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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 59, de 19/09/2012
cve: DSCD-10-PL-59
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 59
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 55
celebrada el miércoles,
19 de septiembre de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página5)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví), sobre el aprovechamiento de los alimentos descartados por las grandes superficies. (Número de expediente 172/000059) ... (Página28)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la creación de un fondo verde de inversiones para generar crecimiento y empleo. (Número de expediente 172/000060) ... (Página34)
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación al acceso de los estudiantes españoles en su etapa de educación obligatoria a una alimentación en los centros escolares que permita el
pleno desarrollo del derecho a la educación regulado en la Constitución española. (Número de expediente 172/000061)... (Página40)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Preguntas ... (Página5)
De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué va a hacer el Gobierno de España para evitar que la Generalitat de Cataluña utilice el
dinero del rescate para financiar la secesión? (Número de expediente 180/000256) ... (Página5)
Del diputado don Pere Macias i Arau, en sustitución de don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el presidente la manifestación de la
Diada Nacional de Cataluña del pasado 11 de septiembre? (Número de expediente 180/000257) ... (Página6)
Del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué plan tiene para España? (Número de expediente 180/000258) ... (Página8)
Del diputado don Aitor Esteban Bravo, de Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Qué pasos ha dado el Gobierno a fin de dar cumplimiento a la proposición no de
ley aprobada el 14 de febrero de 2012 sobre el Plan de derechos humanos? (Número de expediente 180/000254) ... (Página9)
De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Cuáles son las intenciones del Gobierno sobre la petición de rescate
para España? (Número de expediente 180/000259) ... (Página10)
Del diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cuál ha sido el balance de la lucha contra la droga de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
durante el pasado verano? (Número de expediente 180/000268) ... (Página12)
Del diputado don Enrique Álvarez Sostres, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Tiene previsto el Gobierno incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2013 la financiación
correspondiente para la conclusión de las obras de la variante ferroviaria de Pajares? (Número de expediente 180/000255) ... (Página13)
Del diputado don Jaime Eduardo de Olano Vela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento para hacer frente al pago de expropiaciones en la
Comunidad Autónoma de Galicia? (Número de expediente 180/000269) ... (Página14)
Del diputado don Joan Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué respuesta política piensa dar el Gobierno español a la masiva movilización del
pasado 11 de septiembre en la que la ciudadanía de Cataluña expresó el profundo malestar social y nacional, así como la firme voluntad de decidir libremente sobre su futuro? (Número de expediente 180/000253) ...
Del diputado don José Blanco López, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cuál es el grado de ejecución a 1 de septiembre de las inversiones previstas en los Presupuestos
Generales del Estado del año 2012 para la Comunidad Autónoma de Galicia? (Número de expediente 180/000260) ... (Página17)
Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno conceder el anticipo de mil millones de euros
solicitado por la Junta de Andalucía? (Número de expediente 180/000261) ... (Página18)
De la diputada doña Rosa Delia Blanco Terán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Qué beneficios tiene intención de conceder el Gobierno al proyecto Eurovegas? (Número
de expediente 180/000262) ... (Página19)
Del diputado don Francesc Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Tiene previsto el Gobierno cumplir con la disposición adicional tercera del Estatuto de
Autonomía de Cataluña en materia de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado para 2013? (Número de expediente 180/000263) ... (Página21)
Del diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué resultado está dando el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a
la Seguridad Social? (Número de expediente 180/000270) ... (Página22)
Del diputado don César Luena López, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Está satisfecho el Gobierno con el incremento de las tasas universitarias? (Número de expediente
180/000264) ... (Página23)
De la diputada doña Susana Ros Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Por qué considera anecdótica el ministro de Educación la polémica surgida por el uso del 'Tupper'
en los comedores escolares? (Número de expediente 180/000265) ... (Página25)
Del diputado don Alberto Soler Sicilia, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Por qué considera que los colegios que discriminan a los alumnos en función del sexo deben seguir
siendo financiados con fondos públicos? (Número de expediente 180/000266) ... (Página26)
Interpelaciones urgentes ... (Página28)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví), sobre el aprovechamiento de los alimentos descartados por las grandes superficies ... (Página28)
Formula la interpelación el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto.
Contesta el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Baldoví Roda y duplica el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la creación de un fondo verde de inversiones para generar crecimiento y empleo ... (Página34)
Formula la interpelación la señora Tapia Otaegi, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Contesta el señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado), en nombre del Gobierno.
Replica la señora Tapia Otaegi y duplica el señor ministro de Economía y Competitividad.
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación al acceso de los estudiantes españoles en su etapa de educación obligatoria a una alimentación en los centros escolares que permita el
pleno desarrollo del derecho a la educación regulado en la Constitución española ... (Página40)
Formula la interpelación el señor Martínez Gorriarán, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Contesta el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Martínez Gorriarán y duplica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
Se suspende la sesión a las doce y veinte minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ VA A HACER EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA EVITAR QUE LA GENERALITAT DE CATALUÑA UTILICE
EL DINERO DEL RESCATE PARA FINANCIAR LA SECESIÓN? (Número de expediente 180/000256).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Preguntas dirigidas al Gobierno. Comenzamos con las preguntas formuladas al señor presidente del Gobierno. Tiene, en primer lugar, la palabra para realizar la pregunta la diputada doña Rosa Díez, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, ¿qué va a hacer el Gobierno de España para evitar que el Gobierno de Cataluña utilice el dinero del rescate, los más de 5.000 millones de euros que ha solicitado, para financiar la secesión, habida cuenta de que han
advertido que no aceptarán ningún tipo de condición?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señora Díez, como usted sabe, estamos viviendo una grave crisis de liquidez, hay comunidades autónomas que tienen difícil el acceso a los mercados financieros y, como cualquiera puede comprender, no podemos permitirnos que una comunidad
autónoma haga un impago de un vencimiento de su deuda o que no pueda acceder a una financiación que es imprescindible para mantener los servicios públicos. Como esto no se puede aceptar, por las consecuencias de todo orden que esto traería, hemos
arbitrado un procedimiento que, en primer lugar, fue la línea de financiación directa ICO-comunidades autónomas que atendía los vencimientos de deuda externa contraídos antes del 1 de enero de 2012. Esta línea se creó en febrero y ha atendido ya a
muchas comunidades autónomas, entre otras a la comunidad autónoma a la que usted se refiere por un importe de 708 millones de euros. Esta línea se agotó y se ha sustituido por el Fondo de liquidez autonómico, que atenderá los problemas que tienen
las comunidades para los vencimientos de deuda externa y para poder financiarse, cuyos objetivos y prioridades fundamentales son dos: que paguen sus vencimientos y, al mismo tiempo, que paguen a sus proveedores. Por tanto, no tenga usted ninguna
preocupación con el asunto que me ha planteado aquí.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señora diputada.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Le agradezco su respuesta pero yo creo que sí hay elementos de preocupación. Quiero ofrecerle una vez más el apoyo de Unión Progreso y Democracia frente a la pulsión del nacionalismo identitario. Un nacionalismo, señor presidente,
excluyente, que valora a la tribu más que al ciudadano; que pone por delante la defensa del grupo, ya sea ideológico, racial, étnico o religioso, por delante del ciudadano. Un nacionalismo identitario y excluyente que amenaza la cohesión y la
igualdad de una España más justa en una Europa más justa, más federal y más política. Un nacionalismo identitario y excluyente que, por una parte, nos dicen: o me pagas o me voy y que, por otra parte, se queja de que no les comprendemos.
Nosotros, presidente, pensamos que ese planteamiento requiere una respuesta clara y directa. Por eso le pido que utilice esa cita con el presidente de la Generalitat para recordarle, por ejemplo, que la política no está para proteger sentimientos,
que la política está para garantizar derechos; que le recuerde que una democracia que se respeta a sí misma nunca aceptará la dialéctica chantajista. Le pido que le explique al presidente de Cataluña que habrá condiciones para el rescate -ya lo
creo-, condiciones económicas, de las que usted hablaba, y condiciones políticas también. Que no permitiremos que con el dinero de todos los españoles se financien políticas identitarias mientras se cierran quirófanos o se quita el dinero a
los dependientes o se rebaja la calidad del sistema educativo. Explíquele, presidente, que no consentiremos que se sigan burlando las sentencias de los tribunales y que si siguen utilizando la institución autonómica para pervertir el orden
constitucional, estamos dispuestos, en defensa del interés general, a utilizar todos los instrumentos de la Constitución, también el artículo 155.
Presidente, la democracia está, como decía, para defender los derechos, para garantizar los derechos de los ciudadanos. Y, precisamente para garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles -de todos, incluidos los catalanes- es
para lo que defendemos la unidad de la nación española, para defender los derechos de todos los ciudadanos. En eso, señor presidente, Unión Progreso y Democracia siempre apoyará al Gobierno, en la defensa de esos derechos y de esos fundamentos que
son, ni más ni menos...(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Usted me ha preguntado por el Fondo de liquidez y luego ha explicado aquí cuáles son sus posiciones sobre algunos temas. Simplemente quiero decirle dos cosas. La mayor reforma que se ha hecho en España en materia de control de gasto
público del Gobierno y de las comunidades autónomas ha sido la reforma de la Constitución aprobada al final de la pasada legislatura y pactada entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Esta reforma nos obliga a todos a gastar
lo que tenemos, a no gastar por encima de lo que ingresamos. Y, lógicamente, cuando esta reforma ya se ponga en marcha, cuando las reformas que hemos hecho empiecen a surtir efecto, volverá a España el crecimiento y el empleo, pero mientras tanto,
mientras subsistan los problemas de liquidez, comprenderá usted que yo tengo que preocuparme por la suerte de las comunidades autónomas que están en dificultades, y así lo hago. Y lo que pretendemos es que atiendan a sus vencimientos de deuda -que
es de puro sentido común, porque si no harían un impago cuyas consecuencias usted ya sabe cuáles son- y al mismo tiempo que paguen a sus proveedores. En cuanto al resto de sus preocupaciones, la respuesta está muy clara; la respuesta está en la
Constitución y en las leyes. Y no tenga usted ningún problema, yo soy el presidente del Gobierno de España y me he comprometido a jurar, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y así lo haré si es procedente hacerlo.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON PERE MACIAS I ARAU, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL PRESIDENTE LA
MANIFESTACIÓN DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUÑA EL PASADO 11 DE SEPTIEMBRE? (Número de expediente 180/000257).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al presidente del Gobierno que formula don Pere Macias, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
El señor MACIAS I ARAU: Señor presidente, el 11 de septiembre se manifestaron más de 1,5 millones de catalanes. Lo hicieron tras años produciéndose reiteradas deslealtades, incumplimientos e incomprensiones en relación con Cataluña: La
negativa a abonar los 759 millones de la disposición adicional tercera del Estatut o del Fondo de competitividad, la negativa a cumplir con sentencias del Tribunal Constitucional, como el Forcem, traspaso de becas o la gestión del 0,7 % social -por
cierto, reiterada ayer mismo por su grupo-, la desigualdad de trato en temas como los peajes, un balance fiscal escandalosamente desequilibrado, el desaire del Tribunal Constitucional frente al Estatut aprobado por los parlamentos y ratificado en
referéndum. Usted se acordará de la campaña que su partido organizó contra el Estatut y que derivó en una campaña contra Cataluña. ¿No le sorprende, señor presidente, que ante todo ello el análisis de su Gobierno se limite a recetar ante la
movilización de los catalanes la aplicación de la Constitución y las leyes? ¿No cree, señor presidente, que hace falta alguna cosa más?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): La pregunta dice que qué opino sobre la manifestación. Yo creo que la manifestación supuso el ejercicio de un derecho que garantiza el artículo 21 de la Constitución española, y no tengo nada
más que añadir salvo que yo no comparto, como usted muy bien sabe, el lema de esa manifestación ni sus objetivos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor MACIAS I ARAU: Señor presidente, permítame decirle dos cosas. La primera que nadie puede, creo, dar lecciones a Convergència i Unió sobre nuestro comportamiento en relación con la crisis económica. ¿Quién actuó responsablemente
aquel mayo de 2010 cuando la amenaza de un primer colapso financiero obligó al presidente Zapatero a adoptar un paquete de medidas de ajuste? Pregúntese para quién es la prioridad, fue la respuesta de los ciudadanos ante la delicada situación
económica, y quiénes simplemente pensaron en elecciones. ¿Recuerda quién le ha apoyado en sus reformas estructurales? Señor presidente, comprenderá que para CiU no son de recibo ciertas advertencias. Una segunda cuestión, la más importante, es
que existe un grave problema: Una mayoría de catalanes no está de acuerdo con el trato político, económico y financiero que se da a Cataluña; una mayoría no se siente cómoda ante un proyecto de Estado en el cual no parece caber Cataluña. Y
Cataluña se lo dice sin ir contra nadie, con un civismo y un respeto extraordinarios, con serenidad y firmeza y con grandes dosis de ilusión ante el proceso que se abre. En Europa no se ha producido una expresión popular como esta, transversal,
social y políticamente cívica e ilusionada. Señor presidente, cada pueblo debe tener la libertad para elegir su futuro. La frase no es mía, ni siquiera de un catalán, es de Vicente del Bosque. Eso, ni más ni menos, es lo que le pedimos 1,5
millones de catalanes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Se ha hablado, señor Macias, de muchas cosas a lo largo de estos días. Se ha hablado del concierto económico que plantean ustedes y algunos otros diputados del Parlamento de Cataluña, aunque
hay diputados del Parlamento de Cataluña, de esta Cámara, ciudadanos catalanes y ciudadanos del resto de España que opinan de manera diferente. Sobre los temas de financiación simplemente quiero decirle que no estoy de acuerdo con el concierto
económico que ustedes plantean, que el modelo de financiación que se ha aprobado no ha contado con mi voto y sin embargo ha sido promovido y apoyado por la Generalitat de Catalunya. Puede, sin duda alguna, mejorarse como ya se ha hecho en otras
ocasiones pero también le digo que este no es el momento para generar más problemas ni inestabilidad política. Creo que en este momento el gran objetivo nacional es crecer, crear empleo y hacer una política económica que nos permita además
conseguir más ingresos para todas las administraciones.
Usted me ha hablado de Convergència i Unió; yo no he hablado de Convergència i Unió, pero sí me gustaría decirle alguna cosa. Los representantes políticos tenemos un plus de responsabilidad y creo que debemos cuidar muy bien lo que
hacemos, lo que decimos y también a dónde vamos, y si nos equivocamos o nos excedemos y si las cosas se nos van de las manos no debemos además dejarnos arrastrar por los acontecimientos. Eso es lo que debe hacer un buen gobernante, debe tener
personalidad y debe saber manejar las cosas y sobre todo las situaciones complicadas. (Risas). Y lo peor es empecinarse en el error y tomar después decisiones equivocadas. Lo mejor es actuar con responsabilidad. En este momento los catalanes
tienen muchos problemas, como los ciudadanos de otras comunidades de España, el más importante es que hay 800.000 personas que no pueden trabajar, es su déficit, es su deuda, son sus problemas de liquidez. Y ahora lo que no se puede hacer es
echarle la culpa de todo lo que pasa a los demás ni generar inestabilidad política tomando decisiones equivocadas. Ahora se trata de colaborar todos en aras del interés general de los ciudadanos y no en aras del interés de una ideología porque eso
es lo que nos permitirá crecer, crear empleo, ingresos para las administraciones y resolver los problemas reales que tienen los ciudadanos de Cataluña y los de toda España.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ PLAN TIENE PARA ESPAÑA? (Número de expediente 180/000258).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, ¿tiene usted un plan para España? (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): La respuesta es sí, señor Pérez Rubalcaba. Los objetivos de ese plan, los prioritarios para esta legislatura, son el crecimiento económico y la creación de empleo, que es lo que nos permitirá
mejorar el bienestar de los españoles. Y los instrumentos para conseguir esos objetivos -los más importantes, lógicamente- son: la reducción del déficit público, las reformas estructurales para lograr una mayor flexibilidad y competitividad de la
economía, y la reestructuración del sistema financiero. En esa línea hemos trabajado a lo largo de estos meses y en esa línea seguiremos trabajando en el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
El miércoles pasado ya le dije que había habido una manifestación en Barcelona, que no era un lío ni una algarabía, que era la expresión de un problema que tiene un trasfondo que va más allá de la economía. Es un problema político que hay
que enfrentar con diálogo porque estos problemas no se arreglan con el tiempo, más bien se estropean; enfrentar desoyendo las voces altas de los separatistas y también los gritos de los separadores, que los hay, como usted sabe, y muchos. Pero hoy
quiero hablarle de otra manifestación, de la del sábado, en la que miles de personas le dijeron a usted no -a usted, a su política- en el fondo y en la forma. Y recibieron por parte de su partido una contestación entre paternalista y despreciativa:
Ya nos lo agradecerán. Y le diré, pienso y no encuentro quién se lo puede agradecer, porque los trabajadores a los que usted ha abaratado el despido, cuyo salario ha dejado en manos de los empresarios a los que usted va a dejar sin la protección de
los convenios colectivos, nada tienen que agradecerle, señor Rajoy. Porque los desempleados que van a perder el seguro de desempleo, los dependientes que no tienen ayudas, los becarios que pierden las becas, los universitarios que van a ver cómo
crecen y crecen sus matrículas, nada tienen que agradecerle, señor Rajoy. Los padres de familia que pagan por sus cuadernos escolares un IVA idéntico al de un yate de lujo, aquellos cuya cuesta de enero comienza ahora, en septiembre, gracias a sus
políticas, no tienen nada que agradecerle; ni las mujeres, que tienen el temor de que sus derechos retrocedan treinta años -eso sí, por su bien- tampoco tienen nada que agradecerle; ni los pensionistas, que han perdido capacidad adquisitiva porque
les han subido con una mano un poco la pensión y con otra les han quitado mucho más, vía IVA y copago.
Le diré, señor Rajoy, que hay millones de españoles que después de estos nueve meses han visto confirmado lo que sabían, que ustedes son un partido antisocial, y hay otros que se han dado cuenta, en contra de lo que pensaban, de que son
ustedes unos pésimos gestores económicos, porque sus políticas son tan injustas como ineficaces. Le voy a decir una última cosa: hoy muchos españoles -y con esto acabo- tienen una sospecha y una convicción; la sospecha, señor Rajoy, es que usted
no sabe dónde va y la convicción es que por el camino que usted les lleva de ninguna manera quieren seguir.
Muchas gracias, señor presidente. (Prolongados aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Me preguntaba usted, señor Pérez Rubalcaba, si tenía un plan. El plan es afrontar la herencia que ustedes nos dejaron. (Aplausos.-Protestas). Eso es
lo que tenemos que hacer en estos momentos y, para eso, tenemos dos opciones: o seguir con las políticas que ustedes pusieron en marcha que son las que nos han traído hasta aquí, o cambiar de política, y eso es lo que hemos hecho, cambiar
de política. La política consiste en reducir el déficit público, como he dicho, porque si no lo reducimos no vamos a poder financiarnos, como usted sabe muy bien; hacer reformas estructurales que, como usted sabe muy bien, son necesarias para la
flexibilidad y la competitividad de la economía, y reestructurar el sector financiero. Comprendo que a usted no le guste la política económica que está llevando a cabo el Gobierno, pero lo que no puedo hacer es poner en marcha la que ustedes
llevaron a cabo en la pasada legislatura y en la anterior, porque es lo que nos ha traído exactamente hasta aquí. Por eso tengo que hacer una política económica distinta a la suya, por eso hemos tenido que aprobar una Ley de Estabilidad
Presupuestaria, por eso hemos aprobado una reforma laboral, por eso hemos dado solución definitiva al déficit de tarifa que ustedes dejaron -24.000 millones de euros-, por eso hemos puesto en marcha la reforma del sector bancario y por eso hemos
presentado más de cincuenta leyes y decretos-leyes en los ocho primeros meses de esta legislatura. Y ya sé que estas son decisiones difíciles, que son complicadas, pero hay que tener coraje para tomarlas y, desde luego, si no las tomamos, España no
volverá nunca por la senda del crecimiento económico y el empleo, que es el objetivo al que se dirige el Gobierno que yo presido en estos momentos.
Por tanto, señor Pérez Rubalcaba, le entiendo, pero usted tiene que entender que sus políticas han traído a España hasta aquí y, por tanto, sus políticas hoy no se pueden aplicar porque si las aplicamos, España estará mucho peor que como
está en estos momentos. Hay que cambiar, hemos cambiado, esto tardará en producir sus efectos pero no le quepa la menor duda de que dentro de poco volverá a haber en España crecimiento económico y empleo, que es para lo que trabajamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ PASOS HA DADO EL GOBIERNO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA PROPOSICIÓN NO
DE LEY APROBADA EL 14 DE FEBRERO DE 2012 SOBRE EL PLAN DE DERECHOS HUMANOS? (Número de expediente 180/000254).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta del Gobierno. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Aitor Esteban, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, como usted sabe, el pasado 14 de febrero, a instancias de mi grupo político, fue aprobada por esta Cámara una proposición no de ley, con el apoyo de su grupo entre otros, en la que se instaba al Gobierno, por una
parte, a que realizara una valoración sobre la implantación, cumplimiento y desarrollo de las medidas contenidas en el Plan de derechos humanos aprobado por el Consejo de Ministros en el 2008 y que fue desarrollado durante la pasada legislatura y,
por otra parte, también mandataba al Gobierno actual para que presentara una estrategia con medidas concretas en política exterior e interior para la promoción y protección de derechos humanos, y todo esto en cumplimiento del compromiso
internacional adoptado por España en relación con la Declaración final de la Conferencia de Viena del año 1993, y que lo presentara en esta Cámara en el tiempo más breve posible. Nos gustaría saber cómo se está desarrollando todo esto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Esteban, como usted ha dicho, el Grupo Parlamentario Popular apoyó esa proposición no de ley y desde esa fecha, en febrero, venimos haciendo la evaluación, medida a medida y ministerio a ministerio, de ese Plan de derechos humanos.
Como usted conoce bien, ese plan tiene muchas medidas, muchas bastante inconexas entre sí, de difícil concreción, algunas sin calendario y que han tenido -le anticipo- un cumplimiento bastante desigual. Se están culminando los trabajos de esa
evaluación, ya le anuncio que en la primera sesión que se celebre de la Comisión Constitucional el secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes presentará esos trabajos y a partir de ahí trabajaremos en una estrategia de derechos humanos que a nuestro juicio, y si le parece bien a esta Cámara, tiene que ser ya estructural y no coyuntural como la
que hemos abordado hasta la fecha. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señor diputado.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señora vicepresidenta, yo me congratulo de que en la próxima sesión de la Comisión se vaya a comparecer para hacer esa evaluación, pero la sociedad civil y las organizaciones que se ocupan de derechos humanos están
preocupadas sobre todo por qué es lo que va a hacer y cómo va a impulsar este Gobierno la implementación de los derechos humanos y de las leyes. En ese sentido, le pediría que nos concretara más cuándo van a presentar esa estrategia y si
verdaderamente va a poder ser valorada e implementada, incluso controlada, por esta Cámara, es decir, si va a haber unos objetivos concretos -porque usted habla de que hay que concretar las cosas-, que yo creo que en el anterior plan también los
había -plazos, indicadores específicos, partidas presupuestarias del plan-, y sobre todo si se va a establecer un mecanismo de seguimiento por parte de este Parlamento, y eso en qué fechas. Yo creo que de aquí a final de año, porque la propia
evaluación les habrá podido dar datos de hacia dónde debería dirigirse esa estrategia, es perfectamente posible de realizar y me gustaría escuchar de usted una respuesta positiva en este sentido.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Esteban, en primer lugar, como le decía, esa estrategia tiene que ser estructural y no coyuntural. Tenemos en España un plan de derechos humanos excepcional que es nuestra Constitución, que tiene una parte dogmática de las más
avanzadas del mundo y tenemos que evaluar si la estamos cumpliendo debidamente. En segundo lugar, la estrategia de derechos humanos no puede ser un plan que se encapsule y que evaluemos individualmente, sino que debe impregnar todas y cada una de
las normas que se aprueben en este Parlamento, y este Gobierno ya está trabajando en el avance de determinados derechos que son importantes. A esta Cámara ha llegado una ley de transparencia que incrementa los derechos de los ciudadanos a la hora
de conocer cómo funcionan las administraciones públicas y a la hora de exigir responsabilidades a sus gestores; esta es una vía de avance. Probablemente en España nos quede mucho por revisar cómo están nuestras leyes, protegiendo esos derechos
respecto de las nuevas agresiones propias del siglo XXI, respecto del avance de las nuevas tecnologías. Nada he leído en ese sentido del viejo Plan de derechos humanos, el que vamos a evaluar, y ahí es donde creo que tenemos que trabajar, en temas
tan importantes como las nuevas tecnologías y la protección de los menores, por ponerle un ejemplo. Voy a darle un último dato en el que creo que también tenemos que trabajar: en pleno siglo XXI tenemos que defender también los derechos de
participación política y ahí está el derecho de muchos ciudadanos que salieron amenazados de su tierra y que tienen derecho a votar en la tierra que les vio nacer y en la tierra en que les gustaría decidir; también ahí es donde va a trabajar el
Gobierno porque también eso es un derecho humano.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CUÁLES SON LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO SOBRE LA PETICIÓN DE RESCATE
PARA ESPAÑA? (Número de expediente 180/000259).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula la diputada doña Soraya Rodríguez, del Grupo Socialista. Tiene la palabra.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, ¿cuáles son las intenciones del Gobierno sobre la petición de un segundo rescate?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias.
Señora Rodríguez, no sé si sabe que el pago de los intereses de la deuda le cuesta este año 30.000 millones de euros al Estado y que esos intereses son caros cada vez que se duda de la irreversibilidad del euro; así lo han dicho el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, entre otros. Por eso el Banco Central Europeo está promoviendo la adquisición de compras de deuda soberana en el mercado secundario, una opción que hasta hace algunas fechas a ustedes les parecía
positiva -a lo mejor nos puede explicar hoy qué ha cambiado en ese sentido-, pero que hay que analizar muy bien en todos sus términos y en todas sus implicaciones, y cuando se tenga ese análisis, este Gobierno decidirá con arreglo al interés general
y sin demagogias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, sí sé cuáles son los intereses del pago de nuestra deuda, igual que usted sabe cómo incrementan desde que ustedes están en el Gobierno. En nueve meses la prima de riesgo de España está donde está. Le hago esta
pregunta porque ustedes que son un Gobierno superado por la realidad, según el presidente del Gobierno -la realidad no me deja cumplir mi programa-, están también empeñados en ocultarla en esta Cámara. El pasado miércoles, el presidente del
Gobierno, a una pregunta del presidente de mi grupo sobre la posible petición del segundo rescate, dijo que no sabía. Pero en los pasillos del Congreso leímos la prensa finlandesa y sobre esa realidad, sobre esa posible petición del rescate parece
que sí sabía. Señora vicepresidenta, el secretario de Estado de Economía dijo esa misma mañana que estaban trabajando para que cuando solicitáramos la asistencia -ya sabe, en su terminología la asistencia es rescate- fuera en las mejores
condiciones. Usted a los secretarios de Estado sí los controla, ¿verdad? Porque usted preside la comisión. No controla a los ministros, a los presidentes del Partido Popular de las comunidades autónomas insumisas, pero a los secretarios de Estado
sí, ¿verdad? Hace ya cuatro meses de aquella rueda de prensa del presidente del Gobierno cuando solicitó el primer rescate bancario, que dijo: Estoy contento, es un buen crédito, no tiene condiciones, me voy al fútbol. En vez de venir aquí a
explicar lo que había sucedido. No había condiciones y han firmado ustedes un memorándum de cuyas condiciones nos hemos enterado, día tras día, en la prensa. Se parecen como dos gotas de agua los hasta 100.000 millones del primer rescate bancario
a los 102.000 millones de recortes que usted, señor presidente, envió a Bruselas el 3 de agosto, antes de irse de vacaciones, en ese plan bienal de ajuste presupuestario. Le quiero decir una cosa, señora vicepresidenta, hemos tramitado en esta
Cámara y ratificado treinta y tres convenios internacionales en estos nueve meses, algunos tan importantes como el MEDE, otros en los que regulamos la supresión recíproca de visados entre Estados, otro en el que hemos aprobado la modificación de las
condiciones del rescate a Grecia. ¿Me puede dar una respuesta solvente de por qué cuando actuamos como prestamistas traen ustedes a ratificación a esta Cámara el memorándum, las condiciones, y cuando somos... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
La aplicación del MoU se trajo a esta Cámara y se votó la semana pasada con su voto en contra. La primera reforma financiera en nuestro país de esta y de la anterior legislatura que no cuenta con el apoyo de los grandes grupos porque falta
el suyo. Claro que tampoco votaron los 400 euros. Ahora se entiende muy bien la incoherencia. Señoría, cuando le oigo hablar me da la sensación de que pretende hacer olvidar a todo el mundo que hasta hace diez meses ustedes estaban sentados en
ese banco azul y no solventaron ni uno solo de los problemas y ahora quieren poner límites a todas las soluciones. Límites que ustedes no tuvieron frente al gasto, frente a la deuda pública ni para hipotecar a varias generaciones de españoles con
su despilfarro. Pero ahora quieren poner límites a lo que hace o puede hacer este Gobierno, empezando por las pensiones que ustedes sí recortaron, el primer Gobierno democrático de la historia.
Este Gobierno, de momento, las únicas pensiones que ha recortado, y usted lo sabe muy bien, son las de los altos cargos. El resto han sido actualizadas. Señoría, es poco creíble que su grupo, que su partido, quiera ahora hacer creer a los
españoles que saben lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo, cuando todos sabemos por qué y, sobre todo, por quién estamos aquí; quién multiplicó por 30 el déficit público, quién pasó la deuda pública del 48 al 70 por
ciento y quién no hizo nada para que la deuda privada se multiplicara por dos. Esos son los problemas que ahora tenemos que afrontar con consolidación fiscal y con reformas. De esto se daría usted cuenta si me escuchara usted miércoles tras
miércoles, porque está tan preocupada en recordar todo lo que quiere decirme, que después es incapaz de escuchar lo que este Gobierno le dice a usted y al conjunto de los españoles. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIÉRREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUÁL HA SIDO EL BALANCE DE LA LUCHA CONTRA LA DROGA DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
DURANTE EL PASADO VERANO? (Número de expediente 180/000268).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Tiene la palabra el diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Popular.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, el objeto de presentarle esta pregunta aquí en el Pleno obedece a dos tipos de razones, unas razones teóricas, abstractas, y otras razones más concretas. El primer tipo de razones son en función de la propia
campaña, del propio eslogan de muchas de las campañas que el ministerio ha hecho del control del tráfico de drogas, que es Contra la droga no cabe descanso. También, en este tipo de razones, hay que observar el cambio cualitativo que ha habido del
tipo de droga que se trafica, de la heroína y otras se ha pasado a la cocaína, por lo cual durante este verano el ministerio -y paso ya al segundo bloque de razones- ha impulsado una serie de medidas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado que conviene poner en énfasis aquí en esta Cámara.
Concretamente, la Guardia Civil ha intervenido alijos importantes de cocaína en el aeropuerto de Barajas y en Ayamonte; se han decomisado 327 kilos, por un lado, y más de 300, por otro, de cocaína. De ahí, señor ministro, que haya hecho
referencia a las razones y al cambio cualitativo. En segundo lugar, también merece la pena señalar el uso de las redes sociales. Gracias a la utilización de las redes sociales por el Cuerpo Nacional de Policía, señor ministro -de ahí espero la
respuesta en cuanto al balance que su señoría pueda hacer de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado este verano-, se pudieron detectar en Melilla, en mi circunscripción, y en Mérida focos de menudeo, que no por ser menores
dejan de ser importantes para el tráfico de drogas y de personas y de otras mafias ligadas a este tráfico y a esta plaga del tráfico de drogas.
Señor ministro, por eso le pregunto, y espero una respuesta, cuál ha sido, a su criterio, el balance de la lucha contra la droga de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante este verano.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
Efectivamente, señor Gutiérrez, puedo manifestar, sin triunfalismo, por supuesto, pero con evidente satisfacción, que a lo largo de este verano y, concretando más, los pasados meses de julio y agosto, por ceñirnos a un periodo muy cercano y,
al mismo tiempo, muy limitado, el incremento de la eficacia demostrada por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico ha sido espectacular. Este resultado altamente satisfactorio se debe,
fundamentalmente, a dos razones: a la creciente profesionalización y cualificación de nuestros cuerpos policiales y, al mismo tiempo, al incremento y fortalecimiento de la cooperación internacional, que es precisa para hacer frente a una
manifestación de la criminalidad de evidente dimensión trasnacional, como es la del tráfico de drogas.
En estos dos meses del verano el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil han aprehendido, solo en lo que hace referencia a cocaína, 6.890 kilos, que significa, en relación con el mismo periodo del año anterior, un incremento de 275 %.
En cuanto a las operaciones -usted se refería a algunas-, le puedo citar, sin ánimo de ser exhaustivo, las tres más relevantes de los meses de julio y agosto -y no me extiendo más-. En el mes de agosto, por ejemplo, y fruto de esa
cooperación internacional a la que hago referencia, los GEO del Cuerpo Nacional de Policía abordaron, a 50 millas de la costa gaditana, un buque fletado por narcotraficantes colombianos con destino a España. Ese alijo iba a ser recibido por
narcotraficantes gallegos y distribuido por España y el resto de la Unión Europea y transportaba 3.000 kilos de cocaína. En el mes de julio, por ejemplo, le puedo destacar una operación especialmente importante, que responde también a la necesaria
cooperación internacional para ser eficaces en la lucha contra el tráfico de drogas. Agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial, en colaboración con el FBI de Boston, incautaron en el puerto de Algeciras un contenedor con 373 kilos de
cocaína. Pero lo más significativo es que esta operación conjunta del FBI con la Policía judicial española significó un muy duro golpe contra el cártel de Sinaloa, que sabe usted que está considerado como la mayor organización criminal a nivel
mundial... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ENRIQUE ÁLVAREZ SOSTRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO INCLUIR EN LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2013 LA FINANCIACIÓN
CORRESPONDIENTE PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE LA VARIANTE FERROVIARIA DE PAJARES? (Número de expediente 180/000255).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Fomento.
En primer lugar, tiene la palabra el diputado don Enrique Álvarez Sostres, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en su comparecencia en la Comisión de Fomento el 9 de febrero para informar sobre las líneas de actuación política de su departamento usted afirmó -y cito literalmente el 'Diario de Sesiones'-: Coincido con usted, señor
Álvarez Sostres, en que hay que hacer las cosas y no prometerlas. Y también decía en esa misma sesión: ¿Cómo es posible que se haya hecho una inversión tan importante en los túneles de Pajares -y yo le recuerdo que estamos hablando de 3.000
millones de euros- y que eso esté prácticamente parado y sin finalizar? Y yo le añado: después de cuatro años del inicio de la perforación. Un mes después, el 6 de marzo, el Congreso aprobó una proposición no de ley presentada por su partido con
aportaciones de Foro e Izquierda Plural en la que se instaba al Gobierno a facilitar la conexión de Asturias por AVE. Pues bien, señora ministra, quedan por licitar o concluir obras en la variante de Pajares en el entorno de 200 millones de euros.
Escuchando en sus últimas intervenciones públicas aludir a una inversión para Galicia de 1.700 millones de euros, uno puede pensar que si, afortunadamente para esa comunidad, se asigna ese dinero para impulsar una gran obra de ferrocarril que rompe
su tradicional aislamiento, con más o al menos la misma razón, espera tener Asturias consignación presupuestaria suficiente en el año 2013 para finalizar la puesta en servicio de una obra que apenas necesita el 12 % de esa cantidad. Este veterano
servidor público no podría pensar de ningún modo que priman los intereses electorales antes que el rigor, la eficacia y el sentido de la eficiencia de terminar, antes de nada, lo que está empezado ya hace una década. Por eso, quiero ser testigo de
viva voz de que, como ministra del Reino de España, mantiene su proverbial rigor y su compromiso con la cohesión nacional, la solidaridad interregional y romper el aislamiento de Asturias por encima de cualquier coyuntura.
Por lo tanto, le pregunto ¿tiene previsto el Gobierno incluir en los presupuestos generales del año 2013 la financiación correspondiente para la conclusión de la variante ferroviaria de Pajares?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Señor presidente, señor Álvarez Sostres, tenemos previsto una consignación presupuestaria acorde con el ritmo de las obras que se están llevando a cabo en el túnel y en la variante de Pajares.
Señoría, repito las palabras que le dije a principio de este año. Nosotros estamos para hacer las cosas y no para prometerlas. He leído y he escuchado al Gobierno anterior que iba a terminar el túnel de Pajares
en el año 2012. No me lo podía creer, pero cuando llegué al ministerio constaté que, efectivamente, era materialmente imposible, porque para haber hecho toda la obra del AVE a Asturias en su conjunto hay que invertir todavía 3.700 millones.
Además, en 2012 -como usted sabe- estaban todavía sin adjudicar el montaje de la vía, la electrificación, las instalaciones de seguridad y comunicaciones y los suministros. Mal se podía terminar una obra que parte de ella todavía estaba sin
adjudicar.
Por eso, señoría, consignamos más de 200 millones en el presupuesto de 2012 que van a un ritmo muy alto de ejecución y por eso, como sabe también, estamos en este momento terminando las obras de plataforma que van ya a un ritmo del 97 % su
ejecución. Por eso también, señoría, hemos adjudicado los primeros contratos de suministro de carril y de balasto, por importes ya cercanos a los 20 millones de euros. Vamos a licitar en los próximos meses las obras de montaje de vía, por un coste
de más de 45 millones. Vamos a contratar la electrificación y esperamos, señoría -como ya lo han dicho los miembros del Grupo Popular Asturiano-, terminar esta infraestructura tan importante a lo largo del año 2014.
Gracias, señoría. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor diputado.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Muchas gracias, señora ministra.
Me congratula la contestación que me ha dado, pero no me ha concretado si ha habido consignación presupuestaria en el ejercicio de 2013.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, quiero decirle que claro que hay consignación. Estamos elaborando en estos momentos el presupuesto para el año que viene y habrá la consignación necesaria para que todas estas infraestructuras de las que le he hablado se puedan
llevar todas y cada una adelante. Asturias, como el resto de España, necesita un AVE. Lo inició el Partido Popular estando en el Gobierno y lo terminará el Partido Popular. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JAIME EDUARDO DE OLANO VELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL MINISTERIO DE FOMENTO PARA HACER FRENTE AL PAGO DE EXPROPIACIONES EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA? (Número de expediente 180/000269).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Jaime de Olano del Grupo Parlamentario Popular.
El señor DE OLANO VELA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, como usted bien sabe, nuestra Constitución recoge en su artículo 33 la definición de expropiación forzosa, al disponer que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o
interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Señora ministra, parece lógico pensar que cuando una Administración pública adeuda alguna cantidad de dinero a los ciudadanos, en este caso derivado de una expropiación, aquella ha de procurar satisfacer esa deuda lo antes posible y ello con
un doble motivo, por respeto a los ciudadanos y porque el retraso acarrea un sobrecoste para la Administración derivado de los intereses devengados. Y digo que parece lógico pensar así porque no cabe duda de que no ha sido este el proceder de la
Administración General del Estado durante los últimos siete años de Gobierno socialista y señaladamente en el Ministerio de Fomento cuando lo dirigía el señor Blanco, quien ha dejado un agujero cercano a los 40.000 millones de euros, que en buena
lógica compromete, y mucho, su actuación en este ministerio, toda vez -y ya se está convirtiendo en una costumbre- que ha de ser un Gobierno del Partido Popular el que abone las facturas no pagadas por el Partido Socialista. De esos 40.000 millones
de deuda, una cantidad importante son derivados de expropiaciones llevadas a cabo hace más de siete años, en el año 2005.
Me gustaría, señora ministra, que respondiera a la pregunta que le haré al final y nos concretase a cuánto asciende el total de lo que se debe por estas expropiaciones en Galicia y que ahora hay que abonar con los intereses correspondientes
como consecuencia de la demora en el pago, de la mala gestión, la falta de rigor y el despilfarro, y me atrevería a decir el desprecio por el dinero público con el que se gestionaba su ministerio por los socialistas.
En los presupuestos generales del año 2012, aprobados el pasado mes de mayo, su ministerio ha previsto una partida para el pago de expropiaciones de 600 millones de euros. Somos conocedores de que ya se han empezado a abonar algunas de
estas actuaciones, singularmente expedientes derivados de la autovía del Cantábrico y otros en la provincia de Pontevedra. En estas circunstancias económicas, en la que la mayoría de las familias lo están pasando muy mal, el cobro de estas
cantidades resulta una ayuda que en algunos casos deviene imprescindible para aquellos con menos recursos. Ante esta situación, señora ministra, he de felicitarla por recuperar el respeto por los ciudadanos y por el dinero público, la seguridad y
el rigor en la gestión. Por todo lo anterior es por lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento para hacer frente al pago de las expropiaciones en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Señor De Olano, el Ministerio de Fomento lo que hizo en primer lugar fue consignar 600 millones de euros en el presupuesto de 2012 para hacer frente a todas las expropiaciones de miles y miles de ciudadanos en este país que llevaban desde
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 sin cobrar un euro. Es decir, los ciudadanos españoles no cobraban las expropiaciones, las carreteras se estaban terminando y se estaba financiando el Estado con el dinero de los españoles, de esos
miles de ciudadanos a quienes no se les pegaba ni un euro de lo que se les debía. Por eso, por responsabilidad, lo que hicimos fue consignar esa cuantía. Por cierto, señorías, esa cuantía ha hecho que se hayan podido invertir 600 millones menos en
muchos casos en carreteras porque la primera obligación de un Gobierno serio, respetuoso y con nivel es pagar lo que se debe y en este país en los últimos ocho años se había perdido esa costumbre. (Aplausos). Por eso, ahora el Gobierno tiene que
pagar no solo las expropiaciones, sino la demora de esas expropiaciones, y por eso se están pagando en Galicia y en toda España las expropiaciones. Se ha iniciado su pago en el mes de septiembre porque, como saben, cuando llegamos al Gobierno no
había todavía presupuestos aprobados.
En la provincia de Coruña hay pendientes 25 millones, en la de Lugo 38, en la de Ourense 5,4 y en la de Pontevedra más de 30. En este momento le puedo decir que hay 830 expedientes que se han pagado y que afectan a miles de ciudadanos. Se
han tramitado ya más del 46 % que afectan a 3.722 fincas sin pagar. En Coruña, por ejemplo, están listas para abonar 850 fincas, en Lugo 2.135, en Ourense 492 y en Pontevedra 242 fincas. Me gustaría destacar que, por no estar pagada, no estaba
pagada ni la expropiación del aeropuerto de Coruña, del que se debían 7 millones de euros, y hemos pagado ya la mitad.
Señoría, este es un Gobierno serio que intenta cumplir con los ciudadanos y le puedo asegurar que hasta que no pague la última deuda que me han dejado... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL SEÑOR DIPUTADO DON JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ RESPUESTA POLÍTICA PIENSA DAR EL GOBIERNO
ESPAÑOL A LA MASIVA MOVILIZACIÓN DEL PASADO 11 DE SEPTIEMBRE EN LA QUE LA CIUDADANÍA DE CATALUÑA EXPRESÓ EL PROFUNDO MALESTAR SOCIAL Y NACIONAL, ASÍ COMO LA FIRME VOLUNTAD DE DECIDIR LIBREMENTE SOBRE SU FUTURO? (Número de expediente 180/000253).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
En primer lugar, pregunta don Joan Coscubiela, de La Izquierda Plural.
El señor COSCUBIELA CONESA: Señor ministro, ¿qué respuesta piensa dar el Gobierno a la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre en Barcelona?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señor diputado, la posición del Gobierno la ha marcado claramente el presidente del Gobierno esta mañana ante la pregunta formulada por otro grupo
político en la Cámara. Supongo, señor Coscubiela, que le ha quedado claro cuáles son las prioridades del Gobierno y también le ha quedado claro el respeto por el derecho a la manifestación que reconoce nuestra Constitución.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor COSCUBIELA CONESA: Señor ministro, en una semana la realidad le ha explotado en la cara del señor Rajoy y su Gobierno por dos veces, primero el 11 de septiembre en Barcelona y luego el 15 en Madrid. Ambas manifestaciones
multitudinarias tienen en común una cosa, que la ciudadanía exige su derecho a decidir sobre su presente y su futuro. El Gobierno debe dar una respuesta política.
Les sugiero que dejen de usar el anticatalanismo como fuente de votos, que dejen de acosar el catalán -sea en Cataluña, el País Valenciá o las Illes-, que dejen en paz el modelo educativo catalán, que facilita la cohesión social y evita la
segregación de los alumnos en función de la lengua. Solo si tirios y troyanos dejan de cavar ese foso emocional entre ciudadanos se podrá abordar una situación con democracia y sin excluir ninguna propuesta ni solución. Reconozcan la realidad
plurinacional del Estado español, asuman que, a pesar de los avances, la financiación autonómica continúa siendo injusta para Cataluña, aunque esa no sea la única causa del déficit. Asuman que las reformas fiscales aprobadas por PSOE, PP y CiU
desde 1993 han convertido nuestro sistema fiscal en uno de los más débiles e injustos de Europa; con esta fiscalidad ni es posible una salida justa a la crisis ni hay modelo de financiación que aguante. Asuman que la democracia es el derecho a
decidir las políticas económicas -se lo dijo una marea humana el 15 de septiembre-, que la democracia es el derecho a decidir sobre la forma de Estado sin que nos imponga la monarquía frente a la república, que democracia es también el derecho de la
ciudadanía de Cataluña a decidir cómo quiere ejercer su autogobierno. Tenemos derecho a decidir si queremos continuar como estamos o a construir un Estado federal con el resto de España, o bien se opta por la independencia.
La Constitución, señor Montoro, señor Rajoy, no puede servir de coartada para negar el derecho de la ciudadanía a decidir. No es aceptable que los mismos que se pusieron de acuerdo para reformar la Constitución española al dictado de los
mercados financieros, los mismos que no tienen ningún problema en ceder la soberanía del pueblo español a los mercados financieros, ahora se nieguen a compartir esa soberanía con la ciudadanía de Cataluña.
Los señores Mas y Rajoy tienen la responsabilidad de salir mañana de su reunión con un acuerdo básico para trasladar a todas las fuerzas políticas un acuerdo que establezca las reglas de juego para que la ciudadanía de Cataluña pueda
decidir. Eso es lo propio de la democracia, aunque igual Rajoy y Mas prefieren mantener el conflicto y convertirlo en un inmenso yacimiento de votos con el que avalar sus políticas de recortes y desmantelamiento del Estado social. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señoría, la democracia es la soberanía del pueblo; la soberanía siempre la tiene el pueblo. En una democracia representativa como la que tenemos, asentada en la Constitución española, representamos en esta Cámara una delegación de
confianza para ejercer el Gobierno de España y para ejercer el control del Gobierno por los diferentes grupos políticos. Esa es la Constitución que nos dimos los españoles y la base de nuestra democracia. Por eso debemos defender nuestra
Constitución, debemos defender el Estado de las autonomías que se contempla en esa Constitución y debemos decir a todos los ciudadanos que sigan confiando en esa democracia. La prioridad en este momento es luchar contra la crisis económica y contra
la desconfianza que se genera entre nuestros jóvenes y mayores como consecuencia del deterioro por la crisis económica. Debemos insistir en que las políticas que tenemos que aplicar en nuestro país son
las derivadas de nuestra soberanía nacional desde el reconocimiento de lo que significa esa España plural contemplada en la Constitución y debemos afirmar sin duda alguna que Cataluña es fundamental para España y España es fundamental para
Cataluña. No vamos a salir de esta crisis económica sin Cataluña, porque es uno de los grandes motores de crecimiento económico de España y las políticas del Gobierno de España pronto serán eficaces para que veamos una nueva etapa de crecimiento y
de creación de empleo en Cataluña y en toda España. Esta es la respuesta política y la lealtad que el Gobierno ofrece a los grupos políticos para que cuanto antes encontremos juntos la salida de esta crisis.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ BLANCO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CUÁL ES EL GRADO DE EJECUCIÓN A 1 DE SEPTIEMBRE DE LAS INVERSIONES PREVISTAS EN LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DEL AÑO 2012 PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA? (Número de expediente 180/000260).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el diputado don José Blanco, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señor ministro, ¿me puede decir cuál es el grado de ejecución de la inversión en la Comunidad Autónoma de Galicia toda vez que la próxima semana van a aprobar los presupuestos para el próximo año?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Gracias, señor diputado, por su pregunta, porque estoy seguro de que va a encontrar en el Gobierno una respuesta satisfactoria. Según los datos de la Intervención General del Estado, y en el capítulo relativo a inversiones reales del
presupuesto de gastos de la Administración General del Estado para el año 2012, hasta el 1 de septiembre, el grado de inversión -entendiendo que es la aplicación del crédito inicial de esos presupuestos 2012 en términos de obligaciones reconocidas-
es del 90 %. Espero, señor Blanco, que ese porcentaje les resulte satisfactorio y especialmente lo sea también para todos los gallegos en los momentos actuales.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señoría, no es verdad. Una vez más usted engañó a esta Cámara sencillamente por cálculo político. (Rumores). Por cálculo político ustedes presentaron un presupuesto el año pasado que no van a ejecutar. Por cálculo
político van a presentar dentro de unos días un presupuesto que no van a ejecutar. Pero pasó en todo, señor Montoro, porque el engaño es sencillamente el leitmotiv de su acción de Gobierno. Por cálculo político retrasaron las elecciones en
Andalucía y luego vino el IRPF, el IVA y el copago. Cuando dicen que no bajaron las pensiones, mienten. Bajar las pensiones es hacer pagar a los pensionistas los medicamentos que antes no pagaban y reducir así su poder adquisitivo. Por cálculo
político, señorías, convocan ustedes unas elecciones para evitar decirle a los gallegos lo que usted, señor Montoro, ya le dijo a algún constructor, que después de las elecciones iban a parar y a ralentizar, por ejemplo, la inversión de la alta
velocidad a Galicia; o para ocultar a los gallegos que después de las elecciones van a liquidar la caja gallega; o para ocultar a los gallegos, en su mayor parte pensionistas, que después de las elecciones va a bajar el poder adquisitivo de los
pensionistas bajando su pensión. Siempre, por cálculo político, y siempre, señoría, utilizando el engaño. Con el engaño ustedes están haciendo pagar a los ciudadanos las facturas de sus engaños. Pero no se olvide, señoría, que igual que pasó en
Andalucía pasará en Galicia, y los ciudadanos le van a hacer pagar a ustedes la factura de su engaño. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, veo que no le ha satisfecho el dato que le he dado, que era el objeto de su pregunta. Lo que ha contestado es un popurrí político muy a su estilo, señor Blanco, está usted en su salsa. Le voy a recordar que es usted el
ministro de Fomento que dejó unas cuantas obligaciones pendientes de pago. ¿Cuántas dejó, señor Blanco? ¿Quién es el que no está dejando las cuentas claras cuando sale del Gobierno? ¿Cuánta deuda dejó usted en todos los organismos dependientes
del Ministerio de Fomento por hacer frente? Y a partir de ahí habla su señoría con esa franqueza, con esa -no sé cómo llamarlo- sinceridad que emana de su personalidad política sobre engaños. (Risas.-Rumores). Es realmente formidable su discurso
electoralista vacío para negar lo que realmente estamos haciendo en la práctica, ejecutar los presupuestos que programamos, algo que yo comprendo que a usted le resulte una figura extraña. Este es un Gobierno que hace exactamente lo que está
comprometiendo en esos Presupuestos Generales del Estado, así que en algo tan fundamental para el crecimiento económico de Galicia, como son las inversiones comprometidas, señor Blanco, no lance usted, no difame lo que está siendo una realidad, que
es el compromiso de ejecución de inversiones reales que necesita Galicia para salir cuanto antes de esta situación de crisis y de pérdida de puestos de trabajo. Desde luego, no utilice usted palabras que yo no he pronunciado jamás en relación con
el futuro de las infraestructuras de Galicia.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO CONCEDER EL ANTICIPO DE MIL MILLONES DE EUROS
SOLICITADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA? (Número de expediente 180/000261).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que se formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por don Miguel Ángel Heredia, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señor Montoro, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno conceder el anticipo de mil millones de euros que ha solicitado la Junta de Andalucía?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Gracias, señor diputado, por la pregunta, porque me permite explicar a la Cámara que estamos trabajando con la Junta de Andalucía para interpretar, para conocer con detalle a qué responde la demanda de mil millones de euros para identificar
los vencimientos pendientes de pago de la Junta de Andalucía. No le quepa duda de que estamos trabajando con franqueza, con lealtad, para que no se resienta ningún pago pendiente que tenga que hacer la Junta de Andalucía ni se resienta tampoco por
problemas de liquidez ningún servicio público que tenga pendiente por abonar la Junta de Andalucía. Por eso, señoría, con esa franqueza, con esa lealtad, a día de hoy le puedo decir que ese pago, al que usted se refiere, en buena parte va a estar
inserto en la aplicación del Fondo de liquidez autonómico. Ese es el trabajo, insisto, ese es el planteamiento que estamos haciendo con la propia Junta de Andalucía, y espero que el Grupo Parlamentario Socialista lo vea con agrado, apoye ese
trabajo y haga que el Fondo de liquidez se convierta en un elemento fiable y seguro para facilitar la financiación de nuestras comunidades autónomas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señor Montoro, somos conscientes de la situación económica que atraviesa nuestro país y de los problemas de financiación del Estado y de las comunidades autónomas. Su obligación es solucionar esos problemas, porque
está en riesgo el Estado del bienestar, y ha de hacerlo sin enfrentar a las comunidades ni tampoco discriminarlas. Ha de hacerlo sin cuestionar injustamente la solvencia de las cuentas de Andalucía, ni siquiera de las comunidades que no gobiernan
ustedes, como Andalucía, como la nuestra. Ha de hacerlo cumpliendo la ley, y no como ha hecho en estos presupuestos, en los que se ha incumplido el Estatuto andaluz, en los que se ha quitado a nuestra tierra más de 1.800 millones de euros que le
correspondían. Ha de hacerlo aplicando a todas el mismo rasero en el recorte. Andalucía asumió más del 20 %, cuando sus cifras no eran, ni mucho menos, las peores. Su déficit era menor, por ejemplo, que el de Valencia y el de Murcia y la mitad
que el de Castilla-La Mancha. Lo mismo ocurre con la deuda y, sin embargo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera usted rebajó el límite de deuda para Andalucía, mientras lo aumentó para Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha.
Esta medida del Gobierno del Partido Popular sabe usted que tiene consecuencias para Andalucía. Supondría tener que cerrar hospitales y centros educativos y echar a la calle a demasiados empleados públicos. Además, el 60 % de los anticipos
-porque ustedes ya han dado anticipos- en el primer trimestre han sido para dos comunidades, Cataluña y Valencia. Andalucía ha solicitado en dos ocasiones un anticipo, el último de 1.000 millones. Lo que quiero saber, señor ministro, es cuándo va
a dar ese anticipo y de cuánto dinero estamos hablando, porque la Junta de Andalucía tiene que elaborar los presupuestos y tiene que saber cuánto van a aportar ustedes, cuánto van a dar de ese anticipo. Le diré también, aprovechando esta
intervención porque me preocupa, que en el Parlamento andaluz se ha escuchado la voz del señor Zoido hablando de una intervención política de Andalucía, mostrando el oscuro deseo del Partido Popular de doblegar la voluntad democrática de los
andaluces por asfixia financiera. Les pido que olviden su derrota en Andalucía, que asuman su responsabilidad de Gobierno y que satisfagan la petición que la junta les hace en nombre de todos los andaluces y andaluzas. (Aplausos.-Varios señores
diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Permítame una sugerencia al funcionamiento propio del Grupo Socialista, no es que quiera introducirme en esto. (Rumores). Les rogaría a los diputados que formulan una pregunta al Gobierno que, antes de empezar a lanzar este tipo de
soflamas, hablaran con la Junta de Andalucía, por favor. Hágalo, hágame caso, hable con la Junta de Andalucía, porque todas estas cuestiones que están ustedes planteando aquí son cuestiones que ya estamos abordando en el día a día con la Junta de
Andalucía, todas, sin discriminación entre comunidades autónomas. Estamos trabajando día a día con la junta y, créame, señor Heredia, es lo que le conviene a Andalucía y a España. Esa es la tarea que está haciendo el Gobierno de España y lo
estamos haciendo desde el primer día de la legislatura, lo estamos haciendo cara a ese anticipo de 1.000 millones de euros, que, por cierto, no tiene nada que ver con los presupuestos de Andalucía para el año que viene, son dos cosas distintas, que
ustedes lo mezclan todo. Lo único que importa realmente es que Andalucía esté en el objetivo de déficit público este año y el que viene, porque de eso depende que España entera entre en un camino de crecimiento... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA SEÑORA DIPUTADA DOÑA ROSA DELIA BLANCO TERÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE INTENCIÓN DE CONCEDER EL GOBIERNO AL PROYECTO EUROVEGAS?
(Número de expediente 180/000262).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas doña Delia Blanco, del Grupo Socialista.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la pregunta de mi grupo parlamentario es la que consta en el orden del día.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): La pregunta, que parece que le da vergüenza decirla ahora en público (Risas.), la enuncio, con mucho gusto, para que sepa toda la Cámara y todos los ciudadanos de
qué estamos hablando. Es: ¿Qué beneficios tiene intención de conceder el Gobierno al proyecto Eurovegas? Es una pregunta que respondí en el mes de marzo.
El Gobierno, con sus políticas y sobre todo las fiscales, trata de hacer atractiva la inversión en España, que es lo que entiendo que también pretende hacer el Grupo Socialista, que España sea un lugar atractivo para inversores y para
creadores de empleo. En ese terreno tenemos que seguir, avanzando y mejorando toda nuestra legislación. En relación con ningún proyecto concreto habrá expresamente cambios en la legislación tributaria.
Gracias, señoría. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, presidente.
Gracias, señor ministro. Ha hablado usted de inversión y de creación de empleo con Eurovegas, con Vegas Sands. Mire, hay una película que retrata muy bien lo que son los casinos; se titula Casino, de Scorsese, donde hay un mafioso que se
llama Rosenthal que dice exactamente: Las cosas se pueden hacer bien, mal o a mi manera. Pues bien, la tercera, que es a mi manera, parece la forma en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, su Gobierno y el señor Adelson están haciendo las
cosas. (Aplausos).
Hasta donde sabemos, el señor Adelson -que, por cierto, es un empresario, donante muy importante de campañas políticas de su país, y está en todo su derecho-, está siendo investigado por actividades ilícitas en dos casinos suyos, en Las
Vegas y en Macao. Este cuento de hadas -que da miedo, señor ministro, y usted lo sabe, porque da mucho miedo- promete convertir Alcorcón en la concreción de la economía de casino, la misma que ha provocado la actual crisis económica mundial, la
misma, señor ministro, y usted lo sabe. En definitiva, un garito gigantesco, donde el dinero pase de los clientes a los crupieres a cambio de la fantasía de escapar de la pobreza. Los puestos de trabajo que se crearán -se prometieron miles y miles
de puestos de trabajo que no tiene el señor Adelson en todos los casinos que tiene en todo el mundo- serán pocos y, a cambio, serán empleos precarios, empleos basura, empleos fuera de la legalidad, porque esa es la forma, a mi manera, del señor
Adelson. Lo ha dejado muy claro, todo el tiempo lo ha dejado muy claro. En eso probablemente, en la forma de contratos, coincida con el Partido Popular.
También prometió invertir 26.500 millones de euros, que serán en realidad 4.500 millones de euros con préstamos estatales. ¿Sabe qué pide además el señor Adelson? Las dos terceras partes del suelo no edificado de Alcorcón, señor
ministro... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Entiendo, señorías, que ese discurso no representa la posición política, insisto, del Grupo Socialista ni de esta Cámara ni de la Asamblea de Madrid (Rumores). Es que es muy importante la imagen internacional de España, señorías
(Rumores.-Un señor diputado: ¡Pues menuda imagen!), es básico en este momento para que podamos atraer inversiones y crear empleo. Utilicen y elijan bien los escenarios políticos de discrepancia y de confrontación; elíjanlos bien, señorías, y no
digan simplezas como que la crisis económica, esa crisis financiera mundial que España está sufriendo por endeudamiento externo, por endeudamiento de nuestros bancos frente al resto del mundo, por endeudamiento también de nuestras empresas y de
nuestras familias con respecto al mundo, tiene que ver algo con inversiones en ocio y en el propio capítulo de juego. Vamos a ser serios de una vez por todas y les invito a todos y ruego especialmente al Grupo Socialista que en momentos como el que
estamos atravesando reserven determinadas categorías de discursos para otro tipo de ámbitos y no se pronuncien en el seno de esta
Cámara en un momento como el que atravesamos. (Aplausos.-Rumores.-Una señora diputada: ¡Ahora nos va a decir de lo que podemos hablar!).
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON FRANCESC VALLÈS VIVES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE CATALUÑA EN MATERIA DE INVERSIONES EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2013? (Número de expediente 180/000263).
El señor PRESIDENTE: Pregunta al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del diputado don Francesc Vallès, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VALLÈS VIVES: Señor ministro, la próxima semana su Gobierno va a aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. ¿Puede usted garantizar a esta Cámara que esos presupuestos van a cumplir con la
disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña en materia de inversiones?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor diputado, como usted muy bien ha dicho, los Presupuestos Generales del Estado se están elaborando y, por tanto, este es el momento de confirmar a esta Cámara
que el trabajo que está haciendo el Gobierno es un trabajo intenso y comprometido con la reducción de los objetivos de déficit público. Insisto, es lo que le conviene a la Comunidad Autónoma de Cataluña, a las comunidades autónomas de toda España y
le conviene a la Administración General del Estado para resolver cuanto antes la situación de crisis y la situación de pérdida de empleo que lamentablemente seguimos atravesando.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor VALLÈS VIVES: Señor ministro, lo que le conviene a Cataluña es que cumpla con Cataluña. Fíjese usted, le acabo de preguntar si tiene la intención de cumplir con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, hasta este punto hemos llegado.
Y lo hago porque hace apenas cuatro meses le pregunté sobre el mismo asunto en relación con los presupuestos para este año y usted me dijo que no los iban a cumplir, que no lo iban a hacer, dijo, porque no tenían dinero, así, sin más. Y, claro, si
ya lo ha hecho una vez, mucho me temo que pueda volver a hacerlo una segunda.
Mire, los catalanes empezamos a estar un poco hartos de sus incumplimientos. La semana pasada cientos de miles de personas se manifestaron por las calles de Barcelona, una manifestación que en buena medida era la expresión de un sentimiento
de agravio, de un profundo malestar como consecuencia del trato que recibe Cataluña por parte de España y, déjeme decirlo, un sentimiento que mi partido comparte y respeta. Señor Montoro, la disposición adicional tercera del Estatut se introdujo
como consecuencia de la desinversión que sufrió Cataluña durante los años del Gobierno de Aznar. Pero eso no es que lo diga yo, eso lo dijeron las cámaras de comercio, las organizaciones empresariales catalanas, que veían cómo Cataluña se iba
quedando atrás en infraestructuras y eso afectaba a su competitividad y a su modernidad. Esa disposición se incluyó por su falta reiterada de compromiso con Cataluña, y nuestras razones teníamos para hacerlo porque, cuando ustedes han vuelto a
gobernar, han vuelto a dejar de invertir en Cataluña. Por eso decidimos blindarlo por ley en el Estatut, pero con lo que no contábamos es con que ustedes fueran a incumplir una ley. Y, mire por dónde, ya lo han hecho y hasta en dos ocasiones.
Señor ministro, este es el último año de vigencia de la disposición adicional tercera del Estatut, el último año de los siete que había. Y le digo, si este año no ha cumplido y el año que viene tampoco piensa cumplir, ¿cómo tiene previsto
compensar esa falta de inversión en Cataluña? ¿Cómo va a repararlo usted, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer? Y no me diga que cuando tenga dinero, porque si usted ya no
cumple ni con las leyes vigentes, imagínese cómo nos vamos a creer que va a cumplir con los compromisos que usted pueda asumir hoy aquí. Le pido que presente en esta Cámara unos presupuestos que garanticen para Cataluña las inversiones que
le corresponden y le pido que lo haga usted, porque mucho me temo que el señor Mas... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, el Gobierno traerá unos Presupuestos Generales del Estado a esta Cámara donde habrá inversiones para Cataluña, no le quepa ninguna duda, inversiones insertas en el cumplimiento del objetivo de déficit público, porque es lo
que nos conviene para salir de la crisis económica, a Cataluña y al conjunto de España: ¿Lo tiene claro? Y usted pertenece al Partido Socialista, al mismo partido que votó la financiación autonómica que se está aplicando en Cataluña. Y usted, con
todo desparpajo, se ha levantado a decir: en Cataluña los catalanes estamos hartos del trato financiero. ¿Se refiere al que ustedes votaron en esta Cámara, se refiere a ese trato financiero, al que ustedes cuando formaban el tripartito con
Esquerra y con Iniciativa votaron en esta Cámara? (Aplausos). Eso es lo que hay, señorías. Hay que buscar coherencia en política y explicárselo a todos y también a los ciudadanos catalanes, que se aprobó hace muy poco tiempo, en el año 2009, una
ley de financiación autonómica que comprometía unos recursos para Cataluña. ¿Dónde están esos recursos para Cataluña hoy? ¿Dónde están? No fue el Grupo Parlamentario Popular, en la oposición en aquel momento, el que apoyó esa política, ni
muchísimo menos; al revés, advertimos de lo que venía también para Cataluña y para los demás.
Acabo, señoría, haciéndole la siguiente consideración. ¿Qué hizo el último Gobierno socialista con la disposición adicional tercera del Estatuto? ¿La cumplió cuando ustedes estaban apoyando esos Presupuestos Generales del Estado o no la
cumplió por restricción presupuestaria? Entonces no diga que realmente ha sido este Gobierno, porque ha sido el Gobierno anterior el que comenzó, por restricciones presupuestarias, efectivamente, a no tener dinero para atender determinados pagos...
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JOSÉ EUGENIO AZPIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ RESULTADO ESTÁ DANDO EL PLAN DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR Y EL
FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL? (Número de expediente 180/000270).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social del diputado don José Eugenio Azpiroz, del Grupo Popular.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Empleo y Seguridad Social, con el anterior Gobierno socialista se aprobó la llamada amnistía frente al fraude a la Seguridad Social. Vino contenida en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, que resultó un auténtico
fracaso y prácticamente nada afloró en lo que al empleo sumergido se refiere, tan solo se incrementaron las cuantías de las sanciones. Se habla mucho en estos tiempos de ajustes y reformas del fraude fiscal. Afortunadamente, la lucha contra los
defraudadores de impuestos ha supuesto hasta julio un incremento de más del 15 %, recaudándose 6.415 millones de euros, casi 850 millones de euros más que el pasado año, un éxito en la gestión del Gobierno. Vivimos una dura crisis, con reducción
del gasto para poder controlar el déficit público y mantener los servicios esenciales, las crecientes prestaciones por desempleo, la necesidad del mantenimiento de las pensiones y otros servicios públicos. En este contexto, resulta fundamental la
lucha contra el fraude fiscal y el incremento de la recaudación tributaria. Pero ¿qué pasa en la lucha contra la economía sumergida y en la lucha contra el empleo irregular? La economía sumergida supone, primero, la desprotección del trabajador;
segundo, la no recaudación de cotizaciones; tercero, la competencia ilícita; cuarto, la injusticia y la insolidaridad social. Ya hemos visto el fracaso de la amnistía frente al fraude en la Seguridad Social y la nula e ineficiente lucha contra la
economía sumergida por parte del anterior Gobierno. Esta lucha nos parece esencial por razones
de justicia y también de recaudación. Usted, señora ministra, ha manifestado con reiteración su decidido compromiso con esta causa y ha adoptado medidas al respecto.
Por estas razones, por la importancia de la cuestión, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué resultado está dando el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señor Azpiroz, la lucha contra el fraude es una prioridad del Gobierno y, por eso, el día 27 de abril el Consejo de Ministros aprobó un Plan de lucha contra el fraude en el empleo irregular y también a la Seguridad Social, porque para
nosotros los tiempos de crisis son los tiempos en los que tenemos que buscar más el compromiso y la solidaridad de todos los ciudadanos con las administraciones públicas y con el sistema de Seguridad Social y de prestaciones que tenemos.
Hemos hecho tres cosas fundamentalmente, porque el fraude, como usted ha dicho bien, es nocivo en tres ámbitos: primero, para el trabajador, porque se merman sus derechos cuando trabaja en la economía irregular; en segundo lugar es malo
también para las empresas, porque compiten en desigualdad aquellas que cumplen con sus obligaciones con las administraciones públicas, con Hacienda y con la Seguridad Social, frente a aquellas que no cumplen; en tercer lugar -y muy importante en
estos tiempos también-, se pone en riesgo el sistema de Seguridad Social porque hay cotizaciones que no afloran. Por tanto, luchando por ese triple objetivo, este Gobierno ha presentado un Plan de lucha contra el fraude. ¿Qué hemos hecho? En
primer lugar, sumar efectivos a esa lucha contra el fraude. Este año están trabajando 69 inspectores nuevos y 59 subinspectores más dedicados a la lucha contra el fraude. En segundo lugar, hemos aumentado la colaboración y la coordinación con los
ministerios de Interior y de Hacienda para que trabajen de forma coordinada los tres ministerios en esa lucha tan importante contra el fraude. En tercer lugar, este Gobierno ha dado mayores instrumentos a la Inspección, a través de cambios legales
en el Código Penal y también con un proyecto de ley, que ya está en la Cámara, en el que se incrementan las sanciones en la lucha contra el fraude de la economía irregular y a la Seguridad Social. Y estamos obteniendo resultados, porque más
inspección, más coordinación y más herramientas e instrumentos contra el fraude ya han dado, a primeros de agosto, los siguientes resultados: se han hecho 143.000 inspecciones en materia de empleo, lo que ha hecho que afloren 52.453 empleos, un
14,5 % más que en el 2011 y, además, en las prestaciones por desempleo, en 13.444 inspecciones se han detectado 4.200 infracciones en empresarios y 6.415... (Un señor diputado: Todo va muy bien).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON CÉSAR LUENA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿ESTÁ SATISFECHO EL GOBIERNO CON EL INCREMENTO DE LAS TASAS UNIVERSITARIAS? (Número de expediente
180/000264).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. En primer lugar, la pregunta de don César Luena, del Grupo Socialista.
El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿no le parece lo suficientemente difícil, grave y dramática la situación que atraviesan la mayoría de las familias españolas como para que su Gobierno, de forma irresponsable, suba las tasas de las matrículas universitarias y
baje y reduzca las becas y ayudas a los estudiantes? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señor presidente.
Señor Luena, ha hecho usted algunos juicios de valor y dos afirmaciones. Los juicios de valor, por supuesto, se los reservo a usted. Las afirmaciones son las dos falsas. El Gobierno no ha subido las tasas, el Gobierno no ha subido nada
puesto que... (Rumores). Déjenme hablar. El Gobierno no ha subido las tasas puesto que, como su señoría debe saber, esa es una competencia que, al final, tienen las comunidades autónomas. Simplemente se ha facilitado un instrumento para que cada
una, en el uso de sus competencias, decida lo que hace con ellas. Incluso algunas lo han delegado en las propias universidades. En segundo lugar, es igualmente falsa la afirmación que acaba de formular su señoría de que se han reducido las becas.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Wert, su respuesta me recuerda aquello de tirar la piedra y esconder la mano. Lo hace usted bastante. Tira la piedra de los recortes, amenaza a la educación pública, pero esconde la mano cuando estamos en el inicio del curso
educativo más difícil para las familias españolas como consecuencia de su gestión, que ya está en los anales posiblemente como la peor y más dañina para el sistema educativo público. La ecuación que usted y su Gobierno están montando es explosiva:
menos profesores, menos recursos pero más alumnos por aula; recortes presupuestarios de hasta 5.000 millones de euros -para 2015 su Gobierno recortará un punto del producto interior bruto en inversión educativa-: subida colosal, como diría el
señor Rajoy, del IVA para el material escolar y, como colofón, una legislación retrógrada que incorpora reválida, itinerarios y el parche exprés que quiere hacer usted para burlar al Supremo cuando no le gustan sus sentencias. Es curioso, quiere
sortear usted al Supremo como ya hizo con los rectores, pero los rectores le pillaron y le plantaron, y lo hicieron porque sus políticas son una amenaza para la igualdad de oportunidades. Usted ha abierto la posibilidad de que las comunidades
autónomas donde gobierna el Partido Popular hagan caja subiendo las matrículas universitarias bajo el mantra de acercarse al coste real de los estudios. Coste real es el que provoca usted y su Gobierno a tantas familias que con el tasazo van a
tener que renunciar a emprender o continuar sus estudios universitarios. Señor Wert, hay familias que van a tener que decidir si estudia un hijo o estudia el otro. ¿Se da usted cuenta de lo que están provocando? Yo creo que sí porque formaba
parte de sus planes. Para completar la operación están restringiendo el acceso a las becas, subiendo las notas que dan derecho a las mismas, proponiendo condiciones para su devolución, lo nunca visto -hablan ustedes incluso del embargo de las
cuentas-, y aumentando el número de créditos que es necesario para aprobar su renovación. Esa es la operación, lamentablemente, subir las tasas y bajar las becas, agravar el sufrimiento de las familias españolas, atacar a la educación pública y
deteriorar la igualdad de oportunidades. ¿Merece la pena infligir...(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Luena, el hecho de que se haya facilitado este instrumento, quiero decir, la posibilidad de llegar hasta el 25 % del coste efectivo en primera matrícula, ha sido utilizado en una medida muy variable por las comunidades. Y no son
precisamente las gobernadas por el Partido Popular las que han hecho un uso más intenso de esta estrategia. No, no, ha sido la Comunidad Autónoma de Cataluña la que ha llevado hasta el límite el 25 %. Pero vamos a hablar de lo que, en definitiva,
hay detrás de todo esto, que es que una parte del sistema educativo que no es obligatorio ni gratuito se financia masivamente con cargo a presupuestos, en este caso de las comunidades autónomas. Evidentemente, se plantean una serie de cuestiones
acerca, por ejemplo, de la equidad, de que sean los presupuestos de todos los que financien el 85 % del coste de alumnos que pertenecen a familias que no tienen ninguna dificultad por razones de renta. Luego hay otras que tienen muchísimas
dificultades, y para eso hay un sistema eficiente de becas y ayudas al estudio que, por mucho que ustedes lo digan -y ya sé que lo dicen todas y cada una de las veces que me hacen preguntas sobre esta cuestión-, no por repetirlo mil veces se va a
cumplir la máxima goebbelsiana de que repitiendo una mentira mil veces se convierte en una verdad. Las becas se mantienen como estaban, señor Luena, y por tanto lo único que hemos hecho en ese sentido es elevar los umbrales
académicos para que un alumno que recibe 6.000 euros del dinero de todos los españoles no tenga que devolver esos 6.000 euros si se ha limitado a presentarse -a presentarse, no a aprobar- a dos asignaturas de aquellas en las que está
matriculado. Si a usted eso le parece mal o si a su grupo eso le parece mal, explíquenlo convincentemente, porque yo creo sinceramente que la sociedad española... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA ROS MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿POR QUÉ CONSIDERA ANECDÓTICA EL MINISTRO DE EDUCACIÓN LA POLÉMICA SURGIDA POR EL USO DEL 'TUPPER'
EN LOS COMEDORES ESCOLARES? (Número de expediente 180/000265).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al ministro de Educación, Cultura y Deporte la diputada doña Susana Ros, del Grupo Socialista.
La señora ROS MARTÍNEZ: Señor ministro, este curso escolar pasará a la historia como el curso de la fiambrera. ¿Cree sinceramente que es una anécdota?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Ros, yo me he referido efectivamente a esta cuestión como una cuestión anecdótica en el tercero de los sentidos que marca el diccionario sobre anecdótico, como una cuestión circunstancial en cuanto a lo que tiene que ver estrictamente
con los contenidos educativos, y digo circunstancial porque prácticamente no existe competencia alguna del Gobierno al respecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora ROS MARTÍNEZ: Señor ministro, la fiambrera en los comedores escolares es consecuencia de los recortes en educación de más de 5.000 millones de euros que usted ha obligado a realizar a las comunidades autónomas. No es una
anécdota, es otro síntoma de lo que ustedes pretenden hacer con la escuela pública: desmantelarla y desprestigiarla. ¿Sabe usted que la vuelta al cole para muchas familias está resultando imposible de pagar? No se quede sentado en el cómodo
sillón de su despacho, salga a la calle, vaya a casa de ese millón y medio de hogares que no tiene ningún ingreso, abra su nevera y después me dice qué colocará en la fiambrera de ese niño. (Muestra un táper). Son familias que con sus recortes no
pueden pagar por la comida de sus hijos y mucho menos por utilizar el táper. ¿Sabe? Muchas veces, demasiadas, hay alumnos para los que la comida que toman en el comedor escolar gracias a la beca de que disfrutan es la única comida sana y
equilibrada que realizarán durante el día, y usted considera esa beca como una mera anécdota. Sus palabras nos apenan y nos avergüenzan, señor ministro. ¿Sabe que lo primero que detecta un niño son las desigualdades? Estamos hablando de niños de
6 a 12 años para los que la educación debe ser garantía de igualdad, niños y niñas que se sentarán en una misma mesa de comedor con otros compañeros a los que sí servirán comida y a ellos no. ¿Les ha preguntado a los niños lo que piensan? Yo sí, a
mis hijos, les he preguntado y su respuesta ha sido contundente y clara: Antes en el comedor éramos todos iguales, ahora seremos diferentes. Educar en desigualdad es sembrar miseria y pobreza para el desarrollo de un país. ¿Es eso lo que
pretende? En los comedores escolares se aprende a comer de todo, los menús son equilibrados y analizados por especialistas, ¿o acaso quiere volver a la leche en polvo americana de hace más de cuarenta años?
Es evidente que siguen decidiendo sin consultar a nadie y, como muy bien ha dicho la presidenta de la Federación de padres de alumnos de mi provincia, Castellón, los padres se sientan como una diana donde van a parar los dardos de sus
recortes. El táper es el resultado de la reducción de becas de comedor y calificarlo de anécdota es una provocación. Escuche a la calle y, si tiene un poco de vergüenza, cambie sus políticas y no haga recortes en educación. Menos fiambreras, más
profesores y más becas de comedor. (Aplausos). Porque con ustedes, con el Gobierno, pronto...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Ros, suponía y sigo suponiendo que estamos en una sesión de control al Gobierno (Rumores), y suponía y sigo suponiendo que su señoría conoce perfectamente cuál es el marco competencial en el que esta cuestión se desenvuelve.
(Rumores). Excepto por lo que en cuanto a la posibilidad de ser escolarizados los niños en municipios distintos del suyo dispone en su artículo 82.2 la LOE, no existe ninguna competencia en esta cuestión que corresponda a este Gobierno, y ninguna
de esas situaciones que usted, con evidente exageración, tengo que decírselo, señora... (La señora Ros Martínez muestra un táper). Sí, pero usted ha traído una fiambrera, lo cual me parece muy bien, pero eso no quiere decir que haya una situación
generalizada de uso de esas fiambreras, entre otras cosas y primordialmente porque como su señoría debe saber hay multitud de comunidades autónomas que tienen establecida la jornada continuada, y por tanto no se utiliza el comedor escolar.
(Rumores). Tendré oportunidad en la interpelación que sigue de responder más ampliamente, pero sobre todo le quiero decir que ninguna de esas decisiones a las que se ha referido su señoría tienen absolutamente nada que ver con una decisión del
Gobierno. Son decisiones que han tomado las comunidades... (La señora Ros Martínez: ¡Recortes!) ¿Pero de qué recortes me habla, señora Ros? (La señora Montón Giménez: ¡Recortes!). Como usted comprenderá, estamos hablando de una cuestión que
escapa por completo a la competencia del Gobierno, y por tanto si una comunidad decide aplicar dos euros por calentar la fiambrera me parecerá bien o mal, pero donde tiene que plantear el control sobre esa decisión no es obviamente en este
Parlamento, que como le digo, respecto a la competencias del Gobierno, es por completo ajeno a la cuestión que está planteando. (La señora Montón Jiménez: O sea, que da igual). Es completamente ajeno, porque estamos hablando de una cuestión cuya
importancia no niego, cuya sensibilidad no niego, pero que tiene que ver con los servicios sociales, porque si aquí hablamos de las condiciones en que se facilita la alimentación, no hay ningún marco en la legislación básica, no en la de ahora, en
toda -porque el artículo 82 de la LOE proviene del 65 de la Logse-, que establezca en ningún caso una competencia estatal sobre esta cuestión. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ALBERTO SOLER SICILIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿POR QUÉ CONSIDERA QUE LOS COLEGIOS QUE DISCRIMINAN A LOS ALUMNOS EN FUNCIÓN DEL SEXO DEBEN SEGUIR
SIENDO FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS? (Número de expediente 180/000266).
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, que formula el diputado don Albert Soler, del Grupo Socialista.
El señor SOLER SICILIA: Gracias, presidente.
A ver, señor ministro, si en esto sí que tiene competencias. (Risas). ¿Podría decirnos por qué razón los colegios que discriminan a los alumnos por sexo, en su mayoría escuelas de elite, deben seguir financiándose con dinero público
mientras usted recorta de forma salvaje la educación pública? (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Tampoco!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Soler, no puedo contestar a su pregunta (Risas) en los términos en los que la ha planteado, porque no acepto el concepto de discriminación. (Varias señoras y varios señores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ah!) Por tanto,
evidentemente, este Gobierno no plantea financiar a los centros que discriminan y está planteando una cuestión completamente distinta, porque no se trataría ya
de financiar los centros que discriminan, porque si los centros discriminan no solo no pueden ser financiados, sino que no pueden ser parte legítima del sistema educativo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor SOLER SICILIA: Gracias, presidente.
¿De verdad cree que un ministro que ha recortado cerca de 5.000 millones a la educación pública puede seguir defendiendo que se financien escuelas de elite, que además discriminan a los alumnos, en contra de lo que ha dicho el Tribunal
Supremo? ¿Puede usted decir lo que está diciendo mirándole a la cara a los miles de padres y madres que están en el paro que llevan a sus hijos a la escuela pública, y que han perdido la beca comedor, que han pagado un 21 % del IVA en material
escolar y que van a tener menos profesores para sus hijos? ¿Puede mirar a la cara a estos padres y madres y seguir diciéndoles que va a financiar escuelas a las que solo pueden acceder unos cuantos privilegiados amigos suyos?
Señor ministro, no nos entretenga con debates estériles sobre lo que es o no es discriminación. Cuando se excluye de una clase a un niño o a una niña por razón de sexo eso se llama discriminación, y así lo ha dicho el Tribunal Supremo, no
en uno, sino en dos fallos, y su obligación es acatar y hacer cumplir esas sentencias. Fíjese si se vio apurado para salvar la papeleta que para encontrar una primera excusa se tuvo que remontar a una convención firmada hace cuarenta y tres años,
en plena dictadura, cuando en España no teníamos ni Constitución, y como si la igualdad entre hombres y mujeres nada hubiera cambiado desde entonces. Y fíjese si era débil el argumento que a los pocos días se quitó la careta y anunció que iba a
modificar la ley para que las escuelas de elite puedan seguir recibiendo el dinero de todos. Una vez más, señor ministro, pura ideología, de derechas por supuesto. Usted defiende que se subvencione a las familias más acomodadas del país y al Opus
Dei mientras recorta becas, profesores y sube las tasas universitarias. ¿Eso es lo que usted entiende por equidad? Gracias a usted y a la señora Rigau, en Cataluña, hemos empezado el curso con veinte mil alumnos más, dos mil profesores menos, y
cobrando a las familias dos euros al día por llevar el táper, mientras pagamos 20 millones de euros al año a dieciséis centros de elite. Con ese dinero la Generalitat no habría tenido que recortar la subvención a las escuelas infantiles
municipales, por ejemplo. Usted ha dicho -y le cito- que la educación pública ha dejado de contribuir a la sociedad. No se equivoque, son sus recortes los que van a impedir a la escuela pública seguir siendo el motor de igualdad de oportunidades
en este país.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señor presidente.
Señor Soler, en primer lugar, veo que usted conoce quiénes son mis amigos, está usted más informado que yo. Yo aquí no defiendo amigos, yo defiendo los intereses generales. En segundo lugar, dice usted que se trata de centros de elite.
Pues mire, yo he mirado dónde están los centros concertados. Hay algunos centros que ofrecen educación diferenciada que no están concertados y que efectivamente pueden responder a ese concepto, pero yo he visto que son centros que están en
Vallecas, que están en municipios del cinturón de Madrid, del cinturón de Barcelona. Yo no sé si serán de elite, no he estado en ellos. (Rumores). Pero yo no planteo la cuestión en esos términos, porque ese es un tema que desde el punto de vista
de los intereses generales me resulta por completo indiferente.
Yo lo planteo en unos términos muy sencillos. La convención -que puede tener treinta y ocho años o puede tener cincuenta y siete, pero está vigente y España es signataria de ella- contra la discriminación en la enseñanza, en su artículo
segundo, señala con total claridad que no constituye discriminación ofrecer esa educación diferenciada siempre y cuando se haga de una forma equilibrada para chicos y chicas, y no suponga una situación de ventaja o desventaja para cualquiera de esos
dos sexos. En esos mismos términos están la ley norteamericana, la ley inglesa, la ley francesa que es ni más ni menos que de 2012 y que lo dice taxativamente. (Rumores). Y hay una gran cantidad de jurisprudencia de los tribunales superiores de
justicia de las comunidades y del propio Supremo que también en el caso español indica esto. Por supuesto que las sentencias se cumplen, pero las sentencias se cumplen en sus propios términos, y estas dos sentencias se refieren a dos centros en
concreto. A mí me parece que una educación
como la diferenciada, que supone el 1 % en este momento de todo el sistema educativo no universitario y menos de medio punto del total de centros es una opción de libertad, que sea minoritaria o mayoritaria es una cuestión distinta. (El
señor Buyolo García: Pero no la pagamos nosotros). No, la libertad no la pagan ustedes, y me parece muy bien que no quieran pagarla... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SEÑOR BALDOVÍ, SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LOS ALIMENTOS DESCARTADOS POR LAS GRANDES SUPERFICIES. (Número de expediente 172/000059).
El señor PRESIDENTE: Terminado el capítulo de preguntas, pasamos a las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, comenzamos con la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví, sobre el aprovechamiento de los
alimentos descartados por las grandes superficies. Para su defensa tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, los datos de pobreza en el Estado español son escalofriantes y lo peor es que van en permanente aumento, pues según las estadísticas publicadas por la Unión Europea el Estado español, con casi un 24 %, es donde más ha
aumentado la pobreza; casi un 10 % superior a la media europea del 15 %. Nueve millones de personas en situación de pobreza, familias que viven con menos de 627 euros al mes, y un millón y medio en situación de pobreza extrema; personas que
requieren de la atención de este Parlamento y del Gobierno central. De otro lado, según el informe europeo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, cada año se pierden en Europa más alimentos sanos y comestibles, según algunas estimaciones
hasta el 50 % a lo largo de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, hasta llegar en algunos casos al consumidor y que se convierten en residuos.
Hasta ahora ha funcionado el programa europeo de ayuda a los necesitados, el PEAD. Pero en 2012 se ha reducido la partida para España un 77 %, de 500 millones en 2011 a 113 para el 2012. Los alimentos procedentes del PEAD son el 80 % de
los repartidos por los bancos de alimentos. De hecho el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos ha denunciado que esta ayuda, el PEAD, está a punto de desaparecer como ayuda alimentaria para el periodo 2014-2020. Mientras, el
secretario general de la Cruz Roja manifestó que en 2011 habían incrementado en un 5 % las personas que acuden a sus centros pidiendo alimentos; hoy seguro que son más, muchos más. Sabemos que el desperdicio de alimentos se produce a lo largo de
toda la cadena alimentaria, desde la etapa de producción agrícola hasta las de almacenamiento, transformación, distribución, gestión y consumo. Hay que definir desperdicio de alimentos como el conjunto de productos alimenticios descartados de la
cadena agroalimentaria por razones económicas, por razones estéticas o por la proximidad de la fecha de caducidad, pero que siguen siendo perfectamente comestibles y adecuados para el consumo humano, y que a falta de posibles usos alternativos
terminan eliminados como residuos, lo que genera externalidades negativas desde el punto de vista del medio ambiente, costes económicos y pérdida de beneficios para las empresas.
La Unión Europea genera 89 millones de toneladas de residuos alimentarios anuales, es decir, 179 kilos por habitante. Considerando que para producir un kilo de alimentos se emiten a la atmósfera 4,5 kilos de CO2, en Europa los
aproximadamente 89 millones de toneladas de alimentos desperdiciados generan 170 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año. Cabe recordar que el desperdicio de alimentos por los consumidores en los países en desarrollo es mínimo, pues el
desperdicio de alimentos se debe principalmente a limitaciones financieras y técnicas en toda la cadena de producción de alimentos. Por eso desde Compromís tenemos claro dónde está el problema y las soluciones para acabar con el despilfarro
económico, ecológico y social.
Las cifras obligan a su Gobierno a tomar medidas que reduzcan el desperdicio de alimentos y a mejorar el nivel de nutrición de la población. No es razonable que día a día los supermercados estén destruyendo comida en buen estado y en España
haya gente que pase hambre, niños desnutridos porque sus familias no tienen suficiente poder adquisitivo para pagar unos alimentos que cada vez son más inaccesibles, como consecuencia de la especulación alimentaria. De hecho mientras usted y yo
estamos aquí discutiéndolo en otros países hace tiempo que se han puesto en marcha iniciativas de sensibilización sobre el desperdicio de alimentos, y lo que es más importante, los medios para reducirlo. También son
muchos los ayuntamientos que hemos buscado soluciones a un problema que estaba delante de nuestros ojos, y teníamos la obligación de resolver con las medidas a nuestro alcance, coordinados con los supermercados que han querido colaborar.
Los datos son contundentes. Por ello desde Compromís exigimos que el Estado español y los agentes de la cadena agroalimentaria aborden urgentemente el problema del desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro y de
consumo. Urge una legislación que prohíba la destrucción sistemática de alimentos en buen estado. Ustedes en lo que llevan de legislatura han aprobado más de veinte reales decretos para hacernos más pobres y para recortar nuestros derechos. Desde
Compromís les pedimos que aprueben ya una normativa en beneficio de la gente, de aquellos que más la necesitan; una normativa que mejore la eficiencia de la cadena agroalimentaria sector por sector, que impida destruir alimentos en buen estado, que
garantice su buen uso y reparto para que lleguen a todos los que los necesitan. No se puede gobernar dándole la espalda continuamente a la gente, hay que darles soluciones, y algunos estamos en política porque nos preocupa mucho más la gente que
los bancos. En el Estado español todos los días se tira una ingente cantidad de alimentos a pesar de ser perfectamente comestibles, sin tener en cuenta los problemas medioambientales y éticos, así como los costes económicos y sociales del
desperdicio de alimentos. Gracias al excelente trabajo de los bancos de alimentos y a la solidaridad de quienes colaboran con estos ya hay un camino abierto, pero este depende de la caridad, y nosotros hablamos de legislar, de prohibir conductas
que ningún país puede permitirse, y menos el nuestro con el nivel de pobreza que padecemos. No hablamos de caridad, hablamos de legislar. Hay que poner fin a este despilfarro medioambiental, nutricional y social.
Le preguntamos: ¿qué ha hecho este Gobierno para aprovechar y utilizar eficazmente sus recursos alimentarios? Nosotros venimos hoy con propuestas: legislar, coordinarse con todos los agentes implicados para reducir el desperdicio de
alimentos. A la hora de legislar se ha de tener en cuenta que el desperdicio de alimentos tiene causas diversas, y la normativa ha de incorporar medidas coercitivas sobre el tratamiento de residuos alimentarios aplicables a todos los eslabones de
la cadena alimentaria, aplicando el principio de que quien contamina, paga; medidas coercitivas que dejen claro que no compensa destruir alimentos y pagar sanciones. En ese sentido le preguntamos también: ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno para
cumplir los objetivos de prevención de residuos que deben alcanzar los Estados miembros antes de 2014, tal y como recomienda la Directiva-marco sobre Residuos de 2008? ¿Ha hecho algo este Gobierno para reducir el desperdicio de alimentos a lo largo
de toda la cadena alimentaria desde el campo hasta la mesa del consumidor? ¿Ha hecho algo para mejorar la logística y el transporte, la gestión de existencias y el envasado? ¿Tiene en marcha el Gobierno alguna medida de distribución de productos
alimenticios entre las personas más desfavorecidas? ¿Hace algo para garantizar que los niños, las mayores víctimas de la pobreza, accedan a productos básicos como la leche y la fruta? ¿En qué colabora este Gobierno, o lo deja todo en manos de la
iniciativa privada y la caridad?
Entendemos que su Gobierno ha hecho poco o muy poco al respecto, a diferencia de las experiencias de muchos ayuntamientos que se han organizado para recuperar los productos invendidos y descartados, y así redistribuirlos a los grupos de
ciudadanos que se encuentran por debajo del umbral de ingresos mínimos y carecen de poder adquisitivo. Desde Compromís queremos que medidas tan positivas lleguen a todos los ciudadanos, y eso se hace legislando. En todas esas medidas es necesario
implicar a las empresas agroalimentarias, a los mercados mayoristas, a las tiendas, a las cadenas de distribución, a la restauración de colectividades, a los restaurantes, a las administraciones públicas, a las ONG en las prácticas contra el
despilfarro. Para ello se ha de crear un foro permanente donde se busquen continuamente medidas innovadoras para prevenir el desperdicio de alimentos. En ese sentido entendemos que esta normativa ha de incluir campañas de sensibilización de la
opinión pública sobre el valor de los alimentos y los productos agrícolas, así como las causas y las consecuencias del despilfarro de alimentos e igualmente los modos de reducirlo, fomentando así una cultura científica y cívica orientada por los
principios de sostenibilidad y solidaridad. ¿Han incluido en Educación para la Ciudadanía algún tipo de enseñanza sobre reducción del desperdicio de alimentos? ¿No piensa su Gobierno que es necesario formar a los más jóvenes en principios éticos
de consumo?
La normativa habría de incluir también la obligación de vender una serie de productos a granel para no obligar al consumidor a comprar en exceso más de lo que sabe que necesita, y ahorrar así en embalajes que contribuyen a incrementar la
emisión de CO2. La normativa también habría de incluir el etiquetado con una doble fecha: fecha límite para la venta y fecha límite para el consumo, y las ventas con descuento de
alimentos próximos a la fecha de caducidad o dañados. También medidas de optimización de los envases y su uso eficiente, así como el diseño industrial ecológico.
También quisiera hablar de los mercados locales que, como sabe, son sostenibles desde el punto de vista medioambiental y contribuyen a la estabilidad del sector primario. En ese sentido, señor ministro, ¿ha implementado el Gobierno alguna
medida de estímulo o apoyo a las iniciativas orientadas a incentivar la producción sostenible a pequeña y mediana escala vinculada a los mercados y el consumo local y regional? Es necesario garantizar financiación para incentivar la venta directa y
los mercados locales, y medidas de promoción de la cadena de suministro corta o de kilómetro cero. Este giro en su política incluye también la necesidad de que el Gobierno coopere con la FAO para establecer objetivos comunes de reducción del
despilfarro mundial de alimentos.
Por último desde Compromís pedimos al Gobierno que se sume a la petición de la proclamación del año 2014 como año europeo contra el desperdicio de alimentos, lo que sería un importante instrumento de información y promoción para sensibilizar
a los ciudadanos europeos. En definitiva el problema de la destrucción de alimentos es tan importante y serio que el Gobierno debería comenzar a tomar medidas con urgencia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Señor presidente, señorías, señor Baldoví, le agradezco esta interpelación que nos permite debatir sobre un tema de enorme importancia. El Gobierno es
plenamente consciente de todos los problemas sociales y económicos que están afectando a nuestros ciudadanos, y del contenido de los informes y de las estadísticas que su señoría ha utilizado. La actual crisis económica que estamos padeciendo desde
el año 2007 ha aumentado sensiblemente el número de ciudadanos necesitados y de familias que tienen actualmente a todos sus miembros en paro, que acuden periódicamente a comedores sociales regidos tanto por instituciones religiosas -Cáritas- como
civiles -Cruz Roja- o fundaciones empresariales o de particulares. Este Gobierno está llevando a cabo reformas económicas y ajustes fiscales de gran alcance que sabemos que entrañan grandes sacrificios a la ciudadanía, pero que son necesarios para
empezar a crecer, crear empleo y disminuir la necesidad de apelar a estos sistemas extraordinarios de solidaridad.
Señoría, centrándonos en el debate que plantea su interpelación, quiero comunicarle que mi departamento está trabajando en la elaboración de una estrategia integral para la reducción y valorización de los alimentos desechados, y que está
destinada a dar respuesta al impacto económico, social y medioambiental que se produce por el desperdicio de alimentos en diferentes momentos a lo largo de toda la cadena de producción y de suministro. Esta estrategia se enmarca dentro de las
políticas de sostenibilidad del sector alimentario impulsadas desde el ministerio, y está previsto que se componga de un conjunto de actividades para dar respuesta a los objetivos marcados por el Parlamento Europeo en su informe de 30 de noviembre
de 2011. En la propuesta de resolución que acompañaba a ese informe, y que aprobaron todos los grupos parlamentarios, se instaba a la Comisión Europea a la adopción de medidas urgentes para reducir a la mitad en el año 2025 el desperdicio de
alimentos, y se solicita a cada Estado miembro la elaboración de un plan de acción para 2013. Para el cumplimiento de ese objetivo el Parlamento Europeo considera necesario, entre otras recomendaciones, llevar a cabo un análisis detallado de las
causas del desperdicio en cada fase de la cadena de producción y su posible corrección, y señala la necesidad de evitar la confusión en las normas que regulan el etiquetado sobre temas relativos a calidad y a inocuidad -a lo que se ha referido su
señoría- para sacar del circuito lo estrictamente necesario y no consumible.
Llegados a este punto tengo que señalar algunos aspectos que considero relevantes. La primera cuestión es que no conocemos con precisión la magnitud del problema en nuestro país, ya que las pérdidas se registran en diferentes puntos a lo
largo de la cadena de valor, y no tenemos constancia de la existencia de estudios científicos rigurosos sobre este asunto. Sin embargo estimaciones de la presidencia de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Fesbal -organización que acaba
de ser galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, como lo fue Cáritas en 1999-, señalan que la mayor parte de los alimentos se desperdician o tiran en los hogares y no en los supermercados; que de los 69 millones de toneladas
que se tiran en Europa, en España se tiran entre 8 y 9 millones; y dentro de esos 8 o 9 millones aproximadamente en España el 42 % se tira en los hogares, el 39 % en las industrias -determinado a
veces por la aplicación de la propia legislación alimentaria o sanitaria, porque la Administración no permite que se comercialicen-, el 14 % se tira en la restauración, y solo el 5 % en las grandes superficies. Es indudable que la parte más
visible y con mayor impacto mediático y social de este problema es la que corresponde al desecho de alimentos en la gran distribución, pero ni mucho menos el único punto de la cadena en que se originan pérdidas ni desde luego el mayor; es el 5 %,
como he señalado.
Tampoco hay datos muy concretos sobre el destino que los distintos operadores están dando a los alimentos desechados. Últimamente se ha elaborado en el ministerio una primera encuesta, muy reciente, que nos ha permitido conocer con cierto
detalle la actitud de los consumidores y la gestión de la distribución de los productos desechados. Según dicha encuesta los distribuidores retiran de sus lineales un 5,6 % de los productos por razón de sobrepasamiento de la fecha de caducidad. En
cuanto al destino de dichos productos, un 20,5 % de los distribuidores los entregan a bancos de alimentos u otras ONG, y otros los retornan a la industria de origen.
Como ya he señalado, el informe elaborado por el Parlamento Europeo insta a la Comisión a la adopción de medidas urgentes para reducir a la mitad en 2025 el derroche de alimentos, y solicita a cada Estado miembro la elaboración de un plan de
acción para el año 2013. Estamos trabajando por lo tanto para elaborar ese plan de acción y para integrar esta estrategia, cuyos trabajos espero tener terminados antes de finalizar este ejercicio, en las siguientes líneas de actuación. En primer
lugar, vamos a revisar en profundidad las normas de calidad de las diferentes producciones con objeto de identificar los posibles requisitos normativos que puedan estar ocasionando un aumento de la destrucción innecesaria de alimentos, así como las
posibles limitaciones que existen para reintroducir en el ciclo alimenticio dichos productos. Un ejemplo muy claro serían los aspectos relativos a fechas de consumo preferente o de caducidad de los productos que, en caso de que no estén adaptadas a
las actuales posibilidades tecnológicas de conservación y manipulación de alimentos, podrían estar obligando a desechar alimentos en adecuadas condiciones de utilización. Vamos a elaborar estudios en el marco del observatorio de la cadena de valor
sobre los desechos producidos a lo largo de las distintas fases de la cadena, para cuantificar el monto total de las producciones perdidas y su valor económico; los haremos producto a producto para más de treinta productos, y vamos a ampliar
estudios que ya disponemos de las cadenas de valor. Trabajaremos en el diseño de un indicador que permita evaluar el impacto real de estas medidas, tanto sectorial como territorialmente, y el grado de cumplimiento de los objetivos de reducción
marcados. Identificados los momentos y procesos en los que se originan los desperdicios y conocida su importancia, estudiaremos el destino que se da a dichos productos y los problemas que está originando su gestión. Está previsto que el ministerio
se incorpore a un plan de colaboración entre algunas empresas de diferentes eslabones de la cadena alimenticia destinado a tratar de avanzar en la reducción del desperdicio de alimentos. Este plan lo impulsa la Asociación de Fabricantes y
Distribuidores, Aecoc, y se basa en la definición de un decálogo de compromisos que las empresas se comprometen a cumplir. Trabajaremos también en el diseño de auditorías sectoriales o de empresas destinadas a evaluar la eficiencia en la gestión de
residuos e identificar los productos de mejora.
En el marco de las políticas de innovación para la industria alimentaria promoveremos los trabajos y proyectos destinados a favorecer el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías que permitan disminuir el desecho de alimentos o favorezcan su
aprovechamiento y valorización. Elaboraremos y difundiremos entre agricultores, empresarios y operadores de la cadena guías de buenas prácticas que faciliten el conocimiento y alcance de los problemas existentes, y promuevan la adopción de medidas
correctoras. Y vamos a contribuir a maximizar, como quiere su señoría, la redistribución de los alimentos desechados no solo en la distribución, como plantea la interpelación de su señoría, sino en otros eslabones de la cadena, promoviendo una
mayor colaboración con los bancos de alimentos. Vamos a trabajar además con otras administraciones en el desarrollo de campañas informativas dirigidas a los consumidores y a la restauración en relación con el conocimiento de prácticas de
conservación de alimentos y la importancia de reducción de desperdicios alimentarios.
Por otra parte quiero resaltar, señoría, que en España desde hace veinticinco años el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el responsable de la ejecución del Plan de distribución de alimentos de las personas más
necesitadas de la Unión Europea, a través del Fondo español de garantía agraria, para facilitar la salida de los productos agrícolas almacenados por los organismos de intervención, en el marco de la política agraria común, y al mismo tiempo adquirir
y poner a disposición de las personas más necesitadas alimentos básicos, pero de calidad. Estos planes de distribución se aprueban anualmente por la Comisión Europea en función de las solicitudes recibidas de los Estados miembros, y se asignan
los recursos económicos que se destinan a la compra de alimentos para su distribución gratuita entre las personas más necesitadas. El Fondo español de garantía agraria, en colaboración con expertos en nutrición del ministerio, establece la
cesta de alimentos a adquirir mediante procedimiento de licitación pública, en el que participan industrias y empresas agroalimentarias españolas. Esta cesta se compone de alimentos de fácil transporte y almacenamiento, poco perecederos y, sobre
todo, de carácter básico.
Su señoría, en su intervención, ha dado unas cifras que no se adecuan a la realidad. La dotación económica del Plan de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas en España no se ha reducido. En el año 2009 fue de 62 millones de
euros. Es verdad que en el año 2010 fue de 52 millones, pero en 2011 ha sido de 74 millones y en el año 2012 se ha incrementado a 80,4 millones por las mayores peticiones del Gobierno español. Con estos recursos el Gobierno, mediante concurso
público, ha adquirido 67.400 toneladas de productos alimenticios y ha ampliado la gama de productos a los básicos como lácteos y cereales en forma de pasta, galleta y cereales infantiles, añadiendo por primera vez legumbres, aceite de oliva,
conservas de pescado, zumos, fruta en conserva y además alimentos infantiles. Las organizaciones caritativas, la Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Española colaboran con el ministerio en las labores de almacenamiento y
distribución de los alimentos adquiridos por el FEGA, a través de los almacenes que los cincuenta bancos de alimentos y los cincuenta y dos centros provinciales de Cruz Roja tienen en todas las provincias. En concreto, Cruz Roja y Fesbal
distribuyen cada una el 50 % de los productos entre más de 8.500 entidades benéficas. Gracias a su trabajo solidario las 67.400 toneladas de alimentos adquiridas este año van a permitir alimentar a cerca de 2 millones de personas. En el periodo
2007-2012 la cifra movilizada con cargo a estos fondos ha sido de 387.000 toneladas, con un valor de 350 millones de euros, lo que pone de manifiesto la trascendencia de esta labor. De hecho, este plan constituye la fuente principal de alimentos
que existe en España para su distribución gratuita entre las personas más necesitadas. Los alimentos procedentes del plan de ayuda suponen el 49 % del total de alimentos distribuidos por los bancos de alimentos y el 99,9 % de los alimentos
distribuidos por Cruz Roja Española, es decir, el 75 % de todos los alimentos que se distribuyen gratuitamente en España con destino a entidades benéficas.
Por todo ello y teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa la economía española y muchas economías europeas, el Gobierno está trabajando en todos los foros comunitarios para defender la continuidad de estos planes de ayuda a
partir de 2014 en el marco de las negociaciones presupuestarias de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, con el fin de que sigan desempeñando el papel tan importante que cumplen con los más necesitados y con toda la sociedad.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, y a pesar de todo esta noche habrá muchísima gente que siga rebuscando en los contenedores, a pesar de todas las cifras que nos ha dado. Los que venimos del ámbito municipal, los que hemos sido alcaldes o concejales de
servicios sociales hemos vivido y vivimos -porque aún estoy en el ayuntamiento- la proximidad de los problemas, porque le vemos la cara y los ojos a la gente que llega a los ayuntamientos. Los que vivimos en los pueblos vemos las colas de gente.
Le puedo afirmar que en mis años en el ayuntamiento de Sueca he visto como cambiaba la composición de esas colas. De ser mayoritamente de gente de otros países a haber gente de aquí, normal y corriente, que siempre habían tenido un trabajo y que no
había tenido nunca problemas y que han superado la vergüenza que les supone ponerse en la cola para pedir alimentos. Seguimos viendo todas las noches gente rebuscando en los contenedores y tenemos los servicios sociales de los ayuntamientos
desbordados.
Por eso Compromís le pide, a pesar de las cifras que usted nos ha dado, que se empiecen a aplicar soluciones; soluciones que algunos ayuntamientos ya hemos comenzado a aplicar. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la
Presidencia). El mío, por ejemplo, tiene un convenio con la Cruz Roja, y a pesar de que usted nos ha dicho que se ha incrementado el dinero para compra de alimentos, pero le decimos que la Cruz Roja solo puede venir tres veces al año a nuestro
pueblo porque no tiene más. Además hemos hecho un convenio con la cooperativa valenciana Consum en el sentido de que todo lo que hayan de tirar lo cedan al ayuntamiento y que este lo reparta con Cáritas del pueblo. O bien los ayuntamientos
aportamos recursos directamente sustrayéndolos de otro lugar para dárselos a la gente que simple y llanamente tiene hambre. La sensación que tenemos muchos es que el Gobierno o no
hace nada o hace muy poco y se olvida principalmente de los más débiles. El Gobierno debe tomar la iniciativa y debe tomar iniciativas, debe solucionar un problema tan grave como es este, un problema tan grave y tan feo como es el del
hambre o la destrucción de los alimentos y no dejar ese problema solo a las organizaciones de caridad como Cáritas, a las ONG o a iniciativas aisladas de los diferentes ayuntamientos. Ustedes deben legislar para solucionar este problema, y con
medidas que por una parte obliguen pero que por otra convenzan y eduquen, sobre todo en valores y en la solidaridad. Usted ha dicho que gran parte de los alimentos -habla de un cuarenta y pico por ciento- se destruían en los hogares. Puede ser que
en gran parte sea así porque no hay una legislación que se ajuste a bases muchos más adecuadas a la nueva realidad de las personas, por poner un solo ejemplo, luego su ministerio, el Gobierno, deben legislar en ese sentido para que volvamos a sentir
el mismo respeto que sentían las personas mayores cuando se les caía un trozo de plan a la tierra, que lo recogían con veneración y lo besaban. Debemos volver a sentir ese mismo respeto.
Acabo mi intervención diciéndoles que es su responsabilidad y pedimos que por responsabilidad -valga la redundancia-, pero también con contundencia, actúen porque conforme va el país, y con las medidas que ustedes han tomado hasta este
momento, las cifras desgraciadamente van de mal en peor.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Señor ministro de Agricultura.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, agradezco también su réplica. El Gobierno es consciente del problema que tenemos y considera que las medidas que está aplicando -reformas estructurales, ajustes fiscales- van a producir resultados y vamos a volver a la senda de
crecimiento económico y generación de empleo que harán que disminuya la presión en estos momentos. Comprendo su interpelación y su réplica. Yo también he sido concejal, la presidenta de esta Cámara ha sido también alcaldesa y en estos momentos
sabe cómo se viven las tensiones y los problemas por la proximidad de los ayuntamientos a los ciudadanos, con mucha más intensidad. Además soy consciente de que en estos momentos ha cambiado el perfil radicalmente de los que están demandando
alimentos, porque hay quien es capaz de pedir limosna en un semáforo, pero hay quien no es capaz de asumir eso y entonces tiene que acudir a la solidaridad en estos comedores, que hacen una tarea ejemplar -los comedores de órdenes religiosas, los
comedores de Cáritas, los bancos de alimentos-, por lo que hay que reconocer ese esfuerzo de solidaridad que se hace en la sociedad española. Nosotros vamos a trabajar en los dos ámbitos: en la reducción del desperdicio de alimentos en el sistema
productivo, porque no nos lo podemos permitir y además medioambientalmente tampoco es sostenible por las emisiones que generamos, y en la mejora de los envases para evitar que vayan a las bolsas de basura alimentos en perfectas condiciones. A
continuación vamos a trabajar también en el tema que le importa a su señoría, en que se desarrolle la solidaridad. Se le pide a las grandes superficies que sean solidarias. Hay muchas que ya lo son y hay otras que, en el marco de la
responsabilidad corporativa, podemos hacer una actuación de convicción para que también se incorporen.
No se le oculta a su señoría que aquí hay un problema logísitico, lo ha dicho usted. Cruz Roja a su pueblo va tres veces al año porque no tiene capacidad de recogida; los bancos de alimentos -a través de los que distribuimos- también
tienen problemas de logística. Tenemos que intentar atender y facilitar la logística de los que van a recoger los alimentos para distribuirlos por una parte, que es competencia de todo el mundo no solo del Gobierno de la nación, y facilitar también
la solidaridad. No se trata de imponer la solidaridad por real decreto-ley pero sí se pueden estudiar aquellas medidas que en el marco de la responsabilidad social corporativa hagan más atractivo incorporar capítulos de alimentos sanos y en
condiciones que se puedan poner a disposición de los más necesitados. Y además tenemos que dar la batalla en la Unión Europea. El programa de alimentos para lo más necesitados de la Unión Europea es un programa que ha funcionado muy bien y ha
solucionado muchos problemas. En este momentos es el eje de la solidaridad en España, es el componente probablemente más importante. Son alimentos comprados en perfecto estado, y cuya cesta de comida está hecha por nutricionistas, por lo que tiene
una enorme importancia por su capacidad de tener un impacto real. Hay países que no lo quieren porque entienden que la austeridad presupuestaria requiere hacer este recorte, pero probablemente en una situación de crisis económica como en la que
estamos estos programas tengan toda su dimensión y justificación, y España va a trabajar por mantenerlo. Por lo tanto, haremos esta estadística de mejora de la eficiencia en la cadena alimentaria en el sentido de que se aproveche todo, haremos ese
plan para
cumplir los objetivos comunitarios trazados por el Parlamento Europeo y por la Comisión Europea, y trabajaremos también en el marco de estimular la responsabilidad social corporativa no solo de las grandes superficies, sino también el otro
eslabón de la cadena de la industria agroalimentaria -con la cual tenemos muy buenas relaciones-, a los efectos de que podamos utilizar mejor los alimentos que no entran en los circuitos comerciales o que salen de los circuitos comerciales pero que
todavía están en condiciones de seguridad de ser utilizados.
El problema es grave, la interpelación nos venía oportuna y el Gobierno piensa trabajar en estos temas. Aguardamos el contenido de la moción, que sin duda su grupo presentará, para ver a qué acuerdos se pueden llegar en la Cámara y en qué
líneas seguir complementando la tarea de este Gobierno. Desde que empezamos nuestro andar al frente del ministerio ya hemos puesto en marcha la elaboración de esta estrategia conscientes de que este era un problema de primera magnitud.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA CREACIÓN DE UN FONDO VERDE DE INVERSIONES PARA GENERAR CRECIMIENTO Y EMPLEO. (Número de expediente 172/000060).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente interpelación del Grupo del PNV, sobre la creación de un fondo verde de inversiones para generar crecimiento y empleo. Para su defensa, tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo ha afirmado en multitud de ocasiones que la respuesta europea a la crisis no puede ser exclusivamente la de aplicar políticas de austeridad y reformas estructurales y centrarse en la realización de ajustes económicos.
Resulta imprescindible crear empleo de calidad y crecimiento económico, creo que todos estamos de acuerdo en este aspecto. Pero a la vez creemos firmemente en que este crecimiento económico debe estar además sustentado en pilares de sostenibilidad
ambiental y sobre todo social. Si nos centramos en aspectos medioambientales y económicos hemos de hace frente, desde luego en este momento, a una escasez de recursos pero a la vez al cumplimiento de los requisitos que contribuyen a una disminución
de los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero. Consideramos además que invertir en una economía verde ayuda a construir puentes entre el presente, creando empleo y crecimiento, y el futuro sentando las bases de una Europa próspera y
comprometida además con el medio ambiente. Pero, las perspectivas desfavorables para el crecimiento económico, especialmente en países desarrollados, y el desafío de financiar esa transición hacia la economía verde constituyen una cierta amenaza a
la frágil recuperación de esta crisis financiera y económica mundial que estamos viviendo. Por ello, tenemos que establecer políticas de intervención para ayudar a promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo para crear
empleo, inversión productiva y comercio. Porque en el contexto económico actual nos encontramos ante una gran oportunidad para impulsar la necesidad de ese cambio hacia un modelo productivo distinto, hacia una economía con una mayor diversidad de
alternativas y también de oportunidades económicas pero sociales. Una economía basada en principios medioambientales que incremente la participación de la innovación y el conocimiento dentro de ella.
El mayor desafío, a nuestro juicio, consiste en que esas tecnologías verdes se vuelvan además competitivas a nivel de costes comparándolas con las tradicionales a las que estamos más acostumbrados, las establecidas habitualmente, por tanto,
necesitan un apoyo mayor que el resto de tecnologías. Dados los requisitos de financiación que requiere esta transición, consideramos que esos fondos deben recaudarse además de fuentes privadas y no solo públicas, de tal manera que establezcamos
multitud de vías e instrumentos que nos permitan avanzar más rápido. Resulta innegable que cualquier tipo de crecimiento económico a medio y largo plazo debe estar cimentado sobre una política de apoyo a la innovación y dedicada a la transferencia
de tecnología al sector industrial, al objeto de potenciar sectores verdes que sean competitivos a medio y largo plazo, es decir, la adopción de un conjunto de políticas públicas -regulaciones, incentivos, acuerdos internacionales- podrá no solo
revertir el deterioro ambiental sino además crear riqueza, crecimiento económico y conseguir una equidad social mayor que la que tenemos en este momento.
En el informe de mayo de 2012 del Observatorio de la sostenibilidad en España se aborda el tema de la economía verde como una posible respuesta a la crisis. Para ello, apuesta por enfocar la crisis como una oportunidad para salir del actual
modelo y potenciar nuevos sectores, es decir, crear un nuevo modelo económico de desarrollo más sostenible. En el mencionado informe se afirma además que este planteamiento va en línea con nuevas orientaciones, como el llamado Global green new
deal, auspiciado por las Naciones Unidas, o la denominada tercera revolución industrial, que augura la creación de miles de empleos en este sector, empleos verdes o economía verde, como se la quiera denominar. A escala mundial, una industria
limpia, conjuntamente con ciudades y territorios más sostenibles e inteligentes que utilicen energías de fuentes renovables para favorecer una movilidad sostenible, una generación de empleos verdes, en definitiva, una revalorización del capital
natural que tenemos en este momento. Si además realizamos un breve repaso de las distintas cumbres del clima que se han celebrado desde la de Estocolmo, en 1972, donde empieza a aparecer el interés por los temas medioambientales, pasando por Río,
en 1992, donde se señala la interrelación entre el desarrollo y el crecimiento económico y aparece por primera vez ese concepto de desarrollo sostenible, observamos que se ha ido constatando la necesidad de una mayor voluntad política, la necesidad
de una mayor voluntad que consiga un desarrollo humano sostenible -desarrollo de personas y a la vez sostenible-, pero no solo sostenible medioambientalmente sino socialmente, que erradique la pobreza, que busque la reducción de emisiones
contaminantes y, en definitiva, que cree desarrollo. Sin embargo, si nos fijamos en la última cumbre, en la de Río+20, la de junio de 2012, existe una serie de aspectos importantes que me gustaría destacar. Por una parte, aparece la preocupación
por el elevado desempleo juvenil, el reconocimiento del importante papel de las tecnologías de información y comunicaciones en el desarrollo de cualquier país, la necesidad de un trabajo colaborativo entre el sector público y el privado, el
reconocimiento de la importante contribución de la ciencia y la tecnología en el desarrollo sostenible o el reconocimiento de que la economía verde es uno de los grandes activos para la consecución de un desarrollo sostenible.
A nuestro juicio, una de las conclusiones más importantes, además de todas las anteriormente citadas, es el reconocimiento de la necesidad de adoptar políticas para la creación de empleo a través de inversiones que conduzcan a un crecimiento
económico sostenido, inclusivo y equitativo. Es decir, se reconoce que es posible crear oportunidades de empleo de calidad, nuevos empleos, mediante inversiones del sector público y el privado, en conjunto, en innovaciones científicas y
tecnológicas, en obras públicas para restaurar, regenerar y conservar recursos naturales y ecosistemas, pero también en servicios sociales y servicios comunitarios. Asimismo, existe un compromiso de cooperación internacional para promover la
inversión en ciencia, innovación, tecnología, en definitiva, en utilizar la tecnología y la ciencia como medio para colaborar entre instituciones públicas y privadas, sectores de investigación, industria, universidades, organizaciones no
gubernamentales e instituciones públicas, todos trabajando en la misma dirección. Finalmente también en la estrategia 2020 -la estrategia europea- se afirma que la salida de la crisis debería ser el punto de entrada de una nueva economía social del
mercado sostenible. Se podrían crear, según dice la propia Unión Europea, solamente en energías renovables alrededor de 2,8 millones de empleos antes del año 2020.
Por todo ello hemos presentado esta interpelación con el objetivo de crear un fondo verde de inversiones para generar un mayor crecimiento económico y sobre todo empleo. Como hemos dicho, resulta evidente que en la actual estrechez del
mercado crediticio esta estrechez supone un obstáculo para la generación de nuevas empresas y nuevos proyectos en esta economía verde, y esta situación se agrava más si en los ámbitos de desarrollo tecnológico aún incipientes existe una cierta
incertidumbre. Por tanto resulta imprescindible generar confianza, y generar esa confianza en los sectores de inversión. La creación de un fondo de inversión dirigido a sectores verdes facilitaría el desarrollo de un mercado de capitales mixto
público y privado, invirtiendo como capital semilla de empresas en tecnologías incipientes o en empresas más desarrolladas para su diversificación, crecimiento internacional o simplemente crecimiento en áreas en las que ya están trabajando. Esta
actuación podría ser combinada con acciones de financiación directa de proyectos relacionados con actuaciones verdes o utilizarse simplemente como un mero prestatario de fondos a un interés bajo y a muy largo plazo. Actuaciones como impulsar el
desarrollo del crecimiento avanzado en el ámbito verde; apoyar la transferencia de conocimiento a las empresas como en el caso del sustainable construction living lab de Lisboa, un ejemplo desde luego interesante; favorecer el crecimiento
empresarial y la creación de nuevas empresas y empleos evidentemente o impulsar la demanda local verde en sectores en los que ya se está trabajando. Al mismo tiempo consideramos que es evidente que existe un desafío asociado para todos los que
estamos en una
cierta responsabilidad política, que es la de identificar las necesidades futuras de contratación y desarrollar programas específicos de formación y educación bien diseñados para explotar después el conocimiento científico y tecnológico que
se transferirá a las empresas en la emergente economía verde. Consideramos por tanto que la creación de este fondo no solamente público sino público-privado puede ayudar a construir un nuevo sector y generar nuevos empleos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tapia.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Tapia, me alegra tener esta oportunidad para hablar en esta Cámara de medidas orientadas a la generación de crecimiento de empleo y fundamentalmente en relación con todo lo que son tecnologías verdes y la transferencia de tecnología
al sector industrial, que ha sido su primera intervención. Es evidente el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad y con el crecimiento responsable, de ahí que la política económica del Gobierno como conocen ustedes, señorías, se base en dos
pilares fundamentales: nuestro programa de estabilidad, que recoge el ineludible ajuste presupuestario, y el programa nacional de reformas, en las que se recogen todas las reformas imprescindibles para corregir los desequilibrios económicos. Las
reformas económicas que se incluyen en nuestro plan de reformas estructurales permiten, como se puso de manifiesto en el mismo, un crecimiento, incrementar el crecimiento potencial de la economía española a medio y largo plazo y generar puestos de
trabajo también a medio y largo plazo; de acuerdo con la proyección al año 2020 era un incremento del crecimiento potencial de 0,5 puntos y de la generación de empleo de cerca de dos millones de puestos de trabajo. Aquí las medidas que tienen que
ver con el I+D+i y especialmente las dirigidas a las pequeñas y medianas empresas son fundamentales. Y aquí me tiene que permitir también usted una consideración que es un punto de partida notable en el cual podemos estar de acuerdo, la necesaria
modificación del enfoque que hemos utilizado hasta estos momentos. Hay que pasar de la cultura de la subvención a la cultura de lo que sería la medición de los resultados para lo que es el conjunto de nuestra sociedad, porque salvo notables
excepciones que usted conoce perfectamente la economía española ha mostrado tradicionalmente una escasa capacidad innovadora, sobre todo, si la comparamos con otros países de nuestro entorno. Aquí existen una serie de elementos que me gustaría
resaltar. En primer lugar, que existen pocas empresas, bastantes más en el ámbito del País Vasco y también de la Comunidad Autónoma de Navarra, por ejemplo, que estén orientadas a la producción de bienes y servicios de alto contenido tecnológico.
Esa es una realidad de la que tenemos que partir. En segundo lugar, existe una falta de conexión entre lo que es el sistema español de I+D+i y las propias actividades empresariales. En tercer lugar, las dificultades de financiación que están
sufriendo gran parte de las empresas españolas, y también numerosas actividades en otros ámbitos que van más allá del estrictamente empresarial que es una rémora importante, a priori.
Sin embargo, si queremos competir internacionalmente es imprescindible, como resaltaba usted anteriormente, incrementar la capacidad de innovación de nuestro tejido empresarial. Para este Gobierno uno de los objetivos estratégicos en
materia de I+D+i es el incremento de la participación empresarial a través de empresas con base tecnológica orientadas hacia la producción de bienes y servicios que resuelvan los retos fundamentales a los cuales nos enfrentamos. Aquí tenemos una
hoja de ruta, si me permite, señora Tapia, que es la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación que fue aprobada con un apoyo muy amplio, con un apoyo muy extenso, con un apoyo muy importante y que en estos momentos el Gobierno está
desarrollando. La ley contempla dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la creación del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, que ayer mismo se constituyó, en el cual están representados tanto la Administración General
del Estado como las comunidades autónomas. Lo que tiene que hacer es establecer las directrices generales de la política de ciencia en España y evitar en momentos de dificultades financieras, de restricciones presupuestarias la dispersión y la
asistencia de redundancias en los planes de actuación. En segundo lugar, como también conoce perfectamente, la creación de la agencia estatal de investigación que va a intentar aglutinar, coordinar, priorizar y maximizar los esfuerzos en materia de
I+D+i. Estamos trabajando ya en el diseño de la agencia. Es compromiso del Gobierno que en los próximos meses esté perfectamente definida y se inicien los primeros pasos para su constitución.
En líneas generales, para el Gobierno de España las claves de la estrategia de I+D+i, señora Tapia se basan en cuatro aspectos fundamentales: la excelencia, el talento, el liderazgo y la participación
empresarial. La necesidad de optimizar los escasos recursos disponibles nos obliga a buscar la excelencia innovadora a nivel de investigador, de laboratorio o de centro. Estamos convencidos de que nuestro entorno debe ser el internacional.
Vamos a criterios que sean absolutamente comparables con los criterios internacionales y en los cuales las comparaciones sean un elemento de guía de las actuaciones del futuro, y debe serlo con criterios comunes, objetivos e internacionales.
Respecto del talento, el objetivo fundamental es intentar facilitar la movilidad. Vivimos en un mundo interconectado, global, y si existe un segmento en el cual la movilidad es especialmente importante y necesaria, incluso para llegar a la
excelencia, es en el ámbito de la movilidad de los investigadores. Ahí la movilidad tiene que darse entre el sector privado y el sector público y también dentro del ámbito geográfico. La existencia de investigadores españoles con formación fuera y
de investigadores extranjeros que llegan a España es un elemento básico para fomentar lo que le comentaba anteriormente del objetivo de priorizar el talento. En tercer lugar, tenemos que mejorar, como también conoce y ha resaltado, las conexiones
entre la universidad, las OPI y la empresa. Tenemos que incentivar todo tipo de instrumentos de transferencia desde el sistema de ciencia y tecnología hacia el resto de la sociedad. Aquí también juegan un papel importante los incentivos fiscales a
la inversión en I+D.
Señoría, quiero insistir en que la investigación debe estar dirigida hacia la resolución innovadora de los problemas a los que se enfrenta la sociedad y esto lo conseguiremos si lo que se financia en el campo de la innovación tiene una clara
orientación hacia la transferencia y un impacto en el sistema productivo. De esta forma creo que podríamos asegurar y garantizar que la investigación financiada con recursos públicos tendrá rentabilidad social.
España por primera vez está absolutamente alineada con las estrategias de la Unión Europea en materia de investigación, ciencia y tecnología. La estrategia 2020 es verde en su definición y persigue un crecimiento sostenible e integrador.
El Gobierno comparte plenamente la estrategia 2020 de la Unión y de ahí su compromiso con sus líneas prioritarias en materia de economía sostenible, como son la economía baja en carbono, las energías limpias, el uso eficiente de los recursos, la
sostenibilidad y crecimiento responsable, una eficiente gestión de los recursos naturales, especialmente de los hídricos, el reciclaje o la concienciación ciudadana en todas estas materias. Los ámbitos no están únicamente circunscritos, como usted
conoce perfectamente, al Ministerio de Economía, sino que también el Ministerio de Industria y el de Agricultura y Medio Ambiente trabajan para conseguir estos objetivos. Entre ellos, permítame destacarle un transporte más eficiente, tanto en los
medios públicos como en los privados; un uso racional, solidario y sostenible de los recursos hídricos; una eficiencia y ahorro energético, de los que yo creo que la Administración pública está empezando a dar ejemplo, y un crecimiento económico
basado en bajos niveles de emisión.
Permítame que le detalle alguno de los programas que está llevando a cabo el Ministerio de Economía y Competitividad impulsados sobre todo por el CDTI. El CDTI, como usted y sus señorías conocen perfectamente, es una agencia dedicada al
fomento de la innovación empresarial y cuenta con instrumentos variados para apoyar la actividad emprendedora en diferentes etapas de su desarrollo, desde la iniciativa Innotec, de apoyo a la creación de empresas y la promoción de la participación
en las ayudas europeas para empresas, a los novedosos fondos de capital riesgo Innvierte que se han creado recientemente. El apoyo del CDTI a la participación de nuestras empresas en el VII programa marco de la Unión Europea ha dado resultados muy
positivos en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. En medio ambiente España ya es el sexto país por retorno económico y en energía, cuyo objetivo es la modificación del actual sistema energético hacia uno más sostenible, España es en este
caso el segundo país con mayor retorno tras Alemania. Por último, también me gustaría destacar las dos sociedades de capital riesgo creadas recientemente, en el mes de julio, desde el CDTI para el fomento de la inversión tecnológica, a las que se
han destinado unos 150 millones de euros que permitirán apalancar al menos otros tantos por parte de inversión privada. De esta manera, esperamos tener finalmente disponibles entre 350 y 400 millones para invertir en el capital de pymes
tecnológicas e innovadoras. La primera sociedad es Innvierte Economía Sostenible Coinversión, dirigida a realizar inversiones directas en empresas innovadoras, y la segunda Innvierte Economía Sostenible para realizar inversiones en otras entidades
de capital riesgo. Las políticas de competitividad, señoría, no solo afectan al ministerio de Economía. El Ministerio de Industria, como usted conoce perfectamente, tiene programas de fomento a la competitividad en sectores estratégicos
industriales en el ámbito de la industria manufacturera.
Todas las actuaciones aprobadas tienen en común la incorporación de tecnologías punteras de producción que posibiliten ahorros energéticos o mejoras de eficiencia en el uso de recursos. De esta
forma se reorienta la producción hacia productos más sostenibles, así como a la generación de productos con alto valor añadido. En la misma línea de apoyos a los proyectos, en este caso dependientes del Ministerio de Agricultura -lo
comentaba anteriormente el ministro de Agricultura-, podemos citar el recientemente creado Fondo de carbono como instrumento de financiación climática. Este fondo impulsa al desarrollo de proyectos de reducción de emisión de gases de efecto
invernadero en España. En definitiva, señorías, señora Tapia, el objetivo que se persigue es doble, en primer lugar, ser capaces de reducir nuestras emisiones en los sectores difusos y, en segundo lugar, favorecer el desarrollo de una actividad
económica baja en carbono en nuestro país. Señorías, otro de los elementos señalados en el epígrafe de crecimiento del Plan de reformas es la corrección del desequilibrio en el sector energético, el denominado déficit tarifario, sobre el que el
otro día, como ustedes saben, el Gobierno tomó medidas fundamentales.
En resumidas cuentas, señorías, ya para acabar, más allá de lo que es el ajuste presupuestario, que vuelvo a repetir que es ineludible, existe la imperiosa necesidad de tomar medidas y efectuar reformas para hacer de España una economía que
crezca, que incremente su potencial a medio plazo y que mejore su posición competitiva. En ese sentido se han tomado medidas en el ámbito de servicios profesionales, unidades de mercados, organismos reguladores, racionalización de estructuras
administrativas y, como ya fue anunciado el otro día, el Gobierno, antes de finalizar el mes de septiembre, presentará la actualización de su Plan nacional de reformas con un calendario muy específico desde el punto de vista de la implementación.
En ese sentido somos conscientes de la importancia del sector de las tecnologías verdes y creo que debe ser no algo específico, sino algo que empape el conjunto de actuaciones de nuestras reformas económicas de cara al futuro. Se trata en
definitiva de considerar en la arquitectura actual de los mecanismos de apoyo existentes un pilar común y fundamental a la mayoría de ellos. Estoy de acuerdo con usted en que no forma parte del diseño, de la filosofía o de la estrategia actual y
por lo tanto va más allá de la creación de un fondo específico al respecto. Tiene que ser una filosofía más que un fondo específico. De cualquier forma, de lo que pueden estar convencidos, señora Tapia, señorías, es de que el Gobierno seguirá
apoyando las tecnologías verdes y la mejora de la posición competitiva de la economía española.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la mayoría de los aspectos que nos ha comentado entiendo que son las políticas del Gobierno, con las que en innovación y en tecnología puedo estar al 80 % de acuerdo en cuanto a que hay que medir resultados, evidentemente;
en cuanto a que existe un cierto alejamiento de la I+D+i de la industria y también en cuanto a que hay que potenciar la transferencia de tecnología. Estoy de acuerdo en que hay que desarrollar la Ley de la Ciencia de junio de 2011, porque ya ha
pasado más de un año, en que la tecnología verde ha de impregnar muchos sectores y en que hay más de un ministerio implicado.
Me gustaría referirme a un aspecto muy concreto y después decirle que no estoy de acuerdo en lo que ha comentado al final. Cuando habla de organismos de investigación creo que se le ha pasado mencionar uno que desde luego para Euskadi, para
el País Vasco, es muy importante, que son los centros tecnológicos, unos organismos de investigación muy cercanos a las empresas, y cuando usted ha hablado de universidades, OPI y empresas, se nos ha olvidado este aspecto y creo que desarrollan una
labor muy importante, son los que han impulsado que Euskadi esté donde esté, entre otros, y debemos considerarlos específicamente.
Por lo que se refiere a la interpelación del día de hoy, estamos de acuerdo en que debe ser algo que impregne el conjunto de las actuaciones, pero consideramos que sí debe existir un fondo específico para impulsarlas, porque las actuaciones
al final suelen requerir de recursos. Nos gustaría hacer hincapié en dos aspectos muy concretos, en la colaboración público-privada y posibles experiencias que existen en el mundo y en la creación de fondos y cómo se hace en Europa y en el resto
del mundo. Permítame que ponga dos ejemplos únicamente, aunque sé que existen más. Un ejemplo claro de colaboración público-privada sin duda lo conoce usted, que es la Allegheny Conference en Pittsburgh, donde trabajan la Cámara de Comercio del
Área Metropolitana, la Liga Económica de Pensilvania y la Alianza Regional de Pittsburgh. Es decir, trabajan socios del sector público y del sector privado para fomentar crecimiento y mejorar la calidad de vida de todo el suroeste de Pensilvania
alrededor de la ciudad de Pittsburgh. Su trayectoria es
de décadas de funcionamiento, han afrontado una crisis muy importante allá en los años cuarenta y colaboraron para una drástica transformación del tejido empresarial que les ha permitido situarse donde hoy en día se encuentran. Es un
ejemplo que nos puede brindar esta conferencia, esta alianza, por su amplia experiencia, ya que desde el año 1944 concretamente está funcionando. Es una alianza regional en este caso pública y privada y que ha dado resultados muy fructíferos.
Desde luego, nosotros pertenecemos a una tradición distinta. Esta es una tradición más americana. Nosotros somos más de tradición europea, pero justo somos el extremo contrario, es decir, los que diferenciamos claramente el sector público y el
sector privado. Podemos decir que en el medio, seguramente como siempre, puede estar la virtud y si alguna lección debemos aprender de ellos, es que no debemos demonizarnos el uno al otro, es decir, que el sector público considere que el privado es
un sector endemoniado que busca solamente sus intereses, y, al revés, que el sector privado considere que en el sector público nos dedicamos a hacer filosofía y poco más allá. Creo que las instituciones públicas y las privadas estamos obligadas a
entendernos, a tratarnos con menos recelos, de tal manera también que el sector privado cuando trabaja considere que la dimensión pública de su actuación es muy importante.
Una parte de la interpelación del día de hoy quiere incidir en ese aspecto: los sectores públicos y los privados trabajando en conjunto para hacer avanzar la economía y conseguir más empleos, porque no nos podemos olvidar que el empleo al
final en su mayor parte lo generan las empresas privadas. Como ejemplo de un fondo similar al que nosotros queríamos proponer en el día de hoy es el creado en Londres, denominado London Green Fund, que lleva funcionando desde el año 2011 con
distintos tipos de subfondos. Uno de ellos es el fondo de eficiencia energética, que está respaldado con más de 100 millones de libras y el otro está dirigido a residuos y reciclaje, que sin duda usted conoce, dotado con 70 millones de libras.
¿Todo esto para qué? En este caso para conseguir que exista una mayor eficiencia en todos los edificios públicos de Londres, ayudándolos a recortar sus emisiones de carbono. Es decir, es un fondo que nos permite actuar de una forma distinta. Pero
han ido más allá y en Reino Unido han creado un fondo verde distinto para promover inversiones extranjeras y locales en eficiencia energética y en nuevas energías verdes. Esto es lo que nos gustaría poner en marcha: actuaciones sí, pero con
recursos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tapia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Tapia, en primer lugar estoy absolutamente abierto a analizar, lógicamente también lo está la Secretaría de Estado de I+D+i, este tipo de iniciativas e incluso estoy abierto a la consideración de la potencial creación de un fondo
verde de esta naturaleza. Soy de los que piensan que la sostenibilidad es un valor a medio y largo plazo, pero también plantea importantes posibilidades en cuanto a la generación de negocio a corto plazo. Desde ese punto de vista creo que ahí
siempre vamos a encontrarnos. Le vuelvo a decir que por supuesto estamos absolutamente dispuestos a analizar dichas iniciativas, aunque vuelvo a repetir que es fundamental que la sostenibilidad medioambiental, lo verde, impregne absolutamente todo,
tiene que ir más allá de un fondo concreto. De cualquier forma experiencias de este tipo son interesantes y las podemos analizar conjuntamente.
Permítame que me refiera a una serie de comentarios que usted ha hecho sobre la política de I+D+i porque son relevantes. En primer lugar, está el escaso peso, como usted comentaba, de la participación del sector privado en I+D+i. En España
estamos claramente por debajo. Aquí la combinación del sector público y sector privado, como usted decía, es básica. La actividad en I+D+i genera externalidades, y por lo tanto la aportación de ayuda y de recursos por parte del sector público es
fundamental. En segundo lugar, tenemos un elevado y excesivo peso de las subvenciones nominativas en el total de las ayudas. También hay una escasa coordinación, por lo cual el consejo que se creó ayer tiene una relevancia especialmente notable en
las actuaciones de las diferentes administraciones públicas. Participamos poco en los programas europeos y creo que existen iniciativas notables al respecto. Después hay otro problema que nos encontramos cuando analizamos en detalle los programas
de I+D+i, que no valoramos con la suficiente exactitud o proximidad los resultados de los programas que hemos utilizado en el pasado. No se trata de gastar por gastar, sino de gastar especialmente en lo que es más útil. Además tenemos que ir
buscando instrumentos alternativos de financiación de las pymes.
Como sabe usted perfectamente, señora Tapia, la situación actual de dificultades de financiación y de restricciones presupuestarias plantea la necesidad de que todos analicemos cuáles son las cosas más importantes que tenemos que hacer y qué
es lo que podemos hacer con menos recursos de una forma más adecuada y creo que ahí se abre una oportunidad. La presencia de la Secretaría de Estado de I+D+i en el Ministerio de Economía pasa un mensaje muy claro de que la I+D+i no puede quedar
aislada en una especie de torre de marfil, sino que tiene que impregnar el conjunto de la economía española y, sobre todo, tiene que impregnar la capacidad de exportación, la capacidad de crecimiento a medio plazo de la economía española. Ahí
tenemos que ver cómo se están utilizando los recursos, y la valoración de nuestras políticas vendrá fundamentalmente dada por el éxito desde el punto de vista de la presencia de productos con alto valor tecnológico en nuestra estructura productiva.
Aprovechemos también la creación de la agencia estatal de investigación. Aquí se abre una oportunidad nueva de hacer las cosas de forma distinta y mucho más basada y orientada hacia los resultados finales.
Por otro lado, están las estrategias para intentar incrementar la participación del sector privado. Aquí tenemos un problema, como sabe perfectamente, y es que tenemos que llegar al 3 % del PIB en I+D+i en el año 2020 y para ello es
imprescindible que el sector privado empresarial multiplique por tres sus gastos, su inversión en I+D+i. Debemos eliminar las subvenciones nominativas, aumentar la coordinación estatal, como le decía anteriormente, y aumentar la participación
española en el programa europeo de I+D+i para impulsar nuestros retornos en el programa Horizonte 2020, cuyo presupuesto -no lo olvidemos- de 80.000 millones de euros es un 45 % más de lo que tenemos disponible actualmente. Nuestro objetivo es
incrementar sustancialmente nuestros retornos y conseguir una cifra próxima a los 600 millones de euros el año próximo. También hay figuras que pueden estar ligadas al fondo que usted comentaba, como el tema del capital riesgo con la utilización
del CDTI o con la utilización del ICO.
En definitiva, son recursos que de alguna forma tienen que estar más centrados en tecnologías verdes, en sostenibilidad a medio y largo plazo, pero vuelvo a repetir que esta filosofía de que la sostenibilidad tiene que impregnar todos los
recursos dedicados a la I+D+i es lo básico en última instancia. Vuelvo a repetir que estamos abiertos a analizar las propuestas, los ejemplos de otros países, porque estamos convencidos de que desde el punto de vista del retorno tanto a corto como
a medio plazo este tipo de ayudas, este tipo de gasto en I+D+i acaba redundando en beneficio de la economía española.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL ACCESO DE LOS ESTUDIANTES ESPAÑOLES EN SU ETAPA DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA A UNA ALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES QUE PERMITA
EL PLENO DESARROLLO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN REGULADO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 172/000061).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación del Grupo parlamentario de UPyD sobre los propósitos del Gobierno en relación con el acceso de los estudiantes españoles en su etapa de educación obligatoria a una
alimentación en los centros escolares que permita el pleno desarrollo del derecho a la educación regulado en la Constitución española. Para su defensa tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Como el señor ministro sin duda no ignora, ni el resto del Gobierno ni de la Cámara, el agravamiento de la situación financiera de las comunidades autónomas llevó a que muy recientemente, de un modo improvisado, varias comunidades autónomas
anunciaran la reducción drástica, los recortes en las ayudas de comedor, es decir, de esa ayuda que se daba a las familias para que los niños pudieran comer en el comedor escolar. Además, como es sabido, hasta ahora existía el criterio pedagógico
bastante generalizado en los centros escolares de que era indeseable que los niños se llevaran de casa la propia comida que les preparaba su familia, por varias razones, por razones de tipo pedagógico en el buen sentido de la palabra: para fomentar
la convivencia, para fomentar también la formación de eso que antes se llamaba urbanidad, por valores de igualdad, para que todos comieran lo mismo con garantías de calidad y cantidad, etcétera.
Ahora es un problema estrictamente financiero el que lleva a poner en suspenso lo que era un criterio pedagógico educativo sensato, reputado y además sólido, y esta es la primera reflexión que deberíamos hacernos: de qué manera estamos
permitiendo que una crisis financiera, cuya solución sin duda es prioritaria, arrase con todo lo demás; que arrase por ejemplo con criterios educativos del sistema como que es bueno y conveniente que los niños coman juntos, que coman lo mismo,
porque la calidad y la cantidad en la alimentación es fundamental precisamente para los resultados de la educación. Ahora que también estamos sumidos en un debate recurrente sobre cómo mejorar la educación, cómo mejorar los resultados en
indicadores internacionales del informe PISA y otros, no deja de resultar completamente incongruente que las comunidades autónomas adopten medidas en este caso que van directamente a la línea de flotación de la calidad de la educación primaria sobre
todo. Hay que repetir -tantas veces se dice y tantas veces se olvida- que la calidad de la educación comienza justamente en la educación primaria. Ahí es donde deberían hacerse los mayores esfuerzos para garantizar una buena base educativa. En
contra de este requisito tan elemental, lo que tenemos es una política de restricción del gasto, que no se puede llamar ahorro. A esto hay que llamarlo despilfarro, pero despilfarro de recursos humanos, porque va a redundar en una peor calidad de
la educación, en escolares peor alimentados, peor formados, más desiguales, menos acostumbrados a la convivencia y, en algunas ocasiones -sobre todo los de familias más pobres y enseguida me extenderé un poco sobre esto-, sometidos a peticiones que
son humillantes o pueden serlo para los niños y para sus familias.
Me adelanto a la que me imagino que va a ser la primera objeción del señor ministro, que será decir que esta es una competencia económica. Es verdad, pero también es una competencia del Gobierno garantizar los derechos básicos que la
Constitución contempla, y desde luego el derecho universal a la educación está directamente relacionado con esto, así como también las medidas que la Constitución prevé para proteger y promocionar la igualdad de los ciudadanos.
En algunas comunidades autónomas, concretamente en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, además se ha delegado en los consejos escolares el desarrollo de esta medida de falso ahorro, de esta medida discriminatoria, con un
calendario caótico que ha causado grandes problemas tanto a los centros escolares como a las familias. Es una norma que se puso en circulación o se dio a conocer hacia el 30 de agosto, con lo cual no ha habido tiempo material ni para que los
centros escolares puedan tomar decisiones y adoptar medidas para gestionar este cambio de las reglas ni para que las familias sepan a qué atenerse. Es un caso flagrante de irresponsabilidad. Ya digo que esta irresponsabilidad no es imputable al
Gobierno. No es esta mi intención ni la de mi grupo. No pretendemos que sea el Gobierno el que responda por lo que ocurre en las comunidades autónomas competentes. Lo que le pedimos al Gobierno que nos explique qué está pensando hacer para
impedir esto, porque no nos entra en la cabeza que vaya a actuar con pasividad en una cuestión por una parte tan sencilla y por otra tan importante, se dan estas dos características. Irresponsabilidad política, irresponsabilidad administrativa e
irresponsabilidad del Gobierno, ha sido un ejemplo claro de mal gobierno que estas comunidades autónomas traspasen a consejos escolares la decisión sobre cuestiones que son de su competencia y que además redundan y tienen que ver con la calidad de
la educación, especialmente, como decía antes, en la etapa de primaria y secundaria -y querría subrayar lo de primaria por lo que ahora comentaremos-.
También es una llamada de atención -otra más que se añade a las decenas o centenares quizá ya- sobre el agotamiento del modelo de Estado que tenemos en España. Cuando un país que hace poco nos decían que se contaba entre las ocho primeras
economías del mundo es incapaz de tener recursos para mantener las ayudas a los comedores escolares, precisamente en una crisis económica como esta, no tenemos tanto un agotamiento del país y de la sociedad como un agotamiento claro del modelo de
Estado, y es otra llamada de atención para iniciar su urgente reforma.
Si pasamos al aspecto de la cohesión social que está implícito en esta medida, ¿a quién daña más y a quién castiga más? Precisamente a aquellas familias que ya tienen una peor situación, las que han visto su estatus y su situación económica
y social más deteriorados por la crisis y las que soportan más carga por tanto de la crisis. A estas personas y familias se les aumenta la carga, porque son ellos y no otros los que se van a ver en una situación de mayor agravio y desde luego de
mayor discriminación. Estamos hablando de que la implementación de estas medidas podría suponer en determinadas comunidades autónomas -porque en eso también hay grandes variaciones de comunidad a comunidad y, una vez más, una gran desigualdad
territorial- entre 80 y 130 euros al mes por hijo. Esto sucede en un país donde, como es sabido -el propio Gobierno lo recoge en sus informes-, ya hay más de un millón de familias y de hogares que no reciben ninguna ayuda, solamente las rentas de
inserción básica, las del
Plan Prepara y otras parecidas. Por tanto, estamos hablando de familias que quizás estén recibiendo rentas públicas o ingresos de otro tipo en torno a los 400, 500 o 600 euros, que con dos hijos se podrían ver en la situación de tener que
dedicar 260 euros o más solo a que los niños coman en el comedor escolar.
¿Cuál es la solución evidentemente? La famosa del táper o fiambrera: que la criatura se lleve de casa la comida hecha y que luego en el centro se busque alguna manera -no se sabe cuál- para que el niño coma y encima los padres paguen parte
del coste de esto. Es evidentemente algo intolerable. Es intolerable porque estamos aumentando la carga sobre quienes más soportan la actual crisis y es una injusticia desde cualquier punto de vista que se considere, con las consecuencias además
absolutamente indeseables de profundizar los efectos de la pobreza, la falta de cohesión social: la exclusión social y la pobreza. Recordemos que hay un informe de Cáritas Española no refutado por nadie -y una fuente de suma calidad para esto- que
habla de que ya existe una tasa de un 25 % de menores que viven en situación de pobreza, no todos de pobreza extrema pero desde luego sí de pobreza relativa muy digna de tener en cuenta. Añadamos a esto, para que veamos además la dimensión del
problema, que la crisis no hace sino agravar una tendencia que se remonta por lo menos a los años noventa. Según este propio informe, desde el año 1996, es decir desde bastante antes de la crisis, no para de aumentar el porcentaje de menores, de
niños en situación de pobreza relativa, que es mayor que el de adultos. Son estos niños, uno de cada cuatro que vive en situaciones de pobreza relativa, los que deberían además empeorar sus condiciones de vida al empeorar la cantidad y calidad de
la comida que reciben, por lo tanto, los que van a ver empeorada también la educación que reciben debido a la desventaja objetiva de tipo fisiológico que significa una peor alimentación para el rendimiento escolar; una situación en la que por lo
tanto las comunidades autónomas se lavan las manos y sencillamente aceptan como un fenómeno natural ineludible que empeore y se incremente la situación de pobreza de justamente el sector más desfavorecido ya de nuestra sociedad en términos relativos
y absolutos. Es un verdadero disparate desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la Constitución y desde el punto de vista de la inversión de un país, que lo que está haciendo es ni más ni menos que, en vez de invertir en
sus recursos humanos, que en este caso son evidentemente los menores, maltratarlos, porque esto es maltrato objetivo, se mire como se mire.
Voy acabando. Lo que nosotros por lo tanto le pedimos al Gobierno no es que ahora saque la varita mágica y acabe con la pobreza infantil, sabemos que esto no está en sus manos, pero sí está en sus manos impedir que esto empeore; está en
sus manos obligar o exigir a las comunidades autónomas que se acabe con esta medida, que desde luego es inaceptable desde cualquier punto de vista. Está en sus manos desde luego combatir una política de ahorro que no es de ahorro, ni siquiera de
recortes, que es una política de verdadera destrucción de la cohesión social y de la base demográfica del país, y está en sus manos, pensamos, adoptar medidas que antes se han discutido en alguna otra interpelación para ver de qué manera, en un país
donde desde luego sobran alimentos, no es ningún problema, esos alimentos lleguen a los centros escolares y por tanto a los niños que los necesitan. No estamos hablando de niños de la calle y de la marginalidad. Estamos hablando de niños que todo
el mundo conocemos y que vemos por la calle, nada más y nada menos que el 25 %. Esto es lo que queríamos preguntar al Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez.
Señor ministro de Educación.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Martínez Gorriarán, la envidiable velocidad de entrega que tiene su señoría le ha permitido no solo desarrollar plenamente la interpelación que había presentado sino también anticipar mi contestación. Entonces le agradezco la parte
del trabajo que ha tenido la voluntad de descargarme porque me permitirá concentrarme en otros aspectos. El primero, creo que el más importante sin duda, es el que tiene que ver con la equidad, eso me parece que es absolutamente fundamental.
Aunque usted lo pensara así, yo realmente no quería empezar por la cuestión competencial. Creo que usted ha hecho una descripción correcta de cómo se encaja la cuestión competencial -más adelante intentaré ser algo más preciso sobre los títulos
competenciales respectivos-, pero verdaderamente entiendo que la cuestión de una correcta alimentación de los escolares, como de cualquier otra categoría que pueda encontrarse en una situación de desfavorecimiento o riesgo de exclusión, es una
cuestión prioritaria, es una cuestión que atañe a las
necesidades básicas, y en esa medida coincido con su señoría en que si somos capaces de encontrar fórmulas que, sin invadir el marco competencial de las comunidades autónomas, tengan la virtualidad de garantizar la homogeneidad que todos
deseamos en la atención de estas necesidades primarias, por parte del Gobierno no va a haber ningún inconveniente en buscar ese tipo de aproximación.
Estamos hablando de una cuestión tangencialmente educativa, porque estamos hablando de cubrir necesidades básicas de la población escolar, pero que es sustancialmente una cuestión de políticas sociales y también una cuestión de políticas
asistenciales. Los títulos constitucionales a los que su señoría hacía referencia, concretamente en el aspecto educativo el artículo 27 de la Constitución, pero también el artículo 9, por lo que se refiere a la igualdad, y el 39, por lo que tiene
que ver con la protección de la juventud y la infancia, nos obligan a una reflexión, cuyo primer elemento tiene que ser en qué ha cambiado la situación en estos tiempos para que esta preocupación se suscite como una preocupación nueva.
Inevitablemente esto nos lleva a la definición competencial en los términos más precisos que sea posible. Esto no quiere decir que no sea revisable, es decir, si realmente detectamos que existe un problema por falta de legislación básica en esta
cuestión, evidentemente en un proceso como en el que estamos de revisión de legislación básica podemos examinar qué posibilidades tenemos de solucionarlo.
¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que la única referencia en legislación del Estado a la cuestión de la alimentación de los escolares es aquella que en el artículo 88.2 de la vigente Ley Orgánica de Educación reproduce en
este sentido lo que prescribía el artículo 65 de la Logse, que establece que en aquellos municipios donde no exista oferta educativa adecuada y que, por tanto, obligue a chicos y chicas de municipios cercanos a desplazarse a un municipio distinto
del de su residencia, será obligatorio que las autoridades educativas competentes -no se precisa, evidentemente, porque en el caso de la Logse no se habían producido todas las transferencias educativas- faciliten, junto al transporte, los servicios
de comedor e, incluso, en su caso, los de internado. Eso por lo que se refiere al establecimiento de obligaciones de proporcionar el servicio. Sí hay, en cambio, como perfectamente conoce su señoría, legislación estatal en el ámbito sanitario,
concretamente una ley reciente, de julio del año 2011, que establece las condiciones que tienen que reunir los comedores escolares, que establece una serie de principios en este ámbito de legislación básica sobre criterios de alimentación saludable
que tienen que formar parte de las enseñanzas que se imparten, que establece unas determinadas limitaciones como la prohibición de expender alimentos poco convenientes para la infancia en los centros escolares y que señala también la necesidad de
atender a los estudiantes con necesidades alimenticias especiales, como puede ser el caso de celíacos, alérgicos, etcétera. Ese es el marco en el que se desenvuelve.
Dentro de ese marco, las comunidades autónomas, en programas que en los últimos años no han tenido cofinanciación, establecen un sistema de ayudas, de becas de comedor, con criterios -hay que decirlo- bastante diversos entre sí. En eso
tengo que darle la razón a su señoría, existen situaciones que podríamos describir como poco equilibradas o, incluso, desde un punto de vista más valorativo, probablemente no enteramente conformes con un principio de equidad básica entre las
distintas comunidades. Ahora, ¿qué elementos en común hay en esa normativa y qué ha cambiado respecto a esa normativa? La posibilidad de dar una cobertura de becas de comedor a una proporción mayor o menor de la población escolar concernida. Ahí
tenemos situaciones muy diversas, desde becas que cubren el 10 % del coste a becas que cubren el cien por cien del coste. A partir de ahí también hay una diversidad que no tiene origen en el tipo de cobertura, sino en la organización de los
horarios escolares. La enseñanza secundaria en la práctica totalidad de las comunidades ya se imparte en horario continuado y, por tanto, el horario escolar tiende a acabar en torno a las dos y media, lo cual desde este punto de vista es muy
relevante, pero no es ese el caso de los centros de educación infantil y primaria, aunque hay algunas comunidades que ya tienen horario continuado en varios de ellos. Por tanto, esa circunstancia tiene también una influencia determinante.
Aunque la información es dispersa porque son las propias comunidades autónomas las que la proporcionan y no todas ellas la facilitan con el mismo detalle, lo cierto es que en el curso de los últimos años estas becas de comedor que
facilitaban las comunidades autónomas tenían como beneficiaria a una proporción significativa de la población escolar. Variaba entre comunidades de una forma importante, pero de media venía a suponer entre el 25 % y el 30 % que, por otra parte, es
un porcentaje coincidente con, por ejemplo, aquel del que tenemos información más robusta porque es un sistema centralizado, el del Reino Unido, en que las comidas gratis en las escuelas, the school meals, las reciben, según el nivel de la
educación, entre el 18 % y el 37 % de los alumnos. En la situación de exigencia de consolidación fiscal que en este momento atraviesan las comunidades autónomas, es evidente -y este es un fenómeno
conocido- que ha variado la capacidad de las comunidades autónomas de proveer con la misma cuantía con que antes lo hacían este tipo de becas -que evidentemente son competitivas, es decir, no son como las becas y ayudas generales al estudio,
que no son concurrencia competitiva, estas sí lo son-, por un lado, han disminuido las cantidades que se dedican a ellas y, por otro, también se ha producido un incremento de las peticiones. Al final de todo ello, es evidente que la capacidad de
atender en relación con los umbrales que antes permitían acceder a este tipo de ayudas se ha modificado desfavorablemente. Evidentemente, en ese contexto algunas comunidades autónomas han optado por esta estrategia, que ha sido abundantemente
mencionada esta mañana aquí en otras intervenciones, de permitir que los niños lleven la comida de casa.
Yo no tengo una opinión tan formada o tan radical, digamos tan monolítica, acerca de la conveniencia o inconveniencia de que junto al comedor escolar pueda existir la posibilidad de que se lleve la comida de casa, porque entiendo que este
hecho no quiere decir que esa comida vaya a ser nutricionalmente inadecuada, vaya a ser insuficiente o no le guste más al niño, que también se da en algunos casos. Pero por supuesto esto no quiere decir que desconozca -en modo alguno lo hago- la
existencia de un problema social grave y que la existencia de ese problema social grave no solo atañe a la situación que tiene que ver con la alimentación en cuanto componente o circunstancia desfavorable de la impartición de la educación -la
alimentación no es una circunstancia-, también a la desestructuración y problemas de todo tipo. Entiendo que eso forma parte del derecho a la educación de calidad y que encontrar una respuesta homogénea que cubra básicos, que cubra mínimos
imprescindibles para solventar esta cuestión es algo que, desde el punto de vista del Gobierno, resulta perfectamente planteable -insisto una vez más- sin que ello quiera decir que debamos alterar el marco competencial vigente porque entiendo que
sería muy disruptivo, desde el punto de vista de la arquitectura del reparto de competencias, que ahora el Estado avocara para sí una competencia que, por otra parte, tendría grandes dificultades, más allá de las económica, de materializar en el
ejercicio; de forma tal -y con esto concluyo, señor Martínez Gorriarán- que si existe una forma de acomodar lo que son exigencias de equidad -y coincido con usted en que son exigencias de equidad en esta cuestión- con el respeto al marco
competencial vigente y naturalmente con la posibilidad de dedicar a ello los recursos económicos necesarios, con mucho gusto estaremos en condiciones de discutirlo con ustedes y de buscar la solución más satisfactoria.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, me alegro de que coincida con nosotros, como no puede ser de otra manera, en que este es un problema que merece la atención del Gobierno y que van a tratar de actuar al respecto. Lo que sí me preocupa un poco -permítame que
se lo diga- es tanta insistencia en el respeto al marco competencial. Al margen de que nosotros no hemos propuesto nada a este respecto, en este momento al menos, creo que deberíamos tener todos claro el principio de que si el marco competencial
acaba siendo injusto o impide que se desarrollen políticas de equidad y justas, hay un problema muy serio con el marco competencial. Entonces, no estaríamos hablando de marco competencial sino de marco incompetencial. Es decir, si una de las vías
que tienen las comunidades autónomas para resolver sus problemas de financiación y de ajuste fiscal es ir directamente a políticas o tomar decisiones que empeoran la calidad de la educación, que empeoran la cohesión social, que además son injustas
desde todo punto de vista y además profundizan el problema de la pobreza infantil, estaremos todos de acuerdo en que algo habrá que hacer al respecto más que decir que esa es su competencia. No, perdón, esa es su incompetencia y creemos que aquí el
Gobierno tiene la responsabilidad política clara y constitucional de actuar y hacer algo al respecto, que no tiene por qué ser en este caso aplicar medidas muy drásticas de tipo legal sino precisamente actuar allá donde el problema se está
produciendo.
Preguntaba usted antes qué es lo que ha cambiado ahora. Pues lo que ha cambiado es que tenemos seis millones de parados, que un millón de familias recibe ayudas públicas nulas o muy insuficientes, y que además -como digo- todos los estudios
contrastados y documentados coinciden en que uno de los sectores más desfavorecidos por la crisis precisamente es el de los menores, es un hecho. No se trata de un problema gastronómico, aunque también le diré que no es ninguna cuestión baladí que
la educación se dirija precisamente a la sociabilidad y que no podemos romper principios de tipo educativo que parecen sólidos, considerables y dignos de tener en cuenta por cuestiones de oportunidad económica que luego
se traducen en que si al niño le gusta más lo que le hace su madre, aunque solo sean chuches de la tienda de la esquina, pues que coma eso. Pues no, la educación también tiene sus objetivos y, como también usted sabe -y si no, espero que
pida información al respecto-, ya es un hecho, porque de eso se trata cuando hablamos de pobreza, que para muchas familias la única comida caliente decente garantizada que tenían sus hijos era la del comedor escolar. De eso se trata, y eso es lo
que tenemos que garantizar. Y claro, alegar contra eso que el marco competencial puede ser un obstáculo... Pues removamos el obstáculo. Nadie nos obliga a mantener instituciones inútiles que no sirven para sus fines o -todavía peor- que las
pervierten. Eso es lo que les pedimos que hagan. Solucionen, por favor, lo que ustedes puedan -que es mucho- esta cuestión. Nosotros les vamos a proponer en la correspondiente moción una manera de hacerlo, por supuesto; dejemos tranquilo el
marco competencial y preocupémonos de los menores, de la educación, de la igualdad social y de la lucha contra la pobreza.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Martínez Gorriarán, ciertamente parece que plantear una cuestión que tiene una densidad social como la que plantea su señoría en términos de marco competencial sería como una especie de desplazamiento tecnificador de una cuestión que
no debe ser tratada -entiendo- en esos términos. Permítame que a este respecto le señale que si no somos capaces de encontrar una fórmula respetuosa con el marco competencial, el marco competencial se puede cambiar pero no más allá de los límites
de la Constitución. Y si la Constitución en el tema de las políticas sociales, en el tema de la gestión educativa tiene las normas que tiene, tiene lo que se deriva de los artículos 149 y siguientes de la Constitución, desde luego para intentar
resolverlo con eficacia tendremos también que mirar el marco competencial. Al final, aquí también estamos analizado otro tema importante, que es un tema de responsabilidad y rendición de cuentas de prioridades políticas de las comunidades autónomas
que, en la medida en que expresan opciones distintas sobre el uso de los recursos que tienen a disposición, tenemos que ver cuál es la forma o el mecanismo necesario, a través de la legislación básica de aquello que corresponde a este Parlamento,
normalmente con la iniciativa legislativa del Gobierno o de los grupos parlamentarios, para resolver una cuestión que, a juicio de algunos, tiene que ver con la preservación de una serie de valores constitucionales. Por serle totalmente franco,
creo que no estamos en esta situación, creo que este es un problema más de los muchos que se derivan de una situación de crisis económica y especialmente de crisis de empleo como la que tenemos, y que verdaderamente eso lleva a una reflexión sobre
las prioridades y, dentro de esa reflexión sobre las prioridades, a las necesidades básicas, en este caso de los niños en cuanto escolares, pero diría más, de los niños en cuanto niños. Es decir, al final, si todos llegamos a comprender que es en
el marco del servicio educativo donde estamos en mejores condiciones de garantizar que ningún niño se quede fuera de una alimentación razonable -eso decía usted-, de la única comida equilibrada nutricionalmente que puede hacer al día, vamos a ver si
encontramos una fórmula para garantizarlo, pero sin pretender que se trate de una situación universal, sin pretender que se trate de una situación en la que podamos resolverlo todo de la noche a la mañana y, por supuesto, haciéndolo en diálogo
abierto y franco con las comunidades, que son las que van a tener que aplicarlo.
Es verdad que puede parecer que es quitarse el muerto de encima -por decirlo de una forma muy coloquial- lo que algunas comunidades han hecho respecto a otorgar a los consejos escolares facultades en esta competencia. Yo no estoy de acuerdo
con ese juicio, yo entiendo que el hecho de que las comunidades autónomas hayan puesto en mano de los consejos escolares -naturalmente proporcionando los recursos necesarios a cada centro- la forma de decidir, en función de las circunstancias del
centro, cómo resolver el problema de los alumnos que se puedan encontrar o que se encuentran de hecho en una situación de desprivilegio en relación con algo tan básico como la alimentación, puede ser una fórmula que también ayude a un objetivo, que
creo que es un objetivo importante del sistema educativo, que es otorgar autonomía a los centros, en este caso a través del consejo escolar, para resolver la cuestión. Al final, lo que importa es que, ya sea mediante legislación estatal o sea
mediante una especie de homogeneización o acomodamiento del comportamiento en este sentido de las comunidades autónomas o sea incluso por la acción de los propios consejos escolares, es decir, a través del ejercicio de la autonomía de los centros,
tengamos la seguridad de que no se produce una desatención básica respecto de una
cuestión tan fundamental como es la alimentación de los escolares. Como le he dicho en mi primera intervención, respecto a esta cuestión estamos completamente abiertos a buscar aquellas fórmulas que sean respetuosas con el sistema de
reparto competencial que tenemos -comprendo que no es lo más esencial del mundo para su señoría- y efectivas a la hora de resolver el problema.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro de Educación.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Eran las doce y veinte minutos del mediodía.