CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 272

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 255

celebrada el jueves,

16 de abril de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


— Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de
Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. («BOE» núm. 70, de 23 de marzo de 2015). (Número de expediente 130/000067) ... href='#(Página11)'>(Página11)


Enmiendas del Senado:


— Proyecto de ley orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a
interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 114-1, de 5 de septiembre de
2014. (Número de expediente 121/000114) ... (Página25)


— Proyecto de ley del estatuto de la víctima del delito. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 115-1, de 5 de septiembre de 2014. (Número de expediente 121/000115) ... (Página31)


— Proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 119-1, de 17 de octubre de 2014. (Número de expediente 121/000119) ... (Página42)

Página 2

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:


— Protocolo adicional del Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de
marzo de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 357, de 22 de diciembre de 2014. (Número de expediente 110/000148) ... (Página49)


— Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 5 de noviembre de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 358, de 22 de diciembre
de 2014. (Número de expediente 110/000149) ... (Página49)


— Acuerdo entre el Reino de España y la República de Singapur para el intercambio y protección recíproca de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Singapur el 12 de noviembre de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie
A, número 362, de 16 de enero de 2015. (Número de expediente 110/000150) ... (Página49)


— Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra la delincuencia, hecho en Yeda el 18 de mayo de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 363, de 16 de
enero de 2015. (Número de expediente 110/000151) ... (Página49)


— Convenio entre el Reino de España y la República de Uzbekistán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 8 de julio de 2013.
«BOCG. Cortes Generales», serie A, número 364, de 16 de enero de 2015. (Número de expediente 110/000152) ... (Página49)


— Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Vanuatu sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Nueva York el 26 de septiembre de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A,
número 365, de 16 de enero de 2015. (Número de expediente 110/000153) ... (Página49)


— Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 25 de julio de 2013. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 366, de 16 de enero de 2015.
(Número de expediente 110/000154) ... (Página49)


— Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Nauru sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Nueva York el 8 de octubre de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número
368, de 23 de enero de 2015. (Número de expediente 110/000155) ... (Página49)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:


— Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas y de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 127-1, de 16 de enero de 2015. (Número de expediente 121/000127) ... (Página52)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


— Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 128-1, de 23 de enero de 2015. (Número de expediente 121/000128) ... href='#(Página67)'>(Página67)

Página 3

— Proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 131-1, de 27 de febrero de 2015. (Número de expediente 121/000131) ... href='#(Página88)'>(Página88)


— Proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 133-1, de 6 de marzo de 2015. (Número de expediente 121/000133) ... (Página105)


— Proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 134-1, de 6 de marzo de 2015. (Número de expediente 121/000134) ... href='#(Página105)'>(Página105)


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página124)


Declaración institucional ... (Página124)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página125)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página126)


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página126)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación) ... (Página128)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página129)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página133)


Avocación por el Pleno ... (Página133)


Avocación por el Pleno ... (Página134)


Avocación por el Pleno ... (Página134)


Avocación por el Pleno:


— Proyecto de ley de auditoría de cuentas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 121/000129) ... (Página135)


— Proyecto de ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 121/000136) ... (Página135)


— Proyecto de ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (procedente del real decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 121/000137) ... (Página135)

Página 4

SUMARIO


Se abre la sesión a las nueve de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página11)


Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia
y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ... (Página11)


El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno en contra interviene el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como las señoras Sayós i Motilla, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Enmiendas del Senado... (Página25)


Proyecto de ley orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a
interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales... (Página25)


La Presidencia anuncia a la Cámara, al tener la iniciativa carácter orgánico, que la votación no se realizará antes de las seis y media de la tarde.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martín Peré, del Grupo Parlamentario Socialista, y Serrano Coronado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Hace uso de la palabra el señor ministro de Justicia (Catalá Polo).


Proyecto de ley del estatuto de la víctima del delito ... (Página31)


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La

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Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Corcuera Plaza, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Hace uso de la palabra el señor ministro de Justicia (Catalá Polo).


Proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial ... (Página42)


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista, y López Garrido, don José, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ... (Página49)


Protocolo adicional del Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de
marzo de 2014 ... (Página49)


Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 5 de noviembre de 2014 ... (Página49)


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Singapur para el intercambio y protección recíproca de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Singapur el 12 de noviembre de 2014 ... href='#(Página49)'>(Página49)


Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra la delincuencia, hecho en Yeda el 18 de mayo de 2014 ... (Página49)


Convenio entre el Reino de España y la República de Uzbekistán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 8 de julio de 2013
... (Página49)


Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Vanuatu sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Nueva York el 26 de septiembre de 2014 ... (Página49)

Página 6

Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 25 de julio de 2013 ... (Página49)


Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Nauru sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Nueva York el 8 de octubre de 2014 ... (Página49)


Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Miguélez
Pariente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página52)


Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera ...
(Página52)


En defensa de las enmiendas y votos particulares presentados y, en su caso, fijación de posiciones, intervienen la señora Barkos Berruezo, los señores Salvador Armendáriz y Baldoví Roda, y las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila,
Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Picó i Azanza, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Romero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página67)


Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes... (Página67)


La señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.


En defensa de sus enmiendas a la totalidad de devolución intervienen las señoras Fernández Davila, Jordà i Roura y Ariztegui Larrañaga, así como en turno de fijación de posiciones el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de sus enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Pérez Moya, del
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Página 7

Proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia ... (Página88)


El señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.


En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Pérez Moya, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y las señoras Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, y Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil ... (Página105)


Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página105)


La Presidencia anuncia el debate conjunto de estos dos puntos del orden del día aclarando que habrá una exposición conjunta por parte del ministro y la tramitación independiente de cada uno de ellos.


La señora Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, interviene en relación a la ordenación de este debate.


El señor ministro de Justicia (Catalá Polo) presenta a la Cámara los proyectos de ley de referencia.


En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Such Botella, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores Jané i Guasch, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Molinero Hoyos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de su enmienda a la totalidad de devolución interviene la señora Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Castillo Calvín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página124)


Declaración institucional ... (Página124)


El señor secretario (Gil Lázaro) da lectura a la declaración institucional firmada por todos los grupos sobre la futura red de telescopios Cherenkov (CTA).

Página 8

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página125)


Sometidos a votación separada los puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV–EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación actual y las perspectivas de futuro de las bases militares de
uso conjunto existentes en nuestro país, son rechazados todos.


Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre las prioridades del Gobierno para potenciar la economía digital, se aprueba por 305 votos a favor y 1 en contra.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página126)


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del
funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se aprueba por 178 votos a favor más 2 votos telemáticos,
180; 10 en contra y 118 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 129 votos a favor más 1 voto telemático, 130, y 177 en contra más 1 voto telemático, 178.


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página126)


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20
de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, son aprobadas todas.


Votación de conjunto ... (Página127)


Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 179 votos a favor más 1 voto telemático, 180; 26 en contra y 101 abstenciones más 1 voto telemático, 102.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley del Estatuto de la víctima del delito, son aprobadas todas.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial, son aprobadas todas.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación) ... (Página128)


Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra la delincuencia, hecho en Yeda el 18 de mayo de 2014 ... (Página128)


Sometido a votación el convenio de referencia, es aprobado por 284 votos a favor, 10 en contra y 11 abstenciones.

Página 9

Protocolo adicional del Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de
marzo de 2014 ... (Página128)


Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 5 de noviembre de 2014 ... (Página128)


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Singapur para el intercambio y protección recíproca de información clasificada en el ámbito de la defensa, hecho en Singapur el 12 de noviembre de 2014 ... href='#(Página128)'>(Página128)


Convenio entre el Reino de España y la República de Uzbekistán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 8 de julio de 2013
... (Página129)


Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Vanuatu sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Nueva York el 26 de septiembre de 2014 ... href='#(Página129)'>(Página129)


Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 25 de julio de 2013... (Página129)


Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Nauru sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Nueva York el 8 de octubre de 2014 ... (Página129)


Sometidos a votación conjunta los puntos de referencia son aprobados por 301 votos a favor y 4 abstenciones.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página129)


Se someten a votación las enmiendas y votos particulares al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.


Sometido a votación el dictamen de la comisión es aprobado por 177 votos a favor, 127 en contra y 1 abstención.


Votación de conjunto ... (Página133)


Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 178 votos a favor más 1 voto telemático, 179; 127 en contra más 1 voto telemático, 128, y 1 abstención.

Página 10

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página133)


Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, quedan rechazadas por 117 votos a favor más 1 voto telemático, 118; 175 en
contra más 1 voto telemático, 176, y 5 abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página133)


Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se rechaza por 125 votos a favor más 1 voto telemático, 126, y 181 en contra, más 1 voto
telemático, 182.


Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se rechazan por 29 votos a favor, 184 en contra más 2 votos telemáticos,
186 y 93 abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página134)


Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se aprueba por 304 votos a favor más 1 voto telemático, 305, y 2 en contra más 1 voto
telemático, 3.


Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se rechazan por 104 votos a favor más 1 voto telemático, 105; 193 en contra más 1 voto telemático,
194, y 9 abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página134)


Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se rechaza por 128 votos a favor más 1 voto telemático, 129; 175 en contra más 1 voto telemático, 176, y 2
abstenciones.


Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se rechazan por 126 votos a favor más 1 voto telemático,
127, y 179 en contra más 1 voto telemático, 180.


Avocación por el Pleno ... (Página135)


Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de auditoría de cuentas, se rechaza por 127 votos a favor más 1 voto telemático, 128, y 176 en contra más 1 voto telemático, 177.


Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, se rechaza por 125 votos a favor más 1 voto telemático, 126; 176 en
contra más 1 voto telemático, 177, y 2 abstenciones.


Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (procedente del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero),
se rechaza por 127 votos a favor más 1 voto telemático, 128, y 177 en contra más 1 voto telemático, 178.


Se levanta la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.

Página 11

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:


— REAL DECRETO-LEY 3/2015, DE 22 DE MARZO, POR EL QUE SE PREVÉ UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PARA EL IMPULSO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA Y EN APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Número de expediente 130/000067).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia,
y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señorías, el Gobierno trae hoy al Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se pone en marcha una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el presente año. El objetivo
de este real decreto-ley es reforzar la lucha contra el fraude en los servicios públicos, el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia, y la aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Como sus señorías saben el Gobierno de la nación puso en marcha desde el inicio de la legislatura una política de contención del gasto público, destinada a reducir de una manera decidida
el elevado déficit que nos encontramos al finalizar el año 2011. Como ya es notorio esa política del Gobierno, que supuso tener que someter el gasto público a ajustes severos, ha sido uno de los principales factores de la recuperación económica que
está experimentando España, una recuperación que tiene como principales características un crecimiento económico firme y progresivo, que según los últimos pronósticos dados a conocer recientemente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de
España puede situarse este año entre el 2,5 % y el 2,8 %, y una creación de empleo que en términos interanuales ya está por encima del medio millón de personas.


Una de las medidas puestas en marcha para rebajar el déficit fue reducir drásticamente la incorporación de nuevo personal al sector público. En los Presupuestos Generales del Estado aprobados en los tres primeros años de legislatura se
establecía que no habría nuevas altas, excepto en determinados sectores que se consideran prioritarios por la prestación de servicios públicos esenciales, e incluso en esos sectores se restringía el acceso hasta un máximo del 10 % de la tasa de
reposición. Esta es sin duda la política que hay que hacer en momentos de grave crisis, especialmente cuando uno de los factores característicos de la misma es un rápido crecimiento del déficit público, como consecuencia de un acusado descenso de
los ingresos, que estuvo acompañado de un elevado incremento del gasto. Paradójicamente en los años más duros de la crisis, en la anterior legislatura, mientras el número de parados crecía exponencialmente en el sector privado, en el sector público
los efectivos aumentaban más allá de lo necesario, con el incremento consiguiente del coste de la nómina para la Administración. A nadie sensato se le podía ocurrir que el número de ocupados en el sector público aumentara en plena crisis en más de
400.000 personas, pero eso ocurrió en España, y además descuidando sectores que debían ser prioritarios, como se ha demostrado posteriormente. Actualmente la plantilla del sector público español se encuentra en unos niveles que consideramos son los
adecuados para prestar con garantías los servicios que necesita la sociedad española, de manera que no hace falta acometer nuevas reducciones. Lo que estamos haciendo es evaluar cuáles son esos sectores que es necesario reforzar para mantener y
mejorar la calidad de los servicios que presta la Administración a los ciudadanos, y para seguir trabajando en el gran objetivo de esta legislatura, que es la salida de la crisis, el crecimiento económico, y la creación de empleo.


El nuevo escenario económico y la necesidad de reforzar determinados ámbitos de la Administración pública han llevado al Gobierno a poner en marcha una oferta de empleo público más amplia que en los

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primeros ejercicios de la legislatura, una oferta de empleo público que no abandona la filosofía del control del gasto, debido a que aún queda por delante un largo camino de consolidación fiscal, pero que flexibiliza la tasa de reposición en
los sectores esenciales hasta un máximo del 50 %. Además la oferta de empleo ordinaria está acompañada, como el año pasado, por una oferta de empleo extraordinaria en sectores clave, que es la que está incluida en el real decreto-ley que traemos a
la Cámara. En total en 2015 se van a convocar 7.416 nuevas plazas, con un incremento del 340 % respecto del año pasado. Además las plazas de promoción interna experimentan un incremento del 79 % y alcanzan las 3.834. En lo que se refiere a las
ofertas complementarias que contiene este real decreto-ley me gustaría destacar que buena parte de la labor de los nuevos funcionarios que van a ocupar estas plazas estará centrada en la prevención y lucha contra el fraude y el delito, un aspecto en
el que el Gobierno ha puesto especial empeño en esta legislatura, y que sin duda es una demanda ampliamente extendida en la sociedad.


Funcionarios de Administración local. Siguiendo el articulado del real decreto, en primer lugar se autoriza la convocatoria hasta 200 plazas en la escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Desde
el año 2007, cuando esta competencia pasó a depender de las comunidades autónomas, la convocatoria de estas plazas ha sido muy inferior al número de vacantes, incluso antes de que comenzaran las restricciones de oferta de empleo público. Se da la
circunstancia de que el mayor número de vacantes lo tenemos en las subescalas de intervención-tesorería y secretaría-intervención, que son las áreas que tienen atribuidas las funciones de control y fiscalización interna de la gestión
económico-financiera y presupuestaria, además de la función de contabilidad, tesorería, y recaudación de las entidades locales. Son funciones que cada día tienen mayor importancia, tanto para el control del déficit público y la consecución de la
estabilidad presupuestaria como para la lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito de la Administración local.


La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local aprobada por el Gobierno hace más de un año establece una nueva regulación del régimen jurídico de estos funcionarios, ampliando las competencias de la Administración
General del Estado sobre los mismos, y atribuyendo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la facultad de aprobar la oferta de empleo público y la selección de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter
nacional. El año pasado este ministerio ya aprobó la convocatoria de 210 plazas adicionales a la oferta ordinaria, con lo que pretendemos ir subsanando paulatinamente el déficit de funcionarios acumulado en este ámbito. Además hay que tener en
cuenta que en este caso la oferta adicional no implica un aumento de coste, ya que las corporaciones locales donde prestan sus servicios deben tener presupuestadas estas plazas, con independencia de que se encuentren o no vacantes. El hecho de que
no estén cubiertas por personal funcionario de esta escala conlleva el nombramiento de funcionarios interinos o nombramientos accidentales. El Gobierno considera que reforzar el papel y las funciones de los órganos de intervención exige garantizar
una mayor profesionalidad y eficacia en el ejercicio de las funciones de control interno, mediante el nombramiento de personal cualificado y de especialización técnica.


Lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto. En segundo lugar, este real decreto incluye la convocatoria de nuevas plazas en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto. Son en total 254 plazas que irán
destinadas a la Agencia Tributaria, y otras 40 a la Intervención General del Estado. El papel de la Agencia Tributaria, tanto en el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y aduaneras por parte de los ciudadanos como en la prevención y
lucha contra el fraude fiscal, es fundamental para garantizar la solvencia del Estado y la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. Estamos ante una institución esencial en nuestro país, una institución que ha sabido modernizarse como
pocas, que trabaja con unos índices de eficacia superiores a los de la mayoría de los países de nuestro entorno económico, y que demuestra en cada una de sus actuaciones un elevado grado de profesionalidad y compromiso, en beneficio del interés
general de los españoles. Desafortunadamente, tal como decía en el caso de los funcionarios locales con habilitación nacional, en los años en que había medios económicos para incrementar su plantilla se descuidó la dotación de personal de la
agencia, aunque luego se nos ha exigido a los responsables políticos siguientes —a nosotros— hacerlo, a pesar de que hemos tenido que trabajar sometidos a unas imprescindibles condiciones de restricción presupuestaria. Para poder mantener la
capacidad operativa de la agencia en unos niveles adecuados a su papel durante estos años el Gobierno la incluyó entre los sectores esenciales, a la hora de aprobar las ofertas de empleo público. Además trabajamos para mejorar los métodos de
gestión, avanzar en la aplicación de nuevas tecnologías e introducir medidas de racionalización y estímulo de la productividad, con el objetivo de mejorar su eficacia y eficiencia. La consecuencia de todo esto ha sido una mejora

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evidente en las actuaciones de control, en la recaudación impositiva en periodo voluntario, y muy especialmente en la prevención y la lucha contra el fraude fiscal. Los tres años de la actual legislatura han sido los de mejores resultados
en la lucha contra el fraude en la historia reciente de nuestra hacienda pública. El año 2014 los ingresos alcanzaron la cifra récord de 12.300 millones de euros, fruto de la profesionalidad y eficacia de sus funcionarios, y de las directrices con
las que han trabajado. La lucha contra el fraude ha sido una constante en estos tres años, y lo va a seguir siendo de aquí en adelante.


Muchas personas, entre ellas algunas de sus señorías, se escandalizan y atacan al Gobierno cuando en los medios de comunicación se publican informaciones sobre las actuaciones que realiza la Agencia Tributaria, en las que incluso aparecen
nombres de personas de relevancia social. A mí lo que me escandalizaría sería que estas actuaciones no se hicieran, y que personas con relevancia social no pudieran ser investigadas, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. (Aplausos). Este
Gobierno y este ministro respetan completamente la independencia y la autonomía con la que trabajan los funcionarios de la Agencia Tributaria, y solo intervienen para tratar de mejorar los medios que tienen a su disposición, para apoyarles en su
labor cuando incluso se les ataca desde fuera, y para estimularles en su trabajo, que es luchar contra el fraude y conseguir incrementar los ingresos del Estado. Se les dice que para hacerlo tienen que acudir allá donde detecten posibles bolsas de
fraude o indicios de delito, sin que les tenga que preocupar lo más mínimo el nombre y los apellidos de los posibles defraudadores, su actividad profesional, su relevancia social o su afiliación política. En la lucha contra el fraude y contra la
corrupción el respeto a la ley y el interés general están por encima de todo; por encima de intereses políticos o electorales, por encima de compañeros y de rivales, por encima de amigos y de enemigos, y que cada cual responda de sus actos.
(Aplausos.—La señora Álvarez-Arenas Cisneros: ¡Muy bien!). Eso es lo que promueven el Gobierno y este ministro, eso es lo que está provocando que haya tantos éxitos en la lucha contra el fraude, y tantas informaciones en los medios de
comunicación; el que no lo entienda es porque prefiere cerrar los ojos a la realidad para no reconocer que también en este ámbito, como en el económico con la recuperación económica y como en tantos otros, el Gobierno está haciendo lo que debe para
sacar a España adelante. El Gobierno considera prioritario incrementar los medios humanos de la lucha contra el fraude fiscal para avanzar en el objetivo de que todos los ciudadanos y empresas contribuyan a los gastos del Estado, en función de sus
ingresos y de su riqueza. Ya el año pasado la Administración tributaria incrementó su plantilla con 166 nuevas plazas en la oferta de empleo extraordinaria, y otras 72 en la ordinaria, a las que se sumaron más de 600 plazas de promoción interna
para reforzar la estructura de personal de la agencia. Este año las 254 plazas que contempla este real decreto-ley se suman a las 230 incluidas como tasa de reposición en la oferta de empleo ordinario, lo que suma 484 plazas.


Respecto a la Intervención General del Estado me gustaría destacar que en los últimos años se vienen aprobando algunas modificaciones normativas, que van a suponer una importante carga de trabajo adicional y en consecuencia mayores
necesidades de personal, que se abordan en esta oferta de empleo extraordinaria. Por otra parte el real decreto-ley que sometemos a la convalidación de la Cámara autoriza la convocatoria de 150 plazas en el ámbito de la lucha contra el fraude
laboral y de la Seguridad Social. El Gobierno considera necesario incrementar el personal del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para profundizar en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. El
objetivo es poder intensificar las actuaciones en esta materia para acabar con las prácticas de economía irregular y sumergida que hurtan derechos sociales a los trabajadores, dejándoles sin cobertura de la Seguridad Social y que eluden el pago de
cuotas necesarias para el sostenimiento del sistema. Gracias a contar con mayores recursos humanos se podrán planificar nuevas campañas de inspección y reforzar los instrumentos de coordinación y cooperación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social con otros organismos competentes en las políticas laborales, sociales y de empleo. Asimismo es necesario reforzar otras áreas, como el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, la Intervención General del Estado, y las
entidades gestoras y de servicios comunes de la Seguridad Social.


Finalmente el real decreto-ley autoriza la convocatoria de 160 plazas en el cuerpo de secretarios judiciales, la mitad de ellas de nuevo ingreso y la otra mitad de promoción interna. Las últimas reformas procesales han incorporado mayores
competencias para los secretarios de justicia, que como responsables de la oficina judicial son un estamento clave en el impulso de los procesos judiciales, y por tanto en la garantía de una mayor agilidad, eficacia y eficiencia en la resolución de
los asuntos judiciales.


Concluyo, señorías, afirmando que tras una etapa de obligada restricción en el acceso a la Función pública el Gobierno incrementa este año el número de plazas en sectores que son absolutamente esenciales para el buen funcionamiento de la
Administración, para dotar de mayor calidad al servicio

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público que reciben los ciudadanos, para mejorar los ingresos del Estado, y como estamos demostrando para fortalecer la recuperación económica y la creación de empleo. La oferta de empleo público extraordinaria incluida en el real
decreto-ley que sometemos a la convalidación de la Cámara va a incorporar a ámbitos clave de la Administración a nuevos profesionales que deseen emprender una carrera en el sector público al servicio de sus conciudadanos. La voluntad política del
Gobierno es reforzar ámbitos de actuación singulares que están íntimamente relacionados con el control y la lucha contra el fraude y el delito, ya sea desde el punto de vista de la Administración como desde la perspectiva tributaria, laboral, o en
general con la labor que realiza la justicia.


Creo firmemente que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir con nuestras obligaciones en cualquier lugar en el que desarrollemos nuestra labor, y especialmente cuando esas obligaciones suponen participar en el sostenimiento de los
servicios que presta el Estado o realizar una gestión limpia y eficiente de los recursos públicos que manejan los responsables políticos; y creo firmemente que el Estado en su conjunto debe poner todos los medios posibles para controlar y sancionar
las conductas fraudulentas y delictivas, sean quienes sean las personas o las empresas, entidades o instituciones que las cometan. Desde esa convicción pido a esta Cámara la convalidación de este real decreto-ley que refuerza con nuevos medios
humanos nuestra Administración pública como columna vertebral del Estado, y hace más eficaz el trabajo de las instituciones que luchan contra el fraude, contra la corrupción, y contra todo tipo de delitos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.


Se ha solicitado la utilización del turno en contra por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Por tanto para esa utilización del turno tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.


Señor Montoro, he de reconocer que es usted un genio; un genio de verdad, se lo digo sinceramente. No conozco a nadie tan hábil para mover de manera tan constante y veloz los cubiletes, y hoy usted lo ha vuelto a demostrar. Es
espectacular. Le tengo, desde la discrepancia profunda, una admiración por su habilidad en presentarnos las cosas de la manera contraria a la que creo que son. Venga ese reconocimiento para introducir lo que son nuestros planteamientos, contrarios
a este decreto-ley, que vamos a intentar explicar.


Después de haber deforestado usted una parte importante del empleo público de este país se nos presenta con una propuesta de plantar unos cientos de pinos, y pretende que le aclamemos como si fuera usted el gran defensor de los bosques. Eso
es exactamente lo que ha hecho usted hoy, con habilidad, sin duda, pero la habilidad no esconde nunca la realidad o al menos no debería hacerlo. Qué bonito nombre el de su decreto-ley, qué buenas intenciones nos ha presentado usted, pero qué
distinta es la política de empleo público que ustedes han practicado, de la que este decreto-ley solo es una pieza. Desde que han llegado ustedes al Gobierno han practicado una significativa política de recortes del empleo público; la han
presentado sin duda con dos objetivos: racionalización y ajuste presupuestario; la han hecho de manera directa en el ámbito de la Administración General del Estado, pero también de manera indirecta, a través de la normativa básica y de la asfixia,
a comunidades autónomas y administraciones locales, porque detrás de ese objetivo, detrás de la coartada de la racionalización de la Administración pública y del ajuste presupuestario había una clara voluntad de reestructurar la distribución
competencial, y el peso de las diferentes administraciones en el conjunto del sector público.


El Gobierno nos ha presentado esto con la propaganda típica de su agenda reformista y la estabilidad presupuestaria. Pero, señor Montoro, ni una cosa ni la otra. Lo que ustedes han hecho durante esta legislatura no es una reforma de las
administraciones públicas. Las reformas se hacen con bisturí de neurocirujano, y ustedes han aplicado la motosierra del leñador; y así estamos en estos momentos. No es posible actuar en el ámbito de la Administración pública y la racionalización
—que es necesaria sin duda— con políticas de café para todos, sin seleccionar objetivos, planteando solo sus políticas orientadas en la idea del Estado mínimo. En el fondo ese es el problema; ese es el problema profundo. Ustedes están
condicionados profundamente por una ideología, que explicó usted meridianamente —no sé si se acuerda— cuando presentó, en julio de 2012, el real decreto-ley de ajuste presupuestario, en cumplimiento de un memorándum que nos obligaba a una serie de
medidas para salvar la banca que estamos financiando nosotros. No he visto nunca un negocio más negativo, desde el punto de vista de cualquier negociador, que el que se plasmó en ese real decreto-ley. A usted entonces se le escaparon algunas
perlas que ha ido reproduciendo en alguna de sus intervenciones en relación con el concepto que tiene del empleo público.

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A ustedes les gustaría un empleo público mínimo, les gustaría el Estado mínimo, porque en definitiva esa es la ideología que ustedes tienen. La prueba de que eso no responde a razones presupuestarias, señor Montoro, es que en estos
momentos, en una situación en la que las administraciones locales presentan ya superávit —y usted lo sabe—, y habiendo reducido sus plantillas más de un 14 %, ustedes continúan en los Presupuestos Generales del Estado imponiendo a los ayuntamientos
la no reposición de las plantillas, porque eso es lo que se había acordado en los Presupuestos Generales del Estado de hace escasos meses; con una excepción: las policías locales, a las cuales ustedes permiten la tasa de reposición del cien por
cien. Bienvenido sea; sin duda la seguridad es importante en nuestros municipios. Pero, ¿le puedo preguntar qué concepto de sociedad tiene usted, para la que el policía local sea un servicio esencial, y en cambio no lo sea un educador de calle o
un trabajador social? Ese es su concepto de sociedad desgraciadamente. Y esto tiene mucho que ver con las políticas que han estado ustedes practicando. Insisto —no nos engañemos— en que detrás del Estado mínimo y de unos servicios públicos
escasos y deteriorados hay siempre una voluntad de negocio, como se ha demostrado reiteradamente en el proceso de privatización de la sanidad en Madrid. Aparecen escándalos evidentes, y detrás de la voluntad de decir que lo privado es más eficiente
que lo público alguien siempre está haciendo un negocio. He de reconocerle de todas formas que el conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, el señor Boi Ruiz, no les va a la zaga. La verdad es que compite con ustedes, con el Partido
Popular, maravillosamente en ese sentido.


Ustedes plantean de manera reiterada un concepto que alguna vez nos gustaría discutir con ustedes: el concepto de colaboración público-privada. Por supuesto que sí; una de las esencias clave de un buen funcionamiento de la Administración
es la colaboración público-privada, especialmente en el ámbito de la economía social. Pero ustedes no hacen colaboración público-privada. Ustedes en más de una ocasión lo que hacen es parasitar, vampirizar el sector público en beneficio del sector
privado. Usted sabe que hoy tenemos en este país 22.000 empleados públicos menos en la Administración General del Estado, 71.000 menos en las comunidades autónomas, y 85.000 menos en las administraciones locales. Y usted considera que ese es el
nivel justo de las administraciones públicas. ¿Nos damos usted y yo un paseo en estos momentos por los ayuntamientos, para ver cómo están soportando la presión los servicios sociales y sus profesionales, y les dicen a ellos que el nivel que tienen
en estos momentos y que usted les ha impuesto en los diferentes presupuestos es el nivel justo? Podría entender —aunque no lo comparto— que usted lo justificara en términos de ajuste presupuestario: por ahí tuve que cortar, nos han dicho ustedes,
pero lo que no puedo entender es que nos digan que ahora consideran que ese es el nivel adecuado. ¿De verdad creen ustedes que el nivel de nuestros hospitales y de nuestros centros de atención primaria es el adecuado? Por favor, si solo hace falta
pasearse por ellos. ¿Qué sucede? Poco personal provoca listas de espera y estas provocan la canalización de aquellas personas que se lo pueden pagar hacia la sanidad privada, porque detrás del Estado mínimo, detrás del recorte de los servicios
públicos, siempre hay alguien que hace un negocio y esa es la pura realidad. (Aplausos).


Después de años de no reposición de plantillas, después de que los Presupuestos Generales del Estado de 2015 hayan establecido una tasa de reposición solo del 50 % para determinados sectores y en otros de cero, nos vienen ahora con un
decreto-ley y lo plantean como la gran cosa del mundo. No, mire; primera objeción, nos tiene que explicar por qué ha habido tanta improvisación. Acabamos de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado con una oferta pública de empleo. ¿Por
qué lo que ahora nos presentan no podía estar en los Presupuestos Generales del Estado? No lo entiendo, no nos lo ha explicado usted. Nos ha explicado muchas cosas, pero esa no; le pido que nos lo explique. Segunda objeción general, su desprecio
permanente hacia la negociación colectiva. Voy a decirle una cosa que no tiene obligación de saber, por eso le voy a informar. El 18 de marzo de este año la directora general de Función pública en una reunión con la mesa general de la
Administración General del Estado —el 18 de marzo— se comprometió con los sindicatos a una nueva reunión antes de la aprobación de esta oferta extraordinaria de empleo; menos de 48 horas después el Consejo de Ministros aprobaba este decreto-ley,
vulnerando otra vez más el derecho a la negociación colectiva y demostrando que la palabra de un miembro de este Gobierno vale tanto como un billete falso, nada.


Vamos a entrar en el elemento de detalle al que usted se ha referido, funcionarios de las administraciones locales con habilitación especial. Sabe que lo que ustedes plantean no es un aumento de plantilla, lo que en estos momentos pretenden
con esa oferta extraordinaria de empleo son plantillas ya presupuestadas que hoy están cubiertas en precario. Bienvenido sea que pasen de precarias a estar cubiertas en situación de normalidad, pero no lo presenten ustedes como un incremento de
plantilla. ¿Por qué solo en los funcionarios habilitados, secretarios e interventores? ¿Será porque usted confía en que ellos sean su

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brazo ejecutor en la limitación de la autonomía de las administraciones locales? ¿Pretende utilizar a los secretarios e interventores como los comisarios políticos de la desaparición o al menos de la coartada de la autonomía municipal? Ya
le digo que no lo va a conseguir, porque estos funcionarios han demostrado con su dignidad que no están dispuestos a vulnerar la norma en ese sentido.


En materia de fraude fiscal —vamos a dejar las cosas claras—, entre la oferta de los Presupuestos Generales del Estado y la que usted propone en estos momentos, sumadas, quedan por debajo de la previsión de 581 bajas que se van a producir
para 2015. Es decir, todo junto supone menos personal en el ámbito en de la Administración tributaria. Eso sucede en una situación de insuficiencia crónica de efectivos. Usted debería saber —lo sabe— que en España hay un empleado de la Agencia
Tributaria por cada 967 ciudadanos, menos que la media de la Unión Europea que está situada en 435 y bastante por debajo de lo que tienen Alemania, Francia o Reino Unido. ¿Será esa una explicación de por qué a pesar de la profesionalidad y los
esfuerzos de los profesionales de la Agencia Tributaria nuestro nivel de eficiencia en la persecución del fraude y la evasión fiscal es mucho menor que la de ellos, así como nuestro nivel de recaudación, 80.000 millones de euros, el 8 % del PIB
menos que lo recauda la media de la Unión Europea? Entonces, por favor, abordemos ese tema en profundidad porque lo que no puede ser es que ustedes hayan dejado sin efecto un acuerdo sindical de 2007. El decreto Beteta dejó sin efecto un acuerdo
sindical de 2007 para la carrera profesional en la Agencia Tributaria. Eso sí, han aplicado políticas de hechos consumados, unos complementos de productividad que dan cosas increíbles. Mientras algunos no los perciben, en estos momentos el
delegado territorial de la Agencia Tributaria —no le voy decir de qué comunidad autónoma, pero si quiere se la menciono, porque además la conoce usted muy bien— ha recibido en 2014 un complemento de productividad —solo de productividad, aparte de
todo lo demás— de 36.000 euros y el jefe de la Inspección de 32.000 euros. Bienvenidos sean los complementos de productividad, pero los equipos funcionan con todo el mundo. Usted no va a querer montar una Agencia Tributaria de Zidanes y Pavones
—tres Zidanes y todos los demás Pavones—, porque la eficiencia de la Agencia Tributaria tiene que ver precisamente con el trabajo en equipo.


Llegamos a un tema del que hoy usted ha hecho ostentación. Nos viene diciendo —hace ostentación ante nosotros— del gran papel de este Gobierno en la persecución del fraude; ahí es donde le digo que es usted hábil, que es un genio. Hace
del vicio virtud, pero se olvida de lo siguiente: de 2000 a 2003, señor Rajoy, vicepresidente del Gobierno; señor Rato, ministro de Economía; señor Montoro, ministro de Hacienda. Año 2012: señor Rajoy, presidente del Gobierno; señor Montoro,
ministro de Hacienda que aprueba una amnistía fiscal; el señor Rato se acoge a la amnistía fiscal, y ahora que aparece el escándalo usted saca pecho y dice: Voy a perseguir a todos. Por favor, no nos chupamos el dedo. (Risas.— Aplausos). Si de
verdad quiere acabar con esa cuestión haga una cosa, cumpla con su compromiso: transparencia. Publique de una vez por todas, ya, la lista de defraudadores fiscales. (Aplausos). La gente no soporta que si deja de pagar una letra a un banco salga
en un listado de morosos y, en cambio, los grandes defraudadores estén en la impunidad, porque la reprobación social es también una manera de luchar contra el fraude fiscal. Háganlo de una vez por todas y, además, teniendo en cuenta que sin duda
esa es una obligación que ya podía haber cumplido entre 2000 y 2003. Por cierto, las herencias van muy lejos; no solo a los últimos cuatro años.


Inspección de trabajo y Seguridad Social. Aquí nos topamos con un mal endógeno Se produce incremento de plantilla global —se lo voy a reconocer— de cuerpos superiores y cuerpos técnicos, pero continúa el abandono de las plantillas de apoyo.
Cualquiera que conozca la Inspección de Trabajo —le puedo asegurar que aquí hay algunos que la conocemos, yo sí— sabe que no sirve de nada tener más inspectores y subinspectores si luego se acumula su trabajo en las mesas porque nadie es capaz de
canalizarlo; eso es lo que está pasando en estos momentos con los inspectores. Ustedes mantienen esa plantilla, la de soporte, bajo cero.


Hay una cosa importante en materia de fraude. Como no está la ministra Báñez ni le gusta debatir con nosotros se lo tengo que explicar a usted, pero son colegas y amigos. La lucha contra el fraude en materia de empleo es fundamental. Hay
que dotarla de medios, pero ¿hacía dónde se dirigen? Ustedes se están equivocando, porque queriendo hacer emerger solo el empleo sumergido para que las estadísticas mejoren están olvidando una cosa muy, muy importante: perseguir el empleo
sumergido es necesario por razones éticas y por muchas otras, pero perseguir la precariedad es imprescindible, porque aparte de mejorar la recaudación aumenta la dignidad en el trabajo, y la lucha contra la precariedad es una de las funciones de la
Inspección de Trabajo que tienen abandonadas.

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Acabo, señor ministro, con un tema relativo a la justicia. Volvemos otra vez a lo mismo; usted sabe que en este decreto-ley las plazas que aprueba no son nuevas, en estos momentos están cubiertas por interinos. No me da tiempo, pero si
algún día quieren como Gobierno discutir sobre qué medios dar a la Administración de Justicia para que sea eficaz, mi compañero Gaspar Llamazares o yo estamos dispuestos a discutir sobre ello. El gran esfuerzo que están haciendo los jueces de este
país, los secretarios y demás personal para que la impunidad no se consolide solo puede llegar a buen puerto si va acompañado de medios, y desgraciadamente no ha habido ningún gobierno hasta ahora en este país que haya puesto a disposición de la
Administración de Justicia los medios adecuados. La futura ley de enjuiciamiento criminal que restringe el periodo de tramitación de un proceso si no va acompañado de más medios no va a suponer más garantía sino más impunidad, y eso es lo que nos
tienen preparado en un proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Espero que sean capaces de modificarlo.


En resumen, señor ministro, espero haberle explicado la razón por la cual la buena nueva que nos trae, como va enmarcada en una deforestación del bosque, no se la podemos apoyar, porque desgraciadamente el problema que tiene en estos
momentos la Función pública es que los Gobiernos no saben ejercer de empleadores profesionales de la Función pública y trasladan esas incompetencias a quienes están trabajando en ella. En ese sentido, si aceptaran tramitar este decreto-ley como
proyecto de ley reconsideraríamos nuestro voto hacia la abstención, pero si lo mantienen en esos términos nuestro voto no puede ser otro que en contra.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.


Ha solicitado la autorización del turno a favor el Grupo Popular, y parece ser que su representante es la señora Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Me gustaría utilizar el turno de fijación de posiciones en último lugar. (Un señor diputado: Está en su perfecto derecho).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.


En ese caso entramos en el turno de fijación de posiciones y tiene la palabra, por el Grupo Vasco (PNV), el señor Azpiazu. (El señor Coscubiela Conesa: ¿Nadie se atreve a discutir?). Señor Coscubiela, ya ha hablado usted bastante; ahora
debe callarse.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, hoy estamos de nuevo ante un real decreto que evidencia una vez más el doble rasero que aplica el Gobierno a la
hora de legislar. Utiliza la ley del embudo, la parte ancha para usted y la estrecha para los demás. Señores del Grupo Popular, señor Montoro, creo que lo van a entender cuando se lo explique. A lo largo de estos últimos años, utilizando la
disculpa de la crisis y aplicando a machamartillo la incuestionable política de austeridad y recortes —política que por cierto la mayoría de economistas e instituciones solventes reconoce que ha fracasado estrepitosamente en Europa—, su Gobierno ha
limitado en exceso el número de trabajadores de las administraciones públicas. Vamos, en nuestra opinión se les ha ido la mano. A través de la ley de presupuestos han impedido incluso que se repongan las plazas vacantes y las que por motivos de
jubilación u otros se iban generando. Primero permitían cubrir tan solo el 10 % de las bajas, y dicho porcentaje alcanzó hasta el 50 % en la última ley de presupuestos. Con esta política se impedía a otras administraciones, en especial a las
comunidades autónomas, que desarrollaran adecuadamente sus políticas. La política educativa, la sanitaria o las políticas sociales en manos de las administraciones autonómicas estaban y están condicionadas y limitadas por la voluntad del Gobierno
del Partido Popular. Lo estaban y lo están porque lo único que propone este real decreto-ley es la ampliación de plazas en el ámbito tributario de su competencia, en el de la Seguridad Social y en el de los denominados funcionarios locales de
habilitación nacional, amén de nuevos secretarios judiciales. Es decir, arregla sus problemas —que en opinión del Grupo Vasco son menores— e impide que otras administraciones amplíen sus plantillas para el adecuado ejercicio de sus políticas. Tras
los siete años de crisis que han pasado y los recortes experimentados, la educación, la sanidad y las políticas sociales se han visto muy afectadas. Es más que probable que sea necesario incorporar maestros, médicos, enfermeros, asistentes
sociales, etcétera, para cubrir parte de las vacantes producidas y reducir el deterioro que, en campos tan importantes y vitales para nuestro presente y futuro como la educación y la sanidad, se han producido. Esto es lo que está ocurriendo en el

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país más descentralizado del mundo, según palabras del presidente Rajoy. ¿Cabe interpretar, señor Montoro, de verdad, señores del Grupo Popular, que es el país más descentralizado cuando no se tiene autonomía ni siquiera para gestionar sus
propios recursos humanos? ¿Por qué nos engañan? ¿Por qué quieren engañar a los ciudadanos? Hay que decir la verdad, que lo que su Gobierno pretende es la recentralización y dar marcha atrás a un Estado autonómico que no les gusta. Son capaces de
saltarse el consenso estatutario con leyes básicas que minan y deterioran el marco legal que hayamos pactado. Por otra parte, ¿creen de verdad que es necesario ampliar la plantilla de secretarios judiciales o interventores municipales en vez de la
del sector educativo, sanitario y la del personal que se dedica a la dependencia? Esta es precisamente la ley del embudo. No seré yo ni mi grupo parlamentario el que considere que no es necesario aumentar el número de inspectores para luchar
contra el fraude fiscal y contra el fraude de la Seguridad Social. Nos parece muy bien —usted la ha alabado hoy— la independencia de la Agencia Tributaria y que esta actúe con los máximos medios disponibles para luchar contra el fraude y la
corrupción. Al afirmarlo usted hoy, señor Montoro, ha recibido el aplauso de su bancada. Lo que no es de aplaudir, sin embargo, es que un exvicepresidente de su partido aparezca en la lista de las personas que se han acogido a la amnistía fiscal y
han blanqueado capitales; eso no es de aplaudir. Eso es un auténtico escándalo difícil de digerir en cualquier democracia, pero en el Estado español forma parte casi de la normalidad; esto es precisamente lo inaceptable y lo rechazable. Por otra
parte, en el real decreto-ley las justificaciones que se dan no son, en nuestra opinión, precisas ni aclaratorias. Podría, señor Montoro, haber hecho un mayor esfuerzo para justificar la ampliación de las plantillas en dichos ámbitos.


Le preocupa también aumentar el control de las administraciones locales, y para ello amplía el número de funcionarios. En lugar de basar la relación institucional en la mayoría de edad y en la coordinación institucional, prefiere
fundamentarla en la desconfianza, en el palo y tentetieso, en meter inspectores en otras instituciones. A todo ello le quiere dar carácter de urgencia, justificar su tramitación urgente a través del real decreto-ley. Esa urgencia, señor Montoro,
en nuestra opinión, no se justifica. No quiero decir que mejorar la lucha contra el fraude no sea urgente. Lo es ahora y lo era cuando se inició la legislatura. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Ahora es solo más urgente por la inacción
habida al respecto, pero no se justifica la urgencia a efectos de aprobar esta medida por un real decreto-ley o por un nuevo decretazo.


Señor Montoro, señores del Grupo Popular, incluyan en el real decreto-ley la posibilidad de la ampliación de trabajadores públicos en las áreas que les he comentado (educación, sanidad y políticas sociales), o aprueben otro real decreto para
eliminar la limitación que la Ley de Presupuestos impone a las comunidades autónomas para que puedan gestionar los recursos humanos; eso tendrá nuestro apoyo. Esto no lo puede tener; no es urgente, no atiende a las políticas prioritarias y solo
se refiere al ámbito de sus competencias. Señor Montoro, a ustedes les aprieta el callo en nuestros ámbitos competenciales y se quitan el zapato para aliviarse. Otras administraciones autónomas tienen un callo más grande, que les duele más, en
materias que creo que todos pensamos que son sensibles, como la educación y la sanidad, y usted no les permite que tengan este alivio y puedan gestionar las políticas como se debe hacer. Eso —insisto— sucede en el país, según ustedes, más
descentralizado del mundo.


No podemos impedir que usted haga lo que entienda oportuno en el marco competencial propio, que hagan lo que consideren, pero en este caso no podrán tener nuestro apoyo. Por lo argumentado, no se lo podemos dar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


Mediante este real decreto el Gobierno realiza una convocatoria extraordinaria de empleo público que se suma a la ordinaria realizada en los Presupuestos Generales del Estado, y esto lleva a un primer comentario. Los presupuestos se
aprobaron hace poco y ya han sufrido numerosas modificaciones. Cada vez que los debatimos el ministro de Hacienda presume el rigor y eficiencia con que los diseña, pero uno y otro año se quedan anticuados, a veces antes de empezar a ejecutarse.


En esta convocatoria extraordinaria la atención se concentra en tres ámbitos: el primero las entidades locales, para las que se convocan plazas de control y fiscalización interna. Buena falta hace, bienvenido sea. Recordemos que el origen
de tantos problemas en nuestra Administración local, como los gastos que se realizaban sin estar presupuestados o las facturas en los cajones, han tenido mucho que ver con la desvirtuación de estos funcionarios de habilitación nacional y su
progresiva pérdida de independencia. Sin

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embargo, la propia memoria económica señala algo relevante, que estas plazas ya existen; están ocupadas por interinos, pero ya existen, no es una dotación de nuevos recursos. Sin duda tendría mucho mayor efecto esta medida si fuese parte
de algo que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no ha hecho, una reforma a fondo de la Administración local. Si esto fuese parte de esa reforma a fondo, parte de fusión de municipios —seguimos en nuestro país con más de 8.000
municipios, una gran parte de ellos de menos de 1.000 habitantes— de mayor dimensión, este tipo de medidas tendrían más efecto y más sentido, en vez de quedarse en retazos y medidas parciales, como son estas. Segundo ámbito de actuación: la
Administración de Justicia. Se convocan plazas de secretarios judiciales. De nuevo bienvenidas sean, desde luego a nuestra colapsada Administración de Justicia le vendrán bien. Nunca será fácil calcular con rigor los efectos económicos del tipo
de justicia que tenemos, así como los de su lentitud en tantas cuestiones relacionadas con el ámbito empresarial, y es solo una de las facetas del problema. De nuevo hay que señalar —lo dice la propia memoria económica— que no estamos hablando de
nuevas plazas, sino de las ya existentes, ocupadas hoy por personal interino. Repito, esto tendría verdadero sentido como parte de una reforma de la Administración de Justicia que se ocupase de problemas más de fondo, por ejemplo, de la
politización de la justicia. El Consejo General del Poder Judicial sigue teniendo la composición que tiene, y Unión Progreso y Democracia es el único grupo de esta Cámara que renunció a estar en él. Esas cuestiones de fondo tienen una importancia
superior a los retazos, a las medidas parciales que aquí se incluyen. Tercer ámbito de actuación: la lucha contra el fraude, fiscal y laboral. ¿Cómo no estar de acuerdo cuando esto debería ser un gran pacto de Estado y una emergencia nacional?
Estamos en un país en que el 22 % de nuestra economía, de nuestro PIB es economía sumergida, y los diferentes estudios para estimar la economía sumergida —sea a través de uso efectivo o de electricidad—, todos, llegan a conclusiones parecidas. Esto
quiere decir que cada año se dejan de recaudar en nuestro país 70.000 u 80.000 millones de euros, 7 u 8 puntos del PIB. ¿Cómo no estar de acuerdo en dotar de más recursos esta lucha contra el fraude? La principal crítica es que son refuerzos
insuficientes. En este real decreto se convocan en total 724 plazas y, según la EPA, en nuestro sector público trabajan cerca de 3 millones de personas; es decir, estamos incrementando esa fuerza pública el 0,02 %. No parece algo espectacular o
que pueda tener efectos muy significativos.


Voy a centrar mis comentarios en la Agencia Tributaria porque es algo sobre lo que llevamos debatiendo toda la legislatura. Una y otra vez hemos criticado que en los Presupuestos Generales del Estado se han reducido los recursos de la
Agencia Tributaria por una doble vía: en su dotación presupuestaria y con una tasa de reposición que usted dice que es del 10 % o del 50 % y yo le contesto que es del menos 90 % o menos 50 %. Es decir, de 100 que se jubilan se reponen 10 en los
primeros presupuestos o la mitad en los últimos presupuestos. Cuando desde la oposición hemos dicho este tipo de cosas desde el grupo mayoritario, desde el Gobierno, se han negado. Pero —¡qué curioso!— cuando rectifican caen en cierta
esquizofrenia y para justificar sus rectificaciones acaban dando la razón a los grupos de la oposición. Voy a citar unas frases del Real Decreto 5/2014, por el que hace un año por estas fechas hubo una dotación extraordinaria de plazas, y de la
memoria económica de este real decreto. Nos encontramos perlas como las siguientes que ustedes negarían si las dijese yo: Ha habido una grave evolución negativa de la plantilla en la Agencia Tributaria —no lo dice UPyD, lo dicen sus documentos
oficiales—. Habitualmente esa plantilla ha estado cerca de las 28.000 personas y a finales de 2014 estaba en 25.742, se pierden más de 2.000 puestos de lo que era la dotación habitual. Ha habido un aumento de la edad media de esa plantilla, de los
cuarenta a los cincuenta años, y con una plantilla tan envejecida existe el riesgo de perder un cuarto más de aquí a 2020. ¡No es cierto, demagogos, populistas! Oiga, son sus documentos oficiales. Ustedes, cuando rectifican, dicen algunas
verdades. Esto sucede en un país en que tenemos muchos menos recursos en la lucha contra el fraude que nuestros países vecinos. En Francia hay 117.000 personas en su equivalente a la Agencia Tributaria; en Alemania 110.000; en los Países Bajos,
un país más pequeño que el nuestro, 29.000, más que en España. ¿Nos podemos sorprender luego de la poca eficacia en la lucha contra el fraude por muy eficientes, competentes y profesionales que sean nuestros funcionarios y todo el personal de la
Agencia Tributaria? No, no nos podemos sorprender, es una consecuencia natural de nuestras políticas. Este ha sido uno de los grandes errores de su política esta legislatura, señor Montoro, porque, como dice también su memoria económica, los
análisis más elementales indican que hay un efecto multiplicador muy importante en la Agencia Tributaria: por cada euro de gasto en inspección, en lucha contra el fraude, se recaudan diecisiete; así que no ha sido una buena forma de ahorrar
reducir los recursos de la Agencia Tributaria.

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El error segundo que ha multiplicado el primero —tiene un efecto multiplicador— ha sido dedicar menos recursos a luchar contra el fraude y promulgar una amnistía fiscal. Me gustaría recordarle algunos de nuestros debates sobre esta
cuestión. Le dijimos en su momento —nosotros o sus inspectores, ¿o no?— que era un error permitir en la amnistía fiscal incluir efectivo porque iba a facilitar el blanqueo de capitales. ¿Lo recuerda usted? El blanqueo de capitales. Lo dijimos
en los primeros debates sobre la amnistía fiscal. Le dijimos, ¿o no?, desde el inicio que había que comprobar las listas de acogidos porque había un grave riesgo, tal como estaba diseñada, de que la amnistía fiscal se mezclase con problemas de
corrupción, y con problemas de corrupción política, y al error económico se le añadía ese error político. ¿Por qué le digo eso? No por la postura antipática de recalcar que ya se lo dije. No, es que ustedes presentan los errores cuando se
producen como imprevisibles, diciendo: esto era imprevisible. No era imprevisible. En los debates sobre la amnistía fiscal ya se dijo, y los inspectores también lo decían. Por eso es sorprendente que en la parte más enfática de su discurso usted
saque pecho. Ahora hemos descubierto que parece que el señor Rato se ha acogido a la amnistía. ¡Las instituciones funcionan! Sí, pero para acogerse primero tuvo que promulgarse la amnistía y para descubrirse ahora —en la mínima comprobación que se
está haciendo— hemos tenido que traer este tema durante años y hacer presión social para que se haga algo porque, si por usted fuese, ni siquiera habría habido ninguna comprobación. Ahora la Agencia Tributaria ha enviado al Sepblac una lista de
setecientas cinco personas que, según la prensa y todos los indicios, son cargos públicos. Setecientas personas son muchas personas, setecientos antiguos cargos públicos. ¿De dónde procede su dinero cuando los ingresos públicos están tasados y los
sueldos públicos son en general austeros? ¿Qué ejemplaridad dan esas personas que han ocupado u ocupan cargos públicos y simultáneamente habían ocultado su dinero de la Hacienda pública y ahora lo regularizan? No parece un tema para sacar pecho,
señor Montoro.


Volviendo a la valoración general del real decreto antes de anunciar el sentido de nuestro voto, usted, tras una política equivocada durante toda la legislatura, ahora repone una mínima parte de los recursos esenciales que había recortado, y
nos pide que le felicitemos. Tampoco vemos la urgente necesidad de este real decreto. La única urgente necesidad es que se anunció un par de días antes de las elecciones andaluzas. Creemos que es bueno que se convoquen estas plazas, pero son
parte de una política equivocada durante toda la legislatura y reponen solo un porcentaje de lo equivocadamente recortado, por eso nuestro voto no puede ser el apoyo sino la abstención.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Sayós.


La señora SAYÓS I MOTILLA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, suspendido. Para empezar debo insistir una vez más en que este Gobierno deje de regular mediante reales decretos-leyes porque, aunque intentan sustentar los motivos de estos, la inmensa mayoría no corresponden al espíritu
establecido en artículo 86 de la Constitución española, cuando establece: En caso de extraordinaria y urgente necesidad… Establece unos límites, y uno de ellos es no poder afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en
el título I de la Constitución española. El derecho al trabajo, sea por cuenta ajena o también empleo público, se encuentra regulado dentro de este título I. Es más, señor ministro, apelando también a la Constitución española, el artículo 31.2
establece que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a criterios de eficacia y economía. Si se debe luchar contra el fraude fiscal y lo que ustedes denominan fraude
laboral —yo me resisto a utilizar esta nomenclatura, aunque es la que consta en el real decreto-ley hoy objeto de convalidación, o no— ¿ello corresponde a ser objeto de extraordinaria y urgente necesidad? La respuesta es rotunda y clara: no.


Una vez dicho esto, señor ministro, vamos a entrar en el contenido del Real Decreto-ley 3/2015. Nota: un 5 pelado. Este real decreto-ley crea una oferta de empleo público extraordinaria y adicional, es decir, además de la oferta de empleo
público ordinaria establecida por el Consejo de Ministros. Por tanto, insisto, determinarla como extraordinaria no corresponde al espíritu del artículo 86 de la Constitución española, como explicaba al principio de mi intervención. Si dejamos
aparte las plazas de promoción interna, este año 2015 se habrán convocado 7.416 nuevas plazas, de las cuales 6.692 plazas lo habrán sido mediante decreto del Consejo de Ministros y 724 plazas mediante este real decreto-ley, aunque a mí me salen 744,
según el acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de marzo de 2015. De estas 7.416 plazas, 3.058 van destinadas a la Administración General del Estado, es decir, estas plazas no se destinan a la

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lucha contra el fraude fiscal ni a la lucha contra el fraude laboral ni a la Administración de Justicia, no, estas plazas son para reforzar la burocracia de los ministerios, la burocracia de la Administración central. Ninguna de estas
plazas es para cubrir las necesidades de interés público. Por ejemplo, la falta de examinadores de tráfico. Son insuficientes, señor ministro. Estas plazas son una demanda social y esto está arruinando a las autoescuelas, porque los ciudadanos no
saben cuándo van a examinarse. Conducir también es seguridad pública, señor ministro; esto es interés público. En cambio, se ha regulado sin tener en cuenta el artículo 92 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración local —por cierto, señor ministro, le recuerdo que esta ley está impugnada ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias— ni tampoco el artículo 21 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2015 y concordantes, por ejemplo, en los límites de la tasa de reposición. Premisa: más control, más recaudación, más personal; o bien, reforma fiscal, más medios de control e inspección, más personal. Esa es la excusa de
siempre, en vez de buscar la eficiencia y la eficacia de los recursos que se tienen u optimizarlos. Por cierto, en materia de reforma del IRPF, la recaudación se imputa a la parte del Estado, sin que las comunidades autónomas se beneficien, toda
vez que es la Administración autonómica la que ha recibido mayor presión de contención del gasto público, junto con la Administración local. Entonces, ¿tiene sentido que la Administración General del Estado, abusando de su posición de dominio por
encima de las demás administraciones aumente la plantilla burocrática de sus ministerios en más de 3.000 personas, cuando las administraciones autonómica y local ven reducidas sus plantillas y esto repercute no en burocracia interna sino en
prestación directa de servicios a los ciudadanos, esto es, educación, sanidad y servicios sociales, sin poder reponer sus plantillas, por ejemplo, en caso de jubilación? Señor ministro, la Administración General del Estado no es una administración
que está por encima de las administraciones local o autonómica. La Administración General del Estado no puede ejercer una posición de dominio con respecto a la Administración autonómica y local. La Administración General del Estado está en el
mismo escalafón que las administraciones autonómica o local porque así lo establece la Constitución española.


Dos puntos positivos, señor ministro —sí, hay dos puntos positivos—, aunque uno con reparos. El primer punto positivo y con reparos: la ampliación de las plazas previstas en la Administración de Justicia implicará la dotación de nuevas
plazas de secretarios judiciales, agentes muy importantes para agilizar los procedimientos. Este derecho, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio sin dilaciones indebidas, contenido en el artículo 24 de la Constitución española, se
encuentra dentro del título I y es relevante. Por tanto, Convergència i Unió celebra que dote de recursos humanos a la Administración de Justicia. Pero primer reparo: por ejemplo, en Cataluña hay un número de litigios importante. Esperemos que
estas plazas se cubran en Cataluña, y el ministro de Justicia también debe hacer su trabajo, que es dotar a las sedes judiciales de la modernización de las TIC y del material necesario. Es decir, grosso modo, por muchos secretarios judiciales que
haya, sin ordenador no servirán de mucho. Segundo reparo: crear más plazas de secretarios judiciales no corresponde a tener más seguridad jurídica, como se pretende fundamentar en el expositivo III del real decreto-ley. La seguridad jurídica, a
la que tanto apelo en diferentes ocasiones al Gobierno, se viene legislando bien y esta responsabilidad no recae en la Administración de Justicia, pues su función es otra. La función legislativa recae sobre esta Cámara, pero la mala praxis
legislativa del Gobierno deteriora la seguridad jurídica de España. Por eso este Estado está en la parte baja de la tabla de los países en materia de seguridad jurídica.


Segundo punto positivo —artículo 5 del real decreto-ley—, un mínimo del 7 % de reserva de las plazas convocadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, excepto en las plazas convocadas para la Administración de Justicia, que el
mínimo es de un 5 %.


Señor ministro, Convergència i Unió está de acuerdo con que se convoque oferta de empleo público, pero no con la motivación que conlleva este real decreto-ley ni mucho menos con que estas convocatorias sirvan para aumentar el personal de la
Administración General del Estado y así priorizar la estructura y el funcionamiento del Estado para que sea más potente y también más ineficiente, para que la Administración esté más lejos del ciudadano o para que la Administración no satisfaga los
servicios asistenciales de los ciudadanos directamente. Lo sentimos, señor ministro, pero no podemos compartir su pretensión. Aunque el Grupo de Convergència i Unió está convencido de que debe existir oferta de empleo público, no está de acuerdo
con que la mayoría de la oferta corresponda a la Administración General del Estado, a la burocracia ministerial. Y no podríamos compartir de ninguna de las maneras que esta convocatoria de oferta de empleo público pretendiera disminuir o maquillar
los índices de paro porque eso sería un

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gravísimo error. Como ha dicho usted, señor ministro, no cierre los ojos. Convergència i Unió votará abstención.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sayós.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Sumelzo.


La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señora presidente.


Señorías, estamos ante una nueva rectificación del Gobierno sobre algunas de las políticas más duras llevadas a cabo desde el comienzo de la legislatura, una rectificación parcial, a medias, señor Montoro, pero rectificación al fin y al
cabo. Es un reconocimiento implícito del Gobierno de que su política en cuanto al empleo público estaba equivocada, que fue un error y ahora ha tomado muy tímidamente la dirección inversa. Permítame decirle, señor ministro, que tenemos razones más
que sobradas para creer que no se trata de una decisión seria, sino que tiene un sentido meramente provisional porque a nadie se le oculta que el real decreto desprende un indisimulable tufo electoralista. Se les nota la desesperación de lo que se
les viene encima, pero el daño, señor Montoro, está ya hecho y le aseguro que los ciudadanos no van a olvidar las graves lesiones producidas, sobre todo en términos de cohesión social, porque entre otras cosas siguen padeciéndolas.


Señor Montoro, aprobar ahora una oferta de 7.400 plazas de nuevo ingreso más 3.800 de promoción interna, que no generan aumento neto de efectivos, no va a poder ocultar que desde que llegaron al Gobierno han destruido más de 300.000 empleos
en el sector público. (Aplausos). Lo dice la EPA, señor Montoro, no se lo inventa esta portavoz. Durante todos estos años les hemos escuchado a usted y a la vicepresidenta del Gobierno intentar relativizar lo que ha sucedido proclamando que los
empleos se han perdido en empresas públicas, fundaciones y consorcios; y no es verdad. Lo demostramos con datos oficiales de su Gobierno. En las administraciones públicas en sentido estricto —usted me entiende— se han perdido 170.000 empleos.
Son datos del registro central de personal que gestiona su ministerio. Se trata de médicos, profesores, enfermeras, policías, inspectores de hacienda, asistentes sociales... Hay 170.000 empleados menos desde que gobierna el Partido Popular. Entre
2012 y 2014 ustedes cerraron virtualmente la puerta a la incorporación de nuevos empleados públicos con una tasa de reposición nula o irrisoria. Lo más grave de todo es que su política ha afectado al corazón de la prestación de los servicios
públicos, precisamente la razón de ser de la propia Administración en su relación con el ciudadano. Además, no han hecho un recorte selectivo. Han echado mano de la tijera indiscriminadamente sin importarles los servicios ni las personas que
quedarían afectadas por ello. Señor ministro, queremos recordarle que su Gobierno no solamente ha destruido empleo público sino que también ha recortado derechos de los empleados y los trabajadores de las administraciones públicas: les sustrajo
una paga extraordinaria, ha venido congelando cada año sus retribuciones, les ha eliminado permisos, les ha llamado vagos y, para colmo, les eliminaron la prestación sanitaria de Muface. El resultado de todas estas políticas es que se han reducido
y se han envejecido las plantillas de empleados públicos, se ha recortado en un 20 % su poder adquisitivo y también han paralizado su formación y su desarrollo profesional. Señor Montoro, en España nos encontramos con este panorama en la
Administración pública tras tres años y medio de gobierno del Partido Popular. A pesar de ello y del desprestigio al que han querido someterlos, señor ministro, los empleados públicos —quiero decirlo muy claro desde esta tribuna— están respondiendo
con una inequívoca profesionalidad para garantizar la prestación de los servicios a los ciudadanos. Este país tiene en sus empleados públicos un extraordinario capital humano y la responsabilidad de los políticos consiste en saber aprovecharlo,
tratándolos como se merecen, con equidad y con recursos suficientes puestos a su disposición para realizar su trabajo. Desde luego cuentan con el reconocimiento de mi grupo parlamentario y se merecen el de toda esta Cámara.


Señores del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular, una política sostenida en el tiempo no se compensa con parches para intentar salvar la cara ante las elecciones. Ya les he dicho que será un intento políticamente fallido, porque llega
muy tarde y además no es suficiente. Hoy, según los datos de su propio departamento, la satisfacción ciudadana con los servicios públicos es inferior al 44 %; es decir, se ha reducido en 20 puntos en relación con 2011. ¡Menuda herencia nos deja
usted, señor Montoro! No se podía esperar otra cosa cuando se cierran centros de salud, se despide a médicos, aumentan las listas de espera, se masifican las aulas porque no hay docentes, recortan becas, imponen tasas judiciales, dejan a más de
160.000 personas sin ayudas a la dependencia... Señor ministro, en este real decreto-ley que hoy nos traen a convalidar aumenta la oferta de empleo público en los sectores de lucha contra el fraude fiscal

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y laboral, la justicia y la Administración local. Prevé un incremento adicional de 724 plazas en estos sectores. Sin embargo, para recuperar el nivel de recursos humanos existente en 2011 y la calidad y eficacia en la prestación de los
servicios su oferta extraordinaria debería ser mucho más amplia y extenderse a otros sectores como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a la dependencia, donde ustedes continúan manteniendo la imposibilidad de reponer
efectivos. En todo caso, con esta oferta extraordinaria tampoco solucionan los enormes problemas que se han creado a lo largo de estos tres años de Gobierno del Partido Popular.


En materia de lucha contra el fraude fiscal, la Agencia Tributaria, señor Montoro, tiene hoy en torno a 1.500 empleados menos que en el año 2011. Además hay que contar que estos recursos limitados no se emplean correctamente. El 80 % de la
plantilla se ocupa de perseguir a los pequeños fraudes e irregularidades de los autónomos, trabajadores y pensionistas, que representan el 30 % del total, mientras que solamente el 20 % se ocupa del fraude de las grandes corporaciones y grandes
fortunas, que supone el 70 %. Es decir, no solamente aprueban vergonzantes amnistías fiscales, sino que dejan sin los medios suficientes la persecución de los grandes defraudadores; es así, señor Montoro. En la lucha contra el fraude laboral y a
la Seguridad Social la Inspección de Trabajo tenía 1.469 efectivos en diciembre de 2011 y, según los últimos datos publicados, en el año 2014 no superan los 1.250. Hay menos inspectores de trabajo y menos subinspectores que nunca. Por lo tanto, se
inspeccionan menos centros, se reducen las actuaciones y se limitan las visitas.


Señor ministro, usted nos trae hoy aquí una rectificación parcial y claramente insuficiente de sus propios excesos; no compensa ni de lejos el maltrato que han sufrido los servicios públicos y consecuentemente los ciudadanos, que son
quienes las usan. El Grupo Parlamentario Socialista considera que este real decreto no responde a las necesidades de la Administración pública y que se queda muy lejos de una rectificación a fondo, como es la que se merece el deterioro de los
servicios públicos que el Gobierno ha provocado estos años. Aun así, y pese a las carencias que he apuntado, el Grupo Parlamentario Socialista, en coherencia con lo que ha venido reclamando todos estos años, no va a rechazar ni va a desentenderse
de la creación de empleo público por mínima o por cicatera que esta sea.


Finalizo. Si me lo permiten, nada hay que desmienta más y mejor la política del Gobierno de todos estos años en materia de administraciones públicas que este real decreto, señor Montoro, lisa y llanamente. Ustedes han puesto la letra
—aunque sea en minúscula y sin admitirlo— al reconocimiento de sus propios errores y seremos otros —no les quepa duda— los que tengamos que rectificarlos en mayúsculas, es decir, a fondo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sumelzo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero simplemente empezar agradeciendo al señor ministro muy sinceramente en nombre del Grupo Parlamentario Popular y en el mío propio su intervención, su clara y rotunda intervención esta mañana en una materia que verdaderamente
es muy importante. Muchas gracias, señor ministro.


Quiero decirle al señor Coscubiela que claro que hay contestación. Creo que ni usted ni la señora Sumelzo se han enterado de nada. Por no desviarme del tiempo que tengo —porque lo importante es la posición y la valoración positiva que hace
el Grupo Popular de este real decreto—, simplemente le voy a decir una cosa para que ustedes entiendan un poco de qué va esto cuando hablan de despidos o no en la Administración pública. Usted ha puesto en ejemplo perfecto, ha hablado de deforestar
y plantar pinos; evidentemente. ¿Sabe usted una cosa? Se sanean los montes para luego reforestar con nuevos pinos, para mantener vivo el bosque y evitar su ruina y su desaparición, que es lo que parece que ustedes querían hacer con España. Pues
eso es lo que ha hecho el señor ministro y lo que ha hecho este Gobierno: sanear el bosque, plantar nuevos pinos —estamos en ello— y permitir que sobreviva, que no se hunda, como puede pasar en otros países, y que desaparezca. Por tanto, entérense
bien.


Señora Sumelzo, que usted nos venga a hablar aquí de funcionarios cuando la señora Díaz, que es de su partido si no me equivoco —hasta el momento—, tiene una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le obliga a
readmitir a unos trabajadores, y está en rebeldía porque no lo ha cumplido, tiene mucha tela, mucha tela marinera. (Aplausos); cuando ustedes en Andalucía les pagan 12 horas a los médicos por las guardias, y los contratan por horas, señorías,
contrato bien en precario. Pregúnteselo a los médicos, a los 7.000 que han despedido, y a los 4.000 profesores que han despedido.

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Señorías, vamos a hablar de lo importante y de lo serio en esta mañana. Que la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera son pilares fundamentales para la reducción del déficit y, por tanto, para propiciar crecimiento
económico y creación de empleo ya no lo discute nadie con conocimientos, con un honesto conocimiento y no electoral. Todo el mundo reconoce ya lo que ha sido el cambio más profundo de rumbo y de datos de hace tan solo unos meses que conocíamos en
España. Aunque incomprensiblemente a algunos les moleste, todos los organismos nacionales e internacionales de análisis y de previsiones sostienen que la realidad económica y laboral de España es mucho mejor hoy, y sobre todo que tiene una
tendencia a continuar en esa línea e incluso a incrementarla por encima de las previsiones del Gobierno, que, por cierto, nunca se han incumplido sino que se han visto siempre superadas al alza. Las reformas y las medidas del Gobierno han sido
instrumentos para que la sociedad española —que es la verdaderamente protagonista de esta recuperación, no desde luego sin grandes sacrificios y esfuerzos— haya podido recuperar su protagonismo y estar en los umbrales en los que está.


Por ello, señorías, en este contexto de confianza, de estabilidad y de credibilidad de la economía española es posible y necesario reforestar el bosque, acometer actuaciones que permitan una más eficiente asignación de recursos públicos, de
los gastos pero también de los ingresos públicos, señorías, para lo que hay que dotarse del marco jurídico necesario y, desde luego, de los medios materiales y, sobre todo, humanos, que es de lo que estamos hablando hoy, para poderlo cumplirlo. En
este sentido, el sistema tributario vigente y, en concreto, la reciente reforma del IRPF avanzan en la línea de garantizar la eficiencia en la asignación de los recursos, lo que permite no solo garantizar la sostenibilidad financiera de las
administraciones públicas, sino también estimular el crecimiento económico y la creación de empleo, haciendo posible el sostenimiento y mejora de los servicios públicos —sanidad, educación y servicios sociales—, con especial atención a las personas
más vulnerables. Hay que ajustar gastos y hay que recuperar ingresos por las vías a las que se ha referido el señor ministro y, desde luego, por lo que a continuación voy a decir.


Es evidente, señorías, que este sistema necesita contar con medios para garantizar su correcto cumplimiento. Todos coincidimos cuando hacemos grandes discursos sobre la importancia de la lucha contra el fraude, aunque algunos matizan. He
oído en esta Cámara a veces: Es que el fraude que se produce por unos es… ¡pobrecitos! El origen del fraude o las causas del fraude no tienen ninguna justificación. El fraude, señorías, y lo digo muy alto y muy claro, al igual que lo ha dicho el
señor ministro, de lo cual me enorgullezco, se combate sin excepciones de nombres, apellidos, clases sociales, procedencias. Sin excepciones, porque supone una merma de ingresos públicos basada en una gran injusticia social que afecta a la inmensa,
a la abrumadora mayoría de la sociedad española que cumple con sus obligaciones tanto en el ámbito tributario como en el laboral; por eso nuevamente agradezco la clara intervención del señor ministro. Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular
reconoce con satisfacción el trabajo del Gobierno en esta materia y en todos sus frentes. El resultado evidencia en los datos el incremento de recaudación en la lucha contra el fraude. En materia tributaria, lo ha dicho el ministro, el incremento
ha sido del 12,49 % respecto al año anterior. Igualmente, en lo referente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las infracciones se elevaron a 9.827, lo que implica un incremento del 16,8 % respecto al año anterior, con mayor recuperación,
hasta 257 millones, por la Inspección de Trabajo y Seguridad social, lo que supone un 7,4 de incremento, y con empleos aflorados, que no cotizaban, sí señorías, que es una injusticia para el trabajador y una defraudación por parte de aquellos que
los están utilizando.


Señorías, la reducción del fraude, como hemos dicho, supone un aumento de los ingresos públicos necesarios para que las administraciones públicas puedan satisfacer los intereses generales y también para permitir la reducción de la presión
fiscal, que sin duda, y estamos convencidos de ello, genera crecimiento económico y empleo. Por ello, coincidiremos todos en la importancia de continuar avanzando en esta línea para luchar contra la elusión y el fraude, tanto tributario como en
materia laboral, por lo que sin duda es necesario contar —como se ha dicho anteriormente— con los medios personales.


Señor Anchuelo, aquí voy a hablar claramente porque ha hablado mucho de amnistía fiscal. Vamos a ver si precisamos. Aquí no ha habido amnistía fiscal; ha habido regularización fiscal. Amnistía fiscal hubo con los gobiernos socialistas;
y precisamente porque hubo una amnistía fiscal ni tuvo transparencia ni consecuencias para aclarar la procedencia de esos fondos que se estaban amnistiando. Ahí sí que no supimos nadie nada y ahora no es el caso, sea quien sea el que lo haya
realizado. Estas son unas diferencias importantes que los ciudadanos saben apreciar, sin lugar a dudas. En el grupo parlamentario consideramos muy positivo este oportuno real decreto que modifica al alza la tasa de reposición que se

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estableció en los presupuestos de 2015, que fue del 50 % y que, en este momento, como ha dicho el señor ministro y no me voy a detener en ello, se centra en los funcionarios de la Administración local, con habilitación de carácter nacional;
en el ámbito del fraude fiscal y control del gasto, todo ello en materia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Agencia Tributaria; en la Seguridad Social y en la Inspección de Trabajo con 150 plazas; y en la Administración de
Justicia con 160 para el Cuerpo de secretarios judiciales. Todo ello —también se ha dicho aquí y celebro que lo haya reconocido la representante del grupo de Convergència i Unió— con un cupo de reserva del 7 % para las personas con discapacidad.


Señorías, aunque sin duda uno de los parámetros que más se valora en una economía es la seguridad jurídica, que ofrece confianza y estabilidad, es verdad que el cumplimiento del derecho corresponde a los órganos jurisdiccionales, jueces y
tribunales; pero, sin duda, el papel de los secretarios judiciales es fundamental, y que la oficina judicial funcione ágil y correctamente es muy importante para los procesos que instan particulares y empresas. Por ello, señorías, también nos
felicitamos por este incremento de los secretarios judiciales que van a venir a contribuir, junto con la lucha contra el fraude laboral y fiscal, a agilizar estas cuestiones tan importantes.


Desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a convalidar este real decreto que, sin duda, se adapta a lo que en diversas ocasiones ha señalado el Tribunal Constitucional. Señora Sayós, en diferentes situaciones y lo puede usted comprobar,
esas señalizaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional indican que corresponde al Gobierno apreciar cuál es el momento o la coyuntura económica más apropiada para adoptar medidas de política económica general, con la aprobación de disposiciones
legislativas —este es el caso— provisionales —ya se han puesto en marcha— y de eficacia inmediata mediante un real decreto-ley, como es el caso que nos ocupa y que hoy vamos a convalidar. Señorías, también vamos a convalidarlo desde el Grupo
Popular porque este es un instrumento más para avanzar en una mayor eficiencia de las administraciones públicas, que se suma a tantas y tantas medidas y reformas impulsadas por este Gobierno desde el primer momento de su responsabilidad para avanzar
hacia el objetivo prioritario, que es el crecimiento económico y la creación de empleo. Sin duda, la mejor política social —no lo pueden discutir ustedes—, es esa que permite sostener nuestra sociedad del bienestar y unos servicios públicos
eficientes y de calidad para todos, y de una manera muy especial para los más vulnerables.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.


ENMIENDAS DEL SENADO:


— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA TRASPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A
INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012, RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES. (Número de expediente 121/000114).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las enmiendas aprobadas por el Senado. Como este proyecto de ley tiene carácter orgánico voy a adelantar que no habrá votaciones hasta las seis y media. Sin embargo, no estoy muy seguro de que la hora
no sea bastante más tarde; pero, desde luego, no antes de las seis y media.


Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para trasponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de
2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.


En torno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente. Intervendré desde es escaño.


La presente ley tiene por objeto la trasposición de dos directivas y hemos de reconocer que en el trámite del Senado ha habido, a través de algunas enmiendas, alguna mejora, como por ejemplo el

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reconocimiento de la lengua de signos, no únicamente de la lengua de signos del Estado español sino también de una diferente que existe en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Estamos de acuerdo también con la mención que se hace de que el
intérprete o traductor deba respetar el carácter confidencial del servicio prestado, el establecimiento de medios de apoyo a la comunicación oral a las personas con discapacidad sensorial o, por ejemplo, la formación de jueces, fiscales y personal
al servicio de la Administración que participen en procesos penales para que presten atención a las particularidades de la comunicación a través de un intérprete. Sin embargo, hay un obstáculo, en nuestra opinión insalvable, que nos impide apoyar
esta ley, y me refiero a lo que va a constituir la disposición final primera: la constitución de un registro oficial de traductores e intérpretes judiciales de carácter estatal y único para todo el Estado. En este caso se vulneran las competencias
de los estatutos de autonomía, en el caso de la Comunidad del País Vasco las competencias previstas en el capítulo III en materia de personal y medios materiales al servicio de la justicia. Además —si no fuera ya suficiente con esta razón de
absorber por parte del Estado competencias que no le son propias y que para algunas comunidades autónomas que tienen lengua propia es un asunto muy sensible—, desgraciadamente no se ha aprovechado esta adaptación de las directivas para normalizar el
uso de las lenguas cooficiales en el ámbito de la Administración de Justicia, por ejemplo, exigiendo como requisito en el acceso de plazas a los órganos judiciales situados en esas comunidades, que esas personas dominen esos idiomas, superando la
condición de mérito que tiene en estos momentos. Si queremos verdaderamente que los tribunales puedan realizar de manera adecuada estos juicios en los que se utilizan lenguas distintas al castellano, lo lógico sería no solo ir más allá de lo que
son los intérpretes, sino ir también a que los miembros que forman parte del tribunal, los propios jueces, dominen esos idiomas en el caso evidente del resto de idiomas oficiales del Estado. No ha sido así y, por tanto, a pesar de que podamos votar
a favor de algunas de esas enmiendas que ya he citado, en el debate final de conjunto del proyecto nuestro voto será contrario.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a intervenir brevemente, solo para decir que nos parece bien el trabajo de mejora técnica que ha habido en el Senado para la aplicación de las directivas en esta ley. Por lo demás, nuestra posición política no ha cambiado
sustancialmente respecto de la que tuvimos en el debate y mantendremos la misma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy estamos invitados a una mesa en la que la justicia forma parte fundamental de los platos. El primer plato tiene que ver con algo tan técnico como la interpretación y traducción en los procesos penales, y eso me permite hacer
una primera valoración de las iniciativas que hoy vamos a ver: derecho de interpretación y traducción —trasposición de una directiva—, estatuto de la víctima, enjuiciamiento civil, modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En esta
turbamulta de iniciativas algo sacaremos en claro. Lo único que se puede sacar en claro y que ya se ve en esta reforma del aspecto relativo a la ley orgánica sobre interpretación y traducción de procesos penales, son las constantes del Gobierno en
materia de justicia. Podríamos decir que a lo largo de esta legislatura al Gobierno le ha interesado de la justicia algo muy distinto de lo que les interesa a los ciudadanos, a los posibles justiciables, y también algo incluso muy distinto de lo
que les interesa a los operadores jurídicos. Al Gobierno le interesa —también en esta iniciativa— el poder y el mercado, fundamentalmente eso: el poder —de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial para ver quién puede influir sobre la justicia y
su independencia— y el mercado, porque la justicia para el Gobierno no es un servicio público, sino un método para crear nuevos mercados privados en torno al derecho a la tutela judicial efectiva que, en nuestra opinión, sale menoscabado. Esta
iniciativa tan técnica permite ver esas actitudes del Gobierno, porque la directiva comunitaria pretende la fiabilidad en los procesos penales de la traducción y la interpretación. Es algo tan sencillo como eso.


El Gobierno en esta trasposición de la directiva muestra su verdadera cara en estas materias. En primer lugar, podemos decir que el Gobierno muestra su, entre comillas, europeísmo con relación a una directiva

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comunitaria, porque esta directiva comunitaria se traspone fuera de plazo, con amenaza de sanción por parte de la Unión Europea, y no contentos con ello, en la propia iniciativa que traspone la directiva europea nos proponemos una vacatio
legis que nos deja totalmente fuera del plazo de la sanción y de la prórroga. ¡Bonita forma de respeto a las normas europeas! He oído durante los últimos días, sobre todo con relación a Syriza y al Gobierno griego, que hay que cumplir las normas.
Pues bien, este Gobierno cumple las normas en la austeridad, pero cuando se trata de cumplir con el plazo relativo a una directiva comunitaria que, por otra parte, no le gusta, no cumple las normas ni siquiera en el plazo previsto. Llegamos, pues,
tarde, pero lo peor es que llegamos mal, porque esta directiva, que pretende la fiabilidad en los procesos penales de la traducción y la interpretación, que tiene mucho que ver con el derecho de defensa, con la tutela judicial efectiva, de nuevo es
una iniciativa fallida. En la propia iniciativa legislativa del Gobierno se dice que para poner en marcha la traducción y la interpretación —que teóricamente es un servicio que pretende la mejor calidad de la justicia— no va a haber ni un euro más.
El Gobierno plantea que se hace sin presupuesto. Señorías, no es serio que se plantee esta restricción, aunque es una restricción menor dentro de lo que el Gobierno pretende en esta iniciativa legal.


Los dos aspectos fundamentales de la directiva planteaban, primero, para tener una traducción fiable, un registro de traductores e intérpretes. Pues bien, el Gobierno considera —lo ha dicho así a los ponentes— que no es materia de esta
iniciativa que traspone una directiva sobre registro de intérpretes y traductores, el registro. Nos deja sin registro y dice que el registro tendrá lugar en un posterior desarrollo legislativo. ¿Ven ustedes más absurdo que este? Pues el absurdo
no ha terminado todavía, porque el propio Consejo General del Poder Judicial y el propio Consejo de Estado recomiendan al Gobierno que para la puesta en marcha de ese registro lo más objetivo es que haya un examen, que además le han propuesto todas
las cátedras de las universidades españolas que tienen que ver con la traducción y con la interpretación. Pues tampoco, no va a haber registro y tampoco va a haber examen. Ustedes dirán: trasponemos una directiva tarde, no contemplamos el
registro de traductores y de intérpretes, además tampoco el criterio objetivo para ese registro, que solamente puede ser un examen, ¿entonces para qué hace el Gobierno la trasposición de la directiva? Para un cumplimiento formal de la trasposición
tarde y mal y, por otra parte también, para una legalización inaceptable de una chapuza, que son las subcontratas en materia de traducción e interpretación. Porque el Gobierno es verdad que no establece el registro ni tampoco el examen, pero sí
establece algunos aspectos indeterminados —¡Qué curioso, en justicia la indeterminación es la norma!— para que cuelen las subcontratas de traducción e interpretación, que hoy hacen negocio de una materia tan delicada en la defensa y en los procesos
penales de la justicia. Por ahí cuelan estas subcontratas en la ley del Gobierno.


Señorías, por si no fuera suficiente, por si acaso, el Gobierno establece también una norma por la cual si hay una razón de urgencia no se necesitará cumplir para nada esta trasposición de la directiva, si hay una razón de urgencia
finalmente esta ley no vale para nada. Y como en la justicia española, debido a la falta de recursos, de medios en los procedimientos judiciales, la urgencia es la norma, al final ha vaciado la norma; el Gobierno la vacía desde el punto de vista
presupuestario, desde el punto de vista normativo y la vacía también con un trámite que es saltarse la norma a través de la urgencia. Ese es en definitiva el proyecto que hoy tenemos que debatir y las enmiendas que vienen del Senado, que son todas
enmiendas técnicas. Podríamos decir: en el Senado se ha salvado un problema, el que tiene que ver con la cuestión competencial, aquellas comunidades autónomas que tienen lengua propia. Pero se ha salvado de una manera que finalmente convierte la
ley en papel mojado. ¿Saben ustedes cómo lo hacen? Excluyendo la traducción e interpretación del derecho de defensa y convirtiendo una ley orgánica en una ley normal. Señorías, para este viaje no necesitábamos alforjas.


Termino. No es la justicia la prioridad del Gobierno, es evidente. El Gobierno tiene dos prioridades: una que es cómo interfiere en la justicia y otra que es cómo convierte un servicio público en un negocio privado. Pero burlarse de una
directiva comunitaria y burlarse de esta Cámara, creo que es demasiado.


Muchas gracias (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intentaré ser breve porque hoy el Pleno viene con muchísimos puntos y lo que no nos alarguemos por la mañana al final se agradecerá a última hora de la tarde. Intervendré con brevedad porque además es el tercer debate que
realizamos sobre este proyecto de ley en el Pleno de la Cámara.

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Lamentablemente, hemos perdido una oportunidad en este proyecto de ley de buscar el necesario consenso, incluso con el colectivo de los intérpretes. Nos han llegado a todos los portavoces desde la propia Red Vértice de asociaciones de
traductores, correctores e intérpretes, quejas sobre soluciones técnicas que en la trasposición de esta directiva realiza de forma inadecuada este proyecto de ley y que los distintos grupos parlamentarios hemos podido ya trasladar en forma de
enmiendas al articulado, si bien no todas ellas han sido incorporadas. Por tanto, lamentamos esta falta de consenso. Sí que agradecemos —y lo quiero poner en valor y agradecer a los ponentes del Grupo Parlamentario Popular— la sensibilidad que
tuvieron al aceptar en el trámite del Congreso ocho enmiendas concretas que había presentado Convergència i Unió propuestas por el Cermi, destinadas a recoger de manera más adecuada los derechos de las personas sordociegas. En este ámbito hemos
avanzado y lo agradecemos. Por ello queremos que conste en el «Diario de Sesiones». Pero no es suficiente porque hay un elemento nuclear, competencial, importante, que se lo advertimos yo mismo y el señor Olabarría en su día al ministro de
Justicia. Él nos decía que no, pero la realidad práctica nos demuestra que sí. Nos decían que no nos preocupáramos con lo del registro único de intérpretes y traductores porque ello no conculcaba las competencias de las comunidades autónomas para
crear sus propios registros, porque las comunidades autónomas también tienen que crear sus registros si son competentes, como lo es Cataluña, y el Estatuto de Cataluña del año 2006, avalado en este caso por el Tribunal Constitucional, reconoce
claramente esa competencia en el ámbito de la Administración de Justicia en medios personales y materiales. Pues bien, esa competencia en Administración de Justicia tiene un traslado en lo que debe ser el registro de traductores e intérpretes
judiciales en el ámbito de Cataluña. Nosotros criticábamos cómo en este proyecto de ley —aludía a ello el señor Llamazares— no se desarrolla. No se desarrolla, pero se apunta hacia un registro único que se va a aplicar para dar contenido a las
previsiones de este proyecto de ley y de las directivas comunitarias que trasponemos tarde y mal.


Pues bien, la Generalitat de Catalunya aprueba el Decreto-ley 8/2014, de 23 de diciembre, por el que se crea un registro de traductores e intérpretes judiciales para su actuación ante los órganos judiciales con sede en Cataluña. Si no iba a
haber ningún problema competencial, este decreto-ley publicado ya en el BOE debería ser aceptado como desarrollo normal de un Estado compuesto en el que las comunidades autónomas competentes tienen la posibilidad de crear ese registro. Pues ya se
ha anunciado por parte del Gobierno la posible impugnación de este decreto-ley de la Generalitat y se ha abierto —vía el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite una negociación— una negociación de seis meses, pero de
hecho la intención del Gobierno ya es la de recurrir ante el Constitucional este decreto-ley que crea el registro en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Lamentamos que esto sea así. Esperemos que con esa negociación de seis meses se
pueda llegar a un acuerdo, pero nos tememos lo peor. Lamentamos que aquellas intenciones iniciales que nosotros ya vislumbrábamos cuando en el proyecto de ley que hoy se aprobará ya de forma definitiva se apuntaba ese registro único, esas
previsiones de conculcar competencias autonómicas finalmente se puedan llevar a cabo. Por tanto, este proyecto de ley, tal y como ya advertimos en los debates precedentes, no va a poder ser votado afirmativamente por Convergència i Unió. Lo
lamentamos porque hay aspectos positivos, lo lamentamos porque desarrolla directivas comunitarias, lo lamentamos porque en algunos puntos hemos mejorado técnicamente el proyecto de ley y lamentamos también que no hayamos conseguido ese consenso con
los representantes del sector de los intérpretes, que también nos lo estaban pidiendo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Peré.


El señor MARTÍN PERÉ: Gracias, señor presidente.


Con el debate de este proyecto de ley debo recordar una situación un tanto anómala que ya se dio en el primer debate que tuvo lugar en esta Cámara, y es que, siendo una norma de naturaleza fundamentalmente técnica, la inmensa mayoría de
grupos que formamos la oposición nos abstuvimos o votamos en contra del citado proyecto, y eso fue debido a que la desidia y la desgana con las que el Gobierno había traspuesto las dos directivas de las que trae causa este proyecto de ley eran tan
grandes, que el resto de grupos que conformamos esta Cámara nos negábamos a tomar parte en este despropósito. Estábamos todos de acuerdo en la necesidad de la promulgación de este proyecto de ley y de la trasposición de las dos directivas, pero,
como decía, la factura técnica del texto que nos llegaba hizo que todos nos pusiéramos de acuerdo en no apoyarlo. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Lo

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cierto es que en un sistema bicameral como el nuestro, en el que tenemos una Cámara de segunda lectura como es el Senado, que podría establecer muchas veces la función de enmendar y solucionar aquellos textos que salieran del Congreso y que
no dieran respuesta a todas las necesidades legislativas que pretenden, como el proyecto en cuestión, se da la circunstancia de que en este caso el Senado ha servido, si me permiten la metáfora, para un lavado y peinado pero para un sujeto que sigue
teniendo la misma cara. Eso supone que en este caso mi grupo va a tener que volver a abstenerse en una votación sobre la totalidad del proyecto, que en un principio no debería ser así, porque insisto en que la necesidad de trasposición de estas dos
directivas es algo que está fuera de toda discusión.


Concretamente, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de dos enmiendas que han sido aprobadas en el Senado. La primera de ellas hace referencia a la modificación del artículo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como
muy bien han explicado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, hay un aspecto clave de este proyecto de ley, que es el registro oficial de traductores e intérpretes. En el citado artículo 124 ustedes —por ustedes me refiero al
Partido Popular, evidentemente— siguen haciendo referencia a la publicación de listados oficiales en función de la Administración competente, cuando tanto las propias directivas que se trasponen como la naturaleza de esta ley hacen elementalmente
obligatoria la mención al registro oficial de traductores e intérpretes. Por ese motivo, por una cuestión de congruencia con lo que defendimos en el primer debate parlamentario de este proyecto de ley, votaremos en contra del texto del artículo 124
que nos viene del Senado.


La segunda enmienda que viene del Senado y a la que también votaremos en contra es la que hace referencia a la creación de la nueva disposición final primera, y lo haremos por tres motivos. En primer lugar, porque, ante lo que es una
referencia —esta vez sí— a la creación de un registro oficial de traductores e interpretes, ustedes lo que hacen es remitirse a la promulgación de una futura ley o a un futuro proyecto de ley en el plazo máximo de un año a presentar en esta Cámara,
con la consiguiente tramitación que debería tener seguidamente, y esto nos parece un plazo de tiempo inaceptable. En su momento ya propusimos que en todo caso no debía producirse la tramitación en esta Cámara de ese proyecto de ley en un plazo
máximo de tres meses, y así seguimos pensando. Ese sería el primer motivo por el que votaremos en contra de esa disposición final. El segundo motivo es que, si lo que realmente pretende esta ley es garantizar los derechos que asisten a cualquier
persona que tenga que tomar parte en un procedimiento jurisdiccional, procesal o penal en nuestro país con una lengua distinta a la suya —pongamos por caso que cualquiera de nosotros o de los ciudadanos que puedan estar escuchando este debate
tuviera que formar parte de un procedimiento penal en Alemania o en Italia—, me imagino que esa persona querría tener las máximas garantías posibles respecto a la traducción e interpretación de lo que se le explica y de lo que ella también dice. En
consecuencia, el único modo que entendemos nosotros que hay de garantizar ese derecho a la defensa que sin duda alguna asiste a esas personas es que una de las funciones del registro oficial de traductores e intérpretes consista en controlar la
formación académica y la titulación de aquellas personas que deban ser inscritas en el registro, porque es la única forma de que podamos garantizar, como decía, ese derecho que les asiste de tener una traducción e interpretación correctas. Esa
debería ser una de las funciones del registro, y así lo hicimos o así lo mencionamos en la enmienda que presentamos y que ustedes han obviado completamente.


El tercer motivo por el que tampoco vamos a votar a favor esta disposición final es porque, tal y como han comentado también otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, ustedes vuelven a incurrir en una cuestión que podría
incluso tener un vicio de inconstitucionalidad, como es el hecho de que se introducen en un terreno en el que las comunidades autónomas tienen competencias, especialmente aquellas que tienen transferida la competencia de justicia, y ustedes hablan
de un registro único, y esa es una cuestión que, insisto, nos puede llevar a problemas. Aprovecho de nuevo para mencionar que me consta que por parte de los ponentes del Partido Popular, al menos en el trámite del Congreso de los Diputados, se ha
hecho el máximo esfuerzo para tratar de mejorar el texto, pero en este caso a quien culpa mi Grupo Parlamentario Socialista es al Gobierno, como lo hicimos en el primer debate y lo hacemos ahora.


Quiero finalizar —porque creo que es una buena metáfora de lo que supone este texto— con una frase que se le atribuye a Einstein según la cual para él la definición de la locura era pretender cambiar las cosas haciendo lo mismo. En este
caso concreto, salvo ese lavado y peinado que decía que nos llega del Senado a este proyecto de ley, sigue incurriendo en los mismos vicios que hacen que mi grupo no pueda apoyarlo. Por tanto, nosotros no vamos a participar de esa locura del
Gobierno y vamos a abstenernos en la votación sobre la totalidad del proyecto. No votaremos en contra porque mi grupo parlamentario, salvo

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alguna excepción, en todos estos años nunca ha votado en contra de la trasposición de directivas europeas. En caso contrario de que no hubiera sido una trasposición, este texto lo que merecía era su voto en contra.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Serrano.


El señor SERRANO CORONADO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, subo a la tribuna para defender la aprobación de las enmiendas del Senado presentadas al proyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial como consecuencia de la
trasposición de dos directivas relativas al derecho de interpretación y traducción en los procesos penales, entrando hoy en la última fase parlamentaria para proceder a esa aprobación definitiva en esta Cámara.


En primer lugar, quiero señalar que lo que estamos aprobando hoy definitivamente no es una modificación global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino únicamente un aspecto muy concreto de ambos
textos legales que afecta al derecho de interpretación y traducción en los procesos penales como consecuencia, insisto, de la trasposición de dos directivas europeas. Algunos grupos parlamentarios han pretendido durante este trámite parlamentario
ir más allá del objetivo que se desprende de esta directiva para tratar de introducir por la puerta de atrás modificaciones de aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o de la Ley Orgánica del Poder Judicial o incluso del Código Penal que poco
o nada tenían que ver con las directivas europeas a trasponer. Hoy sometemos a votación la aprobación definitiva de ese texto con las enmiendas del Senado. Es un texto que, antes de entrar en las enmiendas, reviste especial importancia porque
viene a reforzar las garantías del proceso penal, fortaleciendo más si cabe el procedimiento penal español, uno de los más garantistas del mundo. Es un proyecto de ley que a lo largo del trámite parlamentario ha ido recogiendo enmiendas de diversos
grupos parlamentarios que sin duda han enriquecido y mejorado el texto, sobre todo desde un punto de vista técnico, aportaciones positivas que sin duda daban una mayor precisión técnica y jurídica al mismo.


Entre los aspectos más destacables de este proyecto de ley, al margen de la definición de las garantías que se establecen para toda persona que se ve o se puede ver inmersa en un procedimiento penal, también debemos destacar el mandato
expreso que hace la ley al Gobierno para la creación en el plazo de un año —plazo que en ningún caso se tiene por qué agotar— de un registro oficial de traductores e intérpretes judiciales, registro que era una demanda en el colectivo y que este
proyecto de ley que hoy sometemos a su aprobación definitiva recoge en ese sentido. Recordemos que esta ley no regula dicho registro nacional, sino que anuncia su creación o más bien su reglamentación en el plazo máximo de un año, que insisto, es
un plazo que no se tiene por qué agotar, y será esa futura reglamentación la que lo desarrolle, respetando el ámbito competencial, por supuesto. No sé de dónde se puede deducir lo contrario, ya que el hecho de que tenga que reglamentarse acerca de
ser registro no implica en modo alguno que no se respete el ámbito competencial. Eso sí, hay que tener en cuenta que, de conformidad con los artículos 149.1.5.ª y 149.1.6.ª de la Constitución española corresponde al Estado la competencia exclusiva
en materia de Administración de Justicia y legislación procesal. Esto es así, le guste o no le guste a algunos grupos parlamentarios. Las comunidades autónomas tienen sus competencias evidentemente, pero el Estado también y, por tanto, el respeto
al principio competencial debe ser mutuo y recíproco y no solamente unidireccional, como pretenden los grupos parlamentarios nacionalistas.


En este sentido, tampoco podemos olvidar algo que parece bastante razonable incluso para una persona que pueda tener un pensamiento desde la órbita nacionalista, y es que parece bastante razonable que la creación de un registro oficial de
traductores, intérpretes y peritos tiene también su fundamento en la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos y, en el caso concreto sobre el que estamos legislando, para garantizar
que un servicio básico para la protección del derecho de defensa y de derecho a un juicio justo se realiza con unas mínimas exigencias de calidad en todo el territorio nacional, exigencias mínimas que van desde la inscripción obligatoria, exigencia
de titulación o de formación, por poner solo algunos ejemplos. Solo mediante un sistema de registro nacional puede garantizarse que el servicio público de traducción e interpretación se prestará en las mismas condiciones básicas para todos los
ciudadanos en toda España. Ello no obsta, insisto, a que el registro no pueda organizarse territorialmente o que su posterior gestión y la concreta prestación del servicio deba ser de titularidad compartida. La existencia de un registro oficial de
carácter nacional no implica vulneración alguna de las competencias de las comunidades autónomas. Por tanto,

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carece de lógica alguna tanto temor o recelo acerca de una cuestión que a nuestro entender está clara, por lo que el postureo político de algunos grupos parlamentarios acerca de esta cuestión responde más al hecho de encontrarse en
permanente campaña electoral que a la realidad. Si la ley que se someterá a su aprobación definitiva remite a la reglamentación de este registro, ha de ser esa reglamentación y no esta ley la que regule el funcionamiento del mismo, porque esa
reglamentación es una competencia exclusiva del Estado y no de las comunidades autónomas.


Entro brevemente en las enmiendas concretas que someteremos a votación y por economía procesal ya adelanto que nuestro grupo parlamentario las votará favorablemente. El grueso de las mismas responde, por un lado, como he dicho al inicio de
mi intervención, a una mejora técnica del texto, tanto las transaccionadas con los diversos grupos parlamentarios como las presentadas por nuestro grupo parlamentario. Son enmiendas dirigidas a clarificar o a reforzar también las garantías y el
derecho de defensa de sospechosos o acusados con discapacidad sensorial, o como es el hecho de que el intérprete o traductor deba guardar el deber de confidencialidad. Por otro lado, también se ha recogido otro bloque de enmiendas encaminadas a
preservar el principio de seguridad jurídica, especialmente por lo que respecta a fijar una fecha cierta para la entrada en vigor de los preceptos que contiene esta ley, lo que otorga, insisto, una mayor seguridad jurídica a la misma.


En definitiva, señorías, y para concluir mi intervención, quisiera agradecer el tono constructivo y las aportaciones de la gran mayoría de grupos parlamentarios a este texto, un texto que sirve para mejorar las garantías que rodean o pueden
rodear a una persona que puede verse inmersa en un procedimiento penal. Con las enmiendas del Senado que hoy se someterán a votación para la aprobación definitiva del texto, damos luz verde a una ley que es un paso más en la homologación a nivel
europeo de la protección de los derechos procesales en los diversos países que integran la Unión Europea y que significa un nuevo avance en ese proyecto de éxito que representa la Unión Europea.


Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Serrano.


— PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO. (Número de expediente 121/000115).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente tema, que son las enmiendas del Senado al proyecto de ley del estatuto de la víctima del delito. Para la defensa y fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo
Vasco, PNV, señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.


Esperábamos que en el trámite del Senado se atendieran una serie de cuestiones que para nosotros tenían mucha importancia en cuanto a la orientación de este proyecto de ley, cuestiones que planteamos ya de salida en el Congreso. Coincidirán
conmigo en que el debate sobre el estatus de las víctimas, todo lo relacionado con ellas, muchas veces resulta vidrioso porque se buscan interpretaciones indirectas e interesadas de las posiciones políticas diferenciadas de la corriente mayoritaria
—normalmente la que apoya el Gobierno— que puedan tener otros grupos políticos, bien sea para obtener réditos políticos o para erosionar las posiciones políticas. Nuestra posición con respecto a este proyecto parte de una reflexión serena sobre el
tema y desde luego de una posición de apoyo a las víctimas, pero también de una concepción objetiva y clásica del derecho penal, porque insisto en que este es un tema muy dado a las posturas y a las imágenes. Hace muy poquito tiempo, justo cuando
acababa el límite legal para actos propagandísticos previos a las lecciones, hemos visto cómo, por ejemplo, el presidente del Gobierno ha ido a colocar la primera piedra del memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria-Gasteiz. Bien, pues no hay
proyecto ni piedra porque el edificio está vacío; es más, no ha quedado ni la placa, porque la misma, que por cierto era monolingüe —no cumplía la legislación bilingüe de la Comunidad Autónoma del País Vasco—, desapareció a la media hora. Un señor
con buzo fue allí y la retiró media hora después de que el presidente del Gobierno la hubiera colocado. ¿Una inauguración de qué? Luego se hablaría de las víctimas, del memorial y del compromiso del Gobierno, pero muchas veces ese compromiso es
mera imagen.


Este proyecto es positivo en muchos ámbitos, pero en algunos otros es criticable precisamente porque el Gobierno ha ido rompiendo conceptos básicos en el derecho penal para buscar su imagen y su propaganda. ¿A qué me refiero? Nos preocupa
mucho —lo dijimos ya en el trámite del Congreso y no

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fuimos el único grupo— cómo queda configurado el artículo 13 de este proyecto de ley, porque en nuestra opinión atribuye a las víctimas posibilidades de actuación exorbitantes que hacen referencia a su participación en el proceso penal de
sus victimarios. Según dicho artículo, la participación de la víctima en la fase de ejecución, por una parte, no viene obligada por el desarrollo de ninguna normativa europea; por otra parte, no conocemos derecho comparado en el que se plantee,
como se hace en este artículo 13; y por otra, provoca una serie de interferencias en el propio sistema penal y penitenciario español. El artículo 13 crea instrumentos para condicionar lo que el preámbulo de la ley califica de monopolio estatal
para la ejecución de las penas. Pues bien, ese monopolio estatal queda roto, a pesar de lo que diga el preámbulo, por el artículo 13, porque puede comprometer, incluso seriamente, el cumplimiento de los fines constitucionales atribuidos a la pena
por el artículo 25.2 de la Constitución española. Si la puesta en marcha de este proyecto supusiera un mayor número de negaciones de beneficios penitenciarios, es evidente que repercutiría negativamente en las expectativas de reinserción del penado
y los fines constitucionales de la pena están fijados muy claramente, como he dicho, en el artículo 25. Es más, el propio Consejo de Estado al hablar de este artículo menciona en su informe un auto del Tribunal Constitucional de 3 de julio de 1989,
en el que —leo textualmente— se dice: la forma de cumplimiento de la pena escapa al interés de quien fue acusador en la causa de la cual deriva la pena en la medida en que el derecho a castigar, ius puniendi, lo ostenta en exclusiva el Estado. Una
cosa es el derecho a estar informado de absolutamente todos los pasos que se den por parte de la justicia y del ministerio correspondiente —y eso debería quedar perfectamente reflejado en la ley—, y otra cosa es que pueda condicionar las decisiones
tomadas por la justicia hasta el punto de instar al ministerio fiscal a adoptar medidas o reglas de conducta que las propias víctimas consideran necesarias para garantizar su seguridad, llegando casi a privatizar las funciones de la fiscalía.


En definitiva, se da un acento claro en este proyecto a una justicia retributiva y se deja al margen, condicionándola muy seriamente, la justicia restaurativa que muchas asociaciones de víctimas reclaman. El artículo 15, que habla de la
justicia restaurativa, tiene muchos condicionantes explicitados en el texto de la ley para que se pueda dar ese paso. Nuestras enmiendas intentaban que esa justicia restaurativa pudiera ser posible en un mayor número de circunstancias y en la
voluntad de las víctimas y los victimarios, pero no ha sido posible porque no se han atendido ni en el trámite del Congreso ni en el del Senado. La justicia restaurativa no constituye ninguna ocurrencia de este grupo parlamentario; está
configurada en la Directiva 2012/29 de la Unión Europea. Este proyecto de ley también prescinde del instrumento de mediación entre víctima y victimario.


Por otra parte, en nuestra opinión se reconoce a las asociaciones de víctimas una situación privilegiada en el proceso penal que no tiene parangón en el derecho comparado. Entre otras cosas, como bien sabemos, en derecho penal la condición
de víctima está estrechamente vinculada a su condición de persona física y no de asociación a efectos procesales; por tanto, creemos que esa redacción también es un error. Entendemos que hay algunos otros artículos que para proteger de manera
efectiva a la víctima son interesantes, sobre todo en el ámbito del derecho a la información que tienen las víctimas y que hasta el momento en muchas ocasiones ha sido obviado a la hora de tomar decisiones sin que se les haya informado en ningún
momento. Sin embargo, el papel de condicionantes que se les da a las víctimas, sobre todo fijándose en una justicia retributiva, rompe a nuestro modo de ver los cánones del derecho penal, y no solo eso, sino también de los principios
constitucionales fijados en el artículo 25 de la Constitución.


Además, no se preserva el ámbito de competencia de las comunidades autónomas de manera que el desarrollo reglamentario de la ley pueda dejar margen para que las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia puedan regular,
por ejemplo, el funcionamiento de servicios de justicia de apoyo y asistencia a las víctimas. Esto debería ser posible y, tal y como hoy está redactada, la ley no lo posibilita. Otro ejemplo es la realización de protocolos de actuación en materia
de formación de profesionales, que deberían ser las propias comunidades autónomas las que los llevaran a cabo.


Como conclusión final, diré que las enmiendas aceptadas en el Senado poco o nada incorporan al proyecto. Nos parece positiva la modificación que se ha hecho en el artículo 14 en el sentido de que debe repararse económicamente primero a la
víctima antes que al Estado y se marca esa opción preferencial. Sin embargo, el resto de modificaciones que se hacen en unos y otros artículos son prácticamente meras correcciones gramaticales o de estilo que no van más allá. Por tanto, permítanos
discrepar en algunas partes de esta ley desde una posición de defensa de las víctimas, pero también ortodoxa con el

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cumplimiento de los principios constitucionales y los cánones del derecho penal. Manifestamos nuestra discrepancia clarísima con el artículo 13.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Ya acabo. Me quedan seis segundos. No, he rebasado el tiempo.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pues no lo pierda. No le queda nada, pero yo le doy los seis segundos.


El señor ESTEBAN BRAVO: Para concluir, señora presidenta, decía que lamentamos que no se haya dado más peso a la justicia restaurativa en lugar de centrar este proyecto únicamente en la justicia retributiva.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Hoy estamos ante una ley, ante el trámite final de una ley sobre la que ya dijimos en el momento en que se debatió en esta Cámara, antes de pasar al Senado, que era una ley importante tanto por su contenido como por su significado. El
contenido es importante, pero lo es aún más el colectivo al que va dirigido fundamentalmente; eso es lo que a nuestro juicio le da mayor relevancia al acto que hoy estamos celebrando a la hora de aprobar esta ley. Naturalmente, como toda
iniciativa legislativa, es mejorable, habría sido mejorable, hay algunas cuestiones que planteamos en el debate en Comisión, algunas enmiendas que llegaron al Senado —no por parte de nuestro grupo, que no estamos allí—, que se debatieron y no han
sido admitidas, algunas mejoras que probablemente habrían dado una mayor garantía al texto que hoy se aprueba, algunos vacíos, algunos huecos que no se han querido o no se han podido llenar; por ejemplo, a nuestro grupo le habría gustado que se
hubiera aprovechado esta ley para resolver un problema que tenemos con las víctimas, un problema que tiene la democracia, y es la reposición de los derechos de las víctimas del terrorismo desplazadas fuera de Navarra y del País Vasco a poder votar
en las elecciones autonómicas, a poder votar en Euskadi y en Navarra porque se marcharon de allí por ser víctimas del terrorismo. Ese debate también está abierto en España. El Gobierno planteó que se iba a recuperar ese derecho y se les iba a
devolver a los exilados, a los que se han tenido que ir de su tierra precisamente por estar amenazados y perseguidos por ETA, pero no lo hemos podido resolver en esta legislatura, no se ha podido o no se ha querido incorporar en esta ley. Es un
acto de reparación que a nuestro grupo le habría gustado que se hubiera incorporado. Por lo demás, las modificaciones que se han hecho en el Senado no son de calado, son algunas modificaciones propias del Senado, que se ha convertido o es una
Cámara de segunda lectura, es una demostración más de que no se ha aprovechado ese trámite para hacer algunas cosas importantes que allí se podrían haber hecho incorporando algunas reformas necesarias.


Concluyo refiriéndome al controvertido artículo 13 que se citó en el trámite inicial y que se ha vuelto a citar en este momento. A este grupo parlamentario le parece que se ha mejorado en el Senado, levemente, pero se ha mejorado. Sé quién
opina justamente lo contrario, lo hemos escuchado y lo escucharemos. En el debate previo había fundamentalmente —aunque no únicamente— una reclamación del Grupo Socialista de que desapareciera este artículo y de que, si no desaparecía, la última
palabra la tendría el fiscal. Ha habido mucho debate respecto a lo que este artículo representa; ahora mismo el portavoz del Grupo Vasco ha hecho alguna apreciación al respecto. Sé que se trata de equilibrar, como no puede ser de otra manera, el
derecho a la reinserción de los victimarios con el derecho a la reparación de las víctimas; son dos derechos que hay que mantener vivos y dos derechos que han de equilibrarse. Yo creo que con el texto actual están equilibrados; es la opinión de
nuestro grupo parlamentario. ¿Se puede hacer mejor este equilibrio? ¿Se puede resolver mejor desde una perspectiva jurídica? Quizá. A nuestro juicio, desde una perspectiva jurídica está suficientemente resuelto y desde una perspectiva política
está bien resuelto.


Dicho todo esto, señora presidenta, repito lo que dije al inicio de la intervención: estamos en un momento muy positivo desde la perspectiva del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia respecto de lo que es nuestra obligación
para con las víctimas del terrorismo; estamos en un buen

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momento, en un buen día para reparar la historia y para reparar el dolor de las víctimas del terrorismo; y estamos ante una ley muy importante en este sentido, una ley importante por su contenido y por su significado. Déjenme que lo diga
de otra manera, es mucho más importante por su significado que por su contenido, y además mi apreciación es que su contenido no es contrario a su significado. Me quedo con el significado y me felicito humildemente por haber contribuido siendo
diputada a que esta ley salga adelante.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.


Por La Izquierda Plural, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, se han introducido trece enmiendas, todas ellas correcciones técnicas, que en nuestra opinión no modifican ni sustancial ni tampoco relativamente el texto de la proposición de ley que ya salía del Congreso de los Diputados.


Abordamos, señorías, como se ha dicho por otros portavoces, un debate importante, el del estatuto de la víctima, pero también contradictorio, porque hay otros actores; la víctima es muy importante, pero hay otros actores en el proceso
penal. Para muchos, la ausencia de un estatuto de la víctima en nuestro país ha venido compensada con el hecho de la participación del perjudicado por el delito en el procedimiento penal, que es mucho más amplia en España que en nuestro entorno, ya
sea como acusador particular, como acusador popular, como actor civil, instituciones que no existen en nuestro entorno judicial. Aparte de esto, lo cierto es que, parafraseando a Reyes Mate, las víctimas han llegado a este proceso para quedarse, y
hay que hacerles hueco. Nuestro grupo parlamentario ha defendido una presencia digna de las víctimas en el proceso penal, pero no una presencia omnipresente; una presencia equilibrada y equilibradora respecto de los sujetos clásicos del proceso
acusatorio, el juez y el acusado; una presencia respetuosa con los derechos y garantías del infractor. Esa presencia, efectivamente, requiere una regulación importante —complicada, en nuestra opinión— en un proceso diseñado en clave de
retribución, de ahí la ventaja de la introducción de la mediación penal intrajudicial.


La intervención de la víctima en el proceso hasta la sentencia ha de proporcionarle todo el protagonismo que merecen el daño y el dolor sufridos, sin duda. Pero, una vez seguido el juicio justo, dictada la sentencia, que también podrá
recurrir aun sin haberse personado antes en el procedimiento, y adquirida firmeza la ejecución, los avatares del cumplimiento deberían seguir siendo potestad exclusiva del Estado, para procurar y asegurar su ejercicio, sin perder de vista el fin
constitucionalmente reconocido a las penas y medidas privativas de libertad, que no es otro que el de la reinserción del penado. Tienen derecho las víctimas a ser, en el proceso de ejecución, informadas y protegidas, pero eso no puede hacerse
extensivo a reconocerles el derecho a determinar si procede o no un permiso, una progresión de grado o cualquier otra situación jurídica que afecte a la ejecución de la pena, que es potestad del Estado. En nuestra opinión, una intervención excesiva
en esta fase puede comprometer el cumplimiento de los fines constitucionalmente reconocidos a las penas y medidas de seguridad privativas de libertad, la resocialización del condenado, que interpelan y vinculan al Estado, a la sociedad y no a los
particulares. En ese sentido, las referencias a la justicia restaurativa a propósito de una ley de naturaleza penal, que viene a trasponer una directiva europea ocupada de la mediación penal, solo podemos verlas como positivas. Sin embargo, el
proyecto de ley mantiene una visión timorata y restrictiva de la justicia reparativa o restaurativa. El proyecto de ley legaliza los principios de mediación, como la voluntariedad, la imparcialidad y, especialmente, la confidencialidad, sin embargo
establece requisitos para llevar a cabo la mediación que, en nuestra opinión, son restrictivos: unos obvios, que no esté prohibida, y otros imprecisos, que no entrañe riesgos para la seguridad de la víctima. Parece que se teme, injustificadamente,
que la mediación cause nuevos perjuicios morales a la víctima, una revictimización, sin reparar en que a veces un exceso de protección puede conducir precisamente a la revictimización que se trata de evitar.


Quisiera hacer mención, señorías, a dos artículos que para nosotros han venido a empañar este estatuto de la víctima sin ninguna justificación. El artículo 13, que nuestro grupo parlamentario ha enmendado en esta Cámara y en el Senado,
propone fundamentalmente que las víctimas tengan derecho a intervenir en el régimen de cumplimiento de penas privativas de libertad en un doble sentido. Para nosotros legitima, para impugnar determinadas resoluciones judiciales en fase de
ejecución, el auto por el que el juez de vigilancia penitenciaria autoriza la clasificación del penado en tercer grado antes de que se extinga la mitad de la condena, el que acuerda los beneficios penitenciarios, el auto de libertad condicional

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y, por otra parte, el que legitima también para solicitar que se imponga al liberado condicional determinadas medidas o líneas de conducta. Se trata de un precepto rigurosamente cuestionado por el Consejo de Estado en su informe, que lo
califica de cuestionable e invita al prelegislador a plantearse no utilizar esta opción legislativa.


Las razones que abonan la supresión del artículo 13 son las siguientes: En primer lugar, que la directiva no obliga a ello; en segundo lugar, que no existe apoyo en las líneas jurisprudenciales de nuestro Tribunal Constitucional ni de los
tribunales europeos, sino todo lo contrario; en tercer lugar, que la exposición de motivos tampoco ofrece una justificación a esta medida, una medida que extiende la legitimación de las víctimas y que contraría lo dispuesto en la Ley Orgánica del
Poder Judicial que la limita al ministerio fiscal y al interno o liberado condicional, quien deberá contar, en todo caso, con asistencia letrada. En nuestra opinión, limita la observancia del principio de legalidad en fase de ejecución, que es una
función asumida por el ministerio fiscal y viene a interferir con las tareas del ministerio público. Además, compromete la normativa y la práctica penitenciarias no cuestionadas por nadie desde 1979 en este aspecto, ni por la doctrina ni por la
jurisprudencia ni por la Administración. La protección debida a los derechos e intereses de las víctimas, la confianza y la colaboración de aquellas en el sistema de justicia penal no se consigue otorgándoles misiones que en un Estado de derecho
competen a otros órganos estatales específicamente creados para ello, ni generándole cargas innecesarias o inmoderadas expectativas. Esa confianza dignificada y pretendida por el prelegislador pasa por atenderla, escucharla, informarla, protegerla
y, en fin, acompañarla y apoyarla en el camino de la recuperación del equilibrio perdido a consecuencia del delito, no generar este tipo de distorsiones ni de expectativas.


En relación con el artículo 35, en nuestra opinión, plantea una distorsión a la Ley de Violencia de Género que, además, disuade de la denuncia en personas afectadas por violencia de género, como es la devolución de las ayudas a las víctimas
de violencia que no obtengan una condena de su agresor; una devolución que, en nuestra opinión, es claramente excesiva y claramente disuasoria y que ha llevado al movimiento de igualdad, al movimiento feminista, a rechazar este artículo número 35.
Estas razones, señorías, son las que tienen que ver, por una parte, con el acuerdo con el estatuto; pero, por otro lado, las reservas con el artículo 13 y con el artículo 35, que son, en nuestra opinión, innecesarios y excesivos, nos llevarán a la
abstención en relación con las enmiendas que vienen del Senado, aunque somos sabedores de que no son enmiendas sustanciales y que son fundamentalmente correcciones de errores.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, quería empezar mi intervención con un triple agradecimiento. En primer lugar, quiero agradecer al Senado el hecho de que haya introducido alguna enmienda, aunque la mayoría de ellas son más bien correcciones técnicas o
gramaticales, pero gracias a que el Senado ha introducido alguna enmienda, finalmente, un proyecto de ley de trascendencia, como es el estatuto de las víctimas del delito, tiene un debate ante el Pleno de la Cámara. Nadie presentó enmienda a la
totalidad, por lo que no tuvimos debate a la totalidad y, por lo tanto, se tramitó en Comisión con competencia legislativa plena. Fue el Grupo de Convergència i Unió quien pidió ante este Pleno que se pudiera avocar el debate ante el Pleno y se nos
dijo que no. Por lo tanto, suerte tenemos de que el Senado haya introducido enmiendas porque, finalmente, tenemos este debate en sesión plenaria, en el Pleno del Congreso de los Diputados, una ley importante. El segundo agradecimiento es para el
ministro de Justicia porque me consta que quiere estar presente en este debate para poner en valor una ley que va más allá de lo que podemos ir legislando en cada uno de los proyectos. Hoy es un día en el que vamos a legislar muchísimo, ya que
tenemos varias iniciativas legislativas en este Pleno. Sin embargo, a todos nos consta que esta es una ley que va más allá porque quiere tener esa función solemne, reparadora, de dar ese estatuto a la víctima del delito. Asimismo quiero agradecer
la presencia en la tribuna de los representantes de diversas asociaciones de víctimas de delitos. Si me lo permiten, de manera especial quisiera agradecer, ya que fui el primer portavoz en esta Cámara de la Comisión de Seguridad Vial, la presencia
hoy aquí de representantes de asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, como doña Mar Cogollos, de Aesleme, que representa a los lesionados medulares, que me ha enviado un WhatsApp diciendo que está arriba, así como a tantas otras
asociaciones que han luchado por la seguridad vial, ayudándonos a tomar conciencia de la situación de las víctimas de accidentes de tráfico. A todas ellas les quiero agradecer su presencia hoy aquí en el Congreso de los

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Diputados. Quiero agradecer también a los diversos ponentes la labor que han realizado, de manera especial a la señora Quintanilla, que ha tenido un empeño especial en este proyecto de ley. Sin embargo, tengo que lamentar que en algún
aspecto significativo, en el que nosotros entendíamos que podríamos haber construido un consenso mayor, no ha sido posible. De manera muy clara y muy directa, como decía el señor Esteban, en el artículo 13.


El artículo 13, tal y como se introdujo en el proyecto de ley, era un error, no porque lo diga el Grupo Vasco o el Grupo de Convergència i Unió; era y es un error porque incluso lo dijo el Consejo General del Poder Judicial; una vocal como
doña Roser Bach, a la que se adhirió don Lucas Murillo y la señora Pigem. Varios vocales se pronunciaron en el informe del Consejo General del Poder Judicial en contra de este artículo 13. También lo hizo Convergència i Unió en el trámite
acelerado y con prisas que vivimos cuando se aprobó el proyecto de ley con competencia legislativa plena en la Comisión de Justicia. Lo pusimos de relieve. Pedíamos la supresión de ese artículo 13 e incluso invitábamos al grupo mayoritario a
buscar alguna solución de consenso. Sabemos que es difícil encontrar el equilibrio siempre necesario entre la plena reparación a las víctimas pero también los objetivos constitucionales de la reinserción que están recogidos en el artículo 25 y que
nos obligan a todos. Evidentemente, tal y como se prevé, esa actuación de la víctima en la ejecución penal se aleja de ese principio de atención integral a las víctimas como proceso recuperador y no revictimizador. Entendemos que tal y como ha
quedado ese artículo 13 es un error que puede generar alarmas innecesarias, potenciar la sensación de miedo e indefensión, así como sentimientos de venganza, a la vez que interfiere y perjudica los procesos y programas de reinserción y
rehabilitación de las personas penadas. Además, este artículo 13 no viene impuesto por las directivas comunitarias. Alguien podría decir que esta intervención en la ejecución penal es un imperativo que nos viene de la directiva, pero yo he estado
mirando una y otra vez la Directiva 2012/29 de la Unión Europea y no sé encontrar de ninguna manera esa necesaria intervención tal y como se prevé en el artículo 13, porque se podía haber previsto de forma distinta. No lo hemos sabido encontrar.
Por tanto, no responde a una exigencia de las directivas europeas y se aleja, en este caso, de ese principio que entendemos que debería primar en una ley a la que queremos dar el valor que tiene; una ley importante, una ley que globalmente sí que
va en consonancia con lo que nos exigen las directivas europeas; una ley que parte de un concepto amplio de víctima por cualquier delito y cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le haya irrogado. Comprende a
la víctima directa pero también a víctimas indirectas, como familiares o asimilados. Por tanto, lamentamos una vez más ese artículo 13 que ha roto un consenso que podría haber sido aún más amplio y necesario.


Cuando hablamos de víctimas nos referimos a víctimas de cualquier tipo de delito, y yo no quiero dejar de referirme a las víctimas de determinado delitos que algunos hemos calificado de violencia vial. Esos delitos, señor ministro, van a
sufrir una transmutación inadecuada a partir del Código Penal último que se ha aprobado y que si nadie lo remedia entrará en vigor el próximo mes de julio. En el nuevo Código Penal, algunas conductas de violencia vial que tenían tratamiento de
delito se alejarán de la justicia penal e irán a otra consideración. Ya no habrá faltas en este ámbito —se produce una despenalización de las faltas— y ello va a provocar un perjuicio hacia esas víctimas en materia de seguridad vial, que están
reclamando una solución distinta. No todo es una reparación meramente civil, aunque debemos congratularnos de que finalmente —y se lo agradezco, señor ministro— hayamos aprobado el proyecto de ley del baremo de los accidentes de las víctimas de
tráfico; no todo es reparación civil. Había una connotación penal en algunos casos muy graves que puede verse dificultada con la aprobación del nuevo Código Penal, por tanto, entendemos que en ese ámbito no se ha ido en la dirección adecuada que
habíamos imprimido en anteriores legislaturas. Pero tampoco quiero que este comentario negativo venga a alejarnos de lo que es un día positivo con la aprobación de una ley importante como es el estatuto de la víctima del delito. Por tanto, le
damos el valor que tiene en cuanto a recopilación en un texto de esas garantías hacia las víctimas.


Nosotros vamos a apoyar las distintas enmiendas que ha introducido el Senado —son mejoras técnicas—, pero no vamos a votar afirmativamente la enmienda al artículo 13, no porque no sea una mejora técnica o gramatical la que se ha hecho al
citado artículo, pero simbólicamente esa votación nos va a servir para explicar una vez más que en ese artículo concreto estamos en contra. Por tanto, votaremos a favor del conjunto de enmiendas que vienen del Senado y en contra de la enmienda al
artículo 13. Cierto es, como decían el señor Llamazares o la señora Díez, que nos encontramos ante un proyecto de ley respecto del cual el Senado ha hecho una labor de segunda lectura y ha aportado poco, pero también es cierto lo que ponía de
relieve el señor Esteban, y es que por lo menos en el artículo 14 ha aportado una

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cierta preferencia en el pago hacia lo que son los derechos de la víctima, por lo que se pagará antes a las víctimas que al propio Estado. Esta es una buena enmienda del Senado que merecerá el voto favorable de Convergència i Unió.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jané.


Por el Grupo Socialista, señor Corcuera.


El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señora presidenta.


Quisiera, en primer lugar, saludar y agradecer, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la presencia de diversas asociaciones de víctimas que nos acompañan hoy en la tribuna. Sirvan estas palabras como reconocimiento a todas ellas.
(Aplausos).


Créame, señor ministro, que me hubiera gustado iniciar mi intervención felicitando al Gobierno por haber consensuado una ley que garantizara un trato justo, de mayor protección y defensa de bienes materiales y morales de todas las víctimas
de los delitos. Señor ministro, este es un texto que debería ser fruto de la sensibilidad que todos los grupos hemos expresado a lo largo de su tramitación hacia quienes han sido dañados física, moral o económicamente por la comisión de cualquier
hecho delictivo acontecido en nuestro país. Por eso lamentamos la escasa receptividad que se ha tenido con las propuestas que les hemos formulado desde mi grupo, algo que por otra parte ya es habitual en los proyectos que proceden de su ministerio.
Tan solo dos enmiendas incorporadas en el Senado, junto a un conjunto de correcciones técnicas, siendo además la única enmienda socialista asumida la corrección de un error. Francamente, señor ministro, eso demuestra su nula capacidad de diálogo.
Cada vez está más claro que usted ha venido a rematar el programa de justicia del Gobierno: restricción de derechos y libertades y privatización de servicios públicos.


Señorías, esta es una ley de gran importancia para el Grupo Socialista porque atañe directamente a la dignidad de las víctimas y a sus derechos —procesales y extraprocesales— y también a la defensa de sus bienes materiales y morales. Es un
estatuto que pretende hacer justicia y que para nosotros es absolutamente necesario. Sin embargo, es tan solo un primer paso en el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, de sus derechos, de garantizarles un trato justo, de mejorar el acceso
a la justicia y de dotarles de mayor protección. Un primer paso porque, por un lado, en un gran número de casos se exigen criterios claramente restrictivos y, por otro, existe una limitación en la exigibilidad de la adopción de medidas protectoras
de sus derechos, a lo que se añade —no olvidemos— que por aplicación de la disposición adicional segunda, que impide que las medidas incluidas en esta ley puedan suponer un incremento de dotaciones de personal o de retribuciones, tal mejora de
derechos, sin medios, puede acabar en papel mojado o en simple literatura.


Señor ministro, hay además una clara sensación de frustración por una parte de las víctimas, que se sienten excluidas y que ven en el resultado del estatuto una oportunidad perdida. En este proyecto de ley se restringe notablemente el
concepto de víctima, con lo que han quedado fuera víctimas tan importantes como las derivadas de los delitos contra la seguridad vial; también las víctimas del franquismo, que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o
de creencias religiosas durante la guerra civil y la dictadura. ¿Es que acaso, señorías, ellas no son víctimas? Por eso quiero dejarle muy claro que el Grupo Socialista va a trabajar por los derechos de todas ellas; las que están en el proyecto y
las que han sido obviadas. Nosotros no las vamos a olvidar. Entendemos que son dos colectivos importantes que están absolutamente obviados en la ley. Por ello pedíamos en nuestras enmiendas ampliar el concepto de víctima por cualquier delito,
cualquiera que sea su naturaleza, con independencia del tiempo en el que se hayan cometido. Hay un aspecto, señor ministro, que es fundamental para mi grupo pero que no quisieron consensuar, me estoy refiriendo —como ya se ha hecho por parte de
otros grupos— al artículo 13, que prevé la participación de la víctima en el proceso de ejecución. Mi grupo formuló una enmienda que creemos que mejoraba en muchísimos aspectos la actual redacción. ¿Por qué? En primer lugar, porque consideramos
que, tal y como viene redactado en el proyecto de ley, va a suponer un retroceso, va a ser sumamente negativa. Y en segundo lugar, porque puede vulnerar normativa vigente en materia penitenciaria y leyes tan importantes como la Ley Orgánica General
Penitenciaria, que introdujo un sistema de ejecución de la pena por el que se implantaba la individualización científica como puente hacia la resocialización, primando con este fin la idea de reinserción del sujeto, entroncando a su vez con lo
dispuesto por el artículo 25 de la Constitución, que establece que las funciones de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad han de ir encaminadas a la reinserción social y la reeducación

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de los presos. Además, señorías, convertir a las víctimas en eje de la política penitenciaria es un error ético, pues o es exigirles una imparcialidad y una objetividad imposibles para ellas o es plegarse a una idea de justicia distinta a
lo que debería imperar en una sociedad racional. A ello hay que añadir que el Estatuto del ministerio fiscal, como usted sabe, señor ministro, en su artículo 1 señala que tiene por misión velar por la defensa de la legalidad de los derechos de los
ciudadanos y por el interés público, y en particular el artículo 3.10 le atribuye la función de velar por la protección procesal de las víctimas, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y la asistencia efectiva. En
consecuencia, nosotros entendemos que la mejor fórmula consistiría en que fuera el ministerio fiscal quien realizase una audiencia a las víctimas para escuchar sus alegaciones y que en última instancia sea el fiscal quien decida si formula o no los
recursos ante la resolución judicial correspondiente. Entendemos que esa es la fórmula más coherente con lo que ha venido siendo la normativa en materia penitenciaria desde la restauración de la democracia en nuestro país y que, en consecuencia, no
vulnera ninguna de las normas ni principios que, recordemos, establecen garantías y derechos para todos los ciudadanos. Da la sensación de que la intencionalidad oculta de este artículo 13, tal y como está formulado, es intentar reparar uno de los
principales problemas que hoy se da en materia de ejecución penitenciaria, que es que el ministerio fiscal, muy probablemente por una falta de medios, no puede acometer la función prevista en la normativa que lo habilita para ello. Si la actual
redacción obedece a una cuestión de falta de medios materiales del ministerio fiscal, debería dotársele de los recursos necesarios para que pueda ejercer su función en lugar de buscar fórmulas extrañas. Nos encontramos ante un grave problema si
incluso en la propia ley se condiciona su ejecutividad a la disponibilidad presupuestaria.


El texto, además, no hace una buena adaptación de la directiva en temas esenciales como la notificación de las resoluciones. Con la redacción propuesta no se garantiza siempre la notificación a la víctima. El artículo 5 prevé el derecho de
la víctima a efectuar una solicitud para que le sean notificadas las resoluciones. Pues bien, esta necesidad de petición de parte no está en la directiva, por lo que creemos que el derecho debería ser al contrario, derecho a ser notificado de
dichas resoluciones sobre la causa penal, salvo que expresamente la víctima renuncie. Es necesario garantizar siempre la notificación a la víctima de violencia de género de las resoluciones más importantes del proceso, así como de la situación
personal del agresor y las modificaciones que puedan producirse en su situación. Es importante para garantizar la seguridad de la víctima, no solo para que no puedan producirse situaciones de indefensión, sino también para evitar verdaderas
situaciones de riesgo para la vida y la integridad de la víctima. Pero desgraciadamente en el trámite de hoy ya solo toca pronunciarse sobre las correcciones técnicas y las dos únicas enmiendas introducidas en el trámite del Senado. Termino, pues,
señalando nuestro voto a favor de la modificación del artículo 14, que procede de una enmienda socialista que corregía un error de texto, y nuestro voto en contra de la nueva redacción de la disposición adicional primera, que sigue, señor ministro,
sin adecuarse a nuestra petición de comparecencia en el Congreso. Nuevamente quieren evadir el debate, no quieren dar explicaciones. Este era un buen momento para demostrar ese compromiso por la transparencia del que tanto hablan y por el que tan
poco hacen. Señor ministro, ha contado con el apoyo de mi grupo a lo largo de la tramitación del proyecto de ley. Creemos que es una ley necesaria, creemos que es necesario un estatuto de la víctima y, además, ya estábamos a punto de acabar el
plazo que nos da la directiva que traspone esta ley, pero le reiteramos nuestra sensación de que no hemos sido escuchados y de que estamos ante una ley que obvia a una parte de las víctimas, incompleta y equivocada en aspectos esenciales.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Corcuera.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Quintanilla.


La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señoras y señores diputados, permítanme que salude a las asociaciones de víctimas que hoy nos acompañan (Aplausos); a las asociaciones de víctimas del terrorismo, a las asociaciones de seguridad vial, a las asociaciones de
víctimas de la catástrofe aérea de Spanair y también del Alvia. A todos ustedes gracias por su dignidad, gracias por darnos todos los días lecciones de humanidad.


Como han dicho los distintos grupos parlamentarios, nos encontramos en el último trámite de una de las leyes de mayor calado para la sociedad española, una ley que nace desde la humanidad, desde el respeto y desde la solidaridad, en apoyo de
quienes quedaron marcados para siempre por el delito o la catástrofe. En nombre de mi grupo parlamentario quiero intervenir desde la certeza y la tranquilidad, señor

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ministro, de que esta ley responde al compromiso del Gobierno de España de reconocer y asegurar los derechos de las víctimas que han sufrido todo tipo de delitos, de dar nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestra
solidaridad a todas las personas que han sido víctimas de cualquiera de los delitos que sufrieron un día y que en muchos casos cambió su vida para siempre. Es una ley hecha —lo saben, señorías de todos los grupos parlamentarios— no solo desde el
punto de vista legal sino desde la humanidad y desde el respaldo a todas esas personas que han sufrido las consecuencias de un acto delictivo que marcó su historia personal y la de su familia, una ley con la que ponemos a disposición de las víctimas
todas las herramientas a nivel procesal y extraprocesal que necesitan, demandan y merecen.


Con la aprobación de este proyecto de ley, España se va a convertir en el primer país europeo que elabora un estatuto de la víctima, exigencia que además, en este caso, proviene del legislador europeo y supone más derechos, más protección,
más participación para la víctima y que parte del reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de la defensa de los bienes materiales y morales con la defensa de las víctimas y de la del conjunto de la sociedad. Se busca, en definitiva, dar una
respuesta humana a la víctima en los procesos penales; si lo prefieren, señorías, esta ley busca humanizar el trámite y al mismo tiempo completar el diseño del Estado de derecho, centrado siempre en las garantías procesales, los derechos del
imputado, del acusado, del procesado o del condenado. Pero nuestro Gobierno, como han dicho otros grupos parlamentarios, no solo ha querido trasponer la directiva comunitaria del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, sino que ha dado un paso
más, y quiero agradecerle, señor ministro, cómo el Gobierno aprueba esta norma y traspone esta ley cuando el plazo fijado por el legislador europeo era hasta el 16 de noviembre de 2015. De esta manera, este proyecto de ley para el que pido el sí a
todos los grupos parlamentarios, quiere ofrecer un concepto unitario de víctima del delito mucho más allá de su consideración procesal, incluyendo a las víctimas indirectas de algunos supuestos que no venían establecidos en la directiva europea pero
que sí están contemplados en otras normas internacionales como la Convención de Naciones Unidas para la protección de todas las personas, y también de aquellas que han desaparecido.


Señorías, saben que la directiva europea contempla que hay que garantizar que las víctimas de delito reciban información, apoyo, protección y puedan participar en los procesos penales. Para asegurar que reciben esa atención, ese apoyo y esa
protección adecuada, prevé que los Estados velarán para que se reconozca a las víctimas su condición como tales y para que sean tratadas de manera respetuosa, sensible, individualizada, de manera profesional y no discriminatoria por ningún tipo de
delito. Nos encontramos con que la directiva comunitaria parte del principio de que el delito constituye un acto injusto contra la sociedad y una violación de los derechos individuales de las víctimas. No podemos olvidar que esta directiva
comunitaria quiere aunar toda la legislación que hemos hecho en España, porque es verdad que somos un referente a la hora de la protección integral de las víctimas del terrorismo y su reconocimiento con la Ley de ayuda y asistencia a las víctimas de
delitos violentos y contra la libertad sexual o, por ejemplo; la Ley de protección jurídica al menor, que hoy va a ser modificada y, cómo no, la Ley de protección integral a las víctimas de violencia de género. Por eso, señorías, a lo largo de la
tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, el Grupo Parlamentario Popular ha puesto todo su empeño para llegar a acuerdos; lo sabe el señor Corcuera, lo sabe el señor Jané y también el señor Esteban. Fueron presentadas 228 enmiendas en el
Congreso y en el Senado y este grupo parlamentario ha admitido 44. Ojalá que en muchas ocasiones cuando el Grupo Parlamentario Socialista está en el Gobierno tuviera esta actitud que hemos tenido desde el Grupo Parlamentario Popular de recoger
todas aquellas enmiendas que ustedes nos han presentado. Por eso muchas veces tenemos que mirar hacia atrás para ver cuál es nuestra condición a la hora de pactar y de trabajar en el consenso.


No quiero abrir un debate parlamentario; simplemente quiero decirles que no solamente hemos recogido las demandas y las sensibilidades de los grupos parlamentarios, sino también las de los más afectados, de las víctimas. Nos hemos reunido
con todas las asociaciones de víctimas. Hemos entendido cuál era su problema. Hemos entendido cómo han sufrido, y de forma especial a todas ellas quiero de nuevo decirles que tienen nuestro reconocimiento. A las víctimas de violencia de género,
las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, las víctimas contra la libertad sexual, las víctimas de la seguridad vial, las víctimas del terrorismo y las víctimas de las grandes catástrofes quiero darles las gracias en la
sede de la soberanía popular por su apoyo y por haber hecho posible el enriquecimiento de este estatuto de la víctima.

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Señorías, este proyecto de ley trae grandes novedades muy importantes, como incluir a los familiares en la categoría de víctima, evitar en lo posible el contacto entre víctima e infractor, evitar la doble victimización reduciendo trámites
innecesarios en un proceso. Señor Jané, tenemos gran interés y así lo hemos recogido en la protección de los menores porque se van a suprimir las declaraciones que no sean imprescindibles y, además, van a poder disponer de un representante legal
cuando haya conflicto de intereses con sus progenitores o con los propios representantes legales. Los hijos menores que se encuentren en un entorno de violencia de género tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección que sus
madres, las víctimas de estos delitos. Se considerarán también víctimas a los hijos de las parejas fallecidas o desaparecidas y se van a tomar decisiones urgentes sobre su guarda y custodia.


Señorías, saben ustedes que hay novedades importantes en este estatuto, como ampliar los plazos para recurrir los archivos de las causas excesivamente cortos hasta ahora y una fundamental solicitada por las asociaciones de víctimas como, por
ejemplo, recoger que no se acerquen a ellas durante cuarenta y cinco días ni abogados ni procuradores desde el momento en el que se produzca la tragedia para evitar que las víctimas sigan sufriendo y que se acerquen a ellas profesionales sin
escrúpulos.


Es obvio que la ley no puede reemplazar todo aquello que cada víctima perdió a causa del delito que sufrió, pero lo que sí que quiere conseguir el Gobierno con esta ley es que sobre todo y ante todo las víctimas sepan que no están solas y
que cuentan con una atención integral tanto desde el punto de vista procesal como social. Hemos querido ir más allá y legislar a través de este estatuto los derechos para las víctimas de ciertos delitos que no contaban con regulación específica,
las víctimas de trata, las víctimas de explotación y pornografía infantil y las víctimas también de abusos sexuales.


Señora presidenta, déjeme que deliberadamente haya dejado para el final el aspecto más novedoso y controvertido del proyecto, que es la participación de la víctima en la ejecución penal reservada para los delitos más graves. Señorías,
ustedes saben que el artículo 13 es la esencia del texto con el que las asociaciones de víctimas están totalmente de acuerdo. Este artículo recoge que las víctimas puedan dar su opinión sobre el delito a la hora de que el juez tenga que
pronunciarse sobre beneficios penitenciarios, sobre libertad condicional, sobre clasificación en tercer grado fundamentalmente para garantizar la seguridad de todas las víctimas. Ha sido una variable, ustedes lo saben, señorías, largamente demanda,
muchas veces olvidada y que esta ley recoge para que nunca más pueda ocurrir. La Fundación Víctimas del Terrorismo ha solicitado que las víctimas, personas a las que el delito cambió su vida, tengan voz y sean oídas. Sabemos y reconocemos que es
una reivindicación de enorme calado porque hasta ahora quienes únicamente estaban legitimados para intervenir en la fase de ejecución de las penas privativas de libertad eran el ministerio fiscal y el propio penado, en la idea de que el cumplimiento
de las penas es una potestad exclusiva del Estado; sin embargo, entendemos que en forma alguna es incompatible facilitar a la víctima ciertos cauces de participación en la ejecución con la conservación del monopolio absoluto sobre la ejecución de
las penas, tal y como afirma en este caso el Consejo Fiscal y también el Consejo General del Poder Judicial. Es más, el informe del Consejo General del Poder Judicial acaba proponiendo la intervención, participación y audiencia de la víctima en la
fase de ejecución de las penas, al considerar que la opinión no vinculante de la víctima en relación con la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad tiene una muy especial importancia. Por eso, señoras y señores diputados,
naturalmente compartimos el criterio de que el ministerio fiscal vele por el interés general y por la legalidad; cómo no, señorías, forma parte de nuestro Estado de derecho y de nuestro ordenamiento jurídico, pero entendemos que la defensa del
interés general no puede cercenar el derecho fundamental de la víctima a poner en valor la defensa de su interés personal como víctima; y al intervenir la víctima en esta fase, se garantiza la confianza y la colaboración de las víctimas con la
justicia penal y se observa el principio de legalidad, porque la decisión corresponde siempre a la autoridad judicial, y además tampoco se ve afectada la reinserción del penado.


El estatuto cobra una dimensión extraprocesal, porque se apoya en un concepto amplio de reconocimiento, protección y apoyo en aras de salvaguardar la integridad de la víctima. Por ello, es fundamental que ustedes hoy reconozcan que hemos
trabajado en hablar de la dignidad de las víctimas, que hay que darles trato humano a las víctimas y que este estatuto reconoce claramente todos aquellos hechos que en un momento puedan afectar a las víctimas.


Termino, señora presidenta. Quiero agradecerles a todos los grupos parlamentarios el trabajo que han desarrollado en este proyecto de ley. Además voy a nombrarlos en concreto, porque se lo quiero agradecer con todo cariño; sobre todo,
porque hemos trabajado desde esa cortesía parlamentaria tan elemental para el entendimiento. Se lo agradezco al señor Jané, al señor Olabarría, al que quiero desear que se reponga

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de su reciente operación —señor Esteban, hágale llegar en nombre del Grupo Parlamentario Popular nuestro cariño y nuestro deseo de que pronto pueda volver a esta Cámara—, al señor Llamazares, a la señora Díez y al señor Corcuera. Por
supuesto a mis compañeras, la señora De Micheo y la señora Méndez, que me han permitido que suba a defender este proyecto de ley que engrandece la condición humana. También quiero agradecérselo a todos los servicios de la Cámara que han trabajado
en este proyecto de ley. Les pediría que piensen que hoy estamos para salvaguardar y devolver una deuda histórica que tiene la sociedad española con las víctimas del terrorismo, porque esta ley, señorías, no es una ley solamente del Grupo
Parlamentario Popular, es una ley de todos los grupos parlamentarios. No la voten en contra o se abstengan, porque esta ley es la ley de la sensibilidad con las víctimas, del compromiso con las mismas, para terminar con la gran deuda que teníamos
con ellas. Sé —lo conozco— que ha habido momentos de soledad, de abandono, y ahora les decimos a todas ellas que desde la soberanía popular tengan la certeza de que nunca estarán solas. Por eso gracias a todas ellas, porque ellas nos han
demostrado la dignidad de vivir con el dolor y desde el dolor. Señorías, cada día que sale el sol nos trae su afán. Debemos coincidir todos en que con el presente Estatuto de la víctima estamos dando una respuesta justa a algo que debió hacerse
antes, pero que ha correspondido que lo hagamos nosotros, el Gobierno del Partido Popular. Hay que hacer lo que tiene que hacerse para poner al servicio de la sociedad un instrumento…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Quintanilla.


La señora QUINTANILLA BARBA: Ya termino, señora presidenta. Gracias por su benevolencia.


… para que la conciencia sea algo más que testigo fiscal y juez. Hoy estamos haciendo posible que entre en funcionamiento un instrumento para que la conciencia de la sociedad no valga más que mil testigos.


Muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Quintanilla.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Señora presidenta, señorías, muchas gracias por su generosidad para poder hacer una intervención brevísima. Simplemente quiero manifestar la satisfacción del Gobierno por la inminente aprobación
del estatuto de la víctima, cuya tramitación parlamentaria me consta que ha estado presidida por la voluntad de consenso. Por eso quiero agradecer el trabajo de todos los que han hecho posible que a partir de hoy tengamos una norma que se convierta
en una referencia por la atención y la protección que presta a todas las víctimas de los delitos. Lo que hoy tendremos a partir de su aprobación es algo más que el compromiso político de un Gobierno, porque, ciertamente, un partido político llevaba
en su programa electoral este compromiso. La aprobación del estatuto de la víctima es un auténtico éxito colectivo. En su elaboración se tuvieron en cuenta los informes del Consejo General del Poder Judicial, del ministerio fiscal, del Consejo de
Estado, de las comunidades autónomas, de la Federación de Municipios y Provincias y de los consejos de la Abogacía y los procuradores, y además se ha recabado la opinión de muchísimos expertos.


Hemos escuchado la voz de muchos y en particular de las víctimas, porque nadie mejor que ellas conocen las necesidades y las carencias a las que se enfrentan. Quiero poner de manifiesto a las asociaciones de víctimas del terrorismo, a los
afectados del vuelo JK5022, a Amnistía Internacional, Save the Children, Unicef, la plataforma de Organizaciones de Infancia, la plataforma de Mujeres ante el Congreso, la Asociación Stop Accidentes, la Asociación Pro Derechos Humanos, la Comisión
para la investigación de malos tratos a mujeres, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Gracias a todos
ellos por su colaboración y sus aportaciones, pues sin duda nos han permitido alcanzar un magnífico proyecto. Si una sociedad que olvida a sus víctimas es una sociedad enferma, hoy podemos decir todos con satisfacción que España es una sociedad muy
sana, porque nuestro deber de estar junto a los que han sufrido las consecuencias de un delito es un compromiso de todos los grupos parlamentarios. Por tanto, más allá de la mayoría que finalmente reciba el proyecto, podemos estar satisfechos del
trabajo que se ha realizado en esta Cámara, en la Comisión de Justicia, y en el Senado. La amplia mayoría que va a apoyar esta norma dota de la máxima legitimidad democrática al estatuto de la víctima, un estatuto que recoge un catálogo completo de
derechos procesales y

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extraprocesales, como se ha dicho, de todas las víctimas del delito en un sentido amplio, también de las víctimas indirectas y de todas las víctimas de los muy diversos delitos, singularizando además el tratamiento que ya hemos sido capaces
de ir creando para algunas de ellas, como son las del terrorismo y las de violencia de género, además de proteger a todos los colectivos especialmente vulnerables.


Termino reiterando nuestro agradecimiento a la colaboración de la Cámara, de los servicios técnicos y de todos aquellos que han permitido que hoy tengamos, sin duda, el orgullo legítimo de tener una sociedad más justa con los que sufren el
delito, convirtiéndonos así en un país más avanzado y más solidario. Atender a las víctimas del delito, que es un obligación que nos incumbe a todos, no será ya más una opción, sino una obligación propia de un Estado de derecho, de un Estado que
reconoce a aquellos con especiales sufrimientos ante el delito.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro de Justicia.


— PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL. (Número de expediente 121/000119).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos, dentro de las enmiendas aprobadas por el Senado, al proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial. Para fijar posición, en primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y
Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.


He tenido ya ocasión de debatir en profundidad esta ley en nombre de mi grupo en la Comisión de Economía, y también de fijar allí nuestra posición; pero he tenido ocasión también de hacer algo menos habitual, que es incorporar diversas
enmiendas de mi grupo al texto de la ley. Por eso, querría comenzar agradeciendo a los portavoces del grupo mayoritario —concretando este agradecimiento en el señor López Garrido y en el señor Martínez-Pujalte— la receptividad que han tenido a las
enmiendas de la oposición, al menos a las de mi grupo parlamentario, en este caso concreto. Esa actitud de colaboración, en vez de la imposición del rodillo, es algo que nos beneficia a todos. Beneficia a los 47 millones de ciudadanos que tienen
que cumplir las leyes que de aquí salen, por lo conviene que salgan en la versión mejor posible, y da más sentido también al trabajo que todos hacemos en los largos debates en Comisión y formulando enmiendas.


Como recordarán sus señorías, el objetivo que se propone esta ley es muy importante. Nuestra economía es una economía muy bancarizada, es decir, el crédito depende mucho de la banca. La forma de financiación habitual, sobre todo de las
pymes, es solo una: el crédito bancario. Por eso la ley se propone corregir esto en un doble plano. En primer lugar, ya que la financiación es sobre todo bancaria, intenta mejorar el acceso a la financiación bancaria. En nuestra opinión es aquí
donde esta ley cojea más y donde podría haber sido más ambiciosa. Sin embargo, incorpora algunos avances interesantes y, en concreto, quiero destacar uno: a partir de ahora cuando haya una reducción significativa del crédito de un cliente, las
entidades bancarias tendrán que avisarle previamente. En ese sentido, gracias a una enmienda de Unión Progreso y Democracia y a otra de Convergència i Unió, ese preaviso se ha visto mejorado, porque los autónomos y las micropymes también recibirán
esos avisos. Nos habría gustado ir un poco más allá. Nosotros proponíamos que, cuando se va a reducir significativamente el crédito, el cliente que va a sufrir esa reducción pudiese realizar alegaciones, aunque no fuesen vinculantes, explicando su
situación, pero en cualquier caso es un avance significativo.


El segundo grupo de medidas de la ley busca diversificar la financiación para que no se dependa tanto de la banca. Ahí es donde resulta más novedosa. Entre las alternativas que contempla están las plataformas de financiación participativa,
el crowdfunding. Es una forma de financiación moderna y novedosa que se regula en la ley. Gracias a una enmienda de Unión Progreso y Democracia creemos que las operaciones de esas plataformas se van a ver significativamente facilitadas. En la
versión original de la ley no era posible utilizar como garantía en esas operaciones ningún tipo de vivienda o inmueble, con el loable propósito sin duda de proteger la vivienda habitual. Con la enmienda que presentamos solo la vivienda habitual no
puede utilizarse como garantía pero sí otro tipo de inmuebles, lo que facilitará ese tipo de operaciones. Nos hubiera gustado facilitar todavía más la vida de esas plataformas participativas, haciendo que las pequeñas plataformas no tengan que
desembolsar un capital mínimo tan elevado. Creemos que la protección de los inversores podría haberse mejorado, porque se considera como inversor acreditado y

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prácticamente profesional a cualquier persona física que gane más de 50.000 euros, que es un umbral que consideramos poco protector de esos clientes.


El tercer y último avance que querría destacar es fruto de un trabajo de Unión Progreso y Democracia, desde el inicio de la legislatura, en colaboración con el Grupo Parlamentario Popular que hasta ahora se había plasmado en proposiciones no
de ley, y ahora tiene rango legal. Es el esfuerzo para que los servicios de reclamaciones del Banco de España y de la CNMV sean más efectivos. Estos servicios reciben cada año miles de quejas de usuarios de servicios financieros y, cuando las
resoluciones son a favor de quien ha formulado la queja, a menudo eso no tiene ninguna consecuencia práctica. En la ley se empieza a caminar en la dirección de que esto deje de ser así. Digo que se empieza a caminar porque haría falta más
concreción y hay que llevar esto a la práctica, pero es un avance significativo. Ya no son proposiciones no de ley, es un texto legal el que recoge —aunque sea genéricamente— la necesidad de avanzar en esa dirección.


Las enmiendas del Senado no cambian significativamente el texto que salió del Congreso. Nos posicionaremos sobre ellas en la votación individual de cada una, pero con los comentarios realizados queda claro que mantenemos nuestra valoración
global positiva de esta ley.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervengo brevemente porque en la Comisión de Economía tuvimos oportunidad de debatir sobre la profundidad del proyecto de ley. Entre otras cosas y muy fundamentalmente dijimos que no era un mal proyecto de ley, es decir, que no era
necesariamente malo, pero que claramente se quedaba en un instrumento insuficiente para corregir los problemas de la economía. Entendemos que la falta de financiación para las pequeñas y medianas empresas es uno de los factores que explican uno de
los problemas de la economía española. El Banco Central Europeo expresa que hay tres a través de las encuestas que hace habitualmente: el primero es que las pequeñas y medianas empresas no encuentran clientes; el segundo, la financiación; y, el
tercero, el nivel de los salarios, que oprimen la capacidad de tener beneficios; y además en ese orden. Lo sorprendente es que en esta legislatura, siendo los problemas que acabo de citar los mismos desde el principio hasta ahora y en la misma
jerarquía, el Gobierno del Partido Popular únicamente se ha concentrado en el tercero de los factores aquí dichos, es decir, el del nivel salarial, que además afectaba fundamentalmente a las grandes empresas; sin embargo ha dejado de lado tanto la
falta de demanda —de hecho las políticas han incrementado ese problema— como la falta de financiación. Se intentó a través del rescate financiero, al menos formalmente, corregir ese problema, es decir, que llegara financiación a las pequeñas y
medianas empresas, y después de tantos años intentando hacer reformas financieras que ya comenzaron con el Partido Socialista en el Gobierno, asistimos a que ese problema no se ha resuelto y, en vez de atender el hecho de que habría que buscar unas
soluciones alternativas, se ha preferido seguir haciendo proyectos de ley que no van a la raíz del problema. Este es uno de esos proyectos de ley, no tiene perjuicio, pero en realidad no sirve para atender ese problema tan importante al que nos
enfrentamos.


La correlación de fuerzas existente en el Senado también, es decir, la mayoría absoluta del Partido Popular, hace que en esencia las enmiendas que han venido del Senado no hayan cambiado absolutamente nada y que tengamos que reiterar nuestra
valoración sobre el proyecto de ley con las enmiendas ya añadidas. Al fin y al cabo las grandes empresas han sido las que han tenido capacidad de encontrar nueva financiación, porque es una economía de escala que les permite acceder a los mercados
financieros, que les permite acceder a una serie de instrumentos financieros que una pequeña y mediana empresa de barrio no va a poder hacer en ningún caso. Sin embargo, este proyecto de ley intenta habilitar instrumentos, como la titulización,
para que las pequeñas y medianas empresas imiten el comportamiento de las grandes empresas, cuando eso va a ser literalmente imposible y, uno de los efectos más perjudiciales que va a tener, es que se está alimentando una burbuja financiera nueva
por la vía de repetir los errores que llevaron a la burbuja financiera internacional y a la burbuja inmobiliaria.


Por eso, a nuestro juicio —era una de las enmiendas fundamentales que presentamos en la Comisión y que se nos rechazó—, es necesaria la creación de un polo de banca pública, es decir, un instrumento financiero que ahora sí tuviera claros
objetivos de financiar a las pequeñas y medianas empresas además con objetivos de transformación productiva. Es decir, no solo una medida en solitario, la creación de la

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banca pública, sino un pack donde esta medida estuviera inserta y que además lo hiciera aprovechando la situación actual en la que gran parte del sistema financiero ha sido nacionalizado y que se podría utilizar para esta cuestión. Sin
embargo, se ha decidido prescindir por motivos políticos —eminentemente políticos, no técnicos en ninguno de los casos— para dar preferencia a otras fórmulas totalmente insustanciales, como puede ser por ejemplo el crowdfunding. El crowdfunding es
una herramienta a la que creo que nadie tiene capacidad de oponerse porque no es perversa, pero no es la solución ni es posible imaginar que al crowdfunding se acceda de la misma forma cuando se es un partido político, cuando se es un proyecto
empresarial de miles de millones de euros, frente a un proyecto de pequeño comercio en un barrio, que por mucho crowdfunding que haga no va a tener ninguna capacidad de que ese dinero acumulado le permita salir hacia adelante. Por no hablar de la
asimetría en la información: ¿Qué información tiene aquella persona que entra en Internet y financia un proyecto empresarial, frente a la alternativa clásica existente de una caja de ahorros, de un sistema financiero, de una entidad financiera, con
sus directivos, sus técnicos que conocen el terreno, la problemática, expertos en la materia y con capacidad para discernir si es rentable o no es rentable y, por tanto, con mayores garantías de tomar una buena decisión? Frente a ese modelo, que
era el existente, y que había que modificar porque tenía enormes problemas, fundamentalmente por haber girado hacia la bancarización, el Partido Popular nos presenta un proyecto de ley donde el crowdfunding, una cuestión profundamente abstracta,
puede resolver y sustituir ese mecanismo. Es, fundamentalmente, ingenuo.


Estamos ante el enésimo proyecto de ley para resolver el problema de financiación empresarial y asistiremos en los próximos meses a nuevos proyectos de ley que dirán, de nuevo, que vienen a resolver este problema. No se va a la raíz, que
está en el sistema financiero, en el sistema financiero de las grandes empresas y en la única alternativa posible, que es un buen diseño de banca pública que tenga muy claro los objetivos políticos y técnicos de cómo se quiere que sea la economía
española y de cómo se quiere distribuir ese poder entre los diferentes sujetos diactivos de la economía española: grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, consumidores. Mientras eso no se haga, estaremos ante un desiderátum y se podrá
beneficiar a algunas unidades económicas concretas, con nombres y apellidos, prácticamente, pero no se podrá beneficiar a la economía española en su conjunto.


Por tanto, vamos a abstenernos en la votación del conjunto de las enmiendas, con la excepción de una, a la que votaremos en contra, porque entendemos que entra en una contradicción al expresar una nueva autonomía para la Comisión Nacional
del Mercado de Valores para que pueda elegir, sin tener que obedecer a los principios de oferta pública, el contrato de las plantillas. Como nos parece que no ha lugar en este proyecto de ley y que no ha lugar a entrar en contradicciones, vamos a
votar en contra del artículo 94. Respecto al resto, nos vamos a abstener.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.


Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, la valoración del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto a este proyecto de ley, que viene de su tramitación en el Senado y que hace referencia al fomento de la financiación empresarial, es positiva,
tal como ya manifestamos en la Comisión de Economía y Hacienda cuando tratamos este debate en su totalidad. Entendemos que este proyecto de ley da un paso significativo hacia adelante, en el sentido de modernizar el sistema financiero español. (El
señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Hasta la fecha, lamentablemente, casi el cien por cien de la financiación, dirigida hacia la economía productiva, de las pequeñas y medianas empresas, de los trabajadores y empresarios
autónomos, de las familias, era bancaria, una financiación crediticia. Estos actores sociales y económicos, solo tenían la opción de ir a hablar con el director de la oficina bancaria para financiar sus necesidades empresariales o sus necesidades
básicas, para plantear sus proyectos. Ustedes saben perfectamente, señorías, que en estos últimos años de crisis profunda en España el tejido productivo ha padecido grandes dificultades para acceder a la financiación de sus proyectos o a su
refinanciación, lo que ha abocado, lamentablemente, al cierre de muchísimas empresas por falta de financiación y a incrementar el número de parados en España. Por lo tanto, bienvenidas sean aquellas iniciativas que van en la dirección de plantear
mecanismos alternativos a la financiación bancaria, a las cuales —como podemos observar en este proyecto de ley— hay unas incorporaciones modernas y relevantes que ya existen en otros países de nuestro entorno, además de los que ya están
incorporados

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en la Unión Europea, como en las economías norteamericanas, en las economías canadienses, que han puesto en marcha desde hace bastantes años la financiación de las plataformas participativas, como son las plataformas crowdfunding.


Desde Convergència i Unió queremos también dar la bienvenida en esta sesión a los representantes de la plataforma Equity Crowdfunding que ha jugado un papel muy importante —don Ramón Saltor y don Javier Villaseca hoy están presenciando este
debate—, y gracias a su colaboración, a su aportación y a sus experiencias internacionales han podido estar en contacto con los diferentes grupos parlamentarios y, en concreto, con el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, para aportar sus
conocimientos, sus experiencias y su know how para implementar enmiendas que fueran en la buena dirección y que estos mecanismos fueran efectivos a la hora implementarse la economía real. Por lo tanto, muchísimas gracias por sus conocimientos y por
sus aportaciones —también sé que estos señores han colaborado activamente con el legislador, en este caso, con miembros del Gobierno, y han tenido entrevistas— que se han podido plasmar o en el proyecto de ley o en algunas enmiendas como las que ha
presentado nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


En el debate parlamentario que se hizo en la Comisión de Economía y Hacienda es de resaltar que existió una complicidad importante entre el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y los representantes políticos y económicos del Grupo
Parlamentario Popular, que ha posibilitado esta complicidad y que en el Congreso se pudieran aprobar alrededor de diez enmiendas de Convergència i Unió en la dirección de complementar, modernizar y dar relevancia a algunos aspectos de experiencias
—repito— que han sido positivas en otros países y en otros ambientes internacionales. Además hay que manifestar que en el Senado hemos conseguido complementar e incrementar esta complicidad con el Grupo Parlamentario Popular, que da soporte al
Gobierno, con la aprobación de tres enmiendas que consideramos relevantes.


En primer lugar, entendíamos que estas plataformas participativas de crowdfunding son plataformas novedosas, en las cuales no existe experiencia; son plataformas que van a canalizar recursos que vendrán de inversores privados, de pequeños
inversores, de microcréditos o de personas que van a invertir 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros, 10.000 euros, 50.000 euros, etcétera. Estamos hablando de la extensión del capitalismo hacia una parte importante de la sociedad española, para
que través de sus aportaciones puedan financiar proyectos empresariales a los que estas plataformas van a tener que asesorar y darles vivacidad en los diferentes proyectos empresariales para que después tengan éxito. Aquí se ha incorporado una
enmienda que consideramos relevante, como es que estas plataformas puedan dotar de diferentes servicios de asesoramiento, para que estos proyectos empresariales puedan tener más vivencia, más eficacia y más proyección empresarial. Esta enmienda ha
sido aprobada y estamos satisfechos de haberla incorporado a este proyecto empresarial.


Hemos podido acordar también con el Grupo Parlamentario Popular la posibilidad de que el capital social de las plataformas se pueda desenvolver mediante avales u otras garantías. Por tanto aquí también damos o abrimos la posibilidad de que
las participaciones de capital, si no es en dinero efectivo, se puedan ampliar a otras garantías para poder formalizar dicho capital. Finalmente hay otra cuestión que nosotros consideramos relevante como es la ampliación del plazo de inscripción de
las plataformas de financiación.


Como resumen de mi intervención y de la posición de Convergència i Unió entendemos que es un paso más, cualitativamente importante, de cara a ampliar mecanismos alternativos de financiación diferentes a los bancarios para que finalmente
puedan redundar en la sociedad española y que en la economía productiva española existan más recursos que puedan incorporar más proyectos empresariales, más emprendeduría, y finalmente esto pueda redundar en la creación de puestos de trabajo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.


Permítanme que resalte la importancia de este debate, ya que estamos hablando de una ley de fomento de la financiación empresarial. Hemos contribuido notablemente al desarrollo de este texto, aunque nos hubiera gustado haber llegado un poco
más allá.


Hablamos de financiación de empresas, y vista la profundidad de esta crisis y su duración seguramente este instrumento se hubiera necesitado antes. En todo caso está en nuestras manos, o debería haber

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estado, el corregir algunas insuficiencias de este texto en cuanto a la entrada en vigor de algunas de sus previsiones, que lamentablemente se pueden demorar en el tiempo, y por tanto privar del beneficio inmediato que a las empresas esto le
supondría. Una crisis muy profunda, como aquí se ha dicho por otros interviniente, que ha afectado a las empresas y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que son el ejemplo paradigmático de nuestro tejido productivo, ya que nosotros
tenemos muchísimas de esa naturaleza. Este tipo de empresas solo tenían un acceso a la financiación, que es la financiación bancaria. A lo que la economía española debe aspirar y a lo que todo nosotros debemos contribuir es a conseguir que haya el
mejor camino posible para esa financiación, especialmente para que se gane en dimensión. Es decir, hasta que nuestras microempresas no ganen un poco más de dimensión difícilmente vamos a poder salir definitivamente de esta crisis, y eso lo
conseguiríamos con un buen modelo de financiación. De hecho los informes de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, siguen indicando que nuestras empresas tienen más dificultades para acceder a la financiación que la media de la Unión Europea.
La financiación sigue estando segmentada, aunque está mejorando sin ninguna duda. Sin embargo sigue estando segmentada, y por tanto sería esencial que este problema se resolviera. Además esta es una crisis que están pagando las empresas, sin haber
sido protagonistas de la misma. Esta es una crisis fundamentalmente financiera, y por tanto podemos imaginar lo que ha ocurrido. Hay muchas empresas con esquemas viables —lo decía el señor Sánchez i Llibre— que podían continuar trabajando
perfectamente en el mercado, y cuyo problema no es su falta de viabilidad o de posibilidades de funcionamiento, sino la falta de financiación. La crisis ha sido tan intensa en el sector financiero que ha afectado de forma extraordinaria por tanto a
esos niveles de financiación.


Bienvenidas sean por todo ello las fuentes alternativas de financiación. Las economías más avanzadas y modernas las tienen incorporadas, y aunque esta ley incorpora algunas tiene —como les decía— algunas insuficiencias. Vamos a votar
favorablemente a casi todas las enmiendas que vienen del Senado, no cambian mucho el texto que salió del Congreso, aunque creo que en una nos abstendremos, pero aunque vayamos a votar favorablemente permítanme que de forma muy breve indique las
insuficiencias que nosotros pensamos que todavía existen, y que probablemente —creo que lo decía el señor Garzón— deberán ser objeto de reformas en un futuro, espero que lo más próximo posible. Les decía que para nosotros resulta todavía
insuficiente, para mejorar esta financiación especialmente bancaria a las pymes y reactivar el crédito, porque sigue existiendo un excesivo desequilibrio a favor de las entidades financieras. Todavía existe ese desequilibrio, y a pesar de que las
entidades financieras son importantes, porque canalizan el crédito, toman el ahorro y favorecen la inversión del mismo, lo que realmente importa aquí, quienes generan actividad económica, quienes arriesgan, quienes generan empleo y quienes resuelven
los problemas son las empresas. Por tanto deberíamos intentar eliminar fuentes de privilegio o de desequilibrio excesivo a favor del sector financiero.


Como les decía antes el portavoz del Grupo Popular la entrada en vigor puede retrasarse hasta ocho meses, y ya que la ley incorpora algunos de los elementos positivos, deberíamos acortar, abreviar al máximo este periodo de entrada en vigor,
y por este motivo todo ello resulta incoherente con la necesidad de mejorar el flujo de financiación hacia las pymes. Lamentamos que no se hayan incluido algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista dirigidas a obligar a la entidad bancaria
a que no disminuya el flujo de financiación, es decir, la financiación de las entidades durante un plazo mínimo de un año, y en las condiciones en las que la empresa ya tenía concedido el crédito, si queda demostrada la solvencia en la evaluación de
la calidad crediticia de esa pequeña y mediana empresa. Esto no queda garantizado y me gustaría que hubiera sido así.


También proponíamos reducir sustancialmente en un máximo de dos meses los plazos para la entrada en vigor del derecho a la notificación del preaviso, por terminación o disminución de la concesión de crédito de la financiación de la pyme.
Como les decimos con el texto actual podemos llegar a ocho meses, y eso es demasiado tiempo, lo que resulta por tanto incoherente con la necesidad urgente de mejorar la financiación bancaria de las pequeñas y medianas empresas. Pretendíamos
aumentar el plazo mínimo a cuatro meses para cuando la entidad bancaria notifica su intención de no prorrogar el crédito a una pyme, lo cual beneficiaría también a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo nos gustaría que quedara más clara la
inclusión de los autónomos dentro del ámbito de aplicación de los derechos de las pymes en supuestos de cancelación o reducción del flujo de financiación. Igualmente pretendíamos reducir el importe mínimo al 25 % del importe global de la
financiación, importe por el cual la entidad bancaria tiene que notificar el preaviso para disminuir el flujo de financiación o la financiación que tiene concedida la pyme. Por último hemos hecho mucho hincapié en una necesidad que sigue teniendo
el modelo español,

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como es la de favorecer la financiación hacia la economía productiva a través de un banco público de inversiones. No estamos hablando de una banca pública en general, pero sí —dejemos el nombre a un lado— de un instrumento potente,
musculoso, que permita favorecer las inversiones. Tenemos diversos instrumentos, ICO, Cofides, Cesce, CDTI, que están bastante dispersos, y probablemente una entidad que los agrupara a todos y que pudiera considerarse una banca pública de
inversión, siguiendo el modelo francés o el israelita, sería muy positivo especialmente para el inicio de actividades productivas: startups, nuevas actividades económicas, etcétera. Esto es algo que todavía nos falta y nuestra enmienda lo
defiende, pretendiendo además que se rija por un modelo de negocio basado en una gestión eficiente de los recursos públicos, y que se someta a los principios de objetividad, transparencia, buen gobierno, y rendición de cuentas. Probablemente con
estos elementos la ley habría sido más eficaz o hubiera tenido una incidencia más rápida, pero no ha sido posible. En todo caso incorpora claramente aspectos positivos. Vamos a votar, repito, a favor de las enmiendas que vienen del Senado, aunque
seguimos señalando esta insuficiencia de elementos que hubieran sido esenciales para una rápida salida de esta tremenda crisis que han sufrido la economía y la sociedad españolas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Caldera.


Grupo Parlamentario Popular. Señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO (don José): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, voy a dejar para el final los agradecimientos porque además van a ser agradecimientos expresos y muy sinceramente sentidos, y lo digo de corazón. Creo que el tono de las intervenciones no ha hecho más que recoger el tono del
trabajo, el tono del desarrollo del proceso legislativo en nuestra Comisión de Economía, en este Congreso, y lo que con toda seguridad ha ocurrido también en el Senado, y eso se ha percibido muy claramente, tanto que casi, por cómo se han ido
sucediendo las intervenciones, tenía la tentación de dejar parte de mi intervención, puesto que con distintos matices unos y otros portavoces de los grupos parlamentarios han ido explicando lo que es esta ley, y han ido contextualizándola. En
cualquier caso se hace necesario por mi parte hacer esa contextualización, aunque es cierto que a ello se han referido otros portavoces.


La crisis económica a partir del año 2008 empezó a sentirse de manera muy contundente en nuestro país. Es sin duda la crisis económica y financiera más larga, más profunda, y que mayor huella ha dejado en nuestra sociedad y en nuestra
historia reciente. Esta crisis económica se tradujo inmediatamente en una falta de financiación para nuestras empresas, sobre todo porque, aunque se les encarecía el crédito a las grandes empresas del país, lo cierto es que las miles de pequeñas
empresas y los profesionales autónomos de nuestro país se encontraron de la noche a la mañana con que el flujo financiero se les cerraba. Siendo malo eso, lo peor es que al cerrarse la financiación se cerraba también la viabilidad de la empresa,
acababa cerrándose la empresa, y con ello en apenas cuatro años 3,5 millones de conciudadanos pasaron a engrosar las listas del desempleo. Detrás de cada uno de ellos había —y todavía sigue habiendo— un drama personal, familiar y social. De manera
que la preocupación del Gobierno y de este grupo parlamentario que lo apoya fue desde ese primer momento de la toma de posesión, a finales de 2011 y el inicio de la andadura en el año 2012, poner en marcha medidas destinadas por un lado a equilibrar
las cuentas públicas. Sabíamos que teníamos que recuperar credibilidad internacional y que teníamos que dejar de gastar más de lo que ingresábamos en nuestras administraciones públicas, pero simultáneamente —y es bueno hacer un poco de recorrido
histórico desde el Ministerio de Economía y Competitividad— se impulsaron también en paralelo otras medidas que eran urgentes y necesarias para solucionar el problema que tenía nuestro sistema financiero. Había que proceder a la reestructuración y
saneamiento del mismo, y además se fueron incorporando otra serie de medidas legislativas más concretas cuya finalidad era y es facilitar financiación a las pequeñas y medianas empresas, y también a las microempresas y trabajadores autónomos.


Ejemplos de esta evolución de disposiciones legislativas fueron la Ley de Cajas o la Ley de Entidades de Capital-Riesgo, y poco a poco hemos ido afrontando desde esta Cámara este cambio necesario, un cambio necesario que lo es de cultura
financiera. Insisto en que es un cambio de cultura financiera. Se han referido otros intervinientes a ello. No se trata tan solo, como se ha hecho a través de estas disposiciones legislativas, de mejorar los modelos de gobernanza de nuestras
entidades financieras o de mejorar también la transparencia de estas entidades financieras, de proteger a sus clientes, a los impositores, a los que tienen cuentas corrientes y cartillas de ahorro, de proteger también a los

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contribuyentes a través de los mecanismos de resolución —dentro de poco tendremos también aquí debate en profundidad sobre esta cuestión—, sino que se trata fundamentalmente también —y se han referido a ello otros intervinientes— de cambiar
los sistemas mayoritarios de financiación de nuestras pequeñas y medianas empresas o de nuestras empresas en general. Se ha dicho —y lo voy a repetir— que en nuestro país más del 90 % de la financiación que reciben nuestras pequeñas y medianas
empresas es financiación bancaria. Alguno pudiera pensar que esto es común en el resto de los países de nuestro entorno, pero no es así. En otros países de nuestro entorno es al contrario, más del 80 % de la financiación que reciben las empresas,
y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, no viene del crédito bancario, sino de la participación de personas que tienen interés en invertir en proyectos determinados, que quieren arriesgar, invertir y potenciar esos proyectos, y de este modo
financian a emprendedores y empresarios, a gente que tiene un proyecto que desarrollar y que capta directamente de estos inversores ese capital. Eso es así en las economías más dinámicas del mundo, esa es la manera de nutrirse. Por eso han surgido
recientemente las plataformas de financiación participativa, y por eso era y es necesario regular esas plataformas de financiación participativa, lo que popularmente se conoce como el crowdfunding. Esa dependencia mayúscula del sector financiero
provocó que con la crisis de ese sector se produjera también el cierre de numerosas empresas que habrían estado en condiciones de continuar, que tenían clientes, proyecto y viabilidad, pero que no tenían crédito para seguir adelante. Por eso es
imprescindible que abordemos la regulación de esos nuevos mecanismos de financiación.


Esta ley de fomento de la financiación empresarial que debatimos hoy a su vuelta del Senado incide particularmente, por un lado, en la protección de esas pequeñas y medianas empresas que vieron cómo sorpresivamente se quedaban sin crédito,
sin financiación, y las protege, puesto que establece unos plazos de preaviso obligatorios, y viene también muy en consonancia con la regulación de esta nueva forma de financiación de proyectos empresariales a través del crowdfunding o de las
plataformas de financiación participativa. Se ha hecho referencia a incorporaciones —ya lo he hecho yo— respecto a ese preaviso necesario para las pequeñas y medianas empresas. Se habla muy expresamente en la ley, querido señor Caldera, de
microempresas y de profesionales autónomos. Es fácil encontrarlo, creo que en su artículo 2. Se habla de que, cuando se produce ese cierre del flujo de financiación, los bancos tienen la obligación de entregar gratuitamente el historial crediticio
a los empresarios, con lo cual este empresario puede dirigirse a otra entidad financiera con su historial crediticio, con sus impagos si es que los hay, con sus cumplimientos, con las líneas de crédito, y con los seguros asociados —fue incorporado a
través de una enmienda en esta Cámara— para poder encontrar financiación en otro lugar.


Pasando ya a esa segunda parte que también ha sido extensamente referida por parte de otros, que son las plataformas de financiación participativa, quiero explicarles qué son las plataformas de financiación participativa. Según el tenor
literal de la ley son empresas autorizadas cuya actividad consiste en poner en contacto de manera profesional, y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio
de un rendimiento dinerario con otras personas que solicitan financiación para, en nombre propio, destinarlo a un proyecto de financiación participativa, que son los denominados promotores. La clave de esta cuestión son las páginas web, las nuevas
tecnologías, que la intermediación se produce a través de una plataforma tecnológica. Eso está ocurriendo ya en nuestro país. Por tanto es necesario regularlo. No podemos vivir de espaldas a la realidad y teníamos que regularlo.


La ley es prudente, porque este es un fenómeno nuevo, y la ley tiene que ser prudente en cuanto a la protección de los inversores y en cuanto al funcionamiento de esas plataformas de financiación participativa. Por eso se les ponen
condiciones. Y la ley vuelve del Senado mejorada. No se trata tan solo de mejoras técnicas. En las enmiendas del Senado —se ha hecho referencia por parte de algunos intervinientes— se incorporan esos nuevos servicios de asesoramiento que pueden
prestar estas plataformas participativas en materia de marketing, publicidad o diseño. Se incorpora una mayor seguridad y solvencia a través de estas formas, o bien del desembolso efectivo o bien, como decía el señor Sánchez i Llibre, de nuevas
fórmulas de aval o una combinación de seguros de responsabilidad civil. Se establece que la información sea accesible, se incorpora en una enmienda del Senado. Se establece la exigencia de que la plataforma se asegure de que el cliente puede tomar
decisiones y conoce los riesgos. Por tanto si la ley era buena —el tono de los intervinientes así lo ha manifestado— del Senado viene aún más mejorada, por lo que se hace preciso el reconocimiento.


Decía que dejaba para el final mis agradecimientos y lo voy a hacer. Quedo agradecido a todos los grupos parlamentarios, y especialmente en este momento al señor Anchuelo, por la deferencia y la

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generosidad que ha tenido al mencionarnos a mí y a Vicente Martínez-Pujalte en esta tribuna. Quiero agradecerle expresamente su mención. Pero también a todos los demás grupos parlamentarios porque han incorporado cosas buenas al proyecto
de ley, han incorporado ideas, y han mejorado notablemente la ley, y en el tono de las intervenciones se veía. Mi agradecimiento muy expreso también a quienes han colaborado conmigo en la ponencia de esta ley, a Alejandro Fernández y a Celso
Delgado. Acabo ya diciendo que hace poco más de un año Celso Delgado, en una intervención respecto a la Ley de Cámaras de Comercio, hacía referencia a los ciento veintiocho años transcurridos desde la aprobación del Real Decreto de 9 de abril de
1886, en el que, a impulso del ministro Montero Ríos, se ponían en marcha las cámaras de comercio, industria y navegación en nuestro país. Hacía una referencia desde la perspectiva histórica, referencia ciertamente profunda y de reconocimiento a la
labor que las cámaras habían desarrollado. Ojalá, al regular hoy esta nueva forma de financiación de nuestras pequeñas y medianas empresas y de nuestros trabajadores autónomos, dentro de ciento veintiocho años alguien se acuerde de nosotros.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor López Garrido.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:


— PROTOCOLO ADICIONAL DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE COREA, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 25 DE
MARZO DE 2014. (Número de expediente 110/000148).


— ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. (Número de expediente 110/000149).


— ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN SINGAPUR EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. (Número de expediente 110/000150).


— CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN YEDA EL 18 DE MAYO DE 2014. (Número de expediente 110/000151).


— CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 8 DE JULIO DE 2013.
(Número de expediente 110/000152).


— ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE VANUATU SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. (Número de expediente 110/000153).


— CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 25 DE JULIO DE 2013. (Número de expediente 110/000154).


— ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE NAURU SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. (Número de expediente 110/000155).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señorías, pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores. ¿Algún grupo desea intervenir? Han

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solicitado la palabra tres grupos. Para fijación de posiciones y por cinco minutos, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Nuet.


El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.


Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente siete de los tratados que hoy vienen al Pleno, y va a votar en contra de uno de ellos, concretamente el Convenio de España con Arabia Saudí en materia de seguridad y lucha contra la
delincuencia. Son muchos los motivos que podríamos esgrimir para argumentar nuestro voto contrario. Podríamos hablar de la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí, y citar —en alguna ocasión ya lo hemos hecho en esta Cámara— la condena
contra el bloguero Raif Badawi a mil latigazos por haber criticado a uno de los responsables religiosos de Arabia Saudí. Saben ustedes que ya se han ejecutado cincuenta de esos mil latigazos y que además el bloguero ha sido condenado y está en la
cárcel. Evidentemente también podríamos hablar de un hecho reciente como ha sido la condena a muerte de una mujer indonesia, una persona enferma mental, o podríamos citar otros muchos casos, como la situación de las mujeres que en Arabia Saudí
intentan conducir un coche. Todas esas cosas son absolutamente condenables. Ustedes saben que ser ateo en Arabia Saudí es sinónimo de ser terrorista. El ateísmo está considerado una acción terrorista.


Pero sobre todo quiero centrarme en dos hechos; en primer lugar, en el acuerdo del Gobierno sueco. El Gobierno sueco acaba de cancelar un convenio —como el que hoy vamos a votar— que tenía con Arabia Saudí; en este caso no era un convenio
en materia de seguridad, sino en temas de defensa. El Gobierno sueco acaba de cancelar este convenio de colaboración defensiva entre Suecia y Arabia Saudí, y lo ha hecho básicamente por la situación extrema que sufren las personas en este país, al
ser vulnerados los derechos humanos. En segundo lugar, creo que es una acción de hipocresía de tamaño XXL lo que afirma el artículo 1 de este convenio, en su apartado a), donde se habla de delitos de terrorismo, incluyendo su financiación y apoyo.
Hoy creo que prácticamente todo el mundo sabe —y seguro que también los diputados y las diputadas del Partido Popular— que Arabia Saudí es uno de los centros de financiación más importantes del terrorismo yihadista. Es un hecho evidente, a pesar,
repito, de la hipocresía de que Arabia Saudí sea considerada por parte de Estados Unidos o del Gobierno español un país amigo, un país amigo que financia el terrorismo. Vamos a firmar un convenio en que se dice que no se puede financiar el
terrorismo, a pesar de que sabemos que Arabia Saudí está financiando el terrorismo; por tanto es una acción extrema de hipocresía.


Hoy Arabia Saudí financia terrorismo en Siria, en Irak y en otros países del mundo. Pero hay otro hecho muy reciente —y acabo con este tema—: la responsabilidad de Arabia Saudí en el actual conflicto de Yemen. Saben ustedes que Arabia
Saudí está capitaneando una acción militar en Yemen, con el apoyo de los Estados Unidos y con otros países árabes, pero Arabia Saudí es quien lleva la voz cantante. Se llama operación Tormenta Decisiva y no regalan caramelos a los niños, sino que
lo que hacen es bombardear, por ejemplo, el aeropuerto de Saná. Han bombardeado hospitales, escuelas, hogares y campos de refugiados. En estos momentos los muertos se cuentan por centenares y los heridos por miles. Esa es la realidad de Arabia
Saudí, y ustedes pueden votar, pero, por favor, pónganse una pinza en la nariz.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Nuet.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Sáez.


El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.


Señores diputados, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente estos convenios como es habitual en nuestro grupo, y además lo hacemos porque los convenios que hoy votaremos son con países con los cuales mantenemos relaciones
diplomáticas fluidas. Ha sido objeto de debate por el señor Nuet específicamente este convenio de España con Arabia Saudí, y mi grupo parlamentario quería hacer algunas precisiones al respecto. El convenio que sometemos a votación es un convenio
de cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, y tiene sentido desde nuestro punto de vista porque es indispensable la cooperación internacional en la lucha contra delitos y amenazas que nos son comunes. Específicamente a
ustedes no se les van a escapar los delitos de terrorismo que incluyen también su financiación y su apoyo. Este debate ya lo reprodujimos el pasado mes de febrero a consecuencia también de un convenio que España firmó con Arabia Saudí para la
promoción y protección recíproca de inversiones, que este grupo parlamentario también valoró positivamente, pero ello no debe ser óbice para que España sea muy exigente en materia de vulneración de derechos humanos y contra la

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pena de muerte allí donde se produzca, y en Arabia Saudí por supuesto. Aquí se ha debatido sobre el castigo infligido a Raif Badawi, que nuestro grupo parlamentario por supuesto condena, así como otras muchas faltas de respeto a los
derechos humanos que se producen en Arabia Saudí.


Nuestro grupo parlamentario sí que cree, y eso se lo debemos decir al grupo parlamentario que apoya al Gobierno, que el Gobierno debería ser mucho más combativo en materia de derechos humanos y lucha contra la pena de muerte, y por ello
nuestro grupo considera imprescindible que el Gobierno elabore de una vez por todas un II plan de derechos humanos. Por ello hemos presentado una proposición no de ley y esperamos su debate próximamente en la Comisión de Exteriores para que elabore
este nuevo plan.


También todos ustedes conocen que el 14 de febrero de 2012 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por consenso una proposición no de ley que instaba al Gobierno a profundizar en una evaluación completa sobre la implantación,
cumplimiento, y desarrollo de las medidas contenidas en el I Plan de derechos humanos que ya data de 2008. El Gobierno nada ha hecho hasta la fecha para poder revisar y avanzar en materia de derechos humanos y sus objetivos. Si algún cambio ha
existido, como mínimo sobre el papel, en materia de derechos humanos ha sido el que se introdujo en nuestros principios de la acción exterior, los derechos humanos en la Ley de Acción y Servicio Exterior que aprobamos en esta legislatura, y
ciertamente en la estrategia de acción exterior que el Gobierno presentó y que tuvimos ocasión también de debatir en la Comisión de Asuntos Exteriores los derechos humanos constan, pero el Gobierno no ha hecho nada por reforzar estos principios y
pasar un poco más a la acción.


A sus señorías no se les debe escapar que nuestra nueva posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como miembro no permanente en este bienio 2015-2016, debería obligar mucho más a España en esta materia para que los derechos
humanos fueran la aportación más singular e importante que hiciera España en su presencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por ello, señorías, y me dirijo al Grupo Parlamentario Popular, más allá de las intenciones que están en la Ley
de Acción y Servicio Exterior del Estado, en nuestra estrategia de acción exterior, debe pedirse a España que esté en vanguardia de la defensa de los derechos humanos, ya que a criterio de nuestro grupo parlamentario este Gobierno y el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación no lo están, más bien con este cambio de Gobierno del Partido Popular hemos dado pasos atrás en relación con algunas de las cuestiones que el Gobierno socialista impulsó en el anterior mandato.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Miguélez, tiene la palabra.


La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Gracias, presidente.


Defiendo todos y cada uno de los siete convenios internacionales que traemos hoy al Pleno, algunos relacionados con temas meramente administrativos, de consulado, (visados, pasaportes), pero los más interesantes son aquellos que se refieren
a los países con los que firmamos tratados en materia de cooperación internacional sobre todo en la lucha contra el terrorismo, como es el caso de los tres que traemos hoy con Panamá, con el Gobierno macedonio y con Singapur.


La Izquierda Plural se preocupa especialmente por el que firmamos con Arabia Saudita. Es un tratado de dieciséis artículos, no difiere en nada de otros muchos que se han firmado anteriormente para combatir el crimen organizado. Se trata
simplemente de una cooperación policial entre ambos países para prevenir y poner freno al terrorismo mediante una colaboración basada en los principios de igualdad, reciprocidad y asistencia mutua. España se ha opuesto, como el resto de los países
de la Unión Europea, a los castigos crueles, inhumanos y degradantes prohibidos por la Convención Europea contra la Tortura de Naciones Unidas, y aquí me estoy refiriendo a la condena a Badawi, que quiero recordar fue objeto de una declaración
tajante de la alta representante, la señora Mogherini, suscrita y avalada por todos países, incluida España.


Nuestra posición de amistad con Arabia Saudita en estos momentos no nos impide ni mucho menos mantener un diálogo muy crítico en el ámbito de los derechos humanos, pero no olvidemos que en el conflicto de Oriente Próximo este país tiene una
gran capacidad de interlocución, lo que no podemos despreciar; con Egipto está tratando de difundir una visión del Islam totalmente contraria a la que apoyan Daesh, por un lado, y Al Qaeda por el otro. Por tanto, el papel de Arabia Saudita en este
momento es absolutamente esencial en el intrincado juego de relaciones entre los países de esta zona del mundo. El equilibrio entre chiíes y suníes, con un Irán que intenta influir también en la región, es siempre complicado. No olvidemos que en
cuanto a las relaciones entre el Irán chií y la Arabia Saudita suní estos países son dos pesos pesados de la zona. Nunca han sido relaciones fáciles, pero en los últimos años se han visto

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además en frentes opuestos por las crisis de Irak, Siria, Líbano y ahora precisamente Yemen, donde la intervención saudí evidentemente ha agudizado los recelos, porque en estos conflictos cada uno apoya a sus correligionarios y parece
siempre que está a punto de saltar la chispa que va a dar lugar a la guerra más importante entre musulmanes.


Señorías, tampoco podemos permitir que los grupos terroristas saquen partido de esta situación de inestabilidad, y de ahí la necesidad de firmar este convenio. Aun reconociendo la interlocución de Arabia Saudita ello no obsta para que
hayamos condenado estos actos que a todos nos repugnan, como es el castigo físico a un condenado, pues estamos comprometidos —no hace falta decirlo— este partido y el Gobierno de manera muy firme con la promoción y la defensa de los derechos humanos
sea donde sea. Les recuerdo que la Unión Europea ha solicitado también que en la reforma judicial en curso en Arabia Saudita se abra la posibilidad de suprimir en concreto la condena impuesta a este ciudadano, Badawi, y de modo general que se
elimine la flagelación como castigo. Insisto pues en que la relación de amistad que mantenemos con este país no implica de ninguna manera que nos parezcan bien este tipo de actuaciones. Nuestra disconformidad la manifestamos en los foros
multilaterales en los que participamos, sobre todo Naciones Unidas la Unión Europea. (Aplausos).


Sobre la intervención de Arabia Saudita en Yemen, un tema que ha salido aquí, nuestro país la considera conforme al derecho internacional. Ha sido solicitada por el propio presidente legítimo, Hadi, a la Liga de Estados Árabes, frente a una
parte de la población que ha utilizado la violencia para destruir la institucionalidad reconocida del país. Aun así España defiende que es precisa una solución política y no militar, por tanto, que exista un diálogo inclusivo de todas las partes.
Precisamente, señor Nuet, ayer a última hora se ha pronunciado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apoyando estas tesis saudíes, exigiendo a los sufíes que pongan fin al uso de la violencia, que no interfieran en el proceso de transición
política en Yemen, a la vez que permitan el acceso a la ayuda humanitaria.


Señorías, este no puede ser un debate sobre política internacional o de derechos humanos, sino que tratamos de firmar un convenio bilateral que el Gobierno considera necesario que sea en este momento con ese país concreto, porque es un
instrumento útil y eficaz para luchar contra uno de los problemas más graves que afronta la comunidad internacional, como es el terrorismo y la lucha contra la delincuencia organizada. Por tanto, se entiende fácilmente, si se quiere entender, que
esta lucha contra el terrorismo mediante la colaboración bilateral es perfectamente compatible con la discrepancia en otros asuntos de orden interno, que, como digo, se encauzan —de hecho se está haciendo— a través de los foros apropiados.


Señores de la Izquierda Plural, déjenme decirles para terminar que ustedes hablan mucho de hipocresía y parecen muy preocupados por los derechos humanos en Arabia Saudí, pero cuando la gente pasa hambre por la ineficacia de un gobierno en un
país con muchos recursos naturales y se encarcela a opositores disidentes, aunque no se les dé latigazos, como sucede en Venezuela, se muestran extremadamente comprensivos con ello, lo cual no deja de ser una incoherencia.


Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Miguélez.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
(Número de expediente 121/000127).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Pasamos al siguiente punto, relativo a los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas: Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
financiación de las comunidades autónomas y de la Ley Orgánica 2/2010, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Para defender las enmiendas y votos particulares formulados, en primer lugar, por el Grupo Mixto, que
además fija posición, tiene la palabra la señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Efectivamente, acometemos el dictamen de Comisión con respecto a la reforma de la Lofca y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y quiero detenerme muy, muy especialmente en una de las enmiendas

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presentadas por Unión del Pueblo Navarro a este proyecto de ley que no ha sido aceptada en debate en Comisión. Tramitamos ahora, como digo, en Pleno la circunstancia. Me detengo concretamente en esto por la especial importancia de la
iniciativa en el terreno de la defensa del autogobierno. Es una propuesta tan legítima como, también en mi legítima opinión y en la de mi grupo, equivocada tanto en la forma como en el fondo; en el fondo porque la enmienda, con respecto a la
reforma de la disposición adicional segunda de la Lofca, adolece de defectos técnicos que dejarían a la Comunidad Foral de Navarra en peor condición frente a eventuales impugnaciones del Estado en relación con los tributos propios distintos de los
convenidos, que es el tema que en este caso nos ocupa especialmente. La segunda razón es porque la remisión al artículo 39.1.a) del Amejoramiento nos lleva a una situación preestatutaria cuando el citado precepto avala aquellas facultades y
competencias que actualmente ejerce —hablamos de 1982— al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada. Son circunstancias o condiciones en el fondo que no interesan, por resumir. Además, quiero recordar que precisamente el artículo 39 de la
Lorafna viene siendo utilizado por el Tribunal Constitucional a la hora de aplicar la Lofca con respecto a los tributos no convenidos. Repito, por tanto, que en el fondo la reforma de la adicional segunda remitiéndonos al artículo 39 de la Lorafna
es a nuestro entender un error. Debería basarse en el artículo 45, como esta diputada ha defendido en esta tribuna recientemente en una propuesta de reforma de la Lofca, que no fue aceptada. Además, hoy —esto nos preocupa profundamente— se yerra
de manera evidente en la forma de la propuesta hecha. Este no es el debate en el que teníamos que estar analizando una cuestión tan evidente y básica en la defensa del autogobierno de Navarra. Nos podríamos encontrar en la situación de que el
grupo mayoritario de la Cámara aceptara la enmienda —bien directamente, bien transada e incluso con algunas de las recomendaciones que venimos haciéndoles— y tuviéramos que aprobar una ley que, en la defensa del autogobierno por la vía de la reforma
de la disposición adicional segunda, nos obligara a aspectos muy poco respetuosos con el autogobierno de Navarra. Por ejemplo, la reforma hoy propuesta obligaría a la Comunidad Foral de Navarra —como al resto de comunidades— a comunicar el gasto
farmacéutico al Gobierno central, so castigo de no permitir la petición o el compromiso de la compra de deuda por parte de Navarra, simple y llanamente porque así se viene estableciendo en la reforma que hoy se nos propone. Mi reflexión es la
siguiente. Si para defender por una vía el autogobierno estamos comprometiéndolo por otra vía, francamente me gustaría decirle al proponente que se están metiendo en un lío. Me temo que nos están metiendo también a los navarros.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Barkos.


Señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Gobierno presentó este proyecto de ley de modificación de la Ley de financiación de las comunidades autónomas en diciembre de 2014. Se abrió un plazo de enmiendas parciales muy amplio, hasta el 17 de marzo pasado; estaba
abierto a todos los grupos sin excepción, todo el mundo podía enmendar. Solo Unión del Pueblo Navarro presentó una enmienda con implicación en Navarra, precisamente en defensa de su régimen fiscal, la número 64. No aprovechar la tramitación de
este proyecto de ley para mejorar el régimen foral podría haberse calificado por algunos como dejar vacante la defensa de Navarra, dejar pasar una oportunidad histórica. Puedo entender que a algunos no les guste el porqué y el para qué de la
enmienda que presentamos. No gustará a los que quieren que Navarra pierda su institucionalidad. No gustará tampoco a los que la quieren minorizada en la Euskadi aranista, ni tampoco a los que dicen que su objetivo político es que Navarra deje de
llamarse Navarra, ni a los que dicen que Navarra necesita un Estado propio por la exclusiva razón y circunstancia de que allí se habla euskera. Una lengua, una nación, un Estado. ¿Les suena?


Presentamos una enmienda por y para Navarra y en nuestra intención está encontrar una fórmula que no deje lugar a malas interpretaciones, excusas o electoralismos interesados. ¿Qué queremos? Aportar un mejor encaje del régimen fiscal
navarro en la Constitución española y actualizar la norma incorporando una referencia obligatoria al Amejoramiento navarro aprobado en 1982, por tanto, posterior a la aprobación de la Lofca en 1980. Con todo ello queremos intentar evitar en el
futuro algo que ya ha pasado, como son decisiones interpretativas indeseables del Tribunal Constitucional. Además, queremos hacerlo con una fórmula que integre sin exclusiones las distintas formulaciones que se han podido plantear. Queremos
alcanzar un acuerdo respetuoso, garantista y al que todos podamos votar afirmativamente aquí. Es verdad que, si no es posible llegar hoy a un acuerdo, podríamos hacerlo en el Senado. Insisto, señorías. La

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señora Barkos ahora dice que le parece mal que tengamos este debate; sin embargo, hace pocas semanas decía que UPN y PP —así lo publicaba un medio de comunicación— estaban intentando hacer esta reforma de tapadillo y sin pasar por el
debate. Esta es una ley orgánica y ni siquiera lo hubiéramos podido hacer, porque aquí teníamos que discutirla. Lo que pasa es que usted tiene dos argumentos. Señora Barkos, nosotros siempre votamos a favor de Navarra. Lo sentimos y lo decimos.
Usted es más rica y tiene dos visiones. Cuando le preguntan por el futuro de Navarra, si seguirá siendo Navarra o será Euskadi, usted dice que será Euskadi, que usted quisiera que fuera así. Nosotros con esta reforma queremos que siga siendo
Navarra, y eso es lo que pedimos a los grupos. ¿Quieren ustedes reforzar Navarra, sí o no? Es muy sencillo, señora Barkos.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Salvador.


Señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.


Como valenciano, este proyecto de ley me parece realmente una burla, un insulto, una burda intervención en toda regla porque han tenido mucho tiempo para aprobar muchas cosas, incluso para aprobar amnistías fiscales de las que se beneficia
su compañero, el señor Rato. Han tenido tiempo para todo menos para abordar realmente el verdadero problema, que necesitamos un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas; una cosa que tenían que haber hecho y que no han llevado a
cabo. Por tanto, entiendo que esta ley es una burla incluso al artículo 15 de la Ley Orgánica 8/1980, que dice que, cuando una comunidad autónoma no pueda asegurar un nivel mínimo de la prestación del conjunto de los servicios públicos
fundamentales que haya asumido, se establecerá a través de los Presupuestos Generales del Estado una asignación complementaria cuya finalidad será garantizar el nivel de dicha prestación. Eso ustedes no lo han hecho con nosotros, con los
valencianos. Con la asignación que recibimos solo cubrimos el 85 % de la sanidad y la educación, el resto lo tenemos que cubrir con préstamos. Tenemos una deuda de casi 40.000 millones, por lo que de 2012 a 2015 hemos tenido que recurrir a esas
dádivas, a esos préstamos que nos concede el ministerio teniendo que coger prestados 28.000 millones de euros. De hecho, el Ministerio de Hacienda es prácticamente el que tiene en sus manos la mayor parte de la deuda valenciana. Hemos tenido un
aumento de la deuda de 5.000 millones en 2014. Esta situación es insostenible. Por tanto, hay que abordar el problema y no poner parches.


Me gustaría que se contestara a unas preguntas, no como hizo el otro día el señor Gerardo Camps soltando toneladas y toneladas de tinta como un calamar para no admitir que en veinte años de Gobierno del Partido Popular en la Comunidad
Valenciana no han hecho absolutamente nada para mejorar la infrafinanciación de los valencianos. Por tanto, formulo unas preguntas simples que nos gustaría saber a los valencianos. En julio arrancará la negociación de la financiación autonómica,
¿hay ya algún adelanto de la liquidación del IRPF? ¿En caso positivo, puede decirnos a los valencianos cuál es nuestro nivel de infrafinanciación? ¿Tiene ya el Partido Popular algún adelanto de lo que van a ser las propuestas que el ministerio
llevará a la mesa de negociación que supuestamente se celebrará en julio? ¿Cuáles son? Esas son realmente las preguntas que nos interesan a los valencianos, y no leyes que solo sirven para intervenir un poco más en nuestras autonomías, para meter
la mano en nuestra autonomía.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Baldoví.


Tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Muchas gracias, señor presidente.


Nos oponemos, primero, porque afecta a derechos fundamentales del Estado de las autonomías y a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, por una falta de lealtad institucional, porque cabe recordar que solo tres días antes se
convocó al Consejo de Política Fiscal y Financiera y allí se ocultó a las comunidades autónomas un asunto tan importante como el de los avales y las garantías; eso es una falta de lealtad institucional. Esto se hizo de espaldas a las comunidades,
tres días antes y ocultando parte de lo que se iba a aprobar. Por último nos oponemos por el tema fundamental, el sistema de financiación de este país. La financiación de las comunidades tiene que ser igual para todos los españoles, porque se
financian servicios básicos que afectan por igual a todas las comunidades autónomas y de cada ciudadano (sanidad, educación y dependencia). Ahora resulta que la financiación no es igual en todos los territorios. Canarias —no dicho por los
nacionalistas canarios, sino reflejado en el informe que hizo FAES— es la

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comunidad que tiene más desviación respecto a la media; tiene un déficit anual de 800 millones de euros, que afectan a las prestaciones más importantes para los ciudadanos, como son las de sanidad y educación. No se recibe lo mismo para
financiar los servicios básicos. Había un compromiso público del señor Rajoy y del Partido Popular de que el sistema de financiación autonómico se iba a modificar y estaría vigente a partir de enero de 2015. Se ha incumplido; ha habido una falta
de valentía del Partido Popular para asumir un asunto que es importantísimo para la solidaridad y la igualdad de todos los españoles. Hay está esa frase que utiliza tanto el PP, la igualdad de los españoles. Pues en el tema de financiación no
somos iguales. En ese sentido, exigimos una revisión del sistema de financiación autonómica.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Oramas.


Señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Como ya hemos dicho en nuestra enmienda de devolución, señorías, el Gobierno, bajo el pretexto de garantizar una adecuada financiación de los servicios sociales, ha mantenido su propuesta y avanzado en el marco diseñado por el Partido
Popular, en el cual el Estado ejerce un férreo tutelaje sobre la financiación de las comunidades autónomas y sus márgenes a la hora de diseñar su política presupuestaria con restricciones en la emisión de deuda y en el déficit máximo. Por eso, las
enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley son de supresión, tanto del artículo primero como del artículo segundo. En el artículo primero se pretende que el Estado retenga importes del sistema de financiación si existen obligaciones
pendientes de pago por las comunidades autónomas con entidades locales relativas a transferencias o convenios en materia de gasto social. Se trata de una medida que refuerza la concepción centralista de las administraciones, como ya hemos
denunciado muchas ocasiones. En el artículo segundo se incide en lo mismo, dado que, en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, se amplía la necesidad de contar con la
autorización del Estado a la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías a las operaciones de crédito.


Estas son las razones, señorías, por las que hemos presentado nuestras enmiendas para la supresión de estos dos artículos y por las que, evidentemente, vamos a votar en contra de este proyecto de ley. La cuestión es que vamos a tener que
votar que no a este proyecto de ley con más ganas de las que teníamos cuando se presentó para la tramitación de enmiendas, porque, tal como sale de la Comisión, con las enmiendas que se incorporaron del Grupo Popular, este proyecto queda muchísimo
peor de lo que ya estaba. Por tanto, nuestra posición es contundentemente contraria a este proyecto de ley porque no está en la línea que defiende el nacionalismo galego, pretendiendo cambiar las reglas de la financiación autonómica.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Fernández.


Señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.


Señorías del Grupo Popular, llevan meses —de hecho años— intentando modificar con parches la Ley de financiación de las comunidades autónomas, y lo único que han conseguido es poner en evidencia su absoluta incompetencia o su declarada
ideología neoliberal, su ideología cansina, recentralizadora y evidentemente homogeneizadora. No lo tienen fácil, es verdad. No pueden diseñar ningún sistema de financiación que no pase por seguir explotando económica y financieramente a Cataluña.
Más allá de la injusticia, señorías, están ahogando a la gallina de los huevos de oro. ¿De qué tienen miedo? En tanto tiempo no han sido ustedes capaces de reformar el sistema de financiación. Ni siquiera han planteado ninguna reforma seria a
pesar de su holgada mayoría absoluta. Sencillamente, señorías, se han empeñado en aumentar el control sobre las comunidades autónomas y en limitar su autonomía financiera, así como su autonomía de gestión.


Señorías del Grupo Popular, su proyecto de ley es una absoluta asfixia económica de las comunidades para que solo sobrevivan aquellas que estén bien con el Gobierno español. Es una vuelta de tuerca más en la recentralización de
competencias, a la vez que una laminación del autogobierno y de la autonomía de las comunidades autónomas. Su proyecto de ley, además, deja en evidencia cualquier pretensión federalista en Cataluña y nos da —repito, nos da— una contundente razón a
aquellos partidos que

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defendemos la proclamación inmediata de la independencia de Cataluña. El concierto económico no nos lo van a dar. Ni siquiera se lo van a plantear el Partido Popular ni los socialistas, los dos partidos dinásticos, pero tampoco futuribles
partidos con las mismas aspiraciones como Podemos; lo sabemos y estamos convencidos. Así pues, lo tenemos claro, el próximo 27 de septiembre seremos los catalanes y las catalanas los que iremos a las urnas y quienes votaremos, entre otras cosas,
nuestro sistema de financiación y nuestra libertad.


Acabo. Necesitamos con urgencia un nuevo Estado; un Estado que no solo acabe con su chantaje, sino que permita que una tierra como Cataluña, con tantas posibilidades económicas y sociales, deje de depender de las migas que los Gobiernos de
turno de Madrid decidan graciosamente otorgarnos. Como decía el inmortal Ovidi Montllor… (Termina su intervención en catalán).


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Jordà.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo. (El señor Azpiazu Uriarte pide la palabra). Disculpe un segundo, señor Anchuelo.


Señor Azpiazu, según el orden del día, usted no tiene enmiendas. Tendría turno de fijación de posición, por tanto debería hacerlo después de los grupos que tienen enmiendas. El señor Anchuelo tiene enmiendas. (Pausa). A efectos del
«Diario de Sesiones», no se trata de enmienda a la totalidad sino de enmiendas concretas del debate de Comisión. Usted no tiene enmiendas, señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, evidentemente no tengo enmiendas y pensaba no intervenir en este debate, pero durante su tramitación se han incorporado una serie enmiendas, concretamente del Grupo Popular, que requieren una
intervención por parte de nuestro grupo parlamentario. No tengo inconveniente en intervenir al final en la fijación de posición en relación con el proyecto de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muy bien; así se hará, señor Azpiazu. Muchas gracias.


Perdone, señor Anchuelo, tiene usted la palabra.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


Este proyecto de ley orgánica modifica dos de las principales leyes económicas de nuestro país, que son la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Financiación Autonómica. Las modifica mínimamente; las modifica solo lo necesario para
adaptarlas a los nuevos mecanismos de liquidez. A mi grupo esto le plantea dos tipos de problemas. En primer lugar, de las escasas modificaciones introducidas no compartimos una parte; y, en segundo lugar, creemos que esta habría sido una buena
ocasión para modificar con mucha más profundidad estas dos leyes, ambas necesitadas de reforma.


Comenzaré por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Quiero recordar que mi grupo la votó favorablemente, pese a que nos parecía una ley un tanto descafeinada. No era exactamente nuestro modelo el que allí se diseñaba, pero creíamos y
seguimos creyendo que rellenaba una laguna importante en nuestro diseño institucional que era la necesidad de coordinar más las diferentes administraciones públicas de nuestro país. Sin embargo, esta ley necesaria, que votamos a favor, tiene un
problema que no está en su contenido sino en su falta de aplicación. Una ley ya un tanto descafeinada no se ha aplicado con la ambición con que podría aplicarse. No se ha aplicado ni de forma automática ni de forma transparente, cuando ha habido
incumplimientos por parte de comunidades autónomas especialmente o por ayuntamientos. Esto no es una opinión subjetiva mía ni de mi grupo, es algo que dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o es algo que corrobora la propia Unión
Europea cuando redacta informes sobre España. Estas instituciones se sorprenden de que cuando hay incumplimientos no se utilizan todos los mecanismos previstos en la ley.


Es algo que también ratifica la propia realidad. Hace pocas semanas conocimos los datos de déficit público de las comunidades autónomas y de diecisiete comunidades, trece incumplieron su objetivo de déficit —de diecisiete, trece— y, además,
ocho empeoraron sus resultados respecto al año anterior. Sin embargo, la ley no parece que esté aplicándose con todas sus posibilidades. En vez de hacer eso, se diseñan nuevos inventos de financiación a tipo cero para en año electoral autonómico
agravar el problema. De nuevo me refiero a opiniones de la AIReF que, por supuesto, compartimos.


Alguna de nuestras enmiendas tiene que ver precisamente con esto. En los escasos cambios introducidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria se empeora este problema si no se está utilizando de forma automática y de forma transparente.
Hay algunos cambios que se han introducido que van a

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aumentar el oscurantismo en la aplicación de la ley, la falta de transparencia. Por ejemplo, hasta ahora los planes de ajuste y su calendario de aplicación han tenido carácter público y con los cambios introducidos en esta ley ahora el
Ministerio de Hacienda publicará información relativa a los planes de ajuste. Información relativa. Está claro que se desvirtúa la transparencia que hasta ahora han tenido los planes de ajuste y el calendario de aplicación; hasta ahora la
información remitida por una Administración cuando estaba vigente un plan de ajuste era de general conocimiento, y esto también se cambia en la ley. Por tanto, son cambios que no compartimos y nuestras enmiendas piden dejar la ley en estas
cuestiones como estaba anteriormente.


Hay otra cuestión que tampoco compartimos. Nos alegra mucho, por supuesto, que se haya introducido en la legislación española el principio de retención de recursos del sistema de financiación autonómica que permite que el Estado pueda
retener, cuando una comunidad autónoma no cumple con algo importante, parte de los recursos con que se financia. Querría recordar que este es uno de tantos temas que Unión Progreso y Democracia puso en el debate político hace ya muchos años y en
aquel entonces se decía que era anticonstitucional, que éramos jacobinos. Nos alegra que este principio se haya introducido, pero una vez introducido, ¿por qué no incluir en él cuestiones como las deudas que las comunidades autónomas tienen con los
ayuntamientos debido a delegación de competencias o a convenios de colaboración? Lo digo porque son apartados importantes del gasto social de los ayuntamientos y en muchas ocasiones las comunidades acumulan deuda con los ayuntamientos. Si queremos
financiar gasto social, esta es una vía.


Estas son cuestiones relacionadas, como pueden ver, con los mínimos cambios que se introducen en la ley. Pero es que, como he recordado al principio, aunque Unión Progreso y Democracia votó a favor de la Ley de estabilidad presupuestaria,
este no era exactamente nuestro modelo. Nuestro modelo era más ambicioso y creemos que los años transcurridos han dado la razón a una clave importante de nuestro modelo alternativo, como era la necesidad de reforzar los controles previos. Entre
tomar medidas, una vez que se ha producido el incumplimiento y evitar el incumplimiento es claramente preferible prevenir, evitar el incumplimiento, tener más controles previos.


Nosotros propusimos en su momento tres órdenes de controles previos. En primer lugar, un mayor control del gasto de todas las administraciones públicas. En la legislación española el control sigue siendo sobre todo indirecto. Se controla
el déficit público, pero eso no permite controlar el gasto porque una Administración puede inflar sus ingresos previstos y seguir gastando más; es mejor controlar directamente el gasto. Hoy hay controles y límites de gasto en las diferentes
administraciones, pero en las administraciones territoriales son límites autoimpuestos. ¿No sería mejor que se aprobasen de forma coordinada en vez de ser límites autoimpuestos y que hubiese más énfasis en el control directo del gasto y no en el
control del déficit?


Segunda medida preventiva. Una vez establecidos estos límites de gasto es importante la composición del gasto. Si las comunidades tienen que hacer frente a unos servicios de sanidad y educación no parece entrometerse en su autonomía que
haya unos mínimos de gasto que tendrán que dedicar a esas cuestiones para que esos servicios tengan la misma calidad en todo el territorio nacional. Por tanto, dentro de ese límite de gasto habría que establecer un gasto mínimo en sanidad y
educación, de forma que en caso de recortes no pase como ha ocurrido, que ante los recortes se prioricen otro tipo de gasto y no esos gastos esenciales.


Tercera cuestión. Creemos que los proyectos de presupuestos autonómicos antes de debatirse en las Cámaras autonómicas tienen que tener una supervisión previa. Esto puede escandalizar, pero es exactamente la filosofía del semestre europeo
dentro de la Unión Europea. Si esa filosofía es posible entre Estados soberanos socios en la Unión, ¿no va a ser posible entre comunidades autónomas de un mismo país? Nosotros creemos que sí.


Otras enmiendas nuestras pretendían aprender de la experiencia transcurrida desde que se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Cuando se aprobó esta ley no existía la AIReF. Por cierto, nosotros en una enmienda proponíamos crear un
consejo fiscal independiente pero no se aprobó. Posteriormente sí se ha creado esa AIReF y esta reforma de la Ley de Estabilidad era una buena ocasión para adaptarla a la existencia de la AIReF y darle más protagonismo en el cálculo de variables no
observables pero sí muy importantes, como el déficit estructural o la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo. Son variables no observables, pero en el centro de la ley una autoridad independiente tendría que tener más protagonismo del que tiene.
Por cierto, también debería tener más protagonismo en esta Cámara cuando debatimos los Presupuestos Generales del Estado. Comparece el Banco de España pero no comparece el presidente de la AIReF.

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Otra cosa hemos aprendido de la experiencia. Decían ustedes en la ley que en el año 2020 tendríamos como objetivo una deuda pública del 60 % del PIB. Sería deseable que fuese así, pero estamos a cinco años de 2020 y la deuda pública está
cerca del cien por cien del PIB. Es decir, si no se cambia lo que establece la ley, estamos diciendo que vamos a reducir la deuda pública 40 puntos del PIB, 400.000 millones de euros, en cinco años. No parece que eso sea factible, por tanto, como
señalamos en una de nuestras enmiendas rechazadas no entiendo muy bien por qué en Comisión, habría que aprovechar esta reforma de la ley para adaptar la letra a la realidad.


Otras enmiendas se refieren a la Ley de Financiación Autonómica. Me extenderé menos en este aspecto porque hemos debatido esta cuestión a menudo en la Cámara, pero les recuerdo que mi grupo cree que no se puede dejar para la próxima
legislatura la reforma de la Ley de Financiación Autonómica y, por tanto, esta sería una buena ocasión de emprender dicha reforma. Nuestras grandes líneas de reforma son conocidas: creemos que la idea clave en la financiación autonómica tiene que
ser la misma financiación por habitante. Eso sí, habitante de población ajustada; ajustada teniendo en cuenta las diferencias demográficas —mayor envejecimiento— y geográficas —mayor dispersión— que hay entre comunidades. Con esa misma
financiación por habitante se pueden garantizar servicios esenciales similares —sanidad, educación— con la misma calidad en toda España. Creemos que va en contra de ese principio de igualdad que los regímenes forales, por cómo están calculados,
provoquen una sobrefinanciación tan enorme en las comunidades forales y defendemos la unidad de la Agencia Tributaria y que no se fragmente territorialmente porque hacerlo disminuiría su eficiencia en la lucha contra el fraude y aumentaría sus
costes. Estas son las enmiendas que defendimos en Comisión y fueron rechazadas y las que volvemos a traer al Pleno esperando que alguna de ellas se tome en consideración.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Anchuelo.


Grupo de La Izquierda Plural. Señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a comenzar por algo evidente, obvio, de lo que creo que todos ustedes se habrán dado cuenta ya. Esta ley es todo menos una ley de financiación de las comunidades autónomas. De hecho si el título de la ley tuviera que ver con
su contenido, bien podría decirse que esta es una ley de intervención de las comunidades autónomas, como además se pone de manifiesto en el dictamen de la Comisión que hoy vemos en el Pleno. Además es una intervención de las comunidades autónomas
perpetrada con nocturnidad y alevosía porque no de otra manera se puede describir el hecho de que una parte importante de lo que hoy estamos viendo haya entrado una vez más, en el trámite de enmiendas, como enmiendas del Grupo Popular en aspectos
que poco o nada tienen que ver con el proyecto inicial. Se están ustedes acostumbrando de manera muy preocupante, casi adictiva, a un proceso que si se me permite la expresión está prostituyendo la función de este Congreso. (Rumores). Sí, lo
está, lo está. Está degradando la democracia y está poniendo en riesgo la seguridad jurídica de este país. Las enmiendas planteadas por el Grupo Popular y aprobadas en Comisión suponen una nueva ley. El Gobierno del Partido Popular tiene todo el
derecho a plantearlas, las puede plantear el Gobierno situándolas en el texto inicial o las puede plantear el Grupo Popular presentando una proposición de ley. Lo que no puede hacer de manera reiterada y constante el Partido Popular es situar
permanentemente textos alternativos en el trámite de debate sin que los demás grupos podamos participar en todo el proceso. ¿De verdad creen que respeta la función democrática de este Congreso que ustedes, en trámite de enmiendas, nos hayan
planteado en una enmienda la reforma de siete leyes tan importantes como la Ley General de Sanidad, la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, la Ley de medidas fiscales, administrativas y de
orden social, la Ley de cohesión y calidad del Servicio Nacional de Salud, la Ley General Presupuestaria, la Ley de factura electrónica y registro contable de facturas y, por si faltaba alguna, la Ley de reordenación de loterías y apuestas del
Estado? Estamos ante un verdadero autogolpe de Estado al Estado autonómico. Esta no es una ley de financiación, no es la ley de financiación que el señor Montoro debería haber traído aquí como consecuencia de la revisión del modelo de financiación
autonómica, una ley que venció, por lo que debía haber entrado en vigor una nueva a partir del 1 de enero de 2014, es decir, estamos hablando ya de hace muchos meses. Déjenme que les diga algo, esta es una ley que es una nueva vuelta de tuerca, un
nuevo apretón más a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por cierto la Ley de Estabilidad Presupuestaria fue votada favorablemente por Convergència i Unió, que ahora se rasga las vestiduras. A Convergència i Unió le hemos de decir, y se lo voy a
decir en catalán para que

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los medios catalanes lo puedan reproducir mejor —luego se lo traduciré—: (Pronuncia palabras en catalán). Señores de Convergència i Unió no lloren ustedes en Cataluña las consecuencias de aquello que votan en España, porque eso ya no
cuela. O por ingenuidad o por fariseísmo, en cualquiera de los dos casos, ustedes están siendo responsables de todo lo que significa la Ley de Estabilidad Presupuestaria. ¿O es que creían que cuando aprobaban aquello, como desarrollo del artículo
135 de la Constitución, eso no iba a afectar a las comunidades autónomas y no iba a afectar a la autonomía de Cataluña? ¿Alguien se creía que Cataluña iba a salir de rositas de este envite? Díganme lo que quieran pero está claro que ustedes son ab
initio responsables de lo que está pasando.


Desde esa perspectiva, quiero decirle al Partido Popular que esta ley es la evidencia más clara de que ustedes están siendo profundamente desleales con las administraciones territoriales, con las comunidades autónomas y con las
administraciones locales. En Cataluña tenemos buenas pruebas de ello. Mientras ustedes llaman a la lealtad institucional y a la cooperación institucional se niegan a pagar, a cumplir los términos de la disposición adicional tercera del Estatuto de
Autonomía de Cataluña o se demora injustificadamente —en algunos casos hasta dos años— el pago del Fondo de competitividad. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Están confundiendo lealtad institucional con sumisión,
cooperación con imposición, y esta ley va en esa dirección.


Quiero prestar una especial atención a un tema sangrante, que es lo que va a suponer esta ley con relación al Sistema Nacional de Salud y en concreto en Cataluña al Servei Català de la Salut. Pretenden ustedes controlar el gasto. No
tenemos ningún inconveniente, siempre y cuando eso se haga en términos de racionalidad y empezando por dejar bien claro que el control del gasto tiene que suponer la aceptación de que no es verdad que el sistema sanitario público español ni el
catalán ni ningún otro estén gastando por encima de las necesidades. Racionalizar sí, pero recortar de esa manera no. Eso no se puede hacer, sobre todo, interviniendo las competencias de las comunidades autónomas hasta vaciarlas de contenido. La
autonomía tiene unas ventajas y unos riesgos. Autonomía quiere decir capacidad de decisión. Si ustedes socavan o anulan la capacidad de decisión en aspectos tan importantes como la dimensión y la gestión de ese gasto, se están cargando la
autonomía, y la autonomía es, insisto, un aspecto clave de nuestro modelo constitucional. Quieren ustedes implantar un modelo de autonomía vigilada e intervenida, vaciada de contenido, y en el tema sanitario es tremendamente grave, muy grave,
porque afecta a la vida de la gente. De la misma manera que antes he criticado a Convergència i Unió, lo que no pueden hacer ustedes es tomar esas medidas y después decir a las comunidades autónomas que las apliquen en su ámbito territorial, en su
comunidad autónoma, y que se confronten con los ciudadanos y den la cara ante ellos. Eso supone un deterioro en forma de listas de espera y degradación de las condiciones de trabajo y asistenciales de los ciudadanos. Aunque después a lo mejor se
ponen ustedes de acuerdo unos y otros en que la mejor solución es incentivar el modelo de sanidad privada, como está haciendo el conseller Boi Ruiz en estos momentos en Cataluña.


Racionalización del gasto sanitario sí, y racionalización del gasto farmacéutico también, pero con un poco de criterio, con políticas. Que nadie se lo tome a mal, pero no he encontrado otra metáfora mejor. Algunos de los artículos
destinados a controlar el gasto farmacéutico parecen estar redactados por un brigada chusquero, por alguien que cree que dando una reglamentación al día por la mañana las cosas se producen así. En el ejército a lo mejor sí, pero en el sistema
sanitario de este país no. Aunque a lo mejor resulta que el brigada chusquero es la brigada Aranzadi, esa cantidad de gente que cree que con las leyes se puede resolver todo. Yo vengo del mundo del derecho, pero con las leyes no se resuelve todo.
¿Por qué no abordan ustedes en profundidad en la Comisión de Sanidad o en la Comisión Interterritorial de Salud un debate sobre el gasto farmacéutico? ¿Por qué no abordamos en profundidad este tema?


El gasto farmacéutico actúa así, y en algunos aspectos es incontrolado, no incontrolable —ustedes lo saben—, porque estamos hablando de que somos mercado invertido, es decir, quien determina si se consume o no no es quien lo necesita, el
usuario, sino la oferta farmacéutica, que está determinada por el profesional sanitario incidido e imbuido en muchas ocasiones por la presión de los grandes laboratorios, de los grandes farmacéuticos. Si quieren ustedes actuar en ese sentido les
hago algunas propuestas. Por ejemplo, establezcamos un cambio de relación clarísima con los grandes laboratorios, presionemos ese ámbito también, y sobre todo limitémosles su función de determinar por la vía de los hechos —con nuevos registros, con
cambios en la modalidad, con triquiñuelas, con el tema de la publicidad engañosa—, limitemos la presión de los laboratorios que determina en muchas ocasiones la intensidad del gasto farmacéutico. Demos más instrumentos a los profesionales para que
puedan tener capacidad de decidir sin tener que depender de esos laboratorios. Establezcamos cambios en los sistemas de compra de los

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fármacos. Hagamos una ofensiva en profundidad con los genéricos con todas las consecuencias. Formemos a los ciudadanos.


Y luego entendamos una cosa. Si se quiere reducir el gasto en farmacia, especialmente con relación a las personas mayores, entiendan que con un buen centro de atención primaria, con educación comunitaria, con servicios comunitarios, se
ahorra mucho gasto farmacéutico. Cada vez que ustedes tiran hacia delante o hacia atrás la Ley de Dependencia, cada vez que cierran un servicio o lo dificultan, cada vez que impiden que se abra un centro comunitario de atención de servicios
sociales, están disparando el gasto farmacéutico de este país, porque muchas personas de cierta edad canalizan algunas de sus problemáticas hacia esa situación. Desgraciadamente es verdad. Por tanto, sí al control, pero sin el brigada chusquero y
sin la brigada Aranzadi, entrando en el fondo. Por último, vuelven a regular por enésima vez el tema de los consorcios sanitarios, y lo hacen además generando de nuevo…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: … profundos elementos de inseguridad jurídica.


En resumen, la verdad es que de ninguna de las maneras podemos votar este texto a favor, sino en contra, y les pedimos que abandonen su técnica de cargarse el trámite parlamentario planteando siempre proyectos de ley que al cabo de muy pocos
días son sustituidos por una enmienda a la totalidad del Grupo Popular. Así es imposible dignificar la tarea parlamentaria.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.


Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, mi grupo parlamentario inicia la tramitación de este proyecto de ley que hoy debatimos con la presentación de una enmienda a la totalidad. El sentido de esta enmienda era estructural por cuestiones que hemos venido denunciando en
esta legislatura. El sistema de financiación autonómico debe ser modificado. Debería haberlo sido el año pasado y no lo fue. El Gobierno ha preferido financiar de forma extraordinaria a las comunidades autónomas con préstamos y créditos, en lugar
de hacerlo de forma ordinaria, es decir, a través de un nuevo sistema de financiación.


Estas consideraciones no obstan para que, desde una perspectiva a corto plazo, pudiéramos valorar algunas de las medidas contenidas en el proyecto de ley de forma positiva; por ejemplo, la articulación de mecanismos para garantizar la
financiación de servicios sociales que venían financiando los entes locales o perfeccionar el sistema de liquidez que vienen percibiendo las administraciones territoriales. Pero todo ello solo porque no se acomete lo que debe acometerse, que es la
reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que, repito, de forma ilegal, en contra de la previsión legal del plazo de vigencia del ya más que superado y caducado sistema de financiación, previene la misma Ley orgánica de
financiación de las comunidades autónomas. Señor Coscubiela, parece que solo habla aquí para los medios de comunicación, según he entendido por lo que decía en la tribuna. Le recuerdo, señor Coscubiela, que su formación votó a favor del sistema de
financiación, de un mal sistema de financiación que Convergència i Unió rechazó, como también hemos rechazado en Comisión el dictamen del proyecto de ley que ahora debatimos. El señor Coscubiela parece olvidarlo o lo ignora. Usted sabrá, señor
Coscubiela.


En el trámite de Comisión ninguna de las enmiendas de Convergència i Unió se aprobó y las hemos mantenido para Pleno. Con algunas de esas enmiendas lo que pretende Convergència i Unió es delimitar muy bien el principio de estabilidad
presupuestaria sin que suponga una vulneración del principio de autonomía financiera, pues por el texto que hoy se aprobará parece que podría existir vulneración y creemos que eso debe limitarse bien. En términos de financiación autonómica,
nuestras enmiendas abordan varios aspectos; entre ellos, garantizar la efectiva participación de las comunidades autónomas en los ingresos que se han producido a raíz del incremento de los impuestos, por ejemplo, del impuesto sobre el valor añadido
y de determinados impuestos especiales, de los cuales las comunidades autónomas no han visto un euro. Tengan claro, señorías, que de 2012 a 2014 ese incremento de impuestos ha supuesto 35.000 millones de euros que han sido destinados a la
Administración General del Estado, pero no a las comunidades autónomas.


Hay otras enmiendas que van en este mismo sentido: revisar el reparto de los objetivos de déficit atribuidos a los diferentes niveles administrativos, toda vez que los que se han atribuido a las comunidades

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autónomas son unos objetivos de déficit superiores a los previstos por la aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. También pretendemos modificar el importe de las entregas a cuenta del
sistema de financiación autonómico con el fin de adecuarlo a la evolución de ingresos tributarios recaudados. Lo he explicado más de una vez en esta tribuna, señorías: las comunidades autónomas en 2015, en un periodo en que se está recaudando
mucho más por impuestos, tendrán menos ingresos a cuenta que en el año 2012. También reclamamos la dotación y transferencia de pagos a cuenta del Fondo de competitividad correspondiente a los años 2014 y 2015.


En el debate de la enmienda a la totalidad nuestro portavoz en materia de Hacienda, señor Sánchez i Llibre, manifestaba una preocupación muy puntual, pero de suma importancia para nosotros, que es la que queda recogida en las enmiendas 65 y
67. La aplicación estricta del contenido del proyecto de ley conlleva a una rigidez muy elevada para el normal desarrollo del trabajo que llevan a cabo los institutos financieros autonómicos, teniendo que solicitar la autorización de la
Administración del Estado, del Ministerio de Hacienda, para conceder un aval o crédito, a pesar de que existe ya una autorización administrativa global no explícita para realizar esta actividad. Esta autorización singular complicaría extremadamente
la gestión de ese instrumento de dinamización, quiero recordar señorías, de la economía real, de la financiación de las pequeñas y medianas empresas y de la financiación de los trabajadores autónomos y, en definitiva, de la economía productiva.
Estas enmiendas pretenden eliminar esa rigidez porque, además, con las enmiendas aprobadas en dictamen del Grupo Popular, este tema no ha quedado cerrado. Estamos intentando avanzar al respecto y aún no hemos llegado a un acuerdo.


Otra cuestión que nos preocupa de las enmiendas del Grupo Popular, incluida en el dictamen, es la relativa a la contratación de personal por parte de consorcios de investigación —el señor Coscubiela lo decía—, de investigación y no
sanitarios. Son temas importantes para CIU que aún no se han cerrado y continuamos negociando. Además, quiero agradecer la buena disposición de la ponente del Grupo Parlamentario Popular, la señora Romero, para el diálogo.


Hablamos de financiación de las comunidades autónomas de nuevo, el principio de suficiencia tiene su razón de ser, señorías, y entenderán perfectamente que debe ser una financiación suficiente para garantizar los servicios que las
comunidades autónomas prestan en materia de sanidad, en materia de educación y en materia de servicios sociales. Para ello no podemos olvidar las nuevas disposiciones que se han incluido en dictamen como consecuencia de la aprobación de las
enmiendas 87 y 88 presentadas por el Grupo Popular. La primera modifica el título VII de la Ley General de Sanidad y la segunda modifica la Ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud. No es la primera vez que el grupo mayoritario
incluye enmiendas que no tienen ninguna relación con el objeto del proyecto de ley que tramitamos y no es una buena fórmula, señores del Partido Popular, y tampoco es la primera vez que acabamos debatiendo más sobre las enmiendas que ustedes
presentan e incluyen en el dictamen del proyecto, que del mismo proyecto de ley.


Señorías, ustedes han detraído de la Comisión de Sanidad un tema importante. Han evitado un debate profundo, un debate de una medida que tiene consecuencias más allá de lo que propiamente sería la discusión política y tendrá consecuencias
en la ciudadanía. Ustedes modifican este tema por la puerta de atrás sin afrontar un debate a fondo allí donde corresponde hacerlo, que es en la Comisión de Sanidad, y eso no está bien.


Estas enmiendas suponen una injerencia en la gestión de los servicios sanitarios transferidos por la Administración del Estado y asumidos hace muchísimos años por las comunidades autónomas. Se preguntarán por qué. A través de un supuesto
instrumento de facilitación de tesorería del gasto farmacéutico se pretende intervenir en las competencias de gestión autonómicas, pudiendo la Administración del Estado llegar a concentrar de facto esa gestión y también permitir al Gobierno anular
la cartera complementaria de servicios sanitarios de las comunidades autónomas y limitar el acceso al reparto de recursos económicos para la sanidad. La medida es pura y llanamente una intervención de las comunidades autónomas. ¿Pueden afirmar
aquí que el objetivo de la medida es garantizar la sostenibilidad del gasto farmacéutico? Difícilmente podemos entenderlo así cuando es el Gobierno del Estado el que aprueba nuevas prestaciones, pero no dota económicamente a las comunidades
autónomas para su financiación. Recuerdo aquello de yo invito, pero tú pagas y además ahora te intervengo. Por tanto, señorías del Grupo Popular, no cuenten con nosotros.


¿Han hablado con las comunidades autónomas? Creo que aún no lo han hecho. Hablen con las comunidades autónomas porque les dirán que lo que debe hacerse es garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario a través de aumentar los recursos
presupuestarios estatales destinados a la financiación

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autonómica de la sanidad resolviendo la tradicional infrafinanciación que el sistema sanitario padece y también garantizando el principio de lealtad institucional con las comunidades autónomas en el ámbito sanitario, atribuyendo financiación
específica para las nuevas prestaciones aprobadas por el Gobierno del Estado.


Señorías, no podemos estar de acuerdo con estas medidas. La modificación en las leyes sanitarias que hoy aprobarán con sus votos, desde la visión del Ministerio de Sanidad debe tratarse de un mero asunto administrativo, pero desde la
perspectiva de las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en materia de sanidad, en prestar el servicio a los pacientes, a los ciudadanos, no es una medida administrativa, es una medida real y con efectos reales, que
afectará negativamente en el nivel de atención de los servicios sanitarios públicos. Para Convergència i Unió la medida es inasumible en los términos que hoy aprobarán con sus votos, la medida no es una medida real para garantizar la sostenibilidad
de los servicios sanitarios.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Acabo, presidenta.


La medida supone una clara injerencia en la gestión autonómica de los servicios sanitarios en contra de las competencias propias de las comunidades autónomas y con efectos en la prestación de servicios sanitarios a los ciudadanos.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.


Por el Grupo Socialista, señora Vázquez Morillo.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, presidenta.


El proyecto de ley orgánica que debatimos según su título modifica otras dos leyes orgánicas, pero según su contenido después de las enmiendas incluidas por el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Hacienda, modifica ocho leyes.
Menos mal que no metieron una enmienda para modificar el título, porque si no el presidente hubiera tardado un ratito en leer el título del proyecto que debatimos. En definitiva, el proyecto ha quedado en un totum revolutum destinado a recortar
competencias a las comunidades autónomas, la autonomía financiera y de gestión, pero que desde luego no soluciona ni la financiación de las comunidades autónomas ni va a facilitar el cumplimiento del objetivo de déficit ni va a facilitar el
cumplimiento del objetivo de deuda pública.


Para controlar el déficit y la deuda no hace falta recortar las competencias y tomar decisiones en nombre de las comunidades autónomas, porque el problema no son las comunidades autónomas —al menos no todas las comunidades autónomas—, quien
sistemáticamente incumple el objetivo de déficit es la Administración central. Alguien debería contarle al señor Rajoy que no ha mejorado el objetivo de déficit que dejó Zapatero en su último Gobierno en lo que a él respecta, en la Administración
central. Heredó un objetivo del 5,2 y siguió en 2012 en el 5,2 y en 2013 en el 5,5. Ahora, gracias a que la Unión Europea ha relajado los objetivos, la Administración central ha estado a punto de cumplirlo, le ha faltado muy poco, pero las
comunidades autónomas del PP se han pasado. En deuda pública ocurre quizá algo peor. Ustedes heredaron una deuda pública del 70 % del PIB y ya van por el 97,7 %. Como ya se les ha explicado, va a ser difícil llegar al 60 % en 2020, cosa que
también les ha advertido la Airef. ¿Qué ocurre con las comunidades autónomas? Que las del PP son las que más disparan la deuda, campeona total la Comunidad Valenciana con casi un 38 % de su PIB de deuda y además se ha saltado nada menos que en 5
puntos su objetivo. ¿Saben cuál era la deuda de las comunidades autónomas que heredaron? Rozaba el 15 %, así que ahora que lleguen ustedes a determinados objetivos que heredaron de Zapatero lo van a celebrar mucho. Si llegan al nivel de deuda que
heredaron, al 70 %, será un éxito; si llegan al nivel de deuda de las comunidades autónomas que dejó el Gobierno de Zapatero, será un éxito. Ya hasta se han puesto como objetivo cumplir con el porcentaje de paro que dejó Zapatero, van a celebrar
si son capaces de llegar a la tasa de paro que les dejó Zapatero.


Este proyecto de ley modifica también la Lofca. La verdad es que lo único que hace la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es restringir la capacidad de las comunidades autónomas, como le han explicado, para conceder avales.
Lo que no le gusta al Gobierno es que las comunidades autónomas tengan entidades de crédito propias que paralicen su eficacia. Esto nos preocupa mucho porque Andalucía tiene en puertas crear su instituto de crédito. Este proyecto de ley, como
decía, modifica también la Lofca,

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pero no para solucionar el problema de la financiación de las comunidades autónomas, sino para someterlas más a las órdenes del Gobierno central. Siguen diciendo que crearon un fondo de proveedores para pagar las facturas que se encontraron
en los cajones, pero es que tres años después siguen creando fondos y ya no son para aquellas facturas, sino para sus facturas. Crean un fondo de proveedores 2, un fondo de proveedores 3, un fondo social, el FLA. Están financiando a las
comunidades autónomas a través de préstamos que las mismas les tienen que devolver con intereses incluidos, y eso no es arreglar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Ustedes en cada fondo que ofrecen en buenas condiciones
reducen más las competencias de las comunidades autónomas. Ahora, por ejemplo, en este proyecto de ley se arrogan la autoridad para retener a las comunidades autónomas recursos para pagar directamente las deudas que tengan con las entidades
locales. Ya es el Gobierno central el que prioriza los pagos que tiene que hacer una comunidad autónoma en concreto. Ustedes aquí están incumpliendo la Constitución y por supuesto los estatutos de autonomía y el de Andalucía desde luego. Esta
forma de financiar las comunidades autónomas pone de manifiesto, como ya le han dicho también, que lo que tenían que haber hecho es traer un nuevo modelo de financiación de comunidades autónomas, pero no se han atrevido —han dicho— por Cataluña.
Pues se deberían atrever, si tienen una mayoría absoluta aplastante, podrían hacer lo que quisieran. Sufriría quizá Cataluña, no lo sé, pero se tenían que haber abierto a debatir aquí un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas.


Por otra parte, este proyecto de ley —en su título no aparece— crea un fondo más —había siete y este hace el número ocho— para financiar el sistema sanitario. Será una especie de FLA, pero, como siempre, a cambio le ponen unas condiciones
que son muy importantes. Esto, como se ha dicho ya, lo hacen a espaldas del Consejo Interterritorial de Salud. Ahora ya con que hable Montoro basta; no puede hablar ya ni el ministro de Sanidad para tocar la sanidad de las comunidades autónomas.
El Gobierno sabe perfectamente que el sistema de sanidad está infrafinanciado en las comunidades autónomas. Eso se reconoció hace tiempo en Conferencia de Presidentes y no se ha vuelto a modificar, por lo que todos han asumido que está mal
financiado. Ahora ponen un fondo sanitario y quienes se acojan, que serán todas porque todas las comunidades están con el agua al cuello, se comprometen a que el gasto sanitario no va a aumentar más que el crecimiento del PIB medio. Esto significa
que el Gobierno está poniendo a las comunidades autónomas una regla de gasto sanitario. Las comunidades autónomas ya tienen una regla de gasto. Si una comunidad autónoma cumple su objetivo de déficit, de deuda y su regla de gasto general, ¿por qué
no puede dedicar los recursos que quiera a la sanidad? ¿Por qué quiere recortar la inversión en sanidad el Gobierno del Partido Popular? Además, a quien se salte un poquito esta tasa —aquí está lo importante—, el Gobierno le prohíbe aprobar la
cartera de servicios complementarios. Esto es lo que perseguía el Gobierno, que no tengan libertad las comunidades autónomas para crear su cartera de servicios complementarios. Hay comunidades como Andalucía —la tengo que nombrar, aunque ponga
nerviosos a su bancada— que tiene el gasto per capita sanitario más bajo de España y la cartera de servicios más amplia del Estado. Además, ha cumplido el déficit y es de las que tiene la deuda más baja. Quizá el Partido Popular no puede soportar
eso. Esta barbaridad la ha incluido el Gobierno en una enmienda; es decir, se hubiera visto solo en Comisión y se hubiera aprobado con los veintitrés votos de los diputados del Grupo Parlamentario Popular. Como a mi grupo le parecía una
barbaridad que esto no se debatiera en Pleno y que el ministro no se atreviera a meterlo en la ley y a explicarlo en el Pleno, hemos presentado un voto particular para que haya que votar esa enmienda en Pleno y para que todos los diputados del Grupo
Popular tengan que votar, retratar otra vez la manera en que el Gobierno soluciona con recortes de gasto y reduciendo la capacidad de las comunidades autónomas el establecimiento de sus políticas en el sistema sanitario. Tienen la oportunidad de
retirarla, debatir esto en el consejo interterritorial que se va a celebrar el día 20 y, luego, buscar soluciones.


Termino ya, pero no quiero dejar de hablar de la enmienda número 64 para decir, según me transmite mi compañero navarro, el señor Moscoso, que cualquier reforma que afecte al bloque de constitucionalidad que fundamenta el Régimen Foral de
Navarra exige consenso. Por tanto, no nos parece —estamos de acuerdo con la argumentación de la señora Barkos— esta la vía más adecuada para solucionarlo.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Vázquez.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Se me acabó el tiempo.


Como el resto de los grupos que han subido aquí, votaremos que no a este proyecto de ley. Ustedes ya están acostumbrados a aprobar las leyes solos. (Aplausos).

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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Vázquez.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, en principio no pensaba subir a esta tribuna ya que el proyecto de ley inicialmente contemplaba la creación de unos fondos que no afectaban a los regímenes forales,
sino al modelo de financiación de régimen común. Pero, dado que el Grupo Parlamentario Popular ha introducido una enmienda a la Ley de Sanidad, no tengo más remedio que subir a esta tribuna y denunciarlo. Señores del Grupo Parlamentario Popular,
nos parece absolutamente vergonzoso su modo de proceder. En cualquier proyecto, decreto o iniciativa son capaces de introducir —y habitualmente lo hacen a través de una disposición adicional sin dar la cara en los proyectos para que no conozcamos
sus intenciones— una auténtica bomba legislativa —como en este caso— para dinamitar el marco autonómico. Ya vale, señores del Grupo Popular. Además, no lo explican ni comentan nada, pretenden destruir ese marco jurídico —insisto— por la puerta de
atrás. No cumplen ni siquiera con las mínimas reglas de fair play ni de respeto democrático. Sé que desgraciadamente lo que el Grupo Vasco les pueda decir en este momento les entra por una oreja y les sale por otra como se dice vulgarmente —es
decir, que se fuman un puro—, pero les pediría, señores del Grupo Popular, que fueran sensibles a nuestra posición y que trataran esta enmienda de una forma ajena a este proyecto de ley, la sacaran de este proyecto de ley y la tramitaran de otra
manera con luz y taquígrafos. Como digo, hoy lo hacen a través de una disposición final nueva que modifica la Ley General de Sanidad. Le dan —eso sí— apariencia de racionalidad económica; y digo solo apariencia porque lo que hacen en el fondo es
limitar la capacidad de actuación de las comunidades autónomas en el ámbito sanitario, y no solo de aquellas que se acogen a los fondos de liquidez que presuntamente se iban a crear con este proyecto de ley, sino a todas. Las medidas que se tratan
de adoptar a través de la enmienda se conocen desde junio de 2014, tal y como desvela la justificación. Sin embargo, se introducen mediante una enmienda que no se ha tramitado mediante un procedimiento ordinario, es decir, siguiendo las consultas,
los informes pertinentes, etcétera. Por tanto, en nuestra opinión, es un fraude constitucional por eludir precisamente el debate político en sede gubernamental, en sede incluso prelegislativa y en sede parlamentaria a través de una enmienda con
ocasión de otro proyecto, situación que se produce reiteradamente por parte del Grupo Popular. Se ha hurtado de esta forma toda participación de las comunidades autónomas, tanto en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como en el
marco del Consejo Interterritorial de Salud.


Se merecerían, señores del Grupo Popular, que nos retiráramos incluso del Pleno, porque no se puede legitimar este debate que estamos llevando a cabo. Pretenden imponer medidas de una ley orgánica, que es la de estabilidad, pensadas para el
conjunto del presupuesto de las administraciones, únicamente a un subaspecto de una sección específica mediante una ley ordinaria. Este es el caso del gasto farmacéutico, que no se contempla como tal en la citada ley orgánica a la que me refiero.
Ni el artículo 135 de la Constitución ni la ley orgánica cubren la imposición de las obligaciones y sanciones por incumplimiento en relación con los supuestos de hecho que la enmienda quiere introducir. Nada tiene que ver el conjunto de
obligaciones de estabilidad contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad con la visión parcelada que se obtiene de la enmienda. Señorías, no enviar la información al Ministerio de Hacienda del gasto farmacéutico puede suponer que el Ministerio de
Hacienda impida a las comunidades autónomas que puedan endeudarse. Sinceramente, ¿no les parece esto un auténtico exceso? El artículo 112 de la Ley de Sanidad que ustedes quieren modificar, dice literalmente: el requerimiento de cumplimiento
indicará el plazo, no superior a quince días naturales, para atender a la obligación incumplida con apercibimiento de que transcurrido el mencionado plazo se procederá a dar publicidad al incumplimiento y a la adopción de las medidas automáticas de
corrección previstas en el artículo 20 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.7 de la mencionada ley. Si vamos directamente al mencionado artículo 20, podemos leer que en las medidas
automáticas de corrección habrá que pedir la autorización del ministerio —y evidentemente será para que este lo deniegue en caso de incumplimiento—, y si la información requerida no llega al ministerio de la forma que este requiera, el ministerio
podrá impedir que la comunidad autónoma proceda al endeudamiento o también que pueda llegar a un acuerdo con la Administración del Estado en materia de subvenciones o inversiones. Sinceramente, señores del Grupo Popular, a mí esto me parece una
auténtica aberración, como dicen los modernos, una auténtica pasada.


Señorías, en nuestra opinión, los acuerdos en materia sanitaria se deben adoptar en el marco del Consejo Interterritorial de Salud y las ayudas y los acuerdos financieros, siempre y cuando sea en

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comunidades de régimen común, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión mixta del concierto en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de la Comunidad Foral de Navarra. Además, increíblemente, se
habilita a través de esta ley a la Comisión delegada para Asuntos Económicos para acordar la modificación o revisión de determinados preceptos, desde el 107 hasta el 110, relativos a la delimitación del gasto farmacéutico, lo que resulta un
desconocimiento del sistema de fuentes. La comisión delegada no tiene ninguna capacidad normativa para modificar artículos de una ley. Todas las obligaciones de información que se prevén se deben singularizar, en relación con la Comunidad Autónoma
de Euskadi, conforme a la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria.


Esta mañana les decía, cuando hablábamos de la convalidación del real decreto que nos traía el ministro de Hacienda, que utilizan la ley del embudo para contratar trabajadores públicos, limitando así la capacidad de actuación y el desarrollo
de las políticas públicas, como la sanidad y la educación. Es más, acabo de recibir la siguiente información, que el Gobierno requiere más información y niega al Gobierno vasco por la oferta pública de la Ertzaintza. Tengo aquí la documentación
aunque no tengo tiempo para explicarla, pero me parece una actitud poco colaborativa, una actitud que pretende dificultar la actuación administrativa y política en lugar de facilitarla. Es una actitud deplorable, señores del Partido Popular. Como
les decía, ahora lo que quieren controlar no es solo el personal, a pesar de que digan que son las autonomías de mayor poder en el mundo mundial, sino hasta el límite del gasto farmacéutico, no contentos, insisto, con la aplicación del 135 de la
Constitución, que por imperativo legal respetamos y cumplimos con los objetivos globales del déficit público. Si ya cumplimos los objetivos globales, ¿para qué quieren parcializar? ¿Qué quieren, montar un sistema policial para controlar
absolutamente todo? Me parece absolutamente demencial, señores del Partido Popular. Este no es un espíritu nuevo, este es el espíritu que se observa en cantidad de proyectos y de iniciativas que, desgraciadamente, traen ustedes, a esta Cámara.
Insisto en que nosotros cumplimos los déficits públicos globales, y ahora lo que quieren es ir controlando todas y cada una de las partes. Además, si una comunidad autónoma se sale de esos límites, en lugar de tratar de reconducirla y dialogar,
palo y tentetieso. Ese es el sistema que ustedes conocen. Tengo que decir tan alto como ustedes quieran y de manera clara que esto es, amén de una vergüenza, un escándalo y una intromisión muy grave, que, en nuestra opinión, seguro que atenta
contra la Constitución. Si así se aprueba, y esperemos que no, que esa enmienda sea retirada —mejor que no se tramite, pero, si se tramita, que se haga a través de un proyecto de ley en el que por lo menos podamos debatir y plantear nuestras
posiciones al respecto—, será absolutamente inconstitucional.


Por estos argumentos, votaremos en contra tanto de la enmienda como del dictamen del proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Popular, señora Romero Rodríguez.


La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Esta ley viene a implementar medidas que son beneficiosas para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos, con independencia del color político de sus Gobiernos. Es una buena ley para todas las administraciones territoriales,
especialmente para los vecinos de las mismas, que son los que reciben los servicios públicos. De eso va este proyecto de ley. Aquí se ha hablado mucho de lo que no se regula, pero no se ha hablado de lo que contiene, para hacer ruido y no hablar
de los beneficios de esta ley.


El proyecto de ley realiza una modificación de la Lofca para introducir un mecanismo de financiación por el que se abonarán las deudas que las comunidades autónomas tengan con entidades locales, algo que resulta fundamental para garantizar
la continuidad y la calidad de la prestación de los servicios sociales. Con esta finalidad se crea un registro electrónico de convenios, que va a permitir hacer un seguimiento de los convenios suscritos y en vigor entre comunidades y ayuntamientos.
De este modo, si se produce el incumplimiento de las obligaciones de pago establecidas en estos convenios, el Estado podrá actuar para garantizar que el ayuntamiento perjudicado cobre. Pero he escuchado aquí a portavoces de izquierdas rechazar esta
medida, y nos preguntamos: ¿es que alguien puede estar en contra de que quién realmente presta los servicios los cobre? Señorías, las comunidades autónomas tienen libertad para la prestación de los servicios con medios propios o por delegación.
Nadie les impone nada. Lo que no pueden hacer es delegarlo y cargar el mochuelo a las asfixiadas arcas locales y, encima, no pagar, porque al final acaban colapsando los servicios. Sinceramente, no sé si conocen la realidad local. No sé si saben
cómo es la realidad de la prestación de este servicio. No es una cuestión de tal o cual partido;

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son los alcaldes y alcaldesas de todos los partidos políticos quienes, en nombre de sus vecinos, piden una solución. En mi tierra, en mi provincia, en la Roda de Andalucía, el alcalde hizo huelga de hambre por cobrar los servicios sociales.
En el Ayuntamiento de Barcelona llegaron a un acuerdo todos los grupos de la oposición para pedir que se pagaran. Otro tanto pasó en Tarragona y así en todos y cada uno de los pueblos de España. Los alcaldes y las alcaldesas prestan los servicios
con voluntad, firman los convenios, quieren cobrarlo y luego no pueden, y con eso también se les recorta el gasto para lo que realmente tienen que hacer. El Gobierno ha puesto una solución sobre la mesa con esta ley. Con esta medida se pretende
saldar una deuda vergonzante que asciende a más de 700 millones de euros con las corporaciones locales en gasto social. Pero va más allá; con esta ley, el Gobierno pretende que no solo se paguen las facturas pendientes, sino que en el futuro los
servicios educativos, sanitarios y sociales que prestan las entidades locales cuenten con la financiación adecuada. A ello se oponen los que presumen de sensibilidad social. Pues menos sensiblería, menos palabrería y más hechos.


En segundo lugar, el proyecto de ley realiza una modificación de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La ley se adapta a los nuevos mecanismos adicionales de financiación de las comunidades autónomas y
se introducen ajustes técnicos en las reglas de endeudamiento de las comunidades, así como en materia de avales y reavales. Aquí vuelvo a insistir en lo que ya dije en Comisión. Estamos abiertos con CiU a la negociación, lo que supondría aceptar
la enmienda número 15 de Coalición Canaria y 57 del Grupo Socialista. El proyecto de ley mejora los mecanismos de reforzamiento de la financiación y liquidez de las administraciones; unos mecanismos que a lo largo de estos años y hasta 2015 van a
lograr unos ahorros para las comunidades autónomas de intereses de préstamos en 22.647 millones de euros, y de 3.467 millones de euros para las corporaciones locales. Señorías, es obvio que a las medidas de liquidez hay que ponerles, a su vez, unas
medidas de consolidación fiscal y de prudencia financiera, porque sin esas exigencias plantearse liquidez y garantía financiera no es más que una quimera. La ley crea un instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario,
de adhesión voluntaria para las comunidades autónomas; repito, de adhesión voluntaria. Sobre este tema han hecho hincapié diversos grupos con visiones suspicaces, cuando aquí de lo que se trata es de facilitar de nuevo liquidez, para que puedan
acceder a más prestaciones y prestaciones de alta tecnología a las que, en otro caso, no podrían acceder. Insisto, estamos abiertos al diálogo a lo largo de su tramitación, que sigue su curso ahora en el Senado, y les pido un ejercicio de seriedad,
porque, como siempre ocurre, aquí criticarán y mañana se acogerán a este mecanismo. Eso, señorías, no es de recibo.


Ahora voy a hablar de lo que han exigido aquí quienes no apuestan más que por la confrontación, por el ruido; quienes nunca aportan soluciones. Han hablado de la reforma del sistema de financiación autonómico. Querían que los reformáramos
cuando los ingresos del Estado habían caído más de 70.000 millones de euros. Querían que los reformáramos y hay enmiendas que piden que se les reforme para el 30 de junio, cuando el 24 de mayo hay elecciones autonómicas. ¿Con quién nos sentamos en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera si todavía no están formados los Gobiernos autonómicos? Es una visión política y financiera nula que, además de demostrar que solo quieren hacer ruido, constata que no tienen capacidad de propuesta. La
verdad es que podían haber metido enmiendas que pusieran algo más que fecha y hora, y yo lo que he visto son enmiendas en las que no ponen un modelo, como ocurre con el Grupo Socialista. El último modelo que tenemos es el que tenía Rodríguez
Zapatero —ustedes se han vuelto muy veletas—, que es el que aplicamos ahora. El entonces líder del PSOE y presidente del Gobierno decía que era un éxito histórico, un modelo de financiación autonómica para crear el verdadero Estado de las
autonomías; un sistema equitativo contra el que no había argumentos solventes, y ustedes ahora argumentan en contrario. ¿A ustedes qué motivo les asistía para no presentar enmiendas definiendo qué modelo tenían? ¿Es que acaso no se atreven y
dicen según donde estén lo que les conviene? ¿Qué quieren, que la financiación pivote por PIB como aplauden en Cataluña o pivote por población como piden en Andalucía? ¿Qué es lo que quieren para Murcia o para Galicia? No lo tienen nada claro;
cuando lo tengan claro, preséntenlo también el Consejo de Política Fiscal y Financiera que es donde se debate. Aquí han presentado fecha y hora de modelo, pero propuestas, ninguna. Seamos serios, el Gobierno en época de crisis lo que ha hecho es
reforzar la financiación de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Se han llevado, se han diseñado y se han puesto en práctica unos mecanismos de liquidez y una aportación financiera a favor de las entidades territoriales como nunca
se había hecho en España. Hablamos de más 184.167,2 millones de euros, de ellos más de 130.000 millones han sido destinados a

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políticas sociales, a financiar sanidad, educación y prestaciones sociales en este país. Esas cifras son la realidad, esas cifras son el compromiso de este Gobierno con el Estado de las autonomías.


Señor Salvador, tenga por seguro que este Gobierno y este grupo van a estar abiertos a la negociación, porque este Gobierno y este grupo siempre han respetado los derechos históricos y originarios de Navarra contemplados en nuestra
Constitución.


Señorías, la financiación adicional que ha proporcionado el Gobierno de España a las comunidades autónomas y entidades locales ha tenido unos efectos muy beneficiosos para todos, sobre todo para las instituciones que han podido responder a
sus compromisos pagando lo que debían. Muchos autónomos y pymes han cobrado y los vecinos han mantenido sus servicios. Desde el Grupo Popular no entendemos, después de lo que hemos pasado, que algunos apuesten de nuevo por la insostenibilidad de
las cuentas públicas. Es indignante ver cómo los mismos que hicieron que España tuviera una situación financiera insostenible y que cuando vieron la avalancha venir disolvieron esta Cámara para que otros frenáramos el alud, vuelvan ahora a pedir
gastar sin control, a la fiebre consumista del dinero público y a pretender que paguen facturas nuestros hijos y nietos. Les recuerdo que no es que hubiera facturas en los cajones, es que había facturas que estaban hasta en pesetas. A esos, a
quienes se les debían las facturas, en muchos casos tuvieron que cerrar su negocio y despedir a los trabajadores por los impagos. Sin embargo, observamos con perplejidad cómo sus responsables autonómicos acceden a las medidas de liquidez, acceden
al crédito con el aval del Gobierno y aquí confrontan medidas a las que se acogen y luego les beneficia. Sinceramente, esto es de una gran deslealtad política e institucional.


Desde 2011, cuando España cerró con un déficit del 9 %, todas las administraciones hemos hecho un esfuerzo para reducir el déficit del conjunto del Estado; en 2012 y 2013 se consiguió reducir el déficit; las administraciones públicas
cerraron 2014 con un déficit del 5,7 %; y el FMI hacía una previsión en su informe Monitor Fiscal que se publicó ayer para 2015 del 4,3 % y en 2016 del 2,9 %. Señorías, estos son nuestros resultados, no nos conformamos con el 9 % que nos dejaron
ustedes.


Los resultados económicos ciertamente permiten la esperanza de que pueda encararse el fin de la crisis. Pero hemos de seguir trabajando, todos juntos y sin descanso, para lograr acabar con el paro y garantizar que todos los ciudadanos,
vivan en la comunidad autónoma del municipio que vivan, reciban los mejores servicios públicos de las administraciones competentes en condiciones de igualdad. Por ello, y para que esta ley se ponga en marcha porque es beneficioso para todos, pido
su voto favorable.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Romero.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


— PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES. (Número de expediente 121/000128).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): A continuación pasamos al punto del orden del día relativo a los debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, el debate del proyecto de ley por el que se modifica la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Para su presentación tiene la palabra la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, presidenta.


Tengo el honor de comparecer ante esta Cámara para presentar el proyecto de ley que modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en virtud del artículo 149.1.23.ª de nuestra Constitución, que atribuye al Estado la competencia
exclusiva en legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y protección del medio ambiente. Este proyecto de ley modifica aspectos de la vigente ley susceptibles de mejora e integra nuevas normas europeas surgidas durante estos años.
Algunos problemas como la fragmentación de la propiedad forestal, muy atomizada en algunas regiones, derivan en una falta de rentabilidad económica de la actividad forestal. Ello conlleva el abandono de los montes con las negativas consecuencias
que de ello se derivan. Esto no ha podido solucionarse suficientemente con la actual ley. El elevado coste económico y administrativo, así como la complejidad de la ordenación y planificación de nuestros montes, conducen a su abandono y a que
puedan transformarse en potenciales almacenes de madera combustible susceptibles de arder ante condiciones climáticas extremas, como lamentablemente vemos todos los veranos. Los montes son una parte fundamental del medio ambiente y

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una parte esencial del medio rural y el tratamiento del sector forestal debe ser global e inclusivo, pues los problemas que afectan a la gestión de los montes afectan también al medio rural, afectan a la población que allí vive. Es, por
tanto, necesario mejorar el marco jurídico nacional del sector forestal para conseguir unos montes mejor gestionados, más cuidados, más protegidos, para beneficio de nuestro medio ambiente, también de la riqueza y del empleo de la gente que habita
el medio rural.


La finalidad de este proyecto de ley es optimizar las funciones sociales, económicas, ambientales y culturales que caracterizan los montes y que el sector forestal optimice su contribución al desarrollo sostenible de la economía. Los
principales objetivos de esta modificación son proteger la diversidad biológica, prevenir los incendios forestales, luchar contra el cambio climático y mejorar el aprovechamiento económico de nuestros recursos forestales. La conservación de los
montes es una pieza clave de la protección de la diversidad biológica de estos espacios que desde antiguo han estado sometidos a la influencia humana. La mejor manera de conservar y proteger la diversidad biológica que almacenan es gestionarlos
sosteniblemente. De la misma manera, todos los expertos afirman que la gestión forestal sostenible es la mejor barrera de protección de los montes frente a los incendios. Además, la lucha contra los incendios forestales y la gestión sostenible de
nuestros montes son armas muy importantes en la lucha contra el cambio climático.


Una gestión forestal sostenible consigue una adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, al ser los montes sumidero de gases de efecto invernadero. Un monte gestionado sosteniblemente se va adaptando progresivamente a un
cambio en el clima y puede luchar mejor contra la desertificación. Por otra parte, el crecimiento de las especies que vegetan en nuestro territorio forestal es prácticamente el doble de la cantidad de madera que se aprovecha en él. Esta continua
acumulación de biomasa se traduce en peligro de aparición de incendios y de aumento de su gravedad y en una disminución de la productividad forestal. Además, es objetivo de este Gobierno dinamizar el medio rural y asegurar medios de vida adecuados
a sus habitantes. No podemos privarles de la posibilidad de tener nuevas oportunidades de defender y mejorar sus intereses. Debemos aprovechar sosteniblemente los recursos disponibles que generan rentas, que generan puestos de trabajo en el medio
rural precisamente para sus habitantes, que son quienes lo habitan y quienes lo cuidan. Este Gobierno, señorías, apoya de manera especial el desarrollo local. El Plan de activación socioeconómica del sector forestal que aprobó el Gobierno a
principios del año pasado realizó un diagnóstico del sector forestal donde se destacaban entre otros los siguientes aspectos: la reducida dimensión de la propiedad forestal, la escasa ordenación de los montes y el bajo nivel de asociacionismo
existente en nuestro país. Fruto de este diagnóstico son algunas de las modificaciones recogidas en este proyecto de ley.


Paso a continuación a exponerles los aspectos más relevantes que este proyecto de ley trata de mejorar y que constituyen los instrumentos necesarios para lograr los objetivos fijados. Es objetivo, como he señalado, mejorar la gestión de los
montes españoles. Para ello, en primer lugar, se modifica su clasificación, porque la ley vigente presentaba confusiones en su tratamiento. La nueva clasificación se basa en dos criterios: la titularidad, según la cual los montes pueden ser
públicos o privados, y la posibilidad de afección a un servicio público. De esta manera, se establecen categorías separadas e independientes, de modo que un monte solo pueda pertenecer a una de ellas. Son demaniales los montes de titularidad
pública y que además cumplen una función de interés general. Son montes protectores los montes privados que cumplen una función de interés general. Son patrimoniales los montes que, siendo de titularidad pública, no cumplen una función de interés
general. Y, por último, son montes particulares aquellos cuya titularidad es privada y no cumplen una función de interés general.


Señorías, con la vigente obligación legal de que todos los montes cuya superficie sea superior a la determinada por cada comunidad autónoma dispongan de un instrumento de ordenación, no se tiene en cuenta que no todos los montes son iguales
ni tienen el mismo valor ambiental ni tampoco cumplen las mismas funciones; solo se considera su tamaño. El modelo anterior, con la simple obligación legal, no ha resultado efectivo y la proporción de montes ordenados sigue siendo baja. En el
proyecto de ley que hoy les presento se impone esta obligación legal a los montes de utilidad pública y a todos aquellos que cumplen una función de interés general, a los que se da diez años a partir de la entrada en vigor de esta ley que hoy se
presenta para cumplir dicha obligación. Y al mismo tiempo se simplifican los instrumentos de gestión, facilitando y fomentando que los titulares de los montes se doten de un instrumento de gestión y lo cumplan.


Se trata, por tanto, de reemplazar un modelo basado en la obligación coercitiva de la ley por un sistema que incentiva desde el punto de vista administrativo el que cada titular se dote del instrumento de

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gestión más adecuado y el que le resulte más conveniente. El proyecto de ley establece una ordenación forestal más sencilla y menos forzosa para aquellos montes que las comunidades autónomas así lo consideren. Estas podrán establecer
modelos de gestión adaptados a la realidad y tipología de sus montes, a los que los propietarios podrán adherirse y con ello asumir el compromiso de gestión según el modelo adoptado por las comunidades autónomas. Este modelo, eficaz y más sencillo,
se une a los otros modelos de gestión, que permanecen tal y como estaban establecidos. Para incentivar la ordenación se mantiene la disposición por la que los montes ordenados solo necesitan declarar previamente el aprovechamiento de madera al
órgano forestal, sin ser necesaria la autorización, salvo en el caso en el que el aprovechamiento esté entre los que deban someterse a evaluación de impacto ambiental. El proyecto de ley mantiene sin embargo el requisito de autorización previa para
los aprovechamientos de montes que no hayan sido ordenados. La excepción en el caso de aprovechamientos que sean de turno corto, es decir, inferiores a los de veinte años sigue en vigor y se añaden los de poca cuantía, es decir, aquellos de menos
de 10 metros cúbicos de madera.


Señorías, como consecuencia de las sucesivas desamortizaciones que han afectado a nuestros montes, existe un millón y medio de hectáreas de montes cuya titularidad corresponde pro indiviso a varias personas, algunas de las cuales en muchos
de estos pro indivisos son desconocidas —estos son los denominados montes de socio—. La disposición adicional contemplada en la vigente ley ha permitido comenzar a gestionar algunos de dichos montes. En este proyecto de ley se da una solución a
todos ellos tras la experiencia adquirida en estos años y se habilita un marco específico que permitirá su gestión sin necesidad de acuerdo de todos los propietarios, habida cuenta, como digo, que muchas veces son desconocidos. Para ello y sin
perjuicio de los procedimientos civiles de acreditación de la propiedad de las partes sin propietario identificado, las partes vacantes, se creará una junta gestora que incluirá a todos los propietarios conocidos, siendo suficiente la presencia de
las cuatro quintas partes de los mismos para su validez. Esta junta gestora se constituirá en comunidad de bienes, con capacidad para asumir los actos de administración y gestión del monte, y deberá notificar a la Dirección General de Patrimonio la
existencia de cuotas vacantes. La Dirección General de Patrimonio investigará su titularidad y decidirá finalmente su incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado o el acrecimiento de las cuotas conocidas. Los beneficios
procedentes de la gestión de las partes vacantes se invertirán en la mejora del monte.


Se regulan también las sociedades forestales como sociedades de capital o instrumentos de gestión agrupada, sin pérdida de titularidad de la superficie para promover la gestión de los montes y la generación de economías de escala. Se trata
de una agrupación de propietarios de parcelas susceptibles de aprovechamiento forestal, que ceden los derechos de uso forestal a la sociedad creada de forma indefinida o por un plazo no inferior a los veinte años, cuyo objeto social es la
explotación y el aprovechamiento en común de los terrenos forestales. Sus socios preservan todas las prerrogativas dominicales, a excepción de la gestión forestal, entregada por un tiempo a la sociedad a cambio de una participación en los
beneficios de los mismos. El objetivo que se persigue es evitar la imposibilidad de aprovechamiento de superficies forestales fragmentadas, así como poner en gestión amplias superficies forestales hoy abandonadas o semiabandonadas y conseguir su
introducción en el circuito productivo del mundo rural. Todo ello permitirá el aprovechamiento racional y sostenible de los productos forestales de los montes, y su protección generará actividad económica y desarrollo social, contribuirá a crear
nuevos puestos de trabajo y con ello a frenar la despoblación del medio rural.


Este proyecto de ley incluye medidas para combatir la tala ilegal de madera, que es la principal causa de deforestación a escala global, y lo hace a través de la lucha contra su comercio asociado. En este sentido se incluyen en este
proyecto de ley las medidas que permiten la efectiva aplicación en España de los reglamentos de la Unión Europea en materia de lucha contra la tala ilegal con la máxima simplicidad administrativa para nuestro sector forestal. En la nueva ley se
establece que las administraciones públicas cooperarán en el ámbito de sus competencias para asegurar la legalidad de la madera y sus productos derivados introducidos en el mercado español y determina que los agentes que opten por un sistema
individual deberán presentar una declaración responsable ante el órgano autonómico competente, que establecerá reglamentariamente el contenido de la misma. Para facilitar esta labor, la trazabilidad que comporta este sistema y las infracciones y
sanciones que acarrea, se crean registros informativos que permiten a cualquier administración autonómica hacer fácilmente el seguimiento de los productos forestales, tanto nacionales como importados, y trazar los distintos pasos que efectúen a
través de diferentes comunidades autónomas o en el exterior. Se hace así mucho más sencillo cumplir las

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obligaciones que impone el reglamento comunitario de la madera. Al mismo tiempo se facilitará la transmisión de información a la Unión Europea que se contempla en dicho reglamento.


El proyecto de ley contempla, a su vez, la introducción de la gravedad del daño causado como uno de los factores, junto al tiempo que tarda en recuperarse la situación anterior, que modula la gravedad de una infracción, de forma que no
solamente serán graves o muy graves las infracciones que tarden mucho en recuperarse, sino también aquellas que causen daños de gran magnitud, aunque sean recuperables en un tiempo relativamente pequeño.


Otros aspectos a destacar del proyecto de ley son los siguientes. La regulación de la circulación rodada por las pistas forestales. Tradicionalmente, una pista no cerrada se ha considerado transitable a menos que estuviese cerrada o la
circulación estuviese expresamente prohibida. Con la modificación de 2006 se prohibió el acceso a toda pista que no tuviese permitida de forma visible la circulación. Con la modificación actual se deja a las comunidades autónomas que sean ellas
quienes opten por uno u otro modelo, con la obligación de permitir el acceso a los vehículos de extinción de incendios, vehículos de vigilancia y de gestión, y marcando la obligación de regularlo, pero sobre todo manteniendo la seguridad jurídica de
los ciudadanos por encima del modelo que cada comunidad autónoma determine.


La Ley de 2006 contempla varias excepciones a la imposibilidad de cambiar el uso de terreno forestal en los treinta años posteriores a que haya sido afectado por un incendio. No se exigía nada por este cambio de uso y la posibilidad de la
excepción dependía tan solo del momento de la tramitación administrativa. A las posibilidades que hoy otorga la Ley de 2006 se incorpora una adicional que exige que sobre la zona quemada se declare la existencia de razones imperiosas de interés
público de primer orden. Se requerirá, con el fin de garantizar la total transparencia de esta nueva excepción, que las razones imperiosas de interés público de primer orden sean declaradas por una norma con rango de ley, lo que exige una consulta
previa a los órganos consultivos y una amplia consulta pública. Asimismo, se requiere para estos supuestos la reposición de una superficie equivalente a la que ha cambiado el uso.


El proyecto de ley pretende a su vez fomentar las plantaciones forestales en terrenos agrícolas abandonados como elemento de lucha contra el cambio climático. Estas plantaciones capturan gases de efecto invernadero, generan madera y se
utilizan —se utilizarán, se podrán utilizar— en terrenos agrícolas que de otra manera quedarían ociosos. Cada metro cúbico de madera que así se obtenga alivia la presión sobre bosques primarios de fuera de nuestras fronteras, disminuyendo la huella
ecológica de nuestra industria, ayudando a combatir el cambio climático. Con el fin de promocionar estas plantaciones, que generalmente son de ciclo corto, se elimina la caracterización del suelo como monte en estos casos. La plantación se somete
a la legislación forestal y cuando acabe el ciclo de producción el titular puede escoger entre cualquier cultivo forestal o agrícola, pues el suelo sigue manteniendo —no la ha perdido— esta última calificación. La finalidad es no impedir con el
cambio de uso irreversible la utilización de terrenos agrícolas y pastos como forestales temporalmente con las ayudas de la PAC, de la política agrícola común.


Las funciones de los agentes forestales y medioambientales se sistematizan: no cambian ni sus características ni sus funciones ni sus obligaciones y se mejora la coordinación con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en
aquellas ocasiones en que ambos concurren en una misma investigación, situación que se da aproximadamente en un 2 % de los casos. El agente forestal o medioambiental es el encargado de señalar e interpretar las pruebas que pueden conducir a
esclarecer los hechos presuntamente delictivos y el agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad es el responsable de establecer la cadena de custodia de las pruebas y realizar la investigación que conduzca a ello. Estas labores son las que en este
momento están marcadas por la legislación en vigor, por lo que, como he dicho, este proyecto no aporta nada nuevo a la situación vigente. Se mantiene el carácter de agentes de la autoridad de los agentes forestales y medioambientales. Sus
obligaciones y potestades en labores de policía, administrativa, forestal y ambiental, así como el carácter de policía judicial en sentido genérico, tampoco se cambian con respecto a la situación vigente. El nuevo texto establece que se definirá
una vía para que la coordinación con los órganos competentes en las investigaciones criminales, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad, sea rápida, fluida y fiable en beneficio de la propia investigación.


Señorías, para finalizar mi exposición, quiero comentar la inclusión de medidas de gestión cinegética y piscícola que el proyecto de ley contempla. Había necesidad de armonización y coordinación de aspectos importantes para el debido
ejercicio de estas actividades. Para ello, en colaboración con las comunidades autónomas, el ministerio elaborará una estrategia nacional de gestión cinegética como marco orientativo y de coordinación para la ordenación a escala nacional del
aprovechamiento cinegético y piscícola, que

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se aprobará en conferencia sectorial y contendrá aspectos como la regulación de las licencias de caza, los periodos de veda, las repoblaciones cinegéticas con especies autóctonas, la regulación de la caza de especies migratorias, la
regulación de la introducción de especies foráneas, entre otros. Se crea también con carácter informativo el registro nacional de infractores de caza y pesca para el reconocimiento de licencias de caza y pesca entre aquellas comunidades que así lo
decidan. La existencia de este registro facilitará la implantación del mecanismo de reconocimiento mutuo de licencias de caza entre comunidades autónomas, reconocimiento mutuo suscrito inicialmente por cuatro comunidades autónomas: Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Madrid y Extremadura, y al cual —a este, como digo, reconocimiento mutuo de licencia de caza que facilitará que una licencia permita a sus cazadores cazar o pescar en todo el territorio de las comunidades autónomas— se suman
las comunidades autónomas de Asturias, Galicia, Aragón y la Comunidad Valenciana.


Con todo ello, se pretende favorecer unos montes sanos, que sean soporte de nuestra gran diversidad biológica, además de impulsar la contribución positiva a los ciclos globales del carbono y del agua, la protección de las poblaciones y de
las infraestructuras frente a los desastres naturales y también la generación de renta y la creación de empleo en las áreas rurales, así como las excelentes condiciones para proporcionar recreo y valores culturales para todos.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.


Vamos a ver las enmiendas presentadas a este proyecto. En primer lugar, daremos la palabra a los miembros del Grupo Mixto que tienen enmiendas, para después pasar a los que no las tienen.


Empezamos por la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra, de nuevo en este proyecto de ley se da una preponderancia a la estrategia forestal española junto con una consideración referencial que subordina la política forestal de las comunidades autónomas, siendo reforzada
por la regulación del Plan forestal español como su instrumento de desarrollo que se superpone a los propios planes que elaboran las comunidades autónomas en materia forestal. Por tanto, se insiste en limitar y condicionar claramente la aprobación
y puesta en marcha de políticas de planificación, gestión y aprovechamiento de los recursos forestales propios en cada territorio. Esta reiteración de esquemas ya conocidos en la política forestal española es totalmente insostenible porque
significa un modelo forestal uniformizador que dificulta su adaptación en determinados territorios por ser diametralmente diferente su realidad forestal, lo que conlleva conflictos sobre los aprovechamientos y usos del monte y con ello su abandono.


Señorías, Galicia ha padecido una agresiva política forestal con motivo de la implantación de un modelo ajeno a sus intereses a través de un aumento de su superficie forestal en contradicción con otros usos del medio físico, sobre todo
agrícolas, para la implantación de masas forestales de crecimiento rápido, que además ha significado un deterioro de la calidad ecológica de los montes gallegos, reduciéndose considerablemente su diversidad. Esta política forestal fue diseñada
inicialmente por el Estado cuando el régimen era dictatorial y ha tenido continuidad en el régimen constitucional pues se ha mantenido esa idea unitaria sobre la gobernanza forestal y este proyecto de ley vuelve a relanzar y reforzar no la
planificación de las masas forestales encuadradas en una estrategia con perspectiva sostenible, sino a reimplantar una estrategia de planificación forestal general sobre todo el territorio del Estado controlado por la Administración General del
Estado. Señorías, coincidimos en avanzar hacia la ordenación y planificación de los terrenos forestales, pero desde administraciones u organismos próximos a su realidad y conforme a criterios propios que puedan tener capacidad de decidir sobre cuál
es el método más idóneo de aprovechamiento de usos de sus montes.


Llama la atención, señorías, la puerta abierta a que se elimine sobre la base de un criterio indeterminado y que puede ser arbitrario la prohibición de recalificación de terrenos quemados durante un periodo de treinta años cuando en
determinadas comunidades autónomas como Galicia hay una especial incidencia y preocupación por la actividad incendiaria en montes, además de que debería ser una facultad reservada a cada comunidad autónoma determinar los usos de los terrenos
quemados, dadas las diferencias de causalidades de los incendios forestales en cada una de ellas.


Señorías, señora ministra, sí se ha incorporado a este proyecto de ley normativa relativa a los agentes medioambientales y además se ha hecho sin comunicárselo a sus representantes ni tampoco a las comunidades autónomas donde ejercen sus
funciones. Se trata de una regulación discutible por ser

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parcial cuando se debería abordar un tratamiento integral del Estatuto de los agentes forestales bajo un mínimo común denominador de la profesión que permita el necesario desarrollo por parte de las comunidades autónomas sobre la base de sus
especificidades. Las drásticas medidas adoptadas por el Gobierno en contra de los referidos funcionarios públicos suponen prácticamente la total supresión de los agentes forestales y medioambientales, de su autonomía de actuación en el ejercicio de
sus funciones de Policía judicial genérica, incluso privándoles de la posibilidad de realizar un simple atestado, incurriendo el texto de la propuesta en una regulación incompleta, generadora de inseguridad jurídica y en graves contradicciones con
la normativa procesal penal contenida en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aprovechamos este momento, señora presidenta, para saludar a una representación importante de estos agentes forestales que, legítimamente y con toda justicia, están
reivindicando que el Gobierno rectifique y reflexione sobre esta cuestión.


Señorías, la eliminación de la necesidad de contar con planes de gestión en los montes privados y públicos no catalogados, reduciendo el control sobre los aprovechamientos forestales en detrimento de la conservación de la biodiversidad…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta.


… o regular la caza en una ley que no le corresponde son asimismo razones para pedir la devolución de este proyecto de ley.


Termino, señora presidenta, reclamándole a la señora ministra y al Grupo Popular reflexión sobre este proyecto de ley y que en el trámite que queda pendiente de enmiendas parciales se pueda mejorar el texto en la dirección en la que
presentamos nuestras enmiendas y que se reclama desde el sector de los agentes forestales.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.


Señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Señora ministra, señoras y señores diputados, comienzo con una salutación al colectivo de representantes de agentes rurales que hoy nos acompañan.


Señora ministra, hoy vuelven a abrir la puerta a que los incendios de los bosques sean rentables para los especuladores o, en otras palabras, esta ley de montes, lejos de protegerlos, incentiva absolutamente su quema. Tanto es así que,
paralelamente, esta ley les quita a los agentes forestales su rango de Policía judicial, dificultando así el esclarecimiento, la detección y evidentemente también la detención de los pirómanos. Señorías, ¿recuerdan la famosa frase que decía: el
bosque es de todos? Pues bien, después de la aprobación de esta ley esta tarde, si los bosques se queman ya no serán de todos, sino que serán de los especuladores, serán de la industria del ladrillo, serán de aquellos que inflaron la burbuja
inmobiliaria que nos ha estallado en la cara. Por todo ello nosotros decimos no a la ley de montes, stop a la ley de montes del Partido Popular. Señorías, es una vergüenza, una tomadura de pelo a la ciudadanía que sus recetas para salir de la
crisis pasen por regresar al camino de la construcción desaforada, pero además es un atentado medioambiental que esto sea a costa del patrimonio natural, como hicieron también —de hecho, no nos descubren nada— con la Ley de Costas. No solo
destruyen ecosistemas, sino que nos están robando la riqueza natural, que es patrimonio colectivo, y lo hacen para beneficiar los intereses privados; unos intereses privados que no han tenido ningún problema ético para estafar y a la vez desahuciar
familias. Imaginen los reparos que van a tener para destruir el patrimonio natural.


Por otro lado, en coherencia con esta perversión, esta ley aumenta la duplicidad de competencias entre los cuerpos responsables de proteger el medio ambiente y empeora las respuestas ante posibles hechos delictivos. Pretenden que los
agentes forestales se dediquen a perseguir las pequeñas infracciones administrativas, mientras la práctica totalidad de los delitos medioambientales quedan impunes. Por poner algunos ejemplos, incendios forestales en detrimento de la fauna salvaje,
destrucción de espacios naturales, muerte de especies protegidas o vertidos contaminantes no serán perseguidos. Lo oyen bien, no serán perseguidos. El Gobierno ha decidido atacar 6.000 agentes forestales, de ellos 500 agents rurals a Catalunya,
limitando su capacidad de investigar delitos medioambientales pese a ser el cuerpo más preparado para la protección y prevención integral del medio ambiente. Pretenden que los agentes forestales actúen únicamente de forma auxiliar y que en caso de
descubrir hechos que puedan constituir

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un delito medioambiental entreguen las pruebas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, impidiéndoles incluso redactar un simple atestado. Voy a decirlo claramente. Lo que hacen es subordinar un personal funcionario especializado en la
protección medioambiental a otro que no lo está y que además, para más inri, no cuenta con los medios necesarios para garantizar una correcta protección del medio ambiente. En Cataluña, el Cuerpo de Agents Rurals redacta y lleva ante la autoridad
judicial en torno a doscientos atestados anuales por presuntos delitos contra el medio ambiente e incendios forestales. La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha felicitado reiteradamente —no solo una vez, sino
reiteradamente— por su tarea investigadora al Cuerpo de Agents Rurals en materia de delitos medioambientales. Más de la mitad de los delitos medioambientales en Cataluña son directamente investigados por este cuerpo que, evidentemente, cuenta con
presencia en toda Cataluña.


Acabo. Esta ley restringe la actuación de los agents rurals y no solo esto, sino que les impide la protección del medio ambiente. Por todo ello, señorías, señora ministra, no a la ley de montes.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.


Señora Ariztegui.


La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señora presidenta, señorías.


Señora ministra, son ustedes inasequibles al desaliento. Estamos otra vez ante un proyecto de ley que va en dirección totalmente contraria a los objetivos planteados, una clara marcha atrás en la labor de mejora, preservación y cuidado de
los montes como bienes naturales de una función social, ecológica y económica tan trascendental. Otra vez metemos la tijera —mejor dicho, la motosierra en este caso— para reducir la eficacia y las garantías medioambientales en la protección de los
bosques y el medio natural. Es un proyecto de ley innecesario, que no responde a ningún interés social y que acarrearía un grave retroceso de cara a la ciudadanía y al patrimonio medioambiental, de ahí la fuerte contestación social de los sectores
afectados, y aprovecho para saludar al colectivo que hoy nos acompaña. Además, con la excusa de que es legislación básica, procede nuevamente a recentralizar, a reforzar las competencias estatales en esta materia a costa de socavar las competencias
exclusivas que en nuestro caso ostenta Euskal Herria. O sea, intromisión competencial y además claramente contraproducente.


Vayamos por partes. En cuanto al aspecto medioambiental, nos sumamos al malestar expresado mayoritariamente por los servicios de guardería forestal medioambiental en respuesta al ataque a su actividad. Las diputaciones forales —en nuestro
caso, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia y Araba— ostentan la competencia exclusiva en materia de montes y vienen ejerciendo sus funciones de gestión, conservación y control de acuerdo con la responsabilidad que les corresponde y al valor que damos a este
recurso. Las reformas aquí planteadas no responden a ninguna necesidad recogida en su quehacer. No suponen mejoría alguna en sus funciones ni en una buena gestión del territorio y desde luego significan una invasión en toda regla en nuestra
soberanía. No podemos admitir que se reste eficacia y eficiencia a sus funciones, que se les quite función de gestión y conservación del medio ambiente que vienen desarrollando desde hace 150 años. Además de los graves defectos de tramitación de
esta norma, subordinar drásticamente a este colectivo de funcionarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, rebajándolos a la categoría de auxiliares, entre otras cosas, impediría que investigaran delitos medioambientales, generaría
terrible inseguridad jurídica y abriría la vía —esa que a ustedes tanto les gusta— para que empresas privadas pasaran a hacer la labor que corresponde a los guardas. Tenemos muy claro que en la defensa de la naturaleza no sobra nadie. Los ataques
al medio ambiente se deben combatir de forma coordinada y no subordinada del modo que ustedes plantean.


En cuanto a la posibilidad de construcción en zonas incendiadas, la modificación relativa a levantar el veto de treinta años para construir en terrenos que han sido afectados por el fuego tiene más peligro que una piraña en un bidé. Todo el
mundo sabe —y eso es lo que ha generado alarma social— que sin esa limitación se abre nuevamente la puerta a los incendios especulativos. Seamos claros, al abrir esa posibilidad por interés general prevalente —un concepto tan subjetivo, ambiguo y
expuesto a amiguismos e intereses privados—, y siendo todavía la intencionalidad la primera causa de los incendios forestales, estamos dando pie a incendios intencionados para proceder después a recalificaciones. Así protegen ustedes no los
bosques, sino los intereses de sus amiguitos.


Otro retroceso más es plantear la no obligatoriedad del proyecto de ordenación o plan técnico de gestión de las superficies arboladas. Creemos, igual que el sector, que es un instrumento bastante eficaz a la hora de gestionar el monte desde
la sostenibilidad y que además debe contar con el visto bueno de

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la propiedad. La eliminación de su obligatoriedad sin aportar otras soluciones efectivas que lo compensen abriría la puerta a más abandonos, más incendios y la posibilidad de proceder a destrozos en los montes no ordenados sin que pasara
nada. Supone otra recentralización más porque, al obligar a utilizar instrumentos de planificación y gestión según criterios uniformes de actuación en todo el Estado, someten a nuestro país a la función de mero ejecutor de dichos planes. Otra cosa
más es que nos hacen tragar con una serie de registros estatales sobre distintas cuestiones relacionadas con los montes y aprovechamientos de servicios forestales que, aunque van disfrazados de meros instrumentos de publicidad o consulta, avanzan
otro pasito en la recentralización de funciones y competencias en las que somos soberanos. ¡Y qué vamos a decir sobre la caza! Es inadmisible que en la normativa sobre montes se pretenda incluir regulación sobre caza y pesca, que es algo que nos
corresponde. Es decir, recentralización y retroceso en todo lo que toca. Para Amaiur está claro que este proyecto de ley, además de ahondar en la recentralización y la invasión de nuestra soberanía, empeora en aspectos básicos la protección
medioambiental y profundiza en la desregulación medioambiental, que es el santo y seña de esta legislatura como ha quedado patente en la amplia contestación que ha tenido en los medios, en la calle y hoy aquí por los sectores directamente afectados.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ariztegui.


La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Acabo, señora presidenta.


Tampoco favorece en absoluto el desarrollo rural y la creación de empleo, por lo que decimos un no rotundo a este cambio y pedimos la retirada de este proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ariztegui.


Señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.


Compartimos las críticas y las enmiendas que hacen tanto los agentes forestales y medioambientales —por eso les hemos querido acompañar esta mañana ahí fuera en su rechazo a esta ley— como las que hacen las organizaciones ecologistas a este
proyecto de ley que nace nuevamente sin ningún consenso. Entendemos que el Partido Popular continúa —ya empezó su antecesor, el señor Arias Cañete— con su política contra el medio ambiente. Empezamos con la Ley de Costas y la Ley de Parques
Nacionales y ahora seguimos con esta ley, que no supone ninguna mejora en la gestión forestal integral de nuestros montes ni establece medidas necesarias para salvaguardar los ecosistemas forestales, la lucha contra los incendios forestales y el
desarrollo rural. Esta ley pone en primer lugar los intereses privados frente a los públicos —ya lo han dicho las personas que me han precedido—, especialmente los intereses de algunos grupos de presión, como pueden ser cazadores, el sector del
papel y la madera, etcétera.


Esta ley es especialmente sangrante en dos cuestiones. En primer lugar, es especialmente preocupante la desvalorización que hace de los agentes forestales y medioambientales, un colectivo, a nuestro juicio, fundamental para la protección de
los recursos naturales, a los que esta reforma pretende recortar sus funciones y responsabilidades echando por tierra la gran tarea de educación, prevención y persecución de los delitos contra los recursos naturales que ha venido llevando a cabo
este colectivo. En segundo lugar, se abre la puerta a la recalificación inmediata de terrenos quemados bajo la premisa de que puedan ser declarados de utilidad pública, una declaración que se deja en mano de las administraciones locales y que se ha
venido usando de forma muy arbitraria. Les recuerdo un ejemplo: los terrenos quemados en los que se construyó Terra Mítica. Nuestro voto será negativo a un texto que, en definitiva, no mejora la gestión forestal ni la lucha contra los incendios
forestales ni el desarrollo rural ni los ecosistemas forestales. Les pediríamos que antes de aprobarla reflexionaran y la retiraran.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


¿Por qué será que grupos tan dispares y tan diferentes —más los que todavía faltan por venir— coincidamos en los mismos conceptos a la hora de criticar este proyecto de ley, a la hora de decidir que este proyecto de ley no es lo que debería
venir? Aquella frase de virgencita, virgencita que me quede

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como estoy, parece que se puede aplicar en este momento. Es decir, preferimos la Ley de Montes actual; la preferimos porque las modificaciones que plantea este proyecto de ley no benefician en absoluto. Parece un proyecto de ley puramente
técnico, pero es muy político, como todos los que surgen de su departamento, porque su antecesor dejó bien claro que él iba a ser un ministro muy político, muy centralizador, muy español y muy nacional. Todo aquello que sea recuperar lo que ustedes
entienden que cedieron —no porque corresponda a las comunidades autónomas, sino que son cesiones que hace el Estado— hay que recuperarlo sí o sí. Este es uno más de los mismos temas, porque es un producto legislativo caracterizado por una serie de
elementos estructurales que se están convirtiendo en habituales en todas las leyes que están viniendo y en muchas de las iniciativas legislativas que formula el Gobierno del Estado en estos últimos tiempos. De esta forma, bajo ese paraguas
protector de legislación básica, ustedes deciden lo de la legislación básica aplicando el 149 a todo lo que se menea; y en este caso por el 149.1.23.ª, por ejemplo, el Gobierno procede al reforzamiento de las competencias estatales en esta materia
en detrimento de las que las comunidades autónomas ostentan de forma exclusiva en este mismo sector. Además, con el pretexto de una colaboración que no es tal, sino más bien es una coordinación dirigida por el Estado, se utiliza el mecanismo de las
conferencias sectoriales para obviar cualquier atisbo de asimetría que se pudiera articular en las relaciones Estado— Administraciones autonómicas, y más concretamente en el caso de la comunidad autónoma de Euskadi. A la par, ustedes ejecutan de
forma indiscriminada las prescripciones derivadas de la comisión para la reforma de las administraciones públicas, conocida como CORA, salpicando el ejercicio de las funciones aparejadas a esta materia con la implantación de una serie de registros
estatales sobre distintas cuestiones relacionadas con los montes y los aprovechamientos y servicios forestales. Por una parte recentralizan, asumen competencias, utilizan la conferencia sectorial para lo que no es y, por otra, se inventan una serie
de artefactos, como por ejemplo los famosos registros o los planes nacionales, etcétera, que pretenden que aquello que ya está transferido y se está usando, de alguna manera se pueda utilizar para volver a dirigir estas políticas desde la metrópoli;
al fin y al cabo ese es el dibujo central de este proyecto de ley. Es la marcada visión de un Estado que pretende recentralizar competencias, funciones y atribuciones mediante cualquiera de las iniciativas que estén a su alcance.


Igualmente, el reforzamiento de la presencia en las conferencias sectoriales tiene otra consecuencia relevante que se manifiesta en el incremento de la utilización de instrumentos de planificación y gestión de políticas públicas en una
materia concreta, en este caso la que concierne a montes, recursos y aprovechamientos forestales, resultando que por medio de estas herramientas de planificación del Estado, este se erige en controlador de la materia de que se trate, implantando
criterios uniformes de actuación con desatención casi absoluta de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en esa materia, quedando esas competencias relegadas a funciones de mera ejecución de esos instrumentos. La actitud es más
bien perversa en ese sentido; se generan una serie de mecanismos para que no se pueda decir que las comunidades autónomas no son competentes; no, son las que ejecutan las órdenes que se dan desde Madrid.


Asimismo, con el objetivo de reforzar una visión centralista —repito— o de carácter estatal de esta materia, el Gobierno recurre, como viene repitiéndose, a la figura de la unidad de mercado en otro intento de recuperar de manera paulatina
competencias autonómicas: la caza, la pesca, las especies cinegéticas. Para ello, incorpora instrumentos ad hoc. Ustedes han incorporado un nuevo instrumento, que es la estrategia nacional de gestión cinegética y el registro español de
infractores de caza y pesca con esa finalidad. Se ha dicho por parte de otros compañeros, y ustedes lo saben perfectamente, que el tema de la caza es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia. No
sé por qué han querido meter el dedo en esta historia, quizá para contentar a los cazadores, etcétera. En ese sentido, las leyes que tiene cada comunidad autónoma en esta materia son suficientes, son claras y competentes en todo ello. Además, es
una especie de matute, porque han metido en esta ley algo a lo que quizá le correspondería otro lado. En cualquier caso, es una incursión más en una materia competente que no es la suya.


En el entorno social, algunos de los contenidos de este proyecto vienen precedidos de una importante contestación. Se trata, por un lado, de la previsión que ustedes recogen en el apartado 61 del artículo único de esta modificación de la
ley, que incorpora un nuevo párrafo, en virtud del cual se habilita a las comunidades autónomas para que —lo dicen así— ante la concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden, que deberán ser apreciadas mediante ley, puedan
excepcionar la prohibición de cambio de uso forestal, al menos durante treinta años, en los terrenos forestales incendiados. ¿Por qué

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será que todos olemos lo mismo? No es que hagamos una analogía con el tema de los incendios, pero es que todos olemos lo mismo con esta modificación. Desde distintas partes implicadas en este sector se transmite una especie de incitación a
la quema de bosques con el objeto de recalificación de los correspondientes terrenos con fines urbanísticos, que es la consecuencia lógica que todos sacamos. Porque, si no, ¿a qué se debe este cambio? No lo entendemos.


Por otro lado, proveniente de las medidas derivadas de la CORA, que también están utilizando para esta ley, como han comentado otros compañeros, se despoja a los agentes forestales —cuyos representantes nos acompañan y a los que saludo— de
su carácter de funcionarios públicos. Es algo muy intencionado y muy premeditado, porque dejan de ser auxiliares de la justicia y se les convierte en personal auxiliar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con lo que únicamente podrán actuar como
policía administrativa ante la existencia de hechos que puedan constituir faltas administrativas. Además, la reducción funcional de estos agentes y la pérdida de su naturaleza funcionarial se percibe desde el mundo sindical también, porque hemos
recibido esa queja, como una fórmula enmascarada, tal y como han citado otros grupos, para una futura privatización o posible privatización de este servicio. Finalmente, el texto expuesto exime a algunos tipos de montes de la obligación de disponer
de instrumentos de gestión de esos espacios directamente vinculados al territorio y a los recursos naturales, para los que el artículo 45 de la Constitución obliga a los poderes públicos a su utilización racional con el fin de proteger y mejorar la
calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.


Lo que hemos dicho en este discurso es que, a la luz de todos esos antecedentes, ciertas modificaciones son claras porque se conceden competencias al Estado para dictar normas básicas sobre conservación y uso sostenible de recursos genéticos
forestales; en el tema de la caza se infringe la competencia exclusiva de la comunidad autónoma por medio de esta modificación y, en el mismo sentido, se atribuye al Estado la gestión de los instrumentos necesarios para el desarrollo en materia de
recursos genéticos forestales. Consideramos que al asignar competencias al Estado para la aprobación de directrices básicas comunes de gestión forestal sostenible se infringen competencias autonómicas de carácter exclusivo. Creemos que la
inclusión y exclusión de los montes en el catálogo de montes de utilidad pública debe hacerse por acuerdo del máximo órgano de Gobierno de cada comunidad autónoma, por lo que se infringe la competencia de estas para la organización y asignación de
sus competencias y funciones. Consideramos que, al crear el Registro nacional de montes protectores bajo la dependencia del ministerio correspondiente, se infringe la normativa autonómica para la llevanza de los registros forestales, y desde la
sentencia 71/1983 sobre el catálogo ha quedado establecido que estos requisitos de orden sectorial son de titularidad de las comunidades autónomas, como ustedes bien saben. También consideramos que el apartado 5 del artículo 36, al asignar
competencias a una Administración distinta de la titular del monte para la enajenación de productos o servicios de los montes demaniales o públicos, no solo es contradictorio con el número 1 del mismo artículo sino que desconoce las materias en
competencia de patrimonio de las entidades locales titulares de los montes catalogados. También consideramos que al establecer ustedes por el Estado el turno mínimo, a efectos de aprovechamiento de espacios de turno corto en veinte años, se
desconoce la competencia de las comunidades autónomas para regular esta materia ya que no las cita, tratándose de una materia de competencia exclusiva de estas. Ustedes, con la modificación del artículo 61, crean el Registro nacional de
cooperativas, empresas e industrias forestales. Cabe plantear bajo qué amparo constitucional se crea este mencionado registro, toda vez que está establecido que los registros de carácter sectorial sobre materia forestal son también de titularidad
de las comunidades autónomas. Por lo tanto, creo que hay más de una invasión, más de un infringimiento, más de un desconocimiento que no lo considero involuntario, porque ustedes saben que cuando han modificado esta ley, que precisamente modifica
todas esas cuestiones que he citado y que todas ellas afectan en la misma línea de flotación: me adjudico lo que en su día se decidió que eran competencia de las comunidades autónomas y ya vendrá luego el Tribunal Constitucional a decir que no
tengo razón o, quizá, a decir que tengo razón, porque todos sabemos cómo suelen ser las sentencias del Constitucional.


Señora ministra, espero que retiren este proyecto. Nosotros no lo vamos a apoyar, por eso lo hemos enmendado a la totalidad, aunque también sabemos de matemáticas. Sabemos lo que es la configuración de este Parlamento y esperaremos a la
fase de enmiendas parciales para poder introducir aquellas que consideramos oportunas.


Muchas gracias, señora presidenta.

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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, representantes de los agentes forestales. Señora ministra, lo primero que tengo que hacer es felicitarles porque han vuelto a conseguir ustedes algo que a los demás nos parece complicado pero en lo que este Gobierno tiene una
enorme habilidad, y es crear leyes que son transversales en el rechazo que provocan en la oposición, de manera que consiguen que nos pongamos de acuerdo en cantidad de enmiendas o de objeciones grupos que en otras cosas rara vez estamos de acuerdo.
En este caso, una vez más, coincidimos con muchos de los argumentos que se han ido exponiendo aquí, como los que tienen que ver con que estamos en contra de privar de su condición de autoridad pública a los agentes forestales, que la manera en que
se aborda el tratamiento de los incendios forestales es sumamente peligrosa, que se abre la posibilidad a una privatización de la guardería forestal, etcétera. Antes de entrar en estas cuestiones más de detalle, querría situar si esta ley era
necesario o no. A nosotros nos parece que es una ley regresiva porque vuelve no solo a un tratamiento economicista del monte y bastante ajeno —a lo que ahora me referiré— a cuál es la situación ahora de los montes en España, sino que además es
innecesaria porque no mejora la ley anterior. Nosotros pensamos que una ley hay que mejorarla o reformarla para mejorar aquellos aspectos que son insuficientes, que se han quedado anacrónicos o atrasados, Aquí no ocurre nada de eso, de hecho hay
una especie de vuelta a modelos anteriores ya superados por cualquier persona, experto o ciencia, o lo que quiera, que trata de cómo abordar la gestión de los montes.


Esta es una cuestión muy serie porque en España se ha dado un fenómeno verdaderamente curioso y llamativo, que ha sido el crecimiento de la superficie forestal. Como siempre se habla tanto, como es natural, de los incendios y de su impacto,
una noticia también muy interesante e importante como es el crecimiento de la vía forestal en España no suele aparecer en los medios de comunicación. Por tanto, quizás no será una noticia muy conocida, pero hay algunos datos sorprendentes. Por
ejemplo, que España es el tercer país de la Unión Europea en área forestal, tras Suecia y Finlandia, nada menos. Tenemos el doble de área forestal, reconocida corno tal, que Francia, un país un poquito más grande que España en superficie. Entre el
año 1990 y 2010 pese a los incendios forestales el área forestal aumentó un 35 % nada menos, y se mantiene a día de hoy todavía un crecimiento anual de aproximadamente algo más del 2 %. Es decir, estamos hablando de que cada año en España hay un 2
% más de monte, de diferentes tipos de monte. De diferentes tipos de monte porque en gran parte este crecimiento se debe no a una planificación o a una voluntad expresa de aumento del área forestal o a condiciones ambientales forestales, sino al
abandono de los medios rurales. Es decir, gran parte de ese crecimiento del monte en España se ha dado como consecuencia del abandono de campos y del modelo de gestión tradicional que ha habido durante mucho tiempo en muchas generaciones en muchos
de estos montes. A eso hay que añadir que una de las consecuencias que ha tenido esto para España no es precisamente buena, y es que tenemos algunos territorios tremendamente despoblados de tamaños gigantescos. En España hay algunos territorios
con densidades de población casi desérticas que son del tamaño de algunos países miembros de la Unión Europea, cosa de la que también convendría hablar y abordar. Para este tipo de problemáticas sociales, comunitarias y geográficas la Ley de Montes
es sumamente importante, porque se trata de abordarla corno una problemática o un tema, como le quiera llamar, que tiene un montón de registros. Está el medioambiental por supuesto, el de usos agropecuarios y el económico, pero está también el
geográfico, el demográfico porque España no ha sido capaz a día de hoy —pese a que hay fondos europeos que no se han utilizado— de encontrar un modelo que permita una población sostenible en medios agrícolas que han sido abandonados, precisamente en
zonas rurales, porque no se ha encontrado una actividad sustitutiva, y no porque carezcamos de los medios o conozcamos qué tipos de modelos hacen falta para conseguir esta reutilización en un sentido creativo, medioambientalmente sostenible y además
económicamente interesante y positivo de los montes.


Pues bien, esta ley no solo no entra en nada de esto, sino que nos retrotrae, como decía, a aquellos viejos modelos que ven a los montes como la caza o la pesca, a las que usted ha dado una gran importancia. Sin embargo, no deja de ser algo
paradójico porque aunque sean actividades muy importantes en algunas regiones, precisamente debido a su economía marginal, hoy en día no se considera —porque es una manera decimonónica de enfocar el asunto— que el bosque o los montes sean ante todo
cotos de caza o

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de pesca. Aunque estas actividades tengan su interés sin duda alguna, sobre todo para los cazadores y pescadores, son bastante marginales dentro de la importancia del terna en sí.


Para repasar los contenidos de la ley y los motivos por los que la enmendamos —aunque ya lo hemos dicho— y pedimos la devolución de esta ley al Gobierno, es que incluye un tratamiento de la figura del agente forestal que no podernos
compartir, pero que además es tramposo porque si su Gobierno, como ha demostrado muchas veces, no tiene la menor intención siquiera de ampliar, no digo ya de completar al cien por cien, la plantilla de la Guardia Civil, tampoco van ustedes a
incrementar el Seprona. Si quitamos a los agentes forestales la capacidad de ejercer una jurisdicción pública y no vamos a incrementar el Seprona porque no existe ninguna intención por la contención del gasto público, ¿qué van a hacer ustedes?
Pues iremos a lo que está ocurriendo en todos los demás ámbitos laborales: privatización encubierta, pasando a empresas de seguridad privadas funciones que ahora cumplen mucho mejor los agentes forestales. No podernos estar de acuerdo ni con la
mentalidad ni con la medida ni con las consecuencias.


Más temas, a los que también han hecho varias alusiones otros grupos. Nosotros somos partidarios de que haya una clara distribución competencia] entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Esta ley empeora lo que ya es un caos
competencia]. Además, tienen razón los que dicen que invade competencias autonómicas exclusivas, que en este caso son competencias autonómicas exclusivas muy razonables, porque el Estado no tiene por qué meterse en todos los niveles de la
Administración ni mucho menos, sino en aquellos donde es eficaz o insustituible. De manera que por qué tiene que haber una ley estatal que hable de caza y pesca, si esto no va a crear más que problemas competenciales y además duplicidades en la
gestión. Es decir, vamos a ir a una duplicación de servicios de administraciones, cuando debería ser el primer objetivo de su Gobierno eliminarlas todas porque crean gasto superfluo e ineficacias y problemas administrativos e inseguridad jurídica.
Añadiría que esta ley crea también inseguridad jurídica, uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país, porque al final aparecen ternas, conceptos o asuntos como la caza y la pesca, que están fragmentados en su regulación normativa e
incluso se pueden contradecir entre sí. Véanse, por ejemplo, Estatutos de Autonomía, Constitución y este tipo de leyes que entran ahí cual cazador furtivo en cacharrería.


En cuanto al asunto del tratamiento de la posibilidad de recuperar bosques quemados, ustedes pueden pensar y quizás podrían intentar convencernos de que el tratamiento de la ley vigente anterior es demasiado riguroso y no permite una gestión
flexible, pero lo que hacen es introducir el típico concepto extrajurídico ambiguo que no se sabe qué quiere decir. Esto es, qué vamos a entender por interés general para la recalificación de zonas quemadas —esto es de una ambigüedad
extraordinaria— o quién define qué es el interés general. ¿Por qué no lo hace esta ley? ¿Por qué tiene que haber otra ley que desarrolle la ley? ¿No han oído aquello de Cicerón de que la república más corrupta es la que tiene más leyes? Siempre
estarnos con lo mismo. No se pueden producir leyes como quien produce salchichas; leyes que se contradicen, que son de complicadísima interpretación, que crean problemas a los propios jueces y a los abogados, en definitiva, a la Administración de
Justicia.


Otras cuestiones que nos parecen incomprensibles. Desaparece la obligación de contar con planes de gestión de los montes que no están catalogados. Al final tenernos una catalogación del territorio, pero sin una visión de conjunto sobre de
qué manera tenemos que interactuar y convivir con una mayor y mejor protección medioambiental y explotación de esos recursos. Además, leyendo la ley en su tenor literal, nos da la impresión de que entienden la idea de —veamos cómo lo dicen—
sostenibilidad y aprovechamiento racional. El aprovechamiento es un concepto verdaderamente de estos de la época del economicismo. Si algo no se aprovecha, si no produce un beneficio monetario inmediato parece que no tiene rentabilidad, pero no es
cierto. La explotación y gestión de los montes tiene muchos tipos de rentabilidad. Aparte de la medioambiental y muchas otras, tiene también rentabilidad incluso energética o, mejor dicho, la podría tener si su propio Gobierno no hubiera
penalizado la explotación de la biomasa, que es un uso sustitutivo de usos tradicionales, muy interesante para fijar población y que haya economía productiva en zonas de monte, y que resulta que los sucesivos, interminables, contradictorios y
lamentables reales decretos-leyes que han introducido aún más caos en la política energética, ha sido penalizada. Si se facilita la explotación de la biomasa en muchos bosques, sobre todo mediterráneos, que después se queman porque ya no hay como
antes usos agropecuarios que limpiaban el bosque, tendríamos el doble objetivo de tener montes limpios y además producción energética local en forma de autoconsumo sostenible y que se podría regular perfectamente sin perjuicio para nadie al revés,
con ganancia para todo el mundo.

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No entran tampoco en un tratamiento fiscal adecuado, no desarrollan cosas que se citan en la ley que suenan bien pero que luego no tienen desarrollo y, por tanto, se quedan en declaraciones de intenciones. Ya les digo que, para finalizar,
es una ley que vuelve a esa mentalidad antigua, superada, de los montes como explotación forestal y, no entra a apreciar cosas como su valor ecológico, la posibilidad de restauración ecológica de zonas muy castigadas y, sobre todo, el hecho de cómo
nos enfrentamos a ese fenómeno para el cual nosotros no conocernos ninguna política eficaz, ni nadie la visto en ninguna parte, de cómo se enfrenta España al reto de ser un país desarrollado con muchos territorios casi vacíos y que se están llenando
de árboles, no porque haya una voluntad de que se llenen sino porque allí ya no vive nadie. Este es un problema fundamental de gestión del territorio, de proyecto de país y, sobre todo, para las comunidades autónomas que más lo sufren, que son
también —como es lógico— las que en muchos casos tienen más problemas de desarrollo económico.


Señorías, es una oportunidad perdida. Con esta ley no se consigue nada de todo eso; volvernos a un modelo superado. Crean problemas a los agentes forestales que no se merecen, abren incertidumbre, inseguridad jurídica y además es un
modelo de explotación del monte —ya les digo— de la época de Maricastaña. Por eso, les pedimos por favor que se lleven la ley y que nos devuelvan una cosa que podamos votarles o por lo menos enmendarles, y no pedir que se la lleven a casa otra vez.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Pérez Moya.


El señor PÉREZ MOYA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, representantes de los agentes forestales y medioambientales —un sector de los más perjudicados por la aplicación de la propuesta de modificación de la ley que presenta el Gobierno—, desde el punto de vista de La Izquierda
Plural el gran interrogante que abrimos es qué intereses se mueven alrededor del proyecto de modificación de la Ley 43/2003, de Montes: ¿la protección del bien común, la protección del medio natural o la defensa de los intereses privados de unos
pocos bajo un criterio de gestión forestal puramente economicista? Es evidente que la propuesta no pretende proteger la biodiversidad que caracteriza nuestros montes, ni favorecer la generación de actividad económica a través del impulso de
iniciativas y actividades y servicios relacionados con la protección del medio ambiente y el medio natural. No vemos que esa protección sea la prioridad del proyecto de ley presentado por el Gobierno y no lo es —como no lo fue en la Ley de Costas
ni lo fue la de los parques nacionales—, porque el modelo de sostenibilidad medioambiental que caracteriza al Gobierno del Partido Popular es precisamente la desregulación, la pérdida de control público, en definitiva, priorizar los intereses y los
negocios privados en lugar de defender el bien común y el bien general.


¿Por qué el Gobierno no ha buscado el consenso necesario y ha insistido en dar un paso atrás en el desarrollo del proyecto de ley? Ha logrado que los colectivos afectados, al menos la mayoría, estén en contra de este proyecto: los agentes
forestales, los principales sindicatos, las organizaciones ecologistas y de defensa del medio ambiente, el Colegio de Biólogos y de Ingenieros Forestales y los grupos parlamentarios. Se han presentado nada menos que siete enmiendas a la totalidad.
Alguna cosa no se estará haciendo bien en la tramitación y en la propuesta de este proyecto de ley cuando, en el ámbito parlamentario pero también en el ámbito social y económico, no se ve válida para la gestión de los montes la propuesta que
presenta el Gobierno. Los cambios en la ley no incorporan mejoras sustanciales en la gestión de los bosques, invaden competencias autonómicas y leyes sectoriales, suponen un grave retroceso en la necesaria planificación y gestión forestal, degradan
y humillan la figura del agente forestal y medioambiental y permiten las recalificaciones y la construcción en zonas forestales e incendiadas —hay que recordar que actualmente está prohibido—, con el riesgo de que se provoquen incendios con fines
claramente especulativos. En vez de fomentar los instrumentos de control público y de gestión forestal, los eliminan. Han sustituido la autorización administrativa previa por una declaración responsable y, para los supuestos en los que sí existía
instrumento de gestión, el régimen de notificación previa es también sustituido por una declaración responsable. Por otra parte, la regulación de ciertos aspectos de gestión cinegética, además de no tener cabida y ser un absurdo en una Ley de
Montes, supone una clara invasión, una invasión en toda regla de las competencias autonómicas.


Vayamos por partes: elimina la prohibición de construir en una zona incendiada, abriendo la puerta a la calificación urbana de bosques quemados y, por tanto abriendo la puerta a la implantación de actividades que nada tienen que ver con los
montes, la gestión forestal o la protección de la biodiversidad. En 2006

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se introdujo en la Ley de Montes la prohibición del cambio de uso forestal de las zonas incendiadas durante treinta años corno mínimo, y ahora este proyecto elimina la prohibición, permitiendo el cambio de uso forestal en una zona
incendiada, abriendo paso al riesgo de que se provoquen incendios con fines especulativos. La eliminación de la prohibición de construir en una zona incendiada es una aberración típica de un Gobierno con una visión cortoplacista que tan solo vela
por los intereses de unos cuantos, Parece el último intento de perpetuar el desarrollo económico a golpe de ladrillo, lo que va en contra del sentido común y del interés general de los ciudadanos y ciudadanas de este país. No nos vale la
justificación de que el cambio tiene corno objetivo evitar que incendios provocados puedan impedir actuaciones de interés general. Lo que queremos es evitar casos que, bajo el paraguas del interés general, se han producido ya en nuestro país, como
el de Terra Mítica en Benidorm o la Meseta Ski en Tordesillas, con nieve artificial y en un terreno quemado, por tanto, el interés general no se ve por ninguna parte. Las razones imperiosas de interés público no son garantía de nada. Los dos
ejemplos que he citado son perfectamente claros. España además se ha visto condenada en tres ocasiones por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir este precepto.


En cuanto a la reducción de elementos de gestión forestal y de las garantías ambientales, en vez de fomentar los instrumentos de gestión forestal los eliminan reduciendo las garantías ambientales bajo una visión exclusivamente productivista
de los montes. Se reduce el control sobre los aprovechamientos forestales, olvidando la conservación de la biodiversidad. Permiten la aprobación de modelos tipo de gestión forestal, lo que posibilita prescindir de la elaboración de un instrumento
de planificación específico para cada monte o terreno forestal. Esto podría llevar a no tener que solicitar autorizaciones o comunicaciones previas al órgano ambiental, lo que impediría en la práctica la supervisión de los usos y aprovechamientos
del monte. —Queda meridianamente claro en el apartado 46 que modifica el artículo 32.4—. Han suprimido la obligatoriedad de los instrumentos de gestión para los montes privados no protectores y públicos no catalogados, y en aquellos casos en los
que se deba contar con un instrumento de gestión forestal se amplía de quince a veinticinco años el plazo para tenerlo, dilatando aún más el periodo sin planificación forestal. Ni cinco ni diez, veinticinco años, el equivalente a toda una
generación. ¿Es razonable ese espacio para contar con un instrumento de gestión forestal?


Eliminan la Red Natura 2000 de los supuestos para incluirla en los montes públicos en el catálogo de montes de utilidad pública. También eliminan a la Red Natura 2000 de la preferencia a la recepción de incentivos. El proyecto de ley
posibilita que los montes públicos puedan albergar actividades económicas que nada tengan que ver con la producción de bienes y recursos de naturaleza forestal. En opinión de este grupo, la realización de actividades de servicios ha de estar
directa y necesariamente vinculada a la protección del medio ambiente, Han sustituido la autorización administrativa previa por una declaración responsable, en los aprovechamientos maderables y leñosos de turno corto, en los montes no gestionados
por el órgano forestal de las comunidades autónomas y en los que no exista un instrumento de gestión. La reducción del control por parte de la Administración puede generar daños en la biodiversidad asociada a este tipo de aprovechamientos
forestales. Además no entendemos por qué precisamente a los aprovechamientos de crecimiento rápido, que son los que generan más impacto ambiental, se les exime de autorización administrativa previa. —Otra vez los criterios economicistas sobre la
mesa—. Asimismo, para los supuestos en los que sí existe ese instrumento de gestión, el régimen de notificación previa es sustituido por el de una declaración responsable por parte del titular del órgano forestal autonómico.


Los agentes forestales. Son los ojos y la salvaguarda del patrimonio natural y ambiental de nuestro país. No deja de ser paradójico que se manifiesten claramente en contra de la propuesta del Gobierno la Asociación Española de Agentes
Forestales y Medioambientales, Comisiones Obreras, UGT, el Sindicato Unificado de Policía, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, entidades ecologistas y medio ambientales y todos los grupos que me han precedido en el uso de la palabra. De
manera incomprensible degradan y humillan la figura de 6.400 agentes forestales que tiene nuestro país. No solo eliminan de su definición su calidad de funcionarios, lo que consideramos que podría dar paso a la privatización de las funciones de
policía, vigilancia y custodia del patrimonio natural, sino que además subordinan los agentes forestales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Por qué está agresión a un cuerpo histórico que tiene 140 años de historia? ¿Para
privatizarlos? Recomiendo al Gobierno la retirada de todo este apartado al que se refiere la propuesta de modificación de ley.


El texto propuesto va en contra de la Constitución —artículo 126 y posterior desarrollo normativo—, puesto que la policía judicial, acción claramente desarrollada por los agentes forestales, depende de jueces, tribunales y ministerio fiscal
en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento del

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delincuente, y no a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Introducen un elemento de inseguridad jurídica en la actuación de los agentes forestales, que se convertirían en meros auxiliares de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, dando un carácter incompleto e inconexo de la legislación procesal del texto del proyecto. Hacen un tratamiento desigual y arbitrario de los agentes forestales en su calidad de policía judicial respecto a cuerpos de similar naturaleza,
como es el Servicio de Vigilancia Aduanera o las policías locales, que tienen carácter colaborador y no auxiliar —insisto, no auxiliar— de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Subordinan a los agentes forestales, propiciando así una
pérdida de autonomía y eficacia, ya que para el desarrollo de una misma función pública se requerirá la participación de varios empleados públicos —agentes forestales, por un lado, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por otro— donde
actualmente no es necesario, complicando de esta manera las actuaciones.


Lo que necesitamos es una correcta coordinación entre agentes forestales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ambos cuerpos tienen que asumir las funciones y especificidades que les son propias en aras de la investigación y
esclarecimiento de los delitos ambientales. De hecho, que tengamos conocimiento, no se ha producido ningún tipo de problema en los juzgados por el hecho de quien instruye los atestados. Por cierto, sí se han producido conflictos cuando ciertas
comunidades autónomas han intentado restar sustantividad al trabajo de los agentes forestales, pretendiendo asumir un control sobre sus actuaciones, curiosamente comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.


Lo que vernos es que este cuerpo les resulta incómodo, el cuerpo de agentes forestales y, de salir adelante su propuesta, eliminarían un cuerpo que ha sido el artífice de denuncias ambientales sonadas, como la que originó la construcción de
una mansión de la familia Oriol-Aznar en el corazón del Parque Nacional de Cabañeros, con una licencia de obra menor, o la construcción de dos campos de polo en una finca privada del Parque Regional del Guadarrama, o también de las que se originaron
sentencias del Supremo contra grandes eléctricas como Endesa, por su responsabilidad en incendios forestales causados por líneas de alta tensión, o la condena de una gran empresa catalana de cava por hacer vertidos ilegalmente a un río en un terreno
protegido del pantano del Arroz de Alcarraz, en Lleida.


Ya se ha hablado —coincido con las voces que me han precedido— de la invasión de competencias de las comunidades autónomas. La caza y la pesca fluvial —el Tribunal Constitucional es muy claro en su jurisprudencia-son competencias exclusivas
de las comunidades autónomas. El dictamen del Consejo de Estado establece como muy dudoso que la Ley de Montes sea el lugar adecuado para regular aspectos relacionados con la caza y la pesca.


Termino. El Partido Popular es partidario de un Estado mínimo y centralizado, de una administración mínima, de un control medioambiental mínimo, y esto es lo que transpira la propuesta de modificación de ley que el Gobierno nos ha traído.
Los montes, sean de la titularidad que sean, están sujetos a la vigilancia y protección de la Administración pública. El bien público, el bien común —tengámoslo muy claro— está siempre por encima del bien privado y por supuesto de los lobbies
madereros, papeleros, cinegéticos y del ladrillo. Por eso nuestro grupo ha presentado la enmienda a la totalidad y recomienda al Gobierno que retire esa propuesta de modificación de ley.


Muchas gracias, (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Pérez Moya.


Por el Grupo Socialista, señora Lucio.


La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, antes de comenzar mi intervención quería desde el Grupo Parlamentario Socialista, desearle la mejor de las gestiones en la recuperación del barco hundido en aguas de Gran Canaria. Deseo que las lecciones aprendidas surtan
efecto y nos ponemos a su disposición como Grupo Socialista para cualquier cuestión que pudiéramos aportar desde nuestro grupo. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).


En primer lugar, saludo a los agentes forestales y medioambientales que nos acompañan hoy en esta tribuna, y que llevan un largo rato esperando este debate, no solo esperando este debate, sino esperando las consecuencias que este debate va a
tener sobre el monte y también sobre su figura particularmente.


Subo de nuevo a esta tribuna para denunciar la deriva legislativa del Gobierno del señor Rajoy en materia medioambiental y digo deriva, señorías, porque de nuevo cambian una ley ambiental sin proyecto político que lo justifique y sin
proyecto estratégico en materia medioambiental. Es una propuesta que carece, en primer lugar, de modelo alternativo y que de nuevo deja ver su principal debilidad corno

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Gobierno de manera global que no es otra que el cortoplacismo y la cortedad de miras a la hora de legislar. Modifican, por tercera vez en diez años, la ley que regula los montes que, por definición, son proyectos a largo plazo y que
requieren de una ordenación estable y continua. Pero las principales preguntas que nos gustaría que pudiese responder, señora ministra, son: ¿Para qué modifican esta ley? ¿Quién se lo ha reclamado? ¿Qué problemas va a resolver y, sobre todo, a
quién va a beneficiar?


Es una ley profusa, difusa y confusa, un ladrillo jurídico que no define el modelo, no permite la subsidiariedad territorial y no ilumina hacia dónde querernos ir. ¿Cuál es entonces la finalidad de esta ley? Esa es la cuestión que debemos
conocer. Esta legislatura pasará a la historia corno la legislatura de la mayor involución ambiental. Ha dado al traste con décadas de lucha para crear un sistema de protección homologable con los países más desarrollados. La voracidad
legislativa ha sido extensa y profunda. El carácter lesivo para el medio ambiente de este Gobierno no va a ser fácil de corregir rápidamente. Les ocurre en esta área corno en el área económica y laboral, no ha sido una cuestión ni de economía ni
de crisis, señora ministra. No es una cuestión de otra cosa que no sea de una ideología retrógrada que aquí ni si quiera se han atrevido a hacer explícita. En todas y en cada una de las iniciativas han tratado de pervertir el significado de las
palabras tratando de engañar con explicaciones inverosímiles. No es que les falte un poco de piel o que no sepan comunicar sus decisiones —no, señora ministra—, lo que les falta en realidad es algo mucho más sencillo y lo que les falta es la
capacidad para decir la verdad y para no tratar a la ciudadanía como si fueran seres manipulables.


Discúlpeme si les pongo frente a su espejo, pero es que se han hartado de rellenar de paja sus leyes, de dar explicaciones extrañas y así es posible disimular. Tratan de disimular con sus leyes ambientales intenciones con artificios tan
gruesos que ni engañan a los que pretende y ni siquiera gusta a los de su confianza. Hubiera sido tan sencillo como decirnos a todos en este proyecto de ley, señorías, que los montes nos parecen un sitio precioso donde viven animales y plantas, y
eso está muy bien, pero que en estos momentos todo tiene que ceder ante la necesidad de rentabilidad económica y, por eso, hay que buscar cuantas formas sean posibles para la explotación. Nos parece que la vigilancia debe dejarse en manos de
empresas privadas que nos salen mucho más baratas y lo hacen mejor que los funcionarios que tanto nos dan la lata y estos agentes ambientales que denuncian mansiones ilegales en Cabañeros y que son molestos. Por lo tanto, nos parece que eso podría
hacerse de otra manera. También nos parece que lo de todos contra el fuego está muy bien y es muy meritorio, pero, si se quema el monte y hay una oferta para construir, se construye, porque eso también genera empleo y a unos cuantos les generará
riqueza. Es mucho más fácil dirigirse así a la ciudadanía, señora ministra. Disculpen el tono de mi intervención, si les resulta demasiado informal, pero lo que acabo de decir es mucho más sincero que todas esas leyes que han traído a esta Cámara,
llenas de paja —como decía— que no significa absolutamente nada. En realidad, a nosotros no nos gusta, no nos gusta en absoluto lo que pretende hacer la ley de montes, y ustedes lo saben. Les voy a comentar algunas de las cuestiones que nos
parecen más graves. A nuestro juicio, resulta completamente imposible de justificar la posibilidad de recalificar terrenos incendiados. Que la quema de un bosque pueda tener como consecuencia a medio plazo la urbanización de esos terrenos quemados
supondría dar armas de destrucción masiva a los delincuentes y especuladores. Permítanme que haga un mínimo recorrido argumental, porque creo que es importante. Desgraciadamente, en este país hemos sufrido durante algunos años una orgía económica
del ladrillo en la que todo valía. En esa especie de Chicago años veinte, en algunos lugares se instaló la vorágine de la especulación urbanística que aparentaba ser beneficiosa para algunos municipios y para sus habitantes, pero en realidad estaba
alimentando un círculo vicioso de corrupción y de actuaciones que lo han bordeado en demasiadas ocasiones o que han vulnerado la ley. Todos hemos aprendido lecciones, y una de las más importantes es que no podemos tolerar que este tipo de
actuaciones se puedan volver a repetir. No se pueden repetir con ningún partido, en ninguna circunstancia y a ninguna escala. No podemos evitar que la tentación aparezca, ni tampoco podemos hacer que las personas sean incorruptibles, pero sí
podemos hacer que las leyes lo pongan difícil, y para eso estamos aquí. Frente a las competencias de las administraciones y los gobernantes que tienen competencia en materia urbanística, el sistema democrático debe poner contrapesos en normas de
alcance general que eviten tentaciones y excesos. Pues bien, a nuestro juicio, este proyecto de ley de montes no resulta equilibrado porque concede una facultad excesiva en el caso de que una comunidad autónoma pueda tener intereses en recalificar
un monte, incluso cuando lo haga con la mejor de las intenciones; no hablamos de intenciones, hablamos de protección de derechos, de valores superiores, de mirada con perspectiva. Este proyecto de ley de montes no lo pone difícil en el camino de
los excesos, sino que lo hace posible. No es sencillo, ya lo sé, pero es posible, y si es posible,

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no nos vale. No es de recibo que existan excepciones al cambio de uso forestal de montes quemados por razones imperiosas de interés público de primer orden. ¿Saben cómo se llaman esas razones? Son decisiones políticas. Toda decisión
política es susceptible de ser justificada como de interés público de primer orden, pero existen valores superiores. Señorías, me gustaría creer que es una especie de distracción que han incluido a propósito en esta ley, un truco para que no nos
detengamos en otros aspectos de la ley y que tienen pensado retirarla desde el principio. ¡Ojalá que sea así! No creo que esto sea una cuestión ideológica; creo que es una pésima idea que deben rectificar antes de que pase a mayores. Para que
quede claro, el Grupo Parlamentario Socialista considera que no deben existir excepciones que permitan construir en terrenos incendiados.


El segundo de los aspectos importantes de la ley en el que me gustaría detenerme es la regulación de los agentes forestales o medioambientales, no importa tanto el nombre, como la dedicación y las competencias. Ellos saben que desde este
grupo se les reconoce y se les valora, que sus demandas están recogidas dentro de nuestra enmienda a la totalidad y no le quepa ninguna duda de que en su tramitación parlamentaria seguiremos trabajando conjuntamente. De aprobarse este proyecto de
ley se dificultaría enormemente su actuación de denuncia de delitos —lo han dicho los portavoces que me han precedido—. Además, la explícita subordinación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto a la Guardia Civil, merma de
forma importante la capacidad de denuncia y actuación. No la hagas y no la temas, dice el refrán. Si todos coincidimos en que la ley está para cumplirse y que la vigilancia es imprescindible, no llega a entenderse ningún motivo racional por el que
se quiera disminuir la capacidad de intervención de unos agentes que tienen esa misión de vigilancia encomendada, hasta donde he podido contrastar, con una eficacia que nadie ha cuestionado, nadie en ningún sitio. Desde nuestro punto de vista, los
agentes forestales son un conjunto de funcionarios que tienen una excelente formación y que, además, les mueve la implicación en su trabajo, el amor por lo que hacen y por lo que cuidan: el monte. Evidentemente, no será un colectivo que en estos
momentos esté muy contento con la labor de este Gobierno, y tiene motivos para no estarlo. Pero eso no debería ser motivo para degradarlos, no debería ser motivo para que se suprima su condición de policía judicial, no debería ser motivo para
castigarlos. En lugar de coordinar actuaciones que pueden coincidir en planos de igualdad en aras de una mejor protección del bien ambiental, se ha preferido borrar de un plumazo capacidades y competencias que pueden ser decisivas para la
persecución de delitos ambientales. Con razón, y por los motivos que aducía al principio de planes ocultos y medias verdades, no sabemos si realmente su plan es privatizar las funciones de los agentes forestales. Desmiéntalo, señora ministra, si
así lo considera. Señorías del Partido Popular, ¿creen que los agentes forestales no tienen que ser empleados públicos? ¿Creen que se debe privatizar la vigilancia de los montes? ¿Creen que las empresas de seguridad privada pueden hacer estas
tareas? No pasa nada. Si es así, díganlo. Pero, díganlo. Es una opción política. Habrá a quién le guste. A nosotros no nos gusta. Por supuesto, no nos incomoda que haya un cuerpo de funcionarios exigentes e independientes que denuncien a
quien se hace una mansión en un parque nacional o a quien caza ilegalmente, sea quien sea. Esa España de los santos inocentes para nosotros ya pasó hace tiempo. A nosotros nos parece otro de los graves errores esenciales de esta ley que por sí
mismo merecería la devolución del proyecto.


En tercer lugar, nos preocupa el conjunto de las cuestiones en las que se retrocede en la ley y que supone otro recorte en los derechos de los ciudadanos recogidos en el artículo 45 de la Constitución; otro recorte más en el derecho a la
protección ambiental. En lugar de realizar una planificación adecuada de las especies que mejor pueden adaptarse a cada hábitat, potencian la plantación de especies de rápido crecimiento. Esta ley habilita que volvamos a ver esos montes de
eucaliptos en las zonas en las que antes había pinos, hábitat y paisaje, tierra y clima, torcidos por una mala decisión de los hombres sobre la naturaleza. ¿De verdad queremos volver a esta política? ¿De verdad nos quieren convencer de que esta es
una política que favorece la sostenibilidad y que favorece la lucha contra el cambio climático, señora ministra? Otros ejemplos. En lugar de realizar una planificación adecuada de los usos y una adecuación ponderada de lo que significa cada
actuación potencialmente agresiva, escudándose en la reducción de cargas administrativas, desaparecen autorizaciones que antes eran necesarias; por ejemplo, para la tala de árboles. Esta es otra de las perversiones de su Gobierno que trata de
hacer dogma político universal lo que resulta una opción ideológica de partido. Que se necesite autorizar la tala de un árbol no es una carga administrativa innecesaria. Ni beneficia al conjunto de los ciudadanos, ni supone un avance económico, ni
ahorra fondos públicos. Lo que hace es lo mismo que su orientación: primar el interés particular sobre el interés general. Nada más, señorías.

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Voy concluyendo mi intervención. Desde aquí quisiera aprovechar la oportunidad para hacer una enmienda a la totalidad no solo de la ley de montes sino de toda su política ambiental. Desde el principio de la legislatura, en un sentido
paralelo al de la devaluación del mercado laboral, sin duda el plan trazado era también conseguir degradar la protección ambiental, de forma que los costes ambientales en España se equiparen a los de países en desarrollo. El Gobierno del Partido
Popular ha hecho que nuestra competitividad para las empresas se base en poner los costes laborales y los costes ambientales a precios de saldo. El actual Gobierno de España se ha empeñado en construir un modelo de economía marrón que desprecia las
energías renovables, que privatiza bienes públicos ambientales, que los degrada y que los pone al servicio de intereses privados. Los socialistas no sé si acertamos en todo, seguramente nos equivocamos en muchas cosas, pero seguro que tanto en
filosofía política como en las actuaciones del Gobierno no nos parecemos en nada. Desde aquí, quiero reivindicar con todo el orgullo la política de protección ambiental que se siguió en nuestros Gobiernos, en el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, con nuestras ministras Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar, aquí presente. Ellos y ellas fueron capaces de orientar la política ambiental hacia el verdadero significado de la sostenibilidad, construyeron consensos y avanzaron.
¡Cuánto echamos de menos personas que crean así en la política ambiental! Ustedes han necesitado solo tres años para realizar la mayor involución conocida en la historia democrática de España. Esperemos que consideren las cuestiones que alegamos en
nuestra enmienda de totalidad y, sobre todo, que escuchen el clamor de la ciudadanía y de todos los grupos parlamentarios que aquí se han pronunciado, y que rectifiquen en materia ambiental.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Lucio.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señora presidenta.


Señorías, este proyecto de ley que ha aprobado el Gobierno del Partido Popular, de modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, ha recibido diversas enmiendas de devolución. Desde el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió no hemos presentado enmienda a la totalidad porque algunas de las novedades introducidas mediante este proyecto de ley se ajustan y permiten aplicar las líneas previstas en el programa de Convergència i Unió en el ámbito forestal
y de su desarrollo sostenible, y también van alineadas con las políticas que se están aplicando desde el Govern de la Generalitat. Destacaré algunas de ellas. Para empezar, quiero remarcar la novedad que supone considerar como un principio
inspirador de esta ley los montes como infraestructuras verdes. Compartimos que ellos constituyen unos sistemas naturales prestadores de servicios ambientales de primer orden. También se reconoce el concepto de multifuncionalidad de los bosques,
su capacidad para cumplir simultáneamente diversas funciones económicas, ecológicas y sociales, sin que ninguna de ellas vaya en detrimento de las otras. Esta idea es fundamental para nosotros y para nuestra posición ante esta iniciativa
legislativa. Coincidimos en considerar el terreno forestal como parte fundamental del mundo rural. Tiene que contribuir a su desarrollo, al mismo tiempo que debe servir como espacio clave para el mantenimiento de la biodiversidad. Quiero remarcar
que desde la perspectiva social no solo es importante el servicio lúdico que tienen estos terrenos; también es necesario, imprescindible reforzar el valor fundamental que tienen en la creación de empleo, y esta modificación lo posibilita y lo
permite.


En referencia a la clasificación de los bosques se mantiene el doble criterio de titularidad y afectación a un interés general, que es el factor que debe marcar la gestión de la cual tienen que ser objeto. Estos bosques afectados mantienen
una regulación y registros que permiten controlar con garantías su especial protección y salvaguarda. Este proyecto de ley continúa incidiendo en la necesidad de la planificación como mejor vía para garantizar la gestión forestal sostenible, pero,
a la vez, se simplifica incorporando la posibilidad de adhesión a un modelo tipo de gestión forestal de cada comunidad autónoma debidamente aprobado y que puede reemplazar los instrumentos individuales, siempre que las comunidades autónomas así lo
permitan. Esta medida permitirá la ordenación forestal mediante instrumentos flexibles y, lo más importante, con un menor coste para las fincas pequeñas. También destacamos la promoción de la certificación forestal voluntaria, transparente y no
discriminatoria como un instrumento de gestión forestal sostenible. En el ámbito de los aprovechamientos forestales se mantiene el régimen actual de autorizaciones y notificaciones, pero se introduce la obligación de notificar con posterioridad al
aprovechamiento y solamente a efectos estadísticos. Esta iniciativa coincide con la mejora del ámbito estadístico, que se

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debe implementar desde los Gobiernos autonómicos, con el objetivo de permitir la mejora de la trazabilidad de los productos propios para asegurar la legalidad del origen de los productos forestales. La iniciativa incide en el cumplimiento
de los reglamentos europeos existentes en la materia, poniendo todos los medios para evitar la introducción al mercado europeo de madera y productos forestales de origen ilegal. Se crea el registro nacional de cooperativas, empresas e industrias
forestales, con el objeto de servir como instrumento de cumplimiento de la trazabilidad de los productos forestales y también como fuente de información estadística, base necesaria para la planificación forestal.


En lo referente a la movilidad, el acceso a los montes y el uso de las pistas forestales, antes prohibido con carácter general, ahora se deja la decisión en manos de cada comunidad autónoma, que deberá legislar sobre este tema. Tal vez aquí
esta la diferencia, en la sensación de invasión competencial de este proyecto de ley, porque en Cataluña en este aspecto ya disponemos de legislación propia en esta materia. Por tanto, desde Convergència i Unió, no tenemos ningún problema en que el
Estado nos conceda más competencias y más responsabilidades en este tema, como en otro aspecto, que otros grupos han criticado y que nosotros asumimos con total responsabilidad, que es el de que sea la Generalitat de Catalunya quien marque cuándo un
interés público puede hacer que unos terrenos incendiados tengan otro uso, que puede ser urbanístico o puede ser agrícola; puede no ser urbanístico pero puede ser agrícola y tener otras funciones y no ser un suelo improductivo durante tanto tiempo.
Y aprovecho para decir que en el ámbito competencial sí se han vulnerado nuestras competencias en lo relativo a la caza y a la pesca fluvial, y será necesario corregirlo. Si no, tendrá que ser el Tribunal Constitucional quien retire esa invasión
competencial y, como dice el dictamen del Consejo de Estado, se ha visto muy bien que con la anterior ley la Generalitat hizo diferentes recursos constitucionales.


Continúo con los aspectos positivos. Otro aspecto, en el que coincidimos plenamente, es la necesaria reactivación económica del sector forestal, en este caso mediante la agrupación a efectos de gestión que se consigue con la introducción de
las sociedades forestales, definidas como la agrupación de propietarios de parcelas susceptibles de aprovechamientos forestales que ceden los derechos de uso forestal, de forma indefinida o por un plazo cierto igual o superior a veinte años, a la
sociedad forestal. Los socios mantienen todas las prerrogativas de la propiedad a excepción de la gestión forestal, que se cede por un tiempo a la sociedad a cambio de una participación en los beneficios. Se establecen como órganos de coordinación
y participación de la política forestal la Conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural y el Consejo Forestal Nacional, la composición, organización, etcétera, que se tendrá que desarrollar reglamentariamente. Estas son las medidas
incorporadas que valoramos positivamente, pero esta iniciativa legislativa debería haber incorporado otras medidas necesarias para mejorar aún más la gestión forestal sostenible, debería ser más ambiciosa, y en este sentido presentaremos nuestras
enmiendas parciales. Se deberían haber incluido en la definición de terrenos forestales las instalaciones relacionadas con una primera transformación de la madera que no comporten un valor añadido importante, de forma que estas actividades no
tengan la necesidad de ubicarse en un terreno industrial que las puede hacer inviables económicamente. En fincas sin plan de gestión se debería dejar abierta la posibilidad de un régimen de comunicación en el caso de aprovechamientos que cuenten
con la declaración responsable de un técnico debidamente titulado. Se introduce la necesidad de que las zonas declaradas de alto riesgo de incendios tengan un plan de defensa, con unas condiciones que exceden el contenido de los planes de
prevención, ya que tratan aspectos de vigilancia y extinción. Deberíamos dejar este contenido como orientativo y no como se define en el actual redactado.


En cuanto a los agentes forestales, agents rurals, con diferentes nombres y funciones en el resto del Estado, propondremos suprimir los artículos que quieren modificar sus funciones, como el artículo 6.q). El apartado q) quiere atribuir
funciones auxiliares a los agentes forestales, agents rurals. Nosotros creemos que deben continuar actuando como hasta ahora, de forma complementaria y coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, motivo que usted ha justificado y que en
estos momentos ya se está cumpliendo. Esta iniciativa limita la capacidad de actuación e investigación de los agentes forestales, agents rurals. También pediremos la supresión de la modificación del artículo 58 porque limita la capacidad de
investigación de los delitos medioambientales por parte de los agentes forestales, agents rurals, y los relega a actuar de forma auxiliar. Señorías, estamos orgullosos del trabajo de nuestros agents rurals, del grado de coordinación con otros
cuerpos de la Administración y de su dedicación y esfuerzo en la conservación del territorio. Quiero aprovechar este momento para agradecer su presencia y saludar a sus representantes.

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Señora ministra, los montes proporcionan a la sociedad servicios ambientales de muchos tipos. No obstante, sus titulares o gestores y el mismo monte no reciben ningún retorno económico a cambio. Sería necesario reflexionar sobre la
implementación de medidas para compensar las externalidades ambientales que prestan los montes mediante su gestión sostenible. Creemos que para promover las actuaciones e inversiones que dinamicen el sector y generen una percepción positiva de la
sociedad esta iniciativa legislativa debería incorporar una medida básica que suponga la implementación de una fiscalidad específica para el sector forestal, para adaptar las masas forestales al cambio climático y consolidar los bosques como corazón
de la bioeconomía en el marco de los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea. Por lo tanto, leídas las diferentes enmiendas a la totalidad vemos cómo reflejan formas muy diferentes de afrontar el reto de la gestión forestal sostenible. El
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió espera que durante la tramitación se complemente el proyecto de ley con nuestras enmiendas parciales, que propondrán medidas de las que carece la iniciativa del Gobierno y que creemos
imprescindibles para provocar un salto cualitativo sobre el 64,2 % de la superficie de Cataluña que es forestal y que debe permitir desarrollar sus potencialidades ecológicas, económicas y sociales, y reconsiderar los cambios que afectan
negativamente a los agents rurals, a los agentes forestales, y dejarlo como estaba pues funciona correctamente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Barberà.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para manifestar mi más firme apoyo al proyecto de ley de modificación de la Ley de Montes que ha presentado la ministra de Medio Ambiente. Lo hago, señorías, desde una profunda
convicción de que las medidas contenidas en la norma que hoy debatimos contribuirán a mejorar la gestión de los montes españoles, a la conservación de la biodiversidad, mejorarán la prevención de incendios forestales, contribuirán a la lucha contra
el cambio climático e incrementarán la movilización de productos forestales y el aprovechamiento económico de los montes. Por ello, señorías, desde estas consideraciones no puedo más que mostrar mi estupor e indignación por algunas de las
manifestaciones que se han reiterado en defensa de las enmiendas a la totalidad presentadas y que muestran, en general, un profundo desconocimiento del texto que debatimos y de sus consecuencias sobre el monte español y la historia forestal de
nuestro país.


Como conocerán sus señorías, las áreas forestales españolas suponen más de 27,7 millones de hectáreas, el 54,35 % de la superficie de nuestro país. Rasgo característico de la estructura forestal española es su enorme fragmentación
superficial y el gran peso de la propiedad forestal privada. Aproximadamente el 70 % de la superficie forestal es de propiedad privada, con un tamaño medio de cerca de una hectárea y son los propietarios de los montes los responsables de su gestión
técnica y material. No obstante, como también conocerán sus señorías, una característica del sector es la escasa rentabilidad económica para el propietario privado y, como consecuencia de ello, la escasez de inversiones en tratamientos selvícolas
de conservación y mejora de los montes españoles. Asimismo, conviene recordar —lo ha dicho también el portavoz de Convergència i Unió— que los montes proporcionan a la sociedad múltiples servicios ambientales de primer orden, como es la regulación
de los ciclos del agua en cantidad y calidad, la captura de gases de efecto invernadero, evitan la erosión, son un recurso paisajístico de turismo rural y un largo etcétera, pero sus titulares o gestores y el mismo monte no reciben ningún retorno
económico a cambio. Con estas premisas, señorías, producen enorme rechazo muchas de las manifestaciones que se han producido en los turnos que me han precedido y otras que hoy no se han manifestado, pero que aparecen en las motivaciones de las
enmiendas a la totalidad. De estas últimas, quiero destacar, señorías, la del Grupo Socialista en su motivación, cuando dice —entrecomillo—: desde el menosprecio de lo público, como es habitual en el Gobierno, el proyecto de ley introduce la
gestión privada en los montes. Leyendo esta motivación me he preguntado a qué se habrá referido la señora Lucio, ¿es que acaso desconoce la realidad forestal española? ¿Reconoce que el 70 % de la superficie forestal es privada o es que tal vez su
señoría socialista lo que quiere es expropiar los montes para que los gestione el Estado? Realmente, no entendemos su motivación.


No voy a repetir, señorías, las bondades de la ley, lo ha hecho ya la ministra en su intervención, pero sí voy a centrarme en tres aspectos, tres falacias, que se han reiterado aquí toda la tarde. Primera falacia: Se permite recalificar
con fines urbanísticos los terrenos incendiados, algo típico para La Izquierda Plural

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de un Gobierno que solo vela por los intereses de unos cuantos; el Grupo Socialista va más allá cuando afirma que se abre la puerta a delincuentes y especuladores. Falso, señoría. Pese a que lo han repetido los grupos parlamentarios
machaconamente —porque es la única motivación que tenían, ya que podría asegurar que ninguno de ellos se ha leído el texto de la ley—, les digo que esto es falso, señorías. El proyecto de ley mantiene la prohibición de cambio de uso forestal por
razón de incendio en un periodo de treinta años y, de manera excepcional, las comunidades autónomas —señorías, las comunidades autónomas, sus comunidades autónomas respectivas, a las que parece que temen muchísimo— podrán acordar el cambio de uso
cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden, que deberán ser aprobadas mediante ley. Ello excluye por su propia naturaleza cualquier interés privado, cualquier interés especulativo, de muchos o de pocos; solo en caso de
infraestructuras de alto interés público es aplicable esta excepción. Señorías, esa excepción al cambio de uso forestal fue analizada y admitida por el Consejo de Estado con la única recomendación introducida en el texto de poner, en lugar de
motivos de interés general, razones imperiosas de interés público de primer orden, nomenclatura que alguien criticaba, pero han de saber que la nomenclatura es la que ha indicado el Consejo de Estado. Por cierto, señorías, quiero recordarles que
bajo esta misma denominación, la misma que hoy criticaban ustedes, la Ley de patrimonio natural y biodiversidad, aprobada en 2007 con el apoyo de toda la izquierda, recoge ese mismo mecanismo y exacta denominación para permitir actuaciones nada más
y nada menos que en territorios de la Red Natura 2000. ¿Qué sucede, señorías, que cuando ustedes proponen algo es bueno y cuando lo propone el Gobierno del Partido Popular no lo es? ¿Cuando lo propone el Partido Popular tiene que ser especulador y
siniestro? Señorías, la demagogia tiene un límite y creo que ustedes hoy con su razonamiento lo han traspasado. (Aplausos). Señora Lucio —veo que no está, que se ha ausentado—, sus afirmaciones y la motivación de su enmienda de devolución
sugieren o una profunda ignorancia o un intento de manipulación de la realidad, demagogia o mala fe e indican claramente que usted no ha leído el texto que enmienda y que siguen inmersos en un radicalismo oportunista que ha impuesto su secretario
general.


Segunda falacia: Se menosprecia y se degrada a los agentes forestales y medioambientales. Falso, señorías. Los agentes forestales no cambian en absoluto de estatus. Si consultamos la legislación vigente, toda la legislación vigente,
señorías, en materia de enjuiciamiento criminal, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Poder Judicial, veremos que no se modifican para nada sus capacidades y potestades ni tampoco sus obligaciones. Ni falta que hace, señorías, porque
los agentes forestales realizan una excelente labor que quiero reconocer aquí y ahora, como he hecho en múltiples ocasiones a lo largo de estos años. Aprovecho este momento para saludarles y darles la bienvenida a este Congreso de los Diputados.
Como decía, los agentes forestales son agentes de la autoridad. No pierden ninguna competencia, señorías, podrán seguir investigando y denunciando cuantas conductas entiendan procedentes, al igual que lo hacían anteriormente, y además, será la
Administración de la que dependan, la comunidad autónoma correspondiente, la que determine el procedimiento a seguir para poner los hechos en conocimiento de la autoridad fiscal o judicial. Lo único que perfila este proyecto de ley es el modo de
coordinarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando estas concurran con los agentes forestales en un mismo acto y para un mismo hecho, lo que ocurre como ha dicho la ministra tan solo en el 2 % de los casos. Todo ello tiene un
objetivo que es garantizar la máxima eficacia y agilidad en la persecución de las infracciones administrativas o de los delitos cometidos contra el medio ambiente. No obstante, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular mostramos nuestra
disposición para, en el trámite parlamentario, aclarar los aspectos que han sido mal interpretados. Cuenten con ello, señorías.


Tercera falacia: se suprimen los planes de ordenación de los montes. Falso, señorías. No solo no se suprimen, sino que siguen siendo obligatorios para los montes de titularidad pública y los montes protectores. La reforma socialista de
2006, que contemplaba esa obligación legal para todos los montes por encima de la extensión mínima, se mostró inefectiva, señorías, ya que solo el 14 % de la superficie forestal española tiene un instrumento de ordenación, lo que trae como
consecuencia que el medio rural, ese medio al que nadie se ha referido, ninguno de los portavoces que han intervenido, siga sin tener la contribución que los montes podrían aportar a su desarrollo. La norma que debatimos, señorías, trata hoy de
paliar esa ineficacia y para ello da un impulso a la ordenación forestal, lo que supone asegurar una correcta y sostenible gestión de nuestros montes e indirectamente luchar contra la lacra más significativa que les afecta, que son los incendios
forestales. Así, el texto que debatimos impulsa esa ordenación, en contra de lo que aquí se ha dicho, de un lado, con diferentes incentivos administrativos, económicos y fiscales; de otro, estableciendo la posibilidad de que las comunidades
autónomas aprueben unos modelos

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técnicos a los que pueden adherirse voluntariamente los propietarios forestales que cumplan con las prescripciones que marquen las autoridades autonómicas competentes, considerándose así los montes ordenados, con el consiguiente ahorro para
el propietario y con la máxima eficacia. La incorporación, señorías, de los llamados montes de socios dentro del grupo de los montes gestionados desarrollando una incipiente legislación anterior permitirá asimismo gestionar más de un millón y medio
de hectáreas actualmente abandonadas o utilizadas sin control alguno. Todo ello, señorías, redundará sin duda alguna en una mejor gestión de nuestros montes, una gestión forestal sostenible que creo que es o debería ser el objetivo de todos los
grupos aquí presentes. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Señorías, hemos escuchado atentamente las opiniones de los distintos sectores de la izquierda española sobre el proyecto de ley y de ellas deducimos que su política forestal es añeja, anclada en el pasado, con propuestas de un
conservacionismo a ultranza que, como he dicho, ignoran no solo la realidad forestal de nuestro país, sino también que una gestión forestal sostenible debe ser la que alcanza un equilibrio entre los factores económicos, sociales y ambientales. Esto
parece ser que ustedes lo ignoran, señorías. En este proyecto de ley, como en todos los proyectos medioambientales que se han debatido, ustedes se limitan a repetir argumentarios prefabricados y a lanzar soflamas que utilizan para toda la normativa
ambiental indiscriminadamente. Les da lo mismo que se debata un proyecto de ley de montes que de parques nacionales que una ley de costas, sus argumentos son todos los mismos y sus argumentos son únicos porque no tienen base para rebatir los
enormes cambios en pro del medio ambiente y de la actividad económica que se están produciendo en esta legislatura.


Señorías, el sector forestal, pese a su importancia, ha sido el gran olvidado del Gobierno socialista en sus años de Gobierno. Se ha olvidado su relevancia para la conservación de la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales y su
trascendencia como soporte de la actividad económica y fuente de empleo en el medio rural, especialmente en el más desfavorecido. ¡Qué pena que no hayamos oído hablar del medio rural en toda la tarde, señorías! El aprovechamiento sostenible de
nuestros recursos naturales, más concretamente de nuestros montes, a través del impulso de la gestión forestal sostenible, planteando actuaciones en colaboración con las comunidades autónomas y los propietarios de los montes, puede ser uno de los
campos prioritarios de actuación para generar empleo en el medio rural.


El señor PRESIDENTE: Señora De Lara, debe ir usted terminando.


La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señor presidente.


Este, señorías, es el objetivo del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular, objetivo que evidentemente, después de oír sus intervenciones, sabemos que no comparten. Termino anunciando que, como supondrán ustedes, nuestro voto será
contrario a las enmiendas presentadas y damos de nuevo la bienvenida al proyecto de ley, que a la vez que protegerá nuestros montes potenciará el aprovechamiento económico de sus recursos y la creación de riqueza y empleo en el mundo rural.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.


— PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. (Número de expediente 121/000131).


El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, comparezco esta tarde para presentar a la Cámara los dos proyectos de ley con los que el Gobierno ha planteado una reforma integral de la actual legislación de protección a la infancia y a la adolescencia, también naturalmente en
respuesta a las enmiendas a la totalidad que ha presentado el Grupo Mixto, los señores diputados de Esquerra Republicana de Catalunya, y el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Es bueno que tengamos esta ocasión de intercambiar
puntos de vista y espero que después de ver la posición de cada uno acerquemos posturas, sobre todo en las cuestiones que ahora vemos de manera distinta, aunque también quiero señalar que partimos de un nivel muy alto de consenso y que esta es una
ley que ha sido muy trabajada. Los dos grupos que han enmendado a la

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totalidad reconocen expresamente que comparten muchas de las modificaciones que se plantean en los proyectos de ley y, como no podía ser de otra manera, el objetivo general de las mismas, que no es otro que mejorar la protección social,
económica y jurídica de las familias y dar respuesta a las necesidades actuales de los niños y de los adolescentes que viven en nuestro país. Ese consenso, como decía, ha venido surgiendo, se ha venido trabajando en él, porque estos dos proyectos
de ley se han consensuado entre los distintos ministerios y las comunidades autónomas. Por supuesto han sido informados por el Consejo de Estado, por la Defensora del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial y también se han realizado en
colaboración con las principales ONG que trabajan con la infancia y la adolescencia. Además es una modificación del sistema de protección de la infancia en la que se lleva trabajando muchos años y, por tanto, es fruto de la labor del ministerio que
yo presido, naturalmente de la ministra anterior y también de la última etapa del Gobierno socialista. Es un documento trabajado y un sistema muy elaborado en el que han participado todos aquellos que tenían algo importante que aportar.


Esta es una reforma de gran calado que afecta a doce leyes muy importantes: en primer lugar, a la Ley orgánica de protección jurídica del menor, que está vigente desde el año 1996, pero también a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley
integral contra la violencia de género, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Adopción Internacional o la Ley de protección de las familias numerosas. La reforma viene a configurar un sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
acorde con nuestra realidad actual y va a convertir a España en el primer país en incorporar el interés superior del menor en los términos establecidos por Naciones Unidas. Especialmente va a reforzar la atención a menores en riesgo de
desprotección, la asistencia ante los malos tratos, así como el acogimiento y la adopción, donde se venía haciendo necesario agilizar los procedimientos para proporcionar un entorno familiar a los niños.


Entendemos que la eficacia del sistema de protección que garantizan estas leyes ha de llegar por igual a los niños y adolescentes de toda España, más allá de la comunidad autónoma en la que residan, el país en el que hayan nacido o la
situación administrativa en la que se encuentren. Los principios de esta legislación son muy claros: la prioridad —y esto resume muy bien cuál es el espíritu de la ley— de las medidas estables frente a las temporales, las familiares frente a las
residenciales y las consensuadas frente a las impuestas. La legislación que presento desarrolla el deber de los poderes públicos que se recoge en el artículo 39 de la Constitución española, que refleja la obligación de proteger a la familia y muy
especialmente a los menores; deber que asimismo debe cumplir con el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, sin que pueda prevalecer la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra circunstancia personal o social. De ahí que la reforma, como consta en los proyectos de ley, tenga como fin seguir garantizando una protección uniforme en todo el territorio del Estado y constituir una referencia para las comunidades autónomas
a la hora de desarrollar su propia legislación, al mismo tiempo que viene a incorporar algunas de las novedades introducidas por la propia actividad legisladora y reguladora de las comunidades autónomas durante estos años. Lo hacemos, como es
nuestra obligación, conforme a los acuerdos internacionales que hemos suscrito, atendiendo a las recomendaciones de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, pero también siguiendo propuestas de otras instituciones como la Defensora del
Pueblo o como la Comisión especial del Senado para el estudio de la problemática de la adopción nacional y de otros temas afines, recomendaciones que no habían podido ser atendidas hasta ahora.


Estas son razones para sacar adelante esta legislación, pero los datos también son muy ilustrativos de la necesidad legislativa que plantea el Gobierno a la Cámara. De los 35.000 menores bajo tutela o guarda de las administraciones públicas
que había en el año 2013, 13.500 estaban a la espera de una familia. Ese mismo año 2013, 3.400 menores fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual. Últimamente hemos conocido a través de la macroencuesta de violencia de género que el 63 %
de las mujeres que sufrieron malos tratos, las dos terceras partes, afirman que los hijos presenciaron, escucharon o estuvieron expuestos a alguna situación de violencia, y en muchos de esos casos también los propios menores la sufrieron. Por
tanto, cada niño, cada adolescente en España es una razón suficiente para la reforma que hoy nos trae al Congreso de los Diputados.


Esta reforma se asienta sobre tres pilares fundamentales: en primer lugar, establecer un nuevo marco de derechos y deberes de los menores, así como una mayor protección para los especialmente vulnerables; en segundo lugar, regular de forma
completa la intervención de las administraciones públicas ante situaciones de riesgo y desamparo y reformar las medidas del sistema de protección con especial incidencia en el acogimiento y en la adopción; en tercer lugar, prevenir y luchar contra
la violencia en la infancia como eje transversal. Señorías, en primer lugar, como decía, se establece un nuevo marco de

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derechos de los menores, con el interés superior del menor como principio interpretativo, derecho y norma de procedimiento, tal y como recomendó Naciones Unidas en el año 2013, convirtiendo a España en el primer país en incorporarlo, y con
su derecho también a ser escuchados en aquellos procedimientos que los afectan, lo que implica que en la resolución de los procesos judiciales se deberá exponer si se ha escuchado al menor y qué es lo que ha manifestado. Además, por primera vez en
una legislación nacional, en línea con otras normas internacionales y autonómicas, se reconoce a los menores como titulares de deberes en el ámbito familiar, escolar y social, por ejemplo, participar en la vida familiar, tener una actitud positiva
ante el aprendizaje, respetar a sus profesores o evitar el acoso escolar. Además, se establece un nuevo marco que afecta a los menores extranjeros y que les reconoce, en las mismas condiciones que a los españoles y sea cual sea su situación
administrativa, el derecho a la educación, el derecho a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales, velando en especial por aquellos menores que no están acompañados o que son víctimas de trata. Asimismo, a los menores con discapacidad se
les asegura su plena accesibilidad y la garantía a unos servicios sociales especializados. Por primera vez desde una norma se prevén recursos y programas de apoyo para facilitar la transición a la vida independiente de jóvenes extutelados mayores
de dieciocho años. En consecuencia, señorías, se sitúa a los menores como auténticos ciudadanos con derechos y deberes, se les hace partícipes de las situaciones que viven y de sus procedimientos y soluciones.


Señorías, en segundo lugar, la reforma, como les decía, configura un nuevo sistema de protección a la infancia. Parte de la definición de las situaciones de riesgo, por primera vez también en una norma estatal, que viene a unificar la
legislación autonómica e incorporar aquello que hemos aprendido a través de la jurisprudencia en los últimos años. Como consecuencia de todo ello se considera situación de riesgo aquella en la que, ante determinadas circunstancias, carencias o
conflictos familiares o sociales, se perjudique el desarrollo personal, familiar y social del menor. El riesgo será declarado por la Administración pública correspondiente conforme a la legislación tanto estatal como autonómica, sin que por tanto
se pueda entender que existen invasiones ni injerencias competenciales, y será preceptiva en ese caso la elaboración de un proyecto de intervención sociofamiliar que promueva y facilite la protección del menor. A partir de ahí, analizado el riesgo,
son las entidades públicas de las comunidades autónomas las que pueden declarar el desamparo, que también se va a definir por primera vez y que queda determinado por el abandono, el riesgo para la vida, la salud o la integridad física, así como la
inducción a la mendicidad, la delincuencia o la prostitución, nunca —quiero recalcar esto porque es importante— por la situación económica de la familia. Una vez declarada la existencia del desamparo, la tutela del menor pasará a la entidad
correspondiente, y aquí hay otra novedad importante porque en ese momento solo el ministerio fiscal podrá impugnarla y no los padres biológicos.


Por primera vez se viene a regular también el traslado de menores en desamparo de una comunidad autónoma a otra en un tema en el que yo creo, por la experiencia que hemos tenido también a lo largo de los años, que es necesario extremar la
coordinación y buscar al máximo la eficacia de los servicios públicos. Se produce otro supuesto distinto en el caso de que sean los propios padres los que soliciten la guarda voluntaria de sus hijos menores de edad. Por esto la reforma establece
un periodo máximo de dos años con el fin de evitar que esa situación de guarda se pueda cronificar, como ha sucedido hasta el momento en algunos casos. Pasados esos dos años, el menor deberá volver con la familia o se dictará sobre él una medida
estable de protección. En cualquier caso, el objetivo va a ser siempre el mismo: mantener al menor con su familia y, si eso no es posible o no resulta conveniente al interés del menor, buscarle la mejor familia posible. Para esto las fórmulas son
el acogimiento familiar y el acogimiento residencial y, como les decía, porque es un principio inspirador de la ley, la reforma prioriza el acogimiento familiar sobre el residencial, especialmente en el caso de los niños menores de tres años, donde
se procurará que vivan con una familia sin pasar por un centro.


Agiliza este proceso establecer que ya no es necesaria la intervención previa del juez y lo clasifica en tres tipos en función del tipo de familia y de la duración: en primer lugar, el acogimiento de urgencia, que está pensado para menores
de seis años, que tiene una duración no superior a los seis meses y que se establece hasta que se decide la medida de protección más estable; en segundo lugar, el acogimiento temporal, con una duración máxima de dos años, para cuando se prevé que
el menor pueda volver a la familia de origen o bien el menor esté en un proceso de adopción; en tercer lugar, el acogimiento permanente, pasados dos años del temporal, cuando no es posible la reintegración familiar del menor. Además, la reforma
incluye —y esto es importante— un estatuto del acogedor familiar que comprende el elenco de derechos y deberes. Por otra parte, en el ámbito del acogimiento residencial, se regulan en la

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reforma por primera vez también los centros de protección dirigidos a menores con problemas de conducta. Se hace de acuerdo con los informes publicados en los últimos años, entre ellos los del Defensor del Pueblo. Se establecen con
claridad los derechos que tienen estos menores, en qué situación pueden ser derivados a un centro de protección y qué garantías tienen que ofrecer los centros. Cada menor contará por tanto con un plan individual de protección que tendrá que ser
revisado cada tres o seis meses.


Finalmente, el sistema de protección que configura la reforma incorpora algunas novedades importantes a la hora de agilizar la adopción para que llegue a más niños y con más facilidades. En el caso de la adopción nacional, se unifican los
criterios de idoneidad para las familias adoptantes, entre los que quiero destacar la imposibilidad para adoptar de quien esté privado de la patria potestad de un hijo. Se simplifican también los procedimientos, señorías. Se regula la guarda con
fines de adopción con el objetivo, como les explicaba antes, de que pueda iniciarse la convivencia entre el menor y la familia idónea antes de que la entidad pública proponga al juez la adopción. Se facilita el proceso que tienen que llevar a cabo
quienes dan a su hijo en adopción tras el nacimiento. Se regula la adopción abierta, que permite al menor en adopción mantener algún tipo de contacto con su familia biológica, siempre que lo determine un juez y con el visto bueno tanto del propio
adoptado como de la familia de procedencia y la familia adoptiva. Y se refuerza el derecho al acceso a los orígenes de los adoptados y para ello las entidades públicas tienen que asegurar la conservación de la información sobre ese origen durante
al menos cincuenta años.


En la adopción internacional se clarifica el ámbito competencial —sé que eso es motivo de duda para algunas señorías— para la tramitación de las adopciones, de manera que la decisión sobre un país y la acreditación de las entidades
colaboradoras pasará a corresponder al Estado. Se hace así porque afecta a la política exterior —como saben ustedes, la Constitución en su artículo 149.1.3.ª atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de relaciones exteriores— y, como
también señalan los proyectos de ley, se hace sin perjuicio de la necesaria intervención de las entidades públicas de las comunidades autónomas, que por supuesto desarrollan —y la ley lo reconoce en todo momento y yo lo destaco desde esta tribuna—
una labor fundamental. En todos estos casos los proyectos de ley prevén la participación, en ocasiones vinculante, de las comunidades autónomas, por una parte, en la determinación de la iniciación de la tramitación de adopciones con cada país de
origen de los menores —y también en el caso de suspensión o paralización de la misma— y, por otra, en la acreditación de las entidades colaboradoras, donde se exige un informe previo de la entidad pública en cuyo territorio tenga su sede el
organismo y se otorga a la entidad pública competente su control, inspección y seguimiento con respecto a las actividades que se vayan a desarrollar en el territorio de esa comunidad autónoma. Creo que esto garantiza una participación esencial de
las comunidades autónomas en este terreno.


Quiero hacer también referencia a una mención que realizan los grupos que han planteado enmienda a la totalidad respecto al impacto económico, que puede igualmente ser objeto de preocupación para otros grupos, de este nuevo sistema de
protección. En primer lugar, quiero recordar que lo importante aquí es el interés superior del menor y que, como quiere la nueva legislación, el menor con quien mejor está es con su familia —creo que en eso coincidimos todos— y cuando no puede
estar con su familia lo importante es que pueda tener una nueva familia. Eso es lo que quiere la ley. Pero, además, el acogimiento familiar, que es el que se incentiva desde la reforma, si hablamos de dinero, tiene un coste medio de entre 20 y 30
euros por menor y día, mientras que el acogimiento residencial supone más del doble, 60 u 80 euros. Es más caro y además, naturalmente, es mucho peor para el interés del menor. Por tanto, no miremos esta reforma desde un punto de vista de impacto
económico.


Señorías, en tercer lugar, la reforma refuerza los instrumentos de los poderes públicos en la prevención y en la lucha contra la violencia en la infancia. Por primera vez se reconoce a los menores como víctimas de violencia de género
modificando la Ley de 2004. (Aplausos). Además, se establece la obligación de los jueces de pronunciarse sobre las medidas cautelares que afectan a los hijos de mujeres maltratadas y se prevé que estos niños puedan permanecer con sus madres. Se
podrá determinar el desamparo del niño cuando se dé alguna situación de malos tratos, de abusos sexuales o de maltrato emocional. Se establece la obligación de poner en conocimiento del ministerio fiscal los casos de abusos sexuales para todo
ciudadano que lo conozca y se configura como requisito indispensable para el acceso a actividades profesionales que impliquen contacto con niños de forma habitual no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, la trata o la
explotación de menores. Aprovecharemos el trámite también para incorporar algunas de las previsiones del Convenio de Lanzarote en relación con el registro de pederastas.

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Por último, quiero también hacer referencia a otras novedades importantes que presenta esta reforma, por un lado, la obligatoriedad de que en las memorias —esto también tiene su importancia— de análisis de impacto de los anteproyectos de ley
y los proyectos de reglamentos se incluya el impacto en la infancia y la adolescencia. No es simplemente una legislación sectorial, sino que toda la legislación, la normativa que emana del Gobierno o de esta Cámara, tiene impacto y, por tanto, se
le quiere dar una versión transversal y que eso pueda ser objeto de informe. Por otra parte, se crea un sistema de información compartido entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado para avanzar en un conocimiento global
de la situación de la protección de la infancia y de la adolescencia, instrumento que necesitamos y que sin duda va a redundar en una mejora del diseño y de la evaluación de las políticas públicas que les afecten. Creo que esto tiene también que
ser una constante en cada norma que impulsemos, la mejora de la información y del conocimiento y sobre todo la evaluación de las políticas públicas y de las leyes que impulsamos desde este Parlamento.


Finalmente, como saben, también se modifica la Ley de protección de las familias numerosas con un objetivo muy sencillo, que es que las familias numerosas no pierdan el título y la condición de familia numerosa hasta que el último de los
hijos haya cumplido la edad establecida, que son los veintiún años o los veintiséis en caso de que esté estudiando. Esta es una modificación que ha sido muy demanda por las asociaciones de familias numerosas y que además anticipa el plan integral
de apoyo a la familia en el que viene trabajando el ministerio que me honro en presidir y que espero que en las próximas semanas podamos llevar al Consejo de Ministros y presentar también a sus señorías.


Señorías, estamos abordando una reforma integral que da una respuesta eficaz a los cambios sociales que se han producido en España en los últimos años, que cumple tanto la Constitución española como las normas internacionales y que en
especial sigue la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Es una reforma que consolida el compromiso del Gobierno con la familia, en particular con los menores. Por tanto, estamos actuando y actuando de forma decidida para que esta
legislación en la que se ha trabajado durante tanto tiempo pueda ver la luz.


Voy a escuchar con todo el interés a los grupos, tanto a los que han presentado enmiendas a la totalidad como los que no lo han hecho y que comparten en líneas generales las previsiones que plantea esta modificación que presentamos. Sí
quiero anticipar mi absoluta predisposición al diálogo y al consenso. Muchas veces cuando nos reunimos con las organizaciones que se dedican a trabajar en la protección de la infancia, en la defensa de los derechos de los menores, de los niños y de
los adolescentes en España, siempre nos dicen: ¿por qué no impulsan ustedes un pacto por la infancia? Esta es una legislación muy importante. Creo que todos les mostramos nuestra disposición a hacerlo. Entiendo que hay algunas dificultades, pero
esas dificultades no son insalvables. Entiendo también que hay capacidad para hacer propuestas y para introducir mejoras en los textos que plantea el Gobierno que, como digo, han sido muy trabajados, pero, sinceramente, si en alguno de los aspectos
que son importantes para la vida y la sociedad española hemos de ponernos de acuerdo, bien merece la pena que lo hagamos por los niños y por los adolescentes españoles. Se ha hecho todo el trabajo previo para que esto sea así. Yo pondré de mi
parte todo aquello que tenga que poner y espero de ustedes la misma disposición.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución. Para defender la primera de ellas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Es un placer poder debatir con el ministro Alonso, que tiene ese talante tan agradable y tan predispuesto, lo cual no quita que no tengamos que afirmar, señor ministro, que vivimos en mundos paralelos, al menos el mundo mío no es el suyo y
creo que el suyo no es el mío. Si nosotros estuviéramos instalados todavía en el federalismo o en el autonomismo, incluso si fuéramos como, por ejemplo, mis compañeros del PSC o mis compañeros de otros partidos políticos de comunidades autónomas
donde la ciudadanía ha asumido en su imaginario lo que significa la autonomía política de verdad, quizá estaríamos muy preocupados. Yo, la verdad sea dicha, estoy ya en otro escenario, en un escenario de ruptura democrática, lo cual hace que nos
sintamos un tanto ajenos a este proyecto de ley.


Este proyecto de ley es un paso atrás, es incluso inconcebible que ustedes, que deberían tener interés en incorporar a aquellos autonomistas que todavía lo son o a aquellos federalistas que, al menos en Cataluña, que es lo que yo conozco
más, todavía no quieren apearse de esta voluntad de construcción de

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un Estado compuesto de verdad, empiecen a transitar hacia otra estación. En Cataluña tenemos competencias exclusivas —hablo de Cataluña porque es lo que mejor conozco— en la regulación del régimen de las instituciones públicas que tienen
como objetivo esta misma protección, la tutela de menores desamparados y en situación de riesgo, y competencias en adopción. Sin que yo sea susceptible de ser acusado de chovinista, que no lo soy, aunque quizá alguien crea que lo soy, precisamente
abomino del chovinismo, creo que en Cataluña hay un cierto orgullo por parte de la Administración, tanto cuando ha sido comandada por Convergència i Unió como cuando fue comandada por los dos gobiernos tripartitos, de haber hecho bien las cosas en
todo aquello que compete a adopciones. Incluso sé de gobiernos de otras comunidades autónomas que se desplazaron en su momento, aquellas que tienen competencias ad hoc, se desplazaron a Cataluña para conocer cómo se gestionaba todo ello. Es más,
somos la única comunidad autónoma que tiene una entidad autónoma destinada precisamente a adopciones, que es l´Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció. No hay otra institución igual en otra comunidad autónoma. ¿Cómo se justifica esta
voluntad uniformizadora que entra como si fuera un carro de combate ante un modelo que ha demostrado que era eficiente? Ya sé que ha habido históricamente problemas con la Administración española en todo aquello que compete a adopciones, incluso
hubo algunos desencuentros relacionados con algunos Estados africanos hace unos años. Es cierto que siempre ha habido las fricciones que genera cualquier gestión de las administraciones, pero desde la Administración General del Estado, desde los
distintos gobiernos, siempre se reconoció que el modelo catalán era un modelo de éxito, a pesar de los déficits. Pero con esta ley van más allá. ¿Cómo puede ser que no se mencione el Código Civil catalán? Una de las razones por las cuales desde
el año 1960, desde el franquismo, se dieron pasos hacia delante, que en aquellos tiempos eran más que modernos, rupturistas, en todo aquello que afectaba a las adopciones gracias a la existencia del Código Civil catalán, después de todo este
ejercicio que se ha hecho de compendio en Cataluña, resulta que ustedes obvian todo lo relativo al Código Civil catalán. Cataluña tiene Código Civil catalán. Es cierto que en el País Valenciano y en Aragón todavía hay código civil, pero ni está
tan acotado ni la acción de compendiarlo ha avanzado tanto como en Cataluña y es mucho más sectorial. Luego es el Código Civil catalán el que se debe aplicar en Cataluña. Bastante problema tenemos ya con la falta de formación de muchos jueces y
magistrados para que ahora llegue esta ley, que significará una duplicidad de centros de interés y de contradicciones que no se entienden. Usted ha dicho también que lo que propone son avances. Me he quedado con la disposición final décima, que
dice textualmente: Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal. En otras palabras, con esta disposición final décima ¿cómo se puede
mantener el criterio de que esta ley significa un avance? Parecería más bien que es papel mojado, porque ¿de dónde van a salir los recursos? A no ser que continuemos instalados en este camino que cada vez es menos camino y más autopista, que lo
que hace es consolidar una ecuación perversa: el gasto que no realiza el Estado que lo hagan las comunidades autónomas. Por cierto, ¿cómo vamos a gastar más si no tenemos autonomía política y, además, estamos intervenidos financieramente? Es una
contradicción que solo serán capaces de resolver aquellos que todavía creen en la autonomía, o aquellos que todavía tienen como objetivo un cierto estado federal. Pues tienen trabajo, porque sin autonomía política y con la intervención por parte
del Estado en todo aquello que compete a la financiación, bastante trabajo tendrán los autonomistas para resolver esa contradicción. Nosotros, como no somos tan inteligentes como los autonomistas ni tan voluntariosos como los federalistas, hemos
optado por independizarnos, si nos dejan y no nos meten en la cárcel antes.


Lo que quieren ustedes es dinamitar los modelos de protección a la infancia y a la adolescencia, que deberían ser motivo de orgullo de todos. Si ustedes creen en el modelo autonómico, deberían estar orgullosos del trabajo que han hecho
estas comunidades autónomas a lo largo de tantos años y reconocerles que son mayores de edad, que lo han hecho bien en Andalucía, lo han hecho bien en las comunidades autónomas en donde ha gobernado la derecha y que se ha hecho bien en Cataluña,
mandase o no la izquierda, gobernase o no la izquierda. En vez de reconocernos la mayoría de edad, se inventan una ley innecesaria que no significa que no contenga algunos elementos que podamos aprovechar, por supuesto, pero ¿hace falta esta ley
que significa laminar y no reconocer todo lo hecho? En el fondo, significa no estar orgulloso ni siquiera del estadio que se ha alcanzado. Es más, suena a una cierta coartada justificar esta laminación mediante la incorporación de algunas ideas
que, por supuesto, son interesantes; yo no digo que en la ley no existan ideas interesantes, pero hablemos de ellas, acotémoslas y luego vamos a ver si es necesario este tipo de ley.

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Por nuestra parte, solamente podríamos intentar —aunque supongo que tampoco tienen demasiado interés con nosotros— dialogar sobre la base de que ustedes reconocieran una salvaguarda, respecto a esta ley, que dejara claro que no se aplica en
aquellas comunidades autónomas en donde las leyes que haya legislado su respectivo parlamento hagan innecesaria esta ley o, al menos, aquellos aspectos de la ley que lo que hacen es doblar las funciones. Esperamos que hagan caso a Convergència i
Unió, ya que a nosotros no nos lo hacen; al menos háganle caso a ellos, que igual todavía les pueden repescar, aunque creo que, a este paso, no van a repescar ni a Convergència i Unió ni a Unió Democràtica de Catalunya; fíjense lo equivocados que
andan. No nos parece demasiado inteligente por parte de ustedes políticamente, por supuesto, pero bueno, con nosotros no cuenten.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


La otra enmienda a la totalidad de devolución la presenta el Grupo Catalán de Convergència i Unió y para su defensa tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, lógicamente agradecemos el tono del señor ministro en la intervención. Vemos que nos acompañan en la tribuna las autoras del proyecto de ley, a las que conocemos desde hace tiempo y reconocemos su valía profesional, pero he de
empezar diciendo que a mi grupo parlamentario y a buena parte de los diputados catalanes, y seguramente vascos y gallegos, que nos sentamos en este hemiciclo nos cansa y nos aburre mucho que en cada uno de los proyectos de ley que estamos tramitando
en esta legislatura tengamos que dedicar buena parte de nuestro esfuerzo político no a discutir sobre las cuestiones que seguramente también nos interesan, que es cómo mejoramos, en este caso, nuestra legislación en materia de protección a la
infancia, cómo nos adaptamos a las convenciones internacionales, cómo damos respuestas a nuevos fenómenos sociales, a los cambios que en estas materias se han producido en nuestra sociedad; en lugar de dedicar los esfuerzos a esa discusión,
inevitablemente debemos concentrar nuestra energía en defender lo obvio, que es el bloque de constitucionalidad, el reparto competencial que establece la Constitución y los estatutos de autonomía. Además, en la materia concreta que hoy estamos
debatiendo son muy evidentes y muy claros y, lo que es más relevante, han sido muy pacíficos en los últimos veinticinco o treinta años. Han sido extremadamente pacíficos. Es más —lo conocen sus colaboradoras—, una parte no menor de los avances que
se producen en este proyecto de ley son inspiración de los avances que se han producido en las legislaciones autonómicas y singularmente de los avances que se han producido en la legislación catalana. Esos avances que recoge el proyecto de ley,
algunos citados por el señor ministro en su intervención, son plenamente compartidos por Convergència i Unió, entre otras cosas, porque han sido legislados previamente en el Parlament y, por tanto, en términos de la filosofía del proyecto de ley, en
la parte sustantiva del proyecto de ley, no estamos lejos, como creo que tampoco el conjunto de los grupos. Ahora bien, es verdad, y el señor ministro lo ha citado —de hecho ha leído una parte de la exposición de motivos—, esa idea uniformizadora
que se justifica en la exposición de motivos expresa una idea del autogobierno, de la capacidad que tienen los parlamentos autonómicos de ejercer sus competencias en el ámbito legislativo, que implica la posibilidad de construir modelos distintos,
de optar por distintas soluciones a problemas sociales, pues no, ustedes expresan una concepción antiautonómica, tremendamente jacobina y confirman de nuevo en esta materia lo que en la práctica se está produciendo, que es una reforma constitucional
encubierta. A través de ese tipo de legislaciones, ustedes están reformando la Constitución y están rompiendo con ese pacto constitucional. En esta ocasión le ha tocado el turno, insisto, a una cuestión que ha sido pacífica, como es la legislación
en materia de infancia.


Señor ministro, en cuestiones que son tan evidentes no les puede sorprender que en Cataluña, como mínimo con el consenso del 80 % del Parlament, no de aquellos que estamos por el Estado propio, no, no, del 80 % del Parlament, el actual
modelo de relaciones entre Cataluña y España sea insostenible. Habrá quienes aún apuesten por esa reforma constitucional y quienes apostemos por el Estado propio, pero la expresión política de la filosofía de este proyecto de ley expresa la
desconexión sentimental y política de una parte muy singular de la sociedad catalana. Esta es la cuestión política de fondo de este proyecto de ley.


Hay tres razones que justifican claramente que Convergència i Unió haya presentado esta enmienda de devolución, dos de ellas centradas en esta concepción uniformizadora del proyecto de ley y una vinculada a los costes económicos de estas
políticas. Usted mismo citaba con cierto orgullo esa vocación del proyecto

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de ley de uniformizar la legislación de protección a la infancia. No podemos estar de acuerdo en una materia en la que tenemos competencia exclusiva en que la legislación del Estado uniformice, no está previsto en ningún sitio de la
Constitución ese mandato a las Cortes Generales ni al Gobierno; en todo caso, en estas materias, desde 1996, la legislación del Estado ha tenido un carácter supletorio y, de hecho, en la norma vigente, que ha funcionado de manera pacífica, la
aplicación de la normativa estatal ha ido acompañando a esa plena normativa de carácter autonómico. Incluso en la exposición de motivos hay un punto de adanismo. En Cataluña existe legislación de protección a la infancia desde 1991 —desde 1991 se
está legislando en Cataluña— y ha culminado en 2010, en el marco de la codificación del derecho civil en Cataluña, en un verdadero código de protección a la infancia, en 2010, hace muy poco tiempo; un código global, ambicioso, moderno, que
incorpora, insisto, buena parte de la filosofía de este proyecto de ley. En cambio, cuando uno lee la exposición de motivos, parece que quien ha descubierto el Mediterráneo es el actual Gobierno. Señor ministro, primera cuestión a resolver es
dejar claro, tal como estaba en la Ley de 1996, el carácter supletorio de la legislación del Estado. Hay que recordar —se lo ha dicho el señor Tardà y es muy evidente— dos artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Uno de ellos es el 166,
que establece competencia exclusiva en materia de protección a la infancia, muy claro, que dice: la regulación del régimen de protección y de las instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados y en situación de riesgo,
así como la regulación y ordenación de las entidades, los servicios y los establecimientos públicos y privados que presten servicios en su ámbito territorial. Hay otra competencia muy relevante, que es la contenida en el 129, que establece en
materia de derecho civil competencia exclusiva en su desarrollo. Sobre eso alguna cosa diré luego. No tenemos tiempo de hacer aquí un recordatorio sobre los orígenes del derecho civil y el hecho de que el derecho civil privado en Cataluña
subsistió en 1914, en 1939 y en 1978, pero lo que está muy claro es que el derecho civil español se aplica supletoriamente al derecho civil catalán. En eso hay un desarrollo amplísimo del Tribunal Constitucional, e incluso en la desdichada
sentencia del Estatuto de Autonomía de 2006 se mantiene la tesis de que aquello que puede hacer el Parlamento de Cataluña es modernizar aquellas instituciones que conforman parte de ese derecho civil, que es lo que hemos hecho desde 1980 en el
Parlamento de Cataluña. Eso me permite, señor ministro, abordar lo que es más brutal de este proyecto de ley, que es la liquidación de la posibilidad de que, al menos en Cataluña, en materia de adopción internacional podamos tener competencias
propias, las que hemos ejercido hasta este momento. Ahí le quiero recordar —el señor Tardà se lo ha mencionado de pasada pero yo me quiero detener un momento— que en 1960, en pleno franquismo, la compilación de derecho civil de Cataluña reguló la
institución de la adopción. Lógicamente, con la recuperación de la capacidad de autogobierno de Cataluña, el Parlament de Catalunya, en desarrollo de esa figura y adaptándose a una nueva realidad como era la posibilidad de adoptar un niño fuera de
las fronteras de España, reguló la adopción internacional basándose en el título competencial del derecho civil. Esto nunca ha sido objeto de controversia política ni judicial. En el desarrollo de una competencia como es la del derecho civil se ha
permitido fundamentalmente al Gobierno de la Generalitat —también al conjunto de los gobiernos autonómicos— determinar con qué países las familias de Cataluña pueden iniciar el trámite de adopción y a través de qué entidades sin ánimo de lucro se
ejerce esa posibilidad. Es el Gobierno de Cataluña quién decide con qué países y a través de qué entidades. Eso ha funcionado razonablemente, tan razonablemente que ustedes mismos en las conversaciones que hemos tenido estos años han dicho que
Cataluña ha ejercido bien estas políticas. Pues bien, en su proyecto de ley, ese paquete de cuestiones que hasta ahora desarrollaban las comunidades autónomas pasan a desarrollarse directamente por la Administración General del Estado a través de
los correspondientes ministerios y reducen el papel activo que ha tenido Cataluña en esta materia hasta casi un simple negociado del ministerio que usted dirige.


En materia de adopción internacional, mi grupo parlamentario se siente especialmente orgulloso porque una compañera nuestra, Conchita Tarruella, entre 1994 y 1998, ejerció las funciones de directora general de Atención a la Infancia y buena
parte del desarrollo del modelo catalán que hoy estamos defendiendo fue fruto del trabajo de la señora Tarruella. Algunos de los primeros países en los que las familias pudieron iniciar trámites de adopción fueron promovidos por el Gobierno de la
Generalitat en tiempos de la señora Tarruella. La única comunidad autónoma que ha creado un organismo autónomo dedicado a esa cuestión es la catalana a través de l´Institut Català de l’Acolliment que, además, a través del Convenio de La Haya, tiene
reconocido el papel de autoridad competente y, por tanto, de autoridad capaz de realizar ese tipo de gestiones. Ese mismo convenio reconoce a la Administración General del Estado el papel de autoridad central y de facilitar la información en las
comunicaciones entre la Administración catalana y el Gobierno del país de turno. Es más, aquellas familias que optan por tramitar

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la adopción no a través de la entidad especializada, sino directamente ellos —lo que se conoce como protocolo público—, las relaciones se establecen entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de ese país directamente. Eso ha
funcionado. No es que lo estemos reclamando, no es que estemos reclamando una nueva competencia; estamos reclamando que algo que ha sido pacífico y q ue ha funcionado de manera razonable continúe vigente. A mi grupo le escandaliza, señor
ministro, y estamos convencidos —tomo nota de su actitud— de que eso tiene solución, la ha tenido hasta ahora. Más de 5.000 niños y niñas han sido adoptados desde 2007 hasta la actualidad en Cataluña, un tercio del conjunto de las adopciones en el
Estado español. Algún compañero, algún colega, el señor Guillaumes, forma parte de ese colectivo de familias adoptantes que han encontrado en esa relación con la Generalitat, a través también de los organismos especializados, la proximidad del
acompañamiento que ha permitido que las cosas funcionen razonablemente. ¿Por qué razón debe ser modificado lo que hasta ahora ha funcionado de manera adecuada? No sé si el señor ministro nos va a responder desde la tribuna, pero nos gustaría
conocer la razón de esta modificación, a no ser que sea la estrictamente ideológica de: nuestra de idea de modelo de Estado es recentralización, uniformidad y vaciado de las competencias de las comunidades autónomas en esta materia.


La última razón de nuestra enmienda es que la disposición final décima incorpora un mandato de no incremento del gasto. Nos parece que en la política de infancia, España gasta mucho menos, invierte mucho menos que el conjunto de la Unión
Europea y esa aseveración que contiene el proyecto de ley es una renuncia a tener una política de atención a la infancia, especialmente a la infancia vulnerable, en la línea de los Estados de nuestro entorno. Nuestro gasto en familia, nuestro gasto
en infancia nos debería de avergonzar; por tanto, renunciar a incrementar las inversiones en la infancia es renunciar a invertir en el futuro. Esto también nos lleva, señor ministro, a rechazar ese proyecto de ley y a esperar que esa actitud que
ha mostrado usted durante la primera parte de su intervención pase de las palabras a los hechos y seamos capaces de buscar soluciones. Estaremos abiertos a ello, pero hoy vamos a pedir el rechazo de este proyecto de ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor Campuzano, realmente es agotador esto de la defensa del bloque de constitucionalidad, pero también tengo que reconocer que me ha resultado grato, gratísimo, escuchar al señor ministro la defensa de este proyecto de ley. Creo
que me trae un aroma a la política municipal, frescura y cercanía, y creo que ese barniz sería muy necesario en todos los diputados de esta Cámara. Voy al tema.


Voy al tema. La enmienda a la totalidad de CiU —me referiré en primer lugar a ella— posee, como bien ha señalado el diputado Campuzano, un carácter eminentemente competencial y persigue que tanto la ley orgánica como la ley ordinaria del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, señor ministro, prevean expresamente en la correspondiente disposición final que las comunidades autónomas con competencias exclusivas en servicios sociales y en derecho civil, por su
habilitación, posea carácter supletorio tal y como lo prevé actualmente la disposición final vigésimoprimera de la Ley orgánica 1/1996. Entendemos sin embargo, señor Campuzano, que queda claro que la disposición final vigésimoprimera de la ley
orgánica no se ha modificado. Lo que se modifica en realidad es la disposición final vigésimotercera, en la que se amplía ese listado de preceptos ordinarios incorporando los reformados mediante el proyecto de ley ordinaria, a los que sí se
aplicará esa cláusula de supletoriedad. Si no es así, señor ministro, le rogaría que me corrija.


Por otra parte, en dicho listado hay dos artículos, el 2 y el 25, que pasan de ser ordinarios a orgánicos. Nosotros, en nuestra visión, entendemos que esto tiene su lógica ya que el artículo 2 desarrolla el concepto de interés superior del
menor y el 25 porque pasa a formar parte del nuevo capítulo IV, relativo a los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta. Razonable. En definitiva, la modificación de la ley orgánica afecta a preceptos que ya
actualmente poseen naturaleza orgánica por afectar a derechos fundamentales de los menores a los que ahora tampoco se les aplica esta disposición final vigésimoprimera, ya que entendemos que solo se aplica a los preceptos de naturaleza ordinaria
relativos a servicios sociales o a derecho civil propio y que han sido objeto además de ampliación en esa disposición final vigésimotercera. Esto suena un poco embrollado pero creo que era necesario decirlo.

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Es también verdad que en la enmienda a la totalidad se recoge posición contraria a la prohibición de incremento de gasto prevista en la disposición final décima. Y le diré que es una apreciación que compartimos plenamente con ustedes. En
nuestro caso, además, señor ministro, en el caso de Euskadi, entendemos que se debería de incorporar una cláusula de salvaguarda foral en materia de incremento de gasto, precisamente para que sean las instituciones vascas —que, como usted bien
conoce, tienen un especial régimen de organización interna— las que determinen si se precisa o no dicho incremento. Por lo tanto es una cuestión que —ya se lo avanzo— será objeto de enmienda parcial por parte de este grupo en el trámite
parlamentario oportuno.


Junto con ello, también se reclama en esta enmienda a la totalidad que en materia de adopciones internacionales la decisión de autorizar esas adopciones en los diferentes países de origen y su posterior control así como la función de
acreditar a las entidades colaboradoras sea reservada a las instituciones autonómicas y no a la Administración General del Estado, como prevé el proyecto de ley ordinaria. Y estamos al cien por cien de acuerdo, porque la adopción internacional,
como se ha señalado, se aborda en la ley ordinaria y no en la orgánica y modifica sustancialmente la Ley 54/2007, de Adopción Internacional, efectivamente con la voluntad y la intención de reforzar la intervención de la Administración General del
Estado en este tipo de procedimientos. En líneas generales, sigue la óptica de la Ley de Tratados y Acuerdos Internacionales, por lo que se debe interpretar conforme a ese acuerdo de la Comisión bilateral sobre la Ley de Acción Exterior. Como
usted bien sabe, en eso discrepamos. Sí se reserva a las entidades públicas autonómicas funciones de colaboración en la ley durante todo el procedimiento; incluso participan en la determinación de aspectos de política exterior en esta materia,
aunque de facto es la Administración General del Estado la que determina la iniciación de la tramitación de adopciones en cada país de origen, su paralización o la suspensión de las mismas. Podría decirse que las decisiones formales y principales
son asumidas por la Administración General del Estado, aunque es verdad —no se lo voy a negar— que del texto se desprende que de la mano de las entidades públicas autonómicas; por tanto, ellas mismas pueden ejercer directamente funciones de
intermediación en el país de origen. También es cierto —esto tiene dos caras— que el Estado se reserva importantes funciones de supervisión y además puede establecer líneas maestras en política exterior. En este sentido, como ha sido resaltado
también por el señor Tardà y por el señor Campuzano, percibimos en el espíritu general que destila la norma una voluntad uniformizadora por parte del Gobierno y del grupo que lo apoya que desde luego en ningún caso podemos compartir y que ya le
aviso que vamos a combatir, prometemos combatirla. Y le voy a decir por qué, fundamentalmente porque se equivocan, porque no se debe mezclar ni confundir la necesidad de armonización, que compartimos plenamente —creo que hay que colaborar,
coordinar y armonizar la normativa—, con uniformizar; armonización, sí; por tanto, uniformización, no.


No obstante, observarán que no hemos formulado enmienda a la totalidad en la medida en que compartimos y consideramos de verdad necesaria una parte importantísima de los cambios normativos que se proponen, y además hemos de reconocer que se
ha hecho un buen trabajo en este caso de diálogo, de intercambio de opiniones, un trabajo de escucha que ha sido incorporado, y eso debe ser valorado positivamente. Además, señor ministro, sinceramente, confío de verdad en su oferta y en su talante
y en esa mano que ha tendido a esta Cámara para trabajar colaborativamente. Por tanto, estamos esperanzados por que en el trámite de enmiendas parciales podamos alcanzar los consensos necesarios para subsanar algunas cuestiones competenciales que
han quedado mal encajadas en el texto legal que se propone y algunos otros aspectos regulatorios en los que podemos tener diferencias pero, como digo, no son los más, precisamente, son los menos.


Para concluir, quiero decir que este grupo no se va a oponer en modo alguno a la invocación que presentan las enmiendas de totalidad del Grupo Parlamentario Convergència i Unió y Esquerra Republicana de Catalunya para que sean respetadas sus
competencias exclusivas en materia de derecho civil recogidas en el Estatut de Catalunya, que me parecen muy relevantes. En esta cuestión les tengo envidia, me parece un privilegio tener un derecho civil catalán como el que tienen ellos; como
sabe, señor ministro, nosotros contamos con nuestro derecho foral, con el derecho foral vizcaíno y con el fuero de Ayala en Álava, pero fundamentalmente regula materias sucesorias. Como les digo, manifiesto mi envidia pero también nuestra
solidaridad. Por eso, como les decía, no vamos a oponernos. Compartimos asimismo lo que ha sido señalado desde el punto de vista del límite de gasto, con la cualidad —en este caso sí— de preservar la parte de derecho histórico que tiene esta
materia, que le recuerdo, señor ministro, que es

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incluso de carácter preconstitucional. ¿Por qué no lo haremos? Fundamentalmente porque entendemos que son sus aspiraciones legítimas y además ajustadas a derecho.


Muchas gracias y que pasen buena tarde en la medida de lo posible, que va a ser larga.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.


Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias señor presidente, señor ministro.


Para alguien que nos pudiera estar viendo desde fuera en los últimos minutos, en las dos últimas intervenciones —en una parte, señora Sánchez Robles, estoy completamente de acuerdo con usted—, podría parecer que estábamos en un debate entre
vascos, entre catalanes y vascos y vascos con catalanes, en un debate entre comunidades autónomas con sensibilidades ideológicas o políticas. Y no, estamos en un debate sobre un asunto, a nuestro juicio, tan importante como el debate que nos
plantean dos leyes de protección a la infancia y a la adolescencia en cualquier parte de España que vivan los niños y los adolescentes, incluso los niños y adolescentes que sean acogidos, adoptados y que provengan de otros países. Estamos, por
tanto, ante un debate que tiene, cómo no, sus aspectos sentimentales. Decía el señor Campuzano que con decisiones de estas características no era posible conectar sentimientos entre Cataluña y España, pero es que las leyes no están para conectar
sentimientos, ni siquiera para protegerlos. No, las leyes y la democracia están sustancial y elementalmente para proteger derechos, no para proteger sentimientos, porque los sentimientos son de cada uno de nosotros, son de cada cual. Las leyes
están para proteger los derechos, al margen de los sentimientos que tengan los que son propietarios de esos derechos porque son ciudadanos. Igual no tenemos el mismo concepto, pero esta es una noción básica de la democracia. ¿Para qué están las
leyes? Para eso, para proclamar y proteger los derechos que tenemos por el hecho de ser ciudadanos y no por el hecho de portar unos u otros sentimientos hacia unos o hacia otros e incluso por tener unas u otras ideologías.


Decía también la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco algo que comparto con ella. A lo mejor lo decía por otra cosa, pero comparto esa afirmación inicial que ha hecho nada más subir a la tribuna: ¡anda que no es cansado esto de defender
el bloque constitucional! Efectivamente, es agotador defender el bloque constitucional, y cuando yo subo a esta tribuna también pretendo defender el bloque de constitucionalidad. A lo mejor tenemos discrepancias —sé que las tenemos— sobre qué parte
representa o no el bloque de constitucionalidad o cómo interpretamos cada uno de sus contenidos, pero sí, aquí estamos para eso, para ponernos de acuerdo también en ese sentido. Para mí defender el bloque de constitucionalidad en esta materia y
siempre —pero particularmente en esta materia— es defender la igualdad de todos los españoles, defender el Estado, que significa defender la igualdad y, en este caso, la igualdad y la protección en igualdad de condiciones de todos los niños y de
todos los adolescentes.


Nuestro grupo no ha presentado una enmienda a la totalidad, no pide la devolución de estos proyectos de ley al Gobierno porque entendemos que el objetivo e incluso una parte esencial del contenido es un avance con respecto a la situación
actual. Hay un avance en muchas de las cuestiones que aquí se han detallado, cuestiones que tienen precisamente como objetivo que estas normas garanticen esa especial protección de los menores en todo el Estado, en toda España, y que respondan a
las necesidades actuales, como agilizar los procesos de acogimiento y adopción y mejorar la atención a la infancia en riesgo y a los menores víctimas de violencia. Esos objetivos que tiene la ley son compartidos por este grupo parlamentario. En la
consecución de esos objetivos hay algunas cuestiones que aparecen dentro del texto de la ley con las que no estamos de acuerdo o que nos parece que tendrían que haber ido más lejos. No voy a incidir en mi intervención en aquello que comparto porque
ya lo he dicho, pero sí pondré de manifiesto, brevemente siquiera, algunas de las cosas que espero que en el trámite de debate posterior podamos acordar con el Gobierno. Yo también he escuchado al ministro su oferta de diálogo; no es que me la
crea, es que tengo la obligación de creérmela, y si resulta que en el trámite no se demuestra, yo se lo afearé cuando lleguemos al final. No se demuestra el talante dialogante, lo cual no significa que nos tengamos que poner de acuerdo al cien por
cien, pero sí que hagamos el intento de acordar posiciones en algunas cuestiones que yo al menos considero que deben de ser mejoradas.


Voy a empezar por la que considero que es más importante y más difícil y es el reproche que le quiero hacer al Gobierno y al Partido Popular en esta ley como en otras —esta tarde veíamos otra—, en la que nos vienen a decir que esta ley no va
a contar en ningún momento con una mayor disponibilidad económica. Todos estos nuevos derechos y asistencia de los que gozarán los menores, según la pretensión y el texto de la ley, se quedarán en papel mojado, ministro, si entra en vigor esta
disposición final tal y como la tienen

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planteada, en la que se establece que esta norma no podrá suponer un incremento de gasto público. No se puede ser contradictorio. Por mucho que se diga que se pueden gestionar mejor los recursos que ya se tienen, si se proclaman derechos
nuevos, si se trata además de organizarse de manera que esa proclamación de derechos nuevos sea efectiva y en condiciones de igualdad en toda España, hacen falta recursos, recursos materiales, humanos y económicos. Es que hacen falta, y esta
disposición adicional que también han introducido en otra ley que hemos visto a lo largo de esta sesión tira por la borda un objetivo muy compartido por esta Cámara. Le animo, ministro. Estoy segura además de que usted, como hombre fuerte del
Partido Popular, y espero que del Gobierno, sea capaz de doblarle el codo al señor Montoro —el codo, el brazo o lo que haga falta— para que haya recursos para que esta ley tenga los efectos que se persiguen y que se proclaman en el texto. Esta es
la cuestión, a nuestro juicio, más relevante y que debe ser modificada en el trámite, porque si no se quedará en nada, en bonitas palabras, en un esfuerzo complementario para mucha gente que trabaja en el sector —todas esas asociaciones que usted ha
mencionado— pero, a la hora de la verdad, en muy poquito. Creo que si hacemos el esfuerzo —lo debemos hacer y ustedes han tomado la decisión de hacerlo, efectivamente usted decía que había trabajo preparado por el Gobierno anterior, había pasos que
se habían dado. Ustedes han tomado la decisión de que en esta legislatura se aprueben estas leyes, han hablado con muchos colectivos afectados; hable ahora con nosotros. Dice usted que han consensuado entre ustedes mismos, en el Gobierno, y
supongo que esta es una de las cosas del consenso, que no haya dotación presupuestaria. Por favor, ministro, rompa este consenso; rompa en el Gobierno el consenso de que no tenga dotación presupuestaria esta ley y busque el consenso de la Cámara,
porque va a tener el consenso de todos nosotros para que haya dotación presupuestaria y creo que también el consenso de su grupo parlamentario. No me cabe la menor duda de que su grupo parlamentario le apoyará para que haya recursos.


Otra cuestión —por no citarlas todas— de carácter menos trascendental que esta pero importante es que consideramos necesario mejorar los artículos referidos a la acogida familiar de menores debiendo sensibilizar y potenciar esta ante la
acogida institucional de los menores; nos parece que hay que reforzar esa área. En los procesos de adopción y acogida consideramos fundamental que sea precisa siempre la asistencia letrada, que esté garantizada la asistencia letrada, dado que en
estos procesos se afectan derechos fundamentales de menores y es preciso garantizar que se desarrollen de manera correcta todos esos procesos; no se trata de que se pueda tener un letrado, sino de que la asistencia letrada esté garantizada.
Creemos también que es posible una mejora del texto para garantizar los derechos de los menores, especialmente de aquellos que poseen algún tipo de discapacidad concretamente. Por último, un elemento controvertido que no se incluye en esta ley es
el que tiene que ver con los casos de transexualidad. Haremos enmiendas al respecto. Sé que es un problema, sé que es un tema controvertido, sé que no hay consenso y que igual entre los propios grupos tampoco existe, pero me parece que no
debiéramos dejar pasar esta oportunidad para avanzar en la búsqueda del consenso, porque estos tienen los problemas que tienen todos los menores y los propios que tienen por su condición y no dejan de ser menores que han de ser protegidos por la
ley, así que cuánto mejor que una ley nacional para que no tengan leyes autonómicas que en unos casos actúen de una manera y en otros de otra. Creo que tenemos que hacer ese esfuerzo porque España tiene sentido si es una nación y un Estado que
garantiza la igualdad de todos y no, como piensan algunos, cuando deja de ser eso y se convierte en una cosa meramente residual. Creo lo contrario y, por eso, aunque sé que este es un tema controvertido, le animo al ministro a que busque también en
esta medida un consenso con todos nosotros.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Pérez Moya, a quien agradezco su disposición para intervenir tan pronto en el Pleno.


El señor PÉREZ MOYA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, desde La Izquierda Plural entendemos que se pierde una gran oportunidad para poder desarrollar una ley para la protección de la infancia y la adolescencia de manera integral, o lo que podríamos definir, en su máximo
esplendor, una ley de infancia y adolescencia donde se puedan armonizar todos los cuerpos legislativos, incluida la Constitución española de 1978, la cual no reconoce plenamente —aunque sí se refiere a ello— la participación en la sociedad española
de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país de manera democrática y como actores ciudadanos plenos. De la misma manera, no es en su totalidad una ley de protección a la infancia y la adolescencia desde la cual se reconozcan las

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modificaciones legislativas que afectan más a los cuadros profesionales —trabajadores sociales, jueces, fiscales, autoridades administrativas diversas, médicos, maestros, etcétera— que van a trabajar con los niños, niñas y adolescentes que
los propios derechos de los niños y adolescentes, así como su facilitación para su exigencia a estos profesionales e instituciones que van a trabajar con, por y para ellos.


Esta ley constituía una oportunidad para afrontar los retos que nos plantea la realidad de la infancia y la adolescencia y para adecuar nuestra legislación a los estándares internacionales de derechos y responsabilidades de la infancia y
adolescencia expresados y reconocidos en la Convención de los derechos del niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El desajuste y las insuficiencias de nuestra legislación se han ido identificando en las preocupaciones y
recomendaciones que reiteradamente ha ido formulando a España el Comité de Derechos del Niño y que subrayan la incoherencia de las leyes y normativas aplicadas en las comunidades autónomas con la Convención de derechos del niño en importantes
ámbitos como la protección de niños en situación de riesgo o en régimen de acogimiento familiar, o bien en el trato otorgado a niños extranjeros no acompañados. Este proyecto recoge solo parcialmente las observaciones realizadas por Naciones Unidas
y, sobre todo, pierde la oportunidad de concebir la infancia con identidad propia como sujeto con reconocimiento de derechos y responsabilidades, asegurando que los niños y las niñas crezcan en un ambiente seguro y con el apoyo necesario. La
Convención de derechos del niño reconoce a los niños y niñas como personas capaces, con determinados derechos y deberes, con facultad reconocida para opinar, decidir y hacer, en mayor o menor medida, en todos aquellos asuntos que les afectan. La
convención sí realiza un tránsito explícito y claro, pasando de considerar a la infancia como objeto de protección a una concepción de los niños y las niñas como sujetos sociales de derechos reflejado en tres principios básicos: la provisión, la
protección y la participación infantil. Echamos en falta una coherencia de la ley en este planteamiento. Todo eso nos lleva a afirmar rotundamente que esta ley es insuficiente. Es preciso configurar un verdadero cuerpo legislativo sobre infancia
y adolescencia, en consonancia con la Unión, y no únicamente realizar pequeñas mejorar en la regulación legislativa. Es muy importante abordar todo el espectro de los factores de riesgo que amenazan la vida de los niños, las niñas, los adolescentes
y sus familias, insistiendo en la dimensión de participación transversal en todo lo que les afecta.


La ley sigue siendo discriminatoria a través del lenguaje empleado. En todo el texto se utiliza el concepto de menor de edad, menor o menores desde un punto de vista no inclusivo como ciudadanos plenos de derecho, incluido el capítulo III
sobre los deberes de los menores. Así, el equilibrio de la ley se pierde en la desprotección de los niños, niñas y adolescentes, en cuanto que son tratados desde una visión discapacitante como actores sociales. Cuando hablamos de la discriminación
a través del lenguaje empleado, hacemos referencia al léxico empleado correctamente en el enfoque de derechos proclamado por la Convención de derechos del niño de Naciones Unidas. Esto nos lleva a preguntarnos de nuevo por la finalidad
proteccionista de la presente ley. Señalamos que, en la actualidad, la utilización del término menor ha quedado relegada a textos legislativos punitivos como los códigos penales o diversos tratados internacionales. Por otro lado, hemos de señalar
que, al ser un texto que intenta armonizar actuales tratados internacionales con la Convención de derechos del niño de Naciones Unidas, nos choca profundamente su insistencia a lo largo de todo el texto en no dar cabida a los términos correctamente
empleados cuando se dirige a los niños, niñas y adolescentes a favor del término menor, el cual ya no se utiliza en la legislación internacional.


En cuanto a la utilización del género en el cuerpo de la ley, los niños, niñas y adolescentes aparecen también como una categoría asexuada; no hay ni rastro de un lenguaje inclusivo ni menciones a la diversidad de situaciones en función del
género, como tampoco de otras características o condiciones personales, lo que provoca una desprotección objetiva y subjetiva de los supuestos analizados por la ley de cara al futuro de su aplicación en la vida real.


Es importante destacar que la ley hace referencia al interés superior del menor en lugar del mejor interés para el niño. Esto lleva a dejar la participación en los procesos que realmente afectan a los niños, niñas y adolescentes de lado en
toda la ley, sobre todo deja a la infancia y adolescencia en nuestro país bajo el desconocimiento total de sus derechos. No pueden participar taxativamente ante cualquier circunstancia social y judicial que les afecte en la que se vean como
protagonistas directos e indirectos. Véase el ejemplo del derecho a ser oído en los procesos de adopción, mientras que la Convención de Derechos del Niño exige el derecho a ser escuchado, tal como nos recomienda la observación general número 10 de
Naciones Unidas a la Convención de derechos del niño. La diferencia es sustancial y no es baladí porque en el ámbito judicial ser oído no es lo mismo que ser escuchado. Consagra una visión de la

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infancia y adolescencia como un objeto que hay que proteger, puesto que su interés superior es el que deciden otros. Por tanto, estos no son considerados como actores sociales ni como ciudadanos de nuestra sociedad, sino que siguen siendo
sujetos u objetos que cuidar y proteger, lejos de facilitarles una evolución en sociedad individual de crecimiento y no de maduración controlada.


Hay otras consideraciones que quisiéramos tener en cuenta. Una sería la entidad pública como órgano gestor. La aparición de este órgano en la legislación analizada nos plantea serias dudas de la subrogación de las funciones de anteriores
órganos en funcionamiento para las adopciones, acogimientos, etcétera, pudiendo dar lugar a nuevos casos de privatización del tratamiento del derecho de la persona y sus graves consecuencias, lo cual nos llevaría a una mercantilización en detrimento
de la seguridad jurídica en el ámbito de la infancia y la adolescencia en nuestro país. ¿Estamos ante una nueva figura de corte norteamericano para la gestión de esos procesos con niños y adolescentes de carácter privado y fines de lucro? ¿Cómo se
va a regular esa nueva figura y su relación con las comunidades autónomas y las legislaciones de estas?


En relación con la cuestión competencial, la reacción de la ley supone una invasión muy clara en aquellas comunidades que tienen reconocida en sus estatutos de autonomía la competencia exclusiva en materia de protección de menores, y ya se
ha hecho referencia a este tema por intervinientes anteriores. En el caso de Cataluña, en su estatuto de autonomía se explicita en el artículo 166 que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de protección de menores, que
incluye en cualquier caso la regulación del régimen de protección de las instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados en situación de riesgo y de los menores infractores, respetando en este último caso la legislación
penal. Por otra parte, Cataluña dispone de una ley de derechos y oportunidades en la infancia y en la adolescencia en donde se regulan exhaustivamente materias que son de su competencia.


La modificación planteada en la Ley Orgánica 1/196, de 15 de enero, de protección jurídica al menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ignora la realidad de las comunidades autónomas con derecho
civil propio como Cataluña. Cataluña es titular exclusiva de la competencia en materia de derecho civil, de conformidad con el artículo 129 de su estatuto de autonomía, con las excepciones establecidas en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución
española. Por todo ello, los artículos modificados del Código Civil en el presente proyecto de ley en lo que hace referencia a la protección a la infancia deberían aplicarse con carácter supletorio en aquellas comunidades autónomas con competencia
en materia de derecho civil, foral o especial.


Por último —y acabo—, está claro que este proyecto de ley conlleva un aumento del gasto en lo que se refiere a dotaciones, retribuciones y gastos de personal. Eso contrasta con la evolución de las dotaciones destinadas de los Presupuestos
Generales del Estado a la atención a la infancia y a las familias, las cuales se han visto reducidas a la mitad desde 2011. Estas y otras consideraciones y propuestas que por falta de tiempo no puedo desarrollar las iremos planteando en las
enmiendas parciales. Hasta aquí sería la explicitación del posicionamiento de La Izquierda Plural.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Moya.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez García.


La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, presidente.


Señorías, intervengo en este debate de totalidad para marcar la posición del Grupo Parlamentario Socialista. El proyecto de ley que nos ocupan es el de la modificación de nuestro sistema de protección a la infancia y a la adolescencia,
infancia y adolescencia que sin duda son una prioridad para mi grupo parlamentario. Tan prioritario es este asunto que la necesaria reforma legal que hoy abordamos la hemos venido reclamando durante toda esta legislatura, porque —como bien ha
recordado el ministro— ya estaban muy avanzados los trabajos al final de la anterior.


Intervenir en los primeros años de vida de las personas es fundamental para garantizar la igualdad, es una prioridad para nosotros como socialistas. La lucha por la igualdad es una de nuestras señas de identidad; no hay nada más injusto en
la vida que el que tu igualdad dependa del lugar en el que has nacido o de las circunstancias en las que naciste. Por eso, para garantizar la igualdad es fundamental intervenir desde el nacimiento. La desigualdad en la cuna puede condenar a la
desigualdad durante toda la vida. En nuestro país hay niños y niñas que hoy viven una verdadera situación dramática, de emergencia, una fotografía realmente dolorosa. Comprenderán que antes de abordar los aspectos formales de esta reforma
legislativa me refiera a la situación de estos niños y niñas y de sus familias en nuestro país.

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Señorías, en España 2,8 millones de niños, el 33 % de la población menor de edad, está en riesgo de pobreza, uno de cada tres; dramático dato de pobreza infantil. Nuestro país es el segundo de la Unión Europea donde menos eficaces están
siendo las políticas sociales para combatir la pobreza infantil. El Gobierno no ha actuado correctamente; su política social, su política de infancia es errónea, su gestión ha acentuado la desigualdad y la pobreza. Los niños pobres son los hijos
e hijas de las familias pobres, pero son más vulnerables, porque cuanto más tiempo permanezca un niño o una niña en la pobreza, atrapado en el ciclo de la pobreza, menos posibilidades tendrá de poder escapar.


Señorías, la infancia en nuestro país está siendo no solo víctima de la crisis sino también víctima de los recortes sociales. El austericidio que hemos sufrido en los últimos años lo ha acentuado. La política social y la política de
infancia no pueden ser solo meros enunciados, requieren ser marcados en nuestras agendas como una prioridad, una prioridad en nuestra gestión y también, señor ministro, una prioridad en el presupuesto. En los últimos cuatro años se ha producido un
descenso de 6.370 millones de euros en infancia; la inversión por niño ha caído en 772 euros; los 10.000 millones de euros en recortes de sanidad; los 6.000 millones en recortes de educación; los 2.600 en servicios sociales o los 7.220 millones
menos en políticas de empleo han sido decisiones que han empeorado claramente la vida de las familias y la vida de sus hijos e hijas. Eso se ha traducido en que muchas familias no hayan tenido la posibilidad de pagar los libros de texto a sus
hijos, que no hayan sido capaces de hacer frente al material escolar, o que hayan tenido complicaciones para dar los medicamentos a sus hijos, como consecuencia del copago. Se ha traducido en que muchos jóvenes han tenido que abandonar sus estudios
por falta de becas y por la subida de las tasas universitarias. Se ha traducido, en definitiva, en el desamparo de las familias, sin posibilidad de recurrir a la atención de los servicios sociales también como consecuencia de los recortes en el
Plan de infancia, un 52 %, o del Plan concertado que gestionaban los ayuntamientos en un 68 %.


Estos son los datos, esta es la realidad. No lo digo yo, el Consejo de Europa en su informe elaborado por el comisario de Derechos Humanos en octubre de 2013 ya criticaba duramente estos recortes. Decía que estas medidas de austeridad
estaban teniendo un impacto especialmente negativo en los derechos humanos de los niños y de las niñas y de las personas con discapacidad, señalando que las autoridades españolas deberían hacer más para asegurar los derechos humanos de los grupos
más vulnerables. No podemos ser complacientes con esta situación, ni nosotros como parlamentarios ni ustedes como Gobierno responsable de unas políticas que han supuesto unos importantes retrocesos en la protección social.


Señorías, compartimos la necesidad de esta modificación legal. El Grupo Socialista tiene la disposición de colaborar con el Gobierno para avanzar en hacer efectivo el derecho a la familia, y en especial el derecho a la infancia, la
protección social, económica y jurídica que debemos darle los poderes públicos, tal y como consagra nuestra Constitución. Consideramos que en ningún momento se puede bajar la guardia en la protección de nuestros niños y niñas. Ya la pasada
legislatura, como se ha recordado, desde nuestra responsabilidad de gobierno trabajamos en la necesidad de modificar el marco regulador. Trajimos a esta Cámara el anteproyecto de ley que modificaba la Ley del Menor del año 1996, una reforma que
venía siendo demanda por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, por la comisión de estudio que se desarrollo en el Senado, centrada fundamentalmente en la adopción, por el Defensor del Pueblo, por los operadores jurídicos,
especialmente por el ministerio fiscal, por las comunidades autónomas y por las ONG que día a día trabajan con la infancia.


El entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad trajo aquí el anteproyecto, compareció la ministra en comisión, todos los grupos fuimos capaces de ponernos de acuerdo y de llegar a un gran consenso, y por eso tengo que
denunciar, de nuevo en este debate, que el Gobierno de Rajoy no ha cumplido su compromiso de dar una prioridad y un carácter preferente a la tramitación de esta ley y ha esperado al final de la legislatura para traerlo a esta Cámara. Agradezco el
trabajo de presentación del ministro, pero no puedo dejar de denunciar este hecho. Y para evidenciarlo debo decirle, señor ministro, que durante toda la legislatura en relación con esa urgencia que demandábamos, hemos traído aquí iniciativas.
Reprodujimos ese anteproyecto de ley con carácter de proyecto de ley que se debatió en esta Cámara hace ya más de dos años y que su grupo parlamentario votó en contra. Después, hemos insistido con otras iniciativas que, de nuevo, el Grupo
Parlamentario Popular, con su arrolladora mayoría absoluta —digo arrolladora sobre todo de derechos— volvió a negar.


Tenemos coincidencias en la identificación de los objetivos de esta reforma legislativa que son los mismos que contenía el anteproyecto socialista. Coincidencias en una clarificación del interés superior del menor, en garantizar la
protección jurídica en cualquier circunstancia de riesgo o de desamparo, en

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reforzar la prevención para prevenir situaciones de desamparo, mejorando las actuaciones en situación de riesgo. Y coincidencias en simplificar y mejorar los procedimientos para la acogida familiar y para la adopción, y en posibilitar
también la adopción a los mayores de dieciocho años para regular el funcionamiento de los centros de menores con trastornos de conducta. Por eso, esta ley nos parece oportuna, una ley que va a mejorar y va a modificar la Ley de Protección Jurídica
del Menor, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Adopción, incluso la Ley de Violencia de Género. Como digo, en lo esencial este texto no nos es ajeno, no nos es nuevo y lo compartimos. Pero, insisto, tenemos que abordar esta
necesaria reforma sin perder tiempo. Por eso, no hemos presentado enmienda a la totalidad, aunque vamos a plantear enmiendas parciales para mejorarlo. Quería hablarles de una de ellas a la que ya se ha hecho referencia, pero es importante
recordarlo. Me refiero a la disposición final cuarta en el caso del proyecto de ley orgánica. Es un esperpento. No podemos hablar de nuevos recursos y de nuevos programas con cero inversión, sin tener una previsión presupuestaria ni hablar de un
incremento del gasto público. No es serio, no es posible. Este asunto requiere de una atención preferente por nuestra parte, no solo por cuestiones de justicia, de cohesión social o de derechos humanos, sino porque es necesario invertir en
infancia para no romper nuestro pacto intergeneracional, nuestro pacto social y porque también es bueno invertir en la infancia como país para ganar en competitividad. Una sociedad más justa es una sociedad más competitiva.


Señorías, tenemos un gran trabajo por delante en el que cuentan con nuestra colaboración, pero no nos vamos a quedar ahí. Nuestra obsesión en estos momentos es sacar adelante no solo esta ley sino recuperar toda la inversión y todos los
recortes en derechos para los niños y para sus familias que se han hecho en esta legislatura. Y además de sacar adelante esta ley, confiamos liderar en el futuro, en apenas unos meses, una nueva política social, una nueva política de infancia que
sea una verdadera prioridad donde la igualdad sea el eje inspirador de nuestras políticas. Digo que aspiramos a liderarlo porque aspiramos también a representar de nuevo a una mayoría social con una especial sensibilidad en este tipo de políticas.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montesinos.


La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, nuestras felicitaciones y enhorabuena por esta reforma que inició la exministra Mato y que ha culminado usted de forma absolutamente extraordinaria. Al mismo tiempo, quiero saludar a la secretaria de Estado, nuestra querida
y hasta hace bien poco compañera, la señora Camarero, y a la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia, señora Adroher. (Aplausos).


Señorías, me ha parecido absolutamente tremendo el debate al que hemos asistido esta tarde. Cualquiera diría que estábamos hablando del debate catalán en lugar del proyecto de reforma del sistema de protección a la infancia. Ha sido un
debate en el que se ha perdido una gran oportunidad por parte de muchos de los grupos que han intervenido antes que yo. Se ha hablado de ruptura democrática. Se ha hablado de que hay grupos que se sienten absolutamente ajenos a este proyecto. Se
ha hablado de una ley innecesaria, incluso se ha llegado a decir que hay algún elemento que se podría aprovechar. Se ha hablado de que es un anteproyecto absolutamente torticero y que no se reconoce en él el hecho catalán. Otro grupo ha llegado a
decir que aburre hablar de competencias; que con este proyecto lo que estamos es aprovechando para reformar la Constitución, e incluso se han llegado a escandalizar de lo que este proyecto recoge.


Señorías, estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de la infancia, y parece mentira que una reforma que afecta a doce leyes, que ha sido consensuada —como ha dicho el ministro— no solamente con las comunidades autónomas sino con
los agentes sociales y con la fiscalía; una reforma —y es lo más importante— que convierte a España en el primer país del mundo en incorporar la defensa del interés superior del menor como principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de
procedimiento, como recomendó Naciones Unidas; una reforma que establece que todos los anteproyectos de ley y reglamentos deberán evaluar su impacto en la infancia y la adolescencia antes de ser aprobados; una reforma que persigue garantizar la
especial protección de los menores en todo el Estado y responder a sus necesidades actuales; pues bien, todo eso se ha quedado en el debate catalán, tristemente.


Hay otros grupos a los que quiero agradecer sus palabras: a la señora Sánchez Robles, que ha reconocido la cooperación y el consenso que se ha alcanzado en estos dos proyectos, y a la señora Díez, que ha dicho que esta reforma de la
infancia es un gran avance. Desde luego, no ha dejado de sorprenderme

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la intervención de la representante del Partido Socialista en su primera parte, porque utilizar la mitad del tiempo en hablar de que estamos asistiendo en España al momento más crudo en cuanto a la pobreza infantil… No, lo lamento; la voy a
resituar. Eso fue a lo largo de los años 2007 y 2011, que además coinciden, lamentablemente, con que su Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista, en el año 2011 recortó en un 93 % solo en familia y en infancia los presupuestos con respecto a
los del 2008. (Aplausos). ¡Eso sí que son recortes sociales y no lo que ha hecho este Gobierno, que ha sido apostar por la infancia y por la familia! Por tanto, dejémonos de discursos de campañas electorales y, de verdad, aprovechemos la
oportunidad que se nos brinda con estos dos proyectos de ley.


Dicho esto, también agradezco al Grupo Parlamentario Socialista que haya anunciado la colaboración con el Gobierno. Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular lo agradece enormemente porque va a haber una colaboración muy estrecha a lo
largo de estos días hasta su aprobación definitiva. Pero no lamenten ustedes el retraso en la presentación del proyecto de ley, cuando durante siete años de Gobierno socialista en esta Cámara no hemos debatido como lo estamos haciendo esta tarde
después de tres años de Gobierno del Partido Popular. (Aplausos). En cualquier caso, mi agradecimiento por la voluntad que han demostrado.


En cuanto a las enmiendas a la totalidad que se presentaban, se dice que supone una invasión competencial en aquellas comunidades que tienen reconocida la competencia exclusiva en materia de protección de menores en sus estatutos de
autonomía. Señorías, quiero señalar que el objeto esencial del proyecto de ley es asegurar, precisamente, la protección social, económica y jurídica de la familia, y en especial la de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos
internacionales y con lo previsto en la Constitución en su artículo 39, así como asegurar que la modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia garantice el cumplimiento del principio de igualdad consagrado en la Constitución
española, que permita continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio español, y que constituya una referencia para las comunidades autónomas en el desarrollo de la legislación en materia vigente.


Señorías, la atribución como competencia exclusiva en los estatutos de la materia protección de menores tiene como límites —y esto deberíamos saberlo todos— las competencias que son exclusivas del Estado, entre las que se encuentra la
relativa a la legislación civil. En cuanto a que dicen que se ignora en este proyecto la realidad de las comunidades con respecto a su derecho civil propio de Cataluña, en ningún caso este grupo lo comparte, ya que el reconocimiento de competencias
exclusivas a las comunidades autónomas en materia de derecho civil por parte de sus estatutos no enerva la competencia del Estado, tal como establece el artículo 149 de la Constitución, y en cuanto a que se modifica la Ley de Adopción Internacional
y supone una invasión flagrante de las competencias autonómicas, nada más lejos de la realidad.


Señorías, la decisión de autorizar adopciones en los diferentes países de origen, así como la función de acreditar a las entidades colaboradoras de adopción, se basa en el artículo 149.1.3.ª de la Constitución española, que atribuye al
Estado las competencias exclusivas en materia de relaciones internacionales, y además hay sentencia del Tribunal Constitucional que incluye dentro de las competencias de las relaciones exteriores reservar al Estado la posibilidad de establecer
medidas que regulen y coordinen las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas, para evitar o remediar eventuales perjuicios sobre la dirección y puesta en ejecución de la política exterior que en exclusiva corresponde a las
autoridades estatales. Señorías, el proyecto de ley establece cauces de participación de las comunidades autónomas, no como se ha venido diciendo a lo largo de esta tarde, ya que, aunque se otorga al Estado la competencia para autorizar adopciones
en los diferentes países de origen, así como la función de acreditar a las entidades colaboradoras de adopción internacional, en ambos casos se prevé la participación de las comunidades autónomas.


En conclusión, la ley tiene afán respetuoso con el reparto constitucional y estatutario entre Estado y comunidades autónomas, donde prima el interés superior del menor. Además, señorías, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo
Fiscal y el Consejo General del Estado respaldan la regulación que contempla este proyecto en aquellas materias que han sido objeto de las enmiendas a la totalidad.


En cuanto a la viabilidad económica, la inviabilidad económica que ustedes argumentaban, pues bien, quiero señalar dos cosas: por un lado, las nuevas medidas que contempla el proyecto de ley van a suponer una mejora en el sistema de
protección a la infancia y, por otro, algunas de las acciones previstas permitirán un mejor uso de las partidas presupuestarias destinadas a la atención de los menores, como es la aplicación en este caso de las medidas de acogimiento familiar
respecto al acogimiento residencial,

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como ha explicado el ministro. Y no olvidemos que los Gobiernos del Partido Popular, la Administración General del Estado se rige siempre por los principios de eficacia y de eficiencia, tanto administrativa como presupuestaria, y eso es una
garantía de sostenibilidad del sistema.


Señorías, volviendo a lo que nos ocupa, al proyecto de ley, me gustaría destacar —ya lo ha hecho el señor ministro— en el poquito tiempo que me queda algunos puntos relevantes. En primer lugar, la norma establece un nuevo marco de derechos
y deberes de los menores, con una especial atención en este caso a los más vulnerables, como menores extranjeros no acompañados, jóvenes extutelados, menores con discapacidad, etcétera. El proyecto de ley promueve la participación de los niños y de
las niñas a través del derecho a que sean oídos y escuchados. La reforma por primera vez incluye una legislación nacional y un catálogo de deberes en las esferas familiares, escolares y sociales. En segundo lugar, la reforma configura un nuevo
sistema de protección a la infancia, y es importante destacar que el proyecto establece con claridad que la situación económica de la familia nunca es motivo para declarar la situación de desamparo, ya que uno de los objetos de la norma es regular
en este sentido. En cuanto a la guardia voluntaria se limita a dos años con el fin de evitar que estas situaciones se hagan crónicas, algo que venía sucediendo. Al mismo tiempo, se agilizan los procedimientos de acogimiento y de adopción, con la
reforma se priman las soluciones familiares frente a las residenciales, las estatales frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas. El objetivo es que al menos todos los menores de tres años puedan convivir con una familia sin
pasar por un centro de acogida.


Señorías, el ministro ha detallado, y lo ha explicado francamente bien, cuáles son las fórmulas de acogimiento y no voy a detallar ninguna más. Lo que sí me parece importante como novedad es que la reforma apunta, antes de que la entidad
pública proponga al juez la constitución de la adopción, que podrá iniciarse un periodo de convivencia entre el menor y la familia considerada idónea, de tal manera que los niños permanezcan siempre en una familia y se les evite así pasar por un
centro de acogida. Otra novedad destacable es la adopción abierta. Desde luego, señorías, para mí uno de los hechos más importantes es que los procesos de adopción internacional se dotarán de mayor seguridad jurídica, por cuanto se clarificará el
ámbito competencial. Por último, el ministro lo decía, la lucha contra la violencia en la infancia hace referencia en este caso a que se reconoce a los menores como víctimas de violencia de género.


Señorías, los niños y las niñas no pueden esperar. Es mucho lo que esta reforma, que ha sido durante largo tiempo demandada, ambiciona y no debemos demorarla. En su enmienda declaraban que cualquier medida que mejore la protección de los
menores siempre es bien recibida. Pues bien, este proyecto lo es. Retiren la enmienda a la totalidad y antepongan la defensa del interés superior del menor a sus postulados nacionalistas absolutamente trasnochados.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montesinos.


— PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente 121/000133).


— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000134).


El señor PRESIDENTE: Vamos ahora a debatir los dos proyectos de ley del Ministerio de Justicia, uno de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y otro la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.


El señor ministro va a hacer la exposición conjunta de ambos proyectos. Luego se tramitarán uno por uno y cada uno de los grupos tendrá los turnos pertinentes y por el tiempo que tienen cada uno de ellos. Ahora bien, añado que como
presidente agradeceré cualquier esfuerzo de concisión que hagan los intervinientes. Insisto, los turnos serán los establecidos. (La señora Rodríguez García pide la palabra).


Señora Rodríguez García.


La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Presidente, solo una cuestión porque no sé si lo hemos entendido bien. ¿Se debate un primer proyecto de ley, aunque el señor ministro haya tratado en su intervención los dos proyectos, terminamos ese debate y
comenzamos el siguiente?

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El señor PRESIDENTE: Así será y, en efecto, los tiempos en cada debate son los establecidos. Cada uno de los intervinientes los tendrá. Pero Insisto en que el que pueda hacer un esfuerzo de concisión yo, en nombre de todos, se lo
agradeceré.


La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Presidente, entienda que se trata de dos proyectos de ley muy importantes y de dos enmiendas a la totalidad también muy importantes que queremos defender con concisión dado todo el trabajo que ha llevado por
parte del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: No dudo de que ninguno de los intervinientes dejará de expresar todos sus argumentos, como es su obligación. Gracias.


Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Señor presidente, señorías, como se ha puesto de manifiesto mi intervención se sitúa en la presentación de los dos proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica del
Poder Judicial que el Gobierno ha remitido a estas Cámaras en un contexto en el que se plantea una cierta disyuntiva entre la evolución o la revolución, entre incorporar mejoras sucesivas y constantes o vuelcos repentinos y supuestamente
definitivos, lo cual tiene mucho que ver con el nivel de prudencia y de riesgo que asumimos cuando llevamos a cabo este tipo de proyectos. Si es cierto que la estrategia reformista compensa su falta de espectacularidad con un ritmo constante en el
avance, la historia demuestra también que la apuesta por un todo o nada es pródiga en los fracasos. Traído al debate que hoy nos convoca, esta tipología nos ayuda a entender por qué estos dos proyectos de ley modernizan determinados aspectos de la
Administración de Justicia siguiendo claramente la estrategia reformista, por más que los grupos hayan podido echar en falta una transformación global que de repente algunos añoran. En otras palabras, mientras el Gobierno ha querido cambiar
distintas cosas a las que otorga importancia en sí mismas, algunos no se identifican con la técnica y reclaman una única reforma aunque no sepamos muy bien en qué consiste esa reforma. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la
Presidencia).


La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, igual que la de la Ley Orgánica del Poder Judicial forman parte de una iniciativa contundente para modernizar la justicia española, pero lo hace sin necesidad de alterar buena parte de las
estructuras procesales y organizativas en las que es preciso seguir apoyándonos. Por tanto, se trata de un paquete de medidas que incorpora una serie de progresos objetivos que, como tales, han de ser evaluados sin que proceda hacer una enmienda a
la totalidad del sistema, como se llega a hacer aquí en alguna de las aquí presentadas a propósito de los proyectos que debatiremos. El mantenimiento de los rasgos más reconocibles del modelo nos impide que se introduzcan en él mejoras muy
relevantes, que se pida a los operadores jurídicos y a los profesionales de la justicia un esfuerzo razonable de cambio y que, en definitiva, se evolucione y se progrese.


Estos son los objetivos de la reforma, si bien hay que establecer que muchos de estos objetivos los ciudadanos llevan tiempo esperando; esperando a que seamos capaces de incorporar la nueva sociedad de la información a la Administración de
Justicia. Por eso la incorporación de las nuevas tecnologías es uno de los objetivos de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Fíjense, señorías, que en 2020 lo que se denomina nativos digitales en nuestro país serán el 65 % de la población
y en 2025, casi el 85 %. El contacto de los ciudadanos y de los profesionales con la realidad digital ha sido hasta ahora muy superior al de los medios técnicos de los que disponen para el desempeño de sus funciones los funcionarios y los
profesionales de la justicia. Los otros tres objetivos de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil son la mejora del juicio verbal, una mayor defensa de los consumidores ante las cláusulas abusivas y la actualización del régimen de prescripción
de las acciones personales del Código Civil. Estos tres son, por lo tanto, los objetivos fundamentales a los que me quiero referir.


En primer lugar, está la posibilidad de que los procuradores sean también profesionales colaboradores con la justicia. Bien es conocido, porque creo que ha sido puesto de manifiesto por los medios de comunicación, que a partir del 1 de
enero de 2016 los profesionales y los órganos judiciales estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y para la realización de actos de comunicación
procesal. La ley posibilitará que el ciudadano pueda ser notificado con plenos efectos a través de correo electrónico o de dispositivos móviles si así ha optado por ello. Se practicarán con carácter obligatorio los actos de comunicación a través
de los medios electrónicos para las personas jurídicas mediante lo que se denomina la dirección electrónica única. Además, se podrán enviar avisos tipo sms, indicando que existe una

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notificación. Asimismo, se simplificarán los requisitos formales de los actos de comunicación, dejando de ser necesario que el procurador vaya siempre acompañado de dos testigos. Se nos acusa en alguna de las enmiendas de no haber
dispuesto medios suficientes para hacer realidad el envío de los escritos por vía telemática. En mi opinión, señorías, nada menos cierto puesto que ya se están realizando los trabajos necesarios, si bien es preciso recordar que esta es una
responsabilidad compartida que concierte a diversas administraciones públicas y, por tanto, esperamos que los sistemas informáticos —la plataforma Lexnet, que ya está lista para su uso en los distintos órdenes jurisdiccionales civil, social y
contencioso— sean una efectiva realidad a partir de enero de 2016. Lo único que se requiere para su utilización por parte de aquellos colectivos que aún no los emplean es que se den de alta en censo, que el organismo que los representa prepare el
servio web necesario y una mínima formación.


El segundo objetivo que les mencionaba tiene que ver con la mejora de la regulación del juicio verbal. Se introduce la contestación escrita a la demanda para dotar de una mayor certidumbre a este proceso, pues el demandante irá al juicio
conociendo los motivos de oposición del demandado, de manera que ambas partes puedan ir preparadas y con los medios de prueba necesarios. También se evitará la citación de testigos innecesarios y se consigue que la prueba pericial judicial sea
viable sin necesidad de suspender la vista, como sucede en la actualidad. Esta modificación es resultado de la experiencia de quince años, desde la aprobación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en este sentido, de las demandas que
hemos recibido de diversos operadores jurídicos. Se trata, en definitiva, de reforzar las garantías derivadas del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, evitando la indefensión de las partes y permitiendo la igualdad de armas sin
necesidad de incurrir en demoras en la tramitación. Es precisamente lo contrario de lo que alguno de los grupos ha querido ver cuando, por ejemplo, no han entendido que la no celebración de las vistas cuando las partes lo soliciten y el juez lo
considere oportuno, en lugar de perjudicar al ciudadano lo que hace es ofrecerle más ventajas, como la reducción del tiempo de respuesta judicial o el ahorro de los costes de procedimiento, manteniendo siempre todos sus derechos, pues solo se
aplicará si la disputa gira en torno a cuestiones puramente jurídicas o no hay que realizar pruebas diferentes a la prueba documental.


En tercer lugar, con la reforma que ahora se introduce en los procesos monitorios y conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012, el juez, cuando se refiera a contratos celebrados entre
consumidores o usuarios, necesariamente valorará la existencia o no de estas cláusulas abusivas y en consecuencia, si las hubiera, podrá inadmitir de oficio la reclamación de pago. Además dicha cláusula no podrá ser invocada en ningún otro juicio
posterior. Por tanto, lejos de incurrir en ninguna ambigüedad, se prevé de forma clara y precisa un trámite para que el juez verifique de oficio la existencia o no de este tipo de cláusulas en los contratos, respetando en todo caso el principio de
contradicción, audiencia e inmediación de las partes, lo que resulta absolutamente necesario si se quiere garantizar la tutela judicial efectiva.


En cuarto y último lugar, de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar una segunda oportunidad a las familias y a las personas físicas, se reformará el Código Civil para que las acciones personales prescriban a los
cinco años frente a los quince actuales. Se equilibran los intereses de los sujetos implicados en la prescripción. El plazo no se interrumpe si en un año desde la reclamación extrajudicial el deudor no hubiese cumplido y el acreedor no hubiese
reclamado judicialmente su cumplimiento. Con ello se consigue que las reclamaciones extrajudiciales sucesivas puedan demorar el plazo legal de la prescripción. En contra de lo afirmado en alguna enmienda, señorías, les puedo asegurar que esta
reforma se lleva a cabo a partir de los trabajos elaborados por la Comisión general de codificación y por lo tanto con una profunda reflexión.


Estas son, a grandes rasgos, las mejoras que aporta un proyecto cuyo propósito y planteamiento hay que buscarlo en sus propios contenidos, en su propia contribución objetiva y en sus reformas antes que en principios declarativos. En todo
caso, a través del trabajo de sus señorías, de los grupos y de las enmiendas podremos mejorar en estas medidas concretas, puntuales, que agilizan y mejoran nuestra justicia civil.


Por lo que se refiere a la Ley Orgánica del Poder Judicial, coincidirán conmigo, señorías, en que uno de los objetivos fundamentales de cualquier reforma en materia de justicia tiene que ser su agilización, la mejora de los tiempos de
respuesta. Por lo tanto, hay una serie de medidas en el proyecto de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial que van claramente orientadas en este sentido, por ejemplo, la distribución más homogénea de las cargas de trabajo entre los distintos
juzgados y tribunales. Para ello, las salas de gobierno podrán acordar modificaciones en las normas de reparto de los juzgados de lo

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Mercantil, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social, para garantizar el equilibrio de la carga de trabajo entre todos ellos. Por otro lado, se fomentará que las víctimas de violencia de
género, las víctimas de violencia contra la mujer, sean atendidas por los órganos especializados que tenemos constituidos, de tal manera que la jurisdicción de los juzgados de Violencia pueda extenderse a más de un partido judicial, lo que servirá,
además de para ofrecer una mejor atención a las víctimas, para descargar de trabajo a los juzgados de Primera Instancia e Instrucción o a los juzgados de Instrucción que tienen estas competencias en este momento.


La segunda posibilidad de mejora en la que proponemos trabajar tiene que ver con la especialización de los jueces y magistrados así como con el diseño de los órganos jurisdiccionales. El proyecto de ley prevé la especialización de uno o
varios órganos judiciales, de manera temporal y con carácter exclusivo, si así se determina en función de la acumulación de asuntos, para enjuiciar y resolver ciertas causas específicas y para que de esa manera puedan tener un ámbito provincial.
Facilitará la unificación de criterios. Es una mejora que hubieran apreciado sin duda quienes han tenido que acudir a la justicia en asuntos tales como acciones preferentes, grandes expedientes de regulación de empleo o cláusulas abusivas. Esta
norma excluye solamente que se puedan atribuir por esta vía asuntos relacionados con materias atribuidas ya a órganos de diferente clase así como a los juzgados de Instrucción, con el fin de evitar injerencias entre régimen de competencias.
Igualmente, se podrán adscribir al órgano instructor jueces para las labores de apoyo en causas complejas; serán de utilidad en temas vinculados, por ejemplo, a delitos tributarios, a cuestiones urbanísticas o a cuestiones mercantiles que sin duda
son de alta complejidad. En esta misma línea se propone fomentar la especialización de jueces y magistrados. Para ello se valorará la experiencia en casos concretos y se convocarán pruebas que ratifiquen su nivel de especialización, para así
poderles reconocer como especialistas. Por lo que se refiere a la especialización, señorías, está recogida en el artículo 98. Ahora simplemente se introduce una mayor flexibilidad y una mejor cobertura, pues estos mecanismos pueden efectuarse ya
mediante sistemas de reparto. Del mismo modo, ya estaba prevista la exención de asuntos a un determinado juzgado para su reparto, liberando al más sobrecargado. Por ello, lo que hacemos es potenciar instrumentos ya preexistentes.


La tercera mejora que introduce este proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial busca incrementar la calidad de las resoluciones judiciales y dotar de mayor coherencia algunos aspectos fundamentales de nuestra justicia, para
empezar, reduciendo la incertidumbre que se produce como consecuencia de decisiones judiciales en ocasiones de distinto sentido ante asuntos o ante circunstancias semejantes. Para paliarlo, se establece la celebración de plenos no jurisdiccionales,
orientados a la unificación de criterios, con objeto de evitar resoluciones contradictorias entre secciones de un mismo órgano judicial. Por otra parte, se elimina la responsabilidad civil directa de los jueces y los magistrados, asimilándola a la
de los demás empleados públicos y cumpliendo las recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia. Finalmente, de manera también muy relevante, el proyecto propone la reforma de la casación contencioso-administrativa, admitiendo el recurso de
casación por motivos distintos a los meramente económicos y ampliándolos a materias que presenten relevancia para el Tribunal Supremo, de manera que con independencia de su cuantía, no haya ninguna causa que pueda quedar exenta de su control.


En cuarto lugar, señorías, el proyecto pretende impulsar la profesionalización de los cuerpos que sirven a la Administración de Justicia. De ese modo singular atiende y refuerza el papel de los secretarios judiciales, denominados a partir
de ahora letrados de la Administración de Justicia, lo cual, aunque alguna enmienda no lo valore así, corresponde a una reivindicación histórica de este colectivo. Este cambio no supone una merma de sus funciones en la dirección de la oficina
judicial, de la que se hace mención expresa, y menos aún de los principios de neutralidad y de imparcialidad que informan todas sus actuaciones, bien al contrario, se añaden nuevas competencias, como la mediación, la tramitación y, en su caso, la
resolución de procedimientos monitorios. Adicionalmente se crea un nuevo sistema de sustituciones, con objeto de atender a la elevada interinidad, y también se mejora el régimen disciplinario de los futuros letrados de la Administración de
Justicia. A los miembros del cuerpo de gestión procesal se les reconoce como agentes de la autoridad para documentar embargos o lanzamientos y se abre la puerta a que los psicólogos y trabajadores sociales puedan formar parte de las unidades de
valoración integral forense en los institutos de medicina legal y ciencias forenses, con el objetivo de brindar una asistencia especializada a las víctimas de violencia doméstica, a los menores, a las familias y a las personas con discapacidad.
Respecto a los graduados sociales, se les incluye como profesionales que pueden actuar como colaboradores de la justicia en el ámbito social.

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Un quinto aspecto que quisiera destacar en esta reforma, que me parece muy relevante, es el que tiene que ver con la mejora del sistema de medicina legal y forense, estableciendo, entre otra serie de medidas, que para acceder al cuerpo de
médicos forenses se exigirá la especialidad en Medicina Legal, vía MIR y con una oposición posterior para su ingreso. El proyecto prevé la posibilidad de que los forenses puedan realizar pericias a instancias de particulares en procedimientos que
no sean necesariamente judiciales, pero esto en línea con la decisión del Gobierno de establecer mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los que los forenses pueden ser colaboradores muy útiles. Tras la despenalización de las faltas,
estamos trabajando en la regulación de un procedimiento de reclamación extrajudicial para la reclamación de indemnizaciones por accidentes de tráfico, permitiendo que el interesado pueda servirse, como hasta ahora, de los informes de los médicos
forenses. Por último, hay nuevas medidas de lucha contra la violencia de género y para ello se amplían las competencias del juez de violencia sobre la mujer, se refuerzan las unidades de valoración integral forense y se prevé la formación
especializada en esta materia por todos los operadores jurídicos.


Estas son, señorías, las líneas básicas del proyecto. Mencionando mínimamente algunas de las críticas que se han realizado, no quisiera dejar de contestar a algunos aspectos. Por ejemplo, se nos reclama que aprovechemos esta iniciativa
para descentralizar el gobierno del Poder Judicial mediante la creación de los consejos de Justicia de las comunidades autónomas. Es verdad que la eventual regulación de dichos consejos es una opción y no una obligación, tal como dijo el Tribunal
Constitucional, en su sentencia 31/2010, de 28 de junio. Allí se nos recuerda que el Poder Judicial no puede tener más órgano de gobierno que el Consejo General del Poder Judicial, cuyo estatuto y funciones quedan expresamente reservados al
legislador orgánico. Por lo demás, consideramos, señorías, que no estamos ante una demanda requerida por el conjunto de los ciudadanos. Los consejos de Justicia, en definitiva, no pueden ser órganos de gobierno del Poder Judicial y por lo tanto no
pueden tener competencias en materia de nombramientos, ascensos, inspección o régimen disciplinario.


Por lo que se refiere al traspaso de competencias a las comunidades autónomas para que puedan asumir la gestión de los cuerpos de secretarios judiciales o de otro personal al servicio de la Administración de Justicia, debo recordar que se
trata de cuerpos de ámbito nacional, lo que les garantiza una mayor homogeneidad en las actuaciones judiciales, lo cual a su vez redunda en una mayor eficacia de la justicia y en una mejor salvaguarda del derecho a la igualdad de todos los
españoles, y hay abundante jurisprudencia sobre esta materia. Esto no descarta que podamos trabajar con las comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias en medios personales y materiales, para ampliar sus competencias y para reordenar
en un futuro el Estatuto de personal de los funcionarios de la Administración de Justicia.


Termino ya, señorías. Lo hago insistiendo en las enormes posibilidades que entraña siempre una estrategia gradualista, progresiva y constante. Es el caso de una reforma que, como esta, profundiza en algunas potencialidades hasta ahora poco
aprovechadas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que aprende de la experiencia derivada de su aplicación y que la renueva, dotándola de medios muy valiosos para infundir solidez, certidumbres y agilidad a nuestra organización judicial. Nada de
esto supone conceder que las medidas contempladas en estos dos proyectos de ley sean, como algunos lo han calificado, un mero conglomerado. Muy lejos de ello, fijan una serie de prioridades para alcanzar una justicia cercana a los ciudadanos,
sensible a sus necesidades y propia del siglo XXI. La agilización y la especialización de las respuestas judiciales, la mejora en la calidad de las resoluciones, la profesionalización de los cuerpos profesionales, la lucha contra la violencia de
género, entre otras muchas medidas, están incluidas en los proyectos que acabo de presentar. Invito a sus señorías a reconsiderar si esos no son unos objetivos en torno a los cuales podamos encontrarnos todos. Personalmente creo que así puede ser
y estoy seguro de que con el trabajo en la Comisión de Justicia podremos alcanzar estos objetivos compartidos entre todos.


Gracias, señorías. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro de Justicia.


Vamos a iniciar el debate sobre el proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y lo vamos a hacer con las enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, a estas alturas de la legislatura su eufemística terminología liberal no nos engaña. Cuando usted habla de modernización nosotros oímos —somos así— privatización, porque lo cierto es que ustedes están transitando hacia una
justicia —si es que dentro de pocos meses podemos denominarla

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todavía así— para quien pueda pagársela. De momento, estamos en una primera fase, en una fase que podríamos denominar mixta, una justicia para ricos y una justicia para pobres. En el fondo, lo que se está consagrando aquí es una justicia a
dos velocidades y esto, como quiera que es así —y vamos a demostrarlo, de hecho se está demostrando—, significa en definitiva que existe una doble justicia, una para ricos —gente que puede— y otra para los que no tienen posibilidades. Su discurso
forma parte de un corpus general que podríamos calificar de neoliberal y lo que hacen con este proyecto es ahondar en ese proceso de desguace no solo del Estado de derecho sino, por ende, del sistema de Administración de Justicia. A las tasas
judiciales, que consagraron un sistema solo accesible a quien puede costeárselo, se le sumó la nueva asistencia jurídica gratuita, injusta, porque cubre con recursos públicos a personas que pueden costeársela, en un contexto de restricciones
económicas, mientras, eso sí, se restringe el acceso a la justicia a otros colectivos. Recuerden el debate que tuvimos sobre los baremos y los umbrales para poder acceder a la justicia gratuita. Luego vino el Registro Civil, su reforma, que lo
encomienda a los registradores de la propiedad y mercantiles; luego la nueva planta judicial, que, a nuestro entender —ya se ha ido debatiendo—, alejará todavía más del sistema a muchos usuarios. Hoy subimos a esta tribuna para enmendar este otro
proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Desde nuestro punto de vista, esta reforma está acuñada desde una visión mercantilista y privatizadora, que consagra el modelo dual al que antes me he referido, que, en definitiva,
convertirá el mismo sistema en un sistema más justo para unos que para otros. ¿Cómo puede aceptarse, por ejemplo, lo que ustedes proponen respecto a los procuradores? Si estos son profesionales liberales, es decir, representantes de la parte en el
proceso judicial —luego, no son funcionarios públicos—, ¿cómo se puede explicar que se privaticen aspectos del procedimiento civil hasta el extremo, por ejemplo, de prever la posibilidad de que puedan diligenciar determinadas órdenes de embargo,
entre otras? A nuestro entender, se trata de actuaciones que afectan al núcleo esencial de la actividad judicial que se dejan en manos de un profesional liberal, tema que ha sido cuestionado por el mismo Consejo de Estado. En definitiva, lo que
hacen ustedes es otorgar a los procuradores tareas de ejecución judicial, lo cual va a generar conflicto de intereses con sus funciones privadas como representantes de la parte. A todo ello usted le llama modernizar; pues lo dicho, usted dice
modernizar y nosotros decodificamos esta palabra con otros parámetros muy distintos a los que usted utiliza, porque modernizar no es solo culminar el arduo proceso de introducir la telemática en el sistema; ese es un aspecto muy importante de la
modernización, pero estamos hablando de un concepto instrumental. Yo no le hablo de nada instrumental —que es, por cierto, muy importante—, le hablo de la modernización entendida como aquella capacidad para socializar el sistema y hacerlo, por
supuesto, mucho más justo, mucho más accesible y, evidentemente, mucho más diligente, funcional, etcétera.


Como tenemos la experiencia de los últimos Presupuestos Generales del Estado, que han recortado los recursos para su ministerio y para el funcionamiento del sistema judicial —creo que esto también tiene mucho que ver con la modernización— y
como estamos convencidos de que la justicia de dos velocidades, mercantilizada y privatizada, puede ser cualquier cosa menos justicia, hemos presentado esta enmienda a la totalidad, a la espera, estúpida por nuestra parte, de que ustedes cambien de
hoja de ruta. Sabemos perfectamente que ustedes funcionan como un reloj suizo. Cuando oigo a algunas personas decir que los del Partido Popular no saben lo que hacen o lo hacen todo muy mal, pienso: ¡Qué equivocados andáis! Funcionan como un
reloj suizo, saben muy bien lo que tienen que hacer y saben que lo tienen que hacer aprovechando esta mayoría absoluta. Además son terriblemente eficaces: saben perfectamente lo que tienen que hacer y lo hacen. Dentro de pocos meses podremos
afirmar que ustedes han ganado y que han convertido este sistema judicial en un sistema que no se parece a aquel al que una sociedad avanzada debería aspirar. Así pues, pedimos a aquellos grupos que no han enmendado a la totalidad esta modificación
de la Ley de Enjuiciamiento Civil el voto favorable a esta enmienda presentada por los republicanos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.


Pasamos al Grupo de la Izquierda Plural. Señor Llamazares, tiene la palabra.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, asistimos de nuevo a la presentación de dos iniciativas legislativas del Gobierno en materia judicial. Como siempre y por costumbre, son iniciativas monólogo del Gobierno, aunque se vistan siempre de disposición al
diálogo. Hasta ahora, ni con el ministro Gallardón ni con el actual ministro hemos tenido la oportunidad del diálogo, mucho menos de la negociación y del acuerdo ni les cuento. Estas dos iniciativas resumen al tiempo el contenido y la forma de la
política de justicia del

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Gobierno. De la forma algo he dicho, pero me gustaría representarlo con una viñeta de Mafalda, de Quino, que decía: No son reformas, están revocando la fachada. Pues en este caso, esa es la política de justicia del Gobierno: revoca la
fachada.


En su presentación, el ministro ha venido a impugnar a aquellos que criticamos estas dos iniciativas legislativas, por ser únicamente para revocar la fachada, y que demandamos sin embargo profundas transformaciones tanto en la Ley Orgánica
de Enjuiciamiento Civil como en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Podríamos denominar a las dos como leyes escoba, porque sobre ellas ya hemos tratado en esta Cámara en otras iniciativas legislativas y en ellas vemos que hay materias que se han
cruzado en distintas iniciativas legislativas. El señor Tardà ha recordado algunas; yo le voy a recordar no solamente la Ley de Tasas, sino también la Ley de eficiencia presupuestaria en materia de justicia —¿se acuerda?—, que ya hablaba de las
famosas sustituciones en justicia —que no son otra cosa que un ERE encubierto en el Poder Judicial y en el sistema de justicia en nuestro país—, y las leyes que hacen referencia al Registro Civil. En esta materia no me resisto a decirle al señor
ministro lo gravemente preocupado que estoy por este tema. Estoy preocupado además porque en estos mismos días y en estas mismas horas las declaraciones del señor ministro sobre un Registro Civil público, gratuito y de calidad se han caído por
tierra, sobre todo desde el momento en que hemos conocido que el ministerio se ha convertido en el lobby de los registradores de la propiedad y de los registradores mercantiles, que están negociando una ventanilla por provincia, señorías —lo digo
claramente, una ventanilla por provincia—, con lo cual nos podemos encontrar con que donde teníamos 8.000 ventanillas, en la era telemática vamos a tener 50 ventanillas. Es la ley del embudo, lo ancho para los registradores y lo estrecho para los
ciudadanos. Pero es aún peor, señorías, porque después de haber dicho en esta Cámara que el registro de nacionalidad no iba a ser un registro pagado, sino que iba a ser gratuito, nos hemos encontrado con una encomienda de gestión de su ministerio
para pagar el registro de nacionalidad con 4 millones de euros. Afirmo, señoría, que los aranceles que están negociando con los registradores mercantiles van destinados a pagar la encomienda del Registro Civil. Por tanto, nada de público, nada de
gratuito y muchas dudas sobre su calidad. He de decirle que no confío para nada en la calidad del sistema informático, que va a tener que procesar con muchas dificultades —al tiempo; estoy seguro de que ni en el mes de julio van a conseguir
ponerlo en marcha y probablemente tengamos un nuevo aplazamiento— los miles de asuntos y de inscripciones de nuestro Registro Civil y no va a conseguir registrarlos.


Señor ministro, es un escándalo, un escándalo que no afecta al señor Gallardón, que le afecta hoy a usted, directamente a usted, porque ha convertido su ministerio en un ministerio no del bien público, no del interés público, sino de los
lobbies. Hablando de lobbies —que es una de las cuestiones que quiero comentar en relación con las iniciativas legislativas—, en determinado momento les tocó a los registradores, luego les tocó a los notarios y ahora les toca a los procuradores, en
aras de la colaboración público-privada, que es un término que en sanidad siempre me pone nervioso, porque normalmente supone una subordinación de lo público a lo privado. Una cosa es que tengan funciones públicas y funciones privadas y otra cosa
es que ustedes les den la competencia de certificación, porque eso lo hace una autoridad pública, no lo hace un profesional liberal, por mucho que ustedes quieran que ese profesional liberal les libere de algunas competencias en materia pública.
Por tanto, una primera obsesión del Gobierno es la mercantilización de la justicia, convertir el servicio público de la justicia en un mercado en el que habrá quienes tengan, como en las tasas, poder adquisitivo para comprarlo y quienes no lo tengan
y se vean sujetos a no comprarlo o únicamente a la política llamada de beneficencia. Esa es la primera preocupación del Gobierno en estas iniciativas legislativas.


La segunda gran preocupación del Gobierno ha sido siempre el poder, esto es, cómo condicionar al Poder Judicial, cómo entrometerse en el Poder Judicial por diversas razones: porque todo poder tiene tendencias expansivas, sobre todo en manos
del Partido Popular, y porque toca materias delicadas que conviene tener controladas en determinados momentos. Aquí de nuevo nos encontramos con una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ya creíamos que habíamos llegado al culmen del
presidencialismo en el Consejo General del Poder Judicial, pero el presidente del consejo no tiene suficiente, es insaciable. El presidente del consejo considera que no tiene suficientes competencias y que no controla lo suficiente al consejo.
Diría más, que no tiene suficientes competencias ni controla lo que quiere al Tribunal Supremo. Aquí se nos proponen una serie de medidas que aumentan las competencias y convierten órganos colegiados en meras comparsas; esa es la cuestión. Los
miembros del Consejo General del Poder Judicial que no están en la permanente y que hasta ahora estaban en la comisión económica o en la comisión sobre derechos de la mujer o igualdad de género se van a quedar con un palmo de narices, porque se

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apropia la permanente de esas competencias que hasta ahora estaban delegadas. En el colmo de la misoginia, se modifica la presidencia de la comisión sobre igualdad de género para que pueda tenerla un hombre, por supuesto. Como he dicho
antes, una de las obsesiones que se convierten casi a veces en un problema patológico es el control del Poder Judicial y el control del poder. Hay en esta reforma lo que podríamos denominar en términos rurales un pitas pitas, es decir, de todo. Si
tienen alguna preocupación por un ámbito de la justicia pueden encontrar lo que quieran; lo encontrarán, sin lugar a dudas.


Quiero centrarme en alguna cuestión concreta como la jurisdicción militar. La medida es un avance, pero, al igual que la medida que hace tiempo proponían nos remontaba a Primo de Rivera, la medida que proponen en materia de jurisdicción
militar nos remonta a antes de Azaña en relación con la jurisdicción militar. ¿Por qué? Porque acaban ustedes con la terna —bienvenido sea que acaben con la terna— pero no acaban con la influencia del ejército en el nombramiento de los jueces de
lo militar. Tampoco abordan un problema fundamental: la existencia de un ámbito de lo militar en el Tribunal Supremo. No tienen ningún sentido ambas cosas. Son una herencia del pasado, y no precisamente del pasado democrático, tanto el
nombramiento de jueces por parte de la jerarquía como la existencia de una sala de lo militar, que ya hemos visto la sensibilidad democrática que tiene en alguna de sus recientes sentencias, por ejemplo, sobre la memoria histórica o sobre la
igualdad de género. Esa es una de las cuestiones que aparecen en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Hay otras iniciativas que podríamos denominar paradójicas o de propaganda. Señor ministro, le decía antes que no iba a conseguir poner en marcha la privatización de los registros civiles en la fecha que ustedes pretenden. Le digo también
que usted hace un brindis al sol con la tramitación telemática en materia de justicia; no hay condiciones. ¿Lo ha hablado usted con las comunidades autónomas que tienen transferida esta competencia? Habrá hablado con algunas; otras no tienen
condiciones materiales para ello y además todavía no han llevado a cabo las políticas de formación necesaria de sus trabajadores, de sus funcionarios para ponerlo en marcha. Por tanto, poner fecha a esa telematización de la justicia parece que es
más un brindis al sol que una posibilidad real. Seguimos con la propaganda. Cambian ustedes el nombre de los secretarios judiciales, pero no avanzan nada en los contenidos de esos secretarios judiciales o de esos juristas en el ámbito de la
justicia. Incluso podríamos decir que plantean medidas contradictorias con respecto a las nuevas funciones de los secretarios judiciales. Por ejemplo, cuando pretenden que haya documentos escritos, cuando pretenden también que lo que ahora se hace
a través de grabaciones de nuevo necesite la presencia de los secretarios judiciales, con lo cual les convierten ustedes —como decíamos en otra ocasión— en notificadores y poco más. Estas son, a grandes rasgos, las críticas de mi grupo, tanto a la
ley orgánica que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial como a la Ley de Enjuiciamiento Civil, leyes escoba, leyes para revocar y remozar de alguna manera un sistema judicial que tiene muchos problemas de fondo; leyes para no abordar los
principales problemas: dónde está la oficina judicial, dónde están los medios y recursos de la justicia en nuestro país, dónde queda también la independencia de la justicia, todas ellas medidas fundamentales para que funcione en estos momentos y
para acabar con la alarma social de los ciudadanos, no en relación al delito menor, que parece ser que es el que les preocupa, tampoco con respecto a la prisión permanente revisable, que no es una preocupación ciudadana prioritaria, sino respecto al
delito de cuello blanco y al delito de corrupción. En esa materia al Ministerio de Justicia no se le espera.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Such.


El señor SUCH BOTELLA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, nos trae a la Cámara una modificación puntual de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una más de tantas modificaciones que nos ha traído, y las que quedan por discutir, porque llevamos una actividad prolija en estas fechas. Todas
tienen un denominador común: la nula voluntad del Gobierno de invertir realmente en la justicia como un servicio público. Su estrategia no es nueva, es la que practican normalmente los Gobiernos de la derecha, que no cree que la justicia deba ser
un instrumento que puedan utilizar los ciudadanos, sin distinción de sus posibilidades económicas. El relato de la totalidad de reformas que plantean siempre es el mismo, es el reconocimiento de su fracaso. Es decir, tenemos la justicia como un
servicio público, no podemos destinar recursos suficientes para mejorar el servicio público de la justicia, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es evitar que los ciudadanos acudan a la justicia, privatizar parte de la justicia y sacar del ente
público, del servicio público determinados aspectos para que se puedan

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aligerar las cargas de trabajo en la justicia. Esto es, señor ministro, el reconocimiento real de un fracaso, y es que a ustedes, cuando se producen unas elecciones, los ciudadanos les han encargado que tienen que velar por el servicio
público de la justicia, que es el que necesitan la mayoría de los ciudadanos. Y ustedes no lo hacen. Casi todas las modificaciones de leyes que aportan aquí van en sentido contrario: evitar que los ciudadanos puedan acudir a la justicia a
satisfacer sus necesidades económicas y sus pretensiones sociales. Esta modificación es lo mismo, es un parche. Nos traen un parche más para modificar determinados aspectos muy puntuales de una ley que es centenaria y que valdría la pena analizar
en su globalidad o de una forma más amplia para ver si podemos abordar una reforma de la justicia real y, sobre todo, en el proceso civil, de forma que abaratemos los costes a los ciudadanos y podamos ser más eficaces, más ágiles y que los
ciudadanos se sientan mejor representados. Pues no, ustedes traen esta reforma que es un parche, es un retal. Lo curioso es que para traer un parche necesitamos saber qué es lo que se ha pinchado para poder taponarlo. Y ustedes dicen: hay tres o
cuatro puntos que los operadores jurídicos nos están solicitando que se modifiquen. Hemos mantenido reuniones con operadores jurídicos, con letrados y con todo el mundo, y de lo que ustedes aportan en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Civil no hay nada urgente que suponga una necesidad como para que, a través de un parche, se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, va en sentido contrario a la razón. Usted es consciente de que hace no mucho tiempo se estaba hablando
de las funciones de los procuradores en lo que atañe al procedimiento. Evidentemente, los procuradores son vistos por parte de los ciudadanos no como los que les representan, sino como aquellos que participan en el procedimiento, les cuestan un
dinero y no aportan soluciones jurídicas al proceso. Es el representante legal del ciudadano delante del procedimiento. Muy bien. La tendencia normal sería ir eliminando las competencias y las funciones e ir reconvirtiendo el cuerpo de
procuradores en otro aspecto fundamental —ya estaban ellos previendo esta situación—, como es poder abrir despachos de letrados. Esta previsión ya la tenían, señor ministro, y ustedes ahora desembarcan en esta modificación en la que le dan la
vuelta al calcetín y dicen que los procuradores ahora van a tener mayores funciones, van a ser colaboradores de la Administración de Justicia y van a tener funciones de notificación, de auxilio judicial y de certificación. Van en sentido contrario.


Usted sabe que desde la Unión Europea se está insistiendo, a través de las distintas leyes ómnibus, en la necesidad de limitar la burocracia y abaratar costes en los procedimientos. Y esto que ustedes hacen hoy aquí lo único que va a hacer
es encarecer el procedimiento, lo va a encarecer más; además, lo va a encarecer de una forma importante. Es cierto —y lo han dicho otros compañeros— que aquí hay una doble velocidad montada. Aquel que tenga recursos para poder pagar al procurador
para que sea su procurador de confianza a la hora de hacer notificaciones de deudas o lo que sea, va a tener mucho más ágil su participación en el proceso judicial. Sin embargo, aquel que no tenga recursos va a tener que acudir a la oficina
judicial y se van a tener que habilitar los mecanismos normales que la Administración de Justicia realiza en este caso. Hay un problema que nos han comunicado los operadores jurídicos, en este caso letrados y otras asociaciones. En el tema de los
procuradores la preocupación es que al ser parte en el procedimiento, realmente puede perjudicar la tutela judicial efectiva porque va a realizar actos con la parte demandada o la parte contraria; van a ser actos que difícilmente van a poder ser
controlables por parte del secretario judicial, porque pueden ser actos masivos de comunicación o auxilio judicial o de certificación. Podemos pensar que una empresa que tiene su despacho de procuradores a tutiplén, a plena dedicación, podrá
agilizar sus procedimientos de forma importante, y esto va a perjudicar realmente la tutela judicial efectiva porque son parte y afecta a los derechos de la otra parte, de la demandada en este caso. Esto va a ser difícilmente asumible en el
concepto de la tutela judicial efectiva y, sobre todo, de la mejora de la justicia en general. Este es un tema muy complicado que muchos colectivos nos han planteado.


Señor ministro, en cuanto al tema del juicio verbal, la Ley 1/2007, de Enjuiciamiento Civil, establece en su preámbulo que es necesario un juicio oral, rápido, ágil, en el que haya vista, en el que las partes se vean las caras y se puedan
contravenir en sus posiciones, y establece ese tipo de acto procesal como la vista del juicio verbal y lo ensalza, y nosotros entendemos que es fundamental la oralidad, la agilidad, la rapidez en la discusión de las pretensiones de las partes. Sin
embargo, nos traen aquí una vuelta hacia el pasado, que quiere decir que el juicio verbal va a pasar a tener contestación escrita por parte de la demandada, excusándose, además, en la necesidad de que la actora conozca las pruebas que aporta la
demandada, como usted ha dicho en su intervención. Pues bien, el concepto de la oralidad, de la inmediatez, de la rapidez, de la agilidad procesal a través del juicio verbal se lo van a cargar con todas las consecuencias.

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La exposición de motivos lo decía. La ley diseña los procesos declarativos de modo que la inmediación, la publicidad y la oralidad hayan de ser efectivas, y esto se plasmaba en los juicios verbales por la importancia de la vista, así como
en los ordinarios, señor ministro, por la vista previa y por el juicio mismo, y en ambos casos con la presencia del juzgador. La modificación del juicio verbal que ustedes realizan supone un retroceso muy importante. También modifican la
prescripción de las acciones personales, que pasa de quince a cinco años, con la obligación de que la parte actora, en este caso el acreedor, tenga que presentar la demanda en un año y, por tanto, como mucho serían seis años, porque paralizaría la
prescripción. Además, lo hacen —usted lo ha dicho— para favorecer el desarrollo de la Ley de Segunda Oportunidad. Hay muchos colectivos —entre en Internet y acceda a las páginas jurídicas— que han trabajado mucho esta materia, y la verdad es que
están poniendo el grito el cielo, sobre todo porque también los morosos profesionales se beneficiarán de la modificación de la prescripción de las acciones personales que ustedes están planteando. Vamos a repensar esta modificación que ustedes
proponen, a ver si se puede mejorar en la discusión de la ley. Otro de los elementos que plantean es la sucesión procesal en la ejecución, sucesión que se produce sin poder opinar por parte del afectado. Este proyecto intenta favorecer de manera
clara la presencia de determinados fondos, fondos buitres, y la sucesión procesal de entidades que lo único que pretenden es obtener pingües beneficios. Su propuesta de reforma les favorece claramente, señor ministro.


Quiero también añadir unas palabras sobre la forma en que ustedes adaptan la legislación europea. La adaptación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de junio de 2012, se hace dos años tarde, de forma limitada y con
un procedimiento complejo y farragoso, que casi convierten en juicio declarativo y que no cumple adecuadamente la sentencia. Ya les adelanto también que en el trámite de enmiendas parciales les presentaremos una propuesta de mejora del
procedimiento y su ampliación a las ejecuciones hipotecarias y dinerarias. Respecto al tema de la obligatoriedad de las comunicaciones telemáticas, de 1 de enero de 2016, señor ministro, se tiene que dar prisa; se tiene que dar prisa para poner
orden en esta situación, porque —lo pongo en duda igual que anteriormente mis compañeros— el 1 de enero de 2016 va a ser prácticamente imposible que esté en marcha, en funcionamiento la obligatoriedad de la utilización de los medios telemáticos a la
hora de hacer las comunicaciones, el traslado de escritos y los documentos, sobre todo porque también se están invadiendo competencias autonómicas y tendrá que poner de acuerdo a todas las administraciones públicas afectadas por esta materia.
Reiteramos la predisposición de nuestro grupo a discutir de todo, a aportar propuestas modernas, viables, transformadoras, así como manifestamos nuestro profundo rechazo a que se someta a nuestro ordenamiento jurídico a unos cambios inconexos entre
sí, a parches permanentes y contradictorios en las distintas leyes que ustedes nos presentan últimamente.


Finalmente, proponemos la devolución de este proyecto al Gobierno, porque la reforma que contiene es innecesaria en cuanto no sirve a lo que deberían ser sus objetivos, que son: mejorar el servicio público y la respuesta a la ciudadanía
manteniendo aquel en manos exclusivamente públicas. Esta reforma no responde a una demanda urgente de la sociedad, señor ministro, sino a la necesidad del Gobierno de facilitar la privatización de aspectos básicos del procedimiento civil, que
conlleva, como decía anteriormente, una justicia más lenta, más injusta y menos sometida a los principios constituciones que rigen el proceso civil. Por todo ello, solicitamos, en la línea de la defensa del servicio público, el voto favorable de la
Cámara a la enmienda a la totalidad al proyecto de ley que presenta el Gobierno.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Such.


Pasamos a fijación de posiciones. En primer lugar, señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Dada la hora y que muchos tendremos mañana compromisos en otros lugares, considerando que a estas horas la atención mediática no va a ser muy grande —señor ministro, así no debemos hacer las cosas— y dado que la marcha a la que nos aboca el
Gobierno desgraciadamente es esta, voy a ser muy conciso. Del proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil le diré que no tenemos grandes pegas pero sí debe garantizarse que en lo relativo a la implantación de las nuevas tecnologías en la
Administración de Justicia se preserven las competencias autonómicas que existen en materia de medios materiales, personales, etcétera, por lo que creo que eso debe ser corregido en el trámite de enmiendas.


En cuanto a la otra ley, voy a ser también muy sucinto. En primer lugar, nuestra oposición al mismo es por razones competenciales. Desgraciadamente, ya por principio, en la Constitución el Poder Judicial

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adopta una forma que no es, según nuestra opinión, conforme a la estructura político-administrativa del Estado. Aún así, hay posibilidades de que pueda adaptarse mejor la realidad judicial a la realidad institucional. En esta ley no se
vuelve a hacer mención alguna a los consejos autonómicos. Usted ha dicho: esto es una opción, tal y como dijo el Tribunal Constitucional. Claro, ustedes están haciendo ahora una opción política pero una opción política que, en realidad, ya hizo
el legislador anteriormente. Porque si no, ¿qué rayos significan los consejos aprobados en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, por ejemplo, o en el del País Valenciano? Están ahí, existen. ¿Puede esta ley mirar para otro lado, hacer como si no
existen y no hacer un reparto de competencias? No me diga que es una opción, la opción ya la hizo este legislador y la opción que ustedes están haciendo ahora es obviar el ordenamiento jurídico positivo, que es parte del bloque constitucional,
negarse a ello y hacer una visión uniformista, ni siquiera unitarista, del Poder Judicial. Respecto a la casación ordinaria podría haberse hecho un gesto en cuanto a que los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas afrontaran
la casación y, en todo caso, quedara para el Supremo la unificación de doctrina. Tampoco se han hecho apuestas semejantes. No se tiene en cuenta que hay algunos lugares en los que el derecho civil propio o el derecho foral privado son importantes
y debe ser importante su conocimiento para poder ejercer la jurisdicción. ¿Qué ocurre? Nos encontramos con que de nuevo no se considera requisito el conocimiento de ese derecho civil propio, sino que puede ser un mérito o un añadido más pero nunca
un requisito. Esta es una concepción de que el derecho civil aragonés o catalán, por ejemplo —por no hablar del mío propio—, tienen una especie de nivel inferior al del Código Civil; que ese sí hay que conocerlo. No se reconocen las competencias
autonómicas en materia de estadística judicial. En materia de personal al servicio de la justicia también hay previsiones en los estatutos de autonomía y no se hace de forma coherente en el contenido de este proyecto de ley.


En cuanto a competenciales —otro asunto al que siempre nos hemos opuesto—, seré breve. Respecto del tema de la jurisdicción militar, nosotros no hemos considerado adecuada esta jurisdicción, siempre hemos abogado por su supresión,
particularmente en el ámbito de la última instancia procesal, que debería acometerse a través de la supresión de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. En materia de especialización de los juzgados de Violencia sobre la Mujer no se está
acometiendo una verdadera especialización de los mismos ni en cuanto a la temática que puedan abordar esos jueces ni tampoco en cuanto a la preparación multidisciplinar de los aspectos legales, sociales, históricos y antropológicos que configuran
esta fenomenología criminal, que cada vez es mayor. No estamos de acuerdo tampoco con esa doble dedicación que ya se realizó de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ahora la modificación que se hace resulta irrelevante —el
incremento de miembros de la comisión permanente de cinco a siete—, pero, además, como ya ha señalado alguno de los intervinientes, resulta que esas competencias delegadas que hasta ahora estaban en manos o podían ser decididas o tratadas por
aquellos miembros que no formaban parte de la permanente, ahora serán absorbidas por ese grupo, quedando, por lo tanto, concentrada todavía más la capacidad de influencia en las decisiones. Hay otros aspectos como, por ejemplo, las demarcaciones,
que creemos que se podrían haber regulado de otra manera, así que desde luego creemos que para este viaje no hacían falta alforjas y no era necesario modificar esta ley. Por tanto, nos opondremos a ella.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.


Tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Haré una única intervención y me referiré muy brevemente a la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la que no ha presentado enmienda de totalidad mi grupo parlamentario. (El señor presidente ocupa la Presidencia). A pesar de la forma tan
distraída e incoherente con que legisla el Gobierno, mi grupo sigue manteniendo una cierta esperanza en que en el trámite de enmiendas podamos arreglar algo de lo que en esta ley consideramos susceptible de mejora. Particularmente, estamos bastante
de acuerdo con algunas de las cuestiones que ha introducido en su enmienda a la totalidad el Grupo Socialista, si bien no compartimos algunos de los aspectos de las otras enmiendas a la totalidad presentadas, por lo que no podemos apoyar la
devolución. Estamos sustancialmente de acuerdo y hemos pensado que podríamos arreglarlo en trámite de enmiendas. Esto parece más que confianza, fe, que, dicho por una agnóstica como yo, es todavía más complicado porque si algo ha demostrado este
ministro es que es dificilísimo

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hacer cualquier tipo de negociación o acuerdo con él. Vamos a ver lo que sucede en el trámite porque a veces ocurren milagros, incluso milagros laicos.


Me referiré de una manera un poco más extensa a la enmienda a la totalidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El texto que nos ha enviado el Gobierno plantea algunas reformas sobre ciertas cuestiones de organización del Poder Judicial
que son interesantes, que son una mejora respecto de la situación actual, pero hemos de destacar que no tocan nada delicado, incluso en contra de algunas cuestiones que el propio Gobierno había anunciado. Por ejemplo, no han introducido nada
respecto de la eliminación de la planta judicial a pesar de que inicialmente plantearon su introducción. Por tanto, no han introducido nada que pudiera parecer delicado y han dejado fuera algunos aspectos, a los que ahora me referiré, que para
nuestro grupo son sustanciales.


Desde Unión Progreso y Democracia creemos que, puestos a hacer una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una reforma de cierto calado y no una cosa de estas meramente cosméticas o arreglando alguna cosita de carácter menor, si se
quiere hacer una reforma, como digo, de cierto calado, se debieran de haber introducido al menos tres cuestiones fundamentales desde la perspectiva de lo que a nuestro juicio tiene que ser una justicia moderna en un país democrático, en un país
decente y en un país en el que las leyes se cumplen, en el que hay transparencia, en el que la justicia es independientemente, actúa en tiempo y forma, no cuando en el calendario político del Gobierno debe actuar, sino cuando la justicia tiene que
actuar. Para eso hace falta, y es lo fundamental a nuestro juicio, una justicia independiente. Por tanto, en la reforma de esta ley debieran de haberse introducido al menos tres cuestiones, al menos tres reformas, por una parte, medios personales
y materiales para la Administración de Justicia. Desde la fiscalía, desde los propios jueces, en fin, en la memoria fiscal, continuamente lo que se nos dice desde todos los ámbitos de la justicia es que sin medios materiales y humanos es imposible,
por ejemplo, combatir a tiempo la corrupción, por ejemplo. Esa es una de las cuestiones más trilladas —si me permiten la expresión— en los últimos tiempos. Esa es una de las críticas, esa es una de las peticiones, particularmente de la Fiscalía
Anticorrupción. Hacemos una ley, nos traen ustedes una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y este aspecto que es sustancial y que es transversal ni lo tocan. Es una cuestión que en este momento me parece a todas luces fundamental —y no
porque con luces y taquígrafos se esté produciendo en el momento en el que yo estoy hablando un registro domiciliario sobre el que seguramente en los próximos días hablaremos mucho—; a esta hora, en este momento y en el día de hoy, aunque ese
registro no se estuviera produciendo, que la justicia no tenga más medios materiales y humanos para trabajar al servicio de todos los españoles es algo que no se puede entender.


Otra cuestión que también es necesario a nuestro juicio que se introduzca —hubiera sido y es y lo intentaremos en el trámite de enmiendas— tiene que ver con el sistema de nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
El ministro y yo hemos hablado de esto ya no me acuerdo cuántas veces, y eso que él es un ministro nuevo, quiero decir que lleva poco tiempo en la Cámara. Sabe usted que tenemos en esto una diferencia de fondo, sustancial, que nuestro grupo
parlamentario opina como opinaban ustedes en el programa de Gobierno con el que se presentaron a las elecciones, que mientras el Consejo General del Poder Judicial se elija a chapas o a pachas entre los distintos grupos políticos —ahora me tocan
tres, luego te tocarán dos, este para ti y este para mí—, no habrá justicia independiente, no habrá órganos de la justicia independientes. Esta es una de las cuestiones sustanciales. Por mucho que ustedes hayan cambiado de criterio y que además
hayan encontrado el consenso de toda la Cámara, menos el del Grupo de Unión Progreso y Democracia, esta es una de las tachas de nuestra democracia mientras no se reforme esto, mientras no haya un órgano, el Consejo General del Poder Judicial, que
esté elegido de otra manera. No lo dice solo nuestro grupo parlamentario, lo sabe usted bien, señor ministro. Me va a decir —no me lo va a decir porque no me va a contestar, pero me lo ha dicho otras veces— que es constitucional. Es
constitucional según como se haga la elección, como muy bien dijo la sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional determinó que si se hacía por reparto, no era constitucional, se vulneraba la doctrina del Constitucional y sobre
todo se vulneraba la doctrina del constituyente, lo que quiso el constituyente hacer. Tampoco lo han introducido. Nos parece que es un error no haberlo introducido en esta reforma, un error político. No es que se les haya olvidado, es que no
quieren cambiar al respecto.


Por último y muy relacionado con esto, creo que también sería el momento de revisar los privilegios de los políticos y de revisar el aforamiento. Sé que ustedes no comparten la idea de que sea un privilegio para aquellos que estamos
aforados. Sé que no comparten que esta es una de las cosas que hay que cambiar, además de que no comparten que sea un privilegio, pero lo cierto es que está tan en relación con

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lo anterior —al final a los políticos los terminan juzgando los jueces que ellos directa o indirectamente han contribuido a nombrar— que plantear una reforma a una Ley Orgánica del Poder Judicial sin introducir estas tres cuestiones es como
hacer un brindis al sol, es una pérdida de tiempo, es un mero maquillaje y yo creo, señor ministro, que ni la justicia ni la democracia en España están para maquillajes. Están para reformas a fondo y de fondo. Están para que no nos engañemos y no
engañemos a nadie. Por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad y por eso pediremos su devolución al Gobierno.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro de Justicia, en una única intervención me voy a posicionar sobre el proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y defenderé también la enmienda que Convergència i
Unió ha presentado para pedir la devolución del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


En primer lugar, sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, valoramos positivamente el hecho de que a través de este proyecto de ley se intente un objetivo compartido: modernizar y agilizar la Administración de Justicia. Por
tanto, compartimos el objetivo, no hemos presentado enmienda a la totalidad, votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas y nos vamos a involucrar, señor ministro, señor Molinero, del Grupo Popular, nos vamos a involucrar
positivamente para pactar enmiendas parciales a un proyecto que entendemos importantísimo. Por tanto, ya les adelanto la gran apuesta que la Generalitat de Catalunya, que tiene competencias en la administración de la Administración de Justicia, la
gran apuesta que nosotros estamos haciendo desde Cataluña, pioneros en la implantación de algo que sí tiene que ser moderno, que es el expediente judicial electrónico. De ahí que pediremos con enmiendas evitar en la medida de lo posible la
presentación de escritos en soporte papel en el curso del procedimiento, porque queremos realmente llegar a ese expediente judicial electrónico. Pediremos con enmiendas parciales completar la definición de ese expediente judicial electrónico,
habida cuenta de que forman parte también del mismo las grabaciones audiovisuales y otros trámites que puedan contenerse en soportes de almacenaje de información distintos. Por tanto, vamos en esa línea de la modernización.


Evidentemente vamos a pedir que, una vez esté homologado por el Consejo General del Poder Judicial todo este nuevo sistema de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se nos permita a las comunidades autónomas la regulación reglamentaria de los
aspectos que tienen que ver directamente con competencias en materia de justicia a los efectos de determinar en qué supuestos será o no obligatorio el uso de medios electrónicos en las notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, en
función del grado de implantación de las tecnologías de la información y comunicación en el respectivo ámbito territorial. Si están más implantadas, pediremos que sea obligatorio. Por tanto, se trata de avanzar de manera decisiva en lo que debe
ser una Administración de Justicia que la ciudadanía percibe que ha quedado absolutamente retrasada en ese esfuerzo de modernización, de digitalización del expediente electrónico. Creo que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, su conseller, el
honorable Germà Gordó, todo su equipo, los consejeros precedentes, todos han dado buen ejemplo de impulsar de manera decisiva esa nueva Administración electrónica en el ámbito de un Poder Judicial que queremos más ágil y más eficaz. Por tanto, no a
la enmienda a la totalidad a la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero sí implicación positiva por parte de Convergència i Unió.


Quiero hacer una réplica a algún aspecto que otros portavoces han citado de crítica hacia la función de los procuradores. Convergència i Unió va a defender esa función de los procuradores y va a recordar al Grupo Socialista, por ejemplo,
que fueron leyes impulsadas precisamente en legislaturas y por Gobiernos socialistas las que abrieron la posibilidad de que el procurador pudiera realizar actos de comunicación. Yo fui ponente de esos proyectos de ley y les abrimos a los
procuradores nuevas posibilidades. ¿Qué estamos haciendo ahora en esta reforma? Estamos intentando, en esa necesidad de un proceso más ágil y más eficaz, que haya una capacidad de certificación a actos que ya están realizando de acuerdo con la ley
vigente, pero que se realizan ahora con el necesario auxilio de testigos o de cualquier otro medio idóneo, por ejemplo, sistemas de reproducción de la imagen o del sonido. Ahora les estamos diciendo que tengan esa capacidad de certificación, pero
esa capacidad de certificación va a tener una validez no iuris et de iure, sino iuris tantum, se admitirá prueba en contrario. Se va a admitir que si alguien no está de acuerdo se pueda oponer realmente a ese acto. Por tanto, estamos preservando
las garantías, pero les estamos dando un papel que entendemos que pueden realizar los procuradores. Nosotros queremos huir

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de lo que podría ser una crítica a un colectivo profesional importante. Entendemos que en este proyecto de ley, en la línea ya iniciada en otras legislaturas, se está dando un valor a esos actos de comunicación que ya venían realizando.
Evidentemente podemos mejorarlo en el trámite de enmiendas, pero no deberíamos demonizar esa reforma.


Paso ya, señor ministro, señorías, a defender la enmienda a la totalidad al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Señor ministro, oportunidad perdida, oportunidad perdida y aquí los diarios de sesiones
serían crueles con todos, pero serían muy crueles con los respectivos Gobiernos, junto con los que, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el año 2006, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía y tras la
aprobación de otros estatutos de autonomía de nueva generación, hicimos una apuesta. No hizo Convergència i Unió esa apuesta. La hizo Convergència i Unió con Gobiernos del Partido Socialista y la hizo Convergència i Unió con la complicidad del
Partido Popular en Andalucía, que también aprobó el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el que se reflejaban una serie de posibilidades que solo serían efectivas cuando se adecuara la Ley Orgánica del Poder Judicial a esas previsiones
estatutarias. Hablo por ejemplo de los consejos de justicia de las comunidades autónomas. ¿Es que va a ser una legislación fantasma la que se prevé en los estatutos de autonomía? ¿Es que nadie le va a dar una virtualidad práctica a lo que es ese
poder desconcentrado en la Administración de Justicia en Cataluña, en Andalucía, en tantas y tantas comunidades autónomas que lo han aprobado en sus estatutos, que lo han aprobado estas Cortes Generales? Les decimos: no nos importa lo que digan
los estatutos de autonomía, no nos importa que el Tribunal Constitucional haya legitimado que pueden existir esos órganos; queremos pasar olímpicamente de la distribución competencial que da a unos estatutos de autonomía unas posibilidades, y
cuando deberíamos, vía ley orgánica, trasladarlo a la Ley Orgánica del Poder Judicial miramos hacia otro lado, miramos hipócritamente hacia otro lado, porque, ¿no fue un acto de hipocresía aprobar eso a través de las Cortes Generales? Eso no se
aprueba con los diez diputados que entonces tenía Convergència i Unió. Se aprueba gracias a que había una mayoría absoluta en estas Cortes Generales para llevar a cabo esas reformas. Nos hemos olvidado de ello y nosotros no lo podemos aceptar.
Por tanto, Ley Orgánica del Poder Judicial que nos venga, si no refleja aquello que el Estatuto de Autonomía de Cataluña y otros estatutos de autonomía de nueva generación entienden que debe impulsarse porque está en esos estatutos, si ustedes hacen
caso omiso, nosotros iremos presentando una a una enmiendas de devolución, porque estaremos diciendo: asignatura pendiente, ocasión perdida.


No queremos jugar a lo que podría ser algo absolutamente alucinante. Le voy a poner dos ejemplos, señor ministro, que no sé si conoce, pero usted ha estado en el Ministerio de Administraciones Públicas y conoce el Estatuto básico del
empleado público. Pues bien, el Estatuto básico del empleado público, en el artículo donde un funcionario pasa a la situación de servicios especiales, se dice: Pasarán a la situación de servicios especiales cuando entren a formar parte de los
consejos de justicia de las comunidades autónomas. Artículo fantasma porque no existen; nunca va a pasar ese supuesto que sí prevé una ley aprobada por estas Cortes, el Estatuto básico del empleado público. Otro ejemplo es el Estatuto orgánico
del ministerio fiscal, que prevé que antes de nombrar al fiscal superior de una comunidad autónoma tiene que oírse a un órgano fantasma, al consejo de justicia de esa comunidad. Se legisló así en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal,
hipócritamente se legisló así, porque después, a la hora de crear esos consejos de justicia, cuando deberíamos poder hacerlo, no lo hacemos, como tampoco lo hacemos con previsiones estatutarias, como decía el señor Esteban, en materia de lengua
propia de las comunidades autónomas, en materia de derecho propio. Va a ser, va a seguir siendo un mérito, pero nosotros pedíamos que fuera un requisito, como lo es también todo aquello relativo a las transferencias del personal al servicio de la
Administración de Justicia, que los estatutos entienden que deberían transferirse plenamente a las comunidades autónomas competentes.


Voy concluyendo. ¿Nos olvidamos de la Constitución, señor ministro, del artículo 152? ¿Nos olvidamos de los estatutos de autonomía como el catalán, como el valenciano, como el andaluz o como tantos otros que reconocen a los tribunales
superiores de justicia, que culminan el ordenamiento en su territorio, que tienen esa última instancia, ese carácter de tribunal de casación, sin perjuicio de las competencias del Tribunal Supremo en unificación de doctrina, pero que les dan ese
carácter de culminación de lo que son los órganos judiciales en los respectivos territorios? En lugar de profundizar en ello, ahora que podríamos a través de esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, nos volvemos a olvidar de ellos.


Por tanto, señor ministro, le pedimos que replantee este proyecto de ley, que lo replantee en la dirección que marcan los estatutos de autonomía aprobados por estas Cortes Generales, esos estatutos

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de nueva generación, que seamos valientes en cumplir aquello. Usted ya no, pero otros predecesores suyos en esta tribuna habían dicho que esta sería la legislatura de la justicia y que se iban a cumplir las previsiones de crear consejos de
justicia en las comunidades autónomas. Otros lo dijeron, usted por lo menos ha sido sincero diciendo que entendía que esto no era una imposición y que por tanto no iba a desarrollarlo, pero no hacerlo es un acto entendemos grave, un acto grave
porque se le está diciendo al pueblo catalán, al pueblo andaluz, que aquello que votaron en los estatutos de autonomía no vale, porque votaron la existencia de unos órganos, de unas competencias en el ámbito de la Administración de Justicia de las
que después, cuando debemos cumplirlas en estas Cortes Generales, nos olvidamos. Por eso presentamos esta enmienda a la totalidad pidiendo la devolución del proyecto de ley al Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Molinero.


El señor MOLINERO HOYOS: Señor ministro, señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular acerca de las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Lo primero que quiero hacer es felicitarle, señor ministro, por la claridad en la explicación del proyecto de ley y, en segundo lugar, agradecer a CiU, al señor Jané, porque muestra una actitud dialogante para, posteriormente, en el debate
de las enmiendas al articulado, tratar de mejorar este texto. Quiero mostrar el apoyo del Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley y anunciamos que vamos a votar, lógicamente, como no podía ser de otra manera, en contra de las enmiendas a la
totalidad. Vamos a apoyar el proyecto de ley por dos motivos, el primero, porque el grupo parlamentario tiene el compromiso con los ciudadanos de hacer una justicia más ágil, más rápida y más eficaz, reforzar la tutela judicial efectiva y
modernizar la Administración de Justicia fomentando el uso de las nuevas tecnologías; el segundo, porque tiene un compromiso también con los consumidores para adaptar la normativa española a las disposiciones del derecho de la Unión Europea.


Señor ministro, usted ha explicado detalladamente el proyecto de ley y yo voy a tratar de explicar por qué vamos a oponernos a esas enmiendas a la totalidad. Voy a comenzar trayendo a colación algunos de los argumentos que utilizan los
grupos proponentes para justificar sus enmiendas. Sinceramente, me han llamado la atención sus argumentos, incluso en esta misma tarde me han asombrado algunas intervenciones. Me refiero en particular a cuando los grupos proponentes denuncian el
hecho de que la reforma potencie el protagonismo de los procuradores ampliando sus facultades. Dicen los grupos proponentes que esta reforma supone una privatización de la justicia y para justificarlo el Grupo Socialista dice: Esta reforma es una
concesión más a los procuradores, a los que desagrada profundamente ver a los justiciables e, incluso, a los abogados, y que consideran la vista como algo innecesario. Creo que es una expresión desafortunada e injusta, así como lo es tratar de esta
manera a un colectivo de este prestigio, como es el de los procuradores españoles. (Aplausos). Con todos mis respetos, creo que deberían explicar a esos profesionales por qué tienen ustedes esa animadversión hacia los procuradores, porque esta
misma tarde también he oído al señor Such decir lo mismo sobre los procuradores. El Grupo Parlamentario Popular no tiene esa opinión. Les puedo asegurar que a nosotros nos merecen respeto y admiración como colectivo. (Aplausos).


Me parece capciosa la expresión de La Izquierda Plural cuando para justificar una enmienda afirma que se instalará una justicia de dos velocidades o, como ha dicho el señor Tardà, una justicia para ricos y otra para pobres. Es capciosa
porque introduce un mensaje demagógico para confundir a la opinión pública y además cuestiona la eficacia de la Función pública frente a la privada. Yo le preguntaría, señor Llamazares: ¿piensa realmente que los funcionarios de la Administración
de Justicia son menos eficaces, menos eficientes y menos ágiles que los procuradores? Deberán explicarles por qué piensan de esa manera también. Les lanzo la pregunta para que expliquen a esos funcionarios su posicionamiento.


Respecto a la enmienda de totalidad de Esquerra Republicana, me he quedado asombrado y perplejo y les digo por qué. Me parece una enmienda poco rigurosa y es un error dirimente presentar una enmienda a la totalidad fundamentada en que el
proyecto de ley se excede al otorgar a los procuradores tareas de ejecución judicial. Señor Tardà, el proyecto de ley solo concede actos de comunicación, pero no concede actos de embargo ni actos de ejecución. En consecuencia, no entiendo qué
proyecto de ley se han leído. Dudo que la enmienda que han presentado tenga el rigor parlamentario y el rigor jurídico suficiente para tomarla en consideración.

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Señorías, si les dijera que esta reforma es una recomendación del Consejo General del Poder Judicial que aparece en el Libro Blanco de la justicia, ¿seguirían manteniendo ustedes que los jueces tratan de implantar una justicia a dos
velocidades o que el objetivo de los jueces es privatizar la justicia? Viene en el propio libro blanco. Señorías, el objetivo de la reforma es ampliar y también concretar las funciones de los procuradores dentro del texto de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y en la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal en relación con los actos de comunicación. Esta reforma parte de la dualidad ya actual de un sistema que mantiene la posibilidad de que los actos de
comunicación sean realizados bien por los servicios de funcionarios adscritos a la Administración de Justicia, bien por el procurador, con cargo a la parte, y será el secretario judicial quien controle, supervise y dirija los actos procesales. Por
tanto, la reforma no supone una privatización del servicio, sino una opción con que cuenta el ciudadano y una ayuda y colaboración al servicio de la Administración de Justicia, como así ha sido interpretado por el Consejo de Estado.


También queda sin justificación la enmienda del Grupo Socialista sobre la reforma del juicio verbal. Señorías, el trámite de contestación a la demanda no vulnera el principio de inmediatez, sino que fortalece el principio de tutela judicial
efectiva impidiendo la indefensión de la parte demandante frente a alegaciones o pruebas que de manera sorpresiva se hagan en el juicio verbal. Respecto a la denuncia de dilación del procedimiento que el señor Such ha dicho, le recuerdo que es
criterio del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado que debe primar la tutela judicial efectiva por encima de la agilidad del proceso. Por tanto, tampoco tiene fundamentación la enmienda que ustedes presentan. Supone una medida
de agilización del procedimiento y no de dilación la posibilidad de que las partes puedan renunciar a la vista cuando el resultado del proceso depende de cuestiones de derecho o cuando la prueba sea innecesaria, sin olvidar que esta reforma del
juicio verbal también viene avalada positivamente por los distintos operadores jurídicos.


Respecto a la reforma del proceso monitorio, no podemos estar de acuerdo con los particulares de la enmienda, en primer lugar porque la reforma está respondiendo a una obligación de adaptar la normativa española al derecho europeo y en
segundo lugar porque sería injusto no proteger al consumidor frente a las llamadas cláusulas abusivas en los procedimientos monitorios. Le vuelvo a recordar que esta reforma viene también amparada por el Consejo de Estado.


Voy terminando, señorías, no sin antes hacer una breve referencia a la prescripción. La prescripción en la reforma que se acomete por la Ley de Enjuiciamiento Civil, por un lado, es una constante demanda del Consejo General del Poder
Judicial para simplificar y unificar los plazos de prescripción y, por otro, trata de regular que las reclamaciones extrajudiciales puedan demorar el plazo de prescripción, pero no se eternicen en el tiempo, evitando con ello lo que se conoce como
la teoría del retraso desleal que tanto daño ha causado a los deudores.


Para finalizar quiero agradecer al ministro de Justicia la actitud positiva de consenso y a los grupos parlamentarios la actitud dialogante que puedan mantener durante el trámite de la reforma con las enmiendas al articulado que presenten.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Molinero.


Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial. Se han presentado cinco enmiendas de devolución y, según tengo entendido, pero estoy dispuesto a rectificar si no es así, doy la
palabra para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista a la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, antes de entrar en nuestra enmienda a la totalidad de devolución relativa a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quiero dejar claro en nombre de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con las palabras del portavoz del Grupo Popular que me ha precedido en la tribuna, que para el Grupo Parlamentario Socialista los procuradores merecen todo el respeto y tienen nuestro reconocimiento por el trabajo que
realizan, pero otra cosa bien distinta es lo que mi compañero Antoni Such ha expresado desde esta tribuna y es que no compartimos el planteamiento y las propuestas del Gobierno en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, no intenten
utilizar a los procuradores para enfrentarlos con el Grupo Parlamentario Socialista.


La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hoy trae a esta Cámara el Gobierno del Partido Popular supone un nuevo impacto en los derechos de la ciudadanía en lo que a garantías procesales se

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refiere y constituye, como ya viene siendo habitual, un nuevo ejemplo de actuación normativa que pone en cuestión la más mínima seguridad jurídica. En lo que respecta al derecho a un proceso con garantías, lo primero que señala la
Constitución en su artículo 24.2 es el derecho al juez natural, esto es, el juez ordinario predeterminado por la ley. Pues bien, desde nuestro punto de vista, diversos preceptos de esta reforma permiten posibles componendas para abrir la puerta a
que se bordee el precepto constitucional invocado. Señorías, señor ministro, no van a llevar a cabo, según han manifestado, su proyecto estrella para reorganizar la planta judicial: los llamados tribunales de instancia. Este proyecto, aunque a
usted no le interese en este momento y se dedique a hablar, señor ministro, contempla reformas para colar por la puerta de atrás parte de sus fines y de sus objetivos. Digo esto porque se adoptan medidas que, bajo la cobertura de la especialización
necesaria en materia de violencia de género, permiten que la extensión jurisdiccional en la demarcación pueda acordarse por el Gobierno mediante real decreto en el ámbito de los juzgados de violencia sobre la mujer. Y no solo esto, también permite
que las salas de gobierno, con la composición que se deriva del sistema diseñado por el Gobierno del Partido Popular en la ley de 2013 de reforma del consejo, puedan acordar modificaciones en las normas de reparto de los juzgados de lo mercantil, de
lo penal, de menores, de vigilancia penitenciaria, de lo contencioso-administrativo o de lo social, sin contar con la opinión de los jueces afectados. También contempla que el Consejo General del Poder Judicial pueda acordar, de manera excepcional
y por el tiempo que se determine —gracias por empezar a escuchar, señor ministro— con informes favorables del Ministerio de Justicia, oída la sala de gobierno y, en su caso, las comunidades autónomas con competencia en materia de justicia, que uno o
varios juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, aun cuando su conocimiento inicial estuviese
atribuido a órganos radicados en distinto partido judicial. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Aguilar.


Por favor, ruego silencio para que podamos oír a la señora Aguilar. Continúe.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor ministro, ustedes saben bien que imponer por real decreto, por acuerdo de sala de gobierno o por normas de reparto medidas que comporten cambios en la demarcación o competencias atribuidas por la propia ley
va claramente en contra del juez natural. Parece que pretendan devolvernos a la época de los juzgados especiales. Su reforma, señorías del Partido Popular, siempre expresan añoranza del pasado, que es donde parece que quieren conducirnos con la
política que practican. Junto a todo lo expresado, este proyecto pone de manifiesto una intención clara del Gobierno que, por otra parte, ya es habitual, que no es otra que controlar el Poder Judicial, en este caso a través de los órganos del
Consejo General del Poder Judicial. Ya se puso de manifiesto su intención en la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, y en este proyecto de ley se pone al descubierto. Como muestra, tres ejemplos. En primer lugar, el Gobierno vuelve a modificar la
composición de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, reforma que no se justifica en la exposición de motivos, sencillamente porque no tiene justificación que se base al menos en el rigor, en la objetividad o en la necesidad.
Incrementan la comisión permanente del consejo general en dos miembros más. Señor ministro, ¿por qué no lo ha explicado en su intervención? Si en 2013 pusieron seis ¿por qué ahora ocho? ¿A qué obedece este cambio? ¿Qué pretenden con él? ¿Se lo
ha solicitado alguien en especial? Hay muchos interrogantes a los que ustedes debieran responder porque, si no dan respuestas, tendremos que aplicar el refrán de piensa mal y acertarás. Segundo. En relación con el nombramiento de los magistrados
mayores de setenta años, cambian la situación actual consolidada por la jurisprudencia —tampoco ha dicho nada de ello—, incluyendo, incluso, a los magistrados del Tribunal Supremo. ¿Cuáles son las razones y argumentos para ello? ¿Las pueden
explicar o las deben silenciar? En tercer lugar, la nueva regulación del gabinete técnico del Tribunal Supremo lo reconvierten en gabinete del presidente, que puede derivar, o acaso sea esa la intención, en un órgano de control de la sala. Muchas
intenciones, no sé si inconfesadas e inconfesables, señor ministro. Poca claridad y mucha opacidad.


En este proyecto también se pone de manifiesto la ausencia total de compromiso político con la igualdad por parte del Gobierno del Partido Popular y de su ministerio, señor Catalá, y es que en materia de igualdad, como en la ley mordaza o en
el Código Penal el Gobierno nos devuelve a los oscuros años del siglo pasado y nos aleja cada vez más de la Unión Europea. Digo esto, entre otras cosas, porque en la carrera judicial el 52 % son mujeres y el proyecto modifica la regulación de la
comisión de igualdad, por cierto, modificación que tampoco encuentra justificación en la exposición de motivos, seguramente porque

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no tienen argumentos para enmendar su propia ley. Con la modificación pretenden, ni más ni menos, que no sea necesario, como actualmente dice la ley, que sea una mujer la que presida la comisión de igualdad del Consejo General del Poder
Judicial. ¿Qué explicación tienen para esto? Todo ello se produce, además, en un contexto en el que las otras tres comisiones están presididas por hombres. Esta es la política del Partido Popular que genera discriminación y desigualdad y nos
perjudica permanentemente a las mujeres, pero no les quepa la menor duda que las mujeres vamos a saber responder al Partido Popular. Igualmente, en el proyecto de ley se pone de manifiesto, una vez más, algo que viene siendo habitual y es el afán
de privatizar que tiene permanentemente el Partido Popular, toda vez que posibilitan la emisión de informes y dictámenes por los médicos forenses y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses a solicitud de particulares, y ya nos
podemos imaginar quiénes van a ser los particulares que lo van a solicitar. La misma filosofía la plantearon en el Código Penal, aunque después la retiraron. Espero que hagan igual en esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Señorías, señor ministro, como consecuencia de la petición reiterada del colegio nacional, esto sí que lo ha dicho, y algunas de las organizaciones de los secretarios judiciales cambian el nombre al letrado de la Administración de Justicia,
pero no le reconocen ni nuevas funciones ni recogen en esta ley orgánica funciones que tienen reconocidas en las leyes procesales. Nosotros consideramos que es una oportunidad perdida para situar en su justo espacio y lugar a los secretarios
judiciales. Nada añaden sobre la dirección de la oficina judicial, pero sí que abren la posibilidad de despidos encubiertos a secretarios en régimen de provisión temporal mediante la nueva regulación que establecen para las sustituciones.
Señorías, señor ministro, estamos ante la misma situación que significó el despido de 700 jueces sustitutos y 300 fiscales por parte del gobierno del Partido Popular. No añaden absolutamente nada que de verdad pueda situar en esos justos términos y
lugares a los secretarios judiciales.


Termino. Señor ministro, deje de recortar derechos a la ciudadanía; deje de privatizar la justicia; deje de perjudicar con sus políticas a la Administración de Justicia; deje de sembrar desigualdad, que es lo que ocurre con esta reforma
legal. El Gobierno del Partido Popular, una vez más, lo que nos demuestra es que gobierna para una minoría y que con sus políticas están causando un daño irreparable a la mayoría de la ciudadanía. Por todas estas razones que he expuesto, desde el
Grupo Parlamentario Socialista pedimos el voto favorable a los grupos parlamentarios de la Cámara a esta enmienda de totalidad que hemos presentado para devolver esta Ley Orgánica del Poder Judicial, que es lo que se merece, al Gobierno del Partido
Popular.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aguilar.


Por el Grupo Popular, señor Castillo.


El señor CASTILLO CALVÍN: Con la venia, señor presidente.


Señorías, como ha señalado el señor ministro, estamos ante una reforma que sitúa su punto de mira especialmente en dos aspectos que requieren de una atención permanente por parte de las instituciones públicas y que suponen un gran beneficio
para los ciudadanos: la modernización de la Justicia y la lucha contra la violencia de género.


El primero de estos objetivos, la modernización y transformación de la Justicia, como ustedes saben, no es nuevo. Desde hace más de una década se viene demandando una justicia que actúe con rapidez, eficacia y calidad, en la que los tiempos
de respuesta sean razonables y se alcancen los máximos niveles posibles de profesionalización y de especialización. El proyecto de ley que el Gobierno ha remitido a las Cortes hace precisamente eso, acometer una serie de reformas necesarias en la
Ley Orgánica del Poder Judicial para ofrecer una adecuada respuesta a la demanda general de un funcionamiento más eficiente de la Administración de Justicia, a fin de que los ciudadanos reciban un servicio que les aporte no solo soluciones sino que,
además, se produzcan en un tiempo razonable. En definitiva, las medidas que nos ha anunciado el señor ministro deberían ser bien acogidas si nuestro reto, el de todos, es conseguir que la justicia funcione adecuadamente. A pesar de ello, esta
tarde estamos debatiendo cinco enmiendas a la totalidad; unas enmiendas por las que los grupos que las han suscrito defienden un veto inicial a este proyecto pidiendo su devolución; unas enmiendas con las que vienen a rechazar que se flexibilice
nuestra obsoleta organización judicial, con las que critican la mayor especialización en nuestros tribunales y unas enmiendas con las que se oponen a un nuevo sistema de reparto de las cargas de trabajo. Sinceramente, debo decirles que no entiendo
las razones por las que se oponen a esta reforma. No puedo entender que ustedes rechacen una

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reforma que no solo servirá para modernizar y agilizar nuestra justicia, sino también para mejorar la lucha contra la violencia de género, que es el otro gran objetivo del proyecto que hoy debatimos.


Señorías, es posible que algunos piensen que es mejor no hacer nada o que el sistema actual funciona razonablemente bien. A quienes así piensan, siento decirles que los ciudadanos no comparten esa opinión. Nosotros tampoco ni la gran
mayoría de esta Cámara. Llegados a este punto, me van a permitir que pase a responder algunas de las cuestiones que hoy se han formulado para justificar el rechazo a la iniciativa que debatimos. Comenzaré refiriéndome a las enmiendas presentadas
por Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Vasco, pues son enmiendas que presentan puntos en común. En primer lugar, en relación con la creación de consejos de justicia en las comunidades autónomas, quiero indicarles que su eventual
regulación en el ámbito del Poder Judicial es una opción legislativa, que no una obligación, tal y como se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010. Se trata, por tanto, de una propuesta legítima que, sin embargo, no es
requerida por el conjunto de la sociedad. Además, el artículo 122 de la Constitución vincula la condición de órgano de gobierno con el principio de unidad jurisdiccional. Esta es una realidad interpretada ya por el Tribunal Constitucional, que en
junio de 2010 declaró inconstitucional el Consejo de Justicia de Cataluña regulado en su Estatuto de Autonomía. Por ello, los consejos de justicia autonómicos, fuera de las competencias asumibles por las comunidades autónomas en relación con la
Administración de Justicia, no podrán ser órganos de gobierno del Poder Judicial, que es lo que parece que ustedes pretenden, y, por tanto, no podrán tener competencias en materia de nombramientos, ascensos, inspección o régimen disciplinario, por
la simple razón de que ningún otro órgano, salvo el Consejo General del Poder Judicial, puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial.


Respecto a que el conocimiento de las lenguas propias de las comunidades autónomas sea un requisito o únicamente un mérito, no quiero reabrir un debate que ya hemos tenido en esta Cámara, así que me limitaré a señalar que esta propuesta
revela una escasa sensibilidad hacia el modelo de cooficialidad lingüística. Bajo la imposición del requisito exclusivo y excluyente de la lengua propia y cooficial de las correspondientes comunidades autónomas para jueces, magistrados, fiscales y
por extensión a cuantos profesionales intervienen en las actuaciones judiciales, ustedes pretenden negar los legítimos derechos de quienes libremente optan por el uso del castellano. Tratar de reconvertir el actual sistema plural, donde el
conocimiento de tales lenguas es contemplado como mérito preferente pero no como requisito en los concursos para órganos jurisdiccionales en dichas comunidades autónomas, para convertirlo en una forma estricta de monolingüismo en lo judicial tan
rígida y absoluta como la que presentan, resulta —ustedes lo saben— no solo limitativo y empobrecedor sino incompatible con el diseño constitucional. En cuanto a sus críticas a la composición de la comisión permanente del Consejo General del Poder
Judicial, les indicaré que tras la experiencia de casi un año de funcionamiento del nuevo consejo, el proyecto de ley eleva su número de miembros, que pasará de cinco a siete vocales, tal y como propuso el propio Consejo General del Poder Judicial
en su informe al anteproyecto de la ley orgánica. En lo demás se mantiene el modelo del consejo regulado por la Ley orgánica 4/2013, que más allá de las críticas políticas responde a la decisión democrática de las Cortes Generales, cuya voluntad se
respeta en el texto que debatimos.


Paso ahora a referirme a la enmienda presentada por La Izquierda Plural, que afirma que la justicia necesita un cambio de modelo organizativo, pero no este. Creo que no debemos preocuparnos, lo que no sería natural e incluso debería
hacernos recapacitar —a ambas formaciones, por supuesto— es que a ustedes les gustara mucho este proyecto. En todo caso, sí debo agradecerles la pequeña concesión que hacen al proyecto de ley al señalar que hay escasas y puntuales modificaciones
que podrán considerarse positivas; algo es algo, y viniendo de su grupo lo cierto es que este pequeño reconocimiento nos reconforta profundamente. Entrando ahora en sus críticas, vienen a considerar que la reforma es un conglomerado de medidas de
poco calado, sin embargo, ustedes no han sabido proponer medidas distintas o alternativas ni de gran ni de pequeño calado que pudieran mejorar el texto legislativo que está en tramitación. Entre sus críticas vienen a destacar que el modelo que
plantea la reforma se mantiene en toda su ineficacia, dado que se dejan de lado los tribunales de instancia. En este punto no les extrañará que la primera sensación que me produjo leer tal afirmación fuera de profunda perplejidad, pues lo cierto es
que han cambiado y mucho de opinión en los últimos meses. No creo que tenga que recordarles que con la creación de los tribunales provinciales de instancia en todos los órdenes jurisdiccionales que estaba prevista en el anteproyecto se pretendía
sustituir los actuales partidos judiciales, y ustedes se opusieron radicalmente a aquella propuesta. El motivo por el que el proyecto de ley ha optado finalmente por el

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mantenimiento de los partidos judiciales, abandonando el modelo de los tribunales de instancia, ha sido por el interés del Gobierno en que los partidos judiciales sigan siendo un factor de cohesión territorial, y creo que esto no debería ser
objeto de crítica por parte de su grupo.


Trato ahora la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y debo indicarles que el hecho de que hayan aprovechado su enmienda para hablar de temas importantes, como la lentitud de la justicia, la necesidad
de reforzar la planta judicial especialmente para luchar contra la corrupción e igualar la media europea de jueces por habitante, la sobrecarga de los juzgados, etcétera, limitándose por tanto a realizar una serie de críticas respecto al sistema
judicial, supone quedarse en una diagnóstico de la situación y del problema que debo admitir que no comparto en absoluto, pero sin presentar alternativas de solución ni enmiendas a las medidas que el Gobierno propone en el proyecto de ley orgánica
que debatimos. Por tanto, como entiendo que aunque lo hayan intentado lo cierto es que no han presentado una verdadera enmienda a la totalidad al proyecto de ley, no puedo realizar más observaciones al respecto.


En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, lo primero que llama la atención es el empleo de frases huecas para una enmienda hueca. Así, acusan a este proyecto de ser una contrarreforma y de asaltar los derechos de los
ciudadanos. La verdad es que no sé a qué se refieren puesto que lo único que nos asalta es la duda al leer su enmienda sobre qué quieren decir usando este tópico tan manido como rancio. ¿Se asaltan los derechos de los ciudadanos cuando se
posibilita un mejor reparto de los asuntos? ¿Cuando se pretende que jueces especializados resuelvan litigios o que tengan más competencias el órgano de Gobierno del Poder Judicial? ¿Se atropella a los ciudadanos cuando se regula la protección de
datos personales de la documentación judicial? ¿O cuando se potencian los gabinetes del Tribunal Supremo? ¿O cuando se profundiza en el régimen estatutario del personal al servicio de la Administración de Justicia, habiéndose logrado un preacuerdo
con la mayor parte de las organizaciones sindicales, entre ellas UGT? Vienen a señalar que se ataca el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Vaya por delante que sorprende y mucho que digan que el Tribunal Constitucional no se ha
tomado en serio este derecho. Quizá el problema sea mucho más sencillo; son ustedes los que desconocen por completo lo que significa juez ordinario predeterminado por la ley. En todo caso…


El señor PRESIDENTE: Señor Castillo, tiene usted que terminar.


El señor CASTILLO CALVÍN: Termino, señor presidente.


Mi grupo, aunque rechazará las enmiendas que se han presentado a la totalidad, sí está abierto a un diálogo pleno y constructivo. Estoy convencido de que durante la tramitación parlamentaria, entre todos, también con la colaboración de
quienes hoy han presentado enmiendas a la totalidad, podremos sumar mejoras a una iniciativa que, sin duda, redundará en mejorar y en transformar nuestra Administración de Justicia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: En dos minutos votamos. (Pausa).


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución. En sustitución de don Antonio Cantó García del Moral pregunto a don Julio Lleonart i Crespo si jura o promete acatar la Constitución.


El señor LLEONART I CRESPO: Sí, prometo.


El señor PRESIDENTE: Don Julio Lleonart i Crespo ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 140/000027).


El señor PRESIDENTE: A continuación, el secretario primero va a proceder a dar lectura a una declaración institucional de todos los grupos sobre la futura red de telescopios Cherenkov (CTA).

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El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Con la venia, señor presidente.


La futura red de telescopios Cherenkov será el observatorio de rayos gamma más grande del mundo y permitirá cartografiar gran parte de territorios hasta ahora desconocidos. Se trata de una gran instalación internacional que comprenderá dos
localizaciones; una en el hemisferio norte, y otra en el sur, para poder cubrir todo el cielo.


Hace unos días, los trece países que financian el proyecto anunciaron que van a comenzar negociaciones con España y México para decidir cuál de los dos albergará el observatorio norte. El CTA costará unos 200 millones de euros y se pretende
completarlo en torno a 2020. Será diez veces más potente que los telescopios Cherenkov actuales y entre sus principales objetivos está desvelar el origen de los rayos cósmicos y explorar la materia oscura. En conjunto, unos 1.500 científicos e
ingenieros de veintinueve países participan en el proyecto.


Conseguir albergar una instalación como esta no tendría precedentes en España. El lugar propuesto es el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, donde ya hay telescopios de primera línea internacional como el Gran
Telescopio de Canarias. El Gobierno del Estado, el Gobierno de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Canarias llevan meses trabajando para impulsar una candidatura que supondría, en el caso de concretarse, la consolidación de Canarias como uno
de los espacios más importantes del planeta en el estudio y la investigación de la astronomía. La decisión final sobre el emplazamiento se tomará antes de diciembre. Por todo ello, el Congreso de los Diputados expresa su apoyo al Gobierno del
Estado para que, en colaboración con el Gobierno de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Canarias, continúe avanzando en las negociaciones abiertas para lograr que el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, sea la sede de la futura Red
de Telescopios Cherenkov.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


— MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LAS BASES MILITARES DE USO CONJUNTO EXISTENTES EN NUESTRO PAÍS.
(Número de expediente 173/000202).


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. Hemos reducido el tiempo a diez segundos, pero les advierto que son bastantes, por tanto, pido silencio y paciencia. Moción del Grupo de La Izquierda Plural sobre la situación actual
y las perspectivas de futuro de las bases militares de uso conjunto existentes en nuestro país. Se va a votar en sus propios términos, pero separada por puntos.


Punto primero.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 12; en contra, 291; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto segundo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 19; en contra, 279; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto tercero.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 10; en contra, 285; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto cuarto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 20; en contra, 285; abstenciones, 1.

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El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 127; en contra, 175; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO PARA POTENCIAR LA ECONOMÍA DIGITAL. (Número de expediente 173/000203). (VOTACIÓN).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las prioridades del Gobierno para potenciar la economía digital. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 305; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):


— REAL DECRETO-LEY 3/2015, DE 22 DE MARZO, POR EL QUE SE PREVÉ UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PARA EL IMPULSO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA Y EN APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Número de expediente 130/000067).


El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso
del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Hay dos votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más 2 votos telemáticos, 308; a favor, 178 más 2 votos telemáticos, 180; en contra, 10; abstenciones, 118.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Ahora vamos a votar su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. También hay dos votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más 2 votos telemáticos, 308; a favor, 129 más 1 voto telemático, 130; en contra, 177 más 1 voto telemático, 178.


El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):


— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA TRANSPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A
INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012, RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES. (Número de expediente 121/000114).

Página 127

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado.


Proyecto de ley orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a
interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.


Comenzamos votando las enmiendas al artículo primero. Cinco.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 199; en contra, 104; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la disposición final primera (antes tercera).


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 183; en contra, 122.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas al proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 279; en contra, 10; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO:


El señor PRESIDENTE: Este proyecto de ley tiene carácter orgánico, por lo cual vamos a proceder a la votación de conjunto. Hay dos votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más 2 votos telemáticos, 308; a favor, 179 más 1 voto telemático, 180; en contra, 26; abstenciones, 101 más 1 voto telemático, 102.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


— PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO. (Número de expediente 121/000115).


El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación el proyecto de ley del estatuto de la víctima del delito. En primer lugar, enmiendas al artículo 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 275; en contra, 26; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 14.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 306.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Enmiendas a la disposición adicional primera.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 206; en contra, 92; abstenciones, 6.

Página 128

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas al proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 305.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


— PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL. (Número de expediente 121/000119).


El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de fomento de financiación empresarial. Enmienda al apartado Uno bis del artículo 94.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 289; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de enmiendas al proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 287; en contra, 1; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):


— CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN YEDA EL 18 DE MAYO DE 2014. (Número de expediente 110/000151).


El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores. Vamos a hacer dos votaciones, una primera va a ser sobre del Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre cooperación en materia de seguridad y en
la lucha contra la delincuencia, hecho en Yeda el 18 de mayo de 2014.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 284; en contra, 10; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


— PROTOCOLO ADICIONAL DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE COREA, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 25 DE
MARZO DE 2014. (Número de expediente 110/000148).


— ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. (Número de expediente 110/000149).


— ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN SINGAPUR EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. (Número de expediente 110/000150).

Página 129

— CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 8 DE JULIO DE 2013.
(Número de expediente 110/000152).


— ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE VANUATU SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. (Número de expediente 110/000153).


— CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 25 DE JULIO DE 2013. (Número de expediente 110/000154).


— ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE NAURU SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. (Número de expediente 110/000155).


El señor PRESIDENTE: Ahora procedemos a una votación conjunta de los siete acuerdos restantes.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 301; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
(Número de expediente 121/000127).


El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, y de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. En primer lugar, hay una enmienda del Grupo Mixto (señor Salvador), la enmienda 64, a la cual se ha presentado una transaccional por parte del Partido Popular. Pregunto: ¿hay alguna objeción a que se vote la
transaccional? (Denegaciones). Se vota la enmienda transaccional.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 280; en contra, 1; abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas y señor Quevedo). En primer lugar, enmiendas 9 y 19.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 28; en contra, 184; abstenciones, 94.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 10, 12, 16 y 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; en contra, 120; a favor, 182; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 11.


Comienza la votación. (Pausa).

Página 130

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 23; en contra, 277; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 14.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 17; en contra, 190; abstenciones, 96.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 15.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 118; en contra, 181; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 17.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 108; en contra, 186; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 18.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 17; en contra, 273; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 22.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 16; en contra, 183; abstenciones, 106.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas de la señora Oramas y el señor Quevedo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 111; en contra, 181; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de la señora Fernández Davila. Votación en bloque de las enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 118; en contra, 179; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de la señora Jordà. En primer lugar, enmiendas 92 y 93.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 117; en contra, 181; abstenciones, 7.

Página 131

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 101, 103 y 104.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 17; en contra, 274; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas de la señora Jordà.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 25; en contra, 273; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, enmiendas números 23, 28, 29, 41, 42, 45 a 47 y 51.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 5; en contra, 294; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 24 y 43.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 5; en contra, 272; abstenciones, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 26, 27 y 30.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 99; en contra, 188; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas de UPyD.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 5; en contra, 280; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación en bloque de las enmiendas de La Izquierda Plural.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 118; en contra, 183; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Enmienda 65.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 119; en contra, 177; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 67.


Comienza la votación. (Pausa).

Página 132

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 117; en contra, 179; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 69 y 71.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 28; en contra, 273; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 70.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 14; en contra, 281; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas de CiU.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 116; en contra, 183; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Socialista. Enmienda 56.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 91; en contra, 193; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 57.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 115; en contra, 183; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 58 a 61.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 118; en contra, 182; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 62 y 63.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 94; en contra, 178; abstenciones, 32.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votos particulares del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, voto particular número 1, en lo relativo a la enmienda número 83.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 123; en contra, 176; abstenciones, 5.

Página 133

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Voto particular número 1, en lo relativo a la enmienda número 87.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 125; en contra, 175; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Y voto particular número 1, en lo relativo a la enmienda número 88.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 127; en contra, 175; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Vamos a votar ahora el dictamen de la Comisión.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 177; en contra, 127; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a realizar la votación de conjunto del proyecto de ley, al tener carácter de orgánica. Hay dos votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más 2 votos telemáticos, 308; a favor, 178 más 1 voto telemático, 179; en contra, 127 más 1 voto telemático, 128; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley orgánica.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


— PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES. (Número de expediente 121/000128).


El señor PRESIDENTE: Vamos ahora con la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, presentadas por los Grupo Mixto (señora
Fernández Davila, señora Ariztegui y señora Jordà); de la Izquierda Plural, el Grupo Socialista, Unión Progreso y Democracia y Vasco (EAJ-PNV). Hay dos votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297 más 2 votos telemáticos, 299; a favor, 117 más 1 voto telemático, 118; en contra, 175 más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad.


AVOCACIÓN POR EL PLENO:


El señor PRESIDENTE: Votamos la solicitud de avocación por el Pleno de la deliberación del proyecto de ley. Hay dos votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más 2 votos telemáticos, 308; a favor, 125 más 1 voto telemático, 126; en contra, 181 más 1 voto telemático, 182.


El señor PRESIDENTE: No se debatirá en el Pleno.

Página 134

— PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA. (Número de expediente 121/000131).


El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, presentadas por los grupos parlamentarios Catalán
(Convergència i Unió) y Mixto (señor Tardà). Hay dos votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más 2 votos telemáticos, 308; a favor, 29; en contra, 184 más 2 votos telemáticos, 186; abstenciones, 93.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


AVOCACIÓN POR EL PLENO:


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora la avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación de este proyecto. Hay dos votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más 2 votos telemáticos, 308; a favor, 304 más 1 voto telemático, 305; en contra, 2 más 1 voto telemático, 3.


El señor PRESIDENTE: Se deliberará en Pleno.


— PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente 121/000133).


El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, presentadas por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
Socialista y Mixto (señor Tardà). Hay dos votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más 2 votos telemáticos, 308; a favor, 104 más 1 voto telemático, 105; en contra, 193 más 1 voto telemático, 194; abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


AVOCACIÓN POR EL PLENO:


El señor PRESIDENTE: Votación de avocación por el Pleno de este proyecto de ley. Hay dos votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305 más 2 votos telemáticos, 307; a favor, 128 más 1 voto telemático, 129; en contra, 175 más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000134).


El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, presentadas por los grupos parlamentarios
Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Socialista, de UPyD y Vasco (EAJ-PNV). Hay dos votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305 más 2 votos telemáticos, 307; a favor, 126 más 1 voto telemático, 127; en contra, 179 más 1 voto telemático, 180.

Página 135

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


AVOCACIÓN POR EL PLENO:


— PROYECTO DE LEY DE AUDITORÍA DE CUENTAS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 121/000129).


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar tres solicitudes de avocación presentadas por el Grupo Socialista a otros tantos proyectos de ley, que no han sido objeto de debate de totalidad, al no haberse presentado a los mismos enmiendas de ese
tipo.


Solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley de auditoría de cuentas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Hay dos votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303 más 2 votos telemáticos, 305; a favor, 127 más 1 voto telemático, 128; en contra, 176 más 1 voto telemático, 177.


El señor PRESIDENTE: No será deliberado en Pleno.


— PROYECTO DE LEY DE RECUPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 121/000136).


El señor PRESIDENTE: Solicitud de avocación para el proyecto de ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Hay dos votos emitidos
telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303 más 2 votos telemáticos, 305; a favor, 125 más 1 voto telemático, 126; en contra, 176 más 1 voto telemático, 177; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: No se avocará a Pleno.


— PROYECTO DE LEY DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO–LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO), PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 121/000137).


El señor PRESIDENTE: Solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. (Procedente del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero).


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304 más 2 votos telemáticos; 306; a favor, 127 más 1 voto telemático, 128; en contra, 177 más 1 voto telemático, 178.


El señor PRESIDENTE: No se avoca a Pleno.


Se levanta la sesión.


Eran las nueve y cinco minutos de la noche.


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