discrimina entre las distintas comunidades autónomas. Por
estas cuatro razones que nada tienen que ver con lo que se plantea en los
vetos, votaremos en contra.

En relación con el veto presentado por Convergència i Unió,
voy a explicar nuestra posición respecto a las cinco cuestiones
principales que en él se plantean.

En primer lugar, el grupo parlamentario dice que las
principales medidas contempladas en este proyecto orientadas a la
diversificación pesquera y acuícola ya han sido adoptadas por algunas
comunidades autónomas, como Cataluña, con base en sus competencias en
materia de pesca y turismo y que, por tanto, este proyecto de ley genera
una confusión innecesaria y creen que debería limitarse a eliminar los
obstáculos normativos que impidan la diversificación de la actividad
pesquera nada más.

Me gustaría que quedase claro que este proyecto de ley no
discute competencias turísticas de las comunidades autónomas, sino que
trata de fomentar el desarrollo de diferentes actuaciones de
diversificación económica del sector pesquero y acuícola, entre las que
destacan el turismo pesquero y la pesca-turismo. Este proyecto de ley
pretende asegurar el desarrollo de estas actividades mediante unas
definiciones y bases comunes que han sido previamente consensuadas, e
insisto en esto, han sido previamente consensuadas con todas las
comunidades autónomas.

A nuestro entender, el proyecto no genera confusión, sino
todo lo contrario, garantiza que el marco conceptual y los requisitos
para el buen ejercicio de estas actividades de diversificación sean
iguales en todo el territorio nacional. El papel del ministerio es y será
el de facilitar e impulsar el desarrollo económico, asegurando que estas
actividades sean plenamente respetuosas con las medidas de conservación y
protección de los recursos pesqueros y con las condiciones de seguridad
en la navegación. Por tanto, el papel del ministerio es únicamente el de
facilitar e impulsar el desarrollo económico.

Tal y como se específica en el artículo 74 ter, para el
caso concreto de la pesca-turismo, reglamentariamente consultadas las
comunidades autónomas, se establecerán las condiciones de
complementariedad y compatibilidad de la actividad de pesca extractiva y
pesca-turismo y las condiciones de embarque del pasaje.

Esta ley contribuye a aglutinar y unificar criterios en
torno a lo que llamaríamos un acuerdo de mínimos a través del referido
proceso de consulta en el que todas las comunidades autónomas, como se
indica en este artículo 74 ter, habrán de participar. Muy al contrario,
por tanto, de lo que el Grupo Parlamentario Catalán plantea en este veto,
lo que se quiere evitar precisamente es confundir a turistas y usuarios
al aclarar en términos generales en qué consisten estas actividades de
diversificación, independientemente del punto geográfico en el que éstas
se realicen.

Otro de los aspectos con el que no están de acuerdo y que
plantean en su veto es la decisión de regular las actividades de
diversificación de la actividad pesquera y que ésta no debería incidir
sobre las comunidades como Cataluña, en las que ya existe legislación
vigente. Pues insistimos en lo anteriormente expuesto: esta ley no anula
ni contradice lo establecido en la legislación, sino todo lo contrario,
contribuye a unificar criterios que facilitarán el posterior desarrollo
de estas actividades en todas las comunidades autónomas, tanto las que
cuentan con normativa específica como las que aún no han regulado en esta
materia.

Como ya hemos explicado anteriormente, la diversificación
pesquera y acuícola se presenta como una actividad complementaria a la
actividad principal impulsada por el sector pesquero, y los instrumentos
de la PPC la apoyan; por ello es necesario introducir las definiciones y
bases de esta nueva área de negocio en el marco jurídico nacional para
que en todo el territorio español también se den unas condiciones comunes
que, evidentemente, deberá respetar, desarrollar y adaptar, según sus
intereses y particularidades, la legislación catalana.

Otra cuestión con la que no están de acuerdo es la relativa
al encaje competencial que el proyecto de ley incluye para el capítulo V
del título II sobre puertos de desembarque y primera venta de los
productos pesqueros, lo que a juicio del Grupo Parlamentario Catalán
supone vaciar las competencias de las comunidades autónomas y no puede
ampararse en la mejora de la trazabilidad. Pues bien, en la propia
exposición de motivos del proyecto de ley se explica que el ajuste de las
disposiciones de este capítulo V al bloque de constitucionalidad se
fundamenta en la doctrina que el Tribunal Constitucional emite en su
Sentencia 166/2013, de 7 de octubre, en la que se considera procedente
este ajuste como consecuencia de los requisitos sobre trazabilidad de los
productos pesqueros establecidos por el Reglamento comunitario 1224/2009
del Consejo para garantizar el cumplimiento de las normas de la política
pesquera comunitaria. Por ello, como recoge el apartado 20 del artículo
único, al modificar la disposición adicional segunda de la Ley de pesca
marítima del Estado, dichas disposiciones se dictan al amparo de dos
títulos

competenciales: legislación básica de ordenación del sector
pesquero y legislación básica de ordenación de la actividad comercial,
prevaleciendo únicamente la habilitación del artículo 149.1.13ª en lo
relativo al establecimiento de requisitos de trazabilidad de los
productos pesqueros para su comercialización. Se trata, como verán, de
una cuestión de técnica jurídica que en ningún caso vacía las
competencias de las comunidades autónomas, sino que ajusta nuestra norma
pesquera de referencia al bloque de la constitucionalidad. A mayor
abundamiento, hay que recordar que ha sido el propio Consejo de Estado en
su dictamen 1420/2013, de 31 de marzo, quien ha señalado la necesidad de
este ajuste.

El registro general de la flota pesquera es otra de las
cuestiones que tampoco ve con buenos ojos el Grupo Parlamentario Catalán;
critican que no se respetan las competencias de las comunidades autónomas
en la gestión y ejecución de los registros de buques pesqueros. Pues
bien, este proyecto de ley impulsa mejoras relativas a los instrumentos
de gestión de la flota pesquera. La clara distinción entre el censo de la
flota pesquera operativa y el registro general de la flota pesquera es
plenamente respetuosa con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional;
es más, en su exposición de motivos explica nítidamente cómo la ya
referida Sentencia 166/2013 fundamenta el alcance de estas disposiciones.
El proyecto de ley respeta escrupulosamente las competencias ejecutivas
de las comunidades autónomas en el registro de los buques que faenan
exclusivamente en aguas interiores y de las embarcaciones auxiliares de
instalaciones de acuicultura, limitándose a remitir al Reino de España el
cumplimiento de las obligaciones comunitarias sobre el suministro de
datos de la totalidad de los buques españoles. El Consejo de Estado, en
el dictamen al que hemos hecho referencia, también explica con precisión
esta cuestión.

Y, por último, concluyen su veto manifestando que este
proyecto de ley modifica la distribución de competencias prevista en la
Constitución y en los estatutos de autonomía. Pues bien, insisto, muy al
contrario, para mi grupo parlamentario el proyecto de ley viene a ajustar
todas y cada una de las disposiciones de la Ley de pesca marítima del
Estado al bloque de constitucionalidad, aplicando la más reciente
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y lo planteado por el Consejo
de Estado.

Por todo ello, y sobre la base de estos argumentos, el
Grupo Parlamentario Popular votará en contra de este veto.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Larriba.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el señor Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidente.

Intervengo solo para indicar que mi grupo no ha presentado
veto, ya que nuestras desavenencias con esta ley no provienen tanto de
los contenidos —que también—, sino de los que le faltan. En
nuestra opinión, esta ley es una oportunidad perdida para desarrollar un
sector del que viven muchas comarcas y que sustenta la economía de muchas
comarcas dependientes del sector de la pesca. Hay un montón de materias
que podrían recogerse, pero por citar algunas esquemáticamente, las que
contenía la Ley de pesca sostenible, que quedó pendiente de tramitar en
el Senado en la anterior legislatura, y otras que hemos formulado a
través del trámite de enmiendas, y que mi compañero, Rodríguez Esquerdo,
explicará posteriormente.

En ese sentido, nos abstendremos en las votaciones de los
vetos, esperando que en la tramitación de las enmiendas se pueda mejorar
y darle contenidos que esta ley no tiene.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguien más desea intervenir en el
turno de portavoces?

Tiene la palabra el señor Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gracias, presidente.

A tenor de lo expresado por la portavoz del Grupo Popular,
parece que hasta ahora todo lo regulado al respecto de la pesca marítima
era ilegal y no se ajustaba a lo que establecía la Constitución y los
diferentes estatutos de autonomía de las distintas comunidades
autónomas.

Dicho de esta manera, y haciendo hincapié de la forma más
vehemente posible, consideramos que lo que está haciendo el Gobierno del
Partido Popular, y no únicamente en este proyecto de ley, es intentar
recuperar unas competencias que, desde su punto de vista, han estado
transferidas a las diferentes comunidades autónomas, lo que significa un
ejercicio continuado, sostenido y mantenido en el tiempo de

recuperación de competencias que creen que no les
pertenecen. El desmantelamiento del Estado de las Autonomías es una forma
y una plasmación vehemente y fehaciente de este día a día, que ocurre no
solo y exclusivamente en este proyecto de ley, sino también en las
diferentes leyes que se han tramitado de forma sucesiva en esta
legislatura.

Solo quiero manifestar que si en este caso se establece que
hay una normativa europea que ya está ejerciendo su actividad, no sé por
qué se tiene que incrementar el marasmo legislativo a fin de reducir la
capacidad de las comunidades autónomas y de volver a la recentralización.
Vuelvo a repetir que este es un caso y un exponente muy claro de lo que
estamos hablando, que es de pesca marítima, pero podríamos hablar de
muchos otros asuntos que hemos tratado no solo en esta comisión sino en
el día a día.

Repito, justificar toda modificación de ley amparándose en
el artículo 149.1.13ª y que se fundamente en las bases y coordinación de
la planificación general de la actividad económica, creo que es
—permítanme la expresión— no utilizar de forma corriente este
punto concreto del articulado de la Constitución española.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

No hay más intervenciones en turno de portavoces. Por lo
tanto, procedemos a la votación de los vetos.

En primer lugar, votamos el veto presentado por el senador
Martínez-Oblanca y defendido por el senador Mariscal.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 16; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el siguiente veto presentado por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y defendido por el
senador Plana.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos al debate de las enmiendas. En primer lugar,
enmiendas 1 a 9 de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes,
del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el
senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor
presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Pasamos a las enmiendas 27 a 36 del senador
Martínez-Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto. Me imagino que las da
por defendidas también el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Eso es, todas las del Grupo
Mixto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mariscal.

Las enmiendas 10 a 12, del Grupo Parlamentario Vasco, las
defenderá el senador Cazalis. Tiene usted la palabra.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.

Las damos por defendidas y las mantenemos para su discusión
más pormenorizada en el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado las enmiendas 47 a 69, que entiendo defenderá el senador Boya.
Tiene la palabra, senador.

El señor BOYA ALÓS: Gracias.

Las doy por defendidas, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Convergència i Unió ha presentado las enmiendas 37 a 46,
que defenderá el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por último, las enmiendas 13 a 26 han sido presentadas por
el Grupo Socialista y las defenderá el senador Rodríguez Esquerdo, que
tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Efectivamente, hemos presentado 14 enmiendas a este
proyecto de ley, 6 son de modificación y 8 de adición, y —como
decía el senador Fidalgo— no hemos presentado ningún veto
devolutivo. Antes de hablar sobre las enmiendas, sí quisiera resaltar
brevemente que hace menos de media hora hemos tenido oportunidad de dejar
pasar, otra vez, una ponencia en este Senado para abordar de forma
definitiva un texto como el de esta ley. El grupo mayoritario no admite
ninguna enmienda y, por lo tanto, señor presidente, tenía razón el
senador Anasagasti cuando decía el otro día, en el pasado Pleno, que las
ponencias en esta Cámara son un mero trámite o sirven para bien poco, por
no decir para nada.

Centrémonos en las enmiendas. Para nosotros, la pesca es un
sector estratégico en España y, por eso, hemos presentado 14 enmiendas
que queríamos establecer como un verdadero marco normativo. Voy a ser muy
breve. Pretendíamos, primero, que la denominación sostenible apareciera
en el título de la ley. Presentamos también enmiendas para la regulación
del marco de las infracciones y sanciones porque creemos que se deben
proteger los recursos naturales con medidas concretas y con nuevas zonas
de protección pesquera, preservando sobre todo la riqueza natural de los
ecosistemas. Otro tipo de enmiendas van orientadas a garantizar el censo
de la flota real y una verdadera transparencia en la información.
Asimismo, otro buen número de ellas ponen el foco en la reserva nacional
de pesca para mejorar el control de la actividad pesquera. Presentamos,
además, una extensa enmienda que pretende redactar, de forma completa y
sistemática, la actividad pesquera, con medidas de control, de
colaboración y de cooperación. Queremos dotar a los servicios de
inspección pesquera de una cobertura legal suficiente para que las actas
que levanten los inspectores tengan un valor probatorio y, a la par, a
estos se les pueda considerar como agentes de la autoridad. Pretendemos,
y se ha dicho antes en alguna intervención anterior, que se tenga en
cuenta a las comunidades autónomas del litoral y, a la vez, se genere
actividad económica y empleo implantando en este sector la
responsabilidad social empresarial.

Destinamos otro grupo de enmiendas a fomentar la diversidad
genética marina de acuerdo con lo que establecen los criterios de la FAO.
Y, por último, consideramos que una ley de pesca sostenible no puede
desconocer la importancia que está adquiriendo en este caso la
acuicultura como una actividad económica complementaria a la pesca
marítima y por eso incluimos también la acuicultura en el régimen de
infracciones y sanciones, además de dirigir otra enmienda, que creo que
es importante, para que el dinero que se obtenga de las sanciones que se
impongan se dedique directamente a la gestión y al mantenimiento de las
reservas marinas.

Son 14 enmiendas, como les decía, que pretenden mejorar la
ley, no limitar competencias a las comunidades autónomas. El Grupo
Socialista considera que necesitamos un verdadero marco normativo en el
sector desde el punto de vista pesquero, económico y productivo. Por eso,
esperamos que de aquí al Pleno el grupo mayoritario tenga la suficiente
altura de miras y reconozca nuestras enmiendas, como también las que han
presentado el resto de los grupos políticos, porque, sin duda, mejoran
sustancialmente el proyecto que se ha traído a esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Para el turno en contra de todas las enmiendas defendidas,
tiene la palabra la senadora Larriba Leira.

La señora LARRIBA LEIRA: Gracias, presidente.

En esta Cámara solo se han presentado como enmiendas nuevas
las que ha dado por defendidas en este debate el Grupo Parlamentario
Mixto, FAC, con lo cual ya tendremos oportunidad de hablar de ellas en
profundidad en el debate que se produzca en el Pleno. El resto de las
enmiendas presentadas por Izquierda Unida, por el Grupo Parlamentario
Vasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario
Catalán y por Entesa son una reiteración de las presentadas en el
Congreso, donde ya

fueron rechazadas, por lo que entendemos que no procede
replicar el debate sobre ellas en esta Cámara. No es que no se quiera
debatir en comisión, pero lo que no podemos hacer es estar replicando
debates que ya han tenido lugar, sobre todo teniendo en cuenta que los
criterios generales han quedado más o menos esbozados en el debate de los
vetos y lo único que me queda por anunciarles es que mi grupo
parlamentario tampoco las va a respaldar en esta ocasión.

Antes de terminar, sí me gustaría decirles que mi grupo
parlamentario está convencido de los efectos positivos que la
modificación de esta ley tendrá para el futuro de la pesca española; que
la modificación de la ley contribuirá a revitalizar el desarrollo
socioeconómico, el emprendimiento y la creación de empleo en las zonas
costeras gracias al desarrollo de actividades como el turismo pesquero,
marinero y acuícola; que este proyecto recoge el principio esencial de
igualdad de trato de oportunidades entre hombres y mujeres en línea con
el Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016 de este
Gobierno, y responde al compromiso que este Gobierno tiene con las
trabajadoras del mar, que desarrollan su actividad en la acuicultura, en
la reparación de redes y aparejos de pesca y sobre todo en el marisqueo.
Las mujeres, con su capacidad de liderazgo y emprendimiento en este
sector, han demostrado que son parte fundamental del futuro económico,
social y cultural de las comunidades pesqueras.

Con esta modificación que propone el proyecto de ley se
crea un nuevo registro que elimina la dicotomía entre el actual registro
de buques pesqueros y el registro de buques y empresas navieras
gestionado por el Ministerio de Fomento para asegurar el adecuado control
de la capacidad y del esfuerzo de nuestra flota.

Los cambios que este proyecto de ley introduce en materia
de control pesquero constituyen un marco jurídico sólido y cumplen con
los objetivos de la política pesquera común en esta materia; simplifican
estructuras y procedimientos administrativos, en consonancia con los
últimos desarrollos normativos de la Unión Europea, concretamente del
Reglamento de control, modificaciones que también alcanzan al régimen de
infracciones y sanciones; refuerzan las atribuciones de la inspección
pesquera; potencian las comunicaciones electrónicas y los procedimientos
abreviados, introduciendo un sistema de pago voluntario y bonificado de
las sanciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones comunitarias
en este ámbito.

El proyecto fortalece asimismo el control de las
importaciones de productos de la pesca ilegal no declarada y no
reglamentada proveniente de terceros países. España efectuó en los años
2012 y 2013 más del 50% del total europeo de denegaciones de partidas de
productos pesqueros capturados ilegalmente. Hay que tener en cuenta que
por pesca ilegal se entiende no solo la obtenida por la actividad
pesquera que incumple la normativa sobre protección de los recursos
pesqueros, sino la de los países en los que no hay control que garantice
su cumplimiento. Las cifras que maneja la FAO son alarmantes: entre 11 y
26 millones de toneladas de pescado anuales, que alcanzarían un valor en
el mercado de entre 10 y 23 millones de dólares.

La reforma que plantea este proyecto de ley nos sitúa al
frente de los esfuerzos internacionales para erradicar la pesca ilegal
internacional. España, en dos años y medio, ha pasado de ser considerado
un Estado incumplidor a convertirse en una referencia a nivel europeo en
la materia. Así lo reconocen las principales ONG conservacionistas. La
ausencia de incumplimientos propios, por otro lado, nos permite denunciar
los ajenos y defender los intereses de nuestra flota.

En relación con los procedimientos sancionadores, este
proyecto modifica el régimen de destino de capturas y productos pesqueros
decomisados, introduciendo la posibilidad de donar estas capturas a
entidades benéficas para evitar su introducción en el mercado y favorecer
la labor social que realizan estas entidades.

Por todas estas razones, nuestro grupo parlamentario apoya
decididamente este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Larriba.

¿Algún grupo quiere intervenir en el turno de portavoces?
(Denegaciones).

Si nadie quiere intervenir, procedemos a la votación del
informe de la ponencia tal y como vino del Congreso, ya que no se ha
producido ningún cambio.

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