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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 88, de 12/02/2013
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 88
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 82
celebrada el martes,
12 de febrero de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular:
- Proposición de ley para la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 70-1, de 28 de mayo de 2012. (Número de expediente 120/000005) ...
- Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 102-1, de 21 de diciembre de 2012. (Número de expediente 120/000006) ...
(Página18)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de los derechos y deberes de los alumnos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 194, de 14 de diciembre de 2012. (Número de expediente 162/000496) ...
(Página34)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre subasta de medicamentos y derecho de los inmigrantes a tarjeta sanitaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 210, de 25 de enero de 2013. (Número de expediente 162/000526) ...
(Página43)
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular (Votación) ... (Página50)
Proposiciones no de ley (Votación) ... (Página51)
Sumario
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular ... (Página4)
Proposición de ley para la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural ... (Página4)
En turno a favor interviene el señor Albendea Pabón, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno en contra interviene la señora Surroca i Comas, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Replica el señor Albendea Pabón y duplica la señora Surroca i Comas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz y Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario
de Unión Progreso y Democracia; Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social ... (Página18)
En turno a favor interviene la señora Iglesias Santiago, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres, Baldoví Roda, Quevedo Iturbe, la señora Fernández Davila, y los señores Tardà i Coma y Larreina Valderrama, del Grupo
Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página34)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de los derechos y deberes de los alumnos ... (Página34)
Defiende la proposición no de ley la señora Moneo Díez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y los señores Barberá i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Álvarez Sostres y las señoras Pérez Fernández y Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Martínez
Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Moneo Díez.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre subasta de medicamentos y derecho de los inmigrantes a tarjeta sanitaria ... (Página43)
Defiende la proposición no de ley el señor Martínez Olmos, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Pérez Fernández y el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares
Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Cervera Taulet, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Martínez Olmos.
Toma en consideraciones de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación) ... (Página50)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular para la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural, se aprueba por 180 votos a favor, 40 en contra y 106 abstenciones más un
voto telemático, 107.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, se aprueba por 333 votos a favor, más un voto telemático,
334, y 1 abstención.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página51)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de los derechos y deberes de los alumnos, se aprueba por 173 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones.
Sometidos a votación separada los dos puntos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre subasta de medicamentos y derecho de los inmigrantes a tarjeta sanitaria, ambos son rechazados.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR.
- PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL. (Número de expediente 120/000005).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señorías, vamos a iniciar la sesión. En primer lugar debatiremos el punto primero del orden del día, relativo a la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular; en
concreto, la proposición de ley para regulación de la fiesta de toros como bien de interés cultural. Creo que el Grupo Parlamentario Popular quiere utilizar el turno a favor. Señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, al iniciar mi intervención sobre esta iniciativa legislativa popular que propone que el Congreso de los Diputados declare la tauromaquia bien de interés cultural, he de confesarles que mi primer sentimiento es el de la envidia;
sí, envidia sana de nuestra vecina Francia que, con mucha menos tradición cultural taurina que nosotros y muchísimas menos ciudades con plazas de toros que España, nos adelantó ya hace dos años, en concreto en el mes de enero de 2011, en hacer la
declaración de los espectáculos taurinos como patrimonio cultural inmaterial que hoy pretendemos con esta iniciativa.
Es de justicia comenzar felicitando a los promotores de esta iniciativa: la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, con su presidente, don Luis Gibert, a la cabeza, por el enorme esfuerzo realizado para alcanzar casi 600.000 firmas
que avalan esta proposición de ley; también a la Asociación Internacional de la Tauromaquia, bajo la dirección de don William Cárdenas, por el esfuerzo que está haciendo para conseguir el objetivo de que la Unesco declare la tauromaquia como
patrimonio inmaterial de la humanidad. También es nuestra satisfacción saludar a la representación de la Mesa del Toro, presidida por don Carlos Núñez, y a las figuras del toreo que nos acompañan esta tarde. El Grupo Popular respeta, como no podía
ser de otra manera, a los detractores de las corridas de toros, pero les exigimos con la misma rotundidad que nos respeten a los que consideramos las corridas de toros como una manifestación inserta en la mejor tradición cultural española;
tradición que afortunadamente se ha ido extendiendo a lo largo de lo siglos por otros países de la Unión Europea, como Francia y Portugal, y ha habido algunos intentos de extenderla a países extracomunitarios como Rusia o China, sin olvidar el
arraigo de la misma en varios países de América Latina.
No voy a perder mucho tiempo en demostrar el carácter evidentemente cultural de la fiesta de los toros. La atención que a la misma le han prestado los intelectuales españoles es tan abrumadora que sería imposible reflejar en este breve
espacio de tiempo una síntesis de la misma; nada más que tres breves citas. Ortega y Gasset escribió de las corridas de toros: Esa fiesta que durante dos siglos ha sido el hontanar de mayor felicidad para el mayor número de españoles. Continua
más adelante el propio Ortega: Afirmo de la manera más taxativa que no puede comprender bien la historia de España desde 1650 hasta hoy quien no se haya construido con rigurosa construcción la historia de las corridas de toros en sentido estricto
del término, no de la fiesta de los toros que vagamente ha existido en la Península desde hace tres milenos, sino lo que nosotros actualmente llamamos con ese nombre. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Albendea. Por favor, ruego silencio. (Pausa). Adelante.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Otro intelectual, Enrique Tierno Galván -observarán ustedes que estoy citando a autores de la extrema derecha, claro-, en su ensayo Los toros, acontecimiento nacional, escribe: Al torero se le llama artista en el sentido de creador de
belleza, y desde luego lo es teniendo plena conciencia de que la figura y la dignidad plástica prestan al lance un peculiar estilo que elevan la lidia al maximum de tensión estética, belleza y galanura ante la muerte. ¿Cabe tema estético de mayor
vitalidad? En el año 1936, pocos meses antes de ser vilmente asesinado, Federico García Lorca escribió esta frase, de una rotundidad verdaderamente definitiva: Creo que los toros es la fiesta más culta que hay hoy en el mundo. Y añadió: El toreo
es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España. El Premio Nobel Mario Vargas Llosa ha hecho una admirable comparación entre el toreo y otras artes. Y dice así: Para quien goza de una extraordinaria faena, los toros representan una
forma de alimento espiritual y emotivo tan intenso y enriquecedor como un concierto de Beethoven, una comedia de Shakespeare o un poema de Vallejo. Y
para muchas, muchísimas personas la fiesta de los toros es algo más complejo y sutil que un deporte; un espectáculo que tiene algo más de danza y de pintura, de teatro y poesía, en el que la valentía, la destreza, la intuición, la gracia,
la elegancia y la cercanía de la muerte se combinan para representar la condición humana. Si no fuera una manifestación cultural de primer orden, ¿cómo iba a haber inspirado a tantos artistas en sus diversas manifestaciones? Estoy seguro de que
muchas de sus señorías han leído la poesía taurina de los franceses Alejandro Dumas, Alfredo de Musset, Teófilo Gautier, Jean Cocteau; o de los españoles del Siglo de Oro Luis de Góngora, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Baltasar del Alcázar,
etcétera. Y entre los llamados poetas de la renovación o la vanguardia también hay hermosa poesía taurina, de Fernando Villalón, León Felipe, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, José Bergamín, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre,
Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, Miguel Hernández, Adriano del Valle, José del Río, José María Pemán; o de los latinoamericanos César Vallejo, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, etcétera.
En las artes plásticas, podríamos centrarnos en esos dos fantásticos artistas que fueron Goya y Picasso. Sin su Tauromaquia y todo el conjunto de su pintura taurina Goya tendría otra dimensión en el panorama artístico mundial. Más
prolífica si cabe en el tema taurino fue la pintura de Picasso. El Minotauro o la simbología taurina del Guernica revelan la importancia que este artista concedía a la tauromaquia. Y no tenemos tiempo para detenernos en la pintura taurina de
Salvador Dalí, Joan Miró, Daniel Vázquez Díaz, Ignacio Zuloaga, José Caballero, Gutiérrez Solana o Roberto Domingo. ¿Y cómo podemos olvidarnos, en la escultura taurina, de Mariano Benlliure, de Sebastián Miranda, de Juan Cristóbal o de Manuel
Hugué? Porque no es solo que la tauromaquia les inspirara sus obras, sino que eran aficionados y todos ellos se vanagloriaban de ser amigos de las figuras del toreo de su época. Tampoco podremos detenernos en la atracción que la fiesta de los
toros produjo en la órbita de la composición musical: Bizet, Turina, Sorozábal, Arrieta, Bretón, etcétera; y no digamos en otra manifestación cultural de primer orden como es el flamenco, declarado por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad; y sin olvidar el cancionero popular, cuya manifestación más antigua relacionada con los toros es la Cantiga 144 de Alfonso X El Sabio. El cine tampoco podía estar ajeno al arte de los toros. Películas como Sangre y Arena, con Tyrone
Power; o El niño de las monjas, Currito de la Cruz, Mi tío Jacinto, Los clarines del miedo, etcétera.
Otra consideración. Como ha escrito el catedrático de literatura Andrés Amorós, el léxico taurino impregna nuestro lenguaje coloquial. Si la más elemental lingüística nos enseña hoy que el lenguaje no es solo expresión de pensamiento
preexistente sino que configura nuestro mismo pensamiento habrá que admitir la importancia trascendental que esto posee. Ese lenguaje no solo ha sucedido con los aficionados a los toros sino que ha impregnado de tal forma el lenguaje coloquial que
podríamos citar miles de ejemplos; así, Pío Baroja, que no era aficionado, lo pone en boca de uno de sus personajes: 'Le daba a su suegra cada capotazo que la desarmaba'. ¿Cómo si los toros no fueran un arte gobiernos de distinto signo político
vienen concediendo la Medalla de oro al mérito de las bellas artes a distintas figuras del toreo?
Con las anteriores consideraciones estoy tratando de convencer a los antitaurinos de que la tauromaquia es un fenómeno extremadamente complejo, multidisciplinar, que presenta distintas aristas o planos de orden histórico, cultural,
artístico, social, turístico, económico e industrial de primera magnitud; valores de los que no puede prescindirse y que trascienden al ámbito propio de una sola competencia ministerial. Si estamos todos de acuerdo en que los toros pertenecen a
nuestro patrimonio cultural es muy fácil exigir que las administraciones públicas estén obligadas a defenderlo. El artículo 46 de la Constitución establece: Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra ese patrimonio. El concepto de cultura no es
inmutable en el tiempo como ha escrito el que fuera el primer presidente del Tribunal Constitucional, don Manuel García Pelayo. De la cultura entendida en el sentido de los filósofos se ha pasado a la cultura entendida en el sentido de los
antropólogos. Es en este sentido en el que debe caminar una interpretación amplia del artículo 46 de nuestra Constitución. Ya no estamos hablando exclusivamente de la conservación del patrimonio histórico, artístico, nacional en cuanto a conjunto
de bienes que deben ser sometidos a tutela sino también a la preservación y fomento de nuestras tradiciones populares. Si no se hiciera así no estaríamos democratizando la cultura, que sin duda alguna constituye un imperativo de nuestra Carta
Magna. Y como argumentos básicos de orden constitucional están la igualdad y la libertad. El principio de igualdad de todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución y la libertad del artículo 10 fundamentan que cada español
pueda ir o no ir a los toros según su voluntad.
Ahora cambio de tercio. El argumento para no apoyar esta iniciativa de que la declaración de bienes de interés cultural de las corridas de toros es competencia de las comunidades autónomas carece de rigor jurídico y práctico. Voy a traer a
colación la sentencia del Tribunal Constitucional número 49/1984, de 5 de abril. Dice así. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Albendea.
Señores diputados, ruego un mínimo de silencio. Si tienen ustedes que hablar, por favor, abandonen el Pleno.
Continúe.
El señor ALBENDEA PABÓN: La cultura es algo de la competencia propia institucional tanto del Estado como de las comunidades autónomas -y aún podríamos añadir de otras comunidades-, pues allí donde vive una comunidad hay una manifestación
cultural respecto de la cual las estructuras públicas representativas pueden ostentar competencias dentro de lo que, entendido en un sentido no necesariamente técnico-administrativo, puede comprenderse como fomento de la cultura. Esta es la razón a
la que obedece el artículo 149.2 de la Constitución, en el que después de reconocer la competencia autonómica afirma una competencia estatal, poniendo el acento en el servicio de la cultura como deber y atribución esencial. Hay en fin una
competencia estatal y una competencia autonómica en el sentido de más que un reparto competencial vertical. Lo que se produce es una concurrencia de competencias ordenada a la preservación y estímulo de los valores culturales propios del cuerpo
social desde la instancia pública correspondiente. ¿Cómo es posible que los ayuntamientos, las mancomunidades, las diputaciones provinciales y las comunidades autónomas puedan declarar los toros bien de interés cultural y el Estado no pueda
hacerlo? ¿Cabe una incongruencia mayor? Ahora mismo hay cuatro comunidades autónomas que han hecho ya la declaración o la están tramitando: Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia. Las diputaciones provinciales de Badajoz, Almería,
Huelva, Palencia y Zamora ya la han aprobado, y capitales de provincia como Salamanca, Madrid, Soria, Murcia, Córdoba, Teruel, Málaga y Sevilla han aprobado la citada declaración. Es imposible reflejar los municipios que les han seguido y que han
prestigiado a su villa con esta declaración, pero entre los que han formulado directamente la misma y los que están representados en las mancomunidades y diputaciones el número de municipios beneficiados de esta declaración superaban a finales del
año pasado los 4.200.
Para distender este debate, termino con una consideración de Ramón Pérez de Ayala, quien decía en su libro Política y toros: Si yo fuera dictador de España suprimiría de una plumada las corridas de toros. Pero, entre tanto que las hay,
continúo asistiendo. Las suprimiría porque opino que son socialmente un espectáculo nocivo. Continúo asistiendo porque estéticamente son un espectáculo admirable y porque igualmente para mí no son nocivas, antes sobremanera provechosas como texto
donde estudiar la psicología del pueblo español. Hasta aquí el ilustre asturiano.
Como habrán advertido, señorías, por mi intervención, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente la admisión a trámite de esta iniciativa, y quiero manifestarles a todos los grupos que el mío está abierto a negociar posibles
enmiendas al texto en la Comisión de Cultura.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Ruego al público que no aplauda.
Gracias, señor Albendea. Ha pedido la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, para ello tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, promotores de la iniciativa legislativa popular que hoy supongo que nos acompañan, Convergència i Unió va a votar en contra de la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular que pretende, entre otros aspectos,
regular los toros como bien de interés cultural en todo el territorio español. Nuestro grupo votará en contra de esta iniciativa legislativa porque, más allá del debate toros sí toros no, lo que se pretende realmente es anular una decisión aprobada
por el Parlament de Catalunya, y que además se pretende llevar a cabo ejerciendo competencias que no corresponden al Estado. Como bien saben, la prohibición de las corridas de toros fue aprobada por el Parlament de Catalunya el 28 de julio de 2010
y fue precisamente a raíz de una iniciativa legislativa popular, igual que en este caso, que reunió un gran número de firmas -es importante destacar que más del triple de lo que se necesita para presentar una iniciativa legislativa popular en
Cataluña-. La aprobación de esa iniciativa legislativa
popular supuso la modificación de la Ley de protección de animales, vigente, derogándose la excepción que se efectuaba respecto a las corridas de toros; la prohibición, como saben también, se hizo efectiva a partir del pasado mes de enero
de 2012. Pues bien, en la tramitación parlamentaria de esa iniciativa en Cataluña, nuestro grupo adoptó la libertad de voto ante ese debate ciertamente complejo y en el que por motivos de conciencia se entendió que las y los diputados tenían que
ejercer el voto según el sentido que libremente considerasen. No obstante, hoy el debate es absolutamente distinto, porque, como hemos dicho, lo que realmente estamos debatiendo aquí es pasar el rodillo por encima de una decisión acordada por el
Parlament de Catalunya mediante la aprobación de una ley estatal. Estamos debatiendo sobre la imposición de los toros en todo el territorio español pero especialmente como reacción a la prohibición aprobada en Cataluña. Ese objetivo se deja
entrever tanto en la exposición de motivos de la propia iniciativa legislativa popular como en el propio articulado, cuando ya en su artículo 2 dice que el objeto de la presente ley es la protección de la fiesta de los toros como bien de interés
cultural y será de aplicación en todo el territorio nacional; y en el artículo 5, al disponer que las administraciones dentro de sus respectivas competencias promulgarán la normativa precisa para cumplir con lo dispuesto en la ley, quedando
derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en dicha ley. Ante tales pretensiones, Convergència i Unió defenderá siempre la decisión adoptada legítima y democráticamente por el Parlament de Catalunya, como no puede ser de
otra manera, y aunque cualquier iniciativa legislativa popular por principio merece todo nuestro respeto, la toma en consideración de esta proposición por su objetivo intrínseco hace que debamos rechazarla de plano. Nuestro grupo parlamentario
defenderá hasta las últimas consecuencias la legislación catalana y se opondrá contundentemente a cualquier intento de restablecer las corridas de toros en Cataluña.
Además, si analizamos la base competencial de sus pretensiones, como ha mencionado el portavoz del Grupo Popular, también llegamos a la conclusión, al contrario que él, de que carecen de todo fundamento. Estamos hablando de una cuestión que
es competencia de las comunidades autónomas y en la que la intervención del Estado no tiene amparo legal alguno. Efectivamente, las competencias de cultura están en manos de las comunidades, y mediante esta iniciativa -que ya se nos ha anunciado
que cuenta con el apoyo del Grupo Popular- se pretende determinar lo que tienen que hacer las comunidades en una cuestión nada pacífica como es la de los toros. Se pretende dirigir sus competencias y que se regule el fomento y protección de los
toros bajo el paraguas de una ley estatal que derogará toda la normativa que la contradiga, y todo ello se hace recurriendo a una interpretación errónea, parcial y sesgada de la Ley de Patrimonio Histórico Español y también de la Constitución
española, concretamente el artículo 149.2, como también ha mencionado el diputado del Grupo Popular que me ha precedido en el uso de la palabra. En este sentido, la declaración de las corridas de toros como bien de interés cultural no se puede
subsumir en ninguno de los supuestos específicos que recoge el apartado b) del artículo 9.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Por lo tanto, el Estado no tiene competencia para realizar tal declaración. Efectivamente, el Estado solo puede
efectuar una declaración de interés cultural en determinados supuestos: en primer lugar, cuando se trate de la defensa del patrimonio ante la exportación ilícita y la expoliación; en segundo lugar, cuando se trate de bienes integrantes del
patrimonio histórico español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado; en tercer lugar, cuando se trate de bienes que formen parte del patrimonio nacional. Es evidente que no estamos hablando en este caso de
ninguno -de ninguno- de estos supuestos, pero además tampoco existe una categoría de bien de interés cultural en la que se pueda incluir esa declaración. Así, el artículo 1.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español relaciona los bienes que forman
el patrimonio histórico español y diferencia dos grandes tipologías: los bienes muebles y los bienes inmuebles. El artículo 14 además recoge determinadas categorías de bienes inmuebles, y el artículo 27 establece que los bienes muebles se pueden
declarar bien de interés cultural pero sin prever categorías. En definitiva, tendríamos que estar hablando en este caso de bienes muebles o inmuebles, cosa que, como es evidente, no sucede con los toros. Aún así, si analizamos los artículos 46 y
47 de la misma ley, que se refieren al patrimonio etnográfico, tampoco podríamos incluir ahí la categoría de los toros, por cuanto la descripción que se realiza en esos artículos no se corresponde para nada con lo que representan las corridas. En
relación con el alegado artículo 149.2 de la Constitución española, debemos recordar también que ese precepto no puede significar en ningún caso un cajón de sastre para vaciar de total contenido las competencias exclusivas en materia de cultura que
han asumido las comunidades autónomas. Además en ese sentido se ha pronunciado variada y numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Podemos citar, a título de ejemplo, la reciente sentencia de 7 de mayo de 2012 o también la sentencia
31/2010, de 30 de junio, entre otras muchas. En definitiva, no estamos aquí ante una competencia del Estado por mandato de la
Constitución, ni muchos menos, sino todo lo contrario. Lo que se pretende hacer con esta iniciativa es lo que decíamos antes, vaciar de contenido las competencias en materia de cultura que han asumido las comunidades autónomas.
Por otra parte, queremos destacar que a lo largo de la iniciativa legislativa popular, especialmente en la exposición de motivos, se dan por ciertas algunas conclusiones que para nada son pacíficas sino todo lo contrario. Así, por ejemplo,
se dice: La fiesta de los toros es una actividad esencial que conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, como son los reconocidos en el artículo 20 de la Constitución española. Esta afirmación sin duda
alguna es como mínimo -como mínimo- jurídicamente muy discutible, al igual que tampoco son pacíficos muchos de los medios a través de los cuales se pretende introducir el fomento de la tauromaquia, como por ejemplo el artículo 4.4 de la iniciativa
legislativa popular, que se refiere específicamente a facilitar el acceso de los menores a los toros. En definitiva, no es habitual tampoco que se solicite la declaración de bien de interés cultural respecto a un acontecimiento que en vez de aunar
consensos, en vez de sumar provoque lo contario, divida a nuestra sociedad, como es el caso.
Esta iniciativa no es el primer intento de imponer nuevamente los toros en Cataluña. Este objetivo lo ha perseguido también el Partido Popular promoviendo que en las comunidades autónomas donde gobierna se declaren los toros como bien de
interés cultural. Por ejemplo, en la anterior legislatura se presentó una moción en el Senado, que no prosperó, que iba exactamente en el mismo sentido. De hecho, prácticamente esta iniciativa legislativa popular es una copia -con todo los
respetos- de la iniciativa que ya presentó en su día el Grupo Popular en el Senado, y que no prosperó, repito. Hoy el Grupo Popular ha anunciado ya que apoyará esa iniciativa, que supone un paso más allá, porque su posible aprobación en los
términos que está redactada supondría imponer los toros en todo el territorio español. Este posicionamiento, legítimo por otra parte, no nos sorprende, pero lo valoramos como un auténtico despropósito, y especialmente que se haya dado por hecho que
los toros volverán nuevamente a Cataluña, dando incluso fechas en que habrá corridas en Barcelona, incluso se dijo en las fiestas de La Mercè. Entendemos que es un absoluto despropósito, que bien seguro ha sido fruto de la pasión por la cuestión,
pero es inadmisible cuando ni siquiera se ha superado la correspondiente tramitación parlamentaria de la proposición. Esto supone infravalorar el papel de esta Cámara, pasando nuevamente el rodillo de la mayoría absoluta del Gobierno sin la más
mínima sensibilidad por la pluralidad democrática.
Lo más sorprendente de todo es la radiografía de prioridades políticas que revela hoy este Pleno, el contenido de este Pleno. Mientras que el partido que gobierna el Estado da prioridad a los toros, los problemas reales que preocupan a la
gente lamentablemente continúan sin encontrar respuesta. ¿Verdad que es incomprensible esto? Es incomprensible que en estos momentos el partido del Gobierno decida apoyar una iniciativa legislativa popular que divide a la sociedad y cuya prioridad
es más que cuestionable en la situación de grave crisis en la que nos encontramos, en cambio no dé su voto favorable a la toma en consideración de una iniciativa sobre la dación en pago, que debatiremos a continuación, que ha reunido más de
1.400.000 firmas y que trata de una cuestión en muchos casos, como bien saben, auténticamente dramática y que preocupa socialmente por las graves consecuencias que conlleva. También sería sorprendente en este caso que el Grupo Socialista, y
especialmente los diputados del Partido Socialista de Cataluña, no se pronunciaran contundentemente contra la toma en consideración de esa iniciativa que tiene como objeto pasar por encima, como decíamos, de la ley aprobada en el Parlament de
Catalunya, imponiendo nuevamente las corridas en Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.
Señor Albendea, ¿quiere hacer uso del turno de réplica? (Pausa).
Adelante.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Surroca, me ha decepcionado, porque después de que se sentó conmigo el año pasado en La Maestranza creí que la había convencido, pero veo que no. La verdad es que fue mala corrida. (Aplausos).
Señores de Convergència i Unió, no he hablado en mi intervención absolutamente para nada de Cataluña. Para nada. No he hablado para nada en mi intervención. He estado defendiendo la importancia cultural de la fiesta de los toros y nada
más. He leído el extracto de una sentencia donde hablan de competencia compartida entre las comunidades autónomas y el Estado. He estado explicando que el primer sentimiento que he tenido es de envidia hacia Francia, que ha declarado a nivel
nacional lo que ahora pretendemos declarar en España, que no creo que sea algo verdaderamente escandaloso. La
tauromaquia tiene un carácter universal. Quiero recordar una anécdota. Hace un par de años hubo en el Parlamento Europeo unas jornadas muy importantes sobre los toros y quiero recordar que un eurodiputado inglés dijo: comprendo el origen
ibérico -no dijo español- de la fiesta de los toros, pero como la fiesta de los toros, la tauromaquia es un arte y el arte es universal, nos pertenece a todos. Esa fue la consideración del diputado inglés, que por supuesto hago mía.
La señora Surroca dice que en estos momentos de grave crisis cómo vamos a hablar de toros. Pues precisamente por eso, porque la importancia económica que tiene la fiesta de los toros es fundamental. Si la suprimiéramos, crearíamos un
motivo más de crisis. Afectaría de forma gravísima a la ganadería, a los miles de puestos que se han creado gracias a la tauromaquia. Sería un disparate suprimirla, sería una crisis todavía mucho más grave. Precisamente porque estamos en crisis
hay que tratar de levantarla para que siga creando empleos.
Termino. Puede suponer que estoy en absoluto desacuerdo con las consideraciones que ha hecho e insisto en que no hemos hablado para nada de Cataluña. La señora Surroca ha supuesto que esto se refería a Cataluña, pero la única cosa que sí
es de agradecer es que la iniciativa haya sido consecuencia del esfuerzo tremendo y muy meritorio que ha hecho la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Albendea.
Señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.
Señor Albendea, con todo el respeto y todo el cariño, como bien sabe usted que le tengo, hoy el debate no es tanto si a mí me gustaron o no los toros. Esto es lo que menos importa hoy porque, como he dicho en mi intervención inicial, hoy no
se trata de un debate sobre los toros. Por suerte en Cataluña ese debate lo tenemos superado, nosotros pasamos página, Pasamos página, porque tenemos una ley aprobada por el Parlament de Cataluña por una amplia mayoría que dice lo que dice. Como
bien sabe, se prohibieron los toros y las corridas en Cataluña, y esta iniciativa legislativa popular es una reacción a esa prohibición. Esa prohibición, la abolición de los toros, como bien saben, también está vigente en otros territorios del
Estado español. En este caso el más reciente es Cataluña y muchas veces los temas y las cuestiones de Cataluña son lamentablemente las que más pican; y así estamos. Reitero que estamos hablando de una reacción a una ley aprobada por el Parlament
de Cataluña y ahí nuestro grupo parlamentario siempre va a estar al lado de lo que ha sido aprobado por el Parlament de Cataluña sin paliativos. Si se toma otra decisión en sentido contrario en Cataluña, ahí estaremos también independientemente de
lo que piensen y de lo que votaron nuestros diputados en aquella ocasión.
Cambiando de tercio, otra cuestión es la de las competencias. Aquí el Estado no tiene competencias para declarar las corridas como bien de interés cultural. Ya se lo he explicado de forma argumentada en la anterior intervención. La Ley
del Patrimonio Histórico Español es muy clara. Solamente hay tres supuestos en los que el Estado puede declarar bien de interés cultural un determinado evento, pero no es este el caso. Además, usted hace referencia a la Constitución española, al
artículo 149.2. También le he comentado -y hay sentencias en ese sentido- que el artículo 149.2 no puede ser un cajón de sastre para vaciar de contenido las competencias que tienen las comunidades autónomas en materia de cultura. Eso es lo que se
pretende hacer con esta iniciativa legislativa popular. Con todos los respetos para los promotores de esa iniciativa -como nos merecen respeto todas las personas que suscriban cualquier otra iniciativa legislativa popular-, la cuestión de fondo no
es el debate toros sí, toros no, porque en Cataluña está más que superado ese debate en esos momentos. La cuestión de fondo es respetar una decisión legítima que democráticamente adoptó el Parlament de Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.
Pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto. Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para fijar la posición de Unión del Pueblo Navarro sobre la iniciativa legislativa popular que pretende regular la fiesta de los toros como bien de interés cultural. La posición favorable de mi partido a esta pretensión
coincide con la visión tolerante y amable de una inmensa mayoría de navarros que consideran la fiesta del toro y todas las expresiones que alrededor del mundo de los toros se producen
como una fiesta popular. Mejor dicho, una fiesta del pueblo, que nace del pueblo, que se vive en comunidad sin etiquetas partidistas y con gran naturalidad.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a quienes hacen que esta original expresión de nuestra cultura sea posible, a quienes con especial pasión, esfuerzo y generosidad nos brindan la posibilidad de acercar esta tradición a todos
sin distinción política, geográfica o nacional; en especial, a los criadores del toro bravo por su cuidado, por su mimo y por su trato exquisito al animal; a los toreros y matadores de toros por su generosidad, por su valor y por su verdad a la
hora de la verdad; y también a todos los que en cada pueblo de España y de otros muchos países hacen posible con su papel no tan protagonista pero importante que la fiesta del toro sea un momento y -si me lo permiten- una excusa para disfrutar de
lo mejor de nuestras tradiciones, de la vida en comunidad, del encuentro con el forastero, de la hospitalidad de nuestros pueblos, de la alegría contenida de la gente, aunque probablemente no tan contenida en San Fermín. Quienes pretenden prohibir
esta tradición con criterios localistas, partidistas y oportunistas pueden conseguir temporalmente sus objetivos, es verdad, aunque todos sabemos que ellos no son el verdadero problema al que se enfrenta el futuro de esta tradición, porque el gusto
por la fiesta, su cuidado, su promoción, está en el corazón de cada aficionado, y especialmente en el compromiso, el afecto y la imaginación con la que sus protagonistas encaran el futuro incierto que toda expresión cultural tradicional debe
afrontar en un mundo cada vez más uniforme e impersonal.
A mi también me embarga, créanme, señorías, cierta sensación de vergüenza -lo decía el diputado Albendea- cuando contemplo que en nuestra vecina Francia y en muchos otros países hermanos de América Latina en vez de limitar o prohibir se vive
un renacimiento de la fiesta y se pone en valor su universalidad y su valor cultural. En Navarra, señorías, como es sabido, la fiesta del toro tiene muchos, muchos aficionados, y es a ellos, a nosotros, principalmente a quienes corresponde
defender, proteger y promocionar su conservación. Es verdad que las instituciones pueden jugar, y de hecho en mi comunidad juegan, un papel importante en su promoción, porque no podemos olvidar que además de expresión cultural la fiesta del toro
constituye un innegable y potente instrumento de promoción turística y relacional. Especialmente en una comunidad como la mía, Navarra, acosada por la intolerancia política, es en las fiestas de los pueblos y singularmente durante las celebraciones
taurinas -en las corridas de toros, en los encierros, en las capeas, en la suelta de vaquillas- cuando más se produce el encuentro, la distensión, la alegría y la humanidad que en otros muchos momentos tanto se echa de menos en mi comunidad. Desde
luego yo he conocido presidentes de corridas de toros en sanfermines de todos los colores.
A mí, señorías, personalmente me gusta esta fiesta y admiro mucho a sus protagonistas. Vaya desde esta tribuna mi agradecimiento a todos ellos, y en especial quisiera enviar un saludo a un gran anónimo de la fiesta del toro en Navarra y en
Pamplona, como profesional, apasionado del toro y, sobre todo, buena gente y mejor amigo de sus amigos, don Miguel Reta, a quien mando un saludo que hago extensivo a todos los invitados que hoy nos acompañan en esta tribuna.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy es un día triste, es un día que pasará a la historia por cómo ustedes se torean a la gente; se la torean dando apoyo a esta ILP para gastar más dinero en festejos sádicos y rechazando después una ILP para ayudar a la gente que
se queda sin techo. Pasarán a la historia por ese doble hecho. Hoy pretenden torearse a la gente en Cataluña, en España y en el mundo entero. ¿Se dan cuenta, señorías del PP, de que el único punto de su programa electoral que acabarán cumpliendo
es este, el de apoyar el toreo? Repasen sus propuestas y verán que ese es el único punto que acabarán cumpliendo. Tienen enfrente la mayor crisis de los últimos tiempos, la mayor, y su solución, su panacea universal son los toros. ¿Que se dispara
la prima de riesgo? Los toros. ¿Que se hunden en un marasmo de corrupción? Toros. ¿Ante el drama de la gente sin techo? Más toros. Como decíamos, se quieren torear a Cataluña con una ley que textualmente reza: La cultura taurina es el
denominador común de todas las culturas de España. ¿El denominador común? Con ese lema pretenden reintroducir los toros en Cataluña, el primer gran objetivo de esta iniciativa. Pues bien, no lo aceptaremos. (Pronuncia palabras en catalán).
Never ever will be accept bullfighting in Cataluña. It's done, it's gone, forever. Eso ya es historia, señorías. Iremos a donde haga falta para demostrar que pretenden un atropello; un Parlamento ha votado y la gente ha decidido. Nos dan una
razón más hoy -no se rían- para irnos y buscar nuestro propio país, donde personas y animales podamos vivir tranquilos.
Señor Albendea, ha dado muchas citas y, aunque tengo poco tiempo, yo también tengo una de Blas de Otero: España. ¿Qué es España?/¿Una vieja, horrorosa plaza de toros?/Fuere yo de otro sitio. De otro sitio cualquiera. Es que también se
quieren torear a España y a los españoles, gastándose, según nuestros cálculos, más de 570 millones de euros en subvencionar la fiesta taurina, dinero público de los contribuyentes, a tenor de un informe que hoy publicamos -ya se lo pasaremos-.
¿Que no comparten las cifras? Pues bien, dennos sus cifras, porque no las han dado, y no me digan que las cifras no existen, es que no las quieren enseñar. ¿Acaso se sienten culpables? No me hable tampoco de los empleos que genera el toreo, no me
hable de eso, por favor; cualquier otra actividad genera más empleos. Cuando se cerró la plaza de Las Arenas, en Barcelona, se abrió un centro comercial y, ahora, en la misma localización, ese centro comercial genera trescientas veces más horas de
trabajo. Con el dinero público que se gastan en toros podríamos salvar de la miseria a 5.000 familias desahuciadas, construir quinientas guarderías, doce hospitales.
El mundo nos está mirando atónito. Hoy, la prensa internacional les cita y les tilda de provocadores. Eso es lo que dicen, provocadores, porque también se quieren torear a la opinión internacional. ¿Ya les han contado a los contribuyentes
suecos, alemanes, daneses, que ellos también están pagando los toros, que a través de fondos europeos, a través de la política agraria común, con 130 millones de euros -cito el Financial Times- están subvencionando a esta fiesta, que Europa la está
subvencionando? ¿Ya se lo han explicado? Y todo eso para el sacrificio de un herbívoro, un mamífero que no mata ni para comer. El mundo está estupefacto ante tal insensibilidad, ante una fiesta sádica en la cual se atraviesa a un animal con una
espada, provocándole un intenso dolor, matándolo por derrame de sangre en los pulmones, sofocándole hasta causarle un paro cardíaco. ¿Que no duele? ¿Quieren probarlo? ¿Algún voluntario? ¿Lo quieren probar? ¡Claro que duele! Provoca un dolor
atroz. Hermosa poesía, por cierto, señor Albendea.
Acabo, señorías. He apelado a la razón. He apelado a la economía y ahora apelo a su conciencia, a la conciencia de los que están, porque hay pocos de ustedes aquí del PP defendiendo esta ILP. Si ahora votásemos, perderían.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, tiene que acabar.
El señor BOSCH I PASCUAL: Acabo. Gracias, presidenta.
Si votásemos, perderían ustedes ahora mismo.
Hoy desearía que ustedes pudieran mirarse al espejo y decir sin pestañear: Hoy he obrado bien, hoy no me arrepiento de mi voto. Apelo a su sentimiento. No toreen, al menos, sus sentimientos. Y no hablo solo de sentimientos para con los
animales, hablo de sentimientos humanos, hablo de su humanidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.
Por el Grupo Vasco, PNV, señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Quiero empezar mi intervención recordando que tras un año y medio vuelvo otra vez a esta tribuna y que mi última intervención en esta tribuna fue en un debate con Ceferino Díaz. En ese debate discutimos y me acuerdo que dijimos: Ni tú ni
yo nos haremos ricos nunca hablando de verdeles, de jureles y de caballas, y así ha sido. Ceferino se ha ido -un gran compañero-, otros quizá de otra manera sí se han hecho ricos, de otra manera mucho más inmoral, y pido un recuerdo para el
compañero Ceferino, que tanto debatió, discutió conmigo y con otros muchos más. (Aplausos). Muchas gracias.
Dicho esto, estamos ante esta iniciativa pero este debate de hoy no es un debate de toros sí, toros no. Yo voy a negar la mayor. Esto no es debate de toros sí, toros no. Subimos a esta tribuna gente que podemos estar a favor o en contra
de los toros; es más, yo puedo ser favorable incluso, o no, pero no me voy a pronunciar porque no es el debate de hoy, el debate de hoy es otro. Este es un debate que ha venido trufado en el sentido de que es meter un ingrediente dentro de otro
caparazón para decir otra cosa porque el objetivo, incluso estando a favor o en contra, es otro; incluso considerando que los toros pudieran ser un bien cultural, o que fueran una expresión artística como usted ha dicho antes. Aquí lo que se dice
es si de repente las comunidades autónomas por ejemplo pueden o no legislar en torno a este tema, pero cuando queremos las comunidades autónomas son parte del Estado y cuando queremos no. Yo consideraba que ustedes pensaban que las comunidades
autónomas son parte del Estado. Quizás yo pueda discutirlo, pero sé que ustedes no lo discuten. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando unas
comunidades autónomas toman unas decisiones que no gustan por ejemplo al que esté gobernando, entonces se dice que eso no puede ser y que no es competencia de las comunidades autónomas. Por lo tanto, no vamos a entrar en el juego de si
somos o no somos favorables a los toros o a las corridas o a que haya espectáculos taurinos o no, porque me parece que esto es un engaño ya que este es un debate trufado. Casi el 90% de su discurso ha sido una oda a la poesía, al arte, a la
belleza, al contenido artístico y cultural de los toros; poca mención ha hecho a la parte dispositiva de la proposición de ley, que es la madre del cordero. Por lo tanto, creo que por algo se ha trufado y vuelvo a decir lo que he dicho antes.
Al entender de mi grupo, esta iniciativa es impositiva, centralista y centralizadora y creo que es un peligro tal y como estamos porque parte de una trampa. Si se considera bien cultural -eso es lo que ustedes quieren-, el Estado o el
Gobierno central puede regular o adquiere competencias que de otra manera no las tendría y puede o debe velar por la protección porque ustedes dicen que sobre la base de ciertos criterios es un bien cultural. Por tanto, las comunidades autónomas
quedan parcialmente inhabilitadas para legislar en este ámbito y por todo ello estarían obligadas a mantener y a difundir la fiesta de los toros; es decir, estarían incapacitadas para prohibirla, que es al fin y al cabo a donde se quiere llegar.
Sin embargo, usted y yo sabemos que mientras tanto las comunidades autónomas pueden hacer lo que estimen oportuno en este ámbito. Se eleva a categoría artística o cultural lo que es un espectáculo gestionado hoy en día por las comunidades
autónomas. Por tanto, parte de unos supuestos que no me diga que no son abstractos o discutibles, incluso pudiendo hoy estar a favor, pero son discutibles, para definir qué es un bien cultural porque otros pueden definir qué es otra cosa. Esos
supuestos se dan por hecho y basándose en esos supuestos se dice que nadie discute que esto es un bien cultural. Y de esa forma el Estado tiene capacidad para velarlo.
Por eso vuelvo a decir que niego la mayor. Esto no es un debate de toros, por mucho que aquí los que estén sea gente protaurina; esto es un debate más bien de ámbito competencial, de qué capacidad tiene quién para legislar sobre este tema.
Por tanto, vuelvo a decir, no es toros sí o toros no, sino que en el fondo es imposibilidad de decir toros no. Eso es lo que se busca.
También hay unos principios ideológicos y no hace falta más que leer la introducción o el prefacio de esta proposición. Utiliza estos términos: cultura española global, patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, nuestra
historia, nuestro acervo cultural, identidad colectiva. Utiliza todos esos términos y después usted dice que no tienen color político los toros, ¿y eso qué es? Algo más nacionalista español que ese prefacio pocas veces lo he leído, pocas veces. Y
al final para qué es eso, para concluir tajantemente: Por tanto, su preservación corresponde y compete al Estado. ¿Y qué es el Estado? Es el Gobierno central, en este caso ya no son las comunidades autónomas, el que tiene que velar para que las
comunidades autónomas un poco díscolas no desobedezcan.
En ese sentido, vuelvo a decir que aparece también en un momento dado: El Estado debe ordenar y fijar las directrices y criterios globales de ordenación del sector taurino en su doble e inseparable aspecto de bien cultural y de sector
económico y sistema productivo propio y bien delimitado en su contenido. Al final dice: Si aquí no se va a hacer lo que estimamos oportuno, apelamos, como ha dicho la compañera Surroca, al 149.2, que vale para todo. Para todo aquello, para que
cuando las comunidades autónomas ejercen unas competencias que no gustan siempre está el 149.2, que nos puede salvar de cualquier inundación y, en este caso, de cualquier planteamiento díscolo.
No voy a alargarme más. Quiero decir que mi grupo parlamentario va a votar en contra de esta iniciativa por una cuestión de engaño. Consideramos que las comunidades autónomas tienen competencia plena para legislar y para decidir en este
ámbito -no hace falta que ningún papá o mamá Estado venga a velar por intereses cuando no interesan o cuando no gustan- y que los criterios que se utilizan son muy discutibles. Yo, pudiendo ser incluso pro taurino o que me gusten los toros, sobre
lo que, vuelvo a reiterar, no voy a pronunciarme porque no es el caso, leyendo este prefacio, verdaderamente no sé si votaría a favor de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor diputado.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, querría comenzar agradeciendo el trabajo de aquellos que han recogido todas estas firmas; es un gran trabajo y creo que traen aquí un reflejo de lo que quiere una parte importante de nuestra sociedad. No veo por qué hemos
de reconocer el trabajo de quienes traen luego otra iniciativa legislativa
popular y debemos negárselo a esta, así que desde aquí quiero mostrar mi agradecimiento. Eso sí, también debo decir que creo que el Partido Popular mezcla, con su permiso -y sabe usted el cariño que le tengo, señor presidente de la Comisión
de Cultura-, churras con merinas, y me voy a explicar.
Es lógico además que ustedes lo hagan así, que mezclen churras con merinas, porque tengo la sensación de que el sector de los toros en realidad les importa bien poco -escuchando cómo han hecho ustedes y qué nos han presentado hoy aquí-, y
realmente mucho menos el sector cultural, por mucho que usted se empeñe en hacer una loa al sector. El Partido Popular está dejando el sector cultural sin ayudas, no acaban de presentarnos una alternativa a eso que están haciendo de dejar las
subvenciones, no presentan una ley de mecenazgo, sin embargo hoy nos presentan una iniciativa y defienden que debamos subvencionar el sector de los toros. Es patente para nosotros que todo esto es realmente un parche, que todo esto ustedes lo
presentan aquí, o permiten que se presente, o lo facilitan para luchar contra los nacionalistas catalanes, para luchar contra esos nacionalistas con los que ustedes, señores del Partido Popular, siguen llegando continuamente a tantos acuerdos, con
los nacionalistas catalanes con los que ustedes gobiernan, a quienes indultan; y ahí podríamos ponerles a ustedes un ejemplo de eso que deberían empezar a aprender sobre el toreo. Si realmente quieren hacer que los toros sean un bien cultural,
¿por qué no se aplican el cuento, por qué no aprenden un poquito de ellos? Verán, en el toreo los indultos se les da al toro bravo, al noble, al que tiene un buen comportamiento, así que me gustaría que se aplicaran el cuento y que en especial, en
referencia a los indultos -ya que he sacado tangencialmente este tema-, lo hicieran como ellos nos enseñan se debe hacer cada día.
Nos traen aquí -creemos realmente- la utilización política que ustedes y ustedes están haciendo con este tema, y digo conscientemente utilización política porque nuestros compatriotas nacionalistas catalanes se hacen los finos y defienden
hoy aquí al toro dentro de la plaza pero se olviden del toro en el carrer. Parece que les moleste que se toree al toro, que se le lidie, pero no que se le embole, que se le prenda fuego y que se le persiga por las calles del pueblo. Supongo que es
una cuestión de tradiciones, señora Surroca, pero es pura hipocresía también, porque ustedes acaban de decir que hay que pelear contra la imposición pero ustedes pelean contra la imposición imponiendo, lo cual no es forma de hacer las cosas. Hablan
también de que el Grupo Popular suelta hoy este tema para distraer. Señora Surroca, ustedes hicieron lo mismo en su día; ustedes utilizaron este tema también para distraer en Cataluña. Sigo esperando, eso sí, que me expliquen la diferencia entre
lo que les pasa a los animales d'els bous al carrer y en la plaza durante la lidia. Me gustaría que algún día, aunque solo sea personalmente, me lo aclare porque no acabo de entender cuál es su postura real al respecto.
Ustedes hacen política nacionalista y este tema lo usan específicamente para hacer política nacionalista, pero es que el Partido Popular hace lo mismo. Ustedes están usando al mundo de los toros para enfrentar. Hablan por supuesto, y el
señor de Esquerra Republicana lo hacía también, del tema competencial, pero lo cierto es que los animales les importan un bledo. Usted, señor Bosch, hablaba de qué es lo que sentiríamos cualquiera de nosotros dentro de una plaza cuando nos
torearan, nos clavaran, etcétera, este discurso sentimentalista. Me gustaría preguntarle, ya que se pone usted así, qué es lo que sentiría usted si tuviera -que no tiene- cuernos, le ataran unas bolas, se las encendieran y le persiguieran por todo
el pueblo. Si vamos a hacer discurso sentimentalista, hagámoslo de todo ¿de acuerdo?, no solamente hablemos de una parte.
Aparte de eso, también, señora Surroca, yo les niego la mayor. Niego que ustedes deban legislar en un tema como este, y lo que quisiera es centrar el asunto, porque vamos a permitir dos cosas en lo que estamos tratando hoy. Vamos a
permitir que en el futuro hablemos de si se le debe otorgar una ayuda o no al mundo de los toros, pero también creo que lo que deberemos hacer aquí es hablar de si realmente se debe permitir o no el mundo taurino. Nosotros decimos que sí, estamos a
favor, vamos a votar a favor, debatamos sobre el asunto, pero debatamos sobre el fondo del asunto, no hagamos política nacionalista, no usemos a los toros para enfrentarnos; no hagamos demagogia, señor Bosch, ni sentimentalismos. Aquí hay que
hablar de una cosa bien concreto: ¿Tienen los animales derechos o no los tienen? Y yo, no sé usted, afortunadamente tengo un referente ético y me siento muy contento de tenerlo. Voy a citar a Savater, que me parece una persona bastante
importante. El problema, el eje del problema es ese: ¿tienen o no los animales derechos? De eso es de lo que hemos de hablar. El problema sería ese, si los tienen, y considerar además la defensa de sus necesidades y su bienestar como parte de
nuestras obligaciones morales. En principio, estrictamente hablando, los animales no tendrían derechos, a la par que tampoco tienen obligaciones. Y al carecer de libre albedrío y capacidad de decisión, no podríamos considerarlos sujetos éticos
capaces de discernir entre el bien y el mal. Por lo tanto, señorías, el tema de la libertad nos
separa de los animales. Sin embargo, la capacidad de sufrimiento y la percepción de dolor establecen una continuidad entre animales racionales y animales irracionales. Esa continuidad no transforma a las bestias en nuestros iguales éticos,
pero sí nos obligaría a considerar sus padecimientos y a velar por su bienestar. Señorías, todo contrato implica igualdad entre las partes; con los animales no puede haber contrato, este es el fondo del asunto, solo puede haber trato y, desde
luego, todos deseamos que ese trato cada vez sea mejor. El maltrato a los animales no es un atentado ético, no viola ninguna obligación moral para con ellos, pero sí que es cierto una cosa: degrada, señorías, nuestra humanidad. Nuestra brutalidad
con los animales, ¡ojo! -en esto creo que se está haciendo mucha hipocresía hoy- con todos los animales, no solamente con los toros, sino también con los que sacrificamos en los mataderos, e incluso también con los animales domésticos. Nuestra
brutalidad con todos los animales nos hace menos humanos, nos predispone a ejercerla con nuestra especie, pero lo cierto es que ni los toros ni el resto de los animales tienen siquiera dos de los que son nuestros derechos fundamentales, uno es el
derecho a la libertad y otro es ese tan importante, del que también estamos hablando hoy aquí, no nos olvidemos, que es el derecho a la vida. No los toros, pero, repito, tampoco las vacas, las gallinas, los corderos. No seamos hipócritas. Hay
límites evidentes. Dentro de poco hablaremos aquí de un proyecto de ley que decidirá cuáles son esos límites en la forma que tenemos de comercializarlos, de transportarlos o de sacrificarlos. Como vamos avanzando cada vez más en nuestra
civilización, cada vez queremos someterlos a un trato mejor.
La realidad, señorías, es que vivimos a espaldas de cómo criamos y cómo matamos a aquellos animales de los que nos servimos para alimentarnos o, por ejemplo, para investigar, y los toros en eso son claros, son públicos, no se esconden. Hoy
quisiera que hubiésemos hablado más de esto y no tanto de hacer política con la cuestión o de hablar de sentimentalismos. Pedimos derechos a sujetos, señorías -lo hemos hecho y lo he escuchado-, que no los poseen, pero no me parece raro. Hemos
estado escuchando aquí muchas veces como los señores nacionalistas pedían derechos también a los territorios. No me extraña oírles que estén haciendo lo mismo con los animales. Por otra parte -y quisiera decirlo también-, tengo la sensación de que
la fiesta de los toros no está en su mejor momento. Dejemos que sea el propio mercado, que sea la sociedad española la que decida si deben seguir o no deben seguir. Y desde luego, ya para terminar, señores del Partido Popular, ni que decir tiene
que en una época en la que ustedes están retirando las subvenciones a todos los sectores, sobre todo en cultura, me parece injusto que se las otorguen a los toros y estaremos en contra de eso.
Vamos a debatir a favor o en contra de algunas de las partes de la propuesta que nos traen hoy aquí. Estaremos en desacuerdo con algunos de los puntos. Pero, resumiendo, no estamos de acuerdo con la prohibición. Tampoco estamos de acuerdo
con la subvención. Es una suerte personal para mí tener un referente ideológico y ético al que ya he nombrado en el debate. Decía Aranguren, otro de los grandes, que en el Gobierno se hace política -ya lo dije una vez- y en la oposición ética.
Señorías, hemos oído mucha política, y de la mala, debo decirlo, esta tarde. Mucha demagogia, mucho sentimentalismo y mucha hipocresía. Espero que el Gobierno haga esta vez ética. Y, por cierto, señores del Gobierno, espero que practiquen a
menudo también esa labor, la de hacer ética, no solo con los animales, también con los ciudadanos.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Gracias, señora presidenta.
Aprovecho para saludar a los alumnos y alumnas de Fuentes de Ebro y comarca, que nos acompañan. Con casi 6 millones de parados, con centenares de miles de familias desahuciadas, con recortes brutales en sanidad, educación o dependencia, hoy
se reclama una inyección de dinero público para matar toros. Esa es la prioridad del Grupo Parlamentario Popular en este Pleno. El PP, que todavía gobierna España, cree que hay que acudir al rescate de la tauromaquia, pero no de las personas
amenazadas por los desahucios. ¿Lo han pensado bien, esto? ¿Están seguros del mensaje que están lanzando a la sociedad: pan y circo, pan y circo? ¡Que el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución, oiga, y la tauromaquia no!
Con todo el respeto que me merecen los ciudadanos que utilizan la vía de la iniciativa legislativa popular y que defienden legítimamente sus intereses, por muy minoritarios que puedan ser, tengo que empezar expresando la extrañeza ante el
cúmulo de problemas formales que presenta esta iniciativa y que no son baladíes. La intención de la proposición de ley es directamente inconstitucional por invasión
de competencias autonómicas. No voy a extenderme porque lo ha explicado muy bien la señora Surroca. Además, hay problemas en cuanto al procedimiento elegido para esa declaración de BIC por ley, que desde luego no se adecua a la legislación
vigente; y además, conviene que sepamos que esta ILP está impugnada ante el Tribunal Supremo y que, a nuestro juicio, hubiera sido más prudente haber esperado a la sentencia antes de incluirla en el orden del día, por lo que pueda ocurrir. Pero
tampoco deben extrañarnos estas irregularidades dado el trato de favor que han recibido los promotores de esta iniciativa: basta ver la recepción con alfombra roja por el presidente de esta Cámara, algo absolutamente excepcional. Evidentemente,
esta ILP ha contado desde el principio con el respaldo del Partido Popular y ya sabemos que, como cantaba La Bullonera: al que tiene padrino le ponen silla y los demás de la fila van de rodillas.
Además de razones formales, hay otras muchas razones de fondo, económicas, políticas, éticas, morales, a las que me referiré. En realidad, basta con leer el texto articulado para comprender que el único objetivo de los promotores realmente
no es cultural sino económico: apropiarse de dinero público. El resto de los artículos es relleno. Resulta evidente que la tauromaquia ha perdido el gusto del público, que ha abandonado los ruedos masivamente. Hace años que las corridas de toros
ya no son rentables y que han dejado de ser ese tan cacareado: segundo espectáculo de masas de España. Los datos del propio ministerio son demoledores en este sentido. Desde 2007 a 2012 los espectáculos taurinos se han reducido en un 54%. La
caída es espectacular y esa tendencia se acentúa cada año que pasa. Igual ocurre con el público asistente. Las empresas taurinas se quejan amargamente de que nadie va a los toros. Según la última encuesta de hábitos culturales y de ocio de 2011
del Ministerio de Cultura, solo el 8% de la población ha ido alguna vez a algún espectáculo taurino. Las corridas de toros es la actividad de ocio menos practicada por los españoles. ¡Va más gente a ver exposiciones! ¡Va más gente a escuchar
conferencias! Cualquier cosa tiene más público antes que los toros. Los propios especialistas no tienen más remedio que reconocerlo, como González Troyano, que no le da más de quince o veinte años de vida a la tauromaquia, y cito sus palabras en
una reciente entrevista: La fiesta de los toros no es un espectáculo popular de masas, los toros exigen una sensibilidad muy distinta a la contemporánea. Los toros están históricamente abocados a su desaparición. En diez años de clases en la
Universidad de Sevilla no he visto ningún estudiante interesado en la tauromaquia.
Esa es la situación agónica que ha motivado precisamente el impulso de esta iniciativa legislativa popular. Sus promotores pretenden que un negocio obsoleto pase a considerarse como un producto cultural para poder beneficiarse de
subvenciones públicas y de privilegios fiscales. Es así de simple: el sector necesita una inyección de dinero público porque la gente no va a las plazas. Señorías, ¿vale la pena destinar dinero público para que una minoría muy reducida continúe
organizando corridas de toros? ¿Qué pensará la troika, que en España se recortan las pensiones, la educación, la dependencia, la sanidad y se gastan el dinero de los contribuyentes en corridas de toros? ¡Estos españoles están majaretas! No pueden
pensar de otra manera, no cabe otra explicación. ¿Pero es que a este Gobierno no le preocupaba tanto la marca España y la imagen de España y el quedar bien ante los mercados internacionales? Pues parece que no. No me imagino a Draghi, a Merkel y
a los hombres de negro rescatando la economía española para financiar no programas de crecimiento, no la creación de empleo, no el Estado de bienestar, sino un espectáculo público donde se matan animales. No me lo imagino.
Si ya no les preocupa tanto cómo nos ven desde fuera, supongo que les preocupará al menos la opinión de los españoles. Pues tampoco. El gusto por la tauromaquia es muy minoritario y ese balón de oxígeno con dinero público que se pretende
poner en marcha con esta proposición de ley se ha encontrado con el rechazo masivo de la sociedad española y así lo constatan con rotundidad las encuestas que se han realizado. No se engañen, el dinero es la única razón de ser de esta ILP, lo demás
es relleno. Por ejemplo, instar la declaración de la fiesta de los toros como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco. Instar, para instar no hace falta una ley, es un contenido propio de una proposición no de ley. Se puso aquí este
artículo para rellenar y para intentar darle una pátina presuntamente cultural a la tauromaquia. Pero hasta los promotores deben saber a estas alturas que ese objetivo es imposible. Mencionarlo en la ley es -por emplear un lenguaje a su gusto- un
brindis al sol. La propia responsable de perseguir en la Unesco ese objetivo, Beatriz Badorrey, advertía que en la Unesco no les gusta la muerte y no conciben cómo en un arte puede estar por medio la muerte de un animal. Va a costar mucho
argumentar la muerte del toro, acaba la cita. Es que es imposible que la Unesco declare las corridas de toros patrimonio de la humanidad, porque no encaja ni en el espíritu ni en la letra de los requisitos que se exigen. Las corridas de toros son
una fuente de educación en la violencia y no transmiten valores de respeto hacia los seres vivos, sino todo lo contrario. Nadie en su sano juicio elevaría la crueldad y el sufrimiento a la categoría de patrimonio de la humanidad.
Otro objetivo es que los menores de edad puedan acceder al conocimiento de lo que denominan ustedes cultura taurina de forma libre y espontánea, que debe ser la forma light para colar la tauromaquia en los colegios. ¿Pero qué es eso de la
cultura taurina? ¿Aprender a torturar a un animal? ¿Aprender a ver la belleza en la sangre derramada y en la incapacidad del animal para mantenerse en pie? Pero si ni siquiera deberían entrar los menores de edad en las plazas de toros, ni
siquiera deberían entrar en las plazas de toros. (Aplausos). Les falta clientela y quieren adoctrinar en la escuela para intentar ganarse el público del futuro. Realmente patético. Desde luego, sustituir Educación para la Ciudadanía por
educación para la tauromaquia podrá ser un chiste, pero nunca será una ley, ni siquiera en la España de Rajoy. (Rumores). Similares cosas podríamos decir de la intención de crear materias universitarias sobre la cultura taurina. Vivimos años de
enormes recortes en los presupuestos de cultura. En dos años se han reducido a la mitad. Las industrias culturales y los creadores están desamparados del apoyo público. Las bibliotecas no tienen dinero para libros y encima cierran los sábados.
¿De dónde va a sacar este Gobierno el dinero para las corridas de toros? ¿Va a tener el cinismo de detraer fondos que deberían servir para la cultura de verdad y derivarlos a este espectáculo cruento basado en el maltrato animal?
La exposición de motivos merecería un debate monográfico. Voy a pasar muy rápido sobre ella. Para destacar la importancia socioeconómica de la tauromaquia se apropian de la dehesa, de la ganadería y de todo. Dicen que el PIB del mundo del
toro es el 2,4%. Pero si todo el sector primario supone el 2,7% del PIB, ¿cómo va a ser el 2,4% el toro? Por favor. Si han hecho así las cifras, imagínense cómo será lo demás, las exageradas cifras de empleo, de millones de euros...En fin, no hay
que tenerlas en cuenta, es el fruto natural de la desesperación ante el final de una era. Los promotores sí parecen haberse dado cuenta de que queda mal pedir abiertamente dinero público y por eso los mensajes en los últimos días se han centrado en
el conflicto territorial. Mal se haría si se quisiera convertir este debate en un debate entre nacionalistas. Señor Cantó, la respuesta de la coherencia es la que da Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA, que rechaza las corridas y también los
embolats y los capllaçats. Señores del PP, ustedes pretenden puentear los acuerdos democráticamente adoptados en dos comunidades autónomas, Canarias y Cataluña, que han abolido la tauromaquia en sus territorios, pero no engañen a su propia gente,
esta ley no devolverá los toros ni a Canarias ni a Cataluña y ustedes saben que el Tribunal Constitucional no les puede dar la razón.
Tenía muchas citas y voy a acabar con un par de ellas. En primer lugar, la de un hombre de ciencia, el Premio Nobel de medicina, el aragonés Santiago Ramón y Cajal, que decía: Me enorgullezco de no haber figurado nunca entre la clientela
especial de las corridas de toros. Desde luego, para nuestro grupo parlamentario solo la apuesta por la ciencia, la educación y la cultura de verdad nos podrá ayudar a salir de la crisis económica, social y también moral que padecemos. No quería
olvidar tampoco...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Yuste, tiene que finalizar.
El señor YUSTE CABELLO: Concluyo rápidamente con las palabras de otro aragonés, Joaquín Costa, prócer del regeneracionismo, que escribió en 1894: La cultura hacia los animales irracionales hace el corazón insensible a los sufrimientos de
los hombres. Las corridas de toros son un mal inveterado que nos perjudica más de lo que muchos creen y de lo que a primera vista parece. Desde la perversión del sentimiento público hasta el descrédito del extranjero, hay una serie tétrica de
degradaciones que nos envilecen.
Concluyo ya, señorías. Nuestro grupo va a votar no a la toma en consideración de esta ILP por inconstitucional y, sobre todo, por entender que no puede destinarse dinero público a espectáculos donde se consagra el maltrato y la muerte de
animales.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: No podemos permitir que estos espectáculos distraigan recursos públicos que deberían destinarse a apoyar la cultura de verdad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, son las cinco y veinte de la tarde y vamos a terminar el debate sobre esta proposición de ley fruto de una iniciativa legislativa popular. Quisiera empezar por dar la bienvenida, en nombre del Grupo
Socialista, a los promotores de las dos iniciativas sobre las que vamos a deliberar esta tarde. La coincidencia de dos iniciativas tan dispares en el día de hoy, más que fruto del azar de la tramitación legislativa, es consecuencia de la
necesidad de la actual mayoría parlamentaria de echar mano de un capote con el que taparse. (Aplausos). Es injusto para con los promotores y los firmantes de la iniciativa que ahora debatimos que el PP use el debate sobre los toros para distraer,
precisamente hoy, a los españoles del problema de los desahucios.
Señorías, lo cierto es que, con independencia de la coincidencia de la fecha, ambas iniciativas son tan distintas que alguien se podría preguntar si es el mismo pueblo el que las envía a esta Cámara o si se trata de dos pueblos diferentes
con agendas e intereses muy distintos. Sin embargo, esa sería una pregunta injusta. Como dice Pierre Rosanvallon: El pueblo como totalidad, tomado en singular, es inencontrable. Señoras y señores, afortunadamente no somos un pueblo unánime, no
somos un pueblo con una sola alma sino con 47 millones de almas, si los cálculos del Instituto Nacional de Estadística no fallan, que no fallan. Así que mejor conjugar nuestro pueblo en plural y no escandalizarnos de la variedad de sus intereses y
hasta de la contradicción entre los mismos, al fin y al cabo ¿no son nuestros desacuerdos los que nos unen? ¿Qué sentido tendría estar aquí juntos toda la tarde si estuviéramos completamente de acuerdo? Si estamos juntos es porque no estamos de
acuerdo, nos une lo que nos diferencia. Dicen que las minorías son compactas y que las mayorías son compuestas. Mi grupo está compuesto por 110 diputados y diputadas y entre ellos hay quienes aman la fiesta de los toros y otros que solo han ido a
una plaza a ver un concierto de rock, igual que les ocurre a la mayoría de nuestros votantes. La actitud hacia los toros no define nuestra identidad como socialistas, cada uno tiene su opinión. (Aplausos). Sin embargo, todos nosotros compartimos
la misma opinión sobre la iniciativa concreta que examinamos esta tarde. Los griegos llevaron un gran caballo a las puertas de Ilión; los troyanos amaban los caballos, pero aquel caballo, precisamente aquel caballo debieron dejarlo fuera de las
murallas. De todas las iniciativas a favor de los toros, la prudencia aconseja hasta a quienes más aman los toros considerar que precisamente esta iniciativa no es un regalo. La sociedad española vive pacíficamente sus contradicciones respecto a
los toros. Los estudios sociológicos reflejan una curiosa paradoja: la mayoría de los españoles declaran que no les gustan los toros, pero son también mayoría los españoles que se oponen a que se prohíban las corridas de toros. A la mayoría de
los españoles no les gusta ni los toros ni la prohibición de los toros, la vida es paradójica y más grande que las ideologías. Si en justicia tuviéramos que elegir una seña de identidad de las españolas y los españoles, esa seña de identidad no
debiera ser la fiesta de los toros, sino la inteligencia para sobrellevar sin quebranto de la convivencia sus diferencias y contradicciones, incluidas las referidas a la fiesta de los toros. (Aplausos).
Esta proposición de ley no mejora la costumbre social, por eso hemos decidido abstenernos de votarla; si funciona, mejor no tocarlo. Así que si la mayoría de los ciudadanos está en una sabia y tolerante posición, mejor sería que aquí, en
esta Cámara de representación popular, frenemos las pasiones de las minorías de uno y otro signo. No estamos aquí para hacer lo que nos gusta a cada uno, sino lo más razonable para todos, y lo más razonable es no prohibir ni fomentar, en todo caso
proteger y, como se reconoce en la exposición de motivos de la proposición de ley que estamos viendo, los toros están bien protegidos por una ley de 1991 propuesta, por cierto, por un gobierno socialista.
En política no solo cuenta la intención, en política cuentan las consecuencias; no sería correcto subir a esta tribuna a juzgar las intenciones de las personas que han promovido y que han firmado esta proposición de ley; les atribuyo las
mejores intenciones, pero no puedo subir a esta tribuna sin pararme a reflexionar sobre las consecuencias de lo que se nos propone. Lo que se nos propone, lejos de resolver el problema que pretende resolver, lo agudiza y crea nuevos problemas.
Convertir un elemento de la cultura en un rasgo de identidad nacional cuando no hay un amplio consenso al respecto, es hacer de la cultura pasto de la peor de las políticas, la política de identidad. Uno tiene la sensación de que hay quien ha visto
la oportunidad de usar las buenas intenciones de los promotores y los firmantes en defensa de los toros como madera para otro conflicto. Los toros son cultura, como sabe cualquier estudiante de primero de Antropología, lo que no está tan claro es
que sea bueno convertir la cultura en política. Dice Terry Eagleton en su libro La idea de cultura que -abro comillas- la meta última de una política de la cultura es devolver a esas cosas su carácter inofensivo de tal forma que se pueda cantar,
pintar hacer el amor -o, diría yo, ver los toros- sin que ningún conflicto político fastidie el asunto. Es cierto que en ese caso habrá defensores y defensoras de la política de identidad que no sabrán qué diablos hacer con su vida, pero ese es su
problema, no el nuestro. Fin de la cita. Nuestra prioridad como socialistas es el desempleo, son los desahucios, eso es lo que la sociedad española vive como problema, ese es nuestro problema.
Decir que la identidad nacional española es taurina es algo tan arbitrario como decir que la identidad catalana es antitaurina; convertir la afición a las corridas de toros en la medida del patriotismo de la gente es hacerle un mal servicio
a la patria y a los toros. Si tenemos que construir una misma identidad para cuarenta y siete millones de identidades diversas, construyámosla con los materiales del consenso, siempre será más sólida. Declarar un bien de interés cultural exige
trabajar más en la construcción de un consenso que en la construcción de una mayoría, y tampoco este -el de la proposición de ley- es el procedimiento legal para hacerlo. Las competencias para declarar las corridas de toros bien de interés cultural
están en las comunidades autónomas, y las que han querido lo han hecho, y lo han hecho libremente. Ni estamos de acuerdo en obligar, en las presentes circunstancias, a todas las administraciones por ley a que dediquen recursos a sostener la fiesta
de los toros, ni sinceramente nos parece que debamos legislar que los menores de edad deban ser educados en la afición a la fiesta. Hasta los diputados socialistas más aficionados a los toros están en desacuerdo con el texto concreto de esta
proposición de ley, y es sobre dicho texto, sobre dicho texto concreto, sobre lo que se nos pide nuestro parecer y nuestro voto, y es sobre ese texto sobre lo que nosotros nos pronunciamos, un texto, por cierto, cuyo título literal dice: corridas
de toros, y no tauromaquia.
Por último, me gustaría dirigirme a los aficionados taurinos para decirles que hay un pasaje en la biografía de Belmonte, escrita por Chaves Nogales, en el que se reproduce un monólogo del torero combatiendo su miedo antes de ir a la plaza.
Belmonte se dice a sí mismo: La culpa es de los socialistas, que no han abolido las corridas de toros, como debían. Señoras y señores, los socialistas nos vamos a abstener de votar esta proposición de ley, pero, por nuestra parte, los más
valientes sucesores de Belmonte podrán seguir por muchos años pasando miedo antes de la corrida y, por supuesto, acordándose de nosotros, los socialistas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Torres Mora.
- PROPOSICIÓN DE LEY DE REGULACIÓN DE LA DACIÓN EN PAGO, DE PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS Y DE ALQUILER SOCIAL. (Número de expediente 120/000006).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al debate de la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social. Ha pedido la utilización del turno a favor el Grupo
Parlamentario Socialista y, para ello, tiene la palabra la señora Iglesias.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Muchas gracias, señora presidenta. Diría que con la venia, porque menudo cambio de tercio el que vamos a vivir en este Parlamento en este momento. (Aplausos).
Casi un millón y medio de firmas, 1.402.854, avalan la urgente tramitación de esta iniciativa, un 90% de aceptación ciudadana a su contenido según los sondeos de opinión: la voluntad de la ciudadanía sobre la necesidad de actuar; sin duda,
también un 134% de incremento de ejecuciones hipotecarias durante el último año; y, por encima de todo, avala la aceptación de la tramitación de esta iniciativa legislativa popular la situación de cientos de miles de familias víctimas de una
regulación hipotecaria claramente desequilibrada, en la que el deudor, que no tuvo más oportunidad para acceder a una vivienda que firmar la hipoteca que le proponía el banco, asumía casi en solitario toda la responsabilidad de un mercado
hipotecario sobrevalorado e hinchado, sin duda, por la burbuja inmobiliaria; familias que hoy se ven inmersas en una situación de insolvencia sobrevenida, una insolvencia derivada de la crisis que puede afectar en cualquier momento al conjunto de
la sociedad española. Lo afirmaba hace unos días la vicepresidenta del Gobierno, en un tono sentimental, mientras rogaba a las entidades financieras, las mismas entidades financieras que están recibiendo un total apoyo del Gobierno, que esto le
puede pasar a cualquiera; pero para las familias afectadas eso no es ningún consuelo, no es ningún consuelo su sentimentalismo, lo es la determinación de su voto hoy, lo es la determinación de los votos de todos los que estamos aquí en el día de
hoy. (Aplausos). Lo sería sin ninguna duda que de una vez por todas prioricemos el rescate a las familias sobre el rescate a la banca. Es nuestra obligación. Ni el Gobierno, ni este Parlamento están para lamentarse con lágrimas en los ojos ante
las entidades de crédito para que presten unas cuantas viviendas de las que ellos llaman activos tóxicos a unos ciudadanos que están dando la vida por la pérdida de su hogar. Señorías, llevamos cuatro muertes en cuatro días. No se ha parado
absolutamente nada en este tema y no se puede consentir más. Hay que parar y dar una respuesta, una solución a todas las familias que
están viviendo una situación de insolvencia sobrevenida por una regulación hipotecaria injusta. No se trata de caridad, se trata de derechos. No se trata de parches, se trata de dar soluciones viables.
Al parecer, hoy vamos a ver cómo el Grupo Parlamentario Popular, en solitario, rechazará esta iniciativa afirmando que se ha quedado obsoleta con la tramitación de su propio proyecto de ley. Pero, señorías del Partido Popular, ¿acaso nos
pueden asegurar hoy aquí alguna novedad en la tramitación de ese proyecto de ley? ¿Nos pueden garantizar que aceptarán alguna enmienda que permita que esas familias que ya han sido desalojadas de su vivienda y mantienen su deuda puedan deshacerse
de esa deuda? ¿Tienen algún anuncio que hacer sobre la morosidad familiar y la dación en pago retroactiva? ¿Aceptarán esa dación en pago retroactiva, sí o no? Porque de lo contrario simplemente nos están engañando. No nos engañen y no engañen a
los promotores de esta iniciativa con cambios de títulos en la norma. La norma se puede llamar como les dé la gana, da exactamente igual. No es el nombre lo que importa, lo que importa es el reconocimiento de los contenidos que están en su
articulado. Y, señorías, tampoco hagan burla a los promotores de la ILP diciendo que no la aceptarán porque retrasaría aún más la aprobación de la ley. Hoy desde esta tribuna hacemos un llamamiento a todos los grupos parlamentarios que van a
intervenir a continuación: comprometámonos todos a que si registramos nuestras enmiendas en un plazo no superior a doce horas, se pueda dar cumplida aceptación a la tramitación de la iniciativa legislativa popular. Llevamos mucho tiempo trabajando
en esto. No necesitamos más que doce horas. De este modo ya no hay ninguna excusa, señorías del Partido Popular, no tienen ningún argumento para rechazar la tramitación de la ILP. Se acumularían las enmiendas al proyecto que ya está en marcha.
No es un problema formal, es un problema de voluntad política. ¿La tienen, tienen esa voluntad política para aceptar esa proposición? (Aplausos). De ninguna manera es defendible que mientras a las inmobiliarias o a las entidades financieras se
les está aceptando la dación en pago mediante el banco, no se les dé una oportunidad a quienes todo lo han perdido. La verdadera deuda no está en las familias, y lo saben. No se trata de hacer un llamamiento al impago, más bien al contrario. Si
facilitamos y aprobamos normas que den capacidad de pago a las familias en condiciones asumibles, garantizaremos el derecho a la vivienda y también seguramente estemos ayudando al sistema financiero, pero, efectivamente, al revés no funciona. Los
recortes educativos, los recortes sanitarios, los recortes laborales, los recortes en el poder adquisitivo de la clase trabajadora, el despido fácil y barato a través de su reforma laboral, los copagos, las tasas educativas, las tasas judiciales, la
amnistía fiscal para los defraudadores, esos sí que son los verdaderos llamamientos al impago y no que cambiemos la regulación hipotecaria, de ninguna manera. (Aplausos).
Hablan de un proyecto obsoleto. Lo obsoleto es una regulación hipotecaria de principios del siglo pasado. Lo obsoleto es no darse cuenta de que en política las cosas han cambiado y han cambiado para siempre. Lo obsoleto es pensar que se
puede dar carpetazo a la dación en pago confiando en la buena fe de los bancos a través de códigos de buenas prácticas. Lo obsoleto, señorías, es volcarse con una ILP para declarar a los toros bien de interés cultural y no pensar en los ciudadanos
que han perdido su vivienda y, sin embargo, acumulan deudas. Eso es lo obsoleto de verdad.
Una vez más quiero desde esta tribuna y desde los distintos espacios del Congreso hacer un reconocimiento expreso a los promotores de esta iniciativa, a los que siempre estuvieron ahí, a los que se expusieron, a los que se pusieron en medio,
a los que decidieron no salir de su casa y a los que evitaron que se echara a nadie parando los desalojos. Han evitado cientos de pérdidas de gente sin ninguna oportunidad. Los representantes civiles en esta Cámara, nosotros y nosotras, los
diputados y las diputadas, tenemos plena legitimidad para defender la tramitación de las iniciativas legislativas populares, pero hoy también quiero dar voz desde esta tribuna a los promotores de la iniciativa. Por cierto, su voz se debería atender
siempre que se tramite una iniciativa legislativa popular; no tiene sentido que se haga de otra manera. (Aplausos). Les recordaré leyéndolas las palabras de una representante en la promoción de esta iniciativa legislativa popular el otro día en
su comparencia ante la Comisión de Economía y Competitividad. Son las palabras de Ada Colau. Con su permiso, las leeré para ponerles voz y queden registradas también entre lo dicho en este Pleno: Lo que planteamos es que no nos valen solo medidas
a futuro. Si hoy tenemos este debate aquí es porque se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, es porque hay miles de personas que están más allá de los límites de lo soportable, es porque hay gente que directamente ha muerto. Por
tanto, en nombre de toda esa gente necesitamos una solución para todas las personas afectadas. No vamos a aceptar que se sacrifique a una generación entera que ha sido víctima de una estafa ni que paguen los inocentes. En consecuencia, no vamos a
aceptar ninguna solución que no tenga efectos retroactivos y exigimos que se dé una segunda oportunidad a toda la gente afectada. Si ustedes realmente creen en la democracia y se creen que estamos en el
Congreso, institución que debe ser la máxima expresión de esa democracia, entendida como el traslado de la voluntad ciudadana, de la voluntad colectiva, lo que deberían hacer, aunque sea tarde, es escuchar las demandas ciudadanas. Hoy aquí
tenemos la obligación de tenerlas muy en cuenta y aceptar esas demandas ciudadanas con nuestro voto afirmativo a la tramitación de la iniciativa legislativa popular para la dación en pago.
Señorías, no contesten ahora con un 'y tú más' o un pimpampum entre partidos. No usen la tribuna para hacer oposición a la oposición. Nosotros ya hemos reconocido nuestro error. Reconocimos la insuficiencia de las medidas que se tomaron
durante la legislatura pasada y asumimos las facturas y las consecuencias de ello. No nos den una explicación a nosotros, denles una explicación al 90% de los españoles y de las españolas, a los que no entenderían que no aceptaran la tramitación de
la iniciativa legislativa popular. (Aplausos).
El Grupo Parlamentario Socialista está plenamente comprometido con esta iniciativa de hoy. De hecho, hoy se debate aquí porque hemos cedido de nuestro cupo, de nuestra capacidad de traer proposiciones de ley al Pleno ante la negativa del
Grupo Parlamentario Popular de retrasar la tramitación de la anterior para otra sesión. Y para que no quede ninguna duda sobre la posición del Grupo Parlamentario Socialista lo diré de una vez y de manera concreta: compartimos la necesidad de una
moratoria, compartimos la dación en pago con alquiler social y compartimos su aplicación retroactiva. Ciudadanos y ciudadanas que estáis siguiendo esta intervención, compartimos los contenidos de la proposición. (Aplausos). No me cabe duda de
que, de aceptarse la tramitación de esta iniciativa, en ese plazo de doce horas que nos marcaríamos para que se pudiera tramitar conjuntamente con el proyecto de ley del Gobierno, sin perder tiempo, habría aspectos que se podrían mejorar. En
nuestras propuestas la exigencia es ir mucho más allá. La suspensión de los desalojos, de los desahucios no se puede producir solo en el momento final, en el momento del lanzamiento. Hay que parar los procedimientos para que mientras se produzca
la pérdida de la vivienda mediante subasta. Hay que congelar, paralizar los intereses de demora para evitar que cuando termine la suspensión se acumule una deuda mayor. Aunque no haya comparecido ante esta Cámara ningún juez en el turno de
comparecencias de la Comisión de Economía, hemos incluido en nuestras propuestas las de jueces como Fernández Seijo para evitar todas las cláusulas abusivas. Es muy importante, es imprescindible y necesario -y se lo decimos también para la
tramitación de su proyecto de ley- que los garantes, los avalistas, que también están perdiendo su vivienda, estén protegidos. Es muy importante, es necesario que los trabajadores autónomos que pusieron como garantía su local comercial, su negocio,
puedan también estar protegidos por la legislación que vayamos a tramitar, porque ellos lo habrán perdido todo cuando pierdan su vivienda: perderán su casa y perderán su trabajo. Lo importante no es solo la eliminación de la deuda. Para acabar
con el problema tenemos que permitir a la gente la renegociación de la misma para que se puedan quedar en su casa. Nuestra prioridad, la prioridad del Grupo Parlamentario Socialista es que la gente se pueda quedar en sus casas y creemos que no es
suficiente rogar a unos bancos que cedan unas cuantas casas, no sabemos cuáles, ni dónde, ni qué condiciones tienen para que ni siquiera el banco malo las quiera. Donde tienen que reclamar los ciudadanos y ciudadanas el derecho a techo es ante el
Estado, ante las administraciones públicas y nuestro compromiso con quienes han traído hoy aquí esta iniciativa legislativa popular y con quienes se vean en una situación de insolvencia no dolosa y sobrevenida es alto y claro, desde este Parlamento
y desde cada lugar donde tengamos una responsabilidad institucional. No vamos a parar hasta que en este país nadie vuelva a perder su vivienda en condiciones injustas, hasta que nadie tenga que verse al borde del abismo. De nuevo, señorías del
Partido Popular, me dirijo a ustedes. Sean patriotas y piensen en los españoles y en las españolas; decidan -hoy tienen de nuevo la oportunidad- entre votar y cambiar las cosas o llorar y lamentarse después.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Iglesias.
Pasamos al turno de fijación de posiciones, empezando por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero empezar dando lectura, de manera breve, a un comunicado de la Agencia EFE que hacía público a las dieciséis y treinta y cinco de la tarde de hoy: Un matrimonio de jubilados se suicida cuando iban a desahuciarlos en
Mallorca. La pareja explica que tomaron la decisión acuciados por la pérdida de su casa. Esto no es un argumento sentimental ni visceral, no pretende serlo, ni es una triste y desgraciada casualidad, es la realidad a la que debemos enfrentarnos,
la realidad que nos toca gestionar
en términos legislativos y la realidad a la que hoy no se puede dar la espalda. Lo cierto es que no ha sido posible contener los desahucios durante el año pasado a través de las reformas que se han llevado a cabo en términos de adecuación,
de acondicionamiento del sistema financiero. En 2012 los desahucios crecieron un 130%, y en palabras del presidente del Consejo General del Poder Judicial, del señor Gonzalo Moliner, en estos momentos constituyen un auténtico conflicto social, un
conflicto social al que no podemos permitirnos el lujo de darle la espalda. En cualquier caso, no lo niego, soy bastante poco optimista con lo que vaya a ocurrir aquí esta tarde. Los desahucios crecieron un 130% en 2012, siguen aumentando de
manera exponencial en 2013 y tenemos noticias como la que les acabo de leer; sin embargo, la mayoría de esta Cámara va a dar la espalda a algo tan básico, tan sencillo como la entrada a una iniciativa legislativa popular -por cierto, firmada por la
nada desdeñable cantidad de 1.500.000 personas-, a que podamos analizar las propuestas que se nos hacen, pero desde luego a que nos obliguemos a buscar nuevas fórmulas, nuevas herramientas legislativas para hacerle frente.
Me quedan seis segundos, así que intentaré resumir. Lo cierto es que todo esto, después del empacho de insensatez que supone la lamentable coincidencia entre esta iniciativa y la iniciativa que se ha debatido a lo largo de esta tarde...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Barkos, tiene que terminar.
La señora BARKOS BERRUEZO: Termino, señora presidenta.
Solo quiero decir que el empacho de insensatez que supone ver que hay quien hoy votará que sí a que los toros sean declarados bien de interés cultural y que no a que se pueda analizar otra fórmula para hacer frente a los desahucios
difícilmente los va a reconciliar esta tarde con el conjunto de los ciudadanos.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Barkos.
Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señora presidenta, señorías, sin duda todos los grupos y partidos aquí representados queremos contribuir a solucionar el drama de los desahucios en nuestro país y todos estamos obligados a plantear soluciones
realistas que sean justas, equitativas, proporcionadas y duraderas. Permítanme dos ideas. Una, nos estaremos equivocando si provocamos con nuestras decisiones legislativas más problemas o problemas aún mayores de los que queremos solucionar. Dos,
nos equivocaríamos también como legisladores si caemos en la demagogia fácil de acometer un ataque frontal a la figura del crédito y al papel equilibrado que deben mantener las posiciones jurídicas de cada parte en las relaciones contractuales. En
todo caso, quienes llevamos un tiempo en esta casa sabemos muy bien cómo se modulan e intercambian los papeles los partidos que están en el Gobierno y en la oposición. El pragmatismo corresponde siempre al Gobierno, esté quien esté, sea quien sea,
y por eso se le juzga. En cambio, nadie juzga nunca la falta de responsabilidad de la oposición, sea del partido que sea. Mi partido, UPN, está preocupado y, desde luego, muy ocupado con buscar soluciones a este drama, tanto en mi comunidad, en
Navarra, como aquí, en las Cortes. En esta casa hemos presentado ya siete enmiendas al Real Decreto-ley 27/2012, que incluyen: la elaboración de planes personalizados de liquidación de deudas; la incorporación al Código Civil de la dación en pago
necesaria, prevista en la Ley 493 del Fuero Nuevo que permite al juez liberar al deudor de su deuda en circunstancias sobrevenidas especialmente onerosas -que, por cierto, ningún otro grupo ha planteado-, y planteamos la habilitación de las juntas
arbitrales y de consumo en las comunidades autónomas para mediar en estos supuestos y la ejecutividad de los acuerdos alcanzados en su seno, así como la introducción del artículo 1.154 del Código Civil como nueva causa de oposición del deudor a la
ejecución. Creemos que estos son los pasos realistas de un camino correcto. Tal vez, no sea el único, pero sí es uno que ofrece respuestas eficaces, realistas, solidarias y posibles. En todo caso, señorías, respetamos la iniciativa y los
numerosos apoyos que la apadrinan.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.
Por el mismo grupo, señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señora vicepresidenta.
Señorías, Foro va a apoyar la toma en consideración y por tanto la tramitación parlamentaria de esta iniciativa popular. Hay otros asuntos con tantos motivos como esta iniciativa, pero los ciudadanos tienen
su derecho a ejercer este recurso constitucional y esta es sin duda una buena ocasión. Se trata de uno de esos problemas en los que la sociedad española ha demostrado estar unánimemente de acuerdo con la necesidad de que se encuentre una
solución razonable y justa para todos. Foro votará a favor de la tramitación de esta proposición, sin perjuicio de que presentemos las enmiendas correspondientes, junto al resto de los grupos, para mejorar el texto, que afecta a 350.000 familias y
se estima que unas 75.000 se pueden añadir en las próximas fechas.
Nuestro apoyo es coherente con la posición política que ha mantenido Foro desde hace dos años, y no es oportunismo político. En nuestros programas electorales, tanto regional como nacional, ya abogábamos por la modificación de la Ley
Hipotecaria para que, en caso de hipoteca sobre vivienda, se alterara el principio de responsabilidad universal, recayendo este sobre los bienes hipotecados y no sobre el resto de su patrimonio. También presentamos en el Parlamento asturiano una
proposición de ley instando al Gobierno de la nación a modificar la citada ley. Recientemente, en noviembre, apoyamos aquí, en esta Cámara, la tramitación como proyecto de ley del real decreto que nos presentó el Gobierno porque lo considerábamos
insuficiente y sigue el trámite parlamentario. Del mismo modo, por tanto, hoy votamos a favor de la entrada y posterior tramitación de esta iniciativa popular para que esta proposición de ley siga su camino parlamentario y los grupos aquí
representados podamos aportar nuestros proyectos, entre los que consideramos óptimo el derecho de tanteo antes de que se cedan las viviendas al banco malo, al Sareb o a fondos buitre, como anuncia Liberbank. Es una medida mucho más social para
evitar los aprovechamientos especulativos de los créditos impagados.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Álvarez.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy tenemos que elegir de qué lado estamos y a qué señor queremos servir. Por eso hoy he querido traer aquí justamente La Biblia y recordarles a ustedes, señoras y señores del Partido Popular, que son tan amigos de las mitras, las sotanas y
las mantillas negras, unas palabras de Jesús: No se puede servir a Dios y al dinero. Hay que elegir entre un modelo de desarrollo al servicio del hombre y un modelo de desarrollo al servicio del dinero -por cierto, PSOE, sean bienvenidos al club-.
Nunca estuve tan de acuerdo con estas palabras y hoy, cuando discutimos esta iniciativa impulsada con las firmas de millón y medio de personas, cobra especial importancia esta disyuntiva. ¿Con quién estamos hoy los diputados y las diputadas de este
Parlamento? ¿A quién queremos servir hoy, al dinero, a los bancos o a las personas? ¿A aquellos que nunca pierden, a los que se empeñan en cobrar hasta el último euro aunque condenen a la exclusión social a miles de familias o a las más de 400.000
familias que han perdido su casa? Cuando fui elegido diputado de Compromís-Equo lo fui con el voto de millares de personas, millares de personas que hoy esperan que me sitúe a su lado y no les fallaré. Hoy estaré a su lado y votaré sí a esta
iniciativa justa, digna, humana y cuando salga de aquí lo haré con la cabeza bien alta.
Para finalizar, hoy muy probablemente nosotros perderemos esta votación, pero no conseguirán doblegar nuestra ilusión ni nuestra indignación y será cuestión de tiempo que ganemos esta batalla. En cambio vosotros, los que servís al dinero,
hoy ganaréis esta votación pero perderéis como personas; con vuestro voto deshonroso perderéis la posibilidad de salvar a muchas familias, perderéis irremediablemente la posibilidad de salvar a las personas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta.
No puedo comenzar de otra forma sino reconociendo el enorme trabajo, el ejemplo de ciudadanía, de compromiso de la sociedad civil con uno de los mayores problemas que afectan a la sociedad en estos tiempos duros y difíciles, que es el
trabajo que ha hecho ese montón de gente que ha conseguido más de 1.400.000 firmas para traer hoy aquí esta iniciativa de ley popular. Quiero decir también que esta iniciativa lamentablemente no ha sido capaz de asumirla este Parlamento en la forma
adecuada porque en su momento se obstaculizó por parte del Partido Popular su tramitación como proyecto de ley. De forma que sea bienvenido este triunfo de la sociedad civil para mover conciencias y alertar a la ciudadanía, porque si hay un drama
que exprese perfectamente la situación terrible que viven muchísimos
conciudadanos y conciudadanas, sin salida y de una forma no deseada, y no producto de la irresponsabilidad, es precisamente el de los desahucios y, no digamos, el de los lanzamientos. Los nacionalistas canarios, Coalición Canaria-Nueva
Canarias, hemos apoyado intensamente las acciones del movimiento que ustedes representan en Canarias, oportunamente cada uno en su plano y ahora toca hacerlo aquí. Vamos, por tanto, a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa legislativa
popular y además decimos que apoyamos por básicas, por elementales, por justas, por evidentes y por necesarias las tres cuestiones que se están planteando claramente aquí: suspensión de los desahucios hasta que se aborde un procedimiento
legislativo más garantista, alquileres sociales y dación en pago.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Hace muy pocos días un compareciente en Comisión, a propósito de este asunto -un compareciente contrario a la propuesta que hoy estamos debatiendo-, decía que la situación de los desahucios no era diferente a la crisis de 2008, a la crisis
de los años noventa, etcétera, pero que la alarma social suscitada y la movilización ciudadana eran debidas a que se consideraba que el comportamiento irresponsable de las entidades financieras, que prestaban dinero en exceso y demasiado barato, era
el responsable de la situación. He dicho lo que decía este compareciente. Hoy el señor Draghi ha dicho también que uno de los grandes defectos de la banca, del sistema financiero español fue el préstamo en exceso, especializándose además muchas
entidades bancarias en el sector de la construcción.
Señorías, argumentos como este tanto del presidente del Banco Central Europeo como de quien comparece en esta casa para posicionarse en contra de las medidas que hoy debatimos en esta iniciativa legislativa popular nos hacen pensar al Bloque
Nacionalista Galego que lo oportuno de este Gobierno, incluso de esta Cámara, sería que hiciéramos una política completamente contraria a la que se está haciendo y que en vez de que las entidades bancarias desahucien a los ciudadanos fuera el Estado
el que, en nombre de la ciudadanía, desahuciara a los bancos, que son los auténticos responsables de lo que está pasando. Por eso, señorías, con esta convicción, en el Bloque Nacionalista Galego, que ha defendido cuestiones como las que se plantean
en esta iniciativa legislativa popular, como es la dación en pago, desde hace muchísimo tiempo, nos sumamos a la voz de ese más de un millón de ciudadanos que firman esta iniciativa porque pensamos que el Gobierno debe realmente ser sensible a estas
demandas, y que en estos días en los que...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ...estamos modificando, tenemos la posibilidad de modificar esta legislación, la mayoría parlamentaria, la mayoría del Grupo Popular, atienda estas sugerencias que a través de enmiendas...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ...grupos como el Bloque Nacionalista Galego hemos presentado.
Muchas gracias...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA:...y gracias también a esa ciudadanía...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández, ha finalizado su tiempo.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA:... que se moviliza y que ha evitado muchos dramas. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desahuciar a una familia de su vivienda es legal, pero que sea legal, como lo es la pena de muerte, no niega que sea una acción criminal. Tres millones de viviendas vacías pero 400.000 desahucios padecidos por personas condenadas
a la miseria por no haber podido pagar la hipoteca,
víctimas de una guerra declarada por los especuladores del suelo, de la vivienda y de las finanzas instalados en el poder político y económico. Que quede claro que la causa radica en los presuntos sobres soborno de las constructoras que se
han beneficiado de las obras públicas y en sus cargos de consejeros, reservados para expresidentes y exministros; radica en Gobiernos al servicio del capital, y no del pueblo, que en lugar de desahuciar a los banqueros desahucian a sus víctimas;
radica en un poder financiero salvado entre todos que nos impone medidas de empobrecimiento generalizado para mantener y acumular beneficios.
Los desahucios quedarán para la historia como una infausta injusticia consentida por este Gobierno y el Parlamento. Cuando la sociedad haya progresado tanto como para votar a políticos que no consientan ni un solo desahucio de vivienda
habitual, ¿qué harán sus sucesores para resarcir a las víctimas de hoy? ¿Pedirán perdón? ¿Pedirán perdón por el matrimonio mallorquín que esta tarde se ha suicidado? ¿Levantarán, señorías del Partido Popular, monumentos al desahuciado anónimo?
¡Vaya vergüenza! Pero también quiero decir, que quede claro para la historia, que Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, el Bloque Nacionalista Galego, la izquierda abertzale vasca hace años y años que
luchamos sin ambigüedades por el derecho a la vivienda, la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización de los desahucios y la creación de un parque de viviendas de alquiler. Es decir, aquí unos están a un lado de la trinchera y otros
al otro lado. Quede claro, el sábado todos a secundar las convocatorias en todo el Estado de la plataforma de Afectados por las hipotecas. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos hoy ante un día extraño y creo que un día triste para esta Cámara. Un día triste porque una Cámara que tendría que ser una Cámara del siglo XXI, cercana a la calle, cercana a los ciudadanos y ciudadanas -eso que se
denomina ahora la política 2.0, es decir, un Parlamento tendría que ser un Parlamento 2.0-, hoy se ha constituido en un Parlamento 0.0, bien sea por lo que ha pasado esta mañana en la comparecencia del señor Draghi y también por lo que va a pasar
ahora. Es decir, ahora este Parlamento va a dar la espalda a la calle, va a alejarse más de la voz de la calle, va a abandonar la cultura democrática que supone la superación de la democracia formal para avanzar hacia una democracia real, hacia una
democracia participativa. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Creo que esto lo tenemos que tener muy presente. Nosotros hemos sido elegidos por muchos ciudadanos y ciudadanas; a nosotros, Amaiur, en nuestro país más de 333.000 personas
nos han dado su respaldo para defender su voz y su palabra en esta tribuna. Pero, al mismo tiempo, esos ciudadanos nos han dado la consigna de respetar el espíritu democrático, y creo que el rechazo de la iniciativa legislativa popular con más de
1,5 millones de firmas explicitas detrás, es dar la espalda a la calle, es refugiarse en la democracia formal, es abandonar el campo de la democracia real, de la democracia participativa. Pero es que además se está dando la espalda a una realidad
social, a una trágica realidad social, a una injusta realidad social. Esta tarde hemos tenidos dos suicidios y hace unos días en mi país hemos tenido otro suicidio en Basauri. Creo que no podemos ser indiferentes ante esa realidad. Hay que dar
respuestas y hay que dar respuestas eficaces.
Señores del Partido Popular, la realidad social es la que es y la dación en pago con carácter retroactivo es una necesidad urgente. La gente de la calle no entiende que este Gobierno haga una amnistía fiscal, que es una especie de injusta
dación en pago con carácter retroactivo, para quien tenía que pagar 100 y va a pagar 20; la gente no entiende que se haga una amnistía fiscal y que, por otro lado, se niegue la posibilidad de que las personas afectadas de buena fe por los
desahucios puedan saldar su deuda de forma justa con la dación en pago con carácter retroactivo. La gente de la calle no lo entiende y creo que esto tiene que ser un motivo de reflexión. Nosotros decimos con total claridad que es injusta la
amnistía fiscal y es injusta la negación de la dación en pago con carácter retroactivo. Es urgente tomar medidas para hacer efectivo el derecho elemental a tener un techo. Creo que las instituciones no pueden permanecer indiferentes ante esa
realidad. Hay que dar respuesta a esa necesidad, que todo el mundo tenga un techo para tener unas condiciones mínimas de dignidad, para que se respete la dignidad de las personas. Es necesaria la dación en pago con carácter retroactivo, es
necesaria la paralización de los desahucios hasta dar respuesta a esta situación injusta y es necesario poner en marcha un parque de vivienda social pública para garantizar que el derecho a la vivienda sea una realidad. Nosotros propugnamos esto en
nuestro país, en Euskal Herria, y pensamos que lo que es bueno para nuestro país es bueno también para
otros países y es bueno para el Estado español. Señores del Partido Popular, cambien de opinión. Voten en conciencia. Opten por la democracia real, opten por la justicia social, opten por dar respuesta a esta necesidad, a esta reclamación
urgente de la calle.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, en pleno debate en la sociedad, en la calle, en los medios de comunicación y en esta misma Cámara, en la que hemos discutido multitud de iniciativas en
relación a los desahucios, la dación en pago, la crisis económica, etcétera, etcétera, no es casual que ayer mismo se reuniera la ponencia correspondiente al proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores
hipotecarios, procedente del Real Decreto-ley 27/2012. Insisto, en pleno debate nos llega al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular en forma de proposición de ley, que precisamente se refiere a la regulación de la dación en
pago, a la paralización de los desahucios y al alquiler social.
Vaya por delante nuestro voto afirmativo a la toma en consideración de dicha iniciativa; una iniciativa que nos parece pertinente y oportuna. Y el motivo de nuestro voto favorable es doble. En primer lugar, por la legitimidad democrática
que más de 1.400.000 firmas otorgan a la iniciativa. Los grupos políticos -eso es, al menos, lo que pensamos desde el Grupo Vasco- tenemos la obligación democrática de canalizar y apoyar cuantas iniciativas de esta naturaleza lleguen a esta Cámara.
Los ciudadanos, firmantes o no, tienen que ver y sentir que sus preocupaciones forman parte de nuestras preocupaciones y que son debatidas por los partidos políticos y grupos parlamentarios con el ánimo de buscar soluciones. Créanme, en el Grupo
Vasco tenemos la desagradable experiencia del rechazo sufrido en esta Cámara por una iniciativa que contaba con la legitimidad de la mayoría absoluta del Parlamento vasco y no queremos que ocurra lo mismo con esta proposición de ley. Y, en segundo
lugar, votaremos favorablemente porque compartimos el fondo de la iniciativa. Nos hemos manifestado, como les decía, en multitud de ocasiones en relación al tema de las hipotecas, desahucios, alquileres sociales, etcétera. Por eso me permitirán
que no repita innecesariamente los argumentos una y otra vez. Sin embargo, creo que hoy, y por respeto y consideración a los que han presentado esta iniciativa, me van a permitir una reflexión al respecto. Desde el Grupo Vasco consideramos que se
ha de actuar con total contundencia para solventar y paliar los efectos más devastadores de la crisis económica, y sin duda alguna uno de ellos es la pérdida de la vivienda de todos aquellos que no han podido hacer frente a la hipoteca por haberse
quedado sin empleo. Miles y miles de familias tienen a todos sus miembros en paro y ello les imposibilita mantener algo tan básico y preciado, a la par que indispensable para desarrollar un proyecto de vida con mínima dignidad, como es la vivienda
habitual.
En las épocas de dinero barato y abundante, las entidades financieras lo repartían con facilidad y poca responsabilidad, y hoy nos encontramos con que muchas familias están perdiendo sus viviendas con motivo de la crisis; y además en muchos
casos, aparte de perder su vivienda, han de seguir pagando por un inmueble cuyo precio de mercado es muy inferior al de adquisición. Como consecuencia de lo anterior, se están produciendo situaciones de desarraigo, exclusión social, pobreza y
marginación a las que hemos de ofrecer desde la política una respuesta satisfactoria. Es difícil entender que ayudemos con dinero público a las entidades financieras con problemas, aunque ello sea también necesario para superar la crisis, y no
resolvamos los de aquellas personas que corren el riesgo de perder su casa, su hogar. Insisto, desde el Grupo Vasco, desde el Partido Nacionalista Vasco, queremos encontrar soluciones efectivas y para ello tenemos que tratar de hacerlo a través del
máximo consenso posible. Como señalaba el otro día en la Comisión de Economía y Competitividad, no se trata de que cada uno digamos lo que nos parece y nos enroquemos en nuestras posiciones políticas, en ocasiones dogmáticas. Creo que el tema nos
preocupa a todos y lo ideal sería que entre todos buscáramos una solución satisfactoria al grave problema de los desahucios. Esperemos que a través del proyecto de ley que estamos tramitando demos un paso adelante importante. El preliminar, el
real decreto-ley es -y así lo dijimos en su día- excesivamente limitado, tímido y apenas resuelve nada. Vamos a ver si avanzamos con el proyecto de ley. Nuestro grupo parlamentario ha presentado para ello trece enmiendas cuya aceptación supondría,
en nuestra opinión, un avance considerable. Pretendemos con ellas relajar las restricciones actuales para que se puedan acoger en primer lugar un número mucho mayor de afectados. Planteamos también la supresión de cláusulas abusivas, una drástica
reducción de los intereses de demora, la protección de los avalistas, que
si la entidad financiera se queda con el bien no lo pueda hacer por un valor inferior al 80% del consignado en las escrituras y planteamos también la dación en pago. Intentaremos con ellas avanzar por el buen camino. Pero, en todo caso y
al margen del proyecto de ley, la proposición de ley -que esperamos que se admita a trámite- puede servirnos para seguir avanzando en el caso de que consideremos insuficiente lo conseguido con el proyecto de ley. Este es nuestro ánimo, esta es
nuestra propuesta. Creemos que debe ser apoyada y como tal nosotros lo vamos a hacer porque creemos que es preciso buscar una solución efectiva. Y como les decía, votaremos favorablemente esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Lo primero que voy a anunciar, como es lógico, es nuestro voto a favor de la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular. Postura que, por cierto, mi grupo piensa mantener con todas aquellas iniciativas legislativas
populares que se presenten a esta Cámara y que cumplan con los mínimos requisitos para su toma en consideración. Primero, porque consideramos que es una forma interesante de fomentar la participación en el debate parlamentario de la ciudadanía.
Incluso cuando se abra la inevitable reforma constitucional que esperamos en breve, vamos a proponer que se favorezca y que se den más facilidades para que las iniciativas legislativas populares puedan también ser discutidas en el Parlamento.
Dicho esto, creo que lo primero que se impone es lamentar el tiempo que se ha perdido y el tiempo que se ha tardado en llegar a discutir no digo ya esta iniciativa legislativa popular porque, a pesar de lo que algunos parecen querer
insinuar, no es la primera vez ni mucho menos que en este mismo Parlamento y en esta Cámara de los diputados se discute sobre los problemas que crea el mercado hipotecario en España. Más bien lo que ha ocurrido es que ha habido un constante
obstruccionismo por parte de los grupos mayoritarios que ha impedido absolutamente que se llegue a solucionar -cuando se podía haber hecho sin tanta presión, sin tanto dramatismo y tantas historias trágicas- un problema que se arrastra desde hace
muchos, muchos años aunque haya sido la crisis económica la que lo ha puesto sobre la mesa como un problema urgente que causa alarma social.
Quiero recordar que nuestro propio grupo en la legislatura pasada, nada menos que en septiembre de 2008, ya presentó en la Comisión de Economía una iniciativa para revisar los intereses de demora hipotecarios y que esa iniciativa fue
finalmente, dos años después, nada menos, aprobada por unanimidad sin que sirviera para nada positivo. Quiero también recordar que además no ha sido nuestro grupo el único que ha presentado iniciativas en ese sentido y que ha habido varias
ocasiones en que se ha podido discutir esta cuestión sin que en ambos casos los grupos mayoritarios hayan pasado de las intenciones a la acción. Yo mismo tuve el honor de defender en esta misma Cámara el proyecto de ley de dación en pago que mi
grupo presentó nada menos que en diciembre del año 2011, la primera que presentamos. Y ha habido otras posteriores, algunas muy posteriores como en el Grupo Socialista. Pero pretender ahora ante la opinión pública que nos está observando que en
este Parlamento no ha habido ocasión o no se ha presentado la oportunidad de poder discutir y resolver los problemas que ha causado el mercado inmobiliario -se lo voy a decir con claridad- es una completa hipocresía. Y si no fuera por esa
hipocresía, no nos veríamos en la situación de tener que luchar contra determinadas corrientes de opinión que prefieren deslegitimar a las instituciones en base precisamente a la explotación oportunista de los problemas que causa la crisis
económica, entre otros, los que causan los desahucios y las ejecuciones hipotecarias. Lo que nosotros proponemos -lo hemos dicho muchas veces, seguimos trabajando en ello y también esperamos, como otros grupos, que de aquí, de una vez, salga una
solución jurídica aceptable, de calidad, que resuelva el problema de fondo- es que ese problema lo resolvamos dentro de las instituciones y que no se explote, como decía, para ir contra las instituciones, mezclando tragedias personales con agujeros
legales que tienen, por cierto, he de decir, una solución bastante sencilla. Y no solo tienen una solución bastante sencilla, sino que, como se ha podido comprobar en la propia Comisión de Economía y en otros foros parlamentarios aparte del Pleno,
hay un consenso básico entre todos los grupos de este Parlamento sobre qué debería hacerse para resolver los problemas de fondo creados por el mercado hipotecario en la crisis económica y, sin embargo, nunca se consigue acabar resolviendo la
cuestión cuando las herramientas y los materiales están sobre la mesa; nunca se acaba de construir la obra. Pues bien, esta es la oportunidad definitiva para tratar de resolver la cuestión. Pero, claro, ¿cuál es el problema? Esta cuestión no es
menor. Por una parte, hay un problema humano, el problema de los ciudadanos, que es la situación que se les crea a los deudores que, debido a circunstancias sobrevenidas,
no son capaces de pagar la deuda que contrajeron en determinado momento con una entidad bancaria. Ese es, evidentemente, el problema principal y es el problema que solo se arreglará, desde nuestro punto de vista, legislando a favor de la
segunda oportunidad que permita liquidar esa deuda, bien sea mediante la forma de dación en pago o cualquier otra que consiga exactamente el mismo resultado, como la de anticresis y otras que se han expuesto en esta Cámara.
Después, normalmente el Gobierno de turno -porque en esto no ha habido ninguna diferencia entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular- ha hecho que otro problema sea prioritario, el de la solidez del sistema financiero, porque se ha hecho
también correr la noticia de que este podría verse amenazado si se revisara el sistema hipotecario -que, desde luego, desde el punto de vista de la banca, era poco menos que perfecto hasta que comenzó la crisis-, si se revisaran algunas normas que
rigen la concesión de créditos hipotecarios. Pues bien, creo que viene al caso citar que nuestro invitado, don Mario Draghi, en nuestra recién acabada reunión incomunicada, ha aclarado algo que creo que tiene mucha importancia para esto de lo que
estamos hablando, y es la relación entre el sistema financiero español y la reforma del sistema hipotecario. Lo que ha dicho el señor Draghi es que, contra lo que se dice en España, la auténtica verdad es que la banca española no ha sido financiada
por banca de otros países para inflar la burbuja inmobiliaria, sino que fue un proceso básicamente autóctono, propio y nacional. Por tanto, dejaba sobre la mesa algo bastante claro: hagan ustedes lo que quieran para resolver su problema
hipotecario porque, desde luego, nadie les está imponiendo condiciones externas en el sentido en que se debe iniciar esa reforma. Y el sentido en que se debe iniciar esa reforma -ya lo he explicado varias veces pero creo que sería esta una ocasión
interesante para volverlo a repetir- es, como decía, que se resuelva satisfactoriamente la segunda oportunidad para los deudores sobrevenidos y que, como consecuencia, haya más responsabilidad bancaria a la hora de conceder créditos -cosa que
también reiteradamente se ha examinado en esta Cámara- y que, como otra consecuencia bastante deseable, mejore el mercado de alquiler. Quizás haya más dificultad para adquirir créditos hipotecarios baratos y comprar casas, pero eso no va a ser malo
para la economía española sino, al contrario, va a ser mejor, porque por fin pasaremos de tener un sistema financiero volcado en el ladrillo a otro volcado en las inversiones productivas para ganancia de todos.
¿Qué entendemos nosotros por que se resuelva satisfactoriamente la segunda oportunidad a los deudores hipotecarios? En primer lugar, que todos los afectados puedan acogerse sin solicitarse la aplicación para ellos de un código excepcional,
y me refiero, como ustedes me están entendiendo, al código de buenas prácticas. Ya hemos visto cuál es la intención del Grupo Popular y del Gobierno al respecto y, aunque ellos amplíen el código de buenas prácticas a muchos más posibles
beneficiarios, el problema sigue siendo de raíz. Es un código excepcional, no es una ley regular a la que pueda acogerse cualquier deudor en las condiciones normales de la vida. En segundo lugar, como decía, que sea un procedimiento legal normal y
no extraordinario. Y, en tercer lugar, por supuesto, que su aplicación no dependa de la discrecionalidad de la entidad bancaria, sino que el propio deudor pueda exigir el cumplimiento de la ley. ¿Qué tipo de reforma legal? Ya lo saben. Nosotros
les hemos propuesto la reforma de la Ley Concursal y otros grupos proponen otras medidas parecidas. Lo que nos importa, una vez más, es el resultado y que aquí se traiga una ley que podamos votar porque deja de una vez resuelto indefinidamente, y
no con carácter extraordinario, el problema de las deudas sobrevenidas impagables; que sea mediante un sistema al estilo francés, una ley que proteja de las deudas insuperables, o que sea mediante un sistema parecido al fresh start que hay en
varios Estados de Estados Unidos. Esta es una cuestión que sin duda se puede discutir jurídicamente. Lo que importa, como digo, es eso y el efecto que esto va a tener, es decir, que haya un horizonte claro para el mercado hipotecario sin cambiar
las reglas de juego esenciales y protegiendo a los deudores en situaciones de crisis como la actual, va a tener un efecto muy deseable; el saneamiento real del sector financiero español al obligar, como decía, a dirigir más crédito a la actividad
productiva y menos a la especulación inmobiliaria, a las segundas residencias, etcétera.
He de decir al respecto que la propia banca suele alegar que la morosidad hipotecaria es baja, se suelen manejar cifras de entre el 3 y el 6%, y aunque haya que lamentar los defectos y las faltas, las grandes lagunas que tiene la estadística
estatal a este respecto, y también las autonómicas porque nadie aporta datos creíbles, el hecho es que esto mismo es un dato a favor de que se haga una reforma a fondo, porque incluso aquella reforma a fondo que la banca o parte de ella considere
demasiado lesiva para sus intereses no lo será tanto cuando ellos mismos reconocen que la morosidad es mucho menor de la que se habla y que en esto puede haber un cierto sensacionalismo al inflar los datos.
Hagamos entonces lo que hay que hacer, hagamos una reforma que conviene a la economía del país, que conviene a los ciudadanos sobre todo y que a la banca realmente no le crea tantos problemas como algunos alarmistas pretenden.
En fin, voy acabando. Como digo, el voto de nuestro grupo parlamentario a la ley que se presente aquí tendrá que ser condicionado estrictamente a ese objetivo. Si esa ley no resuelve de un modo definitivo, desde el punto de vista
legislativo y no mediante códigos extraordinarios, el problema de las deudas impagables sobrevenidas no tendrá nuestro voto, no va a tener nuestro apoyo; si lo resuelve de un modo eficaz y satisfactorio, entonces sí, pero dejemos de una vez de
marear la perdiz, dejemos de aprobar cosas que, como aquella PNL sobre intereses hipotecarios de demora, finalmente no se convierten jamás en una disposición legal.
Para acabar del todo tengo que decir que para que haya este debate en esta Cámara no hace falta amenazar a los diputados; no hace falta enviarnos cartas a los grupos parlamentarios exigiendo en términos perentorios que son de coacción, que:
o usted asume el cien por cien de mi iniciativa legislativa popular o yo le voy a acusar de ser culpable del sufrimiento de la gente, como señalaba la carta que hemos recibido los grupos parlamentarios; esto es impresentable. Porque aquí, como
digo, llevamos por desgracia -ese sí es el problema- demasiado tiempo hablando de esto, pero no porque algunos ahora hayan descubierto la cuestión ni tampoco la solución mágica, porque la dación en pago no es más que un instrumento y no la panacea,
y lo que se trata de resolver precisamente no es la venganza de algunos contra lo que consideran una actividad criminal aunque sea perfectamente legal y además imprescindible como es la bancaria; lo que se trata de resolver es la situación de
desamparo en que han quedado muchos miles de ciudadanos por unos defectos jurídicos y legales que tienen fácil solución.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento para las organizaciones promotoras de esta iniciativa legislativa popular y también saludar a los miles de personas que están en la puerta del Congreso exigiendo justicia. Hoy gracias
a vosotros, gracias al trabajo tenaz en barrios y empresas de miles y miles de personas, tenemos una nueva oportunidad de discutir soluciones verdaderas y no meros parches o placebos al drama de las familias desahuciadas. Los promotores han
movilizado cerca de un millón y medio de firmas mientras continuaban oponiéndose a los desahucios de familias enteras, y además lo han hecho en un clima inquisitorial, de linchamiento contra las organizaciones y movimientos sociales que aún perdura;
un linchamiento promovido por el Gobierno, por el Partido Popular y por su división acorazada mediática con el objetivo de acabar con cualquier forma de expresión de contrapeso y contrapoder social. (Rumores). Pero no lo han conseguido, y ese es
el principal éxito de las organizaciones que hoy nos han traído aquí. (Aplausos). Una vez más las organizaciones y movimientos sociales nos demuestran que en ocasiones la democracia y la justicia se encuentran más en la calle y en la sociedad que
en las instituciones, aunque a algunos les moleste escucharlo. Una vez más hoy nos han puesto delante de un espejo, y por eso nuestro grupo, La Izquierda Plural, va a votar favorablemente la toma en consideración de la iniciativa legislativa
popular, en coherencia con el trabajo que venimos desarrollando también en la sociedad, en la recogida de firmas, en las plataformas de afectados por las hipotecas y en este Congreso desde hace mucho tiempo. Queremos agradecer sinceramente también
a esas entidades que hayan dejado claro que no todos tenemos la misma responsabilidad, que no todos nos hemos comportado de la misma manera, que, como dijo Ada Colau, en representación de la plataforma de Afectados por las hipotecas el pasado
martes, ha habido grupos que ya en la anterior legislatura hemos venido desarrollando trabajo parlamentario para afrontar de cara ese problema. ¡Felicidades, felicidades por vuestro trabajo! Porque parece que hoy además vais a conseguir una
importante victoria. Si hoy se consuma el voto, que al parecer va a ser de todos los grupos, va a ser fundamentalmente por vuestro trabajo abnegado, por vuestra concepción de corredor de fondo, por vuestra voluntad de continuar luchando, porque
sabéis que la única batalla que no se gana es la que no se da, y la batalla que se da hay posibilidades de ganarla. Gracias, por ese ejemplo de democracia y de lucha social. (Aplausos).
Hoy afrontamos, cuatro años después, un problema que debería haberse afrontado mucho antes. El Gobierno Rajoy, como antes hizo desgraciadamente el Gobierno Zapatero, se ha negado a abordar la reforma en profundidad de nuestro sistema
hipotecario y de la legislación que lo sostiene. Durante toda la
legislatura el PP ha ido a remolque de las iniciativas del resto de los grupos, también de la movilización social, y me temo que desgraciadamente de los suicidios, como es el caso de hoy. Este Gobierno ha demostrado una vez más que está más
preocupado por el buen funcionamiento del mercado hipotecario, de las cédulas hipotecarias, de los balances de los bancos que del drama de las familias desahuciadas. Hace un año, en el mes de febrero, y en respuesta a la interpelación de nuestro
grupo, el Gobierno se sacó de la manga el fracasado código de buenas prácticas, y ahora nos dicen que necesita tiempo ese código. Yo le hago una propuesta al Partido Popular: nosotros le damos todo el tiempo del mundo al código de buenas prácticas
a cambio de que ustedes les den tiempo a las familias desahuciadas; acuerden una moratoria universal indefinida hasta que no se apruebe una nueva legislación y van a tener todo el tiempo del mundo; pero no se puede dar tiempo al código de buenas
prácticas fracasado, que era un placebo, un engaño, una estafa, y al mismo tiempo estar desahuciando cotidianamente a miles y miles de familias. En el mes de julio pasado ustedes votaron en contra de nuestra proposición de ley, eso sí, después de
alabarla. No sirven para nada.
En las comparecencias de la pasada semana quedaron claras meridianamente dos cosas: que son los intereses de los bancos y del mercado hipotecario los que impiden dar respuesta al drama de las familias y que nuestro sistema legal contiene
graves y profundas injusticias y distorsiones. Estamos, señorías, ante un caso evidente, muy, muy evidente de lucha de clases en estado puro: bancos contra ciudadanos, cédulas hipotecarias contra familia; eso quedó muy claro con la intervención
de la patronal bancaria y de la Asociación Hipotecaria Española, que nos plantearon la necesidad de mantener el statu quo y el riesgo que podía suponer modificar la realidad legislativa actual. Llegaron a decir que poner en valor y dar solución a
la legítima expresión del 3,4% de la sociedad -en ese tono lo dijeron- no podía poner en riesgo el conjunto del sistema hipotecario, es decir, su negocio; con esa claridad hablaron la semana pasada. Bancos que ocultan deliberadamente que ha sido
este sistema hipotecario y la falta de arrendamiento lo que ha llevado a España a ser el país con menos alquileres y más propiedad, eso sí, a cambio de hipotecar la vida de las personas. Bancos que ocultan que el endeudamiento ha sido la falsa
solución a la pérdida del poder adquisitivo de las personas para poder acceder a una vivienda. Bancos que ocultan que los grandes beneficiarios de ese sistema no han sido las familias sino los especuladores, que han aprovechado los bajos tipos de
interés para alimentar la burbuja especulativa. Bancos que ocultan que ese sistema hipotecario ha jugado un papel clave en la atracción a nuestro país de capitales limpios, opacos, sucios, criminales de todo el mundo para participar en una gran
bacanal especulativa, a los que después ustedes rebajan impuestos y dan una amnistía fiscal a la medida, un traje hecho. Bancos que ocultan que el hundimiento del sistema financiero no lo ha provocado el impago de las familias, sino los
especuladores y las grandes inmobiliarias. Bancos que ocultan que la dación en pago viene aplicándose a los especuladores y a las grandes inmobiliarias y se niega a las familias por una sola razón, porque nuestro sistema legislativo establece la
responsabilidad limitada de las sociedades; los accionistas de las sociedades no pagan con su patrimonio ni presente ni futuro, y en cambio las familias, cuando tienen razones de impago, sí. Desgraciadamente ese trato desigual está en el origen de
este drama: bancos que ocultan que el agujero provocado en el sistema financiero por los impagos o la dación en pago de las inmobiliarias se está tapando con recursos públicos que aportan directa o indirectamente las familias. ¡Esas mismas
familias a las que incomprensiblemente se les niega después el derecho que sí se concede a bancos y especuladores! Han ocultado, como dijo también Ada Colau en su comparecencia, que no estamos solo ante un problema social, sino ante una gran estafa
y un verdadero crimen social, que provoca sufrimiento, sí, mucho sufrimiento, y no solo en forma de suicidios, también en personas que pierden incluso la ilusión de vivir, que pierden la posibilidad de vivir dignamente. Y eso no es de hoy, llevamos
muchos años así. Todas esas razones son las que han llevado a nuestro grupo a plantear claramente la toma en consideración de esta ILP. No solo planteamos la denuncia, ustedes saben que hemos planteado una batería de enmiendas, bien articuladas
-nos lo reconocieron en el mes de junio-, que plantean alternativas rigurosas jurídicamente y viables políticamente, siempre y cuando -claro- ustedes acepten que para dar solución al problema de las familias hay que tocar los intereses de los bancos
y del mercado hipotecario. Que no puede pasar por delante el interés de los 685.000 millones de cédulas hipotecarias, que dan gran rentabilidad, por delante del interés de la familia. Hay que tocar sin duda los intereses de los poderosos para dar
satisfacción a las necesidades de la mayoría. Si se quiere, se puede, basta con tener voluntad de entrar en esas cuestiones.
Tendremos oportunidad de defender nuestras propuestas, pero en contra de lo que ustedes dicen no solo planteamos la dación en pago con efecto retroactivo. Les hemos planteado medidas de choque
urgentes para paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria y también los intereses moratorios. ¿De qué sirve dar dos años a las familias de mora si se les continúa aplicando tres veces el tipo de interés legal durante dos años? De
aquí a dos años tendrán la deuda de ahora y mucho más. Encima, en el mejor de los casos, ustedes les habrán prometido una vivienda que vamos a ver si se la dan. Eso sí, habrán modificado ustedes la legislación para pasar de alquileres de cinco
años a alquileres a medida del banco malo de solo dos años. Eso es lo que la gente también desconoce y ustedes quieren esconder. Por eso es muy importante que haya transparencia y que haya este debate. Un debate que además necesita poner en
primer lugar de todo la movilización de todo el parque de viviendas vacías en manos de entidades financieras participadas por el FROB o por el banco malo. Un debate que tiene que poner de una vez por todas encima de la mesa reformas legislativas de
la legislación hipotecaria, de la legislación civil. El registrador de la propiedad que ustedes mismos propusieron como compareciente nos hizo pasar la vergüenza de ver cómo este país tiene barbaridades tan brutales que se trata mejor el impago de
bienes de consumo, como un electrodoméstico, que el impago de la vivienda, y que se da más oportunidades a alguien que no puede pagar su nevera, su televisión o su coche que a alguien que no puede pagar su vivienda. Eso está sucediendo en estos
momentos en España y ustedes parece que no han querido evitarlo hasta ahora.
Tenemos la obligación de abrir ya el debate sobre una ley de segunda oportunidad. Tenemos que acabar con la aberración de que España sea el único país de la Unión Europea que no dispone de una ley que permita a las familias salvar
situaciones de insolvencia sobrevenida sin tener que dejar su vida en el camino. Señores del Partido Popular, si he entendido bien lo que se comenta en los pasillos, van a votar a favor de esa proposición de ley, a esa iniciativa legislativa
popular. Espero que sea verdad, porque será un pequeño triunfo. De nuevo quiero insistir en que se lo debemos a la movilización popular y a aquello que modestamente algunos hayamos conseguido con nuestra perseverancia en este Congreso. Déjenme
que les diga que termino mi intervención como lo he hecho en anteriores ocasiones. Si ustedes no aceptan encontrar una solución de verdad al problema de las familias desahuciadas, la calle, las instituciones y la gente van a continuar planteándolo.
Si no lo hacen ustedes, lo van a hacer esas movilizaciones. Se lo van a hacer los jueces en los tribunales, se lo puede hacer incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino diciéndoles unas cosas. Me alegro, me alegro si de verdad hoy esta iniciativa legislativa popular se aprueba, pero déjenme que les diga con honestidad que nos hubiéramos podido ahorrar muchos sacrificios
humanos si ustedes desde el principio de la legislatura hubieran aceptado de una vez por todos que este es un problema que había que abordar.
A pesar del respeto que le tengo a los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista -especialmente a la compañera Leire Iglesias-, les tengo que decir que si el Gobierno Zapatero hubiera sido capaz de ver ese sufrimiento cuando gobernaba se
hubiera podido evitar antes. Nunca es tarde si la dicha es buena.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar inmediatamente porque se ha pasado su tiempo.
El señor COSCUBIELA CONESA: Hay mucho sufrimiento que podemos evitar entre todos y les agradecería que hoy, si es posible, votemos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular. Se lo merecen quienes están en
la tribuna de invitados y las 1.400.000 firmas que ellos representan. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, como no podía ser de otra manera, nuestro grupo va a votar favorablemente a la toma en consideración de esta proposición de ley de iniciativa legislativa popular. Lo va a hacer, en primer lugar, por respeto al
prácticamente millón y medio de ciudadanos que la han firmado, por respeto a los ciudadanos que están sufriendo y por respeto a las familias que tienen la amenaza de ser desahuciados de su domicilio. Por todo ello, vamos a votar favorablemente esta
iniciativa legislativa popular. Además, lo vamos a hacer porque creemos que los objetivos que plantea la iniciativa son
absolutamente compartibles. Son dos muy simples. Se nos pide que evitemos que el mecanismo existente hoy día en los lanzamientos culmine, por una parte, con la pérdida de vivienda y, por otra, con una deuda eterna por parte de las familias
y muchas veces -vamos a hablar también de ello- de sus avaladores. No pueden darse ni una ni otra circunstancia. Por ello, desde hace bastante tiempo nuestro grupo ha venido trabajando aquí en esta Cámara y también en otra, en el Parlament de
Catalunya, de forma muy importante codo a codo con todos los profesionales y las entidades para dar soluciones. Nuestras soluciones son múltiples. Ustedes las conocen porque desde esta misma tribuna se las hemos relatado. Ahora, señoras y señores
diputados, en el momento en el cual parece que tendremos la fortuna de que sea tomada en consideración por unanimidad esta iniciativa legislativa popular, llega el momento de la verdad y no el momento de las lamentaciones ni de los discursos ni de
las bravatas sencillas. Llega el momento de arremangarse, como decimos nosotros.
Hace pocos días nuestro portavoz, el señor Duran i Lleida, hacía la propuesta de que esta iniciativa legislativa popular, junto con otras iniciativas que están depositadas y faltas aún de trámite y con el proyecto de ley derivado del Real
Decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, se tramitara con una ponencia conjunta. Este sería el procedimiento más adecuado en estos momentos. Señoras y señores diputados, una ponencia conjunta es el
momento para los acuerdos, para el diálogo, para la responsabilidad y para saber dar soluciones reales, concretas, positivas con el objetivo demandado por los ciudadanos. Señoras y señores diputados de una y otra bancada, creo que ello es posible,
pero requiere todo nuestro esfuerzo y toda nuestra responsabilidad. Como no quiero quedarme solamente en palabras retóricas y en expresiones sencillas y altisonantes, voy a darles un guion de temas que debemos saber resolver entre todos, entre
todos. La primera cuestión es que, aprovechando el proyecto del Gobierno, debemos ser capaces de aumentar los criterios de suspensión de los lanzamientos para que acojan a toda la casuística en que cualquier ciudadano de buena fe pueda incurrir
-con hijos, sin hijos, monoparental, pluriparental o cualquier circunstancia siempre que sea causa de ruina sobrevenida-, incluyendo a los avalistas, lo que también se ha dicho aquí y es muy importante. Ustedes conocen casos dramáticos de padres
que han avalado a sus hijos. Se ha ejecutado primero a los hijos, se han ido a vivir con los padres, y posteriormente se ha hecho el lanzamiento de los padres; es una auténtica vergüenza, por tanto, debemos incluirlo. Todos ustedes deberían
prometer esto ahora mismo. Sé que hay una intervención del representante de la mayoría y este debería ser un compromiso importantísimo, la inclusión de los avalistas.
Otra cuestión importante, relevante, clave para Convergència i Unió, es que no solo hay que parar los lanzamientos, hay que parar también todos los procedimientos. No puede avanzarse ni un milímetro más, hay que demorarse. Además -también
se ha dicho aquí anteriormente- hay que aprovechar la moratoria para introducir obligatoriamente mecanismos de intermediación. Esta es la propuesta que puede dar solución definitiva, que siempre se tenga que intermediar previamente a la
interposición de los procedimientos judiciales. Esta es la garantía para los ciudadanos. Nuestras entidades, colegios profesionales, ayuntamientos, lo están intentando. Les falta la fuerza legal; démosles esta fuerza legal, señoras y señores
diputados. Saben ustedes también, y la proposición de ley del Parlamento de Cataluña así lo versa, que establece un procedimiento concursal. Aquí se ha hablado de diferencia entre ciudadanos y empresas; pues acabemos, abramos también la vía del
procedimiento concursal. Sepamos resolver temas sencillos, señoras y señores diputados, los intereses de demora, con algo tan simple como, por ejemplo, que estos se sitúen en los intereses de demora aplicables a los bienes de consumo o que
simplemente se cobren intereses de demora sobre las cuotas vencidas, no sobre la totalidad de la deuda, lo cual nos parece una auténtica aberración ética. Esto también se ha dicho aquí, señoras y señores diputados, aparecía incluso en el real
decreto-ley y posteriormente parece que se ha querido retirar. Hay que comprometerse con una reforma estructural, lo cual tiene un nombre, ley de endeudamiento responsable. Constitución inmediata de una ponencia para llevar a cabo la ley de
endeudamiento responsable, que es la garantía de futuro. No va a resolver todos los asuntos que tenemos, los debemos resolver con todos los puntos que ya les he descrito, pero sobre todo la ley de endeudamiento responsable debe ser la garantía
preventiva, la garantía de futuro.
Debemos resolver también la cuestión de las cláusulas abusivas y desde un punto de vista jurídico sencillo. Simplemente diciendo que se puede alegar como causa de oposición; solo con esta acotación legal podemos introducir también un
mecanismo que dé garantía a los ciudadanos, que haga que tengan las mismas garantías los deudores que los acreedores. Saben ustedes también que para resolver el
problema no es suficiente con decir que todo esto esta muy bien, y al final la familia se queda en la calle. Hay solución -además la semana pasada se lo repitió a ustedes un compareciente a petición del Grupo de Convergència i Unió, el
registrador don Fernando Méndez-, existe, y la podemos aprovechar: la anticresis, que simplemente significa que el ciudadano que no ha podido pagar, que pierde la propiedad de su domicilio, pueda seguir utilizándola a través del pago de una
cantidad a la pueda hacer frente; en línea, por cierto, con una de las peticiones de la iniciativa legislativa popular. Nosotros lo llamamos leasing social, llámenlo ustedes como quieran, pero háganlo.
Hay otra cuestión muy simple de la que se habló también en la subcomisión -el señor Matos lo recordará- y todo el mundo estaba de acuerdo, aunque llevamos tres años y no se ha hecho: la total independencia de las entidades tasadoras. Total
independencia significa 0% del sistema financiero en el capital de estas tasadoras, 0%, ni 1% ni 2% ni 3% ni 10%, sino 0%. Porque un árbitro tiene que ser independiente, absolutamente independiente, es una cuestión de transparencia, una cuestión de
dar ejemplo, una cuestión sin la cual los ciudadanos nunca acertarán a entenderlo.
Finalmente, hay una cuestión sobrevenida últimamente pero que afecta a muchos ciudadanos que ven como las entidades financieras no están pagando las cuotas a la comunidad de propietarios y al final del proceso los propietarios restantes son
los que deben pagar las cuotas que el sistema financiero no ha sufragado. Esto también es resoluble y, señoras y señores, tenemos que resolverlo. En definitiva, señoras y señores diputados, el mandato que parece que vamos a obtener no es el
mandato de que tengamos un aplauso más o menos sencillo, que digan que ya está todo hecho; al contrario. Todo está por hacer, todo es posible y todo lo podemos hacer, pero cada uno debemos guardarnos algo, orgullos, demagogias, excesivas
responsabilidades, también la capacidad de decir al sector financiero que haciendo que funcionen nuestros ciudadanos van a funcionar también ellos. Todos estos son los deberes que nos han puesto los ciudadanos, señoras y señores diputados. Por una
vez, aunque solo sea por una vez, quedemos bien y demos el tono.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor García Egea.
El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señor presidente.
Señorías, cuando este Gobierno asumió la responsabilidad de gobernar se encontró con una situación muy difícil, en la que muchos ciudadanos ante una situación sobrevenida perdieron su empleo y, con ello, su perspectiva de futuro y las
posibilidades para seguir pagando su hipoteca. La prioridad de este Gobierno es y ha sido siempre impedir que esos ciudadanos queden atrapados por esa deuda, que además de perder su trabajo no perdieran el techo bajo el que viven y que tuvieran una
segunda oportunidad para comenzar de nuevo sin tener lastres ni deudas anteriores. Por ello, quiero agradecer a los promotores de esta iniciativa su esfuerzo por recabar firmas y trasladar propuestas a esa ley que el Gobierno está impulsando de
protección de los deudores hipotecarios con especial vulnerabilidad.
El Gobierno y el Grupo Popular han recogido en su legislación contra los desahucios las propuestas ciudadanas para incorporarlas a las medidas tomadas hasta ahora y darles rango de ley. La voz de los afectados por la hipoteca se ha
escuchado en esta Cámara -recordémoslo-, enriqueciendo el texto gracias a la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto para la protección de los deudores hipotecarios presentado por el Gobierno. Las enmiendas propuestas por el Grupo Popular
van en línea de regular como medio liberatorio de la deuda la dación en pago para aquellos con especial vulnerabilidad, siempre que no haya sido posible reestructurar la deuda ni realizar una quita. Nuestro grupo transmitió a los responsables de la
plataforma de Afectados por la hipoteca que entendemos su situación, su enfado, sobre todo ante la inacción del anterior Gobierno... (Risas.-Aplausos). No me produce ninguna risa la inacción del anterior Gobierno. (Rumores). Como digo, mi grupo
transmitió ese sentimiento y compartimos con la ciudadanía esa necesidad de poner fin a los desahucios. Reconozcamos que en el pasado el Gobierno tardó demasiado tiempo en actuar.
Esta iniciativa no queda a las puertas del Congreso. Esta iniciativa entra en este Parlamento para ser debatida, incorporada al texto final de la ley de medidas urgentes para la protección de los deudores hipotecarios. Todos los grupos
estamos en la obligación de reconocer el trabajo y las aportaciones de la ciudadanía a través de esta iniciativa. Me ha sorprendido ver aplaudir a algunos de sus compañeros, señora portavoz socialista. En esta casa alguno de sus compañeros que ha
aplaudido esta tarde dijo que bajo ningún concepto se aplicaría la dación en pago. -Está en el 'Diario de Sesiones'-. Recordemos
también que una vicepresidenta del Gobierno socialista dijo que la dación en pago no era una opción para nuestra economía y que un presidente socialista opinaba que la dación en pago pondría en peligro a la banca. Por lo menos en ese
momento hubo un paréntesis en su apoyo a esta iniciativa. (Aplausos).
Tenemos que recordar también hoy, que estamos en el presente, a los ciudadanos que en el pasado las personas con responsabilidad de gobernar fallaron. Ni el partido en el Gobierno ni sus socios, que hoy vienen aquí a exigir en ocasiones y a
pedir propuestas de máximos ante la mirada atónita, desconcertada e incrédula de los ciudadanos, lo solucionaron y hoy vienen a pedir propuestas de máximos cuando la única medida por parte del anterior Gobierno fue crear juzgados especiales para
agilizar los desahucios. Es lamentable, señora portavoz socialista. (Aplausos). Además quiero recordarle que mientras el Gobierno socialista hablaba de la imposibilidad de la dación en pago, de que bajo ningún concepto era posible aplicarla,
negándose a reformar la Ley Hipotecaria, otros grupos de la oposición también votaban a favor. Por tanto hoy, aparte de recordarle eso porque me ha parecido especialmente dura su intervención, creo que tenemos que reconocer y es el momento de
hacerlo que los impulsores de esta iniciativa legislativa popular han ayudado con sus aportaciones a mejorar el texto de la ley, que de votarse favorablemente sus enmiendas entraría en vigor en muy poco tiempo. Siempre hemos defendido en Comisión y
en Pleno la necesidad de no hacer de un tema tan importante como el de la vivienda una batalla política y vamos a seguir haciéndolo. Hay un sector de este Parlamento que cree que el enfrentamiento es la solución a todos los males de nuestro país,
cuando la realidad nos muestra que necesitamos cooperar para construir el futuro de nuestra nación. Venimos escuchando a muchos que se empeñan en enfrentar lo público contra lo privado, el empresario contra el trabajador, el deudor contra el
acreedor; es al contrario, señores diputados, la cooperación activa al servicio de la sociedad de todos y cada uno de nosotros será lo que nos haga avanzar. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
He escuchado hoy críticas al Gobierno, que no comparto en absoluto y que no puedo aceptar. Piensen en el hipotético caso en el que el Gobierno no hubiese asumido el liderazgo promulgando el real decreto para paralizar urgentemente los
desahucios durante dos años. Si hubiésemos esperado, como pedían algunos grupos, una consecuencia directa hubiese sido que algunas familias, algunos ciudadanos, no hubiesen podido acogerse a dicho real decreto, a esta legislación, para paralizar el
proceso de desahucio. Esta ley llevaba y lleva el calificativo de urgente porque lo es, y una vez cumplido este requisito la tramitación como proyecto de ley está permitiendo mejorar todo aquello susceptible de mejora. Si el Gobierno no hubiese
hecho nada, si se hubiese limitado a esperar la admisión a trámite de esta iniciativa legislativa popular, hoy habría muchas familias a las que no se le habrían podido paralizar los desahucios; hoy estaríamos mucho peor. Sin embargo, la opción del
Gobierno ha sido impulsar una normativa para paralizar estos desahucios, teniendo como base reivindicaciones ciudadanas como la que hoy estamos debatiendo. Las prioridades del Gobierno son claras en esta materia. El objetivo del Grupo Popular es
proteger a los deudores hipotecarios con especial vulnerabilidad, teniendo en cuenta dos prioridades: en primer lugar, que ninguna persona sea desahuciada de su primera vivienda como consecuencia de una ejecución hipotecaria, y en segundo lugar,
que ese 97% de personas que están actualmente pagando su hipoteca no se vean afectadas por las medidas antidesahucios porque el Grupo Popular gobierna para el 100% de este país. (Aplausos).
Creemos que esta iniciativa legislativa popular ha servido para mejorar la ley que en muy pocos días será sometida a aprobación y que permitirá cumplir con la mayor parte de las reivindicaciones y con el fondo de los promotores de esta
iniciativa. Señorías, la hostilidad, el enfrentamiento, la desavenencia, el populismo que hemos escuchado aquí por parte de muchos diputados de esta Cámara no van a paralizar los desahucios. La propuesta, el acuerdo, los consensos, las alianzas,
las acciones legislativas claras como las que el Gobierno ha puesto encima de la mesa conseguirán solucionar los graves problemas por los que pasan hoy muchos ciudadanos. Mi grupo persigue el mismo fin que la iniciativa legislativa presentada, y
por eso hemos querido plasmar su espíritu en las diversas enmiendas presentadas al proyecto de ley para la protección de los deudores hipotecarios. En primer lugar, relaciona la dación en pago. Como saben, en el código de buenas prácticas se
impone a las entidades aceptarla como medio liberatorio si los deudores así lo solicitan; en segundo lugar, se contempla la paralización de los lanzamientos derivados de las ejecuciones por un periodo de tiempo concreto y, en tercer lugar, se ha
puesto en marcha la creación de un fondo social con un volumen considerable de viviendas -6.000 viviendas- tras un acuerdo alcanzado, como saben, con bancos, cooperativas y cajas.
Finalmente, señorías, es el PP el que por primera vez ha introducido la posibilidad de la dación en pago, tal y como piden los ciudadanos firmantes de esta iniciativa legislativa popular. (Aplausos). También
se reducen los intereses de demora, se aumenta la transparencia en determinados productos financieros, se impulsa el equilibrio entre las partes y se introducen mayores controles en las entidades de tasación, al mismo tiempo que hemos pedido
introducir determinadas medidas adicionales de prudencia financiera que eviten situaciones como las que estamos viviendo. Todas estas medidas, propuestas por el Partido Popular, serán sometidas a votación en muy pocos días. Quedará en la historia
que ha sido el Partido Popular el único capaz de recoger la voz de la ciudadanía. (Rumores). Todas estas medidas, señorías, que podrán aprobarse con los votos de los diputados de esta Cámara, son un triunfo de la ciudadanía por dos razones
fundamentales. En primer lugar, porque a partir y a través de las urnas los ciudadanos han elegido democráticamente a un Gobierno que en un solo año ha tomado varias medidas legislativas para proteger a los deudores hipotecarios víctimas de la
crisis y, en segundo lugar, porque mediante esta iniciativa legislativa popular se ha podido escuchar hoy su voz, la voz de los ciudadanos, en este Parlamento y sus reivindicaciones han sido incorporadas a una ley.
Señorías de la oposición, escuchándoles hoy he recordado a un pensador español cuando decía que aunque la verdad de los hechos resplandezca siempre se batirán los hombres en la trinchera sutil de las interpretaciones. A los grupos políticos
de esta Cámara les pido que apoyen al Gobierno, que salgan de las interpretaciones y los intereses partidistas y acompañen al Ejecutivo por ese camino que nos permita acabar con los desahucios y mejorar la vida a muchos ciudadanos. Por todo lo
anterior, y agradeciendo a los promotores de la iniciativa sus aportaciones a la acción del único Gobierno que ha legislado para paralizar los desahucios, el Partido Popular va a hacer algo que no ha hecho ningún otro Gobierno situándose junto a los
ciudadanos. Nosotros mantenemos que la dación en pago debe contemplarse en casos de personas con máxima vulnerabilidad.
Tras la reunión con la plataforma, a la que hemos transmitido en estos términos nuestra postura, hemos decidido que apoyaremos esta iniciativa. Señora Colau, representantes de la plataforma, se lo dije en la Comisión y se lo repito hoy, el
Grupo Popular y la plataforma de Afectados por las hipotecas van por el mismo camino y al final de ese camino están los intereses generales de los ciudadanos (Rumores), y seguiremos trabajando y cooperando para alcanzarlos.
Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos.-Protestas y gritos en las tribunas de invitados).
El señor PRESIDENTE: ¡Expúlsenlos de la tribuna! (Protestas y gritos en las tribunas de invitados). ¡Procedan a la expulsión! (Continúan las protestas y los gritos en las tribunas de invitados.- Aplausos de los señores diputados del Grupo
Parlamentario de La Izquierda Plural, puestos en pie). ¡Expúlsenlos! (Así lo hacen los servicios de la Cámara).
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REVISIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS. (Número de expediente 162/000496).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión de los derechos y deberes de los alumnos. Para su presentación tiene la palabra la señora Moneo. (Continúan los
rumores). Por favor, ruego que los que no vayan a estar en el Pleno lo abandonen con rapidez.
Señora diputada, comience usted. Ruego silencio para escuchar a la señora diputada.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular somete a debate en el día de hoy una proposición no de ley que viene a resumir una de las inquietudes que de forma más persistente hemos podido manifestar a lo largo de los últimos años. Alejándonos
del catastrofismo, porque nuestra intención es trasladar este mensaje al conjunto de la sociedad, no obstante resulta evidente que hay una serie de cuestiones que nosotros como grupo, y seguramente también sus señorías, se han planteado en
ocasiones. Son preguntas a las que, con sinceridad, resulta difícil dar una respuesta afirmativa. ¿Reciben nuestros alumnos las enseñanzas a las que por ley tienen derecho en un clima adecuado? ¿Se ha hecho lo suficiente en las sucesivas
modificaciones legislativas para garantizar ese derecho? ¿Hemos sabido adaptarnos a los nuevos estímulos que nuestros alumnos perciben dentro y fuera del aula? Y qué decir del profesorado. ¿Ha tenido los instrumentos necesarios para ejercer su
labor con normalidad? Estas son algunas de las cuestiones; seguramente podríamos añadir algunas más. Son cuestiones de vital importancia a las que debemos dar respuesta si queremos, de una vez por todas, hacer una apuesta decidida por la mejora
de
la calidad de nuestro sistema educativo. Es posible que sus señorías se hayan planteado por qué el Grupo Popular trae a debate esta iniciativa cuando hay un anteproyecto de ley educativa, la Lomce, que, tras su paso por numerosas
conferencias sectoriales y una vez obtenga el dictamen del Consejo de Estado, será sometida al juicio de esta Cámara. Ese anteproyecto en su artículo 124 recoge algunas de las inquietudes contempladas en la exposición de motivos de esta iniciativa
y que hacen referencia, por ejemplo, a la necesidad de que los centros elaboren planes de convivencia; planes que deberán recoger todas las actividades que se programen para fomentar un buen clima de convivencia dentro y fuera del centro escolar;
también las normas de convivencia y conducta, normas de obligado cumplimiento... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora diputada.
Recuerdo a todos los diputados que estamos discutiendo un tema relativo a la revisión de los derechos y deberes de los alumnos, así que presten atención a la presentación de la proposición no de ley.
Siga, señora diputada.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
...las medidas correctoras; la protección que hay que dispensar al alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas; o la intolerancia más absoluta que hay que demostrar hacia aquellas conductas que atenten
contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa y que tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba. Lo hacemos, señorías, porque a nuestro juicio esta no es una cuestión más que merezca una atención menor en
el conjunto de lo que será el futuro debate educativo. Para nosotros esta es una cuestión primordial que merece una atención específica y la búsqueda del máximo consenso. La relación entre clima escolar y éxito escolar no es una afirmación en
abstracto; es una realidad cuantificada, es una de las variables que más se relacionan con la calidad educativa de un centro escolar. El propio informe PISA así lo establece.
Señorías, la pasada legislatura este grupo parlamentario ya presentó una iniciativa relativa a la revisión de la normativa de los derechos y deberes de los alumnos y otras normas de convivencia que evidenciaba la existencia de lagunas
normativas y una realidad preocupante mostrada en sus informes, entre otros, por el propio Observatorio para la convivencia escolar. Señala este informe, entre otras cuestiones, que, aun cuando parecen haberse incrementado las innovaciones
educativas y estimulado la participación del alumnado en la mejora de la convivencia, estas medidas distan todavía bastante de ser prácticas educativas generalizadas. También dice que es preciso mejorar la eficacia educativa de las medidas
disciplinarias. Quizás sea porque, según el mismo informe, más del 67% del alumnado entrevistado que ha sido castigado califica la sanción como ineficaz. Estas son algunas de las reflexiones. La iniciativa fue rechazada. Hay quien quiso
justificar su rechazo en un supuesto recorte de los derechos de los estudiantes, quizás olvidando que el principal derecho que tienen los alumnos es a recibir una educación de calidad, a que se respete su integridad y dignidad personales; y también
tienen un deber fundamental, el de estudiar.
No es al pasado al que nosotros queremos mirar, aspiramos a más; aspiramos a construir nuestro futuro y además a que lo hagamos entre todos. Por ello pedimos la revisión de la normativa que hace referencia a los derechos y los deberes de
los alumnos. Señorías, entre otras, las nuevas realidades en las que se desenvuelven los jóvenes, desde el acceso a las nuevas tecnologías hasta su uso habitual en el aula, no están contempladas en la legislación vigente. En ausencia de una
normativa común algunas comunidades autónomas han establecido sus propios planes, en ausencia de normativa autonómica han sido los propios centros los que han tomado la iniciativa. Nosotros no creemos que una regulación tan importante pueda quedar
al arbitrio de lo que decida cada comunidad autónoma o pueda decidir cada centro. Las normas de convivencia, la norma relativa a la autoridad del profesorado, los derechos y deberes de los alumnos son cuestiones que nos afectan a todos. Creemos
firmemente que la regulación no puede centrarse exclusivamente en uno solo de los miembros de la comunidad educativa. No estamos de acuerdo con medidas aisladas ni precipitadas. Creemos en un modelo educativo impregnado del respeto a los derechos
y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia a la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. De lo que no tenemos ninguna duda es de que sin una atención y medidas específicas dirigidas al profesorado fracasemos
en nuestro propósito. Señorías, según el sindicato de la enseñanza pública ANPE, durante el curso 2011-2012, en el que atendieron a más de 3.300 docentes, un 24% de ellos manifestó haber tenido problemas para dar clase y un 21% haber sufrido falta
de respeto de los alumnos. Estos son los datos. La imposibilidad de dar clase se traduce necesariamente en una merma de la calidad y de las oportunidades que ofrecemos a los alumnos. El profesor no es uno más en el aula, el profesor es la
autoridad en el aula y debe tener instrumentos a su alcance para ejercerla.
El falso buenismo que ha invadido nuestras aulas en las últimas décadas ha despojado de toda autoridad al profesorado. Esa es una de las razones, si no la razón principal, que justifican la limitación de cuantas medidas han intentado paliar
una realidad que día a día deterioraba la convivencia en las aulas. Por eso, es necesario -así lo defendemos- que el estatuto del docente contemple la consideración del profesor como autoridad pública, goce de la protección reconocida a tal
condición por el ordenamiento jurídico y la Administración entre otras cuestiones garantice su adecuada protección y asistencia jurídicas.
Señorías, aun cuando estoy segura de que hay medidas que nos separan y que nos separarán en el debate de la futura ley, en el tema que nos ocupa es más lo que nos une que lo que nos separa. Por eso, les solicitamos su apoyo a esta
iniciativa como punto de partida de un debate fundamental para la mejora de la calidad del sistema educativo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.
A esta proposición no de ley se han presentado varias enmiendas. En primer lugar, por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra para defenderla la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señora Moneo, su intervención aquí, en esta tribuna, ha sido una, pero lo que dice la proposición no de ley que traen ustedes aquí es otra cosa; no tiene nada que ver con lo que usted ha dicho, señora Moneo.
Nosotros tenemos que debatir sobre la proposición no de ley que ustedes han traído aquí, no sobre el discurso que nos ha hecho usted; ya nos gustaría poder debatir sobre eso, pero no puede ser. Me pregunto, señorías del Grupo Popular, si a ustedes
les consta el clima de conflicto social que sufrimos en este país. Espero que sí porque flota sobre esta Cámara y fuera de ella, y es en ese marco donde ustedes presentan la iniciativa sobre la que debemos debatir, que nada tiene que ver -insisto-
con lo que usted ha dicho. En ese marco ustedes pretenden modificar la norma que regula los derechos y deberes del alumnado. No les consta el clima de conflicto social -me parece a mí y a mi grupo- porque en su exposición de motivos no señalan ni
uno solo de los conflictos que en este momento se están viviendo en este país; por eso digo que no les consta, claro que puede ser que no les conste alguna cosa y otra sí. En la exposición de motivos no dicen ni una sola palabra sobre las
políticas que se están llevando, sean estas económicas, sociales y en este caso educativas, que influyen o pueden influir en la convivencia en las aulas. (Rumores).
Señor presidente, sé que las conversaciones son muy importantes pero no me dejan poder hacer la intervención en condiciones.
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, estábamos resolviendo un problema procedimental. Tiene usted razón, continúe.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas gracias, señor presidente. Ustedes ante los problemas que están afectando a la convivencia de todos los españoles y todas las españolas hacen una política estupenda: la del avestruz, esconden la cabeza. A
ustedes les preocupa la disciplina, eso es lo que viene en su proposición no de ley, la manu militari de los profesores y la sanción; eso es lo que viene también en su proposición no de ley, disciplina y sanción. Permítame que le diga ante esta
aberración -es lo que consideramos nosotros que supone hablar de ello con los problemas que se puedan generar de convivencia- que ustedes optan por la disciplina para no sufrir un problema educativo, que nosotros creemos que debe abordarse desde la
formación en valores, la prevención, la atención personalizada a los alumnos y a las alumnas. Ustedes -insisto- lo relacionan además con algo que nos ha llamado poderosamente la atención. El problema de convivencia en las aulas lo tienen los
móviles. Ese es el problema de convivencia en las aulas, la telefonía móvil. Ese es el problema. Ustedes niegan la mayor, que puede haber problemas generados por las políticas educativas que ustedes están llevando. ¿O no tienen nada que ver con
los problemas de convivencia los recortes sucesivos en educación? ¿No tienen nada que ver con las políticas de convivencia la situación de las familias? ¿No tiene nada que ver con los problemas de convivencia la situación en la que se ven los
alumnos y las alumnas que cada vez carecen de más recursos para poder acceder al sistema educativo y que tienen problemas de desubicación precisamente por ello? ¿Es que no tiene nada que ver que ustedes recorten en educación, que recorten becas,
que recorten ayudas en comedor, que recorten ayudas para el transporte? Es verdad que no se hace aquí, se hace en las comunidades autónomas, pero ustedes no ponen ni un solo medio, ni uno solo, para colaborar con las comunidades autónomas en
sentido contrario. Es más, usted reconoce que las
personas que tienen más dificultades son las que más afectadas se pueden ver, pero -¡oh, qué casualidad!- ustedes recortan precisamente en aquellos programas de educación compensatoria que pueden ayudar a esas personas, a esos alumnos y
alumnas. ¿Ustedes quieren resolver, de verdad, el conflicto en las aulas, los problemas de convivencia que haya en las aulas? Permítame que le diga, señora Moneo, que no es posible que ustedes crean que eso es lo que tienen que hacer. Ustedes,
además, establecen una relación de subordinación en su proposición no de ley de desigualdad entre alumnos y alumnas, entre familiares y profesores -insisto, desigualdad y no solo diferencia-. Hemos de partir, señora Moneo, de que todos los miembros
de la comunidad educativa merecen respeto, de que la escuela debe ser un lugar seguro y un espacio en el que poder desarrollarse, expresarse, etcétera. Tan preocupante es que un alumno falte al respeto al profesor o profesora como que el profesor o
profesora falte al respeto a un alumno; tan preocupante lo uno como lo otro; y tan preocupante es que lo haga además con otro alumno o alumna, con otro compañero o compañera. Por eso creemos que no es la autoridad y el régimen disciplinario lo
que hay que introducir sino la perspectiva del respeto debido a las personas.
Le diré más, señoría, ¿no les parece pura demagogia cuando ustedes han mostrado una falta total de respeto hacia el profesorado cuestionando su trabajo? Usted dice que va a venir la Lomce. ¿Le recuerdo qué dice la Lomce respecto a las
pruebas que hay que efectuar en cada uno de los ciclos? Que se hagan con carácter externo. Ustedes no confían en el profesorado, ustedes confían en que lo externo sea mejor que la labor que hacen esos profesores. Deterioran sus condiciones
laborales, ¿o también me va a negar con la cabeza que están deteriorando las condiciones laborales de los docentes? ¿También es mentira? Pues mire, debe estar usted en otro mundo. Ya le digo que a usted no le consta este mundo, le consta otro o
por lo menos una parte de otro. También los sancionan, porque lo mismo que hoy portamos una camiseta por el tema de los desahucios -ustedes se han sumando al final a la iniciativa- han castigado a los profesores y los han expulsado de los centros
por llevar camisetas verdes donde reivindican sus derechos como docentes. ¿O también eso es mentira? Señorías, recortes, despidos y masificación en las aulas, ese es su modelo para poder acabar con la mala convivencia en los centros.
En 2005 -se acordará usted probablemente- se presentó una iniciativa legislativa popular para conseguir una normativa integral de convivencia. En ella se planteaban planes de convivencia en los centros, recursos -repito, recursos-,
formación del profesorado -ustedes se cepillan las FPU-, ¿se acuerda o eso también es mentira? ¿También es mentira? Perfiles profesionales específicos y por supuesto...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ya, señor presidente.
...reparto equilibrado del alumnado para evitar guetos. Están diciendo ustedes desde aquí lo contrario de lo que están haciendo. ¿Sabe usted cómo se llama eso? Engaño, mentiras a la ciudadanía, y lo veremos después el día que se tenga que
debatir la Lomce, que es otra gran mentira a la ciudadanía de ley educativa. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió y para defender su enmienda tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos aquí un texto que propone revisar la regulación vigente y establecer un procedimiento que sea efectivo y asegure un clima adecuado para garantizar el derecho al estudio que tienen todos los alumnos. Desde el Grupo
Popular y desde el Gobierno están dejando claro cuál es su intención ante la reforma educativa que están llevando a cabo, y no es la mejora de la calidad educativa. Las palabras del señor ministro en su comparecencia durante la primera Comisión ya
se han quedado vacías. Remarcó él: reducir el abandono escolar y mejorar los resultados educativos. ¿Dónde quedan aquellas buenas intenciones? Recuperar competencias aun a costa de realizar una invasión competencial intencionada, esta es también
la motivación de la proposición no de ley; homogeneizar la educación empobreciéndola, negándole ese atributo democrático y libre de la diversidad, aunque usen ese término, diversidad, sin sentido, sin convicción, sin coherencia. Por cierto,
coherencia, valor necesario para una educación, para unos buenos educadores. No aceptan la diversidad territorial, ni la diversidad cultural, ni la diversidad de capacidades, ni la diversidad en las oportunidades; no reconocen las iniciativas que
desde los diferentes estamentos de la comunidad educativa se están realizando con éxito y que permitirían conseguir los verdaderos objetivos marcados y compartidos inicialmente. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no está de
acuerdo y continuará siendo muy crítico con el Gobierno y con quien defienda este estilo. No podemos permitir unas iniciativas y una reforma de la ley que vacía de competencias a los Gobiernos territoriales y es un claro intento de controlar la
totalidad del sistema.
Desde el Grupo Parlamentario Popular van presentando proposiciones no de ley ante esta Cámara para demostrar -creemos- su apoyo a la acción de Gobierno; sin duda es una actitud lógica, aunque creo que lo hacen ya con poca convicción y más
por obligación. Defendieron una proposición no de ley sobre el bachillerato que al final en la propuesta del anteproyecto no se ha reflejado como la defendieron aquí, una sobre la formación profesional que ha sufrido parecida suerte y ahora esta.
Creemos que en lugar de aclarar y orientar la acción del ministro están intentando defender aquello que ya no se puede defender. Si analizamos la exposición de motivos, en ella se pide actualizar un real decreto que ya ha quedado superado en muchos
casos por las legislaciones que han desarrollado algunas administraciones competentes en la materia. Otro apartado sería el análisis de la descripción que ustedes hacen del orden necesario -orden necesario- en el seno de la institución escolar,
aspecto difícil de describir en cinco líneas y que desde siempre ha sido un elemento inherente a la acción educativa, pero -entenderán sus señorías- aplicado con pedagogías muy dispares según el momento histórico. Otro debate sería -más viendo la
actitud el ministro- describir cuáles serían los valores básicos de la convivencia en libertad pero, como he dicho, no alcanzo a encontrar o descubrir la relación coherente que vincule estos valores con la actitud y la intención de homogeneizar que
practica el Gobierno. Como ejemplo mencionaré los móviles. ¿Creen que desde aquí o desde el ministerio tienen que poner orden al uso de los móviles? ¿Dudan acaso de las capacidades de los componentes de la comunidad educativa que elabora los
proyectos educativos y los reglamentos correspondientes? Esta es la imagen de una reforma que tiene claramente definidos los aspectos a mejorar y de una acción de Gobierno que no entiende qué tipo de sociedad ha de recibir las propuestas para
mejorar los índices de éxito escolar y rebajar el número de alumnos que dejan el sistema educativo sin una formación adecuada.
Reflexionen, PISA y las pasarelas. Sean usuarios de una pasarela que les dé una segunda oportunidad para poder realizar la reforma educativa adecuadamente; una reforma que no modifique la estructura del sistema educativo, pero que analice
conjuntamente con las administraciones competentes y la comunidad educativa aquellos aspectos concretos a mejorar y que nadie niega. Desde el rechazo a la homogeneización que quieren imponer hemos presentado una enmienda que ofrece desarrollar su
petición en aquellos territorios que no han desarrollado los instrumentos necesarios; no podemos aceptar que, como nos demuestra el día a día del Gobierno, se invadan competencias en aquellos territorios que ya trabajan para mejorar la educación
aunque ustedes no compartan la forma de hacerlo ni reconozcan y desaprovechen sus avances, y mucho menos cuando se hace con motivaciones erróneas sin ser conocedores reales de la situación y desdibujando la realidad con falsedades y relatos
inventados. Señorías, no podemos apoyar esta proposición no de ley pues, aunque los conceptos son básicos y el vocabulario correcto como la intervención de la ponente, el fondo reafirma la intención de recuperar competencias más allá de la
legalidad, homogeneizar e imponer por parte del Gobierno su modelo educativo olvidando la necesidad de un pacto de Estado para mejorar la educación. Es una decepción perder una nueva oportunidad para mejorar la educación de nuestros niños y
jóvenes. Perdemos una vez más el tren de la mejora educativa y -lo peor, señorías- quieren que todos los territorios se queden en la estación. Cataluña va a subir al tren de la mejora educativa, quieran o no ustedes. Recapaciten y corrijan sus
formas y sus intereses.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.
Por el Grupo Socialista, para defender su enmienda, tiene la palabra el señor Meijón.
El señor MEIJÓN COUSELO: Gracias, presidente.
Señora Moneo, el Grupo Socialista no puede en ningún caso apoyar esta iniciativa tal como la tiene usted formulada. Ustedes generan un olvido selectivo y premeditado de dos importantes cuestiones. Me refiero, en primer lugar, al desprecio,
del que ustedes hacen gala, al no hacer siquiera mención del Observatorio estatal de la convivencia escolar creado por un Gobierno socialista en el año 2007; mayor desprecio cuando en lo que llevan de gobierno no lo han convocado ni una sola vez.
En segundo lugar, usted pretende ignorar que el decreto de 1995 no tiene la consideración de legislación básica, como así
lo han entendido todas las comunidades autónomas, por cierto también las gobernadas por ustedes; por ello todas han desarrollado un marco legislativo propio. Eso nos lleva a entender que también aquí pretenden profundizar en la
recentralización del país.
En el primer punto de nuestra enmienda solicitamos que se encargue al Observatorio estatal de convivencia escolar, en el que están presentes todas las comunidades autónomas, un nuevo estudio diagnóstico que además permitiría contrastar sus
resultados con el elaborado en el año 2010; diagnóstico, el de 2010, que ustedes también pretenden ignorar, porque aporta resultados francamente positivos en más de un 80% sobre el clima de las escuelas de nuestro país y porque de sus conclusiones
en ningún caso -repito, en ningún caso- se deriva lo que hoy ustedes solicitan sino actuaciones de prevención y de formación, que ustedes han suprimido y que figuraban en el anterior plan de actuación del ministerio. Segunda cuestión. A ustedes
les ha traicionado el subconsciente, y así afirman que una de las cosas que más correlacionan con la calidad educativa es la existencia de un clima disciplinar -casi le sale clima militar-, por ello solo hablan en su iniciativa de resolución de
conflictos en forma punitiva. Lean bien el último informe del Consejo Escolar del Estado, léalo bien. No habla de clima disciplinar sino de conseguir un buen clima escolar, cuestión harto distinta. Por cierto, además dice ese informe que en los
últimos años se ha disminuido la conflictividad escolar. Algo se estaría haciendo bien, pero hay que hacerlo mejor; para ello lo más efectivo, según los expertos, son la prevención y el enfoque proactivo. Por eso solicitamos que se recuperen y,
en su caso, se optimicen los contenidos curriculares de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, referidos a mediación y resolución pacífica de conflictos, que ustedes, su ministro de forma unilateral, se han encargado de suprimir con su
real decreto de agosto de 2012. Tercera cuestión: la autoridad del profesorado. Lo sabe usted bien, señora Moneo, porque muchas veces se trató aquí. No voy a referirme a la reiterada circular de la fiscalía de 2008, en la que ya se reconoce esa
condición al profesorado de la escuela pública ni a abundar en argumentos ya dichos en esta Cámara; manifestaré que ustedes tienden siempre a confundir auctoritas con potestas. Bien, si quieren ustedes reflexionar en condiciones sobre este tema,
estamos dispuestos a apoyarles, pero háganlo, por favor, en la ubicación idónea: analicen ustedes en el marco de la negociación del estatuto de la función docente, que está en la agenda del ministro, con los sindicatos del sector y con la comunidad
educativa.
Finalmente, señora Moneo, algo muy grave, la mayor incoherencia de su iniciativa. Si tan preocupados están por un buen clima escolar, ¿entienden que la mejor fórmula es recortar en educación un euro de cada tres, reducir de forma drástica
el número de profesores en los centros, incrementar las ratios en las aulas? ¿Es la mejor fórmula para una mejor convivencia asestar un rejón de muerte a la atención a la diversidad y a la educación inclusiva, suprimir los programas de educación
compensatoria, estrangular la formación del profesorado en estos temas y las ayudas a asociaciones de padres, madres y estudiantes, recortar becas, ayudas, subir tasas, lo que supone la mayor embestida que se recuerda contra la equidad de nuestro
sistema educativo, equidad que constituía hasta ahora su mayor valor y donde ostentábamos liderazgo reconocido en todos los informes internacionales? Señora Moneo, ¿contribuye a crear un buen clima escolar llamar, como la señora Aguirre, vagos a
los docentes o, como el señor ministro Wert, irresponsables a las madres y padres o antisistema y de extrema izquierda al alumnado? ¿O se quedan ustedes con la fórmula de Galicia, la fórmula de Feijóo y el conselleiro Vázquez para la excelencia
educativa? Mire usted, las únicas partidas que en el año 2013 suben en Galicia en la Conselleria de Educación son para asesores, para formación profesional privada y la del profesorado de religión. Esa es la fórmula de ustedes para la convivencia
educativa.
En fin, señora Moneo, señores del Grupo Popular, estamos ante una imposición pura y dura de su ideología neoconservadora y thatcheriana con la crisis como mera excusa. Señorías, espero que tengan a bien apoyar nuestra enmienda. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Meijón.
En turno de fijación de posiciones van a intervenir por el Grupo Mixto tres portavoces. En primer lugar, el señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna para definir la posición de mi grupo en la proposición no de ley presentada sobre la revisión de derechos y deberes de los alumnos. Señora Moneo, he leído atentamente la exposición de motivos que ha presentado y también
la he escuchado atentamente y en cualquiera de las dos situaciones, no sé cuándo y en qué momento me he quedado más perplejo, créame.
El partido que apoya al Gobierno le insta -y cito literalmente- a revisar la regulación vigente de derechos y deberes de los alumnos y normas de convivencia para adaptarlas a las necesidades actuales y -lo dice más adelante- a establecer un
procedimiento que apoye la autoridad del profesor. Señora Moneo, probablemente nadie en esta Cámara podría decir que no a esas propuestas dichas así a secas, pero por su exposición de motivos y al oír su intervención la llamaría la proposición de
los móviles. Señora Moneo, pero vamos a ver, ¿no han impulsado ustedes una iniciativa de una ley orgánica que se llama Lomce que sustituye la normativa actual? ¿No se da cuenta de que si se aprueba la Lomce hay que empezar a hablar, como piedra
clave, de la autonomía de los centros escolares, y esta norma contradice enormemente la autonomía de los centros escolares? ¿No se da cuenta de que está usted fundamentando su exposición en la Logse, que está derogada? Está derogada, señora Moneo.
Además tratan ustedes de adaptar la Logse, que modifica parcialmente la LOE, de inspiración socialista, como es obvio y es sabido por todos. ¿Por qué no desarrollan ustedes la Lomce, si es que se aprueba? ¿Es coherente apoyar la reforma de la
autoridad del profesor de tapadillo en una proposición sobre este tipo de normas de convivencia? En ese caso, ¿para qué lo citan? ¿No se da cuenta de que pretenden sustituir una norma que tiene diecisiete años y que solo afecta al territorio MEC,
no afecta a ninguna comunidad autónoma, que tiene competencias plenas en materia de derechos y deberes de los alumnos? Permítame decirle que esto no tiene ningún rigor técnico ni ningún rigor político. La proposición sobre derechos y deberes de
los alumnos es un tema competencial de las comunidades autónomas, en ningún caso del Estado y, como ya se ha dicho aquí, no es una norma básica. Por supuesto, no les apoyaré por honestidad intelectual.
El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez Sostres, tiene usted que terminar.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Termino, señor presidente.
Y aunque solo sea por no tener que escuchar algún día: Pero diputado, ¿en qué estabas pensando cuando votaste esto? Considero que es una proposición que debería ser retirada -y se lo digo literalmente- por su falta de consistencia y por su
falta de rigor, político y técnico.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Álvarez Sostres.
Señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora diputada, mediante esta proposición no de ley ustedes nos proponen revisar la normativa educativa actual en lo que se refiere a los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia; y dicen ustedes textualmente que
es para adaptarla a las necesidades actuales. Señora diputada, ¿cuáles son, según ustedes, las necesidades actuales? En el texto ustedes no lo aclaran y en su intervención tampoco ha quedado claro, porque no se parece en nada al texto que nos
proponen. Mucho nos tememos que lo que pretenden con esta proposición no de ley es avanzar en lo que ya tienen preparado, en la nueva reforma educativa, en la Lomce.
Hay conflictividad en los centros. Sí, pero el panorama, señora diputada, no es ni mucho menos tan caótico como ustedes pretenden dibujarnos ni está fuera de control. El problema de la conflictividad hay que afrontarlo con seriedad,
dialogando con todos los sectores de la comunidad educativa, analizándolo sosegadamente y viendo los motivos que lo provocan. Y estos, desde luego, son múltiples. Los recortes a los que vienen sometiendo a la educación pública no tienen
precisamente una importancia menor en esa conflictividad. El aumento de la ratio del alumnado por aula y la disminución de la atención individualizada al alumnado aumentan la conflictividad. El incremento de la jornada del profesorado, el
desprecio por su trabajo y la descalificación sistemática de su aptitud nos conducen al desgaste y a la falta de motivación de ese profesorado y al aumento de la conflictividad. La falta de formación del profesorado para tratar los conflictos
aumenta la conflictividad. La falta de implicación y participación de las familias y de las administraciones educativas en la mediación, la falta de respeto al ejercicio de la función docente, la falta de respeto a la exclusividad de las
competencias de las comunidades autónomas son también, señora diputada, motivos que provocan conflictividad. Podríamos seguir enumerando factores que inciden en la conflictividad y, sin embargo, no parece intuirse del texto de su propuesta y de su
primera intervención que vayan ustedes a establecer ni los mecanismos ni las partidas presupuestarias para solucionarlos. Por tanto, vamos a votar en contra de su propuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.
Señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señorías, como vamos de fiesta en fiesta, nos invitan ahora -y, por supuesto, como convidados de piedra- al ágape de la educación. Como entremés, señora Moneo, nos presentan esta proposición no de ley que
huele a rancio desde lejos, a producto caducado. Si no fuera porque conocemos el plato principal, la Lomce, igual hasta nos atreveríamos a catarlo porque escuchamos esa música envolvente de su intervención de establecer un marco equilibrado de
convivencia y un clima adecuado para garantizar el ejercicio de los derechos de los profesores, alumnos y familias o de dar dignidad a la comunidad educativa. ¿Quién no va a querer esto? Pero, señorías, ¿quién puede creérselo? Con la sombra de la
nueva ley planeando sobre el horizonte, esto no es más que otro capítulo del largo serial que nos ofrece el ya calificado como ministro más intransigente de la historia. Términos como autoridad del profesorado y del centro educativo, clima
disciplinar, etcétera, enseñan la patita, porque esto forma parte de esa reforma reaccionaria y recentralizadora que nos quieren imponer, la vuelta a la letra con sangre entra y al virrey que quieren implantar.
Señorías, se trata de educar a las personas, no de tratar con súbditos o vasallos, de construir la convivencia positiva desde la convicción, no desde el ordeno y mando; el conflicto como oportunidad para aprender; que todas las personas
puedan desarrollarse en su diferencia pero siempre mediante la palabra, la reflexión, la ayuda mutua. Se trata de impulsar actitudes de respeto, sensibilidad, apertura y empatía. Pero díganme cómo pueden hablar de fomentar el respeto, si no son
capaces de respetar ni de escuchar siquiera la voz y voluntad de la comunidad educativa, de la social, de la institucional, de las competencias que existen, de esa comunidad que se ha manifestado en bloque en contra de esta involución en educación,
que rompe con la equidad y con la igualdad de oportunidades y no mira al modelo social vigente, además de la motosierra que mete sin piedad. Buen ejemplo para el alumnado esa actitud despótica e intransigente del señor ministro.
El sistema educativo vasco viene desarrollando durante los últimos años -toma a Europa como referencia- y plantea un sistema inclusivo, basado en la pluralidad y ligado a la realidad de la comunidad educativa. Pretende dar las mismas
oportunidades a todos y todas y limar las diferencias por origen, capacidad económica o intelectual, potenciando la educación emocional y la participación de todos los miembros de la comunidad educativa como agentes educativos; gestionar los
conflictos de manera constructiva impulsando el diálogo y la convivencia en el aula y entornos, justo el camino contrario al que nos lleva esta PNL y desde luego la Lomce, contra la que nos plantamos, al igual que toda la comunidad educativa, social
y sindical en Euskal Herria...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: ...porque Euskal Herria no acepta involuciones ni pasos atrás en un tema tan importante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ariztegui.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, debatimos esta proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Popular en esta mi primera intervención ante esta Cámara y lamento anticiparles que nuestro voto va a ser negativo.
En primer lugar, quiero señalar que nuestro grupo no discute la necesidad manifestada en la iniciativa de revisar y actualizar los derechos y deberes de los alumnos, obviamente siempre que se haga en el marco de las competencias que ostenta
la Administración central y que entiendo se circunscriben única y exclusivamente a la ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuestión esta, por supuesto, no acotada en esta propuesta. Compartiendo esta premisa, es preciso puntualizar lo siguiente.
La doctrina constitucional nos permite resumir los ámbitos reservados a la ley orgánica en relación con el derecho fundamental a la educación -tengo la sentencia si lo desea-, entre los que se encuentra el establecimiento del catálogo de derechos de
los alumnos. Consecuencia de ello es que ya en la década de los ochenta la Ley orgánica del Derecho a la Educación perfila los derechos y deberes básicos de los alumnos. Esta ley fue modificada posteriormente por la Ley orgánica de Educación
2/2006, de 3 de mayo. El propio Real Decreto 732/1995,
por cierto transcrito parcialmente en la exposición de motivos de la proposición no de ley sometida a debate, presenta el desarrollo de dichos parámetros básicos de la LODE y lo desarrolla en un marco plenamente acorde con la autonomía de
los centros escolares. Pero además de esta autonomía de los centros, la normativa no puede olvidar las competencias autonómicas en educación. De ahí que, como no podía ser de otra manera, hasta ahora -hasta ahora digo- ha sido pacífica la vía de
la reglamentación estatal que ha afectado a los centros sometidos a la competencia del ministerio, excluyendo de su ámbito todas aquellas comunidades autónomas con competencias asumidas en esta materia. En este sentido, las comunidades autónomas
han ido desarrollando las previsiones orgánicas y, en lo que a la Comunidad Autónoma del País Vasco se refiere, es en la Ley de la Escuela Pública Vasca donde se perfecciona la regulación de los derechos y deberes de los alumnos dentro del respeto a
los derechos individuales y sociales del alumnado en el ámbito escolar. Dicho desarrollo legislativo ha tenido lugar en su última regulación por Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, relativamente reciente. Afortunadamente, le diré que los
principios que inspiran el mismo distan del enfoque negativo y en algún caso prejuicioso descrito en la parte expositiva de su proposición, ignorando que algunas de las cuestiones que plantean como problemas son en realidad oportunidades -véanse las
referencias que realizan al uso de las nuevas tecnologías-.
El argumentario de la iniciativa, entre tanto, se olvida de cuestiones fundamentales, como es garantizar el desarrollo de las competencias del alumno y la alumna, facilitar un contexto de enseñanza y aprendizaje significativo, así como de
otras de extraordinaria importancia en lo que respecta al ámbito de reconocimiento de derechos. Además, le diré que, en el ámbito de la CAP, la regulación relativa a esta materia se encuentra plenamente actualizada y de acuerdo con la totalidad de
la normativa que afecta al alumnado, que por cierto no es únicamente de carácter educativo. A título de ejemplo le citaré la Ley 3/2004, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y a la adolescencia, la Ley 4/2005, de la misma fecha,
para la igualdad de mujeres y hombres o la Ley orgánica 7/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
En definitiva, Euskadi ha optado en esta materia por regular un marco de convivencia en el que los alumnos y las alumnas han de aprender a ejercer sus derechos y a cumplir sus deberes, adquiriendo las competencias necesarias para integrarse
en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Por ello, el proceso de corrección de las faltas se debe convertir en un instrumento esencial para la adquisición de la competencia social y ciudadana y, por supuesto, de la autonomía
personal, competencias que se corresponden con las incluidas ya en los currículos escolares.
En conclusión, no podemos apoyar, como le he comentado anteriormente, la proposición no de ley presentada en cuanto que la materia sobre la que versa ya se encuentra regulada por la Administración competente, en nuestro caso la Comunidad
Autónoma del País Vasco, de forma certera y legítima.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente. Brevemente, para no alargarnos demasiado porque tenemos todavía el orden del día muy lleno de cosas.
En la PNL que ha presentado la señora Moneo, que además la ha presentado muy bien, me encuentro con un grave problema para que tenga el apoyo de nuestro grupo -esto no es una represalia-, y es que nosotros en febrero presentamos un proyecto
de ley orgánica, nada menos, sobre esta misma cuestión y entonces se nos despachó diciendo que como venía la reforma general del sistema educativo, la Lomce, no procedía adelantarse a las previsiones que la Lomce desarrollara. Pues le digo lo
mismo, no entiendo por qué en plena tramitación de la Lomce nos traen una PNL, que además es bastante modestita y no entra al fondo de la cuestión -ahora le explico por qué digo eso-, cuando esto debería de hablarse en el seno de la tramitación de
la Lomce, que no está demasiado lejos, espero.
Respecto a la parte que digo que es demasiado modesta o moderada es porque consideramos que el problema de la autoridad del profesor no es solo, que también, por los problemas disciplinarios que hay en las aulas, por mucho que digan almas
bellas a las que gusta repetir jaculatorias sobre educación en valores, aunque luego algunas de ellas aplauden a gente que viene y nos insulta en esta Cámara. Pero dejando eso de lado, aunque no deja de ser un síntoma del problema de fondo, la
autoridad del profesor como tal tiene que ver con el hecho de que no solo puede tener que tomar medidas disciplinarias en el aula sino también en la relación con las familias. Es una queja generalizada del profesorado, que sin duda
la señora Moneo conoce perfectamente, que cuando un profesor tiene que dedicar cuarenta y cinco minutos de una clase a que los niños estén sentados no se les puede enseñar nada más, pero esa parte de la educación corresponde a sus familias.
En aquellos países, como Finlandia, con un sistema educativo más exitoso son los propios profesores los que están en condiciones de exigir a las familias que cumplan con la parte que les corresponde en la educación, cosa que nosotros consideramos
que es vital. Por eso espero que tengamos ocasión de desarrollar esto convenientemente en la Lomce, como también le dije al ministro, y entre tanto nos abstendremos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Señora Moneo, a efectos de saber qué enmiendas acepta o rechaza.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
No, no aceptamos ninguna de las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SUBASTA DE MEDICAMENTOS Y DERECHO DE LOS INMIGRANTES A TARJETA SANITARIA. (Número de expediente 162/000526).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre subasta de medicamentos y derecho de los inmigrantes a tarjeta sanitaria. Quiero advertirles que este será el último
punto que debatiremos esta tarde y por lo tanto cuando culmine procederemos a las votaciones.
Tiene la palabra para la defensa de la proposición no de ley, el señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, presidente. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Defiendo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista esta proposición no de ley en un contexto especialmente difícil en términos de política sanitaria española, en un contexto de recorte de derechos, de privatización de servicios, de
movilización de profesionales y ciudadanos, la marea blanca en Madrid es un ejemplo a tener en cuenta -hoy en concreto los médicos de Madrid han celebrado el Día de la no-huelga como protesta para parar esta ola privatizadora-, en un contexto de
copago, es decir, en un contexto de grave e importante preocupación ciudadana y profesional, y en un contexto donde de nuevo tengo que denunciar en esta tribuna que la política que desarrolla el Gobierno supone un riesgo cierto para la salud de los
ciudadanos, porque hay colectivos excluidos de la atención sanitaria y porque los copagos están haciendo que muchos pacientes en nuestro centro sanitario, en nuestras farmacias, no puedan acceder a final del mes a su medicamento. Esto tiene un
coste sanitario y un coste económico para la ciudadanía.
Es un contexto además en el cual nuestra ministra de Sanidad como figura política es una figura en ocaso político, por no decir más. Ha perdido todo el crédito político ante la ciudadanía y no tiene ningún crédito entre nuestros
profesionales desgraciadamente. Es el peor escenario posible.
Nosotros somos partidarios lógicamente de arrimar el hombro, de hacer un esfuerzo, para que sea posible que la situación económica tenga la menor mella en la sanidad pública. Pero eso hay que hacerlo compatible con mantener los derechos de
los ciudadanos a las prestaciones sanitarias y evitar la imposición de medidas que supongan una barrera para el acceso, especialmente a las poblaciones con más necesidades.
Traemos aquí una medida desarrollada por el Gobierno socialista en el Real Decreto 9/2011, pero puesta en pie por el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía presidido por Pepe Griñán, que plantea la posibilidad de conseguir un ahorro
cierto haciendo una subasta de medicamentos que ya han perdido la protección de la patente, para evitar la imposición de copagos y las dificultades a los ciudadanos y a los pacientes en el acceso a las prestaciones sanitarias. Tengo que señalar
aquí que desgraciadamente entiendo que al Partido Popular le moleste que el Gobierno andaluz sea capaz de demostrar que hay una manera de conseguir ahorros sin tener un coste para la ciudadanía. Es decir, que hay otra manera de hacer la política
sanitaria para que sea compatible la austeridad con el mantenimiento de los derechos de los ciudadanos. Tengo que pedirles que dejen de perseguir ya a Andalucía, que dejen de oponerse y de bloquear un proyecto que es positivo para los ciudadanos,
que es positivo para el sistema público de salud
y que el Tribunal Constitucional estaba permitiendo que se pudiera realizar. Porque no tienen sentido las presiones que realizan desde el Ministerio de Sanidad a las compañías farmacéuticas para que no se presenten a esta subasta de
medicamentos en Andalucía. Esta es una buena medida para España, podríamos ahorrar 1.500 millones de euros anuales como mínimo que podrían permitir -que es lo que pedimos en nuestra proposición no de ley- eliminar los copagos a los pensionistas, a
los pacientes de enfermedades crónicas y a los pacientes de enfermedades raras. Es otra manera diferente de hacer la política sanitaria. Probablemente me vendrán a decir que ustedes están consiguiendo un ahorro en el gasto farmacéutico. Les tengo
que decir que el ahorro en el gasto farmacéutico es un ahorro a martillazos, es un ahorro a martillazos en la cabeza de la ciudadanía.
Hay una parte del ahorro que tiene que ver con la exclusión de cuatrocientos y pico medicamentos, con el medicamentazo. Así lo hace cualquiera, quitamos medicamentos de la cobertura sanitaria y gastamos menos. Hay una parte del ahorro que
tiene que ver con la imposición de copagos que limitan el acceso de muchas personas a los medicamentos. Les reitero lo que les he dicho en muchas ocasiones: vayan ustedes a las oficinas de farmacia y pregúntenles a los profesionales de allí si no
está sucediendo que muchos de los pacientes a final de mes no puede adquirir medicamentos. También hay un ahorro que viene de las medidas que se adoptaron en la última etapa del Gobierno socialista. En cualquier caso, planteamos en positivo una
medida que permitiría ahorros del lado de la ciudadanía y no ahorros del lado de los poderosos.
Hay una segunda cuestión importante que tratamos también de someter a su consideración en esta proposición no de ley. El Gobierno decidió eliminar el derecho a la atención sanitaria a la población inmigrante en situación irregular, una
decisión que siempre hemos catalogado de injusta, una decisión inhumana y una decisión ineficaz desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista sanitario porque se evita el seguimiento de pacientes, de personas, de ciudadanos en
situación irregular que necesitan la atención sanitaria en la atención primaria, y la salida no es que vayan a las urgencias de los hospitales porque en muchos casos la desatención puede afectar al resto de la comunidad. Así lo reconoce el Tribunal
Constitucional. El Gobierno socialista de Patxi López planteó mantener lo mismo que sucede con otros Gobiernos autonómicos, la atención sanitaria a esta población, y el Tribunal Constitucional le dio la razón, porque no es razonable, como así
también lo expresan los miembros del Foro para la integración social de los inmigrantes y todas las organizaciones profesionales sanitarias, privar de atención sanitaria a personas de una forma que perjudica al conjunto de la ciudadanía y de una
forma que cuesta más. Pero, además, les tengo que recordar que son cuatro euros anuales lo que le supone la cobertura sanitaria de estas personas a cada español; cuatro euros anuales -cuatro euros como estos- son treinta céntimos al mes, un
céntimo al día. Estoy seguro de que la ciudadanía está de acuerdo con mantener esta atención sanitaria.
Traemos aquí esta iniciativa solicitando al Grupo Popular -solicitando a todos los grupos, como es lógico, pero especialmente al Grupo Popular- su aceptación, porque de esta manera se situarían en la sintonía en la que tienen que estar. Las
organizaciones profesionales -no hay ni una sola de ellas que acepte y que apoye la medida de excluir a los inmigrantes en situación irregular- se lo agradecerán...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Martínez Olmos, tiene que finalizar.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: ...y así se pondrán en sintonía con lo que ha dictaminado el Tribunal Constitucional.
Muchísimas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Olmos.
Se han presentado diferentes enmiendas. Por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra la señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Esta iniciativa del Grupo Socialista tiene dos partes bien diferenciadas. Por un lado, en referencia a la subasta de medicamentos, nosotros no podemos estar de acuerdo porque creemos que deben ser las comunidades autónomas en el ejercicio
de sus competencias las que adopten las medidas que consideren para racionalizar el gasto farmacéutico; por otro, se refieren a la necesidad de corregir una -tan solo una- de las nefastas consecuencias que ha tenido el Real Decreto-ley 16/2012: la
eliminación del derecho del acceso a la sanidad pública por parte de los inmigrantes en situación irregular.
Las consecuencias, como digo, del Real Decreto-ley 16/2012 y el rechazo social ante el que ya se conoce como decretazo sanitario han sido tratados en varias ocasiones en esta Cámara por los distintos grupos sin que el Grupo Popular diese
marcha atrás en ningún momento. Por eso, en el Bloque Nacionalista Galego creemos que es el momento de ir más allá, y ese es el objeto de nuestra enmienda. Después de eliminar la universalización de la asistencia sanitaria, de disminuir las
prestaciones farmacéuticas, de establecer el repago, de entrar de lleno en las competencias autonómicas, de abrir de par en par las puertas a la privatización de la sanidad y, en definitiva, después de obligar a las personas mayores, a las personas
enfermas y a los más débiles a pagar por los servicios sanitarios, creemos que hay que ir más allá.
En materia de dependencia, que también forma parte de este ministerio, después de las consecuencias gravísimas que está teniendo para la población en general, y para los afectados en particular, el desmantelamiento de la Ley de Dependencia,
creemos también que hay que dar un paso más. La desaparición de las políticas sociales públicas está afectando también a la tercera pata del ministerio, la de igualdad, y obligando cada vez más a las mujeres a quedarse en casa de nuevo, no solo por
falta de empleo, sino también por la necesidad de atender y cuidar de todos aquellos de los que la Administración se está desentendiendo. La Administración, en este caso dirigida por el Partido Popular, no quiere ningún avance tampoco en esta
cuestión. Por tanto, todos estos motivos que acabo de citar y muchos otros a los que no puedo aludir por falta de tiempo, son más que suficientes, incluso mucho más allá del caso Gürtel, como aparece en nuestra enmienda, y mucho antes del caso
Gürtel, para pedir con toda claridad en este momento la dimisión de quien dirige todas esas políticas en contra de la ciudadanía, la dimisión de quien dirige y encabeza esas políticas de desmantelamiento de todos los servicios públicos. Eso es lo
que quiere solicitar el Bloque Nacionalista Galego mediante esta enmienda, que sabemos, señor ponente del Grupo Socialista, que probablemente no entre en la temática que ustedes nos proponen. Pero, insisto, ya se trató varias veces. El Partido
Popular sigue insistiendo en que no hay ningún movimiento, en que no hay ninguna marcha atrás y ya llega el momento de dar un paso más. Nosotros lo damos, insisto, con nuestra enmienda y solicitamos que la acepten y reclamamos la dimisión de la
ministra de sanidad.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.
Señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores diputados, Andrei Popescu, rumano; María Uruguata, boliviana; Washington Asanza, ecuatoriano; Fátima Aliayec, marroquí; Hamid Bensaid, argelino; Nadia Cristova, todas estas personas vinieron
al Estado español en busca de trabajo y bienestar. Fueron contratados en cualquier caso para hacer los trabajos más sucios, los peores en la construcción, en los invernaderos, en hostelería, cuidando de nuestros mayores. Para la patronal y para
este Gobierno a su servicio, en cualquier caso todas estas personas eran mano de obra clínex, papel de cocina para limpiar las suciedades del mercado laboral y después tirarlo a la basura; trabajos de segunda, derechos de segunda y personas de
segunda. Así han sido considerados. Vinieron a trabajar duro y a ganarse la vida, lo mismo que han hecho millones de personas en los últimos siglos de este Estado yendo a Latinoamérica; lo mismo que hicieron en los años cincuenta, sesenta y
setenta cientos de miles de personas yendo a Alemania y Francia a buscarse el sustento para ellos y para sus familias. Lo mismo que están haciendo hoy en día miles y miles de jóvenes, cada vez más mordidos por ese 50% de paro que afecta a la
juventud. Sin embargo, mientras nosotros reclamamos derechos para los nuestros y las nuestras, se los estamos negando a todas estas personas, porque los inmigrantes son siempre los primeros en ser despedidos, los primeros en ser desahuciados, los
primeros en ser sospechosos de cualquier cosa que pasa y los últimos a la hora de reconocerles los derechos. Y por si fuera poco, el Gobierno del PP ahora les niega la atención sanitaria a todo este enorme colectivo de personas sin papeles.
Hace ocho años, el anterior presidente del Gobierno del PP, señor Aznar, soltó una frase después de que fueran drogados y expulsados por la policía del territorio español varias decenas de inmigrantes subsaharianos. Dijo: Teníamos un
problema y lo hemos resuelto. Y ahora parece que su sucesor, el nuevo Gobierno del PP, está haciendo lo mismo. Dicen: tenemos un problema y lo estamos solucionando. Sin importar que esto vulnere de arriba abajo derechos humanos fundamentales,
cual es el derecho a la atención sanitaria y el derecho a la salud. (Rumores).
Mi compañera Maite Ariztegui, antes de venir aquí me ha comentado cómo el otro día en Vergara, cuando fue a donar sangre se tropezó allí con seis u ocho paquistaníes que estaban donando sangre y que lo hacían porque consideraban que era un
deber humano de solidaridad. Cuando, charlando con ellos
les preguntó en concreto qué es lo que esperaban, ellos le dijeron que no esperaban nada y que eran conscientes de que quizás un día esa sangre si la necesitaban no se la iban a dar, ni tampoco esa atención sanitaria; pero por encima de
todo ...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra, tiene que finalizar, se ha acabado su tiempo.
El señor CUADRA LASARTE: Sí, diez segundos.
Por encima de todo estaba responder a este deber humano fundamental. Termino, diez segundos. Se denota aquí la falta de asistencia de la señora ministra oyendo lo que se está diciendo en relación con este tema. No sabemos si estará
tirando confetis (Rumores), pero el tema es lo suficientemente importante como para que ella esté aquí. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra, se ha acabado su tiempo.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Efectivamente, en esta iniciativa que plantea el Grupo Socialista hay dos cuestiones bien diferentes. A la primera de ellas, al primer punto, hemos hecho una enmienda que explicaré a continuación; pero quiero detenerme brevísimamente en el
segundo punto, sobre el cual anuncio el voto positivo.
Lo que plantea el Grupo Parlamentario Socialista es algo que ya se ha debatido en muchas ocasiones en la Cámara. Se debatió de manera muy extensa cuando fue presentado a su convalidación el Real Decreto 16/2012. Ya dijimos desde nuestro
grupo en esa ocasión que nos parecía -permítanme la expresión coloquial- impresentable esa reducción de derechos a una parte importantísima de nuestros conciudadanos y que además ese aseguramiento que producía, esa limitación del concepto de derecho
a la sanidad que se sustituía por el aseguramiento y que afectaba a otras muchísimas personas aparte de los inmigrantes en situación irregular, era algo inaceptable desde todo punto de vista y era un retroceso inasumible desde el punto de vista de
lo que significa la defensa y el reconocimiento de los derechos fundamentales. Por tanto, anunciamos nuestro voto favorable a ese segundo punto que plantea en esta iniciativa el Grupo Socialista.
Nos parece que el primer punto de la iniciativa tiene poco que ver, por no decir nada, con esta segunda cuestión, y sobre todo nos parece que liquida de una forma que no se compadece con los suficientes análisis previos de la eficacia del
sistema. Resuelve por la vía de extender a toda España una iniciativa puntera pero todavía sin haber podido ser evaluada; entre otras cosas, por la suspensión que se produjo por parte del Tribunal Constitucional. No tiene evaluación. No se puede
decir que ha de extenderse y que está garantizado que la extensión a todo el territorio nacional sea muy beneficiosa para el fin que se persigue. Por eso, hemos planteado -no nos atrevemos a decir tampoco que es una iniciativa negativa y que sus
efectos van a ser negativos, porque tampoco tenemos los datos suficientes para eso-, a través de una enmienda, que se hagan los estudios suficientes, que se haga una evaluación y que si se llega a la conclusión de que la extensión de esa iniciativa
que está residenciada exclusivamente en Andalucía -da igual el Gobierno que la haya puesto en marcha, desde luego a esta diputada le da igual- es positiva, pues que se extienda al conjunto del territorio nacional. Pero creo que hoy no estamos en
situación de poder votar favorablemente. Por eso, hemos presentado una enmienda. Si no se nos acepta la enmienda, pediremos que se vote por separado. Como ya he dicho, votaremos en contra del primer punto y a favor del segundo de los puntos.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario va a votar favorablemente la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista porque reitera iniciativas anteriores que no han tenido demasiado éxito en esta Cámara en relación con el Real Decreto 16/2012 y en
relación también con la política de gasto farmacéutico, la política de gasto racional en farmacia. Utilizaré para la presentación de mis enmiendas dos argumentos de autoridad. Primer argumento de autoridad, el de la señora De Cospedal, que
últimamente da muchos. El primero de ellos fue: Cada palo que aguante su vela. Y en el día de hoy ha sido: Rectificar es de sabios.
Pues rectificar es de sabios. Saludo la rectificación del Partido Popular por boca de la señora De Cospedal, saludo la rectificación hoy en el Parlamento, pero a mi grupo parlamentario le gustaría también una rectificación como partido de
Gobierno, una rectificación en el Gobierno en relación con la política sanitaria. En primer lugar, por acción, porque el Grupo Parlamentario Popular ha adoptado una iniciativa, el Real Decreto 16/2012, que de tapadillo ha cambiado nuestro modelo
sanitario, pero lo ha cambiado no para bien sino para mal. Es un modelo sanitario que retrocede, cada vez se parece más al modelo que dejamos en los ochenta y menos al modelo que hemos construido a lo largo de la democracia como un modelo
universal, como un modelo gratuito en el momento de uso, como un modelo financiado por impuestos. Pues bien, en nuestra opinión ese retroceso requiere una rectificación por parte del Partido Popular, por parte del Gobierno.
Por si no fuera suficiente, el Gobierno adopta una medida de repago en materia de fármacos, en relación con las ortoprótesis, con la dietoterapia, que ha supuesto -por mucho que el Gobierno diga lo contrario- que los sectores más débiles de
la sociedad española, en particular los crónicos -a los cuales se les admite esa cronicidad de manera individualizada- y los pacientes de enfermedades raras, en estos momentos tengan una grave dificultad para el acceso al sistema sanitario, una
barrera económica en el acceso al sistema sanitario. Y también, como han dicho otros grupos en esta Cámara, la exclusión de colectivos. El grupo del Gobierno excluye al colectivo de inmigrantes y excluye a un colectivo de más de 100.000 euros, no
lo hace gratuitamente, lo hace porque quiere lanzar -dentro de esa política de involución en el modelo- un mensaje de mercado, no un derecho sanitario sino un mercado sanitario que en estos momentos está en marcha y es lo que más nos preocupa del
real decreto. En todo caso, la exclusión de inmigrantes del tratamiento de atención primaria nos parece, por supuesto, vulneradora de los derechos humanos, un error desde el punto de vista económico -nos va a salir más caro a todos los ciudadanos-
y un grave error desde el punto de vista sanitario. Señorías, al tiempo en materia de infecciones resistentes, por ejemplo tuberculosis, en las grandes ciudades de nuestro país. Al tiempo, espero equivocarme, pero no lo creo.
Señorías, termino mi reflexión con una cita no menos importante del señor Trillo. Decía el señor Trillo que existe responsabilidad política eligiendo y vigilando. Pues bien, por razones relativas a la acción negativa del Gobierno en
materia sanitaria, por razones relativas a la omisión del Gobierno en materia sanitaria con la política de privatizaciones que ha provocado ya la reacción de los ciudadanos y de los profesionales en la Comunidad de Madrid y también por dejación de
la ministra tanto eligiendo como vigilando, por estas razones, señorías, creemos que aplicando la máxima de la señora De Cospedal de rectificar es de sabios, el Gobierno debe rectificar y, en nuestra opinión, la ministra debe asumir su
responsabilidad y dimitir.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, esta proposición no de ley, tal como han dicho los compañeros de otros grupos parlamentarios que me han precedido, consta de dos partes muy diferenciadas, completamente diferenciadas. La primera parte no es la primera vez que la
vemos aquí en este hemiciclo. No hace un año, en el mes de marzo, vimos este mismo tema a través de una moción presentada por el mismo proponente que presenta hoy esta proposición no de ley y que era consecuencia de una interpelación a la ministra.
En ella ya se pedía que la subasta de medicamentos que se hace en Andalucía fuera extensible a toda España. Hoy lo volvemos a ver aquí con una proposición no de ley y nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, se mantiene en la misma postura
que defendimos aquel día con esa moción. Nosotros entendemos que la política farmacéutica corresponde a las comunidades autónomas y, con esta enmienda que hemos presentado a este primer punto de esta proposición no de ley, pedimos que se respeten
las competencias que ostentan las comunidades autónomas en materia de ordenación farmacéutica, al objeto de regular mecanismos de racionalización del gasto farmacéutico adaptados a sus necesidades concretas, para así poder mejorar la financiación
del sistema sanitario y preservar en todo momento la calidad y la equidad en el acceso a las prestaciones y servicios del Servicio Nacional de Salud. Desde Convergència i Unió respetamos profundamente -lo respetamos totalmente, aunque no sea el
método que nos gusta en Cataluña y que hemos adoptado- el método de las subastas que la Comunidad Autónoma de Andalucía promueve y defiende, como en su día también respetamos -lo compartiéramos o no- la propuesta que
desde Galicia salió con la exclusión de algunos medicamentos de aquel famoso catálogo, el cataloguiño, que, por cierto, el Partido Socialista recurrió. Pero, con ese mismo respeto que nosotros damos a estas comunidades autónomas con las
políticas de ordenación farmacéutica que adoptan, pedimos que no se impongan al resto de las comunidades autónomas. Por eso, nos oponemos a que este modelo que han adoptado en Andalucía tenga que extenderse y ser aceptado por el resto de las
comunidades de España. Como habrán entendido de mi intervención, les pedimos que nos acepten esta enmienda a este primer punto. De no ser posible, pediríamos votación separada y a este punto tendríamos que votar que no. (El señor presidente ocupa
la Presidencia).
Respecto del otro punto, hemos dicho que es un tema completamente diferenciado y nuestro grupo sí coincide en este caso y está totalmente de acuerdo con lo que ustedes proponen. A nuestro grupo tampoco le gusta -lo hemos defendido aquí
muchas veces, aquí y donde haga falta- el decreto en el que se cambia nuestro modelo sanitario por el derecho de aseguramiento en lugar del derecho de ciudadanía, que es el que nosotros defendemos. Por tanto, en el tema de facilitar la tarjeta
sanitaria a los inmigrantes para que tengan acceso a la sanidad pública estamos completamente de acuerdo y, de hecho, así se ha hecho también en Cataluña, donde se ha elaborado una normativa para facilitar que todas las personas inmigrantes puedan
acceder a la asistencia primaria y en casos de urgencia, eso sí, poniendo unos controles para evitar algo en lo que todos estamos de acuerdo, y es que no se abuse con el turismo sanitario. Por lo tanto, este segundo punto, si se puede votar
separado, lo votaríamos afirmativamente y respecto al resto nos gustaría que se aceptara nuestra enmienda competencial.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cervera.
El señor CERVERA TAULET: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Ministerio de Sanidad y su ministra llevan un año gestionando y liderando las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud, y ustedes bien saben que estaba en clara situación
límite. Los resultados de la acción del ministerio y de la ministra son evidentes, y el futuro del Sistema Nacional de Salud es hoy mucho mejor gracias al trabajo del ministerio y de la propia ministra. (Risas). Afortunadamente, señor Martínez
Olmos, el ocaso político de los ministros no lo marcan ustedes. Mientras ustedes siguen en ese camino de anteponer intereses partidistas al bien general, nosotros seguiremos trabajando por una sanidad de calidad y sostenible, universal y pública y
por un acceso gratuito a la asistencia sanitaria, y además seguiremos trabajando por buscar consensos. Seguimos intentando buscar nuevas medidas de eficiencia en la gestión, medidas dialogadas entre todos con el consenso de las comunidades
autónomas y desde el mayor respeto hacia todas las iniciativas que busquen consolidar el modelo sanitario como referencia en toda Europa. Esto es a lo que se dedica todo el día el Ministerio de Sanidad y el Grupo Parlamentario Popular. Habiendo
dejado esto claro, entraré en materia.
Partiendo del máximo respeto a sus planteamientos y del conocimiento que considero tiene de la gestión sanitaria el Partido Socialista, considero que traer la subasta de medicamentos de Andalucía como modelo de gestión eficiente es, por un
lado, muy desacertado, más si cabe cuando las medidas del propio ministerio están siendo exitosas, especialmente en farmacia y, por otro lado, lo considero un riesgo, dado el cariz de fracaso que está caracterizando a la subasta de medicamentos en
Andalucía. El Grupo Socialista propone hoy que la subasta sea implantada en todo el Sistema Nacional de Salud sin tener en cuenta que lo primordial es el abastecimiento de medicamentos para mantener la salud pública, algo que la subasta pone en
peligro. Los ahorros previstos en este caso son cuatro veces inferiores a las medidas que el propio Gobierno de España ha tomado en los seis últimos meses; busca garantizar la equidad con la subasta, equidad que se pone en entredicho, y pretende
proteger la unidad de mercado de medicamentos, que desaparece con modelos como el que usted promociona. Lo más importante y lo que debería marcar el sentido común del Grupo Socialista, si de la eficiencia en la gestión se trata, son las cifras
reales: en solo seis meses el Gobierno de España ha conseguido más de 1.100 millones de euros de ahorro, repito: 1.100 millones de euros de ahorro, sin romper la equidad, sin romper la unidad de mercado, sin poner en peligro el abastecimiento y
repartiendo el esfuerzo entre todos. Antes he hecho mención al fracaso de la subasta que ustedes ponen como ejemplo, fracaso que en algún caso podíamos llamar también chapuza e improvisación, porque chapuza e improvisación es adjudicar medicamentos
que aún no están comercializados o que no tenían precio autorizado como marca la Ley de Farmacia andaluza y parece que esa ley no se cumple. Chapuza e
improvisación por adjudicar a algunas empresas que tienen experiencia en nuestro país con facturaciones de menos de 1.000 euros y no llegan, con todas las ventas de las adjudicatarias, a un 1% del mercado andaluz, provocando claramente el
desabastecimiento como riesgo. Chapuza en la propia resolución de la adjudicación, ya que está llena de errores que ustedes mismos en Andalucía han corregido y que casi un 70% de las moléculas han quedado fuera de la adjudicación porque no han
interesado a las compañías; y lo que es mucho más grave, el impacto en la I+D+i de muchísimas empresas españolas o multinacionales con intensa implantación en España que quedan desprotegidas por este sistema.
Por otra parte, y en lo que se refiere al segundo apartado de la proposición no de ley, insistiré en la idea que desde el ministerio y desde el grupo venimos defendiendo desde que el real decreto entró en vigor en abril. La reforma
impulsada por el Gobierno ha ampliado la cobertura sanitaria a colectivos que hasta ahora no la tenían, haciendo posible, ahora sí, que la universalidad asistencial sea un hecho. En cuanto a la protección de la salud de los ciudadanos extranjeros
en situación irregular en nuestro país, quiero decir que las medidas previstas en el real decreto sitúan a España, aunque ustedes no lo quieran ver, a la cabeza del contexto europeo, a pesar de que les moleste escucharlo, al cubrir con financiación
pública -digo pública- todas las contingencias de salud pública: los menores de dieciocho años, las mujeres durante el embarazo, parto y posparto y todas las personas necesitadas de urgencia, sin olvidar que lo más importante de este ámbito,
señorías, es impulsar la regularización de inmigrantes y darles la mayor gama de cobertura legal, laboral y social. Ningún ciudadano en este país ha dejado ni dejará de ser atendido por nuestro Sistema Nacional de Salud.
Es difícil llamar al consenso y al diálogo cuando se enarbola la bandera de la demagogia, pero nosotros seguiremos tendiéndoles la mano, porque es obvio que reformas del calado de la sanidad necesitan de la unión de todos, aceptando las
mejores propuestas que nos lleven al objetivo común de un proyecto sólido y duradero, que nos dé garantía de salud para las próximas generaciones. Hagan aportaciones serias, fundamentadas y que realmente sean útiles para garantizar la
sostenibilidad económica y asistencial del Sistema Nacional de Salud, que nosotros las sumaremos. No pidan diálogo y abandonen a la vez los trabajos de la subcomisión...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor CERVERA TAULET: ... de la sostenibilidad. No pidan consenso y se dediquen a destruir al adversario. No pidan mayorías, cuando reniegan de la aportación democrática del partido en el Gobierno. Cooperen con el Gobierno y colaboren
-como dice nuestra enmienda-, en la suma de todos por una gestión eficiente y en la calidad y sostenibilidad del sistema. Valdrá la pena.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Vasco, PNV, la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señoras y señores diputados, intervengo brevemente para fijar la posición de nuestro grupo en relación con esta proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Aun cuando
me he incorporado recientemente a la actividad de esta Cámara, he de decirles que he seguido con atención el devenir legislativo en esta materia, tanto en lo relativo a las cuestiones de fondo como de forma. Lo cierto es que la estrategia
emprendida por el Gobierno de España de reformas y medidas dictadas al amparo de la crisis económico-financiera y de la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario español, ha devenido en una sucesión de recortes formulados en
algunos casos de manera caprichosa e improvisada, que poco o nada aportan a la solución estructural de los problemas de la sanidad española, incluso me atrevería a decir que los agravan más, si cabe, en virtud de la carga ideológica que esconden.
En este contexto, en primer lugar, quiero señalar que sensu contrario defendemos el modelo construido por Euskadi en el legítimo ejercicio de nuestras competencias y manifestamos nuestra oposición al preconizado por este Gobierno, que ha pasado de
un Sistema Nacional de Salud con vocación de carácter universal en lo relativo a la asistencia sanitaria a la ciudadanía, a un modelo vinculado a la Seguridad Social, retrocediendo así treinta años, un modelo que provoca la exclusión de una parte
importante de la sociedad, entre otros, del colectivo de inmigrantes, que implica un retroceso en materia de derechos humanos, que entraña además posibles riesgos en materia de salud pública y cuyos beneficios en términos de coste-beneficio no han
sido contrastados.
En relación con el copago farmacéutico, nuestra oposición también es clara; de hecho, la medida se encuentra recurrida por el Gobierno Vasco ante el Tribunal Constitucional, en tanto que supone la quiebra de los principios de equidad y
gratuidad hasta ahora reconocidos por el ordenamiento jurídico y que han constituido una de las incuestionables señas de identidad del Estado del bienestar. Como ven, hasta aquí coincidencia plena con la posición socialista. Sin embargo, en esta
iniciativa...(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada. Ruego silencio, para que podamos oír a la interviniente. Continúe.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Decía que en esta iniciativa se insta también al Gobierno del Estado a desarrollar un proceso de subasta de medicamentos para el suministro del sistema sanitario público español, de aquellos principios no sometidos
a protección de patente, siguiendo la experiencia recientemente puesta en marcha en la Comunidad de Andalucía. En este apartado ya les avanzo que nuestro sí va a ser condicional, condicional y condicionado al respeto pleno al ámbito competencial en
materia de ordenación farmacéutica de las comunidades autónomas. Va a ser condicional y condicionado a que la adopción de la metodología se haga tras contrastar y probar su eficiencia mediante un análisis sistémico y un diagnóstico ordenado y
riguroso, cosa que no suele ser habitual, de esta cuestión, sin obviar por supuesto la diversidad competencial y el carácter diferencial de los diecisiete servicios de salud que integran el sistema, con datos e indicadores objetivos que garanticen
la bondad de la medida y por supuesto con el consenso y la conformidad plena de las comunidades autónomas. En este sentido reclamamos la participación del Gobierno vasco en primera persona en todos y cada uno de los procesos y foros de decisión que
afecten a esta materia, e invocamos nuevamente el respeto al ámbito competencial propio.
Quiero hacer un último apunte al grupo proponente. El problema del gasto farmacéutico en España no se debe simplificar y vincular únicamente al precio de los fármacos. Es evidente que este ámbito esconde también problemas de gestión. Es
preciso aportar un enfoque amplio a la cuestión que nos ocupa, máxime cuando el Estado español tiene el precio de los medicamentos más barato y, sin embargo, el gasto farmacéutico es el más alto de toda Europa. Con las cautelas que les traslado,
les avanzo que vamos a apoyar esta proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Señor Martínez Olmos, ¿acepta alguna de las enmiendas?
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Señor presidente, no acepto enmiendas, pero sí acepto que se voten de manera separada uno y otro punto, tal y como han solicitado algunos grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos. Así se hará.
En tres minutos comenzaremos la votación. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR. (VOTACIÓN).
- PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL. (Número de expediente 120/000005).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con la votación correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular para la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural. Hay un voto emitido
telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326, más 1 voto telemático, 327; a favor, 180; en contra, 40; abstenciones, 106, más 1 voto telemático, 107.
El señor PRESIDENTE: Queda tomada en consideración la proposición de ley.
- PROPOSICIÓN DE LEY DE REGULACIÓN DE LA DACIÓN EN PAGO, DE PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS Y DE ALQUILER SOCIAL. (Número de expediente 120/000006).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley de iniciativa popular de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social. Hay también un voto telemático.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334, más 1 voto telemático, 335; a favor, 333, más 1 voto telemático, 334; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Prolongados aplausos).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REVISIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS. (Número de expediente 162/000496).
El señor PRESIDENTE: Votaciones referidas a las proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la revisión de los derechos y deberes de los alumnos. Se vota en sus propios
términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 173; en contra, 155; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SUBASTA DE MEDICAMENTOS Y DERECHO DE LOS INMIGRANTES A TARJETA SANITARIA. (Número de expediente 162/000526).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre subasta de medicamentos y derecho de los inmigrantes a tarjeta sanitaria. Vamos a votar separadamente los puntos 1 y 2. Comenzamos votando el punto 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 127; en contra, 198; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 160; en contra, 175.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.