y en los contratos celebrados fuera de los establecimientos
mercantiles, pero consideramos —y por eso formulamos el veto—
que no solamente han de valorarse los contenidos del proyecto sino sus
ausencias, aquellas cuestiones relacionadas con la necesidad social, con
la realidad a la que hace referencia la voluntad declarada en el
preámbulo de protección a los consumidores y que debieran tener como
respuesta razonable su incorporación a los contenidos del proyecto.
Pensamos que este proyecto también debería haber servido para responder a
los abusos de las entidades financieras o de las empresas de telefonía,
que son los dos colectivos que en mayor medida dan lugar a quejas y
reclamaciones de los consumidores.

Este proyecto también tendría que haber servido para
fortalecer las acciones colectivas frente a las grandes compañías;
sabemos que en la tramitación en el Congreso hubo algún avance en esta
materia, pero consideramos que no es suficiente porque el principal
problema que no se resuelve con las incorporaciones realizadas en el
Congreso es que las sentencias que se dictan en estos procedimientos
tienen consecuencias de futuro, que no conllevan algo razonable y que
seguramente es el deseo más lógico de los consumidores: un resarcimiento
de los perjuicios que les hayan podido provocar las prácticas irregulares
de los proveedores de bienes y servicios. También consideramos que es
evidente la insuficiencia en la regulación de la acción colectiva por
cómo están dando respuesta los juzgados y tribunales a las reclamaciones
presentadas por los titulares de créditos hipotecarios en los que había
cláusulas suelo, o quienes se vieron envueltos en las negativas
consecuencias de la colocación de productos financieros complejos que
formalmente eran presentados a los adquirentes como figuras de ahorro a
plazo fijo. Tampoco se articula un procedimiento especial de insolvencia
para los consumidores, y consideramos que la tramitación de este proyecto
era una buena oportunidad para resolver tal situación.

Voy a destacar rápidamente dos o tres enmiendas nada más.
Consideramos que los servicios telefónicos de atención al cliente tienen
que ser gratuitos y, por tanto, se debe prohibir establecer números de
tarifación adicional. Igualmente, presentamos enmiendas que pretenden que
si las empresas no entregan el bien o el servicio adquirido al consumidor
en el plazo de treinta días, este, sin más, tenga la posibilidad de
decidir si conceder un nuevo plazo o emplazar al proveedor. Queremos que
se regule en qué casos la cláusula suelo ha de ser considerada abusiva y
planteamos una propuesta, en la que no me voy a detener ahora. Defendemos
que en la contratación telefónica se incluya la obligación de remitir la
grabación al consumidor que la pida, como la otra parte contratante.
Igualmente, las pretensiones de avanzar en los servicios de facturación
electrónica pueden generar situaciones de desigualdad y discriminación
con consumidores que no están habituados a estas fórmulas y, por tanto,
debe facilitárseles por parte de la empresa proveedora una certificación
en papel con carácter bimensual.

Por otra parte, planteamos una modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Civil para potenciar las acciones colectivas relacionadas
con los consumidores con una propuesta de regulación, que tampoco voy a
explicar en estos momentos para ser breve. Y como apuntaba en la defensa
del veto, igualmente establecemos una propuesta de regulación de un
procedimiento concursal especial para los consumidores.

Finalmente, y en congruencia con la pretensión de
incongruencia de determinados contenidos del proyecto, presentamos
enmiendas con el fin de suprimir las referencias a la regulación de la
tarifa eléctrica y la incorporación al Sistema Nacional de Salud de los
funcionarios del montepío navarro.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Iglesias.

Para la defensa del veto número 3, de los senadores Guillot
Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, y el veto número 4, de las senadoras Almiñana Riqué y Sequera
García y de varios senadores más del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta.

Doy el veto número 3 por defendido y me voy a extender un
poco más en el veto número 4.

Como saben todos ustedes, vuelve a ser la segunda ley que
se debate en la Comisión de Sanidad, la primera fue la relacionada el
pasado verano con la incorporación de la transposición de una directiva
europea en la que hablábamos de farmacia. Y vuelven ustedes a hacer lo
mismo que hicieron entonces, por un lado, realizan una transposición de
la directiva pero de mínimos; podrían aprovechar esta ley para llevar a
cabo otros cambios que deciden no hacer, y, eso sí, vuelven, una vez más,
a hacer lo que ya ha hecho el Ejecutivo en distintas ocasiones: el
Gobierno, a través de enmiendas registradas en el Congreso por el Grupo
Parlamentario Popular y en contra de la doctrina del Tribunal
Constitucional, al que ustedes

tienen muchísimo respeto, incluye modificaciones
legislativas que no tienen que ver con el contenido propio de la ley y
que evitan respectivos informes previos a los que están sometidos todos
los anteproyectos de ley.

El senador Iglesias también lo ha comentado: estamos
hablando de algunos ejemplos como puede ser la disposición final
undécima, que no tiene nada que ver con la ley, en la que se hace
referencia a la modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, que —repito— no tiene nada que ver con esta
directiva relacionada con el consumo. Hemos de ser conscientes de que en
estos tiempos que nos han tocado vivir, en un país que está sufriendo
importantes incrementos de la pobreza y, sobre todo, con una crisis grave
desde hace más de cinco años, se han destapado algunos nuevos problemas
que antes no teníamos, razón por la cual no hemos podido legislar en este
sentido para proteger a los consumidores de los mismos. Y ustedes
desaprovechan una oportunidad que nos hubiera gustado que hubieran
empleado para proteger a los consumidores tanto en temas bancarios
importantes como las famosas preferentes o las cláusulas suelo de los
préstamos hipotecarios como en cuanto a algunas cuestiones respecto a los
desahucios, y también en puntos relativos a la telefonía y a la energía,
etcétera. En estos momentos, los consumidores están viviendo unas
situaciones que les están desbordando, y antes no teníamos conciencia de
que podíamos llegar a tener que paliar dichas situaciones de alguna
manera. Y ustedes desaprovechan esta oportunidad, porque esta ley podría
dar más protección a los consumidores de la que da, podría ofrecer más
protección en todos estos campos. Sin duda, la atención al cliente es uno
de ellos, como también lo son la grabación de toda la información que se
da a los consumidores, el plazo en el que se da respuesta a las llamadas,
etcétera. Podría suponer una muy buena oportunidad para todo esto.

Por todo ello, nosotros consideramos que esta ley se queda
muy al margen de lo que podría haber sido y, en consecuencia, nuestros
consumidores tendrán que esperar más tiempo para estar mejor protegidos
de prácticas a veces abusivas de algunos entornos. Es verdad que la
directiva mejora algunos aspectos de la venta comercial, pero
consideramos que podría mejorarla muchísimo más.

Por todos estos motivos, nosotros presentamos este veto a
la ley tal y como llega hoy al Senado.

El Grupo de la Entesa ha presentado —si no recuerdo
mal— sesenta enmiendas, de las cuales querría destacar tan solo
dos...

La señora PRESIDENTA: Senadora Almiñana, como usted quiera,
pero dispone posteriormente de un turno específico para la defensa de sus
enmiendas.

La senadora ALMIÑANA RIQUÉ: Muy bien, las defenderé
después.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Alminaña.

Para la defensa del veto número 5, del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
para la defensa del veto presentado al Proyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios.

Aunque ya se ha dicho aquí, creo que es bueno insistir en
que el Gobierno ha desaprovechado una oportunidad para poner encima de la
mesa y desarrollar una ley ambiciosa, que proteja de verdad a los
consumidores y usuarios. El Gobierno, la ministra y el Grupo
Parlamentario Popular han señalado desde el inicio de la legislatura lo
importantes que son los consumidores y usuarios, pero cuando tienen la
oportunidad de demostrar con hechos lo que dicen con palabras vemos que
no es así. Ustedes han realizado, tarde —como siempre—, la
obligada transposición de la Directiva 2011/83 de la Unión Europea, y lo
mismo podemos decir de la transposición de la directiva de la ley de
fármacovigilancia que, además, realizaron siguiendo principios de
mínimos.

Como les decía, no han aprovechado este oportunidad para
mejorar la vida y el bienestar de las personas, porque consumidores somos
todos. Repito, ustedes han desaprovechado esta oportunidad porque no han
establecido los mecanismos para mejorar el bienestar de nuestros
ciudadanos en cuestiones que, a nuestro entender, son muy importantes
como los mecanismos individuales y colectivos de reclamación y
resarcimiento de daños, la elevación de la calidad de los servicios de
atención al cliente,

la protección frente al acoso comercial que sufren los
ciudadanos a través de las líneas telefónicas o la articulación de
procedimientos extrajudiciales frente al sobreendeudamiento, entre otros
temas. En definitiva, han desaprovechado la oportunidad de elaborar una
ley que debería servir para abordar los abusos que sufren los
consumidores en los servicios de telefonía, en el campo de la energía, en
el sector del ahorro, etcétera. Aunque sí se mejora algo, lógicamente,
con la transposición de esta directiva de la Unión Europea
—faltaría más—, se quedan muy muy cortos y, a nuestro
entender, es totalmente insuficiente.

Debemos recordar, además —y lo hemos denunciado en
varias ocasiones—, que nos parece lamentable que el Gobierno, con
el único argumento de la mayoría de sus votos, utilice el trámite
reglamentario de un proyecto de ley para introducir vía enmiendas
—en este caso ha sido en el Congreso de los Diputados, pero en
otras ocasiones también ha sucedido en el Senado—, a través de
disposiciones adicionales o finales, cuestiones que nada tienen con el
contenido del proyecto de ley que estamos tratando. Esto se ha
convertido, desgraciadamente, en una norma.

Solamente les pondré un ejemplo. El proyecto de ley que
entró en el Congreso tenía cuatro disposiciones finales. El proyecto de
ley que ha entrado en el Senado tiene dieciséis disposiciones finales.
Pero lo más lamentable de todo es que, además, no hacen caso de los
informes jurídicos —tanto del del Congreso como del del
Senado—, cuando se dice de forma muy clara que el texto que ha
entrado incluye propuestas totalmente incongruentes con el proyecto de
ley del que estamos hablando. Ustedes, el Grupo Parlamentario Popular, no
han hecho absolutamente ningún caso del informe jurídico y, lo que es más
lamentable, no han hecho caso de las enmiendas que hemos presentado
diversos grupos políticos para dar seguridad a este texto legislativo,
para que sea congruente con una ley de defensa y protección de los
derechos de consumidores y usuarios. Estamos hablando de enmiendas que
introdujeron en el Congreso de los Diputados que tienen que ver con la
Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, por poner un ejemplo,
que no tiene absolutamente nada que ver con la protección y defensa de
los derechos de los consumidores y usuarios.

Por tanto, señorías, lamentamos el cambio tan radical de
una ley vía enmiendas. Se trata de un fraude de procedimiento y es
contrario a la seguridad exigible a los textos normativos y
legislativos.

Por eso, y sobre todo y muy especialmente porque este
proyecto de ley no defiende, como a nuestro entender debería hacer, a los
consumidores y usuarios presentamos este veto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Llinares.

¿Turno en contra?

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Buenas tardes. Gracias, señora
presidenta.

Señorías, voy a intervenir en turno en contra para dar
argumentos en relación con los cinco vetos presentados al Proyecto de Ley
por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Antes de empezar a contestar a cada uno de los vetos,
comenzaré con una mínima introducción. Este proyecto de ley, que tanto yo
como mi grupo entendemos que es muy bueno, tiene como principal objetivo
elevar el nivel de protección de los consumidores y usuarios mediante la
transposición e incorporación a nuestra legislación de la Directiva
2011/83/UE y que esta modificación del texto se lleve a cabo de la forma
más armonizada posible y se incluya en la modificación a su vez del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado, como he dicho antes,
mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Los criterios de transposición de la directiva han sido, en
primer lugar, la fidelidad al texto de la directiva. En segundo lugar,
utilizar como principio básico la mínima reforma de la normativa vigente
y, en tercer lugar, cumplir los plazos de transposición de la directiva.
La transposición de la directiva estuvo en el Congreso de los Diputados
en el mes de octubre de 2013 y nosotros pretendemos que entre en vigor,
como estaba previsto, el 13 de junio de 2014.

Como les decía antes, se ha utilizado, como transposición
íntegra de la directiva, el criterio de armonización máxima, que además
les impone a los Estados miembros precisamente esta legislación y esta
directiva; sin embargo, en esta transposición lo que se ha hecho es que
siempre que ha habido algún margen de maniobra para los Estados miembros,
se ha introducido, lo cual se ha aprovechado para

mejorar el nivel de protección de los ciudadanos en asuntos
tan importantes como los contratos telefónicos cuando es el empresario el
que se pone en contacto con la persona que quiere contratar el servicio o
también haciendo posible que, cuando se hace un contrato por teléfono, el
consumidor y usuario solo quede vinculado una vez que reciba la oferta
por escrito o en algún soporte duradero como el correo electrónico, el
fax o el sms. Además, ha de quedar garantizado de alguna manera que la
información precontractual sea absolutamente comprensible por parte de la
persona que va a hacer este contrato. Y fuera de esta directiva se ha
aprovechado para hacer algunas matizaciones en relación con temas
candentes que tienen que ver específicamente con los consumidores o con
sanidad y que se incluyen perfectamente en disposiciones de distinto tipo
en esta normativa.

Lo que se ha hecho, sin ninguna duda, es una reforma de
bastante calado. Que se hayan incluido a lo largo de su tramitación en el
Congreso de los Diputados muchísimas enmiendas es una garantía de que el
Gobierno de España, que ha propuesto esta ley, tiene una intención muy
clara de llevar a cabo una armonización al máximo y de llegar a acuerdos
con todos los grupos políticos. No obstante, tengo que decirles, si
escuchamos atentamente la argumentación que ustedes han dado aquí, y
sobre todo la que aparece, negro sobre blanco, en cada uno de los vetos,
que ni los argumentos ni las razones ni las objeciones que se ponen a
este proyecto de ley justifican en absoluto los vetos. Creemos
sinceramente que la argumentación que ustedes dan, tanto in voce como por
escrito, es muy débil y no justifica en absoluto el veto. Esos argumentos
no se sostienen. Las razones que dan son bastante incongruentes. Por
ejemplo, el Grupo Parlamentario Socialista ha hablado de que se utiliza
esta ley para introducir, vía disposiciones adicionales, determinados
asuntos que no tienen nada que ver con la directiva en cuestión. Sin
embargo, ellos, en una incongruencia absoluta y total —luego lo
veremos en la fase de enmiendas— incluyen enmiendas que no tienen
nada que ver ni con la directiva ni con su transposición. Desde luego,
las objeciones que plantean están bastante poco justificadas. Creemos
sinceramente que sus vetos son políticos porque estamos en precampaña
electoral de las elecciones europeas. (Rumores). Les voy a dar otro
argumento, ninguna asociación —y es la primera vez—, de las
que forman parte del Consejo nacional de Consumidores y Usuarios, se ha
dirigido —y yo he sido ponente de varias leyes en la pasada
legislatura aquí— a nuestro grupo parlamentario para que, al
tramitar una transposición de una directiva, incluyamos ni una
modificación de un punto o de una coma en esta ley, excepto —lo
digo porque veo que me están mirando— las que hace Adicae. Pero
Adicae plantea modificaciones —ustedes lo saben— a la ley que
tienen que ser contempladas en otras leyes de carácter sectorial y que
tienen que ver con el sobreendeudamiento, las preferentes, los suelos y
techos de las hipotecas y en eso yo no voy a entrar ahora, pero en el
Pleno ya hablaremos de lo que ustedes hicieron cuando nosotros propusimos
hace cuatro o cinco años que se regulara el suelo y el techo de las
hipotecas en esta Cámara.

En relación con las propuestas de veto voy a agrupar
—si me lo permite la presidenta— las números 1 y 3 porque son
muy parecidas, prácticamente son idénticas. Las dos son iguales incluso
con puntos y comas. La primera, la número 1, la ha defendido aquí in voce
el senador Iglesias. La número 3 la presentaron los senadores Guillot y
Saura. Ellos, en la parte escrita y no en lo que han dicho aquí in voce,
hablan de que esta ley no incluye el acceso a la justicia a través de la
acción colectiva, que no regula el tema de las cláusulas suelo de las
hipotecas estableciendo los supuestos en los que se concreta una cláusula
de este tipo como abusiva por falta de reciprocidad; y hablan también de
los derechos del deudor consumidor incorporados en la Ley Concursal, un
procedimiento especial para personas consumidoras.

Nosotros vamos a votar en contra de estos dos vetos, del
veto número 1 y del número 3. Las razones que damos son las siguientes:
En primer lugar, está claro que la mejora de acceso a la justicia y, en
particular, la acción colectiva debe abordarse con la modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y no en el texto refundido de la Ley general
de protección de consumidores y usuarios. Además, les tengo que anunciar
que hay una enmienda al proyecto de ley de enjuiciamiento civil en el
Congreso de los Diputados dirigida precisamente a regular todo este tema
de las cláusulas suelo, de las cláusulas techo y de lo que se considera
que debe ser más importante, que se sometan al test de abusividad todas y
cada una de las cláusulas que se puedan contemplar en los contratos.
Desde luego, en este asunto, el nivel de protección que van a tener los
consumidores es muy superior al que tenían antes de la transposición de
esta directiva y, sobre todo, en la etapa de gobierno del Partido
Socialista. Pensamos que si el objetivo de las personas que han
presentado este veto es que se prohíban las cláusulas suelo o techo en
los contratos, esto debe abordarse de una forma más exhaustiva y
complementaria y no meterlo de rondón mediante una enmienda o un veto en
esta transposición de la directiva. Y lo mismo ocurre con la
participación en

preferentes o con el sobreendeudamiento familiar,
entendemos que debe ser estudiado de una forma más rigurosa a través de
leyes y normas de carácter sectorial.

El veto número 2 ha sido presentado por la senadora
Capella. Ella hace fundamentalmente dos objeciones: Por una parte, dice
que el Estado se extralimita al transponer esta directiva porque las
competencias en materia de consumo son exclusivas de las comunidades
autónomas y, según ellos, incumplirían la Constitución y los Estatutos de
Autonomía de las comunidades autónomas. Habla, además, de que esta
transposición de la directiva y este proyecto de ley podrían dar lugar a
discriminación lingüística porque se contempla el que la información
precontractual se haga en castellano o en alguna otra lengua de la Unión
Europea porque si la comunidad autónoma tiene otra lengua cooficial
habría de hacerse también en esa lengua. De ahí que vayamos a votar
también en contra del veto número 2 del Grupo Parlamentario Mixto, de la
Esquerra, y lo vamos a hacer porque pensamos que la transposición de la
directiva debe llevarse a cabo mediante una modificación del texto
refundido de la Ley general de protección de los consumidores y usuarios.
A través de otra ley no hay posibilidad de hacerlo. La modificación del
texto refundido de la ley, que ya existe, es plenamente constitucional.
Por lo tanto, no entendemos este veto que pone en cuestión la
constitucionalidad y la competencia del Estado para hacer la
transposición de esta directiva. Si esto fuera así este veto pondría en
cuestión la existencia misma del texto refundido de la Ley general de
protección de consumidores y usuarios. Además, hay una jurisprudencia muy
amplia del Tribunal Constitucional que avala lo que estamos diciendo. El
Estado tiene competencia plena para hacer la transposición de esta
directiva. La transposición de la directiva no es competencia de las
comunidades autónomas. Hay bastantes sentencias al respecto, como la
Sentencia 31/2010, del Tribunal Constitucional, en relación con el
artículo 123 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en la que queda claro
que es competencia del Estado y que no se vulnera ninguna de las
competencias de las comunidades autónomas en este sentido.

En el veto también se habla, como justificación del mismo,
de cómo se tiene que dar la información precontractual a los usuarios y a
las personas que hagan algún tipo de contrato vía telefónica o fuera de
los establecimientos comerciales. Lo que plantea la transposición de la
directiva es que esta información al consumidor español se tiene que dar
en castellano y que puede hacerse en otra lengua cooficial de la Unión
Europea o también en otra lengua de las que puedan tener las comunidades
autónomas, por lo que nosotros entendemos que no hay en absoluto ninguna
discriminación lingüística para las comunidades autónomas que tienen
lenguas cooficiales.

La senadora Almiñana, que ha defendido el veto número 4,
dice en la parte escrita, que no ha reproducido aquí íntegramente, que
están en contra de la transposición que se ha hecho de esta ley porque no
alcanza los requisitos mínimos, porque no recoge las prácticas
comerciales agresivas en los términos en que ellos entienden que debía
hacerse, porque llega tarde, porque no recoge los servicios de atención
al cliente, porque no incrementa los mecanismos individuales y colectivos
de reclamación y resarcimiento de daños y por los graves problemas, que
no contempla tampoco, de sobreendeudamiento de las familias y de los
ciudadanos.

Si la presidenta no tiene inconveniente, me van a permitir
que haga a la vez el turno en contra del veto número 4 y del veto número
5, porque muchas de las razones que esgrimen Entesa pel Progrés de
Catalunya y el Grupo Socialista son prácticamente idénticas. Y para no
alargarnos mucho en el tiempo, voy a hacer, como digo, el turno en contra
de ambos.

La señora Llinares ha llevado la defensa de su veto, el
número 5, y ha hablado de que la transposición de la directiva llega
tarde, de que no se contemplan los mecanismos individuales y colectivos
de reclamación y resarcimiento de daños, de que no se contemplan los
servicios de atención al cliente, de que no se protege del acoso
comercial en relación con las ofertas que hacen las empresas a través de
las líneas telefónicas, de que no se articula el procedimiento
extrajudicial frente al sobreendeudamiento de las familias, y de que se
han introducido, vía disposiciones, determinadas cuestiones que ustedes
entienden que no deberían incluirse. Ya he dicho antes que, de una forma
bastante incongruente, ustedes intentan meter aquí, de rondón,
determinadas enmiendas que no tienen nada que ver con la transposición de
la directiva ni con este proyecto de ley. En este sentido, les anuncio
nuestro voto en contra del veto número 4, de la Entesa, y del veto número
5, del Grupo Socialista. Y las razones que damos son las siguientes. En
primer lugar, si aceptáramos esos vetos retrasaríamos la aprobación de la
transposición de la directiva, que tiene unos plazos; y el Gobierno, que
llevó esta ley en el mes de octubre al Congreso de los Diputados, cumplió
los plazos previstos. Pero ustedes están diciendo que llega con retraso y
al mismo tiempo quieren retrasarla todavía más con los vetos que están
planteando. Dicen que se han incluido en

las disposiciones finales, adicionales y demás, cuestiones
ajenas a la directiva. También ustedes intentan incluirlas, como luego
veremos cuando hablemos de las enmiendas; por lo tanto, están en una
amplia contradicción, diciendo, por un lado, que venga más pronto y luego
intentando retrasarla y, por otro, preguntando por qué se incluyen
cuestiones que parece ser que no son concordantes con la transposición de
la directiva y al mismo tiempo intentando hacerlo, incluso transponiendo
otras directivas, que tendrán su tiempo para que eso se pueda hacer.

En relación con todo lo que tiene que ver con los
mecanismos individuales y colectivos de reclamación y resarcimiento,
entendemos que la mejora de acceso a la justicia y la acción colectiva
deben abordarse de forma exhaustiva en la Ley de Enjuiciamiento Civil y,
desde luego, sobrepasan en mucho el contenido de la ley de reforma del
texto refundido de la Ley de protección de consumidores y usuarios.
Ustedes también presentan una importante batería de enmiendas en ese
sentido, y cuando hablemos de las enmiendas, no del veto, les diré cuál
es la posición de nuestro partido al respecto. Pero, como ya he comentado
antes, en cuanto a la tramitación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el
Partido Popular en el Congreso de los Diputados está estudiando una serie
de enmiendas importantes para que haya el máximo de protección y las
máximas garantías de que la acción colectiva va a tener el mejor
tratamiento legislativo con el fin de que los ciudadanos puedan estar
protegidos al máximo en este sentido, y especialmente que se pueda hacer
de la forma más rápida posible.

Por lo que respecta al servicio de atención al cliente, que
ustedes reiteran en su argumentación, en este momento se está tramitando
—está a punto de llegar al Congreso de los Diputados, y se
encuentra en la fase de información— una nueva ley de atención al
cliente. Pero ya en el artículo 21 del texto refundido se contemplan
perfectamente las exigencias, tanto para las empresas como para los
usuarios, a fin de que la atención al cliente en los establecimientos,
tanto en las pequeñas como en las grandes empresas, se haga de la mejor
manera posible, recogiendo y apoyando todos los derechos de los
consumidores. Como digo, el anteproyecto de ley de servicios de atención
al cliente está en la fase de llevarlo cuanto antes al Consejo de
Ministros, y posteriormente irá al Congreso de los Diputados y luego al
Senado, para una tramitación más rápida. Pero tengo que recordarles,
sobre todo al Partido Socialista, que tuvieron ocho años para hacer esa
transposición de la directiva y poner en marcha la ley de servicios de
atención al cliente. La tuvieron dos años poco menos que parada en el
Congreso de los Diputados, y el señor Zapatero acabó la legislatura,
después de dos años, con una ley caducada. Nosotros, en dos años, hemos
elaborado ese anteproyecto de ley, además de transponer esta directiva en
tiempo y forma, no como hacían ustedes, que muchas veces se dormían en
los laureles, por lo que les tuvieron que hacer apercibimientos por parte
de la Unión Europea en este sentido.

Muchas de las enmiendas que se han incorporado en el
Congreso de los Diputados, que han sido muy variadas, han ido dirigidas
precisamente a la protección de los consumidores en relación con el acoso
telefónico. Y cuando esta ley sea aprobada en el Senado los consumidores
van a estar muchísimo más protegidos de lo que lo estaban hasta
ahora.

Y con respecto al sobreendeudamiento familiar, lo que tiene
que ver con el suelo y el techo de las hipotecas, las preferentes y todo
lo demás, entendemos que es algo tan sumamente importante como para que
se haya visto por parte del Gobierno de España en determinados reales
decretos leyes, pero también en leyes específicas que se han aprobado en
2013 y en normativa de carácter sectorial.

Por eso, y a modo de resumen, les digo que los senadores
del Partido Popular vamos a votar en contra de los cinco vetos que se han
presentado por los diferentes grupos parlamentarios. Volvemos a insistir
en que no hay razones de peso que justifiquen estos vetos, si no es la de
que estamos en precampaña electoral y que en ese sentido ustedes quieran
hacer bastante ruido, porque hay bastantes incongruencias entre lo que
ustedes plantean con el veto y lo que luego han planteado en las
enmiendas. Esta ley ha tenido un nivel de consenso enorme. Mediante
enmiendas aprobadas directamente, o a través de transaccionales, en el
Congreso de los Diputados se han introducido cincuenta y seis enmiendas
de unas trescientas presentadas, lo que es un dato muy muy importante. Y
con muchas de ellas ustedes han creado aquí polémica, como en el tema del
cigarrillo electrónico, que se ha aprobado por unanimidad de los grupos
parlamentarios; y aquí están enmendando la plana a sus diputados, tanto
del Grupo Socialista como del resto de los grupos.

Tengo que decirles que esta ley es muy buena, sobre todo
para las tres cosas que constituyen su objetivo: que los consumidores y
usuarios estén más protegidos en relación con los contratos celebrados a
distancia; que tengan más derechos respecto de los contratos que celebran
fuera de los establecimientos comerciales; y que tengan más y mejor
información precontractual. En este sentido, tanto en la

transposición de la directiva como en la ley se incluye la
sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre las cláusulas abusivas y
se da un poder muy importante a los jueces para ir solucionando el
problema que ustedes habían creado. Y, desde luego, tanto los derechos
como las garantías a los consumidores y usuarios son infinitamente más
importantes y mejores que los que había antes. Creo sinceramente que a
partir de la aprobación de esta ley todos los consumidores, todos los que
estamos aquí, que también somos consumidores y usuarios, vamos a estar
muchísimo más protegidos.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Riolobos.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Muchas gracias, señora
presidenta.

En principio nosotros no podemos estar muy de acuerdo con
que esto sea la transposición de una directiva. Se modifica la Ley
General para la Defensa de los consumidores, la Ley 44/2003, de
ordenación de las profesiones sanitarias, la Ley 16/2005, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley 33/2011, General de Salud
Pública, la Ley 14/1986, General de Sanidad, la Ley 24/2013, del Sector
Eléctrico —que es la madre del cordero—, o la Ley 28/2005, de
medidas sanitarias frente al tabaquismo. Como digo, no es solamente la
transposición de una directiva. Y lo que pudiera haber empezado siendo la
transposición de una directiva se ha convertido, sobre la base de
enmiendas, en un proyecto de ley mucho más complejo. Nosotros no solemos
presentar vetos y solemos intentar abstenernos para dejar una vía a la
negociación, pero, a la vista de lo que antes hemos tenido en la
ponencia, nos vamos a posicionar a favor de los vetos porque entendemos
que, aunque en el Congreso se hayan aceptado todas las enmiendas que se
han podido aceptar, lo que es maravilloso y estupendo, este es el segundo
trámite, este es un sistema bicameral, y nos gustaría que se tuvieran en
cuenta las enmiendas que se han presentado, no solamente las repetidas
del Congreso, de las que hay unas cuantas, sino las nuevas.

Y quiero puntualizar lo de la unanimidad, senadora
Riolobos: creo que en lo del tabaco no hubo unanimidad sino mayoría y
transacción. Creo, repito, que no hubo unanimidad. De cualquier forma,
nosotros también hemos presentado enmiendas sobre ese punto, de las que
luego hablaremos.

Por lo tanto, mi grupo parlamentario votará a favor de
todos los vetos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta.

Intervengo simplemente para indicar nuestro voto a favor de
todos los vetos, casi por los mismos motivos que el senador Cazalis, con
la diferencia de que nosotros sí hemos presentado vetos.

No nos parece aceptable que en la ponencia se nos diga, de
entrada, que no se va a aceptar ninguna enmienda, entre otras cosas
porque hay muchas nuevas y porque creo que la función de esta Cámara es
precisamente la de mejorar o intentar mejorar las leyes. Si el grupo
mayoritario decide desde el primer momento no aceptar ninguna enmienda,
cuando susciten la cuestión de quién considera esta Cámara importante o
no creo que tendrían que empezar a pensárselo bien.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero decir a la portavoz del Grupo
Popular que nosotros esperamos tener buenos resultados en las elecciones
europeas y, en cambio, no hemos presentado veto. (Risas). Y lo lamento,
porque vía enmiendas pretendíamos incorporar muchos de las cosas que han
argumentado nuestros compañeros; por lo tanto, lamento no haber
presentado veto y, efectivamente, apoyaremos los que han presentado los
otros grupos.

Y un apunte más: usted decía que considera que elevan la
calidad de derechos de los consumidores, pero como mucho suben un par de
peldaños y además solo para algunos, no para todos. Por lo tanto, como
decía, vamos a votar a favor de los vetos y después explicaremos nuestras
enmiendas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señora presidenta.

También nuestro grupo va a votar a favor de los vetos
presentados por los demás grupos parlamentarios.

Y quiero decir a la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, la senadora Riolobos, que sus argumentos no se sostienen; no se
sostienen en absoluto. Y tergiversa lo que hemos estado diciendo. Ustedes
demuestran día a día que no les interesa en absoluto proteger los
derechos de los consumidores y usuarios. Y todo viene de que ustedes no
pueden o no saben cómo justificar que no van a aceptar ninguna enmienda.
Se han presentado doscientas cuarenta y nueve enmiendas en el Senado y
nos han dicho en ponencia que no van a aceptar absolutamente ninguna.

Y hay otra cuestión. Ustedes nos hablan aquí de las
elecciones europeas; pues, mire usted, estamos muy contentos, tenemos ya
candidatos, tenemos una lista, y vamos a trabajar para ganar las
elecciones europeas. ¡Claro que sí! Pero eso no tiene nada que ver con la
ley que estamos debatiendo, así que no mezcle las cosas.

Su argumento ante la enmienda sobre el cigarrillo
electrónico, que hemos presentado para proteger a los consumidores y
usuarios, es que enmendamos la plana a nuestros compañeros del Congreso.
No, señoría, no es así, y ustedes lo saben. Cuando la enmienda se aprobó
en el Congreso de los Diputados todavía no se había aprobado la directiva
europea, y esa directiva europea, que tenemos que transponer —es
verdad que quizá dentro de dos años—, ya endurece lo que se aprobó
en el Congreso. Hoy, en estos momentos, y cuando presentamos la enmienda,
ya está aprobada la directiva, que es mucho más severa en todo lo que
tiene que ver con la publicidad. Es decir, ya se está incumpliendo; lo
que se va a legislar aquí ya incumple la transposición de la directiva
europea.

Señorías, es verdad que hemos presentado una enmienda en
relación con los cigarrillos electrónicos y que queremos que se equiparen
al tabaco porque sobre todo primamos la protección de la salud de las
personas y porque aplicamos el principio de precaución. Ese ha sido el
motivo por el cual hemos presentado esta enmienda, que a ustedes les ha
sentado tan mal.

Creo que no tienen argumentos para votar en contra de los
vetos y muchísimo menos de las doscientas cuarenta y nueve enmiendas de
los diferentes grupos parlamentarios. Pienso que los consumidores y
usuarios se merecen un poco más de respeto.

No es verdad lo que usted dice, en el sentido de que no ha
llegado ninguna enmienda de los usuarios y de los consumidores; tengo
aquí un correo remitido por la letrada de la comisión. Por lo tanto, no
tergiverse las cuestiones. Los consumidores y usuarios no están contentos
con esta ley porque no es una ley para la defensa de los consumidores, es
una ley con una mezcla sin precedentes. Además, ustedes no hacen caso de
lo que les dicen los letrados, les da absolutamente igual. Ustedes lo
único que conocen es el rodillo de la mayoría de sus votos, y esa no es
razón suficiente para votar en contra de nuestros vetos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Nos ratificamos en lo que ya hemos dicho al justificar
nuestro voto en contra de los cinco vetos. Insisto en que ni en las
intervenciones de los portavoces en la defensa de los vetos ni en el
texto justificativo de estos hemos encontrado razones de peso para parar
este proyecto de ley, que entendemos que es muy beneficioso para los
consumidores.

Seguimos insistiendo en que, por primera vez, ninguna
asociación de consumidores se ha dirigido a los grupos parlamentarios
—al menos, al Grupo Parlamentario Popular— para pedir la
inclusión de ninguna enmienda en lo que es la transposición del texto de
la directiva al texto refundido de la Ley de

protección de consumidores y usuarios. Exclusivamente se
han remitido a cláusulas suelo y demás, que son objeto de unas normativas
y directivas que afectan sectorialmente a otros ministerios y no
precisamente al de Sanidad.

Y, desde luego, el que la señora Llinares haya intentado
desviar la atención hablando de las enmiendas en lugar de hablar del veto
indica claramente que no tienen más argumentos a la hora de defender
este. Y lo digo por lo siguiente: quiero que quede muy claro que en
ninguno de los cinco vetos se hace referencia alguna a las enmiendas
estrella que ustedes presentaron el miércoles, el jueves o el viernes
pasado en rueda de prensa y que están ustedes sacando literalmente a los
medios de comunicación. Ninguno de los vetos hace referencia a eso. Hacen
referencia a todo lo demás que he mencionado, pero no a lo que ustedes
indican en relación con las enmiendas que luego han planteado sobre el
cigarrillo electrónico. Insisto, ninguno de los vetos a la ley tiene que
ver con eso.

Y les vuelvo a decir que es totalmente incongruente que
ustedes digan que esta ley llega tarde pero intenten retrasarla más; que
digan en las argumentaciones escritas de sus vetos que no cumplimos los
plazos y que intenten retrasarlos más; o que digan que no puede ser que
una ley tenga un montón de disposiciones, con inclusión y corrección de
determinadas cuestiones que nos han pedido determinados colectivos, y que
luego ustedes quieran meter de rondón unas enmiendas que nada tienen que
ver con esta directiva y que nada tienen que ver con su trasposición; y
probablemente deba haber un estudio mucho más exhaustivo sobre el tiempo
y la forma de transposición de la directiva, que, por cierto, ya está en
vigor en nuestro país.

Nosotros pensamos que esta Ley que modifica el texto
refundido de la Ley de protección de consumidores y usuarios es una ley
buena, una ley que va beneficiar a los consumidores y usuarios de forma
significativa, y que es muy importante que se empiece a aplicar cuanto
antes porque nos viene muy bien en todos los aspectos. Porque el comercio
electrónico es importantísimo, está creciendo de forma exponencial, y
cuanto antes se ponga en marcha la ley de mayor protección gozarán los
consumidores y usuarios.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Antes de proceder a la votación de los vetos, la letrada va
a proceder a comprobar las asistencias, porque hay bastantes
sustituciones.

La señora letrada procede a la comprobación de los señores
senadores presentes.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Vamos a proceder a la votación de los vetos, según el orden
de presentación.

Veto número 1, presentado por los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, de Izquierda Unida, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Veto número 2, presentado por la senadora Capella i Farré,
de Esquerra Republicana de Catalunya, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Veto número 3, presentado por los senadores Guillot Miravet
y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Veto número 4, presentado por las senadoras Almiñana Riqué
y Sequera García, así como por los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla,
Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Veto número 5, presentado por el Grupo Parlamentario
Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Después de rechazados todos los vetos, procede el debate de
las enmiendas.

Se empezarán a debatir por orden de menor a mayor,
comenzando por la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, cuyo portavoz
se ha ausentado y ha excusado su presencia. Queda disculpado.

Pasamos, por tanto, a la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, números 240 a 249.

Tiene la palabra su portavoz, el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Brevemente, señora
presidenta.

Mantenemos vivas las enmiendas para su discusión en el
trámite del Pleno. No vamos a entrar ahora a debatirlas, y nos
abstendremos en todas las enmiendas del resto de los grupos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Para la defensa de las enmiendas 48 a 143, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la
senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta.

Quiero aprovechar para corregir un error: el Grupo Entesa
pel Progrés de Catalunya ha presentado noventa y seis enmiendas. Teniendo
en cuenta que este grupo no existe en el Congreso, las noventa y seis
enmiendas —les guste o no— son nuevas, puesto que no las
presentamos en el Congreso, aunque sean muy parecidas, pero que muy
parecidas, a las del Grupo Socialista. Ya le avanzo que lo sé, que son
muy parecidas, porque, como usted sabe, en el Congreso vamos juntos; por
lo tanto, no vamos a hacer grandes diferencias, aunque sí hay dos
enmiendas distintas.

Doy todas las enmiendas por defendidas, y solo quiero hacer
hincapié en dos de ellas. La enmienda 125 recoge lo que ya constató el
Defensor del Pueblo en su informe en el Senado, que es la creación de un
proceso que sea simple, que sea fácil, que sea accesible para la mayoría
de ciudadanos para resolver el sobreendeudamiento, y que ese proceso,
evidentemente, sea de carácter extrajudicial.

Y voy a aprovechar también para defender la 141
—aunque, por supuesto, lo haré con más entusiasmo en el
Pleno—, que es una de las que usted ha llamado estrella —no
sabía que había enmiendas estrella, pero de todo se aprende—. Esta
enmienda estrella, que usted considera que quizá no la recogimos en el
veto como gran argumento para criticar la ley, es simplemente una
enmienda que creo que vale la pena resaltar porque la incluyen todos los
grupos. Y si la incluyen todos los grupos quiere decir que los distintos
pareceres sociales, que las distintas perspectivas sociales consideran
que es importantísimo ver cómo vamos a regular el uso del llamado
cigarrillo electrónico. Tal como lo recoge hoy la ley consideramos que no
es suficiente porque creemos que se tiene que equiparar a la regulación
que tiene el tabaco.

¿Por qué? Uno, por motivos de salud; dos, por
desconocimiento de lo que va a acabar produciendo este tipo nuevo de
dispositivo; y tres, porque, aunque la directiva europea ya se ha
aprobado y se explica muy bien que hay dos años para que se implante,
aprovechando que teníamos esta ley, y aprovechando que estaba en el
Senado, que es la Cámara que mejora las leyes, qué mejor momento para que
el Gobierno no diera un paso atrás en la lucha contra el tabaco. Porque
díganme ustedes qué va a ocurrir si empezamos a ver a la gente vapeando
—es un nuevo verbo que se emplea para indicar que se fuma el
cigarrillo electrónico— en los restaurantes, en las oficinas, en
los juzgados —no en los hospitales, porque está regulado—, en
esta Cámara, en el Congreso…

De momento la ley no regula esto, con lo cual esta enmienda
es más importante de lo que parece. Y si esta enmienda ha ido cobrando
fuerza es porque todos los que estamos aquí, absolutamente todos, hemos
recibido a asociaciones que nos han dicho que paremos esto. Por lo tanto,
sí creo que vale la pena hablar de ella y, por supuesto, decir que es
estrella.

Para terminar, senadora Riolobos, y con todo respeto, yo
creo que todos venimos aquí a hacer política, y si usted considera que
los vetos son políticos, es que es como tienen que ser; al menos yo
siempre he pensado así. Por lo tanto, no creo que tengamos que hablar de
que esto no es política. Siempre estamos haciendo política. Aquí no
estamos un grupo de técnicos; los técnicos están en las

oficinas y en nuestros despachos. Aquí hacemos política, y
la política es dependiendo de quién la aplica. Sinceramente, pensaba que
al final todos nos habíamos creído la Ley del tabaco, porque no tienen
nada que ver la sanidad o la lucha contra el tabaquismo con la derecha o
la izquierda; pero parece ser que sí tiene que ver, porque ustedes no
quieren homologarlo. Por lo tanto, vamos a hacer hincapié en esa medida
estrella que a usted tanto le molesta, porque —lo siento
mucho— es muy importante para cualquier ciudadano.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 144 a 179, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra
la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Muchísimas gracias,
presidenta.

Yo sí voy a aprovechar este turno de defensa de enmiendas
porque, como he dicho antes, pensábamos que habría diálogo y que a través
de estas enmiendas conseguiríamos incorporar mejoras a la ley. Ya se ha
visto que no hay ninguna voluntad y, por lo tanto, voy a hacer un breve
resumen de las enmiendas para que quede claro que lamentamos no haber
presentado un veto, que habría incorporado la intención de nuestras
enmiendas. Lo haré muy rápidamente.

Presentamos treinta y seis enmiendas, que podemos ordenar
en los siguientes grupos. Unas enmiendas son genéricas, de protección
general del consumidor, e intentan rectificar también el redactado de
algunos puntos de la ley. Otras enmiendas defienden el respeto que se
debe tener por parte de todos a las lenguas cooficiales de todo el
territorio del Estado español. Están, evidentemente, las que hacen
referencia al suministro de servicios básicos; es importantísimo que
nadie, por ninguna razón, se pueda quedar sin estos suministros. Hay una
batería de enmiendas vinculadas a proteger en el ámbito del consumo a las
personas que, lamentablemente, sufren algún tipo de discapacidad.
También, enmiendas vinculadas a las recomendaciones de la Unión Europea
sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso
colectivo, de cesación y de indemnización. Una batería de enmiendas
ligadas a la Ley de Enjuiciamiento Civil —hemos hablado de ello
antes—. Enmiendas importantísimas vinculadas al tremendo drama que
viven muchísimos españoles y que está unido a los contratos de préstamo o
de crédito de garantía hipotecaria, que han provocado que muchísima gente
no pueda pagar o pierda sus viviendas; queremos precisamente que las
cláusulas suelo sean consideradas cláusulas abusivas y, por lo tanto,
para nosotros es importantísimo que se incorpore esta enmienda, así como
que se regule la mediación obligatoria entre entidades financieras y
personas afectadas por ejecuciones hipotecarias. Planteamos crear, por
ejemplo, un fondo de garantía para la protección de consumidores
vulnerables, de los que, lamentablemente, ahora hay muchos. Proponemos
además eliminar la disposición final decimotercera. Creemos que el
establecimiento de la metodología para el cálculo del precio de la
electricidad es una cuestión técnica que afecta directamente a todos los
consumidores y operadores y, por lo tanto, debe establecerse sin
improvisaciones y una vez se haya efectuado el correspondiente debate, y
no, repito, mediante improvisaciones. Por ello, consideramos que no tiene
sentido que este punto se incorpore en esta ley, aprovechando el debate
de una ley que afecta a los consumidores pero cuando a ustedes les
interesa proteger unos derechos pero no otros. Hay otras enmiendas, pero
estos serían los grandes bloques. Como he dicho, he querido presentarlos,
porque lamento no haber presentado un veto que habría reflejado todo esto
que les acabo de explicar.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 180 a 239, del
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Toledo.

El señor TOLEDO DÍAZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Cuando tomé posesión, el pasado septiembre, como senador,
yo pensaba que aquí veníamos a hacer política, dentro de un grupo
parlamentario. Porque, señora Riolobos, evidentemente aquí estamos para
hacer política y los vetos son política y las enmiendas son política.
Pero también es política poder dar una rueda de prensa simplemente para
explicar a los ciudadanos, además de a los medios de comunicación, o a
través de los medios de comunicación, qué entendemos por ese pequeño
resumen —porque, evidentemente, no vamos a hablar de las sesenta
enmiendas que hemos presentado— de aquellas

enmiendas que entendemos que pueden tener un reflejo mayor
en la ciudadanía y que pueden afectar de una manera mucho mayor a los
ciudadanos de nuestro país. Eso, señora Riolobos también es política. No
son enmiendas estrella. Para nosotros, todas son importantes, porque así
las hemos considerado y así las hemos presentado y ustedes, el Partido
Popular, nos acusa de presentar o de hacer ruedas de prensa con enmiendas
estrellas y no aceptan absolutamente ninguna —como dicen el resto
de señorías de otros grupos políticos— de las doscientas cuarenta y
nueve enmiendas que hemos presentado todos los grupos. Eso se llama
arrogancia política. Señora Riolobos, y yo no quiero seguir con ese tema,
aquí estamos para hablar de las enmiendas, aunque sea difícil en este
corto espacio de tiempo.

Hay otras cosas que me sorprenden. Usted ha hablado de los
grandes acuerdos a los que se ha llegado con los grupos políticos en el
Congreso de los Diputados. Mire usted, al Grupo Parlamentario Socialista
se le aprobaron dos enmiendas y, creo recordar, ocho fueron
transaccionadas, una de ellas, por cierto, sobre el spam, presentada por
nosotros —que, además, llevábamos en la Ley General de
Telecomunicaciones y que modificó el proyecto que figura aquí— con
el texto: en ningún caso las llamadas telefónicas se efectuarán antes de
las nueve horas ni después de las veintiuna horas, ni en festivos, ni en
fines de semana. Esa enmienda es nuestra. Por eso, señora Riolobos,
aunque usted no vaya a aceptar ninguna enmienda, a veces, los socialistas
también tenemos buenas ideas y podemos hacer que se mejore la vida de los
ciudadanos españoles.

Un inciso, nada más. Aquí, presentamos, además, una de
adición, precisamente a esta que se incorporó en el Congreso, que dice,
no solamente eso, sino que en el caso del spam y del bombardeo telefónico
que están sufriendo muchos ciudadanos, cuando un consumidor diga que no
quiere recibirlo, que, por lo menos, pase un año hasta que la empresa lo
vuelva a emitir. Esa es una de nuestras enmiendas. Tampoco es tan
descabellada, señora Riolobos. Tampoco es estrella, simplemente, es de
sentido común. El consumo —y usted lo conoce perfectamente—
afecta a todos los ciudadanos de nuestro país, por edades, por grupos
sociales, a todos, de una manera u otra.

La transposición de la Directiva 2011/83/UE —que nos
trae aquí, a esta comisión, y después al Pleno—, con esta
modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, fundamentalmente trata de dos asuntos: la venta
a distancia y la venta fuera de establecimiento mercantil. Son dos
cuestiones que, además, se han incrementado muchísimo. Es una cosa que
sabemos todos. Poder comprar vía Internet, vía telefónica, supone un
porcentaje altísimo de reclamaciones, pero muy alto —no lo digo, lo
dijo la ministra también en el Congreso de los Diputados— de
reclamaciones, quejas y denuncias que recogen las asociaciones de
consumidores y usuarios y las oficinas municipales de información al
consumidor, además de otros servicios de consumo de las comunidades
autónomas. Por tanto, tenemos un problema. Y si tenemos un problema,
nuestra obligación, como Cámara legislativa, es intentar enmendar
aquellas cosas que pueden mejorar una ley. Eso es lo que intentamos hacer
como Partido Socialista, como Grupo Socialista, aquí, en el Senado. Y
presentamos las enmiendas, no estrellas, porque creemos que pueden
mejorar.

Por eso, hemos presentado una enmienda, la 205, de adición,
que incluye un libro completo en el texto refundido de la Ley general,
que trata de los servicios de atención al cliente en todos los aspectos.
Voy a resumir tres cuestiones fundamentales, que seguro que les parecen
interesantes a los consumidores y usuarios de nuestro país. Los servicios
de atención al cliente de estas empresas que venden a distancia, fuera de
establecimiento comercial, deben ser gratuitos. Su objetivo debe ser el
de resolver reclamaciones, quejas o denuncias de los consumidores. La
atención debe ser personalizada, nada de máquinas automáticas, que no
entendemos nadie y nadie es nadie, yo lo digo por mí, no hay quien se
aclare con ese tipo de máquinas. Eso va en perjuicio de los consumidores
y usuarios. Por tanto, prohibir el empleo de contestadores automáticos
—estoy resumiendo—; prohibición de la utilización de números
de tarificación adicional; que no tenga un sobrecoste para los
consumidores que han tenido un problema con una compañía, tengan que
volver a reclamar y les cueste todavía mucho más dinero; que los
servicios de atención al cliente, en ningún caso, proporcionen ingresos
adicionales a las empresas. Señora Riolobos, el consumidor en este tema
está totalmente desprotegido, por lo menos, muy mal protegido, porque el
consumidor es la parte más débil de la cadena; las empresas, las grandes
corporaciones —lo están haciendo— tienen medios suficientes
para defenderse muy bien. Pero nuestra obligación como legisladores es
legislar de la mejor manera posible para defender y proteger los derechos
de los consumidores. Eso, señora Riolobos, es hacer política, claro que
sí. Por eso presentamos estas enmiendas. Esta —que comentaba—
es un libro completo de atención al ciudadano y sí, viene recogido

en la transposición que usted ha comentado, pero de una
manera, a nuestro entender, por lo menos, escasa. Podrá por lo menos
respetar eso, que pensemos que sea escasa.

Usted ha dicho que la reforma que han hecho es de bastante
calado. No, simplemente han hecho la mínima reforma posible, dentro de
los principios básicos del objetivo que tiene el Gobierno y el Grupo
Popular —son palabras textuales suyas de hace, escasamente, un
momento—. Evidentemente. Por eso se presentan enmiendas.

Usted comenta que no ha recibido ningún tipo de sugerencia
de asociaciones de consumidores y usuarios. Nosotros, sí. Ahora, no me
extraña no lo estoy poniendo en boca de ninguna asociación de
consumidores y usuarios—, pero, desde luego, tal como están
legislando ustedes últimamente, no me extraña que no les manden ninguna
sugerencia, porque yo creo que es hasta perder el tiempo. Y es una
lástima, señora Riolobos, porque son cosas muy importantes las que se
están tratando aquí. ¿O no le parece a usted importante el
sobreendeudamiento, que usted comenta que se va a legislar, se va a
tramitar, a través de una reforma de otra ley? Pero es que es el mismo
argumento que nos da siempre: el tema de atención al cliente, se va a
reformar en otra ley; el tema del sobreendeudamiento, se va a reformar en
otra ley; el tema de la legitimación de las acciones colectivas de
asociaciones de consumidores, se va a legislar en otra ley. Es la excusa
de siempre. Bien, vamos a esperar a ver si realmente se legisla en otra
ley o es simplemente una excusa de mal legislador, porque no quiere
incorporar cosas muy importantes a la reforma de esta ley.

Podría continuar, pero son sesenta, y, evidentemente, no es
el momento ni el lugar. Sí quisiera cerrar con una cuestión fundamental,
si me permite la señora presidenta. Nosotros, los socialistas —lo
he dicho anteriormente—, a veces, a veces, cuando gobernamos,
también podemos hacer las cosas bien. Le recuerdo una cosa: la primer Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios —que usted
conoce muy bien—, la Ley 26/1984, la hizo un Gobierno socialista;
la segunda ley, que fue un texto refundido de esa ley con muchas otras
leyes que se incluyeron dentro —la última la Ley 1/2007—, la
hizo un Gobierno socialista. Señora Riolobos, nosotros también intentamos
proteger a los consumidores y usuarios. Ustedes están haciendo una
modificación de esta ley, con una transposición, y se limitan únicamente
a transponer la ley y nada más. Vayan un paso más allá, sean valientes, y
defiendan a esos consumidores, que es la parte, repito, más débil de esta
cadena.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Toledo.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra la senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Yo quiero agradecer las palabras de todos los portavoces de
los diferentes grupos políticos que han ido defendiendo una por una las
enmiendas, hasta las doscientas cuarenta y nueve, que se han presentado
por los diferentes grupos. Pero me van a permitir que haga una breve
composición de lugar para que sepamos exactamente de lo que estamos
hablando.

En los últimos años, las nuevas tecnologías han hecho que
el comercio electrónico y el comercio a distancia se hayan desarrollado
de una forma exponencial. Cada vez es más necesario que estos contratos a
distancia, o estos contratos vía telefónica, se puedan hacer con la
máxima transparencia, con la máxima confianza y con la máxima seguridad
para los usuarios. Y yo estoy convencida de que todos los portavoces y
todos los ponentes de esta ley que han estado defendiendo sus enmiendas
estarán de acuerdo conmigo en lo mismo. Y yo creo —al menos nuestro
grupo cree— que, cuando quede aprobada esta ley, el consumidor va a
estar más seguro, el consumidor va a estar mejor informado de sus
derechos, se van a respetar más sus derechos, y también pensamos algo que
es muy importante, y es que los empresarios van a tener un marco legal
más claro para saber sus obligaciones en relación con los consumidores y
usuarios, especialmente esos empresarios de grandes compañías, que,
normalmente, son los que agrupan el mayor número de quejas y
reclamaciones por parte de los usuarios.

Y, como decíamos al principio, la transposición de esta
directiva en esta ley trata de los contratos a distancia, de los
contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles e incluye
una cosa muy importante, que ocurrió después de que se aprobara esta
directiva, que son las directrices dadas por el Tribunal de Justicia
Europeo en relación con las cláusulas abusivas de los contratos, que ha
sido un paso de gigante para muchos ciudadanos de nuestro país, que han
visto cómo las cláusulas abusivas que se les impusieron en determinadas
etapas, cuando contrataban hipotecas, hayan sido tumbadas por los

tribunales en beneficio de los consumidores y usuarios,
cosa que a nosotros, lógicamente, nos parece una buena acción.

Además, pensamos que el consumo y los consumidores van a
ser el motor más importante para que nuestro país salga de la crisis, y,
en ese sentido, todo lo que vaya en beneficio de reactivar el consumo,
sea electrónico, sea a distancia o sea presencial, a nosotros nos parece
que es una buena medida para potenciar sobre todo la defensa de los
consumidores, pero también el empleo.

Creemos, sinceramente —y les voy a dar solo dos o
tres datos que son importantes— en la materia que nos ocupa ha
habido más de 300 000 reclamaciones solo en 2011 por parte de los
ciudadanos. Luego corre prisa que esta ley se apruebe cuanto antes.

El comercio electrónico mueve en este momento 2800 millones
de euros en nuestro país —es un dato absolutamente
espectacular—, se celebran cuarenta y tres, casi cuarenta y cuatro,
millones de operaciones al año y el Instituto Nacional de Estadística
dice que el colectivo de edad entre 17 a 64 años, que son trece millones
de españoles, ya compra habitualmente a través de este mecanismo, desde
billetes hasta contratar la luz, el gas, la telefonía, etcétera, por lo
tanto, es necesario que la transposición de esta directiva y esta ley
entren en vigor cuanto antes. Y, sobre todo, en los temas que son
estrella para nosotros dentro de esta ley, que son las
telecomunicaciones, la energía, el agua y los seguros, que representan el
30% —y usted lo sabe muy bien porque es un experto en la
materia— de consultas y reclamaciones por parte de los ciudadanos,
por ejemplo, en el año 2012.

Nosotros creemos que con esta ley reforzamos la seguridad
jurídica para los empresarios y para los consumidores, elevamos el nivel
de protección y, además, eliminamos las disparidades de carácter
legislativo que hay ahora entre los Estados miembros y que, de alguna
manera, pueden perjudicar a nuestro mercado.

Se amplía la protección de los consumidores en muchísimos
aspectos de una forma bastante significativa. No la voy a relatar porque
lo voy a decir luego cuando estemos hablando de las enmiendas, pero
nosotros pensamos, sinceramente, que hay que tener en cuenta todas las
modificaciones que se han introducido en esta ley y que mejoran la
defensa de los derechos de los consumidores y usuarios con las enmiendas
que se han aprobado y se han transado en el Congreso de los Diputados,
que son muchas y variadas. El tema del acoso electrónico reconozco que es
un tema muy interesante, que se ha aprobado y que sin ninguna duda va a
beneficiar yo creo que a todos los que estamos aquí, pero sobre todo al
cien por cien de los ciudadanos que sufren ese acoso en determinados
horarios y de forma absolutamente insoportable, por eso, en ese sentido,
creemos que esta es una norma interesantísima.

Yo venía preparada para contestar una por una las enmiendas
que han presentado los diferentes grupos políticos, pero quizá, en aras
de la rapidez, ya que hay muchas enmiendas de los grupos políticos que se
repiten, si les parece bien me van a permitir que, en lugar de ir grupo
por grupo dando la argumentación de por qué razón no aceptamos las
enmiendas, englobe en una sola contestación las enmiendas 1 a 8, que han
presentado los senadores Eza Goyeneche y Salanueva Murguialday, de Unión
del Pueblo Navarro, del Grupo Mixto; la 9 que presentaron los senadores
Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, de Coalición Canaria, del Grupo
Mixto; de la 10 a 47 que presentaron los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, de Izquierda Unida, del Grupo Mixto; de la 240 a la
249, que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y que
ha defendido aquí el senador Cazalis Eiguren; las enmiendas 48 a la 143,
que ha presentado Entesa pel Progrés de Catalunya, y que ha defendido
aquí la senadora Almiñana Riqué; las enmiendas 144 a la 179, del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, que ha defendido la senadora
Cunyat Badosa, y las enmiendas 180 a 239 del Grupo Socialista. Como les
decía, muchas de las enmiendas son al mismo artículo, ya que esta ley,
tal como está estructurada —no lo hemos contado, pero lo hizo muy
bien en su informe la letrada— tiene un artículo único, y sobre ese
artículo único se van presentando las diferentes modificaciones de los
artículos del texto refundido de la Ley de protección de consumidores y
usuarios. En este sentido, agrupándolas, y de forma no exhaustiva, les
tengo que decir que hay una serie de enmiendas que ustedes presentan que
hemos estudiado y hemos analizado en profundidad que de alguna manera ya
vienen recogidas en la transposición que se hace de la directiva.

Tampoco podemos aceptar otras enmiendas que ustedes
plantean, como las relativas al artículo 97, porque la directiva en este
sentido es muy estricta, y en aquellos artículos que tiene que ser
transpuestos con una armonización máxima no podemos incluir ni imponer
ningún requisito nuevo y, además, tampoco podemos incluir disposiciones
contrarias a las de la directiva; tenemos una serie de limitaciones de
carácter obligatorio, como la directiva, por las que no hemos podido
aceptarlas.

Hay otra serie de enmiendas que han plantado precisamente
los grupos nacionalistas Vasco, Mixto, Esquerra Republicana, y
Convergència i Unió, que tienen que ver con el idioma en el que se tiene
que dar la información precontractual; también forma parte de los
razonamientos que ustedes daban en los vetos. En este sentido, el Grupo
Parlamentario Popular entiende que el que la información precontractual
se dé a los consumidores españoles al menos en castellano, pero que se
pueda dar en otro idioma de la Unión Europea y, con la normativa
específica de consumidores que tengan las comunidades autónomas, en la
lengua cooficial que existe en cada una de las comunidades autónomas,
garantiza precisamente ese derecho y, desde luego, entendemos que no hay
ninguna discriminación lingüística ni mucho menos una limitación
lingüística a las comunidades autónomas que tienen una lengua
cooficial.

Creemos que la competencia —lo digo porque algunos
grupos lo han planteado— de la transposición de la directiva es del
Estado y no de las comunidades autónomas. En este sentido, hay sentencias
del Tribunal Constitucional que avalan este tema.

En relación a las mejoras —y las voy a relatar—
creemos que están incluidas y que mejoran mucho el régimen de
infracciones y sanciones. Está claro que no se puede dar información a
los consumidores a través del número de tarificación adicional; lo digo
porque han planteado ustedes algunas enmiendas, y no hay posibilidad de
tarificación adicional, según la transposición de la directiva y según el
proyecto de ley que se presenta. Está recogido claramente que hay que
informar a los consumidores y usuarios de los contratos de permanencia y
del compromiso de permanencia de los años, está perfectamente recogido;
por lo tanto, las enmiendas que ustedes plantean sobre este tema no
tienen sentido porque están perfectamente recogidos. Creemos que se
garantiza muy bien el derecho de desistimiento y el derecho de reembolso
en el caso de que una persona que ha hecho un contrato o ha comprado un
producto lo devuelva. En este sentido, está perfectamente recogido. Queda
muy claro cómo se define lo que es soporte duradero. ¿Recuerdan la
enmienda que se había introducido en el Congreso de los Diputados, pero
que viene también en la transposición de la directiva, de que cuando un
ciudadano hace un contrato vía telefónica, haya un soporte duradero, ya
sea vía sms, fax, contrato por escrito, donde el ciudadano sepa
exactamente, negro sobre blanco, qué es lo que ha contratado y cuáles son
los compromisos que tiene en relación con el contrato? Luego el soporte
duradero queda claramente definido en la ley.

También queda claro lo que son las prácticas abusivas. En
este sentido, creo que cualquiera de las enmiendas que se puedan plantear
no aportan nada, solo remachan un poco más lo que ya hay.

Creemos que en el texto refundido ya se contempla de una
forma muy clara todo el tema de sanciones efectivas, sanciones
proporcionadas y sanciones disuasorias; por lo tanto, estarían recogidas
en el proyecto de ley. Ha quedado muy claro en las enmiendas que se han
recogido fundamentalmente en el Congreso de los Diputados que se va a
desincentivar por completo el tema del spam telefónico y el acoso
telefónico de los grandes empresarios, fundamentalmente; se recoge muy
claramente también todo lo que tiene que ver con la información
precontractual, estableciéndose la anulabilidad de los contratos; es
decir, cómo se puede anular un contrato una vez hecho si no se está de
acuerdo con la información cuando llega por cualquiera de las vías, que
son soportes duradero; queda muy claro que la carga de la prueba, cuando
se desiste de algo, corresponde siempre al empresario y no al consumidor
o al usuario.

Queda regulado muy bien cómo deben ser las oficinas de
información y de atención a los clientes. También queda muy bien regulada
toda la información sobre la existencia y condiciones de los servicios de
posventa. Como queda muy bien regulada la protección de datos y la
intimidad, sobre todo en las comunicaciones electrónicas y el tratamiento
de los datos respecto a la información que pasamos a través de las
compras por comercio electrónico, que es un tema que preocupaba bastante
a los grupos políticos. De igual modo queda claro que el consejo de
consumidores y usuarios solo puede estar compuesto por asociaciones de
ámbito nacional que estén acreditadas como tales y, por tanto, incluidas
en los registros de asociaciones de consumidores y usuarios. Esto no se
puede modificar.

Luego hay una serie de cuestiones que ustedes presentan en
sus enmiendas y que de alguna manera se van a cumplir, no vía enmienda,
como ustedes plantean, sino a través de los textos legislativos que están
o en tramitación en el Congreso de los Diputados, o que van a llegar
pronto al Senado. Por ejemplo, como les he informado antes, el proyecto
de ley de servicio de atención al cliente va a recoger ampliamente,
porque es muy exhaustivo, algunas de las enmiendas que ustedes han
planteado a este texto. Quédense ustedes tranquilos porque, aunque no se
recoja en este proyecto de ley, desde luego en el texto del anteproyecto
de ley sobre el servicio de atención al cliente, que vamos a tener tiempo
de analizar, estudiar y aceptar sus enmiendas, trataremos estos
aspectos.

Por otra parte, está a punto de salir un real decreto que
va a regular todo el ámbito del arbitraje y la mediación, que es otra de
las preocupaciones que ustedes manifestaban en las enmiendas. Luego, de
forma muy exhaustiva se va a poder estudiar y analizar en esta Cámara
todo lo relacionado con este asunto, y no solo a través de una o varias
enmiendas que han presentado a este texto. También hay que transponer la
Directiva 2013/11 de la Unión Europea en relación con el arbitraje y la
mediación. Por lo tanto, quédense tranquilos porque aunque no se acepten
las enmiendas, vamos a tener tiempo de discutir y ampliar toda la
información.

Les anunciaba antes que el Ministerio de Justicia es muy
favorable a ampliar todas las competencias del ministerio fiscal en
relación a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios,
sobre todo en lo que se refiere a la reclamación de indemnizaciones
cuando sean lesionados los derechos de los usuarios. Esto realmente viene
a recoger de forma bastante clara alguna de las preocupaciones que
ustedes han expuesto en sus enmiendas. Y saben ustedes que se encuentra
en trámite legislativo el anteproyecto de ley de asistencia jurídica
gratuita. Por lo tanto, su preocupación por que los usuarios y
consumidores tengan apoyo con la asistencia jurídica gratuita y demás se
va a ver perfectamente resarcida.

La señora PRESIDENTA: Señoría, simplemente le aviso que si
quiere compartir tiempo, le quedan cinco minutos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Bien, pues seré muy
rápida.

Estaba comentando aquellos temas que se incluirán en las
leyes que van a venir y que les van a dejar muy tranquilos porque van a
poder plantear muchas enmiendas, aunque probablemente estos textos las
recojan. Pero, además, han presentado otras enmiendas que tienen que ver
con otras leyes y no con esta reforma del texto refundido de la Ley de
consumidores y usuarios, como son el texto refundido de la Ley de
protección de las personas con discapacidad, la Directiva sobre la
privacidad de las comunicaciones, la Ley de Competencia Desleal, la Ley
del medicamento, los derechos de los viajeros de transporte aéreo,
marítimo y demás, que vienen recogidos en la correspondiente legislación
sectorial, la protección de los deudores hipotecarios en aspectos como el
suelo de las hipotecas y las preferentes que, como ustedes saben, se han
resuelto en parte gracias al Gobierno del Partido Popular con el Real
Decreto Legislativo 6/2012, de deudores hipotecarios sin recursos, con el
Real Decreto Legislativo 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la
protección de deudores hipotecarios, y con la Ley 1/ 2013, de protección
de deudores hipotecarios, que les permite la reestructuración de la deuda
y el alquiler social, cosa que ha sido un avance importantísimo para
todas las personas afectadas. A esto se añaden las modificaciones de la
Ley de Enjuiciamiento Civil que están en este momento en marcha, otras
que afectan a la Ley del Sector Eléctrico y, desde luego, todo lo que
tiene que ver con indemnizaciones que afectan a la Ley de mercado
interior, con la tutela judicial y las normas sectoriales que, en
principio, han sido perfectamente respetadas y que tienen que ser muy
respetuosas, como mínimo, con lo que establece el texto refundido de la
Ley de protección de consumidores y usuarios.

Y ya sin más, cedo la palabra a mi compañera para que
culmine el debate de las enmiendas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Senadora Contreras, dispone usted de cuatro minutos.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, señora presidenta.

Intervendré muy brevemente, a lo mejor no hago uso de los
cuatro minutos porque la intervención de mi compañera, la senadora
Riolobos, ha sido muy pormenorizada.

Yo no quería dejar pasar este turno de enmiendas sin
matizar y hacer referencia aquí de una manera contundente a algo que se
ha mencionado y que me parece anecdótico dentro de una ley que, como
hemos visto a lo largo de la tarde, tiene una importancia trascendental y
que incluye una serie de conceptos con los que todos estamos satisfechos,
porque yo creo en la mejora de los servicios de información al
consumidor, al usuario, etcétera. Entrar en el debate sobre el cigarrillo
electrónico, que durante todos estos días se ha tratado en los medios de
comunicación, y sobre su regulación en esta ley no deja de ser algo
anecdótico. No sé si puede relacionarse, como se ha dicho antes, con si
se está en campaña electoral o no, pero verdaderamente parece llamativo
después del consenso que se logró en el Congreso. Hay que recordar que
esta fue una enmienda que presentó el Grupo

Parlamentario Popular y que se transaccionó con los demás
grupos parlamentarios, con CiU y con el Grupo Parlamentario Socialista.
Es cierto que no se aprobó por unanimidad, pero no hubo ningún voto en
contra, solamente hubo una abstención en el Congreso del Grupo
Parlamentario UPyD. O sea, hay que matizar que esta regulación sobre el
cigarrillo electrónico, su uso, publicidad en menores, etcétera, no tuvo
ningún voto en contra. Debo recordar que hoy es día 18 de marzo y la
directiva se aprobó el día 14 de marzo, con lo cual todas las señorías
que estamos presentes hoy aquí deberíamos sentirnos orgullosas porque
esta regulación se hizo con anterioridad. El Partido Popular fue pionero
y España fue pionera en liderar esta directiva de consumo del tabaco.
Deberíamos sentirnos orgullosos y no hacer de este tema una batalla.
Tenemos tiempo suficiente y ustedes me podrán decir cuándo y cómo quieren
transponer esta directiva europea que se aprobó hace cuatro días, pero
tenemos dos años para ello. Lo que aprobó el Partido Popular, además se
aprobó dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
por todas las comunidades autónomas, y se obtuvo un gran consenso en el
ámbito de la publicidad, en la venta, en los establecimientos,
etcétera.

Tengo que decir que aquí se han cometido bastantes errores,
y siento que en este momento no esté la senadora Almiñana, porque hay
cosas que son falsas. Sencillamente decir que se podrá hacer uso del
cigarrillo electrónico en lugares como está Cámara responderá, a lo
mejor, a que no haya tenido tiempo de leerse la directiva. España ha
liderado que el consumo de los cigarrillos electrónicos esté prohibido
tanto en los centros educativos como en las zonas infantiles, en los
centros sanitarios, en los centros de las administraciones públicas y
creo que este es un centro de Administración Pública. O sea, que si dice
que en el Senado vamos a tener cigarrillos electrónicos, tengo que
tranquilizarla porque eso no va a suceder. Y lo mismo puede decirse de
los servicios de atención al ciudadano, del transporte público, etcétera.
Es más, no podemos ir por delante de lo que establece la Organización
Mundial de la Salud, que afirma que todavía no se pueden excluir los
riesgos para la salud de la exposición al vapor —ya se está
utilizando el nuevo verbo vapear, es decir, usar estos cigarrillos que
tienen únicamente vapor—, y está a la espera de estudios que
confirmen que la nicotina y el vapor que emiten esos cigarrillos
electrónicos sean perjudiciales para la salud porque, hasta ahora, no se
ha descubierto que ese vapor sea más que vapor de agua. La nicotina la
inhalará el usuario, el que lo consuma, pero la nicotina también se
encuentra en los chicles de nicotina, en los parches de nicotina, en los
cigarrillos, pero no en el vapor. Vamos a ver si somos un poquito serios
con lo que estamos hablando porque se puede llegar a confundir a los
ciudadanos cuando no se tienen fijados los criterios exactamente. Creo,
señorías, que todos ustedes conocen lo que es la nicotina. Estamos de
acuerdo en que es una droga como tantas otras. Es una sustancia tóxica,
pero su toxicidad radica en la adicción que produce. La cafeína es una
sustancia tóxica y su toxicidad radica también en la adicción que produce
en distintos grados, hay distintos grados de adicción, pero aquí no se
habla de sustancia cancerígena. La nicotina en sí no es una sustancia
cancerígena, no hay combustión, etcétera.

Hay muchos estudios que se están realizando ahora. Estamos
hablando de una directiva que se aprobó hace cuatro días, el 14 de marzo
del 2014, hoy es 18 de marzo del 2014, señorías, y si tenemos un plazo de
dos años para acomodar nuestra legislación y nosotros hemos sido los
pioneros en regular esta nueva, entrecomillas, tendencia de los
cigarrillos electrónicos en nuestro país, yo creo que convendría que
tuviésemos la suficiente prudencia para no entrar de una manera
atropellada, con calzador, en esta directiva europea y hacer un mal uso
de esa posibilidad que puede ser una reglamentación a posteriori.
Deberíamos sentirnos muy satisfechos, y el Partido Popular así se
reconoce, con haber sido pionero en Europa en la regulación del
cigarrillo electrónico. Puede asentir con la cabeza o no, pero hasta hace
cuatro días, usted, no, (Rumores) pero el Partido Socialista en el
Congreso de los Diputados estaba satisfecho y, de hecho, así
—también se ha hecho mención anteriormente— puede dejar en
evidencia lo que habían manifestado tanto la exministra Trinidad Jiménez,
como el señor Martínez Olmos, que apoyaron con su voto la regulación que
allí se hizo.

Me he pasado de los cuatro minutos. Agradezco su
colaboración, hablaremos más en el Pleno y dejo el resto de mi
intervención para el siguiente turno.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Senador Cazalis, quiere hacer uso de la palabra?
(Denegaciones).

La senadora Almiñana no está.

Tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, señora presidenta.

Simplemente quiero hacer una reflexión. Desde nuestro grupo
creemos que era imprescindible actualizar una ley que estaba
absolutamente desfasada y que no era adecuada a la necesidad de los
consumidores. El mercado en los últimos años ha cambiado muchísimo,
especialmente Internet y todo lo que son las plataformas digitales han
supuesto un nuevo mercado y, por lo tanto, nuevas obligaciones, pero
también nuevos derechos para los consumidores que se tienen que proteger.
La revolución que ha supuesto Internet es indudable y el volumen de
compras —lo han dicho ustedes— a distancia se ha incrementado
muchísimo en los últimos años y era necesario actualizar la ley en este
aspecto, y creo que se han propuesto cambios en la buena dirección,
cambios en este sentido.

Por otro lado, creo que la ley no ha alcanzado el nivel de
calidad o de excelencia que todos pretendíamos buscar ya que quedan fuera
algunos colectivos —lo he dicho antes— como los deudores
hipotecarios y también —insisto— todas aquellas personas con
algún tipo de discapacidad, en relación con las cuales no se han querido
incorporar, al menos de momento, algunas enmiendas a esta ley. Este es
uno de los motivos que nos llevará a votar en contra de la ley. Otra
razón para emitir un voto negativo es la falta de respeto a la protección
y al reconocimiento que tienen las lenguas, los idiomas oficiales de
nuestro Estado y, por último, evidentemente los intereses particulares
del Gobierno y las prisas que tiene el Gobierno para poner en marcha una
ley que, al final, lo que pretende es proteger los derechos de los
consumidores pero incorporar, como se ha dicho, otros temas y,
especialmente, por uno en concreto hay tanta prisa y por eso creo que no
aceptan enmiendas para que esto esté en funcionamiento el próximo
mes.

Por lo tanto, simplemente no ha habido acuerdo, creo que no
ha habido consenso; en esta Cámara, al menos, no ha habido diálogo.
Nosotros votaremos en contra como ya lo hicimos también en el
Congreso.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, presidenta.

Seré muy breve. Señora Riolobos, la verdad es que nos ha
tranquilizado porque resulta que no nos han aceptado ni una sola enmienda
de todas las que hemos presentado porque las incorporarán en futuros
proyectos de ley. En ese caso, podríamos haber ido avanzando con la
aprobación de esas enmiendas. En consecuencia, creo que el argumento es
muy débil.

Hay otra cuestión a la que sí voy a hacer referencia y que
me ha preocupado muchísimo, es la intervención de la senadora en cuanto a
la regulación del uso, consumo, publicidad y promoción de los
e-cigarrillos, y me ha preocupado profundamente porque con su
intervención banaliza el consumo de los cigarrillos electrónicos, y hace
referencia a la Organización Mundial de la Salud, pero la Organización
Mundial de la Salud habla —y lo he dicho al principio de mi
intervención— de la precaución, y eso es importantísimo. Y el mismo
día en que nosotros registrábamos la enmienda y también otros grupos
políticos, conocerá usted que ya se habían dado casos de neumonías
lipoideas por el uso y consumo de los cigarrillos electrónicos. Además,
ustedes dicen que nadie se ha puesto en contacto con ustedes. Yo les
tengo que mencionar que hay treinta y siete sociedades científicas
relacionadas con la salud de las personas, más el consejo general de
organizaciones de colegios de médicos, más el comité contra el tabaquismo
y, sin embargo, ustedes hablan de esa forma tan alegre que me ha parecido
preocupante ya que no ha dado ningún argumento serio para no aprobar esta
enmienda. Nosotros insistimos, esta es una enmienda que mejora lo que se
aprobó en el Congreso de los Diputados, que es verdad que la directiva es
a posteriori —y lo he dicho en mi intervención—, y por eso
aquí, que es una Cámara legislativa, tenemos la oportunidad de presentar
enmiendas para mejorar porque, si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Si
ustedes nos coartan la libertad de que podamos presentar enmiendas para
mejorar los textos legislativos, pues ya me contarán qué estamos haciendo
aquí.

Por tanto, reiteramos, queremos que el consumo, publicidad
y promoción de los cigarrillos electrónicos se equipare a lo que está
estipulado en la ley, en la reglamentación del tabaco, y los ponemos al
mismo nivel, porque es mucho mejor prevenir que curar y, ante las dudas,
la prevención siempre es la mejor herramienta. Y no lo dice el Grupo
Parlamentario Socialista, lo dicen treinta y siete sociedades científicas
relacionadas con la salud de las personas.

Por tanto, insistimos, ustedes dicen que es una enmienda
estrella. Para nosotros todas son importantes, pero esta también lo es,
porque estamos hablando de proteger el bien más preciado que tenemos, que
es la salud de las personas, y no podemos banalizar con que éste no tiene
riesgos, porque todo lo que hemos avanzado y hemos conseguido con la ley
que hicimos, posiblemente, si no somos estrictos y banalizamos el uso y
consumo tendremos graves consecuencias en un futuro.

Por tanto, señorías, reiteramos que vale la pena que lo
piensen bien. Esto no es una ocurrencia del Grupo Socialista; viene
avalado, insisto, por todas las sociedades certificas que tienen que ver
con la salud, también por la Organización Mundial de la Salud que hace
referencia a la precaución. Por tanto, no banalicemos algo que es
importante.

Por mi parte, insisto, somos partidarios de que se apliquen
las mismas restricciones al consumo de estos cigarrillos que las ya
existentes para los productos del tabaco; las mismas restricciones a la
publicidad, promoción y patrocinio que las ya existentes en el caso del
tabaco y también equiparar el régimen de infracciones.

Vale la pena que lo piensen, y espero que en el Pleno
seamos capaces de aprobar todos los grupos políticos algo tan importante
como es la regulación de los cigarrillos electrónicos porque más vale
prevenir que curar.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Riolobos, por un tiempo de cinco minutos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Señora presidenta, lo vamos a
compartir.

La señora PRESIDENTA: Tienen cinco minutos para
compartirlos. Por tanto, sean muy rigurosas en el tiempo porque yo creo
que ya ha habido oportunidad de debatir.

Tiene la palabra su señoría.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Solo quería agradecer las
palabras de la senadora Cunyat y decirle que, en efecto, esta ley va a
mejorar de una forma significativa la protección de los consumidores y
usuarios.

Me gustaría haberle podido transmitir tranquilidad en el
sentido de que todo lo que tiene que ver con los preferentes, con las
cláusulas suelo de las hipotecas, con el tema del sobreendeudamiento
familiar, todo esto se va a recoger en leyes que están en este momento en
marcha. Y estamos convencidos de que la cuestión idiomática, que tanto
preocupa, fundamentalmente a los grupos parlamentarios que representan a
comunidades autónomas con idioma propio, está perfectamente regulada y
protegida y que la normativa específica de sus comunidades autónomas lo
va a resolver.

En relación con la intervención de la senadora Llinares,
tengo que insistir en que no es que sus enmiendas se tuvieran que incluir
porque van ser objeto de una ley, no, es que la ley y el borrador de
estas leyes a las que me he referido —la de atención al cliente, la
de arbitraje y mediación, la relacionada con la ampliación de las
competencias de la fiscalía en defensa de los consumidores —que es
y va a ser muy significativa— y el anteproyecto de ley de
asistencia jurídica gratuita ya están en marcha, los borradores están en
marcha. Por ejemplo, ustedes, con la ley de atención al cliente
estuvieron dos años sin resolver una normativa, una ley que estaba en
marcha, y dejaron que se quedara durmiendo el sueño de los justos en el
Congreso de los Diputados y caducara. Eso es así.

Usted insiste en que las asociaciones de consumidores han
presentado enmiendas. No es cierto; usted está hablando de sociedades
científicas, que no son asociaciones de consumidores. Y esta ley que
estamos debatiendo tiene por objeto la transposición de una directiva al
texto refundido de la Ley de protección de consumidores y usuarios; y no
quiera usted ampliarlo a otras cuestiones puesto que esto no es una
modificación de otras leyes. Y usted de lo que está hablando es de una
modificación de la Ley General de Salud Pública que tiene otros
contenidos, a lo que le va a contestar mi compañera la senadora Begoña
Contreras.

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra su señoría.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, señora presidenta.

Senadora Llinares, yo esto me lo tomo super en serio. No
crea que nada de lo que se trata aquí, en la Comisión de Sanidad, es
broma. La salud de nuestros ciudadanos nos importa y mucho.

Al Partido Popular le preocupa, y mucho, la salud pública;
creo que no me ha entendido bien, y a lo mejor mi cara no ha expresado la
suficiente seriedad. (Rumores). Como digo, España ha liderado la ley más
protectora en relación con la directiva europea en la regulación del
tabaco. Nos hemos anticipado —se lo he recordado—, y no ha
habido ningún voto en contra en esa anticipación que surgió en el
Congreso. Esas sociedades científicas a las que usted hace mención
también se han puesto en contacto con nosotros, así como el consejo
general de los colegios oficiales de médicos, y les hemos mandado una
carta tranquilizándoles con nuestra regulación, con el acuerdo
—primero fue una propuesta del Partido Popular—, una
propuesta que fue apoyada por ustedes —lo que seguimos
agradeciendo—, así como por Convergència i Unió; solo hubo una
abstención puesta de manifiesto, y todos los consejeros de Sanidad de las
distintas comunidades autónomas están de acuerdo con esa regulación. Así
quedó demostrado —a lo mejor no lo he dicho despacio por la falta
de tiempo— en el último Consejo Interterritorial de sanidad
nacional, que fue en diciembre de este año. Por lo tanto, no quiera
desviar la atención afirmando que a nosotros no nos gusta la prevención.
La salud pública es lo más importante, máxime en esta comisión en la que
estamos tratando del bienestar. Y precisamente por eso, para proteger a
los más débiles, que son los menores, que son los consumidores pasivos,
etcétera, hemos sido los primeros en transponer la directiva europea y
tener una regulación de este tipo en cuanto al cigarrillo
electrónico.

Tendremos más tiempo para discutirlo, porque está acabando
la tarde y veo que sus señorías tienen cierta prisa en concluir con este
tema, y seguiremos hablando la semana que viene en el Pleno, pero hay que
llevar la tranquilidad a los que nos estén escuchando en el sentido de
que, por supuesto, al Partido Popular le parece un tema serio, considera
que esto es muy importante, pero también debo decirles que estos son
nuestros argumentos y que hemos liderado. No cambien de posición y
pretendan ahora meter de rondón una prohibición a mayores, porque no
existe en este momento esa necesidad. Vamos a hacer las cosas a su
tiempo. Creo que hemos sido los primeros en muchas iniciativas y no nos
vayamos a atropellar y a equivocar. Nuestra legislación es pionera y es
muy restrictiva, y eso nos tiene que satisfacer a todos. Y, si a ustedes,
con todo y con eso les queda todavía alguna duda, creo que podían haberlo
hecho antes, si me permiten la expresión, podían haberlo hecho antes en
el Congreso, lo que no hicieron.

En cualquier caso, dentro de toda la ley que estamos
tratando, esto es algo anecdótico —a lo mejor a usted le ha
parecido que no era serio—; que estamos debatiendo una ley por la
que se mejora la información a los consumidores y usuarios —y no
voy a repetir todo lo que ha dicho mi compañera—; se mejoran los
derechos de desistimiento; se dan una serie de nuevos derechos sobre
cláusulas abusivas, sobre el spam telefónico, etcétera. Que quieran
desviar toda la atención de esta transposición de la directiva y de los
derechos que se mejoran —y de qué manera— respecto a los
intereses de nuestros consumidores y usuarios y lo dejemos en lo
anecdótico de si el Partido Popular cambia o no en dos días toda una
directiva de tabaco que se aprobó hace cuatro días —literalmente,
cuatro días—; deben tener ustedes un poco de calma, y vamos a
intentar trabajar en lo que estamos trabajando, que vamos bastante bien
en este sentido. Yo, por lo menos, como miembro del Partido Popular, y
dedicada a temas de salud me siento muy orgullosa de que nuestro partido
haya sido pionero en la regulación del cigarrillo electrónico.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Según el artículo 116.2 del Reglamento del Senado, procede
aprobar el informe de la ponencia, que es el texto remitido por el
Congreso de los Diputados con las correcciones técnicas que han sido
aprobadas. Y para que conste en acta, y en una pincelada son:
modificaciones al preámbulo, al artículo único, apartados tres y cuatro,
apartado quince y apartado veintiséis; disposición derogatoria única;
disposiciones finales tercera, cuarta y quinta; de la sexta a la octava;
disposiciones finales decimocuarta y decimoquinta; disposición final
decimosexta y reenumeración de las disposiciones finales.

Por lo tanto, procedemos a la votación del informe de la
ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el informe de la
ponencia.

Ha sido dictaminado por la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre.

Queda la designación del miembro que vaya a presentar el
dictamen en el Pleno. (Varios señores senadores: la señora presidenta de
la comisión).

Pues lo hará la presidenta de la comisión. (La senadora
Llinares Cuesta: En eso estamos de acuerdo.—Risas).

Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las dieciocho horas y cincuenta minutos.