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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 240, de 18/11/2014
cve: DSCD-10-PL-240
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 240
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 225
celebrada el martes,
18 de noviembre de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- Del Parlamento Vasco, sobre alteración de los límites provinciales, consistente en la segregación de los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón de la provincia de Burgos y su incorporación al territorio histórico de
Araba/Álava (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 175-1, de 28 de febrero de 2014. (Número de expediente 125/000014) ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de las cláusulas suelo en los contratos de préstamo hipotecario. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 143-1, de 8 de noviembre de 2013. (Número de expediente 122/000122) ...
(Página19)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de una Estrategia Nacional de Autismo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 545, de 24 de octubre de 2014. (Número de expediente 162/001059) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 545, de 24 de octubre de 2014. (Número de expediente 162/001060) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la agenda social del Gobierno. (Número de expediente 173/000180) ... (Página48)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página56)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página56)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página56)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página57)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página4)
Del Parlamento Vasco, sobre alteración de los límites provinciales, consistente en la segregación de los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón de la provincia de Burgos y su incorporación al territorio histórico de
Araba/Álava (Orgánica) ... (Página4)
En turno a favor intervienen el señor Agirre López, del Grupo Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos; la señora Arrondo Adalsoro, del Grupo Euskal Herria Bildu, y el señor Prieto San Vicente, del Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Urbina Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia;
Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Pàramo i Ponsetí, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Tudanca Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, y García-Tizón López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página19)
Del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de las cláusulas suelo en los contratos de préstamo hipotecario ... (Página19)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Iglesias Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; así como la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor García Egea,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página31)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de una Estrategia Nacional de Autismo ... (Página31)
Defiende la proposición no de ley la señora Ferrando Sendra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la
señora Seara Sobrado, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz, la señora Pérez Fernández y el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo vuelve a hacer uso de la palabra la señora Ferrando Sendra.
Interviene de nuevo la señora Seara Sobrado.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento del Estado de Palestina ... (Página40)
Defiende la proposición no de ley la señora Jiménez García-Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Pérez Fernández y los señores Tardà i Coma y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural, y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y el señor Xuclà i Costa, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo vuelve a hacer uso de la palabra la señora Jiménez García-Herrera.
Cierra el debate el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (García-Margallo Marfil).
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página48)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la agenda social del Gobierno ... (Página48)
Defiende la moción la señora Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto, y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; los señores Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) .... (Página56)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento Vasco, sobre alteración de los límites provinciales, consistente en la segregación de los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón de la
provincia de Burgos y su incorporación al territorio histórico de Araba/Álava (Orgánica), se rechaza por 28 votos a favor, 274 en contra más 2 votos telemáticos, 276 y 19 abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página56)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de las cláusulas suelo en los contratos de préstamo hipotecario, se rechaza por 152 votos a favor más 1 voto telemático,
153; en contra 168 más 1 voto telemático, 169, y 1 abstención.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página56)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de una Estrategia Nacional de Autismo, se aprueba por 322 votos a favor.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, se aprueba por 319 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página57)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la agenda social del Gobierno, se rechaza por 145 votos a favor y 171 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO VASCO, SOBRE ALTERACIÓN DE LOS LÍMITES PROVINCIALES, CONSISTENTE EN LA SEGREGACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE CONDADO DE TREVIÑO Y LA PUEBLA DE ARGANZÓN DE LA PROVINCIA DE BURGOS Y SU INCORPORACIÓN AL TERRITORIO HISTÓRICO DE
ARABA/ÁLAVA (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000014).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento vasco sobre alteración de los límites provinciales, consistente en la segregación de los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón de la provincia de Burgos y su
incorporación al territorio histórico de Araba/Álava. Esta proposición de ley es orgánica. Para su presentación nos acompañan tres representantes del Parlamento
vasco que integran la delegación que defenderá la proposición de ley, a quienes doy la más calurosa bienvenida en nombre de esta Cámara, así como a la presidenta del Parlamento vasco y a los diputados que la acompañan.
Para la presentación de la iniciativa tiene en primer lugar la palabra don Xavier Agirre.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO VASCO (Agirre López): Gracias, señor presidente.
Señorías, el Pleno del Parlamento vasco, en sesión celebrada el pasado 6 de febrero, aprobó por mayoría absoluta y sin ningún voto en contra la presentación ante estas Cortes Generales de una iniciativa legislativa sobre la alteración de los
límites provinciales, consistente en la segregación de los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón de la provincia de Burgos y su incorporación al territorio histórico de Álava. Se trata, señorías, en primer lugar, de dar cauce a
una vía hasta ahora no explorada, la del artículo 141.1 de la Constitución, que puede servir para solventar de una vez por todas este contencioso histórico, y para corregir también un despropósito social, cultural, administrativo y económico que
dura ya demasiado tiempo. En segundo lugar -y sobre todo-, se trata de que esta Cámara haga suyo el sentir mayoritario de los habitantes de Treviño, expresado en esta ocasión en los acuerdos plenarios de sus respectivos ayuntamientos de fecha 8 de
marzo de 2013. En ellos se afirma sin ningún género de duda que quieren integrarse en el territorio histórico de Álava, optando por ello a la presentación de esta iniciativa, y lo hacen además sin ningún voto contrario.
Esta proposición de ley tiene su fundamento jurídico en el artículo 141.1 de la Constitución, que establece que cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Hasta
ahora las iniciativas de integración del condado en Álava se han soportado en lo preceptuado en el artículo 8 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, pero estos intentos han topado siempre con lo instituido asimismo en la disposición transitoria
tercera del Estatuto de Castilla y León, que impide de facto que los treviñeses y treviñesas tengan cualquier posibilidad de pertenencia a Álava, como es su deseo. Sin embargo esta proposición de ley que hoy presentamos puede ser la solución
jurídica y, si hay voluntad, también la solución política para que la población treviñesa encuentre el cauce adecuado para satisfacer sus ansias mayoritarias de integración en territorio histórico alavés.
Señorías, estamos hablando de un enclave que está a 15 kilómetros de Vitoria-Gasteiz y a 100 kilómetros de Burgos capital; un enclave en el que sus ciudadanos y ciudadanas quieren, y además tienden a obtener en la práctica sus servicios
educativos, de salud, comerciales, de ocio, culturales, etcétera, en Álava. Van a las ikastolas y colegios, a los hospitales, a las tiendas, a los cines, etcétera, en Vitoria-Gasteiz, y por muchos informes que se emitan, tanto desde la Diputación
Provincial de Burgos como desde las propias Cortes castellano-leonesas, alegando las mayores vinculaciones históricas, sociales, culturales y económicas de Treviño con el territorio burgalés, la terca realidad es la que es, señorías, y es la
contraria.
Los acuerdos municipales a los que antes aludía responden a causas objetivas y subjetivas. Entre las objetivas, su necesidad de prestar unos servicios públicos que satisfagan adecuadamente las demandas de su población, haciendo bueno el
principio de continuidad territorial en el establecimiento de las administraciones públicas; y entre las subjetivas, recoger la voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas repetidamente manifestada, y de la que estos ayuntamientos con sus acuerdos no
hacen sino dar fe. Estos acuerdos son, como digo, expresión del sentir de su población, que afecta a todas las diferentes formas de pensar. Este tema no debe ser reivindicación particular ni de nacionalistas ni de socialistas ni de populares ni de
nadie. Este tema no debe ser un choque de trenes entre dos comunidades autónomas diferentes. Este tema debe ser -y lo es- un problema concreto y específico del enclave y al que a la política le toca dar respuesta.
Señorías, este Parlamento tiene hoy la oportunidad de dar un paso definitivo en la resolución de este conflicto territorial; es su competencia y es también su responsabilidad. En el enclave anhelan un pronunciamiento unitario de esta
Cámara, y por ello les pido a todos y a todas el voto favorable a esta toma en consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirre.
Tiene ahora la palabra doña Belén Arrondo.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO VASCO (Arrondo Aldasoro): Señor presidente, señoras y señores diputados, como ha manifestado la persona que me ha precedido en el uso de la
palabra, vengo como parte de una delegación del Parlamento vasco representando a mi Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Venimos a defender una proposición de ley aprobada sin ningún voto en contra a iniciativa de los ayuntamientos del
enclave de Treviño; un enclave conformado por los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón. Venimos a hablar de reintegración, de devolver este territorio a su entorno, a Araba; de intentar dar solución a un contencioso medieval
que continúa sin resolverse en el siglo XXI. En todo este tiempo Treviño no ha dejado de reivindicar su pertenencia a Araba. El primer intento que consta escrito data de 1646 y el último lo estamos viviendo en estos momentos.
Es evidente la vinculación histórica, territorial, social, cultural y económica existente entre Treviño y el resto del territorio de Araba y Euskal Herria. Solo la sinrazón política ha impedido que el mencionado contencioso no se haya
solucionado todavía. Desde los tiempos de la llamada Transición española y la puesta en marcha de los estatutos de autonomía los y las habitantes de Treviño han impulsado diferentes iniciativas para solucionar este problema, cumpliendo para ello
con todos los requisitos legales exigidos. Se han trabajado las vías previstas en los estatutos del País Vasco y Castilla y León. Se han puesto en marcha comisiones mixtas interinstitucionales o ponencias como la del Senado en 1994. En todas
ellas el resultado ha sido el mismo: no; un no a la voluntad de la población, decisión exclusivamente política adoptada por los Gobiernos, tanto de Madrid como de Castilla y León.
Esta situación carece de sentido. Mantener un territorio y a su población, a sus habitantes, contra su voluntad en otro espacio político administrativo, que ni siquiera les resuelve las necesidades básicas, tiene más que ver con el derecho
de pernada medieval que con la democracia del siglo XXI. (Varios señores diputados: ¡Hala!). Por eso en Araba, en Euskal Herria nos preguntamos qué más pueden hacer los vecinos y vecinas de Treviño para que su voluntad sea respetada; una
voluntad que por cierto ya expresaron en la consulta popular celebrada en 1998 con una clara mayoría, y que ratificaron en los plenos de los ayuntamientos celebrados el 8 de marzo de 2013, y que han dado origen a esta iniciativa.
Como he dicho hoy venimos a Madrid, a esta Cámara a defender una nueva iniciativa impulsada por dichos ayuntamientos, y que cuenta con el acuerdo que nuestro Parlamento. Se trata de una iniciativa de los y de las habitantes de Treviño
perfectamente fundamentada, con suficiente soporte jurídico, y con arreglo a la Constitución española; una vía legal y posible en la búsqueda de una solución definitiva, tal y como se argumenta en la exposición de motivos de la proposición de ley;
una iniciativa que solo requiere voluntad política para verse hecha realidad. Señorías, solo les pedimos realizar un gesto democrático y así facilitar la vida diaria de las personas que residen en Treviño.
Para finalizar diré que desde Euskal Herria Bildu desearíamos que hoy en esta Cámara se aprobase para su trámite la proposición de ley objeto de este debate, y se diese así respuesta al deseo muchas veces manifestado por los ciudadanos y
ciudadanas de Treviño de pertenecer a Araba. En cualquier caso, sea cual sea la decisión que tomen, nuestro grupo va a continuar trabajando para que se respete dicha voluntad, la voluntad de la mayoría de los habitantes del enclave de Treviño para
que forme parte de Araba, apoyando todas aquellas iniciativas que persigan este objetivo y dando los pasos necesarios para hacerlo posible, porque Treviño Araba da.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Arrondo.
A continuación tiene la palabra don Txarli Prieto.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO VASCO (Prieto San Vicente): Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialistas Vascos formamos parte de la mayoría política del Parlamento vasco donde se ha impulsado esta propuesta de iniciativa
legislativa, una iniciativa que no ha contado con votos en contra, que ha tenido los votos favorables del Partido Nacionalista Vasco, de Bildu y del Partido Socialista de Euskadi -más del 85 % de la Cámara-, y la abstención del Partido Popular y de
UPyD. Se trata de una iniciativa aprobada en una sesión parlamentaria en la que el portavoz del Partido Popular, que hoy nos acompaña aquí, afirmó lo siguiente: Queremos que Treviño sea Álava. Treviño es Álava esencialmente y esa es la posición
que asumimos y que queremos que se materialice. No entendemos la actitud cerrada de Castilla y León. Saben que Treviño será Álava antes o después. Fin de la cita -como gusta decir aquí.
Señorías, con estos antecedentes traemos hoy esta iniciativa a petición de los dos ayuntamientos que conforman el enclave del Condado de Treviño. Sabemos que este es un asunto político delicado, mucho más delicado que difícil, y porque
sabemos que es un problema político delicado estamos aquí, en una
Cámara que trata los problemas delicados y que tiene en su mano resolverlos. También sabemos que este es un lugar adecuado para tratar este asunto; la mejor demostración de ello es que esta iniciativa ha sido admitida a trámite. Los
socialistas vascos al traer esta iniciativa aquí lo hacemos convencidos de su viabilidad, por las dosis de lógica y de razón de la propuesta en su objetivo de formar parte de Álava y de la Comunidad Autónoma vasca, lo cual ya ocurre de hecho, aunque
con dificultades y triquiñuelas en muchos casos, pero que no ocurre por derecho; lógica y razón que se fundamenta en que la proximidad, la necesidad y la realidad de hacer la vida ciudadana día a día en Álava debiera llevar a convertir en legal lo
que ya es casi normal. Lo hacemos también por reconocimiento a un procedimiento, el de esta iniciativa, que es impecable, porque por encima del objetivo que persigue, que obviamente está abierto a la discusión, es un objetivo que utiliza la
política, las instituciones, las disposiciones legales, la vía del diálogo abierto y sereno, el encuentro entre diferentes y con diferencias, y la búsqueda del acuerdo; por eso merece ser reseñado y considerado. Señorías, en el contexto político
territorial que vive hoy España, que una aspiración política territorial venga de la mano de nacionalistas y socialistas, sin oposición de conservadores, que venga sin dramatismos, sin victimismos, sin exageraciones, sin pretender disfrazar una
opción en un derecho, sin acompañamiento de rupturas, y que se defienda atendiendo a las normas y procedimientos constitucionales, no solo tiene valor en sí mismo, también lo tiene como estímulo y espejo del buen hacer para quien nos observa.
Señorías, no voy a hablar de la historia de Treviño, tampoco de las pretensiones de sus ciudadanos y ciudadanas o de los deseos de sus representantes institucionales. Tampoco apelaré a su legitimidad para defender su pretensión de formar
parte de Álava y de la Comunidad Autónoma vasca, porque historia, pretensión, deseos y legitimidad hay en Treviño, hay en Álava, en Euskadi, y también en Burgos y en Castilla y León. Mi planteamiento va a ser muy pragmático, muy pegado a mi
condición de parlamentario vasco y a la condición parlamentaria de ustedes y de la Cámara que nos acoge. Señorías, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema político territorial, institucional, de organización de nuestra Administración? ¿Qué hacemos
cuando tenemos a una mayoría de la ciudadanía afectada por una situación de atención de servicios públicos, políticas sociales y de oportunidades, que se queja porque se siente insegura cuando tiene que ser atendida ante cualquiera de las múltiples
emergencias que se le pueden presentar, y que además propone soluciones a consideración? ¿Qué hacemos y qué le decimos? ¿Le cerramos la puerta? ¿Nos declaramos incompetentes? ¿Le decimos que este no es un lugar para tratar este problema? ¿Nos
enrocamos en lo ya establecido? ¿Alimentamos su frustración? ¿Lo derivamos todo al sostenimiento del problema y al enquistamiento entre dos comunidades autónomas? ¿Le decimos que esto debe tratarse en el Senado, recuperando la ponencia de
enclaves que hace veinte años ya se posicionó al respecto, y apostó por que se resolviera desde Castilla y León y desde Euskadi, respetando la voluntad de los treviñeses? ¿O como dice el tratado de la mala práctica política: cuando a un problema
no le queremos aplicar una solución, creamos otra, y así se busca la distracción?
Señorías, la solución hoy no pasa por multiplicar los problemas y por esconderse tras las casi dos docenas de enclaves que hay en España. En Euskadi ningún partido político duda de la voluntad de los treviñeses y de la realidad en la que se
desenvuelven -me consta que aquí ocurre algo parecido-. Si es así, ¿con qué lógica y razón les decimos a los treviñeses, una vez más, que la vía es Castilla y León y Euskadi, cuando esta vía está cerrada hace años? ¿No será mejor que nos demos
todos y todas la oportunidad de abrir un cauce de tratamiento a este problema? Los socialistas vascos somos conscientes de la naturaleza de este problema, de las dificultades políticas que entraña. Sabemos que estamos ante un problema con delicada
solución, sabemos que hace falta tiempo y tacto para su tratamiento. Por eso hoy nos proponemos que en vez de un sí o de un no al contenido de la iniciativa, se apueste por abrir un procedimiento; un procedimiento que en fondo y en forma dejamos
en sus manos.
Señorías, la proposición de ley orgánica impulsada por el Parlamento vasco tiene su contenido, como no puede ser de otra forma. Si no hubiera tenido contenido no hubiera sido admitida a trámite, ya que nada habría que resolver. Ese
contenido concreto no por deseado tiene la voluntad de modificar forzadamente lo dispuesto en los estatutos de autonomía del País Vasco o de Castilla y León, en cuanto a los respectivos límites territoriales. La propuesta tiene el valor de
propuesta, y ustedes si la admiten a trámite tendrán la oportunidad de modificarla en lo que consideren oportuno, de trabajar con los tiempos, de atender desde el respeto a su soberanía a una lógica y razonada reubicación administrativa de un
enclave muy singular.
Señorías, las vías de la comunicación y solución entre territorios y comunidades autónomas afectadas se ha intentado, pero ha fracasado en innumerables ocasiones. Dejar este asunto en vía muerta o en la
desesperación no debiera formar parte de ninguna posición y decisión política. Por eso les solicito el voto favorable, y les pido el apoyo a esta iniciativa del Parlamento vasco.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Prieto.
No se ha pedido el turno en contra para esta proposición de ley. Por tanto vamos a los turnos de fijación de posiciones de los grupos. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Urbina.
El señor URBINA FERNÁNDEZ: Presidente, señorías, antes de nada quiero enviar un saludo a los alcaldes y los concejales de Treviño que hoy nos acompañan, así como a los representantes del Parlamento vasco que también hoy están presentes en
este debate.
Amaiur votará favorablemente a la toma en consideración de esta proposición de ley que viene desde el Parlamento vasco, en las condiciones que ya han explicado los parlamentarios vascos; una proposición de ley que es vehículo de una
demanda, como ya se ha dicho, histórica, legítima, y absolutamente mayoritaria entre las treviñesas y los treviñeses, la de su incorporación a Araba. Es histórica porque son muchos los años -habría historiadores que la ubican en siglos, pero
nosotros no vamos a entrar en una discusión historicista- que llevan los treviñeses reivindicando esta incorporación, con lo cual lo que hoy tenemos entre manos no es la primera vez que se discute; han sido muchas las ocasiones, las vías, y los
marcos en los que los treviñeses han planteado esta cuestión, y en todos ellos, como ya han dicho los parlamentarios vascos, se han encontrado con la puerta cerrada, fundamentalmente de Castilla y León.
Es una reclamación legítima, y me imagino que ustedes habrán tenido opción de leer la carta que los alcaldes de Treviño enviaron a todos los grupos parlamentarios, y si no la han leído ustedes, antes de proceder a la votación les invitaría a
que la leyeran, porque más allá de cuestiones culturales o lingüísticas, que también las hay, en la misma se hace referencia a una serie de cuestiones administrativas, de gestión de los servicios públicos que son precisamente aquellas por las que
nos reclaman que se vote a favor de esta proposición de ley; una gestión de servicios públicos que, tal y como han explicado también los parlamentarios vascos, fundamentalmente se cubre desde el País Vasco y con la fórmula a la que en la propia
carta hacen referencia, ya absurda, de los convenios interinstitucionales, que entre otras cosas suponen un gasto mayor para la propia Comunidad de Castilla y León, pero esa es otra cuestión que ellos tendrán que dilucidar. En cualquier caso lo que
se recoge en esa carta es algo de sentido común. Realmente a uno se le hace complicado entender que haya en esta Cámara diputados que se puedan mostrar en contra de una proposición que como decíamos, recoge algo que es de sentido común, y no estoy
hablando ya de la posibilidad de que haya parlamentarios vascos o alaveses que voten en contra de esta proposición cuando allí, en Araba, en el País Vasco mantienen justo lo contrario, defienden justo lo contrario. Se me hace complicado de entender
también que con los elementos que tenemos encima de la mesa haya diputados, aunque sean de Castilla y León, que puedan votar en contra de algo que, como decía, responde más al sentido común que a otra cuestión.
Por encima de estas dos cuestiones hay una que consideramos que es determinante, y es que se trata de una demanda absolutamente mayoritaria, y por lo tanto estamos ante una cuestión que responde a algo básico en democracia, que es el respeto
a la mayoría, a la voluntad mayoritaria en este caso de una comunidad, de una sociedad, la de Treviño, porque es posible que se puedan hacer diferentes matices o lecturas sobre lo que ocurre, lo que no ocurre, qué es más favorable, qué no, pero lo
que es indiscutible es que en Treviño hay una mayoría de personas que reclaman su integración en Araba, y esto no lo puede discutir aquí nadie, a no ser que evidentemente se trate de engañar o distorsionar manteniendo argumentos para justificar lo
injustificable. Por lo tanto si esto es así en términos democráticos lo que correspondería sería dar cauce a esa voluntad mayoritaria, sería hacer posible esa voluntad mayoritaria. Aquí traemos una cuestión que es importante: si el procedimiento
es el adecuado o no.
Uno de los parlamentarios del País Vasco ha hecho referencia a que la Constitución -nos gustará más o menos- hace viable este cauce -el que hoy se está discutiendo aquí- para esta reclamación, para hacer efectiva la voluntad de los
treviñeses. Digo esto -aquí hago un paréntesis porque creo que es fundamental- porque en los últimos días algún dirigente alavés ha hecho referencia a que el cauce por el que se plantea no es el adecuado, evidentemente me imagino que poniéndose la
venda antes de la herida. Creo que es fundamental. No vamos a engañar a la gente. Aquí no se trata de una cuestión procedimental. Son muchas las vías y las maneras en que Treviño ha tratado de hacer efectiva su voluntad, como he dicho antes, en
un parlamento, en el otro, en un marco o en otro. Aquí no estamos hablando de si el procedimiento es el adecuado o no. Aquí de lo que hablamos es de si hay voluntad política para dar
cauce a esa voluntad mayoritaria en Treviño. Si hoy aquí nuevamente se da la espalda a la reclamación de Treviño, además de una actitud poco democrática, entendemos que será en contra de los propios intereses de Treviño.
Señorías, en concreto, señor Alonso, usted y yo pertenecemos a dos generaciones diferentes, eso es así, pero los dos hemos crecido en una tierra en la que estaba muy presente la resolución del enclave de Treviño. Esto lo hemos vivido los
dos en Araba. Me atrevería a decir incluso que usted y yo sabemos que Treviño tiene razón, como lo piensa la mayoría de los alaveses. Usted pertenece al grupo mayoritario en esta Cámara y sería suficiente con los votos de su grupo, incluso con
alguna abstención o voto en contra, para dar cauce a esta proposición de ley y fundamentalmente para dar cauce al respeto a la voluntad de los treviñeses. La cuestión, por tanto, es: ¿está usted en condiciones de hacer respetar esta voluntad
claramente democrática en Madrid? ¿Va a votar usted en contra de algo que el Partido Popular de Araba defiende claramente? Lo veremos posteriormente en las votaciones. Hasta entonces, como decía, la posición de Amaiur en esta cuestión es clara.
Defenderá la voluntad de los treviñeses y treviñesas y, por tanto, votará a favor de la toma en consideración de la presente proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Urbina.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, señoras y señores diputados, esto es un pequeño déjà vu. No es la primera vez que hemos tratado, queridos colegas, este asunto aquí, siempre con el mismo resultado, pero creo que en esta ocasión
hay algunos matices que marcan una diferencia. Esta iniciativa, no nos equivoquemos, no es en realidad del Parlamento vasco. Es una iniciativa de los dos municipios que conforman el Condado de Treviño solicitando la incorporación a otra comunidad
autónoma o a otra provincia, dos municipios que están gobernados por candidaturas independientes y que además elevan esta iniciativa al Parlamento vasco para que luego nos la haga llegar aquí, sin ningún voto en contra de ninguna de las dos
corporaciones, sin ningún voto en contra. Son los ayuntamientos del Condado de Treviño los que les están interpelando a todos ustedes, porque ellos están preocupados, con una sensación de provisionalidad al tener que basar la actividad diaria en
convenios, deseando lo mejor para sus vecinos -mejorar sus servicios, una estabilidad-, y llegan además después de que sus antecesores durante las últimas décadas lo haya intentado por todos los medios a su alcance.
Quiero decir a los treviñeses que han venido hoy a Madrid que para los grandes partidos esto va a ser un mero trámite. Lo fue anteriormente y lo va a ser hoy también. Fíjense en lo que votarán los diputados de los grandes grupos, que
deberían tener más sensibilidad con sus demandas, los diputados de Burgos y de Álava. Los de Burgos, porque son ustedes ciudadanos burgaleses, tendrían que pensar en sus claves y en respetar su voluntad, pero o mucho me equivoco o votarán no. Y
les van a decir no los de la Ley de racionalidad y sostenibilidad de la Administración, porque ¡claro!, dicen que la Administración es muy irracional, que se están dando unos servicios de una manera y se podrían dar de otra mucho mejor, con más
eficacia, y que por eso se va a hacer una ley, pero cuando Treviño pide exactamente lo mismo -racionalidad y eficacia en la Administración- lo que va a votar el Partido Popular es no. Y va a votar que no también el otro gran grupo, el de la
progresía, el que dice estar en contra de todos los anacronismos o de los anacronismos históricos y busca el beneficio de los ciudadanos, porque, como muchas veces he oído en esta Cámara, los ciudadanos están por encima de los territorios. También
votarán no. Les van a decir que este no es el camino jurídico a seguir. Esto puede ser discutible, el que tengan que ser las Cortes, a través de una ley, las que realicen la adscripción provincial, pero ya lo han dicho también los representantes
del Parlamento vasco, es un texto abierto en el que se pueden buscar cauces. Lo que no van a decir en ningún momento -buscarán una excusa jurídica- es que Treviño y Argantzun han agotado absolutamente todas las demás vías jurídicas durante estos
años. Quizás algunos de los representantes del PP o del PSOE dirán que ellos no pueden poner su decisión aquí y ahora en las Cortes por encima de un estatuto de autonomía. No les aburriré haciendo una enumeración de las veces que se ha violado en
esta Cámara lo que dice un estatuto de autonomía y las competencias de un estatuto de autonomía a través de diversas leyes. Tampoco dirán que estamos hablando de un enclave que está a 15 kilómetros de Vitoria, a más de 100 kilómetros de Burgos, en
el que dos de cada tres consultas sanitarias se hacen en la Comunidad Autónoma vasca, donde más del 60 % de los niños del enclave están escolarizados en Álava, cuya toponimia es vasca, cuya población está absolutamente integrada en la sociedad
alavesa; un lugar que formó parte en algunos momentos de la Hermandad Alavesa, que en el anteproyecto de organización provincial de Javier de Burgos -no el que luego vio la luz en 1933, pero sí el inmediatamente
anterior, en 1932- ponía a Treviño dentro de la provincia alavesa. Luego se sacó por razones de mantenimiento de señoríos y por no ser tierra de realengo. Pero la incluía en Álava. ¿Quién pide también la incorporación al resto del
territorio? En 1880, la Diputación Alavesa; en 1920, la Cámara de Industria y Comercio de Álava y los ayuntamientos del condado; también en los años 1940 y 1958. En el año 1940, curiosamente -en plena época franquista- los franquistas permiten
votar, expresar la opinión, se vota por cabezas de familia y son el 75 % de los mismos los que se manifestaron favorables a la incorporación a la provincia alavesa. Es cierto que las autoridades franquistas no hicieron nada. Año 1979, se aprueba
el Estatuto de Autonomía de Euskadi y en el año 1983 -antes de que se apruebe el de Castilla y León- los ayuntamientos piden que se ejecute el artículo 8, donde viene el procedimiento de incorporación. ¿Qué es lo que ocurre? Silencio
administrativo, el Gobierno español no autoriza que se celebre la consulta, por tanto vaciando de contenido el artículo 8 del Estatuto de Autonomía, lo que viene a completar después la disposición adicional séptima del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, en el año 1985, si no me equivoco, y después, en la reforma del año 2007, la disposición adicional tercera, que todavía lo pone incluso más difícil, elevando las votaciones cualificadas. Año 1991, Treviño, con un alcalde del
Partido Popular, lo vuelve a pedir; Argantzun en 1995 y en 1997, por unanimidad; en 2005, ahora en 2013.
Esto no es un capricho, es algo sentido por las sociedades de estos municipios. Pero ustedes dirán que hay que seguir estudiando la situación, que ya valen los convenios, que para eso están, como si no hubiera habido ya una ponencia en el
Senado que se pasó años y años con el tema y siempre señaló que el sistema de convenios con otra comunidad solo podía ser provisional. O como si no hubiera habido una comisión mixta País Vasco-Castilla y León, que se rompió unilateralmente por el
Partido Popular en 2003. El tiempo de los convenios ha pasado. No se puede continuar así. No es serio. No es momento de dar la espalda a las peticiones treviñesas. Esta es la última vía jurídica que les quedaba, pero les dirán de nuevo que no,
eso sí, dirán que por razones técnicas, no vayan a pensar que es algo personal contra los treviñeses. Y se lo dirán aunque en el Estatuto de Castilla y León se diga en el artículo 12.b) que los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a un
tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y a la resolución de los mismos en un plazo razonable; y aunque en el artículo 11.5 del Estatuto de Castilla y León se diga que los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a
promover la convocatoria de consultas populares relativas a decisiones políticas que sean competencia de la comunidad. Don Santiago Suárez, parlamentario castellano en Valladolid, lo dejó claro en la discusión del estatuto en 2007 en esta Cámara
cuando el PNV presentó enmiendas a fin de que los informes de la Junta de Castilla y León y de la Diputación burgalesa sobre Treviño fueran de obligada redacción -esto es, que se hicieran, porque si no paralizan todo el trámite, que es lo que está
ocurriendo, y que además no fueran vinculantes-. Se nos dijo no. Don Santiago Suárez lo dejó claro. Dijo literalmente: La propuesta que presentamos hoy -del Estatuto de Castilla y León- asegura la integridad territorial de Castilla y León. Lo
dijo así: asegura la integridad territorial de Castilla y León, o sea que no estaban buscando un mecanismo para la solución de un problema de enclaves, por muchas ponencias y comisiones que hagamos en el Senado, no; era un mecanismo de cierre y
punto final y de anulación del artículo 8 del Estatuto vasco. Decirlo más claro es imposible. No hay ninguna preocupación por lo que piensen los vecinos del enclave y sus problemas. Son 2.000 habitantes en 222 kilómetros cuadrados de un
territorio rodeado por Álava y ligado directamente a su vida diaria.
¿Hay algún caso en el Estado español donde exista una cláusula como esta que aparece en el Estatuto de Castilla y León? Miren, enclaves en la Península hay unos cuantos. Pues bien, un artículo como el del Estatuto de Castilla y León -que
puede bloquear todo el proceso- no existe en ningún otro estatuto de autonomía, en ningún otro. ¿Cómo es posible esto? Porque los ciudadanos de Treviño y Argantzun tienen la mala suerte de vivir en medio del País Vasco. Si Treviño hubiera estado
en mitad de Extremadura o de Castilla-La Mancha, hace tiempo que su problema se habría solucionado. Digámoslo alto y claro, esto es así. Otro representante castellano, el señor Villalba, en aquella misma sesión de 2007, decía que según Delibes la
unidad de España siempre se ha resguardado en una Castilla épica y laboriosa. Muchos piensan en esta Cámara que una batalla sobre la unidad de España se dirime en un enclave. ¡Qué tristeza y qué pobreza de espíritu! Señorías, la unidad de España
no se juega en un enclave de 2.000 habitantes. Eso ni es épico ni es dechado de laboriosidad, sino una mera muestra de miedo -no se sabe bien a quién ni a qué- y de desidia por lo que puede ser la situación, problemas y voluntad de unos ciudadanos
que, hoy por hoy, son castellanos oficialmente.
Los treviñeses lo han intentado de todas las formas legales posibles, de todas. Ya lo dice el señor Rajoy: utilicen ustedes los cauces legales. Pues bien, estas gentes han utilizado todos los cauces legales,
para que luego se les diera con la puerta en los morros exactamente. La realidad es que, por encima de los partidos que les están negando el pan y la sal y su voluntad, se mantiene esa opinión en los ayuntamientos una y otra vez. Ellos han
hecho todo lo posible, ¿pero les escuchan sus representantes? ¿Les escuchan aquellos a los que habían elegido? ¿Qué votarán? Se lo pregunto a los representantes burgaleses que representan a esos ciudadanos hoy en la Cámara, a doña Gema Conde, a
don José Máximo López, a doña María Sandra Moneo y a don Luis Tudanca. ¿Qué van a votar? Porque también tienen que responder ante estos ciudadanos. Y también se lo pregunto a don Alfonso Alonso y a doña Teresa Rodríguez Barahona, por Álava. Me
temo que harán oídos sordos y creerán que ya se ha terminado, que el asunto está finiquitado. Pero todos sabemos que no, que no se ha acabado, sino que comienza una nueva fase, una nueva fase por cierto en la que va a resultar muy difícil pedirles
a estos ciudadanos que se ciñan a la legalidad, porque ustedes han hecho un mal uso y lo van a hacer hoy también de esa legalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Mi grupo se va a abstener en esta proposición, exactamente igual que hizo en el Parlamento vasco, por las razones que voy a explicar inmediatamente. Para ser ordenados en la exposición y envolverla lo menos posible en toda esa niebla en la
que ustedes acaban de envolverla, de extrañas historias medievales, prehistóricas, esenciales, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, les diré que están llevando esto a un callejón sin salida cuando tiene una solución jurídica muy
fácil y constitucionalmente tirada, pero justamente para eso hay que tener buena voluntad, buena fe política y no enredar esto de tal manera que lo que es una cosa muy sencilla, aunque tenga un procedimiento engorroso -como pasa con casi todo lo
derivado de la Constitución actual en España-, tiene solución.
¿Qué es lo que se nos pide en esta proposición de ley del Parlamento vasco? Algo muy sencillo, que es modificar el mapa provincial de España en lo relativo a un enclave extraprovincial, como muchos otros que hay. Por cierto, señor Esteban,
no solo Treviño, ningún enclave de los muchos que hay aparte de Treviño se ha modificado de pertenencia provincial, que yo sepa, al menos en el último siglo, así que el problema es general, no es de Treviño, ni del País Vasco, ni de Castilla y León.
Para empezar, situemos las cosas en su verdadero nivel de decisión. ¿De qué estamos hablando? Dejémonos de remontarnos a cuentos, a leyendas, a historias, a conspiraciones mundiales contra lo que son esencias intemporales que ahí están presentes,
porque de todo esto no hay nada.
En primer lugar, quiero decir lo que ya hemos dicho muchas otras veces, y creo por cierto que somos el único partido que lo hemos dicho donde había que decirlo: en el Parlamento vasco y en la Diputación de Burgos. Lo que decimos es que
estamos completamente de acuerdo con la decisión de los ayuntamientos del Condado de Treviño y de La Puebla de Arganzón de incorporarse en Álava por una razón que no tiene nada que ver con esencialismos históricos, porque, efectivamente, su vida
cotidiana, los servicios a los que aspiran, sus servicios públicos están vinculados por razones geográficas, por razones de realidad, a Vitoria. Por lo tanto, lo más lógico y lo más normal del mundo es que un enclave que está rodeado de Álava por
todas partes y que está mucho más cerca de Vitoria que de Burgos tenga una relación administrativa con Vitoria y no con Burgos. Esto es lo primero que hay que decir. Estamos de acuerdo con eso y lo vamos a apoyar siempre.
El problema es cuando se presenta lo que tenía que ser solucionado por un procedimiento político-administrativo como una cuestión esencialista, que no lo es. De hecho, la proposición de ley del Parlamento vasco tiene un problema y es que
hace trampa. Hace trampa cuando dice que la solución jurídicamente prevista para este empate en el que puede haber un pronunciamiento contrario a la segregación administrativa por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León está en las Cortes
Generales. Sí. El problema es que nunca se ha producido ese empate porque las Cortes de Castilla y León no se han pronunciado sobre esta cuestión y voy a decir por qué. Pues porque ninguno de los partidos que están presentes en las Cortes de
Castilla y León ha tenido la coherencia ni la integridad política de llevarlo allí. Y eso se lo digo a ustedes, señores del Grupo Socialista. ¿Por qué no han propuesto sus diputados en las Cortes de Castilla y León la segregación del Condado de
Treviño para que pase a Álava? ¿Por qué no lo hacen? Es muy sencillo. Si sale que no, que es previsible -puesto que la experiencia que tenemos en nuestro partido fue que nuestra representante en la Diputación de Burgos fue cubierta de insultos
por
proponer una cosa tan racional como que se respetara la voluntad de los habitantes de La Puebla de Arganzón y de Treviño para integrarse en Álava, por parte del Partido Popular y por parte de los regionalistas o los nacionalistas de Castilla
y León-, el desatasco constitucional es sencillo. Bastaría algo que no se ha querido hacer y creo que en este caso la responsabilidad es de ustedes -me refiero al Grupo Socialista-: presenten en las Cortes de Castilla y León una proposición de ley
para desagregar de Burgos el Condado de Treviño para que se integre en Álava, si así lo deciden sus habitantes, y entonces el Parlamento, nosotros, el Congreso de los Diputados, podremos hacer un desempate que hasta el momento no se ha producido. O
sea que no cuenten cuentos. No enreden lo que es bastante claro y manifiesto. Esto tiene una solución racional, constitucional y jurídica. Basta con esto para que un partido que esté en las Cortes de Castilla y León -que en este caso son ustedes,
ya que lo han presentado en el Parlamento vasco o lo han apoyado allí- presente esta propuesta en esas Cortes en el sentido que hemos dicho: para que se cumplan los acuerdos de los ayuntamientos, que nos parecen irreprochables, de La Puebla de
Arganzón y de Treviño.
A partir de ahí, hablar de que hay una conspiración histórica en contra de no sé qué esencias se desmonta, se desvanece en el aire, porque -estoy completamente de acuerdo en eso con el señor Esteban- en esto no está presente ningún problema
de unidad constitucional ni territorial. Todo esto es una tontería, todo esto es la consecuencia de un modelo que nuestro partido lleva tiempo criticando sin que nos hagan ustedes el menor caso para variar -como en casi todo-, de que el modelo
provincial que se hace a principios del siglo XIX en España es un modelo que en la actualidad ya es anacrónico. Cuando se hace el mapa provincial se tienen en cuenta una serie de consideraciones históricas, historicistas, que tienen que ver con
cuestiones, con criterios que hoy en día nos parecen irrelevantes: las diócesis de la Iglesia católica, las tierras de realengo y señoriales, las cosas más extrañas que hoy en día nos parece que están fuera de cualquier modelo territorial. Por eso
les hemos propuesto muchas veces -y no quieren entrar en el debate, aunque luego aparece por la ventana de atrás como es este caso- que hay que revisar la presencia de la provincia en la Constitución. No tiene ningún sentido. Deberían de ser las
comunidades autónomas, entendiéndolas evidentemente como unidades geográficas naturales, políticas y administrativas, con una coherencia económica y una coherencia para lo que nos importa. ¿Qué nos importa, al menos a nosotros? Que los vecinos de
La Puebla de Arganzón y de Treviño tienen derecho a tener unos servicios de calidad exactamente igual que cualquier otro vecino del pueblo de Álava que está al lado o del de Burgos, y que esta separación territorial -que es consecuencia de un
arreglo del siglo XIX, cuando se realizó la división provincial- a día de hoy no tiene ninguna actualidad. No tiene nada que ver con ningún valor político y negarlo es propio de una mentalidad completamente reaccionaria. El modelo territorial
tiene que hacerse, enfocarse y decidirse solo desde el punto de vista de los intereses de sus habitantes, de los ciudadanos, porque los territorios no tienen derechos. Hablar de los derechos de los territorios es como hablar de los derechos del
teorema de Pitágoras -que incluso tendría alguno más que los territorios-: no va a ninguna parte, solo lleva al enconamiento, al enfrentamiento, a la división, al sectarismo, a todo lo que supera la democracia. La democracia es inclusión, es
compartir, es interdependencia, es gobernar juntos, es resolver juntos los problemas de los ciudadanos, no hablar de majaderías supuestamente antiguas que además ni siquiera son antiguas.
Si quieren les menciono una antigüedad, ya que todavía me quedan un par de minutos. Les ilustro. ¿Saben que Treviño ni siquiera es un topónimo vasco? Viene del latín, viene de trifinium, que es un nombre latino, como otros que había en
otros lugares del Imperio, para designar una comarca, un territorio más o menos a ojo donde confluían en este caso tres confines, que tenían que ver con sendas tribus que en su momento tenían que ver con determinado convenium o conventum de la
administración romana. ¿A quién le importa esto? ¡A nadie! Es bonito, es académico, está bien para hacer una tesis doctoral, pero ¿qué tiene que ver con la organización del territorio, qué tiene que ver con cómo repartimos los servicios sanitarios
o educativos? ¿Qué tiene que ver con el hecho de impedir que se repitan dramas como el que se produjo el verano pasado, cuando una niña en el Condado de Treviño falleció. No está claro que fuera por la decisión administrativa, pero en gran parte
fue perjudicada por una indefinición del reparto competencial sobre quién toma decisiones en primeros auxilios en sanidad. Este es el tipo de cosas que hay que resolver, no majaderías que no son verdad, que son falsas, sobre el derecho de pernada,
sobre la esencialidad alavesa de Treviño, sobre cosas como la antigüedad del topónimo y su genealogía. Todo esto no sirve para nada, son cosas que tienen que estar fuera, excluidas del debate político. Resolvamos el problema de estos ciudadanos,
que tienen todo el derecho del mundo a que se les resuelva, problema que tiene solución. Insisto, para que esta proposición de ley reciba nuestro voto positivo bastaría con que
se haga algo tan esencial como que hay que respetar el Estatuto del País Vasco, por supuesto que sí, pero también el de Castilla y León, los dos, no solo uno de ellos. ¿Por qué se considera natural que siempre hay que respetar, si se habla
de Treviño, el Estatuto del País Vasco y no del de Castilla y León? Habrá que respetar los dos. Sin ley no hay democracia. Si no aceptamos que todos los estatutos tienen el mismo nivel de protección constitucional, de lo que estamos hablando es
de nacionalismos irredentistas y de una pretensión de superioridad que están completamente fuera de lugar. De manera que, sí, invito a los socialistas -que son los que lo pueden hacer ya que sé que el Partido Popular no quiere- a que lleven esto a
las Cortes de Castilla y León; si sale derrotado, que salga, y entonces traen aquí esta proposición, y les aseguro que nuestro grupo parlamentario votará a favor, porque entonces, y no ahora, habrá habido un empate que puede desempatar el Congreso
de los Diputados, así es que, por favor, no hagamos trampa, no engañemos a la gente, no la mareemos. Bastantes problemas reales tienen los ciudadanos, tenemos todos, para que, encima, ante lo que es un problema administrativo y político de muy
fácil solución, pese al engorro del procedimiento constitucional, les digamos que no tiene solución. Les digo a ustedes, a los alcaldes, a los que han venido de estos pueblos de Treviño: no les hagan caso, no es verdad, tiene solución si se hace
como es debido. Si se quiere enconar y convertir en un motivo de enfrentamiento, no. No se dejen engañar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
En apariencia, el problema que nos ocupa esta tarde parece un problema de fácil solución, legalmente tiene una fácil solución, pero cuando después de ciento ochenta años y más de un siglo las reivindicaciones de la población de Treviño no se
han solucionado, alguna complicación deben tener. Mi grupo parlamentario, la fuerza política que represento también se ha encontrado con esas dificultades. Nuestros compañeros y compañeras de Euskadi, de Esker Anitza, son favorables al proyecto de
ley tal cual y nuestros compañeros de Izquierda Unida de Castilla y León no son favorables. También nosotros como fuerza política tenemos una disensión en un territorio y otro. El problema está en cómo buscamos la solución al final. ¿Cuál es la
última ratio? ¿El Congreso de los Diputados sirve para solucionar problemas o no? La legalidad actual marcada por el Estatuto de Autonomía de Euskadi y sobre todo por la Ley orgánica 14/2007, la Ley del Estatuto de Autonomía de Castilla y León,
establece una disposición transitoria tercera con unas condiciones leoninas para proceder a la segregación en este caso del enclave de Treviño. La solicitud la tienen que hacer todos los ayuntamientos, tienen que haber una mayoría de dos tercios,
tiene que haber un informe favorable de la diputación provincial, en este caso de la de Burgos, que ni está ni se la espera. Lógicamente cree defender sus propios intereses cuando defiende su integridad territorial; otra cosa diferente es si
defiende los intereses de las poblaciones del Condado de Treviño y de La Puebla de Arganzón. Esa es una cuestión diferente, pero a la Diputación Provincial de Burgos no se le puede pedir otra cosa más que que defienda sus propios intereses. La
cuarta condición es la aprobación por las Cortes Generales por ley orgánica, aparte del referéndum a la ciudadanía.
Entre todas estas condiciones hay una que es asumida por todos, la aprobación por ley orgánica, porque es el procedimiento. Otra, que es el quid de la cuestión y debería ser asumida por todos para que se pudiese desbloquear esta situación,
es que no dependiese de la voluntad de una comunidad autónoma o de otra, de una diputación provincial o de otra, sino que dependiese única y exclusivamente de las víctimas, de quienes padecen esta división territorial del año 1833 de Javier de
Burgos, a quien se le antojó que eso era Burgos y no era provincia de Álava, y a partir de ahí ha sido imposible solucionarlo. Las víctimas son los ciudadanos de allí, las 1.500 personas que viven allí y que dependen de un territorio, pero luego, a
la hora de la verdad, viven y están en el marco de otro. La única forma de desbloquear esta situación es que los grupos parlamentarios aceptemos y les digamos a nuestros compañeros de Castilla y León y a nuestros compañeros de Euskadi que quienes
van a tomar la decisión en última instancia -y lo aceptaremos todos en el juego democrático- son los ciudadanos. Esa es nuestra posición política. Por eso nosotros no nos vamos a oponer a la tramitación de esta proposición de ley, no la vamos a
votar en contra. El texto es bueno. Es tan bueno que un texto exactamente igual fue aprobado ya por esta Cámara en el año 1995 en la Ley orgánica 15/1995, por la cual se produjo uno de los poquísimos ejemplos de alteraciones de los límites
provinciales en España. Creo recordar que hubo otra en el año 1927, en la época de Primo de Rivera, dividiendo la provincia entonces de las Islas Canarias en las dos provincias
actuales. La del año 1995 se produjo cuando el municipio en aquel momento castellonense de Gátova pasa a integrar la provincia de Valencia. El texto de la ley es prácticamente idéntico en el articulado y lo demás y, por lo tanto, es un
texto legal que podría valer para abrir esta cuestión, pero, dada la queja de nuestros compañeros y compañeras de Castilla y León, no nos vale así si no hay un referéndum previo. Por eso tampoco vamos a votar favorablemente. Queremos poner el
énfasis en que la única forma de desbloquear este conflicto sería que todos los grupos parlamentarios nos pusiésemos de acuerdo en que la última decisión la tenga la ciudadanía del Condado de Treviño y de La Puebla de Arganzón, se les llame a un
referéndum y sean ellos con su voto los que hagan que esta ley, si los grupos mayoritarios votan lo que vamos a votar nosotros, empiece su tramitación en esta Cámara.
Concluyo ya. Estamos ante una anomalía histórica peculiar y específica. Hay casi una veintena de enclaves similares en diferentes provincias y comunidades autónomas. Yo soy de Valencia y tenemos nuestro propio enclave en el Rincón de
Ademuz. En la mayoría de estos enclaves no hay conflicto y la ciudadanía está conforme con la situación histórica que tiene -eso forma parte de nuestra peculiaridad como Estado; España tiene esas peculiaridades-, pero cuando hay un territorio
donde la gente quiere votar, quiere decidir y quiere participar no se le puede impedir que decida, vote y participe. En este caso, la única solución al problema -y es por la que apuesta mi grupo parlamentario- es que se consulte a la ciudadanía y
sea la propia ciudadanía del enclave de Treviño la que haga que esta ley, cuyo texto ha sido bien redactado por parte del Parlamento vasco, entre en vigor si así lo desean mayoritariamente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Pàramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Muchas gracias, señor presidente. Doy la bienvenida a los parlamentarios del Parlamento vasco.
Vaya por delante la voluntad del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió de votar favorablemente la proposición de ley que estamos tratando, que esperamos sea aprobada, aunque oyendo lo que se ha oído, dudo de esa probabilidad.
No solo veríamos oportuna su aprobación, sino que nos parece anacrónico, casi vergonzoso, que en pleno siglo XXI estemos deshaciendo conflictos territoriales de cariz medieval.
El Estado español, que no España, se resiste a evolucionar, se resiste a entender que ya no administra una comunidad de súbditos sino de ciudadanos, los que amando y buscando la modernidad no quieren, no queremos renunciar a nuestras raíces,
y afortunadamente en España hay sed de libertad, de transparencia y de participación; se reclaman raíces y libertades que están por encima de legalidades escritas y presentadas más como barreras que como caminos abiertos a la convivencia.
El Grupo Parlamentario Catalán está a favor de la presente proposición de ley porque sabe que los municipios del Condado de Treviño y la Puebla de Arganzón piden y tienen derecho a ser incorporados al País Vasco con naturalidad como
nacionales que son. En múltiples ocasiones los ciudadanos de los dos municipios han expresado su deseo de dejar de ser una singularidad administrativa dentro del Estado español para pasar a ser una normalidad dentro del territorio de Euskadi.
Podríamos buscar muchas similitudes en situaciones parecidas con respecto a comunidades que administrativamente se ubicaron fuera de su territorio nacional, y hay que preguntarse si las regiones, provincias -antaño llamadas así, ahora comunidades-
receptoras de esos municipios son sensibles a la identidad de estas comunidades, a su pertenencia a comunidades diferentes. Me viene a la cabeza el caso de Aragón que, cayendo en el ridículo más estrepitoso, aprobó una ley para cambiar la
denominación de la lengua catalana, la propia de los municipios de su franja oriental, con una total falta de respeto a los más básicos derechos de toda comunidad. ¿Y el Estado -nos preguntamos- no debería proteger a esos ciudadanos del
despropósito del lapao, lengua aragonesa propia del área oriental? ¿La Junta de Castilla y León ha previsto -pregunto- alguna vez la enseñanza arreglada en euskera para los niños y niñas vascoparlantes integrados en su comunidad?
Son solo unos ejemplos que pueden ayudar a entender muchos de los problemas que hoy debería encarar el Estado español, pero sin miedo, porque no debe temer a nada. No se trata de estar más o menos bien atendidos, y estoy hablando de los
treviñeses y treviñesas. No, los ciudadanos y las ciudadanas de los municipios del Condado y de la Puebla desean una cosa tan sencilla como ser normales entre normales, municipios vascos rodeados de municipios vascos, ciudadanos vascos dentro del
territorio vasco. Los ayuntamientos de Condado y Puebla han manifestado en múltiples ocasiones su voluntad de
integración en el territorio de Euskadi y, atendiendo a la exposición de motivos de la proposición de ley, esa voluntad democrática no se ha podido llevar a la práctica con excusas diversas, todas ellas difíciles de entender en su población.
La voluntad de los treviñeses y treviñesas se expresa de acuerdo con el ordenamiento jurídico en vigor y se corresponde además con el principio generalmente admitido de continuidad territorial, y en el cumplimiento de la voluntad tropiezan
con Castilla y León, que puede impedir que la ciudadanía de Treviño se integre en Araba. Las consecuencias de esa negativa afectan a la población treviñesa, a la que se le impide ejercer un derecho tan básico como es el derecho a ser reconocido
como tal, y si la solución política más que jurídica está en las Cortes Generales, en nuestras manos tenemos hoy la ocasión de aprobar la presente proposición de ley. Con esta ley deberíamos cumplir abriendo la puerta que permita a esos ciudadanos
expresar libre, pacífica y democráticamente su voluntad. Tienen derecho a decidir sobre algo muy importante para ellos y no perjudican a nada ni a nadie. Señorías, tenemos la llave de la puerta que permitiría saber sin ninguna duda cuál es la
voluntad mayoritaria de los hombres y mujeres treviñeses. El Estado -y las Cortes son Estado- debe intervenir como garante de la democracia y la libertad convocando la consulta con toda garantía y acatar el resultado. No podemos negarnos en las
Cortes Generales a dejar de atender la petición formal de segregación y anexión alegando que no son mayoría los que así lo piden y a la vez negar el derecho a los ciudadanos a definirse. Señorías, si buscan paralelismos con muchas de las
reclamaciones catalanas, los encontrarán. Termino diciendo: Treviño Araba da.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pàramo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quería dar la bienvenida a los alcaldes del Condado de Treviño, así como a todos los ciudadanos del Condado que han venido y a los representantes del Parlamento vasco que han presentado aquí esta iniciativa.
Debatimos en esta Cámara -y evidentemente no por primera vez- sobre los municipios del Condado de Treviño y la posibilidad de su integración en la provincia de Álava. Como ya han dicho algunos portavoces, estamos ante un asunto complejo y
con una larguísima historia política, jurídica y parlamentaria. Es verdad que se acostumbran a iniciar estos debates con razones históricas para justificar su pertenencia a Álava o a Burgos. Podríamos hablar del otorgamiento que hizo Fernán
González, conde de Castilla y señor de Álava, al monasterio de San Millán para que este pudiera exigir contribuciones a numerosos pueblos de Álava, que incluía a todos los pertenecientes a Treviño, como hizo también el señor Ormazábal, diputado
general de Álava, en un debate en el Senado para justificar el carácter alavés del enclave; o podríamos hablar, como hizo el entonces presidente de la Diputación Provincial de Burgos, el señor Vigara, de que ya en 1366 Enrique II le da a su
adelantado mayor en Castilla, don Pedro Manrique, la villa de Treviño con sus aldeas, literalmente por donación perpetua, para justificar el carácter burgalés de este enclave. No voy a glosar estas razones históricas, no voy a hablar de la cantidad
de razones que justifican que Treviño pertenezca a la provincia de Burgos como lo ha hecho siempre -las hay y muchas-, porque no estamos aquí como historiadores, estamos aquí como políticos, estamos aquí para resolver los problemas de los ciudadanos
desde la política. No se trata de un problema identitario, tampoco de un problema partidista. Si lo hacemos desde un punto de vista identitario, volveremos a caer en los errores del pasado. A mí me ha sorprendido ver hoy una mayor agresividad y
una mayor presencia del discurso identitario en portavoces de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que en los propios parlamentarios vascos que han venido a defender esta iniciativa; me ha sorprendido. Se trata de una cuestión que
tiene más que ver con problemas funcionales, administrativos, de prestación de servicios. Se trata de una discusión sobre la manera en que los vecinos y vecinas del Condado de Treviño ven atendidas sus necesidades por parte de las administraciones
en un Estado moderno al que todos y todas pertenecemos.
En 1995 se constituyó en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado una ponencia sobre enclaves territoriales que aprobó por unanimidad lo siguiente: La ponencia considera necesario la constitución de una
comisión integrada por representantes del Gobierno vasco y de la Junta de Castilla y León que tenga por objeto buscar una respuesta definitiva a la cuestión y el cumplimiento de la voluntad de los ciudadanos del enclave de Treviño, de acuerdo con
los procedimientos establecidos en
el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Esa es precisamente la manera y no otra, ninguna otra. El camino es el del acuerdo, el respeto a las previsiones estatutarias, que están perfectamente
amparadas -como ustedes saben- por la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de julio de 1986. En aquella ponencia estaban, por ejemplo, los senadores Mario Onaindía, Octavio Granados, Ramón Rabanera, César Huidobro, Ricardo Sanz o el senador
Zubía. Es decir, bajo los auspicios del entonces presidente del Senado, el señor Laborda, se logró un acuerdo unánime de todos los grupos políticos para avanzar en una solución definitiva de este contencioso. ¿Por qué fracasó este camino? Por dos
motivos fundamentales, desde mi punto de vista, y permítame, señor Esteban, que le explique cuál fue el motivo fundamental.
Usted ha acabado su intervención con una cosa inédita en este Parlamento, ha dicho que va a ser difícil pedirles a los ciudadanos que se ciñan a la legalidad - y lo dice usted desde esta tribuna, desde la tribuna del Congreso de los
Diputados-, y ha acabado usted haciendo un elogio de la democracia franquista en su intervención. ¡No he visto cosa igual! Mire, señor Esteban, claro que hay argumentos y claro que los ciudadanos de Treviño hacen vida en Vitoria, como los del Valle
de Mena hacen vida en Bilbao o como los de Miranda hacen también vida en Vitoria. Esa no es la cuestión. Ustedes, cuando había un acuerdo unánime, iniciaron una deriva nacionalista independentista con el Pacto de Lizarra que terminó con el Plan
Ibarretxe. Eso fue lo que acabó con las posibilidades de acuerdo y con el consenso unánime que se logró en el Senado.
En segundo lugar, es verdad que si entramos en el debate de la búsqueda de votos, de cómo algunos pretenden hacer bandera de los temas territoriales para arañar votos, los problemas no se solucionan. El portavoz de UPyD acababa
responsabilizando al Partido Socialista de no solucionar esta cuestión, y lo dice defendiendo la postura de la abstención que, por definición, es no tener postura sobre este asunto. Por lo tanto, me gustaría más responsabilidad. Pero no me resisto
a hacer un poco de historia, no antigua, sino mucho más reciente. Aunque ya no se recuerde, en Treviño hubo un alcalde del Partido Popular que promovió un referéndum sin autorización para pedir la segregación de Treviño de Burgos en 1998.
Entonces, esto cayó en manos del Gobierno de España, que dijo, primero, que no se podía hacer un referéndum; después, que no lo impediría, y finalmente que lo recurriría a los tribunales. ¿Le suena este modus operandi? Todo aquel proceso estuvo
capitaneado por el entonces ministro de Administraciones Públicas, el señor Rajoy. Claro, el referéndum se realizó y el señor Rajoy acabó diciendo que aquello no iba con el Gobierno de España. En palabras de los medios de comunicación de esos
días, se quitó de en medio y remitió la solución a una negociación entre ambas comunidades autónomas. Rajoy en estado puro. Pero, miren, en esto último sí que estoy de acuerdo: esto debe ser una negociación, se debe hacer por consenso, porque lo
demás será estéril. Y es posible si acabamos con la cerrazón. Aquí no hay un problema partidista. Quiero alertar contra la tentación de algunos de usar este asunto con la intención de arañar un puñado de votos. El Partido Socialista siempre ha
mantenido la misma posición en Treviño y lo seguirá haciendo. Esto no se resolverá sin consenso, y, desde luego, respetaremos y pediremos respeto hacia el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En Castilla y León siempre hemos mantenido el
consenso con el Partido Popular. Por eso, vamos a votar en contra de esta proposición de ley, porque conculca el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, porque no es el camino. Pero es verdad que al otro lado también parece haber consenso. El
Partido Popular, que gobierna la Junta de Castilla y León, afirma en Álava -como ya se ha dicho- que Treviño debe ser alavés. El señor Alonso, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, dijo en unas declaraciones:
Soy alavés y naturalmente quiero que Treviño se integre en la provincia de Álava. Por tanto, no se trata de una discusión partidista, es una posición perfectamente legítima y perfectamente razonable. Hablemos, pues, recuperemos el camino del
consenso del año 1995 para buscar una solución definitiva para Treviño. A los socialistas no nos da miedo hablar de Treviño. Como bien decía mi amigo y compañero Juanjo Laborda en el año 1998, los treviñeses, como ciudadanos españoles que son,
tienen derecho a pedir su integración en Álava, pero ese derecho debe ejercerse conforme a las leyes y requiere un esfuerzo por clarificar ideas, por el diálogo, por la colaboración, y tomar decisiones pensando en los ciudadanos más allá de las
encuestas electorales.
Sin querer abusar de las citas, diré también, en palabras del señor Huidobro -senador del Grupo Popular- en el Pleno del Senado ese mismo año, que la regulación establecida en la Constitución española sobre la modificación de la organización
territorial legitima las aspiraciones del Gobierno vasco, y hoy la del Parlamento vasco, de que Treviño forme parte de su territorio. También, por supuesto, legitima la voluntad de sus alcaldes y sus vecinos, y eso no obsta para que, de la misma
manera, Castilla y León
y Burgos tengan la misma legitimidad para considerar el enclave burgalés. En todo caso, esto debe dirimirse -insisto- desde el respeto a la ley, a las previsiones estatutarias e inexcusablemente desde el consenso en el que hay que ponerse a
trabajar desde el primer minuto.
Recuperemos, por tanto, ese camino iniciado en 1995, abramos una vía al diálogo. Como bien decía el señor Prieto, establezcamos un procedimiento, porque estamos en el tiempo de la política. Hagamos política por el bien de los vecinos y las
vecinas del Condado de Treviño sin demagogia, sin populismos y para poder resolver este problema en el menor tiempo posible.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tudanca.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en el debate de hoy, el debate de una proposición de ley del Parlamento vasco sobre alteración de los límites
provinciales para obtener la segregación del Condado de Treviño de la provincia de Burgos y de Castilla y León y su incorporación al territorio histórico de Álava. En esa proposición de ley justifican la iniciativa sobre la base de la voluntad de
los habitantes del Condado de Treviño. Hablan de un principio de continuidad territorial, de la existencia de un posible empate entre el País Vasco y la Comunidad de Castilla y León que debería de resolverse mediante ley orgánica de las Cortes
Generales, conforme al artículo 141 de la Constitución.
Señorías, este no es un tema nuevo y creo que todos estaremos conformes con que desde la promulgación de la Constitución de 1978 y desde el nacimiento de la Comunidad del País Vasco ha habido una voluntad constante de los habitantes de
Álava, del Condado de Treviño y especialmente de las fuerzas nacionalistas de incorporar estos territorios a la Comunidad del País Vasco, al igual que ocurre en otros territorios, como puede ser el caso del valle de Villaverde, en Cantabria,
respecto de Vizcaya. Es decir, en el caso del País Vasco hay permanentemente una voluntad de incorporar o de anexionar distintos territorios a su comunidad. Para ello, en el artículo 8 de su estatuto hicieron una previsión sobre la base de un
referéndum, una solicitud, una aprobación del Parlamento vasco y finalmente una ley orgánica votada aquí, en las Cortes.
El debate que hemos visto hoy prácticamente reproduce lo que fue el debate en la Cámara de Vitoria, y debemos recordar que PNV, Bildu y Partido Socialista, señor Tudanca, votaron a favor de la iniciativa. Por tanto, preste oído a su
compañero el señor Agirre cuando hace manifestaciones respecto de otros partidos políticos, porque el Partido Socialista votó a favor de esa iniciativa y el Partido Popular se abstuvo, igual que hizo Unión Progreso y Democracia. Los fundamentos que
se han ido reproduciendo son más o menos los que se discutieron en aquel debate: que se trataba de un anacronismo histórico, que había una falta de racionalización administrativa, cercanía, continuidad territorial, etcétera, y yo sinceramente creo
que muchos de esos argumentos son cuando menos difíciles de traer aquí. Hablar de un anacronismo histórico me recuerda la disposición adicional primera de la Constitución, donde se habla de los derechos históricos del País Vasco, por tanto, creo
que los derechos históricos, la historia, alguna importancia tienen para el País Vasco. En el Estatuto vasco hay continuas referencias a esa historia, y más concretamente en su disposición adicional única se dice que la aceptación del régimen de la
autonomía no implica renuncia a los derechos históricos que le pueden corresponder al Parlamento, por tanto, creo que en ese sentido el reconocimiento de la historia o vale o no vale, pero no puede ser que valga para unas cosas y no para otras. Si
suprimimos los derechos históricos, las referencias a la historia, ¿qué pasa con las instituciones forales?, ¿qué pasa con el régimen de cupo? Estos no obedecen a criterios de racionalidad administrativa ni han venido a nuestro ordenamiento
jurídico sobre la base de conocimientos de racionalidad administrativa; existen porque había unos derechos históricos que se recogieron y se reconocieron. Esos conceptos de racionalización, cercanía, continuidad, sinceramente tampoco creo que nos
sirvan para estos temas. Porque, ¿a qué racionalidad administrativa responden esas instituciones forales, esos regímenes económicos si no son precisamente a la historia? Si hablamos de cercanía, ¿no hay muchas poblaciones de Álava que están mucho
más cercanas a Logroño que a la propia Vitoria? Por tanto, no parece que este sea un buen argumento. Hay muchos enclaves -se ha dicho hoy aquí- y no por ello están planteándose una racionalización administrativa. Tampoco las delimitaciones
provinciales obedecen a un criterio geográfico absolutamente racional. El artículo 143 de la Constitución no impone una continuidad territorial respecto de las provincias, se reconoce un hecho que surgió a finales o a mediados del siglo XIX y, por
tanto, ahí lo tenemos.
Se nos dice que hay un conflicto territorial. Pues no es verdad, no existe tal conflicto territorial. Un conflicto territorial existiría si hubiese dos entidades que disputaran un territorio. Aquí, tanto el País Vasco como la Comunidad de
Castilla y León reconocen paladinamente que el territorio del Condado de Treviño pertenece a la provincia de Burgos y, por tanto, a la Comunidad de Castilla y León. Se dice también que cada día que pasa sin resolver el conflicto se produce una
pérdida de derechos de los treviñeses y que va en aumento. Pues tampoco es cierto. Los habitantes del Condado de Treviño tienen los mismos derechos que les reconoce a todos los españoles la Constitución. El Estatuto del País Vasco no concede a
los vascos ni a los habitantes de su territorio un plus de derechos respecto del territorio nacional. El principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución yo creo que es válido. No podemos defender una situación como la actual diciendo que
a las treviñesas y los treviñeses les estamos privando de derechos que tienen en otros lugares de la geografía española.
Y se nos dice asimismo que los convenios administrativos no sirven para solucionar el conflicto y que en la práctica los convenios no son la solución, sino que son el problema. Sencillamente, si eso fuese así, ¿por qué el artículo 145.2 de
la Constitución está situado donde está? Precisamente para resolver las necesidades interadministrativas que puede haber en las diferentes comunidades autónomas. Por tanto, el convenio es una figura válida y permanente, a la cual se puede y se
debe acudir y además forma parte de la Constitución. Por tanto, no se nos diga que los convenios administrativos son poco más o menos que una reliquia del pasado.
Señorías, entendemos que esta proposición de ley no puede tomarse en consideración y por razones estrictamente constitucionales, porque vulnera lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y
en el artículo segundo del mismo estatuto, preceptos ambos que forman parte del bloque de la constitucionalidad.
Ustedes señalan que hay una contradicción entre el País Vasco y la Comunidad Autónoma de Castilla y León que deben resolver las Cortes Generales. No es cierto, las Cortes Generales tienen la competencia estatal de modificar o aprobar las
alteraciones de límites provinciales. Bien, de acuerdo, cuando hay normas incluidas en el propio bloque de la constitucionalidad en las que se establecen procedimientos específicos para estas alteraciones, habrá que respetarlas y habrá que
cuidarlas, y si no lo hacemos así esa ley adolecería de inconstitucionalidad. Dicho de otra manera: si esta Cámara tomase en consideración y aprobara una ley como la que nos propone el Parlamento vasco estaría viciada de raíz de
inconstitucionalidad, porque no puede tomarse en consideración esta proposición de ley ni puede aprobarse si no respeta lo previsto en la disposición transitoria tercera y en el artículo segundo del Estatuto de Castilla y León. Por lo tanto, no son
argumentos históricos o de racionalidad administrativa, no son argumentos de legalidad extraconstitucional los que podemos manejar aquí; tenemos que atenernos a la Constitución. Si no les gusta la Constitución, se cambia, pero lo que no se puede
hacer es aprobar el Estatuto de Castilla y León y decir que no queremos cumplirlo. Decir, señor Esteban, que si esta ley no se aprueba va a haber problemas en donde va a haberlos y que va a tener graves consecuencias, no creo que sea una expresión
muy afortunada.
El hecho de que desde una comunidad autónoma se apruebe una iniciativa legislativa para que las Cortes modifiquen el Estatuto orgánico de otra comunidad autónoma creo que es un precedente que puede tener graves consecuencias. No creo que
desde el Parlamento de una comunidad autónoma nos puedan proponer a las Cortes Generales que modifiquemos las normas estatutarias de otra comunidad autónoma. Sinceramente, eso no es posible. Y alguno se extraña de que una provincia -en este caso,
Burgos- o una comunidad autónoma -Castilla y León- quiera mantener su integridad territorial. ¿Y por qué no? ¿Es que está mal que quieran mantener su integridad territorial? ¿Es que está mal que el País Vasco quiera mantener su integridad
territorial? ¿Es que está mal que Cataluña quiera mantener su integridad territorial? ¿Es que está mal que Castilla y León quiera mantener su integridad territorial? El mismo cariño y sentimiento que tienen ustedes hacia sus respectivos
territorios entiendo también que lo tienen en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Andalucía o en Valencia, hacia sus respectivos territorios, y el Condado de Treviño, señorías, es hoy parte de la provincia de Burgos y de Castilla y León. (Un
señor diputado: ¡Pues no, señor!). Así es, así de claro.
Por tanto, señorías, entiendo la posición de muchos compañeros de Álava, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que defienden que, efectivamente, a ellos, como alaveses, les gustaría que el Condado de Treviño formara parte de
Álava. Lo entiendo. Seguramente, si yo fuese alavés, también lo pensaría; pero también pienso que como español tengo que respetar las decisiones del bloque de
constitucionalidad y el Estatuto de Castilla y León, como ustedes también tienen que respetar el Estatuto vasco.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Tizón.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, REGULADORA DE LAS CLÁUSULAS SUELO EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO. (Número de expediente 122/000122).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de las cláusulas suelo en los contratos de préstamo hipotecario.
Tiene la palabra la señora Iglesias.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Muchas gracias, señor presidente.
Ya en el año 2012, en el mes de mayo, la Sala primera de la Audiencia Provincial de Cáceres dictó las primeras sentencias firmes contra las cláusulas suelo. Prácticamente un año después, en mayo de 2013, el Tribunal Supremo falló contra las
mismas declarándolas ilegales. Desde entonces el recurrido jurídico ha sido amplio. Las audiencias provinciales, los juzgados de Primera Instancia, las manifestaciones de las instituciones europeas, de la Defensora del Pueblo, las reclamaciones
personales o colectivas han sido cuantiosas; también la movilización de las asociaciones de consumidores y de otras plataformas sociales, en la mayor parte de los casos con éxito para los afectados, por lo que las entidades comienzan ellas solas a
optar por la negociación en lugar de poner reclamaciones por las que están siendo condenadas, sabedoras de que con seguridad van a tener que asumir las costas judiciales además de la anulación de estas condiciones en los contratos. (La señora
vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Pero ¿en qué condiciones se están produciendo esas negociaciones, más cuando la experiencia nos muestra los fraudes constantes de dejarlo todo a la autorregulación? ¿Dejamos que siga siendo así? ¿Cuántos nuevos abusos se producen bajo la
excusa de la eliminación de estas cláusulas? ¿A cuántos deudores están llamando las entidades para ofrecerles una cosa a cambio de otra: cambiar los tipos, cambiar las carencias..., establecer nuevas prácticas abusivas? Es más que evidente que la
libertad y la autorregulación de los mercados no es ni absoluta ni eficaz, no lo resuelve todo; para nada, si acaso algunas veces lo empeora. Cuando un acuerdo no es entre iguales -y es obvio que no es entre iguales cuando uno tiene el dinero que
otro necesita- se expone a una parte a la desprotección. Las cláusulas suelo han sido todo un ejercicio de creatividad bancaria, un reclamo para un efecto llamada basado en la publicidad de atractivos tipos de interés bajos de salida, acotados
después por estas disposiciones de las que no se daba la misma cuenta. Esto no aparecía en las marquesinas de los autobuses, ni en las revistas ni en los anuncios ni en la televisión. Nunca aparecía la cláusula suelo, y sí estas ofertas de bajos
tipos de interés. Directamente un timo, un engaño más.
Una vez más, lamentablemente una vez más, mientras todos reaccionamos, el Gobierno sigue en su inacción habitual a la hora de defender a los usuarios y a las familias en situación de insolvencia: mirar hacia otro lado, dejar que las cosas
se resuelvan o empeoren solas, responsabilizar de todo a una mala explicación. La nada. El Ministerio de Economía, la nada; ni siquiera obligó al resto de entidades que utilizaban las mismas prácticas que las condenadas por el Supremo a la
eliminación de estas cláusulas suelo.
Desde el Grupo Socialista hemos presentado varias iniciativas que se van a debatir justamente en estos días y ofrecemos hoy la posibilidad de aceptar a trámite que entre todos se ponga coto a uno de esos excesos en la concesión de los
préstamos hipotecarios que ha permitido nuestra normativa a cambio de un fácil acceso al crédito, a cambio de que la gente se pudiera comprar una vivienda accediendo a los préstamos hipotecarios. Unas normas que han dejado que fueran los deudores
los que asumieran casi en solitario todo el riesgo en la concesión del préstamo. La cláusula suelo ha sido un ejemplo de ello: proteger y dar seguridad a una parte, a la banca, abandonando a la otra, a las familias, a las consecuencias de las
variaciones del mercado.
Ya en mayo de 2013 presentamos la proposición que ahora debatimos sobre una cuestión en la que cada día sigue siendo importante actuar: no dejar a la ciudadanía en la obligación de enfrentarse sola una vez más a estos abusos en las
concesiones de los préstamos hipotecarios. Utilizando el contenido de la sentencia del Supremo y ampliando nuestra actuación, el contenido de esta proposición de ley se podría
resumir en tres puntos. Uno, no permitir que se vuelva a producir esta práctica abusiva en los contratos hipotecarios, regular los límites, regular esos espacios que impiden la información y que dejan a los consumidores ante una exposición
a los excesos. Dos, establecer un periodo máximo de seis meses en los que se revise la totalidad de los préstamos hipotecarios con cláusula suelo, los vigentes, impidiendo desde ahora mismo que esos abusos se sigan cometiendo, impedirlo
inmediatamente, y evitar que tenga que ser cada afectado individualmente el que inicie un procedimiento judicial. Por último, declarar la nulidad radical de los abusos financieros y, por tanto, la anulación de las cláusula suelo y la devolución de
todo lo cobrado indebidamente. (Aplausos).
El Banco de España, que acumula una gran cantidad de expedientes por reclamaciones de estas cláusulas, ya ha resuelto a favor de los hipotecantes miles de estos recursos, incluso ha planteado su prohibición y la posibilidad de iniciar
mecanismos sancionadores contra las entidades financieras. En esto, por cierto, tampoco todas las administraciones somos iguales ni todas las administraciones tienen el mismo comportamiento. El Gobierno del Principado de Asturias ha sido la
primera comunidad autónoma en sancionar a bancos y a cajas por el abuso y la ilegalidad de estas prácticas. Ya son miles las familias en Asturias que se han liberado de estas prácticas fraudulentas y optado en algunos casos por la posibilidad de
recuperar el dinero pagado ilícitamente sin necesidad de tener que acudir a un procedimiento judicial.
El impacto en las cuentas de resultados de las entidades de crédito -por quien esté más preocupado por eso que por otras cuestiones-, a las que ya se les ha obligado a suprimir estas prácticas opresivas -recordemos que están cobrando por
encima de lo debido- es simplemente el de una variación en su balance de beneficios, pese a que pretendieran un enriquecimiento ilícito, estimado por algunas organizaciones en 5.400 millones cada año. Sin embargo, yendo a la economía doméstica,
esos injustamente cobrados -esos 150, 200 o 300 euros al mes de más- ponen a muchas familias de nuestro país en un alto riesgo de insolvencia y al borde del desahucio; familias que veían cómo las subidas del Euríbor a más del 5 % les llevaban a la
asfixia económica, pero que cuando ha bajado y está en unos límites de cotización mínima por debajo del 0,5 % no tiene impacto en sus cuotas; familias que ven cómo los informativos dicen que la bajada del Euríbor supondrá 100 euros menos al mes y
que sin embargo no experimentan el impacto de esa bajada. Son, una vez más, esos 200 euros de sus vergüenzas; 200 euros que las familias siguen pagando si no actúan judicialmente para reclamar sus cláusulas suelo; esos mismos 200 euros que pagan
más al mes quienes contrataron un crédito sometido a los Índices de Referencia de Préstamos Hipotecarios, al IRPH, a los que la desaparición de ese indicador no les ha servido absolutamente para nada por la falta de voluntad del Gobierno; esos 200
euros que pagan de más los que accedieron a una vivienda de promoción pública con un préstamo subsidiado y a los que, con carácter retroactivo, ahora se les deniega la prórroga que les corresponde; esos 200 euros que posiblemente para la gran parte
de los que están ahí sentados no supongan mucho, no supongan casi nada, pero que para muchas familias sirven para hacer frente y pagar los recortes que se les han impuesto, para asumir copagos, repagos, la eliminación de las becas, el aumento de las
tasas, la ayuda para la dependencia, los que les permiten llegar a fin de mes o evitar la pérdida de la vivienda, los que les permiten no tener que enfrentarse a una situación de desahucios. Desahucios que siguen sucediendo porque no basta con
decir que se ha hecho una ley para que se haya solucionado el problema. Tampoco basta con pavonearse de ser los únicos que han tomado medidas, cuando ni siquiera es cierto.
Las leyes tienen que estar al servicio de los ciudadanos, dar respuestas a sus problemas, ser eficaces y capaces de modificarse cuando se demuestran absolutamente inútiles, como es el caso. Si este Parlamento no quiere seguir observando
cómo decenas de miles de familias pierden su hogar cada año, deberíamos ser capaces de promover iniciativas que den respuestas reales necesarias, respuestas para parar todos los procedimientos de ejecución hipotecaria frente a una situación de
insolvencia sobrevenida, respuestas para acabar con las cláusulas abusivas, con todas, no solo con la cláusula suelo, respuestas para intervenir en las reestructuraciones de deuda con garantía suficiente para hacer posible el pago y sobre todo
evitar la pérdida de la vivienda. En definitiva, leyes de una segunda oportunidad, como tienen todos los países de nuestro entorno. Respuestas para asumir mediante la dación en pago alguna solución a aquellos que ya lo han perdido o van a perderlo
todo; respuestas para tener una verdadera alternativa social de vivienda en el caso de fracasar en el intento de evitar la pérdida de la vivienda, y no la caridad de la Sareb. Una vez más, desde esta tribuna, desde cualquier espacio, en cualquier
oportunidad, les instamos a aprobar de una vez por todas esa ley de segunda oportunidad frente a la insolvencia, una ley que cuenta con el reclamo de absolutamente todos los grupos parlamentarios menos el Grupo Parlamentario Popular.
Si la Presidencia me lo permite, también quiero exigir una respuesta para aquellos que el domingo pasado quedaron en un limbo administrativo ante la finalización de la moratoria de paralización de los lanzamientos hipotecarios. Si el
Gobierno renuncia a tener cualquier iniciativa que no suponga una carga más para los españoles y las españolas, puede seguir haciéndolo, pero al menos dejen que prosperen las propuestas que buscan darles protección y seguridad, como esta que les
presentamos en la tarde de hoy.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Iglesias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
A nuestro juicio el Grupo Socialista presenta una iniciativa que no cambia nada o casi nada. Después de que la gran mayoría de la gente esté ganando sus demandas, de que algunos bancos estén anulando voluntariamente las cláusulas suelo a
aquellos que lo reclaman gracias a que el Supremo ha establecido la nulidad de las cláusulas cuando no estaban claramente explicadas en el contrato y cuando la diferencia entre el suelo y el techo era desproporcionada, ustedes aportan una solución
para que los bancos puedan seguir imponiendo estas cláusulas en contra de la gente. Ahora que los tipos están en el 0,3 y los suelos cerca del 3, ustedes quieren que el banco lo explique mejor, que simplemente lo explique mejor pero que pueda
seguir imponiendo cláusulas leoninas a la gente y desde Compromís-Equo no lo compartimos. El hecho de que, según el Banco de España, un tercio de todas las hipotecas tengan cláusulas suelo -unos 3,5 millones de hipotecas con estas condiciones de
particulares y empresas- que van contra el interés de la gente, es prueba suficiente de que el que necesita una hipoteca para comprarse una casa o un local de negocio no tiene capacidad de negociación en condiciones de igualdad.
Las leyes han de proteger al débil y no a los bancos y la cuestión no es que se tenga que explicar mejor, lo necesario y lo justo es que se reputen nulas, que devuelvan el dinero cobrado ilegalmente y que se prohíba establecer este tipo de
cláusulas abusivas en las escrituras de formalización de la hipoteca. Esa falta de igualdad impera desde el principio de la relación e impera en todo lo que pueda ocurrir durante la vida de la hipoteca porque, como ha dicho el Tribunal de la Unión
Europea, en España hay una situación de inferioridad de los deudores frente a los bancos al hipotecar la vivienda que además, tras la reforma de 2013 del Partido Popular, ha aumentado. Desde Compromís no pedimos más transparencia a la hora de
imponer cláusulas abusivas, leoninas, no; queremos que no se puedan imponer. Las leyes han de proteger al débil, al consumidor, al que necesita una casa para vivir o un local para trabajar. Así lo manda la Constitución y así ha de legislarse con
el fin de garantizar el derecho a una vivienda digna y el derecho al trabajo de los ciudadanos. Los ciudadanos llevamos años pagando de más en nuestras hipotecas por otro de los fraudes bancarios como son las cláusulas suelo. Los bancos han
ingresado miles de millones de euros a costa del sufrimiento de la gente, de firmar bajo argumentos engañosos como la libertad de contratación confundiéndolo con la libertad de abuso. Han convertido préstamos de interés variable en préstamos de
interés fijo garantizándose grandes beneficios que en demasiadas ocasiones han acabado en desahucios de familias enteras. Adicae ha denunciado que las hipotecas firmadas en España son un 5 % más caras que en el resto de Europa, la banca continúa
con sus abusos a sus anchas y los ciudadanos cada día no pueden más. También ha denunciado que la banca está ofreciendo rebajar la cláusula suelo para evitar demandas. A la banca hay que ponerle limitaciones, no darle recomendaciones. Señorías,
hay que decidir de qué lado estamos: del de los ciudadanos o del de los bancos. En Compromís-Equo lo tenemos claro, estamos con la gente, estamos por rescatar a las personas. Por eso, aunque nos parezca insuficiente, votaremos a favor de su
admisión a trámite para ver quién tiene la voluntad de acabar de una vez por todas con este fraude legal permitido.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el drama de los desahucios pervive y aunque parece que ha dejado de ser centro de atención mediática, el problema no ha desaparecido. Muchas familias y personas continúan siendo desahuciadas de sus casas por no hacer frente al
pago de las deudas hipotecarias. De hecho, los datos del informe del departamento de estadística del Consejo General del Poder Judicial apuntan a que en el primer trimestre
de 2014 la cifra de lanzamientos, desalojos por mandado judicial de viviendas y locales, tanto en propiedad como en alquiler, practicados durante los primeros tres meses de este año, fue de 18.482, un 5 % menos que en el mismo período de
2013, pero un 7 % más que en el último trimestre del año pasado. La ley que hizo el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y que fue aprobada únicamente por los votos del Grupo Parlamentario Popular no funciona. Tampoco ha servido para
atajar el problema y dar un trato más humanitario y social a las personas y a las familias que viven estas duras situaciones.
Hace un año, cuando se tramitó la ley, el BNG se mostró muy crítico porque considerábamos que el Gobierno estaba adoptando una posición minimalista, consistente en aplicar simples parches a un problema que requería ir al fondo del asunto.
En su momento, advertimos al Gobierno de que se quedaba en la superficie y de que no estaba atendiendo debidamente el drama social que viven miles de personas por no poder soportar más el pago de sus hipotecas debido a causas económicas derivadas de
la grave crisis. Un año más tarde, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta una sentencia que manifiesta que la actual legislación hipotecaria del Estado español vulnera los derechos fundamentales de las personas y sitúa al deudor
hipotecario en una situación de desigualdad. La sentencia demanda al Gobierno español que modifique la legislación actual, es decir, la Ley de Enjuiciamiento Civil. El Tribunal de Justicia Europeo en su sentencia reconoce la vivienda como un bien
de consumo de necesidad básica. Denuncia que se limita el derecho a la defensa de los deudores al negarles la posibilidad de recurrir en segunda instancia, permitiendo, eso sí, que los bancos lo puedan hacer, lo que evidencia una clara desigualdad
de las partes en el procedimiento, una ley que, por lo tanto, no ampara a la parte más débil. Nos encontramos con la paradoja de que la ley no solo no ha resuelto el problema sino que incluso ha provocado un caos procesal. Consideran los jueces
que la ley deja en inferioridad de condiciones a los hipotecados frente a las entidades financieras, ya que no pueden recurrir ante determinadas resoluciones desfavorables. En cambio, los bancos sí pueden. Se trata de una clara discriminación. La
sentencia del Tribunal de Justicia debería llevar al Gobierno a aprobar definitivamente una legislación justa que recoja la moratoria de desahucio, la dación en pago retrospectiva o la opción de alquiler social como alternativa a una situación
grave.
Señorías, intervenimos aprovechando esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista porque nos parece una oportunidad el hacer manifestación de la realidad más global y genérica de lo que es el problema de la situación hipotecaria
en el Estado español. Nos parece interesante la propuesta que presenta el Grupo Socialista relacionada con las cláusulas suelo porque se puede mejorar lo que existe actualmente, pero entendemos que es insuficiente y por eso aportamos en nuestra
intervención estos otros asuntos que nos parece que deberían ser considerados si la tramitación de esta propuesta hecha por el Grupo Socialista se llega a aprobar.
Desde el Bloque Nacionalista Galego vamos a votar favorablemente la admisión a trámite de la propuesta del Grupo Socialista, entendiendo que esa insuficiencia que nosotros consideramos al restringirlo al tema de las cláusulas suelo y en la
forma en que lo hace debería ser una oportunidad para afrontar con más profundidad el problema de la situación hipotecaria en el Estado español.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Vasco (PNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, la proposición de ley que hoy debatimos a instancia del Grupo Socialista sustenta su lógica en la crisis financiera y económica que estamos padeciendo, así como en los abusos, bien por
exceso o por falta de transparencia, que practicaron muchas de las entidades financieras a la hora de conceder y concretar préstamos y créditos hipotecarios. Las denominadas cláusulas suelo estaban incluidas en los contratos de préstamo
hipotecario, pero no eran debidamente explicadas a unos ciudadanos o clientes que no tenían por qué ser expertos en materia financiera y que de hecho no lo eran en su gran mayoría. Esos abusos derivados del asimétrico comportamiento y asimétrica
información entre la entidad y el cliente es lo que ha merecido por parte del Tribunal Supremo la nulidad de las cláusulas suelo; una nulidad que se confirmó hace ya un año y poco después de presentarse esta iniciativa en la Cámara, lo que, en
nuestra opinión, haría necesario reformarla en el caso de que se apruebe hoy su toma en consideración; ya les adelanto que esta proposición de ley contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Vasco.
De todas formas, y a pesar de que los tribunales ya están considerando la mayoría de las cláusulas suelo de las hipotecas como cláusulas abusivas, es preciso analizar la cuestión con seriedad y criterios
financieros, amén, por supuesto, de criterios políticos. No es a efectos de coste de la hipoteca, o al menos no debería ser igual, una cláusula suelo que otra; no es lo mismo que esté situada, por ejemplo, en el 3 %, en el 2 % o en el 1 %;
al igual que tampoco lo es el que vaya acompañada de una cláusula techo más o menos elevada. Cuando las cláusulas techo y suelo coinciden es cuando el interés es fijo y cuanto más baja sea la cláusula suelo, el margen sobre el Euríbor debería ser
mayor; al igual que si la cláusula techo está situada a un nivel más elevado para una cláusula suelo determinada el margen debería ser menor. En definitiva, lo que quiero decir es que estos túneles o colas, tal y como se denominan, sobre los que
ha de moverse el tipo de interés aplicable a las hipotecas deben ser explicados claramente a los consumidores o clientes dado que tienen un precio de mercado. Lo que ha faltado en todo caso en estos procesos ha sido transparencia y de ahí los
abusos y la sentencia.
Tampoco podemos olvidar el impacto de las indemnizaciones y devoluciones que procedan de las sentencias, su carácter retroactivo o no tendrá un impacto directo en las entidades financieras, en su cuenta de resultados y en su solvencia. Hay
que tratar de evitar que tengamos que aportar de nuevo dinero público a unas entidades que todavía no han levantado cabeza. ¿Tienen sentido las cláusulas suelo que de alguna manera protegen a las entidades financieras de unas bruscas rebajas de los
tipos de interés? Sí, al igual que lo tienen las cláusulas techo para defender a los clientes de las subidas inesperadas o excesivas de los tipos, si bien todo ha de ser gestionado con transparencia, con precios de mercado y explicando a los
ciudadanos los pros y los contras, las ventajas y las desventajas de las diferentes cláusulas. Las entidades financieras han de actuar con una responsabilidad y una seriedad que no las ha caracterizado en el pasado; mientras tanto, en la medida en
que hayan actuado de forma fraudulenta, esperemos que dichas entidades compensen o resarzan a los ciudadanos afectados. Es un tema importante, nada fácil pero que, evidentemente, hay que abordar y es por lo que nosotros votaremos favorablemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Intervendré con brevedad para decir que por supuesto vamos a votar a favor de esta proposición de ley por una razón de fondo que sigue siendo completamente actual, y es que, pese a las propuestas que han hecho el Gobierno y el Grupo Popular
para solucionar los problemas que subyacen en el fondo de esta cuestión -que son los abusos cometidos en materia de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas y negocios habituales-, no se ha evolucionado a mejor en absoluto.
Esto sigue siendo un problema social grave que, además, está creando con razón un enorme malestar en la sociedad por algo que todo el mundo ha dicho mil veces y que no por repetirlo mil veces deja de ser un tópico, sino que sigue siendo
verdadero. En una sociedad que ha tenido que rascarse el bolsillo para rescatar a las entidades bancarias -sobre todo, a las cajas de ahorros que se arruinaron inflando la burbuja inmobiliaria- y donde se ha rescatado a los bancos, o se los hemos
traspasado a otros -a veces a precios ridículos de un euro simbólico-, el resultado es que los ciudadanos se quedan sin casa. Esto puede decirse fácilmente que es demagogia, pero cuando alguien dice tantas veces demagogia al día es porque no tiene
nada más en las neuronas, y al que le ocurre esto se lo tiene que mirar.
Es un problema real y cierto y, además, es un problema que tiene muchas soluciones. En esta Cámara las hemos debatido, pero no las hemos conseguido aprobar debido a la oposición del Grupo Parlamentario Popular. En nuestro caso, hicimos la
propuesta de la segunda oportunidad. Se han presentado otras cosas por parte de La Izquierda Plural, del Grupo Parlamentario Socialista y de otros partidos del Grupo Parlamentario Mixto, y todos nos hemos encontrado con una pared de rechazo a toda
propuesta. El problema sigue ahí y no se resuelve; y lo que no mejora, empeora. Por tanto, como no ha mejorado -da igual maquillar las estadísticas, porque evidentemente tras la primera temporada de ejecuciones hipotecarias y desahucios,
probablemente descenderán porque quedan menos ejecutables, pero esta no es la cuestión de fondo-, no se ha resuelto. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que resolverlo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, que no es
precisamente el Soviet de Petrogrado, ya dio las pistas sobre lo que había que hacer en la cuestión prejudicial que resolvió en el caso Aziz que, como ustedes saben, fue planteado por un juzgado de Barcelona.
¿Qué relación tiene esto con la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista sobre las cláusulas suelo? Toda. Yo no soy jurista y, por lo tanto, voy a mantenerme en un perfil bajo
respecto al comentario jurídico de la cuestión de fondo, pero creo incluso que lo tendremos que hablar entre los grupos parlamentarios que queremos solucionar esto. Aprovecho para decir que si ustedes niegan una y otra vez, y todas las
veces que se traen a esta Cámara, soluciones jurídicas y constitucionales para resolver de un modo positivo el problema generado por las deudas sobrevenidas debido a la crisis económica, la próxima mayoría que haya en esta Cámara lo tendrá que
resolver. No se puede tener permanentemente a la sociedad y a los ciudadanos de rehenes de políticas económicas que solo protegen intereses que no son defendibles en una democracia que se basa en la igualdad y no en la desigualdad por sistema.
Como decía, en nuestra opinión -la mía al menos- la solución está en una trasposición adecuada de la Directiva europea 93/13, que es la que da pase precisamente a la sentencia de una cuestión prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
en su sentencia del caso Aziz de 14 de marzo del año 2013. Esa sentencia dice básicamente algo que es muy ilustrativo sobre cuál es nuestro problema -también lo hemos tratado aquí pero, como decía antes, sin éxito político ni jurídico-: que el
régimen procesal de ejecuciones hipotecarias que tenemos en España no presta las garantías adecuadas para que la legislación vigente se cumpla. Es decir, el procedimiento de ejecución hipotecaria deja desprotegido al deudor a favor del acreedor en
todos los casos. Además, hace incluso inviables, inejecutables, ineficientes, teórico-virtuales -como ustedes quieran- los derechos que la propia legislación española vigente da a los consumidores que contratan un crédito o un préstamo. Esto es lo
que pasa. Les voy a leer lo que dice exactamente esta sentencia en el punto 59 y sucesivos, porque creo que es muy ilustrativo. Dice: 'Por consiguiente, procede declarar que un régimen procesal de este tipo -el de ejecución hipotecaria en
España-, al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo, ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, adopte medidas
cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria -o sea, el desahucio-, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final puede menoscabar la efectividad de la
protección que pretende garantizar la Directiva'. Lo que nos está diciendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que la legislación -mejor dicho, el reglamento, lo que se desarrolla a partir de la ley- está anulando la propia eficacia de
la ley, porque el proceso no permite a los deudores que van a verse inmersos en una ejecución hipotecaria defenderse con eficacia de unas medidas en las que el acreedor tiene toda la ventaja. Llegamos al problema nuclear que ocurre con los
desahucios hipotecarios, la legislación hipotecaria, la política energética, la política de telecomunicaciones, la propiedad intelectual o industrial y otros muchos campos. España sigue estando presa de un sistema de capitalismo de amiguetes. Se
sigue haciendo una legislación que está para favorecer al que tiene posición dominante en un determinado sector económico -en este caso, el hipotecario, en este caso el bancario-, porque existe una mutua concesión de favores entre la esfera
económico-financiera y la esfera política. Por tanto, aunque tenemos buenas leyes en algunos casos, esas leyes son ineficaces porque después, siguiendo la recomendación de Romanones, haga usted la ley y déjeme a mí el reglamento. El reglamento de
ejecución hipotecaria hace ineficaces e ineficientes estas leyes y deja a los consumidores, a los ciudadanos, con deudas sobrevenidas en situación de absoluta indefensión. No lo digo solo yo, que mi opinión les puede parecer a ustedes una birria,
se lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia clarísima que, además, es de obligada observancia y ejecución por los juzgados en España. Lo que tenemos es un vacío legal; por eso, nuestro grupo va a votar a favor de la
toma en consideración de la propuesta del Grupo Socialista, y hará lo mismo con cualquier otra en este sentido, para que de una santa vez se resuelva una cuestión que tiene solución.
Se lo hemos dicho muchas veces; solamente ustedes se creen, porque además esto ya es una especie de pitorreo, que es una cuestión no legal, no jurídica, no de tomar las medidas legislativas adecuadas, sino de recomendaciones a gente que
después, evidentemente, hace lo que le parece, que siempre es proteger su interés propio. Interés propio que puede ser legítimo pero que no es el interés de la sociedad democrática, porque el interés de la sociedad democrática es la igualdad de
oportunidades y la igualdad jurídica. Que haya cláusulas techo, señores del PNV, no hace buenas las cláusulas suelo; la cuestión está en que, como se dice en esta sentencia y en otras de la directiva europea que le da base, cualquier cláusula
particular que no sea negociada expresamente entre el que toma el préstamo y el prestamista es inválida porque es abusiva. Esta es la cuestión, sin embargo, en España la sistemática del sistema de préstamos hipotecarios es esa, la que declara
ilegal el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es que al que toma el préstamo se le imponen cláusulas abusivas por parte del prestamista, que no están protegidas por la legislación pero sí por la ejecución hipotecaria. Esta es la cuestión.
Eso es lo que
tenemos que resolver y volveremos a la carga las veces que haga falta. Nos parece que la mejor solución sería hacer una ley de segunda oportunidad, pero urge una trasposición completa de la directiva europea a la legislación española que
impida el abuso permanente y continuado por la indefensión en el procedimiento de ejecución sin tutela judicial de los deudores que son ejecutados, valga la redundancia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo de La Izquierda Plural va a dar su voto a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Socialista porque aunque sin duda es mejorable, como todo en la vida, se trata de una iniciativa necesaria
que aborda un problema real: el de los abusos de las entidades financieras con las cláusulas suelo. Es uno de los muchos abusos cometidos con la tolerancia y connivencia de gobiernos reguladores y supervisores. Por cierto, no solo del actual
Gobierno, sino también de los anteriores. Este es uno de los muchos problemas que afectan de manera directa al derecho a la vivienda y a los emprendedores modestos. Son problemas que se generaron durante la época de la burbuja especulativa, que
han provocado grandes injusticias y grandes situaciones de desamparo y que están muy lejos de resolverse. Por mucho que el Gobierno del Partido Popular insista, el tema no está resuelto por la Ley 1/2013, mal llamada de protección de los deudores
hipotecarios; esos nombres que el Gobierno pone a las cosas para demostrar que su contenido es exactamente lo contrario del título que les ponen. Desgraciadamente, esa ley no ha dado solución al problema. Aquella ley que, les recuerdo, señorías,
puso en marcha el Gobierno del PP como continuación de un decreto-ley tenía como objetivo fundamental no resolver el problema de los deudores hipotecarios sino cerrar el paso a la iniciativa legislativa popular que en materia de desahucios habían
puesto en marcha organizaciones sindicales, entidades sociales y la plataforma de afectados por la hipoteca. Un cierre en falso que sin duda continúan pagando, entre otros, los deudores que están sometidos a las famosas cláusulas suelo.
Desgraciadamente, ese cerrar en falso esos problemas que afectan a otros colectivos se confirma por ejemplo con los últimos datos que aparecen sobre desahucios, que, lejos de amainar, confirman que el tema continúa siendo un problema gravísimo. La
razón de lo que está sucediendo continúa siendo siempre la misma; el Gobierno, el Partido Popular, se niega a adoptar medidas porque en el fondo su objetivo no es proteger a los deudores hipotecarios de buena fe, sino que su objetivo es no afectar
el mercado hipotecario y dar tiempo a los inversores en ese mercado para que vayan abandonando lentamente y sin asumir riesgos ni responsabilidades unas inversiones que sin duda no habrían podido hacer si no hubiera sido desde la desprotección
profunda de muchos ciudadanos. El resultado ya lo sabemos, estamos hartos todos los grupos de la oposición de traerlo a esta Cámara, el resultado es evidente: los perjudicados continúan siendo los deudores hipotecarios y los beneficiarios el
mercado hipotecario.
En el tema de las cláusulas suelo, si el Grupo Popular nos da la oportunidad de poder discutirlo con calma, nuestro grupo tiene previsto aportar de nuevo sus alternativas, que fundamentalmente deben resolver tres problemas diferenciados y
que se solapan unos con otros. En primer lugar, necesitamos que una nueva ley aborde el necesario reequilibrio entre las partes que suscriben estos contratos, un equilibrio que las reglas del mercado no garantizan cuando existe desigualdad entre
acreedor y deudor. Cuando existe ese desequilibrio tan profundo, el mercado es todo menos libre, y para eso están los poderes públicos, para reequilibrarlo. Para que una cláusula suelo no sea abusiva, además de ser transparente, requiere
fundamentalmente ir acompañada al menos de una cláusula techo que tenga una cierta relación entre sí, que establezca además una relación de reequilibrio entre los compromisos de las partes; partes que, insisto, son desiguales. La ley debe reducir
esa desigualdad para reducir al mismo tiempo el riesgo del ciudadano. No sirve, señorías, el argumento de la libertad de contratación entre las partes que esgrime el Gobierno. La libertad de contratación existe cuando contratan la señora Koplowitz
y el señor Soros, pero cuando contratan una entidad financiera y una persona que debe acceder a un crédito para poder tener vivienda o un pequeño emprendedor que quiere poner en marcha un negocio, no hay libertad de contrato, no hay libertad entre
las partes, salvo que intervenga el poder público porque ese es su mandato. Por cierto, ¿por qué no reequilibran ustedes el uso de la Constitución? ¿Por qué no dejan de usar la Constitución permanentemente en vano en sus artículos 1 y 2 y dejan de
ser ustedes constitucionalistas a tiempo parcial? Porque eso es lo que son. ¿Por qué de una vez por todas no se acuerdan de que la Constitución también obliga al Gobierno, por ejemplo, y a todos los poderes públicos a actuar legalmente
para conseguir que la igualdad entre las personas y los sectores sociales sea real y efectiva? ¿Por qué no utilizan ustedes la Constitución para resolver este problema y no para crear otros, que es lo que hacen normalmente? Sí, siendo
intervencionistas, por supuesto, porque para eso están los poderes públicos; ser intervencionistas para reequilibrar, porque en sentido contrario lo que hacen ustedes es no ser liberales. Ustedes no son liberales, ustedes son intervencionistas de
clase, es decir, en favor de su clase, y eso es lo que desgraciadamente está en este momento.
El segundo problema es el de la transparencia y el conocimiento por parte del deudor de las condiciones en que se formulen esos contratos. Es cierto que un factor clave de esa transparencia lo deberían aportar los notarios. Déjenme que les
diga que no sé cuál sería la fórmula legal que podríamos garantizar, porque hay un factor que no está en la ley y que tiene que ver con la responsabilidad de los que ejercen la fe pública en este país, por ejemplo, los notarios. En ese sentido, por
decirlo suavemente, no siempre los notarios cumplen diligentemente sus funciones informando bien a las partes de lo que están suscribiendo en esos momentos. A lo mejor el problema también está en cierto elemento de cautividad, porque cuando el
mismo notario tiene siempre como clientes habituales a las mismas entidades financieras, evidentemente los riesgos de cautividad son muchos. Ese es un tema que debemos abordar. Déjenme que les diga que la transparencia es importante, informar bien
a los deudores es muy importante, pero que nadie se engañe, señorías, la información por sí sola no resuelve el problema. El problema no es que se informe bien, el problema no es que se explique bien, que también, porque a las cláusulas suelo les
puede pasar algo parecido al señor Rajoy, que por mucho que se explique, si lo que explica es que va a poner una querella contra el Gobierno de Cataluña en contra de la voluntad de los fiscales, se puede explicar muy bien, pero si fastidia,
fastidia, como las cláusulas suelo. Por tanto, explíquense ustedes bien, pero sobre todo dejen de fastidiar en este caso concreto a los deudores hipotecarios. Desde ese punto de vista, es necesario limpiar de cláusulas abusivas esos contratos de
préstamo hipotecario para ajustarlos de una vez por todas a la legalidad.
Señorías del PP, señores del Gobierno, ¿cuántas veces tienen que venir los tribunales europeos a decirnos que los españoles no están protegidos como consumidores ni por su Gobierno ni por la ley frente a los abusos y que tienen que venir
ellos a hacer la función que, desgraciadamente, se niega a hacer el Gobierno? ¿Cuántas veces nos tienen que sacar los colores a los españoles por culpa de este Gobierno? Porque llevamos unas cuantas. Lo han hecho, por ejemplo, en la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 julio 2014. En definitiva, estamos ante una situación que sin duda requiere una actuación rápida. No se puede esperar a que las personas que están sometidas a cláusulas suelo abusivas se encuentren en
situación de inanición, porque entonces es cuando tienen que intervenir los servicios públicos, muchas veces servicios sociales, para resolver unos problemas que no son suyos.
Término, señorías. Se lo hemos dicho a los grupos de esta Cámara muchas veces y se lo están diciendo de manera permanente las entidades de protección de los usuarios y consumidores, como Facua, Adicae o la OCU; se lo ha dicho la plataforma
de afectados por la hipoteca; se lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Quién más hace falta que se lo diga para que ustedes acepten de una vez por todas la necesidad de abordar esta situación? Lo único que tiene de positivo
este conflicto que tenemos establecido con ustedes y con el Gobierno es que, al final, los ciudadanos europeos van a entender la importancia que tiene Europa; van a entender que en estos momentos en este tema como en otros, gracias a Europa y a los
tribunales europeos existe una protección que desgraciadamente el Gobierno de este país no les da. Espero que, al menos, tengan ustedes a bien tramitarlo. ¡Si pueden ustedes después votar en contra! Tienen una red de protección con su mayoría
absoluta. Déjennos, al menos, discutir y aportar nuestras propuestas. No le pongan puertas a la democracia de nuevo. Déjennos aportar nuestras soluciones.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.
Por Convergència i Unió, señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, presidenta.
Subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Catalán para manifestar que estamos en perfecta sintonía con la proposición de ley que presenta hoy el Grupo Socialista. Entendemos oportuno y adecuado establecer un marco legal que
realmente vele por el equilibrio de las relaciones contractuales; en este caso, en relación con las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios; un equilibrio -como se ha dicho aquí- que tradicionalmente no ha existido. Ha sido a las personas
consumidoras, las más
perjudicadas, a quienes se les ha dado la espalda en un sistema hipotecario que les ha hecho sufrir más de la cuenta cuando ha venido esta crisis acuciante. Además, ha sido el propio tribunal europeo -como aquí también se ha dicho- el que
le ha sacado los colores al Estado español, que después de 20 años no había traspuesto de forma correcta una directiva en el sentido de proteger las relaciones contractuales en materia hipotecaria entre los profesionales y entre los consumidores.
Por tanto, tenemos ahí un punto débil de desequilibrio en una materia muy sensible que lo que persigue -o debería perseguir- es asegurar el derecho a una vivienda digna de las personas consumidoras.
En esta materia seguimos teniendo un caballo de batalla en lo que siguen siendo las cláusulas suelo mal interpretadas y mal impuestas en los contratos hipotecarios. A pesar de las insuficientes reformas legales en materia hipotecaria, la
sentencia reciente del Tribunal Supremo ha abierto una luz a la hora de interpretar cuáles son y cuáles no cláusulas suelo abusivas en materia hipotecaria. Esta sentencia ha supuesto una buena herramienta que ha marcado unas pautas de futuro en
cuanto a determinar qué es y qué no es, qué perjuicios se derivan y qué perjuicios no se derivan para las personas consumidoras de la aplicación de una cláusula suelo. Pero sigue habiendo una cuestión pendiente, que es qué representa para las
personas consumidoras que se declare nula una cláusula suelo. El Tribunal Supremo no ha entrado ahí; no sabemos qué consecuencia tiene la declaración de la nulidad de una cláusula suelo más allá de que esta cláusula no se aplique en el contrato,
qué implica para la persona consumidora respecto a recuperar aquellas cantidades que ha pagado indebidamente, ya que contra todo pronóstico, contra todo lo que dice el ordenamiento jurídico español, el Tribunal Supremo no se ha manifestado.
Señorías, que el Tribunal Supremo no se haya manifestado es una muestra más de la forma que tiene de actuar este Gobierno. Un Gobierno compuesto de eminentes juristas, de personas muy preparadas jurídicamente pero que no tienen ninguna capacidad
política para atender las necesidades de la población.
Ustedes de forma sistemática dejan en manos de los jueces soluciones que deberían provenir del Legislativo, soluciones políticas para atender en este caso los verdaderos problemas de las personas consumidoras. Una vez más han hecho dejación
de funciones en beneficio de la judicatura, que ha actuado de forma ejemplarizante siempre en beneficio de la parte débil, interpretando in dubio pro deudor los beneficios o perjuicios que podía suponer la Ley Hipotecaria. Además, en este caso, su
dejación de funciones nos puede suponer mucho dinero, porque ahora abogados y asociaciones, conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 2013, que supuso un impulso a los afectados, han abierto otra batalla con miles de millones de euros en
juego. Si eventualmente se gana esta batalla en beneficio de las personas consumidoras, la cantidad económica que tendrán que abonar las entidades financieras será astronómica. Es mucho el importe que hay en juego y me temo, señorías, que cuando
se trata de cumplir indemnizaciones quien acaba pagando es la persona consumidora.
Nos gustaría que aceptasen a trámite esta proposición, que busca incidir de nuevo en el drama social de los desahucios, porque se producen, y además ahora tenemos unos desahucios de segunda generación, los de aquellas personas que se ven
expulsadas de sus casas como consecuencia de no poder pagar las rentas de alquiler, después de haberse visto privadas de su vivienda habitual tras un lanzamiento hipotecario. No estoy hablando de nada que no esté sucediendo; estoy hablando de la
calle, algo que los políticos tenemos obligación de trasladar a este hemiciclo. En este sentido, me gustaría, señorías del Partido Popular, que tuviesen la visión de admitir a trámite una proposición como esta. No les digo que la tengan que
aprobar tal y como está redactada porque, como se ha dicho, todo es mejorable. Nosotros aportaríamos nuestras enmiendas de mejora y creo que tenemos una nueva oportunidad, si es que ya no es demasiado tarde para arreglar las nefastas consecuencias
de su no regulación de las cláusulas suelo como era debido, de aportar soluciones posibles para las personas afectadas por el impago de su vivienda. Una proposición en este sentido debería velar -como es la voluntad de la esta que se presenta- por
potenciar la información y la transparencia en beneficio del consumidor respecto del profesional bancario. En este punto entendemos que la proposición presentada peca un poco de naif si me permiten, con todos los respetos, porque su artículo 2 da a
entender que el consumidor puede negociar con la entidad bancaria. Desgraciadamente, la negociación no es posible con la entidad bancaria; normalmente nos encontramos con cláusulas de adhesión que lo mínimo que podemos pedir es que sean claras,
que se nos informe de ellas y que haya un tercero que sea el encargado de velar por que estas cláusulas sean correctas y que estén bien explicadas. En esta cuestión, como en tantas otras, la posibilidad de negociación es como la del plato de
lentejas: si quieres las tomas y, si no, las dejas. En materia de derecho hipotecario pasa exactamente lo mismo: la negociación es la del plato de lentejas.
Nosotros queremos que esto varíe. Como decía, tenemos que velar por que la información se proporcione y que esto se haga por un tercero independiente. Además, si me permiten, estaría bueno habilitar a las comunidades autónomas con
competencias en materia de consumo para desarrollar aspectos en materia de información precontractual y documentación contractual cuando el deudor sea un consumidor. Además, nos gustaría poder dotar a la persona consumidora de un sistema ágil de
reclamación y de denuncia por parte de esta persona ex ante, es decir, antes de formalizar la contratación si algo no le queda claro, y posteriormente a la contratación si ha entendido que esta negociación con la entidad o que estas cláusulas no son
las que le benefician, no las ha entendido o se ha sentido perjudicada por ellas. Por tanto, un ágil sistema de reclamación en beneficio del cliente.
Voy terminando, señora presidenta. Nos atrevemos a pedirles que acepten a trámite esta proposición de ley para poder plantear un sistema efectivo de protección a los consumidores porque se ha constatado, y ustedes lo saben, por los propios
organismos reguladores la evidencia de malas prácticas en perjuicio de las personas consumidoras. Han entonado el mea culpa los organismos reguladores. Se ha constatado por parte de los tribunales, de forma recurrente, la existencia de cláusulas
abusivas -también cláusulas suelo- en los contratos. Sin embargo, quien sigue pagando el pato de todas estas entonaciones de mea culpa siguen siendo las personas consumidoras. No hay ninguna indemnización prevista para intentar paliar el daño que
se les ha ocasionado con esta imposición unilateral de las cláusulas que les beneficie a la hora de poder seguir pagando sus hipotecas. Les hemos reiterado desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en muchísimas ocasiones que estamos por
la mediación. Una mediación que permita revisar todas estas cláusulas en cada uno de los contratos; mediaciones a medida de cada uno de los consumidores. Tenemos vencida la moratoria de desahucios, ¿qué va a pasar? ¿Se prorrogará? El ministro
De Guindos dijo que quería prorrogarla. Cuando venza de nuevo, ¿qué nos encontraremos, intereses de demora acumulados sobre estas suspensiones de lanzamientos?
Señorías del Partido Popular, no se enroquen, no dejen todo a los juzgados; actúen como Gobierno que son, como Gobierno que debería actuar al lado de las personas a las que pretende servir. Por tanto, aparquen las reclamaciones judiciales
y atiendan las reclamaciones políticas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Popular, señor García Egea.
El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, este fin de semana he estado leyendo los discursos parlamentarios de Sagasta, y después de leer razonamientos bien construidos, exposiciones razonadas y algunas dosis de retórica, me ha supuesto un gran shock escuchar a algunos de
ustedes, porque he asistido a un debate muy superficial sobre algo que tiene una gran profundidad. Estamos demasiado acostumbrados durante esta legislatura a que desde los grupos de la oposición se presenten iniciativas legislativas parecidas a las
que estamos debatiendo. Esta iniciativa tiene la falaz apariencia de ser algo bueno, que en principio nada impediría que se vote a favor; sin embargo, tras ese envoltorio falaz con tintes demagógicos se encuentra una verdad mucho más profunda. La
portavoz socialista dice que las cláusulas suelo eran un timo. Su razonamiento me lleva a entender que el Gobierno socialista permitía que las entidades de crédito estafaran a la gente en nuestro país. (Aplausos). Cuando se firmaban esos
contratos, con los que a su juicio se timaba a la gente, y usted estaba en el Gobierno -porque usted estaba personalmente en el Gobierno- ¿qué hizo?, ¿qué dijo? ¿qué opinaba? (Un señor diputado: Nada). Si la gente no puede pagar la hipoteca, no
es solo por las cláusulas suelo, sino porque desde un Gobierno socialista se miró hacia otro lado cuando se firmaban estos contratos, que además alcanzaban altísimas magnitudes como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. ¿Y ustedes qué hacían?
Pues se ve que estaban esperando a que llegara este momento para presentar sus iniciativas y que les llegara la lucidez por inspiración divina.
Señor Gorriarán, yo le tengo por una persona razonable que de vez en cuando hila unos argumentos que hacen pensar. Sin embargo, cuando repite una y otra vez que se ha rescatado a los bancos, me gustaría que alguna vez expusiera su
alternativa al rescate bancario, porque la realidad es que se ha rescatado a los depositantes. Se ha evitado que un depositante de Murcia, de Galicia o de Madrid pierda todos sus ahorros como consecuencia de la debacle del sistema financiero, al
igual que otros países, como Alemania, ya hicieron en 2009, mientras que aquí lo que estábamos haciendo era asistir a cómo se firmaban contratos -según la portavoz socialista- con los que se timaba a los ciudadanos.
También hemos escuchado a algún portavoz decir que se favorece a quien tiene posición dominante y además dicen, desde Unión Progreso y Democracia, que para conceder favores políticos desde el poder económico. ¿No tienen nada más que ofrecer
a los ciudadanos? ¿Solo eso? ¿Solo esa suerte de argumentos demagógicos? No entiendo nada, no entiendo su postura. Entiendo que tengan que hacerse notar en un escenario político en el que sus ideas han quedado en el vacío, pero lamentablemente
creo que tienen que tratar de superar ese tipo de exabruptos.
Tengo que ligar de forma inevitable la propuesta legislativa que hoy nos hacen desde el Partido Socialista con una proposición que se presentó hace no mucho en este mismo sentido por parte del mismo partido. Me refiero a la proposición no
de ley de eliminación de las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, en la que se pedía y se urgía al Gobierno a adoptar las medidas normativas necesarias para eliminar las cláusulas suelo en la totalidad de los saldos vivos de préstamos
hipotecarios. Eliminar las cláusulas suelo quizá es algo que puede ser objetivamente bueno porque en el momento en que el tipo de interés esté muy bajo esa persona pagaría menos cuota hipotecaria que teniendo dicha cláusula. Hasta aquí todos de
acuerdo. Todos sin excepción votaríamos a favor de algo que a una persona le hace bajar la cuota hipotecaria y que beneficia a los ciudadanos de este país. Sin embargo, vamos a introducir otra variable. Pongámonos en el caso en el que un joven
que tiene su primer empleo acude a una entidad bancaria a pedir un préstamo hipotecario tras la eliminación generalizada de la cláusula suelo. ¿Consecuencia negativa y gravísima de esta nueva regulación? Este joven no puede obtener crédito a bajos
tipos de interés y tiene que soportar créditos hipotecarios altísimos que harían inviable su independencia y la formación de una nueva vida para él. La cuestión aquí no es si la cláusula debe existir o no, la cuestión debe centrarse en que el
ciudadano tiene que ser informado adecuadamente y comprender correctamente las consecuencias de dichas cláusulas, tanto las de suelo como las de techo. ¿Por qué quieren orientar e imponer la elección de las personas y no dejarles que, adecuadamente
informados, tomen la mejor decisión? Su propuesta afirma: La contratación entre particulares o consumidores y grandes agentes económicos no puede quedar abandonada al libre diseño de las partes. Estamos de acuerdo, pero en ese marco contractual
ese equilibrio contractual no puede ser impuesto a costa de la voluntad del consumidor, cuya opinión quizá diste mucho de la suya si usted profundiza un poco y hace los deberes, porque hay que proteger a ese 2 % de personas que no pueden pagar su
hipoteca como consecuencia de la crisis económica, pero también es nuestra obligación tratar que el 98 % restante que paga religiosamente todos los meses ese crédito hipotecario no vea alteradas las condiciones del mismo y pueda seguir haciendo su
vida y trabajando día a día para sacar este país adelante. (Aplausos).
Otros razonamientos gloriosos del Partido Socialista en el pasado también quedan grabados para la posteridad. Para acabar con el paro, ¿qué hay que hacer? Generar empleo. ¿Y para eso qué hacemos? Nos endeudamos, montamos un PlanE y damos
empleo; si es del sector público temporal y no productivo, tampoco importa. Hace unos meses usted y yo tuvimos la posibilidad de votar aquí leyes que aumentaban la transparencia de los productos financieros destinados a consumidores, y esta
proposición de ley no sé en qué sentido va. Se eliminan las cláusulas suelo, pero se lastra el futuro de un crédito con bajos tipos de interés que permiten a las generaciones futuras construir una vida mediante el acceso al crédito. Las medidas
deben ir en la línea de las que se aprobaron en este preciso lugar a propuesta del Grupo Popular para aumentar la transparencia de los productos financieros. Debe recordar, además, que ya se trató este tema, y creo que con gran acierto, ya que la
Ley de protección de los deudores hipotecarios sin recursos deja claro que en la contratación de préstamos hipotecarios se va a exigir que en la escritura pública se incluya, junto a la firma del cliente -esto es muy importante y se ha introducido
gracias al trabajo conjunto del Grupo Popular con el resto de grupos-, una expresión manuscrita por la que el prestatario manifiesta que ha sido adecuadamente informado y advertido de los posibles riesgos derivados del contrato. Se especifica en
uno de sus apartados: Hay que hacer este manuscrito en el caso de que se estipulen limitaciones a la variabilidad del tipo de interés, del tipo de las cláusulas suelo y techo en los cuales el límite de variabilidad a la baja sea inferior al límite
de variabilidad al alza. También se han introducido modificaciones, como usted sabe, en la Orden de 28 de diciembre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, para que los clientes conozcan los riesgos de los préstamos
hipotecarios y, en particular, el alcance de las cláusulas suelo y techo.
¿Aumentar la transparencia en los productos financieros? Sí. ¿Imponer la voluntad del Estado sobre la libertad de pactos del consumidor, restringiendo el acceso al crédito barato en el futuro? No. Además, el Tribunal Supremo, al que
muchos aluden -incluso alguna portavoz ha insinuado que el Tribunal Supremo debería estar controlado por el Gobierno o algo parecido, o que el no pronunciamiento demuestra
una voluntad del Gobierno-, deja claro algo en lo que todos estaremos de acuerdo: para determinar si la comercialización del préstamo con cláusulas techo o suelo fue adecuada o no, será necesario el pronunciamiento judicial en cada caso.
Ustedes pretenden hacer creer a la gente que se soluciona un problema con la eliminación de las cláusulas, cuando en realidad podemos estar ante la creación de un problema mayor.
Me ha causado mucha perplejidad escuchar al señor portavoz de La Izquierda Plural, señor Coscubiela, porque, como suele ser habitual, su ideología se basa en enfrentar -enfrentar al deudor con el acreedor, enfrentar lo público contra lo
privado...-, como si ambos no necesitaran convivir y entenderse para crear una sociedad mejor. Hemos escuchado algo que me ha llamado mucho la atención. Usted ha dicho: que intervenga el poder público cuando los bancos no den crédito a aquellos
proyectos que no son viables. O sea, ¿está usted diciendo que el Gobierno debería potenciar, propiciar y apoyar que se den créditos subprime? ¿Está usted diciendo eso? (El señor Coscubiela Conesa: Yo no he dicho eso). Usted ha dicho
textualmente: que intervenga el poder público para dar crédito a pymes, autónomos... (El señor Coscubiela hace signos negativos). Usted tiene un problema, y es que cuando sube aquí le invade la demagogia y le impide pensar con claridad. En este
tipo de debates creo que eso no es bueno para la gente. (Aplausos).
Señora socialista, no hable más de desahucios, por favor, no utilice el dolor ajeno para hacer política. No hablé más de desahucios. Estamos aquí para construir, no para destruir. (Rumores). No se pongan nerviosos, por favor, vamos a
dejar hablar al orador. (Protestas). Hay que hablar con datos. Casi el 90 % de las hipotecas que han dado lugar a entregas judiciales de viviendas ocupadas se concedieron antes de 2007. ¿Quién gobernaba entonces? ¿Quién tenía que tomar medidas?
¿Quién ha dejado que hoy tengamos que tomar medidas para proteger a esa gente que no ha podido hacer frente a su hipoteca a consecuencia de la crisis económica que ustedes han dejado? ¿Ahora vienen a dar lecciones? (Aplausos). Además, hemos
tenido, como consecuencia de la legislación que se ha promovido, un descenso en el número total de entregas de viviendas de más del 30 % y han disminuido los casos en los que se tenía que intervenir en un 80 %. Estos son datos del Banco de España y
además los conocemos porque un Gobierno...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor García Egea, tiene que terminar.
El señor GARCÍA EGEA: Conocemos estos datos porque por primera vez se está haciendo una estadística propiciada por las medidas tomadas por el Grupo Popular. Tras la lectura detallada de la proposición de ley, tras consultarlo con
consumidores y con agentes del sector, he llegado a dos conclusiones: la primera de las conclusiones a las que he llegado es que, si ustedes hubieran estado gobernando en este mismo momento, no se les hubiera pasado por la cabeza presentar esto, y
la segunda es que tenemos una oposición sin rumbo, una oposición que dice querer mucho a los pobres, pero que cuando toma decisiones estos se multiplican.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Coscubiela Conesa pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor García Egea.
Señor Coscubiela, ha habido un debate -lo he seguido con mucha atención- donde se han cruzado opiniones, criterios e ideas por parte de todos y el señor García Egea ha hecho su intervención. No ha habido alusiones personales, sino a debates
políticos. Lo siento, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Creo que el Reglamento me ampara.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, el Reglamento nos ampara a todos, pero el Reglamento se aplica cuando es necesario, y el señor Coscubiela no ha sido aludido personalmente, sino su intervención política.
El señor COSCUBIELA CONESA: Se me ha imputado una afirmación que no he hecho. Quiero aclararlo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, no. (Protestas).
El señor COSCUBIELA CONESA: Se me ha imputado una afirmación que no he hecho.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, siempre hay imputaciones a unos y a otros. ¿Y cuando usted hace imputaciones en sentido contrario? Esto es un debate político. Usted tiene por norma, cuando no le gusta lo
que se dice, decir que es aludido. No ha sido usted aludido. (El señor Coscubiela Conesa pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores y protestas). No, señor Coscubiela, no ha sido usted aludido y pasamos al siguiente tema.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE AUTISMO. (Número de expediente 162/000122).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de una estrategia nacional de autismo.
Para su presentación, tiene la palabra la señora Ferrando.
La señora FERRANDO SENDRA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta Cámara a los representantes de las entidades sociales que nos acompañan, a la Confederación Autismo España, a la Federación Asperger y a la Federación Española de Autismo, Fespau. Gracias a
todos por haber venido esta tarde. (Aplausos). Quiero aprovechar también la presencia de todos ustedes para reconocer el esfuerzo y el trabajo que llevan a cabo día a día, prestando servicio a los familiares de las personas con TEA y a las
personas con autismo, y quiero también agradecerles la colaboración que me han prestado a la hora de llevar adelante esta proposición no de ley. Han sido numerosas las reuniones que hemos mantenido y desde luego en todas ellas me han hecho
partícipe de los valores que representan tanto la confederación como las federaciones y de la importancia de llevar adelante esta iniciativa. Así que reitero las gracias a todos.
Señorías, oficialmente se desconoce el número de casos de personas con TEA que hay en España, aunque, según el cálculo que realizan las entidades sociales, son alrededor de 300.000 personas, además de sus familias. Por ese motivo son más de
80 asociaciones las que trabajan en defensa de una mayor investigación para avanzar en el conocimiento sobre los TEA y sobre las razones que provocan su aparición. Antes de continuar con mi intervención, me gustaría dejar clara una cosa: el
autismo no es una enfermedad, es un trastorno, es una alteración que afecta al desarrollo del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral y, como tal, debe ser tratado. Por eso la mejor ayuda que podemos prestar a las personas con autismo es un
diagnóstico temprano, una educación especial y la garantía de una efectiva inclusión social, contando para ello con los recursos sociales necesarios. Por todo eso, tanto a nivel mundial como nacional y autonómico, se han impulsado diferentes
medidas. Distintos países han desarrollado medidas legislativas y estrategias para favorecer la sensibilización, la identificación y la respuesta a las necesidades de las personas con TEA y de sus familias. A nivel nacional se han producido muchos
avances en materia de discapacidad, tanto en la adaptación normativa a la convención de Naciones Unidas como por la aprobación por parte del Gobierno de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Por otro lado, también las comunidades autónomas, a través de los servicios sociales, aportan todos los medios a su alcance, y desde los entes locales se realiza también una importante labor. Pero en ocasiones lo que ocurre es que existen
desigualdades entre las comunidades autónomas, donde a veces los servicios sociales apenas tienen desarrolladas unidades especializadas de TEA. Hay comunidades autónomas que desde hace mucho tiempo ya están trabajando; por ejemplo, la Comunidad
Valenciana ha creado una Comisión entre distintas consellerias, que va a trabajar de forma transversal con asociaciones provinciales de autismo, con universidades y con expertos en la materia, y también la Comunidad de Madrid ha desarrollado planes
específicos sobre los TEA. Sin embargo y a pesar de todo ello, somos conscientes de que queda mucho todavía por hacer. Hay territorios, señorías, sí, pero tenemos que hablar de personas, de más de 300.000 personas con TEA y de sus familias, que
están detrás, personas que no son indiferentes sino que sienten, personas que se comunican, personas que con lenguaje o sin él lo que quieren es que las escuchemos y aprendamos a conocerlas. Así es como ellas se presentan, y desde luego alcanzar
este objetivo tiene que ser nuestro reto.
Es cierto que las entidades del tercer sector de acción social, como el Cermi, la ONCE, distintas ONG y las entidades a las que me he referido anteriormente, entre otras, desarrollan medidas encaminadas a
lograr una mayor inclusión social de las personas con discapacidad. Es cierto también que para el Gobierno actual las políticas de apoyo a la discapacidad son una prioridad, por ese motivo se han diseñado y se han puesto en marcha numerosas
medidas para alcanzar la plena participación de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, les tengo que recordar que casi el 54 % de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 se dedican a gasto social. Es cierto también que mi
grupo parlamentario está trabajando para salvaguardar el bienestar y los derechos fundamentales de las personas y, sobre todo y en especial, de las personas con discapacidad. Señorías, todo ello es cierto, pero también lo es que a veces se realiza
un trabajo disperso en algunas áreas, como puede ser el caso de las personas con TEA. Con una mayor coordinación, una mayor optimización de los recursos disponibles y la participación de todos los agentes implicados se conseguiría mejorar la
calidad de vida de estas personas. Por otro lado, tengo que señalar que con el fin de actualizar la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud, se han creado distintos grupos de trabajo, uno de ellos es el que se refiere al autismo y
a los trastornos generales del desarrollo y su objetivo es elaborar un documento que identifique las medidas a desarrollar para mejorar su diagnóstico y su tratamiento. Todas estas actuaciones que se llevan a cabo en el ámbito de la sanidad podrían
ser la base y estar incluidas en la estrategia nacional de autismo.
Señorías, me consta que ya en el año 2010 diferentes entidades presentaron al Gobierno anterior una propuesta de plan estratégico para las personas con trastorno del espectro autista y sus familias. Esta propuesta nunca llegó a estudiarse
ni a debatirse por parte del anterior Gobierno socialista y hoy el Grupo Socialista nos presenta una enmienda. A veces pienso que lo que pasa es que cuando gobierna el Grupo Socialista no lleva adelante este tipo de iniciativas, ni siquiera cuando
las presentan las entidades sociales, y cuando gobierna el Partido Popular parece que intenten impedir que podamos llevar adelante medidas para beneficiar a los colectivos más desfavorecidos. También me pregunto si el Gobierno socialista anterior
en la estrategia de salud mental de 2009 estableció la financiación necesaria para el cumplimiento de sus fines. Señorías, la respuesta es no, no estableció presupuesto.
Se han presentado tres enmiendas por parte de los grupos Socialista, de CIU y de La Izquierda Plural, y tengo que decirles a todos ellos, que al final hablan de presupuesto, que todas las acciones del Gobierno primero se estudian y después
se dotan presupuestariamente, porque para mi grupo la casa se comienza por los cimientos. Por eso, creo que ha llegado el momento de impulsar una mejor política social.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ferrando, debe finalizar.
La señora FERRANDO SENDRA: Finalizo ya, presidenta. Gracias.
Como digo, ha llegado el momento de impulsar una mejor política social para este colectivo. Ese es el objetivo que pretende la proposición no de ley, establecer una estrategia nacional de autismo que contemple los protocolos de atención en
todos los ámbitos -en la sanidad, en la cultura, en el empleo, en la educación- y que todos los agentes implicados que tengan algo que decir -comunidades autónomas, entidades locales, ministerios y el tercer sector- estén implicados y, por supuesto,
participen en su elaboración.
Finalizo, señora presidenta. Bienvenidos los distintos grupos, que espero que apoyen esta iniciativa. Creo que en estos momentos, sobre todo, es cuando la sociedad nos demanda que haya consenso entre los grupos políticos, que nos olvidemos
de partidismos y de temas electoralistas. Espero que así sea y que los grupos parlamentario apoyen esta iniciativa.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ferrando.
Se han presentado enmiendas. En primer lugar, para su defensa por La Izquierda Plural, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, no sé si recuerdan el libro El curioso incidente del perro a medianoche y a su protagonista Christopher, un muchacho de quince años que tiene dificultades para relacionarse más que el resto de los jóvenes, que tiene aversión a los
chistes y a las metáforas, pero que, también, como todos los niños y chicos que tienen un síndrome del espectro autista y aquellos que no lo tienen, tiene problemas familiares, sufre desengaños, etcétera. Espero que esta iniciativa responda a las
necesidades de Christopher y que no sea un desengaño.
Entrando en la cuestión fundamental, lo que nos propone el Grupo Parlamentario Popular es impulsar a su Gobierno para que estudie la aprobación de una estrategia en materia de autismo o de síndrome del espectro autista, que es más amplio.
Llama la atención, en primer lugar, que un grupo parlamentario tenga que actuar así con su propio Gobierno, sobre todo, cuando tiene mayoría absoluta. Es lo que podríamos denominar la estrategia en algunas materias del botafumeiro o del incienso al
Gobierno. Pero siendo menos desconfiados, mi grupo parlamentario cree que es necesario que existan un conjunto de acciones planificadas para el fin común de la prevención, el tratamiento y también el apoyo a las familias de los ciudadanos que
padecen el autismo. Nos parece que es necesario.
Sin embargo, quiero hacer alguna prevención. Al igual que cuando no se quiere solucionar un problema se crea una comisión, en los últimos tiempos en demasía, cuando alguien pide que mejore la política en una materia, en este caso que mejore
la política de prevención, de atención, de apoyo con relación al síndrome del espectro autista, aprobamos una estrategia. Es verdad que es una reclamación de hace mucho tiempo, yo la he leído de antes incluso de 2010 por parte de las asociaciones
de familias y de todo tipo con relación al espectro autista. Pero también es verdad que hoy tenemos una ley sobre discapacidad que proviene de convenios de Naciones Unidas, tenemos una estrategia de discapacidad 2012-2020, tenemos una estrategia de
salud mental 2006, dicen que evaluada en 2009, y ahora nos proponen una nueva estrategia respecto al espectro autista.
Me referiré a una experiencia directa, señorías. Las estrategias no se estudian en la formación de los profesionales. Por tanto, existe un primer problema, la estrategia no informa la formación de los profesionales en materia sanitaria,
servicios sociales o educativos. Es grave ese hecho. Y si no hacen eso, las estrategias tampoco han servido hasta el momento para coordinar los distintos dispositivos para afrontar problemas como el del autismo. Por tanto, una salvedad con
relación a las estrategias. ¿Qué problemas tenemos, señorías? Siempre recurrimos a lo mismo, a la distribución de competencias, y no tenemos tanto un problema de competencias -resulta que los servicios sanitarios y de servicios sociales o
educativos descentralizados son tan eficaces o más que los centralizados-, sino que tenemos fundamentalmente un problema de recursos, de centros de referencia, tenemos un problema de diagnóstico precoz, por tanto, de aplicación de la estrategia de
salud mental, tenemos un problema también de respaldo educativo, que es el que más se ha visto afectado por los recortes, aquellos apoyos educativos para la integración de estas personas.
Por último, me quería referir -y termino aquí- a la situación del autista adulto, el que ya no tiene la protección de la familia y el que, por tanto, puede tener dificultades añadidas e incluso una situación de exclusión. Por todas estas
razones, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda y por todas estas razones, aunque con desconfianza, mi grupo parlamentario va a apoyar la existencia de una estrategia en materia de autismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señora presidenta, señorías, doy también la bienvenida a las entidades que representan el autismo a nivel del Estado español y a las que aludiré posteriormente. El Grupo Popular propone elaborar y desarrollar
una estrategia nacional de autismo para determinar protocolos de atención en sanidad, cultura, empleo, educación, así como para determinar medidas concretas en materia educativa, formación y empleo; todo ello con el objetivo de avanzar de una forma
clara hasta consolidar los derechos de las personas con trastornos de espectro del autismo. Es una propuesta lógica y consecuente con la estrategia europea sobre discapacidad 2010-2020 y con la estrategia española sobre discapacidad 2012-2020 y,
por tanto, coherente, por lo que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió la apoyará sin ninguna duda.
Sabemos que esta propuesta es muy importante para las tres entidades representantes del autismo a nivel estatal. Es una demanda histórica imprescindible e importantísima para avanzar en la inclusión y en la mejora de la calidad de vida de
las personas con trastornos del espectro del autismo. Pero también la apoyaremos porque el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió comparte y apoya las iniciativas del Govern de la Generalitat, que destina muchos recursos para la
atención de estas personas. Les proporcionaré tres datos: En el ámbito sanitario, entre 2006 y 2013 se ha incrementado en un 397 % el número de pacientes con TEA, atendidos en los cincuenta y un centros de salud mental infantil y juvenil, con sus
veintiuna consultas periféricas correspondientes. En el ámbito social, 15.336 niños y niñas han
iniciado su atención en los centros de desarrollo infantil y atención precoz durante el año 2013 y en el ámbito educativo, durante el año 2013 fueron escolarizados 2.257 alumnos con trastornos generalizados del desarrollo. Sabemos que hay
muchos puntos a mejorar en la atención a las personas con TEA como, por ejemplo, mejorar el circuito asistencial para facilitar a las familias la gestión coordinada de los diferentes servicios, la creación de protocolos conjuntos desde todos los
ámbitos implicados, estrategias para compartir información y mejorarla, un diagnóstico precoz, la continuidad asistencial y los programas de tratamiento integral. Con todas estas necesidades, en Cataluña durante el año 2013, y dentro del Plan
integral TEA, se ha aportado una gran novedad: la unidad funcional, que intenta dar solución a los objetivos y demandas que antes he enunciado. Es una prueba piloto en siete territorios del ámbito de Cataluña que cubre una población del 20 % de
menores de 18 años; si bien este curso 2014-2015 evaluaremos como ha funcionado tras el primer año de experiencia.
A esta iniciativa hemos presentado una enmienda y votaremos a favor aunque dicha enmienda no sea admitida, pero creemos que tenemos que presentarla, como ha dicho algún portavoz. Los tres ámbitos donde se trabaja -el educativo, el sanitario
y el social- tienen competencias transferidas a la Generalitat de Cataluña, y ahí es donde surge nuestra duda. Si tiene que funcionar al igual que se centrifuga el déficit hacia las comunidades autónomas, estaremos haciendo una estrategia nacional
diseñada desde el Estado, pero que tendrán que pagar las comunidades autónomas. No creemos que sea necesario esperar a la estrategia nacional pues ya hay recursos e iniciativas, como he manifestado, que pueden recibir la ayuda de los Presupuestos
Generales del Estado específicamente para ir avanzando y poder, dentro de la estrategia nacional, incorporar todas las experiencias y acertar en aquellas medidas que se ajusten más a las necesidades de estas personas. Por tanto, es necesario que se
determinen y se comprometan recursos para avanzar en este sentido.
Quiero acabar reafirmando el apoyo de nuestro grupo a todas las iniciativas que busquen consolidar los derechos de las personas con trastornos del espectro del autismo y quiero mostrar nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento a todas las
asociaciones del tercer sector social implicadas en esta lucha.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Barberà.
Por el Grupo Socialista, señora Seara.
La señora SEARA SOBRADO: Muchas gracias.
Yo también quiero dar la bienvenida a las organizaciones sociales que nos acompañan esta tarde. Es un placer compartir este debate con todos ustedes.
Yo siempre digo que el papel puede con todo. Puede con las flores y puede con los laureles de lodo. En este caso, el papel aguanta que una proposición no de ley presentada por el grupo que apoya al Gobierno inste al propio Gobierno -al
suyo- a estudiar la posibilidad de hacer una estrategia. La verdad es que podría hacer un chiste fácil, si no fuera porque estamos hablando de un asunto de enorme importancia. Estamos hablando de un asunto que afecta a 350.000 personas y, si
contamos a sus familias, hablamos de un millón de personas. Señora diputada, sí hay datos. Estos datos los dio la presidenta de Autismo España hace poco tiempo en este Parlamento. Sabemos muchas cosas sobre el autismo, sobre los TEA. Las sabemos
porque en esta legislatura el Grupo Socialista solicitó que Autismo España viniera a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad a exponer sus problemas; Comisión, por cierto, que la ministra, Ana Mato, todavía no ha pisado porque
se ha dedicado a pisar los derechos de las personas con discapacidad, digan lo que digan ustedes. (Aplausos). En esa comparecencia aquella mañana aprendimos muchísimo. Aprendimos que los trastornos especiales de atención no son un trastorno, sino
que son múltiples trastornos; que no hay blanco o negro en el autismo, sino, como decía su compañera, multiplicidad de colores. Por ello, esta situación requiere de una atención personalizada. Aprendimos que en la edad adulta el 34 % sufre
alteraciones de salud mental; el 65 %, de ansiedad; y el 57 % sufre depresión, además de otras muchas alteraciones más visibles que conocemos como, por ejemplo, las habilidades de comunicación verbal y no verbal y la limitación en su capacidad
para entender algo tan importante como las emociones. Los últimos datos apuntan a un crecimiento incesante de los TEA. La prevalencia en Europa es de 1 por cada 150 personas y en Estados Unidos la prevalencia es de 1 por cada 88 personas.
Mientras todo esto ocurre -parece mentira, señora diputada, que nos reproche usted algo relacionado con la salud mental-, los recortes y las decisiones políticas que se han convertido en formas de tortura para miles de personas están amenazando el
modelo de salud mental comunitario
introducido en España ni más ni menos que en el año 1986. Léase los papeles y escuche a los profesionales que saben de esto.
Como le comentaba a mi compañera María José Rodríguez al inicio de este debate, me voy a detener en el ámbito educativo, porque están poco a poco minando la escuela inclusiva, que es algo absolutamente básico para las personas con autismo.
Saben que esta escuela nació hace treinta años con el objetivo de que alumnos con y sin discapacidad estudiarán bajo el mismo techo. En este momento hay un trasvase de niños autistas a centros de educación especial desde la escuela pública, a pesar
de que sus familias no querrían hacer esto. Esto está pasando porque este modelo precisa educadores, educadoras y terapeutas de refuerzo y también unidades de apoyo y personal docente y técnico trabajando personalizadamente con ellos. A día de hoy
-usted lo debería saber- estas unidades están desbordadas o cerradas. ¿Saben por qué? Por la reducción de docentes y por los recortes en el horario de los auxiliares de educación especial, por la falta del personal de apoyo que se precisa para que
la educación inclusiva sea real. Esto está ocurriendo a lo largo y ancho de nuestro país, y estoy segura de que lo saben, porque al igual que yo han recibido docenas de cartas de madres y padres desesperados por la situación. Esta política
irresponsable obvia además que estas personas precisan educación permanente a lo largo de toda su vida; fíjense que Autismo España nos hizo llegar un documento hace relativamente poco sobre esta cuestión.
Señorías -termino, señora presidenta-, un plan o estrategia de autismo es necesario -y estoy de acuerdo con usted, fíjese, se lo voy a decir: se tenía que haber hecho antes, sin duda ninguna-; un plan que contemple medidas de sanidad,
medidas de educación, de investigación, el empleo, ya que solo el 10 % de las personas con trastorno del espectro autista consigue empleo a lo largo de su vida, y es un dato terrible. Nosotros vamos a votar que sí, pero hemos planteado una enmienda
en la que por un lado sustituimos -esto lo tienen que entender- eso de estudiar, la posibilidad de hacer, por hacer, por hacer de verdad; decir sí para que sea un sí rotundo y no sea un ya veremos, porque nuestro idioma realmente es muy rico, y no
es lo mismo estudiar, la posibilidad de hacer algo que hacer algo, eso por un lado. Por otro, incluimos que esta estrategia vaya acompañada de financiación, porque hay mucho experto en predicar sin dar trigo, y no vaya a pasar lo que pasó con el
Plan de acción para personas con discapacidad, aprobado recientemente, que la señora Mato cifró en más de 3.000 millones de euros -escuchen bien-, pero que cuando llegaron los Presupuestos Generales del Estado...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Seara.
La señora SEARA SOBRADO: ... no había ni un céntimo para el Plan de atención a personas con discapacidad.
Por lo tanto la iniciativa ha llegado hasta aquí, bienvenida, hagamos que sea una realidad, que no sea un mero trámite de su cupo parlamentario, y convenzamos aprobando esta enmienda en el sentido de que esta PNL no es solo agua de mar; se
lo debemos a todos ellos, a sus organizaciones, a sus familias, y sobre todo a los niños y niñas con autismo, a las 350.000 personas con autismo de este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Seara.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, Grupo Mixto, señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señorías, brevemente intervengo en nombre de Unión del Pueblo Navarro para fijar nuestra postura, que ya les anuncio que será favorable. Compartimos la exposición de motivos y también el petitum, el
diagnóstico y el tratamiento. Pero si tuviera que hacer alguna aportación o poner algún pero pediría algo más de concreción sin duda, y dos cosas que nos piden las asociaciones: por un lado, que nos acerquemos y tratemos el autismo como un
síndrome, no como una enfermedad, y otra -así nos lo trasladan- que deberíamos concretar el liderazgo de los departamentos que tienen un perfil más sanitario o de salud pública en la coordinación de las distintas áreas públicas implicadas: sanidad,
educación, asistencia social, etcétera, incluso garantizando unidades de atención sanitaria desde las que puedan pivotar ayudas y subvenciones. Creo que están bien las enmiendas, ponen el acento en la financiación, y es bueno dotar de recursos a
esta proposición, perfecto, aunque hoy probablemente una de las cosas que nos enseñan las familias de niños con autismo -que es de las cosas más importantes- es que se pueden hacer infinidad de cosas sin ese requisito de la financiación, desde
organizarse para compartir experiencias a realizar actividades de
todo tipo, facilitar la vida de estas personas con pictogramas como este del Congreso de los Diputados (Mostrando un documento), como este y otros tres mil que están instalados ya en Navarra con la cooperación de muchas instituciones
públicas y de muchas asociaciones.
Quisiera trasladar a todos ustedes y poner en valor a esas asociaciones que trabajan como la Asociación Navarra de Autismo, a la que desde aquí quiero hacer llegar mi reconocimiento personal. Espero que esta iniciativa sirva para impulsar
el conocimiento del autismo, que podamos mejorar su tratamiento y hacer visibles muchas de sus actividades en las que están implicadas muchísimas personas, y además hacer visible el cariño, el ejemplo, el sacrificio, la generosidad, y su altruismo
en definitiva; toda esa corriente positiva que en cada manifestación, en cada expresión de cariño activan todas esas personas que conviven y afrontan esta dura realidad. Yo espero, señorías, que estemos a la altura de su generosidad y seamos
capaces de escucharles, acompañarles, y crear entre todos las estructuras de atención pública que mejoren y atiendan con suficiencia sus muchas necesidades.
Termino, señora presidenta. El sacrificio y ánimo con el que afrontan el autismo estas familias se describe perfectamente en este libro que se llama La alegría muda de Mario, que yo les recomiendo, señorías. De la misma forma que una madre
con un niño con autismo llega a afirmar que su hijo le hace mejor, ojalá impulsar esta estrategia entre todos contribuya a construir una sociedad a la altura de su ejemplo y de su ánimo positivo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.
Señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular va en la línea de muchas otras que nos han presentado, y que en realidad no suponen compromiso alguno para el Gobierno. No solo no comprometen a nada, sino que parecen destinadas a
maquillar u ocultar la verdadera política que el Gobierno está llevando a cabo desde hace tres años de desmantelamiento de los servicios públicos sanitarios y educativos sobre todo -pero no solo-, que influyen de manera decisiva en la inclusión
social y en la calidad de vida de las personas con trastornos del espectro autista. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Tres años después vienen a proponernos instar al Gobierno a estudiar una estrategia nacional de autismo, pero no hace
falta estudiar ninguna estrategia para saber que el sistema sanitario público no cuenta con los medios materiales y humanos para que los diagnósticos de estos casos se produzcan con la precocidad que sería deseable, y por lo tanto los afectados
puedan tener un tratamiento temprano y adecuado. Los profesionales de la pediatría, que en principio son los primeros en tener contacto con estos casos, están saturados y en muchos casos atendiendo a niños y niñas de varios ayuntamientos a la vez,
como está ocurriendo en Galicia. Sus bajas o sus vacaciones no se cubren en muchos casos y de esta manera es imposible atender adecuadamente ni una gripe, señorías. Tampoco hay hospitales de referencia en las comunidades autónomas y muchas
familias -las que pueden- tienen que recurrir a la sanidad privada para que les expliquen cuál es el problema de sus hijos y cómo deben tratarlo. Las familias más desfavorecidas económicamente están siendo golpeadas en mayor proporción y con mayor
dureza; cuando el Estado, las administraciones debieran tomar las medidas necesarias para darles cobertura social, las desprotegen y abandonan. La inmensa mayoría de los servicios existentes para personas con trastornos del espectro autista los
han creado las propias familias, las asociaciones, que en los últimos años han puesto de manifiesto el brutal recorte en ayudas de las administraciones para poder atender a toda la demanda existente y hacerlo adecuadamente.
Tampoco hace falta estudiar ninguna estrategia para ver las medidas que el Gobierno ha tomado en el ámbito educativo, y tal y como muchos advertimos en su día están trayendo cada vez mayor desigualdad y falta de equidad en un derecho
fundamental como es la educación. Las consecuencias de la implantación de la Lomce están afectando a la mayoría de los estudiantes, pero de manera especial a aquellos con necesidades educativas especiales o de apoyo educativo. Y no solo la Lomce,
el Ministerio de Educación ha denegado este mismo año por primera vez ayudas que recibían alumnos y alumnas con autismo para poder pagar clases de apoyo, argumentando que ya reciben bastante en los centros especiales a los que acuden. ¿Por qué se
necesitan esas ayudas para refuerzo? Porque los centros públicos cuentan con unos medios muy limitados y con demasiados alumnos, y para solventar esto no es necesaria ninguna estrategia; es necesaria, y mucho, la financiación adecuada.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.
Fijo mi posición, señor presidente. Nosotros no estamos en contra de que se estudie una estrategia de autismo, y se contemplen los protocolos de actuación en los ámbitos que corresponda, pero entendemos que es difícil de aceptar una
propuesta como esta cuando todas las políticas sociales del Gobierno van en la dirección contraria de las medidas que se supone establecerá esa estrategia.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Fernández.
Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Señorías del PP, ustedes plantean aquí una estrategia nacional sobre el autismo. Nosotros estamos a favor de cualquier estrategia para combatir el autismo. Hay que dar todo el apoyo posible a los afectados -aquí hay algunos representados
por algunas asociaciones-, y nosotros desde Cataluña hacemos todo lo que podemos, aunque todo lo que podemos siempre será poco. La única crítica que se puede hacer, que es lógica, es que se haga lo que se haga siempre será poco, y hoy también.
Vamos a apoyar esta iniciativa, y entrando en lo que tendría que ser un plan ambicioso, habría que apoyar medidas concretas -sin duda habría que estudiar el tema, aunque está muy estudiado-, como reforzar unidades especiales en el caso de
autismo infantil para facilitar la detección precoz, porque cuando se detectan los primeros síntomas es cuando se puede empezar a actuar mejor. También hay que actuar claramente y con decisión en la escuela. Hay que dar todo el apoyo a la
educación especial, con la vista puesta en que el tratamiento deber ser inclusivo. Hay que hacer adaptaciones curriculares. Hay que trabajar con psicólogos, con cuidadores, y siempre con la idea de que no debemos aislar, sino incorporar; debemos
facilitar la incorporación a la vida normal de todas las personas, también en edad adulta sin duda, y cuando llegan a la edad laboral; hay que facilitar el acceso a la vida laboral de todas las personas afectadas en el sentido de ir hacia una
normalización, y no a la creación de santuarios o de unidades aisladas. ¿Cómo se hace eso? Escuchando mucho a los expertos, a los afectados, a las asociaciones en cuestión, y después reflexionando y estudiando para hacer un plan, pero también
aprobando dotaciones. Las dotaciones presupuestarias son indispensables. Dirán que siempre falta dinero, pero para acciones de este tipo no debe faltar. Si se pueden dar créditos para rescatar empresas que no lo han hecho bien o a bancos, aquí
mucho menos. En esto deberíamos ser capaces de encontrar las dotaciones presupuestarias.
En principio nosotros estamos a favor. Creemos en la buena voluntad de las personas, y también de las personas que están formulando esta iniciativa. Ustedes, señorías, a pesar de los recortes en todo lo que se refiere a la dependencia
queremos creer que tienen voluntad de ayudar, y por lo tanto si deben estudiar -como dicen en su PNL-, estudien, pero estudien rápido, muy rápido, y después demuéstrenlo. Demuestren que ustedes están en el Gobierno y que saben gobernar también
sobre este tema de primerísima necesidad. Háganlo, dótenlo y muévanse. Nosotros estaremos ahí para ayudar en este tema, como en tantos otros que son de primera necesidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.
Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente; en primer lugar, quiero saludar a las asociaciones que han venido en representación de las personas con autismo y de las familias que tienen miembros con autismo. Al fin y al cabo tenemos que centrarnos, por una parte, en
las personas que tienen autismo, y por otra parte, en las familias que tienen algún miembro con autismo. El autismo estaría dentro de la catalogación de las discapacidades intelectuales -aquí se ha dicho-, aunque no todas las personas con autismo o
TEA -trastornos del espectro autista- tienen discapacidad intelectual; es el caso más visible, por ejemplo, de las personas con síndrome de Asperger, que son personas con autismo, pero sin discapacidad intelectual.
La pregunta sería: ¿cómo podemos trabajar mejor para ayudar a estas personas y para ayudar a estas familias? ¿Es esta la mejor manera, la que propone el Grupo Popular en su iniciativa? Yo lo que veo es que al Partido Popular le encantan
las estrategias, y sobre todo las estrategias nacionales, y respecto al adjetivo nacional cada vez que subo a esta tribuna me toca repetir cientos de veces el mismo
planteamiento, porque siempre se trata de una estrategia nacional, y la verdad es que creo que eso esconde ciertas carencias que se dan en algunos territorios del Estado español. Y por eso, como en algunos sitios no funcionan bien las cosas
aunque en otros se hagan bien, lo que pretenden es que hagamos una cosa nacional. A veces es con buena voluntad, pero vuelvo a reiterar que otras se trata de un problema de carencias de algunos territorios.
Con el mapa descrito parece complicado reflexionar, y mucho más poner en marcha un plan para un colectivo muy concreto, como es el del autismo, teniendo en cuenta la diversidad de la discapacidad. En todo caso, por una parte, podría haber
una línea de trabajo para el autismo en cuestiones de carácter de atención médica, de formación en pediatras, de médicos en general, de investigación, pero por otra parte, hay una serie de materias cuya reflexión debería ser analizada y aprovechada
para un colectivo más amplio, como es el de la discapacidad intelectual en su conjunto, independientemente de ser abordado por síndromes concretos. Aunque cada síndrome tiene ciertas características que necesitan una atención muy concreta, en lo
que a nosotros nos concierne lo que seguramente necesitaríamos -de necesitar una estrategia nacional o estatal- sería tratar la cuestión de la discapacidad intelectual en su globalidad. Las familias con personas discapacitadas tienen problemas
sociales parecidos que deberían abordarse de una manera más global. Me refiero a modelos de atención a las personas afectadas en educación, en integración, en empleo, etcétera; modelos de sensibilización e integración social; respuesta al mundo
asociativo, es decir, a padres y madres de la población afectada, y mejorar la calidad de vida de los familiares directos.
En ocasiones desde el ámbito político nos encontramos con declaraciones de intenciones para iniciar reflexiones, proyectos, programas sobre la discapacidad, lo cual es recurrente y en ocasiones inexplicable, salvo que haya una lectura
partidista o electoralista que me gustaría pensar que en este caso no se da. En cualquier caso, el Estado español tiene deberes que hacer en esta materia antes de entrar en una cuestión, como esta por ejemplo el cumplimiento de los acuerdos de la
Convención de Naciones Unidas cuyo cumplimiento tiene firmado y comprometido el Estado español. Asimismo existe un informe del Cermi en el que se detalla el alto grado de incumplimiento de estos acuerdos. Una manera fácil y rápida de situarse es
leer y revisar, tanto los acuerdos de la convención como los niveles de incumplimiento del Estado español.
También sería bueno acoger la discapacidad como un cuarto pilar del Estado del bienestar, además de la sanidad, la educación y las pensiones, que dependen de la Administración estatal, autonómica o local, según el caso y según la
sensibilidad que estas tengan, mediante convenios, acuerdos, ayudas, etcétera. Y vuelvo a lo mismo: ¿por qué en algunos sitios funcionan bien y en otros no funcionan tan bien? Le voy a poner un ejemplo respecto a la diferencia que hay entre
algunos sitios dentro del Estado español, y me referiré al caso de Euskadi. Aquí algunos han dicho que las cosas funcionan mal en su comunidad, pues bien, yo les voy a decir lo bien que funcionan las cosas en esta materia en la Comunidad Autónoma
de Euskadi. A modo de ejemplo les voy a hablar en el caso concreto de Guipúzcoa -yo soy diputado por Guipúzcoa- de la Asociación Gautena, la asociación de familiares de personas con autismo, la entidad que atiende el ámbito del TEA en el territorio
histórico de Guipúzcoa, donde las magnitudes cuantitativas son las siguientes: familias atendidas 700; profesionales 200; presupuesto 8,5 millones de euros; financiación pública 90 %: educación 20 %; departamento de salud 4 %; servicios
sociales 67 %, y financiación de las familias 10 %. Es decir, el coste del copago a Gautena se atiende desde la pensión que la propia diputación otorga a la familia. Por tanto se puede interpretar que la financiación en Euskadi es prácticamente
del cien por cien.
Termino mostrando nuestro más sincero apoyo a las personas que están trabajando y luchando para que sus hijos e hijas con esta discapacidad puedan vivir mejor, para que puedan vivir la vida de manera más normalizada, y pedir que las
instituciones a las que corresponda en cada caso atiendan como debe ser a estas personas. El mejor ejemplo, Euskadi.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dar mi más sincera bienvenida y agradecimiento a las personas afectadas y a las organizaciones que nos visitan hoy. En segundo lugar, quiero mostrar mi preocupación hacia el Partido Popular que tiene que volver a
pedirle al Gobierno que haga un trabajo que uno entiende que ya debiera estar haciendo antes; es más, presentar ahora el estudio de una estrategia cuando llevan tres años
gobernando es un poquito preocupante, sobre todo cuanto todavía tienen que estudiarla, ya que ni siquiera nos presentan una estrategia hoy. Por eso apoyaremos muchas de las enmiendas que se han presentado, especialmente aquella del Partido
Socialista que les pide un poquito de concreción. ¿Saben lo que ocurre -y con esto me dirijo al resto de la tribuna-? Estoy un poquito cansado de ver estas propuestas bienintencionadas en la Comisión de Discapacidad, pero que luego no tienen
ningún reflejo presupuestario y que se quedan en un mensaje buenista que no va a ninguna parte. Me parece que por respeto a la gente que viene hoy a visitarnos merecería un poquito más de trabajo serio.
No quisiera detenerme demasiado a hablar del estudio de un problema que ya han enmarcado muy bien los compañeros que han hablado antes que yo, pero es obvio que estamos hablando de un tema de una gran magnitud. Señorías, uno de cada ciento
cincuenta niños está dentro del espectro del autismo, que es la discapacidad infantil de mayor prevalencia porque tiene más que el síndrome de Down, cáncer infantil y diabetes juntos. Es un trastorno que afecta a la comunicación, a la interacción
social, y que presenta patrones estereotipados y restrictivos de conducta. No tiene cura, no se conoce con exactitud su origen, y esto me interesa especialmente, pero existen intervenciones psicoeducativas que permiten una gran evolución en
aquellas personas que tienen acceso a las mismas, y este es el problema del que me gustaría hablar a continuación. Hay 50.000 menores con autismo, muchos de ellos ven cómo cada día las barreras sociales les impiden ejercer sus derechos, como
ciudadanos -repito- de pleno derecho. Estos niños no pueden acceder a planes de atención temprana, ya que la sanidad pública no los contempla, o apenas se materializan. Tienen problemas a la hora de la escolarización, hay tantos modelos de
escolarización que acaban muchas veces incrustados en experimentos educativos de dudoso éxito. Los 500.000 adultos con autismo apenas consiguen mantener un empleo, y las familias de ambos son sometidas a unos elevados niveles de estrés y ansiedad,
así como al empobrecimiento asegurado. Una vez más porque el Estado se retira de lo que debiera estar haciendo, ya que creemos y queremos seguir defendiendo que este debiera ser el trabajo que tendría que llevar a cabo el Estado. El autismo se
convierte en una sentencia de por vida debido a su invisibilidad, al desconocimiento, y al estigma que estas personas y sus familiares acarrean. Como los trastornos del espectro autista no se conocen, no se comprenden, y como no se comprenden, no
se contemplan. Ese es otro de los problemas de los que quería hablar hoy. El derecho a una vida digna se convierte en el derecho a sobrevivir, y eso es un sinsentido en el siglo XXI. Los trastornos del espectro autista crean una situación
extraordinaria en la persona y en el entorno social más cercano: la familia. El impacto directo a todos los niveles es inmenso: emocionalmente, psicológicamente, económicamente, socialmente, laboralmente, sanitariamente, etcétera.
Ustedes proponen estudiar la elaboración de una estrategia nacional para el autismo. De verdad, yo les diría que no la estudien, ya tenemos estudios muy buenos que nos enmarcan muy bien cómo está el problema en nuestro país. Mi temor es
que ustedes quieren elaborar un estudio propio porque no les gustan las conclusiones a las que han llegado Unicef España, que publicó un estudio realizado por Ignacio Campoy Cervera, o el del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils
Muinieks. Ambos dicen más o menos lo mismo, declaran su preocupación por los recortes presupuestarios de los últimos años que han sido excesivamente perjudiciales para los programas de detección temprana y rehabilitación. El estudio de Unicef
España también habla de que el panorama de incumplimientos reiterados de los dictados de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en España es alarmante. Ya tienen estudios, ya sabemos lo que ocurre, no hace falta que
encarguen más. Por eso creemos que la necesidad de una estrategia está sobradamente justificada, pero háganlo ya, porque no lo han hecho en los tres años anteriores.
Como me queda poco tiempo simplemente quiero decir varias cosas que nos preocupan. Nos preocupan los recortes en las comunidades autónomas; nos preocupa la no finalidad de muchos de los rescates que les prestamos que no terminan en este
tipo de ayudas, que terminan en los aeropuertos vacíos de Castellón de turno o en las tonterías de turno, cuando debieran acabar en esto; nos preocupa que no se refuercen los presupuestos para educación y diversidad.
Acabo, porque se me termina el tiempo. Señor Llamazares, toda la razón en lo que ha dicho, y también toda la razón en que el señor Haddon escribió un gran libro. Ha escrito un par más que estaban muy bien, pero le diré una cosa. A mí me
gustó especialmente el libro de Haddon no solamente por el tema del que hablaba y por cómo lo hacía, sino porque este señor me permitió atravesar el misterio y entender a un colectivo que es muy complicado de entender, y por eso quiero acabar con
este punto, con la importancia y la necesidad -y esto presupuestariamente es muy importante- de una educación inclusiva. Habitualmente hablamos de la educación inclusiva y solamente la centramos en un aspecto que me
parece un poco equivocado. La centramos en el aspecto de cómo esos niños o cómo esos adultos se beneficiarían de esa educación inclusiva. Viendo el panorama hoy y en general de nuestra sociedad olvidamos una parte muy importante, y es cómo
nuestros hijos y cómo nosotros creceríamos como personas teniendo una mejor comunicación y viviendo junto a estas personas. Eso me parece realmente importante.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Señora Ferrando, ¿qué hace usted con las enmiendas?
La señora FERRANDO SENDRA: Presidente, se iba a firmar una transaccional con Izquierda Unida y con quienes han presentado enmiendas, pero después de escuchar al PSOE, no sé si sí, no, o ya veremos. Espero que mantenga lo que me había dicho
inicialmente y se firme la transaccional, que por supuesto haremos llegar a la Mesa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ferrando. (La señora Seara Sobrado pide la palabra).
Señora Seara.
La señora SEARA SOBRADO: Voy a hacer una apreciación necesaria, si me permite, para terminar el debate.
Después de escuchar al PSOE, no. El PSOE ha sido absolutamente claro: ha presentado una enmienda con dos puntos y ha dicho que votaría a favor de esta iniciativa sin ninguna duda, y que nos gustaría que se tuvieran en cuenta las enmiendas.
Creo que he sido taxativamente clara.
El señor PRESIDENTE: Ha quedado claro, sí.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE PALESTINA. (Número de expediente 162/001060).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra doña Trinidad Jiménez.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar mi intervención sobre la iniciativa de reconocimiento del Estado de Palestina condenando el brutal atentado que ha tenido lugar esta mañana en Jerusalén. (Aplausos). Ha sido un acto de terrorismo cobarde y cruel
por parte de quienes no quieren dar una oportunidad a la paz, pero no podemos permitir que un grupo de desalmados impidan los anhelos de paz de todo un pueblo ni que los conviertan en rehenes de su violencia.
Señorías, el día 30 de junio de 2011 esta Cámara aprobó una resolución donde se instaba al Gobierno, en ausencia de negociaciones, al reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano. El día 29 de noviembre de 2012 España votó
favorablemente el ingreso de Palestina como Estado observador no miembro en Naciones Unidas, y antes también habíamos apoyado la presencia de Palestina en su condición de Estado en la Unesco. Junto a todo ello también hemos elevado el nivel de la
misión diplomática en Palestina de nuestro país, y hemos favorecido el intercambio de reuniones al más alto nivel entre los dos países, incluyendo diferentes encuentros entre el jefe del Estado y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Desde el Grupo Socialista siempre hemos defendido dar una oportunidad al diálogo y a la negociación para lograr un acuerdo entre las dos partes, y así conseguir que el reconocimiento mutuo permitiera la convivencia en paz y seguridad. Y lo
seguiremos haciendo desde la convicción de que la solución al conflicto en Oriente Medio pasa por la consolidación de los dos Estados y el establecimiento de fronteras seguras, que acabe de una vez por todas con una guerra que ya dura demasiados
años, y que cada día provoca más dolor y sufrimiento entre los ciudadanos. Durante estos últimos años lamentablemente las negociaciones se han visto truncadas una y otra vez, y durante los meses de julio y agosto de este mismo año hemos visto cómo
se reabría con toda su crudeza y su violencia la guerra en la región por los ataques
de Israel a la Franja de Gaza, causando más de 2.000 muertos, de los cuales 500 eran niños, 11.000 heridos y cientos de miles de desplazados, así como la destrucción de viviendas, escuelas, hospitales y de la escasa infraestructura de la que
disponían en la zona. Por otro lado, el Gobierno de Israel ha seguido aprobando el establecimiento de nuevos asentamientos en los territorios ocupados contraviniendo todas las resoluciones de Naciones Unidas y, lo que es aún más grave, dificultando
de esta manera la propia viabilidad del Estado palestino con una política de hechos consumados que agota el espacio y la capacidad para definir ese territorio al que poder llamar algún día un país.
Ya no queda mucho tiempo. La comunidad internacional tiene que dar un paso más, tiene que lanzar un mensaje claro a Israel de que tiene la obligación de sentarse a negociar, de que no puede retrasar por más tiempo el acuerdo con Palestina
sobre su Estado, la capital, sus fronteras o los refugiados, que esa y no otra será la verdadera oportunidad para la paz; de que ningún pueblo puede vivir de forma permanente con la cultura de la guerra y el enfrentamiento, condicionando cualquier
gesto por cotidiano que parezca, y que la sociedad israelí también tiene derecho vivir en paz y sus dirigentes no pueden arrebatar indefinidamente esa oportunidad a su ciudadanía. Somos conscientes de las dificultades que supone enfrentarse a un
proceso de esta envergadura, que habrá enemigos de la paz, grupos terroristas y fanáticos envueltos en diferentes banderas que tratarán de entorpecer el diálogo, que evitarán el entendimiento, pero debemos ayudar a superar todas estas dificultades,
a dejar de lado el dolor y las tragedias que se han ido acumulando a lo largo de los años para poder conquistar el fin último de la paz.
Por ello consideramos que en este momento debemos ir un paso más adelante. No solo debemos hacer un llamamiento al diálogo, por muy importante que este sea, sino que debemos lanzar un mensaje cargado de valor político, y este mensaje es que
el Parlamento español, de manera unánime, considera que el reconocimiento del Estado palestino es la mejor contribución que podemos hacer para lograr la paz, que se entienda como una decisión que no va contra nada ni contra nadie, que responde a una
actitud enormemente constructiva por parte de un pueblo que sencillamente aspira al fin de la violencia. El hecho de que estemos adoptando esta decisión en el marco de otros acuerdos con el resto de parlamentos europeos refuerza nuestra
determinación y otorga un gran valor a la expresión de la soberanía popular de los distintos países de la Unión Europea, pues estos pronunciamientos de alguna manera están ayudando a conformar una voluntad política europea que habrá de plasmarse en
una posición común, y ello sin lugar a dudas dará una gran relevancia pero sobre todo una gran legitimidad a la hora de fijar nuestra respuesta en el escenario internacional.
A nadie se le escapa que el conflicto entre Israel y Palestina ha tenido a lo largo de los años una fuerza expansiva que ha provocado enfrentamientos entre los diferentes países de la región, no solamente entre Israel y Palestina, conflicto
que ha sido el origen de muchas guerras y que aún hoy condiciona importantes acuerdos que serían claves para la paz y la estabilidad global, y también debemos hacer una apuesta en esta dirección. Soy consciente, señorías, de que esta iniciativa que
hoy vamos adoptar va demasiado lejos para algunos y es claramente insuficiente para otros, pero tiene el valor de que ha sido fruto del consenso, del pacto y la transacción, que es hablar de la esencia misma de la política, el valor del consenso y
el valor de la unanimidad. Esa es nuestra fuerza y la oportunidad de mostrar la utilidad del mismo. Desde aquí quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara el esfuerzo que han hecho en este sentido y la altura política
demostrada al dejar de lado posicionamientos que tradicionalmente han considerado irrenunciables, pero hoy demuestran con su apoyo que es el mejor compromiso del pueblo español con la paz en Oriente Medio, como también lo está demostrando el
Gobierno con la presencia aquí del ministro de Asuntos Exteriores.
Quiero saludar desde esta tribuna al embajador de Palestina y también al resto de embajadores de los países árabes, que han querido acompañarle en este momento de tanta trascendencia para su país, y espero que entre todos consigamos alcanzar
el sueño de que Israel y Palestina sean dos Estados que puedan convivir como vecinos siempre en paz, en libertad y en seguridad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jiménez.
A esta proposición no de ley se habían presentado varias enmiendas por parte de los grupos. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra en primer lugar la señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor embajador de Palestina, bienvenido.
Empezando por el final, el Bloque Nacionalista Galego es precisamente de los grupos, de las organizaciones políticas a los que este acuerdo transaccional al que se ha llegado les parece insuficiente, porque el Bloque Nacionalista Galego
viene solidarizándose activamente y posicionándose desde hace más de treinta años a favor del reconocimiento claro de un Estado palestino. En ese sentido, hemos sido siempre absolutamente claros en la condena de los ataques llevados a cabo por
Israel y desde luego hemos rechazado la constante política de ocupación que viene llevando a cabo ese país por la vía de los hechos consumados, de manera absolutamente ilegal y vulnerando los derechos de los palestinos y las palestinas. Pero en
aras del consenso y sabiendo de la importancia de este acuerdo, sobre todo para los palestinos, hemos firmado y aceptado esta transaccional.
Habíamos presentado dos enmiendas al texto inicial del Grupo Socialista porque creíamos no solo que complementaban sino que enriquecían la propuesta originaria. Nosotros pretendíamos en nuestras enmiendas que el reconocimiento del Estado de
Palestina se hiciese antes de finalizar esta legislatura y por eso lo expresábamos así en nuestra primera enmienda. En cuanto a la segunda enmienda -que, insisto, era la propuesta original del Grupo Socialista, pero se mantiene ahora en el punto 2
de la transaccional-, quiero aclarar que era una enmienda conjunta de diversos grupos, del Grupo Mixto y de La Izquierda Plural, en el sentido de promover en el seno de la Unión Europea el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de cada uno
de los demás Estados miembros, es decir, que no hubiera que esperar a que se decidiera conjuntamente por todos los Estados miembros, sino que -como nosotros incluíamos- pudiera hacerlo cada uno de los mismos cuando lo creyese oportuno. Por lo
tanto, entenderán ustedes que nos parezca insuficiente y, en concreto, el punto 3 de la transaccional no es de nuestro agrado. No obstante, el paso que vamos a dar hoy aquí, prácticamente por unanimidad, no es el final sino el principio de un
camino que nosotros esperamos que, en todo caso, en el Estado español, tenga su fin más pronto que tarde, en la línea de las resoluciones que se han aprobado ya dentro de la Unión Europea en el Parlamento de Suecia, de la moción aprobada en el
Parlamento británico o de la que se prepara para la Asamblea francesa. No hay que resaltar más las diferencias. En todo caso, nuestro compromiso con la independencia de Palestina y con el respeto a los derechos de los palestinos está más que
demostrado y nuestra firma y nuestro voto a favor de esta transaccional es un posicionamiento más para que entre todos y todas podamos conseguirlo lo antes posible.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quisiera manifestar nuestra condena por el atentado que se ha cometido hoy en las calles de Jerusalén. Nos produce asco ver incluso que Hamás se alegra de este atentado. Es el mismo asco que sentimos cuando el
ejército israelí vulnera los derechos humanos y sacrifica -porque esta es la palabra- tantas víctimas inocentes palestinas. Desde este pronunciamiento de profundo asco que nos da la utilización de la violencia para masacrar al pueblo palestino, les
digo que ya era hora de que este Parlamento se pronunciase, porque si en el año 1988 el Consejo Nacional Palestino declaró la independencia y en el año 2012 incluso Naciones Unidas integró a Palestina como Estado observador, han tenido que venir
democracias más avanzadas que la nuestra, como Suecia y Gran Bretaña, para enseñarnos cuál era el sendero que teníamos que seguir. Tarde pero bienvenida esta iniciativa y bienvenido el acuerdo que hoy vamos a tomar, puesto que, aun cuando no es el
acuerdo que nosotros hubiéramos querido, y tal y como decía nuestra compañera del Bloque Nacionalista Galego hemos enmendado la propuesta a fin y a efecto de que hubiera un compromiso de esta Cámara para que la ejecución de este reconocimiento se
diera en la actual legislatura, porque en la medida de que llega tarde creo que tenemos el derecho a reclamar que se lleve a efecto en esta legislatura; aun cuando no se nos acepta esta enmienda, aun cuando no se nos acepta que se integren en el
texto algunas cuestiones tan claras como la necesidad de poner fin a los territorios ocupados y atender a los presos y también a las personas refugiadas, a pesar de estos déficits, celebramos que hoy este Parlamento se ponga de acuerdo de forma
unánime a fin y a efecto de que la comunidad internacional se dé cuenta de que la sociedad en el Estado español de una vez por todas reclama justicia para el pueblo palestino.¡Viva Palestina libre! ¡Salut!
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero expresar también mi rechazo, mi condena -pongan ustedes la palabra que quieran- al atentado que se ha producido en Jerusalén. (El señor Conde Bajén: ¡Y los de aquí qué!).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor diputado.
Señor Conde, le llamo al orden por primera vez. (Rumores).
Continúe.
El señor LARREINA VALDERRAMA: También quiero expresar mi rechazo o mi condena por el ahorcamiento de un conductor palestino en Jerusalén y por la agresión que ha sufrido un joven palestino ayer y que se encuentra grave en un hospital. Creo
que precisamente este tipo de hechos nos tienen que llevar a la conclusión de que es urgente hacer lo que vamos a proponer, afortunadamente por unanimidad, hoy en el Congreso. Y es urgente porque precisamente para resolver los problemas políticos
hay que partir de un hecho fundamental, que es el reconocimiento de la realidad de que existe y debe existir un Estado palestino y de que existe y debe existir también un Estado de Israel, porque quiero subrayar que para Amaiur, como bien lo señaló
nuestro senador al presentar una moción similar en el Senado, esta moción, este acuerdo no significa una agresión contra el pueblo judío o contra el Estado de Israel. Significa simplemente poner las bases para conseguir una paz justa y duradera.
La solución de los problemas políticos solo puede partir desde el reconocimiento del otro, desde el reconocimiento de las otras identidades, desde el respeto a ese otro y a esas otras identidades. A partir de ahí es donde hay que construir
los acuerdos y buscar las negociaciones. Quizás el error que ha habido en el caso que nos afecta y que tenemos encima de la mesa es que con demasiada frecuencia se ha pospuesto el reconocimiento a la negociación, como si tuviese que ser un objeto
de negociación. Precisamente lo que no se puede negociar es el reconocimiento de la realidad. Luego habrá que negociar otras cosas y hay muchas cosas sobre las que hay que negociar, pero este es un elemento fundamental. Por eso consideramos que
instar al Gobierno a que reconozca al Estado de Palestina es un hecho positivo. Nos hubiese gustado que hubiese sido una decisión mucho más audaz, pero también reconocemos que es un paso importante. Sobre todo, nos plegamos o estamos de acuerdo
con la opinión de los representantes de los pueblos oprimidos, que apoyamos, en concreto de la Autoridad Nacional Palestina, que cree que este es un paso importante. Nosotros también lo vemos lógico. Por eso vamos a votar a favor y por eso mismo
volvemos a decir una vez más que sobre el reconocimiento de la realidad, sobre el reconocimiento del pueblo palestino se pueden poner las bases para una paz justa y duradera y para acabar con este y con todos los conflictos del mundo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
Me sumo al saludo tanto a las autoridades palestinas como a los embajadores de otros países árabes que hoy nos acompañan. Creo que hacen honor con su presencia a un día importante, a un día histórico, si cabe, para el Estado palestino.
Quiero empezar condenando todas las muertes consecuencia del conflicto entre Israel y Palestina, las que hoy se han producido y también las que se han producido en días anteriores.
Soy un rebelde y la libertad es mi causa. Sé muy bien que muchos de ustedes aquí presentes una vez estuvieron exactamente en la misma posición de resistencia que ahora ocupo y desde la cual debo luchar. Trabajemos juntos para que mi sueño
se haga realidad, para que pueda regresar con mi gente del exilio, allí, en Palestina, para vivir con ese judío luchador por la libertad y sus compañeros, con ese sacerdote árabe y sus hermanos, en un Estado democrático donde cristianos, judíos y
musulmanes vivan en justicia, en igualdad y en fraternidad. Hoy he venido portando una rama de olivo en una mano y el arma de un luchador por la libertad en la otra. No dejen que caiga de mi mano la rama de olivo, repito, no dejen que caiga de mi
mano la rama de olivo. Yasser Arafat, discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. (Aplausos).
Yasser Arafat pronunció este discurso un miércoles 13 de noviembre de 1974 a las diez y media de la mañana, ante la sesión plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas, y lo hizo en árabe. Han pasado cuarenta años y cinco días de este
histórico discurso y, hoy, el Congreso de los Diputados de
España va a recordar también a Yasser Arafat con este reconocimiento que hoy vamos a hacer del Estado palestino. Hay cuatro aspectos que queremos reclamar en esta declaración. Estaban presentes en nuestra enmienda, pero hemos dejado
nuestra enmienda atrás y nos hemos sumado a una declaración conjunta del Congreso de los Diputados, porque la noticia mañana será que instamos al Gobierno de España al reconocimiento del Estado palestino, como ya ha hecho el Gobierno de Suecia, como
lo hará la semana que viene el Gobierno de Francia y como otros países europeos, siguiendo posiblemente nuestro ejemplo, van a hacer en las próximas semanas.
Creo, señoras diputadas y señores diputados, que es el mejor favor que podemos hacer hoy a la causa palestina, discutir sobre cómo soñamos el Estado palestino, sí, pero juntos reclamar frente a Israel que queremos un reconocimiento del
Estado palestino, porque el tiempo del diálogo con Israel, de escuchar sus condiciones se ha acabado. Estamos en tiempos de una diplomacia distinta, porque Israel no respeta a Naciones Unidas, Israel invade la tierra palestina y asesina a su pueblo
y por tanto necesitamos una actitud clara para que, reconociendo al Estado palestino, pongamos una semilla de paz en esa relación tan difícil entre Israel y Palestina. Por tanto, hoy no nos estamos equivocando. Estamos manteniendo nuestros
perfiles, pero estamos exigiendo un acuerdo unánime que mañana generará un titular para que la sociedad israelí piense y para que las fuerzas políticas israelíes reflexionen sobre cuál es el futuro de esa comunidad. Por tanto, sí, un Estado
palestino, con una capital que se llama Jerusalén, ciudad histórica que reclamamos como capital del Estado palestino, y con una solución tanto para los refugiados como para los presos políticos palestinos que en este momento se están pudriendo en
las cárceles de Israel. Sí, hoy Yasser Arafat nos escucha y gritamos todos juntos: ¡viva Palestina libre!
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidente.
Bienvenidos, embajadores.
Ante todo, queremos condenar con toda la fuerza y con todo el horror el atentado que hoy ha habido en una sinagoga de Jerusalén. Los han matado con cuchillos, con hachas, cuando estaban rezando en la sinagoga. Esto es el horror y queremos
expresar nuestra condena y nuestro dolor a todo el pueblo de Israel y a las familias de los que han muerto. (Aplausos). Ahora bien, precisamente por eso, es doloroso el día, pero es oportuno decir que lo que queremos hacer y lo que hoy vamos a
votar con una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular -agradezco mucho al grupo proponente que la haya aceptado con las modificaciones que ha estimado oportunas- creemos que es el camino hacia la paz.
Señora Jiménez, igual que le agradezco la voluntad de llegar a este acuerdo, no me parece el momento de hacer la lista de agravios contra nadie. Hoy hemos visto un horror y usted ha cargado contra un Estado que está en un momento de máximo
dolor, cuya supervivencia está peligrando. Esto no se puede hacer. Han celebrado este atentado en Gaza. Hamás lo ha celebrado, no condenado. También hay que decir que Mahmud Abás lo ha condenado. Por tanto, no es el momento de hacer la lista de
agravios y en ningún caso es el momento de hablar de un reconocimiento unilateral. Creo que alguien aquí lo ha leído mal.
La meta es la paz y nosotros en eso estamos trabajando hoy. La meta es la paz, la convivencia pacífica entre dos Estados, no hay otra y es la garantía. Si esa es la meta, el método es el acuerdo entre los dos. No hay unilateralidad en
esto. El método es el acuerdo, el fin es la paz y nosotros queremos ser un instrumento en coordinación con la Unión Europea. La Unión Europea en este momento lo ha declarado de interés prioritario. Es difícil que tenga una postura común, pero sí
tendrá una postura coordinada. Con la Unión Europea y con nuestro peso en Naciones Unidas en el próximo puesto que ocupemos a partir de enero, podemos a llegar a ser un instrumento para esa paz y ser un instrumento para esos diálogos. Solo se
conseguirá la paz a través del acuerdo entre las dos partes. Quiero que eso quede muy claro y también está claro en la enmienda que les hemos presentado. Porque creemos en la necesidad y la urgencia de esa paz, porque creemos que solo ese es el
camino y porque creemos en la bilateralidad, vamos a votar y nos congratulamos de que votemos todos juntos.
Con esto termino, señorías, volviendo a manifestar hoy a los ciudadanos de Israel que desde mi grupo y sé que también todos ustedes compartimos el dolor y el horror del atentado del día de hoy.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, es ciertamente un día difícil para discutir sobre esta cuestión con un atentado tan terrible como el que ha ocurrido en una sinagoga y en una yeshiva en Israel. No es una buena noticia que Hamás se haya
congratulado, aparte de la Yihad Islámica, como tampoco es una buena noticia que el primer ministro Netanyahu diga que todo esto responde a la instigación del primer ministro palestino Abu Mazen. Es una situación complicada por el aumento de la
violencia y es el momento de denunciar todos estos actos violentos y de llamar a la no incitación, a la no provocación y a facilitar el terreno para una negociación. Es de eso de lo que se trata. Después de los enfrentamientos que se habían dado
en las pasadas semanas en el Monte del Templo, o Explanada de las Mezquitas, parece que el 13 de noviembre, el rey jordano, el señor Kerry y el presidente Netanyahu han conseguido un acuerdo sobre el mantenimiento del statu quo y reforzar la
seguridad, lo cual es bueno. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque lo primero que hemos visto es que con la nueva Comisión, en un movimiento rápido, la alta representante Federica Mogherini ha realizado un viaje a Israel en el que ha
adoptado una serie de compromisos. Nuestro grupo se felicita de que la Unión Europea tome la iniciativa en este terreno y se convierta en un agente activo en el mismo, porque ciertamente el proceso que comenzó en Madrid y continuó en Oslo empieza a
estar ya agotado.
Decía que cómo hemos llegado hasta aquí. Yo creo que el Gobierno de Israel debe entender unas cosas sobre todo cuando se las dicen los amigos. También es muy simbólico que en la misma sesión plenaria de esta semana se vaya a discutir un
proyecto de ley en el que se va a reconocer la nacionalidad española a las personas de origen sefardí. Este Parlamento no es un enemigo de Israel y desde luego mi grupo tampoco, pero creo que Israel necesita reflexionar sobre valores que hace
tiempo formaban parte de la columna vertebral del propio Estado judío y que ha dejado en el pasado, porque en los últimos tiempos está moviéndose a los ojos del mundo en una escala de grises. El terrorismo que puedan ejercer algunos grupos, grandes
o pequeños, en contra del Estado israelí no lo legitima todo. La desproporción de los medios con que se ha actuado últimamente ha hecho que todo este proceso que íbamos viendo efectivamente ya se contemple desde el ámbito internacional como
completamente agotado; responder a los cohetes, por mucho que estos fueran lanzados desde Gaza, con la destrucción de barrios, de ciudades enteras y con el trabajo del ejército es auténticamente desproporcionado. La construcción de asentamientos
saltándose los acuerdos a los que se había comprometido el propio Gobierno israelí ante la comunidad internacional con nuevos proyectos, incluso poniendo en peligro la doble capitalidad de Jerusalén en los dos Estados, no es aceptable. Tampoco lo
es la expropiación reciente de tierras próximas a Belén, los proyectos de desplazamiento de beduinos en Cisjordania, las demoliciones de muchos proyectos y la pérdida de mucho dinero a veces -muchas veces, diría yo- financiado con la ayuda europea,
con esfuerzo europeo para construir una sociedad en paz. Y en Gaza evidentemente, con todos los cuidados, habrá que restablecer urgentemente las infraestructuras, los servicios básicos, pensar en abrir los checkpoints, permitir que las actividades
comerciales sean normales y durables en el tiempo. Desde luego, las declaraciones de hoy de Hamás no contribuyen a nada de esto. Es necesario el fin del bloqueo de Gaza, no vale volver a la situación de semibloqueo anterior a la última entrada del
Ejército israelí en la Franja, sino que tenemos que volver a una situación más normalizada muy anterior a todo aquello.
Evidentemente no podemos perder de vista ni dejar de considerar las aspiraciones legítimas de Israel a su seguridad, por supuesto que sí, pero Israel debe entender el mensaje -con esto voy concluyendo señor presidente-, Israel no puede ir a
una política de fait accompli por encima de los acuerdos obtenidos con las otras partes y ante la comunidad internacional sobre los asentamientos, etcétera. No es aceptable una política de hechos consumados. Y en segundo lugar, vamos a tener que
ir a la solución de dos Estados sí o sí. La paz debe basarse en ello y, por tanto, Israel debe pensar en dialogar teniendo en cuenta que esto tiene que venir a medio plazo. Cuando un amigo te dice que no vas por el camino adecuado suele ser
conveniente hacerle caso, y no es agradable para los amigos decirlo, pero lo leal, desde luego, es hacerlo.
Nos parece medida la propuesta que se hace y que también hemos firmado como grupo, una petición al Gobierno para que se reconozca a Palestina como Estado sujeto de derecho internacional, que lo haga
coordinándose a una con la Unión Europea y que esto obligue a las partes a negociar. Israel debe darse cuenta de que la solución de dos Estados es inevitable. Evidentemente, votaremos a favor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.
Embajadores, señorías, se produce esta iniciativa esta tarde en el clima de sobrecogimiento de todos los que estamos en esta Cámara por el atentado terrorista que ha tenido lugar hoy en Jerusalén; seis víctimas, dos de ellas los propios
terroristas, que nos vuelven a recordar -no nos cansaremos de repetirlo- que el terrorismo es la barbarie, una condena a este acto terrorista que ya hemos transmitido también a los representantes diplomáticos de Israel en nuestro país.
Señorías, la salida al conflicto árabe-israelí pasa por la existencia de un Estado israelí y un Estado palestino y el reconocimiento mutuo entre ambos. Esta es la posición que mi grupo defiende en esta Cámara y que ha defendido desde que
nació y esta es la posición que se está convirtiendo en hegemónica en la escena internacional. En los últimos tiempos se han producido numerosos avances en este sentido. En el año 2012 la Asamblea General de la ONU aprobó con una holgada mayoría
la inclusión de Palestina como Estado observador y hay numerosos países en el mundo que reconocen a Palestina; si bien es cierto que esta posición era minoritaria en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, esto ha empezado a cambiar desde que
Suecia decidió dar el histórico paso de reconocer el Estado palestino, algo que no ha quedado como hecho aislado sino que ha sido secundado por Parlamentos como el británico o el irlandés, que lo será próximamente en Francia y hoy en esta Cámara, en
nuestro país.
Desde luego, en esta cadena de reconocimientos que van haciendo que se abra paso a esta postura internacionalmente, y especialmente en la Unión Europea, hay que destacar la intervención de la alta representante, la señora Mogherini, que dijo
recientemente durante a una visita a los territorios palestinos: necesitamos un Estado palestino, es el objetivo y la posición que comparte la Unión Europea. Es evidente que hay un cambio de estado de ánimo respecto al conflicto de Oriente
Próximo. Estamos ante una nueva época, en un nuevo rumbo y quizás ante una nueva oportunidad para la paz y el tan ansiado final del conflicto árabe-israelí.
Nosotros creemos que es acertado que nuestro país contribuya en la medida de lo posible a abonar esta posibilidad para la paz que ahora comienza a aparecer, pero también consideramos necesario insistir en la imprescindible democratización de
ambos Estados y, en el caso de la Autoridad Nacional Palestina, particularmente en la subsanación de los graves déficits democráticos que padece y que afectan a los derechos fundamentales, a las libertades públicas o a la igualdad de las mujeres,
asuntos nada menores. Del mismo modo, creemos que es necesario -y nos satisface ver que eso es lo que ocurre hoy en esta Cámara- que dejemos de utilizar las cuestiones de la política internacional para la propia caracterización ideológica de los
distintos partidos políticos en el debate nacional. Es una auténtica satisfacción que hayamos dejado de lado las diferencias ideológicas, los distintos matices en esta cuestión, para tratar de contribuir a llevar la paz a esa zona del mundo tan
convulsa, para tratar de contribuir a abrir el camino a una negociación entre las partes.
El problema de Palestina, señorías, no es solo la falta de un Estado propio, es también la falta de democracia y el auge del terrorismo y del fundamentalismo islámico. No puede haber estabilidad en la zona si no se reconocen mutuamente
ambos Estados, pero tampoco puede haber estabilidad en la zona si la Autoridad Nacional Palestina no evoluciona hacia la consecución de un Estado democrático y de derecho. Al mismo tiempo que censuramos a Israel en su ocupación de los territorios
palestinos o en sus ataques a la población civil, creemos que es necesario exigir a las autoridades palestinas un compromiso con los valores democráticos y el abandono de cualquier simpatía o incluso empatía con cualquier acto terrorista. En este
sentido, hemos querido contribuir al texto incluyendo una condena expresa al terrorismo que no ha sido posible y a la que hemos renunciado en aras de la unanimidad que hoy va a salir de esta Cámara. En todo caso, nos ha parecido que lo prioritario
hoy era señalar la importancia de este acuerdo. Es un día importante para Oriente Próximo y también para España, puesto que podemos realizar esta contribución a la escena internacional reconociendo ambos Estados e insistiendo en su democratización.
Esto será, a nuestro juicio, lo que permitirá acabar con el conflicto y lograr la paz y la estabilidad en la zona.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, señores embajadores, permítanme que empiece, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán, condenando, lamentablemente una vez más, el atentado de esta mañana en una sinagoga de Jerusalén. El terrorismo se interpone
una vez más en el diálogo entre las dos partes y lamentablemente las declaraciones posteriores de Hamás provocan un escenario crítico, y precisamente porque estamos en un escenario crítico es oportuno el debate y la resolución que hoy vamos a votar.
De entrada, les anuncio el voto afirmativo. Celebramos el acuerdo, la política de pacto -en mayúsculas- que se ha producido durante los últimos días y las últimas horas, la política de la enmienda pero también de la interlocución con todas
las partes. Suecia produjo un acto pionero que se deberá armonizar con la política de la Unión Europea; los Comunes del Reino Unido de Gran Bretaña hicieron lo mismo hace unas pocas semanas; la alta representante de la Unión Europea para la
política exterior y buena amiga de tantas causas, Federica Mogherini, está priorizando claramente el reconocimiento y la convivencia de los dos Estados, y la próxima semana, el día 28 de noviembre, la Asamblea Nacional Francesa va a tener un debate
muy parecido al que celebramos esta tarde.
Nosotros siempre hemos apoyado la solución de los dos Estados basada en cuatro principios. En primer lugar, la convivencia pacífica, la solución acordada entre las partes, el reconocimiento mutuo y no la destrucción de la otra parte, como
se ha mantenido en el pasado; el fin de los asentamientos ilegales; el acuerdo basado en las fronteras de 1967, con las modificaciones oportunas acordadas entre las partes; la solución definitiva para Jerusalén Este. En definitiva, las
conversaciones de Camp David del año 2000, cuando más cerca se estuvo del acuerdo. Nuestro grupo parlamentario siempre ha mostrado una alta consideración por el derecho del pueblo de Israel a existir, nuestra simpatía por que el pueblo de Israel se
constituyera en Estado, tal y como se produjo el 14 de mayo del año 1948. Es un pueblo resistente que durante años y años dijo en su año nuevo: el próximo año en Israel; un Estado que tiene derecho a su seguridad nacional; un Estado democrático
rodeado de un entorno conflictivo.
Señorías, en nombre de esta seguridad y de esta estabilidad, ahora más que nunca la solución son los dos Estados. Esta es la posición también, por fin, del primer ministro del Likud, del primer ministro Netanyahu, porque Israel en este
momento afronta dos opciones; bien constituirse como un Estado binacional o bien dar salida a la situación actual con la constitución de dos Estados. No creo que la opción preferida de Israel sea constituirse como un Estado binacional,
reconociendo y recordando la correcta representación democrática de la minoría árabe en el Parlamento de Israel.
Señorías, no se nos debe escapar la oportunidad de esta iniciativa y de este debate a nivel europeo en este momento para entender también que Israel necesita un interlocutor válido para conseguir la paz, y este interlocutor válido es el
apoyo al presidente Abbas, el apoyo a la Autoridad Nacional Palestina. Porque, señorías, no miramos de forma acrítica lo que está sucediendo. Somos muy conscientes del resultado de las elecciones de enero del año 2006 que produjeron la victoria de
Hamás. Constatamos los efectos de la retirada de Gaza en el año 2005 y el control por parte de Hamás de la Franja de Gaza. Este es el sentido político del apoyo a una Autoridad Nacional Palestina a la cual también le debemos trasladar el mensaje
claro de que se debe actualizar, poner al día, profundizar en sus estructuras democráticas, pero al fin y al cabo la paz pasa por el reconocimiento de los dos Estados. Si me permiten, la votación de esta tarde es una contribución a combatir el
fatalismo que ha presidido durante decenios el debate; el fatalismo de pensar que dos pueblos no pueden convivir pacíficamente. Yo estoy convencido de que israelíes y palestinos van a convivir en el futuro en paz.
Para terminar, señor presidente, diré que la palabra clave del debate de esta tarde es reconocimiento, pero después del reconocimiento la siguiente palabra clave deberá ser reconciliación, y estoy convencido, señorías, de que después del
reconocimiento habrá reconciliación entre las partes.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Señora Jiménez, aunque ya se ha dicho reiteradamente, a efectos oficiales le pregunto cómo queda la proposición no de ley.
La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Señor presidente, efectivamente el Grupo Popular presentó una enmienda transaccional a la iniciativa del Grupo Socialista que hemos aceptado y corregido y el letrado ya tiene el texto definitivo, texto que
ha sido suscrito por todos los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jiménez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): He querido asistir, a pesar de no ser diputado, a esta sesión para expresar la esperanza del Gobierno de que esta declaración de voluntad del Congreso de los
Diputados sirva para desatascar un proceso de negociación que lleva muchos años atascado; un proceso de negociación que debe culminar trayendo la paz a una región que lleva sangrando desde hace muchos años; un proceso de reconciliación que debe
evitar tragedias como las que se han producido hoy en una sinagoga de Jerusalén y declaraciones de apoyo tan repugnantes como las que hemos leído. En segundo lugar, quiero expresar mi satisfacción por que todos los grupos se hayan mostrado
proclives a apoyar esta declaración. Siempre he creído que la política exterior debe ser una política de Estado, una política de grandes acuerdos, y que lleguemos -olvidando algunas diferencias- a votar conjuntamente de manera favorable una
declaración tan significativa y tan importante como esta es un enorme alivio. En tercer lugar, el compromiso del Gobierno de llegar también a acuerdos en la Unión Europea. Creo que si hay que llegar a acuerdos en el seno de la Cámara que
representa a la nación española también hay que llegar a acuerdos en la Unión Europea si queremos una política exterior común auténticamente continental. Y finalmente, el compromiso del Gobierno de explorar como miembro no permanente del Consejo de
Seguridad una opción que nos permita explorar la vía para que la comunidad internacional impulse un diálogo que vuelva a traer lo que a todos nos ha reunido aquí: la paz, la estabilidad y el desarrollo de una región que lleva sufriendo desde hace
mucho tiempo. Gracias, por tanto, en nombre del Gobierno a todos los grupos que han manifestado su apoyo a esta declaración y nuestra voluntad de aplicarla con la máxima eficacia, justicia y prudencia posibles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA AGENDA SOCIAL DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000180).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la moción del Grupo Socialista sobre la agenda social del Gobierno. Este será el último debate de esta tarde. Para defender la iniciativa, tiene la palabra la señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta es una moción que insta al Gobierno a adoptar unas medidas para recuperar el Estado del bienestar. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Quiero en este acto pedirle al Grupo Popular que la
apoye, vistas las reiteradas manifestaciones que constan en el 'Diario de Sesiones' y que pudimos escuchar también a lo largo de la semana anterior y especialmente en el debate de presupuestos, así como en la interpelación de la señora ministra,
donde manifestaba su reiterada vocación de apoyo al Estado del bienestar y su enorme sensibilidad social. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora Carcedo, por favor.
Por favor, rogaría a los señores y señoras diputadas que si van a abandonar el Pleno lo hagan en silencio para que podamos escuchar a la oradora.
Adelante, señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Gracias, señora presidenta.
Decía que, en coherencia con ese planteamiento, les ruego que voten esta moción favorablemente para que consigan así superar esa especie de esquizofrenia política entre lo que dicen y lo que hacen.
Por tanto, sean consecuentes y apoyen esta moción para que recuperemos los españoles, especialmente los más desfavorecidos, las condiciones que como ciudadanos nos garantiza el Estado del bienestar.
Hemos asistido a lo largo de esta legislatura a un conjunto de medidas que yo resumiría en tres bloques principales: el primero, de modificaciones estructurales sobre las políticas del bienestar; el segundo, de recortes tremendos sobre el
gasto social y específicamente en los presupuestos destinados a las políticas tradicionalmente consideradas como el cuarto pilar del Estado del bienestar; y el tercero, sobre las políticas que afectan más al mercado y especialmente al mercado
laboral y que suponen un recorte a los salarios, específicamente a la protección por desempleo. Todas estas medidas, estos tres grandes bloques de medidas destinadas a erosionar el Estado de bienestar recaen singularmente sobre la población de
rentas más bajas en nuestro país, de forma que el 10 % de la población se encuentra ya en unas condiciones de grave riesgo de exclusión social. Pues bien, mediante esta iniciativa pretendemos que reviertan esas decisiones adoptadas a lo largo de la
legislatura y que brevemente les paso a resumir y que están recogidas en el punto primero. La moción que les ruego que apoyen plantea no solo que detengan ya la agresión al Estado de bienestar, sino que reviertan esas decisiones que suponen cambios
estructurales decisivos en las condiciones del Estado del bienestar y que los investigadores vienen a llamar la mercantilización del Estado de bienestar y que muy esquemática y sintéticamente recoge el informe Foessa, que les mencionaba hace dos
semanas. Me estoy refiriendo específicamente a los reales decretos 14/2012, 16/2012 y 20/2012, que en el caso del 14/2012 supone una serie de obstáculos y trabas a la igualdad de oportunidades, eliminando algunos tramos educativos que son decisivos
para ese igualdad de oportunidades de los niños y que llevó a unos recortes en el caso de la educación de 6.600 millones a lo largo de esta legislatura. También me estoy refiriendo a los recortes en el Sistema Nacional de Salud, donde el más
dramático y estructural es la sustitución del derecho de la ciudadanía a la atención y protección a su salud por la condición de asegurado, con lo que ello significa. Esto además conllevó que el Sistema Nacional de Salud tuviera unos recortes de
más de 13.000 millones de euros en esta legislatura, que suponen casi un 20 % del presupuesto sanitario. Permítanme un pequeño inciso. En el Real Decreto 16/2012 se dice que este decreto está destinado a reforzar la sostenibilidad y a mejorar la
eficiencia. Pues entérense, sus políticas han logrado que el grado de eficiencia del Sistema Nacional de Salud retroceda, que nuestro Sistema Nacional de Salud haya retrocedido desde el quinto lugar en sistemas más eficientes del mundo al
decimocuarto lugar del mundo, siendo como era el primero más eficiente de la Unión Europea. Ese es el resultado de la mejora de la eficiencia. Pero la ciudadanía está sufriendo las consecuencias. Hay cerca de 900.000 personas sin derecho a la
asistencia sanitaria. Un copago introducido a los pensionistas, que es uno de los colectivos que se están revelando ahora como víctimas de la pobreza sanitaria, según el informe de la Cruz Roja, hace que hayan aportado al Sistema Nacional de Salud
ya en el ejercicio anterior más de 963 millones de euros frente a los 250 millones de subida de las pensiones. Eso es empobrecimiento de las personas mayores. Lo más dramático son los recortes en servicios sociales que van dirigidos a la población
más necesitada, de forma que el Estado está destinando 3 euros a cada persona usuaria de los servicios sociales como consecuencia de las reformas y recortes que ustedes han introducido tanto en la Ley de Dependencia como en el Plan concertado, que
también fue seguido por algunas comunidades autónomas como consecuencia de los cambios estructurales del Real Decreto 20/2012 y que, en resumen, suponen 2.000 millones menos cada año para los servicios sociales.
En cuanto al segundo punto que viene en la moción, aprovecho para recordar a sus señorías que pasado mañana es el Día Universal del Niño y que va dirigido específicamente a la pobreza infantil. A este respecto también les quiero recordar
que, por favor, no usen los datos de forma tergiversada intencionadamente. Han cambiado la metodología para medir el riesgo de pobreza. No es cierto que hayan cambiado las tendencias de la pobreza infantil; ha cambiado la metodología. Por favor,
no mientan en estos asuntos que son muy serios para la credibilidad del país. (Aplausos).
Según la encuesta de condiciones de vida, las carencias materiales se están incrementando...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Carcedo, tiene usted que finalizar.
La señora CARCEDO ROCES: Termino, señora presidenta.
Solamente les comento una cuestión. Uno de los aspectos del segundo punto son las rentas familiares para las familias con niños a cargo. Tengan un mínimo de sensibilidad y, puesto que pasado mañana...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: ... es el Día Universal del Niño, por favor, apoyen esta iniciativa.
Pero termino ya, señora presidenta, con un ruego. Por favor, dejen su desorientación temporo-espacial. Estamos en la X Legislatura, no estamos rindiendo cuentas de la IX Legislatura. Estamos en el Congreso de los Diputados, no estamos en
los parlamentos autonómicos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Por favor, un poco de rigor cuando suban a la tribuna. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Carcedo.
En esta moción no hay enmiendas. Fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta.
Los nacionalistas canarios tenemos que anunciar en primer lugar que vamos a apoyar sin reservas la moción que acaba de defender la portavoz del Grupo Socialista, aunque no nos podemos resistir a decirle que la verdad es que esto de una
agenda social -estoy seguro de que usted está de acuerdo conmigo- es un eufemismo. Yo sé que algo hay que hacer para hacer notar que lo que hemos tenido es una regresión importantísima en lo que se refiere a los derechos sociales, a los derechos
laborales y al empobrecimiento de la población y que esto no es producto precisamente de la casualidad, porque en realidad es fruto de una política que consiste en endurecer las condiciones de vida para teóricamente ayudar a salir de la crisis a los
más débiles mientras se les echa una mano a los más fuertes. Entonces ocurren estas cosas que ocurren, y ocurren contrarreformas muy importantes en derechos y recortes muy serios en servicios públicos, que son precisamente los que tenían que haber
crecido para ayudar al cada vez mayor número de personas que lo están pasando realmente mal, una tasa de empobrecimiento brutal en el conjunto del Estado español de personas que han perdido todos los colchones sociales y que están más cerca de la
exclusión social que de otra cosa.
Frente a eso hubiese sido necesario hablar de reforzamiento de los servicios públicos, o habría que haber hablado de fortalecimiento de políticas dirigidas a acabar con las situaciones de pobreza extrema y de exclusión social o de fenómenos
tan dramáticos como el de la pobreza infantil. Por supuesto eso no es lo que ha ocurrido. Ha ocurrido justamente lo contrario. Por eso queremos decir que en realidad la solución de esto es que alguien resuelva -y no va a ser en esta legislatura-
la contrarreforma legislativa que ha iniciado el Partido Popular a lo largo de esta legislatura y que eso se traduzca donde se tienen que traducir las políticas, que es en los presupuestos. Justamente es lo contrario de lo que hemos asistido en
estos tiempos. Además lo dice un diputado, en nombre también de mi compañera, que vive en una tierra en la que de esto sabemos ni se sabe. Yo les tengo que decir que nosotros hemos tenido que asistir al terrible fenómeno de que las personas
empobrecidas son más pobres en la actualidad que antes. Es decir, ahora se es pobre todavía con menos que cuando las cosas comenzaron. Yo no sé si nos damos cuenta de la dimensión terrible que tiene este fenómeno. En Canarias tenemos 800.000
personas viviendo bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa o con todas las personas activas de una misma familia en paro. Esto significa el 38 % de la población. Si ante esto la respuesta es que tenemos una salida, que es la que
está planteando el Partido Popular, que es recortar, entonces lo que ocurre es que este fenómeno crece y por eso resulta que lo que hay que hacer es cambiar las políticas.
Lo que está claro es que han tenido ustedes la oportunidad, junto con el núcleo duro de la Unión Europea, de demostrarnos a todos que el mercado solo se encargaba de resolver estas cosas, que esto del proteccionismo es muy malo y nosotros lo
resolvemos todo desregularizando y acabando con situaciones de protección social porque eso supone que es muy caro y además es insolidario. Han tenido la oportunidad de hacerlo, y ahora nosotros, los que estamos en otro tipo de posiciones, tenemos
la oportunidad de decirles: lo que ustedes han hecho ha sido empeorarlo todo. Aquí solo les ha ido bien a los fuertes, les va especialmente mal a los débiles y además les va especialmente mal sin ningún tipo de perspectiva de futuro, porque las
situaciones de exclusión social que se están dando, como saben y como repiten los expertos constantemente, cuando perduran en el tiempo después son prácticamente irreversibles.
Nosotros vamos a apoyar esta propuesta, aunque le pongamos el nombre de agenda, a ver si hay suerte y empezamos a trabajar en la línea de lo que se trata. Lo que es verdad es que sus políticas están
fracasadas. El ultraliberalismo salvaje es inhumano y ha ayudado a aumentar las diferencias y el empobrecimiento de la gente y no a lo contrario.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que la moción que nos presenta el Grupo Socialista... (El señor Quevedo Iturbe se detiene en el escaño de la señora Carcedo Roces). Seguiré cuando acaben los efluvios amorosos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, se saludan, lo de amorosos déjelo usted para otro momento.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Vamos a dejarlo en cariñosos, señora presidenta, o en un saludo, lo que usted prefiera. Le dejo a usted la identificación del concepto forense utilizable en esta materia.
Acabada esta situación, tengo que manifestar que es difícil decirle que no a ninguno de sus pedimentos. Entre otras cosas porque todos son requerimientos de la propia Constitución. Cuando usted se refiere al cumplimiento de los derechos o
al reconocimiento de los deberes y derechos de los extranjeros, basta con aplicar el artículo 23 de la Constitución. Cuando se refiere a los derechos de los niños -por citar otro ejemplo-, bastaría con aplicar el artículo 39 de la Constitución, que
se refiere a la protección de la familia y particularmente de la infancia, en un país donde la infancia está muy empobrecida. Somos el segundo país de Europa en materia de pobreza infantil; Unicef ya declara que en el Estado español el 26,5 % de
la población de niños está en situación de pobreza. Cuando se habla de exclusión social, basta con citar el artículo 41 de la Constitución, la protección universal, al que provee este precepto para cualquier situación de necesidad. Lo mismo que
basta con aplicar este mismo artículo 41 de la Constitución cuando usted habla de la prestación o de la cuantía que debe afrontarse en relación con el Iprem a los desempleados de larga duración. Basta con aplicar los requerimientos o el contenido
esencial del artículo 41 de la Constitución. Cuando habla de la protección de la familia -reitero- basta con aplicar el artículo 39 de la Constitución. No estamos hablando más que del reconocimiento de preceptos constitucionales, lo cual llama
poderosamente la atención en una Cámara donde pretendidamente hay tantos constitucionalistas. Se podrían incorporar a la agencia social que usted preconiza también otros preceptos de la Constitución que tampoco están siendo cumplidos debidamente.
Ha hecho una reflexión muy interesante respecto a la deflación salarial. Para evitar la deflación salarial bastaría con recuperar la negociación colectiva laboral, amortizada gravemente por la reforma laboral del año 2012. Y así
sucesivamente. La única paradoja, la única cuestión que nos genera alguna reserva mental -no respecto al contenido material de su iniciativa sino respecto al contexto político en el que se incardina-, es que ustedes están preconizando una reforma
constitucional, aunque no en esta iniciativa parlamentaria, en la que lo que están pidiendo es que se cumplan -mientras se provee a esa reforma constitucional- los preceptos constitucionales ahora en vigor y manifiesta e indubitadamente incumplidos.
Pero mire, yo -que no soy el mayor apologeta que hay en esta Cámara de la Constitución española- comparto que estos son preceptos incumplidos en la Constitución. La agenda social -sin perjuicio de que tiene un punto de heterogeneidad y una cierta
sistemática y de que podríamos mejorarla y se podría incluso implementar con otros preceptos también incumplidos- nos parece muy razonable y, como nos parece muy razonable, la votaremos favorablemente.
Gracias, señora presidenta. Y discúlpeme si he utilizado alguna expresión incorrecta desde la nomenclatura parlamentaria.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
La moción que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista como consecuencia de la interpelación que escuchamos la pasada semana está desde nuestro punto de vista muy puesta en razón, como se suele decir. Nos parece que cada uno de
nosotros podríamos haber priorizado o no las cuestiones que aparecen en la moción, pero todas las cuestiones que se solicitan al Gobierno son razonables y de justicia; no solamente -como decía el señor Olabarría- están en la Constitución. Sabemos
que el que
estén en la Constitución, el que se apliquen los artículos 1, 2 o 3 no es suficiente y por eso hay que plantear requerimientos concretos una vez que se establecen las dificultades y una vez que se reconocen las injusticias que en esta
materia existen.
Tanto la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, como el señor Olabarría y el portavoz del Grupo Mixto, a la hora de mostrar su apoyo o de analizar esta moción, han hecho referencia a una de las cuestiones que resulta más llamativa, no
por dolorosa, que lo es -me estoy refiriendo a la pobreza infantil- sino porque es una expresión que muestra el fracaso del sistema. Cuando hay casi 3 millones de menores en situación de precariedad y de exclusión el sistema en su conjunto está
fracasando, fracasa el presente y estamos garantizando el mal futuro. Estamos siendo incapaces de resolver los problemas de las próximas generaciones, estamos construyendo un futuro de precariedad y de exclusión que afectará a muchos más millones
de los menores que hoy están en ese riesgo de exclusión y de pobreza. Por tanto, es un fracaso colectivo de nuestra democracia y sirve bien como ejemplo para demostrar hasta qué punto las políticas sociales con mayúsculas, que tienen que ver con el
empleo, con la sanidad, con la educación, con todas las áreas que la portavoz del Grupo Socialista ha determinado están fracasando y son fuente de inseguridad sobre su presente y su futuro para el conjunto de los ciudadanos, son fuente de
desigualdad, son fuente de injusticia. Como decía inicialmente, son todas ellas la manifestación de un fracaso.
Se suele decir por parte del grupo mayoritario que apoya al Gobierno y por parte del propio Gobierno en alguna interpelación que mi grupo ha planteado al respecto o en preguntas al presidente del Gobierno, que resolver los problemas de
empleo es la única manera de terminar con la pobreza infantil. A nuestro juicio es una respuesta simple, superficial y además en modo alguno tiene en cuenta los problemas de la pobreza en su conjunto y de la pobreza infantil en particular. No hay
ejemplos de sociedades en nuestro entorno que hayan sufrido situaciones de crisis económica en los que la pobreza infantil se haya incrementado como en España. No solamente es consecuencia de la crisis económica, es consecuencia de la falta de
políticas sociales, de la falta de cobertura de las políticas sociales del Gobierno al conjunto de la sociedad que inciden particularmente en la pobreza infantil. No es una consecuencia directa de la situación económica sino del abandono, de las
restricciones de políticas sociales, de los recortes sociales por las políticas del Gobierno. Lo sabemos bien, estas cifras que resultan insoportables de pobreza infantil pueden aumentar en los próximos meses por diversos factores: por la
precarización del empleo en nuestro país, que es algo que va incrementándose; por el aumento del número de hogares en los que ya no hay ningún tipo de ingresos; por la caída de la inversión real en políticas de protección de la infancia y de
familia; por la falta de voluntad política por parte del Gobierno en la lucha contra la pobreza. La portavoz socialista ha citado un dato, 2 euros por año por menor identificado. El otro día citábamos en una comparecencia de la ministra otro dato
que es todavía más espeluznante: para lucha contra la pobreza infantil específicamente en los presupuestos hay 11 euros al año por niño, lo cual es algo verdaderamente escandaloso.
Como decía, todas estas medidas que el Grupo Socialista plantea en esta moción -podríamos añadir muchas, naturalmente- son imprescindibles y llegan con mucho retraso. Son asignaturas pendientes de nuestro país en este momento. Estamos
finalizando el año 2014 y no hay ningún argumento para no tomar medidas en todas las áreas en las que aquí se han planteado. Añadiría una más, aunque el portavoz del Grupo de Unión Progreso y Democracia -el señor Martínez Gorriarán- mañana lo hará,
y es que hay recomendaciones europeas de prestación por menor a cargo y el Gobierno de España, es junto con otros 6 de los 28 de la Unión, el único que no la tiene. Tampoco hay ningún argumento para eso, no es una cuestión de economía, no es un
problema de que la situación económica impida reconocer este derecho a las familias...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... que sufren esta situación y que tienen menores sin protección de ningún tipo. Insisto, no es una cuestión que tenga que ver con la precariedad de la situación económica en España. El Gobierno está diciendo
todo el tiempo que ya hemos salido de la crisis, que hay muy buenos datos, que florecen los árboles de la economía aunque estemos en otoño...Esto es, como todo, una cuestión de prioridad. Si resulta que estamos saliendo de la crisis y no somos
capaces de resolver la mayor de las crisis que tenemos, que es tener abandonados a casi 3 millones de niños en la pobreza y en la exclusión es que no merecerá la pena la política que hace el Gobierno. No solo no merecerá la pena sino que es una
política injusta...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... y es, además de todo, una política absolutamente impresentable en términos democráticos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Garzón. Por favor, guarden silencio.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.
Es siempre difícil enfrentar una moción de estas características porque, al fin y al cabo, quién va a estar en contra de erradicar la pobreza o quién va a estar en contra de mejorar el nivel de vida de la gente, de mejorar los salarios, de
permitir que la gente tenga acceso a la sanidad, a la educación, o quién va a estar a favor de la pobreza energética. Está claro que es una moción que expresa un desiderátum que incluso podría ser mantenido por el Partido Popular, aunque tuviera
una retórica diferente. A nuestro juicio, esta moción, así, a la ligera, nos parece carente del suficiente anclaje ideológico y anclaje jurídico. ¿Por qué? Porque más allá de la retórica planteada en la moción, que vamos a compartir y que vamos a
votar a favor, lo que hace falta es saber por qué ocurren las enfermedades que se están expresando en esa moción. Es decir, por qué hay pobreza energética, por qué no se está cumpliendo la Constitución.
El señor Olabarría lo ha expresado muy bien. Se trata sencillamente de una manifestación. Esta moción es la manifestación de los incumplimientos sistemáticos de las garantías positivas reflejadas en nuestra Constitución, es el reflejo de
la incapacidad del bipartidismo durante muchos años de cumplir la Constitución. Sencillamente y es muy triste que eso lo estemos debatiendo porque tendría que ser obligación para el Estado que se cumpliera la Constitución y sus garantías positivas.
Sin embargo, hay determinadas políticas que han llevado a que esto, al final, tenga que debatirse en este punto. Ahí es donde reside la cuestión a debatir. ¿Por qué se modificó el artículo 135 de la Constitución que si recordamos lo que hace es
subordinar toda política pública al pago de intereses de la deuda y, por lo tanto, poniendo en lugar secundario las garantías positivas? Lo que quiero decir es que ese artículo 135 es la punta de lanza de las reformas estructurales que se han
acometido en este país y que nos han llevado a esa situación social y económica que dice la moción quiere resolver. ¡Pero qué enorme paradoja! El artículo 135 fue modificado por el Partido Popular pero por el Partido Socialista que, de hecho,
estaba en el Gobierno. ¿Y qué ocurre cuando hablamos de la pobreza energética? La pobreza energética no sería un problema si tuviéramos empresas públicas que tuvieran claro que por encima de la rentabilidad está que en un país desarrollado nadie
puede pasar frío por no poder calentar su casa. Pero es que resulta que este Estado ha ido vendiendo los instrumentos públicos, entre ellos Endesa. Y, ¡qué casualidad!, también privatizada primero por el Partido Socialista y después terminada de
privatizar por el Partido Popular. Al final, es el propio bipartidismo como actor político que construyó y constituyó la Unión Europea en la que se enmarcan las políticas que nos llevan a esta situación quien tiene la responsabilidad política que
expresan las enfermedades.
Nosotros vemos los síntomas en las manifestaciones de la gente, vemos los síntomas en los intentos de debatir estas cuestiones y por eso se nos queda en un mero desiderátum si no se va a la raíz del problema. La raíz del problema es la
arquitectura de la Unión Europea, son las políticas neoliberales y desde luego y por encima de todo el incumplimiento sistemático de la Constitución y sus garantías positivas. De sus garantías positivas, insistimos, que deberían ser obligaciones
para el Estado y que aquí se está manifestando que no se cumplen. Por eso nuestro grupo, la Izquierda Plural, habla de proceso constituyente porque hemos constatado que desde los años del bipartidismo, desde la construcción de la Unión Europea
nuestra Constitución de 1978 ha sido vaciada formal y sustancialmente. Ha sido vaciada formalmente porque se han constituido normas jurídicas supraestatales que han dejado sin soberanía popular a los españoles. Y también se ha vaciado
sustancialmente porque se ha desmantelado el Estado social, pero el desmantelamiento del Estado social no es de hace cinco o seis años cuando comenzó la crisis, es muy anterior. Por lo tanto, las responsabilidades políticas no se ciñen únicamente
ni al último Gobierno del Partido Popular ni siquiera al último Gobierno del Partido Socialista, sino que van mucho más atrás, que es la asunción de las políticas neoliberales y, por lo tanto, la cristalización de que las garantías positivas de la
Constitución pasaran a segundo plano. Por lo tanto, no hablemos de los síntomas sino que hablemos de las causas, y las causas tienen responsabilidades políticas. Y a pesar de que nosotros tenemos esta visión, votaremos a favor de la moción, como
creo que votaría a favor de la moción todo el mundo. Pero es un mero desiderátum si no va seguida de la coherencia, sobre la que ya debatiremos
la semana que viene, respecto del artículo 135 y desde luego con respecto a las políticas neoliberales que el Partido Popular sigue aplicando, a pesar de seis años de sacrificio para la mayoría social y sin éxito para esta mayoría. Desde
luego es probable, es seguro de hecho, que haya éxito para una minoría social, pero lo que está claro es que el sentimiento de frustración que está habiendo en la calle, en la gente, tiene que ver con el incumplimiento de las garantías positivas y
que la responsabilidad está aquí, no fuera.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Intervendré desde el escaño. El planteamiento de la moción del Grupo Socialista está derivando en un debate amplísimo en el que cada uno corremos el riesgo de venir a hablar de nuestro particular libro. Yo voy a intentar centrarme en el
contenido de la moción que se nos ha planteado y especialmente en los puntos más concretos de esta iniciativa, recordando que en el debate más general hemos de reconocer que, más allá de los efectos de esta crisis y más allá de su gestión política,
dentro del dogma de la política de austeridad que nos ha terminado por imponer la Unión Europea, al menos dos problemas los veníamos arrastrando desde antes de la crisis. Por un lado, unas tasas de desempleo que no son habituales en nuestro entorno
europeo y que debilitan tanto la financiación de los servicios públicos como las oportunidades a las personas y las posibilidades de igualdad y, al mismo tiempo, el Estado del bienestar cubre sus expectativas razonablemente en relación con las
personas mayores -lo hemos vivido durante esta crisis, cuando el riesgo de pobreza entre los mayores ha disminuido- pero, en cambio, no protege a las familias con hijos a cargo, siendo su máxima expresión el aumento de la pobreza infantil. Como he
dicho anteriormente, son dos problemas previos a la propia crisis y que, más allá de la reflexión sobre la gestión de esta crisis, expresan algunas debilidades de fondo del funcionamiento de la economía y del Estado del bienestar, teniendo que ver
también con las medidas que no fueron capaces de tomar distintos Gobiernos en las épocas en las que la economía era más vibrante y más dinámica. Hoy solo nos podemos lamentar por ello, pero de lo que se trata es de intentar corregirlo.
Sin embargo, en relación con lo que era estrictamente el contenido de la parte más específica de la iniciativa que nos plantea el Grupo Socialista, quiero poner en valor la reivindicación que hacen ustedes del pacto de Estado contra la
pobreza infantil, que es una demanda planteada por Unicef al conjunto de los grupos de la Cámara; solo ese punto de su moción justificaría que fuésemos capaces de alcanzar algún tipo de acuerdo en este debate, por lo que insto al Grupo Popular para
que al menos apoye ese punto. Ustedes reclaman también un presupuesto específico de lucha contra la pobreza infantil en forma de plan, por lo que supongo que los portavoces de la mayoría incidirán en esos 32 millones de euros, si no recuerdo mal,
que incorporan los Presupuestos Generales del Estado; en cualquier caso eso será insuficiente para hacer frente a ese problema. Ustedes mantienen asimismo la propuesta que hemos debatido en la Cámara y que está situada en el ámbito de la
interlocución con los agentes sociales sobre la creación de una prestación específica para los parados con familiares a cargo. Hemos de esperar a que ese compromiso que el Gobierno asumió antes del verano con los interlocutores sociales pueda
concretarse, pero nos consta que las cifras que el Gobierno les ha hecho llegar ahoraa son claramente insuficientes para hacer frente a ese problema.
Finalmente -y con ello termino, señora presidenta-, ustedes recogen en su propuesta un texto con el que Convergència i Unió tiene más que una plena coincidencia, que es el normalizar la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social.
(El señor presidente ocupa la Presidencia). Señorías, en España la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social, que en el resto de la Europa avanzada, democrática y sólida es casi una prestación de carácter universal en la mayoría de los
Estados miembros, en el caso español se reduce a 291 euros al año para aquellas familias con ingresos inferiores a los 11.500 euros anuales. Estamos hablando de una prestación ínfima para aquellas familias que son extremadamente pobres y la
ausencia de una prestación de estas características, similar a la que existe en los Estados de la Unión Europea explica, no en exclusiva pero explica, el riesgo, el alto riesgo de pobreza infantil que padece nuestra sociedad. En este sentido,
Convergència i Unió ha registrado hace unas semanas una proposición de ley que va en la línea de avanzar hacia la universalización de esta prestación. Nos parece que este es un debate fundamental y, a pesar del contexto económico complicado y
difícil, esta Cámara debe ser capaz de abordarlo. (Rumores). Por ello, ese punto en concreto cuenta con nuestro especial apoyo.
Señorías, las propuestas que ustedes nos trasladan son coincidentes con algunas de las preocupaciones que tiene Convergència i Unió y, por tanto, vamos a votar favorablemente a su iniciativa.
Muchas gracias. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Coherencia política, decía la señora Carcedo. Coherencia política es la que deberían aplicarse ustedes, porque es difícil entender que los mismos que hicieron tambalear los cimientos del Estado del
bienestar, los mismos que generaron los grandes problemas en España, sean los que hoy pretendan dar la solución. (Aplausos). Eso no es coherencia política, señora Carcedo. Ustedes no tenían prevista ninguna agenda social en su programa y eran
absolutamente incapaces de reaccionar ante la debacle que estaban ocasionando. Usted se reirá y le hará mucha gracia; a mí desgraciadamente ninguna, como probablemente no le hace ninguna gracia a la mayoría de los españoles que llevan todos estos
años sufriendo la mala gestión del Gobierno socialista. (Protestas). Escuchen, escuchen.
Ustedes engañaron a la Unión Europea. Ustedes duplicaron la deuda y fruto de ello es el número de parados que tenemos hoy y el déficit que se ha alcanzado. Ustedes fueron los que se cargaron tres millones y medio de empleos. Ustedes
fueron los que generaron la mayor bolsa de pobreza. (Protestas.-Aplausos). Ustedes fueron los que recortaron las pensiones de nuestros mayores. Ustedes fueron los que hicieron que los parados de larga duración pagaran el 40 % de los medicamentos.
El absentismo escolar en su época era alarmante y nuestros escolares estaban a la cola según los informes de la OCDE. (Protestas). Ustedes fueron los que en el último Plan de inclusión social no tuvieron en cuenta ni una sola medida para atajar la
exclusión social y la pobreza infantil. Ustedes fueron los que consiguieron que el sistema de dependencia tuviera un desfase de más de 2.700 millones de euros y que hubiera más de 300.000 dependientes en lista de espera. Ustedes fueron los que no
pusieron en marcha ningún plan de familia y los que han logrado el mayor aumento de la desigualdad que se conoce en Europa. Ustedes y solo ustedes. Ese es el legado que nos dejaron. (Protestas.-Aplausos).
Sé que a usted le molesta enormemente que hablemos de comunidades autónomas, pero desgraciadamente ese es el legado que sigue vivo. Del Principado de Asturias no voy a hablar; la señora consejera de Bienestar Social dejó de serlo en el día
de ayer. Andalucía es la comunidad con más paro y con más tasa de pobreza. Es la última comunidad autónoma en inversión educativa por alumno. Ustedes han recortado 4.000 profesores en Andalucía. Es la última comunidad en personal sanitario por
habitante y han recortado 9.000 personas en esa área. En los últimos presupuestos de 2014 han recortado más de 700 millones en políticas sociales. Si en vez de destinarlo al fondo de reptiles lo hubieran hecho a las políticas sociales, otro gallo
cantaría en Andalucía. (El señor Pradas Torres: ¡Habla de Alicante!-Protestas).
Por el contrario, estén ustedes tranquilos, porque gobierna el Partido Popular y se ha dado la vuelta a la tortilla. Están cambiando absolutamente las políticas y desde el primer minuto se han puesto en marcha una serie de medidas para
atajar lo que su moción pretende recoger: el Plan nacional de inclusión social -la primera vez como objetivo transversal de la lucha contra la pobreza infantil- y el Plan de infancia y adolescencia. En la dependencia se ha garantizado el sistema,
se ha reducido en un 43 % la lista de espera y se han cancelado las deudas que ustedes contrajeron. Se ha garantizado el catálogo de servicios y prestaciones y hoy hay casi 270.000 personas más en el sistema. Hay casi 700.000 españoles más con
tarjeta sanitaria, lo que demuestra la verdadera universalidad del Sistema Nacional de Salud. Hoy los parados de larga duración no tienen que pagar el 40 % de los medicamentos. En educación el 64,7 % del total se destina a becas. Se está
reforzando la integración educativa, ha habido una firma de acuerdo... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
Por favor, ruego un mínimo de silencio para que se pueda oír a la diputada.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, presidente.
Ha habido un acuerdo el día 31 de julio, una negociación tripartita con los agentes sociales; hay un flash social con 1.000 millones de euros; hemos garantizado las pensiones y las hemos subido; la reforma fiscal beneficia a las familias
y ha puesto en sus economías 9.000 millones de euros más. Además, desde
el 12 septiembre se han aprobado tres estrategias de la agenda social importantísimas, la de discapacidad, la de igualdad y la de juventud, dotadas presupuestariamente y dirigidas fundamentalmente a la creación de empleo. A ello hay que
sumar el proyecto de ley de protección a la infancia, el plan integral de apoyo a la familia, las recomendaciones para la defensa de los derechos de los mayores, las leyes del tercer sector y del voluntariado y los planes contra la brecha salarial
de las mujeres. Asimismo -termino, presidente- hay que señalar que el Consejo Europeo ha felicitado al Gobierno. Desde aquí, señorías, creo que tienen la gran oportunidad de sumarse y colaborar con la agenda social del Gobierno, como están
haciendo las comunidades autónomas, los agentes sociales, el tercer sector y todos los ministerios afectados.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montesinos.
En dos minutos vamos a votar. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):
- DEL PARLAMENTO VASCO, SOBRE ALTERACIÓN DE LOS LÍMITES PROVINCIALES, CONSISTENTE EN LA SEGREGACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE CONDADO DE TREVIÑO Y LA PUEBLA DE ARGANZÓN DE LA PROVINCIA DE BURGOS Y SU INCORPORACIÓN AL TERRITORIO HISTÓRICO DE
ARABA/ÁLAVA (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000014).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento vasco sobre alteración de los límites provinciales consistente en la segregación de los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón de la
provincia de Burgos y su incorporación al territorio histórico de Araba/Álava. Tiene carácter orgánico esta proposición de ley. Hay dos votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321 más 2 votos telemáticos, 323; a favor, 28; en contra, 274 más 2 votos telemáticos, 276; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, REGULADORA DE LAS CLÁUSULAS SUELO EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO. (Número de expediente 122/000122).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de las cláusulas suelo en los contratos de préstamo hipotecario. Hay dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321 más 2 votos telemáticos, 323; a favor, 152 más 1 voto telemático, 153; en contra, 168 más 1 voto telemático, 169; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE AUTISMO. (Número de expediente 162/001059).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la elaboración de una estrategia nacional de autismo. Se vota en los términos de la enmienda transaccional que conocen sus señorías.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 322.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE PALESTINA. (Número de expediente 162/001060).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. Se vota en los términos de la enmienda transaccional que conocen sus señorías.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 319; en contra, 2; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA AGENDA SOCIAL DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000180).
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la agenda social del Gobierno. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 145; en contra, 171.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.