Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 733, de 14/01/2015
cve: DSCD-10-CO-733
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 733
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ
Sesión núm. 29 (extraordinaria)
celebrada el miércoles,
14 de enero de 2015
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de las ponencias designadas para informar sobre:
- Proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. (Número de expediente 121/000083) ... (Página2)
- Proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos; la Ley Orgánica 6/2002, de 27
de junio, de partidos políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. (Número de expediente 121/000082) ... (Página2)
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:
- Proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. (Número de expediente 121/000083) ... (Página2)
Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:
- Proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos; la Ley Orgánica 6/2002, de 27
de junio, de partidos políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. (Número de expediente 121/000082) ... (Página14)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LAS PONENCIAS DESIGNADAS PARA INFORMAR SOBRE:
- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DE ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000083).
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27
DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LA LEY ORGÁNICA 2/1982, DE 12 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente 121/000082).
El señor PRESIDENTE: Como he tenido ocasión de comentar con algunos de los portavoces, vamos a desarrollar la sesión de la siguiente manera: en primer lugar, vamos a proceder a la ratificación de la ponencia de los dos proyectos de ley que
nos ocupan hoy en esta Comisión. Si no hay inconveniente, lo podemos hacer por asentimiento, salvo que hubiese alguna objeción al respecto. Una vez ratificadas, en su caso, las ponencias, procederemos a la discusión de los dos proyectos de ley,
comenzando por el proyecto de ley regulador del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y seguidamente por el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, por la que se
modifica la Ley orgánica 8/2007, sobre Financiación de Partidos Políticos, la Ley orgánica 6/2002, de Partidos Políticos y la Ley orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas. En principio, en ambos proyectos, podemos hacer un solo turno para la
defensa de las respectivas enmiendas e iríamos de menor a mayor. Estimo que las votaciones no se producirán antes de las doce y media.
Con estas indicaciones, si le parece a la Comisión, procederemos a la ratificación de las ponencias de ambos proyectos de ley. ¿Se pueden aprobar por asentimiento? (Asentimiento). Quedan ratificadas las dos ponencias por asentimiento.
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000083).
El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, empezamos con el proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Para la defensa de sus respectivas enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, muchas gracias por su deferencia para dejarnos participar en este debate más allá de los portavoces titular y adjunto de esta Comisión. Yo seré muy breve, pero permítame que mis primeras
palabras sean para solidarizarme con las víctimas del terrorismo, ya que esta es la primera sesión de la Comisión que tenemos después del atentado de París. Quisiera unirme al duelo de nuestros hermanos franceses y reiterar mi compromiso personal,
y el de mi partido, una vez más en el combate contra los fanatismos y contra el terrorismo.
Quisiera dar la bienvenida a estos dos proyectos de ley y a esta iniciativa del Gobierno que es necesaria, y solicitada por los ciudadanos, para combatir y erradicar la corrupción en nuestro país. También quiero hacer la misma valoración
positiva a la participación de casi todos los grupos en el debate de estos dos proyectos de ley a través de sus enmiendas. No todos los partidos han presentado enmiendas; algunos ni siquiera han comparecido en el debate de las enmiendas, lo cual
nos hace pensar que para ellos todo está bien, que no les interesa o que no han tenido tiempo para trabajar en este tema y quisiera ponerlo de manifiesto. Unión del Pueblo Navarro ha presentado enmiendas tanto a este proyecto de ley que vamos a ver
ahora como al que veremos después. A este proyecto de ley hemos presentado una enmienda que pretende la incorporación de una disposición adicional cuarta para introducir la figura del mecanismo de oficinas de denuncias de irregularidades. Sabemos
que es un mecanismo que no está contemplado en el ordenamiento español, pero hay ya muchas experiencias en el derecho anglosajón de esta figura -empresas cotizadas de Estados Unidos tienen que tener mecanismos de autorregulación- que existe en el
derecho británico. Nos parecía interesante aprovechar este momento legislativo para
introducir este debate, y por eso pedíamos al Gobierno que en un plazo razonable presentara un proyecto de ley en el que se incluyeran estos sistemas de denuncias internas para definir un mecanismo de autorregulación administrativa que
contuviera un sistema de denuncias de irregularidades acompañado de las modificaciones legislativas oportunas. Nosotros pretendíamos abrir este debate. Es una figura que ayuda a la transparencia y al control del dinero público y de la gestión de
los cargos públicos. Como es obvio, esta figura debería garantizar tanto la confidencialidad de los denunciantes como el derecho a la defensa de las personas denunciadas. Por lo que sabemos, no parece que en este momento procesal se vaya a aceptar
nuestra enmienda. La vamos a mantener, vamos a mantener este debate y trasladar la sensibilidad de mi partido respecto a que hay que mejorar las cosas y que todos nos debemos poner a ello. Parece ser que en otros puntos se está llegando a acuerdos
con el partido de la oposición y ojalá que en este punto también hagamos un esfuerzo para consensuar medidas positivas para erradicar la corrupción en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, anunciamos ya nuestro voto contrario a este proyecto de ley atendiendo a que esta ley reguladora del ejercicio del alto cargo, a nuestro entender, se ha quedado muy pero que muy corta. Les diré de
manera telegráfica que son siete los ámbitos en los que consideramos que no se ha llegado donde la ciudadanía reclama en leyes de este calado y con este sentido. Hablo de siete ámbitos: tratamientos, coches oficiales, uso de espacios públicos,
viajes, sueldos, dietas y lobbies.
En primer lugar, en el ámbito de los tratamientos y con una enmienda claramente republicana, entendemos que las personas que ocupan funciones dentro de la Administración General del Estado no deben recibir ningún tratamiento o título de
cortesía en atención a la dignidad y autoridad del cargo. Los tratamientos de ilustrísima, excelentísimo y otros no reflejan la excelencia en el trabajo de un funcionario, sino el buen hacer y la honestidad con que se actúa. Por tanto, este tipo
de tratamientos debería desaparecer hoy día. En segundo lugar, respecto a los coches oficiales consideramos -como es lógico- que los desplazamientos son necesarios para el desarrollo eficiente de la labor de un cargo público; y deben ser
sufragados, por supuesto, pero no necesariamente a través del coche oficial, excepto en cargos como el de los ministros o el que ocupa el presidente del Gobierno por razones evidentes de seguridad e incluso por razones de eficiencia económica. En
tercer lugar, en el ámbito de los espacios públicos los espacios y medios públicos que sean de uso exclusivo de cargos públicos tienen que estar enumerados por ley explicitando la finalidad, las condiciones y los límites de uso. Recuerdo cuando en
la pasada legislatura gobernaba el Partido Socialista y hubo grandes críticas por la utilización de medios de comunicación por parte de altos cargos, incluso cargos políticos, o también del uso de instalaciones reservadas a funcionarios que dependen
de algunos ministerios -por ejemplo, las instalaciones que tiene el Ministerio de Sanidad en las Islas Baleares-; todo aquello que conformó una gran protesta de compañeros -algunos hoy diputados- que entonces estaban en la oposición del Partido
Popular; sin embargo, hoy no se nos acepta esta enmienda. No entendemos que hoy no se regulen los espacios y medios públicos de uso para altos cargos también de la Administración General del Estado.
El cuarto ámbito es el de los viajes. La Administración pública solo debería cubrir viajes en clase turista. No entendemos que sigan empeñados en hacer pasar tanto ridículo a algunos miembros o funcionarios que no deseen ir en clase
business, que se ven obligados porque no quieren desentonar con la normativa al uso. Hoy día esto es una vergüenza y esta ley debería limitar y decir de forma explícita que se ha acabado con los asientos business en los medios de transporte. El
quinto ámbito es el de los sueldos. Ningún cargo de representación o designación política puede cobrar más que don Mariano Rajoy, es evidente. Nadie puede cobrar más que el presidente del Gobierno; y quizá el presidente del Gobierno cobre poco,
pero nadie puede cobrar más que el presidente del Gobierno. Resulta sorprendente que gracias a la Ley de Transparencia nos hayamos enterado de los sueldos de algunos altos cargos. Todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, porque no tiene
ningún sentido que aquella persona que tiene las máximas responsabilidades, como es el presidente del Gobierno, cobre bastante menos que algunos altos cargos de la Administración General del Estado. Todo el mundo se llevó las manos a la cabeza;
hace de ello quince días o tres semanas y ahora resulta que se nos rechaza esta posibilidad. El penúltimo ámbito es el de las dietas. Solo deben percibirse dietas si son justificadas y por servicios laborales fuera del centro de trabajo o por
pernoctar en municipios diferentes al de la residencia habitual. Los cargos deben tener pagado el alojamiento y la manutención en los desplazamientos, pero con recibo justificado y todo ello regulado por ley. Ahora nos llega esta ley; era el
momento de hacerlo pero se nos rechaza.
Finalmente, la última propuesta. Como en ciertos países anglosajones, reivindicamos y pedimos que esta ley asuma mediante una disposición transitoria la necesidad y urgencia de regular los grupos de interés y los lobbies; seis meses
pedimos para que se presente esta ley.
En conclusión, deseábamos aprovechar el trámite de esta ley -creo que debería aprovecharse- para poner negro sobre blanco aquello que exige hoy la ciudadanía en la calle: transparencia y austeridad. No entendemos que se rechacen nuestras
enmiendas. Más que regular parece que se quiere obviar u orillar el problema que tenemos, producto de la opacidad de tantos años que nos han precedido en ella los distintos Gobiernos, mantener privilegios, incluso a veces chantajeando a la
Administración pública por algunos profesionales que olvidan el servicio público. Por esto el Ejecutivo -este y otros- en algunas ocasiones se ha dejado arrastrar por esta cultura del privilegio.
En definitiva, para acabar, nada de calado hay en esta ley, entiendo la intensidad del calado por aquello que está en la calle. Estamos convencidos, dicho con toda humildad, que lo que reclamamos nosotros está lleno de razones, tiene
sentido y no es nada radical. Rechazamos que se nos acuse de radicales en el universo de nuestras enmiendas. Es más, están amparadas por el sentido común y por la lógica. Los cargos están al servicio público y no están al servicio del dinero
público. Así pues, muchas gracias, señor presidente, por su amabilidad, y anunciamos nuestro voto contrario.
El señor PRESIDENTE: También por el Grupo Mixto, tiene la palabra don Rafael Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: En primer lugar, quiero agradecerle, señor presidente, que haya permitido que todos los miembros del Grupo Mixto puedan intervenir en esta Comisión. En segundo lugar, voy a fijar nuestra posición sobre este
proyecto de ley.
Como hemos dicho en muchas ocasiones, en todas las Comisiones y en todos los trámites, nuestro grupo, Amaiur, tiene un compromiso con los electores en el sentido de que nuestra misión en este Congreso de los Diputados no es mejorar las leyes
en sentido estricto, lo cual no significa que queramos que las leyes sean malas, sino todo lo contrario. Por eso, precisamente no entramos a la presentación de enmiendas parciales a las leyes. Sin embargo, intervenimos en los procesos de
posicionamiento y de opinión general sobre la ley aportando nuestras ideas, por si pueden ser recogidas, y así contribuir a hacer esas leyes mejores. En el caso de esta ley, sobre el estatuto del alto cargo de la Administración General del Estado,
también reivindicamos la soberanía para nuestro país y tener nuestras propias leyes en este ámbito, que es nuestro compromiso -como decía antes- con nuestros electores. Esta ley no responde ahora mismo a las demandas de la sociedad del Estado
español. Es una ley que se incluye dentro de ese marco que se ha denominado, regeneración democrática, que no deja de ser la mayoría de las veces un cartel atractivo. Lo importante es lo que hay detrás y, hoy por hoy, detrás no hay un compromiso
serio con la regeneración democrática, que es algo mucho más profundo que lo que se plantea en esta ley en concreto, aunque pueda contribuir. Pensamos que es importante que esa regeneración democrática se base en tres pilares. El primero, se
refiera al respeto real a la democracia, al Estado de derecho democrático, por tanto, hay un elemento fundamental que es el respeto al derecho que tiene la ciudadanía a decidir su futuro y, en concreto, las naciones del Estado a que cada una de
ellas pueda decidir su propio futuro. En segundo lugar, tiene que tener un compromiso con la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía desde una posición republicana de lo que son los derechos de ciudadanía. Y en tercer lugar, tiene que
haber un compromiso claro con la transparencia y con la austeridad. Pensamos que esos pilares no están fielmente recogidos en este proyecto de ley. Nosotros pensamos que esta ley está más vinculada a la antigua política que a la nueva política que
se exige ahora mismo desde la calle. Estamos en un proceso de perpetuar un sistema de gestión que no responde a las demandas de la calle, y eso hay que subrayarlo y ponerlo encima de la mesa. Pensamos que hay que cortar de forma radical con los
privilegios, con todo aquello que vaya en contra de la igualdad de oportunidades, y ese es un elemento fundamental. Hay que reforzar también el derecho que tiene la ciudadanía a ser escuchada, a ser tenida en cuenta y a ser respondida por la
Administración y los altos cargos, y este es un elemento que tampoco está suficientemente recogido en esta ley.
Hay otro elemento que consideramos todavía mucho más importante, y nos resulta curioso que no esté contemplado con profundidad en el proyecto de ley; es el que se refiere a la relación entre los altos cargos y los posibles corruptores.
Cuando se habla de corrupción en la política, se habla muchas veces, y con razón y con mucha intensidad, de los altos cargos que pueden incluir en casos de corrupción, pero se habla muy poco de los corruptores. Este es un elemento que hay que tener
en cuenta y esta ley no lo recoge suficientemente. Con anterioridad, el portavoz de Esquerra Republicana lo subrayaba. Se trata de
todo lo que tiene que ver con esas labores de lobby, que es un elemento que no está lo suficientemente contemplado y es muy importante para avanzar en esa línea que decía antes de la transparencia, de la austeridad, de la igualdad de
oportunidades, de la lucha real contra la corrupción y con el compromiso de abordar esa nueva etapa de una nueva política muy diferente de la anterior.
Por esa razón, vamos a votar en contra de esta ley y nos volvemos a reafirmar en la necesidad de reivindicar la soberanía para nuestro país, para que nos podamos dotar, en este y en todos los temas, de una legislación propia que responda a
esa demanda de la ciudadanía, en concreto de la ciudadanía de mi país, de Euskal Herria.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra don Carlos Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: A mi grupo siempre le ha sorprendido la importancia que el grupo Popular, y más en concreto el Gobierno, le da a esta ley de altos cargos, dentro de ese proyecto que el Gobierno presentó a bombo y platillo de
regeneración democrática, porque nos parece que es una ley que en principio no aporta gran cosa a los problemas de fondo que existen para la regeneración del sistema democrático en nuestro país. Tampoco acabamos de entender cómo se ha concebido una
ley que en realidad avanza muy poco, aunque algunas cosas que aporta están bien, pero coincido con el diagnóstico de que está muy lejos de lo que se pide en materia de avances en transparencia de las administraciones públicas, de los altos cargos
gubernamentales y de toda esa esfera que tanta inquietud causa -con razón- a la opinión pública. De hecho, la realidad de que en la tramitación de esta ley el Grupo Popular solo haya aceptado sus propias enmiendas, un par de enmiendas menores de
otros grupos y ninguna de mi grupo, no deja de ser algo que deja bastante en solfa esa voluntad de consensuar grandes acuerdos de Estado para una regeneración del sistema, que solo puede conseguirse desde dentro del sistema a través de acuerdos
transversales entre los partidos. Y si, como se ha podido ver, en la tramitación de esta ley no ha existido el menor interés en llegar a acuerdos con los demás grupos para consensuar cómo tiene que ser esta regeneración de las altas esferas de las
administraciones públicas, no vemos por ninguna parte dónde está el esfuerzo regenerador de esta ley más allá de la publicidad.
Una de las cosas que más me han llamado la atención es que se han aceptado pocas enmiendas de otros grupos -me refiero a enmiendas importantes, se han aceptado también otras menores-. Una ha sido de Convergència i Unió, a quien felicito por
la buena disposición con la que el Gobierno y el Grupo Popular acogen siempre sus enmiendas, y tiene que ver con algo que no deja de llamar la atención y es que esta ley solo se va a aplicar a la Administración General del Estado, cuando resulta que
los altos cargos autonómicos y municipales, considerados como un colectivo, sumados son muchos más que los que tiene la Administración General del Estado. De manera que al final lo que se ha hecho es una ley que solo va a afectar a la
Administración General del Estado y que, por tanto, tiene un talante mucho más administrativo y burocrático que democrático, es decir, mucho más atento a regular la administración que depende del Gobierno nacional que a regular qué significa en una
democracia avanzada -como la que esperamos que exista en nuestro país- ser un alto cargo y a qué tipo de requerimientos está sometido.
Nuestro grupo ha presentado un grupo de enmiendas que tienen que ver, sobre todo, con cosas que nos parecen importantes aplicadas a los altos cargos, y han sido rechazadas todas, ninguna de ellas ha interesado al Gobierno. Por ejemplo, las
relativas a la honorabilidad de los altos cargos. Con la ley que se aprueba, con el texto de la ponencia tal y como queda, podría ocurrir que personas incursas en investigaciones sobre delitos graves -por ejemplo, gerentes de determinados partidos
que no hace falta que cite ahora- podrían seguir siéndolo mientras no hayan sido condenadas en juicio oral. Nos parece completamente increíble, porque además a las entidades financieras, que son mucho menos importantes que el Gobierno de España,
aunque a veces parezca lo contrario, sí se les exige en cambio que por ley los altos cargos tienen que ser personas que por supuesto no estén sometidas a investigaciones delictivas graves. Mas cosas: hay que reducir la discrecionalidad en
nombramientos. Sobre esto hubo un debate interesante porque hay quien interpreta que pedir mérito y capacidad contrastados en altos cargos puede ir contra el principio de igualdad constitucional, pero nosotros creemos que no. No se trata de
convertir los altos cargos del Estado en un 'mandarinato' cerrado solo a universitarios o algo parecido, en absoluto; pero sí nos parece que hay que progresar en algo que es un grave fallo del sistema de Gobierno en España, de la gobernanza, que es
la discrecionalidad prácticamente ilimitada del nombramiento no solo de altos cargos del Gobierno sino también de empresas públicas. No es el momento de hablar de esto -ya habrá ocasión-, pero tenemos experiencias muy recientes de consejeros de
empresas públicas que
han sido nombrados sin tener la más remota adecuación para el cargo profesional que ocupan, y hay que acabar con esto. Los altos cargos, cuando tienen un perfil profesional claro, tienen que tener un mérito y una capacidad demostrados; no
basta con la amistad o con la confianza del partido del Gobierno. En tercer lugar, quiero mencionar lo que tiene que ver también con las retribuciones transparentes y proporcionales. Nosotros hemos propuesto varias veces, y siempre ha sido
rechazado, que haya un baremo racional y con incentivos de productividad para los altos cargos. ¿Por qué? Porque es absurda la situación actual, en la que un jefe de gabinete gana más que un ministro, o un alcalde más que el presidente del
Gobierno de España o un presidente de diputación bastante conocido, por poner otro ejemplo.
Más cosas: todas las enmiendas que hemos presentado sobre transparencia y dación de cuentas, sobre limitaciones patrimoniales en participaciones societarias para los altos cargos, sobre limitaciones más estrictas al ejercicio de actividades
privadas -es decir, medidas preventivas para hacer más difícil un fenómeno preocupante y que degrada la calidad de la democracia como es el conocido como puerta giratoria- también han sido rechazadas. La Oficina de Conflictos de Intereses en
nuestra opinión tendría que ser como en general este tipo de organismos de supervisión y control: independientes. Pensamos que debería depender del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que a su vez debería ser independiente del Gobierno,
dicho sea de paso. Todo esto ha sido rechazado. ¿Por qué? Por una razón de fondo, porque tenemos una concepción muy diferente de cómo tienen que ser las administraciones públicas y de cuál es el papel de la política de transparencia, de la dación
de cuentas y del control público de la actividad de los altos cargos. No comprendemos, por ejemplo, que cosas que se llevan haciendo con absoluta normalidad en países tan poco sospechosos de excesos en este sentido como los Estados Unidos -me
refiero a la publicación de las agendas públicas de los altos cargos- se sigan negando y rechazando.
Para finalizar, quiero comentar que se ha repetido algo que ha ocurrido en la Ley de Financiación de Partidos que trataremos después, y es que las peticiones para que el Código Penal reconozca tipos delictivos específicos, como el
enriquecimiento ilícito de altos cargos o la financiación ilegal de partidos, tampoco han quedado a nuestra satisfacción en lo que sabemos que se está negociando para la reforma del Código Penal. Por todo esto, nos parece que es una ley que va en
una dirección equivocada y lo lamentamos. Nos parece una oportunidad desperdiciada, aunque ya decimos que, en nuestra opinión, hay cuestiones de mayor relevancia política que los altos cargos para avanzar en la regeneración democrática y, como nos
parece que es una ley que va en la dirección equivocada y no se nos ha aceptado ninguna enmienda, votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Joan Josep Nuet.
El señor NUET PUJALS: Decía Robespierre en uno de sus famosos discursos que los servidores públicos no son obligatoriamente corruptos, pero sí -puntualizaba- son corruptibles. Por eso, él proponía en aquel momento para la Asamblea
constituyente francesa una serie de criterios democráticos de control, de los que algunos serían envidiables para esta ley de altos cargos que nos propone el Gobierno del Partido Popular.
No estaría mal recoger un poco el espíritu revolucionario de aquellos momentos, y por supuesto no me refiero a todo su sentido guillotinesco, pero sí -repito- a su espíritu democrático de control de los servidores públicos. (Rumores). El
Partido Popular en esta legislatura está intentando algo que solo consiguen los trucos de magia: sacar un conejo de la chistera, convertir la legislatura más opaca y más corrupta en una legislatura en la que el Partido Popular pueda exhibir su
capacidad legislativa en temas de transparencia, corrupción y regeneración democrática. Pero eso es sacar un conejo de la chistera, y, como todo el mundo sabe, la magia no existe, solo existen los trucos. Esto es un truco del Partido Popular, no
es magia; es un truco del Partido Popular. Están ustedes intentando tomar una serie de iniciativas legislativas basadas no en la iniciativa legislativa real, vinculada a la preocupación de una parte importante de la ciudadanía, que ha constatado
que existe esa corrupción, que existen problemas democráticos profundos en nuestra sociedad, sino que están intentando aplicar maquillaje, propaganda y mucho engaño. Desde la Ley de Transparencia que ustedes tramitaron hasta la ley del alto cargo,
pasando por la Ley de Financiación de Partidos Políticos y acabando en las iniciativas que puedan afectar a esta materia en la reforma del Código Penal, nos intentan mostrar este conejo cada día para que nos creamos que la magia existe. Pues no, no
existe.
Ustedes además han hecho un trámite autista, al utilizar de forma abusiva su mayoría absoluta para no pactar, para no dialogar y prácticamente para acabar aprobando los proyectos de ley que en su día
metieron en esta Cámara escuchando muy poco las propuestas de los grupos parlamentarios. Sí, en este tema hay tres enmiendas transaccionadas con tres grupos parlamentarios, pero no modifican de forma sustancial ningún aspecto importante del
proyecto de ley. Por tanto, nosotros mantenemos vivas las otras dieciocho enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha presentado. Son ocho temas por los cuales vamos a votar en contra de la ley del alto cargo, ocho temas que están en la calle, y
ante los cuales ustedes se tienen que retratar y decir qué van a hacer o decir lo que están haciendo, que no es lo que se esperaba que hicieran.
En primer lugar, aforamiento, indultos y lobbies. ¿Dónde están? Alguien puede decir: es que no toca en esta ley, vamos a tomar iniciativas legislativas en otros ámbitos, de otra manera. ¿Dónde están esas iniciativas? No pueden ni
siquiera prometer que lo van a hacer, como sí parecía cuando el presidente Rajoy en su día dijo al país que se iban a tomar iniciativas en estos ámbitos. ¿Dónde están? No están en la ley del alto cargo, pero ¿están en otra ley? ¿Van a llegar a la
Cámara? No hemos obtenido respuesta. Por tanto, va a seguir su política de aforamientos con el país con más aforados del mundo, y con su tratamiento político ideológico de los aforamientos van a seguir con los indultos y no vamos a regular los
grupos de interés y los lobbies.
En segundo lugar, no a las excepciones; ni la Casa Real ni el Banco de España ni los nombramientos sobrevenidos que el Gobierno pueda hacer de altos cargos. No puede haber excepciones. Donde hay excepciones se quiebra la regla y, si la
Casa Real no es ejemplo para todo, no es ejemplo para nada. Hay que aplicar también los conceptos restrictivos a todos, empezando por el jefe del Estado y acabando por el último funcionario.
En tercer lugar, la elegibilidad o la honorabilidad: no se puede nombrar a una persona alto cargo, o si hay un alto cargo hay que cesarlo o debe dimitir, si está imputado por corrupción. Sí, lo creemos, mucha gente lo cree. El Partido
Popular, no. Si hay una imputación por corrupción -es verdad que no hay aún un juicio que demuestre que esa imputación es definitiva-, hay que cesar al alto cargo o no se le puede nombrar o hay que pedirle la dimisión. La imputación por corrupción
es una línea roja para nuestro grupo parlamentario.
Cuarto. Hay que reforzar las incompatibilidades retributivas, muy laxas en esta ley, y no hay que flexibilizar los conflictos de intereses que afecten a los altos cargos en sus ámbitos de participación en intereses particulares. La ley en
este aspecto no avanza; al contrario, creo que en el tema de los conflictos de intereses incluso la ley relativiza y flexibiliza la norma actual. Por tanto, incluso es un paso atrás.
Quinto. La oficina de conflicto de intereses, ¿qué es? ¿Una oficina objetiva, independiente, o un mecanismo más del Gobierno? Es un mecanismo más del Gobierno; no tiene visos de ser algo que tenga mínimamente carácter de árbitro o de
imparcialidad. Es un mecanismo más del Gobierno que de nuevo crea para juzgarse a sí mismo sus actos y sus comportamientos; por tanto, no es la oficina que esperábamos.
Sexto. El régimen sancionador es insuficiente. Parece como si al alto cargo que no ha hecho bien las cosas le vayamos a dar una pequeña colleja, le vayamos a advertir, pero hace falta un régimen sancionador claro y efectivo para que
verdaderamente el cumplimiento de las prescripciones de la ley tenga la fuerza, a través de la sanción, que requiere la importancia de lo que estamos tratando.
Séptimo. Queremos que se refuerce el régimen de incompatibilidades y la dedicación exclusiva de los diputados y de los senadores, absolutamente laxo en este momento. Saben ustedes que la dedicación exclusiva no existe, que hay muchos
diputados y senadores que de forma flexible interpretan el concepto de dedicación exclusiva, a pesar de estar cobrando un sueldo público por hacer unas tareas, que algunos hacen y otros no. Esto es importante. En este mismo apartado no se aborda
un tema clave, que es la regulación de las puertas giratorias. Esto de los dos años es absolutamente insuficiente. Hoy las puertas giratorias son un grave problema para este país; yo entiendo que el concepto de lo privado y de lo público del
Partido Popular está mezclado, pero los conceptos de privado y público deben tener una separación y una regulación clara. El alto cargo, el miembro del Gobierno, el presidente del Gobierno, que maneja información sustancial, no puede fácilmente ir
a la empresa privada y utilizar esa información pública que ha adquirido a través de su desempeño público, en muchas ocasiones en contra de los propios intereses públicos y mayoritarios. Y al revés, los gestores públicos no pueden pasar con
facilidad de gestionar los intereses de la patronal a gestionar los intereses públicos, porque no es lo mismo. Para ustedes sí, pero para nosotros no; para ustedes no hay diferencia, para nosotros sí. Las puertas giratorias quedan consagradas en
esta ley de altos cargos y esto es gravísimo, desde nuestro punto de vista.
Octavo y último, el papel del Congreso. Nosotros creemos que el Congreso de los Diputados debe tener un mayor papel en el control, por tanto, hay que reforzar las comparecencias, hay que reforzar los
exámenes previos, que los altos cargos asistan a esta Cámara, a sus comisiones, a dar cuentas y a dar explicaciones, y este papel es absolutamente inexistente en este momento. Estas son las ocho razones que hacen que votemos en contra de
este proyecto de maquillaje que el Partido Popular nos ha traído con el nombre de ley de altos cargos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Como cuestión previa, simplemente quiero aclarar que intervengo hoy en sustitución del ponente de este proyecto, mi compañero Jordi Jané, que no ha podido asistir hoy a esta Comisión.
Pasando ya de forma breve y sintética al planteamiento de nuestro grupo parlamentario en cuanto a este proyecto de ley, quiero trasladarles cinco reflexiones. En primer lugar, creemos que debe quedar claro que esta nueva normativa lo es
para los altos cargos de la Administración General del Estado. Es una obviedad pero, sobre la base de algunas afirmaciones que hoy hemos podido escuchar, tengo que ponerlo de manifiesto para que conste claramente. No estamos ante una ley básica y
el ámbito de esta no es, por tanto, aplicable a las comunidades autónomas ya que todas ellas tienen competencia exclusiva en la autoorganización de su propia Administración. Sobre la base de esta competencia exclusiva, cada Administración
autonómica es la que define cuáles son sus altos cargos y cuál es su estatuto jurídico concreto. Estamos a favor de la regeneración democrática y de medidas de mayor exigencia y transparencia para las administraciones, como dejamos claro en la
intervención de nuestro portavoz en el debate de totalidad de esta iniciativa. De hecho, en Cataluña hemos aprobado una ley de transparencia que va incluso más allá y es más exigente que la normativa estatal. De la misma manera, haremos una
normativa sobre altos cargos en Cataluña, que hoy ya tienen muchas obligaciones de plena transparencia en su gestión y patrimonio. Al respetar esta ley el ámbito competencial, no nos oponemos a la misma y por ello no presentamos en su día enmienda
a la totalidad. Hemos presentado una única enmienda a la disposición adicional primera que vamos a transaccionar -de hecho ya hemos entregado el documento con la transaccional-, que deja más claro cómo se delimita ese carácter supletorio. En el
ámbito de la Administración General del Estado echamos de menos que esta nueva ley no incluya un registro de intereses o lobbies, ya que la actividad de estos grupos tiene más incidencia sobre la Administración que sobre las Cámaras legislativas y
parece que el Grupo Popular únicamente lo quiera regular en el ámbito parlamentario pero no en el ámbito del Ejecutivo. Nuestro grupo parlamentario ha presentado una iniciativa en este sentido para que el registro de lobbies afecte también al
Ejecutivo.
Como decía anteriormente, nuestro grupo ha presentado una única enmienda, la número 22, que hemos transaccionado. Lo que pretendía esta enmienda era concretar el ámbito de la supletoriedad, adaptándolo a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional sobre la aplicación del artículo 149.3 de la Constitución. Por ello, nos sorprende la crítica que hemos escuchado de algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra en relación con la enmienda y la transacción a la que
hemos llegado. Nos sorprende porque lo que pretende nuestra enmienda es dar cumplimiento al artículo 149.3 de la Constitución española. Nos sorprende que se ponga en cuestión la aceptación e incorporación de la propuesta de nuestro grupo
parlamentario cuando se está exigiendo el máximo rigor en el cumplimiento de lo que establece la Constitución española.
Por último, quiero agradecer la disposición en este caso del Grupo Popular para llegar a un acuerdo porque entendemos que la enmienda que quedará incorporada al proyecto en forma de transacción es de gran trascendencia. Entendemos que lo
mejora de forma sustancial y aclara con mayor rigor el ámbito de la supletoriedad y se adapta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pradas.
El señor PRADAS TORRES: Debatimos hoy con competencia legislativa plena el proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado y quisiera anticiparles el voto en contra de mi grupo parlamentario. Antes
de entrar en materia, quiero manifestar una cuestión previa que consideramos fundamental. El Grupo Popular no ha querido llegar a un acuerdo; diría más, no ha querido dedicarle a este tema el tiempo, la atención, la energía, en definitiva, la
acción política que merece. Por eso probablemente votaron en contra de la avocación a Pleno de esta norma y por eso la tramitación acaba hoy en esta Comisión.
Señorías, algunas veces parece que no hubiéramos entendido nada. La sociedad ha perdido la confianza en los partidos políticos y los que aquí los representamos somos los primeros interesados en devolverles esa confianza. Les aseguro que no
va a ser fácil. Todos tenemos parte de responsabilidad porque no supimos prevenir esta situación y está claro que el Gobierno está en entredicho porque el partido que lo sustenta está inmerso en múltiples escándalos. Ustedes me dirán que nosotros
también tenemos los nuestros -cada uno lleva su cruz, como decimos en mi tierra-, pero quien tiene la responsabilidad y la mayoría suficiente para cambiar las leyes y hacerlas más exigentes, en este caso es el Partido Popular. Su grupo y el propio
presidente del Gobierno pusieron las esperanzas de regeneración, como se ha dicho aquí hoy, en este paquete legislativo que deprisa y corriendo están tramitando en esta Cámara y que posiblemente termine su tramitación los días 20 y 21 de este mes.
Nuestro grupo parlamentario considera esta iniciativa parlamentaria parte esencial de ese paquete de medidas de lucha contra la corrupción y de regeneración democrática. Un paquete en el que se incluye además el proyecto de ley que hace
referencia a la financiación de los partidos políticos y las aportaciones que en materia de regeneración y de corrupción se han hecho a la reforma del Código Penal. Estas tres iniciativas, que afectan además a una quincena de leyes, nos podrían
haber permitido encarar de forma decidida y sistemática un asunto decisivo para el futuro de nuestra democracia. Las reformas legales posiblemente no sean suficientes, pero son absolutamente necesarias para superar la situación de inmovilismo y de
bloqueo en la que nos encontramos en esta materia. La crisis económica que vivimos desde hace algunos años está consiguiendo afectar a las instituciones mismas y con ello corremos el peligro de que se convierta además en una crisis de la democracia
que tanto nos costó conseguir en nuestro país. Las decisiones fundamentales que afectan a los ciudadanos se alejan de ellos y, en consecuencia, la ciudadanía se aleja que quienes formalmente las adoptan: las instituciones, los partidos y la clase
política. No creo que tenga que recordarles los datos de los últimos barómetros del CIS en esta cuestión. Nos encontramos en uno de esos momentos claves de la historia en el que, o hacemos algo, o algo se hará con o sin nosotros.
Como dijimos al presidente del Gobierno en su comparecencia del pasado 27 de noviembre, hay que pasar de las palabras a los hechos. Hoy la ciudadanía nos exige cambios; exige, como los socialistas señalamos en nuestra declaración de
Valencia, una democracia adaptada a nuestras actuales aspiraciones de transparencia, cercanía, integridad y rendición de cuentas. Para ello, para recuperar la confianza de los ciudadanos, es necesario, entre otras cosas, que consigamos vencer la
corrupción, verdadera enfermedad, aunque no la única, que tiene nuestro sistema democrático. En este documento que les cito de Valencia, incluimos en torno a cincuenta medidas concretas contra la corrupción, de regeneración democrática y relativa
al estatuto de los diputados y senadores. Aquí se han puesto hoy algunos ejemplos en materia de incompatibilidades que nosotros ya hemos adoptado en nuestra organización y lo que pretendíamos era que se adoptaran en el conjunto de la Administración
del Estado. Estas propuestas se han concretado, en primer lugar, en nuestras enmiendas al proyecto de ley de actividad económica de los partidos y a la reforma del Código Penal; en segundo lugar, muchas de estas propuestas se encuentran en las
enmiendas al proyecto de ley reguladora que hoy debatimos. No han admitido prácticamente ninguna. No han admitido ninguna de las enmiendas que tienen que ver con el ámbito material de este proyecto de ley que consideramos fundamentales y que son
las relativas a las puertas giratorias. No han admitido la ampliación que les proponíamos de extender a cinco años, tras el cese del alto cargo, la incompatibilidad para desempeñar funciones directivas en empresas del sector sobre el que se ha
ejercido una actividad política. No estamos en contra de la posibilidad de que los que son expertos en una materia pasen por un cargo público y puedan volver a sus competencias anteriores, a lo que nos estamos refiriendo es a que se aprovechen los
cargos para abrirse nuevas carreras profesionales en ámbitos que no son los suyos.
Además de estas enmiendas, el Grupo Socialista ha ido mucho más allá -tengo que reconocerlo- de lo que era el ámbito material propio de esta ley, tanto en materia de regeneración democrática como en materia de lucha contra la corrupción.
Para proteger la calidad de nuestra democracia, desde mi grupo hemos propuesto diferentes medidas, como fortalecer la independencia de los órganos constitucionales y otros organismos reguladores evitando la colonización y obligando al Parlamento
para que su elección sea de acuerdo con un informe elaborado por una comisión de expertos. Hemos planteado la limitación de mandatos para la Presidencia del Gobierno; hemos planteado la modificación de la Ley del indulto para someter este derecho
de gracia a motivación e impedirlo en delitos relacionados con la corrupción, ya que no olvidemos que estamos hablando de una ley del siglo XIX; hemos planteado mejorar la Ley de Transparencia, así como regular los lobbies y los grupos de interés.
En relación con la corrupción, los
socialistas hemos propuesto el endurecimiento del régimen de incompatibilidades, la imposibilidad de nombrar como alto cargo y la obligación de cesar en todas las administraciones públicas a quienes fueran llamados a juicio oral a título de
imputados o procesados por delitos relacionados con la corrupción y una regulación mucho más detallada de las declaraciones de bienes y derechos, así como de sus actividades. Hemos planteado también reforzar la oficina de conflicto de intereses y
crear una oficina anticorrupción en el seno de la Administración con amplias facultades de investigación interna y con capacidad par instar el inicio de procedimientos administrativos y judiciales. Todos estos temas están íntimamente relacionados y
nosotros los consideramos fundamentales para luchar contra la corrupción y regenerar nuestra vida política, y nos hubiera dado igual su inclusión en esta ley o en cualquier otra del paquete legislativo. El problema es que no ha sido así; a todos
ellos la respuesta del Gobierno y del Grupo Popular ha sido la misma: no. En un principio pareció que, conscientes de la importancia de esta tarea, estaban dispuestos a llegar a acuerdos no solo con mi grupo sino con todas las fuerzas políticas.
¿Qué ha pasado entonces? No lo sabemos. ¿Por qué no se han querido asumir ninguna de estas enmiendas?
Como decía anteriormente, este proyecto de ley no puede entenderse al margen de otras dos iniciativas que se encuentran actualmente en tramitación: la actividad económica de los partidos políticos y la reforma del Código Penal. De hecho,
muchas de nuestras enmiendas al proyecto de ley del alto cargo han sido rechazadas en ponencia por el grupo mayoritario con el argumento de que no eran propias de esta ley, como si cuando ustedes quieren incluir algo que les interesa tuviesen
prejuicios técnicos. Tampoco han sido recibidas en los otros dos textos legales comentados, ni tan siquiera ha existido un compromiso firme de abordar estos temas en futuras reformas legislativas. Esto nos ha producido, como es lógico, una gran
decepción. En definitiva, se ha hecho realidad lo que ya avanzó nuestro secretario general en el debate de totalidad del pasado 27 de noviembre. Ustedes, por razones que a nadie se le escapan, no están en condiciones de abordar las tareas de
regeneración democrática, de limpieza y lucha contra la corrupción que exige España. Y sobre todo han optado por no atacar de raíz y decididamente el problema de la corrupción. La reforma emprendida en relación con los altos cargos de la
Administración -podríamos añadir también en relación con las otras dos iniciativas legislativas- representa la impotencia del Partido Popular y de su Gobierno para cambiar realmente las cosas como nos demandan a diario los ciudadanos y ciudadanas de
este país; han dado por perdida esta batalla. Nosotros no, por eso me veo en la obligación de reiterarles algo que ya les consta, y es que mi grupo seguirá intentando llegar a acuerdos en estas tres leyes que consideramos absolutamente esenciales
para el futuro de nuestra democracia por las razones expuestas. Por eso, aquí y en el Senado seguiremos intentándolo. Por todas estas razones que he tratado de exponer en mi intervención, queda claro que mi grupo no puede votar favorablemente el
proyecto del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Antes de entrar en cualquier otro objeto del proyecto de ley que se debate hoy aquí, quisiera poner en valor la importancia del mismo. En primer lugar, este proyecto de ley trae causa de un
compromiso muy firme del presidente del Gobierno, un compromiso de regeneración democrática y de incremento de la calidad democrática de nuestras instituciones que se manifiesta ya en el debate sobre el estado de la Nación de febrero de 2013, que
toma cuerpo en la resolución número 1 de 26 de febrero de 2013, que se ratifica mediante la constitución de un grupo de trabajo en marzo de 2013 presidido por la vicepresidenta del Gobierno e integrado por todos los grupos parlamentarios y que se
solemniza nuevamente con la intervención del presidente del Gobierno ante la Cámara el 1 de agosto de 2013. Quiero señalar que aunque haya aspectos que no estén contemplados en este proyecto de ley porque materialmente no correspondan, si esos
asuntos han sido comprometidos por el presidente del Gobierno en sesión plenaria, comprometidos están.
Este programa nacional de regeneración democrática, como ustedes saben, tiene tres ejes fundamentales, aparte de la Ley de Transparencia, que ya fue aprobada. El primero de ellos es el proyecto de ley de control de la actividad
económico-financiera de los partidos políticos, que se debatirá a continuación; el segundo de ellos es un importantísimo paquete de reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, finalmente, el proyecto de ley reguladora del
Estatuto del alto cargo de la Administración General del Estado que nos ocupa hoy aquí. La primera valoración, por tanto, es que este Gobierno cumple con sus compromisos de regeneración en los términos estrictos en los que se comprometió el
presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación de 2013. La segunda
valoración es que este es el primer Gobierno de la democracia española, y van ya casi cuarenta años, que ha tenido el arrojo de presentar un plan integral de regeneración democrática. Lo novedoso en España, señorías, no es el fenómeno de la
corrupción, lo verdaderamente novedoso en España es que por primera vez en casi cuarenta años hay un Gobierno que ha presentado un plan integral de regeneración democrática para combatirla. Claro que hubo casos de corrupción, y muy graves, en el
pasado -no quiero entrar en los casos de corrupción de los años noventa-, lo que no hubo nunca fue la firme voluntad del Gobierno de turno de hacerlos frente y de acabar con ellos. La tercera valoración que yo quisiera hacer es que,
lamentablemente, este grupo parlamentario no ha podido obtener el apoyo de algunos grupos, todos, por cierto, de la izquierda del arco parlamentario; sí de otros grupos políticos, como Convergència i Unió, a los que quiero agradecer su apoyo en
este momento.
¿Qué quiere hacer esta ley? Esta ley contiene aspectos muy novedosos y muy importantes que no deberían ser despreciados y que van a garantizar una mayor idoneidad de nuestros altos cargos. En primer lugar, se crea el concepto de la
idoneidad para ser alto cargo; concepto, señor Gorriarán, que hasta el momento no existía y que se hace depender de tres circunstancias que son también novedosas: la honorabilidad -ahora hablaré de ello-; la formación, es decir, la vida académica
del candidato; y la experiencia de los puestos desempeñados con anterioridad. Respecto a la honorabilidad, se tasan legalmente una serie de causas que implican su pérdida o la no concurrencia de la misma; por ejemplo, haber sido condenado por
sentencia firme a pena privativa de libertad o por delitos especialmente graves o haber sido sancionado en procedimiento administrativo por infracción muy grave contra alguno de los preceptos de la Ley de Transparencia. La formación, además, va a
haber que acreditarla para todos los altos cargos de la Administración General del Estado, así como la experiencia en los puestos desempeñados con anterioridad. Esta ley que ustedes denostan, restringe, y mucho, los supuestos de indemnización al
cese e incompatibiliza las indemnizaciones que se perciban con todo tipo de retribuciones, señor Nuet, públicas, privadas y retribuciones de jubilación; con todas. No cabe ir más allá porque se ha llegado hasta el límite al que se puede ir; todas
las retribuciones públicas, privadas e incluso de jubilación. Esta ley que ustedes desprecian regula y restringe también el uso de los vehículos oficiales -se ha hecho alusión a ello- a las estrictas obligaciones del cargo y a razones naturalmente
de seguridad, no a otras. Esta ley que ustedes hoy aquí no quieren apoyar restringe también notablemente el uso de los gastos de representación en dos sentidos; primero, al estricto desempeño del cargo público que se ostenta y no a otros efectos;
y segundo, impidiendo y prohibiendo expresamente sobrepasar o ampliar el crédito presupuestario previsto inicialmente al efecto para cada cargo público. Esta ley que ustedes no quieren apoyar por razones ajenas al contenido de la misma, mantiene un
esfuerzo muy notable en materia de conflictos de intereses y considera interés personal no solo el propio del alto cargo, sino el de sus familiares, por ejemplo, hasta cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad, y además el de las empresas
con las que el alto cargo haya estado vinculado los dos años anteriores o con las que sus familiares estén vinculados con cargos de asesoramiento, de dirección o de administración. Esta ley que ustedes no votan, señor Nuet, tiene y contiene
precisamente el criterio que habría impedido a doña Tania Sánchez actuar como actuó en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Esta ley crea además un sistema de alerta temprana en materia de conflictos de interés para crear procedimientos para que
los altos cargos no puedan llegar a intervenir cuando se pueda entrar en riesgo de conflicto. Esta ley regula de manera pormenorizada la dedicación exclusiva al cargo, naturalmente, a los altos cargos de la Administración General del Estado. Lo
que no se puede pretender es que regule también la dedicación exclusiva de diputados y de senadores, de parlamentarios, porque excede del ámbito de aplicación de la ley y del contenido natural de la misma. Esta ley limita además la cuantía de las
participaciones societarias que el alto cargo pueda tener en empresas que puedan recibir subvenciones o que tengan cualquier tipo de relación contractual con cualquier Administración. Esta ley, en contra de lo que se ha dicho hoy aquí, limita de
manera bastante rigurosa el denominado revolving door. Establece que durante los dos años posteriores al cese, el alto cargo no podrá, en ningún supuesto, prestar servicios en entidades privadas afectadas, tanto las entidades privadas como el grupo
de empresas al que pertenezcan, por decisiones en las que el alto cargo hubiera participado. Cuando haya trabajado en un órgano regulador o de supervisión no podrá trabajar en ningún caso durante dos años en empresas reguladas o supervisadas por
dicho órgano.
Los altos cargos deberán presentar una declaración de actividades y otra de bienes y derechos al inicio y al final de su incorporación al cargo y tendrán que presentar declaraciones del IRPF, declaraciones de impuesto sobre el patrimonio,
declaraciones alternativas a la de impuesto sobre el patrimonio cuando no tuvieran obligación de presentarlas y certificaciones, en todo caso, de la Agencia Tributaria. Esta ley
-contra lo que ustedes dicen, señor Nuet- impulsa, fortalece y da extraordinarios instrumentos de control a la oficina de conflicto de intereses, a cuyo director se vincula -en contra de lo que se ha dicho- en el momento de su nombramiento
con el control parlamentario. No valorar este esfuerzo del Gobierno me parece profundamente injusto y no se ajusta a la realidad.
Señorías, francamente, creo que no pocas de las enmiendas que se han presentado son de imposible aceptación, y voy a explicar por qué. Hay un primer bloque de enmiendas que no tienen nada que ver con el contenido de la ley; por tanto, no
tenía ningún sentido incorporarlas a la ley sin riesgo de desdibujar el estatuto del alto cargo, que es lo que se pretendía regular. En este sentido, había enmiendas que se referían a aspectos como la reforma del régimen electoral general, que ya
me dirán ustedes qué tiene que ver con la regulación del estatuto del alto cargo y que además tiene carácter orgánico. Había enmiendas para la regulación del delito de financiación ilegal, que ya está en otro proyecto, así como otras enmiendas que
afectaban a la reforma, por ley orgánica, del Código Penal. Había enmiendas que intentaban dotar a la ley de un carácter básico, vulnerando el artículo 149.1.18 de nuestra Constitución. Había enmiendas que querían regular los aforamientos incluso
de diputados y senadores -esa es suya, señor Nuet- lo que implica, como usted sabe, una reforma constitucional. Había enmiendas para modificar la Ley del indulto, que no tiene nada que ver con la condición de altos cargos. Había enmiendas para la
regulación de los grupos de interés o de los lobbies, que no afecta a los altos cargos con carácter exclusivo sino a toda la Administración General del Estado y que, por tanto, requiere un cuerpo legislativo ad hoc.
Hay otro bloque de enmiendas que técnicamente eran muy difíciles de aceptar. Por ejemplo, hay quien pedía la prohibición de las tarjetas black. Las tarjetas black no existen en la Administración General del Estado, pero es que, además, el
proyecto que se remite prohíbe la utilización de tarjetas de crédito de todo tipo, las black y las no black. Hay otro tipo de enmiendas en las que, por ejemplo, se solicita que los altos cargos no cobren dietas por desplazamientos. Es que no
cobran dietas por desplazamientos porque van a gastos pagados, por tanto, difícilmente se podían aceptar ese tipo de enmiendas. Hay enmiendas que quieren que se aplique el estatuto de alto cargo a los miembros de la Casa Real. No sé si con eso se
quiere incluir a los miembros de la familia real o si se refieren al personal al servicio de la casa de su majestad el rey, que ya son altos cargos y ya están contemplados por la ley; por tanto, tampoco se podía aceptar esa enmienda. Hay también
enmiendas que proponen que los funcionarios públicos, los de la oficina de conflicto de interés, puedan sancionar a diputados y senadores, con clara vulneración de la división de poderes, etcétera, etcétera. Hay un bloque importante de enmiendas
que han sido poco trabajadas, poco pensadas y que quieren tener un impacto efectista en la opinión pública más que una intención de mejora o de profundización de la ley.
Finalmente, hay algunas enmiendas con las que no compartimos criterio. Quiero destacar dos. En primer lugar, la cuestión del revolving door. Ya he dicho que se regula, pero se regula para un periodo de dos años. Ustedes proponían,
especialmente el Grupo Socialista, que el revolving door se incremente a un periodo de cinco años. Quiero decirles que hemos apreciado en la posición de su grupo un cierto cambio de postura; no es el criterio que mostró el Grupo Socialista en la
sesión del 24 de abril de 2014 en periodo de comparecencias de expertos, donde literalmente se dijo que en este tipo de regulaciones había que evitar la brocha gorda, la muerte civil; había que evitar el hecho de que un alto cargo no se pudiera
dedicar durante demasiado tiempo a casi nada y que había que huir de criterios populistas a la hora de abordar esto. A nosotros nos parece que el periodo de dos años es coherente con al régimen de incompatibilidades, que también es de dos años, y
con las indemnizaciones al cese del cargo que son por el mismo plazo. Discrepamos también en torno al criterio de la mera imputación o incluso de la investigación judicial para que actúe como criterio de pérdida de la honorabilidad. Creemos que
tiene que haber una graduación y una cierta proporcionalidad en la respuesta del ordenamiento jurídico, y si uno pierde la honorabilidad por sentencia firme de condena de pérdida de libertad o por delito de terrorismo, no tiene mucho sentido que la
mera investigación judicial tenga el mismo efecto para el candidato a alto cargo que una sentencia firme que le condena por terrorismo; francamente, nos parece que no hay proporcionalidad.
Hemos aceptado en forma de transaccional la enmienda del Grupo de Convergència y Unió, a quien agradezco su disposición a colaborar en la mejora de la ley. Hemos planteado una transaccional a La Izquierda Plural sobre el régimen
sancionador. Hemos aceptado la enmienda 61 del Grupo Socialista. Hemos ofrecido alguna otra transaccional que se nos ha rechazado y hemos aportado tres enmiendas más del Grupo Popular que mejoran indudablemente el texto inicial.
Quisiera hacer referencia a la posición -y con esto termino, señorías- de algunos de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra. Empiezo por Esquerra Republicana de Catalunya. En primer
lugar, no habría estado de más que ustedes hubiesen pisado la ponencia en algún momento y hubiesen colaborado activamente en los debates que hemos mantenido con los dos grupos políticos. La primera exigencia de regeneración democrática es
venir a las reuniones de trabajo y trabajar realmente en dichas reuniones. En segundo lugar, proponen ustedes cosas para la Administración General del Estado que no proponen para otra Administración en la que ustedes han tenido responsabilidades,
como es la Comunidad Autónoma de Cataluña; por ejemplo, el tratamiento. Proponen ustedes la supresión del tratamiento de excelentísimo e ilustrísimo pero no el de molt honorable u honorable. Espero que ustedes planteen el mismo tipo de
iniciativas en el Parlamento de Cataluña porque tan Administración es una como otra. En segundo lugar, proponen ustedes la supresión de todos o casi todos los coches oficiales. Ya le he explicado -si no han leído el proyecto, léanselo- que hay una
restricción bastante importante de su utilización. En todo caso, echo de menos que ustedes no propusieran la supresión de los coches oficiales en el Parlamento de Cataluña, máxime cuando tuvieron un presidente que se dedicaba a tunearlos. Proponen
ustedes que se viaje solo en turista. Hay que desconocer la Administración General del Estado para no saber que se viaja en turista. Esto es así. Yo no sé si en otras administraciones autonómicas se hace lo mismo o no, pero es así. Proponen que
los altos cargos no perciban dietas de desplazamiento. Es que no perciben dietas de desplazamiento. No sé si en la Generalitat de Catalunya, además de ir a gastos pagados, perciben dietas de desplazamiento, pero le garantizo que en la
Administración General del Estado no.
En cuanto a Amaiur, le digo lo mismo, la regeneración democrática empieza por venir a trabajar y ustedes no han presentado ni una sola enmienda a este proyecto. Lamento decírselo con esta contundencia, pero es verdad, no han presentado ni
una sola enmienda a este proyecto. Ha venido aquí a decir algo que sin duda será incorporado como novedad doctrinal de primer orden por todos los análisis de derecho comparado, y es que la regulación de los altos cargos tiene un elemento esencial
del que no se puede prescindir, que es el derecho a decidir de los pueblos y la soberanía de Euskal Herría. Francamente, me esperaba muchas cosas de ustedes, pero esta no.
Señor Gorriarán, le agradezco los debates que hemos tenido y la sinceridad de los mismos, pero las cosas son como son. Le quiero explicar que hemos aceptado la enmienda de Convergència i Unió, no porque se trate de este grupo, sino porque
el artículo 149.1.18 no le concede al Estado la competencia para la regulación de los altos cargos de la Generalitat de Catalunya; los circunscribe a las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y de los funcionarios públicos, no
de los altos cargos, y, en segundo lugar, porque el artículo 149.1.3 dice lo que dice del carácter supletorio de la legislación del Estado. En cuanto a la profesionalidad de los altos cargos, ya me he referido a ello y no quiero incidir más.
Finalmente, señor Nuet, se empieza citando a Robespierre y nunca se sabe cómo acaba uno. Los demás podemos acabar con riesgo de perder la cabeza en una cesta, pero no me parece que en pleno siglo XXI Robespierre sea una referencia
democrática de nada o de casi nada, salvo que queramos acabar como acaban los asuntos en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Los temas comprometidos por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación están comprometidos. Si
no están en el proyecto de ley es porque no tenían que estar por razón de su naturaleza. Ha hablado usted de la Casa Real. Me remito a lo que he dicho antes; los altos cargos de la casa de su majestad el rey, si es a eso a lo que se refiere, ya
están afectados por la Ley de altos cargos; naturalmente, no la familia real. No sé si se refiere a eso o a qué se refiere. En cuanto al régimen sancionador insuficiente ha dicho usted que le parece una pequeña colleja a los altos cargos. Si
cree usted que la destitución o la pérdida del derecho de indemnización que le pudiera corresponder es una pequeña colleja, pues muy bien, pero la única enmienda que han presentado ustedes en este ámbito se la hemos aceptado. Respecto a aplicar la
ley a diputados y senadores, le vuelvo a decir lo mismo; no somos altos cargos y no actuamos como tales. En relación con la puerta giratoria, le vuelvo a repetir que nadie que haya sido alto cargo podrá trabajar en una empresa que haya recaído
dentro del ámbito de afectación competencial que tenía la persona mientras era alto cargo, nadie, durante el periodo de dos años.
En relación con la intervención del portavoz del Grupo Socialista, la desafección es verdad, tampoco podemos estar lamiéndonos todo el día las heridas con la desafección; lo que hay que hacer es trabajar para superar esta situación. En el
tema de las puertas giratorias, que es la única enmienda de fondo sobre la ley, ya le he explicado cuál es la posición de mi grupo. Nosotros estamos más con la intervención que tuvo el Grupo Socialista en marzo de 2014 que con la que ha tenido
usted hoy aquí en ese tema, y los demás son aspectos que no afectan al estatuto de alto cargo. La independencia de los órganos constitucionales no tiene nada que ver con la regulación del estatuto del alto cargo. La limitación de mandato del
presidente no tiene nada que ver. La regulación de los indultos no tiene nada que ver. Sobre
la regulación de los lobbies ya me he referido antes. En fin, creo que son excusas -si me permiten la palabra en un castellano horroroso- de mal pactador. Ustedes venían con la intención de no pactar este estatuto, y han presentado una
serie de enmiendas que eran de imposible aceptación.
Termino ya. Creemos que la ley es importante, que se enmarca en un paquete de regeneración democrática que es revolucionario en la historia democrática española, porque nadie lo había hecho con esa amplitud, ni con esa profundidad, ni con
ese carácter multidisciplinar. Creo que esta ley va a ofrecer garantías y mecanismos suficientes de prevención, control y de sanción de los altos cargos de la Administración General del Estado. Va a aportar mucha calidad institucional a la
realidad de nuestros altos cargos, y solo espero que a todas las administraciones públicas en las que los grupos de la oposición gobiernen se incorporen normas que siquiera se puedan aproximar al contenido de este proyecto de ley. (Aplausos.- El
señor Tardà i Coma pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: ¿Me permite hacer una petición al compañero diputado del Grupo Popular? Es una petición de buena educación. Entiendo y asumo cualquier crítica política, por supuesto, solo faltaría, pero nunca nos hemos referido a
los compañeros del Grupo Popular, y me sorprende que él lo haya hecho y que haya puesto en cuestión nuestra dedicación al trabajo como parlamentarios. No me gustaría verlo a él en mi tesitura, es decir, llevando al mismo tiempo seis o siete
proyectos de ley. De manera que si no asistí a la ponencia fue porque no podía más. Pido que por favor no pongan en cuestión nuestro trabajo, el de ustedes y el nuestro, porque nosotros no lo hemos hecho nunca.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna observación al respecto? (El señor Gómez de la Serna y Villacieros pide la palabra). Señor Gómez de la Serna.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Señor Tardà, no le he querido ofender ni he querido faltar a su honorabilidad como diputado, lo único que he querido ha sido poner de relieve que ustedes no han participado en los trabajos, nada
más. Si eso le ha ofendido, lo siento mucho, lo lamento. No ha sido mi intención, pero ustedes no han participado en la ponencia.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que ha terminado el debate de este proyecto de ley.
EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; LA LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27
DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y LA LEY ORGÁNICA 2/1982, DE 12 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente 121/000082).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es el referido a la ley orgánica de control... (El señor Bermúdez de Castro Fernández pide la palabras Señor Bermúdez.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Señor presidente, quiero intervenir por una cuestión de orden que conocen también el resto de los portavoces de los grupos. A efectos de facilitar la ordenación del debate, las intervenciones y el
contenido de las intervenciones del resto de los portavoces de los grupos, y toda vez que en la última reunión de la ponencia que tuvimos en la tarde del lunes de esta misma semana quedaron pendientes algunas propuestas transaccionales, lo que
quería anunciar en nombre del grupo -porque era lo que faltaba, lo tengo aquí y lo voy a repartir inmediatamente después, si nos permite un brevísimo receso antes de iniciar el debate- es que vamos a presentar una transacción a las enmiendas números
159, 160, 161, 177 y 178 del Grupo Vasco, para que la aplicación de esta norma se lleve a cabo sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Amejoramiento del Régimen Foral Navarro y la Ley del Concierto Económico Vasco. Vamos a aceptar también -y
así lo manifiesto- la enmienda número 111 del Grupo de Convergència i Unió para definir mejor el plazo en el que el Tribunal de Cuentas puede iniciar el procedimiento sancionador por las infracciones previstas en la propia norma por parte de los
partidos. Vamos a transaccionar la enmienda número 66 del Grupo de Izquierda Unida, ampliando los principios a los que deberá someterse la actividad económica y financiera del sector público, dentro de la función fiscalizadora del Tribunal de
Cuentas. Vamos a introducir también, porque quedaba pendiente como una
causa de cancelación de la inscripción registral de los partidos políticos, y por tanto el del inicio del procedimiento de extinción de los mismos, el incumplimiento del plazo para convocar los procesos de renovación de los órganos de
gobierno y de representación, siempre que ese plazo se haya superado en el doble previsto ya en la norma. Vamos a aceptar también la enmienda número 156 que quedaba pendiente del Grupo Socialista, en aras de aumentar las prohibiciones de la
percepción de subvenciones a los condenados por delitos de corrupción. Y también vamos a introducir y a proponer al Grupo Socialista un texto transaccional en relación con uno de los temas que tanto les preocupaba, que no guardaban relación
directamente con esta norma, pero sí entendemos que debe formar parte de la respuesta a favor de mejorar la calidad de nuestra democracia, que es lo relativo a los aforamientos. Para que quede claro el compromiso político de nuestro grupo, y si así
se acepta por el resto de los grupos, para limitar en el futuro, en el momento en que sea posible, el aforamiento de las autoridades y cargos públicos. Todo ello en los términos de los textos transaccionales que, si me permiten, señor presidente,
me gustaría entregar al resto de los grupos para que formen parte también ya del contenido del debate que vamos a iniciar, y que clarifiquen y faciliten el debate de esta ley de control de la actividad económico-financiera.
El señor PRESIDENTE: Señor Bermúdez, entiendo que esto se refiere al proyecto de ley que vamos a empezar a discutir ahora, el de la actividad económico-financiera.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Sí.
El señor PRESIDENTE: Por parte de la Presidencia y creo que de la Mesa no hay ningún inconveniente en que nos deje las propuestas, y que reparta a los demás grupos políticos el texto. Mientras se reparte el texto vamos a comenzar con el
debate del proyecto de ley orgánica del control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. (El señor Esteban Bravo).
El señor ESTEBAN BRAVO: ¿Podemos suspender la sesión cinco minutos, señor presidente?
El señor PRESIDENTE: Parece muy razonable la petición del portavoz del Grupo Vasco. Suspendemos durante cinco minutos, para que los distintos portavoces puedan considerar las propuestas que se les hacen en este momento. (Pausa).
Comenzamos el debate del proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Mixto. Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: No voy a defender una a una las ocho enmiendas que hemos presentado, pero sí quiero nuevamente poner en valor este proyecto e igualmente la disposición de la mayoría de los grupos participando en la tramitación
y presentando enmiendas. Esto es lo más relevante, ya que todo el mundo a través de sus enmiendas ha querido trasladar aquellas ideas que considera que lo mejoran y pueden combatir lo que se pretende con este proyecto de ley. Por eso quiero
ponerlo en valor. Incluso finalizado este trámite va a darse la circunstancia de que va a haber más enmiendas aceptadas que enmiendas pendientes. Espero que al final de esta tramitación haya un acuerdo importante. En todo caso quiero reiterar lo
que dije en mi primera intervención, los objetivos de las enmiendas que UPN ha presentado son un mayor control de la financiación de los partidos, un mayor control del gasto público, una mayor despolitización, y la eliminación de espacios de
corrupción. Esos han sido los objetivos de nuestras enmiendas. Para eso hemos solicitado la prohibición de las donaciones no solo de las personas jurídicas -que ya se recoge en este proyecto-, sino también de las personas físicas; la condonación
de préstamos a los partidos políticos por entidades bancarias, que también es verdad que se incorpora en este proyecto, y hemos pedido el impulso de la oficina presupuestaria de las Cortes Generales, que era un compromiso de 2010 que no acaba de
arrancar. Es verdad que presentamos la enmienda el 27 de noviembre, pedimos que se llevara a cabo un convenio entre esta casa y la Administración General del Estado, y ese convenio se firmó el 4 de diciembre. Bienvenido sea. En todo caso también
planteábamos otras fórmulas para erradicar la corrupción, que como diría el portavoz del Grupo Popular, no corresponden a este proyecto de ley, pero que nos parece interesante tener el debate que pretende la despolitización de la justicia, y en dos
enmiendas reiterábamos lo mismo que habíamos pedido en el caso de los altos cargos, que se abra un debate en torno a la posibilidad de que se incluya en el ordenamiento español, pero también a nivel de partido, un mecanismo, una oficina o un sistema
de denuncia de irregularidades, que nos parece que sería un avance en el control de la corrupción.
Solo quiero hacer una acotación sobre un comentario que ha hecho el señor Nuet, en la medida en que deslegitimaba las enmiendas o el interés que algunos tienen en la presentación de las enmiendas a este proyecto como si las enmiendas de
otros estuvieran formuladas de cara a la galería, sin que respondieran a un interés cierto de combatir este problema, y que las suyas sí que parecía que tuvieran un interés real de combatirlo. Creo que todos los que hemos presentado enmiendas
intentamos mejorar y complementar el proyecto con ellas.
El señor PRESIDENTE: Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Quiero hacer una pequeña aclaración sobre el proyecto anterior, porque no presenté enmiendas, y por eso apelo a la generosidad del presidente para ello. Este es un avance importante, efectivamente hay cosas
que no se incluyen en la ley, pero eso no nos da argumentos para no apoyar el estatuto del alto cargo en la Administración del Estado, pero tengamos en cuenta una filosofía: dedicarse hoy a la actividad pública tiene un castigo social y no podemos
dejar caminos sin salida. Yo oía el otro día un planteamiento de una determinada persona que todos tenemos en mente que decía que si dejaba el cargo, no podía ser fiscal porque entonces no sería neutral, no debería cobrar indemnizaciones, y además
debería estar cinco años sin incorporarse a ninguna actividad. Entonces a la política se dedicarán los ricos de las familias. Creo que hay que poner sensatez, sobre todo porque en la historia de este país los altos cargos de la Administración que
han estado en procesos de corrupción están contados con los dedos de la mano. Creo que hay que ser transparentes, que hay que hacer un proceso de regeneración. Y por eso respecto a la enmienda de Convergència i Unió quiero anunciar que nosotros
vamos a apoyar el estatuto del alto cargo, sin entrar en un paquete de medidas, como han dicho algunos portavoces, porque eso querría decir que estaríamos avalando que no se incluyan determinadas medidas que van a otro lado.
Entro ya en el tema actual, en donde tengo que dar la razón a varios portavoces. El Partido Popular no puede pretender que con la aprobación la próxima semana del Código Penal y de estas dos leyes se haya acabado y hayamos hecho todo por la
regeneración. Creo que hubo una buena voluntad en la reunión que se hizo con los grupos políticos, donde todos los grupos hicimos muchísimas aportaciones, y efectivamente hay cosas que tienen que pasar por una posible modificación de la
Constitución, otras por ciertas modificaciones de otras leyes, y otras por voluntades políticas y acuerdos políticos de los partidos, y creo que eso es lo que pide la ciudadanía, y que tendríamos que hacer un esfuerzo de consenso, y que lo que ha
faltado ha sido, después de aquella primera reunión con los partidos políticos, donde se hizo un listado muy interesante, llegar a un acuerdo de plazos y de por dónde va a ir cada una de las cosas. Efectivamente hay cosas que no van en este
proyecto de ley o en el segundo, pero vamos a hacerlo por acuerdo de los partidos políticos, por ejemplo, ponernos todos de acuerdo en cuándo se va a abandonar en el tema de imputados o de procesamientos la estimación de los aforamientos; estando
todos de acuerdo, pero teniendo la traba constitucional, hay materias como por ejemplo acuerdos políticos -como el planteado por un jurista importante de este país- en cuanto a la renuncia al aforamiento, que no es anticonstitucional, y que es una
decisión reversible por parte de la persona que renuncia al aforamiento. Pero, ¿por qué no renunciamos a los aforamientos y llegamos a un acuerdo político? Lo que quiero decir es que creo que ha faltado acuerdo en aquellas cosas en las que todos
coincidimos, aunque a lo mejor no encajan en este proyecto de ley y necesitan un plazo de unos meses, para así haber adquirido un compromiso público y exterior hacia la opinión pública de acuerdo en esas materias, que efectivamente se van a
modificar en otros aspectos.
Quiero agradecer al Grupo Popular que se hayan aceptado todas nuestras enmiendas que no eran de calado o de fondo, sino que eran de forma, y que no creamos que pasamos página, que todavía hay más lucha, y no solo contra la corrupción, sino
para volver a recuperar el valor del trabajo público, el valor que tienen los partidos políticos en este país, no solo en la historia, sino en el futuro, y que los ciudadanos vuelvan a creer en las instituciones y en las personas que las
representamos. Eso necesita un esfuerzo suplementario; en este momento tiene el Partido Popular la pelota en su tejado para seguir avanzando, que esto no es el final, y que a partir de ahora no va a haber corruptos, no, sino que hay una decisión
firme de todos los partidos de seguir avanzando. Creo que también debe avanzarse en un acuerdo de los partidos políticos para lo que es la traslación de muchos de estos asuntos a las comunidades autónomas, a sus parlamentos y a su legislación,
porque no se ha visualizado socialmente ese acuerdo de las cosas que no encajan aquí.
Hay otra materia que tengo que comentar, y hoy tenemos que aprovechar, porque los miembros del Grupo Mixto no podemos intervenir en el Código Penal y en muchas otras cosas, que es la experiencia del tema de imputados. Tenemos que crear la
figura, como existe en otros países, de que los testigos pueden ir con abogado, porque la figura de los imputados está siendo un tema garantista, pero tiene una descalificación política y social. Si nosotros planteamos que se puede llamar a
declarar a alguien y el testigo puede ir con su letrado estamos garantizando ese aspecto, y seguramente tendremos menos imputados y tendremos realmente acusados, imputados, y testigos en la realidad normal.
Termino diciendo que nosotros creemos que este es un paso, pero que no es suficiente, que hacen falta acuerdos políticos, acuerdos de Estado y seguir avanzando, y que hay determinadas excusas que se están dando de que esto va por una ley
orgánica, por reforma constitucional, pero hay argumentos para poderlo hacer por otra vía, como digo, como podría ser la renuncia del aforamiento. Ningún partido lo va a recurrir en el Tribunal Constitucional, y una renuncia a un derecho
constitucional, mientras sea reversible, no tendría inconveniente y así podríamos resolver el problema.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señorías, permítanme que como introducción saqué a colación un tema que está pendiente, que atendiendo a nuestro criterio de no ser éste el momento para plantearlo en cambio estamos interesados en que no se pierda la
memoria del tema pendiente, a la espera de que vengan otros tiempos, otras coyunturas que permitan plantearlo. Pero ahora que hablamos del control de la actividad económica y financiera de los partidos hay que recordarlo, porque habrá que abordarlo
en otra coyuntura. Estoy hablando del patrimonio de algunos partidos políticos, robado, incautado, expoliado después de la Guerra Civil, que todavía está pendiente. No es este el momento atendiendo a la crisis económica que sufrimos, al
sufrimiento en las finanzas públicas, pero les recuerdo que está pendiente. Cuando gobernaba el Partido Socialista ya se reparó con 151 millones -cierto es que con el voto en contra del Partido Popular- a la UGT, pero queda pendiente todo el
patrimonio robado a Esquerra Republicana, al Partido Nacionalista Vasco, a Unió Democràtica, y al Partido Comunista de España. Digo esto porque creo que con la misma honestidad y rotundidad que decimos que queda pendiente esto, y que no es el
momento, también les decimos que nosotros estamos muy alejados de este proyecto de ley en la medida en que siempre hemos defendido que deberían quedar prohibidas las donaciones directas o indirectas a los partidos políticos y fundaciones, así como a
cualquier empresa o entidad con ánimo de lucro relacionada con algún partido político, sea el nuestro o el de ustedes. De manera que ciertamente nuestra concepción es distinta, ni mejor ni peor, distinta, razón por la cual es evidente que nosotros
no podemos apoyar este proyecto de ley, aun cuando creo que sí coincidimos en el diagnóstico: la imagen de los partidos políticos es penosa, deberíamos mejorar; creo que los partidos políticos forman parte de las paredes maestras del
funcionamiento de una sociedad democrática, de ahí que resulte no solamente urgente, sino que además debería resolverse este déficit no con paños calientes, sino con soluciones más rotundas, luego no entiendo el rechazo a nuestras enmiendas e
incluso no entiendo que otros partidos políticos, dicho con todo respeto, no se acerquen a esta posición nuestra que entendemos que tiene mucho sentido, porque es evidente que aun cuando hemos avanzado -recuerdo debates en anteriores legislaturas en
las que incluso resultó casi titánico acabar con las donaciones anónimas-, también es cierto que hay que aceptar que el debate sobre las mismas donaciones no está resuelto, y creo que se quedan cortos en todo ello.
También planteamos la necesidad de crear una comisión de auditoría de cuentas y de control de gastos electorales ad hoc, que debería ser elegida ciertamente por las cámaras legislativas, y aun cuando el Tribunal de Cuentas también es elegido
por las cámaras, entendemos que debería existir un órgano ad hoc específico que tuviera más iniciativa de la que tiene el Tribunal de Cuentas, que muchas veces lo que hace es trabajar al rebufo de otras informaciones facilitadas por el mismo
Gobierno. De manera que tampoco se nos acepta esta concepción más activa de convertir este ente en un agente catalizador de este proceso de fiscalización para partidos y fundaciones. Finalmente, entendemos que debería irse un poco más allá en todo
lo que atañe a la transparencia y apertura de datos, puesto que nuestras enmiendas tienen mayor ambición. Quizá esto último pudiera parece secundario -ciertamente lo es- respecto al posicionamiento troncal de nuestro partido que, repito, es el de
que no se permitan donaciones ni a partidos políticos ni a fundaciones que provengan de entidades con ánimo de lucro. Es decir, ni Mercadona ni Corte Inglés ni lobbies empresariales, que nadie pueda hacer lo que durante estos últimos años han hecho
un buen número de empresas, que muchas de ellas han aparecido en muchos medios de
información. Incluso la información que ha salido en los últimos días relacionada con las inspecciones del Tribunal de Cuentas que afectan al año 2012 ilustra hasta qué punto se ha vivido -termino, señor presidente- en un agujero negro en
el que los partidos políticos se han sentido casi, casi como si estuvieran en el paraíso.
El señor PRESIDENTE: Señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Señor presidente, voy a comenzar mi intervención repitiendo lo mismo que en la intervención anterior para que quede claro, porque he visto que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el anterior punto no
lo ha entendido; seguramente no me he explicado con la suficiente claridad. Antes me refería a que esta ley -así como la anterior- están incluidas en ese marco de la regeneración democrática; decía que al final es un cartel muy bonito pero que,
desde nuestro punto de vista, hay muy poco detrás, y ese vacío nos preocupa. Decía precisamente que, dentro de ese marco general, para nosotros el primer principio de la regeneración democrática es precisamente reconocer el derecho de la ciudadanía
a decidir y, en concreto, el derecho de la ciudadanía a decidir en cada una de las naciones que forman parte ahora mismo del Estado español. Ese era el contexto, no que la ley del estatuto del alto cargo tuviese que ver con el derecho a decidir,
aunque también puede tenerlo en cuanto que reclamamos el derecho a decidir sobre esas leyes y tener nuestras propias leyes. Yo me refería al marco general, y esta ley también incluye esta cuestión. Indudablemente, hablamos de una ley de
financiación de los partidos políticos que se mete en otros ámbitos de los derechos fundamentales y hay elementos que nos preocupan.
Efectivamente, no hemos presentado enmiendas. Vuelvo a repetir lo anterior porque creo que antes no ha quedado claro. Para nosotros es muy importante el compromiso con nuestros electores que está fijado en nuestro programa electoral. En
el compromiso con el que nos presentamos a las elecciones decíamos muy claro que el objetivo de nuestra presencia en las Cortes Generales no era contribuir a perfeccionar las leyes participando en todos los procesos de presentación de enmiendas
parciales, sino que nuestra misión fundamental era avanzar en la normalización política, defender el derecho de Euskal Herria a decidir su propio futuro y a tener identidad propia en el contexto internacional y, al mismo tiempo, contribuir a la
normalización política, pacificación y reparación de todas las injusticias que se han cometido en el pasado. Esa era nuestra misión fundamental y en eso estamos trabajando. Ustedes hablan de participación pero, vista la experiencia de esta
legislatura, me permito hacerles una reflexión por si les sirve. En esta legislatura la mayoría absoluta del Grupo Popular ha pervertido el proceso legislativo. Que las ponencias de la mayoría de las leyes se substancien en cinco minutos (Rumores)
-no en esta, pero sí en la mayoría; estoy haciendo una reflexión general-, indudablemente evita el debate, la profundización, la posibilidad de llegar a acuerdos entre todas las fuerzas políticas y el perfeccionamiento de la legislación. Esa es mi
opinión, mi reflexión y se las muestro por si les sirven, y creo que es importante subrayarlo también cuando se habla de participación.
Entro ya en esta ley concreta. Pensamos que tiene avances importantes y significativos, pero nos parecen insuficientes y, por eso, no podemos dar nuestro voto favorable a esta ley. Voy a subrayar tres elementos puntuales que pueden ser
importantes y que justifican que no apoyemos la ley. En primer lugar, se habla, por ejemplo, del derecho a la participación política entre los derechos que se establecen para los afiliados, pero hay una limitación que va en contra de la realidad
social e incluso en contra de la realidad legislativa. Se dice que podrán formar parte de los partidos los mayores de edad -es decir, que tengan dieciocho años-, cuando ahora mismo en muchos procesos democráticos se está admitiendo la posibilidad
de que los mayores de dieciséis años participen y cuando desde el punto de vista penal los mayores de dieciséis años son responsables penales; sin embargo, se les impide la participación en un partido político como afiliados. Es un tema que se
podría haber substanciado y en el que se podría haber avanzado desde el punto de vista de la profundización democrática en este ámbito. Otro elemento que también nos preocupa es el que se refiere a los gastos electorales. Hay un mayor control,
pero es insuficiente, y este es un elemento fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, que es la base de la democracia. Eso en el pasado no ha ocurrido -recordemos el tema de la financiación ilegal- y en el presente hay una falta de
control total sobre el coste real de las campañas electorales. Es decir, hay un control sobre el coste declarado, pero tendría que haber un mayor control sobre el coste real. Desde mi experiencia como responsable de campañas electorales, yo he
sabido cuánto costaba la campaña electoral que controlaba -las vallas y otros elementos- y, cuando lo comparaba con las de otros partidos, veía que en muchos casos se superaba de sobra el límite legal. En nuestro caso nunca
podíamos llegar aunque quisiésemos al límite legal, pero veíamos que se superaba. Este es un elemento que habría que introducir en el control, es decir, una auditoría real de los costes reales de las campañas electorales, es decir, todos
los medios que se han utilizado y su coste real. Eso garantizaría la igualdad de oportunidades, que es básica para esa regeneración democrática de la que tanto se habla.
Otro elemento que también me preocupa es que en la modificación del apartado 3 del artículo 9 se introduce una serie de conceptos jurídicos indeterminados que pueden promover un recorte de libertades, sobre todo pensando lo que ha ocurrido
en el pasado; cuando se dice, por ejemplo, que los mensajes que pueden ser utilizados por los violentos pueden ser una causa de ilegalización. Visto lo que ha pasado en la historia reciente, tanto yo mismo como mi partido político y la coalición a
la que represento, que rechazamos con total rotundidad la utilización de la violencia pero que defendemos la independencia para nuestro país y una sociedad más justa sobre bases socialdemócratas o socialistas, según esto con una aplicación extensiva
por ser algo indeterminado, podríamos ser ilegalizados. También podría ser ilegalizado, por ejemplo, el Partido Socialista, porque quien defienda independencia y socialismo y use cualquiera de esos dos términos, con este artículo de la ley podría
ser ilegalizado. Es una reflexión que hay que poner encima de la mesa. Se habla de la defensa de las libertades, pero las libertades nunca se defienden recortando libertades. Hay que ser muy cuidadosos para no dejar resquicios y para que en
determinados momentos por intereses políticos o de otro tipo o por una conmoción social como la que se está produciendo estos días se puedan recortar libertades y atentar contra el derecho fundamental a la participación política. Creo que estos son
defectos que están en esta ley motivados por la coyuntura, la historia reciente o los miedos electorales en el actual contexto, pero no responden a una auténtica regeneración política y democrática, porque no refuerzan la democracia, sino que pueden
recortarla. Como decía antes, estas reflexiones llevan a nuestro grupo a no dar nuestro apoyo a esta ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Antes de nada quiero señalar, para que quede claro luego a efectos de votación, que tras la presentación de la transaccional que nos ha ofrecido el Grupo Popular, podemos dar por retiradas las enmiendas 159, 160,
161, 177 y 178. Siendo así, creo que quedan ocho enmiendas vivas por parte de mi grupo.
Paso a explicar la posición con respecto a este proyecto, que en realidad es un proyecto que abarca varias normas. La verdad es que tengo una sensación agridulce. Se ha trabajado mucho, se ha empleado mucho tiempo por parte de los grupos
parlamentarios que han presentado enmiendas y que han participado en la ponencia y creo que ha habido un esfuerzo sincero por parte de todos para acercar posiciones y, sobre todo, porque había la sensación de que en la sociedad existe una demanda de
mejorar en todo lo referente a estas materias, tanto en funcionamiento de partidos políticos, como en rendir cuentas no solo de ese funcionamiento sino de los gastos, que al final son cantidades que en muchos casos es dinero público que se entrega
para realizar una función de la que luego debería darse una explicación detallada. En este sentido, me parece que nos hemos centrado mucho y bien en los controles. Después de la aprobación de esta ley va a haber pocos entes corporativos, personas
jurídicas, banca o empresas de cualquier sector que vayan estar más controlados y que vayan a tener unas sanciones tan ejemplares como las que se apuntan en el texto de la ponencia. Yo creo que los controles, que en algunos casos eran necesarios,
se han trabajado y se han trabajado bien, pero ¿por qué decía que me queda un sabor agridulce? Porque creo que en lo que no hemos entrado a fondo todavía -y me temo que con el paso del tiempo habrá que volver sobre ello- es en hacer una reflexión
serena, tranquila. Quizás tampoco era el momento por la situación política alrededor de estos temas en los que nos encontramos. Sin embargo, creo que no se ha hecho una reflexión, que tendrá que ser necesaria en el futuro, sobre si la financiación
de los partidos políticos es suficiente de la manera en que está planteada en estas leyes. Tarde o temprano habrá que hacerlo porque ese es el gran problema. No se trata solo de poner controles, sino de que los partidos políticos puedan hacer su
labor -la labor para la que tienen también un mandato constitucional- con las debidas condiciones, y eso exige financiación. Como se sabe, en esta ponencia lo que se ha hecho es recortar algunos de los grifos que todavía existían, algunas de las
fuentes de financiación, en concreto las privadas, que todavía existían, limitándolas y yo diría que prácticamente casi haciéndolas inexistentes en la práctica.
Para empezar quiero destacar -luego volveré sobre este asunto- aspectos positivos. Esa obligación para los partidos políticos, que se ha subrayado ahora, de estar al día con la Seguridad Social y con Hacienda en la obligación de presentar
cuentas, porque esta ley no solo afecta solo a los partidos políticos
más conocidos que forman parte de las instituciones, sino que hay miríada de partidos políticos que existen al menos en apariencia y que convendría también que aclararan cuáles son, si es que tienen sus fuentes de financiación, y si
verdaderamente tienen un funcionamiento real. Hemos separado de nuevo, remarcando aún más las cuentas de las donaciones y hemos cerrado la posibilidad de que fueran anónimas esta vez de manera más rotunda que tal y como estaba el texto anterior.
Hay incluso un esfuerzo en el recorte de las subvenciones electorales, porque en la práctica se viene a recortar un 20% el mailing electoral a los partidos políticos, y creo que eso también es algo que debe subrayarse. Se ha atendido también a que
los partidos políticos deban cumplir unos mínimos democráticos, aunque a mi partido político la verdad no le va a suponer ninguna modificación en cuanto al cambio de estatutos porque ya estaba todo recogido, que pueden ser importantes a la hora de
democratizar esa vida interna de los partidos y de ampliar la participación. Creo que es importante también el que hayamos llegado a un punto de encuentro para clarificar un asunto espinoso y que tiene muchas aristas, como es la cuestión de los
responsables políticos, miembros de partidos políticos y cargos públicos que son llevados ante tribunales y que hayamos fijado dos puntos que tienen que ser de obligado cumplimiento en los estatutos: en primer lugar, la apertura de juicio oral, que
supondría directamente la suspensión de la militancia de esa persona y, en segundo lugar, la expulsión si es que ha sido condenado por un delito de corrupción. Yo creo que era bueno aclararlo porque estos casos, desgraciadamente -esperemos que cada
vez en menor medida-, se van a seguir dando y poner un punto en común en el ordenamiento jurídico que pudiera aclarar si un partido político o si una formación política están actuando correctamente o no. Era difícil buscar ese punto, habrá casos y
casos, pero había que hacerlo de alguna manera y creo que en ese sentido se ha intentado buscar un equilibrio.
Tengo que agradecer el esfuerzo que se ha hecho para pactar determinadas cuestiones, porque de las casi cuarenta enmiendas presentadas por mi grupo al final han quedado solo ocho, como el tema de las haciendas forales, o, por ejemplo, un
asunto que hasta ahora estaba enmarcado en cuanto a la gestión de patrimonio y que no debería haber tenido ninguna duda, pero sobre el que el Tribunal de Cuentas afloraba de vez en cuando una especie de duda en algunos de sus informes, que es una
práctica habitual en el País Vasco, el poder tener unos batzokis con unos servicios abiertos al público. Es una práctica habitual que se da en el País Vasco, no solo en mi formación política sino también en otras, pero que no se da en otros lugares
y que no se puede confundir con una práctica mercantil. Esta ley lo deja claro, así lo hemos querido hacer y de esta manera se acaba ya con esa polémica.
Volviendo a lo que he comentado antes, se limitan las donaciones privadas -las anónimas ya no existían-, de las personas jurídicas se prohíben totalmente, de las personas físicas un máximo de 50.000 euros; a partir de 25.000 euros se está
obligando a poner el nombre del donante, no ya en la memoria o en los informes que se entreguen al Tribunal de Cuentas, sino en la web del partido político. Mi grupo mantiene una enmienda que defiende que una cosa es que el Tribunal de Cuentas
tenga que conocerlo, pero otra distinta es que tenga que ser expuesto en la web, porque si ya nos vamos a encontrar con que hay bastante gente reticente a tener que poner su nombre y apellidos ahí, desde luego si va a estar en la página web todavía
va a ser mucho más complicado. De manera que de facto lo que se hace es cerrar la fuente de financiación privada. Por otra parte, no se aborda una mayor ampliación o una revisión -de ahí la reflexión que queda pendiente- de si la financiación
pública, que ha sido recortada en esta legislatura de manera brutal un 40%, se ajustaría a lo que fuera necesario o no para el funcionamiento de los partidos políticos. Eso sin olvidar algo que ha sacado el señor Tardà antes y que mi grupo comparte
absolutamente, que es la devolución de patrimonio histórico. Hemos hablado de compromisos, de hablar a futuro, pero desde luego yo voy a votar entusiásticamente la enmienda número 106 del Grupo de Convergència i Unió, que lo que plantea
precisamente es eso: abordar la devolución de patrimonio incautado a los partidos políticos que en la Guerra Civil y en los años posteriores sufrieron ese expolio.
Por otra parte, tenemos la cuestión del tope del gasto electoral, cosa muy razonable, pero -quiero decirlo para que conste en este 'Diario de Sesiones'- no funciona de la misma manera o no tiene un efecto igual para aquellas formaciones que
se presentan en parte del territorio del Estado que para aquellas que lo hacen en su totalidad. ¿Por qué? Porque el costo de la estructura central de una campaña electoral, la preparación de los spots, del lema, lo que es el tronco de la campaña,
lo mismo vale para hacerla en cuatro territorios, en cuatro provincias, que en todo el Estado y, sin embargo, al presentarte en un lugar más limitado, el tope de gasto de tu campaña va a ser mucho más reducido. El problema es que luego va a haber
una serie de infracciones, que hemos calificado en leves, graves y muy graves, por rebasar ese tope de gasto, y el rebasamiento leve es entre un 1% y un 3%, margen que para los grandes
partidos quizá sea relativamente fácil de evitar o de no rebasar, pero para los partidos políticos que no se presentan en todo el territorio desde luego supone una dificultad. Tenemos que tener en cuenta que -y me parece bien- a estas
infracciones -leves, graves y muy graves- que se han señalado les corresponden unas sanciones muy duras, verdaderamente rotundas, y yo tengo que dejar señalado en el 'Diario de Sesiones' que algo tenemos que hacer en la Loreg respecto a la fijación
del tope de gasto precisamente por esta situación de desigualdad que se podría producir, con consecuencia de infracción, entre unas formaciones políticas y otras. Es verdad -tengo que reconocerlo- que se ha buscado una fórmula de estabilidad, de
actualización o de certeza en cuanto a la financiación para los gastos ordinarios de los partidos políticos, de manera que no quede al albur de lo que decida el ministro de Hacienda de turno, el Gobierno de turno, el dar un recorte brutal o subirlo
escandalosamente. Lo que ocurre es que quizá vamos a partir de un recorte excesivo, pero tengo que reconocer el esfuerzo que se ha hecho en buscar una fórmula de estabilidad.
Espero que el Tribunal Constitucional, con su sentido común habitual, entienda bien algunos artículos tal y como se han redactado en este texto, porque es evidente que el Tribunal de Cuentas tiene que entrar en la actividad contable, pero el
problema surge cuando hablamos de adecuación a principios de gestión financiera. Con un cierto sentido común todos nos podríamos poner de acuerdo en aquello de lo que estamos hablando, pero el problema es que esos principios de gestión financiera
tienen unos límites muy nebulosos, y a veces las instituciones -no quiero señalar solo al Tribunal de Cuentas-, los diversos organismos tienden a ser expansivos en sus funciones y en el control que desean realizar. Espero que esta mención a los
principios de gestión financiera se entienda de una manera razonable y no entrar en materias de cómo tienen que gestionar su patrimonio los partidos políticos -que les corresponderá en todo caso a ellos, siempre que todas las cuentas estén claras,
sean transparentes y la contabilidad sea impecable-, porque entrar en si se debería gestionar de una manera o de otra, desde luego no es un asunto que le corresponda al Tribunal de Cuentas. Por eso, también hay una enmienda que seguimos manteniendo
viva en cuanto a la designación del tribunal. Muchos grupos políticos coincidimos en que hay un problema en la designación de los miembros de diversos órganos, también de algunos órganos constitucionales. Al final vemos que se repiten una y otra
vez votaciones en otros órganos -como se suele decir, hasta en la prensa- de la mayoría conservadora y la minoría progresista o, al revés, cuando ha habido un Gobierno del Partido Socialista. Lo vemos en el consejo general o en el Tribunal
Constitucional. Para eliminar estas dudas, una propuesta, pero evidentemente abierta a otras ideas imaginativas, es la que nosotros hacíamos, y es que al menos cada grupo parlamentario en el Congreso pudiera proponer a un miembro en el Tribunal de
Cuentas que cumpla todas las garantías de independencia, de profesionalidad, de conocimiento sobre estas materias. ¡Qué quieren que les diga! De esa manera la mayoría, la minoría, todos nos quedaríamos tranquilos porque todos hemos designado y
todos nos vamos a estar mirando con el rabillo del ojo para que nadie se pase. De todas maneras, no tengo ninguna duda de que el Tribunal de Cuentas lo va a hacer bien, pero son ideas imaginativas que me gustaría que en un futuro tuvieran, si no en
estos términos sí en otros, su plasmación legislativa.
Hay algunas cosas que quizá en el futuro tengamos que retocar, aunque en estos momentos no hayamos querido entrar en ellas, pero así como se habla de la posibilidad de financiación de partidos políticos por parte de personas físicas
extranjeras, o se habla de que, como estamos en la Unión Europea -y, si no, estaríamos cometiendo una infracción-, extranjeros pudieran formar partidos políticos, etcétera, debemos empezar a contemplar aquellos supuestos en los que existen partidos
que funcionan en más de un Estado, como es el caso de mi partido político, que funciona también en el Estado francés. Por lo tanto, deberíamos ir contemplando esas realidades desde una perspectiva europea en la Ley de Partidos.
Hemos estado hablando también de que hay realidades en algunos partidos políticos que vienen de décadas atrás y que pueden contribuir a la participación de las nuevas generaciones en la política; por ejemplo, la de tener que poner la
mayoría de edad de los dieciocho años en los estatutos de un partido para poder afiliarse. En la tradición de mi partido eso es ajeno; de hecho, yo me afilié con dieciséis años, y no era una excepción, y además consta esa edad de afiliación en los
estatutos. También se sabe que todos los partidos tienen organizaciones juveniles, etcétera. Hablando con el resto de partidos -también con el Partido Popular-, creo que vamos a encontrar la fórmula adecuada en el Senado para que esto sea así,
porque esta posibilidad de que, incluso antes de la mayoría de edad legal para ser sujeto activo y pasivo en las elecciones, alguien que tiene cierta vocación e interés en la política pueda participar ya, es algo positivo, no malo. Creo que vamos a
poder solucionarlo perfectamente en el Senado.
También quería mencionar que hay una congruencia con el famoso artículo 31 bis nuevo del Código Penal que yo sigo sin entender, el del delito por parte de persona jurídica. Se habla de poner los medios para que no se puedan producir
delitos. No sé exactamente qué rayos se quiere decir con eso en la ley, pero intentaremos ser imaginativos e inventarnos algo. De todas maneras, el que quiere hacer algo lo hace por muchos medios que pongas, por muchos tribunales, por muchos
filtros o auditorías que pongas y, por tanto, me parece que es un artículo absolutamente innecesario. Pero -es verdad- también parto de que al artículo 31 bis del delito de persona jurídica no le veo mucho sentido.
Por lo tanto, ha habido avances muy importantes. Hay que decir a la sociedad que se ha hecho un esfuerzo importante por los partidos, que además ha habido buena voluntad por parte de todos, que ha habido sinceridad y ganas de llegar a
acuerdos. Dicho esto, creo que queda una parte que sé que es más difícil de vender a la sociedad, porque vender la parte de control es sencillo: miren ustedes, nos vamos a dar cinco latigazos más y esto va a ser cada dos semanas. Esa es la parte
fácil. La parte de decir: los partidos políticos necesitan también recursos, estos recursos tienen que ser transparentes, tienen que ser fiscalizables, pero también tienen que ser necesarios, es la parte difícil de explicar a la sociedad, pero
tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a ello, nos veremos obligados a hacerlo. Hemos de testar si la situación actual permite tener suficientes ingresos. Ojalá sea así, pero mucho me temo que dentro de no mucho tiempo tengamos que hacer un
planteamiento. Por tanto, quiero fijar la posición de mi grupo político diciendo que vamos a votar sí al texto, sabiendo también que podemos mejorar algunas cosas en el Senado, que hay promesas a futuro que espero que podamos ver más adelante, como
la cuestión del patrimonio histórico al que me he referido antes; sabiendo también que hay cosas que nosotros hubiéramos redactado de otra manera, que hay temas a los que no se ha enfrentado esta ley, pero creyendo que en conjunto es un avance
positivo, que merece la pena y que, además, es algo que estaba pidiendo la sociedad y que, por tanto, no debemos escurrir el bulto. Por eso, votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Yo también quiero comenzar agradeciendo a la ponencia la demostrada voluntad que ha tenido de integrar enmiendas de otros grupos y de alcanzar consensos en algo que sin duda nos interesa a todos, porque todos
los que estamos aquí somos partidos políticos y eso explica también la facilitad de acordar algunas cosas. Pero también quiero decir que mi grupo se va a abstener porque consideramos que esta revisión de la Ley de Financiación de Partidos -que
también fue revisada hace un par de años- nos parece insuficiente y además avanza hacia un modelo de financiación -y ahora lo explicaré- que no compartimos del todo. Aunque ha habido avances en el sentido del control de la financiación y, sobre
todo, de la publicidad de la contabilidad, etcétera, nos sigue pareciendo que hay deficiencias que conviene abordar, que no son menores y sobre todo, como digo, un modelo de financiación y de consideración de qué son las finanzas de los partidos que
no acabamos de compartir. Sobre todo, porque esta ley o el tratamiento de este problema sí que tiene una enorme relevancia política pública en la actualidad. Cuando hablo de política pública -que parece una redundancia y lo es- me refiero al
interés social demostrado por lo que pasa en los partidos políticos. Esta es una cuestión de gran importancia en España, sobre todo porque, como todos sabemos, en el comienzo de la Transición prácticamente hubo que improvisar y crear un sistema de
partidos políticos de la nada porque había muy pocos partidos políticos que merecieran tal nombre, es decir, con una organización y una implantación social mínimamente sólida y con una representatividad social. Eso explica algunas de las cosas que
se hicieron al comienzo de la Transición para crear un sistema de partidos que tenía unas peculiaridades que nosotros ya consideramos -y creo que la gran mayoría de la opinión pública también lo expresa así- que hay que superar. Hay que dar paso a
un sistema de partidos diferente, pero basado en partidos políticos para una democracia representativa. A ese respecto, quería citar algo para fundamentar lo que digo y no parecer que hablo de impresiones subjetivas. En la última encuesta del CIS
de octubre de 2014, nada menos que el 23,3% de los encuestados situaban a los partidos políticos como uno de los cuatro principales problemas que tenía España, lo cual es sumamente grave si tenemos en cuenta que otros eran el paro, la corrupción, en
fin, problemas mucho más obvios. Eso, a la vez, en un país en donde, en esa misma encuesta del CIS, el 90% de los encuestados decía que nunca ha pertenecido a un partido político, lo cual no significa que el 10% restante sí. Lo que quiere decir es
que el 95% de la población de España en la actualidad ni está afiliada ni es simpatizante ni tiene ningún tipo de vínculo con los partidos. ¿Por qué? Hay muchas explicaciones, una es la conocida baja tradición asociativa y la debilidad asociativa
en España, que es
también una de nuestras herencias históricas negativas de la dictadura y de muchos años de ausencia de la política o de la conversión de la política en pura oligarquía. Pero también hay otra razón que creo que nadie negará y a esa razón
obedece esta reforma: una tremenda desconfianza hacia los partidos políticos que, a su vez, curiosamente, es compatible con el hecho de que en los últimos ocho o nueve años estén apareciendo nuevos partidos políticos que en algunos casos han tenido
éxito; modestamente, el mío es uno de ellos. Es decir, los partidos políticos nuevos en España responden a un déficit de pluralismo político en el sentido de que los partidos tradicionales no acababan de representar todo el espectro político que
existe en la sociedad. Además, esto va a ir a más y creo que es algo que es importante entender a la hora de abordar reformas del funcionamiento de los partidos políticos, incluida, por supuesto, su financiación.
Antes el señor Esteban ha lamentado que la financiación de los partidos sea insuficiente. Sin duda todos los partidos querríamos tener más medios; sin duda los que estamos en un partido político sabemos algo que la inmensa mayoría de la
gente no tiene ni idea -sencillamente por esa falta de relación con la actividad política-, que la democracia no es barata, los partidos políticos no son baratos. Pero, exactamente igual que ocurre con la educación, invertir en educación no es
gasto e invertir en partidos políticos, si se hace bien, tampoco es gasto, es inversión en democracia. Dicho esto, también es lógico que los partidos políticos nos hagamos corresponsables de una crisis económica con la que tenemos -sobre todo los
que gobiernan- mucho que ver y es lógico, por lo tanto, que haya recortes de la financiación pública, que haya restricciones y que haya más exigencias. Lo que pasa es que, más allá de la coyuntura que exige y aconseja por pura sensibilidad social
estos recortes y este tipo de cosas, hay cuestiones que siguen estando en el fondo del desprestigio de los partidos políticos. Uno de ellos es que mucha gente en España los ve de manera justa o injusta, exagerada o acertada, como una especie de
oligarquía dentro del sistema. Es decir, como un mundo cerrado en donde es muy difícil participar, donde además no hay más que barreras de acceso que impiden a los ciudadanos tener una relación normal con sus representantes o elegir los
representantes que quieren. Todo esto, en lo que no voy a extenderme porque creo que todos lo conocemos, es sencillamente un problema de desafecto y mala reputación; y ese desafecto y mala reputación que tienen los partidos políticos, a pesar de
que no paran de aparecer nuevos -algunos con éxito, otros con menos; todo está muy abierto-, tiene que ver, como decía antes, con algunas peculiaridades y defectos del modelo del sistema de partidos que se pactó en la Transición.
A eso queríamos llegar nosotros como partido, es decir, pensamos que ahora teníamos una muy buena oportunidad, gracias a la proposición de reformar otra vez la Ley de Financiación de Partidos, de solucionar alguna de estas cosas. Nosotros
creemos -al menos lo creo yo- que aquí se nos ofrecía una bifurcación; por una parte estaba la tentación de blindarse, de cerrarse todavía más para asegurar justamente ese sistema de partidos creado durante la Transición, que es conocido
técnicamente como bipartidismo imperfecto y que es muy rechazado hoy en día, como manifiestan las encuestas de intención de voto prácticamente cada semana, porque todas las semanas hay alguna. Es decir, una de las cosas curiosas de las encuestas
que se están publicando es que, podrán acertar o no -de hecho las encuestas también están en crisis y sus aciertos son más que cuestionables, basta con recordar qué pronósticos hicieron en las elecciones europeas y cuál fue el resultado-, pero todas
coinciden en una cosa que está clara: hay una apertura al pluralismo del voto que va a tener consecuencias en el sistema de partidos. Por lo tanto, habría que prepararse y abrirse a ese nuevo sistema de partidos que no va a ser bipartidista, sino
mucho más competitivo, va a haber un voto más fraccionado, y en vez de verlo como un defecto de la democracia yo creo que habría que verlo como lo que es, un valor propio de la democracia, que el pluralismo político de la sociedad esté bien
representado.
Nosotros pensamos que esta reforma de la ley no va exactamente en esa dirección y nos hemos quedado a medio camino y eso es lo que fundamenta nuestra abstención. Sabemos que hay progresos, nos gustan algunas de las cosas que se han incluido
en la reforma, pero hay otras que nos gustaría más que estuvieran y no están. De manera que, entre la tentación de blindarse y el dar un paso en la buena dirección, que en este caso consistiría en la autorreforma desde dentro, es decir, recuperando
lo mejor que tuvo la Transición que fue eso, esa voluntad y esa capacidad de autorreformarse, incluso en el caso de las Cortes franquistas, un poco engañadas, pero que también colaboraron en el suicidio político de aquella institución lamentable,
pues ahora, sin suicidarnos en absoluto, sí podríamos avanzar hacia una reforma del sistema de partidos vía también lo que permite la financiación. ¿Por qué nos hemos quedado a medias? Antes han hablado también de esto el señor Tardà en una
dirección y el señor Esteban en otra - totalmente antitéticas- y nosotros no estamos demasiado de acuerdo con ninguna de las dos. En lo
que se refiere al modelo de financiación de partidos, es cierto que esta reforma de la financiación prácticamente dificulta -no diré que la elimina, pero lo hace muy difícil- la financiación privada de los partidos. Es decir, vamos hacia un
modelo de partidos -se discutió también en la ponencia- muy dependiente del Estado, muy dependiente de los fondos públicos, y nosotros no estamos de acuerdo, y además, porque existe también una demanda social, que compartimos, de que los partidos
tendrían que ser lo contrario, tendrían que avanzar hacia una mayor autofinanciación. Los partidos tendrían que ser más independientes de los fondos públicos y más independientes de lo que en el fondo es una protección del Estado que ellos mismos
administran y gobiernan. Y aquí es donde aparece un conflicto de intereses bastante evidente. Estamos muy lejos -desde luego yo en esto soy realista- de poder hacer como en Alemania una ley de financiación como reclaman los partidos de que la
financiación sea a medias, que el 50% lo aporte el propio partido y el resto, hasta el 100%, lo aporten los presupuestos públicos. Pero sí creemos que habría que reforzar, por lo menos, las posibilidades de autofinanciación. Lamentamos que por
ejemplo no se haya podido ni siquiera discutir -no estaba en la ponencia y nosotros no lo hemos planteando porque, sencillamente, todo estaba tan lejos, tan remoto- la posibilidad de crear ayudas fiscales para la gente que realmente ayude a los
partidos políticos con sus cuotas, con donativos, etcétera. Lo que se ha hecho ha sido restringir al máximo todo esto -se ha mencionado también-, con una publicidad que es disuasoria de las personas que hacen donativos a los partidos. No
compartimos que las personas jurídicas no puedan hacer aportaciones a los partidos políticos. Lo que pedimos es que sean transparentes. Ahí está la clave, es decir, si hay más transparencia, no hay ninguna razón para restringir la financiación
privada, porque en realidad cada partido sabrá de quién recibe financiación, por qué la recibe y a cambio de qué y tendrá que dar cuenta de cuáles son sus relaciones con determinadas fundaciones, colectivos sociales, empresas o lo que sea, pero el
negarlo, en un país que precisamente ha tenido numerosos escándalos muy recientes de financiación mediante caja B y casos de financiación ilegal vinculados a la corrupción, es un ejercicio en nuestra opinión de pizarra en blanco y de pasar el
borrador muy poco afortunado, muy poco realista, que no va a tener efecto. Esto no va a prestigiar a los partidos, al revés, consideramos que el desprestigio va a aumentar, porque lo que la sociedad va a percibir es que los partidos todavía van a
depender más de los impuestos que pagan los ciudadanos, ciudadanos que están muy alejados de los partidos. Por lo tanto, nos parece que aquí hay un problema que se ha resuelto mal.
Añadiré otro más. El modelo de financiación pública de los partidos hace que sea muy difícil para un partido nuevo entrar en el juego político, limita la competencia y, por lo tanto, la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque solo
aquellos partidos que ya estén en las instituciones van a poder recibir ayudas públicas y los que no estén no, pero tampoco se van a poder financiar privadamente, con lo cual lo que hacemos es poner barreras de acceso a la aparición de nuevos
partidos. No me extraña -creo que todos lo sabemos y no voy a decir a qué responde esta inquietud-, pero me parece una mala idea. La igualdad de oportunidades en la democracia no es negociable, y menos en una concepción liberal de la misma. Tiene
que haber igualdad de oportunidades, y si se cierra la vía de la financiación privada, entonces la financiación pública tendría que ser más abierta de lo que es, y no lo es, no queda abierta, queda reservada para aquellos que ya están.
Tampoco estamos de acuerdo en que no se haya avanzado más en la responsabilidad civil o penal de los partidos cuando existen delitos como la financiación ilegal. Contra lo que algunos mantienen con una ingenuidad que me sorprende, en España
sabemos que hay partidos políticos que se han creado para delinquir económicamente, sobre todo en el ámbito local, donde ha sido mucho más fácil. Hay algún partido político en España que podría hacer reuniones y congresos casi en la cárcel. No voy
a decir nombre porque creo que todos sabemos a quiénes me refiero, no están aquí, por otra parte, que nadie sospeche nada oscuro en este sentido. Pensamos que hay que progresar, hay que reconocerlo. Hay gente que puede crear un partido político
para poder saquear una institución, y eso es un delito colectivo y ahí existe un sujeto, que es el partido político. Creemos que no se ha avanzado lo suficiente en este sentido.
En cuanto a la financiación del partido como un todo, la objeción que se pone es que es muy complicado que un partido grande, un partido nacional pueda controlar todos sus niveles de organización y presentar una contabilidad consolidada. No
estamos de acuerdo, nosotros lo hacemos, es verdad que nos cuesta mucho, pero, aunque cueste mucho, si el objetivo es virtuoso, hay que hacerlo y no es suficiente cuando el propio Tribunal de Cuentas ha advertido en sus informes que en algunos
partidos hasta el 70% de la financiación, nada menos, viene de ayudas que no son del Estado central sino de administraciones
municipales y autonómicas. Esto no puede quedar fuera de la fiscalización y de la auditoría de la contabilidad de un partido en su conjunto. Relacionado con esto pensamos que no se ha avanzado nada en lo que debía ser un control y
limitación legal de las subvenciones locales. Estamos dando la imagen de que aquí el único que subvenciona a los partidos políticos es el Estado central a través de los Presupuestos Generales del Estado. No es así y además aparece de nuevo otra
práctica que rompe la igualdad de oportunidades. No es lo mismo recibir mucha más financiación si se controlan muchos ayuntamientos que no recibirla si se está en la oposición en esos ayuntamientos o todavía no se ha entrado. Volvemos a lo mismo.
En nuestra opinión -y nos vamos a abstener por ese motivo-, hay progresos, hay avances, queremos dar la enhorabuena a todos los partidos por haber conseguido esa mejora, pero nos parece que está lejos de lo que debería haber sido, de lo que
la exigencia social reclama y de lo que es en nuestra opinión el modelo de partido que necesita una democracia en el siglo XXI. No puede seguir siendo un partido que viva del Estado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Es la segunda vez en esta legislatura que vemos la modificación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. En la anterior ocasión fue la primera ley además que entró en la Cámara fruto de la iniciativa del
Gobierno para reducir la financiación de los partidos políticos. En aquella reforma, que fue votada favorablemente creo que prácticamente por todos los grupos Cámara, mi grupo parlamentario se abstuvo no porque estuviese en contra de la ley -además
se aprovechó para hacer una serie de modificaciones e incrementar el control de la financiación de los partidos políticos-, sino porque nos pareció insuficiente ese incremento de control en aquel momento. Parece que al final el tiempo ha acabado
dándonos la razón en parte de que aquella reforma que se realizó al principio de la legislatura era insuficiente y ahora nos encontramos ante esta segunda reforma, que viene también a iniciativa del Gobierno, fruto de un pacto contra la corrupción y
por la regeneración democrática, pacto cuyas medidas eran la modificación de la Ley de Financiación de Partidos y de la Ley de Partidos, la aprobación de la ley de altos cargos que acabamos de ver, y la reforma del Código Penal que se verá mañana
mismo en la Comisión de Justicia y la próxima semana en el Pleno.
La valoración política del pacto es que no sale bien parado. Si tenía esas tres patas, sale cojo en alguna de ellas, en unas menos que en otras, en la ley anterior concretamente. Con motivo de este texto legal se realizaron una serie de
comparecencias hace unos cuantos meses. Los grupos parlamentarios propusimos que viniesen determinadas personas especializadas en financiación de partidos y autoridades del Estado. Fueron unas comparecencias muy interesantes. Alguna supuso un
varapalo importante por parte de la sociedad civil al funcionamiento de los partidos políticos, pero a mi grupo parlamentario -que fuimos los responsables de invitar a esas personas a comparecer en el Congreso- le pareció muy importante que la voz
de la calle o determinadas voces de la calle entrasen en esta casa y supusiesen un aldabonazo para el funcionamiento de los partidos políticos y de la democracia en general.
Ahora nos encontramos ante la elaboración final del texto que viene a la Comisión, después del buen trabajo realizado en la ponencia. Mi grupo parlamentario valora positivamente el trabajo efectuado en la misma en el sentido de que se ha
mejorado el texto de la ley y se han mejorado los controles sobre todo. Destacamos para el conjunto de la ciudadanía que sepan que los partidos políticos hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en endurecer y establecer un régimen de sanciones
muy claro a quien no presente las contabilidades y a quien no lleve un registro muy ético y muy claro de sus ingresos y de sus gastos. En eso sí hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y eso se mejora sustancialmente en este texto gracias a un
trabajo de Comisión en el que se han aceptado una serie de enmiendas.
Lamentablemente ha habido otras cuestiones en las cuales no se ha entrado. Concretamente, mi grupo parlamentario ha propuesto treinta y ocho enmiendas, de las cuales entendemos subsumidas en el trabajo de Comisión seis, siete con la que hoy
nos propone el Grupo Parlamentario Popular -y ya anunciamos que aceptamos esa enmienda, si no me equivoco, a la número 68-; serían siete enmiendas de treinta y ocho, es decir, mantenemos treinta y una enmiendas vivas. Eso ya indica cuál va a ser
nuestra posición al final en la votación de conjunto de esta ley relativa a la reforma de la financiación de los partidos políticos y que en un principio planteaba desde la iniciativa del Gobierno la modificación solamente de tres leyes -Ley de
Financiación de Partidos, Ley de Partidos y Ley de Tribunal de Cuentas- y finalmente acabamos modificando siete leyes porque incorporamos además la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la
Ley Orgánica de la Iniciativa
Legislativa Popular, además de la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Loreg, que se toca -ya lo han dicho otros portavoces- para volver a recortar las subvenciones a los partidos políticos, que es lo que se hace por segunda
vez en esta legislatura: recortar las subvenciones a los partidos políticos. Se recortó con la primera modificación, primera ley de esta legislatura, y se recorta en esta nueva ocasión la financiación de los partidos políticos en lo relativo al
mailing. No es algo a lo que mi grupo parlamentario se oponga. Mi grupo parlamentario defiende un modelo de financiación de los partidos políticos eminentemente público, que tenga poca y muy controlada participación privada sencillamente por un
motivo, porque la experiencia histórica ha dado lugar -y así ha ocurrido no solo en nuestro país sino en otros países- a que, cuando la financiación privada es amplia o descontrolada, quien más dinero tiene más poder acaba acumulando frente a los
partidos políticos, comprando o adobando las voluntades de esos partidos políticos. Por eso defendemos una financiación pública y transparente. En este sentido nos alegramos de que esta reforma de la ley además establezca mayores limitaciones a
las donaciones privadas, pero lamentamos que la financiación pública solo se toque, solo se contemple para su recorte. No obstante, también esta ley recoge una cláusula de revisión de la financiación habitual del Ministerio del Interior que
incorpora que no va a volver a pasar, mientras no se modifique la ley, lo que pasó después de la tramitación de la anterior, y es que se produjo un recorte del 20% por parte del Gobierno y al año siguiente se volvió a producir otro recorte del 20%
sobre el recorte anterior. Parece ser que esta vez por lo menos los grupos parlamentarios hemos puesto que no se nos va a recortar más, porque si se nos recorta más a los partidos políticos, llegará un momento en el que no seremos capaces de
desarrollar nuestra actividad constitucional y nuestra actividad habitual.
Mi grupo parlamentario ha presentado enmiendas típicas y muchas veces defendidas pero que quiero destacar porque son conceptos muy importantes y fundamentales para nosotros, por ejemplo, que las subvenciones que se dan se repartan por el
número de votos y no se produzca un beneficio para las mayorías cualificadas dándolas además por el número de escaños. Para nosotros una cuestión fundamental que falta en esta ley -ya lo reivindicamos en la reforma anterior- es el control de la
financiación de las donaciones, concretamente a las fundaciones de los partidos políticos. Se endurece el control, se pone un mayor control de la financiación de las fundaciones, pero, al mismo tiempo, se mantienen abiertas determinadas vías que mi
grupo parlamentario entiende que se deberían cerrar, y las vías de financiación de las fundaciones de los partidos se deberían equiparar exactamente a las vías de financiación que tienen los propios partidos políticos.
Entre las enmiendas que hemos presentado y que no se han aceptado están las relativas a la prohibición de donación de bienes inmuebles, prohibición de donaciones de 100.000 euros acumuladas en más de tres años; cuestiones relativas a la
regulación del control interno; incremento del plazo de prescripción, que sí se incrementa en este proyecto, pero mi grupo parlamentario planteaba un plazo más largo todavía de prescripción de las infracciones. Planteábamos en enmiendas que nos
han sido aceptadas cuestiones relativas a la publicación y la protección de derechos de los afiliados a los partidos políticos. Otra cuestión que nos parecía muy importante en esta reforma de la Ley de Partidos Políticos era proteger los derechos
de los afiliados y favorecer y dar alas a las medidas de democracia interna en el seno de los partidos políticos, puesto que ha sido una de las principales asignaturas pendientes de las que se nos ha acusado por parte de la ciudadanía a los partidos
políticos. Este texto legal debía proteger esos derechos. Incrementa la protección, porque se incrementa ese concepto en el texto que sale de ponencia, pero mi grupo parlamentario planteaba una serie de medidas concretas ligadas a los derechos y
obligaciones de los partidos, códigos éticos, determinados reglamentos y determinados órganos que pretendíamos que estuviesen regulados específicamente y obligados a que existiesen en los estatutos de los partidos políticos por este texto legal.
Exactamente igual planteábamos que en la reforma de la Ley del Tribunal de Cuentas se viesen determinadas cuestiones en las cuales no se ha entrado, como las relativas a la limitación de mandatos o al nombramiento -como ha comentado el
portavoz del Partido Nacionalista Vasco-, pero sobre todo en las relativas a determinadas cuestiones que a lo largo de esta legislatura han mancillado el buen nombre del Tribunal de Cuentas respecto a los procesos internos del propio tribunal y que
sería importante, desde nuestro punto de vista y así presentamos enmiendas, que se clarificasen en la ley en cuanto al funcionamiento interno, al nombramiento de su personal y a la protección del personal propio del Tribunal de Cuentas. Respecto a
la Fiscalía del Tribunal de Cuentas mi grupo parlamentario entendía que no debía formar parte del pleno del tribunal, porque ya tiene sus competencias específicas a la hora del funcionamiento del mismo.
La cuestión fundamental para nosotros desde el principio fue la necesidad de que en un pacto contra la corrupción, y sobre todo por la regeneración democrática, se revisase una de las asignaturas pendientes fundamentales del Pacto del 78, y
es la mayor ecuanimidad, la mayor igualdad entre el voto que emiten los ciudadanos en las urnas y la representación que acaba habiendo en el Congreso de los Diputados. Al grupo político que represento le ha costado en muchas legislaturas carísimo
sentar a alguien en estos escaños, carísimo. Así como ha habido otros grupos parlamentarios que con 30.000 votos han sentado un diputado o una diputada en los escaños de esta Cámara, a mi grupo parlamentario le ha llegado a costar medio millón de
votos sentar cada diputado en esta Cámara. Esa es una asignatura pendiente que en un pacto por la regeneración democrática no puede quedar en el tintero. Mi grupo parlamentario lo ha reivindicado siempre y lo reivindicará. En esta reforma se ha
tocado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Loreg. Se podría haber tocado para llevar a cabo la corrección de esa injusticia terrible que tiene el sistema. En la enmienda que planteábamos en este sentido no entrábamos en un texto
concreto, no entrábamos en unas medidas concretas, sino en que se iniciase esa reforma, se viese esa reforma de la ley para hacer más justo el reparto de escaños. Sin embargo, no ha sido posible en esta legislatura, una vez más. Con Gobiernos de
un color, con Gobiernos de otro, con pactos, con promesas, nunca ha sido posible revisar el proceso de reparto de los escaños de la Loreg, impuesto así desde el año 1977, y en esta ocasión se nos defrauda una vez más en esa medida de regeneración
democrática que para nosotros sería básica.
Termino diciendo que vamos a votar favorablemente las enmiendas transaccionales que se plantean como último trabajo de la ponencia. No descartamos que se nos acepte alguna cuestión más en el Senado, como que los estatutos de los partidos
políticos regulen los procesos de elección de las candidaturas electorales. No se ha incluido en este texto legal y para mi grupo parlamentario es algo básico porque salvaguarda los derechos de los militantes de los partidos políticos como
ciudadanos para elegir a sus representantes en el proceso interno y es algo que básicamente debería regularse o incluirse en la ley. No descartamos que se pueda incluir en el Senado, pero, dado el alto nivel de no inclusión de nuestras enmiendas
-de treinta y ocho que hemos presentado solamente se nos han aceptado siete; treinta y una las mantenemos vivas-, no podemos dar un voto favorable al texto definitivo, todo ello a pesar de que entendemos y alabamos el trabajo que se ha producido en
la ponencia, que ha sido un buen trabajo, y que el texto sale mejor de lo que entró, pero se sigue quedando corto desde el punto de vista de mi grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Señorías, estamos ante una reforma importante, una reforma que avanza en un mayor control y transparencia en el régimen económico-financiero de los partidos políticos, en la línea de las reformas ya llevadas a
cabo en los últimos años, con la que se persigue alejar la corrupción de los partidos políticos, aspectos todos ellos que compartimos desde Convergència i Unió. Por lo tanto, valoramos positivamente la necesidad de este proyecto de ley. Ahora
bien, también tenemos que decir que se podría avanzar mucho más y confiamos en que a lo largo de la tramitación parlamentaria que aún tenemos por delante podamos conseguir esas mejoras que aún quedan pendientes, recogidas en muchas de las enmiendas
de nuestro grupo parlamentario que aún no hemos conseguido introducir, algunas de las cuales quedan reflejadas en enmiendas de otros grupos parlamentarios.
Creemos que para hablar desde el realismo y el rigor en relación con la financiación de los partidos políticos, para hablar de la suficiencia y estabilidad de la financiación de los partidos políticos habría sido deseable alejar ese debate
del clima preelectoral y político de estos momentos. Entendemos que para hablar con realismo de esta cuestión tendríamos que haberlo hecho de forma mucho más serena y pausada y, como decía, alejados de este clima en el que estamos envueltos en
estos momentos. Queda abierto por lo tanto desde nuestro punto de vista el debate sobre la suficiencia financiera de los partidos políticos. Algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra también se ha referido a ello. Los partidos
políticos como instrumentos básicos de nuestro sistema democrático, tal y como establece la Constitución española, deberían verse con esa suficiencia financiera necesaria para llevar a cabo su actividad con total normalidad. Insistimos, desde
Convergència i Unió creemos que ese debate aún está abierto. Tenemos enmiendas que reflejan de algún modo esa idea y esperamos que a lo largo de la tramitación parlamentaria que queda pendiente continuemos hablando de ella.
Desde Convergència i Unió defendemos un modelo de financiación mixto con recursos públicos y privados, igual que en otras democracias europeas como Reino Unido, Alemania, Holanda, Austria o Francia. Debe haber una financiación pública
porque los partidos forman parte intrínseca de nuestra democracia. Por ello, debe compatibilizarse con recursos privados para fomentar la participación ciudadana, especialmente en un momento como el presente, en el que la sociedad reclama una mayor
implicación activa en la toma de decisiones políticas, pero este proyecto de ley, al igual que las últimas reformas en materia de financiación de los partidos políticos, se queda corto, tanto en lo que se refiere a la financiación pública como en lo
que se refiere a la financiación privada de los partidos. Así, en relación con la financiación pública, resaltaremos que en los últimos cuatro años se ha reducido la financiación ordinaria, es decir, fuera de los procesos electorales, en
prácticamente un 40%, cuando el gasto público consolidado del Estado ha crecido en un 6%. Esto quiere decir que no ha habido austeridad en todos los ámbitos. En cambio, en el de la financiación de los partidos políticos entendemos que ha habido
una ejemplaridad que ha ido incluso más allá de los parámetros que serían realistas respecto a lo que se necesita para el buen funcionamiento de los partidos políticos. Por otra parte, se queda corto en esa financiación privada que defendemos
porque se prohíben las donaciones de personas jurídicas presumiendo que es una fuente de financiación negativa per se. A través de la reforma fiscal se reducen además los incentivos fiscales a las aportaciones de las personas físicas. En
definitiva, desde Convergència i Unió consideramos que el modelo de financiación en sí queda como asignatura pendiente para otra legislatura. Ojalá pudiera ser a lo largo de la tramitación parlamentaria que aún nos queda, porque no hemos entrado a
abordar esa cuestión con un debate realista, sereno y con todos los elementos necesarios sobre la mesa.
En cuanto a la transparencia y control, hemos dicho que valoramos de forma positiva los avances que incorpora el proyecto de ley en este ámbito, con las mejoras incorporadas por los trabajos de la ponencia. Se consigue una mayor información
de la financiación de los partidos, tanto en lo que se refiere a la procedencia de los ingresos como al destino de los gastos. Se refuerza además el papel del Tribunal de Cuentas como órgano fiscalizador de control. Ello es positivo, aunque queda
una reforma pendiente, que es redefinir su composición y mecanismo de designación. Este aspecto no lo hemos abordado en este proyecto. Hay alguna enmienda de otros grupos que hace referencia a ello. Es importante abordarlo para conseguir esa
mayor efectividad en los objetivos que venimos buscando. También es positiva la introducción del nombramiento del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos y que este rinda cuentas ante la Comisión Mixta del Tribunal de
Cuentas, lo que no sucedía hasta ahora.
Es importante que se clarifiquen las relaciones de los partidos políticos con las entidades financieras, obligando a facilitar determinadas informaciones y las operaciones que se realicen con los partidos, así como que se prohíban las
condonaciones de deudas y de créditos. Otro aspecto destacable es la racionalización de las obligaciones de los partidos y el régimen de infracciones y sanciones. Aquí hay un conjunto de medidas dirigidas a establecer un contenido mínimo en los
estatutos de los partidos para que estos se estructuren y organicen, de forma que garanticen una efectiva participación de sus afiliados, y relativas a la renovación de sus órganos de dirección, en definitiva, para que se rijan por unos principios
acordes con nuestro modelo democrático, estableciendo una serie de obligaciones que tienden a una mayor apertura y transparencia en las estructuras de los partidos. Asimismo en este ámbito de las obligaciones, tiene especial interés introducir en
el proyecto -cosa que se ha conseguido en parte por la aceptación de algunas de nuestras enmiendas en este sentido- garantías de protección de los datos de privacidad de las personas físicas que decidan hacer aportaciones económicas mediante
donaciones a los partidos. También hemos conseguido modular de forma más adecuada, aunque no suficiente, el régimen de infracciones y sanciones.
En lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, las medidas para avanzar en ese ámbito son adecuadas. Algunas de las enmiendas que se han introducido en la ponencia en cuanto al contenido mínimo de los estatutos son importantes y muy
destacables, especialmente por lo que se refiere a los procesos de suspensión de militancia de los afiliados incursos en una causa penal por corrupción, o a su expulsión en caso de sentencia condenatoria por corrupción. Creemos que aleja la
corrupción de los partidos, porque una persona corrupta deberá ser, en todo caso, expulsada del partido. Este es un avance muy importante y también es muy destacable -y tenemos que aplaudirlo- que todos hayamos sido capaces de llegar a un punto de
encuentro en este aspecto que va a resolver muchas de las situaciones en las que, lamentablemente, nos encontramos los partidos políticos en estos momentos.
Paso a referirme a las treinta y una enmiendas que hemos presentado, de las cuales mantenemos vivas catorce. Nuestro grupo parlamentario ha presentado un bloque de enmiendas relacionado con la financiación de los partidos que vendría
representado por nuestras enmiendas 84, 85, 104, 110 y 113. La enmienda 84 pretende incorporar incentivos fiscales para estimular la participación de personas físicas en la financiación de los partidos. La enmienda 85 busca garantizar la
protección de los datos de las personas físicas que hagan donaciones a los partidos. La 110 pretende, desde el realismo, mejorar el actual punto de partida de la financiación de los partidos, tal y como mencionaba al inicio de mi intervención. Las
enmiendas 104 y 113 tienen por objetivo estimular la colaboración participativa de los ciudadanos en la financiación de los partidos, es decir, buscamos fórmulas de micromecenazgo. Creemos que los nuevos tiempos exigen estas nuevas fórmulas de
participación ciudadana en la política a través de los partidos y estimular sus aportaciones económicas y pueden ser una buena opción para conseguir ese objetivo. Mantenemos estas enmiendas porque consideramos que lo que se ha incorporado a través
de los trabajos de la ponencia es insuficiente y en algún caso contradictorio con la finalidad pretendida. Así, por ejemplo, se prohíben donaciones finalistas y no se contemplan desgravaciones fiscales a las aportaciones de las personas físicas.
Además, tenemos que mejorar el punto de partida de la financiación pública de los partidos, ya lo hemos dicho de forma insistente. Valoramos también de forma positiva el mecanismo introducido en la disposición adicional primera vinculando la
financiación al gasto consolidado sin intereses. Es necesaria la estabilidad de los partidos como instrumento fundamental de nuestra democracia, pero entendemos que esa estabilidad no será real si el punto de partida de esa financiación es
manifiestamente bajo e insuficiente. En cuanto a la enmienda 85, referente a la protección de datos de los donantes, la mantenemos por coherencia con el contenido de la disposición adicional segunda incluida en el informe de la ponencia y que
contempla la protección de datos de carácter personal. Consideramos que la memoria que forma parte de las cuentas anuales de los partidos y que se presenta ante el Tribunal de Cuentas, la relación anual de donantes de personas físicas, debería ir
en un anexo aparte para proteger debidamente la privacidad de sus datos. Otro bloque de enmiendas de nuestro grupo parlamentario es el referente a las infracciones y sanciones, que serían las enmiendas 92 a 94. Ya hemos dicho que ha mejorado el
proyecto y lo valoramos.
Aceptamos las transaccionales porque creemos que avanzamos en la dirección adecuada. Ahora bien, después de analizar detenidamente los cambios introducidos, consideramos que es insuficiente y por ello nos reservamos la opción de poder
plantear nuevamente en el Senado esta cuestión, ya que no es lo mismo pasarse en los gastos electorales un 10% que un 30%. Evidentemente, tenemos que partir del objetivo de no pasarnos de esos límites; ahora bien, también tenemos que graduar de
forma justa y equilibrada en el caso de que haya esos desajustes.
Tenemos otras enmiendas para cuestiones puntuales. Por ejemplo, la enmienda 101, que tiene que ver con determinados aspectos que se introducen en relación con el contenido mínimo de los estatutos de los partidos políticos. Esta enmienda la
mantenemos porque consideramos que algunos de esos aspectos son excesivamente reglamentarios, que tendrían que ir no tanto dentro del contenido de los estatutos, sino en el reglamento que desarrolla los estatutos de los partidos políticos. También
mantenemos las enmiendas 105 y 90, que tienen que ver con la delimitación del ámbito competencial del Tribunal de Cuentas en su función fiscalizadora en Cataluña, la Sindicatura de Cuentas. Las enmiendas de Convergència i Unió lo que pretenden es
delimitar adecuadamente y conforme establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña las competencias de cada organismo. La enmienda 106 pretende dar cumplimiento a lo establecido en la disposición final primera de la Ley 50/2007, de modificación de
la Ley 40/1998, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados. Aquí se ha hecho referencia a ello por parte de algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra y agradecemos que también se sumen a
la enmienda que ha presentado nuestro grupo parlamentario. Creemos que esa es una deuda pendiente que arrastramos desde hace muchos años y que algún día tendrá que cumplimentarse y saldarse. Otra enmienda destacable de nuestro grupo y que
mantenemos es la 109, referente a la reestructuración de la deuda de los partidos. La realidad de los partidos políticos hoy es resultado de una historia de más de treinta años y si ahora hemos decidido con los últimos cambios legislativos
adelgazar la estructura de los partidos, creemos que debemos consensuar algún mecanismo. Estamos abiertos a hablar de ello. Hemos hecho una propuesta determinada, pero tendríamos que ser capaces de llegar a un acuerdo para establecer un mecanismo
que fuera capaz de adaptar las actuales estructuras de los partidos al nuevo modelo de financiación, mucho más austero o ajustado de lo que
venía siendo anteriormente. Entendemos que ello debe hacerse con mecanismos razonables y que contribuyan a ese objetivo.
Por otra parte, las enmiendas 112 y 114 tienen que ver con los gastos electorales municipales, también las mantendremos, por cuanto lo que se ha incorporado en el texto de la ponencia recoge de forma totalmente parcial el contenido de
nuestra propuesta. Evidentemente, estamos de acuerdo con la necesidad de ajustar los gastos electorales en términos generales, pero hay algunos ámbitos, como por ejemplo el ámbito municipal, que la actual ley de financiación de los gastos
electorales debe mejorar. Nosotros lo que proponíamos era que por una parte se limitara y se ajustara, pero que por otra parte se compensara en el ámbito municipal y esto no se ha incorporado en el dictamen de la ponencia, y por este motivo vamos a
mantener vivas estas enmiendas. Finalmente, también vamos a mantener viva la enmienda 87, que tiene que ver con la consolidación de cuentas de las federaciones y coaliciones. Entendemos que esta enmienda también es muy importante, que responde a
la realidad de algunos partidos políticos en su manera de actuar con otros partidos que han decidido acudir con una federación o ir en forma de coalición, y no tiene sentido el contenido que propone el proyecto en su actual redacción. Entendemos
que nuestra enmienda daría respuesta adecuada al modelo de Convergència i Unió, pero también de otros partidos políticos y creemos que esta es una cuestión importante que está pendiente y que tendríamos que resolver a lo largo de la tramitación
parlamentaria.
Relacionado con ello, resaltamos también la aprobación de la modificación del artículo 4.2.i), que deriva de nuestra enmienda 78, que admite como excepción las donaciones entre partidos de una federación o coalición. Vemos que eso se ha
ajustado a algunas realidades de otros partidos y, por lo tanto, agradecemos la aceptación de esta enmienda.
Por último, queremos resaltar el buen trabajo que se ha llevado a cabo en la Comisión, que, a pesar de haber tramitado con presura este proyecto, ha sido capaz de llegar a importantes consensos. Aún nos quedan algunos temas pendientes que
esperemos sean resueltos a lo largo de la tramitación que todavía está pendiente, y en especial agradecemos el esfuerzo que ha realizado el portavoz y ponente del Grupo Popular, el señor Bermúdez de Castro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don José Enrique Serrano.
El señor SERRANO MARTÍNEZ: El señor Esteban ha empezado su intervención exactamente como yo pensaba hacer, hablando de sensación agridulce. Por variar, no sé si citar a Sabina: Vivo en el número 7, calle Melancolía. Lo digo por lo
siguiente. Hoy, y en los próximos días, pondremos fin a la primera fase de un esfuerzo que algunos de los que nos sentamos en esta sala venimos realizando desde hace tiempo por afrontar algunos problemas que tienen que ver con la calidad de nuestra
democracia, no con el mal diseño, sino con determinada fatiga de materiales en algunas de nuestras instituciones, y compartimos una visión de principio, conviene poner lo mejor que tengamos en la cabeza cada uno de nosotros para mejorar el sistema
político y democrático en el que vivimos.
No era algo fácil en este ámbito -en concreto, en relación con el proyecto de ley que en este momento debatimos-, porque por mi experiencia lo que tiene que ver con la organización, el funcionamiento y la financiación de los partidos,
exactamente igual que ocurre con la regulación del régimen electoral, es uno de los temas que más estrabismo nos provoca a todos a la hora de sentarnos a discutir y llegar a acuerdos, en el sentido de que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, al
de al lado porque estamos en competencia con él, a nuestros electores, a la opinión pública por cómo lo trasladarán, y al final de lo que menos sabemos es de qué estamos hablando. En alguna ocasión, como en estos días, hemos visto que nos hemos
enzarzado en discusiones que un cuarto de hora después hemos aclarado porque estábamos diciendo todos lo mismo pero con palabras distintas. No era fácil y, sin embargo -me sumo a lo que han dicho en general casi todos los portavoces, con alguna de
excepción-, es verdad que se ha hecho un trabajo largo, intenso, porque ha sido antes y en ponencia cuando nos hemos tratado de poner de acuerdo y de buscar puntos de encuentro suficientes.
Como les decía, al tratar de partidos, no era fácil. Tampoco lo era porque en función de determinado tipo de avatares, en los que no voy a detenerme, las respuestas a lo que este proyecto de ley parcialmente regula -que son fenómenos de
desafección vinculada con la corrupción política, el mal funcionamiento de las instituciones, etcétera- no se articulan a través de un texto complejo y global, sino que hay que buscarlas primero y encontrarlas después en distintos textos legales,
algunos de los cuales, como luego diré, ni siquiera están todavía en la Cámara; y porque es verdad que hemos tenido que trabajar durante meses sometidos a golpe de titulares de periódico, decisiones judiciales o debates más o menos apocalípticos en
algunos de los supuestos.
Este proyecto se centra, como es notorio, en el tema de la financiación, la organización y el funcionamiento de los partidos, responde de ese modo tanto a un proyecto de regeneración democrática como a un aspecto de la corrupción que se pone
de manifiesto, como antes decía, periódicamente, y aborda así uno de los elementos que todos los que en los últimos dos, tres o cuatro años han reflexionado sobre los problemas de nuestro sistema han puesto de relieve que es uno de los elementos
centrales. Da igual el libro que cojamos. Como el otro día citaba en Comisión, César Molinas, Andrés Ortega, Sánchez Cámara, Garicano e incluso mi amigo y compañero Ramón Jáuregui coinciden en los ámbitos en los que tenemos problemas que tenemos
que afrontar y todos ellos entre los tres primeros exigen una reflexión y una revisión del modelo de partido, tanto en cuanto a la organización y funcionamiento como en cuanto a su financiación, y de las dos cosas habla este proyecto.
Por no repetir exactamente, aunque será inevitable en algún punto, trataré de poner de relieve qué hemos conseguido con el esfuerzo, la participación y la colaboración de todos, porque todos hemos dejado huella de un modo u otro en el
resultado final que hoy se votará. Hemos fortalecido claramente la transparencia en cuanto a la financiación de los partidos, no solamente por la reiteración de las prohibiciones que ya existían anteriormente, sino porque hemos endurecido mucho la
financiación privada e incluso la proveniente de personas físicas. Hay quien opina -se ha oído ya- que lo hemos hecho incluso con exceso y hay quien opina que en un aspecto en concreto que no tiene que ver con los partidos, sino con las fundaciones
vinculadas a ellos, podríamos haber hecho algo más, pero tengo que decir que también ahí se ha endurecido. Se ha mejorado en transparencia, porque no solamente se han condicionado y limitado las donaciones o las aportaciones, sino que también se
han impuesto nuevas obligaciones de comunicación al Tribunal de Cuentas y de publicidad consiguiente de las donaciones o aportaciones que los partidos reciban. El Tribunal de Cuentas sale con este proyecto de ley fortalecido en sus competencias y
en sus funciones, puesto que le hemos atribuido la encomienda de dirigirse directamente, y no a través de los partidos afectados, a esta casa, al Congreso, y también al Ministerio del Interior a efectos de que se anote en el registro el cumplimiento
o no de las obligaciones que esta ley impone en cuanto a financiación a los partidos. Hemos dado -se ha puesto de relieve, pero a mi juicio no suficientemente- un salto yo creo que cualitativamente muy importante en el régimen de infracciones y
sanciones en materia de financiación de los partidos, porque se llegan a imponer sanciones que alcanzan el quíntuplo del valor de las donaciones ilegales percibidas o del exceso de gasto en campañas. Son infracciones y sanciones para las que el
procedimiento está regulado y lo razonable es que se apliquen con rigor y con transparencia de nuevo.
En materia de organización y funcionamiento de los partidos, se imponen nuevas obligaciones o nuevos aspectos que deben figurar en los estatutos, que en varios casos tienen que ver con una democratización del funcionamiento, como es el caso
del establecimiento de plazos máximos para que el congreso u órgano equivalente del partido se deba constituir, plazos máximos para la renovación de los cargos directivos del partido. Se reconoce expresamente -no por el nombre habitual, pero sí en
cuanto a su contenido- la posibilidad de que los partidos elijan a sus representantes o a sus dirigentes a través de un sistema de voto universal de todos los afiliados. Se recoge algo que sí se ha puesto de relieve por casi todos los ponentes y
portavoces que han intervenido y que se refiere a los derechos de los afiliados. Me importa fundamentalmente poner de manifiesto tres cosas: una, en los estatutos debe figurar un órgano individual o colegiado que se constituya como defensor de los
derechos del afiliado; dos, los estatutos deben recoger un procedimiento de recurso frente a sanciones y frente a decisiones de los órganos de gobierno del partido; y tres, desde una perspectiva contraria -se ha incidido ya por todos- se impone
que, como mínimo, en el momento en que se proceda a la citación de un afiliado en un juicio penal a título de acusado se le suspenda obligatoriamente por ministerio directo de la ley de manera cautelar de su condición de afiliado y esa suspensión se
convierta en expulsión del partido en caso de condena.
Hay una tercera cuestión que, salvo que yo me haya despistado en algún momento, no se ha puesto de relieve y es que en el proyecto se modifica el régimen de la iniciativa legislativa popular. Se modifica en el sentido que algunos estábamos
reclamando, el de dar voz directa al primer firmante o a quien los firmantes encomienden en las Comisiones correspondientes de esta casa donde se tramiten las iniciativas legislativas del caso. Digo que me importa mucho ponerlo de relieve por dos
razones: una, porque a nuestro juicio es una ampliación clara de derechos de ciudadanía, de democratización, de vinculación de la sociedad civil en su conjunto con la Cámara legislativa; y dos, porque me sirve para poner de relieve algunas de las
melancolías a las que he hecho referencia al comienzo.
Como he dicho, la respuesta que los dos proyectos que centran nuestra tarea afrontan, que son la de la regeneración y la lucha contra la corrupción, por mor reglamentario y de iniciativa del Gobierno, recibe una respuesta fragmentada.
Mañana y pasado se dictamina el Código Penal, que se lleva al Pleno del Congreso de la semana que viene. Evidentemente, en el Código Penal hay un conjunto de enmiendas -en concreto, por nuestra parte- que tratan de regular la respuesta penal a la
corrupción política, algunas tan vinculadas con lo que estamos haciendo aquí como que en esa discusión, mañana y pasado, del Código Penal se examinará la versión que finalmente sale adelante sobre un nuevo delito, que es el delito de financiación
ilegal de los partidos políticos, donde varios grupos hemos formulado propuestas vía enmienda, nosotros entre ellos. De tal modo que hoy resolveremos el tema de las responsabilidades administrativas por vía de infracciones y sanciones a aplicar por
el Tribunal de Cuentas, y mañana y pasado examinaremos las responsabilidades penales que puedan verse vinculadas con estos comportamientos.
Nosotros tenemos algunas enmiendas -que he advertido a la Presidencia que mantendríamos vivas para la votación de hoy- que tienen que ver con temas, para nosotros, importantes en relación con la regeneración y la lucha contra la corrupción.
Son los casos de algunas modificaciones que afectan a temas como la determinación de la competencia judicial para instruir y enjuiciar delitos de corrupción que afectan a la revisión de determinados beneficios o privilegios, según la terminología
que queramos utilizar, de diputados y senadores a la hora de deponer como testigos, que afectan a algunas medidas de agilización del procedimiento. La consideración y discusión de todas estas medidas se desplaza al proyecto de ley que remitirá el
Gobierno en las próximas semanas sobre modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tenemos alguna enmienda que tiene que ver con modificaciones que sugerimos en la Ley de Contratos del Sector Público que también se examinarán y discutirán en
el contexto de alguna de las leyes que va a traer el Gobierno en las próximas semanas.
Tenemos tres enmiendas que para nosotros son particularmente importantes. Una se ha derivado su tratamiento a la discusión del Reglamento de la Cámara, que es -ya ha hecho referencia a ello alguno de los portavoces- el procedimiento de
designación por el Congreso y el Senado de los miembros que eligen de algunos órganos constitucionales y organismos reguladores. Se verá en el Reglamento. Es también el caso de una propuesta que está a caballo entre la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y una reforma paralela de la Ley de Régimen Electoral, en relación con la alteración de situación jurídica de altos cargos por un lado -esto tiene que ver con el proyecto de ley anterior- y de diputados, senadores y otros cargos electos que
se vean afectados por un procedimiento penal en el que se les llame a juicio a título de acusado. Esto se verá también en el ámbito de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por último, tenemos una enmienda, la 144, que en ponencia, distendidamente, llamaba la enmienda provocada por el ministro Montoro, que tiene que ver con el levantamiento del secreto fiscal en casos de infracciones tributarias por encima de
30.000 euros. La llamé así en la medida en que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas incitó a los grupos a que colaborásemos con él para la revisión de este secreto fiscal y, en consecuencia, poder dar información real sobre algunos
casos o supuestos. Esto es lo que hoy tenemos delante.
Para terminar, tengo que decir tres cosas. En primer lugar, en la ponencia se ha trabajado bien. Verán que no he hecho ninguna mención a que determinados añadidos o innovaciones que se han incorporado al texto han sido o no sobre la base
de enmiendas del Grupo Socialista. Ha sido un trabajo colectivo. Como ha hecho la portavoz de CiU, quiero agradecer expresamente la receptividad que ha tenido el portavoz del grupo mayoritario, que hay que agradecérselo más que a los que en
definitiva tienen menos peso y, por tanto, con menos margen de variación en sus posiciones. En segundo lugar, esta es una ley que, obviamente, enfoca el hoy para el mañana. No mira hacia atrás. El atrás está y tendrá que examinarse con los
instrumentos que han estado vigentes hasta que este proyecto esté en el Boletín Oficial del Estado. Sí creo que para el futuro incorpora instrumentos, cautelas y elementos de transparencia que harán más difícil que se reproduzcan comportamientos
como los que hemos conocido hasta ahora. En tercer y último lugar, he dicho que mantenemos nuestras enmiendas, si bien voy a retirar dos de ellas porque son poco significativas y relevantes, por lo que las dejamos caer. Son la enmienda número 148,
relativa a un plan de dotación de medios, y la número 154, que es una mención genérica a que el Reglamento de la Cámara se adapte a lo que se prevé en este proyecto de ley. Lo repito, presidente, son la 148 y la 154. Decía que retiro estas
enmiendas pero que mantengo las restantes, todas ellas sobre temas en los que no hemos entrado a su consideración en este proyecto, más allá de la referencia que veremos en los proyectos de ley que llegarán en las próximas semanas. A la vista de
que esto nos da una
visión de conjunto no completa y de algunas pequeñas insuficiencias, estando pendiente por nuestra parte de examinar algunas cosas, les anuncio que hoy votaremos absteniéndonos en este proyecto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Señorías, ya se ha dicho por otros portavoces, debatimos hoy una reforma muy importante, que, como todo proyecto legislativo, importa y afecta al conjunto de la sociedad, pero que en esta ocasión
también nos afecta especialmente a todos nosotros porque todos hemos sido elegidos en listas de partidos políticos con representación en esta Cámara y esta ley afecta a su ley reguladora y a su financiación. Es un proyecto legislativo que, como
bien ha recordado en su anterior intervención mi compañero Pedro Gómez de la Serna, forma parte del plan de regeneración y lucha contra la corrupción que el Gobierno remitió a la Cámara y que se ha dividido en varias propuestas legislativas, con
setenta medidas que en su conjunto conforman el plan más ambicioso, más completo y eficaz a favor de la regeneración democrática, en respuesta a la desafección ciudadana y de manera especial, en la lucha contra la corrupción política. Es verdad que
algunos no comparten ni ese camino ni esa visión y, más que corregir esa desafección, lo que quieren es aprovecharse de ella y que utilizando mensajes tan destructivos como populistas lo que persiguen es la descalificación de los partidos y de la
política y que la deslegitimación del sistema vaya ganando simpatías entre la población, todo ello en una clara estrategia para intentar alcanzar el poder, no lo olvidemos. Pero la mejora y el fortalecimiento de la calidad de nuestra democracia no
pasan ni por ese objetivo ni por esa estrategia.
Regenerar la democracia, señorías, no puede pasar ni por sustituir el sistema ni por deslegitimar los partidos y la democracia representativa ni, desde luego, por la ruptura o destrucción de un modelo que nos está permitiendo gozar de un
sistema de derechos y libertades de los más avanzados del mundo. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Regenerar y fortalecer la democracia consiste en reformar lo que funciona para que funcione mejor, en corregir sus defectos y desviaciones, y eso es
precisamente lo que hacemos con esta ley y no otra cosa. Una cosa, señorías, es la literalidad de la ley y otra, los discursos que se hacen alrededor de las leyes, que, por cierto, no guardan relación con el contenido de las mismas. Aquí se ha
hablado de patrimonio incautado, del sistema electoral e incluso se ha llegado a decir que hemos recortado algún derecho o libertad con esta ley. En modo alguno, señor Larreina. Por cierto, algunas de sus preocupaciones expresadas en su
intervención podría haberlas trasladado a alguna enmienda porque no ha presentado ninguna. Por tanto, no sé a qué ha venido alguna de sus reflexiones.
¿Qué es lo que hacemos en esta ley? Lo que hacemos es introducir nuevos mecanismos de prevención, control, vigilancia, fiscalización y rendición de cuentas de los partidos y sus fundaciones, para que los partidos seamos cada día más
austeros, más transparentes y ejemplares, que ganemos en credibilidad, pero también para que en el futuro a los corruptos les sea muy difícil tener encaje en la vida pública. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Señorías, porque es nuestra obligación,
porque la corrupción supone siempre una quiebra en los principios cívicos, éticos y legales; pero también porque cuando a esa corrupción se le pone apellidos y tiene naturaleza política, supone además una quiebra del principio de confianza, que es
la base del mandato representativo. Por eso tenemos que librar contra ella una lucha sin cuartel, abrir una etapa de tolerancia cero contra los comportamientos corruptos e irregulares que hemos sufrido, que minan el crédito de la política y que
tanto daño han hecho a la confianza del sistema y las instituciones. Es un fenómeno detestable que, como al resto de ciudadanos, nos indigna y ofende, porque muestra un camino tan ilegal como inmoral que unos pocos han elegido para enriquecerse a
costa de los demás. Es un cáncer injustificable de nuestra democracia, el reflejo y la vía fácil del mediocre e indeseable, que no ha sabido entender que el servicio público es una vocación abierta a los intereses de la sociedad a la que sirve y
nunca a sí mismo. Por eso digo que somos los primeros en sufrir y somos los primeros en sentirnos ofendidos cuando alguien quiebra o traiciona nuestra confianza, cuando descubrimos que en nuestra actividad hay personas que no merecen la confianza
de la sociedad ni tampoco la nuestra, que quede claro. Fortalecer el sistema y dignificar la política pasa por despreciar y combatir a los corruptos, pero también por respetar los principios de nuestro Estado de derecho.
Yo agradezco el tono de las intervenciones de los diferentes portavoces, que he escuchado con respeto, si bien ha habido una afirmación de trazo grueso que no puedo compartir y debo contestar. Señorías, ni el sistema está corrupto ni hay
partidos corruptos; se corrompen las personas, no las siglas. Si creemos en el Estado de derecho, no extendamos la responsabilidad más allá de quien la tiene porque, de lo contrario, estaríamos yendo contra los más elementales principios de
nuestra democracia. Del daño
responden siempre los culpables, nunca los inocentes. (Aplausos). Además, con esas insinuaciones o acusaciones no ganamos nada esta mañana, lo que hoy esperan de nosotros los ciudadanos es algo bien distinto. A nosotros, los diputados,
los representantes, nos corresponde valorar la actualidad y fijar nuestra posición sobre las noticias y los hechos que conocemos de la forma crítica y libre que queramos, pero valorar y legislar, no juzgar y condenar. Esa función les corresponde a
los tribunales de justicia, y tengo que decir, a pesar de que algunos de manera tan equivocada como interesada lo nieguen, que el sistema está funcionando, que la justicia está actuando, que los casos de corrupción se conocen y se juzgan, y eso es
muy positivo porque la peor corrupción es la que no se conoce, la que no se descubre y la que queda impune. Y de eso se trata, de que se persiga, de que se investigue, de que se descubra y de que los corruptos lo paguen, y eso es lo que, por
cierto, vamos a hacer también en la reforma del Código Penal, en la ponencia y en la Comisión que se va a celebrar el día de mañana y pasado mañana y que va a proponer el Partido Popular: un mayor castigo para los delitos relacionados con la
corrupción y un mayor avance de la figura del comiso para que los corruptos devuelvan lo que han robado. Que estos casos estén en manos de la justicia lo que nos tiene que dar es a todos tranquilidad, y dar tranquilidad a los ciudadanos, porque la
justicia, señorías, es la garantía del esclarecimiento de la verdad, eso sí, en base a la prueba y a la ley, tal y como establece nuestro Estado de derecho.
Igual que afirmo eso, señorías, también debe quedar claro que la responsabilidad de dar una respuesta a ese clima de desafección no es de la justicia, es fundamentalmente nuestra. (Una señora diputada: Ahí, ahí). Por eso todos tenemos que
estar a la altura en este plan de regeneración, y en ese ejercicio de responsabilidad creo que durante estas cinco sesiones de ponencia hemos trabajado bien y hemos conseguido un consenso muy importante, habiendo incorporado, bien directamente o
bien por vía de transacción, más del 60% de las enmiendas de los grupos parlamentarios, pero sobre todo hemos mejorado y enriquecido entre todos el contenido de esta ley. Por eso quiero agradecer el trabajo de todos los ponentes, de los que han
sido ponentes y de otros que, aun no siéndolo, también han colaborado en el contenido de esta ley, por ejemplo, el señor Sánchez Amor o el señor Benegas, con los que a lo largo del año pasado he tenido la oportunidad de discutir muchas de las ideas
que hoy ya se plasman en este texto legal. Un trabajo, reitero, que ha llevado a alcanzar un acuerdo muy amplio en relación con el contenido de la ley, aunque a algunos -y lo lamento- de manera sorprendente, a última hora, parece que les ha vuelto
a entrar vértigo al consenso y, por razones difícilmente explicables, nos hablan de que quieren ver un poco el panorama general y han decidido en el día de hoy abstenerse. Digo difícilmente explicables, y yo lo pongo en valor, señor Serrano, porque
basta escuchar su intervención para que quede demostrado que ustedes están de acuerdo en el contenido de la ley que hoy vamos a aprobar. Espero que no se descuelguen, que no les ocurra como ya les ocurrió hace unos meses en la Ley de Transparencia
-tampoco lo deseo-, que quede claro que el acuerdo existe.
Es verdad que queda el resto de la tramitación parlamentaria y se puede mejorar todavía la ley, pero esta ley, señorías, ya es una ley de todos y sobre todo es una ley de autoexigencia para que todos, especialmente los ciudadanos, nos veamos
reconocidos en ella; una ley de autoexigencia pero que también responde a los principios de ejemplaridad, transparencia y austeridad, que son principios que deben regir en el futuro la vida de los partidos. Ello explica -y entro ahora ya a
comentar las medidas y novedades más importantes que recoge esta ley- que hayamos incrementado los controles y los deberes de rendición de cuentas de los partidos y sus fundaciones, estableciendo nuevos límites y nuevas prohibiciones. A partir de
ahora estarán prohibidas las condonaciones de deuda de las entidades de crédito a los partidos, cuestión que alarmaba y ofendía a gran parte de nuestra sociedad. Estarán prohibidas las negociaciones de las condiciones de los créditos a intereses
por debajo de las condiciones de mercado. Estarán prohibidas las donaciones provenientes de personas jurídicas a los partidos para separar, con carácter definitivo, los partidos del mundo de los negocios, del mundo de la empresa. Se limitan las
donaciones de personas físicas a la cantidad de 50.000 euros anuales, es decir, se reduce a la mitad el límite vigente. Regulamos los mecanismos de financiación participativa y establecemos la obligación de que todas las donaciones o aportaciones
que superen los 25.000 euros y las donaciones de bienes inmuebles deberán ser comunicadas y notificadas al Tribunal de Cuentas con carácter previo al momento en que los partidos entregan sus cuentas anuales para su fiscalización. Además, se
establece el deber de todos los partidos, reciban o no subvenciones, de presentar sus cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas y devolver todas las donaciones recibidas indebidamente en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio. Por
cierto, señor Gorriarán, las cuentas locales y comarcales no están exentas de fiscalización -léase usted el texto de la ley-, las cuentas locales y comarcales, si existieran, deberán
estar integradas en las provinciales para que sean fiscalizadas, como el resto, por el Tribunal de Cuentas a la hora de la fiscalización de las subvenciones ordinarias. En cuanto a las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, se
definen claramente los presupuestos de dicha vinculación y deberán inscribirse en el registro de partidos para poder acceder a subvenciones. Como ya se ha dicho, se van a reforzar los mecanismos de fiscalización de las mismas. Si antes el Tribunal
de Cuentas solo fiscalizaba las donaciones, ahora lo hará del conjunto de sus ingresos, incluidos, por ejemplo, también los convenios de colaboración o de patrocinio que suscriban con otras entidades. Si antes la ley las obligaba a someterse a una
auditoría externa, ahora queremos que en un ejercicio de transparencia, las conclusiones de esa auditoría sean también públicas. Por tanto, van a venir obligadas a publicar las conclusiones de dicha auditoría en su página web. Por último, que el
Tribunal de Cuentas fiscalice no solo los ingresos, sino también los gastos derivadas de programas financiados con subvenciones públicas. Les recuerdo, especialmente al señor Sixto, que tanta preocupación tiene, y también al señor Tardà, que ya
estaban prohibidas las donaciones de las fundaciones a los partidos políticos y ya estaba prohibido que las fundaciones realizasen actividades propias de los partidos en orden a captación de votos, por lo que si hemos reforzado su fiscalización y ya
existen estos cortafuegos, no entiendo esa insistencia en poner límites a las posibilidades de financiación de las fundaciones vinculadas a partidos políticos del sector privado. No lo entiendo.
De otro lado, quiero dejar claro que seguimos apostando por un modelo mixto de financiación de partidos: una financiación privada -que ahora limitamos- procedente de afiliados y donaciones de ciudadanos y una financiación pública que, a
nuestro juicio, se justifica sobradamente por las importantes funciones públicas que la Constitución encomienda a los partidos. Una financiación entendida como un instrumento para desarrollar esas funciones con independencia y autonomía; una
financiación que debe responder de manera coherente a nuestro sistema electoral y, por tanto, debe tener en cuenta no solo los votos, sino la realidad de esta Cámara, el número de escaños; pero, sobre todo -y eso es lo que queremos trasladar a los
ciudadanos-, una financiación rigurosa y austera. Sé que el ajuste ha sido muy duro y severo, como han dicho algunos portavoces; hay que recordar que la financiación pública a los partidos se ha reducido en esta legislatura en un 40%. Señorías,
si en estos años hemos pedido esfuerzos y sacrificios a los ciudadanos, lo lógico es que tengamos que ser los primeros en ser ejemplares y los primeros en ajustarnos el cinturón, y eso es lo que hemos hecho. Por eso, en esta ley consolidamos ese
ajuste, esa rebaja del 40%, para que nadie tenga la tentación en un futuro de aumentarla. Además, vamos a unir en el futuro nuestra financiación no al IPC ni al PIB, sino a un parámetro mucho más justo: la variación anual del gasto total
consolidado reflejado en los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, vamos a unir en un futuro la variación de la financiación pública de los partidos a la evolución del gasto social. ¿Por qué lo hacemos? Si queremos recuperar la
credibilidad, tenemos que ajustar nuestra financiación a la realidad de la calle; es la única manera de que los españoles se sientan identificados con nosotros. Por ello, también hemos aprovechado esta reforma para hacer otro ajuste más y
disminuir gastos electorales, reduciendo un 20% los gastos y subvenciones en los envíos de publicidad y propaganda electoral, lo que todo el mundo conoce como mailing. Lo hacemos por austeridad y por ejemplaridad. También mejoramos los deberes de
rendición de cuentas y hemos establecido que en cada partido haya un responsable de la gestión económico-financiera, quien deberá comparecer en este Parlamento para dar explicaciones de las infracciones o prácticas irregulares que el Tribunal de
Cuentas haya detectado en el informe fiscalizador y que afecten a su formación política. Por otra parte, hemos definido de manera muy estricta y severa -ya lo han recordado otros portavoces- la tipificación de infracciones y sanciones elevando los
plazos de prescripción, para que de cualquier incumplimiento por parte de un partido se derive siempre alguna sanción o responsabilidad. Introducimos también la obligación de que los procedimientos de contratación de los partidos se inspiren en los
principios de publicidad, concurrencia y transparencia; procedimientos que deberán figurar en unas instrucciones que, por razón de transparencia, también deberán publicarse en la página web de cada partido.
En relación con el funcionamiento interno, hemos ampliado el contenido mínimo de los estatutos, que deberán recoger tanto el procedimiento de elección de los órganos de gobierno, dirección y representación y su renovación -que deberá
efectuarse en un periodo máximo de cuatro años garantizando la participación de todos los militantes-, como los procedimientos de reclamación y defensa de los derechos de los afiliados, así como aquellos que se refieran al régimen de infracciones,
que siempre requerirá audiencia previa del afiliado a la imposición de cualquier sanción con dos excepciones: la suspensión temporal de afiliación de aquellos incursos en un procedimiento penal por delitos de corrupción respecto de los cuales se
haya dictado auto de apertura de juicio oral, que se convertirá en expulsión definitiva si,
tras el juicio, recayese sentencia condenatoria. Lo hacemos porque entendemos que la corrupción es incompatible con la pertenencia y afiliación a un partido político. Por último, regulamos un procedimiento muy garantista y bajo tutela
judicial efectiva de cancelación de la inscripción y de extinción judicial de aquellos partidos que no quieran presentar sus cuentas o que no tengan ninguna actividad. De hecho, una transacción que hoy hemos presentado guarda relación con esta
segunda parte de las condiciones para extinguir un partido político. Finalmente, como ha destacado el señor Serrano y es muy importante, hemos aprovechado para mejorar los mecanismos de democracia directa y de participación de los ciudadanos en el
procedimiento legislativo, introduciendo una reforma en la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, dando el derecho a los promotores de las iniciativas legislativas a comparecer en la Comisión del Congreso correspondiente para explicar las razones y
el contenido de su iniciativa con carácter previo a su toma en consideración por el Pleno.
Termino. Señorías, estas medidas y otras muchas que por falta de tiempo no puedo detallar conforman este proyecto de ley que nació a impulso del Gobierno, pero también a impulso de los ciudadanos que tenían razón en sus demandas y
exigencias. Es verdad que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos legislar para que determinados comportamientos no se vuelvan a reproducir en el futuro. Ese es el mensaje que, con el acuerdo de todos, hemos alcanzado y que queremos
trasladar a los ciudadanos con esta ley: que les hemos escuchado, que hemos reaccionado y que nuestra respuesta es nuestro firme compromiso con la transparencia y ejemplaridad y también con la intransigencia ante cualquier atisbo de indignidad en
la gestión pública o en la vida política. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Si les parece, vamos a hacer una pausa de cinco minutos para ordenar las votaciones, por lo que ruego a los portavoces que se acerquen a la Mesa para que nos hagan saber cuáles son las enmiendas que se votarán
separadamente o en bloque. (Pausa).
Vamos a proceder a las votaciones, comenzando por el proyecto de ley de altos cargos. En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Mixto. Enmienda del señor Salvador.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas de la señora Fernández Davila. Se votan todas en bloque, ya que no hay petición de votación separada de ninguna de ellas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Tardà. Votaremos cada una de ellas por separado. Enmienda número 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 25.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 26.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 27.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, salvo la afectada por la enmienda transaccional que después someteremos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 61, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de enmiendas del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas transaccionales. En primer lugar, la enmienda transaccional a la enmienda número 22 de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la enmienda número 41 de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 42; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Procedemos ahora a votar el texto del informe con las enmiendas que han sido aceptadas en las votaciones anteriores.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Procedemos ahora a la votación de la exposición de motivos como preámbulo del proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos como preámbulo del proyecto de ley.
Procedemos ahora a las votaciones del proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. En primer lugar, dentro del Grupo Mixto, las enmiendas del señor Salvador. Enmiendas 31, 32 y 33,
conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 39; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 34.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 25; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora, conjuntamente, las enmiendas 36 y 37.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 36; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 38.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora las enmiendas de la señora Fernández Davila. Votaremos, en primer lugar, la enmienda número 124.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de la señora Fernández Davila.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas del señor Tardà i Coma, todas por separado. En primer lugar, enmienda número 115.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 116.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 117.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, enmienda número 118.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. (El señor Sixto Iglesias pide la palabra). Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Había pedido votación separada de las enmiendas 157 y 158, por un lado, y, por otro, de la 174.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar, en primer lugar, las enmiendas 157 y 158, conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 25; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda 174.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora, resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, que son la 164, 167, 187, 188 y 189.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (El señor Sixto Iglesias pide la palabra). Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: He pedido votación separada de la 12, 19, 22 y 29, todas en un bloque, y luego el resto.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar, en primer lugar, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, las enmiendas 12, 19, 22 y 29, en bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora en bloque las enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural, a excepción de la enmienda número 66, afectada por la transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, enmienda 106. (El señor Sixto Iglesias pide la palabra). Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Había pedido la votación separada, por un lado, de las enmiendas 87, 101, 105 y 112, y, por otro, de las enmiendas 83, 84, 85 y 90.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que hay una petición para votar en un primer bloque las enmiendas 83, 84, 85 y 90; en un segundo bloque las enmiendas 87, 101, 105 y 112; en un tercer bloque, la 106, y finalmente el resto de las enmiendas.
Procedemos a votar el primer bloque, es decir, enmiendas, 83, 84, 85 y 90.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas 87, 101, 105 y 112 de forma conjunta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 38; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda 106.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Socialista, con excepción de la 148 y 154, ambas retiradas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
¿La enmienda 196 del Grupo Parlamentario Popular está incorporada al texto de la ponencia?
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: En virtud de las transaccionales, la enmienda 196 queda retirada. No es que esté incorporada, es que queda retirada.
El señor PRESIDENTE: ¿Podemos proceder a la votación de todas las enmiendas transaccionales en conjunto? (Varios señores diputados: Sí.-El señor Bermúdez de Castro Fernández: Una a una). Hay una petición de votación de una por una de
las enmiendas.
Enmiendas transaccionales. En primer lugar, al artículo 12 bis nuevo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
El señor SERRANO MARTÍNEZ: Señor presidente, ¿podríamos repetir la votación? Son los acuerdos de la ponencia, en los que hemos participado, y he de decir que podríamos corregir el sentido del voto. Nos hemos despistado; estábamos
hablando del mar y de los peces.
El señor PRESIDENTE: Creo que por parte de la oposición...
El señor LARREINA VALDERRAMA: ¿Puede decir a quién afecta la transaccional?
El señor PRESIDENTE: Le digo el artículo. Es el 12 bis, nuevo.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Me refiero a qué enmiendas de qué grupos se refieren; si al Grupo Popular...
El señor ESTEBAN BRAVO: A todos.
El señor SIXTO IGLESIAS: Es un trabajo de la ponencia.
El señor PRESIDENTE: Es un texto nuevo. Está entregado, señor Larreina. (Rumores).
Si me permiten ustedes, entiendo que podríamos proceder nuevamente a la votación de esta enmienda transaccional. Repito, es una enmienda transaccional al artículo 12 bis.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional al apartado 1 del artículo 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 43; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la disposición final cuarta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la disposición final sexta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la disposición final octava.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la disposición final novena.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 42; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la corrección técnica a la disposición adicional primera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la corrección técnica a la disposición adicional primera.
Ahora procedemos a la votación del texto del informe de la ponencia, con las enmiendas incorporadas en virtud de las anteriores votaciones.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 2; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la ponencia.
Votamos la exposición de motivos, con las correcciones que resultan de las enmiendas que han sido incorporadas, que la convierten en preámbulo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 2; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos como preámbulo, con las incorporaciones que derivan de las enmiendas aprobadas.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.