CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 66

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 62

celebrada el lunes,

22 de octubre de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Enmiendas del Senado:


- Proyecto de ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero (procedente del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 12-1, de 8 de junio de 2012.
(Número de expediente 121/000012) ... (Página4)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


- Proyecto de ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 18-1, de 7 de
septiembre de 2012. (Número de expediente 121/000018) ... (Página12)


- Proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 20-1, de 7 de septiembre de 2012. (Número de expediente 121/000020) ... href='#(Página47)'>(Página47)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación):


- Addendum al Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Reino de España y la Comunidad del Caribe (CARICOM), por el que se crea el Fondo mixto, hecho en Puerto España el 28 de noviembre de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales',
serie A, número 77, de 10 de septiembre de 2012. (Número de expediente 110/000045) ... (Página63)


- Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Novakchott el 6 de octubre de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 78, de
10 de septiembre de 2012. (Número de expediente 110/000046) ... (Página63)

Página 2

- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Corea, hecho en Seúl el 14 de julio de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 79, de 10 de septiembre de 2012. (Número de expediente 110/000047)
... (Página63)


- Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, sobre la protección de la información clasificada intercambiada en interés de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de mayo de 2011. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 81, de 10 de septiembre de 2012. (Número de expediente 110/000049) ... (Página64)


- Acuerdo de cooperación entre el Reino de España y la República Portuguesa relativo a la constitución del parque internacional Tajo-Tejo, hecho en Oporto el 9 de mayo de 2012. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 82, de 10 de
septiembre de 2012. (Número de expediente 110/000050) ... (Página64)


- Acuerdo entre el Reino de España y la Agencia Espacial Europea relativo a los emplazamientos de la Agencia Espacial Europea en el Reino de España, hecho en París el 13 de junio de 2012. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número
85, de 21 de septiembre de 2012. (Número de expediente 110/000051) ... (Página64)


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página64)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página64)


SUMARIO


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Enmiendas del Senado ... (Página4)


- Proyecto de ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero (procedente del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo) ... (Página4)


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Gómez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Garrido Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página12)


- Proyecto de ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ... (Página12)


Presenta el proyecto de ley de referencia el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez), en nombre del Gobierno.

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En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución, intervienen la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez
González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el
señor Camacho Vizcaíno, del Grupo Parlamentario Socialista.


Replica el señor ministro de Justicia y duplican los señores Tardà i Coma, Olabarría Muñoz, la señora Díez González, el señor Llamazares Trigo, la señora Surroca i Comas y el señor Camacho Vizcaíno.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Escudero Berzal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Cierra el debate el señor ministro de Justicia.


Proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ... (Página47)


Presenta el proyecto de ley de referencia la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García), en nombre del Gobierno.


En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Valerio Cordero, del Grupo Parlamentario Socialista y Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página63)


- Addendum al Acuerdo de cooperación científica y técnica sobre el Reino de España y la Comunidad del Caribe (CARICOM), por el que se crea el Fondo mixto, hecho en Puerto España el 28 de noviembre de 2011 ... href='#(Página63)'>(Página63)


- Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Novakchott el 6 de octubre de 2011 ... (Página63)


- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Corea, hecho en Seúl el 14 de julio de 2011 ... (Página63)


- Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, sobre la protección de la información clasificada intercambiada en interés de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de mayo de 2011 ... href='#(Página64)'>(Página64)

Página 4

- Acuerdo de cooperación entre el Reino de España y la República Portuguesa relativo a la constitución del parque internacional Tajo-Tejo, hecho en Oporto el 9 de mayo de 2012 ... (Página64)


- Acuerdo entre el Reino de España y la Agencia Espacial Europea relativo a los emplazamientos de la Agencia Espacial Europea en el Reino de España, hecho en París el 13 de junio de 2012 ... (Página64)


Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales relacionados, se aprueban por asentimiento.


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página64)


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero (procedente del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo), se aprueban por 191 votos a favor; 95 en
contra y 20 abstenciones.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página64)


Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se
rechazan por 130 votos a favor y 176 abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página64)


Sometida a votación la avocación por el Pleno del proyecto de ley votado, se rechaza por 124 votos a favor, 177 en contra y 5 abstenciones.


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, se rechaza por 15 votos a favor, 195 en contra y 96 abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página65)


Sometida a votación la avocación por el Pleno del proyecto de ley votado, se rechaza por 128 votos a favor y 177 en contra.


Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


ENMIENDAS DEL SENADO:


- PROYECTO DE LEY SOBRE SANEAMIENTO Y VENTA DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL SECTOR FINANCIERO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/2012, DE 11 DE MAYO). (Número de expediente 121/000012).


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Vamos a comenzar con las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero (procedente del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo). En turno de fijación de
posiciones, tendría en primer lugar la palabra, porque ya ha manifestado

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su decisión de intervenir, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Azpiazu; pero como no está en este momento, le pido, por favor, al portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo, que intervenga
él.


El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, mi Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia no tiene ninguna objeción a las enmiendas que el Senado ha introducido al proyecto de ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios. Son unas
mejoras técnicas a las que no tenemos nada que objetar, si acaso nos hace reflexionar -como mi grupo ha señalado a menudo en su programa electoral- sobre la utilidad, el papel del Senado en su configuración actual. Sin embargo, creemos que el
proyecto de ley podría haber sido enmendado mucho más en profundidad y habría ganado en contenido. Hay un nuevo proyecto de ley financiero, estamos hablando del segundo y no del tercero, pero hay una serie de carencias comunes a todos los proyectos
de ley de reforma financiera que el Gobierno ha planteado, y ese es el caso que ahora nos ocupa. En opinión de mi grupo, hay cuestiones pendientes del pasado que no se pueden soslayar cuando hablamos de reforma financiera. Tienen que ver, por
ejemplo, con las indemnizaciones que recibieron los directivos que hundieron estas entidades y que a día de hoy no se han recuperado -la semana pasada todavía los directivos de Caixa Galicia hacían declaraciones sobre esta cuestión sin ningún tipo
de arrepentimiento-. Es muy grave lo que ha sucedido en nuestro país, nuestra economía ha sido rescatada por la Unión Europea, hay importantes recortes sociales y eso tiene una base en gran medida en los desmanes cometidos en esas entidades
financieras. No resulta socialmente aceptable -y no nos cansaremos de repetirlo una y otra vez- que los responsables de esos desmanes hayan sido premiados con decenas de millones de euros por su gestión. Por lo tanto, nosotros pensamos que esa
enmienda que se le ha rechazado a UPyD habría mejorado el proyecto.


Hay también responsabilidades, aparte de la devolución de las indemnizaciones, de orden profesional, económico e incluso penal, porque en estas entidades las cuentas no se han llevado adecuadamente, ha habido comercialización de
participaciones preferentes, también poco adecuada, se ha ocultado la verdadera situación de los balances, no se han diversificado los riesgos. En otros países situaciones similares han dado lugar a penalizaciones sociales importantes. No
entendemos por qué nuestro país es el único en el que este tipo de actuaciones permanecen impunes hasta la fecha, siendo imposible incluso la creación de una comisión de investigación en el Congreso. Esta enmienda tampoco se le ha aceptado a UPyD.
Y sigue pendiente el asunto de la mejora de la gobernanza o, si prefieren, despolitización de las entidades. Sigue viva toda la estructura que ha nacido de los SIP, como por ejemplo en el caso de Bankia un consejo de administración de Caja Madrid,
un consejo de administración de BFA, un consejo de administración de la propia Bankia. Parte de esos consejos de administración en nuestra opinión siguen politizados y sería importante establecer normas de idoneidad que impidan a personas sin
conocimientos financieros intervenir en estos consejos de administración y que eviten que los consejos politizados de las antiguas cajas acaben contaminando los bancos comerciales que han nacido de ellas. A mi grupo primero se le dijo que este
problema no existía, ahora el ministro de Economía nos dice que ya está solucionado. Algo que no existía ya se ha solucionado, creemos que sí existía y que sigue pendiente de solución y que el proyecto de ley habría mejorado con una enmienda en
este sentido.


Si dejamos los asuntos pendientes y miramos al presente, el proyecto de ley nos dice que quiere aumentar el crédito. Bien, pues habría sido interesante que el Gobierno estableciese unos objetivos de crédito al menos en las entidades
nacionalizadas que controla, de forma que el Congreso de los Diputados pudiese controlar si efectivamente ese objetivo de aumento del crédito se está logrando o no, porque se llevan enterrados decenas de miles de millones de euros en estas
actuaciones y a día de hoy el crédito está disminuyendo a una tasa más fuerte que en ningún momento desde el inicio de la crisis económica. Una cuestión también importante es la recuperación de ese dinero público, se nos dice que el coste va a ser
cero, pero esa estimación no es creíble y sería importante tener una estimación creíble del coste y un calendario de recuperación que nos explicase a los diputados por qué medios el Gobierno piensa recuperar en el futuro estas decenas de miles de
millones de euros de ayudas públicas que las entidades están recibiendo. También permanece pendiente de solución el asunto de la comercialización de participaciones preferentes, un producto de alto riesgo que se ha comercializado a personas
analfabetas, a jubilados y ahora se trata a estos propietarios de preferentes como un acreedor más. Tienen que asumir pérdidas porque son acreedores de las entidades, pero no son un acreedor normal son acreedores estafados y, por tanto, no se les
puede tratar como un acreedor normal. Nuestra enmienda -rechazada- pedía que la

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Comisión Nacional del Mercado de Valores revisase estas operaciones y que cuando se pudiese comprobar que el perfil del riesgo no era adecuado o que los conocimientos financieros no eran adecuados, estas personas pudieran tener un
tratamiento especial y recuperar su dinero.


Otras de nuestras enmiendas -tampoco aceptadas y que creíamos que habrían enriquecido el proyecto de ley- tienen que ver con dar ayuda pública ligada a condiciones, que las entidades que reciben ayuda pública tengan unas condiciones sociales
a cambio del dinero que reciben, por ejemplo, estudiando la creación de un parque de vivienda pública en alquiler. Hay un problema de vivienda en España, hay cientos de miles de viviendas por vender y parece una buena ocasión, ahora que esas
viviendas están en manos públicas, para darles salida en parte con la creación de un parque de vivienda en alquiler; o, al menos, debería estudiarse, porque nuestra enmienda pedía que se hiciese un informe sobre esta cuestión, pero el Gobierno del
Partido Popular no quiere elaborar ni siquiera el informe. Sería interesante que estas entidades que reciben ayuda pública no cargasen intereses de demora abusivos a las personas que tienen hipotecas y se retrasan en los pagos; intereses de demora
que a veces pueden llegar hasta el 30 %. Hay una proposición no de ley, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, que pide al Gobierno actuar en este sentido. Era un buen momento para actuar con estas entidades hoy en día
nacionalizadas. Otra condición social razonable sería que en el caso de personas que pierden su vivienda porque no pueden pagar la hipoteca, se les tratase como a las empresas, es decir, que una vez que pagan con su patrimonio embargable no
quedasen deudas pendientes vivas que les impidan rehacer su vida. La enmienda presentada en este sentido tampoco ha sido aceptada.


Hay otro conjunto de enmiendas de UPyD que miraban al futuro para impedir que estas situaciones que hoy vivimos se repitan en años venideros. En concreto, había cinco enmiendas en este sentido que también se han rechazado y lo lamentamos
porque creemos que habrían mejorado el proyecto de ley. La primera tenía que ver con la dación en pago, que en las nuevas hipotecas la dación en pago sea el principio general. Pedíamos también corregir los conflictos de intereses que a menudo se
dan en las entidades financieras cuando comercializan sus propios productos, porque están asesorando a sus clientes, pero lo están haciendo sobre unos productos de la propia entidad, con lo que hay un conflicto de intereses evidente. Habría que
separar esas actividades de asesoramiento de las actividades de comercialización. Proponíamos también reformar las políticas retributivas de las entidades que fomentan demasiado el cortoplacismo, tanto en el caso de los directivos que cobran por
los resultados a corto plazo, como en el caso de los empleados que comercializan productos. Ese tipo de remuneración que incentiva el cortoplacismo tiene mucho que ver con los comportamientos que nos han llevado a la crisis. Otra enmienda de UPyD
pedía reformar los organismos de defensa del consumidor. Hoy en día esos organismos están dispersos entre el Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y, además, ninguno de estos organismos tiene poderes
sancionadores importantes. Proponíamos unificarlos en un único organismo de defensa del consumidor de servicios financieros y aumentar sus posibilidades de sanción; que no sean simples recomendaciones las que emitan, como a día de hoy y que a
menudo las entidades simplemente ignoran. Proponíamos también mejorar los servicios de inspección del Banco de España; realmente, no mejorar, porque los inspectores son muy buenos, sino que su labor se traduzca más fácilmente en actuaciones del
Banco de España, de forma que se refuercen las inspecciones in situ, dentro de las propias entidades, que se garantice la independencia de esas actuaciones y que la información que llegue al banco se tramite directamente a los órganos rectores y se
traduzca rápidamente en actuaciones correctoras, porque lo grave de nuestra crisis es que sí fue detectada a tiempo -los inspectores alertaron sobre lo que sucedía-, pero no se tomaron las medidas correctoras adecuadas y, dado que eso está ahora
revisándose, era un buen momento para introducir este tipo de criterios en la revisión. Por último, proponíamos mejorar la formación financiera en la educación secundaria, que es algo que propone también la OCDE, la Comisión Europea, el Banco de
España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores; no solo se ha rechazado esta enmienda, sino que además en la reforma educativa la educación económica pierde peso. Lamentamos que estas enmiendas se hayan rechazado. Se aceptan las que vienen
del Senado e, insisto, no tenemos objeciones porque son correcciones técnicas totalmente secundarias que no alteran en lo esencial el texto que salió del Congreso de los Diputados.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

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El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.


Nuestro grupo no va a utilizar mucho tiempo en esta ocasión porque, como se ha dicho por el grupo anterior, las enmiendas que vienen del Senado realmente son enmiendas de carácter técnico que ni mejoran ni empeoran el contenido y la
sustancia del proyecto de ley que ya pasó por aquí; por lo tanto, significa que no se modifica la sustancia y se queda tal y como estaba. A nosotros nos sigue pareciendo hoy un proyecto de ley totalmente aberrante que no merece esta sociedad
española, porque este proyecto de ley lo que acaba significando es que el Gobierno declara que su prioridad es el sistema financiero y no la economía española, no el desempleo, no los ciudadanos. Concretamente, lo que el Gobierno plantea con este
proyecto de ley es poner en primer lugar, como tantos otros proyectos de ley, reales decretos y otras medidas del Partido Popular en el Gobierno, como prioridad, salvar a los acreedores financieros, eso es en última instancia el proyecto, el
propósito y la filosofía de este proyecto de ley y por supuesto de las enmiendas que se han planteado por el Grupo Popular.


Estamos ante una socialización muy clara de las pérdidas del sistema financiero español, estamos ante la socialización de todo aquello que nosotros ya criticamos en su momento, ante la socialización de las pérdidas de la burbuja
inmobiliaria. Los objetivos que el Gobierno declara que son los que pertenecen a la política del Gobierno son falsos. El Gobierno no está persiguiendo el desempleo, el Gobierno no está persiguiendo con estas reformas, y menos aún con la reforma
que tenemos aquí delante, salvar a la economía española, está únicamente socializando las pérdidas y garantizando que los acreedores internacionales, especialmente los bancos alemanes y los bancos franceses, cobren aquellas deudas que tienen
comprometidas con el sistema financiero español. Ese es y no otro el único objetivo de este proyecto de ley, del llamado banco malo en su conjunto y de todas las reformas financieras que ha hecho el actual Gobierno. Las enmiendas -nosotros
insistimos- son de carácter técnico y no podemos opinar ni a favor ni en contra, por lo tanto nos abstendremos, pero sí estamos absolutamente en contra de este proyecto de ley porque significa, insisto, que se está socializando la deuda privada. La
deuda se ha doblado desde el comienzo de la crisis, la deuda pública se ha doblado desde el comienzo de la caída de la burbuja inmobiliaria, realmente estamos hablando incluso hoy solo de un 20 % de la deuda pública sobre el total de la deuda en su
conjunto. Antes de comenzar el inicio del primer rescate de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, de las instituciones, las ayudas en toda modalidad que se habían dado al sector financiero español alcanzaban el 8,4 % del PIB; después de estas
reformas, después del salvamento a las llamadas cajas de ahorro, al sistema financiero español, a los bancos en forma de garantías, de avales, de ayudas a fondo perdido, hoy estamos ante unas ayudas en total del 20 % del producto interior bruto
español, esos son los recursos que se están destinando desde el Gobierno a salvar al sistema financiero español y realmente, como decía también anteriormente, al sistema financiero internacional. Esa es la prioridad del Gobierno y esa es la
prioridad de este tipo de proyectos y ante eso nosotros no podemos hacer sino oponernos con total contundencia y, por lo tanto, como hicimos, votar en contra del proyecto de ley. Insistimos en que esta es una política suicida, la de este Gobierno,
estos proyectos no conducen sino a un empeoramiento de la crisis, a un empeoramiento del desempleo y desde luego ni siquiera van a conseguir salvar al sistema financiero, porque se olvida muy a menudo que el sistema financiero depende de la economía
real, y este Gobierno está con el hacha empeñado en destrozar la economía real y, en consecuencia, va a destrozar las bases con las que hace beneficio el sistema financiero español. Es una política que nosotros ya hemos criticado, criticaremos en
otras ocasiones y pedimos que se reconduzca este rumbo suicida y que se cambie el rumbo definitivamente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, tanto en la tramitación en el Congreso como en el Senado de este proyecto de ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, nuestro grupo parlamentario había presentado
diferentes enmiendas al mismo. También es cierto que este proyecto de ley ha sido sobrepasado en cierta medida por otro proyecto de ley que está ahora en discusión en el Congreso de los Diputados, concretamente en la Comisión de Economía y
Competitividad, que es un poco más moderno que el que estamos debatiendo en la actualidad. Tendría un cierto sentido que sobre algunas de las enmiendas que se han analizado el Gobierno, el portavoz del grupo mayoritario que da soporte al Gobierno,
hubiera planteado que la discusión relevante de todos aquellos aspectos que hacen

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referencia a la reestructuración del sistema financiero, se hiciera cuando se discutiese este nuevo proyecto de ley que yo he definido como proyecto de ley Guindos II. De todas formas, lo que no vale en cierta medida es no aceptar ninguna
enmienda del resto de grupos parlamentarios y que en el Senado única y exclusivamente se acepten las enmiendas del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno. Tienen mayoría absoluta, tienen posibilidades para hacerlo, pero nosotros no queremos
dejar de manifestar algunas de las cuestiones que preocupan a nuestro grupo parlamentario, aunque, insisto, las volveremos a plantear en el debate que probablemente se va a producir en la Comisión de Economía y Competitividad la próxima semana. En
este caso, el Gobierno tendría que ser sensible en aquellos aspectos en los que todos los grupos parlamentarios nos hemos comprometido a dar soluciones importantes y fundamentales a temas y aspectos que preocupan muchísimo a nuestra sociedad. Uno
de ellos es concretamente todo aquello que hace referencia a las inversiones que han hecho muchísimos ciudadanos del Estado español en productos financieros como las preferentes. Hay que destacar que se ha abierto un proceso de diálogo importante
con el principal partido que da soporte al Gobierno, con el Grupo Parlamentario Popular, y con todos los demás grupos parlamentarios y nosotros hemos presentado una enmienda que iba en la dirección de poder resolver aquellas inversiones en
preferentes que habían planteado muchísimos ciudadanos españoles en todas aquellas cajas que están hoy nacionalizadas por el Estado, básicamente en Caixa Catalunya, en Bankia o en las cajas gallegas. Porque también no deja de ser una realidad que
en el resto de inversiones en productos financieros preferentes que se han hecho en el resto de entidades financieras que no están participadas por capital público español se han ido dando soluciones y están prácticamente todas resueltas. Quizá se
ha dado una solución al 90 o 98 % de todas aquellas inversiones que no están dentro de los bancos nacionalizados, pero ustedes saben, señorías, que a todas aquellas inversiones que se habían materializado en entidades financieras que hoy están en
manos del FROB no se las ha dado ninguna solución. Este proyecto de ley habla de las soluciones de futuro de inversiones financieras en productos de preferentes que se pueden desarrollar en el futuro, pero no habla en ningún momento de todas
aquellas inversiones que muchísimos ciudadanos han confiado a las diferentes entidades financieras, y en palabras del ministro, estos ciudadanos han sido engañados por dichas entidades financieras porque ellos compraron productos de liquidez
inmediata y se han dado cuenta, a la hora de ir a buscar esta liquidez, de que no era inmediata, sino que era deuda perpetua. Por tanto, este es un tema, repito, y se lo digo precisamente a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, abierto y que
nosotros queremos resolver con un amplio consenso porque, en definitiva, la responsabilidad hoy es del Partido Popular. Todos los grupos parlamentarios aceptaremos todas aquellas propuestas que vayan en la dirección del consenso, pero les hemos de
dar una solución. Hoy no se la podemos dar, pero la próxima semana quizá tengamos la oportunidad -tendríamos que buscar la complicidad de todas las fuerzas políticas parlamentarias, básicamente del Grupo Parlamentario Popular- de dar una solución a
muchas familias que se han visto engañadas y que hoy necesitan estos recursos, que cuando los invirtieron lo hicieron en liquidez inmediata y hoy yo diría que son deuda perpetua. Por tanto, aquí hay un primer aspecto que hemos de resolver.


Otro segundo aspecto que desde nuestra perspectiva es importante resolver es el problema de la liquidez a las pequeñas y medianas empresas, a los empresarios autónomos y a las familias. La sociedad española en general no entendería que se
dedicaran recursos económicos estatales -o europeos, pero con el aval del Estado- de miles de millones de euros a reestructurar una parte importante del sistema financiero español, concretamente alrededor de un 35 % o 40 %, y ninguno de estos
recursos vaya a parar directamente a resolver la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y de los empresarios autónomos. Todos sabemos que las grandes compañías que están cotizando en el mercado de capitales tienen otros problemas, pero no de
liquidez. Valdría la pena que entre todos pudiéramos buscar alguna solución para que una parte -y aquí no me atrevo a platear un límite o un porcentaje determinado- de estos recursos que van a ir a reestructurar el sistema financiero español que
hoy está contaminado, pudiera ir única y exclusivamente a resolver el problema de liquidez que tiene hoy la economía real española, la economía productiva española, que son todos aquellos pequeños y medianos empresarios. Todos sabemos que no hay
liquidez en estos momentos para este sector tan importante de la economía española. Por la problemática general de la economía española y por el contexto general en el que nos estamos desarrollando, la verdad es que no hay liquidez y, si existe, es
a unos tipos de interés muy elevados y con unas garantías que muchas empresas familiares no pueden proporcionar. Por tanto, estamos ante un problema gravísimo. Si no resolvemos este problema de liquidez, probablemente muchas pequeñas y medianas
empresas se verán abocadas al cierre y no podremos resolver el problema del crecimiento de

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la economía española. Este es uno de los aspectos relevantes que habíamos planteado y que continuaremos planteando, porque entendemos que tendríamos que buscar un gran acuerdo de todas las formaciones políticas para resolver este tema que
planteamos con mucha facilidad muchos grupos parlamentarios, pero que la respuesta es que en la calle, en la sociedad o en la economía real no hay solución para esta cuestión. Este es otro de los aspectos en los que seguiremos insistiendo.


Finalmente, otro aspecto hace referencia a una proposición no de ley que presentó nuestro grupo parlamentario sobre las retribuciones de todos los directivos de empresas nacionalizadas, que gracias a su nefasta gestión, muchas de ellas han
tenido que ser intervenidas por el FROB o por el Banco de España. Entendemos que esta proposición no de ley, que fue avalada por todos los grupos parlamentarios, podría estar incluida en la próxima ley que probablemente veremos la semana que viene
en la Comisión de Economía y Competitividad. Tendríamos que buscar un fiel reflejo del consenso que se produjo en aquellos momentos en el Congreso de los Diputados.


Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Valeriano Gómez.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, tomo la palabra para explicar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en este debate final de tramitación del proyecto de ley de la segunda reforma financiera. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la
Presidencia). Como saben, es un proyecto que procede del Decreto-ley sobre saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero. La verdad, señorías, es que las enmiendas del Senado son de tono menor, son de carácter técnico, como
cabía esperar, por otra parte, respecto del proyecto que salió de la Comisión de Economía del Congreso. El Grupo Parlamentario Socialista votará en contra del proyecto tal y como nos lo remite el Senado, y votaremos en contra por las mismas razones
por las que votamos en contra en el dictamen del Congreso.


Antes de explicar las razones permítanme un comentario más general sobre la política económica y sobre la estrategia financiera del Gobierno. Me estoy refiriendo a algo que solo puede ser calificado de dos formas: improvisación y ausencia
de estrategia. Se han elaborado tres reformas en apenas siete meses, y cada una de ellas ha sido una enmienda a la totalidad de la anterior, salvo la primera que, aunque con un tono de continuidad, parece que se proponía -lo cito entre comillas-
hacer en un solo año más que el Gobierno anterior había hecho en tres. La verdad es que lo lograron, ya que en un solo año -menos aún, en seis meses- el Gobierno ha puesto casi la mitad de nuestro sistema financiero en quiebra y ha intensificado la
restricción del crédito, ahí están los últimos datos. El volumen de crédito total, señorías, ha caído un 5,7 % en agosto respecto del conjunto del año anterior, y los créditos nuevos -algo mucho más importante- han caído en agosto en términos
anuales nada menos que el 25 %. Esta es la forma que tenía el Gobierno de restablecer el flujo de crédito en nuestra economía. La verdad es que si lo iban a hacer en un solo año más habría valido que el Gobierno se hubiera quedado quieto. Es
mejor que no haga nada, porque hasta ahora todo lo que toca en el ámbito financiero termina estropeándolo, y algunas veces -que se lo diga el señor Wert, aunque es verdad que en otro ámbito, en el de la educación- lo estropea sin tocarlo, le basta
con solo hablar.


Señorías, el problema con este debate es que a fuerza de improvisar, a fuerza de equivocarse una y otra vez, estamos discutiendo un proyecto de ley que ya ha sido enmendado en su totalidad por la tercera reforma financiera, la que sucedió al
primer rescate financiero. Estamos discutiendo una reforma que no sirve de nada y unas reformas del Senado que tampoco sirven de nada. Como saben sus señorías, el Grupo Socialista se abstuvo en el debate de convalidación de este decreto-ley. El
Gobierno no discutió ni negoció la primera reforma financiera. Con esta segunda se comprometió con el Grupo Socialista y con todos los grupos de la Cámara a buscar soluciones a un conjunto de materias que a todos nos parecían cruciales. Y aquí
estamos, ya que de las dieciséis enmiendas presentadas por el Grupo Socialista no han aceptado ninguna. Bueno sí, el PP asumió una propuesta con su propia enmienda que no respondía a un problema técnico, como se ha querido ver; una vez más
respondía y era fruto de las dudas y de las vacilaciones del Gobierno en una materia como esta en la que siempre ha sido un Gobierno en duda. Por ejemplo, en el decreto-ley no se decía ni siquiera con claridad que las aportaciones del FROB tenían
que ir a las entidades financieras, con lo cual no se aclaraba -al contrario se permitía- que las aportaciones del FROB pudieran ir directamente al banco malo, a los diversos bancos malos que entonces se decía que no debían crearse y, si se creaban,
no debía hacerse con fondos públicos.

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La posición del Grupo Socialista en esta reforma ha tenido cuatro ejes fundamentales. Defendimos que había que garantizar que las reformas no le cuestan un euro al contribuyente y que la retirada del Estado de las entidades que hubieran
necesitado ayuda se produjera cuando no se incurriera en ninguna pérdida; a ello respondía nuestra enmienda número 38 que, por supuesto, como las más importantes, no fue aprobada y, lo que es peor, ni siquiera fue discutida. Defendimos que no
debía contemplarse la creación de instrumentos de apoyo a las adquisiciones de capital en las sociedades de gestión inmobiliaria, en los bancos malos para entendernos; un modelo que, por cierto, ahora se ha vuelto a enmendar en la tercera reforma
financiera. A ello respondía nuestra enmienda número 34, que planteaba la supresión de los apoyos financieros que se podrían establecer. No fue aceptada, por supuesto, y tampoco fue discutida más allá del dictamen global de la Comisión.
Planteamos, en tercer lugar, que las ayudas a las entidades financieras debían acompañarse de medidas que aliviaran la situación financiera de las familias, medidas que modificaran la Ley Hipotecaria para mejorar la posición del deudor hipotecario,
para elevar el porcentaje respecto del valor de tasación en los casos de ejecución, en los casos de desahucio o como consecuencia de una ejecución hipotecaria. El valor de tasación, decíamos, a efectos de ejecución no podía ser inferior que el que
se fijó cuando se concedía el crédito y plantemos reducir a 2,5 puntos porcentuales el tipo de interés de demora y, junto a ello, que el código de buenas prácticas aprobado hace unos meses fuera de aplicación obligatoria en las entidades
intervenidas. Para ello se presentaron las enmiendas números 44, 45, 46, 47 y 48; ninguna de las cuatro fue aceptada.


Hemos defendido, y seguiremos haciéndolo hasta que el Gobierno encuentre una solución que venimos reclamando prácticamente desde la primera reforma financiera, hace ya casi ocho meses, que hay que aprobar medidas que permitan reducir que los
titulares de preferentes sean objeto de resarcimiento del inmenso fraude que afecta a miles y miles de ahorradores de este país. Lo decíamos para recuperar la confianza de los clientes en el sistema financiero, para restaurar una confianza que hoy
por hoy, señorías, está por los suelos; lo queramos o no, la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero está hoy por los suelos. Y rogaría al Partido Popular que no responda con la cantinela de que esto se produjo durante la etapa del
Gobierno anterior; miles de millones de participaciones preferentes, hoy vivas, fueron emitidas en los años 2001, 2002, 2003 y principios de 2004. No hace falta, señorías, que les diga quién era entonces presidente del Gobierno, quién era el
ministro de Economía y quién era el secretario de Estado de Economía. Pero, sobre todo, señorías, lo fundamental es que los problemas aparecen cuando se secan los mercados secundarios, los problemas aparecen cuando las entidades comienzan a no
poder devolver su preferentes, a entrar en resultados negativos y se convierten en verdaderos problemas sociales en estos últimos meses. Es el Gobierno el que tiene que dar respuesta, no la puede dar solo la oposición y los demás grupos
parlamentarios que hacemos nuestras propuestas. Es el Gobierno el que tiene que responder a una situación. Se comprometió a ello en febrero y todavía estamos esperando, señorías, cuando estamos a finales del mes de octubre. Decíamos que la
solución a las preferentes debía ser soportada por el conjunto del sistema financiero. Decíamos que la CNMV debía auditar de oficio a los titulares de preferentes y emitir informes individuales que esclarecieran cada situación, la situación de cada
uno. Decíamos que se debía distinguir entre las cantidades aportadas, favoreciendo las cuantías más bajas, y entre los inversores, aquellos que conocían bien qué hacían con su dinero y aquellos que, por desgracia la gran mayoría, eran objeto de un
inmenso engaño. No solo lo digo yo, lo dijo en esta misma Cámara el ministro de Economía. ¿Ha servido todo esto para algo? Para nada. Todos los grupos propusimos enmiendas al respecto, salvo el PP. El Grupo Socialista formuló su propuesta en
las enmiendas 41 y 42; ninguna fue aprobada ni discutida.


Señorías, no hay ninguna razón para impedir una solución. Es verdad que el memorándum de entendimiento no ayuda. Por eso, entre otras cosas, no nos gusta, por eso siempre dijimos que no era un memorándum con el que nos sintiéramos
plenamente satisfechos. Mientras no hay solución para las familias en procesos de desahucio, mientras no hay solución para los titulares engañados por las participaciones preferentes, se deja a salvo a los titulares de los bonos, en gran parte
entidades mayoristas, entre los que se encuentran los principales inversores de la banca europea e internacional, la alemana de manera muy especial; lo que decimos es si no hay solución para los titulares de preferentes, no debe haberla tampoco
para ellos. El acuerdo de rescate no puede impedir que se repongan sus derechos a los ahorradores estafados.


Señor presidente, señorías, creo que estas son razones suficientes para votar contra el proyecto de ley, tal y como lo devuelve el Senado. Este proyecto de ley nació como decreto unos días después de la quiebra técnica de Bankia. ¿Lo
recuerdan? El Estado tenía que poner 4.500 millones y, por ahora, ya

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vamos por algo más de 26.000 millones; se ha multiplicado por seis veces aquello que inicialmente parecía que había sido la cantidad necesaria resultante de la quiebra de Bankia. Al día siguiente de su aprobación este decreto ya era papel
mojado. Desde entonces, señorías, hemos perdido ya mucho dinero, por lo menos no perdamos ahora ya más tiempo. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gómez.


Por el Grupo Popular, señora Garrido.


La señora GARRIDO VALENZUELA: Gracias, presidenta.


Me corresponde tomar la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y quisiera comenzar -si me lo permite- expresando mi satisfacción por la normalidad de la jornada electoral de ayer celebrada en el País Vasco y en Galicia. Espero
que entienda la Cámara mi felicitación muy especial, como diputada por Pontevedra, a Alberto Núñez Feijóo, a quien una mayoría muy significativa de los gallegos le ha encomendado que siga al frente de la comunidad para gestionar los destinos de
Galicia. (Aplausos).


Señorías, el proyecto de ley que hoy traemos al Pleno, sobre saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero, procedente del Real Decreto-ley 18/2012 de 11 de mayo, consta -como sabemos- de ocho artículos, cinco
disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y siete finales. Se ha tramitado en el Congreso de los Diputados y en el Senado, donde se han incorporado y aceptado enmiendas que mejoran el texto. Hoy debemos pronunciarnos solo sobre
las enmiendas aprobadas en el Senado, y a ellas me voy a referir indicando que afectan a los artículos 4 y 6 y a las disposiciones adicionales primera y quinta, que consisten en correcciones de carácter técnico que, por supuesto, el Grupo
Parlamentario Popular va a apoyar.


El señor Gómez en su intervención ha hecho mención a una improvisación en la concatenación de las reformas que está llevando a cabo el Gobierno en materia financiara. Voy a tratar a lo largo de mi exposición de que me escuchen y a razonar
por qué esto no es así. El cuadro, señor Gómez, que pintaríamos si quisiésemos plasmar la reestructuración del sistema financiero no quedaría completo si, dentro del marco que lo envuelve, no incluyésemos los tres reales decretos-leyes que
constituyen la reforma financiera que está llevando a cabo el actual Gobierno. Los pilares fundamentales de la reestructuración financiera, en efecto, son los tres reales decretos de febrero, mayo y agosto que, junto con el control presupuestario y
las reformas estructurales, permitirán alcanzar el objetivo prioritario de política económica del Gobierno, que es el crecimiento económico y la generación de empleo. Es útil además, para entender el verdadero equilibrio de este cuadro que estamos
dibujando y el alcance del conjunto de normas referentes al sistema financiero, observar con perspectiva cómo a través de la sucesión de estos tres reales decretos se marcan las pautas para llegar a un completo saneamiento del sistema financiero.


Como ustedes conocen, la fuerte expansión del crédito en los últimos años, unido al estallido de la burbuja inmobiliaria, generaron dudas sobre la solvencia de las entidades financieras; dudas asociadas a la existencia de pérdidas que no
estaban suficientemente reflejadas en los balances de las entidades financieras. Con el fin de disiparlas y ganar la confianza en el sistema, el Gobierno ha actuado con firmeza para eliminar de raíz las incertidumbres que existían en los mercados
sobre la valoración de los activos del sistema financiero español. Esta acción es clave e indispensable para la recuperación del crédito y, por lo tanto, del empleo. Se hace cada vez más necesario -y aquí me quiero referir a la intervención del
señor Anchuelo-, de cara a conseguir esta credibilidad perdida, no continuar con parches cortoplacistas que suponen afirmaciones como las de que el Gobierno no da respuesta a demandas sociales, que el Gobierno solo da respuesta a demandas
financieras de determinadas entidades. Señor Anchuelo, la mejor respuesta que se puede dar a una demanda social es generar políticas económicas que produzcan recursos que permitan satisfacerlas. No se deben utilizar argumentos populistas que no
harían sino debilitar la necesaria contundencia de la reforma financiera para que este sistema vuelva a realizar su función principal de canalización de ahorro hacia la inversión y, por lo tanto, generación de empleo. El cuadro estratégico del
Gobierno podemos resumirlo, siguiendo estos tres reales decretos-leyes, en tres grandes figuras de actuación que culminarán a finales de este año 2012 con la recapitalización de las entidades financieras que así lo soliciten.


Las dos primeras figuras han tenido por objetivo ajustar las valoraciones de los activos ligados al crédito promotor a los valores de mercado. Esto ha supuesto nuevas provisiones para las entidades financieras. Estas exigencias están
materializadas en el real decreto de febrero para los activos problemáticos y el real decreto-ley de mayo para los activos no problemáticos. Aplicadas estas medidas, el grado medio de cobertura está en torno al 45 % frente al 18 % a diciembre de
2011. Si lo dijéramos

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cuantitativamente ello supondría un aumento de provisiones de las entidades financieras y colchones de capital hasta 137.000 millones de euros, sobre un total de 307.000 millones de euros de activos ligados al crédito promotor.


La tercera figura, que aún se está tramitando como proyecto de ley, es el Real Decreto 24/2012, de 31 de agosto. En este real decreto, además de llevar a cabo una regulación completa de la solución a las crisis bancarias siempre con la
finalidad de reactivar el crédito, se adoptan medidas de calado de enorme importancia de cara a la protección futura de los inversores. Además es un ejercicio básico y fundamental de la transparencia, puesto que se incluyen compromisos adquiridos
con el Eurogrupo en julio de cara a poder acceder a la ayuda financiera. Como decía al principio de mi intervención, es necesario observar en el cuadro todas estas figuras, todas ellas y en su conjunto, porque marcan las pautas para poder llegar a
conseguir el objetivo final de reforma financiera que es generar empleo.


Voy terminando, señora presidenta, y he de señalar que de haber contado con un instrumento jurídico como el que conforman estos tres reales decretos, por un lado, se habrían resuelto antes y mejor los problemas en los se han visto envueltas
algunas entidades españolas y, por otro, si esta herramienta hubiera existido al inicio de la crisis económica el quebranto para todos los españoles hubiera sido menor y sin necesidad de acudir al programa de asistencia europea. Y también -señor
Anchuelo y señor Sánchez i Llibre, que se refirieron a las participaciones preferentes- se habrían ahorrado el problema que ha causado la colocación de estos productos complejos en manos de ciudadanos inadecuados, porque por sus propias
características técnicas estos títulos estaban destinados a inversores institucionales. Sin embargo, el problema no son las participaciones preferentes, ya que se han emitido en muchos bancos en el mundo; el problema es que España ha sido el único
país en el que los organismos supervisores de ese momento han permitido que las participaciones preferentes se comercializasen entre ahorradores y entre depositantes.


Señor Sánchez i Llibre, hay entidades intervenidas que sí están poniendo solución a los preferentistas estafados. Tenemos el caso de Galicia. En Galicia -tomé nota ahora de los últimos datos mientras usted hablaba- hay 30.000 reclamaciones
de afectados por preferentes, de las cuales 29.000 se han transformado en solicitudes de arbitraje y 6.049 son ya laudos favorables. Esto supone cerca de los 85 millones de euros; no es el total, pero sí se está haciendo algo por los inversores
estafados en algunas de las entidades nacionalizadas.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular apoya las medidas adoptadas por un Gobierno que tiene como objetivo solucionar problemas que no se han resuelto en el pasado y, en palabras expresadas por el ministro de Economía y Competitividad
en esta casa, porque expone certezas donde había dudas, porque desmiente con datos los rumores y porque va a devolver la credibilidad a nuestro sistema bancario y a nuestra economía. La anterior Administración descarriló el tren. Con este cuerpo
normativo de estos tres reales decretos lo vamos a levantar, lo vamos a poner en la vía y junto con el control presupuestario y las reformas estructurales vamos a ser capaces de que se deslice por la vía del empleo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Garrido.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. (Número de expediente 121/000018).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el debate de totalidad de las iniciativas legislativas. En primer lugar, corresponde el debate al proyecto de ley por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Señora presidenta, señorías, me cabe el honor y la responsabilidad -como ha anunciado la presidenta de la Cámara- de presentar ante sus señorías el proyecto de ley por la que se
regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

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Quiero aclarar ahora antes de empezar que, aunque el proyecto que presentamos hoy incorpora importantes mejoras respecto a la legislación que hasta estos momentos teníamos en la materia, lo cierto -y así hay que reconocerlo- es que no se
trata de una completa novedad. Esta norma viene a actualizar el régimen de tasas que en el ámbito de la justicia ya introdujo la Ley de 30 de diciembre de 2002, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. Fue entonces, en la última
década, cuando las tasas hicieron su aparición en el ámbito de la justicia, ciertamente, señorías, en un contexto socioeconómico muy distinto del actual, que es lo que ahora nos ha hecho aconsejable su revisión y su puesta al día y -lo anuncio desde
el primer momento- con un propósito de solidaridad con el beneficio de justicia gratuita. No se quedó en la creación del año 2002, es importante recordar que la Ley de 24 de marzo de 2011 -creo que no es necesario decir a sus señorías quién
gobernaba España en el año 2011-, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprovechando la aplicación en España de los procesos europeos monitorios de escasa cuantía, extendió la tasa de la primera instancia para la práctica totalidad de los
juicios civiles y se incorporó además a los procesos monitorios. Y recuerdo también que antes la Ley de 3 de noviembre de 2009, la complementaria de la reforma de la legislación procesal, introdujo un depósito judicial para los recursos
interpuestos contra las resoluciones judiciales. Lo que hacemos hoy es continuar un proceso legislativo que desde el año 2002 ha entendido que, de la misma forma que sucede en el resto de Europa, soportar los gastos de la Administración de Justicia
no debería ser una carga exclusivamente del contribuyente sino que tendría que ser compartida precisamente por los beneficiarios de este servicio público. Y en esta tarea de actualización, movida por el sentido social y por superación de la crisis
como antes les decía, hemos tenido muy en cuenta en la redacción del proyecto que presentamos ante sus señorías la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia de 16 de febrero del año 2012 en la que confirma la
constitucionalidad de estas tasas.


El proyecto de ley, que sus señorías ya han tenido la oportunidad de conocer y en torno al cual vamos a debatir hoy, responde a una doble finalidad, si bien tengo que decir que no son equiparables, puesto que una es principal y la otra es
secundaria. El fundamento último de la ley es de naturaleza eminentemente social. Señorías, lo que esta ley persigue -y les puedo asegurar que va a conseguirlo- es garantizar el sostenimiento de la justicia gratuita en España para aquellos
ciudadanos que carezcan de recursos para litigar, que desgraciadamente cada día son más como consecuencia de la crisis, y esta misma mañana teníamos datos en este sentido. Todos los recursos que se obtengan por la modificación de esta ley, en el
supuesto de que sus señorías así lo aprueben, serán destinados a la financiación de dicho sistema. Debo recordar que el año 2009 -es decir, desde antes de que el actual Gobierno asumiese sus responsabilidades- las comunidades autónomas acudieron al
Ministerio de Justicia con unos presupuestos en materia de justicia gratuita absolutamente desbordados, tan desbordados, señorías, que amenazaban incluso su propia viabilidad. La liquidación presupuestaria -les doy el dato del año 2010- revela que
ese año se destinaron 260,5 millones de euros a este concepto, y solamente un ejercicio posterior, en el año 2011, se elevó esta cantidad hasta los 269 millones de euros; ¡ojo!, en un escenario además en el que los ingresos, el aumento del déficit
y el crecimiento de la demanda complicaban mucho la posibilidad de las comunidades autónomas -por no hablar del territorio del ministerio- para hacer frente a este servicio.


No quiero engañar a sus señorías, las dificultades que tienen en estos momentos las administraciones autonómicas con competencias transferidas para hacer frente a este servicio -como consecuencia de las tensiones de tesorería que han sufrido
en los últimos tiempos- son crecientes. El malestar de los colegios de abogados, que ven cómo se producen muy importantes retrasos en el pago de este servicio y la propia disfunción que genera en el mismo, es algo que está a la orden del día en
cualquier debate sobre la realidad jurídica que se plantee en cualquiera de las comunidades autónomas de España.


Este Gobierno no va a permanecer indiferente. Una vez más -como ya hemos tenido ocasión de debatir en esta Cámara, y un buen ejemplo es el Fondo de liquidez autonómica- el Gobierno va a promover una activa solidaridad. El Gobierno va a
asumir su responsabilidad y lo que el Gobierno propone hoy a la Cámara, conjuntamente con la subsiguiente reforma de la Ley de Justicia Gratuita, es dar solución al problema que en estos momentos tienen las administraciones regionales para hacer
frente a este servicio y de esta forma abonar a los abogados aquello a lo que tienen legítimo derecho. No creo que sea desentendiéndonos de los problemas y de las necesidades de nuestros ciudadanos o pensando que podemos establecer islas de
prosperidad en aquellos lugares de España donde este problema no se haya producido como debamos abordar este asunto. Creo que el planteamiento tiene que ser otro; tiene que ser que las tasas estén vinculadas a un nuevo sistema de gestión que esté
coordinado, que sea uniforme, del servicio de justicia gratuita. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar su viabilidad.

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Empiezo por decir que no es propósito del Gobierno que se produzca ninguna devolución competencial a la Administración General del Estado por parte de las comunidades autónomas, no lo necesitamos; nos basta con un acuerdo con las
comunidades autónomas, en la forma que después durante el debate tendré ocasión de explicar, para que podamos alcanzar el mismo objetivo. Por tanto, los títulos competenciales pueden permanecer donde están pero sí es necesario que se unifique la
gestión para resolver este problema y asegurar su viabilidad. De esta forma, señorías, con el nuevo sistema de tasas vamos a permitir reequilibrar los recursos existentes, vamos a permitir continuar con la política de modernización y de mejora de
la Administración de Justicia y, aunque es verdad que -como decía al principio de mi intervención- las tasas no son novedad en la legislación española, sí es novedad que las tasas judiciales se destinen no preferente sino íntegramente al principio
de equilibrio y solidaridad territorial que es, insisto, el único admisible en tiempos de crisis. Señorías, dicho con toda concisión, las tasas abonadas por los ciudadanos españoles que sí tienen recursos económicos van a servir para cubrir los
costes derivados de los litigios de quienes carecen de esos recursos económicos. Y, más allá del debate ideológico que sin duda las distintas formaciones políticas pueden plantearnos a lo largo de esta tarde, el Gobierno considera que esta, la vía
de la solidaridad, es no solo aquella que es acorde con el mandato constitucional sino sencillamente la única viable en el mundo y en la sociedad global que en estos momentos vivimos.


Para ser coherentes con este principio, no queda otro camino que revisar unas tasas; una tasas que hasta ahora cubren poco más del 60 %, ni mucho menos del coste de la justicia en España, del que luego hablaré, sino solamente de la justicia
gratuita. Hasta tal punto obedece esta nueva norma al imperativo ético y político de asegurar el derecho a la justicia gratuita -derecho, insisto, que la Constitución establece de un modo implícito en el artículo 24 pero mucho más explícito en el
119-, que estoy en disposición de anunciar a sus señorías otra iniciativa legislativa íntimamente ligada a la que hoy nos ocupa y que traeremos a la Cámara cuando hayamos finalizado el proceso que ya hemos iniciado de diálogo con las comunidades
autónomas con competencias transferidas, puesto que la ley les afecta de una forma especial. Me refiero naturalmente a la Ley de 10 de enero de 1996, de Asistencia Jurídica Gratuita. Fue una buena ley, pero es una ley que, aunque después de
dieciséis años de andadura ha consolidado un derecho, también ha denotado algunas deficiencias y algunas incapacidades, especialmente por parte de las administraciones autonómicas, para hacer frente al mismo.


Vamos a tener tiempo, siempre en el cauce parlamentario, de debatir esta reforma cuyo diálogo -como antes les decía- en estos momentos estamos iniciando con las comunidades autónomas. Sin embargo, esta tarde, señora presidenta, señorías, yo
no sería sincero si al presentar este proyecto de ley no llamara la atención sobre la unidad de acción que conforma con esa segunda reforma de la justicia gratuita, cuya mejora y garantía inspira la actualización de las tasas. Es cierto que cuando
sea aprobada, si la Cámara le da su respaldo, la reforma de la ley 1/1996 nos va a permitir además abordar otros aspectos que no están directamente vinculados con el debate de hoy -pienso por ejemplo en mecanismos de prevención del fraude o
mecanismos que permitan que se beneficien de este servicio aquellos ciudadanos que realmente tienen derecho a ello-, pero sí les puedo adelantar que cuando esto se produzca tendremos una justicia gratuita más justa, y perdónenme por esta
reiteración, que en este caso creo que vale; una justicia gratuita dotada de importantes mejoras de formación y especialización, y hasta que ese momento llegue tenemos que garantizarlo con la ley de tasas.


Les quiero hacer otro anuncio, señorías. Ustedes saben que la vigente Ley de justicia gratuita contempla como requisito para la concesión del derecho que los ingresos de la unidad familiar no superen dos veces el salario mínimo
interprofesional. Con este punto de partida con el que empezamos a abordar esta ley -insistía antes en recordarles que esta mañana han aparecido en medios de comunicación unos datos que nos anuncian que más de un 20 % de españoles se encuentra en
estos momentos en el umbral de la pobreza-, entendemos que el planteamiento de la Ley de 1996 no es suficiente y por eso les anuncio, señoras y señores diputados, que vamos a remitir una propuesta a las comunidades autónomas en la que recojamos como
nuevo umbral de ingresos 2,5 veces el Iprem frente a las dos veces que en estos momentos tenemos. De esa forma creemos que vamos a conseguir que un mayor número de personas que realmente necesitan la justicia gratuita pasen a ser auténticos
titulares de este derecho. Es importante que seamos conscientes de que lejos de obstaculizar la tutela judicial, las tasas, que van a ser las que financien esta ampliación del servicio de justicia gratuita hacia todos aquellos españoles que no
superen el umbral de ingresos de 2,5 veces el Iprem, van a posibilitar que se acceda a la tutela judicial efectiva por parte de un sector de la población que en estos momentos no lo tenía. (Aplausos).

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La segunda motivación de la norma que hoy debatimos, que como antes decía no es la principal pero que sí quiero referirme a ella porque mi intervención tiene que ser absolutamente sincera, reviste importancia y se refiere a la necesidad de
racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Señorías, hay determinadas situaciones en las que no se produce un uso normal de los recursos públicos por el contribuyente sino muchas veces un abuso de los mismos. Nosotros lo que tenemos
que hacer es poner un dique a aquellos supuestos en los que se producen desvíos o abusos como consecuencia única y exclusivamente de un afán dilatorio en el cumplimiento de las obligaciones. Somos plenamente conscientes de que esa dilación
indefinida puede generar determinados beneficios para el deudor, pero tenemos que ser conscientes de que el Estado no puede ser cómplice de maniobras dilatorias, que no digo que no sean legítimas en el estricto ejercicio del derecho de defensa, pero
lo que no pueden tener es el amparo del Estado y mucho menos cobertura presupuestaria por parte de todos los ciudadanos. Por ello no entraré a juzgar las tácticas procesales que abogan por la dilación en supuestos en los que se sabe que al final se
tendrá que producir el cumplimiento de la obligación, lo que sí digo es que no le pediré yo al contribuyente español que financie esas tácticas procesales que única y exclusivamente benefician a aquel que no quiere hacer frente a sus obligaciones.
Por eso, en un momento en el que estamos abordando en España medios alternativos de resolución de conflictos -esta Cámara ha aprobado la Ley de Mediación; estamos promoviendo el arbitraje de una forma verdaderamente importante- y cuando somos
conscientes de que la congestión judicial es un problema grave que afecta no solamente a los derechos de los ciudadanos sino también a nuestra propia competitividad como nación, a nuestro propio tejido productivo, creo que sería sencillamente
irresponsable mirar hacia otro lado cuando tenemos, no digo ya la posibilidad, sino la obligación de racionalizar el uso de los recursos que precisamente por ser públicos tienen que estar a disposición de todos y no monopolizados por aquellos que
tratan de instrumentalizarlos en aras de sus estrategias dilatorias.


Más allá de este planteamiento general, deseo exponer a sus señorías -espero hacerlo con brevedad porque posteriormente en el debate de las enmiendas a la totalidad habrá tiempo de profundizar en aquello que más interese a los distintos
grupos- las mejoras fundamentales y algunos aspectos técnicos de este proyecto de ley. Importa en primer lugar la propia denominación. Esto es importante sobre todo si entramos en conflicto de competencias con las comunidades autónomas. Se liga
la tasa al ejercicio de la potestad jurisdiccional -competencia exclusiva del Estado- y se hace en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social porque la precisión nunca es superflua y aporta seguridad. Quiero decir con ello que por
supuesto la jurisdicción penal queda excluida.


En segundo lugar, debo referirme a la extensión del ámbito objetivo, de tal forma que el hecho imponible de la tasa comprende la interposición de demanda o recurso de los distintos procesos previstos en el orden civil y en el
contencioso-administrativo; también los recursos de apelación y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo y los de suplicación y de casación en el orden social. De esta forma, la tasa no se aplica a los procesos de primera
instancia del orden social. En todo caso, queda excluido el orden penal, y cuando decimos que queda excluido el orden penal hay que recordar que según los últimos datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial queda excluido el 72,4
% de los asuntos que tuvieron entrada en los juzgados en el año 2012. (Aplausos).


Tercer punto, hay que destacar la extensión, además del ámbito objetivo, del ámbito subjetivo. El sujeto pasivo de la tasa deja de ser como hasta ahora solamente la persona jurídica e incluye también a las personas físicas, asegurando
siempre -esto es importante, señorías- la exención para determinados procesos como son los de capacidad, los de filiación y menores y los de protección de derechos fundamentales desde el punto de vista subjetivo. La exención de las personas a las
que se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita garantiza el cumplimiento del principio constitucional de la tutela judicial efectiva. Además están exentos, como no podía ser de otra forma, el ministerio fiscal y las administraciones
públicas.


Señorías, aprovecho esta intervención para anunciar -y me dirijo en este caso a mis compañeros de grupo parlamentario- que el Gobierno ha considerado positivamente la propuesta del Grupo Parlamentario Popular de introducir una nueva exención
total de la tasa de juicios monitorios cuando el asunto no supere los 2.000 euros. Quiero referirme igualmente a la actualización de las cuantías de las tasas atendiendo principalmente al criterio de coste que implica la actividad procesal de que
se trata, el índice de precios al consumo -recuerden, señorías, que hemos ido acumulando una década desde que entró en vigor la ley en estos momentos vigente- y la instancia a la que se refiere la actividad jurisdiccional. Este punto, señorías,
creo que es extraordinariamente importante. Una cosa es el derecho al acceso a la tutela judicial efectiva y otra cosa es el derecho que tiene el ciudadano de pedir no una resolución sino una revisión de

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la resolución como consecuencia de que no le satisface la respuesta que el Poder Judicial le ha dado; la satisfacción de su derecho al acceso a la tutela judicial efectiva. Este es un principio que está recogido por la doctrina y creo que
además es asumido por la inmensa mayoría de las personas que se han acercado a cuáles tienen que ser los derechos de los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos derecho a la tutela judicial efectiva. Si no nos conformamos con esa respuesta que
nos dan los poderes públicos -en este caso el Poder Judicial- a ese conflicto que teníamos con otros particular o con una Administración, si lo que solicitamos no es una resolución sino su revisión, es decir, si estamos hablando no de la primera
sino de la segunda instancia, evidentemente, el soporte por parte del contribuyente a ese coste del procedimiento judicial no puede ser igual que cuando hablamos de la garantía de un derecho fundamental. Esto es lo que justifica, señorías, la
diferencia sin duda importante de cuantía que existe en el proyecto entre la primera y la segunda instancia. También se introducen distintas mejoras en la gestión de la tasa, tanto para facilitar su pago a través de abogado y procurador -esto va a
ser de especial utilidad cuando el litigante no reside en España- como para prever la modificación de la tasa a lo largo de la tramitación del proceso. Déjenme que les mencione las tres bonificaciones que están previstas, todas ellas naturalmente
tienen la intencionalidad de encauzar los propios comportamientos judiciales allí donde más beneficia a la propia sociedad. La primera, del 60 % -que no es poco- de la cuantía de la tasa para aquellos casos en que se alcance una solución
extrajudicial del pleito; incentivar a una resolución extrajudicial de conflictos incluso cuando el pleito ya se ha iniciado, sabiendo que si se alcanza esa resolución extrajudicial habrá una exoneración del 60 % de la tasa es sin duda ninguna una
medida que abunda en esta idea de buscar esa resolución fuera de jueces y tribunales de los conflictos que puedan ser así resueltos en España. Una segunda del 20 % en los casos de acumulación de procesos. Están en la mente de sus señorías los
múltiples casos por delitos compuestos por aquellos que afectan a multitud de afectados en los que la acumulación no solamente abarata el coste del servicio público sino que además mejora las propias garantías de la persona que accede a la tutela
judicial, un 20 %. Y una tercera del 10 % para incentivar la utilización de los medios telemáticos para la presentación de escritos en juzgados y tribunales.


De todo lo dicho es importante destacar que las cuantías previstas en absoluto constituyen una traba al ejercicio del derecho de la tutela judicial efectiva, siempre de acuerdo, señorías, con la doctrina del Tribunal Constitucional. Hay una
cosa que es muy importante, porque aunque a ustedes les sorprenda no en todos los países es así, y es que en ningún caso se supera el coste del servicio que se utiliza, en ningún caso. El conjunto de novedades que acabo de resumir pone de
manifiesto que la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional no se conforma con un fin meramente recaudatorio sino que constituye una pieza esencial para el funcionamiento de una justicia más moderna, más eficaz y orientada por añadidura a
garantizar el derecho de aquellos que precisan de la solidaridad de la sociedad para litigar. Creo que nada de esto les debería resultar extraordinario a sus señorías si consideran que el pago de una tasa similar es una regla general en los países
de nuestro entorno.


Por si a alguien le quedase alguna duda del respeto que esta ley guarda a ese derecho de la tutela judicial efectiva, déjenme que les recuerde cinco aspectos que sin duda les van a tranquilizar. En primer lugar, la cuantía de la tasa. La
cuantía de la tasa queda muy por debajo, como antes les decía, del coste de un pleito para la Administración; les puedo decir que los menos complejos están cifrados en una media de unos 1.400 euros. Aquí el propio Tribunal Constitucional hizo una
afirmación que me parece que es absolutamente luminosa para este debate cuando dijo que la justicia gratuita no significa que la justicia sea gratis; esto es extraordinariamente importante, señorías. El conjunto de la justicia en España tiene un
coste -les doy los datos de finales de 2010 a últimos de 2011, que son los que tengo actualizados- de 3.900 millones de euros al año. No voy a desglosar lo que corresponde al Ministerio de Justicia, a las comunidades autónomas con competencias
transferidas o al Consejo General del Poder Judicial, pero estamos hablando de 3.900 millones de euros. Pues bien, es muy importante que sepamos, a la hora de la aprobación de esta tasa y a los efectos de ver si es o no adecuada a los parámetros
establecidos por el Tribunal Constitucional, qué porcentaje cubre del total del coste de la justicia, de los servicios de justicia en España. A día de hoy, lo que cubre aproximadamente -recaudamos alrededor de 175 millones de euros- es el 4,1 % del
presupuesto de justicia. Señorías, les comunico, aunque sin duda ustedes lo sabrán, que la media ponderada en Europa alcanza el 22,3 %; el 22,3 % del coste del conjunto de la justicia en los países europeos se financia con cargo a las tasas. Esa
es la media, el 22,3 %, pero hay países como Alemania que superan el 43 %, y otros, señorías -por eso les decía que les iba a sorprender-, como es el caso de Austria, que alcanzan el 110 % del presupuesto. Austria es un país que recauda más por
tasas de lo que le cuesta después prestar el servicio público de la Administración de Justicia, el 110 %

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del presupuesto. La media del Consejo de Europa, según el estudio que ellos tienen hecho, está en estos momentos en el 22,3 %. Un 22,3 % en el supuesto de incluir los costes de justicia gratuita, sin incluirlos ese 22,3 % se elevaría
prácticamente hasta el 30 %. Pues bien, con la propuesta que nosotros traemos hoy a esta Cámara nos situamos en el entorno del 10 % del presupuesto de la justicia en España; el 10 % del presupuesto de la justicia es lo que será recaudado por las
tasas. Estamos muy lejos no digo ya del 110 % de Austria o del 43 % de Alemania, sino -y esto es lo más importante- del 30 %, que es la media de la Unión Europea si no incluimos los costes de justicia gratuita, o del 22,3 % de la media europea si
se incluyen los costes de la justicia gratuita. Por tanto, lo que proponemos a esta Cámara es una tasa absolutamente ponderada con los criterios que ha marcado el Consejo de Europa y por supuesto derivándonos lo mismo el propio Tribunal
Constitucional. En segundo lugar -he insistido en ello porque es muy importante-, las personas con derecho a la justicia gratuita van a quedar exentas del pago de la tasa, y no solamente eso sino que, como antes decía, ampliamos el número de
personas en España que podrán acceder a la justicia gratuita como consecuencia de la nueva financiación que tendremos si aprobamos esta ley. En tercer lugar, me permito indicarles que, tras la reforma señalada en la Ley de 10 de octubre de 2011, el
importe de la tasa está incluido en las costas, es decir, existe una vía de recuperación de las tasas abonadas en todos aquellos casos en los que se obtenga la satisfacción de la pretensión y, por tanto, lleva aparejada la condena en costas que
incluye el importe de la tasa. En cuarto lugar, la nueva exención introducida, a la que antes hacía referencia como consecuencia de una enmienda del Grupo Popular, es decir, la prevista para pleitos menores de 2.000 euros, evita que la aplicación
de la tasa pueda distorsionar el acceso a la justicia en algunos supuestos concretos. Por último, si las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional se consideran barreras de acceso, deberíamos preguntarnos todos, señorías -y sin duda
ustedes lo harán cuando planteen sus enmiendas a la totalidad-, si es esta la barrera más importante que tiene el acceso a la tutela judicial, porque cuando estamos hablando -luego podremos profundizar en el asunto- de que el coste de la tasa en
primera instancia alcanzará una media del 10 % del proceso y no será muchísimo más lo que suponga en el segundo, habría que preguntarse por qué decimos que dificultan el acceso a la tutela judicial solamente aquellos costes que afectan al 10 % y
nadie dice absolutamente nada de los costes que suponen el 90 % del coste del proceso. Creo que es un debate interesante sobre el que después podemos profundizar.


Señora presidenta, señorías, termino. Les pido su apoyo para sacar adelante esta ley. Se lo pido no solamente al grupo parlamentario que apoya al Gobierno sino al resto de los grupos parlamentarios, y déjenme que lo haga precisamente en
nombre de los principios constitucionales, es decir, en nombre de esos principios de convivencia de nuestra sociedad, en la que la disponibilidad de recursos implica también una responsabilidad hacia aquellos que se encuentran en una situación de
indefensión. Creo que sería un absurdo lógico, político, incluso me atrevo a decir moral, pretender que la Administración de Justicia, que en definitiva lo que hace es restituir día a día aquellos derechos que han sido vulnerados a los ciudadanos,
quedara precisamente al margen de ese deber de solidaridad.


La ley de tasas que hoy les presento, señorías, se ajusta a la letra de la Constitución, es cierto, pero no me conformaría yo con que se ajustase a lo establecido por la Constitución y por la interpretación de la misma que hace el Tribunal
Constitucional, no me basta con esa literalidad, no me basta con esa corrección jurídica, necesitamos ir más allá. Necesitamos como sociedad, y más en estos momentos de dificultad, reafirmarnos en el sentido de solidaridad, en el sentido de equidad
que debe inspirar no solamente nuestra convivencia, sino también la articulación de nuestra nación y la articulación de su forma de funcionamiento, que es nuestro Estado, y por lo tanto también la articulación de la Administración de Justicia. Y
quiero decir para terminar alto y claro, y si lo desean ese puede ser el sentido de su voto, señorías, que precisamente porque atravesamos una crisis profunda, nadie va a desentenderse de nadie, pues los españoles estamos decididos a que los que más
pueden, más hagan, y esto es lo que les propongo: que aquellos que pueden más sean capaces de aportar lo que no pueden aportar aquellos que carecen prácticamente de cualquier posibilidad de acudir a los tribunales. Por tanto, que gracias a este
proyecto de ley la justicia gratuita en España sea una realidad, sea solvente y no esté sujeta a ningún tipo de quiebra, como desgraciadamente ha ocurrido en los últimos años.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


Se han presentado siete enmiendas de totalidad. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Fernández Davila.

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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Subo a esta tribuna para manifestar la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con este proyecto de ley de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.


Señorías, señor ministro, desde el Bloque Nacionalista Galego tenemos que decir que rechazamos frontalmente el presente proyecto de ley aprobado por este Gobierno y defendido por usted hoy en esta tribuna porque lo hacen ustedes con la
pretendida justificación de evitar la supuesta saturación litigiosa de los juzgados, cuando lo cierto es que la saturación de los juzgados no se debe a una excesiva litigiosidad, sino a la inaceptable falta de medios de los juzgados y tribunales del
Estado español.


Con este sistema de tasas que ustedes nos presentan lo que pretende el Gobierno es sumar unos costes considerables para acceder a la justicia a los gastos ya considerables de abogado y procurador. Lo que persigue realmente el Gobierno a
través de este proyecto de ley es desincentivar el recurso a los tribunales de las personas y entidades con menos recursos económicos, produciendo así una grave merma de la tutela judicial que constituye un pilar fundamental del Estado de derecho
expresado en el artículo 24 del texto constitucional. Por cierto, señorías, un texto constitucional al que el Gobierno y el señor ministro han hecho referencia. En muchas ocasiones tratan de sacralizar, pero concretamente en esta nosotros diríamos
que se pone en cuestión lo que la Constitución dice en relación con el derecho a la justicia.


Además de lo que hemos dicho, la exclusión de la obligación de pago a personas favorecidas por la asistencia jurídica no sirve para los argumentos que ha utilizado el Gobierno y usted mismo cuando acaba de decir que este proyecto tenía como
objetivo la sostenibilidad o garantizar la justicia gratuita. Dicen ustedes que el pago de estas tasas no perjudicará el ejercicio del derecho al acceso a los tribunales, pero desde nuestro punto de vista la mayoría de la ciudadanía con ingresos
medios, sin que estos sean precisamente ingresos altos, no van a estar dentro de aquellos que el proyecto de ley considera excluidos del pago de esas tasas.


Señorías, si en la jurisdicción civil estas tasas limitarán de forma clara el acceso al derecho de la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad, qué decir de la jurisdicción contencioso-administrativa, donde la cuantía de estas
tasas hará inviable la interposición de recursos contencioso-administrativos frente a decisiones de la Administración sancionadora, ya que en muchos casos, sumadas a los gastos de representación y defensa, harán antieconómica la reclamación.


La saturación de la justicia, señor ministro, se debe solucionar con su modernización y adecuada dotación de medios, impulsando una justicia ágil y eficaz. Ese es el camino a seguir, señor ministro, de forma que se consolide un pilar
fundamental del Estado de derecho en lugar de violentarlo como, desde nuestro punto de vista, hace este proyecto de ley. Señor ministro, usted ha hecho referencia a las tasas en otros Estados de la Unión Europea y nombró alguno de ellos, pero los
datos que nosotros tenemos revelan que el Estado español dedica a la justicia la mitad de lo que se dedica de media en el resto de la Unión Europea. Es un dato que está ahí y que nosotros entendemos que el Gobierno debería tener en cuenta a la hora
de presentarnos un proyecto de estas características.


En conclusión, señorías, señor ministro, la auténtica razón de ser de esta imposición indiscriminada y desproporcionada de las tasas judiciales es exclusivamente recaudatoria, ocasionando una inexorable imposibilidad de acceder a la
jurisdicción y, en consecuencia, un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva que nos sitúa ante una perversión inaceptable del Estado social y democrático de derecho cada vez más atacado y cuestionado por este Gobierno.


Señor ministro, aprovechamos que usted ha subido hoy aquí a defender este proyecto de ley para manifestar una vez más que este proyecto que ustedes nos presentan incrementará los costes para acceder a la justicia y, por tanto, dificultará el
acceso a la misma de una mayoría importante de ciudadanos y no va a servir para impulsar una justicia ágil y eficaz. No va a ser así, señor ministro. Nosotros presentamos esta enmienda de devolución porque entendemos que el Gobierno debería
proponernos un proyecto de ley más orientado al incremento de medios y a las políticas que permitieran que nuestra justicia fuera más eficaz y más ágil para que no tuviéramos los problemas de saturación que tenemos en este momento en los juzgados.
Reiteramos, señora presidenta, la defensa de nuestra enmienda de devolución porque entendemos que el Gobierno nos debería presentar otro proyecto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Davila.


Por el mismo grupo parlamentario, señor Tardà.

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El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en la guerra declarada que supone pretender el establecimiento de una sanidad y una educación solo para ricos, ahora aparece en el ámbito de la justicia el ministro Gallardón cual mariscal de campo. Usted, señor ministro, lo que
pretende en definitiva es una justicia solo para ricos y se sirve de un proyecto de ley que establece unas tasas que garantizan a los más pudientes el uso casi exclusivo del sistema judicial. Con este proyecto de ley se sentencia el acceso
universal a la justicia y se amparan los delitos contra los pobres, los abusos de las grandes compañías a los consumidores y las injusticias de ciertos empresarios con sus trabajadores. Es inaceptable que un trabajador que pretenda recurrir una
sentencia por despido tenga que pagar una tasa de 500 euros para recurrir o de 750 euros -más que el salario mínimo interprofesional- si lo hace en casación. Es inadmisible que en la jurisdicción civil un ciudadano que considere vulnerados sus
derechos como consumidor deba abonar 115 euros para interponer una demanda u 815 para recurrirla. Y todo ello con el amparo de la coartada de la necesidad de descongestionar el sistema, pretendiendo culpabilizar a la ciudadanía de su colapso.
Usted, señor ministro, aplica una lógica interna que no podemos negar, pero que es muy perversa. En definitiva, dice usted: cuanto más cara sea la justicia para los ciudadanos, menos colapso habrá. Por ello establece tasas de acceso en todas las
jurisdicciones, excepto en la penal de momento; tasas que conforman una modificación en el ADN de la justicia entendida como servicio público.


Usted, señor Gallardón, esconde el precio que deberá pagar la sociedad; a saber, el empobrecimiento de la democracia y el achique de libertades y de derechos al socaire de su política neoliberal de asedio y desguace del Estado del bienestar
y del Estado social. De hecho, esta reforma es complementaria de las reformas neoliberales; tras la misma coartada económica imponen una posición ideológica y nos retrotraen a escenarios peores que aquellos preconstitucionales para afianzar una
asociación inaceptable: modernidad y restricción de derechos. O, dicho de otro modo, para salir de la crisis los ciudadanos y ciudadanas tienen que pagar la prenda de la restricción de los derechos civiles. La realidad es que a partir de esta ley
y en relación con el sistema judicial existirán dos tipos de ciudadanos, unos de primera y otros de segunda.


Señorías, pedimos el voto a nuestra enmienda a la totalidad de un proyecto de ley que cercena el derecho de la ciudadanía a la tutela judicial, que ignora que las paredes maestras del Estado social y del Estado del bienestar democrático
deben sufragarse con una imposición progresiva que atienda al principio de que quien más tiene, más debe contribuir y no al sometimiento al axioma del ministro, basado en la bondad de recaudar para disuadir. Este es su axioma, señor Gallardón,
recaudar para disuadir. Este escenario es el de una democracia low cost, una democracia para algunos y no para todos. En una sociedad en la que se acelera el proceso de dualización, en la que el poder económico tiende a intensificar su capacidad
para determinar mentalidades e incrementar la explotación económica, el sistema judicial debería alzarse como la gran garantía de los derechos civiles; de ahí que esta ley, que actúa en sentido contrario, aparezca como una ley profundamente
reaccionaria y, casi me atrevería a decir, digna de un gran mariscal de campo. En ese sentido, señor Gallardón, hace un mal servicio a la causa que, en principio, creo que compartimos ustedes y nosotros, una sociedad de valores democráticos muy
arraigados amparados en un Estado social y del bienestar.


Esperábamos que hoy usted -porque además sabemos que hay muchos ciudadanos organizados en plataformas ciudadanas en defensa de una justicia para todos, a los cuales les agradecemos su actividad y estamos dispuestos a aprender de ellos
también en ese sentido- ponderara su proyecto de ley. Esperábamos algún movimiento por su parte, de verdad, porque sabemos que ustedes tienen todas las capacidades y legitimidades para no atender a razones en la medida en que hoy tienen una mayoría
absoluta legitimada por las urnas; esperábamos que hoy ventiláramos ya la segunda fase, es decir, algún amago, algún guiño por su parte a ofrecer en esta tramitación parlamentaria que vamos a iniciar ahora para que el batacazo, para que el golpe al
espinazo de los derechos universales de los ciudadanos y ciudadanas al acceso a la justicia no fuera tan rotundo. Le hablo de ponderar las tasas, le hablo de la posibilidad de ampliar, de crear un universo de excepciones, etcétera. No sé si usted
se ha guardado esto para el turno de réplica o es que ni siquiera lo tiene contemplado. Espero a su segunda intervención, a ver si usted corrige su voluntad política.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, usted y yo somos amigos personales y eso me legitima para manifestarme con franqueza. El hecho de manifestarme con franqueza me obliga a hacer una primera reflexión. En primer lugar, usted ha pedido que los demás grupos que
ostentamos representación parlamentaria manifestemos alto y claro una invocación o una adhesión a este proyecto de ley que usted nos presenta. Usted no es una persona ingenua, ni es un parvenu, ni es una persona carente de experiencia política.
Usted sabe que es difícil pedir una adhesión a un proyecto de ley que en este momento tiene presentadas siete enmiendas de totalidad, que se corresponden con la totalidad de los grupos con representación parlamentaria. Ni un solo grupo de los aquí
presentes, señor Ruiz-Gallardón, avala el proyecto de ley que usted ha presentado. Posiblemente le preocupe poco esta cuestión, porque usted tiene una mayoría que cuantitativamente le puede posibilitar la aprobación de un proyecto de ley, en el
decurso de un iter legislativo posterior, y superar este trámite de las enmiendas de devolución. Posiblemente le preocupe poco el informe desestimatorio del Consejo General del Poder Judicial. Posiblemente le preocupe poco el informe
desestimatorio del Consejo General de la Abogacía. Posiblemente le preocupe poco la opinión crítica del Consejo de Procuradores. Posiblemente le preocupen poco las manifestaciones críticas de los colegios notariales y de registradores.
Cuantitativamente le puede preocupar poco, porque usted tiene votos; parafraseando a Millán-Astray, usted tiene fuerza bruta suficiente para vencer en esta lidia, pero no para convencer -se lo digo por la amistad que nos une, con la franqueza que
eso legitima a uno-. No sé hasta qué punto deberían despreocuparse tanto de la cómoda mayoría parlamentaria con la que pueden legitimar sus proyectos de ley y desatender no solo a los demás grupos parlamentarios -están en su derecho- sino a todos
los operadores jurídicos, a todos sin excepción.


Ha hecho aquí una apología brillante, elocuente, porque usted es un político brillante y elocuente, del contenido material de este proyecto de ley, pero -como somos amigos se lo puedo decir con esta franqueza- si se correspondiera con mi
fenotipo parlamentario, le diría: Señor ministro, usted no ha dicho una sola verdad. Pero como eso no se corresponde con mi fenotipo, le voy a decir que usted ha manipulado los conceptos argumentativos que sirven para legitimar un proyecto de ley
de estas características. No le voy a decir en qué ha mentido, porque le tengo mucho afecto personal, le voy a decir dónde ha manipulado, en qué ámbitos ha manipulado la realidad de las cosas, lo que está, parafraseando a Lucrecio, en la naturaleza
de las cosas. En primer lugar, en la no consideración del carácter de la justicia, como establece el artículo 1.1 de la Constitución, de la existencia de un sistema de justicia como un valor superior del ordenamiento jurídico, que por su propia
naturaleza jurídica y por su ubicación sistemática en el texto constitucional no puede ser objeto de mercantilización. Y utilizo con plena consciencia la alocución mercantilización, señor ministro, como voy a intentar argumentar a continuación. Y,
en segundo lugar, señor ministro, usted tampoco puede desconocer la sentencia que invoca la exposición de motivos en su argumentario para legitimar la existencia de estas nuevas tasas, nuevas en su dimensión cuantitativa, puesto que se incrementan
en algunas ocasiones hasta el 163 % de las preexistentes, y nuevas porque afectan a otros sujetos, no solo a sociedades mercantiles sino también a personas físicas, algo no previsto en la Ley 53/2002, como usted ha invocado anteriormente. Estas
nuevas tasas vulneran el contenido esencial que consagra el artículo 24 de la Constitución en relación con la tutela judicial efectiva, y lo hace expresamente; y le voy a reproducir la misma sentencia del Tribunal Constitucional que usted ha
invocado para legitimar la constitucionalidad de este proyecto de ley, para afirmar o invocar la no constitucionalidad del proyecto de ley que usted nos presenta.


Dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 20/2012, a la que usted se ha referido, entre otras cosas, en su fundamento jurídico tercero que el derecho reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución puede verse conculcado por aquellas
disposiciones legales -y estamos hablando de una disposición legal todavía embrionaria, en situación de cigoto, todavía no nacido- que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción si tales trabas resultan
innecesarias -primera alocución utilizada por el Tribunal Constitucional-, excesivas -163 de incremento porcentual de algunas tasas- y carecen de razonabilidad -y muchas carecen de razonabilidad, como voy a explicar a continuación- o
proporcionalidad respecto a los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. ¿Por qué le digo que carece de legitimidad, de razonabilidad y de proporcionalidad el proyecto de ley que usted nos presenta y, por lo tanto, vulnera la doctrina?
No hay jurisprudencia en este ámbito material o en este sector del ordenamiento jurídico. Yo solo conozco esta sentencia del ordenamiento jurídico en relación con las tasas. Hay algunas que colateralmente se refieren a ellas, pero la mayoría de
las sentencias del Tribunal Constitucional se refieren a otros aspectos del contenido esencial y, como usted sabe, son dos sentencias

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del Tribunal Constitucional las que configuran jurisprudencia. Pero existe la doctrina que estamos invocando y que estamos analizando, señor ministro. ¿Por qué le digo que no existe proporcionalidad ni legitimidad y se obstaculiza y se
impide o dificulta el acceso a la justicia, que es un valor superior del ordenamiento jurídico, como le he indicado? Porque la ley que usted también ha citado, la ley que crea tasas por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 53/2002,
las limita a sociedades mercantiles que tienen un amplio volumen de negocio, cuando menos, superior a los 8.000 euros anuales. Usted, per saltum, establece la imposición de tasas obligatorias no solo a sociedades mercantiles que tengan estos
beneficios o esta dimensión societaria, sino también, incluso, a las personas físicas; universaliza mediante una pretensión que raya en las argumentaciones que podríamos calificar de barojianas, señor ministro. Lo que pretende -dice usted- es
racionalizar el acceso o la utilización del servicio público de la justicia, partiendo de la presunción de que la totalidad de los justiciables del Estado español son querulantes, que todos abusan, que todos propenden a usar la justicia
indebidamente y que por eso hay que establecer mecanismos, los menos adecuados, de accesibilidad o disponibilidad económica para tener derecho a la tutela de los jueces del Estado español. Y esta reflexión es particularmente lacerante, señor
ministro, e impropia de una persona tan inteligente y con un profundo conocimiento del derecho como usted.


Usted sabe que en el Estado español tenemos uno de los índices de litigiosidad más bajos de la Unión Europea, coincidiendo esa perversión, señor ministro, con otra perversión igualmente aberrante, inadecuada o preocupante: la ratio de
jueces por 100.000 habitantes más baja también de la Unión Europea; no la más baja, la anteúltima; superamos a Estonia; 10 jueces por cada 100.000 habitantes. La forma de evitar las dilaciones, la forma de evitar la pendencia judicial, la forma
de evitar la saturación de nuestros órganos judiciales es establecer una nueva ley de planta en donde se produzca una adecuación del número de jueces por cada 100.000 habitantes que se corresponda con las medias de la Unión Europea en nuestro
contexto sociocultural y jurídico. Desde esa perspectiva, la perversión consistente en afirmar que hay una especie de querulancia universal en el Estado español que obliga a establecer controles u obstáculos o fronteras de naturaleza económica
vinculada a las disponibilidades, a la capacidad económica de los ciudadanos, vulnera brutalmente, flagrantemente, el contenido a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución. Por si fuera poco, señor ministro, usted
pervierte también el concepto de tasa previsto en la Ley General Tributaria. La tasa está vinculada a la obtención por un ciudadano de un beneficio personal y directo. Hay una bilateralidad y conmutabilidad entre la exacción de una tasa y la
obtención de un beneficio. En este momento lo pervierte porque los beneficios obtenidos por el Tesoro público a través de la exacción de tasas ya no se dirigen a satisfacer las necesidades de un ciudadano, sino a satisfacer un concepto genérico, un
intangible, como es la justicia gratuita. Pero la justicia gratuita beneficia a los que tienen derecho al acceso a la justicia gratuita, no al ciudadano receptor de aquella actividad que genera la exacción de una tasa.


Por si fuera poco lo anterior, además estamos duplicando las tasas, señor ministro, porque sabe que existen tasas en el ámbito estatal y existen tasas que hacen referencia a la prestación de los mismos servicios en algunas comunidades
autónomas. Luego en algunas comunidades autónomas se produce una duplicación de la exacción de tasas, que tendríamos que corregir. ¿Cómo? ¿Excluyendo las estatales o excluyendo las de las comunidades autónomas? No hay ninguna previsión normativa
en el proyecto de ley que usted nos presenta con relación a esta materia. Por si fuera poco, y se lo digo como amigo, de verdad -no me gustaría enfatizar demasiado los aspectos críticos de las reflexiones y del argumento que con todo el respeto le
estoy proporcionando-, es que usted sí rescata, contra lo que ha dicho, una competencia que es autonómica: la relativa a la justicia gratuita precisamente, a la que proveen ya las comunidades autónomas. ¿Cómo? Teledirigiendo las tasas que
exacciona el Estado al Tesoro público estatal a la provisión de las necesidades económicas de la justicia gratuita. ¿Por qué cantidad? ¿Por la cantidad que necesita la justicia gratuita? No, por el doble, porque las tasas que usted va a percibir,
en la memoria económica del proyecto de ley alcanzan los 400 millones de euros y en este momento el coste de la justicia gratuita es de 250. El resto, ¿dónde se va a ingresar? En el Tesoro. Luego hay un componente -utilizar la palabra
confiscatorio con relación al sistema del servicio público de la justicia sería quizás excesivo- o una previsión, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, para recabar o allegar nuevos recursos públicos al Tesoro, a la Tesosería española,
al Tesoro público español. Esto se compadece muy mal con los requerimientos que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado con relación al contenido esencial del artículo 24 de la Constitución.


Hay un montón de deficiencias que ya podríamos glosar de forma más individualizada de carácter jurídico formal o jurídico material. Ya las cuantías de las tasas hacen referencia a preceptos concretos del

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ordenamiento jurídico; me estoy refiriendo a la Ley de Enjuiciamiento Civil y al artículo 394, que usted conoce perfectamente. Nos estamos refiriendo a aquellos pleitos de cuantía indeterminada; pleitos de cuantía indeterminada que no son
pocos, son muchos y ustedes elevan linealmente el valor de esas tasas de 18.000 a 20.000 euros. ¿Por qué? Usted no ha argumentado cuál es la razón que lo justifica en los pleitos de cuantía indeterminada, que por ser indeterminada la cuantía hay
que referirlos a una tasa también más o menos convencional, ajustada en forma promedial al valor en cada ejercicio judicial de la media de estos pleitos de cuantía indeterminada. Ese valor de 18.000 euros ya estaba sobredimensionado sobre la media
de los juicios o de los pleitos de cuantía indeterminada por ejercicio judicial. Luego carece absolutamente de fundamento el incremento de esta tasa a 20.000 euros.


Yo le podría hablar de muchas deficiencias de este proyecto de ley que hacen referencia al rescate de competencias autonómicas en materia de medios materiales y medios personales con relación al principio de la justicia, pero esto se
incardina -y el señor Tardà ha hecho alguna reflexión en esta materia- en un proceso que a nuestro grupo le preocupa de forma muy intensa, que es el desmantelamiento de los paradigmas del Estado del bienestar en unos y en otros ámbitos. Este
desmantelamiento del Estado del bienestar está creando nuevos perdedores históricos, señor ministro. Hemos conocido ya perdedores históricos en el ámbito del empleo...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... y en el ámbito del trabajo a través de reformas laborales. Por cierto, se incrementan las tasas en el ámbito social, cuando la jurisdicción social es la última barricada de defensa de los trabajadores con la
reforma laboral que ustedes han aprobado; en el Contencioso-administrativo, para luchar contra los abusos de la Administración.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, lo siento pero ha finalizado su tiempo.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Y ya con esto acabo, señora presidenta.


Estamos creando unos perdedores históricos también en el ámbito de la tutela judicial efectiva, y esto no se corresponde con el fenotipo ya no de un partido conservador, progresista, democristiano, o como sean ustedes, no se corresponde con
el fenotipo del sentido común.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, señor ministro, la verdad es que de la lectura de la enmienda a la totalidad que hemos presentado y que defiendo en nombre de Unión Progreso y Democracia se desprende el objetivo fundamental de la misma y la crítica fundamental a
la misma. Es verdad que en su intervención ha hecho en un par de ocasiones bastante énfasis en negar lo obvio, y lo obvio es el afán recaudatorio que a nuestro juicio tiene esta ley, como ya le han dicho otras personas que han intervenido,
concretamente el señor Olabarría ahora mismo. Pero aunque ha hecho usted un discurso brillante -don Emilio Olabarría se lo reconocía en su calidad, decía él, de amigo personal y yo se lo voy a reconocer en mi calidad de diputada- ha utilizado las
palabras para esconder la realidad detrás de ellas, una práctica demasiado común a veces en la vida y particularmente en la política. Cuando hablaba me ha recordado eso que tantas veces hemos señalado y que es tan conocido, el mundo de Alicia, en
el que Alicia dice: Las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen. Para concluir con: aquí lo que queda claro es que se note quien manda. Usted -con brillantez, sí- ha adjetivado y ha señalado los objetivos del proyecto de ley para
esconder cuál es el verdadero objetivo, a mi juicio, del proyecto de ley, que no es otro que ese afán recaudatorio que lo puede todo en el Gobierno, que desde mi punto de vista no está justificado por la crisis, y ha utilizado nuevamente la crisis
como una disculpa para recortar lo que sin duda alguna es un servicio público esencial. En su afán por destacar lo contrario de lo que es, ha llegado a calificar el proyecto de ley en un par de ocasiones -si no se me ha escapado alguna- como un
proyecto de ley de eminente carácter social; usted en dos ocasiones ha destacado el carácter social del proyecto de ley. Pues como no sea porque por primera vez los trabajadores tienen que pagar en el Juzgado de lo Social, aunque sea en segunda
instancia, no encuentro ningún otro motivo para calificar este proyecto de ley de social, sino

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justamente todo lo contrario. Creo que recorta un servicio público esencial, que lo hace con carácter previo a tomar otro tipo de decisiones que se podían y deberían tomar para evitar despilfarros y para evitar el mal funcionamiento del
conjunto de las instituciones y también de la justicia -el señor Olabarría le señalaba un par de ellos- y, por tanto, esa calificación que usted hace no esconde más que la realidad, insisto, el afán recaudatorio.


Ustedes mismos señalan en la exposición de motivos que el Gobierno espera recaudar más de 300 millones de euros con esta iniciativa. Numerosas asociaciones han señalado ya que el principal objetivo de estas tasas no es otro que la
financiación del sistema de justicia gratuita. Usted también hablaba de eso, pero también se le ha señalado que la justicia gratuita es gratuita para quienes tienen reconocido ese derecho. Por tanto, no debiera financiarse a través de una ley que
establece tasas, como es el caso, porque ese sistema de justicia gratuita estaría más que financiado con estas nuevas tasas, en vez de tender a cubrir el coste del servicio o actividad que constituya su hecho imponible que, en este caso, señor
ministro, es el funcionamiento de la Administración de Justicia. Diferentes expertos han señalado ya que si este proyecto acaba en ley, se cercenará la posibilidad de tutela judicial en perjuicio de los más débiles, vulnerándose tanto el derecho a
la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución -que sería frontalmente contrariado-, como el artículo 119 de la Norma Fundamental, cuyo espíritu no puede ser más opuesto a impedir el acceso a la justicia a quien no disponga de
amplios recursos económicos para litigar, que es lo que resulta -aunque no sea su objetivo- de la aplicación de este proyecto de ley, que aquel que no tenga amplios recursos para litigar no podrá ejercitar un derecho fundamental al no poder acceder
a un servicio básico, cual es el servicio a la justicia.


El Gobierno proyecta que se paguen como tasas unas sumas de dinero que pueden alcanzar fácilmente los varios miles de euros por interponer una demanda civil. Se proyecta que un trabajador o un pensionista que ve desestimada su demanda en un
Juzgado de lo Social pague 500 euros para recurrir. Se proyecta que la tasa por impugnar una multa de tráfico sea, en algunos casos, en un importe superior a la propia multa. Decía De la Oliva Santos y Del Carpio Fiestas en el blog ¿Hay Derecho?
que -entre comillas- no sería ya una justicia de dos velocidades sino una justicia exclusiva para quienes puedan pagar esas tasas y sin ninguna justicia para el que no pueda pagarlas. También se vería afectado directamente otro derecho
constitucional, la protección al consumidor; un derecho que se encuentra recogido en la Constitución y en las normas europeas y que ningún ciudadano va a poder ejercer para defenderse del abuso de las grandes empresas si sigue adelante el proyecto
que, además de tasas altísimas para pleitos cotidianos, impone también tasas en asuntos pequeños como los de consumo, que directamente -como usted muy bien sabe, señor ministro- disuaden de reclamar por ser mayor la tasa que el importe reclamado.


El preámbulo del proyecto hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional, que el señor Olabarría ha mencionado y también usted mismo en su primera intervención, la sentencia 20/2012, de febrero, en la que usted fundamenta la
constitucionalidad de las tasas judiciales. El señor Olabarría aducía a esa sentencia para llegar a la conclusión contraria: que era inconstitucional. Yo más bien tiendo a creer que este proyecto de ley vulnera esa sentencia, pero déjeme que le
diga otra cosa: ¿Y qué, si es constitucional? Si es injusta, es suficiente con que sea injusta, porque constitucional también es la norma actual y la cambiamos. A mí me parece que ese debate que solemos tener alrededor de las leyes fijándonos
solo en si es constitucional o no, en este caso no es suficiente. Es injusto porque las consecuencias que provocaría la puesta en marcha de esta ley son injustas, precisamente para los ciudadanos que más protección merecen y necesitan del Estado.
Pero usted aludía a esa sentencia y olvidaba otras tres del Tribunal Constitucional también, que en el preámbulo no menciona, que se refería a la legislación precedente. Esa sentencia se refiere a la legislación precedente, que imponía tasas
módicas a personas jurídicas, tasas de unos 70 euros. Era una sentencia sobre aquellas tasas y no sobre estas; se estaba refiriendo a unas tasas módicas, distintas de esas; tasas de unos 70 euros a sociedades mercantiles de gran facturación. Y
el Tribunal Constitucional, con cita de jurisprudencia europea, declara la constitucionalidad de esas tasas de las que estábamos hablando y del mecanismo de contribuir al sostenimiento de la Administración de Justicia si -dice la sentencia-, y solo
si, las tasas no significan una barrera al acceso a la jurisdicción, y matizando que se referían al caso concreto. Me parece, ministro, que ocultar esta parte de la sentencia es ocultar una parte de la verdad con intención de engañarnos o de no
decir la verdad concreta, porque se refería a todo esto, a unas tasas que estaban en vigor, y además concretaba en los casos en los que sería constitucional, que son exactamente los que le acabo de decir. Que no se dé curso a una demanda por no
pagar una tasa módica -proporcionada y asumible dice la sentencia- es constitucional, pero que se impida la defensa con tasas desproporcionadas, disuasorias y

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desorbitadas, imposibles de pagar para un significado porcentaje de población, es inconstitucional e infringe los convenios internacionales. Como las tasas no se modulan -cito el mismo artículo que le mencioné antes en ¿Hay Derecho?- en
función de la capacidad económica, la sufrirán las clases medias y serán ellas quienes se encuentren ante una barrera infranqueable e inconstitucional -cierro comillas-.


Naturalmente, señor ministro, que hay quien demanda sin ningún fundamento. Los abusos existen y por eso también se prevé desde siempre en el derecho procesal la figura jurídica de la condena en costas a los litigadores temerarios; eso
existe ya en el procedimiento. Pero esa idea que usted maneja, que no es la primera vez que se la oigo decir -creo que lo planteó usted en el primer debate, una vez tomó posesión de su ministerio-, esa idea que maneja de que los españoles litigan
por hacer algo -o sea, que la litigiosidad en España es muy alta porque la gente se aburre, porque no saben qué hacer y dicen: pues me voy a un juzgado y voy a presentar una demanda-, creo que es una idea extravagante, que es un vicio extravagante
que no se corresponde con la realidad. Además, y por cierto, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2011 ha descendido la litigiosidad un 3,8 % y los asuntos resueltos en ese mismo ejercicio han aumentado un 11 %:
Por tanto, no me parece que se pueda seguir manteniendo ese discurso, ni siquiera como disculpa.


Dice De la Oliva Santos en ese mismo artículo -disculpe que insista en esta cita pero es que me parece muy pertinente este artículo publicado por él y otros en el blog Hay Derecho, que es un blog muy recomendable-, analizando este proyecto
de ley, por supuesto, que se prevé que las tasas sean incluidas en la condena en costas del que sea condenado y, por tanto, quien tuvo que adelantarlas -si se lo permitía su capacidad económica, que si no, se quedó sin pleito y sin derecho- podría,
en teoría, recuperarlas del contrario perdedor. Pero no solo existe y se aplica la posibilidad legal de que no haya condena en costas en caso de asuntos dudosos, y entonces el litigante contrario es con frecuencia insolvente y, por tanto, la
recuperación resulta imposible, sino que además esa solución de que pague el que pierda tampoco es necesariamente justa, señor ministro, porque perder un juicio no significa siempre que la postura procesal fuera infundada. Y no es lo mismo perder y
ser condenado, o no, a costas, que perder con declaración expresa de temeridad y mala fe, con leyes, muchas y muchas veces malas en vez de pocas y buenas, y opiniones jurídicas para todos los gustos en cualquier tema y muchas con fundamento, de modo
que se sostiene una postura procesal al amparo de doctrina y jurisprudencia y sin embargo se pierde el pleito y se puede sostener la contraria, pero no por eso se está necesariamente abusando -y espero, ministro, que en esto me dé usted la razón- de
recursos públicos. La propia técnica legislativa, frecuentemente defectuosa, fomenta los pleitos con la inseguridad jurídica que origina. Creo incluso habérselo oído decir a usted, no textual pero sí una reflexión de carácter similar. Con lo
cual, me parece que todos esos argumentos nos llevarían a plantear que las consecuencias fundamentales de este proyecto de ley serían injustas y nefastas para este servicio básico y para este derecho esencial del conjunto de los ciudadanos. Por
tanto, ministro, el principal efecto que tendrá el proyecto de ley será, además de recaudatorio, que es su objetivo, un efecto disuasorio de la utilización del sistema judicial al no poder costearse muchos ciudadanos la cuantía de las tasas que el
Gobierno pretende imponer.


Una referencia, breve siquiera, a las comunidades autónomas. En algunas comunidades autónomas ya existen tasas judiciales. Por ejemplo, las previstas en la ley catalana de 5/2012 y, dentro de nada, en la Comunidad Valenciana. Esa ley
catalana es un ejemplo que sería razonable por dos motivos: por el número de exenciones en materias justiciables y jurisdicciones, por ejemplo, nada en laboral ni en derecho de familia en sentido amplio; y por imponer cuotas muy inferiores a las
estatales, de modo que no podría decirse que esas tasas impidan el acceso a la jurisdicción a la generalidad de la población. Pero el proyecto de tasas estatales especifica que se impone la tasa en todo el ámbito nacional sin perjuicio de las tasas
autonómicas que puedan exigir -dice textualmente- las comunidades autónomas en ejercicio de sus respectivas competencias. Pero la ley catalana -volviendo a mi reflexión inicial-, que podría ser razonable precisamente por el ámbito que exenciona y
que también establece el sin perjuicio de las tasas y otros tributos de carácter general que puedan exigirse, parece que sí grava los mismos hechos imponibles que la estatal: interposición de demanda de reconvención, monitorio, apelación, etcétera.
Quien deba, por tanto, acudir a la jurisdicción en Cataluña -no necesariamente catalanes, pues el sistema procesal obliga a demandar en todo el territorio nacional donde las leyes indican-, tendrá que pagar la tasa autonómica y además la tasa
estatal mientras se aclara el conflicto de competencia entre la Administración central y la Administración autonómica. Me preocupa, ministro, esta cuestión no resuelta y me preocupa que el proyecto otorgue y extienda al conjunto de las comunidades
autónomas esta capacidad de tasas

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autonómicas que, a mi juicio, puede tener un efecto negativo para la igualdad y para la unidad jurisdiccional y puede ser una nueva barrera en el acceso a la justicia.


Como dije -terminando, presidenta, señorías y señor ministro-, las tasas judiciales que propone el Gobierno en el proyecto de ley tienen dos principales efectos: recaudar y disuadir. Usted citaba brevemente referencia europea. Le quería
hacer también una referencia comparativa con otros países de nuestro entorno. Estas tasas, ministro, no discriminan las cuantías económicas ni los procesos en el asunto litigante, estipulando la cuantía mínima de 150 euros, una cifra que en la
situación económica actual no todos los ciudadanos pueden afrontar. Por comparación, en la jurisdicción francesa y británica se encuentran unas tasas mucho más accesibles y adaptadas a la cuantía económica sobre la que el litigio trata o la
cantidad de procesos para resolver el asunto.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino ahora mismo. En el caso británico existen tasas cercanas a los 30 y 40 euros en función del medio de pago. Y lo mismo ocurre en la jurisdicción francesa, donde las costas a pagar están en torno a los 35
euros, bien es cierto que se añaden a posteriori nuevas cuantías en función de las necesidades del proceso judicial.


En definitiva, señor ministro, este proyecto va en dirección contraria a las anteriores reformas, encaminadas a facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos y la tutela judicial efectiva proclamada en el artículo 24 de la
Constitución, con el establecimiento de procedimientos rápidos o reclamaciones directas. Por tanto, es un proyecto de ley que, a nuestro juicio, va en contra de un derecho básico, de un derecho fundamental y es por ello que pedimos su retirada.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.


Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, señor ministro de Justicia, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, al que represento, ha presentado una enmienda de totalidad a esta ley de tasas -según usted, ley de solidaridad- porque, en
nuestra opinión, afecta a un doble componente que tiene la justicia en nuestro país. Afecta al servicio público de la justicia convirtiéndolo en un combinado de justicia como mercado y beneficencia. Y, por otra parte, afecta a un pilar del Estado,
un pilar que garantiza los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, la reforma de la Ley de Tasas lo que provoca es una indefensión y un incumplimiento constitucional de la tutela judicial efectiva. Por esas dos razones, porque establece una
justicia de mercado y porque por otra parte no cumple con la tutela judicial efectiva, nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad, no podía ser de otra manera.


Señor ministro, he visto hoy en su intervención la visita de la vieja dama. Creo que ha hecho referencia alguna vez más a Dürrenmatt, pero en su obra Dürrenmatt viene a criticar la influencia y la determinación del poder sobre la justicia y
también el cinismo. Y creo que hoy esta iniciativa legal y su presentación por parte del ministro de Justicia es un monumento a una justicia arbitraria y, por otra parte, al cinismo político. Creo que no salimos bien cuando la mentira es de tan
baja calidad. No salimos bien cuando lo que tratamos de presentar ante el Congreso de los Diputados es una tasa abusiva, expropiatoria, y lanzamos a los ciudadanos que es para garantizar la justicia gratuita. Eso, en mi opinión, no es bueno para
la política y no es bueno para la ciudadanía. Deberíamos ser capaces de sustituir las mentiras de baja calidad por la sinceridad. Y lo cierto es que el Gobierno -además lo dice en su propia exposición de motivos- tiene una motivación para esta ley
de tasas. Tiene una motivación fundamental que es la política de recortes y de ajustes frente al déficit público. Una política que, por otra parte, en mi opinión, ya está fracasada, pero esa es la motivación fundamental del Gobierno.


Pero tiene otra motivación. Por una parte hay una motivación ultraliberal, una concepción ultraliberal por parte del Gobierno, pero hay otra que es la motivación conservadora, una motivación que lleva al Gobierno a utilizar el argumento -yo
diría que muchas veces la excusa- del déficit público para asaltar el Estado de derecho, para asaltar el Estado de bienestar. En este caso tocan ustedes dos materias muy delicadas: la igualdad de los ciudadanos ante la justicia y también la
igualdad de oportunidades de los ciudadanos en relación con los servicios públicos. En esta política de recortes tienen ustedes una orientación de transformar el Estado de bienestar que ha sido pactado entre trabajadores y empresarios

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o entre clases o sectores sociales después de la Segunda Guerra Mundial y que en nuestro país ha llegado muy tarde, tienen ustedes la intención de retrotraernos desde ese Estado de bienestar como derecho universal a lo que podríamos
denominar un Estado en el que buena parte de las políticas sociales son políticas de mercado y solamente se tiene en cuenta a aquellos que tienen menor poder adquisitivo para garantizarles una política de beneficencia. Es decir, al calor de la
crisis y de los recortes, lo que pretende el Partido Popular es el Estado asistencial frente al Estado de bienestar. Nos hemos dado cuenta, señor ministro, sabemos por dónde va y, en ese sentido, no nos engaña. No nos engaña ni con la propuesta de
solidaridad que ha presentado usted hoy aquí para garantizar la justicia gratuita ni con sus argumentos en relación con la justicia comparada en el marco de la Unión Europea.


Recuerdo, porque soy también de esa Comisión, que en la presentación de la Ley de repagos, tasas e involución sanitaria dijeron lo mismo, dijeron que a través del pago farmacéutico solo pagábamos el 4 % aproximadamente de la financiación de
la sanidad. Qué curioso que coincida. Pero, señor ministro, usted utiliza un prejuicio en esta materia, igual que lo utiliza en relación con la sanidad pública. No es verdad, como ha intentado trasladar usted, que la justicia sea gratis; no es
cierto, no es cierto, señor ministro. Los ciudadanos pagan impuestos en este país y los pagan de forma progresiva, es decir, de forma redistributiva, precisamente para financiar un servicio público universal. Ahí es donde tiene usted el mecanismo
fundamental para financiar mejor la justicia española, si es que esa es la voluntad del Gobierno. Pero, afirmo, no es esa la voluntad del Gobierno; la voluntad del Gobierno es aprovechar la crisis económica y los recortes para cambiar el modelo
universal, el modelo de justicia de cercanía y de justicia para todos, por un modelo de justicia de mercado que deja fuera de la justicia -y que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva- a buena parte de las clases medias de este país.


Se ha referido usted a las dificultades de los ciudadanos ante la crisis y ha hablado de la pobreza. Pero, señor ministro, a la situación de desempleo y a la situación de pobreza habría que sumar también los recortes sociales y, en este
caso, a los recortes sociales habría que añadir también su política de tasas en el ámbito judicial, que tiene una repercusión directa sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Los más poderosos -que siguen existiendo en la sociedad democrática-
ya no tendrán la disuasión de la justicia porque sabrán que buena parte de sus medidas no podrán ser contestadas por los ciudadanos, no tendrán ese efecto disuasorio que usted intenta utilizar frente al ciudadano común, frente a las clases medias,
cuando debería preocuparse de utilizar ese efecto disuasorio contra aquellos que tienen, como en La vieja dama, el poder o más poder, que son los que en este caso tienen que ser condicionados en los recursos y los pleitos por parte de los ciudadanos
ante la justicia. Usted no hace eso, usted les da más poder a los que tienen poder, porque en buena medida saben que no va a haber recursos. ¿Cómo va a haber recursos en materia social y laboral con este tipo de tasas, señor ministro? Es que un
despedido en estos momentos al que no se le paguen las indemnizaciones correspondientes no tiene capacidad económica ni para recurrir ni para hacerlo en alzada, por supuesto, cuando las tasas que usted impone están entre 500 y 750 euros. También en
relación con el consumo prácticamente ustedes suspenden la Ley de Consumo porque mucha gente no va a ir más allá de la mediación para recurrir en materia de consumo ante los abusos de las empresas. Y lo mismo podríamos decir en materia de multas,
donde recurrir una multa prácticamente será el doble de la multa, o en relación con otros asuntos en materia civil. Señor ministro, deja usted en la indefensión a los ciudadanos y deja en la impunidad prácticamente a los que tienen el poder, es
decir, la disuasión de la justicia y de la aplicación de la ley queda suspendida o bajo mínimos.


Señor ministro, este tema, como decía antes, no es un tema puntual, es el carácter de su ministerio. Junto a esta ley, la ley de tasas, usted tiene en estos momentos en la Cámara el proyecto de ley -entre comillas- profesional, yo diría que
de las peonadas de los jueces y la amortización de plazas de interinos, también la modificación de la oficina judicial, y por otra parte amenaza con una ley de demarcación y planta. En definitiva, ese conjunto de medidas, en opinión de mi grupo
parlamentario, van en el sentido de una dura reconversión de la justicia, de la justicia que desde los años ochenta viene pretendiendo un desarrollo democrático como servicio público y como poder del Estado a una involución de la justicia a los años
sesenta, donde hay dificultades no solamente porque la justicia es cara, no solamente porque la justicia es lenta, sino con una nueva dificultad porque la justicia es prácticamente inaccesible, señor ministro. Usted y esta medida forman parte de
esa política en el ámbito de justicia que para nosotros es una involución. Pero esa involución en condiciones de crisis económica es especialmente grave, señor ministro. Si los ciudadanos no tienen el parapeto de las prestaciones sociales y los
servicios públicos, si los ciudadanos no tienen la garantía por parte del Estado del ejercicio de sus derechos, los ciudadanos se van a sentir desamparados. Señor ministro, con esta ley está usted también jaleando el conflicto social.

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Ahora bien, está claro que ustedes tienen una solución al conflicto social: el palo y tentetieso; es decir, la solución al conflicto social la cerrará usted durante esta legislatura con la reforma del Código Penal, sustituyendo el Estado
social y democrático de derecho por un Estado de mercado pero al mismo tiempo por un Estado con una mano derecha muy fuerte, un Estado claramente penal.


Señor ministro, termino. En nuestra opinión esta iniciativa no solamente tiene esas características, la característica de ser una iniciativa de repago, de justicia de mercado, la iniciativa también de suponer una involución en materia de
justicia y de la garantía de la tutela judicial efectiva, como han notado todos los operadores de la justicia -y usted lo sabe- que se oponen a esta ley, sino que es una legislación que vulnera textos legales y que se sitúa al margen de la
Constitución española. En nuestra opinión, uniendo esta medida, aunque sea desde el punto de vista retórico, a la financiación de la justicia gratuita, vulneran ustedes la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989. En segundo lugar, creemos que
ustedes dejan sin efecto las leyes de consumo, sin efecto porque prácticamente dejan inermes a los consumidores. En tercer lugar, no es cierto que ustedes puedan agitar la sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012 para esta política de tasas;
muy al contrario, como se ha dicho por parte de otros portavoces, esa sentencia dice que este tipo de tasas no pueden ser desproporcionadas, no pueden ser abusivas y, por ejemplo, ustedes utilizan la misma tasa con una persona física que con una
persona jurídica, y con eso ya prácticamente queda todo dicho. Por no hablar de las distintas jurisdicciones donde se aplican estas tasas, como digo, injustas y abusivas. Por último, como he mencionado en diversas ocasiones en mi intervención,
ustedes ponen en riesgo la tutela judicial efectiva del artículo 24, dejan a los ciudadanos en la indefensión y en la desprotección y promueven que los poderosos mantengan la arbitrariedad y, en algunos casos, la impunidad.


Señor ministro, mejor que de ley de solidaridad, déjela usted como ley de tasas y, si acaso, llámela usted ley de excepción; ley de excepción en una materia tan fundamental como es la justicia. Es, sobre todo, señor ministro, una ley
injusta. Nada peor que proponer una ley injusta en el Ministerio de Justicia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, desde Convergència i Unió podríamos llegar a estar de acuerdo con la necesidad de establecer tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional ante la actual situación de crisis económica en la que seguimos
inmersos. Es más, aunque consideramos que en líneas generales los servicios públicos -y no podemos olvidar que la justicia es uno de ellos- deben costearse con los impuestos de todos, no somos contrarios a la idea de que aquel que utiliza un
servicio contribuya a sufragar su coste en algo más que aquel que no lo utiliza, tal y como dispuso la sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012, que avalaba la constitucionalidad de las tasas establecidas en el año 2002. De hecho, usted ya ha
hecho referencia también a esta sentencia. Efectivamente esa resolución, en su fundamento jurídico octavo, dice que aunque la justicia, en tanto que garantía del Estado de derecho, implica beneficios colectivos, la financiación pura mediante
impuestos conlleva que los ciudadanos que nunca acuden a los tribunales estarían coadyuvando a financiar las actuaciones judiciales realizadas en beneficio de quienes demandan justicia una, varias o muchas veces.


Por tanto, la enmienda a la totalidad que estamos defendiendo no viene a cuestionar ni la mera existencia de tasas judiciales ni aun la necesidad de revisar las tasas vigentes, condicionados, como estamos, por la actual coyuntura económica.
El objeto de la enmienda a la totalidad que planteamos desde Convergència i Unió es poner de manifiesto la radical disconformidad con el carácter excesivo y desmesurado de las tasas contempladas en el proyecto de ley. Porque todo tiene un límite y
con las tasas propuestas en muchos casos y a muchos ciudadanos se les va a impedir el acceso a la justicia y de esta manera se va a conculcar el derecho a la tutela judicial efectiva que les garantiza la Constitución. Los ciudadanos tienen derecho
a acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos derechos, intereses y pretensiones, tal y como recoge la Constitución, y aunque es del todo necesario arbitrar y potenciar sistemas alternativos para la resolución de conflictos y también
racionalizar la Administración de Justicia, no se puede lisa y llanamente impedir o disuadir del acceso a la Administración imponiendo un sistema de tasas manifiestamente excesivo que, salvando a aquellos que puedan acogerse al beneficio de justicia
gratuita o a aquellos otros de gran poder adquisitivo, va a perjudicar a una gran mayoría de ciudadanos con ingresos medios que va a quedar prácticamente excluida del acceso a la tutela judicial efectiva.

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Porque esto es lo que, a nuestro entender, va a suceder de prosperar el proyecto que estamos debatiendo en su redacción actual. Es más, el propio informe del Consejo General del Poder Judicial sugiere dudas sobre la constitucionalidad del
mismo por cuanto el Tribunal Constitucional ha advertido que la cuantía de las tasas no debe impedir u obstaculizar desproporcionadamente el acceso a la jurisdicción.


El Gobierno, para fundamentar la viabilidad del proyecto de ley, se ampara en la sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012, que declara constitucionales las tasas judiciales. Cierto, pero también lo es que el Tribunal Constitucional
hizo esa declaración pronunciándose sobre el contenido de la ley de 2002, es decir, sobre las tasas que se aplican sobre personas jurídicas con ánimo de lucro y con una facturación anual elevada. Ya en la misma sentencia, en el fundamento jurídico
décimo, se indicaba que las tasas no serían constitucionales si su cuantía era tan elevada que impedía en la práctica el acceso a la jurisdicción o la obstaculizaban en un caso concreto en términos irracionales, que es lo que, a nuestro entender,
prevé el proyecto actual. Los ejemplos que se nos hacen llegar desde el Consejo General de la Abogacía Española son palmariamente ilustrativos de cuanto estamos diciendo. De prosperar el proyecto de ley en su redacción actual, una multa de tráfico
de 100 euros, agotada la vía administrativa, va a costar recurrirla 200 euros de tasa. La reclamación de una factura de servicios de 90 euros -por ejemplo, una reparación de fontanería- va a suponer 100 euros de tasa. En ambos casos, las tasas son
superiores al importe que se pretende reclamar. Celebramos que haya anunciado usted que se va a incorporar una enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular y que hace referencia a una excepción cuando la cuantía es inferior a 2.000 euros.
Nuestro grupo parlamentario, como bien sabe, ha propuesto enmiendas que van más allá de esa excepción, porque entendemos que eso es necesario para asegurar el acceso a la justicia de muchos ciudadanos, y no solo en estas cuestiones de cuantías
menores.


El Consejo General del Poder Judicial recoge en su informe que las tasas van a tener un efecto disuasorio evidente, puesto que en algunos de los procedimientos el incremento va a ser del 33 %, mientras que en otros, como apelaciones civiles
o contencioso-administrativas, el incremento va a ser hasta del 167 %, como algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra también ha mencionado. Es más, no va a compensar instar una reclamación si la cuantía no supera los 3.000 euros.
Ello, además de impedir el acceso a la justicia en muchas ocasiones, va a producir dos efectos colaterales de importancia. Por un lado, limitará los derechos de los consumidores, porque el coste de la reclamación les va a vedar de facto la misma.
Y, por otro lado, significará también una clara restricción al consumo por la limitación que va a suponer del acceso de los ciudadanos al crédito comercial al consumo y al pago aplazado de los bienes adquiridos, porque a los comercios no les va a
compensar posibilitarlo ante la eventualidad de impagos y gravosas reclamaciones futuras.


Convergència i Unió no comparte que el criterio para racionalizar el uso de los servicios públicos que se invoca en la propia exposición de motivos sea impedir o disuadir del acceso a los mismos imponiendo un sistema de tasas absolutamente
excesivo. Hemos sostenido ya en otras ocasiones -por ejemplo, en el debate de la ley de mediación, sin ir más lejos- que para nosotros acudir a la Administración de Justicia para dirimir una contienda, además de un derecho constitucionalmente
establecido, es una muestra de confianza en el sistema por parte de la ciudadanía. Podemos llegar a plantearnos si para determinadas reclamaciones de pequeña cuantía resulta proporcionado poner en marcha el costoso sistema jurisdiccional vigente,
pero la alternativa pasa forzosamente por articular un sistema judicial moderno, más ágil, eficaz y adecuado, en lugar de vedar directamente el acceso al mismo, que es lo que hace el proyecto de ley.


No compartimos tampoco la inclusión de tasas en el orden social, aunque se ciñan a los recursos de suplicación y casación. La propia sentencia del Tribunal Constitucional, en su fundamento jurídico cuarto, utiliza como uno de los parámetros
determinantes de la constitucionalidad de las tasas previstas en la ley de 2002 el hecho de que las mismas se extendieran solo a dos órdenes jurisdiccionales y no alcanzaran al orden penal ni al social. Esa sentencia del Tribunal Constitucional en
la que el Gobierno fundamenta el proyecto que estamos debatiendo dice literalmente que para el juicio de constitucionalidad de las tasas que realiza hay varios rasgos decisivos, entre los que destaca que solo son gravados por la tasa dos de los
cinco órdenes jurisdiccionales, el civil y el contencioso-administrativo, y subraya la importancia de ese dato teniendo en cuenta las especiales características que protegen el acceso a la justicia en materia penal y social, algo que -como vemos- se
quiebra en el presente proyecto. Resulta además injustificado desde el punto de vista del principio de igualdad considerar de diferente manera la situación de los funcionarios públicos que acudan a los tribunales por asuntos propios de personal,
que están excluidos de la tasa, con respecto a los trabajadores asalariados, que están sometidos en el ámbito que prevé el proyecto de ley.

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Consideramos también que los procesos relativos al estado civil de las personas, así como los propios de la vida civil y las pretensiones que se deriven de los mismos, deben estar exentos de cualquier tipo de tasa, tanto por su carácter
propio de los aspectos más cercanos e íntimos de la vida de las personas como por la naturaleza de los mismos, puesto que en sus pronunciamientos principales no tienen carácter dispositivo. No puedes divorciarte más que en un juzgado.


Por último, pero de una gran relevancia para Convergència i Unió, es preciso destacar que el proyecto de ley no ha tenido en cuenta la duplicidad de tasas estatales, que se superponen a las tasas autonómicas ya existentes, lo cual va a
suponer que algunos ciudadanos puedan verse abocados al pago de dos tasas destinadas a cubrir los costes de un servicio que en algunos territorios es prestado por dos administraciones en concurrencia. No parece lógico que el ministerio cobre una
misma tasa en las comunidades autónomas en las que presta el servicio de provisión de medios materiales y personales que en aquellas donde no lo presta, ya que la tasa tiene límite del servicio que se presta. Para que esto no sea así es imperativo
territorializar y transferir parcialmente la recaudación que se obtenga en proporción a lo obtenido en cada comunidad autónoma por aquellos conceptos a los que se aplique la misma, por ejemplo justicia gratuita.


Señorías, somos conscientes de la inviabilidad de que esta o cualquiera de las otras enmiendas a la totalidad presentadas a este proyecto de ley prosperen. De hecho la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular va con seguridad a
impedirlo. Desde Convergència i Unió hemos querido mostrar a través de esta enmienda a la totalidad nuestro rechazo a la imposición de unas tasas judiciales desproporcionadas, inadecuadas y excesivas que de mantenerse van a impedir el acceso a la
justicia a muchos ciudadanos, vulnerándose de esta manera su derecho a una tutela judicial efectiva que les garantiza la Constitución, y lo hacemos con la esperanza de que el Gobierno y el Grupo Popular en el trámite parlamentario acepten
redimensionar el contenido del proyecto en el sentido de que consideren las aportaciones que de manera casi unánime se nos han hecho llegar por los distintos operadores jurídicos y que al menos desde Convergència i Unió hemos trasladado a nuestras
enmiendas al articulado. Empezamos la tramitación con un no rotundo pero nos gustaría finalizarla con un acuerdo, porque ello significaría sin duda que, respetando la finalidad del proyecto, habríamos conseguido que lo dispuesto en el mismo no
conculcara el derecho de muchos ciudadanos a una tutela judicial efectiva.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Surroca.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Camacho.


El señor CAMACHO VIZCAÍNO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, subo a la tribuna a defender la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista a lo que ha venido siendo denominado ley de tasas judiciales; enmienda que consideramos absolutamente necesaria en la
medida en que toca uno de los ejes de nuestro Estado de derecho. Señorías, el 30 de diciembre de 1986 el Boletín Oficial del Estado publicaba una norma que había sido aprobada unos días antes, curiosamente el día de Nochebuena de ese año. Esa
norma conllevaba un regalo para los ciudadanos españoles, la desaparición de las tasas judiciales. La exposición de motivos de esa ley decía que el legislador llevaba a cabo esa modificación porque consideraba absolutamente necesario que la
libertad y la igualdad fueran efectivas, como la Constitución quería, y que para eso era necesario que todos los ciudadanos pudieran acceder a los tribunales de Justicia cualquiera que fuera su posición económica, cualquiera que fuera su situación
social. Pues bien, señor ministro, son muchos los retrocesos, los viajes al pasado que han dado en estos meses de gobierno, pero creo que ninguno de nosotros suponía que pretendieran llevarnos al año 1959, cuando en plena dictadura franquista se
dictó el decreto que regulaba las tasas de acceso a la Administración de Justicia. Incluso ustedes se han ido más allá, incluyen tasas en la jurisdicción social que no recogía ese decreto de 1959. No se preocupe excesivamente, señor ministro,
porque en el año 1964 se introdujeron tasas para las magistraturas de Trabajo del momento; empiece a preocuparse porque entonces las tasas gravaban a los empresarios que no cumplían con lo acordado en una sentencia o en un acto de conciliación.
Mal vamos, señores del Partido Popular, si en el año 1964 se introdujeron tasas para esa cuestión y actualmente estamos discutiendo lo contrario, la introducción de tasas en la jurisdicción social para los trabajadores.


Señor ministro, al Grupo Parlamentario Socialista esta norma le provoca el máximo rechazo, pero ya no un rechazo político, incluso un rechazo moral, en la medida en que introducen un mecanismo que impide el libre e igualitario acceso a la
Administración de Justicia. Señorías, nos encontramos con una norma que goza de la dudosa honra de ser preconstitucional y al mismo tiempo inconstitucional, y que nos

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lleva a tiempos que todos creíamos haber felizmente superado y que, en definitiva, va a impedir a los ciudadanos, por una u otra razón, como les expondré inmediatamente, el acceso a la Administración de Justicia. Creo que ya llevan
gobernando los suficientes meses como para darse cuenta de que una crisis económica no puede solucionarse fracturando el Estado de derecho. Ya han afectado la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, el desempleo, la dependencia y ahora
van a por una de las claves de arco de nuestro edificio democrático, el derecho a la tutela judicial efectiva. Por tanto, son muchas las razones para sostener esta enmienda de devolución. La propia justificación que hacen ustedes en la exposición
de motivos de la ley no es ni mucho menos admisible. No hay razón alguna económica en una democracia para atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva. No hay crisis económica que justifique, señor ministro, fracturar el Estado de
derecho, el patrimonio democrático que tantas vidas y tantas generaciones de españoles ha necesitado para consolidarse. No es que el Grupo Parlamentario Socialista, señorías, se oponga a un sistema de tasas; no creemos, como ha manifestado
Convergència i Unió hace un momento, que el ciudadano tenga que pagar por el servicio público de la justicia, pero creemos que existen mecanismos y sistemas de tasas que entran dentro del margen de nuestra democracia o, señor ministro, ¿usted
considera que entra dentro de los márgenes del Estado democrático que un ciudadano tenga que pagar 450 euros por recurrir una multa de tráfico de 200 más la retirada de puntos? Señor ministro, si lleva la ley a la realidad tal y como la ha diseñado
pondrá a una parte importante de la ciudadanía española de rodillas, aquella que no pueda acudir a los tribunales de justicia para reclamar la aplicación de esa justicia.


Desde el punto de vista material, justifican también la norma sobre la base de que es necesario racionalizar el uso del servicio público. Ya le ha dicho el representante del Partido Nacionalista Vasco, por un lado, que el índice de
litigiosidad de nuestro país no es excesivo y que existen otros mecanismos, entre otros tener en cuenta la ratio de jueces por habitante en España, así como mecanismos procesales, que pueden conseguir el efecto deseado sin afectar al derecho a la
tutela judicial efectiva. El Grupo Parlamentario Socialista tampoco está de acuerdo, como no lo está el Consejo de Estado, como no lo está el Consejo General del Poder Judicial, con la vinculación que hacen en el artículo 11, entre otras cosas
porque infringen la Ley de tasas y de precios públicos en su artículo 7, y se lo explica con rotunda claridad el órgano de gobierno de los jueces. Con lo que estamos menos de acuerdo, señorías, señor ministro, es con la justificación que hacen
acerca de la constitucionalidad de la norma. En la exposición de motivos de esta ley ustedes llegan a señalar que la sentencia de 12 de febrero de 2012, muy reciente por tanto, justifica la constitucionalidad del sistema de tasas. Es una
afirmación verdaderamente original que el legislador en la exposición de motivos de la ley haga ya una justificación acerca de la constitucionalidad de la norma. No está previsto, no tiene sentido desde el punto de vista jurídico, que ya el
legislador adelante un juicio acerca de la constitucionalidad de la norma en su propia exposición de motivos.


Señor ministro, usted, que es un fino jurista, va a entender perfectamente lo que quiero decir cuando mencione que aquí se puede aplicar, sin ningún género de dudas, el antiguo brocardo latino que dice: excusatio non petita, accusatio
manifesta. En definitiva, señoría, usted está haciendo ya un juicio de constitucionalidad, porque como buen jurista que es sabe perfectamente que la norma que está proponiendo en esta Cámara no pasa, no supera los parámetros de constitucionalidad.
Para eso, en la exposición de motivos hace una argumentación e intenta razonar bordeando, a veces de forma burda, el propio contenido de la sentencia. Como creo que es importante, me voy a detener dos minutos en la cuestión.


La sentencia de febrero de 2012, tan citada en su exposición de motivos, no hace mención a cualquier sistema de tasas. Hace mención al sistema de tasas que se aprobó en el año 2003; a un sistema de tasas que solo afectaba a las personas
jurídicas, y de ahí que el Tribunal Constitucional llegara a la conclusión de que esa norma era constitucional, en la medida en que solo afectaba a las personas jurídicas. Incluso el Tribunal Constitucional en esa sentencia va mucho más allá, en la
medida en que señala que será o que es constitucional la norma cuando afecta a personas jurídicas que tienen un tráfico económico importante y cuando, además, no afecta a la jurisdicción social, que es una jurisdicción especialmente protegida por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y que es constitucional -ya lo han dicho todos los grupos- si no impide con tasas abusivas el acceso a la jurisdicción y no obstaculiza de una manera irrazonable ese acceso. Parece, señorías, señor
ministro, que su equipo y usted han seguido las directrices del Tribunal Constitucional, pero al contrario, porque establecen un sistema de tasas que afecta tanto a personas físicas como a personas jurídicas, que afecta a la jurisdicción social y
que además -ahora se lo voy a argumentar- establece unas cuantías que son excesivas y que van a impedir el acceso de nuestros ciudadanos a los tribunales de justicia.

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Para nosotros lo esencial a la hora de mantener esta enmienda de devolución es la afectación del derecho a la tutela judicial efectiva regulada y reconocida a los españoles en el artículo 24 de la Constitución. Lo esencial es que hay
ciudadanos que no van a poder acceder a la Administración de Justicia porque no van a tener recursos suficientes. Ya le he oído a lo largo de su intervención citar el beneficio de justicia gratuita. Señor ministro, en la actualidad el beneficio de
justicia gratuita se reconoce a aquellos ciudadanos que por unidad familiar y en cómputo anual no superan el doble del salario mínimo interprofesional, aproximadamente 1.200 euros. ¿Cree usted realmente que una familia cuyos integrantes en conjunto
reciben 1.200 euros puede dedicar 800 a un recurso de apelación o 1.200 a un recurso de casación? (Aplausos). Luego usted ha hecho una pirueta; ha anunciado que va a modificar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La va a modificar -se ha
olvidado de explicarlo a esta Cámara- cambiando el índice de referencia. Usted ha mencionado el Iprem, y sabe perfectamente que en este momento el índice de referencia es el salario mínimo interprofesional. Existe una diferencia evidente entre
ambos índices: el salario mínimo interprofesional es de 641 euros en este momento y el del Iprem es 532. Es decir, de golpe, si vemos el importe de esos índices de referencia nos damos cuenta de que esa ventaja que usted anunciaba ha desaparecido
y de que multiplicar por 2,5 el Iprem da el mismo resultado que multiplicar por dos el salario mínimo interprofesional. (Aplausos). Por lo tanto, señoría, ha hecho un juego de circo, pero en definitiva nada que pueda ser beneficioso para nuestros
ciudadanos. Por cierto, se ha olvidado señalar que en el borrador que usted tiene de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita se prevé expresamente que los beneficiarios de la justicia gratuita paguen una tasa por recurrir. Por lo tanto,
no puede utilizar el beneficio de justicia gratuita para asegurar que eso va a garantizar que los ciudadanos con menos recursos puedan acceder a la Administración de Justicia, porque en el borrador de norma que tiene preparado, y que ha modificado
en lo del Iprem, usted prevé que paguen un 20 % de la tasa para interponer recursos. Debería explicarnos si eso es así, si se sigue manteniendo respecto al borrador de junio de este año y cómo es posible que los beneficiarios de la justicia
gratuita terminen pagando una tasa por recurrir. Además su ley no solo excluye a aquellos que no tienen recursos suficientes para litigar, aquellas familias de las clases bajas y medias que van a ver visto imposibilitada su presencia en los
tribunales de justicia. Como le han señalado de forma reiterada en multitud de supuestos -en demasiados, en cientos- el importe de la reclamación a efectuar va a ser inferior a la tasa que usted les va a exigir, sobre todo en el ámbito de los
juicios verbales. Por lo tanto, como supongo que no va a tener en cuenta el criterio de toda la Cámara en el sentido de proceder a devolver la norma que nos ha presentado, le rogaría que reflexionase acerca de cómo evitar este efecto.


Termino, señorías, señalando que a lo largo de la historia de nuestro tiempo el paso desde los sistemas de autodefensa, desde los sistemas de la ley del más fuerte al sistema de Administración institucionalizada de la justicia, supuso un
cambio desde la barbarie a la civilización. La paz que requieren las sociedades democráticas no se satisface solo estableciendo una prohibición, incluso penal, de acudir a la autodefensa; es necesario que el Estado, que usted, señor ministro,
establezca una Administración de Justicia eficiente, una Administración de Justicia a la que puedan acudir todos y cada uno de los ciudadanos. Si no es así, el sentido de la justicia que está en lo más hondo de todos los seres humanos, si no
encuentra satisfacción con esa Administración de Justicia institucionalizada, por mucho y por fuerte que sea la maquinaria represiva del Estado -y ciertamente ustedes han avanzado mucho, desgraciadamente, en esta maquinara represiva- se verá
superada por esa búsqueda desesperada de la justicia. Por tanto -termino ya, señora presidenta- señores del Partido Popular, dejen ya la demagogia, gobiernen, garanticen los niveles de democracia, no afecten, cada vez que plantean una reforma, al
Estado de derecho y así conseguirán lo que hoy no tienen respecto a esta ley, que la mayoría social y política de este país les acompañe. Si no, lo que van a conseguir desgraciadamente es que la fractura social que ya han generado siga empeorando.


Gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Camacho.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señora presidenta.


Como consideración a todos los portavoces que han hecho uso de la palabra quiero expresarles mi gratitud por el interés con el que han abordado el asunto, y al margen de coincidencias o discrepancias he de señalar mi convicción de que este
es de aquellos temas que de verdad merece la pena, porque probablemente lo que estamos haciendo es una reforma -como aquí se ha dicho, y yo lo suscribo- de hondo calado. Pero, como diría mi amigo Joaquín Leguina que dice Jack el Destripador, vamos
por partes

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y vamos a intentar ir contestando a cada una de las distintas alegaciones que se han hecho a lo largo de la tarde. Intentaré seguir -que no se entienda como descortesía sino todo lo contrario- más un orden temático que un orden personal,
porque muchas de las afirmaciones que se han hecho por los distintos señores portavoces han sido redundantes. Al final intentaré dar cumplida respuestas a todas ellas y pretendo hacerlo, señora presidenta, dentro de la solidaridad en este caso con
la duración de este Pleno.


La primera consideración con carácter general sobre la cual podemos construir el discurso y la crítica es si efectivamente lo que nosotros estamos intentando hacer con este proyecto es poner un freno a un abuso y si se puede o no se puede,
si se debe o no se debe decir que existe un abuso en estos momentos en el ejercicio de la jurisdicción en España. Aquí se han manejado datos muy distintos, o, mejor dicho, más que datos lo que creo es que ha habido son una serie de alegaciones que
después no han sido confirmadas con datos. Me gustaría poner encima de la mesa algunos que naturalmente no elabora el ministerio, puesto que ustedes podrían cuestionar nuestra autoría. Es un estudio sobre los sistemas judiciales europeos realizado
por el Consejo de Europa. (Muestra un informe). Es una edición del año 2012 -para ser honestos con ustedes, especifican que los datos son del año 2012, que es cuando ellos han cerrado su censo de elaboración- que refleja la situación de todos los
países, que dista mucho de las afirmaciones que aquí se han hecho por parte de alguna de sus señorías. Empieza por decir algo absolutamente básico, el número de litigios que tenemos. De la totalidad de los países entre los que estamos analizados,
en estos momentos España se sitúa en una posición en cuanto al número de litigios civiles en la que solamente tienen más que nosotros Rumania, la República Checa, Italia, Ucrania, Andorra, Lituania y la Federación Rusa. Señorías, el informe está
aquí. (Muestra el informe). Solamente estos tienen más. Entre los que tienen menos están -desde el cómputo especial que se hace del Reino Unido y de Bélgica-: Finlandia, Noruega, Georgia, Albania, Luxemburgo, Suecia, Armenia, Malta, Azerbaiyán,
Dinamarca, Austria, Estonia, Eslovenia, Lituania, Moldavia, Alemania, Polonia, Hungría, Suiza, Mónaco, Eslovaquia, San Marino, la República de Macedonia, Francia, Chipre, Montenegro, Serbia, Portugal, Grecia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Estos son
los datos, y les estoy hablando de juicios civiles. Si hablamos de juicios administrativos, déjenme que les diga que solamente hay dos países, Ucrania y otro -el que más tiene dentro de los que están analizados por la Unión Europea es Ucrania-, con
más asuntos contencioso-administrativos que nosotros; todos los demás tienen menos. No se los voy a leer porque son todos los que les he leído antes. Estos son datos estadísticos, hechos -insisto- por el Consejo de Europa, y eso es lo que hace
que en estos momentos podamos decir que los litigios que estamos llevando en España y que se trasladan después a la jurisdicción tienen un número muy superior al de la media europea.


Un reciente informe de la Asociación Profesional de la Magistratura nos recordaba cómo España, que es un país con más de 46 millones de habitantes, tiene en estos momentos 9 millones de asuntos judiciales al año. Nos recordaba la APM cómo
Francia, que es un país no solamente con 20 millones de habitantes más si no que -y lo que es más importante, desgraciadamente para nosotros- al tener más actividad económica lógicamente tienen que surgir más conflictos, tiene al año 6,5 millones
frente a los 9 millones de asuntos judiciales que tenemos en España. Esta es la realidad, 6,5 millones frente a los 9 millones. ¿Esto qué significa? ¿Significa que existe un abuso por parte de los ciudadanos a la hora de acudir a la tutela
judicial efectiva? Yo no les echo la culpa a los ciudadanos, me la echo a mí mismo, en el sentido de que no se la echo a los poderes del Estado. ¿Por qué? En primer lugar, porque no les hemos ofrecido suficientes mecanismos alternativos a los
judiciales para resolver sus conflictos. En ese sentido, señorías -con alguna oposición menos a la que hoy he visto aquí esta tarde-, aprobábamos la Ley de Mediación, que fue un paso muy importante. El arbitraje sigue siendo una asignatura
pendiente en nuestro país. No digo que lleguemos al sistema anglosajón o al norteamericano en los que el 70 % de los asuntos se resuelven por mediación o arbitraje y solamente un 30 % sigue la senda jurisdiccional. Creo que ahí tenemos que hacer
un avance muy importante. También digo otra cosa, existe un defecto legislativo que permite al obligado dilatar el cumplimiento de su obligación con coste para el contribuyente; esta es una realidad, señorías. En estos momentos en numerosísimos
conflictos de carácter económico un buen abogado le dirá a su cliente que lo que más le interesa no es pagar su deuda, sino que haciendo los cálculos económicos de los tipos de interés le interesa mucho más no pagarla y dilatarla de una forma
indefinida. ¿Por qué? Porque cuando al final tenga que cumplir el coste de la dilación será inferior a lo que le hubiese significado pagar en plazo. ¿Debemos con cargo al contribuyente premiar esas maniobras dilatorias? Esa es la pregunta que yo
me hago y que les hago a ustedes. ¿Debemos tener un sistema de justicia que permita que semejantes cosas ocurran? Con toda sinceridad, creo que no; y no me vale el argumento de que los encuentros de los ciudadanos españoles con la Administración
de Justicia son

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ocasionales, de ahí que los define como episódicos. Según la última encuesta que tenemos del CIS sobre qué personas habían tenido alguna relación directa -como demandantes o demandados, como querellantes o querellados- con la Administración
de Justicia o que interpusieron un recurso ante cualquiera de los órdenes jurisdiccionales, era prácticamente un 10 % de todos los encuestados. Si prolongamos eso a toda la vida de una persona, somos plenamente conscientes de que es una realidad
que, a diferencia de otro tipo de servicios públicos que son periódicos y que se prestan cuando surgen necesidades más frecuentes en la vida o con carácter permanente porque están vinculados a la propia convivencia social, ese carácter ocasional o
episódico no nos debe distraer en ningún caso de la obligación que tenemos de mejorar el sistema.


Segundo punto sobre el que creo que también deberíamos hacer un análisis en profundidad, porque se ha alegado -luego hablaré de ello- que la sentencia del Tribunal Constitucional no ampararía tasas que supusieran costes excesivos o
desproporcionados: ¿la tasa, dentro del coste general del proceso, es excesiva y desproporcionada? Esto es importante que lo sepamos. Tengo algunos ejemplos. Dentro de la jurisdicción civil -estoy haciendo medias de los procesos matrimoniales y
de familia, y les puedo asegurar que las cotejaré con ustedes para que vean que coinciden exactamente con la realidad-, una media de un coste de 2.764 euros por el proceso tendría 210 euros de tasa, es decir que del total de coste, que serían 2.764,
la tasa supondría 210 euros, un 7,6 %. Aquí abrimos un debate sobre ese 7,6 %, lo abrimos, y ustedes lo han abierto. Cuando a la sociedad nos parece normal -porque nadie protesta por eso- que el resto del coste del proceso -aquí incluyo todo:
abogados, procuradores, peritos...- supera, en el caso por ejemplo de procesos matrimoniales, el 92 %, ¿podemos decir que se dificulta el acceso a la tutela judicial efectiva por la tasa que le va a suponer un 7,6 %? Sube la segunda instancia, lo
he dicho antes -no se ha abierto aquí el debate sobre la segunda instancia, y yo creo que es un debate oportuno-. No es lo mismo acceder a la tutela judicial efectiva que discrepar con lo que el Estado, a través del órgano que tiene potestad
jurisdiccional, juez o tribunal, ha dicho que es la resolución del derecho a la tutela judicial efectiva. No se ha abierto ese debate. En este caso no sería un 7 sino que subiría al 17. Podríamos poner muchos ejemplos, una reclamación de cantidad
en juicio ordinario con cuantía de 100.000 euros. Al final, el abogado cobraría 10.800 euros y el procurador aproximadamente 981, y la tasa sería aproximadamente 300 euros; es decir estamos hablando del 6,3 % del coste total del proceso, de eso
estamos hablando. Me dirán ustedes que eso es importante. Sin duda lo es pero a lo mejor sería conveniente que le diésemos la dimensión que tiene, porque esto es lo que considera después el Tribunal Constitucional. Cuando se dice que es
desproporcionado que el 3,3, que era antes el coste del proceso, lo elevemos al 6,6 -porque lo otro no varía-, ¿es de verdad eso desorbitado? ¿Eso es lo razonable? Tengo numerosos ejemplos -desde un juicio de desahucio por falta de pago hasta
asuntos de casación- que están a disposición de sus señorías.


Me parece que es oportuno que nos centremos de verdad en la realidad que en estos momentos estamos abordando y cuál es el criterio de constitucionalidad. Me dice el señor Camacho -excusatio non petita...-: ¿por qué alega usted en su
exposición de motivos la constitucionalidad de la ley? Porque yo preveo que ustedes van a recurrir, es indudable, sé que van a recurrir. ¿Por qué? Porque indudablemente toda tasa no tiene un carácter popular, y soy plenamente consciente de eso.
En este caso creo que los que lo analicen en profundidad se darán cuenta de que es buena para el sistema. He visto el escrito que hicieron ustedes la semana pasada cuando recurrieron al Contencioso-administrativo contra la disposición adicional
primera del Real Decreto-ley de medidas tributarias, administrativas -lo que ustedes llaman amnistía fiscal-; he leído su alegato de por qué tenían ustedes legitimación activa para recurrir, en el que se decía literalmente que el PSOE presenta al
electorado, en un tema central de debate político como es la amnistía fiscal, su rechazo radical a la misma, y del éxito o fracaso de las medidas emprendidas derivará una oposición ante el propio electorado, que causará beneficio o perjuicio al PSOE
a la hora de presentar su alternativa política. (Aplausos). Es decir que ustedes han interpuesto un recurso, y lo dicen literalmente, no porque crean que es contrario a la ley; no se consideran legitimados porque sea malo para los ciudadanos,
sino porque dicen que afecta al beneficio o perjuicio de cara a sus intereses electorales. Por eso he deducido yo que ustedes van a interponer el recurso. (Rumores). La verdad, señor Camacho -también un gran jurista, al margen de las
discrepancias políticas-, permítame, y este es un consejo, como diría el señor Olabarría, de amigo: yo buscaría a otro abogado para los recursos del Partido Socialista. Porque un abogado que dice que estamos legitimados para recurrir porque esto
nos afecta electoralmente en las próximas elecciones, a lo mejor es un buen letrado, pero desde luego no es un buen político. (Aplausos).

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Pero volvamos otra vez, señor Camacho, a qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Tiene usted razón; tienen ustedes razones, tiene usted razón, señora Díez, que también lo ha mencionado: si son tan elevadas las tasas que impiden
en la práctica el acceso a la justicia o la obstaculizan. Y yo me pregunto y les pregunto: 6-7 % en primera instancia, puede subir al 10 % en la segunda instancia, ¿eso impide en la práctica el acceso a la justicia? ¿La obstaculiza? ¿Nos
olvidamos del otro 90 %? Pero es que el Tribunal Constitucional no ha dictado esta sentencia sin precedentes, tiene un precedente rotundo que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos expresamente ha dicho
que mantiene que el requisito de abonar tasas judiciales en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de acceso a un tribunal protegido por el artículo 6.1 del Convenio de Roma; sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva a
la luz de las circunstancias propias de cada caso. Pues bien, precisamente para que no sean excesivas lo que yo he hecho ha sido analizar el derecho comparado. El señor Camacho me dice: se vuelve usted a la legislación del franquismo, a la
legislación de 1960. No, yo lo que miro es la legislación de aquellos países con los que compartimos destinos. Y yo me pregunto, ¿usted piensa honestamente que el Reino Unido es un régimen franquista? ¿O que lo es Alemania? ¿O que lo es Italia?
¿Usted piensa de verdad que ellos tienen un sistema de opresión directa sobre los ciudadanos? ¿Usted cree que ellos beben en esas fuentes, en la legislación de los años cuarenta y sesenta, a la hora de legislar? Pues bien, de los 48 Estados del
Consejo de Europa que he analizado, 46 tienen la tasa. ¡Ojo, tiene truco esto! Hay dos que no la tienen pero tiene truco. Uno es verdad que no la tiene, Luxemburgo. Si ustedes quieren poner el ejemplo de Luxemburgo, lo ponemos y lo estudiamos.
El otro, que es la República de Francia, no tiene tasas pero tiene depósitos judiciales que cumplen el mismo efecto. Por lo tanto, podemos decir que, de los 48, son 47 los que tienen la tasa. ¿Cuál es la media del importe recaudado? El 29,7;
antes dije el 30 y quiero ser preciso: el 29,7 %. ¿Cuál va a ser la media de lo recaudado por la tasa española? El 10 %. Yo me pregunto, y les pregunto: ¿cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su caso, y antes el Tribunal
Constitucional, vean que en Europa la media de recaudación por la tasa es el 30 % del coste efectivo de la justicia y que nosotros hacemos una propuesta modesta, que no vamos al 30, ni al 20, ni al 15, sino que nos conformamos con un 10 %, usted
cree que alguien puede decir que esto es excesivo y abusivo? ¡Qué tendría que decir entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del resto de los países de la Unión Europea! Que son tres veces excesivos, que son tres veces abusivos, que son
tres veces disuasorios. No tiene sentido. No tiene sentido, de verdad, que nosotros nos quedemos fuera de lo que es el marco europeo. Le puedo decir una cosa. El Tribunal de Justicia Europeo no ha planteado ninguna objeción a que por ejemplo
Alemania tenga una tasa de cobertura del 44 % de los gastos totales. No del 30 %, que es la media, del 44 %. Se ha abierto aquí un debate interesante: de los servicios públicos, qué parte debe pagar el contribuyente y qué parte debe pagar el
beneficiario del propio servicio público. Estoy de acuerdo, es un debate interesante. Europa dice: como media, en materia de justicia, el 30 %. Alemania -no me digan ustedes que no debo citar a Alemania; la cito-: 44 %. Portugal, nuestro
vecino: el 41,2 %. ¿Qué propone el Gobierno de España? El 10 %. ¿De verdad cree que incurrimos en una ratio excesiva a la hora calibrar, de evaluar cuál es en estos momentos la parte que les decimos a los ciudadanos que no va a pagar el
contribuyente sino que va a pagar directamente el beneficiario, y de ese 10 % un porcentaje muy alto no en la primera, sino en la segunda instancia por el principio que antes le decía de que no estamos sometiendo a tasa directamente el acceso a la
tutela jurisdiccional sino la disconformidad con la respuesta que el Estado ha dado a esa pretensión de conflicto? Con toda sinceridad, señoría, creo que no.


Pero vamos con otros asuntos que se nos han planteado aquí y que creo que son de extraordinaria importancia. Se ha dicho que la tasa tiene una finalidad meramente recaudatoria. La respuesta es que no, señorías. No es así, de verdad. Si
tuviésemos una finalidad puramente recaudatoria hubiésemos invocado el precedente europeo. Nosotros queremos acabar con aquellas prácticas que, buscando fines únicamente dilatorios, que son legítimos en el ejercicio del derecho de defensa, se hacen
a costa del presupuesto del contribuyente. Por lo tanto, lo que hacen las tasas es favorecer el funcionamiento de la Administración de Justicia. Esa es la razón por la que la primera instancia queda gravada de forma muy diferente a la segunda
instancia, razón que han pasado sus señorías por alto en relación con la propuesta de elevación del umbral de la justicia gratuita. El adaptar esta referencia al Iprem, evidentemente es una obligación legal -y sabe usted, señor Camacho, que lo
tenemos que hacer-, pero le puedo asegurar que no quedan las cosas como están. No quedan las cosas como están, ni muchísimo menos, porque según los cálculos aproximados que nosotros hemos hecho las personas que van a pasar a ser titulares de ese
derecho van a ser aquellos que no alcancen los ingresos de prácticamente 16.000 euros frente a los 14.900

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que en estos momentos existen. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Luego, no dice usted la verdad y usted lo sabe. No voy a ser descortés -como, estoy convencido, sin intención alguien ha podido serlo aquí-
diciendo que usted lo sabía y que por tanto no ha dicho la verdad a sabiendas y eso podía incurrir en la calificación de mentira. No; usted no lo ha dicho porque no lo sabía, por pura ignorancia. Por lo tanto, usted puede ser ignorante pero en
modo alguno es usted mentiroso, eso que quede claro en la Cámara.


Dejemos claro que si nosotros incrementamos -como estamos incrementado- en estos momentos el número de beneficiarios de la justicia gratuita estamos extendiendo el servicio. Pero estamos haciendo algo más, porque el problema ya no es
extenderlo, que en sí mismo es una buena noticia. Señoría, déjeme que le dé unos cuantos datos, todos constatados, las fuentes son los medios de comunicación y no cito solamente comunidades gobernadas por el Partido Popular para que no piensen
ustedes que soy sectario. Madrid, 11 de septiembre de 2012: La justicia gratuita costará este año 50 millones de euros a las arcas regionales. Los abogados del turno de oficio, que estuvieron en huelga en el verano del año pasado, amenazaron en
julio con renunciar a las guardias en octubre y noviembre y aseguran que con los recortes no se cubren ni los costes. Andalucía: El servicio continúa acumulando -estoy leyendo noticias que han aparecido en los medios de comunicación, todas a su
disposición- retrasos en los pagos ya que la Administración autonómica todavía no ha pagado ninguna cantidad por los servicios prestados a lo largo del año 2012. País Vasco: Los tres colegios de abogados -señor Olabarría- han presentado un recurso
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el decreto de justicia gratuita -ya sé que es del Gobierno saliente- del Gobierno vasco que regula la atención jurídica de las personas sin recursos por todos los alegatos que se hacen en
el mismo. Cataluña: La abogacía ha trasladado nuevamente la necesidad de la puntualidad de los pagos de las actuaciones del turno de oficio y la asistencia al detenido. El departamento de economías y finanzas de la Generalitat ha aplazado hasta
enero el pago de los salarios a los abogados del turno de oficio por las asistencias realizadas en octubre y la segunda quincena de septiembre.


Señorías, esta es la realidad con la que se enfrenta el Ministerio de Justicia. Ya no es solamente ampliar el número de beneficiarios, es que en estos momentos las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias no pueden
hacer frente al servicio de justicia gratuita. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Pues proponerles un sistema radicalmente distinto. Incidiré después en el tema de la doble imposición porque me lo han comentado la señora Díez y el señor
Olabarría. La propuesta que nosotros vamos a presentar tengo que decir en primer lugar que es de carácter voluntario. Por lo tanto, solamente se incorporarán a ella aquellas comunidades autónomas que voluntariamente lo quieran hacer. Esto es muy
importante, no modificamos los títulos competenciales, las comunidades autónomas que no quieran hacerlo seguirán sufragando directamente sus gastos de justicia gratuita. ¿Qué proponemos nosotros, señorías? Pues -y esto también es importante- que
el Estado financie el cien por cien del coste de la justicia gratuita en todo el territorio nacional y, por supuesto, con cargo a la recaudación de la tasa de la que hoy estamos hablando si sus señorías tienen a bien aprobarla. Consecuentemente,
las comunidades dejarán de abonar -aquellas que voluntariamente quieran, insisto- de forma directa el servicio, que será facturado por los colegios de abogados directamente a la Administración General del Estado, con independencia del coste que
alcance. Por supuesto, paralelamente, puesto que en el momento de realizarse las transferencias en materia de justicia ya se tuvo en cuenta el correspondiente coste efectivo, para evitar una doble financiación las comunidades se obligan a devolver
al Estado la cantidad destinada a justicia gratuita en su último presupuesto liquidado, minorado en un 20 %, señorías. El último presupuesto liquidado es el de 2012. El acuerdo que proponemos a las comunidades autónomas es que nos hacemos cargo
del pago de la justicia gratuita si ellos devuelven las cantidades que tenían presupuestadas en el último presupuesto liquidado minoradas en un 20 %. Luego, de partida, ya se hacen con el 20 % del presupuesto de la justicia gratuita que tenían en
el último presupuesto liquidado. ¿Con qué propósito? Que lo dediquen, naturalmente, a la modernización, a la mejora de las sedes y a atenciones de la justicia. Ganan en presupuesto un 20 %. Luego, el primer efecto positivo de esta medida para
las comunidades autónomas con competencias transferidas es que aquellas que se adhieran voluntariamente al sistema tendrán un incremento del 20 % del presupuesto que tuvieron liquidado en el año 2012 para justicia gratuita. Y les digo más, esta
reducción no es fija, sino que además, en función de cómo evolucione el sistema, podría incrementarse, liberando así más fondos para las comunidades en función de los ahorros reales que se vayan produciendo. Creo que manteniendo los titulares de la
competencia, ampliando el número de beneficiarios, asumiendo el Estado la responsabilidad del pago acabando por

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tanto con esta situación a la que antes he hecho referencia, consiguiendo una gestión uniforme del beneficio de justicia gratuita damos un paso importantísimo dentro de esa política general que sigue el Gobierno de España y que afecta a la
supresión de duplicidades -que no es el caso- y a la necesaria coordinación con el resto de las administraciones públicas -que sí es el caso- como un espacio idóneo para avanzar en la línea de reducción del coste efectivo de los gastos de la
Administración pública. Garantizaremos además una agilidad en el pago, que vienen reclamándonos, con razón, los colegios de abogados desde hace mucho tiempo y reduciremos costes porque, naturalmente, haremos una política, siempre en coordinación
con las comunidades autónomas, para que este beneficio llegue directamente a todos aquellos ciudadanos a los que debe llegar.


Más cuestiones que se me han planteado. No entiendo, señor Llamazares -se lo digo con todo el respeto que sabe que le tengo-, esa obsesión suya, a la que se ha sumado el señor Camacho, de proponer que siempre estén gravadas las personas
jurídicas y exentas las personas físicas. Perdone que se lo diga, pero piense usted, por favor, en el bar donde se toma un café. Es una persona jurídica, a lo mejor con tres empleados, pero es una persona jurídica. Piense usted donde compra el
pan los sábados y los domingos por la mañana; se lo compra a una persona jurídica, que tendrá uno o dos empleados pero es una persona jurídica. Y luego piense usted en el primer accionista del BBVA, por poner un ejemplo, que es una persona física.
¿Por qué quiere usted que no pague el primer accionista del BBVA y que su panadero o quien le sirve el café sí paguen? Señor Llamazares, eso es muy antiguo, perdóneme que se lo diga; es muy antiguo. (Aplausos). Aquí no se ha hablado de
nivelación de carga según ingresos. Distinguir entre personas físicas y jurídicas no; distingamos entre capacidades económicas y no nos importe que sean físicas, jurídicas, autónomos o cualquier otra de las distintas formas en las que en el mundo
comercial puede operarse, pero no caigamos en esta trampa porque realmente suele ser muy reductora de la realidad. Creo que las tasas y las cuantías -lo he explicado antes y lo he explicado también en proporción al coste del proceso- no solamente
no son abusivas sino que son absolutamente razonables. Se me ponen algunos ejemplos como -luego haré también alguna referencia a eso- la interposición en relación con las multas, lo que eso significa, o lo que significan los asuntos de pequeña
cuantía. Con toda sinceridad, creo que alguien me ha contestado aquí con lo que traía escrito de su casa, sin haber escuchado mi primera intervención, porque yo he anunciado que incorporamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular dejando
exentas en los monitorios las cuantías inferiores a 2.000 euros y así ese problema queda absolutamente resuelto.


Luego se me ha hecho una alegación que me parece extraordinariamente importante sobre el problema de las tasas autonómicas. Déjenme, señorías, que les diga dos cosas: en primer lugar -y me dirijo ahora a la señora representante de
Convergència i Unió-, dicen que nosotros duplicamos una tasa que ya estaba en la Comunidad Autónoma de Cataluña. No, señoría, fue usted quien duplicó; sí, fue usted quien duplicó. Porque aquí lo que estamos modificando son las cuantías,
ciertamente. Pero es que la tasa estatal se impone en una ley del año 2002 y ustedes es precisamente en la Ley de 20 de marzo del año 2012, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en
establecimientos turísticos, donde imponen esta tasa judicial; diez años después. Por lo tanto, primero fue el Estado el que puso la tasa y después fueron ustedes los que aprobaron una ley para hacerlo, no me vale que me diga ahora: hombre, como
modifican las cuantías, es usted quien viene después. No; la ley estatal fue del año 2002 y es la Comunidad Autónoma de Cataluña la que después, en el año 2012, pone la tasa. ¿Es esto doble imposición? Pues, señorías, les voy a decir con toda
sinceridad: deberíamos discutirlo. Es más, el Gobierno de España ha propuesto que se discuta y les anuncio que el Gobierno ha abierto ya la vía de negociación, que está prevista en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
de tal forma que entablaremos esa negociación con el Gobierno de la Generalitat antes de que el Gobierno tome una decisión sobre la interposición o no del recurso de inconstitucionalidad. Pero déjenme también que les diga una cosa, porque esto es
muy importante. ¿Cuál es el hecho imponible que grava la tasa estatal? El ejercicio de la potestad jurisdiccional. Así lo dijo la ley de 2002 y así lo dice esta ley. No podíamos hacer otra cosa, pero nadie puede hacer otra cosa, porque les
recuerdo que el ejercicio de la potestad jurisdiccional es una competencia exclusiva de la Administración General del Estado, no es una competencia de las comunidades autónomas y ustedes lo saben. Y como lo saben, cuando la ley tiene la obligación
de definir el hecho imponible, lo que hacen es decir: no es el ejercicio de la potestad jurisdiccional, porque eso ya está gravado por el Estado, lo que nosotros gravamos es la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la
administración de la Administración de Justicia. Lo he leído literal: la

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prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de Justicia. Pero no la potestad jurisdiccional. Ustedes dicen: hombre sí, jueces, fiscales, secretarios son por supuesto potestad
jurisdiccional que corresponde al Estado, pero, como hay además servicios personales y materiales de la comunidad autónoma, esos servicios personales y materiales complementarios a la potestad jurisdiccional son los que gravamos. A la vista de esa
realidad, señorías, yo les pregunto ahora: si ustedes no pueden gravar la potestad jurisdiccional porque es competencia exclusiva del Estado y solo gravan los medios personales y materiales complementarios, ¿dónde está el exceso en la aplicación de
la tasa, en la tasa estatal o en la tasa autonómica? Con toda sinceridad creo que no hay duda sobre la respuesta.


Señor presidente, voy terminando. ¿Vamos a limitar los derechos de los consumidores? Al contrario. Las acciones colectivas de los consumidores se van a beneficiar de la justicia gratuita y van a estar por lo tanto beneficiadas con una
disminución importante del pago de la tasa. Las administraciones públicas -les recuerdo- ya financian el sistema arbitral de consumo, que ofrece una vía alternativa y gratuita a los consumidores; esta es la cultura que tenemos que generar dentro
de los conflictos que surgen en el ámbito del consumo.


Se me ha criticado también que se elimina la exención a las entidades sin ánimo de lucro, y se habla de fundaciones. Tengo que decirles que sí, que admito la crítica; admito la crítica porque el hecho de que una entidad no tenga ánimo de
lucro o fines lucrativos no quiere decir en absoluto que carezca de recursos, ni siquiera quiere decir que esos recursos se destinen siempre a fines altruistas, de ninguna de las maneras. Hacemos alguna excepción, naturalmente, como es el caso por
ejemplo de aquellas que tienen la calificación de asociaciones de utilidad pública, que están incluidas dentro de la justicia gratuita, y de forma expresa alguna como es el caso de la Cruz Roja. Pero si ustedes de lo que están hablando es de
fundaciones, perdónenme que ponga nombres y apellidos, ¿ustedes creen que tenemos que eximir de verdad del pago de las tasas, por poner un ejemplo, a la Fundación del BBVA o a la Fundación del Banco de Santander? O déjenme que les ponga un ejemplo
más cercano. ¿Tenemos que eximir del pago de las tasas -perdón, don Alfonso- a la Fundación Pablo Iglesias o a la fundación FAES? Rotundamente no. ¿Tienen ustedes ánimo de lucro? Ninguno. ¿Están ustedes carentes de recursos? No me diga que sí,
a pesar de las dificultades presupuestarias. Seamos serios, no todas las entidades sin ánimo de lucro o sin fines lucrativos carecen de recursos y por lo tanto deben estar incluidas, y las excepciones deben ser expresamente mencionadas.


Antes de terminar, señorías, quiero hacer referencia a una crítica que ha estado latente en muchas de las intervenciones y a la que sí me gustaría contestar. Se ha venido a decir aquí, en primer lugar, que era contrario al Estado de derecho
el que nosotros estableciésemos un mecanismo disuasorio de cara al acceso a la justicia. Esto se me ha dicho, está en el 'Diario de Sesiones'. Y yo me pregunto: ¿Y por qué se dice ahora? ¿Por qué se alega ahora, señor Camacho? ¿Por qué cuando
lo hacían ustedes, establecer mecanismos disuasorios -disuasorios directamente- para el acceso a la justicia, entonces no se ponía ninguna pega? Usted me dice: es que ustedes lo dicen en la exposición de motivos. Y yo le digo: y ustedes también.
Señor Camacho, yo le pregunto: ¿Por qué cuando se aprueba la Ley de 3 de noviembre de 2009, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, en su exposición de motivos, en el punto
V, se dice: En la presente ley se regula también un depósito -ustedes decían que era de escasa cuantía- previo a la interposición del recurso cuyo fin principal es -y leo- disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno para que no
prolonguen indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso. Esto lo firma el 3 de noviembre del año 2009 el señor Rodríguez Zapatero. ¡Y usted me
viene a criticar ahora que yo interponga un mecanismo que lo que busca es exactamente lo mismo que han hecho ustedes! (Aplausos). Vuelvo a leerlo: Su fin principal es disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno para que no
prolonguen indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso. Señoría, con toda sinceridad, no podemos hacer dos discursos distintos en función de
que estemos en el Gobierno o en función de que estemos en la oposición. Si ustedes en el año 2009 entendían que era legítimo interponer mecanismos para evitar que nadie hiciera un abuso del sistema judicial, creo que lo menos que pueden hacer ahora
es respetar que eso lo haga el Gobierno.


Termino, señor presidente, y esto sí que es el final, con algo que también se ha afirmado aquí esta tarde y que tengo que decirles que no solamente no es cierto, sino que además quiero hacer, en el buen sentido parlamentario de la expresión,
protesta formal de ello. Se ha dicho que aquí más o menos

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hemos hecho una ley para perjudicar a los profesionales: a los procuradores, a los abogados, a todos aquellos factores jurídicos -se les ha mencionado así- que además de aquellos que tienen la obligación constitucional de juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado, que son los jueces y los tribunales, se van a ver afectados ciertamente por esta ley de tasas. Quiero terminar diciéndoles, señorías, que eso no es así. No quiero en modo alguno, ni quiere el Gobierno, ni quiere mi grupo
parlamentario perjudicar a los actores jurídicos, que son pieza fundamental en el funcionamiento de la justicia en España. Y no voy a entrar ahora en los datos, que sería muy fácil, del número de colegiados que tenemos en España comparado con el
resto de los países de la Unión Europea, que en definitiva lo que hace es reflejar ese exceso de litigiosidad al que antes hacía referencia. No, no es a ellos a quien va dirigida esta ley, señorías, pero les voy a decir a quien sí va a ir dirigida.
Y me va a permitir el señor presidente que en la lectura que haga de una cuña publicitaria, que es literal, y empeño mi palabra en ello, solamente omita, porque no quiero hacerles publicidad, el nombre de la empresa que se anuncia. Es lo único que
voy a omitir y la llamaré empresa equis. Les voy a leer lo que ellos nos proponen a los ciudadanos. Se lo voy a leer para que después entiendan ustedes qué es lo que ha querido hacer el Gobierno. Cuña publicitaria de la empresa equis. Se titula:
Cómo ganamos recursos de multas. A usted le preocupaban las multas, señor Camacho. Dice así, señorías: Todos los conductores vivimos situaciones como esta o como esta otra, pero ¿sabías que podías evitar perder los puntos y pagar las multas? No
importa la gravedad de la infracción. Con la empresa equis nos das tu multa, redactamos el escrito de alegaciones y se lo mandamos a la Administración. Ellos -sigue la cuña- probablemente nos devuelvan un trámite de audiencia y nosotros les
devolvemos otras alegaciones -sigo leyendo literalmente-, y así empieza un partido que puede durar de seis meses a dos años. Lo importante es que pasamos el recurso al otro campo, a la Administración, que tarde o temprano cometerá un fallo en el
procedimiento y ahí es cuando ganamos el recurso y no pagas la multa. En la empresa equis llevamos quince años practicando; ganamos recursos de multa.


Le vuelvo a leer: Ellos probablemente nos devuelvan un trámite de audiencia y nosotros les devolvemos otras alegaciones, y así empieza un partido que puede durar de seis meses a dos años. Señorías, una pregunta que hago en esta Cámara:
¿Quién tiene pagar este partido? ¿Lo tenemos que pagar los contribuyentes o lo tiene que pagar el que jugando ese partido lo que quiere es perjudicar a la Administración?


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.


Señor Tardà, por cinco minutos.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, como le he dicho desde la tribuna, quizá con un exceso de ingenuidad por nuestra parte esperábamos que el hachazo no fuera tan brutal y que hoy usted nos enviara un mensaje de esperanza hacia una actuación de ponderación del
contenido del proyecto de ley. De hecho, esperábamos un movimiento relacionado con la supresión de las tasas en la jurisdicción social, atendiendo al momento social y económico que vive la clase trabajadora, y también en los procesos de familia por
lo que significan para miles de personas, básicamente mujeres jóvenes cabezas de familia monoparental que viven en la pobreza y en la exclusión, muchas veces clandestina. Creíamos que quizá usted hoy nos ofrecería diálogo para la incorporación de
excepcionalidades para personas físicas y jurídicas, por ejemplo, las entidades del tercer sector. Usted ha hecho un alarde y ha utilizado argumentos que no digo que no sean ciertos, pero usted sabe que hay miles de entidades -por ejemplo, repito,
las entidades del tercer sector- para las que esta nueva norma será muy difícil de superar.


Usted se mantiene en sus trece y, de hecho, repito que ha sido un acto de ingenuidad por nuestra parte. Tiene mayoría absoluta para actuar de esta manera, pero también es cierto que han sido todos los grupos parlamentarios -excepto el
mayoritario- los que han firmado una enmienda de devolución. Usted hoy se reafirma en un guion que nos aterroriza, que ya conocemos y que se está abriendo camino para desgracia de la ciudadanía: menos derechos y más represión. ¿Por qué? ¿Porque
usted es muy malo? No, usted tiene sus convicciones democráticas, pero usted está al servicio del desguace del Estado social y del Estado del bienestar. Y aquí y en Tombuctú, si es que allí tuvieran Estado social y del bienestar, para desguazar se
requieren dos condiciones. Una condición es la regresión de los derechos y la segunda condición es la represión; y usted está al servicio de este guion.


Repito que esperábamos que usted hoy, aun cuando tiene mayoría absoluta, dejara una puerta abierta para que todos los grupos parlamentarios -excepto el mayoritario- pudiéramos encarar la tramitación

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del proyecto de ley con alguna esperanza de ir hacia un cierto consenso. Aun cuando sabíamos que no alcanzaríamos nuestros objetivos, puesto que somos una minoría, creíamos que llegaríamos a un punto de una cierta equidistancia.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ser brillante tiene grandes ventajas y posee grandes inconvenientes también. Cuando uno se termina emborrachando de su propia elocuencia puede cometer errores, y errores profundos. No digo que a usted le haya pasado, pero
tiene cierta propensión a emborracharse de su propia elocuencia y a ir más allá de lo que el ordenamiento jurídico y el sentido común admiten. Ha dicho cosas más propias de la capacidad de escapismo del mago Houdini que de un ministro de Justicia,
que debe proveer a la configuración de una ley ab origine tan importante como esta. Yo no sé cómo calificar algunas de las expresiones que usted sabe que son manifiestamente ciertas. Cuando usted ha hablado de las tasas relativas a la segunda
instancia ha venido a preconizar un principio jurídicamente aberrante, que la tutela judicial efectiva se limite a la primera y que el resto, las siguientes o sucesivas instancias procesales, consisten en una suerte, lo que usted ha calificado
refutación de la primera resolución judicial. Usted sabe que se equivoca, sabe que no es así. La tutela judicial efectiva acoge todas las instancias judiciales hasta la consecución de una sentencia firme. Y si no es cierto lo que digo -y tiene un
segundo turno-, explíquemelo, pero explíqueme a qué escuela recurre: a la escuela de Bari, al uso alternativo del derecho, a la innovación creativa de Andreotti, o a la de Tombuctú, que citaba el señor Tardà, es decir, de las escuelas que usted
conoce cuáles son las que utiliza para mantener una posición jurídica tan aberrante como esta.


En segundo lugar, señor ministro, usted dice que son razonables y equiparables a las previsiones de los países con los que hoy compartimos fines políticos similares o idénticos -quiero creer que no ha dicho unidad de destino universal-, los
incrementos que se proponen en términos promediales. Pero mire, ¿usted está en condiciones de negarme en este momento que algunas tasas judiciales van a sufrir un incremento del 167 % y las que menos van a sufrir van a ser del 35 %? ¿Se compadece
esto con las reflexiones y con los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional que usted ha leído y la ha comprendido de una manera, y yo la he leído y la he comprendido de la misma manera que usted, pero por razones políticas espurias
usted tiene que transfigurarla y exponer lo contrario de lo que la sentencia preconiza, que tasas abusivas vulneran el contenido esencial del artículo 24 de la Constitución? Dígamelo si lo piensa, pero ya cuando me cita la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cómo utiliza el criterio de acceso a la justicia y a la tutela judicial desde la perspectiva de favor libertatis expansiva y sin limitaciones que puedan basarse particularmente -y así lo dicen siete sentencias
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- en razones económicas para acceder a una tutela judicial efectiva total, ¿usted puede con legitimidad citar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Si es así, dígamelo.


Para acabar, señor presidente, ¿usted no sabe que está desfigurado la propia naturaleza jurídica de la tasa, que está vinculada a un bien particularizable de naturaleza bilateral obtenido por una persona y que los beneficios obtenidos de las
tasas no pueden dedicarse a otras finalidades de naturaleza colectiva, como es proveer a la financiación de la justicia gratuita? Sin perjuicio de que ya la justicia gratuita, al ser una competencia económica, sería objeto de un sutil e indirecto
rescate por la Administración Central del Estado. Si usted piensa que esto no es así, dígamelo, por favor. Desde luego, usted vale para todo; vale para ministro de Justicia, para alcalde, para presidente de la comunidad autónoma, y yo le aconsejo
que en los ratos libres que tiene, que no serán muchos, se dedique a la magia, a la prestidigitación. Porque desde luego su argumentario raya más en la manipulación de conceptos que, si usted y yo hablamos en privado, serían fácilmente aceptables,
pero usted, tributario de un discurso público basado en los recortes, en la limitación de derechos y en el desmantelamiento del Estado del bienestar, está provocando nuevos perdedores históricos. ¿Quiénes son estos? Los justiciables en este caso.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

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La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


La verdad, señor ministro, su intervención me ha preocupado más de lo que ya estaba a la hora de presentar la enmienda a la totalidad. Es verdad que tenemos un trámite posterior, que será el debate de las enmiendas parciales, donde podemos
y deseo que encontremos algún tipo de acuerdo, pero me fijaré en algunas cosas, tres o cuatro de las que usted ha dicho, que me han incrementado la preocupación. Una de ellas es la explicación que usted ha dado a la señora portavoz de Convergència
i Unió en relación con las comunidades autónomas. Esa explicación me ha preocupado más, porque lo que usted ha dicho, desde mi punto de vista, lo que produce es un efecto chapucero que puede incrementar más la desigualdad entre ciudadanos
simplemente por el hecho de que una comunidad autónoma no pueda hacerse cargo de la justicia gratuita. Lo que usted ha explicado puede tener como consecuencia -insisto- una mayor desigualdad entre los ciudadanos que vivan en una comunidad autónoma
y los que viven en otra simplemente en función de que haya comunidades autónomas que no tengan la capacidad para aplicar la justicia gratuita y, por tanto, no se queden dentro del cálculo que usted ha explicado y no puedan acogerse a esa fórmula que
usted ha detallado.


Otra cuestión que me ha preocupado tiene que ver con esa comparación que ha hecho usted con otros países, que es parcial, como otras muchas comparaciones que ha hecho o lecturas de sentencias, como le acaba de decir el señor Olabarría.
Usted ha enfatizado mucho la comparación con países europeos y yo creo que no es comparable. No se nos puede comparar con un carácter tan general, porque no es comparable ni la rapidez ni la calidad de la justicia en el conjunto de esos países
europeos y porque además lo que se recaude por esta vía no va a ir para mejorar la calidad de la justicia, sino para pagar la justicia gratuita. Por tanto, es una comparación que no me parece razonable que aquí se establezca.


Usted se ha preguntado también en alto si queremos quedarnos fuera del sistema, fuera del marco europeo, en referencia a que otros países también tienen tasas, sin entrar en el detalle y en la cuantía. Fuera del marco, no. Desde luego, yo
no quiero que España se quede fuera del marco, pero si podemos elegir en qué queremos estar en el marco, por ejemplo en prestaciones por desempleo, en salario mínimo interprofesional, en cobertura. A ver si solo vamos a estar en el marco en pagar
las tasas las personas que menos recursos tienen y en las demás cosas podemos quedarnos fuera del marco, pero muy por debajo del marco y muy por debajo de la media. Vamos a elegir, ¿no? Si se trata de estar en el marco, elijamos lo que sea más
justo para el conjunto de los ciudadanos y lo que no ponga en riesgo el modelo social.


Por último, señor ministro, no considero que usted quiera fastidiar a la gente, no creo que haya nadie -en serio- que haga leyes para fastidiar, lo que pasa es que a veces se valora que no importa fastidiar si se consigue otro objetivo y se
considera fastidiar al personal como un mal menor. Solo me puedo explicar así que usted no sea consciente del daño que va a hacer con la aplicación de esta norma, del daño que va a hacer a aquellos que más necesitan de la protección efectiva del
Estado. No puedo entenderlo más que desde una perspectiva, y es que en ese furor recaudatorio le parezca que compensa porque obtiene recursos. Creo que el furor recaudatorio le nubla la vista. Si quiere aplicar el furor recaudatorio, fíjese si no
hay fraude fiscal que perseguir, fíjese si no va a encontrar sitios donde utilizar ese furor para recaudar. Es que además -con esto termino, presidente-, se preguntaba usted en alto -y creo que no era un pregunta retórica, o quizá sí- ¿es abusivo,
es excesivo? Pues sí, es abusivo, es excesivo y, además, es injusto y, si me permite, es inútil. Va a resultar inútil, tan inútil como incrementar el IVA. Incrementan ustedes el IVA, pero baja el consumo y, al final, se recauda menos. Por eso,
pienso que es el furor recaudatorio el que no le hace percibir la dimensión de la injusticia. Yo le llamo a la reflexión, para que piense en las personas que se van a ver afectadas negativamente por esta ley, que van a ser muchas y que van a ser
las que menos pueden permitírselo y las que más necesitan de la protección del Estado. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Díez.


Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, en primer lugar una de procedimiento. No estamos en el trámite de enmiendas parciales, ni siquiera con su grupo parlamentario. Usted se ha asombrado de que los grupos parlamentarios no hayamos hecho referencia a las
enmiendas que nos ha presentado hoy en esta Cámara. En todo caso, son las enmiendas que le ha hecho su grupo al proyecto de ley presentado en el Congreso fuera del trámite de enmiendas. Peculiar forma también de hacer legislación en esta Cámara,
que después de

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decretos-leyes, ahora parece ser que hacen negociaciones previas y paralelas con su grupo parlamentario para endulzar la ley, porque en realidad es un trago amargo, señor ministro. Esta no es una ley de solidaridad; lo ha llegado a decir
usted, que no es una ley popular. Es evidente, será del Partido Popular pero no es una ley popular.


En segundo lugar, con respecto a una parte central de su intervención, que han sido los abusos, los litigios y la dilación, de toda su intervención no soy capaz de deducir cómo las tasas van a abordar esos problemas, cómo las tasas que van a
tratar de forma igual a personas jurídicas y a personas físicas desiguales van a influir en que haya menos abusos, menos litigios, menos dilación. ¿No es mejor seleccionar la política que se realiza para que finalmente no haya abusos y no haya
dilación? ¿No es mejor mejorar la técnica jurídica, mejorar la solución extra judicial, mejorar la función y el funcionamiento de la justicia? ¿Por qué coge usted a los ciudadanos como rehenes? ¿Por qué usted afecta un derecho tan importante,
como es la tutela judicial efectiva, en vez de adoptar medidas más selectivas? Y hablando de medidas selectivas -lo ha dicho el señor Olabarría-, no acabo de entender ese argumento suyo de que la primera instancia culmina el proceso judicial. ¡Si
nos han dicho a nivel internacional que incumplíamos con garantías judiciales porque no teníamos segunda instancia, porque no garantizábamos la segunda instancia! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, que la segunda instancia para ustedes es un lujo? Solamente
la primera instancia, y la segunda instancia un lujo. Es decir, en el caso mío, en el caso sanitario, la primera opinión es una opinión válida y la segunda opinión un lujo sujeta a repago. Yo creo que es una aberración, señoría.


En tercer lugar, en relación con, yo diría, el prejuicio que usted tiene, porque usted puede decir con respecto a mis intervenciones que yo tengo un punto de partida con respecto a sus políticas neoliberales, pero lo mismo le digo con
respecto a las mías; a lo único que responde usted es a que yo distingo persona jurídica y persona física. Vale, pero lo que le quería decir, señor ministro, es que no es la misma la tasa para la jurisdicción social que la tasa para otra
jurisdicción, que no tiene las mismas consecuencias sociales y humanas; no es lo mismo. Y lo que le quería decir también es que no es la misma la capacidad de litigio de una empresa que la capacidad de litigio de un ciudadano común. Ese
planteamiento es el que yo quería hacer. Y con ello, quería decir que su política de tasas es indiferenciada y no se corresponde con lo que usted dice de la solidaridad. No es verdad. Usted utiliza una política claramente indiferenciada,
discriminatoria, no proporcionada y, por lo tanto, disuasoria. Ese es el planteamiento que yo le quería hacer y que usted no me ha contradicho.


Termino con la justicia gratuita y las comunidades autónomas. Termino con lo mismo con lo que empecé. Intenta salir hoy en los medios de comunicación no por el proyecto de ley sino por las ofertas que acaba de hacer a la Cámara, yo creo
que más que nada al Grupo Parlamentario Popular. Acaba de hacer ofertas desde el punto de vista social y ofertas desde el punto de vista territorial. Me imagino que se lo comprarán, que le comprarán el producto por esas ofertas. Nosotros, ni aún
con ofertas le compramos este producto que es una mala ley, que no aborda los problemas de fondo y que, además, corre el peligro de no garantizar a los ciudadanos la tutela judicial efectiva, que es una cuestión mayor.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, al inicio de mi intervención ya he manifestado con claridad que Convergència i Unió podría incluso llegar a estar conforme con la necesidad de establecer tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional; insisto y le
reitero que nosotros podríamos aceptarlo. Ahora bien, consideramos que en este caso se están imponiendo unas tasas desproporcionadas, inadecuadas y además excesivas, lo que va a vulnerar -si no se corrige- el derecho a una tutela judicial efectiva
amparada en la Constitución española. Por ello, hoy manifestamos nuestro rotundo no y lo materializamos con esa enmienda a la totalidad que hemos presentado. Entre las razones que hemos esgrimido, usted se refiere solamente a una de ellas, que es
la duplicidad de tasas que se superponen, según usted, en este caso en Cataluña y que cuestiona la posible constitucionalidad de las tasas aplicadas por la Generalitat. Sinceramente, creo que usted ha introducido muy hábilmente un punto de
polémica, pero este no es ni el lugar adecuado ni el momento para debatirlo, porque excede en mucho de lo que supone la enmienda a la totalidad presentada por nuestro grupo parlamentario. Evidentemente, esta portavoz mantiene la legitimidad y la
fundamentación de las tasas aplicadas por el Govern de la Generalitat, y no voy a insistir más en ello.

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A lo largo de mi intervención hemos planteado otras cuestiones, a las que usted muy hábilmente no me ha respondido. Le hemos planteado que se territorialice y transfiera parcialmente la recaudación que se obtenga por esas tasas, en
proporción a lo obtenido en cada comunidad autónoma por aquellos conceptos a los que se aplique la misma, por ejemplo justicia gratuita. También hemos planteado otras cuestiones, por ejemplo que no compartimos la inclusión de las tasas en el orden
social; tampoco nos ha dado respuesta a ello. También hemos dicho que consideramos inadecuado que se apliquen esas tasas en los procesos relativos al estado civil de las personas, así como los propios de la vida civil y las pretensiones que se
deriven de los mismos; tampoco nos ha respondido a ello. Por lo tanto, nuestra enmienda a la totalidad respondía a muchas otras cuestiones, a las que usted muy hábilmente no nos ha dado respuesta. Por ello, insistimos en nuestro no rotundo, en
nuestro no a la aplicación de esas tasas, por cuanto entendemos que son del todo excesivas, desproporcionadas. Usted ha planteado que va a aceptar una enmienda de su grupo parlamentario para que la cuantía disminuya en el caso de personas que
planteen una pretensión en los tribunales y ha hecho referencia al proceso monitorio. Como bien sabe, las enmiendas de nuestro grupo parlamentario van más allá de esto, porque entendemos que tal y como las hemos formulado garantizarían de una
manera mucho más clara el acceso de los ciudadanos a los tribunales y a la tutela judicial efectiva.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Surroca.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Camacho.


El señor CAMACHO VIZCAÍNO: Seré muy breve, señor presidente.


Señor ministro, en mi intervención en ningún momento he calificado este régimen de ninguna de las maneras. Me parece poco adecuado el juicio de valor que ha puesto en mi boca, que no he hecho en ningún momento y que, por supuesto, tampoco
creo. El hecho de que usted esté debatiendo esta ley con el resto de grupos parlamentarios pone de manifiesto que esta sociedad ha avanzado mucho desde el año 1959, afortunadamente, y de lo que se trata es de que no vayamos para atrás.


También ha hecho un juego de palabras en torno a que soy o puedo ser ignorante, pero no mentiroso. Usted ha anunciado a bombo y platillo que incrementaba el factor que aplicado a un índice determina qué personas entran dentro del beneficio
de justicia gratuita, pero ha omitido decir que ha cambiado el índice, ya no es el salario mínimo interprofesional sino que en la reforma es el Iprem. Eso supone una diferencia de 38 euros, no de multiplicar por un 0,5 más. Por tanto, sí soy
ignorante en general, pero en este caso ni ignorante ni mentiroso. (Aplausos).


La argumentación europea que usted utiliza carece de todo rigor y usted sí es una persona rigurosa. Utilizar el criterio del tanto por ciento del precio del servicio público por la tasa que se obtiene es decir poco, hay que poner encima de
la mesa si hay algún país europeo que cobre a un ciudadano que en su unidad familiar recibe 1.200 euros, 1.200 euros por interponer un recurso de casación. Ya le adelanto que he estudiado todos los sistemas y no hay sistema como el suyo; no hay
sistema como el español; no hay sistema que excluya, como excluye su sistema, a una parte importantísima de ciudadanos.


Luego -permítame que se lo diga desde el cariño que puedo tenerle- ha entrado en la demagogia, porque el ejemplo de la panadería carece de cualquier sentido. Sabe perfectamente -y ahí sé que usted no es ignorante- que la Ley de 2003 excluía
a las entidades o personas jurídicas que estaban excluidas en la Ley de Sociedades por ser de reducido tamaño, es decir, aquellas que tienen un tráfico inferior a 8 millones de euros. Por tanto, la panadería no estaba antes recogida en la ley y sin
embargo esa panadería sí la ha recogido usted y el panadero va a tener que pagar tasas por acudir a la Administración de Justicia. (Aplausos). De ahí la demagogia, como también lo es el depósito para recurrir. Usted mismo le ha citado al señor
Olabarría una doctrina constitucional que se inicia en una sentencia que conoce perfectamente, porque creo que usted ni es ignorante ni es mentiroso, sino que es inteligente y suele ser riguroso. El Tribunal Constitucional desde la sentencia de 9
de febrero de 2005 diferencia entre el derecho de acceso a la jurisdicción y el derecho de acceso a los recursos. Usted sabe que el depósito para recurrir es algo que afecta al derecho al recurso, y además sabe perfectamente que el máximo del
depósito para recurrir son 50 euros, y las tasas que nos trae hoy para aprobar en este Parlamento suponen en cuantía fija un máximo de 1.200 euros y en variable, que se suma a la fija, otros 10.000. Estamos hablando de comparar el máximo del
depósito para recurrir de 50 euros con más de una decena de miles de euros, que es lo que usted establece en el proyecto. Pero también se ha olvidado decir que en el depósito para recurrir está expresamente excluido el recurso de suplicación y el
recurso de casación, propios de la jurisdicción social,

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que es lo que el Grupo Socialista le ha reclamado, y que además -y esto es importante- en el supuesto de que el recurso sea estimado, se devuelve. Por tanto, no son términos comparables, por lo que no hay que sacar el Boletín Oficial del
Estado y citar al señor Zapatero, que ahí sí tuvo sensibilidad con las clases bajas y las clases medias de este país, lo que ustedes no tienen.


Finalmente, le pido rigor. Ha citado dos ejemplos para poner de manifiesto que la ley no afecta al derecho a la tutela judicial efectiva. El primero era el de la famosa cuña publicitaria, pero esa cuña publicitaria hacía referencia a los
recursos administrativos y usted sabe, señoría, porque es un buen jurista, que los recursos administrativos, las alegaciones, la devolución por parte de la Administración -recurso administrativo-, están excluidos de la Administración de Justicia y,
por tanto, de la ley que presenta. Asimismo, la solución a los recursos en tráfico no puede ser la que usted ha dicho de reducir las tasas en el procedimiento monitorio, porque el procedimiento monitorio es propio del enjuiciamiento civil y las
multas de tráfico se discuten en el ámbito contencioso-administrativo. Por tanto, ya que está dispuesto a resolver el problema con modificaciones parciales, solucione el problema de las multas de tráfico a través de la modificación del
procedimiento donde se discuten las mismas.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Camacho.


En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Escudero. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


La señora ESCUDERO BERZAL: Señora presidenta, señor ministro de Justicia, señorías, accedo a esta tribuna para manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley de tasas, por el que se regulan determinadas tasas en el
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Han sido diversos los grupos parlamentarios que han intervenido y que han presentado enmiendas a la totalidad y hemos asistido a un debate intenso
sobre las mismas. En primer lugar, quiero agradecer al Ministerio de Justicia el esfuerzo que está haciendo por salvaguardar la justicia. Todos somos conocedores de los principales problemas que la Administración de Justicia tiene, entre ellos la
lentitud en la resolución de los pleitos y la escasa modernización. Frente a ello, el Ministerio de Justicia está haciendo importantes reformas de gran calado. Muestra de ello es el ya aprobado proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y
mercantiles o algunos otros que en breve serán presentados en esta Cámara, como la ya anunciada ley de jurisdicción voluntaria o la reforma del Código Penal, entre otras.


En cuanto a las enmiendas a la totalidad presentadas por los diversos grupos, creo que han sido contestadas por el ministro de Justicia de manera pormenorizada y detalladamente, compartiendo este grupo su argumentación. Voy a empezar
haciendo referencia a las dos ideas centrales que la mayoría de los grupos han mostrado en su enmienda a la totalidad. En ellas argumentan que con esta subida de tasas lo que el Gobierno hace es, por un lado, culpabilizar a la sociedad de la
sobresaturación de los juzgados y, por otro lado, impedir el acceso a la justicia de la mayor parte de la sociedad española. Son, desde luego -y lo digo con todo el respeto- argumentos demagógicos. Lo son porque la sociedad española es una
sociedad culta, que respeta la labor de la justicia. Si un ciudadano decide litigar no es por capricho, señora Díez, sino por necesidad y porque cree en el Estado de derecho. Es, como les digo, una idea errónea que, por mucho que se empeñen, no se
va a convertir en cierta a base de repetirla. Mi grupo, señorías, sabe que los ciudadanos pleitean por necesidad, y lo que pretende este proyecto de ley es que quienes usen la Administración de Justicia sean quienes la costeen, siempre que tengan
recursos para ello. Por otro lado, el acceso a la tutela judicial efectiva queda totalmente garantizado, el que no tenga recursos, a través de la justicia gratuita accederá a ella, y el que los tenga, pagando las tasas, esto es, costeando un
porcentaje ínfimo en el servicio público que utilizan, un 10 %. Se trata por tanto, señoría, de gestionar los recursos públicos con eficacia, eficiencia y racionalidad siempre, pero hay más obligación si cabe en época de crisis, aunque algunos no
han sabido ni saben ni sabrán gestionar así el dinero público. De no rectificar, lo único que están haciendo ustedes es minusvalorar a los ciudadanos; la política no se puede hacer a cualquier precio y menos cuando hablamos de políticas de Estado.
Este proyecto de ley no será ningún obstáculo para quien acuda a la Administración de Justicia para defender sus derechos, pero quien quiera hacer un mal uso de la Administración de Justicia o un abuso deberá pagar por ello, no debiendo ser a costa
de todos los ciudadanos, que es lo que está ocurriendo ahora. Estudien, señorías, cuál es la realidad de los tribunales y después hablen porque, si no, lo único que consiguen son dos cosas: dañar uno de los pilares básicos del Estado como es el
Estado de derecho y despreciar a los ciudadanos que acuden a los tribunales para defender sus derechos.

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Dicho esto, creo conveniente hacer una reflexión sobre cómo el resto de países europeos financian su justicia, aunque ya se ha hablado de ello de manera pormenorizada esta tarde. Como todos ustedes conocerán, la Comisión Europea elabora
todos los años un informe conocido como sistemas judiciales europeos. Su edición del año 2012 hace referencia a datos del año 2010. En él quiero basarme para continuar con la defensa de este proyecto de ley. Antes de dar datos concretos, quiero
mostrarles cuál es la conclusión a la que llega este informe, la tesis que da el informe es la siguiente: El pago de las tasas judiciales es ahora característica de toda Europa, ya que Francia ha optado por abandonar el sistema de libre acceso a
los tribunales a partir de 2011. También se refiere a la cuantía de las tasas: Esta puede estar directamente relacionada con el coste total de las actuaciones judiciales o con un tipo concreto de actuación judicial, sin que ello suponga un
obstáculo para los ciudadanos que requieran de la Administración de Justicia. A la vez, el informe también hace referencia a que todos los Estados están potenciando políticas para que los que no tienen recursos puedan tener acceso a los tribunales.
En el caso de España ese derecho está garantizado por la Ley de 10 de enero de 1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, como ustedes bien saben, ley de la que el ministro ya ha anunciado su reforma para ajustarla a la realidad social actual. Esa
asistencia jurídica gratuita, que tanto da que hablar hoy en día, se puede comparar con la del resto de países de Europa. Los datos que da esa comparativa son los siguientes: de media por ciudadano se destinan en Italia 2,10 euros; en Austria
2,20 euros; en Alemania 4,70 euros y en Portugal 4,90 euros. En España esa cifra asciende hasta los 5,20 euros. España se coloca así a poco más de un euro por encima de la media de los países europeos que destinan fondos a la asistencia jurídica
gratuita. Este es otro dato más para comprender el proyecto de ley de tasas judiciales que hoy se debate aquí. Además, en el entorno de los países europeos el porcentaje que los impuestos directos sobre la justicia supone en el presupuesto global
también es muy dispar y, como ya ha señalado el ministro, Italia lo hace con un 10,7 %; Polonia un 38 % y Portugal un 41 %. La media de todos estos países es de un 29,7 %. Miren, en España en el año 2010 se recaudaron 172 millones de euros del
total de la Administración de Justicia; como muy bien refleja el Grupo Parlamentario Socialista en su enmienda, en ese año el coste de la administración fue de 3.837 millones de euros, es decir se costea solo un 4,4 %. Por lo tanto si lo que se
ingresaba hasta ahora por las tasas tan solo suponía un 4,4 % del total del presupuesto de la Administración de Justicia, la conclusión es que hay que hacer un mayor esfuerzo si realmente queremos que España disponga de recursos necesarios para
financiar la administración de justicia. El resto de países de Europa, señorías, lo está haciendo ya. Ellos se dieron cuenta de que la viabilidad de la administración de la justicia requiere de fórmulas nuevas de financiación. Somos conscientes
de que eso supone un mayor esfuerzo al ciudadano, pero es un esfuerzo necesario. Todos debemos remar en una misma dirección para salir de la crisis aunque eso suponga tomar medidas difíciles como esta.


En cuanto a la tramitación del actual proyecto de ley, quiero recordar que su plazo de enmiendas a la totalidad finalizó el pasado día 9 de octubre y que a día de hoy ya se han cerrado todos los plazos de enmiendas y todos los grupos podemos
conocer cuáles son las enmiendas presentadas al texto. Este es un hecho a destacar, que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado enmiendas que creemos que ayudan a mejorar la redacción original del proyecto a la vez que hace sustanciosas
mejoras. Viendo las enmiendas de otros grupos estoy convencida de que podremos llegar a acuerdos durante su debate. Estas enmiendas son fruto del diálogo entre diferentes asociaciones, el Grupo Parlamentario Popular y el ministerio. Pero no
quiero adelantarme ahora a ese debate, que ya llegará a su debido momento en la Comisión de Justicia; tan solo quiero expresar a todos los grupos y a todos aquellos que hoy siguen con especial atención este debate que el Gobierno ha demostrado una
actitud dialogante en este proyecto de ley. Le damos las gracias por esa disposición que ha adoptado de escucha y de diálogo. La necesidad de consenso hoy día es más necesaria que nunca. Somos conscientes de que medidas como estas no es sencillo
alcanzarlas pero desde esta tribuna, y como representante del Grupo Parlamentario Popular, quiero solicitar a todos los grupos el diálogo necesario para que entre todos comprendamos la gravedad de la situación por la que atraviesa la Administración
de Justicia. Poniendo todos de nuestra parte podremos superar los escollos de esta crisis económica y en breve plazo de tiempo podremos tener la justicia que los ciudadanos reclaman. Desde aquí también les solicito otra cosa más. El proyecto de
ley llegará en muy corto plazo de tiempo a la Comisión. Espero que todos los grupos, como ha sido nota característica en la tramitación de otros proyectos de ley, tengamos la altura de miras suficiente para mantener un diálogo fluido con el que
alcanzar acuerdos. Les anuncio que por parte del Grupo Parlamentario Popular será así.

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A modo de conclusión de mi intervención, quiero recordar que desde el primer momento el Grupo Parlamentario Popular decidió apoyar al Gobierno con su ambicioso plan de reestructuración de la Administración de Justicia. El proyecto de ley
que hoy estamos tratando es uno de los más complicados, pero somos conscientes de que es necesario tanto por los argumentos esgrimidos por el ministro de Justicia como por los que acabo de exponer en nombre de mi grupo. Por lo tanto mi grupo
parlamentario votará en contra de todas las enmiendas presentadas a la totalidad. Señorías, la justicia no es gratis. Es gratuita para quien carezca de recursos, pero tampoco puede ser un coste para quien no la utiliza, y eso es lo que está
ocurriendo ahora.


Muchas gracias, señoría. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Escudero. (El señor ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón Jiménez, pide la palabra). ¿Sí, señor ministro? (Pausa). Le ruego que no me abra debate. (Rumores).


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Antes al contrario, señora presidenta, mi intención no es abrirlo sino cerrarlo. Muy brevemente pero por pura cortesía déjeme que dé respuesta a las últimas intervenciones que se han
producido por parte de los señores portavoces, no sin antes reiterarles mi agradecimiento, de verdad. Creo que de los debates somos capaces siempre de sacar los elementos positivos.


Señor Tardà, créame, no queremos desmantelar el Estado social y democrático de derecho, es de lo que estamos más orgullosos y creo que es algo que compartimos todos los grupos parlamentarios. Pero dígame si no está de acuerdo conmigo en que
la forma menos inteligente de defenderlo es olvidándonos de las debilidades que en estos momentos le amenazan y no establecer los mecanismos estructurales que nos permitan fortalecer la base de ese Estado social y democrático de derecho. Vuelvo a
decir lo que he dicho desde el principio -el señor Llamazares decía que buscaba titulares y no los busco-, nosotros hemos traído una ley aquí cuyo objetivo fundamental es garantizar la justicia gratuita para todos aquellos que la tienen hoy en
España y para bastantes más -luego incidiré en ello-, no tenga ninguna duda.


Señor Olabarría, las referencias a la magia sé que usted las hace en tono absolutamente conciliador y por lo tanto así las recibo. Le recomiendo que se lea el segundo de los tomos de Harry Potter donde dice que la única magia que de verdad
merece la pena en esta vida es la de la música, todo lo demás son artificios, pero no entremos en ese debate. Usted lo que me viene a preguntar es que dónde saco -y esa es una cuestión que le ha afectado también de forma muy importante al señor
Llamazares, señor Llamazares me dirijo a usted también- la doctrina de la segunda instancia. La hemos sacado del Tribunal Constitucional. No me diga que no, señor Olabarría, sí, del Tribunal Constitucional, créame y se lo voy a demostrar.
Concretamente, de la sentencia de 7 de febrero de 1995 que está literalmente recogida en su actualización por la sentencia del año 2012/20 a la que nos hemos referido constantemente. Señor Olabarría, no me diga que no porque entonces me obliga a
leerlo y la señora presidenta con razón me dirá que me estoy extendiendo, pero se lo voy a leer. Dice: Este tribunal ha subrayado el diferente relieve constitucional que posee el derecho de acceso a la jurisdicción y el de acceso a los recursos
legalmente establecidos. Sigo: Aunque ambos derechos se encuentran insitos en el artículo 24.1 de la Constitución, el derecho a acceder a la justicia es un componente medular del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el
precepto constitucional y que no viene otorgado por la ley sino que nace de la Constitución misma. Sigo: Por el contrario -señor Olabarría, no a mayor abundamiento sino por el contrario-, el derecho a acceder a los recursos legales se incorpora al
derecho fundamental en la concreta configuración que reciba de cada una de las leyes de enjuiciamiento que regulan los diferentes órdenes jurisdiccionales salvo -señor Llamazares esta es la paradoja de nuestro Estado de derecho- en lo relativo al
derecho del condenado a la revisión de su condena y a la pena impuesta. Termina el Tribunal Constitucional: El derecho al recurso legal no nace de la Constitución sino de lo que hayan dispuesto las leyes procesales que los creen y se incorpora al
derecho fundamental en su configuración legal en el mismo sentido que estas. Señor Olabarría, el Tribunal Constitucional dice que el recurso salvo en lo único que no lo tenemos -que es una paradoja, por cierto, en la que estamos todos de acuerdo y
lo modificaremos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un derecho al recurso siempre que haya una sentencia condenatoria-, salvo en el derecho penal, no existe en el derecho constitucional español obligación del legislador de establecer ningún
sistema de recursos, ninguno. Esto es rigurosamente cierto, lo ha dicho el Tribunal

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Constitucional. Por lo tanto, solamente se incorporan una vez que el legislador lo haya aprobado. ¿Quién lo dice? Lo dice directamente el Tribunal Constitucional.


Señora Díez, quédese tranquila de verdad porque probablemente es que me he explicado mal. Antes al contrario, ninguna comunidad autónoma va a quedar fuera de la capacidad de aplicar este sistema. Si alguna comunidad no se adhiere al
sistema lógicamente será porque tiene capacidad económica para hacerlo ella sola, pero todas aquellas que tengan dificultades para abordar el coste de los colegios de abogados y de la justicia gratuita tienen la oferta incondicionada del Gobierno de
acogerse al sistema en el que nosotros asumimos el gasto. Por lo tanto, quede usted absolutamente tranquila. En cuanto a lo que me decía de la afectación de que destinemos los recursos de la tasa por todos los órdenes jurisdiccionales excepto el
penal y el segundo social a la justicia gratuita no va contra la ley porque la justicia gratuita forma parte de la Administración de Justicia. Iría contra la ley si nosotros lo destinásemos por ejemplo a actividades del ministerio de doña Fátima
Báñez -que nos acompaña en esta sesión-, pero no si lo destinamos a cualquier actividad que dentro de los servicios de la Administración de Justicia valga. Queremos que quede claro que la justicia gratuita forma parte de la Administración de
Justicia. Creo que con esta respuesta he dado también tranquilidad a la portavoz de Convergència i Unió. Muchos de los temas que se han planteado evidentemente no se han tratado pero no tenga ninguna duda de que los trataremos todos.


Termino con dos referencias al problema de la justicia social a la que han mencionado tanto el señor Llamazares como el señor Camacho. En primer lugar, al señor Camacho quiero decirle con toda claridad que lo que he querido, probablemente
con torpeza dialéctica, ha sido hablarle a usted del capítulo en el que nos han metido algunos de mentirosos. Lo que le he dicho es que si una cosa que usted dice no se ajusta a la realidad no es porque usted lo sepa y no lo quiera decir sino
porque no lo sabía. Y le digo una cosa: no me duelen prendas en absoluto en decirle que por cada cosa en la que usted es ignorante, que seguro que lo será en alguna, yo lo voy a ser en diez, no tengo ninguna duda, pero su problema y el mío -y le
conozco bien- será de ignorancia, nunca será de mentira. Eso es lo que he querido decir y lo que ratifico. Naturalmente que usted ignorará algunas cosas -como yo por cada una que usted ignore ignoro diez-, pero estoy convencido, absolutamente
convencido, de que ni usted ni yo venimos con un dato a esta Cámara y lo escondemos o no lo damos para formular una argumentación contraria. No me tome por crítica lo que ha sido un elogio porque le aseguro que esa era mi intención. No tenía
intención de elogiarle, sin embargo, cuando le critico en relación con lo que me dice usted de que me han descubierto lo del Iprem; no, señor Camacho, no me lo ha descubierto, se lo he dicho yo. Se lo he dicho yo, he sido yo quien se lo ha dicho,
pero he sido yo también quien, para evitar porcentajes que nos pueden llevar a dudas, le he dado valores absolutos: 2,5 Iprem, en contra de lo que usted ha dicho -no por mala fe sino porque no lo ha calculado bien-, no es lo mismo que dos veces el
salario mínimo interprofesional y prueba de ello es que pasamos de un umbral de 14.910 euros a un umbral de 16.000 y, por tanto, 2,5 Iprem es evidentemente más que dos veces el salario mínimo interprofesional. Aumentamos, señorías, el ámbito de
aplicación de la justicia gratuita.


Mi última referencia a la crítica que tanto usted como el señor Llamazares me han hecho con referencia a la justicia social. Miren, si ustedes de verdad estuviesen tan preocupados por la justicia social, les pregunto, ¿por qué las
comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan desde el año 2009 nos están solicitando al Ministerio de Justicia que suprimamos lo que en estos momentos está vigente, que es el beneficio de justicia gratuita para todos los trabajadores de
España? No, señor Llamazares, no me niegue usted con la cabeza. Tengo aquí un documento que está firmado por el Gobierno del Principado de Asturias en la época en que lo gobernaba el PSOE donde leo: La propuesta de suprimir la excepción de
acreditación de insuficiencia de recursos para litigar en el caso del orden jurisdiccional social más que una situación que valorar es una propuesta que goza del asentimiento unánime de la totalidad de las comunidades autónomas. Y esto me lo dice
el Gobierno socialista. Pero es que después me viene el Gobierno vasco y, en relación con establecer la obligación de que las personas físicas cumplan el requisito de insuficiencia de recursos en todas las jurisdicciones para poderse beneficiar del
servicio público de asistencia jurídica gratuita, me dice: de acuerdo con la supresión. Y el Gobierno de la Generalitat -pero no el actual Gobierno, señores de Convergència, sino el tripartito, donde además del Partido Socialista y además de
Esquerra, estaban ustedes a través de Iniciativa, señor Llamazares- me dice literalmente: Se mantiene la propuesta que -dice- no pretende penalizar al ciudadano que acuda a la jurisdicción social sino que se le trate con la misma condición que se
trata al resto de los ciudadanos que acuden al resto de las jurisdicciones: solicitud de justicia gratuita y tramitación del correspondiente expediente. Para terminar

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diciendo: El problema de fondo radica en que determinados ciudadanos, por el mero hecho de acudir a la jurisdicción social, no han de acreditar la insuficiencia de los recursos y pueden obtener una asistencia jurídica gratuita que si
acudieran a otro orden jurisdiccional deberían acreditar y no les sería reconocida. No son gobiernos del Partido Popular solo, no son gobiernos del Partido Socialista solo, no son gobiernos de Esquerra Republicana solo, son también, señor
Llamazares, gobiernos de Izquierda Unida los que nos dicen que acabemos con ese beneficio de la justicia gratuita para los trabajadores en España. ¿Es esa su inquietud social?


Señora presidenta, hago mías, desde el principio hasta el final, las palabras de nuestra portavoz, señora Escudero. Le agradezco su discurso, el apoyo que da al Gobierno pero sobre todo -y es lo que hago mío- la propuesta de diálogo a la
Cámara.


Señor Llamazares, no será un titular, pero si de la tramitación de esta ley saliese que garantizamos la justicia gratuita, extendiendo su ámbito de aplicación para las próximas generaciones en España, se lo digo de todo corazón, me gustaría
compartir con usted ese titular.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


- PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR Y EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000020).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo al debate de totalidad del proyecto de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Para su presentación, tiene la
palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, aprovecho la oportunidad de intervenir después del ministro de Justicia para agradecer públicamente en esta Cámara la sensibilidad del ministro de Justicia en el proyecto de ley de tasas judiciales con los
trabajadores de este país y con la jurisdicción social. Muchas gracias, señor ministro, gracias que ya tuve la oportunidad de mostrar en el Consejo de Ministros donde se aprobó ese proyecto de ley.


Señorías, el objeto de debate de esta tarde es defender el proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social. (Rumores). Como ustedes saben, siempre he defendido la importancia de que desde el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que es el ministerio del diálogo, hayamos elaborado este proyecto de ley... (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un segundo, señora ministra. Por favor, ruego a los señores diputados que quieran tener algún tipo de conversación que salgan del Pleno. Gracias. (Pausa). Continúe, señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señora presidenta.


Hemos elaborado este proyecto de ley con la consulta e información a los agentes sociales, con la totalidad de las comunidades autónomas y por eso se han incorporado muchas aportaciones al texto que hoy debatimos, y aprovecho también para
agradecerlas. Este proyecto de ley, como ustedes saben, forma parte de un plan de largo alcance, un plan global, un plan sin precedentes para cuya elaboración se ha trabajado conjuntamente en la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social. Se
trata de abordar, en primer lugar, uno de los grandes problemas que tienen hoy la sociedad y la economía española porque atenta contra algo fundamental que es preservar los derechos de los trabajadores y también evitar que exista competencia desleal
entre empresas, unas que cumplen con sus obligaciones y otras que no lo hacen. El Plan de lucha contra el fraude supone además una parte de lo que hemos presentado como Gobierno en el Plan nacional de reformas que se presentó a la Unión Europea
junto con el Plan de lucha contra el fraude fiscal, porque entendemos que la lucha contra el empleo irregular y el fraude tanto en su vertiente fiscal como en su vertiente de Seguridad Social y laboral debía ser objeto de una respuesta firme, de una
respuesta homogénea y coordinada, porque solo de ese modo y en el marco conjunto de las reformas estructurales de este Gobierno podremos impulsar el crecimiento y la creación de empleo, garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades
para los emprendedores y ofrecer una

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perspectiva de futuro más próspera y sobre todo más justa y más solidaria. Lo que estamos defendiendo es, por tanto, serio y valioso para el Estado social y democrático de derecho que tenemos y del que todos nos sentimos profundamente
orgullosos. Por eso deseo que este proyecto de ley cuente con el mayor consenso de esta Cámara. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


El Consejo de Ministros el 27 de abril aprobó el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para el periodo 2012-2013, cuyo objetivo es nada más y nada menos que asegurar mediante la eficacia y la eficiencia
en la gestión de los ingresos y gastos públicos el mantenimiento de las políticas públicas propias de nuestro Estado de bienestar y también exigir por justicia que todos aquellos que tienen derecho cumplan igualmente y de forma leal sus obligaciones
en el ámbito sociolaboral. Son por tanto, señorías, deberes legales pero también deberes cívicos, que son hoy más valiosos que nunca en el difícil contexto de crisis social y económica que estamos viviendo. Ahora más que nunca debemos mostrar
nobleza y fortaleza moral frente a las conductas que deterioran derechos y bloquean las oportunidades de empresas y trabajadores. Y la fortaleza moral de las instituciones, señorías, se materializa en el estricto cumplimiento de la ley; para ello
la Administración laboral debe estar suficientemente preparada para afrontar estos nuevos retos.


El plan de Gobierno contempla, por un lado, medidas organizativas que suponen reforzar las competencias de las direcciones territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en estas materias; por otro, crear equipos específicos
de trabajo de lucha contra el fraude en dichas inspecciones provinciales, intensificar campañas contra la economía irregular, potenciar la coordinación con el resto de los organismos involucrados en la lucha contra el fraude e incorporar efectivos a
esta tarea de la inspección. En el plano normativo el plan prevé a su vez diversas modificaciones legislativas, estas últimas comprenden desde luego la aprobación de la presente ley pero también la aprobación de la ley orgánica por la que se
modifica el Código Penal que ya se está tramitando en esta Cámara en la Comisión de Justicia, por la que se agravan las penas de los delitos contra la Seguridad Social y derechos de los trabajadores. Como ven, señorías, visión de conjunto y acción
global frente a este fenómeno tan insolidario que ahora se ataca tanto en su vertiente fiscal como laboral, de Seguridad Social y también penal.


Todo ello para impulsar el afloramiento del empleo irregular o no declarado que detrae recursos económicos al sistema de la Seguridad Social por el pago de cotizaciones sociales. Para la prevención y detección de los supuestos de obtención
y disfrute fraudulento de las prestaciones públicas, especialmente del desempleo, particularmente en esos supuestos en los que se constituyen empresas ficticias con el único ánimo de defraudar y que además no tienen actividad económica conocida.
Para el afloramiento de las situaciones fraudulentas, principalmente en casos de falta de afiliación o de alta a la Seguridad Social de trabajadores que efectivamente prestan servicios en empresas y que tienen el derecho de ser protegidos. Y, por
último, para combatir los supuestos de aplicación indebida de incentivos en relación con las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.


Como he dicho, señorías, el Gobierno ha considerado necesario poner herramientas de índole organizativa, administrativa y no solo normativa para lograr mayor impacto en la lucha contra el fraude. En primer lugar, se han adoptado medidas de
choque para adecuar la estructura de la inspección de Trabajo y Seguridad Social a la lucha contra el fraude, dedicando el máximo de sus efectivos y dotando a las direcciones territoriales de nuevas competencias en esta materia. Quiero dejar
constancia esta tarde de que este año se incorporarán 121 nuevos efectivos al sistema de inspección, 69 nuevos inspectores y 52 subinspectores que se dedicarán a la lucha contra el fraude. También, y dentro de las medidas de choque, se está
intensificando el control y seguimiento del empleo aflorado y de las empresas ficticias que se constituyen, como decía, con la única finalidad de defraudar. En segundo lugar, se han adoptado también medidas estructurales, intensificando la
planificación y ejecución de campañas de economía irregular en sectores estratégicos. Por último, como uno de los principales pilares de la lucha contra el fraude, las medidas de colaboración entre las diferentes administraciones públicas para el
tratamiento integral de la lucha contra el fraude, coordinación y colaboración no solo dentro del ministerio, sino especialmente con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el Ministerio del Interior. También con el Consejo General del
Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, para lo que se ha previsto además la constitución en el seno de la inspección de una unidad de apoyo a la justicia y a la Fiscalía General del Estado.


Tampoco quiero olvidar en esta intervención el esfuerzo sincero que se está realizando desde las diferentes comunidades autónomas en la lucha contra el fraude. Quiero poner en valor los planes de actuación y los convenios de colaboración
que la Inspección de Trabajo está realizando con distintas

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comunidades autónomas. Hemos cerrado ya algún convenio con Extremadura, lo haremos también con la Región de Murcia y estoy segura de que muchas comunidades autónomas, la mayoría de ellas, se sumarán a estos convenios y planes de actuación
conjuntos. Debemos celebrar también la cooperación en la lucha contra el fraude con otras instituciones como el Colegio de Registradores de España y próximamente con el Consejo General del Notariado que proporcionarán instrumentos adicionales a
esta tarea común.


Estamos, pues, señorías, ante un esfuerzo conjunto y una empresa común que ha contado con la máxima participación. Desde la consulta a los interlocutores sociales, el proyecto ha pasado a informe de la Comisión tripartita sobre la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la Comisión General de secretarios y subsecretarios de Estado, ha pasado por el Consejo de Ministros y ha tenido también dictamen del Consejo Económico y Social. El resultado, señorías, es sin duda un
texto de un gran valor y rigor técnico al que se han incorporado las aportaciones de quienes mejor conocen la materia y creemos sinceramente que será una herramienta excelente en la lucha contra el empleo irregular y el fraude.


Además quiero resaltar que cada modificación de esta ley ha sido realizada bajo la premisa de la salvaguarda de la justicia social y en este sentido hemos llevado a cabo una serie de modificaciones para dotar al sistema de una mayor eficacia
que, si me permiten ustedes, paso a comentar. Se modifica la ley ordenadora y el reglamento de organización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacer más eficiente la labor de este cuerpo. Se modifica la Ley General de la Seguridad
Social con vistas a la aplicación efectiva del principio de proporcionalidad en las sanciones. ¿En qué sentido? En el sentido de evitar que las liquidaciones de escasa cuantía que se practiquen resulten más beneficiosas para el infractor que el
cumplimiento de las normas infringidas. Por otro lado, se modifica el Estatuto de los Trabajadores para mejorar la exigencia de responsabilidades por deudas a la Seguridad Social en el ámbito de la subcontratación. Se modifica también la Ley sobre
infracciones y sanciones en el orden social para tener en cuenta cuestiones como el importe de lo defraudado y el número de trabajadores afectados, haciendo de peor condición a quien de manera generalizada ataca frontalmente los derechos de los
trabajadores y el sistema de Seguridad Social e introduciendo también en las sanciones a los trabajadores infractores en materia de empleo la referencia al término de prestaciones, con el fin de no limitarse única y exclusivamente a las pensiones,
en concordancia con lo que ya venía sucediendo en las infracciones a los empresarios.


En este punto, señorías, me van a permitir que me detenga para transmitirles lo injusto que sería no dar una respuesta firme frente a quienes pretenden beneficiarse fraudulentamente de un sistema que soportan quienes cumplen real y
religiosamente con sus obligaciones. Señorías, quien está trabajando y cobrando una prestación por desempleo está defraudando al sistema; es más, está detrayendo recursos que tienen como legítimos destinatarios a los propios trabajadores que
queriendo trabajar no pueden hacerlo y necesitan estos recursos de forma inmediata. Aquí lo que se persigue es el fraude que daña nuestro sistema de bienestar, que vulnera la ley y que ignora a sabiendas los valores cívicos de nuestra sociedad.
Por tanto, señorías, tolerancia cero con el fraude. El abuso, venga de donde venga, no podemos entenderlo como algo laxo o ser condescendientes. No podemos caer en clichés ni en estereotipos de buenos y malos, porque los comportamientos son
sancionables o cívicos con independencia de quienes los cometan. Al contrario, debemos preservar la solvencia del sistema, haciendo que perciban la prestación los auténticos desempleados, que son los que verdaderamente la necesitan.


Señorías, estas modificaciones, junto a otras que incorporan en el proyecto, son las medidas que hoy traemos a debatir a esta Cámara. Créanme que este proyecto es fruto del análisis sosegado y de la experiencia dilatada de quienes son los
encargados de luchar contra el fraude y se ha llevado a cabo con la mayor colaboración y participación institucional y social posible. Este esfuerzo organizativo está ya dando sus frutos. Les puedo anunciar que desde enero al 17 de octubre se han
realizado ya 171.944 inspecciones en materia de empleo irregular y el resultado de estas actuaciones es que se han logrado aflorar 61.244 empleos, un incremento del 19,23 % respecto al mismo ejercicio del año anterior. Se han realizado 16.024
actuaciones en materia de prestaciones por desempleo que han permitido detectar 5.008 infracciones de empresarios -un 37,5 % más que en 2011- y se han detectado 7.375 trabajadores que compatibilizaban indebidamente la prestación por desempleo con el
trabajo; eso significa una subida del 50 % respecto al año anterior. En cuanto a la lucha contra las empresas ficticias, se han realizado 15.371 inspecciones frente a las 8.274 del año anterior, y esto ha supuesto que podamos detectar 1.123
infracciones -un 540 % más que en 2011- y el número de altas ficticias anuladas -es decir, contratos de trabajo falsos para acceder fraudulentamente a prestaciones- fue de 19.007, un 74 % más que el año anterior.


Termino, señorías, con mi agradecimiento sincero, con mi reconocimiento a la labor profesional de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social que hoy nos acompaña en la tribuna, y al resto de funcionarios

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de todos los cuerpos del Estado, que han colaborado sinceramente en la lucha contra el fraude con esos resultados tan buenos obtenidos. Creo que es el momento de tener altura de miras y garantizar, como reza el proyecto de ley en su
preámbulo, un Estado de derecho y social avanzado, con solidaridad y firmeza a la vez. Solidaridad ante determinadas contingencias como el desempleo o la jubilación y con aquellas personas que atraviesan situaciones de necesidad social hoy; y
firmeza con quienes no cumplen con la ley, con sus obligaciones legales que afectan tan negativamente a la convivencia social.


Señorías, estoy segura de que con las aportaciones de todos los grupos de esta Cámara, con el debate y con los acuerdos que seguro vamos a alcanzar en este andar del proyecto de ley, vamos a conseguir el objetivo último que perseguimos
todos, que no es otro que preservar plenamente los derechos laborales y sociales reconocidos en nuestra Constitución y nuestras leyes y que constituyen la esencia de nuestro Estado del bienestar. Porque España, señorías, necesita más que nunca en
este momento que seamos capaces de sumar esfuerzos, de remar en la misma dirección para que nuestro sistema funcione de forma justa y solidaria. Para ello es necesario antes de nada que cumplamos las leyes y que seamos capaces de hacerlas cumplir.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Empelo y Seguridad Social.


A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. Para la defensa de la misma, por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señora ministra, quiero comenzar dejando bien claro que nuestro grupo, La Izquierda Plural, comparte la necesidad de reforzar los instrumentos que permitan una lucha más eficaz contra el empleo irregular, el
fraude a la Seguridad Social y la economía sumergida -quede claro desde el principio- por dos grandes razones. En primer lugar, porque los principales perjudicados y las víctimas son trabajadores a los cuales en muchas ocasiones se les condena a
ese empleo irregular, que especialmente son trabajadores precarios jóvenes, inmigrantes y mujeres. Y en segundo lugar, porque el empleo irregular afecta negativamente a la eficiencia de nuestro tejido económico y propicia las estrategias de dumping
social y laboral que desgraciadamente existen en nuestro país. Espero pues que en su respuesta, señora ministra, no se deslice suavemente con relación a que quien está en contra de su proyecto de ley está en contra de perseguir el empleo irregular.
No, estamos a favor pero creemos sinceramente, tal y como le ha hecho ver también el Consejo Económico y Social, que este no es un proyecto que cumpla la función de dotar a la lucha contra el empleo irregular de buenos instrumentos y del marco legal
adecuado. Si me permite la expresión, creo que este proyecto de ley podría generar la imagen de un proyecto de ley placebo; es decir, que nos lo tomemos y nos creamos que con eso es suficiente.


El proyecto contiene cosas interesantes, pero permítame que le diga que en algún momento me ha parecido que lo más importante del mismo es el título. Me ha recordado en alguna ocasión a esos platos que sirven en algunos restaurantes, donde
el nombre del plato ocupa en la carta más espacio que lo que te sirven después en el momento de comer, porque grande es la elocuencia de su presentación, pero escasos son los instrumentos que de verdad suponen un cambio significativo en la lucha
contra el empleo irregular. Creo que eso es así porque desgraciadamente este país no ha hecho una reflexión -y ustedes tampoco como Gobierno- de cuáles son las causas de que tengamos uno de los índices de empleo irregular y de economía sumergida
más elevados de nuestro entorno; exactamente no menos de un 20 % de economía sumergida, lo que nos sitúa al frente de los países desarrollados en esa anómala situación. Las causas pueden ser muchas y sin duda lo son, como los temas complejos. Hay
un fenómeno cultural de moral tributaria que hace que la ciudadanía de nuestro país sea, en algunas ocasiones, especialmente condescendiente con el incumplimiento de las obligaciones cívicas, como lo es desgraciadamente en algunos casos con la
corrupción, sin duda, expresión de la debilidad de una cultura democrática construida durante doscientos años de debilidad de la democracia. Existen otros factores también, señora ministra, por ejemplo -lo han reconocido los organismos
internacionales-, la densidad e inestabilidad normativa de nuestro país en materia laboral. Este es un país en el que a las leyes no se las deja reposar, en el que un Gobierno que no hace tres reformas laborales en una legislatura parece un
Gobierno que no hace nada. Desgraciadamente, está más que demostrado que los Gobiernos que no tienen políticas tienen muchas leyes y hoy lo que sucede en nuestro ámbito de relaciones laborales es que el exceso de legislación permite, como sucede en
el ámbito fiscal, que se produzcan elusión y fraude fiscal. Hoy una

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gran parte del fraude y la utilización indebida de las subvenciones es porque ni tan siquiera los grandes especialistas en la gestión de los recursos humanos pueden llegar a conocer en un momento determinado cuál es la subvención que está
vigente y cuál se ha derogado hace escasamente dos minutos. Denle ustedes estabilidad al marco laboral, dejen de legislar, dejen de hacer reglamentos para todo, denle estabilidad a ese marco normativo y ya verán cómo las posibilidades de fraude
disminuyen.


En relación con los elementos de causa principal del empleo irregular, tengan presente una cosa. La causa fundamental del empleo irregular no es una especial perversión de nuestra sociedad, ni tan siquiera una especial tendencia a una falta
de moral tributaria; obedece a factores estructurales que ustedes no abordan en este proyecto de ley. Obedece a un tejido productivo basado en sectores con tendencia a la utilización de costes laborales muy bajos. Tiene mucho que ver con el
tamaño de las empresas, no pequeñas sino micro, y con su posición periférica, que las hace que para competir utilicen todo tipo de estrategias al servicio de las grandes empresas que controlan productos y mercados. Tiene mucho que ver también con
un modelo de competitividad basado principalmente, cuando no exclusivamente, en la reducción de costes laborales a toda costa. Y tiene mucho que ver con un modelo de relaciones laborales que lo propicia y que ustedes lo han ampliado con su última
reforma laboral. Por eso entendemos que este proyecto de ley está profundamente desenfocado en lo más importante, que es dónde está el origen del abuso sistemático del empleo irregular y de la economía sumergida de este país. ¿Está, como usted hoy
de nuevo ha deslizado en su presentación, en el comportamiento personal anómalo de una serie de personas que aprovechan o utilizan eso? Sin duda, sí; cuando hay verdaderas mafias que montan empresas falsas y ficticias, eso es así. Pero detrás de
eso existe, como detrás del pequeño traficante de droga, una gran maquinaria y un gran sistema que le da cobertura, y el gran sistema que da cobertura a eso es el que ustedes no afrontan. El fraude irregular, la utilización del fraude en la
contratación irregular, el empleo irregular, la economía sumergida en nuestro país tienen una causa muy profunda, y es la consecuencia del empleo colateral de un modelo productivo basado en una estrategia de competitividad de costes laborales a toda
costa y de un marco de relaciones laborales que lo propician. Se lo voy a explicar para que me entienda. Hay quien opina que el problema del empleo irregular es que este país tiene unos costes laborales muy altos. Antes de empezar este debate
recibía sugerencias en el twitter con relación a que lo mejor que hay que hacer para ir contra el empleo irregular es bajar los costes de la Seguridad Social. Seamos claros. España tiene unos niveles y unos costes laborales de los más bajos de
nuestro entorno, el 25 % de la Unión Europea; la mitad que Bélgica, Suecia y Dinamarca; el 40 % más bajos que en Francia y el 31 % más bajos que en Alemania. Puedo afirmar, señora ministra, que es evidente que los países con costes laborales más
bajos son también los que tienen el empleo irregular más elevado, porque costes laborales más bajos como estrategia competitiva y empleo irregular son dos maneras de competir con pies de barro.


El empleo irregular no es solo una anomalía de unos fraudulentos, es la consecuencia de un modelo económico y productivo. En definitiva, el empleo irregular es el último escalón en el que se sitúa esta estrategia que empieza con reducción
de salarios, que pasa por la doble escala salarial de los jóvenes; que pasa por la subcontratación en cadena descentralizando riesgos para las empresas periféricas; que pasó en su momento -y pasa aún- por las empresas de trabajo temporal; que
pasa por las empresas integrales de servicios que no son sino prestamismo encubierto; que pasa por los falsos autónomos como, por ejemplo, el sector de carreteras; que pasa por las falsas cooperativas que, desgraciadamente, han colonizado el
sector agroalimentario; que pasa por los falsos becarios y que, al final, en su versión más patológica de ese modelo de relaciones laborales basado en la competitividad de costes, cruza la frontera de la legalidad más que los otros, porque
autónomos irregulares y ficticios, becarios con contratos abusivos y, en definitiva, cooperativas falsas, también supone pasar esa frontera de la ilegalidad; la pasa del todo y se instala en la irregularidad como una manera de reducir costes. Por
eso, ustedes tienen que ir al fondo de la cuestión y no van. Y la prueba de que no van es que han dejado prácticamente limpio de polvo y paja, igual que estaba en el año 1982, el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que establece
las responsabilidad de las empresas principales en relación con las empresas que trabajan para ellos. Ahí, sin duda, debería haber una gran reforma que podría ayudar a reducir esa realidad.


Los modelos de relaciones laborales que se han ido construyendo durante este tiempo, señora ministra, solo han hecho que contribuir. Es verdad que no es una cosa de este Gobierno. Conozco un poco este sector, conozco un poco la legislación
laboral y le puedo asegurar que la reforma de 1994 hizo un cambio legislativo importante para incorporar los falsos autónomos del transporte a la condición de autónomos contra la doctrina que en aquel momento dictaba el Tribunal Supremo -lo hizo por
encargo

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del lobby de las grandes empresas del transporte-; se sentaron las bases para la desarticulación de las relaciones laborales y el tejido productivo en el sector de transporte, que algo tiene que ver con la obsolescencia de ese sistema
logístico. De la misma manera que después, cuando ustedes en la reforma laboral 3/2012 incorporan elementos de absoluta desregulación en relación con el contrato a tiempo parcial y propician la desregulación de la jornada, están incentivando el uso
abusivo de las horas extras ficticias y falsas de ese colectivo, porque en definitiva están propiciando un modelo que hace del empleo irregular un eslabón más de la cadena de reducción de costes. Por eso, nuestro planteamiento es: acepte usted
abordar en profundidad el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Ampliar la responsabilidad de uno a tres años no sirve para nada. Mire si el argumento es sólido que ha venido la enmienda del Grupo de Convergència i Unió a darnos la razón.
Le sugiero que lea esa enmienda. El Grupo de Convergència i Unió cree que ustedes son demasiado de izquierdas y ha decidido que eso de pasar la responsabilidad de uno a tres años es mucho y la reduce a dos. Pero lo importante no es eso, lo
importante es el argumento que utiliza Convergència i Unió. Dice literalmente: si se pide responsabilidad a las empresas principales se les está situando en dificultades para que compitan. Y cita el sector de la automoción. ¿De verdad alguien
cree que estableciendo responsabilidades a las empresas principales en relación con subcontratistas se está dificultando la competitividad del sector del automóvil? Pues si alguien cree eso es el argumento más definitivo y más obvio de lo que estoy
afirmando. Es casi como decir -no digo que lo diga Convergència i Unió, quiero que esto quede claro- que cuando se está planteando, por ejemplo, que las empresas del sector del textil vigilen y controlen a las empresas de China, India, Vietnam o
Singapur, que están trabajando con niños esclavos, se les está limitando su competitividad. ¿A que a nadie se le ocurriría decir algo parecido a eso? Pues bien, aunque ese caso de los niños esclavos sea un extremo, el uso de trabajadores
irregulares como parte de una competencia de costos laborales es lo que hay que abordar, y ustedes no lo abordan, desgraciadamente, en este proyecto de ley. Por eso, señora ministra, le planteamos esta enmienda a la totalidad y la necesidad de que
entienda que el fraude laboral, el fraude en el empleo solo puede abordarse desde una perspectiva mucho más amplia, que es también el fraude en el conjunto del funcionamiento de esos espacios económicos conjuntamente con el fraude fiscal.


No es posible, no es creíble, su planteamiento en relación con la lucha contra el fraude en el empleo irregular. No lo es porque choca radicalmente con lo que ustedes han venido haciendo durante estos ocho meses, porque la reforma laboral
que ustedes aprobaron con la Ley 3/2012 abre las puertas a la utilización de esa estrategia. Ustedes no solo no han hecho nada para modificar el artículo 42 sino que lo han consolidado. Pasar la responsabilidad de 1 a 3 años -insisto- no va a
modificar absolutamente nada. Qué pena que no esté el señor Gallardón aquí -le podría citar ya que usted ha comentado la ley de tasas- porque desincentivar el uso abusivo de los tribunales y de los recursos con tasas económicas solo sirve para que
los que tienen recursos continúen abusando y los que no los tienen no puedan acceder a la tutela judicial efectiva, que es desgraciadamente lo que va a pasar con el recurso de suplicación y esos 800 euros de tasa que, si no me equivoco, está
establecido para los trabajadores, que sin duda sí que lo van a pagar algunas empresas y otras no.


Por último, en relación con su proyecto de ley, no es posible avanzar en la mejora de la lucha contra el empleo irregular sin mejorar los instrumentos y los medios; las leyes por sí solas no lo pueden conseguir. Yo comparto la idea de que
la Inspección de Trabajo de nuestro país no tiene malos resultados en términos comparativos, pero es evidente que es una Inspección de Trabajo absolutamente insuficiente, que requiere más recursos porque no se puede comparar los recursos de la
Inspección de Trabajo de un país que tiene el 8 o el 10 % de la economía sumergida con otro en donde la economía sumergida no es una excepción, sino que desgraciadamente forma parte de una estrategia competitiva y afecta al 20 % de la economía de un
país. En ese sentido, haría usted bien, señora ministra, en abordar un tema que los otros Gobiernos no han abordado hasta ahora; me refiero a dar una solución a la situación de los subinspectores de Trabajo. Se está infrautilizando la capacidad
de un colectivo muy capaz, sencillamente por no reconocerle mayor funcionalidad y mayor utilidad de su trabajo, como sucede también con los técnicos de Hacienda. Por cierto, si en esos colectivos de inspectores, tanto de Hacienda como de la
Inspección de Trabajo, desapareciera la prohibición de poder ser sustituidos, es decir la tasa de reposición, serían ustedes también más creíbles desde el punto de vista de la lucha contra el empleo irregular.


Termino, señora ministra. Mis palabras no las vierto solamente yo en nombre del Grupo de La Izquierda Plural, le recuerdo el dictamen del Consejo Económico y Social al anteproyecto de ley que continúa plenamente vigente. Dice literalmente:
Las medidas propuestas adolecen de falta de adecuación en muchos casos, y en conjunto resultan insuficientes a los fines que se persiguen y difícilmente van a

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propiciar avances con relación a los mismos, por lo que, sin perjuicio de las observaciones particulares que se formulan al articulado, el conjunto de las medidas propuestas no pueden merecer una valoración positiva. No demos el visto bueno
a una ley placebo, démosle una oportunidad a una ley que de verdad afronte las causas profundas del empleo irregular y de la economía sumergida en nuestro país.


Señora ministra, como usted me ha dado la oportunidad, al hablar de la ley de tasas haciendo un panegírico del buen trabajo del señor Gallardón, permítame que termine diciéndole algo al señor Gallardón y que alguien se lo reproduzca. En
honor del rigor jurídico del compañero Emilio Olabarría y de todos los juristas que estamos en esta sala, la cita que ha hecho el señor ministro Gallardón de la sentencia del Tribunal Constitucional es torpe y torticera, porque es verdad que la
tutela judicial efectiva no ampara la existencia de todo tipo de recursos -eso es algo que la Constitución ha establecido en las leyes-, pero cuando una ley establece la posibilidad de acceso al recurso, establecer límites exagerados por razones
económicas que discriminan el acceso a ese recurso en función de la capacidad adquisitiva de las personas no solo afecta a la tutela judicial efectiva, sino que afecta a la igualdad ante la ley. Eso lo debería saber el ministro de Justicia, porque
tanto si es por torpeza o por engaño no merece este país tener un ministro de Justicia que utiliza de manera tan torticera las sentencias del Tribunal Constitucional. Perdone, pero el señor ministro de Justicia ha ofendido al señor Olabar1ría, buen
jurista, y ha ofendido un poco a todos los que aún tenemos un cierto sentido del derecho y de la justicia en esta sala.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Señorías, señora ministra, hace muy pocos meses en esta misma legislatura en este hemiciclo se enterró por segunda vez -ya lo dijimos entonces- a Ernest Lluch, dinamitando la universalidad del sistema público
sanitario. Por otro lado, vivimos con pavor cómo se desploma el edificio del cuarto pilar del Estado del bienestar a remolque del jaque mate a la Ley de Dependencia, y sigue intensificándose la voluntad del poder de hacer arraigar en la ciudadanía
el imaginario perverso de que todos llevamos dentro de nosotros un defraudador potencial, mientras los ricos mantienen sus abusos, sus fraudes y sus privilegios. ¿Pueden explicarnos cómo casa, cómo encaja este proyecto de ley de lucha contra el
empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social con la voluntad del Gobierno de legitimar a los defraudadores ricos? Porque ustedes pretenden un acuerdo -el llamado acuerdo Rubik- según el cual el Estado helvético pagaría una cantidad de dinero
al Reino de España por asumir que en sus bancos hay depositados fondos evadidos. A cambio, se silenciarán las cantidades evadidas, el número de defraudadores ricos y la Hacienda española les rebajará la presión. En definitiva, Suiza pagará una
cantidad a España para que los defraudadores fiscales puedan evadir mucho más hacia los bancos suizos.


¿Puede explicarnos, señora ministra, cómo encaja este proyecto de ley con la posible concesión de la extradición a Suiza del ciudadano franco-italiano Hervé Falciani por haber desenmascarado más de 130.000 cuentas bancarias de Suiza que
contenían cantidades defraudadas, entre las cuales había 3.700 defraudadores españoles con más de 6.000 millones, cantidad en parte perteneciente al banquero Botín? Esta es mi segunda pregunta para la ministra, porque si realmente deseasen otra
cosa que no fuera perseguir a los trabajadores parados y ofrecer amnistías encubiertas a incumplidores cambiarían de política y afrontarían el problema de la economía sumergida repensando la organización y dotación de las estructuras de la Función
pública. En cambio, nos ofrecen un marco de no reposición de efectivos que hará reducir todavía más el cuerpo de inspectores en activo, cosa que ya inició por desgracia el último Gobierno socialista. Esto resulta ciertamente espurio, porque
plantean una norma para atacar pretendidamente la economía sumergida cuando saben que gozamos de un cuerpo de inspección por debajo de las recomendaciones internacionales y que existe una relación directa entre el número de efectivos y la
efectividad de la lucha contra el fraude.


Ustedes, en la exposición de motivos, denominan modernización a lo que realmente es una transición del modelo de trabajo desde el bienestar a la precarización. Ustedes presentan este proyecto porque se lo exige la misma precariedad que han
ido tejiendo, un escenario de desigualdades e injusticias impuestas por la austeridad, hija del neoliberalismo, especialmente la de los recortes del Gobierno en derechos laborales. Es evidente que, a menos derechos, menos opción de que alguien no
los respete, pero también es evidente que las crecientes desigualdades reclaman que exista una acción clara contra quienes no los respetan. En parte, la filosofía que impera en el proyecto de ley es la de la lucha por la competencia desleal entre
empresas, obviamente para proteger los intereses de los grandes.

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Señora ministra, ¿a qué viene una moratoria para hacer aflorar ocupación irregular? ¿Por qué hacen mal su trabajo? ¿Por qué han trasladado la reforma laboral al terreno de la permisividad? Detrás de todo ello existe una voluntad de
proteger a los poderosos. Ustedes pretenden una ley para perseguir un poco más a las personas desocupadas para alimentar el imaginario perverso de que un trabajador parado es un gandul. Necesitaban una excusa para perseguir y la han encontrado en
una norma que, siendo de persecución de la justicia social, alcanza más bien a quienes utilizan los derechos sociales. ¿Cómo se explica si no que se alargue la prescripción por deudas a la Seguridad Social y no la de las deudas en materia social?
Señorías, si realmente quieren luchar contra el fraude, si estamos dispuestos todos a luchar contra el fraude, hagámoslo para todo y para todos y, sobre todo, en igualdad de condiciones. Si no es así, a nosotros, a los republicanos, no nos vale,
por injusto, por ineficaz y sobre todo porque es una inmensa hipocresía.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Coscubiela, muchas gracias por sus apelativos y piropos. La verdad es que, en esta Cámara, a quien yo considero un buen jurista en el ámbito del ordenamiento jurídico es a usted. Usted ha tenido la suerte de seguir compatibilizando
la actividad política con la actividad académica. Hubo una época en la protohistoria en la que yo me dedicaba a la actividad académica y tenía por lo tanto la oportunidad de profundizar, desde una perspectiva analítica y argumentativa, en los
evanescentes problemas que el ordenamiento jurídico plantea. Últimamente me dedico solo a la política y eso obliga siempre a un análisis un tanto más superficial, táctico, estratégico y carente por tanto de la profundidad que usted todavía,
afortunadamente, sigue practicando. Siga así, es un buen consejo, aunque cada vez le veo también más político, se lo advierto.


Al margen de este intercambio de reflexiones quizá no ajustadas a la cuestión, nosotros consideramos que se le debe dar una oportunidad a este proyecto de ley, primero por sus objetivos. Evidentemente no resulta discutible que la lucha
contra la economía irregular es una de las invocaciones recurrentemente hechas en este Congreso de los Diputados pero nunca articuladas a través de un plan específico, y menos de un proyecto de ley. La lucha contra el fraude en la percepción de
prestaciones de desempleo, que también tienen la naturaleza de prestaciones de Seguridad Social; la lucha contra el fraude en las compatibilidades o incompatibilidades entre ambas prestaciones; la lucha contra el mantenimiento ficticio de empresas
sin actividad que sin embargo continúan inscritas en el registro mercantil como si fueran empresas funcionales -sabe Dios con qué fines, normalmente para realizar actividades ilícitas-; la identificación mediante una búsqueda de los umbrales entre
infracciones del derecho punitivo administrativo y del derecho penal, que van en paralelo, aunque no se termina de buscar en algunos preceptos de este proyecto de ley, señora ministra; la diferenciación, en tanto se consideran -en el artículo 4, en
concreto- infracciones graves algunos tipos o algunos injustos penales que están calificados como penales, como delitos ya por el Código Penal, aunque ustedes ya prevén la remisión al artículo 3 de la ley y por tanto la preeminencia y la prevalencia
de la jurisdicción penal sobre la jurisdicción administrativa en el ámbito punitivo; sin perjuicio de esto, nosotros queremos darle una oportunidad a esta ley porque sus objetivos son pertinentes, no sin hacer una reflexión crítica que nos va a
llevar a la abstención en relación con la enmienda presentada por el Grupo de La Izquierda Plural.


Señor presidente, lo hemos comentado en el proyecto de ley anterior. Vivimos tiempos complicados, el Estado español en este momento debe cuatro billones de euros y su producto interior bruto es de un billón de euros, debe el cuádruple de su
producto interior bruto. Esto obliga a acometer reformas que eufemísticamente se denominan reformas estructurales pero que no son más que relativizaciones y desmenbramientos de paradigmas del Estado del bienestar. El mercado se caracteriza más por
la información y el conocimiento que por la producción de bienes mercantiles, y las ventajas de la mundialización de la economía están provocando una desregulación cuyo paradigma o cuyo reflejo más inmediato ha sido la última reforma laboral
aprobada, presentada por su propio ministerio, señora ministra, donde se producen nuevos perdedores históricos -repito la expresión-, descausalizando la contratación, descausalizando la modificación de condiciones de trabajo, descausalizando la
extinción de las relaciones de trabajo y descausalizando absolutamente la suspensión de condiciones de trabajo.

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Resulta metafísicamente imposible, señora ministra -y yo le presentaré enmiendas para intentar corregir esta disfunción que le ha comentado el señor Coscubiela y que nos parece particularmente grave-, elevar a la categoría de infracción muy
grave la invocación falsa de causas administrativas, económicas, de fuerza mayor, etcétera, que es tanto como decir la libertad del empresario para modificar condiciones, expulsar o suspender el contrato de trabajo es lo mismo porque son conceptos
metajurídicos todos ellos; infracción grave cuando es imposible aprender, dentro de los conceptos jurídicos normativos que utilizamos en el ámbito del derecho de trabajo, en qué consisten; cuando se pueden invocar cuestiones tan deletéreas como
previsión de pérdidas, o pérdidas actuales o previstas, o modificación o inadaptación del trabajador a las nuevas circunstancias de la competitividad, conceptos metajurídicos absolutamente. Sobre conceptos metajurídicos es imposible, jurídicamente
imposible, tipificar una infracción, tipificar un reproche administrativo y tipificar un reproche penal.


El Consejo de Europa -a usted le debería preocupar esto y se lo digo también con afecto, con el afecto que sabe que le profeso- acaba de comentar que la determinación de un periodo de prueba de un año es contrario a la Carta Social Europea.
Le estoy hablando del contrato de emprendedores, como se puede imaginar, con un periodo de prueba. Que la privación del carácter vinculante de los convenios colectivos, que se ha incorporado a la reforma laboral que estamos comentando mediante la
voluntad libérrima por parte del empresario de descolgarse de las condiciones de un convenio de ámbito superior al convenio de empresa in peius, empeorando las condiciones, porque si el descuelgue es a un convenio de empresas es porque esa empresa
está sufriendo dificultades, esa desvinculación del carácter de la eficacia normativa erga omnes de los convenios colectivos es contraria a la Carta Social Europea. Y esto nos lleva, señor Coscubiela, a una reflexión: hemos aprobado una reforma
laboral donde el Consejo de Europa nos ha identificado dos principios o dos aspectos troncales en la reforma contrarios a la Carta Social Europea. Esto nos obligaría de alguna forma a reiniciar. Pero esto es algo colateral.


A este proyecto de ley, señora ministra, nosotros vamos a presentar bastantes enmiendas que yo creo que van a mejorar la técnica jurídica utilizada. A mí me parece que desde una perspectiva del derecho punitivo aceptar, como se prevé en el
proyecto de ley, que una vez practicada la liquidación por la Inspección de Trabajo se pueda pagar la mitad de la sanción, contradice principios o la ontología del derecho punitivo administrativo, dando muchas facilidades a los empresarios solo por
el pronto pago, como en tantos otros ámbitos del derecho punitivo. Que la patología de la subcontratación en cascada no se trabaja con suficiente rigor. En este momento usted sabe que el empresario principal nunca va a conocer al último
subcontratista. Va a haber un primer subcontratista, un segundo subcontratista, un tercer subcontratista e incluso la legislación española permite que el último subcontratista, que puede ser el decimoquinto, contrate a una persona física que
realice los trabajos de la subcontrata. Hay que luchar, esto sí que es una patología que afecta incluso al derecho de seguridad del empresario en relación al trabajador porque según se van reduciendo o alargando las subcontratas, la prevención del
riesgo laboral va decayendo y se va difuminando peligrosamente. Y ahí hemos fracasado y no es que usted haya fracasado, sino que en la ley y en el iter legislativo de la ley podemos mejorar una de las patologías características del mercado de
trabajo español, donde hay un empresario principal que no sabe quién termina realizando la obra encomendada al empresario principal. Y algunas otras cuestiones que ya le comentaremos, señora ministra.


No vamos a apoyar la enmienda a la totalidad porque me parece que los objetivos de esta ley no solo son pertinentes, son absolutamente imprescindibles porque la lucha contra la economía sumergida bien articulada es la lucha por los derechos
de los trabajadores, por los derechos de la Hacienda pública porque en el ámbito de la economía sumergida ni se producen cotizaciones, ni se puede proceder a la exacción de cotizaciones sociales, ni se puede proceder a la exacción de cotizaciones
tributarias. Desde esa perspectiva, la economía sumergida constituye también una genuina competencia desleal contra nuestras empresas, que bastantes quebrantos competitivos están sufriendo con otros países en donde la economía sumergida ha
adquirido carta de naturaleza. Solo por estas razones vamos a intentar apoyar la ley y no solo apoyarla sino, desde una perspectiva proactiva, intentar mejorarla. Por estas razones, señor presidente, ya le anuncio la abstención de mi grupo a la
enmienda presentada por Izquierda Plural... Bueno, la expresión que usted utiliza para identificar a este grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

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El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, mi grupo, Unión Progreso y Democracia, solo puede ver con buenos ojos una iniciativa que persiga el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Este tipo de prácticas atentan contra los derechos de los
trabajadores, los desprotegen. Este tipo de prácticas suponen una merma de recaudación y por tanto una amenaza para la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social. Y este tipo de prácticas supone una competencia desleal de las empresas
que lo utilizan frente a las empresas cumplidoras. Sin embargo, compartir el objetivo -como bien indica el Consejo Económico y Social- no implica necesariamente compartir que las medidas que se toman son las más adecuadas o que son siquiera
suficientes. Cuando analizamos el contenido de las medidas que aquí se nos traen se podrían resumir en una expresión, que es un aumento de las sanciones. Son muchas medidas pero la filosofía general es un aumento de las sanciones. Y entiéndanos
bien, señora ministra, no es que nos disguste el aumento de las sanciones, incluso en las enmiendas que mi grupo va a plantear si este proyecto de ley sigue su trámite -como cabe esperar-, proponemos en algunos casos específicos un endurecimiento
mayor. Por ejemplo, cuando hay varias infracciones que se cometen simultáneamente, cuando falta la afiliación del trabajador o cuando no se cumplen los supuestos relacionados con la discapacidad. Es decir, que no nos asusta el aumento de las
sanciones, lo vemos favorablemente.


El problema es que creemos que esto debería ser una pieza de una estrategia más amplia. No puede pensarse que solo endurecer las sanciones va a solucionar el problema porque de hecho las sanciones ya existían, con menos gravedad pero ya
existían y no han impedido que lleguemos a la situación actual. Resulta un tanto infantil pensar que simplemente endureciéndolas va a cambiar radicalmente esa situación. Un primer complemento evidente que creemos que tendrían estas medidas de
endurecimiento de las sanciones es una mejora de la inspección. En economía del fraude la amenaza que percibe el defraudador es la cuantía de la multa por la probabilidad de ser detectado, evidentemente. Si la multa es muy grande pero la
probabilidad de ser detectado es muy pequeña, la amenaza no sirve de nada. La media de la Unión Europea es de un inspector de Trabajo por cada 7.000 trabajadores y en España tenemos un inspector de Trabajo por cada 20.000 trabajadores. Es decir,
que tendríamos que triplicar nuestros recursos para estar en la media de la Unión. Usted nos ha anunciado un incremento de recursos, pero realmente resulta sorprendente porque en los presupuestos lo que hay es una tasa de reposición del 0 o del 10
%, hay un decremento de recursos por lo que parece que no estamos convergiendo a la media sino incluso alejándonos, dado los presupuestos que una y otra vez se están presentando.


En el tema de la inspección a mi grupo también le preocupa la coordinación dentro de la inspección porque, como es sabido, la Inspección de Trabajo está cedida a las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco. Una aplicación no
homogénea de la legislación laboral supondría un factor muy importante de ruptura de la unidad de mercado, por lo que es muy importante que se mantenga la coordinación entre los diferentes ámbitos de esa inspección. Por otro lado, consideramos que
el enfoque respecto a la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social debería ser más sistemático. En primer lugar, deberíamos partir de un diagnóstico claro de dónde estamos ahora que sustentase las medidas. No hace tanto
tiempo el Gobierno anterior aprobó el Real Decreto 5/2011, para la regularización y control del empleo sumergido. Había la obligación legal de evaluar el resultado de esas medidas. Nos gustaría conocer esa evaluación. Nos gustaría que cada
Gobierno no partiese de cero respecto al anterior sino que hubiese una continuidad en el esfuerzo y que hubiésemos partido de un diagnóstico de la situación actual que sustentase las medidas. El enfoque también sería más sistemático si la Lisos
tuviese un texto refundido. Como bien se ha apuntado antes, hay todo tipo de modificaciones dispersas y crea inseguridad jurídica. Es difícil para el empresario saber cuál es ese texto que engloba todas las modificaciones. Habría que refundir el
texto de la Lisos, en opinión de mi grupo.


Usted ha señalado una serie de iniciativas que, en nuestra opinión, se solapan y están dispersas, no forman un todo integrado cuando deberían hacerlo. Los planes anuales de Inspección de Trabajo, el Observatorio contra el fraude, la lucha
contra las empresas ficticias, la reforma del Código Penal, son actuaciones que deberían formar parte de un todo integrado y muchas veces da la sensación de que se solapan entre sí y no están bien coordinadas. Pero incluso este enfoque más amplio
sería insuficiente. Si elevamos el nivel del análisis, si elevamos el enfoque, como otros portavoces han señalado, no se puede tratar aisladamente el problema del fraude a la Seguridad Social y del empleo irregular si nos abstraemos del contexto
socioeconómico en que ese problema se está generando. Es decir, este problema es una manifestación más de la economía sumergida, que en nuestro país supone el 22 % del PIB; es una manifestación de ese problema más general, la economía sumergida.
Va unido a otras formas de fraude,

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como el fraude fiscal; no se pueden tratar por separado, se deben tratar de forma conjunta, y ese esfuerzo de actuación conjunta está en sus albores, hay mucho camino por recorrer en la lucha conjunta contra el fraude fiscal y el fraude
laboral.


Por otro lado, usted también es ministra de Trabajo y no puede abstraer esta medida de la reforma laboral que su ministerio ha aprobado no hace tanto tiempo. El empleo irregular tiene mucho que ver con nuestro modelo laboral que la reforma
laboral ha acentuado. Tiene que ver con la precariedad, por ejemplo. Hoy en día todavía el 94 % de los nuevos contratos son temporales y solo el 6 % de los nuevos contratos son indefinidos. Con un mercado de trabajo tan precario hay mucho margen
para el fraude, para realizar contratos temporales que no deberían ser temporales, para que haya fraude en las bonificaciones al contrato indefinido. Como usted recordará, nosotros propusimos un contrato único indefinido; con un contrato único
indefinido, con otro modelo laboral, no habría este tipo de fraude en el abuso de la temporalidad, obviamente, ni habría tampoco fraude en el mal uso de las bonificaciones para fomentar el empleo indefinido. Es decir, no se puede desligar el modelo
laboral precario de los problemas que hoy nos traen aquí. Son dos caras de la misma moneda. En su reforma laboral, la posición de dominio del empresario frente al trabajador se acentúa y la posibilidad de que ese dominio se convierta en abuso
también se acentúa. No es posible abstraerse de los efectos de la propia reforma laboral que ustedes han aprobado hace poco tiempo y ahora echarse las manos a la cabeza cuando se ven algunas de sus consecuencias.


Hay otro problema relacionado que no se ha comentado hasta ahora pero que en opinión de mi grupo tiene importancia, y es el problema de la inmigración, del enorme número de inmigrantes que en nuestro país no tienen permiso de trabajo. Esa
es otra cuestión que no se puede disociar del problema del contrato irregular. Además, el propio modelo productivo está ligado al problema del empleo irregular. Efectivamente, es un modelo productivo que busca ganar competitividad reduciendo
costes laborales y, en el extremo, reduce costes laborales más allá de la ley. Si hubiese un modelo productivo que buscase la mejora de la competitividad con la investigación y el desarrollo, con el aumento de la productividad, el problema tendría
otras dimensiones. Por último -pero no por ello menos importante-, hay un problema desde luego de conciencia social, de valores en la sociedad que solo se podría abordar desde el sistema educativo.


Cuando se tienen en cuenta todos estos factores, pensar que con un mero endurecimiento de las penas se va a solucionar el problema creemos que no es realista, sinceramente. Por tanto, nosotros vamos a apoyar que se tramite la ley. Creemos
que no tiene sentido rechazarla, porque aborda un problema importante, pero desearíamos que se enmendase y se mejorase en la Comisión, cosa que no ha sucedido, por ejemplo, con el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal. Creemos que es un
grave error, que estos son problemas de Estado, que es posible encontrar acuerdos entre los grupos y no entendemos esta actitud del Partido Popular de una y otra vez rechazar todas las enmiendas de los demás grupos en estas cuestiones en las que es
posible encontrar puntos de acuerdo. Por tanto, pensamos que se debe tramitar la ley, pero también creemos que debe ser sustancialmente modificada en la Comisión de Empleo. Esa es la postura de Unión Progreso y Democracia.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Creo que al señor Coscubiela le debemos agradecer que haya planteado esta enmienda a la totalidad porque nos permite tener un debate en el plenario con una cierta profundidad en este proyecto de ley en el que me parece que todos, incluido el
Gobierno, estamos coincidiendo en dos cuestiones: por un lado, la lacra que supone la economía irregular, tanto desde el punto de vista de la posición competitiva de las empresas como de la defensa del Estado del bienestar, la capacidad de la
recaudación fiscal, la calidad de los servicios públicos, la oferta de los servicios privados, y por tanto ningún grupo puede oponerse a un proyecto de ley que dé más instrumentos al Estado para desarrollar esta política. Al mismo tiempo todos
coincidiríamos, y de ahí la virtud de la enmienda que se nos plantea, en que una política en esta materia exige alguna cosa más que las modificaciones legales que nos plantea el proyecto de ley del Gobierno.


Además, señorías, no es esta la primera vez que en los últimos tiempos, al menos de aquellos que yo tengo memoria en esta Cámara, hemos discutido y hemos legislado en materia de lucha contra la economía irregular. El anterior Gobierno -creo
que fue a mediados de 2011- aprobó un plan presionado por la

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Unión Europea en esta materia, creo recordar que fue en la etapa del ministro Gómez; en ese plan había un aumento de las sanciones en esta materia. Incluso a propuesta de Izquierda Unida hace unos cuantos años, gobernando el PSOE, se
aprobó también una ley que pretendía impedir el fraude de la subcontratación en el ámbito de la construcción. Hemos legislado, hemos aumentado las penas, los Gobiernos han hecho esfuerzos más o menos importantes para aumentar los efectivos en la
lucha contra la economía irregular y lo cierto es que España, junto con Grecia, con Portugal y con Italia, figura entre aquellos países, según datos de la OCDE, con mayor peso de la economía irregular y de la economía sumergida. El señor Coscubiela
en su enmienda entraba en una cierta contradicción. Ha habido un momento en que hacía una aproximación muy liberal sobre cómo el Gobierno debía legislar, reclamando menos legislación y menor reglamentación para dejar más libertad de actuación a las
empresas -me ha parecido entenderlo de esa manera y me parece sugerente que el señor Coscubiela haga ese planteamiento-, pero al mismo tiempo -por aquello de que en su día Izquierda Unida nos lo ofreció en esta materia- nos planteaba también mayores
regulaciones en este ámbito y evitaba lo que a nuestro entender constituye uno de los principales problemas porque explica por qué España, junto con Grecia, con Portugal y con Italia, tiene ese problema. Parte de nuestra economía irregular está
vinculada con los servicios a las personas y a las familias; servicios a las personas y a las familias que comprados en los costes del mercado formal son inasumibles por las familias. Estamos hablando de la atención a la dependencia de baja
intensidad, cuidados de personas mayores, limpieza del hogar, profesores de repaso, pequeñas reparaciones, sectores que en países de nuestro entorno, como Francia y Bélgica, han optado en los últimos años para hacer emerger esa economía informal por
abaratar los costes fiscales de ese tipo de servicios, con deducciones fiscales por la compra de los mismos, con IVA mucho menores de los que se cobran en España o con asunción de las cotizaciones sociales por parte del Estado. El modelo más
singular de ese tipo de políticas es la conocida Ley Borloo en Francia, que ha permitido en los últimos diez años hacer emerger cientos de miles de puestos de trabajo en la economía formal no desde la lógica del palo, sino desde la lógica de la
zanahoria. Porque, señorías, la crítica que mi grupo formularía a las políticas que los Gobiernos han desarrollado en los últimos años en la lucha contra la economía irregular es que no han existido instrumentos, dentro de la lógica de la
zanahoria, que permitan incentivar, estimular y provocar que esa economía irregular que existe en el seno de las familias emerja, que esos empleos irregulares emerjan.


Quizá podríamos aprender de aquello que han hecho Francia y Bélgica en estos años y podríamos no tan solo hacer emerger empleo sumergido, sino crear oferta de calidad para las familias y, al mismo tiempo, permitir que en un sector que puede
ser intensivo en la creación de ocupación, y precisamente intensivo en la creación de ocupación en aquellos sectores que van a tener mayores dificultades en volver a encontrar empleo, si cambiamos nuestro modelo productivo, encuentren ahí una
posibilidad de empleo. En este sentido, señora ministra, ya le anuncio una enmienda que Convergència i Unió ha presentado al proyecto de ley en la que mandatamos que el Gobierno en un plazo muy rápido presente un proyecto de ley a la Cámara
orientado a la emergencia de empleo en el sector de servicio a las personas.


El señor Coscubiela en su intervención ha hecho referencia a una enmienda de Convergència i Unió y le preocupaba el contenido de la justificación de la enmienda. Dudo mucho que le pueda preocupar el contenido de lo que establece nuestra
enmienda parcial, porque usted no lo ha contado todo, ya que nuestra enmienda introduce precisamente garantías que puedan permitir a las empresas principales conocer cuál es la situación de las empresas subcontratadas. Quizá usted parte del
prejuicio, que me sorprende desde la perspectiva de la defensa de los derechos de los trabajadores y de la propia habilidad de las empresas, de que esas empresas principales si contratan a empresas que tienen algún tipo de irregularidad lo hacen
desde el conocimiento de esa irregularidad. Nuestras enmiendas precisamente pretenden dar instrumentos para que las empresas principales puedan conocer si estas empresas subcontratadas cometen algún tipo de irregularidad. No partimos del
presupuesto de que la empresa principal está actuando de mala fe, como parecía entenderse de su intervención.


Señora ministra, espero que el trámite parlamentario de este proyecto de ley nos permita una cuestión que apuntaba el portavoz de Unión Progreso y Democracia, que es mejorar aquello que el proyecto de ley nos pone encima de la mesa. Nos
permita mejorarlo desde la perspectiva de las garantías legales que se deben dar, de la falta de existencia de prejuicios contra nadie y, sobre todo, desde la convicción de que no solo necesitamos una política de palo contra la economía irregular,
sino también una política de zanahoria. Estamos convencidos de que en el trámite parlamentario podemos mejorar el contenido del proyecto de ley.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Valerio.


La señora VALERIO CORDERO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, debatimos hoy en este Pleno sobre el proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Nuestro grupo solicitó la pasada semana la avocación por el Pleno de la deliberación y votación final de
este proyecto de ley porque nos parece que el tema que nos ocupa es de tal relevancia que ha de ser aprobado aquí, en este Pleno. Nosotros hemos decidido no plantear una enmienda a la totalidad en relación con el proyecto de ley, pero sí que hemos
considerado necesario plantear veintiséis enmiendas al articulado que nos parece que contribuirán a mejorar aspectos sustantivos del texto que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.


Por supuesto, ministra, compartimos los objetivos que se plantean en la exposición de motivos del mismo, ya que consideramos que es fundamental la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Siempre lo ha sido para
nuestro partido y más ahora, en una situación de crisis económica generalizada con millones de personas desempleadas y con menos prestaciones, con el 21,1 % de la población residente en España que vive por debajo del umbral de pobreza y con las
políticas de su Gobierno, señora ministra, que apuestan cada vez por más impuestos y menos derechos sociales, por ejemplo, el presupuesto para 2013 que mañana comienza a debatirse en esta Cámara. Todo ello es un caldo de cultivo idóneo para que
cada día esté más tocada la cohesión social y más quebrada la paz social, que han sido señas de identidad de nuestro país desde los inicios de la Transición. Es también un tremendo caldo de cultivo para que la economía sumergida, en vez de
disminuir, aumente, ya que están todas las bases sentadas para que se incremente el fraude fiscal y a la Seguridad Social, y el empleo sumergido. Así lo señalan recientes estudios, por ejemplo, en el informe del CES a este proyecto se menciona el
de Funcas 2011, en el que se concluye que la economía sumergida se había reducido entre los años 2000 y 2008, y que a partir del año 2008, con el inicio de la crisis, se había vuelto a incrementar, posiblemente como consecuencia del incremento del
empleo irregular. En estos momentos se estima que nuestra economía sumergida está en torno al 20 % del PIB.


Por otro lado, la llamada reforma laboral que ustedes nos han impuesto y la esgrimida necesidad de flexibilizar las relaciones laborales pueden traer como efecto colateral negativo la dificultad en el control del cumplimiento de las normas
del orden social. Si desde su perspectiva ideológica -la liberal de derechas- el aumento de la libertad en el contenido de la relación laboral y su modificación constante de forma unilateral se defiende como la adaptación de las relaciones
laborales a la realidad económica de la empresa, nuestro grupo considera que esto implica, señora ministra, la reducción de la seguridad jurídica para los trabajadores en cuanto a los derechos y obligaciones que les corresponden. Avanzando en esta
reflexión, la desregulación en el ámbito laboral influye en una época de crisis económica para que los trabajadores tengan que aceptar condiciones infralegales o que haya una mayor opacidad en el cumplimiento de las obligaciones empresariales,
facilitándose por ello un ambiente normativo propicio al fraude que no solo perjudica a los trabajadores, sino también al sistema público de protección social, al sistema de la Seguridad Social, al que resta recursos, y también a las empresas
cumplidoras, a las que se hace competencia desleal con estas prácticas abusivas o ilegales por parte de las que no cumplen. Está claro que se ha propiciado un evidente desequilibrio de las relaciones laborales a favor de la empresa, así como un
relajamiento en la normativa laboral que ahora, con este proyecto de ley, se pretende compensar a nuestro juicio con un mayor esfuerzo de control. El tema es si se conseguirá o no.


Señora ministra, el proyecto tiene un título muy potente, pero un contenido muy endeble. Mucho ruido, señora ministra, y pocas nueces. Además, parece que con él se quieren convertir ustedes en los inventores y paladines de la lucha contra
el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Ha comentado usted en su intervención que es un plan sin precedentes. Vamos que acaban ustedes de descubrir la pólvora, señora ministra. Y nada más alejado de la realidad, porque los
antecedentes previos son muchos a lo largo de estas últimas décadas. Por ejemplo, la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha sido siempre una de las prioridades del Pacto de Toledo desde su creación allá en el año 1995
y en la recomendación décima del informe de evaluación y reforma de 2011 se contempla precisamente la necesidad de seguir avanzando en la adopción de medidas destinadas a mejorar el control de la correcta percepción de las prestaciones, así como
indica que hay que seguir combatiendo los efectos negativos que el empleo no declarado ocasiona a la Seguridad Social.

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Por otro lado, estos objetivos siempre han formado parte de los convenios y recomendaciones de la OIT y de la Unión Europea, que en estos últimos años los han hecho suyos, por ejemplo, en la política europea de empleo, dentro de la
estrategia Europa 2020 y de los compromisos asumidos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Esto propició que estos objetivos se incluyeran, entre otros, en el programa nacional de reformas que elaboró el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
en abril de 2011 y que se plasmaran en el Plan de afloramiento y control del empleo sumergido de 29 de abril de 2011 y en una serie de medidas que se incluyeron en el Real Decreto-ley 5/2011 de esa misma fecha.


Como consecuencia del mismo se produjo un nuevo proceso de regularización voluntaria del empleo irregular de trabajadores desde la fecha de entrada en vigor del real decreto-ley, 7 de mayo, hasta el 31 de julio de 2011. Por otro lado este
real decreto-ley también supuso un endurecimiento de las sanciones administrativas y la intensificación de la actividad de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como la
realización de campañas de sensibilización pública.


Su Gobierno, señora ministra, antes de haber aprobado más planes al respecto y antes de haber elaborado un nuevo anteproyecto, debería haber realizado la evaluación que estaba prevista en la disposición adicional segunda del antes citado
real decreto-ley, en la cual se establecía que el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, actualmente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el plazo de seis meses debía realizar una evaluación y seguimiento de los
resultados de las medidas incluidas en el mismo y, oída la comisión tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y atendiendo a las conclusiones de dicha evaluación, proceder a adoptar o promover las medidas de adaptación o modificación
que resulten adecuadas.


Ustedes, señora ministra, ni se han molestado en elaborar este informe de evaluación, pero sí han elaborado un nuevo Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, a consecuencia del cual ahora se debate aquí
este proyecto de ley y próximamente se debatirá una reforma del Código Penal de endurecimiento de las penas en materia de fraude a la Seguridad Social, entre otros temas. Esta circunstancia de no haber hecho la evaluación previa ha recibido, como
usted bien sabe, críticas generalizadas, entre otros de los agentes sociales y del propio Consejo Económico y Social al que usted se ha referido anteriormente, ya que además no se ha hecho una evaluación conjunta de toda una serie de acciones que se
han ido poniendo en marcha en estos últimos años en el marco de diversos planes dirigidos al control y a la lucha contra la economía sumergida y el empleo irregular, en los que hay que seguir insistiendo pero que hay que evaluar, como dice el CES,
para evitar posibles solapamientos. Me refiero concretamente a los planes integrales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al Observatorio contra el fraude, al Plan de acción sobre empresas ficticias y altas fraudulentas y al Plan
integral de prevención y corrección del fraude fiscal y laboral de la Seguridad Social, de 5 de marzo del año 2010, que ha propiciado la coordinación de acciones entre la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Por ello el CES señala en su informe que echa en falta un diagnóstico tanto de carácter cuantitativo como cualitativo relativo al alcance del empleo irregular y al fraude a la Seguridad Social que
sustente la adopción de las actuaciones contempladas en el proyecto de ley o de otras medidas adecuadas a los fines que persiguen. En este sentido seguimos considerando absolutamente fundamental, señora ministra, la evaluación semestral, y por ello
así lo hemos planteado en una de nuestras enmiendas al articulado. También hemos planteado enmiendas en relación con el tema de la subcontratación y el trabajo a tiempo parcial, porque es de todo punto exigible que no se conviertan tales figuras en
bolsas de empleo irregular y de fraude a la Seguridad Social.


Asimismo les hemos propuesto mejoras técnicas en relación con las causas de interrupción de la actividad investigadora por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en relación con la continua referencia, que creemos que no es
necesaria, al orden penal o también en la pretendida proporcionalidad de las sanciones que, sin embargo, cuando se desciende al fondo del asunto, resulta que perjudica al incumplidor de pequeña dimensión. Desde luego compartimos la opinión del
informe del CES cuando dice que en términos generales las medidas y actuaciones incluidas en el anteproyecto de ley, ahora proyecto, no parecen ser las más adecuadas para alcanzar los objetivos previstos, resultando algunas de estas insuficientes,
genéricas o equívocas y teniendo una función meramente recaudatoria; lo que les lleva a concluir que el conjunto de las medidas propuestas adolecen de falta de adecuación en muchos casos y en su conjunto resultan insuficientes a los fines que
persiguen y difícilmente van a propiciar avances en relación con los mismos, por lo que las medidas propuestas no pueden merecer una valoración positiva. Esto es lo que concluye el informe del CES, señora ministra, y desde luego debería preocupar a
su Gobierno.

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Por otro lado nos parece muy importante y necesario que se valore la coherencia del conjunto de políticas orientadas a la lucha contra la economía sumergida...


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.


La señora VALERIO CORDERO: ... dentro de las cuales -voy terminando- las iniciativas de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen un pilar importante, pero no el único.


Evidentemente, señora ministra, las leyes están para cumplirlas y estas han de ser justas y no pueden propiciar las dobles varas de medir. En este sentido, no estamos por la labor de admitir que el peso de la ley caiga siempre con especial
dureza sobre los más débiles. Por tanto, nos negaremos a apoyar cualquier medida que persiga en especial a los perceptores de prestaciones de desempleo como sospechosos permanentes de fraude, cuando hay muchos estudios que demuestran que el fraude
en esta materia es totalmente insignificante comparado con el que realizan las grandes tramas de fraude organizado.


En definitiva, señora ministra, desde nuestro grupo colaboraremos, si es que ustedes nos admiten las enmiendas que hemos planteado, a dotar de contenido este proyecto, que consideramos manifiestamente mejorable. Estamos dispuestos a seguir
contribuyendo en la lucha contra algo que consideramos una auténtica lacra social y que vulnera claramente la justicia y la solidaridad, especialmente en un momento de nuestra historia en que estamos muy necesitados de que estos principios se
cumplan a rajatabla, ya que hay personas muy necesitadas de ayuda y no podemos permitir que se pierdan por el camino...


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar ya.


La señora VALERIO CORDERO: ... ni un solo derecho ni un solo recurso.


Para concluir, presidente, señorías, en relación con la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de La Izquierda Plural, les señalo que nuestro grupo se va a abstener. Compartimos muchos de sus fundamentos, señor Coscubiela, pero
hemos optado, en aras al ejercicio de una oposición constructiva, por mejorar el texto a través de una pluralidad de enmiendas al articulado.


Muchas gracias por su consideración, presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valerio.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, voy a plantear algunas cuestiones preliminares en función de las intervenciones que ha habido, aunque estamos en el trámite de la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo de La Izquierda Plural. Se ha hablado aquí del
último real decreto que ha habido en relación con la regularización y el control del empleo sumergido, que no era realmente una lucha contra el fraude, sino que lo que había -insisto, porque nadie lo ha dicho- era un periodo de afloramiento para la
regularización de altas en la Seguridad Social. Qué curiosas esas palabras: afloramiento para la regularización de altas. Y este afloramiento permitía que se afloraran sin sanción desde el 7 de mayo hasta el 31 de julio de 2011.


Se ha hablado después de evaluaciones. Hay dos cuestiones importantes, señora portavoz del Grupo Socialista. Primera, en ese real decreto se habilitaba una clave específica para que en la Tesorería de la Seguridad Social se pudiera saber
cuál era el epígrafe en el que se metía ese afloramiento para la regularización. Pues, señorías, cuando se ha accedido al Gobierno no había nada de nada, no existía esa clave, no se había creado esa clave. Difícil es evaluar algo que no se ha
creado, por eso puede ser por lo que ustedes no evaluaron lo que deberían haber evaluado, porque, usted lo ha dicho, contando seis meses desde el mes de abril en el que se aprobó ese decreto, ustedes deberían de haber tenido esa evaluación en el mes
de octubre y el Gobierno actual llegó en el mes de noviembre y tomó posesión en el mes de diciembre. Por tanto, señorías, ustedes no evaluaron y no crearon la clave para saber el afloramiento, pero yo se lo voy a aclarar porque el Gobierno sí se he
molestado. La Inspección de la Tesorería de la Seguridad Social ha tenido que ver qué pasaba con aquel periodo. ¿Saben ustedes lo que se afloró? Se afloraron 280 empleos con aquel Real Decreto de afloramiento y regularización que se aprobó para
no emitir sanciones en ese periodo.


Además, señora representante del PSOE, usted habla de injusticias sociales, ¿pero hay mayor injusticia social que los 3.600.000 despidos que ustedes generaron, 5 millones de parados y una congelación de las pensiones? ¿Puede usted decirme
algo más? Por el amor de Dios, no vengan ustedes

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a dar lecciones de lo que no pueden presumir, cállenselo y hablemos de lo que nos importa en este momento, que es luchar contra el fraude del empleo sumergido y el fraude a la Seguridad Social. (Un señor diputado: ¡Muy mal!). Entre otras
cosas, porque además no era una prioridad de la Inspección de Trabajo cuando llegó el Gobierno del Partido Popular luchar contra el fraude, no era una de las prioridades de los inspectores en ese momento, no les debía de preocupar mucho.


Señorías, hay algo muy importante y, desde luego, después de los datos que ha dado la señora ministra, me gustaría saber si hay acuerdo o no en la importancia del plan de lucha y de los objetivos que se han conseguido ya y de los incrementos
que ha habido en la lucha contra el fraude. No he oído decir nada sobre si alguien está de acuerdo o le parecen pocos.


Este proyecto de ley es clave para mejorar la eficacia de la optimización de los recursos y la colaboración entre administraciones, algo que nos parece absolutamente necesario. Lo que dicen aquellos que pretenden defender a los
trabajadores, señor Coscubiela, siempre se oponen luego a medidas como esta alegando que son insuficientes. Lo hicieron entonces con la otra medida insuficiente que se aprobó por el Grupo Socialista y ahora también. Pues, señoría, increméntenlas,
modifíquenlas, den una alternativa, pero hacer una enmienda a la totalidad, a mi juicio, tiene dos finalidades: una puede ser dar un texto alternativo, cosa que aquí no hemos visto, y otra puede ser que usted se opone radicalmente a que se regule
en esta Cámara esa cuestión. Me tengo que quedar con la segunda dada su actitud, porque ustedes no han presentado una enmienda alternativa; no sabemos cuál es su alternativa de lucha contra el fraude. Dicen que les parece insuficiente. ¡Hombre!,
me parece bastante más constructiva la posición del resto de los grupos que, por cierto, queremos agradecer desde el Grupo Popular. Es decir, todo puede ser susceptible de crítica, pero vamos a trabajar conjuntamente porque sí nos parece
constructivo y, por lo tanto, no hacemos una enmienda a la totalidad. Insisto, esa enmienda a la totalidad tiene esas dos finalidades. Con ninguna de las dos me puedo quedar, señor Coscubiela, salvo con la de que ustedes no quieren que haya ningún
plan de lucha ni ninguna ley que luche contra el fraude en una materia tan importante y tan antisocial.


El texto que ustedes justifican en esta enmienda es farragoso, contradictorio en alguno de los términos y sinuoso en cuanto al necesario incremento del control a las empresas y mucho más laxo en cuanto a los trabajadores, lo que lleva a
concluir que a estos no les queda otro remedio que aceptar el empleo irregular y el fraude. Pues miren ustedes, no, señorías, no. Hay que luchar decididamente contra este problema que todos denunciamos y contra el que solo algunos estamos
dispuestos a trabajar y a luchar. Y los datos de la señora ministra lo dicen muy claramente. ¡Y usted habla de placebo! ¿A usted le parece placebo lo que se ha aflorado en seis meses? A mí no me lo parece. Si a usted le parece placebo esta ley
en la que se incrementan las sanciones cuantiosamente, no sea usted incoherente, porque luego lo que dice es que solo tiene un afán de sanciones. Pero ¿hay alguna otra manera de disuadir si no es con sanciones, además de con campañas e
incrementando todos los medios, como ha dicho la señora ministra? Por cierto, no se puede venir aquí a decir que no hay una tasa de reposición para los inspectores, que es cero. Es falso de toda falsedad. Hay un 10 % de tasa de reposición no solo
para los inspectores de Trabajo, para los de Hacienda y para todo el personal de la Seguridad Social que trabaja en la lucha contra el fraude. Por lo tanto, hay que decir siempre la verdad.


Señorías, ustedes dicen en su texto cosas alucinantes, porque ustedes vienen a decir que está imperando la cultura del fraude. Mire, nosotros no aceptamos como normal la cultura del fraude y contra ello va dirigido el plan, el proyecto de
ley y el complemento con la reforma del Código Penal, precisamente para no acostumbrarnos a esa cultura de la que ustedes hablan como si fuera algo irremediable. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.


Por favor, ruego silencio. Hay una diputada en el uso de la palabra.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Gracias, señor presidente, por su amparo. Espero que a los señores diputados les interese un tema tan importante.


Señorías, queremos ahondar precisamente en la concienciación social y no acostumbrarnos a lo que ustedes vienen a decir claramente, que ya existe una cierta comprensión o aceptación social de la economía informal. No podemos asumir eso,
señor Coscubiela, señoras y señores diputados. Precisamente se ahonda en esa concienciación social mediante la represión, la sanción equilibrada y todo el plan de refuerzo de la inspección y de campañas disuasorias -luego hay varios aspectos, no
solo el sancionador-, y se hace visible que la Administración ni puede ni va a tolerar lo que es un atentado directo contra la

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sostenibilidad de un sistema, los derechos de los trabajadores y contra la competitividad de las empresas. Pero todo junto, no solo estamos hablando de la competitividad de las empresas ni de las grandes empresas, señor Coscubiela, que
usted tiene en esa mente tan absolutamente turbia. Por cierto, señor Coscubiela, me parece que el señor Llamazares debe estar bastante ofendido con usted, porque de la experiencia parlamentaria del señor Llamazares nadie dudamos y no necesita de
salvadores patrios, como ha hecho usted con él. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Vuelvo a pedir silencio, no se oye a la señora diputada que está hablando en este momento.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: El señor Llamazares tiene la suficiente experiencia parlamentaria para hacerlo solo. Además, no hace falta que hable del señor Olabarría, al que toda esta Cámara reconoce su enorme valía y profesionalidad
desde el punto de vista jurídico, desde luego no necesita de su cobertura parlamentaria.


Señor Coscubiela, ustedes reproducen aquí que las organizaciones sindicales están en este momento diciendo que prácticamente... (Continúan los rumores).


Señor presidente, es difícil intervenir con el murmullo de fondo.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, ya se lo he dicho dos veces a los diputados. Pido silencio y al mismo tiempo le pido que vaya terminando también.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Yo lo intentaré, señor presidente, pero es que realmente no le oigo ni a usted cuando me llama la atención.


Insisto en que las organizaciones sindicales, según dicen ustedes en su texto, han detectado el error que supone centrar la lucha contra los perceptores de las prestaciones por desempleo. Señorías, es que el Gobierno no centra la lucha en
los que cobran la prestación por desempleo; centra la lucha en el conjunto de los activos económicos que son defraudadores, que son los mínimos, pero que evidentemente no se puede mantener porque esto supone una grave injusticia social además de
esa competencia desleal; una grave injusticia social.


Por lo tanto, no solamente se habla de sanciones, no solamente se habla de la defraudación social, sino que se apela también a la jurisdicción penal. Señorías de La Izquierda Plural, creo que una enmienda a la totalidad en este tema no está
justificada. Estará justificado que debatamos y a eso nos abrimos, al debate, al consenso, a las aportaciones de los grupos en la Comisión, pero desde luego no a una enmienda a la totalidad -insisto- que ni tiene alternativa ni está justificada.
Por todo ello, señorías, desde nuestro grupo pretendemos que trabajemos todos juntos para acabar con la mayor injusticia social que supone el fraude al empleo, a la fiscalidad y a la Seguridad Social, porque al final estamos perjudicando a aquellas
personas y empresas que están cumpliendo y que se merecen que todos trabajemos para mejorar su capacidad y su actividad económica.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Álvarez-Arenas.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN).


- ADDENDUM AL ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM), POR EL QUE SE CREA EL FONDO MIXTO, HECHO EN PUERTO ESPAÑA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000045).


- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN NOVAKCHOTT EL 6 DE OCTUBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000046).


- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COREA, HECHO EN SEÚL EL 14 DE JULIO DE 2011. (Número de expediente 110/000047).

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- ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA INTERCAMBIADA EN INTERÉS DE LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 25 DE MAYO DE 2011. (Número de
expediente 110/000049).


- ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA RELATIVO A LA CONSTITUCIÓN DEL PARQUE INTERNACIONAL TAJO-TEJO, HECHO EN OPORTO EL 9 DE MAYO DE 2012. (Número de expediente 110/000050).


- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA RELATIVO A LOS EMPLAZAMIENTOS DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA EN EL REINO DE ESPAÑA, HECHO EN PARÍS EL 13 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 110/000051).


El señor PRESIDENTE: A continuación, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Tengo entendido que ningún grupo deseaba intervenir. ¿Podemos considerar que se aprueban por asentimiento?
(Asentimiento). Quedan aprobados.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN).


- PROYECTO DE LEY SOBRE SANEAMIENTO Y VENTA DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL SECTOR FINANCIERO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/2012, DE 11 DE MAYO). (Número de expediente 121/000012).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero,
procedente del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo. Se votan en conjunto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 191; en contra, 95; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES. (Número de expediente 121/000018).


El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas de devolución presentadas al proyecto de ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Se
someten todas ellas a una votación conjunta.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 130; en contra, 176.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


AVOCACIÓN POR EL PLENO.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la solicitud de avocación del proyecto de ley que acabamos de votar.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos; 306; a favor, 124; en contra, 177; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

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- PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR Y EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000020).


El señor PRESIDENTE: Votación ahora de la enmienda de devolución presentada al proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 15; en contra, 195; abstenciones, 96.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


AVOCACIÓN POR EL PLENO.


El señor PRESIDENTE: Finalmente, vamos a votar la solicitud de avocación de este proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 128; en contra, 177.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se suspende la sesión.


Eran las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.