Propuesta de veto número 5, presentada conjuntamente por la
senadora Almiñana Riqué y los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla,
Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la senadora Sequera
García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés. El
senador Martí tiene la palabra.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Este proyecto de ley se inscribe en un telón de fondo que
cabe tener presente en todo momento, que es el debate sobre cómo debe
producirse la financiación de la cultura. No en vano, legislar la
propiedad intelectual es reconocer y regular la remuneración del derecho
de autor y, por tanto, una de las fuentes de financiación de la
cultura.

En este contexto se presenta y, a nuestro juicio, debe
leerse esta propuesta de reforma de la Ley de propiedad intelectual que,
ya de entrada, se considera a sí misma, parcial y provisional. Es un
proyecto de ley que nos parece que aporta poco, si acaso la seguridad
jurídica de trasponer algunas directivas de la Unión Europea, la
aclaración incompleta de lo que se conoce como las citas y reseñas y, con
un poco más de entidad, la ampliación de facultades para combatir la
piratería cultural, aunque recursos para ello no hay ninguno. En cambio,
nos parece que este proyecto de ley quita mucho a la cultura y, en
particular, a su financiación. Además, señorías, nos parece que lo hace
de una manera un punto cobarde porque, como intentaré demostrar
seguidamente, tira la piedra y esconde la mano en cuanto a la
financiación de la cultura en nuestro país. Para hacer esta afirmación me
baso en tres elementos: el primero, que este proyecto de ley consolida el
modelo de compensación de la copia privada vía Presupuestos Generales del
Estado. Este es un modelo cuestionado por la justicia, cada día más. El
propio Tribunal Supremo hace muy poco ha expresado sus dudas al respecto
y ha elevado una solicitud de prejuicio a la Unión Europea. Es un modelo
único en toda la Unión Europea; reciente y único. Pero, además, se ampara
en una falacia que es considerar ilícitas muchas de las reproducciones
hasta ahora consideradas privadas para no tener que compensarlas o
ampliar de una manera muy forzada las excepciones a esta compensación. En
total, señorías —y por ello digo que tira la piedra y esconde la
mano— antes se disponía de 115 millones de euros para la cultura, a
través de esta compensación, ahora, vía Presupuestos Generales del
Estado, solo se dispone de 5 millones de euros.

El segundo argumento es que, precisamente, con la excusa
del control y transparencia de las entidades colectivas de gestión de los
derechos de autor, en realidad lo que se hace es reducir su capacidad de
negociación y de recaudación, cambiando procedimientos, determinación de
tarifas, capacidad para generar convenios, plazos, un sinfín de medidas
muy poco claras pero que tienden todas a lo mismo, a cercenar la
capacidad de negociación y recaudación de estas entidades, lo que al
final va a llevar, sin ninguna duda, a menos ingresos ordinarios para los
autores y, en todo caso, de una forma mucho más conflictiva. Parece como
si el Gobierno o el Partido Popular quisieran resarcirse de no haber
podido liberalizar el sector de la gestión de los derechos de autor, como
estaba en los primeros textos.

Y, el tercero, un argumento menor en relación con su
cuantía pero muy simbólico, es la disposición adicional que proclama la
rebaja, a través de tarifas especiales, en el pago de los derechos de
autor al sector público audiovisual. Es una autoexclusión que simplemente
enmascara un recorte más, pero que además raya en lo inmoral y se
convierte en altamente simbólica de cómo entiende en realidad el valor de
la cultura el Partido Popular: el Gobierno, puesto que es el Gobierno,
puede rebajar el precio de esta cultura.

En definitiva, en un contexto de grandísimas dificultades
para la financiación e incluso la supervivencia de muchos sectores
culturales en España, por la rebaja sostenida y potente de los
presupuestos públicos destinados a la cultura y por la subida
absolutamente conocida por todo el mundo del tipo de IVA impositivo en
los espectáculos culturales, remachado con la renuncia a una auténtica
ley de mecenazgo, a todo esto se le añade —si me permiten— un
nuevo agravio que lo único que hace es enconar la situación y no abordar
de manera clara, directa y diáfana el gran debate de la financiación de
la cultura que nuestro país necesita.

Señorías, termino haciendo hincapié en lo que muchas otras
veces hemos dicho sobre cómo a nuestro juicio hay que entender el sector
cultural en España. Parece que el Gobierno del Partido Popular piensa que
nuestro país necesita como locomotora económica y social de referencia a
otros sectores —las tecnológicas, el turismo—, pero nosotros
continuamos pensando que la cultura es un sector clave y determinante en
3 aspectos de nuestra sociedad: el primero, la riqueza que genera y la
capacidad que tiene aún mucho mayor de generar riqueza y puestos de
trabajo de manera directa, pero también a través

de la innovación que representa la creación cultural; el
segundo, que tiene un valor estratégico inmenso en el posicionamiento
global de nuestro país y de nuestras culturas, evidentemente el
castellano, pero también las otras lenguas y culturas españolas; y,
finalmente, y aún más importante, que el sector cultural define los
parámetros de una sociedad moderna, abierta, crítica y plural, que tiene
capacidad de progresar y de enfrentarse a los retos que los tiempos van
planteando.

En definitiva, señorías, pedimos la retirada de este
proyecto de ley y que se fomente algo que simplemente deja en el aire: un
gran consenso de todos los sectores culturales y sociales de nuestro país
para conseguir una financiación digna y útil para la sociedad española.
Les aseguro que se puede conseguir porque en muchos otros países, y en
particular los de la Unión Europea, ocurre; hay fórmulas y maneras
experimentadas y probadas que funcionan para conseguir que la cultura
disponga de la financiación que se merece y que también se merece todo el
país.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Martí.

Para la defensa de la propuesta de veto número 6, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fuentes
Curbelo.

El señor FUENTES CURBELO: Gracias, presidenta. Buenas
tardes, señorías.

El Grupo Parlamentario Socialista del Senado presenta este
veto por las mismas razones por las que lo presentamos en el Congreso de
los Diputados. Partimos de la idea de que el Gobierno está perdido en
este asunto y, en el fondo, viene a crear un problema donde no lo había.
Cuando ya empezaban a olvidarse las viejas disputas, el Gobierno abre
nuevas vías de confrontación dando la espalda a las aspiraciones de los
autores y los creadores culturales, a las entidades de gestión de
derechos de autor, criminalizando el enlace digital, estableciendo el
carácter irrenunciable de los derechos de los editores, con la ventanilla
única y con las tarifas.

Este proyecto de ley es producto de un error garrafal que
ya cometió el Gobierno nada más tomar posesión en diciembre del año 2011,
y pretende corregir este error con otro error. Esto es así porque lo que
mal empieza, mal acaba. Pero es que, además, no estamos de acuerdo ni con
la oportunidad del proyecto ni con la forma en que se ha tramitado ni con
una parte muy relevante de su contenido y su propósito. El veto tiene un
objetivo claro e inequívoco: rechazar un proyecto porque no responde a la
defensa de los derechos de los autores y creadores culturales; no logrará
impulsar el trabajo de las entidades de gestión de derechos, y no
defiende los intereses de los usuarios, lo que, a nuestro juicio, no es
incompatible con lo anterior.

La de propiedad intelectual es una ley con muchas aristas,
con muchos intereses. En muchos casos esos intereses son contrapuestos y
generan muchísima controversia; por cierto, alimentada por el Partido
Popular cuando estaba en la oposición, cuando asumió compromisos
indefendibles que ahora no puede cumplir. El mal, como les dije, empezó
con la aprobación del Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, que nos
alejó del camino que transitan la mayoría de los países de nuestro
entorno, de la Unión Europea. Con este decreto el Gobierno derogó, de
facto, la ley que regulaba la compensación por copia privada de un
plumazo. Y ahora tratan de corregir ese error con otro error mayúsculo,
con un proyecto de poco o de nulo recorrido, que no deja satisfecho
absolutamente a nadie, que ha encontrado reparos en el Consejo de Estado,
reparos en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Supremo
y que entrará sin duda en conflicto con las próximas directivas de la
Unión Europea, que ha concitado el rechazo sin precedentes de todos los
sectores afectados y que, de no enmendarse, tenemos la certeza de que va
a acabar en la jurisdicción ordinaria, que es la que tendrá que
interpretar qué pretende el Gobierno con este proyecto de ley. Y, lo que
es peor, no corrigen el error cometido en 2011, dejando en suspenso la
aplicación de las compensaciones por copia privada y atribuyendo la
estimación de esa compensación con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado. Un caso único en la Unión Europea denunciado en Bruselas por las
entidades de gestión, y el resultado no podía ser peor: un 80% de la
industria extranjera se ha embolsado una recaudación que supera los 115
millones.

Los soportes digitales de grabación y reproducción
susceptibles de ser utilizados para la producción de copias privadas no
han bajado de precio y el usuario sigue pagando lo mismo. La compensación
por copia privada sigue saliendo de los bolsillos de todos los españoles,
y no digamos ya si llegaran a estimar las demandas y se produjera una
resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligando al
Estado español a pagar 400 millones de euros, tal como reclaman las
entidades de gestión. Se

esconderían en ese momento; dirían que acatan la resolución
y pagarían, pero no buscarían a los responsables de lo que nos podría
costar a todos los españoles.

El proceder del Gobierno, desde nuestro punto de vista, ha
hecho un daño irreparable a los autores y creadores culturales. Se ha
engañado a los usuarios, que siguen pagando los mismos precios, o más,
por los soportes digitales; se ha puesto en entredicho a las entidades de
gestión y todos los españoles seguimos pagando de nuestros bolsillos las
compensaciones por copia privada.

Hemos hablado de falta de oportunidad. Consideramos
inoportuno este proyecto porque cuando el Gobierno lo envió a las Cortes
Generales ya reconocía su provisionalidad y anunciaba una revisión más
profunda, global, dentro de un año. Y cito textualmente al señor Wert en
el Congreso, aunque me da miedo citar literalmente por si se considera un
fragmento significativo del contenido y me quisieran aplicar una tasa:
esta hoja de ruta del Gobierno va a resultar prácticamente imposible.
Todavía no hemos terminado de tramitar una ley y están anunciando una
reforma parcial y una global, que dudo vaya a llegar a tiempo antes de
que acabe la legislatura.

Nos resulta incomprensible que el Gobierno remita a las
Cortes Generales un proyecto de ley de una reforma provisional cuando
tiene el compromiso de aprobar esa otra ley antes de que acabe el año;
vamos a decir antes de que acabe la legislatura. Nos resulta
incomprensible que el Gobierno traiga esta ley porque sabe que la propia
Unión Europea está pendiente de armonizar el conjunto de legislaciones
nacionales en relación con la copia privada, y eso puede ser cuestión de
meses. El Gobierno sabe, además, que el Tribunal Supremo expresó sus
dudas hace un mes, cuando el proyecto de ley ya había superado el debate
en el Congreso de los Diputados, sobre algunos aspectos muy relevantes de
él, en concreto sobre el hecho de que se haya imputado el cargo de la
compensación por copia privada a los Presupuestos Generales del
Estado.

Con respecto a los objetivos de la ley, el Grupo
Parlamentario Socialista considera que para traer una ley de este tipo
tan complicada, que suscita tanta controversia, es necesario claridad de
ideas, de objetivos, saber lo que se quiere hacer, lo que se pretende
conseguir, pero, además, necesita sosiego en su tramitación y, sobre
todo, diálogo con todos los sectores afectados, y eso nos parece que es
lo que ha faltado: el diálogo. Nosotros en el Congreso de los Diputados
ya manifestamos nuestra voluntad de diálogo, pero, desgraciadamente,
apenas pudimos transar 5 o 6 enmiendas; el resto fueron rechazadas, como
la mayoría de las enmiendas presentadas por los demás grupos de la
oposición.

Con respecto a los contenidos de la ley, como el veto no va
a ser aceptado, hemos presentado unas 35 enmiendas que, a nuestro juicio,
podrían mejorar la ley, que nace, como decimos, sin vocación de futuro y
sin ambición. En la exposición de motivos de la ley se habla de unos
objetivos que nosotros compartimos, es decir, establecer los límites de
los derechos de copia privada, ordenar las entidades de gestión de
derechos de autor y el control de sus actividades y la mejora de la lucha
contra la piratería, así como la trasposición de 2 directivas de la Unión
Europea. Pero, desgraciadamente, si siguen adelante con este proyecto,
creo que este último objetivo, el de la trasposición de las 2 directivas
de la Unión Europea, será el único objetivo alcanzable.

Por último, sobre la criminalización de los enlaces y la
irrenunciabilidad al derecho de los editores, nosotros pensamos que en
realidad se está abriendo otro frente de conflicto con la creación de la
llamada, por unos, tasa Google, y por otros, canon AEDE, pero que en el
fondo significan lo mismo, es decir, adelantándose a la Unión Europea y
sin tener en cuenta las experiencias fallidas de países de nuestro
entorno, como Alemania, Bélgica o Italia, el Gobierno quiere que los
agregadores de noticias y contenidos culturales paguen un canon a los
grandes editores por enlazar sus contenidos y plantea, además, que este
derecho que pretende otorgar a los editores tenga carácter irrenunciable,
es decir, que obliga a todos los editores, incluso a aquellos que no
desean cobrar por la difusión de fragmentos poco significativos de sus
contenidos, los que desean publicar con licencia libre, Creative Commons
o Copyleft, porque ya se sienten suficientemente retribuidos por el hecho
de que cuando los agregadores les enlazan sus noticias les hacen más
competitivos, les envían visitantes y ellos tienen la posibilidad de
negociar la publicidad desde una posición más fuerte. Pero es más, el
Gobierno en su proyecto de ley plantea que esos derechos sean solo para
los grandes editores, ignorando los derechos de los verdaderos creadores
de contenidos que constituyen el eslabón más débil de la cadena, que son
los periodistas y fotógrafos, a los que incluso en ocasiones se les
obliga a renunciar a sus derechos.

Los socialistas, como norma general, estamos de acuerdo en
que los derechos deben ser irrenunciables, sobre todo si nos referimos al
mundo laboral, porque si renunciamos a algunos serían capaces de
quitárnoslos todos. En este caso decimos que si el Gobierno quiere
implantar un nuevo

canon, la tasa Google, allá ellos con las consecuencias,
pero si eso se consolida y se convalida en la Unión Europea, que la
compensación por copia privada se reparta con los verdaderos creadores de
los contenidos, que son los periodistas y los fotógrafos.

Si ustedes quieren defender solo los derechos de los
editores, nosotros vamos a seguir defendiendo los de los autores y los de
las entidades de gestión que les representan. Si quieren defender solo
los derechos de los propietarios de los grandes medios de comunicación,
nosotros vamos a defender los derechos de los periodistas y los
fotógrafos.

Y la pregunta que hacemos, y no es una pregunta retórica,
es: ¿hay justificación real para la intervención de la Administración en
este asunto? ¿Ese es el camino emprendido por el resto de los países de
la Unión Europea y de la propia Unión Europea? ¿No existen otras vías de
entendimiento?

Concluyo. Internet se dificulta sin los prestadores de
servicios electrónicos de agregación de contenido. Enlazar contenidos es
una de las esencias de internet que tiene que seguir siendo un bien
público, un instrumento clave para la libertad. Fomentar el acceso libre
de los usuarios no tiene por qué ser incompatible con los derechos que
asisten a los autores y creadores culturales, que deben recibir una
retribución justa por su trabajo y que en el fondo son el objeto de una
ley como la que aquí debatimos.

Lo único claro que tenemos en estos momentos es que tenemos
delante un proyecto de ley en el que nos dicen que el año que viene
tendremos otro más ambicioso, una reforma integral. Por eso, lo sensato
es que retiren el proyecto y, cuando tengan las ideas más claras, traigan
la reforma global, y aquí nos encontrarán predispuestos a llegar a
acuerdos porque hay condiciones objetivas para el acuerdo aunque sea un
asunto tan controvertido. Y, ojo, porque en la confrontación
cultura-tecnológicas, el día que estas últimas se hagan con los
contenidos, ya no hará falta ninguna Ley de propiedad intelectual.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Fuentes
Curbelo.

Pasamos al turno en contra.

Tiene la palabra el senador Casero Ávila.

El señor CASERO ÁVILA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías.

Seguro que tendremos un ameno e intenso debate esta tarde
aquí porque, como han dicho todas las personas que me han precedido en el
uso de la palabra, evidentemente se trata de una ley difícil puesto que
contrapone derechos, y siempre que hay una contraposición de derechos,
sin ninguna duda, legislar es tremendamente dificultoso y cuanto menos
genera intensidad en debates que nosotros consideramos necesarios y que,
además, son positivos, puesto que ahora es el momento de que este
proyecto de ley pueda mejorarse, pueda enriquecerse y puedan aceptarse
determinadas aportaciones al mismo del resto de grupos políticos para
mejorarlo y ponerlo en valor.

Es evidente que nosotros no somos partidarios de que se
retire este proyecto de ley, que defendemos la posición del Gobierno
puesto que existe una necesidad clara y manifiesta de abordar las lagunas
regulatorias que han quedado en materia de derechos de protección
intelectual y en algunos casos la desprotección que estos mismos tienen
y, sin embargo, también entendemos que hay que lograr un equilibrio entre
lo que las nuevas tecnologías, el mundo digital y los cambios que
internet está produciendo en el mundo cultural, pero también hay que
seguir manteniendo esa defensa de los derechos en materia de propiedad
intelectual como defensa de la cultura y de los creadores culturales como
un elemento de dinamización económica y de puesta en valor de nuestra
economía.

Se han presentado seis vetos para impedir que esta ley
continúe su trámite en el Senado, uno más que en su debate en el Congreso
de los Diputados, y los argumentos son similares. Evidentemente, se
mantienen posiciones que contraponen una visión determinada sobre esa
colusión de derechos, a la que hacía referencia anteriormente, con la
postura que defiende el Gobierno con la reforma y mejora de la Ley de
propiedad intelectual, una ley que viene del año 1996, en la que de
diferente manera los gobiernos han intentado, sin modificarla
directamente, regular y mejorar una serie de derechos a través de otras
leyes, pero lo cierto es que es una ley antigua en el tiempo y que no
responde a la realidad del año 2014, puesto que pronto hará ya dieciocho
años de la promulgación de esa ley, Como digo, sí es cierto que los
diferentes gobiernos que se han sucedido han ido legislando a través de
otras medidas para ir trabajando y mejorando la defensa, sobre todo, de
los derechos de propiedad intelectual.

Puedo entrar a debatir uno a uno los vetos que
evidentemente se han defendido y no se han defendido aquí esta tarde,
pero entiendo que no estando sus ponentes, de poco serviría el que yo
entrara a debatir algunos de los puntos que no son comunes a la mayoría
de vetos.

Se ha hecho y se hace referencia en la mayoría de los vetos
a la falta de consenso o a la falta de diálogo por parte del Gobierno con
los sectores implicados en esta materia. Yo creo que no es cierto. Hay
elementos que atestiguan que ha habido diálogo, que el proyecto de ley ha
sido lo suficientemente debatido y que, por lo tanto, no es verdad eso de
que no se ha permitido a los actores protagonistas de esta ley
participar. Otra cosa es que el diálogo, si no tiene un fin determinado,
no se considere diálogo. Diálogo se ha producido, conversaciones se han
producido; otra cosa es que no se hayan alcanzado los objetivos que se
pretendían por parte de los actores que han formado parte de ese diálogo.
No solo se han solicitado comentarios a los sectores más implicados, sino
que se han celebrado reuniones con todos ellos; así nos lo traslada el
ministerio y no solo el ministerio, sino que yo creo que la mayoría de
grupos políticos que estamos aquí representados hemos escuchado y hemos
mantenido diferentes reuniones con los sectores implicados durante la
elaboración del anteproyecto y después de la presentación del proyecto de
ley. Es decir, se ha tenido la voluntad de llegar a acuerdos, pero
reitero que si uno se sienta a dialogar, y la otra parte entiende que no
se ha alcanzado un objetivo, el que no se considere diálogo es otra cosa.
Evidentemente, el diálogo es hablar, escuchar o proponer, pero eso no
quiere decir que finalmente todo lo que tu propongas tenga que
considerarse o estimarse. Además, también se ha sometido el proyecto a un
trámite de información pública en línea para que cualquier interesado
pudiera presentar aportaciones, comentarios, ideas, que creo que han
servido de mejora a la hora de elaborar, como digo, el anteproyecto y a
la hora de presentar este proyecto de ley.

Me quedo con las palabras del portavoz de Entesa pel
Progrés de Catalunya, que decía que este era un debate fundamentalmente
económico, y creo que eso es parte del problema y de la dificultad que el
propio proyecto de ley tiene, sobre todo en lo que hace referencia a la
copia digital. Ahí se produce uno de los caballos de batalla no solo en
España sino, como también han dicho los portavoces, en el ámbito del
derecho europeo. No somos ni el primero ni el único país que tiene
dificultades a la hora de legislar sobre la copia privada, porque es
difícil encontrar homogeneidad en el seno de la Unión Europea a la hora
de tener una postura común al regular esta cuestión. Las posturas son
diversas. No solo es España la que tiene esa fórmula, que se fijó a
finales del año 2011, de cargar la compensación por copia privada a cargo
de los Presupuestos Generales del Estado. Noruega, que no es un país
miembro de la Unión Europea y que yo considero que es un país avanzado en
materia de protección de derechos de propiedad intelectual y un país
avanzado en la defensa de la cultura, aun no perteneciendo a la Unión
Europea, aceptó esa directiva porque sí forma parte del espacio económico
de la Unión Europea y también tiene esta fórmula. Es cierto que otros
países tienen otras fórmulas diferentes, pero también es cierto, y
ustedes convendrán conmigo, en que hay diferentes sentencias que reflejan
que tampoco era la fórmula más exacta la que teníamos anteriormente. Hay
una sentencia de octubre del año 2010 del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea que señalaba ciertos vicios en el anterior sistema que
teníamos de compensación por copia digital en el sistema legislativo
español, y eso también puso en duda ese sistema y obligó al Gobierno en
el año 2011 a tomar una medida, que compartida o no, de momento no tiene
ningún pronunciamiento en este sentido por ningún organismo competente en
la Unión Europea sobre la compensación por copia privada a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado. También coincidimos en algo todos los
grupos, en la necesidad de reformar la Ley de propiedad intelectual,
porque la que tenemos actualmente no está dando respuesta a ninguno de
los colectivos o sectores implicados en esta materia.

Yo creo que lo que hace el Gobierno con la reforma de la
Ley de propiedad intelectual es, como digo, clarificar sus aspectos
fundamentales para intentar buscar la protección de los derechos del
creador cultural con los derechos, fundamentalmente, de las personas que
acceden a esos contenidos culturales y con una nueva realidad tecnológica
social que se da y que, vuelvo a reiterar, es muy diferente a la que
había cuando se hizo esta Ley de propiedad intelectual. Quien ha puesto
en la picota esta cuestión es fundamentalmente el desarrollo de la
sociedad de la información, el mundo de internet, y el que ha ido
marcando, por decirlo de algún modo, la pauta a seguir en materia de los
derechos de propiedad intelectual. Y, por desgracia, y esa es una
realidad que no cambia con el tiempo. La ciudadanía y la sociedad suelen
ir bastante más rápido que la legislación y no hay ninguna legislación,
vuelvo a reiterarlo, que dé respuesta y que contente a todas las partes
en nuestro entorno europeo más inmediato.

Lo que está claro, y es una premisa de la que debemos
partir, es que en materia de copia privada —y, repito, es uno de
los elementos fundamentales de la ley— lo que dice el derecho
comunitario es que la compensación tiene que ser equitativa y su cuantía
debe determinarse tomando como base la estimación del perjuicio que se
causa. Ese es un elemento difícilmente valorable o tangible. Es cierto
que no hay una manera de cuantificar cuál es el perjuicio causado. Por lo
tanto, lo que hace la ley en materia de copia

privada, como digo, es adaptarse a las sentencias que el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene dictando en los últimos
tiempos.

No hay tampoco —ninguno de los portavoces que han
usado la palabra ha hecho referencia a ello— una invasión de
competencias de las comunidades autónomas, que es otro de los elementos a
los que hacen referencia algunos de los vetos que se han presentado aquí.
Todo lo contrario, se intenta clarificar y regular cuáles son las
competencias de las comunidades autónomas y cuáles son las competencias
estatales.

Se actualiza el derecho de reseña, al que también se ha
hecho referencia, y se mantiene el derecho de cita. Lo único que se hace
es intentar acercar posturas y que se produzcan negociaciones entre los
grandes grupos editoriales —como se ha dicho, en referencia a la
tasa Google— y los agregadores de noticias. Ese es el objetivo que
tiene fundamentalmente esta ley. Se busca que los agregadores de noticias
lleguen a acuerdos con los grandes grupos editoriales y no se abandona a
los fotoperiodistas ni a los periodistas ni a los fotógrafos, porque se
entiende el periódico como una obra en su totalidad, siempre y cuando el
periodista, el fotoperiodista o el fotógrafo haya cedido esos derechos al
editor. Así se entiende si leen en profundidad la reforma de la ley. El
portavoz del Grupo Socialista ha dicho que se protege solo a los editores
y no a los fotógrafos y a los periodistas. No es verdad. Se entiende que
los periodistas, cuando trabajan para un determinado medio de
comunicación o para un determinado grupo editorial, evidentemente están
cediendo sus derechos a ese grupo editorial, que es al que se tiene que
compensar por parte de los agregadores de noticias. Si trabaja de manera
libre, esa persona también tiene derecho a reclamar ese derecho de cita o
de reseña.

Yo entiendo que tampoco se declaran ilegales aquellos
enlaces que de manera legal acceden a determinados contenidos. No se
señalan más elementos como elementos piratas o elementos a castigar a la
hora de aportar sus contenidos a un determinado enlace si su origen es
legal, entendiendo que si su origen es legal no hay ningún problema para
que estos sean compartidos, expuestos, etcétera. Lo que hay es una mejora
en la lucha contra esos elementos que de manera ilegal obtienen
determinados contenidos.

La ley tiene dos elementos claros, la compensación por
copia privada y la regulación de las entidades gestión. El Grupo
Socialista decía que se ponía en entredicho a las entidades de gestión.
Perdónenme, las entidades de gestión se han puesto en entredicho ellas
solas. Hay casos suficientes para tener en cuenta que es real que los
ciudadanos tengan sus dudas acerca de para qué se han destinado los
fondos que se han dedicado a las entidades de gestión. Lo que hace el
Gobierno es clarificar competencias, hacer también caso a diferentes
directivas europeas, normalizar situaciones y dar transparencia a la
gestión, sobre todo, a la gestión de los fondos de esas entidades de
gestión, a las que se respeta, se defiende y se apoya con la mejora de
esta ley. Se las hace, fundamentalmente, las responsables de la
recaudación de esos fondos que devienen de la defensa de los derechos de
propiedad intelectual. Otra cuestión, vuelvo a repetir, es que,
evidentemente, se fijen determinados mecanismos que lo que harán es
obligar a las entidades de gestión a ser más transparentes a la hora de
gestionar esos fondos que tienen y que manejan en pos de esa defensa que
hacemos en la mayoría de la Unión Europea de los derechos de propiedad
intelectual. Pero es contradictorio, porque en los vetos que se han
presentado a esta ley se habla, por algunas partes, de defensa clarísima
de las entidades de gestión y en otros momentos se dice que obligamos a
los autores a trabajar con las entidades de gestión. También se hace
referencia en los vetos a cuestiones de esta índole, lo que pone de
manifiesto la dificultad que hay a la hora de llegar a acuerdos o
consensos, como se ha pedido, en un tema tan delicado como puede ser
este. O sea, no puede decirse a la vez en algunas propuestas de veto que
se cercenan los derechos de las entidades de gestión y que se obliga a
los autores o creadores a trabajar con las entidades de gestión, cosa que
tampoco es cierta, porque, fundamentalmente, lo que se busca, para una
mejor gestión de esos derechos de propiedad intelectual, es reconocer y
poner en valor esas entidades gestión, pero también permitir el trabajo
libre y la defensa libre de una serie de derechos, y es más fácil hacerlo
de una manera administrativa que de otro modo. Lo que hace
fundamentalmente esta ley y las modificaciones que se adaptan en materia
de entidades de gestión es adaptarnos a la Directiva 2014/26, de la Unión
Europea, la última directiva que hay sobre esta materia, que habla de la
necesidad de transparencia y de mejora en las entidades de gestión.

Se preguntaba el portavoz del Grupo Socialista que por qué
en este momento y que por qué ahora se hace una reforma de esta ley y no
esperamos a esa reforma global. Pues porque existe una problemática y las
diferentes modificaciones que se han ido haciendo no han dado respuesta a
ese problema de

manera total y se intenta con esta mejora el seguir
cercenado esa vulneración que se produce de manera muy reiterada de los
derechos de autor o de los derechos de propiedad intelectual que, en
ocasiones, generan que nuestro país sea una oveja negra dentro del ámbito
de la Unión Europea en este materia y que nos convirtiéramos en su
momento en sede de muchas de las empresas que de manera ilegal
distribuían contenidos al resto del mundo. Cierto es que, en los últimos
años, las diferentes medidas que se han ido tomando han ido mejorando esa
situación, pero consideramos que no es suficiente y que, por lo tanto,
tenemos que seguir trabajando en esta línea y, por eso, reformamos esta
ley que lo que va a permitir es hacer las modificaciones legales
necesarias para que se puedan combatir las actividades ilícitas que se
producen en las redes.

También se ha hecho referencia a la ventanilla única,
ventanilla que es demandada por el sector ante las dificultades que
tienen para trabajar con diferentes entidades, con distintas maneras y
formas. Yo creo que, a grandes rasgos, y entendiendo que la ley tiene que
ser mejorada y que la voluntad de este grupo es que se puedan
transaccionar, se puedan aceptar y se puedan admitir enmiendas que han
presentado el resto de grupos políticos, es necesaria esta reforma,
necesaria para mejorar, como he dicho, una compatibilidad de derechos
entre los que son de propiedad intelectual y el derecho del resto de
ciudadanos a acceder a determinados contenidos desde la red y la sociedad
de la información. Creo que nosotros podemos y tenemos la responsabilidad
de sacar adelante esta ley, pero sin duda con sus aportaciones, que
estimamos positivas, se convertirá en una ley bastante mejor.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Casero.

Pasamos a continuación al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Eza.

El señor EZA GOYENECHE: Gracias, presidenta.

No voy a intervenir.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, presidenta.

Intervengo brevemente solamente para manifestar que daremos
el voto favorable a los vetos presentados por el resto de los grupos.

Nuestro grupo no presentó un veto en el Congreso —de
hecho, nos abstuvimos en la votación del mismo—, pero mi compañero
dejó bien claro allí que se trataba de una postura de precaución, dado
que había surgido algún problema con la tramitación de nuestras enmiendas
y que tanto el Gobierno como el Grupo Parlamentario Popular habían
mostrado su voluntad de alcanzar acuerdos al menos parciales respecto a
alguna de las enmiendas que nosotros habíamos presentado. En el ínterin
ha tenido lugar una causa prejudicial, la presentada en este caso por el
Tribunal Supremo a la Corte europea. Esta circunstancia, y el hecho de
que ni por parte del Grupo Parlamentario Popular ni por parte del
Gobierno se haya producido un acercamiento hacia este grupo parlamentario
para intentar consensuar ninguno de los aspectos de esta ley, considero
argumentos suficientes como para que mi grupo parlamentario vote
favorablemente los vetos presentados por los grupos parlamentarios.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, presidenta.

Voy a señalar algunas precisiones en cuanto a la
intervención del senador Casero, para después reafirmar el núcleo de mis
argumentos respecto a la presentación del veto.

En primer lugar, senador Casero, sí, existió la sentencia
Padawan, pero el resto de países de la Unión Europea no han cambiado de
modelo. Es más, la directiva sobre la remuneración de la copia privada
—cuya tramitación se encuentra ya en fase muy avanzada— no va
para nada en la dirección de este proyecto de ley sino todo lo contrario.
Por tanto, su argumento no me sirve. La sentencia Padawan no puede ser la
justificación de este modelo que ustedes consolidan con esta ley y que
nosotros consideramos absolutamente equivocado e injusto. Además,
Noruega, el país que usted ha citado, remunera diez veces

más por habitante la copia privada. Y no creo yo que los
noruegos y las noruegas desarrollen muchas más copias privadas en sus
casas de lo que podamos hacer los españoles y españolas. Por tanto, este
me parece un argumento pobre. Si eso fuera así y ustedes estuvieran
realmente convencidos de la bondad de este modelo que están ahora
consolidando, no habrían destinado para ello 5 millones en el
presupuesto, sino 50 millones como mínimo, emulando a Noruega.

En segundo lugar, otro de sus argumentos de base era que el
proyecto servía para clarificar. Y quizá sí clarifica, aunque siempre en
contra de los intereses de los autores. El resultado de estas
clarificaciones es que la cultura va a tener menos recursos disponibles y
que los creadores van a estar peor remunerados. Por tanto, se trata de
una clarificación algo sospechosa, sobre todo porque en un aspecto clave
como el de la piratería no va a cambiar nada sustancial; se produce
alguna mejora respecto a las tramitaciones pero no cambia nada
sustancial. En este mundo de la informática y de la era digital las
administraciones solemos ir siempre unos cuantos pasos por detrás de la
realidad, por lo que el enfoque tendrá que ser distinto. Por otra parte,
esta ley no va a proporcionar más medios ni más recursos ni más capacidad
operativa para combatir la piratería sino algunas competencias más a la
sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Por tanto, esta
clarificación tampoco va a resultar útil.

En tercer lugar, usted hablaba al principio de
contraposición de derechos. Lo siento, pero en esto no coincido. Una Ley
de propiedad intelectual solo tiene que proteger un derecho, el derecho
del autor. Este derecho se puede organizar de maneras distintas,
evidentemente debatibles, pero derecho solo hay uno. El entorno digital
no genera nuevos derechos, no puede generar más derechos que los que
tenemos en el entorno no virtual, real —palabra que no me gusta,
porque lo digital también es absolutamente real—, en el entorno
conocido hasta ahora. Evidentemente, lo que sí existe es un contexto
diferente donde las capacidades, los medios y las interacciones son
absolutamente distintos, pero los derechos son exactamente los mismos. En
todo caso, el derecho que debe proteger una Ley de propiedad intelectual
es el derecho de autor.

En 1996, la ley era absolutamente pionera, puntera y fruto
de un enorme consenso. Si se consiguió en 1996, no entendemos por qué no
se puede conseguir ahora, por qué no se puede alcanzar un nuevo consenso.
¿Posiciones diferenciadas, intereses contrapuestos? Evidentemente, como
todo en la vida. Pero la función de los gobiernos, de los políticos en
general es conseguir el máximo consenso en estos nuevos contextos, y creo
sinceramente que se puede conseguir.

Finalmente, me remito al debate de fondo: ¿Cómo se financia
la cultura, senador Casero? Ustedes no creen que se deba financiar con
los Presupuestos Generales del Estado, puesto que los han recortado
masivamente; no creen que se deba financiar sobre la base del derecho de
autor, puesto que lo cercenan de muchas maneras; no creen en el
mecenazgo, puesto que han retirado la ley y solo han puesto algún parche
fiscal. Por tanto, ¿la financiación de la cultura debe quedar solo en
manos de los consumidores, con lo que esto conlleva de grandes dosis de
discriminación y dificultad en el acceso a la misma, tanto desde el punto
de vista social como territorial? Nosotros vemos la financiación de la
cultura y su papel en la sociedad, y por tanto el acceso a la misma y su
fortaleza, de forma muy distinta. La cultura debe tener medios
suficientes y ser responsabilidad de los poderes públicos y del Estado
como representantes de todos y cada uno de los ciudadanos.

Por tanto, señorías, me reafirmo: esta ley aporta muy poco
y quita mucho. Lo que ustedes hicieron con el IVA puso en la UVI a
grandes sectores culturales y esta ley amenaza con darle —si me
permiten una expresión que a mi compañero el senador Martín le gusta
mucho, al igual que a muchos de ustedes— la puntilla.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracia, señora presidenta.

Simplemente quiero anunciar nuestra abstención en la
votación de los vetos presentados por los demás grupos y celebrar la
predisposición al diálogo anunciada por el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, aun cuando acercándose la fecha límite de la
próxima semana, de momento la aproximación al diálogo más bien brilla por
su ausencia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Montes.

El señor MONTES JORT: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista quiere dejar muy claro
que es el Gobierno del Partido Popular el que nos ha obligado a tener que
presentar, tanto en el Congreso como ahora en el Senado, una enmienda de
devolución, un veto a esta ley. Lo hemos hecho en defensa del derecho
constitucional de los ciudadanos a la cultura, de los derechos de los
autores y creadores, de los derechos de los usuarios, en definitiva, por
la cultura de este país.

Después de anunciarlo a bombo y platillo se nos ha
presentado una propuesta que, tanto en el fondo como en las formas, no
respondía ni mucho menos a las demandas, necesidades y a las expectativas
planteadas. Como siempre, las estrategias y diagnósticos de la secretaría
de Estado y del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes nacen de un
hecho equivocado: su principio ideológico por encima de todo. Partiendo
de ahí, ni el fondo ni la forma corresponden a una cultura democrática
que pretenda llegar a buen puerto.

Yo he escuchado con atención y con interés cómo iba el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular a defender su postura contraria
a los vetos, y lo he hecho además sin saber si el argumento que utilizaba
hoy era el que le mandaba la Secretaría de Estado de Cultura, el que le
mandaba Montoro o quién se lo ha mandado. Porque ya ayer no nos
desayunamos pero sí nos merendamos con el abandono del señor Lasalle en
la defensa de esta ley. Hoy nos hemos desayunado con un día tremendamente
alterado para la historia de España viendo que determinadas prebendas o
chulerías que tiene este Gobierno con el funcionamiento de diferentes
sistemas se le caen por la borda...

La señora PRESIDENTA: Senador Montes, estamos en una
Comisión de Cultura, usted siempre se ha comportado correctamente y el
lenguaje es muy importante. Sé que en el Senado no se puede retirar, pero
yo se lo pediría.

El señor MONTES JORT: Gracias, señora presidenta.

Retiro la palabra chulería.

...con esa prepotencia, más propia de otros lugares que de
un Gobierno que tiene un problema que repercute en toda la sociedad.

Fíjese, yo no tenía prevista la intervención por esta
línea, pero uno está empezando a estar un poco hastiado de las
justificaciones que da el Partido Popular a todas sus normas,
justificaciones que pasan por demonizar a la sociedad. Hicieron una
contrarreforma laboral y demonizaron a los trabajadores y a los
sindicatos; hicieron una contrarreforma educativa y demonizan a los
estudiantes, a los profesores, a las ampas, a todo el que pasa por la
puerta; hicieron unas medidas sanitarias que han conllevado recortes y
problemas y demonizan a los profesionales de la sanidad, a los usuarios,
a los pensionistas; y ahora hacen una adaptación de la normativa en
cuanto a la Ley de propiedad intelectual e intentan demonizar a las
entidades de gestión.

¿Por qué demonizar a la sociedad civil? ¿Por qué no
legislar para solucionar problemas y no crear problemas donde ya parte se
habían solucionado? Es una estrategia que realmente no comparto y que ha
alterado mi intervención en este punto, cuyo objetivo fundamental,
obviamente, era justificar —como ha hecho el senador Fuentes
Curbelo— por qué presentábamos un veto. Pero las justificaciones
—no de la Secretaría, no sé de quién— se escapan un poco a un
sector que desde que el Partido Popular está en el Gobierno ha perdido 26
000 empleos y 2000 empresas, no gana dinero, no genera empleo y que,
además, ustedes lo demonizan cuando intentan sacar una ley —ley
que, por cierto, intenta correr paralelamente a los procesos judiciales,
tal y como ha dicho el Tribunal Supremo, y a las directivas comunitarias,
que intenta adelantarlas y no sé por dónde— con esa aureola
—si me permite la expresión, señora presidenta— de
prepotencia para demostrar algo y que nos hace un flaco favor al resto de
los españoles. Además —se ha dicho aquí también y con mucha
oportunidad; no lo dice el PSOE, no lo dicen los grupos políticos—,
basta repasar cuáles han sido las posiciones de los diferentes colectivos
de los distintos sectores —tanto de las entidades de gestión como
de los autores, como de los creadores, como de los usuarios de las
redes-: nadie está de acuerdo en cómo se ha llevado a cabo esta ley,
nadie está de acuerdo.

¿No sería más sencillo —y por ahí se puede leer al
señor Lasalle en la prensa de ayer— retirar y hacer una ley acorde
con las normativas europeas, esperando a ver qué sucede en el
procedimiento

judicial en el que estamos inmersos? Yo hago referencia a
lo que muy correctamente informan los letrados de esta Cámara, quienes
advierten muy claramente en el informe de la ponencia de las posibles
repercusiones o de que se tenga en cuenta ese trámite jurídico.

Termino, presidenta. Mi final se une a lo que hubiera sido
mi exposición inicial si no hubiera sido por esas justificaciones, que no
entiendo, del Grupo Parlamentario Popular. Es una ley que, desde el
prisma del Grupo Parlamentario Socialista, debería entender la cultura
como recurso, como derecho y no como un problema y como un lujo del que
podemos prescindir. Decía Ana María Matute: «Yo no escribo para ganar
dinero, pero si escribo y tengo que comer, es mejor que me paguen.»

En todo caso, señor portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señores de la Secretaría de Estado de Cultura —que nos
estarán siguiendo—, señor ministro del asunto, señora
vicepresidenta del Gobierno —o a quien corresponda—, vamos a
seguir como lo hemos hecho en todo este proceso, presentando propuestas,
estando abiertos a cambios —ya que parece que ustedes no van a
admitir retirar esta normativa— que mejoren el documento en los
elementos troncales que han sido enunciados por los diferentes
portavoces. Sean capaces —sin duda alguna— de llegar a
acuerdos con los sectores, con los sectores de la cultura y no tengan
duda de que nosotros les acompañaremos en esos acuerdos. Dejen de
demonizar, dejen de intentar cubrir sobre un proceso legislativo
culpabilidades donde no lo están. ¿Mejoras en la gestión? Por supuesto.
¿Mejoras en la gestión de los asuntos económicos? Por supuesto, pero en
todos los lados. La cultura se lo merece y la cultura también es mejor
gestión económica, pero en todos los sitios.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Montes.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Casero.

El señor CASERO ÁVILA: Gracias, señora presidenta.

Siento que el señor Montes haya tenido que cambiar su
intervención por mis palabras hacia ese tono que ha utilizado en su
primera intervención pero segunda del partido al que representa.

Señor Montes, nosotros no demonizamos a nadie, se lo he
dicho; se lo he dicho. Cuando hablamos de entidades de gestión, algunas
se han demonizado ellas solas. ¿O es que somos usted o yo responsables de
lo que pasó en la SGAE? ¿Las demoniza alguien? Entienda usted que ha sido
alcalde como lo soy yo ahora, que sabe de las dificultades para pagar
determinados conceptos y criterios a la SGAE, para que luego la SGAE
hiciera determinadas cuestiones con esos fondos. Que a mí me parecen muy
bien pagados. Yo no les demonizo, se demonizan ellos solos; ni les
demoniza este portavoz ni les demoniza este partido. Y esa ha sido mi
referencia cuando se ha hablado de esa cuestión aquí.

Le diré con respecto a las entidades de gestión y su
referencia en los vetos que es tremendamente sorprendente cómo una misma
norma puede ser interpretada de diferentes maneras por el resto de los
grupos políticos. Hay vetos que hablan de intervencionismo y falta de
protagonismo, o de que le quitamos protagonismo a las entidades de
gestión, y tengo aquí delante otro veto que dice que las entidades de
gestión se consolidan como un monopolio para gestionar los derechos de
propiedad intelectual. Entonces o muy confundidos estamos nosotros o,
desde luego —que es lo normal—, las percepciones son muy
diferentes. Ni una cosa ni la otra. La ley intenta dar transparencia,
normalidad a las sociedades de gestión. Las sociedades de gestión también
gestionan —y perdonen la redundancia— dinero público, y el
dinero público está sometido a una serie de controles, igual que el resto
de las administraciones, por muy sociedades de gestión de copias privadas
o de derecho de propiedad intelectual que sean, porque el dinero de los
ayuntamientos y del resto de las instituciones que se dan a las entidades
de gestión para pagar a los autores es dinero de todos; de todos. Por lo
tanto, las sociedades de gestión y las entidades de gestión están tan
sometidas al imperio de la ley como lo estamos los demás responsables,
políticos y públicos. Esa es mi única referencia a las entidades de
gestión, nunca demonizarlas y ni muchísimo menos demonizar a los socios
de esas entidades de gestión, que en muchas ocasiones son los grandes
perjudicados de la gestión de estas.

Es a eso a lo que hacía referencia, y si usted no está de
acuerdo conmigo en eso, bien que lo siento, pero entiendo que una inmensa
mayoría de ciudadanos y ciudadanas sí lo estarán. Podemos hacer un
repasado detalle de lo que han hecho determinadas entidades de gestión,
pero no viene a cuento ahora, porque eso sí sería demonizarlas, y yo no
lo he hecho. Simplemente, ante una afirmación de su compañero, yo he
hecho una apreciación. Más tarde le contestaré al resto de su
intervención, pero quería dejar bien claro que este partido y este grupo
político no demoniza a ninguna entidad de gestión.

Decía el portavoz de Entesa Catalana —que es la
primera persona a quien he contestado en mi intervención en el turno de
réplica— que la sentencia Padawan no justificaba la reforma de la
manera de gestionar o la forma de compensar la copia privada. Ni tampoco
hay ninguna normativa que, de manera taxativa, prohíba lo que este
Gobierno, libre y democráticamente, ha decidido poner. Entiendo que el
Gobierno tenía la competencia para tomar una decisión, que no compartía
la fórmula que el anterior Gobierno había fijado —además, alguna
sentencia europea ponía en duda esa fórmula o ponía limitaciones, lo que
provocaba cierto debate legal—, y, evidentemente, este Gobierno, en
el ejercicio de las competencias que le marcan las normas legales, fijó
una nueva fórmula.

Usted ha dicho que en Noruega pagan más, ¿pero tienen esta
fórmula o no, que es a lo que he hecho referencia? Yo no he dicho si
pagan más o menos, simplemente he dicho que en Noruega, desde el 2006,
hay una fórmula en la que la copia privada se compensa a través de los
Presupuestos Generales del Estado. Esa es la referencia que he hecho y es
lo único que dejo encima de la mesa. Y no somos el único país ni somos
una rara avis que esté haciendo algo extrañísimo, cada país ha elegido su
fórmula.

Yo, que soy un europeísta convencido, espero y tengo la
expectativa de que sea la Unión Europea la que regule esta materia, y que
en el entorno más próximo a nosotros, en los países miembros de la Unión
Europea, haya una normativa igualitaria sobre el derecho de compensación
por copia privada, porque compartimos con ustedes la necesidad que hay de
que se protejan las creaciones de los autores y se les dé una serie de
beneficios y remuneraciones.

Usted me decía que no es una contraposición de derechos.
Tal vez la palabra esté mal utilizada, pero sí convendrá conmigo en que
hay serias dificultades a la hora de alcanzar acuerdos y voluntades en
una cuestión como esta. La Ley de propiedad intelectual solo regula el
derecho de propiedad intelectual, evidentemente, pero hay otra serie de
derechos que, sobre la base de ese derecho de propiedad intelectual, se
pueden ver afectados o no. Eso es lo que entienden algunos juristas y eso
es lo que entiende una mayoría de estudiosos de la materia. De ahí la
dificultad. Es muy sencillo legislar cuando no hay actitudes
contrapuestas o posturas diferentes, pero es que en estas cuestiones sí
hay posiciones distintas para llegar a posibles acuerdos.

La ley busca —y no en contra de los autores, no es
cierto y no lo comparto— fijar, mejorar y clarificar determinadas
cuestiones derivadas de las reformas que se han ido haciendo o que han
ido surgiendo —no de la Ley de propiedad intelectual, sino de
otras, como puede ser la Ley de sostenibilidad económica, reformas en las
leyes de enjuiciamiento civil o enjuiciamiento penal—, es decir,
ser mucho más taxativo. Y creo que usted hacía referencia a lo que yo
creo que es un gran avance en la ley: a la creación de una sección
segunda en la Comisión de Propiedad Intelectual, dotada de competencias
para seguir mejorando en el trabajo silencioso que a lo largo de este
tiempo ha venido haciendo. Porque, cuando hablamos en estas salas, parece
que la Comisión de Propiedad Intelectual u otros organismos de este país
no han hecho absolutamente nada en esta materia, y eso tampoco es cierto,
se han hecho cosas. Lo que sucede es que, evidentemente, como suele
pasar, sale más lo que no se hace que lo que a lo largo del tiempo vienen
haciendo de manera callada organismos como esa Comisión de Propiedad
Intelectual, que yo creo que ha realizado un buen trabajo.

Sí coincido con usted en que esto abre un debate mucho más
profundo acerca de la necesidad de fijar un modelo de financiación para
el mundo de la cultura. Comparto con usted que esta es una de las fuentes
de financiación del mundo de la cultura, junto con otras muchas, pero el
Partido Popular entiende que se están dando los pasos necesarios para
mejorar esos sistemas de financiación del mundo de la cultura.

Aclarado el punto de la demonización de determinados
colectivos, que evidentemente no lo comparto y ni el aspecto en el que ha
hecho referencia a las entidades de gestión ni en otros muchos, lo que
más me sorprende es el veto del Grupo Parlamentario Socialista —y
puedo entender los otros vetos— porque esta ley, repito, intenta
abordar lagunas regulatorias en materia de derecho de propiedad
intelectual, que provocan la desprotección de esos derechos. Eso es lo
que intenta la reforma de esta ley, y ustedes tradicionalmente han sido
unos firmes defensores de esos derechos y han venido trabajando de una
manera sostenida en el tiempo para proteger y mejorar esos derechos. Otra
cosa es que estemos de acuerdo en cómo deben compensarse esos derechos o
no, pero creo que en la columna vertebral de la reforma de esta Ley de
propiedad intelectual tanto ustedes como nosotros estamos de acuerdo.

No se trata de regular más o menos, de lo que se trata es
de clarificar y de fijar posturas. Que quede claro que España es un país
en el que no se admite la piratería, en el que se combate de manera
decidida

la piratería y en el que se busca que aquellas personas que
con su trabajo intelectual crean determinadas obras puedan tener una
remuneración por ellas.

Vuelvo a mostrar la voluntad de diálogo. Creo que es
posible que mejoremos el documento presentado, por lo tanto, de aquí al
Pleno de los próximos días 14 y 15 espero que podamos acercar posturas en
determinadas cuestiones.

Nada más y muchísimas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Casero.

Señorías, antes de pasar a la votación de las propuestas de
veto les comunico que por el señor letrado de la comisión ya se ha
comprobado la asistencia de todos sus miembros y las posibles
sustituciones. En consecuencia, pasamos a las votaciones de las
propuestas de veto.

Propuesta de veto número 1, presentada por la senadora
Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 2, presentada conjuntamente por
los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo
Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente por
los senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, Mendizabal Azurmendi y
Unamunzaga Osoro, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 4, presentada conjuntamente por
los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, ambos del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 5, presentada conjuntamente por
los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, todos ellos del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

En último lugar, propuesta de veto número 6, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Señorías, finalizado el debate y votación de las propuestas
de veto, se pasa a la defensa de las enmiendas.

Enmiendas de la 1 a la 16, del senador Quintero Castañeda,
del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa tiene la palabra el senador Eza.

El señor EZA GOYENECHE: Las doy por defendidas, presidenta.
De la misma manera, nos podríamos remitir hasta la enmienda 58, porque
son de miembros del Grupo Parlamentario Mixto que no están presentes. Por
tanto, las daría todas por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Senador Eza, tengo que leerlas. En
cualquier caso, al terminar de leer todas las del Grupo Parlamentario
Mixto, si le parece, usted me contesta si se dan por defendidas. Lo digo
para que conste en el Diario de Sesiones.

Enmiendas 17 a 26, de la senadora Capella i Farré, del
Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 52 a 58, del senador Martínez
Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 27 a 45, presentadas
conjuntamente por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes,
del Grupo Parlamentario Mixto; y enmiendas 46 a 51, presentadas
conjuntamente por los senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano,
Mendizábal Azurmendi y Unamunzaga Osoro, todos ellos del Grupo
Parlamentario Mixto.

Senador Eza, tiene la palabra.

El señor EZA GOYENECHE: No sé si me habré despistado yo,
señora presidenta, ¿pero se han nombrado las enmiendas 1 a 16?

La señora PRESIDENTA: Sí, son las primeras que le he
indicado del senador Quintero Castañeda.

El señor EZA GOYENECHE: Sí, esas son.

Como usted comprenderá, no puedo defender unas enmiendas
que tendrán que debatirse en otra instancia puesto que los autores no
están aquí.

La señora PRESIDENTA: Bien, senador Eza, ¿pero las da por
defendidas?

El señor EZA GOYENECHE: Las doy por defendidas, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Enmiendas 100 a 113 del Grupo Parlamentario Vasco.

Para su defensa tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Como bien ha dicho usted, son 14 enmiendas en total las que
mi grupo parlamentario ha presentado y las doy todas por defendidas.

Como complemento a mi intervención durante el turno de
portavoces de los vetos quiero reiterar la voluntad de este grupo
parlamentario a transar, negociar y hablar sobre todas y cada una de
estas enmiendas sea con el grupo parlamentario, sea con la propia
secretaría de Estado. Creo que la disposición de nuestro grupo
parlamentario tanto en este como en otros proyectos de ley ha sido
siempre clara, y hasta el momento de su votación en el Pleno aquí estará
este grupo parlamentario para tratar de todas ellas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora
Martínez.

Enmiendas 59 a 99, 135 a 142 y 149 a 169, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Tiene la palabra, senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidenta.

Doy todas las enmiendas por defendidas, tanto las
presentadas por los senadores Guillot y Saura como las del resto de
senadores del Grupo de la Entesa.

Solo quiero hacer un comentario muy general sobre el
contenido de las enmiendas 135 a 189, presentadas por los senadores
socialistas de mi grupo parlamentario. Son dos tipos de enmiendas. Unas
intentan buscar una oportunidad de mejora en las propuestas que formula
el proyecto de ley básicamente en torno a la cuestión de las porciones de
obra no significativa, conocido como cita y reseña en relación a la
llamada tasa Google o canon AEDE, para garantizar, como se ha dicho
antes, que tanto periodistas como fotoperiodistas puedan beneficiarse
también de esta tasa y para avalar que no hay obligatoriedad en asumir
esta tasa, aunque ello, evidentemente, no signifique la renuncia al
derecho.

También en este apartado hemos introducido una serie de
enmiendas que nos ha facilitado la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, que son, creemos, altamente significativas y que
entrañan mejoras sustanciales de la propuesta del proyecto de ley.

Quiero hacer asimismo referencia a una enmienda para dotar
a las obras arquitectónicas de reconocimiento de derecho de autor, una
laguna histórica de nuestra legislación, que otorga ese derecho de autor
a planos, maquetas y proyectos pero no a la obra física en sí misma,
cuando yo creo que en estos momentos el consenso es amplísimo en cuanto a
que el trabajo de los arquitectos es de naturaleza autoral y
cultural.

El segundo bloque de enmiendas tiene que ver con cambiar
sustantivamente, cuando no suspender, las partes del texto que a nuestro
entender originan una disminución de los fondos para la cultura y con la
remuneración de la copia privada, con las condiciones para la negociación
y la gestión de los fondos de derecho de autor por parte de las entidades
de gestión colectiva y, en particular, con el tema al que he hecho
referencia sobre las autoprebendas que se otorgan los medios de
comunicación públicos en relación con el pago de los derechos de
autor.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Martí.

Para la defensa de las enmiendas 114 a 134, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señora presidenta.

De forma sucinta voy a intentar hacer un resumen del bloque
de enmiendas que nosotros presentamos, de la 114 a la 134.

Son 31 enmiendas que dividimos en cuatro bloques, cuyo
contenido voy a definir mínimamente en lo que atañe a su redacción.

Un primer bloque se refiere a la revisión del sistema de
copia privada, tanto de su definición como del mecanismo de compensación.
A este bloque corresponden las enmiendas 114 a 120. Con la aportación del
Grupo Parlamentario Popular en relación al sistema universitario, las
enmiendas 118 y 119 prácticamente perderían su sentido —de
mantenerse el redactado de las del Grupo Parlamentario
Popular—.

Existe un segundo bloque referido al diseño de los
mecanismos eficaces de supervisión de las entidades de gestión, de los
derechos de propiedad intelectual y mejora de la Comisión de Propiedad
Intelectual. Son las enmiendas 121 a 126, a cuyo contenido podemos hacer
también alguna referencia. Algunas de estas enmiendas permiten definir
mejor la expresión cálculo para la determinación de acuerdo con la
competencia, y que esa sea atribuida a la sección primera de la comisión
para la aprobación de la metodología que cada entidad de gestión deberá
aportar para la determinación de las tarifas. Se incluyen dos fases. En
cualquier caso las enmiendas que presentamos van siempre en la línea de
intentar mejorar el redactado y de clarificar la competencia y el
posicionamiento de cada actor a la hora de implementar dicha ley.

Tenemos un tercer bloque de enmiendas competenciales que
para nosotros son muy relevantes, en concreto las enmiendas 127 y 128,
que se refieren a que es de aplicación la numerosa jurisprudencia que los
tribunales han dado respecto a la competencia que tiene el vigente
Estatuto de Autonomía de Cataluña sobre regulación de entidades de
gestión, sobre sus competencias, sobre su régimen disciplinario,
etcétera. En ese sentido huelga decir que para nosotros son dos enmiendas
troncales o básicas a la hora de decantar nuestra posición final.

Existe un cuarto bloque de enmiendas, las números 129 a
134, que constituyen un mosaico, puesto que sus contenidos son distintos.
La enmienda 129 apunta a que las sanciones graves deben ser publicadas en
el BOE, no solo en el diario oficial de la comunidad. Entendemos que si
es una sanción grave, debe hacerse así. La enmienda 130 va en la línea de
la ventanilla única, a la que antes nos referíamos. La enmienda 132, a
pesar de nos tememos que no va a fructificar, hace referencia al IVA
cultural y a su aplicación, confiando en que finalmente la Unión Europea
determine un marco europeo de fiscalidad global, que, a lo mejor, nos va
a permitir ajustar y dejar en su justa posición esta presión a nuestro
entender excesiva. La enmienda 133 es la relativa a la entrada en vigor,
es decir, creemos que, hasta que no se clarifique y no sean de aplicación
todos los instrumentos que regula y contempla esta ley, no tiene sentido
que entre en vigor, por lo que tenemos que esperar a que se pongan en
funcionamiento dichos organismos.

Y una última, la enmienda 134, apunta a una evaluación de
impacto porque entendemos que ante una ley de tal complejidad, con
intereses tan contrapuestos, lo razonable sería lo que creo que apuntó el
propio ministro en su intervención en el Congreso de los Diputados, la
necesidad de una autoevaluación para ver en qué puntos podía tener
problemas la aplicación de esta ley. Teniendo en cuenta que tiene un
impacto muy grande en muchos actores y en muchos sectores, parecería
razonable y prudente apuntar este plazo de autoevaluación. Entraremos con
mayor profundidad en el debate en el Pleno del Senado y confiamos en que
el Grupo Popular, el secretario de Estado, el portavoz del grupo o sus
distintos

representantes acojan nuestra mano abierta a transaccionar
todos aquellos aspectos que redunden y mejoren el contenido de este
proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Bagué.

Para la defensa de las enmiendas 175 a 209, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Montes.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: En este caso, el señor Martín.
Pero no importa, el orden de apellidos no altera el valor del producto,
señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Lo lamento.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias.

Temo no ser muy elocuente escuchando a todos los
predecesores que han hablado a favor y en contra —sorprendentemente
todos en contra, salvo quien está en el mantenella y no enmendalla—
sobre el tema que nos trae a la defensa de las enmiendas que presenta mi
grupo. Lamentándolo mucho, me permitirán los compañeros y compañeras de
la Cámara que cuente algo que posiblemente a cada uno de nosotros nos ha
pasado en la adolescencia, cuando te decían: te vas a caer, te vas a
caer, te vas a caer, y no hacías caso a papá y a mamá y, al final, te
caías. Y cuando te levantabas tenías que decir aquello de: no me molesta
el haberme caído, me molesta que llevabais razón. Porque ya el 16 de
abril del año 2013, en esta misma sala, en comparecencia del señor
secretario de Estado Lassalle, el Partido Socialista le dijo la metedura
de pata que había tenido el Gobierno con el Real Decreto Ley 20/2011.
Aludo a aquella comparecencia y me remito a aquellas mismas palabras por
una razón obvia, y es que, en realidad, más allá de la normativa, que
lógicamente hacía falta y que es notablemente mejorable, el busilis que
mueve esta ley y que marcaba aquella intervención sigue manteniéndose
torticeramente en esta ley. Ya le dijimos entonces al Gobierno y se lo
decimos hoy, que al margen de todo lo que ya se ha dicho aquí, estamos
pendientes de los tribunales y que traemos a colación un país,
obviamente, desarrollado, que no está en la Comunidad Económica Europea.
Bueno, si estamos en el club, señor Casero, estamos en el club. Si
queremos echar los pies por delante e irnos a otro club, nos lo dicen y,
a lo mejor, estamos de acuerdo, pero mientras estemos en este tenemos que
atenernos a hablar del club en el que estamos. Esta ley, de la manera en
que corrige el llamado canon digital, como dijimos en aquel momento, hace
que todos los españoles seamos sospechosos de ser filibusteros, ya que
nos hacen pagar a través de los Presupuestos Generales del Estado sin
aplicarnos la presunción de inocencia.

A partir de ahí, espero que una de las enmiendas —no
citaré una por una— se tenga en cuenta. Sobre la base de esa
enmienda, la del 25, se alude a la sentencia Padawan. Pues digamos la
verdad, porque la mentira más perniciosa es la que se desliza sobre el
filo de la verdad. Aquí se ha dicho por el ponente en esta comisión que
la sentencia Padawan hizo que el Gobierno tuviera que echar marcha atrás
para enmendar no sé qué cosa. No. Esta no es la verdad. Esto no es una
rueda de prensa donde los de enfrente, como los taquígrafos, se limitan a
escuchar. Aquí, los que estamos creo que sabemos de esto. Por lo tanto,
un poquito de respeto. Lo que dice la sentencia Padawan es que el
Ejecutivo se había extralimitado en las funciones al fijar los cánones. O
sea, lo que vino a decir es: Oiga, no le ha puesto usted la póliza de 15
céntimos; pase por el Consejo Consultivo, por el Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia, y vea si el canon que ha ido fijando se
atiene a derecho. Y lejos de hacer eso, ustedes, de un mal, nos llevan a
otro; borran eso de un plumazo y ahora estamos donde estamos. Y, de
manera injustificada, hacen que paguemos todos los españoles para que
ganen más solo unos pocos.

En cuanto a las enmiendas, yo voy a dar por defendidas las
mías, vista la suerte que ha tenido el veto, vista la suerte que ha
tenido esta ley en su paso por el Congreso, vista la suerte que ha tenido
esta ley en su tránsito desde el Congreso al Senado y vista la suerte que
han tenido, de cara al Gobierno, todos aquellos operadores,
intelectuales, asociaciones, medios de comunicación que están contra la
ley, así como tribunales, Consejo de Estado... Nada, ustedes a escribir,
pero leer, poquito. El señor Casero ha dicho que ahora en el turno de
enmiendas —y ahí tienen las nuestras que doy por defendidas, y creo
que conocidas— espera poder transar o aceptarlas para hacer la ley
bastante mejor. No. Bastante mejor, no; un poquito menos mala. Porque
quien mucho abarca, poco aprieta. Y esto no es una ley para los
intelectuales, es una ley hecha y fijada para los intereses económicos de
unos pocos. El que mayor lobby económico ha tenido es el que ha redactado
esta ley y el Gobierno se ha montado en ese halo de luz y de

autismo que parece no querer entender. Pero, en fin, vamos
a ver si es verdad que en el camino lo que no se ha conseguido en dos
años y medio se consigue ahora en cuarenta y ocho horas. Lo digo porque
estamos todos cansados, señorías de la mayoría de esta Cámara, de oírles
decir: Estamos abiertos al diálogo, nosotros queremos consensuar...
Señorías, para bailar el chotis hacen falta 2 y resulta que cuando Susana
quiere bailar, dice la Casta: No, es que esta música no me gusta. Y
cuando cambiamos la música para seguir bailando, dice: No, ahora no me
gusta la letra. Oiga, ustedes no quieren negociar.

El señor Casero también ha hecho alusión a reuniones con la
Secretaría de Estado. Este senador junto con otros compañeros ha estado
en varias ocasiones citado por la Secretaría de Estado. Le voy a poner
solamente un ejemplo, y por deontología de caballerosidad —fuimos
invitados y allí estuvimos—, lo que allí se habló allí se queda.
Pero creo que algunos, en particular, el Partido Popular, sabe de lo que
estoy hablando. A las 8 menos 10 de la tarde salimos de la Secretaría de
Estado con un principio de acuerdo sobre la base a una enmienda que el
propio Gobierno se iba a hacer a sí mismo. Llegamos a esta Cámara a las
8.30, aquella mínima para poder entrar en diálogo se mete como enmienda
del propio Gobierno y, veinte minutos después, se retira. ¿Cómo se puede
llegar a un acuerdo así? Yo no vengo de la generación de mis padres,
donde una persona cruzaba el brazo con otra y ya se podía caer la torre
de la iglesia que eso iba a misa. Ustedes, se cae la torre, se cae el
reloj, tropieza el cura, y nada. (El señor Abad Benedicto: y se llevan al
monaguillo por delante). Eso, y se llevan al monaguillo por delante.

Para terminar, doy por defendidas mis enmiendas. Espero que
entre todos las hagamos menos malas. El busilis solamente está en una
enmienda, lo demás es legislación. Y, como ya no le queda turno a mi
compañero Félix, respecto al término demonizar, quiero contestarle al
señor Casero. Matar por inanición a la cultura, señor Casero, también es
demonizarla.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Martín.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora
Larriba.

La señora LARRIBA LEIRA: Muchas gracias, presidenta.

Yo voy a pormenorizar las enmiendas presentadas por los
grupos que sí han querido defenderlas en esta sala. Los demás grupos
encontrarán respuesta a muchas de las que han presentado en lo que yo
manifieste ahora. Intentaré ser breve y clara porque son muy numerosas
las enmiendas que se han presentado. Antes de comenzar, me uno a mi
compañero diciendo que se dieron pasos significativos en la tramitación
en el Congreso para poner en marcha enmiendas transaccionales. También se
ha hecho en esta Cámara y todavía tenemos una semana de plazo, por lo
cual, quiero manifestar mi absoluta disposición para poder llegar a algún
acuerdo en estos días.

En primer lugar, voy a contestar a la intervención del
representante del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
que ha defendido un primer bloque de enmiendas relativas a la copia
privada, su límite y cuantía. Aunque ya le adelanto que no vamos a
admitir ninguna de las enmiendas que ha presentado, voy a explicarle
brevemente las razones.

Con la enmienda número 59 pretenden regular la copia
privada en la nube, lo que podría contradecir el punto 5 de la Directiva
2001 de la Comunidad Europea, de derechos de autor, al regular el límite
previsto en el 5.3.b) de dicha directiva. Ningún país del mundo lo ha
hecho, y hacerlo multiplicaría exponencialmente la necesidad de compensar
la copia privada.

Asimismo, lo que proponen en su enmienda 61 va en contra
del sistema de copia privada previsto en los Presupuestos Generales del
Estado. El pago de los IPS supone un cambio radical en el modo de
financiar la copia privada, algo que no ha sido objeto de estudio. Por
último, también en relación con esta materia, el modelo que plantean en
el proyecto de ley permite que los consumidores sigan realizando
legalmente todos los supuestos habituales de copia privada.

También hacen mención a la libre adhesión de autores, al
Copyleft, y no podemos admitir esta propuesta porque la gestión
obligatoria es la única forma de administrar este derecho. Por tanto, no
ha lugar a la enmienda que proponen.

En cuanto al fomento de la oferta digital legal, se
desestima por razones técnicas relacionadas con la acotación del concepto
de oferta digital.

En su enmienda número 66 proponen una alternativa a la tasa
Google, a la autorización y al canon. Esta también se desestima porque el
punto 2 propuesto es necesario para actualizar el régimen de límite de
cita y reseña de la actividad de los agregadores. La sentencia C466/12,
del Tribunal de Justicia de la

Unión Europea, no se opone en modo alguno, pues se refiere
al uso de enlaces, mientras que el punto 32.2 se refiere al uso, a la
agregación de fragmentos de contenidos creados por terceros.

Otro grupo de enmiendas se refiere a las citas en el nivel
educativo y, por su parte, la número 69 a la sustitución por partituras.
He de decirle que se desestiman por razones técnicas; es lo mismo que he
explicado antes sobre la dificultad técnica de acotación de límite y la
aplicación de la regla de los tres pasos.

En otra de sus enmiendas proponen suprimir el artículo 71
de la Ley de propiedad intelectual. Esta enmienda no presenta ninguna
alternativa para instaurar un equilibrio entre las dos partes del
contrato de edición musical. Por tanto, se desestima.

Otra de ellas hace referencia al director de fotografía. He
de decirle que en 1987, ante la falta de determinación de los autores de
la obra audiovisual, obra en colaboración, el legislador optó por fijar
un número clausus de categorías de autores, igual que se recoge en otras
legislaciones. Se desestima por esta razón.

En cuanto a las enmiendas relacionadas con las entidades de
gestión, con su transparencia y con la fijación de tarifas, no se pueden
aceptar —son las números 79, 73 y 75— porque no son
compatibles con las tarifas por uso. Por otra parte, la aprobación de
metodología no se corresponde con la función de control contemplada en el
proyecto de ley. No se recoge, por otro lado, una discriminación
tarifaria entre usuarios de repertorios. Son estas tres razones las que
fundamentan la negativa a aceptarla.

Otra enmienda se refiere a la composición de la Sección
Segunda. Tampoco se admite porque lo que se propone no contribuye a una
mayor transparencia de las entidades de gestión, que es lo que persigue
la ley.

Su enmienda 80, referida a los consumidores sin ánimo de
lucro, se desestima porque bloquearía en algunos casos el derecho de
acceso a la justicia de los titulares de derechos de propiedad
intelectual.

En cuanto a la ventanilla única, no es posible establecer
una ventanilla ad hoc para determinados usuarios de la ley, como ustedes
proponen.

En relación con los contratos en vigor y los pagos a
cuenta, tengo que decirle que la enmienda que proponen rompería el
equilibrio técnico de esta disposición transitoria entre la posición de
titulares y usuarios de los derechos de propiedad intelectual. Esta
enmienda se formula a la disposición transitoria tercera.

La Sección Segunda es objeto de mención en varias
ocasiones, por ejemplo en la enmienda 76, referida a las competencias.
Pero tengo que decirle que a este órgano ejecutivo no le corresponden
funciones de informe o propuesta, y la rendición de cuentas sobre sus
actividades corresponde a la propia Secretaría de Estado de Cultura.

En relación con las que presentan sobre copia privada,
límite y cuantía, he de decirles que no se puede suprimir, como ustedes
proponen, la nueva redacción del artículo 31, apartados 2 y 3, si se
aprueba la nueva redacción del 25. Señalo de nuevo que las razones
técnicas de acotación de límite y de la aplicación de la regla de los 3
pasos son ineludibles. No resulta asumible tampoco por ser el artículo
32.2 del proyecto la mejor ubicación para esta actualización necesaria
del límite de cita y reseña de la actividad de los servicios de
agregación de contenidos.

Por último, presentan dos enmiendas proponiendo una
alternativa a la tasa Google, que se desestiman porque, como les he
indicado antes, debe mantenerse la ubicación en el artículo 32.2, pues no
pueden crearse nuevos límites, como se pretende en la enmienda, fuera del
catálogo de la Directiva 2001/29 de la Comunidad Europea, de derechos de
autor, siendo el límite de cita y reseña el más apropiado para regular la
actividad de los agregadores de contenidos, conforme indica la doctrina
más autorizada.

Por último, formulan otra enmienda relativa a la seguridad
jurídica de las obras huérfanas, y se desestima porque en ella se plantea
una regulación enormemente prolija, propia de un reglamento más que de
una ley. De hecho, está previsto el desarrollo reglamentario de este
artículo con rango normativo, lo que permitirá adaptarlo a la evolución
de la realidad de una manera más ágil.

En cuanto a la propuesta referente al uso de las cantidades
no reclamadas: un uso social, cultural o educativo, tengo que decir que
ha sido transaccionada, como también lo ha sido la número 185, relativa
al fomento del área digital legal. Lo mismo cabe decir para las enmiendas
194, 195 y 197; todas ellas han sido transaccionadas e incorporadas al
informe. (El señor Martí Jufresa: ¿Qué enmiendas han sido
transaccionadas? ¿En el Congreso?) Sí. ¿A cuál se refiere? ¿A la 124 y la
127? (El señor Martí Jufresa: En la ponencia solo ha habido una
transacción con una propuesta del Grupo Parlamentario Popular.) Sí, son
propuestas de...

La señora PRESIDENTA: Les ruego que no entablen
conversación entre ustedes.

Pida la palabra, yo se la doy, y así podrá consultarlo la
senadora Larriba.

La señora LARRIBA LEIRA: De acuerdo.

Pasando a otra materia, me quedan solamente un par de
enmiendas.

La número 206 se presenta en relación con los contratos en
vigor y los pagos a cuenta. Esta enmienda podría romper el equilibrio
técnico de esta disposición transitoria entre la posición de los
titulares y usuarios de los derechos de propiedad intelectual.

Y por último, y en cuanto a la enmienda referida a adecuar
la entrada en vigor, una enmienda referida a la disposición final
tercera, quisiera decirle que se desestima porque la remuneración deberá
tomar en cuenta la acotación de límite aunque se determine con
posterioridad a la cantidad.

Mencionaba también una enmienda relativa a las obras
arquitectónicas y de ingeniería realizadas, y a este respecto debo
manifestar que, además de no ser objeto de esta modificación de la ley,
es innecesaria, pues la protección de las obras de arquitectura o de
ingeniería más allá de la que reciben los planos, maquetas y diseños
están incluidas en la letra e) del mismo artículo 10.1, ya que las obras
arquitectónicas y de ingeniería son obras plásticas aplicadas, y por
tanto, ya están recogidas. Ello, por supuesto, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 35.2, que otorga total libertad para
reproducir las obras situadas en la vía pública, límite permitido por la
directiva de 2001, y que no es en absoluto recomendable restringir sin
una reflexión en el marco de la futura reforma amplia de la ley.

Paso ahora a responder a las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió que ha
distribuido en 3 grandes bloques. Por un lado, lo referido a la copia
privada. Estas enmiendas, que van de la 114 a la 120, se rechazan por
diversos criterios. En primer lugar, porque algunas de ellas son
contrarias al sistema de compensación vía Presupuestos Generales del
Estado. No se puede suprimir la nueva redacción del artículo 31.2.3 que
se propone si se aprueba una nueva redacción del artículo 25; tampoco se
puede aceptar el límite de agregadores, por razones técnicas que ya hemos
mencionado, de acotación del límite y aplicación de la regla de los 3
pasos.

En cuanto al bloque de enmiendas presentadas a las
entidades de gestión, relacionadas con el concepto de beneficio
económico, con la transparencia, la fijación de tarifas y con la
composición, quiero decir que tampoco se aceptan porque técnicamente no
se pueden aceptar en el concepto de beneficio económico; y en cuanto a
las que se refieren a la transparencia, porque la normativa de protección
de datos es de aplicación sin perjuicio de lo que establezca el texto de
reforma de la Ley de propiedad intelectual. Respecto del resto de
información a facilitar en la web; se considera suficiente y en línea con
la directiva 2014/26, de la Comunidad Europea sobre gestión
colectiva.

Hay 3 enmiendas más en relación con la composición de la
Sección Segunda. Se trata de un órgano ejecutivo formado por funcionarios
del grupo A1 especializados, y es necesaria su composición por personal
externo. En cuanto a los informes de la Sección Primera, la enmienda que
presentan es innecesaria.

En cuanto a la enmienda sobre las notificaciones, se trata
de un procedimiento de oficio instado mediante denuncia, por lo que no
procede el instituto del silencio negativo. La caducidad es una figura
asentada de derecho administrativo que protege a todos los interesados
que sean parte en un proceso de oficio que no finaliza en el plazo
legalmente establecido. Protege a los presuntos responsables de una
infracción frente a resoluciones desfavorables fuera de plazo; asimismo
protege a terceros interesados frente a resoluciones fuera de plazo que
les impusieran un gravamen, como cumplir una orden de suspensión, y
finalmente garantiza a los solicitantes que sus derechos o intereses
legítimos no decaen en ningún caso, sino que puede volver a instarse la
iniciación del procedimiento administrativo.

Asimismo el requerimiento previo por parte del titular de
derechos o su representante debe distinguirse claramente del acuerdo de
inicio emitido por la Sección Segunda, que ordena la retirada de
contenidos, sin que el primero pueda sustituir este primer acto
administrativo.

Y en cuanto al bloque referido al ámbito competencial, y
comprendido por las enmiendas números 127 y 128, se desestiman también
por razones técnicas, pues ambas eliminarían los puntos de conexión que
existen actualmente entre el Estado y las comunidades autónomas, y el
proyecto de ley es en todo caso conforme a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional; razones técnicas también derivadas de la competencia
normativa exclusiva del Estado y las autorizaciones para operar de las
entidades de gestión, las cuales, según el Tribunal Constitucional,
forman parte de ese corpus normativo estatal.

Y el último bloque, que usted calificaba de miscelánea, en
lo relativo a la ventanilla única debo decirles que no podemos asumir
esta enmienda porque no es posible establecer una ventanilla ad hoc para
determinados usuarios, aunque podría pensarse en la posibilidad de
establecer una ventanilla como regla general, salvo renuncia de los
usuarios a centralizar el pago y facturación a través de las entidades de
gestión.

En cuanto al lucro en radio y televisión, existe una
posible contradicción con las reglas comunitarias de la competencia. Y en
lo que se refiere al IVA cultural debo manifestar que este no es objeto
de esta reforma legal, que no tiene contenido tributario.

Finalmente, y con respecto a la que hace referencia a
adecuar la entrada en vigor, debo decir que no es necesario hacer una
remisión reglamentaria, pues el procedimiento será el general establecido
para todas las leyes.

Señorías, creo que con esto he respondido también a algunas
de las enmiendas que no han sido defendidas en esta sesión por el resto
de los portavoces, pero que tendremos oportunidad de debatir más
ampliamente en el Pleno.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Larriba.

A continuación pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el
senador Eza.

El señor EZA GOYENECHE: Muchas gracias, señora
presidenta.

Una vez escuchadas a las partes y leídas las enmiendas, nos
parecen realmente producto de un trabajo intenso sobre una ley compleja y
difícil, que unos dicen que va a durar poco porque dentro de un año no
estará hábil o incluso algunos, pensando en el resultado de las
generales, consideran que de entrada la derogarán. Nosotros vamos a hacer
un esfuerzo para que el entendimiento, con visitas a la Secretaría de
Estado o sin ellas, siga, y que de aquí al Pleno se llegue a acuerdos y
se mejore la propuesta de Gobierno.

En cualquier caso nos vamos a abstener con ese espíritu de
diálogo y acuerdo con el que los enmendantes han marcado sus objetivos.
Con ello consideramos que responderemos también a la expectativa creada,
y es que en el próximo Pleno el mayor número posible de señorías
respalden este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Eza.

Por el Grupo Vasco tiene la palabra la senadora
Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Dado lo extensa que ha sido la explicación de la portavoz
popular respecto de la justificación de las enmiendas, puedo mantener
todavía la esperanza de que de aquí al Pleno alguna de nuestras enmiendas
pueda ser transaccionada o aceptada en sus propios términos, algo que
sería de agradecer.

En cualquier caso sí me gustaría que de cara a la votación
de las enmiendas el Grupo Parlamentario Popular nos aclarase si
efectivamente se ha llegado a algún acuerdo de transaccionar con alguno
de los grupos parlamentarios, porque me ha parecido entenderle que sí,
pero quizá me equivoque. Lo pido únicamente para poder facilitar la
votación posterior de las enmiendas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señora presidenta.

Nuestra posición está claramente fijada. Solo voy a incidir
en este tema de las enmiendas transaccionales. Evidentemente no soy
consciente de haber llegado a ningún acuerdo hasta este momento, y por
tanto, no lo hay.

Asimismo me gustaría enfatizar que nuestro grupo no está
dispuesto a una práctica legislativa que creemos que no aporta nada y es
altamente perjudicial para el funcionamiento de esta Cámara, que es
proceder a transaccionales en el mismo momento que se desarrolla el
debate en el Pleno. Esta es una ley compleja que no lo permite. Además,
no estamos de acuerdo en que habiendo tenido tiempo sobradísimo,

sin ningún trámite de urgencia, se requiera nuestro apoyo a
enmiendas transaccionales sobre la marcha. Por tanto, evidentemente,
estamos abiertos a negociar y a llegar a acuerdos con el grupo
mayoritario, pero no va a ser sobre la marcha. En todo caso, tendrá que
ser en los días previos; si no, este grupo no va a dar apoyo a las
transaccionales que puedan plantearse.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, el senador Bagué tiene la palabra.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señora presidenta.

Simplemente, intervengo para no dar lugar a equívocos. En
mi anterior intervención dije que, en tanto que el Grupo Popular ha
introducido 6 enmiendas en el informe de la ponencia, entendíamos que
quedaban recogidas las 2 que nosotros habíamos presentado, números 118 y
119, por lo que nos alegramos de su incorporación. En concreto, se trata
de la extensión de obra que se puede reproducir, distribuir y comunicar
públicamente sin solicitar autorización a los titulares de derechos. Se
precisa el criterio del capítulo para el libro y del artículo para la
revista. Esta modificación tiene su justificación en que en ocasiones un
capítulo de un libro o el artículo de una revista pueden suponer el 25%,
el 50% o incluso el 100% en algún caso extremo de una publicación.
Simplemente, hacíamos referencia a esas dos enmiendas, que quedaban
circunscritas a universidades y centros de investigación. Quiero decir
que no ha habido en ningún caso transacción, sino simplemente una feliz
coincidencia —podemos decirlo así— respecto a unas enmiendas
que teníamos presentadas.

En cuanto al conjunto de la intervención que ha hecho la
portavoz del Grupo Popular, la argumentación jurídico-técnica que nos ha
expuesto coincide en buena parte con la que ya se nos avanzó desde la
Secretaría de Estado de Cultura, aun cuando discrepamos, sobre todo en
algunos aspectos. En primer lugar, nosotros entendemos que lo que tenemos
que priorizar en todo caso es la aplicación, es decir, intentar poner los
pies en el suelo a la hora de aplicar esta normativa. Por ejemplo, para
nosotros el silencio de la Administración es relevante, porque más allá
de lo que diga la ley de tramitación administrativa correspondiente,
seguro que en la aplicación de los casos concretos vamos a encontrarnos
en el día a día con problemas graves.

Respecto a sentencias o jurisprudencia, el mismo Tribunal
Constitucional, que es el que dictaminó que el Estatuto de Autonomía de
Cataluña era constitucional en los aspectos que actualmente lo hacen
vigente, es el que ampara nuestras enmiendas 127 y 128. Por lo tanto, en
el momento en que el argumento jurídico de la Secretaría de Estado de
Cultura es que no es constitucional se produce una contradicción como
mínimo interpretativa, seguro, porque, si ambas jurisprudencias son del
Tribunal Constitucional, no se entiende. Los servicios jurídicos del
Departament de Cultura de la Generalitat creo que defienden con absoluta
solvencia que quedan claramente amparadas por el Tribunal Constitucional
nuestras enmiendas 127 y 128, que son las que regulan las capacidades, la
aplicación de competencias y sanciones, y todo lo que hace referencia a
las entidades de gestión en las comunidades autónomas.

No faltan tantos días; ya tenemos el Pleno convocado, con
un orden del día fijado. Por lo tanto, no me cansaré de reclamar al Grupo
Popular y tenderle la mano para intentar llegar a acuerdos hasta ese
mismo día del Pleno.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Martín.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Solo para dar fe de la buena voluntad y mejor criterio que
tiene este Gobierno para alcanzar consensos. Me refiero a los argumentos
aquí dados para no aceptar ninguna enmienda. Vuelva usted mañana. Mañana
seguiremos estando aquí, pero, por favor, dótense de mejores criterios
para su rechazo que los que he creído escuchar, salvo que haya
interpretado mal: no aceptar una enmienda por entender que una obra
arquitectónica entra en lo plástico, me lleva a pensar si, al mismo
tiempo que me dan esa razón, me argumentan sobre qué lienzo se sustenta
El Escorial para que me pueda llevar a mi casa a Felipe II.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Martín.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Larriba.

La señora LARRIBA LEIRA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Simplemente para enmendar un error en mi exposición al
referirme a esas enmiendas transaccionales. En contestación a las
preguntas que me han hecho en este segundo turno, les diré que todavía
estamos pendientes de una respuesta definitiva, o sea, no la tenemos de
momento.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Larriba.

Señorías, pasamos entonces a la votación del informe de la
ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 17; en contra, 9.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el informe de la
ponencia.

Señorías, finalizada la votación, se proclamará que ha sido
dictaminado por la Comisión de Cultura el Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de
7 de enero, de enjuiciamiento civil.

Resta la designación del miembro de la comisión que llevará
a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado.
(Pausa).

Gracias por su confianza, señorías. Esta presidenta será la
responsable de defenderlo en el próximo Pleno.

¿No hay ruegos ni preguntas? (Pausa).

Recuerdo a los portavoces que a continuación hay reunión de
Mesa y Portavoces.

Gracias, señorías. Se levanta la sesión.

Eran las dieciocho horas y diez minutos.