El señor PRESIDENTE: A continuación, tenemos la designación de la
ponencia en relación con el Proyecto de Ley de medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Registro Civil. Por tanto, procede designar a los miembros de la ponencia
de este proyecto de ley.

¿Qué nombres propone el Grupo Parlamentario Socialista para esa
ponencia, don Arcadio Díaz Tejera?

El señor DÍAZ TEJERA: Los mismos cuatro senadores —ya lo he
argumentado ante la Presidencia— que llevan estas materias aquí:
don Nicanor, la señora Marra, el señor Rodríguez Esquerdo y un servidor
de usted.

El señor PRESIDENTE: Perfecto.

El Grupo Parlamentario Popular, para este Proyecto de Ley de
medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Registro Civil, ¿a quién designa, señor Altava?

El señor ALTAVA LAVALL: Señor presidente, a la senadora doña
Carmen Belén Torres y al senador don Mario Arias Navia.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, la ponencia quedará
integrada por los senadores propuestos por estos grupos, así como por el
único representante de cada uno de los restantes grupos en esta comisión.
¿Está de acuerdo la comisión?

Señor Yanguas, tiene la palabra.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Señor presidente, con su permiso, el
Grupo Mixto designaría para la ponencia al portavoz, al señor Goioaga,
porque yo le sustituyo.

El señor PRESIDENTE: Reglamentariamente, el miembro de esta
comisión del Grupo Mixto es el único que puede ser nombrado ponente; o
sea, que no podía ser nombrado otro.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Entendido, gracias.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la ponencia.

El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Dictamen
del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

A este proyecto de ley se han presentado seis propuestas de veto
y 402 enmiendas, dos de las cuales, las números 83 y 127, del Grupo
Parlamentario Socialista, fueron posteriormente retiradas.

La ponencia designada en relación con este proyecto de ley ha
emitido informe, en el que se refleja que han quedado aprobadas y, por lo
tanto, incorporadas al texto del informe de la ponencia las
enmiendas 372, 377 y 393, del Grupo Parlamentario Popular. Se han
rechazado el resto.

Por otra parte, se han retirado las enmiendas números 83 y 127,
del Grupo Parlamentario Socialista y han sido corregidas las
número 68, 214 y 232, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Señorías, vamos a pasar a la defensa de las propuestas de veto. En
primer lugar, propuesta de veto número 1, presentada conjuntamente por el
señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo
Parlamentario Mixto.

Señor Yanguas, tiene la palabra.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Como representante del Grupo Mixto, lo
doy por defendido.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Propuesta de veto número 4, presentada conjuntamente por el señor
Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

Señor Guillot, tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

Lo doy por defendido.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Propuesta de veto número 5, presentada conjuntamente por la señora
Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor
Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Señor Guillot, tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.

También lo doy por defendido.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillot.

Propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado.

Señora Iparragirre, tiene la palabra.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.

La doy por defendida.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado (Convergència i Unió).

Señora Rieradevall, tiene la palabra.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

La doy por defendida.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por último, propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Señor Díaz Tejera, tiene la palabra.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

¿Cuáles son las razones por las que el Grupo Socialista presenta
veto a este proyecto? Primero vamos a desgranar las razones de la
omisión, porque es una ley orgánica que trata de regular el Poder
Judicial. Por ejemplo, nosotros echamos de menos que no se haya podido
abordar la materia de los aforados. Hay un excesivo número de aforados y
por eso pensamos que podríamos abordarlo en términos de Poder Judicial
para que puedan ser enjuiciados por el juez predeterminado por la ley.
Nos parece que es una gran conquista histórica que no se puedan nombrar
jueces especiales para personas especiales, sino que, en general, sea el
juez predeterminado por la ley, y la condición de aforado en todo caso
limitarla a aquellos supuestos en los que hay que proteger de manera
especial, o bien a los que ejercen una función parlamentaria —que
tenía sentido en el medievo pero ahora tendría menos—, o bien a
aquellos que están inmersos en una gestión tan intensa y tan extensa que
les es difícil evaluar permanentemente todo lo que le ponen a la firma.
En cualquier caso, aparte de estas consideraciones absolutamente
generales, nos parece que es bueno que abordemos esta materia porque
creemos que es excesivo el número de aforados y que lo podríamos abordar
aquí. Es una asignatura pendiente de la calidad de nuestro sistema
democrático y yo pensaba que en una reforma del Poder Judicial se podría
abordar.

Por otro lado, también me apena —y esto fue objeto de debate
con respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial— el no poder
abordar los asuntos que a todos nos escuecen como miembros de la especie
humana, como demócratas y como enamorados del sistema democrático
parlamentario, del Estado de derecho y de los derechos humanos. Son
algunos de los supuestos que han sido exonerados por razón de la
supresión fáctica de lo que se ha denominado justicia universal. En los
últimos meses hemos visto algunos supuestos, que a todos nos escuecen
como seres humanos, como demócratas y como españoles —dos de las
omisiones—, por el contrario lo del juez predeterminado por ley que
abordé en primer lugar. Algunas de las reformas que se plantean aquí nos
generan especial preocupación. Y es que cuando se discutió en el Senado
la supresión de los partidos judiciales, todos los grupos, sin excepción,
lo suscribimos —incluso muchos senadores del Grupo Popular
manifestaron que estaban en desacuerdo con la supresión de los partidos
judiciales—, pero resulta, señor presidente, por la forma en que se
van a hacer algunas cosas cuando entre en vigor este texto —de
seguir así—, que nominalmente seguirá existiendo el partido
judicial, pero, por acuerdos de sala de gobierno o por acuerdos del
consejo, pudiera ser que un conjunto de órganos jurisdiccionales asumiera
muchísima más responsabilidad que la que tienen en la actualidad órganos
jurisdiccionales de capitales de provincia, con lo cual esto podría
suponer en la práctica un vaciamiento de determinados partidos
judiciales. A nosotros nos sigue pareciendo que es muy importante la
existencia de los partidos judiciales en el conjunto de España porque
garantizan que no se intensifique esta concentración urbana y se
mantengan muchos pequeños ayuntamientos. Llamo la atención a sus señorías
en torno a este vaciamiento competencial de los juzgados en función de
acuerdos de carácter gubernativo al concentrar competencias de diversos
órganos en unos u otros, fundamentalmente en los vinculados a capitales
de provincia.

Y hay una materia, señor presidente, que también nos parece
relevante. Cuando se iba a regular el Poder Judicial —después de
más de treinta y cinco años de Constitución—, pensábamos que el
Estado autonómico llegaría al ámbito del Poder Judicial, una asignatura
que estaba pendiente. Antes me refería a los aforados, a la justicia
universal, a la necesidad de mantener el juez predeterminado por la ley,
pero ¿qué ocurre con esto de que el Estado autonómico llegue al ámbito
del Poder Judicial? Son dos cosas. En primer lugar, lo que se establece
en el artículo 152, para que el tribunal superior culmine la organización
jurisdiccional en cada comunidad autónoma. En segundo lugar, lo que está
previsto en el artículo 144 del Estatuto de Andalucía, en el 42 del
Estatuto de Castilla y León, en el 52 del Estatuto de Extremadura, en
el 96 del Estatuto de las Islas Baleares, en el 43 del Estatuto de la
Comunidad de Valencia y en el 44 del Estatuto de Aragón, o también en los
artículos 11 y 36 del Estatuto del Ministerio Fiscal. ¿Y qué se plantea
ahí? La posibilidad de estos informes del Ministerio Fiscal al consejo de
ese ámbito autonómico. Y yo no tengo especial interés en que se llame
consejo autonómico del Poder Judicial —ya que siempre se argumenta
que el Poder Judicial es uno, único en toda España y que no se debería
llamar así— solo argumento en contra de que todos estos estatutos
de autonomía —apoyados por todos los grupos parlamentarios de toda
la Cámara— utilizan esa expresión de consejo autonómico del Poder
Judicial. Ahora bien, si, en última instancia, la gran dificultad que hay
es la Sentencia 56/1990 del Tribunal Constitucional, debo decir que
precisamente esa sentencia facilita la existencia de esos consejos,
porque en ella se habla de los funcionarios de la Administración de
Justicia que están al servicio del servicio público de la Justicia
—es la expresión exacta que utiliza la sentencia del Tribunal
Constitucional—. Por tanto, estos consejos pueden existir porque
son leyes orgánicas del ordenamiento jurídico vigente. Pero si el gran
argumento en contra de su existencia es que el Poder Judicial es uno y
único en toda España, se pueden llamar consejos autonómicos de la
Administración de Justicia. Pero, como ciertamente gran parte de las
comunidades autónomas tienen estas cláusulas subrogatorias en materia de
Administración de Justicia, me parece que este es un asunto que podríamos
abordar. Por el contrario, estos grandes asuntos —podríamos
llamarlos así—, que yo considero que son relevantes, no se han
querido abordar, y yo esperaba alguna otra cosa. Se trata de un conjunto
de ocurrencias que no genera un mejor servicio ni moderniza el servicio
público de la Administración de Justicia, sino que, al contrario, puede
generar más confusión. Y no me refiero a la confusión que pueda dar lugar
la nueva denominación del Cuerpo de Secretarios Judiciales, como antes
comentaba en ponencia. Llamar letrados de la Administración de Justicia a
los integrantes del Cuerpo de Secretarios Judiciales no solo generaría
confusión respecto a los que son letrados de la Administración
autonómica, de los ayuntamientos o del Estado, que son los abogados de
parte. Es que en este caso los secretarios judiciales no son abogados de
parte alguna, sino juristas al servicio de la Administración de Justicia.
También se generaría confusión en relación con los miles de abogados que
hay en cada provincia, porque, en general, a los abogados se les llama
letrados, y en este caso son siempre letrados de parte, no letrados de la
propia Administración de Justicia. En este sentido hemos planteado alguna
enmienda. Pensamos que la expresión director procesal definiría más
directamente su función, la de directores procesales. Incluso creíamos
que se iba a retocar la oficina judicial para dar más competencia al
Cuerpo de Secretarios Judiciales —se les llame como se les
llame— y así fuera el director de la oficina judicial quien
asumiera un conjunto de competencias —algo importante desde el
punto de vista del Registro Civil—, pero no bajo esa fórmula de «el
registro para los registradores» que se ha venido practicando en los
últimos años, aunque ahora se ha pospuesto dos años más. La idea es sean
los secretarios judiciales quienes desempeñen estas competencias como
directores procesales de la Administración de Justicia.

Nos encontramos con que la mitad de los juzgados en España
—es decir, los juzgados de Primera Instancia— tienen, según
el informe de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial
de 2014, un 150 % de saturación por encima de la media que establece el
propio consejo. Ante esta realidad, y aparte de la ocurrencia de llamar
letrados a los secretarios judiciales, nos parece que hay algunos asuntos
que son más graves —y aquí aludo a la formulación del Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos—.

Yo entiendo que, en general, ha resultado doloroso que España
pierda pleitos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando
España pierde pleitos ante ese tribunal, sea cual fuere el Gobierno, yo
lo vivo como si hubiese perdido ese pleito, porque no es bueno para el
prestigio del país. Pero cuando pierde pleitos con razones fundadas,
porque quizá así no se debieron hacer las cosas —eso es lo que
tiene el derecho, que son reglas que se tienen que aplicar en cualquier
caso a quien fuere, de ahí que se simbolice la Justicia con esa figura
con los ojos tapados, para no evaluar la condición subjetiva del que
tiene delante—.... Me refiero al recurso de revisión de la
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Fíjense ustedes que hasta ahora la sentencias tenían un efecto
erga omnes, es decir, que si sobre un asunto se dictaba sentencia, al
resto de asuntos idénticos —aunque con nombres distintos pero con
el mismo contenido material— también se les aplicaba por extensión.
Así se ha hecho con todas las sentencias en España. Pues el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos se plantea ahora una fórmula distinta con
estas sentencias y es que se usen como argumento para el recurso de
revisión en nuestro país, pero el resto de personas que estén en la misma
situación que la recurrente o el recurrente no podrían usarlo como tal y
tendrían que tener un pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. ¿Y qué ocurre? Que dicho tribunal, cuando ya ha dictado
sentencia sobre asunto, responde al que presenta la solicitud que sobre
esto ya se ha dictado sentencia y es esta. Y como el tribunal parte de
que en general todos los tribunales del mundo aplican la sentencia con un
efecto erga omnes —es decir, que cuando tiene otro asunto de
contenido idéntico el fallo es el mismo—, lo que dice es que no lo
admite a trámite. Con lo cual, a personas que pueden vivir la misma
situación y que ya han obtenido un fallo se les cierra la posibilidad del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por lo que respecta al recurso de
revisión, es como si no hubiese interpuesto ninguno ante el propio
tribunal, sea en la Gran Sala o sea en Primera Instancia. Yo entiendo que
se ha hecho esta formulación con el impacto de alguna sentencia que no es
menester ahora describir y que está en la mente de todos, pero el hecho
cierto es que no por esa situación vamos a tener que regular las cosas de
tal manera que perdamos en calidad de nuestro propio ordenamiento
jurídico, en calidad del propio Poder Judicial y en calidad de las
garantías que tienen todos los españoles y las españolas. Me parece que
es un gran retroceso dejarse llevar por esa experiencia o estar
legislando en caliente. Razones de omisión que expuse al comienzo, y
estas razones en el pronunciamiento en torno a las sentencias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos parece que son razones
suficientes para que si se quiere reformar la Ley Orgánica del Poder
Judicial se haga con sentido común y pensando en las consecuencias.
Fíjense ustedes que incluso el propio debate que tuvimos antes sobre
algunas de las enmiendas me resulta particularmente cómico si no fuera
esto trágico en las consecuencias.

En cuanto a esta enmienda 377, señor presidente, que ha presentado
el Grupo Popular, les llamo la atención sobre la realidad de los juzgados
en toda España. Una cosa es que invitemos al máximo al expediente
electrónico o que intentemos acabar con la Administración sin papel,
¿pero ustedes saben lo que significa incorporar esta expresión, que las
actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no
podrán transcribirse salvo en aquellos casos que una ley así lo
determine? ¿Ustedes saben lo que significa eso? Primero, en el conjunto
de España, y en todos los juzgados, chascando los dedos, de hoy para
mañana no todos van a tener expediente electrónico, no todos van a tener
estas posibilidades digitales; en gran parte de ellos sí, pero le está
diciendo al juez que cuando tenga un problema con el expediente
electrónico o con la Administración sin papel una declaración no se podrá
transcribir. Y si tiene roto el aparato de grabar sonido e imagen, hasta
que lo traigan, lo que tenemos es lo que tenemos, y con eso hay que
impartir justicia. Se le está diciendo que lo tiene prohibido salvo que
una ley le permita a ese juzgador hacerlo así. Yo comprendo que los
asuntos mediáticos y de los papeles, etcétera, generan una gran
conflictividad, pero no se puede legislar solo pensando en dificultar
accesos a documentación, hay que solventarlo de otra manera, en este caso
es prohibir cualquier transcripción, insisto, salvo que una ley le
permita a ese juez en cualquier lugar de los territorios de España poder
hacerlo. Me parece que una cosa es la voluntad de desarrollar la
Administración electrónica y otra pensar que la realidad se cambia por
milagros chascando los dedos o moviendo la nariz como en su momento hacía
el personaje de Embrujada. Creemos que son razones suficientes por acción
y por omisión para fundamentar el veto que ha presentado el Grupo
Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.

Para el turno en contra, va a ejercer la palabra don Luis Rogelio
Rodríguez Comendador.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Muchas gracias, señor
presidente.

En cuanto a los vetos presentados por los distintos grupos, nos
reservaremos nuestra argumentación para el día del Pleno.

Por lo que respecta al veto presentado por el señor Díaz Tejera,
es evidente que no coincidimos en la argumentación realizada por él, y
que su perspectiva en cuanto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial difiere bastante de la que el Partido Popular tiene. También
completaremos esta argumentación el día del Pleno y votaremos en contra
de todos los vetos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez
Comendador.

Vamos a pasar al turno de portavoces. Tiene la palabra en primer
lugar el señor Yanguas por el Grupo Parlamentario Mixto.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Señor presidente, no haré uso del
turno.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yanguas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Iparragirre no va a
hacer uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, el
señor Guillot tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Solo quería anunciar que voy a votar el conjunto de los
vetos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra la señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente. Muy
brevemente.

Coincidimos en muchos de los argumentos esgrimidos en las cinco
propuestas de veto presentadas por los respectivos grupos parlamentarios.
También consideramos en nuestro grupo que este proyecto supone una
oportunidad perdida para actualizar el sistema judicial que recoja una
adecuación y una adaptación a los estatutos de autonomía que exige la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Entendemos que se ha desaprovechado
nuevamente la ocasión. En muchos de los estatutos de autonomía vigentes
en estos momentos hay muchos aspectos que no se están regulando de la
manera adecuada. Por ejemplo, es muy grave que después de ocho años no se
hayan desarrollado los consejos de justicia de las comunidades autónomas,
entre otros temas. Está claro que mientras continúe esta situación
nuestra posición será de oposición clara y frontal y vamos a apoyar los
seis vetos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Díaz Tejera, en turno de portavoces.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Reafirmo lo que he argumentado, las razones por omisión y las
razones por acción. Me habría gustado escuchar razones en contra de lo
que he planteado porque, francamente, de estar equivocado, no es la
primera vez que uno tiene que pedir disculpas y decir: cuando he dicho
este artículo me he equivocado y tenía que ser otro, o este razonamiento
que he hecho no tiene fundamento alguno, porque el artículo que usted me
acaba de decir lo explica muchísimo mejor. Yo sigo insistiendo en que es
necesario reformar la ley 1/2014, que fue la que suprimió la justicia
universal, porque creo que la práctica así lo acreditó en su momento con
la cantidad de narcotraficantes y dirigentes del crimen organizado que
tuvieron que ponerse en libertad, aunque parte de ellos se han vuelto a
capturar, todo hay que decirlo en honor a la verdad, pero otra parte de
ellos no. Ahí tuvimos un gran retroceso en términos de calidad en la
lucha por los derechos humanos, y con toda sinceridad así lo
manifiesto.

Respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos yo no sé si todas
sus señorías están al tanto de lo que supone en la práctica el convenio
de Roma de 1950 de protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Nuestro país participa en el Consejo de Europa, una
organización de 47 países que no tiene que ver con la Unión Europea, que
es una unión de integración de 28 países, mientras que el Consejo de
Europa es una organización de 47 países, más vieja que la Unión Europea.
El trabajo a partir del año 49 del Consejo de Europa dio a luz la
posibilidad de que surgieran en los años 56 y 57 la Comunidad Económica,
el Carbón y el Acero, la energía atómica, y que luego más adelante hizo
posible la existencia de la Unión Europea. En el Consejo de Europa se
trabaja en torno a la democracia parlamentaria, al estado de derecho y
derechos humanos, y ahí, de manera regular, el comité de elección de
jueces tiene que evaluar. Cada país presenta tres candidatos y tiene que
evaluarlos preguntándoles en los idiomas de trabajo del Consejo de
Europa, que son el francés y el inglés, sobre su currículum y la
jurisprudencia de derechos humanos. La corte de derechos humanos juega un
papel muy importante en un montón de materias, la última y más conocida,
por ejemplo, es el asunto de los derechos de los consumidores o las
cláusulas suelo respecto a las hipotecas, con la cuestión prejudicial que
presentó José María Fernández Feijoo, el magistrado de mercantil de
Barcelona. Son asuntos muy relevantes que tienen que ver con la vida
cotidiana.

Sobre la fórmula que han planteado respecto al recurso de revisión
les insisto en la gravedad que tiene por lo que supone que asuntos
idénticos no tengan consecuencia alguna y si hay una sentencia dictada ya
por la propia corte de derechos humanos no se va a aceptar otro asunto si
ya se ha pronunciado sobre eso y solo se puede utilizar para el recurso
de revisión, y esto a mí en términos de calidad democrática me parece que
es un grave retroceso.

Yo entiendo el momento emocional, el momento del enfado y
—permítame la expresión— el momento del cabreo, cuando te das
cuenta de que, por no haber hecho las cosas bien, tienes que poner a un
sinvergüenza en libertad. Pero es que la realidad de la vida es la que
es, y la servidumbre y la grandeza que tiene el Estado de derecho es que
nosotros mismos respetemos las reglas; porque, si no, acabaríamos
comportándonos también como las personas que han sido condenadas. Por
eso, a mí me parece especialmente grave esto que le estoy diciendo.
Incluso omito lo que antes dije, lo que falta. Me parece que esto es
especialmente grave en términos de calidad democrática. Ya, a lo otro no
le doy mayor relevancia. A mí me parece que llamar letrados a los
secretarios judiciales solo genera confusión; lo de llamarles «director
procesal» es muchísimo más claro. Pero es igual, no es asunto que me abra
las carnes, no es así, no me genera tanto dolor.

Sí me genera preocupación —no ya dolor— lo que he
dicho del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; sí me genera dolor, en
términos de calidad democrática, sí me genera preocupación lo que tiene
que ver con el hecho de que pueda haber un vaciamiento fáctico de los
partidos judiciales con la concentración. No estoy hablando de una
presunción de sospecha respecto a las salas de gobierno de concentración
de asuntos de determinados juzgados, porque yo no tengo por qué partir de
esa visión conspiranoica de una presunción de desconfianza de ninguna
sala de gobierno, a pesar de los criterios de composición, a pesar de los
criterios mayoritarios en la elección, a pesar de eso; más me preocupa,
insisto, en lugar de la concentración de materias en jueces determinados
porque a otros no les resulta placentero, el vaciamiento de los partidos
judiciales por la concentración de materias, competencias y asuntos en
otros que están en capitales de provincia.

Por lo tanto, señor presidente, reitero lo expuesto antes. Me
habría gustado poder conversar con los grupos que se oponen a este veto
del Grupo Socialista con las razones que se esgrimen. Como no he podido
escucharlo, no puedo responder. En cualquier caso, las razones que han
esgrimido los otros grupos parlamentarios nos parecen fundadas, nos
parecen razonables y sí avanzo que el Grupo Socialista apoyará sus
vetos.

Muchas gracia, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

Lo que nos llama poderosamente la atención es que se usen los
turnos de intervenciones como un cajón de sastre respecto de todas las
cuestiones que tienen que ver con el mundo jurídico. Nos ha extrañado,
sinceramente, que no se hablara de las tasas judiciales, que no tiene
nada que ver con esta reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial, pero es
muy recurrente esa discriminación respecto a otros asuntos que no vienen
aquí a cuento. Se habla de los aforados, se habla de la justicia
universal y nos llama poderosamente la atención que el enmendante del
Grupo Parlamentario Socialista no haya dicho nada en el turno de vetos
sobre los aforados y la justicia universal. En el Grupo Parlamentario
Popular nos hemos manifestado abiertamente por modificar la cuestión de
los aforados. Pensamos que tiene que ser un debate amplio, consensuado,
en el que todas las fuerzas políticas estemos de acuerdo. Desde luego,
nos parece que hay muchos aforados. En eso estamos absolutamente de
acuerdo, pero no era el momento para tratarlo, máxime cuando ninguna de
sus señorías lo ha planteado. Exactamente igual que la justicia
universal. Lo acabamos de aprobar recientemente. Tenemos la ley que en
las Cortes Generales nos hemos dado. Si ahora no plantean ni como
enmienda ni como veto la justicia universal, venir a hablar de la
justicia universal, creo que no ha lugar, señor presidente.

Se ha hablado también de los partidos judiciales. Se dejan de lado
los tribunales de instancia, han quedado proscritos los tribunales de
instancia, esos tribunales de instancia provincializados que en un primer
momento recogía el anteproyecto de ley. Se pretendía sustituir los
partidos judiciales; pues estamos con los partidos judiciales, seguimos
con los partidos judiciales. Y, además, nos llama mucho la atención,
cuando precisamente en la legislatura pasada tuvimos ocasión de acudir a
un taller de alto nivel en el que se nos explicó por el entonces Gobierno
socialista la importancia y lo benemérito de la existencia de esos
tribunales de instancia provincializados, y en un primer momento
entendimos que sí. Oído el clamor popular, nos bajamos de ese carro y nos
quedamos con los partidos judiciales, con lo cual, tampoco trae lugar
hablar de los partidos judiciales que para nada se reforman en la
ley.

Quiero hacer alguna mención a que de los seis bloques importantes
que recoge la norma, para sus señorías nada es importante, cuando yo creo
que es una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial básicamente
técnica, no política, porque no se adoptan decisiones políticas.

Se establece una agilización y una especialización en las
respuestas judiciales; hay una mejora en la calidad de las resoluciones
judiciales; una profesionalización en los cuerpos de la Administración de
Justicia; se reforma el recurso de casación en lo
contencioso-administrativo, introduciendo el criterio del interés
casacional, que creemos que es muy importante. Ninguna de sus señorías ha
hablado del importante paquete de medidas que se reforma y que se
introduce en la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la lucha
contra la violencia de género. Nos ha llamado la atención que no haya
sido expresado por ninguna de sus señorías.

Luego, hay otras medidas que tienen que ver con la estadística
judicial, con la responsabilidad patrimonial de jueces y magistrados, que
va a ser exactamente igual que la de funcionarios, como la de los
letrados de la Administración de Justicia, etcétera.

Y en cuanto a los consejos autonómicos de justicia —ya se ha
dicho, pero lo voy a mencionar—, saben sus señorías que fue
declarado inconstitucional el Consejo Autonómico del Estatuto de
Cataluña, estableciendo que el Tribunal Superior de Justicia seguirá
siendo la última instancia en el ámbito geográfico y competencial de las
comunidades autónomas. Ningún temor tienen que tener sus señorías a que
la cúspide en el ámbito de la comunidad autónoma siga siendo el Tribunal
Superior de Justicia. Eso sí, bien entendida la previsión constitucional
del artículo 123 que todos debemos cumplir, que otorga al Tribunal
Supremo el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes.

Por eso, y por las cuestiones que ha planteado mi compañero, señor
presidente, en este turno de portavoces anunciamos, como ya se ha dicho,
que vamos a votar en contra de todos los vetos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Altava.

Vamos a proceder a la votación de los vetos, teniendo en cuenta,
como siempre, que el voto favorable para aprobar un veto exige, al
menos, 14 votos, que constituyen la mayoría absoluta de los miembros de
la comisión, que es lo preceptivo.

Propuesto de veto número 1, presentada conjuntamente por el señor
Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo
Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Propuesta de veto número 4, presentada conjuntamente por el señor
Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Propuesta de veto número 5, presentada conjuntamente por la señora
Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor
Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Finalizado el debate de las propuestas de veto, vamos a pasar a la
defensa de las enmiendas, teniendo en cuenta que las enmiendas
introducidas en el informe de la ponencia no serán defendidas.

Enmiendas 59 a 65, presentadas por la señora Capella I Farré, del
Grupo Parlamentario Mixto.

Señor Yanguas, tiene la palabra.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Gracias.

Las doy por defendidas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yanguas.

Enmiendas 1 a 58, presentadas conjuntamente por el señor Iglesias
Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto.

Señor Yanguas, tiene la palabra.

El señor El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Las damos por defendidas,
muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yanguas.

Enmiendas 66 y 67 presentadas conjuntamente por la señora Eza
Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández,
todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto. Señor Yanguas, tiene la
palabra.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Quiero decir muy brevemente que las
dos enmiendas presentadas, la 66 y la 67, quieren añadir un párrafo al
artículo 23 y van dirigidas a penar, incluso con más contundencia, los
delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos contra menores
de edad, para que sean, por una parte, perseguibles en todo el mundo y,
por otra, para que, si además el delito es cometido en el ejercicio de
una profesión, esta no se pueda ejecutar en ningún país del mundo. Esto
es simplemente lo que pedimos. Creo que es algo claro, conciso e
importante, y espero que puedan ser aceptadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yanguas.

Pasamos a las enmiendas 342 a 370, del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado. Señora Iparragirre, tiene la palabra.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.

Doy por defendidas las enmiendas que ha presentado mi grupo. Será
en el Pleno donde hagamos su argumentación y su justificación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Iparragirre.

Enmiendas 214 a 341, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya. Hay que tener en cuenta que la enmienda 232 ha sido
retirada.

Señor Guillot, tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas, pero ya he dicho en la reunión de la
ponencia que no retiraba ninguna.

El señor PRESIDENTE: Ha venido por escrito esta retirada. El ujier
nos ha traído hace un momento el escrito de retirada de la enmienda 232
de su grupo.

El señor GUILLOT MIRAVET: Entonces, el papel me corrige.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guillot.

Enmiendas 132 a 213 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió. Señora Rieradevall, tiene la palabra.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas y me reservo para argumentarlas en el
Pleno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rieradevall.

Enmiendas 68 a 82, 84 a 126 y 128 a 131, del Grupo Parlamentario
Socialista. Tiene la palabra el señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Si se fijan ustedes en la enmienda 130, verán que intenta proteger
al tercer adquiriente de buena fe en línea con lo que hicimos en su
momento con el Código Penal. Las enmiendas 114, 115, 116 y 118 plantean
modelos distintos respecto al Consejo General del Poder Judicial. A
nosotros hay algo que nos llama la atención específicamente. De las
cuatro comisiones que tiene el Consejo General del Poder Judicial, hay
una reservada para que la presida una mujer, y no entendemos por qué
razón se quita esta posibilidad y la puede presidir indistintamente un
hombre o una mujer. Nos parece que esto es un retroceso, y no lo decimos
por sacar otra vez un debate de naturaleza ideológica que ha sido
bastante machacado, pero que en general ha surtido sus efectos para poder
visibilizar la incorporación de tantas y tantas mujeres al ámbito de la
vida pública. En general, por los patrones identitarios imperantes en
nuestra sociedad, el ámbito privado estaba reservado a las personas
integrantes de un género y el ámbito público, a otras. No sé qué aporta
de bueno que, de cuatro comisiones, en una que tenía que ser presidida
por una mujer —concretamente, la de Igualdad y el Observatorio
contra la violencia doméstica— se quite esa exigencia. No sé qué
tiene de bueno. Me gustaría que alguien, si pudiera, me lo explicara. Y
no tengo ningún inconveniente en responder sobre el follón casacional que
se va a crear con el recurso casacional en el ámbito de lo contencioso.
Invito a los ponentes del Grupo Popular a que me digan cuántos
magistrados que trabajan en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo les han dicho que esa formulación del recurso
casacional, mezclando el modelo anterior con el vigente y con el próximo,
va a generar una base en términos de calidad jurisdiccional y en el
ámbito de lo contencioso-administrativo.

Por lo que respecta a la enmienda número 70, he explicado antes
que tiene que ver con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que me
parece que es un grave retroceso en términos de calidad en todo el
sistema de protección de los derechos humanos. Las enmiendas 80, 81, 82
y 84, como antes planteaba —lo voy a explicar otra vez, porque da
la impresión de que lo he explicado torpemente—, suponen un
vaciamiento competencial y un vaciamiento de facto de muchos órganos
jurisdiccionales y la concentración en los órganos jurisdiccionales de
capital de provincia por acuerdos de sala de gobierno o de consejo,
consultada la comunidad autónoma con competencia en materia de justicia.
No es que la ley use la expresión «vamos a vaciar por la vía fáctica los
partidos judiciales». Estoy explicando que cuando se plantea esa
posibilidad de concentración no se trata solo de hacer posible un reparto
de trabajo más equilibrado —esa sería una intención loable—,
sino que cabe la posibilidad de que esa sea la vía para escoger juez o
para concentrar competencias en juzgados de capital de provincial. Espero
haber usado ahora un castellano más prístino y haberlo explicado con
suficiente claridad.

En relación con la enmienda 87 relativa al artículo treinta y
cuatro, en materia de responsabilidad, los reconocimientos de dolo o de
culpa por la responsabilidad del juez en su trabajo se tienen que
determinar en una sentencia elaborada por un integrante de la carrera
judicial. A mí me gustaría recibir algún argumento, porque igual me
ilumina, para saber qué tiene de bueno que el dolo o la culpa grave por
responsabilidad del juez ya no solo se pueda evaluar en sentencia, sino
que a partir de esta ley también se pueda evaluar en una resolución del
Consejo General del Poder Judicial. Vuelvo a subrayarlo: me gustaría, si
alguien acusara recibo, que me explicaran qué tiene de bueno que hasta
ahora solo el juez pudiera evaluar la responsabilidad de un juez en su
trabajo y que pudiese ser calificada de dolo o de culpa grave, y que
ahora lo pueda hacer el Consejo General del Poder Judicial en una
resolución administrativa. Me gustaría que me lo explicaran si lo tienen
a bien, en el supuesto de que hayan leído este artículo y sean
conscientes de lo que supone su contenido.

Las enmiendas 85, 89, 100, 108, 111 y 112 hacen referencia a
asuntos que no estaban en el proyecto que remitió el Gobierno a las
Cortes, al Congreso en primer lugar, y que no han podido ser evaluados
por el Consejo General del Poder Judicial ni por el Consejo de Estado ni
por la Junta de Fiscales, ni han podido ser evaluados por ninguno de los
órganos consultivos.

Respecto a la enmienda 109, me gustaría que me explicasen la
fórmula sobre el absentismo y el presentismo laboral que se recoge ahí,
porque no entiendo bien qué quiere decir eso. Cuando una persona no
trabaja, si está enferma, tiene un certificado que lo acredita, pero si
no lo tiene, es un problema de absentismo laboral. Y eso tiene unas
consecuencias ya sea personal laboral o personal estatutario sometido a
derecho administrativo. En cualquier de los casos, no entiendo esta
distinción que se plantea ahí y nuestra enmienda pretende
solventarlo.

Así ocurre también con la enmienda 88, en relación con el
artículo 39, y con la 96, en relación con el artículo 60. ¿Qué es lo que
pretendemos con este conjunto de enmiendas? Pretendemos paliar, en la
medida de lo posible, los efectos del texto; intentar buscar una fórmula
en las ocurrencias que generan confusión: por ejemplo, para la
denominación de «director procesal» usada para el letrado, porque es una
expresión absolutamente confusa ─insisto─, que no dice nada y
que resulta equívoca para cualquiera que la escuche. Pretendemos, en
particular, en cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, razonar el
sentido del recurso de revisión y garantizar el sistema de protección que
tiene en la actualidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.






Cuando en
alguna de las comisiones del Comité del Consejo de Europa se ha
argumentado que existía la posibilidad de que la sentencia no tuviera
efecto erga omnes, en general, tanto a las viejas como a las jóvenes
democracias, este sistema les ha generado estupefacción. Se ha
argumentado como atenuante que en ocasiones alguna sentencia ha generado
un impacto muy fuerte y que algunos grupos muy sensibilizados con la
materia han querido evitar que se produjera un efecto cascada con quienes
se encontraban en la misma situación; obligándoles, por tanto, a ir otra
vez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a utilizar ese texto en un
posterior recurso de revisión en su país. Pero al intentar cerrar esa
posibilidad a quienes han vivido esta realidad hace, como les decía, unos
pocos años, se la cierran también a 46 millones de españoles, lo cual me
parece un grave retroceso democrático.

Señorías, todas nuestras enmiendas procuran paliar los efectos
perniciosos, procuran mantener la calidad del sistema de protección de
derechos humanos, tal como lo hace el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, y en la medida de lo posible procuran, cargadas de
proposiciones, mejorar el texto. Nosotros no practicamos aquello de que
cuanto peor, mejor. Odiamos esa expresión. Siempre que abres la boca para
hacer una valoración crítica, has de acabarla con propuestas concretas
para cada una de las materias aludidas. Este es el propósito de las
enmiendas números 69 a 131 que hemos presentado. Les recuerdo que hemos
retirado la enmienda relativa a los eméritos —se lo dijimos antes
al presidente y al letrado de la comisión—, porque podrán, con esta
fórmula de la jubilación a los 72 años, continuar prestando sus servicios
en la actualidad durante dos años. Y, por cierto, a todos ellos quiere
agradecerles el Grupo Parlamentario Socialista su trabajo, aunque sea de
pasada, señor presidente, y especialmente a la Sala IV que ha enmendado
la plana en gran medida, dados los muchos desaguisados que se han
planteado en el ámbito laboral. Sé que este último comentario es muy
propio de nuestro grupo, pero esa es mi función y la hago con muchísimo
gusto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera.

Finalmente, para defender las enmiendas 371 a 402 del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, a excepción de las 372, 377 y 393,
que ya han sido incorporadas a la ponencia, tiene la palabra el señor
Rodríguez Comendador.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Con su venia, las damos por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos al turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Yanguas, ¿va a tomar la
palabra? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, señora Iparragirre,
¿va a intervenir? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, señor
Guillot, ¿va a hacer uso de la palabra? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, señora Rieradevall, ¿va a intervenir? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Arcadio Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, me gustaría, si el ponente
tiene la bondad, que me contestase a una pregunta. Querríamos saber por
qué no les parece razonable nuestra enmienda número 105, en la que
proponemos una adecuación a la Convención Internacional de Personas con
Discapacidad y al artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público,
porque se limita a trasladar específicamente lo previsto en el
artículo 59 de dicho estatuto y de lo expresado en la convención
referida. No voy a volver a repetir lo que expuse en mi última
intervención, pero a mí me gustaría saber cuáles son las razones por las
que les parece que la enmienda 70, relativa al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, carece de fundamento. Solo quiero saber las razones de
su argumentación, para mi información; solo pretendo saber cuáles son los
motivos por los que nuestras enmiendas les parecen insensatas,
irracionales, no fundadas y no ajustadas a derecho; me gustaría saberlos
porque a lo mejor podríamos modificar alguna si nos convencen de que
existe un artículo que recoge expresamente lo que aquí hemos planteado y
mejora el texto. Pero, francamente, si no nos lo dicen, no podemos
saberlo.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Díaz Tejera, me ha parecido entender
que se refiere concretamente a las enmiendas 70 y 105.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias por su precisión, señor
presidente.

Nosotros hemos presentado las enmiendas 69 a 131. No pretendemos
que nos las expliquen todas.

El señor PRESIDENTE: Sí, pero ahora usted hacía referencia
concretamente a esas dos enmiendas.

El señor DÍAZ TEJERA: Sí. No pretendemos que nos den una
explicación de todas porque sé que es mucho esfuerzo acusar recibo de
todas ellas, pero si, al menos, algunas cuantas pudieran ser explicadas,
se agradecería.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Díaz Tejera.

Señor Rodríguez Comendador, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Señor presidente, yo creía
que estábamos en el turno en contra de las enmiendas del Grupo Popular,
pero, bueno, parece que el señor Díaz Tejera ha entendido una cosa
distinta. (Rumores). No obstante, yo, con el máximo respeto, como
siempre, y en orden a la defensa, quiero decirle al señor Díaz Tejera,
con todo cariño, que le contestaremos en el Pleno con la argumentación
necesaria para dar satisfacción a su curiosidad; sin ningún
problema.

El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Comendador, realmente, este
era el turno de portavoces.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: ¡Pues, entonces, hemos estado
en turno de portavoces!

El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación, vamos a someter a
votación el texto propuesto por la ponencia en su informe.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 14; en contra, 7; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Finalizada la votación, queda dictaminado por la Comisión de
Justicia este Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Procede a continuación, señorías, que designemos el miembro de la
comisión que presente el dictamen ante el Pleno del Senado.

Señor Díaz Tejera, tiene la palabra.

El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, a lo largo de los años que
llevo en el Senado, siempre he defendido que sea el presidente de la
comisión quien haga tal lectura. Hasta ahora, usted lo ha hecho muy bien;
particularmente creo que lo hizo de forma inmejorable en el último Pleno
al dedicarle un cariñoso comentario al letrado Juan José Pérez Dobón.
Aprovecho la ocasión para subrayar esto y también para darle la
bienvenida al nuevo letrado, toda vez que en ocasión anterior solamente
le di la bienvenida a su compañera.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera.

Señor Altava, tiene la palabra.

El señor ALTAVA LAVALL: Vuelvo a darle nuevamente la bienvenida al
señor letrado, puesto que ya se la dimos durante la pasada sesión, y
proponemos al señor presidente para presentar el dictamen ante el
Pleno.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías. Así se hará.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día:
dictamen del Proyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro
nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes
judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del
Ministerio de Justicia en el exterior, con número de
expediente 621/000124.

A este proyecto de ley se presentaron veintitrés enmiendas, cuatro
de las cuales, las números 13, 14, 15 y 16, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, fueron posteriormente
retiradas.

La ponencia designada en relación con este proyecto de ley ha
emitido informe en el que se refleja una corrección técnica en el
artículo 18.1.c). Por otra parte, han sido rechazadas el resto de las
enmiendas.

Por tanto, señorías, si a ustedes les parece oportuno, pasamos al
turno de defensa de las enmiendas. Como saben, las enmiendas que han
quedado introducidas en el informe de la ponencia no tienen que ser
defendidas.

Para la defensa de las enmiendas números 4 a 6, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, señora Iparragirre tiene la
palabra.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.

Doy por defendidas las enmiendas que ha presentado mi grupo.
Argumentaremos su justificación en el próximo Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iparragirre.

Para la defensa de las enmiendas números 21 a 23, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor
Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillot.

Para la defensa de las enmiendas números 7 a 12 y 17 a 20, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la
palabra la señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Las doy por defendidas y me reservo
su argumentación para el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rieradevall.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 3, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

No voy a explicar el texto, que es lo que se suele hacer en el
Pleno, donde distintos oradores explican el contenido del preámbulo y del
articulado, sin entrar ni a conversar ni a responder a lo que han
esgrimido otros senadores que previamente han leído el texto, que
previamente lo han estudiado y que previamente han dedicado unas cuantas
horas a ganarse el pan con su trabajo, preparando las intervenciones que
tienen que realizar. Muy al contrario, lo que voy es a argumentar las
enmiendas. ¿Qué pretenden las enmiendas? Me gustaría, si lo tienen a
bien, que alguien razonase por qué estas enmiendas no son razonables, no
son sensatas y no son ajustadas a derecho.

En primer lugar, se plantea, en relación con el miembro, con el
sustituto y con el asistente, la posibilidad de que se pueda actuar por
delegación, de que se pueda hacer una suplencia por delegación. Con 28
países, en muchas ocasiones el miembro titular puede encargarle una tarea
al suplente o puede encargarle una tarea al asistente. A mí me parece que
sería el funcionamiento normal de un órgano que representa a España en
Eurojust, máxime cuando todo esto va a más. Durante años representé a la
Red Judicial Europea en el archipiélago. Fui el punto de contacto de
dicho organismo en el archipiélago canario. Y fueron muchos los
compañeros, los miembros de la carrera judicial, fiscales o secretarios
judiciales, que hicieron consultas. Daba igual: si un ser humano te hacía
una consulta, uno, si podía, la evacuaba en el momento, y, si no, pedía
tiempo para preparar la respuesta. Pero uno trataba de ayudar y de
asesorar porque estamos trabajando para el interés general y el bien
público.

Pues bien, como esto va a más, se irán intensificando cada vez más
las relaciones entre los que participan en la red judicial, los puntos de
contacto, los coordinadores y quienes representan a Eurojust. Porque es
por la gravedad de los crímenes, por la sofisticación de sus
organizaciones, por los recursos materiales que se usan y porque cada vez
se va intensificando más la colaboración judicial —lo que
antiguamente se llamaba il terzo pilastro en el ámbito de la Unión
Europea— por lo que hemos hecho estas propuestas; unas propuestas
que tratan de agilizar con las suplencias por delegación. Esto en
relación con el artículo 6.1. Y, en relación con el artículo 7.4, señor
presidente, hemos de hablar también de la posibilidad de sustitución en
la ciudad de La Haya.

Además, hay un conjunto de propuestas que tienen que ver con las
instancias de coordinación ad intra del país. Hasta ahora lo estaba
haciendo la Fiscalía General del Estado. A mí me parece que ese es un
punto de avance porque la Fiscalía General garantiza la presencia en toda
España. Hay autonomía funcional, pero hay unidad de criterio en el
funcionamiento del Ministerio Fiscal, que vela por la defensa de la
legalidad, por el interés público, por el interés social, por la
independencia de los tribunales. A nosotros nos parece que salirse del
ámbito de la Fiscalía General y diluirlo en el conjunto de los puntos de
contacto por toda la red no supone un avance, máxime cuando ya la Unión
Europea valoraba mucho, en la sexta ronda de evaluaciones mutuas que
hizo, que no se saliese del ámbito de la Fiscalía General. Fíjense en que
todos los textos de las decisiones de la Unión Europea, los de la
Ley 16/2006 o los de la Decisión de 2002 o de 2005, desarrollan el
artículo 85 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en que
todas hablan de las autoridades responsables, usando una expresión
genérica. Cada uno de los países usa un modelo distinto. Pero en el caso
de España, el modelo que usa es el de la Fiscalía General que en la
práctica ha garantizado la bondad de tal funcionamiento. De ahí que en
esa sexta evaluación mutua que ha hecho la Unión Europea, España ha dado
muy buen resultado con esta fórmula. Yo no tengo inconveniente en ensayar
cualquier otra fórmula, en innovar en cualquier campo para que, al menos,
tengamos un mínimo de garantías, pero vuelvo a insistir en que en el caso
de la Fiscalía General hay un conjunto de propuestas vinculadas al
artículo 24 que han sido presentadas por las personas que trabajan en
esta red judicial. Les repito que algunas propuestas e iniciativas son de
los propios diputados o senadores del Grupo Socialista, pero estas
propuestas que giran en torno al artículo 24 han sido elaboradas por las
personas que están trabajando en esto, que llevan años trabajando en
esto. No se pudieron registrar en plazo en el Congreso, pero sí aquí, por
CiU, concentrándolas todas en una de las enmiendas vinculadas al
artículo 24.

A mí me gustaría saber cuáles son las razones que se esgrimen para
decir que estas cosas que estamos diciendo son insensatas. Yo sé que en
la comisión de hoy hay un estado lacónico general y lamento interrumpir
el laconismo del silencio; pero a uno le pagan por hacer este trabajo y
yo lo hago como mejor puedo hacerlo; y me gustaría recibir argumentos a
contrario respecto a estas propuestas que hacemos que nos parecen
bastante sensatas y que mejoran lo de Eurojust. Porque, al final, nuestro
grupo va a votar a favor, pero las cosas que estamos diciendo no empeoran
el texto. Jamás lo empeoran. Lo que intentan es mejorarlo, para que
quienes representan a España en Eurojust tengan instrumentos más
flexibles, más ágiles y más eficaces, que, insisto, ya han garantizado en
la práctica su buen funcionamiento.

No acabo sin antes rendir homenaje a todos los españoles y
españolas que están trabajando en esta red judicial, que representan a
España en Eurojust y que han tenido, en todas las evaluaciones, un
magnífico resultado. Les agradezco, además, sus sugerencias.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Tejera.

Para turno en contra, tiene la palabra don Luis Rogelio Rodríguez
Comendador. Adelante, señoría.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Me uno a las expresiones de admiración, respeto y agradecimiento a
los funcionarios españoles que trabajan en Eurojust que el senador Díaz
Tejera ha pronunciado.

En este turno de palabra haré alusión a alguna cuestión concreta,
puesto que el senador Díaz Tejera se ha referido a varios aspectos del
proyecto de ley, pero no aludiré en concreto a las enmiendas que ha
presentado, a las enmiendas números 1, 2 y 3, que modificarían el
artículo 2.1 y la disposición derogatoria única, según tengo entendido.
Voy a dejar, con el permiso del señor Díaz Tejera, la argumentación
definitiva para el Pleno de la semana que viene. Y, con el mismo respeto
que yo le tengo a él, espero que respete mi posición a la hora de decirle
que vamos a rechazar las enmiendas presentadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Comendador.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Señor Yanguas? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? ¿Señora Iparragirre?
(Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra
la señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo considera una pretensión loable adaptarnos a las
decisiones del Consejo Europeo sobre Eurojust. Les recuerdo que lo que se
pretende es reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia,
el intercambio de información y la cooperación sobre delitos de
terrorismo, máxime en los tiempos en los que estamos viviendo. Anunciamos
que vamos a votar a favor del informe de la ponencia debido a la
necesidad de este proyecto. Aun así entendemos —me uno a lo
manifestado por el senador Díaz Tejera— que se deberían tener en
cuenta las aportaciones de los demás grupos, ya que este texto, aunque
estemos casi todos a favor, es mejorable, por lo que se debería votar a
favor de algunas de las enmiendas, si no de todas, o
transaccionarlas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Díaz Tejera, tiene la
palabra.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente.

Don Luis, como usted sabe, yo a usted no solo le respeto, sino que
le aprecio personalmente. Eso ya se lo he expresado mil veces en privado
y en público. Pero, permítame que, al menos, manifieste una cierta
decepción, porque yo, y con esto que digo no quiero ofenderle, no tengo
ninguna voluntad de hacerlo, y si así lo siente usted le pido disculpas
ad preventium, antes de decirlo, a esto le dedico mucho tiempo, muchas
horas. Antes de ser senador me dedicaba a esto y cuando deje de ser
senador volveré a dedicarme a esto, porque yo no soy rico de familia y me
gano el pan aquí haciendo discursos y enmiendas, y fuera de aquí, dando
clases y haciendo sentencias. Esto lo he currado mucho y que nunca acusen
recibo de un solo argumento ni de una sola enmienda es decepcionante. Sí,
al final uno se queda con la sensación de decepción, porque la comisión
es para parlamentar, para ver cómo mejoramos los textos y yo me lo creo;
yo me creo esto y le dedico toda la pasión del mundo. Le pongo un ejemplo
concreto, don Luis. Lo que le he dicho, que se pueda delegar, es una cosa
absolutamente razonable en el funcionamiento normal de una institución; y
en La Haya lo mismo, en La Haya o en cualquier otro lugar de la Unión
Europea.

Y le digo algo más; echemos una mirada a lo que se dijo en el
Congreso. ¿Sabe usted qué propuesta hacían allí? Que cuando el Gobierno
tuviese el criterio de nombrar a una persona para representar a España en
Eurojust que fuera a la comisión del Congreso para evaluarla. Nosotros
aquí hemos planteado que lo hagan la comisión del Congreso y la del
Senado o si se quiere una comisión que sea un híbrido de la comisión del
Congreso y de la del Senado, una comisión mixta para evaluar tales
nombramientos. ¿Por qué razón? Porque nos parece que las dos cámaras
deben evaluar a estas personas que van a representar a 46 millones en
cualquier lugar, en este caso en Eurojust.

No nos parece —cómo decirlo con todo cariño— una cosa
alejada de la realidad plural de nuestro país que a las cosas que hagamos
en las Cortes se les dé traslado. Yo no digo que participen en la
evaluación de los candidatos, yo no estoy diciendo eso; estoy diciendo
que las cosas que hagamos en las Cortes Generales se remitan a los
parlamentos autonómicos para que tengan conocimiento. ¿Pero cuál es el
problema? Si solo hay que darle a una tecla a un ordenador e imprimir, y
si no se quiere papel, se hace por correo electrónico. Son propuestas
absolutamente racionales; como racional es lo que les acabo de explicar
sobre la Fiscalía General del Estado, que en la práctica, don Luis, esta
institución ya ha acreditado su funcionamiento en el conjunto de España,
porque tiene un buen sistema de comunicación, tal es así que la Unión
Europea ha evaluado positivamente, en la sexta ronda de evaluación, a
España, a este sistema de coordinación de la Fiscalía General del
Estado.

Lo que se propone ahora en el texto es una fórmula mucho más
dispersa. Creo que son 5351 los integrantes de la carrera judicial. Ahora
no tengo el número exacto de integrantes de la carrera fiscal. ¿No les
parece a ustedes razonable que la Fiscalía General del Estado sea la vía
de comunicación? A los que integran la carrera judicial les insisto en
que en la escuela judicial no te dicen que tú eres representante del
Poder Judicial. Esto es falso. Lo que te graban a fuego es que tú eres
cachito, parte, alícuota parte del Poder Judicial. Cada uno está
entrenado en lo que es la independencia a la hora de redactar, de
expresar su criterio. Tiene que conocer los criterios del Supremo, pero
no está obligado a respetarlos y eso es una cosa que yo creo que habría
que modificar. Esto es más un debate de la ley anterior y el presidente
me puede llamar la atención; no obstante, nosotros planteamos, cuando
estaban previstos los plenos no jurisdiccionales, una enmienda que decía
que no hacía falta esperar a que hubiese disparidad de criterios entre
los magistrados integrantes de una sala o de una sección, que se podía
reunir para tomar decisiones conjuntas aunque no hubiese disparidad, tan
solo para unificar criterios básicos. Luego cada uno es libre e
independiente en su momento de redactar la sentencia, pero si se aparta
de un criterio establecido, tiene que razonar por qué.

Que nos planteamos que la fiscalía general sea quien canalice esto
nos parece que es algo bueno que ha acreditado su bondad en la práctica;
no es mi evaluación, sino la evaluación que han hecho los países
integrantes de la Unión Europea en la sexta ronda de evaluaciones mutuas
y por eso es por lo que argumentamos. No es que yo le falte a usted al
respeto; solo me resulta decepcionante no escuchar ningún argumento en
contra de este conjunto de razones que esgrime el Grupo Socialista.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera.

Tiene la palabra el señor Rodríguez Comendador.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Por alusiones, señor
presidente, le pido un minuto nada más.

El señor PRESIDENTE: Tiene usted turno.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: No, el turno lo hará el
portavoz.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por alusiones.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Señor Díaz Tejera, igualmente
le he demostrado a usted siempre mi respeto personal, dentro y fuera de
la Cámara. Lo mismo que usted, yo, cuando salga de esta maravillosa
ciudad de Madrid y del Senado, tendré que ponerme la toga para volver a
ejercer y esperar, no como usted, que algún juez dicte la sentencia
adecuada de mi pretendido y de mi patrocinado. Como tampoco soy rico por
familia, estaré en las mismas condiciones que usted. Además, le digo que
no se preocupe, que el día del Pleno tendrá puntual contestación a todas
y cada una de sus pretensiones. Tenga usted por seguro que se la haré
llegar de la mejor manera posible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Comendador
Pérez.

Para finalizar, tiene la palabra don Mario Arias Navia, del Grupo
Parlamentario Popular.

El señor ARIAS NAVIA: Gracias, señor presidente.

Anuncio que nosotros vamos a votar a favor del informe de la
ponencia. Como todos ustedes saben, Eurojust se creó en 2002 mediante la
Decisión del Consejo 2002/187, con el objetivo, como muy bien decía la
portavoz de Convergència, de reforzar la lucha contra las formas graves
de delincuencia. Esta Decisión se incorporó a nuestro ordenamiento con la
Ley 13/2006, que regula actualmente el estatuto del miembro nacional de
Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. En 2008,
mediante otra Decisión, la 2009/426, se modificó para reforzar Eurojust
con la intención de profundizar en la operatividad y aproximar lo más
posible el estatus de los distintos miembros nacionales, garantizando un
mínimo común en lo que a competencias y poderes se refiere. Por lo tanto,
nuestro voto es favorable, como no podía ser de otra manera, porque
queremos cumplir el objetivo que tenemos: la trasposición de la norma
europea antes mencionada al ordenamiento jurídico español e incorporar
las novedades que afectan a Eurojust y sus relaciones con las autoridades
nacionales competentes. Además, esta ley incorpora las previsiones
contenidas en la decisión marco 2009/948 sobre la prevención y resolución
de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales.

En lo esencial, hay que decir también que esta ley sigue el modelo
establecido por la ley de 2006, que permitió y permite que la imagen de
la delegación española en Eurojust sea muy positiva. Pero pese a ser
continuista, en lo que se refiere al modelo, hace ajustes, adapta la
regulación de Eurojust a la normativa europea y a la realidad actual de
la cooperación judicial internacional de las redes de cooperación
judicial internacional y de los magistrados de enlace, regula los
conflictos de jurisdicción, regula el personal dependiente del Ministerio
de Justicia en el exterior, y remite al desarrollo reglamentario la
concreción del régimen jurídico que deba aplicarse.

Por estos motivos, y en aras de que se mantenga el diálogo
—en el turno portavoces del Pleno nos extenderemos como es
menester— para conseguir mejorar este proyecto de ley, anuncio o
reitero nuestro voto favorable a este proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arias.

Finalizado el debate, vamos a proceder a votar el texto propuesto
por la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 22; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Finalizada la votación, queda dictaminado por la Comisión de
Justicia el proyecto de ley por el que se regula el estatuto de miembro
nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes
judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del
Ministerio de Justicia en el exterior.

También, señorías, habrá que nombrar a la persona representante de
esta comisión que presente el dictamen en el Pleno.

Señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, como antes dije, es
tradición del Grupo Socialista pedir que sea el presidente quien lo haga.
Y vuelvo a reiterar que usted hasta ahora lo ha hecho bien, pero en el
último Pleno lo hizo magníficamente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Lo recordaré, señor Díaz
Tejera.

Tiene la palabra el señor Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: El Grupo Parlamentario Popular propone al
presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señorías, así se hará.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y cincuenta minutos.