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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 749, de 17/02/2015
cve: DSCD-10-CO-749 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 749

INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SEBASTIÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ

Sesión núm. 37

celebrada el martes,

17 de febrero de 2015



ORDEN DEL DÍA:


Acuerdo sobre celebración de las comparecencias solicitadas por un grupo parlamentario en relación con el proyecto de ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional. (Número de expediente 121/000123) ... href='#(Página2)'>(Página2)


Proposiciones no de ley:


— Sobre asilo político al activista saharaui Hassana Aalia. Presentada por los grupos parlamentarios Mixto, Vasco (EAJ-PNV) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/003399) ... href='#(Página2)'>(Página2)


— Sobre medidas para impedir la utilización de presos en actividades mercantiles de empresas privadas que han ejecutado expedientes de regulación de empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
(Número de expediente 161/002977) ... (Página6)


— Relativa a la exclusión del registro de partidos de aquellos partidos políticos con ideología o apología del fascismo y totalitarismo. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/003200)
... (Página9)


— Sobre medidas para mejorar la seguridad ciudadana en Andalucía. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001473) ... (Página14)


— Sobre reformas legales al respecto de las competencias de los agentes forestales y medioambientales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002756) ... (Página17)


— Sobre la mejora del número de emergencias «112». Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003428) ... (Página21)



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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


— ACUERDO SOBRE CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS SOLICITADAS POR UN GRUPO PARLAMENTARIO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DE PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL. (Número de expediente 121/000123).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Interior convocada para el día de hoy.


El primer punto es el acuerdo sobre celebración de las comparecencias solicitadas por un grupo parlamentario en relación con la tramitación del proyecto de ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional. Como saben los
portavoces, la Mesa de la Comisión, en su reunión del pasado día 11 de febrero, decidió por mayoría no celebrar las comparecencias referidas. Dado que no se obtuvo unanimidad, es de aplicación el acuerdo de delegación condicionada a la Mesa, que
determina que es necesario el rechazo o la ratificación de dicha decisión por la Comisión de Interior. Por tanto, lo primero que procede es preguntar a sus señorías si podemos entender aprobado por asentimiento el acuerdo mayoritario de la Mesa de
la Comisión.


El señor TREVÍN LOMBÁN: No se entiende por aprobado.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de la ratificación del acuerdo de la Mesa.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda ratificado el acuerdo.


— PROPOSICIONES NO DE LEY:


— SOBRE ASILO POLÍTICO AL ACTIVISTA SAHARAUI HASSANA AALIA. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO, VASCO (EAJ-PNV) Y DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/003399).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día. En primer lugar, debatimos la número 2, sobre asilo político al activista saharaui Hassana Aalia, formulada por varios grupos parlamentarios.
Daremos un turno para la defensa de la PLN y posteriormente, al no haber enmiendas, pasaremos a la fijación de posiciones.


Tiene la palabra, por el Grupo Mixto, doña Ana Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Hassana Aalia escuchó la noticia sobre su condena a cadena perpetua a través de una emisora on line. Lo hizo desde el País Vasco, lejos del resto de los 23 compañeros que asistieron en la sala a una condena
inaudita en Marruecos contra activistas saharauis desde los primeros años de la década de los noventa. Lo hizo, según lo ha expresado él mismo, con sorpresa e indignación. Ahora sabe que no podrá regresar a su tierra, dado que en el caso de
hacerlo será detenido para cumplir cadena perpetua por su supuesta implicación en los sucesos acaecidos hace casi diez años en el desmantelamiento de su campamento. Sus compañeros escucharon la condena en la sala y regresaron a la prisión en la que
llevan más de dos años esperando este juicio, pero Aalia lo hizo desde el País Vasco. Teniendo en cuenta que ya fue detenido, juzgado y liberado sin cargos por el mismo supuesto delito, su sorpresa y desconcierto son más que comprensibles. El
pasado día 13 de noviembre Marruecos dictó una orden de búsqueda y captura, acusándolo nuevamente de haber acabado con la vida de un policía marroquí en los días posteriores al desmantelamiento del campamento; una condena que no se sustenta en
ninguna prueba ni en ningún testigo.


Por esas razones, Coalición Canaria-Nueva Canarias, junto con observadores internacionales y expertos, se suma a todos aquellos partidos y organizaciones que reclaman que el Gobierno conceda el asilo político a Aalia e impida la
repatriación, que le condenaría a vivir el resto de sus días entre rejas por una condena injusta y desmedida.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Errekondo.


El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: En primer lugar, he de indicar que esta bandera que tenemos encima de la mesa está hecha a mano y está ajada por todos los años que ha ondeado con orgullo, al sol



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y a la lluvia, en los balcones, concretamente en el de la familia Bengoetxea, de Euskal Herria, que es un ejemplo entre los miles y miles de familias y ciudadanos que han mostrado su solidaridad y su cariño con el pueblo saharaui durante
estos cuarenta años. Tenemos que decir que esta solidaridad se ha traducido en el envío de dinero y comida a los campamentos; se ha alojado a familias y a niños. Este es un ejemplo de solidaridad del pueblo vasco con el pueblo saharaui


El Sahara y el pueblo saharaui fueron ocupados y abandonados por el Estado español, que hoy es colaborador del régimen dictatorial marroquí. Este régimen que lleva cuarenta años, desde 1975, colonizando al pueblo saharaui, vulnera
continuamente los derechos humanos, como ha sido denunciado por los organismos europeos. Tenemos que dejar claro, por tanto, que aquí la víctima es el pueblo saharaui, que es el que sigue sufriendo los ataques y la represión de este régimen
marroquí y Hassana Aalia no es más que un claro ejemplo de ello. Como hemos comentado antes, Hassana Aalia está refugiado en Euskal Herria desde el año 2011. A pesar de haber sufrido durante todos estos años la colonización y la represión, el
pueblo saharaui no ha olvidado su identidad y continúa reivindicando su derecho a la autodeterminación y su soberanía.


Hassana Aalia está sufriendo realmente una situación dramática. En el año 2010, como ya hemos dicho, en el campamento Gdeim Izik hubo una protesta pacífica ante el régimen marroquí y fue brutalmente desalojado y totalmente destruido con una
gran violencia, como fue recogido en los medios internacionales. Como todos sabemos, Hassana Aalia fue juzgado por un tribunal civil y condenado a cuatro meses, pero en el año 2013 un tribunal militar lo juzgó en rebeldía y fue condenado a cadena
perpetua. Los diferentes organismos internacionales han denunciado que este fue un juicio farsa, porque ni siquiera pudo defenderse ni recurrir; además, las pruebas que se utilizaron fueron recabadas mediante malos tratos. Por tanto, una vez más
estamos hablando de torturas, de un juicio farsa y de un régimen que aplica la cadena perpetua. No sé si esto les suena a algo que últimamente también estamos escuchando a menudo en este ámbito.


Sin alargarme mucho, quiero poner énfasis en el contenido de la proposición no de ley, que, en principio, hace que los firmantes de la misma desde Euskal Herria mostremos nuestro apoyo y solidaridad al pueblo saharaui, y a Hassana Aalia en
particular. Queremos exigir al Gobierno que suspenda la petición de salida del territorio español que se ha notificado al interesado, a Hassana. Por otro lado, queremos pedir al Gobierno español que inste al régimen marroquí a respetar los
derechos humanos y a dar la libertad a los presos políticos, y que también pida la celebración de ese referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: La verdad es que los grupos que me han precedido en el uso de la palabra, con los que La Izquierda Plural comparte esta proposición no de ley, han puesto de manifiesto claramente los motivos fundamentales que nos
llevan a pedir, a exigir que el Ministerio del Interior intervenga con urgencia y deje en suspenso la orden de salida de Hassana Aalia, reconsiderando la petición de asilo.


Se ha hablado ya de lo que fue el desalojo del campamento Gdeim Izik, de lo que pasó el 8 de noviembre de 2010, cuando el ejército y la policía marroquíes irrumpieron a sangre y fuego para desalojarlo, de cómo supuso de facto una ruptura
unilateral del alto el fuego en los territorios ocupados y de cómo ante esa violencia las personas que estaban en dicho campamento, llamado por los saharauis de la dignidad, tuvieron que defenderse como pudieron. Estamos hablando de un conflicto
armado que ya dura muchos años, que también está hace muchos años paralizado gracias al trabajo y, sobre todo, a la voluntad negociadora que ha demostrado el pueblo saharaui, pero no hay que olvidar que empezó como conflicto armado porque era una
descolonización que no ha culminado conforme a las resoluciones de Naciones Unidas.


En ese largo conflicto que todavía sigue vivo, el episodio del desalojo de Gdeim Izik dio lugar a un primer juicio —se ha comentado por parte de las dos personas que me han precedido en el uso de la palabra— que terminó con el sobreseimiento
de la acusación contra Hassana Aalia. Ahora se le persigue por un segundo juicio —es la segunda vez que se juzga a una persona por los mismos hechos—, calificado por muchas instancias internacionales, por ONG, por responsables de todo tipo, como
juicio farsa. Por muchas presiones que haga el Reino de Marruecos sobre el Estado español, nuestro país no tiene por qué plegar su política de asilo y de defensa de los derechos humanos a los intereses de Marruecos. Por tanto, mi grupo, La
Izquierda Plural, entiende absolutamente justificado que en estas circunstancias el



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Estado español reconsidere de forma absoluta la propuesta de expulsión de Hassana Aalia, retire la orden de salida y estudie otorgarle el derecho de asilo que, a entender de mi grupo, está plenamente justificado en este caso.


El señor PRESIDENTE: Para terminar con los grupos autores de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que esta es una proposición no de ley de las que casi se defienden por sí mismas, que rayan en la obviedad, y acreditan las dificultades que dimanan de tener que contemporizar con países o regímenes no
democráticos, como ocurre con el Reino de Marruecos.


Ya ha sido explicada la situación del joven Hassana Aalia, que es un militante pro derechos del pueblo saharaui desde los diecisiete años, cómo participó, efectivamente, en el campamento de la dignidad, de Gdeim Izik, y cómo fue detenido y
juzgado por un tribunal civil en Marruecos y condenado a cuatro meses, que no fueron objeto de ejecución. Ocurrió algo que es aberrante en cualquier Estado democrático, y es que fue vuelto a enjuiciar por un tribunal militar por la imputación de
otro pretendido delito posterior y condenado en rebeldía a cadena perpetua. Se ha acreditado por los observadores que acudieron a este juicio que las personas acusadoras habían sido objeto de torturas, que había actas policiales falseadas, que no
se le permitió, mediante el ejercicio de la contradicción de todo proceso, incluso de un proceso de carácter militar, ejercer su legítimo derecho a la defensa. Por tanto, se dan las circunstancias que en relación a la concesión del derecho de asilo
prevé la legislación del Estado español, la Ley 12/2009, que no hace más que ser recipiendaria del Convenio sobre el derecho de asilo y condición de refugiado del año 1967. Es obvio, repito, por lo que hemos explicado, que concurren circunstancias
que hacen manifiestamente incomprensible para el grupo que les habla la orden de repatriación dictada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Más llamativo resulta que después de dictar esta orden de repatriación el ministro de Asuntos Exteriores
comentara públicamente ante los medios de comunicación que no había tenido tiempo para estudiar el caso con el debido detenimiento. Queremos que tenga tiempo para estudiar el caso con el debido detenimiento y que lo haga desde la perspectiva de la
legalidad española e internacional. El Estado español, como potencia colonizadora del Sahara —todavía no sabemos bien si sigue vinculada por los requerimientos del Convenio de Ginebra y por los acuerdos de Madrid— no sabemos hasta qué punto tiene
responsabilidades de particular intensidad desde una perspectiva política, pero desde una perspectiva moral y ético-política sí tiene una especial responsabilidad, y debe reconocer lo que es una obviedad, porque he visto pocos casos más claros —no
solo yo, sino Amnistía Internacional, Acnur y distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos— de concurrencia de todas las circunstancias, sin excepción, que aconsejan el reconocimiento de la condición de perseguido político. Por pura
obviedad —si se me permite la expresión—, sin repetir argumentaciones que ya se han expuesto, pedimos que se anule la orden de expulsión, de repatriación y se conceda a esta persona la condición de asilado.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones.


Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán, el señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÁFOLS: Cualquier democracia que se considere avanzada tiene la obligación de defender los derechos humanos en cualquier lugar del planeta. Esta obligación se multiplica por cien o por mil cuando estamos hablando de
una antigua zona colonial, y seguramente se multiplicaría por mucho más si la descolonización no puede ser calificada como tal, sino que se hizo en unas condiciones muy discutibles, por no utilizar el adjetivo de penosas. Seguramente el Estado
español aún tiene una obligación legal y moral en relación con la situación del Sahara como antigua metrópoli.


Esto ya sería suficiente para demostrar una especial sensibilidad, pero es que además estamos hablando de una situación que, como ha dicho el señor Olabarría, habla por sí misma. Nos referimos a un primer juicio que tuvo un elemento de
racionalidad, por lo que parecía que las reformas que tanto nos habían vendido desde el régimen marroquí funcionaban; pero la ilusión duró poco, porque enseguida nos encontramos con un juicio militar del que organizaciones como Amnistía
Internacional y otras han dicho que fue una auténtica farsa. Es una lástima, porque el Gobierno marroquí perdió una magnífica oportunidad para demostrar que la última reforma verdaderamente iba encaminada a la democracia. Ahora estamos hablando de
la situación de una persona que, sin que quepa ninguna duda, tiene el derecho de asilo y a



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la que increíblemente se le niega argumentando, además, que se ha mirado poco el tema, lo cual resulta —entre comillas— bastante alarmante.


Por estos motivos, por obligación moral, pero además por imperativo ético ante el desorden legal que preside esta situación, nuestro grupo apoyará la proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez.


La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señorías, la posición del Grupo Socialista en este asunto no puede ser otra que poner de manifiesto la consideración de que es mala una legalidad que colisiona con el respeto a los derechos humanos. Nuestro
tradicional posición de amplia visión garantista en materia de derechos humanos implica instar a España a cumplir sus obligaciones internacionales relativas al respeto del principio de no devolución recogido en la Convención de Ginebra. Los
socialistas venimos apoyando y proponiendo, a través de mociones en ayuntamientos, instar al Gobierno de España a aceptar la petición de Hassana Aalia de protección internacional que contempla la ley. Sería importante que el Gobierno escuchase a
los observadores internacionales, que en este caso, además, han confirmado que el veredicto oral incluía el nombre de Hassana Aalia. Queremos recordar al Gobierno que en materia de derechos humanos no debe servirse de cuestiones de forma si se
ponen en riesgo derechos fundamentales.


Parecen lógicas y justas las dos solicitudes que reclama la proposición no de ley: una, la de suspensión de la orden de salida del territorio del Estado español, la otra, de reconsideración de la petición del asilo político. Por tanto,
votaremos favorablemente y pediremos al Grupo Popular que inste al Gobierno a que reconsidere su negativa, sobre todo para que este no contribuya a una injusticia.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Escobar.


El señor ESCOBAR LAS HERAS: Voy a justificar la postura del Grupo Popular, que anticipo que será contraria a la solicitud de los proponentes. Voy a emplear argumentos de legalidad y de procedimiento, que fundamentalmente es de lo que
estamos hablando.


Con todos los respetos a los proponentes, diré que la iniciativa conjunta pretende, ni más ni menos, sustituir la resolución dictada por una comisión interministerial de asilo y refugio en España, que es un órgano creado de acuerdo con la
Ley 12/2009, la Ley de asilo española, y conformado por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Empleo, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Exteriores y por Naciones Unidas a través de Acnur. Eso
es lo que ustedes están proponiendo. No se fían de esa resolución. Desde el punto de vista administrativo, lo que ustedes pretenden es simplemente una arbitrariedad, un atropello legal —y lo califico de forma suave—, porque no se fían de la
resolución administrativa que, como ya he dicho, está conformada por órganos de esta naturaleza. Llegados a este punto, imagino que si esa resolución es recurrida, en este caso ante la Audiencia Nacional, que es el órgano competente para enjuiciar
estos hechos, y tampoco les gusta, pretenderán decir a la Audiencia lo que tiene que dictar en su disposición. Eso no parece ajustado a un Estado democrático y de derecho. Se lo digo con todo afecto, y más allá de la lectura personal que podamos
hacer de los hechos. Les diré más. Piden una reconsideración de asilo sobre la base de unos hechos que, según la Ley española, concretamente el artículo 16.4, son confidenciales y que ustedes vuelcan en la exposición de motivos. Es legítimo, pero
eso lo que han hecho.


Desde la legalidad, bastarían estos argumentos para rechazar de plano esa proposición no de ley; pero es que aún hay más, por si acaso alguien quiere plantear alguna sombra de duda sobre lo impecable de nuestro sistema procedimental, de
nuestro sistema de legalidad en materia de asilo. España es un país de asilo. España es un país solidario y humanitario, con una ley nacional, firmante de la Convención de Ginebra, fiel cumplidor del derecho comunitario, como corresponde nuestra
pertenencia a la Unión Europea y a la propia Convención Europea de Derechos Fundamentales. Con este marco nacional e internacional les voy a dar algunos datos. Hubo 2.588 solicitudes de asilo en el año 2012, 4.513 solicitudes en el año 2013, 5.845
en el año 2014, en este último año el 40,48 % de las resoluciones adoptadas fueron favorables. Las solicitudes de protección internacional de nacionales sirios —lo digo porque esto cobra especial relevancia hoy— son admitidas a trámite en su
totalidad. Las resoluciones judiciales son mayoritariamente favorables a la Administración. En definitiva, nuestro sistema, el español, para satisfacción de todos, es un sistema de asilo humanitario, pero serio; generoso, pero legal. En este
caso,



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señorías, pretenden saltarse a la torera el procedimiento y sustituirlo por una PNL repleta de argumentos muy legítimos, pero de escasa consistencia legal.


Acabo ya, señorías, porque me parecía importante destacar esto. Marruecos es un país firmante de la convención europea en la materia. Es un país que, según ustedes —y me acojo a lo que han dicho—, ha juzgado y condenado al solicitante de
asilo, un activista saharaui como señalan en su texto. Sin evaluar el sistema judicial marroquí, no parece sensato que su alegato esté repleto de apariencias de tortura, juicios falsos, acusaciones falsas, juicios injustos, cuando resulta que en su
propio texto reconocen que el juicio contó con observadores internacionales.


El señor PRESIDENTE: Señor Escobar.


El señor ESCOBAR LAS HERAS: Señorías, ustedes desconfían de Marruecos, pero es que en su proposición también parecen desconfiar del sistema español y no podemos dar por buena esa argumentación. Nosotros no estamos ni con los sentimientos
de Hassana ni con los de cualquier grupo. Estamos aquí para hablar de política, y esta empieza por la legalidad. Eso es lo que ni más ni menos les estoy proponiendo a ustedes, que respetemos, que valoremos, que reconozcamos el magnífico sistema de
asilo que funciona en España. (Aplausos).


— SOBRE MEDIDAS PARA IMPEDIR LA UTILIZACIÓN DE PRESOS EN ACTIVIDADES MERCANTILES DE EMPRESAS PRIVADAS QUE HAN EJECUTADO EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL.
(Número de expediente 161/002977).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día, que es la proposición no de ley sobre medidas para impedir la utilización de presos en actividades mercantiles de empresas privadas que han ejecutado expedientes de regulación de
empleo. Es autor de esta proposición no de ley el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto para su defensa.


El señor SIXTO IGLESIAS: Mi grupo parlamentario La Izquierda Plural quiere traer a esta Comisión el tema de las prisiones en general y el trabajo en las prisiones en particular. Es una cuestión que se ve pocas veces en esta Comisión, en la
cual también debemos entender de los asuntos penitenciarios puesto que son de nuestra competencia. Nos parecía importante, en una de las pocas ocasiones en las que podemos traer proposiciones no de ley, presentar una que afecta al mundo
penitenciario para comentar algunas cuestiones. Primero, algunas cuestiones ligadas al sistema penitenciario en general. Nuestro sistema penitenciario, el español, es un sistema que acaba condenando a una proporción mayor de la población a la
privación de libertad y a la permanencia en instituciones penitenciarias, más que en otros países de nuestro entorno. Esto es un hecho sobradamente conocido. Fruto no de una alta tasa de delincuencia, dado que esta se mantiene por debajo de la de
otros países de nuestro entorno. Incluso hace pocas fechas el propio ministro del Interior ha hecho públicos los últimos datos mostrado una disminución de las tasas de delincuencialidad en nuestro país. No es que tengamos más delincuencia que en
otros países, motivo por el cual nuestras cárceles tienen más presos que las de otros países. Probablemente haya que buscar esa razón en otras cuestiones y esté mucho más relacionado con un Código Penal que, no mi grupo parlamentario, sino miembros
de la judicatura han calificado hecho casi ex profeso para pobres o para robagallinas, creo que fue la expresión exacta que se utilizó. Nuestro sistema penal debe formar parte de las preocupaciones del legislador, de esta Cámara y de esta Comisión,
por eso traemos esta proposición no de ley.


Primero, mi grupo parlamentario quiere dejar constancia del reconocimiento a la labor y al trabajo de la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación en el Empleo. Es fundamental que en el entorno penitenciario se pueda proporcionar
a los internos y a las internas la capacidad y posibilidad de trabajar, porque el trabajo dignifica y en las larguísimas horas que se pasan entre rejas ayuda, no solamente a pasar el tiempo y obtener formación, sino a poder tener unos mínimos
recursos económicos, porque son mínimos los que se obtienen y a obtener compensaciones como la cotización a la Seguridad Social y demás. Mi grupo parlamentario valora muy positivamente todo el trabajo que se desarrolla en instituciones
penitenciarias a la reinserción, que es a lo que dedica o dice que se tiene que dedicar las penas privativas de libertad, de acuerdo al artículo 25 de la Constitución. En este marco, y aprovechando también el cambio de normativa que se hizo con la
reforma laboral que impulsó el Gobierno del Partido Popular nada más empezar la legislatura, se han producido algunas anomalías que han puesto de manifiesto los medios



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de comunicación y los propios sindicatos que trabajan en Instituciones Penitenciarias. Anomalías que están relacionadas con el trabajo de algunas empresas que tienen convenios firmados con la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario, que
proporcionan trabajo a internos en los centros penitenciarios —y siempre que se proporcione trabajo a los internos en centros penitenciarios es una cuestión positiva que quiere resaltar mi grupo—, pero cuando en esta cuestión positiva se cruza el
que la empresa que da ese trabajo haya realizado un ERE previamente empezamos a tener ya problemas desde mi grupo parlamentario. Porque no entendemos que se pueda proceder a aprovechar las reformas legales emprendidas con la reforma laboral por el
Gobierno para acabar despidiendo a unos trabajadores que tienen un coste laboral determinado y acabar trasladando esa carga de trabajo a otros centros, en este caso a Instituciones Penitenciarias, donde las condiciones de producción para la empresa
tiene unos costes menores que en los centros de trabajo habitual. Ejemplos de este caso ha habido concretamente en Picassent. Se citan en la exposición de motivos de nuestra proposición no de ley. Se trata de la empresa Istobal, que en Picassent
ha tenido producción y que realizó un expediente de regulación de empleo en 2013 que afectó a 27 trabajadores; en 2011 ya había despedido a 53 trabajadores. También ha afectado a otras empresas en el mismo centro penitenciario y también se ha
hablado de otras empresas en Ocaña I y en Ocaña II, en la provincia de Toledo, por parte de algún sindicato como Acaip. Por este motivo, porque entendemos que no está justificado aprovechar la facilidad que da la reforma laboral para proceder a un
ERE en una empresa, para acabar pasando esa carga de trabajo a un ámbito en el cual la empresa puede producir con unos costes laborales y unos costes energéticos mucho menores, no lo compartimos, no lo podemos disculpar y por eso nuestra proposición
no de ley marca que la línea que tiene que seguir la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario es que las empresas que realicen estos ERE para despedir a parte de su plantilla y pretendan trasladar esa carga de trabajo directamente a internos de
entidades penitenciarias, no sean firmados esos convenios por parte de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario.


A nuestra proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, que entendemos que recoge en esencia lo que pretendíamos desde nuestro grupo parlamentario con la propuesta que habíamos hecho y nos parece
razonable y la vamos a aceptar.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra la señora Vázquez.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Hoy se nos presenta una proposición no de ley por el Grupo de Izquierda Unida para impedir la utilización de presos en actividades mercantiles de empresas privadas que han ejecutado expedientes de regulación de
empleo. Estamos hablando de algo concreto, no estamos hablando del sistema penitenciario ni del Código Penal, cuyo debate vamos a dejar para otro momento, de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad que han sido recogidas en el
artículo 25 de nuestra Constitución. Así el trabajo es un aspecto fundamental para dotar a los internos de medios para afrontar positivamente su regreso a la vida cotidiana, una vez que ya se encuentren en libertad. A estos mismos efectos el
empleador será en todos los casos el organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo que, como saben ustedes, es quien paga las cuotas a la Seguridad Social de estos internos. Actualmente existe la posibilidad de alcanzar un
convenio con presiones que inserta el trabajo para entidades privadas en la política de reinserción social y prepara a los internos para su acceso al mercado laboral. Según la última memoria de 2013 estaríamos hablando de 159 millones de euros en
ventas, 12.250 presos, de los cuales 3.090 están en empresas privadas. Ha disminuido respecto al 2012, que fueron 12.217 de los cuales 3.119 estaban en empresas privadas, como ha dicho el señor Sixto, porque se está reduciendo de alguna manera la
población en las prisiones. El trabajo de los internos en los talleres penitenciarios podrá organizarse directamente por el propio centro o bien firmando estos convenios con empresas privadas. La retribución que reciben los internos trabajadores
se determina en función del rendimiento normal de la actividad de que se trate y el horario de trabajo cumplido. El cálculo de la retribución se realiza actualmente mediante módulo para cuyo cálculo se toma con referencia el salario mínimo
profesional. Por ejemplo, para los que no saben esto, pues en septiembre de 2014 el promedio diario de horas mensuales realizadas por cada interno trabajador era de 78 que diariamente representan tres horas y cincuenta y seis minutos. Como he
dicho anteriormente las cuotas las paga el organismo autónomo y las empresas firman un convenio que se ajusta desde el año de 2013 a unos requisitos que establece instituciones penitenciarias. Todos aquellos que no cumplan esos requisitos no pueden
firmar estos convenios.



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Con respecto a la mención que se hace en la proposición no de ley a los salarios cobrados por algunos internos, como he dicho están regulados, en el artículo 15 del Real Decreto 782/2001, que establece la retribución que tienen que percibir
esos internos y que se complementa después con el artículo 15.3. Es una orden del año 2001 y especifico que tiene como referencia el salario mínimo interprofesional. Hasta aquí estaría todo correcto. Pero se ha visto un déficit y somos
conscientes de que una empresa que ha hecho un ERE y ajustes de plantilla, no se vea beneficiada por el trabajo de los presos. El organismo autónomo paga la Seguridad Social de esos presos y la empresa paga los salarios, esas empresas que están
despidiendo gente no pueden beneficiarse de eso. Desde Izquierda Unida al Partido Popular, ideológicamente contrapuestos, pero creo que en esto estamos de acuerdo, porque es una anomalía. Nuestro grupo fue consciente y tengo que agradecer
públicamente la labor que ayer —y se lo he dicho al señor Sixto en privado— hizo nuestro portavoz Rafael Hernando, a favor de que esta enmienda prosperara, porque no podemos seguir permitiendo que haya empresas que se beneficien despidiendo gente y
se beneficien del trabajo de estos reclusos. Agradezco la voluntad del señor Sixto de que haya aceptado nuestra enmienda y que así vayamos corrigiendo el sistema.


El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, señor Guillaumes en nombre del Grupo Parlamentario Catalán.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Hemos de agradecer al Grupo de La Izquierda Plural la presentación de esta proposición no de ley, porque ha generado un interesante debate en el seno de nuestra federación sobre la gente que trabaja en estos
temas. Después de hacerlo, la verdad es que nuestro primer impulso era votar en contra. Estos días he aprendido bastante sobre este tema. Hay dos maneras de mirarla, una desde dentro y otra desde fuera. Desde fuera, un argumento impecable, como
la ha descrito la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Estamos hablando de unas empresas que cobran una Seguridad Social por una parte y que luego simplemente dan el salario y si en un determinado momento han hecho un ERE no parece justo que
obtengan este beneficio. La verdad es que todo esto es bastante más complicado. Cuando lo ves desde dentro es difícil encontrar este tipo de empresas que, en cambio, este tipo de políticas, como ha subrayado el propio portavoz de La Izquierda
Plural, son muy importantes para adquirir hábitos de trabajo, para adquirir de alguna manera la dignidad que acompaña el hecho de poder ejercer una función laboral, aunque sea de un sueldo escaso. También el hecho de integración que comporta la
propia actividad laboral. Es una política absolutamente necesaria e importante. A veces no es tan blanco y tan negro. Estamos en medio de una crisis —algunos dicen que saliendo de ella—, pero en todo caso muy inmersos, por lo que tampoco es tan
fácil encontrarse empresas dispuestas a hacer este tipo de servicios y que no hayan tenido que pasar por un ERE. Porque muchas, muchísimas, han tenido que pasar por un ERE. Lo que parece tan evidente a primera vista cuando hablas con gente que
está en Instituciones Penitenciarias dicen que no lo es y que hay una cierta rigidez en la proposición no de ley de La Izquierda Plural. Es cierto que puede haber abusos y de hecho —y no dudamos de ellos— en el argumento inicial de la proposición
no de ley de La Izquierda Plural se citan específicamente algunos. Pero tampoco se le escapará a nadie que lo normal sea lo contrario, que sea la Administración y a veces las propias empresas las que en general pierdan dinero haciendo este tipo de
políticas sociales. Estamos hablando de una excepción, no de una regla. Delante de la proposición inicial de La Izquierda Plural, por estos argumentos que no son evidentes en primera instancia, sino que son mucho más los contrarios, pero que si se
profundiza son así, estaríamos bloqueando el acceso a este tipo de servicios a una serie de empresas de buena voluntad que han tenido un momento de bajón y que solo por haber hecho un ERE en un determinado momento ya no podrían colaborar en un
campo, en el que, repito, no es tan fácil que colaboren las empresas. No nos opondremos finalmente porque entendemos que algo mejora la enmienda del Grupo Popular y por tanto nosotros nos vamos a abstener. Queríamos hacer esta reflexión que a
veces lo que parece tan evidente quizá no lo sea tanto.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley, tanto en el texto que planteaba La Izquierda Plural, como en la enmienda que ha formulado el Grupo Parlamentario Popular, porque, aun entendiendo —como decía el
señor Guillaumes— que esto es un aspecto complejo y difícil. El hecho de que se haya presentado esta proposición no de ley nos ha permitido profundizar, por lo menos



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a mí personalmente, mucho o bastante en qué tipo de relaciones existen entre una entidad pública y las empresas. Por cierto me gustaría que se cumpliera lo que dice la Ley de Presupuestos de 2014, en la que se plantea que en el plazo de
tres meses se adecuarán los estatutos del organismo autónomo a los de entidad pública, porque entonces habrá bastantes variaciones en el funcionamiento de esta entidad y que se cumpla con ese plazo. Porque, indudablemente, siendo unas relaciones
complejas y difíciles las que existen entre una entidad pública, que es, por así decirlo, la que tiene en nómina a los trabajadores, con una empresa externa que lo que hace es dar una prestación y utilizar estos trabajadores para atender a sus
propios servicios y sus propias necesidades. Es cierto que en unas circunstancias tan especiales como estas, las relaciones no son normales como pueden producirse en una empresa del exterior de las cárceles. Entendemos que tiene que plantearse una
línea roja. El hecho de que haya una empresa que entra en un ERE o de manera reiterada está produciendo despidos y que al lado de ello viene una contratación de trabajadores que dependen de esta entidad pública para que a menos coste salarial y a
menos coste de funcionamiento de la actividad industrial vaya sacando sus producciones, no nos parece que sea lo más adecuado. Creo que es un abuso que se comete y que esta entidad pública tiene que poner coto y la que debe saber perfectamente en
qué momento existe ese ERE y en cada caso concreto se está produciendo una sustitución. Hay uno de los casos que plantea la proposición no de ley que es el de Ocaña. Es un fenómeno curioso, porque la empresa desaparece casi y se quedan 50 o 60
trabajadores que además ocupan una nave dentro de la propia prisión de Ocaña, con lo cual hay una serie de problemas de seguridad para el acceso de los 50 o 60 trabajadores que en otras prisiones más modernas no se produce. En la de Zaragoza no hay
ningún problema, porque tienen posibilidades de entrar por otra puerta o bien las medidas de seguridad que existen ya son suficientes para que el acceso se haga con más rapidez del que se produce en Ocaña. Hay que ir viendo casi cada caso y tiene
que ser Instituciones Penitenciarias, a través de la entidad pública, la que analice cada circunstancia, cada uno de los procesos en los que se vea inmersa una empresa que esté en esas condiciones, pero como principio tiene que producirse un
elemento fundamental y es que pensar que un ERE no da derecho a que se utilicen trabajadores penados que tienen perfecto derecho a trabajar y a percibir un salario y a tener una protección social, pero no a costa de que otros trabajadores de otras
empresas del exterior pierdan su puesto de trabajo. Por ello, la proposición no de ley y la enmienda que se han planteado nos parecen razonables y lógicas. Pediría al Grupo Popular que actualizara ese estatuto y en lugar de ser organismo autónomo
fuera entidad pública y que cumpliera con lo que dice la Ley de Presupuestos, porque eso tiene incidencia en el funcionamiento de la propia entidad y que fuera dicha entidad la que viera caso a caso en qué medida, cuando se produjera, se da ese
fenómeno de la desaparición de puestos de trabajo en el exterior y su compensación con penados en el interior. No obstante, otra cosa, sería bueno que se actualizaran los salarios de los internos que prestan trabajos en empresas externas, porque
llevan cuatro años sin incrementar las retribuciones. En estos momentos muchos de ellos están haciendo lo que hacen otros españoles y es atender con esos sueldos a las necesidades de sus propias familias en el exterior de las cárceles.


El señor PRESIDENTE: A efectos de votaciones, estimo que las mismas no van a producirse antes de las doce y cuarenta y cinco minutos.


— RELATIVA A LA EXCLUSIÓN DEL REGISTRO DE PARTIDOS DE AQUELLOS PARTIDOS POLÍTICOS CON IDEOLOGÍA O APOLOGÍA DEL FASCISMO Y TOTALITARISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente
161/003200).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 4 del orden del día, proposición no de ley relativa a la exclusión del registro de partidos, de aquellos partidos políticos con ideología o apología del fascismo y totalitarismo. Es autor el
Grupo Parlamentario Catalán, para su defensa tiene la palabra el señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Esta proposición no de ley forma parte de una cadena de preguntas, de proposiciones no de ley, de mociones, en relación con la incomprensible tolerancia que se tiene a determinados grupos y expresión exterior
que suelen tener de sus webs, facebooks, etcétera, sobre todo en relación con la ideología totalitaria fascista. Para nosotros seria exactamente lo mismo si hubiera tolerancia en relación a un grupo que defendiera con entusiasmo la política de Pol
Pot y su



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aplicación en el Estado español por descontado merece exactamente la misma condena. El caso es que la tolerancia que nosotros estamos detectando es con determinados grupos. Estamos hablando de webs que incitan, ya no directamente al odio
racial, sino que incitan directamente al asesinato y detrás hay una organización política legal con estatutos y que incitan al asesinato del jefe del Estado, al asesinato del presidente del Gobierno, al asesinato del presidente de la Generalitat y
además cuando se le pregunta por un medio de comunicación al presidente de este grupo político si piensa retirarlo y tal, dice que aún le parece poco lo que dice en su web. Estamos muy extrañados de este tipo de tolerancia, pero la cosa llegó a su
extremo cuando leímos la legalización del grupo abiertamente nazi Amanecer dorado en el Estado español. Tenemos especial sensibilidad contra que se utilice el término nazi como eufemismo, en este caso es que no lo es en absoluto. La gente que ha
gritado Heil Hitler dentro del Parlamento griego es una gente que propugna el uso de minas antipersona en las fronteras de Grecia como medio de control de la inmigración ilegal, etcétera. Alguno diría que en Grecia este partido es legal. De
momento tiene sus dirigentes detenidos, están inmersos en un juicio en el que hay implicados asesinatos, están procesados la mayoría de sus dirigentes y, en todo caso, que fuera legal en Grecia no quiere decir que tenga que ser en el Estado español.
No lo entendemos, condenamos esta especie de tolerancia en relación con todo lo que sea el fascismo. Nuestra legislación, de manera inteligente, a diferencia de otros países no hace una condena estrictamente ideológica cuando se trata de ilegalizar
a un partido. No se ilegaliza por ser fascista o por ser estalinista, no, lo que se dice es que no se puede incitar a la violencia, al asesinato, al odio racial, a la homofobia, etcétera. Lo consideramos acertado y esta es la vía adecuada y la que
en el fondo pedimos en una proposición muy minimalista. Inicialmente aún era más minimalista, porque se pedía simplemente que se revisara —sabemos que tiene que haber un proceso judicial que solo extraordinariamente puede actuar el Congreso de los
Diputados, por lo que estamos pidiendo una revisión administrativa del registro de partidos políticos y que luego sea la instancia judicial pertinente la que decida— el sistema de inscripción, ya que ha aparecido alguna sentencia judicial alarmante
que nos incita a pedir esta reforma. Había una sentencia judicial que ha dicho que simplemente la apología del odio, declarar la inferioridad de otras razas, etcétera, no es directamente una incitación. Es tolerable que existan estos grupos y que
no sea directamente una incitación al asesinato o a la persecución nos parece una barbaridad. Tengo la triste condición de ser representante de una circunscripción, Barcelona, que debido a esta sentencia es la exportadora a toda Europa y gran parte
del mundo de todo el material de signo nazi, fascista, racista, etcétera. Ya que este tipo de sentencias que dicen que acusar a todos los judíos de ser ratas no es una incitación al odio racial o a la persecución es opinable. Por eso nosotros en
nuestra proposición nos permitimos decir que se examine también esto. Entendemos que esto no puede ser así. El recién refundado partido nazi español Cedade, en su Librería Europa en el centro de Barcelona hace poco en una redada de los Mossos
d’Esquadra pudo recogerse una serie de DVD y de vídeos. He visto algunos de ellos en los que, en imágenes, se compara a gente racialmente diferente de nosotros con ratas de alcantarilla, se compara su función en nuestra sociedad con la de una rata
de alcantarilla. La libertad de expresión tiene dos límites, la no incitación a la violencia y la no incitación al odio por razón de raza, condición sexual, etcétera. Consideramos que la tolerancia con esto debe terminar. Hacemos una proposición
minimalista, porque entendemos que al final hay decisiones judiciales. Pedimos que se examinen de nuevo el registro, tal como está ahora, y los procedimientos de inscripción, porque ha habido alguna sentencia que nos preocupa, nos aleja de la
práctica europea habitual y produce fenómenos tan lamentables como el ocurrido en la capital de mi circunscripción, que parece la primera productora mundial de panfletos racistas de toda Europa. Debemos terminar con esto y, para ello, deberíamos
tener la comprensión de la mayoría de la Cámara. No pedimos que se endurezca la Ley de Partidos, no pedimos nada de eso, pedimos que se aplique lo que existe y que se revisen los procedimientos para que se aplique con rigor a todos, a todos.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley que nos presenta el Grupo de Convergència i Unió. No es la primera vez que se trata este tema en Comisión; mi grupo parlamentario lo ha planteado ya en
alguna ocasión, aunque nuestra propuesta era probablemente más dura y más clara que la que presenta Convergència i Unió. Nosotros proponíamos directamente la condena y la prohibición de estos grupos fascistas que están en contra de los valores
democráticos y de la igualdad y a favor del odio. En esa línea, vamos a apoyar esta proposición no de ley, que nos parece perfectamente



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justificada y muy razonable, aunque, desde nuestro punto de vista, tibia, porque nosotros plantearíamos directamente una clara política de persecución e ilegalización de estos movimientos fascistas.


Nos gustaría destacar la existencia de varias organizaciones que se dedican a rastrear y a poner de manifiesto —por lo menos a nosotros nos lo trasladan cada pocos meses y lo hacen público cada año en sus informes— los hechos por los que
estas organizaciones, de forma clara e indubitable, están incitando al odio y a los crímenes de odio. El portavoz de Convergència i Unió lo ha expresado con un ejemplo muy concreto, el registro policial de una librería en Barcelona, pero ejemplos
como este los hay a cientos en los informes de las organizaciones no gubernamentales que se dedican a luchar contra el odio y los crímenes de odio y que ponen de manifiesto día a día los motivos por los que habría que proceder a la ilegalización de
estos grupúsculos, de estos partidos políticos, algunos de ellos de reciente creación, cuyos integrantes arrastran largos historiales de incitación al odio y a la violencia. Los demócratas nos tenemos que defender. Tenemos toda la legitimidad para
defender al conjunto de la población de las terribles consecuencias que tienen y han tenido a lo largo de la historia en Europa y en todo el planeta el odio y el fascismo. Como plantea Convergència i Unió, los procedimientos de legalización y de
revisión de ese carácter legal deberían adaptarse y ponerse al día en función de la información que existe, que está en las redes sociales y que hacen pública muchas organizaciones, como Movimiento contra la intolerancia, que día a día mantiene la
vigilancia frente al fascismo, que, agazapado, continúa en los sótanos y en las alcantarillas de nuestra sociedad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cortizo.


El señor CORTIZO NIETO: No podemos más que estar absolutamente de acuerdo, tal como plantea la proposición no de ley, con el rechazo del totalitarismo en cualquiera de sus formas, en la medida en que al final de lo que se trata es de no
permitir el triunfo de aquellos que quieren destruir las libertades y los derechos de las personas y hacerse —de acuerdo con las definiciones más clásicas— con el absoluto dominio de las relaciones sociales, políticas y económicas. Esto nos parece
importante, sobre todo porque la democracia española ha sido muchas veces relativamente laxa en cuestiones como la incitación al odio o la xenofobia, actitudes que están poco relacionadas con el concepto de democracia y más con el concepto de
totalitarismo. El representante de Convergència hablaba no ya de incitación a la violencia en general, sino de incitación al asesinato, y es verdad que no solo la ha habido, sino que además se ha practicado. También es verdad que ha habido
tolerancia, al menos de determinados sectores sociales y grupos. Este es un tema que se debería discutir abierta y claramente, incluso haciendo una revisión crítica de nuestra reciente historia. Comparto la filosofía de la proposición no de ley,
lo único que no comparto es ese nombre de Amanecer Dorado, porque me parece más bien un anochecer tenebroso.


Sin embargo, nos sorprende —y por eso no le vamos a dar el voto afirmativo— que al final liquide un asunto tan importante con una cuestión que, sin dudar de su buena voluntad, nos parece mal planteada y equívoca, aunque en su intervención ha
hecho alusiones al procedimiento judicial. Tal como está redactada la iniciativa, dice que el Gobierno revise y que el Gobierno proceda a la exclusión de… En aras de la defensa de los derechos y las libertades, mi grupo no quiere que un Gobierno
tenga per se, sobre la base de una reglamentación, la capacidad de excluir a nadie. Es verdad que hay razones estadísticas, ideológicas y prácticas para revisar el censo. Hay más de 2.000 o 3.000 partidos inscritos en este país y ahí hay de todo y
desde luego ahí están los que usted citaba. Hay que excluirlos, pero con garantías, a través del procedimiento judicial. Lo que hubiera esperado de un partido que me merece la consideración de muy serio en esta y en casi todas las cuestiones —digo
en casi todas porque nadie es perfecto— es que hubiera propuesto una modificación de las leyes ad hoc, una modificación que debería hacerse además por consenso para, a través de la Ley de Financiación, a través de la Ley de Partidos o a través de
cualquier ley que pudiera servir para ello, entrar a fondo en este tema de los totalitarismos y de su prohibición, sin llegar —entiendo que no es nuestro caso— al caso alemán, donde están directamente prohibidos un partido nazi o un partido
comunista. Creo en la necesidad de revisar estos aspectos y de introducir una legislación más clara, una legislación garantista, pero clara y contundente a la hora de defender los derechos y libertades de todos por la vía de imposibilitar que
quienes defiendan cualquier forma de totalitarismo disfruten de la democracia para tratar de destruirla, porque esa es al final la cuestión. Estaríamos dispuestos a apoyar cualquier iniciativa de Convergència en esa línea, pero no estamos de
acuerdo en darle a un Gobierno la capacidad de excluir a determinadas fuerzas políticas. ¿Con qué criterio? ¿Sobre qué base? Preferimos que sean siempre los tribunales. La resolución da la capacidad al



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Gobierno de revisar y de excluir. Insisto, no dudo en absoluto de la voluntad de la iniciativa, pero su redacción es…


El señor PRESIDENTE: Señor Cortizo, por favor.


El señor CORTIZO NIETO: Sin favor, señor presidente. Usted manda.


Esta es la cuestión que planteo. Quisiera que se entendiera perfectamente. Señor presidente, como verá, soy de una extrema obediencia.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno, tiene la palabra la señora García, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


La señora GARCÍA SENA: Señorías, nuevamente debatimos un aspecto que sin duda alguna debe obtener de los partidos democráticos aquí representados la máxima repulsa. Vaya por tanto por delante la postura del Grupo Parlamentario Popular, que
es de confrontación directa, clara, absoluta y diáfana con cualquier manifestación totalitaria y xenófoba que pueda suponer el menor atisbo de vulneración de los derechos humanos o pueda rozar el sistema democrático y de derecho que entre todos nos
hemos dado. Todos debemos estar atentos a los indicios que haya para que con los instrumentos que tenemos —el imperio de la ley, el Poder Judicial independiente y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado— actuemos con rapidez y contundencia.
Así pues, este grupo parlamentario da su total apoyo a la preocupación que su señoría y su grupo manifiestan en el espíritu de esta proposición no de ley. El nacionalismo, llevado hasta sus últimas consecuencias, puede traer consigo la negación de
otras opiniones, fuerzas o corrientes políticas por el mero hecho de divergir con él y, de ahí, llevar a la exclusión del sistema, al ostracismo y a la persecución. Entre ese nacionalismo extremo y el totalitarismo puede existir una línea tan
frágil como delgada. Vemos con preocupación como determinadas fuerzas pregonan soflamas y postulados con la única intención de dividir o de convertir al legítimo adversario político en antitodo. Aunque no es el objeto de esta proposición no de
ley, sí he de decir que en alguna ocasión hemos podido oír o leer cómo se atacaba a determinados partidos políticos nada sospechosos de ser antinada, como el que yo represento, por no estar de acuerdo con determinadas propuestas soberanistas que hoy
están encima de la mesa en la comunidad autónoma de la que usted proviene. Eso también debería ser objeto de preocupación, pero no solo de los directamente afectados, sino de todos los demócratas, independientemente de su ideología. Sin duda, el
gran riesgo al que se enfrentan las democracias consolidadas es que alguna de estas fuerzas nacionalistas extremas puedan llegar a ocupar alguna cuota de poder, ya que desde esa privilegiada atalaya no dudarán en destruir el sistema democrático que
les ha permitido llegar hasta ahí, con la finalidad de que nadie les pueda remover democráticamente. Tanto la Carta Magna como el Código Penal, la Ley de Partidos Políticos e incluso la modificación de la Ley de protección de la seguridad ciudadana
que se está tramitando promulgan el principio de intervención e injerencia mínima, la no discriminación y la proporcionalidad en su triple consideración. La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, que obtuvo un amplísimo
respaldo, garantiza el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo en todo momento que una organización política pueda atentar contra el régimen democrático y de libertades o que justifique el
racismo, la xenofobia, la violencia, el terror, la discriminación, la exclusión, la violación de los derechos y las libertades o las actividades terroristas como modo de defender y promover sus ideas y programas, incluso las que pretenden revisar el
marco constitucional, como bien saben y como nosotros entendemos que ha de ser, todo ello con escrupuloso respeto a los métodos y principios democráticos que sustentan la acción política en convivencia y alejándose de la arbitrariedad que parece
inspirar esta iniciativa. Para ello se establece muy claramente el procedimiento judicial que ha de amparar la ilegalización de un partido político, diferenciándolo del que prevé el Código Penal para disolver las asociaciones ilícitas en él
previstas. Deja totalmente delimitado a quién le corresponde el control de la ilegalización de un partido por sus actuaciones —a la autoridad judicial y a ningún otro poder—, pero aún va más allá, en aras de la pulcritud procedimental. ¿A qué
órgano jurisdiccional encomienda tan alta e importante responsabilidad? Nada más y nada menos que a la Sala especial del Tribunal Supremo. ¿Quién puede instar a examinar el ajuste a los principios democráticos del funcionamiento y de la actividad
de un partido político? El ministerio fiscal y el Gobierno por sí o a instancias del Congreso de los Diputados o del Senado, es decir, máxima seguridad jurídica y de derecho de defensa.



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Como ya se ha indicado en otros debates sustanciados sobre este tema, frente a otros postulados mucho más categóricos y estrictos, nuestro marco normativo parte de considerar que cualquier proyecto es incompatible con la Constitución si para
su defensa se vulneran los principios democráticos o los derechos fundamentales en ella consagrados. Ahora bien, hecha esta breve pero necesaria delimitación legal, vamos a ver qué es lo que nos propone la iniciativa que concita este debate
respecto a la ideología fascista o totalitaria. En primer lugar, se propone que el legislador omita su responsabilidad y se le exige al Ejecutivo que, sin marco normativo que le ampare, revise los procedimientos y los requisitos para la inscripción
de partidos políticos, y no conforme con ello le exige que, nuevamente sin soporte normativo ni sentencia judicial que le ampare, actúe de oficio y expulse a aquellos que hayan expresado opiniones en actos públicos de carácter fascista o totalitario
incluso con carácter retroactivo. Sin duda es todo un alegato al respeto y a la seguridad jurídica. Nosotros nos preguntamos: ¿Cómo se tacharía al Gobierno que actuase de este modo? ¿Acaso no correríamos el riesgo muy fundado de que, aún con la
buena voluntad de erradicar estas conductas, se tachase al Gobierno que lo realizase de lo mismo que se pretende perseguir?


Señorías, la modificación del Código Penal que este Gobierno ha promovido pretende ir más allá, ampliando las acciones delictivas a aquellos que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio o a la violencia por motivos
ideológicos, racistas o de religión, es decir, con la nueva redacción, el Gobierno del Partido Popular —por cierto, el mismo que promovió la Ley de Partidos Políticos— está cumpliendo con la directiva europea de 2008, que regula el delito de
negacionismo, los discursos del odio o la violencia de la que pueda ser objeto cualquier colectivo o minoría por su raza u origen, por razón de su sexo e identidad de género o por motivos políticos o ideológicos, que estaba por desarrollar en
España. Como siempre ocurre en este país, ha de llegar el Partido Popular para solucionar o corregir lo que otros no han hecho o han hecho mal, llevándonos casi a la quiebra del sistema. El Gobierno prefiere, en lugar de enumerar el franquismo, el
fascismo, el nazismo o el totalitarismo como únicas opciones, hacer una definición lo más genérica posible para que no pueda quedar ninguna conducta totalitaria y antidemocrática sin recoger expresamente, y así ha sido aplaudido por los movimientos
contra la intolerancia.


El señor PRESIDENTE: Señora García, por favor, tiene que ir terminando.


La señora GARCÍA SENA: Finalizo. Quiero hacerlo leyendo del «Diario de Sesiones» el siguiente párrafo: Si nuestras enmiendas son aceptadas, votaremos afirmativamente el proyecto de ley, lo que dará lugar a la incorporación de mayores
garantías. Son palabras del señor Trías en el debate de la Ley de Partidos Políticos. Me pregunto qué decían sus 38 enmiendas presentadas en esta Cámara, a ver si hacían mención a las cuestiones de las que hoy estamos hablando. Pues no; es más,
me atrevería a decir que todo lo contrario, que ya se utilizaban en ellas expresiones como: No se trata de prohibir las ideas o la disolución solo por declaración judicial firme o la única disolución posible es judicial o las disposiciones
materiales de esta ley no pueden tener carácter retroactivo. Señorías, acabamos de observar nuevamente todo un ejercicio de coherencia política. Están enmendando sus propias enmiendas, que a su vez calificaban como vitales para garantizar la
legalidad de la ley. Parece ser que es una práctica que se está extendiendo entre los grupos de la oposición, empezando por el Partido Socialista, que ahora, con ustedes, rehuye la modificación de la Constitución que promovieron siendo Gobierno.
Espero que esto no se haga extensivo al resto de grupos parlamentarios, ya que, de lo contrario, le estarán haciendo un flaco favor a sus votantes, que se sentirán defraudados e irán en busca de otros grupos más populistas, todo lo contrario que
este grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Señora García, tiene que terminar ya, por favor.


La señora GARCÍA SENA: El Grupo Parlamentario Popular, en aras de esas mayores garantías, será coherente y votará en contra de su proposición no de ley, insisto, manifestando su más contundente y enérgica denuncia y su repulsa hacia todos
los nacionalismos extremos, sean de izquierdas o de derechas, del fascismo y del totalitarismo. Por más que lo pretendan, no nos sentimos herederos de ninguno de ellos ni tenemos complejo alguno en decirlo. Entendemos que con su redacción ni se
preserva el espíritu garantista consagrado en nuestra Constitución ni se cubre la actuación de los funcionarios responsables del registro de partidos políticos, dejándolos en total desamparo. Nosotros combatimos…


El señor PRESIDENTE: Señora García, tiene que terminar ya. Ha utilizado usted más del doble del tiempo. Por favor, el último párrafo.



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La señora GARCÍA SENA: Coincidiendo con el argumento del Grupo Socialista, les instamos a que sigan enmendándose a sí mismos y procuren una modificación de la Ley de Partidos Políticos vigente, en la que se defina y delimite qué nuevos
criterios se deben valorar para registrar un partido político y sus efectos retroactivos. Esta iniciativa es justo lo contrario, al pretender omitir nuestra responsabilidad como legisladores.


— SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN ANDALUCÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001473).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 5: Proposición no de ley sobre medidas para mejorar la seguridad ciudadana en Andalucía. Su autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Sicilia.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Señorías, esta es una proposición no de ley que, como habrán visto, se presentó en marzo del año 2013, pero que sigue de actualidad, puesto que las preocupaciones que en ella se reflejan siguen sin resolverse.
Repito, está de plena actualidad, pese a que se presentó en 2013. Las preocupaciones que se reflejan en ella y que siguen vigentes en Andalucía se deben fundamentalmente a la merma de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en mi
comunidad. Para que se hagan una ligera idea, según datos del propio Gobierno en respuestas parlamentarias a mi grupo, el 30 de octubre de 2011 había en Andalucía 15.322 efectivos de la Guardia Civil disponibles, mientras que a 30 de octubre de
2014, tres años de Gobierno del Partido Popular después, los efectivos de la Guardia Civil disponibles en Andalucía son 14.659, es decir, 663 efectivos menos solo en tres años. Es una merma que continúa y que no solo se produce en la Guardia Civil
sino también en el Cuerpo Nacional de Policía. Es un recorte de efectivos que, como resulta evidente, supone la imposibilidad de prestar un servicio de seguridad público eficiente, ya que se carece del personal suficiente. Hay una pérdida de
personal, pero también una pérdida de recursos para que estos agentes puedan realizar bien su labor de seguridad ciudadana. Esta merma de efectivos se produce especialmente en época de verano. Curiosamente, cuando en toda la comunidad autónoma de
Andalucía aumenta la población debido a las vacaciones de verano, las plantillas se ven mermadas en un tercio más al coger los efectivos policiales vacaciones. Por tanto, Andalucía cuenta con menos efectivos policiales debido a los recortes de
estos años, pero sobre todo en verano, debido a que los agentes que conforman las plantillas se encuentran disfrutando de las vacaciones.


No solo nos preocupa el recorte de efectivos y la merma que esto supone en la seguridad pública que pueden proporcionar, de manera especial en verano, cuando más población hay en la comunidad andaluza; también vemos cómo a lo largo del año
este recorte de efectivos está haciendo —entendemos que hay una razón obvia— que se produzca un aumento de determinados delitos y en determinadas zonas, por ejemplo, robos con violencia en viviendas o robos en el campo. Evidentemente, no se puede
proteger el campo cuando hay una merma de efectivos de la Guardia Civil o cuando a un puesto de la Guardia Civil se le encomienda que vigile el doble del territorio que antes; tenemos casas cuartel que están abiertas solo en horario de oficina,
pero cerradas el resto del día.


Estas son las preocupaciones que hoy les trae mi grupo de cara al próximo verano. Tenemos una festividad próxima, Semana Santa, pero nos preocupa ya la campaña de verano, una campaña que va a contar con menos efectivos policiales y de la
Guardia Civil que en años anteriores. Esto hace que traigamos hoy aquí esta proposición no de ley en la que pedimos que se aumente el número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad andaluza, que se ponga especial
atención en esa próxima operación verano 2015 —la proposición habla del año 2013, porque se registró hace ya dos años— y que se impulse un plan específico para reducir los robos con violencia en viviendas, puesto que en algunas zonas, por ejemplo en
mi provincia, en Jaén, estos se han incrementado de manera alarmante. Estas son las propuestas que trae mi grupo.


Al hilo de la enmienda que ha presentado el Grupo de La Izquierda Plural, comunico a la Mesa que estamos trabajando en una transacción y que creemos que no va a haber problema en llegar a un acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, se han presentado tres enmiendas a esta proporción. Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: La enmienda que hemos presentado y que vamos a transaccionar con el Grupo Parlamentario Socialista viene a reconocer la falta de medios suficientes en Andalucía, pero no



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solamente en esa comunidad, por lo que proponemos que las medidas paliativas que se piden en la proposición no de ley se extiendan a otras áreas del Estado. La iniciativa plantea algo tan básico como una operación específica para el verano
de 2013, que ahora tendrá que ser para el verano de 2015. No hay que olvidar que Andalucía es una zona turística importantísima en el Estado español, pero hay otras zonas que también tienen una importancia turística destacada, como aquella por la
que yo he sido elegido, el País Valenciano. En ese sentido, en nuestra enmienda plantemos que la ampliación de medios no solo se aplique a Andalucía sino también al resto del Estado.


Por otro lado, mi grupo parlamentario quiere destacar que si se ha producido una reducción de efectivos, no solo en Andalucía sino también en el resto del Estado, ha sido porque venimos padeciendo desde hace tres años ya la congelación de
plantillas en las administraciones públicas y la reducción a un simbólico 10 % de tasa de reposición específicamente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es una política que ha llevado a que se estén produciendo problemas en la
renovación y en la adecuación de las plantillas de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. No es que mi grupo parlamentario plantee que sea necesario incrementar el número de policías o de guardias civiles, es que por encima de la
voluntad de reducir las administraciones públicas debe haber una política de racionalización de las plantillas. Las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se pueden someter durante demasiados años a la dictadura de una tasa
de reposición del 10 %; tiene que haber una política a largo plazo, en la que la edad de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sea un valor fundamental a la hora de tomar decisiones sobre las plazas que se convocan, en
qué plazos se convocan y cuáles son las plantillas que se tienen que acabar dotando. La política que ha llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular no ha sido la adecuada al respecto.


Vamos a apoyar esta proposición no de ley del Grupo Socialista. Agradecemos que se pueda transaccionar, ampliando los efectos positivos que se plantean no solo a Andalucía, donde es necesario y donde el próximo mes de marzo se celebran
elecciones autonómicas, sino también a otras zonas del Estado en las que el turismo es también importante y a las que en las últimas fechas también han afectado cuestiones de inseguridad ciudadana, como los robos en el campo.


El señor PRESIDENTE: Les ruego que nos hagan llegar la enmienda transaccional para poderla repartir a los demás grupos.


Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Votaremos favorablemente la proposición presentada y, en su caso, la transaccional.


Nos parece una reivindicación razonable incrementar el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las comunidades autónomas, bueno, en todas menos en Euskadi, que lo que queremos es que se reduzcan y que se
incremente el número de ertzaintzas, tal como corresponde a los requerimientos del bloque de constitucionalidad y a la distribución de competencias cuando estamos hablando de policías de carácter integral. El señor Sixto ha hecho una reflexión
razonable y es que el incremento tendría que ir acompañado de elementos de racionalización de las necesidades, que son mensurables y valorables en virtud de índices de criminalidad y de otros que técnicamente se pueden utilizar. Desde esa
perspectiva nos parece de todo punto razonable, sufriendo como estamos sufriendo el carácter simbólico de las tasas de reposición, que no solo reducen los efectivos sino que envejecen los cuerpos, que se acometa este trabajo importantísimo de
racionalización.


Dicho esto, tengo que añadir que aceptamos la transaccional.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÁFOLS: Yo quería decir lo mismo que el señor Olabarría. Apoyaremos la PNL y la transaccional, con el matiz que ha introducido el señor Olabarría. Somos partidarios del crecimiento de los cuerpos de seguridad en cada
comunidad que tenga la competencia ordinaria e integral de la seguridad, pero entendemos —lo decimos ya, por si acaso— que no hay contradicción con expresar que lo que queremos en nuestro país es que la policía integral y ordinaria en materia de
seguridad, los Mossos d’Esquadra, sea la que crezca. Por la situación legal en la que está Andalucía, está claro que daremos apoyo a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista.



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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Cabello.


El señor CABELLO DE ALBA HERNÁNDEZ: En realidad, estamos debatiendo ahora una proposición no de ley del Grupo Socialista que, como bien ha reconocido su portavoz desde el principio, no se ajusta muy bien al tiempo, pero que realmente
tampoco lo hace al espacio.


Da la sensación de que en todas sus intervenciones repiten como una especie de mantra permanente que el aumento de delitos que usted supone que se dan y la disminución de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se deben a
las políticas de recortes del Partido Popular. Le quiero recordar una cosa. Desde 2001 hasta 2009 fue cuando aumentó el ingreso en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. En los años 2001, 2002, 2003 y 2004 ese aumento correspondió a Gobiernos
del Partido Popular. Siguiendo la tendencia, que entonces era positiva, en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 siguió aumentando con el Partido Socialista. En el año 2009 el Gobierno socialista dio un bajón drástico porque la situación económica
había cambiado y de los 5.000 efectivos que entraban en cada cuerpo se pasó a 2.000; en el año 2010 los dejaron en 147 —seguía bajando, porque lógicamente tenía que ser así—, y en el año 2011, que lo hicieron ustedes todavía, siguió bajando. El
Partido Popular ha seguido con esa tendencia en los años 2012, 2013 y 2014, pero en el año 2015 ya vuelve a subir. Si lo ponemos en la balanza veremos que hay cinco años de subida con el Partido Popular por cuatro de subida con el Partido
Socialista. Señor Sicilia, lo que le digo es que no repita el mantra de las culpabilidades, porque ambos Gobiernos han actuado de forma absolutamente coherente.


En esta proposición no de ley usted achaca el aumento de los delitos a uno muy concreto, que es el de los robos con violencia en los domicilios. Sabe que tanto en los robos con violencia en los domicilios como en los robos con fuerza en los
domicilios no tiene carácter preventivo el aumento de efectivos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puesto que no se pueden vigilar los domicilios. Es más, el mayor porcentaje de robos se produce en domicilios situados en
urbanizaciones privadas, donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden ejercer su acción de vigilancia, puesto que, como su propio nombre indica, son terrenos privados. Por tanto, es la eficacia y la eficiencia en la corrección de
esos delitos lo que supone de verdad una reducción de los mismos. Si se detiene a los que están robando se paraliza el número de robos. A pesar de haber un menor número de efectivos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esa eficacia ha
ido in crescendo, porque se ha gestionado mejor y ha habido una mayor eficiencia, hasta tal punto que en el año 2013 —cuando usted planteó esta proposición no de ley— habiendo un repunte en los robos en domicilio de un 0,3 %, aumenta la eficacia un
24 %, y los robos con violencia en los domicilios bajan un 2,8 %, y aún así continúa aumentando esa eficacia. Dentro de los problemas que hemos tenido durante todos estos años, el reparto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es lógico.
La población de Andalucía con respecto a la del resto del Estado español supone un 17,07 %. Pues bien, en relación con el total de la plantilla en el Estado español, el reparto de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en Andalucía supone un 17,9
%, es decir, hay una proporción mayor que la que le correspondería por número de habitantes; y si hablamos de la Guardia Civil, supone un 18,5 %. Por tanto, señor Sixto, el reparto es racional. Es verdad que en su discurso al final nunca se sabe
muy bien si usted cree que sobran o que faltan policías, que hay demasiados policías o que no queremos policías. La verdad es que no lo deja usted muy claro. Lo cierto es que el número de policías está perfectamente equilibrado con respecto a la
población.


Señor Sicilia, usted pide también que se hagan planes operativos, pero sabe perfectamente que ya se ha desarrollado un plan operativo funcional en Andalucía contra el robo en viviendas: se ejecutan dispositivos específicos en cada
localidad, se hacen análisis mensuales, mapas delincuenciales, áreas críticas, puntos clave, etcétera. ¿Cuál ha sido el resultado? Que han seguido bajando los delitos: en el año 2013 hay un 4,4 % menos que el año anterior, y concretamente los
delitos que usted denuncia, bajan un 2,8 %. Pero es que en el año 2014 la reducción es de un 19 %.


Entendemos que la proposición no tiene ningún sentido y que el señor Olabarría y el señor Guillaumes han venido a hablar de su libro, porque su intervención no tiene nada que ver con la PNL que estamos debatiendo. Le puedo decir, señor
Sicilia, que estos son los datos. Se lo puedo decir de forma más poética. Dijo Antonio Machado: La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés.


El señor PRESIDENTE: Señor Sicilia, ¿acepta la enmienda transaccional?


El señor SICILIA ALFÉREZ: Como decía, vamos a hacer una enmienda transaccional. Estamos pendientes de ultimarla y cuando la tengamos la pasaremos a la Mesa.



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— SOBRE REFORMAS LEGALES AL RESPECTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS AGENTES FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002756).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley sobre reformas legales al respecto de las competencias de los agentes forestales y medioambientales, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Empiezo la defensa de este punto un poco angustiado, porque veo muy animado al Grupo Popular, vienen aguerridos. Incluso en una Comisión como esta, ya hablemos de una PNL de Convergència i Unió o de Andalucía,
tienen el objetivo y el mandato de contraatacar.


Voy a circunscribirme a una cuestión muy concreta y a tratar de que las cosas que son normales en la calle también lo sean a efectos legales. Les voy a hablar hoy de un colectivo muy especial de funcionarios. ¿Qué hacen estos funcionarios?
La gestión del medio rural, la vigilancia, la protección y custodia en general de todos los recursos naturales. ¿Cómo se les denomina? En la variedad está el gusto: agentes forestales, agentes medioambientales, de medio ambiente, rurales,
etcétera. ¿De quién dependen? Mayoritariamente de las comunidades autónomas, pero muchos fueron funcionarios del Estado —unos pocos incluso todavía lo son—, un porcentaje creciente ingresó directamente en el ámbito autonómico y un número nada
despreciable son funcionarios municipales. ¿Cuáles son sus funciones? Seguimos en la variedad. Desde funcionarios estrictamente forestales hasta policías medioambientales, como desarrolló la Comunidad Autónoma canaria, por poner solo un ejemplo.
En resumen, es un cuerpo singular que viene del pasado, pero que es fundamental para asegurarnos un futuro sostenible.


Cantidad y calidad. ¿Cuántos son? Porque independientemente de las definiciones, en este caso tiene su importancia la cantidad, lo que podemos medir. Son nada más y nada menos, señorías, que 6.000. ¿Qué papel juegan, especialmente en el
ámbito judicial, independientemente de sus propias funciones administrativas? Este es uno de los elementos más importantes que debemos tener en cuenta de cara al futuro. Su naturaleza policial es administrativa, pero también es judicial.
Funcionan en este sentido como un servicio especializado en la investigación y denuncia de delitos medioambientales, actuando a todos los efectos en este ámbito como agentes de la autoridad auxiliares de jueces y fiscales.


¿Qué nos piden sus asociaciones y sindicatos? Primero, ser escuchados. Recomiendo al Gobierno y al Grupo Popular que los escuchen, porque es bueno. El Grupo Socialista los escuchó y sé que otros grupos también lo hicieron. Segundo, nos
piden que se atiendan sus reclamaciones unánimes, porque estamos hablando de diferentes asociaciones y de diferentes sindicatos que tienen peticiones distintas, pero hay algunas que son comunes, en las que estos colectivos coinciden y, por tanto,
merece la pena que se atiendan. La primera es armonizar una diversidad que amenaza con el desconcierto, respetando singularidades autonómicas comprensibles. Lo que solicitamos es que el Ministerio de Agricultura cree un grupo de trabajo, elegido
en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, para proponer una regulación que los dote de competencias equiparables, independientemente de la administración a la que pertenezcan, posibilitándoles la máxima eficacia en las funciones de auxilio a
jueces y fiscales. Pediría al Grupo Popular, sin acritud y con la máxima educación posible, que revise su Ley de Montes, que trate de que este colectivo, que actúa como cuerpo policial en estas materias de las que estoy hablando, no quede
subordinado al resto de cuerpos policiales, que pueda atender sus necesidades en un plano de coordinación y no de subordinación. Les pondré un ejemplo. Un agente forestal puede estar en plena noche en una sierra para evitar el furtivismo, y si
coge a un furtivo —muchos de ellos, además, van armados— no tiene lógica que tenga que esperar a que venga un guardia civil, que quizá esté a decenas de kilómetros o que puede estar atendiendo otra urgencia, para hacer definitivamente la detención.
Estamos hablando de que son funcionarios públicos y creo que sería muy positivo que se les reconozca su función como agentes de la autoridad. Pedimos que se reafirme su carácter de funcionarios y reconocerles como agentes de la autoridad. ¿De qué
manera podemos concretar este tema? Con algunas cuestiones en las que esto es visible. Por ejemplo, que puedan tener los rotativos azules en sus vehículos homologados con los del resto de cuerpos policiales. Ese rotativo es la demostración de que
estamos ante una urgencia. ¿Para quién lo reservamos? Para cuerpos policiales públicos. Incorporémoslos.


También hay que dotarles con medios de defensa eficaces y proporcionales a las agresiones que pueden sufrir. Por desgracia, estoy seguro de que cada uno recordará en su tierra a algún agente, a algún funcionario de este tipo que murió en
acto de servicio —en Asturias tenemos varios en los últimos años—



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a manos de furtivos, sobre todo cuando hay especies como los osos. El último fallecimiento en Asturias lo tuvimos en una cacería ilegal. Un agente les hizo frente y, como funcionario público que lleva el cumplimiento del deber hasta el
último extremo, acabó muriendo en acto de servicio. Les pongo este ejemplo, además con una terminología muy de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que nos demos cuenta del papel que cumplen en determinadas circunstancias y que no es muy
diferente del de policías y guardias civiles. Es importante esta dotación de medios para su defensa, regulados y controlados por la Guardia Civil, que es a quien corresponde el control de armas, que deben ser proporcionales a los riesgos a los que
tienen que hacer frente.


Debemos diferenciar claramente a estos agentes de los vigilantes privados. La legislación a la que pueden acogerse coincide mucho más con la de los vigilantes privados que con la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto no
tiene lógica, porque ellos son funcionarios públicos y hay que reconocerles esa especificidad de agentes de la autoridad. Tampoco tiene lógica que a efectos de regulación en este momento estén regidos por una serie de normas que les afectan tanto a
ellos como a la seguridad privada. Entiendan que el Grupo Socialista hace una apuesta por la seguridad pública, que no queremos que haya una ampliación del espacio de la seguridad privada también en el medio rural y que defendemos este carácter
diferenciado del de los vigilantes privados. Que no piense nadie que ya que tienen una normativa paralela en el futuro pueden ser sustituidos por vigilantes de seguridad privados.


La proposición, como ya conocen, tiene seis puntos que engloban la filosofía que les acabo de explicar. El primero, defender su carácter de funcionarios dotados de competencias de agentes de la autoridad para mantener todas las
prerrogativas que actualmente les reconoce la Ley de Enjuiciamiento Criminal como agentes de policía judicial, sin cauces intermedios entre la autoridad judicial o el ministerio fiscal y la estructura administrativa. El segundo hace referencia a
esa Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, donde queremos que se cree un grupo de trabajo para que en tres meses analice la normativa actual, proponga las reformas legales oportunas a las distintas administraciones y proponga una regulación para
las diversas administraciones que los dote de unas competencias equiparables. El tercero, que se les integre de manera inmediata en los servicios públicos de emergencias del 112. El cuarto, que se proponga a la FEMP que los agentes forestales de
la Administración local puedan tener un estatuto específico que contemple lo relacionado para los agentes forestales autonómicos en esta propuesta. El quinto, que en el plazo máximo de seis meses se modifique le Reglamento General de Vehículos,
procediendo a la homologación de los rotativos para que puedan tener los de los servicios de emergencias, es decir, la utilización de la señal luminosa de vehículo prioritario V-1 de color azul. El sexto, que se modifique el Reglamento de Armas,
permitiendo a los agentes forestales el acceso a la licencia de armas y el uso de aquellas más adecuadas, modernas y eficaces, fiables y seguras, estableciendo los criterios de formación y adiestramiento, así como un riguroso control del uso y
tenencia de las mismas.


Acabo también con Machado, señores del PP. ¿Por qué? Porque les pido que apoyen esta PNL por un sentido patriótico, por la patria, de la forma en la que hablaba de ella Machado: Sabemos que no patria el suelo que se pisa, sino el suelo
que se labra; que no basta vivir sobre él, sino para él; que allí donde no existe huella del esfuerzo humano no hay patria, ni siquiera región, sino una tierra estéril que tanto puede ser nuestra como de los buitres o de las águilas que sobre ella
se ciernen. Por eso les digo que por un sentido patriótico apoyen esta proposición no de ley sobre reformas legales respecto a las competencias de los agentes forestales y medioambientales, que son los únicos humanos que se quedan en aquellos
territorios estériles que son de las águilas y de los buitres.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas. Pasamos al turno de fijación de posiciones.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Trevín, la última argumentación justificativa que fundamenta su pedimento era la invocación al sentido patriótico, a pesar del carácter sofisticado que un poema de Machado puede proporcionar a una
argumentación de esta naturaleza. Pero ni siquiera Machado en toda su profundidad lírica puede llevarnos a la convicción de que sea razonable alguna de las cosas que usted ha comentado. ¿Está seguro que ha hablado con todos o con muchos de ellos y
con sus organizaciones? Le puedo asegurar que usted no ha hablado con los agentes forestales de dependencia foral de Euskadi. (El señor Trevín Lombán: No). Yo sí les he planteado la cuestión y no quieren ser un cuerpo armado, no quieren ejercer
funciones vinculadas a la detención de los furtivos o de otras personas que cometan



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infracciones de las que les corresponde vigilar, como los delitos ecológicos, delitos medioambientales y otros.


Evidentemente, son agentes judiciales mediante una vinculación directa con la Administración de Justicia que traspasa la vinculación monopolística de las competencias integrales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El hecho de
armar a estos agentes no forma parte ni de su tradición ni de las competencias que ellos reivindican, ni parece que sea razonable crear un cuerpo nuevo que ejerza las facultades exorbitantes más relevantes, más de imperio que posee un funcionario
policial, que es la posibilidad de detener, que es lo que usted parece reivindicar. No quieren detener, entre otras cosas, porque la detención requiere formación al ser armados de forma proporcional a aquellos a los que van a detener, que será un
tipo de armamento similar al de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y asumir un riesgo para el cual también tienen que ser debidamente adiestrados y formados. La naturaleza tradicional de este tipo de agentes, por lo menos en Euskadi, no
ha estado vinculada a funciones asimilables a la seguridad ciudadana, al orden público y al reproche penal desde la perspectiva que usted invoca, que llega hasta la detención. Es más, no quieren asumir riesgos de esta naturaleza en tanto en cuanto
carecen de la pericia para el uso del armamento y de la formación suficiente para poder detener. Esas facultades exorbitantes para detener constitucionalmente en el Estado español están asignadas en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado o a las policías integrales. La Ley de Seguridad Ciudadana prevé una detención subordinada a la actuación de un agente de la autoridad pública. Si usted quiere, podríamos pensar en otras cosas, por ejemplo, en intentar identificar si
ven que no hay un grave riesgo para su integridad o indemnidad física; en identificar por procedimientos electrónicos, fotos, etcétera. Crear un cuerpo que tiene facultades no solo de naturaleza jurisdiccional, sino puramente policial,
obligándoles a entrenarse, a poseer armamento, a realizar funciones exorbitantes como las de la detención, convirtiéndolos en verdaderos policías, no forma parte de su tradición —al menos la que yo conozco en Euskadi— ni de su voluntad o de sus
reivindicaciones y requerimientos.


Le recomendaría una revisión del texto. Me gustaría apoyar la proposición, porque evidentemente cumplen una función fundamental para la preservación del medio ambiente y de la fauna y la flora y muchas veces no tienen medios para
enfrentarse a verdaderos desalmados, furtivos y no furtivos, a gente que realiza vertidos de productos ilegales y contaminantes en zonas forestales o medioambientalmente protegidas, pero de ahí a convertirles en policías, me da la impresión de que
el salto es demasiado grande.


Cautelarmente nos abstendremos en la votación de esta proposición.


El señor PRESIDENTE: En nombre de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: La verdad es que no hay un cuerpo de agentes forestales homologados en todo el Estado, pero sí hay determinadas entidades representativas que se han reunido también con mi grupo parlamentario. El Grupo Socialista
ha recogido sus reivindicaciones fundamentales, que mi grupo, en principio, no veía mal, puesto que entendemos —se ha hablado del furtivismo— que cuando te tienes que enfrentar a situaciones complicadas en las que hay armas va en detrimento de la
propia seguridad del funcionario público no poder recurrir a ellas. También comprendemos las razones dadas por el portavoz del Grupo Vasco y, sobre todo, entendemos que en el encaje constitucional del Estado cada administración tiene la
competencial de regular estas cuestiones medioambientales y, por tanto, las de los funcionarios que las atienden y las defienden.


Mi grupo parlamentario votará favorablemente la proposición no de ley, porque recoge las reivindicaciones del colectivo. No obstante, también queremos destacar que son cuerpos específicos como lo puede ser el de la policía portuaria, que es
otra cuestión anómala. No es el modelo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que defendería Izquierda Unida, pero entendemos que la situación de quienes se tienen que enfrentar día a día al furtivismo, al aislamiento en terrenos forestales
alejados de la población, requiere ese plus que han reivindicado también ante mi grupo parlamentario. Repito que vamos a apoyar esta proposición no de ley, teniendo en cuenta también lo que ha comentado el señor Olabarría en relación con la
pluralidad y diversidad competencial, con que cada comunidad autónoma, cada entidad local pueda acabar regulando la función dentro de su marco específico. No obstante, mi grupo cree —luego cada comunidad autónoma lo podría desarrollar como
quisiera— que sería importante que esas reivindicaciones fuesen contempladas en la legislación básica del Estado.



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El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Después de haber oído al señor Olabarría y del alegato poético-patriótico del señor Trevín, como voy a argumentar prácticamente lo contrario de lo del señor Olabarría, quizá así se entienda mejor que esa patria
es una cosa bastante más indistinta, diferente y plural de lo que a veces nos imaginamos, porque la tradición catalana es contraria a la vasca. En Cataluña hay un furtivismo muy agresivo, y por eso, desde que nosotros asumimos la competencia, hace
muchísimos años, solicitamos —y nos costó— que fuera un cuerpo armado y más tarde que fueran agentes de la autoridad. Recuerdo que hablé con un agente forestal que me dijo: ¿Cuál es mi trabajo? Soy un señor que normalmente estoy solo en medio de
un bosque; me encuentro con otro señor que puede haber cometido un ilícito grave, incluso a veces penal, estamos los dos solos y normalmente él lleva una escopeta. Esta es una descripción de lo que habitualmente se puede encontrar un agente
forestal. Esto ya no es un ejemplo. El señor Trevín ha dicho antes que ha habido algunos casos en los que ha dejado de ser una teoría y ha sucedido una desgracia. Entendemos que dar a alguien la función de agente de la autoridad no es simplemente
darle la potestad de detener, porque en el caso de funcionarios que actúan en soledad creemos que es mucho más importante la presunción de veracidad —los funcionarios públicos ya la tienen— y en el ejercicio de sus funciones podrían utilizar de
manera más amplia este concepto.


Nosotros vemos bien el modelo que estamos aplicando. Ustedes han incluido media línea para dejar claro que se respeten las competencias autonómicas. Colateralmente hay algo que también nos interesa, y que presentamos dos o tres veces en
cada legislatura desde hace catorce o dieciséis años, que es la cuestión de la homologación de las luces de los coches de emergencias. Algo arreglaríamos en este sentido. Es nuestro modelo y por eso vamos a votar a favor.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Hoyo.


La señora HOYO JULIÁ: Señor Trevín, voy a empezar mi intervención dándole la razón en una cosa y es que los diputados del Grupo Parlamentario Popular estamos animados, pero no solo estamos animados hoy en esta Comisión, sino que estamos
animados todos los días. Comprendo que su grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, no tiene muchos motivos para estar animado, pero tampoco tiene que haber rencor. (Aplausos.—El señor Escobar Las Heras: Ahí, ahí. Eso está bien). Igual que le
pido que no se tome como ataques nuestras opiniones y, en concreto, esta que le voy a decir. Si tan importante es esta cuestión y estas cosas que piden para la patria, ¿por qué no hicieron esos cambios cuando gobernaron ustedes? Porque han
gobernado bastantes años. Me pregunto cómo intentan en proposiciones no de ley arreglar muchas veces cuestiones que no han arreglado cuando gobernaban. La Marca España puede presumir de muchas cosas: cultura, industria, innovación. Quería
aprovechar esta intervención para poner en valor la riqueza de nuestro patrimonio natural y forestal. Somos ricos a nivel paisajístico y geográfico. Tenemos una riqueza ecológica que nos hace ser un paraíso natural. España es el país con mayor
biodiversidad de la Unión Europea, con 45 reservas de la biosfera reconocidas por la Unesco. Tenemos 15 parques nacionales. Podemos afirmar que la naturaleza es uno de los pilares fundamentales de la Marca España. Por eso debemos cuidarla y
conservarla, no solo para que cada día vengan más turistas a España, que también, sino para dejarles la mejor naturaleza a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Los agentes forestales y medioambientales cuidan de nuestro medio ambiente,
trabajan para reducir los impactos negativos que puedan repercutir en él, cuidan de nuestra flora y de nuestra fauna, desempeñan un servicio público fundamental y por ello quiero aprovechar esta intervención para expresar en nombre de mi grupo, el
Grupo Parlamentario Popular, todo nuestro reconocimiento al trabajo que realizan los más de 6.000 agentes forestales y medioambientales en toda España. No solo merecen nuestro agradecimiento, sino que merecen el agradecimiento por su trabajo de
toda la sociedad.


Pese a que compartimos parte de la exposición de motivos que presenta hoy su grupo, el Grupo Socialista, nuestro grupo debe hacer unas cuantas aclaraciones y consideraciones al petitum. En primer lugar, nos gustaría que quedara claro que la
modificación en la reforma que se está llevando a cabo desde el Gobierno en la Ley de Montes se mantiene la condición de agentes de la autoridad y miembros de la policía judicial genérica a los agentes forestales y medioambientales, con lo cual no
intenten engañar, porque se les mantiene esta condición. La modificación trata de mejorar la coordinación entre los jueces, tribunales, y ministerio fiscal, por una parte, y las estructuras orgánicas de la Administración en las que los agentes
están incardinados, por otra. También quiero destacar, como saben, que la Constitución española



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otorga a las comunidades autónomas competencia exclusiva en sus propias leyes de función pública, dentro del marco básico dado por la legislación estatal. Es cierto que no han legislado el funcionamiento de sus agentes forestales de forma
idéntica, existiendo diferencias en cuanto a la creación de los cuerpos y sus funciones. A pesar de que todas las normas dejan claras cuales son las competencias de cada agente forestal, en ocasiones se asumen funciones que no le son propias en
virtud de la libre interpretación que se hace del concepto de policía judicial genérica. Esta forma de actuar a veces genera modos de proceder incorrectos, dando lugar a una posible contaminación de pruebas o a la no persecución de ilícitos
penales.


Respecto al teléfono de emergencias 112, asistencia inmediata a las demandas de los ciudadanos en todo el país que se encuentra en una situación de riesgo personal o colectivo, quiero destacar que es un servicio que se lleva a cabo desde las
comunidades autónomas. Por tanto, no existen especiales prerrogativas a escala nacional para los agentes forestales por estar incluidos en este servicio. Así que esta petición, si procediera, debería realizarse ante las autoridades autonómicas.
Por otra parte, quiero destacar que los agentes forestales de la Administración Local no tienen las mismas competencias que la policía local, por mucho que sus cualidades y condiciones profesionales puedan ser similares, no son Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. En todo caso tiene poco sentido que la Administración General del Estado solicite a la Federación Española de Municipios y Provincias una iniciativa para que una vez recibida sea tramitada por la Administración General del
Estado.


En cuanto a la modificación del Reglamento general de los vehículos que se propone, cabe recordar que los agentes forestales y medioambientales pueden hacer uso en los vehículos del rotativo luminoso amarillo que indica el carácter de
urgencia del servicio. Por tanto, no consideramos necesaria la instalación y utilización de la señal luminosa de vehículos prioritarios V1 con el color azul. Como ya he mencionado, los agentes forestales no pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, por lo que tampoco consideramos necesario que el Reglamento de Armas les haga una referencia expresa. La Ley de Montes ya recoge la posibilidad de que los agentes forestales utilicen armas, que efectivamente requieren para la
gestión cinegética y como apoyo a ciertos servicios de vigilancia, pero la legislación vigente obliga a custodiar el armamento en las dependencias del servicio forestal cuando el agente no esté en servicio en lugar de en su propio domicilio, por lo
que tan solo en el caso en que la Administración disponga de instalaciones seguras para custodiar las armas éstas podrían ser entregadas a los agentes cuando fuera necesario.


El señor PRESIDENTE: Señora Hoyo, tiene que ir terminando.


La señora HOYO JULIÁ: Termino diciendo que por todos estos motivos mi grupo parlamentario no va a votar a favor de esta proposición no de ley. (Aplausos).


— SOBRE LA MEJORA DEL NÚMERO DE EMERGENCIAS «112». PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003428).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7 del orden del día. Proposición no de ley sobre la mejora del número de emergencias 112, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para su defensa el señor García.


El señor GARCÍA EGEA: En primer lugar, quisiera agradecerle al presidente y a todos los miembros de esta Comisión, en especial al portavoz, don Conrado, que me hayan acogido como miembro provisional de esta Comisión para defender esta
proposición no de ley en nombre del Grupo Popular. No sé muy bien como empezar para que luego no nos acusen de empezar con energía y con decisión, pero creo en lo que se va a defender hoy y en esta proposición no de ley, que pretende solucionar un
problema muy sencillo, que no requiere de grandes inversiones, de sesudos desarrollos tecnológicos o de costosas innovaciones, ya que la tecnología existe y está a disposición de todos nosotros para hacer la vida más fácil, también en el ámbito de
las emergencias y de la protección a la población. Ruego me permitan poner un ejemplo de lo que digo haciendo referencia a un desarrollo tecnológico fraguado en Murcia, en la tierra de la que procedo y por la que soy diputado aquí. Existe una
aplicación fress 112 gratuita tanto para el usuario como para el servicio de emergencias, pero que no funciona en aquellos lugares donde el centro coordinador de emergencias no ha decidido poner el sistema que permita que el ciudadano pueda
directamente desde esta aplicación enviar mensajes, fotografías, vídeos, y su posición directamente al centro de emergencias. En otras comunidades autónomas está disponible, incluso en algunas zonas de México. Este tipo de



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aplicaciones deben ir popularizándose poco a poco y desde las administraciones públicas debemos apoyar su uso bajo unas cláusulas muy concretas que son las que pedimos en esta proposición no de ley. Hay otras aplicaciones que se encuentran
en la misma situación que esta. Están a disposición del usuario, pero solo si los poderes públicos consiguen coordinar su integración en los centros 112 los ciudadanos pueden comenzar a utilizarla desde hoy. Todavía hoy los servicios de emergencia
de todo el mundo tienen en común muchas dificultades a la hora de recibir información y organizar una respuesta adecuada, eficiente y eficaz. Por un lado, la imprecisión en la localización geográfica a través de una llamada telefónica dificulta que
el operador sitúe exactamente el lugar en el que se encuentra el demandante de ayuda. Por otro lado, la ansiedad o el estrés generado por el usuario tras una situación de emergencia previa a la llamada hacen que este en ocasiones pueda transmitir
información imprecisa o incorrecta sobre lo que puede estar ocurriendo. A todo esto además se le añade el hecho de que algunos demandantes de ayuda son personas extranjeras que residen temporalmente en nuestro país y tienen dificultades para
comunicarse debido al bajo nivel de conocimiento de nuestro idioma. La realidad tecnológica que vivimos hoy —y eso es algo que saben todos ustedes y que pueden vivir en propia carne— hace que nuestros hábitos estén cambiando de forma radical. Ya
hay estudios que dicen que hay un amplio estrato de nuestra población que prefiere mandar un mensaje a realizar una llamada telefónica a la hora de comunicarse con su interlocutor. Como consecuencia de la modernización de los dispositivos móviles
además la tecnología hoy permite conocer detalles importantes del llamante, no solo la ubicación exacta sino también otros datos del usuario como su grupo sanguíneo, datos que el usuario podía haber asociado a su teléfono móvil a la hora de realizar
esa llamada de emergencia, tipo de enfermedades, tipos de alergia, etcétera. Es una información muy útil para los servicios de emergencia para que pueda existir una mejora importantísima a la hora de atender a los afectados por una emergencia.


Con esta propuesta instamos al Gobierno de España a que impulse la integración de las aplicaciones móviles en el centro de coordinación de emergencia, permitiendo a cualquier ciudadano avisar de una emergencia a través de una aplicación
móvil en todo el territorio nacional siempre que cumpla unos determinados requisitos. También pedimos garantizar la seguridad de los datos transmitidos entre el usuario y el centro de emergencias por cuestiones obvias de sensibilidad en cuanto a
los datos que se están transmitiendo. Es necesario adoptar soluciones tecnológicas pertinentes para lanzar avisos masivos a la población, ya es hoy posible a través de la tecnología disponible, en una zona concreta ante situaciones de riesgos,
catástrofes, avalanchas, aludes o temporales. Por último, también pedimos que se introduzcan sistemas de traducción simultánea en la comunicación con el centro de emergencias que permitan al gran número de turistas que visitan nuestro país reportar
cualquier emergencia a su centro de coordinación 112 sin necesidad de conocer nuestro idioma. Además este tipo de aplicaciones va a permitir también que personas con algún tipo de discapacidad puedan comunicarse sin ningún tipo de dificultad con el
112.


Quisiera finalizar mi intervención, como ven corta, pero concisa, con un mensaje a todos los grupos: aprobar esta propuesta supone dar cumplimiento a los requerimientos realizados desde la Unión Europea para mejorar el teléfono de
emergencias 112. En el pasado la comisaría responsable de estos temas enumeró una serie de carencias que existían en los sistemas de atención 112 en toda Europa. Como saben es un teléfono único que está operativo y es gratuito en todos los países
de la Unión Europea. El 99 % de las carencias enunciadas, por no decir el 100 %, pueden ser subsanadas si conseguimos impulsar este tipo de aplicaciones. Aprobar esta proposición no de ley supone mejorar la accesibilidad de personas con
discapacidad a los servicios de emergencia y también poner al servicio de los ciudadanos las innovaciones tecnológicas que como sociedad estamos creando. Creo que todos los grupos van a apoyar esta iniciativa. Estamos planteando una enmienda
transaccional con algún grupo que ha presentado una enmienda. Es hora de que todos nos unamos en esta proposición no de ley. Yo, como no quería ser menos que el resto de mis compañeros, también quiero citar a Machado esta mañana, porque es una
Comisión que no tenía conocimiento de que fuese tan poética y viene al caso, porque nadie va a votar en contra de esta proposición no de ley. Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no le cabe en la cabeza. Esta
proposición no de ley es una proposición que viene al caso, que es pertinente y que todos debemos apoyar en vez de embestir contra ella.


El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Guillaumes para su defensa.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Lo primero es que estamos muy agradecidos por la presentación de la PNL. Hace un par de años empezamos a presentar preguntas en este sentido. Las reiteramos, las



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hemos pasado a preguntas orales, porque no había manera de que nos definiéramos en algunas cosas en relación con el 112 que eran imprescindibles y de urgencia. El portavoz del Grupo Popular las ha dicho muy bien, desde difusiones masivas,
protocolos, etcétera. Finalmente llega de la mano del Grupo Popular, por lo que básicamente estamos de acuerdo. Hemos presentado una enmienda para que se pareciera el máximo a lo que nosotros proponíamos. Esta enmienda es muy técnica de hecho,
tiene poco o nada de ideológica, está asumida en un 90 %, excepto en un aspecto más técnico todavía. No solo votaremos a favor, sino que entendemos que se ha asumido gran parte de lo que, repito, hace ya mucho tiempo íbamos persiguiendo en el tema
del 112.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, en primer lugar, Grupo Parlamentario Vasco, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Perdone, señor presidente, pero desconocía la modificación reglamentaria o la sugerencia en Mesa y portavoces de esta Comisión de la necesidad de citar a Machado para argumentar. (Risas). Al no poder haber
asistido a las últimas mesas y portavoces no vengo preparado debidamente. Podría citar algunos de los versos más conocidos, pero como no tienen una conexión material con lo que estamos defendiendo, me voy a abstener. Prometo aplicarme para la
próxima ocasión, señor presidente. Estamos sustancialmente de acuerdo con lo dicho por el portavoz, señor García. Sus razonamientos están impregnados de toda lógica. En las emergencias, el tiempo de reacción, el tiempo del conocimiento y la
perentoriedad en la actuación son absolutamente imprescindibles para una adecuada actuación. Sería también conveniente añadir, quizás en otra proposición no de ley lo podremos hacer, un cierto orden en la actuación. En tanto en cuanto sobre todo
son transautonómicas o superan el territorio de una comunidad autónoma se produce un cierto desorden en las actuaciones de los distintos elementos o cuerpos concernidos o actúan simultáneamente cuerpos de protección civil, policías, que puede ser
autonómicas, o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpo de bomberos, etcétera, mediante una dirección no muchas veces suficientemente eficiente para optimizar el gran número de recursos que algunas emergencias requieren que se desplieguen.
En todo caso, la inmediatez mediante la aplicación de los teléfonos móviles o de la aplicación del móvil nos parece muy pertinente y además coincide con las recomendaciones de la Unión Europea indicadas por él. El punto número 2 nos parece un tanto
autoprotector. No sé hasta qué punto es tan imprescindible o tan relevante garantizar la seguridad y la protección de datos de carácter personal de quien anuncia la existencia de forma precoz de una emergencia. Es que existe realmente alguna
sensibilidad o algún particular requerimiento en relación con ocultar la personalidad de quien denuncia que se está produciendo alguna emergencia, salvo que a alguno se le ocurre mediante una reflexión un tanto paranoide —si me permite, señor
presidente— que sea él el que ha provocado la emergencia y estemos intentando proteger al autor de la emergencia, pero no está de más tampoco garantizar siempre la seguridad y la protección de los datos de carácter personal transmitidos por el
usuario y recibidos por el centro de coordinación. La Ley de protección de datos de carácter personal no protege todos los datos. Hubiese sido partidario, con más tiempo, de intentar depurar mejor este número 2. Vamos a darlo por bueno por mor
del consenso que se está produciendo con este ambiente tan combativo y activo que está demostrando hoy el Grupo Popular.


El número 3 hace referencia a los títulos habilitantes autonómicos en esta materia que ya están concernidos no solo a la Administración General del Estado, sino a las comunidades autónomas y otras administraciones, desde la perspectiva de
uso del 112, que es de gestión autonómica, como bien se indica. En cuanto al número 4 la introducción de sistemas de traducción simultánea en un país que recibe un número de turistas extranjeros de tal magnitud como el Estado español nos parece
particularmente pertinente. Le he glosado la transacción. Igual reglamentariamente no es lo más correcto que tenía que haber hecho y tenía que haber reflexionado sobre la proposición originaria, pero como parece que va a ser la transacción lo que
al final prospere. Nos parece muy bien lo presentado y sin citar a Machado, ya lo siento, le podría citar algún otro autor o poeta, pero para la próxima vez haremos este aspecto, no solo combativo, sino lírico, que empieza a caracterizar las
exposiciones y los alegatos de nuestra Comisión.


El señor PRESIDENTE: Sabe usted que cualquier cita poética es bien recibida en la Comisión y si es del señor Machado mucho más todavía. Para cerrar el turno, tiene la palabra el señor Corcuera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.



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El señor CORCUERA PLAZA: También voy a ser breve, porque no hay mucho que decir. De entrada, discúlpeme, porque no voy a hacer ninguna referencia poética. Pero también con emoción e ilusión voy a defender la posición de mi grupo
parlamentario. Señor García, evidentemente vamos a votar a favor de esta proposición no de ley con esa transacción que usted anunciaba y que también lo ratificaba el representante de Convergència i Unió. Puede usted contar con el voto favorable de
nuestro grupo parlamentario. También le agradezco su bonita y excelente exposición, aun así estamos ante una iniciativa que podemos calificar de curiosa o sorprendente. Déjeme que se lo diga de esta forma, porque le estamos pidiendo al Gobierno
que haga algo que la ley ya le dice que tiene que hacer.


Como usted ha dicho, en el año 1991 una decisión del Consejo de las Comunidades Europeas impone a los Estados miembros la obligación de introducir el número 112 como teléfono único europeo de urgencia. Posteriormente, el Real Decreto
903/1997 establece la necesidad de que los operadores de redes telefónicas públicas y de servicios de telefonía básica de redes digitales, de servicios integrados y de redes de telefonía móvil automática realicen las adaptaciones técnicas, también
necesarias, para permitir la implantación de número telefónico 112, como número único de acceso a los servicios de atención de urgencias en todo el territorio nacional. Por otra parte, establece que los ciudadanos podrán utilizar de forma gratuita
este número 112 para pedir, en casos urgente necesidad, la asistencia de los servicios públicos que se requieran en servicio de urgencia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y de protección civil, cualquiera que
sea la Administración Pública de la que dependa. Este real decreto también facultó a las comunidades autónomas para prestar el servicio y para ello señala que establecerán los correspondientes centros de recepción de llamadas de urgencia. Así se
hizo en Cataluña en el año 2007, creándose el centro de atención y gestión de llamadas de urgencia 112 y se establece también como competencia exclusiva de la Generalitat la implantación definitiva y la regulación del servicio público de atención a
las llamadas de urgencia desde el centro de atención y gestión de llamadas de urgencia, haciendo ya uso de los recursos tecnológicos más avanzados como los usted nos enseñaba hoy aquí, para poder tener una respuesta rápida y eficiente. Nos parece
curiosa la iniciativa máxime cuando ya en el año 2013 debatimos y aprobamos una iniciativa en esta misma Comisión para instar al Gobierno a la elaboración de un plan que garantice la plena accesibilidad de los servicios del 112 para las personas con
discapacidad auditiva. Por cierto, también se hablaba en la proposición no de ley anterior sobre los rotativos azules y se rechazaba por el Grupo Popular esta posibilidad. Hablen con la DGT, porque ellos lo acaban de introducir. No sé si es que
no han hablado con el Ministerio del Interior o que no están de acuerdo. En cualquiera de los casos, que sepan que la DGT tiene la intención de introducirlo. Lo hizo en la Ley de Seguridad Vial y lo está haciendo en la reforma del Reglamento
General de Circulación. Nos consta que, en mayor o menor medida, el sistema 112 funciona con eficacia similar en todo el territorio nacional, aunque evidentemente todo es mejorable. Obviamente corresponde al ministerio impulsar aquellos cambios
que propicien las tecnologías para mejorar su eficiencia. Por eso, iniciativas como las que hoy nos trae el Grupo popular son tan evidentes como innecesarias. Tienen los mecanismos necesarios y la obligación de impulsar estas modificaciones. Con
lo cual resulta cuanto menos sorprendente que el grupo que da soporte al Gobierno, con su mayoría absolutista, no tenga propuestas más actuales para llenar su cupo de proposiciones no de ley, para la sesión de hoy, por ejemplo, o será quizá que es
lo único que han conseguido que el Gobierno les permita presentar hoy aquí. Algo que tampoco me extrañaría dado el talante. Ante todo me surge una duda: O bien tratan ustedes de convencer al Ministerio del Interior para que impulse los cambios
—cosa que no es demasiado bueno— o bien lo que ustedes pretenden hacer es publicitar algo que el ministerio ya tiene previsto hacer, con lo cual tampoco sé si es la mejor forma. Quizás en lugar de hacer publicidad a través de una proposición no de
ley si ese es el caso, que no lo sé, porque no me queda claro el objetivo, a lo mejor tenían que poner en marcha algún tipo de campaña de divulgación en los medios de comunicación para explicar a los ciudadanos los servicios que ofrecen en el 112 y
los cambios que se pretenden introducir y que, vuelvo a decir, me parecen absolutamente necesarios y oportunos. En cualquier caso, como le reiteraba al inicio de mi intervención, apoyaremos esta proposición no de ley con su transacción aceptada y
le agradezco enormemente su exposición.


El señor PRESIDENTE: Señor García, entiendo que aceptan la enmienda transaccional que ya está aportada. (Asentimiento). Concluido el debate vamos a proceder a la votación. En primer lugar, proposición no de ley sobre asilo político al
activista saharaui Hassana Aalia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.



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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley relativa a la exclusión del registro de partidos de aquellos partidos políticos con ideología o apología del fascismo y totalitarismo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley sobre medidas para impedir la utilización de presos en actividades mercantiles de empresas privadas que han ejecutado expedientes de regulación de empleo, con la enmienda transaccional que nos ha sido aportada y
distribuida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Proposición no de ley sobre medidas para mejorar la seguridad ciudadana en Andalucía. También hay una enmienda transaccional que se incorpora.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley sobre reformas legales al respecto de las competencias de los agentes forestales y medioambientales. Se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Por último, la proposición no de ley sobre la mejora del número de emergencias 112, con la enmienda transaccional que ha sido distribuida.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Se levanta la sesión.


Era la una y treinta minutos de la tarde.