CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 671

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

Sesión núm. 33

celebrada el miércoles,

22 de octubre de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. (Número de
expediente 121/000106) ... (Página2)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. (Número de
expediente 121/000106) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de
expediente 121/000106).


El señor PRESIDENTE: El punto 1.º del orden del día es la ratificación de la ponencia designada para informar sobre el proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el
régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.


¿Se quiere someter a votación o la damos aprobada por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado.


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de
expediente 121/000106).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º del orden del día: aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre este proyecto de ley, de modificación del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.


Como ustedes saben, reglamentariamente está establecida la intervención por un turno de diez minutos, pero habida cuenta del hecho de que este proyecto de ley es importante y sobre el que han pendido siete enmiendas a la totalidad, y sobre
el que hay enmiendas que están siendo objeto también de transacción, tendremos flexibilidad, pero les ruego que esta flexibilidad la concilien con la demanda que han trasladado a esta Presidencia de poder acabar a una hora razonable para que las
señoras y los señores diputados puedan regresar esta tarde a sus domicilios. En sus manos está conseguir este loable objetivo.


Dicho esto, procedemos -como es habitual- con el orden del día, en primer lugar, interviniendo el grupo parlamentario mayoritario de la oposición y, posteriormente, de menor a mayor. En consecuencia, tiene la palabra doña Concha Gutiérrez
para defender la posición y las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, tomo la palabra para defender el conjunto de enmiendas presentadas por el Grupo Socialista al proyecto de ley de reforma del marco normativo de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social. La modificación tan sustancial en la gestión de la Seguridad Social que contiene este proyecto de ley hubiese exigido que el mismo viniera avalado por un amplio consenso social y por un acuerdo
político en el seno del Pacto de Toledo que garantizase que las reformas que se emprenden hoy fueran de futuro y con carácter de permanencia.


El Grupo Socialista no comparte los objetivos de esta reforma. Por eso planteamos en su momento una enmienda a la totalidad y hoy pretendemos con las enmiendas parciales modificar aquellos aspectos que se apartan de forma más significativa
de lo que el Grupo Socialista considera que hubiese sido la reforma que reclama la adecuación de las mutuas a las necesidades del siglo XXI. Señorías, nuestras enmiendas parciales se basan en las siguientes líneas: profundizar en las funciones de
las mutuas en relación con las contingencias profesionales, evitar la apertura a la gestión privada de los servicios sanitarios precisamente a través de las mutuas y apostar por una gestión de los recursos públicos con los controles y la
transparencia que nos exige hoy la sociedad.


Comienzo por la primera de estas líneas. Las mutuas deben de limitarse a su función básica, es decir, la cobertura de las prestaciones derivadas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales.

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El Gobierno no nos ha presentado ninguna evaluación sobre las ampliaciones anteriores a otros ámbitos de gestión, lo que sí sabemos es que la gestión del cese de actividad para los autónomos ha sido un fiasco. Se les encomendó a las mutuas
porque iba vinculada a las contingencias profesionales y una vez desaparecida esta vinculación proponemos atribuir la gestión de esta prestación al Servicio Público de Empleo. Nuestra enmienda 169 pretende que las mutuas asuman en todo caso el
aseguramiento de las contingencias profesionales, sin que las empresas puedan optar por que el Instituto Nacional de Seguridad Social haga la cobertura de estas prestaciones. Con ello pretendemos evitar la selección del riesgo profesional. No es
de recibo que se derive al INSS la cobertura de contingencias profesionales en los sectores de actividad de mayor riesgo, como por ejemplo la minería. Por ello consideramos que el nombre las mutuas debe seguir ligado a las contingencias
profesionales. El cambio de nombre que contiene el proyecto de ley permite facilitar la expansión a otros ámbitos de la acción protectora y oculta la privatización del ámbito de la gestión de la Seguridad Social y la asistencia sanitaria. No hay
ni una sola razón ni un solo dato que permitan avalar que las entidades privadas gestionan de forma más eficaz que las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Más bien al contrario, de los datos que podemos extraer de la
memoria que presenta el Gobierno, la gestión de las entidades gestoras de la Seguridad Social es infinitamente más eficiente que la presentan las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.


En segundo lugar, pretendemos impedir la injerencia de las mutuas en el sistema sanitario, porque de ello puede derivarse un perjuicio para el derecho de la salud de los trabajadores. De ahí nuestra enmienda 176 que propone la supresión de
la disposición adicional undécima contenida en el apartado 2 del artículo único que contiene el proyecto de ley. Ustedes nos presentan una regulación que permite a las mutuas interferir en el funcionamiento del sistema público de salud, abren
nuevas vías a la gestión privada del sistema sanitario en detrimento del derecho a la protección de la salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución, y lo hacen creando sobre nuestro sistema sanitario desconfianza en su eficacia en el
cuidado del paciente y señalándolo como un despilfarrador de recursos públicos. Así abren la puerta a un sistema de prestación sanitaria dual, que los socialistas rechazamos. El mecanismo que incorporan con la disposición adicional undécima
desprestigia al médico de familia: el facultativo capacitado por el sistema sanitario para realizar el seguimiento del trabajador en todas sus patologías clínicas comunes, el facultativo que dispone de la información completa, de sus procesos y
responde de la salud del trabajador. Generan una burocracia descomunal y en lugar de favorecer la curación del enfermo parecen buscar su empeoramiento con idas y venidas y pruebas que se superponen con el sistema público de salud. Además, no
parece lógico que las decisiones sobre la recuperación de la salud de los trabajadores se pongan en manos de asociaciones privadas de empresarios. Es fácil entender los conflictos de intereses a los que puede dar lugar esta doble función del
patrón. El Grupo Socialista es partidario de reforzar la inspección médica y de reforzar los mecanismos de garantía y control público de la asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral. En nuestra opinión todas las competencias
de control sanitario de esta incapacidad temporal común deben residenciarse en el Sistema Nacional de Salud. Está demostrado que los servicios públicos dan mayor calidad, son mas eficaces y más baratos y tratan a todos los ciudadanos en igualdad de
condiciones.


En tercer lugar, consideramos imprescindible establecer mayores niveles de transparencia y eficiencia en la gestión de las mutuas y garantizar una mayor participación de los representantes de los trabajadores. Señorías, los principios y
controles en la gestión de recursos públicos no pueden diluirse por el hecho de que las mutuas sean entidades privadas. El proyecto de ley avanza algo en este sentido, pero se queda muy corto ante las exigencias de transparencia y de regeneración
que plantea en estos momentos nuestra sociedad. La regulación de las mutuas sobre la base de las orientaciones del Pacto de Toledo recogidas en la Ley 27/2011, lleva a nuestro grupo a proponer una serie de enmiendas para seguir avanzando en la
mayor transparencia y control de la gestión de los fondos públicos que forman parte del sistema público de Seguridad Social. Proponemos en nuestra enmienda 170 la actuación previa de la intervención de la Seguridad Social. Proponemos por tanto
trasladar a la gestión de las mutuas unos esquemas semejantes a los que tienen funcionando con éxito en las entidades gestoras de la Seguridad Social. Alguien podría aducir que esto supone impedir una gestión eficaz pero, señorías, el reducido
número de mutuas, los medios tecnológicos y de comunicación así como los medios personales y la profesionalidad de la intervención general, avalan dar este paso. La intervención previa en estos momentos no impide una gestión eficaz sino todo lo
contrario, garantiza una gestión segura y transparente. Nuestra enmienda 172 profundiza en la prohibición a las mutuas de operaciones de lucro mercantil. Por ello proponemos suprimir

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la posibilidad de que las mutuas carguen un canon por el uso que las mismas hacen de los bienes pertenecientes al denominado patrimonio histórico. Hay que cortar de raíz los comportamientos ilegales que han detectado tanto la intervención
de la Seguridad Social como el Tribunal de Cuentas. En nuestra enmienda 173 y, en línea con las reformas ya puestas en marcha por Gobiernos socialistas con anterioridad, proponemos que los denominados resultados positivos de las mutuas sirvan para
incrementar su grado de solvencia y también para derivar parte de los mismos a los recursos generales de la Seguridad Social.


En cuanto al patrimonio inmobiliario el proyecto de ley a nuestro entender adolece de inconcreciones y de lagunas de regulación, que causarán problemas en el futuro. Por ello nuestras enmiendas tratan de fortalecer las facultades de la
Tesorería de la Seguridad Social como titular del patrimonio único de la Seguridad Social, que debe servir a la finalidad exclusiva de atención de las prestaciones y servicios del sistema de la Seguridad Social. Con nuestra enmienda 174 impedimos
que los recursos públicos se destinen al pago de exceso en gastos de administración y gastos procesales por sanciones impuestas a las mutuas. No es posible premiar la mala gestión y encima que las consecuencias las paguen los ciudadanos con
recursos públicos. Asimismo, nuestras enmiendas cortan definitivamente con las fórmulas encubiertas para la determinación de las retribuciones de los ejecutivos y el personal directivo de las mutuas. La sociedad demanda fijar por ley los límites
correspondientes a estas retribuciones, que deben equipararse, sin dejar resquicios interpretativos, a las de los responsables de las entidades gestoras de la Seguridad Social. No hay ninguna razón que avale diferencias retributivas tan
sustanciales como las que permite el proyecto de ley.


En cuanto a la aplicación del principio de transparencia en la gestión y participación de empresarios y trabajadores protegidos por las mutuas, el Grupo Socialista propone garantizar con criterios de paridad la participación de estos en los
órganos de Gobierno. Así, en nuestra enmienda 166 proponemos aplicar a la composición de la junta directiva los criterios de paridad entre empresarios asociados y trabajadores protegidos. Seguimos así los criterios contenidos en la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 27/2011 y también las líneas de actuación que sobre la gobernanza de las mutuas fijaron los interlocutores sociales en el acuerdo social y económico de 25 de enero de 2012.


Señorías, señor presidente, estas son las líneas básicas de nuestras enmiendas que en muchos casos coinciden con las presentadas por otros grupos y con las reflexiones y acuerdos del Pacto de Toledo. Apoyamos la reivindicación de los
autónomos en relación con el cese de actividad y consideramos necesario mejorar la prestación y los mecanismos de acceso a la misma. Apoyaremos las enmiendas de los distintos grupos que coincidan de forma básica con las nuestras, sin embargo, no
hemos recibido hasta el momento ninguna propuesta de negociación por parte del Grupo Popular y suponemos que sus intereses difieren de nuestros planteamientos. El Grupo Socialista, consciente de la importancia de la gestión de las prestaciones
sociales de la salud de los trabajadores, continúa abierto al diálogo y al pacto político en esta materia. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gutiérrez por su explicación y también por su grado de síntesis y concreción, que es de agradecer. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto doña Olaia Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, las mutuas de accidentes han ampliado considerablemente su campo de acción para gestionar no solo las contingencias profesionales sino también las comunes y en este proyecto de ley se avanza en ese
proceso de protagonismo de las mismas. Se incorporan, además, nuevas competencias asistenciales para las mutuas que supondrán un paso más en la fragmentación y en la privatización de la asistencia sanitaria de las personas trabajadoras. Por otra
parte, también se incorpora en este proyecto de ley la imposición de que los servicios de prevención de riesgos laborales que dependen de las mutuas sean externalizados. Por tanto, señorías, como hemos dicho en la enmienda a la totalidad de
devolución que presentamos a este proyecto de ley no se trata de medidas para limitar el absentismo laboral, el cual con anterioridad a esta reforma se está reduciendo cada año según revelan y certifican las estadísticas, sino para fortalecer el
papel de las mutuas y potenciar sus actuaciones de carácter personal cuestionando así la profesionalidad del personal sanitario del sistema público de pensiones.


Presentamos quince enmiendas parciales a este proyecto -diez de ellas de supresión, nueve al artículo uno y una al artículo dos- porque no compartimos la pretensión de ampliar el campo de acción, como decíamos, de las mutuas para gestionar
no solo las contingencias profesionales sino también las comunes, como ya hemos expuesto. En este proyecto, como también hemos dicho, se avanza en ese

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proceso de protagonismo, lo que significa una privatización progresiva de la gestión de la salud de las personas trabajadoras, dotándoles de más capacidad y obtención de recursos públicos. Por tanto, ello supondrá una situación de mayor
desprotección de los trabajadores y trabajadoras frente a las decisiones de las mutuas que, no olvidemos, son entidades patronales donde priman criterios economicistas, sobre todo de ahorro en el gasto médico, por encima de los criterios de salud en
la gestión de las bajas médicas.


Señorías, la enmienda 76 tiene como razón limitar las indemnizaciones por cese a directivos de las mutuas con independencia del carácter público o privado de los recursos con cargo a los cuales se abonen, al ser simplemente entidades
asimiladas al sector público estatal. Hay una enmienda que para nosotros tiene mucha importancia, la número 84, de supresión de la disposición transitoria tercera, dado que las modificaciones reguladas en esta disposición transitoria imponen que
los servicios de prevención de riesgos laborales que dependen de las mutuas sean externalizados pese a ser los únicos servicios que prestaban las mutuas cuya valoración era relativamente positiva tanto por parte de las empresas como de los
trabajadores y trabajadoras. Esta vinculación entre mutuas y los servicios encargados de prevenir riesgos laborales tiene una razón de ser, porque son precisamente las mutuas quienes han de afrontar y pagar las consecuencias de los accidentes de
trabajo. Se pretende romper, señorías, esa relación sobre la base de razones ajenas a esa causalidad entre prevención y accidentes de trabajo al fundarse en aspectos relativos a la concurrencia competitiva. El resultado puede ser nefasto al
trasladarse estos servicios de prevención de riesgos laborales a empresas ajenas al mundo laboral que emplearan exclusivamente criterios empresariales y de maximización del beneficio a la hora de su gestión, sin que, además, pueda haber
representación o intervención de sus destinatarios o de los destinatarios de los servicios, trabajadores y trabajadoras, como hasta el momento sí había en los órganos de dirección de las mutuas para controlar, entre otros, el adecuado funcionamiento
de la prevención de accidentes.


La enmienda 86 del BNG propone establecer como de adscripción voluntaria la gestión de la contingencia por cese de actividad de los trabajadores autónomos de las mutuas, nunca de manera obligatoria pues supone externalizar obligatoria y
totalmente una función que debe ejercerse desde el sector público directamente. La enmienda 87 es una adición a la disposición adicional segunda. Pretende establecer la posibilidad de financiación presupuestaria de la prestación por cese de
trabajadores y trabajadoras autónomos en caso de crisis económica prolongada y persistente.


Señorías, estas son las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego. Manifestamos que votaremos favorablemente aquellas enmiendas que hayan presentado los diferentes grupos en una dirección igual o parecida.


El señor PRESIDENTE: A continuación, interviene don Emilio Olabarría por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero comenzar mi intervención manifestando la decepción que le embarga a este grupo parlamentario, primero, por la falta de parlamentarismo, por la degradación del debate legislativo. Quizás deberíamos estar ya
vacunados sobre esta circunstancia a estas alturas de la legislatura, pero no deja de sorprendernos que este importante proyecto de ley haya sido debatido en un régimen de tracto sucesivo, pero, sobre todo, perentorio o sumario. Utilice la
expresión que le complazca más, señor presidente. Una ponencia de dos minutos de duración donde no se debatió nada. Sencillamente se asistió a una recepción de nada. No es una imputación ni se lo estoy espetando a nadie en concreto, señor
presidente. Es que, por lo que se ve, en el momento de la ponencia no había criterio suficientemente sustanciado como para poder realizar ofertas a ningún grupo parlamentario. En segundo lugar, una Comisión con competencia legislativa plena se
superpone sobre el criterio de la mayoría de los grupos parlamentarios que solicitamos la avocación al Pleno de una ley que tiene relevancia. El señor presidente, que es experto en esta materia, sabe que el 98% de las empresas españolas están
asociadas a alguna mutua de accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Solo desde esa perspectiva cuantitativa ya queda acreditada e ilustrada suficientemente la relevancia del proyecto de ley que estamos debatiendo. Sin embargo, vamos a
tener que defender enmiendas, que modestamente mi grupo y todos los demás grupos consideran relevantes, en el corto espacio de tiempo que nos provee un mecanismo tan tasado y tan reglamentado como el del debate en Comisión y sin la avocación al
Pleno posteriormente y quizás con una expectativa difusa, y nunca mejor utilizado el término difuso, de que se puede regenerar en el Senado el parlamentarismo que en el ámbito de esta Cámara, en el Congreso, no ha existido. Ojala fuera así. En
definitiva, son expectativas, no es un posicionamiento concreto ni posibilita asumir posiciones basadas como fundamento único en esta expectativa de derecho, que es una expectativa incierta, con todo lo que

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esto conlleva jurídicamente. En tercer lugar, es un proyecto de ley que viene con un déficit de interlocución con todos los grupos parlamentarios. Yo no he sido capaz, más que esporádicamente y muy a última hora, de intercambiar
impresiones con los redactores del proyecto de ley y me da la impresión de que los demás grupos parlamentarios no han tenido mucha más suerte que yo. Pero no solo es que nos afecte a los grupos parlamentarios que colegislamos o contribuimos a la
otrora noble tarea de legislar, sino a los interlocutores sociales. Este proyecto de ley no está avalado por los interlocutores sociales, ni los que representan a los intereses de los empresarios, ni los que representan a los intereses de los
trabajadores, las organizaciones empresariales, ni los que representan al sector que regula esta ley, muy deficientemente, en opinión también de este grupo parlamentario, ni de los grupos parlamentarios, como antes le comentaba. Es un déficit de
interlocución y un déficit de legitimación de origen que seguramente va a trascender del mero acto formal de la aprobación parlamentaria de este proyecto de ley basada en una mayoría absoluta que es legítima pero que, seguramente, no va a resolver,
a pesar de su legitimidad, los diferentes y complejos problemas que afectan al mutualismo, que afectan a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.


Señor presidente, esto lo podríamos considerar una suerte de sistema de legislar ad hoc muy acentuado en esta legislatura, pero no es el que usted y yo, por razones generacionales, hemos conocido en otras. Yo ponía un ejemplo el otro día
-en la ponencia que realizamos con tanta brevedad como alegría o satisfacción- de que yo he conocido ponencias en esta Cámara en donde en algún proyecto de ley, como el regulador del mercado de valores, la ponencia se desarrolló durante tres meses y
la Comisión durante más. Evidentemente, además, no existía la perversión de resituar o situar la competencia legislativa plena en la Comisión; era excepcional la ubicación en las Comisiones de la competencia legislativa o del final del iter
legislativo en las Cámaras. Ahora es la norma y excepcionalmente -solo excepcionalmente- se avocan al Pleno; institución la de la avocación que ya acredita una suerte de perversión parlamentaria porque se sustrae al Pleno el debate de leyes
importantes, como es esta.


Hemos recibido a última hora algunas transacciones -cuando digo a última hora es en la mañana de hoy, señor presidente- que me voy a permitir glosar, aunque solo sea por deferencia y por respeto al grupo que ha tenido la delicadeza de
trasladarnos estas propuestas de transacción. Hay una transacción que se pretende hacer con las enmiendas 103 y 105 de mi grupo parlamentario sobre una cuestión troncal en este proyecto de ley que es la gestión de la incapacidad temporal en el
ámbito de las contingencias comunes, no de las contingencias profesionales. Ya se ha comentado, como es sabido, una amplificación histórica de las competencias de las mutuas que incluso trasciende de la gestión de ciertas contingencias
profesionales, como son los accidentes de trabajo y la enfermedad profesional, a la gestión de la incapacidad temporal en el ámbito de las contingencias comunes, además de otras como el abono de la prestación por cese de actividad para los
trabajadores autónomos y algunas otras que han sido fruto de una amplificación de sus actividades que nosotros hemos compartido siempre porque nos parece que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional son muy buenas instituciones
desde una perspectiva de colaboración jurídico-privada para atender a estas prestaciones. Y si no se han hecho bien, no se han hecho menos bien que las instituciones públicas homónimas que atienden a este tipo de prestaciones en el ámbito del
sistema público de pensiones, y en concreto las entidades gestoras. Es más, se han hecho mejor seguramente. De ahí viene la posibilidad de la generación de excedentes que han posibilitado dotar un fondo de contingencia que ha sido utilizado además
durante esta legislatura, por muchos millones de euros, señor presidente, para atender a los déficits presupuestarios, a los problemas de tesorería de la Seguridad Social para atender a sus obligaciones ordinarias, a sus obligaciones legales.


En relación con la atención en régimen de colaboración, que es lo que afecta a las mutuas, de la contingencia de incapacidad temporal, lo que se nos propone como pretendida transacción -y digo pretendida, nunca mejor utilizada está
expresión- es lo que el ordenamiento jurídico ya prevé hoy. Si realmente una mutua se ve con dificultades de tesorería para atender a esta contingencia -la de incapacidad temporal- puede retirar de las contingencias, para las que seguramente tiene
tesorería suficiente e incluso generar excedentes, como son las profesionales, para cubrir los déficits de tesorería. Esto es lo que prevé el ordenamiento jurídico hoy y es lo que se nos oferta, señora España, como transacción en el día de hoy en
relación con los artículos 103 y 105, la atención a la incapacidad temporal, que es uno de los elementos troncales de este proyecto de ley y en el cual vamos a enfatizar mucho en este trámite, señor presidente, y en los subsiguientes, que no van a
ser muchos pero que espero que sean más relevantes y significativos que el que hoy vamos a perpetrar. Lo que solicita mi grupo parlamentario con toda humildad -esto forma parte del acervo ideológico del Partido Popular, por lo tanto nos llama

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poderosamente la atención que nos hagan una oferta de estas características- es la generación con cargo a los excedentes de las mutuas de un fondo ubicado en las entidades gestoras de la Seguridad Social para atender los déficits de
tesorería para la provisión de esta contingencia por parte de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, no esto. Esto ya está previsto en el ordenamiento vigente, y lo que está previsto en el ordenamiento vigente uno presume, a
través de una ya prolongada experiencia parlamentaria que usted y yo hemos compartido, que no debe ser objeto de transacción; ya está en el ordenamiento vigente. Siempre cabe el argumento perverso o el elemento diabólico de decir: vamos a
empeorar lo que prevé el ordenamiento vigente y le ofrecemos como transacción mantener lo que el ordenamiento vigente preveía hasta que se perpetre esta modificación específica de la legalidad hasta ahora vigente. A esto, honestamente, yo no voy a
jugar y mi grupo parlamentario tampoco. Si el ordenamiento jurídico vigente prevé esta circunstancia, lo que no vamos a hacer es que una expectativa de regulación in peius nos mueva a modificar el sentido de nuestro voto.


Dicho esto, tenemos que decir todo lo contrario en relación con la protección de los trabajadores autónomos, y quiero felicitar al grupo mayoritario en esta Cámara, el Grupo Popular en el Congreso, por la buena o mejor regulación prevista en
relación con la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos. (Rumores). Señor presidente, tenemos poco tiempo y, si además ese tiempo tiene que ser objeto de uso en un contexto de cierto desorden, la verdad es que no es la
degradación del procedimiento legislativo sino la incapacidad de este portavoz que les está hablando, pensando que estamos debatiendo algo importante, la que se resiente en este momento notablemente.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, como le he dicho, habrá flexibilidad en la utilización del tiempo, sin embargo, tiene usted razón, pero yo daba por supuesto que como portavoz parlamentario le ha tocado debatir y defender enmiendas y
proyectos en circunstancias todavía más adversas a lo largo de todos estos años. Tiene razón el diputado que está interviniendo, el cual tiene derecho a ser oído por todos, y si alguien carece de interés, puede salir y entrar a votar.


Continúe, por favor, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Ser oído por todos es demasiada pretensión; con que no me perturben en mi intervención y la voz de los otros no sea más alta que la que yo mismo estoy utilizando, a pesar del empleo de
megafonía, con eso me bastaría.


Quiero felicitar al grupo proponente por la regulación mejor del cese de actividad de los trabajadores autónomos, donde no hacía falta más que lo que se ha hecho al final, que es que esta regulación sea la dimanante del Real Decreto
197/2009, que regula exactamente cuándo los trabajadores autónomos están en una situación de cese de actividad, que es la homónima a la situación de desempleo de los trabajadores dependientes. Se nos complementan estas transacciones a las que hemos
tenido acceso en la mañana de hoy con una serie de previsiones en relación con el desarrollo reglamentario que, si se hicieran bien, nosotros podríamos manifestar cierta satisfacción, pero son tan deletéreas y tan enigmáticas, hay que recurrir a una
hermenéutica tan fina para comprender qué se nos dice, que en este momento no estoy en condiciones de utilizarlas como fundamento a un posible cambio de posición, que va a ser no a este proyecto de ley y a las enmiendas transaccionales que nos
propone el Grupo Popular en el Congreso. Nosotros pretendemos con nuestras enmiendas algo que filosóficamente entendemos relevante. La referencia para regular el sector de las mutuas de trabajo y enfermedad profesional no debe ser el sector
público administrativo porque esto supondría una publificación absoluta de las mutuas y su desaparición a la postre, ya que terminarían siendo difuminadas por las entidades gestoras de la Seguridad Social; publificación que se observa en varios
ámbitos: la transferencia de 36 ámbitos de la gestión pura y ordinaria de las mutuas a las entidades gestoras o al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la sujeción de estas a instrucciones de la Administración, del Ministerio de Empleo o de las
entidades gestoras, que desde una dimensión del derecho administrativo que el señor presidente conoce suponen la subordinación jerárquica de las mutuas a una entidad jerárquicamente superior, que es la Administración de la Seguridad Social, y la
posibilidad de impartir instrucciones, así como de establecer un criterio no solo de control y tutela sino de dirección, que también acredita una subordinación jerárquico-administrativa de las mutuas al Ministerio de Empleo o a las entidades
gestoras de la Seguridad Social. Si esto es así, las mutuas terminarán desapareciendo, carecerán de sentido, serán publificadas y se convertirán en un apéndice o en parte integrante de las entidades gestoras de la Seguridad Social. Este ha sido el
discurso de don Tomás Burgos, el discurso de la ministra de Empleo y Seguridad Social y el recurrente discurso del Partido Popular siempre en el Congreso de los Diputados desde que existe el Pacto de Toledo. Alguien me tendrá

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que explicar por qué el elemento de la publificación, que forma parte de la legítima reivindicación de la izquierda parlamentaria, ha sido metabolizado en sus propios términos, no desde una perspectiva impostada de equidistancia entre dos
extremos, los que mantenemos con un fundamento enmiendas a la totalidad y con otro otras enmiendas a la totalidad. ¿Por qué esta impostura ha sido provocada mediante un escoramiento absoluto hacia las posiciones de la izquierda parlamentaria por
parte del Grupo Popular? Seguramente alguien tendrá alguna razón.


Dicho esto, señor presidente, todo es publificación, todo es control, todo es tutela, todo es vinculación del personal de las mutuas al Estatuto del Empleado Público, del personal de alta dirección a los requerimientos o a la estructura
salarial y administrativa del personal de alta dirección o de los cargos de libre designación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o de sus entidades rectoras, transferencia de las competencias de la función ordinaria de las mutuas
sistemáticamente a las entidades gestoras, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una distribución de los fondos o de los excedentes de los fondos de estabilización de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional absolutamente
asincrónica y asimétrica, en donde la mayor parte es objeto de recepción por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y queda muy poca cantidad para fortalecer el sistema mutualista en el Estado español, que tiene más de cien años de
existencia -nació en el año 1900- y que ha funcionado bien en términos generales, con algunas loables excepciones.


Por último -con esto acabo-, nosotros hemos aprovechado el viaje de esta importante ley que es objeto de una tan relevante atención parlamentaria por parte de quienes deben ser receptores naturales de este tipo de crítica, invectivas o
reflexiones -vamos a dejarlo ahí-, de algo que afecta no al sector mutualista, sino al sector complementario libre de la Seguridad Social con carácter general. Nuestra enmienda 111 hace referencia a las entidades de previsión social voluntaria y
cómo también se están publificando peligrosamente mediante la absorción de las aportaciones empresariales -sobre todo cuando la empresa es una institución pública- de estas entidades de previsión social voluntaria en las bases de cotización a la
Seguridad Social, un elemento de publificación absoluta. Nosotros tenemos la esperanza de que exista un sistema complementario libre o voluntario de la Seguridad Social basado en entidades de previsión social voluntaria o en otros instrumentos,
pero esto es absolutamente contradictorio. Si son de empleo y son fruto de la negociación colectiva laboral, en el ámbito de las administraciones o en el ámbito de la empresa privada, esto no admite publificación alguna. Se hace porque está
previsto constitucionalmente en el artículo 41 de la Constitución y se hace para complementar determinadas contingencias, fundamentalmente la contingencia de jubilación. Si se publifica esto también, uno puede pensar dos cosas, o que el Gobierno
del Estado español y el grupo parlamentario que le apoya están incumpliendo, no sé si consciente o inconscientemente -no voy a hacer juicios de valor-, el contenido esencial en el ámbito complementario privado de la Seguridad Social del artículo 41
de la Constitución, o su voracidad recaudatoria le hace intentar penetrar en aquello donde hay posibilidades de recaudar, aunque sea de forma legalmente ilegítima: en el ámbito de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en el
ámbito de las entidades de previsión social voluntaria y en otros ámbitos.


Aquí no se puede ser publicista o privatista a tiempo parcial; o uno cree solo en lo público absolutamente, pero siempre, o uno cree en lo privado complementando lo público, colaborando -como es el caso- con lo público siempre, porque es un
elemento de identidad y descripción ideológica. Lo que no se puede es jugar a todo a la vez. En este momento, desafortunadamente en mi opinión, el Partido Popular no está jugando a lo que ha caracterizado históricamente su acervo ideológico en
esta materia, está jugando a otras cosas por razones que no soy capaz de discernir. En todo caso, señor presidente, en el tiempo que me corresponde, abusando incluso de su generosidad, doy por defendidas prácticamente en sus propios términos las
enmiendas de mi grupo parlamentario, indicando que esta es una ley fallida y llamada a tener muy corto recorrido, porque no gusta a casi nadie; quien no ha enmendado de totalidad es porque está fundando su posición política en expectativas que no
solo son evanescentes sino que probablemente resultarán inciertas y frustrantes posteriormente y porque uno no termina de entender lo que está pasando en la política de este país. Más o menos la izquierda mantiene, dentro de lo posible, a pesar de
fenómenos emergentes nuevos, una cierta coherencia ideológica, pero que la derecha vaya convergiendo a esa especie de coherencia ideológica que ha mantenido históricamente la izquierda, porque hay determinado partido u organización política o lo que
sea que está deslizando los posicionamientos ideológicos de casi todo el mundo no se sabe muy bien hacia dónde ni para hacer qué, con toda honestidad y aunque me cueste caro políticamente, señor presidente, le tengo que decir que a eso nosotros no
vamos a jugar.

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Espero que hayan servido para algo estas reflexiones casi melancólicas, casi nostálgicas, y tengamos posibilidad en el Senado, como nos han dicho, de llegar a algún acuerdo razonable.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, posteriormente la izquierda tendrá oportunidad de expresar sus puntos de vista en relación con este proyecto de ley. No sé si serán exactamente coincidentes con su análisis, pero tendremos la
oportunidad de escucharlo dentro de unos minutos. De momento, vamos a escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD, don Álvaro Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Tuve ocasión en el debate de totalidad de señalar las objeciones que mi grupo tenía a esta ley y que nos llevaron a pedir su devolución y ahora en este trámite en Comisión corresponde explicar de forma detallada,
mediante enmiendas parciales, cómo intentaríamos corregir nosotros esos problemas, qué haríamos frente a las objeciones que planteamos en el debate de totalidad. Para eso mi grupo ha presentado dieciocho enmiendas parciales, indicando cómo
modificaríamos la ley para corregir las deficiencias que señalábamos en ese debate de totalidad. Una primera preocupación tenía que ver con la denominación nueva que se propone para las mutuas, algo que puede parecer banal pero que nos preocupaba
porque parecía abrir la puerta a una expansión sin limitaciones de sus atribuciones, a que pudiesen en el futuro hacerse cargo de cualquier prestación de la Seguridad Social. Por eso en la enmienda 20 lo que proponemos es mantener su denominación
original, que se llamen mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionándolas con su ámbito fundacional y su ámbito propio de competencias.


Nos preocupa también, como señalábamos en ese debate de totalidad, el régimen económico-financiero en los gastos de administración en particular, porque había habido casos de mala gestión, casos incluso de fraude, y situaciones en que esos
gastos de administración superaban a los de las entidades gestoras de la Seguridad Social, algo que no parece tener mucha justificación o mucha lógica. Por eso, en las enmiendas 22 y 32 pedimos que las mutuas tengan como referencia a esas entidades
gestoras y que los gastos de administración no puedan superar los de estas últimas ni se utilicen los excedentes de las mutuas para financiar unos gastos de administración superiores que pueden estar encubriendo casos de mala gestión. El tercer
campo de preocupación tenía que ver con los órganos de gobierno de las mutuas, y aquí nos preocupaba especialmente el tema de las retribuciones. Veíamos en la ley ciertos avances en la cuestión pero nos parecían insuficientes, porque de nuevo
consideramos que el elemento de referencia para las mutuas deben ser las entidades gestoras de la Seguridad Social, también en las retribuciones. Algunas retribuciones fijas se equiparan pero otras variables no, y eso permitirá que en el ámbito de
las mutuas pueda haber unas remuneraciones mucho mayores que en los ámbitos equivalentes de la Seguridad Social. Por eso hemos planteado toda una batería de enmiendas, de la 24 a la 28, para intentar esa equiparación en el caso del presidente, en
el caso del director gerente y en el caso del resto del personal directivo, teniendo en cuenta también en estas retribuciones que la ley se ocupa de las indemnizaciones por despido pero no tiene en cuenta los planes de pensiones, que se han
convertido en un elemento importante de remuneración diferida en nuestras empresas. Querríamos también que la comisión de control estuviese mejor diseñada, que tuviese más acceso a la información para realizar su función adecuadamente y, de no
hacerlo así, incurra en responsabilidades para evitar que suceda lo que sucedió con las comisiones de control de las cajas de ahorro, por ejemplo, por esta falta de régimen de responsabilidades. A esto se dedican las enmiendas 29, 30 y 31.
Siguiendo dentro del ámbito de los órganos de Gobierno, creemos que en el caso de la junta general, sus acuerdos sean impugnables en un plazo de tiempo más largo que el que propone la ley, no con el límite de un año, sino de cuatro, porque sin ese
plazo de tiempo es difícil evaluar las consecuencias de las decisiones de la junta general. Por eso en la enmienda 23 pedimos que los acuerdos que vayan contra la ley o contra los intereses de la mutua y la Seguridad Social sean impugnables hasta
los cuatro años y no hasta el año, como propone la ley.


El cuarto ámbito en que fuimos críticos en el debate de totalidad tenía que ver -muy importante- con la salud de los trabajadores. Es cierto que aquí hay un elemento en último término positivo, que es que la última palabra para dar el alta
sigue en el servicio público de salud. Es el médico del servicio público de salud quien tiene la última palabra, pero creemos que la intervención de la mutua en el control de las bajas desde el día siguiente a la emisión de la misma es un plazo
demasiado temprano porque es un periodo de tiempo en el que ni siquiera la mutua está involucrada en la gestión del pago de la prestación. Creemos que debería ser a partir de los quince días cuando la mutua realice estas intervenciones, y esto es
lo que propone la enmienda 34.

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El quinto y último campo de crítica preocupación tiene que ver con los convenios que las mutuas podrán realizar con el servicio público de salud para hacer pruebas y tratamientos a los trabajadores en situación de incapacidad temporal. Este
es un temor a largo plazo, pero tememos que a largo plazo esto pueda provocar un fraccionamiento en nuestro servicio público de salud entre los trabajadores tratados en hospitales de las mutuas y el resto de ciudadanos. Las dos últimas enmiendas,
la 36 y la 37, buscan algo que nuestro grupo suele señalar en las leyes en general, que es la necesidad de evaluar las políticas públicas. Pedimos que en un plazo máximo de tres años se evalúe el resultado de esta nueva ley y se envíe un informe al
Congreso de los Diputados con esa evaluación. La enmienda 37 propone que se fije un plazo máximo para el desarrollo reglamentario, porque en la ley hay continuas remisiones a ese desarrollo reglamentario pero no se fija un plazo máximo en el que
tenga que estar preparado o listo. La enmienda 37 propone ese plazo. Esto es lo que nosotros haríamos para adecuar la ley a nuestro proyecto político y esto es lo que tendría que aprobarse para que lo votásemos favorablemente, pero como es
evidente que no va a ser así, no lo podremos hacer. Sin embargo, el grupo mayoritario nos ha propuesto algunas transacciones y algunas enmiendas que se propone aceptar en la formulación originaria que consideramos importantes. Dos tienen que ver
con lo que señalaba al final de la intervención. En la enmienda 36 pedíamos evaluar los resultados de la ley, algo que se propone aceptar el grupo mayoritario, luego nos felicitamos por ello, y que el desarrollo reglamentario tenga un plazo máximo.
Nosotros proponíamos otro, ellos proponen seis meses, pero parece un plazo razonable y también importante por la seguridad jurídica que va a proporcionar. Los otros acuerdos tienen que ver con el régimen de retribuciones, algo en lo que he
insistido en mi intervención puesto que lo damos mucha importancia. En la enmienda 24 pedíamos que el presidente no pueda tener unas retribuciones totales mayores que las del director gerente, algo que según nos dice la portavoz del Grupo Popular
va a ser aceptado. En las enmiendas 25 y 26 se nos ofrece una enmienda transaccional para que las retribuciones del resto del personal directivo tengan un límite superior, que son las retribuciones del titular del Ministerio de Empleo. Se tienen
también en cuenta los planes de pensiones, que tendrán que ser aprobados por el ministerio. Nos parecen acuerdos numerosos e importantes y por eso vamos a cambiar la posición de voto de nuestro grupo desde el no, que es lo que manifestamos en el
Pleno, a la abstención, que es lo que votaremos en esta ocasión.


Quiero agradecerle particularmente a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carolina España, su esfuerzo negociador en esta materia, al que no estamos acostumbrados, y tal vez por eso lo valoramos muy especialmente. No estamos
acostumbrados, no en su caso, sino en la generalidad de comisiones en las que actuamos. (Risas).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo, incluida esa nota bien aclaratoria. A continuación tiene la palabra don Gaspar Llamazares, por La Izquierda Plural, para la defensa de sus enmiendas.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario piensa que estamos ante una oportunidad perdida. No solamente una oportunidad perdida de diálogo y de consenso, que parece que en materias relacionadas con el Pacto de Toledo la hemos
perdido ya hace tiempo, no solo con este Gobierno, sino con el Gobierno anterior, cuando llegó la crisis y mandó parar. El diálogo y el consenso son especímenes muy raros, siendo lo más frecuente el decreto y la mayoría. En relación con la
oportunidad perdida en materia de mutuas de accidentes y de enfermedades profesionales, creemos que hay otro factor. Nos encontramos ante una materia que ha recibido sucesivas modificaciones parciales y unilaterales que no han conseguido solucionar
los problemas. En ese sentido, mucho nos tememos que estemos ante una nueva modificación unilateral en materia de mutuas que no solucione el problema de lo que podríamos llamar -y aquí entro en un enfoque más sanitario- el subsistema de salud
laboral del sistema sanitario español, y eso creo que es muy preocupante. Si no fuera preocupante en general, habría que remitirse a lo ocurrido muy recientemente y a la denuncia del Colegio de Enfermería sobre los fallos no solamente del sistema
de salud pública, sino del sistema de salud laboral -dos de las parientes pobres de nuestro sistema sanitario- en España con respecto a la crisis del ébola. Pero no me voy a referir a esa materia sino, como es lógico, a las modificaciones que tiene
el texto que hoy se nos presenta.


Yo lo llamaría el texto de la sospecha. Lejos de ser el texto del diálogo y del cambio del modelo para que tengamos un sistema de salud laboral desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista de la atención y las
prestaciones más saludable, prácticamente es un texto de sospechas y de medidas para intentar despejar esa incertidumbre de la sospecha. En algunos casos sospecha con

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materia, con causa. Es el caso de la gestión de las mutuas; tiene causa esa sospecha, por tanto, tiene también sentido intervenir. Hay distintas concepciones en esta materia y yo todavía estoy reflexionando sobre concepciones anteriores
de entrismo izquierdista dentro del Partido Popular. Yo creo que en estos momentos hay un debate abierto sobre el modelo de gestión, dado que este no ha sido exitoso sino que ha estado sujeto a crítica, y no solamente a crítica, sino a impugnación
a lo largo de los últimos tiempos por parte de la Seguridad Social y por parte del Tribunal de Cuentas. Lo hemos visto en informes reiterados. Por tanto, esa cuestión basada en la sospecha nos parece que tiene materia, si bien nosotros tenemos
algunas dudas que queremos comunicar a la Cámara. Creemos que es bueno que se avance en la gobernanza del sistema de mutuas y consideramos que dar mayor participación a los distintos agentes es conveniente. Lo que pasa es que se da mayor
participación a los empresarios, mayor participación a los autónomos, pero parece haber una sospecha sobre los sindicatos. Los sindicatos, como consecuencia o en respuesta a la falta de acuerdo, prácticamente quedan al margen del gobierno de las
mutuas y creemos que deben tener una mayor participación. Es la opinión de aquellos que pensamos que una parte muy importante de la financiación pública de las mutuas es salario indirecto de los trabajadores y, por tanto, sus representantes deben
formar parte de esos órganos de gobierno, pero, como decía, ahí la sospecha se extiende como una mancha de aceite, y la sospecha con materia sobre los gestores de las mutuas y las medidas de control de esos gestores, porque tienen una financiación
pública, porque gestionan funciones públicas, porque, en definitiva, son instrumentos de gestión privada pero públicos, se extiende el manto de la sospecha y le toca a los sindicatos, en nuestra opinión, de forma inexplicable. En relación con las
modificaciones que se producen con respecto a salarios, conflictos de interés y posible doble juego por parte de los gestores, tenemos la duda de si lo que prevalece es esta ley o los Presupuestos Generales del Estado. En esta ley se limitan
claramente esas retribuciones, pero en los Presupuestos Generales del Estado no. Se nos ha dicho por parte de la portavoz del Grupo Popular que prevalece esta ley. No nos gustaría quedarnos sorprendidos de la tramitación de los presupuestos o de
la tramitación en el Senado de esta ley para, al final, aguar el vino de la mayor intervención y control de los gestores de las mutuas.


La segunda gran sospecha, en nuestra opinión, sin materia, que además va a dar nombre a esta ley lo quiera el Partido Popular o no lo quiera, es el alta presunta. Señorías, esta es la ley del alta presunta, aunque no esté el alta presunta.
No es cómo es la ley, sino cómo se percibe por parte de los ciudadanos. Ya se ha encargado el Gobierno en la propia exposición de motivos de plantear que el objetivo de esta ley es acabar con el absentismo. Ya se ha dicho en esta Cámara cómo
evoluciona el absentismo y sus formas de control. Esta ley, que inicialmente pretendía un alta presunta al margen del sistema sanitario, ha modificado esa alta presunta por la baja sospechosa, pero quedará como una ley de sospecha sobre los
trabajadores para reducir el absentismo mediante el criterio de la patronal y no mediante el criterio sanitario del Sistema Nacional de Salud.


Lo que más le preocupa a mi grupo, aparte de cómo es la sospecha de la ley -la que tiene materia y la que no la tiene-, cómo se percibe por parte de los ciudadanos, es cómo queda el subsistema de salud laboral en nuestro país. Creemos que
si bien tenemos un buen sistema sanitario, nuestro sistema de salud laboral no es bueno, por no decir que es malo, señorías. Vivimos un ébola silencioso en este país en materia de salud laboral. ¿Cómo es comprensible para ustedes que teniendo el
mayor nivel de accidentabilidad de nuestro entorno desarrollado tengamos el menor nivel de enfermedad laboral? No se entiende. ¿Saben cómo se entiende? La única forma de entenderlo es que tenemos un mal sistema de registro de la enfermedad
laboral. Además, ese mal sistema de registro de la enfermedad laboral lleva a la cronificación de la enfermedad laboral; cronificación de la enfermedad laboral que no le cuesta al sistema laboral, sino al sistema sanitario público. Es un chollo
para las mutuas. Las mutuas tienen un carácter expansivo desde el punto de vista de la salud, pero en la materia más propia de las mutuas, que es el control de la salud laboral y los accidentes laborales, le pasa la pelota al sistema sanitario
público. Si el sistema sanitario público le pasase la factura de lo que dedica a enfermedades que no han sido percibidas, que se han cronificado en el sistema de salud laboral, el sistema de salud laboral no sería un sistema bien gestionado -como
el señor Olabarría dice-, sino una catástrofe de gestión. ¡Así gestiono bien yo, señorías, así gestiono bien yo! Es decir, si selecciono los riesgos y le paso los riesgos más graves al sistema sanitario yo gestiono perfectamente, no tengo
problemas, señorías, ahí tengo excedente. Eso es lo que está pasando en nuestro sistema laboral y eso tiene consecuencias sanitarias y consecuencias económicas.


Hablaba de ébola silencioso. Las enfermedades crónicas de origen laboral y el cáncer de origen laboral en nuestro país son un ébola silencioso, no reconocido en el ámbito laboral y solamente percibido,

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al final, en el ámbito sanitario. Eso tiene que ver con lo que estamos discutiendo hoy. Si realmente queremos un sistema de mutuas de accidentes y de enfermedades profesionales que se dedique a lo suyo o si queremos un sistema fondo de
saco al cual le llega lo suyo y lo de fuera, y no hace ni lo suyo ni lo de fuera, ninguna de las dos cosas. Y tenemos que vernos ante cada una de las auditorías, bien sea de Seguridad Social o del Tribunal de Cuentas, avergonzados porque no se
gestiona bien y porque los resultados no son precisamente positivos para su objeto, que es prevenir la enfermedad laboral y tratar y dar prestaciones a los ciudadanos que tienen algún tipo de accidente o de enfermedad laboral. Esa es la principal
preocupación de mi grupo parlamentario, que creemos que no se ha abordado en esta reforma y por eso decimos que se pierde una oportunidad muy importante para haberlo hecho con diálogo con los sectores afectados, para haberlo hecho con un acuerdo
político fuerte, que creemos que se lo merece, y para reforzar en momentos de crisis algo tan importante como es la salud de los trabajadores. He comentado el caso del ébola pero podría comentar -por enésima vez en esta Cámara- el accidente, que
parece tercermundista, de mercurio ocurrido recientemente en mi propia comunidad autónoma.


Termino diciendo que nuestras enmiendas tienen que ver con estos aspectos. Mantenemos todas esas enmiendas. Lamentamos que no hayamos podido tener un trámite -como decía el señor Olabarría- de ponencia y de Comisión más lógico en términos
parlamentarios, lamentamos este tratamiento exprés de una ley de la sospecha y que al final las medidas sean -y sigo con mi rollo- de policía sanitaria, y la policía sanitaria es del siglo XIX, no es del siglo XXI. En el siglo XXI hay prevención y
otras medidas mucho más desarrolladas.


El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra don Carles Campuzano para la defensa de sus enmiendas.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Estamos ante un proyecto de ley importante que, por las intervenciones de los distintos portavoces, abarca cuestiones muy distintas que han suscitado enmiendas de los grupos parlamentarios y, efectivamente, en
el tiempo que tenemos en esta Comisión seguramente no podremos agotar todas las discusiones que se abren. (El señor vicepresidente, Morlán Gracia, ocupa la Presidencia). Si casi no podemos defender con una cierta profundidad las enmiendas que
hemos presentado, difícilmente podremos responder a los distintos portavoces que están interviniendo. Por lo tanto, me voy a limitar, en la medida que pueda, a defender las cuarenta enmiendas que Convergència i Unió ha presentado a este proyecto de
ley y que abarcan aspectos muy amplios de los vinculados no solo a la regulación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sino también a la política en el ámbito de la salud laboral.


En la discusión de este proyecto de ley ha pesado de manera significativa la discusión sobre el modelo de mutua de accidente de trabajo, de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la Seguridad Social. Mi grupo no puede compartir
las afirmaciones que se hacen desde algunos grupos parlamentarios de que estamos frente a la privatización de la salud, o de las políticas de salud, o de los servicios vinculados a la salud laboral. Esa afirmación no se puede realizar, entre otras
cosas, porque lo que hace el proyecto de ley es consolidar el carácter y el control públicos de las mutuas de accidentes de trabajo, sin lugar a dudas, y además amplia o consolida aquello que las mutuas venían haciendo hasta ahora, haciéndolo además
con nuevas competencias asumidas en tiempos de los Gobiernos socialistas, convencidos quienes entonces promovieron esas mayores competencias de las mutuas de que un modelo de colaboración público-privada en esta materia era útil y necesario. Por
tanto, ahí me provocan una cierta irritación algunas afirmaciones que se han hecho esta tarde. Ahora bien, nosotros hemos discrepado con el Gobierno precisamente en ese excesivo intervencionismo de la legislación en el modelo de mutua, en la que no
discutimos la gestión de recursos públicos, en la que no aspiramos a retornar al año 1900, pero sí a mejorar la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Estamos convencidos de que el sentido que tiene que existan unas mutuas es
introducir la mejor gestión que se pueda desde la flexibilidad que tiene cualquier iniciativa que no forma parte del sector público en un sentido estricto. Esa es nuestra tesis.


Hemos presentado un amplio paquete de enmiendas. La enmienda 113, por ejemplo, pretende dar un margen de gestión a las mutuas respecto de las instrucciones que se emitan desde los órganos competentes de la Seguridad Social. La enmienda 118
propone reconocer que una mutua puede ofrecer un mejor servicio a una empresa y que las empresas pueden elegir qué mutua les puede ofrecer ese mejor servicio. La enmienda 119 pretende delimitar con precisión que las mutuas forman parte del sector
público en un sentido amplio, pero que no son parte de la Administración pura y dura. La enmienda 120 regula cuál sería

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el contenido del estatuto que debe tener cada mutua, introduciendo un mandato que permite a la mutua autorregularse en su funcionamiento interno. La enmienda 121 pretende dar libertad a las mutuas en la gestión presupuestaria en el marco de
los presupuestos que se aprueben, pero permitiendo a quienes gestionan los recursos de las mutuas gestionarlos, no convirtiéndose simplemente en una extensión de la Seguridad Social. La enmienda 123 introduce por primera vez un mandato de informe
sobre responsabilidad social corporativa, en la línea de lo que se está produciendo en el resto de Europa. Las enmiendas 124 y 125 pretenden reconocer la condición de personal laboral y la aplicación de la normativa laboral a buena parte de los
trabajadores de las mutuas, en la línea de lo que nos planteaba el Consejo Económico y Social. La enmienda 126 pretende reconocer un régimen de responsabilidades, pero que no deje a los responsables de las mutuas a los pies de los caballos con una
enorme indefensión. La enmienda 129 habilita a las mutuas para poder responder a las quejas que tengan los trabajadores o las empresas ya que no se les permite que puedan hacer ni eso y debe hacerlo la Administración de la Seguridad Social. La
enmienda 130 pretende evitar que las mutuas estén sometidas a un constante cambio de criterio por parte de órganos distintos de la Administración, creando una enorme inseguridad jurídica a las personas que gestionan aspectos tan importantes como las
prestaciones por accidente de trabajo, por enfermedad profesional y por contingencia común. Finalmente, la enmienda 122 nos parece fundamental porque en ella planteamos que el modelo de junta directiva de la mutua corresponsabilice a representantes
de las organizaciones empresariales, a representantes de los trabajadores, de sus sindicatos, a representantes de los autónomos y a representantes del Gobierno autonómico donde la mutua tenga ubicado su domicilio, de su Administración más cercana.
Por tanto, proponemos un modelo en el que a mayor libertad de gestión, mayor corresponsabilidad de los interlocutores sociales y de las administraciones autonómicas. Ese es el modelo de Convergència i Unió con relación al buen gobierno de las
mutuas aunque de manera lamentable, al menos hasta la sesión de hoy, no hemos conseguido aproximarnos al Partido Popular en esta cuestión e incluso alguna enmienda de las aceptadas de UPyD en esta materia nos aleja un poco.


Y en este paquete se introducen también las cuestiones vinculadas a la gestión de la reserva de las mutuas, cuestión importante. Nosotros entendemos que la gestión de las reservas debe tener la flexibilidad suficiente y debe dotar a las
mutuas de instrumentos financieros suficientes para no agotar su patrimonio histórico. Somos partidarios de defender el patrimonio histórico de las mutuas y somos partidarios de que cada una de las contingencias a las que las mutuas deben hacer
frente deban tener también su propio elemento de estabilización para evitar algunas consecuencias negativas que la regulación que propone el Gobierno en esta materia pueda tener con relación a las mutuas. Asimismo, en materia de sociedades de
prevención somos partidarios de dar un mayor plazo de tiempo -a través de la enmienda 144 así lo planteamos- para que las mutuas puedan proceder a dar cumplimiento a sentencias que han establecido que las mutuas no pueden monopolizar la prevención
de riesgos. Ahí no hay demasiado margen para hacer cosas distintas de las que establece el proyecto de ley.


Insisto, hay un paquete importante de enmiendas relativo al modelo de mutuas respecto al cual casi no nos hemos puesto de acuerdo con el Partido Popular en ninguna cuestión. En cambio, he de decir que nosotros marcábamos una prioridad en
esta discusión parlamentaria, que era blindar el modelo catalán de gestión de seguimiento de la contingencia común. Decía el señor Anchuelo, y en parte lo reconocía el señor Llamazares, que el control último del alta queda en manos del sector
público. No queda en manos de las mutuas sino de los servicios de salud públicos, y en el caso de Cataluña este es el único territorio del Estado donde hemos desarrollado un modelo a través del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas que permite
que cuando hay discrepancia entre el médico de atención primaria y el médico de la mutua sobre el estado de salud del paciente sea un tercero, un profesional especializado del servicio de salud, quien decida en un tiempo razonable quién tiene razón.
Esto funciona bien; no hay quejas de los médicos de primaria, no hay quejas de los sindicatos, no hay quejas de las mutuas, no hay quejas de las organizaciones empresariales y hay una buena valoración por parte del sistema de la Seguridad Social.
Las enmiendas que hemos transaccionado con el Grupo Popular en esta materia, en especial las enmiendas 136, 137 y 138, vienen a reconocer y a blindar expresamente en la ley el modelo catalán, que es un modelo de éxito. En este sentido, quiero
valorar y agradecer a la señora España el esfuerzo que ha hecho el Gobierno, y ella singularmente, para poder cerrar de manera adecuada esta cuestión. Queda abierta una cuestión planteada en la enmienda 116, y es que lo que refleja el proyecto de
ley en materia de actividades de prevención que las mutuas van a continuar haciendo debe reflejar al menos aquello que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña en el artículo 165. Espero que en el trámite del Senado nuestros colegas puedan
resolver esta cuestión.

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En tercer lugar, nosotros tuvimos mucho interés -y ahí coincidíamos con enmiendas del Grupo Popular- en aquello del bonus-malus que inventó -e inventó bien- el Gobierno socialista para premiar a las empresas con un menor índice de
siniestralidad. Se trataba de que esas empresas tuviesen la posibilidad de pagar menores cotizaciones sociales. Compartíamos aquella idea; es más, llevábamos muchos años reclamando un sistema de bonus-malus. Cuatro años más tarde el bonus-malus
diseñado en 2010 no ha funcionado y en la enmienda pactada el Gobierno se compromete a proceder a una revisión de bonus-malus para conseguir de verdad que aquella empresa que cumple la ley, va más allá de la ley y tiene menos accidentes de trabajo
tenga menos carga fiscal. Nos parece una cuestión básica e importante que ayuda no solo a evitar accidentes, que ayuda no solo a tener menos enfermedades profesionales, sino sobre todo va a ayudar a mejorar la posición competitiva de las empresas
que hacen las cosas bien. En esa misma enmienda el Gobierno se compromete a revisar y adaptar las actuales cotizaciones en caso de accidentes de trabajo. Hoy la realidad de la empresa, de la economía y de la industria es sustancialmente diferente
a la que había cuando se diseñaron dichas tarifas. Estas transacciones son importantes en términos de creación y mantenimiento del empleo y de la mejora de la siniestralidad en el mundo laboral.


Hemos insistido también en un paquete amplio de enmiendas, 146, 147, 148, 149, 150, que dan respuesta a las mejoras que el proyecto de ley introduce en materia de prestación por desempleo en relación con los autónomos, una ley en su día
aprobada y ciertamente fallida, porque el número de autónomos que finalmente han podido recibir la prestación por desempleo es muy escaso. El proyecto de ley intenta mejorar ese hecho, a nuestro entender con demasiada timidez. Hemos alcanzado un
acuerdo con el Grupo Popular, creo recordar que en la enmienda 150- coincidente con una enmienda del señor Olabarría-, en la que garantizamos que los autónomos que con unos criterios determinados son reconocidos como autónomos dependientes en la Ley
del Estatuto del Autónomo puedan acceder a la prestación por desempleo. Esto no sucedía con la ley de hace unos cuantos años. Pero no hemos avanzado de manera suficiente en esta materia, especialmente para aquellos autónomos que están en módulos y
que tenemos el riesgo de que con la legislación nueva continúen sin poder acceder a la prestación por desempleo. Eso sería bueno que fuésemos capaces de resolverlo en el trámite del Senado.


Finalmente -y con ello termino, señor presidente- hemos presentado algunas enmiendas que enlazan con la reflexión que nos formulaba el señor Llamazares al final de su intervención. Tienen que ver con las cuestiones vinculadas a la política
en el ámbito de la salud en el sentido amplio, en la que las mutuas tienen un papel muy principal. Por ejemplo, en la enmienda 139 hacemos un mandato para mejorar la protección para las personas afectadas por cáncer o enfermedad grave, en la línea
de una proposición de ley que ha defendido la señora Fernández, del BNG, hace unas pocas semanas; o la enmienda 140, mediante la que pretendemos mandatar al Gobierno a propuestas de actuación frente al problema del subregistro de enfermedades
graves ocasionadas por el trabajo; o la enmienda 153, que pretende mejorar la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Son cuestiones quizás no
directamente vinculadas al modelo de mutua, a lo que regula estrictamente la ley, pero tienen que ver con las funciones que las mutuas deben desarrollar y en las que ciertamente en ese modelo de colaboración público-privada hay un terreno importante
aún por recorrer. En cualquier caso, mi grupo, como han dicho el resto de portavoces, apoyará aquellas enmiendas de otros grupos en las que haya coincidencia y rechazará aquellas en las que no haya coincidencia. Sí queremos agradecer, como decía
hace unos minutos, el esfuerzo del Gobierno, el esfuerzo del Grupo Popular para encontrar puntos de acuerdo que son significativos pero que hoy en este trámite nos continúan dejando en la posición de abstención, tal y como dijimos en el Pleno, a la
espera de que el trámite del Senado nos permita resolver algunas de las cuestiones que continúan preocupándonos.


El señor PRESIDENTE: Para concluir este turno de intervenciones tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, doña Carolina España.


La señora ESPAÑA REINA: Quiero, cómo no, comenzar mi intervención agradeciendo el trabajo realizado por los distintos grupos parlamentarios a la hora de presentar enmiendas, algunas bastante constructivas, lo cual nos ha permitido poder
presentar bastantes enmiendas transaccionales, la mayoría con Convergència i Unió, pero también algunas con PNV y con UPyD. Todo ello, sin lugar a dudas, va a suponer una mejora en esta reforma de la ley de mutuas. Yo destacaría algunas
transaccionales, como la participación de los autónomos en la junta general, así como el compromiso de revisar -lo acaba de decir el portavoz de CiU- y actualizar la cotización por contingencias profesionales en función de la peligrosidad o revisar
el bonus para incentivar a las empresas. Nos parece muy importante incentivar la adopción de

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medidas que contribuyan eficazmente a reducir las contingencias profesionales en la Seguridad Social. O la enmienda con PNV y CiU para mejorar el cese de actividad, que también se ha dicho recientemente. O aquellas con UPyD, la 25 y 26,
donde se limitan las retribuciones de los ejecutivos de las mutuas, que no podrán superar el importe de las asignadas al titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como que tampoco las mutuas podrán, con cargo a los recursos públicos,
establecer planes de pensiones para el personal que tenga funciones ejecutivas sin la aprobación del ministerio. Por tanto, señorías, se puede decir que el Grupo Parlamentario Popular ha hecho un esfuerzo para acercarnos a parte de las enmiendas
presentadas. Es intención de este grupo seguir dialogando, seguir negociando a lo largo de todo el trámite parlamentario. En el Senado, cómo no, también estaremos abiertos a mejorar este proyecto de ley con las aportaciones que presenten sus
señorías o los senadores de los correspondientes grupos.


Señor Olabarría, nosotros no vamos a jugar. Decía usted: no vamos a jugar a transaccionar lo que ya está previsto en la legislación vigente. Lo decía respecto a las transaccionales 103 y 105, del suplemento financiero. Lo único que le
puedo decir es que con esa transaccional se mantiene lo que se ha utilizado durante los años anteriores, que desaparecía con la ley y con esto se recupera. Lo que le quiero trasladar, señor Olabarría, es que entre su grupo y el mío, o entre usted y
yo, seguramente hay más cuestiones que nos acercan de las que nos separan. Por eso le animo a que en el Senado podamos llegar a acuerdos importantes porque la vida también son expectativas. Ha hablado algo de eso y es bueno recordárselo.


Al señor Anchuelo quiero agradecerle sus palabras y su cambio del no a la abstención. Y al señor Campuzano quiero también agradecerle la disponibilidad a negociar y transaccionar sobre enmiendas importantes, buscando siempre la mejora del
texto y por tanto la mejora del servicio que se presta a las empresas y a los trabajadores. Estoy convencida, señor Campuzano, de que también se llegará a un acuerdo en el Senado respecto a la enmienda 116.


Al señor Llamazares quiero aclararle un tema en relación con la disposición adicional 18 de los Presupuestos Generales del Estado. Quédese tranquilo, señor Llamazares, porque vamos a presentar una enmienda para que en las retribuciones de
los ejecutivos de las mutuas siempre prevalezca este proyecto de ley. Respecto a los sindicatos, están en la comisión de control y de seguimiento, donde se controla a la junta directiva y la gestión de la mutua. Hay bastante interés por parte del
Gobierno en potenciar esta comisión de control y de seguimiento por medio del reglamento. Respecto al alta presunta, señor Llamazares, no habrá nunca una alta presunta. Estamos hablando de una propuesta de alta, que no es lo mismo, como no es lo
mismo una propuesta de matrimonio que un presunto matrimonio. (Risas).


Entrando en el proyecto de ley, unos grupos dicen que vamos a privatizar y otros que vamos a publificar. Ya quedó claro en la intervención en el Pleno respecto a las enmiendas de totalidad que el Grupo Parlamentario Popular está en el
centro. Ni publificación ni privatización. Pero, señor Llamazares, no es que haya sospecha, sino todo lo contrario, lo que hay es una mayor transparencia, porque estamos hablando de entidades de naturaleza privada pero que gestionan recursos
públicos, más de 9.000 millones de euros. Por eso vamos a aumentar los controles. Es una ley donde por primera vez los miembros de las juntas directivas no podrán celebrar contratos con las mutuas, donde se establece la responsabilidad de los
gerentes y de los miembros de la junta y donde por primera vez se establece una limitación completa al salario del personal directivo. En definitiva, estamos más tranquilos porque hasta el Tribunal de Cuentas ha dicho que con esta normativa se va a
mejorar el control de las retribuciones y valora positivamente este régimen de prohibiciones y de incompatibilidades. Por lo tanto, es una ley que establece un mayor control, mejora la gobernanza y obliga a una mayor transparencia en los órganos de
gestión. Y esto es positivo, dada la situación en la que nos encontramos.


Habrá también un mayor control en las reservas. Efectivamente, esos topes en las reservas que se eliminaron con el Partido Socialista ahora se incorporan nuevamente para que esas cotizaciones sociales sobrantes no estén paradas y puedan
volver a la caja común de la Seguridad Social. Esto, en definitiva, es apostar por la sostenibilidad del sistema y apostar por nuestros pensionistas.


Con respecto a la privatización de la Sanidad -ha salido hoy aquí otra vez esa terminología-, les puedo decir, señorías, que no se atribuye ni una sola competencia nueva a las mutuas con este proyecto de ley. Saben ustedes que la mayoría de
las competencias que tienen las mutuas se les fueron adjudicando en etapas de Gobierno socialista; competencias como las contingencias comunes, la prestación por riesgo de embarazo, el cese de actividad, la prestación por cuidado de menores
afectados por cáncer. (Rumores.) Por lo tanto, nos llama poderosamente la atención que en su momento se le hayan ido atribuyendo nuevas competencias...

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El señor PRESIDENTE: Perdón, señora España. Ruego silencio para poder escuchar a la señora España. Es la última intervención.


La señora ESPAÑA REINA: ... a las mutuas por parte de Gobiernos socialistas y Gobiernos de izquierdas y ahora nos acusan de privatización, cuando lo único que hacemos es establecer un mayor control pero sin establecer nuevas competencias.
Lo curioso es que ahora se arrepiente quien en su momento gobernó y quiere quitar casi todas las competencias, cuando saben ustedes, señorías, que lo único que estamos haciendo es cumplir con las recomendaciones 9 y 10 del Pacto de Toledo.


Efectivamente, es verdad que las mutuas ahora podrán formular propuestas de alta desde el primer día a la Inspección médica, que deberá contestar en cinco días; si no contesta o desestima, la mutua podrá acudir al INSS que debe contestar en
cuatro días. Yo quiero dejar clara aquí una cosa: las mutuas podrán hacer propuestas de alta, señorías, pero las altas de los trabajadores tendrán que hacerlas siempre los médicos del servicio público de salud o de la Seguridad Social. Por lo
tanto, nada en absoluto de privatización de la sanidad.


Con respecto al diálogo social, entendemos que ha habido un diálogo importante con los agentes sociales y que, fruto de ese diálogo, ha habido modificaciones importantes del anteproyecto inicial. Es decir, no solo se ha hablado, y mucho,
con los agentes sociales, sino que se ha modificado el anteproyecto inicial como consecuencia de ese diálogo, no solo con los agentes sociales sino también con los autónomos, con la discapacidad, con el sector sanitario, etcétera.


Con respecto al cese de autónomos -y voy terminando, presidente-, efectivamente yo destacaría que ahora los autónomos sí van a tener más fácil el poder acceder a ese cese de actividad o a poder cobrar el paro, pero no se le puede echar la
culpa a las mutuas, como se ha hecho aquí por parte del Gobierno Socialista. La ley del año 2010 establecía unas condiciones prácticamente imposibles. Por tanto, me alegro enormemente de que hayamos podido cumplir en cierta medida con los
autónomos.


Termino como empecé, señorías, agradeciendo sinceramente el trabajo de los distintos grupos a la hora de presentar las enmiendas y tendiendo la mano al diálogo, una vez más, de cara a la tramitación que se producirá en el Senado y siempre
con el objetivo de mejorar este proyecto de ley para modernizar nuestra Seguridad Social en algo tan importante como es la vida y la salud de nuestros trabajadores. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, vamos a suspender por dos minutos para ordenar las votaciones, no sin antes decirles que la semana que viene habrá sesión de la Comisión para otro proyecto legislativo relativo a la liquidación de
cotizaciones de la Seguridad Social. También quiero decirles que cuando se convoca -lo digo porque varios de ustedes me lo han planteado a lo largo del día- la sesión a las cuatro y media o fin de Pleno, quizá habría que concretar, para que no haya
dudas: al fin del Pleno si acaba después, no al fin del Pleno si acaba antes de las cuatro y media o de la hora que se fije. Lo digo a efectos de que puedan organizar mejor su trabajo.


Quiero decirles, aunque lo manifestaré a la hora de empezar las votaciones de las diversas enmiendas, que comenzaremos -porque el sistema informático así lo ha diseñado en contra de lo que es habitual- con las transaccionales y que la
transaccional que les ha sido entregada a ustedes como número 10 ha sido retirada, de forma que olvídense de la enmienda transaccional número 10 que aparece en la documentación que tienen. Y si a algún portavoz le faltan las enmiendas
transaccionales, por favor, que lo haga saber para que le proporcionemos copia de las mismas.


Suspendemos por dos minutos. (Pausa.)


Vamos a reanudar la Comisión para proceder a la votación de las enmiendas que permanecen vivas y las transaccionales. Vamos a comenzar por las enmiendas transaccionales, empezando por la número 1, que ustedes conocen.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 15; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional número 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

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Enmienda transaccional número 3.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional número 4.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Pasamos a votar la que figura como número 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 1; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional número 6.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Enmienda transaccional número 7.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional número 8.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Por último, la enmienda transaccional número 9.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 3; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).


Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En relación con esta última enmienda una cuestión de orden, señor presidente. Yo no sé si técnicamente es posible ofertar lo que el ordenamiento jurídico ya prevé, bajo la amenaza de empeorarlo en el proyecto de
ley. En todo caso, si es posible, que esta pequeña reflexión sirva como explicación de voto.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Por cierto, como ya la anticipó en su intervención primera, había quedado clara constancia de su posición. (La señora España Reina: Lo habías dicho ya). El presidente escucha las intervenciones.


A continuación vamos a votar las enmiendas correspondientes al señor Armendáriz, del Grupo Mixto. En primer lugar, las enmiendas números 38 y 40.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 38; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 39.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 26; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 43.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 25; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

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Enmienda número 45.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 24; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del señor Armendáriz.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 26; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Concluida la votación de las enmiendas del señor Armendáriz, votamos las enmiendas de la señora Oramas. En primer lugar, enmiendas números 8, 9 y 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 10.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 11, 15 y 18.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 37; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 12.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de las enmiendas de la señora Oramas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas de doña Olaia Fernández. En primer lugar, enmiendas números 73 a 80, 83 y 88.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 86.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 38.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 25; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Continuamos con las enmiendas del Grupo Mixto, en este caso de don Joan Tardà. En primer lugar, enmienda número 72.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

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Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario Vasco, PNV. En primer lugar, enmienda número 90.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 38; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 95 y 100.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 97.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 25; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 98 y 107.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 102.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 103 y la 112.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 106.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 108.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la 109 y la 111.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Vasco, PNV.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, enmiendas 20 y 29.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 21.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

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Enmienda número 22.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 36.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 23.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 24.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 1; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. Se incorpora al texto.


Votación de las enmiendas 30 y 31.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 32 y 33.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 35.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 26; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a votar a continuación la enmienda número 36.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. Se incorpora al texto.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos ahora al Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar, sus enmiendas 54, 60 y 61.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 56, 65, 66 y 67.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 58 y 59.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 26; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

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Pasamos a las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En primer lugar, enmiendas 124, 129, 133 y 134.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 120, 126 y 127.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 25; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 114.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 116.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 38; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 123.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 125 y 136.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 130.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 139.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 140.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 143, 144 y 145.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 146, 147, 148 y 149.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 151, 152 y 153.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Página 22

Resto de enmiendas de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 39.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la número 161.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 26; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 165.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 174, 175 y 176.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 26; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 178.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 27; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas pendientes del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 26; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación y por concluir esta Comisión y el debate de este proyecto de ley, vamos a proceder a la votación del texto del informe de la ponencia que, junto con las modificaciones resultantes del debate y las correcciones sugeridas por el
letrado -que ya conocen sus señorías porque he informado previamente al respecto-, pasaría a convertirse en dictamen de esta Comisión, la cual, como conocen perfectamente, es con competencia legislativa plena.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 16; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del informe.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y treinta minutos de la tarde.