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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 99, de 20/03/2013
cve: DSCD-10-PL-99
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 99
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 93
celebrada el miércoles,
20 de marzo de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página6)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la fusión de municipios y la supresión de las diputaciones provinciales como mejor manera de garantizar unos servicios públicos esenciales igualitarios, sostenibles y de
calidad. (Número de expediente 172/000100) ... (Página30)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del Gobierno en relación con el avance del déficit público del ejercicio 2012. (Número de expediente 172/000101) ... (Página36)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para una salida social a la crisis y la generación de empleo. (Número de expediente 173/000067) ... (Página42)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la estrategia de política industrial que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno. (Número de expediente 173/000068) ... (Página51)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la solución a los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada que fueron engañados en la comercialización de estos títulos. (Número de
expediente 173/000069) ... (Página59)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Preguntas ... (Página6)
De la diputada doña Maite Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Considera usted que el diálogo es un instrumento que se debe establecer con el resto de formaciones políticas?
(Número de expediente 180/000448) ... (Página6)
Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Está dispuesto su Gobierno a respetar que las comunidades autónomas que lo deseen puedan desarrollar libremente su
propia agenda de política exterior? (Número de expediente 180/000449) ... (Página7)
Del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Mantiene el Gobierno las previsiones que remitió a la Comisión Europea en abril de 2012 con el programa de
estabilidad? (Número de expediente 180/000454) ... (Página8)
De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Qué valoración hace la vicepresidenta de las consecuencias de los
recortes presupuestarios en el deterioro de servicios públicos en nuestro país? (Número de expediente 180/000455) ... (Página10)
Del diputado don Álex Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué intereses defiende el Ministerio de Justicia en el caso Bárcenas? (Número de expediente 180/000456) ...
Del diputado don Gabriel Echávarri Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Para quién legisla el ministro de Justicia con las reformas que plantea en relación con los registros civiles?
(Número de expediente 180/000457) ... (Página13)
Del diputado don Antonio Ramón Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué explicación da el Gobierno al incidente producido el 15 de diciembre entre una patrullera de la Guardia Civil
y una patera, a la vista de las grabaciones que se han conocido recientemente? (Número de expediente 180/000460) ... (Página14)
Del diputado don Conrado Escobar Las Heras, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué iniciativas ha impulsado el Ministerio del Interior en la lucha internacional contra el
narcotráfico? (Número de expediente 180/000453) ... (Página16)
De la diputada doña Tristana María Moraleja Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para aumentar la competencia en el sector
de los hidrocarburos? (Número de expediente 180/000452) ... (Página17)
Del diputado don Germán Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué opinión le merece la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala el modelo de inmersión
lingüística en Cataluña? (Número de expediente 180/000461) ... (Página18)
Del diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué tiene que ver el recorte de pensiones y subsidios con el
envejecimiento activo? (Número de expediente 180/000465) ... (Página19)
De la diputada doña Magdalena Valerio Cordero, en sustitución de doña María Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Por qué ha renunciado el Gobierno al
acuerdo político y social en el real decreto-ley aprobado el viernes 15 de marzo? (Número de expediente 180/000464) ... (Página21)
Del diputado don Pere Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Cuándo va a adecuar el Gobierno la ley hipotecaria española a la sentencia del Tribunal
de Justicia Europeo, que la considera contraria al derecho comunitario, por el hecho de no permitir suspender cautelarmente una ejecución hipotecaria? (Número de expediente 180/000450) ... (Página22)
De la diputada doña Leire Iglesias Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Qué va a hacer el Gobierno para evitar que continúen los desahucios con una legislación que ha
sido desautorizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? (Número de expediente 180/000462) ... (Página24)
Del diputado don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Le consta al Gobierno si algún partido político de los presentes en
el Congreso de los Diputados, y que recibe subvenciones públicas, no está al corriente de sus obligaciones fiscales? (Número de expediente 180/000451) ... (Página25)
Del diputado don Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna medida para mejorar la financiación de los
entes locales? (Número de expediente 180/000458) ... (Página27)
Del diputado don Jaime Javier Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Qué beneficios tiene para las finanzas públicas la eliminación del impuesto sobre los
depósitos bancarios implantado por algunas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía? (Número de expediente 180/000459) ... (Página28)
Interpelaciones urgentes ... (Página30)
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la fusión de municipios y la supresión de las diputaciones provinciales como mejor manera de garantizar unos servicios públicos esenciales igualitarios, sostenibles y de calidad
... (Página30)
Formula la interpelación urgente al señor Martínez Gorriarán, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Martínez Gorriarán y duplica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del Gobierno en relación con el avance del déficit público del ejercicio 2012 ... (Página36)
Formula la interpelación urgente el señor Saura García, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Saura García y duplica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página42)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para una salida social a la crisis y la generación de empleo ... (Página42)
Defiende la moción el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia y la señora Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Garzón Espinosa.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la estrategia de política industrial que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno ... (Página51)
Defiende la moción la señora Riera i Reñé, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista y Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y
Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Riera i Reñé.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la solución a los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada que fueron engañados en la comercialización de estos títulos ...
Defiende la moción el señor Hurtado Zurera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila y el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela
Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Garrido Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Hurtado Zurera.
Se suspende la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DE LA DIPUTADA DOÑA MAITE ARIZTEGUI LARRAÑAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA USTED QUE EL DIÁLOGO ES UN INSTRUMENTO QUE SE DEBE ESTABLECER CON EL RESTO DE FORMACIONES POLÍTICAS?
(Número de expediente 180/000448).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Preguntas dirigidas al Gobierno, en este caso dirigidas al presidente del Gobierno. En primer lugar, pregunta la diputada doña Maite Ariztegui, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: ¿Considera usted que el diálogo es un elemento que se debe establecer con el resto de formaciones políticas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.
Señora diputada, yo soy partidario del diálogo con las formaciones políticas, pero no soy partidario de hablar con quienes atentan contra los derechos fundamentales de las personas y tampoco con quienes les apoyan o no condenan sus
actuaciones.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señora diputada.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señor Rajoy, sabemos que es un gran conocedor de la vida animal, sobre todo de las tácticas del calamar y del avestruz, pero no sea canso, deje a un lado ya sus condiciones mantra. (Rumores). Deje las
condenas para la Iglesia y los jueces. El que esté libre de gales que tire la primera piedra: víctimas del franquismo, miles de torturados, terrorismos de Estado. Necesitamos memoria y reparación del cien por cien de las víctimas.
Volvamos al tema. Usted lo sabe, el diálogo es la única manera para la solución de todo conflicto. Lo dice el sentido común y lo dice también la experiencia en la resolución de tantos otros conflictos. El Foro social por la paz que se
acaba de desarrollar ha aportado cantidad de propuestas para avanzar en el proceso, pero siempre con un denominador común, hay que hablar entre las partes del conflicto y dialogar con quien piensa diferente. Usted mismo ofreció un diálogo abierto a
todos en el debate de investidura y hace casi año y medio que Amaiur llegó aquí, fuerza mayoritaria en Euskal Herria, respaldados con más de 333.000 votos, con la mano tendida y con el convencimiento pleno de que será a través del diálogo y el
entendimiento como conseguiremos avanzar y resolver el conflicto político y la reconciliación. ¡Pero cómo avanzar cuando una de las partes se niega! Porque usted no quiere avanzar ni permite la búsqueda de la paz justa y duradera.
Confunde eliminar o esconder el conflicto con resolverlo y esto pide ir a la raíz del problema, entender y cambiar las causas que lo generan y sin diálogo es imposible. Pero detrás de esa aparente fortaleza se esconde su debilidad, tienen
miedo a hablar porque saben que su mensaje es minoritario ante las aspiraciones democráticas de la ciudadanía vasca. Nos ponemos en su lugar, podemos entender ese miedo y quizá hasta esa desconfianza puede ser legítima, pero admitirán que ya ha
pasado el tiempo suficiente para ir superándolo porque al final ese miedo, ya patológico, lleva a bloquear ese diálogo. Cualquier otro Gobierno al acabar la violencia y tras mucho diálogo ha dado pasos para suavizar la política penitenciaria. Aquí
al revés, y lo dicen los expertos: cuando quienes deben dialogar no escuchan y desestiman y humillan al otro también contribuyen con la violencia y la no solución de los problemas. Deje la mediocridad, usted puede dar la talla de estadista que la
sociedad vasca le demanda. Déle una oportunidad a la paz. Haga que la primavera democrática entre en el Estado español.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.
Señora diputada, voy a explicitarle con más claridad mi opinión. Creo que no se puede dialogar con los terroristas y no se puede dialogar con ninguna organización terrorista. No se puede dialogar con quienes les apoyan. No se puede
dialogar con quienes no les condenan. No se puede dialogar con quienes no piden su disolución, que esa sí que sería la solución definitiva. El diálogo es bueno siempre pero dentro de la ley. El cumplimiento de la ley no se negocia y no se puede
hablar con quien quiere sacar beneficio por cumplir la ley o por no cumplirla. Porque eso no es diálogo, eso es imposición. Eso es decir o usted se aviene a lo que yo quiero o hago lo que estimo oportuno y conveniente. Les recomiendo a ustedes lo
que ya he hecho en numerosas ocasiones en esta Cámara. Condenen al terrorismo. Piden la disolución de ETA. Reparen el daño causado. Esto es lo que todo el mundo quiere. Y a partir de ahí estaremos en otro escenario, el de la ley, el de la
democracia funcionando normalmente y el del respeto a los derechos fundamentales de las personas empezando por su vida y siguiendo por todos los demás.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ESTÁ DISPUESTO SU GOBIERNO A RESPETAR QUE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE LO DESEEN PUEDAN DESARROLLAR LIBREMENTE
SU PROPIA AGENDA DE POLÍTICA EXTERIOR? (Número de expediente 180/000449).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el diputado don Aitor Esteban, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, le formulo la pregunta que consta en el orden del día ante la presentación de un anteproyecto de ley de acción exterior y también ante la anunciada próxima ley de tratados por parte de su Gobierno. Mi grupo no va a discutir que
el ius contrahendi corresponde al Estado, pero de ahí a concluir -como dice algún párrafo de ese anteproyecto- que quien dispone de competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales es del Estado únicamente, eso es mucho decir. La
proyección exterior de las instituciones -diría incluso que de las empresas-, de todos hoy en día es lo habitual. Y en el caso del Estado la vocación de algunas comunidades autónomas más que otras -dados sus rasgos identitarios- para tener una
proyección exterior está ahí. Y va a ser precisamente -ya lo está siendo en los medios de comunicación- uno de los quid de la cuestión.
La ley -tal y como está proyectada en el anteproyecto- mete en una misma categoría y hace un batiburrillo de ayuntamientos, entidades locales y comunidades autónomas difícilmente entendible. Si en ese texto catalogan ustedes a las
comunidades autónomas como agentes de acción exterior y lo hacen para enmarcarlas en una estrategia más o menos uniforme del Estado, no vale a continuación excluirlas de las consecuencias. Si esto es así, entonces habría que vincularlas a las
convenciones de Viena con respecto a relaciones diplomáticas y consulares y ofrecerles a esas delegaciones a cambio un estatus diplomático. En su anteproyecto pretenden fijar una estrategia de acción exterior, pero al mismo tiempo no permiten que
en su diseño entren aquellas comunidades autónomas que más proyección hacia esas relaciones tienen. El anteproyecto está plagado de una sesión de control. Hay que comunicar los viajes. ¿De quiénes? ¿De todos? ¿Para qué? Para nada, simplemente
para informar. La ley asume que no se pueden cerrar delegaciones pero obliga a realizar un expediente ante el Estado con un informe final que sirve para absolutamente nada. ¿Para qué, para colocarlo en la red y señalar a los díscolos?
Señor presidente, las relaciones exteriores deben basarse en una confianza mutua. Ya se comunican los viajes, lo recíproco sería que los embajadores -algunos- no se dediquen a reventar agendas de las comunidades autónomas. Hagamos que las
bases fundamentales sean el diálogo y el acuerdo. El señor Margallo se comprometió a tener una reunión con el Gobierno vasco. Espero que se produzca en la fecha más pronta posible.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Esteban, muchas gracias.
Como usted sabe, porque además lo ha recordado aquí, el pasado 1 de marzo, tras muchísimas revisiones del texto, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de acción exterior y del servicio exterior del Estado, después se abrió un
trámite de audiencia, que creo que todavía está en vigor y que afecta a todos aquellos que se ven concernidos por esta ley, entre otros las propias comunidades autónomas, y una vez que esto finalice y se cumpla el resto de trámites pretendemos
remitirlo a esta Cámara a principios del mes de junio o a finales del próximo mes de mayo.
Desde el año 1978 se han aprobado tres anteproyectos de ley, pero ninguno se concretó en proyecto de ley, con lo que hay una regulación parcial, muy heterogénea: el proyecto que regula los tratados es de 1972 y el reglamento de la carrera
diplomática es de 1955. Lo que pretende esta ley es articular, modernizar y adaptar, transcurridos más de treinta años de democracia, la actuación y organización del Estado en el exterior a un nuevo contexto, en el cual los actores no es solo el
Estado sino también, por ejemplo, las comunidades autónomas y otros. La ley, además, también pretende adaptar el servicio exterior a las necesidades del siglo XXI, coordinando a los agentes que realizan acción exterior y racionalizando las
estructuras en el extranjero. Se trata de procurar coherencia interna de la acción exterior del Estado en todos sus ámbitos, respetando la ley, el artículo 149.1.3.ª, competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, el 97,
el Gobierno dirige la política exterior, y el artículo referido a las comunidades autónomas que gozan de capacidad exterior de acuerdo con sus estatutos y la doctrina del Tribunal Constitucional.
La posición del Gobierno es la siguiente. Nosotros vamos a respetar las competencias de las comunidades autónomas. Nosotros partimos de lo que dicen la Constitución, los estatutos y el Tribunal Constitucional, y hay una sentencia, que
usted conoce, importante, del año 1994. Necesitamos una coordinación de todos los agentes que llevan a cabo una acción exterior. Necesitamos coherencia en lo que hace el conjunto del Estado. Necesitamos cuidar los recursos públicos, que son
escasos y de todos, y por supuesto mejorar el servicio exterior. No queremos controlar nada, lo que queremos es coherencia, diálogo y eficacia. Espero, y además se va a celebrar, que tenga lugar esa reunión a la que usted ha hecho referencia y
podamos llegar a algo razonable, pero de acuerdo con lo que debe ser el funcionamiento de un Estado en el siglo XXI.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿MANTIENE EL GOBIERNO LAS PREVISIONES QUE REMITIÓ A LA COMISIÓN EUROPEA EN ABRIL DE 2012 CON EL PROGRAMA DE
ESTABILIDAD? (Número de expediente 180/000454).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al presidente del Gobierno el diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, ¿mantiene las previsiones que envió a Bruselas en abril del año pasado?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Las previsiones que remitimos a la Comisión Europea el año pasado 2012 en el programa de estabilidad ya las hemos revisado. Lo hicimos cuando presentamos los presupuestos del año 2013, es decir, unos meses después. En ese momento revisamos
las de 2012 y también las del año 2013, y una vez cerrado 2012 hemos visto que las previsiones del Gobierno se han cumplido sustancialmente: el PIB bajó un 1,4 y la previsión era que lo hiciera un 1,5; el déficit, un 6,7 y el objetivo era un 6,3;
el déficit por cuenta corriente fue al final del 0,2 y la previsión nuestra era que iba a ser del 1,5; y la cifra de paro pensábamos que era del 24,6 y fue del 25. Por tanto, se acertó en lo sustancial.
En cuanto a las previsiones para 2013, están en el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado. Ahora debemos presentar el programa de estabilidad en el próximo mes de abril. Estamos estudiando todas las informaciones
disponibles, hablando con la Comisión, y, si es necesario,
procederemos a una rectificación, a un cambio en esas previsiones, igual que han hecho el Fondo Monetario y la Comisión Europea. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Es verdad que ha habido una revisión de todas las previsiones, a la baja, que en este caso, además, resalta con las previsiones del Gobierno, que se distancian cada vez más de las del Fondo Monetario. En conjunto, si examinamos las
previsiones 2013-2014, vemos que coinciden básicamente con un diagnóstico que el Gobierno hizo hace un año, según el cual acabaremos la legislatura peor en materia de empleo de lo que la empezamos. Esa previsión, que está ahí, en todos los
organismos internacionales, coincide con una perseverancia del Gobierno en sus políticas, que no cambia.
El viernes volvieron a las andadas, en este caso en materia de pensiones, y lo que hicieron fue mediante un decreto-ley recortar derechos a los pensionistas futuros que hoy tienen cincuenta y cinco años, y hacerlo sin acuerdo y -repito-
hacerlo mediante un decreto-ley; recortar derechos por decreto-ley, como la reforma laboral. El viernes, el Consejo de la Unión Europea se reunió y se olvidó hablar de crecimiento. Es verdad que usted lo hizo en los pasillos, parece que dentro
fue algo menos elocuente y quizá habría que hacerlo al revés, más contundencia dentro y más diplomacia fuera. Pero en todo caso el hecho es que no se habló de crecimiento, cuando Europa está admitiendo que está en recesión. Al mismo tiempo el
Eurogrupo el día anterior aprobó un desastroso rescate para Chipre que olvida la propia normativa de la Unión Europea, que recorta los derechos o los ahorros de los pequeños ahorradores chipriotas y que ha culminado en un desastre; una
rectificación el lunes; ayer el Parlamento chipriota dijo que no y estamos en una crisis que -reconozca, señor Rajoy- nace de un error; un error que no tiene padre, pero que parece que tiene madre; una madre, señor Rajoy, que nos está llevando a
todos los europeos al desastre.
Este es el contexto en el que estamos. El viernes ustedes recortan derechos aquí; el viernes se olvidan hablar de crecimiento y luego la chapuza chipriota. En ese contexto, cabe imaginar su resignación en materia de lucha contra el
desempleo. Eso es lo que los datos que ustedes mandan a Bruselas repiten una y otra vez, que usted ha tirado la toalla, que usted está resignado en materia de desempleo, que usted admite que acabaremos la legislatura con datos de desempleo peores
de aquellos que teníamos cuando empezó. Mire, señor Rajoy, haga usted un esfuerzo y cambie usted su política económica, su política laboral; cambie usted su política de crecimiento porque si no la legislatura será un desastre. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Pérez Rubalcaba, las previsiones no son manifestaciones de buenos deseos ni quinielas o apuestas. Son unos objetivos de política económica que deben adecuarse a la realidad del país y
también a la del conjunto de los países de nuestro entorno y de todo el mundo. Los organismos internacionales -como usted acaba de recordar- han cambiado en numerosas ocasiones las previsiones, y es que hay factores que, sin duda alguna, nos pueden
obligar a ello, como por ejemplo la situación de nuestros socios comerciales; como, por ejemplo, la financiación de la economía; como, por ejemplo, lo que ocurra con el procedimiento de déficit excesivo, la senda del cumplimiento; todo eso nos
puede obligar a cambiar las previsiones y, de hecho, creo que vamos a cambiar las previsiones. En cualquier caso, las previsiones son importantes, pero lo más importante son las medidas de política económica que se vayan adoptando para crecer y
crear empleo. Nosotros hemos llevado a cabo una política que vamos a mantener con tres ejes. En primer lugar, contener el déficit público. En segundo lugar, reestructurar el sistema financiero. En tercer lugar, las reformas; y luego, políticas
de crecimiento. Yo las he presentado aquí en el debate sobre el estado de la Nación, hace poco hemos presentado el Plan de empleo juvenil, y es muy importante -son los dos objetivos de futuro- que mejoremos la financiación de las empresas, que no
es fácil, y que luego en Europa se tomen decisiones que nos ayuden a todos que, como usted sabe, tampoco es fácil. Estamos poniendo las bases para la recuperación de la economía. La última parte de este año será mejor y el año que viene habrá en
España un crecimiento económico y creación de empleo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE LA VICEPRESIDENTA DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS RECORTES
PRESUPUESTARIOS EN EL DETERIORO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN NUESTRO PAÍS? (Número de expediente 180/000455).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. La formula la diputada doña Soraya Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, mañana trae a esta Cámara su informe anual la Defensora del Pueblo, un informe demoledor contra la política de recortes del Gobierno, de su Gobierno, y que pone de manifiesto las consecuencias devastadoras que estos
recortes tienen en la vida de la gente. Las quejas a esta institución se han incrementado en un 170%; quejas sobre la educación pública, sobre la sanidad pública, sobre los servicios sociales. La Defensora del Pueblo propone que se repongan los
recortes, los presupuestos que ustedes han recortado en un año, para dar satisfacción a estas denuncias.
Por eso le pregunto: ¿Qué opinión tiene usted sobre las consecuencias de sus recortes en el deterioro de los servicios públicos? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, las reformas que ha puesto en marcha este Gobierno lo son precisamente para que los servicios públicos tengan futuro y ese va a ser nuestro objetivo: garantizar su sostenibilidad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias.
No, señora vicepresidenta, si recortamos el presupuesto deterioramos los servicios y, si deterioramos los servicios, estamos atentando contra los derechos sociales de los ciudadanos. Creo que usted, aunque lo tenga encima de la mesa, no se
habrá leído el informe que ha realizado UGT sobre el modelo de privatización sanitaria del servicio de salud pública en la Comunidad Valenciana -comunidad donde ustedes gobiernan-; privatización de la sanidad que quieren hacer también en la
Comunidad de Madrid. El informe dice que 2.400 muertes prematuras hubieran sido evitables si no se hubiera optado por un modelo de privatización. (Protestas).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
Ruego silencio. Está hablando una oradora. (Pausa).
Continúe.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Creo que no, señora vicepresidenta, señor presidente, porque solo de esta forma se entiende que hoy hayamos despertado con la absurda la noticia de que no van a dar subvenciones a las comunidades autónomas que
hayan incumplido el objetivo de déficit -por cierto, como ustedes, que tampoco lo han cumplido- para el servicio de trasplantes y donación de órganos. ¿Pero quiénes se creen que son ustedes para jugar así con la salud de la gente?
(Aplausos.-Protestas). No se lo vamos a permitir, van a rectificar esa orden.
Además, les quiero decir una cosa. Recortes en derechos que son el corazón de la democracia con menos democracia: recortando derechos con decretos-leyes. Señora vicepresidenta, lleva treinta y cinco; el último de escándalo haciendo
saltar por los aires el Pacto de Toledo. ¿No le da vergüenza haber mandado las previsiones de modificación del recorte de las pensiones parciales en noviembre y traerlo por decreto-ley? ¿De verdad no les da vergüenza? (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señora Rodríguez, en política no vale todo y de las cosas serias conviene hablar con seriedad. (Protestas). Habla usted del deterioro de los
servicios públicos y yo le voy a decir cuáles son los tres principales errores de un Gobierno que pone en riesgo los servicios públicos. En primer lugar, no tener unas cuentas públicas saneadas, señoría, porque cuando las cuentas públicas son
insostenibles, los servicios públicos acaban siendo inviables; porque la política sanitaria o la política educativa no se pueden financiar continuamente con déficit ni se puede hacer política social de prestado, señoría; porque a puro de pedir, le
dejan a uno de prestar y, si le siguen prestando, lo hacen cada vez más caro. El segundo error, señoría, es no vigilar los ingresos, porque los servicios públicos se pagan con los ingresos públicos y ustedes dejaron que disminuyeran en 60.000
millones de euros entre 2008 y 2009. ¿Sabe cuál es el tercer error, que no es un error sino una temeridad? Es no darse cuenta de que la evolución social y la evolución demográfica afectan a los servicios públicos y que hay que tomar medidas.
Habla usted educación, señoría. En educación somos de los países que más gastamos y que menos servicios educativos de calidad tenemos. Por eso, señoría, no se trata de gastar más sino de educar mejor. Parece mentira que yo tenga que explicar en
esta Cámara a quien alargó la edad obligatoria legal de jubilación a los sesenta y siete años que es bueno que se siga trabajando a los sesenta y uno o a los sesenta y tres; que es bueno que quien quiera seguir trabajando pueda compatibilizar
pensión y salario; y que es bueno que protejamos a los mayores de cincuenta años que echan por discriminación por razón de edad de las empresas. Señoría, eso no es ni más ni menos que la recomendación número doce del Pacto de Toledo, del Pacto de
Toledo cuando ustedes tenían mayoría relativa en esta Cámara. Pero ya sé que es mucho pedir coherencia a un grupo parlamentario que congeló las pensiones -actualización cero- y ahora recurre ante el Tribunal Constitucional una actualización del 2%.
(Aplausos).
¿Sabe cuál es el peor enemigo de los servicios públicos? La demagogia: prometer cuando se está en la oposición lo que no se ha sido capaz de hacer en el Gobierno y, encima, no explicar a los ciudadanos con qué recursos se va a pagar,
señoría. (Rumores.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON ÁLEX SÁEZ JUBERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ INTERESES DEFIENDE EL MINISTERIO DE JUSTICIA EN EL CASO BÁRCENAS? (Número de expediente 180/000456).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta, en primer lugar, don Àlex Sáez Jubero, del Grupo Socialista.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Justicia, ustedes impulsaron y tramitaron rápidamente una modificación del Código Penal que exime o disminuye las penas a los defraudadores que regularicen su fraude fiscal. Además, propiciaron una amnistía fiscal que ha
beneficiado, entre otros, al señor Bárcenas; 22 millones de euros tenía el señor Bárcenas en Suiza, de los que tan solo 3 millones de euros corresponden a ingresos oficiales durante quince años como tesorero del Partido Popular.
He participado en la tramitación parlamentaria de varias reformas del Código Penal, señor ministro, y su grupo parlamentario siempre ha sido contrario a elevar el umbral del delito fiscal y ahora sus reformas son blandas con los delitos de
cuello blanco que favorecen presuntamente, entre otros, al señor Bárcenas. ¿Qué intereses defiende el Ministerio de Justicia en el caso Bárcenas, señor ministro? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.
El Ministerio de Justicia, el Gobierno de España, en el caso Bárcenas, como en cualquier asunto que está sometido a tramitación judicial, no defiende ningún otro interés distinto de aquel que está establecido en el artículo 124 de la
Constitución; es decir, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, en defensa de derechos de los ciudadanos, en defensa del interés público tutelado por la ley y desde luego velar por la independencia de los tribunales, que es lo
que hace el Gobierno cuando un asunto está
sometido a jurisdicción. Estoy seguro de que su señoría nos va a decir cuáles son los intereses que defiende usted.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.
Entonces, señor ministro, no debería ser necesario recordarle las funciones que ejerce el ministerio fiscal bajo los principios de legalidad e imparcialidad. Entre otras funciones debe garantizar que la función jurisdiccional se ejerza
conforme a las leyes y plazos señalados y ejercitar las acciones, recursos y actuaciones que estime pertinentes sobre la base de estos principios. Nos preocupan las actuaciones que la Fiscalía Anticorrupción viene desplegando en el caso Bárcenas y
la supuesta contabilidad secreta del Partido Popular, confeccionada por el extesorero señor Bárcenas; actuaciones de la fiscalía que entorpecen la agilidad necesaria del proceso de investigación y buscan apartar del caso al juez de la Audiencia
Nacional Javier Gómez Bermúdez. La fiscalía ha cuestionado la instrucción mediante recursos que, en lugar de agilizar la investigación que conduzca a la determinación de responsabilidades, dificultan que sean citadas personas implicadas en las
mismas. Tras el auto dictado ayer por el juez Gómez Bermúdez, defendiendo su competencia para investigar la contabilidad del caso Bárcenas, debe respetarse la investigación hasta que se establezca de modo definitivo la competencia jurisdiccional en
el contencioso abierto con el juez Pablo Ruz. Existen antecedentes que usted conoce muy bien, señor ministro, en el caso Naseiro de cómo anular la acción de la justicia con recursos procesales que evitaron, por cuestiones de forma y no de fondo,
que el tesorero del Partido Popular y otros cargos de su partido tuvieran que afrontar responsabilidades penales por un caso de financiación ilegal. ¿Garantiza usted que esta no sea nuevamente y en última instancia la intención en el caso Bárcenas,
señor ministro? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, creo, y le puedo asegurar que creo que conmigo lo cree la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, que pocas veces ha tenido nuestra democracia una fiscalía con un titular al frente, el fiscal general del Estado, que haya
actuado ajustándose más estrictamente al principio de legalidad, al principio de imparcialidad y con una autonomía en el ejercicio de sus funciones con respecto al Gobierno de España como en la que en estos momentos tenemos. Esa es una garantía de
nuestro sistema judicial, de la independencia de los tribunales y esa es una garantía que su señoría por razones políticas y partidistas no debería poner en duda.
Señoría, la actuación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción en este asunto ha sido ejemplar; ha tomado la iniciativa, se ha opuesto al sobreseimiento del asunto cuando fue acordado en primera instancia, su
señoría lo recordará, y ha sido la fiscalía la que el 24 de enero de 2013, más de un mes antes de que algunos de sus compañeros, de nuestros compañeros de bancada que se sientan unas filas más atrás interpusieran una querella, abrió unas diligencias
de investigación. Es la fiscalía la que, siempre de acuerdo con el principio de legalidad, establece cuales tienen que ser los criterios de investigación. Y usted lo que viene a plantear aquí, señoría, es algo que está fuera de cualquier sentido.
¿Quiere usted que debatamos, quiere usted que decidamos sobre qué juzgado es competente cuando hay un conflicto entre dos órganos jurisdiccionales? Señoría, ¿hay un caso más flagrante de politización de la justicia? ¿Quiere usted que sea esta
Cámara la que le diga a los tribunales cuando disputan si tiene que ser uno o tiene que ser otro? No, señoría, ese no es ni su papel como legislador ni es mi papel como el ministro de Justicia del Gobierno de España. Nuestro papel es defender la
independencia de los tribunales. Y le digo una cosa, si hay algo que arroja una sombra de sospecha, es que su señoría tenga un interés preferente de un juez sobre otro.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL ECHÁVARRI FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿PARA QUIÉN LEGISLA EL MINISTRO DE JUSTICIA CON LAS REFORMAS QUE PLANTEA EN RELACIÓN CON LOS REGISTROS CIVILES?
(Número de expediente 180/000457).
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia del diputado don Gabriel Echávarri, del Grupo Socialista.
El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
¿Para quién legisla el ministro de Justicia con las reformas que plantea en relación con los registros civiles?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, lo primero que tengo que decir, que debería usted saberlo porque se sienta en esos escaños, es que, en un Estado de derecho y en nuestra democracia, el Gobierno no legisla, quien legisla es usted, quien legisla es usted como
diputado. (Protestas.-Aplausos). Por lo tanto, eso es lo que debería saber leyéndose el artículo 66. Nosotros tenemos la iniciativa legislativa y si usted me pregunta que a quién dirigimos la iniciativa legislativa: para todos los asuntos, para
los intereses de los ciudadanos, pero, concretamente, en relación con este, todavía no ha habido ninguna iniciativa legislativa por parte del Gobierno. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Señor ministro, usted textualmente la semana pasada dijo en la tribuna que no legislaba para los operadores jurídicos, sino que lo hacía para los ciudadanos y, sí, legisla para los ciudadanos pero solo para
algunos, en concreto en esta materia, para 750, o para 749 y el registrador de Santa Pola, que resulta ser el presidente del Gobierno. (Aplausos).
Señor ministro, con la privatización de los registros civiles, que eran públicos y gratuitos desde 1870, va a entregar a los registradores de la propiedad y mercantiles su explotación empresarial a cambio de un arancel que pagaremos todos.
Con su propuesta y en plena crisis, unos funcionarios que actúan como profesionales en régimen de absoluto monopolio van a proveerse de un negocio a costa de todos los españoles. Con su reforma, este lobby va a pasar a controlar desde nuestro
nacimiento hasta nuestra muerte, pasando por incapacitaciones, emancipaciones, matrimonios, separaciones, divorcios, nulidades. En fin, todos los datos de nuestra vida, incluso los más íntimos, incluso los protegidos constitucionalmente van a pasar
a manos privadas fuera del control público y lo van a hacer cobrando. ¿Y los ciudadanos qué vamos a hacer? Pagar por ello. ¿Es esto legislar para la ciudadanía, hacerles pagar por algo que hasta hoy no tenían que pagar? Yo creo que no.
Si quiere hablamos de herencia, porque en la última legislatura se realizó una inversión de 128 millones de euros en digitalizar e informatizar todos los registros civiles de España; 128 millones de euros que ahora usted entrega gratis a
los registradores para que hagan su negocio, un negocio redondo, dado que pueden ingresar 180 millones de euros al año por este servicio, 180 millones de euros a repartir entre estos 750 ciudadanos, entre ellos, su nuera, señor Ruiz-Gallardón, o el
señor Rajoy, a quien además han hecho un doble favor, dado que en Santa Pola había previsto un segundo registro, y ustedes -usted- lo han suprimido, dejando solo, cómo no, el del señor Rajoy: más pedazo de tarta.
Estarán contentos estos 750 ciudadanos, pero los demás no lo estamos. No lo están aquellos que están sufriendo sus recortes. Tampoco lo están los más de 3.500 empleados públicos cuyo puesto de trabajo desaparece o puede desaparecer con
esta reforma, aunque, claro, ya sabemos que para ustedes los funcionarios apenas llegan a la cualidad de ciudadanos.
Señor Gallardón, dé marcha atrás a esta reforma. No quiera pasar a la historia. Usted ya es parte de la historia, no solamente por ser incapaz de traer unos Juegos Olímpicos a Madrid, sino porque con su Gobierno la diosa Justicia ya no
tiene una balanza en la mano. La diosa Justicia, gracias a usted, tiene una caja registradora.
Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado, creo con toda sinceridad que ustedes tienen un problema muy severo. El problema que tienen -déjeme que se lo diga con toda la elegancia posible- es que, además de un desconocimiento completo de cómo funciona la
Administración del Estado -se lo voy a decir con toda sinceridad-, parece que les molesta que el presidente del Gobierno en su momento sacase una oposición de registrador de la propiedad (Risas), parece que les molesta que el ministro de Justicia
pertenezca a la carrera fiscal o parece que les molesta que tengamos en nuestra familia funcionarios que lo que han hecho ha sido trabajar mucho, esforzarse mucho y estudiar mucho para ocupar puestos de responsabilidad. Déjeme que le diga que con
su discurso, señoría, lo único que hace es una apuesta por la mediocridad, una apuesta por expulsar de la vida pública a todos aquellos que han servido precisamente a la vida pública desde un servicio al que han accedido por mérito, por capacidad,
por esfuerzo y por sacrificio, y esa es una filosofía que desgraciadamente les acompaña.
Señoría, que no deben ser los jueces los que lleven los registros civiles es algo que creo que está en la mente de todos. Ustedes incluso llegaron a proponerlo en una legislación que no ha llegado a tener efecto en la legislatura anterior.
Pero le voy a recordar una cosa para que piense quién tuvo esa perversa idea de que unos funcionarios o registradores que ya llevan el registro de las personas jurídicas llevasen también el registro de las personas físicas. No fue el Partido
Popular. ¿Sabe quién fue, el 6 de abril de 2011? Pues mire, un grupo tan poco sospechoso de intentar favorecer como Esquerra Republicana de Cataluña, que en una enmienda dijo literalmente que una vez adoptada la decisión política legislativa de
desjudicializar la gestión del Registro Civil, no parece descabellado que se contemple en la ley una habilitación legal expresa para la llevanza de oficinas registrales por registradores. (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que
no se perciben). ¿Usted cree que Esquerra Republicana de Cataluña quiere favorecer a unos determinados funcionarios? (Protestas). Señor diputado, recapacite, por favor. (Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ EXPLICACIÓN DA EL GOBIERNO AL INCIDENTE PRODUCIDO EL 15 DE DICIEMBRE ENTRE UNA PATRULLERA DE LA GUARDIA
CIVIL Y UNA PATERA, A LA VISTA DE LAS GRABACIONES QUE SE HAN CONOCIDO RECIENTEMENTE? (Número de expediente 180/000460).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. En primer lugar pregunta don Antonio Trevín, del Grupo Socialista.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Señor ministro, el pasado 13 de diciembre una patrullera de la Guardia Civil chocó en aguas de Lanzarote con una patera. El resultado: un inmigrante muerto y seis desaparecidos; otros diecisiete pudieron ser
rescatados por la tripulación de la patrullera, que los socorrió con la abnegación y arrojo habitual de la Guardia Civil en estos casos. Es la primera vez que se produce un hecho semejante, lo que explica el importante eco que tuvo en diversos
ámbitos de España y Marruecos, pero no aquí, en el Congreso de los Diputados, donde ni usted ni su secretario de Estado solicitaron comparecer. Tampoco han respondido a las peticiones que hicimos al respecto y eso que en estos tres meses se ha
analizado reiteradamente el hecho y las circunstancias que lo rodearon. Hasta se informó de que la cercanía de la patera a nuestras costas se conoció ya el día anterior, pero no se alertó de ello ni a la patrullera ni al servicio de salvamento.
Las imágenes el SIVE hechas públicas la pasada semana han reabierto el debate. Por ello, señor ministro, le pregunto: ¿qué explicaciones puede dar el Gobierno a la vista de dichas grabaciones?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
En todo caso, como sabe su señoría, en mi comparecencia la semana pasada en la Comisión de Interior ya tuve ocasión de contestarle a esta cuestión. Por cierto, me llama la atención que vuelva a
plantearla aquí, porque debería estar mejor informado, entre otras cosas sabiendo que el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife ha abierto diligencias previas declaradas secretas y que, no obstante eso, el pasado 13 de marzo se ha
conocido una resolución de ese juzgado diciendo que la versión de la Guardia Civil es la correcta y dejando sin ningún tipo de responsabilidad de momento a la Guardia Civil.
Lo que sucedió, señoría -debería usted saberlo-, es que se produjo sencillamente un incidente fortuito entre la patrullera Cabaleiro y esa patera que al parecer iba con veinticinco inmigrantes irregulares a bordo y que ese incidente fortuito
fue fruto de una avería sobrevenida en el sistema de propulsión y gobierno de la patrullera de la Guardia Civil.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Señor ministro, aquí pedimos y le exigimos, como es nuestro deber como oposición, que nos dé explicaciones en el ámbito gubernamental, para nada en el judicial. Necesitamos saber qué pasó y por qué pasó para evitar
que se repita un hecho semejante. Lo que sí sabemos es que ustedes han recortado el presupuesto de inversión para la reposición y el funcionamiento de las embarcaciones de la Guardia Civil de una forma tajante: 8,5 millones había en los
presupuestos de 2011, 300.000 euros en los de 2012 y 1.300.000 en los de este año. En dos años un 60% menos que lo que se destinó solo en uno. No debe extrañarnos por ello que la zódiac para rescates que llevaba la Guardia Civil no funcionara, que
la patrullera tuviera mermada, como usted dijo, su capacidad de maniobra por una de sus frecuentas averías, que la cámara térmica de a bordo tampoco funcionara, por lo que el rescate se hizo guiándose por radar, aparato que en las distancias cortas
no es fiable, y que la tripulación estuviera compuesta por cuatro miembros de la Guardia Civil, pocos para una embarcación como Río Cabaleiro.
Los recortes se pagan, señor ministro, pero a unos les salen más caros que a otros. Usted forma parte de un Gobierno que no tuvo problema alguno en dejar sin atención sanitaria a muchos inmigrantes. Lo que ocurrió en las cercanías de
Lanzarote prueba también que para ustedes hasta los medios para su socorro y salvamento en el mar o para que la Guardia Civil pueda combatir con eficacia el narcotráfico y otras formas de crimen organizado pueden ser considerados superfluos...
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Señor Trevín, no haga demagogia con estos temas, se lo ruego por favor. Yo he hablado personalmente con el ministro del Interior marroquí sobre este asunto, le he enviado a él personalmente
el informe oficial de la Dirección General de la Guardia Civil y le he informado también de la resolución del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, y el embajador de España en Rabat ha sido llamado a consultas por el ministro de Asuntos
Exteriores marroquí y este ha quedado plenamente satisfecho con la explicación que le ha dado el Gobierno español. Por tanto, no interfiera usted en las magníficas relaciones que tenemos entre el Reino de Marruecos y el Reino de España, que están
entendiendo perfectamente lo que ha sucedido.
Por lo demás, le voy a decir que la información que usted está dando es absolutamente incorrecta, porque usted se refirió en la Comisión de Interior e implícitamente hoy aquí a una enmienda a la Ley de Presupuestos del Estado que disminuyó
en unos millones de euros la partida destinada a las inversiones, reposición y compra de material para la Guardia Civil. Le tengo que decir que en este caso no se trata de nada de eso, porque la partida afectada por esa enmienda no se refería a
reposiciones en el funcionamiento operativo sino a la construcción de una patrullera media de aluminio. Le podría dar también datos referidos a las compras previstas para este ejercicio 2013 y para el próximo 2014 de patrulleras al servicio de la
Guardia Civil para el servicio integral de vigilancia exterior tanto en el ámbito del Mediterráneo como del Cantábrico como de la zona de Melilla, Ceuta y Canarias, que garantizan la protección por parte de la Guardia Civil de nuestra frontera
marítima. Por tanto, no haga demagogia, insisto, con estos temas.
Finalmente le diré que la Guardia Civil actuó, como siempre, ejemplarmente. Un guardia civil salvó de morir ahogados a dos inmigrantes, y el resto de inmigrantes hasta esos veinticinco... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CONRADO ESCOBAR LAS HERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ INICIATIVAS HA IMPULSADO EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA LUCHA INTERNACIONAL CONTRA EL
NARCOTRÁFICO? (Número de expediente 180/000453).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior del diputado don Conrado Escobar, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro del Interior, el tráfico ilícito de drogas constituye una amenaza contra la libertad, la economía y la seguridad de España y del mundo, una delincuencia perniciosa que corrompe el orden social y daña irremediablemente la salud
pública. Muchas vidas, muchas familias se pierden a consecuencia de este crimen letal y además, no lo olvidemos, el narcotráfico es el soporte principal de mafias y de crimen organizado. En este contexto global del crimen, España es la entrada
geográfica natural para Europa, fundamentalmente de hachís y de cocaína. Por eso nos consta y nos complace comprobar que el Ministerio del Interior español entiende que el combate contra el crimen y contra el narcotráfico solo será eficaz desde un
modelo policial coordinado, capaz e inteligente, pero ante todo con criterios de cooperación y colaboración internacional. Hoy la seguridad interior depende cada vez más del exterior.
Señor ministro, su departamento se ha volcado en el trabajo internacional desde la Policía Nacional, la Guardia Civil, la secretaría de Estado y la propia dirección exterior de su ministerio y son constantes las operaciones conjuntas con
policía alemana, británica, francesa, colombiana y marroquí. El fruto de estas actuaciones se traduce en operativos claves para la tranquilidad española. La operación Miniyo incautaba 5.644 kilos de cocaína y este lunes en Burgos la Policía
Nacional intervenía uno de los mayores alijos de speed. Nos complace comprobar que España y sus fuerzas de seguridad son una verdadera pesadilla para los narcotraficantes y sus organizaciones. España es más segura para el ciudadano y más peligrosa
para el criminal. A la opinión pública y al Grupo Popular nos interesa conocer, señor ministro, qué iniciativas ha impulsado el Ministerio del Interior en la lucha internacional contra el narcotráfico.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Escobar, por su pregunta, porque efectivamente ha hecho usted un muy preciso diagnóstico de la situación existente y en consecuencia también de la necesidad de abordar, en un ámbito de cooperación internacional reforzada, una
lucha adecuada contra ese tráfico criminal que constituye una de las modalidades más letales del crimen organizado. En todo caso, comienzo por decir que, tal como anuncié la semana pasada en mi comparecencia en la Comisión de Interior, próximamente
voy a comparecer a petición propia para hacer un balance de lo que ha sido la lucha contra el tráfico de drogas en el pasado año 2012, donde podré de manera más precisa detallar todos los datos a los que usted hace referencia.
En todo caso, ya que me pregunta su señoría por las iniciativas de carácter internacional que hemos adoptado para luchar contra el narcotráfico en el pasado año y en lo que llevamos de este, le puedo anunciar las siguientes. En primer
lugar, en el ámbito de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Cádiz, tuvo lugar, precisamente en España y concretamente en Valencia, la primera reunión de ministros del Interior y Seguridad Pública, celebrada los días
17 y 18 septiembre pasado, y dio lugar a la Declaración de Valencia, que subrayó la necesidad de una cooperación internacional más intensa y eficaz en este campo.
En segundo lugar, le puedo citar también, en un contexto más próximo, que el 10 de octubre del pasado año y durante la XXII Cumbre hispano-francesa celebrada en París, tuve ocasión de suscribir con mi colega francés un protocolo que contiene
un plan trienal de acción conjunta reforzando la cooperación franco-española en materia de lucha contra las drogas, elevando el nivel de cooperación hispano-francesa, para entendernos, a lo que ha sido y es la cooperación bilateral en la lucha
contra el terrorismo de ETA -para que nos demos cuenta del nivel de cooperación policial reforzada al que hemos llegado-.
En tercer lugar, el pasado 25 enero suscribimos en Rabat los ministros del Interior de Francia, Portugal, Marruecos y España la llamada Declaración de Rabat, donde se instrumentan también mecanismos de
cooperación policial para luchar de manera más eficaz en ese ámbito geoestratégico y geográfico contra el tráfico de cannabis en particular.
Por último, en relación con la lucha contra la cocaína, el pasado 13 marzo se ha puesto en marcha la llamada plataforma de Bogotá, liderada por España y que pretende luchar de manera muy eficaz con todos los países de la Unión Europea,
liderados por España, contra el tráfico de cocaína, teniendo en cuenta que el 40%... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA TRISTANA MARÍA MORALEJA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA AUMENTAR LA COMPETENCIA EN EL
SECTOR DE LOS HIDROCARBUROS? (Número de expediente 180/000452).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Industria, Energía y Turismo que formula la diputada doña Tristana Moraleja, del Grupo Popular.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado 14 de marzo se convalidó en esta Cámara el Real Decreto-ley 4/2013. Este real decreto se enmarca dentro de las reformas que nuestro presidente ya avanzó en el debate sobre el estado de la Nación; un nuevo avance
en el proceso reformista que está llevando a cabo el Gobierno para poner a nuestro país en la senda de crecimiento económico y la creación de empleo. Son cinco títulos los que conforman este real decreto-ley y su ministerio está muy presente en el
título V. En este título se adoptan medidas de gran calado en el sector de los hidrocarburos que eran muy necesarias. En sendos informes de la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de la Competencia del segundo semestre del 2012,
ya se constataban los elevados precios que los carburantes tenían en España con respecto a Europa. Sabemos que su ministerio el verano pasado impulsó un grupo de trabajo interministerial para analizar esta problemática.
El Grupo Parlamentario Popular es muy consciente de las repercusiones que conllevan los precios de los carburantes en el día a día de los ciudadanos. Se han constatado prácticas irregulares entre las grandes distribuidoras. De hecho, se
han llegado a establecer sanciones por parte de los organismos competentes, ya que era una práctica habitual concertar los precios entre los distribuidores. Sabemos que no es fácil, primero, poner en marcha nuevas instalaciones, puesto que
administrativamente hay mucho que mejorar, pero incluso una vez instaladas no es fácil por parte de un distribuidor minorista acceder a las instalaciones de transporte y almacenamiento de carburante.
Los contratos en exclusiva son otro de los problemas a los que se enfrentan los distribuidores. Además, los objetivos de mezcla de los biocarburantes han conllevado un incremento de precio de otro tipo de materias primas. Por tanto, es
evidente que hay un problema desde hace mucho tiempo en relación con los precios de los carburantes, pero nunca, repito, nunca hasta ahora se había actuado con tanta contundencia, primero, en relación con los grandes distribuidores, que durante años
han impedido que exista una verdadera competencia, secuestrando el acceso al mercado y así evitando esa competencia; en segundo lugar, prohibiendo la recomendación de precios de venta al público... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señora diputada, el Gobierno tiene el convencimiento de que estas medidas van a incidir directamente sobre los precios adoptados por las estaciones de servicio en la venta de
los carburantes y al tiempo van a permitir un funcionamiento más eficiente de este mercado, reduciendo las barreras de entrada a nuevos operadores y repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos.
El impacto económico previsto por las distintas medidas adoptadas va a tener lugar a dos niveles: a nivel mayorista y a nivel minorista. En cuanto al primero, habrá un reforzamiento de la supervisión de acceso de terceros a las
instalaciones de transporte y almacenamiento. Esta medida permitirá profundizar en la supervisión de la adecuada actividad desarrollada por la Compañía Logística de Hidrocarburos, salvaguardando la condición de actividad liberalizada y en todo
momento de interés general. Mayor supervisión y más transparencia en la toma de decisiones de la Compañía Logística de Hidrocarburos se
traducirá en un incremento de la potencial competencia en el sector y se evitarán las congestiones contractuales. Sin embargo, no es de esperar una repercusión significativa en el coste de la actividad de la Compañía Logística de
Hidrocarburos a corto y medio plazo. En cuanto al nivel minorista, se procederá a una simplificación administrativa y a una profundización en cuanto a la unidad de mercado, licencias para nuevas instalaciones de suministros. Se trata de sentar las
bases para que no se mantengan o para eliminar las barreras administrativas que han impedido o dificultado la entrada de nuevos operadores desde que se impulsó la misma en el año 2000. Se incide particularmente en estos porque la experiencia de
países de nuestro entorno ha demostrado su carácter dinamizador de la competencia de mercados. Por tanto, se avanza en la liberalización de facto del sector energético y de incremento del grado de competencia del sector. Finalmente, señorías, se
reduce la incertidumbre regulatoria para los nuevos entrantes y puede suponer una reducción de cargas administrativas importante. Además, todas estas propuestas determinan las condiciones básicas para el ejercicio de la actividad económica, por lo
cual contribuirán igualmente a garantizar la unidad de mercado en este ámbito.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE LA RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE AVALA EL MODELO DE
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN CATALUÑA? (Número de expediente 180/000461).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta don Germán Rodríguez Sánchez, del Grupo Socialista.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo emitió un fallo que avala nuevamente el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, lo que supone un varapalo a su contrarreforma educativa. La pregunta que le formulo es bien
sencilla: ¿va usted a rectificar la ley o va a seguir insistiendo en su cruzada en contra de la enseñanza en catalán? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Sánchez, es posible que su pregunta sea sencilla, pero no hay por donde cogerla, porque nada de lo que ha dicho usted responde a la verdad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor ministro, la sentencia del Tribunal Supremo creo que es clara. Literalmente dice que el sistema de enseñanza en Cataluña es plenamente conforme al ordenamiento jurídico y que los alumnos que lo requieran
tienen derecho a la atención individualizada. Y lo que pretende su ley es una cosa bien distinta, es cambiar el sistema, es abrir la puerta a que los alumnos se escolaricen separadamente, unos en catalán y otros en castellano, por cierto a través
de centros privados que habrá que pagar con dinero público. Señor ministro, en Cataluña no queremos dobles redes, ni niños de primera ni niños de segunda. No hay conflicto lingüístico. Incluso los alumnos tienen mejor nivel de castellano que los
de otras comunidades, pero a usted todo eso le da igual. Lo peor de su reforma es que, además de reaccionaria, llega en un momento inoportuno y trataré de explicarle por qué.
La relación entre Cataluña y España no pasa por su mejor momento. Por eso algunos tratamos de trabajar cada día por tender puentes, por fortalecerlos, pero hay otros que se dedican a lo contrario, a volarlos, unos en Cataluña, echándole la
culpa de todo a España, y otros, como usted, clamando por la españolización de los alumnos catalanes. Ese es su único mérito, haber superado el récord de fabricar independentistas que tenía el señor Aznar.
Al margen de la lengua, señor Wert, hay dos cosas que están claras. La primera es que usted no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos y la segunda es que, eso sí, ha conseguido poner de acuerdo a toda la comunidad educativa en contra
de sus recortes y en contra de su ley. Le diré que no es solo la religión. Toda su reforma es pura ideología ultraconservadora. Va a empeorar la calidad de nuestra educación pública, va a reducir la igualdad de oportunidades, pero, eso sí, va a
favorecer los intereses de los centros privados y va a satisfacer enormemente a la jerarquía católica.
Solo hay una cosa que genera más rechazo que su reforma educativa y es su gestión al frente del ministerio. Tengo claro y tengo que reconocerle que usted hacía bastante daño en las tertulias, pero, créame, nada comparado con el destrozo que
está haciendo en la educación. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Sánchez, me va a permitir que pase por alto su excursus y que me limite a lo que usted había preguntado, y además lo voy a hacer de una forma propedéutica, a ver si se entiende de una vez. La sentencia, que es apenas un
incidente de ejecución de sentencia de una anterior del Tribunal Supremo, dice fundamentalmente dos cosas: que después de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, es obligado -obligado- que a todo padre que así lo solicite se le garantice
la escolarización en castellano de sus hijos y, en segundo lugar, que el sistema de atención individualizada que propone la Generalitat para cumplir con esa exigencia no atiende debidamente lo que tiene proclamado, lo que el Tribunal Constitucional
ha pedido... (El señor Rodríguez Sánchez hace gestos negativos). Déjeme acabar, igual al final lo entiende. (Rumores). Y exactamente esas exigencias del Tribunal Constitucional son las que están reflejadas de una forma rigurosa y precisa,
utilizando incluso los mismos adjetivos, en la disposición adicional trigésimo octava de la LOE como consecuencia de la reforma que en ella introduce la Lomce, que es una ley de calidad y que en este caso trata simplemente de garantizar un derecho.
En cuanto a las referencias que ha hecho su señoría en torno a la voluntad de acuerdo, reiteradamente hemos ofrecido al Govern de la Generalitat y más específicamente al Departament de Ensenyament la posibilidad de encontrar una fórmula que
satisfaga el legítimo deseo del Gobierno de la Generalitat de mantener un sistema educativo, que bajo determinadas condiciones ha sido considerado conforme al bloque constitucional por el Tribunal Constitucional, y el derecho de los padres que lo
soliciten a recibir enseñanza utilizándose el castellano como lengua vehicular. Se lo hemos ofrecido y ¿quiere que le diga una cosa más? Estoy seguro de que al final lo vamos a lograr. (Aplausos).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ TIENE QUE VER EL RECORTE DE PENSIONES Y SUBSIDIOS CON EL
ENVEJECIMIENTO ACTIVO? (Número de expediente 180/000465).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. En primer lugar, pregunta el diputado don Gaspar Llamazares, de La Izquierda Plural.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿qué tiene que ver el nuevo hachazo a las pensiones con el envejecimiento activo? ¿Por qué se burlan de los ciudadanos? ¿Por qué se ensañan con los pensionistas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señor Llamazares, deje de hacer demagogia, porque este Gobierno ni ha recortado las pensiones ni las ha congelado. Lo único que ha hecho, en un escenario difícil de la economía española -cuando nos encontramos la Seguridad Social en déficit
y saneando las cuentas públicas en 2012-, es subir las pensiones, un 1% en 2012 y un 2% para 2013 para las pensiones de menos de 1.000 euros en este país. Por tanto, lo que hemos hecho es subir las pensiones y apoyar a los pensionistas en un año
muy difícil de la economía española. ¿Y sabe lo que hemos hecho también? Lograr la separación definitiva de fuentes de financiación, la recomendación primera del Pacto de Toledo. ¿Para qué? Para la sostenibilidad presente y futura de nuestras
pensiones, para la equidad del sistema de pensiones y, sobre todo, para tranquilidad de los pensionistas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor diputado.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora ministra, no mienta. No mienta, en primer lugar. No es verdad que mantengan el poder adquisitivo de las pensiones. Las pensiones pierden poder adquisitivo.
Pero, señora ministra, lo que han hecho este fin de semana no tiene nombre. La reforma de este fin de semana no es una reforma, es un crimen, es un crimen social y es un crimen de lesa democracia. Es un crimen social porque ustedes se
ensañan con los sectores más débiles. Su reforma se ensaña con los mayores de 55 años, de tal manera que tendrán una pensión mucho menor y de tal forma que también se cuestionará su subsidio. Se ensañan ustedes con los jóvenes, que no tendrán
contrato de relevo, y se ensañan asimismo con los pensionistas con una bomba retardada llamada mecanismo de actualización, que finalmente lo que provocará básicamente es un recorte añadido del sistema de pensiones. Le recuerdo, señoría, que usted
defendió los 65 años para la jubilación, no los 67 ni los 68 ni los 70. Por tanto, un crimen social que se suma al crimen de la reforma laboral. ¿Cómo no ha dimitido usted todavía, señora ministra?¿Cómo sigue de ministra del Gobierno con su
reforma laboral? (Aplausos). Una reforma laboral que ha provocado 6 millones de parados, con 2 millones sin ningún tipo de cobertura, con el 50% de los jóvenes en el desempleo. Y ahora usted añade más sufrimiento al sufrimiento con este
ensañamiento del crimen social que significa la reforma de las pensiones. Pero es un crimen también de lesa democracia, señora ministra, porque ustedes lo hacen por sumisión a Berlín, por sumisión a la Unión Europea. No actúan como un Gobierno
legítimo, actúan como un Gobierno dependiente y además lo hacen mediante decreto. No hay un Estado de derecho. ¡Treinta y cinco decretos significan un Estado de decreto! Esa es la realidad de nuestra democracia en estos momentos.
Señora ministra, la respuesta va a ser una respuesta muy dura, una rebelión ciudadana: o se van o les echamos. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor diputado, antes de que le conteste la señora ministra sí quiero decirle que llevo muchos años oyéndole y si usted repasa lo que ha dicho verá que ha empleado reiteradamente la palabra crimen, que en sentido retórico puede ser utilizada
pero creo que se va de lo que usted quería significar.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Real Academia de la Lengua Española: crimen como injusticia y crimen con víctimas.
El señor PRESIDENTE: Bien, pues dicho esto, no me parece adecuada, pero no se la voy a hacer retirar.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Usted no dé lecciones de democracia porque si hay que respetar la democracia, respete usted a la mayoría parlamentaria que ha respaldado más de diez millones de españoles. (Aplausos.-Rumores).
Le voy a decir que la reforma laboral que ha hecho el Gobierno es una reforma para el empleo. (Rumores.-La señora Ortiz Castellví: ¡Por favor, qué cara!) ¿Sabe lo que ha conseguido la reforma laboral? Ha conseguido, en un año de recesión
económica muy dura, mantener muchos empleos en este
país gracias a la flexibilidad y a los acuerdos que han podido tener los trabajadores y las empresas en un contexto de difícil crisis económica.
La reforma de las pensiones que ha traído este Gobierno y que llevó al Consejo de Ministros el viernes lo que hace es cumplir la recomendación duodécima del Pacto de Toledo. Ha sido una reforma para garantizar el presente y el futuro de las
pensiones. Porque, señor Llamazares, ¿cómo explicamos a los españoles que van a tener que jubilarse a los 67 años (El señor Llamazares Trigo: ¡Y más tarde!) cuando hoy, de hecho, el 50% se jubila entre los 61 y 64 años? ¿Le parece a usted eso
razonable? ¿Le parece a usted razonable que las empresas, cuando tienen que hacer ajustes, discriminen y castiguen echando primero a los trabajadores de más de 50 años y encima pague el erario público esos despidos? ¿A usted, siendo de izquierdas,
le parece eso razonable, señor Llamazares? (Rumores). Señor Llamazares, ¿a usted no le parece razonable que sean libres los ciudadanos para que se puedan jubilar y seguir trabajando si quieren permanecer activos porque se encuentran fuertes? A
nosotros sí y por eso les damos esa libertad. (El señor Llamazares Trigo hace gestos negativos).
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MAGDALENA VALERIO CORDERO, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA MARÍA ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿POR QUÉ HA RENUNCIADO EL GOBIERNO AL
ACUERDO POLÍTICO Y SOCIAL EN EL REAL DECRETO-LEY APROBADO EL VIERNES 15 DE MARZO? (Número de expediente 180/000464).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Magdalena Valerio, del Grupo Socialista.
La señora VALERIO CORDERO: Señora ministra, el Pacto de Toledo ha sido desde 1995 un foro de diálogo político sobre nuestro sistema público de pensiones, que se ha ido consolidando como un instrumento eficaz a la hora de ir afrontando
cambios para garantizar su sostenibilidad financiera. En el año 2011 se aprobó la Ley de reforma del sistema de la Seguridad Social tras un gran acuerdo tripartito con los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y con la CEOE-Cepyme. ¿Por qué ha
renunciado el Gobierno al acuerdo político y social en el real decreto-ley aprobado el viernes 15 de marzo? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, desde hace cinco meses estamos dialogando y trabajando en el seno del Pacto de Toledo y también en paralelo con los agentes sociales para cumplir la recomendación duodécima de dicho Pacto de Toledo que, le recuerdo, dice lo
que sigue: Es oportuna la modificación del régimen jurídico de la jubilación para conceder mayor solvencia a la carrera de cotización del trabajador favoreciendo la aproximación de la edad real a la edad legal de jubilación. Dice también que la
jubilación anticipada debería revisarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización. Y dice también que hay que introducir esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y pasiva que permitan
coexistencia de salario y pensión. Señoría, es lo que hemos hecho después de quince reuniones en el Pacto de Toledo y con los agentes sociales. Y le digo más, la reforma anterior tuvo acuerdo político pero solo les apoyó un grupo parlamentario de
esta Cámara: Convergència i Unió. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora VALERIO CORDERO: Señora ministra, con la aprobación del último real decreto-ley -y van ya treinta y cinco- han vuelto a abusar ustedes de su mayoría absoluta. Han decidido modificar la Ley 27/2011, en materia de jubilación
anticipada y jubilación parcial, sin ni siquiera dejar que entre en vigor. Y, por supuesto, han hecho esta reforma innecesaria pasando del consenso político y del diálogo social y se han inventado una supuesta urgente y extraordinaria necesidad que
tiene toda la pinta de terminar en el Tribunal Constitucional. Además, señora ministra, pretenden ustedes que los pensionistas
cobren la mitad de la pensión y sigan trabajando en un momento totalmente inoportuno, en el peor momento para el empleo en nuestro país, con casi 6 millones de parados y más de la mitad de los jóvenes en paro. En fin, que sigan trabajando
los abuelos y los nietos sigan indefinidamente parados; un auténtico dislate.
Y qué decir de su decisión de condicionar la percepción del subsidio de mayores de 55 años a las rentas familiares y no a la personal, como hasta ahora. Otro recorte de derechos. Ya le dieron ustedes un hachazo al Prepara, a la renta
activa de inserción y a la prestación por desempleo. El señor Rajoy pasó de decirle a la ciudadanía de este país en campaña electoral que no iba a tocar las prestaciones por desempleo a decir el verano pasado que las prestaciones por desempleo eran
desincentivadoras de la búsqueda de empleo, un auténtico insulto a los desempleados de este país que, por cierto, fue muy jaleado por la bancada del Partido Popular.
Ustedes han puesto en su punto de mira a los parados jóvenes, medianos y mayores y en especial a los parados de larga duración. Quieren hacer creer ustedes que los cerca de 6 millones de parados no trabajan porque no quieren, porque son
unos vagos. Vamos, que parece ser que hay millones de empresarios buscándoles desesperadamente para contratarles y ellos se escaquean. Por eso, para que se espabilen, cuantas menos prestaciones tengan, mejor. En fin... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, por mucho que usted insulte no va a tener más razón. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Venga, hombre!) En políticas de empleo mejor que no den lecciones, porque dejaron una España quebrada y con 5 millones 300.000 parados y a
muchos jóvenes sin futuro ni oportunidades. Y, mire, lo que está haciendo este Gobierno es trabajar con reformas para volver cuanto antes al crecimiento que nos traerá creación de empleo estable.
Señoría, lo que hemos hecho con la reforma de las pensiones se lo he dicho con toda claridad, se lo he leído, es seguir la recomendación duodécima del Pacto de Toledo, que decía que acercáramos la edad real a la edad legal, que permitiéramos
la compatibilidad del empleo y de la pensión, como hacen todos los países de nuestro entorno para aquellos ciudadanos que así lo deseen y lo hagan voluntariamente, y también, señoría, y le debería de alegrar, que no se discrimine a los ciudadanos
mayores de 50 años a la hora de despedir trabajadores por las empresas. Señoría, nosotros no hemos recortado el subsidio de 55 años, lo que hemos hecho es homogeneizar sus condiciones de acceso como el resto de las prestaciones, porque es razonable
que lo tenga aquel que realmente lo necesita y se cuenten los recursos de toda la unidad familiar. Le daré un dato, para que no mientan a los ciudadanos: no lo perderán y seguirán percibiendo en las mismas condiciones los 375.000 que hoy lo hacen
y al 80% de los nuevos beneficiarios no les afectará en absoluto. Por tanto, señoría, menos demagogia. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿CUÁNDO VA A ADECUAR EL GOBIERNO LA LEY HIPOTECARIA ESPAÑOLA A LA SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO, QUE LA CONSIDERA CONTRARIA AL DERECHO COMUNITARIO, POR EL HECHO DE NO PERMITIR SUSPENDER CAUTELARMENTE UNA EJECUCIÓN HIPOTECARIA? (Número de expediente 180/000450).
El señor PRESIDENTE: preguntas dirigidas al señor ministro de Economía y Competitividad. En primer lugar, pregunta don Pere Macias, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, le formulo la pregunta en su literalidad. ¿Cuándo va a adecuar el Gobierno la Ley Hipotecaria española a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que la considera contraria al derecho comunitario por el hecho de no
permitir suspender cautelarmente las ejecuciones hipotecarias?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Macias, como usted sabe perfectamente, la sentencia no declara ilegal nuestro sistema hipotecario, no lo inhabilita en absoluto, lo que hace es decir que el derecho español no se ajusta a la normativa europea en un aspecto concreto,
que es el de protección de los consumidores, pero no se cuestiona el resto del sistema. Ayer expliqué en el Senado, aprovechando la sesión de control, que aprovecharemos la ley de medidas urgentes para la protección de los deudores hipotecarios que
tenemos en tramitación para adecuar la sentencia del Tribunal Europeo a nuestro marco normativo. A este respecto le puedo señalar que ya el Grupo Parlamentario Popular presentó dos enmiendas a esa futura ley que va en el sentido que marca la
sentencia. Una era del tema del control de los intereses de demora, que se limitaban de una forma clara, que era una de las potenciales cláusulas abusivas que se señalaban, y la otra es que no se podrán reclamar al deudor por parte del banco todas
las cuotas, todo lo que es el contrato, como consecuencia de que únicamente haya dejado un vencimiento, sino que tendrá que haber tres vencimientos de cuotas impagadas. Hemos creado un grupo interministerial compuesto por diferentes ministerios
para, aprovechando que tenemos en este momento esa norma, hacer los cambios de una forma rápida, introducir las enmiendas y que la sentencia se incorpore plenamente al ordenamiento jurídico español.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias.
Sin ningún género de dudas, teníamos la obligación, de adaptar la ley cuando su aplicación genera exclusión social, señor ministro, y la actual legislación hipotecaria lo hace, genera exclusión social. Estamos ante un procedimiento judicial
que únicamente permite como motivos de oposición la alegación de error o falsedad y no permite que la persona alegue la existencia de cláusulas abusivas. Esto ha sido puesto en evidencia por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo,
la cual afirma que la directiva se opone a la normativa del Estado español puesto que, en primer lugar, no previene que en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria se pueda formular oposición basada en el carácter abusivo de una cláusula
y, en segundo lugar, no permite que el juez que conozca el procedimiento declarativo pueda adoptar medidas cautelares, como la suspensión del procedimiento ejecutivo. Por este motivo considera nuestro grupo que debemos proceder a modificar a la
mayor brevedad y, como mínimo, la Ley de Enjuiciamiento Civil para posibilitar que la decisión adoptada por el juez sea eficaz y, por tanto, que la legislación se adecue a la Directiva 93/12, por cierto, veinte años después de su trasposición.
Veinte años, señor ministro, son demasiados años, durante los cuales muchas familias han sido víctimas del desequilibrio contractual, que desde CiU, por cierto, venimos denunciando y que ahora ha evidenciado la sentencia europea. Por ello, desde
Convergència i Unió entendemos que sería necesario determinar normativamente y cuanto antes la suspensión de los procesos judiciales en curso en función, lógicamente, de su casuística social. ¿Está, señor ministro, el Gobierno convencido de ello?
Y sobre todo, ¿cuándo se hará efectivo?
Señor ministro, creo que hemos de dar seguridad al tráfico jurídico, hemos de legislar adecuando la normativa española a la europea y, sobre todo, señor ministro, creo que debemos amparar a las familias que de buena fe han creído en el
Estado de derecho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Macias, le vuelvo a repetir que vamos a aprovechar el trámite parlamentario que tenemos en curso para adaptar la normativa española, tanto la Ley Hipotecaria como la Ley de Enjuiciamiento Civil, a las dos cuestiones que ha puesto de
manifiesto el Tribunal de Luxemburgo: La cuestión del procedimiento, la posibilidad de tomar medidas cautelares en dicho procedimiento, y, por otro lado, las cláusulas abusivas.
Lo vuelvo a repetir porque esto es algo fundamental. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo no cuestiona la totalidad del sistema hipotecario español. Este sistema hipotecario ha llevado a que se hayan dado 700.000 millones de euros de
crédito en estos momentos a familias españolas y a que en España haya un porcentaje elevadísimo de personas con una vivienda en propiedad. Por lo tanto, adaptemos estrictamente lo que nos dice la sentencia e incorporémoslo a nuestra normativa. Y
el resto, por favor, respetémoslo. Tengamos en cuenta que en estos momentos todavía más del 96% de todos los españoles pagan mensualmente sus hipotecas, y eso es algo que todos debemos valorar positivamente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA LEIRE IGLESIAS SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿QUÉ VA A HACER EL GOBIERNO PARA EVITAR QUE CONTINÚEN LOS DESAHUCIOS CON UNA LEGISLACIÓN QUE HA
SIDO DESAUTORIZADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/000462).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Economía y Competitividad por la diputada doña Leire Iglesias, del Grupo Socialista.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Señor ministro, no me conteste lo mismo porque no es exactamente la misma pregunta. ¿Qué va a hacer el Gobierno para evitar que continúen los desahucios con una legislación que, si no ilegal, sí ha sido
desautorizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Señoría, usted me preguntará lo que quiera y yo le podré contestar lo que considere oportuno y, por supuesto, no me a contradecir en lo más mínimo con lo que le acabo de
decir al señor Macias.
Es fácil hacer un titular diciendo que la sentencia de Luxemburgo desautoriza el sistema hipotecario. Eso lo hace usted y allá usted con sus comentarios y sus preguntas. Yo le vuelvo a repetir lo que le he dicho anteriormente. Esta
sentencia habla fundamentalmente de dos cuestiones. En primer lugar, de un procedimiento de suspensión en el supuesto de que efectivamente durante la tramitación se pueda plantear si hay cláusulas abusivas, y después la definición de las cláusulas
abusivas. Ahí es donde vamos a actuar de una forma rápida y cumpliendo estrictamente lo que nos dice la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que nos pide la compatibilidad de la normativa con las directivas de consumo. Vuelvo a repetir que este
Gobierno ha tomado numerosas medidas para proteger a los deudores hipotecarios, y le vuelvo a repetir que tenemos un código de buenas prácticas. Traeré aquí los datos de evolución de su aplicación, que verán ustedes cómo son positivos y cómo se ha
aplicado la dación en pago y cómo se reestructuran las deudas. Hemos establecido un parque de seis mil viviendas para los desahuciados, vamos tomando medidas y hemos presentado enmiendas que van en la dirección de la sentencia. Espero que usted,
por coherencia y no por conseguir titulares, de alguna forma apoye dichas enmiendas. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Señor ministro, la sentencia deja claro que, si no ilegal, efectivamente nuestra legislación incumple claramente las directivas europeas, dejando desprotegidas a miles de personas. Señor ministro, es una
sentencia que no es nueva, que ya estaba anunciada. Ya en el mes de noviembre la abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la abogada Kokott, elaboró un informe poniendo de manifiesto todas estas irregularidades. Entonces, en ese
momento, el Gobierno reaccionó de una manera que nos parece muy sospechosa y tememos que pueda seguir siendo la misma. En lugar de proteger a la ciudadanía reaccionaron ustedes presentando alegaciones que sirvieron para seguir protegiendo los
privilegios de las entidades de crédito. No han hecho desde entonces nada más que perder el tiempo. Desde noviembre hasta ahora podíamos haber evitado una legislación injusta para miles
de ciudadanos en nuestro país. No han hecho más que parches y anuncios pomposos nada eficaces. Ni lo es el código de buenas prácticas, que simplemente se ha convertido en una excusa para evitar la renegociación de deuda para muchas
familias, ni lo es una moratoria que, a la vista está, no ha paralizado para nada los desahucios.
Señor ministro, nos ofrecimos en el mes de noviembre y nos seguimos ofreciendo ahora a ser parte de la solución y no parte del problema, a hacer los cambios necesarios que sirvan para proteger a los ciudadanos y las ciudadanas españolas.
¿Van a hacerlos? ¿Están dispuestos ahora? ¿O mantendrán esos insuficientes anuncios hechos por usted hoy y por la vicepresidenta del Gobierno el otro día tras el último Consejo de Ministros? ¿A quién representa usted, señor ministro? No me hable
de épocas pasadas; usted en la legislatura pasada estaba comercializando con hipotecas basura. Ese es el papel que ha jugado el ministerio hasta ahora. (Aplausos). ¿Se va a preocupar ahora de proteger la situación a la que se enfrentan cientos
de personas?
Bienvenida la sentencia, pero hay que cambiar muchas más cosas. No son solo cláusulas abusivas y cláusulas de oposición. Señor ministro, se lo hemos pedido en reiteradas ocasiones y lo hacemos una vez más: mientras que cambia la ley, no
permitan que se aplique a nadie. Paralicen los desahucios ya y utilicen el Consejo de Ministros y los reales decretos-leyes para proteger de verdad a las familias.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, su estilo denuncia la vaciedad de sus argumentos. Vuelvo a repetirle que vamos a incorporar la sentencia del Tribunal de Luxemburgo a la normativa española y lo vamos a hacer en toda su extensión. Vamos a modificar el
procedimiento para que pueda haber un trámite de suspensión en el cual el juez considere si se han producido cláusulas abusivas y, por otro lado, le vuelvo a repetir que vamos a definir de alguna forma lo que son cláusulas abusivas. Usted dice que
tiene buena voluntad, pero yo lo dudo por el tono de sus preguntas. Nosotros hemos hecho enmiendas para limitar los intereses de demora, para poner un máximo, y también para determinar el número de cuotas a partir del cual se puede denunciar el
contrato hipotecario. Ahí es donde se ve la buena voluntad. Si usted quiere continuar con su demagogia, continúe. Lo que el Gobierno va a hacer es, en primer lugar, cumplir la legalidad; en segundo lugar, no inhabilitar un sistema hipotecario
que ha funcionado en términos generales; y, en tercer lugar y sobre todo, defender a quien se lo merece.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿LE CONSTA AL GOBIERNO SI ALGÚN PARTIDO POLÍTICO DE LOS PRESENTES
EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Y QUE RECIBE SUBVENCIONES PÚBLICAS, NO ESTÁ AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES? (Número de expediente 180/000451).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, pregunta don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿le consta que hay partidos políticos en este Parlamento que reciben subvenciones públicas y que no cumplen con sus obligaciones fiscales?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.
Que no cumplen totalmente, sí. Ya no es un secreto; lo ha revelado el propio grupo político a los medios de comunicación. No es un secreto y, por tanto, debo insistir por mi parte en la ejemplaridad. Usted resalta que los partidos
políticos reciben subvenciones públicas, que han sido reducidas por este Gobierno un 20% en el año 2012 y otro 20% en el año 2013, pero aun así reciben financiación pública. Por tanto, pido a todos que las formaciones políticas cumplan lo más
fielmente posible con lo que implican sus obligaciones tributarias.
Gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el problema es que la ley también prohíbe dar subvenciones a quienes no están al tanto de sus obligaciones fiscales; y esto, por cierto, es algo que tiene que certificar su ministerio. Lo dice claramente, sin ninguna
ambigüedad, la Ley General de Subvenciones en el artículo 13. Aquí nos encontramos ante una situación extraordinaria en la que ustedes estarían incumpliendo la ley. Por una parte, animan a los partidos -como no puede ser de otra manera- para que
cumplan con sus obligaciones fiscales y, entretanto, ignoran las consecuencias de no hacerlo. Este es un mensaje demoledor para el cumplimiento de las leyes y la igualdad de todos ante la ley. Usted ha lanzado un mensaje a la sociedad que
desprestigia todavía más a las instituciones políticas al decir que hay partidos políticos que no cumplen con sus obligaciones fiscales, pero eso no tiene ninguna consecuencia porque ustedes siguen dando subvenciones cuando la ley lo prohíbe
expresamente. Entonces, una de dos, o usted cuando dijo eso no sabía en qué lío se estaba metiendo y nos engañó con un tipo de chascarrillo para dañar a un rival político, aunque en realidad lo que estaba dañando era al conjunto del sistema
democrático, o bien resulta que le da exactamente igual porque ustedes no han hecho nada y siguen dando subvenciones públicas a un partido político de una manera completamente privilegiada, si lo comparamos con el trato reservado a los particulares;
una especie -digamos- de miniamnistía fiscal para partidos. Y esto no es tolerable porque su partido después protesta de que algunos -dicen- generalizamos la corrupción, cuando en realidad lo que están haciendo ustedes es instituir la excepción,
instituir el incumplimiento de las leyes y dar a las instituciones políticas un trato que se prohíbe a los ciudadanos corrientes, a las empresas y en general a cualquier tipo de entidad jurídica.
Esto es lo que nosotros le queremos decir. Ya está bien de jugar con estas cuestiones. Si realmente hay partidos políticos, sindicatos o asociaciones de lo que sea que no cumplen con sus obligaciones fiscales, usted sabe perfectamente que
es ilegal darles subvenciones públicas. Y si a una institución se le da una subvención pública hay que informar y ser transparente al respecto y no ocultarlo bajo un manto de opacidad y usarlo como un chascarrillo chistoso, que al final solo sirve
para poner todavía más en el disparadero del desprestigio social absoluto a las instituciones políticas y la democracia. Eso es lo que le quería decir.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Lo chistoso lo añade usted, señoría. Yo a lo que he hecho referencia en esta Cámara es a la obligación que tenemos todos, especialmente las formaciones políticas y
quienes representamos a la soberanía popular. Estamos obligados especialmente y usted coincidirá conmigo en que eso es así. Mi obligación como ministro de Hacienda en este caso es reclamar puntualmente, como usted bien reclama, el cumplimiento de
la legalidad en materia tributaria. Aquí no hay ningún trato distinto, ya que a las formaciones políticas que no cumplen exactamente sus obligaciones se les está exigiendo por la vía legal su cumplimiento. Por tanto, no lo hay y no le quepa duda
de que seré extremadamente cauteloso y celoso con ello. Pero lo que no hay tampoco es ni mucho menos -todo lo contrario- ningún tipo de reproche que lleve a que la ciudadanía piense que realmente no estamos ejerciendo todos nuestras
responsabilidades. Precisamente para tener calidad en esa representación, con toda naturalidad, fuera de cualquier exabrupto y chascarrillo más o menos jocoso, que no sé de dónde lo saca usted, mi responsabilidad es advertir que quienes
tenemos más dimensión social y más dimensión pública todavía tenemos más responsabilidad de cumplir fielmente con nuestras obligaciones tributarias; tan sencillo como eso, tan escueto como eso y mucho más en un momento de crisis económica,
mucho más en un momento en que ha habido que subir los impuestos a los ciudadanos y mucho más cuando se hacen críticas políticas sobre que España tiene un déficit de ingresos tributarios. Pues eso, si todos pagáramos fielmente nuestras obligaciones
tributarias, ese déficit de ingresos tributarios no sería tan acusado. Tan sencillo como eso. Dejemos ahí ese punto de discusión y a partir de ahí no le quepa duda de que aplicaré... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GASPAR CARLOS ZARRÍAS ARÉVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR ALGUNA MEDIDA PARA MEJORAR LA FINANCIACIÓN DE
LOS ENTES LOCALES? (Número de expediente 180/000458).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que formula don Gaspar Zarrías, del Grupo Socialista.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿tiene previsto el Gobierno adoptar alguna medida para mejorar la financiación de los entes locales?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Zarrías, la respuesta es sí. La previsión del Gobierno es acometer una reforma de la financiación local, en paralelo a la reforma de la financiación autonómica que llevaremos adelante en esta legislatura.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, por los datos que conocemos, los ayuntamientos están cumpliendo con su tarea -hablamos en 2012 de equilibrio presupuestario-, van a aportar 3 décimas de margen para el cumplimiento del objetivo de déficit. Desgraciadamente,
este parece ser que rondará el 10%. En este escenario, señor ministro, me va a permitir que en nombre del Grupo Socialista y de los alcaldes socialistas exijamos que de inmediato el ministerio convoque a la Comisión Nacional de Administración Local
para llevar a la práctica la enmienda que aprobó el Senado, que modificaba los Presupuestos Generales del Estado, mediante la cual los ayuntamientos que cumplen los requisitos puedan dedicar el remanente de Tesorería positivo no a lo que está
previsto en este momento en la Ley de Estabilidad sino a otros menesteres. Estamos en abril y sería un sinsentido que se quite deuda estructurada con normalidad siendo pagada cuando vence al 2% y vayamos a endeudarnos al 4%, al 5% o al 6%. También
creo que es importante, señor ministro, que quede claro por parte del Gobierno qué planea respecto a si va a mantener lo que hasta el año 2012 y 2013 ha regido en cuanto al aumento del IBI, ese hasta el 4% de mínimo, que supone una importante fuente
de ingresos para los ayuntamientos. Evidentemente, es fundamental clarificar el cálculo de la regla de gasto para evitar inconvenientes. Comparto y me alegro -iba a preguntarle sobre ese tema- de que en paralelo con la revisión de la financiación
autonómica se haga la revisión de la financiación local.
Termino con afecto y no queriendo ni mucho menos parecer chistoso. Sus paisanos sabíamos que usted era un hombre viajado. Hoy lo sabe todo el mundo porque ha hecho esa afirmación. Como dicen en nuestra tierra, en Jaén, yo estoy seguro de
que usted es también un hombre leído. Por lo tanto, siendo leído y siendo viajado, le pido templanza y sosiego, porque espero que en esta ocasión la amenaza -antes actores, grupos políticos o medios de comunicación- no vaya a los ayuntamientos.
Están cumpliendo y creo que merece la pena que sigamos apoyándolos para que sean un puntal importante en la recuperación de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Zarrías, habla usted de que soy viajado, leído, está bien. Allí abajo también decimos que hay que ver qué persona más apañada; esa es una expresión muy andaluza, como usted sabe. Me refiero a que, en virtud de la pregunta que
formula, también quiero decirle que la intención del Gobierno, que ya pusimos de manifiesto promoviendo la enmienda en el Senado, es modificar temporalmente la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que los ayuntamientos que tienen superávit, que
tienen remanentes de tesorería, puedan aplicarlos a inversiones. Eso lo haremos cuanto antes y espero contar con el apoyo del Grupo Socialista en ambas Cámaras para llevar adelante esa modificación.
A partir de ahí, insisto en que estamos ante una reforma importante en materia no solo de las corporaciones locales, sino también en la delimitación de las competencias de estas corporaciones locales con las comunidades autónomas y con la
Administración General del Estado. Esa delimitación de competencias es la que nos permitirá fijar también la financiación correcta de las competencias, de los servicios a cargo de cada una de nuestras administraciones. Estamos, por tanto, ante una
ambiciosa reforma que parte del reconocimiento del papel del municipalismo, de la importancia de municipalismo, así como del reconocimiento de que el municipalismo no ha sido tratado lo bien que merece por nuestra democracia y por nuestro sistema
político. Por tanto, estamos ante una oportunidad, y lo que le pido a usted, que lidera el Grupo Socialista en esta Cámara en ese ámbito, es que sigamos dialogando, porque hasta ahora no ha sido posible encontrar acuerdos, pero voy a convocar a la
CNAL muy pronto para llevar adelante estos asuntos y espero una actitud positiva por parte del Grupo Socialista, puesto que en la tramitación parlamentaria estoy seguro de que tendremos oportunidad de llegar a acuerdos y encuentros importantes para
garantizar la prestación de servicios públicos más eficientes, que cuesten menos impuestos a los ciudadanos, con independencia de donde resida cada uno de ellos en el territorio de España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAIME JAVIER BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS LA ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS
DEPÓSITOS BANCARIOS IMPLANTADO POR ALGUNAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, ENTRE ELLAS ANDALUCÍA? (Número de expediente 180/000459).
El señor PRESIDENTE: Última pregunta, que se formula también al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por parte del diputado don Javier Barrero, del Grupo Socialista.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué beneficios tienen para las finanzas públicas la eliminación del impuesto sobre los depósitos bancarios implantado por algunas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, voy a aclarar exactamente el contenido de este impuesto, puesto que he visto cierta confusión en los medios de comunicación en el día de hoy. Voy a aclararlo en el siguiente sentido. En primer lugar, en España no existe, ni
ha existido, ni va a existir un impuesto sobre los depositantes, sobre los ahorradores como el que se trata de implantar en Chipre. En segundo lugar, como usted plantea, tres
comunidades autónomas han tenido un impuesto llamado sobre los depósitos de entidades bancarias. Ese es el impuesto que el Gobierno ha sustituido con la creación de un impuesto estatal que grava a las entidades bancarias en función de su
volumen de depósitos. A partir de aquí, no es un impuesto recaudatorio, es un impuesto que trata de implantar un orden en el mercado bancario español en razón de la demanda que nos hace la Comisión Europea. ¿Está claro para todos? No hay un
impuesto sobre depositantes; no va a haber un impuesto sobre depositantes. Estamos hablando de otro impuesto sobre las entidades bancarias y ese es un impuesto modesto, no recaudatorio, porque el Gobierno -lo anuncié hace meses- tenía la intención
de introducir un tipo muy moderado que servirá para compensar a las tres comunidades autónomas que lo han tenido vigente y cuya vigencia queda anulada a partir de la existencia del impuesto estatal que ya está en vigor en España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, muchas gracias.
Tiene usted que explicarse bastante mejor, señor ministro, porque lo que ha dicho en el Senado no es lo que ha dicho ahora. Espero que hoy, en este momento, y después, pueda ampliar lo que significa el cambio al parecer de criterios sobre
la eliminación de un impuesto sobre depósitos bancarios de distintas comunidades autónomas.
Lo que quiero hacerle es una reflexión, señor ministro. Sus políticas de austeridad suicida y su control obsesivo con las comunidades autónomas están provocando un malestar y un sufrimiento extraordinarios entre los españoles, y hay
comunidades autónomas que están intentando cubrir con alternativas el equilibrio entre estabilidad presupuestaria y además cubrir necesidades a través de servicios públicos que no se privatizan, que no se suprimen ni se evitan, y sin embargo, usted
está haciendo políticas evitando estas alternativas. Señor ministro, ¿a usted le parece que la gente no va a creer que es obsceno que usted elimine mediante un artilugio legal hace unos meses unos impuestos sobre depósitos bancarios de las
comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, destinados a conseguir ingresos para cubrir servicios mientras usted ayuda a la banca con 34.042 millones de euros que son nuestros y que, por cierto, superan la suma del déficit de comunidades
autónomas, de corporaciones locales y de Seguridad Social? Señor ministro, se trata de esto, de que la gente entienda actitudes que no parecen decentes por parte de su ministerio, como es intentar recurrir por tercera vez ante el Tribunal
Constitucional la subasta de medicamentos que buscan incrementar ahorro mientras usted está imponiendo un 6% de interés al precio del dinero que da a las comunidades autónomas, haciendo negocio con sus necesidades. Estamos hablando de esto y
estamos esperando que diga aquí cómo nos compensa al menos con la eliminación que ha tenido a bien hacer de los impuestos sobre depósitos bancarios, que significarían dinero para cubrir servicios públicos de estas comunidades autónomas. Lo que
venimos a decirle, señor ministro, es que cambie su política. Su política es desprecio en muchas ocasiones a las competencias de las comunidades autónomas, que tienen competencias para tener más ingresos y para gestionarlos. ¿Para qué? Para
evitar al menos... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Con el impuesto estatal sobre las entidades bancarias en función de su volumen de depósitos resarciremos a las tres comunidades autónomas que lo tienen vigente, Extremadura, Andalucía y Canarias, por tanto, en absoluto irá en detrimento de
la oferta de servicios públicos. Es tan sencillo como esto, y aprovecho para decir que es la oposición la que me pregunta sobre ello y no la oportunidad del ministro de Hacienda que quiera hablar sobre este impuesto estos días porque ha producido
cierta confusión con el caso de Chipre. Lo importante es clarificar que estamos hablando de otra cosa, de otro impuesto que no va a menoscabar la oferta de servicio de las tres comunidades autónomas que lo tienen en vigor, puesto que estarán
compensadas por el impuesto estatal; que no hay afán recaudatorio en ese impuesto, que es mínimo y es de ordenamiento del sector bancario, siguiendo las directrices de la Comisión Europea,
que nos ha hecho una advertencia muy clara a ese respecto. Por tanto, normalicemos también el grado de debates y no traslademos a los españoles sensaciones... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LA FUSIÓN DE MUNICIPIOS Y LA SUPRESIÓN DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES COMO MEJOR MANERA DE GARANTIZAR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES IGUALITARIOS, SOSTENIBLES Y DE
CALIDAD. (Número de expediente 172/000100).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a tratar ya las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, comenzamos con la interpelación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la fusión de municipios y la supresión de
las diputaciones provinciales como mejor manera de garantizar unos servicios públicos esenciales igualitarios, sostenibles y de calidad. Para defender su interpelación, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
La interpelación que presentamos al Gobierno tiene que ver con un tema que sin duda tiene una gran importancia en la agenda política actual y especialmente en un momento de crisis. Nos referimos al proyecto que nuestro partido impulsa de
una fusión de municipios que sobre todo permita superar el problema consecuencia de la falta de reformas de la Administración territorial del Estado que arrastramos desde principios del siglo XIX, se trata de lo que ha sido llamado el minifundismo
municipal.
Como todo el mundo conoce, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de municipios -en la actualidad pasan de 8.000-, y además son municipios, en general, de muy pequeño tamaño. La gran mayoría de esos 8.000
municipios, algo más de 5.000 -hablando siempre en general y sin necesidad de introducir ahora cifras precisas-, tienen incluso menos de 5.000 habitantes y muchos de ellos menos de 1.000. Estamos hablando, por tanto, de entidades que cuando fueron
creadas no tenían las misiones, sobre todo la prestación de servicios sociales a los vecinos, que tienen en la actualidad. Estamos hablando de un mapa municipal que sobre todo emana de la decisión de las Cortes de Cádiz de ir creando, a partir de
las parroquias existentes, entidades municipales, lo cual hizo que evidentemente proliferaran en gran número. Eso que en su momento fue sin duda alguna una reforma democrática porque igualaba la representación vecinal en entidades de la misma
categoría administrativa y política, con el paso de tiempo se ha ido desajustando de la realidad social, económica y de las misiones que tienen los ayuntamientos en la actualidad.
A diferencia de España -este fenómeno, el del municipalismo, también existía en otros países europeos-, otros países de Europa iniciaron en su momento procesos de fusión municipal que en algunos casos han pasado ya por una segunda fase y han
reducido drásticamente el número de municipios que componían esa organización básica del territorio; por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña hay poco más de 500 municipios, y esto también ha ocurrido -este tipo de agrupaciones- en otros países como
Suecia, Dinamarca, Alemania, etcétera. En unos casos, ha sido la Administración del Estado, el propio Estado el que ha iniciado ese proceso de fusiones y en otros casos ha sido una iniciativa a escala de las unidades federales como en el caso de
Alemania. De lo que se trata es de que en todos estos casos lo que ha habido ha sido un proceso de racionalización. ¿Por qué de racionalización administrativa? Porque precisamente la situación había caído en la irracionalidad, porque no es
racional esperar que municipios sin recursos, que municipios con muy pocos ingresos, desarrollen adecuadamente las competencias que esperamos hoy en día que cualquier municipio deba dar.
Creo que esto es el eje del debate. No tienen mucho que ver las misiones conferidas a los ayuntamientos a principios del siglo XIX con las que esperamos que cumplan a principios del siglo XXI. Han pasado dos siglos y esto no es banal,
simplemente exige un ajuste, exige una racionalización, exige que los municipios de hoy en día, que los ayuntamientos, tengan como misión fundamental prestar a sus vecinos los servicios que esperan estos de ellos, es decir, los servicios sanitarios,
educativos, asistenciales, de gestión del territorio, aquellos que la Administración local tiene como propios. En el caso de España, además, se da una peculiaridad nuestra -que es una de las consecuencias del mal diseño territorial del Estado-, y
es que los ayuntamientos han ido asumiendo competencias que no tenían, competencias que se llaman impropias pero que en muchos casos no eran otra cosa que competencias reclamadas por los propios
vecinos o competencias que los partidos políticos que se presentaban a las elecciones consideraban útil prometer precisamente para conseguir la elección. Eso además lo que ha hecho ha sido aumentar, empeorar, el fenómeno de las duplicidades
administrativas. Los ayuntamientos en España están prestando en muchos casos servicios que también prestan las diputaciones provinciales, que prestan las comunidades autónomas e incluso a veces el propio Estado. Tenemos ayuntamientos con servicios
de empleo, con varias televisiones o radios públicas, en fin, con todo tipo de empresas públicas que en muchos casos son más propias de una comunidad autónoma, al menos desde el punto de vista de la racionalidad administrativa, que de un
ayuntamiento. Por lo tanto, estamos enfrentados a esa doble tarea: racionalizar la estructura, el mapa territorial del Estado, con municipios que puedan cumplir, como decía, esas funciones básicas y, por otra parte, progresar en la lucha contra
las duplicidades, que es el origen de un desmesurado gasto administrativo que a su vez se detrae de la lucha contra la crisis. Para que todo el mundo nos entienda, lo que estamos diciendo es que hay que gastar menos en administraciones municipales
ineficientes y más en salir de la crisis, en inversión pública y en políticas sociales. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Y esos recursos que hoy en día no dedicamos a la lucha contra la crisis, a mantener los
servicios sociales esenciales, a I+D+i y a otros capítulos de gasto que nos parecen inexcusables, se están dedicando precisamente a mantener una estructura administrativa que no es exagerado calificar de elefantiásica: 8.000 ayuntamientos, más
cincuenta diputaciones, cuatro de ellas forales, más comunidades autónomas, etcétera, no dejan de ser una estructura que ha ido creciendo con la superposición de estratos sin que en ningún momento se haya revisado la necesidad de eliminar aquellos
que ya son superfluos y anacrónicos. Uno de los más anacrónicos a juicio de mi grupo es precisamente el de las diputaciones provinciales.
Las diputaciones provinciales, en realidad, solo se mantienen con la excusa de que los ayuntamientos de muchas comunidades autónomas, sobre todo multiprovinciales, son tan pequeños que necesitan una tutela especial, una Administración
superior, que precisamente supla las carencias que estas administraciones locales padecen. Pero, claro, como digo, la justificación es solamente la consecuencia de una irracionalidad en la estructura territorial del Estado, porque con ayuntamientos
de un tamaño suficiente las diputaciones provinciales pasarían a ser superfluas. Tengamos en cuenta que esto que proponemos nosotros, esto que pedimos al Gobierno que inicie, este proceso de fusión municipal tiene que tener, por supuesto, como
objetivo político una redistribución de las competencias en lo que es el Estado; distribución de las competencias entre los tres niveles básicos de la Administración, los tres únicos que en nuestra opinión deberían existir, es decir, los
ayuntamientos -las entidades locales-, las comunidades autónomas y el propio Estado. No es ocioso recordar que en la actualidad en muchas decisiones administrativas, políticas y económicas en España se superponen nada menos que hasta cinco y seis
estratos administrativos, porque estarían: en la cumbre, las instituciones europeas; a continuación el Estado, la comunidad autónoma, la diputación, el ayuntamiento e incluso en muchos otros casos hay todavía otra capa interpuesta en este hojaldre
administrativo, que es la de las mancomunidades y otro determinado tipo de entidades supralocales que también se crearon para paliar, como decía, la insuficiente capacidad de muchos ayuntamientos para hacer frente a los gastos derivados de los
servicios que deben prestar.
¿Qué es lo que proponemos? Una racionalización en el sentido de simplificar al máximo la estructura administrativa para hacerla políticamente más democrática, económicamente más eficiente y más rentable y barata y, sobre todo -y esto es
fundamental-, que tenga, como digo, un principio de racionalidad en su despliegue y en su actuación. Proponemos que haya menos ayuntamientos, más grandes, que se acerquen más al óptimo que los estudios y las investigaciones independientes han
demostrado que es la economía de escala ideal para los ayuntamientos, que oscila aproximadamente en torno a los 20.000 habitantes; proponemos que haya una distribución competencial que deje claro qué competencias son de los ayuntamientos y cómo se
financian, eliminando tanto las competencias impropias como traspasando a los ayuntamientos aquellas competencias que en la actualidad son de las comunidades autónomas o de las diputaciones; proponemos, por tanto, suprimir las diputaciones puesto
que su existencia no estará justificada cuando los ayuntamientos tengan el tamaño y la economía de escala suficiente, y proponemos que quede claro de una vez qué competencias son del Estado, cuáles de las comunidades autónomas y cuáles de los
ayuntamientos. Evidentemente, esto necesitaría una reforma constitucional, como tantas otras asignaturas pendientes que tenemos en el actual proceso de superación de la crisis -no solo económica sino, cuidado, también y sobre todo política-, y una
manera de salir de esta crisis política es que los impuestos que pagamos los ciudadanos se dediquen no a mantener una serie de administraciones
que en muchos casos son irracionales y superfluas y solo sirven a intereses de cargos públicos y de determinadas bolsas de empleo público que están allí instaladas, sino que ese dinero se pueda recuperar y dedicar a lo que es urgente, que es
la lucha contra la crisis y un modelo diferente económico y de Estado. El primer paso para hacer esto, como les digo, es iniciar con claridad una fusión municipal que precisamente nos permita reordenar y reorganizar este mapa competencial y
territorial.
Respecto a las competencias, como ya me imagino que algunos de ustedes nos van a responder diciendo que el problema es que somos antimunicipalistas y este tipo de declaraciones vacuas, ya les adelanto que somos tan municipalistas que
pensamos que algunas competencias que en la actualidad son de las comunidades autónomas deberían residenciarse en los ayuntamientos, por ejemplo las que tienen que ver con la asistencia social para dependientes, para política de vivienda y muchas
otras de gestión territorial que en la actualidad son de las comunidades autónomas o de las diputaciones. He de advertirles también que, como ya conocemos el anteproyecto de reforma de las administraciones locales que está elaborando el Gobierno,
desde luego nuestra propuesta va en un sentido diametralmente opuesto. No proponemos quitar competencias a los ayuntamientos, como ustedes están tratando de legislar, sino todo lo contrario, lo que queremos es que los ayuntamientos tengan
competencias que estén bien financiadas y que sean claras y exentas de cualquier ambigüedad, y que exactamente lo mismo ocurra con las comunidades autónomas y con el Estado, y que dentro de este esquema, que pertenecería en la tradición política a
un Estado federal, los ayuntamientos pasen de ser pequeñas entidades en muchos casos incapaces de prestar servicios, que por lo tanto tienen que delegar en la actualidad, o que se les trata de privar de sus competencias en beneficio de las
diputaciones que no ha elegido nadie, lo cual es una de las principales debilidades desde una perspectiva democrática de este anteproyecto de ley. Insisto, los diputados de las diputaciones provinciales no han sido elegidos por los ciudadanos y,
por lo tanto, de ninguna manera es tolerable democráticamente que sustituyan a los alcaldes y concejales que sí que han elegido los ciudadanos para que les representen y para que administren el territorio local, el ayuntamiento. Otros miedos que se
podrán alegar a este tipo de proyecto de fusión serán que podría conllevar la desaparición de los pueblos, de su identidad, de sus tradiciones, de sus fiestas. Nada más falso, lo que sí llevaría la extinción de entidades locales es, por ejemplo, el
anteproyecto del Gobierno donde se prevé despojar a las entidades locales de la administración de bienes comunales, que son la única base en muchos casos, sobre todo en las comunidades o en los territorios más rurales, en las comarcas rurales, de su
existencia económica.
Para ir resumiendo y acabando, lo que propone mi grupo es un proceso de fusión municipal que permita prescindir de las diputaciones, que permita un reparto competencial claro y bien financiado que dé a los ayuntamientos más contenido y más
funciones porque, efectivamente, como la Administración más cercana que son a los ciudadanos en muchos casos son los más adecuados y la Administración ideal para hacerse cargo de esas competencias como, por ejemplo, los servicios sociales de
dependencia o la política de vivienda, y que redimensione el Estado desde el punto de vista económico a unos costos eficientes, asumibles y sobre todo democráticamente justificados, cosa que desde luego en nuestra opinión no se da. Para terminar,
se suele alegar a favor de otro tipo de políticas de redistribución territorial como la que el Gobierno está impulsando, el objetivo de reducir el número de concejales. Donde se va reducir drásticamente el número de concejales, pero manteniendo,
incluso mejorando la pluralidad y la representatividad de esas administraciones y sus competencias es mediante un proceso de fusión de municipios. Lo contrario lo que hace es mantener la misma estructura de gasto que la actual porque, como ustedes
saben perfectamente, la gran mayoría de los concejales de municipios pequeños no cobran nada o cobran cantidades muy pequeñas y ahí no hay ningún ahorro, salvo un ahorro en lo que no hay que ahorrar, que es pluralismo democrático, representatividad
de las administraciones locales y servicio a los ciudadanos y a lo que realmente están esperando esas administraciones, que no es mantener a gran cantidad de afiliados de los partidos políticos, sino que es hacer que esas administraciones hagan un
gasto proporcionado, racional y sobre todo destinado a solucionar los problemas de los ciudadanos y no de los partidos políticos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señor Martínez, en primer lugar, quiero disculparme por haberme ausentado del escaño durante el primer minuto de su intervención. Lo siento, pero me he incorporado en la parte sustancial de su
argumentación, que además se deriva del título de la interpelación que hace al Gobierno. Esa interpelación se refiere concretamente a la oportunidad de suprimir municipios a través de la fusión y suprimir diputaciones, por lo que le he
escuchado con toda claridad. Estos son los dos grandes elementos, los dos grandes argumentos que anticipan el debate que tendremos en esta Cámara en relación con el anteproyecto de ley relativo a la racionalización de las estructuras de las
corporaciones locales de nuestro país, sustituyendo a la actual Ley de Bases de Régimen Local. Quiero explicarle, aprovechando esta interpelación, el sentido político de lo que pretende hacer el Gobierno que, como usted sabe, está pendiente del
informe del Consejo de Estado, que está analizando las bases fundamentales de ese anteproyecto de ley, el nuevo anteproyecto de ley de reforma de la Administración local en nuestro país. Por cierto, en los órganos de gobierno de las diputaciones
están personas elegidas. Los órganos de gobierno de las diputaciones corresponden a personas que han sido elegidas a través de las votaciones. No son personas contratadas ad hoc en el máximo órgano de las diputaciones, sino personas que tienen la
delegación del voto ciudadano y, por tanto, se responsabilizan también de esa gestión no en clave económica, sino en clave política.
Además, la reforma va acompañada de la implantación de unos controles mayores sobre las corporaciones locales a través del control presupuestario, a través de la función de la Intervención, a través de la propia función de la secretaría de
ese ayuntamiento, que serían ejercidos en un proceso -esto no es para implantarlo de la noche a la mañana- por funcionarios también de raíz estatal, como lo han sido en el pasado. Por tanto, estamos aumentando también el rigor en la gestión
política de ese tipo de actividades, de esas competencias. Este es el sentido político, señor Martínez, y ese sentido político es el que nos lleva a proponer también un abierto diálogo político con su grupo, con UPyD. Son un grupo importante en
esta Cámara, con representación territorial también importante en toda España y lo que pretendemos es precisamente llevar adelante ese diálogo político, como he hecho antes con el Grupo Socialista en función de la pregunta de control que se me ha
formulado. Un diálogo político en el que el Gobierno quiere dejar claro que estamos ante la oportunidad de recrear el municipalismo en España, no de reducirlo, que sería un error en términos de concepción del Estado de las autonomías, sino que el
municipalismo ocupe en el Estado de las autonomías de España el mismo peso que tiene en los Estados federales de nuestro entorno europeo y en los Estados federales del mundo desarrollado. Por tanto, no se trata de menoscabar las actividades
desarrolladas por los ayuntamientos; al contrario, se trata de potenciar la figura de la corporación local en la estructura del Estado de las autonomías de nuestro país. Para eso entiendo que las diferencias están en que ustedes proponen suprimir
municipios a través de la fusión y la desaparición de las diputaciones. Entendemos que no es esa la manera, que hay otra manera que supone el respeto a todo lo que significa la existencia de esos municipios en nuestro país, el respeto también a la
presencia de personas que sin tener retribución alguna dedican una parte de su actividad a la política, a la vida pública y se comprometen con la búsqueda del interés general de esos pueblos y de esas ciudades en España. Por tanto, sería utilizar
una figura que tiene una gran tradición en el ordenamiento administrativo español, que son las diputaciones, que tendrían un papel económico mucho más relevante actuando como centrales de gestión económica para que realmente ellas sean las
proveedoras de servicios públicos cuyo coste no supere los estándares que nos están exigiendo todos los organismos internacionales a los diferentes niveles de administración de España, costes estándares que midan la eficiencia del servicio público.
Esa es otra parte muy importante de la reforma.
Las discrepancias están planteadas y el señor diputado las ha señalado muy bien, pero las discrepancias se pueden superar. Déjeme que exprese la voluntad del Gobierno -aunque no estamos en ese trámite todavía- de que cuando entre en la
Cámara como proyecto de ley tengamos una tramitación con tiempo, una tramitación no apresurada que permita recoger las aportaciones y enmiendas de los diferentes grupos y podamos desarrollar, a través de un diálogo político, la mayor coincidencia
posible salvaguardando las posiciones de cada uno, obviamente, pero la mayor coincidencia posible. Estamos hablando de una reforma de la estructura del Estado, estamos hablando de una reforma pragmática que no aborda tampoco la reforma de los
estatutos de autonomía ni la reforma de la Constitución. Estamos yendo por un camino más accesible pero estamos hablando realmente de la reorganización de actividades, de competencias que, ciertamente, permitirá que España tenga una administración
que dé un paso definitivo para resolver y superar la crisis económica y para volver al crecimiento económico creador de empleo, al que todos aspiramos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señor ministro, nosotros recibimos con mucho interés todas sus ofertas de diálogo pero la verdad es que luego nos cuesta muchísimo ponernos de acuerdo con ustedes porque siguen una lógica que no acabamos de
entender, es una lógica muy extraña. Por ejemplo, lo que acaba de decir sobre mantener el municipalismo parece consistir en mantener el número de entidades locales pero quitándoles competencias y dándoselas a las diputaciones, como usted mismo ha
expuesto. Las diputaciones, se pongan ustedes como se pongan, son administración interpuesta que los ciudadanos no votamos y no elegimos. Las eligen los partidos políticos que están en los ayuntamientos. Usted conocerá, sin duda alguna, un
principio tradicional histórico en la democracia liberal, aquello de que no se pagan impuestos si no hay representación. Así comenzó la revolución americana. No se puede pedir a la gente que pague impuestos a administraciones que ellos no han
elegido, que no tienen representantes de los ciudadanos, y lo que ustedes quieren hacer va en esa dirección. Se equivocan, eso no es municipalismo; eso es mantener el minifundismo municipal para seguir manteniendo miles de concejales que no van a
tener competencias. Exactamente igual que la idea, absolutamente disparatada en nuestra opinión porque constituye un verdadero despojo, de privar a los ayuntamientos más pequeños y a las entidades locales más pequeñas -pedanías y otras parecidas-
de la administración de bienes comunales que, por cierto, es muy importante desde el punto de vista medioambiental. Ustedes proponen mantener los peores rasgos del sistema actual sin introducir ninguna mejora ni del pluralismo en la calidad
democrática ni de la eficiencia económica. Nosotros le estamos diciendo que hagamos una reforma del Estado en un sentido de racionalización que además nos va a permitir tener un Estado mucho menos caro, mucho menos oneroso y nos va a dejar muchos
más recursos para luchar contra la crisis e impulsar políticas de cambio económico, de reforma de la educación, de investigación, de apoyo a los parados a través de cursos, etcétera, todo esto que usted ya sabe. Porque mientras sigamos dedicando
tantos recursos a mantener una administración que es ineficiente y que además en algunos casos, como las diputaciones -insisto-, no ha sido elegida por los ciudadanos, estamos ni más ni menos que quitándole a la gente dinero de su bolsillo para
mantener miles de puestos para personas que forman parte de los partidos políticos. Y aunque nosotros somos un partido político, no queremos participar de ese reparto de puestos. Proponemos que se haga como se tiene que hacer, mediante un reparto
competencial -como le decía a usted- racional, pero racional también desde un punto de vista político. No es racionalmente democrático pretender que se quiten competencias a los ayuntamientos que la gente ha votado y se les den a unas diputaciones
que no han sido elegidas. Esta es la cuestión. Y desde luego, si no nos ponemos de acuerdo en eso, va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo en otra cosa.
Municipalismo es que los municipios tengan el tamaño suficiente para que sean también sostenibles económicamente y puedan cumplir con sus competencias sin quitárselas. Y antimunicipalismo es mantener a alcaldes y concejales decorativos, que
en realidad tampoco van a poder responder ante sus ciudadanos de lo que ellos les reclamen porque tampoco van a ser los administradores de sus bienes ni de sus decisiones políticas. Esta es la cuestión. De manera que, en mi opinión, usted ha hecho
una disertación muy contradictoria e incoherente porque lo que ustedes quieren conseguir no se sigue de lo que piensan hacer. Si uno quiere un Estado menos costoso y más eficiente lo que tiene que hacer es una redistribución de las competencias en
el sentido de que el gasto sea más eficaz, que haya más control democrático por parte de los ciudadanos, más transparencia y más dación de cuentas y no menos. ¿Pero qué dación de cuentas va a haber a los ciudadanos desde unas diputaciones cuyos
diputados han sido elegidos por acuerdos entre los partidos políticos de los ayuntamientos y que ellos no han elegido? ¿Pero qué dación de cuentas va a haber cuando en un altísimo porcentaje de ayuntamientos todas las decisiones que tienen que ver
con los servicios sociales y los servicios asistenciales básicos las va a tomar una organización administrativa que está en la capital de la provincia, en algunos casos muy lejos debido a la propia estructura territorial del Estado? Aquí tenemos
que tener un objetivo completamente diferente, que es mejorar la democracia para poder salir antes y mejor de la crisis. Todo lo que se haga en sentido contrario va a prolongar la crisis, la va a hacer más profunda y nos va a llevar más cerca de la
ruptura de la cohesión social. Esto es lo que va a acabar ocurriendo. Por tanto, no nos venga usted diciendo que lo que es municipalista es mantener un Estado ineficiente y una estructura administrativa que otros países, con los que tenemos que
compararnos y de los que tenemos que aprender, reformaron ya hace un par de generaciones, y en algunos casos incluso más. Ya nos explicarán ustedes un día, cuando tengan la
bondad, por qué creen que debemos imitar o adoptar determinadas instituciones de otros países de nuestro entorno, pero nunca aquellas que van en la dirección de la reducción del tamaño del Estado, del Estado ineficiente, del Estado que sobra
o del Estado anacrónico. ¡Claro que las diputaciones tienen tradición! Dos siglos de tradición. Tenían muchísimos más siglos de tradición otras organizaciones administrativas de la época de los Austrias que han desaparecido por completo. ¿Por qué
han desaparecido? Porque son anacrónicas, porque no nos hacen falta. Las diputaciones, igual; están de más. Los ayuntamientos tienen el tamaño suficiente y las competencias están bien repartidas, de eso es de lo que se trata, y todo lo demás es
tratar de mantener, como sea, con cuidados paliativos, algo que ya está muerto, que es un Estado profundamente ineficiente y profundamente ineficaz que ha agravado la crisis. Eso es lo que les queríamos decir.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señor Martínez, ustedes a veces -y ya hemos tenido ocasión de debatir en esta Cámara- pretenden reinventar el Estado. Es una cosa soberbia, en términos de discurso político. Cuando se está con responsabilidades de Gobierno hay que ser más
pragmático, se lo aseguro. No podemos reinventar todos los días ni al país entero, ni a sus instituciones, porque tenemos que tomar decisiones prácticamente cada día. España tiene un Estado de las autonomías que está fundamentado en la
Constitución española, la Constitución que nos ha traído el mayor bienestar, la mayor libertad que ha disfrutado nunca la sociedad española. Nunca en la historia hemos sido un país tan próspero, moderno, europeo y, sobre todo, libre como a través
de esta Constitución, es decir, a través del Estado de las autonomías. ¿Que ese Estado es imperfecto? ¿Que ha desarrollado una superposición de competencias? Sin duda, se lo estoy diciendo desde el comienzo. Pues vamos a abordar las
imperfecciones en materia de superposición de competencias, pero no vamos a reinventar el Estado otra vez; otra vez, no. Tenemos un Estado, tenemos que reafirmar el Estado, tenemos que reafianzar las instituciones del Estado, y a partir de ello
tenemos que hacer que ese Estado sea eficiente, que preste servicios a los ciudadanos en sus diferentes niveles de Administración, y que lo haga al menor coste posible, porque eso significará también menores impuestos, impuestos más racionales y
será más fácil que los impuestos sean equitativos.
A partir de ello, tomamos el Estado de las autonomías; es lo que hace el Gobierno. ¿Están definidas las competencias de la Administración General del Estado en nuestra Constitución? Sí. ¿Están definidas las competencias de nuestras
comunidades autónomas en los estatutos de autonomía? Sí, están definidas. Y, a partir de ello, ¿están definidas en el ámbito de las corporaciones locales? No. La actual Ley de Bases del Régimen Local es imprecisa, indefinida y ha permitido el
desarrollo de muchas actividades que están superpuestas o realizadas por entidades interpuestas, como antes he citado, o entidades locales menores. ¿Sobra algún paso en esa articulación de instituciones? Sí, sobran los que no rindan cuentas. Las
entidades locales menores, las mancomunidades, cualquier ayuntamiento que no rinda correctamente cuentas es evidente que tiene que hacer correcciones muy serias, muy severas, porque no está cumpliendo sus obligaciones políticas normales. ¿Ocurre
eso en España? Sí ocurre. Según el Tribunal de Cuentas, nada menos que dos mil ayuntamientos no han presentado regularmente sus cuentas. Tenemos que acabar con ello, y tenemos que acabar con que las entidades locales menores -bastantes de ellas-
no presenten sus cuentas, o con que las mancomunidades no presenten cuentas. Con eso hay que acabar y hay que introducir un rigor y un compromiso con lo que significa esa representación. A partir de ahí, ¿estamos menoscabando el municipalismo? En
absoluto; al revés, lo estamos potenciando. Eso permitirá que desarrollen sus actividades de forma completamente transparente y que los ciudadanos, en el Estado de las autonomías, entendamos de dónde depende la responsabilidad política. El
ejercicio, la delegación de un determinado servicio a un órgano intermedio, como es una diputación, no quiere decir que los representantes políticos de esos ciudadanos no sean los que lleven adelante el seguimiento de la prestación de ese servicio
realizado materialmente desde la diputación, porque ellos están presentes en la diputación. Las diputaciones están representando a las corporaciones locales de nuestro país. Si no, estamos dando la idea de que las diputaciones son un órgano que
viene de la historia, que está intermedio, donde hay una serie de personas, mujeres y hombres, que no tienen nada que ver con el municipalismo. Es al revés. Lo que le da sentido precisamente a esa diputación es la prestación de servicios que hacen
para ayuntamientos de otro tamaño, que es mejor que se preste a través de esa diputación en términos de menor coste y, por lo tanto, de menor pago de servicios.
Le insisto, señor Martínez, le llamo al diálogo, aun reconociendo las diferencias. Luego, por supuesto -no faltaba más-, tendrán su posición política a ese respecto, pero encuentren razón de fondo para llamar a este diálogo cuando abordamos
cuestiones tan importantes, cuando su formación política está presente en esas corporaciones locales y, por lo tanto, también debemos promover entre todos la búsqueda de ese interés general, sobre todo cuando hacemos reformas legislativas de tanto
calado, donde también tenemos que reconocer las peculiaridades que se presentan en España en nuestras haciendas forales.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro de Hacienda.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL AVANCE DEL DÉFICIT PÚBLICO DEL EJERCICIO 2012. (Número de expediente 172/000101).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente interpelación, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del Gobierno en relación con el avance del déficit público en el ejercicio 2012. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, su gestión al frente del Ministerio de Hacienda reúne, desgraciadamente para nosotros, todas las características de una pésima gestión política y económica: injusta, ineficaz, chapucera, tramposa, maquillando cifras y, por
supuesto, una gestión que termina siendo negativa desde el punto de vista del crecimiento económico y de la justicia social. Señor ministro, ¿cómo es posible que se sea más exigente, que se endurezcan los requisitos para una política de apoyo a los
trasplantes, de la que dependen muchas vidas en nuestro país, y se sea laxo con los defraudadores, que se le perdonen los impuestos a los defraudadores y que además no se investigue el origen de las rentas que se han regularizado con la amnistía
fiscal? ¿Cómo es posible que se haga esta injusticia? No lo entienden los ciudadanos. Insisto, ¿cómo es posible que se sea exigente con los débiles, con la política de trasplantes en este país y se sea laxo, se perdonen los impuestos a los
defraudadores y que incluso no se investigue el origen del capital, probablemente ilícito, de muchas de las regularizaciones de la amnistía fiscal?
Señor ministro, no ha dejado títere con cabeza. Nos hemos enterado en la liquidación de los tributos que también ha maquillado los ingresos tributarios -sombra por aquí, sombra por allá- para, finalmente, aparentar un déficit menor. Al
final, señor ministro, lo que sucede con su política económica y presupuestaria es la ruina total, porque no hay crecimiento económico, no ha reducido el déficit de este año con relación al año anterior y, además, tiene la deuda pública
descontrolada. Señor ministro, en un solo año la deuda pública ha crecido nada más y nada menos que 15 puntos. Y para tapar las vergüenzas, se maquillan los números lo que haya que maquillarlos. Ese es el resumen de su política presupuestaria:
ni crecimiento económico ni control de la deuda pública. Me va a hablar usted de la reducción del déficit estructural y hablaremos de eso a continuación, pero lo importante es que la deuda pública ha crecido 15 puntos y en unos meses se va a poner
en tres dígitos, en el cien por cien del PIB.
Le hablaba antes de chapuzas y no voy a hablar de lo que ha sucedido a lo largo del año, de que se presentaron los presupuestos tres meses después o de que se aprobó una deducción en la compra de vivienda y meses después se retiró. No voy a
hablar de lo que ha sucedido con la amnistía fiscal y sus chapuzas; no voy a hablar de eso. Le voy a hablar del cierre del ejercicio 2012. El Gobierno presenta el déficit de 2012 pero se olvida de hablar del déficit de las entidades financieras,
como si eso no fuera déficit. Punto número uno. En segundo lugar, el Gobierno, el ministro y todos los secretarios de Estado hablan del déficit público en una rueda de prensa y de que han logrado los objetivos de déficit público -por supuesto que
no-, pero no quieren hablar de cómo se han liquidado los ingresos y cómo se han liquidado los gastos. ¿Cómo es posible? Si tenían los datos de déficit, tendrían los datos de cómo habían acabado los ingresos tributarios y cómo habían acabado los
gastos en el año 2012. Pero no hablan de eso porque empieza la operación maquillaje. El 11 de marzo, la semana pasada, a las ocho y media de la noche hacen públicos los objetivos de ingresos tributarios -es decir, lo que se ha conseguido por
tributos por parte de todas las administraciones- con nocturnidad y alevosía, y sin ningún tipo de rueda de prensa. ¿A cuánto asciende el maquillaje, señorías? Estamos hablando de
entre 10.000 y 11.000 millones de euros, en torno a un punto del producto interior bruto. Todo esto sin saber cómo han quedado los gastos y en qué consistirá el maquillaje de los gastos, porque seguro que ahí también habrá maquillaje.
¿Cómo lo hicieron? Las devoluciones en 2012 han disminuido 6.000 millones de euros, 4.000 millones por IVA y 2.000 millones por el impuesto sobre sociedades. Esta es una parte del maquillaje, 6.000 millones, 4.000 por IVA y 2.000 por el impuesto
sobre sociedades. Y los pagos fraccionados por el impuesto sobre sociedades aumentaron en 2012 alrededor de 4.500 millones de euros, es decir, se adelantaron ingresos a 2012 que evidentemente tendremos que compensar en el año 2013. Por tanto, el
ejercicio 2013 ya nace lastrado en un punto del PIB, en torno a 10.000 u 11.000 millones de euros.
Pero lo preocupante no es la chapuza, el engaño o la tomadura de pelo. Lo preocupante es que están en juego las instituciones de nuestro país. Lo preocupante, señor ministro, es que después de la importante subida de impuestos del año 2012
lo que ha sucedido es que la liquidez de las empresas y los ciudadanos es menor como consecuencia de que el Gobierno ha decidido maquillar los números para que el déficit público sea aparentemente menor. Es decir, no solamente les suben los
impuestos, sino que adicionalmente tienen que financiar con menor liquidez al Estado y al Gobierno. Pero como ese maquillaje es tan burdo, las trampas salen inmediatamente. ¿Cuándo? Cuando se hace pública la liquidación de los ingresos
tributarios en enero. Efectivamente, en enero y en febrero van a crecer las devoluciones como consecuencia de ese juego que han hecho, porque en realidad lo que ha sucedido es que las devoluciones en noviembre y diciembre del año pasado
disminuyeron 4.700 millones de euros con relación a noviembre y diciembre del año 2011 y, por el contrario, en enero y en febrero las devoluciones van a crecer aproximadamente en torno a 4.700 millones de euros. En conclusión, señor ministro, lo
que sucede es que el déficit, con los números reales, muy probablemente va a estar por encima del 11% del PIB en el año 2012. Es decir, con el déficit de las entidades financieras, el Estado habrá terminado con un déficit que está por encima del
11%, muy superior al 9,4%, que también incluye el déficit de las entidades financieras; un 11% de déficit, superior al 9,4%. Esa es la realidad de los números.
Por tanto, señor ministro, lo que le decía anteriormente: Ni hay crecimiento económico, ni se controla la deuda pública y por supuesto tenemos un déficit mayor que el anterior y, al final, la política económica presupuestaria del Gobierno
es que pagan en este país justos por pecadores, es decir, es una política también injusta. Podemos hablar de muchas cuestiones relacionadas con el presupuesto. Por ejemplo, la deuda pública en este país ha crecido como consecuencia de que
efectivamente ha habido un préstamo a las entidades financieras, que implica que la deuda de todos los españoles crezca en torno a 40.000 millones de euros. Es decir, que en el rescate bancario de este país ha habido una quita en renta disponible
al 99% de los españoles y, sin embargo, el 1% ha recibido algún que otro regalo, como por ejemplo los defraudadores. Los defraudadores han visto que sus impuestos son menores como consecuencia de la amnistía fiscal y eso es lo que no entiende la
gente.
Señor ministro, lo que necesita el país es un ministro que no engañe a la gente, que haga una política económica que, en primer lugar, posibilite el crecimiento económico y que, en segundo lugar, haga cohesión social. Usted ha tomado la
decisión de no irse del ministerio; muy bien, se va a quedar en el ministerio, pero, por favor, no tome más decisiones, deje tranquila a la Agencia Tributaria, deje tranquilos a los funcionarios de la Agencia Tributaria y, por favor, no engañe más
a los agentes económicos y sociales, no engañe más al conjunto del país porque eso va en detrimento de las instituciones españolas, va en detrimento de la reputación de España. No se puede jugar con las cifras, no se puede trampear con las cifras.
Ustedes han engañado a los españoles y han engañado a los agentes económicos y sociales porque el déficit va a estar por encima del 11%, superior al 9,4%, con una deuda pública de 15 puntos en un año. No ha habido en la historia democrática de este
país un Gobierno que en un año haya hecho crecer la deuda en 15 puntos y con una deuda pública del cien por cien del PIB, como la que vamos a tener en unos meses. Ni crecimiento económico, ni control de la deuda pública, ni reducción del déficit.
Además, es una política injusta porque aquí pagan los de siempre, el 99% de la población, y quienes no pagan también son los de siempre. Usted lo ha puesto muy claro en su política de ingresos. El 60% de lo recaudado con la última subida de
impuestos es IVA, ese impuesto que usted no iba a subir. Ustedes dijeron en la campaña electoral que había que bajar los impuestos, que había que llevar al Parlamento y al Gobierno la curva de Laffer. Se olvidaron de la curva de Laffer una vez
llegaron al Gobierno e hicieron todo lo contrario: la mayor subida de impuestos de la democracia. Podríamos continuar hablando de esa política incoherente, improvisada y chapucera, señor ministro. Ahí están los resultados
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Saura.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
En una democracia lo que hay que pedir al Gobierno es responsabilidad y eficacia, y lo que hay que pedir a la oposición es un mínimo de conocimiento y de responsabilidad, porque el discurso ha sido tan atrabiliario conceptualmente...
(Rumores). Me va a permitir que lo valore. No les gusta, pero se lo voy a explicar. Ha sido tan atrabiliario que realmente desmerece tener un grupo político así y un representante económico así por parte del grupo político.
Le voy a explicar cuatro cosas relativas a la incidencia de lo que ha sido el año 2012. En primer lugar, este Gobierno se encontró con un déficit público que había sido ocultado por el anterior Gobierno. ¿Sí o no? Suba usted a decir si sí
o no. Era de 3 puntos del PIB. Yo llegué a esta Cámara en el año 1993, me senté ahí como un diputado de la oposición y el primer espectáculo al que asistí fue que en el discurso de investidura del entonces presidente González él mismo incrementó
el déficit público reconocido en España en 3 puntos del PIB; repito, el mismo presidente del Gobierno. Es decir, cada vez que sale un Gobierno socialista se abren los cajones y aparece el déficit público no reconocido hasta entonces. Ha vuelto a
pasar, 3 puntos del PIB. Ante esa situación, ante una recesión económica sobrevenida que no anticipó nadie (ni la Comisión Europea, ni el Banco Central Europeo, ni los expertos dentro o fuera de España), ante una situación que llevaba al colapso a
España y al euro en 2012 -¿o no hemos estado en esa situación en 2012?-, hemos tenido que subir los impuestos. Desde esta tribuna y desde ese escaño azul he insistido, he pedido perdón públicamente por subir los impuestos, he pedido perdón por no
atender al programa electoral y he dicho que corregiremos esto en el momento en que el margen de la economía lo permita. Pero hemos subido los impuestos equitativamente. ¿Cuál es el grupo económico sobre el que se han subido en mayor cuantía los
impuestos? Los grandes contribuyentes en el impuesto sobre sociedades: 4.800 millones de euros más que el año 2011, a través de los cambios en el impuesto sobre sociedades que ha hecho este Gobierno y que ha apoyado el Grupo Parlamentario Popular
-la derecha, como le llaman ustedes-. ¿Por qué la izquierda cuando gobernaba tenía un impuesto sobre sociedades cuyo declive recaudatorio estaba pronunciado especialmente en los grandes contribuyentes? Pregúnteselo, todavía estoy esperando que me
responda. 4.800 millones de euros ¿Cuál ha sido la subida del IVA en términos de incremento normativo? 1.200 millones de euros. ¿Cuánto ha supuesto la subida del gravamen complementario del impuesto sobre la renta de las personas físicas? Ha
subido 2.300 o 2.400 millones de euros, de los que el 80% está cargado sobre los contribuyentes de mayor renta, a partir de 30.000 euros brutos, es decir no está cargada sobre las personas que menos capacidad económica tienen y que siguen siendo
contribuyentes del IRPF. Esa es la subida de impuestos del año 2012; una subida profundamente equitativa. Las cifras son esas, señor Saura. A partir de ahí, ¿qué hace el Grupo Socialista? Sembrar dudas sobre el déficit público, decir a los
españoles cosas realmente antológicas. ¿Ha subido la deuda pública en España en la cuantía que ha dicho su señoría? Sí. ¿Por qué? Porque la mitad es ese déficit público y la otra parte se corresponde con la operación de proveedores; operación
que había que hacer, y a la que ustedes se opusieron. Ustedes se opusieron a que pagaran la deuda comercial no liquidada las corporaciones locales y las comunidades autónomas con la garantía del Estado. No había que pagar las facturas. Eso aflora
en términos de incremento de deuda pública. Eso es lo que hemos recibido. Qué más quisiera que no hubiéramos recibido ese déficit público abultado; qué más -no ya el Gobierno sino todos los españoles- que el déficit público no estuviera en los
valores en los que estuvo a finales de 2011 ni que hubiera ese volumen de deuda comercial no pagada en las administraciones territoriales de nuestro Estado; qué más quisiéramos, pero esa fue la realidad. ¿No pagamos las facturas en este país? Por
tanto, eso lleva a unos incrementos de deuda pública que hay que explicar.
La sociedad española ha hecho un esfuerzo extraordinario -hay que explicarlo también- en el año 2012, tan extraordinario como para haber reducido el déficit público en términos estructurales, nada más y nada menos que el 2,6% del producto
interior bruto; si tenemos en cuenta la evolución de los intereses nos lleva a la incidencia fiscal primaria una vez liquidado el presupuesto -provisionalmente, pero liquidado el presupuesto- del 3,1% del producto interior bruto. Cuando en octubre
presenté los presupuestos en esta Cámara hablé del 3,5% en incidencia fiscal primaria; ha sido el 3,1%. Somos el país del mundo que mayor esfuerzo ha hecho en reducción del déficit estructural, y eso nos debe congratular a todos. Es la sociedad
española la que ha hecho ese gran esfuerzo, y eso nos devuelve a ser un país
creíble, fiable, que como socio europeo es visto con sentido de responsabilidad, que está mereciendo el apoyo de las instituciones europeas. No menoscabe el valor de nuestras instituciones aquí, en España, señoría. El déficit, la
exposición de las cuentas públicas la certifica la Intervención General del Estado; como comprenderá no lo hago yo. Si ha habido un retraso relativo en determinadas devoluciones es porque la Agencia Tributaria ha hecho su tarea a la hora de
revisar -es su obligación, señorías- y a partir de ahí puede garantizar que se tiene derecho efectivo a esas devoluciones. Es su obligación, máxime en un periodo en el que ha habido cambios normativos, incrementos en los dos grandes impuestos, el
IVA y el impuesto sobre sociedades.
Su razonamiento, cuando examina el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades, que es tan desconcertante, es todo lo contrario. Lo que está anticipando ese pago fraccionado del año 2012 es que la recaudación del impuesto sobre
sociedades de grandes contribuyentes va a ser superior a la previsión del presupuesto de este Gobierno para el año 2013, como le acabo de decir. Es exactamente todo lo contrario, y lo digo para usted y para algún experto por ahí fuera que no llega
a entender bien lo que ha sido el impacto del cambio normativo en el impuesto sobre sociedades. Si no está bien la cifra de presupuestación que traje en su momento a la Cámara va a ser porque es inferior, porque la cifra va a quedar superada por
una recaudación tributaria superior en el impuesto sobre sociedades. Por tanto, no haga la cuenta al revés. Además, no les diga a los españoles lo que no es verdad. Vamos a tener un déficit público derivado del saneamiento del sector bancario:
3,25 puntos de nuestro producto interior bruto, que es capital que hemos inyectado en el sector bancario. Eso nos lo ha prestado Europa, no lo han prestado los españoles, como ha dicho aquí en la tribuna con una frivolidad realmente pasmosa. Nos
lo ha prestado Europa porque somos socios europeos, no hemos tenido que pedir esa deuda a los mercados. Figura en nuestra deuda pública, está aplicada al saneamiento bancario, porque dicho saneamiento es absolutamente necesario no para salvaguardar
a las entidades bancarias en sí sino para que tengamos una banca sana que sea capaz de dar crédito a quienes nos tienen que sacar de la crisis. Ese es el paso siguiente que vamos a vivir en España, que esa banca, hoy pública, esté en mucho mejores
condiciones para dar crédito a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos de nuestro país; eso va a ocurrir muy pronto. Por tanto, verán el efecto positivo de ese saneamiento bancario que hemos podido hacer porque Europa nos lo ha dejado hacer
en el sentido financiero; no se lo hemos tenido que pedir a los mercados. Es una deuda pública cuya devolución es a quince años, con unos plazos de carencia realmente generosos y cuyos tipos de interés están por debajo del 1%. Por tanto, tenemos
que estar bien, porque para eso está Europa, para que realmente se movilicen esos recursos. Eso forma parte de la deuda pública, pero no de la otra deuda pública generada por el déficit de las administraciones públicas. Hay que seguir en esa
tarea, en ese camino, no hay que desfallecer. Lo que hemos avanzado en el año 2012 está a la cabeza del mundo, está en la reducción del déficit en términos estructurales. No siembre dudas de esa forma. Está certificado por la Intervención General
del Estado. Es provisional. ¡Claro que es provisional! ¿Quién está diciendo que no sea provisional? Será definitiva después del verano, en el mes de octubre. Todavía tenemos que casar muchos datos de esa propia evolución.
El déficit no está solo en la Administración General del Estado. Usted no se ha referido a las comunidades autónomas. ¿Han hecho un esfuerzo las comunidades autónomas? Sí o no. ¿Han llegado a ese 1,7%? ¿También duda de eso? ¿Han
reducido su déficit a la mitad del del año anterior, del año 2011, del 3,3% al 1,7%? ¿Han hecho ese esfuerzo? Sí o no. En cuanto a las corporaciones locales de España, los ayuntamientos han quedado con un déficit de 0,2 décimas, que ya veremos si
es menos, ya lo avanzo -solo lo anticipo porque todo esto, insisto, es provisional-; todos los grandes ayuntamientos en España están en equilibrio presupuestario o con ligero superávit. ¿Eso no le parece un avance a su señoría? ¿Por qué hacen
este tipo de oposición? Siembran dudas sobre todo; siembran dudas sobre personas, sobre instituciones, sobre la calidad de un país. Este país, España, sabe hacer el esfuerzo cuando lo hace, como demuestran estas cifras. No son cifras frías sino
que demuestran el empeño de una sociedad por acabar cuanto antes con esta crisis económica; porque es el camino de la reducción del déficit público lo que permitirá financiar mejor a la economía y, junto a las reformas estructurales que está
impulsando el Gobierno, poder decretar que el año 2013 será el último año de crisis económica en España para volver a tener un crecimiento económico a partir de 2014 que nos vuelva cuanto antes a la senda de empleo.
Gracias, señorías. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, lo que no nos merecemos los españoles es un ministro de Hacienda como usted. (Aplausos.-Rumores). Eso es lo que no nos merecemos los españoles, un ministro de Hacienda que por lo que hace no es homologable al resto de
ministros de Hacienda de la Unión Europea. La amnistía fiscal no la ha aprobado ningún ministro, señor ministro de Hacienda. (Una señora diputada: ¡Cómo que no!) No es homologable lo que usted hace aquí, en este país. Le digo más, parece mentira
que usted sea profesor de Hacienda pública (Rumores) con el daño que ha hecho a la Hacienda pública española. ¿Cómo va a volver a las aulas a explicar a los alumnos que usted fue el ministro de la amnistía fiscal, que perdonó impuestos y que además
no investigó el origen de las rentas declaradas de esos defraudadores? ¿Con qué cara va a ir usted a las facultades de Economía a explicar lo que ha hecho como ministro de Hacienda? No nos merecemos, señor ministro, señorías, el ministro de
Hacienda que tenemos. (Rumores).
Al final de este año no solamente ha subido los impuestos a los de siempre sino que hace trampas a los españoles. En su intervención vuelve a hacer trampas a los españoles. El 60% de la subida de impuestos en un año completo -no me
contabilice la subida de impuestos solo en una parte del año- es el IVA, y este lo pagamos la mayoría de los españoles. No me haga trampas, no me cuente solo la subida del IVA en una parte del último trimestre, no. En todo el año la subida ha sido
del IVA porque no ha habido cambios importantes normativos en el impuesto sobre sociedades, señor ministro; no ha habido cambios importantes en el impuesto de sociedades. Donde los ha habido ha sido en el IRPF y en el IVA; ahí es donde ha habido
cambios sustanciales. No haga también trampas aquí, en esta tribuna; las ha hecho durante todo el año en sus ruedas de prensa, pero también hoy aquí, pero a mí no.
Dice el señor ministro que hemos reducido el déficit estructural. Eso es bueno siempre y cuando estemos saliendo de la crisis económica, pero si reduce el déficit estructural se incrementa el déficit cíclico, porque la reducción del déficit
estructural hace que la economía crezca menos, que pare aún más la economía y se genere menos empleo. Luego, en una situación de próxima recuperación económica está muy bien la reducción del déficit estructural, pero si reduce el déficit
estructural no está reduciendo el déficit cíclico; de tal manera que efectivamente lo que está sucediendo es que no controla que el déficit de este año es superior al del año anterior: 11 el año 2012 frente al 9,4. En cuanto a la deuda de los
bancos que pagamos todos los españoles, señor ministro, lo que hace esa deuda es incrementar el coste de la deuda ya existente porque la prima de riesgo es mayor, porque hay más dudas, porque el volumen de la deuda es mayor. Por tanto el coste de
la deuda existente es mayor. (Rumores). Usted nos dice, señor ministro, en esa idea de que efectivamente vamos a salir de la crisis económica, que España está mejor y que vamos a salir de la situación económica en la que vivimos. Estará usted
mejor, estarán mejor los defraudadores, estarán mejor los que tienen su dinero en Suiza, pero desde luego los españoles están peor, porque en el año 2012 hemos acabado con 850.000 parados más, porque han cerrado desgraciadamente 35.000 empresas en
este país este año con relación al anterior, porque en mayo el crédito a las empresas disminuía a una tasa del 2%; hoy, después de esa ayuda a los bancos, después de ese préstamo que tenemos que pagar todos los españoles, el crédito a las empresas
disminuye a una tasa del menos 8%. Podría continuar. Hoy los pensionistas pagan los medicamentos como consecuencia de políticas del Partido Popular, hoy lo que sucede efectivamente en este país es que los españoles y las empresas pagan más
impuestos pero los defraudadores no. Por tanto, ¿quién está mejor en este país? ¿España va a mejor? Nuestra prima de riesgo es mayor, nuestro déficit es mayor, la deuda va al cien por cien en unos meses. ¿Qué es lo que va bien en este país?
Será usted, será la gente que tiene el dinero en Suiza...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Saura, tiene que finalizar.
El señor SAURA GARCÍA: Termino, señora presidenta.
... y serán los defraudadores.
Este país en 2012, desde el punto de vista financiero, presupuestario, de las empresas, del empleo, ha ido a peor, señor ministro de Hacienda (Una señora diputada: ¿Y quién estaba gobernando?) Merece la pena que cambie su política
económica y, sobre todo, si se queda en el ministerio, por favor, no tome más decisiones. España se lo va a agradecer.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.-Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Saura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señor Saura, menos mal que los procedimientos democráticos no prevén que su señoría elija al ministro de Hacienda de España, menos mal. (Aplausos). Si dependiera de su criterio y de su capacidad de elección, aviados íbamos a ir. (Una
señora diputada: Sí, sí). Ha llegado a decir que el impuesto sobre sociedades no ha sufrido modificaciones importantes. ¿Pero se lee usted las leyes que vota en esta Cámara? Ha votado en contra. ¿Usted se lee las leyes? ¿Usted cree que limitar
la deducibilidad de los gastos financieros al 30% de la base no es importante? ¿No es importante la supresión de amortización para las grandes empresas y la libertad de amortización? ¿Eso no es importante? ¿No son importantes los cambios habidos
en el pago fraccionado, en los plazos? Dice que no ha habido cambios normativos. Hay que leerse las leyes, es un pequeño esfuerzo intelectual para comprender. En un país como España, que está sometido al procedimiento de corrección del déficit
excesivo, ¿no es la referencia la reducción del déficit estructural? ¿No estamos obligados? Usted lo cuestiona diciendo que no hay que reducir el déficit estructural. Fantástico, entonces nos vamos de Europa, nos vamos del euro. Realmente el
argumento se cae por sí solo. Esto que llama usted amnistía, que no es una amnistía, es la regularización extraordinaria. ¿No lo han hecho otros países de nuestro entorno? (Rumores). ¿No lo ha hecho Italia? ¿No lo ha hecho Francia? ¿No lo ha
hecho Reino Unido? ¿No lo ha hecho Estados Unidos? Somos únicos. ¿No lo hicieron ustedes en 1991? En 1991 la hicieron opaca. Hoy tenemos a todos los contribuyentes, personas físicas o jurídicas, que han regularizado, por tanto se puede
estudiar; está en el plan de control tributario el estudio del origen de esas rentas. ¿Qué explica usted aquí desde la tribuna? Dibuja usted un país que está en crisis. Claro que está crisis, pero ¿quién está diciendo que el año 2012 haya sido
un año bueno? ¿Quién está diciendo esto? ¿Qué clase de crítica política hace usted? El año 2012 es el año de la segunda recesión mayor de la historia de España, la segunda que sobreviene sobre la de 2009, muy cerca por tanto de eso. España hace
una doble uve en términos de vivir esa segunda recesión. Por tanto, estamos en una situación grave, como está diciendo el Gobierno en clave realista; estamos en una situación en la que realmente tenemos que hacer reformas para salir, tenemos que
hacer cambios en el sector público y tenemos que reducir el déficit público para financiar mejor nuestra economía. ¿No estamos, en términos de credibilidad internacional, mejor que hace un año? ¿No tenemos un acceso abierto a los mercados
financieros que no teníamos hace pocos meses? ¿Acaso no es eso? Eso es lo que tenemos que seguir ganando, la credibilidad, la fiabilidad, y no lo vamos a hacer poniendo en cuestión a instituciones tan principales como las que tenemos en España,
tan afortunadamente fiables como es la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado, los funcionarios encargados del control y seguimiento presupuestario, así como de ejecución presupuestaria de déficit de nuestras administraciones
territoriales. España es un país de instituciones fiables; la función pública en España trabaja, es eficiente y es fiable.
Yo he tenido el honor de ser su director en dos ocasiones en mis circunstancias políticas, conozco por tanto de lo que hablo. Como decíamos antes en una pregunta, también soy una persona suficientemente viajada para poder compararlo con lo
que existe en otros países de la Unión Europea que no tienen esa calidad de función pública; nosotros sí la tenemos. Lo que no debemos hacer en esta Cámara es confundir los debates políticos sobre los enfoques de política económica general; por
supuesto que cada uno tiene que tener su criterio y su capacidad de crítica con lo que es la actuación de esas instituciones. Gracias en buena medida a esas instituciones, y por supuesto en el desarrollo de las políticas económicas España está a
punto de vivir un cambio económico importante, que es acabar con la crisis económica en el año 2013. Eso es lo que estamos promoviendo con nuestras políticas, y cuando eso ocurra entonces le podremos decir que el Grupo Socialista no ha apoyado
ninguna de las reformas, se ha opuesto a todo lo que ha traído el Gobierno a esta Cámara y no ha movido un dedo por acabar con la crisis económica en nuestro país. Esa es la responsabilidad política y pública que vamos a tener todos; al revés, el
Grupo Socialista hasta relativizó y llegó a cuestionar elementos fundamentales de nuestro sistema institucional, y ese es un camino que no le conviene a España. Insisto, señorías, en que no es el que nos conviene a todos, porque tenemos que hacer
frente entre todos a la crisis económica. (El señor Elorza González, abandonando el hemiciclo, hace gestos negativos). A usted también, señor Elorza. Adiós, adiós, tiene usted prisa. Yo también voy a acabar ya porque se me acaba el tiempo.
Aparte de gestos, vamos a acabar con contenidos.
Estamos viviendo el último periodo de crisis económica en nuestro país, como ya están advirtiéndonos desde fuera -lo hacen las instituciones empresariales cada vez con más claridad-; estamos a punto de
vivir ese cambio económico que no es posible sin reducir el déficit público y sin hacer reformas estructurales en nuestro país, incluidas las de la Administración pública. Insisto, señorías, en que ustedes no nos han acompañado en este
proyecto. Cada sesión de control es para distanciarse más, para tratar de encontrar un eco social y un apoyo político determinado. Allá cada uno con su estrategia, pero lo que debería importar a todos los que tenemos responsabilidades de
representación en esta Cámara sería acabar con la crisis económica cuanto antes (Aplausos), pero no vamos a acabar con ella con discursos vacíos, incoherentes y mal planteados en términos de utilidad en función del interés general de todos los
españoles.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS PARA UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO. (Número de expediente 173/000067).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Mociones consecuencia de interpelación, que quedaron pendientes del Pleno de ayer. Vamos a iniciar su debate, puesto que su votación se producirá
mañana jueves con el resto de los asuntos a tratar en el Pleno de mañana. En primer lugar se debatirá la moción del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural sobre medidas para una salida social a la crisis y a la generación de empleo. Por el
grupo proponente tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.
Parafraseando a dos grandes, podríamos decir perfectamente que un fantasma recorre Europa. En este caso es el fantasma de Chipre y el fantasma de Grecia. Chipre está siendo en estos días un laboratorio, un experimento de las políticas
económicas más neoliberales, de ese liberalismo existente que consiste en socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, en dar prioridad absoluta a los bancos por encima de cualquier otro tipo de sujeto, incluidas las personas, por encima de
cualquier derecho y de cualquier conquista social. La prioridad en el pago de los intereses de la deuda, la prioridad en el pago a los grandes acreedores del sistema financiero internacional es lo que está marcando la política de la Europa de la
periferia (de España, Portugal, Grecia, Italia y Chipre). Es una política absolutamente suicida. Hemos tenido ocasión de debatirlo en esta Cámara en numerosas ocasiones, siempre con el rechazo del Partido Popular a nuestra interpretación pero
siempre, desgraciadamente, con los datos corroborando que tenemos razón. La tenemos cuando decimos que esta política nos lleva a mayor crisis, a mayor desigualdad, a mayor desempleo, a mayor miseria y a más estallidos sociales que pueden ser
canalizados por la extrema derecha, como estamos viendo en los países vecinos. Fruto de esta prioridad surgió la reforma constitucional del Partido Popular y del Partido Socialista de agosto de 2011, en la que se priorizaba el pago de los intereses
de la deuda, en este caso de la deuda pública, los intereses de las entidades financieras. Como decía, estas medidas no solo nos parecen absolutamente equivocadas, sino que además nosotros venimos a plantear una alternativa.
La moción que hoy presentamos aquí marca los puntos fundamentales, cruciales de nuestra alternativa para servir un debate sano, sereno y necesario, pero sobre todo urgente, porque urgente es la situación en que nos encontramos y desesperada
es la situación de las familias. Hay que apoyar una cuestión que creo que es fundamental -hemos tenido oportunidad de hacerlo-, que es el papel de la deuda pública. Parece que dicho papel no se entiende del todo bien, porque cuando nosotros
decimos que es impagable no solo lo decimos por una cuestión de tipo moral, de que no es nuestra deuda y nosotros no la pagamos -que evidentemente-, sino que lo decimos también por una cuestión de tipo económico, porque pensamos que económicamente
es impagable la deuda pública, tanto en España como en Grecia, en Italia o en Chipre. Esta constatación es la que llevó a una reestructuración de la deuda en Grecia, a una reestructuración dirigida en este caso por las instituciones
supranacionales. Así que no hay que alertarse de nada cuando decimos que no se puede priorizar el pago de la deuda pública por encima de cualquier otro tipo de pago o de gasto social. Además, esto es fruto de no entender que el sistema financiero
es parasitario, que gravita sobre la estructura productiva y, por tanto, priorizar todos los pagos al sistema financiero conduce a echar dinero en un agujero negro que carcome todos los recursos y que va destrozando la economía productiva. No sirve
de nada si no hay una economía productiva y si no hay una
economía real y nosotros proponemos recuperar esa economía productiva, recuperar esa economía de las personas, de las pequeñas y medianas empresas en vez de seguir sirviendo al lobby de las entidades financieras y en vez de seguir siendo el
consejo de administración de los grandes bancos especulativos internacionales como son los Gobiernos actualmente de la periferia europea, incluido el Gobierno de España. En este sentido es claro que solo se puede salir de la crisis y solo podemos
generar empleo a través de planes de estímulo suficientemente fuertes que consigan romper la dinámica de desapalancamiento financiero en la que estamos inmersos. Esta es una cuestión obvia que la experiencia histórica refleja perfectamente en el
Japón de los años noventa. Solo influyendo, solo poniendo dinero en la economía productiva se pueden devolver las deudas y solo de esa forma se puede evitar el alto nivel de desempleo actual. Para eso necesitamos dinero y para tener dinero
necesitamos una reforma fiscal altamente progresiva y no esas reformas fiscales que hace este Gobierno con las instituciones supranacionales que permiten, toleran y promueven los paraísos fiscales, que permiten, toleran y promueven instrumentos que
sirven para eludir impuestos y que permiten que el Estado del bienestar, los servicios públicos fundamentales de los que nos beneficiamos como sociedad sean cada vez de peor calidad y de peor estatus.
Es obvio que hay que hablar del Banco Central Europeo. Proponemos que se defienda con toda la fuerza posible la reestructuración del Banco Central Europeo. Necesitamos tener una política monetaria al servicio de la economía productiva, al
servicio de las personas y no al servicio de los grandes bancos que es actualmente lo que el Banco Central Europeo hace. En este sentido necesitamos que se financie la economía productiva, los planes de estímulo, pero necesitamos esa política
monetaria por parte del Banco Central Europeo, porque acudió a esta Cámara, a este Congreso y todos recordamos su Comisión clandestina, su comparecencia infame en esas formas y, sobre todo, lo peor de todo, es que recomendaba la reforma laboral, esa
reforma laboral que nosotros pedimos derogar. Porque no es una reforma laboral para crear empleo, pero sí es una reforma laboral que está funcionando. Es una reforma que está funcionando porque su objetivo real, el que se explicita por los
organismos internacionales, incluido el Banco de España, es reducir los salarios. Ese es el objetivo real del Banco de España y ese es el objetivo real del Gobierno de España. Obviamente lo enmascaran con retórica, con márquetin y con todo tipo de
recursos metafóricos para decir que se va a crear empleo, pero estamos viendo que no sirve y por eso hay que derogarla, porque hay que dar un cambio radical en la forma de entender el mercado laboral, en la forma de entender la economía productiva.
No solo somos no competitivos por una cuestión de tecnología, sino que tampoco lo somos por una cuestión de estructura productiva. Si no se entiende esto, no podremos construir ninguna Unión Europea sólida. Si no se entiende que Alemania
tiene una estructura productiva muy diferente y mucho más tecnológica y mejor desarrollada que nosotros, si no se entiende que la salida es no bajar salarios, si no se entiende que la salida tiene que ser redistribuir la renta, la riqueza y cambiar
el modelo productivo, entonces seguiremos esta senda totalmente absurda y de suicidio económico, como insistía antes.
Por eso nuestra moción tiene una serie de puntos amplios que vamos a pedir que se voten por separado para que puedan servir para un debate sereno sobre cuestiones fundamentales y, como decía antes, urgentes y necesarias.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): A esta moción se han presentado dos enmiendas. Una es del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Creo que al señor Garzón y a su grupo le debemos agradecer, lógicamente, su moción. Hace unos días con el señor Coscubiela se discutía si La Izquierda Plural tenía alternativas distintas a la política económica del Gobierno. Ustedes con su
moción formulan, efectivamente, un paquete de cuestiones alternativas en buena parte a la política del Gobierno. En ese debate la señora Villalobos, que hoy nos preside, les acusaba de que sus recetas eran más propias de las políticas del bloque
soviético que de las políticas de la Unión Europea, de las políticas de los mercados libres y de las economías sociales de mercado. He de decirle que no tengo la impresión de que las recetas que hoy nos trasladan sean ni mucho menos soviéticas. No
tengo esa impresión, pero sí tenemos la impresión de que son recetas en buena parte equivocadas respecto a los problemas que tiene planteada nuestra economía. Y este no es un problema que tan solo le afecte a La Izquierda Plural, sino que incluso
estamos viendo que en otros Estados de la Unión Europea donde está gobernando la izquierda o el centroizquierda -en Francia
mismo- no se terminan de encontrar cuáles son las soluciones que en el marco de los Estados-naciones se deben promover en esta crisis tan tremenda que lleva azotando Europa en los últimos seis o siete años.
La desorientación de buena parte de la socialdemocracia europea y de la izquierda también se refleja en la iniciativa que ustedes hoy nos plantean. Por ejemplo, cualquier reforma fiscal que se plantee para hacer frente a esta actuación debe
incorporar una variable, que es la que han desarrollado los países más avanzados de Europa, que la pusieron en marcha ya a mediados de la década de los noventa y que les permite mantener un gasto social alto, les permite mantener unos sistemas de
protección social avanzados, al mismo tiempo que han garantizado economías abiertas y economías competitivas. Una fiscalidad que grave menos el trabajo, renta y cotizaciones y que grave más el consumo o los impactos ambientales. Son los modelos de
Dinamarca, de Suecia, de Finlandia, de Noruega. No tengo la impresión de que aquello que nos formula La Izquierda Plural en su propuesta vaya en esa dirección. Creo que hay un cierto reflejo de esa desorientación. Incluso compartiríamos todos un
aumento del gasto en inversión y desarrollo en aquello que permite que nuestra economía a medio o largo plazo sea capaz de competir en la economía global. Voluntaristas lo podemos ser todos, pero con algunos de los planteamientos que refleja su
moción, aunque usted fuese hoy el ministro de Economía y Hacienda, no sería capaz de conseguir los ingresos que exigen esos compromisos que plantean en su moción. También le digo que algunas de las cuestiones que plantea su moción podrían ser
compartidas, otras no. Nosotros hemos apoyado las reformas del mercado de trabajo, las que impulsó el Gobierno socialista -que ustedes tampoco apoyaron y ahí fueron coherentes- y las que ha promovido el Gobierno del PP porque a nuestro entender van
en la línea de esas reformas que también se han efectuado en esos países de flexibilizar los mercados de trabajo para ganar posición competitiva de las empresas y aumentar la creación de empleo en el medio y largo plazo. Pero ahí -y en eso sí
podríamos coincidir con ustedes-, en esos mercados de trabajo más flexibles del centro y del norte de Europa exigen políticas que refuercen la seguridad de los trabajadores. Por tanto, respecto a su moción podríamos incluso en algún punto concreto
tener coincidencias.
Hemos querido plantear doce propuestas que conforman, no de manera exhaustiva, cuál es la alternativa económica de Convergència i Unió frente a esa crisis y que es distinta a la que nos plantea el señor Garzón. El señor Garzón no nos ha
ofrecido ninguna enmienda transaccional, por tanto debo entender que existe discrepancia entre sus propuestas y las nuestras y por tanto no podremos votar favorablemente su moción.
Simplemente, quiero finalizar con un comentario. Escuchando al señor ministro Montoro hace un momento -yo que soy agnóstico- he de decirles que aquello que nos pide es que tengamos fe, casi religiosa, en que la política económica a finales
de este año nos saque del agujero en el que estamos metidos. A nuestro entender, sin un cambio...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano, tiene que finalizar.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: ... de la política económica del Gobierno, la situación va a continuar mal.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, para defender sus enmiendas, señor Sahuquillo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Rajoy anunció que, si llegaba al Gobierno de España, todo empezaría a mejorar, la economía crecería y rápidamente se crearían puestos de trabajo, por lo que obtuvo la confianza mayoritaria de los ciudadanos, pero
quince meses después el resultado de sus políticas es más recesión, más desempleo y más desigualdad y, por consiguiente, un país más empobrecido donde sus ciudadanos viven peor. No era cierto que tuviera un plan para sacar a España de la crisis.
La tasa de paro, el PIB, el déficit del estado, la deuda pública, el IPC, la prima de riesgo, todo ha empeorado. Con su política de ajustes y recortes ha generado un sufrimiento inútil a los ciudadanos.
El propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido los efectos perniciosos de los recortes. El país se encuentra en una situación de emergencia nacional, gestionado mediante decretos-leyes, treinta y cinco, donde se plasma lo contrario
de lo que decían cuando estaban en la oposición. Los datos, elocuentes. El PIB se contrajo un 1,4%; 850.000 empleos perdidos; tasa de paro superior al 26% de la población activa; 6 millones de parados; paro juvenil, 52%; 1.833.000 hogares con
todos sus miembros desempleados; más de 33.000 empresas cerradas; deuda pública de 884.000 millones de euros,
incremento de quince puntos en un año; importante caída de los salarios; maquillaje de cifras sobre el déficit y, aun así, el 10,2%; una quinta parte de los españoles en riesgo de pobreza; 2 millones de niños por debajo del umbral de la
pobreza.
Para que el país vuelva a la senda del crecimiento hay que huir de los continuos recortes de ajustes. La política económica del Gobierno está arruinando a la mayoría de los ciudadanos y parecería que les hiciera sentirse cómodos en una
sociedad dual. No compartimos la auditoría de la deuda pública, pues provocaría mayor inestabilidad en los mercados financieros, repuntaría la prima de riesgo y haría más costoso a los ciudadanos el pago de la deuda. Estamos convencidos de que lo
que hay que hacer es evitar utilizar la deuda pública para socializar las deudas del sistema financiero. Abordemos una reforma fiscal en profundidad. Nuestra propuesta, crear un impuesto sobre las grandes fortunas que grave la capacidad económica
derivada de la riqueza, porque entre recortes sociales y reforma fiscal los socialistas elegimos sin duda reforma fiscal, puesto que nuestro país, con casi ocho puntos menos de presión fiscal que la media europea, tiene margen para equiparar las
rentas del trabajo con la fiscalidad de las rentas de capital, para revisar la tributación del ahorro o para reformar el impuesto sobre sociedades. Urge luchar contra el fraude fiscal, converger en la tarifa general del IRPF los rendimientos de
capital, insistir una vez más en implantar un impuesto a las transacciones financieras o imponer una fiscalidad verde.
Señorías, el Gobierno debe derogar la reforma laboral, cuyos efectos y consecuencias son demoledores para los trabajadores, ya que potencia el despido, aumenta la jornada laboral, recorta los salarios, disminuye las prestaciones por
desempleo o elimina la negociación colectiva, una reforma laboral que ha llevado a cabo la eliminación de un buen número de derechos sociales, deteriorando la arraigada paz social existente. Provoca sonrojo recordar las palabras de Cospedal, cuando
dijo en junio de 2010: Si no hay sindicatos que sepan defender el derecho de los trabajadores, que estos estén tranquilos, que aquí está el PP para defenderlos. Somos el partido de los trabajadores, decía. Sí, el Gobierno tiene que cambiar su
política económica, pasar del crédito a los bancos al crédito a las pymes. Para crecer, tenemos que recuperar la investigación, el desarrollo y la innovación. También este Parlamento debe ser valiente, garantizando por ley que el Sistema Nacional
de Salud esté financiado íntegramente por impuestos y que sea universal. Garanticemos que un porcentaje del PIB se dedique obligatoriamente a la sanidad. No podemos estar al albur de cada ocurrencia del Gobierno, como las últimas lanzadas, las
relacionadas con las vacunas infantiles o las del veto a trasplantes a las comunidades autónomas que no cumplan el déficit. La crisis económica, agravada por las medidas antisociales del Gobierno, arroja cifras alarmantes de pobreza. Ante
situaciones de emergencia, los poderes públicos deben responder con medidas urgentes, comprometidas y eficaces para atender a las personas que más lo necesiten, por lo que pedimos que el Gobierno cree un fondo estatal de emergencia, que elabore un
plan de lucha contra la pobreza y exclusión de la infancia, que reponga los fondos del plan concertado y de la Ley de Dependencia.
Termino, señora presidenta. Los parlamentos deben velar por las necesidades y los derechos de los ciudadanos, y no es bueno en la defensa de los derechos civiles, sociales y económicos que el ritmo lo marque el clamor popular o las
decisiones judiciales. Hoy en día los ciudadanos confían mucho más en los movimientos sociales que en sus gobernantes, entre otras cosas porque recuerdan lo que el presidente del Gobierno decía cuando este era líder de la oposición y comprueban que
ahora es todo lo contrario. Rajoy dijo que si hubiera que tocar las pensiones con el objetivo de reducir el gasto público sería lo último que haría y la última decisión de este Gobierno ha sido decretar una reforma del sistema de pensiones y
jubilación anticipada, voluntaria y forzosa, eludiendo los compromisos del Pacto de Toledo y del diálogo social, así como endurecer mucho más las condiciones en el acceso al subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y cinco años. Real
decreto vergonzoso no solo por sus preceptos sino por su propio título.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sahuquillo tiene que finalizar.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Termino, presidenta.
Nos han perdido el respeto, nos desprecian tanto los ciudadanos como los representantes. Este Gobierno y el partido que lo sustenta lo que pretende con la excusa de la crisis económica es cambiar el modelo social existente e implantar su
ideología más rancia de derechas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sahuquillo.
Vamos a pasar al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero manifestar la posición favorable del Bloque Nacionalista Galego a esta moción de La Izquierda Plural, porque compartimos prácticamente la integridad de los puntos que tiene esta moción. Vamos a argumentar algunos de ellos
porque tiempo no tendremos para todos.
Hay una reflexión que nos hacemos desde el Bloque Nacionalista Galego y es que, teniendo en cuenta que la mayor parte de la deuda pública del Estado corresponde a los fondos públicos que el Gobierno ha trasferido a la banca, sigamos teniendo
un problema de falta de crédito y, por lo tanto, de falta de actividad económica y de creación de empleo. No lo decimos nosotros, son los datos que están ahí y no nos podemos explicar cómo a pesar no solo de que el Gobierno de Mariano Rajoy lo diga
sino también de que el señor Dragui lo haya dicho en esta sede parlamentaria, que esos fondos eran para posibilitar que fluyera el crédito, esto siga sin hacerse. No es posible hacerlo porque la banca está exigiendo condiciones cada vez más
leoninas a las personas que piden un préstamo para actividades empresariales o incluso para créditos personales.
Otra de las preguntas que nos hacemos muchos es que si desde el Banco Central Europeo se prestaba al Estado español 100.000 millones de euros para trasferir a la banca con ese cometido y si finalmente solo se han transferido 40.000, ¿por qué
no se utiliza el resto de los fondos para, desde el propio Gobierno a través del ICO, hacer una actividad de crédito a empresas, a pymes y a familias? Si no lo hacen a instancias del propio Estado español que lo hagan, como dice la propuesta de la
moción, desde el Banco Central Europeo o desde el Banco Europeo de Inversiones. Debe existir este apoyo al préstamo para que pueda activarse la economía y para que pueda crearse empleo, sobre todo teniendo en cuenta que las perspectivas de paro
para el año 2013 nos dejarían en un 27% y la mejora que se dice que va a haber en el empleo en el año 2014 no es porque crezca el empleo sino porque disminuye ligeramente el paro, aunque acabaríamos en un 29%.
Señorías, estamos a favor de los puntos 1, 2 y 3 de la moción, así como del 4 y del 5. No podemos estar de acuerdo -y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones- con que esa competitividad que se pretende para poder vender los productos se haga
sobre la base de la reducción de salarios, como se estuvo y se está haciendo en estos momentos. En el año 2012 se han reducido los salarios en más de un 3,4%. En el último cuatrimestre de 2012 la reducción en el conjunto de remuneraciones estuvo
en un 8,5% y hay un dato que evidentemente es sorprendente: el excedente empresarial, en cambio, estuvo en el 1,4%. Desde el conocimiento que tenemos de estos datos, por primera vez la renta empresarial superaría la renta salarial en el reparto de
la riqueza según el producto interior bruto.
No estamos de acuerdo con que la competitividad se adquiera sobre la base de la reducción de salarios, sino invirtiendo en I+D+i, como lo están haciendo muchos Estados de la Unión Europea, como Reino Unido y Francia. Señorías, recordemos
que el Estado español redujo en I+I+i un 25% en los presupuestos de 2012 con respecto a 2011, pero estamos hablando de un 33% de reducción en I+D+i desde el año 2009. Por tanto, nos parece adecuado lo que se solicita en la moción para incrementar
el I+D+i y adecuado que se derogue la reforma laboral que no solamente ha perjudicado a los trabajadores y a las trabajadoras, sino que también ha incrementado la recesión por reducir la capacidad adquisitiva de la mayoría social.
Por supuesto que estamos de acuerdo también con otros aspectos de la moción -como el de abordar una ambiciosa reforma fiscal- e incluso con aquellos puntos en que se concretan. Creemos que son posibles y que redundarían en una mejora de la
distribución de la riqueza. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y concretamente hablando del impuesto sobre sociedades.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández, debe finalizar.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Finalizo, señora presidenta.
No sabemos por qué en este momento el impuesto sobre sociedades tiene que estar mucho más bajo de lo que estaba, por ejemplo, en el año 2004. Por lo tanto, quiero manifestar de nuevo nuestro apoyo a esta moción.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor Garzón, ya ha comentado usted que va a solicitar votación separada de su moción punto por punto y eso me permite manifestar que en algunos casos votaremos favorablemente sus
propuestas y en otros, que nos parecen más polémicos o discutibles, votaremos que no o nos abstendremos. En todo caso, esto posibilita que el sentido nuestro voto no sea una abstención de carácter general. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). En la miscelánea de propuestas que usted hace hay algunos temas que son aceptables en sus propios términos y otros que en nuestra opinión son más discutibles y polémicos.
En la exposición de motivos, nada que refutar. Usted ha hecho una descripción casi naturalista del annus horribilis que ha constituido el año 2012. Ha sido uno de los peores años. El señor ministro de Hacienda, el señor Montoro, ha dicho
que estábamos sufriendo la parte final de la doble uve, vamos a ver si es una doble uve o es una sierra que va a tener más subidas y bajadas, que es lo que acreditan todos los informes de prospectivas serios y solventes; quiero decir todos menos
los del Gobierno. Aquí se está comentando que es el último año de contracción del producto interior bruto. Ya se ha corregido y se ha reconocido que la contracción del producto interior bruto en el año 2012 fue del 1,4%. Yo manejo tres estudios
-uno del Fondo Monetario Internacional, otro del servicio de estudios del BBVA y otro del CES- que establecen que la contracción del PIB para el año 2013 puede llegar al 1,7 o al 1,8%. Son estudios solventes. Algunos quieren ver y nos comentan que
puede existir una incipiente recuperación al final de este año 2013, observan brotes verdes al final de este año, pero son brotes verdes que estarán más vinculados a la iniciativa presentada por el señor Bosch de Esquerra Republicana la semana
pasada relativa a la despenalización del cannabis que vinculados a la evolución de los acontecimientos macroeconómicos.
Estando vigente la reforma laboral hemos perdido 822.000 puestos de trabajo, lo cual acredita el carácter patógeno de la reforma laboral en el ámbito del empleo a pesar de que el señor Campuzano la sigue defendiendo, aunque no sé si con
mucha convicción porque me da la impresión de que con una convicción declinante. Y aquí se establece una suerte de argumentación dialécticamente tramposa en relación con las pretendidas bondades -porque no existe ninguna- de esta reforma laboral
consistente en afirmar que el ritmo de destrucción de empleo se va atenuando. ¿Cómo no se va a atenuar el ritmo de destrucción de empleo si antes de la reforma laboral y con ella ya se ha destruido prácticamente todo el empleo que se puede
destruir? Existían ya más de 5 millones de desempleados antes de la reforma laboral. Es que si el ritmo de destrucción de empleo no se atenuara ligeramente y creciera estaríamos en una situación de emergencia, de catástrofe, realmente de quiebra
en el sentido más etimológico del término. Desde esa perspectiva el balance de la reforma laboral usted lo ha explicitado perfectamente. Hay 822.000 empleos perdidos por las razones que hemos comentado y que hemos compartido tanto usted y yo como
otros grupos de esta Cámara: la descausalización y la flexibilización del despido, la modificación de las condiciones de trabajo descausalizada, la contratación descausalizada y el abaratamiento del despido. Esto unido a una situación de recesión
económica -no hace falta ser ni catedrático en Hacienda pública ni un experto economista para saberlo- desemboca en la destrucción de empleo, fatal e inevitablemente. Esto no es una cuestión de fe, señor Campuzano -yo no soy agnóstico como usted-,
es una cuestión de análisis económico, en el cual es difícil hacer una refutación científica y no demagógica.
¿Que la política económica o macroeconómica de este Gobierno está actuando fundamentalmente solo sobre la oferta mediante la reducción del gasto del déficit público, con una obsesión que raya en lo fóbico prácticamente? Es otra obviedad que
consiste en el recorte de derechos públicos importantes: en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la dependencia y en el ámbito incluso de la relativización o limitación de derechos que están previstos como fundamentales en
la Constitución Española -léase o véase la Ley de Tasas con relación a la posibilidad de acceso a la tutela judicial efectiva-. ¿Que las reformas laborales están provocando esta segmentación del trabajo brutal con trabajadores desempleados y que
está cronificando la situación de los mayores 55 años, a los cuales además se les castiga complementariamente con el último real decreto-ley del viernes con relación a su acceso a las prestaciones de desempleo, el número treinta y seis de esta
legislatura -legislatura que podría calificarse, como bien ha hecho el señor Llamazares, como la legislatura no de un Estado de derecho sino de un Estado de decreto-? Es verdad, también es cierto. ¿Que la brecha con la Unión Europea en el ámbito
de la presión tributaria del Estado español es de siete puntos y que hay margen de maniobra? Es cierto también.
Con relación a las medidas que usted dice sin perjuicio de que haya que actuar en lo que se denomina -no sé si con corrección técnica porque luego mi compañero y buen amigo Azpiazu me corrige cuando utilizo estas expresiones- economía real o
economía productiva, lo que es obvio, se le llame como se llame, es que 1 euro invertido en I+D+i produce un retorno a la economía en general de 6 euros y 1 euro invertido en formación profesional, si la formación profesional estuviera bien
configurada en el Estado, produciría o produce ya incluso mal configurada, un retorno de 7 euros. Sin embargo, en las restricciones o los recortes de derechos y los recortes de prestaciones por cada euro que se recorta se produce una contracción
del producto interior bruto de 1,5 euros, y esto es rigurosamente cierto. De ahí, a analizar una por una, lo haremos mañana. Algunas son pertinentes como comprometer al Banco Europeo de Inversiones...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que ir acabando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Termino ya, señor presidente.
... o establecer medidas a través del ICO, ya que la banca no va a mover sus pasivos para transferir crédito a las empresas, a los autónomos, a las pymes, porque la banca en este momento no lo va hacer hasta que regenere sus activos tóxicos
y deje de deber 3 billones de euros, que es lo que debe el sistema financiero; por eso es tan débil el sistema financiero español.
Mejorar la inversión en I+D+i y todo lo demás, totalmente de acuerdo. En la estructura de las proposiciones de naturaleza tributaria y con relación a la tarifa de IRPF tenemos muchas dudas conceptuales porque incorporar los rendimientos del
capital, y más cuando estos generan plusvalías, a la tarifa del IRPF, nos parece algo discutible. En materia del plan contra la pobreza usted -que es sensible a estas materias- sabe que esta es una competencia autonómica que debería ser objeto de
un respeto que su grupo normal o habitualmente ha practicado. Desde esa perspectiva, nos abstendríamos en términos generales, pero como se va votar punto a punto, señor Garzón, en unos casos votaremos que sí y en otros casos votaremos que no.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
La moción de La Izquierda Plural tiene propuestas muy numerosas. El tiempo es escaso, así que me limitaré a evaluar brevemente los siete puntos planteados desde el punto de vista de Unión Progreso y Democracia. En el punto 1 se nos habla
de la estrategia europea para salir de la crisis, de lo defectuoso de esa estrategia. Es algo que compartimos y que las noticias de estos días sobre Chipre confirman. Hemos defendido una y otra vez que es necesaria una estrategia conjunta para
salir de la crisis que no se base solo en los países deudores, que los países que tienen margen de maniobra para expandir sus economías lo utilicen, que se sea más generoso con el presupuesto común de la Unión y particularmente con los fondos
estructurales, así como que se avance en la integración europea con una unión bancaria que incluya un fondo de garantía común y un fondo de resolución común, o un Banco Central Europeo que, como ustedes plantean, tenga entre sus objetivos el
crecimiento y no únicamente la inflación. Por lo tanto, compartimos el espíritu del punto 1.
No me voy a extender sobre el punto 2 porque la semana pasada ya tuvimos un largo debate sobre la auditoría de la deuda y el concepto de deuda odiosa. Como entonces les explicamos, compartimos la necesidad de que la sociedad sea consciente
del origen de esa deuda, pero creemos que no es viable seleccionar cuál se paga y cuál no, dado que está en títulos que cambian de manos rápidamente y que no pagarla sin más tendría consecuencias catastróficas: una caída del gasto público de 7
puntos del PIB de golpe, porque no podríamos seguir financiando el déficit público, y las experiencias de países que han impagado su deuda son elocuentes en ese sentido.
En el punto 3 se nos plantea que el ICO y la banca nacionalizada faciliten crédito a las pymes solventes. Es algo que hemos defendido desde nuestro grupo en el pasado y que por tanto compartimos, así como compartimos el punto 4: la
importancia de la investigación y el desarrollo para la competitividad. La verdadera fuente de ganancia de competitividad a largo plazo es la innovación, no las reducciones salariales, como plantea la estrategia de evaluación interna del Gobierno.
Esto está ligado con la necesidad
de reindustrializar España, cuestión sobre la que hablaremos con más detalle en la siguiente moción presentada por Convergència i Unió.
En el punto 5 sin embargo tenemos alguna discrepancia, porque estamos de acuerdo con las críticas a la reforma laboral del Gobierno, pero ustedes plantean simplemente suprimirla para volver a la situación anterior, y en nuestra opinión la
situación anterior distaba de ser idílica, y ahí están los resultados de paro, de paro juvenil y de destrucción de empleo. Nuestra propuesta es derogar la reforma laboral del Gobierno, de acuerdo, pero no para volver a la situación anterior, sino
para ir a un sistema de contrato único indefinido con indemnización creciente, como una y otra vez hemos defendido en la Cámara.
Nos plantean en el punto 6 cuestiones fiscales. De nuevo compartimos la necesidad de la lucha contra el fraude. Por eso en los presupuestos generales de 2013 Unión Progreso y Democracia propuso reforzar los recursos de la Agencia
Tributaria, en vez de recortarlos como ha hecho el Gobierno. Está muy bien cambiar la legislación, pero, si no hay una inspección eficaz, es muy difícil luchar contra ese fraude fiscal que hace que España deje de recaudar cada año 7 u 8 puntos del
PIB: 70.000 u 80.000 millones de euros. Evidentemente es muy difícil reducir ese fraude a cero, pero imaginemos simplemente lo que sucedería con reducirlo a la mitad, a 3 o 4 puntos del PIB, qué diferente sería nuestra situación presupuestaria.
En cuanto a la reforma fiscal, Unión Progreso y Democracia también defiende una reforma fiscal que simplifique el sistema tributario, que amplíe las bases de tributación, de forma que los impuestos no recaigan con tanta fuerza siempre sobre
los mismos, las rentas del trabajo, y se distribuyan de forma muy equitativa. Querríamos recordar a este respecto algo que olvidan otros grupos de la Cámara, que la tributación fundamental de la riqueza, que es el impuesto sobre el patrimonio y el
impuesto sobre sucesiones, hoy está en manos autonómicas, con lo que es muy difícil desligar la reforma fiscal, la reforma tributaria del modelo de administraciones públicas que tenemos en nuestro país.
Por último, proponen un plan de lucha contra la pobreza. Es algo que nuestro grupo considera urgente, porque las prestaciones por desempleo, los subsidios, se están agotando y cada vez son más las familias en esa situación desesperada de
caída en la pobreza al agotar las prestaciones. También nos hablan de la mejora y garantía del Sistema Nacional de Salud, algo que de nuevo compartimos, pero en lo que nos vemos obligados a recordar que ese Sistema Nacional de Salud en realidad son
diecisiete subsistemas y que para garantizar su calidad es necesario que el Estado tenga un papel más activo asegurando una sanidad de calidad en todo el territorio nacional.
Como esto se va a votar por puntos, de mi discurso se deduce que apoyaremos parte de esos puntos mientras que otros nos producen algunas reticencias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Gracias, señor presidente.
El debate de esta moción de Izquierda Unida, al igual que los que mantuvimos la semana pasada, con toda sinceridad les digo a sus señorías que me trasladan al pasado, me suponen un debate intelectual prácticamente anacrónico. Sinceramente,
se demuestra que sus propuestas -ya las hemos debatido en esta Cámara e, insisto, la semana pasada también hemos hablado de ello- son erróneas y que son incluso dañinas para la economía y para los ciudadanos. Son verdaderamente propuestas que en su
gran mayoría ponen en riesgo el bienestar de los ciudadanos y el sostenimiento de los servicios públicos. Lo hemos repetido hasta la saciedad en esta Cámara: las políticas de gasto público -ustedes lo plantean así en esta moción- no han demostrado
ser generadoras de crecimiento económico y de creación de empleo; por el contrario, nos han llevado a más recesión y más paro y esto sí que lo demuestran los datos. No voy a incidir en ellos, están en el 'Diario de Sesiones', pero es evidente que
las políticas de esa naturaleza solo han traído más sufrimiento a la sociedad española.
Lo dije la semana pasada y lo reitero, las cifras de paro, señorías, son dolorosas, desgraciadamente dramáticas, pero, por mucho que se empeñe la izquierda, marcan una tendencia de menor intensidad en el crecimiento del paro y en la menor
recesión económica. Vuelvo a repetir, más gasto público como el que se efectuó en el año 2009, con un crecimiento desaforado en un año de crisis económica; más gasto público que nos llevó a una situación de déficit público excesivo declarado por
la Unión Europea, que nos ha puesto en riesgo hasta este verano de 2012, ¿contribuyó ese mayor gasto público a la mejora del crecimiento y del empleo? ¿Ayudó a la financiación de las pymes? ¿Mejoró nuestra competitividad? Pues no, señorías, la
empeoró y los datos demuestran la situación a la que hemos llegado. Si una parte de todo
ese gasto público -ya lo expliqué aquí-, como fue la del PlanE, la hubiéramos dedicado a lo que hoy ha hablado el ministro sobre la deuda que hemos tenido que asumir, que es el pago a los proveedores, nos habríamos ahorrado muchísimo
sufrimiento de cierre de empresas y de pérdida de puestos de trabajo. Mala gestión, mala utilización del gasto público.
Por ello, señorías, la propuesta de esta moción va otra vez en la línea absolutamente contraria a lo que necesitamos. Claro que es positivo que el BEI apoye la financiación, lo está haciendo en el marco de la estrategia 2020 y está apoyando
a las pymes españolas y cofinanciando la I+D+i española con 624 millones -hablé también de ello la pasada semana-. Claro que hay que impulsar políticas de crecimiento, lo ha pedido el presidente del Gobierno hace tres días en la Unión Europea;
claro que lo ha dicho y lo ha defendido, pero lo podemos hacer y lo podemos defender porque antes hemos hecho unas reformas serias y rigurosas.
Hemos adoptado medidas y hemos conseguido controlar las cuentas públicas y el déficit público, porque, aunque ustedes digan que no, esta es la clave: la credibilidad, la posibilidad de financiación de nuestras cuentas públicas, el respeto a
las instituciones y también el respeto de las instituciones. Por eso, señorías, lo hemos hecho no solamente con la reducción de gasto, no por la vía de los gastos, sino también por el incremento en los ingresos -lo ha explicado perfectamente el
señor Montoro-, pero el resumen es el siguiente: con este Gobierno paga más quien más tiene.
Claro que es necesario luchar contra el fraude. Señorías, aquí se ha aprobado una ley en el año 2012 -por cierto, con los votos en contra de Izquierda Unida- para realizar un plan de lucha contra el fraude que ha supuesto en este momento
8.800 millones de euros en actuaciones de control, un 16,9% más que en el año 2011 y un 32% más sobre lo previsto. Igualmente -ustedes no hablan de ello-, hemos puesto en marcha un plan de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y al empleo
irregular que ha supuesto y ha generado 2.140 millones de ingresos. Asimismo, hace una semana, se ha aprobado el Plan tributario para 2013, que prevé un incremento del 11% más en los objetivos. Por tanto, en cuanto a lucha contra el fraude, más
que este Gobierno no ha hecho nadie. Por cierto, respecto del fraude, no vendría mal que quien predica y quiere dar lecciones dé también trigo y cumpla con sus obligaciones con la Hacienda pública, que no mantenga deudas con la Hacienda, que
perjudican injusta y gravemente al conjunto de la sociedad, al conjunto de los ciudadanos que sí liquidan bien sus impuestos de IRPF. Sería bueno que tomaran nota aquellos que pretenden dar ejemplo de lucha contra el fraude y de otras cuestiones.
En cuanto a lo que piden en su moción -en alguno de cuyos puntos no puedo entrar por la escasez de tiempo pero que son inviables- de que se suprima la reforma laboral, esto es como Bolero de Ravel. No voy a insistir más, pero es una reforma
laboral que desde luego está sentando las bases para que la creación de empleo sea estable y de calidad, como lo demuestran los 350.000 empleos indefinidos que se han firmado y todo los datos que ya les he dado en otras comparecencias. Por lo
tanto, señorías, su moción para esta salida de la crisis y para la generación de empleo tiene evidentemente un fin compartido por la Cámara -¡cómo no lo vamos a tener, claro que queremos salir de la crisis y claro que queremos generar empleo!-, pero
desde luego los instrumentos son absolutamente diferentes, las propuestas que ustedes plantean en algunos casos son inviables y en otros casos han sido ya abordadas por el Gobierno, como es el Plan de fiscalidad verde y algunas otras cuestiones a
las que no he tenido tiempo de referirme.
Señor presidente, señorías, agotando mi tiempo, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta moción desde la profunda convicción de que la salida social de la crisis y la creación de empleo son el objetivo prioritario de este
Gobierno. Desde el primer momento de su gestión ese fue el objetivo, y de ahí también -por cierto, que no lo he podido decir- los 45.000 millones, que parece que ustedes no han oído, que anunció el presidente de movilización de recursos
financieros, también utilizando al ICO, para financiar a las pequeñas y medianas empresas en apoyo de esas políticas de crecimiento que el Gobierno está planteando y que estuvimos también debatiendo la semana pasada. Por lo tanto, señorías,
insisto, este Gobierno está inmerso en el objetivo del crecimiento y de la creación de empleo a través de unas políticas reformistas, políticas que están en la senda correcta, como están marcando todos los indicadores, que nos están anticipando que
vamos por el camino correcto.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.
Aunque parece que de las intervenciones se deduce cuál es la actitud, señor Garzón, le pregunto oficialmente qué ocurre con las enmiendas.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Señor presidente, agradecemos a los grupos las enmiendas. No las vamos a aceptar. Pedimos la votación por puntos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Así se hará, señor Garzón.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA ESTRATEGIA DE POLÍTICA INDUSTRIAL QUE TIENE PREVISTO LLEVAR A CABO EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000068).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió sobre la estrategia de política industrial que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno. Para su defensa, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, la pasada semana presentamos y debatimos nuestra interpelación sobre política industrial, fundamentalmente con el objetivo de evidenciar la necesidad de contar con una estrategia industrial
global que permita no solo coordinar, sino sobre todo rentabilizar en mayor medida todas y cada una de las actuaciones más sectoriales que se están impulsando, actuaciones por ejemplo en sectores de alto crecimiento y ocupación tanto directa como
indirecta y con efecto tractor que hemos defendido y apoyado, como han sido las orientadas al sector automoción, o en sectores que pueden considerarse más nicho de mercado, pero con un retorno industrial indiscutible y un valor tecnológico muy
elevado como es el espacial. No son los únicos, son solo dos ejemplos de nuestra vitalidad industrial y de la convicción de que no podemos perder más tejido industrial -al contrario- y de que hemos de ayudar a un cambio industrial hacia la
competitividad que contribuya en mayor medida a nuestro crecimiento, a nuestra recuperación y responda al cambio de modelo productivo.
Hoy nos encontramos en un momento crítico para el tejido industrial con la pérdida de tejido productivo, con la pérdida de ocupación y con la falta de recursos por parte de las empresas, que condiciona no solo su crecimiento sino su
viabilidad, así como con una falta de política industrial. Es necesaria por tanto una política industrial bien definida en sus objetivos y bien focalizada en sus actuaciones que responda a una estrategia global y que contribuya a frenar la pérdida
de tejido productivo y a recuperar industria, ganar en competitividad y atraer nuevas inversiones, y todo ello no solo porque creemos que hemos de acercarnos a Europa y seguir los objetivos europeos, sino porque nuestro cambio de modelo productivo y
nuestra recuperación económica así lo exige.
A todo ello responde nuestra moción, una moción que resalta la necesidad de contar con una estrategia industrial y con una hoja de ruta que hoy no existe, identificando después una serie de objetivos y actuaciones que entendemos deben formar
parte de la misma. Entre ellas quisiera destacar la primera de manera más genérica pero determinante: la necesidad de apostar por una industria más competitiva y más internacionalizada para la que es determinante la capacidad de incorporar
innovación en sus procesos y en sus productos. Si es así, las políticas deberán estimular e impulsar procesos de innovación y de internacionalización de nuestras empresas, especialmente de las pymes.
En segundo lugar, se trata de generar entornos que favorezcan estos procesos de competitividad y especialmente entornos de apoyo para las pequeñas y medianas empresas. Entornos quiere decir para nosotros acercar la producción manufacturera
a los centros de innovación y a los centros de formación, que permitan conjuntamente generar producción competitiva, valor añadido y sobre todo con formación específica y cualificada.
En tercer lugar, la crítica situación nos obliga a actuar frente a la pérdida de tejido industrial y es necesario por ello impulsar políticas de relocalización y prestar especial atención a territorios que sufren los efectos continuos de
pérdida del tejido productivo. En Cataluña hoy estamos viviendo el ejemplo de Flix.
En cuarto lugar, nuestra moción presta especial atención a las pymes, parte importantísima de nuestro tejido industrial y parte débil del mismo; una atención especial de apoyo y una atención especial a su financiación como instrumento de
viabilidad y crecimiento.
En quinto lugar, la moción pretende priorizar los recursos hacia la política industrial, y en materia presupuestaria manifestamos la necesidad de un aumento gradual de los recursos destinados a los planes de reindustrialización y
competitividad. Es necesario también -y así lo marcamos en nuestra moción- establecer nuevos criterios de acceso a dichos planes y que tengan en cuenta otros factores como son la evolución del desempleo industrial en el territorio o factores de
competitividad que hayan ido degradándose
en las zonas afectadas y, sobre todo, la priorización de recursos hacia las políticas de competitividad industrial, que son claramente las de innovación e internacionalización.
A esta moción, que he intentado resumir, los grupos Socialista y Popular han presentado sendas enmiendas que agradecemos muy sinceramente. Con el Grupo Popular hemos consensuado una transacción en un ejercicio de búsqueda de puntos en común
con un resultado seguramente más generalista de lo que hubiésemos querido, pero la enmienda transaccional, aun evitando compromisos más explícitos a los que no renunciamos, recoge los aspectos relevantes de nuestra moción, a partir sobre todo del
impulso de una estrategia de política industrial que contemple una hoja de ruta.
Respecto a la enmienda del Grupo Socialista, que en algunos aspectos también ha sido incorporada a la transacción -y se la agradecemos-, compartimos también otra gran parte de su contenido, pero entendemos que en su concreción estas medidas
que propone el Grupo Socialista en su enmienda deberán formar parte de la estrategia industrial y de la hoja de ruta.
La transacción identifica siete objetivos y actuaciones que entendemos necesarios y que resumiré en cinco puntos: incentivar los procesos de relocalización contribuyendo a la dinamización industrial de los territorios afectados por la
pérdida de tejido productivo, tal como he dicho anteriormente; acercar los procesos de producción manufactureros a la innovación y a la formación; focalizar actuaciones e incentivar la inversión industrial, especialmente hacia sectores de mayor
potencial de crecimiento; poner especial atención en términos de productividad y competitividad en las nuevas tecnologías y en el sector TIC y, por último, la transacción permite también un compromiso en términos de recursos públicos y de
financiación de las pymes a través de instrumentos financieros no bancarios.
Haré dos últimas consideraciones, señor presidente, señorías. Si señalamos que la innovación y la internacionalización son ejes determinantes de crecimiento y de competitividad industrial, hemos de hacer un llamamiento a una necesaria e
imprescindible colaboración entre los distintos ministerios implicados. En segundo lugar y en términos de estrategia y definición de las políticas industriales, es imprescindible contar con la colaboración de las comunidades autónomas, y no solo
por motivos de respeto competencial sino por el valor de su proximidad y del conocimiento territorial.
Presidente, señorías, no renunciamos a compromisos más explícitos, cualitativos y cuantitativos. En relación con los primeros, es muy importante ante todo que se presente una estrategia industrial y se debata su contenido y sus objetivos y,
a partir de ahí, podamos coordinar y concretar más. Desde el punto de vista cuantitativo, la moción transaccionada no cuantifica en manera tan concreta como hubiésemos deseado, pero sí manifiesta un compromiso de mejora de las dotaciones
presupuestarias por parte del Gobierno. Somos conscientes de la escasez de recursos y de la situación financiera, pero también somos muy conscientes, y así lo hemos venido defendiendo, de que la crisis impone una priorización de los recursos
disponibles y que estos, hoy más que nunca, han de mirar a la industria, porque somos conscientes de la necesidad de emprender y de impulsar más políticas activas de crecimiento que nos permitan reactivar nuestra economía, recuperar crecimiento y
acercarnos a una estructura de crecimiento más europea, más sólida, más competitiva y más diversificada.
Termino, señor presidente, agradeciendo las enmiendas propuestas, agradeciendo también la transacción. El objetivo de presentar la moción y de debatirla en este Pleno para lograr una estrategia industrial y para que el Gobierno presente una
hoja de ruta creo que es un objetivo compartido por el resto de grupos parlamentarios, con cuyo voto favorable espero poder contar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
En efecto, como ha dicho la señora Riera, se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, para la defensa de la suya, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz Llamas.
El señor RUIZ LLAMAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, en los últimos catorce meses el Gobierno del Partido Popular, con su austeridad extrema e indiscriminada, ha reducido drásticamente el presupuesto de apoyo a los sectores productivos muy por encima de la reducción de otras partidas
de gasto, lo que está produciendo el cierre de empresas, destrucción de miles de puestos de trabajo y un empobrecimiento generalizado.
Señorías, nuestra economía no crece; al contrario, estamos en una recesión, el 1,4 el año pasado. Durante 2012 los trabajadores han visto disminuidos sus salarios, y los costes laborales de las empresas bajaron el 3,2, la mayor caída en
los últimos doce años. Por tanto, las familias disponen de menos renta y no se estimula la demanda interna. El paro ha crecido durante el año 2012 en 800.000 personas, de las
cuales 143.000 provienen del sector industrial; 34.000 empresas han cerrado. Este incremento del paro es como consecuencia en muchos casos de la reforma laboral, que durante el año 2012 ha aumentado en un 66% los ERE y por tanto ha sido la
causante de buena parte de la destrucción del empleo.
Es evidente que la política industrial de este Gobierno no existe, ya que además de las carencias de apoyo directo a los diferentes sectores industriales, tampoco cuenta con una estrategia a medio y largo plazo. El Plan integral de política
industrial 2020 que elaboró el Gobierno socialista, así como otros de tipo sectorial, han sido abandonados por el Gobierno sin presentar ninguna alternativa concreta. Decía el secretario general de Industria, señor Valero, refiriéndose a este plan,
que era un buen plan, un plan interesante, que recoge sugerencias de muchos ministerios, era trasversal, pero que era excesivamente caro, sin comprender que la inversión de futuro nunca se puede entender como un gasto sino como una inversión de
futuro. El que fue ministro en su día del PP, Josep Piqué, decía en unas declaraciones que necesitamos un cambio de mentalidad para entender que la I+D no es un gasto sino una inversión y que las empresas que innovan exportan; al contrario, las
políticas de bajo vuelo y de falta de ambición son una rémora para la competitividad de la economía de nuestro país.
Necesitamos precisamente eso, señorías, ambición y valentía para generar actividades industriales de alto valor añadido, con mayor contenido tecnológico. Tengamos en cuenta que la industria genera el 45% de la inversión en I+D. Este
Gobierno, señorías, toma decisiones inconexas, improvisadas, sin rumbo o, mejor dicho, con rumbo equivocado y destinadas solo a la reducción del déficit, sin darse cuenta que el problema no es de gasto sino de ingresos, porque, al caer los ingresos
por menos actividad económica, generan recesión, generan más paro y menos ingresos, y con más austeridad volvemos al principio: más recortes, menos ingresos, menos actividad económica, la pescadilla que se muerde la cola, señorías.
La estrategia de mejorar la competitividad en nuestra economía por medio de una bajada de los salarios de los trabajadores y de la pérdida de derechos laborales es retrógrada, injusta e ineficaz para salir de la crisis. Unos cuantos datos
demuestran que la competitividad de nuestra industria tiene otros componentes. La empresa española es la que peor se financia de la zona euro, 4 puntos por encima de la media. Además, señorías, ¿cuándo volverá el crédito con normalidad y a un
precio razonable para estas empresas? Es lo que esperan más de 3 millones de empresarios de este país. Otro dato fundamental: los costes energéticos de este país son casi un 15% superiores a la media europea y ustedes lo han agravado con nuevos
impuestos a los sectores energéticos. Por tanto, se trata de todo lo contrario, queremos ser competitivos a base de esfuerzo continuado en innovación, en I+D y mejorando nuestro capital humano, produciendo mejores productos y contribuyendo con ello
a generar valor.
Señores del Grupo Popular, deberían ustedes tener en cuenta que contamos con una población menos envejecida que la media europea y con una generación de jóvenes, la mejor de nuestra historia, bien preparados, bien formados, que en estos
momentos están emigrando porque no encuentran en España su oportunidad. ¿Cómo pretenden ustedes que seamos competitivos si han reducido en los dos últimos presupuestos un 40% los fondos destinados a estas políticas?
A la falta de esa estrategia global, señorías, hay que sumar también -y lo digo así- un talante autoritario en su forma de gobernar, en la toma de decisiones, sin consensuarlas con los agentes sociales, ni con los económicos, ni con las
fuerzas políticas y sin diálogo con las comunidades autónomas. La situación actual, señorías, es muy grave y la inacción del Gobierno está agravando día a día este problema. El mismo señor Valero en una comparecencia de presupuestos reconocía que
la situación industrial, lejos de mejorar, se agrava. Por tanto, señorías, vayamos a cosas concretas.
La actividad industrial en el año 2012 ha caído un 6%, la actividad industrial en bienes de equipos ha caído un 10% y además estamos en el 68% de la capacidad productiva de este país, el dato más bajo desde que se empezó a compilar en el año
1965. Nuestro sector industrial adolece de varios problemas. Tenemos que cambiar el reducido peso de la industria, tenemos que subir la baja intensidad tecnológica y tenemos otro problema, el ministerio debería ser más sensible a los distintos
casos -yo he vivido dos, por ejemplo el de Derbi y ABB-, pero ni siquiera ha aceptado reunirse con los sectores afectados para ver si hay una solución de continuidad de esas empresas. Es así de duro, señorías.
Por todas estas razones, en el Grupo Socialista entendemos que las políticas industriales tienen que articularse en una política de estrategia global, mejora de la competitividad, fomento de la innovación, favorecer la orientación de las
empresas a los mercados internacionales, reforzar el peso de la industria tradicional en sectores como la industria de la automoción -donde ya se hace-, de la aeroespacial, de
la biotecnología, de las TIC, de la orientada a la protección medioambiental, a las energías renovables y a la agroalimentación.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor RUIZ LLAMAS: Acabo, señor presidente.
Señora Riera, nosotros estamos de acuerdo con lo que ustedes proponían en su moción, que era contar con un plan estratégico global industrial, pero no nos podemos sumar a ese acuerdo que ustedes han hecho con el Grupo Popular porque
entendemos que no recoge ninguno de los datos ni de nuestra enmienda de adición ni en definitiva del contenido de su interpelación y de lo que ustedes pretendían en su moción, que era impulsar el compromiso, presupuestario y también en el tiempo,
del Gobierno. Se lo he dicho antes, señora Riera, no sabemos si esto obedece a la estrategia de que el Gobierno de la Generalitat en estos momentos está pidiendo una interlocución con el Gobierno del PP y por lo tanto ustedes han pasado del no
hablar al acuerdo. No lo sabemos. (El señor Guillaumes i Ràfols hace gestos negativos). No, no, se lo digo sinceramente. Lo que quiero decirle es que con la enmienda transaccional pactada no llegamos a ningún sitio, no hay ningún compromiso
presupuestario ni de presentación de una estrategia global industrial para el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz Llamas.
Para presentar su enmienda tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular don Ovidio Sánchez.
El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, salgo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en la moción que presenta la señora Riera, de Convergència i Unió. Agradezco a la señora Riera el debate de la interpelación con el señor ministro, que creo que fue muy
buen debate, fijando las bases entre el señor ministro y su señoría de lo que está necesitando España, dando valor a la industria y a la gran repercusión que tiene en el empleo y en la riqueza del país. Le agradezco también la buena disposición
para llegar a una transaccional con el Grupo Parlamentario Popular, con el que coincidíamos en las posiciones en un tanto por ciento muy alto. Este es el camino, trabajar en el entendimiento fijando los objetivos y ver cómo podemos ayudarnos desde
la oposición, desde el Gobierno y desde el grupo parlamentario para solucionar la gran preocupación del Gobierno de España que es el empleo, y un elemento fundamental para conseguirlo es el desarrollo industrial. Por tanto, comparto con ustedes su
intervención y sus ambiciones y estaremos dispuestos a tratar en esta línea.
Me entristece la posición del Partido Socialista. Me entristece porque dice que no coincide en nada con lo que dijo, y fue citando todos y cada uno de los apartados que componen la transaccional, todos: las zonas industriales deprimidas,
el I+D+i y la innovación; todo lo que estamos pidiendo en la transaccional. Otra cosa es que a usted le moleste coincidir con el Partido Popular, que yo también lo entiendo. Usted está en su trabajo de oposición y hace unas reivindicaciones que
le parecen justas, pero también me permitirá que discrepe de ellas. Usted no puede salir aquí y decir: ustedes con este desastre de industria han creado 143.000 parados. Es verdad, pero es que ustedes han creado 600.000. Usted me viene aquí a
contar una historia como si la vida política de este país hubiera empezado a finales del año 2011, pero es que quienes tenían responsabilidades de gobierno cuando todas estas políticas no se hacían eran ustedes. Ustedes olvidan eso y pegan un salto
adelante y dicen: ustedes son los culpables. No es verdad. Además, usted sabe que el Gobierno está haciendo lo correcto y que para que haya industria y para que haya empleo hay que tomar medidas estructurales que el ministro ha explicado
perfectamente. En primer lugar, habría que acabar con el déficit, ajustar el déficit del Estado. Sé que a ustedes no les gusta eso, pero es evidente que es prioritario. Si usted quiere tener crédito habría que hacer una reforma de nuestro sistema
financiero. ¿Por qué? Usted está pidiendo que se les dé crédito a las pymes. Todos estamos de acuerdo, pero lo que tiene que haber es un sistema financiero que pueda dar ese crédito, que tenga esa liquidez para dar ese crédito, y eso es lo que
está haciendo el Gobierno, reformando el sistema financiero. Después habría que hacer una reforma absolutamente laboral. ¿Usted cree que las empresas que vienen a instalarse y que usted veía con muy buenos ojos, como las fábricas de coches, vienen
aquí precisamente por ser España? Vienen porque hay unas condiciones que les interesan y que a nosotros también nos interesan porque crean empleo, y en vez de ir a otras partes de Europa, donde están cerrando, vienen a
España, pero es gracias a las medidas que se están tomando, que son medidas estructurales, que son costosas y que son difíciles, pero que hay que tomar. Ustedes no se atrevieron a tomarlas, no se atrevieron.
Ustedes dicen que no hablamos con nadie y que no hablamos con los sindicatos. Oiga, la semana pasada hubo un acto precioso en Moncloa donde los sindicatos estaban departiendo encantados con el presidente del Gobierno y con la ministra de
Empleo y era un plan para cien medidas de empleo. No vi a ninguno de los líderes sindicales escondiéndose, todo lo contrario, estaban encantados de estar en la foto. Por tanto, sí hay caminos de diálogo y sí hay propuestas que a los sindicatos les
interesa. Si este Gobierno tiene capacidad es precisamente para hablar, dialogar y entenderse con la sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.
En turno ahora ya de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.
Hoy intervenimos los nacionalistas canarios para manifestar, en primer lugar, que vamos a apoyar esta muy oportuna moción de Convergència i Unió defendida por la señora Riera con relación a la necesidad de establecer una estrategia de
política industrial en el Estado español. Plantea dos cuestiones previas con las que no podemos menos que coincidir. Una de ellas es la necesidad de reactivar la actividad industrial en coordinación con las comunidades autónomas, y la segunda es
la necesidad de que España asuma el objetivo establecido por la Unión Europea de que las actividades industriales alcancen el 20% del PIB en el conjunto del Estado. Por lo tanto, los nacionalistas canarios consideramos que esta moción es oportuna y
sensata, y además creemos que actúa favorablemente en el objetivo de superar la visión corta, el error persistente de establecer los recortes como única política de crecimiento en momentos de crisis como los que vivimos. Desde luego, no existe en
la actualidad una política de industrialización que podamos identificar como tal, no solo definida sino, incluso, presupuestada. De forma que entendemos y compartimos el criterio de que es precisa una estrategia anticíclica en un ciclo recesivo.
En un ciclo económico recesivo como el que vivimos la única política anticíclica es aquella que estimula la actividad económica y no es precisamente eso lo que está ocurriendo, como demuestran las evidencias un día tras otro.
Mencionan ustedes en su propuesta un conjunto de cuestiones con las que no podemos menos que estar de acuerdo: la necesidad de atraer nuevo tejido industrial, la identificación de sectores con mayor valor añadido, hacer hincapié en la
necesidad de la potenciación de industrias tecnológicas, un apoyo específico a las pymes y a los autónomos -hay que destacar que el empleo en el Estado español y en el conjunto de la Unión Europea depende en más de un 70% precisamente de este sector
y, por ello, es estratégico para generar economía y empleo-, la necesidad de impulsar la cooperación público-privada para la reactivación industrial y la cooperación fundamental con las comunidades autónomas. Compartimos estos objetivos claramente
y además hay dos que nos parecen especialmente relevantes. La necesidad de un apoyo presupuestario a los planes de reindustrialización. Todo esto está muy bien pero o existen compromisos financieros o difícilmente vamos a avanzar más allá de la
melancolía, que es lo que viene ocurriendo creo que con demasiada frecuencia en los últimos tiempos. Y plantean ustedes la necesidad de tener en cuenta la degradación de la competitividad con el tiempo. Este es un asunto que los canarios
entendemos especialmente bien, como puede imaginar, y por lo tanto nos sentimos plenamente identificados con esta cuestión. Y el otro elemento es la internacionalización. Plantean que existen algunos fondos para la internacionalización
empresarial, para la promoción comercial, que deben ser estimulados, y nosotros planteamos también que existen instrumentos de gran vecindad por nuestra condición de región ultraperiférica absolutamente vitales para internacionalizar nuestro tejido
productivo en el ámbito próximo, por ejemplo, del África occidental. Disculpen que aproveche para hablar de mi libro. Cada vez que ustedes hablan de lo que naturalmente les preocupa nosotros tenemos que aprovechar para hablar de nuestro libro y
seguro que ustedes nos lo disculpan.
Quiero decirles que en Canarias el peso de la actividad industrial sobre el PIB es del 3,9% y sobre el conjunto del negocio industrial en el Estado español es del 1,5%, cuando nuestra población representa el 4,5%. Es decir, estamos hablando
de un subdesarrollo absolutamente catastrófico en esta área. Hablamos de un territorio limitado que no puede seguir creciendo a expensas de un binomio que es el del turismo y construcción. Nosotros, en un territorio limitado, no podemos plantear
hacer fábricas de producción de automóviles, pero sí tenemos que insistir en la necesidad de las nuevas tecnologías, de las
actividades intensas en conocimiento, que son precisamente de lo que depende nuestro futuro. Por lo tanto, vamos a apoyar esto. No tenemos tiempo de hablar en mayor medida porque se me acaban los magníficos cinco minutos que me ha dado hoy
el señor presidente, pero sí tenemos que decir que cualquier programa especial de reindustrialización desde la óptica canaria no puede partir de otra base que de la que se consideren las especiales dificultades de un territorio alejado que no podría
competir en un programa de industrialización si no se modulan algunos aspectos para garantizar la competitividad. Algunas de las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos, desde suspender las ayudas al transporte o liquidar el crecimiento
de las energías renovables a los que hemos estado asistiendo, caminan justamente en el sentido contrario. Confiamos en que esta moción sirva para modificar una tendencia que a todas luces, hasta ahora, ha demostrado ser sencillamente inútil.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas y señores diputados, hoy, una vez más, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió nos trae una iniciativa que lleva su sello. La preocupación por la actividad productiva y por el apoyo a los sectores productivos y, en
concreto, a la industria, forma parte de lo más profundo del ADN de ese grupo parlamentario. Así lo entiendo, así lo valoro y así lo manifiesto. Vaya, por ello, por delante nuestro total apoyo a la misma. (La señora vicepresidenta, Villalobos
Talero, ocupa la Presidencia).
Creemos, al igual que Convergència i Unió, que tan solo con una industria potente que cobre el pulso y tire hacia delante podremos salir de la crisis. Por ello, todo el apoyo al sistema productivo industrial en el campo de la financiación,
de la internacionalización, de la innovación, de las infraestructuras, en el apoyo a la inversión, a la creación de empleo, etcétera, es necesario y será bienvenido y difícilmente se podrá considerar que sea un despilfarro. Ahora bien, dicho lo
anterior, lo que es más cuestionable es si desde Madrid, desde la Administración Central del Estado, es posible realizarlo con garantías de eficiencia y efectividad. En opinión del Grupo Vasco, y así lo hemos venido defendiendo de manera reiterada
a lo largo de los últimos tiempos, no es posible implementar de manera centralizada una política industrial eficaz. En primer lugar, porque la competencia básica de la política industrial está en manos de las comunidades autónomas y, además, no
puede ser de otra manera. Conozco más el caso de Euskadi y a través del mismo quisiera realizar una breve reflexión.
La cultura industrial, la tradición industrial, la especialización, la formación de la mano de obra, las infraestructuras, la política fiscal tanto tributaria como de gasto, y la propia política de apoyo a la industria forman parte de
nuestra economía, de nuestras instituciones y yo diría que de nuestras propias vidas. Así, una política industrial es posible desde las competencias, desde los clusters, desde la cercanía a las empresas y al territorio. No es solo un tema de
voluntad, es también un tema de sensibilidades y de condiciones objetivas. En Euskadi no nos vale fijar el objetivo de que el PIB industrial suponga el 20% en el año 2020, tal y como dice la iniciativa. Eso supondría para nosotros un paso atrás y
no queremos dar un paso atrás. La industria supone ya en Euskadi alrededor del 25% y debe, en opinión del Grupo Vasco, seguir subiendo.
De igual manera que es imposible forzar que en Euskadi impulsemos un turismo de sol y playa porque el sol no nos acompaña muchas veces, es igualmente ineficaz pretender que se desarrollen industrias tecnológicas punteras donde no hay ni
formación ni tradición. Evidentemente, las cosas pueden cambiar a largo plazo, pero necesitamos salir de la crisis lo antes posible, y para eso hay que apoyar a las empresas y sectores donde haya condiciones de éxito. Desde la Administración del
Estado se pueden impulsar actuaciones de carácter horizontal que pueden permitir a muchas industrias que despeguen -estoy pensando en políticas de I+D+i, en internacionalización, en políticas tributarias cuyo impacto es para el conjunto de las
empresas y de las pymes, líneas de crédito, etcétera-, sin embargo, no tienen competencias ni recursos suficientes para impulsar una política industrial en sentido amplio y, además, como he tratado de explicar, en el caso de hacerlo sería ineficaz.
Coordinar y colaborar con las comunidades autónomas en materia industrial es imprescindible. La actividad industrial marca, en nuestra opinión, el ciclo de la actividad económica. El Ministerio de Industria podría también implementar una política
energética que mejore la competitividad de las empresas e industrias, sobre todo de aquellas intensivas en consumo energético, como es el caso de la siderurgia y el papel, etcétera, al menos en el caso de Euskadi. Pero, desgraciadamente, no lo
hace. Podría igualmente ayudarle a través de la regulación en
materia industrial, facilitar la implementación de políticas industriales de las comunidades autónomas, etcétera. Es necesario buscar las sinergias, respetar las competencias, que sean eficaces y eficientes en la instrumentalización de una
necesaria política industrial evitando los despilfarros.
En el Grupo Vasco somos conscientes de ello y votaremos afirmativamente la moción presentada por el Grupo de Convergència i Unió, a pesar de las matizaciones que he querido realizar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Se agradece la oportunidad que presenta la moción que ha defendido la señora Riera para levantar por unos momentos la mirada de los titulares de cada semana, de cada día, y centrarla en un tema muy de fondo que afecta a la economía española,
que es la desindutrialización. Los datos no ofrecen ninguna duda de que ese fenómeno existe, que hay una desindustrialización afectando a nuestro país. Si vemos datos, por ejemplo, de producción, la producción industrial a mediados de los ochenta
suponía el 23% de la producción total española, en términos nominales, y en el año 2010 el 12,6%; había perdido la mitad de peso en nuestra estructura productiva. Los datos de empleo nos dicen exactamente lo mismo. En el año 1985 el 19,8% del
empleo era industrial; en el año 2010, el 12,5%. Por lo tanto, desindustrialización en términos de producción y en términos de empleo.
El problema no es solo cuantitativo, es también cualitativo. Debería preocuparnos no solo el tamaño de la industria sino el tipo de industria que tenemos. Hay una clasificación muy habitual que distingue entre industria avanzada, con mucho
contenido tecnológico, industria intermedia e industria más tradicional. Si descomponemos nuestra industria, según nuestro criterio, en el año 2009 solo el 5,8% de nuestra producción industrial era de tipo avanzado con mucho contenido tecnológico,
un 32% era intermedio y el 61%, casi dos terceras partes, era industria tradicional. Es decir, no solo hay un problema de una industria que pierde peso, sino que es una industria poco avanzada, lo que hace que sufra más la competencia de la Europa
del Este o de los países emergentes. Así se entienden llamadas como las del Colegio de Ingenieros, en agosto de 2012, alertando sobre la desindustrialización española. Si el problema existe y es importante, la siguiente cuestión sería cuáles son
sus causas. Desde luego, hay causas internacionales, hay causas que afectan a todos los países de la Unión Europea, pero no podemos olvidar que hay causas que tienen que ver con las políticas que se han aplicado en España sobre todo desde mediados
de los años noventa por los sucesivos Gobiernos del Partido Popular, el Partido Socialista y ahora otra vez del Partido Popular. Son políticas que tuvieron que ver con la burbuja especulativa en la construcción que hubo en nuestro país, porque ese
sector tradicional con empleo precario, con poco contenido tecnológico, absorbió el crédito en nuestro país, absorbió los recursos humanos, absorbió las inversiones en capital, con un importante coste de oportunidad, evidentemente. Los recursos que
se canalizaban a esas ganancias fáciles a corto plazo se dejaban de canalizar a otros sectores como la industria. Ni siquiera se aprovechó que las arcas públicas estaban llenas para, por lo menos, mejorar la educación o la innovación y desarrollo o
crear, por ejemplo, un sistema de transporte en ferrocarril de mercancías. Hubo dinero para los AVE de pasajeros, pero España tiene uno de los peores sistemas de transporte de mercancías por ferrocarril de toda Europa, lo que demuestra la falta de
visión y la falta de preocupación por el sector industrial, que tuvo que ver con decisiones políticas concretas.
Si estas son las causas, ¿cuáles serían las soluciones? Es imposible en medio de una moción, en minuto y medio, plantearse siquiera eso, pero algunas de las grandes líneas también se han planteado en intervenciones anteriores. Hace falta
un coste de la energía competitivo; hace falta la posibilidad de contratar con fórmulas estables en el mercado de trabajo; hacen falta crédito y unos costes financieros similares a los de nuestros competidores; hace falta no seguir recortando en
partidas de gasto claves, como la educación, la investigación y el desarrollo o, incluso, la promoción de las exportaciones. Como vemos, buena parte de lo que hay que hacer es lo contrario de lo que se está haciendo.
Valoramos, por lo tanto, positivamente la presentación de esta moción y las grandes líneas de su contenido, por lo que nuestro voto va a ser favorable. Pero no puedo terminar mi intervención sin señalar algunas contradicciones entre el
discurso general de CiU y algunas de sus propuestas de política económica concreta. Por ejemplo, discrepamos de la visión que comparte el PNV que afirma que la política industrial tiene que estar en manos autonómicas porque las comunidades están
más cerca del problema. Reduciendo esto al absurdo, deberían ser los ayuntamientos o las juntas vecinales las que
tuviesen en sus manos la política industrial. Todo lo contrario; estamos en un mercado no ya europeo, sino mundial. No vemos bien cómo casa esta preocupación de CiU por la industria con sus propuestas secesionistas que crean una gran
incertidumbre para la industria catalana y para el resto de la industria española. De hecho, según diversas informaciones periodísticas, ya ha habido empresas que han tomado decisiones de deslocalización como consecuencia de esas políticas.
Creemos que son políticas que casan muy mal con el interés que históricamente CiU ha demostrado por el sector industrial.
Dicho lo cual, en la moción concreta que plantean nuestro voto será positivo.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Señora presidenta, señorías, compartimos la preocupación del grupo proponente. Ya tuve la oportunidad de exponerlo en la última sesión de la Comisión de Industria, cuando defendí la necesidad de un nuevo modelo
productivo basado en la política industrial activa, en la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. Cuando se inició la crisis lo hizo en el sector de la construcción, pero pronto llegó al sector financiero y también al sector
industrial. Desde 2008 hasta hoy han cerrado 40.000 empresas industriales y se han visto en la calle un millón más de trabajadores industriales; hay un millón de desempleados más en el sector industrial. En el Grupo de La Izquierda Plural nos
preocupa especialmente la crisis industrial por lo que supone en cuanto a nuestra estructura económica y sus consecuencias. Si en los años setenta la industria representaba un 30% del PIB en el Estado español, ahora andamos por el 13,5%, menos de
la mitad. Y no nos consuela pensar que sea fruto de la modernidad que impulsa el desarrollo del sector terciario. En realidad, vemos cómo se destruye empleo industrial con derechos consolidados durante décadas y se sustituye por empleo en el
sector terciario, en el sector servicios, con menos derechos y con más precariedad. En este sentido, habría que decir que tiene razón tanto el portavoz del Grupo Socialista cuando acusaba al Gobierno del PP como el portavoz del Grupo Popular cuando
acusaba al Gobierno socialista anterior. Ni los gobiernos anteriores hicieron los deberes ni los está haciendo el actual. Hace falta más industria, más peso industrial en el conjunto de nuestra economía. Por eso, reclamamos una política
industrial activa.
Hace unas semanas pedíamos desde La Izquierda Plural un plan para el cambio de modelo productivo que fue rechazado lamentablemente por el Grupo y solo por el Grupo Popular -quiero destacarlo-, y hoy debatimos una iniciativa del Grupo de
Convergència i Unió que comparte buena parte de los objetivos de nuestra proposición no de ley. Por eso, de entrada, veíamos bien la iniciativa que debatimos hoy.
La señora Riera nos propone una estrategia de política industrial actualmente inexistente con el objetivo de alcanzar un 20% de peso industrial en el año 2020. Se han citado una lista de medidas de atracción de empresas, de
reindustrialización, de innovación, de I+D, de financiación y también de internacionalización. Son una serie de medidas con las que podemos estar de acuerdo en lo sustancial. Sin embargo, permítame que le diga, señora Riera, que estaría bien que
lo que se propone desde Cataluña para el conjunto del Estado también se pusiera en práctica donde ustedes gobiernan. Lamentablemente Convergència i Unió en Cataluña y el Partido Popular en Madrid han estado compitiendo por albergar Eurovegas; y
Eurovegas se parece muy poco a la estrategia industrial que usted defiende hoy. Todos sabemos lo que atrae el sector del juego y lo que acompaña a los casinos, y no son precisamente fábricas industriales ni centros de I+D. Sin duda, Eurovegas
inspirará mucho a los autores de novela negra y de cine negro, eso sí, y dará lugar a una serie de televisión de éxito: CSI Alcorcón, pero no ayudará al desarrollo industrial de la economía española. No es ese el camino que debemos tomar si
queremos relanzar nuestra economía, a juicio al menos de este grupo parlamentario. Debemos abandonar la economía especulativa y optar por la economía productiva, por la economía real, por la industria, por la I+D, por la innovación tecnológica, por
la sociedad del conocimiento, por los servicios avanzados a las empresas; en suma, por un nuevo modelo productivo más sano que el que nos ha dejado hundidos en la crisis. Pero, ojo con la internacionalización, señora Riera. Quería apuntar que
algunas industrias españolas, por ejemplo ferroviarias, están firmando pingües contratos en países emergentes como la India, Brasil, Oriente Medio o Europa del Este, pero se están viendo obligados a fabricar en este caso sus convoyes allí, en los
países compradores, poniendo en peligro el empleo industrial en España. Cuidado con eso. Es decir, hay que advertir al Gobierno de que se está produciendo en este caso esta realidad enmarcada dentro de la vitola tan positiva de la
internacionalización. Cuidado con eso. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Concluyo. De entrada podríamos haber apoyado de la moción, señora Riera, pero tras conocer el texto de la transacción que ha alcanzado usted con el Grupo Popular, se han rebajado tanto las exigencias al Gobierno, a nuestro juicio, que lo
que se va aprobar es poco más que humo. En todo caso, queda claro que este Gobierno carece de una estrategia de política industrial, no ha superado aún la nostalgia del ladrillo y así, desde luego, no se va a salir de la crisis. Cómo vamos a creer
en este Gobierno, cómo vamos a darle un cheque en blanco a este Gobierno si lleva dos años recortando los fondos para reindustrialización, para I+D, para innovación; si no está poniendo la banca nacionalizada al servicio de la sociedad para que
vuelva el crédito; si no cree en la política industrial y nos lo demuestra cada día con sus decisiones. Desde luego, así no podemos apoyar ningún cheque en blanco y por eso vamos a optar finalmente por la abstención.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Aunque se ha dicho a lo largo de la intervención, señora Riera, tiene la palabra.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, hemos acordado una transacción con el Partido Popular incorporando también algunos de los puntos de la enmienda presentada por el Partido Socialista aunque haya anunciado su abstención. Ahora
pasaremos el texto a los letrados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA SOLUCIÓN A LOS TITULARES DE PARTICIPACIONES PREFERENTES Y DEUDA SUBORDINADA QUE FUERON ENGAÑADOS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTOS TÍTULOS. (Número de
expediente 173/000069).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la solución a los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada que fueron engañados en la comercialización de estos
títulos. Para la presentación de la moción tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Señorías, en primer lugar quiero manifestar que no voy a repetir el hito o la memoria sobre las preferentes, lo que sí voy a decir es que con un mismo regulador y con un mismo supervisor aquí ha habido entidades que no han emitido
preferentes, como el caso de Unicaja, una entidad andaluza; otras entidades que emitieron preferentes pero que se dieron cuenta del error en la comercialización y corrigieron de forma inmediata, como es el caso también de otra andaluza, Cajasur, o
BBK Bank cuando se integró Cajasur en la Caja vasca, que canjearon las preferentes en concreto por depósitos a tres años; o, por ejemplo, Caja Mare Nostrum, entre otras. Luego ha habido entidades, que han sido justamente las peor gestionadas, que
todavía tienen el problema y que no han asumido lo que ha sido una comercialización fraudulenta de las preferentes, y voy hacer especial mención a Novagalicia Banco, a Catalunya Banc y, cómo no, a Bankia. Y quiero hacer expresa mención a Bankia
porque ahí estamos hablando de 6.500 millones de euros entre preferentes y deuda subordinada, y también quiero hacer expresa mención a Bankia porque fue el señor Blesa quien emitió hasta 3.000 millones de preferentes y consiguió un récord -y él lo
señaló como un récord-, que es la colocación en una semana de 2.700 millones en participaciones preferentes. Todo un récord, un récord de mala gestión y un récord de comercialización fraudulenta; tensionando 2.200 sucursales de Caja Madrid
extendidas por toda España, tensionando a los trabajadores de esas entidades y llevando a cabo el mayor fraude que ha existido en el sistema financiero español. Y quiero hacer especial mención a ello porque justamente ahora se está anunciando -ayer
mismo el FROB- una operación de canje por acciones, a la que los socialistas nos vamos a negar rotundamente. Se quiere hacer que además los engañados tengan que sufrir un canje por acciones que hoy en día valen prácticamente un céntimo. También el
FROB ha anunciado no solamente el canje, sino un procedimiento de arbitraje dirigido por la propia entidad, en este caso Bankia, excluyente para la gran mayoría de los engañados, que tampoco el Grupo Parlamentario Socialista va a aceptar y estamos
incluso sugiriendo a los afectados que no acudan a este sistema de arbitraje.
Señores del Partido Popular, nosotros hacemos una propuesta bien distinta, para que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores quien aborde, a través de una auditoría de oficio, la idoneidad, que se
produzca un canje, pero un canje por depósitos a un plazo no superior a tres años y como alternativa también un arbitraje, pero un arbitraje no dirigido y siempre como opción del propio afectado. No dirigido significa que la entidad
bancaria no sea la que controle y defina quién puede acceder a este arbitraje. Por otra parte, también vemos necesario que los actuales accionistas de otras entidades que fueron doblemente engañados, como Caja Ávila, Caja Laietana, Caja Segovia,
Caja de Canarias, Bancaja, entre otras, que como consecuencia de la dudosa fusión que se llevó a cabo con Caja Madrid se vieron obligados a un canje por 1.200 millones de euros en acciones, acciones que hoy día, insisto, no valen prácticamente nada,
estas personas también deben tener derecho a un canje por depósitos, a recuperar sus ahorros. En nuestra moción planteamos la posibilidad de que, ya que estamos hablando de cajas nacionalizadas, de entidades bancarias nacionalizadas, sea con cargo
a deuda pública como se financie el resarcimiento de este fraude cometido de forma en algunos casos hasta dolosa con respecto a los pequeños ahorradores de estas entidades. Si tiene que ser la emisión de deuda pública que sea la emisión de deuda
pública quien sufrague la compensación y el poder reintegrar sus ahorros a estas personas o ahorradores afectados.
Nosotros llegamos a un acuerdo con ustedes, señores del Partido Popular, pero nos han demostrado en manos de quién estamos, nos han demostrado la incompetencia de un ministerio como es el Ministerio de Economía, que después de dos meses no
ha sido capaz de convocar a una comisión de seguimiento presidida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para dirigir un proceso objetivo y garante de seguridad jurídica que devuelva el dinero a los afectados. El ministerio no ha sido
capaz, y tenemos información de que ha sido por una negativa de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no se quiere integrar en la solución de este problema. Por otra parte, el FROB anunciando de forma alternativa al Gobierno otras
vías de solución como la emisión de deuda pública, o el Instituto Nacional del Consumo dando una serie de instrucciones para un proceso de arbitraje sin tener en cuenta el acuerdo al que se había llegado, o incluso la propia Bankia contratando con
KPMG una consultoría externa que dirigiese este sistema de arbitraje. Es decir, ustedes están deslegitimados, no han sido capaces de aprovechar este acuerdo, esta generosidad del Grupo Parlamentario Socialista, y nosotros, los socialistas, nos
hemos sentido engañados.
Exigimos que no se lleve a cabo el canje obligatorio, que no se meta la mano en el bolsillo de los ahorradores aplicando una moratoria. Nos hemos echado las manos a la cabeza con Chipre cuando se ha metido la mano en los bolsillos de los
pequeños depositantes de ahorros en las entidades bancarias y esto se va a producir en España si llega el caso de que el canje sea efectuado por parte de Bankia y de otras entidades. Si ese canje obligatorio se lleva a cabo, se va a producir una
quita de en torno al 40% de los ahorros, lo cual significa meter la mano en el bolsillo de estos pequeños ahorradores y significa hasta cierto punto lo que teóricamente va a ocurrir en Chipre. Ese Chipre lo podemos ver aquí desde un Gobierno del
Partido Popular que ha sido capaz de llegar a un acuerdo con Bruselas y aprobar un memorando de entendimiento que atenta contra los pequeños ahorradores, un principio de respeto básico, yo diría que hasta de respeto hacia la propiedad privada.
Por tanto, exigimos que se cancele totalmente el procedimiento de arbitraje que quieren iniciar y que ha sido anunciado por el FROB, que se vuelva a la coherencia, a la razón, y que se ponga en marcha la comisión de seguimiento pública donde
están presentes los pequeños ahorradores a través del Consejo de Consumidores y Usuarios...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor HURTADO ZURERA: Concluyo, presidente.
Y donde garanticemos que ese fraude no se va a tapar, que ese fraude se va a destapar, se les va a devolver a los ahorradores su dinero y, por otra parte, se pidan las responsabilidades pertinentes. Han sido malos gestores los que han
comercializado de forma inadecuada y fraudulenta, y hago especial énfasis en el caso de Bankia, porque han sido muchos miles de millones, más de 6.500 millones de fraude prácticamente generalizado en una comercialización que tenemos que solucionar
entre todos, y la solución no es la que ustedes han planteado. Ustedes han tratado de darle salida a través de una operación de maquillaje, de la cual nosotros no vamos a ser cómplices.
Gracias. (Aplausos.-Rumores en la tribuna de invitados).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado.
Señores y señoras que ocupan la tribuna de invitados, no se pueden hacer manifestaciones en las tribunas, por tanto, les ruego que no vuelvan a hacer una manifestación porque tendría que tomar otras medidas.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, va a intervenir, en primer lugar, por el Grupo Mixto, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el BNG siempre ha denunciado la gran estafa que se ha cometido con la comercialización de participaciones preferentes a ahorradores y, en consecuencia, hemos defendido siempre una solución global y satisfactoria que pasa, por
supuesto, por la recuperación del cien por cien de estos ahorros por parte de los afectados. Por otro lado, y de acuerdo con decisiones del Gobierno, sobre todo cuando se aprobó la comisión, sobre la que ya comentamos en su momento nuestra
discrepancia al respecto, por una razón fundamental. ¿Cómo se puede demostrar o elaborar un perfil de un cliente de una entidad para poder considerar si fue o no fue engañado? ¿Por el hecho de que no sepa leer y escribir, como en alguna sentencia
judicial así se ha demostrado, o valoramos también, por ejemplo, la buena fe y confianza que los clientes habitualmente tienen en la entidad o en la persona que está al frente de esa entidad? Esto no es posible valorarlo y sobre todo después de que
ha sido demostrado que esa fe y esa confianza que los clientes tienen han sido quebrantadas con tantísima facilidad en tantísimas ocasiones.
Por lo tanto, nosotros mantenemos nuestra posición de considerar necesaria la devolución íntegra, al cien por cien, a todas las personas que manifiesten haber sido engañadas porque entendemos que no hay ninguna forma de perfilar quién puede
ser engañado o no. De ahí que estemos de acuerdo con el primer punto de la moción del Grupo Socialista, pero que queramos incorporar nuestra enmienda al punto número 2 con el fin de impulsar el mecanismo para el pago al cien por cien de estos
ahorros. Y también hacemos una propuesta de dejar en suspenso las facultades del FROB, señorías, porque en su momento ya valoramos el Real Decreto-ley 24/2012, del mes de agosto, pues entendíamos que este decreto lo que hacía -y así también lo
manifestamos en la tramitación del mismo como proyecto de ley- era legalizar la estafa de las participaciones preferentes. Por supuesto, no podemos compartir esos criterios de la quita de hasta un 40% que está en estos momentos estipulada. Por
eso, nosotros entendemos que lo que debe hacer el Gobierno es estimular y crear mecanismos para que a esas personas, clientes de las entidades bancarias que han sido estafados realmente porque no eran más que ahorradores y no inversores, se les
devuelva el cien por cien de esos ahorros.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto, también tiene la palabra el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, si me lo permiten, descenderé un poco al detalle, porque en este caso las personas cuentan y hay que ver de cerca cómo se traduce este drama entre los afectados. Quisiera hablar de un caso concreto, que es el de Caixa Laietana, en
Mataró. Mataró es una ciudad importante, de 125.000 personas. El 15% de la población de esa ciudad ha estado directamente afectada por el caso de las preferentes y en torno al 50% de la ciudad y de su comarca directa o indirectamente afectada por
la estafa de las preferentes. Por lo tanto, ha impactado de forma muy considerable en ese entorno, además teniendo en cuenta que Caixa Laietana se fundó en 1863, lo cual quiere decir que ahora cumpliría 150 años, lo cual significa también que han
depositado su confianza en esa caja generaciones enteras de gente de Mataró. Bisabuelos, abuelos, padres confiaron durante muchos años, una confianza que pasó de padres a hijos, y se tejió ahí una red de confianzas mutuas y de garantías en lo
económico pero también en lo social y en lo cultural, con pisos de protección oficial, con protección por parte de la Caixa, construcción de bibliotecas, sistemas de pensiones, etcétera. Eso ha saltado por los aires o lo han hecho saltar por los
aires personas concretas en muy poco tiempo. Ahí se han producido dos estafas, de hecho; no una. Primero, la general, la que afecta a todo el mundo, a los ahorradores, como muy bien se ha dicho, que depositaron su confianza, sus ahorros, su
dinero ahí y lo han perdido. Lo han perdido porque se ha jugado con su condición de simples ahorradores y se les ha engañado, se les ha estafado. Pero, encima, ahí hay otro fraude que también es importante y del que no se habla mucho, que afecta a
las pequeñas entidades, y es que, a partir de cierto momento, desde el Gobierno -primero el Gobierno socialista y después el Gobierno del PP- se animó a ese tipo de entidades a amalgamarse y a fusionarse para entrar a formar parte de
entidades sistémicas. (Rumores). Y eso se animó desde los dos grandes partidos españoles. Esa, si me permiten continuar... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.
Ruego silencio, está hablando el orador y no se le debe interrumpir. Continúe.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Esa acción, que prácticamente se cargó todo el tejido de las pequeñas cajas de ahorros en Cataluña, en Valencia y en otras partes, proviene de una acción deliberada de las autoridades de la Administración pública. El doble impacto que ha
producido eso en los ahorradores en concreto de Caixa Laietana es que su caso se ha difuminado dentro del gran agujero negro de Bankia, con lo cual es el último de los problemas en el caso de Bankia -el de los estafados de Caixa Laietana- y por
tanto también la solución a sus problemas es la última de las soluciones. En ese sentido, han sufrido un doble perjuicio, un doble daño, por ser una pequeña entidad fusionada a un gran problema, como es el problema de Bankia, y después también por
su condición de afectados por las preferentes en general.
Echamos en falta, pues, en la propuesta...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor BOSCH I PASCUAL: Sí.
Para terminar, echamos en falta que se tenga en cuenta eso, que se tenga en cuenta la dimensión local del problema, que se tenga en cuenta a los ayuntamientos, a las plataformas concretas de cada territorio y que se adapte la propuesta que
hoy votaremos a favor porque nos parece un paso adelante, pero que entendemos que le falta una dimensión, la dimensión local, que es muy importante en casos como el que les contaba ahora de Caixa Laietana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.
Para presentar su enmienda también, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Para Unión Progreso y Democracia la estafa de las preferentes, porque no se puede calificar con otro término, es una de las grandes estafas de la historia financiera española y por eso no estamos dispuestos a dejar que se olvide. Una y otra
vez se la recordamos al ministro de Economía en sus comparecencias y queremos aprovechar esta intervención también para recordar una vez más sus principales rasgos. En primer lugar, ¿qué son las participaciones preferentes? Se vendieron como un
depósito que daba un alto interés, el 8%, y no se les dijo a los compradores que ese interés solo se pagaba si la entidad tenía beneficios y tampoco se les dijo que, si la entidad tenía problemas, ellos, después de los accionistas, serían los
primeros en sufrir las pérdidas. En segundo lugar, ¿a quiénes se colocó ese producto complejo y arriesgado y cómo se les colocó? Se les colocó a los clientes de las entidades en las sucursales, a los clientes minoristas, muchos de ellos jubilados,
algunos personas analfabetas, personas discapacitadas. Se les colocó sin hacer los test de conveniencia a los que obligaba la normativa europea y se les colocó con unos supervisores que fallaron clamorosamente en su tarea, porque la Comisión
Nacional del Mercado de Valores permitió la comercialización sin más que un simple aviso y el Banco de España no cumplió su cometido de que las cuentas de las entidades reflejasen la gravedad de los problemas que tenían.
¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se comercializaron estos productos? Es una pregunta también importante. Hay que recordar, señor Hurtado, que la mayor parte de la comercialización, como bien le recordaba el ministro, tuvo lugar en el año
2009, cuando había un Gobierno del Partido Socialista, y que el Gobierno animó a las entidades a salir al mercado, porque tenían que captar capital de alta calidad -las preferentes eran capital de alta calidad- y animó a las entidades a salir al
mercado. De hecho, hubo en España 30.000 millones de euros colocados en participaciones preferentes, por lo que se puede decir que las entidades antes del rescate europeo aplicaron un rescate previo a costa de sus propios clientes. Por lo tanto,
responsabilidad tiene el Partido Socialista; usted me puede decir, sí, pero muchas cajas las controlaba el Partido Popular. También tengo que darle la razón; efectivamente, buena parte de las cajas, y en especial Bankia, eran entidades
controladas por el Partido Popular. Por eso, como en tantos temas, cuando los dos grandes partidos se echan la culpa uno al otro a menudo hay que
decirles que los dos tienen razón. ¿Cuáles han sido las consecuencias de estas políticas? Que personas a menudo jubiladas, ya sin capacidad de reacción, han perdido todos sus ahorros, algunos no han podido seguir pagando sus residencias y
otros, ya en el colmo de todos los colmos, no pueden pagar hipotecas que pueden tener con la misma entidad que les ha estafado.
Ante este problema se han aplicado diversas soluciones, pero, en opinión de Unión Progreso y Democracia, falsas soluciones, unas tienen que ver con medidas para que esto no se repita en el futuro. Está muy bien que esto no se repita en el
futuro, pero desde luego que no se repita en el futuro no va a solucionar lo pasado. Además, es difícil que se repita en el futuro, porque ya no hay confianza en esos productos y con las normas de Basilea III ya no se consideran capital de alta
calidad. O sea, solucionar esto de cara al futuro es una maniobra de diversión o podemos considerar que está muy bien, pero desde luego no es solución al pasado. En los problemas que vienen del pasado una parte de las soluciones, entre comillas,
ha tenido que ver con canjes voluntarios, y como son voluntarios se puede decir que la persona estuvo de acuerdo. Muchas veces la opción era entre eso o nada. En esos canjes voluntarios ha habido quitas, pérdidas importantes del principal, se ha
dado a cambio productos que inmovilizan los ahorros durante años o acciones, que sí son capital de alta calidad y que han perdido fuertemente valor. Es decir, que las personas que han estado en esos canjes voluntarios no se puede decir que hayan
salido muy bien paradas. La otra solución, la que se promueve por parte del Gobierno y el Partido Socialista parecía haber aceptado, porque entre los dos pactaron una comisión de seguimiento, era el arbitraje, pero estos arbitrajes están
controlados por las entidades y son muy restrictivos, hay una desproporción muy grande entre los que se benefician del arbitraje y el total de damnificados.
La triste realidad es que con el rescate europeo los dueños de preferentes están siendo tratados como acreedores que tienen que asumir parte de las pérdidas, tienen que participar, en palabras del ministro, en un ejercicio de reparto de la
carga. Nos decía el otro día en la Comisión de Economía que por término medio van a recuperar el 60% de su dinero; yo lo traduzco al revés, por término medio van a perder el 40% de su dinero, en algunos casos, según el Banco de España, la pérdida
podría ser del 70%. Por eso, nosotros apoyamos la idea de que los estafados recuperen todo su dinero, pero hacemos dos enmiendas: la primera enmienda, que no hay que prejuzgar que recuperen el dinero en depósitos, simplemente que sean instrumentos
líquidos. La segunda enmienda, muy importante, tiene que ver con la asunción de responsabilidades, porque es sorprendente que con esta cadena de despropósitos absolutamente nadie se haya visto enfrentado a sus responsabilidades, ni quien tomó la
decisión, ni quien miró para otro lado, ni quien comercializó los productos. Por eso, pedimos en nuestra segunda enmienda que el Gobierno utilice todos los instrumentos en su mano para exigir responsabilidades a los causantes de este desaguisado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchelo.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, presidente.
Quiero que mis primeras palabras sean para mostrar nuestra solidaridad con los trabajadores de El Periódico hoy en huelga por el cierre y desmantelamiento de sus rotativas. Sin duda, eso es responsabilidad de la empresa, pero hay un
cómplice necesario que es la reforma laboral y quienes la aprobaron.
En relación con la moción, vamos a dar nuestro apoyo al planteamiento hecho por el Grupo Socialista, aunque hemos presentado una enmienda al apartado 5. La moción nos presenta dos debates: uno qué hacer y otro cómo se paga. El qué hacer
sin duda no puede ser continuar con esa técnica tan habitual del Gobierno de falsas soluciones, de placebos o de querer cerrar en falso los problemas. Lo ha hecho con los desahucios y lo quiere continuar haciendo con el tema de las preferentes. Es
imprescindible que nos pongamos de acuerdo en que a esas personas que han sido engañadas y estafadas se les garantiza la recuperación con diferentes fórmulas, pero siempre con liquidez, del cien por cien de sus ahorros. ¿Y cómo se paga? Aquí viene
nuestra enmienda. Discrepamos de la propuesta formulada por el Grupo Socialista y por eso presentamos una solución alternativa que después intentaré explicarles.
Señorías, yo no sé qué les sucede a las personas afectadas pero intuyo que, además de tener una indignación profunda, deben de estar bastante cansados de escuchar un debate en relación con dónde están las responsabilidades, sin que nadie les
aporte una solución. Yo personalmente, que he formado parte de la subcomisión de productos financieros, he de decir que estoy profundamente cansado de escuchar que gran parte del debate, casi un 90% del debate alrededor de este tema se dilucida en
relación con quién es
el máximo culpable de esta situación. Creo que hoy es bastante evidente: los Gobiernos de Aznar, de Zapatero y de Rajoy permitieron por activa y por pasiva que se produjera esa comercialización absolutamente engañosa de unos productos
financieros. Sin duda, sin duda, existen responsabilidades, son, en primer lugar, de los responsables de las entidades, pero han existido cómplices necesarios -insisto- en esos Gobiernos y sobre todo, sobre todo, también en los supervisores, en la
parte que afecta a la solidez del sistema financiero por parte del Banco de España y sin duda a la tolerancia con la que se permitió la comercialización de esos productos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hoy ya es bastante evidente
que estas personas han sido víctimas de una estafa, no es casualidad que hoy en la calle se oiga el grito de: no es una crisis, es una estafa. Primero, porque fueron aquellos a los que se les llamó para engañarles para que acudieran al primer
rescate de los bancos, especialmente caixas de nuestro país. Ese, las preferentes, fue el primer instrumento por el que se tapó el agujero buscando mecanismos de capitalización, sin duda, sin saberlo los interesados. Y segundo, porque se les ha
sometido a un verdadero corralito, del cual no pueden salir si no es perdiendo de manera muy importante una parte de sus ahorros. Pero ha llegado el momento, insisto, en que debemos dedicarnos todos a encontrar una solución porque, entre otras
cosas, lo que el Gobierno actual no puede hacer es descargar la responsabilidad en el pasado. Se lo dijimos -y algunos de ustedes lo saben- al secretario de Estado de Economía cuando compareció en la subcomisión de productos financieros y cuando
prácticamente nos garantizó, antes del rescate a los bancos, que las negociaciones con la Unión Europea permitirían encontrar una solución. La solución no vino, vino el rescate a los bancos españoles para garantizar el cobro de los acreedores
-alemanes, ingleses, de Estados Unidos- o de los fondos de inversión, y lo que ha sucedido después de ese rescate es que la troika ha impuesto que ese rescate a los bancos lo paguemos todos los ciudadanos españoles pero que ella va a poner las
políticas, y las políticas son que nos limitan la capacidad y la soberanía para encontrar soluciones al drama humano y social de las preferentes.
Algunas de esas personas además han sido estafadas por dos veces -hoy ha salido aquí el caso de Caixa Laietana, pero sin duda hay más-, personas a las que se estafó cuando se les vendió gato por liebre, se les vendieron productos que eran de
inversión y se les presentaron como productos de ahorro, pero a las que también se les estafó por segunda vez cuando se les ofreció y se les presionó para que en menos de cuarenta y ocho horas optaran por un canje que volvía a ser una nueva estafa.
Hoy, sin duda, es nuestra obligación presentar una solución. Y quiero decirles a los miembros de esta Cámara que con este tema puede pasar como con el de los desahucios, si este Parlamento y el Gobierno no encuentran una solución, es bastante
probable que al final venga de la mano del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque, desde nuestro punto de vista, el comportamiento de las entidades financieras y también del Gobierno dándoles apoyo incumplen claramente la Directiva del
Mifid, la directiva de mercados financieros.
Termino con una consideración al Grupo Socialista. Vamos a apoyar su moción pero no el quinto apartado de la misma y presentamos una alternativa. El dilema no puede ser que o lo paguen las víctimas de la estafa o lo paguen a escote el
conjunto de los ciudadanos. Si hiciéramos eso, restituiríamos un derecho de los estafados pero generaríamos claramente una sensación de impunidad en relación con los responsables. Los responsables sabrían que pueden continuar comercializando
productos engañosos -que, por cierto, continúan haciéndolo con otras variedades- y que no tendrían ningunas consecuencias por hacerlo. Por eso, planteamos en nuestra enmienda que el importe que conlleve hacerse cargo de ese coste se pague por parte
de quienes han sido sus responsables, los presidentes y los directores ejecutivos de esas entidades. Hemos utilizado en la redacción la misma terminología que ha utilizado el Gobierno en sus decretos de reforma financiera. Además, estamos
dispuestos a negociar una posibilidad alternativa y es, con la reforma del reglamento de la normativa del Fondo de garantía de depósitos, buscar un mecanismo para que eso pueda contribuir a encontrar una solución. Lo otro sería incentivar que los
que han sido responsables de esta situación se vayan de rositas y continúen actuando de forma absolutamente impune.
Terminó ya. Una súplica al Grupo Socialista y al Grupo Popular. Por favor, no hagan ustedes una mala escenificación de las escenas de Richard Burton y Liz Taylor separándose y casándose tres veces por semana. Nos han anunciado no sé
cuántas soluciones y acuerdos, la última hace muy poco, y ahora resulta que eso no existe. Creo que harían bien en llevar este tema de nuevo a la subcomisión de preferentes que, por cierto, no sé por qué está incomprensiblemente parada desde hace
tres meses, otra muestra del poco papel...
El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene usted que terminar porque el tiempo se le acaba.
El señor COSCUBIELA CONESA: Otra muestra del poco papel que le dan algunos a este Parlamento.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo desde el inicio ha sido muy sensible ante la grave situación y el problema generado por las participaciones preferentes, que ha afectado y afecta a muchas personas y a muchas familias. Hemos actuado en consecuencia y
hemos defendido y propuesto distintas actuaciones desde el primer momento, conscientes de la gravedad y del impacto económico en los afectados y del impacto social en la sociedad, y hemos propuesto medidas para encontrar de manera definitiva
soluciones a este problema.
Respecto a la moción que nos presenta el Grupo Socialista, nos crea algunas dudas la literalidad de la redacción de su propuesta y la coherencia del texto. En primer lugar, hace referencia a entidades de crédito nacionalizadas sin que
ninguna de estas entidades tenga forma jurídica de caja de ahorros. Sin perjuicio de lo anterior, el cuarto punto de la moción alude a entidades que hayan recibido ayudas públicas, lo que incorpora un punto diferente respecto a las entidades
nacionalizadas. Por tanto, en este sentido consideramos desde el grupo al que represento, Convergència i Unió, que sería necesario esclarecer el ámbito de aplicación de la moción, que entendemos no queda suficientemente claro. Por otro lado, la
moción no contiene una referencia al procedimiento a aplicar a la solución que se propone y resulta algo confuso cuando en el punto tercero contempla el procedimiento de arbitraje, mientras que en el primer punto propone la suspensión del
procedimiento de arbitraje, procedimiento que además avaló el propio Grupo Socialista. Finalmente, y como tercera consideración respecto a la moción que nos ha presentado el Partido Socialista, por lo que se refiere a la propuesta de financiación
con deuda pública para los canjes de participaciones preferentes y deuda subordinada, entendemos que sería conveniente un análisis previo del impacto y las consecuencias de esta medida, dada la situación económica actual marcada por la crisis y los
compromisos de reducción del déficit.
Debido a la poca claridad de los aspectos comentados, el grupo parlamentario al que represento ha presentado una enmienda de sustitución. Antes de entrar en su defensa en concreto, déjenme hacer dos breves consideraciones, la primera
histórica. A finales de enero de 2013 hubo un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista que intentó dar salida a los afectados por las preferentes, pudiendo optar los mismos a acogerse a un sistema de arbitraje. A pesar de que ello ha
contribuido a que ahorradores minoristas que fueron estafados hayan hallado una buena solución para el mantenimiento de sus ahorros, deja fuera del procedimiento de arbitraje a quienes intercambiaron estos productos por acciones de las entidades
financieras y que, no obstante, perdieron también casi todos sus ahorros. Un claro ejemplo del alcance de esta problemática es el caso de Mataró, de Caixa Laietana, donde se calcula que un 89,2% de los contratos fraudulentos registrados los hizo
Caixa Laietana, cuyas preferentes fueron cambiadas posteriormente por acciones de Bankia. La estafa en este municipio afecta a un gran porcentaje de su población, aproximadamente a 15.000 personas y representa aproximadamente 175 millones de euros.
Actualmente, y dado el pacto comentado con anterioridad entre Partido Popular y Partido Socialista, el procedimiento de arbitraje se centra en estos activos financieros de alto riesgo o productos híbridos y no en los compradores de acciones como
canje de las participaciones preferentes. Desde Convergència i Unió consideramos que hace falta que se articulen sistemas para dar respuestas eficientes a las reclamaciones. La situación de indefensión genera incertidumbre, desafección,
indignación y carencia de confianza en las instituciones y en el país. Por ello, hemos propuesto esta enmienda de sustitución a la moción que dé una respuesta efectiva a los minoristas que han quedado fuera de este proceso de arbitraje que de otro
modo entendemos ha dado una respuesta satisfactoria a un número importante de ahorradores, aunque no a todos.
El planteamiento de nuestra enmienda en sus cuatro puntos consiste, esencialmente, en que se amplíe la cobertura del procedimiento de arbitraje e intermediación para lograr una solución resolutiva y eficiente para todos los afectados. Por
ello, consideramos adecuado que este procedimiento se lleve a cabo tanto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como por parte de organismos dependientes de las comunidades autónomas, como la Agencia Catalana de Consumo, pues
creemos que una visión más restrictiva puede ser más costosa para los afectados y el fin debe ser que se llegue a
acuerdos entre entidades financieras y todos los afectados por la estafa de las preferentes, alcanzándose una respuesta satisfactoria no solo para los ahorradores que adquirieron preferentes sino también para los que luego se vieron forzados
a su canje en acciones como única vía para garantizar sus ahorros y han visto como estos han quedado reducidos.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señor presidente.
En este sentido, reclamamos también más recursos y más medios.
Vista la magnitud del problema, consideramos también oportuno que haya un seguimiento de estos casos, donde se evidencien las soluciones propuestas y las medidas aplicadas. Y por último, creemos que es una cuestión de justicia social que se
exima a las personas afectadas por la tenencia de participaciones preferentes e instrumentos híbridos de capital del pago de tasas judiciales y de costos a las entidades financieras. Estas son las propuestas que contiene nuestra enmienda que
esperamos sea aceptada por el Grupo Socialista, proponente de la moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Ahora en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Vasco, el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, intervendré brevemente en nombre del Grupo Vasco para fijar nuestra posición en relación con la moción que pretende solventar -o eso es al menos lo que desea
nuestro grupo- el problema que se ha generado con las preferentes. Y lo haré brevemente porque ya hemos hablado mucho sobre esta cuestión. Diría que hemos hablado demasiado y que hemos avanzado bastante poco. Hemos hablado en Pleno, hemos hablado
en Comisión, hemos hablado en subcomisión, tal y como ha comentado el señor Coscubiela; una subcomisión que no sé por qué ha dejado de actuar. Conocemos el problema, conocemos su naturaleza y por lo tanto es el momento de las soluciones y no tanto
de las palabras. Por eso, no hemos presentado una enmienda a este texto. Queremos trabajar en la solución de fondo y no en los matices. Miles de ciudadanos y familias se han visto engañados por entidades financieras en las que confiaban y el
engaño no estaba tanto en el producto, que era reconocible y homologable, sino en la comercialización. En definitiva, productos de alto riesgo, de deuda perpetua, con valor de mercado, pero con los que se pueden perder grandes cantidades de dinero,
fueron vendidos como líquidos, sin riesgo y con mayor rentabilidad que el depósito a plazo o la cuenta corriente. De esa forma, muchos clientes cayeron en manos de unas entidades que, desde luego, no pensaban en el cliente sino en sus propios bonus
y en los pingües beneficios. La quiebra del sistema financiero ha puesto en evidencia que muchos compradores de preferentes no pueden recuperar su dinero, tal y como les habían prometido. Son personas que en muchos casos tenían un bajo nivel
formativo, que pusieron todos o gran parte de sus ahorros en un producto que desconocían, pero que les fue vendido con engaño, sin la suficiente ni la debida información. Como les he dicho, hemos hablado mucho en esta Cámara sobre el tema de las
preferentes y toca ya dar pasos concretos y avanzar hacia la solución; dejar de marear la perdiz y adoptar medidas que resuelvan el problema real de tantas y tantas familias que lo están pasando mal y que demandan una solución efectiva ya. Por
ello, votaremos favorablemente la moción presentada por el Grupo Socialista, ya que entendemos que avanza hacia la solución.
Esperamos encarecidamente que esta moción sea una de esas pocas que resuelva el problema o, al menos, lo ponga en vías de una solución efectiva. Señores del Grupo Popular y de otros grupos parlamentarios, todos nos deberíamos comprometer a
ello. La Defensora del Pueblo también lo exige. Hagámosle caso, apostemos, como lo hace la Defensora del Pueblo, por un arbitraje universal para todas las entidades intervenidas, que integre a todos los afectados por la comercialización de las
preferentes. En la comercialización de estos productos ha habido, como señala la propia Defensora del Pueblo, un claro abuso por parte de las entidades financieras entre cliente y ciudadano, que han estado desprotegidos, lo cual será sin duda
reconocido por la propia Unión Europea. Dotemos también con mayores competencias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de manera que pueda adoptar medidas cautelares cuando no se respete la normativa. En definitiva, la Defensora del
Pueblo recomienda que se mejore la transparencia de las relaciones entre las entidades y los clientes, transparencia que no
se ha producido, ni en este ni en muchos casos, a la firma de las hipotecas, con mucha letra pequeña y con multitud de cláusulas abusivas. Votaremos favorablemente esta moción porque queremos darle ya una solución al problema.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Garrido.
La señora GARRIDO VALENZUELA: Gracias, presidente.
Señor Hurtado, tras escuchar su intervención, me gustaría señalar que la misma vehemencia, la misma indignación que muestra hoy en la tribuna me gustaría que la hubiera mostrado hace cuatro, tres o dos años, cuando se estaba comercializando
este producto entre los actualmente afectados, a los que parece que solo usted defiende. Se hace tedioso estar repitiendo siempre lo mismo y a todas horas, pero es que lo olvidan, por eso hay que repetirlo, o, mejor, intencionadamente lo ignoran, y
llegan al Congreso como si se encontraran de repente con este drama de las preferentes que es preciso resolver.
No deseo que mi intervención genere polémicas, no es el objetivo, sino aportar información nítida sobre la posición de mi grupo en torno a este drama social que afecta a tantos ciudadanos. Esta posición se resumiría en tres puntos,
básicamente: por supuesto, sentar las bases para que no vuelva a ocurrir; cómo no, resolver el problema de los actualmente afectados; y, también, la asunción de responsabilidades por parte de los causantes. Dentro de las acciones ante este
problema con el que se encontró el Gobierno actual a su llegada, son esenciales las medidas de protección recogidas en la Ley 9/2012, porque van a obligar a que el cien por cien de los inversores institucionales suscriban el 50% de las emisiones de
híbridos, van a obligar a que el importe mínimo sea de 100.000 euros y también al hecho de que si un inversor particular quiere llevar a cabo una inversión en este producto no idóneo para él, lo debe confirmar con un escrito de puño y letra,
asegurando que es él el que asume la responsabilidad.
Podemos preguntarles a los afectados: Si actualmente existiese esta norma, si tuvieran que firmar ese escrito, ¿habrían suscrito estos productos? ¿Los habrían comprado? Fíjese en la importancia de esta normativa, porque supone ni más ni
menos que hoy no tendríamos que hablar del problema de afectados de las preferentes. Pues bien, el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra de esta medida. Su portavoz, la semana pasada, argumentó este voto en contra indicando -leo
textualmente-: Nosotros votamos en contra porque nuestra propuesta era prohibir la comercialización de preferentes a minoristas. ¿Por qué se va a prohibir que un ciudadano informado adquiera un producto de mucho riesgo en el mercado? En cambio,
sí han permitido que ciudadanos que no sabían lo que hacían, que no estaban protegidos por ninguna normativa, que no estaban amparados por los organismos reguladores adquiriesen estos productos.
Señor Hurtado, siento decirle que me parece incomprensible, inadmisible y, si me lo permite, una falta de lealtad que ahora se presenten como adalides de las injusticias pasadas, cuando fue su Gobierno con sus dirigentes al mando de órganos
rectores y supervisores los que lo permitieron. Además de asegurar que no se vuelva a repetir, es necesario solucionar el problema de los actualmente afectados. La vía judicial es costosa y, por eso, defendemos poner a su disposición mecanismos
que señalen de forma inmediata la no idoneidad de los afectados y su conversión en otros productos de asegurada e inmediata liquidez. En la moción se propone la retirada del arbitraje y previamente -la semana pasada- el portavoz criticó el
arbitraje llevado a cabo en la Comunidad Autónoma gallega, indicando que no ha convencido, que no ha solucionado nada, que ha sido un mero formalismo. Muy al contrario, y a pesar de sus descalificaciones -de nuevo con afán demagógico-, la realidad
muestra que la Xunta actuó diligentemente en esta cuestión. ¿De verdad le parece un formalismo que se haya resuelto el reembolso a catorce mil expedientes favorables? A nosotros no. También en esta intervención señaló que el canje de preferentes
de Caja Laietana se había realizado en época ya del Gobierno actual. Infórmese, fue en diciembre de 2011.
No obstante, quedan muchos afectados, porque se ha resuelto el problema a catorce mil, en el caso gallego; a otros tantos con el arbitraje que empezó en Caixa Catalunya, a menos porque empezó más tarde; y quedan muchísimos afectados aún
por atender. Para hacerlo, es necesario dotar a las autoridades de consumo de los medios económicos necesarios para la financiación de todos los expedientes, incluidos aquellos ahorradores de Bankia -y digo ahorradores- que colocaron en preferentes
y que, después, les obligaron prácticamente al canje por acciones. Consideramos -y me referiré ahora mismo a ello- también fundamental la puesta en marcha de la comisión pactada de seguimiento de arbitrajes. Todos
queremos que se depuren responsabilidades. Mientras que los gestores de entidades financieras se dedicaban a engañar a sus clientes para lograr objetivos de solvencia, el Banco de España dejaba que las entidades financieras solucionaran sus
problemas de capital trasladando el riesgo a los consumidores. En cuanto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿creen ustedes de verdad que cumplió su función esencial de proteger a los inversores, función genérica atribuida por ley,
cuando permitió a entidades que colocaran estos productos entre ahorradores y depositantes?
Por todo ello, no vamos a aceptar la moción, porque nos parece una deslealtad fijar una posición conjunta con la creación de una comisión de seguimiento de arbitrajes y, después, en lugar de resolver problemas con voluntad de diálogo,
intentar buscar rédito político, que es lo que creemos que están haciendo. Con responsabilidad y desde la protección, con normas que permitan que esto no vuelva a ocurrir y solucionando el problema de los actuales afectados, ahí nos encontrarán, y
siempre, señor Hurtado, cumpliendo lo pactado.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tengo que preguntarle por las enmiendas, si las acepta o no.
El señor HURTADO ZURERA: Señor presidente, preferimos la votación punto a punto y no admitir ninguna enmienda.
El señor PRESIDENTE: No se aceptan enmiendas y votaremos punto a punto.
Muchas gracias.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.