CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 731

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. OVIDIO SÁNCHEZ DÍAZ

Sesión núm. 71 (extraordinaria)

celebrada el miércoles,

7 de enero de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial. (Número de expediente 121/000119) ... (Página2)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial. (Número de expediente 121/000119) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL. (Número de expediente 121/000119).


El señor PRESIDENTE: Iniciamos esta sesión de la Comisión después de un brevísimo periodo de vacaciones deseándoles un feliz año a todos.


El primer punto del orden del día es la ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de financiación empresarial. ¿Se ratifica por unanimidad? (Asentimiento).


Advierto a sus señorías que no votaremos antes de las seis.


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL. (Número de expediente 121/000119).


El señor PRESIDENTE: Pasamos ya al debate del proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial. En primer lugar, tiene la palabra el señor Moscoso, por el Grupo Socialista.


El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Quiero comenzar refiriéndome al horroroso atentado que ha tenido lugar esta mañana en París. Creo que es obligado y lo hago en primer lugar porque me ha tocado a mí pero estoy convencido de que
cualquier otro hubiera hecho lo mismo. Quiero transmitir en nombre de todos nosotros, y por supuesto de mi grupo, la solidaridad que sentimos respecto al pueblo francés, a las victimas y el horror que va parejo a esta solidaridad. Hoy es
importante defender con contundencia la libertad en todas sus manifestaciones, la libertad de expresión por supuesto, y reconocer la labor y el trabajo de los periodistas, y más aún de los caricaturistas que han muerto esta mañana asesinados en la
sede del semanario francés Charlie Hebdo.


Por otro lado, lo que nos reúne hoy es la discusión sobre lo que ya vimos en ponencia de manera muy rápida, la ley de fomento de la financiación empresarial. Es una ley sobre la que quiero comenzar haciendo dos valoraciones generales: la
primera es que a mi grupo le parece una ley insuficiente para reactivar el crédito bancario a las empresas, en particular a las pymes, y asimismo es un proyecto de ley que, tal como está ahora redactado, presenta un claro desequilibrio en favor de
las entidades bancarias y financieras, que son las que van a prestar esa financiación a las empresas. Por esta razón mi grupo ha presentado dieciocho enmiendas, numeradas de la 83 a la 100. Creemos que en estos momentos de graves y profundas dudas
todavía sobre la recuperación económica y sobre la vulnerabilidad de lo que estamos viendo como incipiente recuperación, hace falta una ley más clara y más contundente que permita aclarar las dudas que existen sobre este tema de la financiación de
las empresas. Por ejemplo, no compartimos que el proyecto de ley prevea que desde su aprobación se retrase hasta ocho meses la puesta en marcha de sus medidas. Creemos que la urgencia de esta cuestión merece un calendario mucho más acelerado.
También pensamos que no tiene sentido que el Banco de España, que es el que debe establecer la normativa interna que regule su contenido, cuente, según este proyecto de ley, con hasta cinco meses para diseñar la plantilla, el contenido y el formato
de la información financiera que se va a exigir. Además, se conceden tres meses más para aprobar estas cuestiones, de manera que en el mejor escenario esta ley nunca entrará en vigor antes de 2016 de manera efectiva, lo cual, siendo como es hoy día
7 de enero de 2015, me parece muy exagerado.


Respecto a las enmiendas, quiero destacar algunas antes de repasarlas de manera rápida. La primera es al artículo 2 para ampliar el plazo en el cual la entidad financiera no pueda reducir la financiación a las empresas, en el caso de que
quede demostrada la solvencia en la evaluación de la calidad crediticia de la pyme. Proponemos elevar ese plazo hasta un año. También proponemos que se acelere -como decía antes- la entrada en vigor de la ley para garantizar que los nuevos plazos
y las nuevas garantías para las pymes y las empresas en general entren en vigor a los dos meses de la aprobación de la ley, y no al casi año previsto en la actualidad. En la enmienda 83 al artículo 1 queremos aumentar el periodo mínimo exigido para
notificar la voluntad de la entidad financiera de no prorrogar o extinguir el flujo de financiación bancaria. Queremos que se amplíe a cuatro meses respecto a los tres que aparecen en la ley. Esto es,

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que si un banco o una entidad financiera quiere dejar de dar crédito a una empresa deba comunicárselo por lo menos con cuatro meses de antelación y no con tres. También queremos que se produzca siempre y cuando esa cantidad de crédito
equivalga por lo menos al 25 % del importe total de la financiación de esa empresa y no respecto al 35 %, como aparece en el proyecto de ley. En definitiva, estamos reforzando las garantías de las empresas y reduciendo la discrecionalidad que
beneficia a las entidades financieras. También proponemos como enmienda destacada la número 85 al artículo 1, para incluir a los trabajadores autónomos dentro del ámbito de aplicación de esta política de concesión de créditos, porque no aparecen
recogidos en el proyecto de ley. Por último, nuestra enmienda 96 propone una novedad bastante diferente al tono de la ley, que es la creación de un banco público de inversión similar al que existe en Francia, que integraría a todas las entidades
financieras e instrumentos de financiación públicos que existen en la actualidad en el marco de la Administración General del Estado, como es el ICO, como es Cofides, como es Cesce y como es el CDTI, para garantizar que la financiación pública a las
empresas y a las pymes mejore su calidad, su agilidad y sea gestionada de manera más eficiente, con objetividad, transparencia y rendición de cuentas.


Voy a repasar las enmiendas numeradas 83 a 100 que hemos elaborado. Las enmiendas 83 y 84 ya las he mencionado como destacadas. En cuanto a la 85, respecto a los autónomos, parece que el Grupo Popular aceptaría nuestra enmienda de una
manera u otra, con lo cual estamos pendientes de ver el texto transaccional. Por lo que se refiere a las enmiendas 86 y 87, también hacen referencia a la ampliación del plazo y del porcentaje, como les decía antes. La enmienda 88 me parece
importante porque proponemos la supresión de la letra f) del apartado 4 del artículo 1, que es un epígrafe que viene a decir que cuando una entidad financiera por razones objetivas -sin especificar cuáles- decida eliminar la financiación lo podrá
hacer, con lo cual todo lo que estamos debatiendo sobre plazos o porcentajes de financiación o sobre tasar o no la capacidad crediticia de la empresa se desmorona porque le damos una vía de salida a la entidad financiera que no tiene ni que
justificar. Entendemos que habría que eliminarla. Por lo que se refiere a la enmienda 89, es una mejora técnica y amplía -si es posible- los años de información financiera que se pueden conceder. En cuanto a la enmienda 90, propone incluir
también en la información financiera la relación de los seguros y de los contratadores de seguros de productos financieros de la rama de los seguros vinculados con el préstamo o crédito, lo que es importante para mejorar también la calidad de la
información de la nos estamos dotando. La enmienda 91 es la que modifica el apartado 2 del artículo 2 y es la relativa al proceso por el cual las pymes tienen derecho a solicitar información financiera pyme a las entidades financieras. Creemos que
hay que modificar su redacción para garantizar que se pueda hacer de manera incondicionada y gratuita y que el Banco de España regule bajo qué condiciones y con qué modelos se puede dar esa información para evitar que a pymes muy pequeñas se les
pida a cambio una tasa o comisión y que, al final, esa información no se pida porque resulte muy onerosa para las empresas. También hablamos de plazos. La enmienda 92 al artículo 2 también es importante. Proponemos que las entidades financieras
deban motivar con concreción las razones por las cuales cierran o disminuyen el flujo de financiación a las pymes y que lo hagan en unos plazos adecuados.


Por último, además de la que ya he mencionado sobre la creación de un banco público de inversión, proponemos que se impulsen por parte del Gobierno medidas concretas para facilitar el acceso a la financiación bancaria por parte de las pymes.
Hay que reforzar los mecanismos de incentivo al crédito a las pymes para que se haga de manera coordinada utilizando la llamada cooperación público-privada para reforzar la financiación e inversión y contribuir a la creación de empleo y al
crecimiento. Ese es un espacio en el que todavía queda mucho por hacer en nuestra economía. Proponemos también que en el caso de infracciones -por ejemplo, cuando los bancos no cumplan con las condiciones que marca esta ley a la hora de ofrecer
información o servicios a las pymes-, el incumplimiento sea una falta grave. Entendemos que si a pesar de esta ley al final por la vía de la falta leve se abre una nueva puerta para incumplir, se debilitaría el cumplimiento de la ley. Finalmente,
proponemos una nueva disposición adicional que impulse la creación de la agencia de protección financiera para velar por la eliminación de las lagunas que existen por falta de información y transparencia y, sobre todo, del uso y abuso de malas
prácticas bancarias en productos financieros que afectan al consumidor. Otra enmienda tiene que ver con las demandas que nos han transmitido las organizaciones de trabajadores autónomos respecto a un problema que se está dando este año por la
aplicación de la Ley de Emprendedores relativo a la legalización de los libros de contabilidad. Parece ser que hay muchos pequeños empresarios que no la han podido hacer y pedimos que se amplíe el periodo transitorio.

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Estas serían las principales enmiendas; en definitiva, enmiendas que buscan reequilibrar la relación entre pymes en especial y empresas en general y banca, que en esta ley no aparece del todo equilibrada; que refuerzan la aplicación de la
ley y aceleran su entrada en vigor en un momento en el que el crédito sigue brillando por su escasez; y que promueven la creación de instrumentos para que el crédito cuente con impulso institucional y no solamente con lo que se obtenga de los
mercados.


El señor PRESIDENTE: Señor Garzón, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Nuestro grupo -por anunciarlo de esta forma- no se va a oponer a este proyecto de ley. Hay que darle la bienvenida a la finalidad del mismo, porque entendemos que pretende -y digo pretende subrayándolo- solucionar
un problema que es notorio para la economía de este país, que es la falta de financiación de las pequeñas y medianas empresas, que ya ha sido constatado desde hace muchos años. Por lo tanto, este intento llegaría tarde y, en cierta medida, sería
casi un enésimo intento por concluir estos problemas. Se trata de que, según el Banco Central Europeo, las pequeñas y medianas empresas enfrentan tres problemas fundamentales; en primer lugar, la falta de clientes con motivo de la caída de la
demanda interna, que es el principal problema con mucha diferencia; en segundo lugar, la falta de financiación; y, en tercer lugar, muy lejos de esos dos primeros problemas, los salarios. Sin embargo, este Gobierno, desde que comenzó esta
legislatura, ha obviado de forma sistemática los dos primeros problemas; en tanto que las medidas de ajuste y de austeridad han agravado el principal problema, la falta de clientes, y además el rescate al sistema financiero, hecho como se ha hecho,
no ha resuelto ese segundo problema, que es el que se supone que estamos hoy atendiendo; sin embargo, paradójicamente, se han concentrado en ese tercer problema que, por cierto, era aún mayor para las grandes empresas que para las pequeñas y
medianas empresas, dado que también en este punto había diferencias y no solo en el ámbito de la financiación. Por lo tanto, en principio, la bienvenida es obvia, hay que darle la bienvenida a un proyecto de ley que pretende resolver este problema,
constatando también lo que aparece reflejado en la exposición de motivos, y es que las grandes empresas siempre tienen mayor disponibilidad de financiación porque tienen mayor volumen y mayor y mejor acceso a los mercados internacionales y a otro
tipo de mercados financieros, mientras que las pequeñas y medianas empresas están a expensas de la banca fundamentalmente y, además, en nuestro país con un agravante. Lo que ocurre es que este proyecto de ley no resuelve lo que, a nuestro juicio,
es la forma de resolverlo. Por eso, hemos presentado unas pocas enmiendas; unas cuantas de carácter técnico, pero la fundamental es la que se refiere a la banca pública como solución real de los problemas que enfrentan las pymes. No vamos a votar
en contra de este proyecto de ley porque nos parece que muchas de las medidas que aparecen ahí son complementarias. No son necesariamente malas, no son necesariamente negativas pero, desde luego, no resuelven. En todo caso, se podría decir que
intentan llegar a ser un parche de la situación, pero desde luego no son la solución del problema.


En este proyecto de ley hay una cierta estrategia de hacer que las pequeñas y medianas empresas actúen por imitación de las grandes empresas, facilitando el acceso a los mercados de capitales, facilitando el acceso a herramientas que,
fundamentalmente, han estado en exclusividad en las grandes empresas por su volumen, e incluso, en casos como el de la titulización, se hace una nueva regulación para facilitar aún más el uso de estos instrumentos que han sido, por cierto,
responsables de la situación de la burbuja inmobiliaria en España y de la crisis financiera internacional, en tanto que han servido para hacer más grande una bola de nieve que finalmente nos ha caído, sobre todo, a las economías occidentales; y es
que mientras no se resuelva el principal problema del sistema financiero, que es que campa a sus anchas, que no está esclavizado a la economía real, todas estas medidas de intentar hacer que las pymes se parezcan a las grandes empresas y que tengan
acceso a sus mercados serán claramente insuficientes; incluso pueden ser motivo de mayores burbujas financieras que tarde o temprano estallarán, como a nuestro juicio se está gestando en el contexto actual de la Unión Europea. También hay
herramientas a las que damos la bienvenida, como la regulación del crowdfunding, pero que son claramente insuficientes. Porque cómo se puede pretender resolver un problema de financiación de una pequeña y mediana empresa, que antes accedía a través
de una caja de ahorros o de un banco privado, mediante la sustitución -como pretende el proyecto de ley- por una especie de financiación participada por inversores pequeños o incluso grandes inversores, da igual, aquí eso no importa; importa
entender que no puede ser nunca una sustitución ni en la cantidad -el volumen- ni sobre todo en el acceso a la información suficiente para validar o no validar un determinado informe o proyecto empresarial. Cómo se va a comparar, por ejemplo, que
una pequeña y mediana empresa de un barrio popular de una pequeña o gran ciudad que tiene su

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caja de ahorros en la esquina con un director y todo el equipo técnico que conocen perfectamente la realidad de ese municipio, de esa economía territorial y, por tanto, los riesgos de esa actividad económica y pueden valorar si conceden o no
la financiación con mejor información, cómo se va a poder sustituir por una especie de abstracción como el crowdfunding. Me parece que sin ser una medida negativa, porque siempre se le puede dar la bienvenida al crowdfunding en tanto que puede
servir para inversiones concretas -que hemos visto muchas a lo largo de la historia reciente, especialmente vinculadas a los servicios audiovisuales y demás que pueden funcionar-, desde luego no es extensible para hacer creer que es una herramienta
de solución. A nuestro juicio, la solución es la banca pública y además están todos los mimbres en la economía española para poder aprovecharlo, porque la economía española ya ha nacionalizado una gran parte del sistema financiero, lo que ocurre es
que el Gobierno tiene un objetivo diferente del que a nosotros nos parece que tendría que tener. Ese es el motivo por el que presentamos una enmienda en la que proponemos que se paralice el proceso de privatización de aquellas entidades financieras
nacionalizadas hasta el momento y que se utilicen sus estructuras e infraestructuras y toda la cultura financiera acumulada durante muchas décadas para ponerla al servicio de la economía real. Sin duda, no es la única medida que a nuestro juicio
sería necesaria para salir de la crisis, pero desde luego es mucho mejor alternativa que privatizarla y venderla a unos bancos cuyos intereses no están tan focalizados en la economía territorial ni en la economía real, sino allí donde haya mayores
márgenes de ganancia que, por cierto, no es hoy la economía real española sino la economía especulativa, los mercados financieros que están inundados de liquidez por los bancos centrales. Por tanto, cualquier banco que obedece al criterio de la
ganancia, preferirá invertir en el mercado financiero donde obtiene mejores rentabilidades que en la economía real. Por eso, mientras no se ataque eso, este proyecto tendrá muy buenas intenciones pero no será la solución a los problemas de las
pequeñas y medianas empresas, que seguirán respondiendo de la misma forma que vienen respondiendo ante el Banco Central Europeo, que son -primer problema- no encontrar clientes, es decir, políticas de austeridad; segundo problema, la falta de
financiación porque no se quieren utilizar las herramientas que podría utilizar el Estado. Por tanto, mi grupo se va a abstener en este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo, tiene la palabra.


El señor ANCHUELO CREGO: Comenzaré mi intervención realizando una breve valoración general de la ley, dado que no hubo enmiendas de devolución y, por tanto, tampoco hubo un debate de totalidad en el Pleno. Creemos que esta ley aborda un
asunto trascendental para la economía española, que es la excesiva bancarización de nuestra economía: el hecho de que nuestras empresas dependen más que las de otros países del crédito bancario. Esto es especialmente cierto en las pymes. Es una
de las razones de la mayor caída del crédito en nuestra economía con la crisis, debido a los mayores requisitos de capital en esa banca de la que depende tan fuertemente la financiación empresarial. Por eso nos parece que esta ley tiene unos
objetivos correctos y una importancia práctica importante, porque se ocupa de este trascendental asunto. Por un lado, intenta facilitar más esa financiación bancaria a las pymes con propuestas como que haya un preaviso, en el caso de que haya una
reducción significativa en la financiación, o que se les proporcione un historial de pagos que facilite encontrar crédito en otra entidad bancaria y, sobre otro, se ocupa de instrumentos alternativos a la banca para lograr financiación y se legisla
sobre aspectos tan variados como las sociedades de garantía recíproca, los establecimientos financieros de crédito, las titulizaciones, las plataformas de financiación participativa o el acceso directo al mercado de capitales. Por eso, nos parece
que la ley tiene un enfoque correcto y que se ocupa de un asunto importante y la acogemos favorablemente. Pero tampoco deberíamos transmitir un mensaje equivocado a la opinión pública, en el sentido de que esto es una panacea que va a solucionar de
un día para otro los problemas de financiación de nuestra economía. Es una ley que podía haber ido más allá, podía haber buscado también tener efectos más rápido, y el asunto de la financiación tiene un componente doméstico, pero también un
componente europeo relacionado con el Banco Central Europeo. Por tanto, creemos que es un paso en la dirección adecuada, pero en ningún modo una panacea y menos a corto plazo.


En las diecisiete enmiendas que hemos presentado cuestionamos algunos aspectos concretos que creemos que habrían dado más mordiente, más efecto a la ley o habrían hecho que tuviese un efecto más inmediato. Respecto a los aspectos bancarios,
como he dicho, nos parece bien que se notifique con antelación la disminución del crédito, pero nosotros habríamos propuesto un plazo algo más amplio de aviso, cuatro meses en vez de tres, para dar más margen de reacción a las empresas; habríamos
intentado

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que este proceso no fuese tan unilateral, es decir, aquí la entidad avisa y punto. Creemos que debería darse un plazo de alegaciones de unas dos semanas, no como un plazo añadido sino dentro de ese plazo, en que la empresa pudiese
justificar su situación, independientemente de que la decisión última dependa de la entidad financiera. Creemos que es importante especificar que esto va a afectar también a las microempresas, porque cuando decimos pymes pensamos en todo tipo de
pequeñas empresas, pero según la definición de la Unión Europea la pyme es aquella con menos de cincuenta empleados y la microempresa aquella con menos de diez empleados. Estas microempresas son parte importante de nuestro tejido, por tanto sería
fundamental especificar que no solo hablamos de pymes sino también de microempresas en estas medidas.


En lo que se refiere a la financiación no bancaria, los establecimientos financieros de crédito son algo a fomentar -tenemos alguna proposición no de ley en esa línea- pero el plazo de constitución que aquí se plantea es muy lento; se
permite que transcurra un año desde que se recibe la documentación pidiendo crear un establecimiento hasta que se aprueba. ¿Es necesario, una vez recibida la documentación, un año? ¿No bastaría con un plazo más corto, un plazo de seis meses?


En cuanto a los mercados de capital, nos parece bien la idea de que cuando las empresas sobrepasan cierto umbral pasen automáticamente de un sistema de contratación multilateral a un mercado regulado, porque estos tienen más supervisión y
más garantía para los pequeños inversores. Pero el umbral que aquí se nos plantea de 500 millones de euros es un umbral muy grande que va a hacer que la medida tenga muy poco efecto práctico, y creemos que debería ser un umbral más limitado, de 300
millones de euros.


Nos preocupa mucho, por su modernidad e importancia, el crowdfunding o las plataformas de financiación participativa. Nos parece bien que por primera vez se regulen en España y se busque dar protección a los inversores, pero creemos que se
ha sido demasiado restrictivo en algunas cuestiones que pueden dificultar la operatividad de estas plataformas. Por ejemplo, el capital mínimo desembolsado que se les exige es siempre como mínimo 60.000 euros. Esto no tiene simetría en el propio
diseño de la ley, porque se dice que, si superan los 2 millones de financiación, el capital debería ser 120.000; lo lógico sería, por simetría, decir que 60.000 se exigen si superan un millón de euros de financiación, y para las pequeñas
plataformas se debería exigir un capital algo menor, nosotros proponemos 30.000.


Se prohíbe también utilizar cualquier tipo de vivienda como garantía en las operaciones. Suponemos que la intención es buena, proteger la vivienda habitual, pero eso se puede hacer explicitándolo. No se puede poner la vivienda habitual
como garantía, pero si se pone otro tipo de inmuebles a menudo facilita extraordinariamente la financiación. Por tanto, hay limitaciones excesivas al funcionamiento de las plataformas. Y sin embargo, cuando se llega a la cuestión clave de proteger
al inversor, al contrario, se es demasiado permisivo, porque se considera que un inversor es acreditado -es decir una especie de inversor profesional, que ya sabe lo que se hace-, cuando es una persona física que gana más de 50.000 euros. Creemos
que es un umbral muy bajo y que como mínimo habría que exigir que esos ingresos fueran recurrentes, que no se hubieran logrado en el último año tal vez de manera esporádica, sino que tuvieran una persistencia en el tiempo.


Otra serie de enmiendas recogen propuestas que ha hecho UPyD en el pasado en forma de proposiciones no de ley -algunas pendientes de defender, otras ya defendidas- y tienen que ver con cuestiones que hemos dicho que recordaríamos cada vez
que hablásemos de temas financieros y bancarios porque no queremos que queden en el olvido: que las cajas nacionalizadas no disminuyan el crédito de las pymes, la necesidad de saber el coste del rescate a esas entidades y cómo se va a recuperar el
dinero, la exigencia de responsabilidades o la necesidad de que los estafados por las preferentes recuperen sus inversiones. Junto a estas propuestas, que no detallaré porque conocen, querría llamar la atención sobre otras cuatro enmiendas, las 12,
13, 14 y 15, de un carácter más técnico. La enmienda 12 se refiere al ICO y es semejante a una proposición no de ley registrada en esta Comisión, porque creemos que el ICO también debe promover la desbancarización de la economía y, sin embargo, el
ICO funciona esencialmente a través de las entidades bancarias. Por eso, proponemos la creación de un par de nuevas líneas que se pongan en práctica a través de establecimientos financieros de crédito, no de entidades bancarias, y que promuevan
actividades como el factoring o el leasing, que no se contemplan en las líneas actuales y que facilitan la liquidez o la inversión de las pequeñas y medianas empresas.


La enmienda número 13 recuerda que se ha creado en esta legislatura un impuesto, el impuesto a los depósitos bancarios -el impuesto a los depositantes, sería más exacto decir-, que va en contra de lo que hoy estamos defendiendo porque
desincentiva el ahorro, desincentiva que los pequeños ahorradores

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pongan sus depósitos en la banca y, por tanto, desincentiva la financiación. A las enmiendas 14 y 15 les damos extraordinaria importancia porque tratan de asuntos que hemos debatido en el pasado en esta Comisión; se habló de ello en la
subcomisión de transparencia financiera, ha habido proposiciones no de ley aprobadas en esa línea y, sin embargo, no acaban de ponerse en práctica estas medidas, que tienen que ver con los organismos de protección de los usuarios de servicios
financieros. Hay proposiciones no de ley acordadas en el pasado entre UPyD y el Partido Popular que señalaban que puede ser un error la dispersión de estos servicios de reclamaciones divididos entre el Banco de España, la CNMV y la Dirección
General de Seguros y que podía tener sentido su coordinación, su unificación. No tiene mucho sentido que, cuando las resoluciones son favorables al usuario, en un altísimo porcentaje de los casos esto no tenga ninguna consecuencia práctica; la
entidad se da por enterada y no hace nada. Habría que buscar sistemas vinculantes, con carácter voluntario, o bien algún tipo de penalización, como que las entidades pierdan una cantidad depositada si no hacen caso a las reclamaciones, de forma que
esas reclamaciones a las que los servicios de reclamación dan la razón, no se queden en una mera declaración sin consecuencias prácticas. Nuestras enmiendas 14 y 15 van en la línea de unificar organismos de protección de los usuarios financieros y
que las reclamaciones ante ellos, cuando dan la razón al cliente, tengan consecuencias prácticas. Creemos que sería un fruto importante de esta legislatura porque es algo de lo que venimos hablando; hay cierto acuerdo -insisto en que hay
proposiciones no de ley aprobadas-, pero no se acaba de avanzar en esa dirección.


En la segunda intervención, en función de la aceptación o no de estas enmiendas, explicaré el sentido general del voto de mi formación.


El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre, tiene usted la palabra.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió valora positivamente este proyecto de ley de financiación empresarial, ya que a lo largo de esta legislatura hemos planteado una
serie de consideraciones, de iniciativas y de planteamientos ante el ministro de Economía y Competitividad e incluso ante el presidente del Gobierno, en el sentido de manifestar públicamente que uno de los problemas fundamentales que estaba teniendo
nuestra economía era la falta de liquidez de las pequeñas y medianas empresas, de las microempresas y de los empresarios autónomos, ya que durante estos últimos años estos sectores han tenido graves dificultades para obtener créditos de la banca
privada.


A pesar de que hay ciertas expectativas de que va a haber una recuperación importante de la economía española y afirmaciones en el sentido de que en estos últimos meses en España hay créditos suficientes para las pequeñas y medianas
empresas, para los empresarios autónomos y para las microempresas, nosotros siempre hemos estado en desacuerdo con estas manifestaciones, ya que, a través de los diferentes contactos que tiene nuestro grupo parlamentario, al igual que otros grupos
de esta Cámara, con las diferentes asociaciones de pequeñas y medianas empresas y de empresarios autónomos, hemos podido constatar que no existe ese flujo de crédito que están manifestando diversos organismos públicos y miembros del Gobierno en el
sentido de que la liquidez ya es un tema resuelto en España. Esto no es así. Hoy, el crédito a las pequeñas y medianas empresas y a los empresarios autónomos todavía es dificultoso y, en el caso de que se pueda conseguir, hay que decir
públicamente que los tipos de interés, en algunos casos, oscilan entre el 7 % y el 8 % para financiación de activos circulantes.


Este proyecto de ley, a nuestro entender, incorpora algunas medidas relevantes, como son mecanismos de financiación para las pequeñas y medianas empresas, para las microempresas, para los empresarios individuales y para los empresarios
autónomos que son alternativos a la financiación bancaria. Por tanto, bienvenido sea un proyecto de ley de esta envergadura en el cual, por primera vez en España, se abre la posibilidad de que el tejido empresarial español pueda tener otras
alternativas diferentes a la financiación bancaria para resolver la financiación de diferentes proyectos empresariales.


La novedad más relevante de este proyecto de ley, el crowdfunding, un mecanismo que puede ir dirigido a emprendedores o a empresarios con nuevos proyectos empresariales, va a abrir una puerta en un futuro inmediato, que no va a ser de hoy
para mañana pero que probablemente puede ser a medio plazo, para encontrar recursos suficientes para financiar sus proyectos empresariales. No hay que olvidar que este tipo de financiación alternativa a la bancaria, como es el crowdfunding, ha
tenido un éxito relevante en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos e Italia. Es cierto, como han dicho algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que quizá en España el actual proyecto de ley puede parecer restrictivo
en determinados aspectos si hacemos una comparación con la legislación

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europea o norteamericana o de algunos de los países que acabo de mencionar, pero también hay que entender que estamos ante un mecanismo totalmente nuevo, y yo espero que si un mecanismo novedoso como es el crowdfunding tiene aceptación -la
mayoría de los grupos estamos dispuestos a considerarlo como muy positivo- podremos encontrar flexibilidad por parte del Gobierno para ir equiparando toda esta legislación comunitaria o anglosajona a la legislación española, a fin y efecto de
reforzar la solvencia de la legislación que hoy estamos aprobando.


Nosotros, repito, consideramos positiva una iniciativa de esta envergadura por su relevancia, porque es muy novedosa y porque entendemos que podrá hacer un gran servicio a ese tejido empresarial tan importante y que nosotros siempre hemos
defendido, como es la economía productiva incorporada en todo aquel tejido de autónomos, de personas físicas, de microempresas y de empresas. Nuestra valoración, de entrada, es positiva. Tanto es así que con el Grupo Parlamentario Popular hemos
entablado unas negociaciones a lo largo de estos últimos días hasta llegar a un acuerdo con ocho enmiendas transaccionales, que manifestamos públicamente que vamos a aceptar. Valoramos positivamente que el Grupo Parlamentario Popular vaya a aceptar
sin ninguna transaccional nuestras enmiendas 54 y 60 y que en este momento esté intentando negociar con nosotros la aprobación de las enmiendas 61 y 66 para poder completar un paquete interesante de enmiendas, aunque no sean la totalidad de las que
hemos presentado, que recogen aspectos positivos de la economía productiva de nuestro país, que estamos convencidos de que van a reforzar la solvencia de este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo.


Yendo ya directamente a las enmiendas transaccionales que nos han planteado, quisiera resaltar aquellas en las que hemos llegado a acuerdo. Hay diversos aspectos de esta ley a los que no me he referido y que hacen referencia a la
renegociación o la renovación de créditos que la banca, en un momento determinado, puede haber dado a diferentes compañías del tejido productivo español. Aquí se incorporan algunos aspectos en el sentido de que, si el banco no quiere prorrogar
dichos acuerdos de financiación, pueda haber un periodo de preaviso para que la pequeña y mediana empresa no tenga dificultades de hoy para mañana al negársele una financiación con lo que podría verse abocada a una situación difícil de renegociación
con otras entidades financieras. Se da un máximo de tiempo que nosotros consideramos interesante. También hemos conseguido consensuar la enmienda 47 con otros grupos parlamentarios, pero sobre todo con el grupo parlamentario que apoya al Gobierno,
para incorporar en el concepto de pyme a todas las personas físicas -y los autónomos no dejan de serlo- a efecto de que puedan recibir la notificación de la no prórroga del flujo de financiación. Esta era una cuestión de forma más que de fondo ya
que las microempresas pueden ser también consideradas empresarios autónomos, aunque no quedaba especificado en esta ley, por lo que nosotros le damos un valor significativo a la enmienda transaccional número 47. También consideramos interesante la
enmienda 49, en la que hemos llegado a un acuerdo de transacción, que plantea la obligación de que las entidades incluyan la relación de los seguros que contrataron con la financiación que ahora se suprime. Como he dicho anteriormente, existe la
posibilidad de que el Grupo Parlamentario Popular apoye directamente la enmienda número 54 de Convergència i Unió, que se amplía desde la perspectiva de no hacer lo que se considera gestión activa por parte de los fondos que van a invertir en dichas
plataformas para que puedan financiar proyectos empresariales a los denominados promotores, tal como se especifica en el proyecto de ley.


La enmienda 59, de Convergència i Unió, propone la supresión de la prohibición de establecer criterios automáticos de inversión fijados por los inversores, que es una práctica habitual en el sector. Nosotros la consideramos de alto voltaje
desde la perspectiva política y aceptaremos gustosamente la enmienda transaccional que nos ha planteado el Grupo Parlamentario Popular. La enmienda 55, que parece que se nos va a aceptar directamente, recoge que se pueda permitir que las
plataformas de financiación puedan realizar al mismo tiempo servicios de pago.


La enmienda 65 se refiere a ese límite por proyecto de 2 millones de euros. Nosotros consideramos que este límite era un poco coercitivo en el sentido de que limitaba la posibilidad de financiación a diferentes proyectos empresariales.
Hemos conseguido, mediante una transacción, incrementar el límite de 2 a 5 millones de euros por proyecto. Consideramos importante y relevante la aceptación de esta transaccional por parte del Grupo Parlamentario Popular en el sentido, como decía
al inicio de mi intervención, de que si en un futuro próximo -ojalá sea así- existen resultados positivos, es decir, muchos proyectos que pasan de los 5 millones de euros y se van desarrollando sin ningún problema, podamos incrementar ese techo de
los 5 millones de euros. Solamente quiero manifestar, señorías, que en todos los países de Europa que he mencionado al inicio de mi intervención no existe limitación a la financiación de proyectos empresariales en el crowdfunding. Por lo tanto,
creo que tendríamos que ir en esta dirección, pero -repito- nos parece

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positiva la posibilidad de incrementar este techo de 2 a 5 millones de euros de financiación para ponernos a prueba. También vamos a aceptar la enmienda número 69, en la que se plantea que no se puede establecer la prohibición de conceder
la garantía que se quiere, en este caso hipotecaria, para los préstamos concedidos ya que atenta a la autonomía de la voluntad. La enmienda del Grupo Popular va en la dirección que nosotros planteábamos en el sentido de que se pueden dar garantías
por parte de los promotores de las iniciativas empresariales, pero vale la pena fijar la limitación de evitar que se dé como garantía la vivienda habitual porque, si el proyecto empresarial fracasa, tendríamos el problema de que esa persona perdería
su vivienda y ya tenemos suficientes problemas con todos los que están perdiendo su vivienda por créditos hipotecarios. Por tanto, vale la pena poner estas barreras para evitar que se puedan hipotecar por diferentes proyectos empresariales
propiedades particulares como las viviendas habituales. También se va a aceptar la enmienda número 74, en la cual se amplían las posibilidades de asesoramiento financiero por parte de las plataformas de financiación. Entendemos que esta es una
enmienda relevante e importante. Hemos llegado a un acuerdo para un periodo transitorio de seis meses para que las plataformas que quieran se adapten a la nueva normativa. Es interesante que las plataformas existentes -que ya sabemos que son
pocas- puedan disponer de este periodo transitorio para poder elaborar todos los cambios pertinentes e importantes para adaptarse a la nueva legislación.


Entro ya en las que está estudiando el Grupo Popular para que puedan ser aceptadas. Me referiré a la 61, relativa a eliminar todas las obligaciones para poder llevar a cabo las funciones de la plataforma de financiación en las cuales se
tendría que tener todo el capital desembolsado en efectivo y a que las aportaciones se puedan realizar de diferentes formas. En esta obligación de que todo el capital desembolsado tenga que ser en efectivo, tal y como permite la legislación de las
sociedades anónimas, es importante establecer los mismos criterios para que cuando se constituya una sociedad limitada o anónima con un capital determinado se puedan escalonar las incorporaciones del capital en recursos monetarios en función de las
diferentes posibilidades que pueda tener el inversor o promotor que quiera ir a una iniciativa de este calado. Finalmente, la enmienda número 66, que también está estudiando el Grupo Popular y en la que espero que podamos llegar a un acuerdo, va
dirigida a permitir que, en caso de éxito de financiación, el objetivo inicialmente fijado pueda ser superado. En ella establecemos que si en las primeras fases de estas operaciones el éxito de financiación se cubre rápidamente se pueda permitir la
posibilidad de incrementar los objetivos inicialmente fijados.


El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Voy a ser breve porque ya se han dicho muchas cosas en relación con este proyecto de ley. Un proyecto de ley que partió con una idea de consenso entre los diferentes grupos parlamentarios porque todos entendíamos
que la financiación a las pymes era una cuestión absolutamente prioritaria y urgente, de ahí que no hubiera enmiendas a la totalidad. A nosotros nos hubiera gustado que el Grupo Popular hubiera hecho un esfuerzo un poco mayor a la hora de pactar
algunas de nuestras enmiendas como parece que lo ha hecho con Convergència i Unió. Pero a Convergéncia i Unió hay que dejarle que abandere esta cuestión, porque si alguien ha hablado de pymes, de crisis de autónomos moción tras moción y PNL tras
PNL, ha sido el señor Sánchez i Llibre, y ese mérito no se lo podemos quitar. Es verdad que es una cuestión que a todos nos preocupaba porque la financiación a las pymes es, primero, clave para las pymes y, segundo, es importante para salir de esta
situación de crisis en la que nos encontramos. Llevamos hablando de este tema en toda esta legislatura y más. Ya era hora de que hubiera un proyecto de estas características, algo que, en nuestra opinión, ha llegado tarde; no sé por qué ya que lo
cierto es que en este campo, donde había consenso y no una polémica política, se podría haber avanzado bastante más. Pero más vale tarde que nunca. Creo que es un proyecto necesario, pero me imagino que no será suficiente porque, aparte de este
proyecto de ley, habrá que adoptar otras medidas de impulso a la actividad económica de las propias pymes para que generen la dinámica que nos permita salir de la situación de crisis, si bien nos parece un proyecto razonable. Nos parece razonable
que las entidades financieras traten a las pymes como instituciones mayores, ya que hasta ahora había cierto tratamiento despectivo en relación con el tema de las pymes, pero creo que ahora se les va a tratar con mayor profesionalidad y respeto, lo
que no está mal. También es importante reforzar el papel de los reaseguros, de Cersa, para que las sociedades de garantía recíproca tengan un papel más importante, más dinámico. En Euskadi, el papel de las sociedades de garantía recíproca es
importante. Por tanto, nos parece mejor la medida en este sentido.

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Por fin se regulan los crowdfunding. Hoy hablamos aquí de crowdfunding y no sé si sabemos muy bien qué es y cuál es el alcance que pueden tener, pero la idea parece buena, luego veremos lo que da de sí. Esperemos que sea un elemento más de
impulso para facilitar la financiación a las pymes. También hemos de tener en cuenta las revisiones que se han hecho de los propios fondos de titulización o del mercado en capitales. En definitiva, un conjunto de medidas que consideramos
necesarias, aunque no sé si serán suficientes; me temo que no, pero van orientadas en la buena dirección. Por tanto, nuestro grupo va a apoyar globalmente la iniciativa y el proyecto.


Hemos planteado diecinueve enmiendas al título IV. Enmiendas que recogen las preocupaciones transmitidas en este caso por la Bolsa de Bilbao, pero que también son medidas orientadas al objeto del proyecto de ley, es decir, para financiar y
mejorar la financiación a las pymes. La número 27 ha sido aceptada más por una cuestión técnica que de otro tipo. El portavoz del Grupo Popular consideraba que algunas de nuestras enmiendas planteadas al título IV estaban contempladas en la
enmienda 114 del PP y otras en la enmienda 113. Consideramos que no es así y entendemos que solo la 114, en su apartado undécimo, que hace referencia al artículo 121, sería aceptable y positivo pero no el resto de las enmiendas, en concreto la 113
y la 114, que plantea el Grupo Popular. Por ese motivo decía anteriormente que hubiera sido deseable que el Grupo Popular hubiera hecho algo más para haber podido llegar a un acuerdo respecto de estas cuestiones. Es un proyecto positivo, votaremos
favorablemente al dictamen y apoyaremos inicialmente todas aquellas transaccionales en las que parece que han llegado a un acuerdo con el Grupo de Convergència i Unió porque sabemos que en esto de las pymes y de la financiación en el Grupo de
Convergència i Unió son unos maestros.


El señor PRESIDENTE: Señor Larreina, tiene usted la palabra.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Intervengo para explicitar el posicionamiento de Amaiur respecto de esta ley. Como ustedes bien saben, porque lo hemos repetido en numerosas ocasiones, nosotros normalmente no presentamos enmiendas parciales
porque el compromiso con nuestros electores era explícito en ese aspecto de que no teníamos como objetivo mejorar la legislación española sino reclamar la soberanía para nuestro país. De todas formas, sí tenemos opinión sobre esta ley; una ley que
yo diría que, más que de fomento de la financiación empresarial, debería haberse llamado ley de fomento del negocio bancario y del oligopolio financiero. Ese es el elemento fundamental de nuestra discrepancia con esta ley. Una ley que no va a la
raíz del problema que tienen las pymes, las pequeñas y medianas empresas, la economía social, los autónomos, sino que va en otra dirección, aunque lógicamente también se van a ver beneficiadas las pymes, la economía social y los autónomos.


Consideramos que se ha perdido una ocasión de ir a la raíz del problema que sufre la economía real en el Estado español, que es hacer frente a ese oligopolio financiero con la potenciación de una banca publica, de una banca social o
cooperativa que permita que el mercado financiero sea un mercado transparente, un mercado en el que la igualdad de oportunidades sea real y en la que ese oligopolio financiero no pueda hacer lo que quiera y ponga todo el entramado de la economía
real a su servicio. Nosotros pensamos que el mercado tiene que estar al servicio de las personas, al servicio de las pequeñas y medianas empresas, de la economía social y no al revés, y creo que en el caso del mercado financiero desgraciadamente es
al revés. Por ello, nos vamos a abstener en el trámite de esta ley, porque consideramos que es una ley que no va a la raíz del problema; una ley que no sirve para apoyar realmente a la economía social, esa economía formada por pequeñas y medianas
empresas, por cooperativas, por autónomos. En el caso de Euskal Herria es una ley que no aporta nada; yo diría más bien que todo lo contrario. Por eso nos reafirma en la necesidad de reclamar la soberanía para nuestro país, para que podamos
establecer una legislación que dé apoyo real y solución a los problemas de la pequeña y mediana empresa, de las cooperativas, de los autónomos, en definitiva, de la economía social de Euskal Herria.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, intervendrá don Alejandro Fernández y a continuación el señor López Garrido.


El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Me corresponde a mí, en la primera parte de la intervención del Grupo Popular, hacer la valoración genérica de la ley, y a continuación será mi compañero, José López Garrido, quien hablará de las enmiendas, ya
que ha sido quien ha liderado el proceso de elaboración y de negociación de las mismas, sin olvidar la aportación de Celso Delgado, con su excelente criterio y mesura en la valoración de las enmiendas que hemos realizado y las que hemos valorado del
resto de grupos.

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Lo primero que quisiera trasladar es que es una ley necesaria y bien recibida. Bien recibida ha quedado claro ya que hasta el señor Garzón lo ha dicho; le ha costado un horror reconocerlo, pero lo ha hecho; por algo se empieza, no todo
está perdido, sigamos así. Estamos en un escenario de crecimiento, de bajada de impuestos, de creación de empleo, de mejora de las exportaciones, de incremento del consumo -hoy salían datos importantes de la campaña de Navidad, también han salido
datos de venta de coches- compatible con el control de los precios con lo cual se evita la tan temida deflación, pero falta un elemento para darle totalmente la vuelta a aquel círculo vicioso que se instaló en la economía española en el año 2008 y
que parecía imposible de romper. Ese único elemento que queda para transformar ese círculo vicioso en un círculo virtuoso es precisamente que fluya el crédito a las pymes. Imagínense si es necesario lo que hoy vamos a aprobar aquí, porque es
-repito- el paso final para transformar el círculo vicioso de la economía española en un círculo ya definitivamente virtuoso.


Hay una consideración general a la que se han referido diversos portavoces, y también lo dicen los antecedentes del proyecto de ley, que es la excesiva dependencia de la financiación bancaria de la pyme española, eso es evidente, pero hay
que dejar aquí una cosa muy clara, y es que, en líneas generales, las dos medidas que se aprueban nada tienen que ver con lo que han dicho dos portavoces, concretamente el señor Larreina de Amaiur y el señor Moscoso, de que estamos prácticamente
ante una victoria de la banca o que se favorecía a la banca. Lo ha dicho el señor de Amaiur, no nos extraña -ha dicho que no vienen aquí a mejorar las cosas; ya lo sabíamos-, pero lo ha dicho también el señor Moscoso de manera sorprendente, que se
decanta por la banca. La realidad es la que es, y evidentemente un paquete fundamental de esta ley es promover la financiación alternativa a la bancaria, pero es que mejorar la bancaria, facilitarla, no es ayudar a la banca, es ayudar a las pymes.
Las dos medidas no solamente son compatibles, es que son absolutamente necesarias, y las dos son para favorecer a las pymes. Lo que no se puede hacer a estas alturas son estos discursos maniqueos de o se ayuda a la banca o se ayuda a las pymes,
porque a lo mejor tendríamos que hablar aquí de las últimas decisiones que tomó el señor Zapatero en relación con la banca, pero, en fin, sería romper el espíritu navideño que todavía nos invade y no voy a profundizar sobre ello. Por lo tanto,
vamos a resumir las dos cuestiones: mejorar la financiación bancaria, facilitarla para la pyme, y promover la financiación alternativa a la bancaria.


En cuanto a mejorar y facilitar la financiación bancaria, ¿qué aporta esta ley? En primer lugar -ya se ha comentado aquí-, el preaviso. Las entidades de crédito deberán informar por escrito y con suficiente antelación si se va reducir
significativamente o si se va a suprimir la financiación. Esto es vital para que las pymes puedan hacer su planificación financiera con mucha más fiabilidad. En segundo lugar, informe de calificación crediticia para valorar el riesgo de la pyme,
que también tienen que expedir las entidades bancarias -muy importante-. En tercer lugar, reforma del régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca -también se ha comentado por parte de algunos de los portavoces-. Pero lejos de
quedarnos en esto, en el título IV, se mejora con dos grandes instrumentos el acceso de las empresas a los mercados de capitales, por un lado, flexibilizando la emisión de obligaciones y, por otro, facilitando el paso de un sistema multilateral de
negociación al mercado secundario oficial. Este es un paso muy importante, sobre todo para aquellas empresas que ya han adquirido una cierta dimensión y que tienen que tomar la decisión de expandirse definitivamente en su volumen. Es muy
importante esto que aprobamos hoy aquí.


Una vez hemos acabado con las mejoras en la financiación bancaria de las pymes, vayamos a cómo vamos a facilitar la financiación no bancaria. Efectivamente, en España no hay tradición, no la ha habido, en comparación con otros países de
nuestro entorno en Europa. Ha habido experiencias -ustedes conocerán muchas- de business angels, de sociedades de capital riesgo que han funcionado en casos concretos, pero no es una práctica extendida en España. Ahora estamos ante una
oportunidad, que es la que ofrecen las plataformas participativas de financiación, el crowdfunding, que había que regular, y es una oportunidad. Se hacen tres cosas: en primer lugar, establecer el régimen jurídico; en segundo lugar, regular la
actividad de las entidades autorizadas y, en tercer lugar, establecer las normas que deben seguir los agentes que decidan recurrir a este tipo de financiación.


Hay un cierto debate interesante, que incluso hemos comentado en el seno del grupo parlamentario, sobre las posibilidades de abrirlo más o menos, pero hay que tener muy clara una cosa, y ya lo recogía aquel famoso anuncio de neumáticos, que
decía que la potencia sin control no sirve de nada: hay que potenciar el crowdfunding pero con seguridad, potenciar con seguridad. Se ha explicado muy bien aquí adónde nos ha llevado en algunas ocasiones la imprudencia cuando se habla de crédito
en España. Precisamente por eso hay que ser muy prudentes y hacer las cosas con control o podríamos vernos -lo

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ha explicado el señor Sánchez i Llibre- con situaciones muy preocupantes, por ejemplo, con aquellos que arriesgan su vivienda a la hora de iniciar un proyecto. Por lo tanto, potenciar pero con seguridad.


Acabo ya la intervención diciendo que desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que esta ley va a acabar -como decía al inicio de mi intervención- de generar un círculo virtuoso en la economía española y que lo estamos haciendo con
voluntad de diálogo -como se ha demostrado- y con un trabajo bien hecho, con un proceso de diálogo que ha realizado el Grupo Popular y que ha liderado mi compañero José López Garrido, a quien paso la palabra. (Aplausos).


El señor LÓPEZ GARRIDO (don José): Muchas gracias, Alejandro, por tus inmerecidas palabras de reconocimiento. Agradezco la labor de todos mis compañeros ponentes en esta ley. Igualmente, quiero agradecer muy especialmente a todos los
portavoces que, en unas fechas que no eran fáciles para trabajar, una fechas más orientadas al ocio y al disfrute familiar, la práctica totalidad de los portavoces con los que he tenido que hablar y que presentaban enmiendas hayan estado disponibles
y que hayamos dedicado estos días el tiempo que nos quedaba para poder alcanzar acuerdos que creo que son ciertamente reconocibles en lo que va a ser el texto final de la ley. Por eso muestro muy sinceramente mi agradecimiento personal a Alejandro
Fernández y a Celso Delgado, así como a todos los portavoces con quienes he tenido ocasión de contactar a lo largo de estos días, incluso hasta los últimos momentos previos al inicio de esta sesión.


Ha sido un trabajo arduo porque fueron ciento veintinueve enmiendas las presentadas al proyecto de ley. De ellas tenía treinta y cuatro apuntadas, pero le voy a dar una noticia a don Pedro Azpiazu, y es que acabo de comprobar en mi correo
que la enmienda número 45 del PNV se acepta también. No sé si eso mejorará su relación con su compañero Sánchez i Llibre o quizás empeore la del señor Sánchez i Llibre con la suya (Risas), pero, en cualquier caso, tengo la satisfacción de decirles
que treinta y cinco de estas enmiendas han sido aceptadas directamente. Hemos mantenido contactos y negociaciones a lo largo de estos días y hemos anunciado propuestas transaccionales, de algunas de las cuales creo que ya ha sido anticipada la
aceptación por parte de algunos de los portavoces y ahora las repasaremos someramente.


Aunque lo ha hecho perfectamente mi compañero Alejandro Fernández, quiero enmarcar la cuestión, porque ha habido manifestaciones respecto a retrasos, injustificados quizá, de esta ley. El Gobierno y este grupo parlamentario que lo apoya con
esta mayoría se encontraron con una situación del sistema financiero que no hace falta que describamos a día de hoy. El 7 de enero de 2015 no creo que sea el día en que tengamos que describir qué ocurría en el año 2011. Aun siendo perfectamente
reconocible el panorama, conviene recordar que en el año 2012 el Gobierno puso en marcha medidas que este grupo parlamentario apoyó y que tenían que ver directamente con el saneamiento y la reestructuración del sistema financiero. Posteriormente,
aprobamos la Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias, ley muy importante, porque el saneamiento financiero patrio venía muy tocado por la situación de las cajas de ahorros, más que por la del resto de los bancos que conformaban el sistema. Por tanto,
esa fue la siguiente iniciativa del Gobierno y de este grupo parlamentario.


A continuación, para mejorar el flujo del crédito hacia las empresas se abordó y fue aprobada muy recientemente la Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo. Con esta ley llegamos al colofón de este proceso de saneamiento y
de reequilibrio de un sistema financiero muy bancarizado, lo que, por un lado, está muy bien, porque hay países que no tienen una estructura o red bancaria tan buena o potente como la de nuestro país, pero es cierto que la financiación de nuestras
empresas ha venido dependiendo en un 90 % de los bancos, con escasísima participación del capital privado canalizado directamente bien a través de las entidades de capital-riesgo o bien a través del nuevo fenómeno de las plataformas de financiación
participativa. Como colofón, como decía, llegamos a esta ley, con la que se pretende que no ocurran las cosas que ocurrieron en los años 2009 y 2010, cuando pequeñas y medianas empresas de nuestro país se encontraron, sin venir a cuento, sin
justificación suficiente y -hubiera o no justificación- sin previo aviso, con sus flujos de financiación cortados de manera radical por las entidades financieras, insisto, sin previo aviso y muchas veces de manera injustificada. Quienes habían
venido cumpliendo escrupulosamente con sus vencimientos, con sus compromisos de pago y con el pago de intereses, de las comisiones o de los costes de la financiación -a veces financiación fundamental e imprescindible para mantener la liquidez y
seguir manteniendo la persiana del negocio abierta- se encontraron con un corte en la financiación, porque las cosas iban mal, no porque ellos fueran mal, sino porque las cosas iban mal y el panorama estaba muy negro. Esa era la realidad de los
años 2008, 2009, 2010 y 2011. Esta ley incorpora un apartado importante que es el preaviso a las pequeñas y medianas empresas.

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Voy a ir detallando algunas de las cuestiones que han sido planteadas por otros portavoces. Intentaré ser lo más breve posible, pero creo que es necesario incidir en ellas. Tanto UPyD como Convergència i Unió y el Grupo Socialista han
planteado la incorporación -y así se recoge en la transaccional- de las microempresas y también la referencia a los autónomos dentro del concepto que aparece en la recomendación 2003/361 de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003. Creemos que es
importante que los autónomos -no solo las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, sino también las personas físicas que ejercen actividades económicas- vean reflejada su protección en esta transaccional que hemos anticipado, que han
anunciado otros portavoces y que va a quedar contenida en la ley.


La ley no es que sea restrictiva -esto también es importante-; la ley es prudente. La posición del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno es prudente a la hora de regular un fenómeno nuevo que existe ya, el crowdfunding, las
plataformas de financiación participativa. Somos de los primeros países, ya no de la Unión Europea -que también- sino del mundo, que con esta norma acometen un proceso de legislación acerca de un fenómeno tan nuevo como es que, a través de una
plataforma tecnológica en Internet, se ponga en contacto a quienes tienen vocación de invertir cantidades que no son muy grandes, pero que pueden llegar a ser importantes para muchas economías, con aquellos que tienen proyectos que necesitan esa
inversión y esa financiación. Se trata de que a través de una plataforma tecnológica se les ponga en contacto y se pueda llevar a delante el desarrollo de esos proyectos e insisto en que somos de los primeros países del mundo que acometen una
legislación como esta.


Dentro de esa prudencia se establecía -en el texto original del proyecto de ley- que no se pudiera incorporar una garantía hipotecaria sobre viviendas o terrenos destinados a viviendas. A instancias de otros grupos se ha considerado
oportuno que esa restricción se ciña única y exclusivamente a la vivienda habitual. Creemos que esto es bueno y positivo para ambas partes, porque quien tiene viviendas o terrenos destinados a viviendas o propiedades inmobiliarias puede con ello
afianzar o garantizar estos proyectos, pero no nos vamos a arriesgar a que alguien con vocación inversora ponga en juego su vivienda habitual y después nos podamos encontrar con que reclame soluciones a la sociedad en general. Creo que debemos ser
cuidadosos con ello, de manera que esto también va hacia delante en los términos que hemos expuesto.


Unión Progreso y Democracia nos planteaba en sus enmiendas 14 y 15 una serie de directrices para la mejora de la protección a los clientes de las entidades financieras algo más amplias. Nosotros le proponemos a Unión Progreso y Democracia
una transaccional -cuyo texto le hemos entregado- en donde en una única disposición adicional, bajo el título de mejora de la protección a los clientes de las entidades financieras, incorporamos el párrafo siguiente: El Gobierno evaluará las
modificaciones legislativas necesarias para mejorar el actual sistema institucional de protección del cliente y las alternativas para potenciar la eficacia de los actuales servicios de reclamaciones, defensores del cliente y servicios de atención al
cliente. Ya que acogemos positivamente -ya lo he citado- la cuestión referida a vivienda habitual, así como lo referido a los autónomos, les instamos a que acepten esta transaccional que les proponemos y que daría respuesta a la protección de los
clientes de entidades financieras.


Ya le he manifestado al señor Azpiazu -le he dado la grata sorpresa, espero- la aceptación directa no solo de la enmienda número 27 sino también de la 45 -se lo acabo de anunciar-. Respecto a las diez propuestas transaccionales que le hemos
hecho a las enmiendas 29, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 43 y 44, le aseguro -es una percepción subjetiva de este portavoz- que no solo el espíritu sino también la demanda de protección o de solución de determinadas cuestiones que venían planteadas en
estas diez enmiendas están contenidos en las enmiendas 113 y 114 del Grupo Parlamentario Popular. Se lo aseguro, tengo la convicción absoluta y podemos discutirlo más adelante, pero yo creo que, si profundizan en esas enmiendas 113 y 114 del Grupo
Parlamentario Popular, van a encontrar respuesta a estas otras diez enmiendas que ustedes planteaban. Podíamos haber alcanzado esa transaccional y lamento que no haya sido posible. En cualquier caso, agradezco el apoyo global que desde el Partido
Nacionalista Vasco se da a esta ley.


Se ha aceptado también directamente la enmienda número 19 de La Izquierda Plural, a quien agradezco no su apoyo, que no ha manifestado, pero sí su no oposición a través de la abstención de dicho grupo de La Izquierda Plural. No puedo
compartir ni con La Izquierda Plural ni con el Grupo Socialista los planteamientos que hablan de profundizar, de generar o crear una gran banca pública, porque creemos sinceramente que no es esto lo que nuestro país necesita. Nuestro país necesita
que la banca, que las instituciones financieras privadas, que los inversores, que quienes tienen proyectos encuentren esa financiación, pero no a través de una banca pública, porque, lamentablemente, tengo que decir que,

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al final, los criterios y las decisiones de esa banca pública acaban, en nuestro país y en tantos otros, viéndose condicionados por criterios de oportunidad política, y nos encontramos con noticias como las que hemos visto recientemente en
los medios de comunicación -mi compañero ha hecho referencia a las mismas-, relativas por ejemplo a que existe un 35 % de créditos fallidos procedentes de una andanada de préstamos otorgados a proyectos allá por los años 2010 y 2011 con criterios
que no parecía que eran de viabilidad económica. Desgraciadamente, no es la banca pública la que da solución a los problemas, sino que a veces incluso los crea superiores. Lo más parecido a la banca pública que hemos tenido en este país han sido
las cajas de ahorros y hemos tenido que dar una solución bastante costosa y radical a la situación de muchas de ellas, no digo de todas pero sí desgraciadamente de la mayoría.


Hay dos transaccionales con el Grupo Socialista que vale la pena recordar. La primera va englobada dentro de la enmienda sobre los autónomos, de la que hemos hablado. Quiero agradecer también el buen espíritu del Grupo Socialista de cara a
este acuerdo. Tenemos una segunda enmienda que hace referencia a los contratos de seguro. Es importante que cuando se habla del historial crediticio en ese aviso que las entidades financieras mandan a las pequeñas y medianas empresas se acompañe
esa información. Para ello se incorpora en la letra c) del apartado 1 del artículo 2 un apartado 5.º (nuevo), en donde se habla de la relación de los contratos de seguros vinculados al flujo de financiación, teniendo la consideración de contratos
asociados los que se hayan firmado dentro del plazo de los seis meses anteriores o posteriores a la contratación inicial del préstamo o crédito o de cualquiera de sus prórrogas. Esta es prácticamente la redacción que nos proponía el Grupo
Socialista y nosotros la consideramos oportuna.


Por ello, quiero cerrar este capítulo con este reconocimiento a la aceptación de estas transaccionales, que creo que va a ser franca y mutua por ambas partes.


De las propuestas hechas por Convergència i Unió hemos aceptado directamente las enmiendas números 54 y 60 -ha hecho referencia a ellas el señor Sánchez i Llibre-. Creo que hemos alcanzado un acuerdo, y por su intervención doy por seguro
que así ha sido. Respecto a la enmienda número 59, referida a los mecanismos de inversión automáticos, cuando hablamos de crowdfunding significa poner a disposición de los inversores una especie de cuadro de mandos en donde se les ofrecen unas
características, de forma que el inversor al que le interese esa rentabilidad invierte en ese tipo de proyectos y que la plataforma sea la que toma la decisión. Se determina en el texto original del proyecto de ley -y lo hemos mantenido en
cualquier caso- que eso no pueda existir. Lo que sí establecemos con esta enmienda transaccional a la 59 de Convergència i Unió es que para los inversores no acreditados esto esté vedado, pero que esté abierto a los inversores acreditados.


La enmienda 65 de Convergència i Unió se refiere también a los inversores acreditados. Cuando hablamos de inversor acreditado estamos hablando de un inversor que tiene patrimonio, que tiene capital, que es consciente además del riesgo que
corre y que suscribe la aceptación de ese riesgo y de otros posibles y sabe todo lo que le puede ocurrir, incluido perder la totalidad de su capital. Cuando un proyecto se dirige exclusivamente a inversores acreditados -y así se acepta en la
transaccional- el importe máximo, que era de 2 millones de euros por proyecto, pasa a ser de 5 millones euros, insisto, cuando los proyectos se dirijan exclusivamente a inversores acreditados que tienen patrimonio y además aceptan todo el riesgo que
conlleva una operación de este tipo.


Hay otra transaccional a la enmienda número 79, en cuanto a plazos de adaptación, de transición de la ley, y otra a la enmienda 74, en lo que se refiere a que se considere también inversor acreditado a aquellas personas físicas o jurídicas
que acrediten la contratación de un servicio de asesoramiento financiero. Si además de poseer un patrimonio y de manifestar claramente por escrito que acepta todos estos riesgos, tiene un servicio de asesoramiento financiero a su disposición,
también puede ser considerado un inversor acreditado.


Con esto -y resumo ya-, señorías, a lo largo de estas últimas semanas hemos alcanzando un muy amplio consenso respecto a aspectos muy fundamentales de la ley. Yo sé que a algunos les hubiera gustado que hubiéramos aceptado otras cuestiones,
pero, insisto, no ha sido posible bien por razones de pura raíz política, como es la relativa a la banca pública, que no podemos compartir, o bien por razón de esa necesaria prudencia a la hora de regular mecanismos nuevos de inversión, donde
debemos tener muy en cuenta la protección del consumidor, la protección del inversor y también ver hasta dónde se puede llegar, es decir, no sobrepasar determinados límites en cuanto al tipo de proyectos que se puedan poner en marcha a través de
estas plataformas de financiación participativa como el crowdfunding. La situación aconseja prudencia y el Grupo Parlamentario Popular cree que con esto se da solución por un lado a la indefensión de las pequeñas y medianas empresas ante el cierre
del flujo de financiación, por

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otro lado a la protección de los inversores en esta nueva modalidad de captación de financiación para pequeñas y medianas empresas como es el crowdfunding, y en general abrimos para todos un horizonte nuevo de cara a que fluya la
financiación, insisto, ya no tanto el crédito sino la financiación captada desde inversores particulares, tanto para las pequeñas y medianas empresas o, como hemos conseguido transaccionar, respecto a los trabajadores autónomos.


Señor presidente, reitero mi agradecimiento al buen tono, la colaboración y el apoyo que se ha manifestado por buena parte de los grupos que componen esta Comisión. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer ahora un segundo turno. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra?


Señor Moscoso.


El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señorías, intervendré un minuto para resumir nuestra posición -ya adelanto que nos vamos a abstener en la votación del dictamen- y para hacer alguna valoración sobre lo que se ha dicho, en particular
por los portavoces del Grupo Popular. En nuestra opinión esta ley es insuficiente para reactivar el crédito, eso es lo que he dicho, señor Fernández, y también creemos que presenta un claro -ustedes pueden interpretarlo como quieran- desequilibrio
en favor de las entidades bancarias frente a las pymes. Nuestras enmiendas van destinadas a reforzar la potencia de la ley -que como decimos es insuficiente- y a corregir ese desequilibrio. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, reduciendo, tal y
como está propuesto, el preaviso; aumentando plazos; reduciendo el porcentaje de financiación que se exige; eliminando el punto f) del artículo 1.4, que permite saltarse el informe de cualificación crediticia y que abre una puerta en falso para
que las entidades financieras puedan negar financiación sin hacer el informe, un informe que ustedes han defendido con rigor en su presentación, pero que mediante ese punto se puede esquivar. También queremos que la ley entre en vigor antes de lo
que prevén, que es 2016.


En segundo lugar, queremos reforzar su capacidad para que el crédito vuelva, en lo que parece que todos estamos de acuerdo, y para ello proponemos la creación de un banco público de inversión, no una banca pública sino un banco público de
inversiones que aglutine todo lo que existe ya para conceder créditos -ICO, CDTI o instrumentos de garantía de crédito como es Cesce-, y también proponemos que haya un nuevo plan de cooperación público-privada para incentivar el crédito a las pymes,
porque creemos que todavía no se concede crédito con la potencia necesaria.


Una tercera vía de enmiendas pretende mejorar las garantías para las pymes reduciendo el coste del informe financiero para que no se abuse por parte de los bancos de ese coste, eliminando la posibilidad de que el incumplimiento de la ley sea
una infracción leve, lo cual también abre una puerta en falso para que no se cumpla la ley, para que los bancos utilicen la vía de infracción leve como escape para no cumplir la ley, y también creando una agencia de protección financiera que
garantice los derechos del consumidor. Son enmiendas en la buena dirección que si fuesen aceptadas reforzarían la ley. Hay un par de enmiendas que se aceptan, nos parece muy bien, pero no es suficiente como para votar favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Mi grupo, aunque no son muchas las enmiendas que se nos han aceptado, sinceramente, cree que son enmiendas de importancia práctica, aunque no muy numerosas. Se acepta una cuestión relacionada con nuestra enmienda
número 1, que es que el preaviso, cuando se reduce la financiación, afecte también a las microempresas, afecte a las empresas de menos de 10 trabajadores, que constituyen una parte importante de nuestro tejido productivo. Se acepta también la idea
de nuestra enmienda 5 para que se flexibilice el funcionamiento del crowdfunding, de las plataformas de financiación participativa, permitiendo que se utilice la vivienda como garantía, eso sí, excluyendo la vivienda que se utiliza como vivienda
habitual.


Sin embargo, como dije en mi primera intervención, hay dos enmiendas, la 14 y la 15, a las que concedemos extraordinaria importancia, porque tratan de cuestiones que hemos debatido durante toda la legislatura en la subcomisión de
transparencia de productos financieros y porque hay proposiciones no de ley ya aprobadas en ese sentido, que tienen que ver con los servicios de protección a los clientes de servicios financieros. A menudo hemos reflexionado sobre su dispersión
-están dispersos entre el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros- y sobre su ineficacia. Incluso cuando se acepta una reclamación no implica que se corrija el comportamiento de la entidad financiera. La enmienda

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transaccional que nos ofrece el Grupo Popular, sin duda con buena intención, es tan genérica que creemos sinceramente que no cabe siquiera en una ley, porque aquí se nos habla de que el Gobierno evaluará las modificaciones, es decir, se nos
anuncia, para poner en una ley, una intención de evaluar algo por parte del Gobierno. Cuando alguien lea eso en el futuro se cuestionará la eficacia de que el Gobierno, cuando se proponga evaluar algo, lo tenga que poner en una ley. Nosotros
consideramos que para que esto tenga sentido habría que incorporar un plazo -proponemos seis meses-, habría que incorporar no solo el deseo de evaluar sino el compromiso de legislar y habría que concretar mínimamente para que sepamos de qué estamos
hablando sin necesidad de leer el 'Diario de Sesiones'. Como mínimo habría que concretar que estamos hablando de los servicios públicos de reclamaciones: del Banco de España, de la CNMV y de la Dirección General de Seguros. Como esto lo hemos
aprobado en el pasado en forma de proposiciones no de ley, he redactado una enmienda transaccional alternativa que me propongo trasladar al portavoz del Grupo Popular y que voy a leer muy brevemente, porque no es demasiado larga, para que conste su
texto. La alternativa que proponemos dice lo siguiente: En el plazo de seis meses, el Gobierno realizará las modificaciones legislativas necesarias para mejorar el actual sistema institucional de protección al cliente y potenciar la eficacia de
los actuales servicios públicos de reclamaciones, defensores del cliente y servicios de atención al cliente. En este contexto, evaluará la conveniencia de promover la unificación de los servicios de reclamaciones actualmente dispersos entre el
Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros. Trasladaremos esta propuesta al portavoz del Grupo Popular y, como estamos seguros de que existe posibilidad de acuerdo porque hemos aprobado cosas similares en el pasado, si se admite
como esperamos, nuestro voto de conjunto sería positivo, dado que creemos que esta ley no es la panacea para acabar con los problemas de financiación de nuestra economía pero sí un paso en la dirección adecuada.


El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Intervendré muy brevemente. El portavoz del Grupo Popular ha dicho que nos iban a aceptar la enmienda 45. Como decía el portavoz Anchuelo, esta ley no es la panacea, pero es algo más. Nosotros votamos este
proyecto favorablemente por una cuestión, aunque insisto en que no es la solución a la financiación definitiva de las pymes ni contiene todas aquellas medidas que seguramente serían necesarias tanto para la propia financiación como para salir de la
situación económica actual, pero creemos que es un elemento importante más en este ámbito, en esta concepción y en esta restricción. Votamos favorablemente porque es un paso más, pero no porque entendamos que es una solución definitiva. En cuanto
a que nos acepten la enmienda 45, mejor eso que nada.


El señor PRESIDENTE: Señor Larreina, tiene usted la palabra.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Simplemente intervengo para aclarar nuestra posición a don Alejandro Fernández, portavoz del Grupo Popular, porque o no me he explicado bien o no me ha entendido bien. Lo que he dicho es que para nosotros es
muy importante cumplir los compromisos que tenemos con nuestros electores en el programa electoral, en el que se decía claramente que nuestra presencia en Madrid no tenía como objetivo mejorar la legislación española, sino reivindicar la soberanía,
pero eso no significa que queramos que empeore la legislación española sino todo lo contrario. Este portavoz y otros portavoces de mi grupo hemos dicho explícitamente en muchas ocasiones que nos preocupa España y, si a España le va mal, también le
va mal a Euskal Herria y le va mal a Europa. Nosotros queremos que las cosas vayan bien, y precisamente nuestras intervenciones y reflexiones las hacemos para ver si les sirven a ustedes para mejorar en aquellos temas que nosotros pensamos que se
pueden hacer de otra forma. Ese es nuestro posicionamiento, pero en absoluto nuestro objetivo es que las cosas vayan mal o que haya perjuicios para España. Nosotros siempre hemos defendido que reivindicar nuestra soberanía y reivindicar la
independencia para Euskal Herria no tiene que ir en detrimento de ningún otro país, de ninguna otra nación, y especialmente no tiene que ir en detrimento de España, que, como decía antes, nos preocupa y nos gustaría que le fuese mucho mejor.


El señor PRESIDENTE: ¿Hay más intervenciones? (Pausa).


Señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO (don José): Para cerrar -entiendo- ya este debate, que yo creo que ha sido muy constructivo, hemos de reconocer -lo he dicho antes ya- la buena disposición de todos y el

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buen tono. No creo que sea tan solo fruto de la Navidad, sino que es fruto de una manera de trabajar en esta Comisión que conviene poner en valor. Aquí nos decimos las cosas con franqueza, cada uno desde nuestro particular punto de vista y
nuestra manera de entender la política, el mundo y la economía. Nos trasladamos esos puntos de vista. Tenemos portavoces ciertamente dialogantes todos los grupos políticos aquí representados, y tenemos además un ministro de la cosa que ha venido
ya trece veces, si no me equivoco, a esta Comisión a plantear -prácticamente una vez cada trimestre- cuáles son los objetivos de su ministerio, cómo ve las cosas, nos anticipa las cuestiones, y yo creo que eso genera un ambiente que se percibe, y
que yo particularmente y creo que todos valoramos como muy positivo. De manera que inicio esta mi última intervención con esta reflexión.


Señor Moscoso, portavoz del Grupo Socialista, yo entiendo que el Grupo Socialista vea insuficientes algunas cosas. Agradezco la abstención y entiendo las diferencias de criterio, pero hay algunas cosas que no son fáciles de entender. Se
puede considerar la ley insuficiente. La ley no solo habla de la protección de las pequeñas y medianas empresas y del crowdfunding, habla de unas cuantas cosas más. Habla de modificaciones en la Ley del Mercado de Valores, de atribución de
competencias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de atribución de competencias a otros organismos. En fin, son muchas las cosas. Tan solo lo que tiene que ver con las cuestiones referidas a pequeñas y medianas empresas, por ejemplo,
aquellas cuestiones que tiene que determinar el Banco de España, no es fácil que con plazos más cortos de entrada en vigor se puedan conseguir.


Con respecto, por ejemplo, a las plataformas de financiación participativa, a quienes ya están actuando -permítanme el palabro- como crowdfundistas en nuestro país, yo creo que todos los grupos hemos tenido contactos con ellos y estas
plataformas de financiación participativa tienen también que adaptarse a la norma. Ellos mismos nos plantean que necesitan un periodo de adaptación. Yo entiendo, insisto, la posición del Grupo Socialista, pero les explico que poner periodos de
transición incumplibles no conduce a nada, más que a dejar fuera de juego a gente que pretende estar dentro del juego, y eso no es bueno.


En cuanto a que el historial crediticio sea gratuito, lo es. Cuando una entidad financiera comunica que cesa el flujo de financiación, la entrega del historial crediticio es absolutamente gratuita. La única posibilidad de que se cobre es
cuando una empresa, una pequeña y mediana empresa o un particular le pide al banco, motu proprio, sin existir ese preaviso, que le entregue su historial crediticio. Es entonces cuando se establece la consideración de que podrá cobrarse por ese
servicio. Si uno llega y pide su historial crediticio de los últimos cinco años a la entidad financiera, a lo mejor tienen que dedicar un tiempo a trabajar sobre ese historial crediticio. Es en ese caso, no cuando le niega la financiación, que es
gratuito, cuando el historial crediticio podrá tener un precio, y será el Banco de España quien determine el precio máximo. En cualquier caso, agradezco la posición del Partido Socialista con este voto de abstención.


Paso ahora a la penúltima intervención, que ha sido la del señor Anchuelo por parte de Unión Progreso y Democracia. Yo creo que no existen tan grandes diferencias entre el texto transaccional que les ofrecíamos y el texto con el que nos
responden. Por nuestra parte hacemos el esfuerzo de valorar muy positivamente esta voluntad de diálogo, y como quiera que han manifestado el apoyo al texto definitivo de la ley aceptamos también esta transaccional que nos proponen.


Señor Larreina, yo le agradezco su sinceridad. Usted hace sus planteamientos, nosotros tenemos otros, y lo que hacemos siempre en esta Comisión es manifestar estos planteamientos, todos, con cortesía, con amabilidad y con respeto mutuo.


En estos momentos no tengo nada más que añadir -salvo que me llegue información de última hora- a cuanto me planteaba el señor Sánchez i Llibre. Si hubiera algo lo trasladaríamos a la mesa de inmediato.


El señor PRESIDENTE: Votaremos a las seis para que sigan trabajando los grupos sobre las distintas enmiendas. Momentáneamente suspendemos la sesión. (Pausa).


Señorías, vamos a comenzar las votaciones. En primer lugar, votamos una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la número 1 de UPyD, a la número 47 de CiU, y a la número 85 del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la número 5 de UPyD, y a la número 69 de CiU.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la número 49 de CiU, a la número 90 del Grupo Parlamentario Socialista, y a la número 103 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número 59 de Convergència i Unió, y número 115 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Enmienda número 27.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda número 40 del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 35; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 45.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, transaccional del Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas números 14 y 15 de UPyD.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de enmiendas, salvo las transaccionadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de La Izquierda Plural. Enmienda número 18.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 37; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 19.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de las enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 54 y 60 de Convergència i Unió.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 13; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmienda número 77.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 35; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número 65 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número 74 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; 14 abstenciones.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la número 79 de CiU.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Vamos a votar el resto de enmiendas de CiU.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 35; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Socialista votamos todas las enmiendas salvo las transaccionadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Popular votamos las enmiendas números 102, 114, 126 y 127 en los términos de las enmiendas a las mismas del propio grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular salvo las números 103 y 115, que han sido transaccionadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos el texto del informe con las correcciones técnicas de la letrada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos).


Feliz año a todos. Se levanta la sesión.


Eran las seis y diez minutos de la tarde.