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DS. Senado, Comisiones, núm. 480, de 30/06/2015
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COMISIÓN DE JUSTICIA


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN LUIS RAMÍREZ RODRÍGUEZ


Sesión celebrada el martes, 30 de junio de 2015


ORDEN DEL DÍA






Designar Ponencias:




Designar Ponencias:






Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de
las garantías procesales.





Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de
las garantías procesales.


542/000006

GOBIERNO






Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías
procesales y la regulación de las medidas de investigación
tecnológica.





Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías
procesales y la regulación de las medidas de investigación
tecnológica.


542/000006

GOBIERNO






Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.





Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.


542/000006

GOBIERNO






Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en
materia civil.





Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en
materia civil.


542/000006

GOBIERNO






Dictaminar




Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el
ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.


621/000130
Registro Civil; reforma administrativa; sistema
judicial


GOBIERNO




Se abre la sesión a las doce horas y treinta y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


El letrado ha comprobado las asistencias. A continuación, procede
aprobar el acta de la sesión anterior celebrada el 18 de junio.
(Asentimiento).






DESIGNAR PONENCIAS:





PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL PARA LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL Y EL FORTALECIMIENTO DE
LAS GARANTÍAS PROCESALES.


542/000006

GOBIERNO





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS
PROCESALES Y LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA.


542/000006

GOBIERNO





PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL.


542/000006

GOBIERNO





PROYECTO DE LEY DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN
MATERIA CIVIL.


542/000006

GOBIERNO


En segundo lugar, al amparo del artículo 71.4 del Reglamento del
Senado, se propone la ampliación del orden del día de esta sesión. El
Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 23 de junio, acordó la
habilitación y los plazos de reunión de los órganos de la Cámara
necesarios para la tramitación de cuatro proyectos de ley de competencia
de esta comisión. Está comprobado que se ha ampliado y se han habilitado
los meses de julio y agosto.


El señor DÍAZ TEJERA: Solo la última semana del mes de
agosto.


El señor PRESIDENTE: Lo ha comprobado el letrado ahora mismo. Se
ha habilitado el mes de agosto y parece que existe una preferencia en
esta Cámara por que en la última semana se celebren cuatro comisiones. No
cuentan ahora mismo con la nuestra, pero si nosotros la convocamos tendrá
lugar la reunión. Ahora mismo se contaba con Fomento, Trabajo, Hacienda y
una más que no sabemos cuál es.


El señor DÍAZ TEJERA: La pregunta es: ¿cualquier día del mes de
agosto, no solo la última semana?


El señor PRESIDENTE: Lo que entendí en el Pleno cuando se aprobó
la habilitación es que se habilitaba el mes de agosto y se decía que las
comisiones que parecía que iban a reunirse en esa fecha lo harían en la
última semana de agosto. Es una manera de adaptarse al que se vaya de
vacaciones, no es una cuestión reglamentaria ni obligatoria. Seguramente
a todos nos vendrá mejor que sea la última semana de agosto o alrededores
de esa última semana.


El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, mi pregunta no es esa. Mi
pregunta viene motivada porque esta mañana en Junta de Portavoces se
volvió a insistir en que la habilitación es para el mes de julio y la
última semana de agosto. Mi pregunta concreta es: ¿la habilitación es
para todos los días del mes de julio y todos los días del mes de agosto,
excepto los domingos o feriados?


El señor PRESIDENTE: Me dice el letrado que los meses de julio y
agosto están habilitados en relación con los proyectos de ley
concretos.


El señor DÍAZ TEJERA: Los que ya han entrado.


El señor PRESIDENTE: Exactamente, y también algunos que van a
entrar. En cualquier caso, lo que acaba de consultar el letrado es que
están habilitados los meses de julio y agosto. Recuerdo que eran julio y
agosto, que no era la última semana. Además, sería muy original eso de
habilitar la última semana de agosto y el mes de julio entero. Creo que
eso sería ya…


El señor BILDARRATZ SORRON: Si me permite el presidente, creo que
está habilitado todo el mes de agosto. Según se me ha respondido a una
pregunta hoy en Junta de Portavoces, está lo relativo a los plazos de
enmiendas, para lo cual, evidentemente, si corren los plazos tiene que
estar habilitado agosto. En la Junta de Portavoces todos los portavoces
han asumido que las comisiones se celebrasen en el mes de julio, pero se
subrayaba que en agosto fuera en la última semana para que tanto el
personal asistente como los senadores podamos organizarnos las
vacaciones. Creo que ese era el esquema.


El señor SAURA LAPORTA: Si estamos de acuerdo en que sea la última
semana de agosto, no hace falta discutir nada más.


El señor PRESIDENTE: Estamos de acuerdo y, además, antes de que el
letrado comprobase que efectivamente estaban habilitados los meses de
julio y agosto, yo decía que esta comisión, cuando lo ha visto oportuno y
lo hemos decidido todos, ha pedido la habilitación de algún mes
extraordinario. El año pasado pedimos la habilitación del mes de enero;
fuimos la única comisión que lo pidió y la Mesa del Senado así lo acordó
a petición nuestra. O sea que si tuviéramos algún problema con la última
semana de agosto, nos adaptaríamos a la necesidad de la comisión. (El
señor Díaz Tejera pide la palabra). Tiene la pala el senador Díaz
Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.


Dada la relevancia y la trascendencia de los textos que no han
entrado todavía, pero que van a entrar, dos relativos a la reforma de la
Ley de enjuiciamiento criminal sobre asuntos clave, uno sobre la reforma
de la Ley de enjuiciamiento civil —también asunto muy
relevante— y la cooperación judicial internacional en materia
civil, nuestra disponibilidad es completa para abordarlo cuando sea
menester con el rigor que requieren estas materias. No es aquello a lo
que últimamente nos estamos acostumbrando de no hablar nada en ponencia,
no hablar nada en comisión y llevarlo todo a Pleno, sino tratarlo con el
respeto y la dignidad que requieren esas materias el día que fuera
menester.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Como usted sabe, señor Díaz Tejera, en esta
Mesa se dispone todo para que se trate lo más profunda y rigurosamente
posible cada uno de los textos que vienen a la comisión. Luego ya es
cuestión de los portavoces de cada grupo lo que decidan, y para eso
también estamos dispuestos, para que cada uno soberanamente decida darle
un trato más profundo, debatir más o debatir menos, llevarlo a Pleno, dar
por defendido lo que sea o no hacerlo.


El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, si este grupo tuviera
alguna queja sobre la Mesa lo haría expresamente. Si no lo ha dicho es
porque no lo piensa; no hace falta que nadie interprete lo que no se ha
formulado.


El señor PRESIDENTE: No tengo la más mínima duda, señor Díaz
Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Lo sé.


El señor PRESIDENTE: Bien, en este punto se propone la ampliación
del orden del día, aunque ya el señor Díaz Tejera ha nombrado los
proyectos: el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de enjuiciamiento
criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de
las garantías procesales, el Proyecto de Ley orgánica de modificación de
la Ley de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las
garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación
tecnológica, el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento
civil y Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia
civil con competencia legislativa plena.


El letrado me ha escrito una nota en la que dice: Si se designaran
las ponencias de los cuatro proyectos de ley referidos, no sería
necesario reunir a la comisión para tal objeto a la conclusión del
próximo Pleno; es decir, que podríamos ver la posibilidad de designar
ponencias. En el caso del Grupo Socialista, yo sé ya cuáles son los
ponentes, porque el señor Díaz Tejera nos dijo hace un par de comisiones
que los ponentes son cuatro y que son siempre los cuatro. En el caso del
resto de los grupos, también; en el caso del Grupo Popular,
paradójicamente, no lo sé. (El señor Altava Lavall: Pues se lo voy a
manifestar, si usted me da la palabra, señor presidente.— El señor
Díaz Tejera: ¿Y en nombre del Grupo Socialista, podrá hablar el Grupo
Socialista?)


Un momento, ahora le doy la palabra, señor Díaz Tejera. Primero,
el señor Altava.


El señor ALTAVA LAVALL: Para el Proyecto de Ley de modificación de
la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia
penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, el Grupo
Parlamentario Popular propone a los senadores don Juan Ramón Represa
—sentado en la Mesa de la comisión— y quien les habla, don
Manuel Altava. Para el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley
de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías
procesales y regulación de las medidas de investigación tecnológica,
también a los senadores don Juan Ramón Represa y Manuel Altava. Para el
Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, a la
senadora doña Carmen Dueñas y el senador don Mario Arias. Y para el
Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil, a
la senadora doña Carmen Belén Torres y al senador don Ángel Pintado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Altava.


Señor Díaz Tejera, tiene la palabra.


El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, lo primero que hay que
decirle a la comisión, porque esto pueden verlo personas que no saben
cómo es el funcionamiento, es que este punto no está incluido en el orden
del día.


El señor PRESIDENTE: Lo sé, estamos en el punto «ampliación del
orden del día».


El señor DÍAZ TEJERA: Lo primero que hay que plantear es si
aceptamos la ampliación del orden del día. Por nuestra parte, no hay
ningún inconveniente. El Grupo Socialista no tiene inconveniente porque
nunca plantea ningún sabotaje al trabajo del bien público, y el que se
sonríe tiene doble trabajo: sonreír y dejar de sonreír. Nunca planteamos
eso. Aceptamos la ampliación del orden del día.


Y respecto a los ponentes, como usted antes bien dijo porque ya se
lo había comunicado, pero formalmente es el portavoz del Grupo Socialista
quien tiene que comunicarlo, son los cuatro senadores que ya le he
planteado respecto a este conjunto de textos. Cada uno entre sí ya se
reparte el trabajo, pero son la señora Marra, el señor Sen, el señor
Esquerdo y un servidor de ustedes.


Nada más, presidente.


El señor PRESIDENTE: Había dado por hecho que estábamos todos de
acuerdo en ampliar el orden del día porque estamos tratando ya hace un
rato este tema y pensé que había una anuencia silenciosa en este asunto,
puesto que estábamos refiriéndonos a otros temas que tenían una
implicación directa con este. En cualquier caso, ¿queda claro que todos
aprobamos la ampliación del orden del día para que se designen ponencias?
(Asentimiento). Debo suponer que tenemos ya la del Grupo Socialista y la
del Grupo Popular; y, como ustedes saben, en el resto de los grupos el
miembro de la comisión es automáticamente el ponente.









DICTAMINAR





PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL
ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL REGISTRO CIVIL.


621/000130

GOBIERNO


El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al dictamen del Proyecto de
Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Registro Civil.


A este proyecto de ley se ha presentado una propuesta de veto y
cien enmiendas.


La ponencia que se ha designado con relación a este proyecto ha
emitido informe, se han rechazado las enmiendas y el veto, y se mantiene
el texto de la ponencia.


Señorías, pasamos a la defensa de la propuesta de veto presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista.


Tiene la palabra el señor Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.


En el ejercicio de la función para la que la población de Gran
Canaria me votó, que es hablar, ejercer de parlamentario, explico la
posición del Grupo Socialista en torno a este texto.


En este texto nos encontramos con la desagradable realidad que nos
hemos encontrado en otros textos tan relevantes como este, o incluso más,
y es que aspectos cardinales, aspectos relevantes del mismo, no han sido
evaluados por los órganos consultivos del Estado. No sé si en la práctica
es una técnica del Grupo Popular para en su momento proponer que se
disuelva el Consejo de Estado, como ya ha propuesto en otras comunidades
autónomas y ha disuelto —ya no digo que el Defensor del Pueblo sea
un órgano consultivo, pero también se ha propuesto su disolución en
algunas otras comunidades autónomas—, en general, los órganos de
consulta, los órganos de fiscalización de las administraciones públicas.
Pero, ciertamente, hay una función de asesoramiento de la Junta de
Fiscales del Estado, del Consejo de Estado y del Consejo General del
Poder Judicial, y se han incorporado al texto aspectos cardinales sin que
previamente estos órganos lo hayan podido evaluar; incluso hay un
misterio —no sé si al final el grupo mayoritario va a proponer la
contratación de alguna agencia de detectives para localizar un párrafo,
el séptimo—, porque el día 23 de junio de 2014 había un párrafo que
decía: En los casos de nacimiento fuera de España, cuyo régimen de
filiación esté sujeto a la legislación extranjera, se consignará, en todo
caso, la filiación materna correspondiente a la madre gestante, siendo
necesaria para hacer constar la filiación paterna no matrimonial la
declaración conforme del padre y de la madre sobre dicha filiación. Si la
madre estuviera casada y la legislación extranjera lo exigiera, se
precisará la conformidad del marido respecto de tal filiación. En
cualquier otro caso, para la inscripción en el Registro Civil de la
filiación del nacido será necesario que haya sido declarada en una
resolución judicial reconocida en España mediante un procedimiento de
exequátur; no obstante, respecto a las adopciones internacionales, se
aplicará lo dispuesto en el apartado anterior.


Señor presidente, este párrafo, incluido en el texto de 23 de
junio de 2014, no figura en el texto de 15 de junio de 2015 que se aprobó
en el Congreso de los Diputados. He leído el debate en ponencia, en
comisión, en el Plenario, en las enmiendas a la totalidad, y no he
encontrado razonamiento alguno en relación con esta materia. Intereso, si
a bien lo tiene el Grupo Popular, que de vez en cuando no acusa recibo de
ningún argumento o ninguna sugerencia, que en esta ocasión pudiera acusar
recibo de esta pregunta: ¿qué ha pasado con este párrafo que ha
desaparecido? ¿Qué otras razones hay, aparte de las de orden
procedimental, como la que he esgrimido, o de contenido, para esta
desaparición? Pues otra razón es el hecho de que, sorprendentemente, el
tema de las filiaciones matrimoniales y no matrimoniales ya estaba
solventado desde el año 2011, en la primera Ley de registro civil del
año 1957 —a la que ahora nos remitimos— y en el texto
de 2011, que fue aprobado por unanimidad —vuelvo a subrayar esto,
el texto del registro civil de 2011 fue aprobado por unanimidad—.
Se solventaba en correspondencia con lo establecido en el artículo 39 de
la Constitución, que dice: «Los poderes públicos aseguran, asimismo, la
protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley, con
independencia de su filiación». Y me causa cierto estupor que aquí se
recupere aquello de distinguir a los menores en función de que la
filiación sea matrimonial o no matrimonial; insisto, yo creía que esto ya
estaba solventado con la Ley de registro civil, aprobada por unanimidad.
Incluso, ya quedó claro desde junio del año 2014, mediante dos sentencias
dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —cuyo ponente,
que ahora acaba su mandato, fue precisamente el magistrado propuesto por
Andorra— que establecían que los menores, sea cual fuere su
condición o su filiación, tenían derecho a estar registrados, no podían
estar en un limbo jurídico, en una especie de indeterminación porque no
tenían filiación de naturaleza alguna.


Tercer razonamiento, lo relativo a la propia dinámica de la
gestión del Registro Civil. Es verdad que se ha dado marcha atrás y se ha
planteado la suspensión de su entrada en vigor hasta junio de 2017, lo
que da tiempo para alcanzar un consenso y establecer fórmulas al menos
debatidas previamente y acordadas con los que deben aplicarlo. Una
primera propuesta era que la Organización Médica Colegial se encargaría
de la tramitación de la filiación electrónica. Pues bien, imagínense
ustedes que en una población de 46 millones una entidad privada se
encargara de administrar toda la filiación electrónica desde los centros
sanitarios. Esto generó críticas por parte del Consejo General del Poder
Judicial y cambiaron de criterio. Esa era su posición en noviembre
de 2013. Posteriormente, en el texto que entró en el Congreso en junio
de 2014 ya no planteaban lo mismo, lo habían retirado, pero no ofrecían
ninguna propuesta nueva. Un mes más tarde, propusieron la posibilidad de
una entidad pública vinculada al Ministerio de Defensa, la empresa
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, pero con la respuesta
de todos los operadores jurídicos, los servidores públicos, etcétera,
como no hubo acuerdo con los registradores mercantiles —hubo
elecciones en ese colegio, dos candidaturas, uno decía que ya se
arreglará, el otro que no—, al final decidieron dar marcha atrás y
remitirlo al año 2017.


Nosotros seguimos pensando que es una buena fórmula lo que
establecía la Ley de 2011, aprobada por unanimidad, es decir, que no
fueran los jueces quienes lo hicieran; llevamos un tiempo insistiendo en
que nos parece bien que sean los propios secretarios judiciales —se
les llame letrados de la Administración de Justicia, se les llame
directores procesales o como ustedes quieran— porque es un cuerpo
que está infrautilizado, que tiene una alta cualificación y es una pena
que no se puedan encargar de esto. En cuanto a que siga siendo gratuito,
no voy a argumentar nada porque parece que últimamente ya lo han aceptado
pero, repito, volvemos a insistir en que se encargara de su gestión a los
secretarios judiciales.


¿Qué otros razonamientos esgrimimos en esta materia? No se trata
solo de la filiación electrónica, sino también del registro electrónico.
En cuanto a la filiación, insistimos en la conveniencia de no seguir
manteniendo el desequilibrio entre el acreedor hipotecario y el deudor
hipotecario, porque de alguna forma esta ley vuelve a petrificar esa
posición, y además había referencias, no del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, sino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el primero
tiene sede en Luxemburgo y el segundo en Estrasburgo, en el Convenio de
Roma de 1950, de protección de derechos fundamentales y libertades
públicas, donde se planteaba la aceptación de una cuestión prejudicial,
había que equilibrar lo que estaba desequilibrado desde su origen, que es
la relación entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario.
Nosotros presentamos un conjunto de enmiendas —que no voy a
explicar ahora porque no es el turno de defensa de las enmiendas—,
la 89, la 90 y algunas otras más, que pretenden equilibrar esa posición
entre el deudor hipotecario y el acreedor hipotecario.


Por otro lado, nos parecía que este texto era excesivamente cruel
con la gente que lo está pasando muy mal en España. Hay gente que no ha
podido pagar el impuesto sobre bienes inmuebles y, al no estar al
corriente de pago, se le han retirado ayudas de tipo social, de
emergencia o ayudas para que sus hijos puedan acudir a los comedores
escolares. Pensamos que es una crueldad y debemos plantear que no
necesariamente el incumplimiento de una obligación tributaria, como es el
pago del impuesto sobre bienes inmuebles —que por cierto ha
aumentado un 50 %—, o no estar al día en términos tributarios tiene
que suponer la retirada de ayudas básicas relativas a la mera
subsistencia de ese deudor hipotecario; que se garantizara que esas
rentas básicas para la mínima subsistencia, lo que Ernst Forsthoff
llamaba la procura existencial, estuvieran excluidas de la posibilidad de
ser embargadas. Por esta razón, presentamos enmiendas que van en esa
dirección.


Asimismo nos parecía importante regular no solo la filiación
matrimonial o no matrimonial, sino también las situaciones relativas a
los menores que están en España, que son seres humanos, que existen. No
estamos evaluando cómo llegaron a existir, que ese es otro debate
pendiente en la sociedad española, la maternidad subrogada, lo que digo
es que cuando ya existen esos menores, se tienen que filiar porque no
pueden estar en una situación de indeterminación, en una especie de
limbo, se tienen que registrar.


Por último, dado que se trabaja el ámbito de la filiación y el
ámbito de la adopción, nos parece una pena que por omisión no se
aproveche para intensificar el plano de las adopciones, porque desde 2004
a 2011 ha habido un descenso de aproximadamente 4000; es decir, las
dificultades con las que se encuentran son muy amplias. España tiene una
prohibición de adopción con 45 países que el resto de países europeos no
tiene. Sugerimos que las filiaciones no tengan en cuenta la condición de
homosexual o heterosexual de las personas que van a hacer de padres o
madres de facto, en términos factuales, no en términos biológicos. Se
trata de que no exista una discriminación de esa naturaleza, aunque
pensaba que era una senda que ya habíamos ganado hace diez años, con la
reforma del artículo 44 del Código Civil, que establece que el matrimonio
tiene la misma naturaleza, características y requisitos, sean los
cónyuges del mismo o distinto sexo.


Este conjunto de razones, señor presidente, tanto en términos de
procedimiento como de contenido, nos hace pensar que la propuesta de veto
que he exteriorizado esta mañana está fundamentada y razonada. No
obstante, quiero suscribir los razonamientos que dio mi compañero en el
Congreso de los Diputados, Mario Bedera Bravo, que conoce bien esto, no
solo en el campo teórico sino también en la práctica, por razones que no
es menester que explique hoy pero que saben perfectamente quienes le
conocen.


Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera.


Para el turno en contra, tiene la palabra el senador Arias
Navia.


El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.


Defiendo el turno en contra del veto presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista a este proyecto de ley, y me voy a ceñir lo más
posible al texto. Quiero empezar agradeciendo el reconocimiento que hace
el propio Grupo Socialista al modo de legislar del Partido Popular
—entiendo que lo hacen con ironía— en lo que se refiere a la
derogación de la parte más discutida, aquella que no alcanzó un consenso
en lo referente al modelo del Registro Civil y en la ampliación de la
vacatio hasta julio de 2017. Sobre este elemento se construyó su veto o
enmienda de totalidad en el Congreso; es lo que ustedes llamaron la
privatización del registro, algo con lo que nosotros ni estábamos ni
estamos de acuerdo. Pero, en este caso, lo asientan sobre otras
cuestiones.


En primer lugar, arguyen que el proyecto de ley no desarrolla la
infraestructura tecnológica encargada de la gestión del servicio
informático del Registro Civil. Sinceramente, nosotros creemos que esta
no es una razón para vetar la ley. La infraestructura tecnológica deberá
adaptarse, evidentemente, a los requisitos o requerimientos jurídicos
diseñados por la ley, como, por otra parte, ha venido ocurriendo en el
Registro Civil sin que se haya vetado nunca por este motivo ninguna otra
ley. En segundo lugar, nos sorprende que el veto hable de pactos tácitos
en leyes que, sin embargo, no dicen lo que el veto desearía, como ocurre,
por ejemplo, a propósito de la supuesta atribución de la gestión del
Registro Civil por parte de la Ley 20/2011 a los secretarios judiciales.
Y también cabe destacar la incoherencia del grupo que lo propone porque,
por una parte, el texto del veto que se formula al proyecto dice que no
se puede hurtar al Parlamento ni a la sociedad en su conjunto el adecuado
debate y reflexión y, por otra, mediante enmiendas al articulado,
proponen reabrir cuestiones que trascienden del actual objeto del
proyecto y que se acercan más a replanteamientos del Registro Civil que
precisamente quedaron suspendidos por esa falta de consenso social y por
el escaso tiempo de legislatura parlamentaria que nos queda.


En cuanto a las acusaciones de oscurantismo que aparecen en el
texto de su veto, por el hecho de que el procedimiento de nacionalidad
por residencia pase de una ley especial para los sefardíes a otra general
sobre medidas de reforma en el ámbito de la Administración de Justicia y
del Registro Civil, debe destacarse que precisamente el motivo de este
cambio ha sido recoger este nuevo procedimiento en un proyecto en cuyo
objeto encuentra mucho mejor encaje la reforma propuesta.


En cuanto a la petición de que la ley diga quién será el
responsable de la tramitación de los expedientes de nacionalidad, esto es
algo que ya recoge, pues señala que será la Dirección General de los
Registros y del Notariado.


Y, finalmente, en lo que se refiere a la posibilidad de
encomiendas, que es otro de los argumentos que utilizan para formular
este veto, cabe decir que es algo que con carácter general está permitido
en la legislación vigente, por lo que no se precisa ninguna referencia
expresa en el proyecto que sometemos a debate. Además, en la actualidad
se trabaja en la implantación de una plataforma tecnológica en la
Administración General del Estado basada en otra ya existente de
extranjería, de manera que no se contempla la encomienda citada.


Por estos motivos, nuestro grupo rechaza el veto del Grupo
Socialista. En las siguientes intervenciones me extenderé más
detalladamente en algunas de las observaciones realizadas por el portavoz
del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿el senador Saura va a hacer uso
del turno? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.


Primeramente quiero decir que ya estamos afrontando el último
periodo de legislatura, con lo cual nos vemos inmersos en una metodología
de trabajo que para nada compartimos. En ese sentido, este proyecto de
ley —estos dos proyectos de ley al precio de uno— tiene
dichas características, así que las mismas deficiencias las podremos
subrayar en los siguientes proyectos de ley que tramitemos en la
Cámara.


Hay un tema que nos parece muy importante, y es la responsabilidad
o la llevanza de los registros civiles, que, tal como se ha comentado,
queda pendiente hasta junio de 2017. Y también queremos destacar que el
grupo mayoritario, que siempre ha aducido como justificación para sacar
adelante todos los proyectos de ley su gran mayoría, haya sido consciente
de la oposición que generaba en el resto de grupos y no haya sido capaz
de resolver este tema que para nosotros es clave.


Compartimos la reflexión del Grupo Socialista con respecto a la
disposición final séptima, relacionada con el procedimiento para la
obtención de la nacionalidad española por residencia. Esta disposición
también fue debatida con motivo del Proyecto de Ley de la obtención de la
nacionalidad española por los sefardíes, cuya supresión ayudó, de una u
otra manera, a obtener una serie de acuerdos en este. Su nueva inclusión
en este proyecto, sin haber alcanzado ningún acuerdo, no la
entendemos.


El representante del Grupo Popular ha hecho referencia a la
ampliación de la vacatio al 2017, y estamos de acuerdo, pero me gustaría
subrayar un problema que genera, que es la finalización de la vacatio
dotada por la Ley 18/2014, que —como todos los aquí presentes
sabemos y así referencia el letrado en su magnífico informe—
finaliza el 15 de julio. Como finaliza el 15 de julio, mi pregunta es:
¿Eso va a condicionar la labor —todos sabemos que sí— que
esta Cámara ha de realizar y va a impedir, además, que aquí se apruebe
alguna enmienda para que no vuelva al Congreso y no se cumpla con el
plazo del 15 de julio que parece que el grupo mayoritario quiere a todas
luces respetar, introducir o mantener? En ese sentido, compartimos un
poco la reflexión que hace el Grupo Socialista y, dependiendo de la
respuesta que aporte el grupo mayoritario, decidiremos nuestra posición
con respecto al veto, si nos abstenemos o votamos favorablemente.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿la senadora Domínguez va a
hacer uso de la palabra? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra la señora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.


Suscribo las palabras del senador Bildarratz sobre la discrepancia
de la metodología llevada a cabo en la tramitación de los proyectos de
ley, que también pone de manifiesto la falta de respeto a esta Cámara. El
hecho de que se acorten los plazos o se condicionen las entradas en vigor
ningunea, dicho entre comillas, nuestro trabajo, y, como senadora
representante en esta Cámara, no me parece bien, y supongo que esto es
compartido por los demás senadores.


Por lo que respecta a este proyecto, nosotros valoramos
positivamente que, finalmente, en el trámite llevado a cabo en el
Congreso se acordara posponer su entrada en vigor hasta el 30 de junio
de 2017 —ya en otra legislatura, en otro contexto—, en aras a
intentar tejer el consenso necesario para ver cómo y quién lleva el
Registro Civil. Por lo tanto, se derogan aquellas disposiciones
adicionales de la Ley 20/2011 —tras las reformas de la CORA—,
que van a dejar de tener efecto y en las que se encomendaba a los
registradores de la propiedad y mercantiles la llevanza del Registro
Civil.


Este proyecto de ley tiene dos objetivos que sí compartimos. En
primer lugar, se agilizan las subastas, pues entendemos que sí se
posibilita el acceso a las subastas electrónicas con mayor publicidad. Y
el segundo objetivo, que también compartimos, es que facilita las
comunicaciones del Registro Civil cuando los nacimientos y las
defunciones se producen en los centros hospitalarios. Aun así, sobre este
tema, debemos remarcar que debe trasladarse al Gobierno la necesidad de
dotar de los recursos materiales necesarios para la consecución del
objetivo del proyecto, ya que el coste de la implementación de la
ventanilla única no debe trasladarse ni a los centros sanitarios ni a las
administraciones sanitarias.


Por lo que se refiere a la gestación subrogada, consideramos que
debe resolverse la situación actual, en la que solo se puede inscribir de
facto a los menores procedentes de Estados Unidos, puesto que es el único
que emite sentencia judicial. Por eso consideramos la necesidad de
permitir la inscripción de aquellas filiaciones de menores nacidos en el
extranjero declaradas por resolución judicial reconocida en España
mediante un procedimiento de exequatur o mediante un control incidental
por parte del encargado del Registro Civil en el caso de que la
resolución judicial extranjera tuviera su origen en un procedimiento
análogo a uno español de jurisdicción voluntaria. Consideramos necesario
que se aclare esta situación, máxime si tenemos en cuenta que el propio
ministro de Justicia anunció que intentaría recoger en este proyecto de
ley las demandas de las asociaciones de familias que están defendiendo
esos derechos que quedan desprotegidos. Concretamente, en el Diario de
Sesiones del Pleno de 11 de diciembre del Congreso, con motivo de la
presentación de este proyecto de ley, el propio ministro dijo
—palabras textuales—: «Como saben, señorías, cuando el
nacimiento ha tenido lugar fuera de España y la determinación de la
filiación está sujeta a la legislación extranjera, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos ha dictado una sentencia recientemente, bien es cierto
que referida a Francia y no a España, en la que declara que no reconocer
la relación de filiación entre los niños nacidos mediante estas técnicas
de gestación por sustitución y los progenitores que han acudido a este
método reproductivo es contrario y viola el artículo 8 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, vamos a promover una adecuación
de nuestro derecho a esta situación.» Nosotros nos preguntamos qué ha
pasado con esta intención, porque era el momento de demostrar que se
tenía esta intención.


Por lo que se refiere al veto presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista, coincidimos con algunos de sus argumentos. Aun
así, al considerar necesaria la aprobación de esta ley —aunque
mejorable, eso sí, por eso hemos presentado enmiendas—, nos vamos a
abstener en la votación.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rieradevall.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.


Agradezco al portavoz del Grupo Popular que haya intervenido en la
mañana de hoy; le agradezco que haya hecho uso de la palabra; le
agradezco también que no practique eso de: quiero a Laura, pero esperaré
hasta el matrimonio. Se lo agradezco porque esa es nuestra función aquí:
razonar. Ese es el sentido de las ponencias y de la comisión. Si no,
podríamos sustituir las comisiones y las ponencias e ir directamente al
Pleno a apretar el botón, ni siquiera a responder a los argumentos que se
esgrimen en el Pleno, tan solo a leer los textos que previamente le ha
redactado algún asesor. Por eso, le agradezco que haya intervenido
aquí.


Es cierto que su exposición no tiene nada que ver con la
exposición que ha hecho aquí el Grupo Socialista; tiene que ver con el
escrito que previamente ha leído semanas antes. Por eso, le pido una vez
más, por favor, acuse recibo de esta conversación; es reducida, solo es
en comisión, pero vale lo mismo que en una ponencia o en el Pleno. Se
trata de una conversación entre representantes de la soberanía, y de una
conversación en torno a argumentos. Porque si yo le digo a usted: ¡qué
calor tan espantoso hace en Madrid! y usted me dice: a mí el tocino me
gusta frito, es evidente que no mantenemos una conversación, sino
monólogos ininterrumpidos; no se conversa, no se acusa recibo de lo que
se está diciendo.


Yo le he preguntado acerca de ese texto que está en la página 15
del Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, párrafo 7, en
comparación con la página 15 del Boletín Oficial del Congreso de los
Diputados, pero ya no del 23 de junio de 2014, sino del 15 de junio
de 2015. ¿Por qué razón ese párrafo ha desaparecido? Porque ese párrafo
pretendía, señor presidente, cumplir con la Convención sobre los derechos
del niño del año 1989, que consiste en respetar el derecho a la filiación
de los menores de edad, el derecho a la identidad de esos menores de
edad. Es cierto que tiene que ver con el artículo 8 del Convenio para la
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,
hecho en Roma en 1950, pero también con la posterior Convención sobre los
derechos del niño, que ya es parte de nuestro ordenamiento jurídico; está
ratificada y es parte de nuestras leyes, que tenemos que respetar.


Pues bien, aquí se plantea que cuando haya un conflicto entre el
orden público internacional y los derechos del niño a la filiación, a la
identidad, primen esos derechos del niño. No estamos entrando en las
características de la gestación de ese menor de edad. Ese es un asunto
que está abierto en la sociedad española; todavía no hay una posición, 17
países de la Unión Europea aún no lo tienen regulado y 7 están en contra.
Hay regulaciones en Canadá, en Estados Unidos, en India. En Estados
Unidos se permite excepto si hay intercambio económico, y se requiere una
resolución judicial. Lo que se planteaba en ese texto es que hay que
contemplar los supuestos en los que ya hay una resolución judicial
—el modelo norteamericano— u otros supuestos en los que, no
teniendo esa resolución judicial, la realidad de ese menor de edad está
ahí. ¿Qué es lo que decía el magistrado andorrano que fue ponente de
estos dos casos, Mennesson y Labasse, de 26 de junio de 2014? ¿Qué decía
el ponente? Que ese menor tenía derecho a su identidad, que ese menor
tenía derecho a ser registrado, a esa filiación. Ese artículo preveía esa
posibilidad. Ciertamente, eso se tendrá que regular. Ya lo discutimos
aquí una vez con ocasión de una moción que presentó Izquierda Unida, a
propósito de esas dos decisiones de junio de 2014 sobre el Registro Civil
de Francia, y vuelvo a insistir en que el ponente fue este magistrado
andorrano. Ahora no estamos planteando qué fórmula abordar desde el punto
de vista jurídico. No es eso lo que estamos diciendo, ese asunto se
tendrá que abordar en su momento, cuando la sociedad española llegue a
cierto grado de consenso y se refleje adecuadamente aquí. Yo les puedo
manifestar que habrá gran diversidad de criterios por parte de muchos,
incluso también dentro del propio movimiento feminista, donde existen
diferentes orientaciones en torno a este asunto, y no es competente este
portavoz para adentrarse en esa materia, pero sí respecto a los menores.
Y sobre los menores, es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos la que nos vincula a todos, hasta que no entre en vigor la última
reforma que se hizo aquí de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que
no vinculase erga omnes, sino solo al que había sido recurrente; hasta
tanto no llegue, esa sentencia nos vincula a todos. Sobre este primer
asunto, si puede, me gustaría que acusase recibo del razonamiento que le
hago.


Segundo asunto. Señor ponente del Grupo Popular, como usted sabe,
suspender algo no quiere decir hacerlo desaparecer. Es una suspensión
temporal de una decisión. Si se hubiese dicho: no tenemos por qué poner
un registro público en manos de un profesional asimilado a un profesional
liberal, como señaló la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, que estableció que no era un órgano de la Administración
pública, sino un profesional asimilado a un profesional liberal. Si se
hubiese dicho eso, nosotros no tendríamos por qué perder más tiempo con
esta materia, estaría resuelto; pero se ha suspendido dos años, lo cual
no quiere decir que no vuelva a reaparecer dentro de dos años la misma
formulación que da a los registradores mercantiles esa posibilidad.
Nosotros seguimos diciendo que no sea una competencia del juez para que
este juzgue y ejecute lo juzgado y no tenga que hacer algo que no es
imprescindible que haga, porque no es jurisdiccional, no es iurisdictio,
sino que es una gestión de registrar algo que no supone pegas. En cuanto
haya pegas, hay que plantearlo en otros términos porque hay que hacer una
evaluación de naturaleza jurídica. Como este asunto está abierto,
volvemos a insistir en que está solo suspendido, de ahí nuestro
razonamiento.


En cuanto a la nacionalidad por residencia, como ya argumentamos
en su momento, estas materias, señor ponente, no están ni en la
exposición de motivos del propio ministro. Si usted lee la exposición de
motivos de la ley, e incluso el discurso del ministro y la presentación
del texto —todo lo que le decía antes de la filiación matrimonial y
no matrimonial, que ya estaba consolidado en España con la Ley de
registro civil del año 2011, aprobada por unanimidad, y vuelvo a subrayar
lo de aprobada por unanimidad, respetando el artículo 39 de la
Constitución y no distinguiendo entre menores, hayan nacido en una
institución matrimonial o no—, verá que esta aparición no estaba en
el discurso del ministro, ni en la exposición de motivos. En materia de
nacionalidad por residencia, en general, lo que a mí me preocupa es si se
van a hacer las cosas de tal manera que unos, los que pueden y tienen,
tengan facilidad de acceso y otros, los que no pueden y no tienen, tengan
menos facilidad de acceso. Lo digo por la facilidad de acceso a la
nacionalidad de aquellos que han hecho donaciones en comparación con
aquellos que no las han hecho, y me refiero a otros textos aprobados aquí
con antelación.


Estos son parte de los razonamientos esgrimidos, junto con los de
la primera intervención, y me gustaría escuchar el criterio del señor
ponente sobre estas materias.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Díaz Tejera.


El senador del Grupo Popular, Arias Navia tiene la palabra.


El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.


Sí que voy a acusar recibo de las observaciones. Como voy a tener
varias intervenciones, voy a dar respuesta a todas y cada una de las
observaciones realizadas por el portavoz del Grupo Socialista.


Sí quiero entrar en lo que se refiere a la gestación subrogada y a
los derechos del niño; en mi actividad, tanto política como personal,
siempre van a primar, obviamente los derechos del niño están por encima
de todo. En este sentido, creo —lo iba a decir posteriormente y lo
repetiré hoy—, afortunadamente, que están garantizados por la
instrucción de la Dirección General de los Registros y del
Notariado.


Habla de la suspensión temporal de la llevanza del registro. ¿Cuál
es el objetivo? Pues que se llegue a un consenso que no fuimos capaces de
alcanzar en esta legislatura, que, por cierto, ya está a punto de
finalizar. En lo que se refiere a la adquisición por residencia, le daré
una contestación en el turno de enmiendas.


Pero yo quiero hablar de este proyecto de ley. En mi primera
intervención me he referido a la argumentación y al texto que han
presentado ustedes como justificación del veto; de hecho, no me tengo que
referir a otras cuestiones que ya no están en tela de juicio y que fueron
el motivo de que ustedes presentaran un veto en el Congreso. Y quiero
agradecer al resto de grupos el hecho de que hayan entendido que era más
positivo presentar enmiendas para intentar mejorar este proyecto de ley,
a nuestro juicio una reforma importante y necesaria. Este portavoz nunca
pretenderá ningunear el trabajo del resto de los grupos ni del resto de
los compañeros, porque todo el mundo desempeña aquí un trabajo muy
importante y muy intenso.


Este proyecto es importante porque todas las medidas previstas,
como la incorporación de las subastas judiciales al portal único de
subastas electrónicas del BOE, así como la tramitación electrónica de los
nacimientos y las defunciones desde los centros sanitarios, tengan un
denominador común: la apuesta decidida por la modernización de la
Administración de Justicia y del Registro Civil. Precisamente por ello,
además de importante, es una reforma necesaria. La reforma que hoy
debatimos tiene como objetivo que nuestra Administración sea más
dinámica, eficaz y operativa y con ello mucho más útil y beneficiosa para
el conjunto de los ciudadanos.


Este proyecto de ley, como muy bien decían, es fruto del
compromiso del Gobierno para cumplir con las recomendaciones del informe
de la CORA. Y a pesar de ello, señorías, estamos debatiendo el veto que
presenta el Grupo Socialista, que muestra un rechazo frontal al proyecto.
Volvemos a ver que hoy es un buen momento para oponerse a cualquier
reforma planteada por el Gobierno. Podemos no coincidir, pero creo que
deberíamos estar de acuerdo en que si el proyecto que debatimos tiene
esencialmente dos propuestas —una la referida a las subastas y otra
a la tramitación electrónica de los nacimientos y las defunciones desde
los centros sanitarios, y esto es bueno para modernizar nuestra
Administración de Justicia—, lo mejor es que intentemos mejorar
este proyecto. Además, centran su crítica únicamente en eso, en la parte
referente a la llevanza del registro, por lo que parece que la parte de
las subastas electrónicas es de su agrado.


En definitiva, creo que ustedes tendrán que explicar a los
ciudadanos por qué rechazan unas medidas que, desde el ahorro, la
trasparencia y la coordinación, van a permitir simplificar y modernizar
nuestra Administración y ofrecer a los ciudadanos mejores servicios
públicos. De cara al futuro, seguiremos en la línea de la
desjudicialización de la ley que se aprobó en el anterior mandato, en la
anterior legislatura, la Ley 20/2011, pero, como no hemos sido capaces de
alcanzar el consenso necesario para implantar el nuevo modelo de llevanza
del registro, se aplaza. No existe, por tanto, la mal llamada
privatización del servicio público que tanto criticaron y critican y que
aprovechan para traer aquí en todo momento.


Por todos estos motivos, señor presidente, señorías, y por lo
dicho en el turno anterior, mi grupo va a votar en contra de los vetos, e
invito al resto de los grupos a que hagan lo mismo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias.


Vamos a votar el veto. Como ustedes saben, para que se apruebe,
requiere al menos 14 votos favorables, que sería la mayoría absoluta de
los miembros de la comisión.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 5; en contra, 14; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Señorías, pasamos al debate de la defensa de las enmiendas.


Enmienda número 1, presentada por la señora Domínguez Hormiga, del
Grupo Parlamentario Mixto.


La señora Domínguez Hormiga tiene la palabra.


La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Gracias, señor presidente.


La enmienda presentada es de adición y con ella, aprovechando el
trámite de modificación de la Ley de registro civil, se intenta una
modificación del párrafo segundo del artículo 88 en cuanto a los
procedimientos administrativos generales que se remiten de forma directa
a la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
procedimiento administrativo común, excepto en lo que se refiere a los
plazos en caso de inactividad de la Administración. Dado que con carácter
general la Ley 30/1992 prevé que el silencio de la Administración tiene
carácter positivo, en este caso la Ley de registro civil prevé que el
silencio es negativo.


Entiendo que las últimas reformas doctrinales van dirigidas a
eliminar el conflicto entre la Administración silente y el administrado
que se ve perjudicado por la Administración de manera formal. La
adaptación normativa viene regida por la Directiva 2006/123, que regulaba
los servicios del mercado interior y que fue adaptada por el Estado
español mediante la Ley ómnibus, en la que se prevé con carácter general
que el silencio negativo resulta admisible solo y exclusivamente cuando
se cumplen criterios de necesidad justificada por una razón imperiosa de
interés general. Dado que esa razón imperiosa de interés general no se
justifica en materia de Registro Civil, la adaptación de la Ley de
registro civil a esta directiva, siguiendo la línea de la Ley ómnibus
de 2009, debería entender como positivo el silencio administrativo, y,
por tanto, en caso de que la Administración no resolviese en el plazo
establecido de tres meses, el administrado verá que su solicitud ha sido
admitida. Sobre la base de lo dicho, es decir, de esta línea
jurisprudencial, de la directiva y de la normativa española que se está
adaptando en este sentido, entiendo que la modificación del artículo 88,
párrafo segundo, está justificada.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Domínguez.


Entiendo que también va a defender usted las enmiendas 2 a 14,
presentadas conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor
Mariscal Cifuentes.


La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Efectivamente. Las doy por
defendidas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.


Enmiendas 75 a 78, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado.


Tiene la palabra don Jokin Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.


Comienzo diciendo que podemos congratularnos por la felicitación
del portavoz del Grupo Popular por la aportación de nuestras enmiendas.
Veremos cuántas se aprueban. El argumento del portavoz es que de esta
manera siempre se va a mejorar el proyecto de ley. Nosotros vamos a
realizar unos planteamientos que entendemos lógicos, a pesar de que no me
haya contestado en el turno de portavoces sobre los plazos y la necesidad
que tiene el Grupo Popular de que este proyecto de ley entre en vigor
el 15 de julio, según los argumentos aportados en su momento en el
informe del letrado.


Nuestro grupo presenta cuatro enmiendas. La enmienda 75, de
supresión, se justifica en que se trata de una regulación disconforme con
las previsiones del Código Civil en materia de filiación. En cuanto a la
enmienda 76, sería bueno que de aquí al Pleno llegáramos a alguna
transaccional, porque entendemos que el artículo al que la enmienda hace
referencia es muy muy importante. Por otro lado, el Gobierno vasco tenía
algún acuerdo al respecto con el Ministerio de Sanidad, y nos gustaría
que se pudiera recoger.


En primer lugar, propondríamos una transaccional con el fin de que
el plazo para proceder a las comunicaciones de los nacimientos y
defunciones por los establecimientos sanitarios públicos fuese de setenta
y dos horas en lugar de la comunicación establecida en el artículo 46,
esto es, en el día natural siguiente al nacimiento. Tengan ustedes en
cuenta que actualmente los familiares disponen de diez días para acudir
al registro a tramitar la inscripción, con lo cual, la comunicación al
día siguiente al nacimiento posiblemente se convierta en una cuestión muy
complicada para los hospitales, clínicas y establecimientos
sanitarios.


En segundo lugar, otro argumento que entendemos importante para
llegar a una transaccional es el cuestionamiento de las huellas
dactilares o la acreditación —tan importante— del niño o la
niña. En este sentido, tenemos un planteamiento más abierto porque las
realidades en las distintas comunidades son diferentes. Además,
entendemos que todas las leyes tienen una voluntad de perdurabilidad en
el tiempo, por lo que acotar un sistema muy concreto puede perjudicar en
el futuro. Por tanto, proponemos algo que ya es una realidad —en
diferentes comunidades autónomas ya se están haciendo pruebas de otro
tipo—: un texto que indique que, además de las huellas dactilares,
se dispondrá de cualquier otro procedimiento que, conforme a los avances
tecnológicos, garantice la mayor fiabilidad, tanto de la identificación
del recién nacido como de la relación de filiación materna. Nos parece
que es un texto abierto que recoge el espíritu de este proyecto de ley, y
si el grupo mayoritario tiene verdadera voluntad de llegar a un acuerdo y
hacer una serie de modificaciones y aceptar algunas enmiendas, de aquí al
Pleno podríamos alcanzar una transaccional que, por un lado, reafirmase
dicha voluntad y, por otro, mejorase el texto de manera evidente.


En la enmienda 77 decimos que todas las comunidades autónomas
tienen previstas en sus leyes la elaboración de las estadísticas de
defunciones en sus respectivos ámbitos y, por tanto, codifican la causa
básica de muerte. Por tanto, recogerlo en el artículo 64 nos parece del
todo procedente.


Finalmente, la enmienda 78 propone la supresión del apartado nueve
del artículo segundo de este proyecto de ley, que hace referencia al
acceso telemático a los datos del padrón municipal. Por una parte,
entendemos de la competencia municipal en todo este ámbito, además de la
necesidad del consentimiento del interesado en relación con los hechos
inscribibles en los registros civiles.


Creemos que estas cuatro enmiendas son lógicas y, además, como he
dicho, proponemos una transaccional, para que de aquí al Pleno se mejore
el proyecto de ley.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.


Enmiendas 15 a 50, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Las doy por defendidas, señor
presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Enmiendas 51 a 60 y 62 a 74, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió.


Para su defensa, tiene la palabra la señora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.


Mi grupo ha presentado un total de 24 enmiendas, 2 de adición y 22
de modificación. Hoy mismo hemos retirado por registro la enmienda 61,
sobre mejora técnica de la certificación de dominio y cargas, porque
hemos detectado que la presentamos por error, ya que había sido
transaccionada en el Congreso. Por tanto, ahora manifestamos verbalmente
su retirada.


En el trámite del Senado presentamos dos nuevas enmiendas: la 71,
de adición, y la 72, de modificación. Mediante la aprobación de la
enmienda 71 se conseguiría regular en nuestro ordenamiento jurídico el
supuesto de la filiación por maternidad subrogada y, con ello, dar una
respuesta adecuada, respetando la seguridad jurídica de nuestro sistema,
al vacío legal que ha existido en los últimos años, por el cual los
menores nacidos en el extranjero por gestación subrogada quedaban
desprotegidos y sin reconocimiento de su filiación en España.


Mediante la enmienda 72 modificamos la disposición adicional
cuarta, sobre medios, ya que, conforme al proyecto, las medidas incluidas
en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de
retribuciones ni de otros gastos de personal. Entendemos que esto es
inviable, porque este proyecto de ley es muy ambicioso y poner en marcha
la ventana única no puede ser algo gratuito ni que no implique ninguna
clase de incremento de dotaciones. Por tanto, proponemos que el Gobierno
asigne los recursos humanos especializados, materiales y presupuestarios
necesarios a las distintas administraciones públicas con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en esta ley, ajustándose a los
requerimientos del despliegue. El coste de la implementación de las
medidas contempladas en la presente ley, en particular, la inscripción de
los recién nacidos y de los fallecimientos por parte de los centros
sanitarios, no debe trasladarse ni a estos últimos ni a las
administraciones sanitarias. Por otro lado, consideramos que tampoco es
admisible que los términos en que se regula el procedimiento hagan recaer
en las direcciones de los centros y en los profesionales sanitarios
prácticamente toda la responsabilidad de las nuevas garantías legales,
especialmente en materia de determinación de filiación. Esas garantías
deberían prestarse por personal adecuadamente formado en las nuevas
obligaciones legales.


El resto de las enmiendas ya se presentaron en el Congreso y no
fueron consensuadas ni votadas a favor. E insistimos en su presentación.
Por ejemplo, las enmiendas 70 y 73, sobre la filiación no matrimonial,
suponen mejoras técnicas respecto de la comprensión y el alcance del
precepto, así como para coordinar los mandatos contenidos en el
artículo 120, en su nueva versión modificada, y en el artículo 44.8 de la
Ley del Registro Civil.


También hemos presentado un grupo de enmiendas sobre la
convocatoria de la subasta, su anuncio, contenido y publicidad; la
remisión de los datos del anuncio de la subasta por el secretario
judicial; los requisitos para pujar; la intervención del procurador en la
subasta electrónica; el desarrollo y terminación de la subasta; y la
publicación del decreto de adjudicación de bienes en el portal de
subastas, por ejemplo.


Nos reservamos la defensa del resto de enmiendas para el Pleno, y
esperamos su aprobación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rieradevall.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para la defensa de las
enmiendas 79 a 100, tiene la palabra el señor Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.


Hago uso de la palabra ejerciendo mi función como parlamentario.
Quien no quiera estar presente que no esté, pero omito cualquier
comentario acerca de la demora o el retraso en la comisión, porque el
único que me puede decir que deje de hablar es el presidente de la
comisión en el ejercicio de sus funciones. Por eso, señor presidente,
defiendo estas enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista. Algunas
de ellas ya son conocidas por el ponente del Grupo Popular porque se
plantearon en el Congreso, y hay otras que no estaban en el paquete de
enmiendas que presentó el Grupo Socialista en el Congreso de los
Diputados.


Voy a hacer una referencia específica a las enmiendas 87 y 88. La
enmienda 87 se refiere a la extensión de la notificación a través de la
dirección electrónica, y es que no hay por qué usar la dirección
electrónica solo para una materia cuando se puede usar para varias. En
este punto quiero recordar un nombre que quizás a alguno le pueda doler.
Había una juez en España que cuando daba cursos sobre gestión de asuntos
hablaba de «en cadena» y «en cascada»;






o sea, ya que está la persona y
puedes comunicarle varias cosas, aprovecha y comunícale todas en cadena y
en cascada. Esa juez, con la que hice un curso, se llama Manuela Carmena
y es la alcaldesa de Madrid. Y siempre he recordado las expresiones «en
cadena» y «en cascada», que, como digo, ambos aprendimos en un curso del
Consejo General del Poder Judicial. Si eso se decía cuando se hacía en
papel y allí estaba presente cualquier ciudadano o ciudadana, creo que es
un avance extender la notificación a través de la dirección electrónica.
Y como quiera que el señor ponente del Grupo Popular antes ha dicho que
yo no hacía propuestas en torno a la subasta electrónica, va ahora este
conjunto de propuestas, algunas de las cuales ya estaban registradas.
Explico ahora la que se contiene en la enmienda 87 —que no lo
estaba—, para que tenga a bien dar su opinión al respecto. ¿Por qué
razón? Porque tenemos un conjunto de propuestas sobre la subasta
electrónica y sobre la afiliación electrónica, aunque no nos gusten los
procedimientos electrónicos legislativos como el que estamos ahora
viviendo —es aquello de soplar y hacer botella—. Preferimos
la reflexión, compartir y negociar fórmulas que puedan ser más adecuadas
para conseguir los objetivos que se buscan. Se busca el objetivo de la
subasta electrónica, se busca el objetivo de la afiliación electrónica, y
de ahí las propuestas que hacemos en la enmienda 87, que, como decía,
propone la extensión de los actos de comunicación judicial, la extensión
de la notificación a través de la dirección electrónica. Y no creemos que
haya ningún argumento en contra de que se extienda el uso de la dirección
electrónica también en la notificación.


Las enmiendas 84, 96 y 100 se dirigen, específicamente en el
ámbito de la subasta electrónica, a proteger al deudor hipotecario
—lo he explicado en la primera intervención—, es decir, a
equilibrar una relación desequilibrada, como lo es la relación entre el
acreedor hipotecario —el banquero— y el ciudadano. Pensamos
que había que hacer un esfuerzo por equilibrarla en línea con lo decidido
por los tribunales de justicia en algunas resoluciones y también en otras
del Tribunal de Estrasburgo. ¿Por qué razón? Porque incluso en las
enmiendas 89, 90 y 93 —de nuevo estamos trabajando en el ámbito de
la subasta electrónica, y van ya siete enmiendas al respecto—
proponemos excluir todo lo que tenga que ver con la procura existencial.
También lo he dicho en la primera intervención, aunque no ha habido acuse
de recibo, por lo que nos gustaría saber qué opinan con respecto a que
esos ingresos por renta básica, esos ingresos para el comedor escolar,
esos ingresos mínimos para la alimentación tres veces al día, estén
excluidos del ámbito del embargo. A nosotros nos parece que lo adecuado
es que se discuta en este momento.


Por otro lado, no hemos escuchado ninguna explicación sobre lo que
no estaba en la exposición de motivos ni en el discurso del ministro en
la presentación del texto. Me refiero a la enmienda número 95 y a la
distinción entre la afiliación matrimonial y no matrimonial. Insistimos
en que es un salto atrás en el túnel del tiempo porque eso ya estaba
consolidado en el artículo 39 de la Constitución y luego en la Ley de
Registro Civil del año 2011, aprobada por unanimidad —cosa rara en
las Cortes españolas, aunque, es verdad, a veces hay textos que se
aprueban por unanimidad—.


¿Y cuál es la razón de que presentemos la enmienda 97? Volver a
insistir en la necesidad de proteger al máximo la adopción, eliminar la
prohibición que tienen los españoles de adoptar en cuarenta y cinco
países cuando el resto de los países europeos lo está haciendo y la
necesidad de proteger al máximo al menor. No voy ahora a leer el texto,
porque creo, señoría, que usted ya lo ha leído —sé que los que no
son ponentes no han tenido a bien hacerlo porque no era su
responsabilidad, pero usted sí—, y si se fija en el texto de esa
enmienda comprobará que se pretende proteger al máximo al menor,
facilitar la adopción internacional y abordar el fenómeno de la
disminución del índice de adopción en España en muy pocos años, con
prácticamente 4000 adopciones menos.


Por supuesto, no le pido en absoluto acuse de recibo de las
enmiendas 79, 82, 86, 92, 98 y 99, en coherencia con el turboelectrónico
procedimiento que estamos utilizando. Y como sé que está encantado ante
el hecho de que los órganos consultivos no hayan podido evaluar lo que se
ha incorporado al texto, y tampoco lo dijo el ministro en su discurso ni
está en el preámbulo introductorio que explica el texto, si no lo ha
podido explicar el ministro, ¿cómo le voy a pedir a su señoría que lo
haga aquí, en la mañana de hoy? Por mi parte, sería abusar
demasiado.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Díaz Tejera.


Por el Grupo Parlamentario Popular, en turno en contra, tiene la
palabra el senador Arias.


El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, como puede entender, voy a intentar referirme a la
mayoría de las enmiendas, y en las anteriores intervenciones ya he
intentado contestar a la mayor parte de las reivindicaciones u
observaciones del resto de los grupos. Intervengo para fijar la posición
de mi grupo en sustitución de mi compañera, la senadora Torres, que, como
saben, está en este momento en otro proyecto de ley.


Obviamente, hay que dar las gracias al resto de grupos por las
enmiendas presentadas, aunque ya adelanto que nuestro voto va a ser
contrario a ellas. Y las rechazamos, en algunos casos —no voy a
entrar una a una—, por considerar que están fuera del objeto del
proyecto, y en otros, porque no consideramos necesarias ciertas
precisiones, como, por ejemplo, las relativas a los procuradores o los
secretarios judiciales. Sin embargo, me voy a detener en alguna de las
enmiendas, aunque de manera general, porque será en el trámite del Pleno
donde lo hagamos con más detalle.


Quiero empezar por aquellas que se refieren a la posición del
deudor hipotecario. Creemos que la modificación que se propone no guarda
relación con el objeto del proyecto, al igual que las enmiendas que se
refieren a la protección de los ingresos mínimos y los derechos sociales.
Obviamente, todos estamos muy sensibilizados y muy preocupados por la
situación que vive nuestro país y no queremos que ningún niño ni nadie se
quede sin alimentarse y sin tener un techo bajo el que vivir. Y en eso
trabajamos en los ayuntamientos, y también en nuestro grupo, el Grupo
Popular, teniendo en cuenta que, después, cuando algunos llegan con
propuestas muy novedosas reconocen que las propuestas o acciones que
estaban llevando a cabo los gobiernos del Partido Popular eran
significativamente mejores.


También quiero hacer referencia a las enmiendas que abordan la
cuestión de la filiación por dos madres. No aceptamos la redacción
propuesta porque no consideramos que en este momento sea oportuno ampliar
a otros supuestos la previsión de dicho apartado. Por otro lado, en la
enmienda que se refiere a la obtención de los datos del Instituto
Nacional de Estadística se cuestiona que puede haber una violación del
derecho fundamental a la protección de datos. Nosotros creemos que no es
así, y además se va a desarrollar un tratamiento profesional de la
información por las administraciones públicas.


Otras enmiendas hacen referencia a los institutos autonómicos de
estadística, como las enmiendas 76 y 77, del Grupo Vasco. Voy a trasladar
a mi compañera y a mi grupo la propuesta de transaccional ofrecida por el
Grupo Vasco, y veremos si somos capaces de llegar a un acuerdo de cara al
Pleno. En principio rechazamos la modificación estricta —si nos
ceñimos a las enmiendas—, porque se trata de una ley nacional y no
se refiere a instituciones autonómicas, que al fin y al cabo tan solo
cuentan con una previsión normativa que no está desarrollada. Por
ejemplo, en mi comunidad autónoma no hay un instituto de
estadísticas.


En cuanto a las enmiendas que abordan la cuestión del coste,
nuestro grupo considera que la modificación que se incluye en el texto
que se aprueba no implica el incremento de costes ni tampoco
retribuciones o gastos de personal. Y en relación con las que piden la
modificación del artículo 120, sobre la afiliación no matrimonial, las
rechazamos por considerar que es más adecuada la terminología que viene
del Congreso de los Diputados.


Otras enmiendas exceden, como he dicho, del objeto del proyecto,
como, por ejemplo, la referente a la adopción internacional, del Grupo
Socialista, o la relativa al procedimiento para la adopción de la
nacionalidad española por residencia. Nosotros estimamos que la supresión
de la disposición que se propone no supone mejora alguna. Y en cuanto a
la número 51, de Convergència i Unió, sobre la subasta presencial,
consideramos que es contraria al proyecto, y por eso la rechazamos.


Finalmente, quiero referirme a aquellas enmiendas que versan sobre
la gestación por sustitución, una cuestión compleja que todos somos
conscientes de que se debe analizar en el ámbito de las Cortes Generales,
en el Congreso y en el Senado. Pero en este caso consideramos que
actualmente no es necesario el cambio de la legislación vigente, ya que,
desde nuestro punto de vista, la instrucción de la Dirección General de
los Registros y del Notariado de 2010 está plenamente vigente, por lo
que, como no puede ser otra manera, cabe inscripción. Ese sentido, estoy
totalmente a favor de la inscripción en nuestro Registro Civil de la
resolución judicial extranjera que fija el vínculo.


Concluyo mi intervención reiterando nuestro voto negativo a estas
enmiendas, agradeciendo el trabajo de los ponentes, y esperando que
seamos capaces de llegar a algún acuerdo de aquí al Pleno que mejore el
texto que debatimos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arias.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la senadora Domínguez.


La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Gracias, señor presidente.


Dado que el portavoz del Grupo Popular ha dicho que no iba a
detallar cada una de la enmiendas, sino que se iba a referir a ellas
forma general, y no ha hecho alusión a las presentadas por el Grupo
Mixto, en concreto, a la enmienda número 1, presentada por mí, en este
caso no puedo hacer uso de la palabra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Domínguez.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente.


Parece que hay una contradicción en sus propios términos o, como
les gusta decir a los juristas, una contradictio in terminis. Al comienzo
de la comisión ha habido un agradecimiento del portavoz del Grupo Popular
por el trabajo realizado por los diferentes grupos en la elaboración de
las enmiendas, pero reconocerá que al no haber aceptado ninguna —y
cuando digo ninguna es cero, un cero a la izquierda— sorprende un
poco ese agradecimiento, porque, cuando menos, el grupo mayoritario
considera que los grupos de la oposición en su generalidad hemos sido
bastante torpes a la hora de intentar mejorar este texto; por lo visto no
hemos sido capaces de percibir el espíritu de este proyecto de ley, el
dos al precio de uno que tiene para el Grupo Popular.


Como se ha dicho, hemos hecho una propuesta transaccional, y
veremos si de verdad hay espíritu de aceptarla o existen unos límites que
invitan a que no se acepte nada y este proyecto de ley vaya directamente
al Boletín Oficial del Estado, sirva únicamente para cumplir una
formalidad —no voy a decir que pérdida de tiempo— y solo se
trate de palabras para llenar páginas y páginas de diferentes boletines
pero sin ninguna traslación a las necesidades de la ciudadanía, que lo
único que pretende es que nosotros trabajemos para mejorar su vida.


Lo único que pretende recoger la transaccional que les pedimos
— si no la plantean presentaremos una enmienda firmada por todos
los grupos— es algo que el Ministerio de Sanidad también cree
imprescindible realizar, y es que si cualquier familiar dispone de diez
días para acudir al registro a tramitar, por ejemplo, la inscripción de
un nacimiento, los hospitales no tengan que comunicar a la oficina del
Registro Civil que corresponda los nacimientos en el día natural
siguiente, como se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
sino en el plazo de setenta y dos horas. En todo caso, si estamos
hablando de aceptar que se tomen las dos huellas plantares del recién
nacido junto a las huellas dactilares de la madre para que figuren en el
mismo documento de la inscripción, pedimos que se acepten las pruebas que
en el futuro mejoren el resultado de esa comprobación.


Espero que la magnanimidad y las ganas de voluntad que veo en el
grupo mayoritario nos lleven a aprobar al menos una transaccional. De lo
contrario, seguiremos valorando que la verdadera voluntad del grupo
mayoritario es no aprobar ninguna enmienda y que el texto vaya
directamente al Boletín Oficial del Estado porque el grupo mayoritario y
el Gobierno tienen otra serie de prioridades.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bildarratz.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya no hará uso
de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra la señora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente. Muy
brevemente.


Agradezco el agradecimiento —valga la redundancia— del
senador Arias por haber presentado enmiendas e intentar mejorar el texto
y esperamos que este agradecimiento sea sincero y veamos la aprobación de
las enmiendas o de algunas transaccionales que lo mejoren.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Díaz Tejera tiene
la palabra.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.


Quiero empezar por agradecer que el señor ponente del Grupo
Popular haya hablado. Fíjense ustedes adónde hemos llegado que hay que
agradecerle a un parlamentario que haya parlado, que haya hablado, porque
yo todavía sigo estupefacto por la última Comisión de Justicia en la que
estuve: no habló nada y dijo aquello de que se reservaba —como
Laura, que se reservaba para el matrimonio— para el Pleno, y aquí
no dijo nada. Por eso le agradezco que haya hablado, aunque sea de su
libro, aunque sea de su libro. Eso siempre es de agradecer, porque es una
señal de respeto al trabajo de los otros el tratar de decir lo que se
piensa.


Le agradecería que, si pudiera, me acusara recibo de lo que le he
planteado. Le he planteado qué opina usted sobre esto que se ha
incorporado en el texto —que no estaba en el preámbulo, que no está
en el discurso del ministro— y es de la distinción entre la
filiación no matrimonial y la matrimonial. Fíjese usted que el párrafo 2
del artículo 39 de la Constitución española precisa que los poderes
públicos aseguran la protección integral de los hijos, iguales estos ante
la ley con independencia de su filiación, y luego el párrafo 3 obliga a
los padres a prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro
o fuera del matrimonio. El legislador constituyente nos está diciendo que
es irrelevante e intranscendente a los efectos de la obligación de
cuidado de los hijos que hayan nacido en un matrimonio o no. Y le vuelvo
a insistir que el artículo 44 del Código Civil —que el
Constitucional ha dicho ya que se ajusta a la Constitución— plantea
que el matrimonio tiene la misma naturaleza, requisitos y caracteres sean
los cónyuges del mismo o distintos sexo. A mí me parece que esto es un
salto atrás y creo que sería bueno no incorporar esta distinción. Ese es
un asunto, le vuelvo a insistir, sobre el que me gustaría escuchar su
criterio.


Le he planteado también el asunto de la adopción internacional
cuando hablaba de la propuesto 97, porque estamos hablando de filiación,
estamos hablando de los menores y estamos hablando de facilitar la
filiación de esos menores, planteando una fórmula en el sentido de que
solo en supuestos excepcionales las instituciones lo acojan y que, por el
contrario, siempre es preferible la fórmula del acogimiento familiar. En
el segmento de la población más frágil, más vulnerable, que es la
población infanto-juvenil —algunos dicen que es la tercera edad,
pero yo creo que es incorrecto porque ellos disponen de recursos
culturales para tener criterio— se plantea una sugerencia concreta
para facilitar esa adopción que, insisto, no voy a leer por respeto a
usted, en primer lugar, que sí sé que ya la ha leído, y al resto de los
integrantes de la comisión.


En cuanto a la maternidad subrogada —asunto que sigue
abierto, pero que ahora no se aborda en términos de contenido
material—, muchos de los que han trabajado en esta materia se
oponen rotundamente porque es cosificar a la mujer y reducirla al papel
de un órgano, de una incubadora, y por esa razón no aceptan de ninguna
manera que se contemple esa realidad; así, hay 7 países de la Unión
Europea que expresamente lo prohíben —uno de ellos es España,
también Alemania—, pero hay 17 que no lo contemplan. Pero luego hay
realidades materiales que se van imponiendo; por ejemplo, cuando te
encuentras con un niño o con una niña, que es un ser humano que existe,
no puedes decirle: mira, mi niño, la Convención de Derechos del Niño del
año 1989 —por nombrar la más reciente, ya no me remito al Convenio
de Roma de 1950— no se te aplica porque hay un análisis ideológico
respecto al papel que tiene que jugar el ser humano en la reproducción,
etcétera. Si uno se encuentra con esa realidad, ese menor tiene derecho a
esa filiación, ese menor tiene derecho a esa identidad y otros conceptos
de orden público internacional no son los que deben primar cuando estamos
hablando del derecho a la filiación, el derecho a la identidad, el
derecho de ese menor.


¿Por qué razón? Porque hay quien piensa que donde no hay reglas
jurídicas los seres humanos son buenos, justos y benéficos —como
decía la Constitución de 1812—, y hay quienes piensan que donde no
hay reglas jurídicas los seres humanos no son buenos, justos y benéficos,
sino que donde no hay reglas jurídicas hay muchísimo más abuso que si
existiesen esas reglas jurídicas. Es decir, aunque existan las reglas
jurídicas, las posibilidades de abuso son infinitas —cierto es,
cierto es—, pero más abuso habría si no hubiera regla jurídica,
porque entonces no habría unos parámetros por los que medir el
comportamiento humano, lo que es permisible o no, lo que se puede acordar
o lo que no se puede acordar, y el Estado debe tutelar siempre los
derechos de todos los seres humanos, en particular los seres humanos más
vulnerables y más frágiles.


Pero aquí no se plantea el contenido material de la maternidad
subrogada, lo que se plantea es la necesidad del derecho a filiación de
esos menores que llegan aquí, y cuando están aquí los tienes que filiar,
tienes que darles una identidad. Cosa distinta, insisto, es la regulación
del contenido material, que no es lo que se está planteado en esta
enmienda; muy al contrario, lo que se plantea es algo distinto en la
enmienda número 95. Me gustaría escuchar su criterio respecto a este
apartado, señoría, no sobre lo que no planteamos, sino sobre lo que sí
planteamos.


Nada más, presidente, y gracias por dejarme hablar con entera
libertad.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera.


Para finalizar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el
señor Arias.


El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.


Le pido disculpas a la portavoz del Grupo Mixto porque sí es
cierto que iba a contestar a la defensa de su enmienda y al final no lo
hice en la intervención anterior. Nosotros rechazamos esta enmienda
porque consideramos que queda fuera del proyecto de ley que estamos
debatiendo.


A los portavoces del grupo vasco y de Convergència i Unió, al
igual que al resto de los portavoces, les vuelvo a agradecer la
presentación de enmiendas que puedan mejorar este proyecto. Tomamos la
palabra y les digo sinceramente que tenemos que hablar para intentar
llegar a un acuerdo; otra cosa es que podamos o no podamos, pero debemos
y tenemos la obligación de intentar llegar a ese acuerdo. Agradezco
también a la portavoz de CiU su aportación.


Y contesto al portavoz del Grupo Socialista, a sus enmiendas y a
su intervención. Senador Díaz Tejera. Entiendo que usted lo que pretende
es que hablemos de lo que usted quiere que hablemos, pero yo tengo que
hablar de lo que vengo a hablar, que es también del proyecto de ley que
debatimos, no simplemente de aquellas cuestiones que sí son importantes y
que forman parte del proyecto de ley. Yo he hecho una serie de
intervenciones, tanto en el turno de vetos como en el de las enmiendas,
que van a tener continuidad también en el Pleno; por lo tanto, se le
contestó a la mayoría de las cuestiones que usted planteó, pero en el
Pleno también se le va a seguir completando la contestación y la
argumentación a todas y cada una de ellas.


Coincido en la importancia y la necesidad de que se aborde y se
garantice el derecho de filiación de esos menores y también coincido en
la necesidad de que avancemos en la cuestión de la gestación subrogada.
Espero que en la próxima legislatura, porque en esta ya va a ser difícil,
seamos capaces todos juntos de avanzar en garantizar el derecho de
filiación, que nosotros hoy en día consideramos que está garantizado por
la instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado, pero
también la regulación de la gestación subrogada.


Reafirmamos nuestra apuesta decidida por este proyecto de ley, un
proyecto de ley que apuesta por la modernización de la Administración de
Justicia y del Registro Civil, y reitero a todos los ponentes y al
letrado de la comisión nuestro agradecimiento y manifiesto nuestro voto
negativo a las enmiendas, pero siempre abiertos a la posibilidad de
llegar a acuerdos en el trámite del Pleno.


Por tanto, una vez más, quiero darles las gracias por su
atención.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Arias.


Señorías, finalizado el debate y antes de proceder a la votación
del texto de la ponencia, voy a decir una obviedad, ya que es temprano, y
es que es perfectamente legítimo, es perfectamente admisible que
cualquiera de los ponentes de esta comisión demande, como ha hecho el
señor Díaz Tejera, un acuse de recibo a otro, y también es perfectamente
admisible, perfectamente legítimo que el ponente al que se le demanda
haga de su intervención lo que considere oportuno y acuse recibo tal y
como desee. Porque aquí está permitido discrepar, señorías, y a veces nos
ponemos todos muy exagerados.


Dicho esto, vamos a proceder a votar el texto de la ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 14; en contra, 5; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Acto seguido procede, como ustedes saben, designar al miembro de
la comisión que tendrá que presentar el dictamen en el Pleno.


Tiene la palabra el señor Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: En esta ocasión el Grupo Socialista no tiene
nada que proponer.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera.


¿Algún portavoz tiene algo que proponer? (Pausa).


Tiene la palabra el señor Altava.


El señor ALTAVA LAVALL: Por parte del Grupo Parlamentario Popular,
señor presidente, en primer lugar queremos felicitarle por su carácter
liberal, que nos encanta, y proponer a su señoría para que presente el
dictamen en el Pleno.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Así lo haré y agradezco que se acepte por asentimiento.


Finalizado el orden del día de la comisión, se levanta la
sesión.


Eran las catorce horas y quince minutos.