La señora PRESIDENTA: Designación de la ponencia que informe la
Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y
mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción
voluntaria del embarazo.

Hay que designar ponentes: por el Grupo Mixto, el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Como el álamo, seguiré en la
ponencia. (Risas).

La señora PRESIDENTA: Seguirá. Por el Grupo Vasco en el Senado, el
senador Cazalis; por Entesa pel Progrés de Catalunya, la senadora
Almiñana; por el Grupo Catalán de Convergència i d’Unió, la
senadora Rivero. ¿Por el Grupo Socialista?

La señora LLINARES CUESTA: María Isabel Flores Fernández y
Encarnación Llinares.

La señora PRESIDENTA: ¿Por el Grupo Popular en el Senado?

El señor AGUIRRE MUÑOZ: María Dolores Pan y la presidenta de esta
comisión, Carmen Aragón.

La señora PRESIDENTA: Quedan designados por lo tanto los senadores
que van a formar parte de la ponencia para informar dicha proposición de
ley orgánica.

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto: Aprobación por
la comisión con competencia legislativa plena del Proyecto de Ley del
Tercer Sector de Acción Social, expediente número 621/000136.

A este proyecto de ley se han presentado cinco vetos —el
número 1, del senador Iglesias Fernández; el número 2, de la senadora
Capella i Farré; el número 3, del Grupo Vasco; el número 4, de los
senadores Guillot Miravet y Saura Laporta; y el número 5, del Grupo
Catalán de Convergència i d’Unió— y 61 enmiendas de distintos
grupos parlamentarios.

Según lo previsto en los artículos 110 a 117 del Reglamento del
Senado, hay que debatir primero los vetos y, posteriormente, si procede,
las enmiendas.

No sé si han llegado ya a la Mesa las enmiendas por orden de
votación; si no, ruego que las faciliten lo antes posible para poder
ordenar a lo largo del debate su votación.

Turno de defensa de los vetos presentados para esta ley, por
tiempo de unos diez minutos aproximadamente para cada portavoz.

Para la defensa del veto número 1, el senador Iglesias Fernández,
del Grupo Mixto, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Hay motivos coincidentes de carácter formal o de técnica
legislativa en este proyecto de ley a la hora de presentar el veto con el
proyecto de ley que veremos a continuación —son los motivos de
carácter formal o de técnica legislativa—. Tanto en un proyecto
como en el otro se produce un cierto desequilibrio, y no es siempre fácil
de comprender, en el sentido de que, por una parte, en determinadas
materias los dos proyectos de ley establecen una remisión apriorística al
desarrollo reglamentario —lo cual siempre genera inseguridad en el
legislador, en tanto en cuanto no va a controlar el desarrollo de la
norma— y, por el contrario, en otras materias se llega a un nivel
de concreción y de desarrollo más propio de un reglamento. Por tanto, no
creemos que esta sea una técnica legislativa afortunada. Además en este
proyecto en concreto se produce otra dificultad de carácter formal, que
hace que la utilización en algunas ocasiones en el texto del articulado
con carácter alternativo de las expresiones interés general e interés
social, sin ninguna duda, puedan abundar también en la generación de
confusión de no ser la norma lo suficientemente clara.

Entro ya en los contenidos del proyecto. Seguramente la razón más
importante que nos mueve a presentar este veto es la que se enumera en el
último apartado del texto presentado y es el hecho de que el proyecto de
ley no sale al paso de lo que son preocupaciones reales del tercer sector
en este momento.

Vivimos una situación —derivada en gran parte de la crisis
económica y de las políticas que se han aplicado a esta en los últimos
años— en la que se ha producido un fenómeno sucesivo relacionado
con las funciones y competencias en materias que en principio lo son
vocacionalmente de las administraciones públicas. Por la ausencia de
recursos suficientes y la falta de un desarrollo amplio de los órganos
administrativos llamados a dar respuesta a las necesidades sociales de
colectivos cada vez más numerosos, se abrió primero un espacio en el que
la colaboración de las administraciones en la satisfacción de estas
necesidades se abordaba fundamentalmente a través de la intermediación de
las entidades que configuran el tercer sector. Sin embargo, una vez que
se había llegado a consolidar esto a lo largo de unos cuantos años, y,
por lo tanto, a aumentar el espacio del tercer sector, su importancia, e
incluso los trabajadores dependientes de este, la traslación de alguna
normativa europea —interpretada de forma especial—, ha dado
como resultado que la aplicación del principio de defensa de la libre
competencia se tradujera en la dificultad de las administraciones
públicas de concertar la prestación de estos servicios con el tercer
sector por la necesidad —entre comillas— de abrir la
convocatoria de la colaboración a empresas privadas, que, a lo largo de
todos estos años, han ido también evolucionando en el ámbito de su
intervención y que incluso han ido modificando sus objetos sociales.
Empresas privadas que ya tenían experiencia de colaboración con las
administraciones en otro tipo de servicios —limpieza, seguridad
incluso— han abierto el abanico de su intervención para entrar en
competencia directa con el tercer sector. Como eso no ha ido acompañado
de la traslación igualmente de otras normativas europeas que respaldaran
el reconocimiento del carácter social no lucrativo de estas entidades y
que por lo tanto les permitieran concurrir en relación con las empresas
privadas, en una posición en las que ese reconocimiento —en los
pliegos de condiciones— les diera una valoración especial, ha dado
lugar a lo que podemos calificar en este momento de crisis del tercer
sector; crisis del tercer sector que ha motivado que quienes lo
configuran reivindiquen de las administraciones cambios normativos, que
no son estos que se plantean en el proyecto sino otros que afectan más a
la generalización de las cláusulas sociales en los pliegos de condiciones
de los concursos, a la normativa de subvenciones, a los problemas que se
han derivado de las reformas introducidas en el impuesto de sociedades y
por supuesto en la Ley de contratos de las administraciones públicas y
del sector público. A ello debiera haber sido convocado fundamentalmente
este proyecto de ley, a dar respuesta a estas dificultades.

Finalmente quería hacer dos últimas consideraciones. Una hace
referencia a los mecanismos de participación. Yo no sé si como
compensación a que no se resuelven estos graves problemas sí se introduce
en la regulación de la participación una especie de reconocimiento del
monopolio de la representación del tercer sector a la plataforma del
tercer sector. Ello reduce la riqueza y la pluralidad que configura en la
realidad este tercer sector. Por lo tanto deberían ampliarse esos
mecanismos de representatividad para que también pudieran participar
entidades que no forman parte del tercer sector. Además —como
expresaremos en alguna de nuestras enmiendas—, creemos que la
definición de quiénes forman el tercer sector resulta excesivamente
restrictiva, por lo que, en nuestra opinión esta debiera incorporar
también la posibilidad de que se consideraran como tal a la cooperativas
de iniciativa social y a las empresas de inserción.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Iglesias.

Para la defensa del veto número 2, tiene la palabra la senadora
Capella i Farré, del Grupo Mixto.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.

Iniciaré mi intervención con lo que ya vengo diciendo en todas las
comisiones con competencia legislativa. Aunque el Reglamento establezca
la posibilidad de que se aprueben proyectos de ley en comisión con
competencia legislativa, comprenderán que Esquerra Republicana, y, en
este caso, el Grupo Mixto, no esté de acuerdo en este proceder o forma de
legislar, máxime si se tiene en cuenta que en tres meses ustedes
pretenden aprobar la friolera de más de cuarenta leyes. Eso hace un flaco
favor a la democracia, a la sociedad y a la institución del Senado. Que
una senadora de Esquerra Republicana, como ya dije en una anterior
comisión, acabe defendiendo la institución del Senado como tal... Me
parece que lo tendrían que mirar. En definitiva, poco favor le hacen al
Senado cuando sacan proyectos normativos de importancia como puede ser el
del tercer sector, la Ley del voluntariado, la Ley general tributaria y
tantas otras leyes del debate en el Pleno.

Como digo a menudo, no se trata de trabajar más o menos, sino de
hacer las cosas bien, con criterio, de forma racional, sin sustraer el
debate y la confrontación de ideas y sin esconder realmente lo que se
pretende hacer. En este caso, ustedes, de nuevo, aprovechan el Senado
para autoenmendar este proyecto de ley, y plantean una enmienda que
perjudica sustancialmente lo que Cataluña viene defendiendo hace
tiempo.

También debería hacerles pensar que la oposición haya presentado
cinco vetos y 61 enmiendas a este proyecto de ley. Esto, de nuevo,
debería hacerles plantearse —aunque sea en el tramo final de la
legislatura— que algo no están haciendo bien. Asimismo me gustaría
lanzarles una pregunta: de las 61 enmiendas que se han presentado a la
ley, salvo su autoenmienda, ¿van a aprobar alguna? Lo digo por los
porcentajes prácticamente inexistentes de enmiendas aprobadas, ya sea en
el Pleno del Senado o en comisión con competencia legislativa.

Me gustaría resaltar aspectos de la gran labor que lleva a cabo
cada día el Tercer Sector de Acción Social en beneficio de la sociedad,
el valor añadido en cualquier actividad proveniente del tercer sector
—el senador Iglesias ha apuntado que la ley no lo protege, sino
todo lo contrario—, que debería desarrollar el Estado. En todo
caso, bienvenido sea, pues no solo beneficia socialmente, cohesiona,
etcétera, sino que, además, genera ocupación; por tanto, se trata de un
importante sector económico. Estarán de acuerdo conmigo en que, en una
situación de crisis extrema como la actual —que hemos padecido y
que aún padecemos—, que está generando desigualdad, discriminación
y exclusión social, el tercer sector se convierte en un pilar
imprescindible para la inclusión y la cohesión social. Lejos de adoptarse
medidas en este proyecto de ley que permitan la adecuada financiación del
tercer sector, se recortan de forma directa e indirecta sus recursos. El
recorte de este Ejecutivo hace que la atención a las personas se reduzca,
y que las asociaciones de ámbito social se vean cada vez más
asfixiadas.

Este proyecto de ley hace ver que se quiere preocupar del tercer
sector cuando realmente no soluciona las demandas que les han hecho
llegar y que les preocupan. Esta ley no se convierte en una prioridad,
porque, si lo hubiese sido, no hubiesen esperado al último tramo de la
legislatura para su tramitación, tampoco lo hubiesen hecho de la forma
que lo estamos haciendo y, en consecuencia, hubiesen incorporado gran
parte de las demandas del tercer sector. Es más, de nuevo en esta ley nos
encontramos una nueva disposición que dice aquello de que la regulación
incluida en esta ley no podrá suponer incremento del gasto público,
incremento de dotaciones, retribuciones, ni otros gastos de personal. En
definitiva, otro brindis al sol.

Otra de las finalidades perseguidas por esta ley —como
apunté al inicio—, y que se refuerza con la autoenmienda que
plantean al proyecto de ley, no es otra que recentralizar una vez más las
competencias autonómicas ya mermadas, uniformizar, dar una visión
centralizadora del tercer sector, otorgando más peso cada día a las
organizaciones estatales en detrimento de las organizaciones de carácter
territorial, autonómico o con menor implantación territorial en el
Estado. Para nosotros, se trata de un punto de vista erróneo, en el que
la ley no debería haber entrado; en todo caso, lo que tenía que haber
hecho era equilibrar y dar valor a la diferencia que, en muchos aspectos,
también aporta beneficios sustanciales a la hora de intervenir
socialmente.

No proponen el reconocimiento de la territorialidad, ni tampoco lo
que Cataluña ha venido reclamando y demandando, que es el 0,7 % del IRPF
—por cierto, ganado en sentencias del Tribunal Constitucional y que
ustedes, el Gobierno del Partido Popular, sistemáticamente han
incumplido—. Digo esto por aquello del cumplimiento y la exigencia
de la ley, quién cumple y quién no cumple, etcétera. Al final, les
tendremos que decir aquello de quien incumple el contrato, no puede
exigir el cumplimiento a la otra parte; en este caso, ocurre lo mismo con
respecto a la ley.

En definitiva, tenían la oportunidad de apuntarse un tanto, no lo
han hecho, se autoenmiendan para impedir que se dé cumplimiento a las
exigencias que emanan de la sentencia del Tribunal Constitucional. Podía
ser una oportunidad para el tercer sector, podía surtir efecto y nutrirlo
de verdaderas herramientas para poder luchar contra las desigualdades,
pero, al final, esta ley ni es valiente ni atrevida, y tampoco corrige
todos los déficits que vamos arrastrando. Como he dicho al principio de
mi intervención, no nos dan el tiempo suficiente y necesario para que se
pueda debatir con toda tranquilidad, transparencia y debida información a
la opinión pública de lo que se está cocinando en las instituciones del
Estado.

Por estos motivos, y por los que se irán desgranando
posteriormente —como ha dicho el compañero del Grupo Mixto, el
señor Iglesias—, les anticipo que Esquerra Republicana apoyará el
resto de los vetos presentados por los grupos parlamentarios.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Capella.

Para la defensa del veto número 4, de los senadores Guillot
Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Señorías, voy a exponer las razones por las que el senador Saura y
yo, en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, presentamos este
veto. La primera —y voy a reiterarla en todas las tramitaciones
posteriores, ya sea en comisión legislativa o no, y en los próximos
Plenos programados— es esta sinrazón, esta irresponsable mascarada
legislativa que nos han impuesto. No es razonable aprobar decenas de
proyectos de ley en dos meses; no es razonable que, a 29 de julio
de 2015, estemos aquí tramitando dos leyes; que el 25 de agosto se
tramiten otras; que en el Pleno del día 1 se tramiten 8 proyectos de ley
y el día 8, otros 8 proyectos de ley. Esto no es razonable. ¿Qué ganan
ustedes con todo esto? Insisto, desde un punto de vista legislativo, se
degrada el trabajo; se legisla con muy mala calidad; se dificulta la
plena participación de los grupos de la oposición, especialmente la de
los pequeños, con lo cual se pierde pluralidad; se impide el seguimiento
de todos los grupos y ciudadanos afectados por esos proyecto de ley; y,
como ha dicho la senadora Capella, se degrada aún más el Senado. Es
evidente que no somos una Cámara territorial —no es una Cámara
territorial aquella cuya Comisión General de Comunidades Autónomas se ha
reunido dos veces, y una por imperativo al tramitar la modificación de un
Estatuto—. Pero es que no somos ni una Cámara de enfriamiento
legislativo, somos una Cámara de hacer churros legislativos. Señorías,
puestos a reformar, reformemos el Senado, tal como nos
comprometimos.

Entro ya en el contenido del proyecto de ley. Quiero en primer
lugar afirmar dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, las
políticas sociales de este Gobierno se han centrado en los recortes.
Cuando España, producto de la crisis que hemos sufrido y estamos
sufriendo aún, se ha vuelto más pobre, cuando se ha generado mayor
desamparo social, ustedes han recortado todas y cada una de las partidas
presupuestarias destinadas a protección social —todas y cada
una—. En segundo lugar, cuando España se empobrecía, sus políticas
no han hecho a todos más pobres sino mucho más desiguales, y eso ha sido
porque han cargado las responsabilidades y los costes de esta crisis en
las clases populares.

Hago estas afirmaciones para salir al paso de las declaraciones
—en mi opinión, muy cínicas— que figuran tanto en el
preámbulo de este proyecto de ley como en la presentación que hizo el
ministro Alonso de este proyecto de ley en el Congreso de los
Diputados.

Es evidente que todos los grupos, el senador Saura y yo los
primeros, reconocemos el trabajo, el compromiso de las asociaciones y
entidades que conforman el tercer sector, por su trabajo con las personas
más vulnerables. Es evidente que estamos legislando para más de 30 000
entidades sociales, cuya actividad supone un 2 % del PIB y que genera más
de 600 000 empleos. Pero, señorías, no olviden que ustedes son el
problema. Este Gobierno de derechas, sus políticas de fomento de la
desigualdad, generadoras de pobreza, es el real problema que tienen hoy
en día los sectores sociales más golpeados por la crisis y, en
repercusión, el tercer sector de acción social. El gran problema son sus
recortes en prestaciones sociales, que los han llevado a cabo cuando más
falta hacían.

Es evidente que hacía falta una ley del tercer sector que
decidiera un marco regulatorio del mismo, pero no es este proyecto de
ley. Para el senador Saura y para mí este proyecto de ley es claramente
insuficiente. En primer lugar, creemos que para legislar hay que conocer
la realidad, y permítame que les dé unos datos de un estudio de la
Fundación La Caixa en colaboración con Esade y PricewaterhouseCoopers de
abril de 2014, titulado La reacción del tercer sector al entorno de la
crisis. Dice el estudio: «Las aportaciones han caído un 27 % en apenas
tres años. Han recortado, en primer lugar, todas las administraciones
públicas, todas: un 17 % las comunidades autónomas y entidades locales y
un 4 % el Estado; un 18 % las empresas y un 24 % las cajas de ahorro. En
comparación, las aportaciones individuales solo han caído un 8 %. Esas
caídas de ingresos han comportado que entre un 20 y un 30 % de esas
entidades hayan cesado en su actividad o hayan desaparecido, mientras que
las personas en riesgo de exclusión social se incrementan.»

En resumen, el tercer sector debe afrontar la realidad de resolver
mayores necesidades sociales con menos recursos, por lo que se hace aún
más incomprensible que esta ley no aborde cuestiones capitales para el
tercer sector, como son las necesarias modificaciones legislativas sobre
el IVA, Ley de contratos del sector público, Ley de subvenciones, Ley del
impuesto sobre sociedades, la legislación sobre incentivos fiscales y
mecenazgo o la legislación de utilidad pública.

Señorías, la pregunta es: ¿Pueden soportar estas entidades y
asociaciones la cofinanciación de los proyectos? ¿Deben pagar impuestos
de sociedades? A ello me refería al hablar de cuestiones fundamentales
para la supervivencia y buen trabajo de las entidades sociales y que la
ley no aborda.

Otra cuestión que para nosotros es incomprensible —hacía
referencia a ello el senador Iglesias— es por qué el proyecto de
ley excluye a las cooperativas de iniciativa social y a las empresas de
reinserción. No lo entendemos, no entiendo que solo las asociaciones y
fundaciones sean admitidas como organizaciones susceptibles de formar
parte del tercer sector.

Dos cuestiones muy lacerantes para nosotros son la
territorialización del 0,7 % del IRPF y la representación y participación
de las entidades del tercer sector de acción social. El señor Saura y yo
nos oponemos al intento de este proyecto de ley de consolidar en el
Estado el control de las subvenciones del 0,7 % del IRPF. Volvemos a
exigir que las contribuciones que realizan los contribuyentes de Cataluña
las gestione en su totalidad la Generalitat de Catalunya, y lo
reivindicamos no solo porque encontramos injusto que de unas aportaciones
anuales de 54,4 millones de euros solo se reviertan 30,8 millones, que lo
es, sino porque corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en
materia de protección social. Al igual que las sentencias del Tribunal
Constitucional, reclamamos esta territorialización de fondos procedentes
del 0,7 % del IRPF. Tampoco entiendo que se impida la participación de
otros actores diferentes a la plataforma del tercer sector para poder
participar en la Comisión para el Diálogo Civil, que contempla la ley, a
pesar de que esta plataforma no representa la totalidad del sector en
España.

Señorías, lo fundamental en las políticas del tercer sector no es
su articulación a nivel estatal. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, en
el caso catalán, el artículo 166 dice con toda claridad que corresponde a
la Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva en materia de
servicios sociales. ¿Con quién se articula preferentemente el tercer
sector? Con las administraciones que ejercen la titularidad en materia
social: comunidades autónomas y entidades locales que, por otra parte,
son sus ámbitos naturales de implantación y actuación.

La pregunta es si las más de 6800 entidades que trabajan en
Cataluña, que representan un volumen económico de 2,8 % del PIB catalán,
con más de 102 000 personas contratadas, 300 000 voluntarios y que
atienden a más de 2 100 000 personas se van a quedar fuera de la Comisión
para el Diálogo Civil por no formar parte de la plataforma del tercer
sector. Es ilógico, vulnera la realidad y solo puede explicarse por su
actitud territorial tan nefasta y conflictiva. Alguien puede pensar: pues
que se metan en la plataforma. Pero es que las leyes no organizan la
sociedad civil; la sociedad civil se autoorganiza.

Una última y también grave razón es la enmienda 61, que presenta
el Grupo Popular a este proyecto de ley. Es un disparate, es ilógico que
aprovechen un proyecto de ley para hacer un reparto de subvenciones. De
verdad que hacen cosas inverosímiles.

Por todo ello, señorías, pido el voto favorable al veto que en
representación de Iniciativa per Catalunya Verds presentamos el senador
Saura y yo.

Gràcies, senyora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Guillot.

Para la defensa del veto número 3, del Grupo Parlamentario Vasco
en el senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señora presidenta. Voy a
intentar ser breve porque me estoy cansando de oírme a mí mismo decir
todo el rato lo mismo.

Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora sobre la
manera de legislar. En el Pleno dije que esta es una histeria legislativa
que no sé a dónde nos va a llevar. Supongo que el Gobierno ha hecho sus
cálculos y el Grupo Popular también y supongo que calculará que todos
estos cambios después no se podrán echar atrás porque no va a haber
mayoría suficiente. A lo mejor una sola ley de artículo único que derogue
todo lo aprobado nos podría servir. De todas formas, son los mismos
argumentos y los voy a repetir hoy también.

El Grupo Parlamentario Vasco presenta este veto por considerar que
la intervención normativa del Estado a través del proyecto de ley supone
una extralimitación competencial, que se nota en su ámbito de aplicación
por interferir, a nuestro juicio, de forma inconstitucional en el ámbito
competencial que en materia de asistencia social, de asociaciones y
fundaciones tienen muchas comunidades autónomas, en este caso la
comunidad autónoma vasca.

El ámbito de la competencia estatal sobre el Tercer Sector de
Acción Social debe ser contemplado también desde la perspectiva de las
leyes orgánicas de asociaciones y de la Ley 50/2002, de fundaciones. Este
proyecto de ley, por lo tanto, interfiere en las competencias autonómicas
en lo relativo a la asistencia social, pero también en aquellas que
tienen materias de reconocimiento de asociaciones y fundaciones. Son las
comunidades autónomas las que se han visto investidas de la atribución
competencial para dictar la normativa, por lo menos la comunidad autónoma
vasca, en materia asistencial y de actividad e iniciativa social de
interés general, sin que pueda de forma recurrente acudir el Estado al
manido artículo 149.1.1 de la Constitución Española en estos ámbitos de
corte asistencial, porque estaría, como digo, extralimitándose, estaría
invadiendo competencias que no le corresponden.

Siempre hemos aludido a este artículo 149.1.1, señorías, por lo
menos en todas las normas en las que yo he podido intervenir —creo
que en todas, y me atrevería a decir que en la práctica totalidad—,
y nos ha servido para los trenes de cercanías; la semana pasada para el
Proyecto de Ley de calidad alimentaria; hoy nos va a servir para el
tercer sector, e incluso llegó a utilizarlo el Gobierno para justificar
la declaración de los toros como fiesta nacional. Todo esto empieza a
hacer que este artículo 149.1.1 ya no sirva para nada, en realidad solo
sirve para hacer trampas en el solitario y para que, entre la mayoría
absoluta que tiene el Grupo Popular ahora y la lentitud del Tribunal
Constitucional, que además es un juez de parte, las cosas se alarguen,
las normas salgan sin ninguna razón hasta que vuelva a salir una
sentencia y entonces se corrija, lo cual, aparte de la invasión
competencial, crea a su vez inseguridad jurídica, porque las comunidades
autónomas también tienen regulación en estos aspectos y el sector va a
verse frente a un galimatías en el que no va a saber exactamente qué es
lo que le afecta y qué no.

Lo que sí quiero que quede claro es que el Grupo Parlamentario
Vasco valora enormemente el imprescindible trabajo que hacen las
entidades del tercer sector. Entendemos que pueda ser necesaria una ley
que regule el tercer sector, pero no es esta la ley adecuada.

Por último, quiero hacer un comentario a la enmienda número 61,
del Grupo Popular. Estamos de acuerdo con el senador Guillot en que esta
no es la manera de hacerlo. Puede ser un tema electoral, y nos parece muy
bien. Nosotros no estamos en contra de que se den subvenciones a esas o a
otras asociaciones. También entendemos que las comunidades autónomas que
tienen competencia lo pueden y deben hacer por su cuenta a las
asociaciones que consideren oportuno, a estas o a otras más.

Por lo tanto, en la votación de esta enmienda nos vamos a
abstener, aunque en realidad tal vez deberíamos decir que no, porque no
es el sitio ni es el lugar. Pero visto que todo lleva a confusión, para
que nadie utilice el pretexto de que hemos votado que no a una enmienda
para decir que estamos en contra de todas estas asociaciones que se
relatan en ella, nos vamos a abstener.

Por todo ello, mantenemos el veto, y también vamos a votar a favor
del resto de vetos presentados por los otros grupos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa del veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la senadora
Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta. Buenos días,
señorías.

Vaya por delante un reconocimiento a la labor que el Tercer Sector
de Acción Social ha llevado y lleva a cabo en la lucha contra la
desigualdad, la discriminación y la exclusión social. El trabajo
incansable de las organizaciones, entidades y personas que configuran el
tercer sector es un instrumento necesario para alcanzar un desarrollo
social equilibrado y para la cohesión social. El tercer sector impulsa y
desarrolla actividades de interés general, como las medioambientales o
las de cooperación internacional, y atiende a colectivos y personas en
situación de mayor vulnerabilidad social: infancia, familia, jóvenes,
personas inmigradas, tercera edad, discapacitados psíquicos, físicos y
sensoriales, drogodependientes, personas con dificultades para acceder a
un lugar de trabajo, personas sin techo y un largo etcétera. Estaremos de
acuerdo entonces en que un tercer sector fuerte es garantía de una
democracia robusta en la medida en que las entidades y asociaciones que
lo configuran son sujetos activos en los procesos de elaboración y
ejecución de las políticas públicas. Son, señorías, escuelas prácticas de
ciudadanía activa y de compromiso democrático. Hay que apoyar y
promocionar el Tercer Sector de Acción Social, y además hay que hacerlo
desde la proximidad a los problemas, una proximidad que, desde nuestro
punto de vista, es la clave del éxito y es necesaria para encontrar
soluciones eficientes y eficaces. Por ello, una vez más, cada uno debe
hacer lo que le corresponde desde donde le corresponde, cada
Administración deberá adoptar las medidas que dentro de sus competencias
mejoren la sostenibilidad de las entidades que configuran el tercer
sector.

Este proyecto de ley que ustedes proponen, lejos de buscar
soluciones reales, genera confusión en materia competencial e inseguridad
jurídica, regula materias que no son cruciales para el tercer sector y
que, por otro lado, se encuentran ya reguladas en distintas comunidades
autónomas que tienen la competencia, y aunque reza sobre respeto
competencial, en la práctica pretende articular las políticas del tercer
sector a un ámbito únicamente estatal. Y no se limita a regular sobre
aquello que puede y debe regular para dar respuesta al sector; quedan
pendientes de revisión temas tan importantes como el IVA en la
contratación pública, la inclusión de cláusulas sociales en los contratos
de la Administración, la modificación de la regulación de utilidad
pública, la adaptación de la Ley de Subvenciones y el traspaso efectivo a
las comunidades del 0,7 % del IRPF destinado a finalidades sociales
—luego me referiré a ello—, el impulso del mecenazgo o
medidas para la creación de empleo. Fíjense que esta lista, que sin duda
no está completa, le deja al Estado central un largo recorrido para
ocuparse de muchas materias que afectan directamente y preocupan mucho al
tercer sector y que son competencia del Estado central. Pero nada de ello
se recoge en este proyecto de ley, no aborda las cuestiones de fondo que
necesita el tercer sector, se vuelve a aprovechar para intentar legislar
cuestiones que, de acuerdo con el estatut d’autonomia en nuestro
caso, corresponden a la Generalitat de Catalunya, que tiene competencia
exclusiva. La Generalitat de Catalunya tiene competencia exclusiva
—y no nos cansaremos de decirlo— en materia de servicios
sociales, y esta incluye, en todo caso, la regulación y la ordenación de
las entidades, los servicios y los establecimientos públicos y privados
que prestan servicios sociales en Cataluña; además, la competencia
exclusiva supone de forma íntegra la potestad legislativa, reglamentaria
y la función ejecutiva. El texto intenta evitar la evidente invasión
competencial limitando su aplicación a las entidades del Tercer Sector de
Acción Social de ámbito estatal.

Este proyecto de ley no se entiende si se deja al margen,
señorías, al 20 % de la sociedad civil organizada —hoy es así la
sociedad catalana, la Taula d’Entitats del Tercer Sector—. No
es bueno ni es justo, no se le reconoce la representación en aquello que
la Administración General del Estado legisle y administre. Hoy la Taula
d’Entitats del Tercer Sector —que, por cierto ha sacado una
nota de prensa manifestando su desacuerdo y el carácter inadmisible de la
enmienda 61 que ustedes han aprovechado para presentar en este proyecto
de ley— representa a la sociedad civil organizada y no participa de
la plataforma que ustedes reconocen en este proyecto de ley.

Aparte de este tema competencial y la falta de contenidos respecto
de las materias en las que la Administración central tiene competencias,
denunciamos en forma y contenido el proyecto de ley, ya que lejos de dar
soluciones es utilizado para intentar legalizar, con más trampas, el
sistema de subvención a las entidades del tercer sector; un sistema que
no cuenta con la aprobación y el reconocimiento de los tribunales; nos
referimos, otra vez a la presentación de su enmienda 61. Hace unos días
en el Pleno pude preguntarle al ministro sobre la territorialización
del 0,7 % del IRPF en temas sociales, y la respuesta no aportó ninguna
luz, no supimos cuándo iban a hacerlo; entendíamos que lo iban a hacer
porque la ley así lo dice, pero no es así. Trece sentencias, señorías. La
última sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de mayo, aplica la doctrina
constitucional, esa Constitución a la que ustedes siempre apelan, y
reitera una vez más que en materia de servicios sociales hay que realizar
la acción estatal de fomento mediante la distribución territorial de los
fondos para que aquellas comunidades que tienen asumidas las
competencias, como es el caso de Cataluña, puedan regular y efectuar las
convocatorias correspondientes. Señorías, últimamente hemos oído muchos
llamamientos a cumplir la ley; con esta sentencia ya son trece las
emitidas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que a lo
largo de nada menos que quince años han dictaminado en el mismo sentido.
Nos avala y legitima exigir que se cumplan, efectivamente; que se deje de
dar vuelcos y rodeos y se proceda ya a la distribución territorial de los
fondos en materia de servicios sociales, tanto a las convocatorias de
subvenciones del tercer sector como a la convocatoria de subvenciones con
cargo a la asignación del 0,7 % del IRPF. Tanto el Govern de la
Generalitat como la taula del tercer sector en Cataluña —como he
dicho, un 20 % de la sociedad civil organizada de su Estado— han
manifestado la necesidad de que se dé cumplimiento a la ley en este
sentido.

Ya hemos venido denunciando las trampas que el Gobierno central ha
hecho, con claras manifestaciones de desagrado a las sentencias,
intentando esquivar su cumplimiento a través de decretos legislativos,
que ahora les dicen que no sirven, y ustedes aún, en un último y
desesperado intento, introducen las ayudas a través de una enmienda en
esta ley. En ningún caso, y quiero que quede constancia de ello —me
volveré a referir a ello en el turno de defensa de enmiendas—,
Convergència se opone a que las entidades de carácter estatal reciban
subvenciones, todo lo contrario, pero debemos insistir en que desde el
respeto competencial en esta materia hay que solucionar la subsistencia
de todas las entidades, de todas y cada una de ellas, por la labor que
desarrollan, también y especialmente de aquellas que lo hacen en el
ámbito autonómico y desde la proximidad.

Por ello, por la falta de desarrollo en el contenido del proyecto
de ley, donde ya hemos indicado que el Gobierno central tiene mucho
recorrido si realmente quiere ayudar al tercer sector, abordando sus
competencias y resolviendo aspectos como el IVA en la contratación
pública, la inclusión de cláusulas sociales en los contratos de la
Administración o la modificación de la regulación sobre utilidad pública,
entre otros, en lugar de obviar su competencia y recentralizar e invadir
competencias que corresponden a las comunidades autónomas, en nuestro
caso a Cataluña, presentamos este veto. Rechazamos esta ley por ser
precipitada en su trámite, poco ambiciosa en su contenido y absolutamente
recentralizadora y al servicio de una ideología que en su imaginario nos
quiere situar en un Estado antiautonómico, donde día a día se pretende
vaciar el contenido constitucional por la puerta de atrás, eso sí
poniendo el cartel en la puerta principal de que aquí se defiende la
Constitución y se respetan las competencias autonómicas.

Señorías, esta sinrazón legislativa a la que ustedes nos están
llevando dificulta la labor, especialmente de los grupos pequeños;
dificulta la participación de la ciudadanía y de los grupos interesados
en que las leyes se lleven a cabo, y hace un flaco favor a esta Cámara,
especialmente, si me permiten, con triquiñuelas como querer esquivar
sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional a través de
la introducción, en el trámite de esta ley en esta Cámara, de una
enmienda como la 61, que nosotros encontramos que es vergonzante y no nos
cansaremos de denunciar. De hecho, presentamos un escrito pidiendo que no
se admitiera a trámite, pero se nos ha contestado que sí se va a admitir.
La Mesa del Senado nos ha dicho que la va a admitir a trámite, a pesar de
que pensamos que contradice el espíritu de la sentencia del Tribunal
Supremo. No puedo entender —no sé si alguien conoce íntegramente la
sentencia— que esto sea así. Por ello, si me lo permiten, voy a
hacer entrega a la Mesa de la sentencia íntegra del Tribunal Supremo para
que tenga constancia de ella.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Antes de pasar al turno de portavoces, si lo hubiere, quiero
informar a la comisión de que la sentencia está en nuestro poder, así
como también la contestación dada por el presidente de la Cámara
—en ejercicio de la delegación concedida por la Mesa del Senado en
su reunión del día 22 de julio de 2015, con número de
registro 17 712— al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i d’Unió en la que, según los argumentos
jurídicos que hayan considerado oportunos, se desestima la no admisión de
esta enmienda. Lo digo para conocimiento de la comisión, porque no es
competencia de esta comisión, sino de la Mesa de la Cámara, delegada en
el presidente de la misma. Por tanto, se ha seguido el trámite correcto.
Simplemente quiero que toda la comisión tenga esta información.

En el turno en contra, tiene la palabra la senadora Mendiola, del
Grupo Popular.

La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Tomo la palabra en representación del Grupo Parlamentario Popular
para defender nuestra posición respecto a los cinco vetos presentados al
Proyecto de Ley del tercer sector, que tiene como objetivo fortalecer su
articulación política y social. Este, ni más ni menos, es el objetivo que
se defiende en este proyecto de ley. Con todo respeto, les pido que
tengan altura de miras y hagan un ejercicio responsable en relación con
sus posiciones sobre este proyecto de ley.

Sus vetos se escudan en la invasión competencial cuando no la hay;
no existe invasión competencial, sino todo lo contrario: un respeto
escrupuloso al reparto competencial, y todo lo realizado se hace sobre la
base de los artículos 149.1 y 149.1.3.1. A mi grupo le gustaría —no
sé si es tarde, pero merece la pena intentarlo— que, ya que se han
presentado estos vetos, sirvieran para debatir, y que este debate fuera
útil y nos permitiera avanzar en el acercamiento de las posiciones de los
distintos grupos con el fin de que pudiéramos conseguir que esta ley se
considerase un proyecto de todos y para todos, porque son muchas más las
cosas que podemos compartir que aquellas que nos hacen tener una posición
diferente.

La Ley del tercer sector es inédita en el panorama legislativo.
Estamos ante un proyecto de ley que es nuevo, que no existía, que viene a
cubrir un vacío y a satisfacer una demanda que nace del diálogo y ofrece
más garantías de trabajo a las organizaciones sociales del tercer sector;
que exige más responsabilidad a las administraciones públicas; que
fomenta la participación de las mujeres; que adecua el sistema de
financiación pública y fomenta la diversidad de fuentes de financiación.
De hecho, hay que resaltar que regula su acceso a las fuentes de crédito
oficial y se equipara a cualquier empresa en lo relativo al Plan de pago
a proveedores.

En relación con los cinco vetos presentados, en su mayoría están
relacionados con las competencias y se basan en la existencia de una
invasión competencial. Señorías, insisto, no existe ningún interés oculto
en recentralizar competencias en el ámbito social ni en ningún otro.
Queda claro que se limita al ámbito de aplicación de la ley, a la
regulación de aquellas entidades que tengan carácter estatal, entendiendo
este carácter estatal para aquellas entidades que extiendan su actuación
a más de una comunidad o a Ceuta y a Melilla.

Por otro lado, como decía anteriormente, el proyecto de ley se
fundamenta en dos títulos competenciales previstos en la Constitución
Española. ¿No creen que el que haya una ley que articule la relación del
tercer sector estatal con la Administración General del Estado puede ser
útil? Es evidente que sí. ¿No creen que el que exista una ley que de
alguna manera reconozca la existencia de este tercer sector también puede
ser útil? Igualmente, sí. Es evidente que las dos cosas son útiles.
Entonces, ¿por qué es una ley que los grupos catalanes y el vasco miran
con desconfianza? La verdad es que mi grupo parlamentario no lo
entiende.

Respecto a la financiación y a la viabilidad del tercer sector,
como hemos comentado, a lo largo de estos años de crisis se ha mantenido
constante la financiación a las entidades del tercer sector. Tengo que
recordar que precisamente en el mes de abril ocho comunidades autónomas,
entre ellas Andalucía y Cataluña, obtuvieron 683,4 millones de euros, que
han sido repartidos entre 2647 entidades. Por tanto, lo que importa es
que llegue el dinero; importa quién lo recibe, lo que hace con él y que
llegue al mayor número de personas posible, sobre todo a las más
vulnerables. Esto es lo más importante para el Partido Popular. Decir que
es un disparate o vergonzante una enmienda que permite que lleguen
subvenciones, venir a esta Cámara a evitar que lleguen las subvenciones
nos parece que es irracional en estos momentos que debemos ser más
solidarios que nunca. Lo deberíamos hacer por nosotros mismos, pero es
que además nos lo está pidiendo, es más, nos lo está exigiendo la
ciudadanía.

El texto hace un llamamiento no solo a la Administración General
del Estado, sino también a las comunidades autónomas y a las entidades
para que establezcan colaboración, como vienen haciendo, y la refuercen
especialmente a través de la firma de convenios. En definitiva, con el
fomento de la colaboración se trata de tener la capacidad de seguir
actuando juntos, porque la experiencia demuestra y el sentido común nos
dice que cuando actuamos juntos los efectos beneficiosos se
potencian.

No se está ante una invasión competencial. De hecho, el texto deja
muy claro que este proyecto de ley no puede invadir las competencias de
las comunidades autónomas en asistencia social; no puede afectar a la
legislación autonómica que exista en la materia. En este sentido, no
pueden negar que el proyecto de ley es absolutamente exquisito.

A lo largo de la legislatura el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo
para reforzar el apoyo, el diálogo y la participación de las entidades
sociales que trabajan con las personas más vulnerables y de las
organizaciones que tanto hacen en este país por todos y cada uno de los
ciudadanos que en este momento necesitan de la solidaridad y del apoyo de
todos.






Fortalecer a las organizaciones del tercer sector, como pretende
esta ley, significa fortalecer el tejido social. Mi grupo parlamentario
está totalmente de acuerdo con esto porque una sociedad sin un tejido
social fuerte es una sociedad pobre y débil, y esa no es la sociedad que
nosotros queremos. Es decir, hoy establecemos un marco, hoy damos un
contenido, hoy asumimos unos compromisos legales, pero nos comprometemos
también a seguir trabajando evaluando y viendo las consecuencias de la
ley. Por tanto, planteamos ya su posible posterior mejora a la luz de la
experiencia. Creo que este es un buen punto de partida para esta ley. A
partir de ahí, una vez que el Gobierno haya aprobado este programa de
impulso a las entidades, habrá un plazo de dos años para que se remita a
esta Cámara un informe evaluando los efectos y las consecuencias de la
aplicación de la ley.

Por último, el texto prevé la creación de un inventario público de
entidades por parte del Ministerio, previo informe del Consejo estatal de
organizaciones no gubernamentales de acción social, en coordinación con
las comunidades autónomas. Tendremos una información estadística certera
de las entidades sociales que será una herramienta de enorme utilidad
para conocer mejor la realidad y para poder hacer una gestión más
oportuna.

El Tercer Sector de Acción Social siempre ha estado presente en
nuestro país, pero en los últimos años ha experimentado un crecimiento
importante, habiéndose constituido como un actor destacado en la lucha
contra las situaciones de mayor vulnerabilidad social. Aporta un
indudable interés a la participación organizada de la ciudadanía bajo los
valores de solidaridad, igualdad de oportunidades e inclusión y, como muy
bien dijo el ministro, en España hay alrededor de 30 000 entidades
sociales cuya actividad representa casi un 2 % del producto interior
bruto y da empleo prácticamente a más de 636 000 personas en nuestro
país.

Además, este proyecto de ley no es una acción aislada a favor de
las entidades sociales, sino que se enmarca dentro de la ambiciosa agenda
social del Gobierno. Una agenda social que, a través de instrumentos como
la Estrategia de Juventud 2020, el Plan de acción sobre la estrategia
española de discapacidad, el Proyecto de Ley de voluntariado, que se
debatirá a continuación, y el próximo plan integral de apoyo a la
familia, está fortaleciendo sin lugar a dudas el Estado del bienestar.
Por lo tanto, el objetivo final de esta acción coordinada no es otro que
situar al ciudadano en el centro de nuestras políticas.

Sabemos que la actuación del tercer sector se ha erigido como una
pieza clave para lograr la recuperación y su actuación se ha convertido
en la esperanza de muchas personas, especialmente de aquellas que se
encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Por ello,
consideramos que el trabajo desarrollado por estas entidades es una labor
elogiable que merece el apoyo y el respaldo de todos los poderes públicos
y también de este Parlamento. La labor de estas entidades se ha
desarrollado sin un amparo normativo propio de ámbito estatal. Por eso
estamos ante un proyecto de ley de nueva creación, un texto inédito, como
les decía antes, en la legislación española, y cuyo fin último es
garantizar la estabilidad e impulsar la interlocución de la
Administración con estas entidades.

Señorías, además, este proyecto de ley confirma dos órganos de
participación existentes que próximamente se regularán
reglamentariamente: el Consejo estatal de organizaciones no
gubernamentales de acción social y la Comisión para el diálogo civil, que
desde su constitución en febrero de 2013 ha sido un eficaz foro de
encuentro con la plataforma del tercer sector.

Otro de los contenidos importantes del proyecto de ley es que las
obligaciones de pago de las comunidades autónomas y de las entidades
locales con el tercer sector como resultado de convenios de colaboración
suscritos en materia de servicios sociales tendrán el mismo tratamiento
que otros proveedores.

Senador Guillot, este Gobierno, recortes, no; pagar facturas que
dejaron otros, sí. Así que le tengo que recordar que el Gobierno ha
consignado más de 3000 millones del Fondo de pago a proveedores para
hacer frente a la deuda que existía con las entidades sociales, una deuda
que estaba poniendo en riesgo la viabilidad de muchas entidades. Lamento
profundamente que, a pesar de que los grupos proponentes de los distintos
vetos valoren en algo o compartan alguna de las modificaciones llevadas a
cabo en este proyecto de ley, sin embargo, soliciten su devolución a
través de la presentación de esos vetos.

Con todo el respeto a sus posiciones, me permito pedirles que
retiren los vetos, que no se escuden en una mala entendida invasión
competencial y que apuesten por alcanzar el mayor consenso posible,
dentro de nuestras diferencias ideológicas, por supuesto, ya que estamos
ante una norma consensuada, en la que han participado diferentes actores,
como las comunidades autónomas, la federación de municipios, la
plataforma del tercer sector, organizaciones representativas de la
sociedad civil. Creo que esto es motivo más que suficiente para alcanzar
el mayor consenso posible y que esta ley sea un proyecto de todos y para
todos.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Pasamos el turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, ¿senador Iglesias? (Denegaciones).

Por el Grupo Vasco, ¿senador Cazalis? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Si hay que tener altura de miras y responsabilidad, donde nos
batimos el cobre para el tercer sector es en los Presupuestos Generales
del Estado, que es donde ustedes año tras año recortan. Usted dice que es
para pagar facturas; a lo mejor es para rescatar bancos o a lo mejor es
para cumplir unos criterios del Plan de estabilidad que no compartimos;
por lo que sea, pero el dato objetivo es que ustedes año tras año
recortan. Y aunque en la tramitación en el Congreso de los Diputados
desapareció la disposición mediante la cual esta ley no puede comportar
gasto, ustedes van a aprobando leyes, como por ejemplo, la de la
protección de la infancia y la adolescencia o la próxima que vamos a
discutir del voluntariado, en las que dicen que esta ley no puede
comportar ningún crecimiento del gasto. Entonces, ¿cómo vamos a proteger
a la infancia? ¿O cómo vamos a estimular el voluntariado?

Señorías, si usted quiere comprometerse con el tercer sector, en
primer lugar, apoye financieramente; en segundo lugar, haga frente a
todas aquellas leyes fiscales, tributarias, subvenciones, a las que antes
he hecho referencia, que pueden mejorar las condiciones del tercer
sector. No ha hecho ninguna referencia a esto.

Por cierto, yo no he hablado de invasión competencial ninguna. En
el turno en contra de los vetos usted respondía a todas las
intervenciones. Eso está bien, pero no es demasiado correcto que si hay
cinco vetos no dedique a cada uno al menos un comentario. No los agrupe,
porque lo único que hace es confundir los razonamientos de una pluralidad
que expresa cada veto. Lo importante no es si el gato es rojo, azul o que
cace ratones. En un Estado compuesto, dotado de una Constitución como la
que tenemos, lo importante es cumplirla. Y si la Constitución determina
criterios, competencias, etcétera, lo importante es cumplirla. ¿Cuál es
el problema de este proyecto de ley? No es un problema de invasión
competencial; es un problema, como decía antes la senadora Almiñana, de
concepción de Estado, de filosofía. Ustedes creen que todas las entidades
sociales pertenecientes al tercer sector tienen que pertenecer a una
plataforma estatal que es la que va a dialogar con el Estado. Pues no, la
taula del tercer sector de Cataluña no participa en la plataforma
estatal. La pregunta es, ¿no va a dialogar con el Estado por no formar
parte de la plataforma estatal? ¿Eso es lo que va a decir la ley al
final? Creo que es un gravísimo error y un criterio uniformizador que no
responde a la pluralidad, la diversidad o la autoorganización que decía
antes de la misma sociedad civil.

En cuanto al 0,7 %, nos negamos a que esta ley cristalice, a que
no haya una distribución territorializada de los fondos que se recogen en
el 0,7 % del IRPF, que es voluntario, y no solo —antes se lo
recordaba— por aquello de si damos cincuenta y pico recibimos
treinta, sino porque la competencia exclusiva en materia social
corresponde a la Generalitat. Y estos fondos voluntarios, que cada
contribuyente marca o no, van destinados a estas finalidades, con lo cual
este es otro grave error que comporta esta ley. Por la cuestión de la
participación, por el 0,7 %, porque no abordan los problemas de fondo que
tienen hoy en día las entidades, asociaciones y fundaciones miembros del
tercer sector, creemos que había que presentar este veto que, insisto,
defiendo y al que deberían dar su voto. No lo pienso retirar por nada del
mundo, como mínimo, por esos argumentos.

Por último, la enmienda 61. No utilice el argumento facilón de que
no quieren que este dinero vaya a las entidades; sea un poco más
compleja, más sofisticada. Claro que queremos que el dinero, que los
pocos recursos que ustedes destinen lleguen pronto y bien a las
entidades, pero no creemos que un proyecto de ley sea el instrumento para
hacerlo; existen los decretos leyes y el Gobierno tiene miles de
instrumentos para realizarlo, con lo cual les invito a que dejen de jugar
al electoralismo, porque llegan tarde, el daño ya lo han hecho con los
recortes que anualmente han realizado; llegan tarde. Son increíbles, es
decir, no tienen ningún tipo de credibilidad, como mínimo, en materia
social.

Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, senadora Capella, ¿desea
intervenir? (Denegaciones). Gracias.

Por el Grupo Vasco, ¿senador Cazalis? (Denegaciones).

Por Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, ¿senadora
Alimiñana? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.

Intervengo para reiterarnos en el contenido de nuestro veto y
anunciar el voto favorable al resto de vetos.

La senadora del Grupo Popular, la señora Mendiola, nos hablaba de
altura de miras y de acercamiento de posiciones. Fíjese, tal como estamos
legislando, ustedes nos niegan el debate; es difícil que haya diálogo sin
debate y que haya acercamiento de posiciones. Más que hablar de altura de
miras, yo diría que hay que mirar por encima porque es lo que los grupos
pequeños podemos hacer en algunos casos en esta vorágine legislativa que
ustedes tienen.

El recorrido del tercer sector catalán está suficientemente
avalado y reconocido. Usted hablaba de que es muy importante que haya un
tercer sector y que la ley lo reconozca. Efectivamente, es importante que
la ley reconozca el tercer sector, pero sin esta ley el tercer sector se
va a desarrollar igualmente porque la sociedad civil se organiza al
margen de que esto se legisle o no, la realidad va por encima de la
legislación. Hay que acompañar y dar medidas para facilitar la labor del
tercer sector, pero esto es muy distinto que intentar tipificarlo para
encorsetarlo.

Usted me dice que al PP le importa que llegue el dinero y quién lo
recibe, que esto es lo más importante para el PP. Estamos absolutamente
de acuerdo, pero hay un problema y es que a la ley también le importa
quién otorga y reparte este dinero, y está regulado.

Usted hablaba de que veníamos aquí a evitar que lleguen
subvenciones. Yo creo que lo he dejado claro en mi intervención pero, por
si quedara algún atisbo de duda, nosotros no queremos evitar que lleguen
subvenciones a nadie, a nadie, pero lo que no queremos es que lleguen de
esta manera. Queremos que lleguen y que lo hagan por el canal que la ley
marca para ello, que sean justas, equitativas y que, además, cumplan con
las expectativas que crean. Ustedes dicen que queremos evitar las
subvenciones. No. El problema de la inseguridad que hay respecto a las
subvenciones es que ustedes se emperran una y otra vez en negar la
competencia que tienen las comunidades autónomas en el reparto de estas
subvenciones, quieren hacerlo ustedes y no tienen competencia para ello.
Entonces, lo único que nos queda a nosotros es acudir a los tribunales y
los tribunales nos dan la razón; y cuando está la convocatoria en marcha
y los tribunales nos dan la razón, hay un problema, señores, Defcon 1.
Tenemos un problema porque hemos creado unas expectativas y ahora la ley
nos dice que no las podemos realizar. Ese es el problema. Pero no somos
nosotros los que queremos evitar que lleguen; queremos que lleguen a todo
el mundo y por el canal que les corresponde.

Respecto a las competencias, el proyecto de ley no es una invasión
competencial en sí mismo, no lo he dicho así. El senador Guillot lo ha
dicho y yo lo comparto, el problema es la concepción de Estado. Ustedes
quieren articular el tercer sector solo a través de una plataforma
estatal, dejando fuera muchas entidades que están desarrollando una labor
importante hasta este momento y que creemos que hay que tener en cuenta.
Cuando ustedes cuelan la enmienda 61 para otorgar unas subvenciones sobre
las que las comunidades autónomas tienen competencia para vehicularlas,
ustedes están haciendo una invasión competencial en toda regla. Esto no
lo digo yo, la senadora Rivero, esto lo han dicho trece veces el Tribunal
Constitucional y el Tribunal Supremo. Por tanto, no me podrán negar que
cuando se tienen unas competencias, se tienen, y cuando se saltan, se han
saltado. A esto me refería yo cuando hablaba de invasión competencial
clara y flagrante y, además, se hace por la puerta de atrás y con un
procedimiento con el que no estamos en absoluto de acuerdo porque lo que
hace es despreciar aún más la función de este Senado. Pregunto: ¿Por qué
no la introdujeron en el Congreso? ¿O es que acaso había demasiadas
cámaras y focos? ¿O es que no tenían previsto que el Tribunal Supremo les
derogara el último decreto legislativo por el cual querían dar las
subvenciones? Por eso, creo que he hecho muy educadamente mi exposición
de motivos y he dejado muy claro que el Grupo de Convergència i
d’Unió no pretende, en ningún caso, que las entidades estatales o
las que sean no tengan la subvención y los recursos para poder ser
viables. Quiero que quede constancia y que quede clarísimo. Ahora
—ya lo he dicho—, al PP le importa que llegue el dinero y
seguramente le importa que se visualice que es él quien lo reparte. Pues
la ley, lo siento, es tozuda y les dice que en esta ocasión ustedes no
pueden hacerlo, lo tienen que hacer las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Andrés.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, presidenta. Buenos días.

Intervengo de manera muy breve únicamente para anunciar la
abstención del Grupo Parlamentario Socialista a los vetos presentados
porque consideramos que la ley establece —se ha dicho aquí
ya— un marco jurídico necesario que no se puede aplazar más. Señora
Mendiola, claro que es inédito el marco jurídico que establece, pero ya
ha tardado. Tengan en cuenta que es en 2013, a través de una iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, cuando se empiezan a
dar los pasos para la elaboración de esta ley; estamos casi a dos meses
de finalizar una legislatura y lo estamos aprobando no por la puerta de
atrás, porque existen los mecanismos legales para la competencia plena
legislativa de las comisiones, pero, por supuesto, no se da ese auge a
las organizaciones y entidades del tercer sector que ustedes le quieren
dar con la ley.

De todos modos, quiero expresar que, a pesar de nuestra abstención
a los vetos, consideramos que la ley pierde una oportunidad para dar un
enfoque mayor al papel que las organizaciones y entidades del tercer
sector realizan en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
También pierde la oportunidad de reconocer la pluralidad de
interlocutores en materia de acción social y consideramos que tarde o
temprano se tendrá que abordar esta situación para prevenir —ya se
ha dicho por los que me han antecedido en el uso de la palabra—
cuestiones como las que la enmienda presentada por el Grupo Popular
pretende subsanar y con la que anuncio que el Grupo Socialista está de
acuerdo para que las miles y miles de personas atendidas por todas estas
organizaciones y entidades no sean las paganas de situaciones que siguen
sin solucionarse y que tendremos que resolver sin tardar.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, intervengo en este turno de portavoces para ratificar
muchas de las cuestiones que ya han sido apuntadas por mi compañera la
senadora Mendiola.

Señorías, lógicamente respeto estos vetos en sus legítimos
planteamientos pero, evidentemente, no los compartimos y por eso
votaremos en contra. Fundamentalmente, ustedes, con sus vetos, los grupos
que los han planteado, pretenden devolver al Gobierno una ley que, como
la del voluntariado que veremos a continuación, trata de dar respuesta a
una demanda, cual es la necesidad de un marco normativo que ampare a las
entidades que conforman el tercer sector; un marco normativo que ha sido
impulsado y demandado de manera insistente por todas las entidades que
conforman la plataforma del tercer sector, de todas aquellas
organizaciones que luchan por defender los derechos humanos y atender las
necesidades de más de seis millones de personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social.

El objeto de la reforma planteada, que cinco grupos de esta Cámara
cuestionan a través de sus vetos, no es otro que reforzar la capacidad
del Tercer Sector de Acción Social como interlocutor ante la
Administración General del Estado para el diseño, aplicación y
seguimiento de las políticas públicas en el ámbito social mediante la
regulación común del conjunto de entidades que la integran. Señorías, la
labor indiscutible del tercer sector es la defensa de lo social, así como
la promoción de la igualdad entre los colectivos más desfavorecidos.

Este es un texto de reconocimiento con una norma de rango de ley
de un tercer sector que ya existe, que trabaja desde hace mucho tiempo en
España con financiación pública, privada y de las propias entidades, que
ya está establecida y sin ninguna vía de financiación adicional. Además,
como se recoge expresamente, la regulación incluida en esta ley no podrá
suponer incremento del gasto público ni incremento de dotaciones ni de
retribuciones ni de otros gastos de personal. De hecho, los órganos que
regula ya han sido creados y están funcionando. Todo ello, señorías, sin
perjuicio de que se fomente, como corresponde al espíritu de esta ley, la
diversificación de las fuentes de financiación, especialmente mejorando
la normativa sobre mecenazgo e impulsando la responsabilidad social
empresarial.

Señorías, en relación con los argumentos esgrimidos por algunos
portavoces sobre la supuesta invasión competencial o concepción de
Estado, como apuntaba recientemente la senadora Rivero, de este proyecto
de ley, tal y como reseñaba la señora Mendiola, les puedo garantizar que
no existe ningún interés en recentralizar competencias en el ámbito
social ni en ningún otro.

El presente proyecto de ley se fundamenta en el título
competencial previsto en el artículo 149.1, párrafo 1.º, de nuestra
Constitución Española, que establece la competencia exclusiva del Estado
en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento
de los deberes constitucionales, y también en el título competencial
recogido en el artículo 149.1, párrafo 31.º, que atribuye al Estado la
competencia en materia de estadística para fines estatales. En
consecuencia, señorías, no interfiere en ninguna competencia autonómica,
puesto que la información estadística a la que hace referencia la
disposición adicional segunda se refiere únicamente a las entidades
reguladas por la ley, que, como ya se ha dicho, son de ámbito estatal.
Permítanme que añada algo más. Como apuntaba la senadora Mendiola, en
todo el trámite previo de diálogo constante y reuniones con todas las
comunidades autónomas, con los preceptivos informes de los órganos
consultivos y de la Federación Española de Municipios y Provincias,
curiosamente solo plantearon dudas sobre la salvaguarda de las
competencias autonómicas en este proyecto de ley las comunidades
autónomas de Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid y Canarias
—no las plantearon País Vasco ni Cataluña—, si bien tengo que
decir que esas dudas quedaron debidamente solventadas con la modificación
de la redacción dada inicialmente al ámbito de aplicación de la ley que
ahora se refiere a la Administración General del Estado.

Respecto a una de las cuestiones que planteaba el senador Iglesias
en su veto en relación con las cooperativas de iniciativa social, quiero
decirle que, como bien sabrá, cuentan con su propia normativa, la
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de economía social, en la que ya se establece
un marco jurídico común para el conjunto de las entidades que integran la
economía social. De ahí que no hayamos considerado tenerlo en
cuenta.

En cuanto a lo manifestado por la senadora Rivero, le puedo
garantizar que este Gobierno está absolutamente comprometido con la
defensa de la legalidad constitucional, como no podría ser de otra
manera. Por lo tanto, cumplimos siempre todas las sentencias judiciales.
Le puedo decir —lo hemos hecho ya a lo largo de esta mañana en las
intervenciones del Grupo Parlamentario Popular— que este Gobierno y
este grupo parlamentario están plenamente comprometidos en la defensa del
Tercer Sector de Acción Social, cosa que, estoy convencida, todos
compartimos en esta Cámara a pesar de las discrepancias. El Tercer Sector
de Acción Social ha sido pieza clave para que millones de personas hayan
podido atravesar una situación de crisis económica y social sin
precedentes en nuestro país. Como muestra de ello podemos decir que más
de 683 millones de euros en esta legislatura han ido a combatir la
pobreza y la exclusión, y que además eso se ha hecho efectivo gracias a
la solidaridad de millones de contribuyentes que pusieron voluntariamente
la x en la casilla del 0,7 para ayudar a sus conciudadanos. Como le digo,
reitero ese compromiso no solo con la legalidad, sino con las entidades
del tercer sector. Y, permítame, senadora Rivero, no le puedo admitir que
hable de trampas o triquiñuelas. Usted puede hablar de discrepancias,
lógicas y legítimas, o de que no le gusta nuestra forma de legislar. Por
cierto, mientras dure la legislatura seguiremos legislando hasta el
final, porque entiendo que es la obligación de este Gobierno. Puedo
entender su discrepancia, pero le ruego que no hable de trampas o
triquiñuelas porque hacerlas no ha sido nunca ni es voluntad de este
Gobierno.

Concluyo. Como les decía, el propósito fundamental de este
proyecto de ley es dar esa visibilidad a las entidades del tercer sector
sin perjuicio de que paulatinamente vayamos perfilando otras cuestiones
de carácter procedimental, impositivo o de cualquier otro orden. Vuelvo a
reiterar lo que decía mi compañera la senadora Mendiola, les ruego
reconsideren sus vetos, especialmente aquellos que han alegado esa
supuesta invasión competencial. A veces tenemos la impresión en el Grupo
Parlamentario Popular, con ese argumento, de que con sus demandas están
pensando más en ganar competencias que en las personas, en las que, por
cierto, sí piensan las entidades del tercer sector que son las verdaderas
impulsoras de este proyecto.

Señorías, señora presidenta, reitero que estamos ante un proyecto
de ley impulsado desde la plataforma del tercer sector que busca
fortalecer la sociedad civil y el compromiso solidario en nuestro país,
dándoles el marco jurídico adecuado para ello. Supone, en definitiva, un
reconocimiento expreso de quienes son y de lo que hacen, dotándoles de
una mayor entidad para defender su compromiso como sociedad. A todos
ellos, una vez más, les quiero expresar nuestro reconocimiento y
agradecimiento.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Pasamos a la votación de los vetos.

Procedemos a votar el veto número 1, del senador Iglesias
Fernández del Grupo Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Veto número 2, de la senadora Capella i Farré del Grupo
Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Veto número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta
del Grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Veto número 3 del Grupo Vasco en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Por último, votamos el veto número 5, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

No habiendo sido aprobado ningún veto, pasamos a la defensa de las
enmiendas.

En primer lugar, enmiendas números 1 a 9 del senador Iglesias
Fernández. Tiene la palabra para su defensa.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Son nueve enmiendas. Con la primera pretendemos modificar el
apartado 2 del artículo 2 para incluir como tercer sector a las
cooperativas de iniciativa social y a las empresas de inserción. Con otra
enmienda queremos modificar el artículo 5, que regula la participación,
para que esta se amplíe a otros actores sociales que no están en la
plataforma del tercer sector. Igualmente, con otra enmienda, planteamos
que se añada un nuevo párrafo en el artículo 6 para que se reconozcan los
máximos beneficios fiscales a las entidades del tercer sector. También
defendemos en otra enmienda la modificación del artículo 9 para que en el
plazo de dos meses la Secretaría de Estado de Servicios Sociales cree de
nuevo la comisión para el diálogo social, integrando en ella a las
organizaciones más representativas del tercer sector. Con otra enmienda
pretendemos que se introduzca en el proyecto un nuevo artículo
—sería el número 10— para crear el observatorio estatal del
tercer sector con la finalidad de generar más información y conocimiento.
En otra enmienda proponemos modificar la disposición adicional séptima,
que regula las ayudas y subvenciones públicas, para que en el plazo de un
año el Gobierno remita a las Cortes Generales un proyecto de ley que
regule el régimen específico de apoyos, ayudas y subvenciones públicas al
tercer sector. Con otra enmienda queremos introducir una nueva
disposición adicional a través de la cual se cree un fondo estatal de
lucha contra la pobreza que sea dotado en los Presupuestos Generales del
Estado de 2016 con una consignación de 250 millones de euros, tal como ya
planteamos para los Presupuestos Generales del Estado de 2015, es de
prever que con el mismo éxito. Con otra enmienda pretendemos introducir
una nueva disposición derogatoria para que se derogue la Resolución 1044,
de 28 de enero, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se crea la Comisión para el diálogo civil con la
plataforma del tercer sector, en consonancia con enmiendas anteriores.
Finalmente, queremos suprimir la disposición adicional cuarta, que es muy
del estilo de los proyectos de ley de los últimos años de la legislatura,
en la que se plantea que el proyecto no significará ningún incremento de
gasto.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de las enmiendas 10 a 12, del Grupo Parlamentario
Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señora presidenta, las doy por
defendidas porque los argumentos que podía utilizar para hacerlas valer
ya los he utilizado en la defensa del veto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 13 a 19 y 20 a 29 del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la
senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta.

Señorías, creo que ha quedado claro cuál es el papel y la función
del tercer sector. Todos estamos de acuerdo en que a lo largo de la
historia las entidades del tercer sector han ejercido básicamente tres
funciones: redistribución de la ayuda y colaboración con el Estado del
bienestar; actor político, pues no hemos de olvidar que las entidades del
tercer sector han servido de interlocutor con los distintos estamentos
políticos y administraciones para que pudieran hacer mejor su trabajo; y,
finalmente, la de prestar servicios a la comunidad que el Estado no
proporcionaba. Así empezaron; no hemos de olvidar el origen de estas
entidades, pues muchas de las cuales empezaron ocupando un espacio al que
el Estado no había llegado. El gran boom de las entidades sociales del
tercer sector tuvo lugar con gobiernos democráticos y sus objetivos se
dirigen a la redistribución del Estado del bienestar y ayudar a aquellas
personas que más les cuesta llegar a los servicios necesarios que
garanticen al máximo sus posibilidades y oportunidades en la vida. Estas
entidades actuaban en sectores como las cárceles; las drogas en los
años 80 fueron su objetivo; también la extrema pobreza, algo que
desgraciadamente estamos volviendo a vivir en nuestro país, etcétera.
Estas entidades empezaron su andadura básicamente gracias a la fuerza y a
la iniciativa de la ciudadanía, de la sociedad civil, agrupada y con
ganas de trabajar en estos sectores a los que, al principio, como les
decía, el Estado no llegaba. No quiero que olvidemos esto, pues ello hace
necesario esta ley que nos pedían las entidades desde hace tiempo y que
llega muy tarde en esta legislatura.

Señorías, esta era una ley corta que se podía haber hecho con más
consenso del que las propias entidades proponían y, por supuesto, no al
final de la legislatura y en un paquete —como ya se ha denunciado
en esta comisión— de 40 leyes más. Esta ley tiene algunas
características que se están haciendo comunes en las legislaciones exprés
del último trimestre. Y digo comunes porque, al menos para esta ponente,
todas las leyes que ha tenido que defender durante los últimos meses,
todas ellas, adolecen de presupuesto; vamos a hacerlas todas sin ningún
presupuesto. Vaya por delante que eso, al Grupo de la Entesa no le parece
ni correcto ni mucho menos ético. Ustedes saben muy bien que no se puede
hacer más con menos; lo ha demostrado su propia forma de gobernar porque
los sectores sociales estamos en estos momentos bastante peor de lo que
estábamos. No olvidemos los datos de pobreza de nuestro país, en concreto
de pobreza infantil; les recuerdo que tenemos que tener abiertos
comedores este verano para garantizar una comida al día a muchos de
nuestros niños. Por todo ello, una de nuestras enmiendas reclama, por
supuesto, un presupuesto.

Otras de nuestras enmiendas responden a las propias peticiones del
tercer sector; ¡cómo no!; y por ello, aunque me repetiré, lo mismo que
algunos compañeros, seré muy breve. Nosotros pedimos ese observatorio
estatal que solicita el tercer sector para poder englobar todos los datos
y conocer exactamente mucha información que está desglosada; y este es un
buen momento para que figure en la ley. Asimismo, nos hubiera gustado que
la ley incluyera un tratamiento fiscal más razonable —hemos
presentado ciertas enmiendas al respecto— para estas entidades
sociales; un tratamiento fiscal que garantizara que no tengamos que hacer
maniobras complicadas, como la de presentar una enmienda de último
momento —como ocurre en este caso con la enmienda número 61—
para incluir un presupuesto que antes no existía. Como decía muy bien el
senador Guillot, podía haber figurado en los presupuestos, pero ustedes
decidieron recortarlos y estas entidades lo han sufrido. No hay que
olvidar que estas entidades vivían y viven hoy por hoy de las
subvenciones de las administraciones públicas. Por ello proponemos una
enmienda que pide mejorar el trato fiscal, siempre y cuando estas
entidades, como todas, hagan un buen uso de sus recursos. No obstante,
pensábamos que era necesario agilizar y desburocratizar ciertos trámites,
en la medida en que estas entidades están dando solución a las
emergencias sociales que le ha tocado vivir a este país.

Pero podríamos haber hecho esta ley un poquito mejor. Creo que no
se ha hecho lo suficientemente bien. Por eso, el Grupo de la Entesa no se
siente cómodo con esta ley. Nos habría gustado que, como ya se ha dicho
antes, incluyera más peticiones del tercer sector y que no tuviera ese
aire de centralización que ustedes siempre dan sus leyes. Estamos de
acuerdo en que no invade competencias. Pensamos, como otros grupos, y lo
demostraremos en nuestra votación, que la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el 0,7 % tendría que cumplirse; lo hemos dicho ya en
esta Cámara. Asimismo, consideramos que sus leyes de este final de
legislatura tienen, globalmente, dos cosas en común: una, que ustedes
tienen una concepción de Estado muy distinta de la que tenemos nosotros;
y, dos, que quieren hacerlo todo sin dinero; y eso nos parece
imposible.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas 37 a 60 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la
senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió ha presentado un total de 24 enmiendas que damos por
defendidas, aunque me referiré a alguna de ellas.

La mayoría de nuestras enmiendas abundan en las consideraciones
que ya hemos hecho en la defensa de nuestro veto; concretamente en la
debilitación de las políticas públicas, de la capacidad de construir
estas políticas en colaboración con el tercer sector de las comunidades
autónomas, especialmente con el de Cataluña, con la taula del tercer
sector, que no participa del tercer sector de ámbito estatal. Por ello,
hemos presentado la enmienda número 37, donde se pretende no excluir, en
nuestro caso, la realidad del tercer sector catalán. Consideramos que el
proyecto de ley es poco ambicioso a la hora de abordar temas muy
importantes para el tercer sector social. Por ello, en las enmiendas 43
a 56 hacemos propuestas que hemos ido planteando durante la legislatura
para la Ley de mecenazgo. Proponemos incorporar, tal como lo hacen las
legislaciones vasca o la asturiana, el principio de concertación con las
entidades del tercer sector en materia de servicios sociales. Con estas
enmiendas queremos también abordar la necesidad de que las deudas
pendientes con las entidades del tercer sector puedan resolverse; me
refiero a las subvenciones, de las que ya hemos hablado. Por otra parte,
hay que modificar el marco legal del mecanismo de pago a proveedores, con
el fin de garantizar los recursos para el tercer sector. Necesitamos un
modelo de cláusulas sociales, tal y como rezan las últimas directivas de
la Unión Europea. De hecho, un modelo exitoso y cercano hasta hoy era el
utilizado en Barcelona. Necesitamos reformar la Ley general de
subvenciones para que el tercer sector pueda desarrollarse y crear un
fondo de reestructuración del mismo, tal y como se contempla en nuestras
enmiendas. Asimismo, proponemos crear un fondo de lucha contra la
pobreza, impulsar un plan de empleo juvenil que dé oportunidades al
tercer sector y aumentar el porcentaje de IRPF destinado a actividades de
interés general, pasando del 07 % al 1 %. Esta es una enmienda importante
para nosotros. Finalmente, en la enmienda 50 queremos regular la sociedad
limitada de interés general para facilitar la actividad de los
emprendedores sociales.

Con todas estas enmiendas hemos querido darle más contenido a este
proyecto de ley, aunque nos tememos que todas ellas quedarán pendientes
para la próxima legislatura. No obstante, confiamos en que encuentren su
recorrido y puedan solucionar la necesaria y complicada labor de las
entidades del tercer sector social para atender realmente a una sociedad
más cohesionada.

No puedo olvidar nuestra enmienda 47 que solicita, una vez más, la
territorialización del 0,7 % del IRPF para finalidades sociales. Hemos
hablado abundantemente de ello porque esta enmienda, la 47, ha quedado
burlada por la número 61. Solo pretendía cumplir la ley y poner freno a
estos 15 años consecutivos en los que hemos solicitado que no solo se
cumpla la ley sino también las sentencias.

Estas son, a grandes trazos, nuestras enmiendas. Aprovecho la
ocasión para decir que, a pesar de nuestro discurso crítico para con la
enmienda 61, que volvemos a denunciar que se presente aquí y de esta
forma, el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió va a
abstenerse en votación de la enmienda 61 porque ustedes igualmente la van
a aprobar y nosotros queremos que quede constancia de nuestra solidaridad
con las entidades de cualquier territorio.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Andrés.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias de nuevo, presidenta.

Entendemos que nos repetimos mucho; todos los grupos
parlamentarios en esta Cámara hemos recibido el bloque de enmiendas que
la plataforma de las entidades del tercer sector ha presentado a este
proyecto de ley, y son ellos los que por su dedicación diaria conocen las
necesidades y los problemas de gestión a los que se enfrentan en su día a
día.

Consideramos que este proyecto de ley ofrece la oportunidad de
mejorar las relaciones Estado-tercer sector en un momento en el que el
papel de estas organizaciones ha sido fundamental para ayudar a millones
de personas que están atravesando una situación difícil. Por lo tanto,
nuestras enmiendas quieren ampliar las entidades que conformen el tercer
sector —lo han señalado algunos portavoces— e introducir las
cooperativas de iniciativa social; una nueva forma de autoorganización
que ya está funcionando;






no introducirlas obedecería más bien a un
problema estructural, pues todo lo relacionado con la acción social se
sigue viendo como un gasto y no como una inversión cuando este sector es
un importante aporte a la economía y a la creación de empleo.

Apostamos —y se ha indicado— por la creación de ese
observatorio estatal del tercer sector por el que apuesta la plataforma,
y consideramos que el argumento para denegarlo, como hicieron en el
Congreso, es totalmente rebatible; la creación de un nuevo observatorio
no tiene por qué suponer un gasto adicional y puede suplirse
perfectamente con las personas y los recursos del propio ministerio.

Asimismo, consideramos que estas entidades que conforman el tercer
sector deben gozar de los máximos beneficios fiscales reconocidos. Lo
establece la propia ley en la Exposición de Motivos, y puesto que se
establece, de igual manera y para reforzar este tratamiento, se tiene que
citar en el articulado. Nos tienen acostumbrados —y lo ha señalado
la portavoz de Entesa Catalana de Progrés— a traer leyes sin la
correspondiente financiación, y viene siendo habitual que los grupos
políticos establezcamos, vía enmienda, el reflejo presupuestario que
deben tener las leyes porque, de otra manera, no será t ejecutable todo
lo que las propias leyes conllevan.

Por último, proponemos la creación de una disposición adicional
nueva que no es más que la transposición de una directiva para avanzar en
el fomento del concierto social. Consideramos que esto se tiene que dar,
y la propia ley es el cauce adecuado para que se establezca en una
disposición nueva adicional que el Gobierno, en el plazo más breve
posible, presente un proyecto de ley para trasponer esta directiva.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: La senadora Mendiola, del Grupo Popular, que
va a defender la enmienda número 61 y que, a su vez, ha solicitado un
turno en contra, tiene la palabra, acumulando el tiempo.

La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Paso a defender la tan traída y llevada enmienda número 61.
Espero, señor Guillot, ser un poco más completa, por no utilizar la
palabra «sofisticada», puesto que si me he referido a ella en el turno en
contra fue someramente dado que tenía el turno a favor de la enmienda. No
obstante, vaya por delante el agradecimiento al Partido Socialista por su
apoyo.

El Grupo Parlamentario Popular propone en esta enmienda incluir
una nueva disposición adicional en este proyecto de Ley del tercer sector
para evitar el grave perjuicio que supone para las ONG de ámbito estatal
—repito, de ámbito estatal— el fallo del Tribunal Supremo en
materia de subvenciones a ONG y para evitar poner en peligro la
asistencia a más de 6 millones de personas e impedir que estos grupos
sociales excluidos no puedan contar con esta red fundamental de apoyo y
acompañamiento, que en la actual crisis ha colaborado con el Gobierno
para atender las demandas y los anhelos de la ciudadanía más castigada.
Por esto presentamos esta enmienda.

Para poder hacer frente a estas situaciones de necesidad
exclusivamente durante 2015, y en tanto se establece el procedimiento
general, mediante esta disposición transitoria propuesta se reconoce el
derecho a percibir, a determinadas entidades integrantes del tercer
sector de ámbito estatal, reconocidas como colaboradoras de la
Administración General del Estado, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio, con carácter inmediato una
subvención de Administración General del Estado.

La conveniencia de aprobar estas subvenciones a favor de estas
entidades responde no solamente a que tienen un conocimiento directo y
especializado de las necesidades acuciantes de los colectivos más
desfavorecidos, sino también, y sobre todo, a que su actividad o
finalidad principal viene siendo precisamente atender las situaciones de
necesidad que se pretenden mitigar mediante las asignaciones financieras
que ahora se establecen. Está comprobado que las existentes estructuras
del tercer sector de acción social son las únicas que estatalmente
disponen de la capacidad y solvencia necesarias para canalizar las ayudas
con eficacia e inmediatez.

El tercer sector es fundamental para la vertebración social en
España. Por lo tanto, tenemos que encontrar fórmulas que garanticen el
futuro de estas ONG y que el Estado pueda seguir ejerciendo su papel con
ellas. Pero mientras se encuentra la solución definitiva, es necesario
aprobar esta enmienda para asegurar la ayuda del Estado a estas
entidades. Por lo tanto, esperamos contar con el apoyo de los diferentes
grupos parlamentarios.

Vuelvo a agradecer al Grupo Parlamentario Socialista el apoyo a la
enmienda, y le pido a CiU que en lugar de la abstención dé su apoyo con
un sí.

Voy a utilizar este mismo turno —como muy bien ha dicho la
presidenta— para analizar y marcar nuestra posición con respecto a
las enmiendas presentadas por los diferentes grupos.

En cuanto a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, la
referida al apartado segundo del artículo 2, relacionada con las
números 13 y 20 de la Entesa y con la número 30 del Grupo Socialista, que
propone incluir en el ámbito de la ley a las cooperativas de iniciativa
social y a las empresas de inserción, la vamos a rechazar; en primer
lugar, porque este proyecto de ley solo aspira a regular las entidades
del tercer sector de acción social, que son entidades sin ánimo de lucro;
y, en segundo lugar, porque las cooperativas de iniciativa social y las
empresas de inserción ya cuentan con su propia normativa.

La enmienda al artículo 5 tampoco va a ser aceptada por nuestro
grupo parlamentario porque este proyecto de ley no pretende ser
legislación básica; no define a nivel autonómico las entidades del tercer
sector, únicamente entran en el ámbito de la ley las entidades del tercer
sector de ámbito estatal que, además, actúan en más de una comunidad
autónoma. Se pretende, por tanto, establecer un nuevo marco jurídico para
aquellas entidades del tercer sector de ámbito estatal exclusivamente,
evitando en todo caso interferir en competencias autonómicas.

Por lo que respecta a la enmienda que introduce un nuevo apartado
en el artículo 6, también presentada por la Entesa, por razones de
seguridad jurídica no vamos a introducir un texto que hable de beneficios
fiscales, ya que la aplicación de estos, así como sus revisiones, deben
recogerse en los textos normativos que los regulen en cada momento.

Nos presentan también un artículo nuevo, el 10 que propone la
Entesa en su enmienda 14, CiU en su enmienda número 38 y del que también
ha hablado el Grupo Parlamentario Socialista en relación con la creación
de un observatorio estatal del tercer sector de acción social. Nuestro
grupo parlamentario, en coherencia con el propósito del Gobierno de
racionalizar el sector público y de evitar el aumento de entes
instrumentales en la Administración, la va a rechazar.

En cuanto a la modificación de la disposición adicional séptima
que propone Izquierda Unida, la Entesa y el Grupo Socialista, y a la
supresión que plantea CiU, hay que decir que esta ley no pretende
establecer un régimen propio de subvenciones para el tercer sector de
acción social. Los diferentes grupos parlamentarios han hablado ya de la
reciente sentencia del Tribunal Supremo, relacionada con el Real
Decreto 535/2013, que anula las ayudas al tercer sector reguladas por el
este real decreto. Sin embargo, la mayoría de las ayudas al IRPF se rigen
por otro Real Decreto, el 563/2013, que sigue en vigor. Dicho esto, la
enmienda que hemos presentado permitirá resolver el problema para que
este año puedan repartirse estas ayudas —como ya les he dicho
antes— y así poder encontrar la solución definitiva de mano de
asociaciones y organizaciones del tercer sector para que les puedan
llegar estas subvenciones.

El fondo estatal de lucha contra la pobreza que plantean Izquierda
Unida, Entesa y CiU tampoco lo podemos aceptar. La regulación incluida en
esta ley no podrá suponer incremento de gasto público ni incremento de
dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Además,
el 16 de julio de 2014, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y
Dependencia aprobó el reparto de un fondo extraordinario de 17,4 millones
de euros a familias con menores a cargo que se encuentren en situación de
pobreza material severa con motivo de la crisis.

En cuanto a las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, la
número 10, que se refiere al artículo tercero, la vamos a rechazar. Ya
fue rechazada en el Congreso por considerar que la nueva redacción
propuesta resultaba confusa. Además, tal y como reza la disposición
adicional primera, esta ley se circunscribe al ámbito estatal y no
interfiere en ningún momento en el ámbito competencial autonómico. Con
respecto a las enmiendas a las disposiciones adicionales primera y
segunda, consideramos que no se pueden suprimir ni modificar porque
tenemos el convencimiento absoluto de que el ámbito competencial está
plenamente garantizado.

A las enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa ya me he ido
refiriendo. Solo me falta referirme a la número 18 que, como el Grupo
Socialista, en la 35, solicita la trasposición de la directiva 2014/24
del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre
contratación pública. Aunque dichas enmiendas se refieren exclusivamente
a los contratos públicos relativos al tercer sector, esta reforma, que
todavía está en plazo hasta 2016, será motivo de una nueva ley de
contratos que recoja todos los cambios contemplados en la normativa
comunitaria. Con respecto a la enmienda 34 del Grupo Parlamentario
Socialista y a la 43 de CiU, referentes a un tratamiento fiscal favorable
a las entidades integradas en el tercer sector de acción social, tal
tratamiento ya se contempla en el espíritu de esta ley. De hecho, la idea
queda recogida en la exposición de motivos. Sin embargo, creemos que no
procede incluirla en el articulado, sino que en su momento se recogerá en
los textos normativos de incentivos fiscales correspondientes. CiU en su
enmienda número 41 propone incluir un nuevo apartado a la redacción de la
disposición adicional sexta: Facilitar el acceso al crédito y pago de las
obligaciones pendientes de las comunidades autónomas y entidades locales
en los siguientes términos. Se garantizará el acceso al crédito para
capitalización y circulante de las distintas líneas del Instituto de
Crédito Oficial a las entidades del tercer sector y se adoptarán las
medidas oportunas para que anualmente se ejecuten la totalidad de los
fondos asignados a las distintas líneas. Asimismo, en relación con el
ICO, se promoverá su función como fuente de financiación a las entidades
sin ánimo de lucro a través de avales que faciliten el acceso al crédito
en las mejores condiciones financieras posibles, a través del apoyo a las
sociedades de garantía recíproca existentes especializadas en la economía
social.

Esta enmienda ya fue presentada en el Congreso, la número 28 de
CiU, y fue rechazada. Nosotros también hacemos una valoración negativa a
la inclusión de este nuevo apartado en la disposición adicional sexta y
la hacemos por los siguientes motivos; entre los clientes que pueden
acceder a las líneas ICO ya están incluidas las entidades públicas y
privadas, entre ellas fundaciones y ONG. Por tanto, actualmente este tipo
de clientes pueden solicitar financiación dentro de las líneas ICO
Empresas y Emprendedores, ICO Garantía e ICO Internacional, tanto en
concepto de liquidez, si la financiación puede ser aplicada a la
finalidad que requiera la entidad, como en concepto de inversión de
activos fijos. Además, la indicación a la promoción de la financiación a
las entidades sin ánimo de lucro a través de avales que faciliten el
acceso al crédito en las mejores condiciones financieras posibles, se
refiere a la financiación de ICO con la concesión de avales por las
sociedades de garantía recíproca. Esto ya se viene promoviendo de manera
específica a través de la línea ICO Garantía. Por estos motivos no la
podemos aceptar. El resto de las enmiendas de CiU excede el objeto de
este proyecto normativo. Por lo tanto, también van a quedar rechazadas.
Consideramos que la ley del tercer sector de acción social se trata de un
proyecto de ley enmarcado en la agenda social del Gobierno, pero fruto de
la iniciativa del tercer sector de acción social. Lamentamos que no haya
una actitud positiva y sensible para con las entidades sociales que son,
al fin y al cabo, a quienes va dirigida esta ley, porque esta ley no es
nuestra; es la plataforma del tercer sector la que nos la ha enviado para
que hoy la aprobemos y la refrendemos. Por ello, nos gustaría que todos
los grupos parlamentarios tuvieran a bien apoyar con su voto favorable
este proyecto de ley.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Mixto, senadora Capella? (Denegaciones).

¿Grupo Vasco, senador Cazalis? (Denegaciones).

¿Entesa? Senadora Almiñana, tiene la palabra.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Solo un segundo, presidenta, para
anunciar el sentido de nuestro voto, porque al final no sé si lo he
anunciado o no. El Grupo de la Entesa se abstendrá por las razones que ya
he dado en el turno de enmiendas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.

¿Grupo Catalán, senadora Rivero? (Denegaciones).

¿Grupo Socialista?

Senadora Andrés, tiene la palabra.

La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, presidenta.

Como manifestamos anteriormente, el Grupo Socialista considera de
suma importancia dotar de un marco jurídico propio a las entidades que
trabajan en el tercer sector. Son entidades que reflejan el trabajo de
una ciudadanía solidaria y comprometida, entidades que han demostrado a
lo largo de su historia, y fundamentalmente en estos últimos años, la
necesidad de su existencia; necesidad que no tiene que confundirse con
suplir el trabajo que las administraciones públicas tienen por obligación
desempeñar respecto a la protección en el ámbito social; necesidad que
toma su importancia de la visibilidad que otorgan a realidades a veces
ocultas y a veces ocultadas y necesidad que tiene que primar ante la
posible cobertura de negocio que algunas empresas privadas con poca
cualificación y con un importante ánimo de lucro pueden ver y están
viendo ya en este sector. Fortalecer, por tanto, a las entidades del
tercer sector supone fortalecer los vínculos de una participación
ciudadana impulsora y transformadora de nuestra sociedad y de nuestras
políticas. Este proyecto de ley además subsana el marco regulatorio con
el que hasta hoy trabajaban las entidades del tercer sector. Dicho esto,
volvemos a insistir en que no es el proyecto de ley que nuestro grupo
hubiera presentado, porque consideramos que las aportaciones realizadas
vía enmienda por la plataforma del tercer sector y por los grupos
parlamentarios y que no se han querido incorporar hubieran resuelto
algunas cuestiones que creemos que la ley aprobada de esta manera no va a
resolver. El ministro, en la exposición del proyecto de ley recalcó que
esta ley se asentaba sobre tres pilares principales. Por supuesto,
estamos de acuerdo con el primer pilar que manifestó el ministro: la
configuración de un marco jurídico que reconozca a las entidades del
tercer sector y esto lo venimos diciendo todos los portavoces. Pero hay
otros dos pilares que recalcó el ministro que creemos que quedan
totalmente en el aire y que no se asientan ante la no incorporación de
las enmiendas que hemos presentado los diferentes grupos políticos.
Primero, reforzar la capacidad del tercer sector como interlocutor
necesario ante la Administración General del Estado, la ley no dice cómo
va a reforzar esa capacidad de interlocución. Tampoco el tercer pilar,
que habla de definir una serie de medidas de fomento dirigidas a
garantizar la sostenibilidad de estas entidades. Tampoco concreta nada, a
nuestro juicio, algo importantísimo como los marcos de financiación y los
marcos de fiscalidad. No se compromete en absoluto en adecuar un marco
preferente de estas entidades a la prestación de servicios en cuanto a su
responsabilidad pública, algo fundamental porque sabemos que se está
dando y algo fundamental porque existe —como hemos anunciado en las
enmiendas— una directiva que ya permite esa concertación social y
que nuestro grupo parlamentario trasladaba para trasponer en un plazo
breve. Por todas estas cuestiones, y cómo no, por otra a la que ya nos
tienen acostumbrados y que hemos vuelto a decir como es aprobar las leyes
sin su reflejo presupuestario, sintiéndolo mucho, porque creemos en la
necesidad de esta ley, mi grupo político se va abstener en la
votación.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, tomo la palabra en nombre de mi grupo para cerrar este
turno de portavoces a este Proyecto de Ley del tercer sector de acción
social. Un proyecto de ley impulsado, trabajado y consensuado desde y con
la plataforma del tercer sector. Un tercer sector que a través de su
plataforma representa en torno a 30 000 mil entidades en todo el país de
carácter privado, voluntario y sin ánimo de lucro, que generan
casi 636 000 puestos de trabajo y de la que forman parte cerca de 900 000
voluntarios que prestan servicios de apoyo directo a más de 6 millones de
personas en su mayoría en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
Sin embargo, señorías, nos hicieron ver con claridad desde la plataforma
del tercer sector que se hacía necesario, de manera urgente, un nuevo
marco normativo pegado a la realidad actual y basado en la igualdad y con
respeto absoluto a las competencias autonómicas atribuidas a las
comunidades autónomas en materia de asistencia social.

Señorías, todos somos conscientes de que el camino de estas
entidades sociales por estos años de crisis no ha sido nada fácil, si
bien desde el Gobierno se ha trabajo para paliar esa situación gracias a
diferentes medidas como apoyar a las comunidades autónomas y entes
locales a que pagaran las deudas pendientes con las organizaciones. Ha
sido este Gobierno el que ha dado 3000 millones para pagar facturas,
incluidas las de Cataluña y el País Vasco.

Se hacía referencia, señorías, a los beneficios fiscales y ya lo
apuntaba también la senadora Mendiola. Pueden tener muy claro y estar
convencidos de que las entidades disfrutarán de los máximos beneficios
fiscales reconocidos con carácter general en el régimen de incentivos así
como que se adecuarán los sistemas de financiación pública, ese es un
compromiso y será una realidad. Este Gobierno, señorías, desde el primer
minuto decidió que para combatir el mayor aumento de la desigualdad y los
índices de pobreza que había sufrido la Unión Europea entre los años 2008
y 2011 como consecuencia de una devastadora crisis económica y también,
hay que decirlo, de una mala gestión económica y social, lo más
importante era, en primer lugar, iniciar un proceso de reformas para
poner a España en la senda del crecimiento y de la creación de empleo,
especialmente para aquellas personas que se habían visto especialmente
afectadas, es decir, las capas más vulnerables de la sociedad. En segundo
lugar, también teníamos claro que realizar esa política de reformas y de
reactivación económica era urgente garantizando lo más importante, los
grandes servicios públicos, las grandes prestaciones sociales del
Estado.

Quiero referirme brevemente, porque se planteó en el trámite de
enmiendas y me parece importante reseñarlo, al fondo de lucha contra la
pobreza que han planteado grupos como CiU y Entesa. Quería decir
brevemente, señorías, que como saben este Gobierno ya lo ha creado y lo
ha venido dotando trasladándolo también a las comunidades autónomas.
Tenemos muy claro que la primera red de protección social, y siempre con
ese respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas, es la de
las administraciones públicas que con las pensiones, las prestaciones por
desempleo, los subsidios y los grandes servicios públicos que se ofrecen
de manera gratuita a los ciudadanos ejercen ese papel de solidaridad y de
amparo. Luego están también las familias españolas tan importantes en
esta crisis y en esta recuperación que ya comenzamos a comprobar.
Aprobamos, como saben, un plan de familia y estamos ayudándolas con la
reforma fiscal.

Por último está el tercer sector que hoy es protagonista de este
proyecto de ley. Lo decía en mi anterior turno en relación con el
planteamiento de CiU. Con sus planteamientos tenemos la impresión
—es verdad que manifestaba la senadora Rivero que, por supuesto,
están a favor de que se faciliten esas subvenciones a las
entidades—, de que no le gustaba la forma, y es verdad que en su
planteamiento las acciones dicen lo contrario a lo que hacen. Yo, desde
luego, le pido que reconsidere, como al resto de los grupos, la
abstención a esa enmienda porque queremos evitar que casi 6 millones de
personas puedan ver comprometida esa urgente y necesaria asistencia
social.

Señorías, las políticas que se hacen a través del 0,7 del IRPF son
fundamentales para vertebrar el discurso de la solidaridad en este país y
para mantener el tercer sector que es una de las principales redes del
país para combatir la pobreza y la exclusión. También quiero reiterar la
legalidad del planteamiento de la enmienda 61 ya que es absolutamente
respetuosa con el marco competencial y totalmente necesaria para todas
las entidades que conforman este.

Señorías, señora presidenta, concluyo. Valores en juego como el
compromiso, la igualdad, la libertad, la participación, la
responsabilidad, la transparencia, rendición de resultados, la
honestidad, la participación activa y la solidaridad están en juego y, en
definitiva, lo decía antes, la asistencia a más de º6 millones de
personas que, reitero, no puede quedar comprometida.(Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un poco de silencio, por favor.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: De ahí, este proyecto de ley y esta
enmienda 61 que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular a este
Proyecto de Ley del tercer sector de acción social y que confío en que
reconsideren sus posiciones y su abstención y voten a favor de esta y del
conjunto del proyecto.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas según el
cuadro que nos han facilitado los diferentes grupos políticos.

¿Quieren sus señorías que paremos ahora a comer y continuemos
después con la segunda ley? (Asentimiento). Primero, votamos, paramos una
hora y a las tres y media aproximadamente continuamos.

Comenzamos, por tanto, con la votación de las enmiendas. Empezamos
con las enmiendas del senador Iglesias Fernández del Grupo Mixto.
Enmiendas 1, 3 a 5 y 9.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 2.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 23.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 6.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 7 y 8 del mismo grupo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 10 a 12, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 23.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 13 a 15 y 17 a 19, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 16.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas 20, 22 a 24 y 29.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 21.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 23.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 25.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Finalmente, las enmiendas 26, 27 y 28.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i d’Unió.

Enmiendas 37 y 45.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3 en contra, 23.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 38.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas 39, 46 y 48.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3 en contra, 23.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 40 a 42.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 43, 49 y 57.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 44, 50 y 58 a 60.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3 en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 51 y 54 a 56.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 52 y 53.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 47.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 4 en contra, 22.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas 30 a 32 y 34 a 36, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 33.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda 61, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 22; en contra, 2; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Pasamos, a continuación, a la votación del texto del proyecto de
ley en todo lo no modificado por las enmiendas aprobadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 3; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Por tanto, queda aprobado por el Senado el Proyecto de Ley del
tercer sector de acción social 621/000136, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución, se dará traslado de las
enmiendas aprobadas por esta comisión con competencia legislativa
delegada al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

Se suspende la sesión hasta las quince horas y treinta
minutos.

Eran las catorce horas y quince minutos.

Se reanuda la sesión a las quince horas y cuarenta minutos.

La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del
día: Aprobación por la comisión del Proyecto de Ley de voluntariado, con
el número de expediente 621/000137

A este proyecto de ley se han presentado cinco vetos: el número 1,
del senador Iglesias Fernández; el número 2, de la senadora Capella i
Farré; el número 3, del Grupo Parlamentario Vasco; el número 4, de los
senadores Guillot Miravet y Saura Laporta; y el número 5, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.
También se han presentado ochenta y dos enmiendas de distintos grupos
parlamentarios.

Comenzamos con el debate de los vetos.

Para la defensa del veto número, 1 del senador Iglesias, del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.

Lo doy por defendido.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Pasamos a la defensa del veto número 2, de la senadora Capella i
Farré, también del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.

Insistiré en lo que vengo insistiendo en cada comisión con
competencia legislativa delegada: en manifestar la discrepancia, la
protesta y la denuncia en relación con el proceder legislativo al que
estamos asistiendo en este último tramo de la legislatura. Entendemos que
no es la manera de proceder, aunque lo diga el Reglamento y lo diga la
ley. No es habitual ni usual en el Senado —salvo, como decía, en
este último tramo de la legislatura— que se aprueben proyectos de
ley en comisión con competencia legislativa delegada. Entendemos que no
es lo mismo debatirlos aquí que en el Pleno. Se sustrae del debate
parlamentario la confrontación, por tanto, la manifestación de la
diversidad, las diferentes posturas ideológicas; por tanto, no es lo
mismo, aunque, como decía, lo diga un Reglamento. Es evidente que no ha
sido el proceder habitual en el Senado, consideramos que es un mal
precedente, y se hace un flaco favor, como he dicho antes, a la propia
institución, en el sentido de que en una institución cuestionada
ampliamente por la sociedad, por la ciudadanía, solo falta que los
debates parlamentarios se sustraigan de la publicidad y, en definitiva,
también de la confrontación ideológica de las distintas posiciones
parlamentarias de los diferentes partidos políticos. Y, además, perjudica
ostensible y notoriamente a los grupos pequeños.

Dicho esto, entro ya en la argumentación del veto presentado, en
los motivos en los que lo sustentamos. En primer lugar, consideramos que
esta ley nada aporta al sector que se pretende regular. En segundo lugar,
Cataluña tiene un modelo propio de voluntariado, un modelo consolidado
que responde a las necesidades del sector y a las peculiaridades,
diferencias y singularidades propias de la realidad catalana. Por cierto,
el pasado 23 de julio se aprobó en el Parlament de Catalunya la ley que
regula el voluntariado.

En 1991 Cataluña creó L?Institut Català del Voluntariat, en
el 1996 tuvo el reconocimiento de la Carta del Voluntariat de Catalunya,
y en el Estatut de Autonomía se establece que a la Generalitat de
Catalunya le corresponden las competencias exclusivas en esta materia. Y
entendemos que este proyecto de ley supone, de nuevo, un proceso de
regresión, de uniformización. Es un proyecto que, en línea con los
distintos proyectos de ley que se han ido aprobando a lo largo de esta
legislatura, sustrae competencias, muchas veces uniformizando,
centralizando y recentralizando competencias que en este caso
corresponden a las comunidades autónomas y, en lo que respecta a
Cataluña, a la Generalitat y al Parlament.

Como ya he dicho, nosotros tenemos un modelo propio de
voluntariado que no ha aparecido por casualidad, sino que tiene que ver
con una trayectoria histórica importante, y en este proyecto de ley nos
llama la atención la posibilidad de la participación de las empresas y
administraciones públicas en la promoción del voluntariado. A nuestro
juicio —el de Esquerra Republicana— esto es un error. La
voluntariedad es un acto que tiene que ver con la voluntad humana, con la
proximidad, con la solidaridad, con la fraternidad, y esto difícilmente
tiene encaje con que tenga que estar determinado o dirigido por empresas
o determinadas administraciones públicas, con la voluntad, evidentemente,
más de controlar que de incentivar.

En Cataluña hay más de 600 000 catalanes y catalanas que se
levantan cada mañana para servir, de forma altruista y gratuita, al resto
de sus conciudadanos y conciudadanas, y ello seguramente es
—permítanme que lo diga— uno de los mejores patrimonios que
tenemos como país históricamente. Para Esquerra Republicana eso tiene que
ver con los valores del republicanismo, porque, en definitiva,
hay 600 000 personas —hablamos de un contingente de personas muy
importante— que hacen un esfuerzo diario, cotidiano, para mejorar
la sociedad en distintos ámbitos de entidades y asociaciones. Como decía,
esto ha sido así históricamente. Ya en pleno siglo XIX, incluso antes de
que el Estado español determinase algún tipo de ley en este sentido, en
Cataluña teníamos la voluntad y la iniciativa de crear asociaciones, de
tejer asociaciones de izquierdas, de derechas, laicas, progresistas, y de
todo tipo, que cubrían ámbitos que el Estado, bien no cubría, bien lo
hacía de forma deficiente. Y hoy en día solo hay que ver la cantidad de
asociaciones y entidades que, como decía, movilizan a más de 600 000
personas a diario y la actividad que se lleva a cabo en cada una de esas
entidades y asociaciones.

Como decía, el nuestro es un modelo específico, al igual que
muchos otros que seguramente existen en otras comunidades autónomas. Es
un modelo de proximidad que da respuesta a la prestación voluntaria
mediante servicios cívicos y sociales sin compensación económica alguna,
en un marco de organización estable y democrática, sin ánimo de lucro,
todo ello, como digo, en beneficio de la sociedad y, en definitiva, de
cada uno de nosotros; una sociedad y una ciudadanía que, en estos
momentos, como decíamos cuando nos referíamos a la Ley del tercer sector,
sufre los estragos de la crisis, que parece que costará mitigar.

Esta ley, como muchas de las leyes que se han ido aprobando a lo
largo de la legislatura, viene a consolidar un modelo único, con una
visión centralista de Estado. Es un modelo de Estado, como alguien decía
ha dicho anteriormente. Por tanto, señorías del Partido Popular,
consideramos que a ustedes se les ve el plumero cada vez que legislan. El
objetivo de este proyecto de ley no es otro que consolidar un modelo de
voluntariado común para todo el Estado, otorgándose unas competencias
básicas donde antes no las había —como decía, se trata de la
voluntad de uniformizar—. Ustedes pretenden terminar con la
pluralidad y la diversidad de modelos porque, en definitiva, a ustedes no
les gusta este concepto en los distintos ámbitos de la vida. Y, al final,
lo que pensamos que ustedes pretenden cuando legislan de esta manera es
intentar conseguir que las comunidades autónomas sean meras delegaciones
de la Administración General del Estado. Vamos, que nos convierten a los
ciudadanos en soldados, que no en ciudadanos; es algo distinto al modelo
que nosotros defendemos y que se ha pretendido en Cataluña. En
definitiva, como dice mi compañero en el Congreso de los Diputados, el
diputado Tardà, ustedes son un reloj suizo; actúan y funcionan a la
perfección, saben perfectamente lo que quieren, y así lo ejecutan. Eso es
lo que han hecho a lo largo de esta legislatura y lo que están haciendo
en este tramo final.

Y quiero insistir en lo que aparece en las distintas leyes que se
han ido aprobando en este último tramo de legislatura: una disposición
final que viene a decir que la ley no supondrá un incremento del gasto
público, etcétera. Pero difícilmente se pueden cumplir las funciones y
los objetivos que dice pretender esta ley si se limita la capacidad de
generar gasto público, aunque para nosotros no es gasto público, sino una
inversión.

Para terminar, quiero decirles que llegaremos al final de esta
legislatura y ustedes habrán acabado con todo prácticamente. No quedará
títere con cabeza. Habrán laminado el Estado de derecho, la libertad de
expresión, el derecho de huelga, la capacidad de salir a la calle a
protestar, el voluntariado, el tercer sector. Y también acabarán ahogando
a la ciudadanía con sus impuestos y recortes.

Pido al resto de los grupos parlamentarios el voto a favor del
veto que hemos presentado.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa del veto número 4, de los señores Guillot Miravet
y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyora presidenta.

Señorías, a continuación voy a exponer los argumentos que
justifican el veto que presentamos el senador Saura y yo en
representación de Iniciativa per Catalunya Verds. Pero antes quiero
reiterar, como en cualquier tramitación de este paquete legislativo que
nos han impuesto, ya sea en comisión con competencia legislativa delegada
o en el Pleno del Senado, que esto es un sinsentido. Este carrusel
veraniego legislativo que nos imponen no tiene ninguna lógica, rompe con
el necesario rigor legislativo y coarta una de las dos principales
funciones que tiene este Cámara, que son legislar y la de control del
Gobierno. Antes, una portavoz del Grupo Popular decía: mientras haya
legislatura, aprobaremos leyes. Sí, pero todo tiene que ser razonable, y
no es razonable aprobar leyes que no son de máxima urgencia en este
periodo, como no es razonable presentar el Proyecto de Ley de seguridad
nacional a finales de una legislatura. Al final, todo tiene que tener una
lógica, una inteligencia y, repito, una razonabilidad.

Yendo ya al contenido de la ley, la inmensa mayoría de los
proyectos de ley del Gobierno de Rajoy que tienen una disposición que
apela al artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española está claro que
pretenden recentralizar e invadir competencias de las comunidades
autónomas; y este proyecto de ley lo cumple fielmente. Tiene una
disposición final que apela al artículo 149.1.1.ª, e invade competencias
hoy en día en manos de las comunidades autónomas.

Nosotros tenemos cuatro argumentos de peso para justificar nuestro
veto. En primer lugar, ignora las realidades, la idiosincrasia propia,
presente en la formación y existencia de voluntariado en cada territorio.
Y es que en cada territorio no se expresa ni está está presente el mismo
tipo de voluntariado, porque este responde a las lógicas y problemáticas
específicas que se producen en su entorno. Por eso, en determinadas zonas
hay mucho voluntariado para cuestiones de inmigración, etcétera. Es
decir, se hace referencia a la realidad que se tiene que afrontar. Esto
quiere decir, que ese desarrollo se realiza de forma autónoma, con un
entramado propio, insisto, de cada una de las realidades territoriales.
Este es un primer aspecto que rompe este proyecto de ley. El principal
objetivo de este proyecto es crear un modelo común de voluntariado para
toda España, y eso es imposible —ni para toda España ni para toda
Europa— por lo que he dicho: por la autonomía, la especificidad y
la singularidad de la realidad del voluntariado a partir de la
especificidad y la problemática concreta que se produce en cada
territorio.

En segundo lugar, se invade el marco competencial de las
comunidades autónomas. Lo ha dicho antes la senadora Capella, yo insisto
en ello, y seguramente el senador del Grupo Parlamentario Vasco y la
senadora de Convergència i d’Unió también harán referencia a ello.
En Cataluña, por ejemplo, tenemos el artículo 166.2, que deja con
meridiana claridad que esta es una competencia exclusiva de la
Generalitat. ¿Por qué? Porque los redactores de la Constitución tuvieron
muy claro desde el primer momento, en una aplicación lógica del principio
de subsidiariedad, que aquellas administraciones más cercanas son las que
mejor pueden responder a la realidad del voluntariado. Esta es una
competencia en exclusiva que ha tenido también su gestación y desarrollo
en Cataluña. Así, en 1991 se crea el Institut Català del Voluntariat y
en 1996 se aprueba la Carta del Voluntariat de Catalunya. Tampoco se
olviden, señorías, que desde el momento en que este Gobierno le da a este
proyecto de ley la consideración de carácter básico se invaden
competencias. Y esto no había pasado hasta ahora. Es decir, en la Ley del
voluntariado de 1996 no se contemplaba lo relativo al artículo 149.1.1.ª
ni se daba a esta normativa el carácter básico, y las cosas iban
razonablemente bien, con lo cual uno se puede preguntar si no hubiera
sido más lógico, más razonable, menos conflictivo y más positivo reformar
esa ley, actualizar todos aquellos aspectos de una ley de casi veinte
años que fueran necesarios, y no este órdago competencial que hace el
proyecto de ley.

Es evidente que todos los grupos parlamentarios reconocemos el
papel del voluntariado, lo que representan como compromiso solidario y
factores de cohesión social esos millones de personas que trabajan
voluntariamente. Pero, insisto, más allá de ese reconocimiento, no
creemos que esta sea la ley que corresponde para poder dinamizar y llegar
a las medias europeas sobre voluntariado. El ministro decía que en España
es del 17 %, pero la media europea es del 30 %.

Con respecto a la Ley de 1996, creo que hay dos grandes aspectos
diferenciales. La Ley de 1996 hace referencia siempre a todo aquello que
afecta al ámbito de las competencias exclusivas del Estado respecto del
voluntariado y a todas aquellas actividades de carácter supraautonómico.
Y ustedes lo modifican con este proyecto de ley. Por eso nos negamos a
aceptar esta lógica, una lógica muy del Partido Popular y para nosotros
muy perversa, la de que el Estado define las políticas y las comunidades
autónomas en el mejor de los casos las gestionan. Pero, no, eso no está
ni en la letra ni el espíritu de la Constitución. Nosotros tenemos el
autogobierno político, no para gestionar lo que el Gobierno del Estado
nos diga o nos dicte, y por eso hay una serie de competencias que son
exclusivas y cuya definición y gestión corresponde, en nuestro caso, a la
Generalitat y, en otros, a los gobiernos y parlamentos autonómicos a los
que corresponda.

Otra cuestión que nos preocupa es que, a diferencia del texto de
la Ley del voluntariado de 1996, en esta desaparece la afirmación de que
la actividad del voluntariado no podrá sustituir en ningún caso trabajo
retribuido, preocupación que se incrementa si uno lee la memoria de
análisis del impacto de la ley. ¿Qué nos dice esa memoria? Que un millón
de voluntarios equivaldría al trabajo de 100 000 asalariados a tiempo
completo y que ello significaría un ahorro en los presupuestos públicos
de 2500 millones de euros. Pues bien, conociéndoles, con el análisis que
hace la memoria, y eliminando la afirmación de que el personal voluntario
no puede en ningún caso sustituir el trabajo retribuido, ya se imaginarán
la alarma, la alerta del señor Saura y mía respecto de este punto. Pero,
señorías, lo afirma con claridad el dictamen del Consejo Económico y
Social a este proyecto de ley. En primer lugar, el voluntariado no puede
suplir el ejercicio de las funciones que el Estado tiene encomendadas en
el ámbito de las políticas públicas. En segundo lugar, debe prevalecer el
principio de no sustitución de funciones o servicios públicos. En tercer
lugar, debe procurarse un equilibrio entre impulsar el voluntariado y
evitar su instrumentalización. Y, en cuarto lugar, el mensaje del CES
también es muy claro: Sí al voluntariado y no a la sustitución de
responsabilidades que corresponden en exclusiva a las administraciones
públicas, unas administraciones públicas que, especialmente a partir de
los recortes impuestos por el Gobierno central, han hecho dejación de sus
responsabilidades sociales frente al incremento de la pobreza, la
exclusión social y la desigualdad.

Reconocer el trabajo altruista del voluntariado en España no va a
suplir la responsabilidad de los poderes públicos. Cuando les escucho,
cuando leo las intervenciones del Congreso, las presentaciones que hace
el ministro y demás, veo que se jalea mucho al voluntariado, a las
asociaciones y fundaciones del tercer sector, etcétera. Pero de lo que
aquí nadie habla es de la dejación de responsabilidades que ha hecho la
Administración pública, que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy
respecto de la salvaguarda de la cohesión social. Antes una portavoz del
Grupo Popular decía: aquí, en este país, la pobreza… Y es que todo
lo malo va del periodo 2008 a 2011, y todo lo bueno empieza a emerger a
partir de 2011, en ese frenesí popular, digamos, de bienestar, de
crecimiento, etcétera. Pero, no, señorías, hoy acabo de firmar una
petición de Unicef que solicita la lucha efectiva contra la pobreza
infantil, que llega ya al 27,5 %.

Y si ustedes me citan la creación de empleo les diré que el que se
está creando es precario, temporal. Hoy en día tener un trabajo no
significa poder garantizar las mínimas condiciones de vida. Tienen el
salario mínimo interprofesional, uno de los más bajos de Europa,
congelado desde que ustedes están en el Gobierno. Han recortado en todas
y cada una de las partidas presupuestarias que permiten garantizar esa
cohesión social por parte de la Administración pública, que es a la que
corresponde por mandato constitucional. El resto es complementario, pero
a ustedes les corresponde, repito, por mandato constitucional. Hay menos
familias con cobertura de desempleo, etcétera. Con lo cual, ese mensaje
de que la falla fue de 2008 a 2011, a partir de ahí todo empieza a ir
bien, y ahora ya estamos en el frenesí de la creación de empleo y la
recuperación económica, no es así. Seguimos en un pozo sin fondo social
del que ustedes no responden, y eso es muy grave. Y la mejor no respuesta
de su Gobierno —y con esto termino, señora presidenta— es el
latiguillo: este proyecto de ley no puede representar ningún tipo de
incremento del gasto. Pues bien, señorías, si este proyecto de ley y
tantos otros no pueden representar ningún incremento del gasto, lo mejor
es que no los presenten y que cuando puedan representar un incremento del
gasto los presenten, los discutamos y los aprobemos. Porque esto es
ilógico, no es razonable. Y les voy a citar los tres últimos: la Ley de
protección de la infancia y la adolescencia, la ley del tercer sector de
acción social y la Ley del voluntariado. Si no van a representar ningún
incremento del gasto, ¿para qué discutimos, cuando en política todo el
mundo sabe que, si no se quiere que quede en papel mojado o en pura
retórica, toda propuesta tiene que ir acompañada de una partida
presupuestaria?

Por estas razones, señora presidenta, votaremos a favor del resto
de vetos y pido el voto favorable al veto que el senador Saura y yo
presentamos en representación de Iniciativa per Catalunya Verds.

Gràcies.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa del veto número 3, del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias.

Señora presidenta, los finos dicen que esto es como el día de la
marmota. Podíamos decir que es la legislatura del chorizo frito. Estamos
todo el rato repitiendo lo mismo. Y estamos todo el rato repitiendo lo
mismo porque nosotros nos defendemos de la misma manera ante aquello que,
de la misma manera, consideramos una agresión por parte del Gobierno.
Presentamos las mismas enmiendas ante un proyecto de ley que es el mismo
en el Congreso y en el Senado, no varía, pero además se apela —como
nos pasó la semana pasada— aquello de que trabajamos poco porque se
repiten las enmiendas del Congreso; a lo mejor sí, pero es que trabajamos
lo mismo que el que repite el proyecto del Congreso.

Vuelvo a retomar parte del discurso de la ley anterior, de la Ley
del tercer sector, así como los mismos argumentos. El Proyecto de Ley del
voluntariado que estamos analizando tiene su base competencial, una vez
más, en el artículo 149.1.1 de la Constitución Española, que sirve, como
se ha visto, para un roto y para cualquier descosido, lo que, a juicio de
nuestro grupo parlamentario es, por lo menos, incorrecto. Podíamos
calificarlo de muchas maneras, pero por lo menos de incorrecto. Incide en
toda la actividad y régimen jurídico del voluntariado que se puede
desarrollar al margen y obviando que la actividad del voluntariado es una
actividad inherente, en todo caso, a las regulaciones sectoriales de las
distintas materias competenciales. Por esto, la regulación estatal no
puede sino verse ligada a los ámbitos o materias en los que el Estado
ostenta atribuciones constitucionales y competencias, pero no puede, o no
debe, expandir su regulación de una forma cuasi universal y desvinculada
de los mencionados ámbitos competenciales en los que las comunidades
autónomas tienen competencia exclusiva, de tal forma que el Gobierno del
Estado incide o penetra de forma indebida en el campo de juego
competencial de las comunidades autónomas.

En definitiva, en este proyecto de ley el Estado podía haber
presentado una propuesta que hubiera regulado el voluntariado en
determinados sectores donde está habilitado competencialmente,
discriminando el alcance de la propia regulación en función de sus
competencias sobre distintos ámbitos materiales. No es lo mismo la
regulación del voluntariado en una materia donde tenga competencia plena
que en otra donde se le atribuyen las bases, sobre todo en aquellos
sectores donde la competencia exclusiva es de las comunidades autónomas.
Ante esto, y concretamente sobre el voluntariado —y supongo que se
volverá a repetir—, ya hay una sentencia del Tribunal
Constitucional ante un recurso presentado por 99 —cifra curiosa,
por cierto— diputados del Partido Popular a la reforma del Estatuto
de Autonomía de Cataluña. Ahí se decía claramente que el voluntariado
podía ser perfectamente regulado por las comunidades autónomas, entre
otras cosas, porque, como ha dicho el senador Guillot, el voluntariado no
es uniforme para toda España, ni tan siquiera es uniforme para todos los
sectores; no es lo mismo ser voluntario en un aspecto sanitario o social
que en cooperación exterior. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Tiene
que ver en cuanto a que son voluntarios y son personas que nos brindan
gratis et amore sus habilidades y su tiempo; pero ni sectorialmente ni
territorialmente nada tienen que ver unas cosas con otras. Por lo tanto,
tampoco entendemos muy bien por qué y para qué se plantea esta
uniformización en el tema del voluntariado —también lo ha dicho el
senador Guillot y yo lo vuelvo a repetir—.

No creo que ahora todos los grupos tengamos que poner de
manifiesto cuánto valoramos el voluntariado —me parecería
ridículo—, solo para que en el Diario de Sesiones aparezca que
todos estamos a favor. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos muy
claro lo que hacen los voluntarios en todos los aspectos de la vida
—muchos de nosotros también lo somos o lo hemos sido— y, por
lo tanto, no me vale, como en la ley anterior, decir: como ustedes no
votan la enmienda que yo presento, es que están en contra de que se
subvencione tal o cual grupo. Lo que queremos es que el voluntariado
funcione lo mejor posible, dignificar al voluntario —que es
dignificar al voluntariado—, porque eso nos hace bien a todos.

Yo, antes de la herida, me voy a poner la venda. Antes nos han
dicho que lo queríamos con este tipo de vetos era ganar competencias.
Pues no, para nada. No tenemos ninguna intención de ganar competencias;
para ganar competencias tenemos que hacer otra cosa: una reforma
constitucional, que esperamos que algún día llegue y que, en algunos
casos, llegue hasta la independencia. Lo que no queremos es perderlas, lo
que no queremos es que se haga una lectura sesgada de la propia
Constitución, esa tan sacrosanta Constitución, y que el roto y el
descosido del artículo 149.1.1 sea el único argumento para invadir
competencias que no están expresamente en el bloque constitucional. Por
lo tanto, no es que queramos ganar, es que no queremos perder. Y
entendemos que lo que tenemos que intentar es que quien no tiene la
característica de plurinacionalidad del Estado español en su ADN, por lo
menos, ya que no lo tiene en el genotipo, lo mantenga en el fenotipo.
Porque ahora los que no lo tienen en el genotipo, tampoco lo mantienen en
el fenotipo.

Y me voy a poner una última venda. Estoy seguro de que nos van a
decir que, por responsabilidad, retiremos estos vetos; seguro que nos lo
van a decir, ya nos lo han dicho antes y ahora lo he oído un montón de
veces. Así que yo les pido que, por responsabilidad, retiren el proyecto
de ley. Es la misma correspondencia: si tenemos que retirar los vetos,
retiren ustedes el proyecto de ley. Así nos quedamos en paz y volveremos
a empezar en otro momento y con más tranquilidad, como ya se ha dicho en
esta Cámara, sin esta histeria legislativa y sin tener que estar aquí
corriendo para no sé qué, sino discutiendo realmente las cosas e
intentando conseguir consensos, cosa que ni en la anterior ley ni en esta
ni en casi todas las que yo he llevado en esta legislatura —y llevo
una cuantas— se ha hecho.

Por lo tanto, por esto y por un montón de cuestiones técnicas que
creo que no es momento de especificar, vamos a mantener el veto, a pedir
que el Grupo Popular retire el proyecto y a votar a favor del resto de
los vetos presentados por los demás grupos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa del veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i d’Unió , tiene la palabra la senador
Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, presidenta. Buenas tardes,
señorías.

Este proyecto de ley pretende actualizar la legislación estatal
recogida por la Ley 6/1996, de 15 de enero, del voluntariado. En
Cataluña, el estatut de autonomía, en su artículo 166.2, otorga a la
Generalitat de Catalunya competencia exclusiva en materia de
voluntariado, que incluye, en todo caso, la definición de la actividad y
la regulación y promoción de las actividades destinadas a la solidaridad
y a la acción voluntaria que se ejecuten individualmente o por medio de
iniciativas públicas o privadas.

El voluntariado en Cataluña, como síntoma de madurez y expresión
en sí misma del ejercicio de democracia participativa, se ha considerado
un bien preciado a preservar, que tiene y queremos que continúe teniendo
recorrido. En 1991, a través de la Ley 25/1991, de 13 de diciembre,
pionera en todo el Estado, se creaba L’Institut Català del
Voluntariat, con la intención de acompañar al voluntariado con políticas
públicas. Más tarde, se reforzaba con la Carta del voluntariat de
Catalunya, reconocida por el Parlament de Catalunya en mayo de 1996. Con
ello, el voluntariado se ha desarrollado, ha crecido, y prueba de ello es
el gran número de iniciativas y proyectos que han alcanzado éxito en la
gestión de lo común por parte de las entidades, ONG, empresas y sociedad,
y para ello, en Cataluña, no ha existido una ley hasta este pasado 23 de
julio, en la que el Parlament ha aprobado la Llei del voluntariat i de
foment de l’associacionisme. Fíjense bien en el recorrido que ha
tenido el voluntariado a pesar de no haber una ley.

Es cierto —estamos de acuerdo con su planteamiento, y
supongo que todos— que las leyes deben poder actualizarse para dar
respuesta a las necesidades reales de cada momento. En este sentido,
pensamos que todas las leyes, por importantes que sean, tienen, por el
hecho de tener una fecha de aprobación, una implícita caducidad que nos
debería llevar a revisarlas, a adecuarlas y a mejorarlas. Todas las
leyes, señorías. Pero, en el caso de la Ley del voluntariado de 1996, no
estamos hablando de eso. En esta ley se regulaba de forma clara la
actividad del voluntariado de carácter supraautonómico, así como el
voluntariado en el ámbito de las políticas que son competencia exclusiva
del Estado. Así pues, no había posibilidad de conflicto con las
comunidades autónomas. Era una ley clara en este sentido. Clara y
corta: 16 artículos que daban cobertura y garantía a la actividad del
voluntariado.

Señorías, hablamos con el pretexto de modernizar y adaptar la ley,
de crear una nueva ley densa en demasía que apela al artículo 149.1.1 de
la Constitución Española, lo cual quiere determinar su carácter básico,
incurriendo en una flagrante invasión competencial. Lo necesario tan solo
era dotar a la Ley del voluntariado de 1996 de los ajustes necesarios
para garantizar la modernidad y la adaptación a los tiempos y realidades
sociales actuales. Pero no, ustedes nos proponen una alternativa
intervencionista, detallista en exceso, que mutila la espontaneidad del
voluntariado; una ley que quiere un solo modelo y un modelo único y que,
además, se plantea con carácter básico, con la consiguiente amenaza de su
posterior desarrollo reglamentario; una ley que encorseta la iniciativa
ciudadana a la burocracia del Gobierno, cosa que por sí misma se
contradice con la idea de voluntariado y el margen necesario que este
necesita para asegurar el desarrollo de su actividad.

La ley de 1996, y de ahí parte su utilidad, no perseguía un marco
común, sino el necesario marco legal para dar cobertura al voluntariado.
Este proyecto de ley nos instala en un indeseado y temido modelo común de
voluntariado, un modelo uniforme y alejado de la proximidad, un modelo al
que les decimos: no, gracias. El modelo autonómico que tenemos sobre la
base del marco constitucional para nada busca que sea el Estado quien
defina las políticas y las comunidades autónomas las que las lleven a
cabo. Eso supone una negación del pacto constitucional, donde las
autonomías, en tanto que Estado, tienen contenido político. Sí, eso es el
autogobierno, señorías, contenido político, y así se supone que
deberíamos funcionar. Pero cuando para nosotros este planteamiento ya
está casi caduco, nuevamente nos encontramos hablando de recentralización
y uniformidad, y ustedes siempre la ejercen apelando, eso sí, a la
legalidad.

Este proyecto de ley, en definitiva, no pretende modernizar la Ley
del voluntariado de 1996. Este proyecto tiene como principal objetivo la
consolidación de un modelo común, asumido igualmente por las comunidades
autónomas. No creemos que esta sea la principal demanda del sector del
voluntariado. Hemos presentado enmiendas en el sentido de proteger las
competencias autonómicas. Si se defiende que este proyecto es respetuoso
con las competencias de las comunidades autónomas, entendemos que no
habrá problema en aceptarlas. No siendo así, esta injerencia competencial
se basta por sí sola para justificar el veto. Pero, además, en relación
con el modelo de voluntariado regulado por el proyecto de ley, cabe decir
que no admite ni contempla la diversidad del voluntariado y los
diferentes y necesarios enfoques y destinatarios que tiene y debe tener
la acción voluntaria. Ya tendremos tiempo de hablar de ello en el turno
de portavoces o en la defensa de las enmiendas.

Finalmente, se marca como objetivo impulsar el voluntariado y para
nosotros esto entra en contradicción con la disposición final quinta, de
no incremento del gasto público. Esto no resulta coherente. Tampoco lo es
para el Consejo Económico y Social. Con una apuesta decidida por el
voluntariado no se puede al mismo tiempo limitar el presupuesto destinado
a ello. A pesar de que las actividades del voluntariado no sean
remuneradas, su impulso tiene un coste económico y requiere
recursos.

Por todo ello, presentamos este veto y pedimos al resto de grupos
que le den su apoyo.

Gracias, señorías.

La señora presidenta: Gracias, señoría.

Turno en contra.

Para la defensa del turno en contra, tiene la palabra la senadora
Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular
para fijar nuestra posición en relación con los cinco vetos presentados a
este Proyecto de Ley del voluntariado.

Ya les anuncio, como podían imaginar, que el Grupo Parlamentario
Popular votará en contra de estos vetos. En primer lugar, porque, como ya
referimos en el debate del anterior, el proyecto de ley que en este
momento defendemos no invade ninguna competencia autonómica, puesto que
la redacción del proyecto viene perfectamente avalada por lo recogido en
el artículo 149.1.1 de la Constitución Española. Y, en segundo lugar,
porque el hecho de que se contemple una financiación no es razón, a
nuestro juicio —dicho sea con todos los respetos—, para que
se presente un veto. Que haya un incremento del gasto público, señorías,
no siempre va a suponer mejores resultados.

Los grupos proponentes de los vetos pretenden con ellos, a nuestro
juicio sin fundamento lógico, la devolución al Gobierno de un proyecto de
ley como el del voluntariado, que compartirán conmigo, de hecho así se ha
reseñado por los diferentes portavoces, que implica el necesario
reconocimiento social y jurídico a una actividad que desempeña en España
un 15 % de la población. Y ustedes, los proponentes de los vetos, dicen
no a ello por una cuestión puramente competencial, argumento que respeto
y que ustedes no se cansan de repetir una y otra vez, pero también les
digo que nosotros no nos cansaremos de repetir, porque estamos
convencidos de ello, que este proyecto de ley, como el anterior del
tercer sector, son completamente respetuosos con los marcos
competenciales en materia de asistencia social, al amparo de lo que marca
nuestro texto constitucional.

Como han señalado algunas de sus señorías en los vetos, el
proyecto de ley no solo no niega, sino que reconoce expresamente y
respeta en su integridad lo establecido por la sentencia del Tribunal
Constitucional 31/2010. Este proyecto de ley no desestructura ni supone
una injerencia en las competencias de las comunidades autónomas. Por el
contrario, como he señalado, es plenamente respetuoso con el escenario de
competencias compartidas que ha fijado el Tribunal Constitucional en la
sentencia reseñada, que al mismo tiempo que declara que la asunción de
competencias por las comunidades autónomas en materia de voluntariado es
respetuosa con el orden constitucional de competencias, y ningún reparo
puede hacérsele en principio desde una perspectiva constitucional,
reconoce que ello no impide el ejercicio de las competencias del Estado,
artículo 149.1.1 de la Constitución, cuando estas concurran con las
autonómicas sobre el mismo espacio físico, o sea, sobre el mismo objeto
jurídico, aunque se califiquen como exclusivas.

El proyecto de ley, señorías, tampoco pretende imponer un modelo
común, sino que reconoce que la Ley 6/1996, de 15 de enero, del
voluntariado y las diferentes normas de voluntariado de las comunidades
autónomas coinciden en las notas configuradoras y en los principios que
inspiran la acción voluntaria: solidaridad, voluntariedad y libertad,
gratuidad y vinculación a la entidad del voluntariado y a un programa de
voluntariado, que se recoge sin variación, como bien saben, en el
artículo 3.1 del presente proyecto de ley.

Señorías, la voluntad expresamente manifestada en la exposición de
motivos de no apartarse de ese núcleo esencial es lo que sirve de base
para que en el artículo 17 del proyecto de ley se declare que las
administraciones públicas con competencia en materia de voluntariado
proveerán lo necesario para fijar los medios y los sistemas de relación
que hagan posible la información recíproca, la cooperación técnica y la
acción conjunta en el ejercicio de sus competencias, con el fin de
integrar sus actuaciones y contribuyendo con ello a mejorar la acción
voluntaria y la participación solidaria de la ciudadanía, y ello después
de declarar el pleno respeto a las competencias de otras
administraciones. Ciertamente, pese a que el Título VIII de la
Constitución no menciona expresamente el voluntariado, no hay duda de que
este constituye una materia competencial. Al margen de ello, los posibles
ámbitos de intervención de la actuación voluntaria, que se recogen en el
proyecto de ley, pueden, asimismo, conceptuarse como materias
competenciales independientes por sí mismas, pero con una clara conexión
con el actual voluntario si efectivamente se produce, como digo, aquella
intervención.

Esa es la razón, señorías, por la que, pese a que se trata de
supuestos de muy difícil delimitación material, ya que potencialmente
tienen un ámbito de proyección transversal, no hay duda de que, de
acuerdo con el artículo ya repetido 149.1.1 de la Constitución, la
intervención del Estado en materia de voluntariado esté plenamente
justificada, entre otras, en materia de familia, juventud, disminuidos
sensoriales y psíquicos, tercera edad e igualmente en la intervención
estatal en las relaciones internacionales, incluida la cooperación para
el desarrollo y las migraciones y extranjería. En el resto de los ámbitos
del voluntariado, señorías, también estaría justificada la intervención
del Estado. En todo caso, reitero, ha de estar circunscrita al estricto
ámbito de aplicación señalado en el proyecto de ley.

Tampoco, señorías, como han mencionado en los textos de los vetos,
se pretende regular en su integridad el régimen jurídico completo del
voluntariado, puesto que este proyecto de ley no regula algunas materias,
como bien saben, precisamente con la finalidad de dejar clara la voluntad
de no intervenir en aquellos ámbitos donde las competencias de las
comunidades autónomas pueden ser más visibles y efectivas en materia de
voluntariado, respetando así en su integridad su capacidad normativa y de
establecer políticas propias.

Otro de los argumentos que se han planteado en la defensa de los
vetos y que se han reiterado en alguna de las enmiendas presentadas es el
relativo a la necesidad de dotaciones económicas. Tengo que señalar que
el límite fijado de incremento del gasto tiene su explicación, señorías,
entre otras razones, en el hecho de que la creación de los dos órganos
recogidos en el proyecto de ley, esto es la comisión interministerial del
voluntariado y el observatorio estatal del voluntariado, que serán objeto
de la procedente regulación reglamentaria, no traen consigo coste
adicional alguno. Así, señorías, en el primer caso, los centros
directivos con competencias en materia de voluntariado funcionan de hecho
como tal comisión, mediante una comisión técnica interministerial del
voluntariado que se formalizó en la Estrategia estatal del
voluntariado 2010-2014 para desarrollar un plan de seguimiento y
evaluación, por lo que su creación solo supone dar forma jurídica a lo
que ya está funcionando, lógicamente sin coste económico añadido. Y en
cuanto al observatorio, gran parte de sus funciones están siendo
realizadas mediante subvención a la Plataforma del Voluntariado de
España, a través de la convocatoria anual de apoyo al tercer sector, y de
ahí que su puesta en funcionamiento tampoco suponga un coste
adicional.

Señorías, esta nueva regulación que hoy traemos a la Cámara ha
buscado desde su inicio que el texto fuese lo más participativo y
consensuado posible. En este sentido, se ha elaborado teniendo en cuenta
la importante opinión de las comunidades autónomas, de la Federación
Española de Municipios y Provincias, de los distintos departamentos
ministeriales, órganos consultivos, entidades sociales y de los
voluntarios, verdaderos protagonistas de este proyecto de ley. Se ha
realizado, reitero, desde el respeto competencial y con un objetivo
primordial: dar una respuesta plenamente justificada a las dimensiones
del voluntariado, a la realidad de esta forma de participación solidaria.
Desde luego, señorías, con la aprobación de este proyecto de ley hoy
tenemos la oportunidad de consolidar un modelo de voluntariado común que
sea capaz de asumir los retos actuales y futuros.

Para concluir, una cosa más en relación con lo que planteaba el
senador Guillot. Usted ha hablado de frenesí y le puedo garantizar que
frenesí ninguno en esta bancada del Grupo Parlamentario Popular; no puede
haber frenesí cuando hay aún 4 millones de españoles que se encuentran en
situación de desempleo. Pero, ciertamente, podemos hoy decir que poquito
a poco vamos iniciando ese camino deseado por todos de la recuperación.
Han sido años realmente difíciles. Cuando llegó el Gobierno del Partido
Popular se encontró con una situación muy complicada: la cifra de pobreza
en España se había incrementado cinco veces más rápido que en toda la
Unión Europea y la tasa de paro se había multiplicado por dos durante la
gestión del anterior Gobierno socialista. Esa es una realidad objetiva,
senador Guillot, pero le reitero, frenesí ninguno; sí trabajar, trabajar
y trabajar para conseguir mejorar la situación económica de este país. Yo
agradecería que desde la discrepancia ideológica, ustedes, como el resto
de los grupos de la oposición, estuvieran con propuestas coherentes y no
con pactos extraños al lado de este Gobierno en la consecución de este
objetivo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ:






Discrepar es bueno y tener modelos
diferentes, también, por eso cada uno está en el partido político en el
que milita, representando a la parte de la ciudadanía que nos ha querido
votar. Por tanto, es evidente que entre el modelo que Esquerra
Republicana defiende y el modelo social que defiende el Partido Popular
—lo he dicho muchísimas veces— existe una eternidad
ideológica. Por eso vamos a mantener este veto.

Y no lo defendemos únicamente por una cuestión competencial, que
también, respecto a lo que ustedes legislan. Me he molestado en decirles,
y hace tiempo que se lo digo, que cada vez que ustedes legislan tienen un
plan preconcebido muy claro: homogeneizar, uniformizar… Si lo ha
dicho usted, la portavoz del Grupo Popular en esta comisión lo acaba de
decir: un modelo uniforme de voluntariado. Pues en este modelo uniforme
de voluntariado Esquerra Republicana no se siente nada cómoda por razones
obvias. Como he insistido en la defensa del veto tenemos un modelo propio
que ha funcionado. Me he remontado a cuestiones históricas —e igual
no era necesario, aunque es la verdad—, he recordado que hay más
de 600 000 catalanes y catalanas que cada día se levantan y participan de
alguna manera, a través de entidades y asociaciones, para llevar a cabo
acción social y acciones cívicas. Es un modelo propio que ha funcionado,
y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿es necesario que el Estado
regule una cuestión en una comunidad autónoma con competencias propias y
cuando ha funcionado? ¿Es necesario que el Estado vaya más allá de las
funciones propias que le corresponden según sus competencias? A criterio
de Esquerra Republicana, no es necesario. Por tanto, desde la
discrepancia ideológica, le tengo que decir que esto no es una letanía;
Esquerra Republicana dice que sus proyectos de ley invaden competencias
porque nos limitan los modelos, y lo hacen porque los modelos que
nosotros defendemos no les gustan, sea en el sector económico y social
que sea.

Como segunda cuestión, decir que la crisis económica se remonta a
los últimos seis años es faltar a la verdad. La crisis económica que se
produjo o que saltó por los aires en el 2007 tiene su razón de ser en un
modelo económico y social que ha conducido a la situación de crisis
económica en la que estamos inmersos, ¿o no tiene nada que ver con la
liberalización del suelo, la burbuja inmobiliaria y un largo etcétera?, y
eso no es de hace siete años, viene de más atrás. El ministro Rato fue
quien liberalizó el suelo y quien permitió la burbuja inmobiliaria, o fue
uno de los fomentadores de esa burbuja inmobiliaria. Por tanto, la
cuestión de la crisis económica no tiene nada que ver, o tiene que ver
solo en parte con determinados partidos que han ocupado el Gobierno del
Estado español y con las políticas económicas y el modelo económico y
social que se han defendido.

Y no nos digan que no invade competencias o no nos digan que no es
esta la finalidad o el objetivo principal de la ley, porque basta con
leerse los artículos 17 y 18, que hablan de las líneas generales, de
coordinar…, y viniendo de ustedes, ya se sabe. Pueden decirnos que
no nos fiamos de ustedes. Evidentemente, claro que no nos fiamos, si
terminamos siempre en el mismo sitio: ustedes diciendo cosas que se les
entienden, que terminan en los tribunales y que son invasión de
competencias. No es baladí que ustedes digan que la Administración
central va a establecer las líneas generales, porque cuando ustedes
establecen las líneas generales o cuando se guardan competencias para
desarrollar el reglamento, es allí donde llora la criatura; es en ese
momento, porque en ese momento es cuando invaden competencias: cuando
hablan de líneas generales y de coordinación, o cuando en el artículo 19
hablan del ámbito local y también limitan el autogobierno local,
etcétera.

Y no digan que están pensando en las entidades y en las
asociaciones que se dedican al voluntariado. Ahí están las reformas
legislativas que afectan al IRPF y a la forma de tributar de las
entidades y asociaciones, y les recuerdo que en estos momentos están
inmersos en un problemón muy grande porque modificaron la ley y no tienen
la capacidad ni los recursos económicos para llevar la contabilidad que
deberían llevar para poder presentar las cuentas en condiciones. Por
tanto, no digan que cuando legislan están pensando en las entidades y en
las entidades pequeñas, ustedes están pensando en unos modelos
determinados.

Por estos motivos y por otros muchos más, que existen, hemos
presentado el veto y votaremos favorablemente el resto de los vetos
presentados.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Senador Guillot, puede intervenir.

El señor GUILLOT MIRAVET: Sí, señora presidenta.

Aquí en el Senado, a finales de julio y en una comisión con
competencia legislativa delegada, como hay poca presión externa, tenemos
que intentar hacer un debate lo más realista posible.

Señorías, especialmente senadoras y senadores del Grupo Popular,
imagínense que Zapatero nos hubiera obligado a discutir los dos últimos
meses de la legislatura casi cuarenta proyectos de ley que afectan a la
seguridad, al Tribunal Constitucional, a la política tributaría,
etcétera; imagínense qué dirían ustedes. Yo les he visto en los ocho años
de legislatura de Zapatero y por mucho menos casi incendian el Senado
(Risas). Imagínense que encima Zapatero nos hubiera hecho aprobar leyes
que contienen una disposición final en la que se señala que esto no puede
suponer incremento de gasto público. La senadora portavoz del Grupo
Popular nos dice que no está claro que un incremento del gasto siempre
vaya a representar que las cosas vayan a funcionar mejor. Desde luego, lo
que sí que está claro es que disminuyendo el gasto las cosas van a peor y
que congelándolo ustedes no van a cumplir esta ley.

Le voy a citar artículos de esta ley. Artículo 18: «Favorecer,
mediante programas de aprendizaje-servicio, entre otros, la formación en
los principios y valores de voluntariado...». Algo deben costar. También:
«Promover las actividades de investigación y estudio que contribuyan al
mejor conocimiento de las necesidad de recursos...». ¿Algún coste
tendrán? O: «Promover actuaciones de voluntariado en colaboración con las
entidades de voluntariado»... Es decir, es incomprensible, no se lo traga
nadie que tenga dos dedos de frente, que se puedan aprobar leyes de este
tipo y se acompañen del latiguillo de que esto no puede representar
incremento de gasto. Por eso le decía antes que cuando se pueda gastar,
hagamos las leyes, que no hagamos nuevas leyes que solo van a ser papel
mojado.

Decía usted también que esta ley no invade competencias. ¿Por qué
lo dice? Pues sí, y le voy a poner ejemplos concretos. Cuando un proyecto
de ley establece que es normativa básica, inmediatamente invade
competencias, porque la catalogación de normativa básica afecta a todo el
territorio del Estado; a todo. Y el artículo 149.1.1 no es un cajón de
sastre, porque, junto a esta afirmación, hay otras, avaladas por el
Tribunal Constitucional, que dicen que es competencia exclusiva de la
Generalitat las cuestiones de voluntariado, según su artículo 166.2.
¡Claro que ustedes invaden competencias con este proyecto de ley!

Por último —creo que ya me he referido al frenesí
legislativo, pero es igual—, Zapatero nos dejó una España más pobre
y ustedes la han hecho más desigual. Ustedes han hecho a España más
desigual. ¿Por qué España es hoy más desigual? Porque sus políticas han
tendido a cargar los costes de la crisis en los sectores más vulnerables,
porque los han desprotegido, porque han recortado las prestaciones y
cualquier tipo de ayuda que pudiera ayudar a sobrellevar esta crisis que
afecta a tanta y tanta gente. Es por esto que tenemos voluntariado; es
por esto que crece el voluntariado; es por esto que las entidades y
asociaciones del tercer sector son mucho más activas, las notamos más,
las sentimos más, nos presionan más: porque el abandono que han
representado sus políticas y sus recortes hacia estos sectores ha tenido
que ser suplido por el voluntariado y las entidades sociales, que cumplen
estos objetivos. Esto es muy grave.

Y, pactos de extraños, no. Hay una firme voluntad de intentar que
en la próxima legislatura no gobiernen ustedes.

Gràcies, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señora presidenta.

Después de escuchar a la portavoz del Grupo Popular decir no a
ello, yo diría: no, no a ello.

Señorías, el voluntariado lo es en una actividad, en la que sea, y
por lo tanto, lo es en un sector de la actividad y de la vida de una
sociedad. Puede ser voluntariado en temas sanitarios, puede ser
voluntariado en temas culturales, puede ser voluntariado en temas
turísticos, puede ser voluntariado en temas de cooperación exterior o
puede ser voluntariado en temas de defensa; por consiguiente, el
voluntariado está vinculado a una actividad. Y, si aceptamos —no
nos queda más remedio porque está aceptado en la Constitución y en los
estatutos de autonomía— que la sanidad, o los servicios sociales o
el ocio y el tiempo libre son competencias exclusivas de las comunidades
autónomas —por lo menos de la comunidad autónoma vasca—, el
Estado no puede regular el voluntariado en esas actividades que son
competencia exclusiva de las comunidades autónomas, de la vasca y de
todas las demás.

Hablaba de juventud y de la tercera edad. Precisamente esos son
ejemplos en los que hay competencia exclusiva; por lo tanto, no cabe
entrar en ello.

La senadora Capella se ha referido, y se ha citado el
artículo 18.b), a que hay una diferencia entre cooperación y coordinación
—y lo dice el Tribunal Constitucional, no este portavoz que, al fin
y al cabo, solo es un portavoz—. Tanto la cooperación como la
coordinación —esta es una discusión que hemos tenido varias veces,
la semana pasada, por ejemplo, cuando debatimos la Ley de calidad
alimentaria en esta misma sala y yo estaba sentado en este mismo
sitio— constituyen elementos que configuran el principio de
colaboración entre las administraciones públicas. Lo que caracteriza a la
cooperación es la voluntariedad y el ejercicio de competencias de forma
mancomunada, lo que desemboca en la toma de decisiones de forma conjunta,
facilitando el ejercicio de una actividad más eficaz en los asuntos que
afectan a competencias compartidas. Por su parte, en lo que respecta a la
coordinación, el Tribunal Constitucional ha entendido que esta persigue
la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el
conjunto del sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones.
Pero también ha dicho el Tribunal Constitucional que la coordinación
implica imposición, distinta de la voluntariedad propia de las relaciones
de cooperación, ya que conlleva un cierto poder de dirección,
consecuencia de la situación de superioridad en la que se encuentra el
que coordina frente al coordinado. También hay sentencias de dicho
tribunal que recogen esta afirmación. Por eso el alto tribunal concreta
que ello no debe implicar jerarquía puesto que los medios y técnicas de
coordinación deben respetar un margen de libre decisión o
discrecionalidad a favor de las administraciones sujetas a esta
coordinación, sin la cual no puede existir verdadera autonomía. Aquí se
habla de coordinación. Por tanto, hablemos de cooperación y dejemos de
hablar de coordinación, porque la coordinación nos lleva directamente
al 149.1.1 y a la recentralización que tantas veces ustedes niegan, pero
que todo el mundo ve menos ustedes. Es curioso, todo el mundo la ve menos
ustedes. A lo mejor es que no vemos todos bien, pero creo que los que no
están teniendo la mirada como debe de ser son ustedes.

No me gusta meterme en temas económicos, pero, en cuanto a la
disposición final quinta, por la que la ley no puede suponer un
incremento del gasto público, el refranero es sabio, y dice bien
claramente que no hay don si din, y si no hay don sin din es en todos los
aspectos. Bastante es —mucho diría yo— el efecto
multiplicador que tiene el voluntariado con los escasos recursos que
maneja como para que encima, cuando hablamos de una ley de voluntariado
—que se supone que es para fomentarlo—, digamos que no tenga
repercusión presupuestaria. Eso no tiene un pase.

Por tanto, nos reafirmamos en nuestra posición de mantener el veto
y de votar a favor del resto de los vetos de los grupos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra la senadora
Almiñana. (Denegaciones). No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señora presidenta.

En esta comisión hemos visto dos proyectos de ley que se enmarcan
en esta maratón desenfrenada del Ejecutivo de aprobar leyes de forma
precipitada —unos cuarenta proyectos en dos meses y medio—,
una obsesión, a nuestro entender, puesta al servicio del interés
partidista del PP que hace un flaco favor a esta Cámara, al sistema
parlamentario y que afecta a la calidad y a la rigurosidad de los temas
sobre los que deberían versar las normas.

En el anterior proyecto de ley ya hemos denunciado las malas artes
legislativas que utiliza el grupo mayoritario, y no nos cansaremos de
seguirles denunciando. Una vez más, la utilización de su mayoría absoluta
pone al partidismo y a la ideología por encima de la búsqueda de
soluciones para el interés general. Si la ley anterior pretendía
articular a nivel estatal, esta supone una invasión flagrante de las
competencias autonómicas. Para nosotros, la concepción jacobina del
Estado que tiene el Gobierno central y el grupo del PP, su reduccionismo
y la obsesión en recentralizar, hacen que quieran ustedes saltarse el
sistema, tal y como lo veníamos entendiendo, intentando adelgazar hasta
la inanición el Estado de las autonomías. En este proyecto de ley en
concreto, ustedes, con la excusa de modernizar, recentralizan de nuevo.
No pueden evitar una y otra vez hundir el diente en las competencias que
quedan claramente determinadas por ley para las comunidades
autónomas.

El señor Cazalis, respondiendo a unas palabras de la senadora del
Grupo Popular, ha comentado que, efectivamente, durante mucho tiempo lo
único que queríamos era realizar aquellas competencias que nos tocaban
para poder dar respuesta a lo que nos pedían los ciudadanos de nuestros
territorios. Durante mucho tiempo así ha sido, y había una cierta paz
política e incluso una cierta paz jurídica. Pero de un tiempo a esta
parte, en lugar de estar hablando de cómo realizamos estas competencias o
de cómo buscamos soluciones para optimizarlas, nos vemos defendiendo una
y otra vez competencias que tendrían que estar ya más que consolidadas,
más que aprendidas por todo el mundo y más que identificadas las que le
tocan a cada uno. En este sentido, debo decir a la senadora que decía que
queríamos más competencias que nosotros hasta ahora solo queríamos poder
desarrollar tranquilamente las que teníamos para dar respuesta a lo que
nos iba surgiendo. Pero, senadora, le digo abiertamente que ahora no solo
queremos defender las que tenemos mientras estemos en este sistema, sino
que además aspiramos a un sistema en el que las podamos tener todas.

Por otro lado, en este afán de control, en lugar de facilitar el
desarrollo de la labor del voluntariado y aportar soluciones a sus
problemáticas, ustedes encorsetan, tipifican y mutilan —lo he dicho
ya— la capacidad de que aquel se desarrolle con el oxígeno y el
recorrido que necesita por ser justamente una labor —la que se
desarrolla en el voluntariado— que pretende dar una respuesta lo
más inmediata posible a las situaciones que puedan suceder —y que
de hecho tienen lugar— al margen de la capacidad que se tenga para
recogerlas o tipificarlas. La realidad, señorías, siempre irá por
delante, se genera con anterioridad a la norma.

En Cataluña —ya nos hemos referido a ello— el
voluntariado tiene no solo mucho recorrido, sino que además su labor
viene desarrollándose con éxito; ustedes lo saben. ¿Por qué quieren negar
lo evidente? ¿Para qué modificar lo que ha venido funcionando, como he
dicho, con paz social, política y jurídica hasta la fecha? ¿Quizá esta
obsesión por limitar lo que se desarrolla sin problema pueda esconder una
pretendida conciencia de frustrar algunos éxitos para justificar una
ideología que se centra en una concepción uniformizadora y
antiautonomista del Estado?

Señorías, se ha hablado mucho últimamente —y se han hecho
llamamientos— del cumplimiento de la ley. En Cataluña no hemos
incumplido leyes, hacemos propuestas para facilitar la vida a los
ciudadanos con los recursos económicos, políticos y administrativos que
tenemos. Ustedes, en lugar de sumarse a las soluciones o de dialogar,
hablan de diálogo, nos envían al Tribunal Constitucional y luego ustedes
no predican con el ejemplo e incumplen reiteradamente las sentencias que
no les gustan de los tribunales o les dan un rodeo por si en el despiste
pueden continuar con la suya.

Nos reiteramos en el contenido de nuestro veto y votaremos a favor
del resto de los vetos. Rechazamos esta ley por ser una ley exprés que,
más que aportar, lanza al voluntariado —como si ya no tuviera
bastantes complicaciones— a un escenario de incerteza legislativa y
competencial que sin duda va a estar lleno de litigiosidad.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora
Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, debatimos hoy el Proyecto de ley del voluntariado. Se
trata de una ley necesaria y demandada por los colectivos interesados.
Transcurridos casi veinte años desde que se aprobó la actual Ley 6/1996,
de 15 de enero, esta había quedado en muchos aspectos desfasada o
superada por la realidad. Me llama la atención que, estando todos los
grupos de acuerdo en la necesidad de abordar esta ley, al final vaya a
ser aprobada —mucho me temo— sin tener en cuenta ninguna de
las enmiendas que hemos presentado los grupos parlamentarios
—excepto una transaccional que nuestro grupo no va a firmar—
y con cinco vetos. Llama la atención, pero hemos oído a su portavoz decir
que era una ley consensuada, dialogada con las comunidades autónomas, con
la Federación Española de Municipios y Provincias y con el sector del
voluntariado. La verdad es que llama la atención.

Coincido en muchísimas de las cuestiones que han puesto de
manifiesto los portavoces de los grupos de la oposición. No entendemos la
necesidad de aprobar leyes importantes y necesarias de forma prematura,
sin el diálogo suficiente y sin ser capaces de consensuarlas. Nos ha
pasado con la Ley del tercer sector y nos pasó en el Pleno anterior con
la Ley de la infancia y de la adolescencia. Estábamos todos de acuerdo en
que eran leyes necesarias, pero fíjense ustedes la capacidad que tiene el
Grupo Popular, que, siendo todos conscientes de que son necesarias, se
queda solo. Yo creo que tendrían que hacer una reflexión importante de lo
que está pasando, de lo que ustedes están haciendo y de la incapacidad de
llegar a consensos en leyes fundamentales e importantes, reivindicadas
por los grupos de la oposición y sobre todo —lo más
importante— reivindicadas por la ciudadanía.

Desde que se aprobó la Ley 1996 se han aprobado cuatro planes
estatales del voluntariado, quince normas autonómicas de voluntariado de
primer orden y un número muy significativo de disposiciones de rango
inferior. También se han aprobado estrategias del voluntariado —la
última, 2010-2014—, con unos objetivos muy importantes, de los que
solo mencionaré uno: prestar apoyo técnico y económico a las iniciativas
de formación de las personas que trabajan en el voluntariado. ¿Me pueden
decir cómo casa esto con la disposición final quinta en la que ustedes
especifican que esta ley no va a suponer más dotaciones económicas? Me
gustaría que me lo dijeran.

Señorías, es verdad que el voluntariado, al igual que otras formas
de asociacionismo y participación social, fomenta la ciudadanía activa y
genera un compromiso por la protección del bien común y la solidaridad,
al tiempo que alienta el sentido de pertenencia —todos componentes
esenciales de la cohesión social—. El CES reconoce la importante
contribución social del voluntariado y valora positivamente el propósito
de impulsarlo y conferirle mayor reconocimiento social. Ahora bien, ¿qué
dice también el CES? En opinión del CES, resulta contradictorio con las
previsiones contempladas tanto en la memoria del anteproyecto, en la que
se vincula su aplicación a un impacto presupuestario nulo, como en la
disposición final quinta, que establece que las medidas incluidas en esta
norma no podrán suponer incremento del gasto público. Tales previsiones
no resultan coherentes con una apuesta decidida por el voluntariado. Lo
dice el CES y ustedes lo obvian. Ustedes no es que no hagan caso a lo que
les dicen los grupos políticos de la oposición, es que tampoco hacen caso
y obvian las recomendaciones del CES —del Comité Económico y
Social—.

Señorías, es verdad —y se ha dicho aquí, pero yo voy a
insistir— que, según informes del CIS, hay cerca de 12 millones de
personas voluntarias en España, de las cuales 6,5 millones —el 17 %
de la población— han sido voluntarias, dato que nos deja lejos de
la media europea, que sitúa a la eurozona en un 30 %, y del grupo de
países con mayor participación en actividades de voluntariado
—Holanda, con el 57 %, o los países nórdicos, con en torno
al 40 %—.

Respecto a las funciones de los voluntarios, podemos destacar que
el 46,5 % dedica su actividad a la acción social; el campo
medioambiental, incluida la protección de los animales, es también de los
más frecuentes pues el 42,2 % de las personas actúan en ese ámbito,
seguido por el de la educación y la cultura —el 33,9 %— y el
de la salud —el 31,5 %—. ¿Por qué digo esto? Porque la acción
solidaria de la ciudadanía no puede ser utilizada como un instrumento de
sustitución de las actuaciones que el Gobierno está dejando de realizar,
sobre todo y específicamente en el ámbito social. El voluntariado no
puede convertirse en el sustituto de la dejación de funciones que está
haciendo el Gobierno. Las portavoces que me han precedido en el debate
tanto de la Ley del tercer sector como de esta apelan a esa agenda social
del Gobierno, y solamente se refieren al periodo 2008-2011. Pero ustedes
están gobernando desde 2011 hasta 2014. Y en esa agenda social del
Gobierno ¿me quieren decir qué pasa con los 730 000 hogares que no tienen
ningún tipo de ingreso, o con que somos el país europeo con mayor índice
de pobreza infantil, o con el alarmante aumento de la pobreza y exclusión
social, que se debe —les guste a ustedes o no les guste— a
los recortes que han implantado? En estos momentos, creo que deberían
releerse —como les he dicho en muchísimas ocasiones, y siempre que
tenga la oportunidad, lo continuaré diciendo— los informes de Cruz
Roja, los informes de Unicef, los informes de Save the Children,
etcétera. Por lo tanto, ustedes, el Gobierno del Partido Popular, han
hecho unos recortes como no se habían hecho en la historia de nuestro
país, les guste o no les guste.

Y cuando su señoría habla de las facturas en los cajones
—también lo he dicho muchas veces—, ¿a qué se refiere, a la
Comunidad Valenciana, que es la que más facturas tenía en los cajones
—tengo aquí la respuesta del Gobierno y se la puedo enseñar—,
o se refiere a cuando la Comunidad Valenciana escondió las facturas en
los cajones y la Unión Europea ha puesto una denuncia y ahora tenemos que
pagar 19 millones de euros? ¿Se refiere a eso? (El señor Aguirre Muñoz:
¿Y Andalucía?) No se preocupe usted, ahora lo diré, que yo vengo con
datos. Si podemos dialogar mutuamente, dialogamos, yo tengo aquí las
respuestas del Gobierno. ¿O se refiere a los 40 000 millones de euros de
déficit que nos han dejado en la Comunidad Valenciana? ¿Esa es la agenda
social del Partido Popular? No, señorías, estamos hablando de la Ley del
voluntariado, pero ustedes han hablado de las facturas en los cajones, y
por eso yo he sacado el tema, porque me han dado pie, porque usted ha
hablado de las facturas en los cajones cuando hablábamos del Proyecto de
ley del tercer sector —que está muy vinculada al proyecto de Ley
del voluntariado, porque no olvidemos que el tercer sector hace
voluntariado también—. Por lo tanto, está muy vinculado, y usted me
ha dado pie a que yo hable de las facturas en los cajones.

Concluyo diciendo que este proyecto de ley no puede suponer un
retroceso en los derechos que tienen todas las personas a poder
participar. Esta ley no puede frenar el impulso normativo que necesita el
sector para seguir creciendo. Y, por último —ya lo ha dicho el
CES—, con relación al gasto, es inviable el despliegue de las
disposiciones previstas en el proyecto de ley sin un incremento del gasto
público; ello supone que algunas de las medidas no se podrán llevar a
cabo.

No hemos presentado veto, pero ello no quiere decir que estemos de
acuerdo con este proyecto de ley. Lamentamos profundamente que el Grupo
del Partido Popular no haya sido capaz de llegar a consensos, de dialogar
y de entre todos poder mejorar este proyecto de ley. Por lo tanto,
estando totalmente de acuerdo en que era necesaria una adaptación a la
realidad actual, nuestro grupo se va a abstener en los vetos y, en el
proyecto de ley —aunque no nos han dicho nada, pero no nos
aceptarán ninguna enmienda—, les adelanto que también nos
abstendremos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, senadora
Mendiola.

La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario Popular lamenta sinceramente que piensen
que esta norma vulnera flagrantemente las competencias de las comunidades
autónomas, que consideren que supone una descarada e inaceptable invasión
competencial y, en definitiva, que crean que supone una injerencia del
Estado en las competencias autonómicas.

El Gobierno ha planteado una nueva ley elaborada desde la
participación —sí, señora Llinares, una ley elaborada desde la
participación—. Este proyecto de ley se ha elaborado teniendo en
cuenta no solo la opinión de las comunidades autónomas, de la Federación
Española de Municipios y Provincias, de los departamentos
interministeriales, de órganos consultivos y de expertos en la materia,
sino también con la de las entidades sociales y con las personas
voluntarias, actores principales de este proyecto de ley, y, por
supuesto, desde el respeto competencial. Por tanto, senadora Llinares,
son ustedes los que tienen que reflexionar y explicar por qué no están
ustedes a favor de las entidades sociales y de las personas
voluntarias.

Señorías, les guste o no, como muy bien ha explicado la senadora
Dueñas, el proyecto de ley no desestructura ni supone una injerencia en
las competencias de las comunidades autónomas, por el contrario, es
plenamente respetuoso con el escenario de competencias compartidas que ha
fijado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 31/2010, de 28 de
junio, y tampoco pretende imponer un modelo común. De hecho, el proyecto
de ley declara el pleno respeto a las competencias de otras
administraciones, describe aquellos ámbitos de cooperación —sí,
señor Cazalis, de cooperación— en los que es posible su
intervención, sin que esta suponga en modo alguno una dejación o invasión
de competencias de unas administraciones a otras. El proyecto de ley no
pretende en modo alguno recentralizar o estatalizar el voluntariado, sino
mejorar su eficacia, contando con que las diferentes administraciones
públicas coinciden en ese núcleo esencial y pueden actuar conjuntamente
en los ámbitos de cooperación descritos, que, como se ha señalado, no se
discuten.

Senadoras Capella y Llinares, ustedes, hablando de la burbuja
inmobiliaria, hablando de recortes han perdido un tiempo precioso para
hablar del voluntariado, que es de lo que estamos tratando en esta
ley.

Señorías, lo que sí hace este proyecto de ley es dar respuesta a
las necesidades de 6 millones de personas que desarrollan actividades de
voluntariado en España. Desde la aprobación de la ley vigente, que data
de 1996, el contexto ha cambiado de forma importante. El voluntariado ha
evolucionado, y en 2015 el voluntariado tiene un nuevo perfil con mayor
presencia de personas jóvenes, jubiladas o desempleadas, con nuevas
formas de acción como, por ejemplo, la virtual, y con nuevos ámbitos,
como el de tiempo libre, o con nuevos actores, con la implicación de
empresas de universidades; y también tienen nuevas y diversas
motivaciones.

Trascurridos más de diecinueve años desde su entrada en vigor, era
necesario avanzar con una nueva legislación que respondiera a la
dimensión y necesidades de esta nueva participación ciudadana. El
Gobierno ha planteado una nueva ley elaborada desde la participación,
donde ha existido un diálogo fluido con las propias entidades del tercer
sector y con las comunidades autónomas. La ley regula el núcleo esencial
de la acción voluntaria, abriéndola a sus diversos ámbitos; recoge el
marco jurídico de las entidades de voluntariado; regula los derechos y
deberes de las personas voluntarias y también de las personas
destinatarias; establece el marco de cooperación de las administraciones
públicas; y fomenta y reconoce la acción voluntaria dando entrada a
nuevos actores que ya están desarrollando acciones de voluntariado, como
las empresas y como las universidades.

Son numerosas las novedades de este proyecto de ley. Una auténtica
novedad es fomentar la participación del voluntariado a lo largo de toda
la vida y en cualquier circunstancia. Para ello se garantiza la igualdad
en el acceso al voluntariado de las personas en situación de dependencia,
además de las personas con discapacidad y de las personas mayores, y
asimismo en los formatos adecuados y en las condiciones acordes a sus
circunstancias y capacidades personales. Por primera vez se recoge el
voluntariado de menores, desde la edad de 12 años, como una vía para el
aprendizaje de la solidaridad y de su compromiso con el entorno. De
hecho, los menores de 16 años participarán en iniciativas de voluntariado
si cuentan con la autorización de sus padres o tutores legales, y siempre
y cuando no perjudique su formación integral o su desarrollo
—entre 16 y 18 años también necesitan la autorización de padres o
tutores—.

La ley introduce determinadas restricciones a la participación
desde el interés y protección de las personas destinatarias de la acción
voluntaria. Por ello, en programas dirigidos a menores no podrán
integrarse las personas condenadas en sentencia firme por delitos contra
la libertad sexual, trata y explotación de menores. Además, respetando la
autonomía de las entidades de acción social, se protege a los
destinatarios en los supuestos de personas con antecedentes por delitos
de violencia de género o doméstica, que no podrán formar parte de
programas que supongan contacto con familias, mujeres o jóvenes, ni
tampoco las personas condenadas por tráfico ilegal de personas y
terrorismo.

La norma, además, propicia la creación de un marco de cooperación
entre las diferentes administraciones públicas como el mejor instrumento
para el fomento del voluntariado, sin alterar con ello la distribución
competencial en esta materia.

En definitiva, como muy bien ha afirmado la senadora Dueñas, esta
es una ley respetuosa con los ámbitos competenciales de las
administraciones, que da respuesta al compromiso de todos —del
Gobierno, de las comunidades autónomas, de las entidades—, que
mejora una norma vigente y que nos permite seguir avanzando en
solidaridad ciudadana hacia una sociedad moderna y participativa, como la
española.

Por esto, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de
los vetos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Procedemos a la votación de los vetos.

En primer lugar, votamos el veto número 1, del senador Iglesias
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 4; en contra, 16; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos el veto número 2, de la senadora Capella i Farré, del
Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 4; en contra, 16; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos el veto número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura
Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 4; en contra, 16; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos el veto número 3, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 4; en contra, 16;






abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Por último, votamos el veto número 5, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 4; en contra, 16; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Señorías, pasamos al debate de las enmiendas.

Se han presentado ochenta y dos enmiendas y ha habido una
corrección de errores del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda
número 52.

Comenzamos con la defensa de las enmiendas del senador Iglesias
Fernández, números 1 a 9.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señora presidenta.

Las doy por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Enmiendas números 10 a 17, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado. Tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señora presidenta.

En principio, las doy por defendidas porque los argumentos, como
en el caso de la ley anterior, son esencialmente competenciales. Pero me
gustaría hacer una salvedad respecto a la enmienda número 12 al
apartado 1 del artículo 6, relativa a los ámbitos de actuación del
voluntariado. Dice: «Se consideran ámbitos de actuación del
voluntariado...» y se especifican desde la letra a) hasta la letra j), es
decir, diez tipos de voluntariado diferentes. Nosotros no nos negamos a
que todo el voluntariado sea considerado en esta norma, lo que proponemos
es centrar el voluntariado en aquello en lo que es competente el Estado
—lo vuelvo a repetir—, y no es competente en el voluntariado
social, no es competente en el voluntariado educativo, no es competente
en el voluntariado sociosanitario, en el voluntariado de ocio y tiempo
libre o en el voluntariado comunitario. Incluso aceptamos dos enmiendas
que han presentado Entesa y el Grupo Parlamentario Socialista sobre otros
dos tipos nuevos de voluntariado, que en este momento no recuerdo
exactamente.

Por tanto, no se trata de negarse a aceptar el proyecto de ley,
sino de que este se circunscriba a lo que se tiene que circunscribir. Eso
es lo que nosotros pedimos con nuestras enmiendas y esperamos que el
resto de los grupos, incluyendo el grupo mayoritario —estoy
seguro—, voten a favor.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Cazalis.

Para la defensa de las enmiendas 18 a 39 y 40 a 48, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la
senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, no me voy a entretener en evaluar las dos
características del proyecto de ley que les están haciendo famosos en las
últimas leyes que nos han presentado, que son, sin duda, la falta de
presupuesto y la invasión de competencias. (El señor vicepresidente,
Fernández Pérez, ocupa la Presidencia). Prefiero hacer una valoración
general en el turno de portavoces, especialmente sobre algunos
comentarios efectuados en el turno anterior.

Hemos presentado un grupo de enmiendas con las que intentamos
esclarecer claramente la línea entre el empleo y el voluntariado, porque
el texto que ustedes pretenden aprobar hoy es un poco difuso; pensamos
que estas incorporaciones no cambiaban el sentido del texto pero sí
clarificaban muy bien lo que es empleo y lo que es voluntariado.

Ustedes proponen un voluntariado sociosanitario pero, señorías, la
gente no sabe lo que es sociosanitario ni tampoco los voluntarios. O son
sociales y, por tanto, les formamos y les damos instrumentos para que
hagan un voluntariado social, o son sanitarios, con distintas opciones.
Lo que no son es sociosanitarios, y no nos podemos permitir confundir aún
más las cosas en el texto legal, cuando en ningún momento se altera la
ley, sino que se clarifica.

Hay un grupo de enmiendas, las números 25, 26 y 27, en las que
proponemos otro tipo de voluntariados emergentes, que no son considerados
porque no están establecidos, pero que en un futuro serán importantes y
que, además, han demandado los grupos de voluntarios.

Por último, en las enmiendas 20, 29 y 33 proponemos la
modificación del apartado IV del preámbulo, del artículo 8.5 y del
artículo 14.4. Son modificaciones puntuales pero importantes; por
ejemplo, en el caso de personas que hayan vivido una situación puntual o
de pérdida de libertad, la reinserción social pasa por el voluntariado.
Por tanto, nos parece correcto que la ley prevea que a partir de ahora
las personas que hayan cometido un tipo de delito concreto no estén en
contacto con los niños ni con las mujeres, pero creemos que tiene que ser
una excepción para otro tipo de presos, porque el voluntariado social ha
demostrado ser un mecanismo potente. No entendemos por qué no se ha
podido hacer esa concreción para facilitar la regulación en este caso y,
como saben, en el tema de prisiones es importante la reinserción
social.

Y nos ha sorprendido una cosa que ya habían hecho con anterioridad
pero que no hacían desde hace tiempo, que es poner algo que no viene al
caso y que vuelven a hacer en esta ley. Pretenden modificar el Estatuto
marco de los profesionales sanitarios teniendo en cuenta para las pruebas
de selección el tiempo que hayan ejercido como voluntarios. Esta es una
cuestión complicada que hay que valorar, pero que no hay que incluirla en
una ley que para nada recoge cómo afectará la acción del voluntariado a
las estructuras curriculares de los funcionarios de otras prisiones. ¿Por
qué lo hemos de considerar personal sanitario? ¿Qué tiene de distinto el
personal sanitario que no tenga el personal de otra administración? Es un
tema que hay que valorar, quizá sea adecuado, pero la verdad es que no
tenemos un criterio claro a este respecto; sabemos lo que piensan los
estatutarios, pero tenemos claro que no se puede incluir en una ley
porque no se trata de un grupo, hay muchísima gente que hace voluntariado
de distintas formas, por ejemplo, los médicos a veces ejercen el
voluntariado yendo a otros países y otras personas ejercen el
voluntariado en las cárceles de nuestro país, y es igual de importante.
No vamos a distinguir distintas profesiones porque no tiene que incluirse
en esta ley. Por eso pedimos que se supriman estas dos disposiciones
finales.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Pérez): Muchas gracias,
senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero para defender las
enmiendas 71 a 82.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió ha presentado doce enmiendas, que voy a dar por defendidas.
Tanto en el Congreso como en esta Cámara hemos aportado cuestiones
técnicas y matices para mejorar la actividad del voluntariado.
Aportaciones concretas, como reforzar que el voluntariado en ningún caso
pueda suponer sustitución de puestos de trabajo, especialmente en la
función pública, como pedimos en nuestra enmienda 71; no compartir la
regulación del voluntariado en los menores de 16 años, recogido en otra
de nuestras enmiendas; o que la contratación de una póliza de
responsabilidad civil sea necesaria en todo caso y no solo cuando la
norma obligue a ello, recogido también en dos enmiendas. También hacemos
propuestas que se adaptan a la experiencia y a la realidad para facilitar
el voluntariado en algunos casos, como la ampliación del permiso y
prórroga del personal del Sistema Nacional de Salud en caso de emergencia
humanitaria. Es nuestra enmienda 79, que se ha recogido en una
transaccional.

El Grupo de Convergència i d’Unió ha hecho un esfuerzo por
encontrar una solución para alcanzar el consenso, consenso que se pierde
respecto de la Ley de 1996. Pretendemos que el proyecto se ajuste al
marco competencial vigente, en el sentido de que esta norma afecte a las
entidades de carácter supraautonómico, de carácter estatal y que sea
supletoria respecto a la normativa autonómica. Para ello hemos presentado
también dos enmiendas.

Asimismo, como ya hemos señalado, en Cataluña hay un modelo de
voluntariado del que estamos orgullosos, que funciona. Se desarrolla
desde 1991, con la creación del L’Institut Català del Voluntariat,
sin necesidad de una ley o una norma tan intervencionista y reglamentista
como la que se nos propone y pensamos que esta norma limita este modelo
de voluntariado catalán. En este sentido, también hemos presentado tres
enmiendas.

Hemos hecho un gran esfuerzo a la hora de hacer aportaciones,
tanto en el trámite del Congreso como aquí en el Senado, pero mi grupo no
podrá apoyar este proyecto de ley mientras el tema competencial no quede
solucionado. Eliminen el carácter básico que han introducido, acepten
nuestra enmienda 81 y conseguirán que cambie el sentido de nuestro voto.
Llevamos años sin litigios y no nos habíamos referido en ningún caso al
artículo 149.1 de la Constitución. Hasta ahora, señorías, esto no nos
había hecho falta para que el voluntariado se desarrollara sin más
problemas que los que le van sobreviniendo por la dificultad de
sobrevivir en estos tiempos tan complicados y ser solventes. Hemos
presentado estas enmiendas para que se pueda regresar al consenso
respecto al modelo competencial que nos dio la Ley de 1996.

Les pedimos también, a través de nuestras enmiendas, que no
regulen tanto el voluntariado por ser una realidad que está cargada de
espontaneidad, de reacción ante la necesidad, de respuesta inmediata a
problemas reales que no se programan; es una realidad que, como ya les he
dicho, va siempre por encima de la capacidad de legislar. No la
encorseten, no le quiten ese espacio, limítense a acompañar y resolver
sus necesidades. En este sentido, tenemos una doble problemática: por un
lado, ustedes quieren tipificar en exceso y, por otro lado, tipifican
voluntariados en materias que no les competen. No creen un marco de
confusión, no regulen tipos porque se les irán generando más tipos que no
estarán regulados e igual tendrán que ir sucediendo. Además, no pueden
ustedes regular sobre temas sociales, educativos, sanitarios, de ocio y
tiempo libre —ya se ha referido a ello el senador Cazalis en la
enmienda 12 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos—.

El voluntariado es la expresión máxima de la madurez y la
participación democrática, es una expresión de generosidad en sí misma.
Las sociedades libres y prósperas tienen compromisos con el voluntariado
como garantía de participación de cualquiera en lo de todos por el bien
común. Cataluña ha defendido siempre, y queremos que continúe siendo así,
el compromiso voluntario expresado en iniciativas que suman por el
interés general, simplemente a iniciativa de los ciudadanos. Así es y
debe ser para nosotros la expresión máxima de libertad y participación.
Para ello, además de voluntad política y respeto competencial, señorías,
también hacen falta recursos. Por ello, nuestra última enmienda también
denuncia esta contradicción entre las medidas propuestas y la
imposibilidad de disponer de los recursos necesarios para llevarlas a
cabo.

Estas son algunas de las enmiendas a las que me he referido. Solo
hemos podido transar una enmienda que, de hecho, ya presentamos en el
Congreso. Lo digo porque normalmente a los grupos de la oposición se nos
acusa de repetir las enmiendas del Congreso en el Senado y, en este caso,
como en tantos otros, ha sido una suerte, tanto para el Grupo Popular,
como para nosotros, como para el sector del voluntariado, que así haya
sido porque en este trámite del Senado —en el Congreso no pudo
ser— hemos subsanado una pequeña cuestión que es importante para
este tipo de voluntariado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Pérez): Muchas gracias,
senadora Rivero.

Para defender las enmiendas 49 a 70, por el Grupo Socialista,
tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado veintidós
enmiendas, veintidós propuestas para mejorar el texto. Insisto en que nos
han dicho que es un texto consensuado y participado. De las veintidós
enmiendas que hemos presentado no nos consta que el Grupo Parlamentario
Popular nos vaya a aceptar ninguna.

La enmienda 53 hace referencia —ya lo hemos dicho
anteriormente— a que el voluntariado en ningún caso puede suponer
la sustitución de puestos de trabajo, especialmente cuando hablamos del
voluntariado en el ámbito de la Administración pública. La gran tentación
de las administraciones públicas en las políticas de voluntariado es
sustituir trabajadores remunerados por voluntarios y la enmienda va en
ese sentido.

También hemos presentado otro grupo de enmiendas en las que se
hace referencia a los ámbitos de actuación del voluntario, que podíamos
no haber entrado a definirlas pero, ya que había un número considerable
de ámbitos de actuación, en las enmiendas 54, 55, 56, 57 y 58 hemos
considerado importante la definición del voluntariado educativo, la
voluntad de donación, el voluntariado de divulgación científica o el
voluntariado de defensa de los derechos humanos.

En las enmiendas 61 y 62 también coincidimos con otros grupos
parlamentarios. Pedimos suprimir la mención que se hace a tener otra
garantía financiera, además del seguro del voluntariado. No entendemos
por qué estas enmiendas no son aceptadas.

En las enmiendas 65 y 66 pretendemos una mejor delimitación del
ámbito de intervención de las universidades, pudiendo establecer fórmulas
de reconocimiento público de las acciones del voluntariado realizadas por
sus estudiantes.

En las enmiendas 68 y 69 solicitamos la supresión de la
disposición adicional tercera y disposición final primera porque
entendemos que esta ley no es la adecuada para regular lo que se
pretende, que se modifique el Estatuto marco del personal estatutario de
los servicios de salud. Es verdad que en muchísimas leyes de referencia
no sanitaria introducen enmiendas del ámbito sanitario. Nosotros creemos
que esta ley no es la adecuada para regularlo, sin entrar a valorar en el
fondo lo que dicen esas disposiciones.

La enmienda 70, a la que ya hemos hecho referencia, hace mención a
la disposición final quinta en la que se establece que esta ley no puede
generar gastos. Ustedes se empeñan en decir que se puede hacer más con
menos y, desde luego, eso es totalmente imposible. Insisto, eso lo
decimos nosotros —como le he dicho en el debate de los vetos—
y también lo dice el Comité Económico y Social. No es posible y, además,
se lo vuelvo a repetir. Muchas de las medidas no se podrán llevar a cabo,
tal y como refleja el informe del Consejo Económico y Social en sus
observaciones generales, donde especifica que, aunque las actividades de
voluntariado no sean remuneradas, no cabe obviar el coste económico que
conlleva su impulso en sus distintas formas, ya que el asesoramiento, la
financiación de estudios y campañas de promoción, la puesta a disposición
de las correspondientes infraestructuras, etcétera, sí suponen que haya
presupuesto específico, y ustedes continúan negándolo. Pues muy bien, muy
bien, pero esa no es la realidad, no se puede poner en marcha una ley en
la que se diga que eso no va a suponer aumento del gasto público.

Vuelvo a insistir en lo mismo que he dicho cuando he intervenido
en el debate de los vetos, es llamativo que estando todos los grupos de
acuerdo en adecuar la actual ley, al final solamente se apruebe con los
votos de su mayoría absoluta: rodillo del Partido Popular. Por eso creo
que valdría la pena, como les ha dicho algún portavoz, que, si no
quieren, retiren la ley y empecemos de nuevo para que salga una ley
acorde a las necesidades actuales y reales con lo que está demandando la
ciudadanía y, si no, al menos hagan un esfuerzo para aprobar muchas de
las enmiendas que ha presentado en este caso mi grupo, pero también otros
grupos de la oposición que, sin lugar a dudas, mejoran el texto de la
ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Pérez): Muchas gracias,
senadora Llinares.

Tiene la palabra para el turno en contra la senadora Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, paso a fijar la posición de mi grupo a las enmiendas
planteadas por los diferentes grupos parlamentarios a este Proyecto de
Ley del voluntariado.

En cuanto a la enmienda número 1 del senador Iglesias, que
coincide con las enmiendas 18 y 40 de la Entesa y 49 del Grupo Socialista
que plantean la desaparición de la referencia expresa a los misioneros en
el preámbulo, se rechazan, en primer lugar, por la existencia de un
acuerdo en tal sentido con la Conferencia Episcopal española, pero lo que
es más importante, porque el Grupo Parlamentario Popular entiende que es
de justicia reconocer la generosa y entregada labor de los voluntarios
misioneros españoles en cualquier parte de nuestro país y del mundo.

Las enmiendas 8 del senador Iglesias y 47 de la Entesa, que se
refieren a los trabajadores de las empresas que participen en programas
promovidos por entidades de colaboración, se rechazan básicamente porque
la propuesta en sí ya está recogida en el mismo artículo 21.2 del
proyecto de ley.

La enmienda número 10 del Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco,
al artículo 1.c., no la podemos admitir, senador Cazalis, porque la
redacción del precepto no solo no supone una extralimitación
competencial, sino que, contando con las competencias del Estado y de las
comunidades autónomas, describe los ámbitos de cooperación entre ambas
administraciones.

La enmienda número 12, que usted reseñaba al artículo 6.1,
igualmente no la admitimos porque, como bien sabe, la Ley de 1996, al
referirse a las actividades de interés general, incluía ya alguna de esas
materias. En estas materias y en todas se busca —como bien sabe y
si no se lo digo— la cooperación de las administraciones, ello
siempre sin rebasar el ámbito competencial.

La enmienda 17, también del PNV a la disposición final cuarta, que
coincide en su planteamiento con la 81 de CiU, no la podemos aceptar
porque esta ley, a pesar de que lo hemos reiterado a lo largo del
desarrollo de esta comisión, se dicta al amparo del artículo 149.1.1 de
la Constitución Española y cualesquiera otros en los que el Estado tenga
reconocida constitucionalmente su intervención en los ámbitos de
actuación del voluntariado, siempre respetando, reitero, el ámbito
competencial de cada Administración.

Igualmente, y respecto a las enmiendas 18 a 48 de la Entesa, la
enmienda 20 al cuarto párrafo del apartado IV del preámbulo, igual que la
enmienda 41 también de la Entesa y 51 del Grupo Socialista que solicitan
considerar objetivos de inserción en procesos penales, se rechazan habida
cuenta de que ya se han considerado en la nueva redacción del
artículo 14.4, argumento este que también es válido para rechazar lo
recogido en las enmiendas 29 y 43 de la Entesa y 60 del Grupo
Socialista.

Las enmiendas 23 a 27 de la Entesa y 54 y 58 del Grupo Socialista
no las podemos admitir, señorías, dado que la redacción del artículo 6
sobre los ámbitos de actuación no lo impide, dado que el proyecto de ley,
como bien saben, habla de «entre otros», siempre y cuando se respete,
como es lógico, el concepto valores, principios y dimensiones de la
acción voluntaria que establece el proyecto de ley.

Las enmiendas 37 de la Entesa y 68 del Grupo Socialista, que
plantean la supresión de la participación del Sistema Nacional de Salud
en emergencias humanitarias, no las podemos aceptar porque el objetivo de
este proyecto de ley es establecer un marco jurídico que permita encauzar
la actividad que de manera altruista llevan a cabo los ciudadanos, y el
personal sanitario del Sistema Nacional de Salud no solo participa de esa
condición de ciudadano, sino que además, por su cualificación y práctica
profesional, puede aportar un valor añadido a la cooperación. La
regulación del permiso en esa enmienda que ha sido transaccionada sobre
la base de la enmienda de CiU facilita la movilización del personal
sanitario y mejora la respuesta sanitaria de la cooperación española a
las emergencias humanitarias.

También queremos manifestar nuestro voto en contra a la supresión
de la modificación del Estatuto marco del personal estatutario de los
servicios de salud que recoge la Entesa en su enmienda 38 y el Grupo
Socialista en la enmienda 69 porque, señorías, la regulación básica que
se reserva el Estado no agota las competencias de desarrollo y la
capacidad de negociación con sus respectivos agentes sociales y órganos
de representación constituidos, como saben, en el ámbito de las
administraciones autonómicas. Los aspectos regulatorios de carácter
básico dejan espacio para la concreción, por la vía de la negociación, en
las mesas sectoriales correspondientes. Todo ello permitirá hacer
compatible la observancia de la especificidad y diversidad en el ámbito
de un servicio de salud con la necesidad de articular un sistema
homogéneo de valoración de méritos.

Partiendo, reitero, del absoluto respeto al ámbito competencial
que defendemos, mostramos también nuestro rechazo a la enmienda número 77
que pretende suprimir el artículo 12 del proyecto de ley sobre la base de
que la regulación contenida en este es excesivamente intervencionista.
Señorías, lo recogido en el artículo 12, que regula las relaciones entre
personas voluntarias y la entidad de voluntariado, no es en absoluto
intervencionista, sino que confiere, a nuestro juicio, seguridad a la
entidad y a la persona voluntaria, a la vez que sirve para delimitar la
actividad del voluntariado y otras que se puedan realizar. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia).

Respecto a las enmiendas que cuestionan la viabilidad económica,
que ha sido un tema ciertamente debatido y que lógicamente respeto en sus
planteamientos, como las números 82 de CiU, 9 del Grupo Mixto del senador
Iglesias, 39 y 48 de la Entesa o 70 del Grupo Socialista, queremos
señalar que el límite del incremento del gasto se justifica, entre otras
razones, por el hecho de que la creación prevista, como reseñé
anteriormente, de los dos órganos, Comisión Interministerial del
Voluntariado y Observatorio Estatal del Voluntariado, no supone más que
reconocer lo que ya existe, a lo que hay que añadir que en ningún momento
se está haciendo en este proyecto de ley referencia alguna a la
minoración o supresión de recursos actualmente previstos para el
voluntariado.

La enmienda 73 de CiU, al artículo 7, que igualmente califica el
contenido de los programas de excesivamente intervencionistas, senadora
Rivero, no la podemos aceptar habida cuenta de que para nada se puede
calificar como tal el hecho de que este proyecto de ley enumere de forma
general el contenido mínimo de los programas.

No compartimos, igualmente, lo recogido en la enmienda 75 de CiU,
al artículo 8.2, que se refiere al ejercicio del voluntariado de los
menores de 16 años y mayores de 12. En este sentido —y ya lo apuntó
en el turno de vetos la senadora Mendiola—, no vemos obstáculo
alguno en que estos jóvenes puedan desarrollar acciones de voluntariado
siempre y cuando cuenten, como es lógico, con la autorización expresa de
su progenitores, tutores o representantes legales. Respecto a esto, como
sabrán sus señorías, existe una tendencia general en otros países y en
diversas comunidades autónomas a fomentar el voluntariado en edades
tempranas, habida cuenta del carácter enriquecedor y pedagógico para
todos y todas las que en ellos participan. Antes me refería a la enmienda
que ha sido transaccionada sobre la base de la enmienda 79 de CiU y que
ha sido firmada también por el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco y
también por el senador Iglesias del Grupo Mixto. Entendemos que es una
enmienda importante, que igualmente ya fue objeto de una transacción en
el Congreso, pero me congratulo de que en esta Cámara hayamos conseguido
mejorar especialmente lo referido a esa ampliación de plazos para esos
voluntarios sanitarios que prestan su generoso trabajo y servicio en esas
emergencias humanitarias.

Concluyo, señora presidenta. Después de casi veinte años ha sido
este Gobierno, sin perjuicio de las aportaciones que han realizado otros
grupos, el que ha considerado necesario adaptar su normativa en materia
de voluntariado a la nueva realidad social.

Considero que esta nueva ley va a mejorar considerablemente la
función altruista y solidaria del voluntariado y, además, los objetivos
que persigue, como las propias entidades han reconocido, van a suponer un
antes y un después para la actividad que desarrolla, objetivos de este
proyecto de ley avalados por el artículo 149 y que respetan la capacidad
normativa y de establecer políticas propias a las comunidades
autónomas.

No quiero concluir sin hacer un breve apunte a la última
intervención de la senadora Llinares. No vamos a entrar a discutir
recortes sí y recortes no porque creo que es un debate que tenemos
bastante agotado, senadora Llinares, pero sí le puedo decir, desde la
absoluta modestia, que a este Gobierno le quedarán muchas cosas por
hacer, pero que desde el primer momento adoptó medidas para luchar contra
la pobreza y la exclusión social de las familias, en especial de aquellas
que tienen hijos a su cargo. Como bien saben, hemos planteado medidas en
todos los campos, recientemente, el Plan integral de apoyo a la familia;
también contemplamos en el Plan nacional de acción para la inclusión
social la creación de un fondo de lucha contra la pobreza que no existía
y cuya dotación hemos ido incrementando a lo largo de estos años; también
hemos priorizado la lucha contra la exclusión y la pobreza infantil en
los programas de subvención a cargo del 0,7. En definitiva, actuamos bajo
la recomendación de la Unión Europea de que invertir en infancia
significa romper el ciclo de desventajas, un ciclo, señorías, que
lamentablemente proviene de una anterior etapa de gobierno en la que, hay
que reconocerlo porque los datos objetivos así lo avalan, se hizo una
mala gestión económica de una grave situación que atravesaba el país. Esa
es una realidad que a todas luces, como digo, es objetiva, aunque yo sé
que a ustedes no les gusta.

Concluyo reiterando en nombre de mi grupo nuestro reconocimiento
al voluntariado y confiando en el voto favorable de sus señorías al
conjunto del proyecto, porque sin ningún género de dudas estamos ante una
ley que no es que beneficie al Gobierno del Partido Popular, sino que
beneficia a los que más lo necesitan en este y en cualquier momento.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?

Tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta.

Para cerrar este turno me gustaría dejar claras dos visiones, y me
gustaría dejárselo claro al grupo de la mayoría, en este caso del Partido
Popular. En primer lugar, esta ley, les guste o no, tiene dos
características: una disposición en la que deja claro que no habrá un
incremento de gasto público para poner en marcha la ley, característica
habitual en sus leyes últimamente, y otra, que invade competencias,
invade el Estatut de Cataluña, el artículo 166, en el que se especifica
que la atención social y el voluntariado, entre otros, son exclusivos de
Cataluña. Esto por un lado.

Por otro lado, si analizamos socialmente cómo es nuestro país
—y me estoy refiriendo, por supuesto, a España—, si
analizamos socialmente qué tipo de voluntariado tenemos o cómo estamos en
el ranking de voluntariado respecto de Europa, veremos que tenemos muchas
cosas que mejorar, básicamente porque, aunque ha aumentado muchísimo el
voluntariado, aún no tenemos los niveles, como ya se ha dicho, que hay en
la media de los países de la Unión Europea y esa es una buena pregunta
que se tenían que haber hecho antes de empezar a legislar, porque el
objetivo final es que todos cambiemos nuestra cultura, entendiendo el
voluntariado como una parte normal de nuestra vida y de contribuir a la
sociedad en un momento determinado de nuestras vidas, porque uno puede
ser voluntario cuando es mayor, cuando es joven, depende de muchas cosas,
pero la mayoría de nosotros no lo tenemos incorporado en nuestra ruta de
vida. Y no vale que ahora me digan que todos han hecho de voluntarios, no
se trata de eso, estamos hablando en general, de una cultura de país, la
misma cultura que se va adquiriendo con el tiempo, como la de pagar
impuestos u otras culturas. Yo creo que esta ley no impulsa que se vaya
instalando esta cultura y creo que es importante que lo tengamos en
cuenta, tendría que haber sido una de las funciones de la ley.

Otra cosa que quería añadir es que a veces, cada vez más, con las
experiencias internacionales —y le voy a hablar del ámbito de la
salud, pero vale para el voluntariado— nos damos cuenta de que
cuando las cosas son un poco más complicadas de lo que parecen las
soluciones locales acaban dando mejor resultado. Eso va por su empeño en
invadir competencias. Por lo tanto, el hecho de homogeneizar no es bueno,
sino que a veces lo que se valora más es que en cada territorio, lo más
cerca de la opción, se den soluciones a medida y serán muy distintas en
Cataluña y Extremadura, pero las dos pueden ser excelentes y
válidas.

Termino con unos comentarios que no me puedo reprimir, senadora
Mendiola. Ya se me ha pasado un poco —usted hace mucho que lo ha
dicho en su intervención—, pero se refería a la oposición del
Partido Socialista —como sabe soy socialista— y decía que no
contamos con los voluntarios ni con las organizaciones sociales. Me ha
parecido que eso era poco adecuado porque no es que unos contemos más que
los otros, es que todos —porque todos somos políticos—, desde
distintas ópticas, contamos con las organizaciones sociales. También nos
ha dicho que no perdiéramos el tiempo hablando —no recuerdo de qué
hablaba la portavoz que estaba interviniendo en ese momento— de
recortes en vez de hablar de la ley. Si contamos todos los minutos que
ustedes y su partido han perdido hablando de Zapatero y de la herencia
recibida, le aseguro que ganábamos, y estoy hablando de todo lo que
llevan de legislatura, que, por cierto, estamos terminándola. Han estado
hablando de eso, que tampoco mejoraba en ningún caso las leyes que
estábamos tratando.

Por lo tanto, senadora Mendiola, le agradecería que tuviéramos en
cuenta que cuando hacemos política, aquí todos defendemos distintas
opciones. Eso hace que todos seamos más ricos y más democráticos. No hay
verdades absolutas y lo que hay es distinta manera y enfoques de hacer
las cosas. Pero lo que tenemos claro a día de hoy, le guste o no, es que
en este país la situación es mucho peor hoy que hace cuatro o cinco años.
Y ahora usted me va a decir que eso es culpa de la herencia de Zapatero,
por supuesto, y yo le voy a decir que en ese diálogo mi respuesta es una:
quizá hay más pobres por culpa de Zapatero, pero van a ser pobres toda su
vida por culpa de Rajoy.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Grupo Catalán de Convergència i d?Unió? (Denegaciones).

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora
Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, presidenta.

Voy a ser muy breve. Para no repetirme, solamente le diré a la
senadora Dueñas, con todo el cariño del mundo, que lo que no se puede es
obviar la realidad, obviar los informes. Es verdad que en 2008-2011 había
pobreza, no lo hemos negado nunca, pero ustedes han gobernado desde
el 2011 al 2014 y la pobreza ha subido el 3,5 % en 2014, lleva tres años
en alza. Ustedes han creado un país mucho más desigual. Está en todos los
indicadores. Por tanto, una cosa es que usted nos quiera echar la culpa
de todo con el mantra de la herencia recibida y otra es que ustedes son
herederos de sí mismos ya. Por lo menos, hay que ser serios y rigurosos
cuando hablamos de indicadores.

Volviendo a la Ley del voluntariado, les diré que han
desperdiciado una oportunidad única de haber demostrado que de verdad
quieren aprobar una ley dialogada, consensuada y que responda a los retos
que como sociedad tenemos en cuanto al voluntariado y ustedes no lo han
hecho. Que la senadora Mendiola nos diga que si no apoyamos esta ley es
porque no apoyamos a las plataformas, para esto, de verdad, no tengo
nombre. Ustedes son capaces de todo. ¿Sabe qué pasa? Que la ciudadanía,
que está ahí fuera, les conoce. Por sus hechos se les conocerá y a
ustedes ya les conocen, han estado cuatro años creando un país muchísimo
más desigual.

Por tanto, nuestro reconocimiento a las organizaciones
relacionadas con el voluntariado y el tercer sector, porque gracias a
esas personas —que dedican su tiempo, sus conocimientos, su
vocación—, se mejora la vida de los demás, en muchas ocasiones
haciendo cosas que debería hacer el Gobierno. Senadora Mendiola, senadora
Dueñas, no tergiversen los datos y no confundan, no se lo vamos a
permitir. De que no aprobemos esta ley, son ustedes los únicos culpables,
porque una vez más anteponen el interés partidista al interés de la
ciudadanía.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Mendiola.

La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, presidenta.

La verdad es que estamos ante una ley amable que debería ser
aprobada con el consenso de todos los grupos, y además ha habido
participación, desde luego, del tercer sector y de los voluntarios. Es
una ley que ellos quieren y que están solicitando, por lo tanto, si no
votan a favor están votando en contra de lo que el tercer sector y los
voluntarios quieren. Es una ley que reconoce la expresión de la
solidaridad ciudadana, una ley —como les decía— amable, que
despierta en nosotros admiración hacia esos miles y miles de ciudadanos
voluntarios. Desde aquí el reconocimiento y el compromiso del Grupo
Parlamentario Popular con la labor de los voluntarios españoles, desde el
convencimiento del importante papel que desempeñan en nuestra sociedad,
por esa dedicación a mejorar la vida de los demás son una pieza clave
para la recuperación económica y social de España. Consideramos que el
trabajo realizado por estas personas es una labor noble y maravillosa que
merece el apoyo y el respaldo de todos los poderes públicos.

Con esta Ley de voluntariado proporcionamos un nuevo marco legal
para avanzar en el ejercicio de la actividad solidaria en España y damos
respuesta a los seis millones de españoles voluntarios, sí, seis
millones, señorías. Con orgullo, senadora Almiñana, con orgullo podemos
decir que somos el sexto país de la Unión Europea en voluntariado.
Reforzamos con esta ley la participación de todas las personas en muy
diversos ámbitos, en una ley encaminada a la promoción del interés
general, el bien común, el despliegue solidario de las capacidades
humanas, la construcción de la equidad, la justicia y la cohesión social,
una nueva ley para la participación de todos. Estamos ante una ley
abierta para favorecer el voluntariado, no solo en el ámbito del tercer
sector sino también la participación en su promoción y reconocimiento por
parte de empresas, universidades y de la propia Administración pública;
una ley con alcance estatal que proporciona elementos comunes en todo el
territorio nacional y resuelve la actual dispersión normativa; una ley
respetuosa con los ámbitos competenciales de las distintas
administraciones públicas, que promueve la colaboración con el tercer
sector y fomenta la acción solidaria, buscando el mayor compromiso de las
administraciones atendiendo a un modelo común en todo el territorio; una
ley que incorpora un estatuto del voluntariado propio y diferenciado que
regula sus relaciones con las entidades y sus derechos y deberes, en la
que se definen también los derechos y deberes de las personas
beneficiarias; una ley que refuerza la participación social e impulsa
iniciativas solidarias promoviendo y fomentando en especial el
voluntariado entre los más pequeños y los mayores.

La eminente aprobación de las leyes de voluntariado y del tercer
sector social responde al objetivo de Mariano Rajoy de que el progreso
que está tomando felizmente forma en España se reparta de la mejor manera
y nos aseguremos de que nadie se queda en la cuneta. Son dos normas que
constituyen el alma y la esencia de la solidaridad en España, porque
ejemplifican que sin solidaridad, sin alma social no hay progreso
posible. Ambas leyes comparten objetivo, ayudar al que ayuda, ayudar a
los voluntarios y a las organizaciones sociales que trabajan ayudando a
personas con dificultades. La aprobación de estas iniciativas constituye
una excelente noticia para la solidaridad en España. El Grupo
Parlamentario Popular está muy satisfecho porque vamos a disponer de uno
de los mejores marcos legales de toda Europa para responder a ese
potencial que cada vez tiene más fuerza en nuestro país, como es la
solidaridad, el apoyo y el dedicarse a quien más lo necesita. Le guste o
no, senadora Almiñana, España va a poder presumir en lo económico y en lo
social, las dos caras de España, la económica y la social, son a cada
cual más importante: en lo económico hemos demostrado que hacemos bien
las cosas, España es el país que más crece de la Unión Europea, y lo
social también lo estamos poniendo al mismo nivel. El Gobierno del
Partido Popular y este grupo parlamentario trabajamos para que las dos
caras de España, la económica y la social, estén al mismo nivel para
tener un país más libre y con igualdad de oportunidades. Sí, señorías,
igualdad de oportunidades para los catalanes, pero también igualdad de
oportunidades para los riojanos, o sea igualdad de oportunidades para
cualquier español.

Esperamos que dejen de escudarse en una malentendida invasión
competencial y que apuesten por la solidaridad ciudadana y por la
igualdad de oportunidades para todos los españoles y voten favorablemente
la Ley del voluntariado, que supone una importante mejora respecto a la
norma actual, al desarrollar un marco jurídico para el voluntariado que
beneficiará a todas las personas que participan en él.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Pasamos a continuación a votar las enmiendas.

En primer lugar, procedemos a la votación de las enmiendas del
señor Iglesias Fernández, del Grupo Mixto.

Votamos la enmienda 1.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas 2 y 4.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 3, 5 y 6.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 7 y 8.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 9.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado. Enmiendas 10, 13 y 16.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 23.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 11, 14, 15 y 17.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 12.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Votamos las enmiendas 18, 19, 25 a 29 y 32 a 38.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 20 y 21.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 22, 30, 31 y 39.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 23 y 24.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 40, 46 y 47.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 41 y 43.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 42, 44 y 45.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA:






Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 48.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Convergència i d’Unió.

Votamos las enmiendas 71 y 76.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 72, 75, 78 y 81.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 23.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 73 y 77.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 4; en contra, 22.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 74.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 4; en contra, 22.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 80.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 4; en contra, 22.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda número 82.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

A continuación pasamos a votar las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.

Votamos las enmiendas 49, 50, 56 a 60 y 63 a 69.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 51 y 52.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 53.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 54 y 55.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas 61 y 62.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda número 70.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Procedemos a continuación a la votación de la enmienda
transaccional sobre la base de la enmienda número 79 de CiU, registrada
con el número 190 930, firmada por cuatro grupos parlamentarios.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 19; en contra, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

A continuación votamos el texto del proyecto de ley en todo lo no
modificado por las enmiendas aprobadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 4; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Por tanto, queda aprobado por el Senado el Proyecto de Ley del
voluntariado 621/000137 y, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90.2 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por esta comisión, con competencia legislativa delegada, al
Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en
forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Señorías, buen verano a todos, y hasta el 25 de agosto.

Se levanta la sesión.

Eran las diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos.