Se abre la sesión a las doce horas y treinta y cinco
minutos.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días,
señorías.

En primer lugar, el letrado va a proceder a comprobar las
asistencias y, en su caso, las sustituciones.

En segundo lugar, vamos a aprobar el acta de las dos sesiones
anteriores celebradas los días 27 y 28 de julio del presente año. ¿Se
pueden aprobar? (Asentimiento).

Y, en tercer lugar, vamos a proceder al dictamen del Proyecto de
Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento
civil.

A este proyecto de ley se han presentado 5 propuestas de veto
y 284 enmiendas, de las cuales la número 257, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d`Unió, no fue admitida a trámite
por acuerdo de la Presidencia del Senado de 29 de julio del presente
año.

La ponencia designada en relación con este proyecto nos ha
trasladado ya su informe. Por lo tanto, vamos a pasar a la defensa de las
propuestas de veto.

Propuesta de veto número 1, del señor Iglesias Fernández, del
Grupo Parlamentario Mixto.

Señor Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

De forma muy breve, porque tengo que acudir a la Comisión de
Sanidad, intervengo para dar por defendido el veto que formulé en nombre
de Izquierda Unida, para dar también por defendido el veto que formuló la
senadora Ester Capella del Grupo Mixto y, espero que contando con la
complacencia del señor presidente, para dar por defendidas también las
enmiendas que ha formulado el Grupo Mixto, y así poder acudir
—insisto— a la otra comisión.

De forma muy rápida diré que esta reforma de la Ley de
enjuiciamiento civil carece de encaje en una visión global de las
reformas necesarias en nuestra Administración de Justicia, y además ello
resulta más evidente, aunque sea con carácter casi anecdótico, en tanto
en cuanto expresa desajustes con otras reformas legales que hemos
aprobado poco antes de concluir el anterior periodo de sesiones. Hago
referencia a la denominación de los secretarios judiciales.

Entrando en el contenido, nosotros creemos que se trata de una
nueva apuesta por buscar la agilización de la justicia sin dotarla de más
medios humanos y materiales, lo cual creemos que condena al fracaso esta
reforma. En ella se introduce un mayor protagonismo a las funciones de
los procuradores, y con alguna de las funciones que se les atribuyen
expresamos nuestra discrepancia.

Por otro lado, el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de
enjuiciamiento civil también pretende incorporar las nuevas tecnologías.
De esta manera se da soporte a lo que en los últimos meses ha sido el
discurso político del señor ministro de Justicia, que ha anunciado
reiteradamente que a partir del 1 de enero del 2016, la incorporación de
esas nuevas tecnologías, la justicia telemática, permitirá hacer
desaparecer el papel en los juzgados; ese papel que hoy llena pasillos,
se acumula sobre sillas y mesas, satura almacenes y desborda la propia
capacidad de los juzgados.

Si bien el discurso político puede ser comprensible en esa clave,
en la clave política y, en consecuencia, entender que inevitablemente
conlleva siempre, como discurso político, una parte de exageración,
resulta más difícil de asumir que en un texto legal llamado a ser
publicado en el Boletín Oficial del Estado no se actúe con más prudencia
a estas alturas en las que nos encontramos. Acabando el mes de agosto
de 2015, pretender que el 1 de enero de 2016, aunque solo sea en las 32
oficinas judiciales en las que se ha impuesto el modelo de oficina
judicial, va a ser posible prescindir del papel y funcionar
exclusivamente a partir de las nuevas tecnologías en comunicaciones,
notificaciones, aportación obligatoria de escritos y documentos por vía
telemática, resulta absolutamente imposible. Estamos ante otra reforma
abocada a generar frustración como las que se han ido anunciando
sucesivamente en relación con el Registro Civil, que luego hay que
reformar para alargar los plazos de implantación de los contenidos
inicialmente incorporados a los documentos.

Finalmente, también discrepa Izquierda Unida, en cuyo nombre he
formulado este veto, del mecanismo que se ha establecido para propiciar y
facilitar la sucesión procesal en la ejecución en un momento en el que,
como consecuencia de la crisis económica y las distintas medidas que se
han venido aplicando en su marco, esta sucesión procesal adquiere una
trascendencia, por el volumen en el monto económico de los intereses que
se acogen a ella en los últimos tiempos, muy importante y muy relevante
por el aterrizaje de distintos fondos de inversión extranjeros, los
coloquialmente conocidos como fondos buitre, que han acudido a adquirir
paquetes grandes de créditos fallidos, consiguiendo además en muchos
casos una serie de descuentos en su valor de tremenda trascendencia, que
afectan a un número muy importante de ciudadanos, los ciudadanos que
habían obtenido sus créditos fallidos. Creemos que habría sido necesario
introducir mecanismos de cautela que permitieran al menos una mayor
participación en la aceptación de esta sucesión procesal de quienes se
van a ver afectados directamente por ellos, los titulares de los créditos
fallidos.

Muchísimas gracias. Pido perdón a la comisión y salgo corriendo
hacia la Comisión de Sanidad.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.

Por lo tanto, la propuesta de veto número 2, de la señora Capella
i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, se da por defendida.

Pasamos a la propuesta de veto número 3, del señor Guillot Miravet
y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Señor Saura, tiene usted la palabra.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. También daría
por defendida en esta intervención la propuesta de veto número 4.

El señor PRESIDENTE: Sí, la presentada conjuntamente por la señora
Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor
Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Yo creo que al final de legislatura es inevitable hacer un cierto
balance final de la política del Ministerio de Justicia. Recuerdo que la
comparecencia del exministro Ruiz Gallardón en marzo de 2012 situaba como
elemento fundamental de su gestión la modernización y la agilización de
la justicia en España. Este fue su gran mensaje, que repitió
reiteradamente. La ley que hoy discutimos también dice en su exposición
de motivos que uno de los objetivos fundamentales de esta ley es la
modernización y agilización de la justicia. La pregunta es si en estos
cuatro años la justicia en España se ha modernizado o se ha agilizado. Y
la respuesta es clarísimamente no. No hay nadie hoy que defienda que se
ha producido una modernización y una agilización de la justicia. Ha sido,
por otro lado, una legislatura conflictiva con los profesionales o los
funcionarios que trabajan en el campo de la justicia. Hemos conocido hace
poco un barómetro del Consejo General de la Abogacía, en el que una gran
mayoría de los encuestados —estamos hablando de una muestra de más
de 2000 abogados— considera que ha empeorado la justicia.

Este es el marco en el que discutimos hoy esta ley que insiste en
la modernización y que tiene como una de las propuestas más novedosas o
más avanzadas la comunicación telemática el 1 de enero del 2016. El señor
Iglesias lo ha dicho: en el Registro Civil se ha aplazado la entrada en
vigor, y cuando hablas con personas de los juzgados nadie piensa que es
posible que se cumpla lo que dice el proyecto de ley del 1 de enero
del 2016. No hay planes que se conozcan; las comunidades que tienen
traspasada la justicia tampoco; las dos con las que yo he hablado tampoco
tienen absolutamente ningún plan. Por lo tanto, estamos ante una idea de
necesidad de modernización que en cuatro años ha fracasado y ahora se da
una patada hacia delante para decir que en enero se va a hacer esto,
cuando no se va a hacer, porque el problema es de medios. Solo por esta
razón yo creo que se debería presentar el veto: un reconocimiento de
fracaso de la modernización de la justicia y que no se diga que no se va
a modernizar, pero después de las elecciones generales, que luego ya
estaremos a tiempo de retrasarlo.

La segunda razón es la de los procuradores. Hemos visto que en
otras leyes de justicia, en otros ámbitos, se ha dado un papel
fundamental a los notarios y a los registradores, y en este proyecto de
ley se da unas atribuciones a los procuradores. Dice el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, e imagino que en el Senado, que los
procuradores trabajan en aspectos públicos. Esto es cierto, pero en este
proyecto de ley se les llega a dar capacidad de certificación a los
procuradores cuando no son funcionarios. Me van a permitir que la
conclusión que saque de lo que se ha hecho con los registradores, con los
notarios, con los procuradores es decir: como no se ponen medios para
agilizar la justicia, se externalizan funciones públicas de la justicia.
Es decir, cada vez hay menos espacio para la justicia desde el punto de
vista de los servicios públicos, pero al mismo tiempo se introduce un
elemento de doble velocidad. Aquellos que puedan pagar podrán tener una
justicia más rápida y ágil y los que no, no. En cambio no se tiene en
cuenta en absoluto las funciones de los secretarios judiciales, que
deberían ser mucho más importantes de lo que son. Por lo tanto, el
segundo motivo sería, evidentemente, que no estamos de acuerdo con las
atribuciones nuevas que se concede a los procuradores y con el
mantenimiento de una no inversión en los medios de justicia.

Y luego hay otro tema, que es el del juicio verbal. En el 2007 se
legisló para que hubiera una justicia rápida, oral, ágil, y aquí se
vuelve a una contestación por escrito que va a significar la pérdida de
una parte de la agilidad y de la rapidez del juicio verbal.

Por otro lado, creo que también es importante decir que la
respuesta que el Gobierno plantea en relación con las cláusulas abusivas
con motivo de lo que dijo el Tribunal de Justicia Europeo es una
respuesta que, a nuestro entender, no garantiza o no mejora
clarísimamente las partes de los demandados.

Por todas estas razones, creo que es un proyecto de ley hecho con
precipitación, al final de la legislatura, intentando suplir esta y otras
leyes, en definitiva, la insuficiencia y el fracaso de una política de
justicia en cuatro años que no solo no ha logrado modernizar y agilizar
la justicia sino que ha conseguido todo lo contrario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRIGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

El Grupo Socialista presenta este veto devolutivo, como decía hace
un momento el señor Saura, como una enmienda a la totalidad de la
política en materia de justicia que está realizando el gobierno del
Partido Popular. Y esta reforma es un buen ejemplo. Vuelven a traer al
Parlamento, y en este caso al Senado, una reforma con los objetivos de
siempre: mercantilización, privatización y perjuicio para los ciudadanos
o beneficio para unos pocos.

Con la muletilla del señor ministro de la modernización, otra vez
presentan una reforma para quien se la pueda pagar y vuelven a convertir,
como lo han hecho en casi toda la legislatura, un servicio público en un
mercado, por medio de un parche que no tiene encaje en ningún lado y que
los propios operadores jurídicos vienen a decir que es una reforma que no
es necesaria y no es urgente.

Por lo tanto, sencillamente es una vuelta al pasado. Imposición,
por ejemplo, de los medios electrónicos y de las nuevas tecnologías a
todos los profesionales, sin preocuparse de si puede o no puede el día 1
de enero de 2016 entrar en vigor o si hay o no inversiones en los
juzgados e incluso en los propios colegios profesionales.

Con respecto a los procuradores, antes de nada, para que conste,
todo el respeto al trabajo que han realizado a lo largo de la historia,
pero pretenden asegurarles una figura, la del procurador, dotándoles de
más trabajo, de más efectividad, privatizando aspectos básicos de ese
proceso civil; dotarles de más competencias debilitándoles y perjudicando
la propia profesión. Seguro que saben que esta reforma está molestando
mucho a estos profesionales porque va a provocar, como también se ha
dicho, una justicia de dos velocidades y ellos van a ser una de las
partes importantes.

Con respecto al juicio verbal, que incluye esta ley, ahora será
escrito y en muchos casos no habrá ni siquiera vista. Por lo tanto, hoy
sí podemos decir que se acaba con la oralidad, con la rapidez y con la
mediatez que proponía el juicio verbal desde 2007. Ha sido el propio
Consejo General del Poder Judicial el que ha dicho que esta medida puede
provocar dilaciones en los juicios, pero a ustedes eso no les
afecta.

Otro de los aspectos que contempla la reforma, la prescripción o
la minoración de los tiempos, sin duda va a llevar a consecuencias
negativas para los afectados.

Nos presentan —se lo decía antes— un parche que va a
provocar cambios fundamentales en la organización del proceso civil en
España y ni siquiera lo hacen con los informes necesarios.

Por lo tanto, se podría decir, en primer lugar, que es un
auténtico fraude de ley, aparte de no ser necesaria, pero es que, además,
esta ley va a conllevar el reajuste y la revisión de otras leyes que
ustedes no se han atrevido a traer a esta cámara o que en otras ocasiones
las han guardado en un cajón.

Por lo tanto, no solamente es un fraude de ley, no solamente es un
parche sino que además va a generar un paso atrás, y muy negativo, en
cuanto a la efectividad y la futura frustración que va a generar en la
justicia española. Por todo esto es por lo que el Grupo Socialista
presenta este veto, porque al final nos damos cuenta de que esa reforma
que ustedes pretenden llevar bajo el manto de la modernidad va a llevar a
una jurisdicción civil mucho más lenta, mucho más ineficaz, más injusta y
además para colmo, pagando.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias senador Rodríguez Esquerdo.

Para un turno en contra, tiene la palabra la senadora Dueñas, del
Grupo Parlamentario Popular.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Muchas gracias señor presidente.

Comparezco, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular
para manifestar nuestro voto en contra a los cinco vetos planteados a
este Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil que hoy
debatimos en esta cámara. Y nos oponemos rotundamente a los
planteamientos que se han desarrollado en esos vetos y que han sido
expuestos en este momento porque de nuevo comprobamos que con la
intención con que se plantean vuelven a decir no al objetivo de esta
reforma, al objetivo de todas las reformas que ha traído el Gobierno a
esta comisión; un objetivo que no es otro que seguir avanzando en la
necesaria y demandada por los ciudadanos modernización de la justicia; en
reforzar las garantías derivadas del derecho constitucional a la tutela
judicial efectiva; en mejorar la certeza en las relaciones jurídicas para
así reducir la litigiosidad, simplificando para ello el régimen jurídico
de la prescripción; y por último, en la defensa de los consumidores,
adaptando la normativa española a la sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea.

Pues a todo esto y a mucho más que se recoge en esta reforma que
hoy traemos a esta Comisión, los grupos proponentes de los vetos están
diciendo claramente que no; vetos, señorías, que se parecen mucho,
algunos de ellos idénticos en sus contenidos, y que lamentablemente
ninguno entra en el fondo de la ley y en las mejoras que, a nuestro
juicio, introduce; ninguno entra a valorar de manera objetiva cuál es el
espíritu modernizador que supone esta ley, ni cuáles son las mejoras
previstas para los ciudadanos, que al final es lo que todos pretendemos
lograr mediante la actividad legislativa.

Todos los grupos que han presentado vetos, tanto en sus textos
como en lo que hemos podido escuchar hace unos minutos, repiten el mismo
mantra del que llevan hablando desde hace casi cuatro años en esta
comisión: la privatización, el castigo a la función pública, el castigo a
los servicios públicos, el castigo en definitiva al ciudadano, y desde
luego el Grupo Popular se opone rotundamente a esa argumentación; ese
argumentario que repiten una y otra vez y que nosotros no nos cansaremos
tampoco de rebatir una y otra vez les puedo garantizar que carece de
fundamento porque esta ley es plenamente garantista y respetuosa con la
actividad y con todos los operadores jurídicos que intervienen en la
Administración de Justicia.

Permítanme, señorías, que me detenga en algunas de las
consideraciones que ha planteado alguno de ustedes en sus vetos. Hablaban
de justicia de dos velocidades, de lógica mercantilista privatizadora, o
de justicia más rápida para quien se la pueda pagar y mucho más lenta
para el que no tiene suficientes recursos, argumento por cierto este
último que respeto pero que de nuevo entra más en las frases propias de
argumentarios que de la realidad que cada día se puede comprobar en la
actividad judicial y que desde luego no podemos compartir, reitero,
porque carece de fundamento objetivo alguno. Hablan de justicia a dos
velocidades. Señorías, piden alternativas, demandan continuamente
alternativas a este Gobierno, y cuando se dan hablan de justicia a dos
velocidades. Esto denota, a nuestro juicio, desconfianza en el servicio
público de la justicia, desconfianza en la Administración de Justicia y
desconfianza, en definitiva, en los operadores jurídicos. Hablar de
justicia a dos velocidades supone además, a nuestro juicio, un prejuicio
pues descalifica a unos profesionales dando por hecho que no van a ser
capaces de hacerlo con criterios de igualdad y de seguridad
jurídica.

Señorías, como profesional del derecho que soy y sabiendo, como
saben muchos compañeros y compañeras en esta comisión, de la importante y
necesaria función de los procuradores en la actividad de la
Administración de Justicia y en su relación con los ciudadanos, lamento
que algunos grupos en sus vetos denuncien o incluso me atrevería a decir
arremetan contra el hecho de que la presente reforma potencie el papel de
los procuradores. Por cierto, procuradores que tengo que decir que en
absoluto están en contra de esta reforma, como apuntaba el senador
Esquerdo. El senador Esquerdo, manifestaba respeto a la actividad de los
procuradores. Yo agradezco que así conste en el Diario de Sesiones, pero
ciertamente esa afirmación contrasta con lo recogido en el veto
presentado por el Grupo Socialista, que recoge una expresión a nuestro
juicio absolutamente desafortunada e injusta, porque cuando habla de la
supuesta concesión a los procuradores se refiere a ellos como a una
determinada clase de administradores de justicia y dice: Desagrada
profundamente ver a los justiciables, incluso a los abogados, y considera
las vistas como algo innecesario.

Permítanme que considere tal afirmación absolutamente
desafortunada. ¿Qué quieren decir, que a los procuradores españoles les
molesta tratar con sus clientes o con los abogados? Yo puedo decir que en
mi ejercicio profesional jamás he tenido esa impresión y quizás, como
dijo mi compañero diputado en el Congreso, deberían explicarles a estos
profesionales el porqué de esta desafortunada opinión que tienen hacia la
labor de los procuradores españoles.

Manifestaba alguna de sus señorías en la defensa de los vetos su
preocupación por el presupuesto para llevar adelante esta reforma y este
ambicioso plan de modernización de la justicia. Les puedo decir, y
tendrán la oportunidad de comprobarlo en el trámite de la Comisión de
Presupuestos cuando se debatan los presupuestos en materia de justicia,
que ese presupuesto tiene un considerable incremento para el
ejercicio 2006, especialmente en todo lo relacionado con la modernización
tecnológica del sistema de la justicia, plan de modernización, de lo que
daremos más detalles en el próximo turno.

Y, señorías, lo teníamos y lo tenemos muy claro. Esta reforma
surge por la necesidad de realizar una regulación complementaria, entre
otras cuestiones, de las funciones del procurador como cooperador de la
Administración de Justicia, en el seno de la cual, y sin perder su
función originaria de representante procesal de los litigantes, asuma un
mayor protagonismo en las labores de gestión y tramitación de los
procedimientos judiciales, todo ello en el marco del proceso de
modernización de la justicia.

Concluyo, señorías, no sin antes agradecer el recordatorio que nos
hacía en la propuesta de veto número 4 la Entesa, que recordaba al Grupo
Popular nuestra obligación de defensa del interés general en nuestra
acción de gobierno. Reiterando ese agradecimiento, les garantizo tanto a
los representantes de Entesa, que así lo recogen en su veto, como al
resto de los grupos parlamentarios que hacen alguna mención en ellos, que
si algo ha dirigido la acción de este Gobierno desde el primer momento en
su actividad ha sido precisamente ese interés general, por encima de
intereses partidistas o de intereses particulares, y no sé si todos los
grupos en esta cámara podrían decir lo mismo. Este proyecto de ley es
otro ejemplo de que hemos trabajado y vamos a seguir trabajando por ese
interés general. Por todas las razones expuestas, como ya les he
anunciado, votaremos en contra de los vetos planteados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Dueñas.

Pasamos a turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el senado, tiene la palabra el
senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros, con el texto propiamente dicho tampoco tenemos
mayores objeciones. Lo que ocurre es que sí tenemos muchas objeciones con
el contexto y con la gestión de estos cuatro años. Uno de los principales
objetivos de esta ley, como decía el ministro de Justicia cuando presentó
el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, como dice el propio
preámbulo y como ha dicho la senadora que ha defendido el proyecto de ley
en nombre del Grupo Popular, es la modernización de la justicia. Eso está
muy bien; la agilización y entiendo que la eficacia está muy bien.
Además, para nosotros esto sí que es un mantra, es decir cómo podemos
mejorar el servicio de la justicia de cara al ciudadano. En ese sentido
creo que todos los presentes podemos estar de acuerdo con esta
afirmación. Y tal como nos ha recordado el senador Saura, en la comisión
de marzo de 2012, el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón planteó en
esta Cámara la mejora de la justicia sobre la base de una serie de
criterios, y yo entiendo que hoy es el día de valorar si eso que se
anunciaba a bombo y platillo en marzo de 2012 se está cumpliendo o no se
está cumpliendo, y si todas las modificaciones que se han llevado a cabo
y todas las reformas por las cuales se ha apostado en el ámbito de la
justicia, que se han llevado adelante con este mismo mantra de
modernización, de agilización y de eficacia, han llegado a buen puerto o
no han llegado a buen puerto.

Y podemos ver —me remito a datos objetivos publicados en la
memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2014—, que el
número de asuntos resueltos en el 2013 es inferior al número de asuntos
resueltos en el 2011 en los tribunales de justicia españoles. Ese es un
dato. Y ese es un dato objetivo. Por tanto, podemos decir que se han
mejorado o se han intentado mejorar muchas cosas, muchos servicios, pero
el resultado final evidentemente no es el prometido y no es el que se
podría tener como verdadero objetivo. Ese es un criterio que nos hace
medir la calidad de un servicio y, en todo aquello que hayamos actuado,
si lo hemos hecho de una manera positiva o no. Porque nos dicen como
ejemplo de la modernización que a partir del 1 de enero del 2016 el papel
va a ser cero, que todo se va a tramitar por un procedimiento digital, y
creo que todos los aquí presentes somos conscientes de las verdaderas
dificultades de que ello llegue a buen término. Y si además hacemos
referencia a unos presupuestos que van a entrar en vigor el 1 de enero
del 2016, es evidente que hay algo que no encaja, porque si es en los
presupuestos del año que viene en los que estamos confiando para que el 1
de enero del 2016 tengamos un servicio importante puesto en marcha,
comprendan que en ese sentido veamos una serie de dificultades.

Por lo demás, por lo que se refiere al contenido del propio
proyecto de ley, es cierto, tal como se ha comentado, que algunas de las
disposiciones planteadas son consecuencia de disposiciones europeas, por
ejemplo, la adecuación a la directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y
del Consejo, del 12 de diciembre del 2006, relativa a los servicios en el
mercado interior, o a algunas adecuaciones causadas por las cláusulas
abusivas en los contratos celebrados con consumidores en la línea de lo
manifestado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, del 14 de junio de 2012. Pero también tenemos que ser
conscientes de que se plantean una serie de modificaciones que afectan a
las funciones de los procuradores de los tribunales, y en este sentido
tenemos que ser conscientes de las críticas que a la redacción del
proyecto se han realizado. Es verdad —y podemos hacer un recorrido
de todas las modificaciones legislativas que se han llevado
adelante— que con muchos, quizá con demasiados, operadores
jurídicos se están abriendo conflictos y se les está poniendo, por
decirlo de una manera vulgar, en la boca del lobo. Fueron los secretarios
judiciales, fueron los registradores; no hace falta que me retrotraiga a
otra serie de proyectos de ley donde han sido cuestionados por diferentes
operadores jurídicos y diferentes colectivos. Se entiende que la reserva
de estas funciones a un único y exclusivo colectivo, el de los
procuradores, perjudica, por ejemplo, a la libre competencia; o al tener
un papel procesal de una de las partes, podrían no ejercer con
independencia sus cometidos y funciones públicas. Evidentemente todos
depositamos la confianza en los procuradores, pero que se están dejando
ahí flecos abiertos es indiscutible. También hemos podido escuchar una
crítica a que se podrían crear dos tipos de justicia, la gratuita y la de
pago, con consecuencias diferentes. Es decir, se están haciendo una serie
de críticas que en nuestra opinión, merecen ser analizadas.

Y termino con la manera en que se están tramitando todos los
proyectos de ley, y evidentemente este es uno de ellos: de una manera
rápida, sin un verdadero debate, sin una verdadera reflexión. A modo de
ejemplo, les voy a citar lo ocurrido cuando se debatió este proyecto de
ley en el Congreso de los Diputados, cuando después de que se sustanciara
la votación de una serie de enmiendas, el propio Partido Popular pidió la
repetición de la votación porque se habían confundido, habían cometido un
error. Evidentemente no lo estoy criticando, porque eso nos puede pasar a
todos, lo que critico es el procedimiento, la manera en la que estamos
tramitando y estamos trabajando, que va a hacer que en los próximos
quince días el Pleno del Senado apruebe 16 proyectos de leyes
orgánicas, 9 en la primera semana y 7 en la segunda, y es evidente que no
se pueden debatir de igual manera, no se puede reflexionar de igual
manera. Evidentemente, la calidad no puede ser la misma si en un Pleno se
debaten 2 o 3 proyectos de leyes orgánicas, que si se debaten 9 en quince
días o en dos semanas consecutivas se debaten 16, y a los hechos me
remito.

Hay dudas, hay críticas, analícense, porque además al grupo
mayoritario los resultados no le están avalando, y a los hechos me
remito. Cuál era la situación de la justicia en 2011, cuál es el estado
de la justicia en el 2015.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Cataluña, el
senador Saura no hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado, de Convergéncia i
d`Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall Tarrés.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo no presenta propuesta de veto, aun así coincide con
algunos de los puntos expresados en las 5 propuestas de veto de los
grupos que sí lo han hecho. De hecho no presentamos veto, igual que no
presentamos enmienda a la totalidad en el Congreso con el deseo de poder
llegar a acuerdos. En la presentación de este proyecto de ley ante el
Congreso de Diputados el 16 de abril de 2015, el ministro de justicia,
señor Catalá, manifestó que este proyecto de ley se presentaba con varios
propósitos, y concretamente con 4 objetivos: la incorporación de las
nuevas tecnologías para ser capaces de incorporar la nueva sociedad de la
información a la Administración de Justicia; la mejora del juicio verbal;
una mayor defensa de los consumidores ante las cláusulas abusivas, y la
actualización del régimen de prescripción de las acciones personales del
Código Civil.

Por lo que se refiere al primer objetivo, en mi grupo valoramos
positivamente el hecho de que a través de este proyecto de ley se intente
un objetivo compartido, que es modernizar y agilizar la Administración de
Justicia. Por lo tanto, compartimos el objetivo. La Generalitat de
Catalunya tiene competencias en la Administración de Justicia; está
haciendo ya una gran apuesta en Cataluña, siendo pionera en la
implantación del expediente judicial electrónico. De ahí que hayamos
presentado enmiendas en este punto para que, una vez esté homologado por
el Consejo General del Poder Judicial todo este nuevo sistema de la Ley
de enjuiciamiento civil, se nos permita a las comunidades autónomas la
regulación reglamentaria de los aspectos que tienen que ver directamente
con las competencias en esta materia. Por lo tanto, consideramos que se
trata de avanzar de manera decisiva en lo que debe ser una Administración
de Justicia que la ciudadanía percibe que ha quedado absolutamente
retrasada en este esfuerzo de modernización, de digitalización del
expediente electrónico.

El Gobierno de la Generalitat, el conseller de Justicia, Germà
Gordó y todo su equipo, así como los consellers que le han precedido han
dado buen ejemplo de lo que es impulsar de manera definitiva esa nueva
Administración electrónica en el ámbito de un Poder Judicial que queremos
más ágil y más eficaz. Por lo tanto, mi grupo, solo por este motivo, ya
no presentaría veto, ni podría apoyar los presentados.

Por lo que se refiere a la actualización del régimen de
prescripción de acciones personales del Código Civil, sí discrepamos. La
disposición final primera reforma el Código Civil para que las acciones
personales prescriban a los cinco años en vez de a los quince actuales,
tal y como argumentamos en nuestra enmienda 243, y no nos parece nada
coherente esta reducción, teniendo en cuenta que no se reduce el plazo de
veinte años previsto para la prescripción de la acción hipotecaria, lo
cual resulta criticable, al no ser preciso un plazo tan largo como
demuestra la práctica. Para evitar tratamientos diferentes, proponemos
equiparar ambos plazos en diez años.

Asimismo, este proyecto de ley posibilita que los procuradores
sean también profesionales colaboradores con la justicia. Al respecto,
quería replicar alguna crítica que otros portavoces han hecho hacia la
función de los procuradores. Mi grupo va a defender esa función y va a
recordar al Grupo Socialista, por ejemplo, que fueron leyes impulsadas
precisamente en legislaturas y por gobiernos socialistas las que abrieron
la posibilidad de que el procurador pudiera realizar actos de
comunicación. Lo que posibilitaría la reforma, con esa necesidad de un
proceso más ágil y eficaz, sería precisamente que hubiera una capacidad
de certificación de actos que ya están realizando de acuerdo con la ley
vigente. Nosotros hemos presentado enmiendas en este sentido y las
desarrollaremos en el trámite de enmiendas.

Por lo que se refiere a medios, los propósitos de este proyecto de
ley no son materializables a coste cero; cierto es que este Gobierno se
empecina en ello y de hecho se ha convertido en un lamentable mantra que
se va repitiendo en disposiciones finales de varios proyectos de ley que
presenta. En esta ocasión, nos congratulamos de que no se haya repetido
tal disparate, pues no podemos dejar de insistir en la inviabilidad de la
materialización de reformas en proyectos sin poner medios materiales y
personales para alcanzarlos.

Y como he dicho, no hemos presentado veto ni enmienda a la
totalidad en el Congreso con el deseo de llegar a acuerdos, pues teníamos
la intención de dar apoyo a este proyecto. Pero resulta que el grupo
mayoritario, a última hora, presentó unas enmiendas en el Congreso para
resucitar un proyecto de ley que estaba ya aparcado en la Comisión de
Justicia del Congreso de Diputados y se presentaron unas enmiendas que
causaron una oposición radical de los colegios de abogados, de
profesionales y de cuantos intervienen en el proceso para modificar el
proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita. Nos preguntamos por qué
mezclar la Ley de asistencia jurídica gratuita a través de una
disposición final, concretamente la tercera, con un Proyecto de Ley de
reforma de Ley de enjuiciamiento civil. Nosotros entendemos que no es de
recibo en consonancia y coherencia con lo que dijo el ministro de
justicia —palabras textuales:— «Aparcamos el proyecto de
asistencia jurídica gratuita porque vamos a buscar el consenso», y
resulta que por la puerta de atrás se introdujeron en la Comisión de
Justicia del Congreso una serie de enmiendas que rompen claramente el
consenso.

Es una lástima, pues mi grupo quería dar apoyo a este proyecto, y
lamentablemente, de no producirse una rectificación en el trámite en el
Senado —que entiendo que es tarde, pues las enmiendas presentadas
por el Grupo Popular en nada hacen referencia a enmendar esta
situación— no podremos hacerlo. No sé si por transaccionales o
aceptando enmiendas de otros grupos podríamos llegar a un acuerdo, de lo
contrario, no podemos dar apoyo a este proyecto de ley, aunque nos vamos
a abstener en la votación de los vetos.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente,

Tras oír las intervenciones de los portavoces de los grupos y la
defensa que ha hecho del proyecto la senadora Dueñas, los socialistas nos
ratificamos más si cabe en votar a favor de los vetos presentados y decir
claramente no a esta reforma.

Voy a intentar ser muy breve. Presentan una ley —lo decía
antes y no se ha demostrado que no sea así— que privatiza y
mercantiliza la justicia civil y que no moderniza nada, sino que va a
generar un auténtico conflicto a los propios funcionarios y trabajadores
de la justicia en España el próximo 1 de enero de 2016. Una reforma que
concede prebendas a determinadas corporaciones, una reforma que nos
devuelve a tiempos pasados —y esto sí que es un mantra del Partido
Popular—, que genera una justicia para ricos y una justicia para
los demás, que es otro ritual más del Partido Popular en sus actuaciones
en materia de justicia. Es una ley que es un parche, que no la quieren
los operadores jurídicos, que no moderniza nada, que modifica aspectos
básicos de una ley centenaria, la Ley de enjuiciamiento civil, que si se
hubiera querido reformar de verdad, se tenía que haber hecho con un
carácter transversal y global; una reforma que debilita a los propios
procuradores que ni ellos mismos aceptan con agrado esas nuevas
propuestas. Unos juicios verbales que desde hoy, desde que se apruebe
esta ley, pasarán a ser escritos, lo cual deja bastante que desear en
cuanto a la pérdida de la oralidad. ¿Esto —es una pregunta que me
hago— es una forma de volver a los antiguos juicios de cognición?
¿Volver a los juicios de cognición es un avance de verdad y una
modernización?

Señorías, nuevamente perjudican con esta ley el acceso a la
justicia gratuita y a la tutela judicial efectiva. Es un paso atrás otra
vez, y no es que exista una desconfianza en los operadores jurídicos o en
los profesionales de la justicia, lo que existe en el Grupo Socialista, y
ha quedado evidenciado en esta comisión en el resto de grupos, es una
desconfianza evidente en la política del Partido Popular sobre la
justicia y en justicia durante toda su legislatura. Por lo tanto,
votaremos a favor todos los vetos presentados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular tenemos muy claro,
como decía en el primer turno, que este proyecto de ley busca
fundamentalmente seguir avanzando en la modernización de la
justicia.

Somos conscientes, porque lo contrario sería faltar a la verdad,
que queda mucho por hacer en materia de justicia, no por este Gobierno,
sino también por los anteriores que no lo hicieron. Pero en ese
compromiso de seguir avanzando y de seguir modernizando la justicia, este
Gobierno ha trabajado desde el primer momento. Esta reforma que traemos a
esta comisión se enmarca en esa reforma en profundidad de las estructuras
procesales, buscando hacer una justicia más rápida y más eficaz; una
reforma que fue presentada por el Gobierno haciendo suyas
reivindicaciones históricas de los diferentes operadores jurídicos y que,
como todos sabemos, fue mejorada en el trámite en el Congreso, donde se
incorporaron numerosas enmiendas de diferentes grupos parlamentarios, y
también confío en que de aquí al Pleno, esa mejora pueda ser aún mayor
mediante la transacción de otras enmiendas presentadas por los otros
grupos parlamentarios.

Señorías, esta reforma surge primero por la necesidad de realizar
una regulación complementaria de las funciones del procurador como
cooperador de la Administración de Justicia, de que asuma un mayor
protagonismo en esas labores de gestión y tramitación de los
procedimientos judiciales concretamente en los actos de
comunicación.

En segundo lugar, porque entendíamos preciso reforzar las
garantías derivadas del derecho constitucional a la tutela judicial
efectiva en el juicio verbal.

En tercer lugar, porque debemos dar cumplimiento a la sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto Banco Español
de Crédito, en relación con el proceso monitorio en España, y el examen
de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores.

Y en cuarto lugar, considerábamos imprescindible en esta reforma
de la ley planteada en el siglo XXI, incidir en la agilización y
modernización de los procedimientos judiciales, en los avances, en los
usos de las nuevas tecnologías de comunicación, porque entendemos, como
creo que todos en esta comisión, que constituye un valioso instrumento
para el desarrollo de las actuaciones de la Administración de
Justicia.

En este sentido, señorías, las diferentes reformas puestas en
marcha por el Gobierno, van encaminadas a mejorar el funcionamiento de
los procesos judiciales, alcanzar una justicia sin papel y plenamente
interconectada, así como colaborar con la sociedad civil, para el fomento
de la innovación en los entornos jurídicos.

En ese sentido, señorías, para este próximo ejercicio 2016, la
implementación de este plan de modernización tecnológica de la justicia
estará dotado con 64,62 millones, lo que supone un considerable
incremento de más del 35,7 % en relación con el presupuesto del ejercicio
pasado.

Y en quinto lugar, es necesario dar una solución, a través de esta
reforma y mediante la unificación y reducción, a la gran diversidad de
clasificaciones existentes, al establecer los plazos de prescripción en
las acciones personales. Con ello se obtiene un equilibrio entre los
intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad
de seguridad de un plazo máximo.

Son 5 puntos, señorías, que facilitan, a nuestro juicio, la
agilidad en el proceso, aumenta la seguridad jurídica y el derecho a la
tutela judicial efectiva de las partes, maximiza la eficacia y la
eficiencia de la justicia como servicio público; suponen, en definitiva,
un antes y un después en esa apuesta decidida por la modernización de la
justicia.

Alguna de sus señorías ha vuelto a incidir en este último trámite
sobre las nuevas funciones de los procuradores. Señorías, los
procuradores están llamados a jugar un papel dinamizador de las
relaciones entre las partes, sus abogados y los órganos judiciales. No
entiendo —lo digo sinceramente— su preocupación en este
asunto. El Libro Blanco de la Justicia, elaborado en el seno del Consejo
General del Poder Judicial puso en valor esa figura y ya planteó la
posibilidad de que los procuradores pudieran asumir otros cometidos con
los órganos jurisdiccionales; cuestión, esta, que igualmente se recogía
en el Pacto de la Justicia, firmado en su día por los dos partidos
mayoritarios.

Ahora, señorías, con esta reforma, se ofrece a estos profesionales
jurídicos nuevas posibilidades de organización, de mejora a través de la
atribución legal de tareas que suponen una mayor implicación,
especialmente en lo que se refiere a su intervención en los actos de
comunicación. Esta intervención se hará especialmente necesaria a partir
del 1 de enero del próximo año 2016, fecha límite, como saben, a partir
de la cual la presentación de escritos y documentos, así como la
realización de actos de comunicación procesal se realizará
electrónicamente a través del sistema LexNET

Señorías, también aprovechamos esta reforma —y se ha
referido a ello alguna de sus señorías en este último turno— para
introducir modificaciones en la regulación del juicio verbal, con esa
finalidad fundamental de reforzar las garantías derivadas del derecho a
la tutela judicial efectiva. Se incluye la obligación de la contestación
escrita, es cierto, pero como reseñó el Consejo Fiscal con esta
introducción de la contestación escrita se refuerza la igualdad procesal
entre las partes ya que ambas conocen la posición de la contraria con
anterioridad a la celebración de la vista.

Permítanme que refiera con cierto detalle, aunque brevemente, la
modificación del apartado 1 del artículo 20 de la Ley de medidas de
protección integral contra la violencia de género, que queda recogido
también en el texto de esta reforma y que recoge el derecho de las
víctimas a recibir asesoramiento jurídico gratuito desde el momento
previo a la interposición de la denuncia. Ello además con independencia
de sus recursos. Igualmente tendrán derecho a la defensa y representación
gratuita desde el primer momento por abogado y procurador en todos los
procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o
indirecta en la violencia padecida, cuestión esta que consideramos
fundamental y creo que lo compartirán todos los miembros de esta comisión
en aras de una mayor protección y seguridad para las víctimas y que esa
información, tan importante, tan vital en ese momento previo a la
interposición de la denuncia, con esta intervención letrada desde el
primer momento ayude a la mujer, a la víctima, a formalizar con todas las
garantías y con toda la información esa denuncia, porque entendemos que
con ello se evitará sobreseimientos posteriores que en nada harán
justicia a la situación de la víctima o retiradas de la misma; cuestión
ésta que, por cierto, fue una de las recomendaciones del Consejo General
de la Abogacía. En similar sentido, la reforma que afecta la ley de
reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, que
igualmente permitirá a las víctimas del terrorismo tener derecho a la
asistencia jurídica gratuita en todos los procedimientos judiciales y
administrativos con independencia de sus recursos económicos.

Concluyo, señorías. Por todos estos motivos y después de haber
escuchado con atención tanto la defensa de los vetos como los turnos de
portavoces, independientemente de que lógicamente no compartamos el
fondo, por evidente coherencia, vamos a votar en contra de los 5 vetos
planteados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Dueñas.

Finalizadas estas intervenciones, vamos a pasar a votar las
propuestas de veto, sabiendo, como ustedes saben, que para que se puedan
aprobar esos vetos haría falta la mayoría absoluta de los miembros de la
comisión, es decir, 14 votos.

Procedemos a votar la propuesta de veto número 1 del señor
Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 15; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 2 de la señora Capella i Farré, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 15; abstenciones, 2.

El señor PRESIENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 3 del señor Guillot Miravet y el señor
Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 15; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 4, presentada conjuntamente por la señora
Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor
Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borrás y la
señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 15; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, propuesta de veto número 5 del Grupo Parlamentario
Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 15; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalizado el debate de las propuestas de los vetos y la votación,
vamos a pasar a la defensa de las enmiendas.

Las enmiendas 1 a 32 del señor Iglesias Fernández del Grupo
Parlamentario Mixto las dio por defendidas en su intervención en el turno
de los vetos.

Enmiendas número 33 a 124 del Grupo Parlamentario Entesa Pel
Progrés de Catalunya. Tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Las doy por defendidas, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Enmiendas 184 a 256 y 258 a 260 del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i d`Unió. La señora Rieradevall tiene la
palabra.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Enmiendas números 125 a 183 del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Rodríguez Esquerdo, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Gracias, señor presidente. Intentaré
ser breve.

El Grupo Socialista presenta a este proyecto de ley, como usted
decía al principio de esta comisión, 59 enmiendas: 44 de supresión, 8 de
modificación y 7 de adición. Las daré todas por defendidas, pero, si me
permite, me centraré en algunas de ellas por el desaguisado que ustedes
están montando. Intentaré enmendar ese desaguisado.

Van a provocar en el juicio verbal que se demoren las vistas y se
desvirtúe la praxis del juicio verbal. No lo dice este senador, lo dice
el propio Consejo General del Poder Judicial. Si no aceptan las enmiendas
que el Grupo socialista presenta sobre el juicio verbal, se va a perder
el principio de inmediatez, de oralidad y de publicidad. Otro
desaguisado.

Otro grupo de enmiendas se centra en los procuradores para evitar
precisamente el debilitamiento y para evitar que se privatice una parte
importante del proceso civil que con su reforma pretenden.

No hablemos ya del desaguisado de los medios telemáticos. Una cosa
es modernizar —y estoy de acuerdo con la senadora Dueñas— y
otra cosa es imponer esa modernización. En eso sí que no estoy de
acuerdo.

¿Se ha dotado de verdad de inversiones a la justicia en medios
técnicos y materiales para que el 1 de enero de 2016 esta modernización
sea una realidad? ¿Se van a poder adaptar a ese intento de realidad los
colegios de abogados y de procuradores? ¿Se van a poder adaptar los
juzgados a esa realidad, u ocurrirá como en otras ocasiones que, cuando
había papel no existía el papel porque no se habían hecho bien las cosas
y llegaba el momento de ponerlas en práctica?

El 1 de enero de 2016 —y parece que ese es el camino, porque
no se van a aceptar la enmiendas y se va a apoyar el proyecto de
ley— no sé lo que les puede caer encima a los funcionarios de los
juzgados en España. Otro desaguisado más.

Presentamos enmiendas a esos artículos que dicen ustedes que
eximen del pago de tasas a las personas físicas, pero no es verdad. Y no
lo es, primero, porque han intentado decir que eliminaban las tasas, pero
no es cierto porque van a seguir pagando tasas las personas físicas,
aunque, eso sí, algunas personas jurídicas se librarán de ello.

Para terminar, voy a centrarme en tres enmiendas del Grupo
Socialista: la primera —algún senador ya se ha referido a
ella—, sobre las cláusulas abusivas y el intento de proteger a las
personas y a los ciudadanos más débiles; la segunda, con el fin de
favorecer la mediación y la conciliación, objetivo que siempre han venido
señalando tanto el anterior como el actual ministro de Justicia. El Grupo
Popular pretendía conseguir una mediación y una conciliación para evitar
el exceso de trabajo en los juzgados. Sin embargo, nosotros sí
proponemos, con nuestras enmiendas, favorecer esa mediación para
descargar de trabajo a los jueces, y la tercera enmienda, que presentamos
también como último grupo, para contemplar la exención de tasas y el
derecho a la justicia gratuita por parte de las ONG medioambientales,
haciéndonos eco de una demanda que vienen haciendo estas ONG a lo largo
del tiempo y evitar trabas innecesarias para que estas organizaciones no
gubernamentales puedan acceder a la justicia y tengan capacidad de poder
llegar a los tribunales de manera gratuita porque están protegiendo un
bien público.

Por tanto, el Grupo Socialista sí reclama la aceptación de estas
enmiendas porque, si no, nuevamente la justicia civil que ustedes van a
crear para España va a ser más lenta, más ineficaz y más injusta, como
decía anteriormente, y va a provocar un auténtico desaguisado en los
juzgados españoles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

En turno en contra y para la defensa de las enmiendas 261 a 284
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador
Arias Navia.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para fijar la posición de mi grupo en este
turno y, tal y como adelanté en la ponencia, nuestra postura en este
momento va a ser contraria a la incorporación del resto de las enmiendas
de los grupos, y también nos reservamos el que nuestras enmiendas, que
damos por defendidas y que quedan vivas para el Pleno, se incorporen en
ese trámite procedimental, sin perjuicio de que los miembros del Partido
Popular confiemos en que podamos llegar a algún acuerdo en relación con
ellas antes o durante el Pleno.

Por otra parte, quiero agradecer el trabajo no solo de los
ponentes en relación con este proyecto de ley sino también el del resto
de miembros de la comisión durante este mes de agosto. No obstante, yo sí
quiero hacer una valoración inicial de las enmiendas y aquellas
cuestiones que no puedo abordar en esta comisión las afrontaré acusando
recibo, como suele decir el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
de manera más pormenorizada en el Pleno.

Voy a empezar por las enmiendas que presenta el Grupo Socialista
que, como muy bien decía el portavoz en esta comisión, son 59, de las que
la mayoría coinciden con las que presentaron en el Congreso. Podemos
agruparlas en varios bloques: aquellas que hacen referencia a la
supresión de la contestación escrita en el juicio verbal, en el
procedimiento monitorio, en el cambiario, etcétera. No citaré los números
de las enmiendas, pero, en este sentido, nosotros creemos que la
contestación escrita no va precisamente en detrimento de la oralidad sino
a favor de la tutela efectiva.






Hay otro bloque de enmiendas que hacen
referencia a una cuestión de la que llevamos hablando durante toda la
mañana, me refiero a los procuradores y la realización de actos de
comunicación, enmiendas 126 o 128. En este sentido, tengo que decir que
en el texto se aclara cuándo es precisa la actuación del abogado y el
procurador pero no se amplían los supuestos, tampoco se les atribuyen
nuevas funciones en el trámite de ejecución judicial ni en el de embargo,
como alguno de los grupos pide también en alguna de las enmiendas y, en
nuestra opinión, esto implica una significativa mejora de las opciones
con que cuenta el justiciable ya que depende única y exclusivamente de su
voluntad la decisión de acogerse o no al sistema diseñado y sin que ello
implique una justicia a dos velocidades, como también hacía mención aquí
alguno de los portavoces de la izquierda. Tampoco es una privatización,
como se repetía por alguno de los miembros de la comisión.

La enmienda 135 hace referencia al coste de los actos de
comunicación y, en este sentido, el artículo que lo regula es bien claro.
Por tanto, en principio no vamos a aceptar esa enmienda.

En la enmienda 151 proponen la conciliación previa a la vista con
carácter obligatorio, nosotros pensamos que ésta ha de ser
voluntaria.

En la enmienda 157 se solicita también el establecimiento del
traslado al ejecutado en la sucesión procesal para tenerla por efectuada
y, en este caso, según las normas generales, la cesión de crédito no
precisa consentimiento por parte del deudor. Por lo tanto, la
rechazamos.

Otras de las enmiendas se refieren al establecimiento de una
comparecencia para el control de las cláusulas abusivas previo al
requerimiento de las ejecuciones dinerarias o hipotecarias, y éste ya
está regulado perfectamente en el artículo 552 y es aplicable tanto a un
caso como al otro.

En la enmienda 171 proponen que sea el secretario judicial quien
realice la admisión de la demanda en los juicios cambiarios, pero
nosotros consideramos que ésta es una función jurisdiccional y, por lo
tanto, no la vemos procedente.

Presentan una enmienda a la disposición adicional primera al igual
que nuestro grupo, pero nosotros creemos que la nuestra es más certera
para evitar la digitalización de los procedimientos ya existentes en
papel a la entrada en vigor de estas disposiciones y garantizar la
eficacia en las comunicaciones telemáticas, pero esto lo podremos hablar
de cara al Pleno.

Piden la supresión de la disposición transitoria quinta y la final
primera sobre la regulación de la prescripción, pero, como es lógico,
nosotros no estamos de acuerdo y la rechazamos porque, como muy bien
decía la senadora Dueñas, se consigue el equilibrio entre los intereses
del acreedor y la necesidad de establecer un plazo máximo.

Igualmente, se han presentado enmiendas a la disposición final
tercera o a la disposición séptima con las que no podemos estar de
acuerdo.

Quiero citar la enmienda 183, por la que se solicita la asistencia
jurídica gratuita cuando personas jurídicas sin ánimo de lucro ejerzan la
acción popular en asuntos medioambientales o la exención de las tasas.
Esta es una cuestión que conocemos a través de los colectivos interesados
y también consideramos que debemos seguir hablando sobre ella durante
estos días.

Finalmente, reiteran el ya gastado debate sobre las tasas con la
presentación de la enmienda 182, que, obviamente, rechazamos.

El resto de los grupos han dado por defendidas las enmiendas. Tan
solo quisiera agradecer la no presentación del veto por parte del Grupo
Parlamentario Catalán y su trabajo ya que han presentado 77 enmiendas.
Quiero empezar por aquellas que hacen referencia a los procuradores, a la
formación, el coste y la extensión de su actividad, los actos de
ejecución, embargo o lanzamiento, etcétera. Nosotros creemos que esto se
debe de limitar a los actos de comunicación, al igual que la capacidad
para formular alegaciones, que corresponde a los abogados. El tema del
coste, como decía anteriormente, queda claro, ya que se configura como
una opción.

En relación con la enmienda 191 sobre la posibilidad de
reclamación de los herederos de los abogados de los créditos a los que
estos tenían derecho, esta es una enmienda que creemos que podemos o que
debemos de estudiarla y analizarla antes del Pleno. Respecto a aquellas
que versan sobre la preferencia en la presentación de los escritos por
medios telemáticos, en este caso nosotros no estamos de acuerdo porque ya
se establece como obligatoria con carácter general.

En la enmienda 194 proponen también que sea el Gobierno y las
comunidades autónomas quienes establezcan cuándo deban realizarse los
actos de comunicación obligatoriamente por sistemas telemáticos, y esto
ya está recogido en el artículo 273 del proyecto. Hay otro grupo
importante de enmiendas que versan sobre los consumidores sobre las que
tendremos tiempo de debatir durante estos días o en el Pleno.

En lo que se refiere a la acumulación de los procesos,
enmiendas 201 y 202, consideramos que debe haber una resolución expresa
que lo indique. Por lo tanto, en principio, nosotros la rechazamos.

La enmienda 207 propone la supresión de la tasa en las costas y en
este momento el criterio no es ese. Sin embargo, en la 208 piden que se
exijan también las de las comunidades autónomas, que ya estarían
incluidas.

La 211 hace referencia a la cesión en precario, creemos que es
necesario que podamos hacer un análisis y no estamos de acuerdo, como
decía anteriormente, con la inclusión de la fase de conclusiones
obligatoria en el juicio verbal. Nosotros creemos que ha de ser
facultativa atendiendo a las pruebas realizadas. Proponen también que
todas las sentencias sean recurribles en apelación, con lo que, en
principio, no estaríamos de acuerdo, y sobre el establecimiento de un
procedimiento especial para la división de la cosa común
—enmienda 239—, creemos que no es necesario ya que está el
procedimiento ordinario.

Otro de los temas importantes que tratan es la modificación en
materia de prescripción, al igual que lo hace el Grupo Socialista. En
principio, no aceptaríamos esa parte, pero insisto en que estamos
abiertos a la posibilidad de seguir hablando.

Hay otra serie de enmiendas formuladas, pero concluyo mi
intervención manifestando que, con los argumentos que hemos dado,
quedamos abiertos a seguir dialogando y, por todo lo expuesto, mostramos
nuestra postura en contra de las enmiendas que se han presentado.
Convencidos de que podemos llegar a algún acuerdo, en este momento
dejamos abierto el diálogo de cara al Pleno y manifestamos la voluntad de
que seamos capaces de llegar a buen puerto.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d?Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Es un proyecto de ley muy importante el que estamos debatiendo
hoy, con una tramitación, consideramos, que demasiado apresurada y con
afectación a derechos constitucionales. Esperemos que en el trámite del
Senado y, concretamente, en el Pleno tengamos la oportunidad de
introducir mayores garantías. La falta de consenso en este proyecto de
ley, sobre todo por lo que se refiere a la reforma de la Ley de
asistencia jurídica gratuita, que ya he mencionado, mediante la
introducción de enmiendas por parte del Grupo Popular en el Congreso, la
consideramos inaceptable por la oposición radical de los colegios de
abogados, profesionales y cuantos intervienen en el proceso y por la
forma en que se lleva a cabo. Debemos recordar que tal proceder no es
coherente con la voluntad de aparcar dicho proyecto, manifestada incluso
por el mismo ministro de Justicia en pro de la búsqueda del necesario
consenso en un tema tan importante. Por lo tanto, entendemos que es
inaceptable la manera en que se ha llevado a cabo. Es una oportunidad
perdida más, debemos ser conscientes de que hay que llegar a acuerdos, de
que las mayorías absolutas pasan y los proyectos de ley y las leyes se
quedan. Por lo tanto, legislar a toda prisa y sin buscar consensos lo
consideramos un craso error.

Mi grupo insiste en la presentación y la aprobación de las 77
enmiendas que, consideramos, aportan mejoras sustanciales al proyecto de
ley que hoy es objeto de dictamen en esta comisión, esperamos que puedan
ser aceptadas o transaccionadas y anunciamos en este momento que vamos a
abstenernos en la votación del presente proyecto.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Rodríguez
Esquerdo tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente. Un
minuto de ponencia, una hora de comisión un 25 de agosto para tramitar y
dictaminar la Ley de enjuiciamiento civil de España que va a regular toda
la legislación y la jurisdicción civil en nuestro país. Estas son las
formas que tiene de actuar el Partido Popular, un aciago proyecto de ley
y una actitud habitual del grupo mayoritario que no asume ninguna
enmienda, que en este caso sus 23 enmiendas las deja para que sirvan,
como ustedes dicen, de percha para el próximo Pleno, aunque, eso sí, por
lo menos el señor Arias ha mostrado voluntad de intentar llegar a algún
acuerdo antes de la votación plenaria. En fin, 5 vetos de todos los
grupos y 284 enmiendas para un parche de ley que va a perjudicar de
manera notoria la jurisdicción civil española.

Los socialistas hemos presentado nuestras enmiendas, y lo
intentaba decir al principio, para resolver los conflictos y el
desconcierto que va a generar el juicio verbal; el entuerto que va a
provocar el debilitamiento a los procuradores, el intentar evitar una
pretendida modernización de la justicia que no va a ser sino irreal e
incierta, evitar un fraude que ustedes pretenden con eso de la exención
del pago de las tasas a las personas físicas. Estas enmiendas pretendían
o pretenden evitar el enriquecimiento injusto o favorecer la mediación y
la conciliación, facilitar el acceso a la justicia de las ONG. Es
imposible que ustedes —y el senador Arias lo decía— acepten
las enmiendas de ningún grupo en esta ponencia y en esta comisión. ¿Saben
por qué? ¿Por qué para ustedes es imposible, y lo vienen demostrando a lo
largo de toda la legislatura? Porque, en definitiva, son enmiendas que si
se incorporaran a la ley beneficiarían a los ciudadanos; y a ustedes eso
no les interesa. (Rumores). Sigan adelante, generen otra frustración más
a los profesionales del derecho, generen otra frustración más a la
sociedad española y generen un desconcierto más en este caso en la
jurisdicción civil española.

Si me lo permite el presidente y para finalizar la intervención en
esta comisión, sí me gustaría tener un especial recuerdo, hoy, para un
diputado y socialista vasco, José María Txiki Benegas, que acaba de
fallecer esta mañana en Madrid. Era un gran parlamentario y también un
buen profesional del derecho, con una trayectoria en el Parlamento
español y en el Congreso de los Diputados basada fundamentalmente en el
compromiso y en la defensa de la libertad y, desde aquí, el Grupo
Socialista y espero que toda la comisión tengamos un especial recuerdo
hacia Txiki Benegas y hacia toda su familia.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez
Esquerdo.

Para continuar con el turno de portavoces, tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

Para cerrar el debate y con la mejor voluntad posible, el 25 de
agosto, me gustaría que el resto de los miembros que participan en esta
comisión y de los portavoces de este proyecto de ley vinieran con un
ánimo distinto, más positivo. Yo veía a la gente saludarse de una manera
muy afable al empezar la sesión de la comisión. Yo creo que la gente
viene con la cara muy descansada y, por lo tanto, recomiendo que se tomen
las cosas con tranquilidad, que seamos prudentes, que intentemos aportar
y no siempre boicotear e ir en contra de todo lo que se propone.

Yo le voy a decir al portavoz del Grupo Socialista lo siguiente:
¿Se acuerdan ustedes de que aprobaron una reforma laboral? Su reforma
laboral se aprobó cuando se aprobó y creo que fue allá por un mes de
agosto. (Rumores). Por lo tanto, es importante que prediquen con el
ejemplo. Si quieren dar lecciones, prediquen con el ejemplo y no vengan
aquí a decir cosas que se les pueden volver en contra. Pero yo voy a ser
positivo. Y, como soy positivo, le voy a decir al señor Rodríguez
Esquerdo que creo que es interesante y creo que es importante que
peleemos algunas enmiendas que presentan. Creo que también es importante
que sigamos analizando y que sigamos intentando incorporar enmiendas que
pueden ser beneficiosas para este proyecto y creo que incorporan una
aquí, en el Senado, que es la de las organizaciones medioambientales, que
nosotros conocemos perfectamente ya que somos un grupo sensible y
pensamos que es posible que se puedan incorporar a este proyecto o a
otros proyectos de ley. Voy a seguir siendo positivo porque creo que
estamos aquí para aportar y no para ir en contra de todo lo que se
propone, como decía anteriormente. Voy a seguir diciendo que podemos
seguir hablando y podemos seguir trabajando para intentar llegar a
acuerdos. Se lo digo en este caso a la portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán. Creo que presentan una serie de enmiendas a lo que es la
modificación de la Ley de asistencia jurídica gratuita y que podemos y
tenemos que trabajar, tenemos que intentar conseguir llegar a algún
acuerdo. Pero también hay otras enmiendas que presentan que pueden ser
objeto de transacción o de acuerdo con el grupo del Gobierno o con el
resto de los grupos. Por lo tanto, vamos a trabajar en positivo, que es
lo que nos piden los ciudadanos y vamos a dejarnos de tonterías.
(Rumores).

En el resto de cuestiones, creo que acuso recibo de ellas, como
hago habitualmente, y el resto de los miembros de esta comisión saben que
a mí me gusta tomar nota de los temas que plantean igualmente el resto de
los portavoces y a ellas les daré contestación de una manera más
detallada en el Pleno. Yo voy a reiterar la postura de nuestro grupo,
nuestro voto negativo, aquí, a las enmiendas presentadas y también quiero
mostrar nuestra predisposición, como llevo haciendo en esta intervención
y en la anterior, a seguir dialogando, a continuar estudiando y
analizando las enmiendas presentadas de cara a poder alcanzar algún
acuerdo que mejore el texto, que es, en definitiva, lo que quieren los
ciudadanos, que lleguemos a acuerdos y que mejoremos los textos que se
presentan y se debaten en esta Cámara.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias.

Finalizado el debate, sometemos a votación el texto propuesto por
la ponencia que, como se ha dicho, se va a votar sin ninguna
modificación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 14; en contra, 7; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Seguidamente, señorías, hay que designar al miembro de la comisión
que llevará a cabo la presentación del dictamen.

Tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, el Grupo Socialista
propone que sea usted quien lo haga en el Pleno, no sin antes, con su
permiso, toda vez que a mí una vez una senadora, la señora Vindel, me
dijo que cada uno defiende aquí sus razonamientos y no se es tonto o no
tonto por decir algo de una forma o de otra. Yo le acepté su
razonamiento; es verdad, no debí haber utilizado esa expresión, y por eso
le ruego al señor Arias, que sé que es un hombre educado y sé que es un
caballero, si tiene a bien retirar la expresión «tonterías» relativa a la
exposición de mi compañero el señor Rodríguez Esquerdo. Él lo hace con un
castellano fluido, puede ser muy claro y muy rotundo, pero son análisis
políticos, nunca son calificativos personales, y no ha calificado a nadie
del Partido Popular diciendo que dice tonterías. Le ruego, por favor, al
señor Arias, que retire esa expresión «tonterías» relativas al señor
Esquerdo.

Nada más, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Díaz Tejera.

Tiene la palabra el senador Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

Yo en ningún caso me refería al senador Rodríguez Esquerdo.
(Rumores). Yo creo que lo que importa son las actitudes. Yo me refería a
que todos venimos aquí con una actitud constructiva, con una actitud
positiva y es bueno que dejemos el mal humor a veces en la puerta antes
de entrar en estas comisiones o en estos debates.

Por lo tanto, yo sí que retiro lo dicho, si es que se han podido
sentir ofendidos por alguna de mis manifestaciones, pero nunca es ni será
mi voluntad ofender a ninguno de estos miembros ni descalificar, desde el
punto de vista personal, a ninguno de ellos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias.

El señor DÍAZ TEJERA: Disculpas aceptadas. (La señora Vindel
López: No son disculpas.)

El señor PRESIDENTE: Senador Rodríguez Esquerdo ¿va a hacer uso de
la palabra? (Denegaciones)

Señorías, ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia el
Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
enjuiciamiento civil.

El señor ALTAVA LAVALL: Señor presidente, pido la palabra.

El señor PRESIDENTE: La tiene su señoría.

El señor ALTAVA LAVALL: Señor presidente, gracias por darme la
palabra para proponer desde el Grupo Parlamentario Popular a su
presidente para la presentación de este proyecto de Ley, que es quien
mejor lo hace.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA BENEGAS
HADDAD, FALLECIDO EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2015.

(Núm. exp. 542/000029)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de terminar esta sesión, el
senador Rodríguez Esquerdo ha hecho alusión al triste fallecimiento de
José María Benegas Haddad, Txiki Benegas, y creo que hay que decir en
nombre de la Comisión de Justicia que ha sido, como ha expresado el
presidente del Congreso hoy, un político comprometido y responsable, un
político importante y de referencia de la democracia española. Era el
diputado más antiguo del Congreso de los Diputados.

Por tanto, hoy es un día triste. Descanse en paz. Vamos a guardar
un minuto de silencio por el fallecimiento del diputado Benegas. (Los
miembros de la comisión, puestos en pie, guardan un minuto de
silencio).

Gracias, señorías.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y cincuenta y cinco minutos.