Finalmente, el proyecto apuesta de forma bastante expresa
por una privatización de la seguridad marítima y mantiene la arqueología
submarina sometida al poder de decisión de la Armada. Nosotros creemos
que la Armada puede seguir teniendo un papel importante en todo lo
relacionado con la arqueología submarina, aunque también cabría buscar
alternativas en el papel que viene desarrollando, por ejemplo, la Guardia
Civil del Mar, pero pensamos que las competencias en esta materia tienen
que ser compartidas con alguna institución civil. De hecho, en el
articulado planteamos la creación de una figura al respecto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias.

Para turno en contra, tiene la palabra el señor Torres
Colomer, del Grupo Parlamentario Popular.

El señor TORRES COLOMER: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, en relación con este proyecto de ley de
navegación marítima, hay que decir que ya llevamos mucho tiempo
debatiéndolo —si mal no recuerdo, ocho o diez años y con distintos
gobiernos— y que ha sido objeto de muchos cambios. Tuvo su entrada
en el Congreso de los Diputados, donde se aceptaron algunas enmiendas y
otras fueron transaccionadas. Por lo tanto, creo que este proyecto de ley
ya tiene su trabajo hecho, por decirlo de alguna forma, y merece seguir
adelante.

Es cierto que, aparte del veto, se han presentado muchas
enmiendas, y algunas de ellas, concretamente del Grupo Parlamentario
Popular, ya han sido incorporadas al informe de la ponencia.

Creo que este proyecto cumple con todos los requisitos.
Respeta los convenios internacionales y la normativa europea. Contiene
todos los temas relacionados con la navegación marítima, desde materia de
personal hasta cómo tiene que ser el buque —como decía el senador
Iglesias, distingue lo que es la embarcación de lo que son los buques,
que son los mayores de 24 metros—. Y toca diversos temas: las casas
aseguradoras, los consignatarios, el armador, el naviero, el propietario,
las funciones del capitán, la lucha contra el medioambiente y las
competencias de cada uno. Y con respecto al caso concreto al que se ha
referido, hoy mismo el Grupo Parlamentario Popular ha emitido una
enmienda en la que se dice que la Armada es la competente en los
hallazgos arqueológicos y restos que se encuentren, siendo necesario
contar con el permiso y el informe de Patrimonio y Cultura.

Por tanto, creemos que este proyecto debe seguir adelante y
que hay que debatir en el Pleno todas las enmiendas presentadas, pero ya
anticipo que la voluntad del Grupo Parlamentario Popular es —como
se han presentado tantas, aún se están estudiando algunas— intentar
llegar a alguna transaccional o consenso sobre ellas.

Dicho esto, señor presidente, y sintiéndolo mucho, señor
Iglesias, vamos a votar en contra del veto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres
Colomer.

¿Alguien más desea hacer uso del turno en contra?
(Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Comenzamos de nuevo con el Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra, señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

No tiene sentido que reitere los argumentos manifestados;
por lo tanto, renuncio a hacer uso del turno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Denegaciones).

Tampoco hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don
Arcadio Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente. Buenos
días a todos los que participan en esta sesión.

Nuestro grupo no va a apoyar el veto, porque nos parece que
el conjunto de razonamientos expuestos por el señor Iglesias, que son
sensatos, como siempre en sus intervenciones —por cierto, se las
prepara, y se le agradece a un senador que siempre legitime el ejercicio
de su función en esta Cámara preparándose las intervenciones, por respeto
a su función, a quienes le han votado y a quienes le están
escuchando—, porque, aunque, como digo, el conjunto de sus
intervenciones son así, como la de esta mañana, y sus razones son
fundadas, esas razones pueden ser objeto de enmiendas parciales y algunos
de esos asuntos se pueden abordar.

Este texto tiene 524 artículos, y 400 de ellos estaban ya
en el texto del año 2008. Este proyecto nace con un ministro de Justicia
socialista, el canario Juan Fernando López Aguilar, continúa con Mariano
Fernández Bermejo, y después decae, volviendo a ser asumido en la
siguiente legislatura con el señor Caamaño. Y hasta el último Consejo de
Ministros que remitió el texto a las Cortes básicamente era el mismo, e
incluso se mantenía algún apartado que tendremos la oportunidad de
comentar, aunque en el último momento se suprimió como consecuencia del
pleito del Prestige y una sentencia que venía de un tribunal de Londres
en relación con las pólizas privadas, con la acción directa del
perjudicado respecto de la aseguradora.

En general, las sugerencias que plantea, siendo, repito,
sensatas, se pueden articular en enmiendas, pero no tanto por la
exposición de esta mañana, señor Iglesias, sino por el texto, que he
leído, de las enmiendas y del veto que fueron publicados en el momento
del debate en el Congreso. Hay un planteamiento con el que nosotros
discrepamos más en el fondo, que es la evaluación acerca de lo civil y lo
militar, dicho sea con todo respeto, porque pensamos que en determinadas
materias lo relevante no es que sea civil o militar sino que sea eficaz.
Estamos hablando de un asunto que a todos los españoles nos trae muchos
recuerdos; por un lado, aquello de los hilos de plastilina, que luego
fueron 76 000 toneladas de crudo; y, en el caso de los canarios, de algo
que se ha gritado en las calles canarias en los últimos días: que se
entere quien se tiene que enterar, no queremos negocio en nuestro mar,
con respecto a las prospecciones petrolíferas en aguas canarias.

Este es un asunto de especial trascendencia. Es una ley
bastante técnica; de hecho, tanto la parte sindical, los sindicatos del
mar, como la parte de las navieras, Anave, se han reunido con todos los
ponentes y han hecho un montón de sugerencias. De los 524 artículos de
este texto, 400 ya figuraban en el del Grupo Socialista, por lo que sería
incoherente por nuestra parte ir contra nuestros propios actos. Por eso,
lo que hemos hecho es presentar un conjunto de enmiendas en esta Cámara,
asumir las que planteó nuestro grupo en el Congreso de los Diputados, y
luego incorporar unas propuestas ex novo en esta Cámara —de la 376
a la 385—, sugerencias que tienen que ver con la Conferencia del
trabajo del mar. Se trata de un texto que forma parte de nuestro
ordenamiento jurídico desde agosto del año 2013 y que no solo tiene que
ver con que se contemplen perspectivas de medioambiente, de seguridad, de
inmigración, de extranjería, o incluso de pesca —de las 4 enmiendas
que presenta el Grupo Popular, hay una enmienda ex novo que tiene que ver
con esto—. Nuestras enmiendas 376 a 385 se refieren a tener en
cuenta la perspectiva laboral, lo que no solo tiene que ver con el asunto
de los polizones, la inspección de buques extranjeros, la clasificación
del personal a bordo, o la nacionalidad de las dotaciones, sino en
general con incorporar lo que ya es ordenamiento jurídico vigente en
España, es decir, un tratado internacional. Y vuelvo a precisarlo: no es
una ley más, sino un tratado internacional. En el debate entre los
constitucionalistas incluso se discute el orden jerárquico del respeto a
los tratados, porque en el supuesto de una contradicción entre un tratado
internacional y la Constitución, no es que se deba modificar el tratado
internacional, sino que lo que se tiene que modificar es la Constitución
si es contradictoria con un tratado internacional. Me permito este
pequeño recordatorio para subrayarles la relevancia del respeto a los
tratados internacionales, algo que debemos tener siempre en cuenta en el
momento de la redacción de las leyes que hacemos. A veces no basta con
una remisión genérica a los tratados, sino que hay que integrarlos de
manera específica, y en este caso nuestras enmiendas tienen que ver con
la necesidad de incluir la perspectiva laboral a la hora de que sean
respetados en el ámbito de la navegación marítima.

Este es el conjunto de las razones por las cuales le
decimos al señor Iglesias que no podemos apoyar su veto. Sus argumentos,
insisto, nos parecen sensatos, aunque discrepemos respecto de esta
disyuntiva entre lo civil y lo militar, que en nuestra opinión no es
correcta en este tiempo, pues lo relevante es que sea eficaz. Y, en el
caso de la Armada, esta cuenta con todo nuestro cariño y todo nuestro
respeto y agradecimiento por la inmensa labor que ha llevado a cabo a lo
largo de los últimos treinta y seis años.

Por esa razón, nos vamos a abstener, señor presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Torres Colomer.

El señor TORRES COLOMER: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervendré muy brevemente, porque creo que casi todo está
dicho. Yo no quiero entrar en temas de hilillos de fuel o de petróleo,
aparte de que no quiero recordar la tragedia del Prestige, la cual viví
personalmente y contra la que luché con todas las Fuerzas y personas
voluntarias que ayudaron a solucionarla lo antes posible. No quiero
entrar en eso, porque, como se ha dicho aquí, lo importante es que las
cosas funcionen y que se tomen medidas para que si vuelve a ocurrir otra
tragedia similar se resuelva lo antes posible. Y creo que este proyecto
de ley contempla todas estas cuestiones, como se ha mencionado aquí.

Al señor Iglesias, que tiene esa inquietud, quizá esté
pensando en el régimen anterior, en el gobierno anterior, y me refiero al
de la dictadura, cuando era la Armada la que llevaba todas las
competencias marítimas. Es cierto que al venir la democracia se formaron
las capitanías marítimas, ya civiles, dependientes del Ministerio de
Fomento o del ministerio correspondiente y de la Dirección General de la
Marina Mercante, que son las que llevan el despacho de buques y todos los
permisos adecuados.

Pero hay que recordar, y estoy de acuerdo en que las
capitanías marítimas son competentes en muchos temas y que a lo mejor la
Armada en este momento no debería llevarlos —con todos mis respetos
y mi cariño, por supuesto, para la Armada—, que hay un real decreto
legislativo, creo que del 5 de septiembre de 2011, en el que, entre otras
cosas, se dice que tanto el Ministerio de Fomento como la Armada
estudiarán en breve el reparto de las competencias que corresponden a
cada uno. Por tanto, a partir de ese real decreto legislativo, que tiene
rango de ley, en un futuro, creo que breve, tanto la autoridad marítima
como la Armada tendrán definidas sus competencias. Por consiguiente,
insisto y ofrezco mi voluntad de transaccionar y de llegar al acuerdo en
algunas enmiendas, y mejorar este proyecto de ley de navegación marítima,
como se ha venido mejorando hasta ahora con la aportación de todos los
grupos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres
Colomer.

Una vez finalizadas las intervenciones, vamos a proceder a
votar el veto que se ha debatido.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 15; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Finalizado este debate y la votación de la propuesta de
veto, pasamos a la defensa de las enmiendas.

Enmiendas números 1 a 50, presentadas conjuntamente por los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo
Parlamentario Mixto.

Señor Iglesias, tiene usted la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré de forma sintética, destacando exclusivamente
las que me parecen más significativas y dándolas por defendidas en su
conjunto. He de señalar que un bloque de estas enmiendas, como avanzaba
el portavoz del Grupo Socialista en su intervención, tiene como
finalidad, al igual que las que él anunciaba, reflejar el reconocimiento
de los derechos de los trabajadores del mar en este proyecto de ley. Hay
un incumplimiento —por eso enmendamos desde el preámbulo—, en
primer lugar, del Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, de la
Organización Internacional del Trabajo.

Otro bloque de enmiendas buscar reforzar la defensa del
medioambiente. Por ello, enmendamos introduciendo la exigencia de dar
cumplimiento, en el caso del transporte de mercancías peligrosas, a un
conjunto de códigos internacionales que existen al respecto y de los que
España forma parte.

Mediante otra enmienda introducimos la posibilidad de
control de riesgos medioambientales en la navegación por la zona
contigua. Igualmente, con nuestras enmiendas pretendemos incorporar al
proyecto la normativa en materia de planes nacionales de contingencia y
las exigencias del convenio internacional por excelencia en materia de
protección frente a la contaminación, el Marpol. De hecho, con nuestras
enmiendas pretendemos crear dentro del proyecto un capítulo específico,
el capítulo VII, de lucha contra la contaminación.

También enmendamos para delimitar las materias
competenciales dentro de la Administración del Estado. Queremos sustituir
la referencia a las aguas interiores por otra sobre el mar territorial al
abrir la posibilidad de ordenar el alejamiento de buques que transporten
sustancias radiactivas por los riesgos

evidentes que ello conlleva. Regulamos las consecuencias
del incumplimiento de las normas de despacho, estableciendo la
posibilidad de ordenar el regreso del buque al puerto del que salió o su
atraque en el puerto más próximo. Enmendamos para introducir una
exigencia del mantenimiento de dotaciones de seguridad en los buques
atracados. Enmendamos para clarificar el marco competencial en materia de
seguridad marítima y de prevención de la contaminación. Establecemos
previsiones ante la posibilidad de que se produzcan naufragios
potenciales, definiendo una opción de intervención. Creamos un precepto
para regular el desguace de buques. Introducimos un nuevo capítulo, el
capítulo VIII, sobre la búsqueda y salvamento de vidas en el mar. Con
estas introducciones de los capítulos VII y VIII reflejamos en las
enmiendas parciales lo que era uno de los argumentos más destacados del
veto.

En materia de personal, queremos que se refleje la
clasificación del personal a bordo, tal como en estos momentos existe. En
relación con la posibilidad de cese del capitán, el proyecto prevé que,
como personal de confianza, se aplique la normativa de tal personal.
Introducimos una enmienda para que se refleje la jurisprudencia sobre las
consecuencias del cese, jurisprudencia consolidada al respecto.

Finalmente, en lo relativo a la arqueología submarina y sin
mostrar ningún tipo de animadversión hacia el papel de la Armada en esta
materia y en otras muchas, entendemos que sus competencias tienen que ser
compartidas, como anunciaba en la defensa del veto, con un órgano de
carácter civil y por ello planteamos la creación de un centro estatal de
actividades submarinas que en esta materia de arqueología submarina
comparta competencias con la Armada.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias
Fernández.

Enmiendas 244 a 275, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado.

Tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días. Muchas gracias,
señor presidente.

En primer lugar, quiero visualizar que este texto es muy
complejo, muy técnico y que se evidencia que hay un gran trabajo detrás
de todo este texto. Una vez dicho esto, tengo que señalar que hemos
presentado 32 enmiendas, 19 más que en el Congreso de los Diputados, a
este texto difícil y, a su vez, necesario e interesante.

Voy a englobar las enmiendas que hemos presentado en dos
bloques: el primero de ellos estaría relacionado con nuestro ámbito
competencial o, dicho de otra manera, con los ajustes a los
requerimientos de lo que nosotros llamamos bloque de constitucionalidad.
La mayor parte de estas enmiendas son sencillas y lo único que hacen es
intentar aclarar, sumar algún concepto, siempre, como decía, entendiendo
que sea más clarificador respecto a lo que es el ámbito competencial. En
ese sentido y a modo de ejemplo, está la enmienda 244, que añade, in
fine, lo siguiente: »...sin perjuicio de las competencias que se
atribuyan a las Comunidades Autónomas.» En ese sentido, hemos presentado
una serie de enmiendas como son las 244, 245, 248, 249, que no tienen
mayor dificultad. En la enmienda 255 hablamos del registro autonómico
porque el proyecto de ley única y exclusivamente habla de un registro.
Nosotros pensamos que también hay que considerar los registros
autonómicos.

La enmienda 260 hace referencia al artículo 11 del Estatuto
de Autonomía del País Vasco, en el que el medioambiente y la ecología son
ámbitos de competencia de la comunidad autónoma y, en ese sentido,
entendemos que sería bueno clarificarlo. Lo mismo ocurre con la emisión
de los títulos en materia de educación con la enmienda 262, por la que
pretendemos modificar el artículo 166 del proyecto. Otro asunto
importante es al que se refiere la enmienda 263, al artículo 179,
respecto a la existencia de derecho civil en su globalidad, pero en este
caso y en este artículo en concreto en materia sucesoria en diversas
comunidades autónomas. En nuestra opinión, consideramos relevante atender
esa referencia. La enmienda 273 está relacionada con el artículo 12.8 del
Estatuto de Autonomía del País Vasco y pretendemos la introducción de una
nueva disposición adicional cuyo texto es el siguiente: «Cuando el Estado
no se reserve la gestión directa de los puertos con calificación de
interés general se entenderá por administración marítima las de las CCAA
con competencia en la materia.». Esto es lo que establece el precepto
constitucional. En la enmienda 274 hacemos una nueva referencia a lo que
es el derecho civil en algunas comunidades autónomas.

A partir de aquí, pasaría a referirme a unas enmiendas no
relacionadas con lo competencial, sino que vamos a llamarlas técnicas,
cuya incorporación puede mejorar la literalidad del texto. En ese
sentido, está, por ejemplo, la enmienda 247, en la que sugerimos
reemplazar la expresión «Jurisdicción» sobre buques extranjeros para no
confundir con competencia judicial internacional. También pensamos que es
positivo aludir a los tres bloques normativos, como son las normas
internas, las comunitarias y convencionales.

La enmienda 250 se refiere a la lucha contra la
contaminación y sus consecuencias. Consideramos importante introducir el
concepto de cambio climático así como subrayar las consecuencias que se
derivan de toda esta contaminación.

Con las enmiendas 253 y 254 intentamos mejorar los
conceptos de buque y un pequeño concepto accesorio. No tiene más
relevancia que lo que he comentado, y es el intento de perfeccionar el
texto. La enmienda 258 se refiere al coste de las inspecciones,
entendiendo que es bueno concretar este punto. El proyecto de ley
establece que las inspecciones de buques o embarcaciones, cualquiera que
sea su naturaleza y finalidad, se efectuarán con cargo al armador, salvo
que resulten injustificadas, entendiendo que esa injustificación necesita
de una resolución fundada o algo que acredite dicha falta de
justificación.

En cuanto a la enmienda 261 entendemos que el propio ámbito
subjetivo de la Ley de prevención de riesgos laborales prevé su
aplicabilidad en el aspecto marítimo, por lo que proponemos la adición de
un apartado nuevo al artículo 161 del proyecto de ley.

En la enmienda 264 hacemos una referencia al Código
Internacional de Gestión de la Seguridad.

La enmienda 265 se refiere a que el régimen del contrato de
transporte marítimo internacional, efectivamente, se rige por el convenio
señalado en nuestra enmienda, sin embargo, el contrato de transporte
marítimo nacional a su vez se rige por otro ámbito, por la nueva Ley de
navegación marítima, por lo que consideramos que hay una confusión en el
artículo 277.2 y proponemos la supresión de «nacional».

Siendo coherente con la última enmienda explicada, respecto
a la 266 consideramos que en el artículo 282 habría que concretar las
cifras establecidas a abonar, que ya están definidas en el artículo 334,
a las que hacemos referencia.

La enmienda número 270 propone la supresión del artículo
391, entendiendo que no es bueno particularizar solo la referencia a la
responsabilidad civil por daños por contaminación, y que consideramos
extensible al resto de ámbitos materiales en los que existan convenios
ratificados por España. Por ello, repito, como solución, proponemos la
supresión del artículo 391.

En cuanto al resto de enmiendas las doy por defendidas.
Entiendo que no es fácil para el grupo mayoritario un pronunciamiento
claro sobre todas ellas en estos momentos, sabiendo que el plazo para su
presentación finalizó ayer. Pero, como todavía hay tiempo, hasta el día
25 de junio, en el próximo Pleno, le pediría al grupo mayoritario que
este proyecto saliera de la reflexión de todos los grupos, que se
atendiera a las preocupaciones y a los intereses de los diversos grupos y
que, entre todos, logremos la elaboración de un mejor texto, complicado
texto, y por ello la aportación de los diferentes grupos siempre va a
sumar más. En este sentido, pido generosidad y atención por parte del
grupo mayoritario y que en tanto en cuanto tengamos tiempo, es decir,
hasta que se produzca la votación en el próximo Pleno, podamos ir
pactando, transando y hablando para atender, como he dicho, a la
preocupación que todos los grupos presentes tenemos con respecto a este
proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bildarratz.

Para la defensa de las enmiendas 79 a 239, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el
senador Saura Laporta.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Para la defensa de las enmiendas 51 a 78, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra
la senadora doña Eva Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente.

De las 27 enmiendas que mi grupo parlamentario ha
presentado, solo voy a destacar unas cuantas, y respecto a las que no
mencione las daré por defendidas de cara al próximo Pleno.

Me gustaría destacar las enmiendas 60 y 61, en las que
pretendemos establecer que el contrato de arrendamiento de buque deba
constar en escritura pública; ambas persiguen una mayor seguridad
jurídica, especialmente en cuanto a la oponibilidad del acto o contrato
ante terceros de buena fe.

La enmienda 77 es otra de las que quiero destacar en
atención a que, a fecha de hoy, el anteproyecto de ley de jurisdicción
voluntaria todavía no ha sido aprobado como ley, razón por la que con
dicha enmienda pretendemos regular el procedimiento de subasta notarial
de forma transitoria hasta que se apruebe definitivamente la ley de
jurisdicción voluntaria, en cuyo caso este artículo quedaría en
desuso.

En cuanto a las enmiendas 70 a 75, no voy a entrar a
detallarlas, son enmiendas que pretenden preservar las competencias de
las comunidades autónomas en la materia, competencias reconocidas en el
Estatut de Autonomía y que el Tribunal Constitucional, en la revisión del
Estatut llevada a cabo en su día, no declaró inconstitucionales; es
evidente que Cataluña, como otras muchas comunidades autónomas, mantiene
competencias en la materia y simplemente pretendemos reforzar y proteger
dichas competencias.

La enmienda 55 establece que la inscripción de las
embarcaciones y buques destinados a la navegación de recreo o deportiva
en el registro de bienes muebles sea potestativa porque entendemos que,
de no ser así, lo que hará mucha gente será abanderar en registros
europeos y, por ello, intentamos proteger nuestro propio registro.

La última enmienda que voy a mencionar es la 58, que
pretende establecer que para que la hipoteca naval quede válidamente
constituida esta deba ser otorgada en documento público, el cual se
inscribirá en el registro de bienes muebles. Básicamente, esta enmienda
viene a recoger la realidad de la práctica habitual hoy en día, porque
entendemos que cualquier norma debe incorporar en su articulado o en su
redactado el modo en que los operadores en el ámbito del mercado están
actuando y se comportan, y es evidente que, a fecha de hoy, la concesión
de crédito con garantía hipotecaria se viene realizando en un documento
público, fundamentalmente en aras de una mayor seguridad jurídica y
eficacia del crédito, y asimismo las entidades financieras están
exigiendo esto como condición para la concesión de la financiación
solicitada. Por tanto, con esta enmienda pretendemos únicamente reflejar
la realidad de lo que está sucediendo.

Reitero que el resto de enmiendas que no he mencionado de
manera específica aquí las doy por defendidas de cara al próximo
Pleno.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Parera
Escrichs.

Para la defensa de las enmiendas 276 a 385, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

Doy por reproducida la argumentación y los análisis
efectuados por mi compañero José Segura Clavell en el Congreso de los
Diputados. He dicho antes que se nota que el señor Iglesias se ha
preparado sus intervenciones, y qué no decir de don José Segura Clavell,
que en esa materia ha sido extremadamente minucioso y convincente a la
hora de razonar todas sus propuestas y todas sus enmiendas.

Hay tres bloques de enmiendas, que se debatieron en el
Congreso: el primero pretende homogeneizar el ordenamiento jurídico
español con el derecho marítimo internacional; el segundo bloque,
proporcionar seguridad jurídica al tráfico y a sus instrumentos; y el
tercer bloque, reflejar la realidad práctica actual del transporte
marítimo.

Este es un texto que tiene la solvencia intelectual y
profesional de un catedrático de Derecho Mercantil, un clásico del
derecho en España como es don Aurelio Menéndez Menéndez, que presidía la
Comisión General de Codificación en esta materia, insisto, es de largo
recorrido, y un texto sustancialmente adecuado, por usar la misma
expresión que utiliza mi compañero, José Segura Clavell, en el Congreso
de los Diputados.

Si me permiten, dando por reproducidos sus razonamientos y
el análisis del conjunto de las 110 enmiendas que presentamos hoy, de la
276 a la 385, voy a comentar lo planteado ex novo en esta Cámara por el
Grupo Socialista. Quiero llamarles la atención sobre la 385
—posteriormente me referiré a la 376—, que propone la
incorporación de la disposición final undécima bis, y, para los que no
estén situados en el debate, les recuerdo que la disposición adicional
undécima se refiere a las competencias, en particular sobre la alta mar,
la Guardia Civil, la Armada. Este es un debate en el que hay una novedad,
porque, tras un acuerdo transaccional que se había adoptado en el
Congreso de los Diputados por varios grupos, en el Senado en una de las
cuatro enmiendas el Grupo Popular plantea unas modificaciones de ese
acuerdo pactado entre los grupos y da marcha atrás y se adscribe a la
tesis inicial del Gobierno. Eso merecerá un análisis en el turno de
portavoces, pero ahora lo que toca, lo que es pertinente a esta
intervención es manifestar por qué nosotros planteamos aquel conjunto de
enmiendas, respecto de las que doy por reproducidas las argumentaciones,
y de manera detallada las relativas a las enmiendas 276 a 385.

Fíjense ustedes en que esta disposición final undécima bis
—para situarles en el debate a los que no son ponentes— lo
que viene a plantear es que España haga sus deberes en el ámbito del
Convenio sobre el Trabajo Marítimo. Es un texto que se aprobó el 20 de
agosto de 2012, ha habido un año de vacatio para facilitar la adaptación
del ordenamiento jurídico y ya está en vigor como parte del ordenamiento
jurídico interno desde el día 20 de agosto del año 2013; es un texto que
popularmente se conoce por la patronal y los sindicatos como la Carta de
Derechos de los Marineros y es un texto que regula las condiciones de
trabajo de todos los que prestan servicio, en general, en los buques, en
las embarcaciones, sea cual fuere su denominación, o en las plataformas
fijas, según las dimensiones que tenga, como está previsto en los
primeros artículos de este texto de proyecto de ley de navegación
marítima.

¿Qué es lo que se plantea aquí? De igual manera que ya se
anuncia que tiene que haber un respeto, según enmienda presentada aquí a
la legislación pesquera y según ya se ha acordado en el Congreso respecto
a lo que tenga que ver con la inmigración, la extranjería, las
condiciones medioambientales y de seguridad, se pretende que también se
tenga en cuenta lo laboral, como una perspectiva más de análisis. Porque
caben dos posibilidades: o simplemente decir que se respete todo lo que
es legal, sin citar de manera concreta cada uno de los ámbitos, o, si se
cita cada uno de ellos, también se tendrá que incluir el laboral. Por
tanto, el legislador puede optar por cualquiera de las dos fórmulas, y
las dos son válidas: o bien una referencia general al principio de
legalidad, es decir, a los tratados internacionales vigentes, o, por el
contrario, si se citan perspectivas concretas, también habría de
incluirse esta, porque no es menor que ninguna de las otras citadas; es
tan relevante como la pesquera, la de inmigración, extranjería,
medioambiente, seguridad, etcétera. Esta es la enmienda 385, en la que se
plantea también un plazo de seis meses, porque el de tres años parece
desproporcionado cuando ha habido este lapsus de tiempo desde el 20 de
agosto de 2012 al 20 de agosto de 2013 y está plenamente en vigor desde
la fecha ya indicada.

¿Qué hacen el resto de las enmiendas de este bloque ex novo
que se incorpora en esta Cámara, desde —digamos— la 376 a la
385, excluyendo esta última?

En la enmienda 376 se precisa la necesidad de incorporar el
certificado de trabajo marítimo y la declaración laboral marítima junto a
lo ya previsto: el certificado de matrícula, la patente de navegación, el
rol de despacho y dotación, el diario de navegación, el cuaderno de
máquinas y, en su caso, el cuaderno de bitácora y los certificados de
seguros. Digamos que siempre hay que tener en cuenta todos los
certificados y documentos relativos a la seguridad de la navegación, a
las condiciones laborales de a bordo, a la lucha contra la contaminación
marina, a la sanidad exterior, al régimen aduanero y otros que procedan
de acuerdo con la legislación nacional y los convenios internacionales en
que España sea parte. ¿Por qué razón? Porque esta es una perspectiva que
también hay que tener en cuenta en este ámbito.

En la enmienda 377 se hace una referencia específica a la
Norma A2.1.4 del Convenio de 2006 en lo que tiene que ver con el rol de
despacho y dotación.

La enmienda 378 es relativa al cambio temporal de pabellón,
según la Norma A5.2.1, apartado c) de dicho Convenio sobre el Trabajo
Marítimo, del año 2006.

La enmienda 379 regula la paralización del buque, de
acuerdo con lo previsto en este Convenio de 2006.

La enmienda 380 se refiere al artículo 104 en lo que tiene
que ver con la inspección de los buques extranjeros.

El artículo 105 se refiere a la detención de tales buques
extranjeros, en coherencia con el artículo anterior y el artículo 106
tiene que ver con las sociedades de clasificación, en adaptación a este
Convenio internacional sobre el Trabajo Marítimo.

La enmienda 383 tiene que ver con el artículo 145, concepto
de armador y concepto de naviero. Si alguno de ustedes —me refiero
a los no ponentes— tiene la curiosidad de leer este texto,
comprobará que desde el preámbulo está muy bien redactado, en un
castellano claro. Quizás haya alguna expresión que se pudiera haber
planteado de otra manera, porque se abusa mucho de la forma terminada en
mente, como patentemente, etcétera, cuando podrían usarse otras
expresiones, como: de manera manifiesta, de manera notoria; es decir, el
castellano es bastante rico como para no usar tantas veces esta forma,
aunque es una cuestión de estilo. Pero, en general, el preámbulo está
bien redactado. Y en él solo hacemos la sugerencia de tener en cuenta lo
laboral. Al comienzo, se trata de formulaciones teóricas sobre categorías
y, poco a poco, en lo que es una formulación general, va descendiendo a
categorías específicas, a instituciones jurídicas en el ámbito de la
hipoteca naval, en el ámbito de los seguros, en el

ámbito de las indemnizaciones. Incluso a veces regula
algunas instituciones jurídicas de manera bastante minuciosa, y es
complicado hacerlo así. Si algunas materias se encontrasen en sede
reglamentaria resultaría más fácil modificarlas que si se encuentran en
el ámbito de una ley, que tiene una vocación más general y más abstracta;
pero a veces es así. No obstante, en el caso de los conceptos de armador
y naviero, me parece que esas categorías que va precisando son adecuadas
y se ajustan a la realidad del tráfico jurídico—marítimo y a las
demás categorías que se van planteando: quién tiene la posesión, quién lo
explota aun no teniendo la posesión, etcétera. Me parece que la
pretensión es la de lograr una mayor claridad y seguridad jurídica,
siempre teniendo en cuenta —insisto— este Convenio sobre el
Trabajo Marítimo, que —dicho sea con todos los respetos— no
ha sido tenido en cuenta en el momento de la redacción.

La enmienda 384 alude al artículo 156, sobre el concepto de
dotación, para aumentar la seguridad jurídica, en referencia también a
toda la doctrina que emana de la Organización Internacional del
Trabajo.

Finalmente, la enmienda 385 es la que antes les explicaba,
que es la sugerencia de una disposición final undécima bis, que recoge la
formulación para no seguir planteando ya en detalle lo que tiene que ver
con el ámbito laboral. Aquí se hace una referencia genérica, porque se
trata de una perspectiva de análisis que viene a ser como unas gafas que
también hay que ponerse. Cuando hablamos del tráfico marítimo, cuando
hablamos del mar, uno ha de ponerse las gafas para seguridad, las gafas
para contaminación, para medio-ambiente, para inmigración, para
extranjería… y también tiene que tener en cuenta las gafas
laborales. ¿Por qué? Porque son unas gafas más para tener una visión
integral de todo lo que tenga que ver con el mar y el tráfico marítimo,
la seguridad, las condiciones jurídicas que regulan las relaciones entre
todos los que participan, todos los operadores: los trabajadores, los
navieros y los armadores. De ahí que, en lugar de plantear el detalle, se
hacen referencias generales, y el detalle lo remitimos ya al texto que se
traiga aquí tras un plazo razonable de elaboración.

Este es el conjunto de nuestras razones en torno a este
bloque de enmiendas que va de la 376 a a la 385, dando por reproducidas
las argumentaciones ya expuestas por mi compañero José Segura Clavell en
las sesiones de ponencia, comisión y Pleno en el Congreso de los
Diputados.

Nada más, señor presidente, y muchas gracias por haberme
dado la palabra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz
Tejera.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo exclusivamente para animar también a buscar
puntos de encuentro entre el grupo mayoritario y el resto de los grupos
de la oposición en relación con algunas de las enmiendas que, por lo que
los distintos portavoces han expresado, en determinadas materias resultan
bastante similares y responden, por tanto, no a posicionamientos
ideológicos o estrictamente políticos, sino a la apuesta clara por
establecer una regulación más acorde con las necesidades reales de la
actividad de la navegación en el momento en que nos encontramos. Si el
grupo mayoritario tiene voluntad de diálogo, creo que el resto de los
grupos en sus manifestaciones han tendido la mano claramente para abrir
un marco de negociación de aquí a la celebración del Pleno y yo, por
supuesto, me sumo a tal invitación.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Iglesias.

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya? (Denegaciones).

En nombre de Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió, tiene la palabra la señora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente.

Seré muy breve.

Simplemente, quisiera hacer una pequeña o gran crítica a
cómo estamos tramitando este proyecto de ley. Creo que estamos
actualizando o haciendo una nueva regulación, porque no se había
modificado desde el año 1885, es decir, estamos hablando de otro siglo, y
creo que es suficientemente importante, en primer lugar, como para que
nos lo tomemos con calma y reflexión, puesto que es un proyecto muy muy
técnico, creo que muchísimo más técnico que político. Y también creo que
es necesario un mayor

consenso y un mayor diálogo. Estamos hablando de alrededor
de 400 enmiendas, cuya presentación tuvo como día final el lunes y que,
por tanto, conocimos ayer. Dudo de que ninguno de los portavoces aquí
presentes y tampoco el ministerio hayan tenido tiempo de analizar en
profundidad estas 400 enmiendas para hacer una valoración sobre cuáles
son aceptables, cuáles no lo son, cuáles se pueden transaccionar y cuáles
se pueden incluir en el texto.

Una vez más, estamos demostrando tener mucha prisa a la
hora de legislar; no se había hecho sobre esta materia desde el siglo
XIX, y ahora lo hacemos todo en veinticuatro horas. Dado que la
tramitación en Pleno de este proyecto de ley se va a retrasar una semana
y que, por tanto, vamos a disponer de muchos más días, rogaría
especialmente al Gobierno y al ministerio que analicen con calma todas
las enmiendas propuestas —insisto en que no se trata de contenidos
políticos sino técnicos, y estoy segura de que las aportaciones de todos
van a mejorar el texto— para poder llegar a un mayor consenso.

A la espera de ver lo que va a suceder de cara al Pleno,
ahora mismo me es imposible manifestar la posición de nuestro voto puesto
que desconocemos cuál será la postura del Gobierno en relación con las
enmiendas que hemos presentado. Por tanto, les adelanto que en comisión
nuestro grupo se va a abstener en la votación de este proyecto de
ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

En el turno anterior tenía que defender 110 enmiendas, y en
particular he precisado la defensa de la 376 y especialmente de la 385.
Pero este es ya un turno como portavoz del grupo, y me voy a permitir
hacer algunas consideraciones generales sobre el texto y las enmiendas
planteadas.

En opinión del Grupo Socialista este es un texto
sustancialmente adecuado, y es la segunda vez que lo digo. Es la
expresión que utilizó mi compañero, don José Segura Clavell, en el
Congreso de los Diputados, y creo que es una expresión exacta,
correcta.

De los 524 artículos, 400 provienen del proyecto del Grupo
Socialista, y no digo esto en demérito del Gobierno, sino que, muy al
contrario, aplaudo que se aproveche un trabajo que ha hecho un conjunto
de expertos, y vuelvo a citar al clásico entre los clásicos en el ámbito
mercantil: don Aurelio Menéndez Menéndez. Repito que me parece muy bien
que se aproveche ese trabajo.

Me preocupa que algunos apartados que estaban en el texto
anterior se hayan suprimido, y en ese sentido me permito hacer algunas
consideraciones. Así, no entiendo —me refiero a las 4 enmiendas que
presenta el Grupo Popular en este trámite— la elusión de algún
control administrativo con respecto a las embarcaciones de recreo. ¿Por
qué razón? Porque comparto que no haya controles administrativos
inútiles; lo que es inútil no sirve para nada, y si no sirve para nada
tampoco sirve para la Administración pública. Pero se trata de un control
administrativo respecto de los registros, y lo que tiene que ver con
ellos siempre da seguridad jurídica; a todos: al titular, al propietario,
al poseedor, al que lo pueda explotar, al que lo pueda usar… Da
seguridad jurídica en el tráfico marítimo, en las averías que se puedan
dar, en los accidentes que se puedan producir, en la contaminación que se
pueda generar. Es decir, el control que supone el registro no es algo
baladí ni superficial ni frívolo, sino que es un mínimo control que me
parece correcto.

En relación con la disposición undécima, en lo que tiene
que ver con la competencia en alta mar, entiendo el razonamiento porque
los tratados internacionales dan cobertura a la Armada para que sea la
competente al respecto, pero, ciertamente, se pactó un acuerdo, no en el
texto inicial, sino durante la tramitación en ponencia y luego en
comisión. Con esto no estoy estimulando que el ponente del Grupo Popular
se enzarce conmigo en un debate partidario, porque este es un texto
fundamentalmente técnico, pero no entiendo bien el cambio de criterio,
porque del Gobierno llegó un texto con un criterio competencial, en la
tramitación en ponencia y en comisión se llegó a un pacto —es
decir, que la palabra ha servido para llegar a un acuerdo superador de lo
anterior—, y ahora se da una especie de salto atrás en el túnel del
tiempo y se vuelve a retrotraer al proyecto inicial. No estoy haciendo un
debate jurídico, porque si fuera así tendríamos que hablar de los
tratados internacionales y de cómo se contemplan, pero este no es el
momento en el que se plantea el debate sobre la relevancia en nuestro
orden jerárquico normativo de los tratados internacionales. Lo que quiero
saber son las razones por las que en algo que se había acordado entre
todos de pronto se da marcha atrás, porque los tratados internacionales
son los mismos ahora que a lo largo de las últimas semanas, cuando se
discutió en ponencia y comisión. Esto, por lo que se refiere a esos
apartados.

Por otro lado, no ya en términos de evaluación negativa,
porque vuelvo a insistir en que siento todo el cariño del mundo y
admiración por la Armada española, y desde el punto de vista jurídico y
de los tratados internacionales me parece que es correcta la posición de
que esa competencia los tratados internacionales se la den a la Armada,
pero, como se había llegado a un acuerdo en la Cámara preeminente, que es
el Congreso de los Diputados, no entiendo este baile de la yenka, este
zigzag, o como lo quieran ustedes plantear.

Y en términos positivos, defendiendo las posiciones de
nuestro grupo, subrayo las 110 enmiendas, sobre todo las números 376 a
385, y en particular esta última en lo que tiene que ver con la
disposición adicional undécima bis. ¿Por qué razón? Intento persuadir a
los ponentes del Grupo Popular de la necesidad de tener en cuenta lo
laboral en este ámbito. Y se dan situaciones muy diversas. Por ejemplo,
en materia de polizones, puede ocurrir que en un barco español que esté
en Nigeria entre un grupo de polizones, algo que no hayan tenido en
cuenta ni el capitán ni la tripulación, y que esos polizones estén ahí a
lo largo de meses, y que cuando llegue a un puerto español y se plantee
la entrega de esos polizones la autoridad se niegue a recogerlos y
obligue a ese capitán español a que se haga de nuevo a la mar, y que,
meses más tarde, cuando vuelva a recalar en el puerto en el que entraron
los polizones, los entregue. Esa es una situación en la que de alguna
manera se hace recaer todo el peso y la responsabilidad sobre el capitán
y la tripulación porque no cumplieron, digamos, con sus tareas de
vigilancia adecuada de ese bien mueble de relevante significación
económica, que es como la norma califica al buque. Eso hay que regularlo
para que la autoridad administrativa asuma la responsabilidad sobre los
seres humanos que se pongan a su disposición, y luego que se plantee la
entrega a su país de origen, siempre respetando la dignidad de todo
miembro de la especie humana. Por ello, repito, hay que regular todo lo
relativo a los polizones.

Y también, como antes comentaba en ponencia, se modifica lo
que tiene que ver con la clasificación del personal a bordo. Dentro del
concepto genérico de maestranza hay varios oficios: el de los
contramaestres, los de las calderetas, los mayordomos y los
electricistas, y no se entiende bien por qué desaparece.

Y luego está lo relativo a la nacionalidad de las
dotaciones y a ese 50% de personas de terceros países.

Nuestras propuestas incluidas en las enmiendas 376 a 385
son absolutamente razonables y no responden a una ideología distinta a la
del respeto a algo que se ha conquistado entre patronal
—naviera—, sindicatos de trabajadores del mar y los
gobiernos, porque estas 3 partes estaban representadas en la discusión
durante seis años en la conferencia marítima internacional. España estuvo
representada por un inspector de trabajo, que fue diputado y senador del
Grupo Socialista y miembro de las dos direcciones, del Congreso y del
Senado, don Francisco Arnau —y reitero su condición de inspector de
trabajo—, que nos ha informado de primera mano, así como algunos
integrantes de la delegación de Comisiones Obreras, que trabajaron con
este ponente, y los miembros de Anave, la Asociación de Navieros
Españoles, que nos explicaron toda las gestiones de configuración de la
Conferencia de trabajadores del mar, que generó el Convenio sobre el
Trabajo Marítimo de 2006, conocido como Carta de Derechos de los
Marineros.

Nos parece que nuestras enmiendas son bastante razonables,
bastante sensatas, que incorporan garantías jurídicas, y creo que eso es
bueno en general para los buques y la navegación marítima en el margen de
responsabilidad que tiene nuestro país.

Gracias de nuevo, presidente, por haberme dado la
palabra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Torres
Colomer tiene la palabra.

El señor TORRES COLOMER: Muchas gracias, señor
presidente.

Voy a usar este breve turno de portavoces para contestar de
alguna forma a las inquietudes de todos los grupos parlamentarios y de
sus portavoces correspondientes.

Aquí cada uno defiende las enmiendas desde su forma de ver
este proyecto de ley de navegación marítima Algunos, por supuesto, con
todo su derecho, defienden las competencias de cada comunidad autónoma,
pero creo que este proyecto de ley respeta las competencias de las
comunidades; lo único que hace es legislar las competencias del Estado y,
sobre todo, el interés general del Estado. Por lo tanto, creo que es un
buen proyecto de ley, que no invade competencias, y cada uno tiene su
punto de vista respecto de algún artículo. Evidentemente, espero que
lleguemos, como se ha dicho, a algún consenso o enmienda transaccional en
el debate en el Pleno, y en esa línea estamos.

Contestando a la senadora de Convergència i Unió sobre la
enmienda que habla del registro de embarcaciones de recreo, quiero
decirle que una de las enmiendas que presentamos y que ha sido aceptada
hoy en el debate de ponencia va en ese sentido, o sea que será
potestativo, opcional, el registro de las embarcaciones deportivas,
porque creemos que es una traba, una carga que se impone, y si quedara
como está estaríamos influenciando en un sector que entiendo que, aparte
de recreo, es deportivo y social, por lo que influiría también en
pequeños astilleros que ya lo están pasando mal en este momento y que lo
pasarían peor.

Y en este punto también tranquilizo al senador del Grupo
Parlamentario Socialista, porque, aparte de que la inscripción sea
potestativa, si hay arrendamientos financieros o reservas de dominio, los
que exijan derechos de garantía tendrán que registrarlo para poder
responder por todo lo que ellos quieren cubrir sobre el barco.

Al senador del Grupo Parlamentario Socialista también
quiero hablarle sobre la eliminación de esa disposición adicional
undécima, que extendía la competencia de la Guardia Civil a todos los
espacios marítimos, con todo mi cariño y mi respeto a la Guardia Civil y
a la labor que están haciendo por tierra y por mar, en todas partes.
Estaríamos alterando un régimen competencial, un régimen competencial
reconocido por diversas leyes orgánicas, tanto del Ministerio de Defensa
como del Ministerio del Interior, e invadiríamos competencias
concretamente del Ministerio de Defensa. De todas formas, resulta
contrario al ámbito territorial de la Guardia Civil, que ya está
delimitado.

Termino, señor presidente, dando las gracias a todas las
personas que han trabajado hasta el momento en este proyecto de ley, y
concretamente en esta comisión, cómo no, a todos los grupos y a los
portavoces por su inquietud al proponer enmiendas y mejorarlas: al
senador Iglesias, al senador Saura, al senador Bildarratz, a la senadora
Eva Parera, y también al senador Díaz Tejera.

Nada más, y muchas gracias a todos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres
Colomer.

Finalizado este debate, vamos a proceder a votar el informe
de la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 15; en contra, 3; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Por tanto, queda dictaminado el proyecto de ley.

Acto seguido procede designar a la persona representante de
esta comisión para presentar el dictamen ante el Pleno del Senado.

¿Señor Torres Colomer?

El señor TORRES COLOMER: El señor presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Señor Díaz Tejera?

El señor DÍAZ TEJERA: Nuestro grupo manifiesta que sea
usted, señor presidente, quien haga tal labor.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.

Buenos días. Se levanta la sesión.

Eran las doce horas y veinte minutos.