, de 1200 millones de euros en el año
2004 a 9134 millones de euros en el año 2013; es decir, casi un 1% del
PIB, más de lo que gastamos en universidades y un tercio del dinero que
destinamos al desempleo. Aquella política desembocó en una situación
insostenible, pues en virtud de las decisiones tomadas en materia
energética durante las 2 legislaturas pasadas, entre los años 2004 y
2011, pasamos de tener un sistema energético equilibrado y barato a un
sistema carísimo y quebrado.

Confieso que me sorprende que el señor Alique,
representante del Grupo Parlamentario Socialista, no haya mencionado nada
de esto, porque hasta el propio exministro socialista de Industria,
Miguel Sebastián, acaba de escribir lo siguiente: «Hemos ido demasiado
rápido y cometiendo demasiados errores con las renovables. En realidad,
las primas son una transferencia de rentas desde las pymes y la industria
hacia los terratenientes o financieros que desplegaron los huertos
solares por toda España. Lógicamente, lo hicieron en aquellos suelos que
no valían para el desarrollo inmobiliario.» Esto no lo digo yo, no lo
dice el Grupo Popular; esto lo ha escrito Miguel Sebastián este mismo mes
de junio, y ya se sabe que a confesión de parte, sobran pruebas.

Señor Alique, los números están ahí y reflejan las
consecuencias de esa equivocada política energética, porque el sector de
las renovables invirtió 78 000 millones de euros, y mediante primas ya se
le ha retribuido con 93 000 millones, es decir, un 20% más de la
inversión realizada, y lo que es más grave es que todavía quedan por
pagar 200 000 millones en primas. Este, creo, será el país justo y
solidario que el senador Varela nos decía que estaban construyendo
ustedes en la pasada legislatura. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

Señorías, esta es la cruda realidad, y por ello, aunque
somos conscientes de las bondades de la biomasa, no podemos apoyar esta
moción porque es más de lo mismo, más de lo que hicieron en la
legislatura pasada, es volver al sistema empleado en la etapa del
Gobierno del señor Zapatero, es seguir con esa bola que cada vez se hacía
mayor, que no paraba, que hacía que el recibo de la luz subiera y
subiera, porque entre los años 2004 y 2012 subió un 70%, que hizo que
tuviéramos la energía más cara del continente y que, en definitiva, nos
llevaba a la quiebra como país, no solo a la quiebra del sistema
energético, sino a la quiebra como país.

Esta es, señor Alique, la dramática situación en materia
energética que el actual Gobierno tuvo que encarar, y tuvo que tomar
medidas de emergencia a los muy pocos días de su toma de posesión para
resolver o aliviar el problema del elevado déficit de tarifa. Por eso se
tuvo que aprobar el 27 de enero de 2012 un real decreto ley por el que se
suprimieron los regímenes económicos incentivadores de ciertas
instalaciones, incluidas las de la biomasa. A ese real decreto ley le
siguieron una serie de disposiciones, el Real Decreto Ley 9/2013 y la Ley
del sector eléctrico de diciembre del año pasado; una reforma que ha
culminado ahora con el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio; una reforma
que ha tenido como objetivo principal garantizar el equilibrio financiero
del sistema eléctrico, pero sin olvidarse en ningún momento de las
energías y del apoyo a las energías renovables.

Es cierto que una de las cosas que tuvo que hacer el actual
Gobierno fue acabar con el régimen que para las renovables había
establecido el Gobierno anterior en el Real Decreto 661/2007. Como decía
el senador Maluquer, tuvo que romper con esa inercia y tuvo que echar
atrás una serie de medidas que el Gobierno anterior estaba poniendo en
práctica, pues con

ese real decreto no solo se le retribuían los gastos de la
parte asociada a la producción de energía o calor, sino también todos los
gastos de explotación, operación y mantenimiento de la planta. Y como eso
era insostenible, se ha tenido que cambiar el modelo de retribución; y
ahora, es cierto, las plantas ya no consiguen, como decía ayer el
ministro, rentabilidades del 15, del 17 o del 20%, porque las 59
instalaciones de biomasa no industrial que producen energía eléctrica,
que tienen una potencia instalada de 484 megavatios, en el año 2012
supusieron un sobrecoste para el sistema de primas de 241 millones de
euros, y hasta hoy la retribución total que han percibido ha sido de 2243
millones, es decir, han recibido un 133% más de la inversión que han
realizado, que es de 1167 millones.

Con la normativa actual, después de la reforma energética,
se garantiza a las plantas de energía renovable una rentabilidad
razonable, que es del 7,5%, durante toda la vida del proyecto, como ayer
mismo dijo el ministro respondiendo a una pregunta; eso sí, reciben las
primas por los costes y las inversiones que respondan exclusivamente a la
actividad de producción de energía eléctrica, sin que se puedan cargar
sobre el sistema eléctrico otros costes que no sean los estrictamente
derivados de la producción de energía eléctrica.

Con esta moción que ahora estamos debatiendo se pretende
que se revisen y modifiquen todas las medidas que ha habido que tomar en
estos dos años y medio; medidas que han sido imprescindibles para
contribuir a garantizar el equilibrio financiero del sistema eléctrico y
para afrontar el que ha sido el principal problema en estos últimos años:
el déficit de tarifa, porque, como he dicho antes, lo que estaba en juego
era la quiebra de nuestro país. Estas medidas son las que nos van a
permitir alcanzar la sostenibilidad económica, financiera y
medioambiental del sistema.

Por eso, a pesar de todas esas bondades que sobre la
biomasa he indicado al comienzo de mi intervención, vamos a votar en
contra de esta moción.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 87; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DEFENDER EN
EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA LA NECESIDAD DE ELABORAR UNA LEY A NIVEL
COMUNITARIO QUE APORTE TRANSPARENCIA A LA CADENA AGROALIMENTARIA.

(Núm. exp. 662/000145)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 3
enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió; otra, del Grupo Parlamentario Socialista; y otra, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. (Pausa.—La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para la
defensa de la moción, tiene la palabra el senador Sánchez Duque.
(Rumores).

Señorías, guarden silencio, o salgan del hemiciclo, si no
quieren escuchar al portavoz.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: Gracias, señora presidenta.

Señorías, subo a esta tribuna en nombre de mi grupo
parlamentario para defender esta moción con el objetivo de que sea
aprobada por la mayoría de los grupos aquí representados, para que
siempre, siempre, suponga un beneficio para todos los operadores de la
cadena alimentaria, principalmente, para los agricultores, los ganaderos
y los consumidores.

Una de las reivindicaciones más importantes de los sectores
agrario y alimentario en los últimos años ha sido la necesidad de
elaborar una ley para lograr un mayor equilibrio, más justo y equitativo
dentro de los eslabones de la cadena alimentaria. Y una de las quejas más
frecuentes que hemos escuchado todos de los productores, que se ha
repetido durante mucho tiempo, ha sido que en el proceso de formación de
los precios, el agente, o agricultor, era el eslabón más débil de la
cadena, siempre a expensas de las decisiones de la gran distribución; y
era cierto y tenían toda la razón del mundo. Como todos recordamos, una
de las quejas más frecuentes era que el precio por kilo de un producto se
multiplicaba por 4 o por 5 en destino, y sin embargo, ese beneficio no
repercutía en el productor, en el agricultor, en el ganadero en origen.
Esa era una queja repetida, y tenían razón. Pero hoy podemos estar todos
satisfechos porque, afortunadamente, se ha aprobado la Ley 12/2013, de
mejora de las medidas de la cadena alimentaria, para evitar esas quejas,
principalmente, del sector productor. Es una ley que contempla la
creación de un observatorio de la cadena alimentaria, donde se van a
establecer los mecanismos de formación de los precios para intentar
evitar esos abusos.

La aprobación de la reciente ley —que hace poco más
de un año, por estas fechas, la debatimos en esta Cámara— ha
supuesto un hito y un hecho importante para el sector agroalimentario de
nuestro país, siendo también un punto de referencia para el resto de
países de la Unión Europea y también, en mi opinión, para la Comisión
Europea. Con esta norma ¿qué es lo que se busca, qué es lo pretendemos
todos? A veces me extrañan y me chocan ciertas enmiendas de sustitución,
y luego entraremos en ello. Todos buscamos un mejor funcionamiento, una
vertebración y una transparencia de la cadena alimentaria, de manera que
aumente la eficacia y la competitividad del sector agroalimentario
español. Al mismo tiempo esta ley —que es lo que estamos
buscando— va a reducir los desequilibrios que existían en las
relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de
valor, va a eliminar esas prácticas abusivas y las posiciones de dominio
de quien trate de ejercerlas, lo que va a redundar en beneficio de todo
un sector y de los consumidores. A su vez, va a mejorar la capacidad de
negociación de los eslabones más débiles de la cadena, que es lo que
estamos buscando, como son los productores, fomentando un reparto
equitativo del valor añadido. En definitiva, es lo que todos pretendemos:
obtener un valor añadido sostenible para todos los operadores de la
cadena alimentaria y que beneficie a los consumidores.

Como todos ustedes saben, para lograr los objetivos que
pretende —algo que ya se debatió en profundidad al debatir el
proyecto de ley—, esta ley se basa en un modelo mixto de regulación
y de autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de
la cadena alimentaria, desde la producción hasta la distribución de los
alimentos. La ley regula los contratos alimentarios y las prácticas
comerciales abusivas. Yo diría que una novedad fundamental y principal
radica en la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos que
suscriben los operadores de la cadena precisamente para garantizar esa
seguridad jurídica y la equidad en esas relaciones comerciales. En cuanto
a las prácticas abusivas, la ley prohíbe las modificaciones de las
condiciones contractuales, salvo que se realicen de mutuo acuerdo. Por lo
que se refiere a la regulación, todos sabemos que se ha creado un código
de buenas prácticas mercantiles que es de adhesión voluntaria.

Me gustaría resaltar lo que establece la ley en relación,
precisamente, con la puesta en marcha de la Agencia de Información y
Control Alimentario, que ya está funcionando y que va a velar por el
cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. Además, tiene la capacidad
—ojo— de iniciar de oficio el procedimiento sancionador y
formular denuncias, porque va a haber una coordinación con las
comunidades autónomas, ante la Comisión Nacional de la Competencia. Se
trata de una ley, y lo tengo que decir así, que se ha puesto en marcha el
3 de enero de este mismo año y ya está siendo operativa. Tras su entrada
en vigor ya se han formulado varias denuncias ante esta agencia, que
están siendo investigadas —no muchas, afortunadamente—. La
ley no se aplica para que se pongan denuncias, pero la agencia ya está
actuando, y hace muy pocos días ya aprobó sus estatutos. Por tanto, hay
que decir que es una ley operativa. El mero hecho de ponerla en marcha

ha cambiado incluso hasta las reglas del juego. Tenemos que
saber que esta agencia va a realizar inspecciones bien por denuncias que
sean presentadas o bien de oficio, a través de un plan de inspección
coordinado con todas y cada una de las comunidades autónomas.

También quiero subrayar que la entrada en vigor de la ley
ha despertado expectación en el sector, favoreciendo ya ese cambio en las
reglas del juego en lo que respecta a las relaciones comerciales entre
los diferentes operadores. De hecho, los distintos agentes que componen
la cadena alimentaria ya están ajustándose a esta normativa logrando, que
es lo que se pretende, una mayor transparencia y coordinación entre los
distintos eslabones de la cadena.

Esta norma, que se ha elaborado precisamente para reducir
el desequilibrio en las relaciones comerciales, senador Plana, es una ley
para todos, para todos, donde caben todos, donde no se excluye a nadie.
Creo que también es importante destacarlo, porque eso es esta ley, ante
la que nadie debe sentirse excluido, viva en el norte, en el sur, en el
este o en el oeste. Esta ley es para todos.

Por otro lado, estamos ante una ley pionera en Europa. Se
ha legislado combinando la parte regulatoria y la parte de
autorregulación con la puesta en marcha de los códigos de buenas
prácticas mercantiles, convirtiéndose España en un espejo donde yo creo
que se van a mirar muchos de los países de la Unión Europea a fin de
adoptar lo que estamos solicitando en esta moción: una normativa similar
en el ámbito comunitario, que, por lo que he podido ver en las diferentes
legislaciones de los países miembros de la Unión Europea, es de las más
completa que hoy existen en Europa.

Todos sabemos que la Unión Europea estableció en 2008 un
grupo de alto nivel para la mejora de la competitividad de la cadena
alimentaria. Luego ese grupo de alto nivel se convirtió en un foro para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, foro que ha estado
investigando durante estos años y que se ha preguntado sobre qué es lo
que se tiene que hacer a nivel europeo. Por ahora lo que se ha hecho es
la creación de un código de buenas prácticas comerciales, y de ahí no
hemos pasado. Como refleja el dictamen del Comité Económico y Social
Europeo —todos lo hemos leído—, el código de buenas prácticas
comerciales tiene una eficacia limitada, y constata que sin haber un
organismo de control y sanciones eficaces, no se podrá evitar el
incumplimiento por parte de los eslabones más fuertes de la cadena, como
es el sector de la distribución. Yo creo que coincidimos con el dictamen
del Consejo Económico y Social Europeo. La Ley 12/2013 que ha elaborado
este Gobierno yo diría que es de las más completas que existe en la Unión
Europea, y por ello tiene que ser el espejo del resto de los países
miembros y de la propia Comisión Europea, y creo que lo veremos en un
futuro.

Por todo lo anterior, sería conveniente que el Gobierno de
España —y así lo solicitamos en esta moción— defendiera en el
seno de la Unión Europea la necesidad de elaborar una normativa a nivel
comunitario que aporte transparencia a la cadena alimentaria, tal y como
lo hace la ley que ha aprobado nuestro país, y estableciera esos
mecanismos reguladores que eviten situaciones de dominio o abuso de poder
hacia los eslabones más débiles, especialmente, hacia los agricultores y
ganaderos.

Señorías, al presentar esta moción he estado repasando
debates, y en relación con las enmiendas que nos han presentado les diré
que esta no es una moción ideológica. ¡Si es que no nos distancian tantas
cosas! No hay tanta distancia entre los grupos políticos representados
aquí en esta moción. Por tanto, ¿por qué esas enmiendas de sustitución?
¿Por qué esos debates, a veces ingenuos, que no nos llevan a ningún sitio
cuando todo el sector agroalimentario español, desde los productores
—que todos coincidimos en que son el eslabón más débil de la
cadena—, los agricultores y los ganaderos, hasta la distribución,
todos perseguimos con esta ley la defensa del más débil, que es el sector
productor? Y si no hay tanto que nos separa, ¿no podríamos hoy dar una
alegría al sector agroalimentario español y que saliera esta moción
aprobada por unanimidad de este Pleno? ¿Tan difícil es hacer un ejercicio
de responsabilidad? Puede haber matices, pero en el fondo todos estamos
defendiendo lo mismo. Y la ley en sí ya es operativa y va a funcionar. Yo
estoy convencido de que todos los grupos políticos van a hacer ese
ejercicio de responsabilidad y, salvo que yo sea muy optimista, creo que
esta moción va a ser aprobada por unanimidad.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, el senador
Plana.

El señor PLANA FARRAN: Moltes gràcies, presidenta.

Senador Sánchez Luque, gràcies per haver-me fet una
referència directa; suposo que és fruit de l’esmena presentada per
aquest grup polític.

En el fons, puc estar d’acord amb el que vostè deia,
en el sentit que tots els grups polítics aquí, —i això va quedar
palès i s’ha vist en el diari de sessions—, tots els grups
polítics estem a favor que totes aquelles parts de la cadena
agroalimentària puguin viure de l’activitat que estan fent i,
tenint en compte l’asimetria existent entre la part productiva, la
part transformadora i la part de la distribució arribant al client final,
evidentment s’ha de fer una regulació d’una manera o altra,
això no li negaré. Però no em dirà vostè que un cert ordre constitucional
s’ha de tenir. A què em refereixo? Doncs al fet que hi ha unes
competències exclusives que tenim atribuïdes les comunitats autònomes.
Per tant, jo entenc la seva sorpresa, per una part, davant l’esmena
presentada per aquest grup, però també hauria d’entendre que estem
aquí, a la Cambra Alta, i que ens permet als diferents senadors que estem
representant diferents territoris i aquests territoris tenen,
constitucionalment i estatutàriament unes competències exclusives, doncs
que posem damunt la taula el fet que hi ha unes competències exclusives
que s’han de respectar. I ens vam posicionar en aquesta línia
durant el debat d’aquesta llei en aquest sentit.

En aquesta llei, que en el fons té la seva part de bondat,
es van ficar uns matisos que creiem que envaeixen les competències
—i torno a reiterar— exclusives que, en matèria
d’agricultura, en aquest cas té la Generalitat de Catalunya. Per
exemple, el tema de la unitat de mercat. Calia insistir i aplicar
mecanismes d’unitat de mercat? Ja l’han feta vostès la llei
d’unitat de mercat. No cal tornar a insistir en aquest aspecte. Si
vostès volien regular aspectes relacionats amb la cadena agroalimentària
s’haguessin pogut cenyir únicament i exclusiva a aquells
conceptes.

I després una altra cosa: vostè parla del codi de bones
pràctiques. A Catalunya, —abans que es fes aquesta llei, aquí, per
part del govern de l’Estat espanyol, va debatre a la part
legislativa i que en la part executiva el poder executiu ha tirat
endavant—, tenim un codi de bones pràctiques. Aquest codi es basa
en el diàleg i en la participació voluntària de totes aquelles parts que
conformen la cadena agroalimentària. Ho tenim i és una forma de
visualitzar diferents a la que vostès estan proposant; és una forma
diferent de visualitzar i de relacionar les diferents parts de la cadena
agroalimentària. Ni millor ni pitjor. Des del nostre punt de vista ho hem
fet perquè ens basem en un substrat de diàleg constant. Jo li agraeixo la
constant constatació que vostè ha fet de forma continuada al diàleg entre
les parts.

Per això, atès que segurament haurem de fer una
transposició de la directiva europea que vindrà per la regulació de la
cadena agroalimentària perquè aquest és el moviment que hi ha a Europa i
ens haurà de venir, una de les indicacions que li vam fer va ser que en
el moment que s’hagi de transposar aquesta directiva europea,
aleshores s’haurà de solucionar una qüestió competencial que, en
aquest cas, les comunitats autònomes amb competència exclusiva tenim
atribuïdes. I creiem, com ja vam exposar, que van estar envaïdes no tan
sols amb aquesta llei, però sí amb aquesta llei en concret, pel govern de
l’Estat espanyol. D’aquí ve l’esmena que presentem.
Aprofitem la solució que ens ve d’Europa per millorar aquelles
coses que s’haguessin pogut fer millor i respecte a les quals
s’hagués pogut arribar a un acord en el procés legislatiu, en el
procés d’elaboració d’aquesta llei.

Perquè, entre altres coses, torno a reiterar,
l’esperança, en aquest cas vindrà per les indicacions i la
directiva que vindrà d’Europa perquè d’esmenes acceptades pel
Grup del Partit Popular, ben poques, per no dir gairebé ni una.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta.

Senador Sánchez Duque, gracias por haberse dirigido a mí
directamente. Supongo que eso es fruto de la enmienda presentada por este
grupo político.

En el fondo, puedo estar de acuerdo con lo que usted dice,
en el sentido de que todos los grupos políticos aquí presentes —y
esto es algo evidente que se ha visto en el Diario de Sesiones—
estamos a favor de que todas las partes de la cadena alimentaria puedan
vivir de la actividad que

están realizando. Y teniendo en cuenta la asimetría
existente entre la parte productora, la parte transformadora y la parte
de la distribución, hasta llegar al cliente final, evidentemente, hay que
hacer una regulación de un modo u otro. Eso no se lo voy a negar. Pero no
me va a negar usted que un cierto orden constitucional hay que tener. ¿A
qué me refiero? A que hay unas competencias exclusivas que tienen
atribuidas las comunidades autónomas. Por consiguiente, entiendo su
sorpresa ante la enmienda presentada por este grupo; pero usted también
debería entender que estamos aquí, en la Cámara Alta, que nos permite a
los senadores que estamos representando a los distintos territorios que
constitucional y estatutariamente tienen atribuidas unas competencias
exclusivas, poner sobre la mesa que hay unas competencias exclusivas que
hay que respetar. A lo largo del debate de esta ley nos hemos posicionado
en este sentido.

En esta ley, que en el fondo tiene su parte de bondad, se
introdujeron unos matices que creemos que invaden las competencias
—reitero— exclusivas, en materia de agricultura que, en este
caso, tiene la Generalitat de Catalunya. Por ejemplo, ¿era preciso
insistir y aplicar mecanismos de unidad de mercado? Ya han hecho ustedes
la Ley de unidad de mercado, no hay que insistir más en este tema. Si
ustedes querían regular aspectos relacionados con la cadena
agroalimentaria, podían haberse ceñido exclusivamente a esos
conceptos.

Pero hay algo más. Usted habla del código de buenas
prácticas. Pues en Cataluña, antes de que el Gobierno del Estado español
elaborara esta ley —el proyecto de ley se debatió aquí, esa fue la
parte legislativa, y el Poder Ejecutivo la sacó adelante—, ya
teníamos un código de buenas prácticas; un código de buenas prácticas
basado en el diálogo y en la participación voluntaria de todas aquellas
partes que conforman la cadena agroalimentaria. Como digo, ya lo tenemos,
pero nuestra forma de visualizarlo es distinta a la que ustedes están
proponiendo. Visualizamos y relacionamos las distintas partes de la
cadena agroalimentaria de manera distinta, ni mejor ni peor, y lo hacemos
así porque nos basamos en un diálogo constante, porque mantenemos un
diálogo constante. En ese sentido, le agradezco la continua constatación
que usted ha hecho de forma continuada al diálogo entre las partes.

Por eso, puesto que seguramente deberemos trasponer la
directiva europea correspondiente a la regulación de la cadena
agroalimentaria —este es el movimiento existente en Europa y tendrá
que llegar—, una de las aportaciones que hicimos fue que en el
momento de trasponerla se resolviese una cuestión competencial, que en
este caso, las comunidades autónomas con competencia exclusiva, tenemos
atribuida, pero creemos, y ya lo expusimos, que fue invadida —y no
solo con esta ley, pero también— por el Gobierno del Estado
español. De ahí la enmienda que proponemos. Aprovechamos la solución que
nos viene dada de Europa para mejorar aquellas cuestiones que se hubieran
podido hacer mejor y respecto de las cuales se hubiese podido llegar a un
acuerdo en el proceso legislativo, en el trámite de elaboración de esta
ley.

Entre otras cuestiones, reitero de nuevo que nuestra
esperanza está en estas indicaciones y en la directiva que ha de venir de
Europa, porque las enmiendas aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular
en la tramitación de esta ley han sido muy pocas, por no decir
prácticamente ninguna.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Martín Rodríguez.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Señora presidenta, con la
venia.

Dando por hecho que sus señorías conocen los términos de la
enmienda de sustitución que mi grupo presenta a esta moción del Grupo
Parlamentario Popular, podría interpretarse que no nos hemos enterado de
la publicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar
el funcionamiento de la cadena alimentaria, pero sí, sí nos hemos
enterado. Es precisamente el conocimiento de la misma y el haber sido
testigos y víctimas de que no prosperara ninguna de las 173 enmiendas
presentadas a la ley, 26 de ellas del Grupo Parlamentario Socialista, lo
que nos lleva a solicitar al Gobierno que derogue la ley, que dudo sirva
para algo, y atienda nuestra enmienda. Decía el señor Sánchez, del Grupo
Parlamentario Popular, que creía que aquí todos estábamos en lo mismo,
que nuestros intereses coincidían. Sí, señoría, estamos en lo mismo,

pero no haber aceptado ninguna de las 173 enmiendas
significa que ustedes tienen el valor absoluto de esa verdad.

La Ley 12/2013, desapasionadamente, es una ley que promete
más de lo que contiene y no introduce ninguna regla jurídica imperativa
que no preexistiera en otro sector de nuestro ordenamiento o no pudiera
ser deducida de él. Esa ley es un refrito de otras legislaciones, por
ejemplo al adecuar el ámbito de aplicación del Reglamento 1308/2013 de la
Unión Europea. Con estas alforjas, compañero senador, malamente podremos
hacer el camino que hoy se solicita en su moción, y que necesitan sobre
todo nuestros pequeños agricultores. Dejar fuera de la ley las
transacciones comerciales cuyo precio sea inferior a 2500 euros es tanto
como dar carta de naturaleza al fraude y decirle al defraudado hasta
dónde le permitimos delinquir. ¡Pues no, señorías! Este tema es como el
umbral delictivo de los 120 000 euros del IRPF previsto en el Código
Penal que, por cierto, tan a mano parece haberles venido a algunos de sus
compañeros ahora incursos en procesos judiciales. La ley no debe amparar
o inducir al posible fraude; lo contrario, confundir valor con precio,
sería de necios.

Y otro tanto se podría decir del hecho de que la ley no
exija en las condiciones de pago los plazos y procedimientos, o en los
contratos, la cantidad y la calidad de los productos en cuestión que
pueden y deben ser entregados. Como tampoco es entendible que la ley
eluda un mediador imparcial donde las partes intervengan en plena
igualdad de oportunidades para cuando no hubiera un acuerdo entre los
productores primarios y los compradores para concluir esos contratos, en
especial en lo referido al precio, y se asegure una forma de equidad de
dichas relaciones contractuales. Por no hablar del buenismo con que se
promete a los grandes al adherirse voluntariamente al código de buenas
prácticas en vez de ir al cuerpo de la ley en aplicación.

En otros puntos la ley es ociosa, como por ejemplo, en el
artículo 12.2, que por mucho que se lea no aporta nada nuevo al derecho
de contratos. Es evidente que no pueden exigirse pagos adicionales que no
hayan sido acordados, y también está claro que un pago no puede
presentarse como adicional si no remunera una contraprestación
distinta.

Señor Sánchez, su compañero ponente en la ley a la que
alude este debate, defendiéndose de las consideraciones que le hizo una
senadora, le dijo en esta misma tribuna —no púlpito como la definió
alguno de ustedes—: Yo creo que usted se habrá leído la ley, como
yo, enésimas veces. No sé cuántas veces se la tiene que leer uno, pero la
verdad es que para entender las cosas hay que leerlas muchas veces. Pues,
señorías, mi grupo y yo nos hemos leído la ley muchas veces, y cuanto más
la leemos, más carencias le encontramos, máxime cuando conocemos que el
último informe del Comité Económico y Social Europeo pide a los Estados
miembros que elaboren una legislación vinculante que fomente una
competitividad leal dentro de la cadena alimentaria.

Compartimos en su momento y compartimos hoy, señor Sánchez,
la necesidad de una ley para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria, pero no la existente, señorías, y por ello mi grupo
parlamentario ha presentado esta enmienda y solicita para ella el voto
favorable de la Cámara.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señora presidenta.

Intervengo, en primer lugar, para defender esta enmienda y
responder al señor Sánchez Duque, que nos preguntaba qué cosas nos
separan y nos distancian, y lo cierto es que deberíamos preguntar cuál es
la posición que les distancia a ustedes de las organizaciones
profesionales agrarias, que tan contrarias fueron a la aprobación de esta
ley sin que se abordara el debate principal y el mayor problema que ellos
planteaban. Ciertamente habían puesto todas sus esperanzas en una ley que
debía abordar el tema de la venta a pérdidas, pero eso no lo abordó la
ley, señor Sánchez Duque, y usted lo sabe bien. No fueron lo
suficientemente valientes como para afrontar ese problema, y hoy mucho me
temo que lo que ustedes están planteando es despejar el balón y enviarlo
a Bruselas, a ver si allí arreglan lo que no arreglamos aquí.

Por tanto, a nosotros nos parece que el primero de los
objetivos es, en todo caso, reformar esa ley, darle contenido y salir al
paso de un problema que es gravísimo, y usted lo sabe. Yo traigo

—en el turno de portavoces me referiré a ello—
problemas de sectores concretos que en este momento están pasándolo muy
mal, y que siguen pasándolo muy mal un año después de la aprobación de la
ley. No niego que la ley pueda tener algunos efectos porque algunas cosas
podrán hacerse o, como mínimo, podrán maquillarse, pero lo cierto es que
el núcleo del problema no se aborda, y ese es un problema muy grave para
la cadena alimentaria y para nuestros sectores.

Yo creo que debemos abordar el debate con una mirada más
amplia. Tenemos un problema en la estructura de nuestra agricultura y ese
es un debate que, como le dije el otro día, no podemos aplazar más; hay
que abordarlo con rigor. En otros países europeos suceden cosas
diferentes, de forma que el monopolio de la distribución no está
planteado como aquí. En Francia —lo he dicho alguna otra vez—
entre el 23 y el 24% de los productos agrícolas se venden en un radio en
corto y, por tanto, hay producciones agrarias campesinas, de pequeñas
explotaciones, que tienen también su marco de desarrollo. Aquí eso es
prácticamente imposible; solo vendemos en corto el 3% de nuestra
producción, y eso es un auténtico problema porque toda la distribución
queda en manos, como usted sabe muy bien, de prácticamente 3
distribuidoras.

Luego hablaré con más tiempo de este tema, pero ahora
insisto en que lo que debe plantearse —y en este sentido hemos
presentado esta enmienda de sustitución— es el problema de fondo,
resolver realmente el tema de la venta a pérdidas, el abuso de dominio de
la distribución sobre la agricultura. Hemos afirmado —y lo hicimos
también en el momento del debate de la ley— que la ley no aborda
esta cuestión, cuando lo prioritario sería eso; de ahí nuestra enmienda
de sustitución, que espero que reciba su apoyo.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para decir si acepta o no las enmiendas presentadas, tiene
la palabra el senador Sánchez Duque.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: Muchas gracias, presidenta, seré
muy breve.

Senador Plana, la verdad es que las enmiendas de su grupo
siempre van en el sentido de las injerencias competenciales. Yo lo puedo
entender, pero le digo una cosa: el Gobierno actúa con el máximo respeto
a las competencias de las comunidades autónomas. No sé por qué ustedes se
creen siempre que hay injerencias, y en esta ley tampoco las hay. La ley
se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la
Constitución, que todos conocemos, por tanto, no veo que sea ninguna
injerencia.

Yo se lo he dicho anteriormente: es una ley de todos y para
todos, que no excluye a nadie. ¿Por qué se sienten excluidos? Sí yo ya sé
que en julio de 2011 —corríjame la fecha si me equivoco—
nació el código de buenas prácticas en Cataluña, al que se han adherido
18 asociaciones, desde el sector de la producción al sector de la
distribución, y que está funcionando. ¿Pero no puede haber una
coordinación? Hace poco se reunió la Agencia de información y control
alimentario con todas las comunidades autónomas para coordinarse, para
que haya fluidez en la información y precisamente para alcanzar esos
objetivos que todos perseguimos. Yo creo que no es incompatible una cosa
con otra; aquí se va a poner en marcha también el código de buenas
prácticas comerciales antes de un año; se va a publicar un real decreto;
cojamos lo que funciona y sigamos adelante.

Señoría, yo creo que, efectivamente, debe haber una
colaboración mutua, y así se presupone que va a ser, entre la Agencia de
Información y Control Alimentario y las comunidades autónomas.

En cuanto a la enmienda de sustitución del Grupo
Socialista, la ley que propone usted —por lo menos lo que ha dicho
aquí— ya se ha publicado, y luego intentaré responderle con más
detalle.

Perdóneme, senador, es que no se ha leído la ley. ¡Que me
diga que no contempla la figura de un mediador! ¡Si fue una enmienda que
presentó el Grupo Popular! Vuélvasela usted a leer. ¡Usted no se ha leído
la ley, no se la ha leído, créame, porque decirnos eso...! Una enmienda
del Grupo Popular admitió un mediador precisamente para cuando no hubiera
acuerdos, y eso nace principalmente del paquete lácteo, porque ahí las
normas de competencia —y luego hablaremos de ellas— sí
permiten que se pongan de acuerdo los productores y los industriales para
concertar un precio. Pero sí figura, era una petición del sector, y nos
han felicitado las organizaciones profesionales agrarias y todas las
asociaciones de la industria. ¡Si precisamente quien no está de acuerdo
con esta

ley es la gran distribución, que dice que vamos a por
ellos! ¡Si precisamente estamos defendiendo a los productores, al sector
más débil de la cadena, agricultores, ganaderos y consumidores!

A usted no le gusta la ley porque la presenta el Partido
Popular. ¡Es que le cuesta reconocer algo! (Denegaciones del señor Martín
Rodríguez). Que sí, hombre, que sí, si llevo aquí dos años y pico y todo
es: no, no, no, no. ¿Pero tan mal se pueden hacer las cosas? ¿Pero tan
mal las hacemos? (Asentimiento del señor Martín Rodríguez). Es imposible;
ustedes pierden credibilidad —ya se lo he dicho— con el no
por el no; el no por el no.

El punto 1 de su enmienda, senador Boya —por
responder a todos los portavoces— y créame que la he leído
—se lo digo con la máxima humildad— está mucho mejor recogido
en la moción que nosotros presentamos, excepto que la interpretación que
le demos sea la de que tenemos que regular las relaciones entre los
operadores, y esa interpretación yo creo que iría en contra de un mercado
de libre competencia.

En cuanto al punto 2 de su enmienda, del que usted dice que
nos va a hablar con más detalle en el turno de portavoces, le digo que no
procede modificar la ley, lo que procede será desarrollarla; la ley está
en marcha y los señores socialistas no fueron capaces ni de presentarla.
La ley está en marcha. Dennos por lo menos un margen de confianza, no a
nosotros, al sector, porque es importante que el sector colabore. ¿Cómo
se va a modificar una ley que acaba de entrar en vigor el 3 enero de este
mismo año?

Le puedo adelantar que está previsto que antes de finalizar
este año se apruebe un real decreto para desarrollar el observatorio de
la cadena alimentaria y crear el registro estatal del código de buenas
prácticas comerciales. Sí le digo —y luego hablaré de la posición
de dominio— que, lamentablemente, porque a mí me hubiera gustado,
no vamos a poder aprobar ninguna de sus enmiendas, pero reconozco su
voluntad política y su generosidad y ustedes sí van a votar
favorablemente esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Mahaiburu jauna, intervendré
brevemente desde el escaño, porque nos queda mucho día todavía.

Cuando el Gobierno presentó la Ley para la mejora del
funcionamiento de la cadena alimentaria, el Grupo Parlamentario Vasco se
abstuvo. Y lo hicimos porque aunque hemos valorado de forma positiva la
iniciativa de regular la cadena alimentaria, también hemos considerado
que el proyecto era francamente mejorable, por supuesto, desde el punto
de vista competencial —en eso coincido con el senador Plana—.
Igual estamos confundidos tanto vascos como catalanes y el senador
Sánchez Duque tiene la razón y el 149 sirve lo mismo para esto que para
el tren de alta velocidad que para el de baja velocidad o para una
bicicleta sin pedales, sirve para todo. Pero eso no es tener respeto a la
arquitectura constitucional de este país, eso es buscarse trucos para
vaciar de competencias a las comunidades autónomas; y eso es lo que se
intentó hacer y se hizo en parte con esa ley.

Por lo tanto, nosotros, siendo coherentes con lo que
hicimos en aquel momento y escuchándole a usted que lo que quiere el
Grupo Parlamentario Popular es que la normativa europea sea una imagen
especular de la norma aprobada en España, nosotros, evidentemente, por
lógica, no podemos apoyar algo que no apoyamos aquí para que se
reproduzca en Europa. Esperemos que, no sé si desde el punto de vista
competencial, pero sí desde el punto de vista técnico, en algunos de los
puntos que se han comentado aquí y que no voy a repetir la normativa
europea sea un poco más exigente que la normativa española.

Por lo tanto, como le he dicho, en pura coherencia,
nosotros nos vamos a abstener.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señora presidenta.

Señor Sánchez Duque, con el máximo respeto y la máxima
cordialidad quiero decirle que nosotros no estuvimos de acuerdo con esta
ley y creemos —insisto— que lo que en este momento están
ustedes pidiendo a Bruselas es que nos ayude a regular, y en el fondo nos
parece bien, pero primero tenemos que hacer bien el trabajo aquí. En este
sentido, la ley no cumplió con las expectativas, tampoco con las
nuestras, que no presentamos veto, y lo recordará. Pero es cierto que
nosotros dijimos con toda claridad que a la ley le faltaba resolver el
problema principal que hoy tiene la cadena alimentaria. Es cierto que ha
pasado solo un año, démosle recorrido, pero ustedes traen hoy esta moción
y por eso estamos hablando de ello en este momento. Démosle tiempo.

Pero fíjese usted —lo decía antes— en lo que
está sucediendo con el sector del pollo. Este es un sector que está
realmente castigado, como la leche. La leche es un sector que tiene
problemas con la venta a pérdidas, pero está sucediendo también con el
pollo. Han desaparecido en estos últimos años alrededor de 2000 granjas
que se dedicaban a la cría de pollo, que ha sufrido en los últimos
tiempos un aumento en sus costes de producción del 50%. En cambio, el
pollo se está pagando en estos momentos de una forma clara por debajo del
coste, a 1,83, y en el mercado sale a poco más de eso. Por tanto, es un
sector que está en este momento en una crisis profunda.

Ustedes en el momento que aprobamos la ley se escudaron en
el artículo 14 de la Ley de ordenación del comercio minorista; dijeron
que el asunto estaba resuelto, que la ley era muy clara, y todos sabemos
que desde el año 1996 los problemas relacionados con los precios por
debajo del coste o con las posiciones de dominio no se han podido
resolver. Por tanto, en este momento existen problemas de dependencia de
muchos proveedores respecto de los compradores, existe toda una serie de
problemas en las dinámicas comerciales que no se han resuelto con esta
ley y nosotros creemos que es urgente hacerlo, porque hay sectores como
el pollo, la leche y el conejo que son utilizados por los supermercados
como reclamos para sus consumidores, que quedan atrapados en una red
perversa, que no resuelve los problemas de la alimentación a bajo precio
y que, además, genera muchos problemas en las estructuras de producción,
porque cuando una explotación cierra porque no es viable, estamos
perdiendo soberanía alimentaria, es decir, nuestra capacidad de producir
alimentos, y tenemos un grave problema en un sector estratégico para el
país. El alimento barato a toda costa no es la solución, hay que saber
encontrar un equilibrio —y nosotros creemos que la ley no lo
consigue— entre un precio justo y aquello que puede cobrar el
agricultor por este producto para que su explotación sea rentable.

El dominio que existe en este momento es cierto. Hay que
encontrar mecanismos que puedan establecer —insisto— un
equilibrio que es fundamental. Pero en este tiempo, que es cierto que
todavía es corto, hay sectores que todavía no han visto el resultado que
ustedes tanto preconizaron, y hoy nos dice usted que esta ley ha sido la
solución a todos estos problemas. Mucho nos tememos que no es así, que
necesitamos seguir en este debate y revisar esta ley, porque lo cierto es
que hay otros lugares donde estas cuestiones no tienen los problemas que
tenemos aquí y es porque se ha distribuido mejor, hay más diversidad de
canales de distribución de alimentos, más protección, especialmente para
los pequeños agricultores, se les ha dado valor añadido a los productos
y, por tanto, la dependencia del precio no es tan alta.

Es un debate complejo —le reconozco que con el tiempo
que tenemos, podemos decir lo que podemos decir—, pero también le
digo que aunque nuestro voto va a ser negativo, nuestra disposición a
dialogar sobre esta cuestión para encontrar soluciones es total y
absoluta. Esperamos su mano tendida, señor Sánchez Duque, como portavoz
en esta moción, porque le aseguro que si tienen voluntad de llegar a
acuerdos, habrá acuerdos sobre esta materia. Nos parece absolutamente
prioritario que el país tenga una política agraria consensuada y que
realmente sea una hoja de ruta para el conjunto de las fuerzas políticas
del país.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, presidenta.

Senador Sánchez Luque, evidentment que cada vegada que
cregui aquest senador i aquest Grup que hi ha una ingerència
competencial, ho direm, i el llibre de sessions així ho estableix.

Per exemple, la potestat sancionadora la tenen les
comunitats autònomes i aquí, amb aquesta llei, se l’atribueixen
vostès. Per tant, aquest ja és un element d’intromissió.

No es parla o no es dóna la solució amb aquesta llei
d’un element que podria ser importantíssim per a la supervivència
de la part dèbil d’aquesta baula, com és la regulació de la venda
per ús, dins de les grans distribuïdores, dins de les grans
superfícies.

Aquest podria ser un element que, si s’hagués regulat
de la forma més adequada possible, i en funció d’allò que dèiem els
diferents senadors mitjançant les esmenes presentades, hagués pogut ser
un benefici molt car per a aquesta baula més dèbil que és la part més
dèbil que és la part productora.

Però aquí, —i segueixo amb l’esperit perquè,
torno a reiterar, l’esperit que he volgut demostrar amb aquesta
moció— no és una qüestió d’anar a lluitar una part amb
l’altra, ans al contrari. És una qüestió de trobar consensos per
part de tots els actors de la cadena alimentària. De tots. Tots són
necessaris. Aquesta cadena alimentària, si hi ha una baula que no tira
endavant, i la més dèbil és la productiva, tota la resta se’n
ressentirà. I aquest és un element importantíssim.

De ben segur, amb el millor sentit, el govern del Partit
Popular va voler presentar aquest projecte de llei, i l’aprovació
de la mateixa, però sembla que no es dóna la suficient solució. I aquest
és un element que reiterem. No es dóna la solució, com tampoc es dóna la
suficient solució, amb un element que va ser una lluita soterrada en tot
el procés d’elaboració d’aquesta llei que és la lluita entre
la marca de distribuïdor i la marca de fabricant. Aquí no se n’ha
parlat. Però també és un element importantíssim. I aquí no s’han
posat les bases per donar-hi solució. Una lluita que, vist des del punt
de vista de la distribució degut a la integració vertical que fan cap
enrere, és a dir, arriben fins a la part productora i amb aquesta marca
de distribuïdor pot donar-se una situació de conflicte a l’hora de
vendre davant de la marca de fabricant. I aquest són uns elements que no
s’han tractat.

Però li parlaré de consens i pot arribar a trobar un
decàleg de prioritats de la cadena agroalimentària per a Europa signat
per la majoria de les organitzacions professionals agràries, per
cooperatives agroalimentàries i per l’associació de distribuïdors.
Pot anar a la pàgina web d’aquestes entitats que li he dit i
trobar-les. Es parla de deu prioritats de la cadena agroalimentària per a
Europa. Fixi’s en el que està succeint. Els actors implicats estan
intentant donar solució. I aquí ens estem esbatussant amb una llei que no
dóna solució i que hauria de donar la sortida més digna per totes
aquestes baules de la cadena agroalimentària.

Parla de la infinitat de decisions que es prenen a Europa i
que finalment ens afectaran. Una de les coses que els vam dir quan
s’estava tramitant aquest projecte de llei era que esperéssim a que
es fes la directiva europea i que, d’aquesta manera es fes la
transposició i l’aplicació aquí, perquè si no no tindrem
solució.

Parla del pes del sector agroalimentari dins del PIB, i
d’això tots ens som conscients. Parla de què s’estableixin
mesures eficaces per incrementar i recuperar el consum intern. Parla, en
aquest cas, de què la cadena agroalimentària sigui vista com un valor
compartit per part de tots. I el que no permetré és que aquí es presenti
la Llei de millora de la cadena agroalimentària com a una llei
d’enfrontament entre les diferents parts.

Podem enfrontar-nos, si vostè vol des del punt de vista
ideològic, i des del punt de vista competencial, les diferents
administracions. Evidentment, la conceptualització estatal difereix entre
la seva i la nostra. Sols faltaria! I en això, podem enfrontar-nos, però
el que no hauríem de permetre de cap de les maneres és que aquesta Llei
de millora de la cadena agroalimentària es veiés com un element
d’enfrontament de tots els sectors degut a les característiques
diferenciadores i a què hi ha una part importantíssim que és la part
productora que és la part més dèbil i a la que se li ha de donar la
màxima protecció.

M’he deixat de dir, senador Sánchez Luque, que, en
coherència amb el que vam fer amb la tramitació de la llei nosaltres ens
abstindrem perquè, evidentment, ja ha dit vostè que no incorporaria cap
de les observacions que hem fet des del punt de vista competencial.

Gracias, presidenta.

Senador Sánchez Duque, cada vez que este senador y este
grupo consideren que hay una injerencia competencial, lo diremos. Así
está establecido.

Por ejemplo, ¿quién tiene la potestad sancionadora? Son las
comunidades autónomas pero aquí, en esta ley, se la atribuyen ustedes.
Este es, por tanto, un elemento de intromisión.

En esta ley no se habla o no se da solución a un elemento
que podría ser importantísimo para la supervivencia de la parte débil de
esta cadena, como por ejemplo, la regulación de la venta de productos
dentro de las grandes distribuidoras y de las grandes superficies. Si se
hubiese regulado de la forma más adecuada posible, y en función de lo que
decíamos los distintos senadores a través de nuestras enmiendas, podría
haber supuesto un beneficio muy claro para el nivel más débil: la parte
productora.

Sin embargo, sigo aquí con el mismo espíritu, el que he
querido demostrar en esta moción, porque no se trata de que una parte
luche contra la otra; al contrario, se trata de buscar el consenso de
todos los actores de la cadena alimentaria; de todos, porque todos son
necesarios. Si la parte más débil, la productiva, no va hacia adelante,
todos los demás actores van a sufrir. Este es un elemento
importantísimo.

Estoy seguro de que el Gobierno del Partido Popular
presentó con el mejor sentido esta moción para proponer la elaboración de
una ley, pero parece que no se le da suficiente solución, como tampoco se
da suficiente solución a un elemento que supuso una lucha soterrada en el
proceso de elaboración de la ley, y me estoy refiriendo a la lucha entre
la marca de distribuidor y la marca de fabricante. No se ha hablado aquí
de ello, pero es un elemento importantísimo también y no se han sentado
las bases para darle solución. Desde el punto de vista de la
distribución, por la integración vertical, que se hace hacia atrás, es
decir, que llega hasta la parte productora, puede darse una situación de
conflicto entre esta marca del distribuidor y la marca de fabricante a la
hora de vender. Sin embargo, son elementos que no se han tratado.

En cualquier caso, voy a hablarle de consenso. En este
sentido, puede encontrar un decálogo de prioridades de la cadena
agroalimentaria para Europa firmado por la mayoría de las organizaciones
profesionales agrarias, por cooperativas agroalimentarias y por la
asociación de distribuidores en la página web de las instituciones que he
citado. En ese decálogo se habla de 10 prioridades de la cadena
agroalimentaria para Europa y, fíjese usted en lo que está sucediendo:
los actores implicados están intentando dar soluciones y, sin embargo,
aquí nos estamos dando de bruces y no se dan soluciones a una ley que
debería dar la salida más digna a todos estos eslabones de la cadena
alimentaria.

Se habla de todas las decisiones que se toman en Europa que
nos afectarán, cuando una de las cosas que dijimos cuando se estaba
tramitando este proyecto de ley fue que esperásemos a que se elaborase la
directiva europea para que, de esta forma, se hiciera la trasposición,
porque de otro modo no habría solución.

Se habla del peso del sector agroalimentario dentro del
PIB, y todos somos conscientes de ello; se habla de que se establezcan
medidas eficaces para incrementar y recuperar el consumo interno; y se
habla, en este caso, de que la cadena agroalimentaria se vea como un
valor compartido por todos. En este sentido, no voy a permitir que aquí
se presente la Ley de mejora de la cadena agroalimentaria como una ley de
enfrentamiento entre las distintas partes.

Podemos enfrentarnos, si usted quiere, desde el punto de
vista ideológico o desde el punto de vista competencial, las distintas
administraciones. Evidentemente, ustedes tienen un concepto de Estado y
nosotros tenemos otro, ¡faltaría más!, y en eso podríamos enfrentarnos.
Pero lo que no deberíamos permitir en modo alguno es que esta Ley de la
mejora de la cadena agroalimentaria se viera como un elemento de
enfrentamiento entre todos los sectores, porque hay una parte muy
importante, la productora, que es la más débil y a la que se debe dar la
máxima protección.

Había olvidado mencionar, senador, que, en coherencia con
lo que hicimos en la tramitación de la ley, nos abstendremos en la
votación, porque no se ha incorporado ninguna de las observaciones que
hemos hecho desde el punto de vista competencial.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Senador Martín Rodríguez, tiene la palabra.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora
presidenta, con su venia.

Señorías, ayer tarde ocurrió con el señor Rajoy, hoy ha
ocurrido con el señor Sánchez. El señor Rajoy le decía a mi compañero
Marcelino: Usted no ha leído, y si ha leído no se ha enterado, que es lo
que me ha dicho el señor Sánchez a mí. Bueno, ¡somos tontos! Y, encima,
me dice que

no tenemos credibilidad. La credibilidad, señor mío, se
gana desde el respeto, no desde el ninguneo. Y la buena educación no está
reñida con la cortesía parlamentaria. Yo no soy su enemigo, ni lo soy de
este país; puedo estar frente a usted, no contra usted. No entiendo de
dónde les viene esa parte venal de poder vivir con tanto veneno. ¡No sé
cómo pueden ustedes vivir con tanto veneno! (Aplausos).

Señorías, contrastado ya el previsible éxito que han tenido
las enmiendas aquí presentadas, y puntualmente las de mi grupo,
entenderán que suba de nuevo a esta tribuna con la convicción del in
dubio pro reo para que esta moción no prospere. Porque no sería la
primera vez, al decir de Rousseau, que aquí, en este Senado, a fuerza de
deliberar, perdamos el fruto de la deliberación.

Señorías del Partido Popular, ustedes se han hecho autistas
al resto de la Cámara, y mucho me temo también que del país, y en ese
autismo llaman constantemente al consenso, pero, como buenos autistas, no
lo alcanzan. Mi grupo reconoce la necesidad de una legislación vinculante
que fomente una competencia leal dentro de la cadena alimentaria, pero no
partiendo de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar ese
funcionamiento; y ni siquiera queremos enmendarles la plana, es más,
queremos ayudarles a hacer las cosas bien. Ustedes son el Gobierno,
apúntense el tanto de promulgarla. ¿Quién no les reconoce su autoridad?
Precisamente porque el resto de la Cámara se lo reconoce es por lo que le
está ofreciendo la ayuda, para que la ley subsane los vacíos e
incongruencias que por error u omisión ustedes han cometido. Es más,
asumimos la mayor parte del texto, partiendo de que no existe nada
completamente errado en este mundo. Señor Sánchez, hasta un reloj parado
está acertado dos veces al día. ¿Cuál es el problema entonces? El
problema son ustedes, que, instalados en la altanería que les da la
fuerza de la mayoría de los votos, presumen de tener la verdad de la
razón, y olvidan —lo dijo uno de los suyos— que pactar es un
privilegio de los fuertes.

Señorías, los errores no se subsanan por elevación, y
aprobar lo que propone esta moción es tanto como asumir que un error nos
lleve a otros. Son iniciativas como esta las que hacen que el ciudadano
perciba que esta Cámara no sirve para nada, y nosotros tampoco. Ya es
exiguo que nos limitemos a corregir las faltas de ortografía que comete
el Congreso de los Diputados para que, encima, siendo ustedes el Grupo
Popular que sustenta al Gobierno, vengan a solicitar al resto de los
grupos que pidamos al Gobierno lo que el Gobierno, teniendo que hacer, no
hace, o lo hace mal. ¡Raya lo kafkiano! Además de que ustedes han entrado
en una dinámica de paroxismo queriendo elevar sus iniciativas a
organismos internacionales que, lejos de ponernos en valor, lo que hacen
es ponernos en evidencia. Les ocurrió con la proposición de la Ley para
la regulación de la tauromaquia, y ahora quieren ganar la batalla de
Granada otra vez, olvidando que los vencedores no pueden repetir sus
victorias porque perderían su dignidad.

En definitiva, solamente quiero anunciarles que no es la
primera vez que ustedes dictan leyes tratando por igual a los desiguales
y en esa perfidia quebrantan el principio de la justicia, poniendo la
justicia al servicio del fuerte. Mi grupo no va apoyar esta moción porque
no podemos dar carta de naturaleza a un error intencionado.

Termino, señorías. Ya dijo alguien: dichosos aquellos que
me plagian porque de ellos son mis errores. Y, mediante esta moción,
ustedes quieren que Europa haga suyos los errores del Gobierno para sensu
contrario tener el argumento de que quien se equivoca es Europa. Ya dije
en otra ocasión en esta tribuna —y esta vez me plagio yo— que
ustedes son como aquel que, habiendo matado a su padre y a su madre, ante
el juez, como eximente, alegó que era huérfano. Y, en esta moción,
ustedes están huérfanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Sánchez Duque.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: Muchas gracias, señora
presidenta.

En primer lugar, muchísimas gracias a todos los portavoces
por sus intervenciones, por el tono que han utilizado y por la
colaboración, la llamada al consenso y al diálogo.

Hoy no estamos debatiendo aquí el proyecto de ley; ya está
debatido, está superado. Aquí estamos instando al Gobierno a hacer una
normativa comunitaria que afecte a los 28 países por igual, precisamente,
para evitar las malas prácticas que algunos pueden estar haciendo, para

evitar una dispersión de productores, para evitar que haya
problemas entre los diferentes operadores europeos. Eso es lo que
estábamos intentando debatir aquí hoy.

Muy rápidamente, intentaré contestar alguna de las
cuestiones que se han planteado aquí.

Señor senador, portavoz del Grupo Socialista, por favor, yo
le he dicho con mis mejores intenciones que no se había leído la ley,
porque usted me había hablado de la figura del mediador. Se lo he dicho
con todos los respetos. Y es que la figura del mediador sí consta en esa
ley. Era una advertencia, una alusión, un paréntesis para que usted se
diera cuenta. No he pretendido ofenderle. Si se ha ofendido usted, yo le
pido disculpas. Pero, créame, vivimos muy tranquilos, sin veneno. No
tenemos veneno. He intentado recoger lo que ha dicho: No sé cómo pueden
vivir con tanto veneno. ¿Pero usted cree que nosotros tenemos veneno? Ni
el que le habla ni creo que mis compañeros del Partido Popular.
(Aplausos). No tenemos veneno. Ese rencor es el que yo percibo ahí. Un
rencor del pasado y de la historia. Y nunca se lo he dicho. Eso lo llevan
en el ADN. (Aplausos). Y nunca se lo he dicho. Aquí no hay rencor, aquí
hay gente de buena fe, hay gente honesta, gente humilde y gente tendiendo
la mano, por mucho que ustedes piensen lo contrario. A veces cree el
ladrón que todos son de su misma condición. Es que lo percibo en ese
Parlamento en el que llevo diez años y lo vuelvo a percibir aquí. No hay
rencor ni hay veneno. Yo, si le he molestado por lo que le he dicho, le
pido disculpas, señor senador.

Señor Cazalis, muchísimas gracias por sus palabras, por su
abstención. Sí ha reconocido que era necesario poner en marcha esta ley.
Había que aplicarla, hay que desarrollarla y nosotros tenemos muchas
esperanzas puestas en ella. No solo nosotros, yo creo que todo el sector,
desde los productores hasta los industriales y los distribuidores.

Dice usted que puede ser francamente mejorable en el ámbito
competencial. En el ámbito de las competencias siempre vamos a estar PNV,
CiU y nosotros. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Nosotros no
pretendemos que la Unión Europea copie la normativa o la legislación
española. No, no, ojo, ya tienen un código de buenas prácticas. Lo que sí
creemos, y hemos coincidido con la opinión del Comité Económico y Social
Europeo, es que hay que regular aún más, precisamente para evitar esas
posiciones de dominio y ese abuso. Lo he dicho: todos defendemos lo
mismo, al sector más débil de la cadena alimentaria, al sector
productor.

Y me hablan ustedes, como también lo hacía el senador Boya,
de las posiciones de dominio. Yo creo que se lo dije ya en el debate del
proyecto de ley: no procedía definirlo en esta ley porque ese término se
introduce ya en la Ley de defensa de la competencia. En esta ley va a
existir una relación y una coordinación entre la Agencia de Información y
Control Alimentario y la Comisión Nacional de la Competencia,
principalmente para evitar estos abusos y posiciones de dominio por parte
de los eslabones más fuertes. Como decía el señor Boya, démosle tiempo a
la ley y desarrollémosla, pues yo estoy convencido de que va a dar
resultados.

Usted me hablaba del sector del pollo, pero este es un
asunto que ya ha denunciado la UPA ante la Agencia de información y
control alimentario, precisamente agarrándose a esta ley. Lo que yo digo
es que, como decía el senador Plana, tiene que haber una posición de
coordinación entre todas las comunidades autónomas y las distintas
instituciones: la Agencia de coordinación, el Observatorio alimentario y
la Comisión Nacional de la Competencia. Y otra cosa que tendríamos que
hacer es pedir una reflexión a la Comisión Europea para que intentara
modificar las normas de la competencia en el ámbito del sector agrario.
Por eso sí que tendríamos que pelear todos. Cuando nos piden un conjunto
agrario de gran dimensión, que los productores se aúnen y que haya una
mayor potencia por parte de las organizaciones interprofesionales, las
normas de la competencia nos dicen...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: ...que estamos haciendo pactos
anticompetitivos. Le tendríamos que mandar esta reflexión a Europa:
cámbienos usted las normas de la competencia o no nos exijan un sector
productor vertebrado y más dimensionado y luego nos limiten por otra
parte. Aquí sí deberíamos estar de acuerdo. El sentido de la moción era
trasladarle este mensaje a Europa: que legisle al respecto o establezca
una directiva comunitaria porque lo que no tiene sentido es que haya 28
códigos de buenas prácticas comerciales, 28 legislaciones
diferentes...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor SÁNCHEZ DUQUE: ...en un mercado único, en un
mercado interior.

Termino, señor presidente.

Por tanto, considero que debemos seguir reflexionando.
Reitero que le agradezco sus aportaciones abiertas al diálogo y a la
coordinación. Espero que alguna vez le podamos dar alguna alegría, algo
que todos deseamos, a este sector agroalimentario que todos
defendemos.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sánchez
Duque.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular
tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 143; en contra, 66;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SEGUIR
ADOPTANDO LAS MEDIDAS QUE CONSIDERE NECESARIAS AL OBJETO DE CONVERTIR A
LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA EN UN COMPETIDOR POTENTE
EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FERROVIARIOS.

(Núm. exp. 662/000146)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 3
enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió, otra del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y finalmente
otra del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores).

Señorías, guarden silencio por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor
Mateu, por tiempo de quince minutos.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor presidente, señorías, buenos días. Comparezco en el
día de hoy en nombre de mi grupo, el Parlamentario Popular, para
hablarles de una gran empresa pública, Renfe-Operadora, que hoy es una
empresa saneada y con una gran proyección de futuro, que sin duda es uno
de los buques insignia con los que cuenta el Ministerio de Fomento para
dinamizar la economía española, en un sector tan trascendental como es el
sector de transporte de mercancías, tanto como el de pasajeros o
viajeros.

Como sus señorías saben, la situación financiera con la que
se encontró la ministra Ana Pastor al llegar al Ministerio de Fomento era
lamentable: una deuda de cerca de 40 000 millones de euros, algo más,
señorías —fíjense en la importancia—, del 3% del PIB, un
gasto comprometido para ese mismo año 2012 de 6173 millones de euros, y
un incremento de la ratio de endeudamiento de un 50% entre los años 2005
y 2011. Señorías, permítanme que les desgrane brevemente cuál era la
situación en cada parcela de actividad del Ministerio de Fomento y el
Grupo Fomento. En carreteras la situación era desbordante, un compromiso
de gasto para el año 2012 de 3145 millones de euros, cuando el
presupuesto del año 2011 recogía 2357 millones y existía un déficit total
de 1700 millones de euros. En Puertos del Estado existía una deuda de
2600 millones de euros, mientras que en el año 2004 apenas llegaba a los
400 millones y teníamos 800 millones de euros comprometidos. La posición
de AENA era para cerrarla, sus deudas superaban los 14 943 millones de
euros, 12 359, señorías, a largo plazo y 2583 a corto. Suponía casi 3
veces más que en el año 2004. Su ratio de endeudamiento asustaba, se
había multiplicado por 3, pasando del 166% en el año 2005 al 423% de
aquel momento. ADIF, con una deuda total de 14 600 millones, 12 900 a
largo plazo y 1700 millones a corto plazo. FEVE, hoy en día absorbida por
Renfe-Operadora, era una empresa pequeña pero grande en problemas. Sus
ingresos en el 2011 apenas llegaban a 30 millones de euros y sus gastos
eran de 190 millones. En el año 2004 existía

una deuda de 180 millones frente a 530 en el año 2011. Y en
ese año se perdieron 110 millones, pues sus ingresos comerciales apenas
alcanzaban el 30% de los gastos de explotación.

En vivienda, qué les voy a decir que no escucharan ayer a
la ministra, 700 millones de deuda pendiente y compromisos hasta el año
2040. Sepes no era un modelo de gestión precisamente, pues sus ventas
descendieron un 65% del 2008 al 2011, mientras que las inversiones no
eran correlativas, aumentaron un 53%. Y la Sociedad Pública de Alquiler
había generado pérdidas por valor de 37 millones de euros, a pesar de que
en el Plan de viabilidad del año 2008 se esperaba alcanzar un beneficio
de cerca de 37 millones. Y esto era muy importante, señorías, porque la
actividad del Grupo Fomento representa un 16% del producto interior bruto
y afecta prácticamente a más de millón y medio de empleos.

¿Y qué pasaba con el empresa protagonista de esta moción,
señorías? Renfe es una empresa emblemática dentro del grupo Fomento. En
España, durante muchos años, lo mismo que actualmente, hablar de
ferrocarril era hablar de Renfe, que fue durante muchos años el modelo a
seguir en Europa. Su situación no era mejor que la de los anteriores
campos que les he relatado, tenía pérdidas anuales de más de 120 millones
de euros, incluso con la subvención que recibía del Estado de 660
millones de euros. Además, tenía que hacer frente adicionalmente a unas
deudas de cerca de 5200 millones de euros, y en la misma, por una
política de compras totalmente errónea, se había comprado exceso de
material rodante, que no se correspondía con el retorno en la inversión
en infraestructuras, la mayor parte de las cuales han ganado o generado
obsolescencia mediante su depósito en los almacenes o talleres de
Renfe.

Pues bien, señorías, esto era el pasado. Hablemos de
presente y de futuro. Gracias a una gestión sólida y eficaz, y basada en
la realidad de la situación actual, ya se ha dado la vuelta a la
situación. En palabras de la ministra Ana Pastor podemos decir que hemos
sacado a Fomento de los números rojos que hemos heredado. Ello ha
sucedido en dos años y medio prácticamente gracias al trabajo realizado
por un gran equipo del grupo Fomento, integrado tanto por funcionarios
como por el resto del personal laboral que trabajó en él. El año 2013
cerró con un beneficio neto de 300 millones. A pesar de todo, hemos
seguido invirtiendo en lo que va de legislatura cerca de 27 000 millones
de euros, cifra importante, señorías.

Seguimos hablando de Renfe: en esta empresa también,
transcurridos dos años y medio de legislatura, se ha dado —y
permítame que le reitere esta expresión puesto que me gusta— una
vuelta a su situación económica: se ha pasado de unas pérdidas de 335
millones en el año 2011 a unas previsiones para el 2012 de cerca de 0,6
millones de euros, habiéndose además incrementado en estos últimos años
las cantidades abonadas por Renfe para el mantenimiento del sistema
ferroviario en su conjunto en 136 millones —un 38% más—. Este
resultado, como ustedes pueden comprender o atisbar, no es fruto de la
casualidad, señorías, se ha obtenido gracias a una buena planificación y
eficiencia en la utilización de los recursos.

En esta planificación no hay que olvidar el proceso de
racionalización de los servicios ferroviarios de media distancia de la
red convencional que puso el Gobierno en marcha para confirmar el acuerdo
experimentado o adoptado en el Consejo de Ministros del pasado día 28 de
diciembre del año 2012 de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley
22/2012 del día 10 de julio. Señorías, Media distancia son aquellos
servicios que unen capitales de provincia o poblaciones importantes,
realizando varias paradas intermedias a lo largo de su recorrido, por lo
que tienen un papel relevante en facilitar la movilidad de las personas y
la cuestión territorial. Voy a darles datos importantes para que vean la
situación en la que nos encontrábamos: había más de 167 000 circulaciones
realizadas por Renfe, con un total de 118 relaciones que efectuaban
paradas en más de 787 estaciones o apeaderos, y se utilizaba por 16
millones de viajeros, con un coste aproximado por viajero de 10,9 euros.
Este servicio, señorías, junto con el de Cercanías, saben todos ustedes
que está sometido a la obligación de servicio público por la
transcendencia e importancia que tiene.

Gracias a este plan se solucionaron una serie de
ineficiencias y de falta de rentabilidad económica en los servicios de
Media distancia. Por ejemplo, el 51,7% de los trenes se dedicaban a
cubrir servicios que solamente eran utilizados por el 16% de los viajeros
y presentaban un aprovechamiento inferior al 15% en la ratio
plazas/kilómetros ofertadas. Por cada euro —esto es muy importante,
señorías— que pagaba el viajero, el Estado aportaba cerca de 4,5
euros y al final le costaba el billete al Estado 28 euros. Por todo ello,
y de acuerdo con el Real Decreto Ley 22/2012

antes citado, se declararon como obligación de servicio
público precisamente para garantizar esa movilidad varios trayectos de
Media distancia, tanto en la vía de ancho métrico que antes gestionaba
FEVE, como en la vía de altas prestaciones, servicios Avant.

Pero, señorías, la gestión eficiente que está aplicando
Renfe tiene que seguir, se tiene que mantener en el futuro para que el
resultado de las cuentas sea todavía más eficaz y más brillante. En este
futuro, Renfe no puede pasar por alto la necesidad de seguir impulsando
su actividad de transporte de mercancías por ferrocarril, ya liberalizado
desde el año 2004. Esta parcela de actividad tiene que ser un proyecto
estratégico de legislatura, y tiene que ser así, señorías, pues España es
el país en el que el transporte de mercancías por ferrocarril tiene un
porcentaje mínimo sobre el montante total de transporte —apenas un
4%— a diferencia de Alemania, donde supone un 20%, Francia, un 15%,
o Italia o Reino Unido, más del 10%.

En esta línea, le recordamos al Gobierno la necesidad de
promover, entre otras cosas, surcos preferentes para mercancías donde
existan corredores paralelos de alta velocidad —por ejemplo, en el
Corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona—; desarrollar los llamados
servicios de autopista ferroviarios, gestionados mediante el sistema de
concesión —como sucede en Francia—; y desde luego separar en
el entorno de las ciudades el tráfico de mercancías del tráfico de
viajeros. En definitiva, hay que ser capaces de afrontar una demanda cada
vez más exigente, y en esa línea está trabajando el Ministerio de
Fomento.

Un hito, señorías, fundamental en la liberalización
—y adelanto— del transporte de viajeros se ha producido el
pasado día 13 de junio mediante acuerdo adoptado en el Consejo de
Ministros, que permitirá a un nuevo operador ferroviario prestar servicio
en el transporte de viajeros en competencia con Renfe en el denominado
por los técnicos corredor de Levante. Dicha liberalización, señorías,
empezó ya hace un año con la publicación del Real Decreto Ley 22/2012 y
del Real Decreto Ley 4/2013, tanto para los servicios que discurren por
la red de alta velocidad como para los de la red de ancho ibérico
convencional y métrico.

Para poder adaptar a Renfe como empresa llamada a cumplir
su papel de una manera eficaz en el mercado liberalizado, el Ministerio
de Fomento se ha ido preparando para ello —no ha sido un hecho
instantáneo ni fruto de la casualidad—. Así, a partir del 27 de
septiembre de 2013, Renfe se constituyó en cuatro sociedades mercantiles
diferentes: Renfe-Viajeros, Renfe-Mercancías, Renfe-Fabricación y
Mantenimiento y Renfe-Alquiler de Material Ferroviario, y dentro del
transporte de mercancías por ferrocarril, el ministerio prepara
—como después diré en el turno de portavoces— un concurso
para la entrada de un socio industrial y potenciar el transporte de
mercancías por ferrocarril. La sociedad Renfe-Alquiler de Material
Rodante empezó ya sus funciones el pasado mes de mayo, con la posibilidad
de poner a disposición de los nuevos operadores 34 trenes.

Señorías, estas sociedades están sin duda alguna llamadas a
desempeñar un papel clave en el desarrollo del proceso de liberalización,
en especial Renfe-Alquiler de Material Rodante, que podrá permitir
rebajar las exigencias de la barrera de entrada a aquellas sociedades que
traten de participar en la liberalización de la red de viajeros en la
línea Levante, como he dicho antes, porque se les aligera la carga que
supone adquirir material, así como el coste en el tiempo. Insisto, tienen
un papel preponderante en el proceso de liberalización desde la defensa
de sus legítimos intereses comerciales y, por supuesto, dentro del pleno
respeto a las reglas de la competencia.

Señorías, mediante esta moción hemos de recordar al
ministerio que el proceso de liberalización tiene que cumplir clara y
eficazmente una serie de objetivos, como serían aumentar el mercado a una
mayor oferta de servicios, que llevará aparejado, como pueden comprender,
precios más competitivos; que se utilice mayoritariamente el transporte
ferroviario; mayor y mejor utilización de nuestras magníficas
infraestructuras ferroviarias; y, por último, optimizar la gestión de
Renfe al operar en un entorno de competitividad.

Señorías, por último, hay que hacer mención también a la
nueva estrategia comercial y tarifaria de Renfe, con el objetivo de
acercar el AVE más a las personas e incrementar el nivel de ocupación de
trenes. Así, el pasado día 8 de febrero de 2013, entraron en vigor los
nuevos precios de los billetes de AVE, con una reducción del 11% sobre la
tarifa general Turista y Turista Plus y la aplicación de una serie de
descuentos que llegaban hasta el 7o%. Se presenta también el bono AVE, de
10 viajes, con un descuento del 35%, y el programa Tarjeta Joven de
Renfe, con un descuento del 30%.

Señorías, se han obtenido algunos resultados buenos desde
la puesta en marcha de esta política. Así podemos enumerar, sin ánimo de
ser exhaustivo, que el AVE creció un 23,47%, hasta los 14,9 millones, y
en ingresos, un 6,95%, hasta los 784 millones de euros; mejoró su
ocupación un 12,3%, con 2 834 012 nuevos clientes en un solo año; el
precio medio del billete en clase turista descendió aproximadamente un
27,5% sobre la tarifa general; creció también el número de viajeros en
larga distancia un 7,64%, con 760 533 nuevos viajeros.

Entre las principales novedades que se han implantado ya
para el año 2014 podemos resaltar, entre otras, las siguientes: se ha
rebajado el precio de la tarjeta joven Renfe de 20 a 10 euros; se crea el
bono multi-AVE; se implanta el servicio de transporte de equipajes Puerta
a puerta, del que se va a encargar el servicio de Correos; se introduce
un nuevo programa de fidelización: la tarjeta Renfe; y se facilita la
intermodalidad mediante la extensión de rutas combinadas de tren más
autobús a nuevos destinos.

Señorías, voy terminando. Por todo ello, por todo lo
expuesto, el Grupo Popular propone a la aprobación del Pleno del Senado
la siguiente moción: «El Senado insta al Gobierno a seguir adoptando las
medidas que considere necesarias, al objeto de convertir la entidad
pública empresarial Renfe-Operadora en un competidor potente en la
prestación de servicios ferroviarios, tanto a nivel nacional como
internacional, impulsando decididamente su actividad de mercancías en el
actual mercado liberalizado y preparando a la compañía para que aborde y
dinamice el inminente proceso de liberalización y apertura a la
competencia del transporte de viajeros por ferrocarril.»

Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor
presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora
Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Únicament per explicar el que voldríem de l’esmena de
modificació, a la qual afegiríem: «agilitzar amb urgència el procés de
liberalització del conjunt del sector del ferrocarril perquè els
diferents operadors de ferrocarrils, tant en el transport de mercaderies
com en el de passatgers, puguin competir en un mercat plenament
liberalitzat en el qual cap d’ells tingui una posició dominant. Amb
l’objectiu que la competència pugui revertir en menors preus i
major competitivitat per a tota l’economia.»

En tot cas, en el torn de portaveus, acabaré de completar
el posicionament global.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Intervengo únicamente para explicar exactamente la enmienda
de modificación. Dice lo siguiente: «Agilizar con urgencia el proceso de
liberalización del conjunto del sector del ferrocarril para que los
distintos operadores, tanto del transporte de mercancías como el de
pasajeros, pueda competir en un mercado plenamente liberalizado, donde
ninguno de ellos tenga una posición dominante, con el fin de que la
competencia revierta en menores precios y más competitividad para toda la
economía.»

En el turno de portavoces terminaré de fijar mi
posición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.

Sin entrar en aspectos sobre los que nos podríamos
extender, como los relativos a la evolución positiva de los resultados de
Renfe, no podemos olvidar que en los últimos años el Estado o ADIF ha
puesto a disposición de la compañía ferroviaria un conjunto de nuevos
corredores de alta velocidad sin participación de ningún competidor y que
en ningún otro ámbito se ha explicado una reducción de servicios
regionales derivados de la definición de obligaciones de servicio
público.

Consideramos importante centrarnos en la situación
específica del Estado español en lo referente a su configuración como
Estado autonómico, y es a ello a lo que me referiré.

Históricamente —y el Gobierno actual no es una
excepción—, la Administración del Estado ha ejercido una política
de operador único, y no lo decimos con relación a la liberalización de
los transportes de mercancías y de viajeros regulados por la legislación
europea, nos estamos refiriendo a la falta de respeto hacia las
comunidades autónomas —como la vasca, en nuestro, caso— que
disponen de su propio operador ferroviario. Así, a día de hoy, Renfe
sigue operando en servicios tales como Bilbao-Balmaseda, Bilbao-Carranza,
Bilbao-Santurtzi, Muskiz, Bilbao-Orduña o Irún-Brinkola, cuando Euskotren
podría perfectamente ocuparse de ellos. Atendiendo a las competencias en
materia de ferrocarriles, recogidas en el Estatuto de Autonomía de
Gernika, corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca, tal y como se indica
en el artículo 10.32 de dicho estatuto, ferrocarriles, transportes
terrestres, marítimos, fluviales y por cable, puertos, helipuertos,
aeropuertos y servicio meteorológico del País Vasco, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 149.1.20, de la Comunidad Europea —centros
de contratación y terminales de carga en materia de transportes—.
Asimismo, según el artículo 12.9, la comunidad autónoma también tiene
competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de
—y abro comillas— ordenación del transporte de mercancías y
viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la
comunidad autónoma, aunque discurran sobre las infraestructuras de
titularidad estatal, a que hace referencia el artículo 149.1.21, de la
CE, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve al Estado.

Por ello, sin poner en entredicho la intención del Gobierno
de España de potenciar su operador público ferroviario Renfe, vemos que
en lo que se refiere al respeto a las competencias que corresponden a la
Comunidad Autónoma Vasca en materia de ferrocarriles, existe un gran
déficit histórico que provoca en la práctica una situación de competencia
desleal hacia los operadores de titularidad de la comunidad autónoma,
como ya he citado anteriormente, Euskotren. Entendemos que no se pueden
desligar las acciones de potenciación de Renfe con las de su propio
redimensionamiento, derivado de la realidad del Estado de las
autonomías.

Por todo ello, nuestro grupo ha presentado una enmienda de
adición a la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, que dice
lo siguiente: «Considerar, dentro de la estrategia puesta en marcha de
reordenación y reorganización del sector ferroviario y de potenciación
del operador estatal (Renfe), la necesidad de articular los
procedimientos necesarios para que las comunidades autónomas con
operadores propios ejerzan las competencias que en virtud de los
estatutos de autonomía les correspondan en materia de servicios de
transporte ferroviario.»

Como decía, esta es la enmienda que a dicha moción presenta
nuestro grupo y esperamos que, en aras de esa actitud de mano tendida que
mencionaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la anterior
moción, pueda ser atendida y aceptada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el pasado 26 de febrero el Parlamento Europeo
aprobó por 601 votos a favor y 68 votos en contra modificar la propuesta
original de la Comisión Europea, presentada en enero de 2013, con
relación a las normas que abordan la liberalización del sector
ferroviario y que vienen denominándose cuarto paquete ferroviario.

La propuesta de la Comisión de separar el gestor de la
infraestructura del operador y abrir el mercado a operadores privados se
vio suavizada por el Parlamento Europeo, de manera que le permiten al
Estado que elija entre una compañía con las dos funciones —operador
y gestor de la infraestructura—, o una sola compañía que lo haga
todo, y retrasa la apertura del mercado a partir de 2019 y las
licitaciones de obligación de servicio público hasta 2023.

Los socialistas estamos de acuerdo en abordar este proceso
de liberalización, pero con las premisas que se han acordado en el
Parlamento Europeo, garantizando la igualdad de condiciones de Renfe para
competir con el resto de las empresas nacionales de otros países. Si la
empresa francesa SNCF o la empresa alemana pueden operar en España,
también debe poder hacerlo

Renfe en esos países. De ahí la enmienda que hemos
presentado a esta moción, que dice lo mismo que dijimos en el Parlamento
Europeo: Abrir a los operadores privados la red ferroviaria a partir del
año 2019 y, mientras tanto, fortalecer a Renfe de cara a ese proceso.

El Partido Popular votó en febrero la liberalización en
Europa a partir del año 2019, pero el Gobierno español, unos meses
después, ha anunciado que va a sacar a concurso la línea de Levante para
un solo operador con un solo título habilitante. Cabe preguntarse
—como mínimo-: ¿Por qué un solo título?, y si abre la línea, ¿por
qué no todo el que quiera? En alguna publicación incluso se da por hecho
que la adjudicación del título habilitante ya se sabe sobre quién va a
recaer: sobre un importante grupo editorial de nuestro país. Si eso
ocurre, ya habrá una explicación un poquito más clara sobre por qué el
Gobierno quiere que haya un solo operador y en las condiciones en las que
lo ha fijado.

Señorías, esto no es una liberalización del sector
ferroviario. La liberalización en la Unión Europea supone que a partir de
2019 cualquier operador de un país va a poder ser inmediatamente operador
con autorización en toda la Unión Europea, en cualquier otro país, y que
va a poder solicitar surcos al gestor de infraestructuras en igualdad de
condiciones con cualquier empresa que esté ya funcionando en cualquier
país de la Unión Europea. Incluso en la liberalización de la Unión
Europea se protege a los trabajadores, de manera que cuando haya un
cambio de operador en las empresas van a tener que transferir su personal
al nuevo concesionario. Esto no se produce en España. Se licita una línea
con unas condiciones particulares y, además, no se tiene que traspasar a
los trabajadores, sino que la empresa que se instale empieza de cero. En
unos meses veremos si no es un traje a medida.

¿Quién se beneficia de esta propuesta del Gobierno de
Rajoy? Creo que debemos preguntarnos en un foro como este quién se
beneficia de esta liberalización parcial, y, como digo, con traje a
medida. Los trabajadores de Renfe van a tener menos carga de trabajo y,
por tanto, riesgo de reducción de horario y de plantilla. Hoy van a
circular —lo he comprobado en la red— 23 trenes entre Madrid
y Valencia, en ida y vuelta: 16 de ellos, en AVE, con horarios de salida
entre las 6:10 de la mañana y las 9:10 desde Madrid y entre las 6:20 y
las 9:10 desde Valencia. O sea, todo el día están saliendo trenes, 26
trenes al día, prácticamente dos cada hora. No falta oferta de trenes en
esta línea, donde cada hora hay, como mínimo, uno. No faltan plazas,
puesto que el AVE no se ocupa al 100%.

Por tanto, esta liberalización del Partido Popular solo se
explica como transferencia de beneficios a una empresa privada. Van a
seguir circulando los mismos trenes, por las mismas vías, pero los
beneficios van a dejar de ir a Renfe para pasar a unas manos privadas. De
eso es de lo que está hablando el Gobierno de España. Insisto, van a ser
las mismas vías, con los mismos trenes de Renfe. Renfe va a perder
mercado, va a perder negocio y se lo va a dar a una empresa privada, que
va a seleccionar el Gobierno. Ya veremos si es ese importante grupo
editorial que señalan algunos medios.

Los ciudadanos van a viajar en los mismos trenes que lo
hacían hasta ahora, pero van a pagar su billete a una empresa privada,
que va a buscar beneficios, como es lógico. Luego, la pregunta es: ¿Dónde
está aquí la defensa del interés general, con estas decisiones del
Gobierno? ¿Dónde está el beneficio para los ciudadanos?

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Pierde Renfe, pierden los
ciudadanos y, por lo tanto, pierde el interés general.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.

Tiene la palabra el senador Mateu, para indicar si acepta o
no las enmiendas.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, comienzo agradeciendo el esfuerzo que,
evidentemente, hacen todos ustedes estudiándose las mociones que plantea
el Grupo Parlamentario Popular.

Paso a explicar brevemente a cada uno de los proponentes de
las enmiendas el motivo por el que no voy a poder aceptar ninguna de
ellas.

Comienzo por Convergència i Unió. Convergència i Unió
propone agilizar con urgencia. Señora Candini, he dicho que el Ministerio
de Fomento tiene tres objetivos prioritarios esta legislatura y,
precisamente, uno es el impulso a esa liberalización del transporte de
mercancías y de viajeros por ferrocarril. Esta liberalización comenzó ya
en tiempos atrás, en el año 2012, con el Real Decreto Ley 22/2012, que he
mencionado antes, así como con el Real Decreto Ley 4/2013. Y el tema de
los viajeros se ha completado con este hito que aconteció el pasado día
13 de junio, mediante el acuerdo del Consejo de Ministros, de sacar a
licitación uno de los títulos habilitantes. Pero, señora Candini, el
proceso de liberalización ha de ser progresivo y ordenado para que en
todo momento la administración pueda tener el control de la situación,
situación equivalente a la calidad y seguridad con la que se prestan los
servicios, de manera que el proceso se tenga que realizar con todas la
garantías existentes. Además, este proceso, insisto, progresivo y
ordenado, permitirá disponer —como no puede ser de otra manera en
estos supuestos— de un periodo transitorio, en el que todos los
agentes, tanto Renfe, ADIF como el nuevo operador, se puedan adaptar a la
nueva situación y, por supuesto, poder optimizar al 100% todas las
infraestructuras. Por eso, no le puedo aceptar esta enmienda relativa a
agilizar con urgencia esta liberalización porque se está llevando a cabo
decididamente, sin demora —eso es indudable—, pero, como le
he dicho, de una manera ordenada y progresiva.

Senadora Iparragirre, muchas gracias de nuevo por su tono,
como siempre tan cordial. Usted sigue manteniendo en su enmienda el texto
que nosotros proponemos.

Ha hablado del artículo 33 del Estatuto de Autonomía del
País Vasco, así como de la Constitución. He de recordarle, como hacía mi
compañero en la anterior moción, que el Gobierno de España es
extremadamente escrupuloso en el respeto a las competencias derivadas de
ese texto constitucional que nos dimos todos los españoles por propia
voluntad y del que derivan los estatutos de autonomía, absolutamente
respetuosos, y no pretendemos nunca hacer una invasión de las
competencias que no nos corresponden. Eso deben tenerlo ustedes grabado,
que el Gobierno de España nunca trata de interferir en su tarea.

Por eso, he de decirle que el ejercicio de esas
competencias que ustedes tienen con Euskotren es absolutamente
independiente de la estrategia que ahora procura tener el Ministerio de
Fomento para dinamizar el transporte de mercancías por ferrocarril e
impulsar la liberalización última y definitiva del transporte ferroviario
de viajeros. Por eso, aunque le agradezco enormemente su trabajo, no
vamos a aceptar esa enmienda.

Por último, senador Fernández Ortega, en cuanto a lo que
usted ha comentado sobre la normativa europea, tengo que decirle que el
Gobierno de España también es absolutamente escrupuloso. Sé que usted es
un experto en materia comunitaria, de hecho lo demuestra siempre en cada
una de sus actuaciones, pero he de decirle, repitiendo lo que le ha
señalado la senadora Candini, que uno de los objetivos de la legislatura
es precisamente esa dinamización de un transporte de mercancías por
ferrocarril, así como la liberalización del sector de viajeros.

He de recordarle que ganamos todos con esta liberalización
del mercado del transporte de viajeros, como he dicho antes; dotamos de
una mejor oferta de servicios al mercado; disponemos de precios más
competitivos gracias a esa competencia; incrementamos —y es
deseable por todos— la utilización del servicio ferroviario; y
aprovechamos esas infraestructuras tan magníficas que tiene España. E
insisto en que Renfe se tiene —y perdónenme la expresión— que
espabilar por trabajar en un entorno de régimen de competencia.

Por eso, como también le he dicho a la señora Candini,
nosotros somos respetuosos con la normativa europea. Desde luego, ya
hemos afrontado ese futuro horizonte del 2019, pues hemos comenzado a
trabajar de una manera ordenada, progresiva y decidida para llegar a ello
y conseguir que sea un beneficio para los españoles. Queremos abordar ese
proceso en el ínterin que nos queda con las máximas garantías. De ahí que
no le acepte su enmienda.

Luego, en el turno de portavoces, me explayaré un poquito
más acerca de lo que usted ha comentado sobre por qué la licitación de un
solo título habilitante y demás cuestiones, todas ellas muy interesantes,
para dejar perfectamente perfilado lo que el Gobierno de España quiere
con esta liberalización que consideramos —insisto— un
proyecto de legislatura.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos).

Página
11108

inversiones necesarias para recuperar el transporte
ferroviario de viajeros más social, el que utilizan la mayoría de los
usuarios del ferrocarril, que son las Cercanías y la Media distancia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, mahaiburu
jauna, eta zure baimenarekin hemen eserlekutik bertatik, Mateu
senatariari erantzuteko.

Hasteko, esango nuke gure taldearen ustetan mozio hau Talde
Popularrak nolabait kupoa betetzeko mozioa dela. Hori bera semantikan
nabarmentzen da. Askotan entzun dugu, zuen hitzetan, gure mozioei uko
egitea edo ezetza ematea oinarritzen dela gauzatzen ari diren gauzak
direlako. Eta hemen, lehenengo aditzak jarraipena adierazten du. Beraz,
zuentzat balio duenak, askotan guretzat ez.

Senatariak aipatzen zuen legeari errespetu osoa mantentzen
zenutela. Grabatuta eduki beharko genukeela. Ba bai, grabatuta daukagu,
baina aitortu behar dut gure desadostasuna, ez gaude ados. Grabatuta dugu
zuentzat legea errespetatzen duzuela, Espainiako gobernuak legea onartzen
duela, baina guk egunerokotasunari jarraipena eginez, ba justu kontrakoa
ikusten dugu. Ez dugu besterik ikusi behar, lege bat eta beste lege bat,
zentralizazio helburu bakarrarekin, eta hor daude gure kontrako
posturak.

Aipatzen zuen senatariak baita mozio honetan eskatzen dena
independentea dela beste gauzekin. Ba berriro, ez gaude ados. Iruditzen
zaigu askotan Gobernuaren aldetik aurkezten zaizkigun lege bat eta
bestearen bitartez, hain zuzen ere, helburua dela guztiz kontrakoa.
Independenteak ez diren gauzak, zeren eta lege proiektu batean topatzen
dugu azkeneko disposizio baten bidez, edota kasu honetan ildotik ez
datorren zerbaiten bidez, moldatzen dela beste zerbait. Beraz,
independenteak ez dira, lotura handia daukate. Horregatik, gure ustetan,
eta desadostasun horretan iruditzen zitzaigulako bai eskumenen aldetik
gureak errespetatzen ez zirela, aurkeztu dugu emendakina. Entzun dugu
ezetza, ez zaigula onartzen, eta horrekin ba, gure bozka ezkorra izango
da.

Egia da, aurreko senatariak beste mozio batean aipatzen
zuela Talde Popularrak ez zeukala pozoirik. Nik ez nuke esango Talde
Popularrak pozoia duenik, baina egia da ere, ezin dudala esan jarrera
baikor eta eskuzabala daukala. Eta azkenean, hainbat eta hainbat aldiz
entzuten dugunean zuen aldetik, gure, eta aipatuko nuke, hemengo aldetik,
ezetza eta ezetza jasotzen duzuela oposizioaren aldetik, egia da ere, eta
gaur bertan isladatzen ari da eta bizibilizatzen ari da, talde guztiek
aurkeztu ditugun emendakinak ezetza jaso dutela. Beraz, eskuzabaltasun
hori ez dugu ikusten. Esan dudan bezala gure taldeak aurka bozkatuko
du.

Eskerrik asko.

Gracias, señor presidente. Con su venia, hablaré desde el
escaño para responder a lo dicho por el señor Mateu.

Empezaré diciendo que, en nuestra opinión, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado esta moción para cumplir con el cupo,
y eso lo vemos en la semántica. Muchas veces hemos escuchado de sus
palabras una serie de cosas. A veces nos dicen que están en contra de
nuestras mociones porque son cosas que ya están en curso y se están
realizando, y aquí el primer verbo es de continuidad. Es decir, que a
veces lo que es válido para ustedes no lo es para nosotros.

El senador hablaba de respeto total a la ley y de que eso
lo deberíamos tener grabado. Pues sí, lo tenemos, pero he de confesar que
en esto no estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo, porque tenemos
grabado que sí, que ustedes cumplen la ley y que además son ustedes los
que aprueban esta ley. Pero nosotros, haciendo un seguimiento de lo que
hacemos día a día o de nuestra cotidianeidad, vemos lo contrario. Además,
basta con ver estas leyes, dos leyes con un único objetivo, la
centralización. Ahí están nuestras posturas en contra.

El senador decía también que lo que se solicitaba en esa
moción es independiente y que no tenía que ver con otras cosas. Pues una
vez más estamos en desacuerdo. Muchas veces el Gobierno nos presenta una
serie de leyes cuyo objetivo es contrario, es diferente, o sea, son cosas
que no son independientes; es decir, en un proyecto de ley a través de
una disposición final o como en este caso nos encontramos con algo que no
viene a cuento, y tratan de cambiar las

cosas, así que no son cuestiones independientes, están
estrechamente relacionadas. Por eso, en el marco de ese acuerdo —y
aquí estamos hablando de competencias—, nos parecía que no se
respetaban nuestras competencias y hemos planteado la enmienda. Ya hemos
escuchado el no, han dicho que no van a aceptar nuestra enmienda, por lo
tanto, nuestro voto va a ser en contra.

Es verdad que en la moción anterior otro senador decía que
el Partido Popular no tenía veneno. Yo no digo que estén contaminados por
ese veneno, pero es verdad que tampoco puedo decir que muestren un
comportamiento generoso y optimista o positivo. Ustedes nos dicen muchas
veces que nosotros somos negativos y que siempre damos respuestas
negativas, pero es cierto que hoy estamos viendo aquí una situación en la
que no se ha aceptado ninguna de las enmiendas que hemos planteado. Así
que nos parece que esa generosidad no está ahí, no la vemos. Por lo
tanto, como ya he dicho, vamos a votar en contra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el
senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, president. Bon dia,
senadores i senadors.

Senador, Mateu. L’objectiu el compartim tots. Que els
preus siguin els més baixos possible és bo per als consumidors que tenen
més accés a uns serveis i és bo, evidentment, per a la comunitat i la
col.lectivitat perquè vol dir que l’ús del ferrocarril, en
detriment d’altres mitjans de transport, segurament augmentarà.
Segurament, no. Segur, arreu passa. I, per tant, millor per al medi
ambient, menys accidents, etc. etc. Però suposo que també estem
d’acord que això mai no pot anar a costa de la qualitat del servei.
A costa que el servei que es presti tingui qualitat.

Per tant, senador Mateu, expliqui’m exactament com
funciona la cosa. Perquè, si hi ha més espai de rendibilitat en el servei
ferroviari de les línies de llarg recorregut, per què no ho fa Renfe? Si
té els trens, té l’experiència i pot fer economies d’escala,
per què no ho fa Renfe? No ho entenc. Si ha abaixat els preus. Si ha
demostrat que es poden abaixar els preus, si hi ha espai de rendibilitat
i estudis de viabilitat, per què no ha fa Renfe també? I, si no hi ha
rendibilitat, en aquest nou espai d’oferta de serveis ferroviaris
de llarga distància, evidentment no té cap sentit que cap operador privat
entri a la competència. O, senador Mateu, el que passa és que la
rendibilitat estarà en uns operadors que treballaran amb sous més baixos
per als seus treballadors i que acabaran reduint la qualitat del servei,
com ha passat en el transport aeri. Perquè la qualitat dels vols i de les
companyies que avui presten el servei, potser és més competitiu a nivell
tarifari però, en qualsevol cas, també ha baixat la qualitat del servei
i, sobretot, els sous dels treballadors d’aquestes companyies.

I, expliqui’m una altra cosa. Quin sentit té, senador
Mateu, que els beneficis possibles que pot tenir una companyia que
després ha de prestar d’altres serveis que segur que no són
rentables —perquè els serveis de rodalies i alguns serveis de mitja
distància és obvi que no són rentables— i que els ha de prestar
igualment, hi estem tots d’acord. Per tant, per què uns beneficis
d’unes línies que sí que són rentables, o que potencialment ho
poden ser, se n’haurien d’anar a unes empreses privades quan
el normal és que vagin a la mateixa empresa per compensar les pèrdues que
segur que ha de tenir en un altre àmbit i en un altre sector.

En definitiva, senador Mateu, un servidor —potser és
que no hi entén prou— no ho veu gens clar. Perquè, sap què passa?
La liberalització no és cap vareta màgica. La liberalització ja la
coneixem en d’altres sectors de l’economia. L’hem vist
en els sectors de les telecomunicacions. I hem trigat 20 anys a tenir uns
preus mínimament competitius. Després d’haver-nos carregat, pel
camí, una cosa tan important com el cable. Ara arribarem al cable, a
aquest país, 20 anys després perquè hem hagut de passar per aquesta
liberalització. Per no parlar del servei de l’electricitat o
d’altres consums energètics, on no està gens clar —em sembla
a mi d’una manera òbvia— que aquesta sigui la millor manera
de tenir uns preus competitius i un servei com cal per al nostre
país.

Per tant, senador Mateu, com a mínim reconegui’m que,
cada cas és cada cas, que liberalitzar no és una fórmula màgica i que cal
anar en compte, a poc a poc, i procedir amb una gran dosi d’anàlisi
prèvia no sigui que al final el remei sigui pitjor que la malaltia. I que
allà on tenim un servei que funciona prou correctament, acabem introduint
el caos i la mala qualitat per als usuaris.

El servei ferroviari de passatgers, ho reconeixen tots els
experts, és una activitat molt específica, subjecta a uns condicionants
tècnics i a unes regles molt delicades i molt precises. I, a més a més,
posa en joc altres qüestions que no són la pròpia prestació del servei.
Que són el dret

a la mobilitat i, sobretot, el desenvolupament territorial,
la qual cosa va molt més enllà dels resultats que pugui obtenir una
empresa gestionant un servei.

A més a més, ja s’ha recordat aquí, tenim una
experiència prèvia. Tenim l’experiència de la liberalització del
servei ferroviari de mercaderies. Una liberalització que tothom accepta
que ha estat un fracàs. I que vostès, en dos anys i mig de Govern, tampoc
no ha contribuït a millor, malgrat són uns grans defensors d’aquest
sistema. Un informe de la CEOE; no sospitosa d’estar d’acord
amb els nostres principis polítics, diu, aquest mateix juny de 2014: la
temprana e improvisada liberalización del sector del transporte
ferroviario de mercancias no ha funcionado. I el mateix secretari
d’Estat, vostè el va sentir com jo dilluns, quan deia, obertament,
que no havia funcionat.

Per tant, poc a poc i bona lletra, senador Mateu. Perquè la
gestió pública i la gestió privada no es contraposen. La gestió pública
es pot fer bé o malament i la gestió privada es pot fer bé o malament,
també. Fins i tot molt malament. El que passa és que tenen criteris
diferents. La gestió privada busca un benefici —i això aporta uns
avantatges en el marc econòmic— com a agent i la gestió pública té
un altre horitzó que és el de prestar un servei que es considera que ha
de ser universal. I en això no hi ha superioritat ni supremacia moral, no
hi ha una supremacia moral del que és públic sobre el que és privat. Ni
tampoc del que és privat sobre el que és públic. El que es tracta és de
veure en cada cas què resulta més útil a la comunitat. I, a mi, ho sento,
encara se m’ha de demostrar que el servei privat, en la
liberalització del transport ferroviari de viatgers, sigui el que més
interessa i el que més interessa a la comunitat.

En qualsevol cas, li confereixo el benefici del dubte.
Estudiem-ho. Estudiem-ho bé, no prenguem decisions precipitades.
Elaborem, fem un llibre blanc de la liberalització del transport de
viatgers a Espanya. Discutim-ho, valorem-ho. Veiem, de les moltes
fórmules que hi ha, —que aquí també s’ha dit— quina és
la millor.

Vostès han optat per una de concreta. Línia a línia, i no
general, i un sol operador i no diversos. Per què? Contrastem-ho amb
d’altres experiències, poques. Sigui dit de pas, poques altres
experiències. Però contrastem-ho amb altres experiències. Treballem-ho.
El que sincerament no crec que té cap sentit és llençar-se a una
liberalització, per simplement un a priori teòric, com el que tenen
vostès o bé per fer caixa amb les llicències o bé per llogar el material
mòbil de Renfe i donar-li una sortida o bé per a pressionar a la baixa
els salaris de la pròpia companyia operadora.

Són aquests, serien aquests, motius que no justifiquen, ni
molt menys, una decisió tan transcendent com la de liberalitzar aquest
sector. En definitiva, senyories, compte o podem destrossar alguna cosa
que ara funciona bé i que ha costat milers de milions als pressupostos
públics i l’esforç de moltíssima, moltíssima gent.

El nostre grup votarà no a la seva moció, perquè incorpora
la idea dels fets consumats en la liberalització del transport ferroviari
de viatgers que vol impulsar el Govern del Partit Popular i que, com a
mínim, no veiem clar i, encara menys, de fer-ho ara i de pressa sense
explicar per què.

Espero, senador Mateu, que sigui sensible a aquests
arguments i proposi la retirada de la seva moció per transaccionar-ne una
altra que demani l’elaboració del llibre blanc d’aquest
sector i fer les coses com cal, a poc a poc, amb bona lletra, no tenint
cap pressa, fins el 2019 tenim temps. Per una vegada fem-ho bé i tots
d’acord.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente. Buenos días, senadoras y
senadores.

Senador Mateu, el objetivo lo compartimos todos. Que los
precios sean lo más bajos posible es bueno —obviamente, para los
consumidores, que tienen más acceso a los servicios—, y es bueno,
evidentemente, para la comunidad y la colectividad, porque quiere decir
que el uso del ferrocarril, en detrimento de otros medios de transporte,
seguramente va a aumentar —menos accidentes, etcétera—;
seguro que pasa en todos los lugares. Pero supongo que también estaremos
de acuerdo en que esto nunca puede ser a costa de la calidad del
servicio, a costa de que el servicio que se preste pierda calidad.

Por tanto, senador Mateu, explíqueme exactamente cómo
funciona la cosa, porque si hay mayor espacio de rentabilidad en el
servicio ferroviario de las líneas de largo recorrido, ¿por qué no lo
hace Renfe? Si tiene los trenes, tiene la experiencia, puede hacer
economías de escala, ¿por qué no lo hace Renfe? No lo entiendo. Si ha
bajado los precios, si ha demostrado que se pueden

bajar los precios, si hay espacio de rentabilidad, estudios
de viabilidad, ¿por qué no lo hace Renfe? Y si no hay rentabilidad en
estos nuevos espacios de oferta de servicios ferroviarios de larga
distancia, evidentemente no tiene ningún sentido que ningún operador
privado entre en la competencia, ¿o bien, senador Mateu, lo que ocurre es
que la rentabilidad estará en unos operadores que van a trabajar con
sueldos más bajos para sus trabajadores y que acabarán reduciendo la
calidad del servicio, como ha sucedido en el transporte aéreo, como ha
ocurrido en el transporte aéreo, repito, porque la calidad de los vuelos
y de las compañías que hoy prestan los servicios igual es más competitiva
a nivel tarifario pero, en cualquier caso, también ha bajado la calidad
del servicio y, sobre todo los sueldos de los trabajadores de estas
compañías?

Explíqueme otra cosa: y es qué sentido tiene, senador
Mateu, que los beneficios posibles que puede tener una compañía que
después debe prestar otros servicios que seguro que no son rentables
—los servicios de cercanías y algunos servicios de media distancia
es obvio que no son rentables— los tenga que prestar igualmente
—estamos todos de acuerdo—, y los beneficios de unas líneas
que sí que son rentables, o potencialmente lo pueden ser, tengan que ir a
unas empresas privadas cuando lo normal es que vayan a la misma empresa
para compensar las pérdidas que seguro que debe tener en otro ámbito y en
otro sector.

En definitiva, senador Mateu, un servidor igual no entiende
suficientemente del asunto, pero no lo ve nada claro. ¿Sabe lo que
ocurre? Que la liberalización no es una varita mágica. La liberalización
ya la conocemos en otros sectores de la economía, la hemos visto en el
sector de las telecomunicaciones y hemos tardado veinte años en tener
unos precios mínimamente competitivos después de habernos cargado por el
camino algo tan importante como el cable. Ahora vamos a llegar al cable
en este país, veinte años después, porque hemos tenido que pasar por esta
liberalización, por no hablar del servicio de la electricidad o de otros
consumos energéticos, donde no está nada claro, me parece a mí de forma
obvia, que esta sea la mejor manera de tener unos precios competitivos y
un servicio como Dios manda en nuestro país.

Por lo tanto, senador Mateu, como mínimo reconozca que cada
caso es cada caso, que liberalizar no es una fórmula mágica y que hay que
ir con mucho cuidado, poco a poco y proceder con una gran dosis de
análisis previo, no sea que al final sea peor el remedio que la
enfermedad y que donde tenemos un servicio que está funcionando
correctamente introduzcamos el caos y la mala calidad para los
usuarios.

El servicio ferroviario de pasajeros, lo reconocen todos
los expertos, es una actividad muy específica, sujeta a condicionantes
técnicos y a unas reglas muy delicadas y muy precisas y, además, pone en
juego otras cuestiones que no son la propia prestación del servicio, como
el derecho a la movilidad y sobre todo el desarrollo territorial, cosa
que va mucho más allá de los resultados que pueda tener una empresa
gestionando un servicio.

Además, y ya se ha recordado aquí, tenemos una experiencia
previa, tenemos la experiencia de la liberalización del servicio
ferroviario de mercancías, una liberalización que todo el mundo acepta
que ha sido un fracaso, que ustedes, con dos años y medio de Gobierno,
tampoco han contribuido a mejorar. Aunque sean unos grandes defensores
del sistema, un informe de la CEOE, no sospechosa de estar de acuerdo con
nuestros principios políticos, dice este mismo junio de 2014 que la
temprana e improvisada liberalización del sector ferroviario de
mercancías no ha funcionado y el secretario de Estado, usted lo oyó igual
que yo, dijo lo mismo el lunes pasado.

Así que poco a poco, señor Mateu, la gestión pública y la
gestión privada no están contrapuestas. La gestión pública se puede hacer
bien o mal y la gestión privada se puede hacer bien o mal también,
incluso muy mal. Lo que ocurre es que tienen criterios distintos: la
gestión privada busca beneficio y esto aporta unas ventajas en el marco
económico como agente, y la gestión pública tiene otro horizonte, que es
el de prestar un servicio que se considera que debe ser universal y aquí
no hay superioridad ni primacía moral, no hay una primacía moral de lo
público sobre lo privado, ni tampoco de lo privado sobre lo público, de
lo que se trata es de ver en cada caso qué es lo que resulta más útil
para la comunidad y a mí, lo siento mucho, todavía me tienen que
demostrar que el servicio privado, la liberalización del transporte
ferroviario de pasajeros sea lo que más interesa a la comunidad.

En cualquier caso, le voy a dar el beneficio de la duda.
Estudiémoslo y evitemos las decisiones precipitadas. Tenemos que
estudiarlo bien y quizá elaborar un libro blanco de la liberalización del

transporte de pasajeros en España. Así lo podremos
discutir, valorar y, de todas las fórmulas que tenemos a nuestra
disposición, veamos cuál es la mejor.

Ustedes han optado por una concreta, línea a línea, en
lugar de general, y con un solo operador en lugar de varios. ¿Por qué?
Contrastémoslo con otras experiencias, aunque sean pocas, y trabajemos en
este ámbito porque, sinceramente, no creo que tenga ningún sentido
lanzarse a una liberalización simplemente por un a priori teórico como el
que tienen ustedes, bien para hacer caja con las licencias, bien para
alquilar el material móvil de Renfe y darle salida o bien para presionar
a la baja los salarios de los trabajadores de la propia compañía
operadora.

Realmente, estos motivos no justifican ni mucho menos una
decisión tan trascendental como la de liberalizar este sector. En
definitiva, señorías, vayan con cuidado, tengan mucho ojo porque podemos
destrozar algo que está funcionando muy bien, que ha costado miles de
millones al presupuesto público y el esfuerzo de mucha gente.

Mi grupo parlamentario va a votar en contra de su moción
porque incorpora la idea de los hechos consumados, la liberalización del
transporte de pasajeros, que quiere impulsar el Gobierno del Partido
Popular y, como mínimo, no lo vemos claro y todavía menos el hacerlo
ahora, rápido y sin explicar el porqué.

Senador Mateu, espero que sea sensible a estos argumentos y
que proponga la retirada de su moción para transaccionar otra que pida la
elaboración del libro blanco de este sector, de modo que se hagan las
cosas como Dios manda, poco a poco y sin prisas porque tenemos tiempo
hasta el año 2019. Por tanto, hagámoslo bien de una vez por todas y con
el acuerdo de todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí
Jufresa.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Senador Mateu, voldria fer algunes reflexions respecte a la
seva intervenció. Espero que sigui mereixedora, com la senadora del PNV,
que vostè em digui també que en la meva exposició he estat cordial. Si
més no, ho intento.

Permeti’m que, en aquesta moció, faci una reflexió de
la forma i del fons. Del fons, crec que en bona mesura compartim els
objectius. Per tant, nosaltres sí que creiem que el tema de la
liberalització no té perquè ser una liberalització sense ànima, no té
perquè ser una liberalització que, d’alguna manera o altra, el que
va és a repercutir de manera negativa cap al viatger, cap a
l’usuari. Tot el contrari. Per tant, creiem que això és
necessari.

Parlava del fons, també. El fons perquè no és la primera
vegada, senador Mateu, i em sap greu perquè jo crec que, si acabem de
recollir, al final del procés de les diferents sessions, i de les
diferents mocions que vostè presenta, es recull el que manifestem, el 90%
acabarà essent el mateix. Vostè sempre comença que agradece però que no
accepta mai res. Vostè sap que existeix la paraula transaccionar. I no em
serveix que digui, sincerament, que nosaltres, perquè diem en la nostra
esmena, que s’agilitzi amb urgència el procés de liberalització,
això automàticament hagi de ser que no. Perquè es pot transaccionar
perfectament a partir de marcar un calendari, de marcar tota una sèrie de
tempos, si és que compartim els objectius.

Però, moltes vegades, i torno al fons, senador Mateu
—i m’agradaria dir-li-ho amb la màxima cordialitat
possible— que jo crec que vostès fan mocions perquè són mocions
cupo. Mentre vostès tenen l’espai, els altres no tindrem
l’espai per reflexionar i per empènyer al Govern. Perquè, sinó, no
s’entén que una esmena d’addició com la nostra, en la qual
sincerament diem que, amb urgència, però que es podia transaccionar, i
que estem dient que estem convençuts que el fet de la liberalització, si
es pot garantir, a més a més, que pugui revertir a menors preus, major
competitivitat, de ben segur que això és en positiu com ho ha estat, en
positiu, respecte a la liberalització del tema del transport de
mercaderies.

Malgrat que el transport de mercaderies, si, senador
Iglesias, ara no hi és, però sí que claríssimament les dades dominants el
2013, en el moment en què el transport de mercaderies queda claríssim que
el sector públic treu menor rendibilitat que el que puguin treure les
operadores privades. I per què aquesta experiència, del transport de
mercaderies, no pot ser útil també en positiu respecte als viatgers? El
Tribunal de Justícia de la Unió Europea va fallar en contra de la

normativa de l’Estat espanyol tot dient que vostès no
permetien la lliure competència. I el fet de no permetre la lliure
competència va obligar el Govern espanyol a canviar la normativa. Una
normativa molt escassa que va haver de tornar a ser canviada. Fins i tot
el president de Renfe, el passat 11 de juny, en una compareixença al
Congrés dels Diputats, diu: «Creo firmemente en la liberalización y que
va a ser buena y cuanto más mejor y más ràpida». Per tant, alguna cosa
passa entre aquells que estan gestionant i que tenen la responsabilitat
des d’un punt de vista de la pròpia presidència de Renfe respecte
al que vostès creuen. Nosaltres, progressiu i ordenat. Urgent no és
antagònic de progressiu i ordenat. Urgent vol dir que posa el focus de la
importància de la liberalització, en aquest context de l’economia,
perquè estem convençuts que guanyar en competitivitat, en no tenir cap
posició dominant, pot acabar revertint en benefici dels viatgers, perquè
tindrà un preu molt més assequible i, a més a més, en benefici del
conjunt dels operadors, des d’un punt de vista de la pròpia
economia productiva, del conjunt del que representa aquest sector.

Per tant, torno a dir, d’una manera molt clara, que
no és suficient dir que agradece la posición però, després, ni tan sols
accepta res. I, a més a més, li vull recordar que, una vegada més, he
estat jo que li he vingut a preguntar què faria de les esmenes. És així,
senador Mateu, és així. Però per què? Perquè no tenen cap actitud de
dialogar. Senzillament, les seves mocions són mocions monòlegs. I quan ve
amb una actitud de fer monòlegs de les seves intervencions polítiques,
doncs ja està, no passa res, és molt legítim. Però, després, no ens
vulgui fer creure que aquí hi ha un diàleg. Perquè no existeix el diàleg,
senador Mateu. Per molt bones formes que vostè, i tot això que agraeixi a
cada moment, no existeix el diàleg. El diàleg és —com molt bé deia
la senadora del PNV— quan després, vostè, amb el paper a la mà
intenta transaccionar. I es fa un exercici d’intentar buscar
expressions que, en definitiva, acabin possiblement, si és que hi podem
arribar, amb un llenguatge intermedi, que vostès es puguin sentir còmodes
i la resta també. Però aquesta voluntat no existeix. Senzillament perquè
en el minut zero vostè ja té clar que ha cobert el seu temps, el seu
cupo, ha explicat el que s’ha trobat al ministeri, que està molt
bé, que ho pot explicar en moments d’intervenció, que no cal que
sempre sigui en els pròlegs de les mocions, i a més a més que moltes
vegades vostè sap que jo li he donat la raó, perquè sembla ser que, depèn
de qui no té història, no aporta història, com que es puguin permetre de
jutjar després els altres.

Però, sincerament, jo crec que presentar mocions obliga a
una certa honradesa política. I l’honradesa política passa —i
li dic sense acritud, senador Mateu, veig que s’inquieta, no
s’ha d’inquietar— l’honradesa política,
—si, si, li veig pels gestos, no passa res— l’honradesa
política passa perquè aquesta generositat es demostri en gestos. I
intentar dialogar de debò. I no fer mocions monòlegs, perquè difícilment
avançarem, això sí, vostè haurà cobert el seu temps, nosaltres cobrirem
el nostre temps i ja està. Senzillament, des d’un punt de vista de
la pràctica política la veritat és resultat zero.

Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció. I hi
votarem en contra per una raó claríssima. Per l’actitud. Una
actitud que, senzillament, no han volgut dialogar res. I jo crec que, més
enllà de les posicions, ja és hora que cada vegada més es marqui el no
davant de l’actitud. El no davant de l’actitud. Una actitud
de prepotència que no cal perquè és l’actitud del nosaltres
premerem el botó i, certament, el botó serà molt més que el dels altres.
Però, una vegada més, els dic que la majoria absoluta no vol dir tenir la
veritat absoluta.

Gràcies, senador Mateu, per fer en les seves intervencions
sempre tants agraïments al conjunt dels senadors.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Senador Mateu, espero ser merecedora, como la senadora del
PNV, de que usted me diga que en mi exposición he sido cordial porque, al
menos, lo voy a intentar.

Permítame que haga una reflexión sobre la forma y el fondo
de su intervención. Sobre el fondo diré que, en buena medida, compartimos
los objetivos. Desde nuestro punto de vista, la liberalización no tiene
por qué carecer de alma ni tiene por qué repercutir de manera negativa en
el pasajero o el usuario; todo lo contrario, creemos que es
necesaria.

Por otro lado, senador Mateu, me sabe mal decirle que si
recopilamos sus intervenciones en las distintas sesiones, en el 90% de
las ocasiones acaba diciendo siempre lo mismo; siempre agradece nuestro
trabajo pero nunca acepta nada. Así, en relación con el fondo de la
moción, le

recuerdo que usted sabe que existe la palabra transaccionar
y, sinceramente, el que nosotros pidamos en nuestra enmienda que se
agilice el proceso de liberalización no significa que automáticamente
tengan que decir que no, porque se puede transaccionar perfectamente,
marcar un calendario y una serie de tiempos, si es que compartimos los
objetivos.

En este sentido, senador Mateu, y me gustaría decirlo con
la máxima cordialidad posible, ustedes presentan mociones— cupo y,
así, mientras ustedes tienen el espacio, nosotros no lo tendremos para
reflexionar e impulsar al Gobierno. No entendemos que una enmienda de
adición, como la nuestra, en la cual pedimos urgencia, pero que se puede
transaccionar porque estamos convencidos de que la liberalización, si se
puede garantizar, va a revertir en menores precios y mayor
competitividad, no se acepte. Estoy segura de que será positivo, como lo
ha sido también la liberalización del transporte de mercancías.

Senador Iglesias, ahora no está en la sala, pero
clarísimamente los datos dominantes en el año 2013 nos dicen que en el
momento en el que el transporte de mercancías se liberaliza, todo el
sector público saca menor rentabilidad que los operadores privados. ¿Y
por qué la experiencia del transporte de mercancías no puede ser útil o
positiva respecto al transporte de pasajeros? Lo que ocurre es que, a
pesar de lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
fallaron en contra de la normativa del Estado español porque ustedes no
permitían la libre competencia. Y al no permitir la libre competencia, el
Gobierno español se vio obligado a volver a cambiar la normativa, una
normativa muy escasa. El presidente de Renfe, el 11 de junio pasado, en
una comparecencia en el Congreso de los Diputados dijo: «Creo firmemente
que la liberalización va a ser buena y cuanto más rápida, mejor». Algo
está sucediendo entre aquellos que están gestionando, y que tienen la
responsabilidad desde el punto de vista de la propia presidencia de
Renfe, respecto a lo que ustedes creen.

Progresivo y ordenado no es urgente. Urgente no es
antagónico de progresivo y ordenado, urgente es que se pone el foco de la
importancia en este texto de la liberalización porque estamos convencidos
de que irá en beneficio de los pasajeros si ganamos en competitividad, si
no tenemos una posición dominante, porque tendrán un precio mucho más
asequible. Irá, además, en beneficio del conjunto de las operadoras, de
la economía productiva del conjunto de todo lo que representa este
sector.

Así pues, me vuelvo a ceñir de una forma muy clara, senador
Mateu, al tema. No es suficiente que usted diga que agradece la postura y
que luego no acepte nada. También le quiero recordar que una vez más he
sido yo quien le ha preguntado lo que iba a hacer con las enmiendas. Así
es senador Mateu. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna actitud de diálogo.
Sus mociones sencillamente son mociones-monólogo y cuando uno viene con
una actitud de hacer monólogos en sus intervenciones políticas, ¡pues ya
está! Ya está; es muy legítimo, no pasa nada, pero después no nos quiera
hacer creer que aquí existe el diálogo porque no existe el diálogo,
senador Mateu, por muchas buenas formas que usted tenga y por mucho que
usted agradezca en cada momento las cosas; no existe el diálogo. El
diálogo existe —como decía muy bien la senadora del PNV—
cuando uno, con el papel en la mano, intenta transaccionar y hace el
ejercicio de buscar expresiones que nos acaben valiendo a todos,
buscando, en definitiva, un lenguaje intermedio con el que ustedes se
sientan cómodos y el resto también, pero esta voluntad no la tienen,
sencillamente porque desde el minuto cero usted ya tiene claro que ha
cubierto su tiempo, su cupo, que ha explicado lo que tenía que explicar,
o sea, lo que se ha encontrado en el ministerio, que está muy bien, que
lo puede explicar durante su intervención, y no siempre tiene que ser en
los prólogos de las mociones. Usted sabe que muchas veces yo le he dado
la razón porque, ¿quién no tiene historia?, si no se tiene historia,
¿cómo se puede luego juzgar al resto?

Sinceramente, creo que presentar mociones obliga a cierta
honradez política y esta pasa —se lo digo sin acritud porque veo
que se inquieta y no se tiene que inquietar, lo veo en sus gestos—
por la generosidad, que se demuestra con gestos, con el intento de
diálogo de verdad y no con hacer mociones-monólogo porque difícilmente
vamos a avanzar así. Eso sí, usted habrá cubierto su tiempo, nosotros
cubriremos nuestro tiempo y ya está, y, sencillamente, desde el punto de
vista de la práctica política el resultado es cero.

Vamos a votar en contra de esta moción por una razón
clarísima: por la actitud, una actitud que sencillamente no nos gusta
porque no han querido dialogar en ninguno de los puntos. Yo creo que más
allá de las posturas ha llegado el momento de que cada vez más se marque
el no ante la

actitud, repito, el no ante la actitud; una actitud de
prepotencia, que no es necesaria, porque nosotros vamos a apretar el
botón y, evidentemente, nuestro voto no va a ser más que el de los otros,
pero una vez más les digo que mayoría absoluta no quiere decir verdad
absoluta.

Senador Mateu, muchas gracias por dar siempre tantos
agradecimientos en sus intervenciones al conjunto de los senadores.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero hacer algunas reflexiones
sobre los argumentos de la exposición de motivos que ha traído aquí el
Grupo Popular, partiendo, eso sí, de la idea de que las inversiones en
infraestructuras crean empleo en el presente y, desde luego, elevan la
competitividad y las posibilidades de desarrollo económico en el
futuro.

Voy a exponer algunas cifras que reflejan con claridad la
contradicción en la que vive el Partido Popular y las contradicciones de
su argumentación que están siempre agarradas a la herencia recibida. Nos
recordaba otra vez el senador Mateu la deuda del Grupo Fomento, pero,
claro, se le olvida decir que esa deuda que recibió el Partido Popular no
ha hecho más que aumentar con su gestión, que en el año 2012 ya era de 43
342,41 millones de euros, 1000 millones más de euros de endeudamiento en
un solo año; que el Gobierno se está negando a contestarnos por escrito
—o en persona el secretario de Estado el lunes en la Comisión de
Fomento— cuál es la deuda del Grupo Fomento porque les da vergüenza
y porque contradice sus palabras continuamente desde que llegaron al
Gobierno, diciendo que la deuda era muy grande. Y lo que han hecho
ustedes es acrecentarla enormemente.

Les recuerdo, señorías, que en los Presupuestos Generales
del Estado, el Gobierno del Partido Popular autoriza al grupo ADIF a
endeudarse en 2920 millones más en un solo año, en el año 2014. Ellos,
que hablan de la herencia recibida, lo que hacen es aumentar la deuda
enormemente cada año y, además, ocultar su valor a los representantes de
los ciudadanos, que tenemos el derecho de examinar la gestión del
Gobierno. Decían: es que ustedes dejaron también el gasto comprometido
para 2012. Pues bien, si miran el informe de la Intervención General de
la Administración del Estado resulta que en abril de 2014 el Partido
Popular tiene ya comprometidos para el Ministerio de Fomento 19 542
millones de euros para los años posteriores; repito, 19 542 millones de
euros ya comprometidos de gasto para los años posteriores. Ellos, que
hablan de herencia recibida, además han elevado la deuda total del Estado
desde los 754 000 millones a los 906 000 millones prácticamente. Estos
que nos hablan de la herencia recibida, ¡fíjense qué están haciendo con
la deuda de este país! Su gestión da como resultado mucha más deuda, y lo
que queda claro es que su argumentación no vale nada.

Habla también de la situación de Renfe, y de las pérdidas y
deudas que tiene. Deberían tener en cuenta sus señorías que Renfe ha
variado su cifra, aunque sigue teniendo una deuda elevada, a la que ahora
me referiré. Con un recorte de la inversión del 61,8%, cualquier cifra
que mejoren de deuda se sustenta en no hacer nada pues han recortado el
61% la inversión.

¡Ustedes no tienen como prioridad el empleo! Dicen que les
importa el déficit, pero les da igual si la gente tiene un sueldo o no lo
tiene, o la calidad de ese sueldo. Ese es su problema, y nosotros no
compartimos en absoluto esa forma de ver las cosas. Ustedes han recortado
el 45% en conservación de ferrocarriles, lo que supone poner en riesgo la
seguridad de los ferrocarriles, y condicionar el presupuesto futuro,
porque habrá que reparar lo que ustedes no han mantenido. Un 45% de
recorte en conservación no es nada razonable. Además, con su política
comercial de recortes y de bajada de los precios del AVE y de los trenes
de larga distancia, han tenido pérdidas de 70 millones en el año 2013. Es
más, Renfe-Viajeros ha perdido 57 millones de euros en el primer
trimestre de 2014, cuando ustedes vinieron aquí a vendernos que traían un
plan de racionalización del transporte por ferrocarril, eliminando un
gran número de obligaciones de servicio público para ahorrar 51 millones;
después, hacen una política de precios en el AVE donde pierden 57
millones en un solo trimestre. Ustedes perjudican a un millón de
personas, a las que les quitan el servicio público, y luego rebajan a la
gente que utiliza el AVE 57 millones; mucho más dinero en un solo
trimestre. ¿De qué estamos hablando? ¿Desde la defensa de qué intereses
se está hablando en este momento? Por cierto, señorías, el grupo Renfe ha
perdido 80 millones de

euros en el primer trimestre de 2014, luego la gestión del
Partido Popular está muy lejos de ser una gestión positiva.

Nos venden incluso como un éxito que hayan dividido Renfe
en cuatro compañías. Señorías, ¿se dan ustedes cuenta de la importancia
que tiene para la logística de este país que las mercancías las lleve
Renfe-Mercancías y no Renfe-Operadora? ¿Se dan cuenta de que eso tiene
una trascendencia fundamental para cambiar el signo de los tiempos de
nuestro país? Espero que entiendan la ironía con la que estoy diciendo
estas palabras. Ha venido aquí el señor Mateu a decirnos: no, y además el
Gobierno ha creado una empresa específica para alquilar material rodante,
para alquilar trenes, y eso cambiará el transporte ferroviario en nuestro
país. Que en vez de alquilar los trenes Renfe los alquile Rosco, que es
una filial de Renfe, ¿cambiará la concepción del transporte y del
ferrocarril en nuestro país? Es increíble cómo el Gobierno hace un montón
de cosas para que no cambie nada o para que vayan aún peor.

No voy a hacer más reflexiones sobre la parte propositiva
de esta moción en lo referente a transporte por mercancías que, como ya
han dicho aquí algunos senadores, lleva liberalizada siete años y, desde
luego, no ha resultado un éxito.

Hablan de preparar a Renfe para el inminente proceso de
liberalización del transporte de viajeros. Y ahí sí quiero hacer algunas
consideraciones más, aparte de las que hice en mi primera intervención.
El Gobierno ha encargado a un grupo de expertos que haga un análisis del
sistema ferroviario en nuestro país y ese mismo grupo de expertos le dice
que liberalizar totalmente este mercado podría crear problemas económicos
y de falta de rentabilidad de las empresas prestatarias que aboque en el
corte plazo a un deterioro real del servicio. Y esto no lo está diciendo
el Partido Socialista, lo dicen los propios técnicos que ha contratado el
Gobierno. Y les voy a leer una frase del presidente de Renfe: «la
apertura del mercado ibérico está en el punto de mira de todos los
operadores ferroviarios españoles, europeos e, incluso, del resto de
continentes». Lo dice el propio presidente de Renfe.

Hay empresas públicas europeas que también quieren prestar
servicio, y no vayamos a abrir nuestro país para que venga la empresa
pública alemana o francesa a utilizar las líneas de AVE, y hacer un
negocio que no haga la empresa pública española. Eso no tiene mucha
lógica, sobre todo si no hay una contraprestación en igual sentido para
que Renfe lo pueda hacer en otros países, y por eso no estamos de
acuerdo. Además, sepan ustedes que esto no es una entelequia, que la
empresa francesa SNCF ya tiene autorización para poder operar en España
y, por tanto, se puede presentar a este concurso.

Hablan de preparar Renfe para competir en este nuevo
mercado. También nos ha contado el señor Mateu los éxitos que ha tenido
su política comercial, una política que ha sido claramente
discriminatoria. Nos cuentan que han bajado los precios del AVE hasta en
un 20% de media, pero no nos dicen, señorías, que han subido los precios
de cercanías. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
porque hay un runrún de fondo muy molesto. Por favor, guarden
silencio.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Decía, señorías, que no nos
cuentan que han bajado los precios del AVE, cuando a la vez han subido
los de cercanías que afectan a 460 millones de usuarios, y los han subido
un 16% en la situación de crisis en la que estamos, con lo cual, la
política del Gobierno del Partido Popular es discriminatoria con los
usuarios de las cercanías, que son trabajadores, que son ciudadanos que
trabajan en servicios públicos fundamentales —sanitarios,
educativos, judiciales— y que utilizan ese medio de transporte. A
ellos les han subido el 16%. A los usuarios del AVE, que son 25 millones,
les han bajado el 20%, y, por cierto, haciéndolo a pérdidas. O sea, que
están vendiendo a pérdidas en una línea de alta velocidad, cuando están
perjudicando claramente los intereses de la ciudadanía en general
subiendo las tarifas de las cercanías.

Y permítanme que plantee algunas preguntas y reflexiones
para terminar. Con la política de bajada de precios de Renfe en AVE y
larga distancia, que están en pérdidas, ¿cómo van a operar cuando haya
otra empresa en el negocio, cuando entre otro operador, si la Unión
Europea prohíbe competir a las empresas con venta a pérdidas? Otra
reflexión. Si la empresa privada usa los trenes AVE de Renfe y los
alquila, ¿por qué dicen ustedes que la entrada de un operador privado va
a suponer un incentivo a la innovación y a nuevos modelos de negocio?
¿Dónde está la

innovación si son los trenes que alquila la propia Renfe?
Señorías, ¿saben quién va a ganar con esta operación del Gobierno del
Partido Popular? La empresa que va a habilitar el Ministerio de Fomento,
pues se va a obligar a Renfe a cederle las líneas que producen beneficios
para que esa empresa los tenga a su vez. Veremos a ver si esto no acaba
siendo una forma de pagar en «c» campañas electorales. Saben ustedes que
el Partido Popular está siendo investigado por pagar sus campañas
electores en «b». Ahora resulta que están buscando un mecanismo para
pagarlas en «c», con contratos y concesiones. Veremos a ver si no es eso
lo que está pasando en este momento.

Nosotros queremos que se apliquen los acuerdos del
Parlamento Europeo, que fortalezcamos a Renfe para que cuando se abra el
mercado sea para todos a la vez y Renfe pueda competir en otros países si
esos países mandan sus empresas a competir a España.

Por estos motivos vamos a votar en contra de la moción.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente,
señorías.

La verdad es que yo no estoy acostumbrado a recibir
lecciones de cortesía o responsabilidad, ni tampoco a que el debate
político quede oscurecido por cuestiones como que yo no haya ido a
explicarle qué iba a hacer con el texto o la enmienda en vez de que
hubiera venido usted, señora Candini. De verdad que no entiendo su
actitud conmigo, aunque la respeto porque estamos en foro parlamentario,
en el templo de la democracia; pero no me diga que yo no soy dialogante,
que el Partido Popular no es dialogante, que el Gobierno de España no es
dialogante cuando están ustedes generando una situación muy complicada a
todos los españoles por no querer dialogar y que puede tener una deriva
muy peligrosa para el resto de España y para su posicionamiento en la
Europa que todos queremos construir ahora mismo, señoría. (Aplausos).
Como ya le he dicho, siempre respetaré sus opiniones pero, desde luego,
no me dé usted a mí clases y no convirtamos este foro, este Parlamento,
en una escuela de cómo ha de procederse parlamentariamente. Gracias,
señora Candini.

Señor Iglesias, agradezco nuevamente su intervención. He de
decirle que no debe tener usted miedo o, mejor dicho, preocupación
—sé que es usted avezado en muchas batallas y desde luego miedo
poco, preocupaciones creo que muchas— por este proceso previo de
liberalización, pues ha de ser realizado de manera ordenada, pausada,
progresiva y con la intención decidida de hacerlo. Eso es lo que está
haciendo el Gobierno del Partido Popular. Por otra parte, no se va a
convertir en una privatización, señoría. Se trata sencillamente de una
liberalización, siguiendo claramente los parámetros que establece el
cuarto paquete ferroviario, como también conoce el senador Fernández
Ortega. Por eso, señor Iglesias, no piense en la privatización ulterior
de este proceso que está llevando a cabo el Gobierno de España. Olvide y
quítese de la cabeza el iter que usted exponía de liberalizar primero y
luego privatizar.

Me gustaría hacer un comentario sobre el coste o
mantenimiento de las tarifas de los servicios de media distancia o
cercanías que, como usted sabe, están declarados de obligación del
servicio público. No obstante, las tarifas se han tenido que incrementar
como consecuencia de la aportación que tuvo que hacer el Estado español
para paliar un déficit que existía en las rodalies catalanas, aunque los
incrementos han sido mínimos para no perjudicar el tránsito del ciudadano
español.

Paso a contestar a la senadora Iparragirre. Siguen
insistiendo en el ámbito de las competencias, siguen insistiendo en que
el comportamiento del Partido Popular no es ni generoso ni positivo. Creo
que la facultad de gobernar tiene que tener la capacidad aparejada de
decidir. Yo ya sé que gobernar es tomar decisiones y que las decisiones
no gustan a todos los parlamentarios que se ubican en esta sala. Por eso,
señora Iparragirre, otórgueme el beneficio de la duda al decirle que
nosotros adoptamos las posturas que consideramos correctas para sacar
adelante los graves problemas con los que nos encontramos en España.

Senador Martí Jufresa, me alegra que su posición inicial
fuera la de compartir los objetivos que se pretenden con la
liberalización tanto del transporte de mercancías por ferrocarril como
del de viajeros, pero tampoco tema que esa liberalización vaya a
convertirse en una reducción de la calidad, de la continuidad, de la
garantía y de la seguridad. No, ahí no estoy de acuerdo con usted.

Se va a seguir siendo escrupuloso puesto que, como le
decía, precisamente el Gobierno hace esta transición a la liberalización
desde el punto de vista del espacio o tiempo necesario para que todo el
mundo se adapte a ella. Y va a estar muy vigilante para que esos
parámetros que usted dice, por el bien de todos los españoles, por el
bien de todos los que transitan, se sigan manteniendo.

Esa diatriba o contraposición que usted decía que no existe
entre gestión pública y privada, aquí yo veo que no se da; el Gobierno de
España ha tomado una decisión amparada en el cuarto paquete ferroviario y
en otras directivas comunitarias anteriores para el transporte de
mercancías por ferrocarril, y entendemos que no vamos a vulnerar para
nada ese presunto enfrentamiento entre gestión privada y gestión pública.
En este supuesto la liberalización no implica una gestión privada al modo
de lo que supone una privatización absoluta, sino sencillamente se
permite que haya un competidor, y la competencia siempre enriquece y
engrandece los servicios. Mencionaba usted que la calidad en los
servicios aéreos también ha disminuido. Yo creo que más hubiera
disminuido si hubiéramos vendido, como pretendía el Partido Socialista,
los aeropuertos de Madrid y de El Prat, no solamente dejando las deudas
al resto del grupo AENA...(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
por favor.

El señor MATEU ISTÚRIZ: ...sino sencillamente obteniendo
los propios beneficios. Ahí sí que hubiera habido una ruptura del sistema
en red del transporte aeronáutico, porque las bondades y fortalezas del
sistema en red son precisamente esa compensación que hay entre las
diversas posibilidades de aeropuertos.

Por eso, señorías, no estoy de acuerdo con sus
planteamientos. Nosotros entendemos que la liberalización es un paso
adelante en la mejor prestación de los servicios. Y de hecho, es lo que
el Gobierno de España entiende que se va a hacer, y se va a hacer de una
manera gradual y progresiva, poco a poco, con la observación y con el
cuidado que el Gobierno va a poner en su desarrollo a través de los
diversos organismos de que dispone el Grupo Fomento.

Senador Fernández Ortega, usted ha hecho una relación de
inversiones e infraestructuras, de acuerdo. Dice que ahora mismo el Grupo
Fomento ha recortado enormemente la inversión en infraestructuras. Señor
Fernández Ortega, teníamos, insisto, casi le podría decir sobrecapacidad
de infraestructuras, bien pensadas, bien hechas, pero tenían un pequeño
gran defecto, y es que se habían hecho cantidad de infraestructuras pero
faltaba pagarlas, de ahí que se generara esa deuda de 40 000 millones de
euros. Por eso el Gobierno del Partido Popular, como decía ayer la
ministra, quitó las telarañas de los cajones para descubrir muchas
facturas, que es lo que ahora mismo ha habido que hacer. Por eso,
insisto, el Grupo Fomento está llegando a esa mejor posición económica,
con beneficios netos de 300 millones de euros, como le he dicho antes,
con respecto a la gestión que ustedes realizaron.

En cuanto al material rodante, usted pregunta por qué van a
tener que utilizarlo las empresas que puedan participar en la
liberalización o título habilitante. Pues yo le comento que ese material
rodante se compró en su momento sin tener respeto a las necesidades de la
época y, precisamente, ha llegado el momento. De ahí la referencia a
Renfe-Mercancías, sobre la que usted, con esa guasa que en determinados
momentos aplica, pregunta cómo va a gestionar mejor que Renfe-Operadora,
que el nombre en definitiva no interesaba. Yo le voy a decir que,
efectivamente, el Partido Popular es un partido que siempre ha procurado
decir la verdad. Y el secretario de Estado, en su intervención en la
Comisión de Fomento el pasado lunes, reconoció que Renfe-Mercancías no
había operado correctamente, que había tenido una debilidad y que
precisamente esa debilidad desde la liberalización del transporte de
mercancías por ferrocarril en el año 2004 no había generado una
estructura flexible, por lo que teníamos que darle ese impulso. Y ese
impulso se consigue con la generación de esta empresa dentro de las 4 en
las que se generó Renfe. Esta empresa precisamente ahora no ha tenido
buenos resultados económicos, está claro. El otro día lo dijo el
presidente de Renfe en la intervención que usted ha mencionado en el
Congreso de los Diputados. Pero precisamente por eso, para estimular,
para generar ese mayor esfuerzo, se está buscando también un operador
industrial, un socio industrial, como bien anunció la ministra, para
generar esa competitividad y esa eficacia que se pretende en el
transporte de mercancías por ferrocarril.

He de comentarle —también se ha referido usted a ello
al comienzo de la exposición de su enmienda— el aspecto de la
licitación del título habilitante. Ya le dijo ayer la ministra que este

proceso de liberalización se inició hace ya un año. Y hace
un año, cuando ya se habló de título habilitante, nadie dijo ni Pamplona,
y perdóneme la expresión vulgar, pero he de recordarle que arrastra del
Decreto 22/2012, y que precisamente ahora se está haciendo. Y lo que
queremos es que no sea un modelo de privatización, como le decía al señor
Martí Jufresa, sino sencillamente de liberalización. Se hace para mejorar
la calidad del servicio. Además, le recuerdo lo que dijo la ministra, lo
que se planteó en el seno de la Comisión Europea el pasado día 19 de
junio, que con la apertura de la competencia y el aumento de las
licitaciones públicas se prestan mejores servicios a los pasajeros y se
hace un mejor uso del dinero del contribuyente. Le recuerdo el por qué se
ha elegido esa línea. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Le recuerdo el por qué se ha
elegido esta línea Levante. Pues porque evidentemente es una línea que
está consolidada y todavía tenemos solamente ocupados, como bien dijo la
ministra, un 30% de los surcos y, además, el volumen de viajeros que
viaja a Levante por carretera está en más de un 50% y por ferrocarril en
el 20%. Por eso entiendo que va a ser muy positivo; además, he de
recordarle que ese título habilitante nada más —y perdone la
redundancia— habilita para siete años, y en esos siete años es
cuando se va a alcanzar el cuarto paquete ferroviario por parte del
Gobierno de España, como le he dicho antes, a través de la empresa
operadora que resulte adjudicada en la licitación Renfe-Operadora, y eso
supondrá un ensamblaje, una adaptación para, luego, tener la
liberalización absoluta del transporte del servicio de pasajeros por
ferrocarril.

Por eso, señorías, les agradezco a todos, aunque la
senadora Candini no esté de acuerdo con mis agradecimientos, y le digo
sinceramente que todos trabajamos por mejorar, pero hay uno, que en este
caso es el que gobierna por mayoría absoluta a los españoles, que es el
que tiene que tomar decisiones, gusten o no gusten al resto de los
partidos políticos, pero sí tienen que gustar a los ciudadanos españoles
que son los que se benefician de esas medidas.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Antes de proceder a la votación de la moción, les informo
de que, por acuerdo de los portavoces de los grupos, se ha decidido que,
después de la votación, se entre en el debate del Proyecto de Ley de
navegación marítima, para lo cual primero se debatirá la propuesta de
veto que se ha presentado y, una vez finalizado el debate de esta
propuesta de veto, se procederá a la votación, sea la hora que sea, para
que inmediatamente se pueda continuar con el debate de las enmiendas.
¿Comprendido? (Rumores).

Si quieren lo repito. (Pausa). Lo voy a repetir.

Por acuerdo de los portavoces de los grupos, se ha decidido
que, a continuación de la votación, entremos en el debate del primer
proyecto de ley, el Proyecto de Ley de navegación marítima. En primer
lugar, hay una propuesta de veto presentada. Se procederá al debate de
esta propuesta de veto, cuya votación será a continuación, para seguir
después con el debate de las enmiendas. ¿Entendido?

Vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo
Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 144; en contra, 78.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

Página
11121