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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 277, de 29/04/2015
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 277

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 260

celebrada el miércoles,

29 de abril de 2015



ORDEN DEL DÍA:


Preguntas ... (Página5)


Interpelaciones urgentes:


— Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre su posición en materia de actuaciones para evitar la confusión y el conflicto entre intereses públicos y privados. (Número de expediente
172/000309) ... (Página29)


— Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Tardà), sobre los actos de conmemoración del setenta aniversario de la autoliberación del campo de exterminio de Mauthausen, donde fueron asesinados más de siete mil republicanos del Estado español, y
otros campos, así como del fin de la Segunda Guerra Mundial. (Número de expediente 172/000306) ... (Página37)


— Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la interpretación, desarrollo y aplicación que de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, está haciendo el Gobierno. (Número de expediente
172/000307) ... (Página42)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):


— Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para revocar el acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015, que niega la extradición solicitada por las autoridades argentinas de personas
acusadas de graves crímenes realizados durante la dictadura franquista. (Número de expediente 173/000208) ... (Página49)


— Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que debería adoptar el Gobierno para eximir de la presentación del impuesto sobre sociedades a las pequeñas entidades sin ánimo de lucro. (Número de expediente
173/000209) ... (Página58)



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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Preguntas ... (Página5)


Del diputado don Joan Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Piensa su Gobierno continuar ofreciendo protección a los evasores y defraudadores
fiscales? (Número de expediente 180/001282) ... (Página5)


Del diputado don Josep Sánchez i Llibre, en sustitución de don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Piensa el Gobierno impulsar un plan de lucha
contra la pobreza a partir de los ingresos recaudados por la Agencia Tributaria procedentes de regularizaciones voluntarias tributarias, no acogidas al proceso de regularización extraordinaria del año 2012 o de amnistía fiscal? (Número de
expediente 180/001283) ... (Página7)


Del diputado don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el presidente del Gobierno la desigualdad existente en nuestro mercado de trabajo? (Número de
expediente 180/001287) ... (Página8)


De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Sigue afirmando la vicepresidenta del Gobierno que el
«caso Rato» es un asunto particular? (Número de expediente 180/001286) ... (Página10)


Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Considera la vicepresidenta que el Gobierno distingue adecuadamente entre
intereses públicos y privados? (Número de expediente 180/001288) ... (Página11)


Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Comparte el ministro de Hacienda que «este Gobierno ha hecho una amnistía fiscal»? (Número de
expediente 180/001290) ... (Página13)



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De la diputada doña Leire Iglesias Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Considera éticos los episodios de puerta giratoria que se vienen produciendo en su
entorno? (Número de expediente 180/001291) ... (Página14)


Del diputado don Gabriel Echávarri Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cómo valora el ministro de Hacienda las acusaciones del embajador de España en el
Reino Unido a la Agencia Tributaria de filtrar datos que le afectan? (Número de expediente 180/001292) ... (Página16)


Del diputado don Germán Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Qué va a hacer el Gobierno ante la denuncia de manipulación y propaganda gubernamental
presentada por el Consejo de Informativos de TVE en el Parlamento Europeo? (Número de expediente 180/001293) ... (Página17)


Del diputado don Mario Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Sigue considerando el ministro de Educación que las reválidas no tienen un efecto segregador en el
sistema educativo? (Número de expediente 180/001295) ... (Página18)


De la diputada doña Rosa María Romero Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué actuaciones se prevén para las conmemoraciones del IV Centenario de la
publicación de la II Parte de El Quijote y de la muerte de Miguel de Cervantes? (Número de expediente 180/001285) ... (Página20)


Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué balance hace la ministra de Empleo de la reforma laboral? (Número de expediente 180/001289)
... (Página21)


De la diputada doña Patricia Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Tiene intención el Gobierno de establecer garantías para evitar situaciones de desigualdad en
las condiciones laborales de los trabajadores de empresas de servicios externalizados? (Número de expediente 180/001296) ... (Página22)


De la diputada doña Isabel Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Tiene previsto cumplir el Convenio de Colaboración entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) y el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) para la realización de las obras de ejecución del proyecto del intercambiador de Urbinaga, en el término municipal de Sestao? (Número de expediente 180/001284) ... href='#(Página24)'>(Página24)



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De la diputada doña María José Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cómo valora el Gobierno la inversión estatal en la provincia de Huelva? (Número
de expediente 180/001274) ... (Página25)


Del diputado don Pablo Martín Peré, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Qué balance realiza el ministro sobre la política de inversión del Gobierno en las Illes Balears
durante la presente legislatura? (Número de expediente 180/001275) ... (Página27)


De la diputada doña Lourdes Muñoz Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno finalizar la obra de ampliación de la Ronda Litoral en el tramo
Montjuic-El Morrot? (Número de expediente 180/001294) ... (Página28)


Interpelaciones urgentes ... (Página29)


Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre su posición en materia de actuaciones para evitar la confusión y el conflicto entre intereses públicos y privados ... href='#(Página29)'>(Página29)


Formula la interpelación urgente la señora Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista.


En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).


Replica la señora Rodríguez Ramos y duplica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.


Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Tardà), sobre los actos de conmemoración del setenta aniversario de la autoliberación del campo de exterminio de Mauthausen, donde fueron asesinados más de siete mil republicanos del Estado español, y
otros campos, así como del fin de la Segunda Guerra Mundial ... (Página37)


Formula la interpelación urgente el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto.


En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).


Replica el señor Tardà i Coma y duplica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.


Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la interpretación, desarrollo y aplicación que de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, está haciendo el Gobierno ... href='#(Página42)'>(Página42)


Formula la interpelación urgente la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).



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En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).


Replica la señora Sánchez Robles y duplica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.


Página


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página49)


Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para revocar el acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015, que niega la extradición solicitada por las autoridades argentinas de personas
acusadas de graves crímenes realizados durante la dictadura franquista ... (Página49)


Defiende la moción el señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pérez Fernández y el señor Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Gómez de la Serna y Villacieros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Nuet Pujals.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que debería adoptar el Gobierno para eximir de la presentación del impuesto sobre sociedades a las pequeñas entidades sin ánimo de lucro ... href='#(Página58)'>(Página58)


Defiende la moción el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Pérez Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural; así como las señoras Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, y Veray Cama, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se suspende la sesión a las dos y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


PREGUNTAS:


— DEL DIPUTADO DON JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA SU GOBIERNO CONTINUAR OFRECIENDO PROTECCIÓN A LOS EVASORES Y DEFRAUDADORES
FISCALES? (Número de expediente 180/001282).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al presidente del Gobierno.


Pregunta, en primer lugar, el diputado don Joan Coscubiela, del Grupo de La Izquierda Plural.



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El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, ¿piensa usted continuar protegiendo a defraudadores y evasores fiscales?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Gracias, señor presidente.


Lo que pienso hacer es seguir animando a la Agencia Estatal Tributaria para que pueda presentar resultados como los que ha obtenido a lo largo de estos últimos años. En los años 2012, 2013 y 2014 se han recaudado 37.674 millones de euros en
la lucha contra el fraude fiscal —es el mejor dato desde tiempo inmemorial— y en el primer trimestre de este año 2015 se han recaudado 2.889. Ha sido el mejor primer trimestre de la historia de España a la hora de luchar contra el fraude fiscal.
Por lo tanto, lo que pienso seguir haciendo es apoyar a los funcionarios de la Agencia Estatal Tributaria, que están desarrollando una brillantísima labor en la lucha contra el fraude fiscal.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Señor Rajoy, ¿a quién pretende usted engañar? Durante años, destacados dirigentes de su partido se han dedicado a aprovechar sus cargos para expoliar este país, para saquearlo en beneficio suyo, de su partido,
en connivencia con empresas y con despachos profesionales. Usted se ha pasado toda la legislatura avalando y defendiendo a dirigentes de su partido que hoy son corruptos convictos y confesos. Ha puesto usted la mano en el fuego tantas veces por
sus corruptos que hoy es un personaje quemado, carbonizado. Recuerde, primero negaron la corrupción y se presentaron como víctimas de una conspiración. Después han dificultado las investigaciones judiciales, han destruido pruebas y han perseguido
a magistrados. Cuando ha sido evidente que no podían esconder que son ustedes un partido carcomido por la corrupción, se presentan sorprendidos, compungidos, ofendidos, engañados ante la ciudadanía, con una desfachatez que es un insulto a la
inteligencia. Todo eso ha pasado bajo su Presidencia, mientras se expoliaba a los trabajadores, se recortaban derechos laborales y sociales, se desahuciaba a familias enteras y se aprobaba una amnistía fiscal que ha servido para emerger dinero
opaco y dinero criminal de sus corruptos y de sus empresas donantes. Ahora, cuando ya no pueden esconder más esa suciedad, aparecen ustedes presentándose como el Gobierno que lucha contra la corrupción.


Señor Rajoy, hace una cosa contraria a lo que dice; ya no le creen ni sus votantes más devotos ni sus diputados más hooligans. Se presenta el director de la Agencia Tributaria diciendo que tiene datos fiscales que son la repera patatera y
usted se niega a publicarlos. Nuestro grupo, La Izquierda Plural, ha presentado una proposición de ley para que se pueda conocer antes de votar quiénes son esos evasores y defraudadores fiscales y usted la veta para que no se pueda discutir antes
de las elecciones.


Señor Rajoy, parece que la única manera de que usted deje de proteger a los corruptos y a los evasores fiscales es que deje de ser presidente del Gobierno. Pues bien, en eso estamos, porque de tanto proteger a corruptos, evasores y
defraudadores se ha terminado convirtiendo usted en el señor X de la corrupción. Dé paso a la ciudadanía para que nos saque de la pocilga en la que ustedes la han metido. (Aplausos.—Rumores).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias por su ecuánime, equilibrada y democrática intervención, señor Coscubiela. (Risas). No sé si se ha confundido de país, creo que sí; desde luego la realidad le desmiente
absolutamente.


A lo largo de esta legislatura hemos adoptado medidas contra el fraude fiscal como nunca se habían adoptado en nuestro país. Empezamos en el año 2012 con una reforma de amplio calado para combatir el fraude, la Ley 7/2012. Con la reforma
tributaria que entró en vigor en el año 2015 reforzamos los instrumentos de la lucha contra el fraude. Esto se ha completado con la Ley General Tributaria y su reforma, que iniciará su andadura en el Parlamento en breves fechas. Hemos sido muy
activos en el ámbito internacional —en pocas fechas se aprobará el nuevo acuerdo con Andorra— y hemos acordado



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un sistema de intercambio automático de información fiscal con grandes países a lo largo de todo el planeta. Hemos aumentado los medios materiales y personales de la Agencia Estatal Tributaria, hemos dado la batalla contra el fraude en
materia de empleo y de Seguridad Social. Gracias a las medidas que ha adoptado el Gobierno y a la eficaz actuación de la Agencia Estatal Tributaria, 124.000 millones de euros han aflorado. Estaban en el extranjero y ahora ya son bases tributarias,
con lo cual la Hacienda pública va a conseguir mayores recursos para atender los servicios públicos que necesitan los españoles. Hemos hecho una regularización fiscal, como ahora, por cierto, han anunciado el Gobierno griego y el señor Varoufakis.
Esa regularización fiscal se ha hecho en otros países de la Unión Europea. También se hizo en España en los años 1984 y 1991. Es una regularización fiscal que, a diferencia de esas dos, paga el contribuyente, sus nombres son conocidos por la
Agencia Estatal Tributaria, no limpia ni borra ningún delito, cuenta con el aval de la OCDE y ha provocado el mayor aumento de afloración de bases tributarias de la historia. Por tanto, hemos hecho un sistema tributario más justo. La realidad que
usted pinta es la de su país, no por fortuna la de este, en la que vivimos todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


— DEL DIPUTADO DON JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE, EN SUSTITUCIÓN DE DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO IMPULSAR UN PLAN DE LUCHA
CONTRA LA POBREZA A PARTIR DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA PROCEDENTES DE REGULARIZACIONES VOLUNTARIAS TRIBUTARIAS, NO ACOGIDAS AL PROCESO DE REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2012 O DE AMNISTÍA FISCAL? (Número de
expediente 180/001283).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor presidente del Gobierno, que formula don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, en Convergència i Unió creemos con la máxima convicción que tenemos la obligación moral de acabar con la pobreza. Me explicaré. Tenemos a nuestro alcance los recursos y los mecanismos para poderlo conseguir.
Por un lado y según respuestas a preguntas de nuestro portavoz, Josep Antoni Durán i Lleida, sabemos que con posterioridad y al margen de la regularización fiscal del año 2012 el Estado ha ingresado por liquidaciones extemporáneas excluidas de la
regularización fiscal las siguientes cantidades: año 2012, 1.343 millones de euros; año 2013, 1.014 millones de euros; año 2014, 1.332 millones de euros; total, 3.683 millones de euros. Por otro lado, señor presidente, según datos del informe
de la Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, en España el 27 % de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Este informe también dice que en España hay más de tres millones de personas en riesgo de privación
severa. Frente a ello, ¿qué ha hecho el Estado? Por un lado, ha dotado con 17 millones de euros el Plan nacional de inclusión social 2013-2016 y, por otro, ha incorporado 32 millones de euros en los Presupuestos Generales del año 2015.


Señor presidente, ¿la pobreza no se merece un gasto extraordinario? En Convergència i Unió creemos que sí. Señor presidente, ¿la obscena desigualdad que existe en España no requiere un plan extraordinario de lucha contra la pobreza? En
Convergència i Unió creemos que sí. Instamos al Gobierno a que cree un fondo para combatir la pobreza, a que lo dote con los recursos procedentes de autoliquidaciones extemporáneas, a que lo distribuya entre las comunidades autónomas y que estas lo
gestionen con las entidades del tercer sector.


Acabo como empezaba. Señor presidente, tenemos la obligación moral de acabar con la pobreza.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Gracias.


Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre. Le he entendido. Habla de las regularizaciones voluntarias tributarias, las del artículo 179.3 de la Ley General Tributaria, y pide un plan de lucha contra la pobreza.



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Yo coincido con usted. Habrá podido comprobar a lo largo de esta legislatura que la prioridad capital de este Gobierno ha sido la lucha contra la crisis y, dentro de ella, la lucha contra la pobreza es un objetivo fundamental. Para eso hay
que actuar de muchas maneras y en muchos sectores. Lo primero y lo más importante para luchar eficazmente contra la pobreza es la creación de empleo, que ha sido también objetivo capital a lo largo de esta legislatura. Por fortuna, se está
empezando a crear ya empleo en nuestro país tras muchos años de destrucción del mismo. En segundo lugar, es capital para luchar con eficacia contra la pobreza mantener el Estado del bienestar: las políticas de sanidad, educación, pensiones,
desempleo y servicios sociales. También lo hemos hecho. Y, en tercer lugar, una de las decisiones más importantes que tomó el Gobierno en esta materia ha sido el Plan nacional de acción para la inclusión social. No son esas cantidades a las que
usted se ha referido en su intervención las que el Gobierno ha dedicado para luchar contra la pobreza, han sido mucho mayores. Puedo referirme, en primer lugar, a las ayudas a las entidades locales para que cobren los convenios y transferencias que
les adeudan las comunidades autónomas, que son precisamente para luchar contra la pobreza. Hemos aprobado el Fondo contra la pobreza infantil, el Plan concertado con las corporaciones locales, comedores sociales, centros de día, albergues y pisos
tutelados, el Fondo de pago de alimentos, las subvenciones a programas sociales a través del impuesto sobre la renta y ayudas económicas a familias en riesgo de exclusión. Hemos prorrogado el Plan Prepara y las deducciones familiares en el IRPF
también tienen como objetivo fundamental la lucha contra la pobreza. Hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos a finales del año pasado para ayudar a aquellas personas que estaban en paro y en situación de mayor dificultad, hemos aprobado la
Ley de Protección a la Infancia y en materia energética también hemos tomado decisiones. Se han tomado muchas decisiones por parte del Gobierno, pero estamos dispuestos a escuchar a su grupo y todas las aportaciones que haga serán bienvenidas.


Otro de los grandes objetivos de esta legislatura, que era empezar a luchar con eficacia contra la desigualdad y la pobreza, ya se ve reflejado en los índices. Tanto el índice Gini, como el índice 80/20, como el Arope, todos de Eurostat,
Oficina Estadística de la Unión Europea, empiezan a decir que la pobreza y la desigualdad comienzan a disminuir en nuestro país, lo cual nos reconforta a todos y nos anima a seguir trabajando en la misma dirección.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


— DEL DIPUTADO DON PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LA DESIGUALDAD EXISTENTE EN NUESTRO MERCADO DE TRABAJO? (Número de
expediente 180/001287).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor presidente del Gobierno, del diputado don Pedro Sánchez, del Grupo Socialista.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, me gustaría saber qué opinión le merece la desigualdad en el mercado de trabajo en España.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): La desigualdad principal en el mercado de trabajo es la que hay entre los que pueden trabajar y los que no pueden trabajar, por eso el objetivo fundamental de esta legislatura ha sido la lucha
contra el desempleo. Le voy a dar una noticia, que es importante y de la que usted seguro que se alegra: el año pasado, 2014, por primera vez desde 2006, en España aumentó el empleo y disminuyó el paro. Se produce así un punto de inflexión,
440.000 españoles han encontrado un puesto de trabajo. Es absolutamente insuficiente, pero ya empezamos a caminar en la misma dirección. Los datos de principios de este año 2015 son positivos. A finales de marzo conocimos que, comparando con el
mes de marzo del año pasado, 536.000 españoles habían podido afiliarse a la Seguridad Social y, por tanto, trabajar. Las previsiones de este año 2015 son buenas. Vamos a crecer. Nuestro país es el que más va a crecer de Europa, el 2,9 %, y
nuestra previsión es que se creen más de 500.000 puestos de trabajo. Repito, no hay nada peor para la igualdad que aquella diferencia entre los



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que pueden por fortuna trabajar y los que desgraciadamente no pueden hacerlo. Ha sido el gran objetivo de esta legislatura, se empiezan a producir resultados y eso nos anima a continuar trabajando en la misma dirección.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Sánchez.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, usted llama recuperación a que haya 700.000 empleos destruidos desde que fue presidente del Gobierno hasta nuestros días. Usted va a ser el presidente del Gobierno recordado por tres cosas: amnistía fiscal —no regularización
fiscal, haga caso a su vicepresidenta del Gobierno, amnistía fiscal—, reforma laboral y ajustes sociales. Respecto a la amnistía fiscal, le vuelvo a decir lo de siempre, señor Rajoy, los españoles tenemos derecho a saber y, por tanto, le exijo que
publique la lista de nombres y apellidos amnistiados fiscalmente antes del 24 de mayo (Aplausos), repito, antes del 24 de mayo.


Señor Rajoy, respecto a su reforma laboral le diré que lo que hace es condenar a millones de españoles a la precariedad laboral. El año pasado —usted hacía referencia a ello— nueve de cada diez contratos fueron temporales, con una duración
media de cincuenta y cuatro días, y uno de cada cuatro trabajos tuvo una duración media de menos de una semana, y a eso usted lo llama seguir en la buena dirección. Señor Rajoy, con su reforma laboral ustedes no crean empleo, lo que están haciendo
es transformar empleo estable en empleo precario. Si miramos el número de horas, desde que ustedes gobiernan se han perdido el equivalente a 1,4 millones de ocupados en nuestro país. Ustedes han condenado, señor Rajoy, a que los salarios de los
trabajadores y trabajadoras sean los mismos que hace veinticinco años. Hoy uno de cada tres trabajadores en nuestro país cobra el salario mínimo interprofesional, es decir, 648 euros al mes, señor Rajoy, y la mitad de los trabajadores cobra menos
de 950 euros al mes. Eso para usted, señor Rajoy, es que hay que seguir perseverando en esa línea, como le escuché decir hace escasos días en un videoblog famoso que usted publicó en la página web de La Moncloa.


Señor Rajoy, como consecuencia de su reforma laboral en España se trabajan de manera ilegal diez millones de horas a la semana. Usted llama a eso empleo de calidad; yo lo llamo como la mayoría de españoles, como los seres humanos normales,
señor Rajoy, explotación laboral. (Un señor diputado: ¡Muy bien!—Aplausos).


Señor Rajoy, ¿sabe lo que piensan todos esos españoles cuando les escuchan a usted y a su Gobierno hablar sobre los buenos datos de desempleo? Que usted, también en política laboral, lo que ha hecho ha sido defraudar a los españoles. Yo me
comprometo ante todos ellos a aprobar un Estatuto de los Trabajadores, en cuanto haya un cambio de mayoría parlamentaria a partir de las elecciones generales, que recupere los derechos laborales perdidos por la reforma laboral. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Perdone, pero yo no acepto que usted me dé lecciones en materia de mercado de trabajo. (Protestas.—Varios señores diputados: ¡Oh!—Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Ruego silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Les voy a explicar por qué. Entre los años 2008 y 2011 en España ustedes destruyeron 3.345.000 puestos de trabajos. Ustedes no están en condiciones de darle ninguna lección a nadie. Cuando
nosotros llegamos al Gobierno a final del año 2011 el paro aumentaba el 9,6 % al año; hoy el paro está disminuyendo el 7,2 % al año. Yo no les digo que se castiguen ustedes inmisericordemente diciendo lo mal que lo hicieron en su día, pero por lo
menos podían reconocer que la labor de este Gobierno ha dado lugar a que por primera vez en muchos años se esté creando empleo en nuestro país y que este año se vayan a crear más de 500.000 empleos en España. (Aplausos). No sé si a ustedes les
disgusta, pero son los hechos.


Señor Sánchez, si lee la última EPA publicada, habrá visto que lo que se está creando en España es empleo indefinido y empleo a tiempo completo; vea la EPA. (Rumores). La temporalidad hoy en España es del 23,6 % —cuando ustedes gobernaban
era el del 29 %— y el empleo a tiempo parcial es el 16,3 %. Hay datos muy importantes, como que se empieza a corregir —aún queda mucho— el empleo juvenil o el



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número de hogares con todas sus personas en paro. Vamos trabajando bien, vamos en la buena dirección, estamos creando empleo y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es perseverar. Ustedes lo que hicieron fue llevar a España… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


— DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿SIGUE AFIRMANDO LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO QUE EL
«CASO RATO» ES UN ASUNTO PARTICULAR? (Número de expediente 180/001286).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. En primer lugar, pregunta la diputada doña Rosa Díez, de Unión Progreso y Democracia.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Señora vicepresidenta, ¿quién nombró al señor Rato presidente de Caja Madrid en el año 2010? Lo nombró el señor Rajoy, a su vez presidente del Partido Popular. Ahora que la Audiencia Nacional acaba de confirmar que Bankia es un problema de
Estado, respaldando la tesis del juez Andreu y reconociendo que hay indicios suficientes de delito para investigar la salida de Bankia a Bolsa cuando el mismo señor Rato era presidente de esa entidad; ahora que el señor Rato está siendo investigado
además por graves delitos, como alzamiento de bienes, fraude fiscal y blanqueo de capitales; ahora dice usted que lo del señor Rato es un asunto particular. Dígame, señora vicepresidenta: ¿Todos los particulares que se han acogido a la amnistía
al fiscal han informado al Gobierno previamente de que lo iban a hacer, como dice el señor Rato que hizo él? ¿Es el tema Rato un asunto tan particular como la caja B de su partido?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.


Señora Díez, en este Gobierno se respetan las investigaciones que sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias hace la Agencia Tributaria y se trata a cualquier persona, con independencia del cargo que haya ostentado, con la misma
igualdad, porque todos estamos sujetos a la ley y al respeto a las decisiones de la fiscalía y de los tribunales, tanto el Poder Ejecutivo como también, señora Díez, el Poder Legislativo al que usted representa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Hay que defender la justicia y respetarla y también hay que defender los intereses generales, señora vicepresidenta. Para ser un asunto particular, se han tomado ustedes —ustedes, el Gobierno— muy en serio proteger
los intereses del señor Rato, casi tan en serio como se lo ha tomado él, que intentó eludir el pago de la fianza —solicitada, por cierto, por Unión Progreso y Democracia y acordada por el juez instructor— ocultando su capital. Ustedes se lo han
tomado tan en serio que le han ayudado todo lo que han podido, por lo menos por lo que sabemos; igual descubrimos alguna cosa más. La fiscalía y el FROB —o sea, ustedes, el Gobierno— se opusieron a la fianza y, cuando el juez la decretó, ambos, el
fiscal y el Gobierno —el FROB, que es el Gobierno—, la recurrieron. Hasta la Audiencia Nacional les ha tenido que llamar la atención y ha tenido que recordar a su Gobierno —al FROB— que no está allí para defender los intereses de Bankia; que no
está allí para representar los intereses de Bankia, ni siquiera al señor Rato; que no está allí para defender el interés particular —no tiene legitimación para ello, porque el Gobierno no se ha visto perjudicado— sino que está allí para defender el
interés general. Se lo ha dicho hasta la fiscalía. Demasiado trabajo público, señora vicepresidenta, para defender un asunto particular de un señor particular.



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Señora vicepresidenta, haga su trabajo, el trabajo del Gobierno: defienda a las personas que han sido estafadas por el señor Rato. Haga el favor de ganarse el sueldo, porque a ustedes les pagan todos esos ciudadanos, como nos pagan a
nosotros, y no el señor Rato. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señora Díez, le agradezco que aquí diga que usted respeta a la fiscalía y a los tribunales, porque de su boca ha salido que la fiscalía en este
país es una vergüenza. Me parecen unos términos muy poco ajustados para hablar de las instituciones del Estado y, dado que tanto defiende la actuación de los tribunales de la Audiencia Nacional, sería bueno que todos los diputados supieran que
ustedes han acusado al juez que ahora defienden de ingenuidad, de utilizar argumentos falaces y de provocar perjuicios contra ustedes, quizás por su excesivo celo en la defensa de lo que llaman acusación particular. También han acusado a la
fiscalía de un cinismo impresentable, de cometer aberraciones jurídicas y de actuaciones muy sospechosas, aunque visto como habla de los propios no me extraña que hable así de las instituciones. (Rumores).


En segundo lugar, señora Díez, en este Gobierno y en este país el FROB ha actuado mucho más diligentemente que usted, porque precisamente está personado en veinte causas, más que la propia Unión Progreso y Democracia, que es a lo que dedica
prácticamente su actividad. Si se han detectado noventa actuaciones irregulares ha sido porque ha actuado el FROB, y porque ha actuado el FROB hay veinte diligencias abiertas en los tribunales. Es decir, este Gobierno y el FROB funcionan.


En tercer lugar, señora Díez, este Gobierno ha hecho una reestructuración del sistema financiero como no se ha hecho en la legislatura pasada, en la que usted no la pedía tanto. Nosotros hemos tenido que arreglar eso y poner coto a las
preferentes.


Señora Díez, no me venga aquí invocando la regeneración democrática, porque no ha apoyado ni una sola de las medidas que ha aprobado este Gobierno. ¿Sabe por qué pierde credibilidad a chorros? Porque ha votado en contra de aquello que dice
defender. Señora Díez, se le está viendo demasiado el plumero.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


— DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA QUE EL GOBIERNO DISTINGUE ADECUADAMENTE ENTRE
INTERESES PÚBLICOS Y PRIVADOS? (Número de expediente 180/001288).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta, que formula el diputado don Antonio Hernando, del Grupo Socialista.


El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, tras el último Consejo de Ministros usted hizo una reflexión —abro comillas—: Cómo conseguimos que los ciudadanos interesados en la política puedan participar, después de una experiencia profesional en el sector
público o en el sector privado, del ejercicio de la política, enriquecer el ejercicio de la política, abrirlo a la ciudadanía y no limitar la situación de los políticos —cierro comillas—. Por eso le pregunto si, tras esa reflexión, está de acuerdo
por lo manifestado por su grupo parlamentario, que ha dicho que hay que ampliar las compatibilidades de los diputados y establecer un régimen más flexible que haga compatible esta actividad con otras actividades privadas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señor Hernando, el Gobierno trabaja por el interés general de todos los españoles, y que la política la lleven a cabo los mejores es también el
interés general. Usted no distingue bien entre la



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responsabilidad del Poder Legislativo y la del Poder Ejecutivo y quiere que el Gobierno no solo haga su trabajo sino también el suyo. Lo que usted quiera proponer, propóngalo en esta Cámara. Parece ser que está muy de acuerdo con todo lo
que hace este Gobierno porque viene aquí a pedirme que abordemos la situación de los diputados y no la tarea de los ministros, con lo que con su pregunta pone de manifiesto que parece que avala la gestión de este Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Señor Hernando.


El señor HERNANDO VERA: Señora vicepresidenta, de ministros vamos a hablar ahora. Otro bailecito dialéctico para no contestar a mi pregunta. Le voy a hacer cinco preguntas sobre colisión de intereses públicos y privados. ¿Es enriquecer
la política dirigir una empresa de fabricación y venta de armamentos y luego estar al frente del Ministerio de Defensa, que compra armamentos? (Rumores). ¿Es enriquecer la política ser la máxima responsable de planificación estratégica de la mayor
empresa de fertilizantes y luego estar al frente del Ministerio de Agricultura? ¿Es enriquecer la política haber sido ministro de Hacienda del señor Aznar, después montar una asesoría fiscal con sus colaboradores en el ministerio y luego dirigir
otra vez el ministerio? ¿Es enriquecer la política ser uno de los máximos responsables del banco que desató la crisis financiera más importante de los últimos cincuenta años y luego estar al frente del Ministerio de Economía? Y quinta y última
pregunta, señora vicepresidenta, ¿usted cree que cobrar 5.000 euros por hacer asesoría verbal en cafeterías a una empresa contratista del sector público está al alcance de todo el mundo o solo de los diputados informados del Partido Popular?


Algunas de estas cosas podrán ser legales pero en todo caso son inmorales, porque son lo que parecen y además son indignantes para muchos trabajadores que cobran menos de 10 euros la hora y que no pueden compatibilizar dos trabajos porque ni
tan siquiera tienen uno. Y a lo que no hay derecho es a que la vicepresidenta del Gobierno se dedique a hacer reflexiones tras el Consejo de Ministros para ver cómo sus diputados hacen más compatibles sus carreras profesionales con la política,
cuando lo que los ciudadanos le exigen es que haga absolutamente incompatible la política con la corrupción. (Un señor diputado: ¡Muy bien!—Prolongados aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Hernando, enriquecer la política es coger un país que dejaron con 28.000 millones de déficit tarifario…(Protestas). ¿Quiere su grupo que le conteste o prefiere que me siente?


El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio. Como lo ha habido en la pregunta tiene que haberlo en la respuesta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señor Hernando —gran defensor de los intereses particulares—, cogimos un país donde dejaron 28.000 millones de déficit eléctrico que perjudicaba
al consumidor y acabamos con el déficit tarifario; cogimos una deuda de 23.000 millones en el Ministerio de Defensa, porque ustedes no reprogramaron lo que encargaban en armamento, y la reestructuramos para poder pagar; pagamos las
infraestructuras multimillonarias que ustedes dejaron encargadas en el Ministerio de Fomento, que no sé quién las diseñaba pero que ha estado incurso en procedimientos judiciales por ello.


Señor Hernando, enriquecer a este país es coger el déficit —ustedes dejaron a España casi en la ruina— y colocar a España en la situación en que hoy vivimos; enriquecer la política es crecer al 2,9 % y generar empleo. Lo que no es
enriquecer la política, señor Hernando, es que ustedes dimitan por entregas, es que ustedes se aferren al puesto no por respeto ético a este Parlamento sino por ver si pactan en otro. (Rumores). Enriquecer la política, señor Hernando, es
simplemente reflexionar sobre cómo regeneramos la democracia. No me hable usted de incompatibilidades porque este Gobierno ha hecho su tarea. Cuando trajimos a esta Cámara el estatuto del alto cargo, que endurece las incompatibilidades, dijo que
no; cuando trajimos la Ley de Transparencia, dijo que no. Yo trabajo por



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regenerar la democracia, como este Gobierno, y usted cada miércoles, cada día más, degenera en la demagogia, señor Hernando…(Protestas), insisto, degenera en la demagogia.


Señor Hernando, puede reírse todo lo que quiera pero una cosa tiene bien clara la opinión pública, en lo único que usted es experto es en corrupción, es de lo único que habla y de lo único que sabe.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta. (Rumores). Señora López i Chamosa, silencio. (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.—Pausa). Por las veces que ha hablado usted y no le he dicho nada. Lo
siento. (Risas).


— DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿COMPARTE EL MINISTRO DE HACIENDA QUE «ESTE GOBIERNO HA HECHO UNA AMNISTÍA FISCAL»? (Número
de expediente 180/001290).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. (Rumores). Ruego silencio, por favor. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Pedro Saura, del Grupo Socialista.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿comparte la expresión «este Gobierno ha aprobado una amnistía fiscal»?


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.


Señor Saura, quiero decirle con toda la ironía de la que soy capaz hasta ahora, que sin duda es muy corta, que lo que hemos hecho ha sido una amnistía fiscal absolutamente original, una amnistía fiscal que, en lugar de borrar los delitos,
sirve para descubrirlos, investigarlos y llevarlos a los tribunales. Hemos introducido un nuevo concepto de amnistía fiscal completamente distinta a la que hacían los Gobiernos socialistas del señor González, porque alguien que se ha sujetado a
este concepto de amnistía fiscal, como se está demostrando, es investigado a continuación y, por tanto, es responsable de cualquier origen ilícito de las rentas que se han sometido a esa regularización extraordinaria por la que se ha tributado. Por
cierto, parece que el Gobierno griego, como recordaba el presidente Rajoy, también va por ahí; la izquierda también va por eso que llaman amnistías. Vayan apuntándose, señores. Van a tardar mucho en volver al Gobierno, pero vayan tomando nota de
las cuestiones, de las soluciones que están permitiendo que aflore tanto patrimonio que estaba en el extranjero y que hoy forma parte de los hechos imponibles sujetos a imposición en España.


Gracias, señor Saura. Si la siguiente pregunta es algo más original, también se lo agradecería.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Señor ministro, lo suyo durante dos años y medio ha sido patético, ha sido bochornoso; ha hecho el ridículo más espantoso. Se ha pasado dos años y medio diciendo que usted no había aprobado una amnistía fiscal y la
vicepresidenta del Gobierno tuvo que decir a todos los españoles que, efectivamente, sí —lo reconoció el Gobierno— hubo una amnistía fiscal. Bochornoso, patético. Señor Montoro, por muchas cosas se tiene que ir, pero también por eso se tiene que
ir a su casa. Al final resulta que la política económica del Gobierno de España va camino de ser la política económica del Gobierno de Grecia. Señor Montoro, ¡tanto criticar la política económica del Gobierno de Grecia y termina siendo su política
económica! (Rumores).


Señor Montoro, usted ha dicho como ministro de presupuestos, como ministro de los números, que no se ha perdonado en este país a los que se acogieron a la amnistía fiscal, que no se ha perdonado al señor Rato, que no se ha perdonado al señor
Bárcenas, que no se ha perdonado la trama Gürtel. Insisto, ¡qué bochornoso, señor Montoro! Los que tenían que pagar el 50 % más una multa han pagado el 3 %. ¿Cómo que no se ha perdonado a los que tenían que ser investigados por el origen de su
capital regularizado,



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esos que han regularizado por la vía del efectivo, por la vía de los billetes de 500 euros? A esos no se les ha perseguido, señor Montoro.


Señor Montoro, mire lo que va a pasar en este país. Se va a publicar la lista de los morosos, se va a publicar la lista de los defraudadores, pero la lista de la amnistía fiscal, formada por defraudadores, no se va a publicar. ¿Y por qué
no se va a publicar? No se va a publicar porque usted no quiere que se sepa que muchos de sus amigos y dirigentes del Partido Popular se han acogido a la amnistía fiscal, pero no se preocupe, señor Montoro, porque se va a publicar la lista; el
Partido Socialista va a publicar la lista.


Señor Montoro, usted no se quiere ir; el señor Rajoy no lo quiere cesar, pero al final los españoles van a echar al señor Rajoy y también a usted.


Gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!—Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señor Saura, no es que yo no me quiera ir, es que ustedes no me dejan. (Risas). A ver si nos enteramos. Han cogido, como aquellos niños
pequeños, una perra, que decíamos en mi tierra, y el señor Sánchez lidera esa perra con mi modesta persona en términos, como usted dice, del ministro de los números. Gracias a eso que llama usted los números, los números se traducen en otros
números. Hoy España está creciendo y creando empleo a la cabeza de la Unión Europea, porque ha hecho una política de gasto público de austeridad, una política de reformas tributarias bajando los impuestos este año y fortaleciendo el crecimiento
económico y la creación de empleo, una política comprometida con la reducción del déficit público de todas nuestras administraciones públicas, que está permitiendo que vuelva la confianza en España, dentro, y la de los inversores internacionales
hacía nuestro país como objetivo de su inversión.


Esa es la política que hemos hecho, la que sabíamos hacer, la contraria a la que han hecho los Gobiernos socialistas, que sistemáticamente han arruinado a España y que cuando ejercen la oposición lo que hacen es un ejercicio de demagogia sin
ningún sentido y sin ningún contenido, como hace el señor Sánchez, cabeza del Partido Socialista. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


— DE LA DIPUTADA DOÑA LEIRE IGLESIAS SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CONSIDERA ÉTICOS LOS EPISODIOS DE PUERTA GIRATORIA QUE SE VIENEN PRODUCIENDO EN SU
ENTORNO? (Número de expediente 180/001291).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que formula la diputada doña Leire Iglesias, del Grupo Socialista.


La señora IGLESIAS SANTIAGO: Señor Montoro, ¿le parecen éticos los episodios de puerta giratoria que se producen constantemente a su alrededor?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Iglesias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, en España existen normas, reglas; la última, la ley vigente desde marzo de 2015, que regula las actividades privadas de los cargos públicos, tanto el ejercicio simultáneo de las mismas como la compatibilidad de un puesto
después de haber abandonado otro. Son leyes que ha aprobado el Parlamento y es a ese ámbito al que todos nos debemos ceñir. La valoración ética de los comportamientos individuales no me corresponde a mí. Yo puedo tener una opinión sobre una
amplia gama de cuestiones, como todo el mundo, pero no es mi dedicación hacer esa valoración sobre comportamientos éticos de las personas. Mi escala de valores puede ser diferente a la de otros, otros que estén más cerca de mí o más lejos, como
puedan ser adversarios políticos, pero no creo adecuado que yo exprese mi opinión en el



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Congreso de los Diputados, no es mi papel, y sí lo es velar por el cumplimiento de la normativa actual, que evita el conflicto de intereses.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señora Iglesias.


La señora IGLESIAS SANTIAGO: Tiene razón, señor Montoro, a usted en eso de las puertas giratorias no le hace falta la ética porque directamente ha plantado la puerta en medio de su despacho. Usted, un día es el responsable de los
contribuyentes, de hacer que todos paguemos, de recaudar, y al día siguiente monta un despacho para convertir a los contribuyentes en clientes y asesorarles en cómo no deben pagar. Luego vuelve otra vez al otro lado de la puerta y confunde a los
clientes, que ya no sabemos si son contribuyentes, y les hace una amnistía fiscal. Pero es que a la vez es usted el responsable de la Oficina de Conflictos de Intereses, y en esa oficina instala una puerta enorme en mitad de su despacho, en mitad
del Ministerio de Hacienda, del Gobierno, por la que permite que pase absolutamente todo. Pasan los ministros de este gabinete, como se ha dicho anteriormente, pero pasa todo su equipo, junto con el del señor Rato, que tanto monta monta tanto,
viene a ser más o menos lo mismo; pasa el señor Lamela, antes de sus problemas con la justicia; pasa Miguel Crespo, antes de estar imputado por Bankia; pasa Lagares, el hijo, a cuyo padre puso usted a hacer la reforma tributaria; pasa Enrique
Giménez-Reyna, el de Gescartera, como pasa Pilar Valiente —¿se acuerda usted de que la puso al frente de la ONIF para vigilar el fraude del Partido Popular?—; pasan Regino Abad, Rosa Sánchez, Fernando Díaz, los hermanos Martínez Rico… De Rato a
Montoro, de Montoro a Rato, al FMI y a Bankia, la patronal bancaria, la CNMV, a Montoro y Asociados, y vuelta de nuevo de un lado para el otro. Es normal que usted no tenga ética al respecto.


Señor Montoro, ustedes no son emprendedores. Ustedes son depredadores de lo público. Sus empresas, como la del señor De Guindos, se dedican a vender hipotecas basura; a comprar viviendas sociales a fondos buitres, como la del hijo del
señor Aznar; desgravan impuestos, especulan con la sanidad y con la gestión privada de lo público. Tenía razón la señora Cospedal, mucha razón. Se han esforzado muchísimo por saquear España.


Usted suele utilizar un tono sobrado y burlón —usted lo define como irónico, pero es sobrado y burlón— en estas sesiones de control. ¿Sabe cuál es el problema, señor Montoro? Que tras su risita está el sufrimiento de muchos ciudadanos y
ciudadanas. Deje de burlarse, vuelva a su despacho y devuelva el patrimonio de lo público.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, hace usted un planteamiento realmente incoherente y absurdo. (Rumores). Los resultados de la política en la que he tenido el honor de servir en esta legislatura se traducen en crecimiento, en empleo, en mejoras del
bienestar y en protección social. ¿O no se traducen en eso? ¿No es ese el resultado? ¿No hay una mayor eficacia en la lucha contra el fraude fiscal como nunca la ha habido? ¿Por qué no se preguntan por qué la señora Salgado y el señor Solbes no
descubrían ni un solo patrimonio fuera de España? ¿Eso no ocurría con ustedes? ¡Ustedes sí que dan lecciones de todo! De arruinar al país, desde luego tienen la exclusiva, y de utilizar los recursos públicos, como se está demostrando en Gobiernos
autonómicos muy importantes, de una manera bastante sospechosa por lo menos, también tienen la categoría superior. A partir de ahí, señora diputada, si tiene algún problema concreto con mi persona, por supuesto estoy dispuesto a explicárselo cuando
quiera. ¿Sabe qué ocurre? Que el Partido Socialista no quiere hablar de las realidades económicas de España; lo que realmente quiere es enfangar el terreno y que no se hable de… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.



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— DE DON GABRIEL ECHÁVARRI FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CÓMO VALORA EL MINISTRO DE HACIENDA LAS ACUSACIONES DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL REINO UNIDO
A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE FILTRAR DATOS QUE LE AFECTAN? (Número de expediente 180/001292).


El señor PRESIDENTE: Pregunta, dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, del diputado don Gabriel Echávarri, del Grupo Socialista.


El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


¿Cómo valora el ministro de Hacienda las acusaciones del embajador de España en el Reino Unido a la Agencia Tributaria de filtrar datos que le afectan?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


No voy a hacer ninguna valoración pública. El señor Trillo se ha referido a su preocupación por informaciones aparecidas —lo que ha entendido como filtraciones— de investigaciones en marcha. A este respecto debo insistir ante la Cámara que
las filtraciones no deben anticipar conclusiones de esas investigaciones. Hay que recordar en ese terreno, como hizo la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros pasado, que todos los funcionarios tienen la obligación de guardar confidencialidad
en relación con las investigaciones que estén practicando. A partir de ahí, por supuesto, no corresponde ninguna otra valoración que no sea la que el mismo señor Trillo está expresando públicamente.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor Echávarri.


El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Lo de menos es la filtración; lo grave es el hecho. En el Reino Unido dimitió un ministro por ocultar una multa de tráfico y ustedes envían como embajador de España a un señor que ocultó al Parlamento el
cobro de 354.000 euros por susurrar al oído de un empresario. ¿Es esa la imagen que quieren trasladar de España al Reino Unido? ¿Es eso marca España? Recuerdo al señor Trillo en Alicante lanzando con una mano un euro a una periodista que le
preguntaba por las armas de destrucción masiva en Irak. Lo que no sabíamos entonces es que con la otra mano estaba cobrando 9.000 euros al mes por el mero hecho de ser diputado; diputado informado, eso sí, pero tengan por seguro que por muy
informado que estuviera, a don Federico jamás le hubieran pagado si no hubiera sido diputado, diputado con capacidad de utilizar su cargo de influencia en algo que esa empresa quería. En ningún sitio nadie paga por nada. Ese era su valor, tener
algo más que buena información y ser diputado. Ya sabemos que ustedes creen que son una ONG, pero saben muy bien que cuando alguien paga una comisión no busca precisamente hacer obras de caridad.


Frente a esto, les decimos basta ya, dejen de utilizar las instituciones para lucrarse, pongan fin a esto. Les exigimos que de forma inmediata cesen al señor Trillo como embajador en el Reino Unido, porque miles de chavales que han dejado a
su familia en España y se han ido al Reino Unido a intentar ganar 9.000 euros al año limpiando habitaciones o sirviendo hamburguesas no pueden estar representados por alguien que cobraba 9.000 euros al mes por el mero hecho de llamarse Federico
Trillo.


El currículum de un embajador, además de ser legal, debe ser ético. Este señor no representa a la mayoría de los españoles y las españolas, que somos gente decente y trabajadora. Este señor solo representa al Partido Popular y su forma de
entender la política: tráfico de influencias, comisionismo, corrupción y capitalismo de amiguetes. Pongan fin al embajador de la vergüenza. Cesen al señor Trillo hoy antes de que acabe el día.


Y usted, señor Montoro, ¡vaya papelón que está haciendo! Ha pasado de ser el más listo de la clase a chivato de la clase. Ha pasado de ser el compañero de boda del señor Rato a filtrar datos. Ha pasado de ser el ministro de Hacienda a
promotor y protector de la mayor indecencia, que es la amnistía fiscal. Hágase un favor a sí mismo, háganos un favor a todos, y vuelva Montoro y Asociados.


Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!—Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Pero, ¡cómo no me va a surgir una ironía de fondo si a ustedes todo les da igual! ¿Por qué no me preguntan si ha sido importante la reducción del déficit público del año pasado? Ha sido fundamental para la recuperación económica de España.
(Protestas). ¿Por qué no me preguntan en qué ha consistido al ajuste presupuestario de estos tres últimos años? Porque no les interesa. No les interesa lo que estamos haciendo para recuperar a España de la postración en la que ustedes la dejaron.
Esa es la política socialista. ¡Menuda ética tienen! Vuelvo a ser ministro de Hacienda de España y me encuentro con grandes empresas que están tributando a tipo efectivo cero. Tuvimos que cambiar las normas tributarias para que volvieran a
tributar. Eso, ¿de qué es capitalismo? ¿De amiguetes? Está bien.


Comprendo que usted, señor diputado, desde su relativo desconocimiento, haga esas afirmaciones, pero infórmese de la gestión de los Gobiernos socialistas, de quién pagaba impuestos en España cuando ustedes dejaron el Gobierno y quiénes los
están pagando hoy. (Protestas). Como ve, las leyes tributarias se aplican a todos con independencia de quienes han sido o de quienes son ahora, con independencia de quienes fueron en términos de poder político o económico o con independencia del
poder político o económico que tengan en este momento. Eso es lo que está ocurriendo en la España del año 2015 en términos de equidad y en clave de funcionamiento limpio y completo de las instituciones, algo que no ocurría antes. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


— DEL DIPUTADO DON GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ VA A HACER EL GOBIERNO ANTE LA DENUNCIA DE MANIPULACIÓN Y PROPAGANDA GUBERNAMENTAL
PRESENTADA POR EL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE EN EL PARLAMENTO EUROPEO? (Número de expediente 180/001293).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que formula el diputado don Germán Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Presidente, doy por formulada la pregunta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


No voy a hacer nada como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.


Muchas gracias, señor presidente.


Creo que no nos ha entendido nadie, pero ahora nos explicamos. (Risas).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señor diputado.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: No solo no va a hacer nada, sino que probablemente la manipulación va a ir a más en lo que nos queda. Ustedes llevan ya tres años en los que hemos visto cómo han puesto a Radiotelevisión Española, la televisión
pública, al servicio del Partido Popular. Se estrenaron en el Gobierno cambiando la ley para poder imponer al presidente de la corporación a dedo, porque ustedes no querían un presidente, sino un fiel servidor del Partido Popular. Desde entonces
los casos de manipulación y censura y las denuncias de los profesionales han sido constantes, señor ministro, y han ido a peor a medida que se han ido acercando los procesos electorales. La última de estas denuncias tuvo lugar por parte del Consejo
de Informativos en el Parlamento Europeo, donde entregaron un informe detallado a la Comisión de Libertades Civiles y a la mayoría de los grupos parlamentarios —a todos, menos al Grupo Popular, que no les recibió—; un informe con ejemplos
flagrantes de la manipulación y la censura que ustedes están practicando. Le voy a citar uno muy clarificador: el Telediario de la noche del 4 de marzo,



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en el que aparecieron quince miembros del Gobierno del Partido Popular en apenas quince minutos y solo dos representantes de la oposición. Señor ministro, hay más casos y casos que le afectan directamente a usted, casos sobre los que
Televisión Española ha mantenido un bochornoso silencio.


Señor ministro, se lo voy a preguntar directamente: ¿a usted le parece normal que el Telediario de la 1 no informara de la investigación de la fiscalía sobre su despacho y sus contratos con la Administración? ¿A usted le parece normal que
se omitiera el bochornoso informe de Hacienda que comparaba la financiación irregular del PP con los donativos a Caritas y a la Cruz Roja? ¿A usted le parece propio de una democracia avanzada que no se informara del debate sobre su reprobación que
tuvo lugar en esta Cámara? Señor Montoro, todo esto tiene un nombre, y se llama censura. Y lo peor de todo es que ayer vino el presidente de la Corporación RTVE a decir en la Cámara que no había informado del debate de su reprobación porque ese
día había Champions y el Telediario fue más corto. Señor ministro, dieron doce noticias, hasta informaron del disco que ha grabado un astronauta en el espacio.


Señor ministro, es de traca la manipulación, ¡qué vergüenza! Lo evidente a estas alturas es que ustedes no conocen límites, fíjese si es así que ha llegado a censurar el último cómic de Mortadelo y Filemón, El tesorero, ¿verdad que le suena,
señor Montoro? Hasta esto han llegado ustedes. No le debe extrañar que hasta el Financial Times esta semana le haya dedicado un reportaje extenso a denunciar la manipulación y el uso partidista. Señor Montoro, la televisión pública está para
servir a los ciudadanos, no para servir a los intereses electorales del Partido Popular. Acaben con la manipulación. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!—Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señoría, trae usted esta cuestión aquí diciéndole al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que obligue a dotar de determinados contenidos a los informativos de Radiotelevisión Española. Eso es lo que usted acaba de decir.
Realmente un planteamiento completo, desde luego muy a su estilo. (Rumores). ¿Eso es lo que pasaba antes? La responsabilidad del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no será nunca decidir, ni siquiera opinar, sobre los contenidos de
los informativos. ¿O sí lo es? Claramente no lo es. Es en relación con la gestión económico-financiera de ese ente público. A eso se refiere la actuación del ministerio y del ministro. Ese, no le quepa duda, es el papel que estamos haciendo
desde comienzo de legislatura, en contra de sus pronósticos y en contra de la ruina en la que sumieron al organismo público, quitándole publicidad para dársela a las televisiones amigas. —¡Ahí las tienen, tan encantadas y tan objetivas siempre a
costa el ente público!—.


A partir de ahí, señor diputado, no entiendo bien el sentido de la pregunta. Además, llevamos —como usted dice— tres años y medio y por lo visto la denuncia se produce al cabo de los tres años y medio, pero yo juraría que ya me han
preguntado varias veces sobre la manipulación en Radiotelevisión Española, porque ustedes son constantes a lo largo de la legislatura. De la bajada de impuestos este año no me preguntan nada. (Rumores). De la reducción del déficit público y del
crecimiento económico no me preguntan absolutamente nada. ¡Faltaba más! ¿Hay algo bueno en España? Eso no existe. (Aplausos). Ahora, de este asunto sí me han preguntado y siguen preguntando a lo largo de la legislatura, para acabar denunciando
una práctica que evidentemente no se practica y sería ofensiva para los profesionales de Radiotelevisión Española. (Rumores). Por tanto, dejémosles que actúen con libertad de criterio y, a partir de ello, ganaremos en el equilibrio de la
comunicación y en el equilibrio que tiene que existir entre información… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


— DEL DIPUTADO DON MARIO BEDERA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿SIGUE CONSIDERANDO EL MINISTRO DE EDUCACIÓN QUE LAS REVÁLIDAS NO TIENEN UN EFECTO SEGREGADOR EN EL
SISTEMA EDUCATIVO? (Número de expediente 180/001295).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta el diputado don Mario Bedera, del Grupo Socialista.



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El señor BEDERA BRAVO: Gracias, presidente.


Señor Wert, uno de los últimos ministros de Educación de Franco, Villar Palasí, eliminaba las reválidas en 1970 por ser un método poco pedagógico, decía, pues se examinaban sobre lo que se recordaba y no sobre lo que se aprendía. Además,
por ser muy segregador, porque de cada 100 alumnos que entraban en el sistema educativo solo 27 pasaban a la secundaria y únicamente 3 llegaban a la universidad. ¿Sigue usted pensando que las reválidas no tienen ningún efecto segregador?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bedera.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Bedera, lo que yo piense sobre las reválidas puede tener, en su caso —y lo entiendo porque usted es historiador—, un interés histórico, porque, evidentemente, reválidas no hay. Si usted, como suelen hacer siempre —porque parece que
las únicas referencias que tienen en la cabeza son las del pasado, y además las del pasado entendido en un sentido muy estrecho—, se refiere a las evaluaciones contenidas en la Lomce, le diré que no tienen efecto segregador sino todo lo contrario,
salvo que evaluaciones concebidas como lo están en los países que tienen mejor rendimiento educativo sean también segregadoras. Pero, naturalmente, tengo que decirle que, por mucho que usted hable de reválidas, las evaluaciones de la Lomce en nada
se parecen a las reválidas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor Bedera.


El señor BEDERA BRAVO: Señor Wert, casi medio siglo después de eliminarse las reválidas —porque son reválidas—, usted las resucita, las convierte en externas y además diseña un perverso sistema de ránquines para clasificar a los centros,
sin tener en cuenta si estos pertenecen a entornos deprimidos, si son del área rural o si están en barrios urbanos con alto poder adquisitivo. Unas reválidas que contradicen la autonomía de los centros, la dignidad de los profesores y el principio
de igualdad del alumnado. De nada vale la experiencia acumulada, y usted ha hecho referencia a ello. Se lo voy a comentar. De los países de nuestro entorno solo la Bélgica francófona tiene reválidas en primaria y usted ha dejado abierta esa
posibilidad a la voluntad de las comunidades autónomas. Solo Irlanda tiene una reválida similar a la que usted ha impuesto al final de la enseñanza obligatoria. Solo Francia e Irlanda dan el título de bachillerato tras una reválida externa como la
que usted introdujo en la Lomce. Puestos a elegir modelo, usted ha apostado por la nefasta experiencia de la ley educativa de George Bush hijo, lo que los americanos conocen como la triple T: Teach to the test. Como usted es bilingüe o trilingüe
estará entendiendo y sabe de lo que estamos hablando. Como sería, señor ministro, el fracaso de esta ley que hasta su impulsora acabó escribiendo un libro pidiendo perdón por lo que habían hecho al sistema educativo americano y porque era inmoral
enseñar para el examen.


Su última aportación a este despropósito consiste en que ha propuesto reválidas tipo test, un sistema que alimenta el entrenamiento intensivo solo para el examen y que es más propio de una academia que prepara para un campeonato de Trivial
que de un centro donde debe primar la formación integral de nuestros hijos y la cultura de la evaluación. No me extraña que los representantes de cinco comunidades autónomas se levanten de la conferencia sectorial hartos de sus propuestas, más
parecidas al tardofranquismo… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Bedera, usted sabe que el 80 % de las cosas que ha dicho no se sostienen. Primero, no se sostienen porque habla usted de la evaluación de primaria. La evaluación de primaria, como usted sabe o por lo menos debiera saber si hubiera
leído la ley, carece completamente de efectos académicos, simplemente proporciona una orientación sobre el rendimiento. En segundo lugar, habla usted de los países que tienen evaluaciones externas y estandarizadas al final de las etapas. Son la
inmensa mayoría de las economías desarrolladas y, por supuesto, aquellas que funcionan mejor. Además, el hecho de que



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una parte de los exámenes, una parte de las evaluaciones sean tipo test no quiere decir, en absoluto, que tengan un contenido memorístico. Son pruebas y yo le invito, con toda sinceridad, a que nos sentemos juntos a examinar el
importantísimo trabajo de base que sobre las evaluaciones han realizado los técnicos y pedagogos del ministerio para orientarlas hacia el conocimiento de las competencias adquiridas por los alumnos. Son evaluaciones modernas destinadas a dar
transparencia, a facilitar la rendición de cuentas del sistema, a que las familias tengan mejor información, a que los alumnos tengan mejor información, a que los propios profesores dispongan de mejor información. Y en modo alguno tienen nada que
ver con las reválidas que, efectivamente, eran un procedimiento para canalizar una demanda que el sistema no podía atender y, en ese sentido, tenía toda la razón quien decía que eran segregadoras. Nada que ver, señor Bedera, con este sistema de
evaluaciones externas que implanta la Lomce. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


— DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA ROMERO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ ACTUACIONES SE PREVÉN PARA LAS CONMEMORACIONES DEL IV CENTENARIO DE LA
PUBLICACIÓN DE LA II PARTE DE EL QUIJOTE Y DE LA MUERTE DE MIGUEL DE CERVANTES? (Número de expediente 180/001285).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte que formula la diputada doña Rosa Romero, del Grupo Popular.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Gracias.


Señorías, ministro, durante este año 2015 se conmemora el IV centenario de la II parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, la figura más universal, eterna e inmortal de la literatura española y en 2016, el IV centenario de la
muerte de don Miguel de Cervantes. El Quijote ha sabido conquistar al mundo entero, es la obra más traducida. Sus personajes han pasado a ser arquetipos de categoría universal. Nos enseña cómo se vivía y se hablaba entre los siglos XVI y XVII.
Es una lección de vida y de humanismo. Es seña de identidad y referente moral de lo más noble del ser humano, traspasando tiempos y lugares. Además, encierra unas lecciones de psicología difícilmente superables a través de sus ilustres personajes
don Quijote de la Mancha y su escudero Sancho Panza. España, pero especialmente Castilla-La Mancha, tiene una deuda eterna con esta obra y por ello consideramos que esta efeméride es una oportunidad para promocionar nuestra riqueza cultural y para
mantener el legado cervantino adaptado a la realidad actual. Permítanme que nombre a mi tierra y a mi ciudad, Ciudad Real, que se siente quijotesca y cervantina y que don Miguel de Cervantes elevó a la categoría de imperial, más que ciudad.
Contamos con un museo de El Quijote, único en España, que alberga una rica biblioteca con más de 3.500 ejemplares de temática cervantina.


El Gobierno de Castilla-La Mancha se está volcando en esta celebración, también me consta el gran apoyo del Gobierno de España y, por supuesto, su proyección en las distintas comunidades autónomas y en la España del siglo XXI, abierta,
emprendedora, solidaria y decidida en su compromiso por el progreso, el bienestar y la generación de riqueza. Por ello, señor ministro, le pregunto por las actuaciones de conmemoración del IV centenario de la publicación de la II parte de El
Quijote y del IV centenario de la muerte de don Miguel de Cervantes.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente, y gracias, señora Romero.


Coincido con su señoría en la apreciación de que estos dos años son de una importante conmemoración cervantina. Como acaba de decir su señoría, este año estamos celebrando la publicación de la II parte de El Quijote, El ingenioso caballero
—que ya no hidalgo— don Quijote de la Mancha y el año que viene celebraremos el IV centenario del fallecimiento de su autor.


La primera disposición que al respecto ha adoptado el Gobierno ha sido la declaración de acontecimiento de excepcional interés público de estos dos centenarios cervantinos, lo que va a permitir que durante tres años, los ejercicios 2015,
2016 y 2017, todos los patrocinadores privados que quieran acogerse a esta



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conmemoración disfruten de las ventajas fiscales que esta declaración comporta. En segundo lugar, el Gobierno ha constituido una comisión interministerial para que, con la Presidencia de honor de sus majestades los reyes y con la
Presidencia efectiva de la vicepresidenta del Gobierno, todos los departamentos que tienen alguna relación de cualquier tipo con esta conmemoración puedan colaborar con el resto de las administraciones y, por supuesto, muy señaladamente la
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que tiene el protagonismo que su señoría ha recordado. A partir de ahí, hay un amplio programa de conmemoraciones de muy distinto tipo que, en el caso del ministerio que represento,
comprenden tanto actividades de tipo científico e investigador como actividades que tienen que ver con las artes escénicas, con la música, con los archivos. Es muy difícil resumirlo en el tiempo de que dispongo —se trata de más de veinticinco
actividades—, pero yo destacaría fundamentalmente las siguientes: en la Biblioteca Nacional, donde ya se está celebrando una exposición sobre el coleccionismo cervantino, habrá una gran exposición, Miguel de Cervantes: de la realidad al mito, que
tendrá lugar en el primer semestre; desde el punto de vista de las artes escénicas, el estreno de Miguel de Cervantes: viajes, sueños y utopías, y el estreno también… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


— DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ BALANCE HACE LA MINISTRA DE EMPLEO DE LA REFORMA LABORAL? (Número de expediente
180/001289).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.


En primer lugar formula su pregunta don Miguel Ángel Heredia, del Grupo Socialista.


El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, ¿qué balance hace de la reforma laboral?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Heredia, la reforma laboral ha sido y es una reforma para el empleo. Gracias al compromiso de los trabajadores, de las empresas, de sus representantes y de toda la sociedad española, y también a las reformas del Gobierno, hoy España
tiene un cambio de rumbo en el mercado de trabajo: el paro baja a un ritmo del 7 %, la creación de empleo aumenta de forma interanual al 3 % y cada mes la contratación indefinida sube al 27 %. Por tanto, queda mucho por hacer, señor Heredia, pero
vamos en la buena dirección gracias a la sociedad española y a la reforma laboral del Gobierno.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señor Heredia.


El señor HEREDIA DÍAZ: Señora ministra, el Partido Popular prometió crear 3,5 millones de empleos —esta fue la excusa para hacer su reforma laboral—, pero hoy hay 700.000 ocupados menos que cuando Rajoy llegó al Gobierno. Hoy hay muchos
más hogares con todos sus miembros en paro, 1.800.000 familias, y mucha menos protección por desempleo, un 20 % menos. El empleo que se crea es de muy mala calidad, y usted lo sabe. Trabajar hoy en nuestro país no es garantía de llegar a fin de
mes. Nueve de cada diez contratos son temporales, con una duración que no llega ni siquiera a los dos meses. Y hay más de 400.000 asalariados que trabajan menos de diez horas a la semana. Los salarios han bajado y en muchos casos son miserables.
Según el Instituto Nacional de Estadística, una persona contratada en 2014 cobra un 25 % menos que una contratada tres años antes y uno de cada tres trabajadores —como Miguel, que es camarero, o Silvia, que es dependienta— cobra menos de 648 euros.
Señora ministra, ¿usted considera que se puede vivir dignamente, decentemente con menos de 648 euros al mes? Si hasta The Economist se lo está diciendo. Su Gobierno ha convertido a los españoles en emigrantes por el mundo, en exiliados económicos.
Otros 125.000 españoles se tuvieron que ir el pasado año a buscar fuera una



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oportunidad que aquí no encuentran. Hay casi millón y medio de jóvenes en paro y, según la última EPA, siete de cada diez empleos destruidos son de mujeres. Esta es su herencia, la suya y la de Rajoy.


Esta reforma laboral de la que usted se siente tan orgullosa —como orgullosa está de su compañero Rodrigo Rato— la están echando abajo los tribunales. El Tribunal Supremo ha anulado los ERE que ustedes ampararon con su reforma laboral. El
último caso ha sido el de Coca-cola; anteriormente, los de Telemadrid, el Ayuntamiento de Estepona o el Ayuntamiento de Jerez. Y la Audiencia Nacional le ha dado un varapalo histórico al dar la razón a los trabajadores en la reducción de jornada.
Por tanto, la justicia está en contra de su reforma laboral. Y será un Gobierno socialista el que la derogue, devolviendo a los trabajadores los derechos que ustedes les han quitado. Señora ministra, no haga más daño, pida perdón, retírese a sus
negocios y deje de machacar a los trabajadores y trabajadoras de este país.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Heredia, el Partido Socialista no está aquí para dar lecciones de empleo. Hay un cambio de rumbo claro en el mercado de trabajo. Con los Gobiernos socialistas 3,5 millones de personas se fueron al paro; con el Partido Popular hoy
hay 260.000 parados menos que cuando se aprobó la reforma laboral. Le sigo dando datos, señor Heredia: hay 155.000 parados menos entre los jóvenes menores de treinta años que en el año 2011 y, lo que es más importante, 345.000 trabajadores mayores
de cuarenta y cinco años tienen un empleo que no tenían cuando gobernaban los socialistas.


Señor Heredia, no dé lecciones de precariedad. La mayor desigualdad y precariedad es no tener un empleo. Hoy en España trabajan 3 de cada 4 asalariados con un contrato indefinido, el 76,4 % —el 74 % cuando gobernaban los socialistas—, y 9
de cada 10 trabajadores con contrato indefinido lo hacen a jornada completa. Le voy a dar un dato más, a finales de 2014 se firmaron más de un 20 % de contratos indefinidos que en el año 2011. Por tanto, señor Heredia, vamos en la buena dirección.


Los salarios se pactan en la negociación colectiva, respeten a los sindicatos y a la patronal. Y si quiere hablarme de personas, hábleme de Manuel, un médico del Servicio Andaluz de Salud de un Gobierno socialista, que trabaja con un
contrato temporal, que le han contratado por tres horas y trabaja ocho, que las cinco horas restantes se las pagan como guardia a 15 euros brutos la hora; vive Manuel con 15 euros brutos la hora en Andalucía. (Rumores). Señor Heredia, hace tres
años que en Andalucía no hacen ni una escuela taller para los parados y a los ALPE, esos 800 que contrataron en fraude de ley, los ha tenido que recuperar el Supremo porque el Gobierno los mandó al paro. Esa es Susana Díaz y el Gobierno socialista
de Andalucía. (Aplausos.—Rumores).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


— DE LA DIPUTADA DOÑA PATRICIA BLANQUER ALCARAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿TIENE INTENCIÓN EL GOBIERNO DE ESTABLECER GARANTÍAS PARA EVITAR SITUACIONES DE DESIGUALDAD
EN LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE SERVICIOS EXTERNALIZADOS? (Número de expediente 180/001296).


El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social doña Patricia Blanquer, del Grupo Socialista.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, usted sí que no puede dar lecciones a nadie, porque después de más de tres años de Gobierno del Partido Popular el panorama es desolador: las cifras de paro son inaceptables, se abusa de los contratos parciales y la mitad
de los asalariados perciben salarios de menos de 1.000 euros. Desde luego, ustedes son los responsables de la pobreza laboral. Pero es más, hay empresas que externalizan servicios recurriendo a contratas, subcontratas e incluso a falsos autónomos
sin que se hagan responsables de las condiciones laborales de los trabajadores que realizan la actividad subcontratada, y esto está permitiendo situaciones de desigualdad entre trabajadores protegidos por convenio y trabajadores sin



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protección que son explotados laboralmente. Así que dígame, ¿tiene intención el Gobierno de establecer garantías para evitar esta situación de desigualdad? (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, señora diputada, lecciones de empleo no. Con el Partido Socialista 6 de cada 10 parados nuevos en la Unión Europea eran españoles, con el Partido Popular 1 de cada 2 empleos que se crea hoy en Europa, gracias a los
Gobiernos y a la sociedad española, es en España. Por tanto, hoy se crea empleo y baja el paro.


Señora diputada, la legislación es muy clara en materia de garantía de los derechos de los trabajadores en todas las empresas, también cuando se contrata a otras empresas o se subcontratan servicios por otras empresas, lo dice claramente el
artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores. Y además, les recuerdo que la cesión ilegal de trabajadores está tipificada como una infracción administrativa grave que puede ser constitutiva de delito por el Código Penal. Tenemos una legislación
clara y contundente que protege siempre los derechos de los trabajadores.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señora Blanquer.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Señora ministra, su relato es falso, hoy hay más paro que cuando llegaron al Gobierno. Le exigimos que combata la precariedad que han generado y que va a más. Porque con sus reformas laborales han permitido que
haya quien se asegure beneficios a costa del empobrecimiento del trabajador. Es injusto que trabajadores haciendo el mismo trabajo para la misma empresa cobren menos o mucho menos por el mero hecho de hacerlo como trabajadores de empresas
subcontratadas y es inaceptable tener que soportar jornadas de trabajo de hasta doce horas por sueldos netos de 700 euros, como así denuncian trabajadores de empresas subcontratistas y autónomos que prestan servicios para Telefónica. Para acabar
con estas situaciones los socialistas sí tenemos respuestas. Queremos hacer realidad que a igual trabajo, igual salario, acabar con los falsos autónomos y recuperar la fortaleza de la negociación colectiva que ustedes han desarticulado. Porque los
datos hablan por si mismos, es su responsabilidad que haya más de 6 millones de trabajadores que han dejado de estar cubiertos por convenio colectivo. Además, han debilitado la posición de los trabajadores, que aguantan un deterioro de sus
condiciones laborales por miedo a perder su empleo, lo que se agudiza para los trabajadores de empresas subcontratadas, abocándolos a la mera subsistencia. Es evidente que no han legislado contra el paro, sino contra los derechos de los
trabajadores, obligando a los más débiles a soportar a todo el sacrificio para salir de la crisis. Así que, señora ministra, ustedes son culpables de la pobreza y de la explotación laboral. (Una señora diputada: ¡Muy bien!—Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señora diputada, no hay mayor pobreza y explotación laboral que mandar a tres millones y medio de españoles al paro cuando gobiernan los Gobiernos socialistas. Para su
información, y se puede leer la legislación, el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores no ha cambiado desde el año 1995; por tanto, garantías plenas para todos los trabajadores. Pero nosotros sí hemos hecho algo que no hizo el antiguo
Gobierno socialista en ocho años, hemos reforzado las sanciones y exigencias de responsabilidades a los empresarios que subcontraten a otras empresas respecto de las cotizaciones sociales y de las garantías salariales de los trabajadores
subcontratados. Hemos reforzado además las competencias de la Inspección de Trabajo para que protejan los derechos de aquellos trabajadores que estén en empresas subcontratadas, persiguiendo la cesión ilegal de trabajadores. Lo que no le puedo
permitir es que quiera usted, de manera irresponsable, interferir en la negociación colectiva. En la negociación de convenios colectivos entre partes el Gobierno es muy respetuoso y deseamos que el caso al que usted se refiere llegue a una buena
negociación en la que ganen los trabajadores y gane la empresa, por el empleo, señora diputada, y por



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España. Nosotros confiamos en los representantes de la empresa y de los trabajadores; ustedes también quieren intervenir en eso y cambiarlo.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


— DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL SÁNCHEZ ROBLES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿TIENE PREVISTO CUMPLIR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
(ADIF) Y EL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA (CTB) PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL INTERCAMBIADOR DE URBINAGA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SESTAO? (Número de expediente 180/001284).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas ahora a la señora ministra de Fomento. Pregunta doña Isabel Sánchez Robles, del Grupo Vasco, PNV.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, presidente.


Señora ministra, con fecha 19 de mayo de 2011 se formalizó la firma de un convenio de colaboración entre ADIF y el Consorcio de Transportes de Bizkaia para la realización de las obras de ejecución del intercambiador de Urbinaga, en el
término municipal de Sestao. El objeto del convenio era sencillo, establecer los mecanismos de cooperación entre ambos entes públicos para la ejecución del intercambiador Urbinaga-Sestao junto a la actual estación de Metro Bilbao. Nuestros
objetivos perseguidos son dos: el primero, fomentar el uso del transporte público consiguiendo la intermodalidad de los servicios de metro y tranvía con el servicio de cercanías de las líneas C-1 y C-2, y el segundo, integrar el sistema ferroviario
metropolitano y cercanías en el entorno urbano y mejorar la accesibilidad del intercambiador. De hecho, los proyectos se encuentran elaborados desde el año 2010, previéndose una inversión total en torno a los 10 millones de euros, que deben ser
financiados al 50 % por cada uno de los dos entes firmantes del convenio. Sin embargo, transcurridos más de cuatro años desde su firma, ADIF ha incumplido reiteradamente los compromisos adquiridos al no proceder a dotar presupuestariamente en
ninguno de los ejercicios las cantidades precisas para dar cumplimiento al convenio, impidiendo de esta manera la licitación y el inicio de las obras. Le recuerdo, señora ministra, que este grupo ha formulado enmiendas a los Presupuestos Generales
del Estado en los ejercicios 2014 y 2015 en este sentido y han sido rechazadas por su Gobierno y por el grupo parlamentario que le da su apoyo. No ha ocurrido lo mismo con el Consorcio de Transportes de Bizkaia, que ha procedido en todos y cada uno
de los ejercicios —también en 2015— a dotar en sus presupuestos anuales las cantidades necesarias y suficientes para hacer realidad este proyecto, recogiéndolo además en su plan de inversiones.


A este grave incumplimiento hay que sumar la denunciable actitud de ADIF, que ha hecho caso omiso a las solicitudes remitidas desde el CTB al objeto de concertar un encuentro que permitiera conocer su disposición para dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos; hasta seis veces, señora ministra, la última fue el 9 de marzo del presente año. Supongo, ministra, que tampoco es necesario que le recuerde la importancia de este proyecto para Bizkaia, ya que tanto Sestao como Meatzaldea,
así como toda la margen izquierda de la ría del Nervión-Ibaizábal, son zonas en las que se asienta una parte muy importante del tejido industrial vizcaíno y por ello se encuentran densamente pobladas, registrando un número muy relevante de
movimientos en ferrocarril.


Por eso, ministra, le pregunto: ¿tiene previsto el Gobierno, por fin y de una vez por todas, dar cumplimiento a este convenio y ejecutar las obras necesarias para posibilitar la mejora de esta movilidad vizcaína?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señora Sánchez Robles.


Señoría, sí tenemos previsto llevarlo a cabo, tal y como hemos estado haciendo a lo largo de estos casi cuatro años potenciando las cercanías de Bilbao, que resultan imprescindibles para la movilidad de



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la ciudad, ya que en días laborables se desplazan más de 32.000 viajeros, se mueven casi 300 trenes y en estos cuatro años las han utilizado ya 36 millones de viajeros. A esta red de cercanías destinamos 450 profesionales que día a día
llevan a cabo un trabajo extraordinario, 40 millones de euros en mantenimiento, 5 millones en nuevas inversiones y 25 millones para pagar las obligaciones de servicio público, y seguimos trabajando para mejorar la capilaridad y la conectividad de
las cercanías.


Para que todos los ciudadanos lo conozcan, estamos hablando de conectar la estación de Urbinaga del metro de Bilbao con las cercanías. El 19 de mayo de 2011, dos días antes de las elecciones locales precisamente, el Gobierno socialista
firmó un convenio que consistía en hacer una estación intermodal. Pues bien, nada se hizo; pasó prácticamente un año y no habían hecho absolutamente nada más que hacerse una foto y poner una firma dos días antes de las elecciones locales. Además,
los proyectos que habían hecho y que habían puesto en marcha no podían ser ejecutados no por una razón política sino técnica, porque los gálibos ferroviarios tenían inconvenientes y las comunicaciones y accesos peatonales no quedaban resueltos. Por
tanto, la situación estuvo bloqueada. Afortunadamente, creo que ahora se está en el buen camino. Se han mantenido reuniones con ETS, se ha intercambiado información, se ha alcanzado un acuerdo sobre los proyectos de vía, electrificación e
instalaciones, y en la última reunión, que fue el pasado 14 de abril, se acordó que ADIF va a desarrollar una solución viable para el proyecto del edificio y de los andenes. Esta vez los gálibos van a ser los adecuados para que pasen el metro y los
trenes. Por tanto, ese diseño estará listo antes de que finalice la primavera, al comienzo del verano, y asimismo tendremos la partida presupuestaria necesaria para llevarlo a cabo.


Señoría, no ponemos proyectos que no vamos a hacer; solamente se pone el dinero cuando el proyecto está rematado y este año habrá presupuesto… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


— DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA INVERSIÓN ESTATAL EN LA PROVINCIA DE HUELVA? (Número de expediente
180/001274).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Fomento que formula la diputada doña María José Rodríguez, del Grupo Socialista.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Doy por formulada la pregunta.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señora Rodríguez.


El Gobierno ha destinado a la provincia de Huelva en esta legislatura 528 millones de euros, a pesar de las facturas que nos dejaron sin pagar y de la crisis. (La señora Sánchez García: ¡Muy bien!).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Señora Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Señora ministra, el papel lo aguanta todo. ¿Sabe qué es lo que no aguanta más? No aguanta más una provincia que se asfixia por la falta de inversión del Estado; unos sectores económicos que ven cómo la
marginación en los presupuestos año tras año cuando ustedes gobiernan les hacen perder competitividad; una sociedad que ve frustradas sus expectativas y se queda descolgada de proyectos que empezaban a ser una realidad pero que ustedes dejan morir.
Señoría, Huelva es una provincia periférica; se trata por tanto de conectarla, no de borrarla del mapa, porque está en una esquina, la única por cierto que carece de una conexión rápida y moderna con Madrid. Bueno, con Madrid ni por tren, con
Sevilla.


Cada vez que ustedes gobiernan, Huelva queda relegada a los puestos de cola en inversión por habitante. Hay años en los que no hemos llegado ni siquiera a la mitad de esa cifra. ¿Cómo es posible? Ustedes son responsables de generar un
déficit en la provincia que se puede calcular en cientos de



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millones, aunque tiene difícil explicación. ¿Cuál es el planteamiento de este Gobierno, si es que tiene alguno, para la movilidad de los onubenses? Y no me hable de crisis ni de facturas, porque llevan tres años gobernando e invirtiendo en
otros territorios mientras vemos cómo pasan las oportunidades por Huelva con un coste insoportable. Ni impulsan nuevas conexiones por tren o autovía ni mantienen las que existen, como la línea Huelva-Zafra, una línea que vertebra la provincia de
norte a sur, la salida natural al mar para los trenes con mercancías de productos onubenses pero también extremeños, una línea básica para una minería que está resurgiendo pero que necesita un transporte que supere la velocidad del tren a vapor, que
sería la alternativa para evitar el colapso de una carretera, la N-435, que tampoco desdoblan y que ni soporta el tráfico actual ni el futuro, al que se sumarían más de cien camiones cargados de mineral al día.


Señoría, tenemos una agroindustria de primer nivel; un potente sector industrial; una oferta turística que ya quisieran otros destinos, envidiable pero mal conectada; un puerto con enormes posibilidades; una situación estratégica:
frontera con Portugal, África y América. Señora Pastor, no cabe tanto agravio, no es posible semejante grado de olvido ni de sectarismo. Este tratamiento no es solo injusto, que lo es, es además intolerable e ineficiente porque Huelva es una
oportunidad para los onubenses pero también para el resto de España y de Europa. Pero son ustedes un lastre para nuestro crecimiento económico y social, es que por no dar no dan ni fecha para una reunión ni responden a las cartas que les envían
instituciones que asisten perplejas a tanto desprecio. Esa es la medida de su voluntad política: ninguna, como su herencia. ¿Es posible que no merezcan los onubenses un hueco en su agenda? Les ocupa Huelva poco y les preocupa menos. Bueno,
ahora, en campaña, va a ir usted pronto. Espero que no les dé la espalda a los onubenses, como la última vez que estuvo… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.


La verdad, señoría, es que usted me alegra la mañana porque efectivamente el papel lo aguanta todo. «Zapatero anuncia una ampliación de la Red de AVE en Andalucía hasta Huelva», año 2007. Siguiente: «Calatrava plantea una torre de 353
metros para el AVE en Huelva», 2007. Espere, que hay más. (Risas). Esto ocurría todo hace unos cuantos años, cuando el papel sí que lo aguantaba todo; el papel era la moneda común del Partido Socialista, si no eran declaraciones grandilocuentes,
eran power points. «ADIF desecha la estación de Calatrava por su exagerado caché, según Guerrero». Termino ya el repaso a la hemeroteca: «Blanco se compromete con el AVE Sevilla-Huelva». (Rumores).


Señoría, no falte usted a la verdad. Huelva, señoría, es una de las provincias de España donde más crece el empleo, para empezar. Creo que es muy importante que no falte a la verdad. Ustedes lo que hicieron cuando estaban en el Gobierno
fue prometer que iban a hacer una línea de alta velocidad de 1.200 millones. (Risas). Ni hay línea ni había los 1.200 millones. Lo que había, como les digo, era todo sin pagar. En cuanto a las inversiones en 2015, falta a la verdad porque hay un
incremento de un 35 % con respecto a 2011. Hay más, señoría, hemos invertido en carreteras. En la A-49, que les afecta tanto a ustedes —a todos los ciudadanos de Huelva— y a todos los españoles, hemos finalizado la obra del tramo
Bormujos-Benacazón de 25 millones, la redacción de proyectos en Benacazón. (Rumores). Sí, en la provincia, que tanta falta les hace. Y estamos en la redacción de los proyectos entre Benacazón y Chucena. También, tras adecuar la vía… (Continúan
los rumores).


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora ministra.


Ruego silencio, que se escuche a la señora ministra en la contestación. (El señor Sicilia Alférez: Pero no habla de Sevilla). Señor Sicilia, le ruego silencio.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Para ir a Huelva tenemos que pasar por Sevilla, excepto que vayamos en avión. (Varios señores diputados: ¡Ah!). Sí, sí, señorías, la A-49, que la he pasado muchas veces.


Además de eso, vamos a iniciar en mayo las obras de la variante de Beas y Trigueros, que no sé dónde estaban ustedes. Estamos dedicando también dinero para rehabilitar el puente internacional de Ayamonte; hemos reactivado las obras de la
estación de Huelva, esa obra faraónica que iban a hacer ustedes pero de la que nunca más se supo. Gracias, señoría… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.



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— DEL DIPUTADO DON PABLO MARTÍN PERÉ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ BALANCE REALIZA LA SEÑORA MINISTRA SOBRE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO EN LAS ILLES BALEARS DURANTE LA
PRESENTE LEGISLATURA? (Número de expediente 180/001275).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Fomento del diputado don Pablo Martín Peré, del Grupo Socialista.


El señor MARTÍN PERÉ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, ¿qué valoración hace el Gobierno de las inversiones realizadas por el Estado durante la presente legislatura en la Comunidad de las Baleares?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Martín Peré.


El Gobierno ha destinado a las Islas Baleares en esta legislatura 1.500 millones de euros a inversiones.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señor Martín Peré.


El señor MARTÍN PERÉ: Señora ministra, permítame que le diga una cosa. Usted hoy está ejerciendo de telonera del señor Montoro, es a él a quien le correspondía responder a esta pregunta porque todos sabemos que el ministerio que en última
instancia decide cuáles son las cuantías que llegan en materia de justicia, en materia de turismo y de infraestructuras también es el del señor Montoro, no el suyo. No obstante, usted forma parte del Gobierno que ha destinado una inversión media
durante la presente legislatura en Baleares de 95 euros por cada ciudadano, mientras que la media del resto de comunidades autónomas era de 240 euros: 95 frente a 240, casi tres veces más, y es sobre eso sobre lo que quiero que usted me dé
explicaciones. Entiendo perfectamente que cuando se tiene enfrente a un Gobierno autonómico que hace de la sumisión y de la aceptación de la humillación virtud, como es el caso del Gobierno del señor Bauzá, uno se crea autorizado para hacer todo lo
que le venga en gana, pero cuando ustedes aprueban esos presupuestos a quien hacen daño no es a su partido ni al Gobierno del señor Bauzá, a quien hacen daño es a cada familia con escasos recursos, a cada empresario que tiene que hacer frente a la
crisis y a cada persona que está en riesgo de exclusión social. Es a ellos, que también están representados en esta Cámara, a quienes les pido que les den explicaciones; explicaciones, esa palabra que tanto les cuesta conjugar y practicar. ¿Sabe
qué pasa? Que ya no pueden resolver esta situación porque no van a volver a estar en el Gobierno en la próxima legislatura, así que, al margen de explicaciones, le exijo que pida perdón a los ciudadanos de Baleares por el agravio comparativo al que
nos han sometido durante toda esta legislatura. Perdón, señora Pastor, porque es la única palabra que a ustedes les queda ante una comunidad autónoma, ante unos ciudadanos que les van a recordar como el Gobierno y el partido que nos castigó
deliberadamente año tras año.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor Martín. Quizá lo que le gustaría es que siguiéramos el modelo del Partido Socialista, el modelo —¿se acuerda?— del convenio de carreteras con el Gobierno Baleares que en 2005 anuló unilateralmente otro Gobierno
socialista, lo que además fue tumbado —si me permite la expresión— por los tribunales y dejaron una deuda de 90 millones de euros; o el modelo del tren de Mallorca y del tren ligero de la bahía de Palma, para el que ofrecieron 480 millones y nunca
más se supo.


Usted ha faltado a la verdad, ha faltado a la verdad ante todos los españoles y ciudadanos de las Islas Baleares, porque el Gobierno de Mariano Rajoy destina en 2015 a inversiones un 9 % más de lo que se destinó en 2011. Sí, señoría.
Además, desde Fomento hemos destinado en esta legislatura más de 2.000 millones, de los que casi 1.800 son para inversiones; a carreteras, 136 millones —hemos pagado, por cierto, los 90 del convenio de carreteras—; al tren de Mallorca, 19
millones. Hemos trabajado intensamente



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para garantizar la movilidad de los residentes en Baleares, invirtiendo hasta la fecha un total de 358 millones de euros, que llegarán hasta 471 en el conjunto de la legislatura. En Mallorca nos encontramos con que no se podía atender a los
cruceros de más de 360 metros y en Ibiza había problemas en la operativa de los tráficos comerciales mixtos. Por ello, hemos destinado más de 160 millones a los puertos; a aeropuertos, más de 55 solamente en Palma de Mallorca, y por último, a
vivienda, 63 millones de euros. Seguro que le parece poco, señoría, pero desde luego estamos orgullosos de lo que estamos haciendo. El Ministerio de Industria ha destinado 270 millones; el de Agricultura, 149. En fin, señoría, este Gobierno, a
pesar de la crisis y las deudas que nos dejaron, está impulsando la calidad de vida y el bienestar de todos los ciudadanos de las Islas Baleares.


Desde aquí quiero trasladar mi cariño a los ciudadanos que ayer tuvieron un accidente en el mar y que gracias a todos los servicios públicos, especialmente a Salvamento Marítimo, Cruz Roja, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
servicios de emergencia de la comunidad, hoy están a salvo en sus casas. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


— DE LA DIPUTADA DOÑA LOURDES MUÑOZ SANTAMARÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿EN QUÉ FECHA TIENE PREVISTO EL GOBIERNO FINALIZAR LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RONDA LITORAL EN EL TRAMO
MONTJUIC-EL MORROT? (Número de expediente 180/001294).


El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula a la señora ministra de Fomento la diputada doña Lourdes Muñoz, del Grupo Socialista.


La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Señora ministra, le formulo esta pregunta porque si su Gobierno hubiera continuado con la ejecución de este proyecto, usted ya hubiera inaugurado la ampliación de la ronda litoral, y ahora no sabemos ni la fecha.
¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno finalizar la ampliación de la ronda litoral en el tramo Montjuic-El Morrot?


El señor PRESIDENTE: gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.


Señora Muñoz, este Gobierno ha trabajado de manera intensa esta legislatura en Cataluña, usted lo sabe bien. De los 9.000 millones de presupuesto, 5.730 han correspondido a Barcelona y muchas de las actuaciones se han llevado a cabo en el
entorno urbano. Estamos trabajando para redactar el proyecto e iniciar las obras de la ampliación de la ronda litoral. Me imagino que usted pregunta aquí hoy —no se ha acordado hasta ahora, después de tres años y pico— porque ha visto que hay un
acuerdo entre las instituciones.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Señora diputada.


La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: En este tramo de la ronda, la entrada por el litoral al centro de Barcelona, se generan grandes retenciones. Al acabar la última legislatura, un proyecto de consenso estaba en marcha. Con una planificación a
cuatro años, el segundo estudio informativo ya estaba listo, quedaba medio año de proyecto constructivo, licitación y tres años de obras. Pero ¿qué ha sucedido? Que ambas derechas, la catalana y la española, han frenado este proceso porque han
estado de espaldas. Ustedes durante tres años estuvieron de espaldas a Cataluña con sus actitudes de no dialogar con un gobierno por ser nacionalista, y su contraparte, el alcalde de Barcelona, con su agenda independentista, tampoco se sentaba con
el Gobierno de España. Ustedes reaccionaron después de las grandes manifestaciones soberanistas, pero su respuesta es que usted nos visita más, se hace más fotos, pero las obras siguen retrasadas y sin fecha. Después de esta parálisis han llegado
a un acuerdo, es cierto, un muy mal acuerdo para Barcelona. Barcelona tiene que pagar más y supone empezar de nuevo y retrasar más este proceso. Mientras tanto, los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona siguen con los colapsos en la ronda. A todo
esto no me ha respondido, no tenemos fecha y hemos perdido una legislatura.



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Mire, todas las grandes infraestructuras de Barcelona o no tienen fecha o están retrasadas; ni la estación de la Sagrera ni la estación de Sants ni el acceso al puerto. Usted cuando quiere es una buena negociadora, sabe dialogar y llegar a
acuerdos, pero con Barcelona los acuerdos no llegan. No sé si es que no pone el mismo empeño. Usted es ministra de todas las personas que viven en España, también de las que vivimos en Barcelona, también de los catalanes y catalanas. Además usted
es la responsable de este tema, porque es la que tiene competencias exclusivas sobre la ronda, y como mínimo es corresponsable con el alcalde Trias de que la ampliación de la ronda no esté acabada. Aceleren las obras y no generen más desapego.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Muñoz.


La verdad es que en materia de infraestructuras en Barcelona no están ustedes para dar lecciones, porque si le voy enumerando una por una las obras que estaban paradas cuando llegué y que he tenido que poner en marcha no me daría tiempo ni
en dos minutos ni en una hora. Pero sobre todo no intenten dar lecciones en el tema de El Morrot. En noviembre de 2007 iniciaron la redacción del estudio informativo y en diciembre de 2011, cuando llegamos al Gobierno, no habían hecho
absolutamente nada, no había proyecto, no había nada, y nosotros hemos conseguido desbloquearlo y llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de Barcelona. El 31 de marzo firmamos la propuesta del traslado de las instalaciones ferroviarias de mercancías
de Barcelona a Morrot y la transformación de los terrenos liberados para que sean de disfrute de todos los ciudadanos, que es muy importante. Esta solución se consigue con integración urbanística, se facilita el desarrollo urbano y el industrial,
se incrementa la capacidad de la ronda litoral y se mejoran las conexiones. Una vez firmado este acuerdo, como sabe, lo que estamos haciendo es iniciar la redacción del proyecto y la construcción, si es posible, a lo largo de este año.


Pero además hemos hecho muchas cosas más. Hemos mejorado el enlace de El Prat del Llobregat; hemos iniciado las obras del nuevo acceso sur viario al puerto de Barcelona de más de 130 millones, que ustedes no fueron capaces de poner en
marcha; el enlace entre la autovía del Bajo Llobregat y la autopista AP-7, en Castellbisbal; la variante de Vallirana, que estaba parada; la autovía de conexión entre la ronda litoral y la autopista C-32, en Barcelona; la autovía orbital de
Barcelona, cuyas obras en el tramo intermedio entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls hemos reiniciado la semana pasada. Señoría, si no hacemos otra cosa que… (Aplausos.—El señor Canongia Gerona: ¡No es verdad, no es verdad!).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


No interrumpa a la señora ministra, que estaba acabando en ese mismo instante. A lo mejor lo iba a decir después, pero no ha podido.


INTERPELACIONES URGENTES:


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SOBRE SU POSICIÓN EN MATERIA DE ACTUACIONES PARA EVITAR LA CONFUSIÓN Y EL CONFLICTO ENTRE INTERESES PÚBLICOS Y PRIVADOS. (Número de expediente
172/000309).


El señor PRESIDENTE: Empezamos con las interpelaciones. Interpelación del Grupo Socialista, al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre su posición en materia de actuaciones para evitar la confusión y el conflicto entre
intereses públicos y privados. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, no le voy a interpelar sobre lo que usted quiere —no le he dicho de qué hablamos hoy, señor Montoro—, sino sobre los conflictos de intereses. En primer lugar, quiero decirle una cosa. Subo a esta tribuna con mi
declaración de la renta porque estoy harta de que cada vez que le interpelamos desde esta tribuna haga acusaciones veladas sobre datos tributarios, que conoce en razón de su cargo, de políticos, sindicalistas y artistas. Aquí está mi declaración de
la renta; si tiene alguna insinuación que hacer, la veremos. (Aplausos). Es una declaración de la renta que nunca me ha hecho



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ningún despacho económico porque hay solamente una nómina, la nómina que cobro como cargo público. Ni sobresueldos ni compatibilidades; mi nómina. (Aplausos).


Señor ministro, le interpelo hoy sobre su posición en relación con los conflictos de intereses porque es usted el responsable del registro y de esta materia. La ley aprobada en 2006 sobre conflictos de intereses de altos cargos y de los
miembros del Gobierno supuso un avance sustancial en la delimitación de los intereses públicos y privados y en el objetivo de alcanzar una mayor imparcialidad en el ejercicio del cargo público y evitar cualquier tipo de conflicto de intereses
privados y tráficos de influencia. Sin embargo, durante esta legislatura hemos visto que en numerosas ocasiones el Gobierno al que usted pertenece ha traspasado esta línea. Hay muchísimos ministros —se ha dicho hoy a lo largo de la mañana—, como
el señor Morenés, el señor Catalá o la ministra de Agricultura, que tienen indudables intereses en las materia que hoy gestionan. Pero creo, señor ministro, que este es un problema más de fondo y que va sobre la forma en la que ustedes entienden la
vida pública, la privada o la buena política, a la que hacía referencia la vicepresidenta. Permítame que le lea muy brevemente una reflexión en un debate parlamentario de un diputado del Grupo Popular. Decía: ¿Qué incompatibilidad puede haber
entre desempeñar un cargo en un consejo de administración privada y quien tenga dos cargos en el sector público, que sea funcionario y además enseñe en la universidad? Si no hay problema de horario, no hay incompatibilidad, porque hay muchas
actividades que se pueden hacer en casa, por la noche, mientras se ve la televisión, que como no tienen horario, no implican conflictos de interés. Esto lo decía hace tiempo el señor Arias Cañete, que desde 1982 hasta 2014 compatibilizó su cargo
público con múltiples actividades económicas y financieras, estando relacionada la última con empresas vinculadas al sector energético: Petrologis Ducar, Petrologis Canarias. Las desempeñó durante todos estos años por la noche, en su casa, viendo
la televisión, después de sentarse en el Consejo de Ministros como ministro de Medio Ambiente.


Señor Montoro, le interpelo sobre esto porque es el responsable, pero créame que lo siento, porque usted es el paradigma de la fina línea entre lo privado y lo público. Su despacho, Montoro y Asociados —hoy también se ha dicho aquí—, que
usted fundó en 2006 y que luego se convirtió en Equipo Económico para quitar su nombre, tenía en su fundación a todo el equipo económico de su anterior época de ministro y que luego ha pasado en algunos casos —ahora también— a su equipo como
ministro. Pilar Platero, su secretaria actual; Salvador Ruiz Gallud, exdirector general de la Agencia Tributaria; Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Presupuestos; Francisco Piedras Camacho, exdirector del Gabinete del ministro.
Todos ellos hacen que en el tráfico jurídico se les conozca como los Montoro boys. Había tanta gente de su equipo económico y del de Rato cuando lo fundaron que en una entrevista usted dijo que no se iban a dedicar a contratar con las
administraciones públicas. Pero, señor ministro, desde que usted está en el Gobierno el despacho de los Montoro boys ha incrementado su facturación. En el año 2008 facturaba 2,9 millones; en el año 2011, pese a la crisis económica, 5,5 millones;
en el año 2012, 6,6 millones, un 127 % de incremento en la facturación, mientras había recortes en todo. Hicieron contratos como el de 2012 con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y contratos con la Comunidad de Madrid en 2008, cuando el
señor Beteta era consejero de Economía, y en 2009, cuando doña Engracia Hidalgo, hoy secretaria de Estado, era consejera de Familia. Señor Montoro, no voy a decir más porque no tengo tiempo, pero todavía tiene usted que contestar una pregunta que
le he hecho en varias ocasiones. Usted dijo que Rato no necesitaba este despacho para volver, pero sí parece que ha necesitado a muchos de ustedes para blanquear. Tiene usted que contestar una pregunta y la va a contestar finalmente. ¿Ha
asesorado este despacho que usted fundó a defraudadores que se han acogido a la amnistía fiscal que usted diseñó y que su Gobierno aprobó?


Señor Montoro, hemos conocido también la semana pasada un episodio verdaderamente alarmante sobre un exdiputado, un exministro y un exmiembro del Gobierno hoy embajador en el Reino Unido. Hemos conocido que este exministro, junto con
Pujalte y con Ana Torme, asesoraban a una empresa, Collosa, cuya facturación está en un 90 % en obra pública en Castilla y León. El señor Pujalte y el señor Trillo han salido inmediatamente para decir que era legal porque habían pedido
compatibilidad al Congreso de los Diputados y el Congreso se la había dado para trabajar como abogados y economistas. Yo quiero sostener en esta tribuna que, si es verdad lo que parece, esto no es legal. En primer lugar, hemos conocido que
cobraron 354.000 euros el señor Trillo y 75.000 euros el señor Pujalte en un despacho con doña Ana Torme —senadora en estos momentos— a través de unas investigaciones que la Agencia Tributaria ha elevado a la Fiscalía Anticorrupción para investigar
lo que la propia Agencia Tributaria llama una trama organizada de personas y sociedades con reparto de funciones que se mantiene en el tiempo para el cobro de al menos 110 millones de euros por la venta de concesión de licencias ambientales para
parques



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eólicos en mi comunidad, Castilla y León. Precisamente en esa investigación aparece la empresa Collosa e investigando a esa empresa conocemos los contratos de dos despachos, uno del señor Trillo y otro del señor Pujalte. El señor Trillo
dijo inmediatamente, en conversación telefónica con un medio periodístico: todo es legal, y además les tengo que decir que yo con estos señores no hablaba de obra pública —aunque supone el 90 % de la facturación de la empresa— y no tengo nada que
ver con los parques eólicos porque ya estaban concedidos cuando se me hizo el contrato.


Yo quiero señalar aquí dos fechas. El 10 de febrero de 2006 el señor Trillo hace un contrato con la empresa Collosa para tomar cafés. En septiembre de 2005 su hermano, Pablo Trillo-Figueroa, había sido nombrado secretario general de la
Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, que es la única que concede estas licencias, con la concentración de todos los poderes en el consejero, el viceconsejero y los altos cargos de esta consejería. Precisamente 2006, 2007 y 2008
fueron los años en los que se concedieron mayor número de licencias al amparo de esta presunta trama organizada desde el Gobierno de Castilla y León presidido por el presidente Herrera; una trama de extorsión y pillaje, donde empresas intermedias
aparecían para obtener las licencias medioambientales y, después de obtenidas, elevaban sus acciones como si fuera el milagro de los panes y los peces, de 5 a 100, y las vendían, haciendo un gran pelotazo y obteniendo una gran mordida, a las
empresas finales que ejecutaban los parques. Por eso le digo, señor Montoro, que si esto es lo que parece, claro que no es legal. Aquí tenemos un círculo perfecto, señor Montoro. Tenemos un Gobierno del Partido Popular que lleva veintiocho años
gobernando esta comunidad y que está siendo investigado por haber tejido esta trama de extorsión y pillaje en la venta de licencias medioambientales que valen cero. Tenemos un alto cargo de la consejería donde se daban estas licencias, Pablo
Trillo-Figueroa, que era hermano del dueño de uno de los despachos que se contratan para tomar café, el señor Trillo, hoy embajador. Por cierto, Pablo Trillo está hoy también imputado junto con otros miembros de la Consejería de Economía por la
construcción de un edificio de la Consejería de Economía que supuso un pelotazo urbanístico de más de 30 millones. Fíjese usted, el edificio también lo construyó una empresa de la trama investigada. Tenemos grandes despachos con diputados del PP.
Tenemos, además, la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, cuyo secretario general es el hermano de la ministra de Agricultura y el vicepresidente es el dueño de la empresa Collosa, con el que se tomaban café el señor
Pujalte, el señor Trillo y la señora Torme, que no sabemos lo que hacemos. Por lo tanto, señor ministro, si es lo que parece, no es legal.


Ayer hemos conocido un caso de incompatibilidad vergonzoso para cualquier democracia de un diputado también de sus filas. Lo digo desde aquí: no es legal trabajar con un contrato para un banco para ejecutar desahucios mientras uno se
sienta en un escaño del Congreso de los Diputados donde tiene que legislar para garantizar el derecho a una vivienda digna de los ciudadanos. (Aplausos). Tan poco legal es, señor ministro, que ni tan siquiera el señor Conde pidió compatibilidad al
Congreso. Ahora usted me dirá: señora Rodríguez, ¿y qué hago yo? Usted, como responsable de Administraciones Públicas y de conflictos de intereses, tiene que llevar al Gobierno inmediatamente, mañana, una reforma de la Loreg, de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, porque esto no es cosa del Congreso, esto es cosa del Gobierno. Las incompatibilidades se regulan en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. A esa ley y a la Ley de control de la actividad financiera de los
partidos políticos presentó mi grupo varias enmiendas que ustedes rechazaron. Le pido que lleve inmediatamente la reforma de esa ley orgánica al Consejo de Ministros y que en esa reforma se contemplen dos cosas: la primera, una restricción clara
del régimen de concesión de compatibilidades a diputados y senadores, para que sea verdad que no se pueda compatibilizar el trabajo público de senador con el trabajo privado, restringirlo.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora, Rodríguez, tiene que finalizar.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Finalizo, presidenta.


Y además dotar a la Comisión del Estatuto del Diputado de competencias para poder verificar si lo que se declara en la Comisión del Estatuto es verdad, para darle competencias con las que pueda instruir expedientes sancionadores exigiendo
las pruebas necesarias para verificar, que pueda tener competencias sancionadoras y que eleve al Congreso de los Diputados las sanciones pertinentes cuando el diputado o diputada haya omitido datos, cuando el diputado o diputada los haya falseado,
cuando el diputado o diputada esté ejerciendo una compatibilidad a la que no tiene derecho y que pueda también elevar estos informes a la Fiscalía Anticorrupción, así como a todos los órganos del Estado que tuvieran competencias en las actuaciones
que hubiera detectado. Deben dotar de verdadera transparencia al registro público de intereses de los diputados y senadores…



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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, finalice ya, que le queda un segundo turno.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: … con publicidad y con acceso de todos los ciudadanos. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Adelante, señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidenta, señorías, señora Rodríguez, en primer lugar, quiero recordarle que tenemos ya una regulación en España, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora
del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado; una ley que ha aprobado esta Cámara muy recientemente a la que en su momento el Grupo Socialista no presentó las iniciativas que usted acaba de referir ahora. Esta ley no contó
con su apoyo. Ustedes declararon públicamente que no era suficiente, pero podían haber aprovechado el vehículo de la ley para llevar adelante iniciativas parlamentarias respecto del contenido de las incompatibilidades como las que acaba usted de
referir. ¿Por qué no lo hizo? ¿Lo hace ahora? Estoy hablando de la Ley 3/2015, de 30 de marzo; todavía no ha acabado el mes de abril y ya están ustedes en la siguiente. Está bien, cada momento tiene su ocasión, pero yo me temo que ustedes
confunden la oportunidad política con la ocurrencia, y van a lo que llamamos en términos políticos salto de mata. ¿Hay algo? Ahí estoy yo para decir y promover lo que no estaban promoviendo hace pocas semanas. ¿Por qué no lo promovían hace pocas
semanas? Eso en primer lugar.


En segundo lugar, su concepto de las incompatibilidades. Yo discrepo de ese concepto y ya lo he dicho públicamente; discrepo radicalmente de ese concepto de lo que es la política. Una cosa es regular el conflicto de intereses de una
manera muy clara y expresa, y otra cosa es entender que la política es incompatible con todo. Esto me parece un error de concepto que, en mi opinión y por mi experiencia, ha llevado a que en este país hubiera gobernantes que después no saben qué
hacer con esa capacidad de gobierno y con esa capacidad política, porque no tienen experiencia, no saben lo que son las empresas, no saben lo que es el mundo económico, no saben lo que es el mundo financiero. Pero luego esos gobernantes son los
primeros, señora diputada, en que cuando acaban sus periodos de gobierno piden la compatibilidad para irse a trabajar a esas empresas. El señor Solbes cuando acaba aquí su mandato, en plena crisis económica, ¿a dónde va a trabajar? ¿Se retira con
el sueldo de comisario europeo? No, se va a trabajar a la matriz de una multinacional italiana, Enel, que es la matriz de Endesa. Compatible. ¿Qué hace el Gobierno socialista cuando sale del Gobierno? Hasta cuarenta cargos socialistas solicitan
la compatibilidad; hasta cuarenta. Y a mí me parece correcto. Y la Oficina de Conflictos de Intereses va dirimiendo hacia dónde se dirigen esos altos cargos. La primera por cierto la vicepresidenta Salgado, que se va a los dos meses a trabajar a
empresas privadas; la vicepresidenta económica. ¿Dónde estaba usted en esa legislatura? ¿Estaba en la Administración o no estaba? Yo juraría que estaba, ¿no? Cuando lo hacen ustedes todo es válido, todo es perfecto, todo es correcto. Pero
insisto en que yo no parto de ese principio; yo parto del principio de aplicación estricta del conflicto de intereses cuando estás ejerciendo un cargo público. Me parece mucho más completo para mi país —y por eso lo deseo— que a la política
lleguen gentes que vienen estrictamente de la carrera política, y gentes que vienen de profesiones diversas, que no tienen que ser exclusivamente profesiones como por ejemplo —yo también la tengo, la primera— profesor de universidad.


Voy a darle otro dato y otro hecho respecto de mi persona. Yo ahora estoy ejerciendo un cargo público y para mí es un honor ser miembro del Gobierno del España; ya lo he sido durante otro tiempo, y por tanto soy uno de los ministros
también con mayor experiencia en el sentido de tiempo transcurrido como tal. Yo hoy, como ministro de Administraciones Públicas, tengo una nómina en la que figura que tengo trece trienios de dedicación. Es decir, empecé a tener mi primer contrato
con la universidad, que por supuesto era un contrato de ayudante —de lo más menor— en el año 1973, lo que hace que acumule ese tiempo. Acumulo trece trienios y he hecho toda la carrera universitaria hasta llegar a la cátedra sin estar a tiempo
completo nunca, es decir, he trabajado haciéndolo compatible con la carrera, primero, en un banco siete años y medio —me parece una excelente experiencia—; segundo, en un think tank, Instituto de Estudios Económicos, donde hacía diferentes
asesorías —me parece una excelente experiencia—, y al mismo tiempo era profesor en la universidad pública y en diferentes másteres, eso sí, trabajaba catorce o quince horas al día, como ahora, como toda mi vida. Por cierto que todo eso va
computando en términos de esa experiencia y esos trienios acumulados en la Administración. Por ello discrepo radicalmente, se lo digo así. Usted tiene un concepto de la política y yo tengo otro. Me parece enriquecedor para mí país que



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venga a trabajar gente que realmente conoce otras realidades, porque si no lo hacen se empobrece mucho cualquier ámbito de la política, incluida la responsabilidad de gobierno. Eso sí, delimitando los conflictos de intereses que se producen
en este planteamiento, señora Rodríguez, delimitándolos.


Ustedes defenderán un planteamiento, pero yo solo le digo que hace tres años y medio no defendían ese mismo planteamiento. Hasta cuarenta altos cargos de la Administración anterior pidieron compatibilidad, entre ellos varios ministros
—acabo de citar algunos casos, pero puedo seguir relatando algunos otros—, que se fueron a diferentes empresas. ¿Eso fue objeto de su crítica? ¿Hizo algo el Partido Socialista con el señor Rubalcaba a la cabeza? No, no hizo nada, le pareció
absolutamente normal, siempre que obviamente se cumplieran los requisitos de la ley. Pero ahora estamos en otra cosa, hemos dado otro paso que usted llama cualitativo, sobre todo por la novedad que incorpora en el planteamiento de la interpelación
urgente al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Le voy a leer —para que todos veamos la originalidad del planteamiento y la actualidad de los temas a los que se refiere— el «Diario de Sesiones» del Congreso de 13 de febrero de 2013.
(El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas muestra un papel). Usted era portavoz del Grupo Socialista, y por eso digo que el planteamiento que trae hoy es muy original. Decía: Ya le he hecho una pregunta por escrito que usted no
me ha contestado, y se la reitero hoy en esta Cámara. El antiguo despacho que usted fundó en 2004, Montoro y Asociados, que se dedicaba y se dedica, con otro nombre, al asesoramiento de proyectos empresariales, concretamente a la fusión y a la
tributación fiscal, ¿ha asesorado a defraudadores que se han acogido a esta amnistía? Repito, 13 de febrero de 2013. Sigo leyendo: Porque sería una imagen verdaderamente reprobable e insoportable para la ciudadanía española que, mientras su
antiguo despacho facturaba por asesorar a los defraudadores, el ministro desde el ministerio modificaba el decreto-ley a las exigencias de los mismos. Esto es más viejo que la legislatura. Llevan ustedes con este tema todo el tiempo. (Rumores).
Acababa con otra originalidad que también hemos escuchado esta mañana y ayer en el Senado: Lo que le pido, señor Montoro, es que dimita de forma inmediata —hoy no se lo he escuchado, pero ya lo decía el 13 de febrero—; su permanencia en el
Ministerio de Hacienda en estos momentos está impidiendo que los defraudadores que se han acogido a esta amnistía fiscal, y que han declarado fondos de procedencia delictiva, puedan ser investigados porque usted lo prohíbe. ¿Puede usted mantener
eso hoy? ¿Que lo he prohibido, o que está siendo investigada la supuesta ilicitud de las rentas que se acogieron a la regularización tributaria? Es todo lo contrario; pero ustedes siguen con los mismos temas, los sacamos a pasear y a bailar, y si
además estamos al final de legislatura todavía más.


No puedo, como Gobierno, manifestarme sobre el Estatuto de los Diputados. Esto es algo que corresponde a la Cámara. Si usted tiene una iniciativa legislativa, insisto, la podía haber insertado en la modificación de la Ley sobre conflicto
de intereses, sobre regulación de los altos cargos que acaba de ser tramitada en esta Cámara. En segundo lugar, señora Rodríguez, cuando me senté en ese escaño —ya lo he contado no sé cuántas veces, pero lo vuelvo a contar en un segundo— dejé la
empresa que fundé. Fundar una empresa es un hecho positivo para un país —se crea actividad, empleo, se pagan impuestos—, pero para ustedes fundar una empresa es como algo pecaminoso. Y así luego dicen: ¿qué nos pasa cuando gobernamos? Pues que
no se fundan empresas, que no hay actividad económica, que se retrocede, y que se destruye empleo. Es sistemático. Eso sí, cuando sus altos cargos acaban su acción quieren irse a trabajar a las empresas. Eso es muy coherente dentro de su
filosofía socialista. Como le decía, la fundé con otras ocho o nueve personas, y no puedo reportar nada desde que la dejó en abril del año 2008, hace siete años. Vine aquí, me dediqué en exclusiva, y por tanto no puedo explicar algo en lo que no
estoy, no desde que soy ministro como usted dice, sino desde que soy diputado en esta Cámara. Con lo cual, señoría, siga usted con la carraca; qué le vamos a hacer, cada uno tiene su planteamiento. Yo no puedo responder sobre incompatibilidades
de diputados ni puedo responder respecto a las actuaciones de otras administraciones. Por cierto que el Gobierno de Castilla y León ya ha dado todas las explicaciones públicas pertinentes, y usted me interpela, en mi condición de miembro del
Gobierno de España, sobre una materia que ya se está respondiendo en los ámbitos pertinentes. Pero usted viene a hacer esa clase de política. Insisto en que ustedes no quieren ver si la acción del Gobierno en regulación de conflictos de intereses
está redundando en la mejora de la actividad económica, si España está saliendo de la crisis, si se está creando empleo, si está contribuyendo a eso la política presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas, o si hemos bajado
impuestos en este ejercicio y estamos recaudando más, debido también a que cada vez hay más actividad económica y en parte a que la economía sumergida está aflorando. Y sobre todo no quieren reconocer que la regularización tributaria y la extensión
de la Ley Antifraude nos han llevado a conocer una información tributaria equivalente a 124.000 millones de euros



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que tenían residentes tributarios en España y que no los habían declarado en el año 2012, y que hoy conocemos. Solo en el año 2013 hemos conocido que 20.000 millones de euros están declarados en forma de depósitos en Suiza. Y señora
Rodríguez, usted que estaba en la Administración socialista —usted era secretaria de Estado, que yo sepa—, pregúntese por qué en la Administración socialista no se llevaban adelante estas modificaciones tributarias para que fuera posible que la
persecución del fraude fiscal alcanzase las cotas que está alcanzando, y sobre todo para que tuviéramos la seguridad de que patrimonios que deberían estar declarados a la Hacienda pública lo estuviesen. Hoy lo están y todos los contribuyentes
estamos en situación de igualdad ante las leyes tributarias.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


Señora Rodríguez Ramos.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señor ministro, efectivamente tenemos un concepto muy diferente de la política, del ejercicio de la política y de la ética política; y también, si me permite, de la labor parlamentaria. Es usted muy hábil para
tergiversar lo que se dice en esta tribuna. Le acabo de decir que en la Ley de control de la actividad financiera de los partidos políticos mi grupo parlamentario presentó dos enmiendas (Muestra un documento): una, para hacer que el mandato de los
diputados y senadores sea incompatible con el desempeño de actividades privadas, se restringe el campo de las exclusiones, dejándolo reducido básicamente a actividades de creación intelectual, docencia. Segunda enmienda, la presentamos para dar
nuevas competencias de capacidad a la Comisión del Estatuto del Diputado. Ustedes las rechazaron, nosotros votamos en contra de esta ley. Por lo tanto a esta me he referido, y claro que hemos presentado estas enmiendas, las hemos presentado en
otras resoluciones, pero aquí están las enmiendas. Le pido, por favor, a alguien de la Cámara, al ujier, que le dé al señor ministro el texto de las enmiendas a la Ley de control de la actividad financiera. Sea un poco más riguroso, señor
ministro. Parece que no hay nadie, pero ahora se lo doy yo. (Aplausos).


Señor ministro, claro que tenemos también conceptos diferentes. No le he escuchado…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora Rodríguez. No es que no haya nadie, es que no es el procedimiento. Cuando acabe usted, le acerca el papel si quiere o se lo deja usted ahí al señor ministro para que lo
coja.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Perdone. No vamos a discutir por eso.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Continúe. No diga que no hay ujieres.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Disculpe, no tengo ningún problema en dárselo yo al señor Montoro.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Déjelo ahí; ya lo cogerá el señor Montoro.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Le estaba diciendo que tenemos un concepto muy diferente. Usted piensa que venir del sector privado, de haber estado trabajado en Lehman Brothers es una buena garantía para la gestión. Ahí lo tiene, ahí tiene a
Rato hundiendo Bankia, ahí lo tiene. Señor ministro, claro que tenemos diferentes conceptos.


Usted me habla de su gran ley, de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del alto cargo del Estado, una ley que incumplen de forma clara. (La señora López i Chamosa recoge el documento del atril y se lo entrega al señor ministro). Señor
Montoro, un sistema de alerta temprana establecen en esta ley para detectar casos de incompatibilidad. No le hace falta alerta temprana, llámeme a mí. Me llama usted a mí por teléfono y ya le digo yo que estar durante los cuatro años anteriores
siendo consejero de una empresa de bombas de racimo, Instalaza, siendo consejero delegado de una empresa de misiles francesa, y siendo consejero o presidente de una empresa de seguridad, a la que se adjudica la seguridad de los atuneros en la zona
de Somalia, es incompatible con sentarse en el Consejo de Ministros y pedirle a usted créditos extraordinarios año tras año para pagar el material armamentístico que él vendió como consejero de estas empresas (Aplausos). No le hace falta ninguna
alerta temprana, usted me llama a la hora que sea y ya le alerto yo.


¿Ni una sola reflexión, señor Montoro, hoy en esta tribuna en relación con Trillo, en relación con Pujalte? ¿Ni una sola reflexión en relación con la exsenadora y exdiputada Ana Torme, que dice que crean



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una empresa, Sirga XXI, unos días antes de que el señor Pujalte comenzara a cobrar la iguala que le pasó el señor Trillo cuando se fue de embajador a Londres? ¿Ni una sola reflexión? ¡Claro que tenemos distinto concepto! ¿A usted le parece
que 9.000 euros o 5.000 euros al mes por tomar un café de una empresa que dice que un diputado bien informado vale más que un consultor es algo normal? ¿A usted le parece eso normal? ¿Ni una sola reflexión? ¿No le genera ninguna curiosidad saber
por qué esa empresa se ve en una trama de concesiones ilegales, diseñada por el Gobierno de su compañero de partido, el señor Herrera? ¿Ni una sola reflexión? Y usted además dice siempre: es que ahora yo actúo, y dirigiendo el ministerio y la
Agencia Tributaria se saben los temas. Pues le voy a preguntar y a ver si puede contestarme. Hemos conocido este informe de la Agencia Tributaria de Castilla y León, remitido a la Fiscalía Anticorrupción, señorías, porque el inspector autor del
mismo lo registró en un registro. Ese es un procedimiento claramente anormal, porque, ¿saben ustedes lo que hacen los inspectores? Se lo elevan al superior jerárquico. Pero es que la delegada de la Agencia Tributaria de Castilla y León —que por
cierto la nombró usted—, doña Georgina Lastra, anterior secretaria general de la Consejería de Hacienda, no recibía este informe. Hay indicios de que estaba parando este informe, y el inspector debió registrarlo, porque si no, no salía.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Y la pregunta que le hago yo, señor Montoro, es la siguiente: ¿se tomó usted algún café con Georgina Lastra para preguntarle qué estaba pasando con el informe que había hecho este inspector sobre la trama de las
empresas en Castilla y León? ¿Cogió usted el teléfono y preguntó a alguien, cuando se enteró de que el señor Trillo y el señor Pujalte eran uno de los grandes despachos, o pequeños, porque los constituyeron unos días antes de comenzar a cobrar?
¿Preguntó a alguien si efectivamente en estos grandes despachos estaban con las empresas que figuran de intermediarias de esta trama de pillaje y extorsión, donde, señor Montoro, hay un pelotazo de 110 millones…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, vaya concluyendo.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Acabo, señora presidenta.


… en la concesión de treinta y cinco parques eólicos en mi comunidad, con el Gobierno del presidente Herrera? ¿Pero sabe cuántos parques eólicos hay en Castilla y León? Hay doscientos veinte. Cuando acabe la investigación, ¿de qué cifra
estaremos hablando? Esos 110 millones de euros son 18.300 millones de las antiguas pesetas. Señor Montoro, me pregunta que qué quiero que haga usted. Quiero que actúe como Gobierno, quiero que lleve al Consejo de Ministros la modificación de la
Ley orgánica de la reforma electoral…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: … porque estamos hartos, señor Montoro. Estamos hartos los diputados, los políticos que no heredamos despachos, que no les vamos a dejar en herencia a nuestros hijos los despachos, que en esto también tienen
ustedes determinismo biológico.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, acabe ya.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Estamos hartos de que ustedes no sientan vergüenza. Decía ayer el último diputado descubierto en la incompatibilidad: No me avergüenzo de nada. ¿Sabe lo que le digo? Ustedes no se avergüenzan, pero nos llenan
de vergüenza a todos. Por tanto no vamos a permitir, y llevamos tiempo en esta legislatura… (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, lo siento mucho pero ha acabado su tiempo. Muchísimas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.


Señora Rodríguez, usted con su estilo vehemente me supera con creces en cualquier debate, ya estoy acostumbrado a lo largo de esta legislatura. Voy a bajar el tono para hacerle algunas consideraciones.



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¿Cuándo se está conociendo todo esto? ¿Con ustedes en el Gobierno? ¿Cuándo era usted secretaria de Estado? (Protestas de la señora Rodríguez Ramos). ¿O las instituciones están funcionando con rigor y con eficacia en este momento? Ya
veremos cuáles son las consecuencias de esas investigaciones, pero lo que ha hecho usted aquí también es otra descalificación. Usted descalifica a todo el mundo, a la delegada de la Agencia Tributaria en Castilla y León, en Valladolid, a quien yo
no conozco. ¿Cómo voy a conocer a una persona que es delegada de la Agencia Tributaria? Usted entiende las instituciones como susceptibles de manipulación. Esa es la diferencia, es que es así. (Rumores). Ya se lo dije ayer en el Senado. Por lo
visto es lo que debían ustedes tratar de hacer. Pero yo le garantizo y garantizo a todos los españoles que eso no ocurre, que no son manipulables ni esa institución ni la Intervención General del Estado ni tantas otras instituciones que están
permitiendo que en España realmente progresemos, también en evitar, en sentar los procedimientos para que no ocurra ninguna de las cosas que hoy estamos conociendo, que con razón alarman. Sin embargo debemos dejar que se completen las
investigaciones y no hacer un uso político y partidista del funcionamiento de las instituciones. Además, señora Rodríguez, cualquiera lo puede ver. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta etapa con un Gobierno del Partido Popular y qué ocurría con
los anteriores Gobiernos socialistas? ¿Qué ocurría? Ahora resultará que la corrupción es nueva en España, que nunca hubo un gobernador del Banco de España que tenía cuenta en Suiza. Es que es así, parece que es nuevo todo lo que ustedes están
trayendo. No es nuevo, es la condición humana, y eso se combate con leyes efectivas y con las instituciones persiguiendo esas conductas eficazmente, y eso es lo que está ocurriendo en este momento, mal que le pese; igual que en el pago de los
impuestos, como le decía antes a un compañero de bancada. Cuando yo salí del Ministerio de Hacienda las grandes empresas estaban pagando impuestos muy altos, cuando volví muchas de esas grandes empresas no pagaban impuestos. La crisis. Modifiquen
ustedes las normas tributarias para que esas grandes empresas paguen impuestos. Nosotros trajimos aquí esas modificaciones tributarias, y hoy están pagando impuestos en España, y eso hace que nuestro sistema tributario sea más equitativo, y que
tengamos una agencia tributaria con un alto grado de eficacia.


Ya no puede mantener lo que mantenía en febrero de 2013: hay instrucciones para que los inspectores no inspeccionen. Todo lo contrario, los inspectores de la Agencia Tributaria gozan de toda la libertad y colaboran en el auxilio de la
justicia desde su criterio y profesionalidad personal. Por eso no debe hacer esas críticas, sobre todo viniendo de quien vienen y habiendo sido miembro de un Gobierno donde no pasaba nada, y donde no se practicaba nada. Por eso hubo un relevo de
Gobierno en España; había una crisis que destruía cientos de miles de empresas, se destruyeron 3,5 millones de puestos de trabajo, pero eso no tenía nada que ver con lo demás. (Protestas). Nadie en el Gobierno de España desarrolló las primas a
las renovables, que después han dado lugar a las exageraciones cuando menos; eso no lo hizo nadie. Señorías, lo hicieron los Gobiernos socialistas, lo hicieron… (Denegaciones del señor Gordo Pérez). ¿O no es así? ¿No lo hicieron? (Protestas).
¿No lo hicieron? Pues nada. Nosotros hemos tenido que venir a corregir aquello para que hoy España esté recuperándose en términos económicos de todos esos agujeros tan serios, entre ellos el déficit tarifario (Protestas del señor Elorza González),
y podamos tener hoy un componente de evolución de la energía que ayuda a la competitividad y a la recuperación económica de España. Pero a ustedes estos debates no les interesan, están en otros, pero a mí sí me interesa el debate del funcionamiento
eficaz de las instituciones (Rumores), por eso, señora Rodríguez, señores del Grupo Socialista, pregúntense por qué hoy hay tanta eficacia en las instituciones y cuando ustedes gobernaban no había ninguna eficacia, y sí vivíamos un descrédito de la
política por la ineficacia de un Gobierno que asistía pasivamente al desarrollo del peor cáncer que pueda tener una sociedad y un país (Protestas por parte de la señora Rodríguez Ramos y del señor Gordo Pérez), que es la generación de paro, la
destrucción de puestos de trabajo, la destrucción sistemática de empresas, con una política equivocada como la que se estaba haciendo desde aquel banco azul, donde estaba usted como alto cargo de esa Administración trabajando para llevar a España al
desastre económico al que estábamos llegando. (Protestas por parte de la señora Rodríguez Ramos y del señor Elorza González).


Acabo. Insisto, señora Rodríguez, en que por descontado primero tenemos que dejar que las leyes que hemos aprobado muestren su eficacia, y tenemos que dejar libertad completa a las instituciones para que funcionen, así como tener la
confianza de los funcionarios que están en esas instituciones. (Protestas de la señora Rodríguez Ramos). Ellos, con su trabajo, con su esfuerzo, con su capacidad, son el garante último del Estado de derecho en España. Pero no adelante
acontecimientos y no haga política de la otra, de enfangar, de embarrar; vaya a los debates que también son fundamentales para los ciudadanos, y



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pregúntese, señora Rodríguez, por qué ahora estamos conociendo lo que no hemos conocido con usted en los Gobiernos de España. (Protestas de la señora Rodríguez Ramos y del señor Elorza González).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, (SEÑOR TARDÀ), SOBRE LOS ACTOS DE CONMEMORACIÓN DEL SETENTA ANIVERSARIO DE LA AUTOLIBERACIÓN DEL CAMPO DE EXTERMINIO DE MAUTHAUSEN, DONDE FUERON ASESINADOS MÁS DE SIETE MIL REPUBLICANOS DEL ESTADO ESPAÑOL, Y
OTROS CAMPOS, ASÍ COMO DEL FIN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. (Número de expediente 172/000306).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Mixto, en concreto del señor Tardà, sobre los actos de conmemoración del setenta aniversario de la autoliberación del campo de exterminio de
Mauthausen, donde fueron asesinados más de 7.000 republicanos del Estado español, y otros campos, así como del fin de la Segunda Guerra Mundial. Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, presento esta interpelación dirigida a usted y a su Gobierno a raíz de la conmemoración del 70.º aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazis y de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y una vez más
expongo en este Congreso unos hechos que deberían ser reconocidos por el Estado español —que usted representa— en forma jurídicamente válida y con el reconocimiento también jurídico de la participación de España en la persecución política que
llevaron a cabo los países del Eje, Eje al que se enfrentó la Alianza que dio lugar posteriormente al nacimiento de Naciones Unidas. Mauthausen fue el campo de los perseguidos políticos y no solo de los republicanos. Era además un campo
clasificado como de categoría III, es decir, de exterminio. Allí fueron asesinados y exterminados políticos de prácticamente todos los países europeos y de otros de fuera de Europa —en total más de cincuenta nacionalidades— y miles de republicanos
detenidos y recluidos como consecuencia de haber sido detenidos como miembros integrantes del Ejército francés a partir de junio de 1940, que fueron trasladados a campos de concentración donde se respetaba la Convención de Ginebra, pero que luego
fueron deportados con el asentimiento de Franco, que comunicó a las autoridades alemanas que, fuera de las fronteras, no había españoles. Miles de republicanos también fueron detenidos por la Gestapo y enviados directamente a los campos y también
está el caso del convoy ferroviario de los 927 civiles que se encontraban en el campo de Les Alliers, junto a la ciudad de Angulema. Repito, Franco no solo se desentendió, sino que pactó con Berlín la condición de apátridas, razón por la cual en
Mauthausen, como usted sabe, los republicanos no fueron identificados con el pañuelo rojo de los presos políticos sino con el pañuelo azul de los apátridas. (Muestra un pañuelo azul con la letra S.—Aplausos). Esta es la realidad consecuencia del
hecho de que las órdenes de deportación determinaban que los republicanos debían de ser desposeídos de su condición de prisioneros, en definitiva, una simbiosis de intereses entre el régimen franquista, interesado en que las autoridades alemanas le
entregaran a Companys, Peiró y a otros altos dirigentes republicanos, y las autoridades alemanas interesadas en disponer de mano de obra esclava.


Como sabe usted, señor ministro, los testimonios de lo que allí pasó fueron tomados por oficiales jurídicos del III Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos, entre los que hubo algunos que llegaron a dirigir posteriormente casos dirimidos
en Núremberg, razón por la cual los republicanos del Estado español fueron reconocidos como víctimas por el tribunal y las sentencias de Núremberg. Y que, tantos años después, yo mismo —y perdonen la petulancia— tenga que abrir esta interpelación
recordándolo significa que en este Estado, nacido en el año 1978, Estado democrático, se desconoce que estos hechos tienen valor jurídico y un enorme valor simbólico. Lo afirmo rotundamente. Un Gobierno como el suyo, integrado en la Europa
democrática, no puede desconocerlo y no puede limitarse a promover reconocimientos morales, como ocurrió ayer en la Comisión Constitucional, porque hablamos del gran atentado a la conciencia común de la humanidad que representaron el fascismo y el
nacionalsocialismo, porque nos referimos a la extrema y sistemática crueldad ejercida por ambos regímenes, cuyos crímenes fueron llevados a los estrados de Núremberg, y su enjuiciamiento —y esto es realmente lo importante— dio origen al actual
derecho penal internacional, especialmente al tipo penal de los crímenes contra la humanidad, luego el Estado español debe corregir, y debería ser una buena ocasión en este año 2015 en que se conmemora el 70.º aniversario de la liberación de los
campos de exterminio nazis y del fin de la



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Segunda Guerra Mundial, en definitiva, señorías, señor ministro, corregir para homologarse a otros Estados que han reconocido a las víctimas jurídicamente y, repito, no como la proposición no de ley que se aprobó ayer en la Comisión
Constitucional a propuesta del Partido Socialista, que se limita a reconocer un simple acto de homenaje y la concesión de unas condecoraciones. Esto es otro brindis al sol, otro acto estético desprovisto de contenido. No hay contenido real, pues,
sin reconocimiento jurídico y sin justicia, todo homenaje resulta hueco; sin reconocimiento jurídico, las víctimas no existen. Antes de cualquier homenaje, el Estado español ha de asumir su propia problemática y poner fin de una vez por todas a la
forzada invisibilidad que trata de imponer sobre los republicanos, víctimas del franquismo y del nacionalsocialismo.


Este año 2015, señor Wert, debería ser el momento en que se enterrasen todas las hipocresías y se enterrasen todas las maniobras de manipulación, cuando no de contrainteligencia, con las que se ha intentado evitar el reconocimiento jurídico
y el acceso a la justicia de las víctimas de los crímenes del franquismo. Hace diez años —repito, hace diez años— este mismo diputado, mediante una iniciativa de los republicanos catalanes, propició un debate en este Congreso, en el que se reclamó
que el Estado español dilucidara sus responsabilidades respecto a los deportados, y voy a leerle, señor Wert, lo que se aprobó, textualmente. Dice así: «El Congreso de los Diputados abordará las medidas para establecer un adecuado reconocimiento y
lograr la rehabilitación moral, jurídica y, en su caso, económica de las víctimas». Desde entonces nada se ha hecho en favor de las víctimas y mucho para entorpecer o impedir llevar ante los tribunales a miembros de las SS, asesinos de
republicanos, y le pongo un ejemplo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que sigue instrucciones del fiscal general del Estado, se ha opuesto, se opuso al avance de la única causa que ha existido en favor de los republicanos de los campos nazis
en el Estado español. Me refiero al caso SS Totenkopf en la Audiencia Nacional que se abrió en el año 2008. Esta obstaculización pasará a engrosar los anales de la ignominia del Estado, que sí, en cambio, tendría que protegerlos, tendría que
proteger a las pocas víctimas presentes y, sobre todo, a las víctimas ausentes, que es la gran diferencia que hay entre el Estado español y las otras democracias que finalmente sí hicieron todo ello.


Fíjese en lo que ha ocurrido hasta ahora. Felipe González, en el año 1995, se negó a asistir a los actos de liberación del campo de Mauthausen porque ondeaba la bandera republicana. Zapatero, en el año 2005 —hay que reconocerlo— fue, pero
esta visita —y me remito a todos aquellos que estaban presentes—, lejos de enmarcarse en el protocolo oficial del campo y en el acostumbrado por las víctimas, fue del todo improvisada y faltó al respeto a los supervivientes y familiares de las
víctimas al intentar imponer la actual bandera monárquica a quienes llevan año tras año recordando los valores por los que murieron sus compañeros republicanos, y hay que reconocer —porque, si no, faltaría a la verdad— que el Partido Socialista
pidió disculpas. Luego las meras formalidades —digo meras formalidades porque el ministro Margallo ha anunciado que asistiría a los actos que se van a celebrar los días 9, 10 y 11 del próximo mes de mayo— y el efecto escénico de las mismas corren
el riesgo de convertirse en un verdadero oprobio sin previamente haber pedido perdón como Estado y haber reconocido como víctimas del franquismo, y después del nacionalsocialismo, a los más de 10.000 ciudadanos del Estado español que pasaron por los
campos nazis. Estas meras formalidades han de ser la consecuencia del reconocimiento jurídico y no un acto aislado desprovisto de valor real, porque, de no ser así, estaríamos ante una gran frivolidad. Los miles de republicanos deportados
—Mauthausen, Gusen, Dachau, Ravensbrück, Buchenwald—, de los que la mayoría fueron exterminados por distintos métodos —extenuados mediante trabajos forzados, gaseados, ahorcados, fusilados, apaleados—, estos miles de republicanos no fueron víctimas
por azar, insisto, fueron víctimas por su condición de republicanos.


Transcurridos cuarenta años le planteo cinco cuestiones de forma rápida que ciertamente conformarán la moción que presentaremos a votación y sobre la que el resto de grupos tendrán que optar si votarla favorablemente o en contra, y si usted
puede contestarme ahora, mejor, entendiendo que todo ello es un tanto improvisado por parte de usted. Primero, la solicitud de perdón por parte del Estado. Y no nos vengan diciendo que no puede ser porque el Estado democrático español no puede
asumir responsabilidades porque nada tiene que ver con el Estado franquista. Desde el punto de vista del derecho internacional, este argumento es una aberración jurídica. La continuidad de los Estados es una cosa y sus regímenes son otra. ¿Acaso
la Alemania actual tiene algo que ver con la Alemania nacionalsocialista? ¿Acaso la Francia actual tiene algo que ver con la Francia de Vichy? En cambio, Alemania y Francia han pedido perdón. Pues bien, al jefe del Estado actual, Felipe VI, le
corresponde pedir perdón a las víctimas en nombre del Estado. Dos, reconocimiento jurídico de la condición de víctima de las personas que fueron



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internadas y asesinadas o que sobrevivieron y a sus familiares, y, como consecuencia del punto anterior, el desarrollo de todas las medidas necesarias para satisfacer las reparaciones morales y económicas a las víctimas.


Hay algo que a usted seguro que le interesa. No podemos permitirnos que las nuevas generaciones no sean conscientes de las grandes aportaciones de los republicanos que lucharon militarmente para ganar la Segunda Guerra Mundial y enterrar el
fascismo…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà, tiene que terminar.


El señor TARDÀ I COMA: … y tampoco pueden las nuevas generaciones desconocer el alcance de las responsabilidades de lo que significó la deportación de ciudadanos del Estado español gracias a la política del señor Serrano Suñer, que pactó,
como usted sabe, con el señor Himmler —si se le puede decir señor a este personaje— la condición de apátridas de los republicanos.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà, tiene que finalizar.


El señor TARDÀ I COMA: Así pues, señor ministro, espero su respuesta con mucho interés y que en los próximos días los grupos parlamentarios empecemos a reflexionar sobre ello y podamos votar favorablemente una moción el día 12 para con las
víctimas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.


Señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Tardà, no es normal que usted y yo estemos de acuerdo sobre muchas cosas cuando nos enfrentamos en este hemiciclo, pero
hoy lo estamos. Estamos de acuerdo en la abominación, en el horror, en la condena sin ningún género de paliativos y en la necesidad de restitución moral, simbólica, jurídica y política, de las víctimas de la barbarie nazi, y particularmente de
aquellas que más cerca de nosotros se encuentran, que son las víctimas españolas de los campos de exterminio. Estamos de acuerdo en que es precisa la restitución, y no solo la restitución material y jurídica, sino también la restitución emocional y
simbólica que supone —y enlazo con el último punto de su intervención— que las generaciones siguientes, a través del proceso educativo, tengan cabal conocimiento de este episodio de horror histórico que fue el nazismo y de cuáles fueron sus
consecuencias. En ese sentido, tengo que decirle que este Gobierno, como otros anteriores, ha tomado distintos tipos de iniciativas y desde este punto de vista no puede —en todo caso, en mi criterio, no es justo que se haga— hablarse de una quiebra
significativa, y ahí sí que hay una continuidad entre los Gobiernos.


El campo de Mauthausen y los distintos subcampos alrededor de él, particularmente el de Gusen, fueron conocidos a partir del primer convoy que en agosto de 1940 llegó allí, en el que iban españoles, como el campo de los españoles. En ese
campo se escribieron conmovedoras historias de heroísmo, de resistencia, de honor por parte de muchos republicanos españoles que, como su señoría ha recordado, en algunos casos fueron deportados por las autoridades de la llamada Francia libre, del
régimen de Vichy, y en otros o fueron detenidos como prisioneros de guerra porque estaban participando junto con el Ejército francés en la defensa de Francia, o directamente fueron hechos prisioneros por la Gestapo y conducidos a este campo, el cual
fue el primero que recibió la calificación de campo de tipo III, es decir, el de las condiciones más duras y que los jerarcas del régimen nazi consideraban irrecuperables. En ese campo, efectivamente, murieron muchos españoles.


Hay un marco normativo general, como sabe perfectamente su señoría, de aplicación a los deportados, establecido por la Ley de Memoria Histórica, particularmente las declaraciones de reparación y reconocimiento personal que figuran en el
artículo 4 —hasta ahora 1.655; durante el periodo de este Gobierno, 301—, y también, evidentemente, un reconocimiento de carácter general de la condición radicalmente injusta de todas las condenas y sanciones producidas por motivos políticos o
ideológicos durante la guerra y la dictadura. Estoy de acuerdo con usted, señor Tardà, en que es particularmente duro y particularmente digno de condena el hecho de que, además del sufrimiento material que padecieron los deportados españoles,
tuvieran que padecer esa especie de sufrimiento moral adicional que supone la pérdida de la identidad nacional cuando se los consideró apátridas. Ha mostrado usted el símbolo de la



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Amical de Mauthausen que reproduce efectivamente el distintivo que señalaba como apátridas a los españoles.


Tengo que decirle que desde el punto de vista de la reparación tanto jurídica como moral que se establece a partir de la ley, el Ministerio de Justicia tiene una labor importante, no solo en cuanto a propiciar esos reconocimientos e impulsar
las distintas actividades que, también relacionadas con los deportados, surgen de la ley a la que me acabo de referir, sino también en el mantenimiento de una base de datos de los deportados que contribuye a un mejor conocimiento de la situación.
El ministerio que me honro en dirigir tiene también un papel protagonista en este sentido. Estoy absolutamente persuadido de que su señoría está al corriente de que fue en el cuadro de investigaciones propiciadas y subvencionadas por el entonces
Ministerio de Cultura cuando justamente, en las semanas anteriores a que se conmemorara el 60.º aniversario de la liberación de Mauthausen, se descubrió la impostura de Enric Marco, entonces presidente de la Amical de Mauthausen, y fue el trabajo de
dos historiadores, Benito Bermejo y Sandra Checa, el que permitió no solo ese descubrimiento y lo que comporta de restablecimiento moral de las víctimas de ese campo, sino que han continuado trabajando con el apoyo del ministerio que dirijo —el
último contrato se firmó en diciembre del pasado año 2014— para actualizar esa base de datos de los deportados a los campos. Concretamente, con el contrato suscrito en el pasado mes de diciembre, la actualización de dichas bases de datos ha
permitido identificar a 120 nuevos deportados sobre los que no había noticias y más de 2.000 nuevos datos sobre los 8.707 españoles que eran ya conocidos. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).


También plantea su señoría una serie de peticiones o demandas —imagino que las concretará en la moción consecuencia de interpelación que se presentará próximamente en esta Cámara— para hacer más completo ese reconocimiento. Dependerá
obviamente del planteamiento concreto que tenga —ya que, como su señoría ha reconocido, es muy difícil dar una respuesta en nombre del Gobierno sin conocer los detalles—, pero sí que le diría que estamos de acuerdo con el espíritu. En la medida en
que los mecanismos de la ley permitan que se produzca ese triple reconocimiento de las víctimas —el reconocimiento jurídico, el reconocimiento moral y, en la medida que vaya aparejado, el reconocimiento económico—, va a tener con toda certeza el
apoyo del Gobierno y del Grupo Popular.


En lo que se refiere al conocimiento por parte de las generaciones del horror del nazismo, en los distintos currículos está específicamente incluido con carácter transversal el conocimiento del holocausto y de los fenómenos vinculados a él.
Sabe usted que este Gobierno —concretamente este ministro lo ha hecho— ha participado, en todos los años en que se ha hecho la celebración, en la conmemoración del holocausto que han organizado sucesivamente el Congreso de los Diputados y el Senado
y mantiene una actitud de permanente disposición y de permanente compromiso, en la parte que le toca, con lo que se corresponde más con los aspectos de restitución moral de las víctimas.


Uno de los primeros libros acerca de este periodo escritos por alemanes es La catástrofe alemana, de Friedrich Meinecke, al final de cuyas páginas hay una sentencia, una especie de juicio general sobre el nazismo, que a veces sorprende
porque parece que es una condena de muy poco alcance ante el horror que el régimen aquel significó. Dice Meinecke: Esto no era necesario. Pero, si se ve en su contexto, se advierte que la conciencia del mundo civilizado ante aquel horror tiene
que empezar por reconocer que un comportamiento tan contrario a los principios básicos del humanismo, tan contrario al derecho a la vida, tan contrario a la dignidad de las personas, tan cruel, tan desaforado, antes que cualquier otra cosa, no era
necesario. Yo espero, señor Tardà, que seamos capaces de encontrar un terreno de acuerdo en esta cuestión, porque también me parece que en cuestiones como esta el desacuerdo no es necesario.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Señor ministro, agradezco que tanto el tono que usted ha empleado como el mío hayan sido los utilizados en el día de hoy, porque estábamos acostumbrados a otro tono entre usted y yo, y esto es bueno siempre. Usted
habla de acuerdo. El único acuerdo que ha habido hasta ahora es el que se produjo ayer en la Comisión Constitucional a propuesta del Partido Socialista, cosa que me duele en el alma: dar una condecoración a los supervivientes, unos 15 en todo el
Estado español, con lo cual la prenda a pagar es ínfima. Toda la historia se resuelve con una condecoración y un homenaje a los 15 supervivientes. Creo que este no es el acuerdo. El acuerdo es hacer todo aquello que han hecho otras democracias,
otras democracias que tuvieron el infortunio que tuvimos nosotros de sufrir pasados



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fascistas o totalitarios. Todas las democracias, tarde o temprano, lo han metabolizado pensando en las generaciones venideras, fortaleciendo los valores democráticos. ¿Cómo se ha hecho? Siguiendo los parámetros internacionales: verdad,
reparación y justicia. Todo el mundo lo ha hecho igual. Solo hay una excepción, que es el caso español, luego ¿nos ponemos de acuerdo? Perfecto, pero, si no hay reconocimiento jurídico, no existen las víctimas. Creo que esto está consensuado
internacionalmente. Usted es tan viajado como yo o quizá mucho más.


El listado de dolor es infinito, porque todos los ciudadanos internados fueron liberados, menos los del Estado español, que siguieron viviendo en condiciones de apátridas, acogiéndose a otras nacionalidades. Fíjese, los componentes de la
Amical de Mauthausen —usted ha hecho referencia a ellos, algunos de ellos están aquí presentes— estuvieron viviendo en la clandestinidad en la asociación que los agrupaba. Fíjese qué vergüenza, cómo nos debería pesar. Los que retornaron hicieron
esta hermandad para reconocerse a sí mismos y desde el año 1962 hasta el año 1978 vivieron en la clandestinidad, los que retornaron, es decir, el dolor es inmenso. Luego si somos capaces de redimir este dolor y traspasarlo a las nuevas
generaciones, creo que nuestra democracia saldrá muy fortalecida. En cambio, si lo hacemos por la puerta falsa, tenemos un problema, porque no podremos metabolizar las violencias presentes y las violencias futuras que por desgracia acechan si no
somos capaces de metabolizar las violencias pasadas. Hoy día la academia lo ha demostrado, tenemos documentos del señor Serrano Suñer, que incluso sacó a dos ciudadanos catalanes de Mauthausen por su relación personal, intervino para sacarlos. La
Administración española era consciente de lo que estaba ocurriendo. Tenemos cantidad de postales enviadas por los internos de Mauthausen censuradas por el Gobierno español, es decir, todo el mundo conocía lo que estaba ocurriendo. Hoy estamos en
2015, tenemos todas las pruebas por activa y por pasiva. Luego le cojo la palabra —no sé si se la debo coger mucho o poco—, pero no puede ser que el Gobierno español, cuando se traslade a Mauthausen los días 9, 10 y 11 —estarán allí los máximos
dirigentes de muchos Estados democráticos, irán los pocos supervivientes, sus familiares, gente llegada de todo el mundo, lo mejor del antifascismo se concentrará en Mauthausen los próximos días—, no puede ir allí, sea de derechas o de izquierdas,
con las manos vacías. No se puede ir a Mauthausen diciendo: vamos a darles una medalla y les haremos un homenaje. Esto no puede ser, al margen de la ideología política de usted, de la mía, de la de los compañeros socialistas o de la de los
compañeros de otros grupos parlamentarios. Es una gran oportunidad. No se puede desaprovechar. De manera que haga usted lo que pueda, por favor, haga usted lo que pueda.


La moción se va a dilucidar veinticuatro horas después de que el ministro Margallo retorne —al parecer se ha comprometido a ir— de Mauthausen. Sería bueno que no tuviéramos que esperar a la moción y que el Gobierno anunciara que presentará
un proyecto de ley, porque —termino, señora presidenta— no olvide una cosa, algo de bachillerato, y es que los reconocimientos jurídicos solamente se pueden promover mediante una ley. Luego lo que debería hacer el Gobierno es comprometerse a
presentar un proyecto de ley para el reconocimiento jurídico de las víctimas, de donde colgarían las reparaciones morales y, en su caso, económicas, que fue lo que se aprobó aquí en el año 2005.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Tardà.


Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Tardà, en primer lugar, ignoraba la presencia de representantes de la Amical de Mauthausen, a quienes saludo con todo
afecto.


Tengo ante mí (Muestra una fotografía) —no sé si a esta distancia una foto se puede ver— unas de las fotos más significativas que existen de la liberación, creo recordar que el 5 de mayo de 1945, por parte de las fuerzas americanas del campo
de Mauthausen. En ese campo, una enorme pancarta decía: Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Probablemente por desconocimiento por parte de los internos de si iban a ser los rusos o los americanos quienes finalmente
liberaran el campo, está en inglés y en ruso. Como he dicho antes, en este campo de los españoles se han escrito enormes historias de heroísmo que es importante que las generaciones conozcan, como el de la famosa escalera de Mauthausen, con sus
ciento ochenta y seis peldaños, que tenían que subir los deportados cargados con pesadas piedras a sus espaldas y, al final de ella, los españoles decían: una victoria más. Era, probablemente, el grupo que mantenía una mayor confianza, una mayor
fe en la victoria final sobre el



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nazismo, la victoria final de los aliados. Al conocimiento de ello tengo que decir que el Ministerio de Cultura, con el patrocinio de la investigación de Benito Bermejo y de Sandra Checa, ha contribuido significativamente con la publicación
en 2006, tanto en versión electrónica como en papel, del libro memorial Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945), que se distribuyó a todos los ayuntamientos españoles con un determinado número de población, así como todas aquellas
iniciativas posteriores de actualización a las que me he referido, que en el campo del ministerio que presido son, evidentemente, las más importantes junto con las de tipo educativo. Pero, por lo que se refiere a la petición que hace el señor Tardà
respecto al reconocimiento jurídico, en la medida en que ese reconocimiento jurídico no venga ya determinado por la aplicación de la ley del año 2007, estoy seguro, y así me consta por las conversaciones con los distintos responsables y también con
el Grupo Popular, que encontrarán el eco que tengan que encontrar si son necesarios para llevar a su compleción ese reconocimiento. Creo que la presencia del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en las conmemoraciones de los días 9, 10 y 11
de mayo simboliza y marca claramente la naturaleza del compromiso que tiene este Gobierno con ese obligado reconocimiento y esa obligada rememoración de un episodio realmente tan tremendo, tan abominable de la historia. Al mismo tiempo, tengo que
decir que a lo largo de los últimos prácticamente cuarenta años han sido muchos y progresivos los elementos de reconocimiento que Gobiernos de distinto signo político han ido incorporando al ordenamiento jurídico.


Es cierto, tengo que reconocerlo con usted, que cada vez van quedando menos víctimas directas y por ello, quizá, los reconocimientos sucesivos llegan más tarde, pero no le quepa duda, ni a quienes participan en movimientos de apoyo y
solidaridad con estas víctimas, que la voluntad del Gobierno —como estoy seguro que de la práctica totalidad de los grupos de esta Cámara— es que ese reconocimiento sea lo más completo, efectivo y próximo en el tiempo.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor ministro.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA INTERPRETACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN QUE DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO. (Número de expediente
172/000307).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Pasamos a la tercera interpelación. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre la interpretación, desarrollo y aplicación que de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa está haciendo el Gobierno. Para su defensa, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidenta, señorías, señor ministro, ya me parecía a mí que había transcurrido demasiado tiempo sin que usted le prendiera fuego a la santabárbara.


Después de un breve y esperado mutis por el foro en la, llamémosla, tragicomedia que ha representado durante estos más de tres inacabables años al frente del Ministerio de Educación, al final, todo ha quedado en un medio mutis. Es obvio,
conociéndole, que no se podía privar de cerrar el telón, que no podía permitir que concluyera el espectáculo sin incendiar el depósito de pólvora para mandar a pique el navío del consenso y, con él, el navío de la educación. Lo ha hecho hace
escasamente una semana en la presentación del borrador del proyecto de real decreto por el que se establecen las características generales de las pruebas de evaluación final de educación primaria y se regulan las evaluaciones finales de educación
secundaria obligatoria y de bachillerato. Ha representado una gran escena en el marco de la Conferencia general de educación celebrada el 22 de abril y, en mi opinión —seguro que me lo discutirá, señor ministro—, escribiendo otra negra página en el
cuaderno de bitácora de la ilegítima e inconstitucional travesía de invasión competencial trazada en materia educativa, al igual que en otros ámbitos, por su Gobierno y por su ministerio. Señor ministro, pirateando una vez más las previsiones
contenidas en el Estatuto de Gernika, usted y el Gobierno español se han atribuido con carácter exclusivo y excluyente la fijación de los contenidos de las materias que los y las profesionales de la educación deben impartir, cuando se trata de una
cuestión que requiere sine qua non la participación de mi Gobierno, de nuestros Gobiernos, de los Gobiernos autonómicos y, por supuesto, también de los centros educativos. Un requisito sine qua no, señor ministro.


Le voy a formular unas preguntas. Contésteme, por favor. ¿Cree usted que cuenta con patente de corso para imponer un proyecto de real decreto que regula las pruebas de evaluación externa del alumnado



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al final de la ESO y del bachillerato, de manera que la Comunidad Autónoma de Euskadi en nuestro caso —otras también— quede relegada a mera ejecutora de los criterios que fije el Gobierno español? ¿Cree sinceramente que cuenta con patente
de corso para usurpar y negar las competencias en materia educativa recogidas en el Estatuto de Gernika? Le rogaría que me contestara también qué cree que le legitima para saquear nuestro tesoro, el tesoro del patrimonio educativo vasco, que con
esfuerzo y consenso hemos construido a lo largo de los últimos treinta años nosotros y otras comunidades autónomas del resto del Estado y otras nacionalidades.


Señor ministro, por no tener en cuenta no han tenido en cuenta ni tan siquiera el reducido desarrollo curricular que grácilmente nos han concedido, haciendo dejación de su mayoría absoluta, para su desarrollo mediante regulación propia. Me
parece que es un planteamiento absolutamente jacobino. Me gustaría que me explicara lo siguiente. Si la única referencia de las competencias, de los estándares de aprendizaje evaluables y de los criterios de evaluación del logro de los objetivos
de las diferentes etapas es la fijada en los anexos uno y dos de los respectivos reales decretos ¿en qué lugar quedan los contenidos establecidos o complementados por las administraciones de las comunidades autónomas? ¿Y en qué lugar quedan los
complementados por los centros escolares? Se lo diré yo, señor ministro: quedan hundidos, sumergidos en el fondo del mar de cenizas en el que esta, en mi opinión, pacata reforma ha convertido a la educación en España. Su planteamiento de la
educación y de la evaluación está en las antípodas del planteamiento educativo pedagógico vasco y yo creo que del de la mayor parte de las administraciones autonómicas, de la práctica totalidad de la comunidad educativa y de la mayoría social; esta
mañana ha tenido ocasión de contestar a una pregunta formulada por el portavoz socialista. Además, sinceramente, consideramos que aleja la nave a todo trapo de lo que debe constituir el núcleo del sistema: el centro escolar, el aula. Lo aleja
incomprensiblemente de la autonomía de los centros y del profesorado, que es la primera referencia que el alumno o la alumna tiene del sistema. Al hilo de esta cuestión me surge otra pregunta. Me gustaría que me dijera en qué lugar van a quedar
las líneas estratégicas de innovación y desarrollo establecidas en el marco europeo para el año 2020 con respecto a la educación, la formación y los retos educativos propios del contexto y del entorno de cada comunidad autónoma.


Creo que es preciso un importantísimo cambio de paradigma. Es preciso virar y enfilar la proa de esa nave que usted dirige hacia un planteamiento de una educación basada en las competencias. Como supongo que sabe bien, lo que caracteriza
el enfoque de la pedagogía por competencias es transferir, articular y combinar todos esos aprendizajes adquiridos en la solución de situaciones funcionales complejas. El perfil general de salida definido para el alumnado, la finalidad de la
educación básica se logra mediante la adquisición de competencias básicas. Entiendo que conoce que, entre las competencias básicas, unas se definen como transversales o genéricas —necesarias, en definitiva, para resolver problemas o enfrentarse a
diferentes situaciones de la vida— y otras como específicas, propias de una o varias salidas disciplinares. Me gustaría también que me contestara cómo pretende evaluar las competencias transversales a través de su prueba final. Me gustaría que me
lo contara. ¿Cómo pretende evaluar, por ejemplo, el lenguaje oral o las capacidades dialécticas de los alumnos? En mi opinión, de ninguna manera, salvo que usted sea capaz de convencerme de lo contrario.


Analizando los anexos uno y dos de ese borrador de real decreto llama poderosamente la atención que, a estas alturas de este melodrama en el que se ha convertido todo el despliegue del proyecto de ley de la Lomce, hayan diseñado unas pruebas
con un máximo de 350 preguntas tipo test, de opción múltiple, con cuatro alternativas y respuestas semiconstruidas, que solo permiten hacer una evaluación conceptual de lo aprendido y que, tal y como habíamos pronosticado, pretenden reorientar la
enseñanza al aprendizaje enciclopédico. Señor ministro, esto no es lo que debe ser la educación del siglo XXI. Lamento tener que decirle que las evaluaciones finales reguladas como consecuencia de la Lomce y de estos proyectos de real decreto no
están pensadas en beneficio del alumnado, no lo están. Es el alumnado el que va a resultar perjudicado, muy especialmente el nuestro, el alumnado vasco, porque, como usted bien sabe, tiene unas ratios de rendimiento superiores a las de la media del
Estado. No es preciso decir que las evaluaciones deberían ayudar al alumnado durante el proceso de adquisición de competencias, cosa que no ocurre con el modelo clásico de pruebas subjetivas contenido en su borrador de proyecto de real decreto. En
conclusión, lo que queda claro es que su metodología de examen, llámese reválida o pruebas de evaluación, choca, colisiona frontalmente con el objetivo, con el diseño de una prueba que posibilite medir el nivel competencial del alumnado. Y no me
diga que el nivel de competencia se establecería por la media obtenida por el alumnado en los ejercicios de las materias relacionadas con cada competencia, porque esto es una anacronía, esto es más antiguo que las maracas de Machín.



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Señor ministro, nuestro modelo, el modelo del Grupo Vasco y de mi Gobierno, es otro. Partimos de una doble premisa: la evaluación es un instrumento para medir todas las competencias, y cuando digo todas son todas, y además,
inexorablemente, debe estar estrechamente unido a la mejora, debe tener un carácter formativo vinculado al desarrollo de competencias; competencias que, por otro lado, deben ser evaluadas en contextos reales, en situaciones que cotidianamente se le
ofrecen y se le presentan al alumnado. La prioridad no debiera ser, por tanto, uniformizar y centralizar para controlar la enseñanza, que creo que es la suya, sino acercar esas competencias al centro educativo y al aula y contribuir así a la mejora
de la enseñanza a través de las evaluaciones; es bueno medir, eso ha quedado claro y nosotros lo compartimos. Sinceramente, creo que les ha perdido su vanidad, les ha perdido ese afán de control, de tenerlo todo sujeto por una brida y que no se
escape nada, por eso han optado por un planteamiento unilateral, contrario a cualquier lógica pedagógica, en esa obsesión de acaparar la definición de los contenidos. Supongo además, ministro, que usted conocerá mejor que yo porque está en el día a
día, que hasta PISA, su teórico gran referente, está planteando nuevas propuestas de cara a 2018. Como ejemplo, citaré la voluntad de PISA de evaluar competencias globales o, lo que es lo mismo, las que nosotros llamamos transversales, tales como
el emprendimiento, la curiosidad, analizar incluso el estado de ánimo y de empatía que tiene el alumno con su entorno educativo. Hay una serie de cuestiones que son muy interesantes y en las que está trabajando, como le decía, PISA. Tengo que
realizar una mención a la formación profesional básica, ministro, y le vuelvo a preguntar: ¿es realmente consciente de que con la regulación actual puede dejar desamparados y desamparadas a miles de alumnos y alumnas a los que no se les ofrece
ayuda alguna para la obtención del graduado en secundaria? Eso ocurre, eso puede ocurrir. Otro paso atrás en algo que al menos en Euskadi estaba resuelto. En fin, un panorama absolutamente desolador.


Voy acabando, señor ministro. Sin ningún género de dudas podemos concluir que este real decreto supone una negación de las competencias reconocidas y pactadas con Euskadi. Debe quedar meridianamente claro que, a diferencia de ustedes y del
Gobierno, nosotros no queremos usurpar las competencias que en materia de ordenación de la educación le son reconocidas al Estado, por supuesto que no, pero sí exigimos participación, señor ministro; una participación que nos ha sido negada a lo
largo de todo el proceso de gestación y tramitación de la Lomce y su normativa de desarrollo; una participación que es ni más ni menos que la que dimana del bloque de constitucional, ni más ni menos que la que nos corresponde. Nos reconocerá
además —debo decirlo— que hemos desarrollado un trabajo serio, que hemos sido críticos pero constructivos, que hemos formulado propuestas de contenido técnico basadas en análisis rigurosos del modelo y le hemos tratado de demostrar que su propuesta
constituye un obstáculo insalvable para acercar la educación en competencias al centro, al aula, para seguir mejorando. Ha sido inútil. Por eso, señor ministro, hemos estado y estamos en contra de la Lomce y en contra de este borrador de reales
decretos de desarrollo, en general de todos y de este concretamente también, realizados —como le decía— unilateralmente, sin la participación real de las administraciones competentes y del sector, sin tejer consenso alguno con nada ni con nadie. Y
no vamos a permitir ni lo uno ni lo otro; ni la invasión competencial ni la destrucción del sistema educativo.


Ministro, creo que tiene una nueva oportunidad. Nosotros siempre nos hemos ofrecido a colaborar. Esperamos que no prosiga adelante con este dislate, que tome el timón y cambie el rumbo, que aproveche esta última oportunidad para mitigar el
mal causado. En cualquier caso, si no es usted, señor ministro, si no es su Gobierno quien se mueva, serán las elecciones generales las que cambien el escenario parlamentario que nos permita poner freno a esta ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Sánchez.


A continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señora presidenta.


Señora diputada, es evidente que su señoría está muy motivada náuticamente. No sé si está sacándose el título de patrón de yate o simplemente la inspiración hoy le viene con referencias náuticas pero como utilice los mismos instrumentos de
ayuda a la navegación que le han servido para preparar la interpelación, yo le aseguro que encalla, porque casi nada de lo que ha dicho —probablemente algo sí— tiene nada que ver con el borrador de real decreto que se refiere a las evaluaciones. En
concreto, señoría, se ha referido



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usted a una serie de aspectos que no es que pueda opinarse que se producen en el sentido al que se ha referido su señoría, es que dicen todo lo contrario. Yo he leído con mucha atención y he participado en la redacción de estos decretos
que, como puede usted imaginar, tienen un elevado contenido técnico, como tendrán también un elevado contenido técnico las normas ulteriores de desarrollo y aplicación que, naturalmente, no son ni mucho menos obra de una sola persona, ya que han
participado múltiples profesores, maestros, pedagogos y especialistas. En el contenido normativo de lo que es el borrador de decreto, hay aspectos que dicen literalmente lo mismo que ha dicho su señoría. Por ejemplo, en el tema que tiene que ver
con la evaluación por competencias, le voy a leer lo que dice, porque probablemente no ha llegado ahí en la lectura o en algún momento se le extravió una hoja o algo por el estilo. Evaluación final de educación primaria, que por cierto es una
evaluación que básicamente está residenciada competencialmente en las comunidades autónomas. Objeto: comprobar el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en
ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. Objetivos: diagnosticar las dificultades de aprendizaje, orientar e informar a los alumnos sobre el progreso del proceso enseñanza-aprendizaje y facilitar la transición entre
etapas, en este caso primaria y ESO.


Evaluación final de educación secundaria obligatoria. Objeto: comprobar el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias en todas las materias troncales generales, salvo las excepciones que hay respecto a
las troncales de opción; en dos materia troncales de opción de 4.º; en una materia específica que no puede ser ni educación física ni religión ni valores éticos, y en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, en la materia lengua cooficial y
literatura. Competencias evaluadas, competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencias básicas en ciencia y tecnología, competencias sociales y cívicas, competencia de sentido e iniciativa y espíritu emprendedor y
competencia de conciencia y expresiones culturales. Es decir, las competencias clave para el aprendizaje permanente que se especifican en los objetivos de Europa 2020 y que constituyen la doctrina de adquisición de competencias de la Unión Europea.


Luego dice su señoría que cómo es posible que con la estructura, con el formato de pruebas que se propone, se pueda medir. Señora Robles, léaselo entero. ESO y bachillerato. El primer bloque de pruebas, evaluará las competencias y
estándares de aprendizaje evaluables asociados a las cuatro materias troncales generales y constará de un máximo de 200 preguntas en formato elección múltiple con cuatro alternativas y respuestas semiconstruidas. (La señora Sánchez Robles hace
gestos negativos). Déjeme acabar. Hay que leerse los párrafos completos; es muy importante, porque se aprende. Además, se incluirán pruebas de expresión escrita de respuesta abierta como ensayo, comentario literario, periodístico, histórico, de
actividad científica, y, atención, pruebas orales como oratoria, defensa oral de un tema, plantear un posicionamiento crítico y debate. Es decir, justamente lo que usted dice que no está contemplado.


Pasemos al tema competencial, que es muy importante. Reconozco y he reconocido desde el principio en que se empezó a debatir en esta Cámara esta ley que hemos hecho un planteamiento, una interpretación distinta, a la que hasta ahora había
prevalecido, que era una interpretación que partía de una forma a nuestro juicio equivocada, caprichosa en todo caso. En los contenidos entre competencia de la Administración central y competencia de la Administración autonómica creo que hemos ido
a un esquema mucho más claro y que en el campo de las evaluaciones tiene un desarrollo lógico clarísimo. Punto número uno ¿por qué las evaluaciones tienen que responder en una cierta medida a un patrón homogéneo? Porque se trata justamente de que
tengamos elementos comparables, elementos que se puedan aplicar a todo el sistema educativo, de lo que da de sí una prueba externa, una prueba estandarizada y una prueba que desde ese punto de vista contiene esos elementos de homogeneidad. ¿Cuál es
el anclaje que permite radicar los distintos niveles de competencia en la Administración General del Estado y en las administraciones educativas, es decir, en las comunidades autónomas? Hay dos elementos que permiten anclarlos en la Administración
General del Estado; uno, la competencia exclusiva de ordenación general del sistema educativo, la que se deriva no solo de la regla 30.ª del 149.1 sino directamente del artículo 27 de la Constitución, y otro muy claro, que es el monopolio que como
competencia exclusiva tiene el Estado para la expedición y otorgamiento de títulos. Por tanto, cuando una evaluación de final de etapa —la evaluación de final de primaria— no va vinculada a la obtención de un título sino que simplemente —no quiere
decir solamente, porque es un objetivo muy importante— se trata de detectar dificultades del aprendizaje, lógicamente la competencia del Estado es una competencia muy limitada: el establecimiento de las características generales de la prueba.
Tengo que decirle que las comunidades autónomas, entre ellas aquella que ha enviado a su señoría a esta Cámara,



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han colaborado muy positivamente en el diseño de las pruebas de evaluación de tercero de primaria, que son las únicas que se van a aplicar este año. Creo que se ha conseguido un trabajo, con la colaboración —cuando han querido prestarla— de
las comunidades autónomas, de alta calidad. Cuando pasamos a evaluaciones de final de etapa que se vinculan a la obtención de títulos oficiales, la competencia del Estado es no solo en el caso de primaria la definición de las características
generales sino que se incluyen también los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, pero eso no quiere decir que no se reserve un papel a las administraciones educativas; ni siquiera quiere decir que ese papel quede
limitado a la administración de las pruebas. Ayer, en el Senado, su compañera, la senadora Martínez, me interpelaba en relación con el decreto sobre esta cuestión y realmente no pude —tengo que reiterarlo ahora ante su señoría— si no manifestar la
perplejidad de que se nos echara en cara que no habíamos incluido en el decreto aquellos aspectos que son competencia de las comunidades autónomas. Claro que no, porque esa legislación de desarrollo, ese desarrollo reglamentario de la parte que
corresponde a las comunidades autónomas, lo tienen que realizar las citadas comunidades autónomas.


Me dice que no ha habido diálogo. Señora Robles, ¿cómo va a haber diálogo si se lleva a la conferencia sectorial el borrador de decreto y antes de que se empiece a discutir hay cinco comunidades que dicen que no quieren discutirlo?
Evidentemente, la falta de diálogo no será de quienes se han quedado sentados en la mesa sino de quienes se han levantado. Creo que las evaluaciones, un tema completamente central en el esquema de la ley, un tema de radical importancia para la
mejora de nuestro sistema educativo, es deseable que sea un tema pacífico políticamente y no vamos a regatear ningún esfuerzo en que lo sea, pero lo que no podemos hacer es el cien por cien del esfuerzo, sobre todo si ese cien por cien del esfuerzo,
como pidieron esas comunidades en la conferencia sectorial, consiste en retirarlo. ¿Pero cómo vamos a retirar una cosa que no existe? ¿Cómo vamos a retirar algo en el momento en el que estamos empezando a debatir sobre ello? Como le explicaba
ayer a su compañera, ese borrador de decreto todavía tiene que pasar por muchos filtros; tiene que pasar por filtros internos del Gobierno, pero tiene que pasar también por el Consejo Escolar del Estado y por el Consejo de Estado. En definitiva,
hay un tiempo amplio, entre otras cosas porque estas evaluaciones no van a empezar a aplicarse hasta el curso 2016-2017 y no van a empezar a tener efectos académicos —porque antes hay que hacer mucha calibración— hasta el curso 2017-2018. Se ha
hecho un trabajo de base sobre las características de las pruebas, sobre la filosofía y sobre la forma de incorporarles el enfoque competencial que me parece de una alta calidad técnica y, con la mejor de las voluntades, les invito a todos ustedes
—a su grupo por supuesto, pero también a los demás grupos de la Cámara— a seguir colaborando positivamente para aportar elementos que puedan mejorar ese desarrollo. Lo que no es posible plantear es que ante el desarrollo normativo, en este caso de
las evaluaciones, se establezca como condición para entablar el diálogo que se retire el decreto, porque eso no es diálogo, es una imposición o es, en todo caso, el deseo de boicotear un elemento, como digo, esencial en el desarrollo de la ley. De
forma que, reitero la invitación al diálogo sobre esta cuestión y sobre cualquier otra de naturaleza educativa. Sabe perfectamente que el ministerio siempre ha estado abierto a hablar no solo con la Administración educativa, con la Consejería de
Educación del País Vasco, sino también con su grupo parlamentario. Insisto, le reitero esa invitación y espero que la acepte.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor ministro.


Tiene la palabra la señora Sánchez Robles.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor ministro, a mí me inspiran el Golfo de Vizcaya y la Ría del Nervión o del Ibaizábal, debiera usted saberlo, y de ahí mi vínculo con la mar, no con el mar. En cualquier caso, es difícil que nosotros
encallemos en nuestro discurso. ¿Sabe por qué? Porque es el discurso de mi Gobierno, es el discurso de unos Gobiernos que han liderado un modelo de éxito como el de Euskadi. O sea que está francamente equivocado. No le quiero volver a decir
aquello de la señorita de inglés, pero creo que las lecturas que hacemos son diferentes. En cualquier caso, dice que lo que yo he dicho reproduce literalmente lo que aparece en el borrador de real decreto que usted ha planteado. No es verdad,
señor ministro, no es verdad. Su borrador es un borrador poco transparente, que reserva demasiadas cosas a futuros desarrollos, un borrador de dos hojitas con dos anexos. No le he dicho que no vaya a evaluar, le he preguntado cómo piensa evaluar.
No manipule, no tergiverse. He dicho: ¿Cómo piensa usted evaluar la capacidad dialéctica, la expresión oral? No me puede decir que haciendo un test, ¿no? Digo yo que no, ¿no? Hay que ser un poco serios en esta cuestión. Comprendo que usted



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tenga mucha más información y mucha más formación, pero es muy feo abusar y usted cotidianamente… (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega: ¿Yo?). Sí, dialécticamente se crece y trata de abusar desde el conocimiento
que le dan todos los servicios técnicos que tiene a su disposición en su departamento. Pero, perdone, no se crea que es usted intelectualmente superior ni a mí ni a ninguno de los diputados y diputadas que se sientan en esta Cámara, porque en
muchos casos se pueden apreciar matices de falsa inteligencia y eso no es bueno para llegar al acuerdo y al consenso. Es mejor evitar colisionar que confrontar, que es lo que he visto precisamente cada vez que he querido hacer una iniciativa en
materia de educación. Usted conoce la pelota vasca, vamos a ir a Euskadi otra vez. Cada vez que nosotros le lanzamos una propuesta, la propuesta rebota en el frontis, bien hagamos dejado al ancho o tiremos detrás de la cancha. Y eso no puede ser,
señor ministro, no es una bonita forma de hacer política y además creo que es un mal ejemplo, desde el punto de vista educativo, de ejercer la gobernanza. Le ha traicionado el subconsciente. Sí, sí. No le he citado el tema de los títulos, pero es
obvio que ese es el enganche que usted tiene para privar a las comunidades autónomas de sus capacidades y sus competencias en el ejercicio de sus potestades en materia educativa. Esta clarísimo, ha querido hacerlo todo usted, controlar
absolutamente todo y dejarnos las migajas. Ese es el patrón. Es verdad que tiene que haber un desarrollo lógico y un patrón homogéneo, pero para usted solo es lógico y homogéneo el suyo, el que usted ha construido sobre la base de la mayoría del
Grupo Popular —¡es así!—, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo y cerrando la puerta al diálogo. Evidentemente, como decía el señor Barberà, se ha colaborado en el diseño de las evaluaciones de primaria, de las evaluaciones de diagnóstico, pero
es que nosotros ya las hacíamos, fíjese si las teníamos diseñadas. Se hacían tanto en Cataluña como en Euskadi y por eso ha sido relativamente fácil y les hemos ayudado. ¡Cómo no les vamos a ayudar si teníamos el trabajo hecho!


En referencia a la salida de las cinco comunidades autónomas de la conferencia el otro día, señor ministro, no se puede mandar un borrador cinco días antes y pretender cerrar la cuestión y darle carpetazo en la conferencia aprovechando que
usted cuenta con la mayoría absoluta de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Eso es lo que a mí se me ha trasladado. Yo no estuve allí con el candil, señor ministro —suele ser conveniente estar presente—, pero es lo que se
me ha trasladado. Eso no puede ser. Además, les creo. ¿Sabe por qué les creo? Porque ha sido la dinámica general que usted, su Gobierno y el Grupo Popular han mantenido a lo largo de la tramitación de todo este proyecto de ley. Esto es así,
señor ministro. Manos que no dais —que decía mi amama—, ¿qué esperáis? ¡Si usted ha tenido siempre la puerta cerrada! En todo este proceso, he estado una vez con usted —si es mentira, me lo niega—, cuando se inició el procedimiento de tramitación,
en una ronda que convocó y a la que llamó a todos los grupos políticos. A partir de ahí ni una llamada, no suya, que usted es el señor ministro, pero ni de su secretaría de Estado ni de ninguno de sus colaboradores. Dígame dónde ha estado abierta
la puerta porque yo no la he encontrado. Cada vez que he venido con una propuesta a este estrado le he ofrecido la colaboración del Grupo Vasco —todas y cada una de las veces que hemos defendido una moción, una PNL o hemos intervenido en las de
otros grupos parlamentarios— y usted ha hecho un mutis por el foro hasta que le ha interesado aparecer otra vez en escena con el medio mutis y con estos reales decretos, que poco contribuyen a que este proceso acabe como debe acabar.


Señor ministro, vuelvo a repetir que el trabajo de este grupo ha sido serio y riguroso, basado en el trabajo técnico de gente muy competente a la que usted ha cuestionado, porque si yo con mi discurso encallo, será porque los que me han
asesorado lo han hecho mal. Se equivoca, señor ministro. Tiene que empezar a utilizar la escucha activa. ¡Que usted no escucha! Viene siempre a hablar de su libro y se marcha, y eso no puede ser. Le vuelvo a reiterar nuestro ofrecimiento, le
vuelvo a repetir que estamos muy dispuestos a trabajar seriamente, como lo hemos hecho hasta ahora, evitando cualquier tipo de demagogia, pero, claro, desde una situación de bilateralidad y con fair play, no desde la imposición y desde un estilo de
gobernanza que a mí personalmente no me convence; de hecho, no es que no me convenza a mí, es que no ha convencido ni al resto de los grupos parlamentarios que conformamos la oposición ni a la comunidad educativa ni a la sociedad civil en general,
con lo cual, señor ministro, tiene un problema: no ha convencido.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Sánchez, tiene que terminar.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Además, si su proyecto es tan bueno, tiene un problema de márquetin político, obviamente, porque debería haberlo hecho llegar y haber convencido y no lo ha hecho.



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No me voy a extender más, porque me llaman la atención. Espero que mi vehemencia no le haya parecido mal.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Sánchez.


Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora Sánchez Robles, su vehemencia no me parece ni mal ni bien; cada uno tenemos nuestro estilo y el suyo es vehemente. Lo que sí me ha parecido mal —se lo digo con toda
franqueza— es que me haya achacado, no sé sobre qué base, el planteamiento de mis posiciones desde una supuesta superioridad intelectual. No creo que haya habido nada en mis palabras que haya evocado semejante arrogancia. No me voy a poner como el
presidente Obama en la cena de los corresponsales, pero le aseguro que en absoluto pienso que mis criterios, por ser míos, sean mejores que los de nadie. Lo que sí me gusta es que se debata sobre cosas concretas, sobre la realidad, en este caso,
del borrador de decreto y no sobre lo que se dice o alguien dice que se sostiene en ese borrador de decreto.


Eso también es aplicable a lo que ha manifestado en torno a la voluntad de diálogo. La conferencia sectorial se reúne para conocer este borrador de decreto después de celebrarse una sesión de la conferencia general. No es que se dé un
texto con cinco días de antelación, un texto cerrado, sin que sea posible aportar modificaciones o sugerencias de ningún género. Nunca ha sido ese nuestro estilo. Se ha llevado a la conferencia sectorial cualquier proyecto normativo, normalmente
un decreto, y lo que ha sucedido muchas veces ha sido que alguna o varias comunidades autónomas han manifestado que les gustaría disponer de un plazo más amplio y se ha generado un grupo de trabajo. Exactamente igual podría haberse hecho en esta
ocasión, pero es muy difícil si cinco comunidades van con un papel escrito diciendo: Ustedes lo que tienen que hacer es retirar el decreto. Comprenderá que sobre esas bases es extraordinariamente difícil intentar llegar a un acuerdo.


Yo le reconozco —¡cómo no voy a hacerlo!— que el sistema educativo en la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene muchos elementos positivos y algunos aspectos de rendimiento —uno en particular, la reducción del abandono educativo temprano—
que comparan muy favorablemente con los de otras comunidades que se encuentran en una situación menos ventajosa. En lo que no estoy de acuerdo es en que no sea susceptible de mejorar con la aplicación de una ley, cuya puesta en operación, en el
caso de las comunidades que tienen un rendimiento educativo mejor, se apalanca ya sobre sus propias fortalezas, es decir, viene a reforzarlas, no a contradecirlas. Esto se aplica a la arquitectura del sistema educativo, pero también a los otros
elementos que le dan sentido y que acaban de cerrar la ordenación del sistema, entre ellos el de las evaluaciones. Insisto, no se trata en modo alguno de invadir el espacio competencial de las comunidades autónomas. Simplemente se ha hecho una
reordenación de los principios competenciales. Además tengo que decirle que en el caso de las evaluaciones tiene un apoyo manifiesto en la doctrina constitucional, porque hubo recursos ante el Tribunal Constitucional por las evaluaciones que
contemplaba —aunque no llegó a entrar en vigor, porque su calendario de aplicación fue suspendido por el Gobierno socialista en el año 2004— la Ley Orgánica de la Calidad Educativa, precisamente en cuanto a la capacidad del Estado de determinarlas,
y hay dos sentencias del año 2012 que establecen con claridad que la competencia para establecer ese tipo de evaluaciones de alcance nacional está perfectamente fundada. No ha sido un acto fallido ni me ha traicionado el subconsciente; ha sido
plenamente consciente la mención de la competencia exclusiva del Estado para otorgar, emitir y expedir los títulos, porque ese es el anclaje que tiene la competencia en las evaluaciones. Así que de acto fallido y de traición del subconsciente, nada
de nada. Ha sido muy consciente. Ahora bien, les invito a que, respetando cada uno las respectivas esferas competenciales, colaboren, porque hay un espacio de colaboración en este tema de las evaluaciones.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor ministro.



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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS PARA REVOCAR EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 13 DE MARZO DE 2015, QUE NIEGA LA EXTRADICIÓN SOLICITADA POR LAS AUTORIDADES ARGENTINAS DE PERSONAS
ACUSADAS DE GRAVES CRÍMENES REALIZADOS DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA. (Número de expediente 173/000208).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): A continuación, pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes que no pudieron sustanciarse en la sesión de ayer martes. Recuerdo a sus señorías que la votación de
las mismas se producirá en la sesión de mañana.


Pasamos a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para revocar el acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015, que niega la extradición
solicitada por las autoridades argentinas de personas acusadas de graves crímenes realizados durante la dictadura franquista.


Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Nuet.


El señor NUET PUJALS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, hace casi una semana todo un ministro de Justicia del Gobierno del Reino de España justificaba con sus palabras aquí, en este hemiciclo, las sentencias de muerte proclamadas al final de la dictadura franquista. Decía el ministro
que no podemos juzgar con ojos de hoy los crímenes de ayer. Bien, el ministro no hablaba de crímenes, sino de hechos; los que hablamos de crímenes somos nosotros. En eso, señorías, se basa la impunidad. Otros pueblos ya lo han sufrido: Chile,
Argentina, Uruguay, Brasil o Guatemala. La impunidad se basa en creer que torturar, hacer desaparecer de forma forzosa y asesinar al cabo de los años será olvidado o más bien pensar que los nombres y los cuerpos de los torturados, desaparecidos y
asesinados serán olvidados. Pues no. La realidad es que un Estado no puede ni debe proteger a personas sospechosas o acusadas de haber cometido delitos internacionales. Se les exige, en cambio, ejercer su jurisdicción sobre toda persona
sospechosa de un crimen de derecho internacional que se encuentre en un territorio sometido a su jurisdicción si no atiende, como es el caso que nos trae hoy aquí, a un pedido de extradición cursado por las autoridades judiciales de otro país.
Evidentemente, estamos ante una realidad, porque España ha suscrito múltiples tratados y convenios internacionales, muchos de los cuales, al ser suscritos y ratificados por nuestro país, se incorporan a su ordenamiento jurídico interno conforme a lo
dispuesto en el artículo 96 de la Constitución española, que establece de forma inequívoca dicha obligación. A modo de ejemplo, me gustaría citar la Convención contra el genocidio, los convenios de Ginebra, la Convención contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. Por eso estamos convencidos de que el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de fecha
13 de marzo de 2015 deja en un profundo desamparo a las víctimas del franquismo y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad. Y los argumentos ofrecidos para denegar las peticiones de extradición carecen de base y parecen
ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los derechos humanos. Hay que recordar al Estado español y al Gobierno de España su obligación de extraditar o juzgar a los responsables de los referidos crímenes.


Señoras y señores diputados, mientras no obtengamos verdad, justicia y reparación, seguiremos reivindicándolas. Hoy las reivindicamos nosotros, pero no piensen que cuando nosotros hayamos pasado volverá el olvido. Lo harán nuestros hijos y
lo harán los hijos de nuestros hijos hasta que encontremos esa verdad, esa justicia y esa reparación. Hagan un favor a nuestra historia, a nuestra convivencia y a la verdadera reconciliación en nuestro país. Pongamos a los verdugos ante los
jueces, igual que ha hecho Alemania, y que sean los jueces los que tengan la última palabra.


Muchas gracias, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Nuet.


Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra señor Sánchez Amor.


El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Nuet.


En un tema que tiene perfiles tan jurídicos como el que plantea la moción, me gustaría partir de una afirmación inicial, y es que comparto con el señor Nuet, desde un punto de vista moral, el fondo del asunto.



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Sin embargo, sin perder de vista el fondo moral, lo que hoy nos trae aquí es una cuestión de interpretación jurídica. Hay tres leyes que se alegan en su moción. Una de ellas es una ley argentina, la Ley de Cooperación Jurídica
Internacional; es una ley del sistema jurídico argentino y, por tanto, no es aplicable en el Estado. Eso nos deja en el campo de juego con el Tratado bilateral España-Argentina de Extradición y la Ley española de Extradición Pasiva, que son las
que hay que poner en juicio para determinarlo. Hay que jugar con los principios de estas leyes, con el principio de doble incriminación y con la posible extinción de la acción penal. Señor Nuet, no ha sido este Parlamento, sino los tribunales
españoles los que han decidido que se aplica la prescripción y que la Ley de Amnistía de 1977 es aplicable; luego volveré a la Ley de Amnistía. Es decir, los mecanismos judiciales españoles, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo,
han examinado la cuestión y han concluido que esa interpretación excluye en principio la extradición solicitada. Además, se analiza un argumento que usted utilizó en la interpelación y utiliza hoy, que es la obligación de los Estados firmantes de
esos acuerdos internacionales y cuándo comienza dicha obligación, y se concluye que la obligación del Estado no puede alcanzar retroactivamente hechos cometidos antes de la ratificación de los tratados internacionales a los que usted se refería.
Por lo tanto, hay que aplicar el artículo 9 del tratado bilateral, que niega la extradición cuando alguna de las partes, por el sistema que sea, ha procedido a la extinción de la responsabilidad penal. Además, el propio tratado y la Ley de
Extradición Pasiva autorizan al Estado a no extraditar —ni, obviamente, a detener, como paso previo a la extradición— a un nacional si no se ha utilizado la jurisdicción propia. Hay una preferencia de la jurisdicción propia como un principio del
juez natural habitual en todos los sistemas jurídicos. Es más, si los tribunales españoles cambiasen su interpretación sobre la aplicación o no de la Ley de Amnistía, aún así, seguiría jugando la preferencia de la jurisdicción nacional y eso no
induciría una extradición automática, sino la apertura de los procedimientos necesarios dentro del sistema judicial español. Ya le digo que ese es el planteamiento jurídico examinado por los tribunales y que impide la extradición.


Por supuesto, quiero ir mucho más allá y hacer con usted consideraciones políticas. Como usted, todos tenemos una sensación amarga por este resultado, derivada también de que hemos puesto demasiadas esperanzas solo en la vía penal, y hay
que probar otras vías para obtener esa verdad, esa justicia y esa reparación a las que usted se refería. Primero, la justicia penal internacional opera cuando el Estado ha renunciado a ejercer su soberanía y a llevar adelante los procedimientos.
Por tanto, es una fórmula para evitar la impunidad por inacción del Estado, pero en el Estado español hay muchas sentencias sobre el tema, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y —si no me equivoco— de más de treinta juzgados de Primera
Instancia españoles, que unánimemente han declarado una jurisprudencia similar a la del Tribunal Supremo. Eso ha sido frustrante para las víctimas, porque había una esperanza de que esa jurisdicción universal pudiera abrirla, pero la jurisdicción
universal no es un recurso para cuando, habiendo sentencia, no te dan la razón en tu sistema nacional, es un recurso para cuando no hay acción judicial propia. Eso no es malo, señor Nuet, porque es una manifestación del Estado de derecho, algo que
nos aleja mucho de las víctimas. En un tema tan delicado, en el que hay posiciones ideológicas tan complejas, tan enfrentadas ideológicamente, hay un cierto patriotismo de los procedimientos —se han ampliado las garantías, se han hecho los
recursos, se han hecho razonadamente las resoluciones judiciales— y hay también una cierta tranquilidad de que no estamos actuando como actuaron los verdugos de nuestras víctimas. En este sentido, quiero proclamar enfáticamente, en nombre de mi
grupo, la superioridad moral de las víctimas sobre los verdugos. Muchos socialistas, como Severiano Ruiz, maestro de mi padre, o Lorca, o cualquiera de los que están enterrados en una cuneta y no tienen ningún nieto que les esté buscando, se elevan
hasta una cima ética muy por encima de la bazofia moral del franquismo, muy por encima de la podredumbre radical de ese sistema dictatorial. Las víctimas y los que defendemos sus derechos estamos en otro universo moral y, por tanto, al guardar su
memoria estamos en las antípodas de lo que hicieron sus verdugos. Nosotros hemos construido una democracia con derechos también para los verdugos, porque somos distintos de los verdugos, porque nuestra exigencia moral es distinta de la de aquellos
verdugos. Esos verdugos han tenido garantías legales y tienen derechos que proteger, porque nosotros, los herederos de las víctimas, se los hemos dado, porque somos éticamente distintos a ellos y tenemos que atenernos a las reglas que nos hemos
dado para todos. Esa superioridad moral de la que le hablo ha dado lugar a muchos episodios en nuestra historia política y en la Transición, pero quiero dejar una cosa clara, porque a veces en las asociaciones de víctimas se establece una analogía
que no es cierta. La Ley de Amnistía no fue una ley de punto final, no fue una ley de los verdugos para los verdugos, eso es una mistificación de cómo fue la Transición, es parte de ese revisionismo que pasó por idealizar la Transición y ahora pasa
por demonizarla. Lo que hay que hacer es estudiarla. La amnistía fue una



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reivindicación constante de la izquierda antifranquista y fueron muchos militantes comunistas, socialistas y nacionalistas los que presionaron para que hubiera amnistía. Lo que se gritaba en las manifestaciones de izquierda era: libertad,
amnistía y estatuto de autonomía. Así se consiguió la amnistía parcial de 1976; así se consiguió que los del proceso de Burgos salieran; así se consiguieron entrevistas en las que estaba Felipe González, en las que estaba Antón Cañellas, en las
que estaba Joaquín Satrústegui pidiéndole a Suárez que continuara aplicando la amnistía. En las terribles manifestaciones por la amnistía de Rentería y del País Vasco, en mayo, murieron activistas de la izquierda pidiéndola. Convertir ahora ese
éxito de la izquierda antifranquista en una especie de rendición a los verdugos es no haber entendido nada. Alianza Popular se abstuvo en la Ley de Amnistía y ahora alguien está defendiendo que la Ley de Amnistía se hizo para proteger a los
ministros franquistas que se sentaban en AP. No tiene ningún sentido. Aquí la defendieron Benegas, la defendió Camacho, la defendió Arzalluz, gente que en sus discursos dejó muy claro que era verdaderamente un borrón y cuenta nueva y que había que
empezar de nuevo. Ese fue el primer paso de un reconocimiento de las víctimas —funcionarios civiles, funcionarios militares—, una escala que comenzó estableciendo indemnizaciones y que llegó hasta la Ley de Memoria Histórica, que es lógicamente la
que defendemos los socialistas. El problema es que la vía penal a veces no es el procedimiento adecuado para establecer verdades históricas y reparaciones como esas de las que usted habla, pero si no hay vía penal —y esto quiero resaltarlo—, los
representantes de las víctimas tienen que pensar que su reivindicación no se agota con la vía penal y el Gobierno tiene que entender que su obligación con las víctimas no se agota porque una sentencia penal no les haya dado la razón.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Sánchez Amor, tendría que ir terminando.


El señor SÁNCHEZ AMOR: Termino, señora presidenta.


Lo que quiero decir es que hay que explorar esas otras vías que abre la Ley de Memoria Histórica, como indicó el Tribunal Supremo. Todas las medidas de la Ley de Memoria Histórica están dirigidas a esa reparación. La reparación no tiene
por qué ser siempre mediante un procedimiento penal. Pongamos en marcha lo que establecía aquella ley. ¿Cuál es el problema que tenemos usted y yo, señor Nuet? Que ha habido una derogación de facto de la Ley de Memoria Histórica, por asfixia
financiera inducida por el grupo de la mayoría, y por tanto tenemos cegada, por una parte, esa vía política y, por otra, la vía judicial, lo cual produce una radicalización y una frustración de las víctimas que comparto con usted. Lo que hay que
hacer es volver a poner en marcha la Ley de Memoria Histórica, porque seguramente esa radicalización y ese hecho de que unas víctimas en España…


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Sánchez Amor, sabe que tiene que terminar.


El señor SÁNCHEZ AMOR: Termino.


Esa radicalización y ese hecho de que unas víctimas en España estén invitadas a redactar el Código Penal y otras anden vagando por el mundo a ver si algún tribunal les ofrece una garantía para sus derechos es lo que no podemos permitir. Por
eso, la solución es volver a poner en marcha una ley de memoria histórica que pueda provocar esa reparación que la vía penal no ha conseguido.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Sánchez Amor.


En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Mixto, la señora Pérez.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor Nuet, independientemente del fondo de su iniciativa, con la que concordamos (El señor presidente ocupa la Presidencia) y ya le anunciamos nuestro voto favorable, quiero mostrarle públicamente nuestro disgusto por la forma en que la ha
presentado. Y usted sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo.


Hemos criticado, señorías, con contundencia en esta Cámara muchas veces la Ley 46/1977, de Amnistía. Incluso hemos presentado proposiciones de ley para su modificación, porque esa ley ha servido de coartada para defender la no persecución
de los crímenes y violaciones de derechos fundamentales amparados por el régimen franquista y ha equiparado a víctimas y a verdugos. Incluso esa interpretación se ha aplicado al margen de la evolución de la normativa internacional promulgada en
protección de los derechos humanos y relativa a la jurisdicción universal aplicable a los crímenes de lesa humanidad.



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Es decir, la aplicación de la Ley de Amnistía se ha aplicado a hechos que pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad cometidos durante y por la dictadura franquista.


Señorías, la justicia, la memoria y reparación de las víctimas ocasionadas por la existencia de más de 100.000 desaparecidos en el Estado español durante el golpe de Estado militar y posterior régimen dictatorial franquista, exige que los
actos criminales que ocasionaron su desaparición no queden impunes, en contra de la normativa internacional, y vulnerando los más elementales principios democráticos y de defensa de los derechos humanos. Y exigen, también, que esa impunidad no sea
concedida al amparo de un blindaje legal en el Estado español previsto precisamente para proteger a las personas que habían luchado para derrocar un régimen dictatorial ilegítimo y que, sin embargo, se ha utilizado para proteger a quienes desde ese
régimen, de forma totalitaria, incurrieron en graves delitos que atentaron contra la dignidad humana de miles de personas.


El Gobierno español está ejerciendo de forma clara un veto a la investigación y juicio de la represión ejercida por el régimen franquista que están impulsando otros países, en concreto, Argentina, que ha tenido la adhesión de víctimas y
familiares a la querella interpuesta por ese país y que ustedes, señorías del Partido Popular, persisten, casi cuarenta años después, en impedir por todos los medios que prospere. En este sentido van las últimas actuaciones del Gobierno, incluido
el acuerdo del Consejo de Ministros del 13 de marzo, denegando la solicitud de extradición formulada por las autoridades judiciales argentinas de veinte personas acusadas de crímenes contra la humanidad cometidos en el franquismo.


Señorías, la aspiración de obtener justicia en los casos de delitos que atentan a la dignidad humana es permanente y no puede ser reprimida por leyes que prescinden de los más elementales principios de justicia y equidad ni por los
subterfugios ni acuerdos que pretenden ocultar la verdad y evitar someterla a una investigación objetiva, imparcial y que termine en un juicio justo. Señorías, el Partido Popular lleva cuarenta años queriendo mantener secuestrados y sustraídos de
la opinión pública y del conocimiento general los deleznables hechos ocurridos en el franquismo y todavía —voy terminando, señor presidente— a día de hoy, además de la impunidad quieren imponer el silencio y el olvido sobre cuatro décadas de muerte
y represión.


Nosotros, señorías, estamos justo por lo contrario, por la defensa incondicional del derecho internacional de los derechos humanos y por poner fin, definitivamente, al absoluto desprecio del Gobierno hacia los derechos de los víctimas. Por
eso, votaremos a favor de esta moción de La Izquierda Plural.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.


Señor Errekondo.


El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Vaya por delante también nuestro rechazo al modo en que La Izquierda Plural ha traído esta iniciativa al Pleno porque entendemos que se salta la voluntad de los impulsores naturales, como es Ceaqua, de
llevarlo a cabo de manera conjunta entre los partidos.


Es nuestro objetivo dejar en evidencia la demagogia y la falta de escrúpulos del Partido Popular en esta cuestión. Por ello, traemos aquí las palabras que el señor Barreda pronunció la semana pasada en nombre del Partido Popular cuando
hacía referencia al fin del conflicto político vasco y decía que defiende un final con justicia frente a las pretensiones de impunidad, un final con memoria frente al olvido y un final con verdad para que los hechos históricos padecidos no se
diluyan en relatos equidistantes. La cuestión es que el Gobierno también debería defender lo mismo ante los cientos de miles de crímenes cometidos por el franquismo, crímenes contra la humanidad no solamente porque así han sido calificados por la
justicia argentina, sino porque también lo evidencian los más de 3.500 navarros y navarras que fueron asesinados y arrojados en las cunetas por ser simplemente sospechosos de ser rojos en Navarra, donde ni siquiera existió un frente de batalla.


Por tanto, ustedes hacen justo lo contrario de lo que predican los señores del Partido Popular, impunidad a los criminales, amparándose en la Ley de Amnistía de 1977, en vez de hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Ustedes
aplican el olvido en vez de la memoria y llevan cuarenta años impidiendo rescatar los cuerpos acribillados que aún inundan por cientos las cunetas y cuyas familias aún llevan metido el miedo en el cuerpo. Su relato es el relato franquista como
única verdad: la verdad de los que ganaron la guerra, la de los vencedores, la de esos franquistas criminales de ese linaje del que ustedes, los del Partido Popular, son sus herederos.


Por consiguiente, la verdad de los que sufrieron el genocidio es la que ustedes no han introducido en el currículum escolar pero que se ha contado de boca en boca y se ha cantado con pasión y sentimiento.



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Por eso decimos que la verdad sobre Maravillas Lamberto, niña de catorce años, violada, asesinada y lanzada a los perros después de obligarla a presenciar la ejecución de su padre en Larraga, Navarra. La verdad de la florecica de Larraga
—así la llamaban—, la conocemos gracias a que algunos superaron el miedo, y por eso, Fermín Valencia puede cantarnos hoy su verdad: Maravillas, Maravillas, florecica de Larraga/ la muerte no fue capaz/ de sepultar tu mañana/ ni podrá pintar de
olvido/ la acuarela de tu alma/ ni podrá llenar de olvido/ la inmensidad de tu alma.


Apoyamos la petición que hace la justicia argentina, así como la de los relatores especiales de los derechos humanos de la ONU de que España debe extraditar o juzgar a los responsables de las violaciones graves de derechos humanos. Así,
Antonio Carro Martíne; Licinio de la Fuente; Antonio Barrera de Irimo; José Quintana Saracibar; José María Sánchez-Ventura Pascual; Alfonso Osorio García; Jesús Quintana Saracibar; Carlos Rey González; José Utrera Molina; Fernando Suárez
González; Rodolfo Martín Vill;, Jesús Cejas Mohedano; Antonio Troncoso de Castro; Jesús González Reglero; Ricardo Algar Barrón; Félix Criado Sanz; Pascual Honrado de la Fuente; Jesús Martínez Torres; Benjamín Solsona Cortés; Atilano del
Valle Oter y Abelardo García Balaguer, imputados por crímenes contra la humanidad. Por eso decimos que deben ser o juzgados o extraditados.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errekondo.


Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.


Adelanto ya el voto de mi grupo: votaremos a favor. Se han estado discutiendo cuestiones jurídicas, que no voy a decir que carezcan de importancia, ni muchísimo menos, pero aquí nos encontramos, sobre todo, ante una cuestión política.
Tenía razón el señor Sánchez Amor cuando decía que la Ley de Amnistía fue un logro arrancado al poder y que fueron los sectores democráticos del país los que impulsaron su aprobación. Pero no es menos cierto que se ha hecho un uso inadecuado de esa
ley, incluso por parte de los tribunales españoles, para proteger a aquellas personas que tuvieron responsabilidades en la Dictadura —y no solo estamos hablando de la guerra, porque aquí la denuncia se refiere sobre todo a la dictadura franquista— y
cometieron una serie delitos que luego han sido borrados. Se dice que hace falta una condición, que el Estado haya renunciado a llevar el tema, y no es exactamente así, aunque luego desgraciadamente las sentencias han venido a decir que no lo
pueden llevar adelante, que no se tiene razón, etcétera. Al final, lo que ha ocurrido de facto en este país es que ha habido una renuncia a enfrentarse a estas cuestiones en los tribunales, porque los únicos casos que están abiertos son casos muy
puntuales, muy concretos, amparados en la Ley de Memoria Histórica, pero que no revisan cuestiones penales de responsables concretos de asesinatos, en muchos casos colectivos, como se ha citado aquí. Se ha renunciado por temor, por miedo. No lo ha
impulsado ningún Gobierno, ni de la derecha ni de la izquierda, por las razones que sea, y los jueces se han intentado apartar en cuando han podido.


Respecto a la jurisdicción preferente y a la doble incriminación, creo que el Estado ha renunciado. Y si el Estado ha renunciado y no hay una doble incriminación, ¿por qué no vamos a atender la petición de la justicia argentina? Se ha
hecho un esfuerzo notable por parte del Gobierno actual para acabar con la jurisdicción universal, pero el resto de los grupos hemos defendido que ha sido uno de los mayores errores de esta legislatura, razón de más para apoyar la propuesta que se
nos hace.


La enmienda del Grupo Socialista me ha llevado a una serie de reflexiones para mirar a la bancada del Grupo Popular y decirles que el listado de acciones que pide la enmienda del Grupo Socialista muestra que la Ley de Memoria Histórica no se
está cumpliendo. Y es una ley que forma parte del ordenamiento jurídico y que ha sido aprobada por esta Cámara. No funcionan las oficinas de asistencia a las víctimas ni hay ningún crédito presupuestario ni se están impulsando acciones para, por
ejemplo, la exhumación de fosas. Aunque también tengo que decir que la responsabilidad de la exhumación no solo corresponde al Estado, sino también a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, y administraciones de diferentes colores también
han mirado hacia otro lado a la hora de afrontar responsabilidades en cuanto a impulsar determinados expedientes, poner el dinero suficiente para reparar esa memoria o retirar escudos, insignias, placas, etcétera. Todavía sigue siendo una vergüenza
las dificultades con que se encuentran los investigadores —y no solo ellos, cualquier ciudadano de este país— para acceder a determinada documentación en los archivos españoles, cuando las enmiendas incluidas en la Ley de Memoria Histórica buscaban
precisamente eliminar cualquier obstáculo para este acceso. Por cierto, en la enmienda los socialistas están más valientes que en la Ley de Memoria Histórica, queriendo sacar a



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Franco del Valle de los Caídos; me parece muy bien pero también se podría haber hecho en la ley —ahora desde la oposición las cosas son más fáciles—.


La petición de que esto se quede aquí y de que se interese el ministerio fiscal por el estudio de los hechos recogidos en la resolución del juzgado de Argentina, para que las responsabilidades penales subsistentes que puedan derivarse puedan
ser determinadas por los órganos jurisdiccionales españoles, es hacer —y lo saben— un brindis al sol. No van a entrar; ya han dicho clara, lisa y llanamente que no van a entrar, y se ha hecho una interpretación perversa de la Ley de Amnistía.


En este campo poca o ninguna confianza en la justicia española, en la defensa de la jurisdicción universal. Voy concluyendo, señor presidente. España ha hecho una renuncia a entrar en estos casos, a iniciar las investigaciones y depurar
las responsabilidades pertinentes. Por lo tanto, nuestro voto será favorable.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo, a diferencia de los precedentes, se va a abstener en esta moción, y se va a abstener en vez de votar a favor o en contra por unas razones bastantes sencillas de entender. No vamos a votar en contra porque nuestro grupo piensa
que el franquismo fue una dictadura criminal, que hay crímenes pendientes de investigación y que puede haber todavía quienes deberían responder por decisiones de Gobiernos franquistas y de la Administración de Franco; es cierto. Pero no vamos a
votar a favor porque nos parece que es una moción llena de doble moral y en materia de derechos humanos, en materia de crímenes de lesa humanidad no debe tener cabida la doble moral, ni deben tener cabida los relatos tramposos. ¿A qué me refiero?
Por ejemplo, en sus intervenciones, señor Nuet, cuando se presentó aquí una moción sobre el apoyo a la oposición en Venezuela, se refirió a los presos políticos venezolanos, presos políticos que están en cárceles militares sin ningún tipo de
acusación, en los siguientes términos: No pidan que se ponga en libertad a estos criminales. Usted llamó criminales a presos políticos como Leopoldo López, como Antonio Ledesma, que son cargos públicos elegidos o dirigentes de la oposición que han
sido encarcelados por un Gobierno que derrapa peligrosamente hacia una dictadura. Pero, sin embargo, sí considera muy normal, y además de justicia básica, que se extradite a una serie de exministros franquistas para que los juzgue un tribunal
argentino.


Exactamente sucede lo mismo con otra cuestión que a nosotros nos llena de estupefacción. Ustedes se han opuesto sistemáticamente, no solo ustedes, algunos de los grupos que han intervenido también, a cualquier investigación ulterior sobre
delitos de lesa humanidad cometidos por ETA. Hay trescientos atentados de ETA que todavía no se han esclarecido, no se sabe ni siquiera quiénes fueron los autores. Ustedes se han opuesto, y además en un tono durísimo, a cualquier propuesta que se
haga en este sentido porque les parece que de ETA no hay que investigar absolutamente nada, y eso que hay muchísimas más víctimas y muchas de ellas, miles de personas, vivas. En su intervención, señor Nuet, dijo usted: La paz, la racionalidad, el
diálogo y la normalización política se han abierto paso de forma definitiva y hay que afirmar que tanto la izquierda abertzale como las víctimas de todas las violencias hoy forman parte de la solución en Euskadi y no del problema. ¿Me quiere
explicar usted, espero algún día con mucho interés esa explicación si llega, por qué se tienen que mantener abiertas, en contra por cierto de la Ley de Amnistía del año 1977, causas contra antiguos miembros de la Administración franquista y, sin
embargo, no hay que hacer absolutamente nada contra atentados y crímenes de lesa humanidad que se acaban, como quien dice, de cometer y cuyos autores se pasean tranquilamente por la calle sin ningún tipo de arrepentimiento? A ver cuándo me lo
explica.


Yo lo único que entiendo es que de aquí se deduce que ustedes creen que sigue habiendo derechos humanos de izquierdas y de derechas, que hay víctimas de derechas y de izquierdas y que las víctimas de izquierdas tienen superioridad moral, y
hay que defenderlas a ultranza, y las de derechas, pues no. Esto no es así. Los derechos humanos ni son de derechas ni son de izquierdas y la legislación que trata de la lesa humanidad no puede ser objeto de un uso sectario y partidista, como en
nuestra opinión está haciendo su grupo constantemente en esta materia. El Congreso de los Diputados no es un tribunal y deberíamos tener confianza, por poca que nos quede —por lo menos a los grupos que como el mío no participan en el reparto del
Poder Judicial, el suyo sí—, en la independencia del Poder Judicial; es decir, si hay una resolución judicial en contra de esa petición de extradición, algún caso deberíamos hacerle. Además, lo que ustedes piden, y no es la primera vez, ya es la
tercera o la cuarta, implica de facto la



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derogación de la Ley de Amnistía del año 1977, y esa Ley de Amnistía no solo benefició a los franquistas, también benefició a miembros de ETA, del FRAP, del Grapo y de otros grupos, anarquistas y de otro género, que habían cometido atentados
terroristas. Sin embargo, nadie —ni desde luego mi grupo— quiere reabrir ninguna de esas causas porque estamos de acuerdo en que la Ley de Amnistía de 1977, que no fue una ley de punto final, fue la base del Pacto constitucional que derrotó al
franquismo.


Como ustedes consideran al parecer que esa derrota no es suficiente, y que hay que ganar la Guerra Civil con setenta y cinco años de retraso, nos están constantemente trayendo esta reinterpretación y reescritura de unos datos históricos que,
en nuestra opinión —lo hemos dicho muchas veces—, no son competencia del Parlamento. La historia la tienen que hacer, por supuesto, las personas que la han experimentado —los testigos con sus testimonios y los historiadores—, y no el Congreso de
los Diputados.


Si estiráramos el argumento de por qué se tienen que mantener abiertas las causas contra los miembros de los Gobiernos de Franco, habría que aplicarlo, también sobre la base de la teoría de la jurisdicción universal, a Gobiernos enteros de
hace muchos años de países como Cuba, Corea o China, o a muchos otros del este de Europa, donde también se cometieron muchos crímenes. El otro día tuvimos ocasión de discutir una interesante PNL sobre Mauthausen del Grupo Socialista en la Comisión
correspondiente y una de las cosas de las que hablamos de pasada era de cómo los presos de Mauthausen fueron víctimas dos veces: primero, de Franco y del franquismo quien les privó de su nacionalidad y los convirtió en apátridas, y segundo, del
exterminio sistemático por parte de los nazis. Fíjense, que algunos de esos presos de Mauthausen, concretamente cuadros del Partido Comunista, todavía tuvieron que hacer frente a una tercera purga y reproche de su partido por no haber muerto, y
como no habían muerto en Mauthausen se convirtieron en sospechosos de colaborar con los nazis. Este tipo de actitudes totalitarias son aberrantes. Yo no digo que ustedes la sostengan ahora, pero desde luego les quedan demasiados restos.


Este tipo de proposiciones siguen en esa línea. No hay derechos humanos de derechas y de izquierdas, no podemos hacer un uso sectario de la jurisdicción universal, no se puede pedir investigar hasta el final, hasta que muera el único
franquista, los crímenes del franquismo y negarse a investigar los de ETA cuando los autores están vivos y muchas de sus víctimas también. Es una doble moral que nuestro grupo no puede apoyar y por eso nos vamos a abstener.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, creo que es importante en este caso que centremos exactamente el objeto del debate. La moción que hoy defiende La Izquierda Plural solicita dos cuestiones. En primer lugar, que se revoque el acuerdo del Consejo de Ministros
aprobado el pasado 13 de marzo, en el cual se deniega la solicitud de extradición realizada por las autoridades judiciales de Argentina con relación a veinte personas que cometieron unos crímenes durante la dictadura franquista. Por cierto, tres de
estas personas ya fallecieron y algunas de ellas fueron ministros durante aquella época. En segundo lugar, lo que solicita esta moción es que se cumpla inmediatamente la orden de detención preventiva cursada por la Interpol, con relación a esas
personas cuya extradición se había solicitado.


En definitiva, el objeto del debate de esta moción es permitir o no que la justicia argentina enjuicie a esas personas por crímenes cometidos contra la humanidad durante el franquismo, es decir, estamos hablando aquí de justicia
extraterritorial. ¿De qué situación partimos en este caso en concreto? ¿En qué se fundamenta la denegación del Consejo de Ministros? Creo que es interesante tenerlo presente. El acuerdo del Consejo de Ministros, por aplicación del derecho,
concretamente de la Ley de Extradición Pasiva, se basa en los siguientes principios: En primer lugar, hace referencia al principio de jurisdicción preferente, que impediría extraditar a ciudadanos de nacionalidad española que están en España, ya
que por este principio correspondería juzgarles a los tribunales españoles. En ese principio ha sido muy clara la intervención, y la hacemos nuestra, del portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Lo ha dicho muy bien: En algunos momentos se ha
abusado de la Ley de Amnistía. No es que se haya impedido recurrir a los tribunales españoles, hay casos en los que se ha acudido pero han sido casos muy puntuales, lo cual ha propiciado que se renuncie a ir a los mismos. Estoy muy de acuerdo en
ese sentido con la intervención que ha hecho el señor Esteban.



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En segundo lugar, ¿en qué se basa ese acuerdo del Consejo de Ministros? En el principio de extinción de la responsabilidad criminal por prescripción. También en este caso es cuestionable ese principio porque sería contradictorio, como
muchos convenios internacionales suscritos, y por el principio de no prescripción de los crímenes contra la humanidad. Por tanto, entendemos que ese punto del acuerdo del Consejo de Ministros también es criticable. Finalmente, se basa en el
principio de doble incriminación, según el cual los delitos tienen que estar tipificados penalmente en los dos países. No voy a incidir más en esta cuestión, pero entiendo que los dos primeros principios en los que se basa el acuerdo del Consejo de
Ministros son muy cuestionables.


Por tanto, ¿cuál es el planteamiento de Convergència i Unió a partir del punto de partida que explicaba el acuerdo del Consejo de Ministros? Desde Convergència i Unió entendemos que el Gobierno español tiene la obligación de garantizar el
acceso a la justicia de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. En este caso, creemos que debe apoyarse por parte del Gobierno español la petición de la autoridad judicial argentina y que se da el marco legal para que el Gobierno
español conceda la extradición. También tenemos que recordar que esta misma cuestión se debatió en la Comisión de Justicia hace pocos meses y nuestro grupo parlamentario voto favorablemente entonces la proposición no de ley que recogía exactamente
esta petición, solo que en aquel momento había ciertos defectos formales en la solicitud de extradición por parte de las autoridades judiciales argentinas. Nosotros requerimos también la necesidad de que se subsanaran dichos defectos y entendimos
que en cuanto se cumpliera el marco legal sería conveniente no poner palos a las ruedas en ese sentido a las autoridades judiciales argentinas y facilitar a las víctimas el acceso a la justicia, aunque fuese a la justicia argentina.


En nuestra intervención en la Comisión de Justicia con relación a esa proposición no de ley hacíamos dos reflexiones que creo que es bueno que también las hagamos hoy. Con la justicia extraterritorial posiblemente haremos que se cumpla lo
que durante tantos años hemos sido incapaces de hacer en el Estado español y es reparar el daño causado a numerosas personas. Muchas de ellas han fallecido pero también están sus familiares y creo que es importante que se repare el daño causado.
En segundo lugar, queremos recordar que la Ley de Memoria Histórica, impulsada por algunos a bombo y platillo —me refiero en este caso al Gobierno socialista de aquel momento—, tampoco ha logrado cumplir los objetivos que perseguía. Algún portavoz
que me ha precedido en el uso de la palabra lo ha mencionado y creo que es importante tenerlo en cuenta.


No voy a entrar en la enmienda presentada por el Grupo Socialista, creo que no es necesario, pero tenemos que tener presente la reflexión de que la Ley de Memoria Histórica tampoco ha cumplido las expectativas, por lo que tenemos que dedicar
los máximos esfuerzos posibles sobre la base de ese instrumento…


El señor PRESIDENTE: Señora Surroca, debe terminar.


La señora SURROCA I COMAS: Voy terminando, señor presidente.


Decía que tenemos que dedicar los máximos esfuerzos posibles a reparar el daño causado a las víctimas que vieron vulnerados sus derechos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.


El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Gracias, señor presidente.


Vamos a ver, señor Nuet, si conseguimos introducir aquí ciertas dosis de ecuanimidad. Antes de nada quisiera recordarle a la Cámara, para que conste en el «Diario de Sesiones», que el último gran genocidio que se produce en España, el
último delito continuado de lesa humanidad que hemos padecido los españoles durante cuarenta años de régimen democrático, es el terrorismo, señor Errekondo, perpetrado por ETA, el terrorismo del Grapo, el del FRAP, el de Terra Lliure, el del
Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, etcétera. (Aplausos). Todos estos grupos representaban de alguna manera la vuelta a la Guerra Civil y sus víctimas y su renuncia al ejercicio de la venganza representan la convivencia y la Transición.
Quiero decirlo porque esta iniciativa se enmarca, en mi opinión, en un aparataje político de cuestionamiento de ese gran ejercicio de convivencia que fue la Transición. Y quiero decir también que la semana pasada en esta misma Cámara la izquierda
—no el Partido Socialista, la izquierda— y el nacionalismo votaron en bloque en contra de una proposición no de ley de UPyD, que nosotros naturalmente



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apoyamos, para investigar si los delitos de ETA en democracia eran constitutivos o no de delitos de lesa humanidad o de delitos de genocidio. Por lo tanto, señorías, hay aquí una doble moral que deslegitima profundamente desde el punto de
vista moral y desde el punto de vista democrático la moción que hoy nos presentan. (Aplausos).


Vayamos a la cuestión. Primero, esta no es una moción sobre la memoria histórica, no es en mi opinión una moción de condena del franquismo, hemos tenido otras y hemos participado en ellas. Esta es una moción para revocar un acuerdo de la
Audiencia Nacional y en mi opinión admite dos aproximaciones, una jurídica y una política. La jurídica la ha detallado —por lo tanto me voy a remitir a su intervención— el señor Sánchez Amor con todo rigor. Simplemente diré que hay tres razones
que llevan al Consejo de Ministros a denegar la extradición: el principio de jurisdicción preferente, el principio de extinción de la responsabilidad penal y el principio de la doble incriminación. Como saben ustedes que estos tres principios
impiden en todo caso acceder a la extradición, vamos a calificar los hechos como delitos de genocidio o delitos contra la humanidad. Pero saben ustedes también perfectamente que la Audiencia Nacional se ha pronunciado respecto de estos delitos
diciendo que en ningún caso —aunque los hechos fueran probados, que no lo están—, insisto, en ningún caso, serían materialmente constitutivos de delitos de genocidio o delitos contra la humanidad. Pero no parece que eso a ustedes les importe
demasiado. A mí me parece que cuando se habla de estos temas, que son gravísimos, se habla con una cierta ligereza acusatoria de corte inquisitorial y hay veces que las intervenciones recuerdan más a las de un tribunal popular que a las
intervenciones en un Parlamento.


Me llena de bochorno que se haya citado a determinadas personas imputándoles crímenes gravísimos sin prueba alguna, vulnerando su presunción de inocencia, vulnerando su derecho al honor, personas que han prestado en ocasiones servicios
indudables a la democracia española, como el señor Martín Villa y el señor Suárez González, sin cuya contribución ni usted ni yo estaríamos probablemente en esta Cámara hoy, señor Nuet, y respecto de los que durante cuarenta años de régimen
democrático ningún tribunal español ha abierto actuaciones. Me niego a pensar que la justicia argentina sea de más calidad que la justicia española y me niego a pensar que el umbral moral, ético y de respeto a los derechos humanos de la juez
Servini —con todos mis respetos— sea superior al umbral de los miembros de la judicatura española. Por ejemplo, hablan ustedes de las famosas firmas de sentencias de muerte de los ministros del franquismo. Sencillamente no es verdad, yo no tengo
que defender a nadie, pero es que jurídicamente no era así, no encuentra usted una sola sentencia de muerte firmada por un ministro de Franco. Las sentencias las firmaban los consejos de guerra y a Franco le cabía por ley orgánica del Estado —que
hay que mirársela— en exclusiva el ejercicio del derecho de gracia, y al Consejo de Ministros solamente se llevaba una comunicación que, con expresión siniestra, se llamaba el enterado; pero no encontrará usted nunca que ningún ministro de
Gobiernos de Franco haya firmado una sentencia de muerte. Por eso le digo que hay que ser más cuidadoso y más respetuoso con la presunción de inocencia y con el derecho al honor de las personas.


¿Qué ocurre aquí? Lo decía al principio. Estamos ante una maniobra de impugnación global de la Constitución. ¿Y qué se hace? Dos cosas: primero, entrar en la suprema simplificación y tergiversación de la historia y, segundo, pasar del
concepto de la política como ejercicio de convivencia a un concepto de la política como ejercicio de confrontación y de enfrentamiento. Eso lleva al cainismo político en estado puro, y ya sabemos a qué conduce esa actitud en nuestro país.


Señorías, mi grupo cree que España, que los españoles tienen perfecto derecho a superar su pasado. No queremos un país justiciero ni justicialista, no queremos un país en que la política sirva para enfrentar a los españoles, sino para
ayudarles a convivir. Esta cuestión que nos traen jurídicamente está resuelta por la Audiencia Nacional y por el Consejo de Ministros. Si ustedes nos preguntan, señorías, si somos partidarios de la venganza, si somos partidarios del cainismo, si
somos partidarios del justicialismo, si somos partidarios de la inquisición, la respuesta es que no.


Muchas gracias. (Una señora diputada: ¡Muy bien!—Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez de la Serna.


Señor Nuet, como le han presentado una enmienda, me gustaría que me dijera qué hace con ella.


El señor NUET PUJALS: Vamos a dialogar con el Grupo Parlamentario Socialista para intentar llegar a un acuerdo de transacción.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.



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— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBERÍA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EXIMIR DE LA PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES A LAS PEQUEÑAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. (Número de expediente
173/000209).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas que debería adoptar el Gobierno para eximir de la presentación del impuesto sobre sociedades a las pequeñas entidades sin ánimo de lucro.
Para defender la propuesta, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, efectivamente el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió plantea ante esta Cámara una moción de una gran sensibilidad social que tiene como objetivo fundamental eximir de la presentación del impuesto sobre
sociedades a todas aquellas microasociaciones, fundaciones pequeñas que, sin ánimo de lucro, hacen una gran labor social y de voluntariado y que, en el caso de que no llegásemos a un acuerdo en el debate parlamentario que vamos a realizar,
muchísimas de ellas se verían abocadas a su desaparición por los problemas burocráticos y el coste asociado que comporta la presentación del impuesto sobre sociedades para este tipo de asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, que pueden llegar
a ingresar unos miles de euros, al tener los mismos planteamientos y las mismas dificultades de presentación que una empresa del Ibex que factura miles de millones de euros. Por lo tanto, estamos ante una situación razonable, de sentido común. Es
cierto que en el debate parlamentario que tuvimos con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la semana anterior sobre la interpelación que presentó este grupo parlamentario todos tuvimos la sensación —y este diputado también— de que
había posibilidades de llegar a un acuerdo y hacerlo extensivo a todas las formaciones políticas para dar esta sensación de que tenemos sensibilidad y alma social hacia estos miles de asociaciones que hacen trabajos sin ánimo de lucro y que prestan
un gran servicio a la sociedad. Esperamos que a lo largo de este debate parlamentario, a pesar de que ningún grupo ha planteado enmiendas a esta moción que ha presentado Convergència i Unió, seamos capaces de llegar a un acuerdo.


Son muchas las sociedades que se ven inmersas en esta complejidad. Según nuestros cálculos, son más de 50.000 las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que están siendo perjudicadas en estos momentos por la burocracia de la
presentación del impuesto sobre sociedades. Esto abarca a más de dos millones de personas como mínimo que están haciendo un trabajo de voluntariado, que están trabajando para estas sociedades y asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones, a las
cuales les estamos complicando mucho su existencia y su supervivencia, a no ser que hoy seamos capaces de llegar a un acuerdo. Dentro de este grupo de entidades sin ánimo de lucro que prestan estos grandes servicios sociales en sus trabajos
habituales están las asociaciones de padres y madres de todas las escuelas españolas, muchas asociaciones culturales, la mayoría de las comunidades de propietarios del Estado, entidades deportivas, entidades sociales, entidades juveniles, talleres
de formación de gente mayor… En definitiva, un tejido del tercer sector asociativo que está haciendo una gran labor en la sociedad civil española. Nosotros querríamos que dichas asociaciones y fundaciones no estuvieran obligadas a presentar el
impuesto sobre sociedades si cumplen los siguientes requisitos que ahora enumeraré.


En primer lugar, que sus ingresos no superen los 100.000 euros. Es cierto, como también se planteó en el debate de la semana anterior, que hoy este tope se ha rebajado a los 50.000 euros. Nosotros habíamos ido a una cuestión de máximos,
pero les adelanto que estaríamos dispuestos a rebajar este tope de 100.000 euros a los 50.000 euros actuales, siempre y cuando se mantuvieran las siguientes consideraciones. Primero, que todos los ingresos que se puedan incorporar en dichas
asociaciones vayan destinados única y exclusivamente a la realización de sus actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que si dichas asociaciones o fundaciones tienen los ingresos habituales de sus asociados, que todos sabemos que están exentos de la
tributación, podamos incorporar también dentro de estos ingresos aquellas actividades económicas que todas tienen que realizar para mantener su supervivencia. Ustedes saben que hoy cualquier asociación o fundación que complementariamente a sus
cuotas realice actividades económicas superiores a 2000 euros está obligada a presentar el impuesto sobre sociedades. Lo que queremos es que todas las asociaciones cuyos ingresos estén todos orientados a la realización de sus actividades propias
estuvieran exentas y que no existiera esta limitación de que si una asociación o una AMPA, para mejorar los servicios de sus prestaciones sociales, realiza una vez al año, por ejemplo,



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un sorteo de Navidad para tener ingresos complementarios, se vea obligada a presentar el impuesto sobre sociedades. Queremos eximir totalmente todas aquellas rentas provenientes de las actividades económicas en todo tipo de asociación o
fundación que vaya en la misma dirección.


Al mismo tiempo, querríamos plantear otra condición en el desempeño de dichas funciones para que todos estuviéramos más tranquilos, y es que todos los cargos, que todos los miembros del órgano de gobierno trabajen gratuitamente.
Prácticamente la mayoría de las asociaciones o fundaciones de las que estamos hablando cumplen estos requisitos: facturan menos de 50.000 euros —y por descontado menos de 100.000 euros— y tienen unas actividades económicas complementarias que
pueden superar en algunos casos los 2.000 euros, pero entendemos que esto es el chocolate del loro para los fines que están realizando. Pensamos que todos tendríamos que ser capaces de poder resolver esta situación. Recogiendo el ánimo y el
sentimiento de las declaraciones del señor ministro la semana pasada en la interpelación que planteamos, estamos convencidos de que todos los grupos parlamentarios vamos a estar a la altura de las circunstancias y dar satisfacción a estos miles de
asociaciones que hacen estos trabajos voluntarios y a estos millones de ciudadanos que están colaborando en los servicios sociales. Espero que podamos llegar a un acuerdo sin ningún tipo de fisura todas las formaciones políticas presentes en esta
Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre


Turno de fijación de posiciones porque no se han presentado enmiendas. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.


Antes de empezar mi intervención quería hacer un pequeño recordatorio, porque mientras estamos hablando aquí los trabajadores de Bosal se están manifestando a las puertas de la embajada de Bélgica. Bosal es una empresa de mi tierra, del
puerto de Sagunto, y quiero mostrar mi solidaridad con ellos y con los trabajadores de Movistar y de Coca-Cola, que se encuentran en plena lucha a dos días del 1 de mayo.


Esta moción es consecuencia del decreto-ley que inauguró este año, un decreto-ley tutti frutti, cajón de sastre y además con marcha atrás, un decreto-ley por el que nuevamente negaron al Parlamento la tramitación, el debate y la posibilidad
de diálogo y de consenso. Hicieron una marcha atrás a medias cuando, a mi modo de entender, se dieron cuenta de que se metían en un gran berenjenal porque querían obligar a todo tipo de entidades sociales, culturales, asociaciones cívicas y clubes
deportivos a presentar el impuesto sobre sociedades por pequeño que fuera su tamaño y aunque no tuvieran ánimo de lucro. Y por hablar del tejido asociativo valenciano, las comisiones de fallas, de moros y cristianos, de fogueres, las bandas de
música, las escuelas de música, las APA, los pequeños clubes deportivos o incluso las escuelas deportivas que tanto cuesta llevar iban a tener que llevar la contabilidad al día y asumir tareas administrativas y burocráticas o contratar asesorías o
gestorías que se lo hicieran cuando muy, muy mayoritariamente estas entidades están gestionadas por personas que de forma voluntaria se hacen cargo de todo y hacen de todo. Finalmente, no tuvieron más remedio que rectificar y volver a eximir a
determinadas entidades sin ánimo de lucro, pero Compromís cree que se quedaron cortos y que esta moción de Convergència i Unió es razonable, pues en un país en el que tanto cuesta urdir, trenzar un tejido asociativo fuerte, cualquier medida que vaya
encaminada a facilitar la vida de nuestras comisiones, de nuestras asociaciones, de nuestros pequeños clubes contará con nuestro voto a favor. Antes de intentar asfixiar a todo este tejido asociativo, el Grupo Popular debería tener en cuenta esto,
repensarlo y votar a favor, pues es una moción razonable.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.


Por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


Mi grupo cree que esta moción tiene un fin loable: el fomento, el desarrollo de la sociedad civil. En nuestro país hay multitud de pequeñas asociaciones, basadas en el voluntariado, sin ánimo de lucro que realizan funciones de gran interés
social, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, y conviene facilitar la vida de las que ya existen y fomentar la aparición de otras nuevas, esto es, fomentar la espontaneidad social. No tiene sentido, pues, imponer cargas burocráticas
innecesarias a este tipo de



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asociaciones y obligarlas a presentar el impuesto sobre sociedades porque vendan lotería o vendan unas camisetas.


Como dijo el señor ministro y han dicho otros portavoces, ha habido algún avance en la legislación para evitar estos problemas, pero lo que nos plantea el grupo proponente es ir más allá y ampliar esos límites. Nos parece razonable su
propuesta porque hay dos cautelas que son exigentes y que van a impedir que esta ampliación de límites se convierta en un coladero para que no presenten el impuesto sobre sociedades entidades distintas de las que persigue la moción. Como ha
señalado el señor Sánchez i Llibre, esas dos cautelas son que los cargos directivos no sean remunerados y que todos los ingresos se dediquen a los fines propios de la entidad. Creemos que con esas cautelas no hay peligro de ampliar los límites hoy
existentes en la legislación y por eso votaremos favorablemente la moción.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Pérez Moya.


El señor PÉREZ MOYA: Muchas gracias, señor presidente.


Vaya por delante el voto favorable de La Izquierda Plural a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Como bien han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra, la realidad de nuestro país se sustenta en gran parte en la actividad que decenas de miles de entidades están desarrollando sin ánimo de lucro y que tiene que ver con la
realidad asociativa —asociaciones de padres, de voluntariado, ecologistas, culturales, vecinales, deportivas, sociales, etcétera—, y unánimemente piden que el Gobierno cambie su actitud y modifique nuevamente —si es posible y si tiene voluntad para
ello— tanto la ley que propuso como la modificación posterior por el decreto correspondiente que significa un gravamen claro en la gestión económica de las entidades sin ánimo de lucro. Es necesario diferenciar si la entidad desarrolla una
actividad con fines no lucrativos y hay que reconocer el valor que tiene la forma jurídica de la asociación como herramienta, como instrumento de cohesión y de saludable autoorganización de la ciudadanía activa, comprometida y participativa. Como
bien propone la moción, todos los activos económicos que se puedan generar han de estar dirigidos a la propia actividad de la entidad.


Queremos ser coherentes con lo que ya expresamos en febrero en la Comisión de Educación y Deporte en las enmiendas presentadas por este grupo a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la defensa y apoyo a los
clubes deportivos de base. No creemos que la propuesta expresada en la moción —no es la voluntad de los proponentes— sea una puerta abierta al amparo de ningún tipo de fraude. Por eso, tal y como ya se ha expresado, deben analizarse los cambios
normativos necesarios en materia fiscal —pensamos que en ese camino podemos reforzar a las entidades sin ánimo de lucro en lo que hace referencia al impuesto sobre sociedades y al IVA— para encontrar el equilibrio entre el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de las entidades sociales, culturales, de voluntariado o de deporte base y los objetivos de servicio a la comunidad y sus características de gestión, ya que hay que reconocer que habitualmente disponen de pocos recursos y de
mucho trabajo voluntario. Por tanto, complementariamente sería conveniente desarrollar la normativa de Seguridad Social a efecto de que las cantidades pagadas en compensación por los gastos en que incurren los voluntarios de las entidades no tengan
la consideración del salario. Siguiendo la experiencia de otros países europeos, la normativa de Seguridad Social debería determinar las cantidades máximas que pueden percibir los voluntarios en presunción de pagos no salariales.


Sirvan estas reflexiones que estoy haciendo para reforzar la moción presentada por Convergència i Unió. Votaremos a favor, aunque entendemos que es un paso de mínimos respecto a la voluntad hasta ahora expresada por el Gobierno. Es decir,
la propuesta mejora los planteamientos del Gobierno, pero preferiríamos que esas modificaciones no se hubieran producido, preferiríamos la situación anterior a la Ley 27/2014. Y se trataría de volver, como mínimo, a la situación en la que los
límites estén establecidos en no superar los 100.000 euros. Es lo que reivindican decenas de miles de entidades. La propuesta de la moción es un paso en la dirección de lo que piden las entidades de nuestro país. Si el Gobierno no lo modifica,
seguiremos proponiendo modificaciones en lo que queda de legislatura o en la próxima. Insisto, no hablamos de fraude, hablamos de consolidar a las entidades sociales como interlocutores de la consolidación de la democracia política y participativa
por el esfuerzo que hacen en la cohesión social y en la fortaleza de nuestra sociedad. Por eso nosotros daremos apoyo a la moción presentada por Convergència i Unió.



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Moya.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Esteve.


La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo, al igual que los otros grupos, va a votar favorablemente esta moción porque entendemos que es razonable y porque esperamos que sirva para abundar en los argumentos que se están discutiendo en estos momentos en la
tramitación del Real Decreto 1/2015, de cara a dejar exentas a las pequeñas entidades sin ánimo de lucro de la declaración del impuesto sobre sociedades. Nos alegra que el Gobierno esté dispuesto a reparar su equivocación al imponer en la Ley de la
reforma del IRPF y del impuesto sobre sociedades la obligación de presentar declaración a las pequeñas entidades, sin valorar —creo yo que sin mala fe— los perjuicios que podía ocasionarles, complicándoles con ello su funcionamiento y la gestión, ya
que los componentes de sus juntas son mayoritariamente voluntarios y deben continuar siéndolo, y cuyos esfuerzos van dirigidos al bien común. Sé que en este decreto el Gobierno plantea la cifra de 50.000 euros para la declaración del impuesto sobre
sociedades. Efectivamente, es un avance, pero nos parece desproporcionado si miramos las características de las pequeñas entidades. Ya se han descrito anteriormente, pero son entidades donde el trabajo voluntario es el gran valor añadido y tiene
un efecto multiplicador muy grande. Por tanto, desde mi grupo les pedimos volver a la situación anterior de la Ley del IRPF y el impuesto sobre sociedades que entró en vigor a primeros de año, es decir, dar un paso atrás para hacerlo quizás un
poquito mejor. Hablamos de cerca de 50.000 entidades, pero usted, señor Sánchez i Llibre, hablaba de 2.000.000, porque es enorme el efecto multiplicador que tienen estas entidades y el papel tan importante que tienen en la cohesión social. En la
mayoría de los casos, estas entidades cuentan con un pequeño soporte administrativo o cuentan con algún profesional de trabajo social para que les ayude a hacer las gestiones, voluntarias, sí, pero con acierto. De todos es conocido, insisto, que
este tejido social ayuda a vertebrar, compactar, cohesionar la sociedad. Por eso hay que protegerlo.


Me gustaría añadir alguna cuestión sobre la que quizás valdría la pena reflexionar. Sabemos que el resultado del trabajo de estas entidades en términos de impacto social es muy alto, lo intuimos, pero no tenemos datos. Quizás valdría la
pena plantearnos su labor en términos económicos, ya que si estas estructuras intermedias favorecen una mayor autonomía personal y colectiva —y de esto estamos seguros— y hacen que se dependa menos de la ayuda pública, en la medida en que la
sociedad tiene más capacidad de autoorganización, se hace recaer menos presión en el erario público y, no obstante, se ayuda a hacer una vida más normalizada. Tienen una actividad que deviene en preventiva porque, en el caso de una asociación de
padres y madres, permite detectar dificultades en los niños y niñas o en sus familias; además, se favorece la solidaridad, por ejemplo, el intercambio de libros o ayudas a las salidas escolares, si seguimos con el ejemplo de las AMPA. ¿Pero cómo
se cuantifica económicamente? ¿Y su impacto, señor Sánchez i Llibre? A mi grupo le gustaría avanzar en este análisis de costos de la actividad voluntaria y en qué pasaría si esta actividad no se llevara a cabo. Socialmente lo sabemos: anomia y
conflicto. Pero ¿y económicamente?


Por todo ello estamos de acuerdo, primero, en aligerar la carga del impuesto sobre sociedades a los 100.000 euros, tal y como manifiesta el señor Sánchez i Llibre, sabiendo que no va a suponer coste para la Hacienda pública. Y, a la vez,
les instamos —al Gobierno, a todos— y nos emplazamos a ir un poco más allá, a hacer cosas que han hecho otros países como Reino Unido, Suecia, Dinamarca, a poner números al trabajo voluntario y solidario y, con ello, dar un valor real al balance
social, que es tanto como que seamos capaces de poner en primera línea el fomento, la ayuda y el impulso a la gran riqueza que suponen estas entidades. Ya lo hacemos, pero sabiendo más lo haremos con mejor tino, sabiendo más sabemos lo que nos
jugamos y sabiendo más sabemos que realmente estas entidades suponen al final ingresos para el erario público y, lo que es más importante, beneficios para la convivencia y la vertebración de la sociedad en nuestro país.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Veray.


La señora VERAY CAMA: Gracias, presidente.


Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la moción consecuencia de interpelación que hizo el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo de



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Convergència y Unió, al ministro de Hacienda para eximir de la presentación del impuesto sobre sociedades a las pequeñas entidades sin ánimo de lucro.


Sean mis primeras palabras de reconocimiento a estas entidades, quiero poner hoy en valor la extraordinaria labor social que hacen y trasladarles el reconocimiento y la admiración de mi grupo parlamentario, así como agradecer su trabajo, su
dedicación y entrega por el bien común. Creo que nadie en este Congreso de los Diputados pone hoy en cuestión la gran labor de vertebración social y a favor de la cohesión social de la sociedad española que hacen estas entidades. Es precisamente
por este reconocimiento y esta admiración hacia todas estas entidades por lo que el Gobierno del Partido Popular, cuando en el mes de febrero se evidenció que la compleja pero importantísima y necesaria reforma tributaria había supuesto dificultades
en el normal funcionamiento de estas entidades, modificó a través del Real Decreto-ley de la segunda oportunidad el apartado 3 del artículo 124 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para arreglar esta situación. Es una modificación que creo que
no puede ignorarse porque fue el primer paso de este Gobierno para dar solución a una situación creada de manera involuntaria y que no perseguía, como no persigue la modificación, poner trabas burocráticas a estas entidades. Estarán exentas de la
presentación del impuesto sobre sociedades aquellas entidades cuyos ingresos totales no superen los 50.000 euros anuales, cuyos ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen los 2.000 euros anuales y cuando todas las rentas no exentas que
obtengan estén sometidas a retención. Estos son los tres requisitos que se pusieron en la modificación que lo que hacen —salvo en lo relativo a los 100.000 euros, porque lo aprobado son 50.000— es volver a la situación anterior y que ha sido
reclamada por más de un portavoz de diversos grupos parlamentarios desde esta tribuna.


El Partido Popular, mi grupo parlamentario y el Gobierno están dispuestos a discutir lo que hoy nos pide Convergència i Unió, a llegar a acuerdos y consensos. Por eso le pedimos, señor Sánchez i Llibre, que todo esto se haga a través de la
tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de Segunda Oportunidad, que, como usted sabe, se va a tramitar como proyecto de ley. Por tanto, ese es el conducto para mantener este debate.


El señor Sánchez i Libre decía en su intervención que hoy se acaba este debate. No, el debate sobre esta moción no acaba hoy. Lo que va a acabar realmente —y esperamos que con acuerdo y consenso y, por tanto, en beneficio de estas
entidades pequeñas sin ánimo de lucro— va a ser la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero. Es en ese trámite en el que tenemos que llegar a acuerdos porque si no caeremos en el error de precipitarnos. Les
voy a decir por qué, porque veo que ningún grupo parlamentario se ha dado cuenta. En la moción que presentan, señor Sánchez i Llibre, nos piden que modifiquemos también el apartado 4 del artículo 9. ¿Sabe de qué habla? De los partidos políticos.
¿Usted cree que hoy, que todos hablamos de transparencia y más control de los partidos políticos, mi Gobierno y mi grupo parlamentario pueden aceptar que con este error en su moción se introduzcan exenciones a los partidos políticos en el impuesto
sobre sociedades? No. Por lo tanto, espero que acepte trasladar este tema al trámite del proyecto de ley, que sigamos trabajando hasta la hora de la votación de esta moción para llegar por unanimidad a un texto que contente a todos y, sobre todo,
que logre el objetivo final de beneficiar a estas entidades pequeñas sin ánimo de lucro, que es el objetivo que todos perseguimos.


Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Veray.


Se suspende la sesión.


Eran las dos y diez minutos de la tarde.