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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 260, de 18/02/2015
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 260

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 243

celebrada el miércoles,

18 de febrero de 2015



ORDEN DEL DÍA:


Preguntas ... (Página6)


Interpelaciones urgentes:


— Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para dar una solución rápida, transparente y efectiva a los perjudicados por la salida a Bolsa de Bankia, a fin de que recuperen lo
perdido y se depuren las correspondientes responsabilidades. (Número de expediente 172/000291) ... (Página28)


— Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para erradicar el aumento de la discriminación contra las mujeres en España. (Número de expediente 172/000285) ... href='#(Página34)'>(Página34)


— Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre situación, desarrollo y perspectivas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. (Número de expediente 172/000289) ... href='#(Página40)'>(Página40)


— Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Bosch), sobre recortes económicos a realizar en el poder político y transparencia en el gasto público. (Número de expediente 172/000290) ... (Página46)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


— Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la nueva regulación de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. (Número de expediente 173/000195) ... (Página51)


— Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de que la política cultural del Estado contemple la inmediata reducción del IVA a los productos y actividades culturales y deportivos. (Número de expediente
173/000196) ... (Página60)



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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Preguntas ... (Página6)


Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Tiene usted voluntad de llegar a acuerdos parlamentarios con nuestro Grupo en el proyecto de ley de hidrocarburos
y en especial en todo lo relativo al hub de gas? (Número de expediente 180/001201) ... (Página6)


De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cree usted que su Gobierno está haciendo lo necesario para garantizar la igualdad entre
españoles? (Número de expediente 180/001204) ... (Página7)


Del diputado don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué valoración hace el presidente del Gobierno del aumento de la desigualdad salarial en nuestro país?
(Número de expediente 180/001205) ... (Página8)


Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Cómo valora el Gobierno el resultado de su política fiscal en el sector cultural?
(Número de expediente 180/001206) ... (Página10)


De la diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué intenciones tiene el Gobierno respecto a la privatización del registro civil? (Número de expediente 180/001207)
... (Página11)


Del diputado don Alberto Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cómo explica la asignación de los fondos de convergencia a
Andalucía? (Número de expediente 180/001202) ... (Página13)


Del diputado don Joaquín Francisco Puig Ferrer, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Considera el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que la Comunitat
Valenciana está siendo tratada justamente por el Gobierno? (Número de expediente 180/001208) ... (Página14)



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Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cree que sus continuas filtraciones sobre información tributaria ayudan a mejorar la conciencia
fiscal de los españoles? (Número de expediente 180/001209) ... (Página16)


Del diputado don Joan Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cuál es la posición del Gobierno en relación con los principales riesgos de desviación en el
objetivo de estabilidad de 2015 —y en concreto, en los escenarios de ingresos— contenidos en el informe de la Airef para la Comunidad Autónoma de Cataluña? (Número de expediente 180/001210) ... (Página17)


Del diputado don Martí Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Cuándo se iniciarán las conversaciones entre la Administración General del
Estado y la Generalitat de Cataluña para el traspaso total de la gestión de las becas en Cataluña, tal como ha determinado el Tribunal Constitucional? (Número de expediente 180/001203) ... (Página18)


Del diputado don Felipe Jesús Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Tiene intención el Gobierno de adoptar alguna medida que favorezca al mundo
rural en Andalucía ante las malas cosechas de este año? (Número de expediente 180/001214) ... (Página20)


Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Considera el Gobierno que su política económica favorece el incremento de los españoles en riesgo
de pobreza? (Número de expediente 180/001211) ... (Página21)


De la diputada doña Leire Iglesias Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Tiene intención el Gobierno de adoptar alguna medida para evitar desahucios en viviendas de
protección pública? (Número de expediente 180/001212) ... (Página23)


De la diputada doña Pilar Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Cree el Gobierno que con su política las familias españolas llegan mejor a fin de mes? (Número de
expediente 180/001213) ... (Página24)


De la diputada doña Rosa Delia Blanco Terán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Va a hacer algo para evitar la privatización del sistema público de salud de la
Comunidad de Madrid? (Número de expediente 180/001195) ... (Página25)



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De la diputada doña Marta González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Cómo beneficia la reforma fiscal a las familias españolas? (Número de expediente
180/001215) ... (Página27)


Interpelaciones urgentes ... (Página28)


Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para dar una solución rápida, transparente y efectiva a los perjudicados por la salida a Bolsa de Bankia, a fin de que recuperen lo
perdido y se depuren las correspondientes responsabilidades ... (Página28)


Formula la interpelación urgente el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado).


Replica el señor Anchuelo Crego y duplica el señor ministro de Economía y Competitividad.


Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para erradicar el aumento de la discriminación contra las mujeres en España ... (Página34)


Formula la interpelación urgente la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui).


Replica la señora De las Heras Ladera y duplica el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.


Del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre situación, desarrollo y perspectivas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ... (Página40)


Formula la interpelación urgente la señora Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista.


En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui).


Replica la señora Carcedo Roces y duplica el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.


Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Bosch), sobre recortes económicos a realizar en el poder político y transparencia en el gasto público ... (Página46)


Formula la interpelación urgente el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto.



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En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).


Replica el señor Bosch i Pascual y duplica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página51)


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la nueva regulación de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales ... (Página51)


Defiende la moción la señora Costa Palacios, del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Álvarez Sostres y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Errekondo Saltsamendi, del mismo grupo, y el señor Barberà i
Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y las señoras García Álvarez, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Costa Palacios.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de que la política cultural del Estado contemple la inmediata reducción del IVA a los productos y actividades culturales y deportivos ... href='#(Página60)'>(Página60)


Defiende la moción la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Pezzi Cereto, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Pérez Fernández, Jordà i Roura y Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cantó García del Moral,
del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Carreño Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra la señora Surroca i Comas.


Se suspende la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.



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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


PREGUNTAS:


— DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿TIENE USTED VOLUNTAD DE LLEGAR A ACUERDOS PARLAMENTARIOS CON NUESTRO GRUPO EN EL PROYECTO DE LEY DE
HIDROCARBUROS Y EN ESPECIAL EN TODO LO RELATIVO AL HUB DE GAS? (Número de expediente 180/001201).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Aitor Esteban, del Grupo Vasco, PNV.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias.


Señor presidente, quiero hablarle de una ley en trámite en esta Cámara, una ley importante, la de hidrocarburos, y me gustaría hacer hincapié en esta pregunta de control en lo que concierne al sector gasístico, hoy un sector claramente de
futuro, pero por el que hace unas décadas pocos hicieron una apuesta. En este sentido la Comunidad Autónoma vasca la hizo, tiene una trayectoria grande en este sector, desde la plataforma Gaviota de extracción de gas hasta la creación de las Bahías
de Bizkaia, unas sociedades que hicieron del puerto de Bilbao un puerto de referencia en el ámbito del gas; la creación pública de hidrocarburos Shesa, la creación de la empresa Gas de Euskadi y la conexión energética de los edificios del país, de
la Comunidad Autónoma vasca, basándose en el gas, el 90 % de los edificios de la comunidad autónoma están hoy conectados a la red gasística. No solo es eso, sino que existe un hub de gas que en estos momentos ya está funcionando, de ahí nuestro
especial interés en que se tenga en cuenta toda esta trayectoria a la hora de aprobar la ley.


Del texto de su ley, del texto que nos ha llegado en el proyecto, parece configurarse otro hub partiendo de la nada, y yo creo que hay ámbito para la discusión y para la negociación, empezando por la ubicación, el lugar de ubicación del
propio hub, insisto, hay uno localizado en Bilbao que ya está en marcha, y continuando por la distinción de operaciones a corto y largo plazo, operaciones a corto que, a nuestro entender, también en esa ley tienen un plazo demasiado largo para lo
que es el mercado internacional y deberían reducir su plazo a un par de días; o también habría que hablar sobre la participación del propio sector público en la configuración del hub. En definitiva, hay un conocimiento, hay una trayectoria, un
trabajo ya hecho. Su Gobierno está al corriente, pero hasta el momento no ha habido ningún movimiento. Hay mucha discusión entre actores privados pero no entre actores públicos, y creo que ha llegado el momento y es cuanto antes necesario.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Esteban.


Efectivamente, la ley de hidrocarburos es una ley importante porque es fundamental recuperar la competitividad de la economía española y la energía es básica para la competitividad industrial. Por eso hemos hecho una reforma del sector
eléctrico, que usted conoce, para tener costes energéticos razonables y para garantizar la estabilidad del sistema, y ahora tenemos en las Cortes —como usted recordaba aquí— el proyecto de ley de hidrocarburos que tiene los mismos objetivos. Llegar
a acuerdos es algo que nos gustaría. Como usted sabe, el proyecto incluye muchas medidas para fomentar la competencia, para garantizar el suministro y la transparencia, y una de esas medidas es la creación del mercado secundario organizado de
entrega física, que determinará un precio conocido por todos por primera vez en España, que es a lo que usted se refiere y por lo que usted se ha interesado en su intervención.


Nosotros creemos que la creación del mercado organizado del gas mejorará los niveles de transparencia y de competencia efectiva del mercado e impulsará el mercado ibérico de gas a partir de la integración de los mercados de España y
Portugal. Se ha previsto que este operador, que será responsable de la gestión del sistema de ofertas de compra y venta de gas, garantice unas condiciones de participación transparentes y no discriminatorias en beneficio de todos. Para el Gobierno
este mercado es esencial; garantizar su independencia es algo imprescindible. Por eso se ha fijado, como usted recordaba aquí, una composición accionarial y, como saben, ese reparto en el que participarán las sociedades que ahora gestionan el



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Mercado Ibérico de Electricidad y los gestores técnicos de los sistemas gasistas español y portugués en ningún modo impide que participen otros agentes del sector y otras empresas o inversores financieros. Por lo demás, con esta misma
norma, como usted sabe también, se deja espacio para que cualquier otra iniciativa, por ejemplo el Iberian Gas Hub, al que usted se ha referido, pueda organizar libremente otros mecanismos de negociación, los mercados de futuro, otros derivados, en
general, los mercados no organizados.


En cualquier caso, si se formulan propuestas sensatas con dicho objetivo, el Gobierno está dispuesto a hablar porque es verdad lo que usted señalaba en la exposición de motivos de su pregunta, que es la tradición que en materia gasística
existe hoy en día en el País Vasco.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, le agradezco sus palabras y la disposición al diálogo. Lo único es que urgen ya los plazos, el movimiento se demuestra andando, así que, por favor, si hay algo de real —y creo que sí— en sus
palabras, las discusiones tienen que empezar ya; tiene que ser fijada una reunión urgentemente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


— DE LA SEÑORA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE USTED QUE SU GOBIERNO ESTÁ HACIENDO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD ENTRE
ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/001204).


El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al señor presidente del Gobierno la diputada doña Rosa Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor Rajoy, usted es consciente de que, como consecuencia de sus malas decisiones, 4 millones de españoles no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Usted es consciente de que, según un informe de
la Organización Mundial de la Salud, la pobreza energética causa más de 7.000 muertes prematuras al año. Usted es consciente de que el 51 % de los desempleados no tienen ningún tipo de cobertura, cinco puntos más que cuando usted llegó al Gobierno.
Usted es consciente de que, como consecuencia de sus malas políticas, en España hay 13 millones de ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión. Usted es consciente de que, como consecuencia de sus malas políticas, hay 1.800.000 hogares en los que
todos sus miembros están en paro. Duro, ¿verdad, señor Rajoy? Lo que yo me pregunto es, sabiendo que esto es así por sus malas decisiones, ¿cómo puede usted dormir tranquilo? (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Garantizar la igualdad de los españoles sin discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal es uno de los objetivos fundamentales de este Gobierno y también promover las
condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Tan empático como siempre, señor presidente. (Rumores.—Varios señores diputados: ¡Oh!). Señor Rajoy, no utilice usted ni los números ni esa palabrería hueca y hasta descortés para con los que sufren, no para esta
portavoz; no utilice las palabras para tapar la cruda realidad. Sabe usted, señor presidente, que primero se corrompe el lenguaje y después se corrompe la política. Usted lo sabe bien. Usted sabe que desde que llegó al Gobierno lo único que
crece en España es



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la desigualdad, la injusticia, el paro, la pobreza. Lo único que crece es la desigualdad entre españoles; crece entre generaciones, crece entre territorios, crece entre hombres y mujeres.


¿No le da vergüenza, por ejemplo, que una mujer tenga que trabajar setenta y nueve días más que un hombre para estar en sus mismas condiciones salariales? Setenta y nueve días más a lo largo de un año, que son más de once años a lo largo de
su vida laboral para cobrar la misma pensión.


Ya sé que usted carece de empatía con los que sufren, es lo que tiene el plasma, señor Rajoy, pero recuerde que la desigualdad es ineficiente y que cuanto más desigual es un país más pobreza, menos oportunidades y peor viven todos porque el
país progresa mucho menos. Así que, aunque no preste usted atención al sufrimiento de los ciudadanos —que sé que usted no presta atención al sufrimiento de la gente—, aunque no reaccione por eso, reaccione aunque sea por egoísmo. No nos haga más
daño, no haga más daño a los españoles en el tiempo que le queda.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): El Gobierno defiende la igualdad de derechos de todos ante la ley, la igualdad de acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades, y para eso trabajamos. Le daré algunos
ejemplos. En materia de educación, hemos reducido en tres años la tasa de abandono educativo temprano del 26,3 % al 21,9 %, hemos aprobado la nueva Ley de Educación y hemos dedicado dentro del presupuesto la mayor cuantía de la historia en materia
de becas. Aquí hay una apuesta por la igualdad de oportunidades. En materia de empleo, como usted sabe, el desempleo es el mayor factor de desigualdad en nuestro país. El año pasado por primera vez en seis años se han creado en España más de
400.000 puestos de trabajo, espero que este año sean 600.000, con lo cual en los dos últimos años se habrán creado en España un millón de puestos de trabajo, que es el mayor golpe, en este caso positivo, que se le puede dar a la desigualdad entre
españoles. En materia de acceso a los servicios públicos, la sanidad es universal, gratuita y pública para todos. Lo mismo ocurre con el sistema de pensiones, la gente recibe sus pensiones en función de lo que ha cotizado, salvo las pensiones no
contributivas. Y lo mismo ocurre en materia de educación. No hay desigualdad en el acceso a los servicios públicos.


Es muy importante el empleo para las mujeres. Desde el año 2005 no se creaba empleo para mujeres en España. En el último año han sido 193.000 los empleos creados y eso también es un avance importante a la hora de lograr la igualdad entre
todos los ciudadanos. El Gobierno también ha adoptado medidas en materia de víctimas de violencia de género. Hemos tomado decisiones en materia de pobreza, desigualdad y exclusión social. Si usted ve la evolución de los índices que determinan la
desigualdad en un país, como es el 80/20, el índice Gini y la tasa de pobreza, verá que están mejorando en los dos últimos años, 2013 y 2014. Por último, en materia territorial, las medidas que hemos tomado en materia de unidad de mercado
contribuyen a la igualdad entre los españoles, el Fondo de liquidez autonómica y el Plan de pago a proveedores tienen un objetivo fundamental, destinándose como se destinan fundamentalmente a pagar la sanidad, la educación, los servicios sociales y
a los proveedores. Y es que todos los ciudadanos, vivan en el lugar de España en el que vivan no tienen que sufrir las consecuencias de la mala situación económica de una autonomía y puedan tener acceso por igual a los servicios públicos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


— DEL DIPUTADO DON PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD SALARIAL EN NUESTRO PAÍS?
(Número de expediente 180/001205).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Pedro Sánchez del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, el próximo día 22 de febrero se celebra el Día internacional contra la desigualdad salarial. Me gustaría que hiciese usted una valoración del impacto que tienen sus políticas sobre la desigualdad salarial entre hombres y
mujeres. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): El mayor aumento de la desigualdad salarial en nuestro país es el que provoca el paro. Por tanto, la mejor política contra la desigualdad salarial es la creación de empleo. Tras seis años de
destrucción de empleo en nuestro país, por primera vez el año pasado se han generado 400.000 puestos de trabajo en nuestro país. También, como le decía antes a la señora Díez, por primera vez en mucho tiempo —desde el año 2005, concretamente—,
193.000 mujeres consiguieron un puesto de trabajo el pasado año. Por tanto, crear empleo es el mejor antídoto contra la discriminación salarial, además de algunas medidas que hemos adoptado a lo largo de estos tres últimos años, que, sin duda
alguna, contribuyen a reducir, como todos deseamos, la brecha salarial entre hombres y mujeres.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


Señor Sánchez.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor Rajoy, por su respuesta.


Hace treinta años, usted dejó escrito que acortar las diferencias salariales era una suerte de envidia igualitaria y créame, señor presidente, que me importa más bien poco lo que usted escribió hace treinta años, lo que me preocupa es que
hoy legisla con la mentalidad de hace treinta años. Usted dijo, señor presidente, que iba a ser el presidente del Gobierno de todos los españoles, pero se ha olvidado del 50 % de la población, porque usted y su Gobierno legislan contra el 50 % de
la población española (Rumores), es decir, contra las mujeres españolas. (Protestas). Sí, sí lo hacen. La prueba del algodón la tienen en que durante estos tres años y medio se ha retrocedido diecisiete puestos en el índice global de desigualdad
de género como consecuencia de sus políticas, no de la crisis, señor Rajoy, de sus políticas.


Hace usted referencia a la reforma laboral. Lo mejor para crear empleo, señor Rajoy, es no destruirlo y, como consecuencia de su reforma laboral, se han destruido 162.000 puestos de trabajo en mujeres, señor Rajoy; el 70 % de los contratos
a tiempo parcial en este país están en manos de mujeres, en su mayoría de manera involuntaria. También con la reforma del sistema público de pensiones, señor Rajoy, señorías, lo que ha ocurrido es lo siguiente y es que las mujeres pensionistas
están cobrando un 39 % menos. ¿Se imagina usted, señor Rajoy, lo supone vivir con 700 euros al mes? Eso es lo que cobran, señor Rajoy, 2 millones de mujeres en este país. Sus recortes en servicios sociales, en dependencia y también en educación
de cero a tres años ha hecho lo imposible, ha conseguido lo imposible, señor Rajoy, y es que en cuarenta años se haya producido por primera vez durante estos dos últimos años una caída en la población activa femenina de 70.000 mujeres. Cuando
hablamos, señor Rajoy, de desigualdad y de brecha salarial, le digo lo siguiente, y es que las mujeres cobran un 24 % menos que sus compañeros varones. Nosotros le pedimos que se apruebe una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres y
ustedes dicen que no; dicen que no, probablemente por esa idea que tienen de que sea envidia igualitaria, pero la diferencia entre ustedes y nosotros, es decir, entre la derecha y la izquierda, es que a lo que ustedes llaman envidia igualitaria
nosotros lo llamamos simple y llanamente equidad. (Un señor diputado: ¡Muy bien!—Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Sin duda hay algunas diferencias entre ustedes y nosotros, pero probablemente la más importante es que, cuando ustedes gobiernan, hacen exactamente lo contrario de lo que usted ha dicho hoy.
(Rumores y protestas.—Aplausos). Eso ya es habitual. Ayer publicaba el Parlamento Europeo un estudio sobre la desigualdad salarial en Europa, que comprendía el periodo 2006-2011 —serían los datos de los que disponían—, y durante este periodo la
desigualdad se incrementó en dieciocho de los veintiséis países de la Unión Europea; el país donde más se incrementó, gobernando el Partido Socialista Obrero Español, es decir, ustedes, fue España. (Rumores). Ustedes me hablan de recortes, de
discriminación salarial y de toda suerte de discriminaciones, pero en la última legislatura —creo recordar— más de un millón de mujeres perdieron su puesto de trabajo en España mientras que el año pasado 198.000 mujeres consiguieron un puesto de
trabajo después de que el paro entre las mujeres estuviera aumentando ininterrumpidamente desde el año 2005.



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No me hable de recortes de las pensiones, porque los únicos que han recortado las pensiones en España han sido ustedes; yo no he congelado las pensiones nunca en nuestro país. (Rumores.—Aplausos). Ni usted ni yo fijamos los salarios de
nadie, eso es consecuencia de acuerdos entre las partes, fundamentalmente sindicatos y organizaciones empresariales, pero sí hay algunas políticas que podemos hacer para ayudar a la gente a que viva mejor. Primero, las políticas que crean empleo, y
hoy, por fortuna, después de muchos años, en nuestro país se crea empleo. Posteriormente, políticas que controlen la inflación para que la gente pueda mantener su nivel adquisitivo, y hoy la inflación y los precios están por debajo de cero mientras
que cuando ustedes gobernaban subían por encima del 3 %. Después, impuestos justos, y con la reforma fiscal que hemos hecho hace que muchísimas personas, las que menos ganen, estén en una situación mejor. Por último, medidas de discriminación
positiva. Dentro de breves fechas, vamos a aprobar el plan de la igualdad hombre y mujer en el ámbito laboral y contra la discriminación… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


— DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL RESULTADO DE SU POLÍTICA FISCAL EN EL SECTOR
CULTURAL? (Número de expediente 180/001206).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. Pregunta el diputado don Antonio Hernando, del Grupo Socialista.


El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, ¿qué balance hace el Gobierno del impacto de su política fiscal en el sector cultural?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Hernando, el objetivo y el resultado de la política fiscal del Gobierno ha sido reducir el déficit público que nos dejaron y mantener los pilares del Estado del bienestar; y de paso iniciar la recuperación, la creación de empleo e
incentivar el consumo. No ha sido fácil subir los impuestos, pero había que arreglar muchos de los problemas que nos dejaron. Y a medida que hemos ido arreglando esa situación, hemos podido adoptar medidas que puedan beneficiar al sector de la
cultura.


Las ayudas a la producción cinematográfica ahora son estables y no es necesario, por tanto, su prórroga anual. Se han incrementado las deducciones, se han ampliado las actividades. También se han creado nuevas deducciones para que haya
producciones grandes en el territorio español y más para los espectáculos de las artes escénicas y de la música. Y hemos dado un impulso al mecenazgo no solo porque se han ampliado las deducciones en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades, sino
porque se ha regulado el micromecenazgo, que permite deducciones de hasta el 75 %. Cuando se ha iniciado la recuperación, hemos empezado a tomar medidas para revertir la situación y no tenga ninguna duda de que seguirá la recuperación y seguiremos
tomando más medidas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Señor Hernando.


El señor HERNANDO VERA: Señora vicepresidenta, como usted bien sabe, el sector cultural representa el 3,4 % del PIB, el 2,8 % del empleo, 500.000 empleos aproximadamente. La subida del IVA del 8 % al 21 % supuso una subida de precios
también del 13 % y, por lo tanto, la caída de espectadores en teatros, en cines y en otros espectáculos. En Alemania el IVA cultural es del 7 %; en Francia es del 5,5 %; en Italia es del 10 %, y en Portugal es del 13 %. Aquí estamos por encima
de todos ellos.


Las empresas culturales españolas enviaron en julio de 2014 una carta al presidente del Gobierno diciéndole lo que esto suponía para el sector cultural: pérdida de empleos, pérdida de la capacidad de



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producir, pérdida de tejido empresarial, de talento local e incluso emigración y exilio de los creadores. La alfombra roja se pone una vez al año, pero los 364 días restantes sus políticas han dado al traste con el empleo de carpinteros,
pintores, electricistas, maquilladores, guionistas, músicos… Las cifras son dramáticas: más de 150 salas cerradas en los últimos años, tres de cada cuatro actores y actrices en desempleo y el 68 % de ellos ni tan siquiera pueden vivir dignamente de
su trabajo. Y, sin embargo, el ministro de Cultura nos decía que la última EPA refleja un aumento del empleo en el sector cultural. Lo que no nos dice es que esa encuesta, entre otras cosas, también acoge la fabricación de productos tecnológicos.


El 2014 ha sido un buen año para el cine español, excelente: un 25 % de cuota de pantalla. Pero ha sido un año de éxito a pesar del Gobierno y de sus políticas, señora vicepresidenta. (Rumores.—Protestas). Ha sido un buen año por el
sacrificio de los profesionales y por su talento. Porque el cine español, como los emprendedores o como las familias españolas, lucha contra la crisis, pero sin el apoyo del Gobierno, a pesar del Gobierno. Usted, hace un año, en febrero del 2014,
decía que iban a bajar el IVA cultural. Un año después eso no ha ocurrido, ¿y cuántas empresas más tienen que desaparecer para que ustedes bajen el IVA de una vez por todas? Y la cuestión, señora vicepresidenta y señor Montoro, es: ¿tanta
destrucción cultural ha merecido la pena a cambio de una recaudación?


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señor Hernando, si toda la marcha de un sector se debe al IVA, quiero recordarle una cosa: su Gobierno es el mayor experto en subir el IVA. Lo
subieron en 1986, dos veces en 1992, una en 1993, otra en 1995, y la última en el 2010, para todos los sectores, para la cultura y para todos los demás, señor Hernando. Eso después de bajar el impuesto sobre el patrimonio y para acabar congelando
las pensiones. Este es el resultado de su política fiscal. Ahora dicen ustedes que van a bajar el IVA a la cultura, primero al 10 %, después, como están a la baja, al 5 %, y me gustaría, señor Hernando, que dejara de engañar al sector de la
cultura y que explique cómo piensa usted pactar con Bruselas que haya en España tres tipos reducidos.


Señor Hernando, la cultura y otros sectores también dependen del resultado de la economía y la nuestra se va recuperando. Por eso en el 2013 los libros con el mismo IVA iban a la baja y por eso en el 2014, además del talento que yo le
reconozco, el cine español, y también la venta de música, va al alza. Con lo que no todo, señor Hernando, es la política fiscal del IVA, es la política en general y de eso —permítame que le diga— este Gobierno ha demostrado que sabe mucho más que
ustedes. Ustedes hacían política fiscal para salir del paso y ahí está el agujero que todavía estamos pagando. Nosotros hemos hecho política fiscal para salir de la crisis, y la seguiremos haciendo, para la cultura y para todos los sectores
económicos de este país, que buena falta hace después de su paso por el Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.


— DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ INTENCIONES TIENE EL GOBIERNO RESPECTO A LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL? (Número de expediente 180/001207).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia y que formula la diputada doña Rosa Aguilar, del Grupo Socialista.


La señora AGUILAR RIVERO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿qué intenciones tiene el Gobierno respecto a la privatización del Registro Civil?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.


Señora Aguilar, me pregunta usted sobre qué intenciones tiene el Gobierno respecto a la privatización del Registro Civil. Ninguna, absolutamente ninguna. Como tuve ocasión de manifestar en esta tribuna en



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diciembre cuando el debate de totalidad del proyecto de ley de reforma del Registro Civil, lo que pretende el Gobierno es modernizar un servicio público, garantizar su naturaleza de servicio público y hacerlo un servicio propio del siglo XXI
superando todos los problemas que ciertamente tiene hoy el Registro Civil.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor ministro, han engañado a los ciudadanos. Prometieron que lo recaudado por tasas judiciales iban a destinarlo a justicia gratuita. Más de 500 millones de euros han recaudado y ahora dice usted que no sabe el
destino que a ese dinero le han dado. Vendrá el señor Rajoy en el debate sobre el estado de la Nación a anunciarnos algo sobre las tasas judiciales y el tasazo solo cabe derogarlo. Además, señor ministro, han ocultado que hay más de 150.000
expedientes de nacionalidad paralizados en el Colegio de Registradores porque ustedes no han renovado la encomienda que cumplió en diciembre de 2013, los ciudadanos están esperándolos y esto es un auténtico escándalo. Ahora, con una sospechosa
prisa quieren privatizar el Registro Civil y para ello, señor ministro, ha dictado una orden ministerial ilegal que se fundamenta en una falsedad. Ha puesto fecha de culminación de la privatización, el 15 de julio, la privatización de un servicio
público esencial para la ciudadanía, que afecta a las personas, a nuestra privacidad, a nuestra intimidad y eso es una auténtica irresponsabilidad.


Explique qué interés tienen en privatizar. ¿Qué se esconde detrás de esta operación, señor ministro? Porque todos están en contra, los operadores jurídicos, los sindicatos, las asociaciones de consumidores, los grupos parlamentarios de la
oposición y los registradores, especialmente, dicen que no quieren llevar el Registro Civil, que es irracional, que no lo han pedido y que no están de acuerdo. Se van a perder empleos, van en dirección contraria a Europa y ningunean a las
comunidades autónomas. Por si fuera poco, su privatización la acabarán pagando los ciudadanos de su bolsillo, a los que una vez más con sus políticas van a perjudicar.


Señor ministro, esta operación huele muy mal, huele a negocio para unos pocos. La falta de transparencia y la opacidad son sus señas de identidad. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aguilar.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.


Señoría, fue esta Cámara la que aprobó la Ley 20/2011 por unanimidad para desjudicializar el Registro Civil. ¿Qué significa desjudicializar el Registro Civil? ¿Que lo sigan llevando los funcionarios de la Administración de Justicia o
buscar una alternativa eficaz, de calidad, de garantías, que garantice el servicio público? Ustedes están falseando el debate cuando hablan de privatizar porque nosotros estamos planteando encomendar a unos funcionarios públicos la llevanza del
Registro Civil. ¿Qué son los registradores de la propiedad? Puede usted leer la Ley Hipotecaria, las sentencias del Tribunal Constitucional. No son más que funcionarios públicos retribuidos por otro sistema distinto, que es el del arancel, pero
no por eso dejan de ser funcionarios públicos. Por lo tanto, que el registro lo lleven los registradores civiles y mercantiles y de la propiedad no es otra cosa más que llevar a través de funcionarios un servicio garantizado con calidad.


El 50 % de las quejas que se presentan hoy ante el Defensor del Pueblo por el mal funcionamiento de la justicia tienen que ver con el Registro Civil. ¿A ustedes les parece que es un ámbito jurisdiccional?, ¿es propio de los jueces hacer
anotaciones de nacimientos, de defunción o de capitulaciones matrimoniales?, ¿tiene eso algún sentido? Estamos buscando un sistema eficaz, un sistema que garantiza el empleo, que está pactado con las comunidades autónomas y con los sindicatos y
que va a garantizar el empleo. Y como tenemos aquí en esta Cámara el proyecto de ley (ayer se acordó la ampliación del plazo de enmiendas durante una semana), estaremos encantados de conocer sus enmiendas. A fecha de hoy, no han presentado ni una
sola enmienda para mejorar el proyecto de ley. ¿Cuál es su propuesta?, ¿qué lo lleven los secretarios judiciales?, ¿qué lo lleven los jueces?, ¿quién lo tiene que llevar? No conocemos su propuesta todavía. La nuestra está acordada con el
Colegio de Registradores, que depende del Ministerio de Justicia; está pactada con los sindicatos para el mantenimiento del empleo y está pactada con las comunidades autónomas para garantizar que en todo el territorio funcione un registro civil de
calidad y



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propio del siglo XXI, que no es el que tenemos en la actualidad. En eso sí que estoy de acuerdo con usted. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


— DEL DIPUTADO DON ALBERTO GARZÓN ESPINOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CÓMO EXPLICA LA ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS DE CONVERGENCIA
A ANDALUCÍA? (Número de expediente 180/001202).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.


Pregunta, en primer lugar, el diputado don Alberto Garzón de Izquierda Plural.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Señor Montoro, cómo explica la asignación de fondo de convergencia a Andalucía.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garzón.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señorías, señor diputado, la asignación de los fondos de convergencia a Andalucía se realiza siguiendo los mismos criterios que se aplican a las demás comunidades autónomas y que están establecidos en la Ley 22/2009, que regula el sistema de
financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Señor Montoro, el sistema de financiación no solo es complejo sino bastante oscuro. Lo que tiene que hacer aquí y lo que nosotros le pedimos es que dé explicaciones sobre si le parece lógico que una comunidad,
como Andalucía, con una financiación por habitante de las más reducidas reciba al final 400 millones de euros de los fondos de convergencia que están muy por debajo, por ejemplo, de los 700 de Cataluña o los 1.000 de la Comunidad Valenciana.
Estamos hablando de lugares como Cataluña o la Comunidad Valenciana con una estructura productiva mucho más desarrollada e industrializada que Andalucía. No hablamos de cualquier fondo, hablamos de los fondos de convergencia, de los fondos que
tienen que permitir que, al final, en este Estado todas las comunidades sean igualitarias en su estructura productiva, en su riqueza, en su renta y en su financiación por habitante. No sé si le parece lógico, pero a mí y a nuestro grupo no le
parece en absoluto lógica esta cuestión. Es evidente que Andalucía tiene que modernizar su estructura productiva, pero no lo puede hacer sin financiación, no lo puede hacer si el Estado utiliza sus mecanismos como una camisa de fuerza para seguir
aplicando políticas de recortes en sanidad, en educación y en todos los servicios públicos.


Ustedes están utilizando el Estado para desguazar los servicios públicos de aquellas comunidades autónomas que todavía tienen una buena prestación de los servicios públicos como la sanidad y la educación. No solo no están ayudando, sino que
están desguazando. Además, cuando ustedes hacen un fondo como el FLA, saben perfectamente que Andalucía ha pagado 1.000 millones de euros en intereses al FLA. El Estado está haciendo negocio con Andalucía, y lo que necesita es ayuda, no una bota
en el cuello. Ahora mismo, que este Gobierno está yendo a Europa a decir que se enorgullece de las décimas del déficit, no las va a dedicar a lo que es el gasto social que es necesario en un momento de emergencia social, y este Gobierno debería
replantearse cuál es su política de desarrollo de la economía y de la sociedad. En estos momentos es cuando hay que atajar la crisis social. Usted debería dar explicaciones, independientemente de donde sea. Además, es de Jaén, es uno de esos
andaluces de Jaén, probablemente no de aquellos a los que se refería Miguel Hernández, pero tiene ese elemento de plus de que tiene que servir para explicar a los andaluces por qué este Estado no solo no ayuda a Andalucía, sino que le pone la bota
al cuello.


Muchas gracias. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garzón.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.


Señoría, cuando la izquierda evoca a nuestros poetas, a nuestros cantautores, está bien, además cuando les veo participar y cerrar esos actos descubriendo a García Lorca, a Miguel Hernández, por descontado participo y con mucho gusto. Por
eso le decía que soy el primer admirador de todo lo que ellos han representado y representan en espíritu, y por supuesto de los andaluces y de los jiennenses.


Dicho esto, he de manifestar que este Gobierno ha colaborado lealmente con la Junta de Andalucía en esta legislatura; eso no lo podrá negar nadie, nadie, ni Izquierda Unida presente en ese Gobierno de la Junta de Andalucía. Saben que hemos
facilitado la financiación que de otra manera no habría sostenido a nuestros servicios públicos; es decir, saben que si hoy hay muchos hospitales abiertos en Andalucía es por esos mecanismos de liquidez extraordinaria que ha facilitado el Gobierno
de España. Sin proveedores, sin FLA, sin aplazar las liquidaciones negativas no habría sido posible mantener la educación, no habría sido posible mantener las prestaciones sociales. Eso es gobernar para todos y gobernar para los ciudadanos que
tienen que tener igualdad de oportunidades a la hora de acceder a esos servicios sociales. Andalucía es de las comunidades autónomas que legítimamente más ha utilizado esos mecanismos, esos mecanismos que hacen que el 70 % del dinero dispuesto, en
torno a 10.500 millones de euros, haya ido a financiar fundamentalmente sanidad, educación y servicios sociales; eso es garantizar el Estado del bienestar. Hoy en Andalucía hay crecimiento económico y creación de empleo, más que en el resto de
España, y no se puede decir que lo haya gracias a una Junta de Andalucía que a lo que se ha dedicado es a criticar las políticas que están haciendo que Andalucía y España salgan de la crisis económica.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


— DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN FRANCISCO PUIG FERRER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE LA COMUNITAT
VALENCIANA ESTÁ SIENDO TRATADA JUSTAMENTE POR EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/001208).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que formula don Joaquín Puig del Grupo Socialista.


El señor PUIG FERRER: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Montoro, todos sus presupuestos han discriminado a la Comunidad Valenciana; sus inversiones nunca han pasado estos años del 6 % cuando somos el 11 % de la población; todos sus presupuestos han propiciado una financiación de 204 euros
menos de la media nacional al año para cada valenciano; y esta semana pasada además consumó la decisión de que la tercera capital de España tampoco tenga ninguna ayuda por transporte público.


Señor ministro, ¿considera que usted y su Gobierno están tratando de una manera decente a la Comunidad Valenciana?


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puig.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Desde luego que sí estamos tratando como se merece a la Comunidad Valenciana y a los valencianos.


Yo llamo a la oposición a que vean: se levanta uno y este Gobierno maltrata a Andalucía, se levanta otro y este Gobierno maltrata a la Comunidad Valenciana, se levanta otro y este Gobierno maltrata a La Rioja, ¿a quién trata mal este
Gobierno? (Varios señores diputados: A España.—Risas). A veces me hacen dudar ustedes de si el Gobierno de España es el de los españoles, es el de los vascos, es de los navarros, o si es un Gobierno que pasaba por aquí y gobierna para otra
constelación de ciudadanos inexistente. (La señora Blanco Terán: ¡Ahí, ahí!—Aplausos).



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Hemos financiado a la Comunidad Valenciana desde un reconocimiento, señor Puig. La Comunidad Valenciana junto a Murcia y Baleares está infrafinanciada por el modelo de financiación autonómica que aprobaron ustedes, el Gobierno socialista
(Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben), al que votó en contra el Grupo Parlamentario Popular. Y no nos ha dado tiempo a reparar eso, no nos ha dado tiempo en esta legislatura. Pero aprovecho esta pregunta para decirle que no le
quepa ninguna duda de que, superadas las elecciones autonómicas y municipales y con la recuperación económica encarrilada (Varios señores diputados: ¡Ah!), habrá pronto en España una financiación autonómica que garantice la igualdad de los
ciudadanos en el acceso a los servicios públicos.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor Puig.


El señor PUIG FERRER: Muchas gracias, señor presidente.


No solo maltratan a los valencianos, ¡maltratan a todos los españoles! Su Gobierno es maltratador de los españoles, de todos. (Aplausos). A algunos más y a otros menos, y a los que más, entre otros, a los valencianos. (Rumores). La
solución, señor Montoro, no pasa por el FLA ni por el Fondo a proveedores, y es una situación de urgencia. El problema real es la financiación autonómica, la solución de una financiación justa. Lo que usted ha conseguido es que, en estos momentos,
la Comunidad Valenciana sea la comunidad más endeudada de España, pero usted y sus amigos de Valencia, es verdad. Es verdad que la mala gestión también ha ayudado bastante, pero la solución es que usted cumpla la ley y modifique el sistema de
financiación, que es lo que corresponde. Además, su acción política en inversiones y en financiación ha llevado a que la Comunidad Valenciana en este tiempo de su Gobierno haya perdido nada más ni nada menos que casi un billón de las antiguas
pesetas, ha dejado de percibir 5.700 millones de euros. (La señora Blanco Terán: ¡Qué barbaridad!). Su acción política ha supuesto que la Comunidad Valenciana en estos momentos tenga el 12 % menos de renta per cápita que la media nacional, y su
acción política ha hecho que la Comunidad Valenciana en estos momentos tenga el 31 % de exclusión social. Esa es su política, señor Montoro.


Maltrata usted además a los valencianos desde la falta de diálogo. Los empresarios valencianos y los representantes valencianos han necesitado siete meses para que usted les reciba y les dice: sí, tienen razón, pero después no hace nada y
no va a resolverlo. Ese es el problema fundamental. Cumpla con la ley y cumpla con la Constitución, porque lo que el señor Rajoy ha dicho no es verdad, no… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


La Comunidad Valenciana es una de las regiones de España que mejor está aprovechando la salida de la crisis económica, y algo tendrán que ver los Gobiernos que estamos gestionando los recursos públicos de los ciudadanos a la hora de impulsar
esa recuperación económica. En la Comunidad Valenciana se ha creado más de la cuarta parte de los nuevos empleos creados en España en los quince últimos meses. Se está creando empleo, la afiliación a la cotización a la Seguridad Social está
creciendo por encima de la media nacional y hay muchos más emprendedores que están pagando el IVA y el pago fraccionado de los impuestos directos, de los que había en el año 2013. Algo está cambiando en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de
España: la recuperación económica y la creación de empleo.


Animo al Partido Socialista a que reconozca esa realidad, que no la empañe, porque parece que su objetivo político es lo contrario, pero la realidad se va imponiendo y ciertamente hay políticas económicas que empujan a los países a salir…


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.



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— DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CREE QUE SUS CONTINUAS FILTRACIONES SOBRE INFORMACIÓN TRIBUTARIA AYUDAN A MEJORAR LA
CONCIENCIA FISCAL DE LOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/001209).


El señor PRESIDENTE: Pregunta, que se formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, del diputado don Pedro Saura del Grupo Socialista.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señor Montoro, ¿cree que sus continuas filtraciones de información tributaria ayudan a mejorar la conciencia fiscal de los españoles?


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señor Saura, en el año 2014, el año pasado, se han llevado a cabo 99.580 actuaciones inspectoras en la Agencia Tributaria. ¿Es capaz usted de decirme a quiénes?, ¿quiénes son los contribuyentes, casi cien mil, que han sido inspeccionados?,
¿dónde están, por tanto, esas filtraciones?, ¿existen esas filtraciones o son informaciones que vienen muchas veces de los inspeccionados y de los asesores fiscales de los mismos que lo relatan a los medios de comunicación? No haga usted
afirmaciones gratuitas, de las que lleva unas cuantas en esta legislatura, y sopese la circunstancia, muy importante para la credibilidad de la Agencia Tributaria, de que es una de las grandes instituciones del Estado y que ninguna filtración
procede de la misma. Solo hubo una que fue un caso en la unidad de grandes contribuyentes y, por cierto, respecto al resultado de esa filtración todavía estamos esperando a que el Grupo Socialista pida perdón públicamente por las cosas que dijo a
ese respecto.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, su problema no solo es que hable, sino que además, y es lo más preocupante, es que filtra y amenaza; y amenaza con dosieres tributarios, siempre con información privilegiada por su parte, a tertulianos, a periodistas, a
políticos, eso sí, a políticos de otro signo político al suyo. Le voy a poner algunos ejemplos con algunas fechas de esas amenazas: el 13 de diciembre de 2012, objetivo de la amenaza: todos los medios de comunicación; el 23 de enero de 2013, el
objetivo: este humilde portavoz; el 19 de febrero de 2013: todos los actores; el 27 de febrero de 2013: todos los grupos de la oposición, menos lógicamente los que le interesaban a usted; el 11 de diciembre de 2013 le toca a todos los medios
de comunicación; el 9 de febrero de 2015, el objetivo: otros partidos que no están en esta Cámara.


Señor ministro, la Agencia Tributaria es el gran instrumento que tiene la sociedad española para luchar contra el fraude fiscal, pero desde que usted es ministro de Hacienda ha puesto a la Agencia Tributaria al servicio de su partido
político, al servicio del Partido Popular. Eso es indecente, eso es inmoral, eso es ilegal, y eso además forma parte de países retrasados, de países que forman parte de otro mundo. Este es un país moderno y lo que necesita es otro ministro de
Hacienda y otra forma de actuar. Señor ministro, sobre sus filtraciones: en el PSOE estamos pidiendo que se hagan públicos los nombres de todos los defraudadores y de todos los defraudadores de la amnistía fiscal, pero un día sí y otro día también
lo que se hacen públicos son los nombres de algunos defraudadores, de algunos de los que se han acogido a la amnistía fiscal, pero qué casualidad: los que a usted y a su partido le interesan. Como le digo, señor ministro, eso es indecente, eso es
inmoral, y eso además es ilegal, señor Montoro.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.


Señor ministro.



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El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.


El único que se tiene que sentir, ni siquiera amenazado, simplemente perseguido es el defraudador fiscal. Ese es el que debe temer las consecuencias de la aplicación de la ley, ¿o no debe ser así? Ya le he dicho que se han realizado casi
100.000 inspecciones el año pasado. ¿Cuánto ha aumentado la recaudación derivada de la lucha contra el fraude fiscal? Ha llegado al récord histórico, a 12.300 millones de euros. ¿Cuánta es la información acumulada en la Agencia Tributaria a
partir de la declaración tributaria extraordinaria y de las sucesivas regularizaciones propiciadas por la Ley 7/2012? ¿Cuánta es la información acumulada sobre bienes y derechos de contribuyentes españoles en el exterior? ¿Ha habido alguna ocasión
en la historia de la Hacienda pública donde se haya progresado tanto contra el fraude fiscal? A usted eso no le gustará, señor Saura: no sé por qué; tal vez porque usted participó en una Administración anterior que no lo hacía, pero eso
pregúnteselo a los responsables políticos de la Administración anterior, porque estos son hechos, cifras, no es un caso como el que dice usted… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


— DEL DIPUTADO DON JOAN RANGEL TARRÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPALES RIESGOS DE DESVIACIÓN EN EL
OBJETIVO DE ESTABILIDAD DE 2015 —Y EN CONCRETO, EN LOS ESCENARIOS DE INGRESOS— CONTENIDOS EN EL INFORME DE LA AIREF PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA? (Número de expediente 180/001210).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que formula el diputado don Joan Rangel, del Grupo Socialista.


El señor RANGEL TARRÉS: Señor ministro, el año 2015 va a ser un año peculiar para Cataluña en el ámbito presupuestario, y me explicaré. El Gobierno de la Generalitat ha elaborado dos presupuestos de ingresos: uno para contentar a su socio
de Esquerra Republicana de Catalunya, pero que depende fundamentalmente de usted; el otro para contentarle a usted y que depende fundamentalmente de la gestión que haga el Gobierno. En el primero esperan obtener un 10 % de los ingresos, fruto de
una negociación política con usted, con su Gobierno, y si el indicador es el resultado de la votación que tuvimos ayer sobre el Fondo de competitividad parece que vamos mal. En el segundo, en el que quieren contentarle a usted, los ingresos
procederían de la venta de activos y de concesiones, y si vemos la ejecución presupuestaria de 2014, tampoco es para echar cohetes. Nos gustaría conocer cuál de los dos da usted por bueno, si el contenido en el informe que figura en mi pregunta y
que doy por reproducida, o bien el que se contiene en el Plan económico-financiero que le han remitido. Como decimos en catalán, nos gustaría saber de quin mal hem de morir. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rangel.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señorías, señor diputado, el que vale es el aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el programado en el Plan económico-financiero y validado por nuestros órganos de representación autonómica y por el Gobierno de España,
presente en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por lo demás, Cataluña tendrá un ahorro derivado de su carga de intereses y de los nuevos mecanismos de financiación muy importante de cara al año 2015, a partir de los nuevos instrumentos
puestos en marcha por el último Consejo de Ministros del mes de diciembre del año pasado. Por tanto, desde la garantía de que este año el Estado va a financiar correctamente los servicios públicos de los catalanes, es de esperar que los
presupuestos de la Generalitat de Catalunya se dirijan a reducir el déficit público y a fortalecer el crecimiento económico y la salida de la crisis en Cataluña y en toda España.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor Rangel.



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El señor RANGEL TARRÉS: Señor ministro, lo que acaba de confirmar es lo que me temía. Es una enorme tomadura de pelo a los ciudadanos de Cataluña, porque lo que se ha discutido en el Parlamento no es precisamente lo que usted está
diciendo. La situación que viven las comunidades autónomas no es ajena a sus decisiones políticas. En primer lugar, porque decidió fijar un objetivo de déficit público a las comunidades autónomas durísimo, que se ha traducido en severos recortes
en sanidad, en educación y en servicios sociales, y esa es su responsabilidad porque coincide con sus políticas de desigualdad. Y en segundo lugar, porque se ha negado a cumplir la Ley de Financiación Autonómica, aunque diga que lo va a hacer.
Tenía que haberlo hecho antes y no ha sido así, y eso es porque le permite tener la sartén por el mango. Señor ministro, están jugando con fuego entre todos, pero los que salimos chamuscados somos los ciudadanos, en este caso los de Cataluña. Con
tanto juego de trilero, dígame la verdad: ¿dónde está la bolita, señor ministro?, porque los ciudadanos lo están… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.


Señoría, el conjunto de las políticas, de las acciones del Gobierno se mide por el cumplimiento del objetivo principal, que es superar la crisis económica y que haya creación de empleo. Esos son los objetivos. Pregúntese, señor Rangel, si
existe ese crecimiento económico en Cataluña y si se está creando empleo allí. ¿Sí o no? Se está creando empleo y hay crecimiento económico en Cataluña, y si la Generalitat de Catalunya en vez de distraer sus esfuerzos en otros objetivos políticos
se dedicara a ejercer sus responsabilidades de Gobierno, estoy convencido de que Cataluña sería uno de los motores que con más fuerza estaría promoviendo la recuperación económica de los catalanes y la salida de la crisis para el conjunto de los
españoles. Contando con esas posiciones políticas, de las que discrepo profundamente, le voy a recordar que Cataluña en el año 2015 va a ser la comunidad autónoma más beneficiada por el conjunto de ayudas promovidas por el Gobierno de España.
Cataluña se va a ahorrar unos 1.844 millones de euros en el año 2015 y ese ahorro significa que podrá sustentar, que podrá financiar correctamente la prestación de servicios públicos básicos: educación, sanidad y prestaciones sociales.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


— DEL DIPUTADO DON MARTÍ BARBERÀ I MONTSERRAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CUÁNDO SE INICIARÁN LAS CONVERSACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO Y LA GENERALITAT DE CATALUÑA PARA EL TRASPASO TOTAL DE LA GESTIÓN DE LAS BECAS EN CATALUÑA, TAL COMO HA DETERMINADO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL? (Número de expediente 180/001203).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. La formula el diputado don Martí Barberà, del Grupo Catalán de Convergència i Unió.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, durante su comparecencia en la Comisión de Educación, del día 17 de diciembre, le reiteré la reivindicación de ejecutar definitivamente el traspaso de las becas y ayudas al estudio a la Generalitat de Cataluña. Usted conoce
la sentencia del Tribunal Constitucional 188/2001, de 20 de septiembre, que estima parcialmente el conflicto positivo de competencias interpuesto por la Generalitat de Catalunya, en la que se declara que se vulneran las competencias de la misma en
materia de becas y ayudas al estudio de carácter general para estudios universitarios y medios. Usted me respondió: Es un tema, como todos los que están en el espacio de lo discutible entre la Administración General del Estado y las comunidades
autónomas, del que se puede hablar, aunque no lo vamos a resolver en veinticuatro horas.


Señor ministro, ¿cuándo tiene previsto iniciar las conversaciones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya para el traspaso total de la gestión de las becas, tal como ha determinado el Tribunal Constitucional?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barberà.


Señor ministro.



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El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor Barberà. Como su señoría ha recordado, mostré en aquella comparecencia en Comisión la disposición del Gobierno a continuar unas conversaciones que, de hecho, se iniciaron en el año 2007 y que encallaron en el año 2009, para
dar cumplimiento a esas sentencias del Tribunal Constitucional, pero en los términos en que esas sentencias lo establecen, es decir, en los términos que también garanticen la presencia del Estado a la hora de emitir la legislación básica que cumpla
lo que resulta fundamental en el tratamiento de las becas, a saber: la garantía de la igualdad que para todos los españoles consagra el artículo 14 de la Constitución.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, usted sabe que en esa sentencia se proponen medidas para cumplir y que se cumpla lo que usted ha exigido ahora. Entiendo, pues, que usted y el Partido Popular no quieren saltarse una sentencia del Tribunal Constitucional,
aunque denuncie la vulneración de competencias por el Estado y signifique ceder competencias a la Generalitat de Catalunya. Mientras usted pregona a los cuatro vientos que es la partida presupuestaria más importante que nunca un Gobierno ha
destinado a becas, la Generalitat de Catalunya ha tenido que completar las ayudas para mantener la igualdad de oportunidades que usted ha defendido antes, destinando al apartado de ayudas a las matrículas universitarias 39 millones de euros, un 43,6
% del total, mientras que el ministerio aportaba 50 millones de euros, que suponen un 56,4 %. No ejecutar el traspaso afecta de forma muy negativa a los estudiantes y a las universidades catalanas, porque genera disfunciones y descompensa el
sistema.


Señor Wert, como ministro de Educación, tiene que predicar con el ejemplo. Sea coherente con lo que dijo y siéntese a hablar con la Generalitat de Catalunya. Si desde 2007 no se ha hablado, siéntese a hablar con ella, discutan el
procedimiento al amparo del texto de la sentencia y empiecen cuanto antes. Señor ministro, ponga fecha, ponga fecha. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor Barberà. Dos cosas. Sobre la voluntad de diálogo, cuando ustedes quieran, pero también hay que hablar sobre los límites del diálogo y sobre lo que en ese sentido dicen las sentencias. Sabe perfectamente su señoría que
Cataluña es, junto con Andalucía, la única comunidad autónoma en que se ha suscrito un convenio de colaboración en materia de becas que da lugar a que la gestión esté ampliamente en manos de la Generalitat, a través de la Secretaría de
Universidades, y lo mismo sucede en el ámbito no universitario, a través del Departament d´Ensenyament.


En segundo lugar, hay un trípode sobre el que se asienta la regulación de las becas y todas esas leyes, que es: la Ley orgánica de Educación, la LOU y la Ley de reforma para la mejora de la productividad, que es una ley aprobada en el año
2005, se establece con claridad la competencia del Estado para la legislación básica. Esa competencia del Estado, si se respeta, incluye el establecimiento de los umbrales económicos y de los umbrales de rendimiento académico. Si se salvaguarda
eso, que es lo esencial desde la perspectiva de la igualdad, no hay inconveniente en seguir profundizando en la descentralización de las becas, con Cataluña o con cualquier otra comunidad que así lo desee, porque las becas son el principal
instrumento de equidad.


Y quisiera aprovechar los últimos segundos para recordar en este momento en esta Cámara el centenario, que hoy se cumple, del fallecimiento de don Francisco Giner de los Ríos, renovador de la pedagogía en España. Creo que todos los grupos
de la Cámara se unirán… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.



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— DEL DIPUTADO DON FELIPE JESÚS SICILIA ALFÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿TIENE INTENCIÓN EL GOBIERNO DE ADOPTAR ALGUNA MEDIDA QUE FAVOREZCA AL
MUNDO RURAL EN ANDALUCÍA ANTE LAS MALAS COSECHAS DE ESTE AÑO? (Número de expediente 180/001214).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pregunta el diputado don Felipe Sicilia, del Grupo Socialista.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, el año pasado no fue especialmente bueno para el campo, prueba evidente es que durante el año 2014 la renta agraria cayó un 7,5 %: malas cosechas, caídas de precio, altos costes de producción. Evidentemente también
Andalucía se ha visto afectada por esta situación y como consecuencia las economías y el empleo del ámbito rural, la economía y el empleo de los pequeños municipios del interior. Y dado que usted, señora ministra, es competente en políticas de
desarrollo rural le pregunto si tienen intención en su ministerio de poner en marcha alguna medida que favorezca la economía y el empleo del mundo rural de Andalucía. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sicilia.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, presidente.


Señoría, toda acción del Gobierno en el ámbito agroalimentario tiene como fin último la mejora de las rentas de quienes en él tienen su medio de vida.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Señor Sicilia.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Señora ministra, tan escasas como sus palabras son sus medidas en política de desarrollo rural y mucho más escaso el presupuesto que para ello destina, caracterizado por una palabra: recortes. Han recortado año
tras año el presupuesto para desarrollo rural, pero donde se han ensañado especialmente ha sido con Andalucía, donde han recortado para el próximo periodo en fondos europeos para el desarrollo rural 211 millones de euros y, por si fuera poco, encima
van a dejar de aportar desde su ministerio para mi comunidad, para Andalucía, 47 millones de euros más. (Rumores). Ese es el recorte que ustedes hacen en desarrollo rural, señora ministra. Unas políticas que son fundamentales para provincias del
interior de Andalucía, para provincias como la mía, como Jaén…


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.


Ruego, por favor, silencio para que se pueda oír al señor diputado.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente. Confío en que la ministra haya podido escucharme.


Le decía que estas políticas de desarrollo rural son fundamentales para provincias del interior como la mía, como Jaén, o como Granada o como Córdoba, provincias, en el caso de Jaén, que dependen fundamentalmente de la agricultura. Hay
miles de trabajadores eventuales del campo que dependen de que haya buenas cosechas, miles de trabajadores eventuales del campo de mi provincia, por ejemplo, que se han quedado sin poder trabajar porque ha habido una mala cosecha de aceitunas. Ante
esto, la señora Báñez, su compañera, prometió que iba a reducir los jornales necesarios para cobrar el subsidio agrario, lo prometió en esta misma Cámara, a este mismo portavoz, hace dos meses, y aún no lo ha llevado a cabo. Dice que le faltan
datos. Le pido, señora ministra, que le dé los datos, que le diga que la campaña de aceituna terminó hace un mes, que ha sido nefasta y que es necesario que reduzca los jornales necesarios para cobrar ese subsidio agrario. Y usted, señora
Tejerina, sea sensible con esa situación y ponga en marcha medidas de desarrollo rural para las comunidades que más lo están necesitando, como la andaluza. (Aplausos.—Varios señores diputados: ¡Muy bien!).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sicilia.


Señora ministra.



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La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, presidente.


Llevamos tres años adoptando medidas para impulsar el crecimiento del sector agroalimentario y hacerlo cada vez más competitivo, y sin ninguna duda esto redundará en una mejora de sus rentas, también en Andalucía. Además, hemos asegurado la
política agrícola común hasta el año 2020, un componente muy importante de la renta agraria, de media el 30 % para las 900.000 explotaciones, que van a recibir 47.000 millones de euros, negociados por este Gobierno, y de los cuales unos 12.400 serán
para Andalucía. Asimismo, negociamos, aplicamos y consensuamos una reforma de la PAC que favorece especialmente a esta comunidad.


Por otra parte, estamos trabajando en un informe que servirá de base para la reducción coyuntural de los módulos fiscales en función de las circunstancias excepcionales que efectivamente se han dado en el año 2014 y que han afectado a la
actividad agraria por las incidencias climatológicas. Hemos anticipado el pago de las ayudas de la PAC, y esto ha permitido un pago adelantado de más de 2.000 millones de euros. Hemos acortado el periodo de retención para el cobro de la prima de
vaca nodriza, de enorme importancia para la ganadería. Hemos facilitado el acceso a la financiación a través de Saeca y a través del ICO. Y vamos a reducir, como ha dicho, el número de jornadas necesarias para la percepción del subsidio agrario,
pero sobre todo lo que este Gobierno hace es cumplir sus compromisos con el campo andaluz. Los seguros agrarios garantizan de manera muy importante la estabilidad de las rentas agrarias, por eso este Gobierno ha destinado más de 22 millones de
euros a subvencionar esta política en Andalucía, pero lo hacemos en solitario, señoría. La aportación de la Junta es de cero euros. Y el Gobierno cumple con sus compromisos de financiación, también en materia de desarrollo rural, contrariamente a
lo que usted ha indicado; la Junta de Andalucía no. Las pérdidas a las cuales usted se ha referido se deben a que la Junta de Andalucía ha olvidado al sector agrario, y por ello el campo andaluz este año ha perdido 54 millones de euros en
desarrollo rural. La financiación del ministerio no faltaba, faltaba la de la Junta de Andalucía, en un año en el que efectivamente hay bajas producciones agrarias y hubiera sido un dinero importante para favorecer el desarrollo rural. Ustedes
piden pero no hacen. La competencia en desarrollo rural le corresponde a la Junta de Andalucía, señoría. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


— DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE SU POLÍTICA ECONÓMICA FAVORECE EL INCREMENTO DE LOS ESPAÑOLES EN RIESGO
DE POBREZA? (Número de expediente 180/001211).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas ahora al señor ministro de Economía y Competitividad. La primera la formula el diputado don Miguel Ángel Heredia, del Grupo Socialista.


El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿considera el Gobierno que su política económica incrementa el número de españoles en riesgo de pobreza?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, con las políticas de este Gobierno la sociedad española está saliendo de la crisis más larga y profunda de su historia económica reciente. Desde su inicio en el año 2008 hasta mediados del año 2013 la renta nacional cayó en más de
un 7 % y se destruyeron casi cuatro millones de puestos de trabajo. Ahora nos encontramos en el séptimo trimestre de crecimiento económico consecutivo, con una velocidad de crucero por encima del 2 %. Asimismo, llevamos cinco trimestres
continuados de creación de empleo en términos desestacionalizados, sin tener en cuenta el actual. Hoy hemos conocido incluso los datos de comercio exterior. En diciembre las exportaciones crecen más del 7 % en términos reales y en el año hemos
alcanzado un máximo histórico.



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Señoría, lo mejor que podemos hacer para luchar contra el riesgo de pobreza es continuar con el crecimiento económico y con la creación de puestos de trabajo, y este Gobierno seguirá trabajando para ello.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor Heredia.


El señor HEREDIA DÍAZ: Señor ministro, con Rajoy hay más paro y más pobreza en España. El Partido Popular se presentó a las elecciones prometiendo 3,5 millones de puestos de trabajo. Hoy hay 600.000 ocupados menos, 170.000 parados más y
hay 1,8 millones de familias con todos sus miembros en paro, familias como la de María y Sergio, con tres niñas, una hipoteca y que sobrevive gracias a Cáritas. Hay miles y miles de familias que sobreviven gracias a la pensión del abuelo. Pero es
que trabajar en España a día de hoy ya no es garantía para llegar a fin de mes. Más del 12 % de los trabajadores y el 35 % de los autónomos están en riesgo de pobreza, y según un informe de la propia Agencia Tributaria uno de cada tres trabajadores
de nuestro país cobra menos de 648 euros al mes. Se lo he preguntado en dos ocasiones a la ministra Báñez, hoy se lo pregunto a usted: señor De Guindos, ¿usted podría vivir con 648 euros al mes? Dígalo porque duele ese reciente informe europeo
que dice que en nuestro país hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza; duele que sean los jóvenes el sector más afectado, jóvenes sin empleo que viven en casa de sus padres o que se han tenido que marchar al extranjero; duele que España
sea el segundo país de Europa con mayor pobreza infantil, por detrás únicamente de Rumanía.


Mi grupo parlamentario, los socialistas, hemos planteado iniciativas para buscar una solución a esta cuestión, como rescatar a los parados de más de 45 años, como ayudar a esas familias desempleadas con cargas familiares o como poner en
marcha un plan contra la pobreza, pero su Gobierno, el Partido Popular, siempre ha dicho que no. Señor ministro, su afirmación reciente de que los españoles ya no tienen miedo de perder su empleo es un insulto a la inteligencia y demuestra la peor
cara de la política, la del que pretende burlarse de los que más sufren para tratar de ocultar su propia incompetencia. Pese a su demagogia y a las raíces vigorosas, la realidad es que hoy en España los pobres son más pobres y los ricos son más
ricos. La realidad es que ustedes han machacado, han castigado a las clases medias y a los trabajadores y trabajadoras de este país. La realidad es que sus políticas solo han beneficiado a los banqueros, a los grandes defraudadores, a las grandes
rentas y a los grandes patrimonios, a sus amigos. Este es el resultado de tres años de Gobierno nefasto de Rajoy.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias.


En relación con los banqueros, le recuerdo que su Gobierno fue el único que indultó a un banquero.


Señoría, como usted sabe el pasado viernes la Comisión Europea publicó los datos de crecimiento del cuarto trimestre. España es, junto con Alemania, la economía que más crece, más del doble que la media de la zona euro. ¡Quién nos lo
hubiera dicho, señor Heredia, hace tres años! Además, en el año 2014 hemos creado más de 400.000 puestos de trabajo, se han incrementado en más de 200.000 los asalariados con contratos indefinidos, ha crecido en casi 400.000 el número de hogares con
todos sus miembros ocupados y se han reducido en 160.000 los hogares con todos sus miembros en paro. Asimismo, las perspectivas para este año 2015 son positivas. Este año creceremos mucho más que la media europea y crearemos alrededor de 500.000
puestos de trabajo. ¡Qué cambio con lo que ocurría hace unos años! En cualquier caso y en referencia a su pregunta, la tasa de riesgo de pobreza según el INE ha vuelto a los niveles del año 2009 —con ustedes, en la anterior legislatura, aumentó
continuamente— y el coeficiente de Gini, que como usted sabe es un indicador de desigualdad, mejoró en 2013 por primera vez desde el inicio de la crisis.


Señoría, aún nos queda mucho por hacer, por supuesto, pero estoy seguro de que a usted le alegra tanto como a mí saber que España se ha convertido en un referente para Europa en las políticas económicas a implementar y, sobre todo, en el
crecimiento económico y en la generación de empleo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



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— DE LA DIPUTADA DOÑA LEIRE IGLESIAS SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿TIENE INTENCIÓN EL GOBIERNO DE ADOPTAR ALGUNA MEDIDA PARA EVITAR DESAHUCIOS EN VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN PÚBLICA? (Número de expediente 180/001212).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Economía y Competitividad que formula la diputada doña Leire Iglesias, del Grupo Socialista.


La señora IGLESIAS SANTIAGO: Muchas gracias.


Señor ministro, imagino que usted sabrá —como sabemos todos— que en este país hay administraciones públicas vendiendo viviendas sociales a fondos buitre que en cuanto pueden desahucian a las familias que viven en ellas. Teniendo en cuenta
que esas viviendas fueron construidas con fondos públicos y con el apoyo de planes de vivienda, ¿piensa el Gobierno hacer algo o va usted a seguir pidiendo caridad al banco malo? (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Iglesias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias.


Señoría, supongo que usted sabe que la política de vivienda pública es una competencia prácticamente exclusiva de comunidades autónomas y ayuntamientos. Además, este Gobierno ha sido el único que ha tomado medidas para evitar los
desahucios, y lo ha hecho desde el primer día; prácticamente 30.000 familias han podido beneficiarse de todas las medidas puestas en marcha por este Gobierno. El código de buenas prácticas ha permitido casi 12.000 reestructuraciones viables de
deuda y 3.500 daciones en pago; casi 2.000 personas se han beneficiado de un alquiler a precio reducido gracias al Fondo social de vivienda, y se han suspendido más de 12.000 lanzamientos. Además, recientemente hemos ampliado por un año el Fondo
social de vivienda y, como ya dije en esta Cámara, vamos a prorrogar por dos años la paralización de los lanzamientos.


En cualquier caso, le recuerdo, señoría, que la gestión de la política de vivienda protegida, como decía anteriormente, corresponde a comunidades autónomas y ayuntamientos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señora Iglesias.


La señora IGLESIAS SANTIAGO: Señor ministro, lo que está pasando con las viviendas sociales no es más que el culmen, el punto final de todo un despropósito del que ustedes no solo son responsables, no es que hayan participado a título
lucrativo, sino que son promotores directos de la burbuja inmobiliaria. Y ahora están permitiendo que, mientras que las familias no pueden pagar su casa, el banco malo —que depende de su ministerio— malvenda algo a lo que destinaron los ahorros de
toda su vida, sus hogares, sus techos, sus casas, a la vez que están acabando con la vivienda de protección oficial y permiten que los fondos buitre especulen con las viviendas sociales, esas viviendas de los que menos tienen, de los más azotados
por la crisis, de la gente que peor lo está pasando. ¿Cree usted que se puede quedar de brazos cruzados mirando para otro lado? ¿De verdad piensa que no tiene ninguna responsabilidad?


Señor De Guindos, usted suele utilizar esta pregunta para anunciar esas cifras difíciles de contrastar que esconden su fracaso para evitar los desahucios. En esta misma sede prometió que iba a parar 120.000 ejecuciones hipotecarias. Según
los datos que acaba de dar su fracaso roza el 80 % —menos mal que ya no se dedica a la banca—. Prometió una estadística detallada; no la hay. A día de hoy hay cerca de 33.267 familias, según la que crearon, que en los tres primeros trimestres del
año pasado han perdido su vivienda, mientras que hay cerca de 800.000 viviendas —de esas que recibieron ayudas públicas— que no tienen gente. Hay gente sin vivienda y viviendas sin gente. No son ladrillos, señor ministro, son vidas. Hagan algo.
Yo le hago una propuesta: prohíban la venta de viviendas sociales a fondos buitres o fondos de inversión; obliguen a que a las viviendas sociales se les dé el uso para el que fueron construidas. Es posible que hoy usted nos haga aquí un nuevo
anuncio, una ley de segunda oportunidad. Señor ministro, suelte las fichas y díganos cuándo piensa hacerlo.


Por último, una cuestión más: ¿sabe usted por qué su grupo parlamentario el día 3 registró una propuesta para quitar las cláusulas suelo y el día 4 la eliminó? ¿Le llamó alguien? Díganos, señor ministro. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Iglesias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señoría.


Si usted revisa los datos, verá que el mayor incremento de la burbuja inmobiliaria y de crédito en España se produjo entre los años 2004 y 2008; mírese simplemente la evolución del crédito promotor durante esos años. Lo que muestran los
datos del INE, señoría, es que el 60 % de las ejecuciones de hipotecas iniciadas en el tercer trimestre del año 2014 corresponden a préstamos constituidos entre los años 2005 y 2008. Este asunto es parecido al tema de las preferentes: sus
políticas crearon el problema y nosotros le estamos dando solución. Señoría, este Gobierno está actuando con responsabilidad, adoptando medidas para que las malas prácticas no se vuelvan a producir en el futuro y protegiendo adicionalmente al
deudor hipotecario. Por ejemplo, una de las condiciones que pusimos para la venta de la cartera de hipotecas de CatalunyaCaixa, que era una cartera hipotecaria con una tasa de mora por encima del 60 % —simplemente recordarle que CatalunyaCaixa
estaba controlada por la Diputación de Barcelona, es decir, por el Partido Socialista de Cataluña—, fue que el comprador se acogiera al código de buenas prácticas. Asimismo, Sareb está llegando a acuerdos con las comunidades autónomas para ceder
2.000 viviendas destinadas al alquiler social; hasta el momento ya se han firmado convenios con Cataluña y Aragón, y esperamos que otras comunidades autónomas también lo hagan así.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


— DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR GRANDE PESQUERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿CREE EL GOBIERNO QUE CON SU POLÍTICA LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS LLEGAN MEJOR A FIN DE MES? (Número de
expediente 180/001213).


El señor PRESIDENTE: Pregunta que se formula también al señor ministro de Economía y Competitividad por la diputada doña Pilar Grande, del Grupo Socialista.


La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señor presidente.


¿Cree el Gobierno que con su política económica las familias españolas llegan mejor a fin de mes?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, como acabo de mencionar, lo más importante es que España está creciendo. Llevamos siete trimestres consecutivos de crecimiento económico. En 2014 se crearon prácticamente 475.000 puestos de trabajo y la inflación sigue en tasas
negativas, lo que está permitiendo un incremento de la capacidad adquisitiva de las familias españolas. Hoy, la perspectiva, la situación, la evolución reciente y la percepción que existe de la economía española es completamente diferente a la que
teníamos hace simplemente tres años.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señora Grande.


La señora GRANDE PESQUERO: Señor De Guindos, usted dijo el viernes pasado: Es difícil encontrar un giro como el que ha dado la economía española, tanto en crecimiento de PIB como en la evolución del empleo. Señor ministro, lo difícil es
encontrar hoy familias españolas que perciban estas mejoras de las que tanto presume el Gobierno del Partido Popular, porque la mayoría de los españoles sí que ha dado un giro, pero, señor ministro, a peor. Si menciona las décimas de bajada del
último IPC, que viene dado sobre todo por la bajada del barril de petróleo —que creo que no es mérito del señor Rajoy—, también aceptará que desde que ustedes gobiernan, ¡desde que ustedes gobiernan!, ese mismo IPC ha sufrido un aumento del 12,8 en
medicamentos y productos sanitarios, del 5,9 % en el gas, del 3,8 en la electricidad, del 9,4 en educación universitaria y del 4,9 en el transporte público urbano, entre otros muchos. En vez de



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en inflación e IPC yo le invito a pensar más en lo que podríamos llamar la PCA, que es la pérdida de la capacidad adquisitiva de las familias, que es lo que padecen las familias españolas por causa de sus políticas económicas, de las de
usted y de las de su Gobierno. ¿Favorecen el crecimiento? Sí, pero para unos poquitos, y se han olvidado de la recuperación de la mayoría de los españoles. La realidad, que desde Moncloa se ignora, es bien distinta: precariedad laboral, bajadas
salariales, 4 de cada 10 empleados sin ninguna cobertura, 728.000 hogares en los que no entra ningún ingreso y 1.791.000 familias con todos sus miembros en paro. Y pensionistas con menos poder de compra porque si su pensión sube un 0,25, la
inflación sube un 0,60 y además no tienen ayuda a la dependencia y pagan por sus medicamentos. Vuelta al brasero y a la bombona de butano, a la bombona de gas, o directamente pobreza energética para más de siete millones de españoles.


Repito una vez más esta mañana: somos el país con la mayor brecha entre ricos y pobres de la Unión Europea y con el índice de desigualdad más alto después de Letonia. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que se están cargando la clase media
española y que su legado va a ser una España mucho más pobre y más desigual.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Grande.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.


Le voy a dar una serie de indicadores objetivos, señoría, y espero que usted haga lo mismo que su líder, el señor Sánchez, que reconoció que la recuperación estaba en marcha. En primer lugar, la confianza del consumidor está en máximos de
la serie histórica según el índice del CIS y el índice de sentimiento económico de Eurostat; ha vuelto a niveles de antes de la crisis. El consumo de los hogares lleva ocho trimestres consecutivos al alza y, lo que es más importante, todos los
indicadores conocidos, hasta la fecha reflejan que la fortaleza del consumo va a proseguir. Así se recoge en el comportamiento del empleo, la evolución de ventas minoristas, las ventas de grandes empresas o las matriculaciones de automóviles, entre
otros. Por último, el indicador adelantado de la OCDE, que está en máximos históricos, confirma el buen comportamiento de la actividad económica, que va a continuar en los próximos trimestres.


Pero además los españoles seguirán viendo incrementada su capacidad adquisitiva. La reforma fiscal, especialmente diseñada para las rentas bajas, permitirá que los salarios menores de 12.000 euros no tengan que tributar y que 9.000 millones
de euros vuelvan a los ciudadanos a través de las reformas del IRPF y del impuesto sobre sociedades en estos dos años. El incremento de las pensiones, junto a la inflación negativa, aumenta en un 1,25 % la renta real de los pensionistas. Mejoran
las condiciones de financiación como consecuencia de la mejora de la confianza de los inversores en nuestro país. Esto ha tenido un gran impacto en el caso del euríbor, que ha caído considerablemente en los últimos tres años —1,5 puntos— y ha
supuesto que el conjunto de las familias con hipoteca de vivienda habitual vean reducidas sus cargas financieras en 6.000 millones de euros. Señoría, esto son medidas concretas, esto son datos objetivos. Por lo tanto más que de un discurso
demagógico, anticuado, por favor, siga usted lo que le comentaba anteriormente que ha hecho el señor Sánchez y reconozca que la situación económica de España es completamente diferente a la que teníamos hace tres años y que las perspectivas para el
conjunto de la sociedad española son mucho mejores. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


— DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA DELIA BLANCO TERÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿VA A HACER ALGO PARA EVITAR LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE LA
COMUNIDAD DE MADRID? (Número de expediente 180/001195).


El señor PRESIDENTE: Preguntas que se formulan al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En primer lugar pregunta la diputada doña Delia Blanco, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora BLANCO TERÁN: Señor ministro, la pregunta es la que consta en el orden del día.



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.


Señoría, el Gobierno respetas las competencias que la Constitución y los estatutos de autonomía otorgan a las comunidades autónomas para la gestión de los servicios sanitarios públicos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señora diputada.


La señora BLANCO TERÁN: Gracias, presidente.


Señor ministro, no me esperaba menos de usted. Escueto, ¿eh?, bien escueto.


Yo no le voy a pedir responsabilidades por la gestión de su antecesora. Podría hacerlo porque son del mismo partido, pero no lo voy a hacer; ella ya será recordada por el Real Decreto 16/2012, que quebró el Sistema Nacional de Salud y
sustituyó la universalidad por un modelo de aseguramiento. Permítame ayudarle a recordar en dos minutos, que es el tiempo que tengo, todo lo que ha ocurrido con la sanidad madrileña. Y desde luego no me dará tiempo, porque ha sido un atropello
total y absoluto a la ciudadanía madrileña y a su derecho a una sanidad equitativa, justa y universal.


Fue ya en 2003 cuando el Gobierno del Partido Popular inició una senda de privatización que no solo no ha abandonado sino que, al contrario, ha profundizado en esta última legislatura. Después de ese real-decreto antes mencionado
implantaron la tasa del euro por receta. Fracasada, como usted sabe. Privatizaron los servicios no sanitarios de toda la red de hospitales. Jubilaron forzosamente a los facultativos. Desmantelaron el hospital Carlos III. Concentraron todos los
laboratorios en el llamado proyecto Lamela-Güemes —cesados ya ambos, por cierto—. Cedieron ilegalmente datos de pacientes a centros privados. Y 30.000 mujeres sin mamografías, 145.000 personas sin tarjeta sanitaria en la Comunidad de Madrid,
privatización parcial de la donación de sangre, lista sin fin de espera diagnóstica y quirúrgica y, por último y de forma rácana, como siempre, los tratamientos para la hepatitis C en una gestión que se suma nefastamente a la del ébola. La presión
de la marea blanca, señor ministro, de los profesionales sanitarios, de los trabajadores de la sanidad pública, de la gente en definitiva, junto con todas las demandas en los tribunales que puso mi partido político —porque no pudo hacer otra cosa
para pararlo—, lograron parar esa privatización. Pero ustedes no han abandonado esa senda… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.


Señora Blanco, usted habla muy mal del Sistema Nacional de Salud, pero yo le digo que es muy valorado por los ciudadanos en España y una seña de identidad positiva de nuestro país en el resto del mundo. Y dice usted algunas cosas que no se
ajustan en absoluto a la realidad y que quisiera aclararle. Dice usted que nuestras medidas quebraron la sanidad pública. Todo lo contrario, la salvaron de la quiebra en la que la había dejado el Partido Socialista. (Aplausos). Quiebra es la
deuda millonaria que dejó el Partido Socialista en la sanidad pública, que por cierto hoy es más universal en España —si me permite— que hace tres años. Es más universal con los datos, porque lo demás pueden ser opiniones, como las opiniones que
usted da y esa visión catastrofista de nuestra sanidad y de la calidad de los servicios públicos en España. Hoy hay 700.000 tarjetas más que cuando ustedes dejaron el Gobierno, y esos son hechos. El peor servicio que se puede hacer en política y
que se puede hacer a la sanidad pública es actuar siempre desde el sectarismo y, por tanto, tratar la realidad de forma completamente distinta según el color de quien tiene la responsabilidad en una autonomía o en otra. Los sistemas de gestión
indirecta fueron establecidos por el Gobierno socialista en 1986, que estableció que las administraciones públicas sanitarias en el ámbito de sus respectivas competencias podían establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con
medios ajenos a ellas. También establecieron en aquella ley que se podían realizar con hospitales privados vinculados a la oferta pública de servicios sanitarios. Donde más se hace en España es en Cataluña y en Andalucía, que son las comunidades
en las que ustedes han tenido responsabilidades de gobierno. Particularmente en Andalucía es donde más les gusta concertar con centros privados, la mitad de los hospitales andaluces son privados; donde más les gusta tener a los



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profesionales sanitarios en situación de eventualidad. Por tanto, aplíqueselo a usted misma. Garantice el aseguramiento de los ciudadanos y la prestación sanitaria en las comunidades donde tienen responsabilidades y apoye un poco a los
profesionales sanitarios. Y hable bien de la sanidad pública española porque es un bien de todos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


— DE LA DIPUTADA DOÑA MARTA GONZÁLEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CÓMO BENEFICIA LA REFORMA FISCAL A LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS? (Número de
expediente 180/001215).


El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la diputada doña Marta González Vázquez, del Grupo Popular.


La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, hace cuatro meses el prestigioso diario norteamericano The Wall Street Journal ponía a España como ejemplo económico y de reformas para el resto de Europa. Recordaba que 2014 ha sido el primer año de crecimiento del PIB, que
España es el país que más crece de la Unión Europea y que el paro bajó por primera vez haciendo que las previsiones del Gobierno de crear entre el pasado año y este un millón de puestos de trabajo sea un objetivo conseguible. Este reconocimiento
internacional resulta casi milagroso si tenemos en cuenta la situación de partida a finales del año 2011, cuando España se encontraba al borde de la catástrofe económica, en una situación de emergencia, cuando los medios de comunicación clamaban por
el rescate como la solución menos mala a los problemas del país y cuando la desigualdad había crecido en los años anteriores de Gobierno socialista cinco veces más rápido en España que en el conjunto de la Unión Europea.


Durante 2014 las buenas noticias en materia económica se han ido sucediendo, pero lo cierto es que paralelamente esa mejoría global de la economía no era claramente perceptible para buena parte de las familias españolas. Muchas personas se
preguntaban y se preguntan aún en qué les beneficia la caída de la prima de riesgo, el aumento de las exportaciones o el tanto por ciento de crecimiento al alza con respecto a las previsiones oficiales que el Gobierno ve posible para este año 2015 y
que el ministro de Economía acaba de mencionar hace unos minutos. La bajada de impuestos consecuencia de la reforma fiscal ha supuesto que el ciudadano español, las familias, noten en su bolsillo ese cambio de tendencia económica. Por ello, señor
ministro, le formulo la siguiente pregunta, no tanto en términos económicos, como en términos familiares: ¿Cómo está incidiendo la reforma fiscal en las familias españolas y muy especialmente en las familias con menos ingresos o las que se
encuentran en situación de especial vulnerabilidad?


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui)): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el compromiso del Gobierno desde el primer día de su mandato fue poner en marcha una política económica enfocada hacia la recuperación social, la recuperación de las familias, el crecimiento y la creación de empleo. Por eso,
política social es hacer una política económica y tomar decisiones que traducen ese crecimiento en creación de puestos de trabajo, o hacer una reforma energética que baja el precio de la factura de la luz, o las medidas del ministro de Economía para
conseguir que los preferentistas recuperen su dinero, que los ciudadanos tengan salvaguardados sus depósitos o que las pequeñas y medianas empresas puedan volver a acceder al crédito. Todo eso incide también en el bienestar de las familias y es la
política que hemos puesto en marcha y el compromiso social que marcó este Gobierno. Da ahora un paso importante hacia delante con la reforma fiscal, reforma fiscal del Gobierno que ya han empezado a notar las familias españolas a lo largo de los
meses de enero y febrero y que está destinada a aquellas personas que tienen más necesidad de apoyo por parte de la Administración, por parte del Estado y que tienen menores rentas y está pensada claramente para proteger a las familias. En el mes
que lleva en vigor la reforma fiscal las familias españolas cuentan ya con 300 millones de euros más en



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su bolsillo, este año serán 3.400 millones y cuando termine el próximo llegarán hasta 9.000. El Gobierno ha introducido una rebaja generalizada en el IRPF, pero sabe usted que es mucho mayor en las rentas bajas y que quienes ganan menos de
12.000 euros al año tendrán su sueldo íntegro y dejarán de tributar en el impuesto sobre la renta; para quienes cobran menos de 24.000 euros, que son el 72 % de los españoles, la inmensa mayoría, la rebaja va a llegar hasta el 23,5 %. En el caso
más específico de las familias, se aumentan los mínimos familiares, la parte exenta que se considera que una familia necesita para vivir y que lleva seis años congelada. Se han introducido nuevas deducciones de 100 euros al mes acumulables entre sí
para apoyar a las familias y a las personas con discapacidad y que usted conoce. Esto es muestra de la decisión del Gobierno, el compromiso social, su compromiso con las familias españolas y con la necesidad de que la política económica esté
orientada exclusivamente al bienestar de las personas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DAR UNA SOLUCIÓN RÁPIDA, TRANSPARENTE Y EFECTIVA A LOS PERJUDICADOS POR LA SALIDA A BOLSA DE BANKIA, A FIN DE QUE RECUPEREN LO
PERDIDO Y SE DEPUREN LAS CORRESPONDIENTES RESPONSABILIDADES. (Número de expediente 172/000291).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para dar una solución rápida,
transparente y efectiva a los perjudicados por la salida a bolsa de Bankia, a fin de que recuperen lo perdido y se depuren las correspondientes responsabilidades. Para presentar esta interpelación tiene la palabra el señor Anchuelo. (El señor
vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


Querría comenzar saludando a algunos perjudicados, a algunos afectados por los hechos que vamos a relatar, que nos acompañan en la tribuna.


Señor ministro, el tiempo acaba poniendo las cosas en su lugar. A veces tarda más, a veces tarda menos, pero el tiempo acaba poniendo las cosas en su lugar. Desde el inicio de la legislatura, ha habido dos versiones, dos relatos
contrapuestos sobre la crisis de las cajas, la que explicábamos desde Unión Progreso y Democracia y la que defendían las versiones oficiales al inicio de la legislatura con el apoyo de la mayoría del resto de grupos. Recordarán como yo, al inicio
de la legislatura, el choque de versiones que se producía y cómo nuestro grupo se veía desmentido de forma indignada por personas que decían que nuestras versiones demonizaban la política. Tres años después, nuestra versión se va viendo
corroborada, y no en cualquier sitio, en sede judicial. Decíamos al inicio de la legislatura —en solitario— que las cajas de ahorros estaban politizadas; no había que ser muy brillante para decir esto, bastaba con ver nombres de sus presidentes:
el señor Rato, el señor Serra, el señor Moltó, pero eso se negaba; es evidente para la sociedad española y ha quedado demostrado en sede judicial. Decíamos que esa politización de las cajas tenía mucho que ver con su crisis, que esa gestión
politizada no profesional había llevado a que se diesen créditos sin criterios objetivos a empresarios cercanos al poder político autonómico, a proyectos autonómicos megalómanos, créditos que no tenían criterios profesionales, y en el proceso de
Bankia se ha podido ver de cerca cómo eso era una realidad. Más comprometido todavía. Decíamos al iniciar la legislatura que parecía lógico pensar que cuando estalló la burbuja y los activos de estas cajas, los activos de Bankia, perdieron
drásticamente valor, se convirtieron en créditos irrecuperables, se convirtieron en terrenos y edificios que no valían nada, era probable, cabía pensar que estas cajas hubiesen caído en una situación de quiebra, porque sus deudas, muchas de ellas en
manos internacionales, evidentemente no se habían devaluado, seguían debiendo exactamente lo mismo a los acreedores, en gran medida internacionales, pero sus activos, esos créditos, esos terrenos, esos edificios, habían perdido drásticamente valor.
Parecía lógico pensar que, a mismas deudas y menos activos, se hubiese generado un agujero, que se hubiese producido una quiebra; sin embargo, sorprendía que las cuentas de las entidades no parecían reflejar esta situación y sorprendía que los
supervisores, el Banco de España, la



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CNMV, no se preocupasen por el asunto, no tomasen medidas en el asunto. Esto era particularmente preocupante, porque al estar esas cajas en quiebra —como cabía pensar—, y como los supervisores estaban mirando para otro lado —como cabría
pensar—, se produjo una huida hacia delante muy peligrosa de estas entidades, porque estando en quiebra, con las cuentas que no reflejaban su situación, con los supervisores mirando para otro lado, se embarcaron en una huida hacia delante para tapar
sus agujeros a costa de cientos de miles de preferentistas y cientos de miles de accionistas. Taparon sus agujeros a costa de cientos de miles de preferentistas y accionistas. Esto era más controvertido, y esta es la gran novedad, es lo que está
quedando demostrado también en las últimas semanas en sede judicial. Hay dos pruebas importantes: una es el informe de los peritos del Banco de España y otra es usted mismo, señor ministro; usted, que en sede parlamentaria afirmó no hace tanto
tiempo que la salida a Bolsa de Bankia fue una decisión política, que el Gobierno existente en ese momento forzó voluntades y que hizo —ese Gobierno— que los supervisores miraran para otro lado. Por cierto, son declaraciones de una gravedad
impresionante; hoy tiene una buena ocasión de aclarar estas manifestaciones, porque usted las hizo y ahí dejo la cosa. Sería una buena ocasión hoy en esta interpelación y es uno de los motivos, darle la oportunidad de que aclare estas
manifestaciones tan importantes que realizó no en cualquier sitio, sino aquí, en sede parlamentaria.


Habiendo quedado probado esto en sede judicial por los peritos, estando el señor ministro de acuerdo con Unión Progreso y Democracia en que estas situaciones se produjeron y habiéndolo manifestado en sede parlamentaria, derivamos de hecho
algunas consecuencias muy importantes. En el caso de Bankia resulta que hubo 238.000 preferentistas, entre ellos, como vimos en la subcomisión correspondiente, jubilados, discapacitados; 238.000 preferentistas que compraron preferentes de una
entidad cuya verdadera situación no conocían, pero no porque se les hubiera informado mal a título individual como se pensaba hasta ahora, sino porque había una información colectiva equivocada. Y existen 350.000 accionistas que fueron a la salida
a Bolsa de Bankia que han perdido el 99 % de su inversión —en agregado más de 3.000 millones de euros— y que acudieron al toque de campana del señor Rato atraídos por un folleto de emisión, por unas cuentas de la entidad que no reflejaban la
verdadera situación de esa entidad. La prueba es que acudieron a ese toque de campana en julio de 2011 y diez meses después Bankia tenía un agujero de 23.500 millones. No parece fácil explicar que eso se hubiese generado sin ningún motivo claro en
esos diez meses. Otra consecuencia importante de todo esto es la nulidad de esas operaciones, no fueron informados mal a título individual, fueron informados mal de forma colectiva. Eso quiere decir que si estas personas van a los tribunales
tienen casi la certeza de recuperar su dinero.


Quiero subrayar que esto ha sido posible gracias al trabajo de Unión Progreso y Democracia, que cuando hablamos del caso Bankia estamos hablando de un caso que se inició por una querella de Unión Progreso y Democracia ante la Audiencia
Nacional y que ha sido al final esta querella ante la Audiencia Nacional de Unión Progreso y Democracia la que ha servido como instrumento a la sociedad española para que haya habido una vía para saber la verdad de lo que había pasado en esas
entidades. Esta querella de UPyD ha dado una vía al conjunto de la sociedad española para que exista una posibilidad de exigir responsabilidades a los culpables y de reparar la injusticia sufrida por las víctimas. Muchos medios silencian esta
realidad; hablan en sus columnas y en sus informativos de que el juez Andreu ha hecho esto, el juez Andreu ha hecho lo otro, como si el juez no actuase a instancia de parte, a instancia de Unión Progreso y Democracia. Muchos medios dicen en sus
informativos que una de las partes ha pedido una fianza de 4.000 millones. Una de las partes, sí, Unión Progreso y Democracia. Nos sentimos como partido muy orgullosos de esta actuación en sede judicial por el servicio que hemos prestado al
conjunto de la sociedad española y a los damnificados, estafados, accionistas, preferentistas por estas operaciones fraudulentas de Bankia y creemos que solo por esto las personas que nos votaron en las elecciones generales y nos han traído aquí,
pueden sentir que su voto fue un voto útil. Entre tanto, otros van a tertulias, se quejan allí, ven los escándalos escandalosos, pero no hacen nada para solucionarlo. Nosotros hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos.


El último logro en ese caso Bankia ha sido la imposición de una fianza solidaria a Bankia-BFA y los responsables de 800 millones de euros. Lamento tener que decir esto y me sorprende tener que decirlo, pero he de decirlo también, esto se ha
logrado, en el caso Bankia, a instancias de Unión Progreso y Democracia y a pesar del FROB, a pesar de la fiscalía y a pesar del Banco de España, que deberían ser los primeros interesados en promover estas actuaciones y se han comportado exactamente
de forma contraria, oponiéndose sistemáticamente a las peticiones que mi compañero Andrés Herzog ha realizado para pedir pruebas, oponiéndose a la asunción de responsabilidades, oponiéndose a las peticiones de los



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perjudicados y, último logro, oponiéndose a la fianza de 800 millones de la que acabo de hablar. Las autoridades, los principales interesados, en vez de promover esas actuaciones, las han obstaculizado; también sobre eso tal vez nos podría
dar explicaciones en su intervención.


Este es el motivo de nuestra interpelación. En particular querría centrarla en el caso de los 350.000 accionistas estafados, dada esta novedad, que ahora ha quedado claro que son estafados y ha quedado claro que tienen derecho a recuperar
su dinero. Mi pregunta es: ¿Cómo se propone el Gobierno solucionar de forma rápida y completa la situación de esos 350.000 accionistas estafados en la salida a Bolsa de Bankia? Estoy seguro de que no solo nosotros, sino estos cientos miles de
personas y sus familias escucharán con interés sus explicaciones.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Anchuelo.


Tiene la palabra a continuación el ministro de Economía y Competitividad.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Anchuelo, usted que suele ser una persona rigurosa, quisiera que hiciéramos un breve repaso, porque a veces se olvidan los hechos de lo que ha ocurrido en la historia reciente de Bankia. Como usted sabe, señoría, el 3 de diciembre del
año 2010 se constituyó el Banco Financiero y de Ahorros, conocido por sus siglas BFA. Se trató de un sistema institucional de protección integrado por Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas de ahorros. Ese mismo mes, el Fondo de reestructuración
ordenada bancaria —estamos hablando del año 2010— suscribió participaciones preferentes convertibles por un importe de cerca de 4.500 millones de euros, emitidos por BFA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el real decreto-ley de junio del año
2009, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Asimismo, en un nuevo real decreto-ley, de febrero del año 2011, se establecieron mayores requisitos de capital principal para aquellas
entidades que no contaran con financiación de terceros, es decir, que no estuvieran en Bolsa fundamentalmente. En el caso del grupo BFA-Bankia se necesitaban 5.780 millones de euros para cumplir con estas exigencias, que se reducían a algo menos de
1.800 millones si Bankia o BFA salían a Bolsa. Fue este real decreto-ley el que desencadenó la posterior salida a Bolsa de Bankia. El real decreto-ley exigía una estrategia de recapitalización. En el caso de Bankia está incluida como primera
alternativa su salida a Bolsa y contó con el visto bueno del Banco de España. El 24 de marzo de 2011, las cajas accionistas aprobaron la segregación de la totalidad de sus negocios bancarios y parabancarios y su aportación a BFA. Un mes después,
en abril de ese año, BFA aprobó el proyecto de segregación para aportar a Bankia los negocios bancarios y parabancarios recibidos de las cajas. Bankia, que nacía en ese momento, estaba participada al cien por cien por BFA. El 20 de julio del año
2011 Bankia empezó a cotizar en Bolsa mediante una oferta pública de suscripción del 48 % de su capital social. El precio de salida al mercado fue de 3,75 euros por acción y la entidad captó aproximadamente 3.100 millones de euros de capital
adicional. En noviembre del año 2011, unos pocos meses después, el Banco de Valencia, filial de BFA, fue intervenido por el Banco de España. A partir de ese momento, el FROB asume la gestión de esta entidad, que era una participada de BFA, y
anuncia que inyectará hasta 1.000 millones de euros.


En el primer semestre del año 2012 este Gobierno —ya este Gobierno, porque este Gobierno les recuerdo que toma las riendas del Gobierno de España a finales del año 2011— aprueba dos reales decretos-leyes, en febrero y en mayo, de saneamiento
del sector financiero, que obligan a provisiones por encima de 86.000 millones de euros. El grupo BFA-Bankia reconocía en su plan de saneamiento de abril del año 2012 unas necesidades de provisiones específicas por importe prácticamente de 3.400
millones de euros como consecuencia de esos dos reales decretos-leyes. En ese mismo mes, el Banco de España aprobó el plan presentado por BFA-Bankia, pero introduciendo exigencias adicionales. Con ello se buscaba fundamentalmente reforzar la
solidez de la entidad y restaurar la plena confianza del mercado. Por todo ello, el grupo BFA-Bankia comenzó a presentar planes adicionales de ajuste en la última quincena de abril. El 4 de mayo del año 2012, Bankia remitió a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores cuentas individuales y consolidadas de BFA-Bankia correspondientes al año 2011, al año anterior, pero sin los informes del auditor. Días más tarde, se produjo la dimisión de su entonces presidente y el cambio en el equipo
directivo de Bankia. El 14 de mayo del año 2012, el FROB, a solicitud de BFA, instó la conversión de los 4.500 millones de participaciones preferentes convertibles que habían sido emitidas por BFA. Dicha operación fue



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autorizada por el Banco de España y el 27 de junio se ejecutó la conversión y el FROB se convirtió en accionista único de BFA. Asimismo, en junio del año 2012, como recordarán, el Gobierno solicitó de la Unión Europea asistencia financiera,
una línea de crédito por un máximo de 100.000 millones de euros, de la que posteriormente se utilizaron 40.000 millones como instrumento de recapitalización. Para determinar los requerimientos concretos de capital que precisaban las entidades, el
Gobierno solicitó un análisis en profundidad del sistema financiero español a través de dos evaluadores independientes. En el marco de esta evaluación se incluyó un análisis de los balances de las entidades para determinar las necesidades
específicas de capital adicional. En el caso de Bankia fueron algo más de 24.700 millones de euros. No obstante, las inyecciones efectivas de capital finalmente resultaron ser inferiores a las estimaciones de los evaluadores. Las necesidades se
cubrieron en el plan de recapitalización de Bankia, aprobado en noviembre del año 2012 por el Banco de España y la Comisión Europea, de la siguiente manera: cerca de 7.000 millones procedentes del ejercicio de gestión de híbridos, la transferencia
de activos a Sareb por un valor en libros de algo más de 46.300 millones de euros, con un precio de transferencia de 22.300 millones, y una inyección de capital a Grecia por parte del FROB de prácticamente 18.000 millones de euros. Adicionalmente,
en mayo del año 2013, BFA, participada al cien por cien por el FROB, suscribe una ampliación de capital de 10.700 millones, que garantiza la completa recapitalización de Bankia. BFA obtuvo dicho importe de la amortización anticipada de unos bonos
convertibles contingentes emitidos por Bankia. Con ello, BFA pasó de tener el 48 % a tener algo más del 68 %, el 68,4 %. Por su parte, los preferentistas tenían el resto, es decir, aproximadamente un 31 % del capital de Bankia. Hace ahora
aproximadamente un año, BFA vendió el 7,5 % del capital de Bankia por 1.300 millones de euros, quedándose ligeramente por debajo del 61 %, si bien en estos momentos, debido al resultado de los arbitrajes, BFA posee cerca del 63 % de Bankia.


Señorías, gracias a este proceso ha habido dos etapas: antes de este Gobierno y después de este Gobierno. Y gracias a la actuación de este Gobierno, en estos momentos Bankia es una de las entidades más sólidas de España y de Europa. Ello
ha quedado demostrado —supongo que sus señorías se alegrarán— por los exámenes que ha hecho recientemente el Banco Central Europeo, lo que se denominó el Asset quality review, y las pruebas de esfuerzo realizadas. Como ya le dije la semana pasada a
su compañero de escaño, no le quepa ninguna duda que BFA-Bankia hará frente a todas las sentencias y resoluciones judiciales que puedan producirse, como no podría ser de otra forma, señoría, y en eso estará de acuerdo conmigo. De hecho, le voy a
dar los datos de cómo van las sentencias hasta el momento, que creo que es interesante. Hasta el momento los tribunales han emitido un total de ciento veinte sentencias en la jurisdicción civil. De ellas, ochenta y cinco han sido desfavorables
para la entidad, para Bankia-BFA, por un importe de casi 3 millones de euros, y treinta y cinco han sido favorables, señorías, por más de 800.000 euros. De cara a presentar sus resultados de 2014, Bankia debe ahora realizar una estimación de las
potenciales contingencias que se puedan producir por las reclamaciones judiciales derivadas de su salida a Bolsa. Esto es algo que tiene que hacer. Bankia es una empresa cotizada y, aunque el BFA y el FROB, que controla el cien por cien del BFA,
tienen el 63 % de Bankia, hay otra parte, un 36 %, que está en manos de los accionistas privados, fundamentalmente los antiguos preferentistas, y por tanto tiene que hacer una estimación en su presentación de resultados del año pasado, 2014, de
cuánto supone esta contingencia, cuál es la estimación. No es una provisión concreta, sino una estimación del riesgo probable. Por eso, en estos momentos el FROB y BFA-Bankia están analizando el potencial impacto de dicha contingencia y su reparto
entre BFA y BFA-Bankia, algo que ha sido establecido por el juez en su auto de establecimiento de la fianza cuando declara responsables solidarios, aparte de a los antiguos gestores de Bankia-BFA, a la propia BFA y a Bankia.


Si me permite, señoría, se está dejando de lado una cuestión que es muy importante. Un aspecto relevante del reparto será quién asume las primeras compensaciones. Es muy importante. En el análisis económico y financiero —estoy convencido
de que el señor Anchuelo está en esto de acuerdo conmigo— siempre supone mayor riesgo y mayor exposición asumir la primera pérdida que las segundas y esto tiene un valor. Se habla mucho del reparto entre BFA-Bankia y creo que hay un tema mucho más
relevante, que es quién asume esta primera pérdida. En cualquier caso, señoría, la solución que se adopte será realista, ajustada a derecho y velará en todo caso por los intereses de todos los involucrados, tanto de los contribuyentes como de los
accionistas minoritarios de Bankia.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.


Señor Anchuelo.



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El señor ANCHUELO CREGO: Señor ministro, lo primero que me sorprende de su respuesta es que da menos detalles aquí, en el Congreso, a los representantes de los ciudadanos, que a la prensa. Hay muchos más detalles en los artículos de las
últimas semanas sobre cifras y reparto y sobre cuanto caerá sobre Bankia, sobre BFA, que los que hemos escuchado aquí quienes se supone que estamos más autorizados para pedirle la rendición de cuentas, los diputados en el Congreso. Por otro lado,
usted habla de que son problemas anteriores a su Gobierno. Efectivamente, se han manifestado cuando su Gobierno estaba en el poder, pero creo que algo ha tenido que ver su partido en todo esto cuando uno ve los nombres de las personas involucradas
en el caso Bankia. Usted ha explicado cómo el Gobierno ha hecho frente a la situación, pero se le ha olvidado decir que en la distribución de costes ha salvado por completo a los acreedores internacionales y no a preferentistas y a accionistas. Ha
hablado también sobre sentencias, pero sentencias que imagino que no se han producido en las últimas semanas, con las novedades judiciales de las que le he hablado, el informe de los peritos; no creo que sean representativas de la sentencia que
cabe esperar en el futuro.


Como usted no ha dado una respuesta satisfactoria, en nuestra opinión, lo que vamos a hacer es explicarle lo que creemos que debe ser la respuesta, y esperamos que en su segunda intervención se comprometa en esta línea. En primer lugar,
creemos que todos los accionistas estafados tienen derecho a recuperar su dinero sin pasar por el proceso de ir a los tribunales e incurrir en nuevas esperas y en gastos adicionales, puesto que ha quedado acreditado que el folleto de emisión, las
cuentas, no reflejaban la situación de la entidad y que han sido estafados colectivamente. Antes de que esto dé lugar a un goteo de sentencias que lleven a este resultado, es mejor ahorrar a esos damnificados este nuevo calvario. Puede ser bueno
también para la entidad despejar incertidumbres, porque ustedes hablan de estimaciones de coste, pero no saben cuál va a ser el coste cierto. En segundo lugar, creemos que debe ser Bankia quien asuma la totalidad de los costes de estas
devoluciones, Bankia y los responsables de su saqueo, evidentemente. Usted, en los periódicos, aunque no aquí, habla de un reparto entre Bankia-BFA y viene a decir que los dos son públicos. Sí, los dos son públicos, pero Bankia en el 62 % y BFA en
el cien por cien. Supongo que estaremos de acuerdo en que si lo paga una entidad que es cien por cien pública es más costoso para el erario que si lo paga otra entidad que es un 62 % pública. Ya ha habido un coste público suficiente, ya ha habido
suficientes ayudas, con 23.500 millones de euros creemos que es suficiente. Esto tiene más sentido teniendo en cuenta las declaraciones del señor Goirigolzarri, el presidente de Bankia, que cuando salió el informe de los peritos declaró que no
necesitaba más ayudas públicas. Declaró literalmente tener músculo financiero suficiente para hacer frente a las devoluciones y afirmó haber generado valor por 5.500 millones de euros, una cuantía superior al total de las devoluciones. En tercer
lugar, creemos que el Gobierno debe comprometerse a no recurrir la fianza y a dejar de obstaculizar la petición de asunción de responsabilidades en los tribunales. Y, en cuarto lugar, creemos que hay que reconsiderar la situación de los
preferentistas, porque hay un aspecto también olvidado de esta cuestión, y es que ha habido muchos preferentistas que han acudido al arbitraje que les ofreció el Gobierno y que han obtenido laudos favorables, pero en los que no recuperan toda su
inversión, sino el 60 o el 70 %, y estas personas ahora, paradójicamente, pueden verse perjudicadas, porque al ir al arbitraje y aceptar el laudo, han renunciado a las acciones judiciales.


Creemos que esta debe ser la vía justa de solución de este problema, y si, como cabe esperar, no es la que usted piensa ofrecer en su segunda intervención, la plantearemos en la moción que resulte de esta interpelación. Como le decía mi
compañero hace una semana, aunque espero que sea un recordatorio innecesario, recuerde, señor ministro, que usted no solo trabaja para las entidades financieras, que son parte de nuestro país, trabaja también para las víctimas, trabaja también para
los accionistas, trabaja también para los preferentistas, y no puede ver a estos grupos de cientos de miles de estafados como un coste a minimizar sino como parte del problema que hay que resolver. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Anchuelo.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Anchuelo, ha puesto usted de manifiesto, y voy a intentar decir por qué, sus propias contradicciones al respecto. En primer lugar, en el tema de los acreedores internacionales, no se ha perdonado a ninguno. Encuéntreme usted un
acreedor internacional de BFA-Bankia al cual se le haya perdonado; se ha tratado a todos, no había muchos acreedores internacionales. En el proceso de



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saneamiento de BFA-Bankia, igual que en las otras instituciones, lo que se hace en última instancia —y usted lo sabe exactamente igual que yo— es evitar que los depositantes, que los ahorradores, que la gente que tiene una cartilla pague las
pérdidas de la institución. Hay una orden de prelación y eso es una normativa comunitaria en la cual, primero, los que lo pierden todo son los accionistas, después los que tienen deuda junior, después deuda senior, y eso se va haciendo, hay un
orden. Y se evita siempre, y lo conseguimos, que el agujero de esos 24.000 o 22.000 millones de euros que tenía Bankia lo paguen los depositantes, que son muchos más que todos los demás. Y que además, como usted sabe perfectamente porque está
absolutamente estudiado de acuerdo con la historia económica y con el análisis de las finanzas, evita que se produzca un efecto dominó de desconfianza de una institución financiera al resto de instituciones financieras. Esto es lo que se ha
conseguido y ese ha sido el objetivo fundamental de la política del Gobierno, evitar que los depositantes, que los ahorradores pierdan un duro y que se generara una situación de desconfianza que, como usted también sabe perfectamente, nos hubiera
llevado a una caída del PIB que no sería en absoluto equiparable a la que hemos tenido desde el inicio de la crisis financiera.


En segundo lugar, y esto también es importante, usted con la fianza que ha interpuesto el juez juega en función de cómo le interesa. Primero, es un auto de una fianza; todavía no es una condena, en eso estará de acuerdo absolutamente
conmigo. Ustedes pedían una fianza de 4.000 millones, el juez la ha dejado en 800. Si usted acepta y respeta, como respeto yo, los autos del juez, tendrá que tener en consideración que entre lo que ustedes pedían y lo que efectivamente se ha
concretado hay una diferencia notable. Después usted juega a algo que además es contradictorio con otras intervenciones suyas en el pasado. Señoría, usted me ha hecho preguntas y hay un montón de intervenciones en las trece veces que he ido a la
Comisión de Economía a hablar del sistema financiero, a hablar de la situación económica de España sobre cuánto vamos a recuperar. Y estará de acuerdo conmigo en una cuestión, el principal activo que tiene el FROB, los contribuyentes españoles, vía
BFA, que es cien por cien del FROB, es Bankia. Si nosotros queremos recuperar las ayudas, tenemos que intentar vender Bankia al máximo precio posible. Por tanto, contraponer BFA, Bankia, porcentajes y no porcentajes, sinceramente, señor Anchuelo,
no tiene mucha racionalidad. Si nosotros mantenemos la incertidumbre sobre esta potencial contingencia judicial de la salida a Bolsa, lo único que vamos a hacer es penalizar el precio de Bankia, que es el principal activo que tenemos para recuperar
las ayudas. Supóngase, por ejemplo, que Bankia distribuye un dividendo, ¿qué porcentaje se llevará BFA? El 63 %, ¿no, señoría? No está mal, no está mal. Cuando tenga un activo al 63 %, si usted fuera dueño de una compañía al 63 %, seguro, estoy
convencido, que la va a cuidar con muchísima atención y con muchísimo cariño. Por lo tanto, esta contraposición no es real en sí misma. Por otro lado, otra de sus contradicciones es sobre quiénes son los accionistas minoritarios de Bankia en este
momento. Los accionistas minoritarios de Bankia en este momento son los antiguos preferentistas en un porcentaje muy elevado, a los cuales la evolución de la acción de Bankia les ha hecho recuperar gran parte de su inversión. Porque en el tema de
los preferentistas, señor Anchuelo, le recuerdo que nosotros nos encontramos con un problema que no fue creado por este Gobierno —las preferentes, como sabe usted perfectamente, se colocaron entre el año 2006 y el 2008—, y a través del sistema de
arbitraje hemos sacado a 350.000 preferentistas. Por tanto, han recuperado su inversión un porcentaje elevadísimo en una de las operaciones de las que usted, como yo, seguro que se alegra.


Yo entiendo perfectamente que usted tenga que hacer en estos momentos un intento de autobombo político en relación con sus querellas, pero le voy a dar los datos porque creo que reflejan la realidad. El FROB desde el primer momento tenía
instrucciones de detectar las operaciones irregulares en el caso de las cajas intervenidas, y ha trasladado a la fiscalía cuarenta y siete casos. Ha enviado veintisiete operaciones potencialmente irregulares, y está personado en veinte causas
penales, catorce de las cuales iniciadas por el propio FROB. Señoría, entiendo perfectamente sus necesidades políticas en los tiempos en los que estamos, pero usted, señor Anchuelo, que es una persona rigurosa, sabe perfectamente que este Gobierno
con su política de saneamiento del sector financiero lo que ha hecho ha sido fundamentalmente apuntalar la recuperación.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor ministro, su tiempo ha concluido.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Acabo ya, señor presidente.


No se ha mantenido el sueldo de ningún alto cargo de la banca que haya estado involucrado en la gestión de las cajas de ahorros. No se ha pagado ninguna indemnización. Se ha evitado que los



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depositantes hayan pagado lo más mínimo como consecuencia de la crisis bancaria. Hemos sacado a 350.000 preferentistas y les hemos hecho recuperar su inversión. Y sobre todo, lo más importante, si hoy crece la economía española es porque
se ha roto ese círculo vicioso que existía entre dudas sobre el riesgo bancario, dudas sobre la situación de la banca y los balances bancarios, y riesgo macroeconómico. Por eso en estos momentos vuelve a haber crédito disponible para la economía
española, y esa es la cuestión fundamental, porque usted sabe que ahí es donde está la base de la recuperación de la economía española.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA ERRADICAR EL AUMENTO DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES EN ESPAÑA. (Número de expediente 172/000285).


El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas que va a tomar el Gobierno para erradicar el aumento de la discriminación
contra las mujeres en España. Defiende la interpelación la señora De las Heras.


La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.


Señor ministro, como sabe, el pasado mes de diciembre de 2014 una delegación del grupo de trabajo de Naciones Unidas para valorar la situación de discriminación contra las mujeres visitó España y realizó una declaración que se sustanciará
previsiblemente en un informe que se presentará el próximo mes de junio. Esta declaración deja en evidencia la situación de grave retroceso en cuanto a las políticas y avances conseguidos en los últimos decenios en igualdad entre hombres y mujeres.
En realidad, señor ministro, todos y cada uno de los extremos que relata de manera generalizada la declaración de la delegación de Naciones Unidas están siendo denunciados desde el comienzo de la crisis estafa que ha sufrido nuestro país por parte
de las organizaciones y asociaciones de mujeres expertas en igualdad de género y por un amplio espectro de la oposición de esta Cámara sin que hasta el momento el Gobierno del Partido Popular haya hecho otra cosa que no sea tomar medidas de carácter
político y legislativo tendentes a profundizar en la brecha de discriminación contra las mujeres. Por ello, señor Alonso, ante la sordera que impera en su Gobierno y las nuevas responsabilidades que ahora usted ha asumido en materia de igualdad de
género, hemos querido usar el altavoz que nos brindan los organismos internacionales para que escuchen, aunque no les gusten, las exigencias fundadas y reclamadas dentro y fuera de nuestras fronteras. Esperamos que sirvan, a pesar de la poca
credibilidad que les queda, para que reconduzcan y rectifiquen de manera urgente las políticas que están llevando a cabo en contra de las mujeres en nuestro país.


La declaración evidencia que las medidas de recortes económicos y de derechos que afectan a toda la clase trabajadora y, de manera especial, a la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, no pueden explicarse en el marco de una
situación de crisis y dejan de manifiesto una intención de marcado sesgo ideológico con la que el Partido Popular ha pretendido afianzar y fortalecer la cultura machista y patriarcal reclamada por los sectores más ultraconservadores. Es así como
con sucesivas contrarreformas han dejado un panorama desolador para las mujeres en nuestro país. En el ámbito laboral el 70 % de las mujeres se ven abocadas a un trabajo a tiempo parcial y obligadas a hacer horas extras sin que esto les permita
salir del umbral de la pobreza. El 60 % del paro de larga duración está copado por mujeres y el 55 % de las mujeres están paradas, a pesar de que en datos porcentuales están más preparadas que los jóvenes. Los salarios, a igual trabajo, son un
21,5 % más bajos para las mujeres. Y respecto a los sectores laborales históricamente precarizados y ocupados casi en su totalidad por mujeres, como es el de las empleadas del hogar, el Gobierno se ha negado a ratificar el Convenio 189 de la
Organización Internacional del Trabajo, que garantiza el seguro de desempleo, a pesar de que La Izquierda Plural se lo ha pedido con dos iniciativas, una en la Comisión de Igualdad y otra en la de Empleo. Todos los recortes en gasto social que se
han llevado a cabo están afectando especialmente a las mujeres, como principales usuarias, proveedoras de servicios sociales y empleadas. Sus políticas austericidas en dependencia, educación, sanidad y pensiones están condenando a las mujeres a
volver a sus casas para realizar las tareas de cuidados de las que se está desentendiendo su Gobierno. En el mejor de los casos, señor ministro, para aquellas mujeres que aún tienen trabajo estable, ustedes eluden el compromiso derivado



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de las conclusiones de la subcomisión de estudio de racionalización de horarios, la conciliación personal, familiar y laboral, y la corresponsabilidad. Tendrá que explicarnos hoy aquí por qué se niegan a ampliar la duración del permiso de
paternidad incumpliendo la ley de 2009 y están postergando sine die el debate y la ratificación de las conclusiones de esa subcomisión en esta Cámara.


Señor Alonso, usted sabe que la educación es una de las principales herramientas capaces de superar desde la raíz la desigualdad entre hombres y mujeres, pero con la Lomce se ha vuelto un arma en su contra. Lejos de seguir las
recomendaciones de la Cedaum de revisar los libros de texto y adaptar los contenidos curriculares para acabar con la invisibilidad de las mujeres en todos los campos —en el de la ciencia, la cultura, la historia—, se ha eliminado la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y se subvencionan los colegios que segregan por sexo. Todo esto está suponiendo un grave retroceso en cuanto a las necesidades de erradicar entre los y las jóvenes los preocupantes estereotipos sexistas que persisten en
nuestra sociedad y que se muestran, de cara a un futuro inmediato, como una de las principales barreras para avanzar hacia la igualdad real.


Señorías, en relación con la lacra que supone la violencia machista como máximo exponente de la desigualdad y la discriminación contra la mujer, el Gobierno no ha demostrado con hechos constatables ninguna intención de hacerla frente. Las
mujeres víctimas de violencia machista siguen estando en una grave situación de miedo e indefensión por falta de recursos sociales y económicos a la hora de afrontar la separación o el divorcio. Las campañas de prevención son claramente
insuficientes y no sirven de mucho cuando se centran en pedir que las mujeres salgan del silencio, del sufrimiento y de la situación de violencia en la que se encuentran simplemente denunciando, sin que, a su vez, no se den las garantías de una
tupida red de servicios que garanticen la plena protección y la atención a las víctimas por parte de los poderes públicos responsables. La eliminación de competencias en los ayuntamientos en igualdad y en lucha contra la violencia machista, junto
con la reducción del número de centros de acogida de mujeres en las comunidades autónomas, ha desmantelado total y absolutamente la red que se había creado en los diez últimos años de vigencia de la Ley contra la violencia de género y doméstica.


Las declaraciones del Gobierno para implementar y cumplir tanto la ley como la estrategia nacional se quedan, señor ministro, en agua de borrajas ante la realidad de las medidas de recortes económicos que mantienen de forma contumaz. Es
más, señor ministro, nos gustaría que nos dijera dónde ha quedado el compromiso que le ha dejado en herencia la señora Mato sobre la necesidad de evaluar y modificar la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género y
cuánto tiempo más tendremos que esperar para que se implante la asistencia letrada en todas las comisarías, la creación de una ventanilla única de atención a las víctimas de violencia machista o la puesta en marcha de un nuevo protocolo policial de
evaluación de riesgos que permita un mejor diagnóstico a la hora de proteger a las mujeres ante sus agresores. Nada de esto le hemos oído en sus escasas declaraciones públicas al respecto, señor ministro, y ahora tiene la oportunidad de
contárnoslo. Aunque la verdad no sé si será más oportuno exigirles que cumplan con sus compromisos o que rectifiquen en lo que queda de legislatura y tomen las medidas legislativas y políticas que puedan paliar el daño ya causado a las mujeres con
sus recortes. Lo que le exigimos es que nos explique cómo, cuándo y por qué va a llevarse a cabo la modificación de la Ley orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para impedir que las mujeres de
dieciséis a dieciocho años puedan acceder a un aborto legal y seguro sin el consentimiento parental. Ustedes —y usted también lo sabe, señor ministro— saben que esta medida no es necesaria porque el 87 % de las jóvenes que deciden interrumpir su
embarazo lo hacen con el apoyo y el acompañamiento familiar. Sin embargo, dejarán desprotegidas a una minoría, precisamente la más vulnerable: las adolescentes con una situación límite, con circunstancias familiares muy graves, en muchos casos
víctimas de violencia y de abusos sexuales, que se van a ver abocadas a un aborto clandestino porque lo van a hacer —y lo van a hacer poniendo en riesgo su vida— bajo su responsabilidad. Una vez más, utilizan a las mujeres como moneda de cambio con
el estamento religioso y los sectores más reaccionarios. No pudieron contentarles con sus extremas pretensiones y tuvieron que retirar la ley que impedía el aborto legal de manera práctica en nuestro país. No pudieron hacerlo porque la sociedad,
las organizaciones de mujeres y los organismos internacionales de derechos humanos se lo impidieron. Ahora, ante este nuevo atentado ante las mujeres adolescentes más vulnerables, pretenden no encontrarse con una posición similar, pero ya le
adelanto, señor Alonso, que se equivoca. Como muestra le puede servir la declaración que justifica y guía esta interpelación, en la que se manifiesta la preocupación y el rechazo por esta medida.



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Señorías, la situación de desigualdad y discriminación contra las mujeres es cada día más grave y necesita del compromiso político para articular de manera integral y urgente medidas de lucha contra la precarización y la pobreza femeninas,
así como contra la discriminación y la violencia de género, que está en peligroso aumento en nuestro país. Hoy queremos saber si usted, señor ministro, va a tomar alguna de estas medidas en el poco tiempo que le queda de legislatura y le
adelantamos que si lo hace, contará con el apoyo y la colaboración de nuestro grupo. En definitiva, señor ministro, necesitamos que desde sus competencias en igualdad de género inste al Gobierno para que reconduzca de manera urgente las políticas
que profundizan en la desigualdad entre hombres y mujeres y que de forma inmediata dejen de legislar contra ellas. Eso es lo que le están pidiendo las organizaciones de mujeres y los organismos internacionales y eso es lo que le pedimos hoy desde
mi grupo parlamentario, que nos aclare qué va a hacer y cómo, y si usted y su Gobierno tienen alguna intención, una vez que ya no les queda el pretexto de la crisis, de reconducir esta situación en lo que le queda de legislatura y rectificar para
que en nuestro país las mujeres podamos recuperar los derechos conseguidos tras muchos años de reivindicaciones y de lucha y, desde ahí, seguir avanzando hacia la igualdad real y efectiva que necesitamos en nuestro país.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora De las Heras.


A continuación, tiene la palabra el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.


Señora De las Heras, esta interpelación de esta mañana sirve también como prólogo de la comparecencia que voy a realizar esta tarde en la Comisión de Igualdad y donde tendremos también ocasión de debatir, más despacio seguramente y con más
tiempo, sobre las cuestiones que usted ha puesto hoy aquí sobre la mesa y que vienen a hacer un repaso de algunas de las principales preocupaciones y problemas a los que se enfrentan las mujeres españolas en un escenario que dista todavía de ser
igualitario. Yo creo que para afrontar este debate, y en general el planteamiento de la política, debemos seguir una máxima que yo me aplico: nosotros no venimos a la política a encarnar prejuicios, señora De las Heras. En todo caso, sería bueno
estar en política para superar los prejuicios, los prejuicios de derecha o los prejuicios de izquierda. Yo a usted le reconozco su preocupación legítima y sincera respecto de las cuestiones de las que habla, pero entonces yo no puedo aceptarle que
nos diga que nuestra intención política es establecer una cultura patriarcal y machista, porque eso no es justo. Tampoco le puedo aceptar que nos diga que hacemos política contra las mujeres. No entiendo cuál es esa intención y por qué querríamos
hacer política contra las mujeres. O que para nosotros la crisis es un pretexto contra no sé quién. Yo creo que eso no es razonable y que solo nace del prejuicio, y le pido a usted que lo supere y que reconozca que también otros tienen una
vocación pública que nace de la defensa de la dignidad de la persona. También otros la tienen y esa es la raíz de la vocación pública del grupo al que yo pertenezco y del Gobierno en el que yo estoy integrado. Quiero, no obstante, metiéndome en la
materia que usted plantea, comenzar reiterando la condena contra la violencia que se ejerce contra las mujeres y que es la máxima expresión de la falta de igualdad en una sociedad. Este año ya han sido asesinadas cuatro mujeres que han dejado
huérfanos a siete menores de edad. Es evidente que mientras una sola mujer sea agredida por su pareja o por su expareja los poderes públicos tenemos que estar en una reflexión profunda sobre la eficacia de estas políticas en todos los ámbitos.


Se ha referido su señoría al grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, que ha visitado España el pasado mes de diciembre y que emitirá sus conclusiones el próximo mes de junio. Lo más
prudente, por lo tanto, para nosotros es esperar para poder hacer una lectura rigurosa sobre la visión de la igualdad en España, porque, de momento, el grupo solamente ha expuesto unas líneas generales del trabajo que han realizado durante los diez
días que han pasado en nuestro país. Pero sí quisiera hacer alguna consideración. El grupo de trabajo ha valorado muy positivamente el impresionante esfuerzo que entre todos hemos hecho a lo largo de los últimos años en materia de legislación por
las leyes que se han aprobado, normalmente de forma unánime, por todos los grupos políticos representados en esta Cámara y también algunas medidas más recientes, como la justicia gratuita para las víctimas de violencia de género —tengan o no
recursos para litigar— o la extensión hasta los doce años de la reducción de jornada por el cuidado de hijos, que son medidas que cita expresamente este grupo de trabajo. Y quiero decirle también que sobre la igualdad en la práctica, teniendo tanto
que hacer y efectivamente en una situación que dista de ser la que debería ser, hemos hecho avances



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importantes en esta legislatura y en las legislaturas anteriores. La tasa de actividad femenina que mide la encuesta de población activa sigue siendo inaceptable, pero ha pasado en los últimos diez años del 46 % al 53 % y por lo tanto la
tendencia es a que vaya avanzando, y también lo ha hecho en esta legislatura. Naturalmente el porcentaje de mujeres con estudios superiores se ha duplicado en los últimos quince años y quiere decir que España es un país en transformación y un país
que está avanzando. Y la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas del Ibex ha ido creciendo en esta legislatura del 12 % al 17 %; pero, fíjese, todavía está solamente en el 17 % y ese es un índice, una ratio de la
desigualdad que todavía impera en nuestro país. En la propia composición de esta Cámara es verdad que ha aumentado el número de diputadas y, lo que es más importante, su protagonismo pero todavía son apenas poco más de un tercio de los
representantes de la soberanía nacional.


En el camino largo que nos queda por recorrer y en el que pretendo estar comprometido y escucharla atentamente para ver qué cosas podemos hacer en común, entendemos que hay tres pilares, que son: el empleo y la conciliación, la lucha contra
la violencia de género y el impulso de medidas para evitar cualquier discriminación. Estos son los pilares que se recogen en el Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016, que es nuestro marco de actuación. Se ayuda al desarrollo de
estos pilares con el incremento presupuestario, que este año ha sido ya cercano al 8 %; es un esfuerzo en el que hay que continuar. La principal herramienta para acabar con la desigualdad es el empleo y en este ámbito el Gobierno actúa con tres
vértices principales: impulsar la inserción laboral, reducir la brecha salarial y aumentar la presencia de mujeres en puestos de decisión, siempre haciendo hincapié en aquellas mujeres que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Se
ha venido trabajando y se ha seguido avanzando, y en esta legislatura se ha apoyado y asesorado a más de 400 empresas en el diseño de sus planes de igualdad y se ha creado la Red de empresas por la excelencia en igualdad, y hay que seguir
extendiendo esas buenas prácticas y ese cambio de cultura en las empresas españolas. Se trabaja también en proyectos para fomentar la inserción laboral de las mujeres en lugares con tasas altas de paro femenino. Hemos ido destinando cada vez más
recursos con cargo a las subvenciones del 0,7 del IRPF, se han destinado más de 33 millones de euros a más de 400 programas dirigidos a la atención a la mujer o 61 proyectos de inserción sociolaboral de mujeres con dificultades, de mujeres en el
ámbito rural, de emprendimiento femenino y acciones para reducir la brecha salarial. Estamos trabajando y colaborando con otras entidades, con las cámaras de comercio, con los municipios españoles, con las empresas para ir extendiendo estos planes
de igualdad para ir implicando a todos en la lucha contra la discriminación y con una mayor visibilidad y presencia de las mujeres en todos los ámbitos.


El otro gran eje de trabajo del Gobierno en el ámbito de la igualdad es la lucha contra la violencia contra la mujer. En este terreno se han hecho importantes avances. Se ha consolidado la prevención en las aulas, contrariamente a lo que
usted dice. La violencia de género es un principio rector en nuestro sistema educativo y se ha ido extendiendo la concienciación también a los centros de atención primaria, y este es un asunto importante. Usted señalaba que, efectivamente, hay
conductas, actitudes sexistas que se detectan en los adolescentes españoles y preocupa de manera especial al ministerio combatir esa tendencia que es claramente un retroceso muy negativo. Por tanto, la actuación desde el punto de vista del ámbito
educativo es fundamental. Se han introducido medidas para impulsar las denuncias, como la justicia gratuita —a la que me he referido— y que se va a completar —como usted quería— con el asesoramiento legal previo, con el que queremos evitar que se
puedan archivar causas por defectos formales. Se han reforzado los servicios asistenciales, como el teléfono 016 y se ha creado una aplicación, la aplicación Libres, para detectar las primeras señales de maltrato y actuar también en ese ámbito de
denuncia temprana de prevención. Hemos dado un paso adelante en la atención integral y la atención personalizada al introducir pautas comunes de intervención integral con las comunidades autónomas. Se ha aumentado la coordinación de los servicios,
se ha hecho hincapié en todas aquellas medidas que impulsan el empleo de las víctimas, como es la Red de empresas por una sociedad libre de violencia de género. Se ha trabajado y se sigue trabajando en aumentar la protección de las mujeres, cuyas
principales medidas se han plasmado aquí, en esta Cámara, en el Estatuto de la víctima que les permite, entre otras cosas, estar informadas de la situación penitenciaria de los agresores o de su puesta en libertad. Y se ha reforzado el control de
los maltratadores a través de los delitos que se introducen en la reforma del Código Penal, que está ahora en tramitación en las Cortes y que establece expresamente la posibilidad de que la libertad vigilada pueda ser utilizada para prevenir la
peligrosidad en delitos contra la violencia de género. Se ha dado un paso importante otorgando visibilidad a los menores como víctimas y aumentando su protección estableciendo también en el Estatuto de la víctima que tengan derecho a las mismas
medidas



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de asistencia y de protección que sus madres. Queda un largo camino por recorrer, pero en esta legislatura hemos aprobado, por primera vez, una estrategia nacional y estamos haciendo un esfuerzo presupuestario, un aumento este año de casi
el 7 %, para ir avanzando en la dirección adecuada.


En materia de igualdad de trato y discriminación quiero destacar que hemos renovado el servicio de asistencia a víctimas de discriminación, que da asistencia presencial, telefónica y telemática a las víctimas de discriminación racial o
étnica, y se está elaborando el mapa de la discriminación para conocer la percepción del conjunto de la población sobre la discriminación así como la percepción de las víctimas, y recopilar datos sobre la aplicación de las disposiciones legales
antidiscriminatorias en España en los ámbitos penal, civil, laboral y administrativo. En definitiva, señoría, a lo largo de las últimas legislaturas se han hecho importantes avances en el ámbito de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la
lucha contra la violencia de género, pero son avances que siguen sin ser suficientes. Para que podamos avanzar de una manera más decidida me corresponde renovar un compromiso, pero usted también debería hacer un esfuerzo por reconocer la
posibilidad de que nosotros tengamos un compromiso real, porque lo tenemos, en la lucha a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, en la lucha contra toda forma de discriminación, y en la lucha contra la violencia de género. Solo si nos
reconocemos los unos a los otros nos daremos la oportunidad de trabajar juntos, y avanzar decididamente en un objetivo que tiene ser compartido.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.


Señora De las Heras.


La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.


Señor ministro, usted considera prejuicios los datos constatables. Tiene prejuicios el lobby europeo de mujeres en su informe sobre la pobreza y la discriminación con la crisis. Tiene prejuicios el grupo de trabajo de Naciones Unidas que
ha venido durante días a trabajar a España. Todas tenemos prejuicios. Usted elude los datos constatables. Los prejuicios son perjuicios para las mujeres en nuestro país. Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo entiende, todo el mundo que está
preocupado y trabaja por la igualdad, menos ustedes, menos el Partido Popular en este país. Con la crisis la situación de discriminación contra las mujeres ha aumentado de manera alarmante a la par que la brecha de las desigualdades. Lo dicen
todos los informes. Lo dicen las organizaciones no gubernamentales de mujeres. Se lo estamos diciendo constantemente desde la oposición y ustedes hacen oídos sordos. Señor ministro, necesitamos medidas urgentes, no lugares comunes, no que nos
relate aquí que desde el Partido Popular están por la igualdad. Hechos son amores. Necesitamos un plan integral de lucha contra la feminización de la pobreza. ¿Lo van a hacer? ¿Van a abordarlo? No me ha contestado. Les hemos pedido que cumplan
con la ley de 2009 y amplíen la duración del permiso de paternidad, que cumplan con las conclusiones de la subcomisión de estudio de racionalización de horarios de la conciliación familiar y laboral y la corresponsabilidad, y que realicen de manera
inmediata un estudio para aumentar los permisos y que estos sean iguales e instransferibles. Ustedes lo han dicho en su informe de la subcomisión. ¿Por qué no quieren traerlo a la Cámara, ratificarlo y cumplir con sus propios compromisos? Hechos
son amores, señor Alonso.


Necesitamos la evaluación, desarrollo y cumplimiento de la Ley de Lucha contra la Violencia Machista, de 2004, y de la estrategia nacional, con la dotación presupuestaria suficiente, porque con los presupuestos de 2015 las dotaciones
presupuestarias son insuficientes, y no se va a poder abordar esta necesidad imperiosa para acabar con la lacra que supone la violencia machista. Necesitamos que adapten curricularmente la educación en valores de igualdad, no discriminación y
corresponsabilidad entre hombres y mujeres en todas las etapas educativas, no solo en la primera etapa, donde lo han incorporado ustedes porque se lo hemos requerido cientos de veces desde la oposición, desde el sistema educativo y desde las
organizaciones de mujeres en todas las etapas, señor Alonso. Necesitamos que el Instituto de la Mujer recupere el enfoque en materia de género que ha perdido cuando ustedes han hecho una reforma de la Administración local que ha dejado sin ninguna
visibilidad específica para abarcar todo tipo de discriminación, y además le requerimos que, ya que desde 2010 el anterior Gobierno desmanteló y eliminó el Ministerio de Igualdad, cuelgue directamente este organismo en el Ministerio de la
Presidencia para que tenga la transversalidad y la visibilidad necesarias. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


Queremos que dejen de legislar contra los derechos humanos de las mujeres y que no hagan ninguna modificación en la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Le hemos



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dicho aquí en esta Cámara, que es donde tienen que dar explicaciones, que nos explique cómo, cuándo y por qué, no ahí afuera, en los medios, señor Alonso, que nos lo diga aquí en esta tribuna, qué es lo que van a hacer con las adolescentes
más vulnerables. En definitiva le pedimos que en lo que queda de legislatura y una vez que, según su Gobierno, la crisis está superada se pongan manos a la obra para que podamos recuperar todos los derechos que hemos perdido las mujeres en nuestro
país, porque queda mucho por avanzar, y no vale que nos diga que a ustedes les importa la igualdad. Yo no pongo en duda, señor Alonso, que usted quiera avanzar en igualdad entre hombres y mujeres, pero hechos son amores. Suba y diga que va a
ponerse manos a la obra.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.


Señor ministro de Sanidad.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señora presidenta.


Señora De las Heras, le agradezco la mención última de que no tiene duda de mi compromiso personal, pero sigo lamentando que tenga duda del compromiso de mis compañeros que están sentados aquí, y del conjunto de la organización sinceramente
(Aplausos), porque hay personas que llevan muchos años trabajando y que han dedicado toda su vocación política, en esa bancada y en esta bancada, y se ha hecho un trabajo de toda esta institución del Congreso del que usted también es protagonista,
es lo único que quiero que se reconozca, porque si dejamos de utilizar este asunto como un arma arrojadiza de unos contra otros avanzaremos más deprisa, estoy seguro. Por eso yo llamo prejuicios a cuando se afirma: todo el mundo trabaja por la
igualdad menos ustedes. Hombre, todo el mundo menos nosotros, creo que al menos esa afirmación no es justa, es profundamente injusta, y ese es un mal principio para poder seguir haciendo cosas.


Usted decía —y estoy completamente de acuerdo con su apreciación— que las políticas de igualdad han de ser transversales, y por tanto tienen que impregnar distintas áreas de gobierno, luego daba una fórmula concreta y no sé si es ésa, pero
esa es desde luego la visión que tenemos desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y por tanto no solamente es en nuestro ministerio donde radica esta responsabilidad y hay que trabajar, y los planes de igualdad de oportunidades
que hemos puesto en marcha afectan a todos los ámbitos del Gobierno, y al conjunto de los ministerios, y tratan de que las medidas vayan enfocadas en esa dirección; además hace tiempo que en España cualquier medida normativa que se adopte tiene que
tener un informe de impacto de género, que es algo que creo que todo el mundo se toma muy en serio, y ese es el camino verdaderamente de la transversalidad que existe en España, que hace que constantemente nos estemos preguntando si nuestras
políticas en todos los ámbitos sirven para avanzar en una mayor igualdad entre hombres y mujeres o no, y creo que eso también ha conseguido que muchas políticas avancen en una mayor igualdad, y que poco a poco vayamos obteniéndola.


Me dice que lo que quiere son hechos, y que los hechos acreditan la sinceridad de los compromisos o de la voluntad. Pero, claro, yo le podría decir lo mismo, yo le podría preguntar también —sí, a usted— cómo es posible que en Andalucía en
noviembre no hubiera dinero para las subvenciones para entidades sociales, y las tuvieran que recortar porque dijeron que no había dinero, pero en enero sí hubiera dinero para convocar las elecciones. (Protestas.—Aplausos). ¿Esas son prioridades
políticas también? (Rumores y protestas). Usted me hace reproches. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante de priorización y se está haciendo un esfuerzo importante de priorización, y el presupuesto de este año prioriza a favor de las
políticas de igualdad y nuestro compromiso está ahí. Y se ha hecho un esfuerzo para garantizar la actividad de las entidades del tercer sector porque es importantísimo, y se ha colaborado con ellos, entre otras cosas impidiendo que fueran a la
quiebra porque no cobraban los convenios y las ayudas que les debía la Administración pública. Por eso nuestro compromiso es trabajar juntos y no miramos el color político de quien tiene un compromiso y una voluntad de trabajar a favor de la
igualdad, no lo miramos, solamente escuchamos la denuncia que se hace, y usted ha trasladado aquí muchas con mucho sentido de los problemas reales que les pasan a las mujeres y que hacen que España siga siendo un país donde no hay igualdad real.


Vamos a poner en marcha en el tiempo que queda, en estos meses de legislatura, varios compromisos que tiene pendientes el Gobierno, y vamos a trabajar con usted en el plan especial para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el
ámbito laboral y contra la discriminación salarial, en la brecha salarial, que es un aspecto muy importante. También en el plan especial para la promoción de la mujer



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rural, que también forma parte de la agenda social, y vamos a seguir trabajando con usted en materia de violencia de género. Señoría, 2012, 2013 y 2014 son los tres años en los que se han producido menos víctimas mortales desde que se
empezaron a contabilizar en 2003. ¿Es un buen dato? No, el dato es malísimo, porque siguen siendo muchas las mujeres que han sido asesinadas, y algunas mujeres habían presentado denuncia. Pero tienen que aumentar las denuncias, las denuncias
llevan tres trimestres subiendo después de cinco años bajando. Por tanto no vamos a descansar en ese compromiso de que se denuncie más, de que sea más visible, de que se comprenda menos, y de que la protección cuando se pone una denuncia sea más
efectiva, y que se proteja no solamente a las mujeres, sino también a quienes están en especial situación de vulnerabilidad, que son sus hijos.


Vamos a trabajar en todo eso y yo le he tendido la mano. Son muchas las actuaciones, los planes que esta tarde vamos a poder desgranar y los compromisos que mi Gobierno ha cerrado en materia de igualdad en la agenda social. Y de la misma
manera que el grupo de trabajo al que usted se refería de Naciones Unidas decía que los avances en materia legislativa son muy destacables, y algunos seguramente son pioneros en un país como España y asesoramos a otros países que también quieren
seguir ese mismo camino, cada día el reto es poder llegar, como se decía en la transición, a que lo que se pone en la ley sea normal en la calle. Eso todavía no ocurre ni en este hemiciclo ni fuera. Si superamos prejuicios y trabajamos juntos,
llegaremos antes a ese objetivo. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD SOBRE SITUACIÓN, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. (Número de expediente 172/000289).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Sanidad sobre situación, desarrollo y perspectivas del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia.


Para su defensa tiene la palabra la señora Carcedo.


La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señores diputados, ¿se imaginan que los días 22 o 23 del mes siguiente al trimestre que corresponde la encuesta de población activa el Instituto Nacional de Estadística nos dijera que, por problemas técnicos, se retrasa la
publicación de los datos un mes o sine die? ¿Se imaginan que sobre el paro registrado a los dos o tres días del mes siguiente a que se cierran los registros tuviésemos una respuesta similar? Es inconcebible en un país con una democracia avanzada y
un país moderno, pero paradójicamente eso es lo que nos está sucediendo con la información de la Ley de la Dependencia. Llevamos un mes de retraso en la publicación de los datos, señor ministro, y no sirven razones técnicas. Más de un mes de
retraso en un país serio, en un ministerio con tradición de rigor y de seriedad en el tratamiento de la información. ¡Esto no sucede en el sistema sanitario! ¿Por qué sucede en el sistema de la dependencia, señor ministro? ¿Qué están cociendo?


Como sabe, señor ministro, el sistema de la dependencia surge como consecuencia de un acuerdo y de una recomendación del Pacto de Toledo. Además de esta recomendación del Pacto de Toledo existen recomendaciones de la Unión Europea, de la
Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa, y también de la creación de una subcomisión específica en el Congreso de los Diputados. El concepto de la dependencia nace dentro del sistema de servicios sociales como el cuarto pilar del
Estado del bienestar, en el que el sistema de la dependencia es una parte importantísima, pero cuando se está construyendo este sistema llega el señor Rajoy. Este sistema estaba configurado como derecho de ciudadanía, como el resto de los pilares
del Estado del bienestar, y ya el señor Rajoy en una entrevista durante la campaña electoral nos dijo: mi prioridad son las pensiones, y a partir de aquí habrá que recortar todo. La dependencia no es viable y habrá que ir haciendo lo que se pueda.
Lo que se pueda es lo que efectivamente hicieron a partir de la entrada de su Gobierno y de la puesta en marcha de su modelo político. Comprendo que sus políticas son las que son, es su modelo de Estado, es su modelo de convivencia, y es el
proyecto político en el que ustedes militan, me parece razonable y sensato, pero díganlo, no utilicen de forma perversa las palabras e intenten engañar a los ciudadanos. Su modelo es reducir el papel del Estado y que los ciudadanos sean los que
generen la riqueza, generen empleo, etcétera, y que cada uno se busque la vida. Me parece muy razonable, pero por favor no engañen.



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Como decía el sistema de la dependencia —llamado así por ahorrar palabras— nace como un derecho de ciudadanía, y va dirigido, en primer lugar, a prevenir la dependencia, y en segundo lugar, a atender a las personas que tienen alguna
limitación para el pleno disfrute de sus derechos de ciudadanía. Este es el fondo del sistema. Además está concebido como un modelo de convivencia, y también tenía la aspiración de desarrollar un nuevo sector económico, porque —esto no lo digo yo,
lo dicen expertos— por cada 1.000 euros invertidos en dependencia se pueden generar aproximadamente entre 24 y 40 puestos de trabajo. Por tanto no es solo una prestación, es un modelo de convivencia que define la estructura de la sociedad.


Como decía antes llega el Gobierno del señor Rajoy con su concepto de la política, con su ideología —respetable, pero que evidentemente nosotros no compartimos—, y empieza sus recortes para supuestamente solucionar el déficit fiscal que
existía en nuestro país, pero las políticas que se les ocurre recortar curiosamente son las políticas del Estado del bienestar y las políticas dirigidas a la protección social, que son las que más se necesitaban en ese momento, pero eso de debe a
que su concepto de las políticas sociales es el concepto de gasto, y no de inversión social. En estas aprueban el Decreto 20/2012, que genera un vuelvo al concepto del sistema de la dependencia, y el sistema empieza a hacer aguas por todas partes.


Voy a dar cuatro pinceladas sobre la situación en la que se encuentra a día de hoy el sistema de la dependencia. Existen aproximadamente 1.200.000 personas valoradas como dependientes, de las que son atendidas casi 730.000. Pero tengo que
decir que hay aproximadamente 11.000 personas menos atendidas por el sistema que en 2011; casi 11.000 personas menos que en 2011. Y a pesar de la ingeniería contable y de las listas de espera virtuales a que nos tienen acostumbrados sigue
existiendo una considerable lista de espera, después de ocho años de evolución de la Ley de la Dependencia. Pues bien lo que hacen con este decreto es establecer un sistema de incremento de copagos y de incompatibilidades, y tanto los copagos como
las incompatibilidades están haciendo que el disfrute de esta prestación social o de este sistema de convivencia perjudique a aquellos dependientes en peores situaciones, a los que cobran las pensiones no contributivas, que son aproximadamente un
tercio de menos de sesenta y cinco, y a los de más de sesenta y cinco con pensiones mínimas. Y también un problema muy especial con los menores, a los que afecta no solamente el aumento del copago y las incompatibilidades, que aquí están haciendo
un daño especial, sino que también dificulta los cuidados familiares, porque dejan de considerar la prestación de Seguridad Social incluida en los escasos 300 euros mensuales para los cuidadores informales, que dicho sea de paso en un 94 % son
mujeres. Eliminan el nivel acordado, lo que significa que han retirado del sistema en esta legislatura 1.140 millones de euros, y recortan la aportación por parte de la AG un 23 %. Retiran recursos del sistema, dejan a personas sin atención, y
aumentan el copago de los usuarios, pasando de un 14,7 % en 2011 a casi el 20 % en 2014. Están debilitando pues un sistema imprescindible para acudir en ayuda de aquellas personas que se encuentran en peor situación, un sistema que permitiría
mantenerles con unos criterios de dignidad humana. Luego está la incógnita sobre los retrasos que han infligido a la incorporación de los dependientes moderados. Usted se comprometió en sede parlamentaria —está reflejado en el «Diario de
Sesiones»— a traer una modificación de crédito, porque los presupuestos para este ejercicio son los mismos que los del año anterior, y por tanto sería imposible incluir a los moderados en el sistema. Lo que suena un poco raro es que usted haga esa
promesa prácticamente cuando se están tramitando los Presupuestos Generales del Estado. Lo lógico hubiera sido que se hubieran incorporado ya en los presupuestos, porque eso habría dado más confianza no ya a la oposición, sino a las personas
afectadas.


En definitiva, señor ministro, le ruego que no enfoquen solo los presupuestos para atención a la dependencia sobre todo como la satisfacción de un derecho de una parte importante de la ciudadanía española, que es aproximadamente el 2,6 % de
las personas dependientes, sino que lo consideren como una inversión social y una fuente de generación de actividad económica, de generación de nuevos empleos, y de retorno a las arcas públicas, con lo que pueden seguir extendiendo las prestaciones
hasta completar el desarrollo del sistema. Lamentablemente estamos en una situación no ya de falta de inversión, no ya de cobertura de los servicios y prestaciones contemplados, sino de un descrédito en algunos sectores, que están sufriendo de
forma especial las medidas del fatídico real decreto de julio de 2012.


Por tanto, les rogaría, señor ministro, que retomen esta situación. Vayan a la idea originaria del Pacto de Toledo. No le digo ya que vayan a la ley que el Gobierno socialista puso en marcha, porque la recomendación del Pacto de Toledo era
con el Gobierno del señor Aznar…



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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Carcedo.


La señora CARCEDO ROCES: … y evidentemente no se puso en marcha. Retomen la idea del Pacto de Toledo —termino ahora mismo, señora presidenta—, las recomendaciones de los organismos de los que formamos parte, de los que somos Estado
miembro. En primer lugar, deroguen ese real decreto.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Carcedo, tiene que finalizar.


La señora CARCEDO ROCES: Ahora mismo. En segundo lugar, modifiquen la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local para seguir dando papel a las administraciones locales en la Ley de la Dependencia, que es
fundamental, considérenlo un derecho, y recuperen el nivel concertado con las comunidades autónomas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Carcedo.


En nombre del Gobierno, señor ministro de Sanidad.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, quiero agradecer que haya planteado esta interpelación que nos permite tener este debate sobre el sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Y naturalmente quiero recordar —recordarme a mí mismo; usted ya lo sabe— que
mi grupo apoyó y votó a favor de la ley. Es verdad que estamos obligados a cumplir y a aplicar todas las leyes, pero es que esta además es una ley que sentimos como propia, porque participamos en su elaboración y la votamos a favor. Pero el relato
que usted hace del despliegue del sistema de atención a la dependencia no es parecido al nuestro, y voy a tratar de explicar qué es lo que realmente ha pasado durante estos años. Para eso hay que entender cuál era la situación de la dependencia a
finales de 2011, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, porque si no se entiende cuál era el punto de partida seguramente tampoco es posible entender el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de estos años. Y para que usted no me pueda
decir que son datos que el Gobierno utiliza de una manera interesada, utilizaré el informe que usted conoce que publicó el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la ley entre 2007 y 2011.


La realidad era la siguiente. Las comunidades autónomas sobrepasaban ampliamente el plazo que la ley establecía para el reconocimiento del derecho a recibir la prestación, y en algunas, por ejemplo en Andalucía, el plazo llegaba hasta los
trescientos días (Denegaciones). No, no era nuestra; si quiere le digo otra comunidad, pero también tiene usted responsabilidades allí. Más de 300.000 personas estaban en lista de espera, lo que venía a ser un tercio de las personas a las que les
correspondía recibir prestación. De esta lista de espera, el 57 % eran grandes dependientes o dependientes severos. Había 25.000 situaciones irregulares: por ejemplo, 12.000 personas eran beneficiarias a pesar de que habían fallecido, o más de
1.000 expedientes duplicados. Y estaba pendiente, como usted sabe, una deuda millonaria, que luego hubo que abonar, con la Seguridad Social por la cuota de los cuidadores no profesionales. Todo esto es conocido, pero me gusta recordarlo para que
luego se pueda entender cuál ha sido la evolución del sistema.


El Gobierno del Partido Socialista adoptó una decisión amarga en 2010, eliminó la retroactividad de la dependencia, y redujo en 234 millones la financiación en el año 2011, año en que se incorporaban nuevos beneficiarios. Ya me imagino que
no disfrutaron mucho tomando esas medidas, pero esas fueron, si recuerdan aquel año, sus prioridades en relación con la dependencia, también en relación con las pensiones. En ese sentido, había medios que advertían que la Ley de Dependencia estaba
paralizada, eso al menos decía el diario El País, no es que lo dijéramos nosotros y, por tanto, la situación, que era buena cuando se aprobó en el año 2006, en el año 2011 necesitaba una mejora profunda que garantizara la viabilidad del sistema.
Creo que no solamente no se ha recortado este derecho subjetivo de los ciudadanos, con el que hemos de estar comprometidos todos, sino que el trabajo que se ha hecho es para garantizarlo, y también se ha ampliado durante este tiempo el catálogo de
prestaciones, por ejemplo, se ha ampliado para todos los grados de dependencia la prestación por asistente personal que antes era solo para los grandes dependientes. Se decidió mantener el baremo de valoración, que sigue siendo el que su Gobierno
aprobó, e intentamos dar cumplimiento al calendario de implantación. Tuvimos que tomar una medida de aplazamiento nada más llegar al Gobierno, pero quiero recordarle que el calendario de implantación de la ley, de acuerdo con la memoria, es hasta
el año 2015 y finalmente este año 2015 la



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pretensión y el compromiso, y espero que la realidad, es que todos los dependientes que se tenían que haber incorporado al sistema y, por tanto, la implantación del sistema de atención a la dependencia esté finalizado y que se hayan
incorporado los dependientes moderados, que son alrededor de 314.000. Esto en el año 2015, que es el año que estaba previsto por la memoria. Al final, a pesar de las dificultades, yo espero que podamos terminar este trabajo a lo largo de este
ejercicio, y lo haremos también con la financiación que corresponda al sistema, como no podría ser de otra manera. Me recordaba usted el compromiso, no es un compromiso mío, es un compromiso del conjunto del Gobierno. Las ampliaciones de crédito
que se tengan que hacer son las que se harán como se han hecho a lo largo del tiempo, en otros años cuando ha habido que hacer una ampliación, y ustedes normalmente lo hacían con cargo al Fondo de contingencia y nosotros también, y así se ha venido
haciendo y se hará para garantizar la incorporación de esos moderados.


¿Qué se ha hecho? Se ha ordenado y simplificado la normativa, se ha hecho más simple la valoración, porque se ha pasado de seis niveles a tres grados, y eso le da más agilidad. Hemos mejorado la calidad de la atención dentro del domicilio.
Hemos priorizado la atención a los grandes dependientes, que son las personas que tienen mayores necesidades y requieren más cuidados. Hemos reforzado la prevención mediante criterios, recomendaciones y condiciones mínimas para que las comunidades
autónomas elaboren planes de prevención con especial consideración de los riesgos y actuaciones para las personas mayores. Hemos reforzado —y usted hacía mención a ello— la atención a los menores de tres años en situación de dependencia o en riesgo
de desarrollarla y hemos aprobado también ahí criterios comunes con el conjunto de las comunidades autónomas. Se han establecido en el consejo territorial, que ha sido el instrumento fundamental de trabajo, como no puede ser de otra manera, los
indicadores de referencia del coste de los servicios del catálogo, para poder calcular el coste total de la dependencia y poder gestionar los recursos de una manera eficiente. Se ha mejorado la transparencia, y usted me pide que se publiquen los
datos, que no han salido todavía por cuestiones técnicas, yo creo que estaré en condiciones —supongo que no le gustará, pero lo voy a hacer— de anticiparle algunos de los datos, que espero que se publiquen cuanto antes. Se solucionaron situaciones
irregulares que habían sido denunciadas por el Tribunal de Cuentas, y eso permitió recuperar 39 millones de euros. Y en cuanto a la financiación, el Tribunal de Cuentas también constató que el Estado en 2013 aportó 69 millones de euros más que en
2011, es decir, 3.679 millones en 2013 frente a 3.610 en 2011, y según el Tribunal de Cuentas el aumento de la aportación supera el importe de la suspensión del nivel acordado que se produjo en 2012.


Respecto a la aportación de los beneficiarios, voy a decir un par de cosas. En la memoria de la ley se preveía que la aportación del usuario podía llegar a un porcentaje entre el 34 % y el 41 %, que era una previsión muy elevada. Creo que
en la actualidad supera el 20 % que ha dicho usted, pero no llega a la tercera parte. Nosotros estimamos que puede estar en un 28 %. Ahí se estableció, no se reguló un sistema de participación del usuario a nivel nacional, más allá de establecer a
través del consejo territorial, como usted sabe, una triple garantía. La triple garantía es: primero, que ninguna persona quede sin prestación por carecer de capacidad económica; segundo, que se fije un mínimo de ingresos a partir del cual se
contribuye y por debajo del cual no se vaya a contribuir; y tercero, que haya un tope en el porcentaje de la prestación que se financia por parte del usuario. Ese es el sistema de triple garantía que se estableció. Ahora hay un debate sobre la
participación del usuario en la dependencia y supongo que en el conjunto de los servicios sociales en las comunidades autónomas y concretamente en este sistema, y seguramente eso tendrá que ser objeto de la idea que nosotros tenemos, que es que, una
vez que esté aplicada y desarrollada la ley e incorporados ya los dependientes moderados a partir del mes de julio, tiempo será de hacer un análisis y una evaluación detenida de cómo ha resultado la implantación del sistema, si ha cumplido los
objetivos y en qué campos se puede mejorar. Por tanto, será el momento no tanto de hablar de las dificultades del pasado, sino de dar una mirada positiva hacia el futuro.


Sobre los resultados quiero decirle que a 31 diciembre de 2014 hay 745.000 beneficiarios con prestación efectiva, y que eso significa alrededor de 7.000 personas más que en 2011, al contrario de lo que usted ha afirmado —seguramente porque
carecía de la información actualizada—, y que esto también significa el 82 % del total de personas con efectividad de su derecho actual, y que eso son 11 puntos más que en el año 2011. En el caso de grandes dependientes y dependientes severos esta
cifra se eleva hasta el 88 %. Así pues, durante el año 2014 se han incorporado 77.500 nuevos beneficiarios y 302.000 durante esta legislatura, o sea, que cerca del 40 % de los beneficiarios con prestación en dependencia se han incorporado durante
estos tres años, lo cual no se compadece con esas afirmaciones catastrofistas que hablan de paralización y colapso. La realidad es que más de 300.000 personas se incorporaron al sistema



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en estos tres años y que la lista de espera —a la que usted también ha hecho mención; yo pensaba habérmelo saltado por no ser mal educado, pero, como usted lo ha dicho, aludo a ello— se ha reducido a la mitad, para ser exactos y no exagerar
se ha reducido un 48,59 % en esta legislatura, y como es un problema que no es fácil resolver de un día para otro, este mismo año también se ha reducido en más de un 17 %, que son los niveles más bajos de personas pendientes de recibir prestación
desde que existe el sistema. También han aumentado los servicios profesionales, y desde el año 2012 se aprecia una tendencia al alza en las afiliaciones a la Seguridad Social.


Estos son los datos y hay margen de mejora, y creo que los objetivos que usted ha enunciado en la tribuna son en general compartidos por todos. Luego podemos hablar exactamente de las cuestiones concretas que usted desee plantear, y me
gustaría que lo hiciera con el ánimo de mirar al futuro y de tratar de llegar a un acuerdo, al menos entre ustedes y nosotros, para asegurar un sistema que realmente, como ustedes han dicho muchas veces, constituye un nuevo pilar del Estado del
bienestar que hemos de cuidar entre todos.


Muchas gracias, por su extraordinaria generosidad, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro, pero le ha sobrado tiempo.


Señora Carcedo.


La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señor ministro, por su información. Va cantando la gallina de los problemas técnicos. Aun así, señor ministro, estamos hablando de cuatro años de gestión de un sistema. Le voy a dar los datos por buenos, no se los voy a
discutir porque no los tengo y no puedo analizarlos. Se los doy por buenos, pero es tras cuatro años de gestión del sistema. Señor ministro, voy a recordarle una valoración que usted hizo en una Diputación Permanente —no me gusta volver a
legislaturas anteriores, me gusta ser Gobierno, no me gusta ser oposición, pero voy a hacerme la ilusión por un momento— leyendo textualmente el «Diario de Sesiones»: «Señorías, hace ya más de año y medio que entró en vigor y que empezó a aplicarse
la Ley de la Dependencia, y la verdad es que después de ese año y medio el balance de lo que ha sido el devenir de esta ley no se puede calificar más que de desolador». Año y medio. Tres años ahora. Yo le digo que hay 11.000 menos y usted me dice
que 7.000 más, me da igual, señor ministro, el balance es tristísimo, en un sistema —antes no lo comenté— que jugó un papel decisivo en la disminución del riesgo de pobreza de la población de más de sesenta y cinco años, porque en solo cinco años
redujo en 7 puntos el riesgo de pobreza inyectando más de 6.000 millones de euros a este colectivo que bien se lo merecía, sobre todo los que están en una situación de impedimento para ejercer como ciudadanos de pleno derecho.


Señor ministro, en la financiación no nos podemos hacer trampas. Usted sabe igual que yo que en el informe del Tribunal de Cuentas esa parte no se publicó porque es una trampa. Es un sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Es como si usted se sube a esta tribuna y me dice que la cuarta parte del sistema sanitario es financiación del Estado. No, hay que ser responsables y serios con el sistema institucional que nos dotamos. Las comunidades autónomas tienen unos
ingresos de tributos cedidos o propios que gestionan para atender sus necesidades. ¿Cómo se calcula esto? Con la población total, la población de más de sesenta y cinco años, la dispersión de la población, los dependientes, etcétera. ¿Por qué se
hizo así, por qué se metió el concepto de dependientes? Porque cuando se pone en marcha la ley prevé que el 50 % de la financiación es de las comunidades autónomas y eso no estaba contemplado en el sistema de financiación autonómica. Esa es la
razón. Pero eso no lo pone la Administración General del Estado, eso es financiación de las comunidades autónomas, señor ministro. En los Presupuestos Generales del Estado la financiación que compete al Estado no llega al 20 %, es algo más del 17
%, porque lo otro no lo pueden contabilizar como aportación del Estado, eso es financiación autonómica. No me puede hacer esa trampa ni con las carreteras autonómicas ni con la gestión del medio ambiente ni con la gestión de los saneamientos. Eso
es financiación autonómica y hacen con ello lo que les parezca, priorizarán según sus objetivos políticos y lo destinarán a lo que les interese en cada momento. No hagan esa trampa. Por favor, dejen ya de hablar de una vez del informe del Tribunal
de Cuentas. Usted lo sabe igual que yo.


En la lista de espera tampoco hagamos trampas, hablemos de personas de carne y hueso, no hablemos, como le dije antes, de ingeniería contable. No hablemos de listas de espera virtuales. Usted ha dicho que se redujo a la mitad los 300.000
que estaban en lista de espera. De las 300.000 personas que hay en lista de espera aproximadamente unos 50.000 los expulsaron porque les quitaron la prestación



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porque estaban en el nivel 1 de moderados, eliminados con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Además, aproximadamente 101.000 personas que estaban en la lista de espera fallecieron, luego no redujeron la lista de espera, es la
misma que había, señor ministro, y usted lo sabe. El número de atendidos por el sistema, asumiendo sus datos porque no los conozco, son 7.000 más. ¿Dónde están esos 300.000 cuando ingresaron más de 270.000 nuevos en el sistema?


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Carcedo.


La señora CARCEDO ROCES: Yo aprendí unas matemáticas, señor ministro, y son las que son. Esto no es álgebra complicada, esto consiste en sumar y restar exclusivamente.


Termino. Le agradezco el tono, sinceramente, señor ministro, y usted lo sabe. Estoy absolutamente de acuerdo con usted en que un sistema que sale de un pacto, que sale del Pacto de Toledo, debe continuar en ese tono, en el tono del pacto,
y que en los sucesivos cambios de Gobierno se respete el sistema como derecho de ciudadanía y de atención a unas personas que están en peores circunstancias.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Carcedo.


Señor ministro de Sanidad.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señora presidenta.


Gracias, señora Carcedo. Tampoco era tanto el exceso verbal de la cita que me ha recordado usted cuando yo estaba en la oposición. Hombre, el balance no me parecía bueno, pero siempre en la oposición uno tiene que ponerle un poco más de
cariño y peso al titular porque, si no, no le sacan en ningún sitio. Ha dedicado usted muchísimo tiempo a defender su gestión, la gestión que hicieron ustedes cuando gobernaban. ¿Qué le voy a decir? Quien le ha pedido mirar hacia el futuro he
sido yo, que no quiero mirar más hacia atrás; ya hemos hablado de esas cosas, hicieron ustedes lo que pudieron, el resultado no fue bueno y hubo que hacer cambios para mejorarlo. Creo que ahora, con todas las dificultades que ha habido y la grave
situación de crisis por la que ha pasado el país, tenemos una expectativa razonable de dar cumplimiento a la previsión inicial de la ley para que esté desplegada en el año 2015, de hacer una evaluación y plantearnos qué pasa después y cómo seguimos
avanzando. Eso es lo importante. Lo importante es haber tenido como país la capacidad de superar el mal momento, el peor momento que hemos tenido en muchísimos años, y sentir que ahora tenemos las bases para poder plantearnos otras ambiciones,
también en materia de dependencia, en el momento en que se encuentra España.


Por otra parte, usted ha hablado mucho de la financiación autonómica, que no le gusta; no le gusta a su señoría y yo me alegro de que lo reconozca. Realmente, el sistema de financiación autonómica es muy criticado por parte de todos, y
especialmente en este momento por quienes lo hicieron, que fue el Partido Socialista. El ministro de Hacienda lleva asistiendo a las comunidades autónomas durante toda la legislatura para garantizar que se presten los servicios públicos y yo
también comparto, y le reconozco, la labor autocrítica respecto de las dificultades del sistema de financiación para el conjunto de las comunidades autónomas.


Veamos qué es lo que decía la memoria cuando se aprobó la ley y qué es lo que pasa en el año 2015, qué es lo que va a pasar. La memoria preveía que a 31 de diciembre de 2015 —es una previsión— habría 1.373.248 personas como beneficiarias
del sistema de atención a la dependencia mientras que el marco de cooperación interadministrativa daba un número más bajo, lo fijaba en 1.173.000. Pues bien, según los últimos datos de que dispongo —de los que usted no dispone, pero que yo le haré
llegar— a 30 de noviembre de 2014, más de un año antes de la fecha prevista en la memoria, el sistema ya tenía 1.216.341. Es decir, hicieron ustedes bastante bien la memoria de la ley porque va acertando y va cuadrando, por lo tanto, hicieron
ustedes bien la ley y por eso nosotros votamos a favor. En general, llegaremos a la previsión que se había marcado entonces en cuanto al número de beneficiarios.


Respecto de las previsiones de financiación que se planteaban en la memoria, se preveía un gasto total de 7.578 millones de euros y decía que habría financiación pública de 4.425 y aportación de los beneficiarios de 3.152, el 40 %. Este era
el máximo de aportación que preveía. El dato que tenemos nosotros es de 2013; dos años antes de finalizar la implantación ya estábamos en un gasto —o, si quiere usted, inversión— de 7.084 millones. Por tanto, va a cuadrar, se va a aproximar, y
más o menos vamos a ir cumpliendo con las previsiones de desarrollo de despliegue de la ley. Creo que eso es bueno y que, por



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tanto, a pesar de las dificultades, se ha mantenido, se ha garantizado el sistema, se ha desplegado y toca ahora evaluar, ver cuáles son las dificultades y cómo miramos efectivamente al futuro con posibilidades renovadas.


Yo le agradezco muy sinceramente no solo el tono sino el contenido de la intervención que usted ha tenido en la tribuna y su disposición a colaborar. Luego, cuando pasamos ya a ponerlo negro sobre blanco, se suele hacer más difícil, pero si
empezamos ya con una buena disposición desde la tribuna, a lo mejor llegamos a algún punto de encuentro, y me gustaría mucho que eso fuera así.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BOSCH), SOBRE RECORTES ECONÓMICOS A REALIZAR EN EL PODER POLÍTICO Y TRANSPARENCIA EN EL GASTO PÚBLICO. (Número de expediente 172/000290).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto (señor Bosch), sobre recortes económicos a realizar en el poder político y transparencia en el gasto público. Para su defensa, señor
Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, presidenta.


Señorías, aquí dentro el poder, ahí fuera la ética. Esa es la percepción que se tiene de nosotros y de esta Cámara. ¿Y saben lo que pienso? Pues que en parte tiene su fundamento porque en este hemiciclo, con frecuencia, en los últimos
años, se ha despreciado la dimensión ética de la política y eso es lo que explica que algunos hablen de casta. ¿Les gusta esa palabra? Es una palabra malsonante, incluso peyorativa a veces. Pero que se deje de usar no depende del diccionario,
depende de lo que aquí se haga y se decida. Por eso sorprende la falta de iniciativas encaminadas a cuidar nuestra imagen como representantes electos, así como la de los servidores de la Administración pública en su conjunto.


Y ahora les voy a proponer —le voy a proponer, señor ministro— una serie de medidas, con intención constructiva, con toda modestia y entendiendo sinceramente que lo que deberíamos hacer es reaccionar, y hacerlo colectivamente desde aquí. Me
dirán que igual recurro a la cosa fácil. Bien, suponiendo que así sea, ¿cuál es el problema? Si es fácil, mejor, lo podremos aplicar sin obstáculos. Porque, si no hacemos lo más sencillo, ¿cómo seremos creíbles a la hora de hacer lo más
complicado? Me podrán decir que las medidas de tipo ético suponen poco ahorro, luego tienen un peso insignificante en los asuntos de Estado. Yo discrepo puesto que pueden tener un gran peso moral, sin duda; y además, demostrar voluntad de
transparencia, de no ocultar nada tiene un gran peso, un gran peso político. Incluso admitiendo que tal vez sí sean medidas pequeñas, ¿dónde está el problema? Si se aplican grandes recortes sobre la población y los presupuestos, ¿por qué no nos
aplicamos pequeños recortes a nosotros mismos? ¿No sería eso visto como ejemplar, necesario, edificante? Pues vamos a hacer lo más fácil, rápido y pequeño primero.


Una primera decisión, por ejemplo, implicaría el conocido tema de las tarjetas de crédito. Porque sale el caso de las tarjetas opacas de Bankia Caja Madrid —ya sé que no son de la Administración— y eso genera escándalo; salen las del
presidente del Consejo General del Poder Judicial, y también se monta el escándalo. ¿A qué esperamos? ¿A que salgan las del Consejo de RTVE o cualquier otro organismo dependiente de la Administración? Debemos saber cuántas tarjetas existen dentro
del ámbito competencial del Gobierno español y en qué medida gravan al erario público, cuántas y cuánto. Y lo pedimos no tanto por tarjetas como por opacas. Estamos pidiendo transparencia, no decimos que no haya gastos que no sean justificables;
pero que se justifiquen, que se conozcan, que se sepan.


Otra medida pasaría por prescindir de las instalaciones exclusivas para altos cargos y empleados del Estado, como complejos vacacionales en la playa de Pollença, en Mallorca —eso existe para el Ministerio de Defensa— o en la Illa del
Llatzeret, en Menorca, que corresponde al Ministerio de Sanidad. ¿Realmente creen ustedes que la gente puede sentir aprecio por sus políticos, representantes, servidores públicos cuando ven tales privilegios? ¿Realmente, honestamente, creen que
eso es así? Otro caso son los billetes en clase preferente, business o primera, que son otro reflejo de ventajas que no ayudan nada a conectar con los ciudadanos. ¿Cómo creen que se siente la persona que entra en un avión y ve a su representante
electo acomodado en una butaca ancha y con un cóctel en la mano y después le corren la cortina cuando se está pagando con sus impuestos? Después algunos de ustedes se sorprenden por adjetivos como



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casta —si vamos al principio—. Pues bien, no me parece el término más afortunado del mundo, pero para desactivarlo de veras hay que actuar y acabar con la política de club exclusivo.


Capítulo aparte merecerían los coches oficiales. Es obvio que por criterios de seguridad algunos tal vez sean necesarios, pero la mayoría son prescindibles y forman parte de simples muestras de estatus. Y eso se ve, eso se percibe, eso se
nota. La gente tiene derecho a saber cuántos hay. ¿Cuántos vehículos oficiales hay en las administraciones del Estado y cuánto cuestan? Lo hemos reclamado muchas veces y se lo vuelvo a exigir a usted, señor Montoro, como ministro de Hacienda y a
la vez de Administraciones Públicas. ¿Cuántos coches oficiales hay y cuánto cuestan? Cuántos y cuánto, transparencia.


Finalmente, entre todas las medidas propuestas quisiera señalar una última —hay muchas más— en torno al concepto arriesgado de compensaciones por el ejercicio de nuestras funciones, esto de que nosotros ingresamos unas cantidades.
Insistimos de nuevo, porque ya lo hemos hecho muchas veces, en que hay que tomar una resolución colectiva. Lo hemos pedido en muchas ocasiones y por supuesto que si hay gastos inevitables vinculados al ejercicio del cargo, como por ejemplo el
alojamiento, eso debe ser cubierto, pero como en cualquier empresa normal y corriente —y eso lo saben los ciudadanos— lo mejor es compensar contra justificante. Y, si quieren, se establece un techo razonable para evitar los abusos. Pero mantener
ayudas sin más, libres de impuestos genera suspicacias y acaba siendo visto como un sobresueldo encubierto. Les expongo un conjunto de ideas bien intencionadas, constructivas. Igual creen que estas ideas son mejorables, o tal vez tienen otras más
elaboradas. Pues bien, que salgan, propónganlas, las discutimos. Ustedes, señorías del PP, tienen mayoría absoluta y son los que más pueden hacer por resolver este dilema y atajarlo, un dilema de raíz ética.


¿Van a tomar decisiones colectivas? Porque algo habrá que hacer para demostrar nuestro compromiso con el ahorro, con la sobriedad y con la transparencia. Hay que reaccionar o la gente nos acabará sacando a patadas, a todos, y además
tendrán razón. Que conste que no les estoy hablando de corrupción, que es otro de los problemas más graves que nos acechan. Estoy hablando de ejemplaridad, de renunciar a privilegios y a medidas superfluas, de empatizar, de comprender a aquellos
que lo están pasando mal y hacer esfuerzos por demostrar que somos humanos, que estamos próximos. Tampoco se trata de discutir sobre legalidad, sino sobre moralidad política. El salario mínimo interprofesional es legal, completamente legal, pero
estoy seguro —me apuesto lo que quieran— de que muy pocos creen que pagar 648 euros al mes sea digno y éticamente correcto. Otro ejemplo, la querella contra el president de Catalunya por organizar un voto puede ser legal, pero ética y
democráticamente es reprobable. Los coches oficiales entran dentro de las normas vigentes, nadie dice que no sean legales, pero pueden llegar a ser ofensivos éticamente. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


En definitiva, queremos recuperar la dimensión ética de la política. Si queremos hacerlo, hagámoslo empezando por lo más sencillo, lo más fácil, lo nuestro, lo que nos afecta de lleno a los que estamos aquí en este hemiciclo. Medidas como
las que les acabo de mencionar son sencillas, baratas y factibles. Esas u otras nos pueden ayudar a desterrar el clasismo en la política, un clasismo que genera distancia, que genera desconfianza y que está resultando letal además. El clasismo se
cura, señorías, se cura fácilmente y se cura viajando, seguramente se cura viajando en metro. Hay que bajar, hay que rozarse con millones de personas, hay que mirar las miradas, hay que hablar con la gente. Incluso hay que saber tocar. Sí, tocar
a las personas de carne y hueso como nosotros. Hay que estar cerca de la gente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.


A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, señor Bosch, he atendido como es mi obligación el contenido de su interpelación y me ha parecido que estaba desenfocada hacia quien la
dirigía. El reproche que hace respecto de la dimensión ética de la política tiene mucho más que ver, como usted finalizaba, con los integrantes de esta Cámara que con las acciones del Gobierno, por lo que la interpelación al Gobierno está un tanto
desenfocada. Quiero recordarle que este Gobierno, aparte de que no ha interpelado al Gobierno prácticamente en nada, ha llevado adelante la Ley de Transparencia en un portal de transparencia, por primera vez en la historia de la democracia
española; portal de transparencia que permite el acceso, a través de Internet, de cualquier ciudadano para conocer dónde se aplican los gastos públicos y cuáles son los grandes y pequeños conceptos de gasto público en nuestras administraciones.
Eso lo permiten hoy



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día las tecnologías de la comunicación y lo permite la Administración electrónica, que está avanzando muy rápidamente en términos de sus contenidos. Esa Administración electrónica también está haciendo que podamos ir hacia registros cada
vez más completos, y comprendo el interés público que suscitan, por ejemplo, los vehículos oficiales.


Voy a recordarle que en el comienzo de la legislatura había 921 vehículos oficiales, en el ámbito de la Administración General del Estado, y actualmente hay 652. Se han reducido una tercera parte, como también se ha reducido el empleo de
conductores, que han pasado de 1002 a 802, y además, no se ha adquirido ningún tipo de vehículo nuevo. También se ha creado un registro de vehículos del sector público estatal para agrupar y unificar en un solo archivo todos los vehículos que
estarán bajo el control del parque móvil del Estado. Todo esto es lo que se está avanzando en términos de transparencia del gasto en el sector público. Dicho esto, el funcionamiento de ese carácter ahorra, pero comparado con las grandes partidas
del gasto público, de lo que significa la Administración, es incomparable en lo que significa el peso específico, en concreto, con lo llamativo del concepto en términos del uso de ese tipo de instrumentos, pero, insisto, en cuanto a lo que
representan en el conjunto del gasto público son lo que son, pero usted reclamaba el concepto de dimensión ética de la política. También se está produciendo una racionalización en la contratación para introducir elementos de ahorro. Desde el
comienzo de la legislatura, todas las medidas CORA, relativas a la reforma de las administraciones públicas, han supuesto un ahorro superior a 18.000 millones de euros. Estamos avanzando mucho para conseguir una eficiencia en la Administración
pública y racionalizar el uso de todo tipo de componentes relativos a lo que hoy componen el capítulo 2, las compras de bienes y servicios de nuestras administraciones, donde estamos introduciendo una racionalización como no existía antes en
términos de centralización de compras, realización que aumenta la eficiencia en el conjunto del gasto de todos los ministerios y de todas las administraciones.


Hemos hecho en esta legislatura, a la vez, una política de austeridad en el gasto público, y por cierto Esquerra no nos ha acompañado mucho en esa política. Usted como portavoz de su grupo ha sido muy crítico con los contenidos de esa
política, pero esa política es la que está permitiendo que hoy tengamos crecimiento económico y creación de empleo en España, y he de insistir en la oportunidad de que ese proceso de crecimiento económico y de creación de empleo prosiga desde una
austeridad, una renuncia al gasto publico que ha sido promovida y ordenada por nuestra legislación, la legislación que hemos aprobado en esta legislatura, por cierto, con el voto en contra de Esquerra Republicana de Cataluña hacia todas esas
iniciativas legislativas. Junto a esto, en términos de clarificación, yo llamaría de transparencia tributaria, hemos promovido una legislación que ha hecho que hoy tengamos, por ejemplo, un conocimiento en relación con los bienes y derechos
situados en el extranjero de los que son titulares algunos contribuyentes españoles como nunca antes habíamos tenido. Voy a darle algunos de esos datos, de lo que significa, de la importancia de esa declaración informativa de bienes y derechos
situados en el extranjero que ha sido presentada por primera vez en el año 2013. Por ejemplo, la relativa al ejercicio 2012, por 134.310 obligados, que han declarado la titularidad de bienes por valor de 88.865 millones de euros. A fecha de 28 de
enero de 2015 hay 53.170 declarantes, de lo que se llama el modelo 720, del ejercicio 2013 que declaran los siguientes importes: 30.351 millones de euros se corresponden con bienes y derechos que han sido declarados por primera vez por 32.125
obligados tributarios; 88.512 millones de euros de alteración de valor de los bienes y derechos que ya habían sido declarados anteriormente —en el ejercicio 2012— por 28.803 contribuyentes. Fíjense en la envergadura de la transparencia que se ha
aportado este año. Hasta ahora no se había conocido nunca en la historia de la Hacienda pública española semejante afloramiento de bienes y derechos en el exterior.


Estamos avanzando en términos de clarificación y estamos avanzando en lo que debemos considerar el ejercicio responsable de Gobiernos y por descontado de oposición, que tienen la tarea de controlar ese ejercicio de Gobierno. Estamos
avanzando, esto son cifras y sé que es muy difícil la venta pública de esas cifras, pero fíjense la dimensión de lo que significa identificar que contribuyentes españoles, decenas de miles de contribuyentes tenían fuera decenas de miles de millones
de euros que no conocíamos al comienzo de esta legislatura. Por tanto, estamos haciendo el mayor esfuerzo en la identificación de fuentes imponibles que permitirá hacer que funcionen correctamente nuestros servicios públicos, que se reduzca el
déficit público en España y se reduzca haciéndolo compatible con una política de austeridad relativa al gasto público. El gobernante no debe gastar más de lo que le faciliten los contribuyentes con el pago de sus impuestos.


¿Hay que insistir en la dimensión ética de la política? Sin duda, señor Bosch, sin duda. Decía su señoría: voy a hacer propuestas fáciles, pero yo también rogaría a todos que no hicieron demagogia. Ya



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hacen mucha demagogia afuera. Hay mucho grupo político, que no está sentado en esta Cámara, que se dedica a hacer demagogia permanentemente. Así se hace con una gran facilidad política. Nunca discuten lo que son los avances económicos y
nadie sabe lo que proponen, pero, eso sí, hablan de regeneración democrática. ¿Por qué? Porque dicen: Somos diferentes. ¡Menos mal que son diferentes! Lo que hace falta es que muestren cuál es su conocimiento de los problemas y cuáles son las
propuestas que se aportan. Por cierto, señor Bosch, vamos avanzando en una legislatura y las propuestas de Esquerra Republicana de Catalunya tampoco las conozco, fuera de lo que usted ha llamado propuestas fáciles, porque de las otras no ha
aportado nada a lo largo de esta legislatura, nada, excepto la independencia de Cataluña, y eso se lo voy a poner como mérito exclusivo. Cuando Cataluña sea independiente ocurrirá el milagro, se abrirán los mares a partir de su criterio político.


Señor Bosch, le invito a que en lo que queda de legislatura usted explique qué impuestos quiere que paguen los catalanes y los españoles, que explique cuáles son las prioridades del gasto público que quiere establecer en su programa
político, y no haga planteamientos que siembran dudas sobre quienes hoy están sentados en esta Cámara. Parece que esté ocupada por personas que seguro muchas de ellas profesionalmente están renunciando a mucho, porque vale la pena renunciar cuando
se está en un servicio público. Son personas que, lejos de tener nada que ocultar, están haciendo su actividad pública desde el compromiso con los ciudadanos y están representando nada menos que la confianza de la soberanía nacional. Por tanto, en
eso es en lo que debemos enfatizar para volver a recuperar la dignidad de la política en vez de sembrar dudas sobre determinados gastos, cuentas y tarjetas. No hay tarjetas en la Administración General del Estado desde que yo tengo conocimiento.
Se eliminaron en los años noventa, con lo cual no hay ninguna tarjeta. Habrá tarjetas en algunas empresas públicas, y todo eso obviamente tiene que estar controlado, pero en la Administración General del Estado no hay tarjetas. Usted va a hacer un
gasto de representación y saca la suya o el dinero metálico, y después se sujeta a los procedimientos de la Intervención del Estado en relación con si ese gasto es un gasto de representación o no.


Esto de hablar todo el día de los privilegios de los políticos aporta muy poco a la ética de la política, a lo que debe ser el compromiso de la política y ciertamente lo que hace es sembrar la duda, la desconfianza, como usted mismo ha
dicho, que no es verdad, no es cierto. No entiendo la política —llevo ya un tiempo en ella— como un uso de privilegios; al contrario, hemos renunciado a muchas cosas porque entendíamos que esto era lo importante. Desde luego, para mí no hay nada
más digno que estar al servicio de los españoles desde una posición, como miembro del Gobierno de España, y a partir de ello responder a los controles de la oposición. (Aplausos). Insisto, no se debe confundir lo que es un debate sobre la
representación de la ciudadanía y el uso de los gastos inherentes a esa representación con lo que es la crisis económica de un país. No viene de ahí, viene de otro sitio, y afortunadamente con el ejercicio político y con las medidas que vamos
adoptando en esta legislatura estamos siendo capaces de reconducir. Hoy estamos creciendo, creando empleo en Cataluña y en toda España, señor Bosch, y yo le rogaría que subiera a la tribuna en la réplica y lo reconociera, porque además así es como
haría un gran bien y potenciaría la dignidad de la acción política.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: Señor ministro, le agradezco mucho su respuesta, y el tono de la misma que entiendo que es constructivo, igual que mi interpelación. También le agradezco que incluso me indique lo que debo decir y lo que no debo
decir desde la tribuna. Sé que usted quiere que diga ciertas cosas, pero igual es que yo quiero decir otras cosas. Puede ser, es posible. Le agradezco que me responda a algunas cosas y, sin embargo, a otras no me responde. Por tanto, no sé si
eso se lo agradezco o no, será solo medio agradecimiento. ¿Cuántas tarjetas dependen de la Administración pública, cuántas repercuten en los Presupuestos Generales del Estado? Empresas públicas, dinero público, ¿cuántas tarjetas se cargan sobre el
dinero público? Eso es lo que queremos saber, no es tan complicado. ¿Usted no es el responsable de eso? Pues nos lo explica y ya está.


Dice que me he equivocado de persona, de interlocutor, que voy desenfocado. Vamos a ver, yo no elijo mis interlocutores. Mi interlocutor aquí, que es usted, lo eligió el Gobierno español, ¿o no? No soy yo quien digo con quien quiero
hablar. Yo planteo los temas y el Gobierno español decide que es el señor Montoro quien debe salir aquí para contestar. ¿Dice que no estoy interpelando al Gobierno? Pues vuelvo a lo de antes. ¿No lleva usted los cuartos, los dineros del Estado?
Pues, ¿a quién debo interpelar, a quien no los



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lleva? Estamos hablando de eso, de dinero, de transparencia. ¿No es usted el responsable de la transparencia asociada a los Presupuestos Generales del Estado y a las administraciones públicas del Estado?, ¿no es esa su función?, ¿a quién
tengo que pedírselo, a la oposición? No, a usted, que es el responsable, y por eso se lo pido a usted. Por tanto, no voy desenfocado. Me ha sorprendido un poco que me dijera eso.


Usted dice que Esquerra Republicana de Catalunya no está por la austeridad. ¿Pero qué austeridad, señor Montoro? No estamos por la austeridad de machacar a los profesores, maestros, enfermeras, médicos, a la gente que sustenta el Estado
del bienestar. No, no estamos por eso, nosotros estamos por el Estado del bienestar. Ahora, ¿cuántas veces hemos subido aquí y le hemos pedido austeridad por lo que se refiere a la Corona, a rescates de bancos con dinero público, al gasto
militar?, ¿ahí no le hemos pedido austeridad y sobriedad?, ¿cuántas veces hemos subido aquí para pedírsela? Usted dice que no aportamos nada. Pues le acabo de aportar una serie de ideas, además sobre los Presupuestos Generales del Estado siempre
subimos y aportamos ideas. Les decimos: no recorten aquí, recorten ahí, es posible, se puede hacer, se hace en otros sitios. ¿Por qué tienen que gastar 650 millones en un submarino militar de la serie S-80, que no flota —con los 650 millones
parece que ya flota—, cuando eso equivale, por ejemplo, a lo que cuestan cuatro hospitales metropolitanos? Esa es una idea, es una aportación; otra cosa es que ustedes la compartan o no, y por lo que parece no la comparten, porque no lo hacen,
hacen otra cosa. Su idea sobre la austeridad no la compartimos; igual compartimos otras cosas, pero esa no. Su idea de austeridad es distinta.


Se ha referido a que solo hablamos de independencia. ¿Dónde está usted cuando venimos aquí y en el 85 % de las intervenciones que hacemos hablamos de temas sociales?, ¿dónde se esconde usted?, porque lo hacemos. Repase el «Diario de
Sesiones» y verá de lo que hablamos nosotros, de lo que hablamos más y de lo que no hablamos tanto. No obstante, si tenemos ideas sobre la independencia de Cataluña, no nos las callaremos, las diremos. Estamos en nuestro derecho, ¿o no? Pues ya
está. Dice que hacemos demagogia. A veces hay gente que confunde la demagogia con la verdad. A veces la verdad no nos gusta, pero no por eso tiene que ser demagógica. Como decía su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, hace cinco años: la
verdad está en la calle. Yo comparto ese concepto: la verdad está en la calle. Tenemos que escuchar a la calle. Es muy fácil decir que en la calle se grita y que la calle genera demagogia, pero igual es que la calle genera verdad y no estamos
escuchando esa verdad. Eso es lo que le estoy diciendo: vamos a escuchar la verdad de la calle. Si la calle dice que los que nos dedicamos a la política tenemos privilegios, vamos a estudiar eso, vamos a ver cómo se puede corregir, cómo se puede
rectificar esa imagen, esa percepción. Eso es lo que yo vengo a hacer aquí, le hago unas propuestas y usted dice que no le valen; dice que hablar de privilegios nos perjudica. No es eso lo que perjudica. ¿Hablar de privilegios perjudica? No, lo
que perjudica es si los hay. ¿Los hay o no los hay? Yo creo que sí, que hay ventajas que se podrían suprimir porque no son necesarias, son superfluas, y es lo que he comentado antes en mi exposición. Eso es lo que pienso. ¿Está de acuerdo o no?,
¿los hay o no los hay? Y si no los hay, ¿cómo es que la percepción es que los hay? Ahí hay un problema, así que vamos a resolverlo porque lo que sí perjudica es tapar la verdad, ocultarla, no hablar sobre ella.


Hay que hablar sobre estas cosas. No se escape. Otro asunto es que a usted le incomode hablar de clasismo y de ética. Igual no le gusta, pero la idea que tienen la mayoría de nuestros conciudadanos ahí fuera, en la calle, es que eso
existe. Al menos vamos a plantearlo y busquemos soluciones. Y si las que yo le sugiero no le gustan, proponga usted las que le gusten.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, señor Bosch, es evidente que tiene usted libertad de expresión para hacer las propuestas y las críticas que estime oportunas —es una
obviedad—, igual que yo también tengo la libertad o la condición —por ser miembro del Gobierno de España tenemos cierto margen o por lo menos cierta libertad— para tratar de explicar que muchos de los aspectos que hoy más se difunden tienen un
impacto presupuestario muy reducido y que hay que seguir en ello, gestionando y ahorrando. Ya he explicado en mi primera intervención los asuntos relativos a lo que llamaba antes tarjetas de crédito en la Administración del Estado. No hay. Que no
hay, pero no de ahora; no hay desde los años noventa. No es que diga que ahora hemos reaccionado, es que no han existido. He tenido la oportunidad de ser miembro del Gobierno



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de España en un periodo anterior y nunca hemos tenido ese tipo de tarjetas para nuestro uso, y mucho menos de otra condición. No existen, pero ahí sigue.


Sin embargo, hay un político que sube a la tribuna y en vez de decir con toda normalidad que se han suprimido hace veinte o veinticinco años pregunta cuántas hay. No hay ninguna, ninguna. Quedarán en algunas empresas públicas, pero eso es
distinto porque el ejercicio profesional que se hace desde ellas es completamente diferente—. En la Administración General del Estado no hay tarjetas de crédito. ¿De acuerdo? En la Administración General del Estado hay unas normas muy estrictas
sobre los gastos de viaje, muy estrictas, con respecto a quien se sienta en la primera clase de un medio de transporte. Son muy estrictas y es lo que hay. En la Administración General del Estado ha habido una reducción de coches oficiales muy
importante, una gestión de patrimonio inmobiliario muy importante y una reducción de trabas burocráticas para el ciudadano muy pero que muy importante.


Se ha referido a que la percepción de la calle es distinta. Claro, sobre todo si gente como usted se dedica a alimentar lo otro. (Aplausos). Si lo que hace usted es facilitar planteamientos demagógicos, no se extrañe. Dice: soy el
primero que estoy sentado en un escaño y digo que hay privilegios. ¿Qué privilegios? ¿Qué es privilegio? En primer lugar, es un concepto relativo de cualquiera, de usted y de mí mismo. Yo me siento un privilegiado, como he dicho antes, por
servir a mi país desde el puesto que ocupo, pero me cuesta aceptar que soy privilegiado en otros términos, francamente. Debería estar haciendo muchas otras cosas en la vida, pero ninguna tan importante ni que me dé tanto sentido como la que estoy
haciendo. Por eso lo hago. Además sube a la tribuna a hablar de privilegios. Pero si es que no hay mayor privilegio que ejercer ese servicio público, como hacen millones de funcionarios. Todo eso que he descrito antes es lo que dignifica a la
Función pública. Tenemos una extraordinaria Función pública comprometida con ese servicio, e incluso en tiempos de reducciones presupuestarias mantienen y gestionan la calidad de nuestros servicios públicos; y eso es lo que dignifica reconocer
esto.


Tenemos que seguir mejorando, introduciendo mecanismos de gestión cada vez más eficaces, que es lo que permiten también las nuevas tecnologías. Pero insisto, señor Bosch, y espero además que en términos de moción lo plasme, en no alimentar
lo que otros, con legítimo interés político, alimentan por sí mismos, y además así no nos cuentan qué quieren hacer con el país. Dicen: lo estamos pensando, nos estamos reuniendo en asambleas o reuniendo en grupos de profesionales. Ya, pero es
que se les va el tiempo respecto de lo que ya está ocurriendo en nuestro país. Le pregunto, ¿hay recuperación económica en Cataluña, sí o no, señor Bosch? No le sale la palabra, no le sale la palabra. ¿Hay creación de empleo en Cataluña, sí o no,
señor Bosch?, ¿podría haber más recuperación económica y más creación de empleo si líderes políticos como el suyo se dedicaran a promover ese crecimiento económico y esa atracción de inversiones Cataluña en vez de anteponer objetivos políticos, que
por supuesto son legítimos? Pregúnteselo. Lo que están haciendo es lastrar lo que, en mi opinión, quiere la opinión pública española: salir de la crisis económica; que haya empleo para todos cuanto antes, empleo para los más jóvenes, empleo en
igualdad de oportunidades para la mujer. Eso es lo que quiere la opinión pública en primer lugar. Y en Cataluña, también. Eso es lo que expresan en todas esas encuestas. Eso, afortunadamente, está ocurriendo, porque los catalanes son gente
emprendedora, gente capaz y gente que lidera ese crecimiento económico en el conjunto de España. Y los Gobiernos estamos para servir a esos objetivos, que son los auténticamente prioritarios de la ciudadanía. Dejemos en manos de los demás promover
otros objetivos a través de otras propuestas políticas sin sentido.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN DE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES. (Número de expediente 173/000195).


El señor PRESIDENTE: Vamos debatir las mociones consecuencia de interpelaciones. En primer lugar, la moción del Grupo Socialista sobre la nueva regulación de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Para su defensa, tiene
la palabra la señora Costa Palacios.



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La señora COSTA PALACIOS: Gracias, señor presidente.


Señorías, el ministro Wert ha vuelto a hacer de las suyas. Parece como si al Gobierno de Rajoy no le hubiera bastado con la contestación de toda la comunidad educativa ni con el enorme desgaste sufrido en el proceso de aprobación de la
Lomce, recordemos que aprobada solo con los votos del Partido Popular. Como no ha tenido suficiente, se dispone ahora, al final de la legislatura, a dar la batalla decisiva y a llevar a cabo su propósito, a estas alturas ya nada oculto:
desmantelar nuestro sistema público de universidades. No es el primer ataque que recibe la universidad española por parte del ministro Wert y del PP. Aunque dejemos a un lado los juicios despreciativos e injustos que desde el Gobierno del PP se
han vertido sobre nuestra universidad, las cifras, los números, como les gusta decir a nuestros ministros, cantan. Los Presupuestos Generales del Estado han recortado en la partida de enseñanza universitaria un 70 % desde los últimos del Gobierno
socialista. Se han recortado las becas en 210 millones —datos del ministerio—, y la beca ha dejado de ser un derecho para convertirse en un premio. Las tasas académicas han subido una media del 40 % y, desde 2012 a 2014, hay 6.000 profesores
universitarios menos —datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas—. Sin embargo, al Gobierno de Rajoy no le ha parecido suficiente, y de nuevo asesta un duro golpe a la universidad española. Es cierto que otros reales decretos,
como los de becas, han sido lesivos, pero este real decreto ha apuntado a la médula de las estructuras de la enseñanza universitaria que recientemente habían sido adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior y cuya promoción se graduó hace
apenas unos meses.


Que se trata de una reforma precipitada se lo ha hecho saber al ministro toda la comunidad universitaria. La Conferencia de Rectores remitió un documentado informe en julio de 2014 y más recientemente en asamblea propuso, con el voto
favorable de la mayoría, una moratoria para su puesta en marcha, y este lunes, en un seminario monográfico programado también por la Conferencia de Rectores y en el que fueron ponentes expertos especialistas, entre ellos el que consideramos el padre
del Espacio Europeo de Educación Superior, el profesor Haug, todos sin excepción se pronunciaron en contra de este real decreto e hicieron hincapié en que un cambio ahora hacia el 3+2 no es conveniente porque la convivencia de ambas estructuras más
los restos de las licenciaturas y diplomaturas harían imposible la correcta impartición de las enseñanzas, y sobre todo porque el modelo actual está recién implantado y no ha dado tiempo a evaluarlo. A esta oposición de los rectores y de los
especialistas hay que sumarle el demoledor dictamen que ha hecho llegar el Consejo de Estado al ministerio. Y a este rechazo se han sumado los órganos representativos: estudiantes, sindicatos y algunos partidos políticos, y este grupo
parlamentario. En fin, toda la comunidad universitaria, pero ninguna de estas voces, algunas muy autorizadas, han sido escuchadas.


El Gobierno del PP ha argumentado que se cambia la estructura para converger con los países europeos, que se organizan en 4+2, pero esta, señorías del Grupo Popular, es una verdad a medias que es la peor de las mentiras. Bastaría con hacer
un análisis pormenorizado de los distintos países para saber que esto no es así. Por poner solo un ejemplo —no me da tiempo a más—, en el Reino Unido, en Escocia, que tiene una buena estructura, son grados de cuatro años, 240 créditos ECTS y un
máster de 90 créditos ECTS. Si además tenemos en cuenta que algunos países que tienen una estructura de 3+2, con una enseñanza secundaria más asentada y más larga, se están planteando cambiar al sistema grado de cuatro años, como por ejemplo
Alemania, la argumentación sinceramente nos parece simplista, atropellada y falaz.


¿Y para converger con algunos países europeos hay que divergir dentro de España? ¿Es de recibo que en una universidad se ofrezcan grados de tres años y en la vecina, incluso dentro de la misma ciudad, de cuatro años? ¿En qué situación de
desigualdad quedarían nuestros estudiantes y egresados? La pregonada internacionalización no ha tenido en cuenta que hay que contemplar un mundo globalizado y hay que converger también con otros sistemas universitarios, por ejemplo, con la inmensa
mayoría de las universidades americanas, que tienen grados de cuatro años, algunas muy prestigiosas, Harvard, Yale, Brown University, etcétera, sin olvidar a las universidades latinoamericanas, en cuyos campus se cursan grados de cuatro años. Y
esto es especialmente chocante para mí, porque el discurso del PP dice apostar casi siempre por Latinoamérica en general. ¿Y así queremos enviar a nuestros egresados a competir en otras universidades internacionales, con una titulación de grado
devaluada con la que no podrían realizar un máster fuera de España porque les faltarían fundamentos formativos? ¿Y qué decir de cómo marcharían a intercambios, por ejemplo del programa europeo Erasmus, con un grado generalista de tres años?
Erasmus es un programa para estudiantes de avanzada formación y con 180 créditos ECTS de grado no la tienen, no tienen esa formación.



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Por otro lado, habla de la flexibilidad o de la voluntariedad ofrecida por el ministerio apelando a la autonomía universitaria. Esto es una burla, señorías del Grupo Popular; se trata claramente de una trampa que engaña a familias y
estudiantes y crea diferencias entre campus. Tratan de esconder que lo que quieren verdaderamente es poner una alfombra a las universidades privadas, que nacen como setas en los últimos años (Aplausos), algunas de calidad muy discutible; en la
Comunidad de Madrid hay seis públicas y trece privadas. De lo que estamos seguros —y no solo mi grupo—, señorías del PP, es de que estos estudios universitarios serán más caros. Wert dice que el 3+2 supondrá para las familias un ahorro de 150
millones, pero se calla que tendrán que pagar 300 millones más en unos másteres que se convertirán de facto en obligatorios si quieren un buen empleo e incluso para irse fuera. Y todo esto sin haber llevado a cabo una evaluación.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista pide que se derogue el real decreto, ya que ahonda la brecha social de las desigualdades en España, deteriora la calidad de la enseñanza superior y devalúa el título de grado, dificultando con
ello el acceso al empleo de los estudiantes y perjudicando también los intereses del profesorado. Pide también promover la elaboración de un informe sobre los resultados de la vigente ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y pide
crear una comisión que tenga por cometido elaborar un informe sobre los efectos de la financiación pública y privada de las universidades, la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo de los titulados universitarios. Por tanto, señorías,
hasta que no se disponga de los citados informes no deberían ustedes llevar a cabo ninguna otra reforma, ni siquiera presentarla.


Me voy a referir ahora a las enmiendas presentadas. Se han recibido por esta portavoz la enmienda de Foro Asturias, que vamos a aceptar. Respecto a las dos enmiendas de adición de Esquerra Republicana, sobre el traspaso de becas a la
Generalitat para cumplir con el Tribunal Constitucional, no es que estemos en contra, sino que no es asunto de esta moción, que es consecuencia de una interpelación sobre la nueva regulación de las enseñanzas universitarias y esto no tiene cabida,
aunque sean enmiendas de adición, en opinión este grupo. En cuanto a las enmiendas de CiU, no podemos aceptarlas, como ya sabe su portavoz, porque irían en contra del espíritu de nuestra moción. Se propone sustituir la redacción del punto 1 de
nuestra moción por un punto que expresa un sentido totalmente contrario a nuestra solicitud de que se derogue este real decreto. En lo que respecta al punto 4, en nuestra opinión lo que proponen desvirtúa el sentido de la moción y añade también el
asunto del traspaso de las becas, que es ajeno, como he dicho antes a ERC, a las estructuras de grados y másteres objeto de esta moción. Pero tengo que recordar, por si no se acuerdan, que sobre este tema el Grupo Parlamentario Socialista acordó
una transaccional con La Izquierda Plural, el Grupo de CiU y el Grupo Mixto en la moción consecuencia de interpelación que defendió en el Pleno de 6 de mayo de 2014 mi compañero el señor Buyolo. Aquella sí era una interpelación sobre becas y en la
moción derivada de esa interpelación ya aceptamos esa cuestión. Creemos que con esto cumplimos con lo que entonces dijimos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Costa.


En efecto, como ha dicho la propia señora Costa, hay varias enmiendas. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, tiene la palabra señor Álvarez Sostres.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.


Señorías, en esta intervención para defender mi enmienda a la moción del Grupo Socialista —que agradezco que haya sido aceptada— quisiera tener la suficiente elocuencia para trasladarles la sensación de insensatez del Real Decreto 43/2015,
de 2 febrero, que deroga los dos decretos de ordenación universitaria en relación con el grado y el doctorado. Pretendo con la enmienda acotar el calendario y el concepto de evaluación de los informes citados.


Estos tres últimos años yo he escuchado aquí dos ideas en educación trasladadas por parte del Gobierno. La primera, que el Gobierno debe garantizar una menor tasa de abandono escolar que redunde en una igualdad de oportunidades y, la
segunda, que la educación debe tener como objetivo la equidad y el incremento de la calidad. La realidad es que la tasa de abandono escolar desciende muy lentamente y no precisamente por la aplicación de la Lomce, porque ya saben que la evolución
de las medidas educativas es siempre muy lenta. Por otra parte, los incrementos de calidad no se dan en ninguna de las variables que yo conozco: profesorado, aula, organización del centro, etcétera.


Ahora el ministro Wert quiere cerrar su currículum con una nueva acción educativa que yo título, con todo respeto, de depredadora. Va a por las enseñanzas universitarias transformando su estructura en un



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mosaico de titulaciones que desvertebra nuestro país en relación con la enseñanza superior. Quiero hacer tres consideraciones. Primera, se hace con un procedimiento sin evaluaciones previas de lo que hay, sin acuerdos previos, frente a
rectores y comunidad universitaria pero con el señuelo de la voluntariedad, que tapa el ahorro de decenas de millones de euros. Segundo, la reducción del modelo 4+1 por el 3+2, de origen anglosajón pero sin adaptar los estudios previos, empobrece
el sistema escolar hasta límites sombríos e insospechados. Argumentan que somos marginales en los grados de 240 créditos, cuatro años, pero callan que el grave problema está antes, en el bachillerato de dos años, que cierra un sistema escolar de
6+3+1+2+3+2, y les aseguro que esto no es la táctica de un equipo de fútbol. Hagan un ejercicio de educación comparada y resultará muy sencillo. Entiendo esa entrega de armas y bagajes a las universidades privadas, lo entiendo, como entendí el
bachillerato de dos años como merced a las entidades privadas del sector aunque fuésemos marginales en Europa —que lo somos—, pero lo que no puede entender y no puedo aceptar es que el ministro —que lógicamente es un hombre listo— crea que los
miembros de esta Cámara y de la comunidad escolar somos tontos. Eso sí que no me gusta aceptarlo. En realidad, le pido que no nos falte al respeto a todos. Y todo esto a meses de terminar una legislatura…


El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez Sostres, tiene que terminar.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: … que va a resultar en educación más chusca que el calendario juliano de los años sesenta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.


Señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, Esquerra Republicana de Catalunya defendió ya en el año 2007 que la aplicación de Bolonia tenía que ser del modelo 3+2, pero entonces el made in Spain del PSOE relegó al sistema universitario catalán por ir a
contracorriente. Ahora, de forma absolutamente precipitada, el Partido Popular propone un cambio de modelo sin hacer una evaluación seria de las titulaciones implantadas con el 4+1 y sin tener en cuenta tampoco el impacto social y económico que
tiene una reforma de este calado. La reforma supone que Cataluña pueda decidir el modelo que quiere en el sistema universitario catalán. Sin embargo, nos preocupa y mucho cómo se va a desarrollar la aplicación del nuevo modelo y los riesgos que
puede llegar a comportar. Puede suponer un encarecimiento de los precios de los estudios y también atentar contra la igualdad de oportunidades de los estudiantes. No podemos olvidar que el coste de un curso de máster triplica el de grado; repito,
triplica el de grado. Puede suponer también una disminución directa e indirecta de la financiación de las universidades públicas. Por tanto, necesitamos precios públicos de máster como los de grado y un sistema de becas que de una vez por todas
sea ambicioso. De hecho, desde 1994 venimos reclamando el traspaso de becas a la Generalitat y desde el año 2001 venimos reclamando que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a dicho traspaso. No tiene sentido que en
Cataluña respecto de las becas universitarias tengamos el 15 % de los estudiantes y en cambio solo recibamos el 9 % de las becas. Por eso hemos presentado dos enmiendas reclamando el traspaso inmediato con el fin de poder garantizar la igualdad de
oportunidades de los estudiantes.


Acabo diciendo que el cambio de modelo no puede suponer un encarecimiento de los precios ni tampoco un atentado contra la equidad. Esquerra Republicana de Catalunya se mantendrá leal al compromiso de una universidad pública, de una
universidad catalana de calidad, de una universidad crítica y, evidentemente, de una universidad comprometida socialmente. Estas son las líneas rojas a la reforma que hoy nos plantea el Partido Popular.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.


Señor Errekondo.


El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Está visto que coherencia no les falta pues el Gobierno del Partido Popular continúa tirando hacia el mismo lado. La estrategia Universidad 2015 es una estrategia de privatización, de mercantilización, en
plena sintonía con un modelo neoliberal que ya está impulsado el Gobierno del Partido Popular, eso está claro. De hecho, impusieron la Lomce, una ley que, recordemos, fue impuesta por encima de todo el modelo educativo y que, recordemos también, la
mayoría de la



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oposición de esta Cámara se comprometió a derogar a la primera oportunidad. Aunque, igualmente hay que recordarlo, genera dudas el hecho de que el Partido Socialista haya ofrecido al Partido Popular ese gran pacto de Estado también en
educación. Por tanto, ya veremos. Ahora, sin embargo, imponen la nueva ordenación en las enseñanzas universitarias oficiales y con ello tenemos claro que el Gobierno del Partido Popular da un paso más hacia el abismo educativo. Ahora el señor
Wert va a por la universidad. Tras todo lo que ha supuesto Bolonia, la subida del precio de las matrículas, el recorte en las becas, la eliminación de algunas asignaturas, nos llega ahora el súmmum de la innovación en la enseñanza universitaria,
que es el nuevo 3+2. Esto lo imponen valiéndose, como siempre, de su rodillo, por decreto y a sabiendas de que provocará consecuencias graves como la degradación de los valores de los grados porque sufrirán una reducción de contenidos y
conocimientos. Y los posgrados para completar la formación y optar a los puestos de trabajo supondrán un aumento exponencial de los costes, pretendiendo así que estén únicamente al alcance de unos pocos. El aumento del control de los mercados
sobre los estudios universitarios supondrá también un aumento en los préstamos-beca para poder pagar los posgrados y una hipoteca de los propios alumnos. Y también se producirá un aumento de las diferencias entre las universidades porque la apuesta
del Gobierno, está claro, es un 3+2, con lo cual el sistema de 4+1 se verá mermado de recursos y finalmente resultará marginado y marginal.


En definitiva, se trata de ahondar en la brecha social de las desigualdades y deteriorar la calidad de la enseñanza superior, devaluando los grados. En consecuencia, está muy claro que esta reforma en absoluto es improvisada, sino que la
estrategia Universidad 2015 es una estrategia de privatización, de mercantilización, que va en sintonía con el modelo neoliberal del Gobierno del Partido Popular. Euskal Herria, nuestra comunidad, ya rechazó la Lomce y vuelve a rechazar también
este decreto porque se trata precisamente una nueva agresión a nuestro sistema educativo y en Amaiur si tenemos algo claro es que solo la soberanía de nuestro pueblo garantizará el camino para construir nuestro nuevo sistema educativo nacional vasco
propio.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errekondo.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió y también para presentar su enmienda, tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.


Señorías, volvemos a hablar de la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Ya hablamos al respecto la pasada semana en Comisión, donde quedó constancia de las discrepancias que hay en la comunidad educativa. El Partido
Socialista —creo que lo hace conscientemente— habla de derogar los reales decretos. Ya saben que nosotros traducimos de otra manera este real decreto; no seguramente como el Partido Popular quiere, pero sí con ventajas para el modelo catalán de
universidades. Por eso nosotros hemos presentado una enmienda hablando de respetar la flexibilidad que el real decreto supone o aporta para que sean las comunidades autónomas y las universidades quienes decidan libremente, dentro de su marco
competencial, esta implantación de grados de tres años. Para el Grupo Catalán (Convergència i Unió), la implantación no puede significar nunca el deterioro del sistema universitario y tampoco puede generar consecuencias negativas para el alumnado
ni para el profesorado, ni para la calidad educativa en la universidad. Desde nuestro punto de vista, esta flexibilización puede ser, bien aplicada, una herramienta útil para buscar la mejora continua del sistema universitario y su
internacionalización. Esto era una reclamación histórica de Convergència i Unió y de Cataluña, lo ha dicho la portavoz de Esquerra Republicana. Creemos que la flexibilidad del sistema universitario es necesaria para el desarrollo del modelo
universitario de Cataluña, y para Cataluña la universidad es una estructura clave. No nos hacemos muchas ilusiones, pero tal vez sea el primer paso para entender que Cataluña necesita un marco flexible para desarrollar sus propios modelos. Pero no
solo, señorías del Partido Popular, en el ámbito universitario, también en las enseñanzas obligatorias y en las posobligatorias, y también en la regulación del sistema de becas. Para nosotros no deja de ser curiosa esta situación porque quien más
ha atacado el modelo de escola catalana permite con este real-decreto ampliar el desarrollo propio del sistema català de universitats. Pero eso es lo que pasa y por eso estamos aquí defendiendo esta posición.


Esta iniciativa del Partido Popular otorga mayor autonomía al sistema universitari català, nos permite articular mejor la oferta de titulaciones, eje básico para mejorar la eficiencia y la eficacia de los recursos. Esta oferta de
titulaciones es necesaria para mejorar la calidad y la internacionalización de la universidad. Para nosotros el problema no son los grados de tres años. En este caso el problema han sido las formas.



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El problema no es el texto legal, es cómo el Partido Popular —en este caso el ministro Wert— ha tomado sus decisiones. La Generalitat, su secretario de universidades, se ha puesto de acuerdo con el Consell Interuniversitari de Catalunya y
con el Consell de l’Estudiantat de las Universidades Catalanas, con los rectores y las universidades y con los estudiantes. Y han llegado a acuerdos en el sentido de que hay que abrir un debate sobre cómo implementar estos grados de tres años y
hasta dónde hay que aplicarlos, tendrán sus límites, y hay que decidirlo conjuntamente y respetar la autonomía universitaria. Y con los estudiantes, siempre antes de aplicar nada se les consultará previamente para escuchar su opinión.


Para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es necesaria una mayor semejanza en la estructura de los estudios, lo que facilitará la llegada de estudiantes extranjeros y facilitará la incorporación de nuestros estudiantes a
estudios en el extranjero. En ese sentido discrepamos del primer punto del texto. En los puntos segundo y tercero estamos completamente de acuerdo; no podemos más que estar de acuerdo en el hecho de elaborar un informe que evalúe el actual
sistema y elaborar un informe sobre cuáles son los efectos que se pueda prever que este real decreto tenga sobre la financiación, la igualdad de oportunidades, el acceso al empleo, etcétera. Por tanto estamos de acuerdo porque son informes
necesarios para llegar a un consenso y en Cataluña queremos llegar a un consenso. Para Cataluña este modelo necesita de los compromisos de que antes hablábamos y por eso se han creado tres comisiones de análisis: una académica, una de efectos
económicos en los estudiantes y una de financiación de la universidad. Son ejemplos para entender que creemos que esta flexibilidad del real decreto aporta libertad para poder ejecutar nuestro propio modelo de universidades.


En el cuarto punto hemos hecho una enmienda por tema competencial y aprovechamos para poner una enmienda en relación con las becas aprovechando el texto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sánchez Robles.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, presidente.


Señorías, como si de una premonición se tratara abordamos el debate de esta moción hoy, miércoles de Ceniza. Ya lo decía la pasada semana la diputada del BNG, Rosana Pérez, es a esto precisamente a lo que se ha propuesto reducir el Gobierno
popular de Mariano Rajoy y su ministro Wert el sistema educativo en el Estado construido por varias generaciones a lo largo de años: a cenizas. Ha quemado y enterrado la sardina y la educación como elemento estratégico para la igualdad, la equidad
y la cohesión social. A la vista de los nefastos resultados de gestión de su proyecto legislativo estrella, la Lomce, en esta ocasión y en materia de política universitaria ha adoptado una nueva estrategia de perfil bajo, aquello que el propio
ministro Wert definió en su comparecencia del pasado mes de diciembre ante la Comisión de Educación —y cito literal— como un esquema de acción normativa realista y prudente, lo menos disruptivo posible y sensible con las necesidades del entorno.
¡Muy sensible! Señor ministro, no está presente pero está claro que tan sensible que está de espaldas y contra la opinión experta de prácticamente toda la comunidad educativa. Bonito eufemismo para describir lo que nosotros llamaríamos sin ambages
la técnica del decretazo, una técnica legislativa que además debe ser excepcional, así lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Es una técnica que se ha utilizado para privar aun más si cabe a esta Cámara de la posibilidad de debatir y de
discutir posiciones en una cuestión de extraordinaria relevancia como es la arquitectura del sistema universitario del Estado. Y no solo eso, contra la opinión del Consejo de Estado, contra el criterio prácticamente unánime de la Conferencia de
Rectores y en el caso de Euskadi —a diferencia de Cataluña— contra la posición manifestada por la viceconsejera de Universidades de Euskadi en la Conferencia general de política universitaria, razonablemente contraria a esta perversión
incalificable. Resumiendo, qué fina manera de recoger el pobre balance de su gestión en materia universitaria y de maquillar el incumplimiento de su compromiso y el de su Gobierno, señores del Partido Popular, de abordar la estrategia integral de
mejora del sistema universitario a la que se comprometieron en enero de 2012. El balance: dos años enteros, con sus trescientos sesenta y cinco días y sus trescientas sesenta y cinco noches; cuatro decretos, tres de marcado carácter
administrativo evacuados por imperativo categórico en el tiempo de descuento y sin consenso, y un cuarto —el que hoy nos ocupa, el Decreto 43/2015— que viene a modificar otros anteriores y que establece una nueva ordenación de las enseñanzas
universitarias. Claro está, sin contar con los recortes en el sistema de becas y la congelación de la tasa de reposición, que ha mantenido atadas de pies y manos a las administraciones educativas, laminando sus competencias



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y reduciendo a la nada la autonomía universitaria. En fin, una historia para no dormir. Y lo peor, todo ello soterrado bajo falsos argumentos como la flexibilización, la internacionalización y la empleabilidad, que únicamente ocultan una
pura y dura operación de reducción de costes, únicamente eso. Y sobre todo en detrimento de la calidad de las enseñanzas universitarias, en contra del objetivo de mejora de estándares de cualificación que garanticen además la competitividad de
nuestras y nuestros titulados superiores, y por tanto en contra de la posibilidad de obtener un buen posicionamiento de cara a su incorporación al mercado laboral. Y a mayor abundamiento —como se diría en derecho— aumentando la brecha social entre
alumnos de mayor y menor poder adquisitivo, por no hablar de ricos y pobres.


Me pregunto, ¿es que el ministro tiene previsto becar la realización de posgrados, de másteres? Como dirían en Andalucía, ni por un cortijo, estoy más segura que segura. En fin, 3+2 versus 4+1, o por resumir, el ministro Wert y su Gobierno
han aprobado una vez más una reforma no consensuada, vía decretazo, contra el criterio de prácticamente la totalidad de toda la comunidad educativa. Es una reforma que además genera una enorme incertidumbre —lo decíamos el otro día—, y que no
permite la transitoriedad razonable, pausada, de una estructura de grados a otra. Una reforma que en la opinión de mi grupo es irresponsable y caprichosa, puesto que se ha abordado —como ya se ha señalado aquí— sin realizar evaluación alguna de la
implantación del Plan Bolonia y del 4+1, que ahora concluye su primer ciclo. Y una reforma que, lejos de promover la supuestamente pretendida internacionalización, nos distancia de Europa y del resto de las universidades del mundo. En definitiva,
una reforma implementada con precipitación, imponiendo su pensamiento monolítico, monocolor y sordo, y que en esencia es un completo dislate. Es obvio que este grupo va a votar contundentemente sí a esta iniciativa. Me gustaría hacerle una última
sugerencia a la proponente. Sería deseable que en la Comisión mixta de evaluación se diera participación, como comenté el otro día en la Comisión, a las agencias autonómicas de evaluación, como es el caso de la vasca Unibasq, que además tienen
competencia en la evaluación de aquellas titulaciones que tutelan. Para finalizar, una última petición al Grupo Parlamentario Popular. La imposición de las cenizas tiene como objetivo la purificación del espíritu. Entierren el pasado, entierren
el decreto para que pueda resurgir con fuerza un modelo universitario transformado y al servicio de la sociedad y de los jóvenes. Voten, por favor, favorablemente a esta iniciativa.


Gracias, presidente, por su generosidad.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.


Brevemente, quiero decir que mi grupo también va a apoyar esta moción. Compartimos el objetivo de fondo porque aunque a nosotros el modelo 3+2 no nos parece mal como marco para empezar a hablar de cómo ordenar los servicios universitarios,
de hecho, convendría recordar que el 3+2 ha sido el esquema básico de la licenciatura durante muchísimos años y entonces también se llamaba grado al primer ciclo y el segundo era necesario para obtener la licenciatura. Lo que ocurre es que esta no
es ni manera de hacer las cosas, ni nos parece que el objetivo sea el que se invoca, una vez más, en esta reforma del Gobierno. Me parece que tiene un objetivo distinto. Voy a hablar primero de la consecuencias evidentes que tiene lo que se ha
decretado y luego de la intención política, bastante transparente, que está escondida ahí. Desde luego, perjudica a la unidad del sistema educativo, desde el punto de vista de la movilidad de alumnos, de la movilidad de docentes, de la
convalidación títulos, de las relaciones internacionales y también, como se ha dicho aquí, internas dentro de la propia España. Si cada universidad va a poder hacer lo que le parezca en función básicamente de sus disponibilidades financieras, que
es el problema de fondo, lo que va a acabar ocurriendo es que va a haber distintos tipos de universidades con distintas titulaciones, que, aunque se llamen igual, no se van a convalidar. Luego va a ser imposible el cambio universitario. Esto en sí
es algo tan evidente que parece mentira que se presente un decreto que tiene esta consecuencia. ¿Cómo se puede invocar el Espacio Europeo Superior, el sistema de Bolonia, para un decreto que lo que hace es cargarse el espacio, el que había, el que
teníamos de sistema universitario? Esta es la consecuencia, si es voluntario y cada universidad va a poder disponer del tiempo que quiera y de adaptar como quiera los planes al 4+1, al 3+2, o cualquier otra fórmula que habían salido de las
chisteras universitarias o gubernamentales. En segundo lugar, esto perjudica a la igualdad de oportunidades, porque, no nos engañemos, los grados de tres años o de cuatro no permiten el acceso al mercado laboral. En la actualidad son los másteres.
¿Por qué? Porque con la reforma de Bolonia en realidad un máster



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equivale a lo que antes era una licenciatura, ni más ni menos. Nadie contrata para una profesión que exige licenciatura a alguien que no lo sea, y ahora exactamente igual. Nadie va a contratar para una profesión que exija máster a alguien
que solo tenga grado. De manera que va a haber alumnos universitarios que solo tienen grado y van a quedar fuera del mercado laboral con un barniz universitario y va a haber otros que van a estar en una posición mucho mejor. ¿Por qué se va a
producir la desigualdad de oportunidades? Porque, como también se ha dicho, los másteres son de media el doble de caros que los grados si no están financiados, las becas son muy insuficientes, hay numerus clausus. No es un sistema de másteres
pensado con la cabeza, valga la paradoja, sino que en muchos casos son másteres que están más destinados a darle vida a un departamento declinante que a cubrir una demanda del mercado laboral de las empresas o sencillamente de la investigación
científica. Todo eso hay que ordenarlo. Lo que se ha hecho es empeorarlo. Va a haber, como digo, universidades de primera y de segunda, incluso de tercera, y va a haber universitarios con títulos de primera, de segunda y de tercera. Un desastre.


Finalmente, ¿por qué se hace todo esto? Porque el Gobierno está traspasando a las familias la responsabilidad de financiar las universidades, porque se consigue un ahorro del 25 % de la inversión universitaria, reduciendo de cuatro a tres,
porque los másteres no están financiados. Lo que se busca es el objetivo de reducir el déficit fiscal, y está muy bien reducir el déficit fiscal, pero no puede hacerse a costa de la universidad, hay que hacerlo ahorrando donde hay despilfarro,
derroche e inversiones suntuarias; muchísimos capítulos para hacer todo esto. Bastaría con hacer algo para acabar con los 48.000 millones de euros, cifra escandalosa que ha estimado no mi partido, sino la Comisión Nacional del Mercado de la
Competencia, que le cuesta a España la corrupción y las malas licitaciones públicas para que hubiera dinero para universidades de lujo y para que pudiera ir todo el mundo. Esto es lo que tienen que hacer ustedes y no cargarse a la universidad
pública.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.


Decía la señora Sánchez Robles que hoy es miércoles de Ceniza y lo comparaba con la inversión en ceniza que nos preparan de cara a la universidad. Pero es que llevamos tres años de pasión, señora Sánchez Robles, señorías, llevamos tres años
de pasión y ya tenemos ganas de saber si finalmente se va a producir la resurrección para que podamos recuperar el sistema público educativo en nuestro país. Ojalá sea así. De momento lo que sabemos es que al señor ministro le gusta recorrer
Europa —lo digo metafóricamente, si le gusta también turísticamente tampoco hay nada que objetar— para referenciarse a diferentes países, para justificar con ello las sucesivas reformas que ha ido planteando. Si por cualquier causa le falla alguna
referencia europea —acuérdense, señorías, todos ustedes, de Finlandia; tuvo su momento finlandés donde Finlandia era el paradigma de todo, y luego también documentos elaborados por la OCDE— en un caso y en otro si también en un momento determinado
no eran los adecuados para las reformas que quería emprender, olvidaba tanto los documentos de la OCDE como el modelo finlandés y así hemos llegado a aquella famosa frase de la película Casablanca, ¿se acuerdan ustedes?, solamente que en este caso
cambiamos París por Inglaterra, por el modelo anglosajón.


Como decía antes, nada que objetar a las preferencias que pueda tener cada persona, siempre y cuando —en este caso al referenciarse el ministro de Educación— no interfieran en la política educativa de nuestro país, esencialmente en la
política educativa pública de nuestro país. Al señor ministro le tiene sin cuidado que el Consejo de Estado o la propia CRUE manifieste su opinión al respecto. Él dice que flexibiliza con eso la universidad y, sin embargo, ambos estamentos tienen
un cierto escepticismo ante lo que dice el señor ministro y no les parece que sea el momento para la aplicación de esta reforma. Al señor ministro, al igual que le pasó con la Lomce —ya lo han dicho otros intervinientes—, la opinión de la comunidad
escolar, de las organizaciones sociales, del alumnado, de las familias, en definitiva del conjunto de la ciudadanía, le tiene sin cuidado. Como él mismo reconoce —lo dijo aquí—, tiene una hoja de ruta perfectamente trazada, el señor presidente no
se opone a esa hoja de ruta, con lo cual él se considera con la facultad para poderlo hacer, como es lógico, y entonces empieza a poner barreras precisamente de cara a aquellos que menos posibilidades tienen para continuar sus estudios académicos.
Eso es lo que están haciendo de una forma u otra de manera continua el señor ministro, el Gobierno que sustenta al señor ministro y el Grupo Popular que sustenta al Gobierno y al señor ministro: ir poniendo barreras a aquellos que menos
posibilidades tienen para continuar sus estudios. Luego lo envuelven en el papel de



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celofán y le ponen el lazo que quieran, pero lo cierto es que nosotros, que fuimos críticos con el Plan Bolonia, nos encontramos ahora que, sin haber evaluado este proceso del Plan Bolonia —se podía haber escogido otro, como se ha dicho
anteriormente—, esta implantación del 4+1, el señor ministro ha decidido que ha fracasado y que, por lo tanto, hay que ir a otro modelo. ¿A quién perjudica? A quienes hemos dicho anteriormente: a los que menos posibilidades tienen para continuar
sus estudios académicos. Se ha dicho aquí también, numerosas familias no podrán pagar el precio de los másteres que, como se ha repetido aquí por activa, pasiva y perifrástica, van a suponer un incremento económico notabilísimo para las familias, y
eso está ahí. Esto es como aquel que iba en la dirección contraria y decía que todos los que se equivocaban eran el resto; es decir, que nos equivocamos el conjunto del hemiciclo menos ustedes, que creen que van por la buena dirección; menos
ustedes, que siempre creen que van por la buena dirección.


Señorías, lo voy a decir otra vez más, el señor ministro de Educación, una vez que se ha ido la señora Mato, es el miembro del gabinete peor valorado. ¡Suspende en todo! ¡No hay en nada en lo que apruebe! Ahora, ahí sí que no importa,
también sostenella y no enmendalla. El ministro sigue aquí por mal que lo haga y es evidente que no podemos esperar que él venga a dimitir. Por ello, señorías, que pasemos de una cosa a otra sin dilación, sin haber evaluado absolutamente nada,
aunque le pongan trabas y le digan que por ahí no tanto la CRUE como el Consejo de Estado, aunque muchísimos diputados y diputadas de los aquí presentes que representamos a una parte muy importante de la ciudadanía estemos diciendo que no, aunque
los ciudadanos y ciudadanas estén diciendo que no, la comunidad educativa, los alumnos, en fin, todo el mundo, a ustedes eso no les importa, porque, como decía al principio…


El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez, tiene que terminar.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ya, señor presidente.


Como decía al principio, a ustedes siempre les queda alguna parte a la que referenciarse para hacer aquello que no deben hacer, para favorecer a los sectores más involucionistas de nuestro país y para favorecer a los más ricos por encima de
la mayoría de la población, que son los que menos tienen. Sigan ustedes con esas políticas y esperemos que las pierdan en noviembre.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, escuchando la intervención de la portavoz del Grupo Socialista la verdad es que he sentido una enorme decepción. (Rumores). Con sinceridad, pensé que esta era la ocasión propicia para que la educación, que tiene un enorme espacio
para el debate y para el acuerdo, viese en esta Cámara precisamente esa reflexión sosegada y esa voluntad de consenso que todos deseamos. Pero sobre todo creemos desde el Grupo Parlamentario Popular que la universidad, este terreno que en estos
momentos abordamos, debemos separarla de la confrontación y de los intereses partidistas que desgraciadamente han impregnado durante años las aulas universitarias. Les decía que esta era la ocasión propicia por varias razones, pero sobre todo por
una, porque la verdad es que es muy difícil justificar su oposición frontal a una medida absolutamente voluntaria en su aplicación y flexible en su temporalidad. Porque de lo que estamos hablando, señorías, es de un decreto del Gobierno que
simplemente abre un abanico de posibilidades extraordinarias a la universidad española en los mismos términos, por cierto, en los que se mueve la inmensa mayoría de los países de la Europa Occidental, Francia, Italia, Inglaterra, alejada, por
cierto, de la rigidez a que se han visto sometidos los títulos de grado y con ellos los alumnos después de la regulación impulsada por ustedes, señores socialistas, en el año 2007. Por cierto, una ordenación de las enseñanzas universitarias que
recibió en aquel momento por parte de la conferencia de rectores un serio aviso. Literalmente lo que decían los rectores es que podría optarse por una posición más flexible en la que existieran grados entre 180 y 240 créditos, porque no está claro
que todos los grados necesiten y deban tener la misma carga de créditos. ¿Qué es lo que pedían en aquel momento los rectores, señorías? Pedían flexibilidad. ¿Qué es lo que ofrece en este momento la propuesta del Gobierno? Pues flexibilidad.
(Rumores).


No se engañen, señorías, ni, por favor, pretendan engañar a los demás, la universidad española no está en contra de unas enseñanzas de grado de tres años y de la posibilidad de uno o dos años de máster. Fue aprobado por la inmensa mayoría
de la Conferencia general de política universitaria. Por cierto, ustedes saben como yo que en la inmensa mayoría de los países europeos el modelo no es el 3+2, es el 3+1. Lo que



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pide la universidad, lo que piden los rectores es tiempo para su aplicación, y es legítimo que lo hagan. Por eso el decreto que ustedes pretenden derogar deja en manos de la universidad la decisión de ofertar grados de tres años y el tiempo
para hacerlo. Ya hay universidades públicas y privadas que han manifestado su voluntad de ofertar grados de tres años a partir del próximo curso. ¿No creen ustedes, señorías, que, si tan mala fuera la medida, la propia universidad ni siquiera la
valoraría? La realidad es diferente a la que ustedes describen. Estamos poniendo en manos de la universidad española los instrumentos necesarios para su internacionalización y competitividad. Estamos rompiendo una rigidez —en la que, por cierto,
solo ustedes se mueven cómodamente— para que los alumnos españoles no vean las puertas cerradas a la hora de ampliar sus estudios en universidades europeas. ¿O desconocen sus señorías que los estudiantes españoles de doctorado cuando quieran
realizar este en Europa tienen que hacer cursos complementarios, a pesar de haber cursado en España cuatro años de grado y uno de máster? ¿Es esa la homologación que ustedes defienden? ¿Cómo pueden hablar de igualdad de oportunidades cuando un
alumno europeo con un título de grado de tres años puede acceder a un empleo en nuestro país y al alumno español le exigimos cuatro? ¿Han explicado eso a las familias españolas? Algún día tendrán que explicarlo.


Señorías, sus argumentos son absolutamente inconsistentes. Nos hablan del máster, pero ustedes saben, como lo sabemos nosotros y lo sabe toda la comunidad universitaria, que el 90 % de las carreras no precisan de un máster para que el
alumnado acceda a un empleo. Solo el 10 % precisan de un máster habilitante, exactamente igual que ahora. Extienden la sospecha del caos hacia la universidad, cuando durante años han convivido las licenciaturas de cinco años con los grados de
cuatro y los másteres de uno y de dos años, y además ustedes propiciaron esta convivencia. Es el caos; ahora sí, pero antes no. ¿Creen que hay caos en las universidades europeas de mayor prestigio, donde existe la flexibilidad que ahora ofertamos
a la universidad española? La devaluación de títulos. ¿Se devaluaron las licenciaturas cuando pasaron de cinco a cuatro años? Y si fue así, ¿por qué ustedes lo permitieron, señores del Grupo Socialista, que en aquel momento eran el Gobierno?
Saben que no es así. Los títulos no se van a devaluar, porque los nuevos grados deberán pasar los filtros de verificación y de acreditación requeridos hasta ahora, a través de la Aneca, las agencias autonómicas, el Consejo de Universidades y el
propio Consejo de Ministro. Sean serios; lo único que se esconde tras su rechazo es ese miedo genético que tienen a la libertad, a la libertad de ofertar y a la libertad de elegir.


Finalizo, presidente. Por favor, no ejerzan de profetas del Apocalipsis, porque van a fracasar. En este país la beca sigue siendo un derecho, los jóvenes acceden a la universidad más ahora que cuando ustedes dejaron el Gobierno, la tasa de
becados es la más alta de su historia y la partida general de becas y ayudas al estudio tienen los mayores recursos que jamás han tenido. La universidad española tiene un potencial extraordinario. Denle una oportunidad. Nosotros creemos en ella.
Ojalá pudiéramos decir de ustedes lo mismo. (Rumores).


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.


Señora Costa, aunque usted ha explicado perfectamente qué enmiendas aceptaba, a título formal le pido que nos lo diga.


La señora COSTA PALACIOS: Muchas gracias, señor presidente.


Aceptamos la enmienda de Foro Asturias. No podemos aceptar las dos enmiendas de adición, sobre traspaso de becas a la Generalitat, del Grupo de Esquerra Republicana, porque no es asunto de esta moción. Tampoco aceptamos la redacción que
propone CiU al punto 1, porque va en contra de nuestro espíritu en la moción. En el punto 4, que habla de becas, también estamos en contra. Por tanto, aceptamos una enmienda y descartamos las de Esquerra Republicana y CiU.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Costa.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA NECESIDAD DE QUE LA POLÍTICA CULTURAL DEL ESTADO CONTEMPLE LA INMEDIATA REDUCCIÓN DEL IVA A LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVOS. (Número de expediente
173/000196).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de que la política cultural del Estado contemple la inmediata reducción del IVA a los productos y actividades culturales y deportivos.
Para su defensa tiene la palabra la señora Surroca.



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La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, la semana pasada formulamos una interpelación al ministro Wert en la que pedíamos la reducción inmediata del IVA cultural, al mismo tiempo que pedíamos la reducción del IVA que están soportando los centros deportivos y los
gimnasios. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Esa petición se concreta hoy en esta moción, que precisamente tiene ese objetivo, por una parte, reducir el IVA cultural y, por otra, el IVA que soportan las
instalaciones deportivas.


El sector cultural, como hemos dicho en otras ocasiones, está atravesando una situación realmente difícil, derivada de la crisis económica, pero además hay otras circunstancias que se han sumado a ese desgaste sufrido por la crisis, como es
el cambio de hábitos culturales y de forma dramática la piratería. Si a esto añadimos el aumento desorbitado del IVA cultural en 13 puntos, ha supuesto un castigo importante para el sector, que muchas veces se ha visto abocado de forma irremediable
al cierre de empresas, a despedir a plantillas de trabajadores o a verse limitado a la hora de hacer nuevas inversiones que permitirían el crecimiento y crear ocupación. Convergència i Unió está firmemente convencido de que el sector cultural puede
suponer un motor para nuestra economía. Aporta valor añadido a nuestra economía y necesita precisamente ese apoyo del Gobierno, de las distintas administraciones implicadas.


Desde 2012 mi grupo parlamentario está reivindicando reiteradamente esa rectificación por parte del Gobierno en el IVA cultural, pero también un cambio de rumbo en las políticas culturales. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que decide esa
subida desproporcionada e injusta del IVA cultural en 13 puntos, deja paralizado en un cajón la prometida nueva ley de mecenazgo, esa ley que tanto anuncian y que nunca llega. Por otra parte, se aprueban reformas, y me refiero a la de la Ley de
Propiedad Intelectual, que ha supuesto poner a todo el sector cultural en una misma posición, que es contraria a la reforma porque no ven que suponga el cambio que se espera, la mejora que se espera en la persecución de la piratería cultural. En
definitiva, la política cultural del ministerio y de este Gobierno del Partido Popular debe modificarse y hoy lo que defendemos es la rectificación de esa subida, absolutamente desproporcionada, porque creemos que el Gobierno ya puede adoptar esa
decisión. De hecho, cuando se adoptó esa medida se anunció que sería con carácter provisional y llevamos más de dos años en esa situación y aún el sector está esperando. Además, recibe mensajes contradictorios, pues en más de una ocasión el
Gobierno, el ministro Wert e incluso la vicepresidenta del Gobierno han anunciado o insinuado que llegaría ese esperado cambio, esa esperada rectificación y la realidad es que nunca llega. Probablemente, cuando se aproximan momentos de elecciones
es cuando se animan determinados miembros del Gobierno a hacer anuncios para contentar al personal, pero la realidad es tozuda y nunca vemos en el Consejo de Ministros que se adopte esa decisión que tanto espera el sector.


La semana pasada hablamos de datos y el ministro se vanagloriaba de determinados datos positivos. Nos ponía como ejemplo el nivel de los cambios en el taquillaje del cine, que había películas españolas que tenían muy buenos datos en cuanto
a taquillaje en los cines. Nosotros lo celebramos, pero si examinamos estudios recientes, como por ejemplo el anuario de 2014 de la Sociedad General de Autores y Editores, podemos ver que hay un análisis muy detallado de los distintos sectores de
la cultura, y no estamos aquí para hacer anuncios o afirmaciones con tanta alegría. Tenemos que ser realistas. No queremos ser catastróficos, ni muchos menos, pero los datos son los que son. Voy a detallarlos rápidamente. En cuanto a las artes
escénicas, podemos decir que se han acumulado unas pérdidas en los últimos cinco años del 30,4 % en el número de representaciones, del 34,3 % en la asistencia y del 23 % en recaudación. En lo que se refiere a la evolución de 2012-2013, se puede
afirmar que el número total de funciones descendió en un 4,7 %. Si nos fijamos en el teatro, ha disminuido un 29,1 % el número de representaciones. En el sector de la danza, lo mismo: desde 2008 el número de funciones de danza ha caído un 49,4 %,
la asistencia se ha reducido en un 41,4 % y la recaudación ha bajado en un 50 %. En música clásica, exactamente lo mismo.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Voy terminando, señora presidenta.


Pueden acceder a los datos del anuario de la SGAE. Sucede lo mismo también en los centros deportivos e instalaciones. Ya explicamos los datos de ese sector en la interpelación de la semana pasada; los datos en términos negativos que está
sufriendo ese sector son muy preocupantes. Por ello, Convergència i Unió insiste en la necesidad de que el Gobierno rectifique y rebaje de forma inmediata el IVA en esos dos sectores.



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Agradecemos las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista. Sabemos que comparten el espíritu de nuestra interpelación, pero ya anuncio que no podemos aceptarlas en sus estrictos términos porque los tipos impositivos que estamos
solicitando son inferiores a los que hoy nos propone. Pero se lo agradecemos y sabemos —insisto— que comparten el espíritu de la propuesta de nuestro grupo parlamentario.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.


Efectivamente, para la defensa de la enmienda planteada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pezzi Cereto.


El señor PEZZI CERETO: Gracias, señora presidenta.


En la anterior moción se ha recordado que estamos en miércoles de Ceniza, y quiero recordar que también estamos en Carnaval. En Carnaval suele haber un travesti, un travestismo, por eso me he sentido muy carnavalero cuando he visto que la
portavoz del Grupo Popular ha gritado a los bancos de la izquierda que tenemos miedo a la libertad. Es la izquierda la que tiene miedo a la libertad y es la derecha la que nos ha defendido siempre contra las dictaduras. Son ellos los que se han
lanzado contra los dictadores. (Aplausos). Muy duro escucharlo en una Cámara como esta. Orwell escribió que en época de mentiras contar la verdad es revolucionario. La verdad con el tema del IVA cultural y deportivo es que el Partido Popular
está solo. Decía el presidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho, en los últimos Premios Goya: Ya va siendo hora de que nos bajen el IVA, que el maldito impuesto del IVA se reduzca. Fue aplaudido de manera fortísima por todo el
colectivo, con la excepción del ministro Wert y acompañantes, que, como ya saben, no es su fuerte aplaudir a personas que les llevan la contraria.


Traigo aquí un texto con fortaleza: La subida del IVA es el sablazo que un mal gobernante le pega a todos sus compatriotas que ya están muy castigados por la crisis. ¿Lo dije yo? No, lo dijo Mariano Rajoy. La subida del IVA es injusta,
insolidaria, contraproducente e ineficaz. ¿Quién? Exacto, Mariano Rajoy. La subida del IVA es muy grave error y solo disminuirá la actividad y generará más desempleo. ¿Quién? Mariano Rajoy. ¿Y Montoro? ¿No tiene criterio? Sí. Se confirma
que ha sido un error subir el IVA cuando no tenemos consumo ni crecimiento económico, mientras que, por otra parte, suben los precios. ¿Y Cospedal? ¿Dijo algo Cospedal? Sí, subir el IVA un 2 % es tanto como bajar un 2 % el salario de los
trabajadores o bajar un 2 % la pensión a los pensionistas. Si le ha bajado 13 puntos al mundo de la cultura, fijaros lo que les ha bajado el nivel de vida. Y todos además fueron entusiastas, ¿os acordáis?


Yo iba a traer un argumentario del Partido Socialista para apoyar esta propuesta, pero qué mejor que traer una propuesta del propio Partido Popular. (Muestra un cartel). ¡Más IVA no! Lo cogía Esperanza Aguirre, por un lado, Rajoy, por otro
y Cospedal, por otro, tirando del cartel para ver quién se lo quedaba. ¡Más IVA no! No más mentiras, no más engaños, porque el IVA provoca más paro, menos consumo, menos bienestar, menos recuperación, menos economía, menos inversión, menos
comercio, menos actividad, más recesión, menos negocios, menos ahorro, menos oportunidades. ¿Cómo con un cartel así van ustedes a votar en contra de la señora Surroca y de la propuesta de bajar el IVA? Si ustedes han dado el argumentario completo,
son ustedes unos artistas, unos artistas. Por favor, hagan lo que dicen, cumplan su palabra y no ahuequen el carro cuando les llega la hora de la verdad. Porque cantar es fácil, la cigarra, pero aquí viene la hormiga y la hormiga trae: el IVA no,
el IVA no, lo que dicen los artistas de todos los sectores. Por eso nosotros creemos que no pueden hacer trampas, no pueden venir un día diciendo que van a bajar el IVA de las plantas y de las flores y no bajan el IVA cultural. ¿Por qué? ¿Porque
les quieren hacer coronas de muerto a los artistas, al mundo del cine, a los cómicos? ¿Quieren gastarse menos en las coronas de muerto? No pueden seguir hundiendo un sector que es clave en la marca España. No hay España sin cultura, no hay España
sin industria cultural, no hay España sin los hombres y mujeres que están en todos los sectores culturales, y ustedes los han hundido adrede. ¿Y saben por qué? Porque les tienen ganas, porque estaban hartos de que apoyaran en un momento
determinado a Zapatero, estaban hartos de que hicieran la ceja y dijeron: se van a enterar estos con la ceja. Y se han enterado, porque han hundido al mundo de la cultura como están hundiendo al mundo del deporte.


Decía Fernando Évole en una carta que envía al presidente del Gobierno, a Rajoy: Un país sin cultura y sin entramado industrial alrededor de la cultura es un país pobre, pobre en libertades, pobre en ideas, pobre en imagen, pobre en
identidad, pobre en valores, pobre en historia y pobre en desarrollo. Ese es el



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país que nos van a dejar ustedes, y nadie se va a acordar de ustedes más que por las desgracias que han provocado en este país, en nuestra patria, que se llama España.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Pezzi.


Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, Grupo Mixto, señora Pérez.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, empiezo diciendo que vamos a votar favorablemente la iniciativa que hoy nos presenta CiU. De hecho, fue rechazada por el Grupo Popular en noviembre de 2013 una proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego en el mismo
sentido. Desde la aprobación del Real Decreto 20/2012, que disparó la subida del IVA en los productos culturales y de otro tipo, lo que ha ocurrido ha sido justamente todo lo contrario de lo que el Partido Popular y el Gobierno vaticinaban: Ha
aumentado la contención en el consumo de los productos culturales, ha disminuido la asistencia a los espectáculos culturales, se ha reducido drásticamente el empleo en este ámbito y todo ello tampoco ha servido para que el aumento del IVA cultural,
nada más y nada menos que en 13 puntos, aportase a las arcas públicas el aumento de recaudación que nos prometía el Gobierno del Partido Popular.


Señorías, el Partido Popular se presentó a las elecciones de 2011, aun a sabiendas de la crítica situación económica que ya veníamos padeciendo desde 2007, prometiendo hasta la saciedad que no subiría los impuestos, y desde que llegó al
Gobierno no ha hecho otra cosa, tanto que el IVA cultural se mantiene en un escandaloso 21 %, el más alto de Europa con diferencia. Pero, señorías, con ser esto muy grave todavía más sangrante nos parece la subida del IVA que también desde 2012 han
llevado a cabo en el material escolar, que denunciamos en su momento. Pasó del 4 al 21 %, y, como impuesto indirecto que es, discriminó y gravó doblemente y con toda dureza a las personas y familias desfavorecidas. ¿A ustedes, señoras y señores
del Partido Popular, les parece justo o lógico que el material escolar tenga el 21 % de IVA y las obras de arte, que como todo el mundo sabe son de consumo masivo por parte de la inmensa mayoría de la población, tengan el 10 %?


Señora presidenta, voy terminando. En el año 2014 el ministro de Hacienda anunció que estaba preparando la reducción del IVA cultural. Ha pasado un año, una reforma fiscal por medio y la industria cultural, que representa el 3,5 % del PIB,
sigue perdiendo empleos y cerrando salas.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, debe terminar.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino.


Por lo tanto, o se lleva a cabo la reducción del IVA o a cientos de empresas culturales, también pequeñas y medianas empresas, no les quedará otra opción que cerrar sus puertas, como ya han hecho muchas de ellas.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Pérez.


Por el mismo grupo, señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, presidenta.


Ustedes, señorías del Partido Popular, aplican a la compra de un libro el mismo IVA que a la compra de un coche de lujo. Una de dos, o les traiciona el subconsciente de considerar a la cultura como un lujo o simplemente son nietos de aquel
grito de Millán-Astray: Muera la intelectualidad traidora. Una de dos. Los efectos de la subida del IVA cultural del 8 al 21 % son espectaculares. Daré cuatro datos simplemente. En solo cuatro meses desde su aplicación en 2012 en el sector del
teatro, por poner un ejemplo, el número de espectadores descendió más de un 30 %, la recaudación neta cayó aproximadamente un 33 % y se perdieron más de 600 puestos de trabajo directos. El IVA que se obtiene en Cataluña por consumo cultural es de
unos 3.000 millones de euros cada año, mientras que el conjunto de las subvenciones públicas que se dan a la cultura catalana llega a los 1.100 millones de euros. Es evidente, pues, que los casi 2.000 millones que se aportan al Estado en concepto
de cultura no retornan a Cataluña.


Señorías, una Cataluña independiente podría tener un IVA cultural del 7 o del 8 %, como el resto de Europa, o de un 4 si le aplicáramos el IVA superreducido. De esta forma reactivaríamos y democratizaríamos el consumo cultural.
Conseguiríamos, a la vez, que los creadores tuvieran más trabajo y crearíamos más empleos. La decisión unilateral del Partido Popular de subir el IVA a la cultura camufla, bajo un afán



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recaudatorio, una clara ideología clasista: cultura para la élite, para quienes la pueden pagar, es decir, los de siempre, y telebasura, fútbol y toros para los pobres. El balance a día de hoy de la subida del IVA a la cultura es
irritación del sector, pérdidas cada vez más importantes de ingresos y también de puestos de trabajo. Acabo. Es evidente, pues, que la decisión de subir el IVA cultural fue y es tremendamente equivocada. Rectifiquen. Si no saben el significado
de rectificar, les diré que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su quinta acepción significa corregir las imperfecciones, errores o defectos de algo ya hecho. Pues eso.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.


Por el mismo grupo, señora Enbeita.


La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señora presidenta.


Sabemos que la subida del IVA supuso graves dificultades en la vida cotidiana, en las cosas del día a día, pero sabido es también que no solo de pan vive el hombre y claro está que tampoco la mujer, y la cultura es una parte importante en
nuestras vidas. La cultura fue muy importante en las antiguas civilizaciones. Debieron ser bastante más inteligentes que nosotros, pues incluso en épocas de guerra dejaban sitio para el teatro o para la literatura. Pero en el Estado español del
siglo XXI parece que no estamos en esas y cuesta mucho entender que la cultura va más allá de Hollywood y cosas absolutamente populistas o la telebasura. Con la subida del IVA hemos visto vaciarse salas de teatro por falta de público, se han
cerrado editoriales, hemos visto caer asociaciones culturales y, al final, vamos quedándonos sin cultura de calidad porque aquí, como en todo el mundo, las mejores obras están aún por escribir, pero hace falta colaboración y ayuda para crear y para
poder vivir de ello. Al final, el IVA cultural es un pequeño ejemplo del país que el Partido Popular está construyendo. El IVA cultural es de un 21 % y el IVA del porno es de un 4 %, dicho sea de paso que casi el cien por cien de la pornografía se
basa en el placer masculino y dicho sea de paso que para consumir pornografía no hace falta que nadie le firme nada a un adolescente de dieciséis años. No seré yo quien hable de eso porque lo que quiero es defender la cultura, la cultura como
método de crítica social, la cultura como motivo de creatividad, la cultura como modo de vida y la cultura como medio para construir una sociedad más igual. La cultura es absolutamente necesaria en nuestras vidas. Por mucho que se empeñen en
desculturizarnos, la gente buscará y acudirá a la cultura. Es una vergüenza que hoy en día en la televisión se anuncien coches y productos de lujo diciendo: este mes se ahorran el IVA si vienen a comprar, mientras que ir al teatro, ir al cine o
crear una obra se está convirtiendo una misión imposible para la ciudadanía. Por eso, apoyamos no solo esta moción, sino que apoyamos seriamente la bajada del IVA en la cultura porque defendemos y apoyamos la cultura como bien social.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Enbeita.


Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


Intervendré muy brevemente porque la mayoría de las cosas que se han dicho hoy ya se han dicho otras veces. En todas ellas hemos coincido la mayoría de los grupos excepto el Grupo Popular.


El Grupo Parlamentario Catalán trae una vez más este asunto con el objetivo de que el Gobierno reconsidere —rectifique ha dicho alguno— el aumento del IVA de las prestaciones de servicio de carácter cultural, decisión que quedó plasmada en
el Real Decreto 20/2012, de 31 de julio. Es evidente que mi grupo está totalmente de acuerdo con la propuesta de Convergència i Unió en esta materia por varios motivos que, brevemente, trataré de explicar y que sustancialmente difieren bastante
poco de lo que otros grupos han expuesto. El Gobierno tomó una decisión, quiero pensar que creyendo que iba a beneficiar. Si pensó que iba a beneficiar es el momento de rectificar porque se ha dado cuenta de que no ha beneficiado. Porque no
quiero pensar que tomó esa decisión con el objetivo de perjudicar. El asunto es que el resultante es el mismo, ha conseguido destruir puestos de trabajo, ha conseguido desincentivar tanto la creación como la producción de productos culturales, así
como la asistencia de espectadores. Evidentemente, la cultura es algo que viene y va, que necesita un emisor y un receptor. Si perjudicamos a uno, acabamos fallando al otro y viceversa. En este caso, conseguimos que la gente que necesita producir
productos culturales quede parada porque no puede responder y la gente que quiere acudir a ver esos espectáculos, esos conciertos, esas obras de arte, esas películas o comprar esos libros se quede sin hacerlo porque le



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cuesta muchísimo dinero. Hasta ahora no he oído ninguna explicación verdaderamente convincente que me demuestre que esta subida ha beneficiado al sector cultural o al sector de espectadores. Incluso podría entender, aunque no compartir,
que el ministro de Economía dijera: Sé que perjudico a la cultura, pero beneficio a la economía global. Pues ni eso.


Creo que ustedes escucharon poco las reivindicaciones que la gente del cine, con muy diferente planteamientos, le hicieron en la última entrega de los Goya, cuando independientemente de los chistes sobre el ministro Wert o sobre los ataques
más o menos directos o de que caiga mejor o peor, lo que se decía allí era: Por favor, bajen el IVA cultural —era una reivindicación verdaderamente consistente—, que nos están ahogando, que no podemos más. Se han dado datos —yo también los tengo y
podríamos dar bastantes más—, sobre lo que ha supuesto sobre el descenso en asistencia, sobre destrucción de puestos de trabajo, sobre cierre de locales. Son datos que incluso da el propio ministerio tanto respecto del teatro como del cine y de los
espectáculos musicales. Además —y es algo que incluso ya se dijo ayer—, tenemos el IVA más alto de toda la eurozona. ¿Qué pasa, que en Holanda, en Suiza, en Noruega o en Bélgica, los ministros de economía son más tontos —perdóneme la expresión— o
saben menos? La verdad es que países como Francia, Holanda o Portugal vieron que las consecuencias de la subida del IVA eran negativas y rectificaron, y va España y lo sube. Lo peor de todo es que en esta historia lo decide evidentemente el señor
Montoro, pero el señor Wert, que es el ministro al que compete defender la actividad cultural, no dice ni mu. Acepta sabiendo que todo eso ha ido en perjuicio. Según estudios que se han realizado, si se redujera este IVA al 10 % se recuperarían,
solo en teatro, 2,5 millones de espectadores y casi 2.000 puestos de trabajo. Por tanto, creemos que esto es suficiente motivo para rectificar. Eso al final supondrá que se potenciará algo así como la delincuencia cultural, es decir, la cultura
alegal, aquella que está fuera de la economía real, aquella que está fuera de lo legal, aquella que va a hacerse sin facturas. ¿Queremos eso? ¿Queremos que la gente de la cultura tenga que hacer una especie de delincuencia cultural para poder
sobrevivir? Perdonen, pero creo que no es nada positivo.


Finalmente, y en cuanto al último punto que ha propuesto Convèrgencia i Unió respecto de los gimnasios y eventos deportivos, podemos estar o no de acuerdo con que su IVA es alto o no, pero creemos que no es el lugar y no nos parece
conveniente mezclar con el elemento que se trata —que bastante enjundia tiene el IVA cultural— para poderlo mezclar en esta propuesta o en esta moción. Por tanto, pedimos a la representante de Convèrgencia i Unió, si no tiene inconveniente, el
poder votar por separado los dos puntos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.


Ya hemos dicho en muchas ocasiones desde este lugar, señores del Partido Popular, que el IVA es el impuesto más injusto porque nos grava a todos por igual y que es regresivo porque grava el consumo y recae con fuerza en las rentas más bajas.
Pero durante el Gobierno de su partido ha subido de forma salvaje, además, e incluso me atrevería a decir que en muchas ocasiones se ha demostrado contraproducente porque ha hecho bajar el consumo y, por tanto, ha hecho bajar también la recaudación.
Al final, son las políticas que uno aplica, que uno lleva a cabo, las que le retratan como partido político, como Gobierno, y no lo que se dice. Esto nos vuelve a demostrar que el Partido Popular tiene un proyecto cortoplacista y no termina de
aplicar iniciativas que nos igualen a todos como ciudadanos para que se siga agrandando esa brecha que existe en nuestro país dependiendo de la edad que tengamos, dependiendo de dónde residamos, etcétera. Lo grave de este caso es que el Partido
Popular aplica esta medida de subida de IVA generalizada mientras no es capaz de hacer el mismo esfuerzo en un ejercicio de austeridad bien entendida, no quitando profesores, no quitando médicos, sino quitando todo aquello de la Administración que
es absolutamente prescindible, que es improductivo y que ustedes siguen manteniendo. Siguen haciendo esas políticas regresivas mientras no trabajan por perseguir el fraude; seguimos con la mitad de la media de inspectores de Hacienda que los
países de nuestro entorno, y ustedes van y aplican amnistías.


He defendido desde aquí en muchísimas ocasiones todo lo que tiene que ver con el IVA cultural. Lo que ocurre es que hoy he estado pensando que sintiéndome tan bien defendido por otros compañeros que han hablado antes que yo y para evitar
que pueda existir la sospecha de que aquí llega un actor y se pone a defender lo suyo, me voy a centrar en otro aspecto de la propuesta que yo creo que es muy acertada y



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nos trae hoy aquí Convergència i Unió. Simplemente recordar que estamos hablando de cultura, que estamos hablando de un derecho constitucional, que estamos hablando de algo que ustedes están haciendo: que seamos la excepción en cuanto a
todos los países europeos. Y a mí eso me avergüenza porque demuestra cuál es la importancia que dan ustedes a algo tan importante como eso y que ayudaría a que los ciudadanos españoles fueran —me van a permitir la expresión— mejores personas porque
para eso está el arte, para eso está la cultura: es un espejo en el que mirarnos y en el que aprender a saber realmente cómo somos. Es educación al fin y al cabo; parece que esto ustedes no acaban de entenderlo. Pero como me he sentido, repito,
muy bien defendido por los compañeros de todos los partidos que han hablado antes, como este tema de la cultura me afecta directamente y como ya he hablado a menudo de ello aquí y en la Comisión, hoy me voy a centrar en otra cuestión que me parece
importante y que está en la propuesta de Convergència i Unió: en el deporte. Y eso quiere decir que hablamos de salud y de prevención, y aquí se ponen otra vez de manifiesto las limitaciones y el cortoplacismo de quienes nos gobiernan.


Señores del Partido Popular, según la Organización Mundial de la Salud, en España casi un 40 % de nuestra población sufre sobrepeso; un 15 % directamente sufre obesidad. Estas cifras siguen subiendo y tienen una consecuencia directa sobre
la salud y, por lo tanto, también tienen consecuencias económicas. Yo sé que este es el idioma que a ustedes les gusta, el idioma de lo económico. No me gustaría argumentarlo solo en lo económico, pero me gustaría recordarles que esas
consecuencias que está teniendo el sobrepeso, que esas consecuencias que está teniendo la obesidad tendrán un reflejo presupuestario en el gasto sanitario que vamos a soportar en nuestro país durante los años que nos esperan. Pero, bueno, hablamos
de prevención, hablamos de salud y, como decía, hablamos de cuáles son sus hechos, no sus palabras. A mí me gustaría señalar, para terminar, unas cuantas contradicciones que me parecen brutales. Me explico. ¿A ustedes les parece normal, señores
del Partido Popular, que la actividad ligada al deporte —es decir, repito, a la salud— esté gravada con el mismo IVA que el tabaco o el alcohol? ¿Les parece normal? ¿Les parece normal que el deporte pague un 21 % y la comida basura un 10 %? ¿Ese
es el país que quieren ustedes? ¿Les parece normal que uno pague un 10 % de IVA por asistir —¡asistir!— a un evento deportivo y, sin embargo, un 21 % por practicarlo? ¿Ese es el país que quieren? Porque, miren ustedes, a mí me parece que ese no
es el país que yo quiero. Me parece que lo que ustedes están defendiendo y lo que ustedes están provocando es que nos convirtamos en un país poblado de españoles que se alimentan de comida basura y que fuman y beben, mientras observan cómodamente
sentados en su sofá cómo otros practican deporte en vez de practicarlo ellos, que es lo que debieran hacer y cosa que redundaría desde luego definitivamente en su salud.


Unión Progreso y Democracia defiende que la práctica deportiva —y termino— se mantenga gravada con un 8 %, porque es salud, porque es sanidad, porque es prevención. Proponemos también tratar de forma distinta a los pequeños clubes que a los
poderosos. Nos parece vergonzoso, señores del Partido Popular, que aprieten a quienes se esfuerzan —por poner un ejemplo— en conseguir que nuestros niños hagan deporte en el barrio, mientras perdonan deudas o aplazan esas deudas a los grandes
clubes de la primera división. Apoyamos sin ninguna duda la propuesta que nos trae hoy aquí Convergència i Unió y ojalá ustedes, señores del PP, practiquen de una vez por todas el juego limpio y hagan lo mismo.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.


Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señora De las Heras.


La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidenta.


Desde La Izquierda Plural apoyaremos la moción de Convergència i Unió y nos sumamos a la exigencia de que con carácter inmediato el Gobierno reduzca el IVA a los productos y actividades culturales y deportivas. Y lo hacemos porque desde el
primer momento La Izquierda Plural ha estado en contra de la subida del IVA, con carácter general, como la mayoría de los grupos de la oposición de esta Cámara. Tanto es así, que ayer mismo hemos debatido una proposición de ley de nuestro grupo en
la Cámara para que al agua y al transporte público se le aplique el tipo superreducido del 4 % y la electricidad, el gas natural y el butano tributen al tipo reducido del 10 %, con el fin de que esta medida ayude a garantizar esos derechos básicos y
con el objetivo último de luchar contra la pobreza energética. En este caso, señorías, ya se ha dicho aquí, hay que entender que el derecho al acceso a la cultura pasa por impedir barreras impositivas como la que está suponiendo la subida en 13
puntos del IVA cultural. Además, si ya ha sido posible una rebaja del IVA para las obras de arte o para las flores y plantas ornamentales, nos preguntamos



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cuánto tiempo más tenemos que esperar para que lo hagan ante la agonía que sufren las artes escénicas en nuestro país. El señor Montoro ha anunciado que lo está estudiando, se lo está pensando y el señor Lasalle, que se está trabajando para
establecer un IVA cultural homologado al 10 % y, sin embargo, por el contrario, el señor Wert viene aquí y nos dice que no se va a comprometer. No se comprometió en ningún momento de su intervención en la interpelación que motiva esta moción, más
allá —eso sí— de aseverar que si fuese fiscalmente posible y lo fuera en un plazo breve, se tomarán las medidas para reducir el IVA que soportan determinados consumos culturales. Para acto seguido manifestar que, obviamente, este era un tema que
llevaba el señor Montoro.


Mientras ustedes se lo piensan, mientras ustedes lo estudian y se pasan la pelota caliente unos a otros, las salas de teatro siguen cerrando, las condiciones de los actores y actrices están llegando a cotas insoportables de precariedad y el
derecho contemplado en nuestro texto constitucional de facilitar la participación de los ciudadanos a la vida cultural —reiteradamente dicho aquí sin que ustedes, señoras y señores del Partido Popular, lo oigan— sigue cada día pisoteado por los
propios poderes públicos que deberían garantizarlo. Solo pasa en este país. La Izquierda Plural se ha sumado desde el minuto uno a las voces del mundo de la cultura que llevan dos años y medio reclamando la rectificación del Gobierno ante la
subida de 13 puntos del IVA para las entradas a los teatros y espectáculos, los conciertos, cines y también para los productores de cine y realizadores de obras teatrales. Desde entonces también lo ha pedido La Izquierda Plural, junto con otros
grupos de la oposición en esta Cámara, para que se aplicara a estos productos y servicios culturales el tipo superreducido del 4 %, porque ese es el IVA que se aplica en el libro de papel y también en el libro digital en soporte físico y porque ese
es el tramo de IVA que se corresponde con el que tiene la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. Y pongo ejemplos: Luxemburgo, el 3 %; Chipre y Malta, el 5 %; Francia, el 5,5 %; Bélgica y Holanda, el 6 % y Alemania, el 7 %.
Podría continuar.


Por lo tanto, desde La Izquierda Plural nuestra propuesta sigue siendo la misma. Ahora, señoras y señores del Partido Popular, con la cacareada recuperación económica de la que hace siempre gala y propaganda el señor Montoro, creemos que ha
llegado el momento de que se corrija sin dilación, inmediatamente el error que se ha cometido porque, de lo contrario, una vez más se pondrá de manifiesto que esta decisión no responde a una cuestión económica adversa sino a la imposición de una
política, la del Partido Popular, que se declara en contra de la cultura. En contra de la cultura o bajen el IVA. Tienen la oportunidad.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.


Por el Grupo Popular, señora Carreño.


La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, dos medias verdades no hacen una verdad. El IVA no ha bajado el telón, todo lo contrario. Lo cierto es que se ha subido el telón; el cine español está viviendo un momento extraordinario. La crisis, en lugar de disuadir a los
cineastas, los ha estimulado, ha hecho que muestren más recursos, que a base de inventiva y creatividad enfrenten las dificultades prácticas, materiales y económicas de los últimos años. Es uno de los mejores momentos del cine, no solo por el
número, sino por la calidad de las películas. Es algo que además se vive con títulos que están alcanzando un volumen de espectadores que no tiene precedentes en el cine español. Por tanto dos medias verdades no hacen una verdad, como ustedes
pretenden hacer creer. En 2013 la izquierda apocalíptica decía con dramatismo: la subida del IVA será el hundimiento de la cultura de España. Pero un año después de aquel parte de defunción, en 2014, se ofrece el siguiente balance: el cine en
España ha conseguido la mejor taquilla de su historia, y la cuota de pantalla del cine español ha sido la mejor de los últimos treinta y siete años. Estos hechos son incontestables. La música tampoco ha dejado de sonar, con un crecimiento en las
ventas de más de un 21,1 % respecto a 2013, después de más de trece años de bajadas consecutivas. Los españoles se gastaron en música grabada más de 150 millones de euros. ¿No creen que las medidas antipiratería que se pusieron en funcionamiento,
y que se han reforzado con la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, están siendo eficaces y han contribuido a obtener esos datos y a mejorar estos sectores?


Señorías, a nuestro grupo no le preocupa que la oposición niegue méritos al Gobierno, lo que nos preocupa e indigna es que le nieguen esos méritos a los españoles, y le nieguen la esperanza de ir mejorando. Es el Gobierno al completo el que
ha sabido combatir la crisis preservando el Estado del bienestar, y es consciente de la importancia de cuidar nuestra cultura. Hoy hemos escuchado aquí discursos de todo tipo, pero la realidad es que el cine en España ha conseguido la mejor
taquilla de la



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historia, que la cuota de pantalla del cine español ha sido la mejor de los últimos treinta y siete años, y que la música no ha dejado de sonar con un crecimiento en las ventas de más de un 21 %. Esa es la realidad. (Aplausos). Y,
señorías, fue la izquierda —¿quién? Hoy se utilizaba esa palabra: ¿quién?—, fue el Partido Socialista el mayor experto en subir el IVA, no solo para la cultura, sino para todos los sectores, señorías. (Protestas). Es este Gobierno del Partido
Popular el que está bajando los impuestos, y no lo hizo al comienzo de la legislatura, y saben muy bien por qué: un déficit público socialista descontrolado, había que pagar lo que se gastaron. Gobernar es tomar decisiones. El resto es opinar.
Ahora el Gobierno está bajando los impuestos. Por fin puede hacerlo. Los españoles lo están comprobando ya en sus nóminas. Lo notarán todos, porque el nuevo marco fiscal es una pieza del motor con el que España dará la espalda definitivamente a
la crisis. No basta con sostener determinado tipo de palabras gruesas ni grandilocuentes, ni hacerlo con tono elevado. Es imprescindible pretender al menos tomarse la molestia de argumentar —y es nuestra opinión—. ¿Por qué no han dicho ustedes
que aunque algunos servicios culturales tributan al 21 % de momento, son otros muchos más los que lo hacen al 10 %, otros que lo hacen al tipo superreducido, y todo lo que es la oferta cultural y deportiva de las administraciones públicas y
entidades privadas de carácter social tributa al 0 %?


Les voy a poner un pequeño ejemplo, señorías. España cuenta con una red de 450 teatros o salas de titularidad pública que programan miles y miles de funciones al año, ¿nos van a decir ustedes que no es verdad que, iniciada la recuperación
económica, se estén aplicando ya medidas de carácter fiscal para estimular el consumo y la producción cultural, como son las deducciones del 20 % de los gastos en el ámbito de las artes escénicas, musicales y cinematográficas? ¿O la reducción
progresiva del gravamen del impuesto de sociedades hasta el 35 %? ¿Nos van a decir ustedes que no es verdad que se ha producido un incremento del empleo cultural superior a 36.000 personas, que ha pasado a representar el 3 %? Señor Cantó, son las
políticas las que nos diferencian; efectivamente.


Queda mucho por hacer, pero es innegable que se ha cambiado nuestro presente y que contamos con mejores perspectivas para nuestro futuro. Yo espero que estas explicaciones hayan sido convincentes para alguno de los grupos. Señorías, la
realidad es que ahora hay más estrenos y espectáculos, hay más música y deporte, hay más danza española dentro y fuera de nuestro país, y hay más protección del patrimonio cultural. Hay más espectadores y más ingresos para el sector, esa es la
verdad, señorías; esa es la verdad.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Carreño.


Señora Surroca, ¿qué me dice respecto a la enmienda planteada?


La señora SURROCA I COMAS: Ya hemos dicho que no aceptaríamos la enmienda que se había planteado.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): O sea, en sus propios términos. (Asentimiento). Gracias, señoría.


Se suspende la sesión.


Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.