4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifica el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Comisión: Sanidad y Servicios Sociales

(Núm. exp. 621/000065)

5. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

5.1. Declaración institucional con motivo del fallecimiento
del Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez González, primer Presidente del Gobierno
de nuestra democracia.

(Núm. exp. 630/000017)

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del
Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía
española.

Comisión: Economía y Competitividad

(Núm. exp. 621/000063)

6.2. AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA

6.2.1. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

(Núm. exp. 551/000039)

Página
9861

La señora De Aragón Amunárriz, presidenta de la comisión,
presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Iglesias Fernández da por defendida la propuesta
de veto número 2, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario
Mixto.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

La señora Almiñana Riqué defiende la propuesta de veto
número 3, del señor Guillot Miravet y del señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y la propuesta de veto
número 4, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor
Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el
señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, también del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Llinares Cuesta defiende la propuesta de veto
número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora
Riolobos Regadera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora
Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; la señora Llinares Cuesta, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Contreras Olmedo, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

5. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

5.1. Declaración institucional con motivo del fallecimiento
del Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez González, primer Presidente del Gobierno
de nuestra democracia

9886

(Núm. exp. 630/000017)

El señor presidente da lectura a la declaración
institucional, que se aprueba por asentimiento de la Cámara.

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifica el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. (Continuación.)

Comisión: Sanidad y Servicios Sociales

9887

(Núm. exp. 621/000065)

Se retoma el punto 4.1.1. del orden del día.

Se procede a votar las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto
telemático ha sido autorizado para las senadoras García Carrasco, Ortega
Rodríguez y Fernández Cueva Lominchar, siendo los tres en contra de todas
las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 234, más 3 votos telemáticos, 237; votos emitidos,
234, más 3 votos telemáticos, 237; a favor, 86; en contra, 148, más 3
votos telemáticos, 151.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 235, más 3 votos telemáticos, 238; votos emitidos,
235, más 3 votos telemáticos, 238; a favor, 88; en contra, 147, más 3
votos telemáticos, 150.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 235, más 3 votos telemáticos, 238; votos emitidos,
235, más 3 votos telemáticos, 238; a favor, 88; en contra, 147, más 3
votos telemáticos, 150.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 235, más 3 votos telemáticos, 238; votos emitidos,
235, más 3 votos telemáticos, 238; a favor, 88; en contra, 147, más 3
votos telemáticos, 150.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 233, más
3 votos telemáticos, 236; votos emitidos, 233, más 3 votos telemáticos,
236; a favor, 88; en contra, 145, más 3 votos telemáticos, 148.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 10 a 47,
de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto.

La señora Salanueva Muguialday defiende las enmiendas 1 a
8, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor
Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas
Fernández, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Quintero Castañeda defiende la enmienda 9,
inicialmente presentada por este senador y el señor Zerolo Aguilar, ambos
del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Cazalis Eiguren defiende las enmiendas 240 a 249,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

La señora Almiñana Riqué defiende las enmiendas 48 a 83 y
84 a 143, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Cunyat Badosa defiende las enmiendas 144 a 179,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió

El señor Toledo Díaz defiende las enmiendas 180 a 239, del
Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora
Contreras Olmedo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández y Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; el
señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora
Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora
Riolobos Regadera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

9915

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del
Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía
española.

Comisión: Economía y Competitividad

9921

(Núm. exp. 621/000063)

El señor López Rodríguez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Iglesias Fernández da por defendida la propuesta
de veto número 1, de la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario
Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 2, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto
número 3, de las señoras Almiñana Riqué y Sequera García y los señores
Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté
Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Lerma Blasco defiende la propuesta de veto número
4, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor vicepresidente primero pide que conste en acta la
propuesta del señor Lerma Blasco de que en debates tan importantes como
el de este proyecto de ley no se interrumpa la sesión a mediodía.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aroca
Sáez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Alturo Lloan,
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y el
señor Aroca Sáez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las quince horas.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Se procede a votar las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto
telemático ha sido autorizado para las senadoras García Carrasco, Ortega
Rodríguez y Fernández Cueva Lominchar, siendo los tres en contra de todas
las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 225, más 3 votos telemáticos, 228; votos emitidos,
224, más 3 votos telemáticos, 227; a favor, 64; en contra, 156, más tres
votos telemáticos,159; abstenciones, 4.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 224, más 3 votos telemáticos, 227; votos emitidos,
224, más 3 votos telemáticos, 227; a favor, 64; en contra, 155, más 3
telemáticos, 158; abstenciones, 5.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 225, más 3 votos telemáticos, 228; votos emitidos,
225, más 3 votos telemáticos, 228; a favor, 64; en contra, 156, más 3
telemáticos, 159; abstenciones, 5.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 225, más 3 votos telemáticos, 228; votos emitidos,
225, más 3 votos telemáticos, 228; a favor, 64; en contra, 156, más 3
telemáticos, 159; abstenciones, 5.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández da por defendidas las enmiendas
1 a 22, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso
de los Diputados en lo modificado por las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Iparragirre Bemposta defiende la enmienda 68, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 23 a 34 y
36 a 44, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 45 a 49, 51 y 52,
así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en
lo modificado por las enmiendas 69 a 72, 74 y 75 y la propuesta de
modificación aprobada sobre la base de la enmienda 73 del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 61 a 67, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 53 a 60 y la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 70,
72, 74 y 75 y la enmienda transaccional sobre la base de la enmienda 73
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Guillot
Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Fernández de Moya Romero, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

9947

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 114580.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El señor vicepresidente primero anuncia el traslado de las
enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

6.2. AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA

6.2.1. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA

9950

(Núm. exp. 551/000039)

El voto telemático ha sido autorizado para las senadoras
García Carrasco, Ortega Rodríguez y Fernández Cueva Lominchar.

Se autoriza la tramitación por el procedimiento de lectura
única de la iniciativa mencionada, por asentimiento de la Cámara, con la
suma de dos votos afirmativos emitidos telemáticamente.

Se levanta la sesión a las diecisiete horas y treinta
minutos.

Página
9866

¿Algún grupo desea intervenir? (El señor Iglesias Fernández
pide la palabra).

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo únicamente para pedir que conste en acta mi
abstención en el convenio de la Unión Europea con el Estado de
Israel.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

A efectos de la votación telemática, tengo que decir que ha
sido autorizada para las senadoras doña Catalina Monserrat García
Carrasco, doña María de los Ángeles Ortega Rodríguez y doña Juliana
Fernández Cueva Lominchar, quienes han votado a favor de la autorización
de los tratados.

Con la abstención manifestada por el senador Iglesias al
tratado correspondiente, le pregunto a la Cámara si se puede autorizar
por asentimiento la celebración de estos tratados, con la suma de los
votos afirmativos que se han emitido telemáticamente. (Asentimiento).

En consecuencia, quedan autorizados.

Muchas gracias.

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y
USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE.

COMISIÓN: SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

(Núm. exp. 621/000065)

El señor presidente da lectura a los puntos 4., 4.1. y
4.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra la presidenta de la comisión, la senadora De Aragón.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, presidente. Buenos
días, señorías.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento
ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el pasado día 24 de febrero,
fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.

El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba
inicialmente el 7 de marzo, fue ampliado hasta el día 13 del mismo
mes.

A este proyecto de ley se presentaron cinco propuestas de
veto y doscientas cuarenta y nueve enmiendas. La ponencia estuvo formada
por el señor Iglesias Fernández, del Grupo Mixto; el señor Cazalis
Eiguren, del Grupo Vasco; la señora Almiñana Riqué, del Grupo Entesa pel
Progrés; la señora Cunyat Badosa, del Grupo Convergència i Unió; la
señora Llinares Cuesta y el señor Toledo Díaz, del Grupo Socialista y las
señoras Riolobos Regadera y Contreras Olmedo, del Grupo Popular.

Dicha ponencia se reunió el día 18 de marzo de 2014 y
emitió informe de conformidad con el texto remitido por el Congreso de
los Diputados, si bien incluyó en él una serie de correcciones técnicas.
Ese mismo día 18 se reunió la comisión para dictaminar el proyecto de ley
y acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por la ponencia.

Han presentado votos particulares a dicho dictamen los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la senadora Almiñana
Riqué, los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla
Aguilera, Sabaté Borràs y la senadora Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y los grupos
parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya,
Convergència i Unió y Socialista.

Solo me resta agradecer a la letrada el trabajo realizado
y, asimismo, dar las gracias a los ponentes de la comisión.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora De
Aragón.

Pasamos al debate de las propuestas de veto.

En primer lugar, propuesta de veto número 2, de la senadora
Capella, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Doy por defendido este veto que se basa, fundamentalmente,
en el argumento de que el proyecto de ley invade competencias en materia
de consumo de la Generalitat de Cataluña.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Pasamos a la propuesta de veto número 1, de los senadores
Iglesias y Mariscal, también del Grupo Parlamentario Mixto. Para su
defensa tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Me van a permitir que empiece con
una pequeña digresión en este Pleno más relajado que otros anteriores,
aunque los cambios que se han dado en el orden del día respondan a una
situación luctuosa. La pequeña digresión guarda relación directa con el
proyecto de ley y con el tema que nos ocupa —no me voy por los
cerros de Úbeda—. Creo que, de alguna manera, ayuda a entender la
trascendencia de los conceptos que se barajan en el proyecto de ley,
incluso su motivación última.

En las últimas décadas ha habido una evolución en la visión
de la sociedad en la que nos movemos. Si durante mucho tiempo la
reivindicación fundamental, el elemento caracterizador de la estructura y
organización de esa sociedad fue el concepto de democracia, el concepto
de ciudadanía, y por lo tanto los derechos inherentes a ambos conceptos,
en las últimas décadas el desarrollo económico y la modificación de los
hábitos sociales han establecido, en mi opinión, una extraña, y
probablemente no demasiado sana competencia, entre el viejo concepto de
ciudadanía y de democracia y el nuevo concepto de sociedad de consumo y
de consumidor. De alguna manera la provisión de bienes materiales y de
servicios ha adquirido un protagonismo que reduce el valor y el contenido
de esos otros viejos conceptos. Por una parte, trasladamos desde nuestros
potentes medios de comunicación esa imagen de sociedad próspera que tiene
como consecuencia un atractivo para el intento de llegada a nuestros
territorios de ciudadanos de países que no disponen de esos bienes y de
esos medios de consumo y, por otra, se destaca el valor de esos bienes y
servicios, la necesidad de esos bienes y servicios, en algunos momentos,
incluso, a costa de los contenidos de los derechos de ciudadanía. La
protección de esos bienes y servicios en muchos casos se traduce en una
limitación de esos derechos propios de las sociedades democráticas y de
los derechos de ciudadanía. Hago esta digresión previa exclusivamente
para resaltar la necesidad de que cuando se afronta la regulación de esta
realidad es imprescindible ser consciente de su trascendencia y de las
consecuencias que de ella se derivan.

Y entro ya en el fondo del asunto, en las motivaciones de
este veto que el senador Mariscal y yo mismo hemos formulado al proyecto
de ley. Una vez más no hay otro remedio que iniciar la defensa del veto
argumentando y denunciando la presencia en el proyecto, esta vez vía
trámite de enmienda en el Congreso, de contenidos que, como se reflejan
explícitamente en el informe de la letrada de la comisión, son
incongruentes y exóticos respecto del enunciado y los contenidos lógicos
que de ese enunciado se derivan. Modificaciones en la normativa sobre
profesiones sanitarias, regulación de la representación de las
profesiones sanitarias, cambios en el sistema de tarifa eléctrica o la
incorporación al Sistema Nacional de Salud de funcionarios de los
montepíos de Navarra no son materias que puedan ampararse bajo el
epígrafe de un Proyecto de Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. La
ley traspone al derecho interno la Directiva 2011/83/ UE que, como
reconocemos desde el primer momento, conlleva un avance importante al
establecer una regulación que protege más a los consumidores en los
contratos a distancia y en los celebrados fuera de los establecimientos
mercantiles. Son realidades novedosas en los últimos tiempos, realidades
que no podían ser contempladas en la normativa anterior porque eran
infrecuentes incluso por ausencia de la tecnología imprescindible y, por
tanto, imposibles de darse.

En esta nueva protección para los consumidores en los
contratos a distancia y celebrados en los establecimientos mercantiles se
reconoce la posibilidad del desistimiento, se establecen

normas sobre la forma de entrega de los bienes y sobre
cuáles han de ser las consecuencias del incumplimiento de las
obligaciones por parte del proveedor, y se establece también la
prohibición de cobrar por el uso de determinados medios de pago a la vez
que se protege al consumidor ante la pérdida o deterioro del bien
previamente a que tome posesión de él. Son contenidos necesarios y
adecuados que en algún caso, y a través de nuestras enmiendas puntuales,
aspiraremos a mejorar, pero valorados globalmente no son en ningún caso
motivo de veto sino que merecen este reconocimiento expreso dada su
adecuación.

Sí es motivo de veto que una reforma de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios no dé respuesta adecuada a la
realidad sobrevenida fundamentalmente desde 2007 en una coyuntura de
crisis. Se tardó mucho en trasladar al derecho interno de la directiva
europea esta reforma, pero con este proyecto tampoco salimos al paso de
los fraudes más importantes y más numerosos que han afectado a los
consumidores y usuarios en el Estado español en estos siete u ocho años
últimos. Vivimos una profunda crisis que ha sido una oportunidad para los
pícaros, para los grandes pícaros, para los pícaros poderosos que
disponían de medios económicos importantes. Además, ello ha significado
que esos consumidores y usuarios, que en una coyuntura más favorable
podían haber asumido incluso los pequeños fraudes, estén ahora en una
realidad y en una situación tan angustiosa que ni tan siquiera pueden
aceptar esos fraudes del redondeo, esos fraudes de céntimos, esos fraudes
de pocos euros. Ellos merecen la protección de las administraciones
públicas ante esas realidades, pero esta ley no da respuesta adecuada, no
garantiza la protección ante esos grandes fraudes.

El fraude ha sido en estos años generalizado por las
grandes corporaciones, además, de forma absolutamente insolidaria, según
el informe Lagares, que es el que da lugar a la base técnica, entre
comillas, a lo que será una propuesta de reforma fiscal, el cual afirma
que han pagado solo el 3,5% por el impuesto sobre sociedades. Fraude
general a la sociedad, con prácticas comerciales inaceptables e
inasumibles, abusivas. Otra vuelta de tuerca de elusión fiscal en el
impuesto sobre sociedades. El 70% de las reclamaciones de los
consumidores se concentran en los grandes oligopolios: la telefonía, el
suministro eléctrico y de agua y las entidades financieras que, fruto de
la crisis y de la desaparición de las cajas, han ido creando un nuevo
oligopolio que no existía en nuestro país antes de la crisis.

Dos grandes oligopolios: telefonía —y de ello
hablaremos cuando llegue al Pleno de la Cámara ese Proyecto general de
Ley de telecomunicaciones que está en trámite y que reforzará este
oligopolio— y el eléctrico, son los focos fundamentales, junto con
el de las entidades financieras, de la mayoría de los fraudes. Entidades
financieras que tras la concentración en el sector, fruto de la
reestructuración, tampoco parecen dispuestas a renunciar abiertamente,
mucho menos a resarcir y compensar las consecuencias de lo que han sido
prácticas abusivas. Más de tres millones de ahorradores pillados en las
redes de los instrumentos híbridos, preferentes, subordinadas. Según el
informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que analizó el
periodo 2008-2012, hubo cuatrocientas sesenta y una emisiones de estos
instrumentos híbridos, con un valor nominal de 115 283 millones de euros.
Cuatro millones de afectados por las cláusulas suelo. Según el Banco de
España, el 97% de las hipotecas son a tipo variable, y un tercio de estas
tiene cláusula suelo. La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de
2013 ha provocado, según palabras literales de un magistrado de dicho
tribunal, un tsunami jurídico al que juzgados y audiencias, saturados por
la presentación de reclamaciones y demandas, están dando, además,
respuestas diferentes.

Algunos juzgados y audiencias provinciales declaran abusiva
la cláusula suelo y obligan al banco a devolver con efectos retroactivos
las cantidades cobradas de más. Otras audiencias provinciales, aun
declarando nula la cláusula, solo condenan a que esta sea retirada sin
resarcimiento. Y, por último, hay todavía un tercer grupo de audiencias
provinciales que confirma la validez de las cláusulas suelo por entender
que se dio información suficiente al cliente sin que este tercer grupo
confronte con la sentencia del Tribunal Supremo, pues interpretan que la
exigencia que esa sentencia planteaba sobre la necesidad de que se
declarara abusiva como consecuencia de que faltaba información, entiende
que no se da en los casos concretos juzgados.

Frente a esos abusos, la respuesta de las administraciones
públicas ha sido la pasividad, cuando no la complicidad. Inacción de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha elaborado este informe,
pero que durante este periodo 2008-2012, nada tuvo que decir. Lo mismo

podemos afirmar en relación con la falta de actuación del
Banco de España. Hay que recordar que la sanción más alta impuesta en
nuestro país por vulneración de los derechos de los consumidores fue de
2,9 millones de euros a una compañía de telefonía: calderilla para una
compañía de telefonía. Han sido los ciudadanos los que han tenido que
responder de alguna manera a esta realidad buscando amparo ante los
tribunales y encontrando grandes dificultades. Por eso, esta ley debía de
haberse puesto de su lado, debía de haber fortalecido las acciones
colectivas frente a las grandes compañías, que son la única posibilidad
de respuesta cierta y real de los consumidores ante pequeños fraudes
masivos. Esta ley tenía que haber permitido que el ejercicio de estas
acciones colectivas tuviera un cauce legal mucho más propicio. Porque el
problema fundamental de las acciones colectivas es que tienen
consecuencias de futuro por una declaración abusiva o falta de validez de
las cláusulas, pero en ningún caso conllevan condena de resarcimiento.
Los avances que en la tramitación en el Congreso vía enmienda se han
introducido, en esta materia no son suficientes.

También debía de haberse establecido de forma expresa una
regulación de lo que ha sido uno de los instrumentos de fraude que ha
afectado a un mayor número de ciudadanos: las cláusulas suelo, definiendo
de forma concreta y determinada en qué términos estas cláusulas resultan
abusivas y no pueden aparecer en un contrato entre el solicitante de un
préstamo y la entidad financiera. Igualmente, y ante las dramáticas
situaciones a las que la crisis ha abocado o está abocando a muchos
ciudadanos, debería haberse aprovechado la tramitación de este proyecto
de ley para incorporar la introducción de un procedimiento especial de
insolvencia para los consumidores que garantizara que esa realidad
presente, dramática, no se convirtiera además en un lastre, por sus
consecuencias, para el resto de su vida.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por los
senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Y la propuesta de veto número 4 ha sido presentada por el
resto de senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Las dos propuestas las va a defender de manera agrupada la
senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías. Como ya nos tienen acostumbrados, el
Ministerio de Sanidad legisla mal y tarde. Esta es la segunda ley que el
ministerio trae a la Cámara en más de dos años de Gobierno del Partido
Popular. La primera ley también fue una trasposición de una directiva
europea, en ese caso de farmacovigilancia. Ya les dijimos entonces que no
compartíamos su forma de legislar y ahora nos lo vuelven a confirmar.

Señorías, han repetido sus malas costumbres legislativas,
han vuelto a autoenmendar su propia ley, treinta y cuatro enmiendas, dos
menos que en la anterior ley; van mejorando. Llegan con los plazos de
trasposición superados, otra vez, como ustedes mismos reconocen. Y en sus
enmiendas introducen cambios que nada tienen que ver con la ley, repiten
los mismos errores. Quizá por todo eso los informes de los letrados,
tanto del Congreso como del Senado, dejan negro sobre blanco su mala
praxis legislativa. Y digo que nos tienen acostumbrados porque desde el
ministerio que dirige la señora Mato imponen, no legislan, y su gran
ejemplo ya lo conocen: el Real Decreto 16/2012.

Pero entremos a hablar propiamente de la norma que hoy nos
trae aquí, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes que la
complementan. Los senadores del Grupo Entesa compartimos la necesidad de
adecuar nuestra legislación a las directivas europeas. En este caso, la
directiva trata temas tan importantes como el aumento del nivel de
protección de los derechos de los consumidores en los contratos a
distancia, así como la eliminación de cualquier tipo de cláusula abusiva
que pudiera contener o en reforzar la seguridad jurídica de consumidores
y usuarios.

Estamos convencidos de que la armonización europea va a
contribuir a eliminar las disparidades existentes en las distintas
legislaciones de los países miembros, pero pensamos que ustedes
desaprovechan una buena oportunidad. Como ya dice el Consejo de Estado en
su informe, ustedes hacen una legislación de mínimos. Nos hubiera gustado
que el Gobierno hubiese

introducido reformas necesarias para mejorar los servicios
de atención al cliente o en la defensa de los consumidores respecto de
las actividades publicitarias y comerciales agresivas o regulando más
estrictamente el uso del cigarrillo electrónico, igualando su regulación
a la del tabaco. Pero no lo han hecho, alegando que no era el momento,
que no era la ley adecuada, que aún quedaba tiempo para cumplir los
plazos y que nuestras enmiendas pretendían pasar de rondón sobre temas
que no tenían que ver con la ley.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular, quisiera que me
explicaran ustedes qué tiene que ver con la Ley de la Defensa de los
Consumidores la ordenación de las profesiones sanitarias o la
incorporación del personal de los montepíos de Navarra al Sistema
Nacional de Salud. Porque eso es lo que ustedes han introducido en sus
enmiendas y me parece a mí que eso no tiene que ver con esta ley. En esta
ley podrían haber legislado sobre temas tan candentes para la sociedad
española como la pobreza energética —un 38% de las familias
atendidas por Cruz Roja sufren hoy esa pobreza— o las cláusulas
suelo de las hipotecas o el fraude de las preferentes que ha dejado a
miles de pensionistas sin sus ahorros. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señor presidente.

A día de hoy la acción judicial colectiva no está
funcionando como debiera y por ello es necesario modificarla para los
consumidores, para los usuarios, es más, tal y como recoge el Diario de
Sesiones del Congreso, en el debate de una proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista que pretendía fortalecer las acciones colectivas
para hacerlas más eficaces contra los abusos de grandes empresas, el
Grupo Parlamentario Popular justificó su voto en contra diciendo que la
ley adecuada para tratar estos temas es la que hoy discutimos en esta
Cámara. Su portavoz en el Congreso, la diputada Andrea Fabra, dijo
—y leo textualmente—: A juicio de mi grupo, introducir una
modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil relativa a los derechos de
los usuarios y consumidores, cuando se va a iniciar la tramitación
parlamentaria de la ley que regula precisamente estas cuestiones, no
parece que sea la técnica legislativa más adecuada. El proyecto de ley
aprobado el pasado viernes se refiere, señorías, a la ley que estamos
discutiendo hoy en el Senado. Resulta el escenario legislativo más idóneo
en el que debería abordarse esta cuestión para evitar que se produzcan
disfunciones, dudas interpretativas y una evidente descoordinación entre
los distintos textos legales.

Pues bien, en la ley que hoy discutimos no se recogen todas
las mejoras necesarias, quedándonos a medio camino. Pero no solo en eso
nos quedamos a medias, también pierden la oportunidad de regular y dar
protección a los consumidores en temas tan vigentes como el
sobreendeudamiento familiar principalmente por préstamos hipotecarios.
Parece que a veces no recuerden que en nuestro país hay más de 150
desahucios diarios de familias que no pueden afrontar su hipoteca, y esto
genera situaciones muy dramáticas; esto, señorías, no es pasar de rondón,
sino que lo necesario es buscar cómo proteger a los usuarios y
consumidores de productos bancarios muchas veces abusivos.

Y termino apuntando solamente nuestra gran decepción por
esa puerta que han dejado entreabierta regulando el uso de los
cigarrillos electrónicos de manera insuficiente, dando un paso atrás en
la prevención del hábito tabáquico como nunca nos hubiéramos
imaginado.

Por todas estas razones, señorías, mi grupo parlamentario
ha presentado estos vetos. Estamos de acuerdo en la trasposición de
directivas, pero no apoyaremos una norma que se queda a mitad de camino
en todo, dejando sin hacer el trozo que más necesitan a día de hoy los
consumidores y usuarios, o en una palabra: los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

La propuesta de veto número 5 ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.

Intervengo para defender el veto presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista al proyecto de ley que debatimos, por el que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2011/83

del Parlamento Europeo a través de la modificación del
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, y quiero resaltar el texto del
proyecto que debatimos porque luego verán que no tiene nada que ver el
texto que entró en el Congreso de los Diputados con la ley que se va a
aprobar hoy con los votos del Grupo Popular.

Por supuesto que estamos de acuerdo con la transposición de
esta directiva —faltaría más— porque aumenta la protección de
los consumidores en lo relacionado con los contratos a distancia y en los
celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. Pero también quiero
decirles que nuestro veto está hoy más justificado que cuando lo
presentamos —fíjense lo que les estoy diciendo—, está más
vigente que nunca porque a los argumentos existentes entonces debemos
añadir la falta de voluntad política demostrada por el Grupo
Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad para debatir las
enmiendas presentadas por los grupos políticos y, sobre todo, la falta de
rigor en sus argumentos para rechazar tanto los vetos como las
enmiendas.

Es triste que ante un proyecto de ley tan importante para
la defensa de los consumidores —porque consumidores somos todos y
todas—, en una situación en la que hay muchísimas familias que lo
están pasando realmente mal, el Gobierno del Partido Popular cierre los
ojos y no acepte ninguna enmienda de los grupos políticos. Por tanto, se
va a aprobar un proyecto de ley que no resuelve los grandes problemas
existentes actualmente en nuestra sociedad, y eso, señorías, es
lamentable.

Lamentamos y denunciamos la poca ambición del Gobierno por
elevar el nivel de protección de los consumidores y usuarios, y afirmamos
que es una oportunidad perdida porque en lo que llevamos de legislatura
es la primera iniciativa que se presenta sobre consumo —ha habido
otra, que fue también una transposición de la normativa europea, la Ley
de farmacovigilancia, en la que se aprobó de todo menos la
farmacovigilancia, y hoy vamos por el mismo camino—.

Como les decía, si algo ha puesto de relieve la crisis
económica, señorías, es que hoy más que nunca los ciudadanos necesitan
que los Gobiernos, que los poderes públicos les defiendan, y esta ley no
está poniendo en marcha todos los mecanismos adecuados para que esto sea
así. Hoy más que nunca precisan medidas reforzadas y urgentes que palíen
las carencias normativas que se han detectado con motivo de la crisis en
aspectos fundamentales y, como se ha dicho aquí, en los grandes servicios
básicos: la telefonía, los servicios bancarios, el sector eléctrico, que
afectan de forma muy directa y muy profunda a la calidad de vida de los
ciudadanos.

El Gobierno continúa mostrándose insensible a las
principales reivindicaciones de las organizaciones sociales y de las
asociaciones de los consumidores y usuarios. Por mucho que la senadora
Riolobos en la Comisión de Sanidad dijera que los consumidores no se han
dirigido al Partido Popular para mejorar el texto, les tengo que decir,
señorías, que cuando uno lee todos los documentos que acompañan al texto
legislativo observa que hay un informe preceptivo del Consejo de
Consumidores y Usuarios, y ¡qué casualidad! todas nuestras enmiendas
están relacionadas con lo que el Consejo de Consumidores y Usuarios
indicaba que había que mejorar en este proyecto de ley. Pero la señora
Riolobos dice que es una ley maravillosa, con la que están contentísimos,
y que no se ha dirigido a ellos ninguna organización de consumidores.

Yo creo que hay que ser un poco más serios y más rigurosos,
porque, señorías, en política no vale todo. Aquí estamos para legislar, y
sobre todo y especialmente para resolver los problemas de los ciudadanos
y ciudadanas, que son muchos y principalmente desde que gobierna el
Partido Popular, pero ustedes hacen oídos sordos a los grupos políticos;
y esto no lo digo por nosotros, sino porque somos la voz de muchos
ciudadanos que hoy en día lo están pasando realmente mal; por tanto, es
una oportunidad perdida. Además, el Gobierno ha rebasado el límite
temporal para la transposición de la directiva. Aunque la senadora ha
dicho que no, en el documento pone que el límite era el 13 de diciembre
de 2013, y no se ha aprovechado esta oportunidad para resolver cuestiones
básicas.

Este proyecto de ley no aborda cuestiones claves para
mejorar el sistema de protección, como la mejora de los servicios de
atención al cliente o la reforma de las acciones colectivas, con objeto
de fortalecerlas para hacerlas más eficaces y verdaderamente útiles
frente a los abusos de las grandes empresas que utilizan prácticas
abusivas. No se ha aprovechado la ocasión para mejorar los mecanismos
individuales y colectivos de reclamación y resarcimiento de daños. No se
ha aprovechado este proyecto de ley frente al acoso comercial; es verdad
que se ha mejorado pero no lo suficiente. No se ha aprovechado este
proyecto de ley para la articulación de procedimientos

extrajudiciales frente al sobreendeudamiento de los
consumidores, basando sus fases en la mediación y en el arbitraje; por
cierto, hay un informe presentado por el defensor del pueblo en el Senado
que hace referencia a la articulación de estos procedimientos
extrajudiciales frente al sobreendeudamiento. Y tampoco se ha atendido a
lo solicitado por los consejos generales de colegios oficiales de médicos
y por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, junto a la
adhesión de treinta y siete sociedades científicas y asociaciones y
organizaciones de consumidores para equiparar la regulación de los
cigarrillos electrónicos con lo legislado en la ley del tabaco.

Por eso les decía que hoy está más vigente el veto que
cuando lo presentamos; y está más vigente porque nos parece deplorable,
intolerable, que la Comisión de Sanidad diga que presentamos de rondón
una enmienda que no tiene nada que ver con este proyecto de ley, cuando
ustedes no han hecho caso a los informes de los letrados, tanto del
Congreso como del Senado, y han presentado enmiendas y se va a aprobar
una ley en contra de los informes de los letrados sobre la ordenación de
las profesiones sanitarias y con la regulación de los psicólogos, que ya
me dirán qué tiene que ver.

Este asunto, que para ustedes es anecdótico en este
proyecto de ley, para los socialistas es muy importante porque por encima
de todo está la protección de la salud individual, pero sobre todo de la
salud pública y de la colectiva. En la Comisión de Sanidad, la senadora
Contreras fue muy poco rigurosa y muy poco científica, y hoy le vamos a
pedir aquí que rectifique, porque dijo que éramos alarmistas y aseguró
que el vapor no es perjudicial porque solo es vapor de agua. Señoría, eso
no es así y, si no, léase usted la argumentación del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso cuando presentó esta enmienda en la que hacía
referencia a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y
dijo que bajo el principio de precaución no se podía autorizar y que
había que ser muy riguroso en cuanto al uso y consumo de estos
cigarrillos electrónicos, porque en ese vapor, además del vapor de agua
—lo dice el Grupo Popular en sus argumentaciones; luego se las
leeré textualmente— existen partículas, como el propilenglicol y
otras, que son nocivas para las personas, y sobre todo para las que están
en los espacios cerrados. Léase usted, señoría, la argumentación del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en esa enmienda y luego
hablamos. Nosotros lo único que pedimos es que ante las dudas —ya
hay estudios que demuestran que científicamente es perjudicial para la
salud—, hagamos prevalecer la salud pública por encima de todo. Y
nos parece lamentable que usted nos reproche que presentemos esta
enmienda de rondón cuando ustedes han presentado treinta y cinco
enmiendas precisamente de rondón. Tienen una prisa terrible y no aceptan
ninguna enmienda de las doscientas cuarenta y nueve que hemos presentado.
Ustedes no quieren que este proyecto de ley vuelva al Congreso, quieren
que se apruebe aquí y se publique. Tienen mucha prisa, y nos tememos que
está relacionada con una de las enmiendas que presentaron en el Congreso.
Señorías, hay que ser un poquito más serios, hay que ser un poco más
rigurosos y, sobre todo, hay que legislar para las personas que lo están
pasando mal, para esos cuatro millones aproximadamente de personas
afectadas por las cláusulas suelo, pese a lo cual el Grupo Parlamentario
Popular dice que lo está haciendo estupendamente bien.

Les recuerdo que el Grupo Parlamentario Socialista presentó
en el Congreso un Proyecto de Ley para la regulación de los servicios de
atención al cliente en el año 2012, y ustedes dijeron que la iban a
desarrollar. Han pasado dos años y no ha sido así. En este proyecto
también nos dicen que los van a regular. Pero, claro, llevamos
—como digo— dos años ya sin que hayan hecho lo que se
comprometieron a hacer, dos años. También presentó el Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso de los Diputados otro proyecto de ley para
modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, proyecto que no aceptaron
porque no era el foro adecuado; dijeron que la modificación tenía que
hacerse en el Proyecto de Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios;
pero llegamos aquí y tampoco lo consideran oportuno porque lo van a hacer
por otros cauces. Resulta que ustedes ya llevan más de dos años
gobernando y lo único que han hecho es machacar a los consumidores; no
han puesto en marcha ninguna medida para garantizar su protección y
mejorar su calidad de vida, y esa es una realidad, por mucho que ustedes
digan que no, por mucho que se sonrían y por mucho que nos vengan luego a
decir lo malos que éramos los socialistas, que no hicimos absolutamente
nada y que arruinamos a este país. Señorías, ustedes tienen la
responsabilidad y la obligación de gobernar y de hacerlo para las
personas más vulnerables, que lo están pasando muy mal en esta crisis, y
no para las grandes empresas y las grandes corporaciones, que es lo que
se deja entrever en este proyecto de ley y en esas treinta y cuatro
autoenmiendas que ustedes

presentaron en el Congreso de los Diputados. Más rigor, más
seriedad, más compromiso y, sobre todo, legislar para las personas más
vulnerables, para las personas que no tienen empleo, para las personas
que no pueden ni consumir, para las personas que no tienen ni para
consumir. Nuestra obligación, señorías, es protegerles. Por lo tanto,
creo que deberían ser un poco más rigurosos, un poco más serios —no
nos han querido aceptar el veto ni las enmiendas—, y que los
argumentos que sostengan no sean el «tú más», porque eso no vale. Porque
el «tú más», lo mal que lo hiciste, no resuelve los problemas de la gente
que está en la calle y que lo está pasando mal. Señorías, todavía están a
tiempo. Sé que no lo vamos a conseguir, pero sería muy importante,
valdría la pena, que hoy, apelando al consenso y al diálogo —que no
han tenido, porque lo único que han hecho es imponer la mayoría de sus
votos en contra de las resoluciones de los letrados del Congreso y del
Senado—, repensaran y aprobaran alguna de las enmiendas que hemos
presentado los grupos de la oposición.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

En el turno en contra, tiene la palabra la senadora
Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Señorías, intervengo en
representación del Grupo Parlamentario Popular en el Senado para defender
y dejar clara nuestra posición en el turno en contra de los cinco vetos
que han presentado los diferentes grupos parlamentarios en relación con
el Proyecto de Ley por la que modifica el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre.

Quiero agradecer la presencia en la tribuna de una parte
importante del equipo de la Subdirección General de Arbitraje y Derechos
del Consumidor, la Aecosan, que nos acompaña esta mañana. Luego se
incorporarán la subdirectora general, Milagros Yagüe, y la presidenta del
Consejo de la Aecosan, Pilar Farjas. A todos les doy la bienvenida. Y
quiero también dar la bienvenida a los representantes de Adicae, que nos
acompañan esta mañana, y felicitarles por el éxito de su trabajo.

La finalidad de esta norma que hoy traemos a este Pleno
para su aprobación es proceder a la adaptación al ordenamiento jurídico
español de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 25 de octubre de 2011, y que tiene tres objetivos fundamentales en
este nuevo marco.

En primer lugar, dentro del ámbito de los contratos a
distancia y de los contratos celebrados fuera de los establecimientos
mercantiles, e incluyendo las directrices del Tribunal Europeo de
Justicia en relación con las cláusulas suelo, lo que pretende
fundamentalmente es: reforzar la seguridad jurídica de todos y cada uno
de los consumidores, pero también de los empresarios; elevar el nivel de
protección de los derechos de los consumidores y usuarios; contribuir a
eliminar la disparidad que existe en este momento entre las diferentes
legislaciones de la Unión Europea y eliminar el mayor número de
obstáculos para el mercado interior.

Tengo que hacer una breve introducción para que sus
señorías tengan conocimiento —aunque ya lo saben— del
contexto en el que nos movemos en este momento. En nuestro país, y creo
que en el mundo desarrollado, el crecimiento exponencial en los últimos
años y la universalización del acceso a las nuevas tecnologías ha hecho
que la disponibilidad de poderosos instrumentos, como Internet de banda
ancha o la telefonía móvil, hayan dado lugar a un crecimiento exponencial
del comercio electrónico y de la contratación a distancia de servicios.
En este momento estamos hablando de que al año se llevan a cabo más de
43,5 millones de operaciones, que mueven 2800 millones de euros y que
prácticamente entre trece y catorce millones de españoles, que están
entre los 17 y los 64 años, hacen compras o adquisiciones a través de lo
que se denomina comercio electrónico.

Además de esto —y coincido con las afirmaciones que
han hecho algunos de los que han defendido sus vetos—, las
reclamaciones en materia de telecomunicaciones, de energía, de seguros y
de agua han sido muy importantes, especialmente en el año 2011, cuando
todavía gobernaba el Partido Socialista; solamente en las juntas
arbitrales de consumo se presentaron más de 300 000 reclamaciones de
estos sectores, fundamentalmente por falta de información, y

en el Consejo nacional de consumidores, en esas
asociaciones que están ahí, más de 85 000; es decir, que el 30% de las
reclamaciones o denuncias de los consumidores van en esta línea.

Nosotros, como Partido Popular, queremos dejar claro que
partimos de la premisa de que el consumo interno es un espectacular motor
de crecimiento y de desarrollo y, por lo tanto, también de creación de
empleo.

Los criterios que ha seguido el Gobierno para la
transposición de la directiva han sido muy claros y eficaces. En primer
lugar, fidelidad al texto de la directiva; en segundo lugar, modificar lo
mínimo posible la norma y, en tercer lugar, hacer la transposición en el
plazo adecuado. Aunque algunos de los portavoces que me han precedido en
el uso de la palabra han insistido en que vamos mal de plazo, yo les
tengo que recordar que en el mes de octubre el Gobierno, en tiempo y
forma, presentó el texto en el Congreso de los Diputados —habiendo
pasado por todas las consultorías necesarias—, donde ha pasado los
trámites, trece en concreto, de ampliación de enmiendas, y donde lleva
más de cinco meses. Es decir, el Gobierno ha hecho perfectamente su
trabajo; otra cosa es que en la tramitación parlamentaria se haya
retrasado. Además, he de decir que la transposición de esta directiva se
ha llevado a cabo utilizando los criterios de armonización máxima, lo que
impide al Gobierno en algunos casos ir más allá de lo que contempla la
pura directiva.

Por lo que respecta al proyecto de ley que estamos
debatiendo en este momento, considero que mejora muchísimos aspectos,
fundamentalmente en lo que tiene que ver con los contratos a distancia y
los contratos fuera de los establecimientos comerciales. En este sentido,
creo que salen beneficiados los consumidores y los usuarios, y
especialmente los empresarios porque van a tener muy claro qué es lo que
tienen que hacer.

Se amplía muchísimo toda la información preliminar que hay
que dar antes de llevar a cabo contratos o adquisición de bienes. Se
regula muy bien el desistimiento, que pensamos que es fundamental, y
queda claro también cuáles son las consecuencias de la omisión de
información por parte de los empresarios, cuáles son los efectos del
desistimiento tanto para los empresarios como para los consumidores y
cuáles son las obligaciones. Además, se amplía de siete a catorce días el
plazo para el ejercicio del desistimiento; quedan claras cuáles son las
formas y los plazos de entrega de los bienes que se adquieren; y cuáles
son los criterios de transmisión de riesgo de pérdida o deterioro del
producto.

Por otro lado, hay novedades muy importantes, algunas de
las cuales venían ya en el texto y otras se han consensuado a lo largo de
la tramitación parlamentaria, como es que el empresario debe facilitar la
información precontractual en castellano o en cualquier otro idioma que
sea cooficial en las comunidades autónomas o en la Unión Europea; que se
deben evitar en todo momento las cargas encubiertas que tanto molestan a
los consumidores cuando hacen alguna adquisición; que cuando la
información del empresario no haya sido correcta, el desistimiento pueda
llegar hasta los doce meses; que el empresario tenga que contar con el
consentimiento expreso de la compra o adquisición que se ha hecho de una
forma clara y contundente; y, sobre todo, que el usuario y el consumidor
tengan que recibirlo por escrito, por correo electrónico, por fax o por
SMS. Es decir, que cuando hagamos una compra por teléfono no nos quede la
incertidumbre sobre qué es lo que hemos comprado y en qué
condiciones.

Además, en esta norma también se aprueba el formulario de
desistimiento, que creo que es muy importante para los consumidores y,
por otro lado, quedan claras aspectos tan importantes como que cuando el
empresario o el proveedor de servicios dispongan de una línea telefónica
para que los consumidores puedan llamar a informarse o a reclamar, esta
no tenga ningún coste adicional.

Creo sinceramente que este proyecto de ley recoge muy bien
la directiva y la defensa de los intereses y los derechos de los
consumidores y usuarios.

El Grupo Parlamentario Popular considera que los cinco
vetos que han presentado no están justificados en absoluto, y el ejemplo
más claro —fíjense ustedes— es que de cinco vetos solo se han
defendido en la tribuna tres y los dos restantes prácticamente se han
dado por defendidos. Además, los argumentos que esgrimen son muy débiles
y no se sostienen, son bastante incongruentes. De hecho, una de las
razones que ha dado la senadora Llinares, portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, es que no se introduzcan determinadas
modificaciones para no incrementar asuntos que no tienen que ver con la
transposición de la directiva, pero ella misma, tanto en sus enmiendas
como en la defensa del veto de su grupo parlamentario ―que no tiene
nada que ver con lo que está escrito― incluye nuevas
modificaciones. Por lo tanto, no está justificado.

Por otro lado, creemos que sus objeciones están poco
justificadas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista
jurídico y desde el punto de vista político porque no parece razonable
que, después de haberse aprobado en el Congreso de los Diputados
cincuenta y seis enmiendas, que es un número muy importante ―del
Grupo Socialista, nueve, y de otros grupos hasta diez―, veten el
proyecto. Creo sinceramente que ha habido un alto grado de consenso y sus
vetos no se justifican en absoluto, son vetos puramente políticos.

En relación con los vetos que han presentado, me van a
permitir que conteste de forma conjunta a los números 1, de los senadores
Iglesias y Mariscal, y 3, de los senadores Guillot y Saura, porque son
prácticamente idénticos. Por eso me he sorprendido cuando el señor
Iglesias ha dado por defendido el veto de los señores Guillot y Saura. Ha
dicho algo así como que han presentado el veto porque invade competencias
de la Generalitat de Catalunya; me ha parecido entenderle eso. Luego me
lo explica usted. Pero tengo que decir que el veto que han presentado los
señores Guillot y Saura es exactamente idéntico al que han presentado los
señores Iglesias y Mariscal, punto sobre punto y coma sobre coma.

Ustedes, entre sus observaciones, reproches y objeciones a
esta ley, hablan del acceso a la justicia a través de la acción
colectiva, de la regulación clara de las cláusulas suelo de las hipotecas
y de los derechos del deudor consumidor incorporándoles a la Ley
Concursal, concretamente en el procedimiento especial para las personas
consumidoras.

Nosotros vamos a votar en contra, lógicamente, de estos dos
vetos, del número 1 y del número 3, porque además ustedes han incluido a
lo largo de su defensa temas que no están escritos, negro sobre blanco,
en el veto que han presentado. Y, desde luego, todo el relato del señor
Iglesias prácticamente ha sido criticar las políticas del Partido
Socialista en relación con la acción colectiva, con las cláusulas suelo y
con el endeudamiento familiar porque son las políticas más nefastas que
se han hecho en relación con los consumidores y usuarios de este país,
que se hicieron fundamentalmente entre los años 2009 y 2011 y que fueron
realmente lesivas, de una forma brutal, para los intereses de todos los
consumidores, sin que hubiera ninguna protección por parte del Partido
Socialista.

En ese sentido, entendemos que la mejora de la acción de
acceso a la justicia y en particular la acción colectiva debe abordarse
en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, les tengo que comentar que
el Grupo Parlamentario Popular ya está estudiando en el Congreso de los
Diputados introducir las correcciones que se estimen oportunas.

En relación con las enmiendas al proyecto de ley que tienen
que ver con la Ley de Enjuiciamiento Civil, nosotros pensamos
sinceramente que se pueden introducir aquellas correcciones que
consideramos que van a ser fundamentales para la defensa de los
consumidores.

En relación con las cláusulas suelo —y aprovecho para
decírselo a usted, pero también al resto de los ponentes que han hablado
de ello— les quiero recordar que en el año 2009, en esta Cámara se
aprobó por unanimidad una moción en la que se proponía al Gobierno
—en aquel momento del Partido Socialista— que regulara la
definición clara de lo que era la cláusula suelo en relación con su
denominación de cláusula abusiva. Y tengo que decirles que aquello que se
aprobó por unanimidad y que luego el Partido Popular transformó en una
proposición de ley para que se definiera claramente qué era una cláusula
abusiva en junio del año 2010, todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara votaron en contra de que quedara definido. Fíjese usted los
disgustos que se hubieran ahorrado millones de personas —lo han
reconocido aquí todos los portavoces que han intervenido: la senadora
Almiñana, la senadora Llinares y el senador Iglesias—, los
disgustos que se hubieran ahorrado todas las familias —usted decía
que cuatro millones— que tenían en aquel momento contratadas
hipotecas con cláusulas suelo abusivas. En este Parlamento, en este
Senado, el Grupo Popular presentó una proposición de ley y ustedes, todos
los grupos, uno tras otro, dieron argumentos para votar en contra. Es
más, el Gobierno del Partido Socialista se comprometió a traer una
definición antes de que terminara el año y, desde luego, terminó el año
sin que eso hubiera ocurrido.

En el veto número 2, presentado por la senadora Capella, se
plantean dos argumentos: uno de ellos, que el Estado se extralimita al
hacer la transposición de la directiva, y otro, que hay una
discriminación lingüística, porque lo que se exige es que para los
consumidores españoles el texto del contrato esté en castellano y en
algún otro idioma si lo regulan así las comunidades autónomas que tienen
lenguas propias. Nosotros vamos a votar en contra de este veto porque
entendemos

que la transposición de la directiva tiene que hacerse
precisamente en el marco del texto refundido de la Ley General de
Protección de los Consumidores y Usuarios; entendemos, además, que es
perfectamente constitucional la transposición de esta directiva. En este
momento tengo que decirles que hay ya jurisprudencia del Tribunal
Constitucional al respecto, especialmente la sentencia 31/2010 del
Tribunal Constitucional en relación con el artículo 123 del Estatuto de
Autonomía de Cataluña. Asimismo tengo que decirles que el Grupo
Parlamentario Popular entiende que no hay ninguna discriminación
lingüística en esta normativa respecto a que los consumidores españoles
tengan los textos de sus contratos en castellano y que si alguna
comunidad autónoma tiene lengua propia, pueda regular en el ámbito de sus
competencias el que se haga también en cualquiera de los idiomas del
territorio de su comunidad.

Me van a permitir que haga el turno en contra de forma
conjunta en relación con los vetos que se han planteado, tanto el número
5, defendido por la senadora Llinares, del Grupo Parlamentario
Socialista, como el número 4, defendido por la senadora Almiñana, porque
prácticamente los dos son casi idénticos. Y les tengo que decir lo mismo
que antes: me ha sorprendido que aquí en la defensa de sus vetos, la
senadora Almiñana y la senadora Llinares estén introduciendo aspectos que
no aparecen en el texto de los mismos, sí en las enmiendas, como ahora
les explicaré.

Señorías, nos acusan de mala praxis legislativa, y no es
verdad. El Partido Popular y el equipo de Gobierno de Mariano Rajoy
presentó en tiempo y forma esta trasposición de la directiva, y este
proyecto de ley en el mes de octubre. Se ha prolongado muchísimo la
tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Les digo que
ha habido trece ampliaciones del plazo para la presentación de enmiendas
—fíjense ustedes si han tenido tiempo los grupos políticos para
presentar enmiendas y debatirlas—. Dicen que llega tarde, y no
estamos de acuerdo: llega en tiempo y forma.

Ustedes dicen que no regulamos bien los servicios de
atención al cliente. No es cierto, y ahora les explicaré por qué.
Igualmente señalan que no quedan claros los mecanismos individuales y
colectivos de reclamación y resarcimiento. Ustedes dicen que no abordamos
el tema del sobreendeudamiento familiar. Asimismo comentan que no hemos
aclarado muy bien todo el tema del acoso comercial mediante la
agresividad de algunos empresarios vendiendo productos a través del
teléfono.

Les tengo que decir que el Partido Popular ha tenido toda
la voluntad del mundo para introducir todas las enmiendas que han sido
posibles. Les digo que en la tramitación parlamentaria se han aceptado 56
enmiendas de la mayor parte de los grupos políticos —casi todos han
introducido algo en esta ley—.

Creo sinceramente que ustedes tienen muchísima falta de
argumentos para defender aquí los vetos y, por eso, han introducido
elementos que nada tienen que ver con lo que ustedes habían planteado. Y
lo digo, por ejemplo, por la insistencia en hablar de la regulación de
los cigarrillos electrónicos. No aparece ni una línea sobre este asunto
en ninguno de los dos vetos, ni en el de la Entesa ni en el del Grupo
Parlamentario Socialista, y no aparece porque ustedes prácticamente han
copiado el texto del Congreso de los Diputados. La regulación de los
cigarrillos electrónicos fue una propuesta del Gobierno, del Ministerio
de Sanidad, a la que ustedes se adhirieron, que negociaron con el resto
de los grupos políticos y que se votó —salvo UPyD que se
abstuvo— por todos los grupos políticos. Ustedes saben
perfectamente que se ha dado un paso de gigante en este asunto, porque lo
hemos hecho antes de que se aprobara la directiva europea el día 14 del
mes de marzo. (No sé si estará ya publicada, creo que no.)

Sinceramente considero que los vetos que ustedes han
presentado —los números 4 y 5— no están justificados desde el
punto de vista técnico-jurídico, ni siquiera desde el punto de vista
político, por tanto me parece que lo han hecho porque estamos en
precampaña electoral y resultaba muy interesante presentar cinco vetos y
decir que había cinco vetos a la ley. No se entiende que, habiéndose
incluido las enmiendas con las que ustedes estaban de acuerdo, luego
veten esa misma ley, por lo menos el Grupo Parlamentario Popular no lo
entiende.

Por otra parte también tengo que decirles en relación con
dichos vetos que nosotros queremos que la trasposición de esta directa se
apruebe cuanto antes para evitar los retrasos —queremos que entre
en vigor a partir del 13 de junio de este mismo año—.

Creemos que algunas de las enmiendas que ustedes plantean
son ajenas totalmente a lo que establece la directiva y su trasposición.
Consideramos que en todo lo que tiene que ver con la

acción colectiva deben hacerse esas modificaciones a través
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y además, ya le digo que hay mucho
interés y mucha intención por el Grupo Parlamentario Popular, tanto en el
Congreso como en el Senado, para que esto sea así.

Consideramos que los servicios de atención al cliente
quedan muy bien regulados con las enmiendas que se han introducido en el
artículo 21 del texto refundido de la Ley General de Protección de los
Consumidores y Usuarios, que además plantea dos exigencias nuevas muy
interesantes: en primer lugar que prácticamente todas las personas
físicas, jurídicas, empresarios, las pymes, las multinacionales y las
prestadores de servicios tengan la obligación de tener servicios de
atención al cliente y, en segundo lugar, que cuando llamemos a un
servicio de atención al cliente de estas características, se nos dé
inmediatamente un código y sepamos exactamente qué es lo que hemos hecho
y cuál es la defensa que podemos hacer de los mismos. Sinceramente
creemos que el tema del acoso telefónico ha quedado muy bien regulado con
las enmiendas que se han aceptado en el Congreso de los Diputados.

Esta ley es buena. Es una ley que va a proteger de una
forma intensa los derechos de los consumidores y usuarios. Es una ley que
viene con 56 enmiendas consensuadas —5 de Izquierda Unida, 2 del
BNG, 2 de UPyD, 9 de CiU y 9 del Partido Socialista—. Van a quedar
mucho mejor regulados los contratos a distancia, los contratos fuera de
los establecimientos mercantiles; los consumidores van a tener más y
mejor información; las cláusulas abusivas están controladas por lo que ha
hecho ya el Gobierno a este respecto, y los derechos de los ciudadanos
van a quedar más garantizados.

Yo les pediría que retiren ustedes el veto porque realmente
no han dado ustedes argumentos ni por escrito ni en esta tribuna para su
defensa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Riolobos.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señora portavoz, con el máximo respeto —el que usted
no nos ha tenido (Aplausos).—, podrá usted decir que no comparte
nuestros argumentos, podrá decir que usted tiene otros argumentos, pero
lo que no puede decir es que no tenemos argumentos, ni tan siquiera que
nuestros argumentos son débiles. En todo caso, su debilidad será la de
esos 4 millones de afectados por las cláusulas suelo, individualmente
considerados; su debilidad será la de esos más de 3 millones de afectados
por los productos financieros híbridos, individualmente considerados.
Precisamente porque ustedes los consideran débiles, hacen este proyecto
de ley sin la más mínima voluntad de fortalecer su posición frente a
quienes han generalizado el fraude.

El Partido Popular se escuda en que este proyecto de ley
pretende —lo dijo usted literalmente— hacer la transposición
de la directiva y modificar lo mínimo la norma. Ahí está el problema,
señora portavoz, en que esta sociedad en este momento puede ver como
positivo que se produzca la transposición de la directiva, pero a la vez
tiene que ser consciente de que esa transposición no arregla, no supera
la mayoría de los problemas relacionados con el consumo que están
viviendo. De hecho, y adelantando algunas de las consideraciones que
habrá que realizar cuando presentamos las enmiendas, supongo que también
le habrá llamado la atención de que hay una gran coincidencia entre los
grupos, desde posiciones ideológicas y políticas muy diferentes, en el
contenido de esas enmiendas. Yo creo que eso debiera de llevarles a la
reflexión de que si todos los grupos de la oposición, desde esas
perspectivas tan diferentes, no ya en el planteamiento de los vetos, sino
en lo concreto, en la modificación del articulado presentan textos tan
similares, será porque algo falla en el proyecto de ley, será porque este
proyecto de ley deja muchos huecos sin cubrir, y esas enmiendas, más allá
de los vetos, acuden a intentar resolver esa situación.

Es cierto, lo hemos reconocido en la defensa del veto, que
la transposición de la directiva da respuesta —más o menos
adecuada— a las nuevas formas de contratación y a los problemas que
de esas nuevas formas de contratación se puedan derivar, pero el fraude
masivo en este país ha sido con las viejas formas de contratación; el
fraude masivo en este país ha sido —usted misma lo ha
reconocido— con el agua, con la luz, con el gas, con las entidades
financieras que no utilizan fundamentalmente estas nuevas formas de
contratación; el fraude masivo se ha dado con esa

política comercial, fruto de la liberalización en el sector
eléctrico y gasístico, que llama a la puerta, pilla al pensionista, le
enseña un recibo de la luz y le dice: Mire, este es su recibo, le están
cobrando de más, firme aquí y cambie para esta compañía. Y este proyecto
de ley vive de espaldas a esa realidad. Este proyecto de ley no cubre
tampoco otras posibilidades de fraude que se van a dar de forma inmediata
—los famosos contadores inteligentes en el consumo eléctrico, que
son inteligentes para las compañías, a las que dan toda la información,
pero que son bastante tontos para los consumidores, que no serán capaces
ni de entender el contador ni de entender el recibo de la luz que les
llegue como consecuencia de los consumos que ese contador dice que han
realizado—.

Aclaro. Yo di por defendido el veto no de los señores
Guillot y Saura, sino el veto de la senadora Capella, por eso hice
referencia a la invasión de competencias en torno a la Generalitat. ¿Que
coincidan sustancialmente los vetos de los señores Guillot y Saura?
Ocurre otras veces, y usted sabe perfectamente por qué es. En el Congreso
compartimos grupo, estamos en el grupo de la Izquierda Plural, en el
Senado estamos en grupos diferentes. La coherencia nos lleva a los
senadores Saura y Guillot y al senador Mariscal y a mí mismo a defender
posiciones parecidas en el Senado de lo que conjuntamente defendimos en
el Congreso. Lamento que eso pueda hacer que nuestras intervenciones sean
más plúmbeas, más pesadas y más reiterativas, pero es una realidad
política que en la práctica intentamos superar de la mejor forma
posible.

Me acusaba de que estaba realizando críticas al Partido
Socialista. Por supuesto. Si yo hablo de una realidad que se ha dado
desde el 2007 hasta hoy, que cada palo aguante su vela, que cada cual que
asuma la cuota de participación en esa realidad que le corresponde por el
tiempo que han tenido la responsabilidad del Gobierno. Asuma usted la que
corresponde al Partido Popular.

Nos dice que no tiene encaje en este Proyecto de Ley de
Protección a los Consumidores la modificación de la acción colectiva.
Pero es que cuando hace falta de verdad la acción colectiva es ahora
—aunque hacía falta ya hace tres o cuatro años—. Si ustedes
van a plantear una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando ya se
hayan sustanciado todos los procedimientos individuales, los colectivos,
con resultado de futuro, y, por lo tanto, sin resolución del
resarcimiento de las preferentes, de las cláusulas suelo, esos millones
de ciudadanos afectados estarán abriendo un paréntesis de impunidad y
estarán dejando sin respuesta a lo que es el problema inmediato y real
que tiene ahora una gran parte de la sociedad española.

Me decía que en el año 2010 plantearon ustedes una
regulación de la cláusula suelo. Pues mire, en el año 2010 en esta Cámara
no había senadores de Izquierda Unida. Asumo que haya sido así y la creo
perfectamente, lo que no comprendo es que, habiendo una enmienda
específica de mi grupo y de otros grupos ahora, en este proyecto de ley
que define cuándo es abusiva una cláusula suelo, ustedes no la acepten,
ustedes no asuman esa cláusula, porque eso significa que siguen dejando
abierta la posibilidad de que en los contratos financieros, en la
concesión de los créditos hipotecarios fundamentalmente se sigan
estableciendo estas cláusulas abusivas. Aprovechemos la oportunidad de
esta enmienda, regulemos, que ya que no ha sido posible antes, que ya que
no fue posible en el 2010, al menos que sea posible en el 2014.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna, egun on
senatari jaun-andreok.

Voy a ser original y me voy a repetir en todos los
argumentos, lo quiero hacer.

Señorías, el objeto declarado originalmente en esta ley era
la trasposición de la Directiva comunitaria 2011/83 de la Unión Europea,
por la que se modificaban, como ya se ha dicho, toda una serie de otras
directivas europeas para la defensa de los consumidores y usuarios.
Además, como también nos recuerda la letrada de la Comisión de Sanidad y
Consumo en su informe —por cierto, quiero felicitarle porque ha
hecho un gran trabajo—, esta modificación que hoy tenemos que
discutir también tenía otra finalidad: dar cumplimiento a una sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaraba no conforme a
derecho comunitario el artículo 83 del texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Ese parecía el
planteamiento del texto presentado en el Congreso: una ley de artículo
único destinada a solventar estas deficiencias de la legislación interna
española, que, al final, se ha demostrado que tiene muy poco que ver con
lo que ha sucedido en la realidad y con lo que está ocurriendo, por
supuesto, en el trámite del Senado.

Tenemos entre manos una norma elaborada para cumplir la
mencionada directiva europea en su artículo único, pero en sus
disposiciones adicionales y finales modifica todo un rosario de normas,
que, en su mayor parte, poco o nada tienen que ver con la defensa de los
consumidores: la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil; la Ley 7/1996, de
Ordenación del Comercio Minorista; la Ley 3/1991, de Competencia Desleal;
la Ley 34/1988, General de Publicidad; la Ley 16/2011, de contratos de
crédito al consumo; la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones
sanitarias; la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud; la Ley 33/2011, General de Salud Pública; la Ley 14/1996, General
de Sanidad; la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico; la Ley 28/2005, de
medidas frente al tabaquismo. Once normas más la que en realidad tenía
que haber sido la trasposición de la directiva en una ley de artículo
único, dicho sea de paso.

Señorías, es una práctica legislativa totalmente
inaceptable para nuestro grupo, independientemente de las mayorías que
existan en cada momento, y algo que hemos venido denunciando ya tanto
nosotros de manera reiterada como otros grupos de esta Cámara a lo largo
de esta legislatura y algo que, además, ha sido calificado como
incongruente en el informe de la letrada de la comisión, que nos recuerda
que existen varias sentencias del Tribunal Constitucional, ese tribunal
que es tan bueno cuando pita a favor del Gobierno y que en cambio puede
ser ignorado en este tipo de casos cuando se posiciona contra la
modificación por una ley de otra u otras que no tienen conexión material
con esta, algo que también nos recuerda el letrado del Congreso.

La trasposición de la directiva es esencialmente buena,
pero no es ninguna gracia que haga el Gobierno a los ciudadanos, es su
obligación. La gracia era mejorar la Ley de consumidores y usuarios. Esa
era la gracia y, a nuestro juicio, la oportunidad perdida y además
despreciada porque creo que con todas las enmiendas que se han
presentado, por nosotros y también por el resto de los grupos, el texto
podía haber quedado verdaderamente muchísimo mejor.

Al final, señorías, lo que ha hecho el Partido Popular ha
sido meter un proyecto de ley light que pudiera pasar por encima de todos
los informes previos, incluyendo el del Consejo de Estado, que pasa de
rositas por el trámite de enmiendas a la totalidad en el Congreso, que
luego se modifica sustancialmente en el trámite de enmiendas hasta
configurar un proyecto de ley también tachado como incongruente y carente
de homogeneidad material —como indica el informe de la
letrada— y después cerrarlo absolutamente en el trámite del Senado.
Puede ser que para algunos sea coherente el uso y el abuso de la mayoría
absoluta, pero, señorías, esta práctica denota un escaso, un escasísimo
respeto a la dinámica parlamentaria, de la que hablaba también la
senadora Riolobos, y muy poca disposición al diálogo y a la negociación
por parte del Gobierno y del grupo que lo sustenta, y desgraciadamente
más aún en el caso del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que
simplemente no es que no haya entrado a negociar, sino ni a discutir
enmiendas o, en este caso, los argumentos que el grupo vasco de esta
Cámara ha querido aportar para mejorar la ley como único objetivo. Y no
lo ha hecho porque la norma, la propia directiva comunitaria, se tiene
que aplicar a partir del 13 de junio del 2014, una directiva del 25 de
octubre del 2011 que tenía que haber sido traspuesta al ordenamiento
jurídico español antes del 13 de diciembre del año pasado. Eso sin entrar
a valorar el interés que pueda tener el Gobierno en la aprobación
concreta de la disposición final decimotercera. Todo deprisa y corriendo
en detrimento de la calidad de la propia ley.

Senadora Riolobos, usted nos dice que en el Congreso se han
admitido 56 enmiendas. Bien, estupendo, es como debe ser, pero el
proyecto que entró en el Congreso no tiene nada que ver con el que ha
entrado en el Senado. Tienen que ver, pero es muchísimo más amplio el que
entra en el Senado. Y aquí no se admite ninguna porque allí se admitieron
56. Sinceramente, no lo acabo de entender, porque ahora hay tanta
necesidad y se pueden hacer tantísimos cambios en el proyecto de ley que
ha entrado en el Senado como se pudieron hacer cuando entró en el
Congreso, porque el texto no tiene nada que ver.

Señorías, al final ni el deficiente contenido del artículo
único, que era para lo que era la ley, ni la modificación añadida de las
once normas ya mencionadas, ni la actitud del Grupo Parlamentario
Popular, nada de esto nos deja otra alternativa que posicionarnos en
contra de esta ley y, en consecuencia, votar a favor de todos los vetos
que han presentado el resto de los grupos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Señorías, senadora Riolobos, déjeme que le diga que muchas
veces cuando una sube a la tribuna a defender los argumentos de los
ciudadanos a los que representa, tiene la sensación de que las señorías
de la Cámara no la escuchan. En mi caso siempre he pensado que esa
sensación se debía a que hablaba en catalán y a que les daba pereza
ponerse el traductor, pero hoy ha quedado demostrado que eso se debe
simplemente a que ustedes no escuchan, hablemos en el idioma que
hablemos.

En primer lugar, señoría, se ha confundido usted. No es que
se hayan dado por presentados dos vetos, es que el veto del senador
Guillot y del senador Saura ha sido incorporado, puesto que, habiendo
consultado a los letrados si podía defenderlo la misma persona que
defendería el veto de los siguientes senadores —es decir, yo misma
y mis compañeros senadores del grupo de la Entesa—, su respuesta ha
sido afirmativa.

Como usted sabe, nosotros formamos un grupo en esta Cámara,
y lo formamos —precisamente en estos días en que se está hablando
tanto de consenso— porque sabemos consensuar. Quizá por cuestiones
técnicas presentamos dos vetos por separado, pero consensuamos que
teníamos la misma intención ante esta ley, y que, como nuestras enmiendas
eran complementarias, no hacía falta que saliésemos dos veces a defender
lo mismo y valía la pena hacerlo en una sola vez. Lo digo porque creo que
usted se ha confundido cuando ha dicho que este veto lo había defendido
el senador Iglesias, con el que, por cierto, compartimos muchísimas
enmiendas. En este caso, el veto lo hemos defendido desde el grupo de la
Entesa, lo que demuestra que ustedes no escuchan. Quizá por esa mayoría
tan absoluta que tienen ustedes consideran que no es necesario escuchar,
pero precisamente por esa mayoría también deberían considerar que
legislar correctamente, tal y como lo han escrito los letrados, no es un
argumento de suficiente peso para la oposición. Pero tampoco debe
parecerles que tiene suficiente peso como argumento que en este país haya
ciento cincuenta familias que diariamente se quedan sin casa. Pues a
nosotros nos parece que son argumentos de peso que requieren que
intentemos enmendar determinadas leyes, y esta ley sí nos lo permite.

Quiero decirle también que de esas famosas 56 enmiendas que
han aprobado, 30 eran del Grupo Parlamentario Popular, con lo cual quedan
solo 26 enmiendas, de las cuales 17 fueron transacciones, es decir, que
quedan muy poquitas enmiendas aprobadas. No creo que eso sea para
alardear de nada.

Para terminar quiero decirle que la función de esta Cámara
es mejorar las leyes. Si se empieza un trámite de ley con un rotundo no
para aprobar cualquier enmienda, no mejoramos nada.

Señora Riolobos, nuestro grupo va a votar a favor de los
otros vetos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, presidente.

Señorías, muy buenos días.

Como ya anuncié en comisión, nuestro grupo parlamentario va
a votar a favor de los vetos presentados por el resto de grupos de la
Cámara.

Hemos escuchado atentamente los diferentes argumentos de
los portavoces y compartimos muchísimas de las intenciones que expresan
en sus vetos. Además, oyendo la intervención de la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, estamos aún más convencidos de nuestro voto a
favor de los vetos presentados.

Grosso modo entendemos, al igual que los portavoces que han
intervenido hasta ahora, que la ley, más allá de la trasposición de la
Directiva europea sobre la protección de los consumidores en los
contratos a distancia y en los celebrados fuera de los establecimientos
mercantiles, ha permitido armonizar finalmente —porque llegamos
tarde— nuestro ordenamiento jurídico con el

resto de la Unión Europea. Pero es verdad que, más allá de
esto, teníamos una gran oportunidad: atender realmente las necesidades de
los consumidores.

La modificación de esta ley era una magnífica plataforma
para mejorar el nivel de protección de los derechos de los consumidores,
a nivel individual y colectivo, y, en definitiva, para arreglar los
grandes desajustes que todos hemos observado en el mercado a lo largo de
estos últimos años. Sinceramente, no lo han hecho. La ley queda muy por
debajo de lo que esperábamos. Es una auténtica decepción.

Como digo, la reforma debía blindar —repito,
blindar— los derechos de los consumidores. A nuestro entender, con
el texto que ha llegado finalmente al Senado, el que ustedes han
presentado, eso no se consigue. La mayoría de nosotros hemos tenido algún
problema con algún producto o servicio. Esto es algo relativamente normal
y, posiblemente, inevitable. En este sentido, deberían protocolizarse y
regularse estas situaciones. Pero, más allá de eso, me atrevería a
afirmar que lo más grave de estos últimos años ha sido que, posiblemente
todos hemos sido víctimas de fraudes por parte de algunas empresas que
han actuado con mala fe, abusando del vacío legal existente hasta el
momento.

La actual ley presenta muchísimas deficiencias. La multitud
de casuísticas que se han producido, como decía, estos últimos años
obligaban a afrontar una profunda reforma de aquella. Es verdad que
ustedes avanzan bastante en algunos aspectos. No hay ninguna duda de que
han trabajado en profundidad, por ejemplo, respecto a la información
específica que se debe facilitar a los consumidores antes de aceptar un
contrato. También regulan el derecho al desistimiento. Establecen algunos
límites al telemarketing. (No son suficientes, pero es verdad que
empezamos a trabajar en este tema.) Un tema importante: se definen los
recargos que pueden repercutirse a los consumidores cuando aceptan un
producto. Marcan pautas a la compensación por reclamaciones y quejas. Una
serie de límites, entre otros, unos cambios legislativos que posiblemente
favorecerán la desaparición del fraude por parte de grandes empresas, en
especial, de suministros o de telefonía móvil. Pero también es verdad que
no afrontan —lo han dicho los anteriores portavoces— muchos
de los problemas que están encima de la mesa y que tanto han perjudicado
a los consumidores.

La crisis económica ha generado enormes dificultades, ha
fomentado tremendas desigualdades entre ciudadanos, hemos hablado de ello
—desahucios, cláusulas suelo, el tema de las preferentes, los
recientes casos de pobreza energética...—, muchísimos aspectos de
importante calado social que ustedes han querido ignorar y que debían
haber afrontado porque afectan a muchísimos españoles en su condición de
ciudadanos y también en su condición de consumidores. Por lo tanto, era
en esta ley donde debían haberse incorporado cambios legislativos para
protegerlos.

Con la reforma de la ley que han presentado demuestran que
solo quieren proteger a algunos, no a todos. Con su falta de sensibilidad
lo único que hacen es dar la espalda a una realidad, que, les guste o no,
está en las casas de nuestros ciudadanos. Hablaban de los casos de
desahucios que se producen todos los días. Ustedes no pueden
ignorarlo.

Convergència i Unió decidió no presentar ningún veto,
porque sinceramente creyó que el diálogo que se mantuvo durante el
trámite parlamentario en el Congreso volvería a producirse aquí.
Tristemente no ha sido así. No ha habido ninguna posibilidad de negociar
enmiendas. No ha habido ninguna posibilidad de explicar el fondo de
nuestras intenciones. Como decía el portavoz del PNV, al final, lo que
pretenden es mejorar un texto que, en realidad, nacerá con muchísimas
deficiencias.

Lamentamos no haber presentado el veto, porque, como les
digo, creíamos que se podrían incorporar muchas enmiendas. En nuestro
caso, esta propuesta de modificación y de mejora del texto pretendíamos
hacerla vía enmiendas, unas enmiendas que, en realidad, reflejan el
contenido de los diferentes vetos explicados hasta el momento. Por
ejemplo, compartimos las motivaciones expresadas en el veto del Grupo
Mixto, así como en el de Entesa, que específicamente hacen referencia a
abordar el acceso a la justicia, en especial para las acciones
colectivas, y el señor Iglesias ha hablado de la creación de un fondo
para los consumidores insolventes. Nosotros compartimos estos argumentos
y los hemos presentado como enmiendas. Compartimos con Esquerra la
flagrante invasión de competencias y, sobre todo —hablaremos
después de ello y en este caso el señor Iglesias no lo ha comentado, la
falta de respeto a las lenguas cooficiales, y usted se ha anticipado
porque sabe que es uno de los problemas. Y compartimos, por ejemplo,

con el veto del PSOE la necesidad de realizar una reforma
con un calado social, porque realmente es un problema que tenemos en la
calle. Por tanto, todos los argumentos expresados en los vetos los
compartimos y los hemos intentado incorporar vía enmiendas, unas
enmiendas que no se han querido escuchar ni analizar.

Termino. La instrucción del Gobierno ha sido clarísima: el
texto debe estar aprobado esta semana, precisamente para tener aprobada
una disposición que nada tiene que ver con los derechos de los
consumidores. En consecuencia, no podremos votar a favor de la ley y
votaremos a favor de los vetos. Es triste, porque ni siquiera han querido
o han podido, porque no les han dejado, incorporar las enmiendas
propuestas por la letrada con el objetivo de mejorar un texto que al
final va a ir en nuestra contra, es decir, no aprueban enmiendas que
mejorarían la calidad del propio redactado. Repito, nos equivocamos
dándoles ese voto de confianza. Lamento no haber presentado un veto. Su
actitud nos ha sorprendido. Lo siento muchísimo, porque creíamos que
habría diálogo, pero al final el trámite parlamentario en el Senado ha
sido decepcionante, porque no hemos conseguido mejorar un texto que tiene
tantísimo impacto en la vida de todos nosotros. Por tanto, como les he
dicho, votaremos en contra de la ley y a favor de los vetos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señora Riolobos, portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
ha subido usted a la tribuna y nos ha dado unos argumentos para rechazar
nuestro veto y el de los demás grupos políticos. Dice que hemos
presentado veto porque estamos en precampaña electoral, y a ustedes eso
les molesta mucho, quizá porque nosotros tenemos ya candidatura y lista y
ustedes no (Aplausos). Pero no sé qué tiene que ver esto con la Ley de
consumo.

Nos dice que nuestro veto es igual que el veto del Grupo
Socialista del Congreso. ¡Claro, faltaría más! ¿Y ustedes por qué no nos
aceptan ninguna enmienda? Porque el Gobierno les ha dicho que aquí no se
acepta absolutamente nada, porque tienen prisa para que se publique en el
Boletín Oficial del Estado, en relación —y ya lo han dicho otros
portavoces— con una disposición que entró vía enmienda en el
Congreso de los Diputados. Por tanto, ¡claro que se parece el veto!
¡Somos socialistas! ¿Ha descubierto usted algo nuevo? No. Es muy
parecido, prácticamente igual al de los socialistas del Congreso.

Y luego nos echan en cara y nos dicen que entramos de
rondón en la regulación de los cigarrillos electrónicos, que a ustedes
les ha sentado —no sé por qué— como un tiro, les ha sentado
fatal. Quizá sea porque sus argumentos se contradicen totalmente con los
argumentos del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Para que no nos diga que somos alarmistas se lo voy a leer
textualmente. Decía la señora Contreras en la Comisión de Sanidad
celebrada el 18 de marzo de 2004: «... hasta ahora, no se ha descubierto
que ese vapor sea más que vapor de agua. La nicotina la inhalará el
usuario, el que lo consuma, pero la nicotina también se encuentra en los
chicles de nicotina, en los parches de nicotina, en los cigarrillos, pero
no en el vapor. Vamos a ver si somos un poquito serios con lo que estamos
hablando porque se puede llegar a confundir a los ciudadanos cuando no se
tienen fijados los criterios exactamente.» La motivación de la enmienda
del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso señala lo
siguiente: «La evidencia muestra la existencia de efectos fisiológicos
adversos en las vías respiratorias en las personas que vapean similares a
aquellos asociados al humo del tabaco. Se han encontrado» —escuche,
escuche— «sustancias cancerígenas en líquidos y vapor de los
cigarrillos electrónicos. Esto incluye el propilenglicol, las partículas
PM2.5, la nicotina y sustancias cancerígenas que contaminan los espacios
cerrados.» Escuche: que contaminan los espacios cerrados. Aquí no se
había aprobado todavía la directiva europea, por eso nosotros
proponíamos, no de rondón sino con conocimiento de causa y sabiendo muy
bien lo que queríamos, que el cigarrillo electrónico tuviera una
regulación igual a la del tabaco vegetal. Por eso le pido que cuando suba
aquí se disculpe, porque lo que usted ha dicho en la Comisión de Sanidad
no es ni riguroso ni científico. Por lo tanto, le pedimos que se
disculpe.

Lo que van a aprobar aquí, y están tan orgullosos, incumple
la directiva de la Unión Europea. Y es verdad que se aprobó el 18 de
febrero, pero la incumple totalmente en todo lo que tiene que

ver con la publicidad. Y como la incumple y no quieren
aceptar nuestras enmiendas ni nuestro veto, porque el Gobierno les obliga
a que no acepten nada, por lo menos les pedimos que sean rigurosos y se
atengan a los criterios científicos. Insisto en que ustedes desprecian a
treinta y siete sociedades científicas que les están pidiendo lo mismo
que le piden el Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos
políticos.

Dicen que no es cierto lo de la mala praxis legislativa,
pues miren lo que señala el informe de la letrada del Senado, a la que
también queremos felicitar. Recoge aquellas propuestas de modificación
que requieren la presentación de enmiendas, o sea que tendrían que haber
presentado enmiendas porque no es congruente el proyecto de ley que se va
a aprobar con el fondo, que es la protección de los consumidores y
usuarios. Apunta lo siguiente: disposiciones finales sexta y octava,
incongruencia material de la modificación de la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias; disposición final noventa, incongruencia material
de la modificación de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional
de Salud; disposición final décima, incongruencia material de la
modificación de la Ley General de Salud Pública.

Ustedes dicen que nosotros somos incongruentes en una, pero
es que ustedes lo son en todas, en todas. Y en lo que, según usted, somos
incongruentes, las disposiciones finales decimocuarta y decimoquinta, se
apunta: en lo relativo a la «dudosa congruencia». Léalo bien, la letrada
dice «dudosa congruencia», mientras que en todas las suyas señala que son
incongruentes. Por lo tanto, no tergiversen las cosas y den algún
argumento sostenible. Pero, como no lo tienen, se van por los cerros de
Úbeda y hablan de cuestiones que nada tienen que ver con lo que estamos
hablando.

Con su actuación pretenden suprimir el debate parlamentario
de las minorías y, en consecuencia, de sus representantes en el
Parlamento español, quebrantando de manera regular la representatividad
que los ciudadanos nos han dado. Y ya les decimos que el Grupo
Parlamentario Socialista, en nombre de todos los ciudadanos que nos
dieron su voto para que les representáramos en ambas Cámaras, no lo va a
permitir. Vamos a alzar la voz, vamos a denunciar un día sí y otro
también que sus políticas van en contra de la mejora de la calidad de
vida de las personas más vulnerables, de las que menos tienen, y lo han
demostrado. En sanidad presentaron un real decreto —no se
atrevieron a presentar un proyecto de ley— con el que desmantelaron
todo el Sistema Nacional de Salud, y por primera vez implantaron el
copago y por primera vez se excluyó de la sanidad pública a más de 800
000 personas, y eso lo hicieron, insisto, mediante un real decreto ley, y
la única ley que presentan en consumo no tiene nada que ver con la
trasposición de la normativa europea, un proyecto de ley que vamos a
aprobar entiendo que solo con los votos del Grupo Parlamentario
Popular.

Señorías, la Sentencia 119/2011, del Tribunal
Constitucional, afirma que la enmienda no puede servir de mecanismo para
dar vida a una realidad nueva. Establece el criterio de que las enmiendas
guarden una exigencia de conexión u homogeneidad con el texto a enmendar,
y en este caso entendemos que no concurren las exigencias del alto
tribunal, tal y como lo consideran los letrados del Congreso y del
Senado. Señorías, por mucho que se empeñen ustedes, no tienen argumentos
para no aceptar ninguna de las doscientas cuarenta y nueve enmiendas que
presentamos los grupos parlamentarios, que fuimos a una ponencia donde,
tras tomar asiento, y cuando íbamos a empezar el debate, nos dijeron que
no había nada que debatir; y después, esperamos una hora para llegar a la
Comisión de Sanidad donde nos dijeron exactamente lo mismo. Con esa forma
de actuar ustedes, además de romper los principios básicos del
parlamentarismo, están demostrando en definitiva que no les interesa
proteger a los consumidores y usuarios, porque no han puesto en marcha
ninguna medida efectiva para garantizarles su calidad de vida. Es verdad
que la trasposición de la normativa europea mejora algunos aspectos; lo
hemos dicho y está recogido en nuestro veto, pero también lo es que según
las asociaciones de consumidores es totalmente insuficiente porque se
aumentan las infracciones pero no se obliga a las empresas y a las
corporaciones a cumplirlo. Por tanto, señorías, como veo que no nos van a
aceptar ninguna enmienda y que el proyecto de ley va a salir aprobado
solo con sus votos, ya les digo que el Grupo Parlamentario Socialista
comparte lo recogido en todos los vetos presentados y en la inmensa
mayoría de las enmiendas.

Señorías, ya solo me queda apelar al Grupo Parlamentario
Popular para que esas leyes tan maravillosas que hace dos años
anunciaron, pero que todavía no han llegado,…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LLINARES CUESTA: … lleguen en el menor
tiempo posible a esta Cámara para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la
senadora Contreras.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, señor presidente.
Buenos días.

Estamos finalizando el turno de vetos, y una vez que hemos
escuchado con atención las intervenciones de los distintos portavoces nos
tenemos que ratificar en el convencimiento de que no entendemos el porqué
de estos vetos en la trasposición de esta directiva. Creo que es la
primera vez que en la trasposición de una directiva europea a nuestro
ordenamiento jurídico se presentan vetos. Y nos ratificamos en el voto en
contra de estos vetos porque, señor Iglesias, ni en los argumentos que ha
dado hoy aquí ni en los que dio en comisión ni en los textos
justificativos que presentaron hemos encontrado razones de peso para
presentar un veto. Aquí se han dicho algunas ocurrencias —que si el
Partido Popular tiene o no candidato, que si estamos o no en
elecciones— para intentar parar un proyecto de ley que consideramos
muy necesario y beneficioso para los consumidores y usuarios. Por
supuesto, señor Iglesias, máximo respeto a la presentación de los vetos,
pero no estaría usted cuando se presentó en el año 2010 una moción del
Grupo Popular que pretendía declarar abusivas las cláusulas suelo de las
hipotecas y todos ustedes votaron en contra, cuando con ella hubiéramos
adelantado diez años en esta cuestión que ahora quieren abanderar.

Señorías, para empezar les voy a dar una razón muy
importante para votar en contra de sus vetos, y es que es la primera vez
en una Ley general para la defensa de los Consumidores y Usuarios que
ninguna asociación de consumidores y usuarios ha presentado, no digo
veto, sino alguna enmienda, por lo menos, el Grupo Parlamentario Popular
no ha recibido de ninguna asociación de consumidores —y todos
conocemos lo activas que son las asociaciones de consumidores en este
país— la petición de ninguna enmienda a este proyecto de ley,
excepto la trasposición al texto refundido de la Ley para la protección
de Consumidores y Usuarios de las cláusulas suelo y, además, este tipo de
normativas y directivas afecta a otros ministerios, a otras disposiciones
sectoriales y no al Ministerio de Sanidad.

Otra razón para votar en contra de sus vetos es, sin duda,
la no razón. Señora Llinares, el hecho de que haya estado usted en esta
tribuna hablando de enmiendas y no de veto significa que no tienen
razones para el veto, solo tienen razones para las enmiendas, y quiero
recordarle que tendrá tiempo para intervenir en la defensa de sus
enmiendas, por tanto, su argumento para el veto no es de peso, será de
peso para las enmiendas; así que cíñase al turno en el que estamos para
justificar la presentación de su veto.

Ya lo dijimos en comisión, pero algunas de sus señorías y
también los que nos acompañan en la tribuna no estuvieron presentes esa
tarde y no saben que ninguno de los cinco vetos que hoy debatimos
menciona una sola palabra, una sola línea sobre algo en lo que la señora
Llinares ha demostrado mucha vehemencia: el cigarrillo electrónico; ni
una sola palabra ni una sola línea en su justificación del veto. Me dirán
ustedes que esto es enmarañar y enturbiar el debate sobre algo en lo que
no se han centrado.

Por otro lado, me resulta al menos incongruente que digan
que esta trasposición de la directiva europea llega tarde y que al mismo
tiempo la intenten retrasar más. En sus vetos dicen que no cumplimos con
los plazos, pero quieren retrasarlo más. También dicen que hay demasiadas
disposiciones adicionales, que, como todos sabemos, están para modificar
aspectos que intervienen en otras leyes complementarias, pero solicitan
la inclusión de más disposiciones adicionales. Las que se incluyeron en
el trámite del Congreso, con la colaboración de los grupos políticos y
con diferentes colectivos que así nos lo solicitaron, pretendían corregir
determinadas cuestiones que no tienen que ver con lo que ustedes
presentan porque, repito, quieren meter de rondón algo que nada tiene que
ver con esta directiva ni con su trasposición. Además están perdiendo la
posibilidad de hacer un estudio exhaustivo, riguroso y sosegado de una
directiva

europea que se ha aprobado el 14 de marzo de 2014, es
decir, no hace ni quince días, con dos años para trasponerla, siendo,
además, nuestro país líder en llevarlo a cabo.

Resumiendo, señorías, pensamos que esta ley que hoy
debatimos, que modifica el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, es una buena ley, es una ley
necesaria, que va a beneficiar a los consumidores y a los usuarios, que
somos todos, de forma muy significativa. La norma establece un marco para
regular los contratos a distancia, así como los celebrados fuera de los
establecimientos mercantiles. Es importante que se empiece a aplicar
cuanto antes. ¿Por qué? Porque es una reforma que no solo supone un
avance en la protección de los consumidores al adaptar nuestra
legislación a la Unión Europea, sino que, además, va a proporcionar un
impulso y va a aprovechar el potencial de los nuevos modos de consumo
como motor de nuestra reactivación económica.

El comercio electrónico, señorías, es importantísimo y está
alcanzando en estos momentos en España un volumen de negocio, como ha
comentado mi compañera, en torno a los 2800 millones de euros y con un
total de 43,5 millones de operaciones, y no ha dejado de crecer y crecer
en los últimos años; es imparable. Según el Instituto Nacional de
Estadística, hay trece millones de españoles que realizan operaciones a
través del comercio electrónico, y a ellos nos debemos y debemos
aprovecharlo.

Todos sabemos que cada vez más servicios cotidianos, como
las telecomunicaciones, la energía, el gas, la electricidad, el agua y
los contratos de seguros, son contratados a distancia, y son precisamente
estos sectores los que acaparan el 30% de las reclamaciones que
recibieron las asociaciones de consumidores en el pasado año, de ahí, la
importancia, señorías, de trasponer cuanto antes esta directiva para una
mayor protección de nuestros consumidores y usuarios.

Con este proyecto de ley reforzamos la seguridad jurídica,
tanto del consumidor como del empresario que formaliza el contrato con
él. Además de incrementar el nivel de protección de los consumidores,
eliminamos las disparidades existentes en la legislación europea, que
habían creado obstáculos a la cohesión del mercado comunitario en un
momento en el que nuestro país precisa de tanto apoyo para mejorar el
comercio exterior para seguir mejorando nuestras balanzas comerciales y
para seguir aumentando e incrementando nuestras exportaciones.

Por todo ello, señorías, solicito que sigamos adelante en
la tramitación de este proyecto de ley para que haya un consumidor
seguro, que conozca sus derechos, y que sepa que se van a respetar, así
como un empresario que disponga de un marco legal concreto y claro en el
que deba moverse.

Muchas gracias, señor presidente, y gracias, señorías, por
el tono del debate. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Contreras.

Llamen a votación. (Pausa).

5. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

5.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO
DEL EXCMO. SR. D. ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ, PRIMER PRESIDENTE DEL GOBIERNO
DE NUESTRA DEMOCRACIA.

(Núm. exp. 630/000017)

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas. Señorías, antes
de proceder a la votación de las propuestas de veto, voy a leer una
declaración institucional con motivo del fallecimiento del presidente
Adolfo Suárez. Después, guardaremos un minuto de silencio.

Señorías, en la reunión de la Junta de Portavoces del 25 de
marzo de 2014 se acordó someter al Pleno la siguiente declaración
institucional: «El pasado domingo, 23 de marzo, falleció Adolfo Suárez,
primer presidente del Gobierno de nuestra democracia. El Senado muestra
su pesar por esta gran pérdida para España y transmite a su familia sus
más sentidas y profundas condolencias.

El presidente Suárez, de la mano de S.M. el Rey don Juan
Carlos, ejerció como la figura política de conciliación que nuestro país
requería para poder llevar a cabo la transición y para después construir
el sistema democrático en el que ahora vivimos.

La sociedad española estará siempre en deuda con Adolfo
Suárez por haber conseguido personificar el valor del consenso, del que
es heredera nuestra Constitución, y por haber entregado

su vida al logro de la consecución de la libertad de sus
conciudadanos y de la consagración del imperio de la ley. Al
agradecimiento debe sumarse la admiración por haber logrado esos
objetivos mediante la defensa de los valores en los que se sustenta
nuestra actual convivencia: la conciliación, el pluralismo, la tolerancia
y el diálogo alejado de la confrontación.

Adolfo Suárez afirmó que «es preciso demostrar con hechos
lo que somos y lo que queremos». Hoy la historia reconoce que el
presidente Suárez supo demostrar con hechos lo que quiso y, sin duda, lo
que fue: una persona sensata, un luchador por la libertad y, sobre todo,
un hombre de Estado que puso como meta de su vida el servicio a su país y
el bien común de todos los españoles. Todos los que disfrutamos de la
democracia que Adolfo Suárez ayudó decisivamente a construir tenemos el
deber de honrar su memoria y de seguir su ejemplo para seguir haciendo de
España un país próspero y admirado por su compromiso con la libertad, la
justicia, la igualdad, como valores superiores que inspiran nuestro orden
político y social».

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada. (Fuertes y prolongados aplausos).

Les ruego a todos que guardemos un minuto de silencio. (La
Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

4.1.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y
USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE. (Continuación).

COMISIÓN: SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

(Núm. exp. 621/000065)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las
propuestas de veto. Se ha autorizado el voto telemático a las senadoras
doña Catalina Montserrat García Carrasco, doña María de los Ángeles
Ortega Rodríguez y doña Juliana Fernández Cueva Lominchar, quienes han
votado en contra de todas las propuestas de veto. Por lo tanto, sumaré
estos tres votos al resultado de la votación aquí, en el hemiciclo.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 2, de
la senadora Capella.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234, más 3 votos telemáticos, 237; votos emitidos, 234, más 3
votos telemáticos, 237; a favor, 86; en contra, 148, más 3 votos
telemáticos, 151.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto número 1, de
los senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235, más 3 votos telemáticos, 238; votos emitidos, 235, más 3
votos telemáticos, 238; a favor, 88; en contra, 147, más 3 votos
telemáticos, 150.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores
Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235, más 3 votos telemáticos, 238; votos emitidos, 235, más 3
votos telemáticos, 238; a favor, 88; en contra, 147, más 3 votos
telemáticos, 150.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, de todos los
senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos
los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235, más 3 votos telemáticos, 238; votos emitidos, 235, más 3
votos telemáticos, 238; a favor, 88; en contra, 147, más 3 votos
telemáticos, 150.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, finalmente, la propuesta de veto número 5, del
Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233, más 3 votos telemáticos, 236; votos emitidos, 233, más 3
votos telemáticos, 236; a favor, 88; en contra, 145, más 3 votos
telemáticos, 148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, rechazadas las propuestas de veto, pasamos al
debate de las enmiendas.

En primer lugar, los senadores Iglesias y Mariscal han
presentado las enmiendas números 10 a 47.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.
(Rumores).

Señorías, por favor, guarden silencio. Señorías, abandonen
el hemiciclo en silencio, por favor. (Continúan los rumores). Señorías,
el senador Iglesias no va a comenzar su intervención hasta que no haya
silencio. (Pausa). Muchas gracias.

Tiene la palabra su señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Señorías, hemos formulado un grupo de enmiendas, muchas de
las cuales, como anunciaba en mi intervención en la defensa del veto,
resultan coincidentes con las de otros grupos. Son enmiendas de diferente
calado; algunas simplemente aspiran a ser una mejora técnica o a dar
respuesta a necesidades específicas de determinados colectivos; otras
intentan compensar las ausencias que existen en el proyecto de ley y que
vertebraron la fundamentación de la presentación del veto. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías, por favor. Es imposible oír al orador.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Enmendamos para que en los
envases de los medicamentos se realice una rotulación en lenguaje
Braille, para que, al menos, su caducidad pueda ser accesible y conocida
por las personas con problemas de visión.

Establecemos la propuesta de que en los contratos
negociados por servicios financieros y en los que afecten a bienes
inmuebles se introduzcan cláusulas que refuercen el respaldo y el apoyo a
las personas con discapacidad.

Introducimos una regulación de las oficinas municipales de
información al consumidor, a propuesta de la Federación Española de
Municipios y Provincias, planteamiento que también habrán recibido sus
señorías de otros grupos.

Enmendamos para establecer la gratuidad de los servicios de
atención al cliente y la prohibición expresa de que se establezcan
números con una tarifación adicional en la comunicación de los
proveedores con los consumidores y usuarios.

Coincidiendo con otros grupos, defendemos la necesidad de
que sea factible por parte del juez la suspensión de una acción colectiva
interpuesta por una asociación de consumidores cuando esta tenga relación
con la empresa o las empresas demandadas.

Enmendamos para que se exima a las organizaciones de
consumidores de la imposición de costas en los procesos de defensa
colectiva de los consumidores, salvo cuando la acción sea manifiestamente
temeraria.

Reforzamos la exigencia de información previa al
consumidor. Por tanto, rechazamos las cortapisas que se introducen en el
proyecto para esta exigencia.

Igualmente, y coincidiendo con la mayoría de los grupos,
defendemos en nuestras enmiendas la obligatoriedad de que las empresas
apliquen la normativa de protección de datos en relación con aquellos
datos que les proporcionan los usuarios.

Creemos que en la información debiera utilizarse no
solamente el castellano, sino las lenguas cooficiales del Estado.

Planteamos que si la empresa no entrega el producto o no
provee el servicio en el plazo de treinta días, los consumidores puedan
optar entre exigir el cumplimiento o plantear ya de frente la resolución,
sin que se vean forzados a requerir al proveedor para el cumplimiento de
un plazo mayor.

Introducimos la obligación de las empresas, en los casos de
resolución de contrato, de comunicar esa resolución a la financiera para
que no se den situaciones en que la financiera que haya garantizado el
pago del producto continúe cobrando al adquirente inicial tras la
resolución del contrato.

Introducimos en una enmienda la definición de prácticas
abusivas como toda acción contraria a la diligencia profesional.

Establecemos expresamente, como destacaba en la
argumentación del veto, una definición de las cláusulas suelo como
abusivas cuando se den determinadas circunstancias: cuando no haya límite
a la subida de tipos, cuando el límite que se establezca a la bajada sea
igual o mayor al 40% del índice de referencia en el momento del contrato
o cuando el límite a la bajada y a la subida sea igual o mayor a los
puntos porcentuales.

Planteamos en otra enmienda que la empresa utilice como
elemento de identificación el más claro, el número de identificación
fiscal.

Enmendamos para que conste expresamente en la información y
en el contrato el coste de los diferentes medios de pago. Igualmente,
para que se establezca una información precisa sobre el sistema de
tratamiento de las reclamaciones que posteriormente puedan plantear los
consumidores y usuarios. Asimismo, que esa información precisa alcance a
las condiciones de los compromisos de permanencia y a las penalizaciones
que se puedan derivar del incumplimiento de estos compromisos.

Creemos que los mecanismos de reclamación extrajudicial
deben ser gratuitos, y por ello debe quedar claro que lo van a ser.

Presentamos una enmienda en relación con la contratación
telefónica para introducir la obligación de que se remita la grabación,
que sirve como prueba del hecho de la contratación y de sus condiciones,
al consumidor que lo solicite.

Enmendamos para que en los contratos de servicio el plazo
de desistimiento cuente desde el día en el que efectivamente empieza a
prestarse ese servicio.

Establecemos que siempre debe reconocerse el derecho del
usuario a percibir el doble de lo que pagó si hay retraso en la
devolución.

Igualmente, introducimos una enmienda para que exista una
factura escrita, una certificación en papel, bimensual, de las empresas
de servicio que realicen facturación electrónica.

Introducimos una nueva disposición adicional para que en el
plazo de tres meses el Gobierno realice un estudio del impacto económico
y social que tendrá la generalización de las facturas electrónicas;
específicamente, en cuanto a su repercusión sobre los servicios de
correos.

Planteamos la necesidad de que se creen unidades de apoyo a
las acciones colectivas en los juzgados correspondientes cuando las
dimensiones del proceso lo exijan, para evitar esas situaciones de
saturación de juzgados y tribunales.

Modificamos la disposición transitoria para que la
regulación de las cláusulas suelo, que pretendemos introducir con algunas
enmiendas anteriores, entré en vigor desde la publicación del proyecto de
ley en el Boletín Oficial del Estado.

Sin esperar a la modificación que plantea el Gobierno de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, introducimos una modificación en este
proyecto vía enmienda para potenciar las acciones colectivas de los
consumidores —de forma muy somera me referiré a los contenidos de
nuestra propuesta—. En este sentido, proponemos que se legitime a
las asociaciones de consumidores, al ministerio fiscal, al Instituto
Nacional del Consumo y a los órganos y entidades de consumo de los
ayuntamientos y de las comunidades autónomas competentes en esta
materia.

Igualmente, incorporamos la recomendación de la Unión
Europea de 11 de junio de 2013 sobre financiación de las entidades
capacitadas para interponer acciones de este tipo.

También reflejamos en nuestra propuesta el derecho a
acceder a datos de los que solo disponen las empresas para poder
fundamentar la demanda.

Asimismo, en nuestra propuesta reflejamos el derecho al
resarcimiento fruto de la acción colectiva sin tener que plantear
procesos individuales posteriores.

Presentamos una enmienda para facilitar la acumulación de
acciones.

Acotamos igualmente el concepto de litispendencia, para que
las acciones colectivas no se conviertan en un obstáculo para las
reclamaciones individuales.

De nuevo reiteramos en esta modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que no se impongan las costas en los casos de
acciones colectivas, salvo que haya una temeridad manifiesta.

En algo a lo que se hizo referencia ya en el debate de los
vetos, planteamos coherentemente la supresión de aquellos elementos que
podemos considerar exógenos al proyecto y que se introdujeron en la
tramitación en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, que se suprima
la regulación de la tarifa electrónica, que parece que además se ha
convertido en el obstáculo insalvable para que se asuma alguna de las
enmiendas que hemos planteado el resto de los grupos; e, igualmente, la
referencia a los trabajadores y funcionarios de los montepíos de Navarra
y su incorporación al Sistema Nacional de Salud.

En referencia al cigarrillo electrónico, aun cuando es
cierto que hubo una transaccional en el Congreso, sostenemos la enmienda
porque creemos que el debate sigue siendo necesario y siguen siendo
válidos los argumentos fundamentales que desde los ámbitos relacionados
con la sanidad se han hecho llegar a los diferentes grupos. El elemento
fundamental, en mi opinión, ya no es solo si las emisiones contienen
nicotina o no, sino si la motivación inicial de la aparición del
cigarrillo electrónico, que era el convertirse en un elemento que
propiciaba y facilitaba el abandono del consumo de tabaco, es cierto o
no. Desde luego toda la información que hemos recibido parece indicar que
no es cierto que este instrumento, este sistema, facilite el abandono del
hábito de consumo de tabaco, sino que, por el contrario, arraiga el
hábito en los fumadores. Si esto es así —y todo parece indicar que
lo es— creemos que en nada contribuye a la política general
desarrollada en materia sanitaria, cuya finalidad precisamente es reducir
esos hábitos de consumo.

Finalmente, planteamos un procedimiento concursal especial
para usuarios y consumidores, que también reseñaré de forma muy breve.
Sus contenidos fundamentales son la necesidad de que haya un
procedimiento negociador previo, promovido por el consumidor con sus
acreedores, con el fin de intentar alcanzar adhesiones a una propuesta
anticipada de convenio. Si no se logra la adhesión de la mitad de los
representantes del pasivo, el juez resolverá aceptando o desestimando la
declaración de concurso por parte del consumidor. En el caso de que
acepte la declaración del concurso, nombrará un asesor consumista, un
administrador, y fijará el régimen de administración.

Desde el inicio del procedimiento negociador no podrán
realizarse ejecuciones singulares ni apremios administrativos o
tributarios sobre ese consumidor y se suspenderán los juicios
declarativos en tramitación. Si finalmente no es posible alcanzar el
convenio, el consumidor presentará un plan de pagos específico que el
juez podrá aprobar. En el caso contrario de que el juez no apruebe esta
propuesta o este plan de pagos específicos, el juez decretará la apertura
de la fase de ejecución y será en esta fase de ejecución en la que si el
acreedor hipotecario se adjudicase la vivienda, el deudor al menos
quedará liberado de la deuda hipotecaria pendiente. De alguna forma se
articularía un nuevo mecanismo de dación en pago.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

El Grupo Mixto presenta dos grupos de enmiendas: las
números 1 a 8, inicialmente presentadas por el señor Eza Goyeneche, la
señora Salanueva y el señor Yanguas, y la número 9, inicialmente
presentada por los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 8, tiene la palabra la
senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor
presidente.

Si me lo autoriza, intervendré desde el escaño —por
brevedad— para defender las ocho enmiendas que hemos presentado,
que no tienen otro interés que mejorar o profundizar un poco

en la filosofía general del proyecto de ley, filosofía que
compartimos, todas ellas relativas a plazos de respuesta de las quejas, a
profundizar en una mayor información al consumidor, plazos también del
incumplimiento de las entregas; pensamos que se penaliza más al
consumidor, que es la parte más débil, más desfavorecida, que al propio
empresario.

Otro grupo de enmiendas son la 7 y la 8, relativas a la
importancia que nosotros damos a la mediación, y por eso hemos hecho unas
propuestas para incorporar en el Sistema Arbitral de Consumo. Entendemos
que las propuestas que se realizan de educación y de formación tienen
poco peso en las previsiones sobre la mediación.

En cualquier caso, para que quede también clara nuestra
postura, nos parece correcto el proyecto de ley. Como se ha dicho, es una
trasposición de una directiva que ya era hora de que se traspusiera. Como
digo, lo compartimos y nos damos por muy satisfechos con la incorporación
de la enmienda 246 en el Congreso, que ha dado origen a la disposición
adicional tercera que solicita y va a suponer de facto la integración en
el Sistema Nacional de Salud del personal de los montepíos de las
administraciones públicas.

Por lo tanto, nos parecería muy positivo que las enmiendas
que hemos presentado fueran apoyadas. En cualquier caso, el
posicionamiento al conjunto del proyecto de ley será favorable por parte
de Unión del Pueblo Navarro.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda número 9, tiene la palabra
el senador señor Quintero Castañeda.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Intervendré también desde el escaño. Presentamos una única
enmienda de adición, que también se presentó en el Congreso de los
Diputados. Incluso la presentamos a la Ley de Telecomunicaciones y el
propio Gobierno y el ministerio nos contestaron que la veían positiva,
pero nos aconsejaron que la incluyéramos porque encajaba mejor en esta
ley de consumo. Yo espero que el Grupo Popular la apruebe porque así se
acordó en el Senado. Es una enmienda que tiene unos fundamentos muy
claros. Señorías, para que lo entiendan, más del 70% de las empresas que
ejecutan digitalmente el comercio electrónico no venden a Canarias, con
lo cual nos parece que se está excluyendo y discriminando a un
territorio. Y lo hacen por dos razones: primero, por la comodidad de los
sistemas aduaneros que tenemos, unos sistemas que hay que decir aquí que
entre el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Hacienda ya se están
poniendo en marcha unos trámites telemáticos mucho más eficaces que van a
abaratar ese coste. Pero, evidentemente, nos quedamos con que más del 70%
de las empresas que venden hoy en día telemáticamente excluyen a
Canarias, con lo cual esta ley, y así nos lo trasladó el Gobierno en el
Congreso, era la apropiada para incluir esta enmienda.

Lo que pretendemos con ella es que no se discrimine a
Canarias, puesto que hay una directiva europea en el marco de Europa 2020
que se refiere al comercio electrónico único europeo. En consecuencia no
seríamos españoles ni tampoco europeos si el Grupo Popular no apoyara hoy
una enmienda para garantizar que también se pueda vender en Canarias.
Además, nosotros incluimos en la enmienda, para que no suponga ningún
coste para las empresas, que, evidentemente, el coste de transporte y de
aduanas para vender cualquier artículo por medios telemáticos a Canarias
sea a cargo del comprador, con lo cual la empresa no tendría ningún coste
añadido. Lo que me parece sorprendente es que los canarios y canarias
podamos comprar telemáticamente a Alemania, a Australia, a China, a
Estados Unidos y nos llegue la mercancía a Canarias, y que con empresas
españolas o radicadas en España no sea posible.

Por tanto, pedimos al Grupo Popular que apoye esta enmienda
con la que todos estamos de acuerdo. La presentamos a la Ley de
Telecomunicaciones en el Congreso, se nos dijo que la pasáramos a este
Proyecto de Ley para la Defensa de los Consumidores en el Senado y
esperamos, en definitiva, que se acepte.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador señor Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias.

Señor presidente, si usted me lo permite intervendré desde
el escaño.

El Grupo Vasco ha presentado diez enmiendas, ocho son
insistencias, porque están entre aquellas cincuenta y seis que el Grupo
Popular no admitió en el Congreso, y dos que presentamos en esta Cámara.
Esencialmente hay tres bloques. En primer lugar uno más técnico en el que
planteamos la necesidad de que los servicios telefónicos de atención al
público en general y al cliente en particular sean gratuitos; que el
empresario titular comunique la resolución del contrato principal a la
entidad que suscribió el contrato complementario; y que no se puedan
exigir los costes directos de la devolución al usuario.

Otro bloque se refiere al respeto a los derechos
lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias de las comunidades
autónomas con lengua propia distinta del castellano, fundamentándose en
los artículos 6 y 7 de la Directiva 2011/83. Está bien que los contratos
y las informaciones puedan ser en cualquier idioma de la Unión Europea,
pero yo conozco mucha gente que sabe euskera y castellano y difícilmente
se va a poner ahora a leer en danés. Por lo tanto, tampoco hubiera estado
mal que se hubieran incorporado estas enmiendas al texto.

Presentamos una última a la disposición final segunda
porque se utiliza la trasposición de una directiva comunitaria para
modificar la Ley de Ordenación del Comercio Minorista en lo que se
refiere a una serie de cuestiones directamente vinculadas con la materia
comercio, cuya regulación pertenece a las comunidades autónomas que
ostentan competencia exclusiva en esta materia de comercio interior en
función, en el caso vasco, del artículo 10.27 y 10.28 en el que se nos
atribuyen competencias exclusivas en comercio interior y defensa de
usuarios y consumidores. La distribución competencial que se contempla en
el texto de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista configura un
régimen de actuación en relación con esta materia en el que comparten
espacio el título estatal de derecho mercantil de la competencia y los
que la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta en materia, como he
dicho, de comercio interior y de defensa del consumidor y del usuario. Se
trata de un ámbito de actuación compartido que esta disposición final
segunda, en sus apartados 3, 4 y 5, pretende transformar en su totalidad
al asumir el legislador estatal la regulación completa de estos aspectos
de la actividad comercial sobre los que las comunidades autónomas
ostentan competencia exclusiva.

Estas son las enmiendas que nosotros hemos presentado. No
tenemos evidentemente ninguna esperanza de que el Grupo Popular vaya a
aceptar absolutamente ninguna. Por lo tanto, votaremos en consecuencia
cuando llegue el momento.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Cazalis.

El Grupo Parlamentario Entesa per Progrés de Catalunya
presenta dos grupos de enmiendas..

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra la
senadora señora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Señorías, el grupo de la Entesa
ha presentado en total noventa y seis enmiendas. Defenderé las más
relevantes y daré el resto por defendidas.

Del total de reclamaciones tramitadas en 2013 por Facua y
Consumidores en Acción, más de 7500, el 27,3%, se dirigieron contra la
banca.

¿Qué es lo que denuncian los consumidores? Las denuncias
contra entidades financieras se han disparado desde 2012. Fíjense, en
2012 representaban el 16,5%, mientras que en el 2011 representaban solo
el 7,8%; y ya les he dicho que en 2013 eran el 27,3%. Y destacan las que
están puestas por comisiones cobradas irregularmente, por la aplicación
de cláusulas abusivas en préstamos al consumo o hipotecarios, pero las
grandes protagonistas de las denuncias en 2013 fueron, sin duda, las
cláusulas suelo y las participaciones preferentes. Esta es la razón por
la que hemos presentado nuestra enmienda 76, que propone incluir en el
artículo 87 de la ley un punto en el que se recogen como cláusulas
abusivas las denominadas cláusulas suelo, porque eso es lo que son,
abusivas, y muchas veces están escondidas en los contratos hipotecarios;
hay que leer páginas y páginas relativas a los intereses, que incluyen
fórmulas matemáticas, porcentajes, índices de referencia, publicaciones
oficiales, normativa bancaria, para llegar al final a la cláusula suelo;
cláusulas que no protegen al consumidor, sino que engrosan los beneficios
de las entidades financieras.

Otra realidad que ya hemos comentado antes ha sido el
número de desahucios registrados en nuestro país: en el primer semestre
de 2013 fue de 19 567, de los cuales, 15 451 fueron vivienda

habitual. Es un número realmente alarmante. Por eso,
nuestra enmienda 125 recoge lo que también consta en el informe del
Defensor del Pueblo, presentado recientemente en el Senado: la creación
de un procedimiento sencillo, gratuito para resolver el problema del
sobreendeudamiento de los consumidores, de carácter extrajudicial, que se
base en la mediación, en el arbitraje, y añadimos, además, que el
acreedor solo podrá iniciar los trámites judiciales si antes ha acudido a
este procedimiento. Pues bien, esta enmienda ni tan siquiera ha sido
considerada.

Otras enmiendas a destacar serían la 86 y la 128, en las
que proponemos mejoras importantes en los servicios de atención al
cliente, como garantizar que los servicios telefónicos siempre tengan la
opción de ser atendidos por un operador, y no solamente por un
contestador, como nos pasa al día de hoy; o que el tiempo de espera que
nos tendrá el operador pendiente tendrá unos máximos garantizados por
ley, no se eternizarán las llamadas y el sobrecoste económico para el
consumidor, por lo tanto, no será tan importante. O la garantía de que la
conversación va a ser grabada previo conocimiento del consumidor y no
solamente en la parte contractual, sino también en aquella parte en que
se nos hace la propuesta de la venta, donde a veces se producen engaños o
malos entendidos en la compra del producto o servicio.

También consideramos que no hacen falta duplicidades en la
información que se suministra a los consumidores y por eso proponemos en
nuestra enmienda 104 que el usuario elija la lengua con la que quiere ser
informada: catalán, euskera, gallego o castellano. Nos da igual, pero no
hace falta que le suministremos una copia en catalán y otra en castellano
si él elige, por ejemplo, el catalán como lengua para entender su
contrato.

Terminaré con una enmienda, la 141. Esta enmienda recoge la
inquietud, la demanda y la preocupación de treinta y siete entidades
distintas, entre ellas la Organización Médica Colegial. Esta enmienda
pretende equiparar las restricciones en la publicidad, en el patrocinio y
en el uso del cigarrillo electrónico a las que se aplican al tabaco. Me
explicaré. Tal como está la norma, tal como se va a aprobar la norma en
esta Cámara, que es como vino del Congreso porque ustedes no han aceptado
ninguna enmienda, se prohíbe el uso del cigarrillo electrónico en los
hospitales, en las escuelas, en las administraciones públicas, en los
transportes públicos, en los parques infantiles y ya está y se da un paso
atrás en lo que todos compartimos, y empleo las palabras que utilizó la
ministra Mato en esta Cámara dando respuesta a una pregunta de la
senadora Chivite. La ministra dijo: todos sabemos los innumerables y
sólidos beneficios que ha tenido para la salud pública la ley antitabaco.
Pues parece que ya no lo sabemos. Porque, díganme, señorías, si ahora
vamos a permitir el uso de cigarrillos electrónicos en bares, en
restaurantes, en oficinas, en supermercados. ¿No les parece que eso es
dar un paso atrás en salud pública? ¿No les parece que eso es dar un paso
atrás en la lucha contra el tabaquismo? Pues a nosotros nos lo
parece.

A día de hoy no sabemos cuáles van a ser las consecuencias
para la salud del uso de cigarrillos electrónicos. Sabemos que llevan
nicotina y sabemos que la nicotina es un producto adictivo; sabemos que
dos de cada tres usuarios de cigarrillo electrónico consume al mismo
tiempo tabaco y, por lo tanto, se usa como sustituto, no como algo para
dejar de fumar; sabemos que hay entre seiscientos mil y ochocientos mil
consumidores de cigarrillos electrónicos en nuestro país y también
sabemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda precaución por
falta de informes concluyentes sobre la repercusión que va a tener en
nuestra salud.

Este es un nuevo fenómeno, es un fenómeno que está de moda.
En 2009 había solo dos tiendas de cigarrillos electrónicos en España; a
día de hoy tenemos tres mil doscientos establecimientos donde se venden
cigarrillos electrónicos, según la Asociación Nacional del Cigarrillo
Electrónico. Por cierto, esta patronal se muestra satisfecha con la
directiva europea, la recientemente aprobada, como ustedes han comentado,
que da dos años más al margen de la legislación y también con la norma
tal y como está a día de hoy en el Senado. ¿Saben quién está también muy
satisfecho de cómo va a quedar esta norma? Pues el sector de la
restauración, el sector que luchó en contra de la ley antitabaco, ese
sector, ese lobby está encantado porque ahora va a poder dejar que sus
usuarios fumen cigarrillos electrónicos delante de niños.

Nos ha costado mucho en este país que los fumadores
aceptaran la ley, que fueran rigurosos y respetuosos con ella. Está dando
buenos resultados y ustedes lo saben. También lo reconoció la ministra,
pero lo sabemos por la disminución de sucesos cardiovasculares que se han
producido desde que entró en vigor la ley en nuestro país. Eso es una
evidencia. Ahora vamos a ir muy para atrás en eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo
vamos a enseñarle a un niño que el cigarrillo que se está

fumando en un restaurante el señor de enfrente, su padre,
es menos perjudicial que el que se fuman otros en otros sitios? Yo creo
que es realmente incomprensible ver cómo hemos perdido la oportunidad de
volver a ser pioneros en legislación.

A nosotros nos hubiera gustado que hubieran considerado
alguna de nuestras enmiendas porque estamos convencidos de que mejoran la
ley y consideramos que hemos perdido una gran oportunidad, como les
decía, para ser pioneros en Europa. Solo Francia y Bélgica han prohibido
el uso del cigarrillo electrónico en espacios cerrados. También podríamos
haber apuntado hacia ahí.

Quizá recuerden —a lo mejor no, porque a ustedes no
les apetece recordarlo, pero nosotros sí lo hacemos— que una vez
fuimos pioneros en Europa en legislar sobre derechos civiles y sociales,
pero eso fue en otra época. Gobernaban los socialistas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora señora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado un total de treinta y seis enmiendas al texto que nos
ha llegado del Congreso. Se trata de unas enmiendas que, como expliqué en
la sesión de la comisión de la semana pasada, se podrían dividir en
diferentes bloques.

Un primer bloque pretende mejorar el redactado del texto
eliminando precisamente ciertas ambigüedades o contradicciones que
creemos que claramente podrían ser perjudiciales para los consumidores.
Han sido los vacíos legales y la falta de concreción los que ha permitido
que en estos últimos años muchas empresas hayan utilizado estrategias
comerciales extremadamente agresivas, hasta el punto de vulnerar e
invadir claramente los derechos de los usuarios y de los consumidores.
Por este motivo creemos que es estrictamente necesario eliminar todas las
ambigüedades que en su texto han quedado reflejadas y que pueden ir en
contra de los derechos. Por ejemplo, frases, por ejemplo, como «salvo que
dicha información resulte evidente por el contexto» creemos que deben ser
eliminadas.

Segundo bloque. Lamentablemente, la historia reciente nos
ha demostrado que las tácticas de las grandes empresas han llevado al
límite de sus posibilidades a muchas familias, que incluso lo han perdido
todo, como por ejemplo la vivienda. Presentamos una batería de enmiendas
que pretenden proteger el derecho a una vivienda de todos los
consumidores en general, pero de los más vulnerables en particular, a los
que por cierto la crisis, como saben, ha golpeado más fuerte. Queremos
protegerlos a todos de la mala praxis de algunas entidades. La
Constitución establece que todos los españoles merecen tener una vivienda
digna y adecuada, y a pesar de que evidentemente no es un derecho
fundamental, era necesario hacer un repaso de lo sucedido en estos
últimos tiempos, era el momento para hacer un zum y ver exactamente qué
es lo que ha pasado, analizar qué ha provocado, por ejemplo, tantos
desahucios estos últimos tiempos y blindar —lo he dicho
antes— los derechos de los consumidores —en este caso el de
la vivienda, tan importante para todos—.

Sinceramente, me parece un poco hipócrita por su parte no
haber querido meterse en este tema cuando es probablemente, junto con la
falta de alimentación o las enfermedades, uno de los problemas más graves
a los que puede enfrentarse cualquier persona. Señorías, es un problema
real, existente en la sociedad actual y que nos afecta no solamente como
ciudadanos, sino como consumidores, porque detrás de un desahucio hay un
contrato, unos compromisos y, mayoritariamente, unos abusos y un fraude.
No se trata de una problemática que hay que abordar exclusivamente desde
una perspectiva social, que también —lo hemos dicho antes—,
sino que es necesario abordarlo también desde una perspectiva de la
defensa de los derechos de todos los consumidores, y en esta ley se debía
incorporar una demostración de su compromiso en este tema.

Creemos que su negativa a abordar esta cuestión es un error
y una auténtica decepción. La gestión de la pobreza, la gestión de las
desigualdades pasa también, sin ninguna duda, por la gestión de los
derechos de los consumidores y, por lo tanto, obviar estos problemas no
es correcto.

Por este motivo, desde nuestro grupo hemos presentado una
serie de enmiendas vinculadas a los contratos de préstamo y de créditos
de garantía hipotecaria en los que el bien hipotecado es

la vivienda. Desde incluir como abusivas las denominadas
cláusulas suelo a establecer un proceso para regular la mediación
obligatoria entre las entidades financieras y las personas afectadas por
la ejecución hipotecaria en la vivienda habitual.

Creemos que con este proceso formal de mediación podemos
llegar a medidas alternativas al lanzamiento evitando así la ejecución
hipotecaria. La crueldad y gravedad de la situación ha llevado, como he
dicho, a que muchísimas entidades hayan tenido que mediar de manera
informal entre familias en situación extrema y los propietarios o las
entidades financieras titulares de los créditos con el objetivo final de
encontrar soluciones más adecuadas, más proporcionadas y justas para
evitar, en definitiva, que estas familias llegando al límite de sus
posibilidades, tengan que verse literalmente en la calle. Como les ha
requerido Europa en varias ocasiones a lo largo de estos últimos años, su
obligación era intervenir en materia hipotecaria, y de hecho en esta ley
esto debería haberse reflejado.

Visto que en el texto no han incorporado aspectos como los
que les estoy explicando, es evidente que hayamos tenido que presentar
enmiendas para instar al Gobierno a que se pongan las bases en un proceso
de mediación que debe ser formal para casos excepcionales. Pero más allá
del tema específico de los desahucios y haciendo también un ejercicio más
profundo de la protección real al derecho a una vivienda digna, hemos
presentado también una batería de enmiendas que hacen referencia a las
empresas suministradoras de servicios de agua, electricidad y gas.
Especialmente en este sentido lo que se quiere conseguir es que ningún
usuario se pueda quedar sin servicio, ni por algo tan sencillo como puede
ser un cambio de suministrador o proveedor, ni tampoco por algo más
complicado, como es la incapacidad de pago por parte del usuario. Este es
un mandato europeo respecto del cual los Estados debemos tomar medidas
adecuadas para garantizar, por ejemplo, el suministro eléctrico a las
personas que se hallan en situación de vulnerabilidad económica. Como
ustedes saben, el Gobierno durante mucho tiempo ha hecho caso omiso de
este mandato europeo ignorando los efectos negativos de la coyuntura
económica que, en general, como he dicho, ha provocado muchísimas
dificultades. Incluso muchísimas familias han sido incapaces de afrontar
ni siquiera los gastos de los suministros especialmente durante los meses
de invierno, que es cuando más se necesitan. Por eso nosotros proponemos
crear —el Grupo Parlamentario Mixto antes hacía referencia a una
enmienda similar— un fondo de garantía para la protección de los
consumidores vulnerables, fondo que debería permitir atender, por
ejemplo, estos casos de necesidad.

Tercer bloque. Enmiendas vinculadas a las personas que
sufren algún tipo de discapacidad. Son enmiendas que darían cumplimiento
a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, un tema sobre el que deberíamos haber debatido esta semana
en la Comisión de Sanidad si lamentablemente no se hubiera desconvocado.
Sabemos que las personas con discapacidad son consumidoras que en muchas
ocasiones se enfrentan a una falta de información correcta, completa y
comprensible teniendo auténticas barreras para conseguir una información
de calidad y de forma fácil. De ahí la necesidad de eliminar, como decía,
las barreras en el ámbito de esta comunicación.

Saben ustedes que nuestro grupo parlamentario es muy
sensible a este colectivo. Sinceramente, no entendemos que ni tan
siquiera estas enmiendas se puedan tomar en consideración. Espero que
puedan argumentarnos por qué unas enmiendas que van dirigidas al
beneficio de un colectivo que tanto lo necesita también queden fuera de
esta ley.

Cuarto bloque. Es un bloque de enmiendas vinculadas a la
mejora de la protección de las acciones colectivas. Queremos poner las
bases para que las acciones colectivas sean mucho más fáciles y ágiles.
Se trata de eliminar las barreras actuales, las dificultades existentes
en este momento para que estas acciones colectivas sean realmente un
instrumento y se puedan utilizar en beneficio de todos.

Queremos proteger a los consumidores más y mejor. Y estas
acciones colectivas son un instrumento imprescindible. Proponemos adaptar
la ley a las recomendaciones de la Unión Europea sobre los principios
comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación e
indemnización.

Nos gustaría destacar, por ejemplo, que entre todas las
enmiendas, proponemos la creación de un fondo económico que se nutriría,
precisamente, de las indemnizaciones no cobradas por parte de los
consumidores no identificados. Este fondo se destinaría a apoyar a las
organizaciones para que fomenten o inicien acciones colectivas. Ayudaría
muchísimo a mejorar la protección de

los derechos de los consumidores a nivel colectivo y nos
parece que debería incorporarse al texto. Proponemos también que este
tipo de acciones disfruten de justicia gratuita, que no tengan ningún
gravamen o costas, al menos, en primera instancia.

En este tramo final de mi intervención, quisiera hacer
referencia a tres enmiendas en concreto. La enmienda 165, de supresión de
la disposición final decimotercera, vinculada al precio de la luz. Como
han dicho el resto de los portavoces, ustedes, vía disposiciones de las
leyes, arreglan las defectuosas. En este caso, se trata de una ley de su
propia cosecha. En el mundo de la calidad o de la excelencia empresarial,
el concepto de la no calidad adquiere un enorme valor. Evidentemente,
ustedes no trabajan con este prisma, así, en todos los Plenos, vemos cómo
aprovechan las leyes que traen a debate para modificar leyes que ustedes
mismos, de manera rápida e ineficaz, han querido aprobar. Estamos
arreglando lo que ustedes estropean. Además, tampoco tenemos claro que
con estas prisas lo que proponen sea una solución.

Creemos que el establecimiento de la metodología para el
cálculo del precio de la electricidad no se puede despachar con tantísima
ligereza como lo están haciendo ahora. Es una cuestión técnica que afecta
directamente a todos los consumidores y, evidentemente, también a todos
los operadores. Por lo tanto, debe establecerse y definirse sin
improvisaciones, y una vez que se haya realizado realmente un debate
completo sobre este tema.

No planifican, improvisan. Y hacerlo es de una enorme
gravedad. Además, condicionar la calidad de una ley, como esta, la de los
consumidores, porque tienen la necesidad urgente de aprobar una
disposición que nada tiene que ver con los derechos de los usuarios, nos
parece absolutamente irresponsable e intolerable.

Hemos presentado una enmienda en relación con un tema del
que han hablado los grupos de Entesa y socialista, el de los cigarrillos
electrónicos. En nuestro caso, proponemos una disposición sobre la venta
y el suministro de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y
productos similares. En concreto, proponemos que estos dispositivos
puedan venderse únicamente en establecimientos comerciales dedicados
exclusivamente a su venta, o bien, en estancos. Asimismo, insistimos en
la prohibición de la venta o entrega de complementos a los menores de 18
años. Creemos que es necesario controlar e intervenir tanto el proceso de
venta como el consumo, especialmente, para los colectivos vulnerables,
como son los menores. Por lo tanto, hemos presentado una enmienda en este
sentido, posiblemente, menos dura que la que plantea el Grupo Socialista,
pero que va en la línea de controlar el suministro, uso y consumo de este
tipo de productos.

Una última enmienda —importantísima— es la 147,
vinculada a la obligación de respetar las lenguas cooficiales del Estado
español. Habla de una línea roja que, como ustedes saben perfectamente,
en nuestra opinión no se debe sobrepasar. Solamente por este aspecto
votaremos en contra de la ley. Es muy triste que la misma semana en la
que tanto se ha hablado de la recuperación de la democracia, de la
Constitución, de la credibilidad política, de la inclusión, ustedes
vulneren totalmente la Carta Magna y se queden tan tranquilos; es
decepcionante. Ustedes en el texto propuesto consideran que la
información precontractual debe facilitarse al consumidor al menos en
castellano y se olvidan del resto de lenguas cooficiales en el Estado
español.

Nosotros presentamos una enmienda que dice textualmente lo
siguiente: «La información precontractual debe facilitarse al consumidor
y usuario de forma gratuita y al menos en castellano, sin perjuicio de
las obligaciones de plena disponibilidad lingüística en aquellos
territorios con diversas lenguas oficiales.»

Sinceramente, señora Riolobos, este texto, en este aspecto,
demuestra mala fe y me atrevería a decir traición. Se olvidan de
proteger, tal como define el artículo 3.3 de la Constitución, el resto de
lenguas cooficiales del Estado español. Esto, desde mi punto de vista, es
absolutamente intolerable. Les guste o no, señorías del PP, este Estado
es plurinacional y cuenta con diferentes historias, diferentes culturas y
diferentes lenguas. Y saben perfectamente que nosotros no vamos a tolerar
esta falta de respeto. Desde CiU lucharemos siempre para defender lo que
es nuestro. Pero, sobre todo, los catalanes nunca, nunca dejaremos de ser
lo que somos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Toledo para defender las enmiendas 180 a 239.

El señor TOLEDO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado un conjunto de sesenta enmiendas al proyecto de ley que
reforma el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios. Con todas y cada una de las enmiendas que hemos
presentado mi grupo pretende, sin lugar a dudas, la mejora del texto, así
como contemplar diferentes vías para la solución de los problemas que
actualmente se les plantean a los consumidores y usuarios en nuestro país
porque, o bien no se recogen o se recogen de forma muy limitada en el
proyecto de ley que nos han presentado en el Senado. Y se recogen así,
fundamentalmente, porque el Gobierno ha realizado una transposición de
mínimos de la Directiva 2011/83, sin profundizar en algunas cuestiones de
gran importancia que indudablemente pueden servir para elevar el nivel de
protección de los consumidores y usuarios para este tipo de ventas de las
que estamos hablando actualmente: ventas a distancia y ventas fuera de
establecimiento mercantil.

Tal vez al Grupo Parlamentario Popular el trámite
parlamentario de aprobación de este proyecto de ley le resulte algo
tedioso e incluso inútil —diría yo—, habida cuenta de la gran
mayoría que ostenta en esta Cámara —(Rumores). Sí, señorías—
y del gran trabajo negociador que han realizado en la tramitación de este
proyecto de ley. Y digo gran trabajo negociador, y no salimos de nuestro
asombro ni yo ni ninguno de los diputados y diputadas, perdón, senadores
y senadoras, tampoco los diputados en el Congreso de los Diputados,
porque no se acepte ni una sola de las doscientas cuarenta y nueve
enmiendas que hemos presentado; ni una sola, señorías; ni una sola
enmienda. Resulta incomprensible a cualquier razonamiento que ninguna de
las enmiendas presentadas pueda suponer un valor añadido, una mejora,
aunque sea pequeña, en el texto del proyecto de ley que nos han
presentado.

Como ya comenté en mi intervención en la Comisión de
Sanidad, esto tiene mucho de arrogancia política. Esto es un gran ejemplo
de la negociación política que realiza el Grupo Parlamentario Popular en
sede parlamentaria y va a tener reflejo en las condiciones de vida de los
ciudadanos, pues van a rechazar un gran número de enmiendas que, sin
lugar a dudas —y no es casualidad que todos los grupos de la
oposición de esta Cámara estemos de acuerdo en una gran cantidad de
enmiendas— ni siquiera van a ser valoradas por ustedes. Tal vez
puedan pensar que nosotros hemos presentado este número de enmiendas para
complicarles la vida, porque, utilizando esa palabra que hoy parece estar
de moda, lo de meterla de rondón —o como se diga, porque en mi
tierra no se dice así—, parece que ustedes sí quieren que esta ley
pase de esa forma por el Senado.

Este proyecto de ley, obligado por la transposición de la
Directiva de la Unión Europea 2011/83, se convierte en una oportunidad
perdida para mejorar la protección de los consumidores y usuarios. Voy a
realizar un repaso de alguna de las enmiendas que ha presentado mi grupo
parlamentario y daré el resto por defendidas, no porque considere que no
tienen importancia, sino porque con sesenta enmiendas de tanto calado
podríamos estar hablando aquí más de una hora. Así pues, y si me lo
permiten, voy a hacer un pequeño resumen de algunas que mi grupo
parlamentario considera que pueden ser resaltadas en este turno.

Las enmiendas números 222 y 239 al apartado dos, de
adición, hacen referencia al incremento de la protección de las personas
con discapacidad, tal y como ha comentado anteriormente el Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió. El objetivo fundamental es
facilitar una información completa, correcta y comprensible sobre los
diferentes productos y servicios, ampliando la obligatoriedad en la
regulación del braille en los medicamentos para que figure también la
fecha de caducidad, pues actualmente solo se pone el nombre y el
principio activo. Pues bien, esta enmienda tampoco se va a aceptar, y
sinceramente no sé qué problema puede tener aceptar que la fecha de
caducidad se incluya también en este sistema braille para que los
discapacitados invidentes puedan saber cuándo caducan los medicamentos.
Esto, señorías, no deja de sorprendernos.

La enmienda número 223 modifica la redacción del cuarto
párrafo del apartado 2 del artículo 21 del texto refundido, y obliga al
empresario a que ponga a disposición de los consumidores una línea
telefónica gratuita a efectos de comunicación por un contrato celebrado.
Asimismo incluimos la expresa prohibición de que exista un desvío de
llamadas a otros números que impliquen además un coste añadido para el
consumidor, bien sea vía telefónica bien sea a través de un mensaje de

texto u otro sistema análogo, y que esto se realice cuando
el consumidor lo único que quiere es poder ponerse en contacto con el
empresario para informarle de cualquier queja o reclamación o cualquier
incidencia con el servicio contratado y ofertado. La actual redacción del
proyecto de ley, la que no se va a modificar, señorías, establece un
coste máximo para este tipo de llamadas, y leo textualmente:…no
superior a la tarifa básica, sin perjuicio de los derechos de los
proveedores de servicios de telecomunicaciones de cobrar por este tipo de
llamadas. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia). No solo el texto es realmente ambiguo, sino que nosotros
entendemos que realmente se va a cobrar a los consumidores si así lo
quieren las empresas o proveedores de servicios de telecomunicaciones
cuando un cliente vaya a utilizar este tipo de servicios. Por tanto,
estos servicios no son gratuitos y ustedes no quieren aceptar las
enmiendas para que lo sean.

La enmienda número 226, al artículo 24 del texto refundido,
que lo es de adición, pretende depurar el ejercicio de la acción
colectiva, separando si procede a organizaciones que puedan actuar, como
ha ocurrido en algunos casos, como parapeto de las propias entidades
demandadas, al igual que ocurre en el tema de la figura del conflicto de
intereses.

La enmienda número 228, y con la que coincidimos con todos
los grupos parlamentarios, tiene que ver además con ese informe del
Defensor del Pueblo, del que se ha hablado aquí ya, sobre crisis
económica e insolvencia personal, actuaciones y propuestas. El informe no
es nuestro, sino de la defensora del Pueblo, que es quien lo ha
presentado.

A tal fin, incorporamos un procedimiento extrajudicial en
casos de sobreendeudamiento, como se ha comentado anteriormente, un
procedimiento sencillo y gratuito de carácter extrajudicial y basado
evidentemente en la mediación y el arbitraje. Hay que destacar el hecho
de que resultará preceptivo, como también se ha comentado, acreditar que
se ha acudido a este procedimiento por parte de los acreedores antes de
poder iniciar —y esto sí nos parece muy importante, señorías—
el correspondiente procedimiento judicial. Esto puede suponer una
garantía añadida a los consumidores en relación con la negociación de una
deuda que tengan pendiente y puede frenar —tal vez no en todos los
casos pero sí en muchos— la escalada de desahucios que tenemos.
Esta enmienda tampoco se va a aceptar, señorías, no entendemos por qué,
porque realmente puede mejorar el texto de este proyecto de ley.

Las enmiendas números 232, de modificación, y 234 y 235, de
adición, amplían y mejoran la información precontractual que deben
recibir los consumidores y usuarios antes de la formalización del
contrato, en concreto, con relación a las garantías, tanto legal como
comercial, a los servicios de postventa, al plazo durante el cual el
empresario garantiza al consumidor la existencia de piezas de repuesto
para los productos que ha vendido, una vez que han dejado de fabricarse,
etcétera.

La enmienda de modificación número 233 tiene que ver con el
idioma, con la forma en que debe ser facilitada al consumidor la
información precontractual. Para nosotros esa forma es evidente y lógica:
gratuita, eliminando cualquier referencia a la lengua utilizada para
dicha información porque el Grupo Socialista considera que debe
mantenerse la redacción vigente de la letra f) del artículo 60.2 del
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y, además, la exigencia de la lengua no deriva de la
transposición de la directiva porque, como ustedes pueden comprobar
—estoy convencido de que lo habrán hecho— el considerando 15
de esta directiva señala expresamente que no armoniza los requisitos
lingüísticos aplicables. ¿Por qué razón se modifica el proyecto de ley en
el tema de la lengua, señorías, cuando no existe ese problema? El
consumidor elige la lengua en la que quiere que se le mande el contrato,
si lo quiere en castellano, que lo elija en castellano, si lo quiere en
catalán, que lo elija en catalán, o en vasco, etcétera. Es decir, no
entendemos cuál es el problema, salvo que ustedes tengan otro tipo de
interés político, ideológico para incluir este tipo de cuestiones, al
menos en castellano. Nos parece absolutamente innecesario, además,
complica al consumidor y aumenta el gasto para el empresario cuando tenga
que mandar el contrato en dos idiomas, según la redacción de este
proyecto de ley. Por tanto, evidentemente, esta enmienda tampoco va a ser
aceptada, señorías.

La enmienda 238, de adición, contempla una serie de
sanciones efectivas y proporcionales, disuasorias en caso de
incumplimiento de las normas imperativas, sobre todo en cuanto a
facilitar al consumidor la información precontractual.

En concreto, la enmienda 200, de adición, al artículo 108
del texto refundido, habla sobre las consecuencias del incumplimiento de
requisitos de información y se faculta en todos estos casos

al consumidor para solicitar la nulidad del contrato o la
rebaja del precio total en un porcentaje como mínimo del 25% del precio
total como penalización.

La enmienda 187, de adición, que consideramos muy
interesante, añade un nuevo párrafo al artículo 77 con el objetivo de que
tras ejercer el derecho de desistimiento de los consumidores, en el
supuesto de contratos vinculados a financiación, y que la entidad
financiera siga reclamando el cumplimiento del contrato complementario de
crédito, deberá ser el empresario titular del contrato principal el que
deberá comunicar a la entidad financiera con la que se suscribió este
contrato de crédito complementario a la venta instándole a resolver el
contrato complementario de crédito y que no sea el consumidor el que
tenga que hablar con la entidad de crédito, por cierto, casi siempre
elegida por el propio empresario, no solo para ejercer el derecho de
desistimiento con el empresario según la ley sino también con la empresa
que ha utilizado el empresario que carga la financiación de ese producto,
bien o servicio que hemos comprado o contratado.

Señorías, ¿cuál es el problema de esta enmienda? Señora
Riolobos, señora Contreras, ¿cuál es el problema de estas enmiendas? Yo
creo que son bastante lógicas, además, casi coincidimos todos los grupos
en esta Cámara —no el Grupo Parlamentario Popular, que no ha
presentado ninguna enmienda; ahora hablaré de ello también— sobre
este tipo de enmiendas.

En la enmienda 188 deseamos incluir expresamente la
regulación legal de contratos de importe inferior a 50 euros. Parece un
poco tonta esta enmienda, si me lo permiten, señorías, pero es más
importante de lo que parece. Una gran parte de compra de bienes, una vez
que se realizan telemáticamente bien por teléfono, bien por ordenador o
Internet, responden a cantidades pequeñas; por tanto, queremos hacer
resaltar que se incluyan también en esta normativa esos contratos
inferiores o menores que en un momento dado pueden quedar fuera de la
regulación de esta modificación del texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

En cuanto al spam, del que ustedes tanto han alardeado
aquí, quiero decir que es una enmienda aprobada por el Congreso, transada
por todos los grupos, que no solamente fue a propuesta de ustedes
—se cuelgan la medalla, nos parece perfecto, cuélguense todas las
medallas que quieran— pues estábamos todos los grupos de acuerdo, y
así se aprobó. Y nosotros aquí lo que hemos hecho es añadir un paso más,
y es que, efectivamente, la comunicación comercial que no quieran los
consumidores no solamente se reduzca a un límite de tiempo determinado
como establece el proyecto de ley, sino que cuando el consumidor decida
formalmente que no quiere recibir ese tipo de publicidad comercial, pase,
como mínimo, un año hasta que la empresa pueda volver a mandarle ese tipo
de comunicación. No entendemos cuál es el problema. Ustedes dan como
solucionado el problema del spam o bombardeo publicitario a los
consumidores. Nosotros pensamos que no está solucionado, que simplemente
se ha mejorado pero no se ha ido mucho más allá; se ha ido a una mejora
mucho más importante de este problema que tienen los consumidores y
usuarios.

En la enmienda 202 pretendemos reducir el plazo que el
empresario tiene para ejecutar el pedido de treinta a quince días,
simplemente porque pensamos que durante todos estos años han mejorado
mucho los sistemas de comunicación y de transporte y, por tanto, quince
días nos parece más que suficiente. Aquí quiero hacer un pequeño inciso
con respecto a Canarias —no me corresponde porque no es una
enmienda nuestra, es de su señoría, el senador Quintero —, y es que
nos parece absolutamente increíble que no acepten una enmienda cuando se
está discriminando a las islas Canarias respecto a la venta a distancia.
No pueden aceptar ni siquiera esa enmienda. Perdóneme, señor Quintero,
simplemente hago esa referencia porque es que cada día me sorprenden más
las señorías del Grupo Parlamentario Popular.

La enmienda 203 se refiere a la sustitución del bien o
servicio contratado a distancia, en relación con el derecho del
consumidor al rechazo cuando se le ha suministrado un producto o un
servicio de iguales características; es decir, que el consumidor pueda
rechazarlo. Evidentemente, no es lo que yo he comprado, no es lo que he
adquirido, no es lo que he contratado, por tanto, no quiero este de
similares características sino, simplemente, anular el contrato, y si ha
habido alguna contraprestación dineraria, pues que se haga la
correspondiente devolución.

La enmienda 201 se refiere a la apreciación de oficio por
parte del juez —algo que también se ha comentado en la defensa de
los vetos— de que una cláusula es abusiva, aunque las partes no lo
hayan invocado al respecto. Se trata de incorporar —como ya he
comentado, no voy a

extenderme mucho más— la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de las cláusulas
abusivas en los contratos.

La enmienda 205, de adición, es posiblemente la más extensa
de las que hemos presentado, y pretende incorporar un libro completo, el
V, al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, en el que se regule de forma exhaustiva, en
profundidad, los servicios de atención al cliente.

No voy a extenderme mucho más, voy a citar cuatro extractos
que consideramos muy importantes. Destacamos que las empresas que tienen
que dar este servicio de atención al cliente lo hagan con sistemas que
sean gratuitos para el consumidor, eficaces, accesibles y evaluables, que
tengan por objeto fundamentalmente atender y resolver las reclamaciones,
las quejas o cualquier incidencia que tenga el consumidor. Que cuando una
queja o reclamación, solicitud de información, comunicación de avería u
otra incidencia, se formule vía telefónica o electrónica, la empresa
prestadora de servicios garantice que dicha atención sea personal y
directa al cliente.

Por tanto, nosotros pedimos con esta enmienda completa que
se prohíba el empleo de contestadores automáticos u otros métodos
análogos. Comentaba anteriormente, en relación con otra enmienda muy
parecida, que creemos que la utilización de números de tarificación
adicional debe estar prohibida absolutamente porque estos servicios han
de ser gratuitos. También se especifica —y no es baladí este
asunto— que en ningún caso estos servicios de atención al cliente
deben proporcionar ingresos adicionales a las empresas prestadoras de los
servicios o a los proveedores de estos servicios a costa del cliente.
Parte de esta enmienda es de garantía para que ninguna empresa se
aproveche de estos servicios que debe facilitar un empresario cuando
decide que su comercio, que su negocio, es la venta a distancia fuera de
establecimiento mercantil y que tiene que ser consciente de que nuestra
obligación como legisladores es aumentar el nivel de protección de los
consumidores que sin lugar a dudas, señorías —y en eso vamos a
estar de acuerdo todos—, es la parte más débil del eslabón de esta
cadena. Por tanto, nuestra obligación es aumentar esta protección, pero
no simplemente con una transposición de una directiva importante
—sí, claro—, que mejora el texto refundido de la ley, claro
que lo mejora, sino que tenemos que avanzar para llevar la mejora mucho
más allá si ustedes tuviesen voluntad política y no utilizasen el trámite
en el Senado para otras cuestiones que nada tienen que ver con la reforma
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, como veremos ahora
después, y que tiene mucho que ver con cuestiones únicamente
políticas.

Anteriormente, mi compañera, la senadora Llinares, ha
hablado de las enmiendas de supresión que hacemos a las diferentes
disposiciones adicionales y finales que tienen que ver con temas y
materias —ya lo comentaba también el señor Cazalis— que no
tienen nada en común precisamente con el texto que se trae aquí, la
modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores. Esta
es una incongruencia material. No voy a entrar en el informe de la señora
letrada, no voy a entrar en esas cosas que ya se han repetido hasta la
saciedad. Además, para ustedes —lo sigo diciendo— esto es un
acto inútil. Lo sigo pensando, señorías. Lo sigo pensando.

Por supuesto, presentamos una enmienda que modifica
—lo hemos comentado anteriormente— la Ley 1/2000, de 7 enero,
de Enjuiciamiento Civil en relación con la legitimación por la defensa de
los derechos e intereses de los consumidores y usuarios con el objeto de
mejorar la eficacia y utilidad de las acciones colectivas frente a los
abusos de las grandes empresas y también la modificación de la Ley 1/1996
de asistencia jurídica gratuita para facilitar el llamamiento a terceros
en proceso de protección de los derechos y de los intereses de los
consumidores y usuarios, en este caso de los derechos difusos y
colectivos.

Evidentemente, señorías, es un tema importante; los que
tratamos son temas muy importantes. Ustedes nos lo reprochan
constantemente porque nosotros, como Partido Socialista, como Grupo
Parlamentario Socialista, hemos tenido, tendremos y espero que en una
futuro tengamos también opción de gobierno y, por tanto, de tomar
decisiones; claro que sí. Que nosotros no somos perfectos, claro que no.
Ustedes sí, tal vez, porque ustedes como traen leyes aquí al Senado a las
que no dejan que ni siquiera se puedan plantear ningún tipo de enmiendas
de mejora, entiendo que ustedes sí piensan que son perfectos, pero
nosotros no lo somos. Claro que cuando gobernamos nos podemos equivocar,
pero igual que nos equivocamos cuando gobernamos y que podemos
rectificar, cuando estamos en la oposición nuestra obligación es decirles
a ustedes que están en el Gobierno y al Gobierno que ustedes sustenta,
que el Grupo Parlamentario Popular

sustenta, aquellas cosas que pensamos que no están bien
hechas, aquellas cosas que pensamos que deben mejorarse, porque es
nuestra obligación, señorías. Y el tema de la acción colectiva debe
mejorarse. ¿Por qué no se va a hacer eso así?

Hay una cuestión que me resulta muy curiosa. Decía usted,
señora Riolobos, en su intervención en el turno de portavoces en relación
con los vetos, que en 2011 fueron muchísimas las reclamaciones que se
recibieron en las juntas arbitrales de Consumo —recalco que fue en
2011— en relación con este tipo de ventas a distancia y fuera del
establecimiento comercial. Claro, señora Riolobos, y en 2010 y en 2012 y
en 2013, ¿ o qué pasa, que solo reclaman los consumidores cuando está
gobernando el Partido Socialista? Por favor, señora Riolobos, no nos tome
por tontos. Evidentemente que hay reclamaciones y cada día más porque la
utilización por los consumidores de este tipo de ventas a distancia y
fuera de establecimiento mercantil cada día está subiendo como la espuma
y es nuestra obligación tener que regular este sistema. No nos tome por
tontos, señora Riolobos, por favor. Pero no, reclamaban más los
consumidores cuando gobernaba el Partido Socialista. Pues, vale, para
usted la peseta, señora Riolobos. Si se va a quedar tranquila, sin
problemas. Le damos la peseta. (Aplausos). Pero vamos a jugar seriamente
en sede parlamentaria, señorías, y seriamente es decir que a mí sí que me
preocupa que, como sigamos así, dentro de dos, tres o cuatro o cinco
años, y continúe gobernando el Partido Popular, ya veremos dónde quedan
los sistemas de arbitraje de consumo en este país, ya veremos dónde
quedan. Igual que ya veremos dónde van a quedar las oficinas de
información al consumidor en este país como método de defensa de los
consumidores y usuarios, con la maravillosa reforma de la Administración
local que han hecho ustedes en este país. Además, señora Riolobos, usted
señala —lo digo textualmente— que el periodo 2009-2011 ha
sido el peor para la defensa y protección de los consumidores y usuarios.
Posiblemente, sea así, la crisis afectó muchísimo y probablemente tenga
usted razón. Fue un momento muy malo y muy difícil como también lo es
este, señorías, reconózcanlo ustedes. Pero lo que nunca nos van a quitar
a los socialistas es que en 1984 nosotros fuimos los primeros que creamos
una Ley General para Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en 2007
fuimos los primeros que hicimos el texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, les guste a ustedes o no les
guste. Y lo único que están haciendo ustedes es una transposición de una
directiva europea, que yo pensaba que no tenía sesgo ideológico, iba a
decir que se lo juro, señorías, pero es que es verdad. Porque yo pensaba
que esto era muy sencillo en el sentido de decir: creo que estaremos
todos de acuerdo, son temas de consumo, creo que todos podemos llegar a
acuerdos rápidamente cuando, para mi sorpresa, se hurta el debate en el
Senado y la posibilidad de presentar mejoras a la ley y, además, tratan
de decirnos que no somos congruentes con nuestro criterio a la hora de
defender lo que pensamos que tenemos que defender y que no sean ustedes,
señora Contreras, la que nos tenga que decir cómo tenemos que defender
aquello que tenemos que defender. Sabemos defendernos perfectamente y
también sabemos defender aquello que queremos defender. Y resulta muy
curioso, señorías, porque esto es como el chiste de aquél que iba
conduciendo en dirección prohibida por una autopista y escucha en la
radio lo siguiente: hay un loco que va en dirección prohibida. Y al oírlo
dice el señor: ¡Un loco, no, cientos! A ver si va a resultar que ustedes,
señorías, son los que están equivocados y, en el fondo, lo que han hecho
ha sido una chapuza con esta transposición porque lo que realmente han
hecho ha sido seguir las directrices del Gobierno porque no quieren que
se modifique nada en el Senado, porque esta ley, para que lo sepan
ustedes, se va a publicar o, como mucho tardar, el lunes porque el
Gobierno tiene mucho interés en que eso sea así. Por esta razón no se va
a admitir ninguna enmienda en el Senado, sea buena o sea mala. Y si se
fastidian los consumidores de este país, se fastidian los consumidores de
este país. Esta es la política que hace el Partido Popular, señorías, y
no traten de convencernos en sede parlamentaria de otra cuestión. Estamos
hablando de lo que estamos hablando. No me diga que nuestros argumentos
no son lógicos, ni buenos, ni maravillosos cuando les va a dar igual lo
que digamos desde esta tribuna, porque todo va a estar rechazado, porque
quieren que mañana se publique en el Boletín Oficial del Estado. Por
cierto —y esto lo digo en sede parlamentaria, ya veremos si el
tiempo me da o me quita la razón—, el Gobierno tiene mucho interés
en que una de esas disposiciones que han introducido de esa manera vía
enmienda en el Congreso de los Diputados se apruebe cuanto antes, y que
tiene que ver con el servicio eléctrico, lo cual tiene también mucho que
ver con el tema de ventas a distancia.

Me quedan tres minutos, voy a ir terminando. Cuando llegué
a esta sede parlamentaria hace seis meses —lo decía
anteriormente— como un simple senador de una provincia como la mía,
Cuenca, yo pensaba que venía aquí para intentar mejorar las condiciones
de vida de los ciudadanos, lo digo sinceramente, y que a mí se me pagaba
como senador para eso, que es lo que con he intentado hacer en el caso de
esta ley con la senadora Llinares y con otros compañeros para, dentro de
nuestras posibilidades, de nuestras limitaciones, aportar mejoras que
consideramos buenas para nuestros ciudadanos, pero mi sorpresa con esta
primera ley que tengo el orgullo de poder llevar dentro de mi grupo es
que ustedes entienden la democracia de esta manera: nuestra absoluta
mayoría absoluta va a hacer lo que queramos en sede parlamentaria, y de
lo que digan ustedes, señorías del Partido Socialista —por
supuesto, que son los más malos del mundo mundial—, como los
compañeros de l’Entesa, de CiU, de PNV, del Grupo Mixto o de
cualquier otro grupo, no vamos a aceptar nada, porque, simplemente, no
nos interesa, y, como vamos sobrados de senadores, vamos a imponer
nuestra gran mayoría absoluta. Gran ejemplo, señorías, para los
ciudadanos de este país, que, desde luego, tienen a los políticos como
uno de los sectores peor vistos en la sociedad. Pero, con ejemplos como
el de hoy en el Senado, no me extraña que seamos uno de los problemas
importantes de los ciudadanos en España. Siento vergüenza, señorías.
(Risas). Y ustedes deberían plantearse seriamente si vale la pena hacer
este seguidismo al Gobierno para intentar pasar este proyecto de ley
—sí, señorías, no se rían, es que es así, así tal cual se
dice— sin aceptar ni una sola enmienda. Comentaba la compañera
Contreras que es la primera vez que la transposición de una ley se hace
con vetos. Claro, ¿cómo no va a tener vetos la transposición relacionada
con una ley cuando se aprovecha la ocasión para incluir ochenta cosas más
que no tienen nada que ver con ella? Claro que se van a presentar vetos,
señorías: es que vamos a ser serios en el procedimiento
parlamentario.

Decía que este es el ejemplo más evidente y claro de lo que
ustedes entienden por negociación. Evidentemente, todo lo que he dicho
hasta ahora, todo lo que he intentado resumir de las enmiendas, lo que
pensaba que era lo más importante —de verdad, discúlpenme si no he
llegado a todas, porque son muchas—, todo ello —y me queda un
minuto— se resume en una cosa, señorías: este que muestro a sus
señorías es el texto del proyecto de ley que nos vino del Congreso y este
que ven ahora —sí, sí, no me he vuelto loco— es el mismo
texto que va a salir hoy de aquí aprobado con los votos del Partido
Popular, desoyendo a los ciudadanos de este país, desoyendo a los grupos
parlamentarios en este Senado, sin admitir absolutamente ninguna
enmienda, para ser publicado mañana en el Boletín Oficial del Estado.
Esto, señorías, es el ejemplo de lo que es una gran mayoría absoluta, una
absoluta mayoría absoluta y la forma de gobernar que tienen ustedes,
señorías del Grupo Popular.

Muchas gracias, señora presidenta por su amabilidad. Y,
señora Riolobos, espero que sea conmigo tan vehemente como lo era usted
cuando estaba en la oposición como portavoz de consumo en esta misma
Cámara con mis compañeros cuando estaban en el Gobierno del Partido
Socialista. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora
Contreras.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, comenzaré mi intervención en nombre del Grupo
Parlamentario Popular como debe ser, agradeciendo las palabras y el
trabajo de todos los portavoces y los ponentes de los distintos grupos
políticos en la defensa de las enmiendas que hasta un total de 249 se han
presentado a esta transposición del proyecto de ley.

En primer lugar, como paso previo, antes de entrar en un
debate más pormenorizado, quisiera comunicar a quienes estamos aquí el
objeto de esta ley, para que pudiéramos tener como breve introducción
exactamente lo que nos ocupa esta mañana. Sabemos todos y vivimos en
nuestras propias carnes cómo las nuevas tecnologías se están
desarrollando en los últimos años de una manera tan brutal; cómo el
comercio electrónico, el comercio a distancia crece a día a día y su
avance resulta imparable, como he dicho en la anterior intervención. Por
ello, es muy necesario que los contratos que se efectúan de esta manera
se hagan con la máxima transparencia, nos den la máxima confianza y
gocemos de la máxima seguridad los consumidores y usuarios. Por ello, es
digno de alabar el trabajo realizado por todos nosotros, ya que en el
ánimo de los ponentes y

portavoces está que cuando quede aprobada esta ley el
consumidor va a estar más seguro, va a estar mejor informado y va a
conocer mejor sus derechos, así como los empresarios también van a
disponer de un marco legal más claro y estable, para conocer sus
obligaciones y las directrices, que también han sido dadas por el
Tribunal de Justicia europeo.

Antes de centrarme en sus enmiendas de manera
pormenorizada, quiero agradecer el trabajo de la señora letrada que, en
el trámite de la ponencia, ha introducido en su informe una serie de
correcciones técnicas que verdaderamente han mejorado el texto.

Esta ley, como creo que ya todo el mundo sabe a esta hora
de la mañana, consta de artículo único, sobre el que se han planteado
diversas modificaciones al texto refundido de la Ley de protección de
consumidores y usuarios.

Hemos agrupado sus enmiendas en bloques ya que muchas de
ellas se repiten, son coincidentes o incluso idénticas y, en aras de una
mayor agilidad, si les parece bien, para no repetir los argumentos, voy a
explicar los motivos del rechazo de estas.

Una vez estudiado y analizado el primer bloque de enmiendas
concluimos que ya están recogidas en la transposición de la directiva
europea. Algunas otras, las relativas al artículo 97, no se pueden
aceptar porque la directiva es muy estricta y los artículos se han de
transponer con una armonización máxima; de modo que no podemos incluir o
imponer ningún requisito nuevo ni ninguna disposición contraria. Es
decir, que la directiva nos marca una serie de limitaciones, por lo que
no las hemos podido aceptar, nos impone —tal y como señalaba el
senador Cazalis— un cierto corsé.

Otro bloque de enmiendas, que en general plantean los
grupos nacionalistas ―también el Grupo Socialista, el senador
Toledo―, el Grupo vasco, el Grupo Mixto, Esquerra, CiU, que tienen
que ver con la lengua en la que se ha de dar la información
precontractual a los consumidores. En este sentido, el Grupo
Parlamentario Popular entiende ―como también lo hace la directiva
europea― que la información que se dé a los consumidores españoles
ha de estar al menos en una lengua oficial del Estado de la Unión
Europea: la lengua castellana. Sin embargo, eso no indica que haya
limitación lingüística en las comunidades autónomas con lengua cooficial
y que en sus normativas de consumo tengan garantizada la no
discriminación lingüística. En cualquier caso, por supuesto que creemos
que a los consumidores españoles se les debe dar esta información
precontractual al menos en la lengua castellana, sin perjuicio de que
también se pueda dar en otra de las lenguas oficiales de la Unión
Europea.

Por otro lado, es cierto que las competencias de consumo
están transferidas a las comunidades autónomas, pero la competencia en
relación con la transposición de las directivas europeas es estatal y no
de las comunidades autónomas. En este sentido, existen una serie de
sentencias del Tribunal Constitucional que avalan este argumento.

Muchas de las enmiendas que se centran en las mejoras
creemos que están incluidas, sobre todo en lo relativo al régimen de
infracciones, de sanciones efectivas, de sanciones proporcionadas, de
sanciones disuasorias, etcétera.

Está claro que no se puede dar información a los
consumidores a través de un número de tarifación adicional, y está
recogido claramente que hay que informar a los consumidores y usuarios de
los contratos de permanencia y de los compromisos de permanencia, como
está perfectamente recogido en la transposición de esta directiva.

También se garantiza el derecho de desistimiento y el
derecho de reembolso en el caso de que alguien haya contratado o
adquirido un producto y lo quiera devolver, como ya está perfectamente
recogido. Asimismo, queda muy claro lo que se define por soporte
duradero. Cuando un consumidor realiza un contrato vía telefónica existe
un soporte duradero, ya sea vía SMS, vía fax, vía e-mail, un contrato
escrito donde, negro sobre blanco, pueda el ciudadano o consumidor
exactamente constatar lo que ha contratado y los compromisos que ha
adquirido en esa contratación. Luego el soporte duradero queda
perfectamente definido y clarificado en esta ley, así como lo que son las
prácticas abusivas, y las enmiendas que se plantean en este sentido no
aportan, permítanme que lo diga, nada nuevo; solo remachan un poco más lo
que ya existe, pero no aportan nada nuevo a lo que ya tenemos.

Por otro lado, las enmiendas que se introdujeron en el
Congreso de los Diputados, y cuya paternidad ha reivindicado aquí el
PSOE, relativas al spam telefónico, al acoso telefónico, lo van a
desincentivar por completo. Creemos que se recoge muy claramente todo lo
relacionado con este

tema, así como la información precontractual,
estableciéndose también la capacidad de la anulabilidad de los contratos;
es decir, cómo se puede rescindir o anular un contrato una vez que se ha
hecho. Si se está en desacuerdo con la información, cuando llega ese
soporte duradero por cualquiera de las vías, queda claro que la carga de
la prueba de este desistimiento corresponde siempre al empresario y no al
consumidor.

También se regula perfectamente cómo deben de ser las
oficinas de información y atención a los clientes. Es por ello que las
enmiendas que hacen referencia a ello nos ha parecido que no eran objeto
de este texto. Se regula correctamente toda la información sobre la
existencia y condiciones de los servicios posventa.

Otra regulación correcta de la ley es la relativa a la
protección de datos y a la intimidad, sobre todo en las comunicaciones
electrónicas. Algo que a la vista de sus enmiendas, señorías, preocupa
bastante a los grupos parlamentarios es el tratamiento de datos respecto
a la información que se pasan a través de las compras por el comercio
electrónico. Asimismo, otra cosa que no se puede modificar es que el
Consejo de Consumidores y Usuarios solo puede estar compuesto por
asociaciones de ámbito nacional que estén acreditadas y deben incluirse
en ellas los que figuren en los registros de asociaciones de consumidores
y usuarios. Luego estas enmiendas tampoco las podemos aceptar.

Otro conjunto de enmiendas que ustedes presentan, y sobre
las que intentamos tranquilizarles en la comisión —se van a tener a
cuenta, no vía enmiendas, sino a través de textos legislativos que están
ya en tramitación en el Congreso de los Diputados y van a llegar pronto
al Senado— son las que hacen referencia, como he dicho antes, al
Proyecto de Ley de servicio de atención al cliente. Por ejemplo, respecto
al real decreto de regulación de todo el ámbito del arbitraje, señor
Toledo, usted ha hecho aquí unas manifestaciones y una puesta en escena
bastante bonita, incluso amena, hablando de la dirección en carretera por
la que vamos unos y otros, etcétera, pero yo creo que sería importante
que supiera que existe una directiva, la 11/2013, en materia de arbitraje
y mediación, que tiene que ser traspuesta. Vamos a esperar a la
trasposición del real decreto de regulación en todo el ámbito del
arbitraje antes de incluir más enmiendas y modificar lo que estamos
tratando en este momento.

Respecto a la preocupación que muestran en sus enmiendas
sobre todo lo relacionado con las indemnizaciones cuando se lesionan los
derechos de los consumidores y usuarios, les anunciamos ya en comisión, y
lo repito ahora, que el Ministerio de Justicia es muy favorable a ampliar
las competencias del ministerio fiscal en cuanto a la relación de
protección de consumidores y usuarios. Saben que se encuentra ahora mismo
en trámite legislativo el Anteproyecto de Ley de asistencia jurídica
gratuita, por lo que su preocupación —la preocupación por este
proyecto de ley, que también es la nuestra— acerca de que los
consumidores y usuarios tengan un apoyo con la asistencia jurídica
gratuita, se va a resarcir perfectamente.

Me referiré de manera telegráfica a las enmiendas que
tienen que ver con otras leyes y que van a tener otra vía de encaje.
Permítanme decirles que las enmiendas en relación con las personas
discapacitadas tienen mejor acomodo en el Texto Refundido de la Ley
General de protección de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social. Es curioso el interés que muestran por la protección
de esas personas en algunas ocasiones, cuando hay momentos en los que ni
siquiera permiten que las mismas lleguen a ver la luz del día. Por otro
lado, han presentado enmiendas relacionadas con la directiva sobre la
privacidad de las comunicaciones, que nos parece más conveniente que
tengan un acomodo en esa regulación. Igual sucede con las enmiendas
relacionadas con la Ley de Competencia Desleal, para las que nos parece
que ese es el mejor ámbito. La enmienda que ha mencionado usted, junto
con las presentadas por otros grupos parlamentarios, respecto al
empaquetado de los medicamentos, su cobertura, y la rotulación en Braille
para personas con discapacidad, nos parece más interesante, me van a
perdonar, que estén englobadas dentro de la Ley del medicamento, así como
las enmiendas relacionadas con los derechos de los viajeros del
transporte aéreo o marítimo que debe incluirse en la correspondiente
legislación sectorial.

Hay otras enmiendas respecto a las que todos estamos muy
preocupados, que son las relativas a la protección de los deudores
hipotecarios en aspectos como el suelo de las hipotecas o el problema de
las preferentes. Quiero tranquilizarles diciendo que aspectos como estos
en parte están resueltos gracias al Gobierno del Partido Popular, gracias
al Real Decreto Ley 6/2012, de

deudores hipotecarios sin recursos; gracias al Real Decreto
Ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección de deudores
hipotecarios, y gracias a la Ley 1/2013, de protección de deudores
hipotecarios, que permite reestructurar la deuda y adquirir o tener
acceso a un alquiler social, que ha supuesto un avance importantísimo
para todas estas personas afectadas.

Como ya he recordado en la anterior intervención, ustedes
no hicieron nada en la anterior legislatura. Parece que no han estado
gobernando en este país los últimos ocho años. Además, hay una serie de
enmiendas que añaden modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil que
está en marcha. Otras enmiendas afectan a la Ley del Sector Eléctrico, a
las indemnizaciones contenidas en la Ley del Mercado Interior, a la
tutela judicial, a normas sectoriales, etcétera, que, como digo, han sido
respetadas perfectamente en este texto refundido.

El señor Toledo no ha hecho mención a lo que la señora
Llinares ha tratado más pormenorizadamente, que es la enmienda sobre el
cigarrillo electrónico. Es este el momento para tratarla porque ahora
estamos en el trámite de enmiendas. En su turno no ha dicho nada, quizá
se ha sentido satisfecha con su puesta en escena anterior, y el señor
Toledo no comparte esta sensibilidad que mostraba tan pormenorizadamente
la señora Llinares. Pues bien, les repito —porque muchos de los
argumentos no son nuevos, los dije en Comisión— que el pasado 14 de
marzo se aprobó en el Consejo de Europa una nueva directiva sobre
productos del tabaco. Es una directiva que marca un plazo de dos años. En
esta trasposición creo que el Gobierno de España ha introducido varias
propuestas, y además así consta, como las relativas a la venta a
distancia, a la venta transfronteriza del tabaco, etcétera.

En cuanto a los cigarrillos electrónicos, les diré de nuevo
que antes de marzo, es decir, en el mes de diciembre, ya se acordó en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una transaccional
que luego se introdujo en este mismo proyecto de ley, algo de lo que
hemos hablado ya en más de una ocasión, pero que creo que tendremos que
repetir, señorías. Decíamos que quedaría prohibido el consumo de los
cigarrillos electrónicos en centros educativos y zonas infantiles, en
centros sanitarios, en centros de las administraciones públicas —la
señora Almiñana lo confundió diciendo que íbamos a vapear en esta Cámara,
y no, senadora, en centros de las administraciones públicas,
tampoco—, en los servicios de atención al ciudadano, en el
transporte público, etcétera. También en esa directiva se dice que la
Organización Mundial de la Salud no ve hasta el momento un riesgo para la
salud por la exposición al vapor de estos productos.

Deberían —se lo dije entonces— sentirse
satisfechos con la regulación que hemos liderado desde el Partido Popular
tanto en el Congreso, como en el Consejo Interterritorial, como en esta
Cámara, y mantener una postura común en la que todos los grupos
—simplemente en el Congreso se abstuvo UPyD— firmaron y
votaron a favor de esta regulación del cigarrillo electrónico por la que
protegemos a nuestros menores, por la que hacemos valer ese principio de
precaución y de prevención porque nos importa, y mucho —se lo dije
el otro día—, la salud pública frente a alarmismos en momentos en
los que cuando no hay otra cosa que decir sobre este proyecto de ley, se
desvía la atención hablando —lo califiqué ese día y hoy me ratifico
en ello— de manera anecdótica, porque en una ley de tanta
transcendencia, con tantos argumentos y con tantas consideraciones sobre
el consumo, estamos hablando de lo anecdótico, de algo que se nos ha
ocurrido en el último minuto, días antes de salir una directiva europea o
días después, permítame que le diga, porque estamos hablando de que se
aprobó el 14 de marzo pasado y, si no me falla la memoria, hoy es día 27
de marzo. Creo que no tenemos que desviar la atención, que debemos
centrarnos en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.
Esta ley va a mejorar la protección, y todos nosotros, que somos
consumidores y usuarios, necesitamos que se ponga en marcha cuanto
antes.

La señora Llinares, fíjense cómo estará de convencida
respecto a las enmiendas, que ha estado en el turno de veto hablando
hasta del copago sanitario, por no tener ningún otro argumento de peso.
Señora Llinares y señores del Partido Socialista, las actas no engañan.
El pasado día 18, en la comisión, ustedes hicieron un debate tanto de los
vetos como de las enmiendas, breve no, brevísimo; las actas no engañan,
los argumentos tampoco. Hoy hemos asistido a algo bastante más
pormenorizado, y yo creo que eso tiene que ser un trabajo de comisión. A
esta Cámara se tienen que traer ya las enmiendas más trabajadas.

También me gustaría refrescarles la memoria en cuanto a la
aprobación de enmiendas cuando gobernaban ustedes. Me parece que el señor
Toledo lleva poco tiempo en esta Cámara

—bienvenido, por supuesto, por su talante y su
diálogo— pero quiero recordarle que por aquí han pasado muchos
proyectos de ley en los que no se aprobó ni una sola enmienda por parte
del grupo del Gobierno, entonces el Grupo Socialista, y tampoco hace
tanto tiempo que ha pasado todo esto.

Solo me falta contestar al senador Quintero que le dejé
para el final. Nos hemos interesado por esa enmienda sobre el comercio en
las islas Canarias, y se nos ha comunicado desde el ministerio que tiene
mejor encaje —no sé lo que le parecerá— dentro de la Ley de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Para finalizar, quiero agradecer el trabajo de todos, el
espíritu de armonía que debe reinar en estos asuntos, porque consumidores
somos todos. Probablemente todo sea mejorable, pero las buenas
intenciones que se tuvieron en el Congreso con la aprobación de esas
cincuenta y seis enmiendas no se corresponden con lo que hoy se ha visto
aquí. En cuanto a todo lo que queda pendiente, les he dado un relato
pormenorizado de cómo va a tener su encaje no vía enmiendas, sino vía
texto refundido en futuras legislaciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

Empezando casi por el final de lo que dijo la portavoz del
Partido Popular y sin perder el talante, el buen humor que intento
sostener y la moral, más que el alcoyano, quiero decirle a la señora
portavoz que lo anecdótico no son las enmiendas, el problema es que el
Grupo Popular ha convertido esta ley en una anécdota, la ha convertido
cuando transforma al Senado en una especie de rehén de las necesidades
del Gobierno de seguir dando vueltas en el laberinto de la tarifa
eléctrica, que es lo que impide que se apruebe ninguna de las doscientas
y pico enmiendas que hemos presentado. Ese es, desgraciadamente, el
elemento que convierte en anécdota el conjunto del proyecto. Este
proyecto acaba siendo un mero instrumento para resolver un problema
puntual del largo y dificultoso proceso con el que el Partido Popular, el
Gobierno del Partido Popular, está afrontando la situación del sector
eléctrico. Hemos tenido multitud de oportunidades en este Pleno de
debatir sobre ello y, por lo tanto, no abundaré.

Sí creo que de lo aquí debatido quedan claras diferentes
cuestiones: en primer lugar, por lo que ustedes han argumentado, este
país no necesita cambiar su legislación general de protección al
consumidor, están ustedes satisfechos con cómo funciona la Ley general
del consumo y ahora, no por iniciativa del Gobierno, sino por una
decisión de la Unión Europea, se limitan a trasponer una directiva. En
consecuencia, renuncian a resolver lo que han sido los graves y serios
problemas en materia de consumo que se han dado en este país en los
últimos años. Renuncian, por consiguiente, a intentar embridar, a meter
en vereda a las eléctricas, a las gasísticas, a las entidades financieras
y a las de telefonía, que son las principales causantes de los problemas
de los consumidores. Renuncian, además, una vez que esa situación se da,
a un problema, vuelvo a reiterar los términos del magistrado del Tribunal
Supremo, tsunami jurídico generado por la sentencia del 9 de mayo del
2013, y, en consecuencia, mantienen una situación que va a generar, que
está generando ya multitud de atascos en los juzgados, resoluciones
contradictorias que, obviamente, en algún caso tendrán que ser
forzosamente injustas porque si unas son injustas, las que dicen otra
cosa tendrán que ser injustas también.

Decía la portavoz del Grupo Popular que no es necesario
intervenir en lo referente a los créditos hipotecarios puesto que ya han
tomado las medidas oportunas. Señoría, los datos son tercos: en 2013 hubo
más desahucios que en 2012 con las reformas que ustedes han introducido
en la materia. Reconozcan la ineficacia de esas medidas para resolver las
cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos.

Concluyo. El cigarrillo electrónico no es una anécdota.
Vuelvo a reproducir el argumento. Por más que en el Congreso se haya
alcanzado un acuerdo en relación con una regulación del cigarrillo
electrónico, el mantenimiento por parte de las organizaciones
relacionadas con la defensa de la salud pública de los argumentos sobre
la insuficiencia de ese acuerdo a partir de algo que sigue sin
demostrarse, y parece que, al contrario, los estudios apuntan a que no es
capaz de resolver lo que inicialmente motivaba la aparición de este
producto en el mercado: ayudar a dejar

de fumar a los fumadores, podrá tener menos efecto sobre
los no fumadores la utilización de este instrumento —no lo sé,
sinceramente— pero, desde luego, en ningún caso desalienta al
fumador de seguir fumando.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señora
presidenta.

Senadora Contreras, me ha dicho que la enmienda encaja
mejor en la Ley de comercio electrónico. En el Congreso de los Diputados,
en el debate del Proyecto de Ley de telecomunicaciones —iniciativa
que estamos a punto de debatir aquí, imagino que en el próximo Pleno
porque es el único proyecto que tenemos ahora mismo—, también la
presentamos y el Partido Popular nos dijo que encajaba mejor en esta ley,
y ahora nos remite a otra. La verdad es que está afectando a los
consumidores y la realidad es que, desgraciadamente, los canarios y las
canarias nos quedamos fuera del comercio electrónico. Esto me parece
inaudito y, repito, un insulto a los y las canarias porque nos estamos
quedando completamente fuera.

Usted ha dicho que es un comercio que está en auge, y estoy
de acuerdo. Es un comercio que Europa marca en la Estrategia 2020 en
relación con el mercado único abierto al comercio electrónico. Además, es
un comercio que marca el régimen económico y fiscal de Canarias, y así lo
reconoce Europa, con lo cual, evidentemente, no podemos poner pegas a los
regímenes diferentes que nos habían dicho otras veces, como el IVA
reducido o el IGIC. No hay problema porque incluso hay algunas empresas
que ya lo están aplicando; el único problema es encajarlo. ¿Dónde?
¿Cuánto tiempo pasará para encajarlo mientras que los canarios y las
canarias estemos excluidos de participar en el comercio electrónico,
tanto para comprar como para vender? Nos están excluyendo de una
actividad pujante, en auge, que unas islas como Canarias,
ultraperiféricas, necesitan, y mucho más incluso que el territorio
continental porque desgraciadamente no tenemos ni todas las empresas ni
todos los servicios que tiene un territorio continental como el
peninsular, por lo que muchos de los productos que mandamos pedir al
exterior, tanto las empresas canarias como los particulares, es porque en
Canarias no se pueden conseguir porque es un territorio fragmentado, por
lo pequeño de las islas y por el coste del transporte que puede suponer
montar dichas empresas en el territorio canario. Me parece
sorprendente.

Dice que están de acuerdo. Pues aprueben la enmienda. No sé
si no la aprueban por las prisas que los demás portavoces han comentado
en relación con que no se puede aprobar nada porque tiene que publicarse
mañana en el Boletín Oficial del Estado. ¿De verdad son ustedes
conscientes del daño que están haciendo a Canarias? Es ilógico. Podemos
comprar a China, a Rusia, a Estados Unidos, a Venezuela, a Colombia, y
llega, pero desgraciadamente no podemos comprar a las empresas radicadas
en el territorio peninsular o que son españolas y que no solo estén
radicadas aquí. Ponen: Vendemos a toda España, excepto a Canarias, y una
a la que se le permite esto es a App Store, la empresa de Apple, radicada
aquí, en Madrid. Se permite que nosotros, por ejemplo, no podamos comprar
productos de Apple. ¿Les parece justo, sobre todo teniendo en cuenta que
hemos incluido en la enmienda que los sobrecostes, los costes del
transporte a Canarias, los pague el usuario o la empresa que lo pida? No
estamos pidiendo ni que lo pague el Estado, que podría ser otra petición
para estar en igualdad de condiciones, ni que lo pague la empresa que lo
va a vender. Hemos dicho que lo paguen los usuarios que lo pidan, pero
permítanme que desde Canarias se puedan pedir estos productos. Acepte
esta enmienda porque dice que está de acuerdo.

En el Congreso nos dicen que encaja mejor aquí y ustedes
nos dicen que encaja mejor allí. Al final no encajará en ningún sitio, y
los y las canarias nos quedaremos sin comercio electrónico.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Eguerdi on, senatari
jaun-andreok, eguerdi on, mahaiburu andrea.

Ya hemos hablado de muchas de las enmiendas —no mucho
porque tampoco eran muchas—, y yo quería centrarme ahora en las dos
que mi grupo ha presentado en el Senado y que no se presentaron en el
Congreso, que son las dos referentes al cigarrillo electrónico. No
obstante, sí quiero hacer una puntualización, senadora Contreras, ya que
no es que la Organización Mundial de la Salud no haya visto riesgo, sino
que la Organización Mundial de la Salud exactamente dice: ¿Son seguros
los cigarrillos electrónicos? —lo que leo está en inglés, así que
paciencia—. La seguridad de los cigarrillos electrónicos no ha sido
científicamente demostrada. El riesgo potencial para la salud que ellos
tienen permanece indeterminado. Por tanto, no es que no haya riesgo, el
riesgo existe, lo que pasa es que no se conoce. Otra cosa es que nos
queramos arriesgar, esa es otra cuestión, como, por ejemplo, que nos
arriesguemos a lo desconocido. Está bien, eso es muy emocionante. Pero a
mí me gustaría que le hiciéramos caso al Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo. En su nota de prensa del día 19 de febrero,
cuando esto se iba a aprobar en la Comisión de Sanidad del Congreso, se
decía lo siguiente: El CNPT considera que se habrá dado un importante
paso atrás en los objetivos que ha cumplido hasta ahora con notable éxito
la ley del tabaco en vigor. La organización en la que se dan cita más de
treinta y cinco sociedades científicas y asociaciones profesionales del
sector sanitario estima oportuno insistir en que no hay evidencia
científica de que los cigarrillos electrónicos sean inocuos, tanto para
la salud de quienes los utilizan, como para quienes están a su alrededor.
Puede que no resulten tan nocivos para el pulmón, pero al menos la
nicotina sí conlleva ciertos riesgos para el corazón y el sistema
cardiovascular en general. Y señalaba también que la industria está
utilizando los cigarrillos electrónicos como punta de lanza para
rehabilitar socialmente el uso del tabaco después de haberse dado grandes
pasos para ponerle coto. Yo creo que ese es uno de los asuntos
principales y un leitmotiv del que podemos hablar. Y también podríamos
hablar de la conclusión a la que se llega en ese informe sobre los
cigarrillos electrónicos, pero vamos a dejarlo.

Señorías, hay dos vertientes que hay que regular en este
tema de los cigarrillos electrónicos. Uno es el tratamiento del
cigarrillo electrónico como producto del tabaco. El otro es el
tratamiento de ese cigarrillo como producto farmacéutico. Si es tabaco o
no, les diré que la diferencia entre una hoja de lechuga y una hoja de
tabaco es que la de tabaco tiene nicotina, nombre que se le da por Juan
Nicot, que fue quien introdujo el tabaco en la corte francesa en el siglo
XVII. Por tanto, lo que hace al tabaco es la nicotina, no el alquitrán
derivado de quemar productos vegetales; es la nicotina. Y los cigarrillos
electrónicos tienen nicotina. Se cambia el agente vehicular, se cambia el
picadillo de hoja de tabaco seco por un líquido que parece que está
científicamente controlado por una composición supuestamente conocida.
Por tanto, el tratamiento debería ser el mismo que el del tabaco normal,
no tiene por qué cambiar. Y es que la ley del tabaco no es para evitar
las consecuencias que este pueda acarrear a la salud por fumar
—aunque también lo hace de forma secundaria—, sino que va
precisamente contra una adicción. El poder de adicción de un cigarrillo
electrónico es, cuando menos, el mismo que el de un cigarrillo normal, si
no muy superior, ya que la cantidad de nicotina que se le puede añadir a
un cigarrillo electrónico puede ser muy superior también. Por eso no
entendemos que los cigarrillos electrónicos se queden fuera de lo que se
consideran productos del tabaco con esta modificación de la ley que se
pretende hacer con las disposiciones adicionales al proyecto.

Pero además, señorías, es que los cigarrillos electrónicos
son un producto farmacéutico. Aquí ya no estamos hablando de la hoja de
una planta con poderes medicinales como puede ser la hoja del tabaco. Se
trata de un producto químico, esencialmente propilenglicol, al que se le
añade glicerina y sobre todo la cantidad que se quiera de nicotina y todo
lo que uno quiera para darle sabor y olor. Por cierto, el propilenglicol
se utiliza como un aditivo alimentario pero también como un lubricante
íntimo, también para hacer humo para las prácticas de los bomberos, y
también es esencial para la pintura del paintball. Fíjense por dónde
vamos a acabar fumándonos las bolitas del paintball.

En fin, señorías, la nicotina que puede tener un cigarrillo
electrónico va desde 0 hasta 36 miligramos, que es lo conocido. De ahí en
adelante, lo que ustedes quieran ponerle, sin más. Y la toxicidad de la
nicotina es dosis dependiente: cuanta más dosis, más tóxico es. Yo no voy
a entrar en las cifras de toxicidad, en si tiene que ser 3 miligramos por
kilo o no —probablemente, sería una discusión que nos llevaría muy
lejos—, pero sí les quiero recordar que diluyendo un solo
cigarrillo en agua fría se pueden matar 4 kilos de angulas. Ya nadie
sabemos lo que son, pero las angulas,

que tienen cara y ojos, pueden matarse con la nicotina
disuelta en agua fría de un solo cigarrillo; no nos olvidemos de eso. Por
lo tanto, la toxicidad existe, y si existe, hay que controlarla, no puede
estar libre en el mercado, porque estaríamos haciendo pan con unas
tortas. ¿Alguien se imagina que se vendiera jarabe para la tos en
cualquier establecimiento comercial —en cualquiera, da igual—
sin que nadie supiera su composición exacta y sin que nadie controlara el
vehículo en el que va su excipiente activo? Yo creo que nadie lo
aceptaría, estaríamos todos rasgándonos las vestiduras y tirándonos de
los pelos. Pues eso es lo que puede ocurrir, y de hecho ocurre, porque no
existe ninguna regulación, con los cigarrillos electrónicos.

Es más, señorías, si la nicotina no es el tabaco, el
tetrahidrocannabinol tampoco es la marihuana. Y se puede añadir THC al
propilenglicol, sin ningún problema. ¿Por qué no? Entonces acabaríamos
teniendo cigarrillos electrónicos con nicotina y con cannabis. Y si
apuramos un poco más, podríamos tener salvia, podríamos echarle opio,
podríamos poner muchas más cosas, todo aquello que se pueda disolver en
el disolvente y después vaporizarlo. Me parece que cuando todo esto
ocurra, acabaremos echando a la guardia de asalto para que vaya por las
tiendas a quitar los vapeadores, pero creo que lo que tendríamos que
hacer es regularlo previamente y darle un tratamiento legal como producto
del tabaco y como medicamento, sobre todo por algo que ha dicho también
el senador Iglesias, que la OMS ya tiene claro que esto no sirve como
sustitutivo del tabaco, que no sirve para dejar de fumar. Y, aprovechando
esta laguna legal, se va a utilizar para fumar donde ahora no está
permitido porque la ley del tabaco lo prohíbe y para saltarse una norma
que tanto ha costado aceptar socialmente, que tan bien valorada está por
el sector médico y que tanto ha costado, por ejemplo a la propia
hostelería, en cuanto a que ha tenido que sufrir que la gente no pueda
fumar dentro de sus locales.

Por tanto, la regulación que se hace queda muy corta. Es
cierto que existe la directiva comunitaria, que tampoco llega a estos
extremos. Pero si tardamos tanto en aplicar la directiva comunitaria que
se aprobó hace cuatro días como se ha tardado en aplicar la directiva
comunitaria de cuya transposición estamos hablando en esta ley, tenemos
seis años de plazo todavía para que la gente pueda hacer con el
cigarrillo electrónico aquello que le parezca bien.

Señorías, nosotros hemos presentado esas dos enmiendas
porque creemos que son necesarias. No estamos muy de acuerdo —ya lo
hemos dicho antes— con que se modifiquen otras leyes aprovechando
que hay un proyecto de ley sobre la mesa, pero en este caso nos ha
parecido tan grave que hemos consideramos que tenemos que enmendar esas
dos disposiciones finales, precisamente para preservar la salud de los
ciudadanos, para que al final no tengamos que decir eso que la OMS teme:
que sí había problemas y efectos secundarios por el uso de los
cigarrillos electrónicos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta.

Señorías, en este último turno de portavoces no voy a
hablar de las enmiendas que ya hemos defendido los distintos grupos, ni
de la nicotina y sus capacidades mortíferas. Pero sí me gustaría dejar
constancia de la actitud del grupo mayoritario ante esta ley, de su
actitud durante el trámite de la ley, y no me estoy refiriendo a su
defensa hoy sino a todo el trámite de la ley. Creo que la palabra que
mejor definiría su actitud es arrogancia.

Señorías, esta Cámara, el Senado, tiene como función
mejorar las leyes. Es una Cámara de segunda lectura. Se trata de
introducir nuevas enmiendas, de valorar si se ha producido algún cambio
sustantivo en las normas que guardan relación con la ley que se está
tratando entre el trámite llevado a cabo en el Congreso y en el Senado, y
ustedes han menospreciado esta función y con ello han menospreciado a
esta Cámara, porque, tal como se nos anunció en ponencia, no han aceptado
ninguna enmienda del total de las doscientas cuarenta y nueve
presentadas. Y con un agravante, que en el periodo que va desde el 24 de
febrero de este mismo año, cuando el texto del Congreso fue remitido al
Senado, hasta hoy, 27 de marzo, se ha aprobado una directiva europea que
afecta de lleno a una disposición final, la del cigarrillo electrónico.
Pero ni con esas deciden mover ni una coma ni un ápice del texto aprobado
en el Congreso.

Creo que los distintos grupos han puesto de manifiesto la
necesidad de mejorar esta norma. Estamos de acuerdo en que esta norma ya
aporta mejoras a la actual Ley de consumidores, por supuesto, ¡solo
faltaría que no fuera así! Pero, como ha quedado muy claro en el turno
del Grupo Parlamentario Mixto, nos parece que Canarias merecería que
hubiéramos escuchado sus demandas. Y, por supuesto, nos parece que
nuestras enmiendas, o algunas de ellas, se podrían haber transaccionado,
igual que las de otros partidos.

Si no iban a aceptar nada, ¿para qué el trámite en el
Senado? Díganme ustedes cuál es el partido que no tiene en cuenta a esta
Cámara a la hora de legislar; díganme ustedes qué partido es el que
ningunea el trabajo de los senadores. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

Señorías, llevan ustedes dos años legislando, eso sí, a
golpe de real decreto ley; cuarenta y cuatro, para ser exactos. En esta
Cámara un 60% de los proyectos de ley se han tramitado por urgencia o por
lectura única. ¿Le parece a usted muy democrático esto en dos años? Solo
veinticinco leyes han seguido un trámite ordinario, y lo peor es que
parece que nada va a cambiar su forma de legislar.

Quiero terminar, señorías, diciendo que su mayoría absoluta
en ambas Cámaras les garantiza que sus proyectos de ley sean leyes, pero
eso no garantiza a los ciudadanos que estas leyes vayan a ser las mejores
posibles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Muchas gracias, señor
presidente.

Me corresponde hacer una última intervención breve.

A nuestro entender era imprescindible afrontar el proceso
de actualización de una ley que, es evidente, estaba totalmente desfasada
y no atendía, en ningún caso, las necesidades de los consumidores.

El mercado en estos últimos años ha cambiado muchísimo y
con ello también los hábitos de los consumidores, y eso exigía,
evidentemente, una actualización de los derechos y las obligaciones de
todos los actores que participamos en el mercado.

La revolución que ha supuesto Internet es indudable. El
gran volumen de compras y transacciones comerciales que se hacen a
distancia ha provocado la necesidad de actualizar esta ley, y es verdad
que en este aspecto la ley propone cambios; cambios que entiendo que
pueden ir en la buena dirección. Sin embargo, y lo he dicho antes, esta
ley no ha alcanzado el nivel de calidad o de excelencia que todos
nosotros esperábamos; no incorpora muchas de las situaciones de
importante calado social que era necesario afrontar y, por lo tanto, esta
ley no alcanza el nivel que todos pretendíamos.

Sinceramente, después de haber escuchado el turno en contra
de las enmiendas sigo sin entender por qué no incorporan ninguna de las
presentadas por los diferentes grupos. Les he preguntado, por ejemplo,
por qué no incorporan las enmiendas vinculadas a las personas con
discapacidad. No entiendo por qué ponen una barrera a estas mejoras que,
evidentemente, irían en beneficio de este colectivo.

Comparto la reflexión del senador Iglesias: Si todos los
grupos parlamentarios hemos presentado muchísimas enmiendas, muchas de
ellas tan similares, ¿no creen que realmente es porque algo pasa? ¿No
deberían cuestionarse por qué estamos llegando a este punto y por qué,
tristemente, se aprobará una ley sin el acuerdo de todos los grupos
parlamentarios? Yo creo que, lamentablemente, ustedes, por culpa del
Gobierno, que les está presionando, están tratando este proyecto de ley
como si fuera de segunda, cuando en realidad es una ley de muchísimo
calado y con un importantísimo impacto en la vida de los ciudadanos. Es
una decepción ver que esto acaba así, y lamentamos que no hayan intentado
incorporar ninguna de las mejoras propuestas por alguno de los
grupos.

Como he dicho antes, es una auténtica decepción y una
traición aprovechar una ley, como la de defensa de los consumidores, para
intentar anular, arrinconar o no reconocer las lenguas oficiales de las
comunidades autónomas, que, como he dicho antes, reconoce la
Constitución. Los consumidores tenemos derecho a ser informados en
nuestras lenguas, y eso quiere decir que no solo en castellano,

sino en la lengua que corresponda en función de la
comunidad autónoma de cada uno. Creo que el redactado del texto tiene
mucha, pero mucha mala intención. Con esta actitud lo único que consiguen
es que cada día nos sintamos más lejos de ustedes. No hay nada más
profundo que la lengua con la que cada uno habla a sus familiares, a sus
padres, y que se quiera cuestionar eso tiene al final unas consecuencias,
y, por tanto, es lamentable que lleguen a este punto.

Evidentemente votaremos en contra del proyecto de ley que
hoy proponen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, me van a permitir que mis primeras palabras sean
para mostrar nuestra más enérgica repulsa y transmitir nuestras
condolencias a la familia de María, la última mujer fallecida por
violencia de género en Medina del Campo. (Aplausos).

Señorías, intervengo en este turno de portavoces para decir
que es llamativo que cuando uno no tiene argumentos tenga que recurrir a
chascarrillos, que es lo que ha hecho la senadora Contreras. Primero nos
agradece el trabajo realizado, porque hemos trabajado y hemos presentado
enmiendas que le parecen adecuadas pero que ahora no es el momento de
incluir en este proyecto de ley porque el Gobierno ya traerá otros
proyectos donde se podrán incluir. Después nos riñe y nos dice cómo
debemos debatir y qué tenemos que hacer. Señorías, ¡que ya somos personas
adultas! ¿Pero qué se creen ustedes que son? ¿Ustedes se creen que son el
ordeno y mando y que pueden hacer lo que quieran? ¡Un poco de respeto,
señorías! ¡Como mínimo, respeto! (Aplausos).

Todo lo que ustedes han dicho aquí son excusas de mal
legislador. No han aceptado doscientas cuarenta y nueve enmiendas, todas
presentadas por motivos importantes, y como no tienen argumentos para
ello deben recurrir a razones que no se sostienen, por mucho que se
empeñen en decir lo contrario.

Hoy aquí ha quedado absolutamente claro, y también quedará
claro para muchísimos consumidores y usuarios en este país, que ustedes
no desean, por ejemplo, que los servicios de atención al cliente sean
gratuitos para el consumidor, o que podamos ser atendidos de forma
personal cuando llamamos a una empresa para solucionar un problema. Ha
quedado absolutamente claro que el Gobierno del señor Rajoy no desea que
se prohíba el empleo de contestadores automáticos como medio exclusivo de
atención al cliente, o la utilización del número de tarifación adicional;
enmiendas que mi compañero ha argumentado de forma muy seria, muy
rigurosa y muy contundente.

La senadora Contreras me ha echado en cara que he hablado
del cigarrillo electrónico en el veto y no en el turno de defensa de las
enmiendas, que es cuando corresponde, y, como le he dicho antes, senadora
Contreras, le pido que rectifique lo que dijo en la Comisión de Sanidad,
porque eso no es científico ni riguroso, y se está banalizando algo muy
serio: el consumo de los cigarrillos electrónicos. Le pido por favor que
rectifique.

Nosotros, haciéndonos eco de las organizaciones de los
colegios profesionales y de treinta y siete sociedades científicas, todas
ellas relacionadas con el ámbito de la salud, presentamos una enmienda,
que no es una anécdota; una enmienda para que el cigarrillo electrónico
se equipare al tabaco porque tiene riesgos sobre la salud; y no
tergiverse lo que dice la Organización Mundial de Salud, cuyo informe de
julio de 2013 reitera la posición de precaución y desaconseja su uso
hasta que su seguridad, su eficacia y su calidad hayan sido certificadas
por algún organismo competente.

Por tanto, con sus intervenciones están banalizando algo
tan grave para la salud de las personas como es el cigarrillo electrónico
porque, como han dicho los senadores que me han precedido en el uso de la
palabra, está claro que no sirve para dejar de fumar, lo que están
consiguiendo ustedes es que se pueda fumar cigarrillos electrónicos en el
sector del ocio y de la hostelería, cuando todo el mundo tenía ya asumido
que no se podía fumar. Lo prohíben en lugares importantes, pero ¿qué va a
hacer un niño cuando vaya a un restaurante o a una cafetería?

Además, ustedes incumplen la normativa aprobada por la
directiva europea sobre la publicidad, la incumplen totalmente, y no me
diga que no porque se la voy a leer textualmente. Aquí venimos con
papeles, con seriedad y con rigurosidad. La cuestión de la publicidad se
trata en el título III, artículo 18.bis.5, y dice exactamente: «Quedan
prohibidas las comunicaciones

comerciales audiovisuales reguladas por la Directiva
2010/13 para los cigarrillos electrónicos y sus envases de recarga» y esa
directiva dice que queda prohibida cualquier forma de comunicación
comercial audiovisual aplicada a los cigarrillos y demás productos del
tabaco. Son cinco apartados, y yo le he leído uno.

Ustedes incumplen la normativa, pero les voy a decir más,
ustedes nos hablan de incongruencia respecto al cigarrillo electrónico.
Pues bien, les voy a leer algo. Teresa Cendón Alonso, conselleira del
grupo municipal del Partido Popular en el Concello de Vigo, presenta una
moción para el próximo Pleno, —escuche bien, que es una compañera
del Partido Popular—, y dice: los cigarrillos electrónicos no
tienen la consideración ni de tabaco ni de medicamentos e incluyen,
además de nicotina, productos cancerígenos, metales pesados u otras
sustancias cuyos efectos de inhalación en el organismo del consumidor no
están comprobados. La petición de vetar su consumo en la hostelería es
unánime por parte de las sociedades científicas y médicas, por lo que
proponemos al Pleno de la corporación que adopte el siguiente acuerdo:
Instar a la Xunta de Galicia a regular en la comunidad autónoma el uso
del cigarrillo electrónico, equiparando el mismo al tabaco. (Aplausos).
Señorías, moción del Grupo Popular en Galicia. Y ustedes nos están
poniendo verdes y nos están llamando incongruentes e incoherentes; nos
están llamando de todo porque pedimos proteger la salud de los ciudadanos
y de las ciudadanas. Y resulta que hay alguien en el Partido Popular al
que sí le interesa proteger la salud de sus ciudadanos. Es verdad que es
en Galicia, pero tomen nota, y luego no nos digan a nosotros que somos
incoherentes porque votamos una cosa en el Congreso y otra aquí; ustedes
sí que son incoherentes. Espero que me digan, señora Riolobos y señora
Contreras, en el turno de portavoces qué van a hacer con esto.

Por tanto, señorías, se trata de enmiendas muy serias y
rigurosas para solucionar la calidad de vida de los ciudadanos y
ciudadanas, porque todos somos consumidores, a los que ustedes están
machacando con sus políticas de recortes.

Y me censuraba que hablara de los copagos. Claro, claro que
sí. Los copagos afectan a los consumidores, a las familias que menos
tienen, pero a ustedes eso les da absolutamente lo mismo; al Grupo
Parlamentario Socialista no le da lo mismo. Y además llama muchísimo la
atención que digan que todas las enmiendas que tienen que ver con los
abusos bancarios, con las cláusulas suelo y con las hipotecas se va a
hacer posteriormente. Este era el momento.

Varios senadores han hecho mención a una cuestión a la que
yo también me voy a referir. Soy valenciana, y si quiero que mi contrato
sea en valenciano, ustedes no me tienen por qué obligar a que sea en
castellano, porque yo quiero que sea en valenciano porque es mi lengua.
(Aplausos). Por tanto, ya está bien del ordeno y mando. (Rumores).

Señorías, podríamos hablar hasta el infinito. Ahora saldrá
la señora Riolobos y nos hablará de la herencia recibida. No, ustedes son
ya su herencia recibida. Ya llevan dos años gobernando.
(Aplausos.—Rumores). Y le voy a recordar a la señora Riolobos que
ella estaba muy preocupada por los consumidores cuando estaba en la
oposición, y resulta que ahora, de todo lo que dijo no hacen
absolutamente nada; ahora que tienen la oportunidad, ahora que tienen la
responsabilidad de gobernar. Como no tengo tiempo le voy a leer solo una
frase. Carmen Riolobos: «Las familias no pueden soportar más el creciente
desequilibrio entre sus escasos ingresos —hoy menos ingresos
gracias al Partido Popular— y el incremento de sus gastos fijos:
luz, gas y gasolina». Diciembre de 2010.

Hoy, señorías, han tenido la oportunidad de mejorar la ley
de los consumidores. No lo han hecho, han despreciado todas las
enmiendas, las doscientas cuarenta y nueve, de todos los grupos
parlamentarios, y, lamentablemente, ustedes, con su mayoría absoluta,
sacarán la ley adelante, pero esa ley no va resolver los problemas
cotidianos de los ciudadanos. Creo que es un error.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LLINARES CUESTA: Fíjese si es un error, que se
van a quedar solos votando este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer, como ha hecho mi compañera, la senadora
Contreras, a los ponentes de la ley de los diferentes grupos
parlamentarios, en primer lugar, su trabajo y, en segundo lugar, sus
intervenciones. Y quiero agradecer, especialmente a la senadora
Salanueva, que haya anunciado ya su voto favorable a este proyecto de
ley. Por tanto, senadora Llinares, no estamos solos. (Rumores). Tenemos
cientos de votos en esta Cámara, y además UPN nos va a apoyar
también.

Quiero agradecer la intervención del senador Quintero. Como
ha dicho la senadora Contreras, estamos convencidos de que la enmienda
justa que ellos plantean se va a corregir cuando lleguen al Senado las
leyes correspondientes, tanto de comercio electrónico como de
telecomunicaciones.

Al senador Iglesias le quiero agradecer sus palabras,
también a la senadora Almiñana y, cómo no, a la senadora Llinares y al
senador Toledo. Pero al senador Toledo he de decirle que las gracietas y
la demagogia que ha hecho al final de su intervención, sobre todo cuando
prácticamente ha denostado por completo la transposición de la directiva
y la ley, no me parecen rigurosas ni serias.

Quiero aprovechar la ocasión para felicitar y agradecer al
equipo de la secretaria general, doña Pilar Farjas, que nos ha estado
acompañando en la tribuna, y a su directora general de Arbitraje y
Defensa de los Consumidores, Milagros Yagüe, que nos está acompañando
toda la mañana en el debate de este proyecto de ley, y para decirles que
han hecho una buena transposición de la directiva, que se tienen que
sentir orgullosas de ella y que nosotros se lo agradecemos profundamente.
Muchas gracias por su trabajo.

Estamos convencidos de que esta ley va a beneficiar
—como decía antes— a partir de ya a catorce millones de
españoles. Ninguna asociación de consumidores, excepto Adicae —pero
por temas de sobreendeudamiento y de cláusulas abusivas—, nos ha
dirigido ninguna enmienda para incluir en la ley, lo que quiere decir que
es una ley absolutamente correcta desde el punto de vista de su
transposición y de defensa de los consumidores. Desde luego, plantea
muchísimas novedades que van a ser muy importantes para todos los
ciudadanos, como son: más información; acabar con las cargas encubiertas;
que el desistimiento sea de catorce días y no de siete; que se tengan que
llevar por escrito los contratos, o en soporte duradero; que se pueda
aplicar el desistimiento hasta doce meses; que haya un formulario de
desistimiento; que no se puedan sobrecargar los costos de los ciudadanos
si antes no se ha conocido esa información; que además, cuando se
devuelva un producto, que sea el empresario el que tenga que recogerlo
cuando no se pueda devolver por correo o de otra manera; que la factura
electrónica pueda ser revocada por parte del consumidor, aunque haya
habido consentimiento; que el ministerio fiscal tenga mayores
competencias en defensa de los consumidores y usuarios. Se han mejorado
las oficinas y servicios de atención a los consumidores; se ha mejorado
la información en relación con los compromisos de permanencia, sobre todo
en los temas de telefonía móvil; se ha mejorado que el tamaño de la letra
de los contratos sea mayor; se ha mejorado el tema de la penalización en
los contratos y se ha mejorado claramente el tema del spam
telefónico.

Respecto a las observaciones que ustedes nos han hecho en
el turno de defensa de los vetos, en el de debate de las enmiendas y en
el de portavoces, queremos dejar claro que tanto las objeciones como las
enmiendas que ustedes han planteado no tienen mucho sentido y por eso no
han sido aceptadas. La transposición de la directiva se ha hecho en los
términos en que se tenía que hacer. El PSOE, desde luego, no lo hacía
así, pues durante su Gobierno tuvieron muchísimos apercibimientos y
expedientes por no transponer las directivas en tiempo y forma. Además de
esto, creemos que la transposición de la directiva es competencia del
Estado y, por lo tanto, es plenamente constitucional. Creemos
sinceramente que hay un respeto a las lenguas cooficiales de las
comunidades autónomas que así las tienen. Por lo tanto, no estamos de
acuerdo con las quejas de los senadores, y que ahora se apunte a ello sin
haberlo planteado en ninguna enmienda, ni siquiera en el veto, la señora
Llinares, nos parecen absolutamente oportunista.

Creemos sinceramente que se mejoran muchísimo los temas de
acción colectiva y de acciones de cesación. Además, se van a incluir
—como les hemos anunciado— en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
También se está estudiando, y es una novedad, que las personas físicas
puedan hacer sus concursos de acreedores, como las empresas. Además de
esto tengo que decirles —no renunciamos a ello, por supuesto—
que los servicios de atención al cliente quedan mejorados, pero sobre
todo que llegará muy pronto al Congreso y a esta Cámara un Anteproyecto
de Ley sobre el servicio de atención al cliente, que va a recoger todas
las enmiendas que el Partido

Socialista ha planteado y que, lógicamente, las han tenido
que plantear aquí porque cuando presentaron la Ley de atención al cliente
dejaron que caducara en el Congreso de los Diputados durante dos años y
fueron incapaces durante su Gobierno de tramitarla.

Ustedes han puesto objeciones a determinadas cuestiones que
han preocupado siempre al Partido Popular, y no vamos a renunciar a
ellas, como son: las cláusulas hipotecarias, las preferentes y el
sobreendeudamiento familiar. Fíjense ustedes si han tenido que justificar
su voto en contra que la mayor parte de las defensas que ustedes han
hecho aquí tanto en el turno de portavoces como en el de enmiendas ha ido
dirigida a estos tres temas en los que lleva trabajando el Partido
Popular desde que llegó al Gobierno para que se resolviera. Yo tengo que
recordarles, una vez más, que cuando se presentó aquí una Proposición de
Ley para considerar abusivo el suelo de las hipotecas, todos los grupos
políticos votaron en contra y, además, en el asunto de los desahucios fue
un Gobierno del Partido Socialista y la ministra Chacón quienes aprobaron
la ley de desahucio exprés; es decir, no culpen ustedes al Partido
Popular de lo que ustedes han hecho.

Y como decía mi compañera, la senadora Contreras, el
Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy ha hecho todo y más para
resolver y apoyar a todas las personas que lo están pasando mal con sus
hipotecas. En este sentido, además de las leyes y reales decretos
correspondientes, se han limitado los intereses de demora a un 3% y,
además, solo se puede reclamar después de tres meses de impago; cosa que
no había hecho el Partido Socialista.

En cuanto a las cláusulas suelo, las preferentes y el
sobreendeudamiento, quiero aprovechar también para felicitar —y ya
lo había hecho antes— al presidente de Adicae, Manuel Pardo, y al
secretario general, Fernando Herrero, quienes nos han acompañado y están
también en la tribuna, sobre todo por los éxitos que están teniendo
ustedes en materia judicial en defensa y protección de los consumidores.
Están haciendo un excelente trabajo, como la mayoría de las asociaciones
de consumidores que están en el Consejo Nacional de Consumo.

En relación con las preferentes, tengo que decirles que es
lamentable que el Partido Socialista siga culpando al Partido Popular
cuando ellos estuvieron durante dos años, 2009 y 2010 permitiendo la
comercialización masiva de este tipo de productos sin poner ningún tipo
de veto ni desde el ministerio correspondiente ni desde el Banco de
España para que se hiciera así. Ahora el Gobierno del Partido Popular ha
planteado soluciones, y es imposible que en este momento se pueda vender
un producto sin la información y la transparencia suficiente; se han
llevado a cabo —y esto es muy importante, señorías— laudos y
arbitrajes por parte del ministerio para 116 000 expedientes de personas
que tenían problemas y se han resuelto en nueve meses, y más de 260 000
preferentistas van a recuperar y han recuperado ya su dinero por valor de
casi 2000 millones de euros. Esto es trabajar por los ciudadanos y no lo
que ustedes hacían.

En cuanto al sobreendeudamiento familiar, tengo que
decirles que ustedes entre los años 2004 y 2011 incrementaron los
créditos de estas características en familias y en empresas por valor de
900 000 millones de euros, un incremento de un 90% en la nefasta política
económica que ustedes hicieron. En los dos años de Gobierno del Partido
Popular se ha reducido en 300 000, hemos puesto veto al
sobreendeudamiento y hemos intensificado la prudencia financiera de las
entidades.

Y en relación con el cigarrillo electrónico, no comparto
que el senador Cazalis haya utilizado esta tribuna específicamente para
hablar de este tema, cuando ustedes saben que quien ha puesto las medidas
de protección más importantes ha sido el ministerio y el Gobierno del
Partido Popular en la norma transada en el Congreso de los Diputados, y
cuando está a punto de trasponerse —tenemos dos años— la
directiva del tabaco que se acaba de aprobar. Pero les tengo que decir
más cosas. Los consejeros de todas las comunidades autónomas están de
acuerdo con lo que se ha hecho y no con lo que ustedes planteaban.

Y no quiero terminar mi intervención sin poner en valor
todos los hitos en materia de consumo del Ministerio de Sanidad del
Gobierno de Mariano Rajoy y de la ministra Ana Mato. Y en este sentido,
tengo que decirles que solamente en la contención del precio de la luz,
que el Partido Socialista permitió que se incrementara un 60% durante su
Gobierno, vamos a conseguir que de inmediato se devuelvan a los
ciudadanos 680 millones de euros...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Voy terminando, señor
presidente.

... una media de 40 euros por abonado, a 17 millones de
españoles, por el trabajo que en esta materia ha hecho el Gobierno del
Partido Popular. Pero es que, además, en las prácticas de arbitraje y
laudos, en las hipotecas, en los desahucios, en la creación de la Ecosan,
la Agencia Española de Consumidores, Seguridad Alimentaria y Nutrición,
se han planteado las mejores y más importantes garantías para los
consumidores... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora RIOLOBOS REGADERA:...estoy convencida que de
todos los Gobiernos que ha habido desde la democracia. (Rumores).

Por eso tengo que decirles que el Partido Popular se siente
muy orgulloso... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

La señora RIOLOBOS REGADERA: ... del trabajo que se ha
hecho en materia de protección de los consumidores, y pensamos que
Mariano Rajoy y su Gobierno han puesto las bases para mejorar de una
forma fundamental la protección de los derechos de los consumidores.

El señor PRESIDENTE: Termine señoría, ha sobrepasado su
tiempo en más de un minuto.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Antes de terminar, quiero
aprovechar para dar el pésame a la familia de don Adolfo Suárez,
especialmente a su hijo Adolfo Suárez Illana, con quien me une una gran
amistad, porque Adolfo Suárez fue un gran hombre, un gran presidente, el
arquitecto de la transición ejemplar de nuestro país de la dictadura a la
democracia.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Riolobos.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las
enmiendas.

Comenzamos por las de los senadores Iglesias y Mariscal,
del Grupo Parlamentario Mixto.

En primer lugar, votamos la enmienda número 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 73; en contra, 148;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 26, 34, 39, 41 y 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 69; en contra, 164;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 36 y 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 83; en contra, 151;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 10 a 12, 18, 20, 21, 32, 33, 35, 38,
42 y 47.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra, 147;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 13 a 17, 19, 22 a 25, 27 a 31, 37, 40
y 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 72; en contra, 160;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Eza, Salanueva y Yanguas, comenzamos
votando la enmienda número 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 9; en contra, 147;
abstenciones, 82.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 2 y 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 91; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 1 y 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 78; en contra, 146;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 74; en contra, 147;
abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 7 y 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 72; en contra, 160;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Quintero y Zerolo, votamos la enmienda
número 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 78; en contra, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la enmienda número
246.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 90; en contra, 147;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 241, 243 y 244.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 28; en contra, 147;
abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 242 y 245.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 77; en contra, 157;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 240 y 247 a 249.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 91; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
comenzamos votando las enmiendas números 65, 72, 77 y 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 69; en contra, 162;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 74, 82 y 83.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 86; en contra, 147;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 48, 49, 50, 57, 59 y 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra, 147;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 66 a 69, 75 y 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 74; en contra, 160;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 51 a 56, 58 y 61 a 64.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 71; en contra, 160;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 70, 71, 73, 76, 80 y 81.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 91; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 92.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 90; en contra, 145;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 109 y 110.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 75; en contra, 160;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 129.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 77; en contra, 146;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 132.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 74; en contra, 147;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 84, 85, 127, 128, 130, 131 y
133.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra, 147;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 88 y 118.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 73; en contra, 160;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 139, 141 y 142.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 86; en contra, 147;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 86, 89, 94, 99 a 102, 106 a 108, 120,
121 y 123.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra, 147;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 87, 93, 95 a 98, 103 a 105, 111 a 117
y 122.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 158;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 134 a 138, 140 y 143.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 90; en contra, 147;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 90, 91 y 124 a 126.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 90; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 119.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 75; en contra, 159;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, votamos la enmienda número 164.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 23; en contra, 147;
abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 179.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 15; en contra, 214;
abstenciones, 9

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 147.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 27; en contra, 145;
abstenciones, 64

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 173.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 15; en contra, 147;
abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 145 y 150 a 152.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 18; en contra, 215;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 144, 146, 148, 149, 153 a
157, 159 a 163 y 165.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 86; en contra, 147;
abstenciones, 5

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 158, 166 a 172 y 174 a
178.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 87; en contra, 146;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda
número 187.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 76; en contra, 160;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 192 y 193.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 158;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 203 y 223.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 74; en contra, 145;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 181, 186, 188, 194 a 199, 202, 224, 225, 234 y
236 a 238.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 72; en contra, 160;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 200 y la 229.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 68; en contra, 162;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 204, 205, 207, 208, 210, 216 y 218 a 220.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 235; a favor, 81; en contra, 146;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 180, 182 a 185, 189 a 191, 201, 206, 211 a 215,
217, 222, 226 a 228, 230 a 233, 235 y 239.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 87; en contra, 147;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 150; en contra, 88.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el
Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. (Aplausos).

6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

6.1.1. PROYECTO DE LEY SOBRE COBERTURA POR CUENTA DEL
ESTADO DE LOS RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA.

COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

(Núm. exp. 621/000063)

El señor Presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y
6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a entrar en el debate
de las propuestas de veto. No pararemos para almorzar, y no se votarán
las propuestas de veto antes de las dieciséis horas.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador López Rodríguez. (Rumores).

Guarden silencio, señorías, por favor. (Continúan los
rumores).

Abandonen el hemiciclo en silencio, por favor.

El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ (Octavio Adolfo): Gracias, señor
presidente.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día
30 de diciembre de 2013, fecha asimismo de su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento
ordinario.

El plazo de presentación de enmiendas finalizó, previa
ampliación, el día 17 de febrero de 2014, presentándose un total de
cuatro vetos y 75 enmiendas, de las que han sido retiradas las números 35
y 50, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Los vetos que han sido presentados: el veto número 1, por
la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto
número 2, por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el veto número 3, por las
senadoras Almiñana Riqué y Sequera García y los senadores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, todos
ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y el veto
número 4, por el Grupo Parlamentario Socialista.

Las setenta y tres enmiendas vivas se distribuyen de la
siguiente forma: enmiendas 1 a 22, de los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmienda número 68,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas 23 a 34, 36 a 49 y
51 y 52, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya;
enmiendas 61 a 67, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; enmiendas 53 a 60, del Grupo Parlamentario
Socialista; y enmiendas 69 a 75, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

El día 25 de febrero se reunió la ponencia del presente
proyecto de ley y emitió informe, acordando lo siguiente: Incorporar al
texto remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas números 69
a 72, 74 y 75, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; aprobar una
enmienda transaccional, presentada sobre la base de la enmienda número
73, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y renombrar las
disposiciones adicionales sexta y séptima del proyecto de

ley como disposiciones finales primera y segunda
respectivamente, pasando a reenumerarse las disposiciones finales primera
a tercera como disposiciones finales tercera a quinta. Asimismo se
introducen las adaptaciones oportunas en el último párrafo del
preámbulo.

A continuación, la comisión se reunió para dictaminar el
citado proyecto de ley y emitió dictamen sin modificaciones respecto al
informe de la ponencia.

Finalmente, han presentado votos particulares a este
dictamen los senadores Iglesias Fernández, Mariscal Cifuentes, Guillot
Miravet, Saura Laporta, Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla,
Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García y los
grupos parlamentarios Mixto, Vasco en el Senado, Entesa pel Progrés de
Catalunya, Catalán en el Senado Convergència i Unió y Grupo Parlamentario
Socialista.

Buen debate.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Pasamos en primer lugar a la propuesta de veto número 1,
presentada por la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Si me lo permite, intervengo desde el escaño para dar por
defendida la propuesta de veto presentada por la senadora Capella, que se
basa en dos argumentos que comparto: el primero, el rechazo a la
privatización del Cesce y, el segundo, la denuncia, como ha reflejado un
informe de Naciones Unidas, de que las prácticas que amparan esta
cobertura del riesgo de internacionalización en ocasiones suponen dar
aseguramiento a proyectos que conllevan vulneración de derechos humanos.
Si ello era posible desde una institución de carácter público, una vez
privatizada la misma es de temer que se produzcan con más frecuencia
situaciones semejantes.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Propuesta de veto número 2, presentada por los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Tiene la palabra el senador señor Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, presento en nombre del senador Saura y mío, y en
representación de Iniciativa per Catalunya Verds, este veto, veto a un
proyecto de ley que muy bien podría llamarse proyecto de ley para la
privatización de un servicio de interés económico esencial y estratégico
para la internacionalización de nuestras empresas. Con esta ley se
completa el proceso iniciado con el Real Decreto Ley de julio de 2012,
que sentaba las bases para la privatización de la Compañía Española de
Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), que es quien tiene en la
actualidad encomendada la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos
de la internacionalización.

Un primer argumento que el senador Saura y yo vamos a
defender es que vetaremos cualquier proyecto de ley que no contemple en
qué situación van a quedar los trabajadores y trabajadoras afectadas. En
el caso del Cesce estamos hablando de centenares de personas.

En la presentación de este proyecto de ley en el Congreso
el ministro De Guindos lo justificaba con los siguientes argumentos:
contribuir a la mejora de la competitividad y a una mayor eficacia en las
políticas de internacionalización; el excelente comportamiento del sector
exportador español; garantizar condiciones de financiación que hagan
competitivas a nuestras empresas en el nuevo contexto económico global;
la entrada de capital privado en Cesce, que permitirá más flexibilidad
para ajustar sus medios, posibilitando una mejora de la gestión; afirmó
también que no tiene demasiado sentido que el Estado controle la mayoría
del capital de una compañía como Cesce, cuya cifra de negocio, en más de
un 80%, proviene de su actividad aseguradora privada; y por último remató
diciendo que la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la
internacionalización se rige por una ley de 1970.

Excepto en la necesidad de actualizar una ley de 1970,
discrepamos con el resto de argumentos del Gobierno. El Gobierno del PP y
el ministro De Guindos en particular están

instalados en una idea fija, que es la de otorgar al
mercado y a la gestión privada unas virtudes originales que no son
ciertas. La historia de esta crisis indica todo lo contrario. Entonces,
la pregunta es: ¿Por qué privatizar una compañía bien gestionada, eficaz
en su acción de apoyo a la internacionalización de nuestras empresas, que
genera beneficios y que es sólida financieramente? ¿Por qué, señorías,
privatizar una empresa que tiene riesgos en cartera por cuenta del Estado
a 31 de diciembre del 2012 de 17 170 millones de euros, con más de 130
000 clientes y presente en Europa y Latinoamérica? La única respuesta
posible es que es por puro ideologismo, en primer lugar. Otra motivación
segura es para conseguir ingresos —se calcula que esta
privatización reportaría entre 160 y 200 millones de euros— y como
muy bien aconseja la doctrina neoliberal, para así privatizar beneficios,
una manera elegante de decir que vamos a entregar a manos privadas un
chollo como es la Cesce.

Este Gobierno lamentablemente lo único que hace público son
las pérdidas. El último ejemplo es el rescate de las autopistas, que va a
representar, en definitiva, más deuda pública.

Señorías, la pregunta es: si la exportación va tan bien,
algún papel habrá jugado en positivo la actual Cesce, de mayoría pública,
en el incremento de estas exportaciones. Hasta el momento —que se
sepa— su función de cobertura de riesgos se ha realizado, y
satisfactoriamente, para las empresas. Insisto por ello en que no tiene
ningún sentido su privatización. Y si en algo hay que mejorar su gestión,
hágase, pero manteniendo su carácter público. Después haré referencia a
cuestiones que hay que mejorar y modificar sobre los criterios a tener en
cuenta en la cobertura de riesgos a cargo del estado de la
internacionalización.

Con todo, lo más chocante de este proceso de privatización
es la respuesta que han dado los grandes operadores privados de seguros.
Les leeré el comentario del señor Juan Saborido, director general
ejecutivo de Coface para España y Portugal. Dice la nota de prensa del
señor Saborido: en primer lugar que defiende como fundamental que se
mantenga el control y el enfoque público de la cobertura de riesgos de la
internacionalización. Afirma también que, sin duda, esta parte de
actividad debe progresar y avanzar para dar cada día mejores soluciones a
las empresas, pero ese objetivo no se puede conseguir haciendo un totum
revolutum —evidentemente se refiere a la ley—, que solo
complicará y dificultará la gestión de esos intereses.

El señor Saborido cree —y lo comparto— que los
seguros por cuenta del Estado deben mantener su carácter y gestión
pública, lo que evitaría —nos alerta— entrar en conflictos de
intereses y enrevesados planteamientos y además garantizaría una mejor
defensa de los intereses de los exportadores españoles.

También nos recuerda que los criterios de gestión deben
venir inspirados y guiados por los intereses y la política económica y
exterior españolas. Más claro el agua. Se podría justificar este veto con
solo plantear cuáles son las opiniones del señor Saborido, un alto
ejecutivo de una compañía privada de seguros.

Insisto, señorías: ¿Por qué privatizar una empresa pública
que juega un papel estratégico para nuestra economía y que va bien? ¿Por
qué privatizar el principal instrumento financiero que dispone el Estado
para defender sus estrategias e intereses en la economía global? ¿Ustedes
creen, señorías, que el nuevo agente gestor privado va a separar de forma
estricta las actividades que realice por cuenta propia y por cuenta del
Estado, por mucho que se recoja en el proyecto de ley? Formalmente sí, en
la realidad no porque es imposible.

¿Qué es lo que realmente va mal en la cobertura por cuenta
del Estado de los riesgos de la internacionalización y que este proyecto
de ley ni contempla?

Señorías, las agencias de crédito a la exportación, como la
Cesce, son las entidades gestoras de los instrumentos de apoyo financiero
a la exportación por cuenta de los Estados. Su misión es apoyar
transacciones con riesgo en el ámbito de la exportación que el sector
privado no respaldaría o no lo haría a un precio asequible. Esta es su
razón de ser. El problema es que, como consecuencia de la crisis
financiera iniciada en 2008, esas agencias se convirtieron en la única
alternativa para muchas empresas para financiarse a menor coste al
mantenerse estables las primas de estas agencias. Con la crisis se
incrementó su papel, otorgando créditos asegurados con garantía soberana
pero sin una política de evaluación de riesgos más estricta, de tal
manera que, en caso de impagos, el recurso a fondos públicos acabaría
socializando el riesgo privado. Ni criterios de valoración más estrictos,
ni mayor transparencia, ni controles efectivos, situación toda ella que
explica que puedan aprobarse por la Cesce la escandalosa operación
financiera a cuenta del

Estado en favor de Sacyr en lo que afecta a la ampliación
del canal de Panamá por valor de 316 000 000 de euros.

¿Saben ustedes, señorías, cuáles son los principales
destinos del seguro por cuenta del Estado en 2012? Se lo voy a comentar
—son datos extraídos de la página web de la Cesce—: un 12%
Arabia Saudí, principal exportador de petróleo del mundo; un 6% Estados
Unidos, primera potencia mundial; un 10% nuestra vecina Portugal.
(Estamos hablando ya de un 30% del volumen total.) Y del 46% Cesce no da
información.

Señorías, yo puedo entender que se habiliten o se
fortalezcan los instrumentos públicos necesarios para facilitar el
crédito a nuestras empresas, y más en estos momentos de acceso difícil y
caro al crédito privado, pero una cosa es la cobertura de riesgos y otra
el acceso a la financiación. Con este proyecto de ley que amplía los
factores considerados de riesgo de una manera inconcreta e indefinida lo
único que se va a conseguir es la financiación a riesgo cero de nuestras
multinacionales. El papel de la Cesce no puede ser el de asumir los
riesgos rechazados por el sector privado sin más, sino el de adoptar una
política de asunción de riesgos y precios más acorde con los objetivos de
sostenibilidad. Opacidad, falta de control y participación democrática
son cuestiones que este proyecto de ley ni considera. Pese a que estamos
discutiendo sobre fondos públicos, no se establece ningún mecanismo de
información ni de control. Pese a afectar a los Presupuestos Generales
del Estado, no se contempla la información ni el control de las Cortes
Generales. Tampoco se establece ningún medio de participación ni de
consulta con las poblaciones afectadas por los proyectos asegurados, los
cuales son usualmente proyectos de alto riesgo socio-ambiental.

La Cesce es acusada desde hace años por las ONG como un
opaco mecanismo generador de un mayor endeudamiento para países
empobrecidos y de impactos sociales y ambientales severos. Señorías, a 31
de diciembre de 2012 la deuda comercial generada mediante la Cesce de
países terceros con España ascendía a casi 3 300 millones de euros
—un 20,75% del total—. Esta deuda afecta particularmente a
países empobrecidos, los cuales acaban asegurando el riesgo de las
inversiones. Esta realidad viene siendo denunciada por las ONG dedicadas
a la cooperación internacional. Ni se les ha hecho caso en el pasado ni
este proyecto de ley hace referencia alguna al principio de respeto y
coherencia con los criterios de la acción exterior de la Unión Europea.
La regulación de la Unión sobre las agencias de crédito a la exportación
es muy clara. Por ejemplo, nuestra Cesce establece que los Estados
miembros deben cumplir con los principios generales de la Unión Europea
en el ámbito de la acción exterior, tales como consolidar la democracia,
el respeto de los derechos humanos, la coherencia de políticas de
desarrollo y la lucha contra el cambio climático cuando establecen o
implementan sus sistemas nacionales de créditos y seguros a la
exportación. Por ejemplo, Arabia Saudí.

¿Esta situación mejorará o empeorará con la privatización
de la Cesce y con una nueva ley que no establece de forma meridiana estos
límites recogidos en el artículo 21 del Tratado de Lisboa? La respuesta
es sencilla: todo irá a peor.

Con todo, el peor ataque a la cooperación internacional se
produce en la disposición adicional séptima. Con las modificaciones que
proponen del Fondo para la Promoción al Desarrollo (FONPRODE) redefinen
el principal instrumento financiero de las políticas de cooperación,
asestan con esta modificación, junto con los recortes que en cada
presupuesto han ido realizando a la ayuda oficial al desarrollo, un golpe
definitivo a la política española de cooperación para el desarrollo y a
la coherencia de políticas con los principios y criterios del desarrollo.
El Gobierno reorienta estos fondos hacia la parte reembolsable. Otorga al
Cofides, dependiente del Ministerio de Economía, el papel identificador,
gestor y experto independiente, con lo que difícilmente estos fondos
serán orientados a las políticas de cooperación y con los requisitos que
estas exigen.

El ministro García-Margallo pierde el control y la gestión
del FONPRODE en favor del Ministerio de Economía. No creo que le preocupe
demasiado, visto su desinterés por las políticas de cooperación. Lo que
más me sorprende es que de vez en cuando apele a la necesidad de impulsar
la cooperación internacional. La última vez que lo oí fue a raíz de los
sucesos en Melilla. En definitiva, puro cinismo.

Termino, señorías. Como ya es habitual, todo proyecto de
ley que presenta este Gobierno incorpora su chapuza legislativa. El Grupo
Popular ha introducido una nueva disposición adicional, que es una
transacción sobre una enmienda que ya presentó, sobre el régimen
patrimonial de las zonas francas.

Ya me explicarán ustedes qué tiene que ver la cobertura de
los riesgos a cargo del Estado a la internacionalización de la economía
con el patrimonio de las zonas francas. Nada. Una vez más, hacen uso y
abuso, introduciendo cambios y modificaciones de leyes en proyectos de
ley que nada tienen que ver. En definitiva, intentan corregir otra
chapuza, la reforma local, que dejaba al pairo la presencia y la
participación municipal en los consorcios de las zonas francas. Con esto
intentan resolverlo.

Por todas estas razones, el senador Saura y yo pedimos el
voto positivo a este veto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Guillot.

La propuesta de veto número 3 está firmada por las
senadoras Almiñana Riqué y Sequera García y por los senadores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabatè Borrás, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Para su defensa,
tiene la palabra el president Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, todos coincidiremos —estoy seguro— en
que la innovación y la internacionalización son factores determinantes
para la competitividad de nuestras empresas y también en la importancia
que, especialmente, en el marco de la actual crisis económica en que nos
encontramos, tiene ese sector, el sector exterior.

Difícilmente crecerá el empleo con una demanda interna bajo
mínimos sin la aportación del sector exterior, que es uno —ni mucho
menos el único, pero es uno— que ha de jugar un papel importante en
la salida de la crisis y en la recuperación de nuestra economía. A los
problemas de atonía del consumo interior y de dificultades en el acceso
al crédito, suman muchas de nuestras empresas su escasa dimensión, al ser
pequeñas y medianas empresas, con las consiguientes dificultades que eso
comporta en su capacidad para innovar y también, precisamente, para
internacionalizarse. De ahí la necesidad de reforzar los instrumentos de
ayuda a nuestro tejido productivo en este proceso creciente de incremento
de su presencia en los mercados internacionales. Y aquí aparece Cesce
como uno de los instrumentos, que desde los años setenta ha venido
prestando un gran servicio a las empresas españolas en el exterior.

Este proyecto de ley que hoy discutimos tiene casi como
único objetivo su privatización total, y muchos nos preguntamos por qué,
cuáles son las razones. Cesce es una compañía en la que el sector privado
tiene ya una presencia importante —fundamentalmente, como ustedes
saben, tres entidades bancarias, y en menor medida, unas aseguradoras; en
total, el 49,75%—, además, con presencia de todas ellas en los
órganos de administración de la empresa. Es una empresa saneada, con
beneficios, que no supone ninguna carga para los Presupuestos Generales
del Estado. Al contrario, la mayor parte de su actividad, en torno al
80%, no es por cuenta del Estado, sino compitiendo en el mercado con
otras aseguradoras. Digo esto porque es una prueba de su eficacia y de su
eficiencia.

¿Será más eficaz y eficiente cuando su capital sea 100%
privado? ¿No son eficaces ni eficientes los responsables actuales de
Cesce designados por el actual Gobierno? ¿Dónde están y cuáles son las
verdaderas razones de esta privatización? Una empresa saneada, con
beneficios, con una función pública fundamental —entre las
muchas— como es la cobertura por cuenta del Estado de determinados
riesgos de las empresas españolas en el exterior, se quiere y se opta por
privatizar.

La cuantía de los ingresos que puede suponer su
privatización —y el señor Guillot ha hecho alusión a la
posibilidad— tampoco justifica la misma. La magnitud del déficit
público no se reducirá con ello. Además se privatiza garantizándole que
durante ocho años podrá seguir desarrollando las funciones de agente
gestor por cuenta del Estado, funciones que, de hecho, hoy
desarrolla.

Los argumentos sobre que estará más clara la separación de
actividades en la Cesce privada gracias al convenio que efectuará la
misma con el Ministerio de Economía, y que argumentaba el ministro de
Economía en su presentación en el Congreso, sencillamente creo que no se
sostiene. Ya existe esa separación actualmente, solo hay que repasar,
entre otras cosas, las cuentas de Cesce.

La comisión de riesgos por cuenta del Estado que prevé el
proyecto de ley estará adscrita al Ministerio de Economía y
Competitividad con funciones supuestamente destinadas a reforzar ese
control público sobre la gestión por cuenta del Estado que hasta ahora
realiza el consejo de Cesce, pero estas se limitan a cuestiones que son
un poco de Perogrullo: poder solicitar información al ente gestor
—a Cesce, se entiende— para valorar los riesgos que asume el
Estado; comprobar que el ente gestor

destina los medios adecuados; y la obligatoriedad del ente
gestor —Cesce, también— de presentar un informe anual de la
gestión de riesgos y los recursos destinados, como si eso hoy no se
hiciera.

Señorías, no añade ni más eficiencia ni más eficacia ni más
transparencia, sencillamente la nueva regulación no aporta ninguna
novedad, salvo una: la privatización total de Cesce, de un grupo
empresarial con más de 1600 empleados, más de 140 000 clientes, más de 43
000 millones de euros en riesgos concedidos y una facturación de 420
millones de euros en el 2012 y con beneficios de 27,4 millones de euros
después de impuestos, además de contar con una importante implantación en
Latinoamérica, con la importancia que ello tiene especialmente para
muchas de nuestras empresas.

Y este proyecto de privatización se hace mediante este
proyecto de ley, cuando más necesario es reforzar todos los instrumentos
que ayuden precisamente a la internacionalización de nuestras empresas.
Es verdad que la cobertura por cuenta del Estado de riesgos comerciales u
operaciones en el exterior a largo plazo, o de riesgos por desastres
naturales o de tipo político, como son las expropiaciones, no son, ni
muchísimo menos, los únicos a los que se enfrentan las empresas
españolas, pero hay que reconocer que en estas últimas décadas la
compañía Cesce ha realizado un gran trabajo asumiendo este papel,
reconocido positivamente por el tejido empresarial español.

¿Qué mejora notarán nuestras empresas exportadoras
internacionalizadas después de la privatización total de Cesce?
Ninguna.

Por ello, no entiendo ni veo que este proyecto de ley sea
una norma fundamental para la recuperación, y cito textualmente, como la
definió el ministro de Economía y Competitividad en su presentación en el
Congreso de los Diputados: ¿Le saldrá más barata al Estado la cobertura
de riesgo que ahora realiza por su cuenta Cesce? En absoluto. Aquí lo que
pasará, tal y como también ha mencionado el señor Guillot, es que un
negocio que ahora da beneficios será íntegramente privado —digo
íntegramente porque, como decíamos antes, una parte importante del
capital de la empresa pertenece a grupos privados—. Precisamente,
pasará eso, incluso puede que continúen los mismos directivos,
seguramente sin los límites de retribución que tienen hoy —a
saber—, pero evidentemente con diferentes accionistas y ya sin el
Estado.

Señorías, la balanza comercial ha mejorado sobre todo por
la caída de las importaciones, fruto de la debilidad de la demanda
interna, más que por el robustecimiento o el crecimiento de nuestras
exportaciones, a pesar del esfuerzo de las empresas en mejorar su
productividad —eso es cierto— y, por tanto, su
competitividad, pensando en el mercado nacional pero también en el
mercado exterior, y no siempre con el apoyo necesario de la
Administración, que ha ido reduciendo —conviene ponerlo de
relieve— los recursos destinados a dar apoyo a nuestro sector
exterior. Basta solo echar un vistazo a la evolución presupuestaria de la
Secretaría de Estado de Comercio, y especialmente de organismos como el
ICEX, para ver la reducción de cantidades presupuestarias en los años
2012, 2013 y 2014, con una ejecución presupuestaria, como ustedes saben,
manifiestamente mejorable.

Para finalizar: sumaré alguna razón más a nuestro veto,
pues en la tramitación parlamentaria del Congreso el Grupo Parlamentario
Popular introdujo una enmienda sustancial, como la que se refiere a la
reforma del FONPRODE evitando la discusión en los órganos específicos de
la Cámara en materia de cooperación y desarrollo. No creemos que este sea
el instrumento legislativo adecuado para hacerlo dada la confusión que
puede introducir. La cooperación al desarrollo y el papel del FONPRODE y
del Cofides tienen nexos de unión con la internacionalización de nuestra
economía, pero en este caso conviene diferenciarlos claramente para
evitar malos entendidos, aunque la cooperación al desarrollo no se limite
a la clásica solidaridad y en muchos casos comporte retornos, algo que es
absolutamente legítimo.

En fin, señorías, este es un proyecto de ley innecesario
para una innecesaria y contraproducente privatización total de una
empresa hoy mayoritariamente pública; una privatización no pedida por sus
clientes, no necesaria para el Estado, no sé si sugerida por sus
competidores, pero un mal negocio —estoy convencido— para los
intereses generales. De ahí la presentación de nuestro veto, para el que
pedimos su apoyo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president
Montilla.

Para la defensa del veto número 4, del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el presidente Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor
presidente.

Creo que es bastante evidente que con un proyecto tan
interesante como este, con el que vamos a debatir sobre temas del
comercio de España, fundamental para la recuperación, no hemos actuado
correctamente. Obviamente, no se puede dejar de interrumpir la sesión si
va a haber tan poca expectación. Creo que este es un error que debemos
corregir en el futuro.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Que conste en
acta.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor
presidente.

Dicho esto, quiero manifestar que este es efectivamente un
proyecto de ley que quizá parece recoger una cuestión técnica, pero en
realidad estamos discutiendo sobre el proyecto de la recuperación
económica española, pues vamos a debatir fundamentalmente sobre la
exportación, y creo que es muy importante que sus señorías pudieran
participar y escuchar las opiniones de todos para ver si podemos
modificar un poco este proyecto de ley.

Para empezar tengo que decir que este proyecto de ley, que
presentó aquí el ministro de Economía —ahora no ha hecho acto de
presencia—, no ha visto incrementado su apoyo en su paso por el
Parlamento, sino que ha disminuido, porque de un veto o enmienda
alternativa que se presentó en el Congreso hemos pasado a cuatro. Por
tanto, no parece razonable que en el Parlamento no se mejoren las leyes,
sino que vayan empeorando a medida que interviene el Gobierno o el Grupo
Parlamentario Popular con sus enmiendas. En todo caso, en la presentación
de este proyecto de ley en el Congreso el ministro de Economía hacía
referencia tanto al alto crecimiento de nuestras exportaciones —que
obviamente son fundamentales— dada la debilidad de la demanda
interna y la falta de inversión— como a las condiciones de
financiación de estas. Si hacemos abstracción de las declaraciones
políticas interesadas, y basándonos en cifras reales, el valor de las
exportaciones en el último trimestre del año fue simplemente un 1,5%
superior a la media del trimestre anterior —un 4,2% en
volumen—. ¿Este es el extraordinario tirón de nuestras
exportaciones, que el paso de decrecer 1,2 puntos de PIB a crecer
extraordinariamente y recuperar empleo se valora solo en un 1,5% más que
la media del trimestre anterior?

Por otra parte, las importaciones aumentaron un 7,2% y un
11,9% en volumen, y, evidentemente, aunque aquí no lo parezca porque el
Partido del Gobierno nunca lo admite, hay un claro consenso sobre que las
exportaciones perdieron mucha fuerza en el último semestre del año
pasado. Naturalmente, esperemos que sea un periodo transitorio; en
cualquier caso, seguimos teniendo un problema de competitividad, problema
que no han conseguido solucionar ni la fuerte devaluación salarial que ha
tenido lugar en España y que ha sido admitida por el Banco de España
—incluso ha dicho que era mayor— y por la propia patronal, ni
tampoco las ganancias de productividad por la vía de la reducción de
plantillas en la que se justifica la mayor parte del incremento de la
productividad de que presumimos en los últimos años.

Está claro, por tanto, que la vía exclusiva de
consolidación fiscal acelerada que hemos vivido en la primera parte de la
crisis, y algo amortiguada después, ha fracasado, y se necesita invertir
—vocablo extraño— en mejorar la productividad. Se necesita
también una mucho menor obsesión en el ajuste fiscal y, sobre todo, una
política monetaria que tenga en cuenta que todas estas ganancias de
productividad de las que estamos hablando se han producido por el
sufrimiento, el desempleo y la devaluación salarial; pero todas ellas son
absorbidas por la revalorización del euro, que es la mayor de todas las
monedas existentes y que provoca una política que hace que perdamos las
ventajas de todos los sufrimientos de costes salariales y de desempleo
que estamos padeciendo.

Además, pasamos de discutir si nuestra política monetaria
es buena o mala porque tenemos una inflación de referencia, que es el 2%,
y cuando hay un supuesto riesgo de que vayamos a excederla, la actuación
es fulminante, y cuando es evidente, mes tras mes, que no conseguimos
llegar y que estamos prácticamente en inflación cero, no hay ninguna
actuación, como si eso fuera bueno y no tuviera ninguna consecuencia, y
no es así, tiene consecuencias —y graves— para España, para
la competitividad, para sus empresas, para sus instituciones financieras,
pero sobre todo y lo más importante, para sus ciudadanos y para el
desempleo. Esto hay que evaluarlo y, sin embargo, no se actúa al
respecto. Tenemos un euro claramente sobreevaluado con respecto al dólar
y otras monedas,

lo que impide el impulso a nuestra exportación y un
crecimiento económico más consistente. Tampoco hay que olvidar en este
sentido que los países emergentes, que tiraron del crecimiento en la
primera parte de la crisis, actualmente se encuentran con mayores
dificultades de crecimiento.

Sin embargo, la nota informativa de Cesce nos mete de lleno
en las intenciones de este proyecto. Si el ministro decía que las
condiciones de financiación son fundamentales, según Cesce —y según
la evidencia pero nos acogemos a su opinión autorizada porque esta
compañía es claramente profesional e informada de la situación—
persisten las diferencias en el precio de la financiación entre el norte
de Europa, y aún más con los norteamericanos, sobre todo si la
financiación se denomina en dólares, como es evidente por el hecho
anteriormente expuesto. Pues aquí estamos hablando de la unión bancaria,
sabe Dios para cuándo, y hemos conseguido que haya un supervisor único
pero cada uno tiene que pagar por su cuenta, como siempre, es decir,
hemos hecho un avance fundamental.

Sigue diciendo el texto: Por otro lado, el aumento de la
financiación directa de las ECA u otras agencias estatales de fomento
financiero a la exportación no ha hecho más que incrementar la brecha
entre las distintas ofertas financieras con apoyo público en el seno de
la OCDE. Los eximbanks norteamericanos y asiáticos han alcanzado niveles
récord de concesión de financiación a unos precios —dice— y,
sobre todo, a unos plazos con los que la banca privada puede difícilmente
competir. Es decir, no solo tenemos ese problema de financiación, tenemos
un problema de grandes diferencias de financiación y tenemos el problema
de que sacamos a oferta pública la venta de la mayoría de Cesce, teniendo
en cuenta que las dificultades de financiación no se van a solucionar por
esta vía.

En cualquier caso, estos son, profesionalmente hablando,
los hechos, y no desde el punto de vista ideológico o desde el punto de
vista de hacer un negocio privado, obviamente. Porque para responder a
esta situación, nuestro Gobierno propone esta ley que, ante la
posibilidad de la pérdida de la mayoría pública de Cesce que establecía
la Ley 10/1970, de 4 de julio, que se modifica por el Real Decreto Ley
20/2012, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de
Fomento de la Competitividad —otra vez esta maldita ley—,
trata de garantizar el interés público en la actuación por cuenta del
Estado del agente gestor. Una justificación para una privatización que,
obviamente, como se puede ver, no proporciona la seguridad de que se vaya
a mejorar la actuación pero, en cambio, sí que es una pesadilla, sobre
todo porque se genera una incertidumbre muy clara, además de para la
actuación del Estado, que va a tener dificultades evidentes de colusión,
también para una plantilla de mil seiscientos trabajadores
aproximadamente que han conseguido incrementar el crédito y los
beneficios de la compañía en la difícil situación actual.

Por otra parte, Cesce también nos dice cuál ha sido la
respuesta europea ante esta situación de dificultades de financiación de
la que estamos hablando. En respuesta a la crisis —nos dice—,
muchos países europeos han creado o relanzado esquemas de financiación,
fondeo o refinanciación con fondos públicos, y ello a pesar de que los
precios de los productos que ofrece Cesce a nuestras compañías están
regulados por el consenso de la OCDE. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues
justo lo contrario, con este proyecto de ley vamos a poner más
dificultades para la actuación del sector público y vamos a introducir
más incertidumbre también. Por tanto, aparte de la atención para el
proyecto y para el comercio exterior, que es fundamental, pido,
lógicamente, la retirada, el veto, porque no parece, insisto, que vaya a
incrementar la seguridad ni tampoco a mejorar la financiación.

Y por lo demás, si no fueran motivos suficientes los que he
expuesto, hay dos cuestiones que son también claras: una, la disposición
final primera y, dos, la disposición final segunda, en la nueva
ordenación del proyecto que, obviamente, no tienen nada que ver. ¿Esta
técnica legislativa es nueva? No. Esta es una técnica legislativa que se
ha utilizado en otras ocasiones. ¿Es recomendable? En absoluto, pero en
este caso es absolutamente injustificable. Cuando se ha utilizado el
argumento de introducir algo que no tiene nada que ver con el proyecto de
ley en un proyecto de ley, se ha utilizado siempre por razones de
urgencia, y sobre todo se ha utilizado siempre con el compromiso de todos
los interlocutores que participaban en la cuestión. En este caso, lo
introducen mal y no de forma consensuada, por tanto, inadecuadamente, y
es inaceptable esta situación que por sí misma provocaría ya el veto.

Además, quiero decir, para terminar y fundamentalmente, que
en un caso concreto se trata de cambiar la legislación de la cooperación
indebidamente, porque se excluye a los interlocutores en

materia de cooperación española y, por tanto, en realidad
se hace un fraude de la ley. La segunda parte es muy importante también
porque ahora estamos hablando de las zonas francas que se van a modificar
por esta vía, pero, ¿hemos discutido en España el interés de las zonas
francas? La ley que regula las zonas francas es de los años veinte. El
sentido que tenían las zonas francas, que han sido motivo de conflicto
prácticamente permanente, por razones de fraude fundamentalmente, era el
de intentar apoyar la industria local en relación con la exportación,
pero ese sentido se perdió desde que está en vigor el código aduanero
europeo, y ahora, de repente, hay una petición ingente de zonas francas.
¿Pero es que queremos convertir esto en un país maquilero? Sí que parece
que sea la vía porque ciertamente estamos rebajando derechos de los
trabajadores y rebajando salarios también. Pero no parece adecuado que
discutamos sobre las zonas francas en este ambiente. Parece más adecuado
discutir sobre ellas en el ámbito general y ver si nos conviene o no y no
aceptar peticiones y luego quejarse de que hay evasión de impuestos o
especulación urbanística.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Lerma.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador
Aroca.

El señor AROCA SÁEZ: Gracias, señor presidente.

Compañeros senadores, en primer lugar, quiero agradecer el
tono de los distintos portavoces y las formas que están teniendo para con
este proyecto de ley. Así se puede debatir, tono que es recomendable para
todos los proyectos de ley. Defenderé, en primer lugar, el proyecto de
ley en contra de las propuestas de veto que algunos de los grupos
parlamentarios han presentado y justificaré mi intervención poniendo de
manifiesto los excelentes resultados en materia de comercio exterior y
también la conveniencia y la oportunidad de la reforma de esta normativa
que data del año 1970.

Eficiencia y eficacia, estos son, señorías, los dos
objetivos principales de las políticas de internacionalización de nuestro
Gobierno desde el primer momento en que tomó posesión del mismo. El
presidente del Gobierno y su Ejecutivo pusieron toda su confianza en el
sector exterior y en los dos objetivos que acabo de mencionar,
conocedores de la importancia que este tiene en momentos de crisis
profunda como los que hemos vivido y que estamos empezando a superar poco
a poco. Somos conscientes de la importancia que tienen para la
recuperación económica y la creación de empleo las políticas que dan
impulso al sector exterior, ya que son uno de nuestros mejores activos de
presente y de futuro al convertirse en un elemento estructural para el
crecimiento a largo plazo de nuestra economía.

En los últimos meses han sido muchas las empresas que se
han incorporado y han apostado por el mercado exterior, de todos los
tamaños y actividades empresariales, haciendo de sus bienes y servicios
unos productos de calidad y competitivos. Estas operaciones mercantiles
exteriores, aparte de suponer unos importantes beneficios para el
conjunto de nuestra economía, han supuesto el motor de arranque del
comienzo de nuestra recuperación y de la vuelta a la confianza en nuestro
país. Es precisamente a las empresas, por su carácter emprendedor y
expansionista, por su dedicación y esfuerzo incansable, a quienes les
tenemos que demostrar nuestro agradecimiento por lo positivo que supone
para el conjunto de nuestra economía. Ello, junto con las políticas
emprendidas por el Ministerio de Economía y Competitividad, a través de
la Secretaría de Estado de Comercio, hace que veamos cada vez más cerca
la salida de la crisis y que miremos nuestro futuro con más
confianza.

Nuestras exportaciones han crecido a lo largo del año 2013
de forma clara y contundente. Nuestra balanza comercial cerró el pasado
año con un superávit de 7130 millones de euros, lo que ha permitido a la
economía española financiarse por sí misma desde junio del pasado año.
Hace cinco años España tenía un déficit en la balanza de pagos más alto
del mundo, casi un 11% del PIB, es decir, 110 000 millones de euros, y
ahora, gracias al auge precisamente de las exportaciones, se ha
conseguido el superávit.

Señorías, el sector exterior es el impulsor de un
crecimiento más sostenido al ser más dinámico, más productivo y más
competitivo. La cobertura por cuenta del Estado del riesgo de la
internacionalización por medio de distintos mecanismos aseguradores ha
supuesto una confianza extraordinaria en las políticas comerciales. Por
medio de este mecanismo el Estado da cobertura a los riesgos dependientes
de distintas operaciones de internacionalización. El seguro de crédito

de las exportaciones data del año 1970, y se le atribuía a
Cesce, Compañía Española del Seguro de Créditos a la Exportación, la
gestión del seguro por cuenta del Estado.

Señorías, han pasado cuarenta y cuatro años desde esta
norma. Creo que el Gobierno acierta a la hora de justificar con este
proyecto de ley la adaptación a nuestros tiempos de una realidad social,
política y económica diferente a cuando se implantó. De acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto Ley 20/2012, sobre medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se hace
imprescindible esta nueva ley que sigue garantizando los riesgos de
internacionalización de nuestra economía. Con esta ley lograremos una
eficacia en las políticas de internacionalización y contribuirá a la
racionalización del sector público que ha sido, es y será uno de los
objetivos del Gobierno de Mariano Rajoy.

Con esta ley se mejora el marco legislativo y se adapta a
un mercado más globalizado y competitivo. En el Decreto 20/2012, que
anteriormente hemos mencionado, se sentaban las bases para la
privatización de Cesce. La participación de capital de Cesce está en este
momento en el 50,25%; con la presencia de un mayor capital privado, Cesce
se convertirá en una entidad similar a otras agencias de crédito a la
exportación europea con unas afianzadas estructuras societarias y
jurídicas.

La entrada de capital privado permitirá una mayor
flexibilización para ajustar los medios con el propósito de mejorar
todavía más la gestión. Decía el señor ministro de Economía, en su
comparecencia en el Congreso de los Diputados, que en una compañía como
Cesce, en la que el 80% de la actividad de negocio proviene de la
actividad aseguradora privada, carece de sentido que sea el Estado quien
controle la mayoría del capital. La cobertura por cuenta del Estado se
llevará a cabo por un agente gestor, quien desempeñará sus funciones de
conformidad con los órganos responsables de la política comercial
española. De tal modo, se creará una comisión de riesgo por cuenta del
Estado, quien controlará la gestión del seguro realizado por el agente
gestor, quien velará por que dicha gestión se realice con la diligencia y
con las garantías que precisa nuestra política comercial y así poder
competir en igualdad de condiciones.

El agente gestor diferenciará de forma clara las
actividades que se realicen por cuenta propia y aquellas que se realicen
por cuenta del Estado. Será la Secretaría de Estado de Comercio la que
acreditará la inexistencia de conflicto de intereses por parte de este
agente gestor. Dado que es un interés general de la política comercial
española, el agente gestor asumirá la gestión de este servicio, de tal
modo que el Estado será el garante de las coberturas concertadas por su
cuenta. Dichas coberturas estarán limitadas en los Presupuestos Generales
del Estado. La cobertura que ofrece el Estado con este mecanismo son
aquellos riesgos que el mercado no cubre. Estos riesgos son los derivados
de operaciones a largo plazo, los extraordinarios como resultado de
desastres naturales y los denominados de tipo político como consecuencia
de expropiaciones o conflictos armados.

Esta ley lleva aparejada la creación de un fondo de reserva
de los riesgos de la internacionalización, facilitando al agente gestor
los recursos necesarios para mejorar su capacidad de actuación. Tal y
como contempla la ley, Cesce será el agente gestor durante ocho años. De
este modo, las empresas, inversores y entidades financieras estarán
apoyados en todo tiempo por Cesce, en la confianza de que mejoraremos en
eficacia y en eficiencia.

La Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado contará, entre
sus objetivos de control, entre otras funciones, con las siguientes:
Solicitar del agente gestor cuanta información le sea precisa para
valorar los riesgos que asume el Estado; comprobar que el agente gestor
destinará los medios adecuados para aumentar la productividad y su
eficiencia; y solicitar al agente gestor un informe anual de gestión de
riesgos y los recursos destinados para cumplir el objetivo de su
actividad.

El fondo de reserva y sus recursos estarán constituidos
principalmente por las primas recaudadas, por los derechos económicos,
recobros y comisiones generados. Para poder hacer frente a posibles
desviaciones que en la cobertura de riesgos por cuenta del Estado se
pudieran producir, en los Presupuestos Generales del Estado se
contemplará un crédito que garantice dicha posibilidad, siendo el
espíritu de este apartado que el fondo sea autosuficiente sin necesidad
de las aportaciones estatales.

Señorías, este proyecto de ley es un modelo más eficiente,
más claro, más dinámico y más competitivo que el que se puso en marcha en
el año 1970. Es cierto que este modelo de gestión del seguro de crédito
pasará a manos privadas dando posibilidad a más entidades financieras y
aseguradoras, pero también es cierto que la supervisión y el control de
la cuenta del Estado

seguirán siendo públicos, dado que estamos hablando de un
interés económico general y de continuar favoreciendo la
internacionalización.

Tal y como también se dijo en el Congreso de los Diputados,
este proyecto de ley tiene su base en un contenido técnico y poco
político. Por tal motivo y por lo expuesto anteriormente, ya les anuncio
que nuestro voto será en contra de los vetos presentados por los
distintos grupos parlamentarios a esta ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No hace uso de
la palabra el senador Iglesias. Gracias.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones). No hace uso de
la palabra. Gracias, senadora Iparragirre.

¿Grupo Parlamentario Entesa? (Denegaciones). No hace uso de
la palabra.

Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Señorías, es evidente que estamos en un proyecto de ley
importante en cuanto que afecta a la internacionalización de nuestra
economía y, por lo tanto, a nuestro sistema productivo y, en definitiva,
a uno de los instrumentos al servicio de la internacionalización de
nuestras empresas.

Como ya indiqué también en la comisión correspondiente para
elaborar el dictamen, si bien compartimos algunos aspectos generales que
recogen los planteamientos que se han expuesto aquí con relación a los
vetos presentados, en especial por lo que hace referencia al papel que ha
desempeñado Cesce en los últimos años y la importancia de los
instrumentos al servicio de la internacionalización, no compartimos la
mayoría de los motivos expuestos en dichos vetos. Creemos que este
proyecto de ley es globalmente positivo. Define un nuevo modelo de
gestión que no persigue un objetivo exclusivo de caja, sino que mejora la
eficiencia y la gestión del instrumento, pero creemos también, aun con
una valoración globalmente positiva, que debieran incorporarse aspectos
que garanticen el cumplimiento de las funciones que este instrumento debe
seguir acometiendo y los objetivos a los cuales no puede renunciar. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

En la presentación del proyecto de ley en el Congreso de
los Diputados en su día, concretamente el 21 de noviembre, el ministro de
Economía expuso las líneas maestras que, a grandes rasgos, podríamos
decir que compartimos. Es evidente que hay que dotar de mayor eficacia a
las políticas de internacionalización y a la contribución a la
racionalización del sector público. El sector exterior tiene que ser
motor de recuperación y la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos
de la internacionalización tiene que ser un instrumento esencial de la
política comercial, así como garantizar a nuestras empresas exportadoras
que tengan condiciones similares a las de nuestros competidores. También
estaríamos de acuerdo en que en una compañía como Cesce, en la que más de
un 80% de su cifra de negocio proviene de la actividad aseguradora
privada, no tiene demasiado sentido que el Estado controle la mayoría del
capital. Pero, a pesar de esta valoración global positiva que hacemos, a
la que más adelante me referiré, sin duda hay aspectos que se deben
mejorar.

En esta línea hemos presentado las enmiendas, que también
defenderé en su momento, que pretenden justamente la mejora por la que
nosotros entendemos que debe pasar este proyecto de ley, por lo que en
estos momentos no vamos a apoyar los vetos en cuestión por las razones
que ya he argumentado, aunque, de entrada, sí quiero manifestar a los
ponentes del Grupo Parlamentario Popular que tengan muy en cuenta
nuestras enmiendas a fin de mejorar este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

¿Grupo Socialista? (Denegaciones). No hace uso de la
palabra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Aroca.

El señor AROCA SÁEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Seré muy breve.

A pesar de que algunos de los portavoces no están aquí y no
han hecho uso de la palabra, quisiera contestar en algunos de los
aspectos sobre la motivación que se expuso en la Comisión de Economía y
Competitividad, así como sobre la argumentación esgrimida en la
presentación de los vetos.

Con referencia al veto número 1, presentado por el Grupo
Parlamentario Mixto, he de decir que esta ley en ningún momento supone
una violación de los derechos humanos o aspectos medioambientales, ya que
cumple con toda la normativa vigente y no sería lógico ni tendría mucho
sentido que el Gobierno de España contraviniese la normativa de la Unión
Europea. Además, se establecen mecanismos adicionales de refuerzo para el
agente gestor con el fin de asegurar que este contraste que los proyectos
a los que se da cobertura oficial adoptan las prácticas y medidas
adecuadas de prevención y mitigación de los riesgos medioambientales, así
como de lo que se refleja en el artículo 3.7 de esta ley.

En relación con el veto número 2, presentado por el Grupo
Entesa, y con lo expuesto por varias de sus señorías sobre el Fondo para
la Promoción del Desarrollo, el objetivo del Gobierno es clarificar las
operaciones financiables con cargo a este. Por lo tanto, no se puede
hablar de una reforma ni en profundidad ni sustantiva, puesto que de lo
que se trata es de clarificar y facilitar la gestión del fondo y, de modo
muy especial, en aquellas operaciones reembolsables. De tal modo,
Cofides, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, pasará a
realizar determinadas actividades que hoy realiza para el FONPRODE
España, Expansión Exterior, también dependiente de la misma Secretaría de
Estado de Comercio. Cofides dispone de una gran experiencia en el
análisis de riesgo y financiación de los proyectos, que ahora pondrá en
manos de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo,
Aecid. Por lo tanto, en ningún caso habrá traspaso de competencias o
funciones de un ministerio a otro.

Señorías, la incorporación de Cofides dentro del esquema
organizativo de la cooperación española obedece a la articulación más
eficiente de los recursos de los que se dispone para la cooperación,
obteniendo mejores resultados con el menor coste posible, y con la
modificación de la Ley 23/1998 se confiere a Cofides unas determinadas
funciones en materias como la identificación de proyectos, supervisión y
control, elaboración de informes, instrumentos de préstamos o evaluación
de proyectos, entre otros.

En relación con los vetos 3 y 4, los seguros de crédito por
cuenta propia constituyen una actividad privada, por lo que no tiene
justificación que los gestione una empresa pública. Se trata de un
negocio privado en el que compiten empresas privadas y en el que no hay
ningún interés público que pueda justificar el destino de recursos
públicos para este tipo de negocio.

En cuanto a la gestión de la cuenta del Estado, seguirá
estando controlada por la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado y
tendrá carácter público, por lo que en ningún momento quedará sin
garantía.

Nosotros entendemos y respetamos que se presenten tantos
vetos como se consideren precisos, pero creemos que con las enmiendas
presentadas tal vez se podría haber mejorado el texto. En cualquier caso,
les pido que también respeten que el Gobierno evalúe estas enmiendas y
las pueda aceptar o no, dentro de su legítimo derecho; al igual que
ocurriera con Gobiernos anteriores, cuando el Grupo Popular estaba en la
oposición, presentaba sus enmiendas, presentaba sus vetos y el grupo
mayoritario los rechazaba.

Quiero agradecer al senador Alturo sus palabras relativas a
no presentar ningún veto y el reconocimiento de que las exportaciones,
como todos los grupos parlamentarios han puesto de manifiesto
―aunque usted ha hecho más hincapié―, están jugando un papel
muy importante en la recuperación económica.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las quince horas.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Cierren las puertas.

Señorías, votamos las propuestas de veto. Para la
utilización del voto telemático estaban autorizadas las senadoras García
Carrasco, Ortega Rodríguez y Fernández Cueva, quienes han votado en
contra de todas las propuestas de veto, con lo cual los añadiré a las
votaciones en el hemiciclo.

Empezamos votando la propuesta de veto número 1, de la
senadora Capella, del Grupo Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225, más 3 votos telemáticos, 228; votos emitidos, 224, más 3
votos telemáticos, 227; a favor, 64; en contra, 156, más 3 votos
telemáticos, 159; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, de
los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224, más 3 votos telemáticos, 227; votos emitidos, 224, más 3
votos telemáticos, 227; a favor, 64; en contra, 155, más 3 votos
telemáticos, 158; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores del
Grupo Parlamentario de la Entesa, menos los senadores Guillot y
Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225, más 3 votos telemáticos, 228; votos emitidos, 225, más 3
votos telemáticos, 228; a favor, 64; en contra, 156, más 3 telemáticos,
159; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 4, del
Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225, más 3 votos telemáticos, 228; votos emitidos, 225, más 3
votos telemáticos, 228; a favor, 64; en contra, 156, más 3 telemáticos,
159; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Terminadas las votaciones, y rechazadas las propuestas de
veto, entramos en el debate de las enmiendas, comenzando por los
senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, que han
presentado las enmiendas números 1 a 22 y la vuelta al texto remitido por
el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias.

Si nos lo permite el señor presidente, doy por defendidas
las enmiendas y, dado que resultan coincidentes con las que va a defender
el senador Guillot, me sentiré reflejado con lo que él manifestará, de
forma seguramente mucho más acertada y brillante que yo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.
(Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado la enmienda
número 68.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Sí.

Con su permiso, desde el escaño, voy a defender la enmienda
que hemos presentado, la número 68. A pesar de ser una fórmula o, como
antes ha citado algún otro senador, una técnica legislativa a la que ya
nos tienen acostumbrados en el Gobierno, en este caso, y tratándose de un
proyecto de economía, se nos cuela una disposición adicional en la nueva
numeración final que hace referencia al Fondo para la Promoción del
Desarrollo. Dicho apartado no se ha debatido ni discutido en el seno de
la Comisión de Cooperación del Congreso ni en el Consejo de Cooperación,
que no ha tenido noticia de esta reforma hasta que ha sido trasladada al
Senado, al igual que el resto de agentes de la sociedad civil. En la
Comisión de Economía del Senado se solicitaron comparecencias en varias
ocasiones para aclarar dicha disposición adicional con anterioridad al
debate en Pleno, pero no fueron aceptadas.

Dicha modificación de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del
Fondo para la Promoción del Desarrollo, afecta principalmente a tres
artículos: el número 2, líneas de actuación y operaciones financiables
con cargo al FONPRODE, el número 4, gestión, y el número 5,
identificación de acciones. Entendiendo, pues, que no ha sido
adecuadamente evaluada, o al menos que no se aporta ningún elemento que
acredite que lo haya sido, que tampoco ha sido debatida en los órganos de
cooperación previstos al efecto, y que supone una profunda modificación y
reorientación de la normativa que afecta a aspectos nucleares de la
misma, consideramos que debe ser suprimida dicha disposición adicional. Y
por ello presentamos esta enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas. El primero de ellos, enmiendas
números 23 a 34 y 36 a 44; y el segundo, enmiendas números 45 a 49, 51 y
52, y la vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por
las enmiendas números 69 a 72, 74 y 75 y la propuesta de modificación
aprobada sobre la base de la enmienda número 73, del Grupo Parlamentario
Popular.

Para la defensa del primer bloque, tiene la palabra el
senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, me imagino que el senador Aroca, portavoz del
Grupo Popular, se ha podido quedar sorprendido —hablaré por
mí— de que no utilizara el turno de portavoces. Y no lo he
utilizado, porque el senador Aroca no ha contestado a nuestras
intervenciones; nos ha repetido lo que dice el preámbulo de la ley, más
la intervención del señor De Guindos, del ministro De Guindos, en el
Congreso cuando presentó este proyecto de ley.

Antes de entrar a defender las enmiendas voy a hacer
referencia a siete cuestiones que me preocupan, y me preocupan mucho, de
este proyecto de ley. La primera es que en todo el proyecto de ley no se
tiene en cuenta a los mil seiscientos trabajadores actuales de la Cesce,
es decir, con la aprobación de este proyecto de ley no sabremos
exactamente qué va a pasar con ellos.

En segundo lugar, hay un debate —me imagino que como
las cifras son positivas, el Partido Popular y el Gobierno se cogen a
ellas como a un salvavidas— sobre si la balanza de pagos se debe al
incremento de las exportaciones —es cierto que se han
producido— o al descenso de las importaciones. Si uno hace la suma
de lo que han crecido las exportaciones y lo que han decrecido las
importaciones encontrará por qué estamos en una situación en positivo.
Pero, sobre todo, si hace la suma correctamente verá que el factor
fundamental es el descenso de las importaciones. Por otra parte, quiero
recordar que la Amec, la Asociación Multisectorial de Empresas, anteayer
ya nos alertó de que la posibilidad de seguir exportando, el incremento
de nuestras exportaciones del sector exterior, estaba llegando al
límite.

Miren, señorías, yo podría entender la posibilidad de
privatizar el 80% de las operaciones de seguros que realiza actualmente
la Cesce, que puede entrar de lleno en lo que sería la lógica del sector
privado, de las operaciones a corto, la información, etcétera. No
entiendo tanto si ahora es el momento de realizar esta privatización. Y
lo que ya no puedo entender es que se intente privatizar todo, también la
cobertura de riesgos a cuenta del Estado de la internacionalización de
nuestra economía. Porque, insisto, los criterios de gestión deben venir y
tienen que estar inspirados y guiados por los intereses y la política
económica exterior de nuestro país, y quien mejor puede garantizar eso es
el sector público, quien mejor lo puede garantizar es el Estado, con lo
cual no

entiendo por qué privatizar esta cobertura de riesgos. Es
más, en todo el debate se está produciendo una cierta confusión entre lo
que es el acceso a la financiación de las empresas exportadoras y lo que
es la cobertura de riesgos, confusión por la que se ha llegado al extremo
por parte de la misma Cesce de hacer un aval de 316 millones a una
operación como es la participación de Sacyr en la ampliación del canal de
Panamá, donde el sobrecoste, evidentemente, no es ningún riesgo sino
fruto y efecto de determinada gestión.

Ustedes insisten en un concepto que hoy en día está por
demostrar, más allá de la ideología, como es que la gestión mejorará
siempre que esta esté en manos privadas. Pero, disculpen, hoy por hoy,
esta compañía, con mayoría de capital público, está realizando una
gestión efectiva, y así lo reconocen las empresas exportadoras.

Por otro lado —otros portavoces ya han hecho
referencia, y seguiremos insistiendo en esto—, no es de recibo que
en una ley que afecta a la cobertura de riesgos por parte del Estado de
la internacionalización de nuestra economía se cuele un punto que afecta
a las zonas francas. Antes el senador Lerma lo ha explicado de manera muy
brillante. No es de recibo. Como tampoco es de recibo que se modifique la
Ley del FONPRODE a partir de una disposición adicional. Creemos que lo
correcto hubiera sido traer la Ley del FONPRODE y que ustedes hubieran
planteado en la Comisión de Cooperación, que tiene competencia
legislativa, aquellos aspectos que habría que modificar y, a partir de
ahí, discutir y ver cuál era el acuerdo o no acuerdo al que podíamos
llegar. Porque, por mucho que el senador Aroca insista, el Cofides tiene
una manera de observar y una lógica absolutamente diferente a los
criterios que inspiran la Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo.
El FONPRODE marca unos límites a la cooperación reembolsable y el
FONPRODE se inspira en los criterios y directrices de los planes
directores. Todo ello forma parte del acervo del Ministerio de Exteriores
y de Cooperación y, evidentemente, no forma parte ni de las
preocupaciones ni de las prioridades ni de la lógica del Ministerio de
Economía y Competitividad.

En mi grupo, al igual que los senadores de Izquierda Unida,
el señor Mariscal y el señor Iglesias, hemos presentado veintiuna
enmiendas. Las voy a resumir de una manera muy agrupada, porque, en
definitiva, responden a la lógica del veto que he presentado y en parte a
lo que ahora mismo he explicado.

Hay un primer bloque de enmiendas que pretende preservar el
carácter público y la mayoría de capital público en la Cesce. Son las
enmiendas 24, 32 y 40. Creemos que debe seguir siendo un instrumento
público y que su privatización no tiene ninguna razón, ninguna lógica,
ninguna justificación.

Un segundo bloque de enmiendas se refiere a clarificar y
concretar los riesgos a cubrir por cuenta del Estado. Estamos hablando de
riesgos extraordinarios. Ni estamos hablando de un sistema de
financiación o de acceso al crédito —para eso está el ICO, el
Instituto de Crédito Oficial— ni estamos hablando de otra cuestión;
estamos hablando, insisto, de cubrir riesgos extraordinarios que nuestras
empresas puedan tener en su presencia en el exterior. En este bloque
están las enmiendas 25, 26 y 27. La indefinición, la inconcreción, la
ampliación de aspectos que se consideran riesgos crean, al final, una
situación donde cualquier cosa puede ser cubierta y asumida por parte del
Estado.

Un tercer bloque se refiere a incorporar los criterios de
Naciones Unidas y la Unión Europea en cuanto a cuál debe ser la lógica en
relación con el respeto a los derechos humanos, de anticorrupción, de
sostenibilidad ambiental, etcétera, que deben tener estas políticas por
parte de Cesce; no cubrir armamento y material militar, no generar deuda
a países empobrecidos, que es otro de los problemas que actualmente
tenemos encima de la mesa, y lo que antes decía de la corrupción. Son las
enmiendas 28, 29, 30 y 31.

Un cuarto bloque está referido a la necesaria información y
control. Es incomprensible que en una ley que contempla la posibilidad de
financiación por parte de los Presupuestos Generales del Estado de estos
fondos no se contemple la posibilidad de que las Cortes Generales puedan
ejercer su acción de control y seguimiento, de la misma manera que, al
igual que recomiendan las ONG dedicadas a las políticas del desarrollo,
es importante que las comunidades afectadas por la intervención de estas
empresas tengan la información necesaria y suficiente. Aquí hay un falso
debate respecto de la confidencialidad y la transparencia, y en este
sentido creemos que en todo lo que afecta a dinero público, en todo lo
que afecta a intereses públicos, evidentemente la transparencia debe
primar respecto de la confidencialidad.

La enmienda 42 propone suprimir la reforma del FONPRODE.
Creo que esta reforma es un atentado más por parte de este Gobierno, que
ha llevado a cabo recorte tras recorte en los Presupuestos Generales del
Estado en materia de ayuda oficial al desarrollo. Y ahora ustedes van a
maltratar el principal instrumento y el mejor dotado económicamente por
parte del Gobierno, que es el FONPRODE.

Y, por último, la enmienda 43 insiste en la necesidad de
garantizar el empleo que hoy en día genera la Cesce.

Estas son las enmiendas que han presentado los senadores
Mariscal e Iglesias, y estas son las enmiendas que defiendo en nombre del
senador Saura y en el mío propio en representación de Iniciativa per
Catalunya Verds, para las cuales pido su apoyo.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Para la defensa del segundo bloque de enmiendas, tiene la
palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros hemos presentado ocho enmiendas a esta
norma, fruto, entre otras cosas, de nuestra posición radicalmente en
contra de esta. Es un conjunto de enmiendas que intentan garantizar la
estabilidad y las condiciones laborales de los trabajadores de una
entidad importante, pensamos que fundamental en el apoyo a nuestro sector
empresarial en su actividad internacional, y que se pretende privatizar,
a nuestro entender, entre otras cosas, de forma injustificada.

Y proponemos suprimir también las actuales disposiciones
finales, que son un poco fruto de esa manera de hacer, de legislar por la
puerta de atrás, sin consulta ni debate, en materias alejadas del objeto
de la ley y tan sensibles como es la cooperación al desarrollo en este
caso.

En primer lugar, con las enmiendas números 45 y 46
proponemos la modificación del artículo 4, apartado 7, para asegurar, por
un lado, que el agente gestor tenga obligatoriamente una cuenta propia al
margen de la cuenta del Estado, precisamente como garantía de eficacia en
la gestión del seguro de crédito. Con esta salvedad se busca mantener la
composición y gestión actual de Cesce, pese a perder el Estado la mayoría
del capital social de la misma si el proyecto es aprobado, como
finalmente nos tememos. Por otro lado, es importante garantizar, ante una
eventual privatización, que es lo que prevé la ley, el mantenimiento de
la estabilidad y las condiciones laborales de los trabajadores de Cesce.
Y para ello con la enmienda 46 proponemos respetar la plantilla fija y
las condiciones laborales existentes, mantener la sede social en España,
conservar los fondos propios, y someter a la autorización previa del
secretario de Estado de Comercio cualquier futuro proceso de
reestructuración empresarial de la misma.

El siguiente bloque de enmiendas presentadas, las números
47 y 48, versan sobre el régimen transitorio de la Compañía Española de
Seguros de Crédito a la Exportación como agente gestor. En primer lugar,
proponemos ampliar de ocho a diez años la prestación de esos servicios de
gestión de los instrumentos de cobertura por cuenta del Estado de los
riesgos de la internacionalización de la empresa, dando continuidad a la
que pensamos que es una excelente gestión de la compañía. Y, en segundo
lugar, y al igual que hemos manifestado en la defensa de nuestro veto, no
se entiende cómo se facilita un proceso de privatización de una compañía
que cumple holgadamente con sus objetivos y logra beneficios y al menos
no se prorroga su actividad en el caso de que la privatización no se
produzca. Por tanto, con la enmienda número 48 proponemos que en caso de
que Cesce continúe como agente gestor, que lo prevé la ley, que sea por
diez años más y una prórroga de cinco.

Mediante las enmiendas números 51 y 52 incluimos dos
disposiciones adicionales nuevas. La primera propone garantizar la
estabilidad en el número y en las condiciones laborales de los actuales
trabajadores de Cesce durante el período en el que siga ejerciendo de
agente gestor. Y con la segunda enmienda, la numero 52, limitamos las
remuneraciones e indemnizaciones por cese de los altos cargos de Cesce,
aplicando el régimen retributivo vigente para los directivos de las
compañías públicas mientras que dicha compañía mantenga su condición de
agente gestor de la cobertura de riesgos por cuenta del Estado.

La enmienda número 49 plantea suprimir la modificación
propuesta en la actual disposición final primera, que hace relación a los
consorcios de zona franca, porque es un asunto de tal entidad que no debe
regularse mediante la incorporación de una enmienda por parte del Grupo

Parlamentario Popular —como se ha hecho en el trámite
parlamentario en el Senado y muy bien ponía de relieve el portavoz
socialista, el señor Lerma—, y además en un proyecto de ley cuyo
objeto nada tiene que ver con el mismo. Una vez más el Gobierno intenta
legislar saltándose los mecanismos parlamentarios correspondientes y
registrando modificaciones legislativas a través del grupo que le da
apoyo en este caso.

Por último, la disposición final segunda también incluye
una modificación, concretamente de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del
Fondo para la Promoción del Desarrollo, apartada completamente del objeto
central de esta norma, que pensamos que constituye un ataque a la
política de cooperación al desarrollo. Por eso, con la enmienda número 42
proponemos la supresión de un texto que transfiere la gestión del
FONPRODE a los ministerios de Economía y Competitividad y de Hacienda y
Administraciones Públicas. Este recurso pensamos que es tramposo, para
incluir una modificación legislativa a través de una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, que, como ya hemos expresado en la primera
intervención, hurta de la debida consulta a los órganos consultivos, que
para eso están, y de la opinión de las instituciones que desarrollan las
políticas de cooperación, que estoy convencido sin ningún género de dudas
que mostrarían unánimemente sus quejas y sus reservas ante la misma.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

El Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha presentado
las enmiendas números 61 a 67.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, muy buenas tardes.

Nuestro grupo ha presentado un total de siete enmiendas,
las cuales, de manera global, voy a dar por defendidas. Son enmiendas que
afectan tanto a la figura del agente sector como a la Comisión de
riesgos; otro bloque, a clarificar algunos de los aspectos relacionados
con la gestión por cuenta del Estado; y también, cómo no, ponen en valor
factores tan importantes como son el capital humano y el dar una mayor
seguridad a todo el periodo de transición a esta liberalización.

La enmienda 61 hace referencia al artículo 6, punto 2,
sobre la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado. Entendemos que las
comunidades autónomas tienen entre sus objetivos principales el fomento
de la expansión internacional de las empresas, el aumento del volumen de
las exportaciones, la consolidación de mercados ya abiertos y la
diversificación de nuevos mercados. Para conseguir estos objetivos es
evidente que resulta fundamental contar con el apoyo de un sistema de
cobertura por cuenta del Estado de los riesgos que comporta la
internacionalización. No obstante, debido a que las operaciones de riesgo
comercial con cobertura del Estado afectan al tejido productivo
exportador y a las comunidades autónomas, se considera necesario que la
Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado sea un órgano de relación y
coordinación entre el agente gestor, el sector privado exportador y las
administraciones territoriales. Esto nos parece de una lógica
aplastante.

La enmienda 62 está en consonancia con esta línea. Cuando
hablamos de la composición de la Comisión de riesgos entendemos que tiene
que haber algunas variaciones y que las comunidades autónomas algo tienen
que decir. Nosotros proponemos que haya tres miembros de las comunidades
autónomas que de alguna forma vayan haciendo un sistema de rotación, con
lo cual estén presentes en dicha Comisión de riesgos. Por otro lado
—un punto importantísimo de esta enmienda—, proponemos que
haya cuatro representantes del sector privado exportador, es decir, dos
representantes de pymes y otros dos de la gran empresa. Si los sectores
empresariales no van a estar presentes en la Comisión de riesgos,
evidentemente, hay un problema. Por lo tanto, repito, proponemos que haya
dos representantes de las pymes y otros dos de las grandes empresas. Esta
enmienda pretende que el sector que justamente está en la exportación
pueda dar su visión en la Comisión de riesgos.

La enmienda 64, de adición, tiene como objetivo garantizar
la libre competencia en el sector privado para la posible gestión de la
cobertura de riesgos por cuenta del Estado. Entendemos que para ello es
esencial que la información que deriva de la gestión de esta actividad
por cuenta del