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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 228, de 14/10/2014
cve: DSCD-10-PL-228
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 228
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 212
celebrada el martes,
14 de octubre de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 182-1, de 9 de mayo de 2014. (Número de expediente 122/000159) ...
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la derogación del artículo 315.3 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
189-1, de 11 de julio de 2014. (Número de expediente 122/000167) ... (Página16)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas para el empleo y la mejora de la protección de los trabajadores y de las trabajadoras de más edad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 281, de 31 de mayo de 2013. (Número de
expediente 162/000662) ... (Página28)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora de la evaluación del riesgo en violencia de género. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 463, de 23 de mayo de 2014. (Número de expediente 162/000962) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Economía y Competitividad, sobre la política del Gobierno en I+D+i. (Número de expediente 173/000174) ... (Página43)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página51)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página52)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página52)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página4)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que figura en el orden del día con el número 24 pase a debatirse en primer lugar, delante de la número 23, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética ... (Página4)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia, y Sanz Remón, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como las señoras Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Jiménez Mínguez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la derogación del artículo 315.3 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica) ... (Página16)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Lozano
Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); De la Rocha Rubí, del Grupo Parlamentario Socialista, y Castillo Calvín, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página28)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas para el empleo y la mejora de la protección de los trabajadores y de las trabajadoras de más edad ... (Página28)
Defiende la proposición no de ley el señor Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA:
La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Simancas Simancas.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora de la evaluación del riesgo en violencia de género ... (Página35)
Defiende la proposición no de ley la señora González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Davila y Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Ciuró i Buldó, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora González Vázquez.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página43)
Del Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Economía y Competitividad, sobre la política del Gobierno en I+D+i ... (Página43)
Defiende la moción la señora González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; Garzón Espinosa, del
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Fernández Álvarez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página51)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética, se rechaza por 135 votos a favor; 176 en contra más 1
voto telemático, 177, y 1 abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la derogación del artículo 315.3 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
(Orgánica), se rechaza por 135 votos a favor y 177 en contra más 1 voto telemático, 178.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas para el empleo y la mejora de la protección de los trabajadores y de las trabajadoras de más edad, se rechaza por 131 votos a favor, 175 en contra y
5 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora de la evaluación del riesgo en violencia de género, se aprueba por 312 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Economía y Competitividad, sobre la política del Gobierno en I+D+i, se rechaza por 136 votos a favor y 175 en contra.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado en Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación de las interpelaciones en el orden del día, de tal manera que la
interpelación urgente del Grupo Vasco, PNV, que figura en el orden del día con el número 24, se pase a debatir en primer lugar, delante de la número 23. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Muy bien, queda aprobado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES VULNERABLES Y CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA. (Número de expediente 122/000159).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.
Señorías, siete millones de personas en este país pasarán el invierno con restricciones de acceso a la luz, al gas natural, al propano y al butano, y también tendrán la amenaza del corte de suministro. Según el estudio de la Asociación de
Ciencias Ambientales, una organización que ha evaluado como ninguna otra la pobreza energética en España -a cuyos representantes saludo desde esta tribuna-, publicado en 2014, la situación en España es acuciante, preocupante y que necesita una
reacción inmediata por parte del Gobierno. Ante esta situación de emergencia y con la inminente bajada de las temperaturas, el Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy la proposición de ley de consumidores vulnerables y contra la pobreza
energética, una iniciativa legislativa más para paliar los efectos perversos de las decisiones del Gobierno del Partido Popular; decisiones que han supuesto un varapalo en la calidad de vida y en el poder adquisitivo de los españoles y españolas
más vulnerables. El Grupo Socialista ha traído a lo largo de la legislatura un amplio paquete de iniciativas destinadas a hacer posible un rescate ciudadano. Tenemos la misión y el objeto de devolver a la ciudadanía que peor lo está pasando la
calidad de vida que les ha sido hurtada y en muchos casos su dignidad. Por eso trajimos la proposición de ley contra los desahucios, la de protección frente al sobreendeudamiento de familias, el programa para desempleados con familias a cargo y sin
ingresos o la proposición no de ley para apoyar a desempleados mayores de cuarenta y cinco años que hoy mismo se debatirá en esta Cámara. Todas ellas son iniciativas para terminar con una situación injusta porque no nos cansaremos de decir alto y
claro que quienes están sufriendo hoy las consecuencias de la crisis no son quienes la provocaron. Tampoco nos cansaremos de decir alto y claro que las reformas del Partido Popular no son por cuestiones de índole económica, sino que tienen un
fuerte trasfondo ideológico. La crisis, señoría, no ha sido la única responsable de esta situación de pobreza y exclusión. Son sus decisiones las que están empobreciendo a muchos individuos y a muchas familias: su reforma laboral, su reforma
energética y sus continuos recortes en libertades y derechos.
Hoy defiendo esta proposición de ley en la que, una vez más, vamos a poder confrontar cuál es el modelo de sociedad que proponemos los socialistas, frente al modelo de sociedad que el Partido Popular nos está imponiendo. Hay dos causas
fundamentales por las cuales se está incrementando la pobreza energética; como les decía, las dos causas llevan el sello de su política. Una es el incremento exponencial de la desigualdad en España y la otra es una reforma energética injusta, con
la que nadie está de acuerdo y que afecta directamente a ciudadanos con escasos recursos. Respecto al primer punto, la desigualdad, les expondré algunos datos relevantes. Todos los informes al respecto señalan que la desigualdad ha aumentado en
nuestro país exponencialmente. Instituciones como Cáritas situaban las cifras de pobreza severa en 3 millones de personas y en más de 2,5 millones las personas y familias que se encuentran en riesgo de exclusión social. Según el informe de la
Asociación de Ciencias Ambientales que les acabo de mostrar, el porcentaje de hogares que se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno era de un 9 % en 2014, nada más y nada menos que 500.000 familias más
que en 2012. Las estadísticas comentadas están basadas en estudios rigurosos; pueden estar sometidas a diferentes análisis, pero sin duda marcan una tendencia clara de empeoramiento. Esto contrasta con el forzado optimismo de un gobierno que
quiere adelantar una recuperación económica, mientras que todos los estudios demuestran un empobrecimiento de las capas más desfavorecidas, tanto en número de personas que lo padecen como en la disminución de sus ingresos; pero además es una
recuperación que no recobra empleo. Es decir, no parece frenarse el hecho de que los ricos sean cada vez más ricos y que los pobres sean cada vez más numerosos y tengan cada vez menos ingresos.
La otra causa que les exponía respecto a la situación de la pobreza energética es la evolución del sector eléctrico desde que gobierna el Partido Popular, y que ha sido un auténtico despropósito. La política del Gobierno ha supuesto un giro
copernicano respecto al sistema anterior. Es, en principio, un proyecto que no tiene ninguna lógica, ni regulatoria, ni ambiental, ni económica. No responde a una hoja de ruta que indique hacia dónde queremos ir en el medio y largo plazo en
materia energética, y particularmente en el sector eléctrico. El Gobierno ha puesto en marcha su reforma energética sin transparencia, sin abrir cauces de diálogo con todos los agentes económicos concernidos en esta materia, sin voluntad de llegar
al necesario acuerdo que merece la política energética y sin trasladar seguridad a la ciudadanía y a los inversores en esta materia. La reforma energética cuenta con el rechazo de todos los sectores industriales del país (de la CEOE, de las
empresas de las energías renovables, de las del gas) y de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, de las organizaciones de consumidores y de toda la ciudadanía, que reclama al Gobierno una rectificación en la política energética. Como
les decía, tampoco responde a criterios ambientales, tal y como demuestra el hecho de que son las tecnologías llamadas limpias las que
han sido más perjudicadas por la propuesta del Partido Popular. Han logrado expulsar por completo las inversiones en renovables, sin poner un freno al déficit de tarifa, que -se supone- era para lo que lo hacían, y lejos de haberse
corregido ha aumentado. Además, no establece ninguna señal en la dirección de premiar el ahorro energético, sino todo lo contrario. Para colmo, el Gobierno decide una política de precios de la energía en la que pagan más los que menos tienen, que
son también los que menos consumen, al apostar por un recibo de la luz en el que pesa más el coste de la potencia contratada que el de la energía consumida.
Ante estas dos evidencias, la desigualdad creciente y la reforma energética, el Grupo Parlamentario Socialista ofrece a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara esta proposición de ley, que pretende crear una nueva tarifa social para
los consumidores vulnerables y garantizar el derecho a un servicio básico para toda la ciudadanía, en especial para los consumidores más vulnerables. Es un concepto que va más allá del bono social, primero, porque se reconoce como derecho y,
segundo, porque ahora mismo hay demasiadas personas que se quedan fuera de esta consideración. Nuestra idea es que tengan esa consideración todos los que lo necesiten, y no queremos que nadie que lo necesite se quede fuera. Por eso, no cerramos la
puerta a que haya más grupos que puedan determinarse en el desarrollo de esta ley. Estamos abiertos al diálogo. Además, extendemos la tarifa social para los consumidores de cualquier suministro energético, no solo de electricidad sino también de
los demás: gas natural, butano y propano. Proponemos, además, una tarifa social determinada en función de la capacidad económica de los consumidores y no en la dependencia del mercado. El motivo es muy simple, muchos ingresos de los beneficiarios
de esta tarifa, por ejemplo las pensiones mínimas, no fluctúan, y si subiese la luz también subiría la tarifa social en los pensionistas, que perderían poder adquisitivo. Con el sistema actual, que es injusto, el descuento del 25 % sobre el nuevo
precio voluntario del pequeño consumidor hace que las fluctuaciones de mercado repercutan en la tarifa de la luz y, por lo tanto, se pierda poder adquisitivo, como decía anteriormente. Proponemos que la diferencia entre esa tarifa social y lo que
cuesta la luz se financie a través de los Presupuestos Generales del Estado. En principio se propuso que lo pagaran las compañías eléctricas, y no fue una gran idea, no por la falta de justificación sino por una cuestión de fondo. Las compañías
pagaban la diferencia, pero inmediatamente lo repercutían en el coste de la factura eléctrica; por lo tanto, no nos satisface esa repercusión ni que esos fondos los paguen las eléctricas. El efecto en esos casos es análogo al de un impuesto
indirecto, con las desventajas añadidas de inflar la factura con conceptos que, por tener naturaleza de política social, deberían estar fuera de ella. Situarlo en los Presupuestos Generales del Estado garantiza una mayor progresividad del sistema,
es decir, una mayor justicia en el reparto de la carga. Sería una de las consecuencias inmediatas del alto nivel de protección de las familias vulnerables, de forma que cubriera a todas las familias que lo necesitasen para que pagaran un precio
razonablemente bajo; así, sin duda, disminuiría la cantidad de personas en situación de pobreza energética. Decrecería la pobreza energética pero no se eliminaría, por ello sería necesario también contemplar otras medidas cualificadas de
protección para esos casos, como la que ya he nombrado al principio y que este grupo parlamentario ha traído a esta Cámara.
El segundo eje de nuestra proposición sería una regulación de la pobreza energética. La proposición considera que estarían en situación de pobreza energética quienes sean consumidores vulnerables y dediquen más del 10 % de su renta al
consumo de energía. Estas son las situaciones excepcionales y de máxima vulnerabilidad que creemos que es posible cubrir perfectamente. La consecuencia de considerar a alguien en situación de pobreza energética es la imposibilidad de interrumpir
el suministro eléctrico por impago en invierno. Señorías, somos conscientes de que no se puede pedir a la ligera que una empresa suministre un producto sin cobrarlo. Por más que el fin sea tan justo como cubrir una necesidad básica, debemos ser
conscientes de que la empresa tiene que tener tras de sí cautelas para evitar situaciones de fraude. Nuestra propuesta, por eso, incluye garantías tanto para el consumidor vulnerable como para la viabilidad económica del sistema. Si se cumplen las
condiciones indicadas no se autorizará la interrupción de los suministros de una persona en situación de pobreza energética durante el periodo estacional en el que las temperaturas sean más bajas o cuando el suministro sea indispensable para
garantizar la salud de las personas que habitan ese hogar. Se establecerá un calendario indicativo según la zona climática donde se ubique la vivienda. La imposibilidad de la interrupción del suministro en los meses más fríos está plenamente
justificada y es proporcional al riesgo que se corre. Según los estudios a los que alude el mencionado informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, el incremento de las tasas de mortalidad durante el invierno es, posiblemente, el efecto sobre
la salud más conocido de la pobreza energética. Se sabe que habitar en una vivienda con temperaturas por debajo de niveles recomendables está
relacionado directamente con el mayor riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Es una de las causas del aumento estacional de mortalidad durante los meses de invierno entre personas de edad avanzada. Esto es lo que
se conoce como mortalidad adicional del invierno.
Señorías, la pobreza energética existe, pero podemos ayudar a resolver una parte importante de las repercusiones negativas que produce. Tiene una realidad social detrás y también una solución política al alcance de nuestra mano. El coste
de aplicar la tarifa social a tres millones de personas respecto al sistema actual supondría unos 120 millones de euros anuales. Tenemos que ser audaces y rigurosos para abordar las cuestiones de fondo, sin olvidar que precisamente todo el
intrincado sistema de generación y consumo energético tiene sentido, al menos desde nuestro punto de vista, si resuelve las necesidades de todos y cada uno de los consumidores, sobre todo de los más vulnerables, y si es capaz de evitar su
manifestación más extrema en forma de pobreza energética. Las directivas europeas sobre la materia, sobre electricidad y gas natural, mandatan que los Estados miembros garanticen la protección de los consumidores vulnerables, pero ese mandato no se
ha traducido de forma correcta desde el punto de vista de la legislación ni de la política energética. Mientras que el 60 % de los países del entorno tienen alguna normativa que impide cortar el suministro eléctrico a los hogares, España en un
contexto como el actual, de empobrecimiento de las familias, no tiene normativa al respecto. Por tanto, pido a todos los grupos parlamentarios el apoyo a una proposición de ley que pretende ser una solución justa y viable a un problema social -es
realista con los costes-, así como una primera propuesta de consenso en una larga lista en esta materia. La traemos porque pensamos que el problema tiene soluciones viables desde el punto de vista jurídico y también económico, y porque el Gobierno
no se ha ocupado de solucionar el problema. Traemos aquí esta proposición de ley porque es una prueba de voluntad política. Si se aprueba conseguiremos que este invierno cientos de miles de personas no pasen frío, no enfermen y en casos extremos
no mueran a causa de una temperatura inadecuada. Está en sus manos, está sobre todo en manos del grupo que sustenta el Gobierno revertir esta situación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio.
En turno de fijación de posiciones y por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Si la luz ha subido más del 60 % desde 2007, si las rentas han bajado un 8,5 %, si cae la cobertura de desempleo y el gasto en prestaciones, si no repunta el empleo, si los contratos a tiempo parcial aumentan y si tener un empleo no
garantiza salir de la pobreza las consecuencias son evidentes -no lo digo yo, lo dice Cáritas, una organización que le gusta mucho al señor Montoro-: casi doce millones de afectados por procesos de exclusión social, millón y medio de hogares en
exclusión social severa, más de tres millones de personas en situación de pobreza severa, que tiene su reflejo en la imposibilidad de calentar su casa, de ducharse con agua caliente, de tener luz eléctrica o pasar grandes apuros económicos para
poder hacerlo. Es lo que hemos venido a llamar pobreza energética. Casi el 17 % de las familias -siete millones de personas- destinan más del 10 % de sus recursos a pagar luz y gas. Por decirlo claramente: familias que pasan frío en invierno y
calor en verano; viviendas a menudo inhabitables; cenas nada románticas a la luz de una vela; deberes resueltos presididos por el camping gas o incluso muertes prematuras (7.200 según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud). En
contraste, hay algunos titulares que nos parecen absolutamente escandalosos. Iberdrola y Endesa son la segunda y la tercera compañías eléctricas europeas que respectivamente más beneficio obtuvieron en 2012. Otro titular: Las grandes eléctricas
españolas duplican los beneficios de las europeas. Y un tercero: Las eléctricas obtuvieron mayores beneficios en recesión que en expansión, según datos de la patronal catalana de la pequeña y la mediana empresa. Por tanto, esta proposición de ley
está más que justificada. Ya se han rechazado otras por el Grupo Popular. Está claro que la disciplina de voto se inclina a menudo ante la disciplina de las puertas giratorias.
Anunciamos nuestro voto a favor. No entendemos cómo el Grupo Popular puede votar contra este tipo de medidas. Desde Compromís Equo entendemos que es inmoral, indecente que no se tomen medidas para atajar la pobreza energética, mientras las
grandes eléctricas siguen ganando tanto. Aparte de tomar las medidas para paliar la pobreza energética es el momento para dar un paso más allá, de tomar medidas para erradicar las causas que la provocan, como acertadamente defiende la Plataforma
por un nuevo modelo energético y también, evidentemente, el sentido común. Es necesario cambiar una normativa que
blinda los grandes beneficios de las empresas del sector; los precios no pueden seguir subiendo de manera continua indefinidamente; hay que acometer la eficiencia de las viviendas, porque muchas aún están deficientemente aisladas; y, por
supuesto, hay que exigir una vez más fuerte, contundentemente, una auditoría energética y adoptar una medida de transparencia en los precios de las energías y comenzar a fomentar el autoconsumo, el uso de las renovables, para impedir la dependencia
de las energías que provienen del extranjero.
Compromís Equo votará a favor de la proposición. Tan importante es tomar medidas que mitiguen la pobreza energética como luchar contra las causas que la provocan.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.
Señorías, los nacionalistas canarios anunciamos en primer lugar que vamos a apoyar sin reservas esta proposición de ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética que ha defendido la portavoz del Grupo
Socialista anteriormente. No es la primera vez que se plantea esta cuestión, y en la misma forma, proposición de ley, que en ocasión anterior presentó otro grupo de la Cámara, y que también apoyamos. Desde entonces no ha ocurrido absolutamente
nada que nos permita decir que la proposición de ley que hoy se toma en consideración, o no -mucho nos tememos que será que no-, esté no tan justificada sino más justificada que antes, porque no han mejorado las cosas. La pobreza energética es un
ejemplo perfecto de cómo la ideología se impone a la lógica e incluso a las cuestiones más elementales que tienen que ver con la humanidad ante las personas que lo están pasando peor. ¿Cuáles son las razones de que en el Estado español no se hayan
tomado medidas suficientes para prevenir situaciones tan dramáticas como que el 20 % de los hogares no tengan la capacidad de mantener una temperatura digna durante el invierno? Esto es algo absolutamente escandaloso, que debería ofender la
humanidad, la inteligencia, las concepciones éticas, la moral o incluso la dignidad de alguien. Sin embargo, cuando la ideología es la que se impone y se dice que los que son más desiguales tienen la culpa de serlo -que es el fondo de la cuestión-
se mira para otro lado. No será tampoco la primera vez que se discute en esta Cámara sobre la política energética del Gobierno del Partido Popular. Realmente es difícil que haya más unanimidad en contra de su postura en relación con este tema, y
lo peor de todo es que la evidencia nos sigue dando a todos la razón. Tenemos la factura eléctrica más cara de Europa, los beneficios de las compañías energéticas españolas son también los más elevados de Europa y hay un montón de gente que no
tiene dinero para mantener la casa caliente en invierno. Todo esto hay que asociarlo a una campaña activa en contra de las energías renovables y su promoción frente a las energías llamadas sucias, en un escenario de sobreproducción, de exceso de
oferta que no somos capaces de regular a través de una auditoría, como ya se ha dicho aquí. El señor Baldoví ha colocado casi todos los datos que yo pensaba ofrecer, por lo tanto no me voy a repetir. De forma que nos parece que este es un asunto
que no ha pasado desapercibido.
Vuelvo a insistir en que el Comité Económico y Social Europeo ha acusado a España de promover la desigualdad en materia energética, como en otras muchas materias, porque la pobreza energética es en realidad una forma de pobreza. Estamos
hablando de esta propuesta porque es la de hoy pero en realidad deberíamos hablar de todo. Hay tres causas: una, la pobreza en la que vive una parte sustancial de la población del Estado español, acompañada en muchos casos de situaciones
auténticas de exclusión social; dos, el incremento de los precios de la factura eléctrica y la reforma de esa factura -por mucho que se intente ahorrar es imposible porque se ha incrementado la parte fija, y no será porque no se lo dijimos-. Esta
es una de las causas que también abunda a favor de crear condiciones adversas para la mayoría de la gente. Y la tercera causa es la ineficiencia energética que afecta a muchísimos hogares, en muchos casos porque reúnen condiciones insuficientes
para vivir con un mínimo de confort y porque, hablando de producción energética, estamos empeñados en crecer a través de las menos eficientes y no de las más eficientes. Se castiga permanente a las renovables, como han denunciado aquí hasta la
saciedad. La mínima dignidad energética debería ser considerada un derecho. Esa es nuestra concepción y entendemos que el Gobierno debería defenderla. Por ese motivo vamos a apoyar la toma en consideración de esa proposición de ley. Creemos que
es una oportunidad para reconocer que el Estado español tiene un problema muy gordo, que además crece permanentemente, todo lo contrario de lo que debería ocurrir.
Ya que no hablamos del todo en materia energética, hablemos de la parte. ¿Están dadas las condiciones para actuar en defensa del interés general en esta materia?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, la proposición de ley que hoy trae a esta Cámara el Grupo Socialista relativa a la adopción de medidas paliativas para evitar o minimizar la pobreza energética tiene
un trasfondo que hay que considerar en serio. La crisis económica -aunque no solo ella- ha derivado a mucha gente a una situación de pobreza o especial vulnerabilidad que les dificulta, imposibilita incluso, hacer frente a la factura energética.
Sería inconcebible a estas alturas del siglo XXI que los ciudadanos que viven en el Estado español no pudieran encender la luz, hacer la comida o pasaran frío en invierno. Por ello, tal y como señala la proposición de ley es preciso dar un impulso
político a estas medidas, asumiendo las recomendaciones contempladas en las directivas comunitarias. No es un tema nuevo, lo hemos debatido recientemente en esta Cámara bajo otro formato y a propuesta de otro grupo parlamentario. El consenso y el
apoyo es, a nuestro entender, lógico y fácil de conseguir, salvo el del Grupo Popular, que a lo mejor no puede desmarcarse de las directrices del Gobierno. Al Grupo Vasco le parece oportuno, aunque tenía que haberse adoptado esta medida hace ya
bastante tiempo. Nos parece oportuno que se establezca una tarifa eléctrica reducida para todas aquellas personas y familias que estén necesitadas y que cumplan con los requisitos que se establezcan al efecto. Efectivamente, a muchas personas
gastar más del 10 % de los ingresos en la factura eléctrica les resta los recursos que necesitan para sobrevivir. Vaya, pues, por delante nuestro apoyo a la toma en consideración de esta iniciativa. Sin embargo, quisiera realizar una reflexión
crítica, pues en caso de que prospere la tramitación de esta proposición de ley habría que corregirla vía enmienda.
No es ninguna novedad si señalo que los asesores jurídicos de muchos grupos parlamentarios en el Congreso no fueron a clase cuando se explicaban los Estatutos de Autonomía y las distribuciones competenciales. Las ayudas a solventar la
pobreza energética son, como las ayudas a vivienda, a la emergencia social o las rentas de garantía de ingresos, una ayuda social más que como tal caería, en nuestra opinión, en el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Por ello, si al
final, como se plantea en la proposición de ley, el déficit que se genera entre el coste de la factura y la tarifa social lo pagan los Presupuestos Generales del Estado, estamos cometiendo, en mi opinión, una vulneración competencial. En este caso
deberían ser las comunidades autónomas las que legislaran al respecto y cubrieran la diferencia con sus propios presupuestos. Ya sé que esto es más caro para las comunidades autónomas, pero ese debería ser el camino; otra cosa es que luego se
compensen con el Estado a través de los múltiples flujos financieros existentes. Para que no haya problemas competenciales, sería preciso que el déficit de tarifa que se generaría con la tarifa social fuera pagado por los demás consumidores
energéticos, tal y como lo venimos haciendo con el actual déficit tarifario. Así pues, de tramitarse la iniciativa, en nuestra opinión, debería enmendarse en el sentido indicado para respetar el marco competencial actual que todo el mundo dice
respetar pero que yo no lo tengo tan claro.
Aclarada esta cuestión de delimitación competencial, solo me cabe señalar, como ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, que votaremos a favor de las medidas que alivien la situación de los más necesitados, en este caso de los que tienen
problemas para pagar la factura energética.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo también va a apoyar esta proposición de ley porque -lo hemos dicho muchas veces y lo hemos propuesto también en alguna iniciativa que no ha salido adelante por la oposición del Grupo Popular, básicamente- la pobreza energética
es un problema real, es un problema emergente, consecuencia de la crisis económica y de su peor efecto, en el que no parece que haya manera de abrir un debate con la falta que hace, y es el aumento drástico y dramático de la desigualdad social.
Porque, en nuestra opinión -lo hemos explicado siempre- el problema de la pobreza energética no es, aunque también es una parte considerable, el aumento de los precios energéticos, sino sobre todo la exclusión del
mercado energético, y de cualquier tipo de mercado, de muchísimas familias que han sido empujadas a una situación prácticamente de subsistencia. El aumento de la pobreza que se ha dicho aquí y que está respaldado por muchos estudios de ONG
prestigiosas, no hace falta que lo repita, está ahí. No se trata de una cuestión meramente de mercado, esto no se arregla simplemente, al menos a corto plazo, con determinadas medidas que se puedan aprobar o que podamos tratar para hacer que el
mercado energético sea de otra manera, no, estamos hablando de una parte muy considerable de la sociedad que se ha visto en la situación verdaderamente impensable hace no tantos años de que no puede acceder a bienes y servicios que son esenciales
para una vida civilizada, y me gustaría subrayar esto. No estamos hablando de un estilo de vida entregado a gastos superfluos o revisables. No, los gastos en energía para gente que vive en una ciudad, que es la inmensa mayoría de la sociedad, hoy
en día son imprescindibles. El aumento de los precios y la bajada simultánea de los ingresos han llevado a esa situación novedosa que se llama pobreza energética, que no se puede resolver como en el siglo XIX, cuando el acceso a la energía era un
problema distinto y no tenía nada que ver con el estilo de vida actual.
Una de las muchas cosas que nuestro grupo no consigue entender, por muchos esfuerzos comprensivos que haga, de la posición del Gobierno y del Grupo Popular es que se nieguen a aceptar que hay un problema de pobreza energética y que hay que
reaccionar en contra de un modo proactivo. No se trata solo de poner determinados parches de manera puntual, que a veces parecen más inspirados por la caridad que por una verdadera política social. Países tan diversos en cuanto a los Gobiernos que
tienen como Francia y el Reino Unido tienen políticas de Estado, aprobadas por sus parlamentos, de diferentes tipos para, de acuerdo con las compañías que prestan el servicio, hacer que ninguna familia quede excluida de algo tan elemental como es el
consumo de energía en unas dosis mínimas que permitan una calidad de vida civilizada. No estamos hablando de lujos, sino de vivir como personas y no como animales. Esta es la razón -supongo que ustedes estarán al tanto- que ha llevado a nuestro
grupo en el Parlamento Europeo a hacer campaña -lo sentimos mucho- contra la candidatura del señor Arias Cañete a comisario de Energía. Ya sabemos que ustedes se han salido con la suya, pero el problema de fondo no desaparece por eso. La política
energética de este Gobierno -lo sentimos porque nos gustaría mucho que fuese de otra manera-, que tampoco es tan distinta a la de los precedentes del Partido Socialista, ha sido muy lamentable, y uno de sus aspectos más lamentables es su incapacidad
para querer comprender que no es posible hacer frente a problemas emergentes consecuencia de la crisis, como una tremenda desigualdad social, haciéndose los locos y poniéndose de perfil como si aquí no hubiera pasado nada. Pasa mucho, es muy grave
lo que está pasando, y lo único que hace es alentar la demagogia y las reacciones antisistema, cosa que quizá les da igual porque tengo la profunda impresión de que ustedes también las alientan.
Se ha aludido aquí a aspectos que son críticos en la lucha contra la pobreza energética, como el impacto especial que tiene contra los niños, a lo que también nos hemos referido otras veces. En un país como el nuestro -aunque no sea un caso
aislado, eso no nos tiene que hacer mirar hacia otro lado-, que tiene un 26 % de niños en situación de pobreza o de prepobreza, eso se traduce en malnutrición, en enfermedades crónicas, en dificultades de rendimiento educativo, y gran parte de todo
esto está ligado a una calidad de vida deficiente, es decir, con la pobreza energética.
Hace poco ustedes mismos trajeron, y nuestro grupo votó a favor, una iniciativa dirigida a luchar contra la crisis demográfica en España. Esto es crisis demográfica. No se pueden tener niños porque en muchas familias no hay forma de
conseguir que vivan de manera aceptable. Esto es contra lo que hay que actuar, no pedir declaraciones grandilocuentes y que el Gobierno saque los trombones y los tambores para anunciar no sé qué. Hagan algo al respecto. Esto es una tramitación,
luego se puede enmendar y modificar el proyecto de ley que trae el Grupo Socialista, exactamente igual que otros que rechazaron antes. Hagamos algo, pongámonos en acción, dejémonos de maldiciones, como si estuviéramos en el Antiguo Testamento, que
nos envían plagas y todo tipo de maldades de la naturaleza. No es un problema natural, es un problema básicamente político y económico.
Al reciente premio Nobel Jean Tirole -tiene su gracia-, en una entrevista que le hacían en el año 2006, le preguntaban sobre el mercado energético español -entonces no había problemas tan graves, o al menos no se veían en el horizonte, como
los actuales- y dijo una cosa bastante razonable: un mercado liberalizado con cuatro o cinco compañías en realidad es un mercado probablemente oligopólico y es muy difícil que funcione. Él proponía algo que proponemos nosotros y creo que también
ustedes, pero espero que no solo lo propongan, sino que hagan algo. La única manera que hay de hacer un mercado energético eficiente es que sea un mercado europeo donde muchas más compañías compitan
entre sí, y no preservar el modelo de negocio de unas pocas para impedir que cambien las cosas y que aparezcan otras maneras de entender el mercado de la energía.
Yo mismo he oído a compañías energéticas que me han pedido alguna reunión, algunas de ellas muy importantes, que ya están haciendo algo que el Gobierno niega que haya que hacer, que es llegar a tratos con los particulares, con los clientes
que saben que no pueden pagar la factura de la luz o del gas por problemas sobrevenidos como consecuencia de la crisis para demorar los pagos. Estas compañías me dijeron que si no lo hacen público, aunque les vendría muy bien para su imagen
corporativa, es porque temen un alud de peticiones. ¿Por qué temen un alud de peticiones las compañías energéticas? Porque saben que hay cientos de familias en España que tienen graves dificultades para pagar la factura de la electricidad y del
gas. Esto es sumamente grave. No puede ser que el Gobierno, que tiene la obligación de vigilar y velar por el interés general, sea más rácano, más cicatero y más negacionista que esas compañías que otros ponen a caldo. La cuestión no es que las
compañías energéticas tengan menos beneficios -ojalá tengan más y paguen más y no se desmantelen, por cierto, como Endesa, tras una venta política, pero de eso ya hablaremos otro día-, sino que eso que pagan se pueda convertir en una redistribución
por parte del Estado, que para eso existe, para que no haya desigualdad social, para que haya igualdad de oportunidades y para que no haya gente que pague el pato y todos los patos, como está ocurriendo en la actualidad. Por tanto, como decía
anteriormente, vamos a apoyar la tramitación de esta proposición de ley, e insisto en que nos parecería incomprensible que votaran en contra siendo una tramitación que permite negociar, dialogar y enmendar lo que haga falta enmendar. A veces parece
que ustedes solo quieren dialogar y enmendar con los que quieren destrozar el Estado, y con los demás, nada.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sanz.
El señor SANZ REMÓN: Gracias, presidente.
Señoras y señores diputados, han pasado menos de diez meses desde que mi grupo, La Izquierda Plural, trajera a esta Cámara un debate similar, en el que proponíamos la asunción de medidas legales para prevenir y combatir la pobreza
energética. Conviene releer el 'Diario de Sesiones' para contrastar la fuerza de aquellos razonamientos que hoy nos llevan, una vez más, a plantear que es necesario situar en la perspectiva legislativa la vida, la situación que atraviesan esos
millones de ciudadanas y ciudadanos españoles que, a día de hoy, no pueden pagar la factura de la luz o la factura del gas. Personas que, además, ven cómo crece desorbitadamente su recibo y que indignadas, peor aún, descorazonadas, observan
atónitas cómo las eléctricas se reparten dividendos astronómicos, mientras el Gobierno del Partido Popular les garantiza beneficios e interviene a su favor con la fe, señores del Partido Popular, propia de los conversos. Anunciamos el voto
favorable a que se abra este debate y esperamos que el Partido Popular, esta vez sí, se haga eco de esos siete millones de ciudadanos y ciudadanas que padecen pobreza energética y en ese caso poder plantear las propuestas que tienen encima de la
mesa porque ya las hemos debatido y que elevará mi grupo. Pero mucho nos tememos que el Partido Popular, una vez más, no aceptará tomar en consideración esta iniciativa porque desbarataría su relato de la situación económica. Las tan traídas
raíces vigorosas, esas de las que tanto nos hablan, de la recuperación perderían capacidad de penetración en las cabezas de la gente, que parece que es el único sitio donde a ustedes les interesa que existan, porque la gente empezaría a preguntarse
por qué si las cosas no van tan mal, más de un 17 % de nuestros vecinos y vecinas no pueden encender una estufa en invierno porque no pueden pagar la factura. Supongo que harán lo mismo que hicieron la última vez, solidarizarse con las víctimas de
este drama y luego aplicar una dosis de autobombo y autocomplacencia, oportunidad para volver a profundizar en su relato de la salida de la crisis, ese que tan lejano le cae a la gente que hoy es la protagonista de esta propuesta legislativa.
La realizad es tozuda y las cifras están ahí. La pobreza energética bien puede ilustrar el incremento de la pobreza real, porque la pobreza no admite adjetivos. Vuelve el frío y vuelven millones de situaciones dramáticas, como ya dijimos
el año anterior. Hogares sin calefacción con ventanas de madera que permanecerán en la penumbra para tratar de ahorrar. Casas en las que se tendrá que decidir si se enciende una estufa o se cena. Esto sucede porque hay pobreza, como les decíamos.
Parece ser que con su relato sobre la realidad las cosas van bien, pero lo cierto es que van bien a los de siempre y van mal a los de siempre. La realidad de esta crisis es que se está saldando a su favor con la institucionalización de la pobreza,
de la precariedad y de la injusticia social. Por eso es interesante y necesario este tema que hoy
se trae aquí, porque para nosotros debatir sobre la pobreza energética, debatir sobre si debemos o no mirar a los ojos a la gente que lo está pasando verdadera y francamente mal en este país supone situar en el centro de la política al
ciudadano y mostrar si se tiene o no voluntad política y valentía suficiente para defender los intereses de la gente frente a los intereses de los poderosos.
Señorías, hace un año les decíamos que un 17 % de nuestras familias, de nuestros hogares, estaba en esta situación; la situación no ha cambiado, ha empeorado. Evidentemente, si entonces no se veían visos de superación de esta situación hoy
tampoco se ven, porque los tres factores fundamentales que dan pie a que esto suceda no solo no han mejorado sino que están evolucionando de forma suicida, gracias a sus políticas, hacia su profundización. Se lo recordaré. En primer lugar, la
profunda situación de crisis que viven nuestras familias, las economías domésticas, la economía real; en segundo lugar, el precio de la energía y, en tercer lugar, la ineficiencia energética de nuestros inmuebles. Voy a hacer una breve síntesis,
grosso modo, de cada uno de ellos, empezando por el primero.
Señorías, ustedes dicen que la mejor política social es la política de empleo. Con las cifras de paro que tenemos y con la institucionalización de la precariedad que ustedes han provocado a través de sus reformas legislativas, de sus
reformas laborales, evidentemente las familias no pueden asumir los gastos, no pueden sobrellevar los costes básicos que implica una vivienda. Eso es una realidad que aquí se ha puesto encima de la mesa con nombres y apellidos y con cifras. Los
últimos datos del indicador Arope, que combina los conceptos de riesgo de pobreza, carencia material y baja intensidad en el empleo -un indicador que forma parte de la Estrategia 2020 de la Unión Europea- sigue subiendo y se sitúa ya en valores por
encima del 27 %. Otros indicadores incrementan esta cifra en un punto o un punto y medio más. La realidad es que en nuestro país se ha incrementado un 2 %, llegando a ser casi 750.000 hogares los que no tienen ingreso alguno y más de 1.800.000 los
hogares en los que todos sus miembros están en situación de desempleo. Señorías, con esta situación no se puede remontar, eso no es salir de la crisis, y evidentemente a esas personas hay que darles una salida.
El segundo de los factores, como les decía, es el que tiene que ver con el coste de la energía y, por supuesto, con el incremento de la tarifa. España tiene la tercera electricidad más cara de Europa, señorías. En diez años, el precio de
la electricidad para los consumidores se ha más que duplicado; cinco veces más que la media de la zona euro, y todo ello a pesar del estancamiento, de la crisis y de la bajada del consumo. Ya les decíamos que la nueva ley del sector energético
sería absolutamente incapaz de garantizar una bajada de precios por la vía de la competencia. De hecho, nos enfrentamos ahora mismo a un oligopolio que encuentra en su ley el mejor terreno, un terreno excepcional para hacer negocio con un servicio
básico, gracias además a la opacidad y a la falta de transparencia sobre los precios y su composición, que ustedes han favorecido. Tanto es así, que el margen de beneficio de las compañías eléctricas en España duplica al de las compañías europeas.
Si sumamos a ello la sucesión de episodios que ilustran esta situación de vergüenza, estamos ante una situación en la que la gente que está ahora mismo escuchando este debate y mirando a ver si este país va a hacer algo para dar salida a una
situación tan básica como es poder pagar la factura de la luz, estará absolutamente descorazonada, triste y sobre todo defraudada por el Gobierno que tiene. Hablábamos de episodios como el que hace apenas unas semanas conocimos tras el anuncio de
Endesa de arrojar dividendos de más de 14.606 millones de euros entre sus accionistas. Es decir, a la vez que le cortan la luz a la gente se reparten más de 14.600 millones de euros. O el que protagonizarán ustedes pasado mañana -y nosotros
tendremos que estar aquí viendo cómo será- salvando a la empresa que nos metió en el jaleo del Castor por valor de más de 1.300 millones de euros, que, evidentemente, también correrán a cargo de los contribuyentes vía factura.
Señorías, esto no es casualidad; esto es fruto de una regulación hecha a medida para las grandes empresas y eso es algo que nosotros no podemos y no queremos tolerar y de lo que no queremos ser cómplices. La gente de la que estamos
hablando, que ve todas estas cosas, ha sufrido en su factura de la luz un incremento de un 19 % desde enero de este año. A esa gente se le dificulta el acceso al bono social y además no tiene ninguna garantía de que no le corten el suministro
eléctrico. Su reforma del sector eléctrico, además, es profundamente antisocial porque carga sobre la base fija haciendo que todos paguen, incluso los que menos consumen y menos tienen. Esta es la atención que la política energética de nuestro
Gobierno les brinda y que se resume, como les decía, en que unos pocos son beneficiados a costa de millones de damnificados.
Por último, hablemos de aquellos elementos que inciden sobre la pobreza energética, la ineficiencia energética de las viviendas. Ustedes, lejos de apoyar decisiones que profundicen en la superación de esa situación, han avanzado en la
destrucción de las políticas renovables, han impedido el ahorro, han
impedido que el autoconsumo y la autoproducción de energía sean una realidad y además han votado en contra de la Directiva de eficiencia energética. Podemos concluir el análisis de estos tres elementos afirmando que en ninguno de esos tres
ejes ustedes pueden plantear resultados ni tímidamente positivos, frente a la magnitud cada vez más creciente de un problema que no admite demora. Señoras y señores diputados, un país desarrollado es un país que legisla para evitar situaciones de
este tipo, y en Europa tenemos ya ejemplos claros: Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica. Les recordamos, por si sirve de algo, como ya les han dicho aquí, que no estamos ante una cuestión estética, sino que afecta a la salud, que incrementa el
riesgo de mortalidad en invierno, casi 7.000 personas en este país. Señores y señoras del Grupo Popular, tienen la obligación, deberían admitir a trámite este debate; es su responsabilidad. Se lo dijimos hace escasos meses, para nosotros esta ley
no va a suponer la superación de la pobreza, pero sí va a devolver un poquito la dignidad y la salud y a facilitar que las familias que están padeciendo este drama consigan el acceso a un bien esencial que se está convirtiendo en un artículo de
lujo, algo incomprensible en una sociedad adelantada y desarrollada como la nuestra. Cuando vayan a votar piensen en las personas que viven en ese casi millón y medio de hogares a los que se les ha cortado la luz. Este país no puede mirar hacia
otro lado, no dejemos que eso pase, no permitamos mirar a otro lado. Señores y señoras del Grupo Popular -acabo ya-, admitan este debate, aunque ello les afee la estrategia y tengan que posponer su borrachera de optimismo moderado. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, nuestro grupo se suma al debate sobre la pobreza energética que plantea esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista. Nos sumamos a un debate que compartimos, por el que desde mi
grupo parlamentario hemos trabajado porque entendemos que no solo era sino que es un problema abierto que afecta a la parte más vulnerable de nuestra sociedad, más afectada aún por la crisis que hemos padecido y que ha dejado huellas inequívocas en
muchas familias y en muchos consumidores. La pobreza energética ha ampliado su espectro con la crisis y el consumidor vulnerable ha quedado muy desprotegido con la misma crisis que ha contribuido a ampliar aún más el número de personas con una
capacidad adquisitiva cada vez más débil, ampliándose así el número de consumidores considerados vulnerables. Una crisis que en el marco que nos ocupa ha visto cómo las subidas de precios de los distintos suministros energéticos, que han impactado
en los consumidores, iban acompañadas de una disminución del poder adquisitivo; todo ello en el marco de un sistema en el que a nuestro entender la liberalización no está siendo lo efectiva que necesitaríamos tanto en términos de mayor
competitividad como de reducción de precios. Europa, sensible ante estas situaciones ya desde hace tiempo, ha aprobado diversas directivas en esta materia a fin de dar respuesta a estas situaciones de mayor vulnerabilidad y enfocar propuestas
concretas en las que insta a los Estados a resolver la problemática de la pobreza energética.
La proposición de ley que nos presenta el Grupo Socialista pretende ir más allá de lo que ha ido hasta ahora el Gobierno, y nos sumamos, repito, a ello. Esta iniciativa, a nuestro entender, pretende concretar y activar mecanismos de
protección de los consumidores y afrontar de manera más decidida y con medidas más concretas la problemática de la pobreza energética. Pretende también recoger no solo las recomendaciones europeas sensibles a esta problemática, sino aplicar las
últimas directivas en la materia que contienen previsiones específicas para que los Estados miembros aborden la cuestión de la pobreza energética y la protección de los consumidores vulnerables; me refiero a las directivas 2009/72 y 2009/73. Desde
el punto de vista de mi grupo parlamentario, hemos de decir que lamentamos que haya pasado tiempo suficiente, con una crisis muy profunda de por medio, sin que el Gobierno haya abordado esta problemática de manera más determinante, más efectiva y
sin que haya sido lo suficientemente sensible a la problemática y a las llamadas de Europa.
En estos últimos años, los debates y las iniciativas legislativas que han llegado al Congreso sobre el sector energético, que han sido varias, no han contemplado en la medida que hubiese sido necesario soluciones concretas a la problemática
que nos ocupa ahora y han rechazado, a nuestro entender, abordar la problemática de la pobreza energética al menos, repito, en la medida que entendemos era necesario. Ni la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, ni el Real Decreto 13/2012 han
contemplado medidas concretas en la dirección de abordar la pobreza energética y afrontar la protección del consumidor vulnerable, más allá de una referencia en la Ley 13/2012, al consumidor vulnerable, que debería haberse concretado por la vía
reglamentaria y que esperamos. Por ello, ante la falta de medidas más concretas por parte del
Estado y la falta de seguimiento de las directivas comunitarias, el Gobierno de la Generalitat presentó, y se aprobó, el Decreto-ley 6/2013, de 23 de diciembre, por el que se intentaba dar respuesta a una situación de urgencia social de
muchas personas en situación vulnerable, definiéndose en este marco del decreto las personas en situación de vulnerabilidad económica y protegiéndolas, entre otras medidas, de un posible corte de suministro, sobre todo entre los meses de noviembre y
marzo. El Estado ha presentando un recurso de inconstitucionalidad contra este real decreto, algo que no compartimos ni entendemos, pues la intención de la Generalitat y de la mayoría que dio soporte a este decreto-ley era subsanar la falta de
atención legislativa por parte del Estado hacia estos consumidores vulnerables, protegiéndolos ante situaciones que quedan enmarcadas dentro de la pobreza energética y que requieren de una protección social inexcusable. Ante esta situación, la
Generalitat plantea hoy la creación de un fondo de suministro básico contra la pobreza energética. Sobre esta problemática, y específicamente sobre esta propuesta de fondo, el grupo parlamentario que represento ha planteado aquí, en la sede del
Congreso, diversas iniciativas. De hecho, desde Convergència i Unió, las propuestas han sido diversas para combatir la pobreza energética y proteger al consumidor vulnerable; asimismo han sido diversas las propuestas presentadas en materia de
eficiencia energética, de acuerdo todo ello con nuestra sensibilidad hacia este tema y hacia las situaciones que se han generado. En concreto, propusimos una enmienda al proyecto de ley del sector eléctrico instando al Gobierno a cumplir con la
directiva europea, regulando la figura del consumidor vulnerable y garantizando que en los periodos más fríos no habría corte en el suministro para aquellas personas o familias en riesgo, si bien esta enmienda fue rechazada. Asimismo, propusimos la
introducción de una disposición adicional nueva al proyecto de ley de consumidores y usuarios, solicitando la creación de un fondo de garantía para la protección de consumidores vulnerables, donde en concreto solicitábamos que el Gobierno atendiese
reglamentariamente el contenido de la directiva europea y crease un fondo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado destinado a garantizar que no se produjesen cortes de suministro eléctrico o gasista para estos consumidores; propuesta que
también fue ignorada y que por nuestra parte sí que fue incorporada en las propuestas de resolución sobre la lucha contra la desigualdad presentada en el último debate sobre el estado de la Nación.
Presidente, señorías, como ven, nuestro grupo parlamentario ha insistido en recoger y activar las directivas europeas, en tomar medidas de protección al consumidor vulnerable y, en definitiva, en encarar la lucha contra la pobreza energética
de una manera más decidida de cuanto se ha hecho hasta ahora. Entendemos que esta proposición de ley va más allá de lo que hasta ahora ha presentado el Gobierno y va en la línea de lo aprobado por el Parlamento de Cataluña. No entraré en el
detalle de la proposición de ley, pero sí recoge muchos de los puntos, como decía antes, del real decreto. Más allá de definir quiénes se consideran consumidores vulnerables y qué se considera pobreza energética, más allá de extender el concepto de
consumidor vulnerable, garantiza una tarifa social asequible para el consumidor y su financiación y aborda aspectos tan importantes a efectos del consumidor vulnerable como aquellos relacionados con la interrupción del suministro, con especial
énfasis en que esta interrupción no se autorizará durante el periodo estacional en que las temperaturas sean más bajas o cuando el suministro sea indispensable para la salud de las personas o de las familias. Por último, señor presidente, señorías,
esta proposición de ley establece una serie de medidas de apoyo a la eficiencia energética en la que mi grupo, tal y como decía anteriormente, ha venido presentando diversas iniciativas.
Señor presidente, señorías, sensibles a esta problemática que impulsa la proposición de ley, es necesario tomar medidas concretas de salvaguardia del consumidor vulnerable. Somos conscientes de que se deben tomar todas aquellas medidas que
eviten las situaciones de exclusión del sistema de una parte de la sociedad por falta de recursos para hacer frente a la factura energética, y a nuestro entender esta proposición de ley representa un paso más en la lucha por erradicar la pobreza
energética. Por ello nuestro grupo dará su voto favorable.
No quiero terminar sin decir que nos hubiese gustado haber aprobado medidas más concretas orientadas a resolver las situaciones críticas que hoy debatimos; nos hubiese gustado verlas antes y presentadas por el Gobierno y Grupo Popular, pero
no ha sido así. Es un tema de responsabilidad social de todos, un tema de responsabilidad social del Congreso y de la responsabilidad que todos nosotros tenemos como políticos. Asimismo creo sinceramente que es el momento de más responsabilidad
social y de más Europa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Jiménez Mínguez.
La señora JIMÉNEZ MÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, con esta proposición de ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista se me brinda una oportunidad para poner de manifiesto, en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, la sensibilidad y el compromiso del
Gobierno con los más necesitados, con los que más sufren. El Grupo Socialista justifica la presentación de esta proposición de ley basándose en una supuesta falta de iniciativa del Gobierno, con una pretensión por su parte, que es orientar cuál
debe ser la política del Gobierno en este caso. Señorías, nada más lejos de la realidad. Y es que no deja de ser sorprendente que aquellos que generaron las situaciones más difíciles en materia de energía, los mismos que hoy hablan de pobreza
energética, mientras gobernaban, contemplaban cómo la factura subía de forma desmesurada y no decían nada. (Aplausos). Pero lo peor no es ya que no dijeran nada, señorías, es que no hicieron nada -eso es lo realmente grave- para resolver esta
situación. Por eso, hoy me siento obligada a explicar desde esta tribuna, aunque sea brevemente, de dónde venimos. Partimos de un sistema eléctrico carísimo, pero que aun así no cubría los costes y generaba un déficit de tarifa de 10.000 millones
al año. En las dos legislaturas anteriores se incrementaron las tarifas eléctricas nada menos que un 63 %, una desacertada política energética que dejó un déficit de tarifa, como muy bien sabemos, de 30.000 millones de euros y que estuvo a punto de
colapsar el sistema. Apostaron por energías que no estaban maduras, primándolas desmesuradamente y sobredimensionando el sistema. Se niegan ahora mismo a la exploración de nuevos recursos -ahora se niegan- y reniegan de energías baratas. Esto es
imposible. Como decía alguno de los intervinientes, tenemos la energía más cara de Europa, queremos energía barata, pero queremos utilizar las fuentes más caras de Europa. Señorías, soplar y sorber a la vez es imposible, permítanme la expresión.
(Aplausos).
Afortunadamente, la situación hoy es bien distinta, porque el Gobierno del Partido Popular ha afrontado una necesaria reforma del sector eléctrico, que por fin hoy podemos decir que acaba con el déficit de tarifa. Las tarifas eléctricas han
disminuido en relación con el IPC hasta tres veces. Han disminuido, señorías. Por primera vez en la historia podemos decir que se ha devuelto dinero a los consumidores en la factura eléctrica -por primera vez en la historia-, lo que supone un
cambio radical con la política que venía haciendo el Partido Socialista. Hoy se apuesta por un mix energético con una rentabilidad razonable. También hay que decir, porque yo creo que algunos no se enteran, que ha sido el Gobierno del Partido
Popular el que ha puesto impuestos a las compañías eléctricas; hay que decirlo alto y claro. No fue el Partido Socialista ni ha sido Izquierda Unida, que son socios en distintos Gobiernos. Sí, señores. Hay un canon por la utilización de los ríos
y también se han puesto impuestos al almacenamiento de los residuos. Esto es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Además, por primera vez estamos ante un compromiso real con el ahorro y la eficiencia energética, lejos del compromiso,
como recordarán, del anterior Gobierno, que se circunscribía a regalar bombillas o a sugerir a sus señorías que vinieran sin corbata a la Cámara. Es un compromiso que está teniendo reflejo en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2015, donde se destinan nada menos que 260 millones de euros en programas de incentivos, como son los del vehículo eficiente o ayudas a la rehabilitación energética de edificaciones, actuaciones todas ellas en el marco del Plan de
medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que va a impulsar la competitividad y la eficiencia y a favorecer la actividad económica y la creación de empleo. El Grupo Popular no se cansará de recordar que la mejor política para
erradicar la pobreza es la que crea empleo, y de eso ustedes saben mucho, señores del Partido Socialista y de La Izquierda Plural, porque ahí donde ustedes gobiernan es donde más pobreza y desempleo hay, y podemos poner el ejemplo de Andalucía.
Hechas estas consideraciones, voy a tratar los contenidos de la proposición de ley que hablan de los elementos mínimos imprescindibles que se deben recoger para desarrollar esa protección efectiva a los consumidores. Pues bien, todos esos
elementos ya los recoge la Ley de 26 de diciembre de 2013, Ley del Sector Eléctrico, y la modificación de la Ley de Hidrocarburos del año 1998.
La definición de consumidores vulnerables y los requisitos que deben cumplir se contienen en esta ley. También se contiene y se sigue manteniendo el bono social. Esto lo digo por aquellos que no hayan tenido la oportunidad de leerse esta
ley, que sepan que el nuevo marco regulatorio establecido en la Ley del Sector Eléctrico no ha modificado los beneficios susceptibles de este instrumento de protección que cumplan algunas de las siguientes condiciones -se lo voy a explicar
brevemente-: Potencia contratada
inferior a 3 kilovatios en su vivienda habitual; personas que tengan más sesenta o más años de edad, que sean pensionistas y perciban las cuantías mínimas; familias numerosas y familias que tengan todos sus miembros en paro. Según los
datos que publicó recientemente, en el mes de septiembre, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia el número de consumidores que se cogen a este mecanismo de protección está en torno a dos millones. Señor Martínez Gorriarán dos millones
de familias no son parches; estoy segura de que compartirá conmigo esta reflexión. También hay que decir que se recoge en la ley todo lo relativo a la tarifa social.
Con respecto a la definición de pobreza no compartimos la definición de pobreza que hace el Grupo Socialista, sino que estamos más en la línea con el tratamiento que tienen de la pobreza energética las directivas europeas, tanto las del
Consejo Europeo como las del Parlamento Europeo. Podríamos definirlo como la falta de energía suficiente, accesible y asequible para promover el crecimiento económico y satisfacer las necesidades humanas. Es un concepto que va más allá del ámbito
del sector energético.
Por lo que respecta a las medidas en relación con la interrupción del suministro eléctrico, la ley también contempla y establece las bases de protección del consumidor. Hay que decir que ahora mismo están siendo abordadas estas
disposiciones normativas; es decir, se están tramitando los reglamentos que van a desarrollar la ley en este aspecto. Hay que poner de manifiesto que España está plenamente comprometida con los objetivos de eficiencia energética que se derivan de
las directivas europeas, tendentes a alcanzar en 2020 el objetivo de conseguir una reducción que suponga un ahorro del 20 %.
Creo que estarán de acuerdo conmigo en que hablar de pobreza energética implica actuar. No es hablar simplemente, sino que el movimiento se demuestra una vez más andando. Desde luego, hablar de pobreza energética implica hablar, implica
actuar en materia de eficiencia energética, de ahorro energético, de política social -en gran medida de política social- y, desde luego, llevar a cabo actuaciones coordinadas entre los distintos ministerios y con otras administraciones.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que ir acabando.
La señora JIMÉNEZ MÍNGUEZ: Termino enseguida, señor presidente. Hay otros ayuntamientos que están tomando medidas en este sentido, comunidades autónomas y, ¡qué casualidad!, casi todas son gobernadas por el Partido Popular.
Resumiendo, señorías -y termino-, la Ley del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario, el fin del déficit de tarifa, los planes de ahorro energético y de eficiencia son los pilares básicos para acabar con la pobreza energética y
proteger a los usuarios. A estos pilares básicos hay que sumar otros aspectos como son los Presupuestos Generales del Estado para 2015, que destinan más del 53 % del gasto a gasto social, la Agenda Social del Gobierno que estoy segura que van a
apoyar todos los grupos en la Cámara y esa reforma fiscal que va a poner en manos de los consumidores 9.000 millones de euros, que sin duda será la mejor garantía para crear empleo. Son 1.300 desempleados menos cada día...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar inexorablemente.
La señora JIMÉNEZ MÍNGUEZ: Termino. Gracias, señor presidente.
Son 1.300 personas que cada día se alejan de la pobreza.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, PARA LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315.3 DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000167).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de La Izquierda Plural, para la derogación 315.3 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal (orgánica). Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
La verdad es que intervengo abrumado por que la izquierda sea culpable de la crucifixión de Cristo, poco menos que hemos oído en esta Cámara. (Un señor diputado: Todavía no.-Rumores).
Mi grupo parlamentario traslada al Pleno del Congreso de los Diputados una iniciativa que pretende la derogación del apartado 3 del artículo 315 del Código Penal. Estamos convencidos de que ese punto 3, que deviene del artículo 496 del
Código Penal posfranquista, es un artículo que no debería estar en el
Código Penal y en ese sentido asumimos la cuota parte de la responsabilidad por no haberlo derogado en su momento. Pero, señorías, ahora no estamos hablando únicamente del Código Penal, estamos hablando de un Gobierno y de una fiscalía que
dan directrices muy claras para aplicar este artículo a los sindicalistas y para hacerlo en particular en las huelgas generales. De tal manera que, ayer mismo, la secretaria general del sindicado de Comisiones Obreras en las Islas Baleares se vio,
ante la acusación de una serie de posibles delitos, fundamentalmente amenazas e insultos, con una petición de penas mantenida por la fiscalía de cuatro años y medio. Les recuerdo que en el caso de Madrid Arena con homicidios se pide cuatro años por
parte de la fiscalía. (Aplausos). Señorías, no solamente es el caso de la secretaria general en las Islas Baleares. Hay otros casos como la reciente condena de tres años y medio a una sindicalista en Galicia y también la petición de ocho años a
los trabajadores de Airbus. ¿Qué pueden haber hecho estos trabajadores para que un fiscal les pida ocho años de prisión por ejercer el derecho de huelga, señorías? Es incomprensible e inaceptable lo que está ocurriendo en este país. Pero no son
solamente tres casos, son aproximadamente trescientos casos para los que se pide más de ochenta años de prisión.
Esa es la razón por la que mi grupo no solamente quiere derogar el punto 3 del artículo 315 -un artículo que estaba contemplado en el Código Penal de 1976, que no tuvo en cuenta la Ley Sindical y que tampoco tuvo en cuenta la Constitución
española; por tanto, un artículo totalmente anacrónico- sino que además reprochamos en esta iniciativa que el Ministerio del Interior, por una parte, y la fiscalía, por otra, pretendan una utilización arbitraria de este artículo en contra de los
trabajadores, en contra del derecho de huelga, en contra de la libertad sindical y que se utilice, en definitiva, para disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho de huelga y su derecho de protesta. Precisamente en el artículo 315, que pretende
en el Código Penal defender el derecho de huelga de los trabajadores, se coge del rábano por las hojas. De tal manera que fiscalía y Ministerio del Interior solamente se preocupan del punto 3 del artículo 315, el que tiene que ver con posibles
excesos de los trabajadores y de los piquetes en el momento de la huelga y, sin embargo, no han hecho ni una sola acusación a ningún empresario con relación a las coacciones para evitar y paralizar el derecho de huelgo; ni una sola actuación,
señorías. (Aplausos). Con lo cual, nos encontramos ante una utilización artera del derecho por parte del Ministerio del Interior y por parte de la fiscalía que recae sobre el ejercicio del derecho de huelga y no para garantizar el ejercicio del
derecho de huelga. Aquí hay que recordar que la interpretación del derecho de huelga no es su negativo, el Código Penal; la interpretación del derecho de huelga es el precepto constitucional, que lo considera un derecho fundamental, individual y
colectivo de los trabajadores, pero sobre todo el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Pacto internacional de derechos económicos y sociales de Naciones
Unidas, la Conferencia Internacional del Trabajo y el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Esa es la interpretación democrática del derecho de huelga y no la interpretación penal que pretende restringir y disuadir del ejercicio del derecho de
huelga. Pero, señorías, a nosotros no nos extraña, porque el contexto prácticamente justifica esta utilización artera y desequilibrada, desproporcionada y no de mínimo efecto por parte de la fiscalía del artículo 315.3 del Código Penal.
Estas medidas se toman precisamente cuando el Gobierno continúa desarrollando políticas de recortes y reformas o contrarreformas del modelo laboral. Es decir, esta política no es casual, se produce cuando la reforma laboral ha provocado en
nuestro país un incremento del 300 % del descuelgue de los convenios colectivos y naturalmente un incremento de las horas de huelga de los trabajadores ante la situación de desprotección. En vez de proteger a los más débiles, el Gobierno los golpea
y protege a los más fuertes. No se ha producido ni una sola denuncia por coacciones de los empresarios y en estos momentos prima la utilización del Código Penal en vez de la utilización del derecho social. La sustitución de la mano izquierda por
la mano derecha del Estado, por la represión, que es lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país.
Hemos vivido varias etapas. Hemos vivido la etapa de la represión directa de las movilizaciones, aquella por la cual las movilizaciones son las más pacíficas de Europa, pero, ¡qué casualidad!, cuando interviene el Ministerio del Interior
las convierte en un conflicto; aquellas por las cuales el nivel de violencia es de los más bajos de Europa, algo reconocido por el propio ministro del Interior, pero luego resulta que hay una máxima del Ministerio del Interior por la cual los
ciudadanos que se movilizan desobedecen la autoridad pública e incluso atentan contra ella, y es utilizado este mecanismo de manera preventiva por parte del Ministerio del Interior, es decir, disuadir del derecho fundamental del ejercicio del
derecho de huelga y del derecho de manifestación, y hemos pasado a la utilización de las sanciones para disuadir del ejercicio de estos derechos.
Como he dicho antes, es verdad que ha aumentado el 300 % el número de movilizaciones, pero las sanciones han aumentado muchísimo más. Señorías, no es explicable -si no es con la utilización de las sanciones para reprimir la protesta- que
las sanciones por parte de la Administración y por parte del ministerio se hayan elevado de una manera tan escandalosa. La sanción económica, pues, es una ratio por parte del Gobierno para eludir y disuadir de la protesta. De la última fase -fase
de represión- a la de ahora -que podríamos llamar fase autoritaria-, el Gobierno ha derogado el Libro III del Código Penal. Pretende también elaborar -y se va a debatir en esta Cámara la enmienda de totalidad- una ley de seguridad ciudadana, o ley
de inseguridad ciudadana, mejor dicho. En esas dos iniciativas el Gobierno eleva las faltas a delitos, aumenta la represión, en el caso del Libro III del Código Penal, y en relación con la nueva ley de seguridad ciudadana, eleva la autoridad y
también el concepto de orden público para restringir derechos fundamentales de los ciudadanos -el derecho de huelga, el derecho de manifestación y la libertad de expresión-, en una deriva claramente autoritaria por parte del Gobierno que pretende
acallar la protesta.
Estas razones llevan a mi grupo parlamentario a promover la derogación del punto 3 del artículo 315 del Código Penal. Conocemos que el Gobierno en estos momentos está replanteándose una parte de la reforma del Código Penal, al menos se la
ha replanteado su autor, en este caso el ministro de Justicia. Esperamos que ese replanteamiento no sea a peor, aunque no las tenemos todas con nosotros. Para ello nos parece fundamental que se incorpore a la reforma del Código Penal la derogación
del punto 3 del artículo 315. Si bien es necesario proteger el ejercicio del derecho de huelga, también en el Código Penal frente a las coacciones, de la mima manera no nos parece que sea necesario que las coacciones se vean agravadas por el hecho
de que se realicen en el contexto del ejercicio del derecho de huelga. Es tanto como decir que el derecho de huelga es un agravante, y eso en democracia no es aceptable. La huelga no es un agravante y por tanto el Código Penal tiene en estos
momentos arsenal suficiente -en las coacciones y en las coacciones graves- para no utilizar este artículo de las postrimerías del franquismo, que entonces ya se decía solo pretendía acabar con la movilización social de los trabajadores en defensa de
las libertades y en defensa de sus derechos.
Señorías, ese es el motivo de esta iniciativa legislativa. Esperamos que los grupos parlamentarios acepten a trámite esta iniciativa legislativa, en el marco de la reforma del Código Penal -una amplia reforma promovida por el ministro
Gallardón- y creemos que un aspecto fundamental debería ser homologar a nuestro país con el resto de los países de nuestro entorno en el respeto a un derecho fundamental como es el derecho de huelga. Pero sobre todo también esta iniciativa pretende
lanzar un mensaje al Gobierno. Ya que el Gobierno acaba de darse cuenta de que esta política de la mano derecha, esta política de golpear, no es aceptada por los ciudadanos y que tiene un reproche electoral -como ha ocurrido recientemente en
relación con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o también con respecto al intento del Gobierno de modificar de manera unilateral la Ley Electoral-, le decimos al Gobierno que deje de utilizar la mano derecha, que deje de utilizar el
puño, para golpear derechos fundamentales de los ciudadanos, para golpear el derecho de huelga, en este caso a través de directrices de la fiscalía que proponen sanciones, en nuestra opinión desproporcionadas, que no obedecen a un sistema
democrático frente al legítimo ejercicio del derecho de huelga.
Termino con la petición de sanción del día de ayer. La fiscalía, a pesar de que no se había roto una luna -al final nadie sabía quién la había roto- y que el único posible delito era insultos y amenazas, mantuvo la acusación de cuatro años
y medio para una sindicalista. Una barbaridad. Lo peor de todo es que el Partido Popular respaldó esa petición de la fiscalía.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
En turno de fijación de posiciones y por el Grupo Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Hay 265 sindicalistas inmersos en procesos penales o administrativos relacionados con el derecho de huelga. El ministerio fiscal pide en conjunto un total de ciento veinte años de cárcel por su participación en huelgas. El mundo al revés:
los corruptos, como algunos paisanos míos, paseándose por la calle mientras el Gobierno decide si los indulta o no los indulta y a los defensores de los derechos de los trabajadores les piden cárcel. Cuando el ministerio fiscal dedica sus exiguas
fuerzas a perseguir a los buenos y se olvida de los malos, algo no funciona bien en este país. Los representantes del Gobierno ya no hablan del
derecho fundamental de huelga, sino que ponen por encima toda una estrategia informativa de descrédito del proyecto sindical y al mismo tiempo la fiscalía aplica un precepto del Código Penal que estaba dormido.
Recordemos que el derecho de huelga comprende el derecho a organizar piquetes, como desde hace tiempo ha dejado claro el Tribunal Constitucional, doctrina que por el momento no ha sido trastocada. Hay, por tanto, momentos en los que, como
señala la sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de julio de 2014, se pueden producir conductas que expresan un exceso o abuso del derecho que no acaba por desnaturalizarlo o desfigurarlo porque se encuentran íntimamente relacionadas con el
ejercicio del mismo. O la sentencia del Tribunal Constitucional 110/2000, que dice: El juez no puede reaccionar desproporcionadamente frente al acto de expresión, ni siquiera en el caso de que no constituya legítimo ejercicio del derecho
fundamental en cuestión y aun cuando esté previsto legítimamente como delito en el precepto penal. ¿Por qué el ministerio fiscal hace caso omiso de esta doctrina constitucional? Seguramente porque sirve a intereses espurios de un Gobierno al que
se le atraganta la protesta. El objetivo del Gobierno es cuestionar la propia existencia del sindicalismo democrático y su función constitucional. El medio utilizado es la criminalización de la respuesta sindical frente a los recortes de un
Gobierno neoliberal que aprovecha una estafa financiera para desmontar el Estado del bienestar. El mismo modo de actuar se ha llevado a cabo con el derecho de manifestación, multiplicando las sanciones administrativas en contra del criterio
judicial. Así, derecho de huelga y de manifestación son perseguidos por aquellos que tienen la obligación de protegerlos vía administrativa o vía penal. Esta PNL versa sobre un concreto precepto del Código Penal, pero, como vemos, el problema es
de mayor alcance. Hay un problema de recorte de derechos y libertades, de estrategia mediática de persecución de la protesta.
Acabo. El colofón es la ley de protección de la seguridad ciudadana, que se debatirá el jueves y que forma parte de la misma estrategia. Señorías, en este país hay un problema serio de democracia. Desde Comprimís-Equo anunciamos nuestro
voto favorable a la propuesta de La Izquierda Plural.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
También por el Grupo Mixto, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
En junio pasado el Bloque Nacionalista Galego también registraba una iniciativa, una proposición de ley, que iba precisamente en la misma dirección que esta que hoy debatimos como propuesta de La Izquierda Plural. Por tanto, en nuestra
intervención de ahora nos vamos a mostrar favorables a que se tome en consideración esta iniciativa porque no podemos permanecer impasibles ante lo que es claramente una injusticia y sobre todo una demostración de represión contra personas que están
defendiendo los derechos de trabajadores y trabajadoras y, en definitiva, de toda esa mayoría social que durante estos últimos años ha vivido, estamos viviendo, estas políticas de recortes y de pérdida de derechos a las que nos tiene sometidos el
Gobierno del Partido Popular.
Por eso, señorías, en la exposición de motivos de la iniciativa que presentamos hablábamos de que estas sentencias que en estos momentos se están dictando a sindicalistas o a personas participantes en estas movilizaciones sociales cuentan
con el apoyo y están instadas por el propio Gobierno. Lo decimos porque las únicas pruebas que hay para condenar están basadas exclusivamente en las acusaciones de los miembros de la policía, y eso a pesar de que haya muchísimos testigos diciendo
que estas personas estaban en la huelga pero no en el momento de los actos de los que se les acusa. Esto lo decimos porque conocemos muy directamente casos como el de Serafín o como el de las mujeres trabajadoras de Pontevedra, etcétera, personas
que defendían en una huelga su derecho a ejercerla y sobre todo su derecho a defenderse de esa política de negación de los derechos laborales y los derechos sociales de las personas que está haciendo el Partido Popular, pero que no cometieron
delito. Evidentemente, el Gobierno necesitaba tomar medidas represivas para conseguir que esas movilizaciones no fueran más allá o cuando menos se redujeran, si no que se eliminaran, y no hay mejor forma que actuar con ejemplaridad contra personas
que participando en esa defensa pueden ser acusadas de determinados delitos o condenadas como en estos casos de que estamos hablando.
Consideramos que es de recibo retirar a estas alturas este artículo 315.3, primero porque fue incorporado en el Código Penal en el año 1976, como se ha dicho, antes por tanto de la propia Ley de la libre asociación sindical y sobre todo
antes de que fuera aprobada la Constitución española. No es de recibo y por eso proponemos no solo que se admita a trámite, sino que en ese trámite se derogue este
punto 3, porque su concepción proviene de una época de restricción de derechos y libertades públicas, pero sobre todo por el empeño actual en hacer uso indiscriminado de este punto para reforzar la represión contra personas, organizaciones
sindicales y movimientos sociales que en ejercicio de sus derechos fundamentales se oponen a las graves políticas antisociales y demandan condiciones dignas de vida y trabajo. Un homenaje por parte del Bloque Nacionalista Galego...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... a estas personas castigadas.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Señor Cuadra, dentro del Grupo Mixto.
El señor CUADRA LASARTE: La aplicación del artículo 315.3, de origen franquista -que hay que decirlo todo-, a las huelgas, manifestaciones y piquetes que se están realizando es la expresión más descarnada, desde el punto de vista de Amaiur,
de la represión con la que el Gobierno está tratando la contestación social frente a sus medidas reaccionarias. El Gobierno no está haciendo frente a toda esta contestación, a todos estos conflictos acercándose a los mismos, intentando comprender
sus causas y procurando canalizarlos por la vía de la negociación, del diálogo, sino, al igual que lo hace aquí en el Congreso aplicando su rodillo institucional, aplicando en la calle el rodillo policial y santas pascuas.
Están lloviendo las multas y los procesamientos. En el pasado conflicto de la minería, tan solo en Asturias se abrieron más de trescientos procedimientos y se solicitaron penas de cárcel de dos años y medio a siete años. En Andalucía las
marchas y ocupaciones realizadas allí han sido reprimidas y han caído sobre el SAT más de 400.000 euros en multas, más de 500 personas han sido detenidas y se cuenta ya con más de cincuenta años en peticiones fiscales. La represión es, eso sí, muy
democrática, abarca toda la geografía estatal. En La Rioja, a 5 trabajadores que participaron en un pacífico piquete se les acusa de un delito de coacciones.
Y ya se ha comentado por parte de Gaspar que, en Baleares, a la sindicalista Katiana le piden cuatro años y medio de cárcel. A Rubén y José Manuel -porque todas estas son personas con familias-, en Madrid, se les solicitan también siete
años a cada uno por participar en un piquete. Ocho sindicalistas de Airbus esperan juicio con peticiones de ocho años y tres meses de cárcel. A Alfon, de Vallecas, este ya con actuaciones rayando el terrorismo, le espera juicio en la Audiencia
Nacional, cinco años de petición. Pero, por desgracia, no solo hay peticiones sino que ya hay condenas. Carlos y Carmen, en Granada, tres años de cárcel por participar en un piquete. Ana y Tamara, de Pontevedra, otros tres por el terrible delito
de echar pintura en una piscina. En Pamplona, cuatro jóvenes han sido condenados a año y medio de cárcel por participar en un piquete informativo. Y en Bilbo, en Deusto, Jon y Urtzi son condenados a dos años por realizar pintadas durante una
huelga general. La pregunta es sencilla y directa: ¿conoce alguien a algún empresario que haya sido procesado o condenado por atentar contra el derecho de huelga de los trabajadores? La pasada semana, en unas jornadas organizadas en relación con
este tema, la ley mordaza, el Código Penal, un fiscal del Tribunal Supremo afirmó desconocer ningún caso. ¿Son una invención acaso las presiones constantes, los chantajes con los que cientos, miles de empresarios someten a sus trabajadores con
contratos parciales, amenazándoles con no renovarles estos contratos si participan en huelgas o en actos parecidos? ¿Es esto una invención acaso? Con la subida de las tasas judiciales y los recortes y reformas habidos en la aplicación de la
justicia gratuita, la justicia es cada vez más una justicia de clase, es decir, tiene derecho a la justicia aquel que puede pagársela. Y punto. Los demás, a rascarse. Con la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal la ley se convierte ya en
una máquina de guerra a favor de los de arriba, de los poderosos, para acallar las protestas de la gente de abajo.
Termino. Quevedo, en uno de sus sonetos, hacía referencia a ese mundo que entonces también estaba al revés y decía: Nadie verás castigar porque hurta plata o cobre, que al que azotan es por pobre de suerte, favor y trazas. Cuatro siglos y
medio han pasado desde entonces y seguimos en las mismas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Permítame intervenir desde el escaño, no porque no tenga relevancia la iniciativa presentada por el Grupo de La Izquierda Plural, sino por dificultades de movilidad de este diputado que les habla.
Tiene razón, señor Llamazares, y tienen razón con carácter general los argumentarios de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que son pertinentes. Realmente del número 3 del artículo 315 del Código Penal no hay
prácticamente nada rescatable. Primero, es inadecuada su ubicación sistemática. Está en el título XV, dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores, y tiene difícil incardinación en un título del Código Penal destinado a defender
los derechos de los trabajadores uno que persigue o limita el ejercicio del derecho de huelga mediante un tipo que está redactado de forma particularmente evanescente. El número 3 del artículo 315 establece que las mismas penas del apartado
anterior -es decir, hasta tres años de privación de libertas- se impondrán a los que actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros (una redacción particularmente confusa), coaccionen a otras personas para iniciar o continuar una
huelga. La expresión coacción es una expresión metajurídica ubicada en un texto como el Código Penal, que debe atender a los requerimientos del principio de tipicidad penal. Desde esa perspectiva, esta provocando un arbitrismo judicial absoluto.
Con este precepto los jueces pueden hacer prácticamente lo que quieran. Ha sido un precepto inerte en las anteriores legislaturas. No se ha aplicado nunca el número 3 del artículo 315, y se ha revitalizado, pero con mucha intensidad, hasta llegar
al procesamiento de 400 sindicalistas, precisamente en la legislatura de los grandes recortes limitativos de los derechos de los trabajadores, que han provocado contestación y reacciones en la calle y en otros ámbitos contra estas reformas
eufemísticamente llamadas estructurales. Desde esa perspectiva, esta revitalización llama la atención.
Pero también son inadecuados los orígenes históricos o los antecedentes de este precepto. Ya han sido citados, desde una reforma del Código Penal del año 1973, producida en el año 1976, una época todavía predemocrática, donde la
justificación de este precepto era: con la finalidad de hacer frente -se proclamaba en el año 1976- a la creciente actividad agresiva de aquellos grupos organizados que se autodenominan piquetes para la extensión de la huelga. Obsérvense las
locuciones, las expresiones utilizadas, que forman parte de una retórica neofascista, de una retórica absolutamente postfranquista, un momento en que todavía no se había aprobado siquiera la Ley de asociación sindical, que es del año siguiente, del
año 1977, ni tampoco la Ley reguladora del derecho de huelga, que es un real decreto-ley, el Real Decreto-ley de 4 de marzo del año 1977, también preconstitucional pero constitucionalizado posteriormente por la jurisprudencia constitucional. Estos
antecedentes históricos, que se basan o encuentran su núcleo en el Código Penal del año 1973, convierten en absolutamente extemporáneo este precepto limitativo del derecho de huelga mediante expresiones metajurídicas, pero sobre todo por
antecedentes de un código penal en el que figuraban perlas como la siguiente: el uxoricidio. El uxoricidio preveía para el marido que matara a su mujer en flagrante adulterio una condena de cuatro meses de destierro. Toda una incitación a
asesinar a la mujer adúltera. Estamos hablando de este contexto punitivo y preceptos como estos paradójicamente -uno no puede comprender por qué- siguen superviviendo a reformas posteriores como la del año 1995, el llamado Código Penal de la
democracia, cuya paternidad se atribuye, cada vez más en soledad, a Juan Alberto Belloch, a la sazón ministro socialista. Fue ministro, socialista quizá y no sé qué es en la actualidad. El caso es que el Código Penal de la democracia no supo
apreciar la extemporaneidad y el no ajuste democrático de un precepto de estas características, que contradecía o armonizaba de forma poco simétrica con la libertad sindical prevista en el artículo 7 de la Constitución, la proposición de conflictos
colectivos previstos en el artículo 37 de la Constitución y el ejercicio del derecho de huelga, que dimanan del Real Decreto-ley de 4 de marzo de 1977, constitucionalizado luego por diversas sentencias del Tribunal Constitucional.
El señor Baldoví ha indicado una cosa que quizá ha pasado desapercibida pero es particularmente relevante: una sentencia del Tribunal Constitucional, la número 110/2000. Esta sentencia establece que la existencia de piquetes, e incluso de
coacciones que no incurran en tipos delictivos cualificados o genéricos de coacciones no pueden ser considerados, desde una perspectiva de la proporcionalidad del reproche penal, más que como una legítima manifestación del ejercicio del derecho de
huelga. Desde la perspectiva de la proporcionalidad, y en relación con la existencia de piquete informativos -yo puedo comprender que a veces la información se basa en el axioma pedagógico de que la letra con sangre entra-, el legislador tampoco
puede mantenerse inerme y desatender a la posibilidad eventual de que se produzcan reproches penales a determinadas conductas practicadas por algunos piquetes que pueden ser, en ocasiones, particularmente violentos. Pero no hace falta un tipo
cualificado para regular esta conducta sino que basta
con recurrir a los tipos genéricos de los delitos de amenazas o de coacciones, y sobra incluso, si me permite la presidenta esta expresión. Desde esa perspectiva nos parece particularmente afortunada la petición de derogación de este número
3 del Código Penal, que es absolutamente asimétrico y no armónico con los números 1 y 2, que sí protegen los derechos de los trabajadores contra los abusos, que en el ámbito del derecho de huelga son más frecuentes y son penalmente más reprochables,
constituyen el verdadero injusto penal que debería regular el legislador: la obstaculización o impedimento del derecho de huelga por parte de los empresarios, cosa que, como bien ha dicho el señor Cuadra, no ha meritado por parte del ministerio
público ni una sola acción de persecución de este tipo de delitos que, sin embargo, se producen con harta frecuencia y sobre todo con más harta frecuencia en los últimos tiempos, señora presidenta. El Código Penal se basa en determinados axiomas,
como son el principio de mínima intervención y la ultima ratio, ultima ratio que por la pervivencia de este precepto no sería la ultima ratio que formara parte de los fundamentos ontológicos de un derecho penal democrático, sería otra ultima ratio
de signo muy diferente, la que consta en el ánima de los cañones, ultima ratio regis, y nosotros no queremos una ultima ratio regis, nosotros queremos una ultima ratio democrática como ejercicio o manifestación del poder político del Estado.
Por lo tanto, felicitamos al grupo proponente y apoyamos este pedimento, esta proposición de ley, pedimento que vamos a reproducir si es que el nuevo ministro de Justicia decide impulsar la reforma del Código Penal, que ya está presentada en
esta Cámara. No solo está presentada, sino que ya se ha producido en relación a la misma el debate de totalidad. Veremos qué ocurre, tenemos la impresión de que no hay particular interés por parte del Ministerio de Justicia en continuar el iter
legislativo de este proyecto de ley tan complejo, pero es una impresión solo. Desde luego, si continúa el iter legislativo de este proyecto de ley, nosotros pediremos mediante la correspondiente enmienda la desaparición de este número 3 del
artículo 315.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señor Llamazares, que ha defendido esta proposición de ley de La Izquierda Plural, el debate que plantean ustedes esta tarde de manera parcial está estrechamente relacionado con otros dos debates que están teniendo lugar
simultáneamente en esta Cámara: por un lado, con el debate de la ley de seguridad ciudadana, que tendrá lugar aquí en Pleno el próximo jueves, y, por otro lado, con la reforma del Código Penal, que también lleva meses en la Cámara y que se sigue
debatiendo, si no me equivoco, en Comisión. Por lo tanto, no es que nos parezca que sea superfluo ni que sea innecesario, pero sí que es un asunto que será abordado convenientemente en estas otras dos discusiones legislativas.
Su propuesta trata en el fondo de evitar que huelguistas o sindicalistas que ejercen su derecho, un derecho reconocido como ha sido mencionado en sentencias del Tribunal Constitucional y que no voy a volver a mencionar, el derecho a
informar, a formar parte de esos piquetes informativos e incluso el derecho a persuadir sobre la conveniencia o no de participar en una huelga, ese derecho, que está protegido, sin embargo puede ejercerse de manera excesiva y es ese exceso el que
trata de regular este artículo específico del Código Penal. Nosotros consideramos que efectivamente estos excesos deben ser castigados y también que se puede producir una colisión de derechos que con poca frecuencia se tiene en cuenta, el derecho a
la huelga y el derecho a trabajar, que es un derecho enormemente devaluado en un país que tiene una tasa de paro cercana al 25 %. En todo caso, es muy pertinente reformar este artículo 315.3, aunque solo sea por ese origen preconstitucional que
usted ha señalado remitiéndose al artículo 496 del anterior Código Penal. Nosotros votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley pero, como hay distintas posibilidades, sin duda enmendaríamos y propondríamos otras
formulaciones respecto a la que ustedes hacen. Pensamos que, además de esa derogación, habría posibilidad de revisar esto y redactarlo de forma distinta. Creemos que el derecho a trabajar en jornadas de huelga debe estar protegido y se debe tratar
de evitar que las acciones de los piquetes informativos excedan lo que es la información o la persuasión. Esa protección se puede ejercer a través del delito clásico de coacciones o a través de un tipo específico como en la actualidad, pero en todo
caso la existencia de un tipo especial, como existe en la actualidad, debe estar sujeta a la mayor garantía posible, cosa que quizá no ocurra y se ha mencionado por distintos intervinientes el escaso celo que pone la fiscalía en perseguir otros
delitos equiparables por parte de las empresas. En todo caso, pensamos que
reformar este precepto de manera que delimite objetivamente sus elementos y señale una pena proporcional sería bastante conveniente. Por eso votaremos a favor de que se tome en consideración su proposición, aunque señalando que si llegara
el caso y saliera adelante la enmendaríamos de manera considerable.
Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la conducta que se describe en el artículo 315.3 no puede tener peor ubicación sistemática. Se ubica una conducta en el título del Código Penal relativo a los delitos contra los derechos de los trabajadores y se aplica ese
artículo contra los trabajadores. La aplicación que ha tenido este artículo es claramente incongruente con la ubicación sistemática de estas conductas en el Código Penal. Además, es un apartado claramente innecesario; lo que se pretende perseguir
estaría ya en otros preceptos del Código Penal, estaría en la regulación del artículo 172, relativo a las coacciones, o estaría incluso en las faltas sobre coacciones, pero en ningún caso deberíamos legitimar este tipo penal específico agravado. De
ahí que Convergència i Unió ya adelante su voto afirmativo a la toma en consideración de esta proposición de ley, que alguien podría pensar que no es oportuna en el sentido de que ya en estos momentos tenemos en la Cámara -lleva más de un año- un
proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal. Alguien podría pensar que si ya se está intentando reformar el Código Penal en esa ponencia que va a estudiar ese proyecto de ley orgánica podríamos ubicar una propuesta como la que hoy ha
defendido el señor Llamazares. Pero esa pretensión de desviar el debate hacia el proyecto de ley orgánica del Código Penal tampoco la podríamos compartir desde Convergència y Unió porque nadie está en condiciones en estos momentos de afirmar que se
va a tramitar realmente esa reforma del Código Penal. Quizá mañana el ministro de Justicia nos lo pueda aclarar en su comparecencia, pero lo cierto es -lo recordaba el señor Olabarría- que se ha producido ya en este Pleno el debate a la totalidad
de ese proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal y llevamos semana tras semana ampliando el plazo de presentación de enmiendas al articulado, hecho que no es usual. Normalmente en los proyectos de ley una vez queda abierto el plazo a las
enmiendas de totalidad y se produce el debate de totalidad lo lógico es que en pocas semanas finalice el plazo de enmiendas al articulado. El hecho de que esto no haya sido así nos demuestra que hay poca voluntad política por parte del grupo
mayoritario de impulsar esa reforma del Código Penal, razón de más para tomar en consideración la proposición de ley orgánica que nos presenta el Grupo de La Izquierda Plural porque no podemos seguir con este precepto en el actual Código Penal. Se
ha recordado por parte de otros portavoces que no era un precepto que encontrara una aplicación usual, estaba allí, pero no se aplicaba. ¿Qué observamos? Que últimamente desde la fiscalía existen peticiones de penas altas aplicando este artículo.
¿Qué decimos desde Convergència i Unió? Que tales peticiones no se realizarían por parte de la fiscalía si tal precepto no existiera. Por tanto, bienvenida sea esta proposición de ley que pretende resituar esas actuaciones en los demás artículos
del Código Penal si es que fuere necesario porque, repito, existe ya el delito o la falta de coacciones, por lo que no hemos de dar ese tratamiento penal específico y agravado que se está dando actualmente en este artículo 315.3.
Hemos de recordar -se ha dicho también por parte de otros grupos parlamentarios- dos premisas que deberían guiar el ordenamiento penal: la última ratio, la intervención mínima que debería tener el derecho penal, y la proporcionalidad.
Entendemos que las penas a las conductas que se describen en el artículo 315.3 ni son proporcionales ni obedecen a ese principio de ultima ratio que debería tener el Código Penal en estos supuestos. Podemos entender que existan conductas que deban
ser tratadas como sanciones administrativas o incluso desde una óptica penal, pero no de la manera específica, agravada y estigmatizada que tiene la actual redacción de este artículo. Es una redacción que ha pervivido en otras legislaturas y con
otras mayorías políticas; lo cierto es que estaba allí pero no era un artículo que provocara -como ha provocado- la creciente manifestación ciudadana contraria a las peticiones de aplicación que se llevan a cabo. Es cierto también -lo decían el
señor Baldoví y el señor Olabarría- que el Tribunal Constitucional ha situado el debate donde debería estar, en la justa proporción que no tiene este artículo 315.3. Por tanto, damos la bienvenida a esta proposición de ley, votaremos a favor de su
toma en consideración. Si finalmente no se tramitara ese proyecto de ley orgánica del Código Penal, cuyo debate a la totalidad se ha celebrado ya pero vamos ampliando semana tras semana el plazo de enmiendas
al articulado, pediríamos al grupo mayoritario que se uniera al voto del resto de los grupos parlamentarios de la Cámara y tomáramos por lo menos en consideración esta necesaria supresión del artículo 315.3.
Termino ya, señora presidenta, señorías, agradeciendo el conjunto de reflexiones que se han hecho. Desde mi grupo parlamentario agradecemos el trabajo realizado por el diputado Carles Campuzano, que ha defendido reiteradamente en esta
Cámara los derechos de los trabajadores, los derechos de la necesaria libertad sindical, así como la necesidad de votar hoy favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Señora presidenta, señorías, quiero que mis primeras palabras sean para saludar a dos sindicalistas de la Federación de Hostelería de la UGT que están aquí presentes, a los que el ministerio fiscal pide siete años
de prisión en el escrito de calificación por ejercer el derecho de huelga por participar en un piquete informativo. (Aplausos). De esto se trata, señorías, se trata de un cambio de criterio que se ha producido en los últimos tres años por el
ministerio fiscal para que los que participen en huelgas en las que pueda haber excesos que podrían ser discutibles, se les aplique el artículo 315.3 del Código Penal. El señor Llamazares hablaba de que ayer se celebró en Baleares, en Palma de
Mallorca, el juicio contra la secretaria general de Comisiones Obreras, a la que se le pide cinco años; también está el caso de Airbus, a los que le piden ocho años, y hay cerca de 300 sindicalistas que están en procesos sancionatorios penales o
administrativos.
Mi grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa, y lo va a hacer porque es similar -por no decir idéntica- a otras muchas que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario Socialista. Hace escasas semanas yo mismo tuve la oportunidad de
preguntar aquí, en el Pleno, al dimisionario ya ministro Gallardón instándole precisamente a que apoyara la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Es un artículo que penaliza en este apartado precisamente las coacciones a la promoción de
la huelga. Se ha dicho ya, pero yo quiero recordar algunos detalles del proceso legislativo de este artículo. Empezó en el año 1976, se añadió al Código Penal del año 1995 y se incorporó en la redacción actual con una enmienda que se aprobó en el
Senado, apoyada unánimemente por todos los grupos parlamentarios. Lo único que quedó fuera fue otra enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que pretendía ampliar el tipo y por tanto endurecer el artículo 315. En su origen, y en aquel momento, lo
que buscaba era -y lo dice alguien que, modestamente, tiene que recordar que fue ponente del Código Penal de 1995; todavía estamos en esta Cámara algunos que tuvimos la suerte de participar en aquellos serios debates que hubo en la Cámara, como el
señor Olabarría y el señor Barrero- tipificar las conductas más graves, aquellas en las que hubiera violencia muy grave contra otros trabajadores, pero no los comportamientos a los excesos ordinarios que se pudieran producir en piquetes
informativos; para eso había otros tipos penales. Precisamente por eso se puede decir que a lo largo de treinta y cinco años, salvo excepciones puntuales, este tipo penal no se ha aplicado nunca. He tenido que indagar. Si uno busca las bases
jurisprudenciales del Tribunal Supremo, hay una sentencia del año 1999 precisamente para decir que no hay que aplicar este tipo, que basta el delito básico de coacciones y la falta de coacciones, que no es necesario este tipo agravado para los
comportamientos que normalmente por exceso se pueden llevar a los juzgados, solo -repito- excepcionalmente.
¿Qué ha ocurrido? Que desde el año 2012 la fiscalía, de forma generalizada en muchos sitios de España y de forma, además, sorprendentemente espigada, ha cambiado de criterio interpretativo. A conductas a las que antes aplicaba la falta de
coacciones o el delito básico de coacciones del 172 del Código Penal, ahora ha recogido el 315.3, que tiene una pena superior a tres años -de tres a cuatro años y medio- y que unida a otras penas es la que produce este efecto multiplicador de cinco,
siete y ocho años de prisión para sindicalistas que simplemente están defendiendo a sus compañeros ejerciendo el derecho de huelga. ¿Cuál es la causa de este cambio interpretativo? ¿Ha cambiado la jurisprudencia? No. ¿Ha cambiado la doctrina?
No. Ha cambiado la realidad política, la realidad social, ha cambiado el conflicto social. El Gobierno ha puesto en marcha un conjunto de recortes en los derechos de los trabajadores, en el salario social, y por unas y por otras causas distintos
colectivos, también los sindicatos, han desarrollado procesos de protesta; y estos procesos de protesta han llevado a huelgas generales, sectoriales, parciales, de empresa, y para frenarlas se están desarrollando un conjunto de medidas. El otro
día lo recordaba yo en la Cámara. En las reformas del Código Penal, todavía ahí, se incluyen modificaciones de artículos que
tienen que ver con la libertad, con el derecho de manifestación, con facetas del derecho de huelga, y la ley de seguridad ciudadana, que se va a discutir pasado mañana en esta Cámara, y los atestados de la policía. Si uno lee un atestado de
la policía de los últimos tres años verá cómo sibilinamente se habla de los piquetes informativos, entre comillas, poniéndolos permanentemente en sospecha. ¿Para qué? Para cuestionar que pueden ser instrumentos o vías de delito, o la fiscalía, en
este caso. Con esa visión estereotipada de la huelga, del conflicto social, de los piquetes, ¿qué se persigue? Se persigue -lo han dicho muchos portavoces- impedir que se produzcan huelgas o desalentar, disuadir o intimidar a los trabajadores para
que no se incorporen a las mismas. Además, hay un objetivo de debilitamiento de los sindicatos, de la acción sindical, que son los que convocan las huelgas y los que movilizan para esta protesta.
Quiero aquí recordar, y lo han dicho otros portavoces, que la huelga es un derecho fundamental, manifestación de la libertad sindical, que es un elemento esencial del Pacto social europeo, el que se llevó a cabo después de la Segunda Guerra
Mundial, que en España se canaliza a través del artículo 28 de la Constitución. Es la máxima y última expresión democrática del conflicto social, cuando el conflicto social no se ha podido resolver o canalizar a través del diálogo. Y parte del
contenido esencial del derecho de huelga -dice el Tribunal Constitucional, no lo dice este modesto diputado- es la existencia del piquete informativo. Los piquetes -instrumentos de difusión, de publicidad- son el instrumento de organización de la
huelga, y en muchos casos se utilizan elementos estereotipados para denigrarlos, para situarlos en el límite no ya de la protesta, sino en el límite de la ilegalidad. Fíjense ustedes lo que dice el Tribunal Constitucional sobre los piquetes
informativos, señorías, que son aquellos que dan lugar a veces a conflictos que se penalizan o a los que se les aplica el Código Penal y que tienen funciones de información, de propaganda, de persuasión o de disuasión. Y dice: La huelga es un
derecho fundamental de conflicto. No es una acción de cortesía. Es una situación en la que hay tensión; y hechos que en una situación laboral ordinaria tendrían un tratamiento distinto, en la huelga hay que interpretarlos como que se está
ejerciendo un derecho fundamental. Por eso, la interpretación que viene haciendo la fiscalía en los últimos tres años nos lleva a plantear la necesidad de derogar este apartado 3 del artículo 315. No quiero obviar una cuestión que ha sido dicha
por el señor Llamazares y por otros portavoces. Lo que se está produciendo es una verdadera asimetría en nuestro sistema penal. El título de los delitos contra los derechos de los trabajadores está siendo utilizado fundamentalmente para reprimir a
los piquetes informativos y no otras conductas. Pero yo no quiero hablar en abstracto. ¿Cuántas veces se está vulnerando el derecho a la huelga cuando de forma sistemática y reiterada se fijan servicios mínimos desproporcionados e ilegales, así
declarados una y otra vez por los tribunales y se siguen fijando los mismos? (Aplausos). ¿Cuántas veces se sustituye a los huelguistas contratando esquiroles individuales o a empresas? Yo soy diputado por Madrid. En Madrid tuvimos una huelga de
basuras y se contrató una empresa como esquirolaje. Recientemente ha habido un conflicto de una conocida empresa de bebidas cuya fábrica está en Fuenlabrada -mi municipio-, y hace escasas semanas la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, ha dictado
una sentencia diciendo que la empresa ha vulnerado el derecho de huelga de los trabajadores, y la fiscalía nunca actúa en esos casos concretos; sí actúa en el caso de los trabajadores.
Mi grupo no pretende judicializar penalmente el conflicto social; todo lo contrario. Precisamente por ello, dada la deriva que ha tenido en los últimos tres años esta interpretación del ministerio fiscal, lo que pretendemos es desmontar
este artículo, derogar este artículo para que se aplique el tipo básico de coacciones y de la falta de coacciones, que son los que normalmente tiene lugar o deben ser aplicados en este tema. Por eso -y termino ya- apoyamos la iniciativa; por eso
creemos que es pertinente; por eso, aun sabiendo que todos apoyamos en aquel momento aquel texto del 315.3 que ha sido inerte, que no se ha aplicado, ahora se aplica por razones que ni la jurisprudencia ni la doctrina y creo que ni los poderes
públicos, el Parlamento, deben mantener.
Termino dirigiéndome al Grupo Parlamentario Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor De la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Medio minuto, señoría y termino.
Hace tres semanas le pregunté al ministro dimisionario Gallardón, y él manifestó que estaba dispuesto a abordar la reforma de este artículo en el marco de la reforma del Código Penal que está en este momento en trámite. Pero tenemos una
situación nueva. Es posible, es incluso probable, que esa reforma del Código Penal no avance, no se lleve a cabo, quede paralizada. Por eso, les insto a que si ustedes también comparten que este artículo debe ser derogado, debe ser reformado o
debe ser modificado, no
lo dejen para un momento que a lo mejor no llega; que lo aprobemos ahora, que luego una vez admitido a trámite le demos la tramitación que proceda y, entre todos, demos un paso en la consolidación de un derecho como es el derecho de huelga,
pilar esencial de la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor De la Rocha.
Por el Grupo Popular, señor Castillo.
El señor CASTILLO CALVÍN: Gracias, señora presidenta.
Acabamos de comprobar que la proposición de ley presentada y defendida por La Izquierda Plural ha tenido una magnífica acogida por el Grupo Parlamentario Socialista. No podía ser de otra manera, porque la iniciativa tiene importantes
coincidencias con tres proposiciones no de ley presentadas el mismo día por el Grupo Parlamentario Socialista para su debate ante el Pleno, la Comisión de Justicia y la Comisión Constitucional. Estas tres proposiciones no de ley del Grupo
Socialista -mejor dicho, la proposición única del Grupo Socialista pero presentada tres veces, porque son exactamente iguales- coinciden con la proposición de ley que hoy debatimos, de La Izquierda Plural, en pedir la derogación del artículo 315.3
del Código Penal. Ustedes tienen todo el derecho a plantear de la manera que les parezca más oportuna la derogación del apartado 3 de este artículo, al igual que a plantear la modificación de cualquier otro artículo del Código Penal. Pero cuando
la reforma de ese Código Penal, como bien saben, se está tramitando actualmente en esta Cámara, parece que por cuestiones de lógica procedimental y, si me apuran, de eficacia, esta propuesta y su posterior debate tienen un encaje mucho más adecuado
en el actual proceso de reforma. Creo innecesario señalarles que a estos efectos el plazo para presentar enmiendas sigue abierto. Dicho esto, es conveniente recordar que cuando se aprobó en 1995, con los votos de la izquierda, el llamado Código
Penal de la democracia, a ustedes les pareció muy bien mantener esta figura delictiva. Así que debe quedar bien claro que este artículo no lo planteó el actual Gobierno sino un Gobierno socialista y ello con el apoyo de La Izquierda Plural,
entonces Izquierda Unida. (Aplausos). Pero es que, además, ustedes votaron a favor de una pena de seis años, es decir, el doble de la actual. Como recordarán, tuvo que ser el Senado quien limitara esta pena. (Un señor diputado: ¡Qué
escándalo!).
Así que si ahora ustedes entienden que lo que hicieron en su día fue un error están en su perfecto derecho de proponer una modificación de este artículo; una modificación que, por cierto, a los socialistas no les pareció oportuno realizar
mientras gobernaban, ni siquiera en el año 2010 cuando aprobaron la reforma de 150 artículos del Código Penal, manteniendo sin problemas este tipo penal que ahora les parece tan necesario y urgente suprimir. Tampoco les pareció oportuno realizar
ninguna modificación cuando, gobernando el Partido Socialista, se dictaron sentencias condenatorias -que sí que se dictaron y ustedes lo saben- o se comenzaron a instruir aquellos procedimientos que actualmente están resolviendo nuestros tribunales.
Pero sí ahora -¡qué casualidad!-, cuando gobierna el Partido Popular les entran a ustedes las prisas reformadoras, lanzando además acusaciones infundadas contra la fiscalía, el Poder Judicial y el Gobierno. (Aplausos).
Así que entrando en el fondo del asunto, les diré que a veces lo más difícil es debatir sobre aquello que debería ser evidente. Ustedes quieren que se suprima el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal. No piden una moderación de la
pena o una revisión del tipo, de lo cual hubiéramos podido hablar si lo hubieran planteado. Estamos dispuestos a debatir esa modificación, pero en el ámbito que corresponde, que es precisamente el de la reforma del Código Penal. Sin embargo,
ustedes se han limitado a pedir su completa supresión y, por tanto, esto es el debate de hoy. Han utilizado para justificar tal supresión diversos y variados argumentos y no han dudado en afirmar que en España se reprime y se criminaliza el derecho
de huelga. Sin embargo, a pesar de sus elaboradas, aunque poco creíbles, argumentaciones no han querido entrar en el contenido de este apartado. Como es muy breve, me van a permitir que lo recuerde a la Cámara. Dice así: Las mismas penas del
apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.
Por tanto, conviene comenzar aclarando algunos conceptos y puntualizar lo que ustedes están planteando realmente con su proposición de ley. En primer lugar, dicen que el artículo 315.3 permite reprimir a quien ejerce el derecho de huelga.
Pues bien, la tutela penal de la libertad sindical y el derecho de huelga están plenamente garantizados en los apartados primero y segundo, castigando a quien impide o limite su ejercicio, el ejercicio de estos derechos. Lo que hace el apartado
tercero es castigar a quienes con violencia o intimidación -que eso son las coacciones- tratan de obligar a otros a iniciar o continuar
una huelga; violencia o intimidación, no lo olvidemos, como señala nuestra jurisprudencia, que tiene que ser de tal entidad que se la pueda calificar de grave, ya que si no estaríamos en el ámbito de la falta; violencia o intimidación para
doblegar la voluntad de los trabajadores que además deberá llevarse a cabo en grupo, elemento esencial del tipo que justifica su agravación respecto de las coacciones ordinarias. Así que, señorías, ¿realmente consideran que eliminar la tipificación
de estas conductas violentas realizadas con abuso de superioridad contra los trabajadores es un avance en nuestro derecho democrático? Parece que ustedes lo entienden así; lo dejan bien claro en su iniciativa al señalar a modo de conclusión que,
en resumen, la iniciativa propone la supresión del delito de coacciones para promover la huelga como figura penal incompatible con la Constitución y la garantía internacional de la libertad sindical. Ya he señalado lo que dice el apartado 3 del
artículo 315. ¿Me pueden explicar dónde están en este precepto las limitaciones de los derechos sindicales fundamentales? ¿Consideran un derecho sindical fundamental, una garantía internacional de la libertad sindical, violentar e intimidar
colectivamente a un trabajador para que inicie o continúe una huelga? ¿Entienden que lo realmente constitucional es que el derecho de huelga permita coaccionar a aquellos trabajadores que no están de acuerdo con ella?
Señorías, decía antes que a veces lo más difícil es debatir sobre lo obvio, posiblemente porque lo razonable no debería ser objeto de discusión sino todo lo contrario. Lo que no debería ser objeto de discusión y en lo que razonablemente
deberíamos coincidir es en lo que ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional; lo que dice realmente el Tribunal Constitucional y no lo que algunos portavoces pretenden que dice, y por eso voy a leer lo que dice literalmente: El derecho
de huelga no incluye la posibilidad de ejercer coacciones sobre terceros, ya que ello afecta a otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, como la libertad de trabajar o la dignidad de la persona y su derecho a la integridad moral que
plasman los artículos 10.1 y 15 de la Constitución. Deberíamos estar de acuerdo en que obligar coactivamente a hacer algo que no se quiere -que es de lo que trata el apartado que ustedes pretenden suprimir- supone lesionar la libertad; la libertad
para decidir, la libertad para escoger individualmente y en cada caso concreto si se quiere o no ir a la huelga; la libertad, por qué no, a trabajar. Un derecho al trabajo reconocido como derecho de los ciudadanos en el artículo 35 de la
Constitución y que, por tanto, también debe ser objeto de tutela.
Señorías, a pesar de lo que han dicho algunos portavoces, en nuestro país ningún sindicalista ha ingresado en prisión por convocar o ejercer pacíficamente el derecho de huelga ni por convencer pacíficamente a un trabajador a ir a la huelga.
Enséñenme una sola sentencia -una sola- en que no haya quedado acreditado que el condenado ha realizado actos de violencia o coacción. La huelga -lo saben tan bien como yo- no es un delito, es un derecho que se protege penalmente frente a aquellos
que tratan de limitarlo. La huelga es, en definitiva, un derecho fundamental, así que no se está utilizando ningún artículo del llamado Código Penal de la democracia, aprobado precisamente a instancias de un Gobierno socialista con el apoyo de la
izquierda, ni para criminalizar el derecho de huelga, ni para reprimir a los huelguistas, ni para reprimir a los trabajadores. Señala la iniciativa de La Izquierda Plural que en la práctica la tutela judicial del derecho de huelga es inexistente.
Pues bien, como muestra les indicaré que tan solo hace unas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado una sentencia que estimaba que los servicios mínimos impuestos al personal sanitario de esta comunidad en 2012 fueron
abusivos, injustificados y carentes de motivación, vulnerando así el derecho de huelga de los trabajadores. Esta es la prueba de que nuestros tribunales ejercen impecablemente su función interpretativa de la ley, protegiendo el efectivo derecho a
la huelga cuando se ha intentado limitar indebidamente. Así que ni acción coordinada de la fiscalía contra el derecho de huelga en nuestro país ni ofensiva judicial. Decir esto supone una grave e infundada acusación.
Señorías, en España el ministerio fiscal actúa con criterios de legalidad y nuestros jueces -aunque no lo crean- son imparciales. Esto no debería ser debatido ni discutido ni siquiera como recurso para el debate parlamentario. Y finalizo,
como desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que el ejercicio del derecho a la huelga esta protegido plenamente en nuestro país, como estamos convencidos de que la huelga es un derecho que debe ejercitarse de forma libre y voluntaria, al
igual que el derecho al trabajo, como defendemos que los trabajadores tienen el derecho a decidir con plena libertad y nunca por miedo, por fuerza, intimidación o coacción, es por lo que votaremos en contra de su proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Castillo.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MEDIDAS PARA EL EMPLEO Y LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS TRABAJADORAS DE MÁS EDAD. (Número de expediente 162/000662).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas para el empleo y la mejora de la protección de los
trabajadores y de las trabajadoras de más edad. Para su defensa, tiene la palabra el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora presidenta, señorías, con esta proposición no de ley pretendemos nada menos que hacer la prueba del algodón sobre la credibilidad del proyecto de presupuestos que el Gobierno nos presenta para el año
próximo. Queremos comprobar en concreto la sinceridad de sus previsiones para la recuperación de la economía, porque vamos a proponerles en esta iniciativa una serie de medidas muy razonables para un colectivo que ha sido especialmente castigado
por las peores consecuencias de la crisis económica, el colectivo de las personas mayores de cuarenta y cinco y de cincuenta y cinco años que están en el paro o en riesgo de caer en él. Si ustedes creen de verdad, señorías del Partido Popular, que
la recuperación es un hecho, tendrán que aceptar este alivio para las personas que peor lo están pasando, y si ustedes no lo aceptan, es que en realidad ni ustedes mismos se creen la consigna de la supuesta recuperación. Habría una tercera opción,
la de admitir que tenemos un Gobierno con una crueldad rayana en el sadismo; es decir, un Gobierno que cree que la economía se va a recuperar, que aprueba un regalo fiscal de más de 9.000 millones de euros para rentas altas y grandes empresas pero
que renuncia a utilizar los beneficios de esa recuperación para ofrecer el mínimo oxígeno que las personas más mayores necesitan para sobrevivir. Insisto, sería crueldad rayana en el sadismo.
Ustedes, señorías del Partido Popular, en realidad saben tres cosas que nosotros sabemos sobre las personas mayores que sufren el paro. Saben ustedes, como nosotros, que los mayores de cuarenta y cinco y de cincuenta y cinco años presentan
un riesgo de desempleo mayor que el de las demás personas; de hecho, el paro de los mayores de cincuenta y cinco años ha crecido en tres años un 61 %, cuatro veces más que el paro general. Saben ustedes también que cuando estas personas caen en el
paro tienen más dificultades que los demás para recuperar el empleo. De hecho, entre las personas que permanecen más de dos años en el paro, el 67 %, las dos terceras partes, son precisamente mayores de cuarenta y cinco años. Y saben, en
consecuencia, que los parados mayores de larga duración son carne de cañón para la pobreza y la exclusión social. Saben, como sabemos nosotros, que por desgracia cientos de miles de hombres y de mujeres mayores de cuarenta y cinco y de cincuenta y
cinco años procedentes de las clases medias y de las clases trabajadoras, que antes tenían empleo y vivían con dignidad, ahora han caído o están en serio riesgo de formar parte de las estadísticas de pobreza en nuestro país. Y sabiendo esto, como
nosotros, durante los tres últimos años han adoptado ustedes de manera reiterativa y constante las medidas más crueles. No es que hayan perjudicado a las personas mayores en paro o en situación de riesgo de caer en el desempleo, no, es que se han
empleado ustedes con verdadera saña contra estas personas. El real decreto de julio de 2013 facilitó el despido de estas personas; este decreto facilitó la inclusión de las personas mayores en ERE de empresas con beneficios. Les dijeron ustedes,
en suma, a los empresarios: Despídanlos si quieren que ahora les resultará gratis; antes no, ahora les va a resultar gratis. En ese mismo decreto eliminaron ustedes las bonificaciones para el mantenimiento del empleo a mayores de sesenta años y
la contratación de mayores de cincuenta y dos. Un año antes, en otro real decreto, suprimieron el subsidio para parados de más de cuarenta y cinco años, retrasaron el acceso al subsidio de cincuenta y dos hasta cincuenta y cinco, y pasaron la
jubilación forzosa de los sesenta y uno a los sesenta y tres. Todo a peor, y además les reducen la cotización y les condenan, por tanto, a unas pensiones de subsistencia, independientemente de su carrera de cotización. Yo me pregunto: ¿Qué les
han hecho a ustedes las personas mayores para que se empleen contra ellos con esta saña? ¿Acaso les ha dicho el señor Arriola: duro con ellos que nos van a votar de todas maneras? Creo que no, que es un error.
En esta proposición no de ley se lo ponemos muy fácil para rectificar. Háganlo por justicia, porque es justo; o háganlo, si prefieren, por eficiencia económica, porque negar el consumo a estas personas es garantía de ralentización para la
supuesta recuperación económica; o háganlo, si quieren, por cálculo
electoral, pero háganlo y rectifiquen, por favor. Desarrollen -es lo que les pedimos- la estrategia global para el empleo de los trabajadores mayores, con políticas activas de empleo, con formación, con incentivos económicos para su
contratación. Acuerden con los interlocutores sociales una moratoria en los despidos por causas económicas, con un programa de ayudas a las empresas con dificultades, que opten por no despedir a los mayores, que opten por reducciones de jornada
alternativamente. Restablezcan las bonificaciones que eliminaron para mantener el empleo de personas de más edad y recuperen las medidas disuasorias para que no los despidan; restablezcan el subsidio que se cargaron para los mayores de cuarenta y
cinco años y para los mayores de cincuenta y dos años. Esto es lo que les pedimos en esta iniciativa parlamentaria. Si de verdad creen ustedes que estamos en la senda de la recuperación económica, aprovechen para soltar un poquito -un poquito- la
garra que mantienen en el cuello de los más débiles y, si no es así, por favor, al menos ahórrennos la matraca de la recuperación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Simancas.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo de Unión Progreso y Democracia. Para su defensa, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Es tal la gravedad del drama del desempleo juvenil en nuestro país, con tasas superiores al 50 %, que tal vez este drama esté impidiendo que nos fijemos en otro drama no menor que tiene lugar en el extremo contrario del espectro de edad, que
es el drama del paro de los trabajadores de más edad y, sin embargo, las estadísticas nos demuestran que ese drama existe, que hay un colectivo muy amplio de trabajadores de más edad en paro, que lleva mucho tiempo en paro, son parados de larga
duración, y que la tasa de cobertura de la protección que reciben ha caído aceleradamente, con el agravante de que estas personas tienen una serie de circunstancias peculiares. A veces no es que tengan dificultad para volver a encontrar empleo, es
que tienen la imposibilidad de volver a encontrar un empleo en el resto de su vida laboral, y a menudo son personas, por su edad, con responsabilidades familiares.
¿Cuál ha sido la política del Gobierno con este colectivo? Algunos de ellos habrán pensado: por favor, no nos ayuden; ¡que nos quedemos como estamos! Porque no solo no se han reforzado las políticas para mejorar su situación, es que han
sido políticas que han agravado su situación: en primer lugar, la reforma laboral, que facilitó el despido de este tipo de personas, aunque tuviesen un contrato indefinido. Estas personas, una vez en paro, necesitan una protección. Pues bien, de
los programas específicos que había de apoyo, uno se suprimió -el subsidio para mayores de cuarenta y cinco años- y otro se elevó de cincuenta y dos a cincuenta y cinco, endureciendo las condiciones de acceso al paro y con menos protección. Estas
personas no solo necesitan protección, necesitan formación. Tienen experiencia laboral, pero hace tiempo que se formaron; las políticas activas se recortaron, sin embargo, drásticamente en los distintos Presupuestos Generales del Estado. Por
último, su última escapatoria a veces era la jubilación anticipada, aunque fuese involuntaria. Pues la edad de jubilación anticipada involuntaria se elevó. Por tanto, se les van cerrando, a través de las políticas públicas, todas las puertas: el
empleo, la cobertura, la formación, incluso la jubilación anticipada involuntaria. A mi grupo esta situación le ha preocupado extraordinariamente. Por eso, por ejemplo, aunque votamos en contra de la reforma laboral acordamos con el Partido
Popular una enmienda, la llamada enmienda Telefónica, para dificultar las prejubilaciones de este tipo de trabajadores y que, si se daban, las empresas tuvieran que sufragar el coste que suponían para el erario público; una medida importante que
reformas posteriores han desvirtuado por completo. Por eso en la reforma de la jubilación anticipada señalamos con poco éxito que no se podía equiparar la jubilación anticipada involuntaria con otro tipo de jubilaciones anticipadas.
Por todo esto, nosotros acogemos con un espíritu positivo esta proposición no de ley. Nos parece oportuna, pero es muy numeroso el abanico de medidas que aquí se incluyen y nos merecen distinto juicio. Por un lado, hay algunas que
apoyaríamos sin ningún problema, por ejemplo restablecer la protección perdida que antes he señalado o restablecer el carácter disuasorio de las prejubilaciones, la enmienda Telefónica en su versión inicial. Estas son medidas que apoyaríamos con
convicción. Hay otras que nos generan más dudas, como el entusiasmo del grupo proponente por las bonificaciones. Según los expertos, las bonificaciones a menudo son costosas e ineficientes y, de haberlas, según ellos, deberían concentrarse en
colectivos específicos, por ejemplo las personas con menos cualificación. Sin embargo, hay una medida concreta que nos produce el rechazo más rotundo y que queda muy bien como un eslogan, pero no entendemos su sentido económico, que es la moratoria
a los despidos. Vamos a congelar
los despidos. Para el discurso queda muy bien como un eslogan, pero ¿qué significa esto exactamente? ¿Cómo se aplica en la práctica? ¿No es una medida muy intervencionista? ¿Hay alguna economía de mercado en la Unión Europea donde se
haya aplicado esto? No lo conocemos. Si es realizable, ¿por qué no lo hizo el Partido Socialista cuando estaba en el Gobierno? En las etapas iniciales de la crisis fue cuando se destruyó más empleo. Si tan fácil era lograr una moratoria, ¿por
qué no aplicarla cuando ustedes gobernaban? Es una medida que creemos que puede ser muy costosa, mantener puestos de trabajo artificialmente subvencionando el 50 % o el 60 % para que no se despida. El empresario incluso puede decir que va a
despedir aunque no lo pensase para recibir la subvención. Sinceramente nos parece, insisto, un buen eslogan para un discurso pero una medida irrealizable. Por eso, hemos planteado esta enmienda, en la que pedimos suprimir este punto y, si no fuese
así, al menos poder votar la proposición no de ley por puntos para poder apoyar el resto de propuestas.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Gupo Mixto, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, desde el escaño, quisiera manifestar la posición favorable del Bloque Nacionalista Galego a esta proposición no de ley del Grupo Socialista. Lo hacemos convencidos de la necesidad de que el
Gobierno actúe con medidas destinadas a mejorar la empleabilidad o la reinserción laboral de aquellas personas mayores de cincuenta y cinco años que están en el paro. Siempre hemos considerado lamentable que fuesen estas personas, además de
aquellas con una edad superior a cuarenta y cinco años, las víctimas mayores en número de los abundantes despidos, regulaciones de empresa, etcétera, en estos últimos años de crisis, entre comillas, pero sobre todo años en que se lleva aplicando la
reforma laboral y en los que por tanto se facilitó a las empresas el despido de muchísimas personas, fundamentalmente, como digo, mayores de cincuenta y cinco años, personas a las que después les es muy difícil la reinserción laboral. Entendemos
que los programas de inserción laboral existentes actualmente, además de insuficientes, deben ser inapropiados, porque la lista de parados de larga duración se incrementa cada año con estas personas mayores de cincuenta y cinco años. Además, con el
decreto 5/2013, el Gobierno ha empeorado aquellas condiciones para poder acceder a una prestación, que son en definitiva ayudas para paliar una lamentable situación de paro de personas mayores. Pero también existe en estos momentos un agravante
mayor para estas personas en este tramo de edad que están paradas, y es el hecho de que cada vez es mucho más difícil acceder a la jubilación anticipada. Por tanto, estamos hablando de auténticos dramas de personas que están subsistiendo con
prestaciones asistenciales muy bajas, que en muchos de esos casos son las que ingresan en el grupo familiar las cantidades que este grupo tiene para la supervivencia, porque cuentan también con hijos jóvenes en paro. En definitiva, estamos hablando
de algo que desde el Gobierno se debería asumir como una prioridad en buscar soluciones. A nosotros nos parece que las propuestas que hace el Grupo Parlamentario Socialista en esta proposición no de ley están encaminadas a la búsqueda de esas
soluciones. Incluso, en algún caso, como el punto segundo, ayudando con programas especiales de mantenimiento del empleo con apoyos a las empresas en dificultades, en su momento tuvo efectos positivos porque así lo demostraron los datos.
Por último, estando de acuerdo con la propuesta, queremos manifestar de nuevo nuestro descontento por el hecho de que cada vez que se habla de establecer acuerdos con los interlocutores sociales se deja a una parte de esos interlocutores
fuera del diálogo. Siempre está dirigido a los dos únicos interlocutores que existen para la Administración del Estado y para los grupos mayoritarios de esta Cámara, que son las dos centrales mayoritarias a nivel estatal, pero existen centrales
sindicales que también son representativas en países como Galicia o el País Vasco que se deberían tener en cuenta a la hora del diálogo social, porque representan a una parte muy importante de trabajadores y trabajadoras.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Quiero empezar mis palabras, señor Simancas, parafraseando a la señora Fernández Davila que me ha precedido en el uso de la palabra, indicando que tiene mucha razón. Existen organizaciones sindicales
y empresariales que ostentan la condición jurídica de mayor representatividad sindical, la que se obtiene en el ámbito del Estado por obtener más del 10 % de los representantes electos en las últimas elecciones sindicales celebradas, y en el
ámbito autonómico, más del 15 % por ciento y 1.500 representantes. Existen en Galicia, existen en Euskadi y existen en Cataluña. Estas tienen la misma legitimidad para negociar cualesquiera materias y ostentar las potestades ultra vires que la Ley
Orgánica de Libertad Sindical confiere a las organizaciones sindicales. Sin embargo, son sistemáticamente rechazadas de todos los foros de diálogo, reduciéndose estos foros a la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. Al margen de esta
circunstancia, señor Simancas, vamos a apoyar su proposición, que nos parece muy razonable desde una perspectiva de los requerimientos más elementales de la justicia social. Estamos hablando de un colectivo de desempleados no neutro, sino
caracterizado por dos perfiles muy preocupantes, el del peligro de su cronificación y lo que eufemísticamente se suele llamar difícil empleabilidad de estos colectivos. Todo el mundo puede saber qué quiere decir difícil empleabilidad. Estas
personas, particularmente los mayores de cincuenta y cinco años, prácticamente carecen de posibilidades de reintegrarse en el mercado de trabajo. Incluso así lo acreditan las cifras de la encuesta de población activa en relación con los mayores de
cuarenta y cinco años en situación de desempleo, que solo obtienen el 5 % de las ofertas de empleo que se producen en cada ejercicio económico. Además, los mayores de cincuenta, y particularmente los mayores de cincuenta y cinco años, ocupan el
dudoso honor de acoger el 65 % de la totalidad de los desempleados de larga duración. Luego es un colectivo que requiere específicas actuaciones en materia de empleabilidad.
Discrepo del señor Anchuelo, con el que no suelo discrepar frecuentemente, en la pertinencia de la utilización del mecanismo de bonificaciones de cuotas para este colectivo. Si en algún ámbito el mecanismo de bonificaciones de cuotas es
pertinente es en este. Me refiero a este colectivo que no va a reintegrarse más que mediante la intensificación de las ayudas públicas a su empleabilidad. Tiene usted razón, tanto el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, como el Real
Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, lo que han hecho es minorar las ayudas públicas de su empleabilidad. Hay que recuperar esta notable dificultad de empleabilidad que dimana de la reducción de la protección pública o de las ayudas públicas a
favorecer el empleo de estas personas. Incluso usted se ha quedado corto en los quebrantos que estos dos reales decretos-leyes provocan a los trabajadores o no lo ha dicho todo o no ha sido exhaustiva su mención. No ha hablado de la integración de
las lagunas de cotización; no ha hablado de las prejubilaciones y del atraso de las prejubilaciones con los correspondientes coeficientes reductores que estas provocan a estos trabajadores; sí ha citado que se les ha privado del subsidio, que
desaparece de los cuarenta y cinco a los cincuenta y dos años y se retrasa de los cincuenta y dos años hasta los cincuenta y cinco; ha hablado -es muy importante decirlo también- de la reducción del 25 % de las cotizaciones de esos trabajadores,
que a su vez repercute en una minoración por la misma cuantía de la pensión que cuando la causen -si la causan, si tienen derecho a causarla- les va a provocar.
En definitiva, ha comentado dos cosas importantes, señor Simancas, la reforma laboral y una de sus muchas perversiones, que es la posibilidad de que empresas incluso con beneficios, mediante ERE, puedan despedir a trabajadores mayores de
cincuenta años. Primero era un solo trabajador, con aportaciones, si las empresas que practican un ERE obtienen beneficios, solo uno; ahora es un porcentaje de trabajadores para la aportación correspondiente al Tesoro público, si ese porcentaje es
sencillamente superior al número de trabajadores de esta edad -más de cincuenta años- que permanecen empleados en la empresa. Esto es un retroceso en los derechos de la empleabilidad de estos trabajadores. Hay una propuesta interesante que usted
realiza en el pedimento de su proposición no de ley, que es la posibilidad de la transformación de los contratos por tiempo indefinido en contratos a tiempo parcial, para evitar el despido, estableciendo que la retribución de estos nuevos contratos
a tiempo parcial producidos por una novación -que es una última ratio, un mecanismo de resistencia para evitar la exclusión, casi la exclusión social no exclusión solo del mercado laboral de estas personas- se abone por mitades, una por parte de las
administraciones públicas y otra por parte del empresario...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muy pertinente todo lo dicho, señor Simancas. Le doy la bienvenida porque me he enterado que va a ser el nuevo portavoz de Empleo y solo desearle suerte, porque siempre los portavoces de Empleo de su grupo
parlamentario han sido personas de alta cualificación. Espero que usted siga por esta senda.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo va a dar apoyo a esta iniciativa. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Es un debate que, aunque sea recurrente, es oportuno; es un debate que
nos sitúa, como ya se ha dicho por otros portavoces, ante una realidad que por desgracia no es la que se suele situar en primer lugar cuando se habla de la crisis, cuando se habla del problema del desempleo. Este Gobierno sigue empeñado en decretar
el fin de la crisis, sigue empeñado en decretar que las cosas van bien, como si con un decreto se pudiese cambiar la realidad. La realidad es que hay millones de personas que en estos momentos siguen sufriendo la crisis y, en concreto en el caso de
las personas de más de cuarenta y cinco años, sin perspectiva de futuro. Es evidente que ellos no pueden emigrar, que ellos no pueden salir del país, eso que los jóvenes están siendo obligados a hacer para desgracia de nuestro país. Son personas
que en una edad muy temprana todavía ven que no tienen futuro, que su vida no tiene sentido y este Gobierno sigue pensando que son simples números en una estadística.
Nuestro grupo ha traído diversas iniciativas y creemos que esto debe centrar la prioridad de la acción política, pero la semana que viene vamos a empezar a tramitar los Presupuestos Generales del Estado y, cuando sepamos las cifras
concretas, veremos cómo este Gobierno sigue pensando más en los bancos que en las personas, cómo sigue pensando más en la macroeconomía que en la economía real. Por eso, en estos momentos, a través de este debate, volvemos a poner de manifiesto lo
que en otras ocasiones ya hemos venido planteando. Hay que incentivar el empleo, hay que poner la economía en función de la creación de empleo, que no es igual que de lo que el Gobierno viene hablando de incentivar la contratación, que finalmente
nos hemos dado cuenta -unos antes que otros, evidentemente- de que eso lo único que significa es cambiar contratos basura por contratos estables. También hay que ampliar la cobertura de las prestaciones y de los subsidios. Nos vamos a encontrar
dentro de unos días con unos presupuestos en los que el Gobierno se va ahorrar dinero que tendría que emplear en pagar subsidios por desempleo, y no porque disminuya el empleo sino porque cada vez se paga menos a menos gente. Pero ese dinero no va
a ir para un plan de empleo, ese dinero va a ir para otros elementos que no son los que nosotros venimos planteando, que son este aumento de la cobertura y la creación de empleo. Y, por último, hay que facilitar el acceso a la jubilación
anticipada. Ustedes van en sentido contrario, ustedes quieren prolongar la vida laboral cuando la realidad es que eso sigue planteando más problemas.
Por tanto, estamos en un debate recurrente pero no vamos a caer en el desaliento, no nos vamos a dar por vencidos, vamos a seguir poniéndoles ante el espejo de una realidad, que en este momento las personas de más de cuarenta y cinco años
que pierden el empleo prácticamente han terminado su vida laboral, no hay ninguna posibilidad prácticamente de que puedan encontrar un empleo no ya en donde lo han venido prestando sino en ninguna otra faceta de la vida. Ese es el fracaso de todo
un sistema, el fracaso de toda una sociedad, el fracaso de todo un Gobierno. Por eso, como decía al principio, aunque podríamos mantener alguna diferencia con la propuesta, como se ha planteado en otras iniciativas, es el momento de no marcar esas
diferencias sino de apoyar tal como viene la iniciativa del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Catalán, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Intervengo también desde el escaño. Compartimos en el fondo el diagnóstico que hacía el señor Simancas y una parte significativa de su proposición no de ley, tanto es así que incluso en julio de 2013 Convergència i Unió interpeló a la
ministra Báñez sobre la materia y en septiembre de ese mismo año defendimos una moción que se movía en parámetros similares. Coincidimos en la idea de que el Gobierno no tiene una estrategia en esta materia, en la política de apoyo al mantenimiento
y la creación de empleo a los trabajadores de más edad, incluso el anterior llegó a aprobar un documento de referencia, una estrategia en este sentido que no ha sido desarrollada en ningún aspecto, y además coincidimos en la crítica a determinadas
decisiones que el Gobierno ha tomado en esta materia, como la desaparición de los incentivos al mantenimiento del trabajo de los trabajadores de más edad. Ahí el señor Anchuelo hacía una consideración crítica, que en el fondo comparto, pero yo
defiendo esa reducción del coste del empleo de los trabajadores más maduros, entre otras cosas porque aquella medida beneficiaba a aquellos
empresarios, a aquellas empresas, que llevaban muchos años manteniendo esos trabajadores; casi todas las bonificaciones son para el nuevo empleo, pero nunca reconocemos el esfuerzo del empresario para mantener esos trabajadores. Por tanto,
esos recortes, como ustedes denuncian, no los compartimos, como tampoco podemos compartir el recorte de la protección social de los mayores de cincuenta y dos años que el Gobierno ha ido aprobando.
Coincidimos en la cuestión de fondo, los portavoces que hasta ahora han intervenido lo ponen de manifiesto, el drama del desempleo juvenil nos hace olvidar que existe un sector de población con cargas familiares, con una mochila superior y
con menos capacidad de respuesta, que son los trabajadores maduros, y eso exigiría una política pública muy contundente, una política pública que el Gobierno no ha desarrollado y además ha debilitado los pocos instrumentos que teníamos. Si me
permiten, introduciré otra cuestión en el debate que hasta ahora no ha aparecido, que es la idea de la discriminación de los trabajadores de mayor edad. Diversos estudios, no tan solo en España sino en nuestro entorno europeo, indican que a menudo
un desempleado cuando envía su currículum, cuando hace funcionar su currículum sin poner la edad que tiene, tiene mayores oportunidades de ser entrevistado. Un desempleado cuando envía su currículum y pone que tiene más de cincuenta años a menudo
no tiene ni la oportunidad de ser entrevistado. Tenemos una mirada de las empresas y del mercado de trabajo que rechaza a los trabajadores de mayor edad. Ese problema ya ha sido abordado en otros países, reforzando la legislación para evitar la
discriminación por razones de edad en el mercado de trabajo; aspecto en el que también existe un enorme terreno a recorrer y que debería de inspirarnos en los próximos meses.
Finalmente, quizá en algunas de las propuestas concretas que se nos plantean no estaríamos de acuerdo al cien por cien, por lo que si se produce una votación separada así lo expresaremos. Quizás tendríamos propuestas que formularle a su
iniciativa, por ejemplo en materia de apoyo también a aquellos trabajadores de más edad que opten por la creación de su propia empresa, pero como en el fondo creo que coincidimos en la relevancia del problema y en la ausencia de la política, vaya
por delante el apoyo de Convergència i Unió a la iniciativa del señor Simancas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Simancas, quiero que mis primeras palabras sean para darle la bienvenida a la portavocía de Empleo. Sabe que lo digo de corazón y que, a pesar de nuestra distancia ideológica y partidista, le tengo un gran aprecio; hemos
compartido muchos años en la Asamblea de Madrid y le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida política.
Le voy a contestar a lo primero que ha establecido cuando ha llegado a la tribuna, la prueba del algodón. La prueba del algodón de lo que pueda pasar con los presupuestos de 2015, fundamentalmente en la materia que hoy nos ocupa, es que
usted pase ese algodón por el cumplimiento de lo que se dijo en los Presupuestos de 2014, que se han cumplido sus previsiones al alza. Creo que ese es el mayor aval de credibilidad que podemos establecer en cuanto a las previsiones que hay en los
presupuestos de 2015. Señorías, la iniciativa que nos trae el Grupo Socialista esta tarde es sin duda una cuestión que ocupa y preocupa -no tenga ninguna duda, señor Simancas- a este grupo parlamentario y que, desde luego, ocupa y preocupa al
Gobierno en el contexto de su gran prioridad, de su primera prioridad, que es la creación de empleo y, por tanto, propiciar más y mejor cualificación y recualificación y su posterior inserción laboral, con especial incidencia en las personas con
mayores dificultades, como son aquellos mayores de cuarenta y cinco o cincuenta años parados de larga duración y con situaciones de exclusión social, es un objetivo fundamental. Quizá la fecha de presentación -usted no era entonces portavoz en esta
materia- de esta PNL, hace casi año y medio, concretamente en mayo de 2013- hace que en estos momentos la situación no sea la de aquel entonces y no se tuviera en cuenta.
En relación con las propuestas de desarrollar y renovar la estrategia global para el empleo, hay que decir que en este momento ya está operativa la nueva estrategia para el año 2014-2016, que ha aprobado el Gobierno y que constituye el nuevo
escenario plurianual para vertebrar las actuaciones de los distintos servicios públicos de empleo bajo unos objetivos y principios de actuaciones comunes, dotándoles al mismo tiempo de la necesaria flexibilidad para adaptar las actuaciones a las
necesidades específicas de las comunidades autónomas. Actúa, por tanto, esta estrategia como un elemento de transformación de la cultura del empleo. Esta frase la he utilizado en diferentes ocasiones en esta tribuna porque es lo que está
impregnando el Gobierno con todas las reformas que está haciendo, transformar una nueva cultura del empleo y de la modernización de los servicios públicos de empleo basada en la coordinación y la colaboración entre administraciones y
organismos que participan en la misma. Esta estrategia contiene veintinueve objetivos de carácter estructural o a largo plazo y cinco de carácter estratégico que atienden a las prioridades fijadas por el Gobierno en cada momento. En estos últimos
cinco se encuentran los de mejorar la empleabilidad de los jóvenes y otros colectivos prioritarios, en este caso, señor Simancas, como los señalados en esta PNL por edad, mayores de cuarenta y cinco o cincuenta años, por ser parados de larga
duración, por riesgo de exclusión social, etcétera.
Señorías, en la iniciativa que estamos debatiendo también se recoge la importancia, así lo dice, de propiciar acuerdos con los interlocutores sociales. En este sentido, tengo que recordar a la Cámara el acuerdo, el importantísimo acuerdo,
firmado en pasado 29 de julio entre el Gobierno y los agentes sociales Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme. Este acuerdo tiene un amplio contenido que afecta a varias materias, pero tiene unos apartados muy concretos en relación con las
propuestas para incentivar la empleabilidad de las personas con mayores problemas de inserción, como los que hemos señalado anteriormente y a los que se refiere esta iniciativa. También presta especial atención a los que tengan cargas familiares
que vivan en hogares sin ingresos laborales. Esto está recogido en ese acuerdo que se está desarrollando a lo largo del periodo que tiene el acuerdo y que, como he dicho, se firmó el 29 de julio. Estas propuestas están basadas en la recuperación
del empleo y de la mejora de la protección con un contenido específico de orientación, de acompañamiento -a los que se han referido también el representante de UPyD y el señor Carles Campuzano-, de formación, de recualificación y/o reconocimiento de
la experiencia laboral para facilitar como objetivo prioritario su inserción laboral.
Señorías, para poder desarrollar y llevar a buen puerto este acuerdo con los agentes sociales y trabajar en las medidas que estamos debatiendo esta tarde el Gobierno ha estado trabajando en aspectos fundamentales durante dos años. Ha
realizado reformas, adoptado medidas dolorosas y duras, pero con el enorme esfuerzo realizado por la sociedad española han dado sus frutos y nos han situado en una posición completamente diferente a la que teníamos a principios de 2012 e incluso en
2013, cuando se elaboró esta iniciativa. La contención del déficit, la consolidación presupuestaria y tantas reformas a las que ya no tengo tiempo para referirme han contribuido a la generación de confianza y estabilidad, parámetros esenciales para
propiciar la necesaria recuperación económica y el empleo. A partir de ahí, señorías, solo a partir de ahí se pueden abordar acuerdos como los firmados y recogidos en ese pacto con los sindicatos y con los agentes sociales el 29 julio.
Señorías, estas políticas no se pueden ni se podían abordar con una situación de quiebra económica del Estado, con una falta de credibilidad y confianza que nos llevaba a una prima de riesgo por encima de 600 puntos y el consecuente
encarecimiento de la financiación del Estado, y con una ausencia de competitividad y de reformas imprescindibles para afrontar una crisis sin precedentes como la que hemos padecido. Esta era la situación a finales de 2011. En tres años hemos
pasado de ser problema a ser la solución, de esperar el rescate a ver si el crecimiento es del 1,3 % o del 1,5 %, de tener una tasa de crecimiento del desempleo del 12 % a una tasa de crecimiento del empleo del 5 % -son cuestiones bien distintas- y
a ser un ejemplo en la Unión Europea. Esta es la diferencia que hace posible los datos que todos conocemos, 250.000 empleos creados en un año y 350.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Señorías, han sido ajustes, medidas y reformas pensadas
por y para el empleo, favoreciendo la flexibilidad y potenciando la contratación, potenciando el emprendimiento -del que aquí se ha hablado- para los mayores que quieran emprender con el cobro de sus prestaciones por desempleo, favoreciendo la
contratación de personas mayores por jóvenes emprendedores, sumando esfuerzos y recursos públicos y privados en apoyo a la orientación y acompañamiento en búsqueda de empleo y reformando las políticas activas...
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Termino, señor presidente.
... porque, como ya hemos dicho mucho aquí, más presupuestos no ha sido siempre sinónimo de más empleo sino todo lo contrario. Por lo tanto, señorías, el Gobierno ha estado trabajando en reformas fundamentales para la recuperación de la
empleabilidad y primordialmente para la integración de las personas en riesgo de exclusión.
El Grupo Socialista nos propone esta iniciativa, el mismo grupo que apoyó políticas que nos llevaron a la situación que he descrito. Por eso, señorías, señor Simancas, sinceramente le digo: no hay mayor
pérdida de derechos que generar paro. Ustedes tienen que recordar que estaban sentados en esos mismos escaños cuando el Gobierno socialista generó 3,5 millones de parados; eso sí que es exclusión social, eso sí que es sinónimo de pobreza.
Por todo ello consideramos que lo llevado a cabo con el esfuerzo de toda la sociedad en el ejercicio 2012-2013 se ha ido consolidando en 2014 y llegará a su estabilización definitiva en el ejercicio 2015. Por tanto, vamos a votar en contra de esta
iniciativa que entendemos está puesta en marcha por el Gobierno a lo largo de estos mismos años.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias.
Señor Simancas, su intervención ahora es exclusivamente para aceptar o no la enmienda, así que puede hacerlo desde la tribuna.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: No podemos aceptarla.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA MEJORA DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO EN VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 162/000962).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4 del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora de la evaluación de riesgo en violencia de género. Presenta la iniciativa, en nombre de su
grupo, la señora González Vázquez.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy esta iniciativa que tiene como finalidad instar al Gobierno a mejorar el sistema que se utiliza actualmente para valorar el riesgo de las víctimas de violencia de género de sufrir un
nuevo episodio de violencia por parte de sus agresores. Esta iniciativa se enmarca en la voluntad del Gobierno de revisar una a una todas las herramientas e instrumentos que se utilizan para dotar a las víctimas de violencia de género que denuncian
su situación de una protección lo más completa posible, así como de las medidas más adecuadas para impedir que el maltratador vuelva a actuar contra la víctima. La Ley Orgánica 1/2004 estableció en su artículo 31 que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado actuarán conforme al protocolo de actuación y coordinación con los órganos judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género. La puesta en marcha de la Instrucción 10/2007 de la Secretaría de Estado de
Seguridad, que fue modificada en dos ocasiones, en 2007 y 2008, por la que se aprobó el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer y su comunicación a los órganos judiciales y al ministerio fiscal, supuso
que los juzgados pasasen a contar con un instrumento muy eficaz al establecer que, desde el mismo momento en que se tuviese conocimiento de un episodio de violencia de género, tendrían que realizarse las acciones de averiguación precisas para
determinar la intensidad del riesgo que sufre la víctima y las medidas policiales adecuadas para su protección hasta que el juez dictase las medidas que estimara oportunas. Evidentemente, el juzgado dispone así de una valoración de gran ayuda a la
hora de dictar esas medidas de protección. Además se previó que se actualizase la estimación del riesgo cuando se modificasen las circunstancias inicialmente valoradas o se tuviese conocimiento, con el transcurso del tiempo, de nuevos datos o
antecedentes.
Desde el mes de julio de 2007 e incluidos en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, en el denominado Viogen, se vienen utilizando dos formularios de valoración de riesgo diferentes, el denominado VPR y el
VPER. El primero, VPR (valoración policial de riesgo), permite realizar la estimación inicial del nivel de riesgo y se aplica en el mismo momento en el que se conoce la existencia de una denuncia o cuando lo estimen necesario los evaluadores
policiales, normalmente ante la aparición de nuevos datos o circunstancias. El VPER (valoración policial de evolución del riesgo) permite estimar la evolución a lo largo del tiempo de la situación de riesgo inicial. Estos formularios fueron
elaborados por un grupo de trabajo de valoración del riesgo integrado por especialistas de las diferentes instituciones policiales implicadas y por un grupo de investigadores universitarios de tres universidades españolas (la Autónoma de Madrid, la
de Barcelona y el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, ubicado en la Universidad de Málaga). Se redactaron después del análisis de cuarenta mil casos reales. Estas dos herramientas sufrieron a lo largo de estos años un total de
cinco actualizaciones en el caso de la VPR y de tres en el caso de la VPER. Es conveniente poner de manifiesto que estas dos herramientas recogen la tendencia actual en la investigación forense y criminológica que considera más útil realizar una
valoración del riesgo de violencia en vez de centrarse, como se hacía anteriormente, en la peligrosidad criminal del sujeto.
La predicción del comportamiento violento es una tarea muy complicada y enormemente comprometida en el ámbito judicial, policial y penitenciario, puesto que es el dato crucial que permite prevenir la reiteración de la violencia. Hace unos
quince o veinte años era más frecuente realizar una valoración de la peligrosidad del sujeto, centrándose ahora la investigación en la posibilidad de predecir un comportamiento violento futuro. La primera, la atribución de peligrosidad a un
delincuente, solía determinarse por medio de una clasificación tipológica realizada por los denominados perfiles delictivos, en función de características sociales, psicológicas o biográficas. Hoy en día se considera más seguro intentar realizar
una valoración del riesgo variable y específica en función de determinadas circunstancias, y que tiene que ser revisada periódicamente porque es evidente que esas circunstancias varían. Los instrumentos utilizados desde 2007 corresponden a este
segundo tipo de aproximación, al fenómeno de la violencia como delito. A fecha de 30 de septiembre de 2014 el sistema gestionaba información sobre un total de 344.180 víctimas, de las cuales 54.146 se encuentran en situación de caso activo, es
decir, que disponían de seguimiento y protección continuada.
Desde el comienzo del funcionamiento de este sistema, en julio de 2007, se han realizado un total de 1.651.683 valoraciones de riesgo, 474.982 como VPR (valoración policial de riesgo) y 1.147.088 VPER (valoración policial de la evolución del
riesgo). Los especialistas policiales determinan el riesgo de la víctima en cuatro niveles diferentes: extremo, alto, medio y bajo, además del considerado no apreciable o no apreciado. Estos niveles se revisan de forma periódica, pasando de las
setenta y dos horas en el caso del nivel extremo, los siete días en el caso del nivel alto, los treinta días del nivel medio y los sesenta del nivel bajo; también cuando la autoridad fiscal o judicial lo considera oportuno o se den nuevas
circunstancias que afecten a la víctima o al agresor. Sin embargo, y a pesar de que el sistema ha venido funcionando de manera regular, consideramos que puede haber llegado el momento de realizar un nuevo reajuste más completo, en la línea de los
planes personalizados que el Gobierno está implantando para mejorar la atención integral para las mujeres víctimas de violencia de género que denuncian su situación. Es evidente que la seguridad de las mujeres una vez interpuesta la denuncia es una
prioridad absoluta, y la respuesta judicial y policial debe adecuarse de la mejor manera posible a la situación. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que debe hacerse un esfuerzo para que esa valoración del riesgo se haga
atendiendo al máximo número posible de variables, con el objetivo de que se ajuste mejor a las condiciones personales de la mujer y de su maltratador.
Creemos que el Ministerio del Interior, en el marco del grupo de trabajo de valoración de riesgo en el que están representadas además de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, Instituciones
Penitenciarias, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y las universidades que trabajaron en la realización de las herramientas originales, debe promover una nueva revisión para conseguir la mayor precisión e inmediatez posible,
incluyendo variables nuevas, como la existencia de antecedentes judiciales ya archivados, denuncias previas, quebrantamientos de condena, impagos, etcétera, aunque se trate de otra denunciante distinta -algo que ahora mismo no se tiene en cuenta de
manera sistemática-; las situaciones de especial vulnerabilidad de la víctima; existencia de discapacidad; residencia en el entorno rural o urbano; la edad de la víctima y del agresor; los menores en el entorno de la pareja o expareja; la
situación laboral de la víctima y del maltratador; el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación o incluso de las redes sociales, como elementos diferenciadores de la situación actual con respecto al momento en que estas
herramientas comenzaron su funcionamiento. Asimismo, consideramos que una cuestión esencial que debe reflejarse también es la existencia o no de apoyo social o familiar con el que pueda contar la víctima, además de los indicadores de colaboración
de esta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de su protección.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, su tiempo ha concluido.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Termino ya.
En nuestro grupo hay una preocupación muy importante por aquel grupo más numeroso que es categorizado como de riesgo nulo o no apreciado. Es necesario que esa calificación sea revisada periódicamente con el objetivo de detectar posibles
diferencias en la situación de la mujer que puedan hacer necesaria la protección policial. Consideramos también que los periodos de revisión del grado de peligrosidad detectado podrían ser recortados en aras de una mayor efectividad de la seguridad
policial
sobre las víctimas. A mayores, creemos -con esto termino, señor presidente- que la valoración de riesgo debe hacerse de manera individual sobre los menores del entorno de la víctima, dada la nueva condición de víctimas que les da nuestra
legislación. Por todo ello, pedimos a los grupos parlamentarios que nos secunden votando favorablemente esta proposición, que estamos dispuestos a enmendar para delimitarla con mayor concreción, y que se refiere a una cuestión muy específica de la
atención recibida por las mujeres que denuncian la situación de violencia de género, pero que es especialmente importante por depender de ella en gran medida su seguridad posterior.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora González Vázquez.
En defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Mixto, la señora Fernández tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hay dos datos que desde nuestro punto de vista son lo suficientemente ilustrativos como para considerar que existen problemas en la evaluación del riesgo, pero también que existen errores en los programas de protección de mujeres
víctimas de violencia de género. Si repasamos el informe del Observatorio estatal contra la violencia de género vemos que, mientras han aumentado los casos de atención policial, se han reducido -pero además ostentosamente- las medidas de protección
de las mujeres. Mientras en 2010 los casos de protección en relación con los de atención eran del 33,5 % en 2012 se reducen al 21,3 %. Si solo valoramos lo que ocurre en 2013 con las mujeres asesinadas, cuando nueve de ellas habían solicitado la
medida de protección y solo cuatro tenían en ese momento la protección en vigor, nos encontramos con dos problemas realmente graves: por un lado, que fallan las medidas de protección, ya que hay cuatro mujeres asesinadas y, por otro, que falla la
valoración en relación con la necesidad de tomar medidas de protección para las otras tres o cuatro mujeres a las que se les denegó y que también fueron asesinadas. Son dos datos, señorías, que nos parecen ilustrativos, pero sobre todo muy
preocupantes. Por tanto, tenemos que hacer lo imposible para conseguir que no asesinen a más mujeres, e incluso que no sean asesinadas mujeres que ya han denunciado y solicitado medidas de protección, pero que no se las ha protegido adecuadamente.
Presentamos nuestras enmiendas, primero, porque creemos que es necesario analizar a qué se debe esa reducción de las órdenes de alejamiento y de las medidas de protección; segundo, porque no entendemos por qué se ha reducido también el uso
de brazaletes en los casos de órdenes de alejamiento, cuando a veces incluso se han vulnerado reiteradamente; y, tercero, porque creemos que es necesario adoptar medidas para mejorar la coordinación entre los diferentes agentes que intervienen en
la puesta en práctica de las medidas de protección. Nos parece que no solamente es cuestión de aportar datos a un ordenador, para que él decida finalmente si hay grado suficiente para considerar la gravedad del caso y por tanto adoptar las medidas
de protección. Debe haber una coordinación -sin desechar esa cuestión informática- entre los diferentes agentes y los asistentes a la entrevista, incluso con aquellas personas que soliciten estas medidas, porque no se puede dejar que este asunto
sea resuelto por una máquina como una cuestión estadística. En definitiva, señorías, creemos que hay que ser mucho más rigurosos. Inicialmente estas medidas podían ser importantes por la novedad y sobre todo muy positivas una vez que se puso en
marcha la Ley contra la Violencia de Género, pero después del tiempo transcurrido hay que profundizar mucho más en ello y llegar a unas soluciones que permitan que los casos de protección no sean erráticos, es decir, que no llegue a ocurrir lo
sucedido en 2013, y sobre todo que no se cometan errores a la hora de tomar la decisión para que las solicitudes de protección sean favorables a la persona que lo solicita.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Fernández.
Señora Enbeita.
La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.
Señorías, hablamos de la violencia de género contra las mujeres una y otra vez, pero la cantidad de mujeres asesinadas sigue siendo alarmante. Es fácil concluir diciendo que es necesario adoptar medidas para evaluar con más precisión el
riesgo de violencia de género o que los protocolos ya establecidos fallan, ya que muchas de las mujeres asesinadas han denunciado antes a sus maltratadores. Si tenemos en cuenta que las estadísticas dicen que la mayoría de las mujeres maltratadas
no denuncian a su
maltratador, está claro que cuando hablamos de atención también nos tenemos que basar en los casos que no se ven.
Señorías, la semana que viene empezará el debate sobre los presupuestos del Estado y estaría bien que el Grupo Popular demostrara su compromiso en esta materia, ya que en los últimos tres años ha ido bajando la partida presupuestaria para la
atención integral en los casos de violencia de género. A lo mejor ha llegado la hora de tomarnos este tema más en serio, porque hemos hablado hasta la saciedad del trabajo conjunto entre los agentes, o de las competencias autonómicas, o del impacto
de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local en esta materia -que no será mínima, sobre todo en los entornos rurales-, o de las pulseras y de la vigilancia, pero no hemos conseguido casi nada porque siempre nos olvidamos
de la educación. Hay que educar para que los hombres del futuro entiendan que las mujeres no les pertenecen; ahí está la clave. La clave no es seguir fabricando maltratadas y maltratadores. Para eso hay que invertir en educación, más que en
cualquier otro protocolo de actuación. Mientras tanto seguiremos hablando de la VPR, de los protocolos, de los niveles de riesgo, pero seguramente no cambiaremos nada.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Enbeita.
Grupo de La Izquierda Plural. Señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.
Señorías, en lo que va de año 42 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, de las cuales 12 habían denunciado previamente. El pasado abril hubo un trágico repunte de los casos de mujeres asesinadas y la ministra
anunció que se iba a crear un grupo de trabajo compuesto por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, Instituciones Penitenciarias, Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el
Ministerio de Justicia. Ese grupo de trabajo debía proponer medidas encaminadas a mejorar el protocolo de evaluación de riesgo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a elaborar un nuevo cuestionario que tuviera en cuenta los
factores de mayor vulnerabilidad y los de peligrosidad del maltratador. El Gobierno también se comprometió a mejorar el protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo para su implantación en todas las comunidades, así como a mejorar la
conexión entre instituciones penitenciarias y el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, Viogen. También anunciaron entonces que iban a poner en marcha la ventanilla única para interconectar los datos entre los
ministerios de Justicia, de Interior, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las diferentes comunidades autónomas. Hay que destacar que todas estas medidas ya están contempladas en la ley de 2004 y desde 2013 en la estrategia para la
erradicación de la violencia de género, pero hubo que esperar hasta 2014 para que el Gobierno anunciara que las iba a poner en marcha. Esto fue en abril. En agosto hubo otro repunte que lo situó como el más trágico de los últimos años con ocho
mujeres asesinadas por violencia machista. En esta ocasión la presión mediática, la insistencia de los grupos de la oposición y la magnitud de los hechos pudieron con las resistencias que la señora Mato puso para comparecer en el Congreso. Nos
reunió a los grupos de la oposición en septiembre para contarnos que se estaban llevando a cabo todas las medidas ya anunciadas, haciendo especial hincapié en la necesidad de revisar el protocolo de evaluación de riesgo de las víctimas de violencia
machista con planes personalizados para adecuar la prevención a cada caso.
Han pasado más de seis meses, señorías, y ya no es tiempo de plantear una proposición no de ley para que el Gobierno lleve a cabo las medidas necesarias para evaluar con mayor precisión el riesgo que pueden estar sufriendo las mujeres
víctimas de violencia machista. Los datos son escalofriantes, y en todo caso tendrán que venir a decirnos aquí qué han hecho ya. Es muy difícil que las mujeres que sufren malos tratos denuncien, y cuando lo hacen tienen que tener plenas garantías
de que están absolutamente protegidas y con la máxima celeridad. En el primer trimestre de 2014 solo se iniciaron un 41 % de las casi 8.000 órdenes de alejamiento solicitadas. Es obvio que hay que mejorar la evaluación del riesgo y actuar de
manera personalizada con las víctimas de violencia machista. Ya van a implantar el plan de atención personalizada, para lo que se ha incluido en los presupuestos una partida de un millón de euros que se entregará a las comunidades autónomas para
cumplir uno de los ejes de la estrategia nacional contra la violencia de género y reforzar la prevención; bienvenida sea. Sin embargo, nos han ocultado que el presupuesto neto de las partidas para el cumplimiento del objetivo general segundo de la
estrategia, según los datos del Gobierno, disminuirá en 900.000 euros, y tampoco quiere reconocer que la recuperación presupuestaria es insuficiente para afrontar la magnitud de este problema. Por tanto, no pueden alardear
de un compromiso serio respaldado económicamente para recuperar, si acaso mínimamente, los recortes en igualdad y en la lucha contra la violencia machista que se han llevado a cabo en los últimos años del Gobierno del Partido Popular.
Señorías, del Grupo Popular, están a tiempo, enmienden los presupuestos y dispongan los recursos económicos necesarios; háganlo y háganlo ya, porque no podemos seguir consintiendo que ni una sola mujer más sea asesinada por violencia
machista en nuestro país. En esta dirección van encaminadas nuestras enmiendas. Contarán con el apoyo de La Izquierda Plural para erradicar esta lacra de una vez por todas y para siempre.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo Catalán, señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Desde Convergència i Unió subimos a la tribuna para defender en nuestra intervención dos aspectos concretos de esta iniciativa que hoy nos trae a debate el grupo de la mayoría. Por un lado queremos defender el sentido de nuestra enmienda y
por otro el contenido de la propuesta. Nuestra enmienda ha sido básicamente competencial. Es decir, ponemos una vez más de manifiesto que se trata de una competencia transferida, que en muchas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña,
tienen la obligación -en este caso asumida por el estatuto- de desarrollarla. En este sentido entendíamos que la proposición que el Grupo Popular presentaba no tenía de nuevo en cuenta este detalle. Para nosotros las acciones y las resoluciones
que se aprueben en esta Cámara tienen que ser escrupulosas también en la cuestión competencial. De ser así no nos opondríamos en ningún momento, por supuesto, a las funciones que deberían ser propias de la competencia estatal, que no son otras que
la coordinación y la información coordinada de estas iniciativas. En este sentido hemos presentado la enmienda desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Nos parece adecuado y acertado que en estos términos se haya recogido por parte del
grupo proponente.
El segundo aspecto que debería mencionar de esta proposición es su contenido, para resaltar su indefinición. Nos ha sorprendido enormemente que el grupo que da apoyo al Gobierno inste al mismo a adoptar cuantas medidas sean necesarias. Nos
preguntamos en qué mejora esta proposición no de ley el objetivo segundo de la propia estrategia para la erradicación de la violencia de género. Así vista nos parecía que no mejoraba en nada el propio contenido de la estrategia. Nos planteábamos
si aportaba mayor seguridad a los operadores jurídicos a la hora de la valoración del riesgo de las víctimas por violencia de género y las alejaba de la subjetividad para valorarlo, pero vimos que tampoco, porque no había ninguna propuesta en este
sentido que aportase mayor seguridad y mayor objetividad a los operadores jurídicos. Por otra parte y a pesar de ello, creemos que el grupo de la mayoría no está vacío de contenidos en esta materia. Nos hubiese encantado que de la redacción de la
proposición no de ley resultasen una serie de medidas encaminadas al menos a mejorar la estrategia y a aportar objetividad en cuanto a la valoración del riesgo -para mejorarlo, está claro-. Estábamos expectantes por ver estas medidas para poder
debatirlas y mejorarlas. Cuando leímos esta proposición pensamos en no firmarles un cheque en blanco, señorías del Grupo Popular. Queríamos saber en qué recaía la concreción. Lo que se vota es lo que consta en el texto de la proposición no de
ley, y apoyar la adopción de cuantas medidas fuesen necesarias nos parecía, como mínimo, un tanto estéril.
Llegados a este punto, mediante las aportaciones de nuestro grupo y del resto de grupos de la Cámara, se han conseguido concretar más o menos algunos puntos que, no alejados de una cierta indefinición, nos permiten apoyar esta iniciativa,
porque de lo que se trata, señorías, es de dar mensajes de unidad a las mujeres víctimas, pero también imágenes de que lo que se está debatiendo en la Cámara son posibilidades reales y lo que se está realizando son medidas efectivas que contribuyan
a la erradicación de esta lacra, que es la violencia de género. Por tanto, en la medida en que ahora existen propuestas concretas que mejoran las posibilidades de evaluación del riesgo de las víctimas, Convergència i Unió dará su voto afirmativo a
esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRSIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Socialista, la señora Rodríguez Ramírez.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, es evidente que hay que mejorar la valoración y la gestión del riesgo de las mujeres que sufren violencia de género. Lamentablemente, tenemos suficientes casos, algunos muy recientes con resultado de muerte, que han puesto de
manifiesto los agujeros en la cadena de seguridad que ha de proteger a una mujer víctima de violencia de género y a sus hijos e hijas. A lo evidente de esa necesidad, señorías, hay que sumarle la urgencia, y la urgencia no permite que perdamos el
tiempo. Si este -utilizo el condicional porque hace menos de un mes el Partido Popular votaba en contra de lo que pide hoy- es un debate en el que los grupos parlamentarios estamos de acuerdo, el Grupo Popular, primero, no puede traer una propuesta
de acuerdo que, como ya se ha dicho, por genérica parece un brindis al sol. ¡Pero si hasta las enmiendas que han presentado ustedes con ocasión de este debate, que no es nuevo, están más elaboradas que lo que hoy traen a debatir a este Pleno! Y,
segundo, ¿a estas alturas? ¡Pero si hace ya casi seis meses que el Gobierno anunció que está dando vueltas a la modificación de los cuestionarios de valoración del riesgo! Hace más de seis meses y no sabemos nada, y hoy ustedes traen una
proposición no de ley.
Este es un debate que, como se ha dicho, requiere un planteamiento serio y riguroso, con propuestas de mejora que ya se han identificado como posibles y necesarias en la cadena que protege a las mujeres, que se conocen porque son fruto de la
terrible experiencia que viven las mujeres víctimas de la violencia machista. Por tanto, es hora de actuar y no de perder más tiempo, un tiempo que no es suyo ni del Gobierno, que además de tiempo es, desgraciadamente, el responsable de perder
mucho espacio en la lucha contra la violencia de género y en materia de igualdad que ha costado mucho esfuerzo conseguir. Han promovido una auténtica involución en igualdad con recortes presupuestarios y contrarreformas legislativas que abonan el
terreno perdido por el machismo en estos años atrás. Eso -deberían saberlo- incide indiscutiblemente en la lucha contra la violencia de género. Unas políticas, las de violencia, que tampoco han respetado en estos presupuestos, que vuelven con una
dotación insuficiente, muy por debajo de la del año 2011 para la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, para el Ministerio de Igualdad, pero también para el ministerio con competencias, como el de Justicia o el de Interior. Desde 2013
hay 10.000 efectivos menos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestro país, señorías. Por tanto, ¿hay que mejorar el riesgo? Sí, pero previamente hay que priorizar a la hora de poner los medios para evitar que ese riesgo se
produzca. Por ahí empieza nuestra enmienda, por los presupuestos. Hay cosas que no necesitan más medios, sino priorizar tareas, y este Gobierno no está siendo diligente en materia de violencia de género. Resulta inaceptable que lleven seis meses,
el tiempo que tardó un Gobierno socialista en armar todo el sistema Biogen, en modificar los cuestionarios de valoración sin resultado por ahora. Dos años para firmar el Protocolo de dispositivos telemáticos, más de un año de retraso en la firma de
convenios de colaboración del Biogen con las comunidades autónomas. Andalucía, que saben ustedes que impulsó la colaboración para integrar las bases de datos ha esperado más de un año. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no le den a esto la
extrema urgencia que necesita? ¿Cuánto van a esperar? ¿Y el resto de comunidades? Y mientras tanto -también se ha dicho aquí- menos denuncias interpuestas, más mujeres que las retiran, mayor porcentaje de mujeres asesinadas, pese a haber
denunciado; menos órdenes de protección; menos brazaletes; menos campañas de prevención, de sensibilización; menos dinero para la asistencia integral a mujeres y a menores. Por tanto, primero hay que volcarse en evitar el riesgo y, segundo,
mejorar la valoración y su gestión. Para ello -se lo decimos en la enmienda- es preciso incorporar al sistema de seguimiento integral a todas las instituciones que intervienen en la asistencia y protección de las víctimas. Esto es una realidad
multidisciplinar que trasciende el ámbito policial, en el que intervienen muchos factores -centros hospitalarios, asistencia social-, y han de tener la posibilidad de generar las alarmas que protejan a las mujeres. Hay que sumar cuanta información
contribuya a articular una respuesta adecuada. Para eso hay que diversificar las fuentes de información. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Aparte de esto, parece obvio que se tengan en cuenta las variaciones que se produzcan en la situación del agresor como consecuencia de que se acaban o se modifican las medidas cautelares establecidas. Es algo elemental que cada vez que haya
una circunstancia nueva que afecte al agresor y que modifique la efectividad de la protección que se brinda a la mujer, hay que reaccionar con una respuesta adecuada. No se trata solo de acortar la respuesta en los tiempos de valoración, sino de
estar permanentemente en condiciones de dar respuesta ante cualquier circunstancia nueva, de tener más inputs sobre los que acercar la valoración del riesgo a la situación de peligro real de las mujeres. Además -huelga decirlo- en esta tarea hay
que incorporar a las comunidades autónomas que gestionan competencias y servicios que
tienen que ver con la violencia de género, pero también a los ayuntamientos, a los centros de información de la mujer, a las casas de acogida, y se han cargado ustedes con la reforma local el terminal más directo, el más próximo a las
mujeres, para algunas el único, sobre todo del ámbito rural.
Si al menos estamos de acuerdo en esto, digámoselo al Gobierno, a ver se sale del bloqueo en el que lleva demasiado tiempo, porque por cada grieta del sistema se nos cuelan los maltratadores. Esta es nuestra enmienda, y espero que el Grupo
Popular no la rechace y que no utilice el argumento de que se vota en contra de todo esto porque ya se está haciendo, porque entonces habrá que deducir que lo que el PP vota a favor es aquello que no se está haciendo; vamos que el Gobierno no está
haciendo nada, no es que esté tardando, sino que no está haciendo nada y, si lo está haciendo, aparte de su propia contradicción, estaríamos ante una iniciativa que les deja en evidencia, al Gobierno por hacerlo tarde y mal y a ustedes como grupo.
Antes de que se rasguen las vestiduras con la responsabilidad y el consenso, ustedes, que nunca aceptan como buenas nuestras propuestas aunque con el tiempo vean que eran las correctas, no pueden pedir consenso. Ustedes confunden consenso
con complicidad y responsabilidad con silencio, y ni vamos a ser cómplices del mal gobierno y del recorte injusto ni nos vamos a callar. Demasiado silencio hay ya en la violencia de género, por cierto, señorías, de la que se sale, aunque ustedes no
dediquen a ello todo el esfuerzo que merece.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.
En turno ahora de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Vasco (PNV), el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETEXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
El Grupo Popular trae a la Cámara una proposición no de ley sobre la mejora en la evaluación del riesgo en violencia de género. No cabe duda que el desgraciado tema de la violencia de género en todas sus vertientes ha generado y genera un
sinfín de debates en esta Cámara. Entiendo que las cincuenta y dos mujeres asesinadas el año pasado y las cuarenta y dos que llevamos en lo que va de 2014 son más que suficiente motivo para que nosotros, los legisladores, hagamos algo. Algo falla
o no funciona como nos gustaría, eso es evidente. Un solo asesinato sería suficiente motivo para que nos planteáramos qué es lo que ocurre. Pero esta materia no puede ni debe ser un mero asunto recurrente que invoque al consenso y genere
unanimidades basadas en las intenciones y en la buena voluntad, que también, pero no solo en eso, no es suficiente. Por ello, independientemente de estar o no de acuerdo en mayor o menor medida en lo que la proposición no de ley propone, reiteraré
algo que sé que no le gusta al partido proponente, pero que tampoco le gustaba al Partido Socialista cuando gobernaba, y es que no se puede traer a la Cámara una proposición no de ley voluntarista, ausente de compromiso alguno, pidiendo al Gobierno
que haga lo que de por sí le corresponde hacer, independientemente de que se lo pidamos o no. ¿Qué es esto, una proposición no de ley para aparecer en el ranquin de propuestas contra la violencia de género? En cualquier caso, dejando a un lado el
sentido crítico, que por cierto nunca ha de faltar, cabe decir que, siempre en pos de la mejora constante, se ha de evaluar el riesgo, porque nunca es definitivo, es cambiante, y las autoridades destinadas a ello, tanto policiales como judiciales,
han de estar preparadas.
Me parece muy bien que se plantee esta adecuación, pero, tal y como la diputada Ciuró ha apuntado en su enmienda, el Gobierno adoptará estas medidas en el ámbito de sus competencias, porque allá donde las autoridades policiales no dependen
del Gobierno del Estado, como es el caso de Euskadi, se aplican ya protocolos de actuación y de evaluación de riesgos que, afortunadamente, están siendo altamente valorados e incluso recomendados. Las medidas de protección que presta la Ertzaintza,
por ejemplo, que varían en función del riego y de las circunstancias concretas de cada víctima, pueden ir desde la formación en medidas de autoprotección hasta el establecimiento de un sistema de seguridad para la víctima mediante escolta personal
como último recurso. La Ertzaintza dispone de un elaborado sistema de trabajo, sustentado en una estructura que abarca al conjunto de las unidades de seguridad ciudadana para proteger a las víctimas, destacando entre sus diversas iniciativas la
puesta en marcha de un sistema de evaluación de riesgos desarrollado conjuntamente con la Universidad del País Vasco, pionero en la Unión Europea. Se extiende la responsabilidad al conjunto de la organización. En lugar de crear unas unidades
especiales, opta por un sistema que implica a cada profesional a través de normas de actuación, responsabilidades en cada fase y procedimientos estandarizados. Así, la primera atención
de urgencia y las labores básicas de prevención involucran a los servicios ordinarios de seguridad ciudadana.
Uno de los cometidos que se realiza inicialmente es una primera valoración del riesgo potencial para cada persona víctima. Las valoraciones son siempre más de una, dinámicas en el tiempo y supervisadas por más de un agente, dado que el
nivel de riesgo asociado puede variar en función de nuevas informaciones. De cara a ofrecer una protección más eficaz a las víctimas, la Ertzaintza solicitó en 2006 la colaboración de la Universidad del País Vasco para diseñar una herramienta
técnica capaz de determinar los indicadores de riesgo. El objetivo era calcular con rigor el nivel de riesgo asociado a cada víctima y, sobre la base de ello, adoptar las medidas policiales más adecuadas. El catedrático de psicología Enrique
Echeburúa y su equipo trabajaron conjuntamente con las autoridades vascas analizando un total de 1.081 casos, y del resultado de este análisis surgió la herramienta de trabajo llamada escala de predicción de riesgo de violencia grave contra la
pareja. La Ertzaintza incorpora sus expedientes como herramienta de fácil manejo y de utilidad práctica para el cálculo de los niveles de riesgo en estos casos. Consta de 20 ítems, seleccionados a partir de su capacidad discriminante y violencia
grave que hacen referencia a apartados de información relacionados con el perfil del posible agresor, la vulnerabilidad de la víctima, la situación de la relación de pareja y el posible tipo de violencia acaecido. Durante estos últimos años se ha
seguido trabajando con la UPV con el objeto de afinar la capacidad de predicción de esta herramienta. Así, tras la última revisión en mayo de 2013, se ha establecido una nueva versión de la escala de predicción de riesgo en la que mantienen los
mismos 20 ítems, pero con alguna modificación en su perduración temporal. Por último, la fiabilidad de esta herramienta y valoración de riesgo ha hecho que otras instituciones públicas, como el cuerpo de médicos forenses que prestan servicio en las
unidades de valoración forense integral de los institutos de medicina legal, lo hayan adoptado para la emisión de los informes, como facilitan los órganos judiciales.
Con todo esto, les quería transmitir que algunos sí están desarrollando programas novedosos e innovadores en este tema tan delicado. Hoy mismo aparece un artículo en El País firmado por Morten Kjaerum, director de la Agencia de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, donde dice, entre otras cosas, la situación en la que se vive en España y cómo más del 50 % de las mujeres, de alguna manera, han sufrido algún tipo de violencia en un momento dado. Me parece que es algo muy pero
que muy grave. A las autoridades del Gobierno les decimos que sí, que doten de presupuesto, que doten de medidas y que cumplan lo que dice la ley para ver si hacemos algo que valga para que estas cuarenta y dos mujeres que ya han sido asesinadas,
el año que viene sean cero.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias, doña Marta González. Con todo el respeto que usted sabe que le tengo por su capacidad de trabajo y por lo alejada que está de esas posiciones dogmáticas con las que muchas veces nos encontramos en la Comisión, querría
decir en tres o cuatro bloques algunas críticas que tengo a la propuesta que hoy nos traen ustedes aquí. Una crítica que me alarma porque, aunque me parece un gesto de cara a la galería y por tanto inocuo, siendo un gesto como ese en un tema como
este me causa preocupación por dos razones. Primero, por aquello de lo que estamos hablando que, según nosotros, requiere de cambios mucho más valientes y mucho más profundos. Y, en segundo lugar, porque me preocupa que usted le pida al Gobierno
que haga algo que debiera estar haciendo ya desde hace tiempo y, no solo eso, sino que nos ha dicho que lo hace. Me preocupa que el Partido Popular tenga que pedirle al Gobierno algo tan obvio como que evalúe las políticas a tenor de sus
resultados. Me preocupa pensar que el Gobierno no lo está haciendo y más en un tema tan delicado como este. ¿Qué quiere decir que ustedes se lo pidan? Eso es lo que me gustaría haber sabido. ¿El Gobierno no lo sabe ya? ¿Nos faltaba a la verdad
cuando nos decía, a raíz de que nosotros le pidiéramos desde esta tribuna que se cambiaran por completo las políticas de violencia de género a tenor de los resultados, que ya lo estaban haciendo? ¿A qué viene esa falta de valentía, señores del
Partido Popular? Porque al final, en las políticas de género lo que venimos viendo aquí a menudo es que ocurre como en otros grandes temas, que el bipartidismo se pone de acuerdo y aunque visibilicen algunas peleas aquí o en la Comisión de
Igualdad, a la hora de la verdad no cambian nada y están de acuerdo en todo.
Señorías, hemos creado un grupo de trabajo en el que hemos pasado la mayor parte del tiempo hablando de las formas en vez del fondo. Uno tiene la sensación de que el Partido Popular monta ese grupo de trabajo para que parezca que se hace
algo, aunque luego no se hagan cambios realmente profundos, y de que el PSOE y algunos otros grupos utilizan ese grupo de trabajo para escenificar una bronca continua y ambos -esto es lo triste del asunto en un tema tan grave- de forma
electoralista. En cuanto a las políticas de igualdad, en cuanto a la prevención, en todos aquellos temas sobre los que nosotros hemos llamado la atención a menudo, que son fundamentales además para que este drama acabe, no pasa nada. El Gobierno
monta una subcomisión de conciliación de horarios que no lleva a ningún lado; la custodia compartida sigue retrasándose -lleva ya más de dos años y me temo que con lo que queda de legislatura esa declaración voluntariosa del ministro diciendo que
la iba a llevar a cabo puede que no llegue a tiempo- y mientras tanto una ley de violencia de género que no soluciona el drama que se está viviendo en este país sigue sin tocarse, a pesar de que no resiste ninguna evaluación, a pesar de que no
soluciona muertes y además crea víctimas colaterales.
Podríamos hablar de esos pequeños parches que usted ha mencionado aquí. Estamos de acuerdo con algunos de ellos; podríamos aportar algunos más, como hemos hecho en el grupo de trabajo, que pueden ser importantes. Nosotros creemos que hay
que hablar de la presencia de un psicólogo forense en las denuncias que ayude a objetivar la situación real; a la utilización más valiente de nuevas tecnologías; a conseguir que los recursos vayan a las mujeres y no a tanta red clientelar; a más
prevención; a más educación; a un seguimiento activo de las víctimas de alto riesgo detectadas hayan denunciado o no, y no solo una llamada al mes como se hace ahora en muchas ocasiones; una investigación policial tras la denuncia para asegurarse
de que no es una víctima de alto riesgo que no se ha atrevido a contar la realidad de lo que está pasando y además descarte usos instrumentales de la denuncia; ofrecimiento de cambio del lugar de residencia; etcétera. Pero también estamos
deseando que ustedes abran el abanico de aquellos a los que protege esa ley. Usted ha hablado de mujeres con discapacidad, pero seguimos olvidando a los discapacitados. Se ha hablado desde el Partido Socialista de los niños que están con las
mujeres, pero seguimos sin querer que esta ley defienda a los menores de verdad. Nosotros, lo hemos repetido aquí en numerosas ocasiones, queremos que esta ley defienda también a los niños, a los ancianos, a los discapacitados, al colectivo LGTBI y
a los hombres. Hablando de los hombres, devuelvan el derecho de la presunción de inocencia que nos han negado a la mitad de la población de este país y que tan rápidamente se arrogan ustedes para sí mismos cuando nosotros queremos poner problemas
para que los imputados estén en las listas electorales.
Acabamos de escuchar a varias representantes de partidos políticos llamar la atención sobre la inmensa cantidad de muertes y sin embargo nadie pide un cambio de ley, solo se pide más de lo mismo. Esto es impensable en algunas de las otras
leyes que estamos continuamente intentando cambiar o arreglar en esta Cámara. Los grandes problemas que tiene este país requieren que ustedes olviden la corrección política y dejen a un lado las soluciones pequeñitas, las soluciones minúsculas;
requieren valentía. De otro modo nunca alcanzaremos la solución a unos problemas porque esa solución cada día se sigue alejando más y más, mientras nosotros miramos en cortito.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Doña Marta González, ¿qué enmiendas acepta o rechaza?
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Estamos en proceso de negociación; en unos minutos podremos acercárselas a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN I+D+I. (Número de expediente 173/000174).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora a las mociones. Advierto que esta primera moción será el último punto que debatiremos esta tarde. Moción del Grupo Socialista al ministro de Economía y Competitividad sobre la política del Gobierno
en I+D+i. Para defender la moción, tiene la palabra la señora González Veracruz.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que presentamos hoy como consecuencia de la interpelación al ministro de Economía y Competitividad recoge exactamente los cuatro puntos del acuerdo parlamentario firmado por la mayoría de los grupos de esta Cámara, a
excepción del Grupo Popular -señores del Partido Popular, hoy tienen la oportunidad de cambiar las políticas en investigación, en ciencia e innovación-, en diciembre de 2013, y creo que no hay muchos precedentes de que toda la Cámara se ponga de
acuerdo en que unas políticas son erróneas. El señor Gallardón dimitió porque no había consenso en torno a la Ley del aborto, el señor Wert tendría que haberlo hecho ya porque lo mismo sucede con la Lomce y con su Ley de educación, y en este caso
es una situación sin muchos precedentes la que vive el señor De Guindos, que además optó en la interpelación por hacer una negación absoluta de la realidad. Por eso hemos tenido que presentar esta moción consecuencia de interpelación que recoge
exactamente los cuatro puntos del acuerdo parlamentario, y por ahí quiero empezar porque me parece lo más importante.
Esta moción que presenta el Grupo Socialista no es una moción del PSOE, sino de aquellos grupos que decidieron firmar por la ciencia, decidieron firmar por nuestros científicos y decidieron firmar por nuestro futuro. Además, no es solo una
moción de los grupos políticos, y quizá esto es más importante, es una moción de la comunidad científica agrupada en torno al colectivo de la Carta por la Ciencia, que este viernes nos vuelve a convocar, aprovechando el aniversario de la muerte de
don Santiago Ramón y Cajal, en defensa de la investigación y del desarrollo. Y digo yo, señores del PP, que si los científicos nos vuelven a convocar en defensa de la investigación y del desarrollo, será porque las cosas no están como nos intenta
pintar el Gobierno. El Gobierno está en un mundo y la realidad está en otro completamente diferente. Esta moción es del colectivo de la Carta por la Ciencia, es de la CRUE, de la Conferencia de Rectores, de la Cosce, de las sociedades científicas,
de los sindicatos, de los jóvenes investigadores, de las asociaciones de empresas innovadoras. Un acuerdo -me gusta volver a resaltarlo- que supone a día de hoy la mayor esperanza que tiene nuestro sistema científico, porque es el compromiso de una
próxima mayoría parlamentaria que sí que atenderá a unos principios imprescindibles para nuestro país.
Llevamos tres años pidiendo otra financiación, otra política de recursos humanos; pidiendo el cumplimiento de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, que por cierto tuvo un consenso en esta Cámara, algo imprescindible en esta
materia, y, señorías del PP, si no es porque lo apoyamos todos los grupos de la Cámara, si no es porque nace precisamente del sistema científico del colectivo de la Carta por la Ciencia, si no es suficiente, les invito a leer el informe de los
expertos que su Gobierno ha pedido a la Unión Europea. Si ustedes comparan, esta moción y los acuerdos se quedan cortos en relación con lo que les están pidiendo los expertos de la Unión Europea, con lo que les recomiendan en el peer review que
ustedes mismos han pedido. Me parece bochornoso que después de tres años de Gobierno, de más de mil días de Gobierno, tengan que venir expertos de fuera a decirles lo que ya les estamos diciendo aquí los grupos políticos y también desde fuera, y
que además ahora digan que lo van a hacer cuando ustedes saben perfectamente que no es cierto, a no ser que decidan apoyar esta moción y cambiar radicalmente sus políticas. La primera recomendación del informe de expertos es precisamente la
relativa a los recursos, a la financiación. La segunda recomendación dice que es urgente recuperar una política de recursos humanos que frene la fuga de cerebros y, entre otras recomendaciones, también marca la urgencia de la creación de la agencia
de investigación que, como saben, formaba parte de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, que tenía que estar en marcha desde 2012. Los expertos de la Unión Europea van mucho más allá en el análisis que hacen de las políticas de Rajoy
en materia de ciencia porque en el fondo esto que estamos pidiendo aquí hoy, y que es imprescindible para nuestro país y para nuestra economía, es tan solo un acuerdo de mínimos. Por eso, señores del PP, si no lo apoyan, háganselo mirar, porque
ustedes prometieron empleo en este país y no hacen otra cosa que destruirlo y porque ustedes prometieron una economía mejor, y sin ciencia no habrá una economía mejor ni más competitiva.
El primer punto es el relativo a la financiación. Dice el acuerdo que en una planificación plurianual de tres años habría que recuperar la inversión pública de 2009. ¡Qué coincidencia que eso es exactamente lo que dicen los expertos de la
Unión Europea! Sin embargo, los presupuestos generales que ustedes han presentado lo único que plantean es una congelación de sus propios recortes en los últimos tres años; es decir, una consolidación del recorte, miseria y ruina. Creo que es el
primer cambio que tendrían que hacer, al igual que, por supuesto, dejar de engañar a la ciudadanía, dejar de hacer trampas en los presupuestos y dejar de decir cosas que no son verdad cuando bien se saben y bien se sufren en los laboratorios.
El segundo punto es urgente, es el concerniente a los recursos humanos. Hay que frenar el exilio económico, hay que parar la fuga de cerebros. La tasa de reposición que ustedes han impuesto durante
estos tres años ha provocado un envejecimiento en las plantillas, no solo de los centros de investigación, de los OPIS, sino también en las universidades. Esto no solo constituye un problema muy grave para hoy, sino que es un problema para
mañana, para el futuro de este país. Esto de la tasa de reposición, esto del envejecimiento de las plantillas no se lo digo porque viniera en el acuerdo y venga en la moción, también se lo dicen los expertos de la Unión Europea respecto de los que
ustedes han dicho en esta Cámara que van a cumplir sus recomendaciones. No es suficiente pasar de la tasa del 10 % al 50 % porque mientras haya una tasa de reposición se está destruyendo empleo en un sector que debería ser estratégico no solo de
boquilla, como hacen ustedes; un sector en el que tendríamos que plantearnos cuál es el modelo para conseguir más investigadores a la vez que retenemos talento en este país. Es decir, las diferencias entre su modelo y el del resto es de fondo
porque ustedes, además, tuvieron a bien decir en una revista internacional que sobraban científicos en España, pero nosotros pensamos todo lo contrario; no solo no sobran investigadores sino que faltan y hay que cumplir el diseño de la carrera
investigadora que marca la Ley de la ciencia.
El tercer punto es normalizar las convocatorias. En este sentido, están ustedes maltratando a los científicos y haciéndoles la vida imposible. El cuarto punto es la creación de la agencia estatal de investigación. En el tema de la agencia
estatal de investigación es tal el despropósito que ya se analizó por los grupos de expertos de la Ley de la ciencia y la tecnología, fue un consenso en esta Cámara que cada año no se cansan en volver a comprometer sin que haya ni un paso más en
esta dirección. Solo tenían que ponerla en marcha, señores del Partido Popular.
Termino. Hoy estamos haciendo aquí -creo y espero que así sea y pido el apoyo al resto de los grupos parlamentarios- un ejercicio de oposición ciudadana. Estamos trayendo a esta Cámara lo que nos piden las personas, las reivindicaciones y
las peticiones de la comunidad científica, y hoy, ustedes, señores del PP, tienen la oportunidad de dejar de ser autistas, de escuchar, de responder; tienen la oportunidad de cambiar radicalmente unas políticas que están lastrando el presente y el
futuro de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que ir acabando.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Termino, señor presidente.
Ni siquiera les pido lo que ustedes han dicho que van a cumplir -no sé cómo son tan atrevidos en su palabra que pierden directamente credibilidad- que son las recomendaciones de los expertos de la Unión Europea, tan solo les pido que con
estos cuatro puntos le den ustedes oxígeno al sistema científico español y le den futuro a este país. Señores del Partido Popular, como bien dice el colectivo de la Carta por la Ciencia -y ese es el lema bajo el que nos convocan el próximo
viernes-, en este país sin ciencia no hay futuro y este país lo que necesita sobre todo es futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González Veracruz.
A esta moción se ha presentado una enmienda formulada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió y para su defensa tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos la moción del Grupo Socialista consecuencia de la interpelación urgente de la semana pasada. Nuestro grupo ha presentado una enmienda compartiendo el espíritu de la moción y su apoyo a la investigación y a la Carta de la
Ciencia, apoyo que ha recibido también por parte de nuestro grupo.
Estamos convencidos de que es positivo y necesario hablar y debatir más y mejor sobre I+D+i y de que la mejora del sistema de I+D+i requiere del valor del consenso, porque se trata de un ámbito estructural que afecta a nuestro crecimiento y
a nuestra sociedad y que tiene un impacto muy importante en lo económico y en lo social. La interpelación y la moción están muy centradas en la investigación pública y, en este sentido, sí quiero aprovechar para resaltar la importancia del sistema
de I+D+i en su conjunto y el papel determinante no solo de investigación básica, que es innegable, sino también del desarrollo y de la innovación como ejes del crecimiento económico y social más cualitativo y también, desde una perspectiva
estrictamente económica, más competitivo. La apuesta por la I+D+i es estructural, porque está en la base del crecimiento más cualitativo que queremos y al tratarse de reformas estructurales requieren del máximo consenso que permita generar un marco
de seguridad y estabilidad necesario para
la investigación; estabilidad en las estrategias que tengan un horizonte de medio y largo plazo y estabilidad en los recursos que den soporte a estas estrategias y a las políticas. En su momento, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación
aprobada en la legislatura anterior iba en este sentido y tuvo el gran valor del consenso, un consenso que sumó. Esta ley hacía también especial hincapié en poner en marcha mecanismos que permitiesen superar los principales déficits que tiene
nuestro sistema de I+D+i, de los que uno y muy importante entiendo que es el déficit de transferencia. Asimismo reconocía e impulsaba un modelo en el que se visualizaba tanto el papel de los centros de investigación pública, como de aquellos con
una componente privada. Sin embargo, es innegable que la crisis ha tenido un impacto muy relevante en las partidas presupuestarias y en los recursos destinados a la I+D+i, y en concreto a la investigación; ha tenido un impacto directo innegable
que no ha contribuido a acercarnos a Europa en gasto de I+D+i, de donde estamos ya alejados, sino al contrario, nos ha separado más. Es estrictamente necesario ir recuperando recursos e ir recuperando estabilidad; recursos en los centros de
investigación para avanzar en proyectos y no perder el talento, como se indica en la moción, y recursos también necesarios para las infraestructuras de investigación, infraestructuras que tienen un papel determinante en la investigación, como por
ejemplo pueden ser el supercomputador, el Sincrotrón Alba o los mismos parques científicos, que han de tener y tienen un rol muy relevante en acercar la empresa a la investigación y crear un marco donde compartir conocimiento entre los distintos
agentes del sistema, sean públicos o privados.
En este sentido, apoyamos la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, que responde al acuerdo de apoyo a la investigación, pero déjenme también señalar que, compartiendo el espíritu, sumándonos a los objetivos de la moción y
evidenciando que desde nuestro grupo parlamentario hemos defendido siempre y en todo momento como prioridad las políticas y los recursos destinados a la I+D+i, tanto en el marco presupuestario como fuera de él, sí que somos conscientes de que las
restricciones presupuestarias han sido una realidad que nos ha afectado. No hemos compartido que en momentos de crisis que obligan a priorizar recursos hacia la investigación esta no fuese una prioridad, pero hemos de reconocer -y esperamos que sea
así- un cierto cambio en la sensibilidad hacia la investigación. Esperamos y deseamos que se concrete y se materialice en más recursos destinados a la I+D+i, más recursos al talento y más recursos al conocimiento que incorpora, que generamos y que
no podemos perder.
A mi grupo le preocupan tanto los recursos, sean presupuestarios o no, como el modelo. La moción hace referencia a la investigación pública y mi grupo ha presentado una enmienda que, sin restar contenido a la misma, intenta complementarla.
También pretende resaltar el activo que supone un modelo en el que conviven los centros de carácter estrictamente público con aquellos que tienen una componente también privada, lo que conlleva una mayor flexibilidad en la atracción y retención de
talento y una vocación de resultados. Todos los centros de investigación, sean públicos o no, requieren un modelo de gestión que disfrute, preservando la transparencia, la rendición de cuentas y el rigor presupuestario, de una flexibilidad en la
gestión de recursos y de talento. El comportamiento y los resultados en las convocatorias competitivas avalan también este modelo.
Termino, señor presidente. Creemos que nuestra enmienda, señorías, señor presidente, portavoz del Grupo Socialista, permite poner también en valor el modelo de gestión y de convivencia entre los distintos centros, contribuye a impulsar una
investigación de calidad internacionalmente reconocida y avala los criterios competitivos que deben marcar, a nuestro entender, las políticas de investigación y el acceso a los programas y a los planes. Esperamos que el Grupo Socialista pueda
aceptar esta enmienda. En todo caso, compartimos, como decía al inicio de mi intervención, el espíritu y los objetivos de la moción. Nuestro apoyo a una investigación básica y de frontera, eje de un crecimiento económico y social cualitativo, es
innegable e irrevocable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo, Amaiur, está de acuerdo con la filosofía de esta moción, entre otras cosas porque forma parte de nuestro discurso habitual y de la idea que tenemos de lo que deben ser el concepto de competitividad y la estructura
socioeconómica de cualquier Estado, de cualquier país, empezando por el nuestro, Euskal Herria. El grave problema que aborda ahora mismo el Estado español, que como he señalado en varias ocasiones desde esta tribuna va camino de ser un Estado
fallido desde el punto de vista político, económico y social, es que no está tomando ninguna medida para cambiar la estructura
socioeconómica del país. Está dejándose llevar por la inercia de los tiempos, por la inercia del ámbito socioeconómico general y por la inercia también de un modelo ideológico que está caduco y que no responde a los problemas diarios de la
ciudadanía.
Hace poco señalaba Joaquín Almunia, miembro de la Comisión Europea todavía, que el problema era, más que una crisis de la Unión Europea, una crisis de los Estados nación, y yo coincido con ese análisis. Es decir, detrás de la crisis
socioeconómica, detrás de la grave crisis social que afecta al Estado español, está el problema de un Estado nación que está en crisis, que está en vías de desaparición, que está en vías de ser un Estado fallido. Precisamente con esta moción lo que
se propone es intentar dar la vuelta a ese modelo de Estado, a esa estructura socioeconómica. Es necesario avanzar en un concepto de competitividad muy lejano del concepto de competitividad que está promoviendo el Partido Popular. Ustedes
promueven un concepto de competitividad con una visión muy antigua, con una visión muy neoliberal, muy ultraliberal, diría yo, pero que está cada vez más alejada de la realidad económica y social.
Nosotros proponemos una competitividad que no está basada en el recorte de derechos, que no está basada en el recorte de los salarios, que no está basada en el recorte de los medios humanos. Nosotros propugnamos un modelo de competitividad
socialmente sostenible, basado precisamente en la potenciación del capital humano, y potenciar el capital humano es potenciar la I+D+i. Ahí también estamos en oposición total al modelo ultraliberal del Partido Popular, porque para impulsar ese
cambio de estructura es necesario que las instituciones públicas, que lo público, se impliquen a fondo. Es necesario que desde las instituciones públicas se pongan en marcha redes de investigación, tanto básica como aplicada, redes de colaboración
y de impulso y mover a las propias empresas para que avancen por ese camino. Ustedes están haciendo todo lo contrario. Los presupuestos son un claro reflejo de ello. Además, están yendo en una dirección totalmente contraria, porque antes decía
que me preocupaba su concepción del Estado. Ustedes siguen también una vía de recentralización. Por eso, le comentaba antes a la portavoz socialista en privado que a mí lo de la agencia de la ciencia me daba miedo en manos del Partido Popular.
Creo que es algo que hay que impulsar, pero en manos del Partido Popular puede suponer una agencia estatal que acabe con una mayor centralización y que, al final, en vez de aprender de los modelos que se están aplicando en otros lugares, por
ejemplo, en mi país, en Euskal Herría, que está siendo exitoso en el ámbito de I+D+i, que estamos por encima de la media de la Unión Europea, en vez de aprender de ese modelo y copiarlo vayan a destruirlo, como han hecho, por ejemplo, con el modelo
vasco de formación profesional, que ha sido imitado y está siendo copiado por Alemania, por Dinamarca y por los Países Bajos y que ustedes, con el señor Wert, lo están intentando desmontar. Eso me da miedo.Yo creo que tienen que darle la vuelta a
su modelo, tienen que hacer una reflexión sobre estas cosas que les decía, porque si no su Estado va camino de ser un Estado fallido. Desde luego, nos reafirma a Amaiur -y con esto acabo, señor presidente-, cada vez más, en nuestra propuesta y en
nuestra reflexión, la soberanía es necesaria y es necesario cuanto antes que contemos con los instrumentos de un Estado vasco y de una república vasca.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señorías, la política de I+D+i ha sido una de las más sacrificadas a lo largo de los últimos años de crisis económica. El Gobierno considera o cree que los recortes de hoy pueden recuperarse mañana y que ello no afecta al crecimiento y eso
es absolutamente falso. Una de las consecuencias de la crisis económica es que el potencial de crecimiento futuro, es decir, la capacidad de que la economía mejore y se genere empleo se ha reducido, y entre los factores que limitan el crecimiento
están las reducciones de los gastos de I+D+i que se han producido.
Recuerdo que hace no muchos años el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, y lo voy a citar porque parece que algunos ya se han olvidado de él, fijó como objetivo elevar sustancialmente los niveles de gasto público en I+D+i, y
para ello año tras año se iban incrementando notablemente las cantidades presupuestadas. Bien es verdad que la distancia en I+D+i con los países del entorno era muy grande y había que reducir la brecha si queríamos situarnos en parámetros
mínimamente comparables. La distancia era grande y a día de hoy con la media europea, y no digamos con la de los países punteros, es más grande aún. Objetivos que hace años nos parecían alcanzables, como el famoso 3 % del PIB, son hoy en día un
sueño. Pero en el tema del I+D+i yo creo que no caben treguas.
En este sentido, además de apoyar la iniciativa del Grupo Socialista, quisiera añadir una reflexión al respecto. La política de I+D+i, al igual que la política industrial, ha de ser una política pegada al terreno. Solo es posible obtener
resultados positivos en materia de investigación e innovación si se va de la mano de la política industrial. En nuestra opinión, y sin menospreciar la investigación básica, la investigación y la innovación deberían estar orientadas al mercado y a
la creación de valor. Por eso, es más importante inducir, animar y ayudar a las empresas que investiguen e innoven en sus ámbitos y atendiendo a sus necesidades; eso es más importante que poner ingentes recursos al servicio de una investigación
que no sea sentida profundamente por las empresas o por el sector industrial. En Euskadi el 80 % de la innovación la realizan las empresas y el 20 % las administraciones, y creo que en el Estado español esos porcentajes de alguna manera se
invierten. Insisto, sin abandonar la I+D+i de carácter público, tenemos que conseguir con los recursos públicos multiplicar los que se destinan a la innovación para el conjunto de sectores productivos y de la economía. En este sentido, no estaría
de más que los gastos públicos de I+D+i no computasen a efectos de déficit público -ya lo han propuesto también en Europa- y podamos dar un salto cualitativo en esta cuestión que es básica y que nos hace muchísima falta, para además emplear a
nuestros jóvenes en trabajos de alto valor añadido y garantizar así su futuro, el futuro de la economía. Votaremos, pues, favorablemente a esta iniciativa del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a apoyar en sus propios términos esta moción. Nos parece completamente oportuna, sobre todo porque como también se ha dicho aquí hace poco no hay que dar tregua en una cuestión estratégica para el futuro de la sociedad y en
general de la civilización como es la investigación y la inversión en ciencia. También comparto la idea que acaba de expresar el señor Azpiazu de que sería algo brillante que se dejara de contabilizar como déficit público lo que es una inversión a
medio y largo plazo.
En ese sentido, esta moción solo recoge cuatro compromisos que varios grupos parlamentario, entre ellos el mío, suscribió con el colectivo Carta por la Ciencia, realmente es el mínimo. No se puede pedir menos que esto porque precisamente ha
sido la política del Gobierno de ignorar estos cuatro... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.
Por favor, los que no quieran escuchar que se vayan. (Pausa).
Siga usted, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, presidente. Además, apoyo la moción. (Risas).
Como iba diciendo, lo que ha ocurrido en la política de I+D+i es algo completamente lamentable y vergonzoso, porque se ha hecho algo típico del cortoplacismo político más deleznable, que es escoger un colectivo, el de los profesionales de la
ciencia, para hacerles víctima de una serie de recortes presupuestarios por su debilidad social, porque por desgracia España no es un país que tenga una excesiva conciencia de la importancia de la ciencia, no digo ya de la ciencia heroica -de los
grandes científicos o de las grandes investigaciones- sino de su importancia económica y social, de lo que significa para el futuro de un país. Mientras otros países, como es bien conocido, que también pasaban la crisis, aunque no fuera tan
profunda como la nuestra, aumentaron durante esta la inversión de I+D+i, en España se decidió recortar en mi opinión por un criterio estrictamente cortoplacista. Los científicos no son capaces de colapsar la Castellana, no son de momento un
colectivo que arrastre grandes masas detrás y, por tanto, es políticamente bastante inofensivo el agredir su estatus laboral. Por eso mismo esta moción restaura el horizonte al que tendría que tender cualquier política elemental, porque por debajo
de esto ya no hay política; por debajo de esto lo que hay es mera resignación y gestión de unos restos que se han heredado de una situación de mayor prosperidad.
Sin embargo, es un grave error y lo es porque la renuncia a la investigación para un país significa no solamente un atraso relativo que en poco tiempo se convierte en absoluto, no significa solo una economía menos competitiva, no significa
solo -que ya es grave- renunciar de verdad a la sociedad del conocimiento, de la que tanto se habla y por la que tan poco se hace; significa algo como lo que nos está ocurriendo ahora, por ejemplo, el estallido del problema del ébola. El ébola se
conoce desde el año 1976 en África pero, en la medida en que afectaba a una serie de países cuyos sistemas de sanidad públicos
no eran dignos de mención y con un nivel de gasto también mínimo, las grandes empresas farmacéuticas mundiales decidieron no invertir en una investigación que no les iba a reportar, al menos a medio plazo, beneficios. Y esto -que no seré yo
quien lo critique, puesto que considero que las empresas privadas tienen derecho a trabajar por objetivos económicos- se ve agravado por la falta de políticas públicas de investigación. Es decir, si los países desarrollados como España no
investigan en el interés general, como es el adelantarse a que el nuevo virus del Ébola en 1976 se convierta en una grave amenaza de pandemia mundial, la situación es el desconcierto e incluso el miedo social que hay en la actualidad. Para eso es
la I+D+i, para eso es la ciencia: para prevenir lo que es previsible y para actuar cuando se está a tiempo.
La moción que ha presentado el Grupo Socialista, que vamos a apoyar, propone restaurar, volver a un punto mínimo a partir del cual se podrá -y no antes- hablar de política científica.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo comparte la filosofía de esta moción y además anuncia que va a votar a favor de la misma, porque en materia de innovación y desarrollo el Partido Popular y su política han conseguido poner de acuerdo no solo al resto de grupos
parlamentarios en general sino también, y sobre todo, a toda la comunidad científica en una tarea ingente y ambiciosa y también muy necesaria, como es preservar la ciencia en este país. Sin embargo, en lo que llevamos de legislatura el Partido
Popular con su política presupuestaria y su política económica ha llevado a cabo recortes de hasta el 40 % en el conjunto del presupuesto, lo cual significa verdaderamente dar un golpe mortal no solo a la ciencia en abstracto sino también a las
esperanzas profesionales de muchos investigadores científicos que se están marchando del país sin la esperanza de poder trabajar donde ellos quieren hacerlo y donde además se les formó precisamente para eso.
Estos últimos presupuestos indican que la línea fundamental se mantiene. Por más que el Partido Popular anuncie una tasa de reposición del 50 % en algunos puntos y no en la totalidad de las partidas relacionadas con la ciencia, eso no deja
de significar destrucción de empleo precisamente en el sector que debería ser el motor del arranque económico de la transformación del modelo productivo, de la estructura productiva, hacia un modelo no vinculado con los bajos salarios y el bajo
valor añadido sino vinculado a una capacidad productiva de alto valor añadido y con una estabilidad en el empleo suficiente para vivir con dignidad. Esa es la transformación que necesita este país, y la ciencia, la innovación y el desarrollo deben
ser el motor fundamental de ese proceso de transición y, sin embargo, estamos asistiendo a su desmantelamiento. Además, dentro de esas cantidades ridículas que al final se acaban destinando, cuando lo que se pretendería sería una cantidad muchísimo
mayor, encontramos que la voluntad política del Partido Popular no parece responder ni mucho menos a la utilización de la ciencia como un elemento fundamental de la economía española. De hecho, en estos últimos presupuestos, y como ya hemos
denunciado en la Comisión de Economía, lo que ha ocurrido es que el presupuesto para gasto civil se ha incrementado un 1,7 %, mientras que el gasto militar se ha incrementado un 63 %. Esta disparidad está reflejando la voluntad política del Partido
Popular. Para nosotros la compra de armamento, de misiles, de obuses, de tanques no es inversión en ciencia, no es inversión en futuro, no es en definitiva la inversión que necesitamos y, sin embargo, deja muy claras las redes clientelares que
podría tener el Partido Popular. Cada verano el Gobierno del Partido Popular nos trae siempre un incremento de crédito extraordinario para gasto militar; sin embargo en estos mismos presupuestos la I+D en gasto sanitario se ha reducido un 4 %.
Por cierto, ahora que desgraciadamente está de moda por la nefasta gestión del Gobierno en torno a la crisis del ébola, el Hospital Carlos III ve mermada su partida en 13 millones de euros en estos mismos presupuestos.
Esto indica que estamos asistiendo al desmantelamiento progresivo de la ciencia en este país, lo cual afecta también muy directamente a las condiciones vitales de la mayoría de los científicos en esta situación, cuando debería ser una
situación totalmente antagónica, y que es la que nosotros estamos reivindicando. Pero no hablo de un nosotros pequeño, sino de un nosotros muy grande que abarca a toda la comunidad científica y que señala al Partido Popular como un Gobierno que
tiene una voluntad política distinta a la de la mayoría de la comunidad científica, una voluntad distinta a la hora de otorgar el dinero. Cuando se decide rescatar el sistema financiero con miles de millones de euros, rescatar las autopistas con
miles de millones de euros y sin embargo dejar en total desamparo las partidas presupuestarias destinadas a la
ciencia, eso no es un designio divino; esa es la voluntad política del Partido Popular. Y como, por lo menos, siempre nos quedará escenificar que haya alternativas, nuestro grupo apoyará esta moción, como seguirá apoyando una línea que a
nuestro juicio es fundamental para la salida de la crisis desde un punto de vista riguroso, sólido, estable y desde luego con justicia social.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández Álvarez.
El señor FERNÁNDEZ ALVÁREZ: Gracias, presidente.
Señorías, la semana pasada en la interpelación que da origen a esta moción asistíamos a un interesante debate sobre el método científico. El ministro Luis de Guindos señalaba que no hay nada menos científico que hablar de ciencia en un tono
apocalíptico, que es lo que ha hecho el Partido Socialista. Pues bien, presentan hoy de nuevo unos puntos de la Carta por la Ciencia muy respetables pero vuelven a hacerlo con ese mismo tono apocalíptico que deviene en absolutamente irresponsable
porque la Carta por la Ciencia tiene todo el derecho del mundo a hacer las reivindicaciones que considere oportuno pero ustedes, como siempre, están exigiendo al Gobierno máximos cuando ustedes en sus etapas de Gobierno ofrecieron mínimos. Y esa
manera de hacer política, la de exigir máximos cuando hicieron mínimos en el Gobierno, me lleva a plantearles una pregunta en voz alta. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué están como están, por qué les pasa lo que les pasa?
Permítanme hacer una digresión antes de entrar en los temas de la ciencia. En las pasadas elecciones europeas ocurrieron dos fenómenos, dos fenómenos políticos asociados a los grandes partidos que han vertebrado nuestro sistema. El primero
es un fenómeno absolutamente normal, ha ocurrido siempre y se ha dado también en España y en todos los países de la Unión, y es que el partido que gobierna, en unas elecciones europeas siempre tiene un toque de atención, un voto de castigo, mayor o
menor según las circunstancias. Lo que nunca había ocurrido y es absolutamente inédito es que el partido de la oposición, el que supuestamente es la alternativa, sea el que viva una auténtica hecatombe electoral. Deberíamos remontarnos al proceso
de demolición de la democracia cristiana hace veinte siglos para encontrar un harakiri político como el que ustedes están viviendo. ¿Y por qué les está pasando esto? Les vuelvo a repetir, ¿se han preguntado ustedes por qué les ocurre esto? Parece
ser que no se han hecho esta pregunta nunca o que bien las respuestas que se plantean ustedes mismos no son las adecuadas, porque continúan ustedes como pollo sin cabeza y además intentando dar lecciones a los demás.
Permítanme, desde mi humilde posición, que les diga por qué creo que les pasa lo que les está pasando. A ustedes les pasa lo que está pasando porque hacen ver que lo que ocurrió en mayo de 2010 nunca ha ocurrido; ustedes continúan haciendo
ver que nunca recortaron, que nunca tuvieron problemas de presupuestos, que nunca tuvieron restricciones. Ustedes continúan exigiendo máximos cuando en su etapa de Gobierno dieron mínimos, y esto también se puede aplicar a la ciencia. Hace dos
años el Gobierno de España anunciaba que la ciencia sería una de las poquísimas excepciones a la tasa de reposición cero. Fue una cantidad pequeña, de 10, costó muchísimo trabajo lograrla, y ustedes dijeron que no servía, que tenía que ser como
mínimo del 30. Este año hemos aprobado que sea del 50, pero tampoco les sirve, ahora dicen que tiene que ser del 100. Pero nadie les va a hacer caso, ya pueden ustedes decir misa. Nadie les cree porque cuando pudieron no lo hicieron. Hace dos
años exigían también frenar los recortes, los recortes que ustedes habían iniciado en mayo de 2010. Llevamos dos ejercicios presupuestarios consecutivos con subidas en los presupuestos de I+D+i, subidas moderadas, es cierto, pero se han acabado los
recortes. Ahora ustedes hacen como que eso tampoco les sirve, ahora nos exigen que demos la planificación de los tres siguientes ejercicios presupuestarios, algo francamente pintoresco. Ya pueden decir ustedes misa, nadie les va a creer, porque
cuando pudieron no lo hicieron. Y hace dos años ustedes se quejaban de que no salía adelante la agencia de investigación. Efectivamente había de unas restricciones del Ministerio de Hacienda que se plantearon para este tipo de instrumentos también
en mayo de 2010. Hoy estas restricciones tampoco existen, pero tampoco les vale, quieren que la agencia estatal de investigación esté lista para ayer.
Señorías, nuestro Sistema Nacional de I+D+i es evidente que tiene algunas debilidades, debilidades históricas, no vienen de los últimos cuatro o cinco años, tampoco vienen de su anterior etapa de Gobierno, son debilidades estructurales de
hace muchos años. Efectivamente, las señala el peer-review que presentaron, en un ejercicio de transparencia que ustedes nunca realizaron, el ministro De Guindos y la secretaria de Estado. Pero también tenemos fortalezas. Algunos de los mejores
proyectos de I+D+i del
mundo son españoles, y esto hay que ponerlo también encima de la mesa, hay que destacarlo. No podemos dramatizar constantemente, no podemos decir en sede parlamentaria, como ustedes dijeron la semana pasada, que el lema del estado de la
ciencia a día de hoy es 'muera la inteligencia' porque el único lugar donde la inteligencia, la mesura y hasta el sentido del ridículo han muerto es en su partido, señora González. (Aplausos).
El Grupo Popular -y con esto quisiera acabar mi intervención- comparte siete de los diez puntos de la Carta por la Ciencia. Los tres restantes, dos de los cuales están incluidos en la moción de hoy, no podemos asumirlos porque significan
compromisos presupuestarios que a día de hoy el Gobierno no puede fijar de manera clara, pero se está trabajando para lograrlo. La categoría de un gobernante se mide por la capacidad que tenga de dejar su ciudad, su región o su país un poquito
mejor de lo que se la encontró. Puede parecer un objetivo un poco modesto, puede parecer sencillo, pero no debe de ser tan sencillo cuando no conozco un solo socialista que lo haya logrado. Si nosotros aplicamos esa pregunta a nuestra gestión de
Gobierno y decimos: ¿Hoy el sistema nacional de I+D+i está mejor que en el año 2012 cuando lo heredamos? La respuesta es sí, con sus debilidades, pero también con sus fortalezas, y vamos a seguir trabajando para que mejore.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Álvarez.
Señora González Veracruz, le han planteado una enmienda. ¿La acepta o la rechaza?
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Lamentablemente y como sabe la portavoz de CiU, no vamos a aceptar la transaccional porque, aunque estamos de acuerdo con el fondo, con lo que aporta y es complementaria, no corresponde a los acuerdos que el
resto de los grupos vamos a apoyar, así que seguiremos trabajando en la dirección que comenta la portavoz de CiU.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González Veracruz.
En dos minutos vamos a votar. (Pausa).
Vamos a proceder a las votaciones.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES VULNERABLES Y CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA. (Número de expediente 122/000159).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética. Se ha emitido un voto telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312 más un voto telemático, 313; a favor, 135; en contra, 176 más 1 voto telemático, 177; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, PARA LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315.3 DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000167).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de La Izquierda Plural para la derogación del artículo 315.3 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica). Hay un voto emitido
telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312 más un voto telemático, 313; a favor, 135; en contra, 177 más 1 voto telemático, 178.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MEDIDAS PARA EL EMPLEO Y LA MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS TRABAJADORAS DE MÁS EDAD. (Número de expediente 162/000662).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista de medidas para el empleo y la mejora de la protección de los trabajadores y de las trabajadoras de más edad. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 131; en contra, 175; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA MEJORA DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO EN VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 162/000962).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular sobre la mejora de la evaluación del riesgo en violencia de género. Hay una enmienda transaccional que conocen sus señorías y que es la que vamos a votar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 312.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN I+D+i. (Número de expediente 173/000174).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista al ministro de Economía y Competitividad sobre la política del Gobierno en I+D+i. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 136; en contra, 175.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.