CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 275

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 258

celebrada el jueves,

23 de abril de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


— Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. («BOE» núm. 70, de 23 de marzo de 2015). (Corrección de errores en «BOE» núm. 91, de 16 de abril
de 2015). (Número de expediente 130/000068) ... (Página4)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:


— Proyecto de ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 123-1, de 5 de diciembre de 2014. (Número de expediente 121/000123) ... (Página22)


Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias:


— Acuerdo de la Comisión de Interior, en relación con el Informe aprobado por la Subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 643, de 9 de abril de 2015. (Número de expediente
154/000007) ... (Página29)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página36)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página37)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página37)


Avocación por el Pleno:


— Proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 132-1, de 6 de marzo de 2015. (Número de expediente 121/000132) ... href='#(Página37)'>(Página37)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página38)


Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias. (Votación) ... (Página41)

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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


La Presidencia informa a la Cámara de que las votaciones no se realizarán antes de las once y media de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página4)


Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral ... (Página4)


La señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo
Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Simancas Simancas,
del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Villalobos Talero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página22)


Proyecto de ley orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional ... (Página22)


En defensa de las enmiendas presentadas que se mantienen vivas para su defensa en Pleno intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Cabello de Alba Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias ... (Página29)


Acuerdo de la Comisión de Interior, en relación con el Informe aprobado por la Subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales ... (Página29)


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista, y Escobar las Heras, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página36)


Sometidos a votación separada los puntos de la moción consecuencia de interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario Mixto (señora Ariztegui), sobre la postura del Gobierno en relación a las

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consecuencias del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre Europa y EE.UU. (TTIP), son rechazados todos.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas, señor Álvarez y señor Salvador), sobre los propósitos del Gobierno en relación a la condena de la limpieza nacional y crímenes contra la humanidad cometidos por la banda terrorista ETA y su
entramado político, a fin de dar la necesaria satisfacción y reconocimiento a las víctimas de estas violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y satisfacer el derecho inalienable a conocer la verdad, se aprueba por 276
votos a favor y 34 en contra.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página37)


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, se aprueba por 180 votos a favor más 3 votos telemáticos,
183; 25 en contra y 106 abstenciones más 1 voto telemático, 107.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 310 votos a favor más 4 voto telemático, 314.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página37)


Avocación por el Pleno ... (Página37)


Proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras ... (Página37)


Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de referencia, se rechaza por 133 votos a favor, 176 en contra más 3 votos telemáticos, 179, y 1 abstención.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página38)


Sometidas a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional, son rechazadas todas.


Sometido a votación el dictamen de la comisión, es aprobado por 174 votos a favor, 123 en contra y 10 abstenciones.


Votación de conjunto ... (Página40)


Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 177 votos a favor más 3 votos telemáticos, 180; 120 en contra más 1 voto telemático, 121, y 9 abstenciones.


Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias. (Votación) ... (Página41)


Sometido a votación el acuerdo de la Comisión de Interior, en relación con el informe aprobado por la Subcomisión de estudio sobre las redes sociales, se aprueba por asentimiento.


Se levanta la sesión a las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.

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Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Como hay votaciones de ley orgánica, indico como hora antes de la cual no habrá votaciones las once y media; es decir, antes de las once y media no habrá votaciones. Espero que nos acerquemos a esa hora, pero siempre votaríamos después de
la misma.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:


— REAL DECRETO-LEY 4/2015, DE 22 DE MARZO, PARA LA REFORMA URGENTE DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL. (Número de expediente 130/000068).


El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Para presentar este real decreto, tiene la
palabra la ministra de Empleo y Seguridad Social.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, comparezco ante ustedes para presentar, en nombre del Gobierno, la convalidación del Real Decreto-ley 4/2015 para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, real decreto que fue
aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 20 marzo. Se trata, señorías, de un proyecto crucial para nuestro país que tiene importantes objetivos estratégicos, el primero de ellos, y el más importante, favorecer la creación de empleo estable y
de calidad, así como contribuir también a la competitividad de nuestras empresas. Asimismo, complementa ese objetivo inicial la garantía del derecho a la formación laboral de manera permanente durante toda la vida laboral para ofrecer mayores
oportunidades de empleabilidad y promoción profesional a todos los trabajadores españoles. Es decir, abordamos con este proyecto algunas de las cosas que más preocupan e interesan a los ciudadanos: el empleo, el derecho a la formación y las
oportunidades de desarrollo de desempleados y también de trabajadores. Se trata de materializar una reflexión de muchos años largamente esperada y reclamada por la comunidad científica que está especializada en políticas públicas, por cuanto la
formación debe ser también una herramienta potente al servicio de la empleabilidad y la competitividad de nuestra economía. Se trata de ahondar en la nueva cultura del empleo, garantizando el derecho a la formación introducido en la reforma laboral
del año 2012 porque, como hemos dicho numerosas ocasiones desde el Gobierno, España debe y tiene que competir en talento y en capital humano, no en salarios bajos.


Señorías, como saben bien, la reforma es fruto además de un amplio proceso de diálogo y participación con los interlocutores sociales; diálogo y participación que comenzó en el pacto de 29 julio del año 2014. La reforma que hoy presenta el
Gobierno responde al compromiso y a los objetivos que se comprometían en ese pacto de Moncloa con Comisiones Obreras y UGT, CEOE y Cepyme. Dialogamos, señorías, durante meses hasta la extenuación porque todos, todos, éramos conscientes de la
necesidad de continuar transformando un modelo que ha permitido la formación de muchos trabajadores en nuestro país durante más de tres décadas de vigencia. Se han formado muchos trabajadores: 4 millones se están formando en la actualidad, pero en
el año 1992 solo se formaban 200.000. También han sido muchas las empresas que acuden a la formación: en 2004, hace una década, utilizaban la formación 33.000 empresas en España, hoy lo hacen más de 400.000; por tanto el modelo ha tenido una
implantación progresiva en todo el tejido productivo. Así pues, el desarrollo desde el punto de vista cuantitativo del modelo de formación ha sido claro, sin embargo, durante todos estos años de reflexión los aspectos cualitativos del mismo ponían
de manifiesto importantes debilidades; esta reforma quiere atender y quiere romper con esas debilidades del modelo.


Por otro lado, el modelo de formación se construye en un marco competencial donde compartimos competencias en esta materia las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Es una arquitectura institucional que a veces ha
dificultado la planificación estratégica y, lo más importante a nuestro entender, ha adolecido de tener un sistema integrado de información permanente para que pudiésemos conocer en tiempo real qué formación se estaba haciendo en España, qué
trabajadores estaban formándose y en qué materias lo hacían en cada momento. Por otra parte, el sistema adolecía de elementos de evaluación de calidad, como constata el último informe de la Fundación Tripartita en el que se reconoce que el impacto
de la formación sobre el tejido productivo es limitado. Sinceramente, señorías, no podíamos darnos por satisfechos con un modelo que no transforma la realidad ni tampoco conformarnos

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con un sistema que impacta de manera tímida o mediana en la economía. Lo que necesitamos es una formación potente, transformadora y ambiciosa al servicio de los trabajadores y al servicio de las empresas.


Ese es el diagnóstico, y así se reflejaba en las reiteradas encuestas a beneficiarios de la formación que hizo la Fundación Tripartita en los años 2010 y 2011. La encuesta decía —y quiero subrayar sus resultados— que seis de cada diez
personas afirmaban que no habían adquirido ninguna habilidad o destreza nueva, seis de cada diez. Siete de cada diez de los encuestados no vieron aumentada su capacidad de inserción en el mercado de trabajo, siete de cada diez. Pero, lo más
importante, es que solo el 17 % de los encuestados reconoce recibir una formación relacionada con el puesto de trabajo que posteriormente encontró; es decir, el grado de penetración en la inserción fue muy limitado. Si analizamos los contenidos
formativos del modelo anterior, había bastante diferencia entre la necesidad del tejido productivo y los cursos que se impartían. Por ponerles un ejemplo, en el año 2012 el 45 % de los cursos estuvieron relacionados con servicios socioculturales y
hacia la comunidad, mientras que en un país como el nuestro, con la importancia que tienen, por ejemplo, el turismo o la hostelería, los cursos relacionados con estas materias solo representaron el 4 %. Si vemos el peso de los nuevos segmentos como
la informática o las comunicaciones, solo se realizaron en ese año el 9,4 % de los cursos referidos a esa materia de informática y comunicaciones. Por tanto, parece que los cursos no daban respuesta real a las necesidades perentorias del tejido
productivo. Además, y es importante, la diferencia entre tener o no tener formación es clave a la hora de encontrar un empleo, de mantenerlo o de mejorar el que se tiene de manera relativa. Les pondré un ejemplo que demuestra lo que les estaba
afirmando con anterioridad. Durante la crisis, hablamos de los años 2007-2013, entre los trabajadores que solo tenían educación primaria, el paro subió en más de un 50 %; sin embargo, en ese mismo periodo de crisis 2007-2013, aquellos trabajadores
que poseían una formación superior, una mayor cualificación, no solo no fueron al paro, sino que se incrementó entre ellos la ocupación por encima del 3 %. Es decir, aquellos trabajadores más formados encontraron empleo incluso en una situación muy
difícil de crisis.


Por tanto, el impacto de la formación sobre las posibilidades de mantenimiento de empleo, de inserción en el mercado de trabajo es fundamental, es un elemento importante que nos lleva a presentar hoy esta reforma estructural para el presente
y para el futuro de nuestro país. En este punto haremos mal si miramos para otro lado o si caemos en la condescendencia de que solo perjudica a quienes son en realidad aquellos más vulnerables, aquellos trabajadores que hoy tienen en nuestro país
poca o baja cualificación. Sabemos además que esta tendencia se va a acentuar en el futuro, así lo demuestran las previsiones de la Comisión Europea, que señalan que hasta el año 2025 se crearan en el entorno europeo más de 19 millones de empleos
de alta cualificación. Sin embargo, ese informe de la Comisión Europea ya reconoce que en los segmentos de cualificación media o de baja cualificación caerán las oportunidades de empleo.


Por tanto, como españoles, como diputados, no podemos perder ni un minuto en formar a nuestros trabajadores para que puedan competir en un mundo cada día más global donde es imprescindible tener una gran cualificación. Y, al contrario, si
desatendemos estas transformaciones del mercado de trabajo, estaremos condenando a millones de personas a la precariedad o, aún peor, al desempleo, algo que sería irresponsable para nosotros frente a la sociedad española.


Se lo decía al principio de la intervención: si queremos competir en talento, si queremos que como Gobierno, como Cámara de representación de los españoles o como sociedad apostar por la creación de empleo de calidad, luchar contra la
desigualdad y favorecer la cohesión social, tenemos que utilizar al cien por cien las herramientas de transformación de un modelo para que los trabajadores tengan todas las oportunidades. No podemos conformarnos, como les decía, con políticas
públicas que funcionen a medias, que no den de sí todo el potencial que tienen para dar oportunidades a la gente. Con ello nos jugamos las oportunidades de esas personas que pudiendo optar a mejores trabajos y mejores salarios, no lo hacen por no
tener esa formación de calidad. Además, si analizamos los datos del mercado de trabajo, el salario medio a nivel de formación en nuestro país oscila entre los 1.347 euros para aquellos trabajadores que tienen menor educación, solo educación
secundaria y, en cambio, supera los 2.400 euros de media para aquellos que tienen una educación superior. Por tanto, un puesto de trabajo mejor remunerado también tiene que ver con la formación de calidad. Y para mejorar la formación es preciso
adaptarla a la estructura económica y empresarial que tiene España.


Señorías, como conocen bien, tenemos dos tipos de formación en el ámbito de empleo en nuestro país. Una es la que se realiza en el ámbito de la empresa, la que llamamos formación de demanda o formación bonificada, aquella que se hace
mediante bonificaciones a las cuotas de Seguridad Social. El nivel de bonificación depende del tamaño de la empresa, y va desde un 50 % para aquellas empresas de

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más de 250 trabajadores, hasta un cien por cien para la pequeña y mediana empresa, aquellas micropymes tienen un crédito asegurado por trabajador de 420 euros. Pero el alcance, la penetración de la formación en las empresas tiene una
relación inversa al tamaño, es decir, en aquellas empresas de más de 250 trabajadores, el nivel de penetración de la formación supera el 90 % —ahí hemos alcanzado los objetivos que nos propusimos desde el principio—; sin embargo, entre las empresas
de menos de 10 trabajadores, que son la gran mayoría de las empresas de este país, el nivel de penetración de la formación es inferior al 26 %. Por tanto, tenemos que seguir apostando por una formación en el ámbito de la pequeña y mediana empresa,
de la empresa de menor tamaño, que es donde tenemos la mayor debilidad.


Durante el año 2014, se formaron en nuestro país más de dos millones de trabajadores en el ámbito de la empresa, en ese modelo llamado formación bonificada o formación de demanda. El otro modelo, el modelo de formación de oferta o formación
subvencionada, es el modelo prioritario para formar a los desempleados, aunque también hay una parte pequeña de formación que va dirigida a ocupados. El modelo de formación de oferta, de formación subvencionada es el que corresponde principalmente
a las comunidades autónomas, aunque reconocemos que hay una parte menor que realiza directamente, desde la Administración General del Estado, la Fundación Tripartita. En el año 2013, últimos datos que tenemos homologables, fueron 245.000
trabajadores los que se formaron en la modalidad de formación de oferta. Quiero también señalar que el origen de los fondos para la formación es variado. Por una parte, el 0,6 % de la cuota de formación la pagan las empresas, el 0,1 % la pagan los
trabajadores y hay otro tanto de aportaciones, bien de las administraciones públicas o bien del Fondo Social Europeo. Si atendemos a la distribución de los fondos para la formación, tenemos como resultado que la formación en el seno de la empresa
corresponde solo al 25 % total de los recursos de formación, los programas de Administración General del Estado, el 15 % y el resto, el 60 %, se hacen en el ámbito autonómico. Solo en el año 2014 se destinaron a formación 2.280 millones de euros.
Suponen una cantidad ingente de recursos que nos obliga a trabajar para mejorar el sistema para que sea más eficaz, de mayor calidad, más transparente y que se evalúe, de verdad, de forma permanente.


Queremos, señorías, que la evaluación sea una de las claves del modelo del futuro, que exista además una mejor coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España en el nuevo modelo que deseamos implantar. Queremos que la
relación y el trabajo coordinado entre Gobierno y comunidades autónomas en este modelo nuevo sea respetuoso, escrupulosamente, con las competencias de cada uno, con las competencias autonómicas y las competencias de la Administración General del
Estado. Y creemos que también tiene que existir una profunda coordinación con todos los actores implicados, entre ellos los interlocutores sociales, en este nuevo modelo de formación. Por tanto, mayor evaluación y mejor coordinación para cumplir
los objetivos estratégicos que les señalaba al principio de mi intervención.


En este nuevo modelo, queremos situar en el centro de la reforma a los trabajadores, ya sean ocupados o sean temporalmente desempleados, y sobre todo, y también, a las empresas para conseguir ese mayor nivel de eficacia, de competitividad y
de transparencia en la gestión de los fondos públicos. Este nuevo modelo será de aplicación a todas las administraciones públicas en todo el territorio nacional. Los interlocutores sociales seguirán teniendo un papel protagonista importante en el
diseño, en la planificación y en la programación de toda la formación porque son ellos, los representantes de las empresas y de los trabajadores, los que mejor conocen las necesidades del tejido productivo. Pero queremos que sea un sistema
eficiente, que se hagan prospecciones y detecciones de las necesidades del mercado y que seamos también capaces de anticiparnos a esas necesidades que tiene el tejido productivo. Un país con la elevada tasa de desempleo que tiene aún España no
puede permitirse que anualmente haya puestos de trabajo vacantes. Eso se produce porque no somos capaces de anticiparnos a las necesidades nuevas que tiene el tejido productivo. Es necesario también un escenario de planificación plurianual,
inexistente hasta este momento, para que la formación pueda ser continua a lo largo de toda la vida laboral del trabajador. Tal y como establecía la reforma laboral de 2012, vamos a implantar la cuenta de formación, estableciendo una cuenta
asociada a cada trabajador, como existe hoy un número de la Seguridad Social asociado a cada uno de los ocupados, que le acompañe durante toda su vida laboral y donde se certificará toda y cada una de la formación que haya hecho a lo largo de su
carrera profesional. Se apostará también por la teleformación como instrumento que puede dotar al sistema de mayor eficacia y flexibilidad y por la formación en el seno de la empresa para que esa sea más competitiva, más flexible y adecuada, de
verdad, a sus necesidades. Vamos a hacer un esfuerzo con los interlocutores sociales y con las administraciones públicas para implantarla en esas empresas, como les decía, que tienen menor tamaño, donde el grado de penetración de la formación es
todavía insuficiente.

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Por otra parte, en el ámbito de la gestión de esa formación subvencionada, de la formación de oferta, es donde queremos hacer un cambio radical. Los recursos ahora, con este nuevo modelo, irán a concurrencia competitiva al cien por cien;
de esta manera, los centros accederán a esas convocatorias de formación, bien por la Administración General del Estado o bien por las comunidades autónomas, en igualdad de condiciones, y será el mercado el que elija a aquellos que lo hagan con mayor
calidad. En el ámbito de la formación para desempleados introducimos otra novedad importante: el cheque formación. Con este cheque una persona desempleada podrá elegir libremente el lugar donde se quiere formar y será la Administración
correspondiente, bien la comunidad autónoma o bien la Administración General del Estado, la que pague luego esa formación al centro que el desempleado haya elegido con anterioridad. Otro cambio destacable en materia de formación subvencionada es
que a partir de ahora solo se podrá anticipar, antes de iniciarse la formación, un 25 % de los fondos a los centros de formación. Hasta ahora se podía hacer un anticipo de hasta el cien por cien de manera prefinanciada, y eso, señorías, y lo
tenemos que reconocer con honestidad, ha dado lugar a que se hayan producido irregularidades en muchas comunidades autónomas que en el futuro debemos y tenemos que evitar. Por otra parte, se establece un proceso de evaluación permanente para que
tengamos todos presente que lo fundamental, lo principal, lo crucial es la calidad de la formación si queremos mantener empleos, si queremos favorecer empleos y, sobre todo, si queremos que mejoren los trabajadores en su carrera profesional.


Señorías habrá tolerancia cero con el fraude; garantizaremos, por tanto, que cada euro que va a formación vaya efectivamente a formación. Y para intentar conseguir ese objetivo habrá dos grandes novedades en la reforma: una unidad
especial de inspección, dentro del ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y a su vez se elevarán las sanciones para aquellas empresas que utilicen los fondos de forma irregular, por ejemplo, aquella empresa que lo haga mal durante
cinco años no tendrá posibilidades de percibir recursos públicos para dar formación en el futuro. Además, habrá un sistema integrado de formación y de información entre comunidades autónomas y Gobierno. Esto es importante, señorías, porque tenemos
que saber en todo momento, si queremos ser eficaces y si queremos reaccionar con prontitud, qué formación se está dando, a qué trabajadores se está formando y en qué se están formando esos trabajadores en cada momento en nuestro país. Señorías, por
ponerles un ejemplo, el Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización del año 2014, reconoció que una persona en España en ese año, en el año 2014, había hecho más de cien cursos. Esto, que es claramente una irregularidad, con ese sistema
integrado de información no volvería a ocurrir en el futuro. Por tanto, tenemos que ser capaces con este nuevo modelo de tener un sistema que favorezca más transparencia, más control, más calidad y evaluación permanente de la formación, y lo más
importante, que los trabajadores tengan una mejor empleabilidad y las empresas mejoren su competitividad.


Señorías, como les decía al principio, el capital humano es el mayor elemento de competitividad del presente y del futuro de España. Es nuestra obligación mejorar este sistema de formación profesional para el empleo, si queremos competir en
talento en el medio y en el largo plazo. Por ello, el Gobierno ha aprobado este real decreto-ley porque no tenemos ni un minuto que perder, y además les animo, ahora que se inicia la tramitación parlamentaria del texto, porque deseamos tramitarlo
como proyecto de ley, a hacer aportaciones que mejoren el texto original.


Señorías, en España hoy se crea empleo, en España hoy se crea empleo de mayor calidad. Tenemos todavía mucho camino que recorrer porque aún hay muchos españoles que no tienen oportunidades. Acabamos de conocer a las nueve de la mañana la
encuesta de población activa y, pese a la estacionalidad del primer trimestre, sí podemos destacar que el número de empleos creados en el último año supera ya el medio millón de personas, algo que no ocurría desde el año 2007: en el último año se
crearon más de 500.000 empleos. La caída interanual del paro, señorías, ha sido de 488.700 personas; el mejor dato de la serie desde el año 2012. Pero lo más importante, en términos interanuales el ritmo de creación de empleo se acelera del 2,53
% al 2,97 %; también el mayor incremento del empleo desde el año 2007. Se está creando además empleo de mayor calidad cada día. En el último año hay 289.700 empleos indefinidos, es decir, casi el 60 % de todos los empleos creados fueron empleos
estables. Pero sin duda ninguna, señorías, nos queda mucho camino por recorrer porque todavía hay muchas personas en España que no tienen oportunidades de empleo.


La reforma estructural que hoy planteamos a la sociedad española como presentación de esta reforma en el Congreso es un elemento capital para que los trabajadores tengan más oportunidades y para que los desempleados también, con mayores
capacidades, puedan volver cuanto antes al mercado de trabajo y tener las oportunidades que merecen y que la sociedad española les tiene que dar. Yo les animo desde

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aquí a que hagan aportaciones constructivas y que seamos capaces de poner en marcha en esta nueva etapa una reforma crucial para la competitividad de nuestro país, que es esa competitividad en talento y en capital humano que debe ser nuestro
presente y nuestro futuro.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Comienza la intervención de los grupos en fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, las aportaciones constructivas en esta Cámara tienen un vuelo muy corto, porque su mayoría absoluta se encarga de que no vuelen muy alto. Nueva imposición normativa y nuevo real decreto; un decreto que carece de consenso
sindical, por lo que, además de a este Parlamento, se le da la espalda a la parte social, a los sindicatos, que son parte fundamental en la formación profesional para el empleo, muy en la línea de este Gobierno que, una vez tras otra, se demuestra
incapaz de consensuar y confunde interesadamente consulta con negociación. Informar a los sindicatos de lo que van a hacer y negociar son cosas absolutamente distintas. Dar la espalda a la representación de los trabajadores tiene consecuencias en
la calidad de la normativa que se propone. Tanto las organizaciones empresariales como las sindicales son las que conocen las necesidades de los sectores, los problemas de competitividad de las empresas y la concreta necesidad de adquisición o
actualización de conocimientos de los trabajadores. De hecho, así lo reconoce la propia exposición de motivos en un alarde más de cinismo. Entonces, ¿por qué darles la espalda? ¿Por qué negarles en este real decreto el papel que sí tienen en
otros países de nuestro entorno? Ustedes otorgan a los verdaderos protagonistas del sistema productivo —organizaciones empresariales y sindicales— un papel meramente consultivo. Los centros de formación públicos, universidades, centro de formación
profesional y de educación de personas adultas, siguen siendo relegados a un papel subsidiario, muy por detrás de los centros y entidades privadas de formación, que acaparan el mercado de la formación para el empleo. En esa misma línea, potencian
la formación bonificada, la organizada por las empresas directamente, que ya es la que mayor presupuesto recibe, el 63 % del total para formación para ocupados, con casi 600 millones de euros. Quieren potenciar aún más el modelo privado, donde el
lucro del empresario sea el leitmotiv del curso y no tanto la verdadera formación de parados o trabajadores. De otra parte, este real decreto mantiene el cheque formación para los trabajadores desempleados, a pesar de los problemas que ha
ocasionado y su mal resultado en otros países. Consideran como acción formativa una hora, cuando antes la referencia eran seis horas. Como consecuencia de este real decreto, está en riesgo este año toda la formación de empleados públicos. Tampoco
han cumplido con su compromiso público y con la petición del Tribunal de Cuentas en cuanto a que los fondos de formación se deberían reanualizar dado que son finalistas y solo deberían dedicarse a formación y no a otros fines que nada tienen que ver
con la formación. En definitiva, este decreto tiene nuevamente las alas cortas porque no soluciona el problema, porque nace sin el consenso necesario y porque no va a tenerlo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.


Señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, tanto en la exposición de motivos como en su intervención esta mañana se ha esforzado usted en decir que la urgencia de este real decreto está motivada por el interés del Gobierno en la creación de empleo y en evitar que se
perpetúen trabajadores en la situación de desempleo. Ha llegado a decir que es la preocupación de este Gobierno mejorar las condiciones salariales de los trabajadores; esta mañana lo ha dicho. Yo le pregunto si realmente cuando ustedes, el
Gobierno, dicen estas cosas se creen que alguien se las puede creer, sobre todo cuando han legislado cosas como la reforma laboral. Sin ir más lejos, señora ministra, esta mañana se van a manifestar por las calles de Madrid miles de trabajadores de
las contratas y subcontratas que trabajan para Telefónica que viven unas condiciones laborales semiesclavistas; trabajadores formados, muy formados, señora ministra, casi mileuristas o apenas mileuristas que, además, trabajan a destajo. Mientras,
los beneficiarios, los accionistas de Telefónica, se reparten beneficios millonarios. Eso es consecuencia de su reforma laboral. Esas son consecuencias de todas las políticas de este Gobierno relacionadas con el empleo y con las condiciones de los
trabajadores

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y trabajadoras. Hagan caso a estos trabajadores que hoy se van a manifestar porque es la demostración de cómo están los trabajadores en el Estado español.


Hoy viene con un real decreto —de nuevo por urgencia, aunque no le vemos la urgencia— que, además, no cuenta con el acuerdo de los agentes sociales. No es de extrañar, señora ministra, que no se hayan alcanzado acuerdos porque una cosa es
actuar sobre el fraude o contra el fraude —que, efectivamente, lo hay—, controlando y vigilando los distintos gastos y la gestión que se hace de los cursos, y otra muy distinta es la libre concurrencia, desposeyendo a los agentes sociales del papel
de actores principales en una actividad formativa de trabajadores y trabajadoras, sean estos parados o activos. Señora ministra, usted sabe que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores, el Estado tiene la
obligación de negociar con sindicatos y patronal los asuntos de ámbito laboral como el que nos ocupa. Por cierto, señora ministra, también con sindicatos representativos como la CIG, que no son de ámbito estatal, pero que han participado en los
acuerdos estatales en formación continúa y que este Gobierno ha excluido de las negociaciones en todo momento. Ha hablado usted de mejor coordinación con las comunidades autónomas. Señora ministra, desde el artículo 1 hasta la disposición
transitoria segunda este real decreto invade competencias exclusivas en materia de ejecución de formación, profundizando así en la recentralización que, por cierto, ya inició el Gobierno anterior. No olvide, señora Báñez, que, si bien el Tribunal
Constitucional ha establecido en relación con este asunto que la capacidad normativa le corresponde al Estado, la ejecutiva es de las comunidades autónomas, y este real decreto parece más que una norma, un reglamento, que sería el que tendrían que
desarrollar las comunidades autónomas. Por tanto, señora ministra, no es de extrañar que no se alcanzara el consenso y dudamos de que un real decreto de estas características que no cuenta con ese consenso, que no cuenta cuando menos con algún
acuerdo entre las partes que tienen que desarrollarlo, pueda ser realmente un elemento eficaz para lo que usted ha dicho de la formación, de elevar la competitividad, etcétera. Desde luego, tal y como está este real decreto-ley y cómo se plantea,
creemos que no va a servir para acabar con la corrupción o el fraude que pueda haber en el tema de la formación profesional, porque, en todo caso, esa libre concurrencia que ustedes reconocen aquí, la incrementará.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, un nuevo decreto-ley más. A pesar de afirmarse en el mismo que se trata de realizar una reforma integral en el sistema y de que se modifican importantes leyes, se recurre a la vía del decreto-ley
pucherazo, que diría yo. Esto es más grave aun teniendo en cuenta la situación que existe aquí en el Congreso; la mayoría del PP es falsa, lo están diciendo todas las encuestas sobre elecciones que se están realizando que afirman que una cuarta
parte, un tercio e incluso la mitad de los escaños hoy en día se están ocupando por okupas, porque esto no se corresponde con la realidad de la sociedad. Desde este punto de vista, el rodillo antidemocrático que está aplicando constantemente el PP
en este Congreso no solo es antidemocrático, sino que es fraudulento, al igual que el Gobierno.


Entremos en materia. Amaiur niega la mayor, niega, en primer lugar, que esta formación profesional para el empleo pueda darse de forma directa o indirecta, que pueda convertirse en un botín en manos de las empresas privadas que ya existen y
que van a existir de una forma más acentuada para hacerse con una importante tajada de dineros públicos. Por el contrario, Amaiur defiende el carácter público de esta formación profesional para el empleo y que su gestión y dirección sea llevada de
manera exclusiva por las distintas administraciones públicas en las distintas comunidades autónomas en colaboración y de forma conjunta con las organizaciones sindicales, sociales y empresariales existentes, cerrando así el paso a la actividad
privada que trabaja con ánimo de lucro, tal y como se hizo hace veinte años con el surgimiento de Hobetuz, en la Comunidad Autónoma vasca. Esta formación ha de ser impartida sobre todo en centros públicos y llevada a cabo por profesorado público
también, aprovechándose las sinergias que existen entre esta formación para el empleo y la formación profesional reglada existente en el ámbito de la educación pública. La señora ministra no solo no me hace caso, sino que está mirando hacia otro
lado…En fin, esto es lo que hay. Por eso, Amaiur rechaza la profundización en la vía privatizadora que este decreto-ley impulsa. Por desgracia la conocemos en otros ámbitos laborales. Hace tan solo un par de meses se aprobaba aquí la Ley de
Mutuas, por la que se ha puesto a disposición de las mutuas patronales privadas un ámbito tan importante como el de la salud laboral para que sea gestionado conforme a los intereses empresariales. El compañero señor Baldoví ya se ha referido al
cheque formación, por lo que no

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me extenderé al respecto. En cualquier caso, que nadie se llame a engaño, porque tampoco Amaiur es favorable al régimen actualmente existente, y lo digo por varias razones: Porque este es un régimen de monopolio absoluto de esta materia
que se ha dejado en manos de las grandes organizaciones sindicales y patronales existentes a nivel estatal, marginando de forma generalizada al resto. Porque esto en la práctica está suponiendo una sobrefinanciación escandalosa de esta gran
patronal y de estos grandes sindicatos, que aprovechan además todo esto para realizar una actividad clientelar, la practica de un clientelismo a denunciar. Por último, porque es evidente que el conjunto de todas estas características hace que este
sea un ámbito en el que las tropelías y corruptelas de todo tipo hayan aflorado.


Amaiur reclama, en primer lugar, que esta formación profesional responda directamente a las necesidades existentes en cada territorio, en cada nación, realidades económicas, empresariales, sociales y sindicales allí existentes que conforman
unos marcos propios. Reclamamos soberanía en esta materia, porque somos mayores de edad para gestionar de forma exclusiva, al cien por cien, esto, conforme a nuestras propias mayorías políticas, institucionales, sindicales y sociales que existen
allí y que son muy distintas a las existentes a nivel estatal. Y en esta medida —ya termino, señor presidente— no podemos menos que denunciar el estrangulamiento competencial y económico-financiero que se ha venido padeciendo en la Comunidad
Autónoma vasca con Hobetuz y la marginación total que en la Comunidad Foral de Navarra se está practicando en ese contubernio existente entre el Gobierno del PP, la patronal navarra y los grandes sindicatos estatales, que están marginando
absolutamente al resto de fuerzas sindicales.


Termino expresando desde aquí la solidaridad de Amaiur con todos los trabajadores y trabajadoras de Movistar, que en estos días se están movilizando por todo el Estado en defensa de sus puestos de trabajo y de sus condiciones laborales y
salariales.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señora ministra, hoy es jueves, estamos en un Pleno a primera hora de la mañana, efectivamente han acertado ustedes: toca convalidación de real decreto-ley. Esta mala práctica del Gobierno viene siendo su
comportamiento habitual: primero aprueban en el seno del Gobierno una ley que entra automáticamente en vigor y con posterioridad se cumple con el formalismo de pasarla por la Cámara. Será por aquello de que esto es el Legislativo.


Podemos coincidir, señora ministra, en que es preciso reformar el sistema de formación profesional, pero no es más urgente hacerlo hoy que haberlo hecho hace unos meses o unos años atrás incluso, puesto que la formación es un instrumento
clave de creación de empleo y crecimiento económico. Ahora bien, habiendo esperado hasta hoy, podían haber demorado un poco más su aprobación para tramitarlo como proyecto de ley, a pesar de que usted ha dicho que lo va a hacer, y así se hubiera
dado un poco más de protagonismo político a esta Cámara, que falta le hace. Ahora nos dice, señora ministra, al igual que me imagino que nos dirá la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que lo van a tramitar como proyecto de ley, que su
voluntad es obtener un consenso amplio y que no nos preocupemos puesto que no tiene intención alguna de entrometerse con esta ley en los ámbitos competenciales de ninguna comunidad autónoma. No dudo, sinceramente, de sus intenciones y de su buena
voluntad, pero debo decirle que el real decreto-ley está ya en vigor y que desde el punto de vista jurídico-político la intromisión, el ataque competencial y la falta de respeto al marco vigente ya se ha producido, y eso es lo que tengo que
denunciar y lo que desde el Grupo Parlamentario Vasco no podemos aceptar de ninguna manera. Si al final del proceso se corrigen adecuadamente los aspectos competenciales, y otros, podremos reconsiderar nuestra posición al respecto. Para ello —ya
se lo anticipo— presentaremos unas enmiendas parciales, las enmiendas que consideremos oportunas, y esperemos que podamos llegar a un acuerdo y cambiar, como le decía, señora ministra, nuestra posición. Asumo, pues, su propuesta de sincera
negociación y espero poder trabajarlo con su grupo parlamentario, aunque espero en realidad que esta importante tarea la lleve a cabo mi compañero Emilio Olabarría, que es todo un experto en la materia.


Podemos estar de acuerdo en muchos de los contenidos que se proponen en el real decreto-ley y sobre todo en la necesidad de abordar un cambio profundo en la formación profesional. La formación profesional, como saben sus señorías, ha sido,
es y será en Euskadi un instrumento clave de creación de empleo y de ganancias de competitividad y así debe serlo también en otros ámbitos. Como usted ha dicho, señora ministra, acabamos de conocer los datos del primer trimestre de la EPA, y como
los datos,

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según lo que se mire, dicen una cosa u otra, usted nos ha dado una visión optimista, pero el teletipo que he recibido de El País dice: La tasa de paro ha subido al 23,78. Además, esa subida ha sido no por creación, sino por destrucción de
empleo, porque se han destruido 114.300 empleos. El Grupo Vasco no quiere que esto sea así, pero este es el dato y lo que demuestra es que, a pesar de todo lo que se dice, fundamentalmente por parte del Gobierno, la tasa de crecimiento de la
economía española hay que ponerla un poco en cuestión. Es decir, no tenemos la sensación de que este crecimiento de la economía pueda ser sostenible en el tiempo; hay todavía problemas económicos de fondo que pueden dar al traste con el
crecimiento y con la creación de empleo. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). De hecho, también conocimos ayer que a la cabeza del paro en Europa están cinco comunidades del Estado español. Creo que realmente
la situación económica es todavía preocupante. Además, señora ministra, como usted ha reconocido, el sistema que ha venido funcionando hasta el momento es manifiestamente mejorable, ya que no ha resultado adecuado ni ha proporcionado lo que se
esperaba de él. Se ha convertido en muchos casos en una vía de despilfarro de recursos públicos sin conseguir la cualificación requerida. Podemos incluso compartir la idea del régimen de concurrencia o del cheque de formación, por mencionar tan
solo dos ámbitos relevantes de la reforma planteada. No voy a entrar en estos detalles porque lo que quiero poner de manifiesto es el ataque competencial que se produce con esta norma. Por eso me detendré en las cuestiones competenciales, con el
fin de que el Gobierno conozca aquellos aspectos que más nos molestan del real decreto-ley, para así poder llegar al acuerdo que esperamos que se alcance. No lo haré con mucho lujo de detalles porque no dispongo del tiempo suficiente, pero señalaré
aquellos puntos más importantes.


El Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, como les decía, acomete una verdadera expoliación de las competencias transferidas a la comunidad autónoma en materia de formación profesional para el empleo. Se vulnera el contenido del Acuerdo
sobre el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en los ámbitos del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo que realiza el Servicio Público de
Empleo Estatal. En concreto, en la letra c) del acuerdo, formación profesional para el empleo, se transfieren todas las funciones de ejecución en materia de formación profesional para el empleo que venía desarrollando el Servicio Público de Empleo
Estatal. Estas funciones corresponden ahora a la Comunidad Autónoma de Euskadi. No voy a enumerar los detalles, pero en el decreto de transferencias están todas las tareas detalladas. El Gobierno vasco, según la transferencia, también ejercerá en
su ámbito territorial las funciones atribuidas al Servicio Público de Empleo Estatal en las comisiones de seguimiento de la contratación laboral, así como las funciones de ejecución relativas al cumplimiento de las obligaciones de empresarios y
trabajadores y, en su caso, la potestad sancionadora en materia de empleo. Las competencias citadas son las específicamente atribuidas a la Comunidad Autónoma de Euskadi y pretenden en este caso ser rescatadas, en todo o en parte, por la
Administración General del Estado. A través del real decreto-ley se acometen reformas profundas que modifican el sistema de formación profesional tal y como lo hemos concebido hasta el momento y se potencia una pretendida doctrina constitucional
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de formación. Así se consigna en la exposición de motivos sin considerar la competencia en materia de ejecución de la legislación laboral autonómica y en las políticas activas. En este
sentido, sigue la senda del Real Decreto 3/2011, de mejora de la empleabilidad, recurrido por el Gobierno vasco, donde se inició un proceso de centralización y uniformización de las políticas de formación. Esta centralización adquiere especial
relevancia en la competencia que se atribuye al Estado para elaborar las funciones de prospección de las necesidades del mercado de trabajo, la detección de las carencias que en materia de empleo afectan a todo el territorio del Estado, así como la
invocación expresa a la unidad financiera que debe caracterizar al desarrollo de los planes de formación profesional, que ya se insinuaba en la estrategia para el Empleo 2014-2016.


Otra innovación consiste en la incorporación del cheque formación, cuyo diseño y características se le atribuyen a la Administración General del Estado, así como la determinación de los objetivos para los que se crea. El Ministerio de
Empleo y Seguridad Social diseñará escenarios estratégicos plurianuales basados en su autoproclamada competencia exclusiva, aunque se permite la licencia de afirmar que esta configuración se hará de forma cooperativa y concurrente con las
comunidades autónomas, afirmación manifiestamente incierta en tanto en cuanto se observan los recursos y mecanismos de actuación que se atribuye para sí misma la Administración General del Estado. Como última novedad relevante, se expropia a los
interlocutores sociales las competencias que ejercían en exclusiva en materia de formación profesional continua a través de la Forcem y en Euskadi, no sin problemas, Hobetuz, modificación que se

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basa en la presunción de que este sistema de formación era una bolsa de fraude. Todo lo anterior, de facto, vacía de contenido en nuestra opinión las competencias en materia de políticas activas de empleo transferidas a Euskadi en el año
2010 y que se desagregan en el acta, como le decía, firmada el 22 de septiembre de ese año, negando la planificación territorial en su propio ámbito de la formación profesional a la Comunidad Autónoma de Euskadi, negando la capacidad de evaluación,
seguimiento y control de la formación de demanda y oferta que se atribuye a la Comunidad Autónoma de Euskadi, negando también la inscripción, acreditación, registro de empleados de formación profesional que se atribuyen a la Comunidad Autónoma de
Euskadi y negando la expedición de certificados profesionales que se atribuyen también a dicha comunidad autónoma. Y es que todas estas competencias específicamente transferidas se incardinan en las estrategias estatales de promoción de empleo en
función de la prospección que de las necesidades de empleabilidad realiza en exclusiva el Estado y en función de una invocación poderosa de la unidad financiera de los planes que afecta al sistema de financiación previsto en el Concierto Económico
de la competencia de políticas activas.


El real decreto —voy terminando, señora presidenta— nos impone los planes, la estrategia, la prospección, el cheque formación. Nos vacía, insisto, el contenido de competencias ya transferidas previstas en la Constitución y en el Estatuto de
Autonomía y esto provocará, como efecto inevitable, la devaluación de los planes formativos que ya funcionan en Euskadi con eficacia probada, que se difuminan en el seno de una serie de planes estatales sobre cuya eficacia y filosofía tenemos
algunos reparos. Podemos también decir que el real decreto ignora que el sistema de bonificaciones de las cuotas está transferido a la Comunidad Autónoma de Euskadi y que ya está establecido el mecanismo de funcionamiento con estas bonificaciones.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Azpiazu, tendría que ir terminando.


El señor AZPIAZU URIARTE: Termino, señora presidenta, en breve.


Podríamos seguir hablando de las tropelías que comete el real decreto en el ámbito competencial, pero no lo voy a hacer. Con mi intervención, espero haber trasladado al Gobierno al menos y a su grupo parlamentario la necesidad de realizar
una revisión de este real decreto-ley para que cuando se apruebe la ley, tras su tramitación en las Cortes Generales como un proyecto, se hayan subsanado las cuestiones a las que me he referido a partir de las enmiendas que presentaremos. Apelo a
su buena voluntad, señora ministra, hoy manifestada y esperamos un final satisfactorio. Mientras tanto, y dado que el real decreto-ley está en vigor, no puede contar con nuestro apoyo. Votaremos en contra de la convalidación.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, Unión Progreso y Democracia ha dado mucha importancia durante toda esta legislatura a la formación profesional para el empleo porque en un país como el nuestro tiene objetivamente mucha importancia. Estamos en un país con
un elevado número de parados, entre ellos parados juveniles que a menudo abandonaron el sistema educativo y tienen serios problemas de formación y otros que tienen problemas de formación porque, aunque la tenían, se va deteriorando porque están en
una situación de paro a largo plazo y no debemos olvidar que muchos parados provienen de un sector pero tendrán que encontrar empleo en otro. Todo esto da especial importancia a la formación. Por cierto, señora ministra, no parece que los datos de
la EPA de hoy vayan a terminar con esta situación. Usted ha sacado pecho por esos datos pero en ellos lo que aparece es una subida ligera de la tasa de paro, hasta el 23,7 %, más del doble de la media de la Unión Europea.


Como hemos dado tanta importancia a la formación para el empleo hemos presentado numerosas iniciativas. Hicimos una interpelación en el Pleno —que recordarᗠseguida de una moción y se aprobaron diferentes puntos de esa moción. Y hemos
presentado dos proposiciones no de ley sobre formación profesional para el empleo, una sobre cómo debería organizarse y otra sobre su contenido. También hemos hecho una propuesta de contrato único que tiene también mucho que ver con estas
cuestiones, porque hay que formar también a los empleados y para que se forme a los empleados tienen que tener estabilidad en el empleo, si no, si son contratos de semanas o meses, por muchas leyes que hagamos de formación para empleados poca
formación van a recibir. Por tanto, valoraremos este real decreto a la luz

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del modelo que hemos venido proponiendo durante toda la legislatura; no van a ser ocurrencias sino evaluaciones.


Antes de realizar esa evaluación quiero hacer una advertencia previa. Esta reforma de la formación profesional para el empleo no puede servir como excusa para cerrar en falso una cuestión que viene del pasado, que es el fraude masivo que ha
habido en los cursos de formación para el empleo. De todos los escándalos que aquejan a nuestro país, en nuestra opinión, este es uno de los más graves, porque siempre está feo robar pero está especialmente feo robar el dinero de formación para los
parados. En este sentido, quiero recordar que en la moción de UPyD se aprobaron algunos puntos, como que se realizase una revisión extraordinaria en todas las comunidades autónomas de los expedientes de los cursos de formación porque temíamos que
lo sucedido en Madrid y Andalucía era la punta del iceberg de un problema más amplio. Hasta donde sabemos esta revisión extraordinaria sigue pendiente. Hay que agotar todas las posibilidades en la exigencia de responsabilidades por ese fraude y la
recuperación en la medida de lo posible de las cantidades defraudadas.


Hecha esta advertencia importante, entro a valorar el contenido del real decreto. La primera cuestión que valoramos positivamente es que se dé un mayor rango legal a la formación para el empleo, que hasta ahora estaba regulada simplemente
en disposiciones reglamentarias, aunque, como otros portavoces, lamentamos que se haga con un real decreto; habríamos preferido que se tramitase directamente como proyecto de ley. Voy a agrupar los asuntos incluidos en este real decreto en cinco
apartados. En primer lugar, se habla de planificación de la formación profesional para el empleo. Esta planificación se va a basar en los trabajos prospectivos del Observatorio de ocupaciones del Servicio Público de Empleo, algo que nos parece
acertado, es algo que proponía mi partido. También nos parece acertado, y también proponíamos, que en esa prospección que se haga en este observatorio los agentes sociales tengan un papel. Los agentes sociales —sindicatos, patronal— deben tener
efectivamente un papel importante en esta planificación a futuro de la formación profesional para el empleo. La única objeción que podemos hacer a esta parte del real decreto es señalar la necesidad de dotar de medios este observatorio. Si va a
ver reforzado su papel, si va a realizar esta importante tarea, creemos que a día de hoy no cuenta con los medios necesarios. Nos parece también acertado que haya una planificación plurianual, pero una vez más no entendemos que se hagan las cosas
ex novo, partiendo de cero. Hay ya una estrategia española de activación para el empleo, ¿por qué no incluir esta planificación plurianual dentro de esta estrategia existente en vez de al margen de ella?


Segunda cuestión que se aborda en el real decreto: la coordinación de las diferentes administraciones en esta formación profesional para el empleo. Aquí hay algunos avances pero tímidos, aquí es donde encontramos carencias importantes y
creemos que se podría ir mucho más allá. Le pondré un par de ejemplos. Se habla de la creación de un portal único. Nos parece bien; sabe usted que desde el inicio de la legislatura hemos sido protagonistas proponiendo portales únicos, pero
esperamos que este portal único no sea como el portal único de empleo porque para nosotros un portal único no es simplemente un buscador de buscadores, los portales únicos tienen que tener un mayor nivel de integración. Y otra cuestión, y
permítame, señora ministra, que le llame la atención especialmente sobre ella, es que nos parece importante que en este nuevo modelo un parado de una comunidad autónoma pueda acceder a acciones formativas de otras comunidades autónomas porque esta
es una carencia importante de nuestro sistema. Hay que reducir, hay que eliminar, en nuestra opinión, la fragmentación del sistema, y uno de los efectos indeseados de esa fragmentación es que un parado de una comunidad hoy no puede acceder a
acciones formativas de una comunidad vecina.


Tercer asunto que se trata en el real decreto: quién tiene que impartir la formación. Aquí le voy a reconocer dos avances importantísimos que van en la línea que proponíamos y que valoramos especialmente: primero, que vaya a haber los
mismos requisitos de acreditación para cualquier entidad; que se acabe con la situación previa en que organizaciones empresariales y sindicales estaban exentas de esa necesidad de acreditación. Creemos que este es un avance muy importante, ligado
a otro avance muy importante que también nosotros proponíamos: prohibir la subcontratación de las acciones formativas, porque esa subcontratación daba lugar a que la selección inicial se desvirtuase y el control fuese muy difícil. Por tanto, dos
avances importantes —mismos requisitos de acreditación para todas las entidades y prohibir la subcontratación— que van en la línea que Unión Progreso y Democracia proponía en sus iniciativas. Sin embargo, en este apartado hay algo que no valoramos
positivamente y que otros portavoces ya han señalado: el excesivo protagonismo que dan ustedes a las entidades privadas. En nuestro modelo las entidades públicas deben aprovecharse al máximo y son las que deben dar estabilidad y permanencia

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al sistema, al margen de que esas entidades públicas puedan verse complementadas por entidades privadas. Pero ustedes dan un excesivo protagonismo a las entidades privadas y nosotros no vemos el sentido de que la Administración tenga que
mantener una red privada permanente de centros de formación; la permanente y protagonista debe ser la pública y la privada complementarla legítimamente, pero no sustituirla, complementarla. Esta red pública tendría más peso si se incorporasen a
ella partes del sistema educativo reglado, la oferta educativa formal. Esto es especialmente importante en un país, como he señalado al inicio de mi intervención, donde hay un serio problema de abandono temprano del sistema educativo; ese sistema
educativo reglado, formal, no puede vivir al margen de la formación profesional para el empleo.


Cuarta cuestión: a quién se imparte esta formación, quién va a recibir esta formación. Estamos de acuerdo en la filosofía de incrementar la capacidad de elección de los trabajadores, pero no compartimos que la vía acertada de hacer esto
sea mediante los cheques de formación, porque los cheques tienen problemas importantes, como que abran una nueva vía de posibilidades de fraude, que sean difíciles de controlar. Nosotros en nuestro modelo aumentaríamos la capacidad de elección de
los trabajadores pero de otra forma. En nuestro modelo la Oficina de Empleo ofrecería al trabajador, en función de su perfil individual, un listado de cursos que le pueden convenir y el trabajador podría elegir pero dentro de ese listado ofrecido
por la Oficina de Empleo y adaptado a su perfil formativo. Esto daría capacidad de elección a los trabajadores pero evitaría los posibles problemas de fraude que implica el modelo de los cheques.


Quinta y última cuestión: el contenido, la calidad de los cursos. Aquí observamos carencias importantes. En nuestra opinión, habría que implantar una evaluación final de las habilidades adquiridas en los centros públicos de formación, una
especie de examen final que confirme que esas habilidades se han adquirido. Habría que dar mayor protagonismo a los certificados de profesionalidad; en el real decreto se avanza pero muy tímidamente en esa dirección, y nos parece bien que se
tengan en cuenta los resultados de actuaciones anteriores, pero creemos que también se debe tener en cuenta la demanda de los trabajadores de una actividad formativa concreta como un índice de éxito y que esos resultados deben ser públicos para que
los trabajadores también los tengan en cuenta en su capacidad de elección.


En resumen, para explicar el sentido de nuestro voto, este real decreto supone un avance, incorpora partes de las propuestas de UPyD durante la legislatura, pero hay cuestiones importantes que quedan al margen, por eso en este momento del
trámite legislativo nos vamos a abstener y nuestra esperanza, apelando al espíritu negociador del que ha hablado la ministra, es que en la tramitación como proyecto de ley se incorporen algunas de estas cuestiones y podamos cambiar esta abstención
por un voto positivo.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, vaya por delante que coincidimos en la necesidad de mejorar nuestro sistema de formación profesional para el empleo, pero discrepamos abiertamente en que se regule por decreto-ley sin un acuerdo previo, con un diagnóstico
que no compartimos y con un contenido que es manifiestamente mejorable. Esta es una reforma que no cuenta con los acuerdos imprescindibles; es la primera vez en veintidós años —es cierto que ha habido muchas reuniones— que una regulación de la
formación para el empleo llega a la Cámara sin acuerdo de los interlocutores sociales ni de las comunidades autónomas. El acuerdo no es una garantía per se, pero en una materia como esta el acuerdo entre representantes de los trabajadores, empresas
y comunidades autónomas debería ser una condición necesaria e inexcusable para su éxito.


No podemos compartir algunos de los elementos del diagnóstico que se hace, y tengo que decir, como crítica, que es importante que cosas como estas vinieran antes en una evaluación del sistema a la Cámara, una evaluación exigible a una
ministra que cuanto más habla de evaluación de las políticas menos la practica. Quiero poner en valor que si hubiéramos hecho esa evaluación, posiblemente hubiéramos explicado al conjunto de la ciudadanía, del país, y también a algunos de los
diputados de esta Cámara que en el tiempo que ha funcionado este modelo —veintidós años— se ha pasado de 200.000 personas beneficiarias de la formación a más de 4 millones, que en definitiva afecta a 478.000 empresas. En cambio, creo que ha habido
demasiada gente, y me parece que también en algún momento el Gobierno, que ha tenido interés en preparar mediáticamente el terreno para esta reforma con un diagnóstico muy, muy maniqueo. Es cierto que hoy la ministra ha modulado su presentación y
sobre todo ha anulado el efecto

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provocado por la reprobable presentación que hizo la vicepresidenta el día de su aprobación en el Consejo de Ministros. Parece que estaba más preocupada por ayudar a reflexionar a los andaluces que por presentar su decreto. Lo que no se
puede hacer es que a partir de los ejemplos de ineficiencia y fraude que se han producido se pretenda extenderlos al conjunto del sistema, presentando una imagen patológica del sistema de formación para el empleo. Señorías, lo que han hecho
algunos, interesadamente —porque detrás de eso hay intereses—, es presentar la situación de la formación como si se describiera el estado de salud de la población desde la sala de espera de una unidad de intensivos de un hospital de agudos; por
supuesto, todos a punto de morirse. Además, este diagnóstico parte de una gran falsedad que, por cierto, parece que coloniza también desde la derecha a otra gente. La gran falsedad que ha comprado mucha gente es que ese es un sistema controlado en
régimen de monopolio por las organizaciones sindicales y empresariales, cosa que simplemente de la lectura de los datos se demuestra que no es así, porque la formación gestionada a través de la Fundación Tripartita alcanza escasamente el 10 % del
total de los recursos, mientras —y aquí está el dato porque aquí está el gran reto— la bonificación directa de las empresas se lleva el 60 % del presupuesto. Por cierto, para quienes no lo sepan, gran parte del fraude detectado hasta este momento
se ha producido en esa bonificación directa a las empresas, que, por cierto, es el sistema que tiene los indicadores de calidad relativamente más bajos porque afecta a un tejido productivo con más dificultades para la formación y con más mecanismos
también para su utilización indebida. Y desgraciadamente, el decreto-ley creo que pone especial interés en provocar claramente una expulsión de los representantes de los trabajadores de cualquier ámbito de gobernanza, de control. Y digo de los
trabajadores y no de las empresas porque a los representantes de las empresas, por la vía de ofrecerles el negocio de las consultorías y por la vía del poder que tienen las empresas en el centro de trabajo, a ellos no se les expulsa sino que se les
refuerza. Quiero recordar una obviedad: que las cuotas de formación son recursos públicos, pero son recursos públicos aportados por trabajadores y empresas, o sea, salario en sentido estricto, y que además la formación tiene un objetivo dirigido
fundamentalmente a los trabajadores, que son su razón de existir y sus destinatarios últimos. En ese sentido, creo que el decreto es manifiestamente mejorable. Se otorga, insisto, una posición dominante a los empresarios para decidir la formación
en el ámbito de la empresa y eso, especialmente en las pymes, donde no hay representación unitaria de los trabajadores, es muy preocupante porque los trabajadores quedan expulsados y no tienen ningún tipo de participación en relación a la formación
que van a recibir. En cambio, se da protagonismo a las consultoras de formación, sin garantizar por ello más transparencia. Espero que al cabo de los años no nos tengamos que arrepentir de que ese haya sido solamente el impacto de esta reforma por
la vía de ofrecer oportunidades de negocio que no se controlan y que pueden suponer un riesgo de monopolio, ese sí, en la impartición de la formación, sin evitar los elementos de fraude.


Les voy a proponer un diagnóstico alternativo porque el tema de la formación tiene alguna complejidad más que no se trata en este real decreto-ley. Nuestro diagnóstico es el de una sociedad con un tejido productivo dual, como muchas otras
cosas desgraciadamente, con grandes avances en la cultura y en las prácticas de la formación en las empresas, que las hay y bastantes, que basan su estrategia en la estabilidad contractual, en la innovación y en los buenos salarios y, por tanto, en
la productividad. En este tipo de empresas la formación es la cuarta pata, imprescindible, junto con salarios dignos, estabilidad e innovación, y ahí está funcionando. Pero, desgraciadamente, nuestro tejido productivo está plagado de empresas,
subsectores económicos de poco valor añadido, con un empleo precarizado, con poca estabilidad en las plantillas, con salarios bajos, en los que se pueden obtener elevados beneficios con escasa productividad. También ha citado los datos de
hostelería y, es verdad, solo el 4 %. Eso nos debería hacer pensar algo. ¿Por qué las empresas de hostelería que tienen a su disposición la posibilidad de tener muchos recursos no los utilizan? ¿Por la perversión que algunos explican o
sencillamente porque ese es uno de los subsectores donde es posible obtener beneficios sin necesidad de hacer formación? Ese es el drama y eso, desgraciadamente, no se aborda aquí, porque solo se puede abordar a través de la reforma laboral. Y ahí
vuelvo a decirle, señora ministra, que esta estrategia competitiva de bajos salarios y precariedad existía antes de la reforma laboral, pero ha sido incentivada por la reforma laboral de ustedes y de Convergència i Unió donde la formación no juega
ningún papel. ¿Para qué formar a trabajadores que en pocas semanas o en meses ya no estarán en la empresa? No hay ningún incentivo en ese sentido. Reforma laboral de 2012 y formación para el empleo son incompatibles en estos momentos. Este es
uno de los factores diferenciales que hace que gran parte de las experiencias positivas de otros países se puedan implantar en alguna parte del tejido productivo pero no se implantan en ese tejido productivo ocioso que resulta que no tiene la
innovación y la mejora de la productividad basada, entre otras cosas, en la formación.

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También hay factores endógenos que es oportuno abordar. El principal de todos es que la formación no está llegando a las pymes y a las microempresas, no llega de ninguna de las maneras. Hubo una reforma anterior en la que se dijo que el
sistema de bonificación directa serviría para eso y no llega; no llega, entre otras cosas, por esa dificultad del tejido productivo y por otro tema que no se aborda aquí y que habría que abordar: en estas empresas el principal problema comienza
por el empresario, y no porque el empresario sea especialmente perverso, sino porque en estas empresas falta musculatura, falta estructura empresarial, tiempo. La formación no llega a los trabajadores porque no llega ni al propio empresario.
Mientras tengamos esta estructura productiva de microempresas que a algunos tanto les gusta, gran parte de los retos que tiene este país no se van a poder resolver. Por eso, y ese es uno de los problemas de esta reforma, nos sorprende que eso no se
aborde en profundidad en este decreto-ley, porque ni los planes de oferta ni tampoco los de la demanda, ni las novedades que se introducen van a ser una solución en ese sentido. Por el contrario, en este espacio de las pymes se profundiza aún más
el desequilibrio entre empresa y trabajador porque se le da el poder absoluto a la empresa y el trabajador queda como un puro destinatario, usuario, consumidor de la formación. No compartimos la idea de que la concurrencia competitiva es una
panacea. Va a comportar un monopolio de muy pocas consultoras en la impartición de la formación. Si se mantiene la actual estructura de gestión de la formación, con atrasos en las convocatorias, impartición y ejecución que se concentran solo en
tres meses por desastres organizativos, y pagos atrasados, en la formación se va a producir también algo que se produce en otros ámbitos de la contratación pública, que pocas empresas van a poder soportar ese modelo de relación y, por lo tanto, ahí
también se va a producir un riesgo.


Quiero decirle, señora ministra, que compartimos la idea de buscar un modelo flexible para adaptarlo a la realidad —muy diferente— de las empresas, pero eso no pasa por incrementar un modelo burocratizado y centralizado donde se irrumpe en
el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas. Hace falta cooperación entre administraciones, sí, sobre todo en materia de información, sí, pero no a costa de centralizar el modelo como se hace en este apartado.


Y, por último, y muy brevemente, para que vea que nuestra posición de diálogo es sincera, le voy a plantear cuáles son los ejes de nuestra propuesta. Primero, reforzar el derecho a la formación como un derecho del trabajador directamente
ejercitable ante la empresa. Segundo, papel determinante de los representantes de los trabajadores en las empresas para decidir las prioridades formativas, especialmente en las pymes, y evitar la discriminación que se está produciendo en algunos
casos en estos momentos. Tercero, establecimiento de mecanismos de participación sectorial en el caso de empresas sin representación de los trabajadores. Cuarto, inclusión de las reglas de negociación colectiva y como contenido mínimo en los
convenios sectoriales de formas de participación sectorial y a nivel empresarial en los planes formativos. Quinto, reforzamiento del papel de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en los elementos de control, seguimiento
y evaluación, porque usted los ha expulsado. Sexto, reconocimiento y respeto de las competencias de las comunidades autónomas para desarrollar las funciones de detección, planificación, priorización y ejecución…


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Coscubiela, tiene que ir terminando.


El señor COSCUBIELA CONESA: Perdón, señora presidenta, acabo.


… en la formación de su realidad productiva, porque la realidad productiva de las comunidades autónomas es muy distinta entre sí. Y, por último, reforzar los espacios de cooperación y colaboración entre el sistema de formación profesional
para el empleo y el sistema de formación profesional reglada. Tenemos recursos que no se están utilizando, no hace falta ir a las consultoras; los tenemos en el sistema educativo de nuestro país y no se están utilizando por una incompatibilidad
histórica entre empleo y educación que, desgraciadamente, se da en todos los Gobiernos de todas las comunidades autónomas y del Reino de España.


Como puede ver, tenemos discrepancias significativas pero, como usted ha dicho que lo va a tramitar como proyecto de ley, vamos a dar una oportunidad al diálogo y vamos a abstenernos, dejando abierta la posibilidad después, por supuesto, de
dar nuestro voto definitivo. Y, señora ministra, le pido por favor que se mire un poco mejor los datos de empleo porque la verdad es que lo que usted ha dicho no lo veo por ningún lado, lo único que ponen de manifiesto es la debilidad de eso que
ustedes llaman crecimiento del empleo, muy débil, tan débil como que no se consolida.


Gracias. (Aplausos).

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La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Coscubiela.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidenta.


Feliz día de sant Jordi a todos. (Pronuncia palabras en catalán). Hoy es un día en el que nos apetecería estar en nuestro país.


Creo, señorías, que todas las intervenciones ponen de manifiesto que sobre las cuestiones de fondo existe en la Cámara una amplia coincidencia: la transcendencia y la importancia de la formación para el empleo en términos de productividad y
competitividad de nuestro tejido empresarial y, además, la importancia y la transcendencia de estas políticas en términos de garantizar la seguridad de los trabajadores en un mercado de trabajo que sea flexible. En este sentido, mi grupo coincide
en la importancia que le daba la ministra al hecho de que en las dos últimas reformas laborales, no tan solo en la de 2012 sino también en la de 2010, reforzamos el derecho a la formación de los trabajadores. Nos parece que en esa lógica de un
mercado de trabajo flexible, la seguridad reside precisamente en el derecho a la formación. Yo además añadiría a los diagnósticos que se han realizado dos cuestiones que hasta ahora no han aparecido con toda la contundencia que sería necesaria.
Una, el escenario a medio plazo provocado por la revolución tecnológica en la que estamos instalados ya como sociedades y como economías que va a hacer desaparecer actividades económicas y profesiones y que, al mismo tiempo, va a hacer emerger
nuevos sectores, nuevas actividades y nuevas profesiones. Ese cambio tecnológico puede excluir a muchos trabajadores con insuficiente nivel de formación de oportunidades en el mercado de trabajo. Hacer frente a la revolución tecnológica exige un
masivo esfuerzo en materia de formación. Es bueno que leamos todos algunos de los estudios del MIT, de Harvard, The Economist también ha dedicado un par de números a esta cuestión, sobre la trascendencia que tiene ese cambio tecnológico para
nuestras economías y nuestras sociedades que, insisto, da valor a las políticas de formación. Y, segunda cuestión, cuando uno analiza cuál es la realidad de nuestro desempleo, en unas cifras que efectivamente esta mañana no son precisamente
positivas, debemos recordar que más del 55 % de nuestros desempleados no tienen el bachillerato completo, no han pasado de la secundaria obligatoria. En ese contexto de cambio tecnológico, en esa realidad en la que usted ha hecho referencia a que
la mejor protección, la mayor seguridad para un trabajador es su nivel de formación, nuestro principal problema es también el bajo nivel formativo de nuestros desempleados vinculado a nuestras altísimas tasas de fracaso escolar, de abandono
prematuro de nuestro sistema educativo. Demasiadas personas que abandonan el sistema educativo antes de lo que toca y demasiadas pocas personas en formaciones medianas explican también estructuralmente nuestras altas de desempleo. Y en materia de
políticas de formación para el empleo hemos de recordar que precisamente son los más jóvenes y los más mayores los que menos han participado de estas políticas de formación; en el caso de los más mayores hay problemas de empleabilidad pero también
en el caso de los jóvenes. Además —lo ha dicho la señor ministra y en eso coincidimos en el diagnóstico, no tanto en las soluciones que nos propone—, el colectivo de empresas que menos se ha beneficiado de la formación para la empresa ha sido el de
las microempresas y las pymes, y hay tenemos un reto, básicamente porque más del 90 % de nuestro tejido empresarial está conformado por esas microempresas, pequeñas y medianas empresas. Por tanto, en ese diagnóstico sobre los problemas existe
coincidencia.


Además somos conscientes de que este real decreto se produce en un contexto de escándalos vinculados a la gestión de la formación para el empleo y la sociedad nos exige respuestas a ese problema, a esa realidad que escandaliza, y más vistas
las necesidades que tenemos. Tampoco mi grupo querría convertir esta reforma en una causa general contra los interlocutores sociales, seríamos injustos y el señor Coscubiela ha apuntado algunos datos sobre la gestión del conjunto de los fondos de
la formación para el empleo que relativizan efectivamente el papel de los interlocutores sociales en la gestión del sistema. Es verdad que el real decreto apunta algunas cuestiones que mi grupo podría compartir, la necesidad de una planificación
plurianual, el nuevo rol que asumen los agentes sociales en estas cuestiones, la concurrencia competitiva, la puesta en marcha del cheque formación; son cuestiones que podríamos compartir, pero para ese gran reto de facilitar que los trabajadores
de las microempresas y de las pymes puedan acceder a la formación para el empleo el real decreto no aborda ninguna medida concreta y eficaz. Las grandes olvidadas de este real decreto son las pequeñas y medianas empresas y las microempresas y
algunas de las demandas que ese tejido viene realizando desde hace tiempo —posibilidad de acumular cuotas, posibilidad de acumular cuotas en diversos ejercicios económicos,

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incremento del esfuerzo económico que permite financiar esa información, etcétera— siguen sin resolverse. Por tanto, nuestra sensación de entrada es que, existiendo en nuestro entorno algunas experiencias interesantes de cómo las
microempresas y las pymes pueden acceder a la formación por el empleo —por ejemplo, en Francia, con la acumulación de permisos de formación durante diversos ejercicios—, sin embargo en nuestro caso no se abordan. Uno de los principales esfuerzos
que Convergència i Unió va a realizar durante este trámite es intentar convencer de que el real decreto necesita cambios precisamente para garantizar el acceso de las pymes y de las microempresas a estos recursos para beneficiar a sus trabajadores y
para mejorar su posición competitiva.


Además, señora ministra —se lo han dicho distintos portavoces—, el real decreto-ley entra en una materia donde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es abundante y donde durante veinte años se ha dado la batalla política, liderada en
esta Cámara fundamentalmente por el Grupo Vasco y por el de Convergència i Unió, para garantizar que aquello que establecen la Constitución y los estatutos de autonomía se pueda ejercer, que es que en materia laboral las competencias ejecutivas son
de las comunidades autónomas. En este real decreto, de una forma más sutil —por decirlo de alguna manera—, se confirma un modelo que recentraliza en el nivel estatal el diseño y la gestión de estas políticas. Porque al final aquello a lo que nos
reducen a las comunidades autónomas y a sus interlocutores sociales es a gestionar el modelo que se define por parte del Estado, un modelo que se define a un nivel de detalle tan específico que el margen que deja para el desarrollo de un propio
modelo de formación para el empleo es muy escaso, y todo ello en un real decreto que tiene pendiente aún un desarrollo reglamentario y donde el margen de actuación que va a dejar a las comunidades autónomas va a ser todavía menor.


Ahí le he de recordar algo porque uno tiene la sensación de que en el Gobierno no se han leído el Estatuto de Autonomía de Cataluña vigente —ley orgánica aprobada por estas Cortes Generales—, en concreto su artículo 170.1.b), que establece
la obligación de la participación del Gobierno de la Generalitat en todos los planes de carácter supraautonómico y, por tanto, en todos esos mecanismos de coordinación del diseño institucional que se establecen en este real decreto no pueden ustedes
equiparar el papel que tienen las comunidades autónomas al papel que tienen los interlocutores sociales; al menos en el caso de Cataluña eso no es posible. Algunos avances que habíamos conseguido en los últimos tiempos, como en el control del
seguimiento de las bonificaciones, este real decreto nos hace retroceder a posiciones previas a principios de los años dos mil.


Esto, señora ministra, nos lleva a tener que votar no en términos políticos a este real decreto, esperando que en el trámite parlamentario sean capaces de concretar esa oferta de diálogo en estas dos cuestiones, en microempresas y pymes y en
el respeto al marco competencial, en mejoras que nos permitan apoyar una política en la que coincidimos en que es imprescindible que seamos capaces de avanzar para garantizar la seguridad de los trabajadores y la competitividad de nuestras empresas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Simancas.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora presidenta.


Señora ministra, señorías, de la lectura de este real decreto-ley se deduce con claridad su propósito principal, de la lectura del texto y del propio discurso de la ministra en esta tribuna. El objetivo fundamental es mejorar la
transparencia del sistema de formación profesional y blindarlo en la medida de lo posible frente a eventuales irregularidades en su gestión. Quiero adelantarle, señora ministra, que compartimos inequívocamente y al cien por cien este propósito.
Por eso vamos a dar un voto de confianza a este texto en su tramitación.


Ahora bien, mi grupo tiene algunas salvedades que plantearle, señora ministra, tanto de forma como de fondo. En cuanto a la forma, ¿de verdad era necesario tramitar este texto como un decreto-ley? ¿Por qué, señora ministra? Usted misma ha
reconocido en esta tribuna que lleva meses negociando esta regulación. Si lleva meses negociando esta regulación, ¿dónde está la extraordinaria y urgente necesidad? Sinceramente, se abusa del instrumento legislativo del decreto. Más cuestiones de
forma: la reforma llega por decreto y sin acuerdo. Este no es un asunto menor. Es la primera vez en nuestra historia reciente que una reforma de esta envergadura, en un tema tan fundamental, llega sin el acuerdo de los agentes sociales y sin el
acuerdo de las comunidades autónomas que tienen una competencia directa en la ejecución de lo aquí regulado. No es una buena noticia, señora ministra.

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Respecto al fondo: insisto en que compartimos el propósito de la garantía de la limpieza y la transparencia; es un buen propósito, un loable propósito, que compartimos al cien por cien. Ahora bien, este propósito a mi grupo se le queda
corto, luchar contra el posible fraude está muy bien pero también hay que luchar contra el paro y contra el déficit formativo de muchos de nuestros trabajadores; estos también son objetivos loables, fundamentales y estratégicos. Para este último
objetivo, para mejorar la calidad de nuestro sistema formativo, más allá de los discursos, señora ministra, vemos menos dedicación y menos recursos a lo largo de este texto. Pocos avances sustantivos, a nuestro juicio, señora ministra. Quizás
podamos avanzar algo más en la tramitación parlamentaria subsiguiente, pero hasta ahora son pocos los avances. La mejora en la formación laboral, profesional, para el empleo, es una herramienta clave hoy en nuestro país, para lograr un desarrollo
económico sólido y justo. No nos conformamos con una recuperación económica sin más, queremos una recuperación justa y para eso hace falta formar mejor a nuestros parados y a nuestros trabajadores. Una herramienta fundamental para ganar
competitividad de la buena, señora ministra, por una vía distinta a la devaluación social y a la devaluación de derechos laborales también es posible, nos lo enseñan nuestros vecinos; la mejora de la formación es clave para este propósito. Para
luchar contra el paro, a pesar de la presentación un tanto optimista que ha hecho usted de los últimos datos de la EPA, estos son malos, el paro ha crecido del 23,1 % al 23,78 %. Esta no es una buena noticia, es una mala noticia. Tenemos más paro
en este año y ustedes lo califican de recuperación. Para luchar contra el paro hay que mejorar la formación, para asegurar un mercado laboral con contratos dignos y estables, esos que están defendiendo ahora los trabajadores de las subcontratas de
Telefónica en las calles de Madrid; para luchar contra la precariedad laboral, la explotación, la pobreza laboral la formación es una herramienta clave, señora ministra. Nuestro país necesita una apuesta estratégica para mejorar su formación
profesional. A nuestro juicio, con algo más de ambición de la que recoge este real decreto-ley aunque sea, insisto, un decreto-ley bienintencionado que va a contar con un voto de confianza por parte del Grupo Parlamentario Socialista.


Señora ministra, le proponemos, por ejemplo, que hay que comprometer más recursos para la formación profesional en este país. Sí estamos de acuerdo en que nuestro primer problema es el paro y que, en buena medida, para resolver el problema
del paro hay que mejorar la empleabilidad de los trabajadores y la formación de los trabajadores, dediquemos más recursos a esta herramienta clave. Los cerca de 1.900 millones de euros presupuestados para este año son una cantidad, a nuestro
juicio, importante pero insuficiente. Las aportaciones de los trabajadores y empresarios son importantes pero insuficientes. En nuestra opinión el Estado debe aportar más recursos para este propósito. ¿De dónde obtenerlos? Nosotros le proponemos
una reflexión, señora ministra: obtener esos recursos aminorando las bonificaciones a la contratación, herramienta carísima, carísima, con unos resultados dudosos en el mejor de los casos. Vamos a darle una vuelta, señora ministra, porque los
resultados de esta estrategia de bonificaciones a la contratación, con excepciones interesantes, son manifiestamente mejorables. Esta es una idea.


Existen más ideas: la mayor vinculación, se ha citado aquí, del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral con la formación profesional del sistema educativo. El desarrollo de estos dos sistemas, uno a espaldas
del otro, es un lujo, es un factor de ineficiencia que no nos podemos permitir; es verdad que no es de ahora, esto viene de lejos, pero no nos lo podemos permitir; tenemos que darle una vuelta también a esto, señora ministra. Vinculemos valiente,
pero decididamente, infraestructuras profesionales y recursos con el propósito común de mejorar la formación de parados y de ocupados.


Respecto del gobierno del sistema, le adelanto que estamos de acuerdo en que los agentes sociales no gestionen directamente la formación, estamos de acuerdo, y también en que no impartan directamente los cursos. Ahora bien, los agentes
sociales, los representantes de los empresarios, las centrales sindicales más representativas deben participar activa y responsablemente en el gobierno del sistema, en primer lugar, por eficiencia, porque son los que mejor conocen los problemas y la
mejor manera de resolverlos, pero también, por derecho. Los agentes sociales, se ha dicho aquí, aportan la financiación del sistema vía cotizaciones. En el acuerdo que suscribió el Gobierno con los agentes sociales el 29 de julio de 2014, que
usted ha citado expresamente en esta tribuna, se hablaba de manera literal de la participación de los agentes sociales en el diseño, la planificación, la programación, el control, el seguimiento y la evaluación de la oferta formativa, especialmente
la dirigida a trabajadores ocupados —especialmente, no excluyentemente—. Se dijo así en aquel acuerdo que ustedes suscribieron y que se firmó con las cámaras de televisión en La Moncloa; sin embargo, en el real decreto-ley ya solo aparece el
diseño, la planificación y la programación. ¿Qué hay de todo lo demás? ¿Por qué se han caído por el camino el control, el

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seguimiento y la evaluación? ¿No podríamos recuperar esto? Parece razonable. Insisto en que los agentes sociales no deben gestionar directamente la formación, de acuerdo, pero deben tener un papel importante en el gobierno del sistema con
transparencia, con absoluta transparencia, pero un papel importante.


Compartimos igualmente el objetivo explícito de mejorar la formación en las pymes. Vengo de un país en el que las empresas son más grandes: Alemania. Allí es más fácil hacer la formación, es evidente, pero aquí tenemos la realidad
económica y el panorama empresarial que tenemos, y hay que hacer un esfuerzo largamente planteado y raramente logrado con unos Gobiernos y con otros, es verdad, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. No compartimos algunas de las fórmulas que se
plantean en este real decreto-ley porque atribuye la organización de actividades formativas también, cito textualmente, a otras entidades externas sin suficientes garantías de calidad y rigor. Esto puede ser un foco de posibles irregularidades,
señora ministra, al igual que lo puede ser la exigencia mínima, excesivamente mínima, en la calidad de la formación bonificada o de demanda. Se habla de una duración mínima de una hora para actividades formativas, una duración mínima de una hora.
¿Qué formación mínima, con una mínima calidad, se puede hacer en una hora? Muy poco, señora ministra. Aquí también puede haber una bolsa de fraude potencial que hemos de combatir. No nos gustan los cheques formación, se lo adelantamos. Sabemos
que son ustedes entusiastas defensores de este modelo porque lo han aplicado en la Comunidad de Madrid, ámbito del que procede su secretaria de Estado, con fruición y con malos resultados a nuestro juicio en términos de eficiencia, en términos de
equidad y en términos de garantía de salvaguarda contra las irregularidades. Créame, no ha funcionado bien esto de los cheques en nuestra comunidad; no somos partidarios de esta fórmula. Echamos de menos una apuesta por los centros públicos de
formación en mayor medida que por los centros privados. Tienen ustedes una convicción fundamentada ideológicamente, pero no sobre los hechos o no factualmente en torno a la mejor calidad de la formación que imparten los centros privados; no es
verdad, eso no está probado, no nos gusta. Asimismo, echamos de menos mecanismos de coordinación efectiva entre la Administración Central del Estado y las comunidades autónomas en la ejecución de estas políticas.


Termino ya, señora presidenta, señora ministra. En definitiva, compartimos el propósito de mejora de la transparencia, la mejora del control del gasto público destinado a formación; compartimos este propósito al cien por cien, pero echamos
de menos algo de más ambición para lograr un sistema de formación profesional útil a nuestros parados para ayudarles a encontrar empleo, útil a nuestros trabajadores para mejorar sus capacidades profesionales. Dado que han manifestado ustedes su
intención de tramitar este real-decreto ley como un proyecto, vamos a abstenernos en su votación y vamos a preparar las enmiendas pertinentes para mejorar el texto y hacerlo más útil al interés general. Este es nuestro propósito, señora presidenta,
señora ministra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Simancas.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, no voy a profundizar en la intervención que ha tenido la ministra porque como comprenderán la comparto al cien por cien; y la comparto al cien por cien como lo han hecho la mayoría de los portavoces que han intervenido a lo
largo de esta mañana. Porque se ha hecho un análisis compartido del diagnóstico de la realidad en la que nos encontramos en este momento en la formación profesional.


La formación profesional, desde el punto de vista político de todos los que nos hemos dedicado en algún momento a estas cuestiones, ha sufrido unos cambios importantes desde que se implantó. Ha sido un magnífico sistema que lógicamente se
ha ido adaptando a los tiempos en función de las necesidades de cada momento. Es un proceso que han llevado a cabo todos los Gobiernos de este país. ¿Por qué? Porque el propósito —estoy convencida— desde que se inicia el proceso es la formación
de los parados para la incorporación al mundo laboral. Porque estamos además en este momento en una economía globalizada donde la capacidad de los trabajadores de adecuarse a las nuevas realidades de las nuevas empresas que van surgiendo es algo
totalmente necesario y, por eso, ahora el Gobierno plantea una nueva adecuación de la formación profesional a la realidad del mercado. Tenemos que tener en cuenta que nuestras empresas tienen que ser competitivas, tienen que tener un nivel de
productividad alto y eso requiere necesariamente, es cierto, un empleo estable y una formación profesional adecuada. Es un diagnóstico que compartimos todos.

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No obstante, señor Simancas, el propósito de esta reforma no es el fraude o la transparencia, que también pero no únicamente; es la adecuación de ese sistema a estas nuevas realidades una vez que se han observado y se han analizado,
precisamente por los agentes sociales, los problemas que tiene el modelo actual. Por eso se crea este nuevo modelo. ¿Por qué se hace así —han preguntado algunos portavoces—, en un real-decreto ley? Por una cuestión fundamental. Mire, la señora
ministra de Empleo, conjuntamente con su equipo, ha dedicado muchas horas —los que han estado al tanto y participando de estas negociaciones lo saben— para conseguir un consenso absoluto con los agentes sociales. Los que han estado cerca de esa
negociación saben que ha habido magnífica voluntad de colaboración por parte de los sindicatos, que conocen mejor que nadie los problemas reales que ha presentado el modelo actual y han actuado con lealtad y han actuado colaborativamente. Ustedes
saben igual que yo que el problema no ha surgido ahí. Señor Coscubiela, usted dice que nosotros hemos expulsado a los trabajadores para meter a las empresas; entonces, ¿por qué son los empresarios los que no han querido firmar? Porque los
intereses que según ellos defienden de lo que debe ser la formación no es el modelo que defendía el Ministerio de Empleo y Seguridad Social; porque el modelo del ministerio es —lo compartimos todos los que estamos aquí hablando— fomentar la
creación de empleo y la formación de nuestros parados, que es bastante negativa en estos momentos y, por lo tanto, hay que adecuar ese modelo. Quiero decir que no se expulsa a los sindicatos ni a los agentes sociales de este modelo. Podemos
perfeccionarlo y, en ese sentido, lógicamente espero las enmiendas que van a plantear ustedes en función de las intervenciones que han tenido tanto el señor Simancas como el señor Coscubiela acerca de cómo mejorar esa participación, que está
presente. Si no hay acuerdo no es por falta de voluntad del Gobierno; ya he explicado por qué.


En cuanto a las comunidades autónomas, no conozco ningún acuerdo total de ningún Gobierno al cien por cien con las comunidades autónomas, porque aquí también intervienen los asuntos políticos. El 90 % de las comunidades autónomas estaban de
acuerdo con el modelo: algunos te decían: sí, lo estoy, pero mi secretario general me puede cortar la cabeza. Eso pasa y pasaba antes, o sea que no estoy acusando a ningún partido político; ahí actuamos todos exactamente igual y, en
consecuencia, hay un consenso importante dentro de las comunidades autónomas. Estoy convencida de que cuando este proyecto de ley pase por la Comisión de Empleo y se convierta en ley va a tener muchísimos más acuerdos de los que pueda tener en
estos momentos dentro de las comunidades autónomas. Además, aquí se dice que se invaden competencias autonómicas y, vamos a ver, la ejecución del modelo significa ejecutar un modelo, señor Azpiazu; no significa que cada comunidad autónoma haga el
modelo que quiera, porque entonces tendremos una división del sistema absolutamente imposible. Decía el señor Anchuelo que un parado temporal debe tener la capacidad de elegir el tipo de formación. Por eso funciona el cheque; vamos a darle la
oportunidad de ver si funciona bien y, si el otro sistema ha creado problemas, vamos a poner en marcha este, exactamente igual que en la concurrencia competitiva. El sistema anterior no ha funcionado bien, pues vamos a darle una oportunidad y, si
no funciona, se volverá a cambiar porque estoy convencida de que cualquier Gobierno —espero lógicamente que el próximo sea de mi partido— va a luchar por conseguir esa formación profesional que facilite el encuentro del empleo a nuestros parados.
No se expulsa a los trabajadores ni a los empresarios ni se le da mayor tratamiento a las empresas y, uno de los graves problemas que ha tenido nuestro sistema, ha estado en las empresas que, como sabemos todos, se dedicaban a la formación. Este
sistema consigue un control mayor para que no se vuelvan a producir esas cuestiones de empresas, que se llaman empresas por llamarse de alguna forma, que lo único que han hecho ha sido ir a conseguir dinero fácil, y esa es una cuestión que soluciona
de forma importante este proyecto de ley.


En segundo lugar, se habla del problema de las pymes. Señor Coscubiela, estoy de acuerdo con usted, con el señor Simancas y con todos los análisis que se han hecho sobre la situación del parado y de las pymes, en concreto, sobre la
formación. Es cierto, las pymes han tenido siempre un problema porque no hay unos empresarios formados adecuadamente, pero es que la mayoría de estas empresas tampoco tienen representación sindical, luego tenemos que dar confianza a las
organizaciones sindicales para que de manera relevante contribuyan y participen en la formación de las pymes. Lo que se está buscando es un modelo en el cual las centrales sindicales tengan una importancia fundamental en lo que significa no
solamente la formación, sino en el diagnóstico y el diseño de las estrategias. Señor Simancas, comparto con usted —lo dice la propia ley— que es necesario un diseño estratégico y tenemos que hacerlo con los agentes sociales y también con los
expertos, muchos de los cuales forman parte de estructuras organizativas de los sindicatos y de la patronal; tienen una visión de futuro de por dónde tiene que ir la

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formación y tenemos contar con ellos. Lo que no se puede seguir haciendo es formación que no sirva absolutamente para nada. Esta cuestión se resuelve y, además, en las pymes los agentes sociales, los sindicatos van a cobrar por participar
y por elaborar y llevar a cabo esa formación en las pymes, porque es una de las obligaciones de las centrales sindicales, que son esenciales en la paz social y en el manejo de las cuestiones laborales.


Este Gobierno tiene un interés muy especial en que, en un momento tan complicado para todos, las centrales sindicales y la patronal tengan un papel decisivo en lo que significa todo lo relacionado con la formación, lo laboral, el empleo,
etcétera. Pienso que este es un buen inicio de una buena reforma de la formación profesional. Vamos a ver cómo funcionan algunos de los sistemas que se han introducido, vamos a darle un voto de confianza, como se les dio en su momento a los
anteriores, para ver cómo funciona. Desde luego, comparto las palabras de la ministra: sé el esfuerzo enorme de negociación que ha hecho —lo sé como lo saben la mayoría de los que han intervenido— y ese mismo esfuerzo lo va a trasladar —así me lo
ha hecho llegar a mí como portavoz de esta cuestión— en la negociación con los grupos políticos. El objetivo es una formación eficiente, una formación que colabore a la creación de empleo y una formación que sirva de acicate también a las
comunidades autónomas a la hora de aplicarlo.


Por último, señor Coscubiela, señor Simancas, el primer trimestre del año siempre ha sido el peor del año, pero hay datos muy importantes. Comparto el análisis que hace la ministra: cada vez se está creando más empleo estable. La dualidad
del mercado de trabajo es uno de los ejes fundamentales con el que hay que acabar para tener un mercado laboral eficiente, competitivo y con una alta productividad, y esa idea, marcada por el Gobierno actual, se está cumpliendo y estoy convencida de
que cada vez irá a mejor. ¿Por qué? Porque entre todos conseguiremos que los parados tengan una formación adecuada, que no queden puestos vacantes en nuestro mercado laboral porque no haya formación adecuada y que seamos capaces de cumplir nuestro
objetivo, el de todos, que es una formación profesional eficiente para el siglo XXI.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Villalobos.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DE PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL. (Número de expediente 121/000123).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Pasamos al punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, en concreto, al relativo al proyecto de ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional. Para
defender las enmiendas a esta iniciativa legislativa, tiene la palabra, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, la señora Díez. (Pausa). Veo que no está en el Pleno. (El señor Martínez Gorriarán pide la palabra).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Martínez Gorriarán, ¿da por defendidas las enmiendas?


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Las damos por defendidas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.


Sin voluntad alguna de alargar innecesariamente la duración del Pleno en esta jornada de sant Jordi, Día del Libro, pero sí con la determinación de mi grupo de expresar la importancia que para nosotros ha tenido la tramitación de este
proyecto de ley, subo a la tribuna para defender las enmiendas que mi grupo mantiene vivas. Además, quiero hacer constar ante el Pleno de la Cámara que, de las ciento setenta y tres enmiendas que en total se han presentado por los diferentes grupos
parlamentarios, prácticamente la mitad, ochenta y seis, han sido presentadas por mi grupo parlamentario. Apenas nueve han sido incorporadas de forma total o, sobre todo, parcial en el dictamen de la comisión que discute ahora el Pleno y, por lo
tanto, mantenemos vivas ochenta enmiendas de las ochenta y seis. Nuestras enmiendas han sido elaboradas contando con la participación de los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, específicamente

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del Sindicato Unificado de Policía; hemos compartido con ellos, y continuamos haciéndolo, muchísimos de los objetivos que se han planteado a la hora de la tramitación de esta ley, y lo queremos resaltar cuando culmina su tramitación en el
Congreso.


Algunas cuestiones que planteaban los sindicatos y otros grupos parlamentarios han sido recogidas en la tramitación del proyecto, por ejemplo, la supresión de la categoría de comisario general o el cambio en la denominación de género en los
cargos del Cuerpo Nacional de Policía. Nos congratulamos de ello, pero ya decimos que son cuestiones mínimas las que se han recogido en la tramitación del proyecto de ley. Por lo tanto, mantenemos vivas la inmensa mayoría de las enmiendas que ha
planteado mi grupo parlamentario, relativas a cuestiones que para nosotros son fundamentales para la vida cotidiana dentro del Cuerpo Nacional de Policía como la formación, los derechos laborales y sindicales, la homologación de estudios, la
supresión de la obligación de residencia o el establecimiento de una escala especial facultativa, así como a otras cuestiones tan importantes como la concreción en la capacitación para el uso de armas, que debe ser contemplada de forma bastante
genérica en la ley; establecer el ingreso solamente por la escala básica; garantizar al máximo la claridad y la transparencia en el proceso de ascensos; delimitar y favorecer el reconocimiento de la segunda actividad a una edad suficiente para
que no se produzcan fenómenos indeseados entre los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, como tener que estar asumiendo funciones que no les tocan a unas edades que pueden ser complicadas; regular de una mejor forma el procedimiento de libre
designación, y también regular de una manera que garantice completamente la consolidación de derechos con el ejercicio de mayores responsabilidades cuando se dejan estas. Incluso hemos presentado enmiendas para regular de una forma más democrática
y uniforme la concesión de recompensas honorarias. Hemos planteado también la supresión de la evaluación por el desempeño y sobre todo hemos defendido que determinados derechos sindicales sean reforzados de forma importante, como los derechos de
negociación y sobre todo los derechos de intervención, de supervisión en cuanto a los controles y garantías en el acceso al cuerpo, en los medios materiales y en otras cuestiones que nos han llevado a plantear un buen número de enmiendas. También
hemos planteado enmiendas en el cuadro de exclusiones médicas.


Para terminar —y coincidiendo con otros grupos parlamentarios—, hemos aprovechado esta tramitación —no solo nosotros sino también el propio Grupo Parlamentario Popular— para plantear enmiendas a diversas leyes que afectan a la Guardia Civil,
un cuerpo que está sufriendo en las últimas fechas —lo dije en la Comisión y lo repito aquí— un trato que desde mi grupo parlamentario no compartimos en absoluto, como cuando se acaba llevando a prisión militar a determinados guardias civiles por
cuestiones que en pleno siglo XXI son incomprensibles. Entendemos que todas estas condenas tienen que ser rápidamente indultadas por parte del Gobierno para sacar de la prisión militar a estos guardias civiles. Es necesario cambiar diferentes
aspectos de las leyes a afectan a la Guardia Civil y por eso hemos presentado esa serie de enmiendas que compartimos con otros grupos parlamentarios. El Partido Popular además ha aprovechado la tramitación de la ley para plantear alguna enmienda
que nos ha parecido que endurecía una característica que denunciábamos al principio de la tramitación de esta ley, que es la militarización del Cuerpo Nacional de Policía a través de determinados aspectos. Esta enmienda que ha introducido el Grupo
Parlamentario Popular favorece la pasarela desde el ejército hacia la Policía Nacional y nos ha parecido una característica que agrava ese carácter de remilitarización del Cuerpo Nacional de Policía que no compartimos para nada. Todo ello nos
llevará a votar en contra el dictamen en la votación final de totalidad que tendremos al final de esta sesión.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Sixto.


Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Presidenta, señorías, hoy hablamos de la nueva ley del reglamento del Cuerpo Nacional de Policía/Policía Nacional en una ambigua enmienda que finalmente ha presentado el Partido Popular. Personalmente, me
gusta siempre empezar por decir lo bueno que tienen las leyes aunque no estemos de acuerdo. Nos gusta que en esta ley haya una declaración de derechos y deberes, es una aportación interesante. Nos gusta que por primera vez la perspectiva de género
esté incluida en una ley policial, creemos que es positivo. No nos gustaba el cambio de nombre especialmente. Cuerpo Nacional de Policía para nosotros estaba bien y ha quedado medio arreglado. No nos gustaba, aunque no presentamos enmienda porque
ya la presentaban otros, la aparición de esos comisarios generales con un perfil casi más político que técnico pero esto ha quedado arreglado. De hecho, centramos nuestras

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enmiendas en dos bloques fundamentales, la equiparación al máximo de la función policial entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía/Policía Nacional. Entendemos que la función de un guardia civil, excepto que esté en misiones en
el exterior o que esté ubicado en un cuartel militar, es en la práctica una función absolutamente policial y que era una ocasión —ra mejor en la anterior Ley de la Guardia Civil pero esta era otra ocasión— para intentar homologar al máximo las
normas para que sirvieran a la vez para los dos cuerpos. No hay nada más distinto que un militar y un policía. Un militar tiene que actuar siempre en bloque y obedeciendo órdenes; un policía, después de un médico de la Seguridad Social,
seguramente es el funcionario público que más grado de autonomía tiene en sus decisiones, y eso tenemos que reflejarlo en la normativa, porque no ha sido aceptado.


Nuestro caballo de batalla era la famosa pasarela. Algunos han dicho que era por motivos ideológicos, que los Mossos que no se encontraran cómodos pudieran pasar al Cuerpo Nacional de Policía. Nosotros nunca le hemos dado este enfoque,
somos favorables a la modalidad interadministrativa, lo estaríamos a nivel europeo, o sea, que no es un tema de soberanismo ni nada por el estilo, pero es que esta pasarela tiene trampa. Resulta que nosotros tenemos una cuota de reposición en las
comunidades autónomas que es la que es, de tal manera que si intentamos instaurar una pasarela similar en sentido contrario, no podemos, o podemos hacerlo de forma muy limitada. De tal manera que es una pasarela que se nos puede quitar gente sin
que nosotros podamos hacer algo similar al contrario. Si atendemos al coste de un policía —nueve meses de formación y a veces un año o dos de prácticas, etcétera—, la posibilidad de una OPA hostil hacia otros cuerpos para ahorrar esta formación es
una posibilidad real que nosotros encontramos absolutamente alarmante. Se ha arreglado parcialmente con las policías locales, y nos felicitamos. Ahora esta pasarela no funcionará con las policías locales.


Ahora voy a comentar algo que es muy chocante pero lo tengo que decir. En sede parlamentaria desde este mismo banco, a cuatro metros de aquí, el ministro del Interior dijo que esta pasarela, esta movilidad, funcionaría también entre
guardias civiles y Cuerpo Nacional de Policía. A menos que interpretemos de manera muy extensiva la movilidad que se prevé entre militares e incluyamos la Guardia Civil, cosa que es bastante complicada, nosotros más bien deducimos que el compromiso
que adoptó el ministro hace apenas un mes, tres semanas, simplemente no se ha cumplido y esto nos parece extraordinariamente alarmante. Yo dije hace tiempo que no sabía qué pasaba en este ministerio y mostré nuestra sorpresa por informes sin
firmar, etcétera —no me voy a extender por cortesía parlamentaria porque el ministro no está aquí—, pero que podían pasar tres cosas como en la serie Sí, ministro. Una posibilidad podría ser aquella reunión de altos funcionarios en un club inglés
que decían: Ha venido un nuevo ministro que tiene su propia línea política, lo cual es muy alarmante; ahora en el ministerio tendremos dos líneas políticas: la de los altos funcionarios y la del propio ministro. La otra posibilidad de la serie
Sí, ministro es aquella del ministro de Exteriores —me refiero a eso porque la película iba así— que llama al primer ministro y le dice: ¿Te has enterado del golpe de Estado en tal sitio que es muy importante para Gran Bretaña? Y le contesta:
Pues no, no me he enterado de nada porque tengo la televisión estropeada. Al cabo de un rato el ministro de Exteriores llama al primer ministro y le dice: Ya me he enterado, el nuevo hombre fuerte del régimen es el general tal, y le dice:
¿Entonces ya has recibido el informe del MI5? Le contesta: No, es que mi chófer tenía la radio conectada mientras yo iba hacia el ministerio. Esta sería la segunda posibilidad de lo que ocurre en el Ministerio del Interior. La tercera, como no
se permiten chistes, no la voy a mencionar.


Ha sucedido lo que ha sucedido, o sea, el ministro en sede parlamentaria hizo una declaración solemne diciendo que habría movilidad entre Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Parece que esto no es así al cabo de tres semanas. Por
tanto, de las tres hipótesis que he intentado exponer elegantemente de lo que está ocurriendo en este ministerio, ya sabemos cuál se está produciendo: la primera. Más valdría —lo digo de corazón— que pusieran orden en su propio ministerio y que no
fueran los altos funcionarios los que tomaran las decisiones en su club o donde fuera, porque es especialmente alarmante. A la oposición nos puede ir bien que un ministro se equivoque; no nos gusta nada que sea el ministerio encargado de la
seguridad, porque en ese paquete vamos todos. Ya he dicho que había tres hipótesis de por qué ocurrían cosas tan raras en esa casa y ahora sabemos cuál es la verdadera. No queremos pensar que sea verdad ni la mitad de lo que ha salido en los
medios de comunicación, en grabaciones, etcétera; no queremos creerlo porque verdaderamente quien tiene que darnos seguridad nos daría inseguridad. Repito, me atengo a lo que dice la ley. Sobre algo que dijo el ministro de manera solemne, al cabo
de tres semanas, nada de nada. Algo está pasando en esa casa y creo que ya sabemos lo que es. Aunque solo fuera por este motivo, porque esta ley no parece inspirada por quien la tendría que inspirar, sino por otra gente de

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la que no sabemos ni el nombre o que sí lo sabemos porque resulta que sale en algún confidencial de Internet, francamente no se puede votar nada en estos términos. La verdad es que es un tema muy preocupante y esta ley quizá lo ha mostrado
de manera descarnada. Aunque solo fuera por el motivo de que no sabemos quién está inspirando realmente esta ley, solo por eso ya valdría un voto en contra. Además, está el tema de su pasarela unidireccional que también nos obliga a votar en
contra de esta ley. Por tanto, es lo que haremos.


Aprovecho para felicitar por sant Jordi a todos los diputados y diputadas. Felicidades a todos los Gorkas, a los Jurgis, a los Xurxos, nombre de reyes gallegos, a los Chorches, porque en Aragón se celebra también sant Jordi. También
celebran su onomástica hoy los Xurdes, los Jorges, los Jordis y las Jordinas. Cómo no, felicito también al ministro del Interior, que lo cortés no quita lo valiente.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Guillaumes.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias.


Señor Guillaumes, apunte usted el Valle de San Jorge en el municipio de Llanes, del Principado de Asturias, que hoy también está de celebración de san Jorge.


Debatimos hoy, señorías, el dictamen de la Comisión de Interior sobre la ley de régimen de personal de la Policía Nacional. No es la ley que necesitan los funcionarios policiales ni la ciudadanía española, es una ley para consolidar el
modelo de policía política de Cosidó y Fernández Díaz. Mediante esta norma pretenden ustedes dar la vuelta como un calcetín a un cuerpo profesionalizado y al servicio de la gente para convertirlo en una policía al servicio del Partido Popular, un
retroceso que no me atrevo a decir si es más dañino para los ciudadanos o para los funcionarios. Los socialistas estamos radicalmente en contra de la misma. Para nosotros representa un instrumento legal para la voladura controlada del actual
sistema policial español de naturaleza civil. La prioridad del actual equipo ministerial no es preservar la seguridad de los españoles; esa policía ya la tenemos y es buena. Ahora se antepone la defensa partidista de los populares involucrados en
diversas causas judiciales. Han puesto la institución al servicio del partido, policía política y grises en Interior, NO-DO en color en Televisión Española. Esta ley trata de dar cobertura a ese escenario y, de paso, a perpetuarlo en el tiempo;
es decir, dar un giro de 180 grados al rumbo que la policía española venía manteniendo en las últimas tres décadas. ¿Qué policía encontraron ustedes al llegar al Gobierno en 2011? Una policía profesional, motivada, con unas plantillas cubiertas,
bien dotada de medios y con un gran prestigio entre la ciudadanía española. ¿Cómo está ahora? Politizada, desmotivada, con 2.745 efectivos menos disponibles y con un gasto superior a medio millón de euros en un camión antidisturbios que para
funcionar, si alguna vez lo hace, requiere al menos treinta policías de protección. Y decisiones gubernamentales negativas para los policías y su prestigio entre la ciudadanía. La Ley de Seguridad Ciudadana criminaliza la disidencia ideológica
bajo la idea de que altera el orden público y la seguridad. Con ella como excusa, el actual Gobierno ordena a la policía disolver o impedir reuniones, manifestaciones, expresión de ideas o la divulgación de información que le resulta inconveniente.
Volvemos a la brigada político social de tan infausto recuerdo, es decir, al camino más corto hacia la pérdida de confianza ciudadana que la policía se ha esforzado a lo largo del actual período democrático en ganar, y bien que lo ha hecho. Señores
del Gobierno y del Partido Popular, aclaremos una cuestión. En democracia los derechos de los policías no deben chocar con los de los ciudadanos. Reconocer derechos a los policías no debe reducir los derechos de los ciudadanos ni poner en peligro
sus libertades. Mejorar los derechos de los policías es hoy, sobre cualquier otra cosa, un acto de justicia. Pero para comprender esto, hay que entender que los policías no son funcionarios a su servicio sino al servicio de la sociedad española.
Ya solo falta que a alguien de Interior se le ocurra vestir de gris a las UIP, porque tienen ustedes gran querencia por el gris; puede ser el gris social de una sociedad que ve cómo se desmorona su Estado del bienestar, el gris de plasma de las
comparecencias del señor Rajoy, o, incluso, el gris uniforme policial. Ustedes no tienen remedio.


Ahora, el Gobierno trae al Congreso este proyecto de ley al final de la legislatura, sin acuerdo sindical y sin una valoración creíble del coste económico que comporta. El director general que puso todas las trabas posibles cuando era
diputado para que el Cuerpo Nacional de Policía no tuviera en 2011 una ley de personal pactada con los representantes sindicales, trata ahora de colar, en el último momento, una sin acuerdo alguno. El SUP y el SPP dicen no a esta ley de personal.
Lo mismo opina, a mi juicio, el resto de sindicatos, aunque no lo hayan hecho público. Aprovecho, además, para saludar a los diferentes

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responsables sindicales policiales que hoy nos acompañan en la tribuna. Pero es que, además, ustedes quieren desarrollar esta ley a coste cero, y eso es imposible sin perjudicar gravemente a la mayoría del colectivo. De ahí que a nadie
deje satisfecho. Se ha perdido también la ocasión de actualizar derechos a los policías, muchos generalizados ya en nuestra Función pública. El derecho a la negociación colectiva en ella es un mero enunciado que carece de contenido práctico.
Vulnera la Ley de Igualdad en lo que se refiere a la implantación de un lenguaje no sexista o en medidas para equilibrar la presencia de hombres y mujeres en nombramientos y designaciones. En formación no establece un sistema de homologación con
los niveles del sistema educativo español, por lo que no se reconocen adecuadamente los estudios policiales ni el esfuerzo de quien lo realiza. Bárcenas, la Gürtel, la financiación ilegal en su partido y el espionaje a los adversarios políticos han
obsesionado a la cúpula de Interior y marcado definitivamente esta legislatura. Prioridades trastocadas. Loquillo y Fito Cabrales lo definen muy gráficamente en la canción Luché contra la ley: Robé mil bancos, nena, por ti/ luché contra la ley y
la ley ganó/busqué el dinero que antes no ví/luché contra la ley y a la ley gané. Ustedes repiten estos días: quien la hace la paga. Déjenme hacer alguna precisión. La primera vez, me temo, que aún no están todos los que son, pero eso lo va a
aclarar el tiempo. La segunda es que si el que la hace es el PP, procuran que no la pague. Y cuando ya no lo pueden evitar, los convierten en innombrables, personas con problemas particulares a las que olvidar rápidamente. Pasan de referente de
la edad dorada, de amigos del alma o de magos de la economía a malos recuerdos del pasado, tan rápido como exija la hora de emisión del telediario. El caso es que el PP, el PP de ahora, el de Rajoy, el de Sáenz de Santamaría, el de Cospedal,
póngales ustedes en el orden que quieran, aparezca inmaculado. No crean que exagero. Recuerden las conversaciones entre el ex tesorero popular y el presidente del Gobierno hace un par de años cuando aún eran amigos. En ellas se hacían
confidencias o se pedían favores: Luis sé fuerte —el presidente— Rosalía no puede hacer el paseíllo —Bárcenas— Rosalía no hizo el paseíllo en la Audiencia Nacional. Bárcenas se lo pidió al presidente Rajoy, y al día siguiente responsables
policiales la introdujeron discretamente en el garaje y la sacaron con el mismo sigilo. ¿Quién dio la orden? Es la quinta vez que lo pregunto. La UDEF de hace unos años, no la actual, estaba demostrando demasiado celo y discreción en la
investigación de la Gürtel. Pues se cesa a diferentes responsables, incluso al máximo, el comisario general de Policía judicial. Tres cesados en esta legislatura.


Uno de sus peores defectos, señores del Partido Popular, es su manera de entender las relaciones con el Gobierno y las instituciones. Confunden partido con Gobierno, instituciones con Gobierno. La policía no está a su servicio,
entiéndanlo, sino al servicio de todos. El fiscal general del Estado protestó a finales de 2012 porque dos altos funcionarios fueron enviados por el Gobierno a Cataluña para solicitar a los fiscales del caso Millet el registro de la sede de
Convergència. Ninguno tenía competencia para ello. La policía política solo está al servicio del partido gobernante y siguen empeñados en ella. Se están convocando más plazas de comisarios principales que puestos de trabajo existen para ellos, y
con esta ley, en lugar de llegar a dicha categoría únicamente por antigüedad selectiva, como siempre se ha hecho, posibilitan acceder a dicha categoría con solo dos años de antigüedad, pasando así por delante de otros comisarios con diez o doce años
de experiencia. La excusa, concurso-oposición. Los favores políticos que se piden a algunos funcionarios hay que pagarlos. Mejor dicho, se están pagando ya. El señor Cosidó convino con la Universidad Rey Juan Carlos un curso para que miembros
del cuerpo accedieran al título de grado. La matrícula, 3.000 euros, la paga la dirección general. La selección de los afortunados, ni objetiva ni transparente ni con publicidad; caprichosa y opaca. Lo dicho, los favores policiales se pagan. El
problema es que no lo paga el Gobierno, lo pagamos todos los españoles. Se erosiona el servicio público policial y se aumentan los costes. Las medallas rojas pensionadas, por ejemplo, no hubo empacho en estos años en concederlas a los altos mandos
policiales involucrados en su policía política. Se quedaron sin ella, sin embargo, muchos policías que patean las calles, con acciones en su haber que podemos calificar de heroicas o modélicas.


Otro error de esta ley es la disposición adicional cuarta, la pasarela por la que policías autonómicos pueden transitar hacia el Cuerpo Nacional de Policía. No somos tampoco muy de opas, señor Guillaumes. El proyecto de ley cambia también
la denominación Cuerpo Nacional de Policía por Policía Nacional, recuperando el nombre de uno de los dos cuerpos, el militarizado, con mandos procedentes del ejército, que se unificó como el Cuerpo Superior de Policía en 1986. Ahí hay que añadir la
nueva uniformidad y sus divisas, y la definición como cuerpo uniformado. Y el gasto de 4 millones de euros en divisas, bastones de mando y gorros femeninos, en lugar de comprar, por ejemplo, chalecos antibalas para mujeres y hombres del cuerpo.
Apuestan por el autoritarismo y un cierto militarismo para este cuerpo policial de naturaleza

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civil y por las consignas: todo por el PP, todo para el PP. Por ello, los señores Cosidó y Fernández Díaz se han cargado de deudas que difícilmente se pagan con honor.


Hace pocas semanas toda España asistió estupefacta a un auténtico rosario de acusaciones entre dos altos cargos policiales. Ambos dependen directamente del director adjunto operativo que guarda un ominoso silencio. Hemos oído acusaciones
de fabricar pruebas falsas, de realizar servicios policiales muy discretos para la dirección del PP, un uso poco transparente de los fondos reservados. Nadie ha explicado hasta la fecha si sus mutuas acusaciones públicas son verdad o no. Uno ha
sido removido pero ascendido, según el Gobierno, y repuesto en la investigación de la disputa en contra del Gobierno por el juez. El otro sigue en su puesto y ha visto cómo sus actividades empresariales se declaraban compatibles. ¿La respuesta del
ministro y del director general de la policía? Un aforismo muy repetido en los países iberoamericanos: No crean nada de lo que oigan y casi nada de lo que vean. Parecen estar maniatados para intervenir. Lo dicho, hay favores que difícilmente se
pagan con honor; y las deudas siguen creciendo.


Voy terminando, señorías. En Alicante está en marcha la operación Brugal, una macrocausa. Sus pesquisas exigen más policías, a juicio del juez instructor; se siente desatendido. Le ha dado la razón el Consejo General del Poder Judicial
que, por primera vez —óiganlo bien, por primera vez—, tuvo que intervenir para ampararlo de una manera contundente. Pidió a la dirección general que acabe con los obstáculos que impiden finalizar la instrucción. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). ¿Se desconocían en el ministerio las circunstancias del caso? Permítanme, señorías, que lo dude. Desde el CICO se dispone de todos los medios que el juez demanda y su actual responsable estuvo, en su momento, en la mencionada
operación. ¿Cómo no quieren que hablemos de policía política? Estamos obligados a controlar al Gobierno y ello nos obliga a denunciar lo que vemos. Y hoy, yo, en esta tribuna, debo denunciar la escandalosa utilización partidista que se está
haciendo de la institución policial. (Aplausos). Niegan incluso colaboración a la justicia para evitar que responsables del PP puedan ser investigados, imputados o condenados, sobre todo a cuatro semanas de elecciones municipales y autonómicas.
¿Cómo no quieren que hablemos de policía política?


Rectifiquen totalmente en el Senado este dislate legislativo. Si están dispuestos a hacerlo, contarán con nuestra colaboración. Como muestra de esa disposición, les anuncio que retiraremos nuestro voto particular sobre el apartado dedicado
a los amenazados por ETA. Tal y como lo presentan, puede contribuir a la arbitrariedad, afectando a la seguridad jurídica y al principio de igualdad. Reflexionen y rectifiquen en esto y en toda la ley, por la ejemplaridad de nuestro Cuerpo
Nacional de Policía, por la seguridad de la ciudadanía española.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín.


Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea. (Denegación).


Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Cabello de Alba.


El señor CABELLO DE ALBA HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero también saludar cordialmente al director general de la Policía y a los representantes de las organizaciones sindicales que han tenido la deferencia de acompañarnos aquí en esta mañana. Voy a intentar, por otra parte, poner
un poco de serenidad en el debate, después de la intervención del señor Trevín.


Señorías, hablamos hoy aquí de uno de los mayores avances de las últimas décadas para el hasta ahora Cuerpo Nacional de Policía y los hombres y las mujeres que lo componen. Como ustedes son conocedores, desde que en el año 1986 naciera el
Cuerpo Nacional de Policía toda la normativa específica que le era de aplicación por el desarrollo de sus funciones se encontraba dispersa en diversos cuerpos legales, incluyendo algunos artículos del reglamento orgánico de la Policía gubernativa de
1975 que se mantienen en vigor. Aun en estas circunstancias adversas, en esta indefinición de derechos y deberes y, sobre todo, en esta falta de actualización de la normativa que rige sus funciones, nuestra policía, en un alarde de capacidad de
adaptación a la realidad social del momento, cualidad que sin duda posee como nadie, ha sido capaz, gracias al trabajo y a la profesionalidad de sus hombres y mujeres, de convertirse en una de las instituciones más valoradas del Estado, valorada por
los ciudadanos que reconocen su profesionalidad y su eficacia y valoran la seguridad; seguridad que les aporta cotas de libertad que nunca se habían tenido. Ha pasado mucho tiempo desde 1986, la sociedad ha cambiado considerablemente y como
consecuencia de este cambio también lo ha hecho el marco normativo que afecta a las

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administraciones públicas —por ejemplo, en este caso, de manera importante, la Ley 7/2007, del Estatuto básico del empleado público—, y también ha evolucionado la propia institución policial en su continua adaptación a las demandas de los
ciudadanos.


Por todo ello, era necesario actualizar y fijar, mediante una norma con el adecuado rango legal, el régimen estatutario general de los funcionarios del todavía Cuerpo Nacional de Policía, adecuándolo a sus necesidades organizativas y
funcionales y a las demandas del propio colectivo. Con toda seguridad, señorías, esta ley no recoge en su totalidad las demandas de un colectivo que, por numeroso y plural, está constituido por sensibilidades muy diversas. Tampoco cuenta con la
unanimidad de los grupos políticos de cuya diversidad ideológica ha habido hoy sobradas muestras. Pero también es rigurosamente cierto que, desde la legítima discrepancia, se ha oído a todos y se han incorporado, enmendado o suprimido del proyecto
de ley a lo largo del proceso parlamentario numerosas cuestiones no carentes de importancia. En este caso, señor Guillaumes, por ejemplo, le puedo decir que las afirmaciones del señor ministro del Interior en esta tribuna han sido precisamente uno
de los esfuerzos prometidos por el ministro del Interior de llegar al máximo de los consensos. Aquí, en este momento parece que si no se aprueban enmiendas hay posición de inmovilismo y si se cede en la negociación en pro de llegar a un acuerdo, lo
que hay es toda la película que usted ha venido a apuntar, pero se trata simplemente de ese esfuerzo que se ha hecho y no tiene más lectura política, se lo puedo asegurar.


Como anuncié en mi intervención durante el debate de totalidad, estábamos dispuestos a hacer un esfuerzo en el acercamiento de posiciones, todo ello en pro de mejorar el texto legal, pero también de conseguir al menos un mínimo consenso en
la aprobación de esta ley; esfuerzo que merecía y merece la institución policial y esfuerzo que nosotros estamos dispuestos a seguir haciendo a lo largo del trámite parlamentario en el Senado. No ha sido posible, pero el esfuerzo no ha sido en
vano porque el texto legal en su contenido de fondo y en el acercamiento a las distintas sensibilidades ha mejorado sustancialmente, aunque a veces haya sido en detrimento de la técnica legislativa. Aprovecho el momento para agradecer el esfuerzo
de cuantos han participado en los trabajos de ponencia, representantes de los distintos grupos políticos, y, cómo no, el enorme esfuerzo y el magnífico trabajo de nuestra letrada en la Comisión de Interior, la señora Ripollés. Al mismo tiempo,
aprovecho también para decir que se ha presentado una corrección técnica en este último texto, que ya poseen los representantes de cada grupo político participantes en la ponencia, que conocen y que entienden.


El resultado final, señorías, es una buena ley que supone, como decía al principio de mi exposición, un gran avance; una buena ley que reúne todos los aspectos esenciales del régimen de personal de la Policía Nacional, que sigue la línea
marcada por el Estatuto básico del empleado público y que por lo tanto se adapta a la realidad actual; una ley que avanza en la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como principio informador —señor Trevín, usted no lo
reconocía aquí por desconocimiento, pero además se le ha aceptado esa enmienda a su propio partido—, que contiene una relación detallada de los derechos individuales y de los derechos de ejercicio colectivo. Es una ley en la que por primera vez se
lleva a cabo una ordenación de los derechos individuales en virtud de la relevancia constitucional de los bienes jurídicos protegidos, destacando, por ejemplo, el respeto a la dignidad en el trabajo y especialmente frente a situaciones de acoso
sexual o laboral; una ley que incorpora a su régimen estatutario el derecho a que la Administración adopte medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En lo concerniente al ejercicio de los derechos colectivos
cabe destacar que el texto acoge los derechos de representación colectiva contenidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica 2/1986, como son el derecho de los miembros de la institución policial a conseguir organizaciones sindicales de ámbito nacional
para la defensa de sus intereses profesionales, afiliarse a ellas y participar activamente en ellas, respetando eso sí en todo caso los límites y restricciones sobre la materia recogidos en la citada norma.


Este sistema, señorías, hasta el momento ha dado perfecta protección a los derechos de los funcionarios, como puede desprenderse del hecho de que el porcentaje de afiliación sea superior al de otros funcionarios en otras administraciones
públicas. Esta ley, señorías, refuerza la protección jurídica y económica de los funcionarios con la contratación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir las indemnizaciones, fianzas y demás cuantías derivadas de las exigencias de
responsabilidad de cualquier naturaleza de los policías nacionales, con motivo de las actuaciones llevadas a cabo por parte de los mismos en el desempeño de sus funciones; medida que por cierto la disposición sexta que modifica la Ley orgánica
reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil extiende también a ese cuerpo. La ley flexibiliza el régimen de incompatibilidades, permitiendo desempeñar con carácter

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general un segundo puesto de trabajo, siguiendo la línea marcada por la jurisprudencia más reciente ante las peticiones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y mejora el sistema de formación de los procesos de
promoción. Merece una especial referencia el sistema de evaluación del desempeño, novedad incorporada por el Estatuto Básico del Empleado Público con el fin de medir el rendimiento del logro de resultados, conforme a criterios de transparencia,
objetividad, imparcialidad, y no discriminación, y en cuyo establecimiento participarán las organizaciones sindicales representativas.


Igualmente podríamos hablar de la regulación de la segunda actividad, de la acentuación de la relevancia del Consejo de la Policía o de las medidas innovadoras en cuanto a la participación de los funcionarios en la prevención de riesgos
laborales, etcétera. Señor Trevín, sinceramente no sabría decir cuáles de estas medidas suponen un retroceso en los derechos de los funcionarios o de la propia institución policial. Muy al contrario suponen un claro avance, que como decía al
principio no puede satisfacer a todos en todo. Es el canon justo de intentar conjugar todas las opiniones. Creo, señorías, que los policías y la institución merecen el máximo consenso en la aprobación de esta ley o al menos la mínima oposición.
El Grupo Popular en la pasada legislatura se abstuvo por este motivo en la votación de la ley que presentó el Gobierno socialista, y que además quedó en el Senado por disolución de las Cortes. El señor Sicilia interpretaba esto en pasadas
intervenciones como una prueba de que la ley era mejor. Después de oír y ver la desorientación procesal —porque el señor Trevín no ha venido aquí a hablar de la ley, como no lo hizo tampoco en la Comisión; ha venido a hablar de su libro
exclusivamente—, además del desconocimiento —puesto que da por no aprobadas enmiendas que se han aprobado y que son de calado muy importante—, después de esta intervención yo ya sé perfectamente que la abstención no evidenciaba una mejor ley; lo
que evidenciaba la abstención del Grupo Popular era una mejor oposición.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cabello de Alba.


ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:


— ACUERDO DE LA COMISIÓN DE INTERIOR, EN RELACIÓN CON EL INFORME APROBADO POR LA SUBCOMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LAS REDES SOCIALES. (Número de expediente 154/000007).


El señor PRESIDENTE: Acuerdo de la Comisión de Interior en relación con el informe aprobado por la Subcomisión de estudio sobre las redes sociales.


Va a haber un turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, estamos ante un trámite que en mi opinión es significativo, porque vamos a aprobar por unanimidad —como espero que así ocurra, como ocurrió en la Comisión— un informe de esta Cámara sobre las redes sociales. Es importante
subrayar, en primer lugar, ese aspecto de la unanimidad porque estamos hablando de algo que es importante, ya que entre otras cosas se refiere al mundo de la información, la comunicación y las libertades. Como ya señalaba hace quince años el
profesor Echeverría Ezponda, uno de los investigadores importantes que ha habido en este Estado y que ha formado parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los cambios impulsados por las nuevas tecnologías deben ser analizados desde
una doble perspectiva. Por un lado, contraponer la sociedad del conocimiento a la de la información, y por otro lado, adjetivar la sociedad de la información, preguntarse si la sociedad de la información —que está en construcción y sigue en
construcción, porque está en permanente cambio— será o no una sociedad civil, democrática, humanizada, justa, tolerante y multicultural. En definitiva, ¿es posible o no la democracia en la sociedad de la información? Lógicamente la respuesta es
que sí, y precisamente este informe sobre las redes sociales aborda estas dos cuestiones: por un lado, contraponer la sociedad del conocimiento a la de la información, aspecto importante porque no nos podemos quedar simplemente en el ámbito de la
información, sino que las redes sociales deben contribuir —y contribuyen de hecho— a la sociedad del conocimiento, a esa generalización del conocimiento, y en definitiva a aplicar ese principio de que hay una hipoteca social sobre el conocimiento,
algo que no puede permanecer en el ámbito privado, sino que debe estar al servicio del conjunto de la sociedad. Y por otro lado, hay que preguntarse si esa sociedad de la información que está en construcción va a promover una sociedad civil
democrática, más humanizada. Ahí también se ha vertido la reflexión de todos los grupos

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en este informe, en la línea de qué hacemos para que esa sociedad del conocimiento y de la información contribuya a una sociedad más democrática, más humanizada, más justa, más tolerante y más multicultural, y ese es un debate que está en el
conjunto de la sociedad.


Hace ya quince años se decía que la cibercultura de carácter libertario estaba permitiendo imaginar —y ahora mismo está permitiendo plasmar— nuevas formas de participación política e incluso de democracia directa. Este es otro aspecto que
está detrás de las redes sociales, y que es importante para promover esa participación de la ciudadanía y ese empoderamiento de la ciudadanía a la hora de gestionar la cosa pública. En el año 1996 John Perry Barlow hizo pública una declaración de
independencia del ciberespacio en la que negaba que los Estados tuviesen que tener poder sobre el espacio electrónico. Sin embargo eso ahora mismo es bastante real. Las reflexiones que hemos tenido en el seno de la Comisión iban por esa línea, es
decir, qué hacer para responder a los retos que plantea una sociedad de la información sin fronteras, una sociedad de la información que avanza continuamente en las nuevas innovaciones, que va muy por delante de lo que va la legislación. Creo que
la respuesta que ha dado el informe de la ponencia es muy positivo, porque —tengo que subrayarlo— va en contradicción con otra serie de actuaciones que se han producido en esta Cámara últimamente. Me refiero, por ejemplo, a la reforma del Código
Penal, a la Ley Mordaza, etcétera. Uno de los principios fundamentales que se establecen en esta ponencia es que ante todo hay que salvaguardar la libertad, y que por lo tanto a la hora de actuar para prevenir posibles delitos, para proteger al
conjunto de la ciudadanía, y especialmente a los menores, debería primar un principio fundamental que es el control previo judicial. Es decir, no se puede realizar ninguna actuación en el ámbito de las nuevas tecnologías, en el ámbito de las redes
sociales sin tener ese control previo judicial. Por eso pensamos que este informe es muy significativo, ya que ha logrado la unanimidad alrededor de ese principio de salvaguarda de las libertades, de salvaguarda del derecho de los ciudadanos a su
propia intimidad, del derecho de los ciudadanos a su propia identidad, dando respuestas también a esos problemas que están surgiendo ahora mismo en todos los ámbitos, como puede ser el problema de la suplantación de identidades, y el acoso en sus
distintas manifestaciones.


Ante ese debate que se plantea siempre entre seguridad y libertad esta ponencia ha optado por fortalecer la libertad, estableciendo elementos preventivos y garantistas con ese control judicial, siempre previo a cualquier actuación policial o
a cualquier actuación desde los poderes públicos,…


El señor PRESIDENTE: Señor Larreina, debe ir finalizando.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Acabo, señor presidente.


… que garantice los derechos de la ciudadanía. Pensamos que ese es el camino a seguir: que las redes sociales deben ser un instrumento para la socialización del conocimiento, y para impulsar una sociedad más libre, más plural, y más
democrática. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.


Ruego silencio. Los que no estén interesados en este debate que abandonen el hemiciclo.


Tiene la palabra por el Grupo Vasco, PNV, el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.


Subo a la tribuna en nombre de mi grupo para hacer un balance de lo que ha sido el trabajo en esta subcomisión, que se ha creado bajo la tutela de la Comisión de Interior, en torno a las redes sociales. Pero lo que se presenta hoy es lo
acordado —que es fruto de este trabajo—, el estudio de la seguridad en las redes sociales, y por eso precisamente ha sido tratado en esta subcomisión, bajo la tutela de la Comisión de Interior, porque las redes sociales y su amplia globalidad son un
enorme campo de actuación inabarcable y con infinitas posibilidades de estudio. Por tanto nos hemos centrado en este trabajo, en el de la seguridad en las redes sociales.


Tras cuarenta y ocho comparecencias de cargos del ámbito institucional, gubernamental, político, jurídico, pedagógico y policial, así como de la asistencia de expertos en redes sociales, en comunicación, en Internet, etcétera, además de las
de profesionales y directivos de empresas del ámbito de la comunicación, todos han dado una visión, cada uno de ellos desde una perspectiva diferente, que nos ha sido útil. Tengo que agradecerlo porque el trabajo que se ha desarrollado ha sido
positivo y hemos llegado casi todos a las mismas conclusiones. Otra cosa será que con esas conclusiones cada uno haga una lectura diferente sobre cuáles han de ser las medidas a tomar. Pero en cualquier caso creo que la conclusión principal a la
que hemos llegado —o a la que yo he llegado— es que, tras todo este trabajo,

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nos surgen más preguntas que respuestas. Quizá eso no sea malo, porque pasar de la época en la que hemos vivido hasta ahora, la época de las respuestas dadas, a la época de las preguntas sin hacer es una gran evolución, la evolución
tecnológica. Seguramente hace diez o quince años habría sido imposible hacer un debate en el Parlamento sobre las redes sociales, y hoy en día con toda naturalidad lo estamos haciendo, señal de que a veces se avanza tecnológicamente por medios a
los que después tenemos que dar respuesta, y en este caso está claro que se ha abierto un nuevo mundo, seguramente más precipitadamente de lo que estábamos preparados para hacerle frente, y como suele ocurrir siempre la marcha de estos avances a su
vez nos lleva la delantera siempre, por lo cual tenemos que tomar decisiones y respuestas cuando ya la tecnología y el uso van tres o cuatro calles por delante.


Un nuevo mundo se nos abre que exige una nueva mentalidad para todo: una nueva mentalidad para el uso, una nueva mentalidad para su control, una nueva mentalidad para su seguridad, para su entendimiento, y cómo no para su disfrute, porque
al fin y al cabo las redes sociales son un escaparate del mundo que a su vez, como todo lo que tiene el mundo, tiene la misma proporcionalidad de riesgos que también tiene el mundo real. Hemos analizado muchas cuestiones, y como tratamos el tema de
la seguridad, ¿cuáles han sido los mayores problemas que hemos detectado, los mayores peligros? Pues existe el problema de los famosos ciberacosos, existen los problemas de los usos y contenidos ofensivos en la red; hemos visto el uso de
contenidos incitadores al odio, y también el robo de la propiedad intelectual o el tema de suplantación de identidad. Esos son peligros que existen en ese nuevo mundo, peligros que tendremos que atajar de alguna manera, y tendremos que saber cómo
resolver esa situación problemática.


El 50 % de los jóvenes, según los datos que se nos han dado en la subcomisión, ha sufrido algún ciberacoso de alguna manera en algún momento de su vida. Yo creo que es una cuestión que tendremos que atender: qué es un ciberacoso, cómo se
puede hacer, ¿es más fácil que un acoso normal? ¿Tiene más impunidad? ¿Cualquiera puede acceder a ello? ¿Cómo se denuncia? ¿Cómo se ataja esa situación? Así y todo y viendo cuáles han sido todos los problemas que se han sugerido hemos hecho una
valoración positiva de lo que son las redes sociales, aun teniendo en cuenta que su seguridad ha de ser algo importante para nosotros. No hacen falta más leyes, también hemos llegado a esa conclusión. No hacen falta más leyes, con las que tenemos
es suficiente, el problema está en si sabremos aplicarlas de manera correcta o no. La educación y la formación son la base para que las redes sociales y su seguridad tengan una garantía, sobre todo en las nuevas generaciones y en los jóvenes;
nuestra capacidad para usar esas redes sociales. También se han visto cuestiones que desde el ámbito penal se deberán atajar: el tema de la pornografía infantil es algo que hasta ahora no existía de esta manera, y cada vez aparece más, y cada vez
además, como siempre, el que comete el delito utiliza herramientas más sofisticadas para que no se descubra su delito, y hay redes enteras de uso de pornografía infantil, que con los datos que se nos dieron en la subcomisión…


El señor PRESIDENTE: Señor Agirretxea, debe usted ir acabando.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: … nos pusieron la piel de gallina. Por lo tanto: suplantación de identidad, pornografía infantil, ámbito penal.


Una última advertencia: cuidado. Antes decía el señor Larreina que la libertad nunca puede estar supeditada a un posible riesgo en pos de una seguridad, la libertad ha de primar. Por ello, tanto la policía como los jueces han de tener
muchísimo cuidado a la hora de intervenir, y esa es otra de las recomendaciones que dábamos en la subcomisión.


Por último, tengo que decir que ha sido positivo, que hay que seguir desarrollándolo, porque es un ámbito que no se acaba; esto no ha hecho más que empezar.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo considera que los trabajos que ha hecho la subcomisión son oportunos, y el informe es positivo y con conclusiones sin duda interesantes. Es muy de agradecer además en particular la idea de que no haga falta hacer una ley de
redes sociales, porque eso ya sería algo más preocupante, sobre todo porque tenemos una legislación que nos parece —ha quedado demostrado en general— bastante

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inadecuada, bastante desequilibrada, y bastante poco realista sobre lo que es el mundo digital, el mundo de Internet, y sobre todo porque también —y con esto acabo, porque mi intervención quiere ser muy breve— plantea un desafío muy serio a
los Estados nacionales. Estamos hablando de fenómenos realmente globales, que no son hipótesis, sino realidades materiales globalizadas, y en ese sentido las legislaciones nacionales cada día demuestran más su impotencia. Hay que pasar al campo de
la colaboración internacional y de los grandes proyectos de escala como digo planetaria. De eso es de lo que estamos hablando.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su concisión y brevedad, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.


La verdad es que han sido dos años de trabajo, cien peticiones de comparecencias, cuarenta y ocho comparecencias de muy variados ámbitos, y quiero empezar mi intervención diciendo que la posición general de mi grupo va a ser —como
compartimos, creo, con la totalidad de los grupos de la Cámara— votar favorablemente el informe. Se ha desarrollado un buen trabajo y nuestra posición va a ser favorable. Lo segundo que quiero hacer es agradecer el trabajo del compañero Conrado en
la coordinación del grupo en la Comisión —creo que ha sido magnífico y pienso que hay que agradecerlo—, así como el trabajo de la letrada, doña Rosa, que también ha tenido una labor magnífica en la conjunción de la Comisión.


Por parte de mi grupo parlamentario quiero destacar lo que ya se ha destacado por parte de otros portavoces. La Comisión no extrae la conclusión de que sean necesarios grandes cambios legales. Se nos ha pedido que alguna cuestión, algún
artículo se cambie en la tramitación de alguna ley, pero sobre todo la gran conclusión de esta Comisión es que es necesaria mucha educación y mucha formación en todos los ámbitos, desde el ámbito de la educación infantil —todos conocemos que las
redes sociales son usadas cada vez desde más temprana edad— hasta la judicatura que también se ve con importantes problemas a la hora de tener que aplicar las leyes en su ámbito respectivo, por la importantísima evolución de todo el mundo virtual
día a día. En definitiva en la Comisión hemos nadado entre un mar de conflictos de diversos derechos: de los derechos de los usuarios, de los derechos de autor, que también se han tratado aunque sea tangencialmente en la Comisión, de la libertad y
de los derechos fundamentales, así como del derecho al anonimato. En ese mar de conflictos entre diversos derechos hemos navegado en la Comisión con muchísimas aportaciones, con algunas conclusiones, y sobre todo con una constatación: la
importancia del papel que tiene que jugar el Ejecutivo, el Gobierno, en el marco internacional a la hora de negociar con otros Estados en los cuales radican los servidores, las empresas titulares de Internet, que también han comparecido —las
empresas de redes sociales— y que han mostrado una voluntad en general de colaboración —hay que hacerlo constar— y de trabajar por la defensa de los derechos de los internautas. También quiero hacer constar por parte de mi grupo las quejas de las
empresas españolas que se dedican al tema de redes sociales por el marco tan diferente que hay en otros países respecto al nuestro; entienden que en el nuestro a veces tienen un marco muy complicado para trabajar, y por eso acaban haciéndolo en el
extranjero. Asimismo quiero destacar por parte de mi grupo parlamentario —lo han dicho muchos de los comparecientes— la necesidad de una mejor regulación o de un uso mucho más acertado de la figura del agente encubierto. Es una figura básica para
atajar, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los delitos que se pueden cometer y que se cometen en las redes sociales; necesitan esa figura del agente encubierto protegida y suficientemente tipificada. Muchos de los
comparecientes hablaron también de la necesidad de tipificar de alguna forma el tema de la suplantación de personalidad, porque nuestro ordenamiento jurídico bebe de diversos artículos, y esa es una cuestión que incluso los juristas nos planteaban,
aparte de que todos los intervinientes nos dijeron que no era necesario un gran cambio legal.


En definitiva desde mi grupo parlamentario nos quedamos con una conclusión que expusieron muchos internivientes: el mundo virtual no es sustancialmente diferente del mundo real; los delitos que se cometen en la calle son los mismos que se
pueden acabar cometiendo en las redes sociales, y por ello no son necesarios cambios fundamentales. Ahora bien desde mi grupo nos acogemos a la necesidad de ir consagrando nuevos derechos fundamentales que en la tramitación de la Constitución de
1978 no ocuparon el lugar adecuado, porque en aquel momento la técnica no había llegado al punto al que ha llegado en la actualidad, pero de cara a este siglo nuevo en el que vivimos el acceso a Internet, el derecho al olvido, son cuestiones que se
tienen que ir incorporando en el entramado legislativo como cuestiones básicas, porque sobre todo cobijan el desarrollo de libertades y de derechos fundamentales que nuestro

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ordenamiento jurídico ha venido protegiendo históricamente. Por todo ello saludamos el trabajo de la Comisión, y vamos a votar favorablemente el informe. Termino como empezaba, agradeciendo al coordinador y a la letrada su labor en el
desarrollo de los trabajos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto. (Rumores). Ruego que se atienda al orador.


Tiene ahora la palabra, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Quiero felicitarnos y felicitarles; esto no abunda en esta Cámara, al menos desde los grupos de la oposición. Como ha dicho el señor Sixto han sido dos años de trabajo, cien comparecencias, desde
representantes de las más importantes redes sociales —no voy a decir nombres— a expertos y entidades preocupadas por las víctimas, y toda una gama de problemas, de aquellos que preocupan de verdad a la gente. ¿Quién duda que el acoso infantil desde
Internet genera alarma social, que a muchos padres nos preocupa este acoso, los abusos a menores o la mal llamada pornografía infantil —no existe la pornografía infantil; son pura y simplemente abusos a menores—? También nos preocupan la
propaganda yihadista, los ciberataques o la suplantación de personalidad que se produce en Internet para hacer estafas. Teníamos mucho de lo que hablar y dos años para hacerlo. Creemos que mucha gente está preocupada por estos temas y que hemos
demostrado que nos preocupamos por los temas que de verdad preocupan a la gente.


Desde un punto de vista teórico hemos sentado unas cuantas definiciones que ni demonizan ni exaltan las redes sociales, que es en definitiva de lo que se trata. También hemos hablado de la formación necesaria para enfocar estos temas, así
como de cambios legislativos y políticas ejecutivas, pero desde una perspectiva muy minimalista, como también ha dicho el señor Sixto. Cuando estamos hablando de una realidad que podemos decir que cambia cada pocos meses creemos que la solución
legislativa no es necesariamente la mejor vía. Esperemos que esto tenga una traducción en la práctica. Estamos hablando de una ponencia no legislativa, lo que quiere decir ni más ni menos que no habrá una publicación obligatoria de una norma en el
«BOE», por lo que todo este trabajo, si tiene que servir, tendrá que ser a base de su difusión, para que llegue a toda la gente que tiene esta preocupación; tendrá que ser a base de publicaciones; tendrá que ser a base de hacerlo llegar y también
de escuchar lo que nos tenga que decir la gente que lo lea. Si no estos dos años de trabajo serían perdidos. Nuestro grupo insiste en la necesidad de difundir todo el trabajo que se ha hecho, porque ha valido la pena.


No me gustaría acabar sin felicitar al coordinador del grupo, que creo que lo ha hecho extraordinariamente bien, a la letrada, y en general a todos los participantes. Es como un soplo de aire fresco que de vez en cuando tengamos estas
ponencias en las que se puede trabajar conjuntamente, y si me permiten la expresión con tan buen rollo.


Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.


El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señor presidente.


Señorías, inevitablemente hay coincidencias en las intervenciones con otros portavoces puesto que los acuerdos de esa subcomisión fueron adoptados por unanimidad. Aunque sea brevemente, quiero agradecer la colaboración de los cuarenta y
ocho expertos a los que hemos tenido ocasión de escuchar en estos dos años de trabajo; la excelente labor de doña Rosa Ripollés, que ha permitido ordenar un volumen de información que en algún momento amenazaba con sepultarnos y ha sido capaz de
organizarlo para que la decisión política fuese una decisión política clara; la del resto del personal de la Comisión, y la presidencia de Conrado Escobar, que ha creado un clima flexible y cordial. Quería recordar también el trabajo de mis
compañeras Ángeles Álvarez y Guadalupe Martín que me han acompañado en nombre del Grupo Socialista en esa subcomisión y al profesor Emilio Olabarría, que ha trabajado durante dos años y ahora está convaleciente.


Como ha dicho el compañero Guillaumes, se parte de una valoración positiva del fenómeno de las redes sociales. No caemos en ninguna tentación ludita de pensar que este tipo de nuevas técnicas suponen una amenaza, pero tampoco en la
ingenuidad, a veces paralela, de pensar que todo lo que viene a través de una nueva tecnología es sencillamente algo bueno. Hay un equilibrio razonable entre esas consideraciones y quiero recordar cómo para muchas personas de este país que viven en
entornos

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rurales, en zonas donde no hay un acceso fácil a recursos culturales, la disponibilidad de poder hablar con su artista favorito, con su concejal o con cualquier otra persona que tenga intereses similares es un recurso que está sustituyendo
ventajosamente a los medios de comunicación habituales. Por tanto, creo que es un balance positivo aunque las conclusiones inevitablemente son conclusiones sobre los problemas y por eso puede dar la impresión de que es un mundo problemático, pero
no. La valoración es positiva aunque señalemos, repito, los problemas.


El modelo de conclusiones creo que es el adecuado, un modelo de cinco o seis páginas, corto, con frases breves. No somos tratadistas en el tema de las redes sociales, somos políticos y tenemos que apuntar soluciones jurídicas, políticas y
administrativas, que es lo que se hace en estas conclusiones. Hemos partido de la idea de no hacer una sobrerregulación, al contrario. En un fenómeno como el de las redes tan flexible, tan movible y tan dinámico intentar proponer regulaciones
completas está abocado al fracaso —seguramente dentro de un año o año y medio estas conclusiones deberían ser distintas—, de ahí la idea de hablar de principios generales, de hablar de autorregulación de las empresas con una vigilancia de la
administración cuando sea necesaria pero acudiendo a principios generales y a la autorregulación.


En relación con los actores que juegan en este campo, quiero destacar la necesidad de coordinación de las administraciones. Hay muchas unidades de la Administración del Estado que tienen que ver con el fenómeno de las redes sociales, hay
muchas unidades administrativas de las comunidades autónomas —por ejemplo, todas las de educación—, y hay un elemento transnacional que ha sido señalado aquí, un fenómeno que supera fronteras por su propia naturaleza, y la necesidad de regulaciones
o coordinaciones, no ya solo en el ámbito europeo sino internacional, son absolutamente necesarias. Además, hay que coordinarse con la administración de las empresas, y además —quiero insistir en este punto— hay una enorme cantidad de asociaciones
privadas dedicadas a este mundo que deberían intentar coordinarse o federarse para tener una voz única frente a la administración. También en el mundo asociativo debemos procurar una cierta unificación de criterios.


Un elemento sustancial señalado por todos ha sido la educación. No hemos caído en un arbitrismo muy típico de España que es que cuando hay un problema se propone una asignatura curricular. No, nuestra idea es que la ciudadanía digital es
un elemento que debe aparecer en el currículo escolar en la forma que sea adecuada desde la más tierna infancia. Hay que hacer una llamada a la responsabilidad de los alumnos, de los padres, a la figura del policía de referencia que es importante
en los colegios y a los maestros y profesores.


Los elementos esenciales que hemos vigilado —lo ha dicho también mi colega Ricardo Sixto— han sido los aspectos penales de nuestras conclusiones. La necesidad siempre de una orden judicial previa y expresa para la utilización de agente
encubierto, para la utilización de troyanos, para la cesión de metadatos por parte de las compañías telefónicas son elementos esenciales que han permitido el consenso político sobre estas conclusiones. Quiero resaltar la flexibilidad y de alguna
manera —ya se ha dicho— una cierta contradicción con otras prácticas del grupo mayoritario en esta legislatura. Hay una petición de regular penalmente la suplantación de identidad y se recoge en las conclusiones —es una tarea pendiente de nuestro
derecho penal dicha regulación de la suplantación de identidad en las redes sociales—. Hay elementos como el derecho al olvido especialmente de los menores, muy poco conscientes del rastro de vida que van dejando en las redes sociales. Hay una
petición de clasificación de las aplicaciones por edades, que es un buen sistema, y hay una exigencia a las empresas para que los sistemas de control funcionen. Yo ponía el ejemplo en Comisión de cómo empresas como Facebook son capaces de detectar…


El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez Amor, debe usted ir acabando.


El señor SÁNCHEZ AMOR: Termino.


… películas que están en el mercado, o desnudos, y son capaces de retirarlas automáticamente con reconocimiento de imagen, y creo que se tendría que utilizar esa posibilidad también en temas como la anorexia y la bulimia.


Termino agradeciendo el trabajo realizado. El trabajo de una comisión de este tipo cuando tanto se critica el alejamiento de los políticos de la realidad social, el trabajo de esta subcomisión, repito, como muchos otros del Congreso, es un
buen ejemplo de cómo esta Cámara está cerca de los problemas del ciudadano y no está dedicada, como se piensa por ahí, a otro tipo de cosas.


Muchas gracias. Enhorabuena a todos por un acuerdo político que me parece trascendente. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez Amor.


Queda la última intervención. Por favor, ruego silencio para que podamos oír al interviniente. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Escobar.


El señor ESCOBAR LAS HERAS: Muchas gracias, señor presidente.


En nombre del Grupo Popular quiero agradecer, como ya se ha hecho por parte de todos los intervinientes, el trabajo realizado por todos y cada uno de los miembros de la subcomisión. Voy a ahorrarles la enumeración de todos porque el tiempo
apremia, pero creo que se ha hecho un buen trabajo. Ha habido diferentes visiones y un objetivo común: mejorar la libertad, mejorar la seguridad y la fiabilidad en Internet. Este agradecimiento lo hago extensivo a la cordial colaboración de los
cuarenta y ocho comparecientes, que han aportado talento y experiencia a lo largo de dos años de trabajo. Y no quiero olvidarme de los servicios de la Cámara, de la Comisión de Interior, de la letrada, como se ha mencionado, porque gracias a su
dedicación, este Congreso ha cumplido, y por unanimidad, el mandato que nos otorgamos el 13 de marzo del año 2012: una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que instaba al uso responsable de las redes sociales pero que hoy es un trabajo de
todos.


Hoy —como se ha dicho—, el Congreso responde a las preocupaciones, a las reflexiones de la sociedad española sobre las redes sociales. Estas conclusiones, señorías, son fundamentalmente un punto de partida, un espacio de debate. Internet y
las redes sociales conforman un nuevo y positivo paradigma que derriba fronteras físicas y administrativas, que iguala al pequeño y al grande, que acerca pero que también puede aislar, que invita a compartir todo pero que también debe proteger la
privacidad y que prima la inmediatez frente a la reflexión. Nos encontramos ante uno de los más apasionantes retos para los poderes públicos pero también para la comunidad educativa, para la seguridad, para las relaciones sociales. Nunca hemos de
olvidar que la red es el instrumento, que Internet es la herramienta, pero que lo valioso somos las personas, que lo fundamental son los derechos y que lo importante son las personas y muy especialmente las más vulnerables.


La subcomisión ha tenido muy presente esas circunstancias. Hemos incorporado referencias a las nuevas amenazas y riesgos: desde el terrorismo yihadista hasta la repugnante pederastia, las nuevas modalidades de anorexia, bulimia, etcétera.
La situación actual dibuja un panorama digital en ascenso: el 82 % de los internautas mayores de 18 años emplea las redes sociales y un 48 % de todos los adolescentes. Según los estudios de la Universidad Miguel Hernández, un 50 % de los jóvenes
sufre alguna vez alguna forma de ciberacoso, y un 50 % de los adolescentes usa redes sin control parental. Al contrario, también hemos de saber que el empleo razonable de las redes sociales fomenta la creatividad, la lectura y hace a su usuario un
poco más sociable. La subcomisión, fruto de las circunstancias, tuvo que abrirse a plataformas, a juegos en línea que no son redes sociales, pero sí que introducen conexiones de alta capacidad con un alto potencial.


Estas conclusiones, señorías, se dirigen a la Administración como garante de los derechos y del interés general, pero también reclamamos el compromiso de la industria en la protección de los derechos de millones de usuarios de Internet;
apelamos a la implicación y responsabilidad de los medios de comunicación; exhortamos a padres y profesores a jugar un papel más activo en su formación y en la formación de nuestros chavales. Desde nuestro grupo compartimos muy sintéticamente
algunas conclusiones con todas sus señorías. Pedimos un centro de seguridad en Internet de la red Insafe-Europa; hemos de desarrollar un foro de colaboración público-privado sobre Internet; apoyamos iniciativas de estándares internacionales de
etiquetado en control parental; partimos de la premisa de que en materia de Internet la seguridad empieza siempre por uno mismo, y eso nos lleva a apoyar la educación en ciudadanía digital, en valores, en autorresponsabilidad. No se trata solo de
conocer la tecnología, sino de conocer sus riesgos y de responsabilizarse de su uso. Sugerimos la revisión de los planes de estudios de maestros y profesores, y aplaudimos la reciente reforma del Código Penal en los aspectos que afectan al fenómeno
tecnológico.


Proponemos abrir un debate a fondo sobre uno de los principales retos en el entorno digital, me estoy refiriendo a un debate sobre la identidad digital y su protección, con dos recomendaciones expresas: adaptar la Ley Orgánica del Derecho
al Honor, con especial atención a las personas vulnerables, y estudiar una futura tipificación penal de la suplantación de identidad. En el capítulo sectorial, la seguridad y la privacidad deben ser suministradas de serie en los productos y
servicios TIC. Creemos, señorías, que la seguridad no es ni un complemento ni un lujo, sino que tiene que ser un derecho, y por eso hacemos ese llamamiento a las empresas del sector. Las fuerzas y cuerpos de seguridad se han implicado y adaptado
muy satisfactoriamente al nuevo entorno digital. Aun así, proponemos y sugerimos…

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El señor PRESIDENTE: Señor Escobar, tiene usted que terminar, porque ya ve que la Cámara está en una situación de cierta efervescencia. Acabe usted ya.


El señor ESCOBAR LAS HERAS: Me hago perfecto cargo, señor presidente.


… reforzar los recursos policiales, reforzar e implantar canales de comunicación de máxima prioridad y simplificar los sistemas de denuncia. Estas son recomendaciones que, de forma evidentemente no casual, han sido adoptadas por unanimidad
en la Comisión de Interior. Esta subcomisión y hoy el Pleno, proponen que Internet sea ni más ni menos que un espacio libre y seguro al alcance de todos.


Acabo como empecé, mostrando mi gratitud a todos los grupos que han trabajado en esta subcomisión. Creo que hemos hecho, modestamente hay que decirlo, un buen trabajo, pero también tenemos que estar moderadamente insatisfechos porque
todavía queda mucho por hacer, pero este es un buen punto de partida.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Escobar.


En unos minutos, vamos a votar. (Pausa).


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


— MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ARIZTEGUI) SOBRE LA POSTURA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS CONSECUENCIAS DEL ACUERDO TRANSATLÁNTICO PARA EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN ENTRE EUROPA Y ESTADOS
UNIDOS (TTIP). (Número de expediente 173/000205).


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. Comenzamos con la moción de la señora Aríztegui, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la postura del Gobierno en relación con las consecuencias del acuerdo transatlántico para el
comercio y la inversión entre Europa y Estados Unidos. Se van a votar en sus propios términos por separado los cinco puntos de la moción.


Punto 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 132; en contra, 178; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 132; en contra, 177.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 128; en contra, 177; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quede rechazado.


Punto 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 129; en contra, 182.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 21; en contra, 276; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

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— DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA CONDENA DE LA LIMPIEZA NACIONAL Y CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD COMETIDOS POR LA BANDA TERRORISTA ETA Y SU ENTRAMADO POLÍTICO, A FIN
DE DAR LA NECESARIA SATISFACCIÓN Y RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DE ESTAS VIOLACIONES MANIFIESTAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y SATISFACER EL DERECHO INALIENABLE A CONOCER LA VERDAD. (Número de expediente 173/000206).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la condena de la limpieza nacional y crímenes contra la humanidad cometidos por la banda terrorista ETA y su entramado
político, a fin de dar la necesaria satisfacción y reconocimiento a las víctimas de estas violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y satisfacer el derecho inalienable a conocer la verdad.


Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Mixto —señora Oramas, señor Álvarez Sostres y señor Salvador—. Ese texto, que todos ustedes conocen, es el que
sometemos a votación.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 276; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):


— REAL DECRETO-LEY 4/2015, DE 22 DE MARZO, PARA LA REFORMA URGENTE DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL. (Número de expediente 130/000068).


El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del real decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Hay cuatro votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311 más 4 votos telemáticos, 315; votos a favor, 180 más 3 votos telemáticos, 183; en contra, 25; abstenciones, 106 más 1 voto telemático, 107.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.


Vamos a votar ahora su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310 más 4 votos telemáticos, 314; a favor, 310 más 4 votos telemáticos, 314.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


AVOCACIÓN POR EL PLENO:


— PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS. (Número de expediente 121/000132).


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, que
no ha sido debatido porque fue retirada la enmienda a la totalidad. Hay 3 votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310 más 3 votos telemáticos, 313; a favor, 133; en contra, 176 más 3 votos telemáticos, 179; abstención, 1.


El señor PRESIDENTE: No será avocado a Pleno.

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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DE PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL. (Número de expediente 121/000123).


El señor PRESIDENTE: Dictamen del proyecto de ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional.


Enmiendas de Unión Progreso y Democracia, números 88, 89, 94, 97, 105 y 111.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 108; en contra, 177; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 90, 93 y 112.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 14; en contra, 177; abstenciones, 144.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 98.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 18; en contra, 278; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas de UPyD.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 14; en contra, 271; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de La Izquierda Plural, números 3, 9, 12, 17, 28, 50, 56, 61, 75 y 76.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 113; en contra, 177; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 5, 7, 11, 15, 16, 27, 30, 41, 54, 55, 66, 71 y 74.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 16; en contra, 177; abstenciones 112.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 26.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 109; en contra, 176; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 79, 85 y 86.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 121; en contra, 177; abstenciones, 6.

Página 39

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 80 y 82 a 84.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 28; en contra, 270; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 81.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 28; en contra, 176; abstenciones, 100.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 15; en contra, 270; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió. En primer lugar, enmiendas 115 y 117 a 119.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 28; en contra, 271; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 116 y 121.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 122; en contra, 177; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 120.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 28; en contra, 178; abstenciones, 98.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas de Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 32; en contra, 268; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, enmiendas 142, 147 y 159.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 108; en contra, 176; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 154.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 94; en contra, 185; abstenciones, 25.

Página 40

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 109; en contra, 177; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos los votos particulares del Grupo Socialista. En primer lugar, voto número 1 a la enmienda 165.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 104; en contra, 177; abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Voto particular número 2 a la enmienda 166.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 108; en contra, 177; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Voto particular número 3 a la enmienda 167.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 109; en contra, 177; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Voto particular número 4 a la enmienda 168.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 109; en contra, 177; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el dictamen de la Comisión teniendo en cuenta la corrección técnica distribuida.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 174; en contra, 123; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la Comisión.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional, por tener carácter orgánico. Han sido emitidos cuatro votos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más 4 votos telemáticos, 310; a favor, 177 más 3 votos telemáticos, 180; en contra, 120 más 1 voto telemático, 121; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la ley.

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ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS. (VOTACIÓN):


— ACUERDO DE LA COMISIÓN DE INTERIOR, EN RELACIÓN CON EL INFORME APROBADO POR LA SUBCOMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LAS REDES SOCIALES. (Número de expediente 154/000007).


El señor PRESIDENTE: Hay un acuerdo que hemos debatido de la Comisión de Interior en relación con el informe aprobado por la Subcomisión de estudio sobre las redes sociales. Por lo manifestado por los intervinientes, creo que se puede
aprobar por asentimiento. ¿Es así? (Asentimiento).


Queda aprobado por asentimiento.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.