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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 264, de 27/02/2013
cve: DSCD-10-CO-264
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 264
FOMENTO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CELSO LUIS DELGADO ARCE
Sesión núm. 15
celebrada el miércoles,
27 de febrero de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. (Número de expediente 121/000021) ... (Página2)
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre:
- Proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. (Número de expediente 121/000021) ... (Página2)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN Y FOMENTO DEL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS. (Número de expediente 121/000021).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Vamos a debatir esta tarde el proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Como ustedes conocen, esta Comisión tiene competencia legislativa plena en esta materia.
Comenzamos con el primer punto del orden del día, que es la ratificación de la ponencia designada para informar el citado proyecto de ley. ¿Entiendo que esta ponencia es ratificada por asentimiento? (Asentimiento).
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN Y FOMENTO DEL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS. (Número de expediente 121/000021).
El señor PRESIDENTE: El segundo punto de este orden del día es la aprobación con competencia legislativa plena del proyecto de ley, y para ello voy a conceder la palabra a los distintos grupos parlamentarios, de menor a mayor, para la
defensa de sus enmiendas, aunque les advierto que la señora portavoz del grupo de La Izquierda Plural ha pedido que, si llegado su momento, ella no está corramos el turno porque ahora mismo está participando en unas votaciones en la Comisión de
Igualdad. Nos ha pedido ese favor y creo que se lo podemos atender. También les pido que aquellos diputados o portavoces que deseen que haya votaciones por separado nos lo comuniquen. Para que puedan avisar a los integrantes de la Comisión,
estimo que las votaciones no se celebrarán antes de las 17:15 horas.
Sin más avisos, doy la palabra, en primer lugar, al Grupo Parlamentario Mixto, para que la diputada doña Rosana Pérez Fernández defienda las enmiendas.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Nosotros decidimos, a consulta de la letrada, mantener nuestras enmiendas, porque las que se fueron estudiando de los distintos grupos no recogen el sentido de muchas de las que nosotros tenemos presentadas.
Nuestras enmiendas parciales iban dirigidas básicamente a garantizar los derechos del arrendatario. Respecto del tiempo, como en muchos casos se disminuyen los periodos, que pasan de cinco años a tres, proponemos que se mantengan los que había.
También mantenemos la enmienda al artículo primero apartado doce con respecto a la sustitución de la aplicación obligatoria del IPC para la actualización de la renta, ya que entendemos que las partes tienen que tener libertad sin que se profundice
en el desequilibrio del tratamiento de las dos partes. En general, consideramos que el proyecto de ley favorece desmesuradamente a los arrendadores y sobre todo a las empresas arrendadoras, y por tanto nuestras enmiendas van en el camino de
equilibrar esos derechos.
Por último, tenemos también una enmienda de adición al artículo segundo apartado dos respecto al tema de los desahucios. En esta enmienda intentamos abordar la problemática del incremento de los desahucios y que se faculte a los jueces para
verificar las condiciones económicas y sociales del arrendatario y no se puedan producir lo que nosotros venimos llamando respecto esta ley desahucios fulminantes.
Eso es lo que constituyen nuestras enmiendas y, por tanto, las damos por defendidas.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra don Carlos Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muy brevemente, porque en realidad de las cinco enmiendas que presenta nuestro grupo dos de ellas están prácticamente incorporadas al informe de la ponencia con las transaccionales correspondientes y las que han
quedado vivas son unas enmiendas sencillas, incluso menores, que intentan equilibrar un poco más las transacciones entre arrendadores y arrendatarios desde el punto de vista de la sociedad jurídica. Por lo demás, consideramos que es una ley que ha
quedado bien, una ley satisfactoria que mejora la ley anterior, y una cuestión socialmente relevante muy vinculada a la
crisis hipotecaria que han sido consecuencia de la crisis económica general. En este sentido, parece que ha sido oportuno, y por una vez hemos llegado a tiempo de proponer una reforma legislativa sobre algo que debe ser la verdadera
alternativa a la propiedad de la vivienda, que es una alquiler fácilmente accesible, satisfactorio y que permita un incremento general de la proporción de viviendas que se tienen en alquiler, en lo cual España siempre ha tenido un déficit histórico
por razones que ahora no vienen al caso. Mantengo la votación de estas enmiendas porque creo que no están de más pero por lo demás, como digo, nuestro grupo está satisfecho con el resultado de esta deliberación y de este trámite legislativo.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el diputado don Pere Macias i Arau.
El señor MACIAS I ARAU: En primer lugar, quisiera decir que valoramos positivamente que en el trámite de la ponencia se haya podido dar cabida a una serie de enmiendas de nuestro grupo, algunas coincidiendo con otros grupos,
transaccionables, que han permitido, por ejemplo, y hay que destacarlo, dar una solución mejor a las cuestiones de los arrendatarios con discapacidad que la que inicialmente daba el texto del proyecto de ley. Creo que hemos encontrado una solución
satisfactoria. Nosotros estamos contentos. Nos hubiera gustado incidir un poco más, pero creo que es una buena transaccional a partir de las propuestas de todos los grupos y cabe felicitarse.
Desde el punto de vista de la mejora -podríamos llamar técnica- del proyecto de ley mediante una serie de enmiendas, algunas han sido aceptadas y otras transaccionadas para mejorar los procedimientos, pero siempre vale la pena que sean
tenidas en cuenta las aportaciones que uno puede recoger de los expertos y trasladar al debate de este Parlamento.
A partir de aquí, nosotros habíamos presentado varios paquetes de enmiendas. Unas hacían referencia a la parte de la ley que ya había sido aprobada por un real decreto-ley y que por tanto no tenía sentido introducir. Eran mejoras que
creíamos que podían hacerse en relación con el trato a las Socime, sociedades de arrendamiento de vivienda, pero las hemos retirado lógicamente por coherencia porque no se sometían en estos momentos a debate.
Hemos presentado también unas enmiendas, que someto hoy a votación, que nos parecían especialmente oportunas. Tenían un objetivo, recoger medidas para aflorar la economía sumergida en las reformas de vivienda. Creo que es un tema muy
importante. Todos sabemos que hay un fraude común y nos parecía que valía la pena, partiendo de propuestas algunas de las cuales incluso han sido adoptadas en Navarra en el marco de su foralidad, que fueran tenidas en cuenta. Son las números 78,
79 y 80. Igualmente, desde este punto de vista, teníamos otras enmiendas adicionales que van más allá del contenido nuclear de la ley, como siempre que hay una ley, referidas a la creación de un parque de viviendas de alquiler, que ha tenido otra
salida, pero nos parece que hubiera estado bien que se hubiese recogido en esta ley.
Hay dos temas que sí que no han sido atendidos y que son importantes. Uno es la intervención de los registradores para registrar los contratos y a partir de este registro favorecer en ciertos casos unas ventajas para el negocio jurídico del
arrendamiento. A nosotros no nos acaba de convencer esta solución. Nos hubiera gustado poder debatir un poco más sobre esta cuestión. Francamente, no acabamos de verle su utilidad. Además, esta posibilidad da una cierta ventaja a un determinado
colectivo en relación con otros, lo cual no acaba de convencernos. Por tanto, mantenemos las enmiendas. Hay otra cuestión muy importante que creo que estaría en el núcleo de la ley. La ley lo que hace es recoger que aquí hay pocas viviendas en
alquiler y uno de los motivos por los que hay un gran parque de viviendas vacías y buena parte de ellas no se someten a régimen de alquiler es debido sobre todo a que hay una cierta desconfianza en la seguridad del negocio porque el arrendador, el
propietario, cree que en un momento determinado no va a poder disponer de esta vivienda si lo necesita, que ocho años -cinco más tres- son muchos años. Fruto de esta desconfianza ha sido la solución legislativa que el Gobierno propone, que es
reducir sustancialmente estos plazos. De hecho, de cinco años se pasa a tres y de tres años se pasa a uno, con lo cual un arrendamiento normal de ocho años pasa a tener un periodo de cuatro años. Además, se dan muchas facilidades para que si el
propietario de la vivienda lo necesita para su uso, para su familia o para cualquier otro caso regulado pueda con suma facilidad recuperar la vivienda. Es obvio -y no hay que negarlo- que esto va a favorecer que muchas personas que en un momento
determinado tenían una vivienda y no la arrendaban lo hagan, que tomen esta decisión. Por tanto, a mayor oferta los precios mejoran. Esto es evidente, es una ventaja para los inquilinos, para los ciudadanos que necesitan vivienda. Esto hay que
reconocerlo y a nosotros no nos duelen prendas hacerlo. Pero -todo en la vida tiene sus
peros-, yo creo que esto también tiene sus efectos negativos. Algunos de cara a la seguridad jurídica, de cara a que el inquilino que, en principio, siempre puede ser -no siempre lo es- la parte más débil del negocio vea debilitadas sus
posiciones. Y en un momento en el que las calles están llenas de ciudadanos que piden que se equilibren ciertos negocios jurídicos nos parece que una apuesta por parte de la Administración, del Legislativo, a favor de una determinada parte no sé si
se va a entender muy bien, señoras y señores diputados.
A mí me hubiera gustado -y me llamarán ustedes inocente o inocentón- que las comisiones sirvieran para el debate político y que tuviéramos capacidad de debatirlo y de convencernos mutuamente. Y que el trabajo excelente que se hace en la
ponencia, donde los representantes del grupo que da apoyo al Gobierno están en una posición abierta y atienden temas -entre comillas- técnicos se siguiera en la Comisión, que tiene ya una función política. Que pudiéramos debatir esto y darle todas
las vueltas que haga falta puesto que no vamos a ver esto en Pleno y puesto que afecta a temas que están en la calle y que a mi muy modesto y humilde entender incluso pueden perjudicar la percepción que sobre la actuación del Gobierno pueden tener
los propios ciudadanos. Por tanto, yo planteo aquí -y, repito, llámenme ustedes inocente- al Grupo Popular que dé algún margen para que en este equilibrio podamos introducir algunos elementos que, comprendiendo sus motivos y compartiéndolos -a mi
entender son ciertos-, tengamos también la fuerza moral, los recursos y las soluciones legales necesarias para que los ciudadanos se den cuenta de que actuamos de forma equilibrada a los intereses de las dos partes de este negocio jurídico que a la
postre lo es. Pero, además, hay un elemento muy importante y contradictorio con las propias políticas del Gobierno expresadas incluso hace pocos días por boca del propio presidente del Gobierno e incluso creo que en alguna propuesta de resolución
de las aprobadas y, por tanto, procedentes de la bancada del Gobierno.
Uno de los objetivos del Gobierno es favorecer la rehabilitación. ¿Por qué? Porque la rehabilitación, entre otras cuestiones, es buena objetivamente, porque si no rehabilitamos un bien el bien se echa a perder y porque la rehabilitación
crea muchos puestos de trabajo. Eso es evidente. Cuando un inquilino arrienda una vivienda y sabe que va a tener cinco años, posiblemente prorrogables a ocho, se plantea seriamente hacer reformas como cambiar la cocina, cambiar el baño, pintar,
etcétera, porque sabe que aquello va a ser su vivienda durante ocho años. Ocho años en la mentalidad de cualquier ser humano es un periodo en el cual uno piensa que puede amortizar una determinada inversión. Esto es lo que teníamos hasta ahora.
Ahora este inquilino sabe que está absolutamente al azar si a la hija del dueño se le ocurre casarse, separarse o el hijo del dueño se va a vivir con su amigo, con su amiga, si tiene un hijo, si no lo tiene, si la suegra se muere, etcétera. Por
tanto, a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir gastar un euro en estas reformas. Esto descapitaliza terriblemente y va a tener un resultado horrible -si alguien conoce un poco el negocio lo sabe y si no pregúnteles ustedes a los profesionales
del sector, a todos los profesionales del sector, si quieren luego lo debatimos- como es que va a deprimir aún más la economía.
Señoras y señores diputados, esto es lo que tenemos que debatir cuando aprobamos una ley. Recojo las palabras del presidente del Gobierno sobre que está muy preocupado por los 6 millones de parados, pues si está tan, tan, tan preocupado por
los 6 millones de parados, por favor, aprobemos leyes que no creen más parados. A mi humilde entender esta es una ley que va tener unos efectos muy perniciosos desde el punto de vista de deprimir aún más la actividad económica en este sector. Esto
lo que yo creo sinceramente, señoras y señores diputados. Este tema nos debería permitir en este momento procesal debatir estas cuestiones. A lo mejor el Gobierno tiene unos argumentos muy sólidos -a lo mejor los tiene- y nos convence a todos.
Entonces diremos: Señor presidente del Gobierno, tiene usted toda la razón, nos callamos y nos volvemos a casa. Yo creo que sería bueno que tuviéramos en cuenta estas cuestiones porque si no estamos elaborando una ley, señoras y señores diputados,
que va a deprimir aún más el sector. Esto quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' -va constar seguro porque tenemos un servicio fantástico- porque de aquí a unos meses, cuando esto suceda, alguien se lo va recordar a ustedes.
Acabo. Buen trabajo de la ponencia, la posición del Grupo Popular y del Gobierno en el trabajo de ponencia ha sido impecable. Creo que se ha mejorado la ley, que se han mejorado técnicamente las soluciones, pero en estas dos cuestiones que
son el núcleo duro de la ley debería haber algo más de debate político, algo más de escuchar. Yo se lo pedía hoy al presidente del Gobierno: Escuchen algo, ya sé que tienen mayoría, pero escúchenos un poquitín, señor presidente, a lo mejor tenemos
un gramito de razón y usted no tiene el 100 % de razón. Esto es lo que una Comisión política como esta debería hacer.
Por tanto, el hecho de que alguna de estas enmiendas que son el núcleo de la cuestión sea tenida o no en cuenta es lo que va a modificar a la postre la posición de nuestro grupo.
El señor PRESIDENTE: Voy a dar la palabra a la diputada portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, doña Isabel Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: En primer lugar, quiero pedir disculpas por el retraso, pero son varias las comisiones que se acumulan y más a un grupo pequeño como el nuestro. Voy a ser muy breve. Quiero decir que se ha desarrollado un trabajo
interesante en esta ponencia, pero en todo caso nuestra posición va a ser de abstención a la hora de aprobar este proyecto, por una parte, porque entendíamos que habíamos propuesto una serie de enmiendas de mejoras por bloques que tienen que ver con
cuestiones técnicas complejas que no han sido aceptadas y, por otra, también muy importante, relativa a la inscripción registral. Al final entendemos que la elevada exigencia que tiene para garantizar el principio de seguridad jurídica la
inscripción es un tema que penaliza la posición del arrendatario, que por supuesto refuerza la del arrendador y que de alguna manera contraviene el propósito manifestado por la norma y es la flexibilización del mercado.
En todo caso, también planteamos otro grupo de enmiendas para nosotros importantes que son las relacionadas con la protección social, con las consecuencias que puede tener un lanzamiento en aquellos supuestos que deben ser tasados,
vinculados con las consecuencias de la crisis económica.
Como decía el señor Macias seguramente se puede mejorar en el resto del trámite parlamentario que queda, tanto aquí como en el Senado, pero en principio nuestro posicionamiento va a ser la abstención por las razones que expongo.
El señor PRESIDENTE: A continuación por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la diputada doña Leire Iglesias Santiago.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Cuando se parte de una premisa falsa con intención, lo lógico es que la conclusión no sea la adecuada, que es lo que sucede con este proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del
alquiler. Se parte de la idea de que en España hay un bajo uso del arrendamiento porque la oferta es escasa, pero sencillamente esto no es cierto. Ni es cierto que la oferta sea baja, ni lo es que la causa del problema haya que vincularla a la
oferta exclusivamente. Las políticas públicas de vivienda que se han desarrollado durante décadas en nuestro país han ido orientadas sin duda a la compra de la vivienda. Los beneficios fiscales, la construcción, el juego del valor de la vivienda,
absolutamente todo, ha desincentivado el mercado del alquiler. La realidad hoy es que en un futuro inmediato sin duda se incrementará el uso del arrendamiento como forma del acceso a la vivienda, pero no como consecuencia ni como éxito de este
proyecto de ley sino por la dificultad de las familias de acceder al crédito y la inestabilidad del mercado laboral de nuestro país, algo de lo que algunos también deberían sentirse tremendamente responsables.
El proyecto de ley que hoy saldrá de aquí tan solo cumple en este sentido un objetivo: beneficiar a pocos que tienen mucho y perjudicar a muchos que cuentan con poco, provocando un enorme desequilibrio en la regulación del mercado del
alquiler a favor de la protección de los propietarios y teniendo poco en cuenta la situación de los inquilinos, ya que las únicas ventajas que se le conceden son ventajas tramposas. Podrán abandonar anticipadamente la vivienda notificándoselo al
arrendador, sí, pero esta circunstancia en cambio puede ser penalizada a la hora de firmar el contrato; es una ley antiinquilinos. Se reduce la duración de los contratos y se le obliga al arrendatario al registro de la vivienda si quiere proteger
sus derechos y no verse privado de la misma de un día para otro, sin más indemnización que un par de meses de renta. Permiten que la actualización de la renta pueda hacerse con indicadores distintos al del índice de precios al consumo. Además, el
propietario en este tiempo tendrá la ventaja de que su oferta no estará perjudicada por la regulación desequilibrada, sino que la situación actual para muchas familias es que son lentejas, o lo tomas o lo dejas. Si esa es la generalidad, la
cuestión se agrava cuando pensamos en las familias en condiciones más vulnerables. La medida estrella de esta ley es pasar de la agilización de los desahucios -sí, desahucio, esa palabra que algunos no quieren ni oír ni escribir- al desahucio
hiperexprés, en el que con un solo auto será suficiente para la práctica del lanzamiento, sabiendo que la capacidad de recurrir no es igual para todos, especialmente cuando el acceso a la justicia también es cada día más vulnerable. Para colmo, y
tras haber renunciado a este proyecto de ley en agosto para que no se notara mucho y haber eliminado tres de los cinco artículos que contenía el enunciado original por otra vía,
dejándolo en dos -sí, dos, estamos haciendo una ley con dos artículos-, las enmiendas presentadas por el grupo que sostiene al Gobierno con su mayoría absoluta incorporarán soluciones tales como la creación de listas negras de deudores.
Compartimos que se deba garantizar al arrendador particular el cobro de la renta y la conservación del estado de la vivienda, que hay que proteger a quien con el arrendamiento por ejemplo está pudiendo hacer frente al pago de su hipoteca y de no
recibir el mismo pueda verse afectado por una situación de sobreendeudamiento hipotecario, pero no debe ser el conjunto de los arrendatarios los que sufran la consecuencia de la saturación judicial, señalándose a cientos de personas sin que
distingamos las consecuencias de su insolvencia, sin que esta se deba una mala práctica minoritaria o a ser víctimas de una crisis que cada día afecta más gente. El remate de las listas negras es que no tengan pudor en señalar al deudor por
alquiler, inhabilitándole para poder acceder por ningún medio al derecho al techo, pero no podamos conocer los nombres de los grandes defraudadores beneficiados por su amnistía fiscal. (Rumores).
Los grandes beneficiados de este proyecto de ley, por el contrario, son los de siempre desde hace catorce meses. No deja de ser curioso, muy curioso, que en cada nueva norma se encuentre un hueco para los registradores; cada norma que se
impulsa en este país encuentra un huequecillo para que se cuelen los registradores, por no presuponer en este caso que tal y como sucederá con la estadística detallada sobre desahucios que anunciaron el año pasado, pero que ya nos han dicho que
seguramente no pondremos en marcha hasta el que viene y mientras tanto regulamos sin conocer la estadística, el registro de morosos también pase por las manos de estos registradores.
No podemos pasar tampoco por alto -hay quien ha elogiado el procedimiento con el que se ha tramitado este proyecto de ley- la burla que se ha hecho a este Parlamento en la tramitación del mismo, sacando a mitad de recorrido la regulación de
las Socimi e impidiendo el debate no ya en el Pleno sino tan siquiera en esta Comisión. Por eso hemos mantenido las enmiendas relativas a esos vergonzantes privilegios fiscales que se les concede a estas sociedades bajo la excusa de la
profesionalización del sector sin que en realidad se les obligue a practicar un solo alquiler, basta con poseer ocho viviendas y ofertarlas -que no arrendarlas- durante tres años para beneficiarse de unas ventajosas condiciones impositivas incluso
desde paraísos fiscales.
Lo que no incluye, lo que sí obvia este proyecto de ley, es lo que debería impulsarse y comprometerse por ley, lo que debería ser la acción de los poderes públicos. Ni una sola mención al alquiler social, a sus características, a sus
condiciones, al derecho para acceder a él, a la obligación de comprometer al Ejecutivo, a los Gobiernos en su desarrollo. Ni una sola mención a la vivienda social en régimen de alquiler, a la creación de un parque de alquiler de gestión pública,
algo que tampoco debería sorprendernos demasiado tras conocer la forma de proceder que están teniendo en algunos Gobiernos, pidiendo que los lanzamientos en viviendas sociales sean camuflados mediante el abuso del lenguaje o extinguiendo los
contratos en arrendamientos de viviendas sociales bien ubicadas para poder ser explotadas por alguna empresa. Ni una sola referencia a cómo afectará esta ley a situaciones de acoso inmobiliario, a gente como Aurelia Rey, que no solo verá cómo la
Administración se excede en la designación de funcionarios para proceder al desalojo sino que además pasará a formar parte de sus listas negras. En estas circunstancias nosotros no podemos más que lamentar que ninguna de las treinta y ocho
enmiendas presentadas por este grupo parlamentario para reequilibrar el mercado del alquiler haya sido aceptada por el grupo de la mayoría absoluta. No sé si a algunos les valdrá con el trámite del Senado pero desde luego esta ley tiene mucho que
mejorar.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado don Teodoro García Egea.
El señor GARCÍA EGEA: Señorías, en primer lugar quisiera agradecer a los grupos todas sus aportaciones tanto en el debate de hoy como a lo largo de la tramitación y también me gustaría mostrar mi sorpresa porque creo que en esta última
intervención la portavoz socialista ha debido leer otra ley o ha debido estar en otro debate.
Para mejorar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler creemos que toda barrera artificial y legal que dificulte las leyes de mercado debe ser abolida. El Estado debe limitarse a mantener ese orden y a hacer cumplir los contratos que
las partes firman libremente dentro de leyes como las que hoy estamos debatiendo. Creemos que esta ley dará libertad a los españoles para que tengan oferta de alquiler y compra equilibrada y suficiente y sean ellos mismos los que decidan cómo
quieren vivir. No pretendamos hacer de este debate una imposición o una excusa para hablar de otros temas; no pretendamos hacer de
este debate una imposición para que los ciudadanos vivan de alquiler y acercarnos a esa media europea conduciendo la voluntad del ciudadano. Elaboremos una ley que permita a los ciudadanos elegir cómo quieren vivir sin barreras y sin
impedimentos. Atrás quedaron planteamientos del siglo pasado, que son los que se desprenden de algunas de sus intervenciones y de algunas de sus enmiendas. Esta ley rompe con ese intervencionismo de Estado, permite una mayor libertad entre las
partes y favorece medidas que aumentan la seguridad jurídica en la relación contractual del alquiler.
Me sorprenden las conclusiones de muchos de ustedes. Al aumento de la seguridad jurídica, a clarificar la relación entre las partes y dotarlas de mayor libertad hay muchos que lo traducen en debilitar la posición de los inquilinos en la
relación arrendaticia; han llegado incluso a sostener que se avanza en un gravísimo retroceso en las políticas de protección de los arrendatarios de viviendas, como hemos escuchado también hoy aquí. Yo me pregunto hasta cuándo vamos a tener que
escuchar esos planteamientos del siglo pasado, hasta cuándo. El ciudadano de hoy ha superado esos prejuicios ideológicos. Hay algunos que todavía los mantienen pero creo que la sociedad los ha superado abiertamente. Esta ley no trata de enfrentar
al inquilino ni al propietario, trata de dar seguridad jurídica para que uno y otro puedan entenderse mucho mejor y conseguir con ello los fines que persigue esa relación: el alquiler de la vivienda por un lado y el abono de una renta determinada
por otro. Esta ley no enfrenta a unos contra otros. Es triste ver discursos como el que hemos escuchado hace muy pocos segundos por parte de la oposición, que piensa más en las próximas elecciones que en la conveniencia de lo debatido en esta
Cámara. El arrendador y el arrendatario no son enemigos, no poseen intereses enfrentados o contrapuestos; al contrario, el arrendador y el arrendatario persiguen fines complementarios. El arrendador quiere alguien que pueda pagarle una renta por
utilizar su propiedad y el arrendatario quiere una vivienda lo mejor equipada posible con la que satisfacer la menor renta posible.
Por eso, creemos que los poderes públicos no deben dedicarse a imponer el alquiler o la compra de vivienda sino que deben ser los ciudadanos los que tomen la decisión de cómo desean vivir, mientras que nosotros, desde los poderes públicos,
garantizamos que esa decisión se toma con libertad y una oferta suficiente. Hay datos que seguramente usted conocerá y que indican que un 17 % de personas vive en alquiler en España frente a un 30 % que lo hace en la Unión Europea. No potenciemos
la compra o el alquiler, redactemos leyes que permitan a los ciudadanos elegir con libertad; no dirijamos ese porcentaje. El porcentaje de personas que viven en alquiler no debe ser fruto de que las viviendas vacías no salgan al mercado por falta
de regulación, y en eso es en lo que estamos actuando aprobando esta ley. Esta ley está en el camino por el que discurren las nuevas políticas de vivienda en este país -porque se ha apreciado un cambio muy importante desde la llegada del Partido
Popular- y que en nada se parecen a las del Gobierno anterior. En este nuevo camino la flexibilización del mercado del alquiler es un paso importantísimo que hoy daremos.
He escuchado hoy quejas sobre el rechazo que se mostrará en este debate a varias de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, pero hoy hemos perdido una oportunidad para trasladar a los ciudadanos que los políticos podemos
entendernos y sacar adelante reformas que mejoren el acceso a la vivienda, como han hecho muchos de los grupos aquí presentes, que han elogiado y han hablado del buen ambiente y la buena predisposición que en todo momento se ha tenido respecto de
las enmiendas presentadas. Sin embargo, hay grupos que han presentado enmiendas que desnaturalizan y no van en la línea del espíritu de esta ley, y eso hay que dejarlo muy claro. ¿Significa que no están de acuerdo con la conveniencia de esta ley?
¿No creen necesario mejorar el acceso de los ciudadanos al mercado del alquiler propiciando un mayor equilibrio entre las partes y eliminando esas barreras legales? El espíritu de esta ley queda claro en su planteamiento y todas las enmiendas que
han ido en esa línea han sido aceptadas: flexibilizar el mercado del alquiler, dar libertad a las partes, regular de una forma clara dicha relación entre inquilino y propietario. Hay enmiendas que se han presentado hoy por parte de los grupos que
desnaturalizan y apartan a esta ley del camino que la mayoría de los ciudadanos ha querido para la misma. Esta ley además modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos y creemos, como le he dicho anteriormente, que una
mayor seguridad en el tráfico arrendatario se verá traducida en un mayor volumen de oferta y demanda.
Desde el grupo de Convergència i Unió se ha hablado de rehabilitación, pero creo que no debemos confundir los objetos de cada una de las iniciativas legislativas que se presentan. Estamos hablando de la flexibilización del contrato de
alquiler y sus enmiendas, bien intencionadas, responden más a temas fiscales que arrendaticios. Hay que tener en cuenta que por esa filosofía se han introducido enmiendas
para realizar obras incluso a cambio del alquiler, por tanto, la ley regula lo que tiene que regular y no debemos mezclarlo con legislación fiscal.
El Grupo Socialista habla hoy de alquiler social, de crear un parque público de viviendas de alquiler social, de que la ley no habla del alquiler social o de la creación de un parque público, y yo me pregunto dos cosas. Primero, el Partido
Popular ha creado esa bolsa de viviendas de más de 6.000 viviendas de alquiler social. (La señora Iglesias Santiago: ¿Cuándo, con los bancos?). Además hemos introducido una enmienda en la Ley de medidas urgentes para la protección de los deudores
hipotecarios regulando también en ese sentido. En primer lugar, el Partido Socialista no hizo absolutamente nada durante los años en los que gobernó y, en segundo lugar, ¿por qué tiene que ser un parque de viviendas público-privado si al final el
objeto es que toda persona pueda tener un techo a un precio razonable y que pueda pagar? ¿Por qué están ustedes empeñados en enfrentar lo público con lo privado? Otro tema que me sorprende mucho es que usted cargue contra las Socimi. Ha hablado
de las vergonzantes Socimi, que fueron creadas en 2009. ¿He de extraer de su expresión que fue un Gobierno vergonzante el que creó las vergonzantes Socimi? Le pregunto.
Quiero destacar hoy la trascendencia de la enmienda 114 de nuestro grupo, que ha servido para transacciones de la enmienda 14 de La Izquierda Plural, la 57 de Convergència i Unió, la 96 del PNV y la 148 del Grupo Socialista. El Grupo
Popular ha propuesto y consensuado con el resto de grupos aquí presentes que los arrendatarios puedan realizar obras para adaptar la vivienda a su discapacidad o a las limitaciones de personas mayores de setenta años no solo para el caso de
propietarios, sino también para personas o familiares que convivan permanentemente con el arrendador. Quiero señalar la sensibilidad del Grupo Popular y la del resto de grupos en estas enmiendas presentadas y la voluntad para el consenso que
siempre hemos mostrado a lo largo de la tramitación.
También quisiera destacar la transacción de las enmiendas 4 de La Izquierda Plural, 35 del Bloque Nacionalista Galego, 84 del PNV y 131 del Grupo Socialista. Aceptamos la transacción a la enmienda 34 de UPyD y 75 de CIU en cuanto a la
disposición adicional segunda. Cabe destacar también, dentro del espíritu de dotar de mayor flexibilidad al proceso, la mayor operatividad que se produce con la entrada en el proceso de los secretarios judiciales. Hay que destacar también las
transaccionales a las enmiendas 67 de CIU, 150 y 152 del Grupo Socialista, y por último a la 160 del Grupo Socialista en cuanto a la disposición transitoria. Por tanto estamos ante una buena ley que va a permitir una mejor regulación y una mayor
seguridad jurídica del mercado de alquiler de viviendas en España.
Señorías, en definitiva a este grupo parlamentario se le podrán reprochar muchas cosas, pero nunca la cobardía de no cumplir con nuestro deber por temor a la impopularidad. Pongamos los intereses generales y el futuro de España por delante
de los intereses partidistas. La vivienda no es un elemento para hacer batalla política, como hemos escuchado hace muy poco en esta Comisión. Es un tema muy sensible que debemos tratar con mucha responsabilidad. Hay quien nos acusa de romper con
el pasado -lo hemos oído a lo largo de la tramitación-, con algunas de las características históricas de nuestra legislación en materia de arrendamientos urbanos. Efectivamente, señorías, eso es lo que apoya nuestro grupo y lo que pretendemos con
esta ley, que el mercado del alquiler comience a ser una opción, pero no por la parte del desequilibrio y el aumento de las barreras legales, sino incrementando la libertad de pacto y equilibrio entre la partes. Mayor seguridad jurídica en la
operación, mayor libertad entre las partes se traducen en más oferta, mayor número de inmuebles a la venta y alquiler, mayores posibilidades del inquilino para elegir, y más garantías para el arrendador. Basta de intervencionismo, creemos unas
pocas reglas, pocas, muy claras, y dejemos a los ciudadanos libertad para vivir como cada uno decida. Es importante, señorías, que los grupos seamos parte de la solución y no del problema. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García.
Finalmente voy a conceder la palabra a la diputada de La Izquierda Plural que viene de otra Comisión. Tiene la palabra doña Ascensión de las Heras Ladera.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Muchas gracias, señor presidente, por tener la deferencia de permitirme la intervención.
A este proyecto de ley hemos presentado una enmienda a la totalidad, porque consideramos que lejos de servir para acabar con el problema acuciante que significa el acceso a la vivienda en este país, lo que pretende es solucionarlo a través
de la normalización del funcionamiento de los mercados, y a través de los incentivos que pueden movilizarlos. Es un grave, gravísimo error, porque el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno se olvida fundamentalmente de que el problema de
acceso a una vivienda digna
para millones de personas en España tiene una dimensión social, y es un derecho contemplado tanto en la Constitución en su artículo 47, como un derecho universal recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Creemos
firmemente en que el derecho a la vivienda no puede estar regido por las reglas del mercado, favoreciendo única y exclusivamente a los intereses de los sectores financieros inmobiliarios mediante incentivos y ventajas legislativas, financieras o
fiscales.
Este proyecto de ley pretende fomentar el alquiler de viviendas bajo la premisa de que tenemos un mercado muy encorsetado en cuanto al alquiler, y que es disfuncional. Es cierto, somos el país de Europa con menos vivienda en alquiler.
Según el Partido Popular parece que esto se debe a que no se ofrece una seguridad jurídica suficiente al propietario de una vivienda. Esta disfuncionalidad no se puede solucionar fomentando aún más la precarización del alquiler, como ya ha quedado
patente en las contrarreformas que se han sucedido por parte de los Gobiernos alternativos que ha habido en este país; muy al contrario esto sigue siendo un grave problema. Al instaurar el desahucio exprés, súper, megaexprés se va a fomentar la
mercantilización del acceso a la vivienda, porque no va a resolver los graves problemas residenciales que existen hoy en la sociedad española.
Además en ponencia, con la habilidad que está demostrando el Grupo Popular, después de presentar malas leyes, las enmiendas para empeorarlas. Hay una enmienda que pretende un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler,
con el objetivo de que los arrendadores tengan acceso a un listado de morosos, y se establece un excesivo plazo de permanencia en dicha lista, seis años, para los supuestos infractores. Esta es una medida absolutamente injusta, porque no considera
las potenciales circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a quienes no puedan hacer frente a sus rentas de alquiler de forma puntual. También es desproporcionada si consideramos que los arrendadores ya cuentan con numerosas garantías frente a
los arrendatarios, en avales, depósitos, fianzas, desahucio exprés o exigencias judiciales de rentas impagadas. Quiero destacar aquí lo que ha dicho la organización de consumidores Facua, que habría que preguntarse por qué no se crea un registro de
arrendadores o caseros incumplidores o acusadores, en lugar de inclinar siempre la balanza en contra del más débil.
El proyecto de ley contenía cambios normativos que no compartimos y que afectaban a la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes y a la ley por la que se regulan las Socimi. Pero esos cambios, ya lo dijimos en nuestra enmienda a la
totalidad, se han introducido por parte del Partido Popular vía Senado, robándonos la posibilidad de poder hacer un debate plural. Por tanto damos por defendidas nuestras enmiendas, en particular las que hacen referencia a las Socimi en los
suprimidos artículos 3, 4 y 5. Varias de nuestras enmiendas tienen un carácter propositivo, pero también defensivo, proponiendo el mantenimiento de la regulación actual en materia de duración mínima del contrato de arrendamiento sobre las prórrogas
del contrato, sobre actualización de la renta y de la fianza, sobre los derechos de tanteo y retracto, o en lo que se refiere a las demandas de desahucio por falta de pago de rentas. De no ser así se produce un desequilibrio mayor en la protección
de los derechos del arrendador e inquilino a favor de los primeros. En otras enmiendas rechazamos el hecho de que, para que los arrendatarios sobre fincas urbanas surtan efectos frente a terceros que hayan inscrito su derecho, deben inscribirse en
el Registro de la Propiedad. En primer lugar, lo hacemos porque en un momento económico complicado como el actual no es razonable encarecer el alquiler. En segundo lugar, y seguramente más importante, porque si bien no es obligatoria la
inscripción, sí es determinante en aspectos muy importantes como el supuesto de enajenación de la finca arrendada. Ya lo dijimos también en nuestra enmienda a la totalidad. Se puede dar el caso de resolución del derecho del arrendador sobre la
misma o las garantías de duración del contrato y su prórroga, y afectan directamente sobre el derecho del arrendador a continuar en la vivienda.
Por último, queremos señalar algunas enmiendas que son de importante calado social y que si se hubieran tenido en cuenta hubieran mejorado el texto, y hubieran ido en la dirección de garantizar el derecho a la vivienda. Estoy hablando de
nuestra enmienda 17, que intenta abordar la lacra social que es el acoso inmobiliario que ahora mismo existe para miles de familias. Presentamos también la enmienda 27 que hace referencia a un parque público de vivienda de alquiler, con el que se
pretende garantizar el derecho a la vivienda mediante alquiler con una renta de acuerdo a los ingresos de las familias, y teniendo como base el banco malo, el Sareb. Hacemos referencia a nuestra enmienda 28, sobre la existencia de viviendas de
protección pública desocupadas. Existe una importante bolsa de viviendas con protección pública en nuestro país, viviendas que han tenido subvenciones y han sido subsidiarias de préstamos, y que ahora mismo están desocupadas y muchas también en
manos de los bancos o del propio Sareb. Nosotros proponemos que se cambie la tipología a vivienda con protección pública en alquiler de todas
esas viviendas, y se pongan a disposición de los solicitantes que lo necesiten. Por último, nuestra enmienda 29 pide que se penalice fiscalmente a las viviendas desocupadas. Contamos con una bolsa de viviendas desocupadas que casi llega a
los 6 millones, y que deberíamos gravar fiscalmente.
Termino diciendo que hay enmiendas de otros grupos que recogen igualmente esta sensibilidad social y que intentan frenar los aspectos más lesivos de su proyecto de ley, y por eso, porque no solamente se trata de La Izquierda Plural, pedimos
que el grupo mayoritario las reconsidere y las acepte. Esto lo digo desde luego con toda la buena voluntad, pero sabiendo que no van a ser aceptadas.
El señor PRESIDENTE: Tal y como les he anunciado, en principio las votaciones están previstas para las cinco y cuarto. No obstante si sus señorías son capaces de tener presentes aquí a todos los diputados y diputadas la adelantaríamos, y
si no empezaríamos a la hora prevista. Ya sé que hay otras comisiones y quedan veinte minutos. Mientras tanto, si hay alguna enmienda adicional sobre la que quieran votación por separado, no duden en decírselo a la señora letrada. (Pausa).
Señorías, vamos a comenzar con las votaciones del proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas.
Empezamos votando las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar las enmiendas 35 y 43.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 33; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, un bloque de enmiendas que comprende la 82, la 90, la 94, de la 104 a la 107 y la 109.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 83 y 93.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 25; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación las enmiendas 85, 88, 91 y 95.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación las enmiendas 87 y 98.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación la enmienda número 89.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 99.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 33; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas número 101 y 102.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 103.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, las enmiendas 30 y 31.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 35; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 32.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 33; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 33.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 34; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos las enmiendas de La Izquierda Plural. Enmiendas 5 y 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 33; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación un grupo de enmiendas que van de la 6 a la 10, la 12, la 13, la 15, la 17, la 19, la 27 y la 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 16, 18, 23, 25, 26 y 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos la enmienda 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 25; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 22 y 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 25; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las enmiendas 44 y 47.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 33; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 45, 59, 63, 64 y 78.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 33; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación las enmiendas 65, 66, 76, 79 y 80.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 33; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las enmiendas 127, 128, 132, 153 y 154.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos la 133, 143, 157, 159 y 163.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación la 134, 137, 141, 142, 144, 145 y 147.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 25; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas 135, 140 y 146.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos la 136, 138 y 139.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas 129, 130, 149, 151, 155, 156, 158, 161 y 162.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Ahora votamos el texto del proyecto de ley según el informe de la ponencia con la incorporación de las correcciones técnicas de la letrada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia el proyecto de ley ha quedado aprobado por el Congreso. Será remitido al Senado a los efectos de lo previsto en el artículo 90.2 de la Constitución. (Aplausos).
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y veinticinco minutos de la tarde.