Se abre la sesión a las doce horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

En primer lugar, procede aprobar el acta de la sesión anterior,
celebrada el pasado 10 de febrero, si no hay ningún impedimento al
respecto.

¿Hay alguna objeción al acta? (Denegaciones).

Queda aprobada.

Se pasará lista para la comprobación de las asistencias antes de
la votación, y también se dará conocimiento de las sustituciones
correspondientes.

Vamos a empezar con el debate de las propuestas de veto al
Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

En primer lugar, propuesta del veto número 1, presentada por los
senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra, senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Lo doy por defendido, sin perjuicio de que en el debate del
proyecto de ley que se produzca en el Pleno lo defiendan sus
autores.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Para la defensa de la propuesta de veto número 2, presentada
conjuntamente por los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y
Unamunzaga, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: En el mismo sentido que en el veto
anterior, lo doy por defendido, sin perjuicio de que sus proponentes lo
hagan de forma extensa en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Y para la defensa del veto número 3,
presentado por su señoría, tiene usted la palabra, senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Señor presidente, en este sí me
extenderé un poco más.

Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado un veto al Proyecto
de Ley de seguridad ciudadana. En primer lugar, este proyecto de ley
suscita un profundo rechazo por parte de las asociaciones de juristas,
así como en el ámbito internacional. Cabe recordar lo que se ha dicho
sobre esta ley y también sobre el proyecto de ley de reforma del Código
Penal. Los relatores de Naciones Unidas se han expresado de forma clara
en determinados medios de comunicación y han emitido un informe al
respecto. Y no únicamente por lo que significa este proyecto de ley en su
individualidad, sino porque debe ser interpretado —y, por tanto,
entendido— en el marco de unas reformas legislativas que van más
allá del propio Proyecto de Ley de seguridad ciudadana, en este caso, el
proyecto de reforma del Código Penal, así como, en el proyecto de ley de
reforma del Código Penal, el nuevo acuerdo en materia
antiterrorista.

¿Por qué produce rechazo? Porque de nuevo significa recortes en
derechos y libertades, y desde el punto de vista de Esquerra Republicana
significa una involución, un paso atrás, una vuelta al pasado. En
definitiva, significa el triunfo de penalizar todas aquellas conductas
que no le gustan a determinados partidos políticos.

Entendemos que esta ley pretende dar cobertura legal a la práctica
policial cotidiana de persecución y represión de la protesta y del
derecho de manifestación. Creemos también que es un atentado más a la
separación de poderes en España, una separación de poderes que por lo que
respecta al reino de España es más que cuestionable por inexistente. En
este caso será el Gobierno de turno, la Administración, el responsable de
juzgar y penalizar las situaciones que considera que atentan contra la
seguridad ciudadana por parte de aquellos que protestan contra él en el
ejercicio de su derecho de manifestación. Esto, unido a la conversión de
determinadas faltas en delitos, también determinará el aumento de la
punición de determinados hechos. Entendemos que, tal como queda redactado
en estos momentos el proyecto de ley, existe la imposibilidad de control
del ejercicio de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado. Y existe también un incremento y represión en el
caso de la tenencia y consumo de drogas, a pesar del estrepitoso fracaso
que ha significado la perspectiva policial.

En resumen, consideramos innecesario el proyecto de ley en el
fondo y en la forma. Significa la traslación al ámbito administrativo de
algunas faltas, lo que comporta que la Administración se convierta en
juez y parte por lo que he dicho con anterioridad. La separación de
poderes de nuevo quede en entredicho. Hay un incremento de la actividad
punitiva por parte de la Administración, por cuanto incrementa su
capacidad sancionadora. El número de infracciones administrativas
aumenta, alguna de ellas por la traslación de lo que eran faltas del
Código Penal al ámbito administrativo; pero el problema radica en que no
existían determinadas sanciones administrativas y ahora, en este texto
legal, aparecen nuevas sanciones. Y, además, las medidas de rendición de
cuentas y mecanismos de control por parte de la actuación policial
resultan insuficientes.

Por estos motivos, y por otros que serán expuestos en el Pleno, en
donde se debatirá este proyecto de ley, hemos presentado un veto al
Proyecto de Ley de seguridad ciudadana.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

Para la defensa de la propuesta de veto número 7, presentada
conjuntamente por los senadores Guillot y Saura, tiene la palabra el
señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Buenos
días.

La doy por defendida, y ya los senadores Guillot y Saura la
defenderán en el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bruguera.

Para la defensa de la propuesta número 8, presentada conjuntamente
por los senadores Almiñana, Boya, Bruguera, Martí, Montilla, Sabaté y
Sequera, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias de nuevo, señor
presidente.

Nosotros hemos presentado un veto a este proyecto de ley orgánica
por una serie de razones que intentaré resumir brevemente, intentando no
consumir siquiera el tiempo de que dispongo.

En primer lugar, señorías, desde nuestro punto de vista no se
trata de una ley de protección. A esta ley se la llama normalmente ley de
seguridad ciudadana, y realmente al título de la ley le falta una palabra
a nuestro juicio muy importante, como es la de protección. Es la ley
orgánica de protección de la seguridad ciudadana; por tanto, si se trata
de una ley de protección, a nuestro juicio debería garantizar el
ejercicio efectivo y la protección de los derechos y las libertades de
los ciudadanos. Y en el desarrollo de la ley su articulado no tiene nada
que ver con el texto del título de la ley. Por tanto, desde nuestro punto
de vista no se trata de una ley de protección, sino de una ley de orden
público, de una ley de control de la población. En definitiva, no es una
ley de protección, es una ley de represión ciudadana, no de protección
ciudadana. Y se trata de una reforma ideológica para reprimir la libertad
de los españoles.

En segundo lugar, es una ley sobre la que no hay una demanda
ciudadana; en nuestra opinión no es una ley necesaria. Según una de las
últimas encuestas del CIS, una macroencuesta del año pasado, únicamente
el 2,5 % de la población identificaba como un problema la inseguridad
ciudadana. Y si nos atenemos a las manifestaciones, que fueron más
de 30 000 en 2013, la policía únicamente tuvo que intervenir en menos
del 1 % de ellas. Por tanto, no hay una demanda ciudadana al
respecto.

En definitiva, esta ley intenta sacar de la calle dos temas: las
protestas y la pobreza, los protestones y los pobres. Para el Gobierno un
ciudadano activo, un ciudadano que protesta, un ciudadano que ejerce sus
libertades, es un enemigo de la sociedad, es un ciudadano peligroso. En
nuestra opinión esta es una ley que representa un verdadero ataque al
Estado de derecho y a la democracia. Por tanto, es una ley
inconstitucional. Atenta contra los derechos fundamentales consagrados en
la Constitución española. Cercena libertades civiles y políticas
—reunión y manifestación, el derecho de huelga, el derecho de
expresión, etcétera—. Causa una discriminación directa al no
introducir la prohibición expresa de llevar a cabo identificaciones
basadas en perfiles sociales o étnicos. Elimina garantías básicas sobre
el registro domiciliario. No contempla medidas de accesibilidad para
garantizar los derechos de las personas con discapacidad. A nuestro
juicio, castiga con sanciones económicas desorbitadas especialmente a las
personas en situación de mayor vulnerabilidad —personas en
situación de sinhogarismo, prostitución, consumo de drogas en la
calle—. Limita la posibilidad de evitar la sanción por consumo y
tenencia de drogas a cambio de tratamiento solo a los menores de edad;
por tanto, no están previstos los principios de reinserción y de
rehabilitación. Mantiene la disposición adicional sobre expulsiones
masivas, una disposición rechazada por Cáritas, Acnur, el Consejo General
de la Abogacía Española, la Red Española Contra la Trata de Personas, la
Plataforma del Tercer Sector, Amnistía Internacional, autoridades de la
Unión Europea, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
etcétera. Lesiona derechos humanos y da cobertura legal en este sentido a
una práctica que a nuestro juicio es ilegal, como son las expulsiones en
caliente en Ceuta y Melilla, contraviniendo, entre otros, el derecho
internacional sobre asilo, el código de fronteras Schengen,
etcétera.

También es una ley que sustrae del ámbito judicial las faltas para
pasar a sanciones administrativas y, por tanto, incorpora
discrecionalidad y falta de garantías jurídicas, convirtiendo a la
Administración en juez y parte ante los ciudadanos.

En cuanto al régimen sancionador, desde nuestro punto de vista se
produce un aumento excesivo del número de infracciones, no se regula cómo
se va a tener en cuenta la situación económica del sancionado a efectos
de gradación de la multa y se va a producir una situación de doble
penalización por un mismo hecho —Código Penal y Ley de protección
de la seguridad ciudadana—.

En la ley predomina la utilización de conceptos jurídicos
indeterminados, como indicios racionales, perturbación de la tranquilidad
ciudadana, alteración del orden público, deslucimiento del mobiliario
público, medida extraordinaria en casos de emergencia, etcétera.

También regula competencias municipales sobre ordenanzas
municipales; por ejemplo, en cuestiones derivadas de mobiliario urbano o
actividades de ocio en espacios públicos prácticamente la totalidad de
los municipios tienen ordenanzas en este sentido.

En resumen, señor presidente, se quiere pasar de un sistema
garantista a otro que no tiene garantías. Lo que hace esta ley también es
sustraer del control judicial las conductas críticas con este
Gobierno.

Estas son, señorías, señor presidente, algunas de las razones por
las que hemos presentado un veto a este proyecto de ley, que expondremos
con un poco más de detalle en el Pleno que se celebrará la próxima
semana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bruguera.

Dado que no está presente ningún miembro del Grupo Vasco, vamos a
retrasar la defensa de su propuesta de veto y, en todo caso, al final de
la defensa del resto de los vetos, si no ha llegado ningún representante
del Grupo Vasco y algún senador quiere ser intérprete o defensor de su
veto, lo podrá hacer.

Por tanto, pasamos a la defensa de la propuesta de veto número 5,
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

Tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Nosotros siempre hemos manifestado la necesidad de reformar la Ley
de seguridad ciudadana, una ley que tiene veintidós años, durante los
cuales se han producido muchos cambios sociales y una auténtica
revolución tecnológica que afectan, sin duda alguna, a los conceptos de
seguridad.

Pero ustedes han convertido la reforma de esta ley en algo
infumable en muchos aspectos pues, suponiendo un cambio en la relación
entre seguridad ciudadana y derechos de los ciudadanos, debiendo afinar
la protección de los ciudadanos, puede generar el efecto contrario:
efectos negativos en los derechos fundamentales y libertades
públicas.

Ustedes han conseguido con esta reforma el consenso de todos los
grupos de la oposición en contra de ella: se han presentado ocho vetos,
de toda la oposición. También han conseguido crear mucha alarma y rechazo
en numerosas entidades sociales, como Cáritas, Amnistía Internacional, la
Plataforma del Tercer Sector, Justicia y Paz, o incluso del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur. Y también
han causado la misma alarma y rechazo en el mismísimo Consejo General de
la Abogacía Española.

Lamentablemente, cada vez que el Partido Popular tramita una ley
tenemos que salir, de entrada, a defender las competencias autonómicas
que ustedes intentan laminar. Este es el Estado autonómico que ustedes
defienden, y en este Estado autonómico, sobre la base de esas
competencias, no es del siglo XXI, por ejemplo, impedir a los cuerpos de
seguridad que tienen competencias en diversos territorios del Estado
español el acceso a bases de datos delincuenciales como Interpol o
Europol, lo que ayudaría en la eficiencia de la lucha contra la
delincuencia.

En relación con la disposición adicional décima, sobre expulsiones
en caliente, sin ser jurista entiendo que en el mismo momento en que una
persona entra en el territorio de un Estado soberano y democrático
adquiere unos derechos, como la asistencia letrada, que se han de
respetar, y aún más cuando la libertad, la vida o la seguridad de esas
personas está en peligro.

Ustedes han convertido esta ley en la de la patada en la boca a
los derechos de los ciudadanos y la de la patada en el trasero a las
personas que intentan desesperadamente buscar una vida mejor en nuestro
país, en nuestro continente.

Por este motivo hemos presentado este veto, y será en el debate en
el Pleno donde tendré ocasión de explicar con mayor detalle nuestro
rechazo a la ley y donde hablaremos de identificaciones, de la
inconcreción de términos como inmediaciones o alterar la tranquilidad de
los ciudadanos, o del régimen sancionador.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sendra.

Para la defensa del veto número 4, presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Muchas gracias, señor
presidente.

Nosotros mantenemos el veto, que creo que no es exclusivamente de
nuestro grupo, como se ha visto, sino de todos los grupos de la Cámara, a
excepción del Grupo Popular, y sobre todo un veto de la sociedad
española, de las organizaciones sociales en general. Y el desarrollo de
esta ley también provoca alarma desde el punto de vista
internacional.

Es una ley que pretende dar respuesta al malestar social, a la
inseguridad sobre su futuro o a la falta de confianza que las medidas del
Gobierno están teniendo en cuanto al recorte del Estado del bienestar.
Repito que pretende dar respuestas a un malestar generalizado; y, sobre
esa base, aparte de recortar el Estado de bienestar, ustedes han decidido
recortar las libertades. Y es lo que están haciendo, pero no solamente
con esta ley. En el próximo Pleno debatiremos la reforma del Código
Penal; también nos anuncian una nueva modificación sobre la interrupción
voluntaria del embarazo; y hay temas como el que viene aquí incluido, sin
informes consultivos: la modificación de la Ley de extranjería. Es decir,
en general ustedes van por el camino del recorte de las libertades para
intentar frenar, como he dicho antes, el malestar social que vivimos en
este momento.

Ya se ha dicho, y no me voy a extender porque en el Pleno hablaré
sobre ello, que esta ley no tiene ninguna demanda social; ni la tiene por
el índice de delitos —afortunadamente, en los últimos años ha ido a
la baja— ni por la insignificancia en cuanto a los altercados que
se pueden producir en manifestaciones —el 0,64 % sobre el conjunto
de estas— ni por la preocupación que pueden plantear los ciudadanos
en las diferentes encuestas del CIS.

Estamos ante una nueva ley que va más —y me preocupa—
por el concepto de identificar la seguridad ciudadana con el orden
público, y esto es algo que ya había desechado la ley de 1992. Por tanto,
estamos ante una ley que supone un retroceso histórico, una ley que
preocupa al tercer sector en cuanto al tratamiento de los sectores más
marginados de la población, una ley que se asimila a la mal llamada ley
de vagos y maleantes en su momento, una ley que lleva a retrocesos
históricos importantísimos. Estas son preocupaciones de organismos tan
poco dudosos como Cáritas; ya sé que a alguno le puede preocupar, pero
son preocupaciones que manifiestan a todos los grupos políticos. Además,
se emplean términos tan vagos como el de tranquilidad ciudadana, un
término que en función de quién lo quiera interpretar puede dar lugar a
conclusiones muy diferentes. Es decir, inseguridad jurídica.

Hay algo que nos parece gravísimo, y es que se sustituyen
decisiones judiciales por decisiones gubernativas. Eso de: quitamos las
faltas del Código Penal y las pasamos a una decisión gubernativa, también
va a generar mucha inseguridad, y creo que tiene el objetivo de actuar
con menos garantías para el conjunto de los ciudadanos. Como he dicho
antes, tratan de frenar las protestas. Imponen el miedo. Actúan
—podría enumerar muchos casos, pero me voy a limitar a dos—
en función de las presiones sociales. Hay medidas contra los que plantean
las protestas ante los desahucios, medidas contra la difusión de imágenes
de las fuerzas de seguridad… Es decir, tratan de cortar la libertad
de expresión en todos sus términos. Y nos alejan de Europa en cuestiones
que todos conocemos, como las devoluciones sumarias o el derecho de
asilo, que se pone en cuestión; en temas que están siendo cuestionados a
nivel internacional. Creo también que esta ley es inconstitucional
—nos veremos obligados a estudiarlo y seguramente a
presentarlo— y, como tal, una ley con poco futuro, con pocas
garantías desde el punto de vista jurídico y, sobre todo, desde el punto
de vista social y político.

Prácticamente al final de su legislatura plantean unas leyes con
un cortísimo recorrido para el futuro. Les pediría que recapacitasen,
porque no es lo que demanda la sociedad y, desde luego, no podemos seguir
aumentando los recortes en las libertades en este país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cascallana.

Para la defensa del veto número 6, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Vasco. Señoría, tenga la satisfacción de saber que todos los
senadores estaban dispuestos a defenderlo en el caso de que no hubiera
habido un representante de su grupo. (Risas).

Señor Bildarratz, tiene usted la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Antes de nada, quiero agradecer la disposición y predisposición de
todos los grupos, incluido el grupo mayoritario, para defender el veto
del proyecto de ley que estamos debatiendo en estos momentos.
(Risas).

Lo voy por dar por defendido, y no le voy a quitar el protagonismo
a mi querido amigo Anasagasti, que estoy seguro de que en el Pleno de la
semana que viene lo defenderá, y muy bien, además.

Únicamente haré una reflexión. Tendremos un Pleno en el que vamos
a debatir la modificación del Código Penal en un doble ámbito: el de una
proposición de ley por todos ustedes conocida, además de lo que es la
reforma del Código Penal del año 1995. Con esto, ¿qué quiero decir? Que
hay una misma filosofía, una misma ideología detrás de todos estos
proyectos de ley. En el momento que estamos viviendo, con la situación
económica que se está viviendo, con las preocupaciones que está teniendo
la ciudadanía y los problemas de la ciudadanía en general, es lógico que
proliferen las manifestaciones, es lógico que haya una contestación
política contra lo que la ciudadanía considera un recorte tanto de las
libertades públicas como de los derechos fundamentales y, cómo no, de
derechos económicos, laborales, etcétera. Y nos parece del todo
inadecuado que se responda de esta manera, con este proyecto de ley. La
ciudadanía está sufriendo mucho, a la ciudadanía no la podemos callar con
una mordaza. Tenemos que dejar que se exprese, evidentemente, dentro de
la legislación vigente, que en nuestra opinión es suficiente. Y, tal como
se ha planteado aquí, no entendemos necesario un nuevo proyecto.

Continuamente desde el grupo mayoritario se está utilizando como
argumento que hay una gran preocupación y una gran demanda social, pero
entiendo que el proyecto de ley que estamos tramitando en estos momentos
no responde a una gran demanda social. Por eso presentamos nuestro veto,
que, como decía, solo he introducido y doy por defendido, porque no tengo
ninguna duda de que el senador Anasagasti lo defenderá muy bien.

Y, evidentemente, lo cortés no quita lo valiente: muchas gracias
por la paciencia que han tenido hasta que he podido llegar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bildarratz.

En turno en contra, tiene la palabra el señor Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Con la misma brevedad que el resto de portavoces, voy a hacer
alguna breve consideración, para ver si en los días que todavía quedan
hasta la aprobación de la ley en el Pleno puede llevar a la reflexión a
los grupos parlamentarios que han presentado vetos —en su legítimo
derecho, que vaya por delante—, y mediante esta reflexión cambiar
el sentido de su voto.

Para empezar, hay dos cuestiones que a mí me sorprenden
sinceramente. Parece que hay unanimidad en las intervenciones, en el
sentido de que aquí el Legislativo, que Congreso y Senado debiéramos
hacerlo de acuerdo con los datos que el CIS nos proporciona mensualmente,
porque parece que según el CIS no hay una preocupación entre la
ciudadanía sobre tal o cual tema. Es un argumento que ya he oído en otras
ocasiones, con motivo de la presentación de otros proyectos de ley. Y,
como digo, me sorprende.

Y también veo la conversión de todos los grupos, que hoy se
encuentran satisfechos con la ley del año 1992, y a los que en este
momento les invitaría a que releyesen los Diarios de Sesiones de aquella
época, cuando el Partido Socialista, el Grupo Socialista, el Gobierno
Socialista, trajo a la Cámara la que luego se llamó la ley de la patada
en la puerta. Es curioso que tras aquella posición frontal, hoy, después
de veintidós años, se haya llegado a la conclusión de que es una buena
ley y que es más que suficiente lo que hay. Quería trasladarles esta
sorpresa.

Y me gustaría trasladarles otra cuestión. Creo que estamos
utilizando argumentos que están sacados de los argumentarios, si me
permiten la redundancia, de los partidos políticos. Esta ley ha tenido
una trayectoria muy larga. Siendo anteproyecto de ley —es decir,
todavía no era el proyecto del Gobierno o el proyecto que el Gobierno iba
a enviar con posterioridad al Parlamento— ya se etiquetó como la
ley mordaza. Pues bien, me gustaría que en el transcurso del debate del
Pleno ustedes me mencionaran un solo artículo que justifique esa
denominación, más allá, lógicamente, de las ventajas que teóricamente da
el acusar al Gobierno de recorte de libertades, de liberticida, como han
dicho alguna vez, etcétera. Más allá de esa cuestión, me gustaría
—repito— que me citaran un solo precepto que, desde la razón
y la objetividad, pudiera servir para esa calificación. Por tanto, entre
aquel anteproyecto, al que me da la impresión de que algunos de ustedes
siguen refiriéndose, y el proyecto que hoy tenemos aquí, después de todo
este largo trayecto, creo que hay muy pocas coincidencias. Y hemos pasado
por muchas cribas a las que sus señorías se han referido, pero lo que no
dicen sus señorías es que en todo este trámite hemos ido admitiendo
sugerencias de todas esas cribas por las que ustedes piden que pase el
proyecto, que van desde las sugerencias de las asociaciones —me
refiero a Acnur, UGT o Comisiones Obreras, por citar solo a
algunas— hasta otros estamentos del Estado de derecho por los que
también ha pasado el proyecto de ley. Siguen ustedes haciendo las mismas
críticas que entonces hicieron a través de los medios de comunicación,
sin recoger en ellas que el proyecto ha cambiado sustancialmente. Y
podríamos dar ejemplos muy concretos. Alguien ha hablado aquí de lo
desproporcionado de las sanciones, de su agravamiento, cuando ustedes
saben que las sanciones, sobre todo en el terreno pecuniario, son
exactamente las mismas que las que contenía la ley del año 1992, por
tanto, las mismas de hace veintidós años. Hablan ustedes de que se han
agravado esas sanciones, cuando por primera vez su proporcionalidad se
garantiza dividiendo en tramos —mínimo, medio y máximo—,
sobre todo las sanciones graves y muy graves, y cuando no solamente se
establecen esos criterios sino, además, cómo han de graduarse las
sanciones. Por lo tanto, son —repito— críticas, desde nuestro
punto de vista, absolutamente respetables, pero también carentes de todo
contenido.

Yo no me voy a extender mucho más, porque vamos a tener tiempo de
analizar una a una las cuestiones que ustedes plantean. Pero de verdad
les digo, desde el máximo respeto de este grupo, que repasen ustedes sus
argumentos, porque muchos de ellos no se compadecen con la realidad del
articulado del proyecto de ley que vamos a debatir, que estamos
debatiendo hoy aquí y que vamos a debatir en el Pleno el próximo
día.

¿Cómo podemos, señoría, desde la más mínima realidad, decir que es
una persecución, a través del articulado de la ley, del ejercicio de los
derechos fundamentales? O algunas de las expresiones que ustedes han
utilizado, como la de persecución de las formas de expresión ciudadana,
cuando realmente el articulado de la ley —y les voy a citar algún
artículo, aunque prefiero dejarlo para entonces—, por ejemplo, el
artículo 23, habla de la protección específica que la ley quiere dar para
la celebración de reuniones y manifestaciones.

Señorías, en definitiva —y como ustedes no lo han hecho no
lo voy a hacer yo tampoco—, no voy a desgranar uno a uno esos
motivos de roce entre lo que ustedes plantean y lo que nosotros
defendemos. Lo haremos en el Pleno. Pero yo, como última cuestión, les
planteo que mediten y que ajustemos la crítica legítima a lo que
realmente dice el articulado del proyecto que hoy tenemos aquí y no a
aquel anteproyecto que se vendió a través de los medios de comunicación y
que parece que todavía sigue instalado en la cabeza de algunos de
ustedes. Repito, desde el máximo respeto a las propuestas que ustedes, en
su legítimo derecho, pueden hacer.

Por lo tanto, y termino, nuestro grupo va a tener la oportunidad
de debatirlo en el transcurso de estos días que quedan y haciendo el
trabajo que nos corresponde les vamos a ofrecer a sus señorías alguna
posibilidad de transacción. Asimismo, en el transcurso del Pleno
admitiremos en sus propios términos algunas de las enmiendas que los
grupos han presentado, para culminar un proceso que, como digo, ha sido
largo, en el cual se ha cambiado, entre el Congreso y el Senado, más
del 60 % del articulado de la ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.

Corresponde ahora la intervención de los portavoces de los
grupos.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Intervendré rápidamente.

Seguramente vivimos en realidades paralelas la oposición y el
Partido Popular. Pero también deben de vivir en realidades paralelas el
Consejo General de la Abogacía, Acnur, Cáritas, el Tercer Sector, la
Asociación contra la trata de personas, profesores de Derecho
Internacional como el doctor Eduard Sagarra, en fin, hasta un largo
etcétera que han hecho las mismas críticas que han realizado la mayoría
de los grupos parlamentarios de la oposición. En todo caso es verdad que
debemos de vivir en mundos distintos.

No me voy a morder la lengua porque no sería yo si lo hiciese. En
las interpretaciones que ustedes hacen de los informes del CIS, en el
ranking de preocupación de la ciudadanía no están ni la seguridad, ni la
necesidad de una reforma del Código Penal, ni la cadena perpetua,
etcétera. Las preocupaciones son el paro, la crisis y la corrupción. La
corrupción, insisto.

Para Esquerra Republicana no es bueno este proyecto de ley de
seguridad ciudadana, pero tampoco lo era la ley Corcuera, que combatimos
jurídica y políticamente. En efecto, por lo que respecta a esta senadora,
la combatí jurídicamente. Nos dicen que ha cambiado sustancialmente la
ley. Ha cambiado en algunos aspectos. Se dice que en un 60 % de lo que
representó el inicial proyecto de ley. También podemos analizar si
realmente este cambio sustancial lo es en el contenido y en aquellos
aspectos en los que es preocupante la ley, porque ya sabemos lo que
significan a veces los porcentajes de cambio en los proyectos
normativos.

Una reflexión. ¿Ha cambiado sustancialmente en el tema de las mal
llamadas o vulgarmente llamadas devoluciones en caliente? ¿Ha cambiado
sustancialmente en lo que respecta a la prostitución y a la doble
victimización de las personas, en este caso, de las prostitutas? Por
tanto, para Esquerra Republicana —lo tenemos meditado,
meditadísimo, reflexionado, reflexionadísimo— la ley Corcuera no
era una buena ley, pero, puestos a retocar, a modificar o a reformar la
ley, se debería haber hecho de otra manera. Por lo tanto, estos cambios
sustanciales que se anuncian en el proyecto de ley, para nosotros no son
suficientes para que pudieran significar la retirada del veto, que no
vamos a retirar, o para que significasen votar favorablemente al proyecto
de ley, al que no vamos a votar favorablemente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Bildarratz.
(Denegaciones).

Gracias. Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA:En primer lugar, quiero decir que vamos
a votar afirmativamente todos los vetos que se han presentado por parte
de los grupos parlamentarios. Y, en segundo lugar, con toda cordialidad y
respeto hacia el senador Aznar, devolverle de alguna manera, como mínimo,
una parte de su argumentación: el CIS. Cuando al Partido Popular le
interesa, y tenemos muchísimos ejemplos, utiliza las encuestas del CIS
para defender o para argumentar cualquiera de sus iniciativas. En un tema
como este hay que tener en cuenta que, efectivamente, nuestro país es un
país seguro, con unas ratios de seguridad ciudadana importantes. Y esto
es algo que la ciudadanía refleja en las encuestas con valoraciones muy
positivas hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por el
hecho de que no considera importante la inseguridad ciudadana. Por lo
tanto, las encuestas del CIS sirven para lo que sirven y, en todo caso,
el Partido Popular también las utiliza.

En segundo lugar, yo no he hablado de ley mordaza, en cambio el
senador Aznar sí ha utilizado la expresión patada a la puerta
refiriéndose a la ley del 92. Y, en tercer y último lugar, respecto a la
ley del 92 nos ha aconsejado que leamos las intervenciones que hubo en el
debate de la ley. Yo lo he hecho, hasta el punto, senador Aznar, de que
tuve la tentación de, en vez de utilizar lo que yo he preparado para la
defensa del veto, leer la intervención del señor Trillo. Imagínese la
tentación que he tenido. Por lo tanto, yo sí me la he leído. Quien yo
creo que no se la ha leído detenidamente es el Partido Popular, porque ha
cambiado radicalmente entre lo que decía de la ley del 92 y lo que está
proponiendo en esta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Intervengo solo para decir que votaremos favorablemente los ocho
vetos y que en el debate del Pleno argumentaremos el porqué de nuestro
voto contrario al proyecto de ley. En cualquier caso, nosotros seguimos
manifestando que todas las leyes, pasado un tiempo, dado que las
sociedades evolucionan y pasan muchas cosas, es bueno reformarlas, todas,
incluso la sacrosanta Constitución. Por eso, es bueno que se reforme la
ley. Lo que no es bueno es convertirla en algo peor de lo que ya
teníamos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Seré breve.

Votaremos también a favor de todos los vetos. Sí hay una
diferencia con la ley del 92. La gran diferencia es lo que he dicho
anteriormente —exposición que ampliaré un poquito en el
Pleno—, que ustedes van a una ley de orden público. Han cambiado el
concepto de seguridad ciudadana y la han identificado con el orden
público. Ya hablaremos de esto. De todas maneras, creo que reconocían
ustedes en una de las primeras comparecencias —la única del
ministro aquí— que la herencia en materia de seguridad ciudadana,
y, desde luego, en derechos y libertades, que dejó el Partido Socialista,
había sido una buena herencia, a pesar de que ustedes en el recorte de
libertades están permanentemente intentando dar marcha atrás.

Sobre la participación, ustedes dicen que ha tenido un amplio
consenso y que han modificado el 60 % de la ley. Sobre ello he de
decirles algunas cosas. El modificar vía enmienda la Ley de extranjería
sin informe de los órganos consultivos preceptivos no es el mejor método
de participación, y así lo han hecho. Por tanto, si quiere decirnos qué
piensan UGT, Comisiones Obreras, Acnur u otras organizaciones, ya lo
sabemos: una crítica generalizada, y a pesar de que ustedes quieren
presentar esto como un gran cambio, la ley mantiene esencialmente los
mismos principios que el anteproyecto. Así pues, ya en el Pleno
explicaremos esto y otras cosas, pero sin duda creemos que es un grave
retroceso , un recorte de las libertades y un cambio en el concepto de lo
que es la seguridad ciudadana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cascallana.

Tiene la palabra el señor Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré también brevemente y comenzaré diciendo que nosotros
nos vamos a oponer a los vetos.

Señor Cascallana, hay una elemental diferencia entre una ley y
otra, y es que la anterior se declaró en parte inconstitucional; por
tanto, ahí hay ya una diferencia importante.

En segundo lugar, dice usted que se recortan libertades. ¿Es
recortar libertades el regular la práctica de los registros corporales
por primera vez? ¿Es recortar libertades el regular los registros
domiciliarios por primera vez? ¿Es esto un recorte de libertades? ¿Es
recortar las libertades el no sancionar más, sino sancionar mejor, como
hace esta ley? ¿Es recortar las libertades el rebajar el listón del
castigo, como hace esta ley?

Hemos hablado con todo tipo de asociaciones, con todas las que
usted ha mencionado y también, creo recordar, que la senadora Capella. Yo
no sé lo que le dirán a usted, sé lo que me dicen a mí, que me he reunido
con el ministerio y con todas ellas, no una, sino varias veces, y sé el
grado de satisfacción que hay. Yo no he dicho que haya consenso, ni lo
pretendemos, porque es imposible dar satisfacción a todo el mundo. ¡Claro
que es imposible, senadora Capella! Es que aunque reformásemos el cien
por cien de los artículos estoy seguro de que usted no iba a votar a
favor de la ley; eso es evidente, pero tampoco es esa la pretensión, sino
llegar a un razonable consenso que nos permita seguir avanzando.

Senador Bruguera, en el Pleno tendremos ocasión de debatir, como
le he dicho, todos y cada uno de esos puntos. Pero también le confieso
que la intervención del señor Trillo en aquella ocasión no me serviría a
mí para defender esta ley. Eso es evidente. Y a lo que me refiero es que
en un momento dado hay quien se opone, y después de haberlo hecho dice
ahora que no, que la ley anterior era muy buena y que lo que hay que
hacer es mantenerla. Lo que hace el Partido Popular, que entonces en ese
ambiente de hace veintidós años decía que era muy mala, es cambiarla hoy,
y lo hace creyendo que se mejora razonablemente, y sobre todo, con el fin
perseguido, que es que haya mayores libertades y una mayor protección de
estas.

Por tanto, nos citamos en el Pleno, donde cordialmente
debatiremos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aznar.

Antes de someter a votación los vetos vamos a comprobar las
asistencias, pues se necesita una mayoría de catorce miembros para que
salgan adelante los vetos correspondientes.

El señor letrado procede a la comprobación de los señores
senadores presentes.

El señor PRESIDENTE: Comenzamos, pues, la votación de los
vetos.

En primer lugar, veto número 1, de los señores Iglesias y
Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Veto número 2, de los señores Goioaga, Mendizábal, Unamunzaga y
Aiartza.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Veto número 3, de la señora Capella.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Veto número 7, de los señores Guillot y Saura.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Veto número 8 de los señores Almiñana, Boya, Bruguera, Martí,
Montilla, Sabaté y Sequera.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Veto número 6, del Grupo Parlamentario Vasco.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE:






Queda rechazado.

Veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Una vez rechazados los vetos comenzamos a debatir las
enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 41, presentadas por
los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto,
intervendrá la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas sin perjuicio de la defensa que hagan los
autores en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

Para la defensa de las enmiendas números 42 a 62, presentadas por
la senadora Capella, tiene la palabra su señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

En el mismo sentido las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

Para la defensa de las enmiendas números 114 a 142, presentadas
por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 143 a 211, presentadas
por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra el senador
Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos grupos de enmiendas. El primero comprende de la número 143
a la número 176; un total de 34 enmiendas que pertenecen a los senadores
socialistas. Y el segundo comprende de la número 177 a la 211; 35
enmiendas que pertenecen a los senadores Guillot y Saura, de Iniciativa
per Catalunya. Las doy por defendidas, pero con brevedad voy a citar
algunas de las premisas, de los principios, de los fundamentos que han
motivado la presentación de estas enmiendas, que entendemos son
perfectamente congruentes con la exposición del veto de hace unos
minutos.

En primer lugar, hay un grupo de enmiendas que lo que pretenden es
que se trate realmente de una verdadera ley de protección, por tanto, de
defensa del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades
políticas, civiles y sociales: libertad sindical, de expresión, el
derecho de huelga, el derecho de manifestación, el derecho de reunión,
etcétera. En segundo lugar, encontrar un equilibrio —esto es lo que
pretendemos también en algunas de nuestras enmiendas— entre la
protección de la seguridad ciudadana y la protección real y material del
libre ejercicio de los derechos y las libertades. En tercer lugar, otro
grupo de enmiendas pretenden limitar los supuestos que permiten llevar a
cabo actuaciones que afectan a la libertad y a la intimidad de las
personas, intentando adecuar —creemos que lo conseguimos—
estos límites al principio de proporcionalidad. En cuarto lugar, a través
de nuestras propuestas, es mucho más adecuada la regulación del uso de
las grabaciones de imágenes y de sonidos, introduciendo las necesarias
garantías. En quinto lugar, y finalmente, la modificación del régimen
sancionador que, como ya hemos indicado, nos parece excesivo. Supone una
enorme desproporcionalidad punitiva, desde nuestro punto de vista es
injusto, introduce doble penalidad, discrecionalidad, falta de garantías
jurídicas, etcétera.

Finalizo, señor presidente, señorías, con una reflexión respecto a
la última intervención del senador Aznar, que ha dicho: Yo también me he
entrevistado con oenegés, asociaciones, etcétera, y sé lo que me han
dicho a mí. Pues bien, simplemente, quiero decir que anteayer, 2 de
marzo, recibí un correo electrónico de Acnur —supongo que el resto
de grupos también— con su opinión sobre la ley. Cáritas,
anteayer, 2 de marzo, en otro correo electrónico hacía un análisis de
cómo ven las cosas hasta ese momento; y ayer mismo, 3 de marzo, hubo otro
correo de la Red contra la trata de personas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bruguera.

Para la defensa de las enmiendas 98 a 113, presentadas por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor Presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sendra.

Para la defensa de las enmiendas 63 a 97, presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ángel.

El señor ÁNGEL BATALLA: Las damos por defendidas, no sin antes
hacer dos o tres comentarios, que van desde el preámbulo de la ley hasta
las disposiciones finales —que es la mejora que hemos intentado
realizar—, partiendo del concepto que tiene el Grupo Parlamentario
Socialista de la propia definición, de la propia génesis de esta ley.
Primero porque no entendemos por qué existe la necesidad de presentar
esta ley, este texto, esta arquitectura legislativa en estos momentos. No
lo podemos entender, solo cuando hay temas ideológicos detrás, porque no
hay ninguna demanda social, como han dicho anteriormente mis compañeros,
no hay ninguna asociación prestigiosa en el Estado español, desde las
académicas y las jurisdiccionales hasta el Consejo de Estado, o cualquier
otra, que haya escrito alabando al Gobierno al presentar esta ley. No hay
nadie. No hay nadie que hable bien de esta ley, pero no solo no hablan
bien es que no dicen nada. Los observadores internacionales incluso se
cuestionan por qué un Gobierno democrático es capaz de introducir
elementos de orden público en el siglo XXI. Nadie se lo puede explicar,
solo aquellos que desde un laboratorio hayan entendido que con eso va a
salir reforzado el Gobierno de España. Solamente cabe en ese supuesto.
Apelar a la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de entonces
es hacer una mala comparación, señor Aznar, porque ustedes ya estuvieron
gobernando a finales de los años noventa y tuvieron todas las
oportunidades del mundo para haber cambiado aquella ley, lo que ocurre es
que no quisieron, no pudieron o no se atrevieron, y le puedo asegurar que
tuvieron ocasión de hacerlo. Don Santiago, que está en esta sala, se
acordará de una famosa comisión en la que intervinieron los dos grandes
grupos, celebrada en diciembre del año 1997 —le puedo decir hasta
la fecha en que se celebró—, en la que se hizo un borrador para
modificar la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; documentos
que avanzaron con cierta solvencia y seguridad, pero no tienen nada que
ver con lo que hoy nos muestran, ni siquiera en el preámbulo. Léanse a
Max Weber. Hace muchísimos años de esto, pero hay que leerse a Max Weber.
Es un reputado teórico del Estado democrático y moderno, del que todos
podemos hablar, lo digo en un sentido amplio. Es en eso donde tenemos que
incidir, porque es la propia concepción.

En cuanto a las bonanzas de esta ley, entiendo, don Luis, que
usted tiene que hacer aquello que usted cree. Podría haber iniciado mi
intervención diciendo: voy a ver si aún le puedo convencer, que es como
usted ha empezado, pero es que, de verdad, produce sonrojo democrático.
Señoría, yo fui uno de aquellos jóvenes universitarios detenido en el
campus universitario en el año 1975, y por culpa de aquella ley de orden
público tuve que estar tres meses en las cárceles franquistas. Se lo digo
porque lo mío es comprobable, no voy de farol. (Risas). Lo mío es
comprobable. Y la verdad es que hemos mejorado mucho el Estado gracias a
ustedes y a nosotros, pero con esta ley, doctrinalmente, volvemos hacia
atrás. Hemos retrocedido muchísimo, no solamente en temas garantistas,
sino en el concepto de espacio público. ¿Qué es eso? Es el concepto del
espacio público, y el uso del espacio público por los ciudadanos. Es eso.
El régimen sancionador, la instrucción, el papel que se puede dar a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las garantías sobre el derecho
administrativo de los ciudadanos, etcétera, todo esto es una cuestión
menor si no tenemos un concepto claro del espacio público, que es la
verdadera conquista de los ciudadanos. Claro que tiene que estar regulado
el espacio público, ¡hasta ahí podíamos llegar! El Estado tiene que
garantizar que yo pueda hacer un buen uso del mismo. Eso es lo que tiene
que garantizar, lo que no tiene que hacer es demonizar el uso del espacio
público, que es lo que hace esta ley. Pero eso no lo dice un pobre
senador como yo, esto lo dicen verdaderos juristas del Estado español,
por cierto, algunos de sus votantes, y algunos de los que les apoyaron
públicamente en las últimas elecciones y que hoy les retiran el voto
porque doctrinalmente están en contra de este espacio público. El
articulado, el preámbulo, etcétera, son conceptos que discutiremos en el
Pleno, pero el concepto sobre la ley es lo que me preocupa. Es lo que
verdaderamente me preocupa. A mí no me preocupa una discusión técnica del
Consejo General del Poder Judicial, porque usted sentenciaba con el
senador Cascallana que la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado fue enriquecida por el Tribunal Constitucional. Dése cuenta de
esto, porque ustedes fueron los que la aprobaron.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ángel.

Pasamos a la defensa de las enmiendas incorporadas a la ponencia,
que irá unida al turno en contra.

Tiene la palabra el señor Peñarrubia.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, voy a utilizar el turno en contra para decir que
vamos a votar inicialmente en contra —valga la redundancia—
de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios; y
digo inicialmente, porque, tanto mi compañero, el senador Aznar, como yo
mismo, estamos trabajando para intentar incorporar, vía enmienda, a este
proyecto de ley el mayor número posible de sugerencias que han realizado
colectivos, asociaciones y, por supuesto, grupos parlamentarios. De
hecho, en el Pleno aceptaremos varias enmiendas en los términos en que
han sido formuladas y transaremos algunas otras que afectan a casi todos
los grupos parlamentarios. No hay que insistir mucho, todos ustedes han
tenido responsabilidades de Gobierno en diferentes ámbitos territoriales,
en la complicación que supone para el grupo mayoritario que sustenta a un
gobierno incorporar todas las aspiraciones y demandas legítimas de tantos
y tantos colectivos, incluyendo, por supuesto, a los grupos
parlamentarios.

Igualmente quiero añadir, lo ha dicho el señor Aznar, que este
proyecto de ley ha sufrido a lo largo de su trámite parlamentario y desde
que era borrador inicial numerosas modificaciones que yo creo que lo han
mejorado sustancialmente. Y hoy, pese a los vetos y a lo que aquí se ha
dicho, no existen, a nuestro juicio, diferencias de calado. Hay que
leerse las enmiendas y hay que ver el articulado de la ley y no funcionar
sobre la base de argumentarios que prepararon los diferentes partidos
políticos hace mucho tiempo y que quedan absolutamente desfasados. Basta
cotejar las enmiendas para comprobar que esta afirmación es cierta. Al
final, señorías, lo quieran o no, lo que hay son matices. Ustedes hablan
de ideología. No, son matices. ¿De distinto grado? Es posible. No es lo
mismo las sugerencias y enmiendas que aporta Izquierda Unida que las que
puedan hacer Entesa, el Grupo Socialista o el propio Grupo Parlamentario
Vasco, que coincide en muchos aspectos con la filosofía que tiene esta
ley. Dicen que no tiene el apoyo de asociaciones y de entidades.
Pregunten a los vecinos, que quieren tranquilidad pública en sus calles;
pregunten a los comerciantes, al sector de la hostelería, que no quieren
algaradas ni vandalismo en las calles. No se trata de causar defectos en
el mobiliario urbano, se trata de destruirlo o incendiarlo. Eso tiene que
estar tipificado administrativamente.

Decía el senador Ángel que ni habíamos podido ni habíamos querido
y que posiblemente no nos atrevíamos. Pues bien, podemos, queremos y nos
atrevemos en este momento a cambiar esta ley orgánica, la segunda de
nuestra democracia.

Me va a permitir un desahogo personal, señor Ángel. Jamás lo he
comentado porque uno tiene cierto pudor. Le gano a usted en cuatro años.
En el año 1971, año muy duro, fui detenido —por cierto, nadie me
puso una mano encima— en protesta por la Ley de educación del
entonces ministro Villar Palasí. (El señor Ángel Batalla: ¡Ojo, que era
valenciano!). Fui encartado, se decía así, por el Tribunal de Orden
Público. Comparecí, asistido de letrado, ante un juez de instrucción y la
cuestión quedó sobreseída. Años después, buscando en el Archivo Histórico
Nacional antecedentes de mis dos abuelos, desgraciadamente uno en cada
bando de la terrible guerra civil, el funcionario me dijo: de su abuelo
por tal vía, del otro por esta, pero aquí lo que hay son antecedentes de
usted. ¿Cómo? Pues sí, había unos antecedentes policiales que, por
cierto, señor presidente y miembros de la Mesa, si lo autorizan, se los
aportaré al señor letrado para que figure en acta, donde…

El señor PRESIDENTE: Haremos una comisión de investigación.
(Risas).

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: ¡Hombre!, es que me han dejado el balón
en el área, me han puesto el toro en suerte.

Decía que había unos antecedentes policiales donde figuraba en el
listado estudiantes (Risas) —estoy hablando del año 1971, no es
broma— a los que no se les entregaba el certificado de buena
conducta y el pasaporte. Ese documento lo pondré a disposición de la Mesa
porque lo tengo en el despacho.

Por tanto, esta cuestión personal, que jamás había comentado ni
había expuesto en público en mi vida, la destaco aquí, la expongo habida
cuenta de la intervención que ha hecho el senador Ángel.

Nos veremos en el Pleno. Estamos en la vía de aceptar algunas
cosas, de mejorar aún más este texto y, como le decía al principio,
podemos, queremos y nos atrevemos con la reforma legislativa que hemos
emprendido.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peñarrubia.

Corresponde ahora el turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Pausa).

¿Senadora Capella? (Denegaciones).

¿Grupo Vasco? (Denegaciones).

Tiene la palabra el señor Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Señor presidente, pido que me permita,
ya que vamos bien de tiempo, que les lea un pequeño texto, ya que esta
mañana hemos estado hablando y recomendando lecturas.

Josef K fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo.

—¿Y por qué? —preguntó.

—No estamos autorizados a decírselo. Regrese a su habitación
y espere. El proceso se acaba de iniciar y usted conocerá todo en su
momento oportuno.

Aquí están mis documentos de identidad. Muéstrenme ahora los suyos
y, ante todo, la orden de detención. Aquí están mis documentos.

—¿Y qué nos importan a nosotros? —gritó ahora el
vigilante más alto—. Se está comportando usted como un niño. ¿Qué
quiere usted? ¿Acaso pretende al hablar con nosotros sobre documentos de
identidad y sobre órdenes de detención que su maldito proceso acabe
pronto? No obstante, somos capaces de comprender que las instancias
superiores, a cuyo servicio estamos, antes de disponer una detención como
está se han informado a fondo sobre los motivos de la detención y sobre
la persona del detenido. No hay ningún error. El organismo para el que
trabajamos, por lo que conozco de él, y solo conozco los rasgos más
inferiores, no se dedica a buscar la culpa en la población, sino que,
como está establecido en la ley, se ve atraído por la culpa y nos envía a
nosotros, a los vigilantes. Eso es ley. ¿Dónde puede cometerse aquí un
error?

—No conozco esa ley —dijo K.

—Pues peor para usted —dijo el vigilante.

—Solo existe en sus cabezas —dijo K, que quería
penetrar en los pensamientos de los vigilantes, de algún modo inclinarlos
a su favor o ir ganando terreno. Pero el vigilante se limitó a
decir:

—Ya sentirá sus efectos.

Les recomiendo la lectura de El proceso, de Kafka.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán, ¿señor Sendra?
(Denegaciones).

Gracias, señor Sendra.

¿Señor Cascallana o señor Ángel, por el Grupo Parlamentario
Socialista? (Denegaciones).

Tiene la palabra el señor Aznar, por el Grupo Parlamentario
Popular.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Solamente quiero agradecer su
intervención al señor Bruguera y decirle que con una ley como esta, Kafka
no hubiera dado a luz El proceso. (Risas). Pero yo le recomiendo que lea
la obra de Aldous Huxley, Un mundo feliz.

El señor PRESIDENTE: Estamos aprendiendo todos muchísimo.

Vamos a someter a votación el informe de la ponencia.

Como saben ustedes, conforme al artículo 116.2 del Reglamento, se
somete a votación el informe de la ponencia y si fuera aprobado, se
entenderá que quedan rechazadas todas las enmiendas que no hubieran sido
aceptadas por la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 8.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda dictaminado por la
Comisión de Interior el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la
seguridad ciudadana.

Tenemos que designar a una persona para que lo presente en el
Pleno. (Varios señores senadores: El señor presidente).

Muchísimas gracias por la confianza que tienen ustedes en mí.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y diez minutos.