– Moción por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para promocionar los productos
procedentes de la agricultura de montaña.

(Núm. exp. 661/000277)

Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA PEL PROGRÉS DE
CATALUNYA.

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iniciativa ha recibido múltiples apoyos, como los de
cooperativas agroalimentarias y de representantes del sector de
Andalucía, Extremadura, Cataluña y, por supuesto, de Fepex. Así que
podemos decir que hoy en esta defensa el Grupo Socialista y esta portavoz
están muy bien acompañados.

Dentro del sector agrícola probablemente la horticultura
ornamental sea la que peor lo está pasando en estos momentos como
consecuencia de la crisis, pero también debido a algunas decisiones
letales que se han aplicado a este colectivo. Y la última ha sido la
exclusión del sector de flores y plantas ornamentales de las ayudas de la
PAC.

La producción de plantas vivas y de flores representa en
España un 4,3% de la producción vegetal final. Ocupa aproximadamente unas
6800 hectáreas y genera un volumen de negocio en torno a los 900 millones
de euros. Esto era así hasta el año 2010, porque lo cierto y verdad es
que en estos momentos se ha reducido tanto la superficie dedicada a este
cultivo como el número de empresas que cultivan flores y plantas
ornamentales y, por supuesto, ha disminuido la facturación. Valga
solamente un ejemplo para demostrarlo: el colectivo de cooperativas en el
año 2004 facturaba 56,5 millones de euros y en el año 2011, 39,98
millones, es decir, durante estos siete años se ha registrado una caída
nada menos que del 30% en la facturación.

Desde el punto de vista de la generación de empleo, es un
sector que ocupa aproximadamente a unas 50 000 personas. Además, es una
mano de obra mayoritariamente familiar, hasta el punto de que hay
poblaciones enteras que dependen de este tipo de cultivo. Hablamos de
pequeñas explotaciones, muchas de ellas agrupadas en cooperativas, que
deben hacer frente a los cambios constantes de tecnología en este sector
y también a unos costes de producción elevados porque la mayor parte de
estos cultivos se produce en invernaderos.

La crisis económica que vivimos ha supuesto un durísimo
varapalo para el sector ya que ha disminuido drásticamente el consumo
privado, pero también se ha producido una fuerte reducción en la demanda
de las administraciones públicas, es decir, apenas ya se restauran
paisajes, ha disminuido la venta a ayuntamientos y apenas se organizan
eventos o actos institucionales que pudieran dar salida a este tipo de
cultivos. Obviamente, todo esto se traduce en una pérdida de empleo, que
afecta fundamentalmente a las comunidades autónomas de Andalucía,
Valencia, Cataluña, Murcia, Galicia y Canarias, que concentran el 90% de
las explotaciones agrarias dedicadas a esta actividad. Pero hay otras
razones del declive en las que me quisiera detener, si acaso
brevemente.

El sector de plantas vivas y productos de floricultura es
el sector agrario más liberalizado de toda la Unión Europea. A pesar de
tener una vocación claramente exportadora —aproximadamente el 90%
se exporta a la Unión Europea—, este sector encuentra cada vez más
dificultades debido a las concesiones arancelarias y a los acuerdos de la
Unión Europea suscritos con terceros países. El resultado hoy de todas
estas ventajas arancelarias es que el 80% de la flor cortada que se
importa en la Unión Europea no paga derechos de aduana, con una práctica
libertad de acceso al mercado, un mercado que además coincide en la misma
fecha con la exportación de las flores de España, pero, eso sí, a un
menor precio.

Además, este sector es un colectivo que apenas tiene ayudas
públicas. Prácticamente dentro de la actividad agraria es el único que no
cuenta con apoyos públicos, y según parece tampoco los va a tener en el
futuro porque, como ya he dicho, ha sido explícitamente eliminado de la
reforma de la PAC, y todo eso, a pesar de las importantes inversiones que
los productores deben hacer para mantener el ritmo de innovación y
modernización de sus instalaciones.

Pero sin duda lo que más daño les ha hecho, lo más lesivo
para el sector, ha sido la subida del IVA del 8% al 21%, es decir, trece
puntos, lo que, sumado a la crisis económica, ha supuesto un retraimiento
brutal de las ventas del sector, una decisión unilateral de este Gobierno
que contrasta con la realidad de otros países de la Unión Europea, que
han decidido proteger a este sector por su vulnerabilidad pero también,
sobre todo, por su naturaleza agraria. Por ejemplo, Bélgica tiene un IVA
para las flores y plantas ornamentales del 6%; Alemania, del 7%; Italia,
del 10%; Holanda, del 6%; Francia, del 7%; y Suiza, del 2,5%. Todos ellos
son países productores pero, sobre todo, consumidores de flores y
plantas, países con los que nos resulta prácticamente imposible competir
debido precisamente a este enorme diferencial en el tratamiento del
IVA.

Precisamente para aproximar los gravámenes aplicados en
toda la Unión Europea, tal y como pedía el ministro de Economía, de forma
que nuestros productores pueden competir en igualdad de condiciones con
el resto de los que existen en la Unión Europea, pero sobre todo para el
mantenimiento de las

explotaciones del sector, es por lo que el Grupo Socialista
solicita la aplicación de un tipo reducido del IVA para el sector de
plantas ornamentales y flores.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Coves.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Ruiz
Reyes.

El señor RUIZ REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. La normativa española reguladora
del impuesto sobre el valor añadido contenida en la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, supone la trasposición al derecho interno de las previsiones
de la Directiva 2006/112 del Consejo, de 28 de noviembre, relativa al
sistema común del impuesto sobre el valor añadido, del IVA. El artículo
98 de dicha directiva, regulador de los tipos impositivos, prevé los
tipos reducidos para los impuestos tasados en su Anexo III, entre los que
se incluyen los bienes y servicios utilizados normalmente para la
producción agraria, exceptuando los bienes de capital y maquinaria de
edificios. En este sentido, cabe decir que el tipo reducido que se
aplicaba anteriormente queda en un tipo reducido del 10% en la entrega y
adquisiciones de importaciones de semillas, bulbos, esquejes y otros
productos de origen exclusivamente vegetal susceptibles de ser utilizados
en la obtención de flores y plantas vivas, como el sector de la flor
cortada y la planta ornamental. Y el resto pasa al tipo general del
21%.

El impacto del incremento del nuevo tipo del IVA en el
sector de la horticultura ornamental es limitado debido a la gran
importancia que en dicho sector tienen las exportaciones que no tributan
por este impuesto. Esta importancia va en aumento tras una subida
impositiva, y hemos podido ver cómo, tras la subida del tipo impositivo,
a febrero de este año, de 2013, ha habido un 6% de incremento de la
exportación de la flor y la planta ornamental.

Tras la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección
General de Tributos, en la que se distinguen los productos hortícolas
ornamentales a los que les afectará el 21% y el 10%, la normativa europea
—y son muchas las resoluciones de la Unión Europea— habla de
limitar el número de bienes y servicios que tengan un tipo reducido para
el impuesto sobre el valor añadido. Y en ese listado se encuentran muchas
a las que el Gobierno de la nación, el Gobierno de España, aún sigue
aplicándoles el tipo reducido del 10% del IVA. No obstante, seguirán
tributando por ese tipo reducido del 10% las semillas, los bulbos, los
esquejes y otros productos de origen exclusivamente vegetal susceptibles
de ser utilizados en la obtención de flores o plantas vivas cuyo destino
es reproducir la especie y establecer el cultivo, es decir, una actividad
meramente agrícola. Por lo tanto, el esfuerzo del Ministerio de
Agricultura para dejar in situ la intención de apostar por el sector de
la flor ornamental, el sector de la flor cortada, de las plantas
ornamentales, como un sector meramente agrícola queda marcado con esta
reducción, dejando el tipo impositivo del 10% para aquellos productos
—semillas, bulbos o esquejes, como he dicho antes— que son
propios de la producción agrícola, al igual que productos fitosanitarios
o cualquier tipo de material propio de la producción agrícola. Y también
hay que dejar claro que quedarán dentro del tipo reducido del 10% los
árboles y arbustos frutales, las plantas hortícolas y las plantas
aromáticas utilizadas como condimento. Por tanto, productos que sean
susceptibles de ser utilizados directa, habitual o idóneamente para la
realización de una actividad agrícola, forestal o ganadera.

Decía la senadora Coves que en esta propuesta el Partido
Socialista venía bastante bien acompañado. Yo le pido que vea usted cómo
los agricultores también están bastante bien acompañados con la medida
anunciada en el Boletín Oficial del Estado el 23 de abril, donde se
publica la rebaja fiscal a todos los productos agrícolas para este año.
La planta ornamental ha bajado de un 0,37% de fiscalidad a un 0,22%, y en
provincias como la mía, la provincia de Cádiz, ha llegado hasta un 0,16%;
y en algunas otras comarcas donde este año han tenido distintos problemas
climatológicos, ha habido una bajada de hasta el 0,05% del IRPF.

Por lo tanto, el Grupo Popular está en contra de esta
moción porque, por parte del Gobierno, siguiendo la Ley de estabilidad y
la norma europea, se ha hecho un esfuerzo amplio para que los tipos
reducidos sean utilizados de manera muy concreta para el desarrollo de la
agricultura. Hemos hecho un esfuerzo para que el tipo reducido del 10%
siga siendo el que se imponga a semillas, bulbos, esquejes, como decía
antes, a árboles frutícolas, árboles para reforestación, como usted
decía, y distintas plantas hortícolas, con el fin de apoyar y mejorar la
actividad propiamente agrícola. Y, sobre todo, ahí está el esfuerzo
importantísimo de esa bajada del 0,37% al 0,22%, y hasta el 0,16%, en el
IRPF, con lo que hacemos una apuesta decidida por una fiscalidad más
reducida para el sector agrícola.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ruiz.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto no hay ningún representante.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on.

Señor presidente, nosotros tampoco podemos decir mucho más
de lo que ha dicho la senadora Coves. Y, siendo coherentes con una
iniciativa que tuvimos incluso en los Presupuestos Generales del Estado
para este año, para lo que presentamos una enmienda, votaremos a
favor.

Nada más. Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por la Entesa, como he dicho antes, el senador Boya no
puede estar hoy aquí.

Por el Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gracias, presidente.

En primer lugar, quisiera certificar que el acompañamiento
que ha manifestado la senadora Coves es fehaciente por parte de numerosas
y diferentes organizaciones relacionadas en este caso, no con la cuestión
del ornamento floral, sino con el sector de plantas vivas y productos de
la fruticultura, ya que es el sector agrario más liberalizado de la Unión
Europea. Comentaba el senador Cazalis la coherencia con las enmiendas
presentadas por su grupo. En nuestro caso también las presentamos en esta
línea; y en el Congreso de los Diputados hemos realizado asimismo estas
demandas, y de forma muy encarecida.

Lo que me extraña es esta «sostenella y no enmendalla» por
parte del Gobierno del Estado español respecto de un tema tan alarmante y
tan acuciante como el que estamos debatiendo en estos momentos.

La planta viva es un producto de origen totalmente agrario
y el único subsector dentro del sector agrario que tiene el IVA general.
Esto implica que hay una discriminación, no positiva sino, al contrario,
negativa, lo que tiene un efecto nocivo y muy pernicioso para todas esas
empresas, y no únicamente para las empresas sino para el valor añadido y
lo generado por parte de ellas y el impacto que ha tenido en la creación
de puestos de empleo en sentido contrario, es decir, en su reducción. Por
lo tanto, no podemos decir otra cosa más que votaremos a favor de la
moción presentada por la senadora Coves.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los portavoces el
tono y también el contenido de sus intervenciones. Y de manera muy
especial quiero agradecer a los senadores Cazalis y Plana su apoyo a esta
moción, que ratifica lo que yo decía al principio: el sector está con
esta moción. Veo también que Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario
Vasco la van a apoyar, y quiero darles las gracias.

Hay dos cuestiones que quiero responder en relación con la
intervención del senador Ruiz Reyes, del Grupo Popular. Efectivamente,
desde el año 2009 todas las órdenes que el Ministerio de Hacienda ha ido
realizando han permitido la rebaja fiscal de este sector; desde el año
2009, en que, por cierto, gobernaba el Partido Socialista. Pero es verdad
también que el sector ya no quiere poner parche tras parche, lo que
quiere realmente es ser competitivo, y para eso necesita tener un tipo
del IVA que le permita ser competitivo, es decir, un tipo del IVA
semejante al que tienen en el resto de países de la Unión Europea.

Les voy a dar dos razones de peso más para ver si puedo
convencerles a ustedes, al Grupo Popular, de que modifiquen el sentido de
su voto. Hablaba el senador Ruiz Reyes de una directiva europea que
limitaba los productos que deben tener un IVA reducido. Yo le hablo de la
directiva europea 2006/112, relativa al sistema común del IVA, que
autoriza y aconseja a los Estados miembros para que puedan aplicar un
tipo reducido del IVA a las plantas vivas y otros productos de
floricultura. Es decir, que esta medida, la rebaja que propone el Grupo
Socialista con esta moción, tendría el visto bueno de Bruselas, el visto
bueno de la Comisión Europea. Y además lo ha explicado muy bien el señor
Plana: es el único producto agrario, incluidas las bebidas y la
alimentación, que no tiene un tipo reducido, y está dentro del sector
agrario. Por tanto, todas estas razones me llevan a pensar que es una
cuestión de voluntad política del Partido Popular de estar al

lado del sector en estos momentos, en que tan mal lo está
pasando. Y lo está pasando mal porque, como ya he dicho, ha disminuido
drásticamente el consumo privado, hasta el punto de que el colectivo está
pensando en hacer planes a nivel nacional para incentivar ese consumo,
pero también porque el sector está ahora inmerso en cambios en sus
infraestructuras para disminuir el consumo de energía y de agua en los
invernaderos, que es donde se cultiva, y también porque está llevando a
cabo un proceso de diversificación de productos con nuevas especies que
dejen mayor valor añadido, pero sobre todo que no sean competencia para
esos terceros países. Es decir, no hay ningún problema en Bruselas. Es
más, Bruselas tiene una directiva que aconseja incluso el mantenimiento
de un tipo reducido de IVA en esta clase de actividad —en la
producción de flores y plantas ornamentales—, y por otro lado, como
he dicho, sería el único sector agrícola que en estos momentos tendría un
IVA general.

Por todo ello vuelvo a solicitar al Grupo Parlamentario
Popular que reflexione sobre el sentido del voto porque nos gustaría
contar con su apoyo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Ruiz.

El señor RUIZ REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Una muestra indiscutible del Gobierno y del Grupo
Parlamentario Popular de estar al lado del sector figura en el Boletín
Oficial del Estado del 23 de abril de este año y, le propongo, señora
Coves, que vaya a él para que pueda ver una forma clara de estar con el
sector de la flor cortada, con el sector de la planta ornamental y con el
sector hortofrutícola, puesto que ha bajado la fiscalidad del IRPF del
0,37 al 0,22 y al 0,16 en comarcas donde el sector de la flor tiene una
fuerza grandísima y es también importante en sectores familiares, como
usted bien ha dicho, y además, en otras comarcas, que se han visto
afectadas por factores climatológicos adversos, la bajada ha sido hasta
del 0,05 de la imposición a través del IRPF. Por tanto, para nosotros es
una apuesta decidida la que hace este Gobierno a través de esa bajada del
0,37 hasta el 0,16 en el sector de la flor.

Mire usted, le haré una simple propuesta de un municipio
que conozco bastante bien y en el que el sector de la flor tiene una
importancia grandísima en el sector agrícola Me refiero a Chipiona, en la
provincia de Cádiz. Los agricultores de Chipiona tendrán un ahorro de 3,2
millones de euros debido a esa rebaja que he mencionado —del 0,37
hasta el 0,16—, una rebaja media de más de 6500 euros por cada
pequeña explotación familiar. Por tanto, quien está al lado del sector,
quien está haciendo un esfuerzo importante, teniendo en cuenta todo lo
que están solicitando distintos países de la Unión Europea, donde se ha
puesto de manifiesto la fuerte oposición de muchos Estados miembros a la
aplicación de los tipos reducidos, y una vez analizado el significativo
impacto presupuestario que lleva consigo y el reducido impacto que lleva
sobre los precios finales de los bienes y servicios afectados, decía que
quien está al lado del sector y está haciendo un auténtico esfuerzo por
cuadrar las cuentas y también por ayudar al sector agrícola en este
aspecto es el Gobierno. Si han sido muchos los productos a los que se les
ha aplicado un 21% del IVA por esa subida que ha habido, el Gobierno ha
seguido dejando fuera las semillas, los materiales de origen
exclusivamente animal o vegetal susceptibles a la producción vegetal,
fertilizantes, residuos orgánicos, correctores, enmiendas, herbicidas,
plaguicidas de uso fitosanitario, plástico para cultivos acolchados en
túnel e invernadero y bolsas de papel para la producción de la fruta y la
flor antes de su recolección. Por tanto, seguimos teniendo un gran
listado de productos y de actuaciones propias para el desarrollo de la
agricultura, de la flor ornamental y de la flor cortada, e
indiscutiblemente árboles en general, árboles frutales, plantas
hortofrutícolas y plantas aromáticas utilizadas como condimento y
seguimos haciendo una apuesta importante por dejar todos esos elementos
que acabo de mencionar dentro del 10% del tipo reducido de IVA. Y además
estamos al lado del sector y apoyándolo bajando el tipo del IRPF del 0,37
al 0,16, apostando por una fiscalidad baja, para que los agricultores
puedan defenderse en los distintos mercados a los que se lleve el
producto nacional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Vamos a proceder a la votación de esta moción.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

– MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA QUE EN LA REFORMA DE LA POLÍTICA
AGRÍCOLA COMÚN (PAC) SE CONTEMPLE UN RÉGIMEN ESPECÍFICO PARA LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS QUE RECONOZCA LA INSULARIDAD COMO UNA
DESVENTAJA COMPETITIVA PARA SU SECTOR PRIMARIO.

(Núm. exp.661/000244)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para que en la reforma de la política agrícola
común (PAC) se contemple un régimen específico para la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears que reconozca la insularidad como una desventaja
competitiva para su sector primario.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, el año pasado este senador que les habla presentó
en la Comisión de Economía una moción sobre insularidad y Europa, con el
objetivo de que el Gobierno de España defendiera ante la Unión Europea
que, en desarrollo de su derecho primario, aprobase un programa
legislativo específico y estable para las islas, con la idea de que se
definiese el concepto de insularidad, abordando la cohesión desde una
dimensión más amplia que la que alcanza a medir el PIB por habitante,
dando así respuestas a elementos clave de la insularidad como son el
aislamiento, la limitación de los recursos humanos o naturales, el
pequeño tamaño de su mercado, en términos generales, todo tipo de
interferencias —sociales, económicas, culturales y
medioambientales—, y proponiendo medidas estables desde el punto de
vista económico, que, con el apoyo de instrumentos específicos de
financiación y con mayor participación en los fondos europeos, hagan que
las disposiciones comunitarias relativas a las ayudas de Estado con
finalidad regional y la fiscalidad se adapten a las especificidades
insulares para compensar las desventajas o sujeciones permanentes
derivadas de la insularidad. Esto lo pedíamos para toda una serie de
materias, entre ellas, el derecho primario, que es al que se refiere la
presente moción. La moción además solicitaba otras cosas como que se
tuviera en cuenta no solo el concepto de insularidad, sino también el de
doble insularidad y el de triple insularidad.

La moción fue rechazada sin perjuicio de que hubo esfuerzos
del Grupo Parlamentario Popular —he de manifestarlo— para
intentar llegar a un acuerdo, esfuerzos que no fructificaron pero que sí
mostraron intención de seguir trabajando para poder estudiar posibles
acuerdos sobre cuestiones concretas. Hoy estamos ante una de estas
cuestiones.

Es verdad que el derecho primario, a través de los
distintos tratados, ha ido dando apoyo al tema de la insularidad. De
hecho, el Tratado de Lisboa, en su artículo 158, especifica que se
prestará una especial atención a las regiones que padecen desventajas
naturales o demográficas graves y permanentes, como, por ejemplo, las
regiones más septentrionales con escasa densidad de población y las
regiones insulares transfronterizas o de montaña. Pero no es menos cierto
que después este derecho primario no se ha visto apoyado o acogido por un
derecho derivado que realmente programe políticas específicas para la
insularidad, tratando el hecho insular junto a muchos otros criterios
que, obviamente, rebajan su efectividad a la hora de elaborar políticas
específicas y apoyadas a menudo por unos presupuestos sin relevancia. Es
cierto que en algunos casos se han establecido políticas concretas de más
enjundia para las islas ultraperiféricas —el caso de Canarias,
Azores o Madeira—, atendiendo al concepto de larga distancia, y
otras compensaciones menos relevantes a otras islas como Córcega, Malta,
Chipre y Sicilia. Pero no existe un marco objetivo e integral de
políticas estables y específicas para las islas en general, cosa que
perjudica a las islas Baleares pero, también, a las Canarias y a las
demás islas europeas. Este marco ha sido demandado y solicitado por los
anteriores ejecutivos y por el actual de las islas Baleares, por los
anteriores parlamentos y por el actual de las islas Baleares.

De hecho, con la presente moción no hago más que trasladar
el sentir de mi comunidad en este tema referido a un sector concreto, al
sector primario. Es más, respecto a este sector, con la presente moción
lo que hago es trasladar un acuerdo del actual Gobierno y del Parlamento
de las Illes Balears, este último de fecha 24 de abril del año
pasado.

El hecho insular afecta muy negativamente a los precios de
venta de las producciones agrarias y a la adquisición de las materias
necesarias para producir, lo cual sitúa en una grave situación de
desventaja a nuestra comunidad autónoma. Trasladando datos ofrecidos el
año pasado por el Govern y por los distintos grupos parlamentarios, en
Baleares los precios de los piensos son superiores en un 45% respecto de
la

Península; en el gasóleo el incremento es de un 5%; y en
los fertilizantes, de un 20%. Solo estos tres sobrecostes ya suman unos
22 millones de euros. En cambio, en los precios que cobramos por los
productos agrícolas padecemos diferenciales negativos. La diferencia de
media entre la Península y Baleares en el 2011 fue de 20 euros por cabeza
de ganado vacuno y con 160 000 animales sacrificados anualmente supone
perder 3,2 millones de euros. Según los datos del FEGA aportados por el
Ejecutivo balear, los ganaderos de Baleares son los que cobran el precio
de la leche de vaca más bajo de toda España —y en aquellas fechas
se cifraba en 0,29 por litro de media mientras que en la Península se
pagaba a 0,33 euros por litro—. La cuota lechera de Baleares es de
87,2 millones de litros, lo que supone cobrar 3 millones de euros
menos.

El resultado de todo esto es que mientras en la Península
la renta agraria se ha incrementado un 8% entre los años 2000 y 2009, en
Baleares se ha reducido un 40%.

El fracaso de la PAC en Baleares deriva de la ineficacia de
la mayoría de las medidas calculadas, con unos parámetros y criterios
continentales que no sirven para Baleares, una de las regiones de la
Unión Europea que menos euros recibe por hectárea de superficie
agrícola.

Por todo ello presentamos la presente moción con el fin de
que las explotaciones agrarias de Baleares puedan competir en igualdad de
condiciones, con el objetivo de que las islas cuenten con un régimen
específico y estable y con la idea de que ello sea apoyado por la
presente comisión y defendido por el Gobierno español en la negociación
del nuevo período de la PAC ante las instituciones europeas dada su
relevancia para el futuro del sector primario de las islas Baleares.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

A esta moción no se han presentado enmiendas.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

¿Turno de portavoces? (Denegaciones.)

¿Grupo Socialista?

Tiene la palabra, señor Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señor
presidente.

Tan solo quiero añadir que durante esta legislatura, igual
que en otras, por parte del Gobierno de las islas Baleares y del
Parlamento, además de adoptarse distintos acuerdos, se han hecho
esfuerzos muy importantes para hacer llegar esta propuesta a las
instituciones europeas, al Comité de las Regiones y al Consejo Económico
y Social, entidades todas ellas que han acogido las enmiendas que se han
presentado por parte de Baleares. Y como es de suponer, también se ha
hecho un esfuerzo muy importante para hacerlo llegar al ministerio, tanto
cuando era socialista como cuando, como sucede actualmente, está regido
por un Gobierno del Partido Popular.

He de decir que la agricultura tiene a nivel económico una
gran importancia, pero en Baleares esta importancia es doble, porque al
final la agricultura gestiona una parte importantísima del paisaje de las
islas Baleares y este es nuestra primera industria. En una comunidad
autónoma donde cerca del 60% de su PIB depende del turismo —eso
directamente, pero indirectamente seguro que es más del 85%—, sin
duda, que haya una buena gestión del paisaje es muy importante.

Por último, quiero decir que creo que los distintos datos
que se han presentado por parte del Gobierno de las islas Baleares y que
se han discutido en el Parlamento de las islas Baleares sobre los
sobrecostes que significa la insularidad en Baleares tanto respecto a las
materias que se tienen que adquirir como a las dificultades que hay a la
hora de vender, explica muy claramente que es difícil que de una
normativa que tiene parámetros continentales, aplicada a unas islas con
sus especificidades, se puedan sacar buenos frutos. Por eso pedimos el
apoyo de todos los grupos en un tema que es muy importante para las
islas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Después de la intervención del Grupo Parlamentario
Socialista en el turno de portavoces, corresponde dar la palabra al
portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Senador Cotillas, tiene la palabra.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenas tardes a todos.

Evidentemente, hay dos realidades claras y objetivamente
comprobables en esta materia. Una es que la insularidad, efectivamente,
genera situaciones distintas o dispares con respecto a otras situaciones
que

se dan en el resto del territorio español y la otra es que
estamos ante una negociación muy compleja: la negociación de la Política
Agraria Común. La complejidad de una negociación como de la Política
Agraria Común, además en este caso partiendo de la propuesta que la
Comisión Europea puso sobre la mesa en octubre del año 2011, ha
propiciado que se haya tenido que trabajar deprisa, con ganas y con
fuerza para dar la vuelta a una situación que de inicio era claramente de
desventaja, no solo para un territorio concreto o un producto concreto de
nuestro país, sino para todos y cada uno de los territorios y todos y
cada uno de los sectores que se veían reflejados o no en la Política
Agraria Común.

El Gobierno balear y el Parlamento balear han hecho lo que,
evidentemente, tienen que hacer en el uso de sus competencias y de su
responsabilidad: aprobar y poner sobre la mesa del ministerio y ante las
autoridades españolas y comunitarias lo que entienden que es una
situación de desventaja competitiva para los agricultores y ganaderos a
la hora de trabajar y de colocar su producto como consecuencia de la
situación de insularidad y de posibles sobrecostos tanto en los productos
utilizados en la agricultura como en el producto final.

Seguro que, junto con el Gobierno y el Parlamento baleares,
el resto de comunidades autónomas y de sectores también han puesto sobre
la mesa cuáles son sus desventajas competitivas, cuáles son sus problemas
para poder tener una eficiente producción agrícola y ganadera. Fruto de
ello es que el ministerio y el ministro, desde el primer minuto, hayan
planteado la negociación de la reforma de la Política Agraria Común
buscando el consenso y el acuerdo de comunidades autónomas y de sectores,
de organizaciones agrarias y de organizaciones de productores. De esa
manera se consiguió esa propuesta común del Reino de España, del Gobierno
de España, que fue adoptada en la Conferencia Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural en junio del año 2012. Sobre esa base común en la que
todos hemos participado y en la que todos han podido hacer sus
planteamientos, el ministerio ha trabajado, y hemos llegado a la fecha de
hoy, hemos llegado al momento actual en el que se ha conseguido también
una posición común del Consejo —en la cual se han venido a
reconocer muchas de las peticiones del Gobierno de España, por lo tanto
de nuestro sector agroalimentario—, una posición que existe ya y
que es común también con mandato de negociación del Parlamento y de la
propia Comisión.

Estamos en la fase de negociación entre las tres partes
—lo que llaman los trílogos— y estamos a punto de finalizar
esa negociación si así se cumple con los mandatos que desde la
Presidencia de la Comisión y desde el Parlamento y desde el Consejo se
han dado a cada una de las partes. Por lo tanto sería muy complicado, muy
complicado introducir nuevos criterios de negociación en la recta final.
Estamos convencidos —y es seguro— de que el ministerio y el
Gobierno de España han tratado en todo momento de buscar en esa posición
común con las comunidades autónomas y con las organizaciones agrarias
poder introducir todas las especificidades, todas las diferencias de una
agricultura muy plural, como es la española, en un territorio también muy
diverso y con muchas connotaciones —climáticas, geográficas, de
vertebración— como lo es también el territorio español.

Por ello, como estamos seguros de que se ha tenido en
cuenta por parte del ministerio y por parte del Gobierno de España, como
estamos seguros de que el objetivo principal en estos momentos es
conseguir afianzar lo ya logrado en las negociaciones previas y, por lo
tanto, lograr una buena ficha financiera —entre otras cosas, que
ese reparto de ayudas directas beneficie por igual a todos los
agricultores de España, en definitiva, una política nacional
agraria—, en estos momentos no podríamos aceptar volver a abrir
poscomposiciones parciales, composiciones que, como digo, pueden ser muy
objetivas en cuanto a marcar lo que es la diferencia con otros
territorios pero que, en todo caso, seguro que habría más propuestas
similares también en otros territorios. Por ello no podemos admitir
llevar a cabo esta moción. Y seguro que no cabe tampoco ninguna duda de
que cuando la política agraria común esté definitivamente adoptada
—si todo sale bien, en el próximo mes de julio—, a partir de
ese momento la negociación de cómo aplicarla en territorio español va a
ser también muy interesante —va a ser muy de poner encima de las
mesas muchas especificidades, muchas diferencias muy complejas— y,
por lo tanto, también muy difícil. Y desde esta Cámara, que es de
representación territorial pero en la que también todos representamos al
conjunto del Estado español, es lo que tenemos que buscar —o este
grupo busca y apoya—: que la aplicación sea desde luego una
aplicación nacional en la medida de lo posible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cotillas.

Pasamos a la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 6; en contra, 17; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Decae la moción.

– MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCLUIR
LAS FRUTAS Y HORTALIZAS EN LA REBAJA FISCAL PREVISTA EN LA ORDEN
HAP/660/2013, DE 22 DE ABRIL.

(Núm. exp. 661/000299)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción, también
del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
incluir las frutas y hortalizas en la rebaja fiscal prevista en la Orden
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas HAP/660/2013, de
22 de abril.

Para defender la moción, por el Grupo Socialista tiene la
palabra la senadora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Muchas gracias, señor
presidente.

Yo creo que en esta moción voy a tener mucha más suerte
porque lo que solicitamos es precisamente una rebaja fiscal en el IRPF,
no un cambio en la modalidad del IVA, por lo que, como he escuchado
antes, el Grupo Popular puede ser mucho más sensible. Por tanto, como
pedimos justamente lo que antes se ha aprobado para otros sectores, creo
que en esta sí que vamos a tener suerte.

El Real Decreto de 30 de marzo de 2007 sobre el Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas contempla la posibilidad de que el
Ministerio de Hacienda, con carácter excepcional, pueda reducir los
módulos en el régimen de estimación objetiva del IRPF cuando determinadas
actividades económicas hayan sufrido pérdidas por causa de incendios, de
inundaciones u otras circunstancias adversas. Para eso, cada año el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente debe elaborar un
informe que remite al Ministerio de Hacienda, en el que se proponen las
reducciones en el índice del rendimiento neto que se aplica a aquellas
actividades agrarias que durante ese año obviamente han tenido
pérdidas.

Pues bien, esas circunstancias extraordinarias y adversas
son las que ocurrieron, las que acontecieron durante el año 2012 en
Andalucía y, de un modo muy particular, en la provincia de Almería. En
los primeros días del mes de febrero tuvimos en Andalucía temperaturas
excepcionalmente bajas, con mínimas negativas, a las que hay que añadir
fuertes vientos que incrementaban la sensación de frío. Los sectores
afectados fueron sobre todo hortícolas al aire libre, almendros,
cítricos, fresa y arándanos, otras producciones frutícolas, producciones
hortícolas bajo plástico, producciones tropicales y subtropicales y
patata.

Tras las heladas del invierno y siguiendo con la
meteorología adversa, sumamos el efecto de la sequía, hasta tal punto que
no se produjeron precipitaciones destacables desde el mes de octubre de
2011 hasta marzo; y después tuvimos un nuevo período seco hasta
septiembre de 2012; es decir, ese invierno fue el más seco en la
provincia de Almería en los últimos setenta años. Pero a partir de
septiembre, comienza en toda la zona oriental de Andalucía una gota fría
con unas precipitaciones excepcionales tanto por su volumen —que
superaron incluso las previsiones de la Agencia Estatal de
Meteorología— como por su concentración en un tiempo escaso. En
algunos puntos de las provincias de Málaga y Almería se alcanzaron los
200 litros por metro cuadrado, superándose los registros históricos del
caudal de los ríos Antas y Almanzora. (Estoy segura de que muchos de
ustedes recordarán los episodios que les estoy relatando porque tuvieron
ocasión de verlos en imágenes en la televisión.) Esta es una breve,
brevísima descripción de todas las incidencias meteorológicas que se
produjeron a lo largo de todo el año 2012 y que obviamente tuvieron un
impacto muy importante en las producciones agrarias y, consecuentemente,
un descenso en los ingresos de los agricultores y ganaderos de la
zona.

A partir de ese momento, comienzan a elaborarse informes
por parte de las organizaciones agrarias y también de la propia Junta de
Andalucía que tratan de recopilar todos los datos sobre los daños que la
meteorología había producido. La veracidad de estos informes —y
esto es muy importante— está fuera de toda duda. De hecho, ese
documento que ha elaborado la Junta de Andalucía sirvió para que el
ministerio tuviera en cuenta esa rebaja para sectores como, por ejemplo,
el olivar, los frutos secos, los cítricos, el cereal, la lechuga, la
apicultura, el sector ovino, el caprino; es decir, todos esos sectores
con esos informes tuvieron una rebaja fiscal. Sin embargo
inexplicablemente la producción de frutas y hortalizas bajo plástico de
Andalucía y algún otro colectivo fueron excluidos de esa orden de rebaja
fiscal, razón por la que el sector calificó esa orden ministerial como
coja y discriminatoria. Parece que para el Gobierno no ha sido suficiente
que en el caso de las frutas y hortalizas de Almería se haya producido en
los meses de marzo una disminución del 30% en la producción y del 40% en
el mes de febrero; o que las lluvias torrenciales hayan producido
importantes daños en las estructuras de los invernaderos en el Poniente y
bajo Andarax; o pérdidas en los cultivos por asfixia radicular o
bacteriosis; en definitiva, daños

que van a suponer un coste añadido a los agricultores y que
alguna organización agraria de la zona ha llegado a cuantificar en 50
millones de euros.

Hasta ahora todos los intentos del sector para remediar
esta injusta acción han resultado vanos —se han dirigido al
ministerio, al subdelegado del Gobierno en Almería— y, a pesar de
las buenas palabras, todavía no se ha tenido ningún efecto positivo,
ningún resultado positivo, y todo eso a pesar de que COAG, UPA, ASAJA y
FAECA tienen unidad de acción, es decir, han hecho un frente común en la
solicitud de su reivindicación.

Puesto que, por acontecimientos inesperados e
imprevisibles, se ha producido una reducción en los beneficios que
esperaban recaudar los agricultores y ganaderos de la provincia de
Almería, supuesto que está claramente incluido en el real decreto de
2007, el Grupo Socialista apoya en el Senado esta demanda del sector
agrícola de Almería, que, arbitrariamente y de forma discriminatoria, ha
sido excluido de las ventajas fiscales reconocidas para otros colectivos.
Por eso solicitamos la aplicación del factor de corrección del 0,16 al
sector agrícola de la provincia de Almería para esta campaña del
IRPF.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Coves.

No hay enmiendas a esta moción.

En turno en contra, tiene la palabra el senador Pérez
Ruiz.

El señor PÉREZ RUIZ: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.

En primer lugar, quiero agradecerle a mi portavoz que me
haya permitido ocuparme del trámite de esta moción. Asimismo, quiero
pedirle disculpas a la senadora Coves, porque no va a tener suerte. Lo
que pide está hecho en gran parte: el Gobierno ha reducido los módulos de
IRPF para los agricultores y ganaderos.

Ella habla solamente de la provincia de Almería, pero no se
trata solamente de Almería, sino del Levante español, especial y
secularmente, y también del resto de España; ha hablado de la sequía, y
yo también hablaré de ella. Ahora bien, si habla de insensibilidad del
Ministerio de Agricultura o del Gobierno de España, encabezado por su
presidente, no es así, señora Coves. Los agricultores, a nivel nacional,
van a contar con beneficios evidentes este año: en los productos del
olivo, se pasa del 0,32 al 0,18, el 44% menos; en flores y plantas
ornamentales, del 0,32 al 0,22, un 30% menos; en bovino y leche, de 0,32
a 0,16, un 50% menos; en cunicultura, del 0,13 al 0,7, también el 50%
menos; en ovino y caprino de leche, del 0,26 al 0,18; en ovino y caprino
de carne extensiva, del 0,13 al 0,09; en porcino de cría extensiva, el
0,26. Así podría enumerarle hasta la apicultura, que pasa del 0,26 al
0,20, una incidencia menor.

Razón no le falta en cuanto a lo que hemos tenido que
soportar y sufrir los que tenemos la suerte —la desgracia, a
veces— de vivir en el Mediterráneo: muy buen clima, pero muy poco
agua; y, cuando viene, viene de la forma que usted ha dicho. En las
fechas de que hablaba usted, soportamos primero la sequía —una
sequía fuerte—, y luego heladas, pedrisco e inundaciones. ¿Y qué es
lo que ha hecho el Gobierno? Pues, igual que en épocas anteriores, el
Gobierno ha hecho legislación, importante además. Podríamos remontarnos
al año 2010, cuando gobernaban ustedes, pero le voy a decir lo que hemos
ido preparando desde noviembre de 2011, que gobernamos nosotros. Por
ejemplo, una reforma del Ministerio de Economía y Hacienda, con la Orden
EHA/3257/2011, que sirve de base normas subsiguientes que le comentaré. O
la Ley 14/2012, que es importante también, puesto que de ella parte lo
que ha hecho el Gobierno del Partido Popular. O el Real Decreto Ley
25/2012, del que trae causa la Orden la HAP/660/2013, sobre la que
estamos debatiendo.

Aun cuando no le falta razón, senadora Coves, y todo el
mundo desearía que pudiéramos hacer más todavía, usted sabe perfectamente
que en la provincia de Almería —los datos que daba antes eran datos
a nivel estatal— hemos bajado el índice de rendimiento neto en
todos los municipios: para las flores y plantas ornamentales al 0,22;
para los productos del olivo, también en todos los municipios, al 0,18;
para la apicultura, al 0,20. Los mismos porcentajes establecidos a nivel
nacional, lo son también para todos los municipios, y hay términos
municipales especiales, como Albánchez, Albox, Alcóntar, Arboleas,
Bacares, Cantoria, donde las leguminosas, los cítricos, los frutos secos
—la almendra, la castaña—, la patata, los productos
hortícolas y la apicultura van a tener el 05, el 0,5, el 0,18, el 0,13,
el 0,9 y el 0,5. Otros términos municipales, como Armuña de Almanzora,
Bayarque, Chercos, Macael, Olula del Río, Oria, también van a tener en
frutos secos, que es su mayor problema, el 0,18. En los términos
municipales de la comarca del Campo de Níjar y Bajo Andradas, de los
productos hortícolas, la lechuga al aire libre, que ha sufrido

—usted lo decía—, tendrá el 0,18%. En
definitiva, datos que debemos tener en cuenta cuando. Almería está
perfectamente incluida en esta orden del Ministerio de Economía y
Hacienda, pero aún podríamos decir más. El ministerio publica una orden
en la que el ministro de Hacienda se hace eco de lo que ocurre, como
ocurrió en años anteriores. Pero, a diferencia de lo que pasaba otros
años, hay que ver lo que ha aportado la entidad estatal de seguros
agrarios y cómo lo ha hecho, de qué forma tan excepcional para
mejorar.

Tengo que contradecir algunas de sus opiniones, con todo el
cariño. La bajada que solicita la Junta de Andalucía ya se hace a nivel
general, y abarca prácticamente a toda la producción agraria andaluza, y
ello a pesar de que la mayoría de las peticiones ya fueron atendidas para
los subsectores que quedaron fuera de la orden. Realmente, no hay una
justificación técnica que sustente lo que se pide aquí para las frutas y
hortalizas, porque, en el caso de los cultivos hortícolas, el informe de
la Junta incluía una petición de reducción para el ámbito territorial
específicamente afectada por distintas circunstancias excepcionales, que
incluía 31 municipios, que son los que le he dicho anteriormente, y la
petición fue aceptada por el Ministerio y se incluyó en la orden a la que
antes hemos hecho referencia. Y la petición genérica para toda la
comunidad autónoma es un brindis al sol, porque no aporta una
justificación técnica suficiente que la sustente. Y no se trata solamente
de Almería; ahí están también Málaga, Murcia, Alicante y otras provincias
del levante español, en menor o mayor medida.

Discrepo de usted en algunos de los datos que nos facilita.
Por ejemplo, en el año 2012, el valor de las explotaciones agrarias de
Almería, según los datos del Ministerio, subió un 10%. Si hacemos el
cómputo de tres años, tenemos que decir que la renta puede haber bajado
un 1,3. El Gobierno es sensible y tiene en cuenta esta situación, y por
eso ha publicado la orden con todos los pormenores necesarios para que no
merme la renta agraria de nuestros agricultores. Es más, a ese dato que
podría parecer nimio pero que no lo es, hay que añadir el esfuerzo que
tanto el equipo anterior como el actual del ministerio hicieron respecto
a la crisis de la E. coli del pepino, en 2011, usted lo sabe
perfectamente. Por otra parte, las ayudas que ustedes proponen pueden
parecerle a la Unión Europea una ayuda encubierta; una ayuda encubierta
que posiblemente nos daría problemas en las negociaciones comunitarias, y
España podría sufrir acusaciones graves.

Siento que no tenga usted suerte. No se trata solo de las
reducciones fiscales que le he dicho, sino que, en general, los
agricultores españoles contarán, para la renta de 2012, como en años
anteriores, con una rebaja del 5% en el rendimiento neto calculado.
Disculpe, señora Coves, que no pueda atender su petición, pero, por medio
de las leyes que se han hecho —reales decretos y órdenes
ministeriales—, hemos conseguido ya que nuestros agricultores
pierdan lo menos posible; no solamente Almería, toda España y muy
especialmente el Levante español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Pérez Ruiz.

Turno de portavoces.

¿Grupo Vasco? (Denegaciones.)

¿Grupo Catalán? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Muchas gracias, presidente.

Hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo con el señor
Pérez Ruiz. Sí, sí, no se asuste, se lo voy a explicar. Ha dicho que el
ministerio les ha aplicado reducciones fiscales a algunos colectivos, a
algunos sectores; naturalmente que sí. Mi pregunta es: ¿y por qué no para
las frutas y hortalizas? Dice usted que no hay una justificación técnica
que sustente la petición del sector de las frutas y hortalizas sobre el
informe que ha hecho la Junta de Andalucía. ¡Pero si es que ese mismo
informe es el que ha servido para hacer las órdenes de rebaja fiscal de
los colectivos que usted ha mencionado! ¿Cómo se duda de la veracidad de
los datos para las frutas y hortalizas y no para los demás colectivos o
sectores? El del olivar y los que usted ha dicho. O sí, o no; pero las
dos cosas a la vez no pueden ser. Si los datos han sido válidos para unos
sectores, también lo han de ser para las frutas y hortalizas. Por tanto,
no acabo de comprender el razonamientos del señor Pérez Ruiz, al que le
agradezco, por cierto, muchísimo el tono que ha usado en su intervención;
no comprendo exactamente su razonamiento.

No pierdo la esperanza de que modifiquen ustedes el sentido
de su voto y apoyen esta moción. El año anterior, que el clima no fue
adverso, ustedes aprobaron una disminución de la rebaja fiscal. Sin
embargo, este año, que hemos tenido sequía, inundaciones, daños en las
estructuras y en los cultivos, que los

productores han perdido dinero, este año no. ¿No, por qué?
A otros colectivos sí y a estos no. ¿No entiende que esta es una actitud
discriminatoria? Confío en que cambien el sentido de su voto porque, en
paralelo a la tramitación de esta iniciativa en el Senado, se está algo
parecido —mociones, también— prácticamente en todos los
ayuntamientos de la provincia de Almería. En Níjar, por ejemplo, un
ayuntamiento donde ustedes gobiernan, el Partido Popular ha aprobado esta
moción. En El Egido, otro ayuntamiento en el que también gobierna el
Partido Popular, este ha votado la moción a favor de la rebaja fiscal del
sector de frutas y hortalizas. Es más, la Diputación de Almería, que está
gobernada por el Partido Popular, ha aprobado por unanimidad pedirle al
Gobierno que rebaje los módulos fiscales para las frutas y hortalizas de
Almería. El presidente de la diputación es precisamente el presidente del
Partido Popular en la provincia de Almería. Quedaría muy feo que ustedes
hoy aquí no ratificaran el voto de sus compañeros de partido en la
provincia de Almería. No se entendería que allí se votará a favor, y
aquí, en el Senado, en contra. Yo, por lo menos, no lo entendería. El año
anterior, que el clima no fue adverso se aprobó una rebaja fiscal; y este
año, que los agricultores lo están pasando francamente mal, no la hay. No
hay razones técnicas, porque el informe de la Junta de Andalucía avala la
pérdida en beneficio de estos agricultores. Hay posibilidades legales,
porque hay una orden del Ministerio de Hacienda. Solamente falta que
ustedes se decidan a apoyar lo que sus compañeros están haciendo en la
provincia de Almería; sus propios compañeros de partido.

Sé que estos no son buenos tiempos para la mayoría de los
españoles, pero, desde luego, los agricultores y los ganaderos lo están
pasando francamente mal; y muy especialmente los que trabajan en
invernaderos, donde se han incrementado exponencialmente los gastos
corrientes. Si antes el 74% de los ingresos se destinaban a cubrir los
gastos corrientes, ahora ya llegamos al 85%. No es verdad que tengan unos
precios mejores y que por eso ganen dinero. La petición que han hecho
está más que justificada y, por tanto, les pido a los señores del Partido
Popular, porque su voto va a ser decisivo, obviamente, en la aprobación o
no de esta moción, que rectifiquen y que hagan caso a sus propios
compañeros en la provincia de Almería.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Coves.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Pérez
Ruiz.

El señor PÉREZ RUIZ: Gracias, señor presidente.

Señora Coves, no se trata de no hacerle caso a alguien, se
trata de ser coherente con una política nacional. Usted sabe
perfectamente que este Parlamento es la sede de la nación, y no podemos
hablar de los agricultores de Almería y olvidarnos del resto de España.
Aquí estamos defendiendo los intereses de los españoles. Le voy a decir
más: tampoco se van a enfadar las instituciones de Almería porque saben
que su demanda se ha recogido, porque mantener el 5% de la rebaja en el
IRPF es importante para ellos.

Voy a hacer hincapié en lo que usted me ha dicho.
Concretamente, en los casos de cultivos hortícolas, el informe de la
Junta incluía una petición de reducción del índice para el ámbito
territorial específicamente afectado por distintas circunstancias
excepcionales; incluía 31 municipios, y eso se ha incluido. El mismo
informe recogía también una petición genérica de reducción de los índices
de productos hortícolas para la comunidad autónoma; para todos, no
solamente para Almería, para Almería y las demás provincias, sin aportar
ninguna justificación técnica. El informe al que usted ha hecho
referencia rebate sus propias palabras. Por mi parte, quiero ser
realista: si el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España con las
leyes, órdenes ministeriales y reales decretos que ha aprobado en tan
poco tiempo para que la renta agraria no disminuya no es suficiente,
habrá que analizarlo, porque España se puede permitir lo que se puede
permitir, y no más.

Los problemas que subyacen a esta moción tienen que ver
concretamente con el agua, por defecto y por exceso. Si es por defecto,
le recuerdo que la mejor manera de que los agricultores de Almería, de
Murcia, de Valencia y de toda España hubiesen mantenido la renta agraria,
habría sido —y se lo digo sin acritud, con respeto— que su
grupo, el Partido Socialista, no hubiese derogado el Plan Hidrológico
Nacional. (Protestas.) ¿Les parece mal? Lo siento, pero a ustedes se les
puede haber olvidado, pero a los murcianos, a los de Almería y a los
valencianos no se nos ha olvidado todavía; tampoco el desastre del
programa AGUA que nos dejaron. (Protestas.) No, no, no; no se nos olvida
tan fácilmente, señorías. Y a Castilla-La Mancha tampoco. El señor
Zapatero y la señora Narbona hicieron en este Senado, en el salón de
plenos antiguo, le hicieron al Levante más daño que cualquier imposición
fiscal. A esta situación nos

ha llevado el Partido Socialista. Por eso siento, señora
Coves, no poder atender su petición. Ahora bien, tanto los agricultores
de Almería, como los de Murcia, como los de Valencia, reciben el mismo
trato, han tenido las mismas circunstancias y las siguen teniendo.
(Denegaciones de la señora Coves Botella.) Sí, se lo puedo decir; se lo
dice alguien que vive allí y con conocimiento de causa; las desgracias de
Almería, de Murcia, de Valencia, han sido las mismas, con mayor o menor
protección, y para eso el Gobierno ha dado soluciones a través de la
orden ministerial, a través del Decreto Ley 25/2012 y a través de la Ley
14/2012, de 26 de diciembre.

Si le ha molestado que haga referencia al Plan Hidrológico
Nacional, le pido disculpas, porque no lo he hecho con ese ánimo;
solamente es un sentimiento que existe. Igual que la petición que usted
hace, que también es real, de que se bajen los impuestos a los
agricultores, el IRPF; es algo que nos duele, ustedes lo saben
perfectamente. Precisamente, si a alguien le gustaría bajar todavía más
los impuestos no es a ustedes, sino a nosotros, al Partido Popular, que
entendemos que es la mejor manera de que la sociedad prospere. Usted sabe
la situación en que nos han dejado, senadora Coves; saben la situación en
la que estamos, y saben lo que no podemos hacer debido a la gestión tan
nefasta del Gobierno anterior, tanto en el Ministerio de Agricultura como
en España en su conjunto. Por eso sentimos mucho no poder apoyar su
moción. Esperemos que en otra ocasión nuestro ministro, que no va a dejar
de trabajar por los agricultores de toda España, y en especial por los de
los lugares en los que ocurran desgracias, como las que hemos tenido en
el Levante español, pueda ayudarles con subvenciones. Podría preguntarle,
por ejemplo, por qué la Junta de Andalucía, igual que hace ese informe,
en Almería, que es la provincia de la que estamos hablando, de los 42
millones que tenían para el Plan 2002—2015, de 7 actuaciones
solamente ha hecho 2, y de esos 42 millones solamente ha invertido 636
000 euros. (Protestas.) Sí, sí, un dinero que se podría haber utilizado,
por ejemplo, para limpiar las ramblas, que es lo que produce a veces
inundaciones. (Rumores.) Señoría, quizá sea por desconocimiento, pero
tampoco he visto ningún tipo de ayuda fiscal, dentro de las posibilidades
que pueda tener la Junta de Andalucía, para los agricultores de
Almería.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Pérez Ruiz.

Procedemos a la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 6; en contra, 18; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

– MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA VIABILIDAD DEL SECTOR DEL ACEITE
DE OLIVA.

(Núm. exp. 661/000269)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO
CONVERGÈNCIA I UNIÓ.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuarta y última moción,
que es del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
para la viabilidad del sector del aceite de oliva.

A esta moción se han presentado 3 enmiendas: una del Grupo
Parlamentario Socialista, otra del Grupo Parlamentario Popular, y otra
formulada por el propio grupo que presentó la moción que, por lo tanto,
la damos por incorporada automáticamente. En primer lugar, procede, pues,
que el Grupo de Convergència i Unió defienda la moción con este nuevo
texto.

Tiene usted la palabra, senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Muy bien. Gracias, presidente.

Esta moción tiene para mí un significado emocional: el
nombre de mi pueblo es Aitona, del árabe al-zaituna, que quiere decir
lugar de aceitunas. De ahí la identificación y cierta obligación moral de
presentar esta moción; además, parte de mis familiares estuvieron
vinculados al sector.

El mercado del aceite de oliva en la Unión Europea está
dominado por España, el productor más importante del mundo y price leader
del mercado, tanto de la Unión Europea como mundial. Sin embargo, nos
estamos en la eterna crisis del aceite de oliva: ni cuando sobra ni
cuando falta logra el sector olivarero despegar. Unos años son
producciones muy elevadas las que hacen que se hundan los precios, y
otros

en que la cosecha está bajo mínimos, como en la pasada
campaña, los precios en origen tampoco despegan. Tampoco durante la
pasada campaña le salieron los números al sector, pese a que la campaña
comenzó con mejoras en los precios. El Ministerio de Agricultura
justificó la situación por la caída de la demanda global; los sindicatos
agrarios y la federación de cooperativas lo atribuyen a ciertos elementos
que no tienen que ver con la crisis de precios, sino con el mercado. En
cuanto a este año, las previsiones eran de 820 000 toneladas frente a 1,6
millones de toneladas de la campaña anterior, que fue todo un récord, hay
que decirlo. Pero, a mitad de la recolección, hemos podido ver que la
cosecha ha oscilado entre las 492 000 y las 600 000 toneladas, lo que
supone volver a niveles de 1995. Lo más destacable es que la fuerte caída
de la cosecha se produce en un sector que aumentó las superficies hasta
los 2,5 millones de hectáreas, y en el que han proliferado los olivares
intensivos de altos rendimientos.

Esta moción tiene diferentes aspectos. El primero, instar a
las instancias —valga la redundancia— europeas a que los
mecanismos reguladores de mercado —si se me permite la
expresión— establezcan unas medidas que mejoren la situación del
productor inicial. El productor tiene la función social de vivir en el
territorio, de abastecer unas zonas concretas y vertebrar el entorno
rural. Algunos instrumentos está negociando ya el Estado español, y decir
esto implica la aceptación de que las comunidades autónomas no tienen
capacidad para negociar directamente. La autoridad competente, en este
caso el ministerio, el Gobierno español, debe articular unos instrumentos
para que esta situación de crisis de precios, y no de mercado
—porque la demanda y la oferta están bastante equilibradas—,
se pueda solucionar. ¿Y cómo creemos que se puede solucionar? Pues
planteando ante las instituciones europeas la modificación de las medidas
de regulación del mercado del aceite de oliva, con el fin de establecer
unos precios de desencadenamiento del almacenaje privado vinculados al
coste de producción del aceite.

Pero no solo pedimos unas medidas encaminadas a la mejora
del comportamiento del mercado —si se me permite esta
expresión—, sino que también pedimos que el producto en sí tenga
unas atribuciones concretas, y no se desvirtúe. ¿Qué quiero decir con
esto? Pues que se deben establecer unas medidas que garanticen la calidad
y la pureza de los aceites comercializados, mediante la prohibición de
mezcla de aceites de oliva con otros aceites vegetales. Estamos a punto
de debatir en el Senado, en esta Cámara, dos leyes importantes para el
sector: la Ley de mejora de la cadena alimentaria y la de integración de
cooperativas. Esto significa que es necesario establecer unos mecanismos,
unas pautas de comportamiento, para que toda la cadena alimentaria pueda
ganarse suficientemente la vida.

No puede haber un beneficio para el cliente final si no hay
un productor que elabore un gran producto, si no hay una comercialización
lo más adecuada posible y si no existe una distribución, o, en este caso,
una distribución que sea capaz de hacer llegar este producto que es tan
apreciado y que forma parte de nuestra cultura y de nuestra forma de ser.
Todo esto es necesario para que haya esta venta y este consumo que todos
queremos y creemos que debe cumplir la función que tiene asignada.

Finalmente, la autoenmienda que hemos presentado, como bien
ha dicho el presidente de la comisión, insta al Gobierno español a que
pida a las instituciones europeas el fomento de la utilización de
aceiteras no rellenables en los restaurantes a fin de garantizar la
calidad y autenticidad del aceite de oliva y, asimismo, insistir ante las
instituciones europeas para alcanzar un acuerdo entre todos los sectores
implicados al objeto de implantar dichas medidas al resto de Estados
miembros. Quiero que esto sí que quede muy patente; lo que nosotros no
queremos es suplantar a nadie; en este caso, el grupo de Convergència i
Unió lo que quiere es instar al Gobierno del Estado español para que
todas estas demandas, que creo —a lo mejor peco de un excesivo
optimismo— vamos a aprobar en esta moción, se presenten a las
instituciones europeas correspondientes.

Por lo tanto, vuelvo a simplificar lo que he dicho: medidas
para el mercado, medidas para que el producto tenga una presentación
adecuada y tenga la aceptación y la pureza en sí mismo, como es el aceite
de oliva, sin ningún tipo de mezcla que lo desvirtúe y, finalmente, esta
medida que todos esperábamos que por parte de la Unión Europea ya se
hubiera aplicado en 2014 y que es la utilización de aceiteras no
rellenables. En resumen, instar al Gobierno del Estado español para que
esto se cumpla, teniendo en cuenta que otros países de nuestro entorno ya
lo han regularizado y lo llevan aplicando desde hace unos años.

Por mi parte nada más, presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Se han presentado dos enmiendas a esta moción.

En primer lugar, procede que el Grupo Socialista defienda
su enmienda.

Tiene la palabra, senador López, por un tiempo de cinco
minutos.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Es la primera vez que tengo el honor de estar en esta
comisión y agradezco a mi grupo que me dé la oportunidad de defender esta
enmienda.

Soy senador por la provincia de Jaén y hablar de aceite y
de olivar para nosotros es un elemento vital. Hay 108 000 personas en
Jaén que tienen su renta y su vida ligada, total o parcialmente, al
olivar, y en el conjunto de Andalucía, más de 250 000.

Hemos presentado una enmienda a esta moción porque nos
parece que es importante caminar en la dirección de que la calidad se
siga abriendo paso. En la Unión Europea había un acuerdo que
inexplicablemente el comisario Ciolos ha dejado en suspenso, parece que a
sugerencia o a presión de algunos países, que, desde luego, no son
productores. La renta que va a mano de los agricultores procede de dos
fuentes: una, las ayudas directas de Bruselas —ahora que estamos en
el tramo final de la discusión de la política agraria común— y
otra, la remuneración que por su producto reciben los agricultores en el
mercado. A estas alturas, nadie duda de que la calidad sea el elemento
que debe tener mayor consistencia para garantizar una renta digna a los
agricultores. Creo que el futuro de los olivos, el futuro del aceite, el
futuro de los agricultores, está más en las cocinas del mundo que en
Bruselas, aunque haya que pelear, lógicamente, por las ayudas de la
política agraria común. En ese contexto es en el que hemos presentado
esta enmienda, que ha sido el resultado del esfuerzo de los productores
dentro del grupo del Copa-Cogeca de la Unión Europea, con acuerdo
prácticamente de todo el mundo y que iba en la dirección de garantizar la
calidad y la seguridad alimentaria. Porque estamos hablando de garantizar
la trazabilidad desde el origen hasta la mesa del consumidor —en
este caso, en el canal Horeca, en la restauración y en la
hostelería— y se permita que podamos conjugar dos factores. Por un
lado, con un plan de apoyo al sector productor, pudiendo darle ese
espacio de privilegio para el reconocimiento de la calidad. Cuando el
ministro de Asuntos Exteriores habla de la marca España, quizá la
bandera, en términos agroalimentarios, con la que España es conocida en
el mundo sea precisamente la del aceite de oliva. Tenemos que aportar en
ese camino desde el espacio normativo que tienen las administraciones
públicas, tanto en el ámbito nacional como en el de la Unión Europea, y
complementar el esfuerzo que los agricultores han hecho. Porque antes era
sinónimo de aceite de calidad Italia, pero afortunadamente en cualquier
certamen mundial de primer nivel los aceites españoles han ido abriendo
un espacio de prestigio y un espacio de excelencia que ya nadie discute.
Por tanto, hay que avanzar en esta dirección —y el canal Horeca es
un escaparate de prestigio—, e, insisto, además de lo que
representa garantizar seguridad y salud para los propios consumidores,
sería bueno que lo que el comisario Ciolos ha suspendido después de estar
acordado por todos acabe siendo retomado, y acabe siendo retomado en dos
planos: uno, por supuesto, que el Gobierno haga todos los esfuerzos
posibles para que esto que ha quedado en stand by no duerma el sueño de
los justos, sino que se retome con suficiente fortaleza —razones
hay para poder hacerlo— con la complicidad de países de la Unión
Europea, que ya en sus propios ámbitos de responsabilidad han tomado
estas medidas a nivel nacional. Y otro, que el Gobierno, de acuerdo con
la enmienda que planteamos, en el plazo de tres meses desarrolle una
normativa específica para exigir la utilización de esos tapones
irrellenables, en definitiva, envases irrellenables para la dispensación
del aceite, que pudiera entrar en vigor, tal como estaba planteado en la
Unión Europea, el 1 de enero de 2014. Creemos que sería una buena medida
que, precisamente, apoyaría ese esfuerzo de excelencia y de mejora de la
calidad que hace el sector. Hay que buscar un espacio en el que la
capacidad normativa del Estado acabe acompañando a los esfuerzos que el
sector productor está haciendo por conquistar cocinas en el mundo, que,
al final, es el objetivo fundamental del sector productor.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Moya para defender su enmienda, por un tiempo de cinco
minutos.

La señora MOYA MORENO: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señorías. Perdonen el lapsus, el intermedio,
pero es que estaba intentando llegar a un acuerdo —y parece ser que
sí— con el portavoz de CiU con respecto a algunos puntos de esta
moción, y también me gustaría hablar con el Grupo Socialista para ver si
es posible alcanzar una propuesta conjunta que fuera aprobada por
unanimidad de todos los grupos.

Si les parece, en este turno en contra voy a hablar de la
moción y de las enmiendas presentadas y, por supuesto, también voy a
defender la enmienda de sustitución del Grupo Popular, con dos puntos

establecidos, y con un tercer punto acorde con el punto
quinto de la moción presentada por CiU, con el fin de poder llegar a ese
acuerdo y defender la posición del Grupo Popular en este momento.

En cuanto a las enmiendas presentadas a la moción, tanto
por el Grupo Socialista como el por el Grupo Popular, nosotros, respecto
al primer punto que plantea la moción de CiU, donde dice: Plantear ante
las instituciones europeas la modificación de las actuales medidas de
regulación del mercado del aceite de oliva, con el fin de establecer unos
precios de desencadenamiento del almacenaje privado vinculados al coste
de producción del aceite, tenemos que señalar que en la actualidad es uno
de los principales temas de debate en el proceso de negociación de la
reforma de la PAC que se está desarrollando por las instituciones
europeas, y el aceite de oliva es una prioridad —como ya es
conocido por parte de todos— para el Gobierno del Partido Popular,
para el propio ministro y para todo su equipo, por lo que venimos
defendiendo esta cuestión desde el primer momento de las negociaciones.
Es decir, es algo que no es nuevo.

También, como sus señorías conocen, como consecuencia de la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo corregula
junto con el Consejo el nuevo reglamento de OCM única. En este sentido,
el Gobierno ha presentado una enmienda en la que se recogen precios
actualizados para el desencadenamiento del aceite de oliva y su revisión
en función de los costes de producción conforme a las prioridades que
este Gobierno le ha hecho llegar.

No obstante, hay que indicar que, según el dictamen de los
servicios jurídicos del Consejo, en aplicación del artículo 43.3 del
Tratado, la fijación de los precios es competencia exclusiva del Consejo
y, por tanto, propone que estos deberán fijarse en un reglamento
aparte.

Por ello, consideramos adecuado seguir trabajando en el
actual proceso negociador abierto como consecuencia de la PAC, y por eso
hemos propuesto una redacción alternativa a este punto, que quedaría como
ustedes ya conocen: Continuar defendiendo en el proceso de reforma de la
PAC ante las instituciones europeas la modificación de las actuales
medidas de regulación del mercado del aceite de oliva con el fin de
establecer unos precios de desencadenamiento del almacenaje privado
vinculados al coste de producción del aceite.

No aceptamos el punto número 2 de la propuesta de
resolución del señor Plana, de Convergència i Unió, porque entendemos que
va en contra de la política de defensa del aceite de oliva frente a otros
aceites vegetales. La mejora en las técnicas de cultivo y en el proceso
de elaboración del aceite de oliva está permitiendo la obtención de
aceites de elevada calidad, con reconocimiento tanto en los mercados
nacionales como internacionales. La oferta del aceite de oliva está
caracterizada por la vecería o las fluctuaciones en la producción de
aceite de oliva; es decir, las campañas con mayor producción permiten
garantizar un suministro en las campañas de menor cosecha. Además, el
aceite de oliva es un producto no perecedero, por lo que mantiene sus
características si se almacena en condiciones adecuadas de conservación.
Por ello, no tiene sentido retirar el aceite del mercado alimentario y
destinarlo a usos diferentes.

Finalmente, en el proyecto de Reglamento de OCM única
presentado por la Comisión en el marco de la reforma de la PAC se
establece como mecanismo adicional al régimen de almacenamiento privado
la posibilidad de que las organizaciones interprofesionales del aceite de
oliva concentren y coordinen el suministro de la oferta, lo que permitirá
la regulación de la oferta sin la necesidad de que se destine a otros
usos. Esa es la razón, señor Plana, por la que no podemos aceptar este
punto.

En cuanto al tercer punto de la propuesta de resolución, en
el que plantea la necesidad de revisar la posibilidad de gestionar de
manera privada la oferta según determinadas condiciones del mercado, en
la retirada voluntaria del producto en el ámbito de las
interprofesionales del sector, como he dicho en el párrafo anterior, ya
se contempla en la actual propuesta de Reglamento de OCM única, que se
está debatiendo en el marco de la reforma de la PAC, la gestión de manera
privada de la oferta en el ámbito de la interprofesional del aceite de
oliva. Además, dicha propuesta recoge una excepción a las normas de la
competencia a los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de estas
organizaciones para el desempeño de tales funciones.

España, como sus señorías conocen, se postula a favor de
esta propuesta y la está defendiendo en todas las negociaciones confiando
en que se recoja en el acuerdo final. Proponemos una redacción
alternativa a este apartado, que sería el número 2 de la enmienda de
sustitución, en el que planteamos continuar defendiendo en el proceso de
la reforma de la PAC la posibilidad de gestionar de manera privada la
oferta según determinadas condiciones del mercado en el ámbito de la
interprofesional del sector.

Con respecto al punto cuarto de la propuesta de resolución
que plantea Convergència i Unió, en el que se establecen medidas que
garanticen la calidad y la pureza de los aceites comercializados mediante
la prohibición de mezcla de aceites de oliva con otros aceite vegetales,
debo decir que dicha disposición está regulada a nivel comunitario, en
concreto, en el Reglamento de Ejecución UE, 29/2012 de la Comisión, de 13
de enero de 2012, sobre las normas de comercialización del aceite de
oliva, que establece en su artículo 6 que los Estados miembros podrán
prohibir la producción en su territorio, para consumo interno, de las
mezclas de aceite de oliva y otros aceites vegetales. Sin embargo, no
podrán prohibir la comercialización en su territorio de tales mezclas
procedentes de otros países y no podrán prohibir la producción en su
territorio de tales mezclas con vistas a su comercialización en otro
Estado miembro o a su exportación. En España, como conocen sus señorías,
estas mezclas están prohibidas desde el año 1983 mediante el Real Decreto
308/1983, de 25 de enero, publicado en el Boletín de 21 de febrero, por
el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria de aceites
vegetales comestibles. Luego en España se aplican las condiciones
establecidas en el Reglamento comunitario: Están prohibidas las mezclas
para su elaboración y comercialización en España; se pueden elaborar
mezclas para su comercialización fuera de España; se pueden comercializar
mezclas elaboradas fuera de España.

En resumen…

El señor PRESIDENTE: Senadora Moya, le ruego que vaya
terminando.

La señora MOYA MORENO: …entendemos que no es
necesario tomar la medida que propone el senador en este punto.

Con respecto al último punto, que sería el quinto que
plantea el señor Plana, le propongo una redacción alternativa —en
estos momentos lo estaba hablando con otros grupos y me faltaba hacerlo
con el Grupo Socialista—. Nosotros no estamos en condiciones de
pedir al Gobierno, como quiere hacer el Grupo Socialista, que en un plazo
de tres meses regule o apruebe unas normas, entre otras cosas, porque lo
que está haciendo este Gobierno es un diálogo permanente no solo con las
comunidades autónomas sino también con el sector afectado. Por lo tanto,
difícilmente podemos desde aquí instar al Gobierno a que lo haga en un
plazo de tres meses. Desde luego, afectados hay muchos: está el sector
del olivar, están también los hosteleros; es decir, no influye solamente
la decisión que vaya a tomar el Gobierno, y luego está la propia
normativa que tiene cada comunidad autónoma. Eso es algo que se tiene que
hacer. Difícilmente se puede hacer en tres meses, y más difícilmente
entendemos que se deba hacer en estos momentos por una razón muy
sencilla, porque todo esto se está negociando con un interés especial por
parte del Gobierno de España en la negociación que está haciendo de la
PAC y, por lo tanto, ante las instituciones europeas la posición del
Gobierno de España es muy clara en este sentido.

El señor Plana dice que sí está de acuerdo con la propuesta
in voce que hago en este momento; también lo está el señor Cazalis, del
PNV; faltaría otro grupo más —no sé si en estos momentos hay algún
grupo más en la comisión—; si el Grupo Socialista está de acuerdo,
nosotros plantearíamos una redacción del siguiente tenor: Asumir la
demanda de las comunidades autónomas —porque, en definitiva, estas
tienen también sus propias competencias— para que el Gobierno
defienda ante la Unión Europea la utilización de aceiteras no rellenables
en los restaurantes a fin de garantizar la calidad y autenticidad del
aceite de oliva.

Esta es la propuesta que hace el Grupo Popular.
Lógicamente, estaríamos dispuestos a apoyar esta moción en el caso de que
sea asumida por Convergència i Unió la enmienda de sustitución que
planteamos en este momento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Antes de preguntar al senador Plana si
acepta o no estas enmiendas, vamos a suspender la sesión durante cinco
minutos para poder llegar a una transaccional. (Pausa.)

Señorías, continuamos la sesión.

Quiero informarles de que se ha llegado a una transaccional
firmada por los cuatro grupos presentes. Por tanto, decaen las
enmiendas.

Entramos en el turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

En nombre del Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gracias.

En primer lugar quiero manifestar mi satisfacción porque
durante este periodo, mi primer periodo en el Senado, nunca había
conseguido concitar el consenso de todos los grupos. Esto me llena de
orgullo y satisfacción, como se suele decir.

No obstante, quisiera hacer dos o tres puntualizaciones.
Creo que la política es esto, diálogo y pacto y establecer los puntos
mínimos de acuerdo. En este caso se ha podido conseguir negociando y
haciendo un ejercicio de realismo político. Y aprovecho para felicitar a
la portavoz del grupo mayoritario por su voluntad y decantación por
conseguir el máximo consenso por parte de todos los grupos, así como a
los portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Vasco por llegar a un
punto de acuerdo, aunque en este caso, como grupo proponente hemos tenido
que rebajar nuestras aspiraciones, si se me permite la utilización de
este término. Pero creo que es necesario que pongamos en valor un
producto que, como decimos en Cataluña, és molt nostre, es de nuestra
casa, porque todos hemos coincidido en que forma parte de nuestra cultura
y de nuestra forma de ser y en que es necesario poner en valor y utilizar
este producto como elemento de generación de riqueza en los territorios,
en los entornos donde se está produciendo y poder aprovechar el valor
añadido y, de esta manera, concienciar a todos aquellos productores de
que es necesario que en esta cadena alimentaria, todas las partes, desde
los productores industriales hasta los distribuidores y el cliente final,
se conciencien de este producto, se conciencien de que estamos por esta
labor, que queremos que tanto los productores como los clientes finales
se puedan beneficiar de lo que hemos llegado a acordar.

Por tanto, repito, quiero expresar mi máxima satisfacción
por haber podido llegar a un punto de encuentro, que es algo que ya
empezaba a poner en duda. Sin embargo, todo llega, Dios mediante.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador López.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

En nombre de mi grupo anuncio que, a pesar de este acuerdo
de mínimos, nosotros creemos que hay que ir más allá y, de hecho, mañana
registraremos —si no se ha hecho ya— una enmienda en términos
similares a la que hemos presentado aquí al proyecto de ley de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, porque además de
las expresiones de buena voluntad hay que poner calendario a la política
y a las decisiones, y por tanto, el debate que se producirá, lógicamente,
durante la tramitación de la ley volverá a contar con una enmienda en
estos términos.

Coincido con lo que se ha expresado y reitero que España
cuenta con muchas oportunidades de cara a la exportación en el mercado
internacional. Sin duda, si hay un producto agroalimentario en el que
España sea líder mundial es el aceite y, además, con la cara más amable,
ya que representa una magnífica inversión en salud para los consumidores
del aceite.

Todo lo que se está haciendo y todos los esfuerzos que hay
que hacer por difundir y ampliar la cultura del aceite y del olivar
suponen dar a los consumidores razones para que al acercarse a elegir uno
u otro tipo de aceite tengan elementos suficientes para saber que un
producto natural, el zumo de una fruta, tiene unos costes de producción
ligeramente superiores a los de un producto industrial elaborado con
procedimientos químicos y no mecánicos.

Al final, todo aquello que va en favor de relacionar aceite
y salud —y ya contamos con un amplio espacio de investigación
científica y médica que avala que el consumo de aceite tiene ventajas
para la salud, no solo desde el punto de vista del placer
gastronómico— refuerza la percepción del aceite como un producto de
calidad, como un producto de excelencia, como una buena carta de
presentación de la producción agroalimentaria española en el mundo, y
ciertamente hay espacio que ganar. Si estuviéramos defendiendo otro tipo
de grasas de origen animal, seguramente la capacidad de recepción en el
mundo sería menor porque está asociado a otras connotaciones, y no hablo
contra nadie sino a favor del aceite. Creo que ahí tenemos mucho espacio
que ganar, porque solo el 3% del consumo mundial de grasa corresponde al
aceite de oliva, y existe la posibilidad de seguir ampliando estos
datos.

España tiene una capacidad de producción importante. El
trabajo hecho en la mejora de la calidad en los últimos años ha sido
relevante y significativo, y creo que con estas medidas, además de
garantizar la seguridad a los consumidores podemos seguir también
estimulando a los productores para que comprendan que el esfuerzo por la
calidad tiene su recompensa en el mercado. Por tanto, seremos más
dependientes del propio esfuerzo de los agricultores y menos de las
ayudas públicas, que hoy son estas pero mañana no sabemos cuáles van a
ser, y aunque defendamos con todo el ahínco del mundo las

ayudas directas a la producción, tenemos que prepararnos y
fortalecer el sector haciendo que la producción de calidad nos siga
abriendo el mayor número de cocinas del mundo, para garantía de la renta
de los agricultores y de la población de muchos municipios que viven
básicamente de la renta ligada al aceite de oliva.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador López.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Moya.

La señora MOYA MORENO: Muchas gracias, señor
presidente.

Sin duda, yo también me alegro de que hayamos podido llegar
a un acuerdo, pero tengo que decir al señor Plana que esta es la práctica
que habitualmente intenta llevar adelante el Grupo Parlamentario Popular
y también el Gobierno del Partido Popular; es decir, llegar a acuerdos en
beneficio de los sectores, como en este caso el sector del olivar, con
independencia de que se tenga que seguir trabajando en ello. Por lo
tanto, bienvenidos sean estos puntos de vista en común que hemos
conseguido esta tarde.

Por supuesto, quiero poner en valor no solamente la
importancia del sector del olivar en España sino también las actuaciones
que está llevando a cabo el Gobierno en este momento para mejorar, por
una parte, los precios, y por otra, la calidad, y, por supuesto, para
hacer más viable un sector que es importante en España.

Como decía, el del aceite de oliva es un sector clave para
la agricultura española y para la economía en general. El olivar está
presente en trece comunidades autónomas, con más de 2 500 000 hectáreas,
y en algunas regiones supone la principal fuente de riqueza y empleo de
las zonas rurales. Nuestra producción media en los últimos años está
cerca de 1 200 000 toneladas, lo que hace que seamos el primer productor
mundial y el principal país exportador, con récord de salidas en los
últimos cinco años y presencia en más de cien países.

Estos favorables resultados, sin lugar a dudas, han sido
consecuencia de un sector que ha sabido combinar las favorables
condiciones agroecológicas de que disponemos para el cultivo del olivar y
las ayudas de la política agraria común, con un esfuerzo inversor en la
mejora de las técnicas de cultivo y, lo que no es menos importante, en la
mejora de las técnicas de elaboración, como así lo demuestran los
excelentes aceites de oliva virgen extra obtenidos, laureados en
numerosos premios nacionales e internacionales. Además, el sector ha
sabido organizarse —creo que también es necesario valorarlo—,
potenciando su organización interprofesional que, apoyada en todo momento
por las administraciones, está desarrollando una importante labor de
promoción en los mercados exteriores.

En las últimas campañas los precios del aceite de oliva
estuvieron caracterizados por bajas cotizaciones como consecuencia del
aumento significativo de las producciones, tanto en nuestro país como en
otras áreas de cultivo, en las que se ha incrementado significativamente
la superficie del olivar.

El mercado mundial del aceite de oliva representa
aproximadamente el 2,5% del total de aceites vegetales y las perspectivas
son de incremento del consumo. No obstante, a pesar de la existencia de
una demanda creciente, motivada en gran medida por los beneficios para la
salud que supone el aceite de oliva frente a otras grasas, en los últimos
años se ha producido un aumento de las existencias que ha favorecido la
bajada de los precios en los mercados. Ante esta situación, conocida por
todos, el Gobierno español favoreció la puesta en marcha el año pasado de
dos operaciones de almacenamiento privado muy bien acogidas por el
sector, lo que, junto con las previsiones de una mala cosecha, originó
que desde mediados de julio de 2012 la evolución de los precios en origen
fuera positiva. En concreto, en la presente campaña, los precios de todas
las categorías del aceite de oliva se han situado en una franja entre el
50 y el 60% por encima de los existentes en la campaña pasada. Si bien,
todos somos conscientes también de que no están siendo suficientes para
compensar la disminución de los ingresos originados por la fuerte caída
de la producción.

También es importante recordar que a pesar de la mejora de
las técnicas de producción y los numerosos avances en tecnología, el
cultivo del olivo presenta una alternancia en sus producciones más o
menos marcada según las condiciones agroecológicas existentes, que
origina campañas de elevadas producciones, como la pasada, a la que le
suceden también campañas de bajas cosechas, como la presente. En este
sentido, el sector del olivar ha contado desde la creación de la
Organización Común de Mercados con medidas de regulación de la
oferta.

En la actualidad el único mecanismo existente es el régimen
de almacenamiento privado, que se activa cuando se producen
perturbaciones en el funcionamiento del mercado. La experiencia de su

aplicación ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar
su funcionamiento con el fin de dar una respuesta rápida y eficaz a
posibles actuaciones o situaciones de desequilibrio en el mercado.

Por todo ello, en el actual proceso de reforma de la PAC en
el que nos encontramos, una prioridad del Gobierno, sin lugar a dudas, es
mejorar el régimen de almacenamiento de aceite de oliva, fundamentalmente
a través de la inclusión de unos precios actualizados de activación del
régimen que sean acordes con los costes de producción.

Hay que señalar también que la actual propuesta de la OCM,
única en el marco de la reforma, recoge la posibilidad de que las
organizaciones interprofesionales del aceite de oliva y la aceituna de
mesa concentren y coordinen el suministro y la comercialización de la
producción de sus miembros. Se establece una excepción a las normas de la
competencia, que contribuirá a facilitar la autorregulación del
sector.

Finalmente, quiero señalar que en el Reglamento (UE)
29/2012 de la Comisión, sobre las normas de comercialización del aceite
de oliva, se regula la posibilidad de que los Estados miembros prohíban
la comercialización de mezclas de aceite de oliva con otros aceites
vegetales. De ahí, señoría, que no podamos aceptar algunas de las
propuestas de resolución que usted ha planteado en su moción. Dicha
prohibición ya se establecía a nivel nacional en la reglamentación
técnico-sanitaria.

Por todo ello precisamente, hemos presentado la enmienda de
sustitución, que también me congratulo de que la apoyen los cuatro
grupos, con independencia de que cada uno, en el momento final de la
votación haga lo que considere oportuno.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Moya.

Independientemente de que los cuatro grupos hayan firmado
esta transaccional, creo que no se va a aprobar por asentimiento. Por
tanto, votamos esta enmienda transaccional. (Pausa.)

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Es que parecía que algún grupo se iba a abstener.

Antes de levantar la sesión, querría pedir a los señores
ponentes de estos dos proyectos de ley, el de mejoras en la cadena
alimentaria y el de cooperativas, un esfuerzo, si es posible, para
terminar los trabajos este mes. Si no es así y se quiere trabajar en
julio, tendríamos que pedir ya autorización a la Mesa para su
habilitación. No sé si ustedes entienden que en estas dos semanas que
quedan se pueden terminar los trabajos de la ponencia. (La senadora Coves
Botella pide la palabra.)

Senadora Coves, tiene la palabra.

La señora COVES BOTELLA: Presidente, yo creo que las dos
leyes que tiene en estos momentos encima de la mesa esta comisión son de
una importancia extraordinaria. Nos habilitan dos meses para poderlas
aprobar, o no, en el Pleno del Senado, y por tanto, puesto que no se ha
pedido la tramitación urgente de los proyectos de ley, tenemos tiempo
suficiente para hablarlo, debatirlo, pactarlo y negociarlo. Las dos leyes
son de una importancia capital; una de ellas es una ley muy esperada, un
elevado número de colectivos están expectantes al resultado final de la
negociación; por tanto, yo pido un poco de paciencia y tiempo para poder
hacer las cosas bien.

El señor PRESIDENTE: Independientemente de que los demás
grupos den su opinión, si se quiere trabajar en estos dos meses estivales
hay que tenerlo claro y pedir ya autorización a la Mesa de la Cámara. (El
señor López Veiga pide la palabra.)

El señor López Veiga, por el Grupo Popular, tiene la
palabra.

El señor LÓPEZ VEIGA: Es evidente que sí, que, sobre todo
la Ley de mejora de la cadena alimentaria es importante y esperada, pero
yo creo que se puede hacer un esfuerzo, ya que diferirlas hasta
septiembre no tendría mucho sentido. Se podría hacer el esfuerzo en
ponencia y comisión en lo que queda del mes de junio y quizá en julio se
podría llevar a Pleno. (El señor Plana Farran pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: No solo la ley de mejora de la
cadena alimentaria tiene su importancia, también la tiene la de
integración de cooperativas. Nos encontramos en la Cámara de segunda
lectura para darles una lectura más pausada, más ordenada y más adaptada
a lo que los diferentes colectivos afectados querrían. Por lo tanto, yo
sí que pediría, teniendo la posibilidad de debatirlas con tranquilidad,
no como algo necesario sino para hacer una valoración y unas aportaciones
lo más adecuadas posible, que se pudiera espaciar en el tiempo hasta los
límites legales establecidos.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Nosotros estamos dispuestos a
hacer el esfuerzo. Quedamos a expensas de lo que diga el resto de los
grupos. No tenemos problemas especiales.

El señor PRESIDENTE: Entonces, si les parece bien, se va a
hacer el esfuerzo de intentar terminar de aquí a fin de mes, y a la vez,
paralelamente, pedimos autorización por si hay que hacer trabajos en
julio. Se va a hacer el esfuerzo; si se termina, estupendo, y si no,
tenemos autorización para trabajar en los meses extraordinarios de
verano. ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.)

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las diecinueve horas y treinta minutos.