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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 191, de 27/03/2014
cve: DSCD-10-PL-191
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 191
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 179
celebrada el jueves,
27 de marzo de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Informe de la Defensora del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2013:
- Informe de la Defensora del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2013 y anexo con la liquidación del presupuesto del mismo periodo. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 255, de 6 de marzo de 2014. 'BOCG.
Cortes Generales', serie A, número 254, de 6 de marzo de 2014. (Número de expediente 260/000004) ... (Página5)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 85-1, de 14 de marzo de 2014.
(Número de expediente 121/000085) ... (Página23)
Declaración sobre la Cuenta General del Estado:
- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2011, así como la resolución adoptada por dicha comisión. 'BOCG.
Cortes Generales', serie A, número 263, de 25 de marzo de 2014. (Número de expediente 250/000005) ... (Página36)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de desindexación de la economía española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 74-1, de 17 de enero de 2014. (Número de expediente 121/000074) ... (Página44)
- Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 79-1, de 7 de febrero de 2014. (Número de expediente 121/000079) ...
Minuto de silencio ... (Página79)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página79)
Votación de conjunto ... (Página79)
Declaración sobre la Cuenta General del Estado. (Votación) ... (Página79)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página79)
Avocación por el Pleno ... (Página80)
Avocación por el Pleno ... (Página80)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Informe de la Defensora del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2013 ... (Página5)
Informe de la Defensora del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2013 y anexo con la liquidación del presupuesto del mismo periodo ... (Página5)
La señora Defensora del Pueblo (Becerril Bustamante) expone a la Cámara un resumen del informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2013.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Pérez Fernández y el señor Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez
Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Sayós i Montilla, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); así como
los señores Luena López, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bertomeu Bertomeu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página23)
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco ... (Página23)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Declaración sobre la Cuenta General del Estado ... (Página36)
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2011, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión ...
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Pàramo i Ponsetí, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Císcar Casabán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página44)
Proyecto de Ley de desindexación de la economía española ... (Página44)
El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Serrano Argüello, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Vuelven a hacer uso de la palabra el señor Coscubiela Conesa y la señora Serrano Argüello.
Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa ... (Página59)
El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen las señoras Fernández Davila y Jordà i Roura, y el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Pàramo i Ponsetí, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Minuto de silencio ... (Página79)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio por el fallecimiento el pasado 23 de marzo de Adolfo Suárez González, como muestra de pesar a su familia, y reconocimiento y homenaje a su memoria y su figura política.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página79)
Votación de conjunto ... (Página79)
Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, se aprueba por 294 votos a favor, más 3 votos
telemáticos, 297; en contra 7 y 2 abstenciones.
Declaración sobre la Cuenta General del Estado. (Votación) ... (Página79)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2011, así como la Resolución adoptada por
dicha Comisión, se aprueba por 299 votos a favor, más 3 votos telemáticos, 302, y 3 abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página79)
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de desindexación de la economía española, se rechazan por 16 votos a favor; 185 en contra, más 1 voto telemático, 186; y 102 abstenciones, más 2
votos telemáticos, 104.
Avocación por el Pleno ... (Página80)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de desindexación de la economía española, se rechaza por 131 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 133; en contra, 171, más 1 voto telemático, 172, y 1
abstención.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas al proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, se rechazan por 128 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 130; 174 en contra, más 1 voto
telemático, 175, y 1 abstención.
Avocación por el Pleno ... (Página80)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, se rechaza por 130 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 132; 172 en contra,
más 1 voto telemático, 173, y 1 abstención.
Se levanta la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
INFORME DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2013:
- INFORME DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2013 Y ANEXO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MISMO PERIODO. (Número de expediente 260/000004).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
El orden del día comienza con el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2013. La Defensora del Pueblo, doña Soledad Becerril, va a dirigirse a la Cámara y, en nombre de todos los diputados
presentes y de los que no están, como presidente, le doy la bienvenida y además nuestra más calurosa acogida. Doña Soledad Becerril tiene la palabra.
La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Becerril Bustamante): Señor presidente, señorías, creo que a lo largo de la mañana el Congreso de los Diputados va a proceder a una declaración institucional en recuerdo y homenaje a quien fuera presidente
del Gobierno, don Adolfo Suárez (Aplausos), desde julio de 1976 hasta a enero de 1981, y se sentara durante aquellos años en este primer escaño, donde yo misma tuve ocasión de verle aquí en muchos momentos importantes y transcendentales. La
institución del Defensor del Pueblo desea unirse a esa declaración y a ese homenaje, en el que estoy segura se va a reconocer el valor de aquel presidente que hizo posible la transición, la reconciliación y, como reza su epitafio desde hace unos
días, también la concordia.
Presento ante sus señorías el informe anual, la memoria correspondiente al año 2013. Lo voy a hacer, estoy segura que sus señorías lo comprenderán, de manera resumida porque ya de forma más extensa y con toda la documentación lo hice en la
Comisión Mixta para el Defensor del Pueblo, que se reunió hace muy pocos días en esta Cámara. El informe es bien distinto al informe que puede presentar una asamblea parlamentaria o un ejecutivo de una comunidad autónoma o un ejecutivo de un
organismo o el Gobierno de la nación. Este no es un informe de éxitos, no es un informe de aciertos, no es un informe para decir que han logrado una parte del programa electoral. No, esto es algo distinto, esto es un informe que da cuenta de
manera resumida de lo que los ciudadanos nos dicen, de lo que los ciudadanos creen que debemos hacer llegar a las administraciones públicas porque total o parcialmente creen que se vulneran sus derechos. No es, por tanto, un informe -como decía- de
aciertos o de éxitos, es un informe que muestra una parte de la realidad, porque a toda la realidad no podemos nosotros llegar.
Los últimos meses del año 2013 muestran una mejoría liviana, ligera, una menor denuncia, algunas perspectivas de mejoría; lo digo con moderación y con mucha prudencia porque a finales de 2013 persistía, como persiste hoy, el problema enorme
del desempleo que a todos nos preocupa. Sin embargo, sí se percibe alguna esperanza de mejora, quizá por las informaciones de los organismos financieros y económicos y de organismos internacionales, lo que se traduce para mí en un punto de
esperanza para los próximos meses y para los próximos años, pero las dificultades han continuado, como sus señorías saben estupendamente.
El presupuesto de la institución bajó un 3,25 a lo largo de 2013 -estamos en 14 millones de euros-, y se redujo también el año anterior, sin merma alguna en la capacidad de acción porque, a pesar de la reducción, hemos podido convocar dos
plazas para dos expertos funcionarios, convocados mediante Boletín Oficial del Estado, destinadas a expertos en materia de urbanismo y medio ambiente. Es decir, no hay ninguna merma en nuestra capacidad de análisis, de estudio y de reacción ante
las quejas. Hemos eliminado partidas que podemos eliminar sin perjuicio alguno, como creo que pueden hacer muchas administraciones.
El número de entidades no colaboradoras, que no responden porque no quieren, ha disminuido enormemente. Tenemos datos impresionantes pues creo que son una o dos en este momento las entidades que han decidido no colaborar con el Defensor,
frente a decenas que no lo hacían porque no les importaba, porque no consideraban que tuviese trascendencia, pero desde que hemos anunciado que, de acuerdo con la ley y nuestro reglamento, se puede poner en manos de la fiscalía porque se incurre en
desobediencia a autoridad, todas están contestando. Yo me alegro porque, como tantas veces he dicho, detrás de esa queja a la que hay que contestar, hay una familia, hay un ciudadano, hay persona que pide, pregunta o demanda algo.
Los esfuerzos que hemos hecho a lo largo del año 2013 han ido dirigidos fundamentalmente a las recomendaciones que nosotros hacemos. Cuando observamos un problema, cuando recibimos quejas infinitas de un sector social, cualquiera que sea,
si pensamos y analizamos que ahí pudiera haber un problema, resolvemos que vale la pena que lo estudiemos y, en función de ello, hacemos las recomendaciones oportunas. Ese es el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de este año y es un esfuerzo que
creo que ha dado algún resultado porque las recomendaciones han subido en más de un 29 % con respecto a las efectuadas el año anterior. Dentro de las recomendaciones contestadas, una vez oída la opinión de las administraciones, el 83,19 % han sido
aceptadas. Es decir, hemos hecho el esfuerzo necesario y hemos tenido capacidad de perseverar y de reiterar hasta casi, casi lograrlo. Por ejemplo, la última recibida ayer del Ministerio de Hacienda se refiere a la tributación del IRPF. Veníamos
insistiendo en que no se puede tributar mientras que una entidad, una asociación o una familia no reciban una subvención, la que le pueda corresponder, no valiendo la mera concesión sino la materialización de esa subvención. Cuando se materialice
esa subvención, entonces es cuando se tributa. Ayer nos decía el Ministerio de Hacienda que así va a hacerlo en la nueva legislación relativa al IRPF.
¿Qué otras recomendaciones más destacadas ha habido? Hemos dirigido varias al Banco de España, a la CNMV y al Ministerio de Economía respecto a las denominadas participaciones preferentes que, como ya he tenido ocasión de explicar en la
Comisión, es un producto bancario de entidades financieras, fundamentalmente de cajas, que ha engañado a decenas de miles de familias, de personas mayores, de personas sin ahorros suficientes que no reunían las condiciones que la ley dice de
idoneidad y de conveniencia para suscribir esos productos. Hemos seguido esta cuestión con muchísimo afán, vemos que una parte importante de estas personas ha logrado, mediante un arbitraje, recuperar total o parcialmente los fondos; otros grupos
han ido por la vía judicial y vamos a continuar vigilando cómo se desarrolla esta actuación de devolver lo más posible a personas que han sido engañadas. Hemos actuado en reiteradas ocasiones en materia de deudores hipotecarios -conoce muy bien la
Cámara este asunto, lo hemos hecho en varias ocasiones- y la situación ha variado. Yo sé que no hay unanimidad en torno a la legislación en materia de deudores hipotecarios, pero ha mejorado la situación. Se han detenido durante dos años, de
momento -de momento- los lanzamientos de personas en situación vulnerable y creo también que las entidades bancarias han llamado a aquellos deudores de buena fe para intentar llegar a arreglos que les permitan tener un horizonte para trabajar, para
ir devolviendo una parte de lo que deben y no verse privados de lo que he dicho en varias ocasiones que es el mayor bien material que tiene una familia como es la vivienda.
Hemos actuado -también he dado cuenta de ello en la Comisión- en materia de tasas judiciales para rebajar de manera importante las tasas variables que eran muy, muy altas y para conseguir que la Ley de Justicia Gratuita se adelantara y
entrara en vigor tan pronto como lo hiciera la Ley de Tasas Judiciales. Eso se consiguió y yo me alegro. Ha habido también una cuestión muy importante sobre la que hemos insistido al Gobierno en recomendaciones que están en la documentación y es
que aquellas administraciones que iban a recibir, como consecuencia de varios decretos, fondos para pagar a proveedores -lo cual nos parecía una buena y razonable medida- empezaran por pagar a acreedores que prestaban servicios sociales porque, si
no, se cerraban comedores de menores, se cerraban centros de mayores y se cerraban centros de atención a personas con discapacidad. Eso sí se ha logrado y estoy segura de que sus señorías también han colaborado a través de sus propuestas,
proposiciones y enmiendas, y ello implica una relativa tranquilidad a la hora de hacer frente a estos problemas.
Al Ministerio de Justicia, al que nos dirigimos con mucha frecuencia, le hemos instado a que en el estatuto de víctimas que redacta en este momento se singularicen -porque así lo desean y nos parece que tiene su razón y su peso y tenemos con
ellas una deuda enorme- las víctimas del terrorismo y las ayudas y apoyos que la sociedad tiene la obligación de dar a estas víctimas en el futuro. Espero que esto pueda ser aceptado en el estatuto y que sus señorías lo tengan en la mente cuando se
discuta aquí.
He manifestado en varias ocasiones que la reciente sentencia de Estrasburgo del Tribunal de Derechos Humanos que derogaba la doctrina Parot, esa sentencia que España ha cumplido y que debía cumplir, por supuesto, a mí, como Defensora, me ha
parecido muy dura para las víctimas, me ha parecido terriblemente dura para las víctimas, y me ha parecido una sentencia muy dura para España. Me ha asombrado la celeridad con que se ha aplicado una sentencia que era sobre una demandante y no era
una sentencia erga omnes, como dice la propia sentencia. El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha asombrado de la celeridad con que la sentencia ha sido aplicada y dice que no es frecuente en sus sentencias. (La señora
vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
¿Cuáles han sido las quejas más numerosas que hemos recibido? Están relacionadas, como sus señorías imaginan, con la Hacienda pública y la economía. Piden transparencia a las entidades bancarias, nos pedían pago a proveedores por parte de
las administraciones, se quejan de los costes de la electricidad -creo que tienen mucha razón-, se quejan de las subidas, a veces desmedidas, de los IBI y tienen preocupación por los planes de pensiones. Es el área que recibe más quejas. La
segunda área de la institución que recibe más quejas es la que se ocupa del empleo, empleo público fundamentalmente, y las reivindicaciones vienen por los retrasos en percibir ayudas en materia de desempleo. Estos retrasos, fundamentalmente por
parte del Fogasa, van a eliminarse porque se va a poner más personal y más agilidad en la tramitación de estas ayudas, según nos informan desde el ministerio. Los asuntos relacionados con la asistencia sanitaria, copago farmacéutico, participación
en el copago y listas de espera también preocupan enormemente al ciudadano. Espero que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se pueda revisar, como nos ha dicho el ministerio, la proporción de la participación en el copago de
los sectores que tienen menos capacidad, pensionistas y otros grupos. Sobre la justicia seguimos teniendo un retraso en la Administración de Justicia y esto es palpable en el informe. Ocurría en el año 2012 y sigue ocurriendo en 2013. No sé si es
falta de medios, ustedes sabrán mejor que yo cuáles son los problemas, pero hay un retraso y un lamento por la dilación en las sentencias y los larguísimos procedimientos.
La vivienda también es un problema. Como consecuencia de este problema hemos iniciado un informe sobre viviendas protegidas que están vacías. Les hemos pedido a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas que vean qué tienen bajo su
tutela o custodia, que lo reconviertan, si son a la venta, para alquiler, y que lo hagan a unos precios asequibles, dando unos baremos para poner a la venta o en alquiler esas viviendas. Son muchos los ayuntamientos que ya están actuando a lo largo
de los últimos meses del año 2013. Vamos a revisar ese informe para cotejar ahora cuál es el resultado de esa llamada de atención, no solo sobre la Defensora sino desde muchas instituciones, y seguro que los grupos parlamentarios así lo han hecho.
Me preguntaban en la Comisión sobre qué actuaciones de oficio hacemos o en qué circunstancias hacemos actuaciones de oficio. Las hacemos cuando diagnosticamos un problema a través de las quejas o a través de otros medios como visita de
grupos, reuniones con asociaciones, con entidades y con representantes y pensamos que procede iniciar una actuación de oficio para recibir la información y en su momento hacer una recomendación o una sugerencia. Ese es el motivo por el que actuamos
de oficio y en otras ocasiones actuamos a raíz de lo que se nos pide o de lo que se nos demanda.
Hay una materia importantísima para el Defensor porque este, además de supervisar a las administraciones públicas, debe hacer valer la atribución que tiene para velar por el cumplimiento de los derechos humanos y para actuar en calidad de
mecanismo que previene la tortura y los malos tratos porque así lo decidió la soberanía popular en esta Cámara en el año 2009. Nos preocupan los problemas de la presión migratoria que en este momento llega a España, nos preocupa la situación de las
ciudades de Ceuta y de Melilla, parte de nuestras fronteras, y tengo que manifestar que no es un problema de España solo, como la situación de Lampedusa no es un problema solo de Italia, sino que es un problema de la Unión Europea porque son las
fronteras de la Unión Europea, y Marruecos que colabora estrechamente con España en este momento, que lo hemos comprobado allí, porque lo hemos visto, no tiene capacidad suficiente para controlar las enormes fronteras y a su vez la presión que tiene
desde el este y desde el sur. Nosotros vigilamos y estamos muy atentos, vamos a estas ciudades, vemos los centros de estancia temporal que están sobreocupados en este momento, vemos la actuación de los funcionarios españoles que están en estos
centros y que son muy correctas y vemos también la labor de las fuerzas de seguridad que merecen todo nuestro respeto, desde luego, estas fuerzas que hace pocos días han sido aquí en el Paseo de la Castellana brutalmente agredidas. Necesitamos que
la Unión Europea coopere, no es momento de explicar qué se podría hacer porque no hay tiempo material, pero es necesario que la Unión Europea lo haga y nosotros por nuestra parte debemos intentar deslindar lo que es la inmigración no regular del
asilo, porque los solicitantes de asilo en España en proporción a los solicitantes de asilo en otros lugares de la Unión Europea son un número mucho más bajo, muchísimo más bajo. Creo que Acnur podría colaborar con nosotros para diferenciar y
tratar adecuadamente a aquellos grupos de personas que quieren entrar en España porque vienen huyendo de la guerra fundamentalmente.
Señora presidenta, voy a terminar diciendo que nos ocupamos de los centros de privación de libertad que sé que a esta Cámara le preocupan, incluidos los denominados centros de internamiento para extranjeros, que hemos visitado en total
sesenta centros de privación a lo largo de este año, que yo he
visitado quince, que el penúltimo que he visitado es el de Mesnil-Amelot en París, donde hay más de 300 personas, a pie del aeropuerto Charles de Gaulle para ser reembarcadas, y que el reglamento que se acaba de redactar sobre estos centros
nos parece que mejora las condiciones de vida y el tratamiento hacia estas personas, pero vamos a seguir trabajando en ello. Estamos realizando estudios sobre las telecomunicaciones y los usuarios; el tiempo que tarda un ayuntamiento en conceder
una licencia urbanística; la situación de los presos españoles en el extranjero, presos que intentamos que vuelvan a España a cumplir la condena porque van a estar mejor atendidos aquí que en el extranjero; y estudiamos también cuál es la
situación de los menores ante la justicia.
Acabo, señora presidenta. La OCDE y la Unesco manifestaban hace muy pocos días que estamos en la sociedad del aprendizaje permanente y que a cualquier edad somos capaces de mejorar y de aprender. Es un mensaje que no va dirigido solo hacia
educadores, profesores y alumnos, sino que también va dirigido hacia las administraciones. Tenemos que seguir aprendiendo para ser mejores, para hacerlo mejor y para servir mejor. Este es el esfuerzo y el propósito de la institución que
represento, el Defensor del Pueblo.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Defensora del Pueblo.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Como valenciano, me centraré en las quejas de allí. Son muchas -2.234- y evidencian el trato que la Generalitat ofrece a la gente en cuanto a cumplimiento de la Administración en manos de un Partido Popular más pendiente del curso del caso
Gürtel que de sus obligaciones ciudadanas. Señora Defensora, en 2013 nos acaban de cerrar la radio y la televisión públicas, Canal Nou, por mandato del presidente. En su informe no hay ni una sola palabra. Y centrándonos en lo que sí que aparece
en su informe -a veces a nuestro entender tan poco crítico que parece hecho para no molestar-, un año más los barracones escolares de los colegios valencianos forman parte del paisaje de su informe. Hay niñas y niños valencianos que han completado
toda su educación en barracones. ¿Sabe que el Banco Europeo de Inversiones prestó dinero para hacer colegios que nunca se han hecho? La pregunta es: ¿en qué se han gastado el dinero que prestó Europa? ¿Dónde está ese dinero que era para
construir y arreglar colegios? ¿Está haciendo todo lo que puede y debe sobre las disfunciones originadas por retrasos en las instalaciones escolares, como dice en su informe? Las ayudas a los libros de texto se pagan con dos años de retraso; lo
recoge su informe. ¿En qué se gasta ese dinero presupuestado? Hay niños sin libros de texto en los colegios; y para rematar la situación escolar, la reciente eliminación de 151 aulas de líneas en valenciano condena al cierre a seis colegios
públicos. ¿Y el derecho de los alumnos a estudiar en la lengua oficial de nuestra comunidad, que es el valenciano? Usted tiene ahora mismo una queja iniciada por esta cuestión. Ahora mismo, por ejemplo, los padres y madres de los colegios
Bonavista y Martínez Valls de Ontinyent, Ciutat de Cremona de Alaquàs o Ramiro Jover de Valencia están encerrados por pedir cosas que parecen obvias, por querer dar a sus hijos una educación pública. Señora Defensora, la educación en mi comunidad
autónoma es un problema grave. Por eso, le pido que lo tenga en cuenta y que haga todo lo posible por resolver las inmensas quejas que tiene esta institución.
Otra de las tomaduras de pelo del Gobierno valenciano es que usted recoge en su informe que se ha constituido una mesa de diálogo con las entidades sociales para abordar un plan de actuación sobre la pobreza infantil. Le cuento, no se ha
hecho nada de nada. Otro de los misterios es el destino otorgado a las ayudas a la vivienda. Hace cuatro años que el Gobierno valenciano no paga; son 14.000 expedientes y más de 50.000 afectados. No me queda tiempo para intentar contar las
múltiples quejas; por eso les propongo a los señores diputados la constitución de una comisión de estudio con representación de todos los grupos y de la Defensora del Pueblo...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Me queda una línea.
... para ver cómo podemos mejorar la eficacia de la institución, con el fin de que sus acciones tengan más utilidad, más agilidad y, sobre todo, mucha más incidencia.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Gobierno del Partido Popular se ha fundamentado durante estos más de dos años en numerosos informes de organismos internacionales para aplicar medidas, sobre todo económicas, que iban en la única dirección establecida por la
Unión Europea y aceptada aquí sin objeciones, cuyo objetivo fundamental es la reducción del déficit, el pago de la deuda y los rescates multimillonarios que hemos pagado todos y todas a una banca que paradójicamente ha sido la causante principal de
la trágica situación económica y social que padecemos. También hemos tenido que escuchar hasta la saciedad argumentos traídos de informes europeos para llevar a cabo, por ejemplo, una reforma educativa absolutamente reaccionaria y que va a
incrementar la desigualdad entre el alumnado hasta límites que ya no se recordaban. Paralelamente, todos estos años hemos ido conociendo informes internacionales y de organismos y entidades del Estado referidos a la situación de extrema precariedad
laboral de los trabajadores y trabajadoras o referidos a las terribles consecuencias que están teniendo entre la población las medidas de austericidio y recortes constantes que sigue llevando a cabo este Gobierno en materia sanitaria, educativa, de
dependencia y servicios sociales en general, o los relativos a las condiciones en las que se trata y se atiende a los inmigrantes que llegan a España. Todos estos informes, sin embargo, no han sido nunca escuchados por este Gobierno, no han sido
nunca guía de actuaciones conducentes a proteger a los más vulnerables y a los más desfavorecidos. Esto es lo que ha pasado sistemáticamente con las recomendaciones que se desprenden de los informes de la Defensora del Pueblo en los últimos años;
informes basados -no lo olviden- en las quejas y en el malestar de millones de ciudadanos del Estado, a los que se supone que ustedes, el Gobierno, debieran atender y defender. Al contrario, han legislado en contra de los ciudadanos, sobre todo de
los más vulnerables, y han optado por imponerles copagos y repagos sanitarios o por reducirles o eliminarles las ayudas para la adquisición de libros de texto. Ustedes, el Gobierno, han optado por aprobar una Ley de Tasas Judiciales,
extraordinariamente elevadas según el propio informe de 2013, que impide el acceso a la justicia a miles y miles de personas. En lo que se refiere a los atropellos que las entidades bancarias han llevado a cabo con toda impunidad contra millones de
ciudadanos, la mayoría de ellos pequeños ahorradores, personas mayores, han optado por ponerse precisamente del lado de los estafadores y, tal y como expone el informe, de manera bien moderada por cierto, han legislado insuficientemente. En este
sentido, también van sus medidas para tratar de evitar los desahucios, justo en el sentido contrario al expresado por millones de ciudadanos en una propuesta de ILP presentada en esta Cámara y que ha sido totalmente desoída.
Termino, señora presidenta. El informe se hace eco de lo que muchos grupos hemos expuesto reiteradamente aquí; la subida desorbitada del recibo de la luz y las muchas viviendas afectadas por impago a las que el Gobierno ha respondido con
una legislación del sector eléctrico que no ha tenido el apoyo de nadie, excepto del Grupo Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señora presidenta.
Al igual que en los últimos años, nosotros no esperamos nada de este Gobierno con respecto a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo. Quizás por eso el Gobierno se empeña en insistir en la desaparición de este tipo de instituciones,
que el BNG desde luego no comparte.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.
Señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Defensora del Pueblo, antes que nada desde Amaiur queremos agradecerle su comparecencia así como la presentación de este informe. Debido al escaso tiempo que poseo, me será imposible entrar a comentar su extenso informe pero sí me
gustaría destacar algunos puntos del mismo.
En el informe queda en evidencia que una institución como la suya es más necesaria que nunca en una situación de crisis socioeconómica como la que se vive en este Estado, en el cual el Gobierno está aprovechando para desmantelar el Estado
del bienestar, el Estado social, con todo lo que conlleva: sanidad, educación, servicios sociales e incluso vivienda; situación que afecta especialmente a los
sectores más desfavorecidos de la sociedad como son los pensionistas, parados, inmigrantes, etcétera. Por cierto, hablando de inmigrantes, es especialmente relevante que en su informe se destaque que ha descendido el número de inmigrantes
que intentan entrar de forma irregular en el Estado, un hecho cierto que contrasta con el mensaje alarmista, peligroso y xenófobo del Gobierno apuntando hacia invasiones y oleadas de los que no son más que los desprotegidos de la tierra que están
llegando durante estas últimas semanas a Ceuta y Melilla.
Querría hacer un apunte especial también sobre otro sector desprotegido de la sociedad como es la población penitenciaria. Es interesante en su informe, que ha realizado junto con la Universidad de Granada, sobre las penas alternativas de
prisión, que a pesar de que el ministro del Interior se invente que el modelo penitenciario español sirve de ejemplo para otros países occidentales, la realidad es que España tiene una de las mayores poblaciones reclusas de Europa, con una de las
tasas de reincidencia mayor y que a la vez cuenta con uno de los niveles más bajos de delincuencia; esto es un fracaso de modelo, por lo cual le animo a hacer un libro blanco sobre el modelo penitenciario. En materia penitenciaria además hay que
reconocer la labor que está realizando para que la población reclusa española en el exterior pueda cumplir sus penas en el Estado, pero choca que no haga lo mismo con los presos en el Estado alejados de sus lugares de origen por decisión política
del Gobierno, produciendo con ello un sufrimiento añadido en sus presos y en las familias, que además es un hecho contrario a la legalidad, como ha sentenciado el Tribunal Europeo de Estrasburgo respecto precisamente a la sentencia Chodorkowski y
Lebedev contra Rusia, que ha determinado que el destino de los presos debe respetar su derecho a la vida privada y familiar. Esta sentencia es de debido cumplimiento también para España, pero parece que no la aplicarán hasta que reciban otra
condena como fue la de la doctrina Parot.
Por cierto, señora Becerril, hablando de la doctrina Parot, me ha chocado y mucho que una institución como la suya, encargada de velar por los derechos, se posicione en contra de la sentencia de la doctrina Parot, sobre la cual la gran Sala
de Estrasburgo determinó que era contraria a derecho. Esto es una injusticia, un castigo añadido, y usted no debe desde una institución como la suya apostar por un hecho contrario al derecho, y que esto lo haga como garante de las víctimas del
terrorismo choca aún más cuando una institución como la suya nunca, jamás ha realizado un posicionamiento sobre los indultos a todos los condenados por el terrorismo de Estado, ¿o no le sorprendió acaso esa celeridad en los indultos? Por cierto, se
está cometiendo un auténtico despropósito con la marginación de víctimas del terrorismo por parte del Estado, que se ven impedidas a recibir indemnizaciones por un hecho prevaricador y contrario a derecho del Gobierno, y entre ellos está, por
ejemplo, el diputado Josu Muguruza, asesinado por funcionarios del Gobierno, reconocido como víctima...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Acabo, señora presidenta.
... y que se está viendo marginado y catalogado como una víctima de segunda.
En definitiva, la felicitamos por sus aciertos y la animamos a seguir denunciando las injusticias y desmanes de la Administración, incluidas aquellas en materia de pacificación y normalización en el País Vasco.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Vasco, PNV, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta.
Señora Becerril, encantado de saludarla otra vez. Son muchos los debates que nos han enfrentado, en el sentido más etimológico del término y sin ninguna connotación belicosa. En relación con el informe anual que usted nos presenta, tengo
que decirle casi lo que le digo siempre, pocas novedades bajo el sol en esta relación intelectual y dialéctica que nos concierne a usted y a mí. Usted penetra con una frecuencia digna de mejor causa en materias ajenas a su competencia, a la
competencia de la institución que usted representa. Me llaman la atención las reflexiones sobre la doctrina Parot y esa pretendida celeridad que usted insinuaba críticamente, cuando es una decisión del Tribunal Supremo, de la Sala segunda, la que
ha establecido los mecanismos de aplicación de la sentencia, incluso citando al presidente del Tribunal de Estrasburgo. Yo no sé si usted le conoce y si se lo ha dicho así, me da igual. Las sentencias no se aplican de forma célere. En el ámbito
de la ejecución, usted sabe que el concepto celeridad es un concepto
metajurídico, es un concepto ajeno a los requerimientos del derecho procesal en el ámbito de la ejecución de las penas. Se ejecutan cuando se puede, de forma inmediata y como se puede, y es lo que se ha hecho en este caso. Desde esa
perspectiva, huelga; me parece inadecuado de una institución como la que usted representa, que debe estar caracterizada como institución de contrapoder, sí, crítica con el poder, pero como institución no alineada con determinados posicionamientos
políticos que son de carácter partidista o son de carácter muy ideologizados o muy ideológicos. No me ha gustado el comentario, se lo digo sin más. Sin embargo -aquí nos encontramos en una situación políticamente un tanto esquizofrénica-, es débil
su actuación en el ámbito de lo que sí son competencias que le conciernen, en el ámbito de la defensa de las disfunciones de la Administración o de las administraciones por las que usted debe velar tutelando a los ciudadanos y sus legítimos
intereses y derechos en muchos ámbitos que constituyen su actuación, la que usted explicita en este informe. Un informe muy contable, tiene una dimensión muy contable y muy estadística. Quiero felicitarles al contable y al estadista de su
institución porque, desde luego, nos ha abrumado con datos estadísticos. Ya decía una persona que usted y yo conocíamos bien, el señor Pío Cabanillas, que no hay mejor discurso que aquel que está abrumadoramente consagrado, configurado, por datos
estadísticos, porque nadie tiene tantos datos estadísticos como para estar en condiciones de refutarlo.
Al margen de estas consideraciones, hay otra que le quería hacer de carácter previo muy rápida. En este momento nos estamos encontrando con una situación que dimana de este informe que usted conoce perfectamente, el informe sobre la reforma
de las administraciones públicas. (Muestra un documento). De este informe ha dimanado un proyecto de ley cuyo iter legislativo se inicia a continuación mediante el debate de las enmiendas de totalidad de la ley de la Administración pública. En
este informe se pretenden reformar o se pretendan remover lo que se denominan, eufemísticamente, duplicidades administrativas. Nos encontramos entre estas duplicidades -las que se citan o algunas de las que se citan- con la existencia no solo de
una defensoría del pueblo, de una institución del Defensor del Pueblo estatal, sino de defensores del pueblo autonómicos. De hecho, han desaparecido ya nada menos que cinco, o en cinco comunidades autónomas han desaparecido cinco defensores del
pueblo, mediante esta invocación de la austeridad como elemento legitimador de la desaparición de defensores del pueblo en lugares como Castilla-La Mancha, donde no solo ha desaparecido el Defensor del Pueblo, prácticamente ha desaparecido su
Parlamento, prácticamente ha desaparecido -o sin prácticamente, ha desaparecido del todo- su Tribunal de Cuentas; ha ocurrido en La Rioja y ha ocurrido en Murcia. Esta ocurriendo porque se considera -no hay más que leer la exposición de motivos de
la ley que hace desaparecer o que amortiza el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha- un elemento que se utiliza que a mí me parece peligroso, y es que las competencias que ejerce usted, que ejerce la institución que usted representa, son
iguales, son homónimas a las competencias que ejercen los defensores del pueblo autonómicos y, por lo tanto, sobra una de dos, y los que sobran son los autonómicos, a tenor de lo que se preconiza en este informe sobre la reforma de las
administraciones públicas. Hay defensorías del pueblo que tienen más tradición histórica que la que usted representa. El Justicia de Aragón tiene mucha más tradición histórica que la institución del Defensor del Pueblo que usted representa. De
hecho, usted sabe que el Justicia de Aragón se enfrentó al rey Felipe II, defendiendo a su secretario personal, señor Pérez, y perdió la vida; perdió la vida el Defensor del Pueblo, el Justicia de Aragón, no Felipe II, evidentemente. Esto acredita
una tradición histórica que debe ser tomada en consideración.
Desde esa perspectiva, a mí me preocupa terriblemente si usted avala la tesis de que ostentando una competencia de carácter transversal y de ámbito estatal, sobran las demás defensorías del pueblo, sobra el Ararteko, sobra el Síndic de
Greuges o sobra el Justicia de Aragón, sobran todos los demás. Ya le digo que el Estatuto de Autonomía de Gernika en su artículo 15 prevé la institución del Defensor del Pueblo, del Ararteko, luego está avalada la existencia de esta institución de
contrapoder -se la puede calificar así- por el bloque de constitucionalidad. Nosotros no vamos a permitir, en la medida de nuestras posibilidades, que la institución que usted representa se superponga, desplace y haga desaparecer a las que existen
en los ámbitos de las comunidades autónomas, sobre todo, tras leer en la parte final de su informe, que sus relaciones de coordinación con las defensorías o con los demás defensores del pueblo de ámbito autonómico del Estado español son correctas y
se basan en la eficiencia, en la coordinación y en la suplementación adecuada, parafraseando sus propias palabras. Desde esa perspectiva, esta es una cuestión que yo le quería plantear. Me gustaría -ya sé que usted no tiene turno de réplica-
conocer su opinión y si va a continuar este proceso de ir provocando la desaparición de defensores de pueblo autonómicos y al final va a ser usted la Defensora del Pueblo única o casi única en el ámbito de todo el
Estado español, porque no tenemos en este momento conocimiento cabal o exacto de hasta dónde va a llegar o cuántas leyes van a dimanar de este informe, del famoso CORA, sobre la reforma de las administraciones públicas, donde todo son
duplicidades, se indican muchas duplicidades, pero todos los organismos que sobran son de ámbito paradójicamente autonómico y no sobra, aparentemente, ninguno de ámbito estatal. Esto nos llama la atención, porque eso es, sutilmente y por la puerta
de atrás, iniciar un nuevo proceso constituyente, y para iniciar un nuevo proceso constituyente hace falta mucho más que un informe de estas características y hace falta mucho más que la ley que se va a debatir o cuyas enmiendas de totalidad se van
a debatir a continuación.
En cuanto a lo demás y en lo relativo a sus competencias, me sigue pareciendo débil su actuación en el ámbito de manifiestas pretericiones del sistema de derechos fundamentales y libertades públicas que conserva la propia Constitución
española. Usted sigue preconizando que ha defendido a los deudores hipotecarios y que ha contribuido a la mejora de la ley, pero esta mejora de la ley es manifiestamente insuficiente. Usted ha dicho que es polémica; no, es insuficiente. Siguen
manteniéndose cláusulas abusivas, siguen produciéndose desahucios injustos y se sigue manteniendo al deudor hipotecario responsable de la deuda con todo su patrimonio presente y futuro durante toda su vida. Aquí es donde yo le pido beligerancia, en
el ámbito de estas injusticias que dimanan y que exigen una reforma en este caso del Código Civil. Pero usted lo puede proponer, lo podría sugerir. En el ámbito de los preferentistas va detrás de la jurisdicción de la Administración de Justicia.
Ya hay juzgados en el ámbito de las preferentes que han declarado que estamos ante un delito de estafa. Usted se mantiene ahí en un debate anfibológico, utilizando expresiones de difícil comprensión, dándole la razón en parte a los preferentistas,
pero sin enfrentarse con quienes cometieron semejante fraude colectivo con relación a personas de escasa formación o cualificación y que no pudieron comprender que el producto que se le estaba ofreciendo era un producto tóxico, conscientemente
tóxico y que se hizo dolosamente desde las instituciones bancarias. Aquí es donde le pedimos beligerancia.
Se ha referido a la Ley de Tasas. Pero con la Ley de Tasas no se está financiando la Ley de Justicia Gratuita. Usted lo sabe, ¿por qué no lo denuncia? Se han recaudado ya 300 millones de euros en el ámbito de las tasas judiciales. De
esos 300 millones de euros ni uno solo se ha destinado a la financiación del servicio de justicia gratuita, cuando hay una conexión directa e inmediata entre la exacción de las tasas judiciales y la financiación de ese servicio de justicia gratuita,
tal como preconiza el propio artículo 11 de la Ley de Tasas. No he visto una denuncia de estas características en su informe. Le pido más beligerancia también en este tema. La propia disposición final séptima de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado establece esta conexión entre las tasas y la financiación del servicio de justicia gratuita. Nosotros le vamos a preguntar al ministro de Justicia en la próxima sesión de control del Pleno qué ha hecho con los 300 millones de tasas
recaudadas ya, cuando sabemos que no se ha destinado un solo euro a financiar el servicio de justicia gratuita.
Con relación a los extranjeros, usted ha hablado de la extranjería, de la situación de los CIE...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya.
Nos gustaría saber por qué no ha dicho lo que ha pasado o por qué no ha explicitado y se ha pronunciado con más beligerancia, más valor, si me permite la expresión -y se lo digo con cariño; usted y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo-,
sobre los sucesos de Ceuta y lo ocurrido allí, donde todos los protocolos y todas las leyes, desde la Ley de Extranjería, artículo 78 y siguientes, hasta posiblemente el Código Penal han sido objeto de vulneración mediante lo que tiene el fumus o la
apariencia de haber constituido la denegación de un deber de auxilio.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Todo esto es lo que le pedimos que haga. Olvídese de determinadas doctrinas y de cómo se aplican determinadas sentencias y haga de verdad con la beligerancia debida lo que tiene que hacer.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Por supuesto, lo primero que quiero hacer es agradecer a la señora Defensora del Pueblo la exposición que ha hecho y el trabajo que hace su institución, porque aunque ella ha hablado antes de que no venía aquí a relatar éxitos, creo que sí
hay un éxito, que es importante subrayarlo en esta época de deterioro generalizado de la percepción de las instituciones, y es el éxito de que existan instituciones de contrapeso, que es lo que es el Defensor del Pueblo, lo que son las diferentes
defensorías del pueblo que existen, porque por lo menos sirven para algo importante, como lo que ha hecho su institución en su trabajo anual y en su exposición, que es que ante una institución como este Parlamento, donde normalmente tenemos que
soportar largas intervenciones en las que el Gobierno viene a tocarnos el violín sobre lo bien que va todo, lo estupendo que está el país y cómo estamos ya saliendo de la crisis, pues un informe como este -aunque ahora me referiré a que quizás
podría haber incluido más temas o más asuntos- dibuja un panorama muy diferente, el del país real. Es mucho mejor que frente a tanto violín entusiasta que trata de adormecernos venga alguien y toque el piano, aunque sea solo con un dedo y a veces
evitando algunas de las notas más graves.
Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer su institución, ni de qué temas tiene que hablar, ni de qué temas no tiene que hablar. Lo que me parece es que todavía este contrapeso que usted representa sería mucho más eficaz y haría una
aportación mucho más interesante al funcionamiento del Estado democrático si fuera más beligerante. Y no me refiero más beligerante en algunos temas en particular -quizá sí, pero eso forma parte de la autonomía de su institución y ustedes tienen
que ponderar qué temas son aquellos que consideran tienen mayor o menor gravedad-, sino a cuestiones de fondo que emergen con mucha claridad en el informe que ha elaborado su institución, y es que este es un país donde las instituciones funcionan
mal, y a veces muy mal. Funcionan mal y muy mal y, por eso, creo que el procedimiento que la Ley del Defensor del Pueblo les otorga a ustedes, que es el de hacer recomendaciones, siendo interesante, es claramente insuficiente. Es verdad también
que su función no es ni debería ser sustituir al Parlamento -para sustituir al Parlamento ya se las pinta solo el Gobierno con sus reales decreto-leyes abusivos-, pero en su informe, por ejemplo, aparece con gran claridad que hay una constante
tendencia, o práctica más que tendencia, porque es una práctica ya instalada, de las administraciones públicas a abusar de los ciudadanos, y pondré solamente un ejemplo que usted ha señalado antes de pasada. Uno de los muchos abusos que practica
Hacienda es exigir el pago adelantado antes de conceder una subvención. Este tipo de cosas no son solamente anecdóticas, sino que manifiestan un funcionamiento de fondo que -ahora que tanto se está hablando de la Transición a propósito del
fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez- no hemos conseguido superar del todo, como es la idea de que la Administración en vez de gestionar los asuntos de los ciudadanos tiene administrados a los que administra como le parece y según su buen
entender, que es siempre el buen entender de lo que es ser útil para las administraciones, no para los ciudadanos.
Esto ocurre con muchas otras cosas que aparecen en su informe. Los temas que aquí mismo ha resumido y los que aparecen en el informe ofrecen una radiografía bastante exacta y precisa de los principales fracasos legislativos de este
Parlamento. Ese es el nombre que hay que darles: fracasos legislativos de este Parlamento, del Congreso y del Senado. Por ejemplo, ¿cuáles? Los que usted ha citado, como las reclamaciones por las preferentes, sobre las que antes ya se ha
producido alguna alusión. Las reclamaciones por las preferentes no son ninguna broma. Estamos hablando de un país, de un Estado de derecho cuyo funcionamiento ha sido tan deficiente que ha sido posible estafar masivamente a decenas de miles de
personas. Usted ha dicho engañar, pero el término preciso en este contexto es estafa, porque evidentemente no se ha tratado de engañar solo a personas que no son los clientes adecuados para determinado producto financiero sino que además fueron
escogidas, precisamente, porque no eran las adecuadas y porque estaban indefensas a la hora de adquirirlo, ya que se lanzaron masivamente y al mismo tiempo no por casualidad sino porque se vio como una vía -que también fracasó- para rescatar a las
cajas de ahorros sin que fueran nacionalizadas por el Estado, cosa que como se sabe fue insuficiente y desató el posterior proceso de rescate de las entidades financieras. Un país en el que se produce una estafa masiva a decenas de miles de
personas a las que solamente en unos pocos casos, y solo parcialmente, se les ofrece una reparación de la estafa que ha sufrido es un Estado de derecho que no funciona. Yo creo que esto tiene que decirlo el Defensor del Pueblo para llamar la
atención a las instituciones. No basta con ofrecer recomendaciones sobre cómo hacer mejor las cosas -por supuesto, eso va de suyo y es su función- sino que también hay que ir al fondo de las cuestiones.
Lo mismo ocurre con los desahucios. Usted se ha referido a esta cuestión. Las oportunidades que ha habido en esta Cámara para discutir los cambios legislativos necesarios para encontrar soluciones a las deudas hipotecarias sobrevenidas a
causa de la crisis han sido en todos los casos ocasiones perdidas. Está muy bien que por lo menos usted recuerde, frente al negacionismo del Gobierno y del Grupo Popular, que en España sigue habiendo decenas de miles de personas que están viviendo
lanzamientos hipotecarios y desahucios que pueden ser solucionados de un modo legal que no perjudique ni los intereses legítimos del sector financiero ni mucho menos los mucho más frágiles intereses de una existencia digna de los ciudadanos
afectados por una crisis que ellos particularmente no crearon.
Ha hablado también de las tasas judiciales. Es exactamente el mismo caso. Ha hecho una mención, que creo que es significativa, al mal funcionamiento de la Administración de Justicia, y con esto ya completamos el cuadro: un Estado de
derecho en el que la justicia, que es su base fundamental, funciona mal, hace leyes injustas; además es posible estafar a los ciudadanos sin que nadie pague las consecuencias de una acción tan grave como esa. No estoy hablando solamente de la
parte penal, que tiene que ver con la comisión de la estafa como tal, sino de que el Estado renuncia a su labor de garantía justamente de esos derechos ciudadanos gravísimamente vulnerados, esperando, como nos ha ocurrido, que el fenómeno de los
desahucios hipotecarios, tras una burbuja inmobiliaria que fue en gran parte atizada y mantenida desde las propias instituciones, se solucione porque sí, con el paso del tiempo y como consecuencia de los cambios de ciclo económico, ignorando por
completo la gravedad de las situaciones personales implicadas.
Voy a ir acabando, no me quiero alargar mucho más. Otros temas que usted ha tocado son exactamente lo mismo. Algunos se han solucionado al menos sobre el papel -veremos si se resuelven de verdad-, como la gratuidad y los préstamos de los
libros de texto, aprobados tanto en la proposición no de ley como en la Lomce. Otras cuestiones de las que ha hablado usted son, por ejemplo, los problemas que hay con la aplicación de la Ley de Costas -que va a dar mucho que hablar-, la situación
de los inmigrantes irregulares en los CIE, etcétera; un largo etcétera pero quizá no suficientemente largo. Querría hacerle una invitación -por supuesto forma parte de sus competencias y tendrán ustedes que asumirlo o no- sobre algo de lo que creo
que hay que empezar a preocuparse ya, las consecuencias que tienen las políticas europeas o las decisiones que se toman en instituciones europeas en la vida privada de los ciudadanos de un país como España. Se habla muy poco de esto y creo que
también el Defensor del Pueblo tiene algo que hacer aquí. Por ejemplo, antes mencionaba usted las preferentes como uno de los problemas por los que han presentado o recibido más reclamaciones, pero hemos de recordar que una de las condiciones que
se puso en el MEDE para el rescate de la banca española era que los clientes perjudicados por la compra de preferentes sufrieran las consecuencias de su pérdida, como si fuera una negociación ordinaria y convencional. Evidentemente hay
repercusiones de decisiones políticas de instituciones europeas en las decisiones políticas y en la vida de los ciudadanos en España. Creo que hay que empezar a hablar de esto, por lo tanto a analizarlo -justamente ahora que estamos en una campaña
importante para las elecciones al Parlamento Europeo, aunque algunos todavía no se hayan enterado y no tengan ni candidato-, porque las instituciones europeas tienen déficit de desarrollo; uno de ellos es que no hay -aunque esperemos que acabe
habiéndola- una defensoría del pueblo eficaz a escala europea, porque por mucho que algunos digan lo contrario el Defensor del Pueblo solo tiene sentido en el contexto de una determinada comunidad política. Solo faltaba que no haya uno que, por
ejemplo en el caso de instituciones europeas, sirva para que los ciudadanos europeos puedan reclamar frente a decisiones como esta del MEDE o como otras que ha habido en el proceso de rescate de las instituciones financieras, para que sus derechos
básicos sean respetados y atendidos debidamente. De manera que también hay que empezar a pensar en esto y a hablar de como cabría mejorar y perfeccionar el funcionamiento de las decisiones políticas y de los procedimientos europeos en la medida en
que, cada vez más y en un grado muy alto, aunque de esto se hable muy poco, afectan directamente, como digo, a los derechos de los ciudadanos, al desarrollo de sus existencias privadas y de las instituciones domésticas y particulares.
Para acabar, dos cuestiones muy concretas. Una es que ustedes en los informes hablan de que las recomendaciones han sido aceptadas en parte, por ejemplo cuando hablan de los CIE, de los centros de internamiento para los inmigrantes
irregulares. A mi grupo le gustaría saber -creo que en general la ciudadanía tiene derecho a saberlo- cuáles son las que no se aceptan, porque esto nos daría también una pista mucho más clara de qué tipo de iniciativa legislativa se podría hacer
para mejorar cosas como esta, en concreto, que efectivamente es un problema sumamente grave, ligado a otro que abordan
ustedes, la trata de personas. La segunda cuestión -con esto ya termino definitivamente- es relativa a otra crítica que creo que ustedes están en condiciones inmejorables para hacer: la tardanza del Gobierno y de algunas administraciones,
pero en este caso particularmente la del Estado, en contestar a preguntas y recomendaciones que se les hacen. Son exactamente las mismas, o agravadas en nuestro caso, que tenemos los grupos parlamentarios para conseguir cosas tan elementales como
que el Gobierno responda en forma y tiempo a las preguntas que se le hacen por escrito y que las proposiciones no de ley que se aprueban sirvan para algo, en vez de convertirse en meras declaraciones sin consecuencias jurídicas, etcétera. Me parece
que su institución tiene un papel importante en algo que es urgente, que es la mejora del funcionamiento de las instituciones, más allá de otras cuestiones que tienen que ver con la reforma constitucional.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señora presidenta. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).
Señora Defensora del Pueblo, señora Becerril, en primer lugar, desde mi grupo le queremos agradecer su presencia y la de su gabinete en el día de hoy para presentarnos el informe de gestión de 2013 de la institución que usted preside. Como
ya le dije en Comisión, señora Defensora del Pueblo, la defensa de la ciudadanía debería ser la mayor preocupación de las administraciones públicas, y un informe como el que usted nos ha presentado hoy ha de ser objeto de mayor atención y debate.
Lamentablemente, no es así; esperamos y deseamos en mi grupo -confío en que lo compartan el resto de los grupos- que alguna vez se corrija este tremendo error.
Ha empezado usted, señora Defensora, haciendo fintas con la presentación del informe hoy aquí, en este plenario; ha hablado no de éxitos, no de logros, y permítame que concrete algo con respecto a la confianza de la ciudadanía en las
instituciones. Los ciudadanos, las ciudadanas están muy desencantadas con todo y con todos, tienen la sensación de que se les ha abandonado a su suerte en un mundo donde las injusticias son cada día mayores y las desigualdades crecientes. Por eso
han adoptado lo que yo denominaría como el pasotismo institucional. Los ciudadanos ya no reclaman, y no reclaman porque no creen que eso les vaya a solucionar sus problemas, desgraciadamente, señorías; y de todo ello tenemos mucha culpa todas y
todos los que en este momento nos encontramos aquí, es verdad que probablemente unos más que otros. Por eso, como usted recordará, le manifestamos desde mi grupo que las actuaciones de oficio han de ser ya prácticamente una tónica general en su
institución. El pueblo lo está pasando mal, está sufriendo las consecuencias de una crisis que ellos no han provocado y necesita comprobar que las instituciones se preocupan y tienen intención de apoyarlos y buscar soluciones para salir del
auténtico infierno en el que viven.
En España hay una pobreza estructural no imaginada hasta hoy: casi 3 millones de niños y niñas viven en el umbral de la pobreza, cientos de miles de hogares no tienen ningún ingreso, el paro juvenil ronda el 57 %, las pensiones están cada
vez más devaluadas, muchos trabajadores de hoy no tienen asegurado su futuro como pensionistas, los salarios se reducen año tras año y cada vez tienen menos poder adquisitivo. Usted sabe, como lo saben todas las señorías aquí presentes, que desde
mi grupo no estamos haciendo catastrofismo. Estamos reseñando una realidad que a ninguno nos hubiera gustado describir, ni mucho menos vivir, señorías, y que, sin embargo, hoy reconocen numerosas organizaciones no gubernamentales dentro y fuera de
nuestras fronteras. Esta es la realidad de nuestras calles, de buena parte de nuestros vecinos y vecinas. Espero que entienda que con este panorama no podamos compartir el optimismo del Gobierno, y que usted, señora Defensora, de manera quizá un
poco más moderada, ha reflejado en su intervención. Dice usted, al igual que el Gobierno, que ese optimismo viene basado en informes elaborados por entidades financieras, señora Defensora del Pueblo; no por informes elaborados por otras
organizaciones, sino por entidades financieras. Por eso protesta la gente, aunque parece que el Gobierno no quiere escuchar. Cuando habla en esta tribuna el señor Rajoy, el presidente, hace bueno aquello que decía Horacio: El pueblo me silba,
pero yo me aplaudo. Por eso no podemos compartir su optimismo y sus buenas perspectivas de futuro, porque no mueve precisamente al optimismo que los informes vengan de quienes han ganado 9.000 millones de euros el pasado año y que a su vez han
dejado en la calle a 20.000 trabajadores y trabajadoras; no nos mueve al optimismo. Quiero desde esta tribuna felicitar a mi grupo -en este caso sí- y agradecerle a usted -también en este caso sí- que haya
tomado en consideración interponer recurso de inconstitucionalidad contra los apartados 2 y 3 de la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre. Para nosotros y para nosotras, los componentes de este
grupo, era importantísimo, pero aun lo es más para las entidades locales.
Son muchas las recomendaciones que ustedes, desde la institución que preside, han presentado ante las administraciones públicas; algunas han sido tenidas en cuenta, otras están pendientes de resolución, otras han sido rechazadas y otras
simplemente, como siempre, no han recibido contestación. Como el tiempo va finalizando, voy a señalar rápidamente algunas teniendo en cuenta que todas merecerían una intervención y un análisis mucho más pormenorizados. En primer lugar, quiero
agradecerle en nombre de mis compañeras y compañeros asturianos que haya visitado usted la unidad terapéutica educativa del centro penitenciario de Villabona. Como usted ya conoce, la situación que se ha estado viviendo allí ha sido motivo de
preocupación para ellos, los tutores y los internos de la misma. Les daré un dato para que todo el mundo lo tenga en cuenta: el 60 % de reincidencias están ubicadas en cárceles normales, cuando hay una UTE solo el 16 % de reincidencias
-importantísimo dato-. Preocupaba y preocupa a nuestros compañeros que un programa pionero en España desapareciera, más aún cuando estaba dando, como le he dicho, buenos resultados. Le pedimos encarecidamente que siga muy de cerca este problema
para que programas que tienen éxito puedan seguir teniéndolo, así como que no se produzcan represalias contra aquellos internos que denuncian lo que está pasando. Nos preocupa la violencia en toda su amplitud, señora Defensora, pero nos preocupan
aun más los recortes de libertad. Usted sabe que cuando se cierran puertas, desgraciadamente, se abren ventanas. Hay que trabajar desde su institución, desde todas las instituciones, para que no se cierre puerta alguna y no se tengan que abrir
ventanas traseras.
Señorías, como ya dije en Comisión, los problemas de la inmigración no se solucionan con más vallas, más concertinas ni pelotas de goma lanzadas contra los inmigrantes. Hemos tenido que lamentar quince muertos en las playas de Ceuta y
muchos muertos más cuando querían llegar a lo que ellos consideraban el paraíso. Hemos tenido que contemplar actuaciones bochornosas y justificaciones aun más bochornosas; sin embargo, por mucho que pidamos ayuda a Europa no vamos a parar los
flujos migratorios ni las mafias que los explotan, porque, señorías, señora Defensora, cuando el hambre apremia no hay frontera que se resista y los denominados países ricos, por mucho que ahora hayamos ido a menos, estamos recortando de manera
alarmante los recursos a la cooperación. Les despojamos en su momento de sus riquezas y les dejamos sin futuro; de aquellos polvos vienen estos lodos, que ahora estos denominados países ricos tenemos la obligación de solucionar. Podríamos, como
el año pasado, seguir hablando de los repagos sanitarios; de los recortes en prestaciones sociales; de los préstamos o reutilización de libros de texto; de los comederos escolares; de la becas, incluidas las destinadas a formación de profesorado
universitario; de los desahucios con miles de viviendas públicas vacías; de las preferentes, etcétera. Desgraciadamente no es posible; sin embargo, no puedo obviar algún tema que, apelando a la bonhomía del presidente, espero tener tiempo para
poder desarrollar.
Señora Defensora, como usted sabe, desde el Gobierno se viene presumiendo de haber subido las pensiones; no voy a dar números, pero la cuantía ha sido tan ridícula que de hecho el dinero que van a percibir los jubilados les va a permitir
pocas alegrías. Por eso comparto con usted la preocupación y frustración que ha debido suponer que el Gobierno rechace asumir el compromiso de compensar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones públicas, que además, como usted bien señala,
están contribuyendo al sostén de numerosas familias en nuestro país, supliendo con ello actuaciones que deberían hacerse desde las administraciones públicas, desde esta Administración pública y desde el conjunto de los ministerios también.
Llama igualmente nuestra atención que el Ministerio del Interior rechace erradicar la práctica policial de efectuar controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales. Un gobierno democrático lo que debería hacer es rechazar
y penalizar estos comportamientos y garantizar la convivencia, con independencia de la raza o país del que se venga; un gobierno democrático debería cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Hemos hablado en esta Cámara de trata de blancas -vamos a seguir hablando de ello, como usted señala-, de estudiantes en dificultades, de los problemas del profesorado y de los profesores interinos, de muchísimas cosas que usted ha tocado.
Compartimos muchas preocupaciones que se refieren en este informe; hemos hablado aquí y no hemos tenido -también se lo decimos, señora Defensora- éxito alguno. Permítame que le mencione ya finalmente de una cuestión que no aparece en su informe y
que está relacionada con algo que usted señala, el terrorismo y sus víctimas. Señora Becerril, en este país durante muchos años miles de personas fueron asesinadas y enterradas a lo largo del territorio español,
su delito fue haber perdido una guerra. A día de hoy, de ese terrorismo de Estado promovido por el franquismo y de sus víctimas no se quiere hablar, hay que enterrar la memoria. Nosotros y nosotras le pedimos que interceda para que las
familias recuperen esos cuerpos y puedan descansar en paz. Son más de 100.000 ciudadanos asesinados y sus respectivas familias los que están esperando que el Estado se encargue de encontrarles para darles una digna sepultura. Son más de 100.000
ciudadanos españoles desaparecidos que tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a día de hoy. Todos queremos avanzar y no repetir el pasado, pero eso no se hace escondiendo la cabeza sino reconociendo nuestra historia y aprendiendo a no
cometer más errores en ese sentido.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Sayós.
La señora SAYÓS I MOTILLA: Muchas gracias, presidente. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia).
Gracias, señora Defensora del Pueblo, por su presencia. Adjuntos a la Defensora del Pueblo, diputados, en primer lugar, en cuanto a la institución, quiero felicitar a la Defensora del Pueblo por su trabajo y por la mejora del formato de su
informe aunque sea demasiado extenso. Esta diputada se lo agradeció en la Comisión y ahora es de recibo que lo haga en Pleno. Debo hacer una crítica a la Defensora del Pueblo, que ya le hice en la Comisión cuando nos presentó su informe, y es que
creemos -por eso insistimos en ello- que esta institución debe ser lo más independiente y ecuánime posible, por tanto instamos también a la creación de un protocolo que evite la arbitrariedad y la subjetividad de la institución a la hora de ejercer
sus actuaciones. Conste que no nos referimos en especial a la Defensora actual sino a algunos tristes ejemplos del pasado.
En cuanto al presupuesto de 2013, por lo que hace referencia al presupuesto de este año, para la institución del Defensor del Pueblo, observamos que el capítulo 1 continúa siendo excesivamente alto; en el capítulo 2, en los contratos
administrativos adjudicados, por un lado a Telefónica por un valor de 952.000 euros y, por otro, a una empresa de limpieza por valor de 717.000 euros, consideramos que sus precios son exagerados. Finalmente, nos extraña que, a 31 de diciembre de
2013, en el cuadro de ejecución presupuestaria haya pagos pendientes por un valor de 937.000 euros. Pediremos una explicación sobre este aspecto.
Respecto al análisis estadístico del informe, en 2013 la Defensora del Pueblo ha recibido 22.692 quejas. De las 22.000 quejas solo 1.951 proceden de Cataluña. Suponemos que ello se debe a la buena actividad que ha desempeñado el Sindic de
Greuges. Por ello, debo agradecer su trabajo y su coordinación común, así como con los síndicos locales, y espero que los respeten. De las 22.000 quejas, 11.500 corresponden en su inmensa mayoría a la Administración General del Estado. Es
importante señalarlo porque, cuando el Gobierno nos presenta sus reformas para las administraciones públicas y las propuestas del informe elaborado por la CORA, es bueno saber que más de la mitad de todas las quejas que recibe la Defensora del
Pueblo corresponden a cuestiones de su Administración. También observamos que en los expedientes individuales la proporción entre los que entran y los concluidos por administraciones resulta parecida; sin embargo, en el caso de expedientes
agrupados, el balance de expedientes concluidos por las administraciones autonómicas es mucho más favorable que el correspondiente a la Administración General del Estado, y es importante mencionarlo.
Respecto a los temas abordados en el informe, solo señalaré algunos temas que consideramos relevantes relativos a los productos financieros. Con el fin de dar una respuesta resolutoria que garantice que las ineficiencias derivadas de la
simetría y falta de transparencia informativa existente entre consumidores y entidades de crédito en relación con productos financieros, como son las participaciones preferentes, pero también en contratos comunes, como son créditos hipotecarios o
los contratos de seguro, y para que no vuelva a repetirse en el futuro, Convergència i Unió ya planteó unas medidas paliativas y preventivas en la subcomisión de transparencia e información de productos hipotecarios y financieros. Por ello
compartimos la voluntad de las medidas presentadas por la Defensora del Pueblo y esperamos que el Gobierno pronto las desarrolle. Concretamente, respecto a las participaciones preferentes, es de agradecer el conjunto de medidas que la Defensora del
Pueblo remitió tanto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como al Ministerio de Economía y Competitividad, todo ello para paliar el problema social creado por las entidades financieras. Debo recordar que este grupo
parlamentario abogó por el arbitraje. Es una lástima que estas medidas propuestas por la Defensora, bien sean preventivas, bien sean paliativas, la mayoría de ellas aún estén pendientes y el Gobierno no actúe.
Respecto a la vivienda y los desahucios, valoramos positivamente las recomendaciones de la Defensora del Pueblo pues tienen como objeto paliar los desahucios. Como es sabido, nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió ha reclamado
una legislación que dé garantías jurídicas a los afectados. Aunque en 2013 se legisló al respecto, Convergència i Unió no cree que sea suficiente para poder parar el cada vez más creciente número de desahucios; la prueba es el bajísimo porcentaje
de personas afectadas por demanda de desahucio que se han podido acoger a las medidas de protección legislativas. Este aspecto también es reconocido en el informe de la Defensora del Pueblo, en el que se señala textualmente que no parece que las
medidas adoptadas ofrezcan una solución generalizada al colectivo afectado. Por ello Convergència i Unió considera imprescindible el impulso de una ley de mediación hipotecaria que dé cobertura legal en defensa de estas personas afectadas, así como
una legislación para evitar y prohibir cláusulas bancarias abusivas. Hoy por hoy tenemos una Ley Concursal que da más garantías que la Ley Hipotecaria. En resumen, en esta materia se debe continuar trabajando para que no se produzca una
marginación de las personas afectadas y mucho menos que conlleve la exclusión social.
En cuanto a la violencia de género y la trata de seres humanos, compartimos lo establecido en el informe y lo valoramos positivamente.
Respecto a la justicia y la seguridad, mostramos nuestra preocupación ante las demoras judiciales como se desprende del informe de la Defensora del Pueblo. Creemos necesario que se impulsen medidas que tengan como finalidad la agilización
de la justicia. Por otro lado, Convergència i Unió tiene dudas de que la seguridad y la justicia se vean afectadas favorablemente con la aplicación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. En cuanto a la doctrina Parot, era sabido desde hace años
que no era una buena medida; en consecuencia, nada de extrañar en cuanto a la sentencia del Tribunal Europeo.
En relación con las tasas judiciales, este grupo parlamentario, Convergència i Unió, comparte plenamente el criterio de la Defensora del Pueblo al considerar que las nuevas tasas judiciales son extraordinariamente elevadas. Estas nuevas
tasas pueden comportar un obstáculo para los ciudadanos y ser injustas, lo cual atenta contra el principio de tutela judicial efectiva, garantizado en el artículo 24 de la Constitución; por ello dos cuestiones, una de forma y otra de fondo. Por lo
que respecta a la cuestión de forma, en ningún precepto se habla de fraccionamiento del pago, ni si el impago de las tasas conlleva una inadmisión indirecta del escrito interpuesto, sino que eso sea un aspecto subsanable. En cuanto al orden
jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, es más evidente esta vulneración del artículo 24 de la Constitución, o incluso la inconstitucionalidad de la tasa, pues el ciudadano que haya recurrido a la justicia contra un acto de la
Administración y el fallo sea a favor de él no puede reclamárselo, y esto es injusto. La Administración tiene muchos privilegios, y ahora encima este. En cuestión de fondo, el Gobierno debería explicar con qué criterio ha cuantificado las tasas y
también, si la cuantía del pleito determina las tasas, qué relación hay entre los gastos del servicio del ministerio y las tasas. En cualquier caso, me dirijo a la Defensora del Pueblo para que actúe de conformidad y en defensa del derecho
fundamental de la tutela judicial efectiva. También pedimos a la Defensora del Pueblo que asuma el espíritu, si no la literalidad de la enmienda presentada por Convergència i Unió, respecto a la asistencia jurídica gratuita relativa a que las
nuevas tasas judiciales se destinen a la justicia gratuita.
Respecto a sanidad, en cuanto al Real Decreto 16/2012, Convergència y Unió ha denunciado reiteradas veces que se están produciendo desigualdades con él. Como ya se ha dicho, esta es una demanda continuada de este grupo parlamentario al
Gobierno español y hasta la fecha el Gobierno ha hecho oídos sordos. Por ello, estamos de acuerdo con lo expuesto en el informe de la Defensora del Pueblo en su análisis en el apartado de sanidad y pedimos al Gobierno que acate esas
recomendaciones. De acuerdo con el informe, en este apartado queremos hacer más énfasis en materia de copago. Convergència i Unió ya viene diciendo desde hace tiempo que en el sistema de copago deberían crearse más tramos, pues los existentes son
demasiado extensos y dista mucho de la realidad coyuntural y social de estos momentos. Por tanto, pedimos a la Defensora del Pueblo que estudie este aspecto en su informe de 2014 y además proteja a las personas más vulnerables, como son las
personas con discapacidad, para que el Gobierno abandone definitivamente su discurso erróneo cuando dice que estas personas están exentas de copago, porque en realidad no lo están.
En cuanto a la entrada de la inmigración ilegal, creemos que la acción de la Defensora, vistos los recientes acontecimientos, tiene que ir más allá de supervisar las condiciones de los CIE. La animamos a
comprobar la adecuación a los derechos humanos de los protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad y, sobre todo, la no existencia de las llamadas expulsiones en caliente, que -de existir- vulnerarían todos los tratados
internacionales firmados por el Estado español al respecto, así como la propia Ley de Extranjería.
Finalmente quisiera hacer énfasis en el anexo respecto a las administraciones no colaboradoras o entorpecedoras. Si bien con respecto a las administraciones que entorpezcan sus obligaciones la Administración General del Estado aparece poco,
es de señalar que ella contesta casi siempre al tercer requerimiento realizado por parte de la Defensora del Pueblo, pero en la gran mayoría desde el primer al tercer requerimiento pasan casi dos años. Convergència y Unió insta a la Defensora del
Pueblo y a su equipo a que incida más y reitere con mayor celeridad los requerimientos a la Administración General del Estado por bien de los ciudadanos.
En último lugar debo denunciar la forma poco decorosa que el Gobierno tiene a la hora de legislar; es poco decorosa, muy poco ordenada y poco precisa, provocando un caos absoluto en todos los sentidos. Desde aquí quisiera hacerle esta
advertencia al Gobierno y que la Defensora del Pueblo la analizara, pues esa mala praxis legislativa que está utilizando el Gobierno, que abusa de su mayoría parlamentaria, comporta, como se puede deducir del informe de la Defensora del Pueblo, que
haya ciudadanos que se vean perdidos, al conocer una norma, para poder cumplirla o simplemente saber dónde y cómo está regulada una determinada materia con esa dispersión de textos normativos. Digo ciudadanos, pero también es extensible a los
compañeros que ejercen el derecho, a los jueces y magistrados que deben aplicarlo, así como a otros trabajadores del mundo de la justicia o cualquier otra persona profesional que deba manejar la normativa. Todo ello comporta una inseguridad
jurídica elevada. Si hacemos mención del cuadro de los Estados en cuanto a seguridad jurídica, encontramos a España en la parte baja del mencionado cuadro. Esto significa que España tiene una inseguridad jurídica elevada. Señora Defensora, ahora
se está utilizando una práctica legislativa bruta sin concreción, a salto de mata y a la deriva. Por ello pido a su institución que recomiende al Gobierno que legisle con pulcritud y sea escrupuloso a la hora de emanar normativa para preservar el
principio de tutela judicial efectiva porque, como decimos en Cataluña (La señora Sayós i Motilla pronuncia palabras en catalán), el trabajo bien hecho no tiene fronteras.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Defensora. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Sayós.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el diputado don César Luena.
El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).
Señorías, señora Defensora, al inicio de su intervención hacía usted referencia al presidente Suárez, y nuestro grupo, como venimos haciendo desde el pasado domingo, nos sumamos a los reconocimientos, al homenaje y a la valoración que sobre
el presidente Suárez es unánime, como un hombre clave para el éxito de la Transición democrática, la aprobación de la Constitución, la conquista de las libertades y la forja del consenso social y político que permitió la convivencia entre españoles.
Señora Defensora, se lo dije en la Comisión y se lo repito hoy: enhorabuena por su informe. Su informe trata de la España real. Es una buena radiografía de la España real, de sufrimiento, de pérdida de derechos y de peor calidad de vida;
consecuencia de la crisis, sí, pero también de las políticas del Gobierno, de los recortes y de los ataques al Estado del bienestar. Este informe lo evidencia y es la prueba de que hay una España real. De alguna forma usted ha hecho una enmienda
al discurso del Gobierno.
Nosotros creemos que un Gobierno debe ser optimista, pero no puede esconderse detrás del triunfalismo, o esconder la realidad detrás del triunfalismo, que es aún peor. La realidad nos habla de quejas y de situaciones injustas, como usted
decía. Nos habla de menos becas para estudiantes; de recortes a la dependencia y a la discapacidad; del copago, que es sangrante para las rentas bajas y para los pensionistas; y de menos ayudas para los libros de texto. Aprovecho para decirle
que usted propone la reutilización y estamos de acuerdo, pero debe ser complementaria a un sistema público de ayudas. La realidad dice que el Gobierno ha dejado de atender a los inmigrantes en situación no regular. El Gobierno no ha hecho ni caso
a sus recomendaciones y menos mal que comunidades autónomas y ONG han habilitado sus medios para dar esa atención sanitaria. Lo que está haciendo el Gobierno nos parece una inmoralidad; se lo dije en la Comisión y se lo digo hoy. Por si fuera
poco, también les van a quitar ese derecho a los jóvenes que salen al extranjero. La realidad habla de bajadas de salarios, de congelación
del salario mínimo y de recortes en las prestaciones a los subsidios por desempleo. En lugar de fortalecer las políticas sociales, nos encontramos lo contrario.
Buena parte de las actuaciones de su institución han consistido en reclamar a las administraciones públicas el funcionamiento eficaz de los sistemas de atención social. La fortaleza y la capacidad de respuesta coordinada de dichos sistemas
son imperativas en un Estado social y democrático de derecho. Esas exigencias adquieren capital relevancia en situaciones como la actual, de enorme crisis. El informe de la defensoría señala que más del 90 % de las quejas tramitadas están
relacionadas con alguna de estas cuatro grandes materias: situaciones de necesidad y exclusión social, con un notable incremento de las dificultades para el acceso a las rentas mínimas; el llamado espacio sociosanitario, en el que destaca la
dependencia como el campo con mayores cifras; los problemas de las personas con discapacidad; y los asuntos relativos a menores y a familias. Estamos de acuerdo con su recomendación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de que los
diferentes instrumentos financieros que sirven para dotar de liquidez a las administraciones públicas otorguen prioridad a la satisfacción del gasto social. Estamos de acuerdo con esa apreciación suya.
El efecto de la crisis económica sobre las economías familiares está siendo devastador y está provocando un gran impacto en la pobreza y en la nutrición de los niños y de las niñas. Al igual que usted, estamos especialmente preocupados por
lo que sucede durante el periodo de vacaciones escolares, donde el cierre de los comedores agrava las ya existentes situaciones de precariedad. Mi grupo está de acuerdo con lo que el informe señala respecto a que la nutrición infantil debe
atenderse a través de programas específicos, porque los menores con problemas de nutrición precisan medidas rápidas, porque las rentas de inserción no llegan a todos los que las necesitan en todas las comunidades autónomas y porque la renta de
inserción y otras ayudas generalistas están concebidas como prestaciones genéricas de garantía para el conjunto de una unidad familiar y no aseguran que la alimentación de los menores constituya una prioridad.
Según su estudio, una parte de las recomendaciones habían sido admitidas, pero los avances que se han producido en las normas de protección a los deudores hipotecarios, de las que usted ha hablado aquí, resultan insuficientes, y le voy a
decir algunos motivos por los que resultan insuficientes; por el escaso ámbito de aplicación de las normas, ya que quedan excluidos los colectivos sociales que no reúnan todos y cada uno de los requisitos; la limitación de las medidas
exclusivamente a la deuda hipotecaria generada por la vivienda habitual; la suspensión del lanzamiento durante dos años, que no paraliza los intereses de demora en ese período; la exclusión de la aplicación de la suspensión del lanzamiento en los
casos en los que el adjudicatario es un tercero en lugar de un banco; la imposibilidad de evitar que sobre el desahuciado pueda seguir pesando una deuda de por vida con su entidad acreedora aunque se establezca un sistema de quita; y la necesidad
social de seguir buscando soluciones amplias que tengan en cuenta otras circunstancias perniciosas que eviten la exclusión social de los afectados.
Señora Defensora, la violencia contra las mujeres constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la libertad y la igualdad, que atacan su dignidad y su seguridad. Aunque estamos de acuerdo en que entre los muchos
retos que tenemos ante este grave fenómeno uno de ellos es el de perfeccionar los instrumentos de detección del riesgo de la mujer de modo que se reduzcan las posibilidades de agresión, entendemos que será difícil lograr y consolidar los avances en
materia de prevención integral contra la violencia de género con un presupuesto -fíjese- que recorta casi el 29 % respecto a 2011, lo que se traduce en que han desaparecido prácticamente las campañas de prevención contra la violencia y que el
Gobierno está desmantelando progresivamente la red de apoyo social para las mujeres víctimas de violencia, y también de sus hijos y sus hijas. Además de establecer unas modificaciones legislativas, le recuerdo que erosiona los cimientos básicos de
la lucha contra la violencia de género, como son la Ley Wert, que ha eliminado del currículum escolar las referencias a la lucha contra la violencia de género y la igualdad, fundamentales para la prevención en edades tempranas; la Ley de reforma de
la Administración local y otras muchas. En conclusión, nosotros creemos que no hay que introducir reformas legislativas sino recuperar los recursos que se han eliminado para la lucha contra la violencia de género.
Ha hablado usted de seguridad ciudadana y de seguridad pública. Usted ha definido hoy aquí y en la Comisión el malestar social existente, y yo le digo tres cosas fundamentales en relación con esto. El año pasado -su informe lo dice- hubo
utilización desproporcionada. Usted hace referencia a que no debe ser así, y en relación con la reforma, con la llamada ley mordaza, ley Fernández, dice que estará especialmente atenta y vigilante a las modificaciones que se contemplen finalmente,
de tal modo que las mismas no supongan restricción alguna al ejercicio de los derechos y libertades públicas por los ciudadanos.
Esperamos que así sea. Le recuerdo que sin nacer ya consideran inconstitucional este texto tanto el Consejo Fiscal como el Consejo General del Poder Judicial en quince puntos. Parece que esto va a obligar al Gobierno a rectificar, usted ya
lo dijo y, por tanto, se lo reconozco. Como ya hemos reiterado otros años, le pedimos a su institución que intensifique la vigilancia respecto a esta ley y también en relación con las recomendaciones que usted hace sobre las identificaciones
policiales.
Dos asuntos muy concretos. Apreciamos especialmente y de forma muy favorable las conclusiones de la visita al centro penitenciario de Asturias y la defensa de la unidad terapéutica y educativa del centro peitenciario de Villabona para que
recupere y contemple fiel e íntegramente lo que ha sido su modelo normal de funcionamiento, que es un referente de intervención penitenciaria en España, como señala en su recomendación ante los ataques de los actuales gestores de la penitenciaría y
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En las páginas 338 a 340 de su informe aparece el caso de las demoliciones y desalojos de El Gallinero, en Madrid, y yo le pido de nuevo que vele para que se paralicen esos desalojos y esas
demoliciones.
Termino con un asunto que también tratamos en la Comisión, los sucesos de Ceuta. La comparecencia que hubo en la Comisión la semana pasada no ha servido para dar contestación plena y satisfactoria a la totalidad de las cuestiones que sobre
estos hechos plantearon los grupos parlamentarios. Creemos que la actuación del Gobierno fue inadecuada y que faltó previsión y preparación. En todo caso, le pedimos que vele por el absoluto respeto de los derechos humanos de las personas que
pretenden cruzar nuestra frontera, especialmente su derecho a la vida, su integridad física y moral y el respeto a su dignidad y a la protección internacional, así como del resto de normas de derecho internacional y humanitario, priorizando siempre
las actuaciones de salvamento de sus vidas. Además, como usted hace, pedimos que se retiren las cuchillas, las concertinas.
Termino. Señora Defensora, enhorabuena por su trabajo. Siga insistiendo en sus recomendaciones, en sus diligencias, y actúe cada vez más de oficio, que puede hacerlo. Usted dice en su informe que el objetivo final es conseguir la justa
atención y las rectificaciones precisas. Yo le animo a que lo siga haciendo para que el triunfalismo no oculte la realidad.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Luena.
Por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso, tiene la palabra el señor Bertomeu.
El señor BERTOMEU BERTOMEU: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero sumarme a las anteriores manifestaciones de algunos grupos y de la Defensora. El Grupo Parlamentario Popular muestra su más profundo pesar por el fallecimiento del presidente Adolfo Suárez y se une al dolor
de su familia.
Señora Defensara del Pueblo, un año más, desde el Grupo Parlamentario Popular le agradecemos a usted y a los adjuntos primero y segundo del Defensor del Pueblo, al igual que al resto del equipo, funcionarios y personal de la institución, el
trabajo llevado a cabo durante el pasado año, que queda reflejado no solo en el informe anual correspondiente al ejercicio 2013, sino también por la iniciativa de presentar ante las Cortes Generales los informes que a lo largo del año nos adelantó y
que demuestran la eficacia de la institución del Defensor del Pueblo y, al respecto, la labor de los parlamentarios.
En su informe nos manifiesta la difícil situación económica que atravesaba España durante el año 2012, que quedaba reflejada en las quejas recibidas durante aquel ejercicio. Del mismo modo nos indica que en el presente informe de 2013 no se
manifiesta un gran cambio de las circunstancia y se demuestra que las dificultades económicas continúan. No obstante, reconoce que las perspectivas actuales nos indican una salida de esta crítica situación. Pero debemos tener en cuenta que esta
difícil situación solo se podía solventar con un Gobierno que tiene las ideas muy claras y actúa con firmeza, desarrollando las correspondientes reformas más intensas conocidas en nuestra democracia. No podemos manifestar lo mismo del anterior
Gobierno, que por sus intereses electorales negó la crisis, perjudicando a los españoles. Esta situación negativa es la que ha tenido que afrontar el actual Gobierno del Partido Popular al tener constancia de la situación real en la que se
encontraba España y no la situación de los brotes verdes que manifestaba el anterior Gobierno, que nos dejó en la peor situación conocida a lo largo de la historia. El Gobierno es consciente de que nos queda mucho camino por recorrer y que debemos
superar nuevos retos y muchos obstáculos, pero los hechos manifiestan que con las actuales reformas los resultados empiezan a dar sus frutos y, al final, llegarán los esperados por todos los ciudadanos.
Como usted manifiesta, las perspectivas de los últimos meses nos dan ánimos y aliento para tiempos venideros que se presentan con mayor optimismo, según informes bancarios e informes de la Comisión Europea, etcétera. Nadie puede negar el
cambio que se ha generado en España. En el ejercicio 2012, los periódicos europeos manifestaban que España estaba cerca del abismo, que se había convertido en la gran preocupación de Europa, que la deuda adquirida nos ahogaba, que era el rescate o
el caos. Titulares muy negativos y perjudiciales para España se publicaron en medios de comunicación de todo el mundo durante el año 2012. Hoy, catorce meses después, las publicaciones de los periódicos son totalmente diferentes. Hablan de que la
economía pasa de la recesión al crecimiento económico y que la cifra de desempleados desciende, hecho que no solo se produce en el año 2013 sino que, como podemos comprobar, se está consolidando en los primeros meses de 2014. Este hecho no se
producía desde el año 2007. Hay también otras muchas noticias positivas referentes a las exportaciones, al sector turístico, a la inversión extranjera o la baja de la prima de riesgo. Por tanto, tal como indica en su informe, las dificultades
existen pero las cosas están cambiando gracias a las reformas del Gobierno del Partido Popular llevadas a cabo en la presente legislatura.
Tal como le manifesté en su comparecencia ante la Comisión la pasada semana, compartimos con usted el reconocimiento al esfuerzo realizado por los españoles a lo largo de estos años, lo cual ha contribuido a la lucha para superar la crisis
económica. Sin su esfuerzo no hubiéramos pasado de la España del rescate a la España de la recuperación, de una economía a la deriva a una economía competitiva. Hemos conseguido pasar de las dudas a la confianza. Todo ello se debe al esfuerzo de
todos los españoles, que son los únicos protagonistas de este cambio. Debemos valorar también positivamente las facilidades que desde la institución del Defensor del Pueblo ha puesto a disposición de los ciudadanos, con la posibilidad de consultar
la página web de la institución y la facilidad que proporcionan los métodos telemáticos para realizar las reclamaciones por esta vía o por correo electrónico. Prueba de ello son las 390.622 visitas al portal del Defensor del Pueblo y las 6.842.109
páginas visitadas durante el año 2013. Es más, el nuevo procedimiento anunciado, que va a obligar a todas las administraciones a contestar con la nueva tecnología informática, en virtud de la cual el ciudadano que formula una queja, cuando tenga un
código o una identificación, podrá saber en qué momento esta su queja, es otra de sus iniciativas que valoramos muy positivamente.
Otro de los motivos que merece nuestra felicitación a la institución del Defensor del Pueblo es el esfuerzo que realizan, no con la congelación del presupuesto sino con la bajada del mismo; un 3,25 en el ejercicio de 2013, después de la
bajada que realizaron en 2012, con otro 4,50 %.
Entre sus gestiones nos informa de la visita a presos españoles y quejas de los mismos y de sus familiares, manifestando su interés en poder repatriarlos a cárceles españolas. El Gobierno es consciente de esta situación, al igual que el
Grupo Parlamentario Popular, y prueba de ello es la proposición no de ley que, teniendo en cuenta los 2.148 presos españoles que cumplen condena en el extranjero, presentamos y aprobamos por unanimidad de todos los grupos en el Pleno de la pasada
semana, con el objetivo de que no sean vulnerados sus derechos más fundamentales y solicitando al Gobierno, concretamente a los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Interior, que compartan bases de datos y prioricen la asistencia y trámites
de repatriación a España de los casos más dramáticos.
No voy a entrar en el tema de la ley de tasas judiciales. Creo que quedó suficientemente debatido y clarificado en la Comisión. Han sido muchos los cambios realizados, algunos de ellos por sus sugerencias, como la reducción de tasas
judiciales o el adelanto de la ley de justicia gratuita; otros que desde un principio quedaban excluidos directamente como los procesos de primera instancia del orden social y por completo el orden penal, y otros muchos que -repito- no voy a
enumerar porque ya los puse de manifiesto durante su comparecencia en Comisión. Del mismo modo, no voy a entrar a comentar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dejó sin efecto la aplicación de la doctrina Parot, pues también
fue debatido en Comisión. Pero sí quiero dejar constancia una vez más de que desde el Grupo Parlamentario Popular damos nuestro apoyo incondicional a las víctimas y compartimos, señora Defensora, sus manifestaciones de que la sociedad española está
en deuda con ellas. El Gobierno, en la actual legislatura, aprobó el reglamento que desarrolla la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Con referencia a su propuesta de la gratuidad de los libros de texto, desde el Grupo Parlamentario Popular compartimos que es un objetivo a alcanzar para cumplir plenamente un deber constitucional, pero los motivos que he expuesto al inicio
de mi intervención en referencia a la situación económica hace que los pocos recursos disponibles los debamos destinar a las familias que se encuentran en situación más
precaria. De hecho, son las comunidades autónomas las que, dentro de sus competencias, determinan el tipo de programa de apoyo a las familias para la adquisición de libros de texto y las condiciones económicas para su otorgamiento. No
obstante, la Lomce contiene una disposición adicional quinta nueva que dispone que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promoverá, en el seno de la conferencia sectorial, el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales
curriculares para la educación básica en los centros sostenidos con fondos públicos. Por otra parte, uno de los principios que contempla la Lomce es el de modernizar el sistema educativo mediante la incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación a los procesos de enseñanza, ampliación y esfuerzo y, al mismo tiempo, como recurso de apoyo para las administraciones educativas. El Gobierno también ha dado prioridad a la partida de becas y ayudas al estudio durante
los ejercicios 2012-2013, manteniendo el mismo importe que en 2011; y para el presente ejercicio 2014 la dotación para becas y ayudas al estudio de carácter general es de 1.411,02 millones; o sea, un incremento de 250 millones respecto al año
anterior, lo que representa un aumento del 21,5 %. En su memoria nos apunta que mientras disminuían las quejas en general, observamos un aumento de las mismas en sanidad, concretamente 1.854, que suponen un incremento del 5,58 % referente al año
2012. La mayoría de ellas se refieren a los ámbitos de atención primaria y atención especializada. También nos manifiesta sus propuestas ante el Ministerio de Sanidad en materia de copago farmacéutico, atención a inmigrantes y listas de espera.
En su comparecencia en la Comisión le comenté que el sistema sanitario fue una de las primeras reformas que acometió el Gobierno en esta legislatura, impulsando el Real decreto-ley de medidas urgentes. Pero heredar un endeudamiento de la sanidad
pública de 16 millones de euros que afectaba al sistema de salud, obligó al Gobierno a poner en marcha la reforma antes indicada para garantizar la sostenibilidad y preservar la calidad del sistema sanitario público, asegurando siempre el derecho a
los ciudadanos a la protección de su salud y a una asistencia sanitaria pública gratuita y universal. Como saben, el ministerio respeta y valora las propuestas de la institución del Defensor del Pueblo, con la que mantiene permanente contacto.
Sobre las propuestas a la aportación farmacéutica, el ministerio está absolutamente de acuerdo en la necesidad de introducir criterios de equidad y dejar exentos de pagar a las personas sin ingresos. Es algo que por primera vez en la historia se ha
llevado a cabo en la presente legislatura, con un sistema en el que aporta más el que más tiene y menos o nada el que menos tiene, y los parados de larga duración y sus familias, un millón de personas, por primera vez no pagan sus medicinas.
Termino porque no tengo tiempo para comentar otros temas, señora Defensora. El Grupo Parlamentario Popular apoya su informe de 2013 y manifestamos que seguiremos apoyando el trabajo de la Defensora del Pueblo, que sin duda alguna va a
redundar en beneficio de todos los españoles.
Muchas gracias, señor presidente, señora Defensora del Pueblo. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Bertomeu.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 121/000085).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señorías, pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que
aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En nombre del Gobierno, para presentar la iniciativa, tiene la palabra el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señorías, constituye para mí un honor defender hoy ante la Cámara el proyecto de ley que actualiza el régimen constitucional del Concierto Económico vasco. El concierto -no hace falta recordarlo- es el modelo propio de una comunidad
autónoma con unas peculiaridades históricas únicas que ha permitido la plena inserción del régimen foral en la Constitución, la norma fundamental que ampara a todos los españoles. Esta actualización que proponemos se produce además en un marco de
absoluta normalidad institucional, alejada de cualquier tipo de tensión, fruto de la estabilidad y permanencia que desde hace doce años tiene la Ley del concierto. Una ley que establece la relación entre la Hacienda central de
España y las haciendas forales, una ley armonizadora. Debemos rechazar que esa ley sea entendida como un privilegio; lo que es un hecho diferencial no es equivalente a ningún tipo de privilegio. Por tanto, es un motivo de satisfacción que
podamos acometer hoy esta actualización de la Ley del concierto, cuando ya ha contado con el respaldo de todos los actores implicados: el Gobierno de España, el Gobierno vasco y las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Consenso. Consenso conseguido a la hora de renovar esta Ley del concierto. Consenso entendido como ese gran concepto político que hoy nos viene al recuerdo, después de haber perdido a uno de los políticos que en la reciente historia de
España y en el comienzo de su democracia entendió y avaló la importancia del mismo para sentar las bases de la Transición española a la democracia. Consenso que nos ha traído hasta aquí la democracia, la Constitución, el Estado de las autonomías y
el Concierto Económico vasco. El consenso es un ejercicio político que debe estar en la cartera de todos los grupos políticos, especialmente en la cartera de acción de un Gobierno y que en esta ocasión ha servido para sacar adelante la
actualización del régimen económico vasco con el visto bueno de instituciones que gobiernan fuerzas políticas -como hoy ocurre en las diputaciones forales- muy dispares, muy diferentes entre sí. Consenso de todas las formaciones políticas presentes
en el Congreso de los Diputados, que fueron las que aprobaron en el año 2002 la renovación de la Ley de concierto, y permítanme que me refiera brevemente a aquel episodio que vivimos en el Congreso de los Diputados en el año 2002. En aquel momento
yo tenía también el honor de ser miembro del Gobierno de España, como ministro de Hacienda, por lo que me correspondió llevar adelante las intensas negociaciones -no siempre fáciles- con el Gobierno vasco y con los Gobiernos de las diputaciones
forales de entonces para alcanzar un acuerdo que ha permitido a los ciudadanos y empresas vascas contar con el mejor concierto que hemos tenido en la historia, no ya solo de nuestra democracia sino también en la historia más profunda, más larga de
España. Un concierto -el hoy vigente- que dotó de la mayor capacidad fiscal y financiera, que facilitó las relaciones entre los contribuyentes y las administraciones tributarias y reforzó la colaboración entre el Estado y las haciendas forales.
Por primera vez, el régimen de conciertos se consagraba como una institución permanente, sin plazos de renovación, lo que ahora ha facilitado su actualización, como también lo hizo en la actualización que registró hace siete años.
El consenso no es posible buscarlo a cualquier precio, el consenso -como lo fue en la historia de nuestra Transición democrática- ha de ser expresión de la apuesta por el bien general, por el bien común, con sentido de Estado y con profundo
respeto a las leyes, que son las que rigen nuestro comportamiento. Cuando se actúa desde la imposición, desde las acciones unilaterales, desbordando el marco constitucional, cualquier apelación al acuerdo aparece realmente estéril. Por eso es tan
importante este acuerdo con las administraciones vascas que conseguimos a comienzos de este mismo año, como demostración del entendimiento que debe regir las relaciones entre el Gobierno de España -el Gobierno de todos los españoles- y las
comunidades autónomas, que es el modelo descentralizado política y administrativamente que consagra nuestra Constitución. El concierto es una institución histórica que forma parte esencial de la propia naturaleza de la foralidad vasca. Aunque en
sus orígenes a finales del siglo XIX surgió con carácter provisional, su éxito le hizo afianzarse en las instituciones vascas, pero han sido la Constitución actualmente vigente y el Estatuto de Autonomía del País Vasco los que le han dado definitiva
carta de naturaleza. Si el concierto económico, incluyendo el instituto del cupo, es la manifestación más expresiva del régimen foral de los territorios históricos del País Vasco, es la Constitución la que en su disposición adicional primera ampara
y respeta los derechos históricos de los territorios forales y es el Estatuto de Autonomía del País Vasco el que plasma la previsión constitucional en el ámbito tributario y prevé los mecanismos para la fijación del cupo.
En lo que se refiere al contenido de este proyecto de ley, lo que se hace es concertar los tributos de titularidad estatal creados en los últimos años. La normativa en el territorio vasco será la misma que en el territorio común pudiendo
las diputaciones forales aprobar los modelos de declaración e ingreso y señalar plazos de ingreso para cada periodo de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos en la Administración General del Estado en los siguientes
impuestos: en el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito -en todo caso, precisar que estamos hablando del impuesto vigente en el ámbito estatal y no del que existe o que se propone en determinadas comunidades autónomas, lo digo
para que no entiendan que aquí se está dando un hecho diferencial-, en el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, en el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la
generación de energía nucleoeléctrica, en el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas e
impuestos sobre los gases fluorados de efecto invernadero. El impuesto sobre actividades de juego deberá regirse por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.
Las diputaciones forales podrán regular el tipo de gravamen con las mismas limitaciones que las comunidades autónomas de régimen común. Las retenciones del gravamen especial sobre premios de loterías, introducidas en la normativa estatal
por la Ley 16/2012 y reproducidas por la normativa foral vasca, se ingresarán en las haciendas forales correspondientes a la residencia del preceptor. No obstante, el tipo de retención en territorio vasco tendrá que ser el mismo que en territorio
común. Incluye modificaciones respecto a la residencia habitual y domicilio fiscal, amplía a cuatro meses el plazo para la tramitación de los procedimientos de cambio de domicilio, otorga a la Administración interesada la posibilidad de realizar
verificaciones censales del domicilio fiscal e incluye una cláusula antiabuso según la cual cuando se produzca un cambio de oficio de domicilio fiscal durante los tres años siguientes se presumirá que el domicilio se mantiene donde así se ha
determinado de común acuerdo o por la junta arbitral. Incluye una adaptación para que en los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta que deben presentarse ante ambas administraciones se incluya el total de los rendimientos y de las
retenciones en las declaraciones presentadas a cada una de ellas. Agiliza la remisión a la junta arbitral de las consultas tributarias sobre las que no se haya alcanzado acuerdo en la Comisión de coordinación y evaluación normativa haciendo
innecesario que se convoque esta para cumplir este trámite y elimina la prohibición de designar por un nuevo mandato a los miembros de la junta arbitral, y se incorpora a la ley una previsión ya contenida hasta ahora en el ámbito reglamentario para
que en caso de conflicto las competencias se sigan ejerciendo por la Administración que lo viniese haciendo hasta la resolución de la junta arbitral, sin perjuicio de rectificaciones y compensaciones posteriores.
Hay diferentes estimaciones sobre el impacto recaudatorio de estos flujos tributarios. Solo insistir en que alguno de los más significativos, como por ejemplo el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, será devuelto
por la comunidad autónoma al Estado siempre que se destine al déficit tarifario, que es el que explica la naturaleza misma de este tributo. Estamos hablando del tributo que supone mayor recaudación en relación con el total de las previsiones
presupuestarias.
Acabo, señorías, pidiéndoles su apoyo para la aprobación de este proyecto de ley que, como he insistido desde el comienzo de mi intervención, ha contado con el acuerdo, con el consenso de todas las administraciones involucradas. Un proyecto
de ley que tiene, por tanto, vocación integradora, debemos llamarlo en los momentos actuales auténtico sentido de Estado, puesto que consolida la autonomía de esta comunidad autónoma con el apoyo decidido del Gobierno de la nación. Estamos
contribuyendo haciendo política tributaria y política económica a que la recuperación económica se consolide en el País Vasco y en el conjunto de España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley no se han presentado enmiendas, por lo tanto iniciamos directamente el turno de fijación de posiciones. Señor Salvador, tiene la palabra.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, sean mis primeras palabras para recordar a quien, a decir de casi todos, ha sido una de las figuras políticas más grandes y más ejemplares que ha dado nuestra nación, Adolfo Suárez. Estos días hemos podido comprobar el cariño de
multitud de ciudadanos y también el impacto en la memoria colectiva de su legado. También hemos podido recuperar un poco, ojalá fuera más, ese espíritu de concordia con el que él y otros muchos políticos colaboraron a construir una España mejor que
la que recibieron. Suárez eligió una frase, una leyenda para su lápida, que dice: La concordia fue posible. Esa frase no solo recoge un hecho que pocos historiadores discuten, sino que, transformada en pregunta -¿la concordia es posible?-, bien
podría constituir una guía permanente de nuestra propia actividad hoy. Es verdad, señorías, que hemos superado y consolidado muchos de aquellos anhelos compartidos que facilitaron la concordia, la creación del Estado del bienestar, la democracia y
con ella el respeto de los derechos humanos, la garantía de las libertades, la igualdad de todos los españoles, la solidaridad, la paz, como también hemos vencido con éxito los desafíos de una sociedad que tenía en el pasado reciente un referente al
que nadie quería volver y el riesgo de involución, y el terrorismo salvaje, y la fuerza corrosiva de los extremismos ideológicos del siglo XX -el fascismo, el comunismo-; todo ello aparentemente lo superamos con éxito. Paradójicamente, señorías,
hoy diera la sensación de que una mezcla de cansancio
en esa victoria por tanta batalla, o de indiferencia o de desinterés por la falta de épica en los nuevos retos, o simplemente por complacencia sin más, nos impidiera ver la necesidad de más concordia. ¿Concordia, para qué? ¿Para construir
qué, señorías? (El señor presidente ocupa la Presidencia). Estas preguntas me sirven para introducir una breve intervención en este debate sobre la negociación del Concierto Económico del País Vasco, porque para alcanzar con éxito las
negociaciones que preceden a este debate, para poder llegar a firmar la renovación del concierto o para tramitar esta norma hace falta, como mínimo, concordia y desde luego también lealtad institucional; la lealtad es la clave de bóveda de un
sistema como el del concierto, que hunde sus raíces en lo más profundo y original de nuestra historia común, como lo es también para un óptimo desarrollo de todas las instituciones que la Constitución diseñó, y la verdad algo que nos ha faltado
durante años. La falta de lealtad jamás puede generar concordia, de la misma forma que es imposible concordar nada sin lealtad.
Ya anuncio, señorías, que, como en ocasiones anteriores, el voto de mi partido a este proyecto de ley será respetuoso con los acuerdos alcanzados entre las partes y que desembocan en esta norma. Hoy, señorías, que se buscan culpables de la
crisis y se buscan también excusas para explicar algunos excesos, surgen voces que cuestionan, critican, denostan, incluso abominan de la singularidad de los regímenes forales. Por eso y frente a ello quisiera una vez más reivindicar su virtualidad
y, aunque no tenga tiempo para hacerlo con amplitud, sí que reiteraré algunos principios y pronunciamientos que caracterizan la personalidad política de mi partido, Unión del Pueblo Navarro. Primero, la plena constitucionalidad de los regímenes
forales, porque la Constitución hay que leerla y asumirla entera. Segundo, la profunda españolidad del régimen de concierto, un sistema que regula las relaciones jurídico-económicas entre administraciones de España. La vigencia de la foralidad en
el siglo XXI y, por tanto, la normalidad de que se actualice, se desarrolle y se pacte, y en este sentido su modernidad: el fuero, la foralidad se adapta para poder realizar con eficacia su misma función tradicional y para seguir estando en la
vanguardia de las soluciones político-legales que permiten vincular, conectar, administraciones múltiples, Estados complejos. Reivindicamos también hoy la diversidad como algo que enriquece, la diversidad como factor de integración normalizado y
también reivindicamos una ley paccionada como marco de referencia, pero con unos principios claros y definidos de obligado cumplimiento, entre otros y desde luego la igualdad y la solidaridad. Reivindicamos el respeto a la foralidad y esta como un
medio, no como un fin; el fin sería, por qué no, la unidad, no la separación.
Señorías, aprovechando esta tramitación cabría abrir un debate sobre la utilidad, la posibilidad, la oportunidad política de encontrar una fórmula de corresponsabilidad institucional y económica, sin eliminar la que los regímenes forales
contemplan, como marco de referencia que integrara las aspiraciones que hoy plantea alguna comunidad de régimen común. Podría ser, aunque es verdad que todo ello tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ojalá, señorías, encontremos de verdad una
fórmula que haga compatible la diversidad y la unidad.
Termino. En todo caso, estamos tramitando este proyecto de ley que, como decía, nosotros, mi partido -Unión del Pueblo Navarro-, valoramos muy positivamente y que ojalá sirva para reivindicar y renovar un espíritu de lealtad institucional
que en demasiadas ocasiones algunos hemos echado mucho en falta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, en nombre de Amaiur subo a esta tribuna para fijar la posición de nuestro grupo sobre la ley que se nos trae a votación en esta Cámara, la ley de actualización del Concierto Económico. Nuestro voto va a ser
positivo por un elemento que consideramos fundamental y que es una reflexión que quiero hacerles llegar a todos ustedes. Estamos ante una ley que concierta tributos de titularidad estatal creados en los últimos años y que incorpora mejoras técnicas
y sistemáticas, pero, por encima de la concreción de esos aspectos, creo que lo más importante es ir a la raíz de lo que estamos hablando, a la raíz del Concierto Económico, que no deja de ser ese reconocimiento del derecho a decidir de la
ciudadanía vasca. El señor ministro decía, y con razón, que no es un privilegio, sino un hecho diferencial. Yo diría algo más: es un derecho, un derecho originario que está reconocido en su disposición adicional por la propia Constitución; es un
derecho que, como usted también decía, es fruto del consenso, y, efectivamente, es fruto de un consenso democrático que está basado precisamente en ese respeto al derecho a decidir de la sociedad vasca. De hecho, el propio procedimiento que
seguimos para aprobar
esta ley en este Parlamento es muy significativo: se debate por lectura única y es una ley que solo tendrá vigencia si es aprobada por los dos Parlamentos de referencia. Es una ley que se aprueba como se aprueban en esta Cámara los
tratados internacionales. Es una reflexión que creo importante subrayar por lo que supone de positivo en cuanto a ese respeto al derecho a decidir de la sociedad vasca, que es lo que permite y facilita ese consenso democrático que debe ser la base
de cualquier sociedad y Estado democrático.
Precisamente ese reconocimiento -que también ha sido explicitado por la propia Unión Europea, que ha dicho con total claridad que en el Estado español hay cinco sistemas tributarios propios, el sistema tributario estatal y los
correspondientes a los cinco territorios forales- de esta estructura de Estado es un elemento positivo y de reflexión porque no estamos hablando, como decía usted y digo yo en mi intervención, de un privilegio, sino que estamos hablando de un
derecho; no estamos hablando de pájaros y flores, sino que estamos hablando de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía vasca. Usted decía que este concierto va a permitir salir de la crisis al País Vasco. Efectivamente, pero si además
hacemos un repaso de la historia, vemos que detrás del concierto hay una mejor gestión de los problemas. Y si vamos a la raíz y al porqué nosotros reivindicamos y apoyamos este instrumento, vemos que es porque permite, por ejemplo, realizar y
llevar adelante una fiscalidad más justa. Desde mi partido, desde mi coalición, Amaiur y Euskal Herria Bildu, estamos aplicando en la gestión de la diputación de Guipuzcoa un modelo tributario diferente al del Estado, e incluso diferente en algunos
aspectos al de otros territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, más justo y más progresivo. Estamos demostrando también una mayor eficacia en la lucha contra el fraude fiscal; de hecho, los incrementos
de recaudación han sido significativos y diferenciados también con respecto a otros territorios. Estamos demostrando con hechos que se puede atajar uno de los problemas fundamentales que ahora mismo aqueja a las economías occidentales y
especialmente a la economía del Estado español que, como usted sabe -y seguramente estará un poco harto de oírme repetir-, es esa persistencia del fraude fiscal con una potencia tremenda que imposibilita a las administraciones tener los fondos
necesarios para dar respuesta a la crisis y a las necesidades sociales.
En definitiva, estamos aprobando esta ley y, al mismo tiempo, nos estamos reafirmando en la necesidad de seguir avanzando en la soberanía. Para nosotros avanzar en la soberanía es dar respuesta a las necesidades de la sociedad vasca, es dar
respuesta a la demanda mayoritaria de la sociedad vasca de tener y decidir su propio futuro y estamos reivindicando también dar respuesta en temas concretos a la necesidad de una fiscalidad mucho más justa, más progresiva y más cercana a la
ciudadanía. Y esto -volviendo al principio de mi intervención- desde ese consenso democrático basado en el respeto a decidir de la sociedad vasca, porque efectivamente -y con esto acabo, señor presidente- el Concierto Económico no es un fin en sí
mismo, el fin no es el concierto, el fin es el servicio a la ciudadanía, un fin democrático de siempre de respeto a la voluntad de la ciudadanía expresada democrática y pacíficamente. A eso es a lo que aspira la sociedad vasca: a decidir pacífica
y democráticamente su propio futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, hoy es un día realmente importante para el Grupo Vasco, tanto en términos políticos como
parlamentarios. Consideramos que el acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico y ratificado en esta Cámara es positivo para consolidar las relaciones financieras y tributarias entre la Administración Central del
Estado y las instituciones competentes de Euskadi, como son el Gobierno vasco y sus diputaciones forales. Por eso queremos felicitarnos y felicitar a los que lo han hecho posible, y entre ellos especialmente a usted, señor ministro.
Quiero agradecerle sinceramente también, señor ministro, su intervención y su compromiso con el Concierto Económico. Como usted muy bien sabe, dado el carácter paccionado del concierto, tanto su aprobación como sus sucesivas reformas, tal
como se establece en la disposición adicional segunda, se realizarán a través del procedimiento de lectura única; es decir, se podrá votar a favor, tal y como lo vamos a hacer el Grupo Vasco y esperamos que también lo haga el conjunto de los grupos
de esta Cámara -ese es nuestro deseo y así se lo pedimos a sus señorías- o no hacerlo, pero en ningún caso cabe alterar los acuerdos y los contenidos del acuerdo institucional alcanzado en la Comisión Mixta del Concierto Económico, que es donde se
deben acordar estos cambios. Además, dada la naturaleza del concierto, las
partes están obligadas a pactar y a llegar a un acuerdo; aunque, como usted bien sabe, señor ministro, los acuerdos en materia tributaria -y seguramente en otras materias tampoco- no suelen ser fáciles, en este caso estamos obligados a
pactar. Por eso el acuerdo tiene todo el valor político, cosa que quisiera, en nombre del Grupo Vasco, destacar. Desde la aprobación del Concierto Económico en el año 2002, de carácter indefinido -como le gusta señalar a usted, señor ministro, y
con razón-, esta es la segunda vez que se reforma; la anterior lo fue en el año 2007 y, al igual que ahora, se pretendía adecuarlo a las reformas y cambios tributarios que se habían producido a lo largo del quinquenio 2002-2007. En aquella ocasión
quiero recordar que se acordó también la Ley Quinquenal del Cupo para el periodo 2007-2011. Hoy los cambios se circunscriben básicamente a la adaptación al sistema del concierto de las reformas tributarias habidas en los últimos años y que estaban
pendientes de concertación. Esperamos, por lo tanto, que la nueva ley quinquenal de cupo, aún pendiente de acuerdo y aprobación en la Comisión mixta del concierto, vea la luz lo antes posible para clarificar las relaciones financieras
interinstitucionales.
A través de este proyecto de ley se conciertan varios impuestos aprobados por el Estado cuya exacción, gestión y recaudación pasa a partir de ahora a manos de las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Entre ellos se encuentran,
como bien ha señalado el señor ministro, el gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Se conciertan en este sentido las retenciones sobre los premios, cuya exacción corresponderá a la institución competente por razón
de la residencia habitual del perceptor del premio. También, el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, cuya exacción corresponderá a la Administración competente por razón del territorio y que grava las bases según donde se
mantengan los fondos de los impositores. Asimismo, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, cuya exacción corresponde al territorio en el que se encuentren las instalaciones de producción de energía. En esta materia,
como usted muy bien ha indicado, señor ministro, cabe señalar que en el acuerdo se establece que habrá una compensación financiera en favor del Estado mientras los rendimientos del tributo se destinen a la financiación de los costes del sistema
eléctrico. También se ha concertado el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y los residuos resultantes, así como el impacto sobre el almacenamiento de combustible nuclear y los residuos radiactivos en instalaciones
centralizadas. Hoy en día, como bien sabemos, estos impuestos no se devengan en Euskadi porque no existen instalaciones nucleares, pero en el futuro podrían cambiar las circunstancias. Se han concertado también el impuesto de hidrocarburos, el de
gases fluorados de efecto invernadero y el impuesto sobre actividades de juego. Por otro lado, en esta nueva ley se incorporan también otras modificaciones tributarias en la renta de no residentes, en sociedades, sucesiones e impuestos especiales,
así como otros cambios no tributarios relativos a la Comisión de coordinación y evaluación normativa, a la junta arbitral, etcétera.
Al margen de estos cambios legales introducidos, el Grupo Vasco quiere poner en valor otros elementos importantes pactados en la Comisión Mixta del Concierto Económico y que son relevantes para el buen funcionamiento del sistema y de las
relaciones institucionales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la renovación de los cargos de la junta arbitral o a la ratificación de los acuerdos en materia de estabilidad presupuestaria. Todos estos elementos constituyen el resultado final,
como decía, de una obligada negociación y ponen de manifiesto la capacidad de adaptación de una institución moderna y flexible como es el actual Concierto Económico. Una vez más, mostramos nuestra enorme satisfacción al apoyar una ley que
contribuirá sin duda alguna a la estabilidad y normalidad política e institucional, amén de a la económica y financiera, entre la Administración del Estado y las instituciones de Euskadi. Por ello, reiteramos a todos los grupos de esta Cámara la
petición de apoyo a la iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de UPyD tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, me temo que le voy a estropear el consenso, como sin duda usted no ignora. Contra lo que aquí se dice con una constancia digna de admiración, no es verdad en absoluto que todos los grupos parlamentarios estemos de acuerdo
con el sistema de concierto ni aquí ni en el Parlamento vasco, ni es cierto que todos los ciudadanos españoles estén encantados y entusiasmados con las virtudes de un sistema fiscal cuya mayor ventaja, según usted mismo repite cada vez que tiene que
hablar de la cuestión -si me escuchara, entendería lo que le voy a decir-, es su antigüedad. La antigüedad de las cosas, y más en materia fiscal, no me parece que sea una ventaja per se; al revés, sabemos por la propia
historia de la democracia que una de las cuestiones que más ha costado conseguir que progresen es la igualdad fiscal, la equidad y la progresividad fiscal. Lo que ustedes defienden como una construcción verdaderamente admirable y que tiene
que ser objeto de apoyo por todo el mundo -aunque nunca dan las razones para que esto sea así, salvo que es antigua y ya está; es una institución que existe, entonces por qué la vamos a cambiar-, como digo, la única razón es que sencillamente es
antigua, según ustedes. Bueno, antigua es hasta cierto punto, ya lo he expuesto varias veces cuando he intervenido aquí. Data de 1878 -tampoco es que sea el no va más de la antigüedad-, pero lo que realmente importa es entender su carácter. El
Concierto Económico apareció como consecuencia de un arreglo entre las elites políticas y financieras vascas y el Estado para compensarles por las desventajas que podía traer la derogación foral, que se hizo en 1876. Lo cual, por cierto, también
llama la atención sobre algo que se repite constantemente y es falso. No es verdad que el Concierto Económico fuera el régimen ligado a la foralidad anterior a la Constitución. Es una institución que se creó precisamente para solucionar un
problema político de aquella época y además un sistema que no tiene nada que ver con los valores democráticos, lo cual queda demostrado por el simple hecho de que no solamente fue producto de la Restauración dirigida por Cánovas, sino que se mantuvo
durante la dictadura de Primo de Rivera, se mantuvo durante la dictadura franquista y después se heredó por la democracia. ¿Qué es lo que heredó la democracia? Heredó un resto del naufragio del Antiguo Régimen. Ustedes están muy orgullosos de
eso, pero a nosotros nos preocupa. Es una ley completamente anómala. Para empezar, sus propias características del debate parlamentario lo ponen de relieve. Se negocia en una comisión bilateral entre unas administraciones locales, que son las
haciendas forales y ni siquiera las instituciones autonómicas vascas, y como consecuencia de esto no solamente se lee aquí siempre con trámite de urgencia y en lectura única y sin poder presentar más enmiendas que las de devolución, sino que además
el Parlamento vasco tampoco tiene papel alguno en su debate. El Parlamento vasco tiene, como consecuencia de esta anomalía heredada de Cánovas, la anomalía añadida -muy curioso que no importe nada a los que tanto defienden el autogobierno- de no
tener competencias fiscales. Y las normas fiscales, que son en realidad normas de administraciones locales, fueron blindadas en su momento para que tuvieran peso de ley sin serlo.
Y sobre este conjunto de anomalías debería llamar la atención el carácter auténtico político del concierto vasco. El señor Montoro ha dicho antes, como dice cada vez que sale aquí a hablar de este asunto, que no es un privilegio, pero es
evidente que lo es. Lo es porque si no fuera así, si fuera un sistema fiscal tan ventajoso, tan bueno, tan lleno de virtudes, de transparencia, de eficacia recaudatoria, de equidad y de progresividad sería el sistema que se hubiera aplicado a todas
las comunidades autónomas. ¿Por qué no se hace así? Porque la suma da más de lo que el Estado recauda y eso llevaría a la quiebra al Estado.
No deja de ser curioso que el señor Montoro, que hace poco encargó a Ángel de la Fuente, uno de los expertos más reputados en esta cuestión, la elaboración de un nuevo sistema de cálculo de las llamadas balanzas fiscales precisamente para
acabar con los sesgos ideológicos que se introducen en esos cálculos, ignore las aportaciones que Ángel de la Fuente y muchos otros expertos fiscalistas españoles, y vascos y catalanes, etcétera, han hecho sobre esta cuestión. Voy a volver a leer
una cita de Ángel de la Fuente del año 2009 -no tan antigua como el concierto y, por tanto, bastante interesante para hablar de esta ley en concreto- sobre qué es lo que dijo al respecto. La cita dice: La contribución del País Vasco a la Hacienda
estatal es muy inferior a lo que debería ser el acuerdo con la legislación básica actualmente en vigor. El origen del desajuste está en las leyes quinquenales del cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la Ley del
Concierto se completan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las cargas estatales no asumidas por el País Vasco que se recogen en los anexos de las leyes quinquenales está
fuertemente sesgada a la baja y, segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha
sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones de euros en 2007. Como el desajuste va aumentando con el tiempo, me imagino que cuando nos traiga la nueva ley del cupo del
año 2014, veremos que ha vuelto a aumentar.
No deja de ser curioso también que se presente una ley que habla de concertar determinados nuevos tributos con las administraciones forales vascas y sin embargo no haya ninguna previsión sobre cómo repercutirá este concierto en el cálculo
del cupo. Ustedes ya rechazaron hace tiempo por unanimidad una
proposición nuestra para que hubiera transparencia -transparencia y no opacidad- en el cálculo del cupo y eso hace que este Parlamento esté indefenso a la hora de valorar si esa ley, cuando venga, en su momento, está calculada sobre
principios de equidad, de transparencia y con cálculos basados en números que podamos contrastar con las cifras reales de la economía. A eso le llaman ustedes un sistema fiscal ejemplar. Es tan ejemplar como los títulos nobiliarios, con la
diferencia básica de que los títulos nobiliarios, a día de hoy, debido a las obligaciones de la democracia, no conllevan privilegios fiscales y este sistema sí. Antes se ha hablado de que la foralidad está por delante de la democracia. No podemos
aceptar ese tipo de cosas. No es así. Todo lo que entre dentro de la democracia se puede defender, proponer y aprobar legalmente, aunque sea discutible. Pero lo que no es discutible y está fuera de discusión es que haya sistemas que solo porque
se dice que son forales -signifique eso lo que signifique, porque no significa nada- estén por encima y sean previos a la democracia.
Nosotros proponemos -lo propone cualquier demócrata- algo tan simple como que también en materia de fiscalidad territorial tienen que regir los principios de transparencia, de igualdad y de progresividad fiscal. El sistema del concierto
está en contra de todo eso. Gracias al sistema de concierto las comunidades autónomas con menor nivel de desarrollo contribuyen a la sobrefinanciación de la economía de las haciendas forales vascas. Concretamente las tres comunidades más
perjudicadas -está demostrado con números- son las de Madrid, Cataluña y Baleares, por tanto, la solución no está en que Cataluña -por poner un ejemplo del que se ha hablado muchas veces- goce de un sistema de concierto económico como el vasco, sino
que el Concierto Económico vasco, y en su momento también el Concierto navarro, estén regidos por las mismas reglas que rijan la financiación de todas las comunidades autónomas. Lo proponemos como un paso previo a que haya un sistema fiscal
verdaderamente federal que además sea coherente con un objetivo político que todos los grupos parlamentarios dicen defender, pero que contradicen al defender las excepciones como el sistema de concierto. Me refiero a la unión fiscal europea. No
entiendo -nadie lo dice y todos ustedes lo escamotean porque no se puede defender- de qué modo se puede mantener un sistema fiscal puramente territorial, heredado del Antiguo Régimen, cuando se está defendiendo a la vez la integración fiscal europea
no solo en materia tributaria, sino en el sentido de que exista un presupuesto europeo y que las instituciones europeas tengan en su momento la capacidad de elaborarlo a partir de una recaudación propia.
Así no se puede hacer una Unión Europea ni se puede mantener un sistema democrático en España que satisfaga las aspiraciones de igualdad y equidad de todos los ciudadanos. Así se alimenta el agravio territorial, que es una de las cosas que
están detrás del ascenso del sentimiento secesionista no solo en Cataluña, sino en otras comunidades autónomas. Es por esto, por lo que se sigue sin querer hacer algo tan sencillo como que si el sistema del concierto y cupo fuera tan transparente
como se dice, no habría ningún problema en que todos conociéramos cómo se calcula. Si fuera tan equitativo como se dice, los expertos no podrían haber puesto sobre la mesa cifras que nadie ha refutado y que hablan de sobrefinanciación y de
transferencias fiscales a través de este sistema legislativo que son injustas. Esta es la cuestión. No se trata de hablar de antiguallas y de cosas venerables. Si vamos a hablar de la venerabilidad de ciertas prácticas fiscales, demos ya de una
santa vez carácter de legalidad al fraude fiscal o a la falsificación de moneda, que son tan antiguos como la moneda misma. Ya en la República romana se lo pasaban muy bien en el Senado discutiendo sobre el fraude fiscal, por ejemplo, Catilina y
Cicerón. Eso es bastante más antiguo que el sistema de concierto económico o que los sistemas medievales en que aparentemente se inspira, aunque no sea así. ¿Por eso le vamos a dar carta de naturaleza? Bueno, en parte sí. El señor Montoro, al
que estas cosas le entusiasman, nos hizo aprobar -gracias a su grupo y al rodillo- una amnistía fiscal que está inspirada en este tipo de valores: lo que es tradicional y lo que se ha hecho siempre debe ser bueno porque si no, no se habría hecho.
Aquí tenemos en el fondo el mismo tipo de mentalidad ultraconservadora.
Acabo. Vamos a votar que no a esta ley no porque nos parezca que la ley que se ha traído tenga defectos técnicos o cuestiones ajenas al propio pacto en sí o a la propia Ley del Concierto Económico Vasco, sino porque estamos en contra del
sistema. Es la manera de expresar algo que piensan en España muchísimos ciudadanos, incluyendo muchos ciudadanos vascos y navarros. Este sistema es injusto, no es progresivo y una de las consecuencias que ha tenido, de la que no se habla nunca, es
que en las tres haciendas forales vascas -esto es muy llamativo- ha habido escándalos de corrupción ligados precisamente al sistema recaudatorio opaco que rige en aquellas provincias forales. Esta es la cuestión que queremos cambiar y es la
cuestión que interesa a todos los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Desde mi grupo parlamentario, correspondiendo con el espíritu de pacto y acuerdo que ha guiado el proyecto de ley que se nos presenta a la Cámara, vamos a votar favorablemente al mismo. La cultura del pacto y del acuerdo es una cultura
políticamente positiva y que se debería extender no solamente a la cuestión que hoy nos ocupa, sino a otras muchas cuestiones que preocupan a la sociedad española y no de manera escasa.
El señor ministro ha hecho un canto al consenso ligado a las fechas que estamos viviendo y a los luctuosos acontecimientos que acabamos de conocer. En mi grupo parlamentario lamentamos que ese canto al consenso que ha lanzado el señor
Montoro solo se atenga a este tema que hoy ocupa a la Cámara y no a muchas otras cuestiones, puesto que su grupo parlamentario, con esa mayoría que respaldó solamente el 44 % de los electores -dudo mucho que una consulta electoral celebrada ahora
mismo en España obtuviese ese respaldo-, sigue imponiendo su mayoría de una forma arrolladora y sigue haciendo del consenso una bandera tumbada y no una bandera levantada, por mucho que se hayan hecho discursos en este sentido actualmente. En mi
grupo parlamentario no compartimos ese canto a que este es el mejor de los sistemas o de los conciertos posibles, pues probablemente haya conciertos o sistemas de regulación de las relaciones entre la Hacienda española y las haciendas forales vascas
mejores. Probablemente se puedan hacer mejores acuerdos y probablemente se hagan en el futuro; así lo deseamos. ¿Pero cuáles han de ser los criterios que guíen esos acuerdos? Para mi grupo parlamentario hay un criterio fundamental y es el
criterio de la solidaridad, que tiene que guiar al final cualquier acuerdo fiscal y cualquier sistema fiscal, junto con la progresividad que consagra la Constitución, progresividad que el ministro de Hacienda pone en peligro después del informe que
le han emitido los técnicos. Veremos después de esa reforma fiscal que nos avanza para después de las elecciones europeas, veremos en qué sentido y calado queda la cuestión de la progresividad de nuestro sistema fiscal. Para nosotros la
solidaridad es clave. Hay territorios más ricos y territorios menos ricos en el conjunto del Estado, y para mi grupo parlamentario la cuestión de un acuerdo solidario y un reparto que tenga en cuenta esa necesidad diferenciada y esa riqueza
diferenciada entre unos territorios y otros, es algo básico a la hora de configurar el sistema para el conjunto del Estado.
Mi grupo parlamentario defiende una reforma federal para España. En esa reforma federal aproximar la gestión de la recaudación de los impuestos, del fraude fiscal, aproximar eso a las administraciones autonómicas, que son las que tienen que
gestionar y gastar, realizar una parte importante del gasto, es positivo, es bueno. Fragmentar y dividir no es positivo y no es bueno, y mi grupo parlamentario no va a compartir una ruptura de la caja común de la Seguridad Social o una ruptura del
conjunto de la Hacienda que no contemple en todo caso -vuelvo a decirlo- un criterio básico de solidaridad. En esa reforma federal que deseamos para el Estado español entendemos que, en última instancia -por eso vamos a votar favorablemente este
acuerdo, además de porque ha sido un acuerdo pactado y asumido por las partes-, la Administración de la Hacienda pública ha de aproximarse necesariamente a las administraciones públicas, las administraciones autonómicas, que son las que en el día a
día están más próximas al ciudadano.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señoras y señores diputados, en primer lugar, quisiera que mis primeras palabras fueran para ensalzar la figura del presidente Adolfo Suárez, recientemente traspasado, como el político
que hizo posible la recuperación de las libertades y de la democracia en España a través de su política del diálogo y del consenso y de su política centrista; al mismo tiempo, quiero dar nuestras condolencias a sus hijos y a sus familiares.
También quiero decirles, señorías, que para mí fue un privilegio colaborar con el presidente Adolfo Suárez en Centristas de Cataluña-UCD, y en el Centro Democrático y Social CDS.
Yendo al asunto que nos ocupa, nuestra posición sobre la modificación del concierto vasco y las modificaciones que hoy se plantean en la Cámara, tal como ha explicado el ministro Montoro, la posición
de nuestro grupo político, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, va a ser votar favorablemente el concierto vasco, como hemos manifestado cada vez que se ha planteado votar su renovación o votar ciertas modificaciones, ya que existe
una cuestión básica y fundamental para nuestro voto favorable. Si lo que queremos es un sistema de financiación como es la propuesta del pacto fiscal para Catalunya, ¿cómo no vamos a votar favorablemente el concierto vasco si es un aspecto similar
al que reivindicamos desde hace bastantes años en Convergéncia i Unió y en el Gobierno de la Generalitat? Desde este punto de vista, quisiéramos hacer algunas puntualizaciones que consideramos importantes de cara a las próximas reformas que se van
a plantear en esta Cámara provenientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En la Constitución española no hay establecido ningún régimen fiscal obligatorio para el Estado o para las comunidades autónomas. Para nosotros este es
un principio fundamental y relevante. En la Constitución española, ya que los grupos mayoritarios aluden a ella tantas veces cuando quieren hablar de las modificaciones o de que siempre están en contra de los planteamientos que podemos hacer desde
Convergència i Unió, nada impide otorgar a Catalunya un convenio económico diferenciado del régimen general, como es el caso del concierto que tienen con Euskadi y con Navarra. Estos dos regímenes económicos están perfectamente regulados en la
Lofca, que los excepciona del régimen general de financiación de las comunidades autónomas. Ergo entendemos en Convergència i Unió que también es posible, señorías, una excepción a través de una disposición adicional que sería la tercera -ya que la
primera es para el País Vasco, la segunda, para Navarra-, sería para Catalunya, para que la propuesta de pacto fiscal que hacemos desde Catalunya fuera también una excepción del régimen general de financiación de las comunidades autónomas.
Este planteamiento es perfectamente posible, perfectamente plausible y, desde nuestro punto de vista, señor ministro, no existe ningún precepto legal ni constitucional que impida un planteamiento como el que hacemos desde Convergència i
Unió. ¿Cómo vamos a estar en contra de que exista una bilateralidad entre el Gobierno de España y el Gobierno de Euskadi, si justamente hemos reclamado siempre esta bilateralidad desde Catalunya, que exista una bilateralidad para hablar de
financiación entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya? Por eso votamos a favor. Otra cuestión importante: ¿Cómo vamos a estar en contra de que el Gobierno vasco o el Gobierno navarro puedan recaudar el cien por
cien de los impuestos que se recaudan o implementan en el País Vasco o en Navarra, si este es uno de los aspectos fundamentales que reivindicamos en Convergència i Unió, que la Generalitat pueda recaudar todos los impuestos que se pagan en
Catalunya? Por tanto, este es otro de los aspectos por el que vamos a votar a favor de esta modificación del Concierto Vasco. ¿Cómo vamos a estar en contra de que el País Vasco tenga una agencia tributaria propia si este es un aspecto, como sabe
perfectamente, señor Montoro, que desde el Gobierno de la Generalitat también planteamos para que Catalunya tenga una agencia tributaria propia que sea la que recaude todos los impuestos que se pagan en Catalunya?, ¿cómo vamos a estar en contra,
señor Montoro, de que la agencia tributaria vasca sea la que inspeccione y recaude todos los tributos que se pagan en el País Vasco o en Navarra? Esta es una de las reivindicaciones y de los planteamientos más relevantes que hacemos de nuestra
propuesta del pacto fiscal, para que en Catalunya también se puedan inspeccionar y recaudar todos aquellos impuestos que se pagan.
Hay otro aspecto -para que no se nos pueda tachar de insolidarios o de que los catalanes no tenemos solidaridad respecto a otras regiones o comunidades más pobres- que es que nosotros, con el planteamiento que hemos hecho del pacto fiscal en
Catalunya, también queremos seguir siendo solidarios con el resto de territorios del Estado español. En este caso, usted sabe perfectamente que siempre hemos planteado que estamos de acuerdo en favorecer esta solidaridad, que puede venir de un
exceso de riqueza que se puede generar en Catalunya para que igualmente puedan tener recursos las comunidades más pobres de España. Al mismo tiempo, para que esto sea posible, planteamos que tiene que haber un límite al déficit fiscal de las
diferentes comunidades autónomas. En el caso de Catalunya, usted sabe perfectamente que el déficit fiscal que tiene hoy la Generalitat está entre un 8 y un 10 % del PIB, y usted sabe perfectamente que este déficit fiscal que estamos padeciendo
ahoga financieramente todas las posibilidades de financiar -desde un punto de vista real y objetivo- aquellos servicios básicos tan esenciales y fundamentales como pueden ser la educación, la sanidad o los servicios sociales.
Por lo tanto, sabe perfectamente, señor ministro, cuál es la posición y cuál es el planteamiento de Convergència i Unió en todos estos aspectos que hacen referencia a la financiación y a nuestra propuesta de pacto fiscal. Como hoy estamos
hablando de una modificación del concierto vasco y del concierto navarro, desde esta perspectiva, por respeto a los diputados que están en esta línea de favorecer el concierto vasco y por el respeto y la complicidad que tenemos con el Partido
Nacionalista Vasco y otros
grupos parlamentarios, como siempre hemos hecho, señorías, vamos a votar favorablemente a este concierto vasco, a esta modificación del concierto vasco, como siempre hemos hecho, desde nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario, quiero trasladar nuestro más sentido pésame al señor Rajoy, presidente del Gobierno, por el fallecimiento de su hermano; en nombre del Grupo Socialista y del Partido Socialista.
Dicho esto, señor presidente, debatimos hoy, en procedimiento de lectura única, un proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, que aprueba el Concierto Económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El vigente
concierto, en su disposición adicional segunda y como consecuencia de su carácter indefinido, prevé su adaptación en caso de que se produzcan reformas en los ordenamientos jurídico y tributario que afecten, precisamente, a la concertación de los
propios tributos, que alteren la distribución de las competencias normativas que afectan al ámbito de la imposición indirecta o cuando se creen nuevas figuras tributarias. Esta es, señor ministro, la justificación del proyecto que hoy nos ocupa,
que viene a adaptar la Ley de Concierto a las novedades sucedidas en el ordenamiento tributario hasta su última reforma en octubre del año 2007. Lo hace, además, incorporando las modificaciones acordadas en la Comisión Mixta de Concierto Económico
de 16 enero del presente año. Estas novedades son, fundamentalmente, por un lado, la creación de tributos de titularidad estatal como el impuesto sobre actividades del juego; el impuesto sobre la producción de energía eléctrica y otros impuestos
creados en este ámbito, por ejemplo, el impuesto sobre depósitos de entidades de crédito o el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Por otro lado, se incorporan precisiones técnicas en materia de residencia habitual, en materia
de domicilio fiscal o de obligaciones de información, de adaptaciones en los puntos de conexión del impuesto sobre la renta para los no residentes, para la fijación de una regla de competencia en la gestión y la inspección de este impuesto, respecto
a las rentas obtenidas a través del establecimiento permanente, y la inclusión de un punto de conexión en el impuesto sobre sucesiones y donaciones para las donaciones de derechos sobre inmuebles. Finalmente, también se aprueban otras
modificaciones de aspectos institucionales del concierto que son relativas a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa y a la Junta Arbitral. Por tanto, el proyecto de ley de ley viene exclusivamente, como hemos dicho, a incorporar al
concierto un acuerdo previo de la comisión mixta que lleva todos estos tributos. Por eso, por ese acuerdo previo de la comisión mixta, mi grupo parlamentario va a votar a favor.
Sin embargo, no queremos dejar pasar este trámite del debate, señor ministro, para reclamar que a partir de esta aprobación se llegue también a un acuerdo para resolver las diferencias entre las distintas administraciones, por ejemplo, sobre
la liquidación de los cupos pendientes y para desbloquear asimismo la renovación de la Ley del Cupo, cuya última aprobación viene referida al quinquenio 2007-2011. Como usted sabe perfectamente son diferencias que crecen año tras año, que son
urgentes en su reforma y en su renovación porque, entre otras cosas, pueden llegar a poner en riesgo la estabilidad financiera de las instituciones vascas. Pero no es solo lo ya dicho en la gran mayoría de las distintas intervenciones, la
legitimación democrática o constitucional que el régimen del concierto tiene, sino la característica propia que lleva paccionada, su naturaleza de pacto, porque esta es una ley que no lo olvidemos consta de un solo artículo, es una fórmula
aprobatoria de su verdadero contenido normativo que no es otro que el acordado y pactado entre las distintas administraciones implicadas: Estado, comunidad autónoma y las diputaciones forales. Por cierto, enhorabuena por el acuerdo porque es
verdad que gobierna el Partido Nacionalista Vasco, y el PP y Bildu. Ese pacto del cual nosotros no formamos parte por no estar gobernando ni en las diputaciones ni en el Gobierno vasco ni en el Gobierno central en la actualidad, aunque no formamos
parte del mismo lo celebramos porque es positivo tanto para los tres territorios históricos, la comunidad autónoma y el modelo de funcionamiento del propio sistema. Así que en ese acuerdo al que se llega en este órgano de cooperación, la comisión
mixta, se llega además por unanimidad. Todo el procedimiento en ese sentido, desde nuestro punto de vista, es celebrable y saludable.
Por todos esos argumentos, señor ministro, señoras y señores diputados, señor presidente, mi grupo votará a favor insistiendo una vez más en la necesidad de que estos acuerdos se extiendan a la resolución de los conflictos pendientes.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Madina.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar mi intervención agradeciendo al señor Madina la expresión de su condolencia al señor presidente del Gobierno y lógicamente expresar ese sentimiento, en nombre de mi grupo, que compartimos todos los miembros del
Grupo Popular en la Cámara.
En relación con el concierto económico, me es muy grato anunciar, en nombre del Grupo Popular, que apoyaremos hoy esta segunda actualización del Concierto Económico de 2012. Actualización que debatimos conforme a las previsiones y en las
circunstancias que también el concierto preveía, el noveno de nuestra historia y el primero de vigencia indefinida. Así lo dejó claro en aquel debate el señor Montoro, titular entonces -como ahora ya se ha recordado- del Ministerio de Hacienda,
anunciando en aquella fecha la realización, siempre que se entendiera oportuno, de las actualizaciones pertinentes. A este respecto la Ley 12/2002, de 23 de mayo, que aprobó el concierto es taxativa tanto en sus previsiones materiales como en las
procesales. Según su disposición adicional segunda será procedente la actualización en tres casos: cuando se creen nuevas figuras tributarias, cuando se modifiquen los tributos ya concertados o cuando se altere la distribución de competencias en
la tributación indirecta. Y para la actualización se seguirá el mismo procedimiento que para la aprobación del concierto, es decir, acuerdo en la Comisión Mixta del Concierto Económico, aprobado por ley tramitada de forma directa y en lectura única
por las Cortes.
Reitero, pues, el voto favorable del Grupo Popular a este proyecto de ley, proyecto que actualiza ese concierto que constituye la manifestación más expresiva del Régimen Foral de los territorios históricos del País Vasco, un concierto que es
una institución de autogobierno plenamente solidaria con el conjunto de España y que encuentra su fundamento en la disposición adicional primera de la Constitución, plasmada a su vez en cuanto a sus previsiones tributarias en el artículo 41 del
Estatuto de Gernika. Reitero su fundamento en la Constitución, señor Sánchez i Llibre, no en la Lofca. Seamos claros para evitar argumentar sobre otros temas ajenos a este debate. La aprobación, por tanto, en el día de hoy responde al normal
funcionamiento de la legalidad constitucional, la legalidad de la Constitución de 1978 -no de la Restauración, como aquí se ha querido insinuar, sino de la Constitución de 1978-; responde a la activación de los mecanismos que el concierto prevé
para mantener al día el elemento clave de las relaciones económico-financieras entre las instituciones vascas y el Gobierno de la nación. Normalidad democrática, normalidad constitucional, consenso, concordia, término que en estos días se ha
recuperado felizmente en la despedida a Adolfo Suárez.
Nuestro voto responde -claro está- a la convicción y también al permanente compromiso del Partido Popular en la defensa de la leal gestión de una institución como el Concierto Económico, institución que debe estar por encima de demagogias y
de oportunismos, así como de instrumentalizaciones o manipulaciones partidistas. Así lo hemos predicado y practicado desde el Gobierno o desde la oposición; desde esta Cámara o desde las instituciones forales; tirando del carro de la gestión
responsable, por ejemplo, al frente de la Diputación Foral de Álava, o llevando el concierto a su plenitud en 2002 desde la responsabilidad del Gobierno de España, consagrándolo como una institución permanente, de vigencia indefinida, y por cierto
con el respaldo unánime en aquella fecha de esta Cámara.
Desde esa misma convicción y ese mismo compromiso abordamos hoy este debate, esta segunda actualización del Concierto Económico de 2002. Nos preocupa siempre reducir cargas materiales a personas físicas o empresas en relaciones con las
administraciones tributarias; nos preocupa, o más bien nos ocupa, potenciar mecanismos de colaboración, aclarar normas de modo que se eviten conflictos entre administraciones, y hoy avanzamos en estos terrenos. La ley que debatimos aporta
seguridad a las relaciones entre las administraciones en materia económico-financiera y aporta también, como todos sabemos, a falta de resolver otras cuestiones que afectan al cupo, mayor estabilidad jurídico-institucional en Euskadi, porque todas
las instituciones vascas están implicadas en el acuerdo del que deriva el presente proyecto de ley. Asimismo, es posible ver en este proyecto de ley la expresión de la voluntad de diálogo y acuerdo del Gobierno y del Partido Popular, en relación
con las grandes reformas que debemos
abordar en los próximos meses. La reforma de la financiación autonómica o la reforma de la financiación local encuentran en la actualización del concierto un primer jalón que, con independencia de su singularidad, acredita voluntad de
entendimiento y el valor que damos a la amplitud de los consensos para garantizar su estabilidad en el tiempo. Lejos, por tanto, de las lecturas del señor Larreina sobre supuestos derechos originarios y de otras lindezas al margen de nuestra
realidad institucional y constitucional, y lejos de las diatribas gratuitas del señor Martínez Gorriarán, empeñado en traer a colación opiniones de expertos explicadas a conveniencia, temas a los que me referiré algo más tarde.
Por lo que se refiere a la génesis del proyecto de ley, estamos ante una actualización que mantiene, por tanto, la componente bilateral clásica que caracterizó en su origen el Concierto Económico, pero que se somete plenamente al principio
de legalidad. Por ley de las Cortes se aprobó el concierto, por ley las sucesivas leyes quinquenales del cupo y por ley también la presente actualización. Como ya se ha recordado, son las novedades producidas en nuestro ordenamiento tributario en
los últimos años las que han hecho precisa esta actualización. El acuerdo entre las diferentes administraciones implicadas se alcanzó en la primera sesión de la Comisión Mixta del Concierto Económico del presente año, es decir, el pasado 16 de
enero, y quiero destacar que aparte de los nuevos impuestos concertados, a los que me referiré más tarde, el proyecto de ley introduce mejoras técnicas en la regulación y concertación de determinados tributos, mejoras que afectan a puntos de
conexión, por ejemplo, en las donaciones de inmuebles o en el impuesto sobre la renta de los no residentes, y también tiene especial relevancia, por lo que suponen de mejora técnica y de capacidad para combatir a quienes pretendan eludir sus
obligaciones fiscales, las adaptaciones en cuanto a declaraciones informativas y en el procedimiento de cambio de domicilio fiscal.
En cuanto a los elementos sustantivos -ya han sido mencionados por otros intervinientes-, son los nuevos tributos concertados que en efecto derivan de los diferentes tributos de titularidad estatal creados en los últimos años: el impuesto
sobre los depósitos en las entidades de crédito, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, los impuestos sobre el almacenamiento y la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos, y el impuesto sobre los
gases fluorados de efecto invernadero. En todos ellos -lo digo para la habitual demagogia de algunos- la normativa en territorio vasco será la misma -recalco, la misma- que en territorio común. Otro tanto sucede con el impuesto sobre actividades
de juego, que deberá regirse en todo momento por las mismas normas -recalco, las mismas normas-, tanto sustantivas como formales, que estén vigentes para el conjunto de España. En el caso del gravamen especial sobre premios de loterías creado por
la Ley 16/2012 y reproducido por las normativas forales, las retenciones se ingresarán en la Hacienda foral del domicilio del agraciado con el premio. El tipo de retención en las tres haciendas forales será el mismo -recalco de nuevo, el mismo- que
en territorio común.
Hemos asistido, pese a todo, en este debate a la desafortunada expresión de la oposición de UPyD, por boca del señor Martínez Gorriarán, a este proyecto de ley. Y digo desafortunada expresión porque se fundamenta en una radical
incomprensión del hecho foral y de su arraigo constitucional, o lo que es lo mismo, en su intervención lo que late es una radical incomprensión de la Constitución misma. Demasiados lugares comunes y frases para la galería; ninguna argumentación de
fondo tras tanto fuego de artificio verbal. No diré que confunde usted el adviento con las témporas o el tocino con la velocidad -no lo diré, aunque pudiera parecerlo a algunos- cuando mezcla en este debate consideraciones en cuanto al cupo y las
liquidaciones pendientes, por ejemplo, que nada tienen que ver con la actualización del concierto que hoy debatimos y cuya aprobación garantiza, en efecto, el Grupo Popular. No diré estas cosas pero sí diré que hay confusión en su intervención;
confunde usted lo antiguo con lo caduco y por tanto confunde lo vasco con lo nacionalista, y acaba fundamentando la igualdad en pura y simple homogeneidad, es decir, confunde lo heterogéneo con lo desigual y la diversidad con desigualdad. Son tres
errores hijos de una sola y sólida confusión, la que les lleva a ustedes tan a menudo a confundir la democracia y la legitimidad de nuestras instituciones políticas o jurídicas con su propia posición política.
Nosotros, el Grupo Popular, respaldaremos hoy este proyecto de ley porque es acorde con las previsiones legales y constitucionales, porque aporta estabilidad jurídico-institucional en el País Vasco y porque aporta seguridad a relaciones
económico-financieras entre las diferentes instituciones indicadas. Y lo haremos con satisfacción, desde la coherencia en defensa de la foralidad, desde la solidaridad entre todos los españoles y desde el compromiso con la permanente actualización
de nuestras instituciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barreda.
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número
de expediente 250/000005).
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2011, así como la resolución adoptada por dicha Comisión. En
primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
El fin último de este debate es que los grupos expresemos nuestra opinión sobre si la cuenta general del Estado del año 2011 refleja fielmente la actividad económica y financiera del sector público estatal en ese ejercicio y me apresuro a
aclarar que mi grupo, Unión Progreso y Democracia, cree que sí, que la cuenta general del Estado refleja fielmente esa actividad económica y financiera. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Un año más queremos reconocer
el buen trabajo del personal, de los funcionarios y del resto de personal que trabaja en el Tribunal de Cuentas y su rigor técnico, reconocimiento que creemos compatible con la crítica que solemos formular sobre los procedimientos de selección de la
dirección de ese tribunal y cómo esos procedimientos condicionan su independencia, pero eso no obsta para que allí haya un personal muy cualificado que hace un trabajo técnicamente correcto.
Unión Progreso y Democracia ha presentado treinta y cinco propuestas de resolución con el ánimo constructivo de mejorar la cuenta general del Estado; de ellas, nueve, una cuarta parte aproximadamente, han sido aprobadas y el resto, las tres
cuartas partes restantes, han sido rechazadas. Respecto a las nueve propuestas aceptadas, deseo, en primer lugar, por supuesto agradecer al resto de grupos su apoyo, y muy especialmente al grupo mayoritario sin cuyo voto no habría sido posible
aprobarlas. No voy a enumerarlas todas pero querría destacar una a la que damos especial importancia. El año pasado presentamos una propuesta de resolución pidiendo que se crease un portal en Internet en el que se colgasen las cuentas de todas las
entidades públicas, porque a menudo estaban dispersas o eran de difícil acceso, y eso se acabó realizando en la disposición final decimoquinta de la Ley de Presupuestos del año 2014, modificando así el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria.
Es un avance importante en la transparencia de las cuentas públicas en una proposición del año pasado a la que damos singular importancia. Por eso este año hemos querido insistir -y se ha aprobado- en el cumplimiento de las obligaciones que tienen
las entidades públicas de colgar en tiempo y forma sus cuentas en esta web de la Intervención General de la Administración del Estado, especialmente en el caso del sector público empresarial y fundacional que por su número y dispersión tiene mayores
problemas de acceso a la información y a veces incluso de calidad en la información que presenta.
Pero el buen trabajo de los funcionarios del tribunal o que se vaya mejorando progresivamente la cuenta general del Estado no quiere decir en absoluto que sea perfecta y que no haya margen de mejora, y eso era lo que buscaban las otras
propuestas de resolución, las veintiséis que presentamos y han sido rechazadas. En algunos casos nos cuesta entender realmente el motivo del rechazo, en otros nos parece muy significativo que se hayan rechazado porque indican cosas importantes que
son necesarias y que no se está dispuesto a hacer. De nuevo, resumiré las más relevantes de las veintiséis. Una de ellas pedía algo tan de sentido común como evaluar la posibilidad -repito, evaluar la posibilidad, ni siquiera hacerlo- de reducir
los plazos de rendición de cuentas existentes en España, porque son los mismos desde el año 1977; y desde el año 1977 a hoy ha habido una evolución en las tecnologías y en los sistemas informáticos que hace razonable pensar que esos plazos pueden
acortarse. Por qué no evaluar esa posibilidad para que hoy, en vez de estar discutiendo las cuentas del año 2011, pudiésemos estar discutiendo unas cuentas más recientes. Esta propuesta se ha rechazado, no entendemos muy bien por qué. Otra
propuesta tenía que ver con modernizar la presentación de esta cuenta, que tuviese una estructura más accesible y moderna, porque es una cuenta muy completa pero muy voluminosa y con una información difícil de digerir; a veces parece que se ha
fosilizado la estructura de la cuenta y cada año se van cambiando simplemente los datos poniendo los del nuevo ejercicio, pero la estructura es muy voluminosa, poco accesible y poco moderna. Esto también se ha rechazado. Se ha rechazado una
propuesta a la que dábamos gran importancia y que creemos que tiene gran contenido político, y era la
obligación de incluir en las cuentas anuales de todos los entes públicos información individualizada sobre las retribuciones tanto del consejo de administración como de la alta dirección de estas entidades. Nos parece que va totalmente en
contra del supuesto espíritu de transparencia que el Gobierno dice defender que esto se niegue, y además esta transparencia habría evitado muchos abusos que hemos vivido en el pasado y que a menudo siguen existiendo.
Por último, quiero llamar la atención sobre otras propuestas de resolución que buscaban mejorar la información sobre el sector público empresarial y fundacional. Hay miles de entes en los diferentes niveles de las administraciones, hay
cierto consenso sobre la necesidad de reducir su número, aunque algunos grupos pensamos que habría que ser mucho más ambicioso. Por eso pedíamos que el Tribunal de Cuentas ayude a guiar esas reducciones, que realizase una evaluación desde el punto
de vista de la eficiencia de estos entes para guiar las reducciones de forma que afectasen a los menos eficientes, impulsando este proceso también en los diferentes niveles de la Administración. Esto no se ha querido hacer, como tampoco se ha
aceptado la petición que hacíamos al tribunal de que evaluase la reducción administrativa y en entes públicos que hasta ahora ha tenido lugar con las reformas del Gobierno y que nosotros consideramos insuficiente, para evaluar qué repercusión había
tenido en las cuentas públicas. Insisto, nos parece significativo que este tipo de cosas no se quieran hacer, no se quiera dar información sobre retribución individualizada o sobre cuáles son los entes públicos que puedan resultar más superfluos.
En cierta manera aquí debería acabar mi intervención porque, como dije al principio, el objeto de este trámite parlamentario es explicitar si la cuenta general del Estado refleja adecuadamente la actividad económico-financiera del sector
público estatal en 2011. Creemos que sí, pero se impone una nueva tradición parlamentaria por parte de algunos portavoces que insisten en hablar sobre las políticas económicas del año correspondiente, en este caso el año 2011, o los resultados de
esas políticas económicas, con lo que por su mayor relevancia política me veo en la necesidad de hablar yo también sobre lo que sucedió en el año 2011. El año 2011 fue el último ejercicio de Gobierno del Partido Socialista bajo la presidencia del
señor Zapatero, cuya política económica desarrollada y sus resultados no se pueden calificar con otra palabra que catastróficos. Pero esto no lo decimos hoy con la perspectiva que dan los años, sino que lo decía ya la portavoz de mi grupo, presente
en el Congreso en esa legislatura. Creemos que el tiempo en esto ha dado la razón y esto es difícil de discutir. En el año 2011 había un objetivo de déficit público del conjunto de las administraciones públicas del 6 % y el déficit final por
encima del 9 %, unos 100.000 millones de euros; es decir, una desviación enorme sobre el objetivo, de alrededor del 50 %. Se siguieron unas políticas económicas erróneas, de negación de la crisis, también de agotamiento de los márgenes de deuda
pública que había para afrontarla, y lo dijimos entonces y la cuenta lo refleja. También hay que añadir que no es menos cierto que, junto con esa responsabilidad del Partido Socialista, que gobernaba en el año 2011, mi grupo piensa que hay una
corresponsabilidad del Partido Popular, que gobernaba en importantes comunidades autónomas de nuestro país, ya que ese objetivo de déficit que se sobrepasó era del conjunto de las administraciones públicas, y en las comunidades autónomas del Partido
Popular no se hicieron menos aeropuertos innecesarios que en las demás, no se dejó de pagar menos a los proveedores, no hubo menos cajas llevadas a la quiebra, como la CAM, Bankia y Banco de Valencia, que en otras comunidades autónomas. Tampoco nos
ha quedado nunca claro por qué un déficit del 6 % se iba a rebajar en su programa electoral bajando impuestos y uno del 9 % había que reducirlo subiendo impuestos. En consecuencia, la política del año 2011 fue catastrófica, como así se refleja en
las cuentas públicas y de la que, en opinión de mi grupo, fueron corresponsables los dos pilares del bipartidismo. En nuestra opinión, la cuenta general del Estado refleja correctamente esta evolución de las variables económicas y financieras.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Como decía el señor Anchuelo, lo que hoy se debate en la Cámara es sobre si las cuentas generales presentadas al Tribunal de Cuentas reflejan la actividad económica del Estado. En ese sentido, tal y como dice el Tribunal de Cuentas, lo
reflejan, por lo que votaremos favorablemente al dictamen y a la aprobación. Pero a nuestro grupo parlamentario le parece que se queda corto el análisis si le dedicamos una gran expectación y trabajo a la elaboración de un presupuesto, después ese
presupuesto se gestiona como se gestiona por el Gobierno correspondiente y más de dos años después en la Cámara simplemente vemos si al final el dinero se ha gastado de acuerdo con lo que marca la legislación vigente, y así se ha hecho
constar. La verdad es que no son unas malas cuentas. El propio presidente del tribunal en su comparecencia repasaba que apenas ha habido doce organismos autónomos que no las han presentado, un organismo público, cinco consorcios; apenas
un 0,51 % del total del gasto público, un poco más que el año pasado, pero estamos hablando de cuestiones prácticamente anecdóticas; opiniones favorables en ochenta y siete casos, con salvedades en cincuenta y ocho, desfavorables en dos solamente,
opiniones denegadas en seis. En fin, las cuentas reflejan la actividad pero si el único análisis que hacemos es ese, la verdad es que estaremos muy lejos de las valoraciones y los análisis que se hacen en otros países de nuestro entorno y, al
final, seguiremos construyendo aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, que hay que acabar rescatando, y haciendo infraestructuras e inversiones sin ningún sentido, porque si no evaluamos en qué nos gastamos el dinero público, cómo nos lo
gastamos y si el gasto efectuado es acorde con el objetivo planteado inicialmente, haremos un flaco servicio a la gestión de los dineros que los españoles entregan a las administraciones públicas para la gestión general y el bien común.
Este presupuesto del año 2011 fue el último que gestionó el Gobierno socialista. Continuó una política que inició el presidente del Gobierno en aquel momento, el señor Rodríguez Zapatero, en mayo del año 2010. Con esa política, en este
presupuesto, queremos significar que, finalmente, tras las cuentas presentadas por el tribunal, se redujo el gasto en un 10 %; se fue a una política de contención del gasto. Pero, al mismo tiempo -fruto de una política fiscal que desde mi grupo
parlamentario llevamos mucho tiempo criticando, puesto que a pesar de aquella famosa frase de que bajar impuestos también es de izquierdas, entendemos que no es así- y tras mil reformas fiscales, seguimos teniendo un sistema con más agujeros que
beneficios. Todo esto lo digo porque, según el Tribunal de Cuentas, los ingresos se hundieron aquel año, bajaron en un 8,9 % en los impuestos directos y nada menos que en un 33 % en el capítulo 2, ingresos que tienen que ver con los impuestos
indirectos. El señor Montoro lo corrigió tiempo después con un incremento espectacular en la recaudación del IVA y en el porcentaje del IVA pero sin entrar a fondo en una de las cuestiones fundamentales que no es objeto de análisis del Tribunal de
Cuentas pero que para mi grupo parlamentario sí es una cuestión fundamental, como es la lucha contra el fraude fiscal.
En la cuenta general que nos comunicó el presidente del tribunal y también en las cuarenta y siete resoluciones que hoy se traen a votación en la Cámara hay cuestiones que son sistemáticamente repetidas un presupuesto tras otro. Hay
determinados apuntes en la Seguridad Social ligados a transferencias realizadas al País Vasco y Navarra in illo tempore, en la década de los noventa, que siguen constando y el Tribunal de Cuentas sigue diciendo, año tras año, que esos temas hay que
regularizarlos y solucionarlos: problemas relacionados con los inventarios, problemas sobre los que, sistemáticamente, esta Cámara, año tras año, en un debate como el que estamos teniendo hoy, bastante anodino y de muy poco interés, insta al
Gobierno y a las administraciones públicas a que se pongan en vías de solución y, sin embargo, también año tras año, vemos cómo esos mismos problemas siguen apareciendo a la hora de hacer la cuenta general del presupuesto. Estas cuentas, que
siguieron una política iniciada en mayo de 2010 y que fundamentalmente el Partido Popular ha continuado, recortando el gasto público y tratando de disminuir el hundimiento flagrante de la recaudación pública, no presentan graves problemas. La
fiscalía ha abierto concretamente siete diligencias respecto a algunas cuestiones de irregularidades en las justificaciones de algunas entidades: Obra Pía de los Santos Lugares, UNED, Fundación del Teatro Real, cuestiones ciertamente menores que
nos llevan a decir que efectivamente las cuentas reflejan la actividad del Estado. Lo que lamentamos desde mi grupo parlamentario es que, año tras año, tengamos que volver a presentar y a aprobar -como vamos a hacer también este año- una serie de
resoluciones que vuelven a asuntos ya debatidos y aprobados largamente por esta Cámara e instamos, de verdad, al Gobierno de España a que de una vez por todas ponga solución a estas cuestiones que se le plantean desde el Congreso de los Diputados,
desde las Cortes Generales y que le plantea también sistemáticamente el Tribunal de Cuentas.
Hago un llamamiento además a una cuestión que no figura aquí sino en otros informes del Tribunal de Cuentas, que es la cuestión de la contratación de las administraciones públicas. No ha reflejado aquí el Tribunal de Cuentas la adecuación
de la contratación y de la fiscalización de la contratación de las administraciones públicas a la legalidad vigente. Se ha visto hace poco en la Comisión y ha puesto muchos peros a cómo se está gestionando la contratación por parte de muchas
administraciones públicas y solamente se ha fiscalizado una parte mínima. Las administraciones públicas del Estado español tienen que producir una mejora sustancial en lo referente a cómo se gestionan las contrataciones de acuerdo con la
legislación vigente.
Termino diciendo que esta cuenta general avala una política que nosotros no hemos compartido, no compartimos y no vamos a compartir. Una política que a pesar de las llamadas luces al final del túnel, nuevos crecimientos, posibilidades de
salida de la crisis y demás, esos cantos de sirena que desde el Partido Popular, desde el Gobierno de España se lanzan además en esta época preelectoral, no ocultan que hoy mismo el Banco de España ha lanzado un dato aterrador para la mayoría de
esta población, y es que las perspectivas de desempleo para el año 2015 no mejoran en absoluto. Seguiremos con un 25 % de desempleo, al menos una de cada cuatro personas en edad y con voluntad de trabajar no tendrá trabajo. Y cuando el señor Rajoy
abandone la Presidencia del Gobierno -desde luego me uno en el pésame que se le ha dado desde otros grupos parlamentarios por la pérdida de un familiar-, cuando el señor Rajoy abandone el sillón de la Presidencia del Gobierno habrá más parados en
España que cuando el señor Rajoy se sentó por primera vez en ese sillón. Ese es el dato que preocupa a mi grupo parlamentario y ese es el dato que debería preocupar a esta Cámara para luchar contra esa lacra que es el desempleo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, señor Pàramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Catalán de Convergència i Unió aprobará técnicamente las cuentas pero hablaremos más del Tribunal de Cuentas que no de ellas. Hoy vemos el dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas en relación con la declaración de la
cuenta del Estado de 2011. Es meritoria la labor del tribunal con su dictamen, sabemos qué pasó, pero lo sabemos demasiado tarde. Señorías, el solo hecho de estar hoy, 2014, viendo la cuenta general de 2011 es un despropósito en sí mismo. ¿Pueden
imaginarse qué pasaría en la empresa privada si analizaran su gestión pasados tres o más años? Es lo que hay; nos movemos en este contexto. El equipo médico habitual, los facultativos del Tribunal de Cuentas actúan sobre el enfermo, sobre el
sector público y con la Administración General del Estado en cabeza no en prevención sino post mortem; en lugar de tratar al enfermo, pasamos directamente a la autopsia. En las comisiones se están pasando informes sobre ayuntamientos, comunidades
autónomas y todos los organismos imaginables del Estado que, vistos uno por uno, son un compendio escandaloso de incumplimiento y de tardanza. Como muestra, recomiendo a sus señorías ver el informe de la Comunidad Autónoma de Extremadura ejercicio
2008/2009 visto en la Comisión del pasado junio. Por favor, señorías, fíjense en las palabras del señor presidente del tribunal y presten atención al debate y a la intervención de la señora Nevado del Campo, del Grupo Popular, y vean las
impunidades manifiestas. Es sabido que el Tribunal de Cuentas es un organismo básico previsto por la Constitución. La finalidad es buena como lo es la gestión y la profesionalidad con que despachan los asuntos de su competencia, pero su función se
ve gravemente limitada por la falta de voluntad de los sucesivos Gobiernos que desatienden la obligación de hacer de esta institución un ejemplo de modernidad, ágil y eficaz como corresponde al siglo XXI; señor Sixto, estoy con usted.
Al tribunal se le deben ajustar los objetivos y se le debe dotar de los medios necesarios. No se entiende que se propugne la lucha contra la corrupción o se dé curso a la carrera en favor de la racionalización y la sostenibilidad cuando el
tribunal rinde las cuentas con tanto retraso y casi sin consecuencias. La tardanza en poner de manifiesto errores de Gobierno, negligencias y desidias demasiado tarde es causa de la situación de desgobierno percibida por la ciudadanía. Sin
capacidad para rectificar o para enmendar a tiempo, abocamos al Estado año tras año al fracaso en la gestión y -también grave, muy grave- sin actuar a tiempo contra los responsables de los numerosos y enormes desaguisados detectados.
Trasladamos aquí, al Pleno, las peticiones del presidente del tribunal sobre la necesidad de nuevos planteamientos, nuevos objetivos de modernización y renovación. Es hora de cambiar. Comisión tras Comisión los grupos parlamentarios
desgranamos una desagradable letanía de propuestas de resolución coincidentes. Ante el desastre -sus señorías saben muy bien que no exagero-, ante la denuncia del tribunal sobre el habitual retraso en la presentación de cuentas, la mala aplicación
de las partidas, el descontrol en las delegaciones y encomiendas, la transgresión de la Ley de Contratos, la no justificación del gasto de multitud de empresas, entidades, institutos, ministerios, universidades y entidades de todo el entramado del
Estado, los grupos parlamentarios nos limitamos a instar: instar a adoptar medidas para, instar a avanzar en la presentación de, instar a regular adecuadamente, instar a evaluar las posibilidades de, instar a efectuar consultas para e instar a
estudiar fórmulas. Y como un escarnio, en alguna propuesta
hemos leído: instamos a acortar plazos de presentación -ojo- de forma paulatina, no fuera que los organismos del Estado fueran a derrapar. Señorías, les pido que se sitúen en el debate. Nos estamos refiriendo a la gestión del dinero
público, del dinero aportado por nuestros conciudadanos, miles de millones de euros que conforman los Presupuestos del Estado. En lugar de tantos reproches pusilánimes, señorías, en lugar de rogar e instar a tantos organismos públicos en situación
irregular, ¿no deberíamos pasar a exigir, a demandar responsabilidades penales y políticas? Ha quedado claro que no estamos cargando contra el Tribunal de Cuentas, más víctima del sistema que otra cosa, al que volvemos a felicitar -especialmente a
su presidente- por su valentía y coraje en denunciar todas las irregularidades. Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sometemos a debate la actitud de displicencia culpable en la que las instituciones del Estado están
instaladas. Señorías, repito, el dinero público es sagrado.
Y ahora sí, concretando sobre esta rendición de cuentas de 2011, exigimos que con la misma contundencia con la que el Partido Popular impone leyes de racionalidad a las administraciones periféricas, se apliquen iguales medidas a partidos y
Administración General del Estado. Exigimos que todas y cada una de las entidades que integran la cuenta general del Estado, todo el sector público aplique ya iguales criterios contables a fin de que sus cuentas tengan la homogeneidad necesaria
para su correcta interpretación. Lamentamos un año más la disminución efectiva de las dotaciones destinadas a las políticas de investigación, desarrollo e innovación, las cuales pasaron de los 8.695 millones de euros presupuestados a 5.590 millones
reconocidos. La baja ejecución presupuestaria resulta muy negativa, especialmente negativa en relación con las políticas de mejora de la competitividad y de cambio de modelo productivo español. Denunciamos que la política de concentración de la
inversión del Fondo de reserva de la Seguridad Social -denunciamos- en deuda pública española va en contra de criterios de prudencia financiera y reclamamos por enésima vez la articulación de los procedimientos necesarios, a fin de amortizar por
parte de la Seguridad Social los once préstamos otorgados por la Administración General del Estado y cuyo importe de 17.169 millones no ha variado en los últimos ejercicios.
Como bien dice el Tribunal de Cuentas, debería recuperarse la vigencia a la disposición adicional trigésima octava de la Ley 27/2011, para facultar al Gobierno a realizar el desarrollo normativo que culmine con la entrega por la Seguridad
Social a la Administración General del Estado de los inmuebles afectos a fines de asistencia sanitaria y servicios sociales transferidos a las comunidades autónomas en pago de los préstamos que fueron concedidos por el Estado por las insuficiencias
de la financiación del extinto Insalud. Igualmente, exigimos que el Gobierno determine inmediatamente a qué entidad corresponde la financiación de las medidas excepcionales de exención o bonificación de cuotas de la Seguridad Social o de incremento
extraordinario de la acción protectora de la misma.
Para acabar, puestos en el debate de la cuenta general del Estado y teniendo en cuenta la demostrada voluntad de fiscalización y rigor expresadas por el Tribunal de Cuentas y la manifiesta voluntad de caminar todos nosotros hacia la
transparencia, ¿no debería el Congreso encargar a esa institución la supervisión de las balanzas fiscales pendientes de presentar por parte del ministerio? Sería un verdadero ejercicio de transparencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Pàramo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Císcar.
El señor CÍSCAR CASABÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señora diputadas, señores diputados, consideramos hoy el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas con relación a la cuenta general del Estado de 2011, así como las resoluciones adoptadas por la Comisión
mixta.
La declaración de la cuenta general del Estado de 2011 integra las tres cuentas: la cuenta general del sector público administrativo, la cuenta general del sector público empresarial y la cuenta general del sector público fundacional. En
el amplio informe elaborado por el Tribunal de Cuentas de fiscalización de la cuenta general de 2011 comprobamos que hay algunas novedades en esta cuenta con relación a las anteriores. La primera es que 2011 es el primer ejercicio en el que resulta
aplicable el Plan general de contabilidad pública. La segunda es que se han eliminado algunos aspectos que tienen que ver con las relaciones entre España y la Unión Europea y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, porque son
objeto de fiscalización específica. Estas son las novedades con las que se realiza el informe presente de 2011 y sin duda una importante es la aplicación del Plan general de contabilidad pública.
Se da en esta declaración una circunstancia específica en la medida en que no siempre, no en cada año, se producen estos hechos. En primer lugar, se trata de la ejecución de un presupuesto -en este caso, el de 2011- que corresponde a un
Gobierno y la rendición y la elaboración de esas cuentas corresponde a otro Gobierno de signo político distinto, que cuando presenta las cuentas dentro de plazo lleva diez meses gobernando, si bien hay que considerar en todo caso que la elaboración
de las mismas está atribuida a la Intervención General de la Administración del Estado. Tenemos, por tanto, un Gobierno que ejecuta un presupuesto a lo largo de 2011 y otro Gobierno que es el encargado y responsable de la elaboración y la
presentación de las cuentas de ese presupuesto.
Cuando analizamos la cuenta general del Estado en este y en otros momentos es siempre constatable que se señalan aspectos positivos y también algunos aspectos negativos. En este ejercicio en concreto vemos reflejados aspectos de carácter
positivo, como es que se han tenido en cuenta con carácter general las directrices marcadas por los plenos del Congreso y del Senado. Por tanto, podemos afirmar que se ha avanzado en la fiscalización aplicando directrices que han sido aprobadas por
el Congreso y por el Senado. Sobre la implantación del Plan de contabilidad pública, el propio Tribunal de Cuentas no hace ninguna alegación y cabe pensar, por tanto, que ha sido aceptado y considerado como un elemento positivo.
Las cuentas individuales del sector público administrativo que no se han podido integrar, según el propio Tribunal de Cuentas, suponen el 0,51 % del total de los créditos autorizados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por
tanto, como ahí se manifiesta, no afecta a su representatividad. Todas las cuentas individuales, según también recoge y manifiesta el informe, están acompañadas del informe de la auditoría preceptivo. Es evidente que un informe general como el que
aquí hoy se nos presenta sobre la cuenta general del Estado correspondiente al año 2011 puede tener o puede también aducir algún aspecto de carácter negativo. No cabe duda que estos deben ser subsanados y tenidos en cuenta por parte de la
Intervención General de la Administración del Estado para el perfeccionamiento y la elaboración de la cuenta general y de los informes preceptivos y previos que deben ser establecidos. Podemos afirmar que en cada ejercicio aumenta la
representatividad de la cuenta general aun cuando cabe realizar modificaciones e introducir nuevos elementos, como suponen en las propuestas de resolución, que atiendan las exigencias del momento con la mayor transparencia y la mayor inmediatez
posible.
En circunstancias difíciles, como es el caso de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011, con una situación de crisis, la acción del Gobierno intentó mantener los servicios esenciales y las prestaciones sociales para, en la medida
de lo posible, evitar sufrimientos a los ciudadanos que en peores condiciones hacían y hacen frente a la crisis. Una vez más hoy es probable que no se resista la tentación de incidir en aspectos negativos para abundar en aquello de la herencia
recibida que en algún momento finalizará, máxime tratándose de la última cuenta correspondiente a la cuenta general del anterior Gobierno, la etapa del Gobierno socialista. Cualquier cosa que hoy se diga tendrá pronto posibilidad de contraste
comparativo. En el análisis de las próximas cuentas generales correspondientes ya a la gestión del Gobierno del Partido Popular habrá que ver si hablamos de deuda, si hablamos de déficit, en qué condiciones ha evolucionado. Desde que gobierna el
Partido Popular -dos años ya cumplidos- la ratio de deuda pública ha aumentado en trece puntos del producto interior bruto, llegando en su conjunto al 94 %, es decir, ha pasado del 70 % de 2011 al 94 %. El coste del servicio de la deuda, los
intereses que se destinan anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, han aumentado más de un punto porcentual del producto interior bruto. En cuanto al déficit público, cabrá ver lo que supone la inclusión de la ayuda de la banca y
comprobaremos que en el año 2012 supera al del año 2011. Las llamadas reformas estructurales, es decir los recortes, han supuesto pérdidas de prestaciones y pérdidas de derechos. Hoy hay más paro, menos prestaciones sociales, menos derechos y más
hogares o familias en las que ningún miembro ingresa por trabajo, por prestación social o por pensión que en 2011. En estos dos años han subido los impuestos a quienes pagan, a quienes pagamos, y se ha aplicado una amnistía a quienes no pagan.
Si vamos a lo que tantas veces han aducido sobre las comunidades autónomas, su déficit y sobre todo la responsabilidad que se ha intentado establecer también en el anterior Gobierno, en el Gobierno socialista, solo les daré un ejemplo: la
Comunidad Valenciana, con un 30 % de exclusión social, un 30 % de paro y un 33 % en deuda pública con relación a su PIB. Esta es una realidad donde no cabe hablar de herencias recibidas, donde la herencia la van a recibir otros después de ya
diecinueve años en el Gobierno de esa comunidad. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Lógicamente,
el Partido Popular ha gobernado y gobierna importantes comunidades en España. Solo me he detenido en esta porque la conozco mejor y porque es expresión de una situación de diecinueve años de gobierno, no de siete ni ocho sino de diecinueve
años.
Quiero terminar, señoras diputadas y señores diputados, manifestando que mi grupo apoyará la resolución adoptada por la Comisión mixta con la declaración y con las cuarenta y siete propuestas que la integran, con la intención de mejorar, una
vez más, la elaboración y la rendición de las cuentas. Una propuesta en la que se ha aportado por parte de todos los grupos y que contribuirá a la mejora, una vez más, de esa elaboración y en la rendición de la cuenta general, ya próxima, de 2012 y
siguientes.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Císcar.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez Lamata.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna a defender la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de la cuenta general del Estado del año 2011. Por precisar el marco del debate,
si hay algo que tiene de particular esta cuenta general es que corresponde a doscientos cincuenta y ocho días de gobierno del Partido Socialista y siete del Partido Popular, con lo cual entenderán que no asumamos ninguna responsabilidad por siete
días de gobierno.
¿Novedades en la cuenta general? Claro que hay algún avance, sobre todo la aplicación del Plan General de Contabilidad supone un avance. Ha habido mejoras en cuanto a la representatividad. Alguien en esta tribuna ha dicho que no son unas
malas cuentas. Depende de cómo se mire, señor Sixto. Del informe del tribunal, seis o siete ideas. El volumen de las operaciones de crédito se incrementó respecto al ejercicio anterior en 12.200 millones de euros. Al final, la técnica del
presupuesto dice una cosa y acaba haciendo algo completamente distinto, lo que no es nada bueno. Así es como funcionaba antes. Se han dejado en el cajón facturas por más de 5.209 millones. Esta es una novedad en la cuenta general del Estado.
Hasta el ejercicio anterior no había sucedido nunca. Pendientes de pago 9.086 millones, pero con más de cuatro años de antigüedad. En este país había casi 10.000 millones que ya tenían una antigüedad de más de cuatro años. Pendientes de cobro,
73.000 millones. La mayor desviación en gastos en valores absolutos, aquí se ha hablado de deuda, supuso el capítulo de pago de intereses que se incrementó en 6.231 millones. ¿A qué nos lleva todo esto? A que el resultado presupuestario, que es
una magnitud que define cómo se gestiona, tiene en negativo 41.432 millones. Hay algunas cosas preocupantes. El propio tribunal ya avisa de que las aportaciones de la Administración General del Estado a la Seguridad Social están suponiendo que el
déficit se vaya incrementando, pero esto viene de ejercicios anteriores. Al final, el volumen de compromisos de gastos respecto a ejercicios futuros lo cifra el tribunal en 750.000 millones. Esto es lo que habrá que pagar con el paso del tiempo.
¿Qué tiene de atípica la cuenta general? Lo ha dicho el señor Císcar, representante del Grupo Socialista. Esta cuenta general no cierra un presupuesto. Esta cuenta general cierra un ciclo económico en donde el retroceso es palmario. Un
ciclo que me atrevería a decir que nunca debió suceder en este país. Cuatro años, una legislatura, en donde se negaba lo obvio. Al final, uno lee los 'Diarios de Sesiones' de esta Cámara y fíjense ustedes que en el año 2006, cuando se analizaba el
último año económico del Gobierno de José María Aznar, el portavoz del Grupo Socialista exclamaba, casi rasgándose esta cúpula, que vaya legado -me estoy refiriendo al año 2003, que era un año magnífico económicamente- dejaba el Partido Popular. En
aquel momento, la excusa era que el déficit alcanzaba unos 8.500 millones. Ante esa afirmación uno se pregunta qué podemos opinar de la legislatura económica del último Gobierno socialista.
Señor Císcar, usted hoy ha vuelto insinuar -y eso me da pie a mí a algo- que no hay responsabilidad contable -lo decía el señor Sixto-, que no hay responsabilidad penal ante algunas cuestiones. Claro, la duda que me surge con esto es que
como no hay responsabilidad contable ni penal, ustedes ya despachan y dan cerrojazo al ejercicio 2011. Es decir, ya nos olvidamos de los brotes verdes, de la negación de la verdad, de la no adopción de medidas estructurales. En definitiva, ese es
un poco el resumen de cuatro años, pero, la pregunta es: ¿Y hay responsabilidad política?
El portavoz de UPyD, señor Anchuelo, imputaba parte de esta cuestión al Partido Popular. Señor Anchuelo, no nos sentimos responsables de nada de la gestión del Gobierno de Zapatero; usted lo entenderá. Al final, que la prima de riesgo
estuviera en 450 puntos no es responsabilidad del Partido Popular; como no es responsabilidad el cierre de más de 400.000 empresas durante aquel ejercicio;
como tampoco son responsabilidad los 26.000 millones de euros en la tarifa eléctrica, que si no hubiéramos adoptado medidas hubieran sido 10.000 más; como no son responsabilidad los 5.000 millones en gasto presupuestario; o los 30.000
millones de deuda comercial que estaban pendientes de pagar; o un déficit de solvencia bancaria muy importante; o que se perdieran por una mala negociación fondos de cohesión por más de 31.000 millones; o entenderá usted que no seamos
responsables de que la ratio de endeudamiento de las empresas de fomento sea del 83 %; y, por lo tanto, no somos responsables de los 5.273.000 parados, que esa es la cifra final en el año 2011. Esta es la parte de la memoria económica que no está
incorporada en la cuenta general y, sobre todo, con un añadido, ni una sola reforma estructural ante las cifras que estoy dando y lo que suponía en el futuro de este país.
Quiero hacer varias consideraciones. ¿En dónde acaba la responsabilidad política? ¿Acaba hoy aprobando la cuenta general o la gravedad por el estado de este país sigue haciendo responsables, señor Císcar, a ustedes fundamentalmente que
gobernaban -al Partido Socialista- de lo que sigue aconteciendo? Está muy bien presentar propuestas -luego me referiré a algunas de ellas- y que por parte de este grupo parlamentario se facilite poder alcanzar consensos, pero en el día de hoy, que
tanto se ha apelado a consenso, ya saben que yo lo hago habitualmente, me refiero fundamentalmente al Partido Socialista, que sigue siendo responsable -digo sigue siendo responsable- de la situación de este país; y lo sigue siendo,
fundamentalmente, porque ustedes no dejaron un país con un problemilla. No, ustedes dejaron al enfermo al borde de la muerte, pero, encima, sin darle medicinas, y eso, evidentemente, tiene su complejidad a la hora que sanarlo. No puede ser que
ante la propuesta permanente de reformas estructurales la respuesta sea no, no, no. Señorías, no puede ser. Al final, cuando todo el mundo -sobre todo en el exterior- está reconociendo que este país está haciendo bien las cosas, lo que no puede
ser es que a cada proyecto de ley que se plantee se dé un no por respuesta y se anuncie que lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional y lo derogaremos el día que gobernemos. ¡Es que no es la solución! Sobre todo, no es la solución cuando se ve
el final del túnel, cuando ya empezamos a ver la luz.
Se refería el señor Anchuelo a varias propuestas de resolución. Señor Anchuelo, en el tema de la evaluación de los plazos todos estamos de acuerdo en que hay que intentar acortar los plazos. Va a haber una reforma de la ley de
funcionamiento del tribunal y ese será el marco donde habrá que plantearlo. ¿Cuál es el problema? Usted como yo sabemos perfectamente que cuando vienen los técnicos o cuando viene la IGAE, que cuando el propio presidente del tribunal se plantea
esta cuestión aquí nadie quiere acortar los plazos, es decir, que los acorte la IGAE o que los acorte el Tribunal de Cuentas. Además este tema plantea determinadas dificultades de tipo técnico pero cuando se modifique la ley, ese será el escenario
donde habrá que debatirlo. También hablaba de las retribuciones pero estas se ven en las propias auditorías de las sociedades, no hace falta que figuren en la cuenta general.
Quiero referirme a las consideraciones que ha hecho el representante de Convergència i Unió. Usted es bastante ponderado en las comisiones y me ha sorprendido hoy un poco la crítica que ha hecho y le voy a decir por qué. Usted viene de una
comunidad en la que hay instituciones como son la Cámara de Cuentas o el Síndic de Cuentas, como lo llaman ustedes. Si el comportamiento que usted reclama aquí del Gobierno para con el Síndico de Cuentas, o el comportamiento de la Cámara de Cuentas
fuera en Cataluña el que usted ha reclamado, yo entendería el discurso que hace. Pero yo puedo recordarle algo: ¿Sabe los meses que estuvo el caso Palau en un cajón sin moverse un solo papel hasta que ha regresado al Tribunal de Cuentas? Mejor no
se lo digo y además insisto en que me ha sorprendido mucho su intervención.
Señor Císcar, ya sabemos que la cuenta general de 2012 no va a ser positiva; eso lo sabemos, no voy a entrar ahí, pero, ¿sabe cuál es la diferencia entre 2011 y el día al que estamos hoy? Ustedes dejaron un país sin futuro, sin esperanza;
un país que no tenía solución. Hoy afortunadamente este país tiene un futuro y ha empezado a resolver sus problemas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Suárez Lamata.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE DESINDEXACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 121/000074).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Debate de totalidad del proyecto de ley de desindexación de la economía española. Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor
ministro de Economía y Competitividad.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo el honor de comparecer hoy para defender el proyecto de ley de desindexación de la economía española. Una reforma estructural clave para consolidar la senda de recuperación, como comentaré posteriormente. Su principal
objetivo es acabar con la indexación automática de los precios en el ámbito público a índices generales como el IPC. Como saben, las cláusulas de revisión automáticas de precios se han utilizado en España con mayor intensidad que en los países de
nuestro entorno. Estas prácticas han generado que el impacto de la inflación se trasmita de forma indiscriminada a la economía en su conjunto, lo cual no está justificado. Sirva de ejemplo que desde nuestra entrada en el euro hasta principios del
año 2013 la economía española acumuló un diferencial de catorce puntos de inflación frente al resto de nuestros socios de la zona euro. Las principales consecuencias fueron una pérdida muy importante de competitividad frente a nuestros socios
europeos y un déficit en la balanza de cuenta corriente del 10 % del PIB en 2007. Por lo tanto, la recuperación de la eficiencia en la formación de los precios supone un componente esencial en la actual recuperación económica.
Señorías, paso a continuación a subrayarles los principales aspectos del contenido de esta ley. Esta norma consagra, como ya he mencionado, el principio general de la no indexación de una forma automática en los precios en el ámbito del
sector público a índices generales de precios. No obstante, la propia ley establece excepciones que permitirán revisiones de precios y que serán de dos tipos: las periódicas o actualizaciones ordinarias y las no periódicas o extraordinarias.
Estas revisiones solo se producirán si están justificadas por un cambio en la estructura de costes que serán evaluados conforme al principio de eficiencia y buena gestión empresarial. Todas ellas se establecerán en función de precios o
índices de precios específicos, siempre que estos reflejen de manera precisa la evolución de sus costes. El objetivo es que no se repercutan al sector público, y en consecuencia al conjunto de los ciudadanos, costes injustificados. Para las
revisiones periódicas la ley establece que sea un real decreto-ley el que fije los supuestos en los que pueden realizarse dichas actualizaciones. Además, fijará los precios e índices específicos aplicables de los mismos así como los procedimientos
para tramitar dicha revisión. Para las revisiones no periódicas se precisará una memoria económica que justifique el cumplimiento de las condiciones de eficiencia y de buena gestión empresarial. En caso de tratarse de un precio específicamente
regulado, se requerirá la autorización que dicte la normativa aplicable, por ejemplo, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos o del órgano equivalente de la Administración territorial competente.
El ámbito de aplicación de la ley de desindexación será el sector público estatal, autonómico y local. Comprende los precios de contratos públicos, tasas, precios y tarifas reguladas, subvenciones, prestaciones, ayudas, multas y sanciones,
entre otros. Asimismo, esta norma será de aplicación cuando una de las partes sea Administración o empresa pública.
Señorías, esta ley pretende ser una referencia para el sector privado. No obstante, las actualizaciones de contratos entre privados quedan sometidas a la libre voluntad de las partes. Si no hubiera pacto explícito, no se realizará
revisión, y en el caso de que el pacto explícito no especifique el índice de actualización, se utilizará un índice de referencia definido en esta ley.
Están excluidos del ámbito de aplicación de esta norma la negociación colectiva, las pensiones y los instrumentos financieros. El Gobierno ya adelantó, como saben, señorías, la entrada en vigor de los principios básicos de esta ley el
pasado 1 de enero mediante la disposición adicional ochenta y ocho de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año. El objetivo que se perseguía era introducir sus beneficios en la economía española lo más rápidamente posible.
En definitiva, señorías, creo que estamos ante una reforma fundamental que tendrá importantes efectos positivos en la economía española. En primer lugar, desde el punto de vista macro, porque garantiza la estabilidad de precios y por tanto
la estabilidad económica. Además, permite una estructura
de precios flexible que facilitará la reacción de la economía frente a shocks externos. También impulsará la eficiencia económica, ya que el sistema de precios recogerá las señales de escasez. A su vez, permitirá una mayor competitividad
de la economía, en particular de nuestro sector exterior. En segundo lugar, la desindexación tiene un impacto positivo en el ámbito de las administraciones públicas, ya que a la hora de hacer revisiones de precios solo se considerarán las
variaciones de costes que respondan a una gestión buena y eficiente. De esta forma, se evitará que los consumidores y usuarios de servicios públicos paguen por comportamientos no adecuados. En tercer lugar, la norma aumentará el poder adquisitivo
de las familias, ya que atenuará el crecimiento de precios de los servicios públicos básicos y favorecerá el consumo privado. Sirva de ejemplo, señorías, que los servicios públicos básicos cubiertos por esta ley, tales como energía,
telecomunicaciones, transportes y agua, suponen alrededor del 7 % del presupuesto familiar. Esto representa algo más de 35.000 millones de euros, lo cual supone el 3,5 % del producto interior bruto.
Señorías, la medida que debatimos hoy aquí responde a un compromiso del Gobierno recogido en nuestro programa nacional de reformas y a una recomendación de la propia Unión Europea. Les recuerdo que esta ley ha contado con las contribuciones
de comunidades autónomas, ayuntamientos y agentes sociales, y esperamos, como no puede ser de otra forma, contar también con las aportaciones de todos los grupos durante su tramitación parlamentaria. El Gobierno, a través de esta ley, reacciona a
un problema estructural de la economía española, como es la pérdida de competitividad generada por diferenciales de inflación.
España está dejando atrás una larga, profunda y compleja crisis que se inicia en el año 2008. Desde que se inició la crisis, la renta, el PIB en nuestro país, ha caído en términos reales un 7 %. Hemos tenido un aumento sin precedentes del
desempleo y prácticamente en ningún año desde que se inicia la recesión hemos tenido una recuperación, a diferencia de lo que ocurría con los principales países de nuestro entorno. El origen de la crisis es triple. En primer lugar, tuvimos un
diagnóstico incorrecto y aplicamos políticas que no fueron las adecuadas, lo cual nos hizo perder mucho tiempo. En segundo lugar, teníamos una regulación laboral que de alguna forma amplificó el impacto de la recesión en el ámbito laboral; ningún
otro país como el nuestro ha tenido un impacto en las variables del mercado laboral, ni siquiera los países que fueron rescatados. En tercer lugar, eran causas propias, la profundidad de los desequilibrios que se fueron acumulando durante las
épocas de bonanza económica: un endeudamiento muy elevado del sector privado, una burbuja inmobiliaria que nos llevó a dedicar muchísimos recursos a un sector que, como sabemos posteriormente, es de los menos productivos de la economía y una
pérdida de competitividad como consecuencia de lo que comentaba anteriormente. La crisis financiera internacional, más estos desequilibrios, dio lugar a la combinación de crisis bancaria, fiscal y laboral de nuestro país. El principal objetivo que
tuvo el Gobierno fue lógicamente estabilizar la situación económica, fue evitar el rescate completo de la economía española al cual nos veíamos absolutamente abocados como consecuencia de todo lo que comentaba anteriormente. Ello fundamentalmente
hubiera supuesto la pérdida de autonomía desde el punto de vista de política económica, que es lo peor que puede ocurrir en un país.
Es necesario sin embargo, señorías, perseverar en la corrección de estos desequilibrios, que ya se han empezado a corregir pero que siguen ejerciendo efectos contractivos sobre la actividad económica en nuestro país. Tenemos que continuar
con un proceso de reducción del endeudamiento privado, de cerca de 30 puntos de PIB; es necesario que nuestras empresas y familias reduzcan en cerca de 300.000 millones de euros su endeudamiento. Esto es un obstáculo fundamentalmente para las
empresas sanas y les puedo decir que no habrá recuperación hasta que efectivamente los niveles de endeudamiento se ajusten a la media europea. Por otro lado, también es importante continuar con el ajuste en el sector inmobiliario, donde ya se ha
producido una importante reducción de los precios de los activos inmobiliarios, pero seguramente quedan todavía segmentos importantes en los cuales el ajuste debe continuar. Por último, como no puede ser de otra forma, el propio déficit fiscal.
Debe ajustarse a nuestros compromisos, lo que supone que en el año 2016 el déficit público debe estar por debajo del 3 %.
La estrategia de política económica ante estas circunstancias debe intentar minimizar el impacto contractivo que sin duda estos tres procesos de ajuste van a producir en la economía española. Hay que actuar sobre las palancas adecuadas
desde el punto de vista de política económica para que efectivamente se contrarreste lo que decía anteriormente: este efecto negativo sobre la actividad, que ya ha sido muy intenso en los últimos seis años. La primera palanca, sin duda, es
aumentar la competitividad. Es fundamental continuar con la moderación salarial y la búsqueda de flexibilidad, productividad y eficiencia en nuestras empresas; es necesario perseverar con el esfuerzo que hemos hecho de ganancia de
competitividad a través de una evolución adecuada en los costes laborales unitarios. Eso ya se refleja en nuestras cuentas externas. En estos momentos España tiene, como todos ustedes saben, un superávit por cuenta corriente y capacidad de
financiación. En el año 2014, en este ejercicio, esperamos tener un superávit de balanza de pagos por encima del 2 %. Nuestras exportaciones crecen, y crecen a un ritmo que prácticamente es el doble del comercio internacional, lo cual supone que
estamos ganando cuota de mercado. También es imprescindible continuar con el proceso de desapalancamiento, como decía anteriormente, pero hacerlo de una forma que no afecte negativamente a la actividad, minimizando sus efectos desde el punto de
vista del impacto en la economía. En ese sentido, el Real Decreto-ley de medidas para facilitar la refinanciación y reestructuración de deuda de empresas viables creo que ha sido una norma y un hito fundamental. Por otro lado, tenemos que empezar
a fomentar nuevas formas alternativas desde el punto de vista de la financiación para irnos a actuaciones o a instrumentos de financiación alternativos al bancario. Por ello tenemos un conjunto de medidas en la normativa de instituciones de
inversión colectiva, de capital riesgo, de modificación del régimen de titulizaciones que van a producir efectos positivos en dos ámbitos. En primer lugar, proporcionarán estabilidad financiera al no hacerlos tan dependientes de la financiación
bancaria rompiendo la ligación, reponiendo el vínculo entre crisis bancarias y crisis económicas. Por otro lado, también permitirán un crecimiento potencial de la economía española. Las fuentes de financiación bancaria se caracterizan
fundamentalmente por la búsqueda de activos tangibles como garantía y en estos momentos en nuestro país es fundamental que no solamente se financien proyectos que tengan garantía de esta naturaleza. Es muy importante que se financien ideas, que es
la principal fuente de crecimiento potencial de una economía como la española que se tiene que basar mucho más en el conocimiento y en la capacidad de emprender. La reforma del sistema fiscal también tiene que ser otra palanca al respecto, que nos
permita continuar con la reducción del déficit público y generar los incentivos adecuados para que efectivamente se mejore y se incremente el crecimiento potencial de la economía española. Por último, en el ámbito europeo -no podemos olvidar que la
economía española está integrada en el ámbito europeo-, es fundamental, es básico acabar con el proceso de unión bancaria, que es uno de los pilares fundamentales desde el punto de vista del proceso de integración europea. Hemos acordado el
supervisor único, hemos acordado el mecanismo único de resolución y tendremos que acordar también un mecanismo de seguros de depósitos único para el conjunto de Europa. Ello resulta fundamental para romper el vínculo entre riesgo soberano y riesgo
bancario y, por otro lado, también para conseguir que efectivamente la fragmentación de los mercados de crédito se vaya eliminando.
Todas estas palancas ya están funcionando, señorías -y voy acabando-, y como resultados hemos visto cómo ya la economía española dejó la recesión en el primer semestre del año pasado: hemos tenido dos trimestres consecutivos de crecimiento
trimestral positivo y estamos convencidos de que en el primer trimestre de este año esta recuperación va a continuar fortaleciéndose. Las condiciones de financiación de la economía española se han modificado sustancialmente: el Tesoro ha
completado un tercio de su programa de emisiones para este año, de emisiones a medio y largo plazo, a tipos históricamente bajos e inferiores a lo presupuestado, lo cual nos va a permitir nuevos ahorros en el presupuesto del año 2014; las
comunidades autónomas que no forman parte del FLA han realizado emisiones a medio y largo plazo por importe superior a los 5.400 millones de euros; bancos y empresas españolas se financian en estos momentos con normalidad en los mercados de
capitales mayoristas a tipos bajos y con buena demanda. En lo que llevamos de año los bancos españoles han emitido, a través de diferentes instrumentos tanto de capital como de deuda, emisiones por más de 11.000 millones de euros y las empresas,
las grandes empresas españolas, han emitido en los mercados de capitales 4.500 millones de euros. Les voy a dar un dato, señorías, las líneas de mediación del ICO en el primer trimestre de este año han alcanzado los 3.800 millones de euros, en el
primer trimestre del ejercicio 2014; es el mejor primer trimestre de toda la historia del ICO, supone un incremento con respecto a las concesiones del año pasado de más del 170 %. El FOND-ICO Global repite en su segunda convocatoria el éxito
alcanzado en la primera. El pasado viernes se presentaron veinticuatro licitadores al proceso de selección de solo ocho sociedades gestoras de entidades de capital riesgo. Las gestoras internacionales han sido prácticamente, una, la mitad, un 50 %
de estas licitaciones. Los últimos datos -como saben sus señorías- de flujo de crédito nuevo reflejan tendencias positivas en tasas interanuales. Los préstamos a pymes de menos de un millón de euros llevan cuatro meses con tasas positivas. El
nuevo crédito al consumo para hogares lleva siete meses en positivo. España ha recuperado su atractivo para el capital extranjero, la inversión directa extranjera alcanzó los 30.000 millones de euros, un 40 % más que en 2012, y la inversión en
cartera ha
sufrido una modificación por importe global de 100.000 millones de euros, tuvimos 44.000 negativos en el año 2012 y 56.000 positivos en el año 2013. Por último, señorías, en estos dos últimos años la Administración central ha proporcionado
liquidez y financiación a las comunidades autónomas por importe de 90.000 millones de euros. Según estimaciones realizadas por el Ministerio de Economía, este apoyo financiero está permitiendo a las comunidades autónomas un ahorro de intereses de
3.000 millones de euros al año; en total, a lo largo de toda la vida de estos instrumentos, unos seis años de media, las comunidades autónomas ahorrarán globalmente, en conjunto, 20.000 millones de euros en intereses que podrán dedicar a otras
finalidades. En definitiva, todas estas mejoras en las condiciones de financiación empiezan a tener ya un reflejo en la actividad real y, tal como indican, la mejora de todos los índices no solamente de financiación, sino de la actividad económica
real y de confianza y de credibilidad en la economía española.
Acabo ya. Seguramente hemos hecho lo más difícil, señorías, pero queda mucho por hacer. No se puede caer sin duda en la complacencia, hay que ser cauto en las previsiones, continuar con los programas de reformas y el principal objetivo del
Gobierno no puede ser otro que modificar los parámetros de nuestro mercado laboral. La acción coordinada de las palancas, que yo comentaba anteriormente, junto a la progresiva corrección de los desequilibrios de la economía española nos está
llevando a una economía mucho más competitiva, más abierta y con una capacidad de financiación creciente. Es una economía, señorías, con menos deuda, pero con el crédito activado, con cuentas públicas sostenibles y con estabilidad de precios. Todo
ello va a permitir que la economía española en los próximos años crezca a tasas en torno al 1,5 % y genere empleo neto. No descarto, por tanto, señorías, que la recuperación económica venga con más vitalidad de lo que nos pensábamos hace tan solo
unos meses. La clave, como decía anteriormente, está en mantener todas esas palancas de tensión en la forma adecuada, continuar con la corrección de los desequilibrios y, fundamentalmente, continuar con el engranaje y con la estrategia de política
económica que ha permitido la modificación de la percepción, de la confianza, de la credibilidad de la economía española. En ese sentido, la ley de desindexación es uno de los engranajes importantes de dicha estrategia.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad. En primer lugar, la de la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, subo para manifestar la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con este proyecto de ley, que es evidente que se encuentra dentro de la estrategia que están llevando a cabo el Gobierno y la troika y que
consiste en impulsar una fuerte devaluación interna en el Estado español; si bien, en rigor, señorías, deberíamos decir que lo que se está produciendo es un fuerte recorte del poder adquisitivo de las mayorías sociales, las clases medias y
trabajadoras, ya que la rentas del capital están quedando al margen de esta devaluación. Esta estrategia parte de la asunción de los problemas de la economía del Estado y se basa en una falta de competitividad derivada principalmente de salarios
supuestamente elevados, cuestión que justificaría la devaluación interna. Cabe señalar la obsesión gubernamental por los costes salariales, mientras se diseña un mercado eléctrico de carácter oligopólico, opaco e injusto que genera unos beneficios
extraordinarios al lobby eléctrico, que ofrece al tejido empresarial un factor de producción como es la energía eléctrica a uno de los precios más caros y, por lo tanto, menos competitivos de la Unión Europea, si bien al contrario, los niveles
salariales del Estado son los más bajos de la zona euro. La devaluación interna que ya estamos sufriendo está provocando recortes salariales y congelaciones de pensiones, lo que está conduciendo a un fuerte incremento de las desigualdades,
avanzando hacia un modelo social cada vez más injusto. Con este proyecto de ley el Gobierno pretende avanzar un paso más en esta senda, aunque trata de justificar esta iniciativa legislativa en la contención de la inflación. Así, el proyecto
afirma que la desindexación, por tanto, tiende a generar una inflación más elevada y favorece su persistencia en el tiempo.
Sorprende, señorías, este tipo de argumentos en un contexto en el que la economía del Estado español corre el riesgo de entrar en deflación. La realidad, los hechos demuestran la falacia sobre la que se construye este proyecto de ley. No
hay inflación más elevada y no hay persistencia en el tiempo, y sí existe un proceso de devaluación interna tutelado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional que cuenta con la total sumisión del Gobierno y en el que se encuentra este
proyecto de ley. La desindexación generará fuertes distorsiones en la evolución de los valores monetarios ligados al sector
público y provocará pérdidas del poder adquisitivo entre los trabajadores públicos. A pesar de que la negociación colectiva y las pensiones están excluidas del ámbito de aplicación de la ley, ambas se verán afectadas por sus contenidos,
especialmente en el ámbito de la negociación colectiva, debido al efecto ejemplificador que supondrá la aplicación de la desindexación en el ámbito de las contrataciones públicas. Incluso, señorías, en la revisión de los contratos entre partes
privadas, contemplada en el artículo 6, de no señalar explícitamente el mecanismo de revisión y de valores monetarios, incluido el índice y la metodología de referencia, se aplicará el índice de garantía de la competitividad que se crea en esta ley.
Este índice tiene como referencia la inflación de la zona euro, que suele ser más baja que la del Estado español, pero además establece un techo del 2 % de variación de este índice. En este contexto, en el ámbito de las negociaciones salariales en
el sector privado es previsible que la patronal intente desligar la evolución de los salarios del IPC, lo que se traducirá en contenciones y rebajas salariales.
Por todo lo expuesto, presentamos esta enmienda de totalidad y de devolución del proyecto de ley de desindexación de la economía española, ya que supone un nuevo paso para favorecer la devaluación interna que está impulsando el Gobierno, una
devaluación que no afecta de la misma manera a los diferentes estratos sociales ni a los diferentes tipos de renta. Son las rentas del trabajo las que en estos momentos ya están sufriendo un fuerte ajuste perdiendo poder adquisitivo, cosa que no
sucede con los beneficios empresariales, lo que se está traduciendo en fuertes incrementos de la desigualdad. Señorías, esta es la posición del BNG respecto a este proyecto de ley, razones por las que pedimos su devolución. Bien es cierto que
muchos de los argumentos que hemos dado aquí no es la primera vez que los utilizamos, pero corresponden a esta política que está haciendo el Gobierno en materia económica.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta, señorías.
Señor ministro, ¿por qué le llama amor cuando es sexo? ¿Por qué le llama desindexar cuando es bajar salarios? Pues muy probablemente porque es su manera de esconder las verdaderas motivaciones de sus proyectos de ley. Es el uso
alternativo del lenguaje que en sus manos se convierte en un arma de destrucción masiva de derechos. Déjeme que le diga que nuestra enmienda a la totalidad de este proyecto de ley parte de una primera constatación: estamos ante un proyecto de ley
ucrónico, es decir, fuera del tiempo económico. En un momento en que tenemos una inflación del 0 % y que todo apunta a que el año 2014 se va a cerrar con una inflación media que no va a superar el 0,5 %, no parece necesario que ustedes planteen un
proyecto de ley con esta urgencia y con esta premura. Es cierto, dicen ustedes que esto forma parte de la agenda reformista del Gobierno. Nosotros le volveremos a recordar que su agenda reformista solo tiene páginas en un lado, es una agenda
escorada siempre a estribor. Recuerde, señor ministro, que su agenda tiene un problema importante, y es que viene aplazando permanentemente reformas básicas, por ejemplo, para acabar con los riesgos, reales ya, ciertos, de los oligopolios que hoy
controlan buena parte de nuestra economía y que están en el origen de una parte de esa inflación diferencial. Ustedes continúan obsesionados por el control y la depreciación de los salarios pero continúan ignorando que los beneficios empresariales
suben y tienen en algunos aspectos componentes claramente inflacionistas. Es cierto que la llamada desindexación es uno de los compromisos asumidos por su Gobierno en contrapartida con el rescate bancario, pero eso no es un argumento, eso solo
confirma que ustedes, el Gobierno español y la troika, comparten la misma ideología y las mismas recetas; pero sin duda no puede ser nunca un argumento. Una vez más ustedes, el Gobierno, parten de un problema real, hacen un diagnóstico
deliberadamente erróneo para, de manera oportunista, aprovechar esa circunstancia para hacer reformas que tienen un objetivo real oculto, como por ejemplo sucedió con la reforma laboral, que no es en absoluto el objetivo que ustedes declaran. No le
niego que el diferencial estructural de inflación en España ha existido -e insisto en ese término temporal, ha existido-, especialmente en el momento de la burbuja. Creo, sinceramente, que ustedes, en su exposición de motivos y en la memoria, no
hacen un buen diagnóstico de por qué eso sucedió en su momento y nos ha llevado hasta aquí. Es cierto también que una inflación elevada, desbocada, estructuralmente siempre diferencial, deteriora la capacidad adquisitiva de salarios y pensiones,
pero ese no puede ser en estos momentos el argumento porque este no es en estos momentos el problema. Con una inflación del 0 %, lo que en estos momentos está deteriorando salarios y pensiones no es la inflación precisamente sino las reformas de su
Gobierno: la famosa reforma de las pensiones con el índice de revalorización, su reforma laboral y ahora esta ley de
desindexación. Por cierto, señor ministro, algo no cuadra en sus argumentaciones, nos debería usted explicar por qué estando vigentes las mismas cláusulas de desindexación, estando presentes las mismas cláusulas que regulan la indexación en
los contratos del sector público, resulta que tenemos en estos momentos una inflación del 0 %. Su argumento se ha roto en estos momentos, al menos como elemento determinante de la inflación estructuralmente diferencial.
Sinceramente, su proyecto de ley hace un diagnóstico deliberadamente erróneo de las causas del diferencial de inflación y de los programas de competitividad. Además, insisto, oculta el verdadero objetivo de este proyecto, que no es otro que
presionar directa e indirectamente sobre los salarios, su gran obsesión, cuando está más que demostrado que los salarios no han tenido nada que ver con el factor de inflación en nuestro país. Ustedes presionan directamente sobre los salarios del
sector público o de las empresas concesionarias de servicios públicos estableciendo unos límites a la contratación pública que además suponen de nuevo un claro proceso de centralización de competencias y de intrusión del Estado central en el marco
de capacidad autonómica de las comunidades autónomas y de autonomía municipal. Pero además -y no lo esconden porque se les ha escapado eso en la memoria justificativa- quieren que eso también incida en la negociación colectiva del sector privado,
quieren que el IPC deje de ser uno de los referentes de la negociación colectiva para pasar a ser el nuevo índice que ustedes han creado. Señor ministro, esto va a tener un impacto negativo en los salarios y puede incrementar aún más la situación
de profunda injusticia con la que se está abordando la salida a esta crisis; además, no se le olvide que si los salarios no recuperan su capacidad adquisitiva, no hay salida posible a esta crisis, porque de ellos depende la reactivación de la
economía al menos en tres de cada cuatro puestos de trabajo en nuestro país.
Estamos celebrando este debate además en un momento en el que ya se dispone de datos que ponen en evidencia la profunda desigualdad con la que se están tratando salarios y beneficios empresariales, y eso no es una maldición que caiga del
cielo, es consecuencia de algunas políticas. Usted sabe que en estos momentos tenemos datos encima de la mesa que ponen de manifiesto que los beneficios empresariales han subido en España en el periodo de la crisis 2009-2013 en términos del 0,24 %,
por encima de lo que han subido en la Unión Europea cada año, es decir, en términos acumulativos mucho incremento diferencial de los beneficios empresariales españoles en relación con los de la zona euro, mientras en ese mismo período los salarios
han tenido un diferencial negativo prácticamente en los mismos términos, en los términos del 0,23 %. Esta es solo una de las evidencias de cómo sus políticas están provocando una profunda desigualdad o un incremento de la desigualdad, y esta ley de
desindexación de la economía puede incrementarlo.
Argumentan ustedes en este proyecto de ley que es necesario hacerlo para evitar los efectos perversos en la composición de los precios y nos dibujan un panorama, un paradigma idílico de la composición de los precios en los mercados
perfectos, un escenario que se ha demostrado que solo existe en la mente de los teólogos del mercado, de los teólogos de la absoluta primacía del mercado. Dicen ustedes que las cláusulas de revisión indexadas de los contratos públicos desvirtúan la
información que deben transmitir los precios, ese es el lenguaje que ustedes utilizan; viene a ser algo así como que los precios no responden a la realidad de los costes, me ha parecido entender. Señor ministro, ¿qué información transmiten los
precios de la tarifa eléctrica? ¿Qué información transmiten los precios de los carburantes, los cuartos más elevados en España antes de impuestos en relación con el marco de la Unión Europea? Yo se lo diré, se lo hemos dicho muchas veces, estos
precios transmiten la información de que se trata de mercados oligopolistas en los que pocas empresas tienen la capacidad real de fijar los precios, los Gobiernos se lo permiten y además anuncian permanentemente reformas que nunca terminan evitando
su situación, precios que nos están facturando costes que no existen pero que ustedes avalan con su actuación política. Eso tiene muy poco que ver con su ley de desindexación, es más, su ley de desindexación no va a resolver eso porque no va al
fondo del problema. Señor ministro, nuestro problema estructural en materia de inflación es que tenemos una inflación dual como el conjunto de la economía, unos sectores económicos instalados en el capitalismo concesional, en muchos casos con
precios regulados, que generan tensiones inflacionistas, como pueden la electricidad, el gas, los carburantes, la distribución de alimentos, los productos financieros y de seguros, que ustedes y anteriores Gobiernos no han sido capaces de evitar.
El caso más paradigmático, insisto, es el del sector eléctrico, y eso no se va a resolver con su proyecto de ley.
Establecen ustedes también en este proyecto de ley una relación causa efecto entre indexación de determinados contratos y problemas de competitividad que nosotros no compartimos. Nuestros problemas de competitividad tienen fundamentalmente
su origen en un peso excesivo en la economía de sectores
económicos que han obtenido elevadísimas rentabilidades sin necesidad de mejorar su productividad, sectores que han tenido retornos en el capital invertido que han multiplicado por diez la rentabilidad, por ejemplo, de las inversiones
industriales, y ello lo han hecho con menor esfuerzo inversor, con mucho menos riesgo y con escasa productividad, pero eso continúa siendo, no una maldición bíblica, sino la consecuencia de las políticas que se han hecho al menos desde los años
noventa en este país. Eso es lo que explica el comportamiento también dual de nuestra productividad, porque no es verdad que tengamos una productividad baja, la tenemos en términos agregados, pero cuando uno analiza empresa por empresa, sector por
sector en términos homogéneos, la productividad de las empresas españolas se mantiene perfectamente válida en términos de comparación. ¿Por qué? Fundamentalmente porque desde ese punto de vista se ha actuado en algunos comportamientos que ustedes
dicen criticar, pero que en el fondo son los comportamientos llamémosles positivos del funcionamiento de la empresa. La productividad de las empresas españolas aguanta perfectamente la comparación y para mejorarla no hace falta este proyecto de
ley. Desde ese punto de vista, quisiéramos en todo caso entrar en materia en relación con el problema que ustedes dicen que hay que resolver y que no lo resuelven.
Este Congreso no puede obviar de ninguna manera que el IPC no es solo un problema de competitividad, que el IPC expresa también un conflicto social para determinar el poder de compra de los diferentes agentes de la economía, trabajadores y
empresarios. Su ley, con la creación del índice de garantía de competitividad, no hace más que agravar la injusticia en el reparto de esas rentas. Además, si analizamos el detalle, veremos hasta qué punto es contradictorio. Señor ministro, ¿con
qué criterio han decidido ustedes qué sectores están incluidos o excluidos de la aplicación de este proyecto de ley? ¿Puedo saber por qué han excluido ustedes los instrumentos financieros de este proyecto de ley? No estamos hablando de algo
popular, estamos hablando de acciones de sociedades, de valores negociables, de cédulas, bonos y participaciones hipotecarias, de acciones e instituciones de inversión colectiva. ¿Puede el Gobierno explicar por qué en el cálculo de las revisiones
de los precios del sector público excluyen expresamente el cálculo del coste de la mano de obra? ¿Son conscientes ustedes de que gran parte de esos servicios públicos son intensivos en mano de obra y, por tanto, el cálculo de lo que vale la mano de
obra es imprescindible para saber exactamente qué cuesta producir esos servicios? ¿Son conscientes ustedes de que si se excluye el cálculo de la mano de obra en las revisiones de los precios de esos concursos públicos van a hacer ustedes estallar
innecesariamente muchos conflictos en comunidades autónomas y ayuntamientos? Por supuesto que lo saben, lo saben y por eso lo han hecho, porque en el fondo su gran objetivo es presionar a la baja los salarios de esas empresas concesionarias e
indirectamente también el del sector privado. Aunque ustedes han tenido que excluir al sector privado porque constitucionalmente no lo podían hacer, en la práctica les atacan por la parte de atrás, por la parte de la incidencia que tendrá ese
sector. ¿Es consciente el Gobierno de lo que le ha dicho la Federación de Municipios y Provincias, alegaciones que ustedes no han tenido en cuenta en la elaboración definitiva del proyecto de ley?
Señor ministro, este proyecto ni es necesario ni en estos momentos es urgente. Déle usted un tiempo a la negociación y a la posibilidad de mejorar no en sede parlamentaria, sino antes. Retírenlo, porque va a provocar más efectos negativos
de los que dice que va a resolver. Ustedes tienen una manera muy curiosa de gobernar. Cuando tienen un problema, si no lo pueden resolver, deciden cambiar el mecanismo para medir el problema. No son capaces de controlar durante mucho tiempo la
evolución del IPC y deciden cambiar los mecanismos de medición. Lo hicieron con el factor de revalorización y lo hacen ahora con el índice de garantía de competitividad. Señor ministro, con respeto pero con claridad le voy a hacer una observación.
Menos mal que es usted economista y no médico. Si usted fuera médico, sería un peligro para la sociedad. Fíjese lo que hace usted con los problemas. Si fuera médico y le llegara un paciente a su consulta con fiebre alta de 40 a 41 grados de
temperatura, en vez de intentar conocer las causas profundas y actuar sobre ellas para evitar la infección, encargaría una nueva modalidad de termómetro que cuando tuviera 41 midiera 36,5. Entonces el enfermo ya no tendría fiebre y lo podría mandar
a casa. Es lo que ustedes han hecho con el índice de revalorización de las pensiones y con el índice de garantía de competitividad. No abordan las causas de fondo y sencillamente las miden de otra manera. Esos son algunos de los motivos que
llevan a nuestro grupo a plantearle que retire usted este proyecto de ley y que abordemos de verdad los problemas de competitividad y, si cabe, en paralelo, la inflación de este país. Tenemos tiempo, no es urgente. Tenemos una inflación del cero
por ciento y podemos hacerlo bien, siempre que el objetivo sea la inflación y no bajar salarios, que es lo que me temo.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.
Pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro de Economía y Competitividad, como usted bien sabe, hoy vamos a debatir sobre una cuestión que es todo menos urgente. No quiero decir que no
sea importante, puesto que la desindexación -o, mejor dicho, la no indiciación- de los contratos públicos, así como de los precios públicos y las tasas, tiene desde el punto de vista económico toda la lógica. Ahora bien, la tiene cuando la subida
de precios es relevante, pero no cuando el nivel de inflación -medida en este caso por el índice de precios al consumo- está en torno al cero por ciento y hay más riesgo de deflación que de pérdida de competitividad derivada de una subida de
precios. Por tanto, la idea nos parece adecuada pero se va a aplicar en mal momento; como está en su plan de reformas, seguramente la pondrán en práctica al margen de estas consideraciones. En contra de lo que pretende este proyecto de ley, hoy a
la economía española le vendría muy bien algo de inflación para impulsar el crecimiento económico y el empleo; inflación como mecanismo de reactivación de la actividad económica. Dado el actual nivel de precios, la aplicación de los principios que
se denominan de desindexación no tiene sentido en este caso y, en nuestra opinión, puede ser incluso contraproducente. Por tanto, desde el Grupo Vasco le recomendaríamos que no tuvieran mucha prisa en la puesta en marcha de esta ley y se tomaran un
tiempo para ver cómo discurren los acontecimientos económicos y si la economía y los precios van tomando pulso, no sea que adoptemos medidas contraproducentes y recetas inadecuadas de política económica en este momento. Como decía, la no
vinculación automática de los contratos públicos y de los precios y tasas públicas es razonable porque, como ha contado el ministro y como dice el preámbulo de la ley, distorsiona las señales de eficiencia de mercado que deben transmitir los precios
y puede llegar a restar en otra coyuntura económica -no en este momento- competitividad a la economía. Por ello no hemos presentado enmienda a la totalidad ni votaremos favorablemente a las presentadas. Sin embargo, con una lectura rápida del
proyecto podemos darnos cuenta de que es necesario corregir algunas cuestiones clave que, en el caso de no hacerlo, pueden generar problemas de envergadura tanto a las cuentas de resultados de las empresas como al empleo. Esto ha de evitarse a toda
costa, especialmente cuando la tasa de paro supera el 25 %. Me estoy refiriendo a los contratos públicos de larga duración, típicos de las prestaciones de servicios públicos en general, especialmente a aquellos en los que el coste de la mano de
obra sea relevante por ser intensivos en su utilización, no vaya a ser que cuando las empresas están aún sufriendo la dura crisis las aboquemos al cierre, con el consecuente impacto de los despidos y el desempleo, o empeoren drásticamente las
condiciones de trabajo de sus empleados aumentando la precariedad, los bajos salarios y la temporalidad, que son los problemas importantes que ya existen en la actualidad. Estas cuestiones fundamentales habrán de ser corregidas, en nuestra opinión,
mediante enmiendas cuando se tramite el proyecto en esta Cámara. (El señor presidente ocupa la Presidencia). El Gobierno debería manifestar su voluntad al respecto, no sea que, por poner rápidamente en marcha el contenido de un proyecto que en
nuestra opinión no tiene urgencia alguna, se cometan errores de bulto como los citados y sea peor el remedio que la enfermedad.
Señor ministro, sé que su talante es abierto al pacto, al acuerdo, y espero que en este tema también lo sea. Por tanto, desde el Grupo Vasco no vamos a poner reparos a la tramitación del proyecto pero esperemos que se eviten los problemas
señalados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.
El problema que trata de abordar este proyecto de ley es importante, histórico en la economía española, y se viene enseñando en las facultades de economía desde hace décadas. Consiste en que nuestra economía está muy indexada, es decir, que
hay una serie de variables que se revisan automáticamente en función de la evolución del IPC. Es cierto que esto no es arbitrario, tiene una justificación, que nuestra inflación ha sido históricamente más alta que la de países vecinos, como
Alemania, y esta indexación es una forma de proteger el poder adquisitivo frente a esa alta inflación. Pese a esa lógica de la práctica también tiene numerosas consecuencias indeseables; la principal, como expone el proyecto de ley, son los
efectos de segunda ronda. Es decir, a veces suben los precios, por ejemplo de los alimentos, lo que
hace que se eleve el IPC y suban una serie de variables no directamente relacionadas con los alimentos, provocando que al final tengamos tasas de inflación más altas que nuestros vecinos, persistentemente más altas, y más difícilmente
reducibles. Esto, que ya de por sí es un problema en cualquier situación, es mayor cuando nos hace perder competitividad en el ámbito de una unión monetaria, cuando no se puede corregir esa pérdida de competitividad provocada por el diferencial de
inflación con alteraciones del tipo de cambio. Por eso nosotros, al contrario que otros grupos, compartimos el objetivo del Gobierno. Puede que no sea ahora el problema más urgente pero es histórico; es una reforma de la economía española
pendiente durante décadas y nos alegra que se aborde. Por otro lado, coincide con recomendaciones del Consejo de la Unión Europea y con propuestas que hay en el programa nacional de reformas. Por tanto, nuestras objeciones no son a combatir la
práctica de la indexación. Nuestras objeciones tienen que ver con el método, con cómo se hace; ahí sí tenemos discrepancias importantes, en primer lugar, porque se atacan los síntomas de la inflación pero no las raíces profundas. No nos convence
la explicación de que la raíz principal de la inflación sea la práctica de la indexación, es más bien una secuela; hay que buscar la raíz del diferencial de inflación en causas estructurales, como los sectores oligopólicos que hay en nuestra
economía o actividades de servicios en las que hay una falta de competencia, y aquí se atacan los síntomas pero se olvidan esas raíces profundas sin las cuales es difícil combatir el diferencial de inflación de manera sostenible.
Hecha esta reflexión general y entrando ya en el propio contenido de la ley, nuestra objeción esencial es la que voy a intentar explicar a continuación. Creemos que tiene que quedar claramente fuera del ámbito de esta ley lo que tiene que
ver con las prestaciones, los subsidios, las ayudas y las indemnizaciones públicas. En el caso de prestaciones, subsidios y ayudas está justificado tener en cuenta la evolución del IPC, porque supongo que queremos que mantengan su poder
adquisitivo, cómo disociar la cuantía de una prestación de la evolución del IPC; sin embargo, en la exposición de motivos de la ley se incluyen en el ámbito de aplicación. En la parte dispositiva no queda claro luego cómo se va a hacer, pero en la
exposición de motivos no se excluyen del ámbito de aplicación. Nosotros creemos que ayudas, prestaciones, subsidios deben ligarse al IPC para no perder poder adquisitivo. Por tanto, se deberían excluir explícitamente del ámbito de aplicación de la
ley, como se ha hecho con las pensiones, con los salarios y con los activos financieros. Esta es nuestra objeción más importante al proyecto de ley.
Hay una segunda cuestión que debería quedar fuera del ámbito de la ley; en gran medida queda, pero no del todo. Son los contratos privados, que deben regirse por la libertad de contratación de las partes, como señala el Código Civil. En
general, esto se respeta, pero hay una excepción que va a afectar a pocas personas, porque se refiere a aquellos contratos en que se haya pactado explícitamente la revisión pero no se haya especificado con qué índice o metodología se va a hacer. No
habrá mucha gente despistada que haga un contrato en que pacte la revisión y no diga cómo la va a hacer, con qué índice o metodología. Ese pequeño efecto, esos pocos despistados se van a ver seriamente afectados porque se les impone un nuevo índice
que se llama de garantía de competitividad, que está muy sesgado a la baja, que es muy estricto y que va a arrojar unos valores muy alejados del objetivo de inflación del Banco Central Europeo. Por eso creemos que los contratos privados deberían
quedar fuera del ámbito de esta ley. Nos pueden decir: si no quieren meter prestaciones y subsidios ni tampoco contratos privados, ¿qué quieren incluir en esta ley? Queremos incluir lo que debería ser su ámbito esencial, los precios regulados de
los servicios y contratos públicos. Ahí es donde el sector público tiene una capacidad directa de actuación, y muy importante, porque estos contratos públicos tienen un volumen muy considerable; estos precios regulados de los servicios públicos
afectan a servicios esenciales, que, por cierto, han visto incrementar su precio un 25 % desde el inicio de la crisis. Actuando sobre contratos públicos y sobre precios regulados la ley tendría un efecto considerable y donde lo tiene que tener. En
ese ámbito de los precios regulados y los contratos públicos, compartimos los principios generales que recoge el proyecto de ley. En efecto, creemos que en ellos la norma debe ser la no revisión; lo normal debe ser la no revisión periódica. La
excepción tendrá que estar justificada con un aumento recurrente en los costes de esos servicios. En ese caso, habrá que utilizar índices específicos, no índices agregados, que reflejen de la mejor forma posible el aumento de los costes de
producción en esos sectores concretos. Todo eso nos parece una filosofía muy sana, unos principios generales que compartimos. Asimismo, compartimos, como se pueden imaginar, que esta ley afecte a todas las administraciones públicas, tanto al
Estado como a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. El problema está en los detalles. Hay unos principios generales que compartimos, pero todos los detalles, todo el desarrollo reglamentario se deja para un real decreto posterior, que
va a ser fundamental, porque en él se van a fijar en qué supuestos concretos se van a poder
realizar esas revisiones, se van a fijar los procedimientos, se van a fijar cuáles son esos índices específicos. Sin conocer todos estos detalles, apoyar la ley es dar una especie de cheque en blanco, que no estamos en condiciones de dar.
Nos gustan los principios generales, pero en qué se va a plasmar esto, en qué se va a concretar. Es imposible saberlo hasta que conozcamos ese real decreto en un plazo de seis meses.
No querría finalizar sin recoger un tema del que han hablado otros portavoces. Es un tanto paradójico que hablemos de esta cuestión precisamente en la coyuntura actual de la economía española. Creemos que hay que legislar sobre esto, que
hay que combatir la indexación. Volverá a ser un tema relevante en el futuro, pero no deja de ser paradójico que lo estemos discutiendo en un momento en el que el riesgo principal de la economía española es no la alta inflación sino la deflación,
que tal vez no sea muy probable, pero aunque tenga baja probabilidad, sus efectos serían tan devastadores sobre una economía como la española, y no deberíamos subestimarlos. Hay personas que ven la deflación como una bajada de precios y un aumento
de competitividad. Recordemos el ejemplo de Japón. Nuestra economía está muy endeudada todavía (las familias, las empresas, el propio sector público), y una caída de precios indica un aumento del valor real de esa deuda, de la deuda en términos de
poder adquisitivo. Eso sería demoledor, por ejemplo, para las familias españolas, que podrían reducir su deuda nominal pero en términos de bienes y servicios estar más endeudadas. Por otro lado, otro efecto es que se aplaza el consumo. Los
consumidores creen que los precios van a bajar y esperan a que bajen. En una economía como la nuestra, con crecimientos mínimos del PIB, con unos agentes económicos tan endeudados, el riesgo de deflación no debería subestimarse, como a veces da la
sensación que sucede, y esperamos estar equivocados en esta apreciación.
Concluyo recordando la postura general de mi grupo respecto a este proyecto de ley y el sentido del voto consiguiente. Compartimos el objetivo de desindexar la economía española, por tanto no somos partidarios de la devolución de este
proyecto de ley. No apoyaremos las enmiendas de devolución, pero no compartimos el método que se propone utilizar. Creemos que hay que dejar fuera del ámbito de aplicación de esta ley las prestaciones y subsidios públicos y los contratos privados.
Nos parece bien que se incluyan los precios regulados y los contratos públicos, pero hasta que no sepamos en qué se va a concretar, hasta que no conozcamos el real decreto de desarrollo reglamentario, no podemos dar un cheque en blanco solo por
compartir los principios generales. En consecuencia, el sentido de nuestro voto será la abstención. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Economía y Competitividad, la valoración que hace nuestro grupo parlamentario del proyecto de ley de desindexación de la economía española es que, en nuestra opinión, este sería un proyecto de ley oportuno en periodos de
crecimiento e inflación, pero tenemos nuestras reservas sobre que no vaya a ser un proyecto incierto bajo la actual coyuntura. De esta primera reflexión una de las primeras conclusiones que extrae nuestro grupo parlamentario es qué hacemos respecto
a este proyecto de ley, porque si bien la desindexación pudiera parecer una medida oportuna como medida de contención de la inflación en un escenario de medio o largo plazo, es decir cuando el crecimiento sea una constante en la economía española y
las presiones inflacionistas reaparezcan como norma, la urgencia de instaurar esta desindexación en el corto plazo nos parece un poco más cuestionable y tenemos relativas dudas al respecto. En segundo lugar, también nos gustaría saber cuáles son
los objetivos y las ventajas que persigue la aprobación de esta ley, cuyo impacto a corto plazo no entendemos que queden demasiado claros, señor ministro. Lo digo porque el proyecto de ley es un marco, pero el contenido no vendrá hasta que el
Gobierno no regule el decreto-ley que desarrolla este proyecto de ley, y sobre este aspecto poca cosa sabemos.
La aplicación de lo establecido en esta iniciativa legislativa que ha presentado el Gobierno comporta ahorros desde el punto de vista de gasto y, al mismo tiempo, menos ingresos desde el punto de vista de la no actualización por el IPC de
determinadas tasas, pero también podría no ser así. En este aspecto nosotros tenemos algunas dudas. Desde el punto de vista del gasto, señor ministro, la actualización de contratos, sobre la base del índice de garantía de competitividad -como
referente en contratación entre partes privadas que propone el Gobierno en vez del IPC- o de otro índice específico que no incluya la totalidad de los costes, podría representar, desde nuestro punto de vista, un aumento en los precios de licitación
de los contratos, ya que las empresas repercutirían el diferencial en la oferta económica o
contratarían un swap de inflación incrementando la totalidad de los costes a repercutir. Hay otro aspecto que también quiero destacar, ya que desde nuestro punto de vista la ley permitirá aplicar índices específicos que representen
realmente la evolución del coste. En muchos casos, por ejemplo en los precios energéticos y de carburantes, el nuevo índice también podría ser superior al del IPC, por tanto representaría un incremento mayor del precio.
Desde el punto de vista de los ingresos, la no revisión genérica de precios y de servicios públicos y la no inclusión en caso de revisión de los costes de la mano de obra y de los costes financieros podrían representar, señor ministro, una
caída en los ingresos de las tasas y tributos fijados como prestación de servicios de la Administración. Por tanto, a corto plazo parece que el balance entre gastos e ingresos podría no ser positivo, dado que el régimen que prevé la ley será de
aplicación en las relaciones jurídicas perfeccionadas después de su entrada en vigor. Por tanto, si hay contratos firmados con anterioridad, señor ministro, que contengan cláusulas de revisión de acuerdo con el IPC, estas se mantendrían hasta la
finalización del contrato; en cambio la actualización de las tasas, precios y sanciones ya no operará desde la entrada en vigor de la ley.
Señor ministro, hay otras peculiaridades y otros aspectos que Convergència i Unió va a reflejar en la tramitación parlamentaria sobre la base de un acuerdo que parece ser que va a existir, por las reuniones que hemos tenido tanto con los
portavoces del Grupo Parlamentario Popular como de otros grupos parlamentarios de esta Cámara. Desde Convergència i Unió esperamos que su contenido se haga con diálogo y atendiendo a todas aquellas demandas de los sectores que ven en esta ley una
amenaza y que piden excepciones en ella para no perjudicar la actividad económica. Del mismo modo esperamos que el Gobierno además de ponderar los aspectos críticos que venimos advirtiendo -algunos de los cuales ya hemos manifestado en este
procedimiento y otros específicos que hemos planteado ya directamente al ministro, al secretario de Estado, así como al portavoz del Grupo Parlamentario Popular- tenga en cuenta que, más allá de la ley, en este real decreto se van a detallar todos
aquellos índices específicos que podrían incluso ser territoriales. Por tanto, podría ser esencial que se respeten las competencias autonómicas porque en última instancia deberá ser la comunidad autónoma correspondiente quien establezca las
cuestiones de detalle y los índices territoriales del nivel inferior al del Estado con la aceptación de las administraciones locales. Desde esta óptica y también sobre la base de la confianza que nos merecen todos aquellos aspectos que ha llevado
su ministerio a este Parlamento y que ha sido posible consensuar con la complicidad de las diferentes fuerzas políticas, así como con la que represento, vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por los diferentes grupos
parlamentarios. Este acuerdo implícito, no manifestado pero materializado en el trámite parlamentario, va a hacer posible que nosotros demos ese aval al Gobierno, en este caso al ministro de Economía y Competitividad.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, lo primero que debemos hacer es cambiar el título de esta ley. Desindexación no existe en castellano y deberíamos ser rigurosos. En todo caso, estamos hablando de no indexación, pero el otro concepto no existe.
Es una propuesta que le hago porque la Cámara debe velar también, especialmente, por la corrección gramatical.
Este proyecto contiene sin duda medidas de gran trascendencia que pensamos que el Gobierno, señor ministro, debe abordar con precaución, cautela, reflexión y equilibrio. Por supuesto que compartimos los objetivos -¿cómo no?-: mejorar la
competitividad y moderar precios de bienes y servicios públicos. Claro que sí, ese es el objetivo declarado, pero habrá que ver si la aplicación de esta ley lo consigue o no. En todo caso, pensamos que estos objetivos deben hacerse con equidad,
consiguiendo mantener al mismo tiempo un equilibrio con la inversión y el empleo. Esta es nuestra línea roja. Si este proyecto afectare negativamente a ambas variables no podríamos en modo alguno apoyarlo o, dicho de otro modo, a ver si la no
actualización de las rentas y de los precios públicos conforme al IPC con carácter general va a retraer la inversión y afectar negativamente al empleo. Deberá reconocerme, señor ministro -como han dicho el resto de portavoces-, que en este momento
esta ley tiene poco sentido, porque la inflación es muy baja, aunque sin duda como una norma estructural puede ser necesaria para el futuro. En todo caso, como también sabe usted, en este momento estamos ganando competitividad de una forma
inadecuada,
basada exclusivamente en una caída de los salarios de los trabajadores españoles, algo que, como sabe usted, no comparte en absoluto mi grupo parlamentario. Estas normas se acomodan mejor a periodos de crecimiento económico, pero como
volverá el crecimiento económico puede ser positivo tener un marco regulatorio equitativo, como le he indicado.
Todos compartimos, por tanto, los objetivos expresados en la memoria que acompaña al proyecto de ley, pero se tienen que contrastar con la realidad. Que el PIB, el consumo, el empleo y la inversión aumentarán más en una economía no
indexada, en la que no hay revalorizaciones de rentas y precios de acuerdo al IPC, dependerá no solo de los mecanismos que aquí establezcamos sino de la confianza que se genere en los operadores privados, en los inversores y del impacto que esto
tenga en el empleo. En esta norma hay aspectos que pensamos deben ser rectificados -corregidos- para conseguir esos objetivos. Para nosotros es vital, esencial, lo más importante, como decía también el señor Anchuelo, que se produzca una
moderación de los precios de los bienes y servicios públicos para los usuarios españoles. Estamos hablando de los precios regulados que pagamos todos, que representan casi el 10 % de los presupuestos familiares, como dice la memoria; hablamos de
tarifas como la del transporte público, de impuestos especiales, tasas, peajes del sector eléctrico que, por cierto, no han hecho más que subir muy por encima de la inflación en estos últimos años. En los últimos años, como dice la memoria, los
precios de estos bienes se han incrementado el doble que en la unión monetaria, lo que deprime aún más la renta de los españoles, que ya está afectada por la subida de impuestos en general que ha decretado su Gobierno y por la devaluación salarial;
sin embargo, señor ministro, en la memoria ocultan cuidadosamente un dato, y es cómo se ha realizado la distribución de esa subida de precios regulados. Aquí está, señor ministro. (Muestra un gráfico). Exactamente el mayor incremento de los
precios regulados se ha producido en los años 2012 y 2013, con una subida del 6,4 % de media anual, exactamente algo más del doble que la media europea. Por tanto, esto ha ocurrido también debido a una voluntad política deliberada. Ahora decimos
que hay que establecer una norma de no indexación para que los precios no suban, para que no tengan impacto negativo en los consumidores y en los ciudadanos, pero ustedes no han hecho eso. Repito, es cierto que venían subiendo en el periodo
anterior, pero se han disparado de forma exponencial en los ejercicios 2012 y 2013, y eso solo se debe a su voluntad política.
Para que quede claro, no vamos a aceptar como resultado final un texto que fuere desequilibrado y no equitativo. Las cargas hay que repartirlas, no solo por igual sino con asunción de mayores costes por quienes más tienen, por quienes mejor
pueden soportar el impacto de esta crisis; sin embargo, aquí está ocurriendo lo contrario. Por tanto, no se debe usar esta ley para deprimir aún más los salarios y aumentar los precios regulados. El efecto debe ser el contrario del que ha sido
hasta ahora. Hay aspectos de esta ley que compartimos, como le decía anteriormente, como que la práctica indexadora, la subida de precios y rentas automáticamente, según sube el IPC, erosiona el poder adquisitivo de los valores monetarios, y que
entre los efectos perversos de la no indexación están los llamados de segunda ronda. Esto es cierto, como que la no indexación genera una inflación más elevada, favorece su persistencia y erosiona la competitividad. También estamos de acuerdo con
las excepciones que establece el texto del proyecto de ley, especialmente dejar fuera la negociación colectiva y las pensiones. Para que sea así, para que haya esa equidad que le indico, el texto que apruebe el Parlamento debe evitar algunos
efectos que se producirían si no hay cambios en los mismos. Tomemos, primero, las preocupaciones que la Federación Española de Municipios y Provincias nos ha hecho llegar. Ellos plantean con razón que debemos evitar la ruptura del equilibrio
económico de los contratos que podría producirse al aplicar el proyecto tal y como está redactado. La legislación local sobre haciendas locales establece que el importe de las tasas no puede exceder en su conjunto del coste real o previsible del
servicio que da lugar a su exacción. A su vez, los precios públicos deben cubrir como mínimo el coste del servicio prestado, lo que es extensible a las tarifas. Esto no está garantizado en el proyecto.
Nos importa, en segundo lugar, y mucho, el tratamiento de los costes laborales, de la mano de obra, que suele tener un peso determinante en una buena parte de los servicios públicos con independencia de la modalidad de prestación o gestión.
Pensemos en la limpieza viaria, en recogida de basuras, transporte urbano, etcétera. En consecuencia, si no se tienen en cuenta los costes de personal en la revisión de precios, esto puede afectar negativamente a la prestación del servicio y
deprimir de modo indirecto los salarios. La negociación colectiva tiene carácter sectorial también y sus resultados afectan a empresas que prestan servicios públicos en régimen de concesión. Por ello resulta imprescindible, a nuestro juicio, que
esta ley recoja los supuestos de revisión periódica de los costes de mano de obra que procederá en los casos en los que el contrato incluya una utilización intensiva del factor trabajo. Igual debería ocurrir con
los contratos de larga duración -lo dijo el representante del Grupo Vasco-, que deben tener el correspondiente régimen de revisión periódica. Si no se incorporan estas correcciones, como indica la propia FEMP en su informe, serán inviables
de gestionar por las empresas o, lo que es igual de grave, su viabilidad solo podrá garantizarse precarizando salarios de los trabajadores, algo que mi grupo no puede aceptar en modo alguno. Algo similar sucede con los contratos del sector público,
donde tasas, precios o tarifas que se perciben de los usuarios y que están directamente vinculados a los contratos deben merecer también un régimen de revisión periódica en los términos que establece el proyecto de ley. De lo contrario, será muy
difícil que los concesionarios opten a la prestación del servicio, menos aún en aquellos casos en que se necesitan fuertes inversiones, que solo pueden ser garantizadas si en los contratos de larga duración se contempla la revisión de precios aun
cuando en todos los supuestos mencionados no se utiliza el IPC sino índices específicos de precios.
Por último, aunque tiene una afectación pequeña con respecto a la nueva fórmula que regula el índice de garantía de competitividad para regular las relaciones privadas, consideramos que es excesivamente restrictiva, que pretende no solo
mantener los niveles de competitividad con la zona euro sino recuperar la competitividad perdida en los últimos trece o catorce años. Añade un criterio que pretende corregir en cada año el 25 % de la desviación acumulada de la inflación española
respecto del área euro desde 1999. De acuerdo con ello, señor ministro, si lo aplicáramos así, le garantizo que los valores nominales de estos contratos privados se congelarían con carácter indefinido, lo que puede resultar perjudicial,
especialmente en la coyuntura económica actual con bajísimas tasas de inflación. Sería mejor establecer una regla diferente -así lo propondremos en el debate- a partir de dos índices de precios subyacentes, uno para España y otro para la zona euro,
que no incorporan los alimentos elaborados ni los productos energéticos, eliminando la recuperación de la competitividad perdida. Lo adecuado sería utilizar la inflación subyacente de la eurozona si es inferior a la española y al revés, la española
si es inferior a la europea. Con esta regla pensamos que se mantendrán los niveles de competitividad de la zona euro desde el momento en que entre en vigor la ley, sin necesidad de hacer responsables a estos contratos de las desviaciones pasadas.
Además, señor ministro, no olvide -y con esto acabo- que aunque los precios son ciertamente determinantes en las ganancias o pérdidas de competitividad, no son los únicos factores que definen la posición de las empresas o de las economías en el
mundo. Cada vez más entran en juego los elementos de calidad, diseño e innovación, y nuevas tecnologías incorporados a bienes y servicios, en definitiva la I+D+i, y el conocimiento de dos recursos por cierto olvidados en las políticas económicas de
su Gobierno, que ignoran el cambio de modelo productivo que necesita la economía española.
En consecuencia, mi grupo se va a abstener, señorías, en estas enmiendas de totalidad, pero nuestra posición definitiva a lo largo de la tramitación del proyecto de ley se establecerá o se condicionará a la aceptación de las propuestas que
he indicado, especialmente aquellas que tienen que ver con los costes laborales y con los contratos de larga duración.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Serrano.
La señora SERRANO ARGÜELLO: Gracias, presidente.
Señorías, la inflación es la madre del paro y además es la ladrona de todos los que han ahorrado; la inflación es el peor de los impuestos y además se establece sin legislación alguna. Estas dos aseveraciones, la primera de Margaret
Thatcher y la segunda de Milton Friedman, son más que necesarias, son razones sobradas y suficientes para apoyar este proyecto de ley que traemos hoy a debate, el proyecto de ley de desindexación de la economía. El proyecto de ley tiene tres
objetivos fundamentales. Primero, moderar las tensiones inflacionistas, por lo tanto, mantendremos el poder adquisitivo de las familias y mejoraremos la competitividad de las empresas españolas, con lo cual seguiremos contribuyendo al crecimiento
de España y podremos seguir generando empleo, que es el objetivo prioritario, permanente e irrenunciable del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno Popular. Crear empleo, señorías, es la mejor política social, es la mejor política de
solidaridad y es la mejor marcha por la dignidad; crear empleo, señorías, crear empleo. (Aplausos).
Al Grupo Parlamentario Popular este proyecto de ley le parece novedoso, muy novedoso; le parece necesario; le parece razonable y razonado, a pesar de su complejidad técnica; le parece justo; le parece que es muy respetuoso con los
agentes económicos privados; le parece que además está en línea, como no puede ser de otro modo, con lo que está pasando ahora en el entorno europeo, ahora que está de
moda lo de acercarnos a Europa, lo de continuar por parte de nuestro grupo en Europa y haciendo Europa; y además es un proyecto de ley muy solidario. Nos gusta que sea necesario, nos gusta que sea justo, pero que sea muy solidario le gusta
muchísimo al Grupo Parlamentario Popular. Les decía que es novedoso porque, como muy bien ha dicho el señor Caldera, no existe el término en la Real Academia Española, pero alguna vez tiene que ser la primera, señor Caldera; se trata de innovar,
se trata de solucionar. Es verdad que no existe el término desindexar, pero sí existe indexar, que es que el 1 de enero todos los precios suban automáticamente en función del IPC, y eso es lo que no queremos. Por eso es necesario este proyecto de
ley, porque según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia los servicios públicos han subido desde el inicio de la crisis hasta un 25 %, lo cual hace que las familias españolas tengamos pérdidas en nuestro poder
adquisitivo y que además haya pérdidas en la competitividad de nuestras empresas. Por lo tanto, es necesario, y entendemos en el Grupo Parlamentario Popular, porque es de sentido común, que es absolutamente necesario desindexar o desvincular la
subida de precios en los transportes, en las comunicaciones, en los envíos postales, en la energía, en el agua, en la bombona de butano, en las multas, en las sanciones, en los contratos administrativos, porque no tiene ningún sentido que suba el
billete de autobús en función de no sabemos qué ha subido qué IPC. Habrá que hacerlo de forma razonada y razonable, pero están clarísimamente excluidas de este proyecto de ley las pensiones, esas que algunos congelaron y que el Gobierno popular ha
hecho que siempre suban por ley; están también excluidas las negociaciones salariales, esas que algunos no han encontrado en un proyecto de ley de nueve páginas -está en la página 5-, no han encontrado que están excluidas las negociaciones
salariales que les competen a los agentes económicos y sociales; están excluidos los impuestos que este Gobierno popular va a bajar ahora que es posible, y están excluidos también los instrumentos financieros, como no puede ser de otro modo.
Como decía, a pesar de su complejidad técnica, es razonado y razonable o razonable y razonado, porque -se ha dicho aquí- lo que no podemos hacer es entrar en la espiral inflacionaria, que es lo que se llama la inflación de segunda generación
o de segunda ronda; no se puede tolerar eso porque no tiene ningún sentido que suba el precio de un bien y acabe subiendo el precio de otro bien que no tiene ninguna relación entre sí, lo lógico es que se haga razonadamente en función de la
evolución de los costes de ese servicio. Les decía también que es justo, este proyecto de ley es muy justo, porque si han subido los servicios públicos, que suponen el 7 % en la renta disponible de los españoles y nuestras rentas a su vez han sido
desvinculadas ya del IPC, es normal que no esté vinculado, por lo tanto, es bastante justo. Además, es muy respetuoso con los agentes económicos privados porque cuando hay un contrato lógicamente se respeta, pero si no hay un contrato explícito, se
aplicará el índice general de competitividad, como no puede ser de otro modo. Dicho índice se calcula, -y ahí tenemos la armonía con Europa- en función de la inflación que hay en el entorno europeo, menos unos correctores aplicados a cada país.
Pero lo que más le gusta al Grupo Parlamentario Popular, como les decía al principio, es que es un proyecto de ley muy solidario porque es una pieza más, como muy bien ha explicado el ministro, dentro del engranaje de reformas. ¿Para qué? Para
generar crecimiento, para generar empleo, que es lo que realmente nos importa. Lo que es absolutamente insolidario, señores de la izquierda, y lo que es absolutamente demagogo, es, en primer lugar, falsear la realidad. Permítanme señalarles que en
la página 5, punto 3.2 -este proyecto de ley tiene nueve páginas- aparece que lógicamente no tiene nada que ver con las negociaciones salariales. Además, es insolidario porque en su exposición ustedes siempre dibujan una situación en la que estamos
dentro de una ciudadela amurallada; unos, que tenemos la suerte de trabajar, y otros, que tienen la desgracia y la situación dramática de estar en el paro, pero ustedes, con su inflexibilidad y su insolidaridad, siempre hacen que esa muralla sea
más grande. Pues bien, lo que está claro es que ya es un hecho que con el esfuerzo de todos y con la moderación salarial que ha traído la reforma laboral, entre todos hayamos conseguido que unos pocos, cada vez más, no pierdan su puesto de trabajo
y cada vez más puedan entrar a trabajar. Eso es lo que hace la flexibilidad del Grupo Parlamentario Popular. Insisto, ya es un hecho -el señor ministro y el gobernador del Banco de España lo repitieron ayer- la creación de empleo neto.
Como decía Cayo, es hermoso contribuir a la patria con hechos. Pero no lo decía Cayo Lara, que no diría ni la palabra patria, lo decía Cayo Salustio, que era un historiador y un gran político romano: contribuir con hechos. (Aplausos).
Además, ustedes, la gente de la izquierda, son absolutamente demagogos en su exposición porque acaban diciendo que esto afecta al poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Que no suba el precio de la bombona de butano, que no suba el precio de
los transportes, que no suba el precio del bonobús, que no suba el precio de la energía afecta a todo el mundo, pero precisamente a la
gente que tiene la renta más baja le afecta mucho más positivamente. Por lo tanto, cada vez que les veo insolidarios en sus propuestas cada vez que les veo demagogos en sus propuestas, se me viene a la cabeza un refrán castellano que me
enseñaron en casa que dice: No yerra tanto el que yerra, sino el que en errar se empeña. Todos somos susceptibles de equivocarnos, pero obstinarse en el error tiene..., ya sabemos lo que sigue (Risas). Se obstinan permanentemente en el error para
castigar siempre a los que dicen defender.
Para terminar, he de decirles que esta es una pieza clave y clarísima dentro del proceso de transformación que está llevando a cabo el Gobierno popular, donde se está restaurando la cultura del esfuerzo como, por ejemplo, con la Ley de la
calidad de la educación; donde, por ejemplo, se está afianzando la cultura de la solidaridad con esa reforma laboral que permite flexibilidad para que todos puedan volver a trabajar. Estamos trabajando y contribuyendo permanentemente a la cultura
del rigor y la seriedad para que, por ejemplo, no queden las facturas en los cajones, con la Ley de la factura electrónica; o estamos trabajando en la cultura de la estabilidad, como no puede ser de otra forma. Aquí es donde se incardina este
proyecto de ley, en la estabilidad, como del mismo modo lo hace la Ley de reforma de las administraciones públicas. Por lo tanto, en este proceso de transformación de España que se está llevando a cabo con mucho esfuerzo de los españoles y dirigido
por el Gobierno popular, estamos escribiendo un relato, señorías, estamos escribiendo un gran relato y estamos pasando de la recesión a la recuperación. En ese gran relato ya hemos escrito la primera página, que era pasar de la resignación a la
esperanza, y ahora, como muy bien nos dijo el presidente Rajoy, el presidente de España, nos toca pasar de la esperanza a la ambición, y ahí está este proyecto de ley y el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno popular. Queremos pasar a la
ambición y, lógicamente, si tenemos ambición en combatir el paro, si, como decía Margaret Thatcher, la madre del paro es la inflación, lo que tendremos que combatir será la inflación. Mano tendida en este sentido una vez más para que vean que si
nuestra ambición es crear empleo, lo que queremos siempre es sumar para generar más trabajo y más empleo. Por lo tanto, este grupo parlamentario tendrá extrema sensibilidad, como no puede ser de otra forma, con aquellas situaciones de costes
hundidos o con aquellas situaciones de empresas que sean intensivas en mano de obra porque, insistimos, nuestro gran objetivo es crear empleo. ¿Por qué? Porque es la mejor política social, porque es la mejor política de solidaridad y porque es la
mejor marcha por la dignidad. Señorías de la izquierda, dense cuenta de que la marcha por la dignidad no se hace en las calles con violencia, se hace trabajando aquí, en el Parlamento (Aplausos); se hace trabajando para que cada vez más y más
españoles puedan trabajar, porque esa será la auténtica fortaleza y dignidad de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Serrano, por su intervención. (El señor Coscubiela Conesa pide la palabra).
Señor Coscubiela, ¿por qué me pide la palabra?
El señor COSCUBIELA CONESA: En nombre del señor Lara, que no está presente. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Siento decirle que he estado escuchando...
El señor COSCUBIELA CONESA: Ha puesto en duda...
El señor PRESIDENTE: He estado escuchando y, en efecto, hay una referencia personal, y para esa referencia personal tiene usted la palabra.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Puedo entender que la portavoz del Grupo Popular, es obvio, utilice en vano palabras como demagogos e insolidarios para referirse a nosotros y puedo entender también que crea que repetir mil veces una mentira la convierte en verdad, pero no
puedo aceptar de ninguna de las maneras que su intervención haya traspasado algún límite como, por ejemplo, poner en duda el patriotismo de nuestro compañero Cayo Lara. No sé lo que para usted significa la patria, pero sí sé que Cayo Lara tiene
patria: son sus hermanos de Castilla-La Mancha y de España. Es posible que no sea la misma patria de usted, la patria de Suiza y de sus cuentas, pero tiene patria. (Protestas.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
Señora Serrano.
La señora SERRANO ARGÜELLO: Lamento que lo haya entendido así porque creo que me expreso con mucha claridad y que soy bastante directa; lamento tremendamente que lo entienda así. No obstante, si en cualquier momento le ha podido molestar
u ofender, lógicamente lo reconsidero, pero le quiero dejar meridianamente claro que lo que he querido decir haciendo esa alusión es que lo más importante son los hechos y generar empleo, que es la mejor política social, la mejor política de
solidaridad y la mejor marcha por la dignidad. La patria es la de todos, la de usted y la nuestra, la de todos: España. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Serrano.
- PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA. (Número de expediente 121/000079).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.
Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señorías, el Gobierno trae hoy a la Cámara el proyecto de ley de racionalización del sector público, un nuevo proyecto de ley que se orienta a procurar y promover la reforma de las administraciones públicas en España, buscando la eficiencia
en el gasto, la simplificación en su funcionamiento y la eliminación de duplicidades que han caracterizado las numerosas anteriores iniciativas que se han presentado a lo largo de esta legislatura. El Gobierno lo hace convencido de que está
desarrollando el camino correcto; de hecho, los resultados que vamos conociendo avalan que no era posible otro camino, que no había otra puerta que abriera España al crecimiento económico y a la creación de empleo. Esa fue la elección desde el
comienzo de esta legislatura, una elección que no era sencilla; teníamos que elegir entre mantener intocada, inalterable, la estructura de una Administración que no estaba dando una respuesta eficaz a las demandas de servicio público de los
ciudadanos o comprometernos con la mejora del cumplimiento de esos servicios públicos, evitando duplicidades e ineficiencias que incrementaban el gasto y entorpecían el propio funcionamiento de la Administración, o bien fusionar los que se
solapaban, eliminando mecanismos inservibles generando en su supresión ahorro y simplificación burocrática. Teníamos que elegir también entre mantener una bolsa de morosidad que ponía a la puerta de la desaparición a decenas de miles de empresas y
autónomos, al propio prestigio de España como promotor de servicios públicos; teníamos que eliminar esa morosidad, corregir esas bolsas de morosidad, o seguir lastrando las cuentas públicas con la presencia de esa deuda comercial, en muchos casos
reconocida pero no liquidada.
Esa es la opción que adoptó el Gobierno con el apoyo mayoritario de esta Cámara, que se resume en austeridad en las cuentas públicas, ajuste fiscal en todas sus administraciones públicas, reducciones en el gasto público hasta el punto de
evitar sobre todo las expresiones repetidas e innumerables que eran las anteriores prácticas que durante largo tiempo hemos vivido en nuestro país. Así se marcaron los presupuestos de comienzo de legislatura en el año 2012 y también tuvo
continuidad en los presupuestos para el año 2013, y así realmente hemos evitado, gracias a todo ello y a las reformas estructurales que puso en marcha el Gobierno en el ámbito laboral, en el ámbito financiero, en el ámbito energético, que España
necesitara del rescate puesto que éramos capaces de llevar adelante por nosotros mismos la andadura de la recuperación económica y de la creación de empleo.
La prioridad del Gobierno fue poner bajo control cuentas públicas que estaban claramente desordenadas, evitar que se produjeran situaciones de duplicidades y de ineficiencias y a ello es a lo que contribuye la legislación, pues seguimos
progresando en la propuesta que hacemos desde el Gobierno a la Cámara en cuanto a racionalización y reestructuración del sector público, en la que se enmarca la ley que defiendo desde esta tribuna, orientada siempre a la reducción de entes, a la
reducción de cargos, a la reducción de empresas públicas y fundaciones y a la reducción del sueldo de los directivos de estas empresas públicas y de estas fundaciones. Se trata de seguir los preceptos que ya nos marcó la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada por esta Cámara a mediados del año 2012; seguir también -como hemos progresado- con la creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal y la aprobación del proyecto de ley de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que servirán para incrementar esa transparencia y responsabilidad de los gestores
públicos en los recursos económicos, garantizando el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria.
El afán del Gobierno a estas alturas de la legislatura es poner orden en los entes públicos y estamos convencidos de que eso es también lo que está abriendo la confianza internacional hacia España, la confianza de los mercados financieros en
nuestro país. Hoy vemos cuál es la valoración de nuestra deuda pública en esos mercados financieros, registrando mínimos históricos, fruto del esfuerzo de toda una sociedad puesto que detrás de esa reordenación del sector público está el esfuerzo
colectivo de toda una sociedad que ha sabido empujar y empeñarse en esas políticas de austeridad. Nada hubiera sido posible sin la participación activa de la sociedad española, sin la confianza de tantos millones de ciudadanos que realmente han
estado apoyando y facilitando la aplicación de estas reformas; reformas que, insisto, han implicado esfuerzos, esfuerzos que valen la pena, esfuerzos que nos abren un horizonte diferente en términos tributarios. Hoy ya podemos hablar y expresar
con toda claridad y rotundidad que la política del Gobierno será bajar impuestos, será bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, facilitado por una corrección del déficit público. Mañana mismo el Consejo de Ministros conocerá el
informe facilitado desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al conjunto del Gobierno sobre el cierre del déficit público del año 2013 antes de la remisión de toda la información a Eurostat, cifras positivas para España, cifras que
facilitan el reconocimiento de España como socio leal de las instituciones europeas, cumpliendo nuestros compromisos con Europa, pero, sobre todo, haciendo lo que tenemos que hacer en casa para recuperar la credibilidad internacional que apoye y dé
fortaleza a nuestro crecimiento económico y a la creación de empleo. Por eso se suceden tantos informes, cada día un nuevo informe de organismos internacionales, de instituciones financieras internacionales, donde se afirma que las perspectivas
económicas para España mejoran cada día, cada semana y cada mes porque realmente estamos haciendo estas propuestas de reformas de nuestro sector público, entre otras reformas estructurales que están marcadas -quiero insistir en ello porque no vale
la pena que lo hagamos ahora, ya que en las enmiendas a la totalidad también lo tendremos que ver- por la austeridad en el gasto público, por la reducción de ese gasto público, por hacer una política de reducir el gasto público sobre el producto
interior bruto frente a lo que fue la respuesta de anteriores Gobiernos que subieron el gasto público, que subieron las plantillas de las administraciones públicas en los años de crisis económica, incurriendo en el gravísimo error de generar más
déficit, más deuda pública y prolongar la agonía de la crisis económica que está viviendo España. Eso es lo que estamos haciendo, reordenar esas administraciones públicas, reduciendo incluso dramáticamente el número de empleos públicos, la
reducción de 400.000 empleos públicos en estos dos últimos años. Había que hacerlo porque es lo que convenía a los españoles para que tengamos todos esperanza, especialmente las personas que han perdido su empleo en esas administraciones públicas,
los primeros a los que tenemos que referirnos, como también debemos referirnos positivamente a los funcionarios públicos, a los empleados públicos, que han soportado buena parte de esos esfuerzos precisamente para devolver a España ese crecimiento
económico, esa creación de empleo y esa senda de oportunidades. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Este proyecto de ley tiene como medidas la reordenación de determinados entes y organismos públicos. ¿Por qué no todos? Porque aquí van aquellos entes y organismos públicos que necesitan rango de ley para ser reordenados. Tenemos un
sistema en España que ciertamente es peculiar, y vale la pena que lo reconozcamos así, por el que hay determinadas entidades que pueden ser modificadas vía real decreto o vía acuerdo. Pueden incluso eliminarse, como es el caso de fundaciones y
empresas públicas, y frente a ello tenemos otras que necesitan una cobertura local que obliga a que sea otra ley la que las modifique. Este es el sentido de la ley que traemos aquí.
Para poner algunos ejemplos que afectan a distintos departamentos, se refuerza la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la conocida como Aneca, como un organismo público encargado de esa evaluación de la calidad de
nuestro sistema universitario y del profesorado, englobando las funciones de otra serie de organismos. También la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas se integra en el organismo autónomo Programas Educativos
Europeos, que podrá hacer ambas funciones: el programa europeo y la proyección internacional.
En el caso del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música se va a permitir la colaboración de los distintos coros que existen en el ámbito público de la Administración del Estado para que puedan realizar, a través de los
correspondientes convenios de colaboración, actuaciones que permitan trabajar juntos, tener un repertorio más amplio y además poder funcionar con mayor eficiencia.
En el ámbito de la reducción, destaca la integración de la sociedad estatal España, Expansión Exterior en el ICEX para ahorrar costes y mejorar la gestión por las sinergias derivadas de esa integración. En el ámbito del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, también se reordenan -tendiendo a crear instituciones potentes- diferentes institutos. Es el caso del Instituto Nacional de Consumo, que se fusiona con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, ya que
muchas tareas eran similares, y se crea una gran agencia de consumo y de seguridad alimentaria en nuestro país. Del mismo modo, se refuerza el Instituto Nacional de la Mujer, que pasa a desempeñar funciones antes desperdigadas por otras direcciones
para hacer un verdadero instituto de la mujer y de la eliminación de la discriminación. A su vez, se sustituye su consejo rector, muy limitado a efectos ministeriales, por una comisión interministerial que permita que, sin coste, todos los
ministerios puedan llevar a cabo esos programas de integración. También se simplifica en materia de acción ciudadana, como en el caso de la licencia deportiva única, que permitiría que su titular pueda participar en cualquier competición oficial
cualquiera que sea su ámbito territorial; unidad de mercado en este caso para deporte. Desde el Gobierno quiero referirme también a la suspicacia, al recelo que ha levantado esta propuesta en otros grupos políticos. Con la colaboración del Grupo
Parlamentario Popular queremos evitar que este tema sea conflictivo, que vaya a mermar los ingresos de las federaciones autonómicas en España, ni mucho menos. Por lo tanto, tendremos la mejor disposición para que en la tramitación parlamentaria
evitemos que este proyecto de licencia deportiva única haga que no coincidamos en el objetivo común de simplificar y racionalizar argumentos y elementos.
Una medida también muy importante es convertir al Boletín Oficial del Estado en el tablón edictal único para todas las administraciones. ¿Qué supone esto? Cuando no somos localizados, no podemos firmar la recepción o no estamos en sistemas
electrónicos -que también vamos a tener-, las administraciones públicas publican edictos con el nombre de los afectados por un procedimiento administrativo. El ciudadano tiene que ir a comprobar en los distintos tablones edictales si figura su
nombre para saber si tiene alguna notificación de la Administración. Ahora se podrá dirigir a un único sitio, el Boletín Oficial del Estado. Con su documento nacional de identidad entrará en la página del BOE y sabrá si está o no en un
procedimiento administrativo. Es decir, habrá un lugar único donde fácilmente los ciudadanos podrán consultar telemáticamente sus relaciones con la Administración, como hacemos con nuestras entidades bancarias o en otras tantas actuaciones de la
vida ordinaria.
La simplificación de estructuras y procedimientos es un tema muy importante que se aborda en esta ley que, insisto, no tiene carácter centralizador alguno, pero sí de ordenamiento en términos de cuentas abiertas de los organismos públicos
del Estado donde hay que gestionar mejor. El Tesoro y el Ministerio de Economía serán los encargados de centralizar esas cuentas y en lo que se refiere al régimen de consorcios tendremos también una importante actividad a desarrollar.
Señorías, termino solicitando el voto favorable para este proyecto de ley y solicitando también la reconsideración de los grupos parlamentarios para la retirada de las enmiendas a la totalidad. Ya he anunciado antes que tendremos la mejor
disposición para resolver las reservas que han expresado al menos algunos de esos grupos parlamentarios en relación con este proyecto de ley. Se ha recorrido un buen tramo del camino para poder tener unas administraciones públicas en todos los
ámbitos -Administración General del Estado, administraciones autonómicas y administraciones locales- mucho más coordinadas, eficaces, modernas, transparentes y ágiles.
Quiero terminar con la referencia -ya lo he hecho antes- a los funcionarios y a los empleados públicos, reconociéndoles su aportación a este proceso de acercar el servicio público a la ciudadanía y facilitar con su esfuerzo y con su trabajo
la salida de esta crisis. Por eso me complace anunciar esta mañana en el Congreso que el Gobierno va a proponer al Grupo Parlamentario Popular que utilice la tramitación de esta ley para que los funcionarios públicos recuperen un día de libre
disposición; que se añada, que se sume al día que ya recuperaron a finales del año 2013, de manera que ya tendremos dos días de libre disposición recuperados al final de la tramitación de esta ley.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro de Hacienda.
Enmiendas a la totalidad. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, paso a plantear las razones del Bloque Nacionalista Galego para presentar esta enmienda de devolución. Hay que reconocer, señor ministro, que ustedes han encontrado un filón en
la crisis económica, que se está revelando como el auténtico pretexto y motor del Gobierno para emprender su denominado programa de reformas, cuya finalidad es en realidad ejecutar el verdadero manual de acción del Gobierno, dirigido a
profundizar en la involución económica, social y política del Estado español.
Este pretexto o, mejor dicho, este proyecto de ley se presenta como parte del citado programa de reformas y su análisis se inserta en esa línea de emprender la contrarreforma ansiada hace décadas desde los sectores tradicionalistas y
conservadores de la derecha española, que han visto su oportunidad para llevarla a cabo aprovechando la convulsión social causada por la crisis económica. A este proyecto le encaja mal su título, señor ministro, pues su objetivo está lejos de
perseguir la racionalización de la estructura de las administraciones públicas. Su contenido, aunque diverso, indica claramente que su verdadera intencionalidad es reforzar aún más la capacidad del poder central, recentralizar competencias y
considerar como prescindible la actividad que desarrollan las administraciones de las comunidades autónomas.
El antecedente que inspira esta reforma, el informe de la denominada Comisión para la reforma de las administraciones públicas, avanzó esa estrategia. Tanto en el informe como en este proyecto de ley, que asume una parte del mismo, subyace
como común denominador la tesis de que las duplicidades existentes en el sector público del conjunto del Estado español han de resolverse siempre unificando organismos y competencias en la órbita de la Administración General del Estado. Se renueva
la idea de Administración unitaria dependiente del Estado, y ello no obsta para incluso prever nuevos organismos o secciones de ellos en el ámbito público estatal al tiempo que se pregonan la necesaria austeridad y adelgazamiento del sector público.
La real racionalización del sector público supondría revisar a fondo precisamente el papel de la Administración General del Estado, que ha mantenido en muchos casos órganos y organismos públicos sin funciones, señor ministro, al haberse asumido
competencias por las comunidades autónomas. La racionalización del sector público se enuncia pero no se practica. Por ejemplo, se mantiene el gasto militar sostenido aun en época de crisis, así como instituciones cuya autoridad está cuestionada
ampliamente, como el caso del Senado -51 millones de gasto, señor ministro- o diputaciones provinciales que gestionan una parte significativa del gasto de las administraciones locales en funciones y competencias que podrían ser asumidas sin
problemas tanto por la Administración local como por la autonómica. De hecho, está su Ley de racionalización de las administraciones locales. Le pondría un ejemplo. Los organismos que ustedes quieren eliminar en Galicia suponen 10 millones de
euros; si anularan las diputaciones, estaríamos hablando de 456. Por lo tanto, señor ministro, lo que decíamos anteriormente, que una cosa es lo que se escribe y otra lo que se practica. Por otro lado, desde el punto de vista de la simplificación
burocrática, el proyecto de ley refleja ese espíritu de motivación grandilocuente, pero cuya concreción a la hora de la regulación se transforma en selectivas medidas recentralizadoras, como es el caso de la implantación de una licencia deportiva
única que, más allá de ser discutible en relación a la operatividad de la misma, no ha sido discutida con las diferentes federaciones, lo cual en estos momentos crea una total posición contraria a esta cuestión. En suma, estamos ante un proyecto de
ley impregnado de recentralización más que de racionalización, sin que haya demostración de que ese proceso de reconstitución de un Estado unitario con Administración férreamente unitaria sea más eficaz y eficiente económicamente. Por el contrario,
sí podemos intuir que lo que en realidad pretenden con ello es la recuperación y concentración de poder político en torno a instituciones centrales del Estado para consolidar un modelo político e institucional uniforme, negando con ello cualquier
margen de autogobierno a otras instituciones y administraciones, y transformando la autonomía, incluso en su versión tutelada, como se ha desarrollado en el vigente modelo constitucional, en subordinación al servicio de la homogeneización y
asimilación en todo el Estado español de las políticas diseñadas por el Gobierno central de turno. Estas son las razones por las que el Bloque Nacionalista Galego ha presentado esta enmienda de devolución a este proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Davila.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, este proyecto de ley pretende imponer la licencia federativa única, convirtiendo las federaciones autonómicas en simples delegaciones de la federación española, sustrayéndoles cualquier ámbito de decisión y
subordinándolas a la federación española. Todo ello por un interés eminentemente recaudatorio que pretende dotar de recursos a las federaciones estatales,
sustrayéndoselos, como siempre, a las autonómicas. La pregunta, señor ministro, es de qué manera pretenden garantizar la viabilidad económica de las federaciones deportivas autonómicas. Esta es la pregunta clave. Con esta ley dejan sin
sentido que las federaciones autonómicas emitan licencias propias, dado que la licencia única ya permitiría participar tanto en competiciones estatales como en autonómicas. Ello pese a que en principio la pretendida modificación parece que siga
dejando que sean las federaciones autonómicas integradas en las españolas las que gestionen las licencias. Sin embargo, se explicita que la federación española podrá decidir que la emisión de la licencia sea a cargo directo de la misma, sin
intervención ninguna de la autonómica. Pretenden, pues, la desaparición de las federaciones autonómicas, convirtiéndolas en una simple delegación de la federación española, que es la que determina el precio de las licencias, la que determina la
compensación que se reserva y si finalmente la licencia es gestionada por la autonómica o si lo es directamente por la española. Además, la economía de las federaciones autonómicas pasará a ser gestionada por las federaciones españolas, las cuales
discutirán qué parte del precio de la licencia será la propia compensación por las supuestas competencias y qué parte del precio irá hacia las autonómicas, en función de la evaluación que se haga -desde la española- de los gastos que puede conllevar
el calendario competitivo autonómico y la misma existencia de la federación como entidad jurídica, detrás de la gestión de la economía y de la gestión de la actividad deportiva y competitiva. En otras palabras, para que nos entendamos todos,
pretenden impedir la viabilidad económica de las federaciones autonómicas.
Señorías, están ustedes empeñados en imponer su visión nacionalista, su visión centralista y homogeneizadora del Estado, y pretenden laminar las competencias de las comunidades autónomas sustrayéndoles cualquier ámbito de decisión y
subordinándolo a los dictados del Gobierno del Estado. Ustedes sigan con su hoja de ruta -como evidentemente van haciendo- para desmantelar nuestras federaciones deportivas y nuestra autonomía, que nosotros continuaremos la nuestra -nuestra hoja de
ruta- hacia la independencia.
Ustedes han puesto de moda las leyes racionalizadoras. Hablan constantemente de racionalizar -hoy mismo el señor ministro lo ha hecho-, como si todo, absolutamente todo lo que existía antes de la crisis fuera irracional. Pretenden arrasar
con todo o -como ustedes prefieran denominarlo- racionalizarlo todo. Hoy, señorías del Partido Popular, pretenden arrasar con las Federacions Esportives de Catalunya, pero no solo con esto, también con la Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya, con la Sindicatura de Comptes, con el Servei Meteorològic de Catalunya, y tantos y tantos organismos de las comunidades autónomas.
Acabo. Este proyecto de ley, señorías, señor ministro, como todas sus leyes, esconde la intención de reducir a las comunidades autónomas a meras y simples delegaciones de la Administración General del Estado, dedicadas ellas únicamente a la
ejecución de las políticas elaboradas en este caso por el Gobierno español.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Empezando por el título del proyecto de ley, como ha manifestado el propio Consejo de Estado, diré que se les ha ido la mano en el entusiasmo al hablar de racionalización del sector público a la vista del contenido de la propuesta
legislativa, pues ni abarca todo el sector público -al tratar solo el estatal- ni se puede abusar tanto del término racionalización como este Gobierno pretende. En definitiva, a nuestro entender, lo que se busca es menguar el sector público para
permitir crecer al privado, aunque sepan que el Estado español no llega a la media considerada óptima en tamaño del sector público.
Este proyecto de ley pretende reducir costes, pero pone primero que nada en el punto de mira los que generan prestar servicios sociales de protección a los consumidores, a la salud de la mujer, a la evaluación de la investigación, a las
universidades, al Plan nacional sobre drogas o a la juventud pretendiendo la supresión del Consejo de la Juventud, cuando lo que habría que hacer es regularlo y dotarlo de autonomía financiera y funcional. Lo advierte el propio Consejo de Estado
cuando habla y dice textualmente: Se aprecia de lo expuesto una concentración de medidas de supresión de órganos entre aquellos llamados a actuar en el ámbito de las políticas sociales. Y sigue diciendo: Resulta conveniente velar por que tales
reformas no comporten una minoración del cumplimiento de los fines sociales atribuidos a los órganos suprimidos. Es una preocupación que compartimos porque, efectivamente, esta reforma está destinada
especialmente a reducir los organismos públicos que actúan sobre las políticas sociales, aquellas que en estos momentos son más necesarias que nunca para los ciudadanos. Tampoco se aclara si va a suponer la amortización de los puestos de
trabajo al fusionar diferentes organismos públicos. Además, este proyecto de ley pretende -ya lo han dicho las compañeras que me han precedido en la tribuna- una recentralización descarada y el ejemplo, al que han aludido, lo tenemos en la
imposición de la licencia federativa única, que comportará, si no se evita en la tramitación, dejar sin recursos a las federaciones autonómicas y convertirlas en meras delegaciones provinciales. Señor ministro, le tomo la palabra -para decírselo a
las federaciones valencianas- de que se ha comprometido en que en la tramitación parlamentaria esto no va a suponer una rebaja en los recursos que obtienen ahora mismo las federaciones autonómicas.
Desde Compromís-Equo no nos oponemos a buscar mecanismos de eficiencia en la Administración pública, pero no mediante la reducción en plena crisis de organismos destinados a políticas sociales. Por tanto, no vamos a amparar la venta de un
proyecto de disminución del sector público como si se pretendiera incrementar su eficacia, cuando lo que se busca es estudiar de qué nos podemos desprender, disminuyendo más allá de lo óptimo el sector público. La salida de la crisis no pasa por
reducir el tamaño de lo público, pasa por lo contrario: apoyarse en lo público para revertir las situaciones de exclusión social, de desempleo y de desigualdad fomentando las políticas sociales para que la economía vuelva a fluir y no destinando el
dinero del sector público a entidades bancarias o rescatando autopistas ruinosas, como se pretende hacer ahora. El gasto público es uno de los determinantes más importantes para configurar la demanda en momentos como este, de recesión. El problema
no es no tener recursos, que los hay, el problema es en qué te los gastas.
Acabo. Señor ministro, si quiere racionalizar de verdad, ¿por qué no empieza con instituciones acabadas como las diputaciones o el Senado?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví, debe terminar.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, señor ministro de Hacienda, el Grupo Vasco ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de racionalización del sector público porque estamos un tanto cansados, cansados
de tener que defender lo obvio, lo que ustedes -Gobierno y Grupo Popular- deberían defender y no poner en cuestión, me estoy refiriendo al marco legal vigente, al respeto al Estado autonómico y a sus reglas de juego. Actúan como aquellos equipos de
fútbol que comenten faltas pero saben que el árbitro mirará para otro lado y no les pitará, o que incluso lo hará en contra. Se amparan en la crisis, en la supuesta eficacia y racionalización administrativa para entrar como elefante en cacharrería
donde no les corresponde. Y las cosas se pueden y se deben hacer de otra manera. ¿Es preciso racionalizar? Sí, evidentemente. ¿Reordenar? Sí. ¿Buscar la eficiencia y eficacia? Sí, pero no a costa de romper las reglas del juego e invadir
competencias. Es más útil y eficaz hacerlo respetando y buscando consensos entre los grupos parlamentarios, pero me temo que esa no es su manera. Por tanto, en estos temas nos tendrá enfrente para que el árbitro no mire para otro lado y para que
no nos dejen el estatuto de autonomía sin contenido.
El presente proyecto de ley constituye un compendio de medidas de reorganización del sector público estatal y modificaciones normativas que desbordan en ambos casos el marco de actuaciones de la Administración del Estado y afectan de forma
directa a la potestad de autoorganización de las administraciones territoriales del Estado y a determinadas competencias que les confiere el régimen de distribución competencial vigente. Con el objetivo genérico de racionalizar el sector público y
de fijar medidas de reforma administrativa, el Estado plantea una serie de modificaciones estructurales, organizativas y legislativas que en buena parte de los casos irrumpen de forma directa en ámbitos competenciales y funcionales que corresponden
a las administraciones territoriales del Estado, afectando tanto a la potestad de autoorganización que ostentan dichas administraciones como a sus competencias y funciones en diversos sectores de la actuación pública. Una prueba de ello -de esta
intromisión ilegítima del Estado- se desprende del contenido de la disposición adicional primera del proyecto de ley destinada a identificar los títulos competenciales en los que se ampara el Estado para la elaboración de esta norma
legal. Así, tratándose de un texto que contempla veintiséis artículos, once disposiciones adicionales y cinco transitorias, únicamente se cita título competencial en el caso de los artículos 12 a 15, recogidos en la sección 2.ª del capítulo
II, por los que se regula el carácter básico de diversas cuestiones relacionadas con los consorcios; en el artículo 24, de modificación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos en lo
relativo a la utilización de certificados electrónicos reconocidos; en el artículo 25, por el que se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, por el
que se implanta un tablón edictal único para el conjunto de las administraciones públicas existentes en el Estado, y en el artículo 26, de modificación de la Ley General Tributaria, en lo que concierne a la práctica de la notificación en este
sector. En estos tres últimos casos, con amparo también del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. El texto no recoge ningún otro título competencial que invoque al Estado para la formulación de este proyecto de ley en los términos en que ha sido
aprobado por el Consejo de Ministros. Esto es así porque el Estado o bien no dispone de título específico en el que soportar esta propuesta normativa o, aún disponiendo de él, este título es compartido con las comunidades autónomas o incluso estas
disponen de otros más específicos de carácter exclusivo. En este sentido, podría admitirse que, como dice el Consejo de Estado, los artículos 7 y 8 modifiquen contenidos no orgánicos de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
y que tengan su base en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, pero también en
este caso ese título se entrecruza con el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de Gernika: competencia exclusiva en materia de enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades.
Otro tanto cabe indicar con relación al artículo 16 del proyecto, que modifica la letra f) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de Empleo, y sobre el que el Consejo de Estado indica que se dictó sobre la base del artículo 149.1.7.ª y
149.1.17.ª en todos sus apartados, con excepción de la letra e), para la que se invocó el artículo 149.1.13.ª, y sobre el que el Consejo de Estado únicamente advierte que debe citarse el título competencial al amparo del cual se acomete tal
modificación. Además, en relación con la modificación que ya se ha comentado aquí de la Ley del Deporte para la implantación de una licencia deportiva única que habilita para participar en cualquier competición deportiva, el Consejo de Estado
fundamenta la competencia no en un título competencial del que no dispone, sino en la regulación del deporte federado en su conjunto y en concreto de las competencias específicas que la Ley 10/1990, del Deporte, atribuye al Estado en especial de
coordinación con las comunidades autónomas respecto de la actividad deportiva general y de apoyo en colaboración también con las comunidades autónomas del deporte a alto nivel. Esta es la sentencia del Tribunal Constitucional 16/1996, de 1 de
febrero. Coordinación y colaboración, señor ministro, a todas luces inexistentes dentro de la regulación que propone el proyecto en relación con esa licencia deportiva única.
Todo esto viene a demostrar, cuando menos, la inconsistencia de la posición del Estado derivada de la ausencia de títulos competenciales que habiliten para la formulación y regulación de algunas de las cuestiones recogidas en el proyecto y
en otros casos la concurrencia de títulos competenciales estatales y autonómicos sobre la misma materia. En este contexto, resulta particularmente reseñable la modificación recogida en el artículo 25 del presente proyecto de ley, que modifica el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, al establecer en el Boletín Oficial del Estado el tablón edictal único para el conjunto de las
administraciones públicas del Estado. El establecimiento de este tablón edictal único, señor ministro, colisiona con los principios de jerarquía y descentralización de las administraciones públicas recogidos en el artículo 103 de la Constitución y
en el artículo 3 de la Ley 30/1992, y con el principio de territorialidad de las actuaciones que se produzcan por las administraciones competentes en los procedimientos administrativos que tramiten por razón de sus competencias. Con la regulación
propuesta se quiebra la relación jerárquica entre los distintos órganos administrativos de una Administración en el proceso de producción de un acto administrativo, y se vulnera de forma ilegítima el principio de descentralización inherente a la
actuación de las administraciones públicas al centralizar en un único órgano estatal determinadas funciones administrativas que son responsabilidad de las administraciones públicas productoras del acto, que se ven privadas de una actuación esencial
en el marco del procedimiento administrativo como es la práctica de la notificación. En este caso aparejada a la misma se ve afectado el cumplimiento del principio de publicidad consagrado también en el artículo 9.3 de la Constitución. Asimismo,
se lesiona el principio de territorialidad de las actuaciones de las administraciones públicas
existentes en el Estado compuesto, al centralizarse en un único punto la totalidad de las notificaciones edictales que deban practicarse en el conjunto de los procedimientos que tramiten en cualquiera de los niveles administrativos
territoriales. Este tablón edictal único vulnera también la potestad de autoorganización de las administraciones públicas incidiendo con ello, de manera directa, en su propia autonomía al imponer un único instrumento de carácter estatal para la
verificación de esta función administrativa que les corresponde en su condición de administraciones públicas.
En los términos expuestos en el proyecto de ley, se sustrae a los boletines oficiales de las administraciones territoriales, distintas a las del Estado, de una función directamente vinculada al estricto cumplimiento de los procedimientos
administrativos a cuya tramitación vienen obligados por el ordenamiento jurídico vigente, quedando relegados en el marco de dichos procedimientos a la función de carácter potestativo de meros vehículos anunciadores sin efecto jurídico alguno, cuando
los órganos competentes servidos por esos boletines oficiales territoriales pertenecen a una misma estructura jerárquica. Además, en los términos en los que se regula este tablón edictal único ubicado en el Boletín Oficial del Estado, la
competencia para la reordenación y control de los actos que deben ser objeto de publicación queda en poder de un órgano de la Administración del Estado, el Ministerio de Presidencia, a través de la Dirección General del Secretariado del Gobierno,
tal y como dispone el artículo 5.1 del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del Boletín Oficial del Estado, lo que constituye una nueva intromisión ilegítima en el ámbito competencial, jerárquico y funcional de la Administración
productora del acto administrativo.
Igualmente resulta relevante, por lo que tiene de manifiesta invasión competencial como le decía, la implantación de una licencia deportiva única exigible para participar en cualquier competición oficial, cuando el Estado no dispone de ese
título competencial en materia de deporte que le habilite para implantar dicha licencia única. La materia del deporte, como sabe, señor ministro, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas; en el caso de la Comunidad Autónoma del País
Vasco de conformidad con el artículo 10.36 del Estatuto de Gernika. Usted hoy ha hecho una referencia a esta cuestión diciendo que lo va a corregir; esperemos que sea así y vamos a darnos un margen de confianza. Con base en dicha previsión
estatutaria el Parlamento vasco, como sabe, aprobó en el año 1998 la Ley Vasca del Deporte que se ve directamente afectada por el contenido del artículo 23 del presente proyecto de ley, lo que supone la inconstitucionalidad de esta pretendida
modificación de la Ley Estatal del Deporte en lo que se refiere a la implantación de la licencia deportiva única.
Las federaciones deportivas no son entidades de derecho público, sino entidades o asociaciones privadas que disponen de la peculiaridad de dar cumplimiento a las funciones públicas delegadas. Dada su naturaleza asociativa, la pertenencia a
las federaciones deportivas es de carácter voluntario. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en la sentencia 5/1981, de forma tal que obligar a los deportistas a federarse en el ámbito estatal para participar en cualquier competición
deportiva oficial supone la vulneración del artículo 22 de la Constitución que reconoce el derecho de asociación. Además, en los términos en los que se encuentra formulado este nuevo apartado 4 del artículo 32 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre,
del Deporte, las federaciones autonómicas, auténticos exponentes de la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia del deporte, quedan relegadas a la función de meras gestoras y recaudadoras para las federaciones estatales y se ven
privadas de forma ilegítima de una competencia que les es propia.
A mayor abundamiento, y para finalizar, señor ministro, quisiera decir que obviando los aspectos que se refieren de forma nítida al espacio organizativo del Estado o a su competencia exclusiva prevista en el artículo 149.1.18, el proyecto
recoge una serie de medidas organizativas y normativas que afectan al régimen de distribución competencial vigente, invadiendo también competencias de las comunidades autónomas, y son las siguientes: en primer lugar, la centralización en un
organismo del Estado, el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, de la ejecución de los créditos presupuestarios vinculados a la realización de acciones del programa de la Unión Europa, programa de acción en el ámbito del aprendizaje
permanente se denomina, y así lo manifiesta. La Comunidad Autónoma de Euskadi, como antes apuntaba, dispone de competencia en todos los grados, niveles y modalidades de la enseñanza, y los fondos de procedencia europea deben ser aplicados y
ejecutados en el nivel estatal por la Administración territorial competente en la materia. La unificación en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de determinadas funciones de acreditación y evaluación en el ámbito
universitario sobre las comunidades autónomas, por ejemplo la de Euskadi, también tiene competencias según el Estatuto de Gernika. Otra cuestión, la atribución con carácter absoluto a un órgano estatal del Observatorio de las ocupaciones del
Servicio Público de Empleo Estatal de las funciones de análisis, situación y tendencias
del mercado de trabajo y situación de la formación para el empleo, es decir, el ejercicio de una competencia de ejecución de la legislación laboral, competencia también de las comunidades autónomas. La atribución igualmente al Instituto de
la Mujer y al Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y también en relación con el Consejo de la Juventud caben reproducir argumentos similares, etcétera.
Señor ministro, la posición de nuestro grupo ha quedado en este sentido, desde el punto de vista competencial, bastante clara. No voy a entrar en si es preciso mantener la obra pía de los santos lugares y o si tan solo es posible suprimir
la obra asistencial familiar de la provincia de Sevilla. Su proyecto, salvo la intromisión competencial, ofrece poco contenido real, mucho ruido y pocas nueces. Le propondría que fuera valiente de verdad y que no se metiese con los débiles, en
este caso las comunidades autónomas; si quiere racionalizar de verdad tiene unos campos enormes actuando en los ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o el propio de Industria, Comercio y Turismo,
incluso suprimiéndolos. Señor ministro, a pesar de lo que le he comentado, ...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: ... estamos dispuestos a pactar las enmiendas que presentamos, si es de verdad que usted tiene voluntad de negociación y de acuerdos. Nosotros sí lo tenemos, veremos al final a través de esta negociación cuál va a
ser nuestra posición final. Por lo tanto, ahora, si quiere usted mirar para otro lado y no pitar las faltas, usted verá, señor ministro.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: En el fútbol, como sabe, existe el comité de apelación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señorías, presidenta, señor ministro, la reforma de las administraciones públicas españolas es una necesidad tan evidente que el propio Gobierno acordó, en octubre del año 2012, la creación de una comisión para la
reforma de las administraciones públicas, CORA, se llama así, con el encargo -decía textualmente- de elaborar un informe con propuestas de medidas que dotaran a la Administración del tamaño, eficiencia y flexibilidad que demandan los ciudadanos y la
economía del país. Ese era el encargo, ese y no otro el encargo, ese y no otro el objetivo. Fruto de ese informe, se supone, es este cosmético proyecto de ley que hoy enmendamos a la totalidad siete grupos políticos, seis grupos parlamentarios,
todos menos el grupo parlamentario que apoya al Gobierno, pidiendo su devolución. Nada más alejado, a nuestro juicio, del objetivo político que tenía el informe que el Gobierno encargó, nada más alejado en el contenido de la ley del encargo que
hizo el Gobierno, salvo que el objetivo del Gobierno fuera la propia comisión, crear una comisión. Ya se sabe aquello que se dice, señor ministro, de crea una comisión y échate a dormir. Si el objetivo político era ese, ustedes lo han cumplido;
si el objetivo político era lo que se contenía en el encargo elaborado por la CORA, no se ha cumplido. La intención del Gobierno se deja ver en el nombre de la ley. Aquí se ha citado el nombre de la ley, pero yo lo citaré desde otra perspectiva,
ya que señala que su objetivo no es la reforma de las administraciones públicas sino la racionalización del sector público. El encargo era la reforma y, sin embargo, la ley que viene hoy aquí es la racionalización del sector público. Insisto, el
encargo era la reforma de las administraciones públicas, no la racionalización de todo el sector público, aspecto que tampoco aborda, como también han dicho algunos otros intervinientes. Racionalización y reforma no significan lo mismo. La reforma
-por mucho que ustedes hayan devaluado el uso del término al llamar reformas a los recortes sociales- conlleva una amplitud y una ambición mayor que la mera racionalización, que se refiere simplemente a organizar mejor el trabajo sin abordar el
conjunto de las administraciones públicas ninguno de los cambios estructurales que resultan tan urgentes como imprescindibles. Es más, al abandonar el objetivo de la reforma, tal y como se recoge en la exposición de motivos, queda claro que el
objetivo de esta ley -que no del encargo, señor ministro- no es otro que aparentar ante la Comisión Europea que se cumple con la normativa de estabilidad presupuestaria. Usted lo dijo también en su intervención y también está recogido en la
exposición de motivos de la propia ley.
En segundo lugar, cabe destacar que en una época de deuda pública y déficit galopante el problema no es tanto cuánto se gasta sino determinar cómo y en qué se gasta. Eso requiere reformas, no mera
racionalización que es lo que nos proponen hoy. El gasto mal empleado puede contribuir a la quiebra del sistema y, lo que es más grave, puede llevarse por delante, como de hecho está ocurriendo, la supervivencia de nuestro propio Estado
social. Hasta ahora el debate austeridad-crecimiento se ha fundando en aspectos cuantitativos, sobre cuánto se gasta, y ya es hora de abordar los aspectos cualitativos y reflexionar sobre en qué se invierten los recursos públicos. Ese era a
nuestro juicio el objetivo de esta reforma, que no ha llegado, de las administraciones públicas.
Como decía, conseguir el objetivo del déficit sin reparar en lo cualitativo ha tenido como consecuencia el deterioro de los servicios esenciales básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales, paganos de todos los recortes
que se han venido acometiendo tanto por la Administración del Estado como por la autonómica. Resulta escandaloso comprobar cómo estamos saliendo de la más grave crisis política y económica de nuestra historia reciente sin tocar apenas el entramado
político-administrativo, y sin abandonar proyectos alocados y costosos que poco tienen que ver con los intereses y la calidad de vida de los ciudadanos.
La reforma de las administraciones públicas, que no la mera racionalización del sector público, resulta imprescindible también para evitar el despilfarro de dinero en gastos inútiles y políticas ineficientes. Añádanse a ello los supuestos
de corrupción y malversación de caudales públicos que conocemos cada día y que encuentran un difícil control, por no decir casi nulo, en nuestro país, en el que un sistema oscurantista convive con una fiscalía dependiente del Gobierno de turno y un
Tribunal de Cuentas que carece de la independencia y los medios necesarios para actuar con prontitud y eficacia. La mala gestión de los servicios públicos -lo hemos denunciado en muchas ocasiones- es otra forma de corrupción, pues implica un mal
uso de los recursos humanos y materiales y provoca un incremento innecesario que deja sin fondos suficientes a los servicios públicos esenciales; más allá de la voluntad, estas son las consecuencias.
El uso de la legislación como propaganda y cosmética, de la que hablaba anteriormente, se constata en el contenido de la ley que deja fuera de su ámbito los asuntos esenciales. El Gobierno demuestra, una vez más, que no quiere cambios
profundos, sino retoques menores que le puedan permitir disimular ante Bruselas y ante la opinión pública española, que pide a gritos acabar con el despilfarro, las duplicidades y los gastos superfluos. En España conviven dos problemas: uno, de
diseño de Estado, elefantiásico, inviable, insostenible y, otro, de déficit de calidad y dirección de gestión. Esta ley no aborda, señor ministro, ninguna de esas cuestiones, y por eso reclamamos que se tomen ustedes el arte de gobernar en serio y
que se garanticen, al menos legalmente, sin rechazar una ulterior proclamación constitucional, los derechos de cuarta generación de los ciudadanos, entre los que destaca el derecho de los ciudadanos a obtener una buena gestión por parte de su
Gobierno y sus administraciones. Este derecho de cuarta generación incluye una política legislativa y regulatoria, rigurosa, comprensible, estable y de calidad.
Como digo, ustedes han querido hacer un apaño con esta ley y han fallado en la forma y en el fondo porque, además del coste de las duplicidades y redundancias que genera un Estado con cuatro niveles administrativos, es estrictamente
necesario abordar el coste del mal gobierno que afecta potencialmente a todas las administraciones y a todos los organismos y empresas públicas. Debe quedar claro que no podemos permitirnos seguir contando con gobiernos derrochadores, ineficaces e
ineficientes que toman sus decisiones en base a simples ocurrencias, porque toda nueva propuesta basada en esos parámetros, al margen de la bondad de sus pretensiones, corre el riesgo de quedar paralizada por déficit de competencia, déficit de
gestión o por ambos a la vez. (Rumores). Esto que digo no es teoría, señor ministro, responde al mero análisis de la realidad, a datos objetivos: el coste del mal gobierno, a día de hoy y tomando como referencia los casos hechos públicos por los
distintos medios de comunicación, también por informes oficiales, superaría los 100.000 millones de euros desde que comenzó la crisis (Rumores). A lo mejor es interesante esto que le estoy diciendo, señor ministro: el coste del mal gobierno, a día
de hoy, superaría los 100.000 millones de euros desde que comenzó la crisis. Por eso queremos insistir en que esta ley es una ocasión fallida. Ustedes no han hecho caso siquiera a las recomendaciones de la CORA. De las 89 medidas que afectaban a
la Administración General del Estado -medidas con recomendaciones de un total de 219-, ustedes han despreciado, a modo de ejemplo, algunas tan importantes como la recomendación de unificar en una sola agencia estatal a todos los organismos
encargados de la evaluación y acreditación de titulaciones y profesorado universitario que hoy conviven con la Aneca, que es la agencia estatal encargada de esa función.
Ustedes se limitan a hablar de colaboración cuando el informe deja establecida la existencia de duplicidades administrativas que provocan gravosas disfunciones. No han tenido en cuenta la integración
de servicios entre los cuatro organismos que se dedican a la formación dentro de la Administración General del Estado. (Rumores). Tampoco han tenido en cuenta la implantación de un nuevo expediente judicial electrónico en la Audiencia
Nacional o en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La reforma de las administraciones públicas que nuestro país necesita requiere, señor ministro, de otro método y de otro contenido. El Gobierno debe convocar una comisión de expertos amplia
e independiente, con el mandato de abordar la totalidad de los principales problemas de las administraciones, y no solo aquellos que se especificaron para la creación de la CORA y que ni siquiera han tenido en cuenta. (Rumores). Una comisión que
ha de abordar, sin ánimo de ser exhaustiva para no cansar a sus señorías del Partido Popular que están al parecer ya muy cansados, los siguientes problemas: la falta de estrategia en el medio y largo plazo (Rumores), el excesivo número y desigual
tamaño de las administraciones, la falta de estabilidad y adecuación de las estructuras administrativas a las políticas públicas, la existencia de procedimientos administrativos excesivamente complejos, el abuso de las externalizaciones en sectores
de la Administración que cuentan con personal cualificado para realizar las funciones públicas que son de su competencia, la carencia de una cultura de la evaluación y el aprendizaje a través de las mejores prácticas públicas, un modelo de función y
empleo público antiguo y politizado que aparta en demasiadas ocasiones a los mejores profesionales y los sustituye por personas designadas con criterio partidario, la falta de independencia de los órganos de control, los problemas derivados de una
Administración local anticuada y una Administración autonómica desmesurada.
En esta cuestión, señor ministro, en el tamaño de la Administración local y autonómica cabe señalar que la CORA dice que la mayoría de sus propuestas de reforma afectan a la Administración local y autonómica -como dije antes, de las 219
afectan a la Administración del Estado 89- y la Oficina para la Reforma de la Administración, Opera, reconoce en su último informe la complejidad del sistema que se está siguiendo para ejecutar las medidas que afectan a otras administraciones y
evitar así esas duplicidades. Sin embargo, la ley que usted hoy nos somete a consideración y que analizamos con estas siete enmiendas de totalidad ni siquiera se plantea el problema esencial: la inadecuada distribución de competencias y el
desmesurado tamaño de nuestra estructura institucional, porque ahí está el problema. Por último, esta comisión debiera abordar la carencia de mecanismos de responsabilidad política, administrativa y penal por la mala gestión; o sea, que el que
haga una mala gestión lo pague y no solamente ante las urnas, también ante los tribunales.
Como verá, señor ministro, como se deriva de lo que acabo de decir, este proyecto de ley adolece a nuestro juicio de grandes lagunas; el contenido de la ley está tan alejado de las necesidades de abordar una reforma integral del conjunto de
la Administración pública, que solo cabe, a juicio del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, su devolución al Gobierno para que elabore un nuevo texto que dé respuesta a los problemas que tienen el conjunto de las administración
públicas.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Pasamos al Grupo de La Izquierda Plural, señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, usted ha hecho en su intervención una descripción de la economía de España que es en exceso optimista, desgraciadamente, por la situación en la que nos encontramos y que solo podríamos entender si, por ejemplo, fuésemos
banqueros, grandes empresarios o grandes empresarios de las autopistas. Así entenderíamos ese optimismo que usted ha estado señalando respecto a la situación actual que -dice usted- en este caso, en este proyecto de ley se inserta en esa política
general. Sin embargo, acabamos de conocer una noticia reciente de hoy mismo: España es el segundo país con más pobreza infantil de la Unión Europea. Eso no se corresponde o no debería corresponderse con un país desarrollado que se refleja en las
palabras que usted ha dicho. Parece ser que usted está haciendo un uso de las palabras, del lenguaje, que no es coincidente con lo que los ciudadanos están viviendo en la calle.
Eso, que es a lo que estamos acostumbrados desgraciadamente desde el comienzo de esta legislatura, tiene aún más inri cuando nos enfrentamos ante un proyecto de ley que utiliza el lenguaje de una forma quizás demasiado torticera, porque el
propio lenguaje -otros grupos han podido señalar en las intervenciones anteriores algunas de estas cuestiones- lleva a claros equívocos. Cuando hablamos de racionalización -que como otros han señalado anteriormente, algunas instituciones, entre
ellas el Consejo de Estado, es una palabra excesiva para el contenido del proyecto de ley-, uno está pensando en una radicalización del cambio de la estructura de las instituciones públicas en nuestro país y, por desgracia,
por lo que nosotros entendemos -a continuación lo explicaremos-, no se trata de eso. Al contrario, de lo que estamos hablando es de una reordenación bastante caótica, descontrolada y a continuación precisaremos por qué nos lo parece esta
forma.
No obstante, primero quiero señalar una cuestión general a la que usted también se ha referido: el elemento de cómo relacionar una mejor utilización de servicios públicos, cuestión que si se vendiera de esa forma todo el mundo firmaría,
porque todo el mundo quiere utilizar mejor los servicios públicos y las instituciones públicas, hasta ahí no cabe ninguna duda. La cuestión es que eso pueda encubrir una devaluación de la calidad de esos servicios y de esas instituciones, que a
nuestro juicio es lo que va a ocurrir y es lo que se deriva de este proyecto de ley concreto. Sin embargo, dentro de ese esquema general, cuando hablamos de gastos tenemos que recordar que en el proyecto de ley presentado por el Grupo Popular nos
encontramos con que se reconoce que España es uno de los países que menos gasta en gasto público con respecto al producto interior bruto; estadísticamente es así.
De esa forma tenemos que empezar reconociendo, porque sería deshonesto hacerlo de otra forma, que no es un problema de gasto lo que asola a la economía española; al contrario, lo que estamos viendo es que es un problema de ingresos. De
ingresos, señor Montoro -lo hemos visto en esta legislatura-, derivados del fraude fiscal, de ingresos derivados de un mal sistema fiscal y de ingresos porque la crisis económica ha disminuido la actividad productiva. Hay que incidir ahí, y el
Gobierno incide mal. Además usted ha aprovechado su intervención para anunciar más reformas tributarias que van en la línea contraria a lo que nosotros queremos, que es lo que usted ha anunciado: disminuir los impuestos directos sin haber
mencionado los impuestos indirectos, que ya veremos finalmente cómo quedan; por tanto, esa política es errónea en ese sentido.
Después, si hacemos mención al gasto, nos encontramos con que la política que usted ha estado describiendo es hipócrita porque no es coincidente con la realidad, porque este Gobierno es el Gobierno del endeudamiento público, porque por mucho
que demonice el gasto público o el endeudamiento público, al final es el Gobierno que más ha desembolsado para rescatar al sistema financiero, que más ha ampliado los créditos extraordinarios del gasto militar, que más ha rescatado a las autopistas,
como recientemente hemos visto, y eso solo se deriva de una interpretación ideológica de lo que es el gasto. Porque el gasto público no es bueno o malo per se, depende del tipo de gasto público al que nos estemos refiriendo. Hay gasto público
productivo, gasto público productivo, señor ministro, que todos entenderemos que permite estimular el crecimiento económico o sentar las bases de mayor productividad como es el gasto público en educación y en innovación. Ese es un gasto público
naturalmente positivo. También hay un gasto público que, siendo en términos economicistas improductivo, es socialmente necesario, gasto que permite que se articule mejor la ciudadanía, que se puedan promover determinados valores y principios
democráticos, también es necesario; también hay un gasto público improductivo que se deriva del capitalismo de amiguetes y del despilfarro. Si hacemos esa diferenciación, nosotros siempre firmaremos a favor de acabar con ese gasto improductivo que
tiene que ver con las redes clientelares, con el capitalismo de amiguetes y con todo lo que hemos tenido oportunidad otras veces de denunciar. Sin embargo, este proyecto, que hubiera sido la oportunidad para acabar con ese gasto improductivo y
aumentar la eficiencia del conjunto del gasto productivo y del gasto social necesario, no responde a eso; en absoluto responde a ningún criterio de esa naturaleza.
Quería aprovechar para citar cuatro puntos de reformas concretas que están insertas en este proyecto de ley y que, sin embargo, nos parecen de las más peligrosas y de lo menos necesario de hacer. En primer lugar, la integración en el INTA
de diversos organismos, sin que ello repercuta en el empleo público, es decir, no se garantiza de ninguna de las formas que el empleo público se vaya a mantener. Y usted ha hecho una referencia al empleo público casi como un sacrificio; ha venido
a decir que toda la pérdida del empleo público acometida desde el inicio de la crisis es un sacrificio necesario. Pues bien, eso no es compatible con estar diciendo continuamente que el objetivo de este Gobierno es el empleo. Es una situación de
nuevo hipócrita y que necesariamente en el caso particular y concreto al que se refiere este proyecto de ley, que es el del INTA, y la inserción de otros organismos dentro del mismo, debería garantizar el empleo público.
En segundo lugar, el Instituto de la Mujer. No contentos con acabar con el ministerio, ahora se devalúa el Instituto de la Mujer. Proponemos en cambio que se pueda adscribir este instituto al Ministerio de la Presidencia para demostrar el
carácter trasversal que tienen que tener las políticas de igualdad. Es necesario y en el proceso de las enmiendas parciales seguiremos insistiendo en ese punto. En tercer lugar, el Observatorio Nacional de Salud, también devaluado, a nuestro
juicio, como consecuencia de este
proyecto de ley. Sabemos que la sanidad pública es fundamental, lo defendemos y lo defenderemos aquí y en la calle como lo estamos haciendo hasta el día de hoy, pero sabemos que hacen falta también instituciones que estén fiscalizando
continuamente todo lo que tiene que ver con la salud en nuestro país y los servicios públicos en general. Es un paso en falso por parte de este Gobierno devaluar aquellas instituciones que consolidan y mejoran la posición de la salud y del sistema
sanitario en nuestro país.
En último lugar, algo que no es menos importante y, sin embargo, está potencialmente mucho más claro en la política del Gobierno a la hora de elaborar este proyecto de ley. Tiene que ver con el Consejo de la Juventud de España, señor
ministro, porque nos deja muy claro por qué y cómo se ha elaborado este proyecto de ley y por qué y cómo se han elegido determinadas instituciones para suprimir y para reordenar y cuáles son los criterios elegidos. El Consejo de la Juventud de
España es una plataforma de organizaciones juveniles que son autónomas, es decir, no tienen que ver de forma directa con el Gobierno de España, por tanto, permiten una pluralidad también política a la hora de hacer sus informes, a pesar de tener una
financiación pública. Ese Consejo de la Juventud de España, que ha tenido unos grandes resultados y con el que la juventud está en general contenta con lo que ha sido su percepción, a pesar de que se pueden hacer críticas pasadas de insuficiencia
en la presupuestación, es ahora un organismo que se ha suprimido en este proyecto de ley. Sin embargo, se mantiene el instituto conocido como Injuve que sí es dependiente directamente del Gobierno. Teníamos una aparente duplicidad de
instituciones, el Injuve, dependiente del Gobierno, y el Consejo de la Juventud de España que no dependía del Gobierno. Este Gobierno ha elegido -ahí se ve muy bien el criterio- eliminar el que no depende del Gobierno para mantener y cambiar el
nombre al que depende directamente del mismo, que va a ser mucho menos crítico con las políticas gubernamentales. Este ejemplo representa muy bien la política y el criterio con los que se ha hecho este proyecto de ley. Si este proyecto de ley se
hubiese hecho, como decía al principio, para eliminar el gasto público improductivo -el de los despilfarros, el del amiguismo o el de las redes clientelares-, tendría la aprobación de toda la Cámara. Sin embargo, no hay criterio de esa naturaleza.
Hay un criterio oscuro y poco transparente, siempre envuelto en grandes discursos retóricos de que es lo mejor para España, de que es eficiente y productivo. Pero luego, cuando bajamos a la realidad, vemos lo que está ocurriendo: una devaluación
de instituciones públicas que son necesarias. Naturalmente tienen una financiación, pero son socialmente necesarias; incluso, como en el caso del INTA, tienen que ver con la investigación y con la capacidad potencial de la economía española de
cara al futuro. Sin embargo, se las devalúa; cuando no directamente, como en el caso del Consejo de la Juventud, se las elimina aprovechando que eran organizaciones no adscritas al Gobierno. Por lo tanto, es un despropósito. Teniendo la
oportunidad tan clara para poder optimizar los gastos y hacer paralelamente políticas de ingresos adecuadas para tener servicios públicos de calidad -como, por cierto, dice la Constitución española, que tanto sale a relucir estos días-, este
proyecto de ley va en la dirección contraria, que es la misma dirección que están llevando las políticas del Gobierno y que hemos venido denunciando últimamente. La noticia de hoy de que España es el segundo país con más pobreza infantil también es
consecuencia en parte de la política de este Gobierno -aunque sea de una forma más indirecta, lo es- y es también reflejo de lo insuficientes que son las medidas legislativas que se están tomando, incluso de los efectos directos que pueden llevar a
tener este tipo de políticas en el medio y en el largo plazo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Pàramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta intervención casi es continuación del anterior debate sobre la rendición de cuentas del Estado de 2011. En octubre de 2012, casi un año después del inicio de la legislatura, el Consejo de Ministros aprobó la creación de la
CORA, Comisión para la reforma de las administraciones públicas, integrada por expertos provenientes únicamente de la Administración General del Estado, lo que en sí ya devalúa su contenido. En junio de 2013 el Gobierno presentó públicamente un
informe elaborado por la CORA, mediante el cual se publicitaba un nuevo proceso de reforma de la Administración del cual hoy estamos tratando un nuevo episodio. Lo hizo con un único argumento: la necesidad de mejorar la eficiencia de la
Administración y, en consecuencia, la mejora de la competitividad del país. De forma más secundaria se argumentaba también la necesidad de una Administración más transparente; de todo ello hemos hablado, como decía antes, en el debate sobre la
cuenta general del Estado 2011 de hace unos momentos. En él hemos expuesto la situación y vemos que con este proyecto de ley nada se va a solucionar.
La primera gran medida de la Comisión fue la aprobación en solitario de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la cual -como es bien sabido- está fuertemente cuestionada. Su más que evidente menosprecio a los
principios básicos de respeto a la autonomía municipal y el menoscabo a los diferentes estatutos de autonomía de diversas comunidades autónomas -entre ellas, Cataluña- han movido a miles de ayuntamientos a promover un recurso de
inconstitucionalidad, hecho nunca visto ni imaginable hasta ahora. El pasado mes de diciembre el Gobierno presentó un informe con los criterios con los que se pretenden erradicar las duplicidades entre administraciones para, a continuación,
presentar para su aprobación el presente proyecto de ley de racionalización. Nuevamente los argumentos son la reducción del gasto y la eficiencia, objetivos compartidos. Pero de nuevo nos vemos decepcionados por la escasa ambición del Gobierno en
la reordenación y reducción del gasto de su propio sector, el de la Administración General del Estado. Y no sorprende en absoluto. El proyecto de ley incorpora medidas cuya finalidad no es otra que la de recuperar para la Administración General
del Estado competencias que, de acuerdo con la Constitución, fueron traspasadas a las comunidades autónomas. Está pasando igual que con la reforma local. Se habla de racionalizar pero, señorías, viendo el proyecto de ley cabe preguntarse dónde
está la razón, la facultad o el acto de discurrir o el entendimiento. Los impulsores redactores de estas leyes razonan solos, en circuito cerrado, cuando deberían razonar en abierto, colectivamente, con todas las partes implicadas. ¿Dónde está la
razón y dónde la transparencia y la participación?
Es evidente que nos encontramos ante una nueva Loapa. Como manifestó el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en la enmienda a la totalidad de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, nos enfrentamos a la
reforma encubierta de la Constitución, y esta reforma la promueven precisamente aquellos que dicen defenderla en todo momento. Este proyecto de ley es un nuevo acto de traición constitucional. En distintos lugares del Estado crece el descontento.
Los españoles no saben cómo canalizar su enfado y su decepción al ver con preocupación los continuos ataques a la convivencia y a las libertades; ven cómo se está diluyendo aquella Constitución, que servía de marco y de garantía de convivencia
entre las personas, las naciones y las regiones de España. Si los españoles no ven salida en la degradación en la garantía de la convivencia, los catalanes sí; sabemos que el camino está la libertad para votar, votar si queremos un Estado de nuevo
cuño y votar si queremos que este sea independiente. ¿Se atrevería el Gobierno del Estado a preguntar a sus ciudadanos si quieren una reforma en profundidad que lleve a la constitución de un nuevo Estado, a fin de que todos encuentren en su seno el
trato justo, equitativo y la garantía de convivencia y libertad?
No hace mucho escuché decir en Madrid al presidente Mas una frase que quizás pueda ilustrar lo que acabo de decir: Cataluña no tiene ningún problema con España; Cataluña tiene un problema con el Estado español. Cuando repito esta frase
entre ciudadanos no catalanes, aquí, en Madrid, o en otros lugares de España, los interlocutores reconocen que ellos también tienen un problema con el Estado español, no es a su plena satisfacción. El problema se agranda; lo hemos visto en el
debate anterior, al que me he referido varias veces, sobre la cuenta general del Estado. El Estado se encamina de vuelta hacia el siglo XX pero la vida se adentra irremediablemente al siglo XXI. En su línea, el Gobierno nos presenta un nuevo
proyecto de ley con la consabida vulneración de las competencias autonómicas. Así, en materia de universidades ataca a las competencias sobre evaluación de las enseñanzas y sobre la garantía de la calidad y la excelencia universitaria. En el
ámbito deportivo, la regulación de la licencia deportiva única, con un único y repudiable objetivo, diluir la iniciativa y la capacidad de impulso territorial que tienen las federaciones deportivas en determinados territorios, como es el caso de
Cataluña, donde los éxitos deportivos conseguidos se han logrado mediante la vinculación entre la organización deportiva de las federaciones y el ejercicio de las correspondientes competencias que ejerce la Generalitat en el fomento de la
divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución, el asesoramiento, la implantación y la proyección de la práctica de la actividad física y el deporte, articulo 134 del Estatuto de Cataluña.
Señorías, en esto también hacen trampas. Las federaciones deportivas no son parte estrictamente del sector público español, por lo que regular la licencia deportiva única no es un acto de racionalización del sector público y, en cambio,
constituye una irracionalidad para con el deporte, especialmente el deporte de base. Otra agresión a la convivencia, esta vez contra las competencias para determinar la validez en la publicación de los actos, las disposiciones generales y las
normas que emanen del Gobierno y de la Administración de la Generalitat, un ataque contra el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Además de incorporar discutibles medidas aplicables a la gestión de consorcios, medidas que de nuevo caen en
la injusticia al querer hacer pagar justos por pecadores. La propuesta de ley llega con dos años de retraso.
La excusa de que primero había que racionalizar a las administraciones locales, señor ministro, no sirve. Sin llegar a aplicarse la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, el conjunto de los ayuntamientos y resto
de administraciones locales ya han puesto en orden sus cuentas. A la Administración local y a las comunidades autónomas se les ha impuesto tal grado de burocratización en la toma de decisiones que cuando los miembros de la CORA, referidos a la
Administración propia, deberían aplicar dichas medidas, les tiemblan las piernas y renuncian de forma clamorosa. Así pues, señorías, ni racionalización ni sostenibilidad en el sector público estatal. Cuando creíamos que la ley de la cual vemos hoy
el proyecto serviría para transferir los recursos ahorrados fruto de la racionalización de la Administración General del Estado a recuperar el Estado del bienestar en manos, en su mayor parte, de las comunidades autónomas y ayuntamientos, resulta
que no, que no hay ni racionalización ni ahorro y, lo que es peor, ni ganas de que esto sea así. Cuando parecía que era el turno de la Administración General del Estado, al analizar el contenido de la ley observamos que el Gobierno sigue sin
predicar con el ejemplo en su propia Administración. Del análisis de la memoria económica se desprende que los principales ahorros que se obtendrían son la nimia cantidad de 107 millones de euros que se derivan de la centralización de las cuentas
corrientes del Estado, medida simple que no requiere ningún proyecto de ley, y el ahorro conjunto previsto para los años 2014 y 2015 es de solo 40 millones de euros por la fusión de unos pocos e intrascendentes organismos. Esos ahorros son
claramente insuficientes. El resto de las administraciones públicas están siendo mucho más eficientes que la Administración Central del Estado. En cifras totales el Gobierno nos propone un ahorro equivalente al 0,09 % de los gastos previstos por
el Estado para el año 2014, cifra insuficiente comparada con las múltiples reducciones en las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, las cuales se han visto forzadas a trasladar sus efectos a los ciudadanos, afectando a personal y
servicios en sectores básicos, seguridad, sanidad, educación y bienestar social; unos esfuerzos de austeridad infinitamente superiores a los que ahora nos ofrece el Gobierno para su Administración, como si el resto de las administraciones no fueran
suyas. Bueno, es cierto, en realidad son de los ciudadanos o los ciudadanos las hacen suyas, que es lo mismo. Como decíamos, señorías, este proyecto de ley no es más que una nueva vuelta de tuerca en el proceso de recentralización del Estado, en
la ejecución de esa Loapa manifiestamente inconstitucional a la que están sometiendo, sin prisa pero sin pausa, no solo a los catalanes sino a todo el conjunto del Estado. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta
una enmienda a la totalidad sobre el presente proyecto de ley, solicitando su devolución al Gobierno, a la vez que con tristeza dejamos constancia de que, a nuestro parecer, nunca antes la mayoría de los electos catalanes aquí presentes habíamos
estado tan alejados de los planteamientos del Gobierno de turno, ni en los anteriores del Partido Popular, ni en los del Partido Socialista. Nunca la fractura había estado tan abierta y, lamentablemente, va a más.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Pàramo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señora presidenta.
Ante un proyecto de ley que lleva por título: De racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, vale la pena empezar este debate centrándolo un poco. Empiezo con algunas preguntas que me parecen pertinentes y
que no se han abordado en la presentación de este proyecto de ley. ¿Qué reforma de la Administración pública nos presenta el Gobierno? ¿Qué modelo quieren? ¿Qué pretenden ejercer con los servicios públicos? ¿Cómo los piensan prestar? ¿Qué
medidas concretas presentan para mejorar la calidad en la prestación de estos servicios públicos? ¿Qué principios generales de funcionamiento de este sector público presentan en este proyecto de ley? ¿Qué mecanismos han introducido para
generalizar la rendición de cuentas? Parecería sensato pensar que encontraremos respuestas a estas preguntas, si no en su intervención presentando el proyecto de ley, sí, al menos, en el texto del proyecto de ley. Pero la realidad es que no. No
se da respuesta a ninguna de estas preguntas ni en este proyecto de ley, ni en el informe de la CORA, ni en ningún otro proyecto de ley que haya llegado a esta Cámara. Señor ministro, tras frases hechas y lugares comunes llevan dos años gobernando,
generando unas expectativas que en realidad no se cumplen. Cuando una persona lee el título del proyecto de ley que hoy debatimos espera una ley prolija, una ley abundante que mire al futuro, con un contenido y un número de artículos acorde a la
magnitud de su tarea. Por el contrario, se encuentra un auténtico batiburrillo de medidas inconexas y sin alcance alguno. El Partido Popular había prometido la gran reforma de la Administración y se ha quedado en una torpe poda superficial de
algunos organismos como, por
ejemplo, la integración del Servicio Militar de Construcciones en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, con lo que quizá nos ahorraremos un sueldo, no lo sé; la reforma, que no supresión, de la Obra Pía de
los Santos Lugares; o la previsión de coordinación del coro de Radiotelevisión Española y los coros del Inaem, como si ahora no se pudieran coordinar estos coros, señor ministro.
Señorías, este proyecto de ley está lejos de una reforma de la Administración pública o del sector público, pero es que ni siquiera se acerca a una verdadera racionalización del sector público. Es un intento de enjuagar la incapacidad de un
Gobierno que se debate entre dos tendencias: una que sostiene, con el orgullo ideológico de un malentendido liberalismo, la reducción de la Administración a su mínima expresión; y otra que aparenta defender algún servicio público pero quiere, en
realidad, que estos servicios públicos sean prestados por entidades privadas. Unos la quieren matar y otros quieren hacer negocio con ella, señor ministro, y tenemos algunos ejemplos de proyectos que han llegado a esta Cámara como el de reforma
local, que viene también de su ministerio, o el de seguridad privada, por poner dos casos paradigmáticos. Quizá, ese es el modelo que para el sector público ustedes nos quieren traer a esta Cámara, convertirlo en mera anécdota.
En el texto que hoy debatimos se nos presentan veinticinco artículos y algunas disposiciones; artículos sin conexión, como ya he dicho, que deberían ser meras disposiciones adicionales de un verdadero proyecto de ley de reforma, o bien
deberían estar simplemente en un reglamento porque no necesitan el rango de ley para ser modificados. Señores del Gobierno, incluso el Consejo de Estado en su dictamen señaló enfáticamente lo inadecuado del título de este proyecto. El Consejo de
Ministros puso ese título y pidió a los distintos ministerios el contenido, pero sin criterio ni instrucción, y ha salido un sinsentido, un envoltorio ampuloso para una caja vacía, o casi vacía. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora Batet.
Por favor, ruego silencio. No se puede escuchar a la oradora, por favor.
Adelante, señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señora presidenta.
Le decía que junto a estos elementos insignificantes del proyecto de ley hay algún elemento revelador de su orden de prioridades. Suprimir órganos que tienen fines sociales no es ahorro sino ideología, y profundizar en el desmantelamiento
de lo público no es mejora de la gestión, señor ministro, sino más ideología. La transformación en entidad privada del Consejo de la Juventud o la desaparición de órganos y funciones que tienen que ver con la igualdad de las mujeres y los hombres
son elementos reveladores de esa ideología precisamente. El ahorro inapreciable en estas medidas que proponen jamás puede justificar la pérdida en términos de participación social o en la tarea de promoción de la igualdad de los poderes públicos.
La revelación, señorías, es que de nuevo bajo criterios economicistas se quiere dar la espalda a la sociedad o se quieren quitar de encima los organismos que les son incómodos desde el Gobierno.
La reforma de la Administración pública que nos ha propuesto el Gobierno hasta el momento no es más que la gestión de flecos. No hay ni una sola medida de auténtica reforma. No hay ni una sola medida que tenga como base una mejora de la
calidad del servicio de los ciudadanos o una innovación administrativa o una clara exigencia de plasmar mecanismos para la rendición de cuentas. ¿Cuáles son, entonces, los principios y los criterios de su reforma, señor ministro? Reformar o
racionalizar las administraciones no es una tarea que resulte sencilla ni rápida, somos muy conscientes de ello. Pero es que llevan más de dos años gobernando; dos años en los que les hemos ofrecido colaboración, acuerdo, análisis conjunto y
riguroso, consenso en esta materia, y todavía estamos esperando respuesta. Si la Administración importa para este Gobierno es, simplemente, para recortar su presupuesto, para adelgazar su coste y presentarla como una carga para la sociedad. Se
olvida, precisamente, de que la Administración construye esa sociedad, la hace más justa e igualitaria, favorece la participación y hace efectivos los derechos y las libertades de sus miembros.
Señora presidenta, señorías, el proyecto de ley pone de manifiesto algunas evidencias que querría resaltar. En primer lugar, no hay modelo, no tienen criterio alguno para reformar la Administración pública. No tienen un modelo alternativo
al que nosotros pusimos en marcha y como en realidad no creen en la Administración pública, ni siquiera se han tomado la molestia durante estos dos años en desarrollar y profundizar aquello que nosotros construimos. En realidad todo se limita a la
reducción, tenemos menos servicios, tenemos menos derechos y la calidad ha caído en picado. Ha habido eliminación de empleo y reducción de salarios y, honestamente, el ahorro del que presumen no sé dónde está, desde luego es
inexistente con lo proponen en este proyecto de ley. Por cierto, en su intervención inicial ha hablado de la deuda pública como argumento para tomar estas medidas. Yo me pregunto: ¿A qué deuda pública se refiere, a la que ustedes han
aumentado en dos años en 215.000 millones de euros, casi un 30 %? Señor ministro, su llamada reforma de las administraciones solo persigue el adelgazamiento de las estructuras, no que cumplan mejor su cometido constitucional: servir con
objetividad los intereses generales. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
La segunda evidencia que quería destacar es que no hay ni ha habido diálogo, ni político ni institucional. Parten de otra frase vacua como es eliminar duplicidades, lo que parece de sentido común, pero esto lo traducen simplemente en
recentralización y deslealtad institucional. En otras palabras, que los demás eliminen servicios y estructuras, que yo lo mantengo todo como está. Parecería lógico que si pretenden de verdad modificar cuestiones que afectan a otras
administraciones hablen con ellas, hablen con las comunidades autónomas, hablen con los ayuntamientos y parecería lógico también que si pretenden hacer cambios estructurales en una materia tan sensible como son las administraciones públicas hablaran
con el resto de fuerzas políticas que estamos llamadas a gobernar y, por tanto, a aplicar estos cambios. Tenemos algunos ejemplos en el proyecto de ley de esta recentralización, o deslealtad, o vulneración directa del ámbito competencial. Empezaré
hablando de la licencia única deportiva, con cuya regulación lo que hacen es romper directamente con la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas, que ha sido desarrollada por la Constitución, en primer lugar, y por los
distintos estatutos de autonomía de todas las comunidades autónomas. Por no hablar, señor ministro, de la nueva regulación de los consorcios, un tema que ha pasado prácticamente desapercibido, pero que incluye esta ley... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
Por favor, ruego silencio. Los que no quieran atender, que se vayan fueran. Continúe, por favor.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señor presidente.
Le quería hablar de los consorcios, de la nueva regulación que proponen en este proyecto de ley. Por la vía del vaciamiento económico se quieren desentender de las competencias que tienen obligación de atender, vulnerando el principio de
irrenunciabilidad. En ningún ámbito del ordenamiento jurídico, señor ministro, se contempla que el incumplimiento de terceros pueda comportar la exoneración de obligaciones propias. Es tanto como decir que yo no pago mi comunidad porque hay un
vecino que no paga mi comunidad. Esto vulnera los principios básicos, los principios generales del derecho, señor ministro. Para que nos entendamos de lo que estamos hablando y qué es lo que propone este proyecto de ley: Si la Generalitat de
Catalunya, por ejemplo, incumpliera el pago en la aportación económica que tiene que hacer al Consorcio del Gran Teatre del Liceu, como por cierto hace en un alarde de gran respeto a las instituciones culturales catalanes -problema de la Generalitat
de Catalunya, no suyo, por supuesto-, usted en esta ley prevé que el Estado quede exonerado de su obligación a hacer la aportación correspondiente al consorcio. Señor ministro, entre unos y otros, entre una irresponsabilidad y otra
irresponsabilidad, lo que harán será cargarse la institución, todos los consorcios en los que participe el Estado. No tiene absolutamente ningún sentido y espero que lo reconsideren.
Señorías, el anterior Gobierno impulsó importantes reformas en las administraciones públicas y comenzó importantes tareas de diagnóstico y de transformación; nada más lejos de nosotros que el inmovilismo en materia de organización y
funcionamiento de la Administración. Se iniciaron trabajos profundos en simplificación administrativa y de procedimientos, de racionalización de estructuras y de reducción de cargas para empresas y ciudadanos. Se creó la Red SARA y se hicieron
grandes inversiones -por cierto, ahora inexistentes- en las nuevas tecnologías. Se aprobaron leyes avanzadas, como el Estatuto básico del empleado público, con fundamento para que los empleados públicos tengan una verdadera carrera profesional, la
certeza de que su esfuerzo se recompensa con una perspectiva de mejora en su puesto, incentivos y reconocimiento; reconocimiento e incentivos que no tienen nada que ver con lo que practican ustedes, con el desprecio de un jefe que les reprocha
tomar café o leer la prensa. Aprobamos, asimismo, otras leyes, como la Ley de Agencias o la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, incorporando así la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías a la relación
entre la ciudadanía y la Administración. Todo ello, en definitiva, ofrecía cambios necesarios que daban respuesta a nuevos derechos, a nuevos servicios, a nuevas maneras de prestar estos servicios y, en definitiva, a nuevas exigencias ciudadanas
sobre el funcionamiento de la Administración.
Los organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea así lo reconocieron, pasando de una posición 39 a una posición 9 en 2010 como país.
Estas fueron algunas de las reformas que el Gobierno socialista impulsó desde la convicción de que una reforma ambiciosa de la Administración es aquella que la hace eficiente, sí, pero también eficaz y mejor, señor ministro. El Partido
Popular quiere una Administración pública menos costosa y más pequeña, solo atiende al tamaño, y ahí se queda en su análisis; no profundiza más. Con la excusa del control del déficit público se nos propone la destrucción del empleo público y
recortar, suprimir, fusionar o reestructurar organismos, pero seguimos sin saber cómo quiere el Gobierno que actúe este sector público. Señorías, racionalizar la Administración es un proceso permanente de adaptación a la realidad. En un mundo en
cambio vertiginoso, la Administración debe tener cada vez más y más rápidas adaptaciones si queremos que cumpla con sus fines pero, cuidado, la Administración necesita adaptarse, no cambiar o pervertir su finalidad. Racionalizar las
administraciones requiere, en primer lugar, distinguir las esferas de actuación pública y privada, sabiendo que hay esferas públicas que no deben ser privatizadas porque son fundamento de la igualdad entre todos, como la sanidad, la educación, la
seguridad y tantas otras que ustedes están racionalizando o, entre comillas, reformando. En segundo lugar, más coordinación, sí, pero no más centralización. Detrás de un discurso sobre las duplicidades me temo que hay demasiado populismo, señor
ministro. En tercer lugar, menos burocracia innecesaria, sí, pero no menos organismos y servicios públicos que realizan tareas sociales. Entre eliminar cargas administrativas y suprimir el Consejo de la Juventud hay un abismo. En cuarto lugar,
organizar los recursos humanos y adaptarlos a las necesidades, pero eso no significa ridiculizar a los empleados públicos, y hoy viene aquí y nos anuncia que les va a dar de manera gracial un día más de libre disposición, señor ministro. ¿Cree que
eso dignifica mucho el trabajo? ¿Cree que eso es un reconocimiento del trabajo que hacen nuestros empleados públicos? Por último, racionalizar la Administración requiere, sin duda, otras muchas cosas: más transparencia, más rendición de cuentas,
pero sobre todo requiere altura de miras, algo ausente en esta ley y en la tarea de este Gobierno.
En definitiva, señor presidente -termino-, los socialistas queremos una reforma administrativa que no sea un mero parche coyuntural en el que aparentan que se cumple una promesa electoral poco meditada. Queremos continuar con las reformas,
por supuesto, pero unas reformas emprendidas para recuperar servicios, para mejorar la calidad de estos servicios, para mejorar el aparato público, para hacerlo más cercano, para hacerlo más transparente y que esté servida por profesionales
prestigiados socialmente y conscientes de su esencial papel de garantía de igualdad y de equidad sociales. Con esta ley, señor ministro, lo que hacen en realidad es reivindicar la obra del Gobierno socialista, porque no han sido capaces de
presentar ni una sola reforma de verdad, en profundidad, de la Administración pública. Por tanto, lo que están haciendo es parchear y presentar de manera ampulosa medidas absolutamente menores a una reforma que nosotros emprendimos y que seguiremos
cuando recuperemos el Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Con la venia, señor presidente.
Señor ministro, señorías, comparezco hoy en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición en el debate de totalidad del proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. El
presente proyecto de ley tiene como finalidad implementar algunas de las reformas organizativas y procedimentales que se recogen en el informe de la Comisión para la reforma de las administraciones públicas, CORA, elevado al Consejo de Ministros el
21 de junio de 2013. En dicho informe la CORA analizó todos los entes y organismos públicos existentes en la Administración General del Estado valorando el cumplimiento de diversos criterios que deberían justificar su existencia individualizada.
El informe formuló diversas medidas de reordenación de entidades con el objetivo de reducir el gasto público y aprovechar las sinergias derivadas de los procesos de integración para cuya puesta en práctica resulta preciso modificar determinadas
disposiciones de rango reglamentario legal, siendo estas últimas las que se incluyen en este proyecto de ley. A su vez, en su día, el Gobierno aprobó un real decreto dedicado a aquellas reformas que precisaban de modificaciones reglamentarias, el
cual fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 26 de septiembre de 2013.
Señorías, el debate que hoy iniciamos es un debate sobre si verdaderamente queremos modernizar nuestra Administración pública, si queremos hacerla más eficaz, si queremos que preste mejores servicios
a los ciudadanos con menores costes, si queremos evitar que varios órganos de la Administración ejerzan las mismas competencias y si en definitiva esta Cámara es capaz de afrontar, junto con el Gobierno, aportando ideas a lo largo de la
tramitación de este proyecto de ley, la reestructuración de nuestra Administración pública para convertirla en la Administración que la sociedad española necesita en el siglo XXI. Por parte del Grupo Parlamentario Popular ya les anuncio que sí,
junto al Gobierno, y nos gustaría también que junto al resto de los grupos que componen esta Cámara fuéramos capaces, a través de las propuestas de todos, de lograr el objetivo que pretende este proyecto de ley. Quiero aprovechar, señor ministro,
para decirle que cuenta con este grupo parlamentario para la tramitación de esas enmiendas que usted nos ha propuesto.
Señorías, a este proyecto de ley se han presentado siete enmiendas a la totalidad por parte de diversos grupos parlamentarios. Los argumentos utilizados en la mayoría de los casos son los siguientes. El primero de ellos, que vulnera el
sistema de distribución competencial y el principio de autonomía reconocido en la Constitución. A este argumento hay que citarles el artículo 149.1.18.ª de la Constitución española, el cual no es un título habilitante genérico sino el sustento
constitucional de la legislación básica. No existe extralimitación al abordar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas ni el procedimiento administrativo común.
Otro argumento utilizado en las enmiendas de totalidad es la implantación de un tablón edictal único en el BOE para todas las administraciones públicas, artículo 25. Señorías, esta medida contenida en el proyecto de ley incrementa la
seguridad jurídica de los ciudadanos al permitirles consultar en una única instancia todas las posibles notificaciones que les afecten, cualquiera que sea la materia y la administración notificante, sin que ello afecte a la competencia originaria
para acordar la notificación, extendiendo la posibilidad de realizar esta con carácter previo y complementario en tablones territoriales o sectoriales.
Otra medida que critican los grupos es la centralización en el OAP de programas educativos europeos. La asunción por parte de este organismo de las competencias en materia de internacionalización del sistema universitario que venía
realizando la Fundación Universidad es una ampliación lógica de su actividad originaria, al integrarse en un único organismo todas las competencias internacionales, con lo que se logrará una mejora y abaratamiento de la gestión. Es la opción más
frecuente en los países de nuestro entorno a efectos de evitar la dispersión de medios.
Otra medida que también ha sido muy comentada y criticada por todos los grupos es la implantación de una nueva licencia deportiva única. Tengo que decirles, señorías, que no se sustituyen las licencias autonómicas por una estatal, por lo
que no se lesionan las competencias autonómicas; todo lo contrario, se permite que una licencia autonómica surta efectos a nivel nacional en otros territorios, lo que permite que un ciudadano que se traslade de comunidad autónoma no deba obtener
otra licencia. Se argumenta por algunos o por todos los grupos parlamentarios que esta licencia va a suponer un deterioro de la financiación de las federaciones autonómicas, lo cual es incierto, ya que se puede llegar a acuerdos para el reparto de
los fondos entre las federaciones nacionales y autonómicas y, como bien ha dicho el señor ministro -y yo, por parte del grupo parlamentario, lo ratifico aquí-, estamos dispuestos a trabajar con el conjunto de todos ustedes en una enmienda para
subsanar cualquier posible error que se cometa por parte de este grupo parlamentario.
Otro aspecto es la unificación de la Aneca. La Aneca, en tanto instancia evaluadora de la calidad y acreditación, tiene su origen en los principios del Espacio Europeo de Educación Superior, entre ellos, la necesaria independencia de las
instituciones y organismos con el fin de no ser influida en las recomendaciones y conclusiones de sus informes. Este criterio rector hace que su naturaleza estatal o autonómica carezca de relevancia. El fin de esta medida en el proyecto de ley es
que Aneca pueda ejercer las funciones de las instituciones autonómicas, pero sin imponerlas, ya que la medida se configura como voluntaria para las comunidades autónomas, por lo que no cabe hablar de injerencia estatal en las mismas.
Con respecto al Consejo de la Juventud de España hay que decir que esta es una excepción dentro de los consejos asesores de la Administración General del Estado. La mayoría de ellos, como el Consejo Estatal de Personas Mayores, el Consejo
Nacional de la Discapacidad, el Consejo General de Formación Profesional o el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, son órganos colegiados de carácter consultivo, no organismos públicos, con lo que la configuración actual del Consejo de
la Juventud es atípica respecto al conjunto de los diferentes consejos de ámbito sectorial y social. Ello ha puesto de manifiesto la necesidad de redefinir el marco normativo que en la actualidad tiene este Consejo de la Juventud. La disposición
transitoria primera, relativa al Consejo de la Juventud, establece expresamente que seguirá desempeñando sus funciones, de conformidad con sus normas de creación y funcionamiento,
hasta el momento de la constitución de la entidad corporativa de base privada prevista en el artículo 21, que se realizará en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley. Por lo tanto, se garantiza por ley la
continuidad del Consejo de la Juventud de España hasta la constitución efectiva de la nueva entidad corporativa.
También se cuestionan por parte de algunos grupos el Senado y las diputaciones provinciales. Con respecto al Senado, evidentemente esta ley no es el marco ni el ámbito donde debe llevarse a cabo esa discusión, y con respecto a las
diputaciones provinciales se trata de una administración que, con la reforma de la Administración local, ha ganado en prestación de servicios para aquellos ayuntamientos pequeños que no pueden prestarlos y, en definitiva, lo que pretende es mejorar
la actuación hacia los ciudadanos.
Con respecto a los OCEX, tal como recoge la modificación del proyecto de ley, se regula la posibilidad de que se creen secciones territoriales en el Tribunal de Cuentas, con lo cual todas las comunidades autónomas que así lo deseen pueden
llevarlo a cabo.
Señorías, por todo lo dicho anteriormente, el conjunto de la argumentación por parte de los grupos parlamentarios de esta Cámara para justificar las enmiendas a la totalidad, para el Grupo Parlamentario Popular y para este portavoz que les
habla, no es causa suficiente para mantener dichas enmiendas y les invitaríamos a su retirada y a la formulación en el trámite parlamentario de todas aquellas enmiendas parciales que deseen plantear para debatirlas y para llegar al mayor consenso
posible en esta ley, fruto del diálogo que el Grupo Parlamentario Popular va a ejercer en toda la tramitación del proyecto de ley y que desde este momento les brindamos a todos ustedes.
Señoras y señores diputados, el presente proyecto de ley hay que verlo como una pieza más dentro del conjunto de reformas que el Gobierno del presidente Rajoy está llevando a cabo en esta legislatura. El ministro en su discurso ha enunciado
muchas de las reformas llevadas a cabo en esta legislatura. Yo no voy a repetirlas para no ser reiterativo, pero, como bien ha señalado el ministro, todas ellas están sentando las bases para un nuevo ciclo de prosperidad económica y de empleo para
los españoles, y esta nueva reforma va a ser otra pieza más que contribuya a ello.
Señorías, entre los años 2004 y 2011, con un Gobierno socialista, el incremento de gasto público en España en porcentaje de PIB pasó del 38,4 % al 45,2 %. El incremento de empleo público del año 2008 a 2011 se incrementó en un 9,84 %, más
de 288.600 empleados públicos. En 2012, con el Gobierno del Partido Popular, el gasto público ya ha bajado el 44 % y dos tercios del gasto público se dedican a gasto social y a servicios básicos que atienden las necesidades de nuestros ciudadanos.
Todas las reformas ya citadas aquí hoy, las que contiene este proyecto de ley, van a permitir seguir reduciendo el déficit público y recuperar la competitividad y la credibilidad de nuestra economía y de nuestro país. Se han adoptado por parte de
este Gobierno muchas medidas de apoyo a las administraciones territoriales, tanto locales como autonómicas, todas ellas en beneficio de nuestras pymes y autónomos. Voy a dar dos ejemplos muy claros. Primero, los planes de pago a proveedores y,
escuchen bien esta cifra, señorías del Grupo Socialista: 42.000 millones de euros que han permitido pagar 8 millones de facturas que estaban en los cajones a más de 230.000 pymes y autónomos y que han permitido evitar la destrucción de 400.000
empleos. Un segundo instrumento ha sido el FLA como ayuda a las comunidades autónomas en beneficio del conjunto de la sociedad española. El FLA ha contado con 60.000 millones de euros. Señorías del Grupo Socialista, por terminar con los datos, la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que ustedes gobiernan desde el inicio de la democracia, ha recibido el 20 % del total de los fondos del Plan de pago a proveedores y del FLA. Este Gobierno se puso como objetivo, para favorecer el empleo y la
credibilidad en nuestra economía, acabar con la morosidad de las administraciones públicas. Junto a las medidas ya citadas se han adoptado otras que contribuyen a ello, como la Ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público y la
Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular les invitamos a que empiecen a incorporarse a participar activamente en las reformas que están sacando a España de la crisis en la que nos metió el Gobierno socialista. Les invitamos desde este
grupo a que retiren las enmiendas de totalidad y apuesten decididamente por la aportación de enmiendas parciales que permitan mejorar el texto. Finalmente, les invitamos a un diálogo sincero, constructivo y de consenso que permita al Gobierno y a
las Cortes Generales presentar a nuestros ciudadanos unas administraciones del siglo XXI. Por parte de este grupo parlamentario no vamos a escatimar en esfuerzos para ello. Confiamos y deseamos que su actitud sea la misma.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.
En unos minutos, pocos, vamos a votar. (Pausa).
MINUTO DE SILENCIO
El señor PRESIDENTE: Señorías, el pasado domingo 23 de marzo falleció en Madrid Adolfo Suárez, diputado de esta Cámara entre 1977 y 1991, artífice de la Constitución española y primer presidente del Gobierno de la actual España democrática.
Como presidente del Congreso de los Diputados, quiero hacer llegar nuestro profundo y sincero sentimiento de pesar a su familia y expresar al mismo tiempo nuestro reconocimiento y homenaje a su memoria y a su figura política. Ruego a sus señorías
que guardemos un minuto de silencio. (Las señoras y los señores diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio.-Prolongados aplausos).
Muchas gracias, señorías.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 121/000085).
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
Comenzamos por la votación de conjunto del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Han sido emitidos 3 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303 más 3 votos telemáticos, 306; a favor, 294 más 3 votos telemáticos, 297; en contra, 7; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. (VOTACIÓN):
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número
de expediente 250/000005).
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2011, así como la resolución adoptada por dicha
Comisión. Hay 3 votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302 más 3 votos telemáticos, 305; a favor, 299 más 3 votos telemáticos, 302; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE DESINDEXACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 121/000074).
El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de desindexación de la economía española, presentadas por La Izquierda Plural y Grupo Mixto (señora Fernández Davila). Han sido
emitidos 3 votos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303 más 3 votos telemáticos, 306; a favor, 16; en contra, 185 más 1 voto telemático, 186; abstenciones, 102 más 2 votos telemáticos, 104.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
El señor PRESIDENTE: Ha sido solicitada por varios grupos la avocación por el Pleno de este proyecto de ley. Ha habido 3 votos emitidos telemáticamente sobre este tema.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303 más 3 votos telemáticos, 306; a favor, 131 más 2 votos telemáticos, 133; en contra, 171 más 1 voto telemático, 172; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No se avoca a Pleno.
- PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA. (Número de expediente 121/000079).
El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, presentadas por los grupos parlamentarios Vasco (PNV),
de La Izquierda Plural, Mixto (señora Fernández Davila y señora Jordà), Socialista, de Unión Progreso y Democracia y Catalán de Convergència i Unió. Se han emitido 3 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303 más 3 votos telemáticos, 306; a favor, 128 más 2 votos telemáticos, 130; en contra, 174 más 1 voto telemático, 175; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha solicitado la avocación a Pleno de este proyecto de ley y se han emitido a esa solicitud 3 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303 más 3 votos telemáticos, 306; a favor, 130 más 2 votos telemáticos, 132; en contra, 172 más 1 voto telemático, 173; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No será avocado a Pleno este proyecto de ley.
Se levanta la sesión.
Eran las cuatro y treinta minutos de la tarde.