CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 662

EDUCACIÓN Y DEPORTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MIQUEL RAMIS SOCIAS

Sesión núm. 38

celebrada el miércoles,

8 de octubre de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa a la contratación de PDI (personal docente e investigador) y de PAS (personal de administración y servicios). Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002602) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Relativa a las titulaciones de ingeniero e ingeniero técnico informático. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002878) ... (Página2)


- Sobre las subvenciones y ayudas públicas ilegales a los equipos de fútbol profesional. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/002365) ... (Página2)


- Sobre la necesidad de implantar una prueba de acceso a los ciclos de formación profesional de grado medio. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/003064) ... href='#(Página6)'>(Página6)


- Sobre la escolarización del alumnado en lengua castellana en Cataluña. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002952) ... (Página11)


- Sobre la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002727) ... href='#(Página17)'>(Página17)

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- Relativa a la autonomía escolar. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002932) ... (Página21)


- Para la recuperación de los programas de cooperación territorial y reducir el abandono escolar temprano. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003065) ... (Página25)


- Sobre la suspensión de los conciertos educativos a los centros que segregan por sexo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003066) ... (Página29)


- Sobre la admisión en las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas de alumnos que sean nietos de ciudadanos españoles. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002282) ... href='#(Página35)'>(Página35)


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE PDI (PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR) Y DE PAS (PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002602).


- RELATIVA A LAS TITULACIONES DE INGENIERO E INGENIERO TÉCNICO INFORMÁTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002878).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la trigésima octava sesión de la Comisión de Educación y Deporte, con el debate y votación de proposiciones no de ley. Estaban previstas inicialmente diez, pero les anuncio la retirada
de la número 3.º, del Grupo Vasco, y la prevista inicialmente como punto 5.º, del Grupo Parlamentario Popular.


Asimismo, vamos a pasar a debatir la que estaba numerada como punto 1.º al número 8, y la que estaba prevista como 8.º pasará al número 2.


- SOBRE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS ILEGALES A LOS EQUIPOS DE FÚTBOL PROFESIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/002365).


El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir la primera proposición no de ley, que figuraba como punto 2.º, sobre subvenciones y ayudas públicas ilegales a los equipos de fútbol profesional, presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia.


Van a tener siete minutos para la defensa de la proposición y cinco minutos los distintos portavoces.


Para su defensa tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, el pasado mes de diciembre el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, abría un proceso de investigación sobre una serie de equipos de fútbol profesional de nuestro país para establecer y
esclarecer si estos habían recibido ayudas públicas incompatibles con las normas comunitarias. En este caso concreto se ha comenzado a investigar el estatus fiscal de cuatro equipos, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao y
Club Atlético Osasuna al considerar que entre otras cuestiones se han beneficiado de su no conversión en sociedades anónimas, y esto hace que tributen al 25% en lugar de al 30%, que es lo que deben hacer el resto de clubes que sí son sociedades
anónimas deportivas.


Asimismo, y en el caso concreto del Real Madrid, se sospecha también que este pudo recibir ayudas públicas en la recalificación de la antigua ciudad deportiva del paseo de la Castellana. Estas supuestas ayudas también están bajo
investigación de la Comisión en lo que se refiere a otros tres equipos de fútbol españoles, en este caso de la Comunidad Valenciana, Hércules Club de Fútbol; Elche Club de Fútbol y

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Valencia Club de Fútbol, cuestionando los avales de la Generalitat Valenciana que concedió a los préstamos de 118 millones de euros percibidos por dichos clubes.


Si bien es cierto que la investigación de la Unión Europea se ha centrado sobre la situación de estos equipos, la realidad es que en nuestro país las ayudas públicas, directas o indirectas, a los clubes de fútbol profesional, se han hecho de
sobra conocidos y extendidos en nuestro país. A nadie le sorprende ya, es increíble, ver la publicidad de ayuntamientos, diputaciones provinciales o comunidades autónomas en las camisetas de los equipos u otros patrocinios de entidades públicas,
como consejerías de turismo, televisiones autonómicas, etcétera. Ejemplos de esta práctica no faltan, pudiendo citar casos como el del Atlético de Madrid y el Ayuntamiento de Marbella; el patrocinio del aeropuerto de Castellón al Villarreal, el
del Español o el del Osasuna, cuyo estadio está patrocinado por la comunidad foral. Pero casi tampoco sorprende el que un ayuntamiento recalifique terrenos para favorecer la venta de un estadio y la construcción de uno nuevo, o que directamente se
dedique a construir dichos estadios para sus equipos locales, cediéndolos después a los clubes de fútbol profesional a asequibles precios, muy alejados de nuestros mercados.


Como ejemplo reciente de esta práctica, puede señalarse la del Athletic de Bilbao, que tuvo la fantástica idea de construirse un nuevo campo con subvenciones públicas por valor de 175 millones de euros, con la condición de que siguiera
siendo propiedad del club. Comoquiera que esta operación era manifiestamente ilegal, decidieron, en lo que parece un claro fraude de ley, articularlo mediante una operación de ingeniería societaria, en virtud de la cual el nuevo campo sería
propiedad de una sociedad anónima, San Mamés Barria en cuyo capital la Administración ostenta una participación mayoritaria y el club queda como socio minoritario en proporción a lo que supuestamente valía el solar del viejo San Mamés. Así con la
finalidad de beneficiar al club, el nuevo estadio, financiado con dinero público, se ha puesto a disposición del Athletic durante un siglo por el módico precio de 500.000 euros anuales, una valoración, señorías, que dista muchísimo de un precio
normal de mercado, que, por cierto, nadie ha justificado, que sepamos.


Por citar otros casos, el Ayuntamiento de San Sebastián, a través de una sociedad municipal titular nominal del campo de Anoeta, firmó un contrato de arrendamiento a favor de la Real Sociedad por cuarenta años y por el modesto precio de 3,1
millones de euros, a pesar de que, como reconoce el propio club, el valor razonable de ese contrato de arrendamiento era en realidad de 63,8 millones, equivalente a 1,6 millones anuales, lo que supone que la Real Sociedad solo paga el 5% del
verdadero valor de alquiler del estadio y que puede, por tanto, cifrarse la subvención indirecta en algo más de 1,5 millones de euros anuales.


En otras ocasiones ni siquiera se utilizan tantos artificios para intentar esconder las ayudas, como pasa en el caso del Valladolid, el Málaga, el Granada, el Getafe y un largo etcétera de clubes de fútbol profesionales a los que los poderes
públicos han cedido estadios de titularidad municipal a precios módicos o con otro tipo de beneficios o subvenciones encubiertas.


Desgraciadamente, señorías, la multitud de ayudas públicas que han recibido en el fútbol profesional tampoco ha conseguido que estos clubes tengan una saneada economía, porque lo que suelen hacer con todo ese dinero que reciben es fichar sin
ninguna cabeza, o mas bien con cabeza, porque, claro, les sale gratis y nadie les pide responsabilidades y a veces tienen que terminar en concursos, en liquidaciones, etcétera, solo que esas liquidaciones, esos concursos a veces están en manos de
cajas de ahorros, por citar un ejemplo, que también están en manos de los partidos políticos y que acaban condonándoles una deuda que ya quisieran que les condonaran o percibir el resto de los ciudadanos en este tipo de situaciones tan ventajosas.


Estas ayudas, señorías, no solo contravienen el derecho europeo y suponen una ventaja para nuestros equipos con el resto de Europa -eso es lo que se denuncia desde allí-, sino que además suponen un importante agravio hacia el resto de la
ciudadanía y el mundo empresarial, en una situación de acuciante crisis como la que vivimos actualmente. Así, y a pesar de los esfuerzos del Consejo Superior de Deportes y de la Liga de Fútbol Profesional, los clubes de fútbol españoles aún deben
600 millones de euros a la Hacienda pública -deuda que ya se ha pactado no se devuelva en su totalidad hasta el año 2020-; que destaca, además, con el trato que este organismo público suele dispensar a ciudadanos anónimos normales. Esta situación,
repito, supone también un agravio no solo hacia el resto del deporte no profesional, que cada vez, por otra parte, está más abandonado, sino incluso para los equipos de fútbol semiprofesionales que juegan en segunda o tercera división o en otras
categorías inferiores, porque estos clubes no tienen ninguna ayuda, tienen grandes dificultades financieras y a menudo sus jugadores ven como ni siquiera se les paga lo que se había pactado. El Partido Popular ha anunciado, además, que ya abandona
esa idea de presentar aquí una ley de mecenazgo que en esto también podría ayudar; es otra promesa y otra parte de su programa que, desgraciadamente, abandona.

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Señorías, los éxitos de nuestra Selección nacional y de los principales equipos de fútbol profesional han reforzado nuestro país en el mapa mundial del deporte y sin duda potencian la marca España, sin embargo, estos éxitos y esta buena
imagen se ven ensombrecidos por estos hechos que acabo de comentar, que se perciben en el exterior como una competencia desleal, que provocan una creciente e injusta sospecha sobre todo el deporte español. Y a esa sensación contribuye que contemos
con una Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y las correspondientes autoridades de competencias autonómicas que no hayan dicho absolutamente nada; tiene que ser, de nuevo, la Unión Europea la que nos llama la atención sobre todo
esto.


Por todo ello, nuestro partido, Unión Progreso y Democracia, presenta la siguiente proposición no de ley en la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar, con la colaboración de las autoridades de competencia españolas y
el Tribunal de Cuentas, una completa auditoría al fútbol profesional español mediante la elaboración de un estudio sobre las subvenciones y ayudas públicas, directas o indirectas, a los clubes de fútbol profesional y su compatibilidad con las normas
de competencia europeas, y españolas también, adoptando las medidas oportunas para que se respete la legalidad en dicha materia.


El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, el Grupo Mixto, ¿desea intervenir? (Denegación). Grupo Vasco. (Pausa). Por La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Intervengo muy brevemente, para agilizar un poco el día de hoy.


Ya denunciamos en su momento, como Izquierda Plural, la situación que se vivía respecto a las deudas contraídas por el fútbol en España. Y simplemente lo que queremos anunciar es nuestro voto favorable a la iniciativa que nos presenta hoy
el Grupo de Unión Progreso y Democracia.


El señor PRESIDENTE: Aprovecho para anunciarles que la proposición que figuraba con el número 7.º pasa a ser la tercera. ¿Estamos de acuerdo todos? (Asentimiento).


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Sayós.


La señora SAYÓS I MOTILLA: Es verdad que Bruselas ha puesto el dedo en siete clubes de fútbol español por diferentes motivos: el Real Madrid, el Barça, el Bilbao y el Osasuna por no haberse convertido en SAD, y el Hércules y el Valencia
porque recibieron unos préstamos por valor de 118 millones, avalados por la Generalitat Valenciana, y cuya finalidad no ha sido la correcta, porque, por ejemplo, se han utilizado para la adquisición de acciones de estos clubes. Y, además, el Real
Madrid por haberse beneficiado de una recalificación de terrenos en Valdebebas para la construcción de un nuevo campo de fútbol mediante una permuta con el Ayuntamiento de Madrid más que dudosa.


En todo caso, consideramos que puede esgrimirse una mala legislación emanada del Estado español o por no emanar una ley de mecenazgo, que, por cierto, el PP se comprometió en esta Comisión el día 12 de marzo de 2014. Vuelvo a reiterar y a
apelar a esta ley enérgicamente. Por tanto, consideramos que estamos ante una inseguridad jurídica.


Estamos de acuerdo en que las administraciones públicas puedan otorgar subvenciones públicas a entidades sin ánimo de lucro, como son los clubes o entidades deportivas, y estamos de acuerdo en que este otorgamiento se haga mediante el
procedimiento de concurrencia pública, tal y como establece la Ley de Subvenciones. Pero leyendo detenidamente la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de UPyD, consideramos que contiene connotaciones erróneas. En primer
lugar, el Tribunal de Cuentas, tal y como se define en la Constitución española, solo tiene competencia para con las cuentas de las administraciones públicas y no para las entidades de derecho privado, como son los clubes o entidades deportivas. A
mayor abundamiento, la Liga Profesional de Fútbol no deja de tener también personalidad jurídica propia. Por tanto, tampoco puede someterse al Tribunal de Cuentas. Otra cosa sería que estos clubes o entidades deportivas sin ánimo de lucro, o las
ligas profesionales, presenten sus cuentas anualmente y justifiquen las subvenciones públicas recibidas.


Convergència i Unió está de acuerdo con el espíritu de esta proposición no de ley, pero no puede votar a favor por adolecer de una esencia normativa que para nuestro grupo parlamentario es fundamental. Por tanto, nuestro voto será de
abstención.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: En primer lugar, la proposición no de ley que nos trae hoy aquí Unión Progreso y Democracia, sobre subvenciones y ayudas públicas ilegales a los equipos de fútbol profesional,

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tiene una exposición de motivos que hemos de reconocer que está muy bien argumentada. Lo que refleja es la visión que tienen los expertos de lo que está pasando en el fútbol profesional, por lo que nosotros la vamos a apoyar. Y la vamos a
apoyar porque ya al principio de la legislatura el Grupo Parlamentario Socialista presentó una PNL en la que el punto 1 de la proposición venía a decir que el Gobierno asegure el cumplimiento, con todos los medios a su alcance, de las reglas de
juego limpio financiero, acordadas por la UEFA y ratificadas por la Comisión Europea. Se vio en Comisión el día 13 de marzo de 2013 y tuvimos la mala fortuna de que el Partido Popular no la apoyara. Pero, aunque no la apoyara, lo que es evidente
es que la UEFA ha aprobado el fair play financiero como una de sus grandes líneas de trabajo.


Cada equipo tiene que competir de acuerdo con sus posibilidades financieras reales y, por tanto, no nos podemos hacer trampas a nosotros mismos generando recursos que vienen de administraciones públicas o que vienen por la vía de
recalificaciones, etcétera. La UEFA le dio el visto bueno al juego limpio, se lo ratificó después la Comisión Europea a través de la comisaria de Educación, Cultura, Multilingüísmo y Juventud, doña Androulla Vassiliou, y posteriormente los
eurodiputados, prácticamente por unanimidad, consideraron que el juego limpio financiero en el deporte era una de las reglas de juego a las que iba a apoyar la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento. Por tanto, los elementos están puestos
encima de la mesa y son irrebatibles. Como no lo estamos cumpliendo, y como reconoce el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, don Carlos Cruzado, que hay subvenciones o ayudas directas, esponsorizaciones, compra y
cesión de cantera de jugadores, recalificaciones de terrenos, que son discutibles desde el punto de vista de la normativa de la competencia, hubo una inspección, se abrió un expediente por parte del comisario de la Competencia y, como es habitual en
nuestro país cada vez que nos cogen fuera de juego, tanto Javier Tebas como Florentino salieron diciendo que es que nos tienen mucha envidia a los españoles porque ganamos muchos partidos y muchas copas, y que esto no debería ser.


Reitero la posición de los socialistas. Estamos absolutamente a favor de que haya un juego limpio financiero, de que se cumplan las reglas de juego, y lo mismo que ocurre con el dopaje, que se haga con el dopaje financiero, que no haya
dinero que no esté regulado, que se paguen los impuestos, que se pague a la Agencia Tributaria, a la Seguridad Social, a los jugadores, a los que dan servicio -no estamos hablando solo del fútbol, sino de todo el deporte- y también, de una vez por
todas, tenemos que cerrar la puerta a los mecanismos que ahora mismo estamos utilizando, y para ello me parece que es buena idea que se haga por el Tribunal de Cuentas una inspección al deporte profesional que permita saber hasta dónde hemos llegado
y qué camino no queremos volver a recorrer. Por tanto, votaremos a favor de la PNL presentada por Unión Progreso y Democracia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: Empezaré mi intervención diciendo que nuestro grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley, por distintos motivos. En primer lugar, porque creemos que esta no es la Comisión para el debate de esta
cuestión, porque no está dentro de las competencias del propio ministerio y, en segundo lugar, porque creemos que, aunque podamos compartir cuestiones que creo que son del agrado de todos los grupos, llevar el debate a confusiones y a términos que
puedan suscitar que la opinión pública siga teniendo una imagen peyorativa del fútbol, ni es nuestro trabajo aquí ni debe ser el trabajo que se traslade por parte de esta Comisión.


Es verdad que todos podemos estar de acuerdo en que hay que cumplir un fair play financiero, es verdad que todos los equipos tienen que competir con la misma normativa, es verdad que todos los equipos tienen que hacerlo en función de sus
posibilidades económicas de ingresar recursos, pero poner en tela de juicio la situación del fútbol español en esta cuestión cuando situaciones parecidas se dan en otras ligas y que evidentemente son cuestiones que no corresponden al ámbito del
Gobierno, sino de la propia Unión Europea, es rasgarnos las vestiduras cuando de lo que se trata es de homologar estas cuestiones bajo el amparo de la Unión Europea y que sean para todos iguales.


Hay que decir que situaciones que se dan en España, y que están sujetas a la investigación de la Comisión, se dan en otras ligas, como la Liga italiana en la que la propiedad de los estadios son también municipales, las comparten los
equipos. ¿Es un problema que el Granada, por ejemplo, juegue en una instalación municipal y no es un problema que juegue el Milan y el Inter? Si es un problema que el Granada lo haga también supongo que será un problema que lo haga el Milan. Y lo
mismo sucede con otras cuestiones de tratamientos fiscales, de ayudas; uno de los clubes que denunciaba, el Bayern de Munich, tendría que explicar tratamientos fiscales distintos al patrocinio que recibe el propio club debido al sistema fiscal en
Alemania.

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Como son situaciones complejas, y que entiendo que están dentro de la investigación de la Unión Europea, lo prudente parece ser que sea primero la Unión Europea la que diga si está violándose el fair play financiero por parte de los clubes
españoles y, a raíz de ahí, adoptar los marcos normativos que permitan garantizar, dentro de un marco homogéneo para todos los países, el que los equipos participen de la misma forma.


Por un lado, está esa cuestión y, por otro, está la deuda del fútbol que no tiene nada que ver con esto, porque la deuda del fútbol se viene arrastrando desde los últimos veinte años y no tiene nada que ver con el fair play financiero. Se
mezcla también lo que son los pagos con la Agencia Tributaria, que son cuestiones que vienen en algunos casos de manera estructural en algunos clubes y que se están renegociando con la propia Agencia Tributaria. Además, toda esta polémica se genera
en los dos años de los últimos ocho en los que por primera vez el fútbol empieza a pagar y por primera vez el fútbol empieza a cumplir con sus obligaciones con la Agencia Tributaria.


Nuestro grupo quiere aclarar una cuestión y es que sí al fair play financiero, sí a homologar todas estas cuestiones dentro del marco normativo de la propia Unión Europea y de la propia UEFA, pero no a señalar, antes de que las instituciones
pertinentes se manifiesten en este aspecto, y ser nosotros mismos los que señalemos con el dedo. La propia proposición no de ley ya habla de ayudas ilegales, supuestamente ilegales; tendrá que ser la Unión la que nos diga si lo son o no lo son,
pueden serlo. Hay otros países que tienen este tipo de cuestiones y a los que ahora mismo no se les ha puesto en tela de juicio. Creo que nuestra obligación es ser prudentes en ese aspecto.


Quiero indicarles también que la proposición no de ley viene a poner un poquito más en tela de juicio el trabajo que se pueda hacer por parte del Gobierno de España en esta cuestión. El Consejo Superior de Deportes ha dado un paso al
frente, por primera vez se tiene un control financiero por parte del Consejo Superior de Deportes y de la Liga de la situación de los clubes; por primera vez se están tomando medidas que incluso están afectando a trabajadores de los propios clubes
impidiéndoles que se puedan inscribir o participar en las competiciones, y creo que se están dando los pasos para que el fútbol vuelva a una normalidad que no se tenía que haber perdido nunca, pero que es verdad que durante los últimos años -y hay
que recordar que el mayor crecimiento de la deuda de los clubes de fútbol es desde 2004 a 2011- se ha tenido que embridar de esta manera.


Queremos decirle a UPyD que creemos que no es el foro adecuado para presentar esta proposición no de ley. (Rumores). Es verdad que es interesante que se pueda debatir esta cuestión, pero entendemos que, en primer lugar, es la Comisión
Europea la que se tiene que posicionar sobre esta cuestión; en segundo lugar, dentro de un marco común para todos los equipos que participan dentro de las competiciones que en este caso afecta al fair play financiero de la UEFA y que, una vez que
tengamos estas cuestiones, seamos los primeros en adoptar los marcos normativos que permitan que no haya ninguna duda sobre ningún club que compita en competiciones supranacionales y que puedan obtener éxitos deportivos, y que esos éxitos deportivos
se deriven de ayudas públicas que les favorecen en la competición. (El señor Cantó García del Moral pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Simplemente, y por alusiones, me gustaría saber que, si este no es el foro, a lo mejor el diputado del Partido Popular -que no se atreve a retirar privilegios a los clubes de fútbol, es obvio-, me puede
iluminar con cuál es el foro distinto a la Comisión de Educación y Deporte. Se lo agradecería mucho.


El señor PRESIDENTE: Háblenlo ustedes más adelante.


- SOBRE LA NECESIDAD DE IMPLANTAR UNA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/003064).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a analizar el siguiente punto del orden del día, anterior 8.º, actualmente 2, sobre la necesidad de implantar una prueba de acceso a los ciclos de formación profesional de grado medio, presentada por el Grupo de
Convergència i Unió.


Señor Barberà tiene la palabra.

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El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señorías, otra vez repetimos el mismo tema, vamos repitiéndolo. Hemos hablado en interpelaciones, en presupuestos y en cualquier momento en que podemos como diputados intervenir en las diferentes iniciativas
de los grupos.


Antes de llegar a las conclusiones de por qué pedimos esa prueba de acceso a la formación profesional de grado medio, quiero explicar que últimamente tanto el ministro como la secretaria de Estado están alardeando de los buenos resultados en
las matrículas que tiene la formación profesional. Desde el Partido Socialista se les va diciendo que ese aumento del número de alumnos en la formación profesional ya es histórica, es tan histórica que si vas a las estadísticas para saber el número
de alumnos de la formación profesional de grado superior el mismo ministerio en la web pone LOE y pone Logse, es decir, que ya ha habido cambios que han mejorado la formación profesional. Estamos llegando a un nivel de formación profesional que
puede ser equivalente a lo que se pedía en su momento para que la promoción hacia el trabajo, la ocupabilidad y el nivel técnico que tienen nuestros estudiantes cuando salen de los ciclos de formación profesional sea el adecuado y el competitivo con
el resto de países de la Unión Europea.


Pero llega la Lomce y nos dice que impone un nuevo modelo de formación profesional, pero no es verdad. Lo que hace la Lomce es recoger algo que ya se estaba haciendo, que es la formación dual, y le pone un título en un artículo en la ley,
pero realmente ya se estaba ejecutando por las administraciones educativas y se inventa una formación profesional básica que tiene lugar dentro de las etapas educativas obligatorias de la enseñanza obligatoria.


La cooperación europea en materia de educación y formación profesional para el periodo 2011-2020 establece que los sistemas y objetivos de formación europeos deben reunir una serie de características con el fin de responder a los retos
actuales y del futuro. Los sistemas deben ser flexibles y de alta calidad, han de adaptarse a la evolución del mercado laboral e identificar y atender a los sectores emergentes, deben garantizar la sostenibilidad y la excelencia de la educación y
formación profesional atendiendo a criterios de garantía de la calidad y han de preparar a las personas para gestionar sus competencias, sobre todo las competencias clave y para adaptarse al cambio. Este objetivo ya lo cumple la formación
profesional actual y puede quedar destruido por esta incorporación con objetivos que después diré de la formación profesional básica.


Convergència i Unió en Cataluña ha presentado un proyecto de ley de formación profesional completa a lo largo de la vida, integral, que busca la mejora de la cualificación de las personas y la mejora de la competitividad de las empresas.
Por eso insistimos tanto en esta formación profesional básica. Nuestro objetivo es impedir que esta formación profesional básica introduzca alumnos en el sistema de grado medio y de grado superior que no tengan el nivel adecuado para conseguir
estos objetivos. ¿Qué objetivos tiene el Partido Popular? El Partido Popular tiene dos objetivos claves. Si miramos la descripción de un ciclo formativo, como puede ser el de actividades agropecuarias, nos pone: duración, 2000 horas, como los
ciclos que ya tenía la formación profesional, dos cursos. Familia profesional, agraria, sin duda. Referente europeo, CINE 3. Si ustedes comprueban cómo se calcula en la OCDE el abandono escolar, verán que son todos aquellos alumnos que no han
conseguido tener un título CINE 3. Por tanto, si tenemos en cuenta que más o menos pueden entrar por pruebas de acceso a la formación profesional de grado medio un 19% o un 20% de alumnos en Cataluña, y en España un 16,9%, estamos pensando que
puede reducir el abandono escolar cuando la formación profesional básica tenga las primeras titulaciones en casi un 12% o un 13% en un año. El abandono escolar tiene la fórmula, que es decir: yo cojo a los alumnos con dificultades, les pongo en
una línea más floja, no les exijo que saquen el título de educación secundaria, pero voy a conseguir algo que al ministro y a la secretaria de Estado les interesa por encima de todo, que es bajar las estadísticas de la OCDE. Pero eso es una trampa,
como en las becas, es una trampa numérica que ellos van a ir defendiendo pero que ustedes, señorías del Partido Popular, lo tienen que entender. Los que terminen la formación profesional básica van a tener un título CINE 3 igual que el grado medio
y el bachillerato y va a reducir el abandono escolar sin invertir dinero y sin hacer nada.


Otra duda que tenemos es cómo mejorar la calidad educativa. Esta formación profesional básica también sirve para maquillar los resultados, porque si vamos viendo a los alumnos que han intervenido en las pruebas PISA, que van de entre quince
años y meses a más, resulta que siempre son o de secundaria o de bachillerato, no hay ninguno de formación profesional. Se lo preguntamos al ministro. ¿Estos alumnos de formación profesional básica que cumplan con las edades que las pruebas PISA
requieren van a entrar en las pruebas? Es que a lo mejor de una vez solucionamos dos problemas: el abandono escolar y la calidad de los resultados educativos, porque si de las pruebas eliminamos el 15%, que es el porcentaje proporcional de estos
alumnos, estamos engañando, estamos diciendo al resto de Europa y a la OCDE

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que estamos manipulando unos resultados para salir fuera y quedar bien, y eso no es mejora de la calidad educativa, eso es mejora de estadísticas, pero aquí no estamos para mejorar estadísticas, estamos para mejorar la educación y las
estadísticas ya vendrán después.


Fíjense hasta dónde llega la situación, porque si vas viendo las diferentes comunidades autónomas, resulta que te tenías que matricular en la formación profesional básica con un consejo orientador; yo no he visto ninguno todavía, pero hay
gente en comunidades autónomas que están aplicando la formación profesional básica, y era un criterio indispensable para entrar. Pero bueno, vas viendo la situación y dices: adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente, es
aquello que se eliminó en su momento de la formación profesional, que no tengan que ir allí a aprender otra vez Lengua, Matemáticas, porque ya tengan asumidos los mínimos y puedan dedicarse a la profesionalización de esos estudios y a entrar en las
empresas a hacer prácticas. Si vamos a volver a tener una formación profesional de grado medio, donde vamos a tener que reforzar, completar o adquirir las competencias del aprendizaje permanente, que es el básico, el estructural, el troncal,
estamos haciendo un flaco favor a la formación profesional de grado medio. Por eso pedimos una prueba de acceso y además la pedimos por lo siguiente. No voy a decir qué comunidad autónoma es, pero en lo referido a la formación profesional
describen y al final ponen en cuanto a la titulación: en el ámbito laboral tendrán los mismos efectos que el título de educación secundaria obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados. Antes al menos había un graduado y un
certificado, con valor diferente; ahora tendrá el mismo valor un título de formación profesional básica que un título de educación secundaria a la hora de optar a un puesto de trabajo, según una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular.


Ahí está la trampa; en lugar de luchar para que -este es el segundo punto de la proposición no de ley- todos los alumnos lleguen a tener el título de educación secundaria obligatoria, con mejoras pedagógicas, inversiones, reestructuración,
formación, lo que quieran para lograr ese objetivo, lo que hacen es desviar a aquellos alumnos con más dificultades, que tienen un entorno socioeconómico más difícil a un camino fácil, que van a tener el mismo título un año antes que alguien que
quiera ir a la secundaria ...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Termino, señor presidente.


...que va a tener en el mundo laboral, según dice una comunidad autónoma del Partido Popular, el mismo efecto que el título de educación secundaria obligatoria y que va a esconder el CINE 3 el abandono escolar y va a aumentar la calidad de
la educación por eliminarlos de las pruebas PISA, creo que es un engaño a la ciudadanía que hay que denunciar.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, el señor Álvarez Sostres.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Mi voto va a ser negativo a la proposición no de ley del señor Barberà. Por resumir y con brevedad, entiendo que lo que pretende el señor Barberà -legítimamente, claro- es cambiar sin más lo contemplado en los
artículos 20, 21, 22 y 34 de la Lomce, que a su vez viene desarrollado en la LOE, correspondiente al artículo 41 y siguientes, creo recordar. Mi voto negativo es por tres razones fundamentales, señor Barberà. La primera, porque parte de un
supuesto que es el deterioro que se puede llevar a cabo en el sistema escolar en los niveles de formación profesional, con perjuicio para sus alumnos, con la aplicación de la Lomce y parte de un supuesto con el que tampoco puedo estar de acuerdo,
que es el de la bondad de las dos últimas décadas de la formación profesional en España. Si hay algo que no está bien realmente es el desarrollo de la formación profesional, tal como se ha concebido y como se ha aplicado fundamentalmente en España
durante las dos últimas décadas. El segundo punto que quiero señalarle, señor Barberà, es que introduce, como bien dice, una prueba de acceso a los ciclos de grado medio -creí entender-, dudando de las capacidades de los alumnos no titulados en
educación secundaria obligatoria. Creo recordar que en la Lomce hay cinco o seis caminos para la admisión de los alumnos en los ciclos formativos de grado medio. Imponer ahora una prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio por encima de
diecisiete años me parece un grave error. En el tercer punto justificativo elimina -eso sí, aquí ponía una prueba-, los requisitos de titulación en educación secundaria a aquellos alumnos que hayan desarrollado los dos ciclos y la formación
profesional básica, es decir, elimina usted de golpe toda la concepción de evaluaciones finales que contempla la Lomce, que, a mi modo de ver, es uno de los aspectos singulares, sobresalientes de la ley. Por una parte pone una prueba y por otra
parte la quita. Puestos a quitar, en su literalidad: 'Poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar que

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todos los alumnos, bien hayan cursado los ciclos de educación secundaria obligatoria, como los de formación profesional básica, puedan obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria', eso es lo que pretende usted en su
segundo punto. En el primero pretendía poner; en este pretende quitar. Yo no puedo estar de acuerdo con la cuestión que usted plantea en esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco no hay intervenciones. Por el Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muy brevemente, paso a explicar el motivo de nuestra abstención. No estamos de acuerdo en implantar una prueba de acceso a todos los ciclos de formación profesional para aquellos alumnos que no hayan
obtenido el título de ESO, porque para nosotros laminaría la igualdad de oportunidades y cerraría las puertas de la formación profesional a aquellos alumnos que no tengan el título de ESO.


Quisiera recordar muy brevemente cuál es el sistema que nosotros, Unión Progreso y Democracia, defendemos en formación profesional. Defendemos promocionar la formación profesional de modo que deje de ser un itinerario reservado a aquellos
alumnos que fracasan en su vida académica. Por eso querríamos adelantar la FP básica a partir de los catorce años. Creemos que deben equipararse bachillerato y FP permitiendo así la obtención de títulos del mismo nivel y la relación entre las
diferentes enseñanzas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural no desean intervenir. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Vázquez.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señorías, volvemos a debatir sobre la FP básica y el acceso a la FP de grado medio, y yo ampliaré un poquito a la de superior. Esto es lluvia fina, a ver si alguna vez cala sobre el PP, aunque me extraña. El
sistema de formación profesional en nuestro país se ha ido construyendo a lo largo de los años y aportando valor en cada una de sus medidas de desarrollo, hasta que ha llegado la Lomce, cuyas medidas, como bien dice la PNL que presenta CiU, devalúan
la formación profesional y tiran por tierra muchos de los esfuerzos que se han hecho durante muchos años. Cuando se toman decisiones en educación los resultados no se ven al día siguiente, no son, como decía nuestro portavoz a la secretaria de
Estado, la purga de Benito, al igual que muchas medidas de las que se han tomado, ahora y en los últimos años, han dado buenos resultados que se han traducido en aumento de la matriculación, ya que la inserción profesional se ha demostrado que es
muy buena. ¿Y por qué es buena? Porque los empresarios han comprobado que la formación de los alumnos es buena también. Eso ha tardado años en calar. Al igual que eso ha tardado años en calar, las medidas que se han tomado ahora en la Lomce
surtirán el efecto contrario a medio plazo.


Ahora y especialmente en la FP básica, más que tener en cuenta, más que apostar por la calidad, se apuesta por la estadística, y si se rebaja la estadística, arreglamos el sistema. No, podemos arreglar la estadística, como bien explicaba el
señor Barberà, y estropear el sistema, y es lo que estamos haciendo. Desde antes de llegar Wert al ministerio, a los PCPI iban chicos después de haberles aplicado una serie de programas de apoyo, de diversificación curricular, PROA, etcétera, y
solo cuando esos programas no habían dado el resultado que queríamos pasaban los chicos y las chicas a PCPI, a programas de cualificación, para obtener una cualificación profesional, pero se les daba la oportunidad de que los que quisieran seguir
estudiando pudieran hacer un segundo año para obtener el título básico de nuestro sistema educativo, graduado en secundaria. De los entre 60.000 y 63.000 alumnos que se matriculaban cada año en primero de PCPI, aproximadamente 24.000 o 25.000
pasaban a segundo, a los módulos voluntarios para adquirir el título, y de esos el 55% lo obtenían. El ministro le da poca importancia a que entre 12.000 y 15.000 alumnos al año obtengan el título de graduado en secundaria porque quieren entrar en
una FP de grado medio y desarrollarla con calidad. Son pocos para el ministro. Para nosotros no son pocos, porque el alumno que accede con el título de secundaria da garantías de que tiene las competencias necesarias para adquirir la cualificación
que le acredita el título, y lo demás es bajar calidad a la formación profesional.


No sabemos de verdad cómo explicarles a los responsables del ministerio que para tener una FP de calidad es necesario partir de los niveles básicos de competencia necesarios para cada nivel, porque así se elaboraron los títulos. Los de
grado medio se elaboraron pensando que las competencias básicas que debían tener los que accedían a él eran las de la ESO, y los de grados superiores se elaboraron pensando

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que las competencias básicas que debían llevar esos alumnos eran las del bachillerato. Ahora no. Todo lo que no sea eso es volver a la FP1 y a la FP2. A la FP1 se accede sin graduado escolar y a la FP2 desde la FP1, exactamente como lo ha
dejado la Lomce ahora, y eso es ir marcha atrás. Por eso nosotros estamos de acuerdo con el primer punto de la PNL, se me olvidaba decirlo, porque quien no tenga el título de grado en secundaria tiene que preparar y presentarse a una prueba de
acceso de grado medio, y esa prueba de acceso, señor Sostres, existe hace mucho tiempo, no es que se haya inventado ahora. (El señor Álvarez Sostres: He dicho que llevaba dos décadas).


En cuanto al segundo punto, plantea recuperar todos esos programas que he mencionado antes, de diversificación, de PROA, que el ministerio ha ido laminando en poco tiempo. Como su tema es la estadística, no necesita esos programas. Ahora
necesitaríamos añadir algunos más, ahora a los alumnos que hacen FP básica tendríamos que darles la oportunidad de prepararlos, hasta que deroguemos la Lomce, para que superen la reválida de la ESO y obtengan el título. En Andalucía, por ejemplo,
se imparten cien horas adicionales para ello. Por eso nosotros estamos de acuerdo también con el segundo punto -y termino ya, señor presidente-, porque las empresas necesitan personas con alto niveles de cualificación. Eso lo conseguiremos si
seguimos apostando por la FP, invirtiendo en proyectos que aportan calidad, y si seguimos por estos derroteros, que es derogando los proyectos más innovadores, los de la innovación aplicada por ejemplo, rebajando los niveles de competencia
necesarios para acceder, dividiendo los presupuestos por cuatro o cinco, vamos a devaluar muchísimo la formación profesional. Así no, como se dice en las redes sociales.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Bravo.


La señora BRAVO IBÁÑEZ: Voy a hacer dos consideraciones previas antes de empezar, una referida al señor Barberà. Me ha dolido profundamente su discurso. Además me parece que es un discurso que no nace de la experiencia, que no conoce
realmente lo que es la formación profesional. También le diré a la señora Vázquez que evidentemente los resultados de la Logse se están viendo ahora, es decir, ahí tenemos las pléyades de ni-nis que son fruto de aquello, y lo sé porque yo en aquel
momento estaba en el aula, dirigía un centro de formación profesional y toda mi vida he trabajado en la formación profesional, a la que quiero, a la que respeto y a la que siempre he defendido y defenderé.


Por eso en este momento quiero defender la postura del Partido Popular, con la cual estoy totalmente de acuerdo en esta nueva formación profesional, que yo no diré que sea fruto del Partido Popular, sería un error tremendo. Es fruto de la
dedicación de mucha gente que trabaja en el sistema educativo desde hace muchos años, de muchos partidos políticos -yo he trabajado en mi vida profesional con diferentes Gobiernos- y siempre hemos apostado por una verdadera formación profesional de
calidad, porque yo, por suerte o por desgracia, llegué en 1978 a lo que entonces era la formación profesional, donde por primera vez aparecían en el currículo de la FP -aquello era FP solamente- la Lengua y las Matemáticas. Yo llegué en 1978 a dar
clase de Lengua y era un poco el debate que estaba usted planteando ahora. Los alumnos de FP -se llamaban en aquella época escuelas de maestría industrial, le he querido hacer una pequeña reseña histórica- nos decían a nosotros: ¿por qué vamos a
dar Lengua si yo quiero ser un fontanero o yo quiero ser un carrocero? ¿Por qué tengo que dar Lengua o por qué tengo que dar Matemáticas? Aquella fue una primera lucha que emprendimos una serie de profesores en aquel momento defendiendo que las
áreas instrumentales -ese debate ya está pasado- son fundamentales, en aquella época y en esta.


Hecha esta pequeña consideración, voy a mantenerme en mi postura y voy a sacar, evidentemente, el titular de este sábado de La Rioja (Muestra un recorte de prensa), que es el periódico local de La Rioja, comunidad a la que yo pertenezco,
cuyo titular decía: La FP gana adeptos. Y señalaba: El número de alumnos de formación profesional supera este curso en casi 1.500 a los del bachillerato. No saben ustedes la de jornadas de puertas abiertas que hemos tenido que realizar en este
país para que los padres, y me incluyo, lleváramos a nuestros hijos a la formación profesional. La formación profesional siempre fue el gran sistema denostado en nuestro país, por desgracia. Creo que en este momento estamos en el camino adecuado.
Llevamos también muchos años -lo ha dicho muy bien la señora Vázquez- con muchos programas de diversificación -llamábamos en aquel momento a todo aquello diversificación-, respecto de los cuales no estoy en absoluto en contra, al revés. Yo trabajé
en aquello y me parece importantísimo, pero siempre reclamábamos ese paso y lo hemos llamado de muchas formas, pasarelas, itinerarios, en fin, creo que la terminología ha sido muy variada. Creo que este es el camino. Yo he dado clase en el curso
puente de acceso para el grado medio y no nos daba tiempo tampoco a preparar.

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Tampoco acababa sacando a los alumnos para que accedieran al grado medio. Creo que dos años, tal y como se plantea la FP básica, son fundamentales. Vamos a ver cómo funciona, dennos ustedes un periodo de prueba, porque en este momento,
este año en concreto, creo que hay 70.000 alumnos matriculados en toda España en la FP básica. Los ayuntamientos están haciendo FP básica, es decir hay mucha gente. Al final tampoco nos engañemos mucho, eran los PCPI. Si analizáramos los
currículos de un PCPI y de una FP básica, tampoco nos vamos a rasgar ahora las vestiduras.


Que les quede claro a todos. Este Gobierno, ayudado por este Grupo Parlamentario Popular, apuesta por una formación profesional de calidad. Otra cuestión que ha dicho también la señora Vázquez es que la FP es el mejor camino para el
empleo, pero no solo ahora, ya desde 1978, desde que yo llegué. Yo que vivo en Logroño me encuentro allá a donde voy a mis alumnos de FP colocados en todos los sitios. En este momento, el 86% de los alumnos que salen de grado medio o de grado
superior encuentran trabajo en un mes. Ya no hablo de los de la FP dual, que todavía son pocos, pero realmente los de la FP dual se están quedando en los propios centros de trabajo, igual que ocurría en la FP en sus buenos momentos. ¿Buenos
momentos para la FP? Buenos momentos para la empresa. ¿Por qué?, Porque siempre en formación profesional ha habido un periodo de prácticas, no tan importante como el que hay ahora. Ya la Logse introduce un cambio significativo en el periodo de
prácticas, se pasa a la FFP, es un paso importante, pero la FP dual ya da el paso adelante, y, discúlpenme, les quedaba ese pequeño momento de la FP básica, donde los alumnos pueden en un momento volver otra vez a terminar su graduado en secundaria.
Creo que hoy lo que todos los educadores y los padres queremos es que nuestros alumnos y nuestro hijos tengan el máximo de formación. Esa es la línea de trabajo del Partido Popular, en esa línea vamos a seguir trabajando y me gustaría que ustedes
apoyaran la formación profesional, lo mismo -y siento llevar todo a mi terreno, la formación profesional a La Rioja- que hicieron ayer los reyes de España acudiendo a un centro de formación profesional, concretamente en la localidad de Calahorra, a
apoyar a esos alumnos que están cursando FP básica, grado medio y grado superior. ¿Por qué? Porque la FP gana adeptos y porque la FP, de verdad, crea los mejores profesionales en el mercado de trabajo.


Muchas gracias por su paciencia. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).


- SOBRE LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO EN LENGUA CASTELLANA EN CATALUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002952).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a analizar el punto 3.º del orden del día, ex 7.º, sobre la escolarización del alumnado en lengua castellana en Cataluña. Para la defensa de la PNL tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: En primer lugar, quiero agradecer al resto de los grupos que hayan facilitado la compatibilidad de mi presencia aquí con la necesaria presencia también en la Comisión de Economía.


Nuestra proposición no de ley pretende resolver un problema creado artificialmente por el ministro Wert. El ministro, con la voluntad de tapar el verdadero debate sobre la Lomce y dar carnaza ideológica a los sectores más fundamentalistas
del PP y de la sociedad, se ha inventado un problema que no existe. Por cierto, mucho me temo que esa es una estrategia que a algunos no les va especialmente mal en Cataluña, porque así tapan y esconden ciertas complicidades con un modelo educativo
que de hecho pudiera llamarse Wert-Rigau, pero esa es otra cuestión. En Cataluña no existen problemas lingüísticos, señores, ni en la sociedad ni en la escuela. En Cataluña la lengua vehicular, parece lógico, es el catalán, pero todos los alumnos
tienen garantizado el aprendizaje del castellano, como muestran todas las evaluaciones, incluso con niveles que se pueden comparar y con resultados mejores. Y cuando por las características del alumnado, por el entorno, a petición de las familias,
debe procederse a adaptar esa realidad al funcionamiento de la escuela, eso se hace, porque entre otras cosas la comunidad educativa tiene bastante sentido común, y lo que siempre en general quieren los educadores es poder desarrollar en condiciones
adecuadas su trabajo. Eso no lo hacen solo con el castellano. El esfuerzo que se ha hecho durante mucho tiempo para integrar a millones de personas llegadas desde otros lugares de España ha sido importante, y en ese sentido, insisto, la comunidad
educativa tiene bastante sentido común. Eso sí, se ha hecho salvaguardando siempre el criterio de no segregación, de no generación de dos redes, de dos comunidades educativas diferenciadas, y la razón es muy clara: porque la no segregación ha sido
una

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lucha y una defensa del conjunto de la sociedad catalana que no vamos a dejarnos arrebatar, por mucho que algún oportunista o iluminado pretenda cargársela, por muy ministro que sea.


Les puedo asegurar que en Cataluña en estos momentos nadie duda, todo el mundo reconoce que el modelo lingüístico ha sido clave para las políticas de integración y de cohesión social. En Cataluña la gente se integra fundamentalmente en las
tres 'es': a l'escola, a l'escala i en convivència amb els seus companys. No existe ningún problema, pero el señor Wert lo ha creado de manera artificial para poder presentarse en el resto de España como el defensor del castellano ante unas
supuestas discriminaciones que no existen. Es cierto, algunas familias, muy pocas, en una proporción minúscula, han acudido a los tribunales. En este curso los últimos datos apuntan a que de un millón y medio de alumnos aproximadamente, con un
crecimiento, creo recordar, de 12.000, solo se han recibido 40 peticiones de escolarización en castellano, que se están oportunamente gestionando, no porque lo diga el decreto que nosotros consideramos que es un problema y no una solución, sino por
el sentido común.


No seré yo el que diga que un derecho, por el simple factor de afectar solo a una persona, o que un conflicto, por el simple hecho de afectar a una persona, dejan de ser menos derecho o menos conflicto. Los derechos son individuales, sea
uno el que lo ejerce o sean cien, pero una cosa es garantizar el ejercicio de ese derecho y otra es, a partir de esa realidad, crear un problema donde no existe y además magnificarlo. Es cierto que en estos momentos, y nadie lo puede dudar, en los
diferentes centros educativos se han adoptado medidas para garantizar estos derechos, para garantizarlos, eso sí, salvaguardando que eso no afecte al cambio del modelo educativo, es decir, garantizando que existe una única red y que no se produce
segregación. Si mis datos no son erróneos, y creo que no lo son, en estos momentos, fruto de estos planteamientos, en Cataluña, por ejemplo, hay dos centros que siguiendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña van a ofrecer 25
horas educativas en castellano como lengua vehicular.


Déjenme decirles, señorías, que creo que el decreto que proponemos derogar es una verdadera barbaridad, primero, porque crea un problema donde no lo hay, y se supone que los gobernantes están para resolver problemas no para crearlos;
segundo, porque ofrece una solución que no es solución, entre otras cosas porque no existe, porque es inviable. La solución que plantea el decreto a partir de esa guerra contra los gigantes de La Mancha, en este caso de Cataluña, que ha puesto el
señor Wert, la solución que dice plantear no es viable, porque plantea pagar la escolarización en centros privados, y lo que no sabe, supongo, el señor Wert es que en estos momentos en Cataluña no hay ningún centro privado que ofrezca educación
exclusivamente en castellano. ¿Por qué? Porque posiblemente nadie lo ha pedido y porque eso no sintoniza con la sociedad catalana. Fíjense ustedes, estoy hablando de centros privados, centros privados que tienen un ideario, pero centros privados
que, como pueden imaginar ustedes, si hubiera una demanda de atención en catalán exclusivamente, ¡vaya si lo harían!, por sus propias -eso que a ustedes les gusta tanto- reglas del mercado. Y tercero, porque este decreto utiliza una tabla de doble
rasero, que es de un fariseísmo increíble. Lo que le preocupa al señor Wert no son los alumnos y sus derechos, sino una concepción uniformista del Estado que niega el plurilingüismo, como niega la plurinacionalidad del Estado español, y así estamos
con unos conflictos abiertos de tres pares de narices. Su preocupación por garantizar el derecho a recibir la educación en la lengua que escojan los alumnos en las lenguas oficiales o cooficiales resulta que desaparece cuando se va más allá del
Ebro o entra uno en el Mediterráneo, porque esa misma preocupación no está ni en las Illes Balears ni en el País Valencià.


Quiero recordar que las actuaciones del Gobierno Bauzá en estos momentos contra las lenguas propias en las illes, el catalán, está siendo duramente contestada por la ciudadanía, primero por el decreto de lenguas y después por el famoso TIL,
que supongo que se habrán enterado ustedes que ha levantado a la comunidad educativa y a la sociedad y que ha conseguido ya una primera victoria, que es un varapalo judicial importante por parte del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que ha
anulado ese decreto. Lo mismo sucede con el català-valencià en el País Valencià. Quiero recordarles que de las 14.238 unidades de escolarización pública, 7.516 son plurilingües, 6.812 lo son en castellano, y donde existe carencia es en unidades de
escolarización en valenciano precisamente. El resultado es que, tal como denuncia la Escola Valenciana, aproximadamente 150.000 niños en Valencia quieren ser escolarizados en su lengua y no pueden. Esa es la realidad, esa es la realidad del doble
rasero, que no pretende garantizar derechos, sino eso que en algún momento se ha llamado españolizar a los niños catalanes, con una afirmación tan estúpida como impropia de alguien que tiene como objetivo no crear problemas donde ya existen en la
sociedad fruto del empecinamiento de algunos.

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El señor PRESIDENTE: Vaya finalizando, por favor.


El señor COSCUBIELA CONESA: Termino. Me temo que estamos ante un caso clarísimo que podríamos calificar de imperialismo lingüístico. Alguien ha decidido que quiere imponerle a una sociedad una lengua que la sociedad, además, en muchos
casos considera como propia, porque mucha gente en Cataluña considera el castellano como lengua propia o sencillamente se encuentra muy cómodo con ella, pero eso no supone que se le imponga tener que renunciar a la lengua propia de Cataluña.


Acabo, señor presidente. En resumen, antes de llegar el señor Wert al ministerio no había ningún problema y al llegar el ministro lo crea. Sin duda, la mejor solución para resolver el problema es que desaparezca quien lo ha creado, es
decir el ministro -no planteo una desaparición nada más que política, por supuesto, no me interpreten ustedes mal-, y eso en democracia significa dimisión o cese y, por supuesto, en cualquiera de los dos casos sería de desear que el ministro al
marcharse a casa se llevara consigo el Decreto de 11 de julio, que más bien debería llevar fecha de 18 de julio (Un señor diputado: ¡Hala!), por su contenido. El 18 de julio es la fecha en la que nació mi abuela, ¿eh? Lo digo por si alguien se ha
sentido aludido. (Risas).


Acepto las enmiendas que me han planteado tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Convergència i Unió, al cual le parece que una dimisión es poco y pide dos. Encantados.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas presentadas, en primer lugar tiene la palabra, por el Grupo de Convergència i Unió, el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Es un tema reiterativo y precisamente hoy quedará reflejado el porqué tiene un amplio consenso en Cataluña. El señor Coscubiela tiene un modelo educativo que no es igual que el de Convergència i Unió. Tiene
diferencias que están en extremos, pero tiene unas partes que están reflejadas en la transversalidad de la sociedad que son comunes. En este caso, la defensa de la lengua catalana y del sistema educativo catalán en cuanto a la inmersión lingüística
nos une, y, fíjense, como siempre que habla de algo, sale Wert y sale la consejera Irene Rigau. Por eso se aprobó una ley de consenso, donde hay títulos que el Partido Popular apoyó y que Iniciativa per Catalunya-Verds no aprobó y otros que están
inversos; por eso decimos que la Llei d'Educació de Catalunya dispone de un amplio consenso, no de un único consenso, sino un amplio consenso que a veces se hace con unos partidos y en otros puntos con otros, pero esos puntos aprobados lo están
como mínimo por un 80% del Parlament de Catalunya.


Ese es nuestro valor. Ese valor ¿qué refleja? Refleja una sociedad donde hay dos lenguas cooficiales, donde las dos lenguas se aprecian de la misma manera, pero donde una de las lenguas, que es el catalán, que es la propia, histórica y
culturalmente, que ha desarrollado una cultura propia, esa la queremos mantener al mismo nivel que el castellano. Y ahí creemos que es donde está el problema, ahí es donde el ministro Wert incide y en el real decreto va reconociendo que es la
Administración educativa la responsable de decidir en qué porcentaje las lenguas vehiculares se utilizarán en el proceso de aprendizaje. Ahí es donde la Comunidad de Cataluña decidió en su momento -año 1981, me parece- la inmersión lingüística,
porque, como demostramos en alguna intervención, el dominio de la lengua castellana, oral y escrita, es inmensamente mayoritario en Cataluña, mientras que el catalán no llega a ese dominio.


En los centros escolares, la Generalitat de Catalunya, como no podía ser de otra manera, tenía un sistema para aquellas familias que deseaban que mayoritariamente fuese la lengua castellana la utilizada vehicularmente. Al ser siempre un
número reducido, por mucha campaña que se haga, por mucha propaganda que se haga, por mucho interés que haya desde Madrid, desde el Partido Popular, desde el ministro Wert, desde la secretaria Gomendio, continúa siendo una minoría. ¿Hay que
reconocer a esa minoría el derecho que tiene a la petición? Sin duda, y se hacía de forma individualizada. No hay ningún centro que ante la petición de unos padres en ese aspecto no haya trabajado para que esa incorporación o ese proceso se
cumplan. Pero el señor ministro aparece y en el real decreto lo anula, prohíbe la atención individualizada, que es la que hasta este momento se estaba llevando a cabo en Cataluña para atender estas demandas. No es que en Cataluña no se atendieran
estas demandas, pero el señor ministro -y voy a hablar del Partido Nacionalista Vasco sin que esté presente la portavoz- hace pocos días sale y dice: Se ha firmado un convenio bilateral entre el Gobierno del País Vasco y el Gobierno del Estado para
defender el euskera. Como dicen las estadísticas, en las tres redes que coexisten en el País Vasco, cada vez más son más los alumnos que van a los centros donde la enseñanza es en inmersión lingüística en euskera. Pero resulta que él quiere
demostrar que defiende las lenguas cooficiales. No. Lo que quisieran

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el señor ministro y la señora Gomendio, no sé si ya todo el Partido Popular, pero al menos ellos dos, es implantar esas tres redes en Cataluña y eso segregaría a los alumnos y sí que rompería la cohesión social que tenemos en Cataluña.


En ese sentido, vamos a apoyar la iniciativa del señor Coscubiela, aunque no estemos de acuerdo con el comentario sobre Wert-Rigau. Usted puede criticar a la consejera, sin duda, para eso están en la oposición en el Parlament de Catalunya,
pero creo que al compararlos le hace un flaco favor a la consellera Irene Rigau, porque está a mucha distancia del señor ministro Wert.


El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Lo cierto es que se ha dicho ya, este es un debate reiterado en esta Comisión, lo hemos debatido ampliamente, en la tramitación de la Lomce, durante las comparecencias del ministro y hoy volvemos a él a través de
esta proposición de La Izquierda Plural. Por tanto, hoy me podría volver a repetir en muchos de los argumentos que hemos utilizado y que coinciden en buena medida con los que ya ha planteado el señor Coscubiela. Podríamos explicar de nuevo cuáles
son las razones educativas y sociales que justifican el modelo de inmersión lingüística, decir que, gracias a él, hemos conseguido que en Cataluña no haya ciudadanos de primera y de segunda. Podríamos volver a insistir en que los alumnos catalanes,
a día de hoy, finalizan su educación obligatoria con un nivel de castellano equivalente al del resto de los alumnos del Estado. También les podríamos hablar del modelo de escuela inclusiva que queremos en Cataluña y de nuestro rechazo a la
segregación de alumnos por razón de lengua o por cualquiera otra. También podría defender una vez más las competencias de la Generalitat y la autonomía de los centros a la hora de definir el porcentaje de lenguas vehiculares en la enseñanza en
Cataluña, pero no vamos a insistir ya más en todo ello, porque si hasta la fecha no hemos conseguido convencer al Grupo Popular y al ministro Wert, dudo que vayamos a conseguirlo a costa de seguir insistiendo.


Vamos a hacer un ejercicio un poco más práctico y es el que les voy a proponer. Centrémonos en lo que ha provocado, la situación que ha creado la aplicación de la disposición adicional trigésimo octava de la Lomce, veamos qué resultado ha
dado para, supuestamente, resolver un problema que a nuestro juicio no existe. Creemos que el problema está en eso, en que el Partido Popular parte de una idea preconcebida sobre la educación en Cataluña y es quizá porque quieren que se convierta
en realidad, pero es que no es la realidad. Ellos parten de un prejuicio y es que en Cataluña existe un conflicto lingüístico entre los que quieren una educación en catalán y los que quieren la educación en castellano, una idea falsa. En función
de eso, ustedes, señorías del PP, dibujan un escenario en el que la Generalitat solo vela por el conocimiento del catalán y ustedes deben preservar la enseñanza del castellano, otra idea que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que
ambas lenguas conviven de forma pacífica en la escuela catalana y que tanto el Gobierno de Cataluña como los centros trabajan para que los alumnos conozcan y dominen ambas lenguas al finalizar la enseñanza obligatoria. Y la realidad es que existen
mecanismos para atender a los alumnos que, por la razón que sea, necesitan una atención especial en función de la lengua.


En cualquier caso, a ustedes no les gusta el funcionamiento de la escuela catalana y visten su discurso diciendo que tienen que preservar los derechos de las personas que quieren educarse en castellano, como si existiera una persecución o
algo por el estilo. Para eso el ministro puso en marcha su disposición adicional en la Lomce, para obligar a la Generalitat a ofrecer una oferta diferenciada en castellano sostenida con fondos públicos y, en caso contrario, obligar a la Generalitat
a pagar la escolarización de esos alumnos en centros privados, y todo eso a través de un procedimiento que consiste más o menos en lo siguiente. La familias deben acudir a la alta inspección del Ministerio de Educación, que instruye un proceso que
debe ser informado por la Generalitat; una vez resuelto se traslada a la dirección general en materia de cooperación territorial correspondiente para que autorice, se hace la orden de pago, que es comunicada al Ministerio de Hacienda para que lo
retenga de la financiación de la Generalitat. Un procedimiento ágil, como debe ser, y muy operativo.


Esa es la gran solución que han encontrado, de verdad. Suponiendo que existiera un problema, que no lo hay, todo este artilugio que han puesto en marcha no ofrece ninguna solución, solo más problemas. Ha llegado el momento de preguntarles
abiertamente. ¿Ustedes creen que esta, la vía de la imposición, es la vía para solucionar esta realidad que ustedes dicen ver? ¿No hubiera sido mejor que el ministro se hubiera sentado con el Gobierno de Cataluña a hablar de lo que hubiera hecho
falta, de las sentencias, de las necesidades de los alumnos, para encontrar una solución? ¿No se hubiera podido encontrar esa

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solución sin poner en tela de juicio todo el sistema educativo catalán? ¿No se hubiera podido encontrar una salida satisfactoria teniendo en cuenta que ya hay un 15% de centros en Cataluña con mayor porcentaje de educación impartida en
castellano? Pongamos sentido común. Ese ha sido el problema, señorías, que el ministro, como en muchas otras cuestiones, no ha querido escuchar ni quiere hablar, no quiere sentarse a encontrar soluciones y ha preferido, como siempre, la vía de la
imposición a la vía del acuerdo. Los resultados de esta imposición, de toda la cruzada para intentar ver un problema que no existe, es que solo 40 familias han pedido esa educación en castellano, ni siquiera la vía que proponen ustedes en la Lomce,
sino la escolarización en castellano, por una razón, que esa oferta en centros privados no existe, lo ha dicho el señor Coscubiela. Por tanto, vuelvo a preguntar, ¿de qué ha servido toda la obstinación del ministro Wert? De nada. Bueno, sí, ha
servido para complicar más la situación y para ponerse en contra a toda la comunidad educativa en Cataluña. Y ustedes dirán, el número no importa. De acuerdo, Lo que nosotros decimos es que, teniendo en cuenta esa realidad, habría sido mucho más
aconsejable haber buscado soluciones consensuadas y concretas para estas familias, más que optar por la confrontación, porque la confrontación no trae soluciones, ni para las familias ni para las instituciones. Solo acrecienta los problemas y los
encona. Esa es la situación en la que estamos, que lleva -y voy terminando, señor presidente- a una situación realmente esperpéntica. Ustedes han consignado en el presupuesto 5 millones de euros para esta escolarización en centros privados cuando
ni siquiera existe esa oferta en centros privados en castellano a los que ustedes se refieren. Realmente es de esperpento.


En resumen, si su objetivo era afrontar la situación de estas familias, dar respuesta, no era esa la vía, no lo han resuelto; y si su objetivo era incrementar la demanda de escolarización en castellano vía oferta, ofreciendo escolarización
gratuita en centros privados, ustedes han vuelto a fracasar. En conclusión, señorías, si alguna cosa ha quedado demostrada en el trámite de la Lomce en relación con el modelo lingüístico de la escuela catalana, es que el ministro ha demostrado
claramente cómo no se deben hacer las cosas, ni en el fondo ni en las formas. A su obsesión por imponer recetas, su falta de diálogo, su falta de respeto a las competencias de las autonomías hay que añadir la torpeza absoluta para afrontar la
cuestión que afecta a un tema sensible como es la lengua y especialmente en un momento, valga la redundancia, de gran sensibilidad en las relaciones entre Cataluña y España. Y lo resumiré de una forma muy gráfica. Un ministro que en pleno siglo
XXI clama por españolizar a los alumnos catalanes, sencillamente, no puede estar al frente de la educación de este país. Es más, pongo en duda que entienda el país en el que vive. Un ministro que no entiende que los problemas de nuestra educación
requieren diagnósticos compartidos y soluciones compartidas con la comunidad educativa, con las administraciones implicadas, no puede estar más tiempo al frente de un ministerio de Educación. Por todo eso, señorías, vamos a apoyar esta proposición
no de ley de La Izquierda Plural, grupo al que agradecemos la inclusión de nuestra enmienda.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que por el Grupo Mixto no va a haber intervención, por el Grupo Vasco tampoco, por Unión Progreso y Democracia tampoco. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Señor Coscubiela, si hace algunos años hubiera oído de un exponente de la izquierda política de Cataluña, que pretende representar a la izquierda social de Cataluña, no defender la presencia del castellano en el
sistema educativo de Cataluña, me hubiera producido un enorme asombro. La verdad es que en los últimos tiempos las cosas están cambiando, ya estoy curado de espanto, aunque le tengo que confesar que me muevo en la perplejidad. Digo esto recordando
que, por ejemplo, en la II República también se ventiló en esta Cámara la cuestión lingüística de Cataluña, y un diputado socialista, de Reus, gran político por cierto, que tuvo que exiliarse tras la Guerra Civil, defendió con vigor y con pasión la
presencia del castellano en el sistema educativo de Cataluña. Él, en aquella retórica que se utilizaba entonces, decía que era un sagrado deber de la izquierda y del socialismo defender esta causa. ¿Y por qué lo decía? Porque era la causa para
favorecer a los trabajadores de Cataluña, a la clase trabajadora de Cataluña. Y tenía mucho sentido la posición del señor Fabra Ribas, porque la carencia de una formación culta del castellano era un empobrecimiento cultural y para las oportunidades
de los trabajadores de Cataluña. Yo creo que el señor Fabra Ribas tenía mucha razón, veía al mundo con horizontes de lejos.


El fondo de la cuestión y lo que se ventila aquí en su proposición no de ley y en lo que nos deberíamos poner de acuerdo -ahora lamentablemente no es posible- es si la realidad sociolingüística de Cataluña que usted ha descrito debe
traducirse a la realidad de la escuela o no. Y la realidad sociolingüística de

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Cataluña es que estamos en un bilingüismo cuasi perfecto. Es decir, la mitad de la población catalana tiene como lengua materna o utiliza habitualmente el castellano y la otra mitad el catalán. Eso es lo que nos dicen las encuestas. Pues
bien, ¿por qué no sería lo deseable, lo sensato, lo que favorece a los trabajadores, lo que favorece al conjunto de la sociedad catalana traducir esa realidad a la escuela? Eso nos llevaría a un modelo que nosotros llamamos bilingüismo integrador.


Usted en su exposición, que he escuchado atentamente, ha dicho dos cosas; una ha sido negar el problema. Lo de negar el problema me recuerda siempre a tiempos pasados no deseables en la historia contemporánea. En segundo lugar ha dicho
que aceptar el actual modelo, que usted ha descrito perfectamente, supone una red con una lengua vehicular, que es lo que dice la Ley educativa de Cataluña (El señor Barberà i Montserrat: Eso no es verdad), porque ni siquiera el artículo 12 de la
ley, que habla de los proyectos lingüísticos de Cataluña, autoriza a proyectos bilingües con el castellano; dice que se pueden hacer proyectos bilingües con las lenguas extranjeras, es decir, que se puede hacer un centro bilingüe alemán-catalán,
italiano-catalán, inglés-catalán, pero no castellano-catalán. Y no es cierto -y en eso tenía razón el señor Fabra Ribas- que una lengua se aprenda por ósmosis, no basta que sea la lengua materna. Un correcto uso del castellano culto requiere no
solo de las dos horas semanales que se dan hoy día en el sistema educativo en Cataluña -menos, por cierto, que en cualquier otra lengua extranjera-; es sumamente conveniente que haya contenidos curriculares que se estudien en esa lengua. No se
puede expulsar el castellano como lengua vehicular y, por lo tanto, hay que buscarle espacio dentro del conjunto del sistema educativo. No se pide otra cosa. La gran beneficiaria del bilingüismo integrador es la clase trabajadora de Cataluña,
porque la burguesía siempre tiene vías de escape.


Ustedes se están sometiendo a los dictados del nacionalismo y buscan una sociedad homogénea que va a perjudicar sus intereses a largo plazo. Este modelo de bilingüismo integrador, que es el que defiende la ley, es el que no genera
exclusión, es el que facilita más la convivencia entre las dos lenguas cooficiales en Cataluña, sin que ninguna de las dos quede preterida.


Termino, señor presidente. Señor Coscubiela, le pido, le ruego que piense en los verdaderos intereses de la clase trabajadora de Cataluña, ¿o es que acaso cree que en el paraíso de esa Cataluña que propugnan los nacionalistas ya no habrá
clase trabajadora?


Por las razones expuestas, evidentemente vamos a votar que no a la proposición no de ley presentada por el señor Coscubiela. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-El señor Coscubiela Conesa pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene la palabra, en primer lugar, para decir si acepta o no las enmiendas que le han propuesto Convergència i Unió y el Grupo Socialista. ¿Las acepta todas? Muy bien.


Yo no he visto ninguna referencia personal, pero dispone usted de 15 segundos.


El señor COSCUBIELA CONESA: No he dicho en ningún momento ni que el castellano no deba defenderse ni que deba excluirse de la escuela. Usted conoce muy bien el sistema educativo, pero conoce muy mal Cataluña y la izquierda. Que sepa que
los principales defensores de la red única han sido obreros de toda España, precisamente para conseguir que la red única no supusiera la exclusión de los trabadores.


El señor PRESIDENTE: Está abriendo el debate de si ha dicho o no ha dicho. Consta en el 'Diario de Sesiones' y ahí queda.


El señor COSCUBIELA CONESA: Si alguien quiere saber la verdad, se lo explicaré. Treballadors van ser...


El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Coscubiela.


Señor Nasarre, tiene 15 segundos.


El señor NASARRE COICOECHEA: Tres segundos, señor presidente. Lo que he dicho es que el señor Coscubiela defendía la exclusión del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo catalán.


El señor COSCUBIELA CONESA: Señor presidente, solicito que se lean las intervenciones para ver si es verdad que he dicho eso.

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El señor PRESIDENTE: Por una razón de carácter práctico, aún no están preparadas. Dentro del ánimo y del espíritu de colaboración, ustedes mismos pueden comprobarlo, pues están grabadas y ahí queda la grabación.


El señor COSCUBIELA CONESA: No se preocupe, que ahí está, para quien quiera conocerla, la historia del movimiento obrero y de la izquierda y lo que han hecho por la integración lingüística obreros de toda España.


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, muchas gracias.


- SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002727).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a analizar el punto 4.º -que, ¡oh sorpresa!, es igual al anterior-, sobre la implementación de la tecnología de la información y la comunicación en el sistema educativo. Para defender esta propuesta, tiene la
palabra el señor Cabrera, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor CABRERA GARCÍA: Señor presidente, señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para defender esta proposición no de ley sobre la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en el
sistema educativo.


Señorías, las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TIC, pueden contribuir al acceso universal a la educación, a la igualdad en la instrucción, al ejercicio de la enseñanza y aprendizaje de calidad, al desarrollo
profesional del docente, así como a la gestión, dirección y administración más eficiente del sistema educativo, y así lo entiende la Unesco, que aplica una estrategia amplia e integradora en la promoción de las TIC en la educación. La aparición de
las llamadas nuevas tecnologías ha provocado en las últimas décadas cambios y transformaciones importantes en nuestra sociedad; la educación colabora en el crecimiento de la sociedad y la sociedad contribuye a la formación del individuo.
Actualmente estamos viviendo una completa revolución tecnológica a través de la sociedad de la información y la comunicación. Es necesario que el sector educativo se adapte a ella para que no se quede obsoleto y alejado de esta realidad. Por ello,
es necesario incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a la educación e integrarlas y adaptarlas a los contenidos de los currículos de cada una de las etapas educativas y de cada uno de los elementos integrantes de sus proyectos
curriculares. El uso de las tecnologías como un medio para mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos nos conduce a un nuevo modelo de enseñanza que nos aporta ventajas y también transformaciones.


La incorporación de las nuevas tecnologías al sistema educativo depende de múltiples factores, entre los que destaca el cambio de actitud por parte de la comunidad educativa hacia una educación más cercana al mundo exterior, más flexible y
más próxima a las individualidades de cada alumno. Asimismo, los profesores deben tener un conocimiento adecuado a los nuevos tiempos tecnológicos, audiovisuales e informáticos de uso didáctico, lo que hace imprescindible que nuestros docentes
reciban una adecuada formación en la utilización y el manejo de las nuevas tecnologías, con el fin de que las incorporen al quehacer del docente, de modo que las nuevas posibilidades aumenten la enseñanza y aprendizaje de los distintos contenidos
curriculares. Esta nueva herramienta educativa constituye un recurso de apoyo a las administraciones educativas, ya que garantiza una mejor interoperabilidad entre ellas. En este sentido, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado, Intef, dependiente de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, es la unidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que tiene encomendadas las funciones de elaboración y difusión de materiales
curriculares de apoyo al profesorado, la elaboración y difusión de materiales en soporte digital y audiovisuales, la realización de programas de formación específicos con las comunidades autónomas, el mantenimiento del portal de recursos educativos
del departamento y la creación de redes sociales para el intercambio de experiencias y recursos entre el profesorado. Por todo ello, ya el ministerio, a través del Intef, inició en 2012 un proceso de reflexión compartida con las comunidades
autónomas, expertos externos y responsables de diversas unidades ministeriales para definir un plan de cultura digital en el aula para los próximos años y desarrollar e implantar proyectos concretos de servicio al usuario, profesores, gestores
educativos, alumnos, familias y a la ciudadanía en general. El mencionado plan se ha estructurado en cinco proyectos prioritarios: la conectividad de centros escolares, cuyo objetivo es el acceso total a Internet, en coordinación con las
comunidades autónomas; interoperabilidad y estándares, establecer

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estándares en el ámbito de las TIC en el marco del esquema nacional de interoperabilidad; el espacio común para diseñar la evolución de contenidos educativos dentro de la plataforma Agrega y el punto neutro para impulsar acuerdos con los
diferentes agentes implicados; definir el punto de encuentro entre los proveedores de libros de texto digital y otros recursos educativos, así como la competencia digital docente, para establecer un modelo de desarrollo de competencia digital del
profesorado.


Así pues, señorías, la presente propuesta está en perfecta sintonía con los objetivos y nuevos planes educativos del Intef, con las políticas europeas sobre educación y formación, que se han concretado en el programa Educación y Formación
2020, y la reciente apuesta de la Comisión Europea Everything Education 2012 y el Opening up Education 2013. Para el Grupo Parlamentario Popular, en definitiva, señorías, la incorporación generalizada de las TIC al sistema educativo demanda
introducir las modificaciones técnicas que habiliten la coordinación entre todos los sistemas informativos de las administraciones educativas que lo integran, lo que permitirá personalizar la educación adaptándola a las necesidades y al ritmo de
cada alumno. Otra de las ventajas que proporciona la interoperabilidad es la creación de nuevos contenidos educativos, creados con medios tecnológicos, un nuevo material didáctico que permita sustituir el tradicional en soporte papel por lo que
podemos llamar la mochila digital, reduciendo considerablemente, además, el coste del mismo.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley instando al Gobierno a impulsar la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, adaptando, mediante cursos
formativos, el perfil profesional del docente a las tecnologías de la información y la comunicación, garantizando la efectiva interoperabilidad entre los sistemas informáticos utilizados por las administraciones educativas que lo integran y creando
un nuevo modelo de material didáctico en soporte digital que permita sustituir el tradicional soporte papel, previa fijación de objetivos predefinidos y seguimiento y evaluación de su impacto. En definitiva, señorías, estamos convencidos, como
creemos que también lo están ustedes, de que la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación es clave y va a suponer una mejora sustancial en la calidad educativa. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Espero que se lo tomen a broma; hemos hablado de la República, hemos hablado del año 1978 y ahora hablamos de nuevas tecnologías. Yo casi es que lo sitúo todo en el mismo plano, porque las nuevas tecnologías
ya no hay que ir a buscarlas, es que ya las tenemos y se están implantando.


Dejando esta broma a un lado, estamos de acuerdo en incorporar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza. En el texto se habla de un nuevo modelo de enseñanza. Aquí discrepo porque el modelo es otra
cosa. Lo que está claro es que son recursos pedagógicos y otras formas pedagógicas de llegar a los alumnos muy interesantes y que es necesario aplicar.


En el texto también se habla de un cambio de actitud de la comunidad educativa más cercana al mundo exterior, más flexible, más próxima. Creo que no es la comunidad educativa la que ha de cambiar esa actitud, sino que tenemos que ser los
responsables políticos los que tenemos que ayudar y apoyar ese cambio que la comunidad educativa ya tiene asumido y que está practicando.


Hemos presentado unas enmiendas -dirán que estos de Convergència i Unió vuelven a lo mismo. Sí, volvemos a lo mismo- para recordar que son las comunidades autónomas las que tienen la gestión y la competencia compartida en la formación
constante del profesorado en amplios y diferentes ámbitos del proceso educativo. Por eso añadimos en el primer punto: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en cooperación con las comunidades autónomas, máximas responsables, que
introduzca programas de cooperación territorial. Ya escuchamos el otro día a la secretaria de Estado que le horrorizan los programas de cooperación territorial, pero si los diseñara ella coordinadamente con las comunidades autónomas a lo mejor
tendrían resultado. Parece ser que si ella está delante, los resultados pueden ser más favorables.


En el primer punto se dice: adaptar, mediante cursos formativos, el perfil profesional del docente a las tecnologías, etcétera. Sin duda, pero hay que dotar a las comunidades autónomas para que sean ellas las que participen en la formación
continuada del profesorado en ese aspecto. ¿Qué pasa? Que nos da miedo viendo la filosofía, pues ya en alguna Comisión se habló de que ciertas partidas que figuraban en programas de cooperación territorial se las quedaba el Gobierno, y después
oímos que desde el Gobierno se van a realizar materiales didácticos y va a ser desde la centralidad del Gobierno desde donde se van a difundir estas novedades pedagógicas. Todo eso nos da un poco de miedo.

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Dotar a las comunidades autónomas de los recursos económicos necesarios. ¿Por qué lo pusimos? Hace unos días la secretaria de Estado dijo que hay 330 millones de euros de fondos Feder, que no están en el presupuesto, para hacer llegar la
banda ancha a los diferentes centros escolares. Que yo sepa, los diferentes centros escolares dependen de las comunidades autónomas, que son las gestoras de los centros. En ese caso, ese dinero y los Feder tendrían que ser gestionados -no digo que
no los vigilen, que no los cuiden, que no nos acompañen- directamente por las comunidades autónomas.


Con el último punto, el 5, pretendemos trabajar todos juntos para poner en marcha algunas noticias positivas como reducir los costes escolares de los libros con la mochila digital. Creo que será algo difícil de llevar a cabo, aunque a
principio del curso del año pasado el Partido Popular lo anunció en alguna comunidad autónoma. Lo cierto es que es necesario que el impuesto sobre el valor añadido en los contenidos digitales educativos y no educativos se reduzca al máximo, en eso
creo que podemos estar todos de acuerdo. Hemos hablado antes con el Grupo Popular y, aunque en los otros puntos no les interese, en este puede que sí y estaríamos dispuestos a transaccionar aunque sea solo esta parte para que ganemos algo o
trabajemos conjuntamente por algo que es importante en el ámbito educativo.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Alegría.


La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Señorías, la verdad es que la cuando leía la semana pasada el contenido de esta PNL y hoy escuchando la intervención del parlamentario que la ha defendido me ha venido a la cabeza un pensamiento que ya he
tenido otras veces y en otros momentos cuando el Partido Popular ha presentado distintos temas en esta Comisión, y tengo la sensación de que ustedes, los diputados del Partido Popular, plantean asuntos en esta Comisión con el único objetivo de
cubrir cupo, les da igual debatir sobre churras o sobre merinas, porque la mayoría de los temas que ustedes traen a esta Comisión son brindis al sol cuyo resultado, llevados a la realidad y tal y como ustedes los plantean, es igual a cero.


Hoy debatimos una PNL sobre el impulso de la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo. Como les decía, esta proposición es poco creíble, por no decir nada, ni en la forma ni en el fondo.
En la forma porque ustedes hoy, en pleno siglo XXI plantean un asunto que, aunque no lo quieran reconocer, se quiere parecer mínimamente a algo muy serio que ustedes paralizaron como fue el proyecto de Escuela 2.0, un proyecto que nació en 2009, una
iniciativa de innovación educativa que pretendía poner en marcha las aulas digitales del siglo XXI. Para lograrlo, primero, se contaba con la participación de todas las comunidades autónomas, se dotaba de un presupuesto económico de 200 millones de
euros para el curso escolar 2009-2010, y todo esto se cofinanciada con las comunidades autónomas y, por supuesto, se contaba con la colaboración de las empresas tecnológicas, informáticas y de comunicación, las entidades financieras, las editoriales
y las empresas de software educativo y las propias familias. El proyecto de Escuela 2.0 -que hoy, cinco años más tarde, seguramente estaríamos llamando Escuela 3.0- no se limitaba a dotar a cada alumno de un ordenador personal, sino que pretendía
poner en marcha las aulas digitales del siglo XXI, dotadas de la infraestructura tecnológica y de conectividad básicas para abrir las aulas a la realidad. Eso es lo que nosotros pusimos en marcha y eso mismo fue lo que ustedes se llevaron por
delante por el único motivo de que era un proyecto de un Gobierno socialista.


Yo les diré que hasta entendería que ustedes, cuando accedieron al Gobierno, hubieran decidido adaptar el programa de Escuela 2.0 a las nuevas circunstancias económicas del país, pero dinamitarlo para que años más tarde vengan ustedes a esta
Comisión a presentarnos esta declaración de intenciones, que resulta increíble desde la primera letra a la última palabra, sinceramente no tiene ningún sentido. Además, señorías, ustedes pueden empeñarse todas las veces que quieran, pero en materia
educativa y en todo lo relacionado con ella el Partido Popular suspende continuamente. Pero lo peor de todo es que nos hacen suspender como país, porque con todas sus decisiones, con esa retahíla de recortes continuados, desde las becas a los
programas 2.0, a los Educa3, ustedes lo que están haciendo es llevarse por delante la equidad, y eso sí que es preocupante que suceda en este país en el siglo XXI.


Señorías, ya les digo que no son creíbles en la forma, pero en el fondo, tampoco, y si me apuran les diré, con todo respeto, que sus propuestas son antiguas, porque no sé si son conscientes de que estamos casi acabando 2014 y los jóvenes que
hoy ocupan nuestras aulas son la primera generación que se ha criado bajo el paraguas de Internet y de las redes sociales. Y si de verdad quieren hacer algo serio y creíble con las tecnologías de la información y la comunicación, se han olvidado de
lo principal, que es

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contar con las comunidades autónomas, con el mundo educativo, se han olvidado de proponer un calendario creíble y serio y, por supuesto, se olvidan de proponer una financiación adecuada a la realidad actual, y no solo desde el punto de vista
económico, sino también siendo conscientes de la realidad que hoy encontramos en las aulas, con esos jóvenes que ya son nativos digitales.


Acabo retomando las palabras del señor Barberà, que aludía a la intervención de la secretaria de Estado de la pasada semana, cuando decía que quería ejecutar el Plan Red con la cofinanciación de los Feder para dotar a los centros de banda
ancha ultrarrápida. Tampoco es creíble, y no lo es porque esta diputada se ha tomado la molestia de buscar ese importe en los Presupuestos Generales del Estado en Educación y no aparece ni un solo euro. Y en los presupuestos de industria nada se
dice de fondos destinados a educación. Además, aquí no se puede hacer trilerismo político, porque todos sabemos que los fondos Feder son fondos de la Unión Europea destinados a las comunidades autónomas y son estas las que deciden dónde y cómo
gestionarlos. Por tanto, un poco más de seriedad.


Así que, señorías del Partido Popular, si ustedes quieren recuperar el tiempo perdido, adelante, pero para ello traigan a esta Comisión propuestas serias y con contenido real. Por eso mi grupo quiere que se planteen realidades y les hemos
presentado una enmienda, que suponemos que no van a aceptar porque el diputado que ha defendido la proposición en ningún momento se ha puesto en contacto conmigo y entendemos que ni la han valorado. Nosotros votaremos en contra de su irreal
propuesta.


El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Álvarez Sostres, por el Grupo Mixto.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Quiero dar mi apoyo, aun en sus términos gaseosos, a la proposición no de ley que estamos debatiendo, pero todo aquello que suponga un apoyo a las cuestiones propias de los recursos de aprendizaje y de los
profesores es apoyable, repito, a pesar de los términos gaseosos, y llamo gaseoso a todo aquello que no contemple una base de financiación.


En todo caso, he escuchado algunos de los argumentos y, por si las flies, yo también quiero incidir en que los programas de cooperación territorial, si no se lideran desde el Ministerio de Educación, son más gaseosos todavía; todavía más
gas. O se lideran desde un ministerio o no existe la concepción de lo que es un programa de cooperación territorial.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Mis peros tienen que ver con lo mismo, con el estado gaseoso que decía el señor Sostres o con el brindis al sol al que aludía el Partido Socialista. Creemos que es una PNL floja y lo malo es que no nos
sorprende. Creemos que el Partido Popular debería olvidarse de este tipo de palabras y pasar directamente a los hechos. Lo cierto es que los sucesivos Gobiernos se han olvidado de las nuevas tecnologías en las aulas o han tenido quizá una
concepción errónea de cómo introducir esas nuevas tecnologías. Hay que recordar también que el plan que el Partido Socialista llevó a cabo en 2009, en el que se dotaba a cada niño de un ordenador en primaria, también nos parecía una forma muy
discutible de cómo introducir estas nuevas tecnologías. Lo que estimamos absolutamente indiscutible es que los recortes que ha hecho el Partido Popular en materia educativa lastran de facto lo que podría ser una modernización de esas aulas y una
formación del profesorado. Se ha hablado -y lo han dicho en alguna de las intervenciones- de compatibilizar los sistemas informáticos. Espero que entiendan que seamos escépticos al respecto, porque este problema de la compatibilidad informática lo
hemos escuchado y sigue sin solucionarse en justicia, en sanidad, en hacienda y ahora en educación también.


Nosotros proponemos un modelo de selección de profesorado similar al MIR, algo que fue rechazado en la Comisión de Educación del 12 de marzo de 2014. Entendemos que es en este sistema donde se debe proporcionar a los profesores las
herramientas necesarias para manejar correctamente las tecnologías de la información y la comunicación y, desde luego, reflejando en los presupuestos las buenas intenciones, porque si no se quedan solamente en eso.


El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Comentaba por lo bajo con el señor Cantó que la capacidad de sorpresa que pueda tener uno siempre motiva a sentirse más joven. Hoy he tenido dos sorpresas

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importantes, una con un portavoz del Partido Popular anteriormente, en la proposición que presentábamos nosotros, donde sorprendente y agradablemente veía cómo se acercaba su discurso a la contradicción entre la burguesía y los trabajadores.
Me ha parecido interesante. Yo veía que doña María Jesús, compañera mía como diputada y suya también, se acercaba un poco hacia nosotros y pensaba: esto va bien, ya se van acercando hacia los lugares correctos quienes pensaba yo que estaban en
otras posiciones.


Dicho esto, también en broma, como decía el señor Barberà, en principio, ¿cómo podríamos estar en desacuerdo con la iniciativa que se nos trae? ¿Saben ustedes cuál es el problema? Que no nos lo creemos, y es muy difícil creerse esto que
traen hoy aquí cuando se comprueban los presupuestos y los presupuestos desdicen lo que hoy se trae aquí; ese es el problema, no otro.


También me ha sorprendido el Grupo Socialista, permítanme que se lo diga. He leído su enmienda, que recoge ese punto primero que da paso a los demás puntos, y sin duda es interesante que se reúna la Conferencia Sectorial de Educación y se
ponga en marcha un programa de cooperación territorial. Muy bien, pero ustedes saben lo que dicen los presupuestos. Por tanto, es casi un brindis al sol. Los otros tres puntos están redactados de otra manera pero son prácticamente lo mismo.


Mi grupo y esta diputada se fijan en cuál es exactamente la propuesta concreta de cada una de las partes. Quiero insistir -y con esto acabo, señorías-, en que el problema es que no tenemos motivos en el Grupo de La Izquierda Plural para
creernos esta proposición no de ley. Si los tuviéramos, no habiendo conocido como conocemos los presupuestos, igual la podríamos haber votado favorablemente, más aún si se incorporara esa enmienda con ese apartado concreto que le he señalado. Pero
viendo los presupuestos, no es creíble y no podemos votar aquello que no es creíble.


El señor PRESIDENTE: Señor Cabrera, ¿aceptan las enmiendas presentadas?


El señor CABRERA GARCÍA: No las aceptamos, pero quisiera matizar alguna de las cuestiones.


El señor PRESIDENTE: Pero no reabra el debate porque ya ha terminado.


El señor CABRERA GARCÍA: Como se dice que hacemos un brindis al sol, quiero concretar que existe un programa de conectividad de más de 300 millones de inversión. Por tanto, estamos hablando de cosas muy concretas. Sí podríamos comparar y
decir cuántos ordenadores se pusieron en legislaturas anteriores. En cualquier caso ...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cabrera.


- RELATIVA A LA AUTONOMÍA ESCOLAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002932).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a analizar el punto 5.º del orden del día, que antes era el 6.º, relativo a la autonomía escolar, propuesto por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Álvarez Sostres.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: El motivo de la presentación de esta iniciativa es reflexionar sobre los cambios organizativos de la escuela en el marco de una descentralización del sistema escolar, porque, no nos engañemos, a la
descentralización del Estado le ha sucedido una recentralización de las comunidades autónomas. Por utilizar un vulgarismo, se ha cambiado de señorito pero no de concepción.


En la Lomce, los artículos 4, 5 y 6 hacen referencia a los centros escolares, y el campo de la participación, autonomía y gobierno de los centros escolares abarca en la LOE los artículos 107 a 117, 118 a 139 y 144 a 156. Yo presenté una
enmienda, la 209, que resultaba clave en este modelo organizativo, significaba una nueva redacción que pretendía impulsar de manera decidida la autonomía de los centros, en detrimento -repito, en detrimento- del área de decisiones de las
administraciones educativas. Es cierto que en la ley está incluido como área de calidad, pero, en mi opinión, de manera tímida y farragosa, sin darle la importancia que se merece, o sea, de tapadillo, como pasa muchas veces en esta ya ley. Y
seguro que siempre hay excusas de mal aplicado.


Diferentes informes y análisis internacionales de reciente publicación coinciden todos basándose en señalar la incidencia que una mayor autonomía de los centros tiene sobre la eficacia y la eficiencia de la gestión y sobre el rendimiento de
los alumnos. Avanzar en la dirección de facilitar las mayores cotas posibles de autonomía escolar debiera ser, por tanto, un objetivo irrenunciable. Traducido a un lenguaje

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comprensible, supondría que, en vez de ser los alumnos quienes se deben adaptar al currículum, es el currículum y la estructura del centro lo que se adapta a los alumnos. Se trata, por tanto, de que los centros dispongan de un poderoso
recurso para dar respuesta a las diferentes necesidades educativas del alumnado y conseguir la mejora del aprendizaje de todos y cada uno de ellos. Por eso, este desafío de mejorar la calidad de nuestro sistema hace imprescindible, entre otras
transformaciones, que se deba promover una nueva concepción educativa que flexibilice la adaptación de nuevas organizaciones escolares, de nuevos perfiles profesionales de directivos; en una palabra, aquello que lleve aparejado la concesión de un
espacio propio a esa denominada autonomía escolar; una autonomía real y no retórica, en todos los ámbitos, administrativo, organizativo, económico y pedagógico. En todas las leyes orgánicas, señores diputados, desde la LODE y la Logse hasta la
actual LOE, pasando por la Lopeg y la Lomce, se ha incidido formalmente en este principio, y es un principio de calidad educativa, se sabe por todos los estudios, sin concretar jamás ninguna norma de desarrollo. Ha llegado el momento de dar este
paso cualitativo, de dar este elemento efectivo a los centros escolares, un paso gestionado y liderado por el ministerio y las comunidades autónomas en el ámbito de la cooperación territorial y, por lo tanto, en el ámbito de la Conferencia Sectorial
de Educación.


Si recurrimos como elemento ilustrativo al derecho comparado, nos encontramos con que los centros públicos en España tienen una menor cota de autonomía en la toma de decisiones en el conjunto de los países de la OCDE y de la Unión Europea.
Mientras que en la Unión Europea los centros toman el 46% de las decisiones, en nuestro país este porcentaje solo alcanza el 25%. Nos encontramos, desde luego, muy lejos de países más descentralizados como Países Bajos, Inglaterra y Finlandia,
donde existe un alto grado de autonomía de los centros, que llegan a tomar entre un 81% y un 88% de las decisiones organizativas. España se encuentra, junto con Grecia, México y Portugal, en el grupo de países con un porcentaje muy alto de
decisiones adaptado o bien a cuestiones de orden nacional o bien a cuestiones propias de las comunidades autónomas. Y en lo que se refiere a la autonomía de gestión de personal, en nuestro país los órganos centrales y los órganos autonómicos asumen
el 88% de las decisiones. En la OCDE más de la mitad son competencia de las autoridades autonómicas, de los centros o locales.


Es un camino, en definitiva, difícil que debería adoptar, en mi opinión, la forma de programa educativo, coordinado por el MEC, financiado por el Gobierno del Estado, no universal, con requisitos de voluntariedad y publicidad en el proyecto
educativo y curricular, amén de otros requisitos específicos. Los programas de cooperación territorial deben estar no solo al servicio de la disminución de las descompensaciones educativas, sino de la puesta en práctica de aquellas acciones que
impulsen nuevos modelos de organización. Y este camino debe recorrerse con prudencia, por el sistema de ensayo y error, a tenor de la experiencia de países de amplia trayectoria en este campo.


Son cinco los puntos en los que he fundamentado la proposición no de ley, que van desde la definición de un modelo, su financiación, su evaluación y la consideración de un mérito para los profesores que participen en este programa educativo.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada, tiene palabra la señora Ros, por el Grupo Socialista.


La señora ROS MARTÍNEZ: La autonomía escolar, como recoge la actual Ley educativa, la Lomce, fue uno de los temas debatidos y muy cuestionados por el Grupo Socialista durante la tramitación de la ley. (El señor vicepresidente, Nasarre
Goicoechea, ocupa la Presidencia).


La participación en la gestión del sistema educativo ha sido siempre una constante importante y necesaria para los socialistas. La autonomía escolar es un principio y fundamento para la mejora de la calidad educativa, pero se requiere
capacidad institucional para que sea efectiva. Entendida como una participación activa e indispensable en la toma de decisiones, es un buen elemento para obtener mejores resultados. Con mayor autonomía los centros educativos formulan planes de
mejora de acuerdo con su contexto, pueden determinar la forma más eficaz para mejorar sus resultados educativos y ser más eficaces.


El título V de la Lomce habla de participación, autonomía y gobierno en los centros y, como muy bien decía mi compañero Pezzi, hace un batiburrillo muy poco razonable. La Lomce, la nueva Ley de educación, aprobada en solitario por ustedes,
señorías del Partido Popular, introduce cambios de calado en la participación de la comunidad educativa. El consejo escolar pasa a ser un órgano consultivo sin derecho a voto; en concreto, la ley dice que los consejos escolares de los centros
evalúan, participan, informan, son informados, conocen, proponen, promueven, analizan, valoran, pero no deciden. La única atribución vinculante que les reserva es la aprobación de los presupuestos de la escuela. El proyecto educativo pasa

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a ser responsabilidad única del director, y los padres tampoco podrán incidir, como hasta ahora, en las líneas maestras del centro. Es por ello que la Lomce hace todo lo contrario, sentencia a muerte al consejo escolar; la participación y
decisión de la comunidad educativa, padres, profesores y alumnos es nula, los vacía de competencias decisorias. El consejo escolar pasa a ser un órgano consultivo y no decisivo, a la vez, se traslada con ello, como he dicho anteriormente, una mayor
autonomía de gestión a la dirección del centro. Por el contrario, la LOE daba libertad a los padres y ahora ustedes les dicen que están fuera, que ustedes no eligen al director porque nosotros, la Administración, vamos a tener el 51% y ustedes no
hacen el plan docente, ustedes no participan, ustedes están aquí como adorno. Por la vía de los hechos incumplen todos los requisitos. La educación se va a convertir en una empresa en la que la Administración educativa va a nombrar al director,
sea o no profesor del centro, cuando antes sí que tenía que serlo. Esta ley, por tanto, rompe todo equilibrio, el equilibrio entre el consejo escolar y el director se vuelca a favor solo del director y se minusvalora todo el papel de la comunidad
educativa. Es limitar la participación educativa, esto es nada de autonomía escolar. Y les recuerdo, señorías del Partido Popular, que la ley actual ha nacido sin consenso y que nadie estamos de acuerdo.


Es una contradicción declarar que se quiere incrementar la autonomía de los centros cuando paralelamente se pretende una fuerte recentralización del sistema. La Lomce pretende, como declara en el preámbulo, un aumento de la autonomía de los
centros; una autonomía supone organizar la educación con una lógica no burocrática que posibilite capacitar a los centros educativos para su propio aprendizaje y desarrollo institucional. La lógica del control burocrático y la lógica uniformadora
que domina la ley, la Lomce, imposibilitan la autonomía que retóricamente dice declarar y por sí misma es incapaz de dinamizar desde dentro el sistema educativo. En su lugar, desde el lado más conservador se hace una apuesta decidida por introducir
mecanismos de desregularización y competencia entre centros escolares, que pueden dar lugar a diferenciar institucionalmente la oferta pública de educación. Es contradictorio querer dar autonomía a los centros cuando se pretende una fuerte
recentralización del sistema, como he dicho anteriormente.


El Grupo Socialista ha presentado una enmienda de modificación a esta proposición no de ley que insta al Gobierno a definir un programa educativo que conduzca al establecimiento de un modelo de organización escolar fundado en la autonomía
escolar en los centros de primaria y educación secundaria y bachillerato, a promover dicho programa en todos los centros escolares y no solo en los que lo soliciten, a que la financiación sea en todas las comunidades autónomas y no solo en las
interesadas, y a establecer que la aplicación y participación en el mismo sean propias de una actividad de renovación pedagógica en general y no que se deriven de los méritos correspondientes a sus participantes. Adelanto que hemos transaccionado
con el grupo proponente, que ha aceptado las enmiendas, al que agradecemos dicha incorporación.


Finalizo diciendo que la verdadera autonomía escolar no podrá venir nunca de arriba sino que ha de llegar como consecuencia de una toma de conciencia y de responsabilidad en materia educativa por parte de los profesores, los padres y los
alumnos, de la comunidad educativa, de los tres principales sectores del sistema educativo. La autonomía de los centros será útil y efectiva si estos tres sectores asumen tanto la libertad como la responsabilidad que le corresponde a cada uno de
ellos en particular y a todos en conjunto.


El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Le corresponde ahora el turno de palabra al Grupo de Unión Progreso y Democracia.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muy brevemente para decir que compartimos el objetivo de la proposición pero le vemos una pequeña traba, que es la de la voluntariedad. La autonomía de los centros sí que debe regularse por ley fijando su
significado con criterios claros y transparentes de actuación y evaluación porque de lo contrario los centros acabarán yéndose de manera independiente, a su manera, y algunos que no sean autónomos acabarán cobrando por ello.


El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Corresponde el turno a la señora García Álvarez. (Denegaciones).


Entonces, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Vamos a apoyar esta proposición no de ley del señor Sostres porque de hecho, aunque pida un traspaso de competencias, no nos da miedo que las competencias vayan a los centros educativos, nos da miedo cuando el
Estado central recupera competencias que eran de las comunidades autónomas, pero en esto estamos de acuerdo porque confiamos en los centros educativos.

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Cuando habla de una mayor autonomía o una mejora en la eficacia, en la eficiencia en la gestión educativa, creo que sí, que es verdad, que tienen que influir más en el currículum, en las políticas de evaluación. En eso podíamos estar de
acuerdo en general.


Cuando hablamos de la inversión en el rendimiento escolar, que se ha hablado estos días muchos de estas diferenciaciones, como todos vamos a unos años atrás y a la experiencia personal, recuerdo en 1987 hacer de profesor con 40 y 45 alumnos
y con 30 horas de clase. Sin duda, la inversión en educación ha hecho que ahora, siendo director de un centro escolar, el mismo director del centro escolar, con menos alumnos por clase, tenga horas para dedicarse a la dirección. Por tanto creo que
el rendimiento escolar va relacionado con la inversión, más profesores, centros nuevos, más equipamientos. Hay que reconocer que se ha mejorado a lo largo de este tiempo. Y lo que hace el Partido Popular, que es negar esa mejora y que la inversión
ha hecho mejorar el sistema escolar, creo que no es justo, realmente no es justo y es una falacia. Sin duda alguna ahora los recursos no tienen que ir a crear nuevos centros, sin duda se tendrán que reorientar las inversiones, pero es que hay mucho
que hacer en formación del profesorado, lo estamos hablando hoy, hay mucho que hacer en inversión en nuevas tecnologías, hay mucho que hacer en evaluación del proceso educativo. Seguramente ahora las partidas económicas tienen que ir a otros
apartados para, una vez conseguido un sistema fuerte y musculado, ir a mejorar la calidad de la educación hasta los máximos que podamos. Eso sin duda. En ese sentido quisiéramos hacer hincapié en esto, aunque no vaya relacionado con la PNL, porque
este debate ha existido, ayer existió en el Pleno, y quería recordar esto: el cambio de ratios de alumnos, de profesores, de calidad y tipos de centro escolar a cómo estamos actualmente, a cómo están nuestros centros. Sin duda hay que ir
invirtiendo, pero la gran inversión está hecha. La inversión ahora tiene que ir hacia otros apartados.


Cuando usted habla de programas experimentales no podemos estar más de acuerdo. En Cataluña hemos empezado a hacer lo que llamamos auditorías pedagógicas; 96 centros han pasado una auditoría pedagógica no para evaluarles y suspenderles o
no, sino para analizar qué aspectos tenían que mejorar. Y han salido aspectos a mejorar: coordinación docente, opción metodológica, atención a la diversidad, criterios de evaluación, convivencia y clima escolar. Y a estos centros se les ha dotado
con más recursos humanos, con más formación y asesoramiento externo complementario a la formación de los profesores e incluyéndoles en planes de refuerzo de áreas estructurales. Cómo no podemos estar de acuerdo en autonomía, evaluación de esa
autonomía y buscar herramientas de mejora para que eso funcione menor; creo que esa es la base del sistema educativo en cualquier parte. Por eso, con alguna diferencia concreta, vamos a apoyar la proposición no de ley y si se incorpora también al
final la enmienda del Grupo Socialista también estamos de acuerdo en apoyar esta proposición no de ley del señor Sostres.


El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Finalmente le corresponde el uso de la palabra al Grupo Popular. Tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Señorías, señor Álvarez Sostres, coincidimos con usted y con todos los representantes de los distintos grupos parlamentarios en la necesidad de impulsar la autonomía de los centros para mejorar la calidad de la
enseñanza. De hecho, la Lomce establece las competencias o responsabilidades de los propios centros en relación con el diseño y desarrollo del currículo. Dentro de la regulación y límites establecidos por las administraciones educativas, los
centros docentes pueden complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica y trazar la oferta formativa; pueden diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios y
determinar la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas.


Señorías, plantear un programa para desarrollar una autonomía organizativa, es insuficiente; las leyes orgánicas señalan que los centros dispondrán no solo de una autonomía pedagógica sino también de una autonomía organizativa y una
autonomía de gestión. ¿Y qué significa esto? Que el aumento de la autonomía de los centros ha de estar necesariamente unida a la exigencia de una mayor transparencia en la rendición de cuentas; hay que potenciar las evaluaciones internas de los
propios centros y desarrollar programas de evaluación externa. El refuerzo de la autonomía de los centros exige que se adopten medidas para potenciar la función directiva. Los directores tienen ahora, porque así se lo confiere la Lomce, la
oportunidad de ejercer un mayor liderazgo pedagógico y de gestión. Somos conscientes, y así lo ratifican los indicadores de la OCDE, de que los centros educativos en España toman menos decisiones que en el conjunto de los países de la OCDE y de la
Unión Europea y de que la implicación de los centros educativos en organización, en gestión de personal y de los recursos y sobre todo en decisiones referentes a planificación y estructuras es muy

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reducida. Somos conscientes, señorías, pero también hay que decir, señor Cantó, que sí hay voluntariedad de este Gobierno y que no negamos ninguna mejora, señor Barberà, pues desde el inicio este ministerio tuvo claro que entre los
principios sobre los que debía pivotar la reforma estaban fundamentalmente el aumento de la autonomía de los centros, el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los mismos, las evaluaciones externas de fin de etapa, la racionalidad de
la oferta educativa y la flexibilización de las trayectorias. Y esto se ha materializado en una serie de propuestas en la Lomce para que las administraciones educativas favorezcan y potencien el que las direcciones de los centros gestionen a través
de diferentes proyectos, y así, los centros, en el ejercicio de esa autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia y ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o
materias en los términos que establezcan las administraciones educativas y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que en ningún caso se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las
administraciones educativas. Señorías, quiero destacar la promoción de acciones, precisamente destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes mediante el refuerzo de su autonomía y la potenciación de la función directiva, y precisamente a
través de medidas honoríficas tendentes al reconocimiento, así como acciones de calidad educativa, que tendrán por objeto el fomento y la promoción de la calidad y teniendo como referencia modelos de gestión reconocidos en el ámbito europeo. Aquí
el director del centro dispondrá de autonomía para adaptar durante el periodo de realización de estas acciones los recursos humanos a las necesidades derivadas de los mismos. Por todo ello, señorías, se deben potenciar aquellas líneas o principios
de actuación propuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecidos en la Lomce. El ministerio, por tanto, ha hecho su trabajo al respecto.


En consecuencia, señor Álvarez Sostres y señora Ros, consideramos que las medidas que aquí se plantean se pueden desarrollar dentro del marco regulatorio actual y que no es necesario un nuevo programa de cooperación territorial. El aumento
de la autonomía escolar en España, acompañado de un proceso de rendición de cuentas, tiene cabida en el marco proporcionado por la Lomce, por lo que no votaremos a favor de esta proposición ni tampoco votaremos favorablemente la enmienda del Grupo
Socialista.


El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Señor Álvarez Sostres, ¿acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista?


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Vamos a presentar una transaccional.


- PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y REDUCIR EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003065).


El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Pasamos al punto siguiente, proposición no de ley para la recuperación de los programas de cooperación territorial y reducir el abandono escolar temprano. Ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista y la va a defender el señor Meijón.


El señor MEIJÓN COUSELO: Señorías, los socialistas estamos absolutamente convencidos de la necesidad de apostar, de implementar de nuevo en nuestro sistema educativo los programas de cooperación territorial que tan buen resultado dieron
durante la legislatura anterior, programas impulsados por un Ejecutivo socialista, liderados por el ministro Gabilondo y que en su día recibieron también los parabienes del conjunto de la comunidad educativa y que además contaron también con la
colaboración de las comunidades autónomas, que acreditaron asimismo la necesidad de estos programas. En este caso queremos singularizar aquellos programas de cooperación territorial que entendemos aseguran un mayor nivel de equidad en nuestro
sistema educativo y compensan las desigualdades de partida del alumnado. Hablamos de compensar, y obviamente debemos referirnos, por su actualidad, a la drástica rebaja de las partidas para educación compensatoria, en un porcentaje superior al 90%
en los Presupuestos Generales del Estado del año 2015, como pueden ver ustedes en este gráfico, una rebaja absolutamente drástica de los programas de educación compensatoria. Y no vale que digan que esta rebaja se compensa con las partidas para la
implementación de la Lomce; estas partidas, sin extenderme en cuestiones relativas a lo exiguo de las cantidades, a las penurias, a lo injusto, son partidas de carácter general que atienden al conjunto del sistema educativo. Pero siendo también
importante lo que afecta al todo, aquí estamos hablando de educación compensatoria, cuyo objetivo es precisamente, y ustedes lo saben bien,

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tratar de garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades de los diferentes atendiendo a sus condiciones personales, sociales, económicas, culturales o cualquier otra que pueda darse, por ejemplo su procedencia, como ocurre en el caso de
los inmigrantes.


Vayamos ya a lo concreto. El programa PROA, programa de refuerzo, orientación y apoyo, cuenta con informes de evaluación que les puedo enseñar, están a su disposición en la página web del ministerio. Dos de los informes que hay sobre estos
programas están hechos uno hecho por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y otro por la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla. Cito el primero de ellos, que dice: En definitiva, con todas las cautelas que lo limitado de la
información impone -es cierto que era una muestra que no era demasiado extensa-, los resultados son compatibles con la idea de que el programa habría estado asociado a una reducción significativa del abandono y podría haber contribuido en torno a
dos puntos porcentuales a la caída observada de las tasas de abandono. La magnitud de ese efecto parece depender de la intensidad del programa en términos de fondos per cápita asignados. Dice también: Finalmente la evidencia parece apuntar a que
las actuaciones preventivas dirigidas a evitar el futuro abandono de los estudiantes habrían sido más eficaces que las medidas reactivas a posteriori enfocadas a recuperar a los jóvenes que abandonaron. Y le leo también el siguiente informe de la
Pablo Olavide, de Sevilla, que dice: Utilizando la base de datos del programa PISA 2012 -que tanto les gusta a ustedes-, observamos que aquellos alumnos que asistieron a centros donde se desarrolló PROA tienen mejores resultados, sobre todo en
lectura, que estudiantes similares en centros donde no se desarrolló PROA. Por último -continúa-, encontramos evidencia de que el efecto de estas intervenciones a través de PROA es acumulativo. ¿Creen ustedes con estos análisis, con estas
evaluaciones del año 2014 que resulta coherente eliminar este programa, que apuesta por la equidad de nuestro sistema educativo? ¿Verdad que no, que es imposible decir que hay que suprimir ese tipo de programas? Si quieren ustedes hagan una
evaluación más amplia, hagan ustedes una muestra más importante, pero lo que hay indica que debemos seguir, no lo contrario.


Vamos con el programa Educa3 que, como saben, ha supuesto, hasta que el actual ministro lo suprimió, un gran impulso en la creación de centros y plazas públicas en la etapa de cero a tres años, una etapa que, salvo para el actual ministro de
Educación, es una etapa educativa. Pero no solo eso, es una etapa crucial en la lucha por compensar las desigualdades de partida del alumnado, es una inversión eficiente y eficaz para el alumno. El profesor de Economía y premio Nobel James Heckman
lo ha estudiado con rigor y sus conclusiones son claras. Aquí tienen ustedes la curva de Heckman, llamada así, donde se indica que el retorno que vuelve al sistema público es muy superior cuanto antes hacemos las intervenciones con el alumnado. Y
dice Heckman: La educación preescolar es una inversión eficiente y eficaz para el desarrollo económico y la fuerza laboral, cuanto antes la inversión mayor será su retorno para el individuo, para la sociedad y para la economía. Pero aún señala más
en estos tiempos concretos en los que estamos. Dice: Invertir en la educación infantil es una estrategia rentable, incluso durante una crisis presupuestaria. La reducción del déficit solo vendrá de la más sabia inversión de fondos públicos y
privados. Los datos muestran que una de las estrategias más eficaces para el crecimiento económico es la inversión en crecimiento del desarrollo de los niños en situación de riesgo. Los costos a corto plazo son más que compensados por los
beneficios inmediatos y a largo plazo mediante la reducción en la necesidad de educación especial y rehabilitación, mejores resultados de salud, la reducción de las necesidades de servicios sociales, menores costos de la justicia penal y aumento de
la autosuficiencia y la productividad de las familias. Como bien dice el profesor Heckman, una rentabilidad muchísimo más elevada que la de los fondos de inversión o de la mayor parte de las inversiones en el mercado de valores.


Y si lo dicho hasta ahora, señorías, no les vale para quedar convencidos permítanme que recurra a la Unión Europea y a su documento de 2 de junio de 2014 que lleva por título Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de
reformas en 2014 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre ese programa de estabilidad. Este es el documento, si quieren se lo puedo facilitar a ustedes, pero también se encuentra en la red. Y sobre la decisión del ministro
Wert de suprimir el programa PROA, dice: Sin embargo, es motivo de preocupación la ausencia de disposiciones para continuar las acciones desarrolladas por el PROA, programa de refuerzo, orientación y apoyo, para abordar el problema del abandono
escolar prematuro. Esto se lo dice a ustedes la Unión Europea, recomendación de la Unión Europea en 2014, recientemente. Sobre el programa Educa3 señal su preocupación hablando de políticas de educación y políticas sociales por situaciones que se
ven -y cito también textualmente- agravadas por una cierta falta de guarderías adecuadas y asequibles. Por cierto, además de referirse en este documento a la aplicación de la Lomce, dice expresamente que su aplicación entraña riesgos a nivel de

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comunidades autónomas, debido principalmente a la falta de acuerdo entre estas y la Administración estatal acerca de su financiación y la aplicación de disposiciones específicas. Es decir, frente a la manipulación del ministro Wert con sus
presupuestos, en la Unión Europea tienen claro que una cuestión es la aplicación de la Lomce -y ya dicen los aspectos negativos que encuentran- y otra muy distinta la educación compensatoria, y manifiestan su seria inquietud en la aplicación en
ambos casos, tanto en la aplicación de la Lomce como en la educación compensatoria. ¿Qué dirían si además hubieran podido tener en cuenta esta reducción, la reducción de los presupuestos para 2015 del 90%? Este informe de la Unión Europea es
anterior a esta reducción.


Por esto, señorías, de verdad, insistimos en la necesidad de reimplantar los programas de cooperación territorial y muy concretamente estos dos que atienden a la equidad. Recuerden que cualquier informe sobre el tema indica el incremento de
la desigualdad en nuestro país, un incremento galopante en los últimos años y especialmente si hablamos de tasas comparativas con otros países. El programa de refuerzo, orientación y apoyo, el programa Educa3, por favor, apoyen que se reimplanten
y, por supuesto, en la buena lógica de nuestro modelo territorial, plural, llevando este tema a debate y a consenso en la Conferencia Sectorial de Educación. Y si es por problema de dinero, estoy seguro de que mi compañero Germán, que a
continuación tiene una iniciativa, les dirá de dónde pueden sacar por lo menos una parte de este dinero.


Muchas gracias y esperemos que apoyen ustedes esta iniciativa porque será por el bien de la equidad del sistema educativo y de nuestro alumnado.


El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Le corresponde intervenir al señor Álvarez Sostres, si desea hacerlo.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Muy brevemente, presidente. Voy a apoyar la proposición no de ley referente a los programas de cooperación territorial. Respecto a los que ha citado, concretamente en algunos casos podría matizarse el resultado
de aplicación que han tenido, pero realmente si hay algo sustancial en una estructura territorial como la de nuestro Estado es que el Ministerio de Educación, sin la correspondiente cooperación entre las comunidades autónomas, no tiene ningún
sentido. Toda su gestión sería liderada o se quedaría concretada en el sistema de becas, y ya hablaremos del sistema de becas y de cuestiones referentes a leyes orgánicas o a aquellas normas de carácter básico. Por tanto, en una estructura
territorial autonómica el programa de cooperación territorial es básico y queda uno realmente preocupadísimo cuando escucha a altos cargos del ministerio cuestionar lo que significan los programas de cooperación territorial y el servicio
correspondiente a la Dirección General de Cooperación Territorial, que siempre ha sido poderosa dentro del Ministerio de Educación.


El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Le corresponde intervenir a Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Anuncio también nuestro voto afirmativo. Nos preocupa mucho el abandono temprano escolar en general, el abandona escolar que, hay que recordar, tiene mucho que ver con cuál ha sido el modelo de creación de
riqueza y empleo al que nos han abocado los dos partidos grandes de nuestro país.


Quisiera explicar brevemente por qué argumentamos este apoyo pero también cuáles son nuestras propuestas para luchar contra este abandono. Es cierto que hace falta una dotación económica fuerte para los programas de cooperación territorial
con el fin de reducir este abandono escolar temprano, pero por eso quería recordar cuáles son otras medidas que nosotros proponemos. Voy a citar solamente cuatro. En primer lugar, una atención continua y preferente a la enseñanza primaria, que es
base del sistema educativo y que deberá revisarse con profundidad y con rigor; en segundo lugar, diversificación como alternativa a la repetición de curso y el fracaso o el abandono escolar. Nos parece importante señalar que para nosotros hay dos
itinerarios básicos, bachillerato sólido y riguroso, más largo y unificado que el actual, comenzado a una edad más temprana, y también formación profesional de calidad, como ya decíamos antes en otra intervención, que permita la obtención del
graduado en ESO y acceder a estudios superiores con un acceso desde los catorce años. En tercer lugar, una promoción decidida de la cultura del esfuerzo, un establecimiento de criterios claros para la promoción de curso, potenciación de la
diversificación y el refuerzo con programas específicos de apoyo como alternativas a la repetición de curso. Y, por último, el reconocimiento del alumno como el sujeto del derecho a la educación, cuya

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formación integral como ciudadano autónomo debe ser objetivo último del sistema educativo, currículum que inculque virtudes democráticas, que sea respetuoso con todos los sistemas de creencias compatibles con la democracia y que excluya el
adoctrinamiento ideológico, identitario o religioso.


El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): La Izquierda Plural no está. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: No vamos a redundar en la explicación que la proposición no de ley ya incorpora y tras la exposición del Partido Socialista, pero vamos a hacer hincapié en la intervención de la secretaria de Estado en la
comparecencia que realizó en la Comisión de Presupuestos, que de una manera creo que incoherente echó por los suelos los programas de cooperación territorial que se habían llevado a cabo hasta ese momento. La secretaria de Estado defendió que había
multitud de objetivos que no eran útiles, que las comunidades autónomas no los habían utilizado, que no habían servido para nada, y eso no podemos aceptarlo de ninguna manera y más cuando somos conscientes en Cataluña de que Gobiernos de diferentes
ideologías los han usado y han servido. Sin duda alguna, como todo en esta vida, hay que valorarlo y hay que reconducirlo y mejorarlo, eso sin duda, pero lo que está claro es que lo que trabajaban los programas de cooperación territorial, que eran
aspectos muy concretos que se iban detectando, no se van a solucionar con la reforma que ella señalaba de la Ley de Educación. Decía: La Lomce es la solución global a todos los problemas; ahora la Lomce defiende la FP y hay más alumnos que hacen
FP gracias no a Lomce pero sí a las políticas educativas del Partido Popular. Bueno, habrá participado dos años dentro del proceso de todos los años. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Decía también: La formación dual ha crecido. Sí,
es verdad, lo único que ha hecho es incorporar la palabra formación dual en la nueva ley, en lo que todos estamos de acuerdo, pero esa formación de colaboración con las empresas directamente ya se estaba realizando a partir de otros decretos y otros
ámbitos legales. ¿Qué la tasa de abandono educativo temprano ha reducido? Sin duda. Y respecto a la formación profesional básica entendemos que el ministro va a desmentir la afirmación de que la formación profesional básica, más o menos, son los
programas de cualificación profesional inicial. Creo que esa afirmación o la portavoz la va a tener que retirar o el ministro va a tener arreglarla, porque no es lo que el ministerio va explicando por ahí. Entonces, que el abandono temprano con la
formación profesional básica se va a reducir en un año cuando salgan esos titulados drásticamente... Y respecto a la autonomía de centros, hemos hablado porque era una iniciativa del señor Sostres pero sabemos que la Lomce autonomía a los centros
no les da, tiene un título y un enunciado pero no les da, les concreta los horarios y les obliga a muchas cosas. Es decir, temas que tendrían que estar delegados a los mismos centros se enuncian en la Lomce pero no se ejecutan de esa manera. Y
habló también de que las evaluaciones son las que van a mejorar el rendimiento. Es una perspectiva de filosofía diferente, y eso lo decíamos siempre. Esta ley, en lugar de compartir, que es lo que hacía la LOE y en la que había mucho a mejorar, lo
que hace es repartir. ¿Y qué hace? Pues con las dotaciones de los programas de cooperación territorial, los pocos que hay porque la situación es la que es, me los quedo yo como ministerio y haré lo que a mí me parezca para así decir que mejora la
educación. Pero no es participar en el sistema educativo, lo que tiene que hacer el ministerio -y en eso puedo estar de acuerdo con el señor Sostres- es dirigir bien la situación, no participar excesivamente en el proceso y dejar que los centros
escolares y los profesionales, las administraciones educativas, es decir, la comunidad educativa, sean los que ejecuten todo eso. ¿Qué está haciendo? En lugar de dirigir bien todo este entramado lo que quiere es ser protagonista del mismo y con
eso está hundiendo y va a continuar hundiendo -por poco tiempo, porque cuando haya un cambio político esta ley se va a derogar- la educación en España. Por eso vamos a apoyar recuperar los programas de cooperación territorial, que no sé si tendrían
que ser los mismos, con más dinero o con menos, pero seguro que un debate con las comunidades educativas se tendría que hacer y con los problemas detectados trabajar conjuntamente a partir de una coordinación dirigida desde el ministerio, sin duda,
sin ningún problema.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Ares.


La señora ARES MARTÍNEZ-FORTÚN: Señorías, esta proposición no de ley que nos acaba de presentar el Grupo Parlamentario Socialista plantea volver a ofertar unos programas de refuerzo, orientación y reducción del abandono escolar, y el
programa Educa3 de creación de guarderías de cero a tres años.

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Este programa PROA ha sido una medida puntual y de carácter limitado que ha tenido algún efecto positivo pero muy reducido y con unos niveles de inversión demasiado altos y unos niveles de ejecución, justificación y evaluación de resultados
de la inversión muy bajos. Usted ha hecho referencia a un informe de evaluación de PROA de la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla. Yo también me lo he leído y es verdad que enuncia lo que usted ha dicho pero también dice que nuestros resultados
indican que PROA tiene efectos positivos, aunque reducidos, sobre el rendimiento académico de los alumnos. Está claro que ha sido una aportación que ha funcionado, con un efecto positivo, con una inversión muy alta y con no tantos resultados como
los esperados. Viendo la tasa tan alta de abandono escolar que hemos seguido teniendo está claro que este programa no estaba teniendo el efecto que todos hubiéramos deseado. La educación en España quedó estancada desde el momento en que se
implantó la Logse. Esto lo han dicho numerosos estudios. La propia Lomce dispone de mecanismos integrados en el sistema para reducir este abandono escolar y para mejorar los resultados educativos. Con la autonomía que los centros van a disfrutar
a partir de la implantación de la Lomce, se podrá incidir de una forma mucho más directa sobre la mejora de la calidad de los resultados siendo los propios centros, de forma autónoma e independiente, los que planteen cuáles son los proyectos
competenciales para mejorar esta calidad, en vez de ir repartiendo dinero a las comunidades autónomas sin evaluar realmente a qué objetivos se están dirigiendo estas inversiones y qué resultados están teniendo. Respecto a la recuperación del
programa Educa 3, estas han estado cofinanciadas entre el Estado y las comunidades autónomas y esta colaboración institucional en los últimos tiempos ya no estaba siendo tal, porque la mayoría de las comunidades autónomas han dejado de tener
capacidad para autofinanciarse. Por tanto, tenían que pasar a ser financiadas íntegramente por el Estado, cosa que el Estado no tenía capacidad de hacer. Por otra parte, también está la complicación añadida de establecer convenios con comunidades
autónomas que no pueden cumplir los objetivos de déficit.


El objetivo inicial de este programa Educa 3 era crear 300.000 plazas de educación infantil; se ha conseguido crear 75.000 plazas desde 2008, con una inversión aproximadamente de 100 millones de euros cada año. En la actualidad, además,
algunos municipios no son capaces ni de mantener el funcionamiento de las guarderías existentes. Muchos municipios están teniendo plazas vacantes, cerrando líneas de guardería y clases (El señor Meijón Couselo: ¿Por qué?), por falta de alumnos.
En algunas comunidades se han creado muchas más plazas de las previstas con este programa Educa 3; por tanto los recursos que ha invertido el Estado no han estado bien distribuidos. También han tenido que cerrar aulas, aparte de por la crisis,
debido al descenso de la natalidad, a pesar de que en la mayoría de guarderías los precios son reducidos según el nivel de renta y de que el baremo de puntos para la adjudicación de plazas siempre favorece a las familias con menos renta.


Por todo lo expuesto anteriormente, votaremos en contra de esta proposición no de ley. (Aplausos).


- SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS A LOS CENTROS QUE SEGREGAN POR SEXO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003066).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al análisis de la proposición no de ley punto 7.º, ex-10.º, sobre la suspensión de los conciertos educativos a los centros que segregan por sexo. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez
para defender la PNL.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Desde el Grupo Socialista presentamos esta proposición que tiene un objetivo claro: suprimir la financiación pública de los centros educativos que separan a los alumnos en razón de sexto. Como ya señalamos
durante la tramitación de la Lomce, a nuestro juicio la educación diferenciada supone una forma de discriminación y es contraria a la igualdad, y por ello creemos que la Administración no puede seguir promoviendo este tipo de educación. Los
socialistas hemos sido firmes defensores de la educación mixta, de la coeducación, un sistema que ha permitido remover muchos de los obstáculos que tenían las mujeres de este país para poder formarse en pie de igualdad e ir aumentando su presencia
en todos los ámbitos sociales y de la vida pública. Es más, estamos convencidos de que aún tenemos que seguir luchado contra la transmisión de los estereotipos y los roles asociados al género, profundizar en la coeducación y también en la educación
inclusiva, atendiendo y formando a los alumnos en toda la diversidad que existe en la sociedad. Ese debería ser el reto y no promocionar formas de educación excluyente.


Voy a empezar por referirme brevemente a lo que ha ocurrido con relación a estos conciertos con centros que segregan por sexo. Como es conocido, a raíz de la aprobación de la Lomce y sobre la base

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de la redacción del artículo 84.3, varias autonomías deciden no renovar estos conciertos o no concertar nuevas líneas en este tipo de centros de educación diferenciada. Este artículo simplemente instaba a la Administración a impedir
cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social en el acceso a los centros educativos sostenidos con fondos públicos, que es lo que dice el artículo
14 de la Constitución. La decisión de no renovar los conciertos suscitó diversos recursos y procesos judiciales que acabaron en el Tribunal Supremo. ¿Y qué dijo el Tribunal Supremo, resumidamente? Que la educación diferenciada era legítima, pero
que este modelo educativo chocaba claramente contra el principio de no discriminación previsto en la LOE, y por tanto avaló a estas comunidades y la no renovación de los conciertos. Ante esta situación, el ministro Wert corrió rápidamente al
rescate de estos centros creando una excepción en el artículo 84.3, en la que se dice que la educación diferenciada no supone discriminación. Pero, eso sí, sorprendentemente, no encontrarán ni una sola razón que justifique esa afirmación, ni una
sola, señorías, búsquenla en el artículo. Por eso hoy nos gustaría volver a hablar de ello, simplemente para que veamos si hay argumentos sólidos, razones que justifiquen esta separación entre niños y niñas, que veamos si existe algún beneficio en
ello y si finalmente tiene sentido que el Estado continúe contribuyendo a su financiación. Ese es el debate que queremos tener.


Empecemos por la redacción del artículo 84. Ustedes dicen que la enseñanza diferenciada no supone discriminación, pero no lo justifican, y a lo único que ustedes se refieren constantemente es a la Convención relativa a la lucha contra las
discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Unesco en el año 1960, dieciocho años antes de que se aprobara la Constitución. Reconocerán que tiene cierta gracia que el Partido Popular, que se dice siempre el guardián de las
esencias de la Carta Magna, se ampare en un texto preconstitucional y lo que llama la atención es que ustedes lo hagan como si aquí no hubiera pasado nada en ese tiempo, es decir, como si no hubiera habido ningún cambio en la relación, en la
reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres en todo este tiempo. Pues han pasado cosas, y muchas afortunadamente, no solo la aprobación de la Constitución. A nivel internacional, otro de los tratados que ustedes obvian es la Convención
para la eliminación de toda forma de discriminación, de 1979, esta ya sí aprobada en periodo constitucional. ¿Y qué dice esta convención que nuestro país también ha ratificado? Muy fácil, establece la eliminación de todo concepto estereotipado de
los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de la enseñanza mediante el estímulo de la educación mixta. Esto es lo que dice la Convención de 1979, pero ustedes prefieren quedarse en 1960.


Dejemos de lado los tratados, vamos a la Constitución. El artículo 14 dice claramente que no puede existir ningún tipo de discriminación, entre otras, por razón de sexo. Y la doctrina del Tribunal Constitucional ha sido clara: cualquier
diferencia que se realice en esos ámbitos tiene que estar especialmente justificada. Pero ustedes no hacen ningún caso. De hecho el Consejo de Estado, en el dictamen de la Lomce, les dijo que la segregación por sexo en centros escolares debía
tener una especial justificación por parte del legislador y más aún tratándose de centros sostenidos con fondos públicos. Ustedes no hicieron eso. Ustedes simplemente pusieron en la ley que fueran los centros los que justificaran de forma objetiva
y razonada la elección de dicho sistema, así como la implantación de medidas académicas para favorecer la igualdad. Pero como todo lo malo es susceptible de empeorar, en el Senado lo quitaron. Ya no es necesaria esta justificación razonada,
simplemente que expliquen por qué optan por ese sistema. Y ustedes saben perfectamente que eso no es lo que se les pidió.


Prosigamos. El PP utiliza en diversas ocasiones estas razones educativas que inspiran la educación diferenciada sosteniendo que hay diferencias en el crecimiento y desarrollo entre niños y niñas. Esto ya resulta insostenible. Me voy a
referir solo a un estudio publicado en la revista Science en septiembre de 2011, en el que la doctora Halpern y otros autores dicen claramente dos cosas. Primero, que la educación diferenciada carece de base científica y que además puede exagerar
el sexismo y los estereotipos de género; en segundo lugar, los neurocientíficos han encontrado pocas diferencias en los cerebros de chicos y chicas y han señalado que estas diferencias en ellos no tienen que estar relacionadas con el modo de
aprendizaje. Por tanto no se sostiene.


Volvamos de nuevo por eso a la Constitución, sigamos. Ustedes se refieren una y otra vez al artículo 27, pero, claro, el artículo 27 solo les gusta a ustedes en lo que se refiere a la libertad de enseñanza y la libertad de elección, esto
les encanta, pero sigan un punto más, en el punto 2, que dice: 'La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales'. Y
aquí ya lanzo dos preguntas, señorías del PP. ¿No es la igualdad entre sexos un principio fundamental de la convivencia democrática? ¿No es

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la igualdad un derecho fundamental protegido y recogido en nuestra Constitución? Les pregunto, a ver si lo podemos aclarar. Esta es la cuestión fundamental, porque la educación no es simplemente la transmisión de conocimientos. Es un
proceso integral que debe ayudar a los chicos y chicas a desarrollar su propia personalidad. Es un espacio de socialización, de transmisión de valores, y por tanto se tiene que orientar a estos principios y valores compartidos entre todos, y lo que
no puede hacerse es de espaldas a la realidad, a esa realidad común que compartimos hombres y mujeres y que queremos que cada día sea con mayor nivel de igualdad entre sexos.


Voy acabando, señor presidente. Por tanto, creo que es evidente que la educación diferenciada entra en contradicción con todos estos principios y valores que queremos para la sociedad. La pregunta es clara. Si el Partido Popular considera
que la educación diferenciada, esa segregación en el acceso no implica discriminación, ¿ustedes defenderían que para acceder a cualquier empleo en la Administración o en una empresa se excluyera a personas en función del sexo? Si no es
discriminación en la educación, se podría aplicar a otros ámbitos. ¿Ustedes lo defenderían? Y lo siguiente: si la segunda excusa es que ya hay una oferta de educación mixta amplia, ¿estarían ustedes dispuestos a admitir que en algunos centros se
excluyera por razón de raza o de clase social? Entonces, ¿por qué debemos admitirlo con relación al sexo? Esa es la cuestión. No existen razones ni jurídicas ni educativas ni sociales que justifiquen la discriminación y la separación de alumnos y
alumnas, y mucho menos razones para que el Estado financie su actividad, y más en un momento de severos recortes para las escuelas públicas, porque esta es también una cuestión de equidad. No se puede estar forzando a las escuelas públicas a pasar
por una situación de penuria mientras se financian conciertos con centros privados que además excluyen y segregan a la hora de admitir al alumnado.


Ahora sí que acabo, señor presidente. Voy a citar un dato. Señor Barberà, voy a hacer una réplica un poquito preventiva. He hablado en mi proposición del caso de Cataluña. Hay 16 escuelas concertadas que suponen 20 millones de euros al
año en gasto. Es verdad que la Ley educativa de Cataluña no impide estos conciertos, pero se señala en la ley que debe garantizarse la igualdad en el acceso y que la educación mixta debe ser de trato preferente. Creo que en una interpretación
generosa de la ley catalana y teniendo en cuenta las sentencias, sí se podría hacer. De hecho hemos pedido una modificación de la ley en Cataluña para que este punto quede claro.


Resumiendo, señorías, a la luz de todo lo expuesto, creemos desde mi grupo que hay razones más que fundadas para derogar los cambios que el Partido Popular introdujo en el artículo 84.3 a través de la Lomce y que se supriman los conciertos
con centros que separen a niños y niñas, para que no exista ningún tipo de discriminación en el acceso a centros sostenidos con fondos públicos y para seguir construyendo una sociedad avanzada en la que hombres y mujeres convivan cada día con
mayores niveles de igualdad. Eso es lo que nosotros queremos. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para fijación de posición, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Álvarez Sostres.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Este es un tema que ya ha sido debatido aquí, lo hemos votado también en esta Comisión, antes no solo de la puesta en vigor de la Lomce sino incluso del debate sobre la misma, y parece que esta cuestión ha quedado
definida, concretada y cerrada, al menos jurídicamente, en el artículo 84.3 de la Lomce. En mi intervención en aquella sesión quiero recordar que expuse diferentes argumentos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico, desde
el punto de vista pedagógico e incluso desde un punto de vista antropológico. Yo, señor diputado proponente, no voy a repetir, con esta brevedad de tiempo, aquellas argumentaciones. Sí quiero recordar que yo comentaba que tildar o entender
discriminatoria y segregadora la educación por sexos en mi opinión resultaba muy endeble argumentalmente y que esta era una cuestión similar, si me permiten, a confundir entre arrendamiento y usufructo. Son dos cuestiones que no son iguales, aunque
lo parezcan. Ya lo expuso brillantemente un jurista en relación con este tema.


Muy distinto sería que los centros tuviesen diferentes currículos, muy distinto sería que los diseños no fuesen iguales, fuesen distintos, que las titularidades de estos centros solo tuvieran centros de estos, que las titularidades no
tuviesen centros de todas las etapas educativas. Eso sí sería realmente distinto. En todo caso, en el fondo de todo este debate, desde mi óptica, está la preeminencia de un modelo sobre otro y está también la defensa, evidentemente, de cada uno de
esos modelos. Más allá de consideraciones, en resumen, pedagógicas o biológicas, de beneficios o perjuicios, la pretendida preeminencia choca con

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ese artículo 27, que no es poco importante, es muy importante para todos, absolutamente para todos, y choca también con la reforma de la LOE en su artículo 84.3.


Tengo la manía -es un tic, lo reconozco- de defender la libertad de enseñanza y la libertad de los padres y seguiré haciéndolo con toda tranquilidad -es un tic-, pero para elegir el tipo de enseñanza que quieran para sus familias y el
proyecto pedagógico que quieran para sus hijos. La coeducación y la enseñanza diferenciada son ambas opciones válidas desde el punto de vista pedagógico y plenamente amparadas por la Constitución y las normas vigentes, en mi opinión. Mantengo mi
voto negativo que ya mantuve en aquel debate y nada más que hago ver la singular manera -original por otra parte- de cambiar la Lomce por artículos. Es una novedad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Quizá me estoy perdiendo, pero me gustaría centrar un poco el debate porque me temo que no es el de hablar acerca de las bondades o no de la educación segregada, sino de si el dinero público debe soportar o
debe colocarse en este tipo de educación. No tengo nada en contra de que quien quiera pueda educar a sus hijos segregándolos según sexo, según raza, según ideología. Tengo una opinión personal al respecto, obviamente. No querría nunca que los
míos fueran educados así sino todo lo contrario, en la mayor de las pluralidades, pero desde luego tengo un pero muy importante en cuanto a que el dinero público, sobre todo en la situación actual -y la que hemos tenido siempre en educación, me
temo-, vaya destinado a ese tipo de educación.


¿Su enseñanza es inconstitucional? Obviamente no, pero UPyD quiere alertar sobre la posibilidad de que el Gobierno cambie una norma para blindar conciertos a estos colegios, porque, una vez hecha la excepción, ¿quién nos dice que no vendrán
otras? Empezamos por la segregación por sexos, pero, ¿quién me dice que no va a haber colegios de blancos o colegios de negros o colegios de árabes? (Rumores). Perdón, estoy hablando de la base del problema, no se me pongan así, porque estoy
hablando de la base del problema. Yo no quiero, Unión Progreso y Democracia no quiere que el dinero público vaya a alguien que quiere segregar. Si a ustedes les parece que es muy distinta la segregación por sexos -déjenme, escuchen un momento- a
la segregación por razas, creo que tienen un problema, porque me parece que de lo que estamos hablando es de segregación y de igualdad. Yo no quiero, repito, que mi dinero público vaya para eso.


En ese sentido debemos recordar también que ya existe cierto tipo de segregación en algunos colegios que reciben dinero público, porque hay que recordar que no todos los colegios asumen con la misma responsabilidad y en el mismo número por
ejemplo a los niños hijos de inmigrantes o a los niños que acaban de entrar en el país. Hemos hablado a veces de este tema también y hemos mostrado nuestro gran pero a cómo es solamente la escuela pública la que asume en una gran proporción muchas
veces a estos niños, donde hay barrios que se convierten en absolutos guetos y donde de repente la proporción de niños inmigrantes sobre otros es enorme. Esto crea problemas de educación a todos y nos parece que es evidente que a aquellos que
reciben un dinero público se les debe exigir que también colaboren en esa integración. Hay que centrar el debate, como he dicho, y ya que vamos a la base del problema y, repito, para mí es si el dinero público debe ir a ese tipo de instituciones,
creo que se puede contraponer también el derecho a la igualdad de oportunidades, negada ante esa prohibición a una niña que a lo mejor querría estar en ese colegio para niños que le pilla mejor, que le gusta más, lo que sea, y que sin embargo en
esta educación segregada se le va a negar.


Por último, valoramos las últimas sentencias del Supremo que rechaza conciertos a los centros de educación diferenciada y recuerda que confirma que si el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar choca con lo que la ley exige a
los centros escolares para desarrollar -repito, señores del Partido Popular- la igualdad de oportunidades y por tanto ser considerados públicos o subvencionables como si lo fuesen mediante concierto u otra fórmula, el Estado o las comunidades
autónomas no están obligados a subvencionar esa elección. Ese me parece que es el debate hoy, no lo que debe hacer cada uno con su libertad individual para llevar o no a un centro o a otro a sus hijos, sino qué debemos pedir que el dinero público
soporte. Yo no quiero, de ninguna manera, que el dinero público, el dinero de mis impuestos vaya a soportar este tipo de educación. Lo siento.


El señor PRESIDENTE: Por Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señor presidente, quiero pedir disculpas en primer lugar al grupo proponente por no haber estado aquí a tiempo, pero los grupos pequeños -lo sabe también el señor

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Cantó y otros portavoces- tenemos serias dificultades para estar en varios sitios a la vez; quizá porque no estuvimos en algunos centros, no tenemos el don de la ubicuidad. Lo digo por mí misma, que tengo cuerpo para tener el don de la
ubicuidad, pero que sin embargo la naturaleza no me lo permite. En cualquier caso, en la línea que comentaba el portavoz que me ha precedido, no seremos nosotros los que digamos a los padres dónde llevar o no llevar a sus hijos y a sus hijas, pero
de lo que estamos totalmente en contra, y lo hemos dicho por activa, por pasiva y por perifrástica, es de que se subvencione con dinero público la segregación por sexos o la denominada educación diferenciada, nos da igual. Con dinero público y
dentro del marco en el que algunas veces nos referenciamos, deberíamos estar promocionando y promoviendo la igualdad entre sexos, y con esa diferenciada no vamos en la línea correcta para hablar de igualdad entre mujeres y hombres y de igualdad
mucho más allá del simple hecho diferencial físico entre mujeres y hombres. Por tanto, nos contradecimos también nosotros mismos y nosotras mismas en según qué Comisión cuando hablamos de unas cosas relacionas con igualad, cuando hablamos de
algunos temas relacionados con los derechos comunes e iguales que tenemos mujeres y hombres, y luego hacemos políticas que van en sentido absolutamente contrario.


No voy a seguir. Creo que ya lo hemos dicho tantas veces que es abundar sobre lo mismo. No estamos por que se segregue por sexos. Que cada familia lleve a sus hijos donde quiera, pero los dineros públicos son para financiar escuelas y
centros dentro del marco constitucional al que siempre hacemos referencia. Por eso nosotros estaremos a favor de la proposición no de ley que nos trae hoy aquí el Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Antes de empezar quiero dejar una cosa clara. Voy a votar en contra de esta proposición no de ley y seguramente votaré igual que el Partido Popular. Espero que en este caso no se ataque al Partido Popular
por estar con los nacionalismos, espero. (El señor Cantó García del Moral: O a los nacionalismos por estar con el Partido Popular). Lo digo, señor Cantó, porque, como intervengo primero, aviso primero. (Risas). Si fuese el Partido Popular,
sería yo el que me añadiría, pero son ellos los que se van a añadir después de mi exposición. Es otro ejemplo, lo hemos hablando antes con motivo de la proposición no de ley del señor Coscubiela. Esto es el consenso y en Cataluña trabajamos para
este consenso. Como muy bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, se hicieron trabajos para redactar una ley de educación de Cataluña que fuese la más garantista posible, según la visión del Partido Socialista, en contra de Iniciativa per
Catalunya Verds y a favor en este sentido del Partido Popular. Eso es lo que pedíamos a este Estado, que se buscase una ley donde las fricciones o las diferencias quedasen mínimamente blindadas, fuera de un tronco común en el cual todos estaríamos
de acuerdo. En ese sentido nosotros, como Convergència i Unió, y en su momento, en el Parlament de Catalunya, en la Llei d'Educació de Catalunya, creemos que el sistema educativo en Cataluña es garantista para que se cumpla aquello que se denuncia,
que haya una segregación por sexos en estos centros de diferenciada. Como han dicho, son muy pocos, hay varias valoraciones: que si estas familias no son tan elitistas como se intenta vender, que si estas familias, si no pudiesen ir ahí, si no
pudieran pagar la escuela privada, irían a los centros públicos y entonces no habría ahorro... No voy a entrar en ese debate. En Convergència i Unió nos mantenemos en que la Llei d' Educació de Catalunya es garantista con estos centros, se les
exige y se les pide trabajo para que esa denuncia no la padezcan los alumnos y en este sentido vamos a estar en contra de esa posición, siendo coherentes con nuestra posición en Cataluña y en su Llei d' Educació.


El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar posición, tiene la palabra la señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Señorías, nuevamente el Grupo Parlamentario Socialista somete a debate en esta Comisión una iniciativa cuya auténtica razón de ser se justifica única y exclusivamente en cierta aversión que el grupo proponente
demuestra hacia la libertad de enseñanza. Sí, señorías, la persecución a la que ustedes someten a las familias -y digo a las familias, que no a los centros-, a los padres y madres cuya única falta reside en ejercer en toda su amplitud los derechos
que les reconoce el artículo 27 de la Constitución española es digna de estudio. Les pediría, después de escuchar ciertas reflexiones, que pensasen. La sociedad española, como a ustedes les gusta decir, es una sociedad plural, y ustedes, que tanto
defienden esa pluralidad, no pueden cercenar los derechos de las familias españolas por el

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simple hecho de no ajustarse a la uniformidad (Un señor diputado: ¡Uniformidad!-Rumores) que ustedes pretenden imponer. La realidad es la que es. Aunque ustedes se aferren a los más variopintos calificativos, lo cierto es que la educación
diferenciada es una opción real y es una opción legal (El señor Rodríguez Sánchez: Pero no con dinero público), con menos peso en nuestro país, aunque hay más de 80.000 alumnos que estudian en este tipo de enseñanza, que en el resto de Europa, que
en el Reino Unido, que en Alemania, que en Francia -estarán de acuerdo con nosotros en que son países de larga tradición democrática-, o incluso que en Estados Unidos, donde el presidente Obama, al que supongo que ustedes tacharán por esta medida de
reaccionario y discriminador, ha hecho una apuesta por la educación diferenciada por un motivo tan sumamente criticable como es querer acabar con el fracaso escolar. En Estados Unidos más de 400 escuelas públicas han optado por este tipo de
educación, sí, señorías. (La señora Costa Palacios: Pero la pagan los padres).


La realidad es que la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa lo único que hace es dar soporte legal a una realidad que existe en nuestro país... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Un segundo, señora Moneo.


Esta sala es muy bajita y los comentarios se oyen en exceso. Lo estamos llevando bastante bien. Sigamos en esta línea. Gracias.


La señora MONEO DÍEZ: Decía, señorías, que la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa lo único que hace es dar soporte legal a una realidad que existía en nuestro país desde el año 1985, una realidad que contempló la Ley
orgánica del derecho a la educación, LODE, elaborada por un sospechoso Gobierno socialista. No pueden hacernos creer, señorías, que lo que sus compañeros aprobaron en el año 1985 no era discriminatorio pero ahora sí que lo es. Abordemos el debate
con cierta seriedad. Si la enseñanza diferenciada fuese discriminatoria, señor Cantó, no nos tendríamos que plantear si la sostenemos o no con fondos públicos; si fuese discriminatoria no tendría que existir, porque atentaría contra los principios
más fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, pero ustedes saben que esto no es así.


El portavoz del Grupo Socialista pedía razones. Le vamos a dar razones. El Consejo de Estado se ha pronunciado sobre la enseñanza diferenciada y ha señalado que esta es una opción reconocida en un conjunto de países desarrollados y que ha
sido objeto de valoración positiva en tribunales internacionales. El responsable de la División de cooperación intergubernamental de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha señalado que el hecho de organizar logísticamente la educación para los
chicos y chicas de forma separada no implica un desprecio hacia el otro sexo. También el Tribunal Supremo se ha pronunciado y ha señalado que no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo. El Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en dos sentencias del año 2011, señala que en la esfera de la legalidad ordinaria debemos afirmar que la educación separada por sexos no vulnera precepto normativo alguno, ni existe normativa que impida a dichos centros
concurrir en el régimen de conciertos. La Convención de la Unesco, que a ustedes les parece antigua (La señora Costa Palacios: Es del año 1960), relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, sostiene que la
educación diferenciada, siempre que no suponga una desigualdad de oportunidades para chicos y para chicas, no supone una forma de discriminación. Señorías, si no hay discriminación en función de esa educación diferenciada, no puede haber tampoco
diferenciación en la aportación de fondos públicos.


Aquí entramos en otro debate, el verdadero debate, el relativo al derecho de los padres a no ser discriminados por elegir una determinada opción pedagógica, principio contemplado en la Carta de Derechos Fundamentales recogida en el Tratado
de Lisboa, principio también recogido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de darle a sus hijos. ¿Saben lo que sería discriminatorio?
Impedir, recortar el derecho de estas familias a elegir el modelo pedagógico que quieren para sus hijos porque se apartan del uniformismo monolítico en que ustedes quieren convertir la educación. (Un señor diputado: ¡Hala, ahí queda eso!). Por
cierto, si ustedes apartasen, de una vez por todas, sus prejuicios ideológicos, podrían ver la enorme labor que realizan algunos de estos centros. Un ejemplo, en Andalucía, donde se persigue ferozmente a los centros de educación diferenciada: la
mitad de los doce centros de educación diferenciada son escuelas familiares agrarias instaladas en zonas rurales. Otros dos son centros religiosos, de las Hermanitas de los Pobres, y se dedican a ayudar a las familias que sufren importantes
necesidades económicas. Solo uno de ellos es lo suficientemente grande como para tener concertadas todas las

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etapas y el resto son centros fundamentalmente de FP. Como pueden ver sus señorías, un elitismo extraordinario. (El señor Rodríguez Sánchez: No he dicho nada de elitismo).


Señorías, estamos ante un problema de libertad, esa es la realidad, porque ustedes y su ideario son incompatibles con la libertad de enseñanza que defiende el artículo 27 de la Constitución. Se creen investidos de autoridad para decidir por
los padres, a los que no reconocen derecho alguno; sus profundas contradicciones, además, llegan hasta tal punto que no les importa que existan estos centros siempre que quien quiera acudir pague por ello ¿Y no es eso discriminación? ¿Dónde queda
la familia que no puede disponer de recursos económicos para poder elegir? Pues queda arrinconada, señorías, obligada a someterse a la voluntad del sistema.


Finalizo. Con todo el respeto, nos van a tener enfrente (Un señor diputado: Sí, claro), sí, señorías, vamos a dedicar todas nuestras fuerzas a defender los principios constitucionales que han permitido garantizar el derecho a la educación
y la libertad de enseñanza. La mínima tentación de bordear estos derechos va a encontrar la oposición, firme y persistente, del Grupo Parlamentario Popular. Nos ha costado mucho llegar a este punto y no vamos a permitir que ustedes pongan en
peligro estos derechos. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).


- SOBRE LA ADMISIÓN EN LAS ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS DE ALUMNOS QUE SEAN NIETOS DE CIUDADANOS ESPAÑOLES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002282).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al análisis del 8.º y último punto del orden del día, anteriormente 1.º Anuncio a los señores portavoces que vamos a hacer la votación de acuerdo con el orden del día previo, es decir, vamos a empezar
votando por el último precisamente, para que sepan ustedes dónde estamos. El punto 8.º es la proposición no de ley sobre la admisión en las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas de alumnos que sean nietos de ciudadanos españoles.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Prada, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRADA PRESA: Señorías, en primer lugar permítanme que agradezca al señor presidente y a los miembros de esta Comisión la amabilidad que han tenido de modificar el orden del día que me permite ahora estar defendiendo esta
proposición no de ley en la que el Grupo Parlamentario Popular pretende, de aprobarse, que se inste al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que los descendientes en segundo grado de ciudadanos españoles puedan ser admitidos como alumnos
en las agrupaciones de lengua y cultura españolas, conocidas como ALCE, y que sean admitidos estos nietos en igualdad de condiciones a los alumnos de nacionalidad española o descendientes en primer grado de un ciudadano español, que es lo que la
legislación vigente permite.


Señorías, como todos ustedes conocen, la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior contempla en su capítulo III, sobre los derechos relativos a la educación y a la cultura, y concretamente en su
artículo 25, que el Estado arbitrará los mecanismos necesarios para facilitar a los descendientes de españoles residentes en el exterior el conocimiento del castellano y podrá adoptar, en colaboración con las comunidades autónomas, las medidas
precisas para favorecer el conocimiento de sus lenguas cooficiales. Con el fin de dar cumplimiento a esta legislación, se establecerán los requisitos más beneficiosos de acceso y funcionamiento de estos programas para garantizar su continuidad y
adaptarlos a las circunstancias específicas de cada país, y a su vez se proporcionarán los acuerdos bilaterales o multilaterales con los países donde se establezcan, con el fin de facilitar el funcionamiento de estos programas. El Estado, de
acuerdo con esta legislación, garantizará a los niños y también garantizará a los adultos españoles con discapacidad una enseñanza de la lengua y cultura españolas debidamente adaptada. Los poderes públicos promoverán la divulgación y el
conocimiento tanto de la diversidad cultural española como del patrimonio cultural común, y para ello se contará con los medios de comunicación audiovisual públicos y los medios de apoyo a los medios privados, es decir también con los privados,
teniendo en cuenta que estos medios tienen una vocación hacia el exterior, fomentando asimismo el nivel de calidad de estos medios. Para ese fin se contará con la colaboración de las asociaciones de españoles en el exterior.


El ministerio competente de promover las enseñanzas complementarias de la lengua y cultura españolas es, de acuerdo también con esa legislación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de las agrupaciones de lengua y cultura
españolas, las ALCE. Actualmente, señorías, existen

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catorce agrupaciones de lengua y cultura españolas distribuidas en once países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suiza, impartiéndose estas enseñanzas
complementarias ni más ni menos que en cuatrocientas diez aulas. Estas enseñanzas, señorías, están dirigidas a alumnos de origen español en edades comprendidas entre los siete y los diecisiete años de edad, escolarizados en los niveles no
universitarios del sistema educativo del país donde residen y se orientan a la consecución del adecuado nivel de competencia lingüística, al conocimiento de la realidad sociocultural española y al enriquecimiento intercultural.


Señorías, el contexto social de los alumnos que cursan las enseñanzas complementarias en estas ALCE, en las agrupaciones de lengua y cultura españolas, ha variado sustancialmente en los últimos años y estos alumnos, es decir los hijos de
españoles o españoles menores de edad residentes en el extranjero, se encuentran por lo general a día de hoy cada vez más vinculados al país de residencia o incluso en el que han nacido, e inician el aprendizaje del español en condiciones parecidas
a las personas que comienzan el aprendizaje de una segunda lengua, aunque sí es cierto que con un potencial de aprendizaje más rápido. También han evolucionado las prácticas pedagógicas en lo que respecta a las enseñanzas de las lenguas.


Hasta ahora la regulación del régimen de admisión para participar en las clases impartidas por las agrupaciones de lengua y cultura españolas es la de poseer la nacionalidad española, como he dicho, o que el padre o la madre sean españoles.
Y dada la importancia y el éxito de estos programas, que sirven para promover los valores lengua y cultura españolas, deben adecuarse a los nuevos contextos sociales y ponerse al alcance también de los nietos de los ciudadanos españoles, además de
los supuestos ya contemplados. Por ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley en la que, insisto, se insta al Gobierno -y termino, señor presidente- a adoptar las medidas necesarias para que los descendientes
en segundo grado de un ciudadano español puedan ser admitidos como alumnos de las agrupaciones de lengua y cultura españolas, las ALCE, en condiciones similares a los alumnos de nacionalidad española o descendientes en primer grado de ciudadano
español, previa acreditación, como es lógico, de dicha ascendencia.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas presentadas, en primer lugar tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán, el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Más que una enmienda nosotros lo que hemos hecho ha sido añadir un punto más, porque no podemos estar de ninguna manera en contra de que a todas aquellas personas que quieran conocer la lengua castellana en el
extranjero se les dé la posibilidad de hacerlo, no solo a los hijos sino a los nietos, no podemos más que estar de acuerdo en este sentido. Lo que hemos pedido es un poco de coherencia, porque en el artículo 25.1, después de repetir lo que el
Partido Popular ha puesto en su proposición no de ley, también figura: y podrá adoptar, en colaboración con las comunidades autónomas, las medidas precisas para favorecer el conocimiento de sus lenguas cooficiales. Siguiendo la misma línea, que no
es aceptada pero es la real, de que tanto el castellano como el catalán en Cataluña nos importa mucho, aquí es al revés, en nuestra enmienda pedimos que, de igual modo, se inste al Gobierno a que, en colaboración con las comunidades autónomas,
adopte las medidas necesarias para facilitar a los descendientes de ciudadanos españoles originarios de las comunidades históricas con lengua propia residentes en el extranjero el acceso en las mismas condiciones a enseñanzas complementarias de las
lenguas y culturas cooficiales de la comunidad de origen.


Sin duda alguna, el Estado podría colaborar ¿Cómo podría colaborar? Pues con todas aquellas iniciativas que desde el Govern de la Generalitat se hacen para que el catalán esté presente en el extranjero. Tenemos el Institut Ramon Llull, que
promueve los estudios de lengua y cultura catalanas, equivalente a un Instituto Cervantes. Es el Institut Ramon Llull el que facilita la titulación en las comunidades catalanas en el exterior donde se pueden impartir cursos de aprendizaje en
catalán, si es que esos estudios conllevan una titulación oficial. En el ámbito universitario tenemos más de ciento cincuenta universidades en todo el mundo, dentro de la Xarxa Universitària d'Estudis Catalans a l'Exterior, donde se puede aprender
el catalán, y aquellos estudiantes del extranjero que vienen a Cataluña también tienen actividades e iniciativas para poder aprender catalán. En este sentido entendemos que se trata nada más que de voluntad, y esperemos que, igual que Convergència
i Unió quiere por igual el castellano y el catalán, el Partido Popular exprese que quiere por igual el castellano y las lenguas cooficiales del Estado español.

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El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bedera.


El señor BEDERA BRAVO: Es verdad que las enseñanzas complementarias en lengua y cultura españolas tienen ya un largo recorrido en nuestra historia legislativa, desde el Real Decreto del año 1987, que adaptaba la acción educativa al exterior
como desarrollo de la LODE, el Real Decreto de 1993, que hacía lo propio cuando se aprobó la Logse, la citada por el proponente Ley del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior y, diría yo también, lo más próximo a nuestros días, la orden
de Educación del año 2010, que cambia el currículo de las enseñanzas. Sin duda estamos ante un tema importante, porque ha sido tradicionalmente la respuesta que ha dado el Ministerio de Educación principalmente, es verdad que en coordinación con
Exteriores, a esos hijos de españoles que estando escolarizados fuera de nuestro país necesitan o quieren seguir nuestro sistema en esos países y mantener la vinculación con la lengua.


En nuestro país teníamos y tenemos, por desgracia, una larga tradición de emigración y de exilio. Ya en el pasado mes de marzo nuestro compañero José María Barreda recordaba cuando en la República se hizo aquel magnífico trabajo enviando
maestros nacionales a los colegios en el extranjero donde hubiera importantes núcleos de población española. Luego vino la larga noche del exilio político y más tarde, y unido seguramente a esto, lo que podríamos llamar el exilio económico.
Fíjense, no es casualidad que la mayoría de las ALCE, de las agrupaciones de lengua y cultura españolas, estén fijadas en tres países: Francia, Alemania y Suiza, porque son los tres países de la emigración de los años cincuenta y sesenta. Durante
la etapa democrática, especialmente a raíz del Real Decreto citado antes del año 1987, se recupera ese vínculo, pero es verdad que desde hace algunos años se hacía necesario un nuevo enfoque porque los tiempos ya no son, por suerte, los que tuvieron
que pasar nuestros padres y nuestros abuelos, y se procedió a esa modificación del currículo de las enseñanzas complementarias.


Quiero recordar aquí, porque hay algunas iniciativas en este sentido, que precisamente esta orden a la que hago referencia del año 2010 lo que hacía era dar flexibilidad a la forma de impartir la docencia, pero ha sido lo que vulgarmente
denominamos cogida por los pelos para aprovechar e introducir unas instrucciones complementarias a las que hizo referencia aquí el Grupo de La Izquierda Plural en otra iniciativa. En definitiva, aprovechando esa flexibilidad, lo que hacían era
impedir la posibilidad de tener más profesores en las ALCE.


Nuestro grupo estaría de acuerdo en principio con la propuesta del Grupo Popular de ampliar las ALCE a los descendientes en segundo grado de los ciudadanos españoles, porque es verdad que el tiempo ha pasado y es verdad que hay una nueva
generación de descendientes, los nietos seguramente de aquellos que se fueron entre los cincuenta y los sesenta, que podrían verse privados de esta vinculación con la lengua y con la cultura españolas. Solo pedimos al Grupo Popular que no se quede
en esta parte del petitum y solicitamos en nuestra enmienda sencillamente que reproduzcan expressis verbis los dos párrafos de su propia proposición no de ley de marzo del año 2011. No es una propuesta nuestra, son simplemente los dos párrafos que
en aquel momento -y compartimos con el señor Prada la importancia y el éxito de estas ALCE- proponía el Grupo Popular, y que paso a leer: Mantener y mejorar las aulas de lengua y cultura española, ALCE, disponiendo los medios técnicos y
presupuestarios necesarios para que los alumnos alcancen los niveles exigidos en los correspondientes currículos. El segundo: ampliar las ALCE a aquellos países cuyo idioma oficial no sea el español y en los que exista una demanda suficiente por
mantener y cultivar los vínculos lingüísticos y culturales con España.


Si el Grupo Popular nos admite su propia enmienda, nosotros votaríamos a favor, porque si no, al final, ahora que el señor Sostres hacía referencia a los estados de la materia, la cosa quedaría bastante gaseosa, pero les recuerdo que los
estados de la materia no solamente son el líquido, el sólido y el gaseoso, hace ya algún tiempo que también es el plasma (Risas), y eso me imagino que es lo que el Partido Popular está más proclive a crear. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!).


El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intervengo muy brevemente, presidente, para decir que aprobamos la propuesta, celebramos que el Partido Popular la presente, ojalá la hubiera presentado antes. Pero, además de felicitarle, quisiera pedirle
que siga con ese impulso, y ya que se ha preocupado en garantizar que los nietos de los españoles puedan aprender español, aproveche ese impulso, dé tres o cuatro pasitos más y consiga, como dicta nuestra Constitución -cosa que no se está haciendo,
incumpliendo la ley-, que los hijos de los españoles puedan también estudiar en español en Cataluña.

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El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: También muy brevemente, señor presidente. A nosotros en principio nos gusta que se recuerde a los descendientes de aquellos que emigraron en su momento y continúan fuera de nuestras fronteras, pero me parece
sencillamente muy interesante, y se lo decimos como un ruego, señor Prada, que se asuman los puntos que le plantean desde el Grupo Socialista. Creo que es algo que nos están demandando incluso los profesionales que están dentro de este programa y
sería muy interesante que se llevara a cabo. Y no solamente para estos nietos, que veo difícil que puedan conocer en profundidad la cultura y la lengua e incluso venirse al país de sus abuelos teniendo en cuenta la situación, sino para aquellos
nuevos emigrantes que parten en búsqueda de una salida, de un empleo, de un futuro para ellos mismos. Son nuestros jóvenes, que seguramente harán su vida fuera y seguramente también tendrán necesidad en un futuro más o menos próximo de estos
programas. Por tanto, dotarlo de medios técnicos y presupuestarios con vistas al futuro es algo a lo que ustedes no se deberían negar.


El señor PRESIDENTE: Señor Prada, para referirse a las enmiendas.


El señor PRADA PRESA: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular no va a aceptar las dos enmiendas que se han presentado por una razón obvia (El señor Bedera Bravo: No aceptan su propia enmienda), y es que estamos pretendiendo una
cosa muy concreta, muy precisa, no estamos hablando solo de las ALCE, sino de que en las ALCE, tal como son y funcionan, se integren también de manera gratuita y puedan recibir la educación los nietos de ciudadanos españoles en el extranjero.


El señor PRESIDENTE: Por tanto, se va a votar en sus propios términos.


Señores portavoces, vamos a pasar a las votaciones de las proposiciones no de ley. Ya he anunciado que votaríamos de acuerdo con el orden del día que tienen ustedes delante, no en el orden del debate.


Primera proposición, sobre la admisión en las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas de alumnos que sean nietos de ciudadanos españoles.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Punto 2.º del orden del día, sobre las subvenciones y ayudas públicas ilegales a los equipos de fútbol profesional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Punto 4.º, sobre la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Punto 6.º del orden del día, relativo a la autonomía escolar, que se vota en los términos de la transaccional a la enmienda del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a la votación sobre la escolarización del alumnado en lengua castellana en Cataluña, en los términos de la aceptación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán y del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación del punto 8.º del orden del día, sobre la necesidad de implantar una prueba de acceso a los ciclos de formación profesional de grado medio.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 2.

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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación del punto 9.º, para la recuperación de programas de cooperación territorial y reducir el abandono escolar temprano.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos el punto 10.º del orden del día, sobre la suspensión de los conciertos educativos a los centros que segregan por sexo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.


Eran las siete y treinta minutos de la tarde.