CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 211

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

Sesión núm. 11

celebrada el jueves

15 de noviembre de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. (Número de expediente 121/000020) ... (Página2)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. (Número de expediente 121/000020) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR Y EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000020).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a comenzar con esta sesión de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, cuyo primer punto del orden del día, como consta y conocen sus señorías, se refiere a la ratificación de la
ponencia designada para informar sobre el proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Si no hay ninguna intervención en contrario entiendo que, por asentimiento, queda ratificada la ponencia.
(Asentimiento).


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR Y EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000020).


El señor PRESIDENTE: A continuación, como saben, vamos a aprobar con competencia legislativa plena de esta Comisión el mencionado proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Quiero recordarles que
la forma de proceder en este debate del proyecto de ley es la tradicional en la Comisión, que es que el orden de intervención empieza de menor a mayor, salvo cuando el grupo mayoritario de la oposición quiera hacerlo en primer lugar en cuyo caso
será de menor a mayor.


He tenido dos peticiones particulares, que entiendo que ustedes aceptarán como yo he aceptado, de UPyD y del Partido Nacionalista Vasco para poder diferir su intervención, ya que están comprometidos en intervenciones en otras comisiones que
se están celebrando simultáneamente a esta, al momento en que pudieran acceder a esta Comisión. Desde luego, por parte de esta Presidencia no hay ningún obstáculo y agradecería que por parte de ustedes tampoco. (Asentimiento). Entiendo que
también están de acuerdo. Se lo agradezco y, así, cuando ellos puedan trabajar en su Comisión, en la que estén ahora, también lo podrán hacer en esta.


Finalmente, cuando concluya la Comisión habrá una reunión de Mesa y portavoces para designar la fecha de la próxima Comisión; será breve; a los que puedan estar presentes les agradezco que lo hagan.


Se me ha solicitado, también, que haga mención a la posibilidad de prever cuándo va a ser la finalización de esta Comisión. No es fácil hacerlo porque, en última instancia, depende de ustedes, de la utilización más o menos adecuada del
tiempo en sus intervenciones y, sobre todo, de si se dividen las votaciones y hay un largo proceso de votación. Esta ley ha sido más debatida que otras y espero que esto no sea así pero, en todo caso, está en sus manos y, en todo caso también,
insisto, no habrá intervenciones de votación antes de las seis de la tarde.


En consecuencia, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la doña Uxue Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Muy brevemente, por cuanto que vengo a sustituir al ponente en este proyecto, el señor Tardà, que por motivos evidentes se encuentra en estos momentos en Cataluña y, en primer lugar, daré por defendidas las tres
enmiendas que Esquerra Republicana de Catalunya tiene al proyecto que hoy observamos, que hoy analizamos, las enmiendas 44, 45 y 46. En ese sentido, si la Presidencia me lo permite, me detendré mínimamente en la enmienda 46 por entender que es de
especial urgencia en estos momentos una enmienda de adición a la disposición adicional primera sobre los cuerpos de inspección, que señala que a tenor del contenido de la presente ley, 'no será de aplicación a los Cuerpos de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, cualquiera que sea su dependencia, los ajustes en materia de optimización y racionalización de plantillas contenidas en la legislación general y presupuestaria'. Una enmienda que entiendo tiene, como digo, especial urgencia en
estos momentos por cuanto que estamos tramitando ya el proyecto de presupuestos que terminaremos de sancionar a la vuelta del Senado y, por lo tanto, y en este sentido he de hacer un especial llamamiento al grupo mayoritario de la Cámara, al Grupo
Parlamentario Popular, para que se observe si la vocación y la voluntad es, tal como se recoge en la exposición de motivos, la de actuar con especial observancia sobre estas cuestiones; nos parece fundamental que los cuerpos de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social se vean, como digo, liberados de esas restricciones que se vienen a contener en el actual proyecto de cuentas para 2013. Hecha esta

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aportación, seguiremos en ese sentido las indicaciones del grueso del Grupo Mixto en la votación de las -como he visto- gruesas e importantes transaccionales con que llega la Ponencia a esta Comisión y votaremos en consecuencia.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: Igualmente quiero señalar que damos por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto a las que ha hecho referencia la compañera Uxue. No hemos tenido ocasión -por responsabilidad nuestra, por supuesto- de exponer
cuáles son las ideas de nuestro Grupo Amaiur en relación con el proyecto que se está discutiendo y brevemente quería explicar, en tres, cuatro minutos, las razones que tenemos para mantener una postura contraria al proyecto que se está discutiendo.


El Estado español entre sus -bastantes- Guinness existentes a nivel europeo: paro, precariedad, desigualdad social también en este terreno del que estamos hablando de empleo irregular y economía sumergida, ostenta cuotas del 20% que están
muy por encima de las existentes a nivel europeo. En relación con ello, quisiera mencionar un par de previos: podemos pensar que esta situación se puede deber a unas características congénitas de los españoles y las españolas, de su carácter
latino-mediterráneo o bien aterrizamos un poco más y lo relacionamos con la propia estructura económica, productiva, de la concepción de la competitividad, etcétera, que existe en este país. Amaiur piensa básicamente que tiene que ver con estos
temas, con las subcontrataciones en cadena bendecidas por la normativa existente, por la larga carta de contrataciones precarias admitidas también por nuestro ordenamiento; la bendición con la que en cualquier caso se trata la realidad de las horas
extra que se meten; la insuficientísima plantilla de personal existente en la Inspección de Trabajo; el modelo de competitividad al que antes he hecho referencia, etcétera.


Por otro lado, segunda consideración general: ¿acaso no tiene que ver este fraude con la situación social que estamos viviendo? Es decir, tenemos hoy en día más de 600.000 familias que carecen de ingreso salarial y social alguno, más de 10
millones de personas que están viviendo por debajo del umbral de la pobreza; entonces el pensamiento normal y directo que tiene la gente en relación con este tema es que existe una patronal equis que se aprovecha de esta realidad, pero es una
realidad que está provocada por la política económica y social que está llevando el Gobierno para realizar vulneraciones de todo tipo en la normativa existente con el fin de obtener unos mayores beneficios. La otra cara de la moneda es la de que
desgraciadamente existen bastantes millones de personas que se encuentran obligadas a aceptar cualquier tipo de trabajo a sabiendas de las condiciones, incluso de ilegalidad en la cual estos trabajos se están ofertando. Quiero señalar también que
con toda esta realidad social que debería forzar al Gobierno a plantear reformas más en profundidad, estas medidas se quedan un poquitín en la superficie de lo que he estado comentando. Por otro lado -ya se señaló aquí en alguna discusión-, si
estamos hablando de fraudes y de prioridades, ¿por qué no aterrizar bastante más y coger el magro del fraude fiscal, de las evasiones de capitales de los paraísos fiscales?


Termino ya. La norma que se plantea y otras intervenciones y normas que han sido planteadas por el Gobierno en esta legislatura están impregnadas en alguna medida de un cierto tufillo, diría yo que un poco reaccionario, que sitúa detrás de
cada persona en paro la existencia de un vago; detrás de cada inmigrante, la existencia de un posible delincuente; una ideología negativa en relación con la situación de las personas y sus relaciones con la Administración, con las prestaciones por
desempleo, con las prestaciones sociales, etcétera. Con estas consideraciones que son generales, en cualquier caso la postura de Amaiur sería contraria, l margen de las votaciones concretas que luego vayamos a hacer.


El señor PRESIDENTE: A continuación -veo que ha podido acudir ya el señor Anchuelo-, por UPyD tiene la palabra don Álvaro Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente, por las facilidades para haber podido cambiar el turno aunque no haya sido necesario a última hora.


Mi Grupo, el Grupo Parlamentario de UPyD valora muy positivamente que se aprueben medidas legislativas para combatir lacras como el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Estas prácticas fraudulentas desprotegen a los
trabajadores, disminuyen los recursos del sistema de protección social y suponen competencia desleal para aquellos empresarios que sí cumplen la ley. Consideramos, sin embargo, que las medidas que se nos proponen no son ni las más adecuadas ni
suficientes para lograr

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los objetivos que se persiguen, como el propio Consejo Económico y Social señala en su dictamen. Básicamente lo que se nos propone es un endurecimiento de las sanciones e incluso, en nuestra opinión, un endurecimiento que no es suficiente;
por eso ocho de las enmiendas de Unión Progreso y Democracia proponen ir más allá en el endurecimiento de las sanciones con una filosofía de tolerancia cero con el fraude. En concreto, la enmienda 51 propone reducir las cuantías no ingresadas que
conllevan sanciones máximas y medias. La número 52 propone agravar las sanciones en el caso de infracciones muy graves simultáneas. La número 48 impide que las sanciones puedan reducirse en el caso de falta de afiliación de los trabajadores; las
números 47 y 50 refuerzan las obligaciones solidarias del empresario principal respecto a los subcontratistas en materia salarial o si se contratan trabajadores afectados por reducción de jornada o suspensión de contrato. Por último hay tres
enmiendas, las números 49, 53 y 54, que endurecen las sanciones en caso de incumplimiento de las normas de discapacidad. La número 49 agrava la sanción por incumplimiento de la falta de integración de personas con discapacidad, y la 53 y 54 exigen
ese cumplimiento para poder acogerse a subvenciones o a contratos con el sector público.


Aún así, Unión Progreso y Democracia considera que solo un aumento de las sanciones no puede bastar ni en la versión que propone el Partido Popular ni en esta versión ampliada que nosotros proponemos. Las sanciones solo pueden ser parte de
un programa más amplio, al fin y al cabo ya existen hoy en día aunque menos graves, y no han impedido una economía sumergida del 22% en nuestro país. Parece evidente que no tiene efecto la sanción si el que incumple no teme ser detectado, que es
necesario dotar de más recursos humanos y materiales a la Inspección para que ese riesgo de ser detectado sea efectivo. Por eso nuestra enmienda 57 propone aumentar las plantillas para tender hacia la media de la Unión Europea. En la Unión Europea
hay un inspector por cada 7.000 trabajadores y en España uno por cada 20.000. De nuevo, como en otros temas de inspección, tenemos el tercio de lo que nos correspondería. Sin embargo los Presupuestos Generales del Estado van a agravar todavía más
esta situación, porque no hay una tasa de reposición del 100% en este tipo de actividades.


Nos parece importante también aumentar la coordinación, porque la Inspección del Trabajo está cedida en el País Vasco y Cataluña y una aplicación homogénea de la legislación laboral es esencial para el funcionamiento del mercado único.


Por otro lado, además de sanciones, además de inspección, es necesario tener un enfoque sistemático en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social que parta de un diagnóstico de la situación actual y que integre las
distintas iniciativas que se están tomando en una estrategia única. Eso es lo que pide nuestra enmienda 56, que las diversas iniciativas dispersas y descoordinadas se integren en una estrategia unificada de lucha contra el empleo irregular y el
fraude a la Seguridad Social, que a su vez parta del diagnóstico de la situación actual. Nuestra enmienda 55 propone refundir en un nuevo texto todas las modificaciones que ha sufrido la Lisos para darle cohesión y garantizar la seguridad jurídica.
Hoy en día es difícil para el empresario saber qué tiene que cumplir porque esta norma se ha ido modificando sucesivamente.


Por último, como dijimos en el Pleno, consideramos que la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social no puede tener éxito si no se toman iniciativas en otros ámbitos relacionados y que el Gobierno ha tomado
iniciativas en la dirección equivocada. Me estoy refiriendo en concreto a la reforma laboral, una reforma laboral que sigue apostando por la precariedad y por la temporalidad. Más del 90% de los nuevos empleos que se crean en España siguen siendo
temporales. Esa precariedad facilita la contratación temporal fraudulenta, facilita el fraude en las bonificaciones al empleo indefinido y da una mayor posición de dominio al empresario respecto al trabajador que puede ser susceptible de abuso.
Por eso, propuestas como la que nosotros hicimos de un contrato único indefinido habrían proporcionado a nuestro país un modelo laboral en el que este tipo de prácticas serían más difíciles, y en nuestra opinión las propuestas laborales del Gobierno
las han facilitado.


El problema de la inmigración y el número de inmigrantes sin permiso laboral también está relacionado con el tema que nos ocupa e incluso con el propio modelo productivo, en el que se apuesta por ganar competitividad reduciendo los costes
salariales y no fomentando la innovación. Aquí de nuevo tengo que referirme a los actuales presupuestos recién aprobados donde se sigue sin apostar por la innovación. Por eso aunque damos la bienvenida al endurecimiento de las sanciones, esta
estrategia no va a suponer un cambio sustancial respecto a la situación actual. Nos parece bien que se endurezcan, pero sin todas estas medidas complementarias creemos que la situación no va a cambiar sustancialmente.


Agradecemos que en este caso el Partido Popular, su portavoz, haya sido más abierto en la aceptación de enmiendas de la oposición -este es un tema de Estado y estamos seguros de que se va a enriquecer

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con esas enmiendas-, pero en el caso de mi grupo no hemos tenido tanta suerte. Respecto a lo que planteamos solo hay una enmienda transaccional que recoge muy parcialmente lo que proponemos en el caso de la discapacidad, y por eso vamos a
mantener todas nuestras enmiendas y nuestra postura global respecto al texto va a ser de abstención.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por La Izquierda Plural don Joan Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: En esta fase de desarrollo de debate del proyecto de ley que estamos discutiendo sobre empleo irregular y fraude a la Seguridad Social, me corresponde en nombre del Grupo de La Izquierda Plural hacer una
valoración del informe de la ponencia, de las enmiendas incorporadas, así como defender aquellas que no lo han sido. La primera valoración que debo hacer es que a pesar de las enmiendas incorporadas -pocas, por cierto, y a nuestro entender de poca
entidad- el proyecto de ley continúa pareciéndonos absolutamente insuficiente y decepcionante para el objetivo que dice perseguir.


Es posible que un proyecto de estas características, limitado al ámbito de la mejora de la gestión administrativa y de control, pudiera ser útil en un modelo de relaciones laborales en el que el empleo irregular y el fraude a la Seguridad
Social fueran la excepción, fueran la anomalía en un contexto de normalidad con relación al cumplimiento de las leyes y a la regularidad del empleo, pero desgraciadamente en nuestro país hace tiempo que se ha consolidado un modelo de relaciones
laborales basado fundamentalmente en una estrategia de competitividad fundamentado en la reducción de costes laborales en el que se ha consolidado la idea de que todo vale; valen las empresas de trabajo laboral, valen las empresas que subcontratan,
vale la externalización de costes y riesgos siempre a terceros, y por supuesto para algunos empresarios vale tener dentro de su estructura productiva, de la que ellos se benefician, empresas que estén fuera de el empleo regular y utilicen el empleo
irregular y el fraude a la Seguridad Social como una situación de absoluta normalidad.


Por eso, como no estamos ante comportamientos empresariales o de trabajadores individuales que se pueden erradicar con más inspección o mejores normas, deberíamos intentar abordar de verdad -si se quiere- el empleo irregular y el fraude a la
Seguridad Social desde sus orígenes, desde su radicalidad, desde la raíz de esos problemas, que no es otra que esta verdadera metástasis en la que se ha convertido el modelo de relaciones laborales de nuestro país, un modelo basado fundamentalmente
en la competitividad de costes y en el todo vale. En ese sentido, queremos destacar -por eso algunas enmiendas nuestras iban en esa dirección- que lo que ha hecho la reforma laboral aprobada por la Ley 3/2012 es agravar aún más el problema. Lo que
ha hecho la reforma laboral es abrir aún más posibilidades -por ejemplo, en la nueva regulación del contrato a tiempo parcial-, muchos más boquetes legales a través de los cuales se puede colar el empleo irregular. Por eso, ya entendimos -por eso
presentamos una enmienda a la totalidad- que este proyecto de ley no sirve y ahora vamos a intentar defender en Comisión nuestras veinticinco enmiendas, dos de las cuales se nos ha anunciado que pueden ser incorporadas; una -la número 30- en su
totalidad y otra simplemente en un apartado muy específico.


Quiero poner énfasis en que para nuestro grupo, para La Izquierda Plural, las enmiendas que hemos presentado tienen tres grandes objetivos. El primero, promover cambios legislativos de fondo en el modelo de relaciones laborales para
dificultar que se utilice el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social no solo por quienes lo utilizan, sino fundamentalmente por aquellos que controlan el producto y el mercado, siendo las empresas principales las que después derivan hacia
otros empresarios ese uso irregular del empleo. Por eso, en ese sentido de promover cambios legislativos hemos presentado la enmienda número 23 con relación a un tema importante, como es la regulación del contrato a tiempo parcial. La nueva
regulación del artículo 12.4.a) que ha hecho el texto del Estatuto de los trabajadores después de la reforma laboral aprobada a instancias del Partido Popular, del Gobierno, nos parece que aún incrementa más -motiva, casi propicia e incentiva- la
utilización del empleo irregular, por eso hemos planteado la enmienda número 23.


En la enmienda número 24 proponemos la gran reforma pendiente de nuestro modelo de relaciones laborales, la del artículo 42 del Estatuto de los trabajadores. Aquí hay verdaderos especialistas -estoy pensando ahora, por ejemplo, en el
compañero Serrano- que lo conocen muy bien. En estos momentos ese artículo 42 responde a un concepto de empresa que ya no existe y plantear la regulación que en estos momentos existe sobre la subcontratación de obras y servicios y mantenerla en
esos términos, es la mejor manera de facilitar que la subcontratación de obras y servicios sea uno de los mecanismos para incentivar mucho el empleo irregular. Por eso hemos planteado una enmienda que pretende ampliar los supuestos

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en los que exista responsabilidad en el caso de subcontratistas de la propia actividad -por tanto, limitado- a la empresa principal, intentando también dar una salida a esa verdadera metástasis que tiene nuestro modelo de relaciones
laborales, como es lo que pudiéramos llamar la subcontratación encadenada, esa subcontratación en la que hay un empresario principal y luego van cayendo cada vez más precarias las condiciones hasta llegar un momento en el que alguien decide que para
ser competitivo tiene que utilizar el empleo irregular. Hasta que no se establezca que las responsabilidades de ese comportamiento son de quien controla producto y mercado -lo dije en su momento en el debate- no se va a resolver el tema. En ese
sentido, me permito -sabiendo que son ejemplos distintos- poner el ejemplo del trabajo esclavo de los niños. Si a las grandes empresas del textil y de la confección del mundo no se les exigiera que en algún momento de su estructura productiva no
utilizaran niños esclavos, si no se les responsabilizara moral y jurídicamente, los continuarían utilizando. Sé que no es un caso extrapolable a nuestra realidad pero, sin entrar en la esclavitud sí en la precariedad -que a veces se le parece en
algunos aspectos-, esto no es posible. Por tanto, nosotros proponemos con fuerza la reforma de la regulación de la subcontratación por la vía de la enmienda número 24. Hay más, pero he querido destacar estas.


El segundo objetivo es que hay que dotar de más recursos a la Inspección de Trabajo. Los recursos actuales se han mejorado mucho en los últimos años, y así hay que reconocerlo, e incluso desde esa perspectiva se ha permitido hacer avances
pero, por ejemplo, las comparaciones que hacemos de recursos de nuestra Inspección de Trabajo con la de otros países europeos no tienen mucho sentido. No es lo mismo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se necesita cuando el empleo
irregular es una anomalía, una excepción -es un tramposillo-, que cuando el empleo irregular forma parte de la estrategia. Ahí ya no funciona la inspección sino que funcionan cambios legislativos más profundos, pero, si se utiliza la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social para algo, hay que dotarla de recursos. Desgraciadamente, no se hace. Creo que en este proyecto de ley volvemos a desaprovechar una oportunidad -y desgraciadamente muchos Gobiernos la han desaprovechado- para utilizar
mejor las capacidades del cuerpo de subinspectores de Trabajo. Se ha avanzado en ese sentido en algunas reformas, pero suponen un potencial que en este momento no se está utilizando, por eso hemos presentado algunas enmiendas, concretamente
empezando por la número 19, referida a la exposición de motivos, pero que después va acompañada en la parte dispositiva del texto.


En un segundo apartado, también vinculada a la necesidad de más recursos para la Inspección de Trabajo, hemos planteado la enmienda número 28, que creemos que es básica, porque se trata de una disposición transitoria que obliga al Gobierno,
aunque sea en un plazo dilatado de tiempo, a establecer compromisos concretos en nuevas contrataciones para cumplir las exigencias de la Organización Internacional del Trabajo en relación con el porcentaje, con la ampliación de plantillas necesaria
para cubrir el objetivo que tiene que tener siempre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.


En tercer lugar, hemos planteado una cantidad de enmiendas vinculadas a la necesidad de ampliar las capacidades del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los mecanismos de coordinación, imprescindibles. Yo, que soy
firmemente partidario, por supuesto, de la transferencia de competencias que se han producido en el País Vasco y Cataluña, creo que eso no es óbice, en absoluto, para que ese planteamiento mejore todo lo que sea posible en el elemento de la
coordinación. Pero no solo debe haber mecanismos de coordinación intrasistema en el sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sino, como me parece que ha dicho hace un momento el compañero Sabino Cuadra, es que son imprescindibles. No
se aborda una lucha sincera y profunda contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social si no se hace en todas sus dimensiones, entre ellas, aquel aspecto que está absolutamente ligado al fraude laboral, que es el fraude fiscal. Porque,
en definitiva, quien utiliza empleo irregular lo hace también utilizando el fraude fiscal, la evasión o la elusión fiscal. Por tanto, si se quiere de verdad ser eficaz, eso es imprescindible y en ese sentido hemos planteado también algunas
enmiendas.


Termino diciendo que sinceramente estamos un poco decepcionados. Como todo el mundo puede haber visto, no somos los únicos, seguro, pero hemos trabajado mucho en este proyecto de ley y no terminamos de entender el planteamiento de rechazo
de la inmensa mayoría de nuestras enmiendas: veintitrés enmiendas se nos han rechazado, o al menos hasta ahora no se nos han aceptado. Lo cual nos permite dudar de la sinceridad, profundidad e intensidad del compromiso del Gobierno en la lucha
contra el empleo irregular. Si se me permite utilizar una metáfora, creo que estamos ante un proyecto de ley que se parece un poco a esos platos que te sirven en algunos restaurantes. Cuando uno ve la carta, el nombre del plato es maravilloso, es
espectacular, es bonito, es seductor, se te hace la boca agua, pero cuando te lo sirven, el plato es nada, ni en cantidad ni en calidad. Algo parecido sucede con este proyecto de ley. El

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nombre es maravilloso, lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social -qué más se puede pedir- y, en cambio, resulta que el plato que luego te sirven es un plato escuchimizado, y perdonen que utilice una expresión
andaluza.


Lo que no terminamos de entender es cómo el Partido Popular incluso nos rechaza enmiendas técnicas. Me gustaría que alguien me explicara en nombre del Partido Popular por qué no se admite nuestra enmienda número 31, por la cual proponemos
incorporar al listado de organismos que deben suministrar datos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los registros mercantiles. Si ya no se me acepta ni esa enmienda, sinceramente tengo serias dudas de que haya voluntad de diálogo. Lo
cual me permite decir una cosa: como seguro que no es mala fe ni maldad, esto es consecuencia del tipo de debate que estamos haciendo. Por supuesto, si se compara el debate de esta ley con otros que hemos tenido, esto es un lujo, porque le estamos
dedicando hasta tres horas o algo así; pero eso no es. Si nos dotáramos todos de menos urgencias partidarias por parte del Gobierno y de un debate más sosegado, podríamos intercambiar entre nosotros más opiniones y, a lo mejor, ser más útiles
todos en nuestra función de cooperación legislativa. Puede parecer un deseo ingenuo a estas alturas de la vida, pero voy a continuar manteniéndolo mientras mi ingenuidad me dé fuerzas para ello.


En función de estas reflexiones que he intentado exponer a la Comisión, si no hay un milagro en el seno de la Comisión y no se aceptan nuestras enmiendas, nuestro voto va a tener que ser coherente con la enmienda a la totalidad que
planteamos en su momento.


El señor PRESIDENTE: Veo que se ha incorporado el señor Olabarría. Si está en condiciones de intervenir, tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: El concepto de 'en condiciones de intervenir' es un concepto también anfibológico, pero, al margen de esta circunstancia, señor presidente, quiero decir que es una ley en relación con la cual mi grupo ya se
posicionó diciendo que su aplicación meritaba una esperanza de eficiencia; que el objeto que legitimaba la articulación de este proyecto de ley era razonable; que la lucha por el afloramiento de la economía sumergida es un compromiso que nos
concierne a todos -estamos hablando de un porcentaje del 20% del producto interior bruto, no es una cuestión baladí- y deberíamos ser eficientes a la hora de configurar la legislación en esta materia y conseguir algo importante como medida
anticíclica contra la situación de crisis. En términos generales, y sin perjuicio de lo que mi compañero Coscubiela comentaba, el proyecto de ley queda de alguna manera minusvalorado por su incardinación o su cohonestación con la reforma laboral,
reforma laboral que nosotros hemos refutado y sobre la cual tenemos reservas que desafortunadamente la realidad está confirmando mes tras mes, día tras día y seguramente año tras año, una reforma laboral que descausaliza, en primer lugar, la
contratación, descausaliza, en segundo lugar, la modificación de las condiciones de trabajo, en tercer lugar, descausaliza la suspensión de los contratos de trabajo y, en cuarto lugar, descausaliza la extinción de los contratos de trabajo y además
desequilibra los fundamentos ontológicos del derecho laboral, que no solo deja de ser tuitivo y protector del trabajador cuando concierta una relación laboral de forma contractual con el empresario. Conviene recordar que el trabajador no está en
una situación de igualdad con el empresario sino que está sujeto a una doble subordinación, una subordinación económica, puesto que depende de la retribución, y una subordinación de naturaleza orgánica o estructural, puesto que depende también del
poder de dirección del empresario. Esto gravita sobre cualquier ley de carácter laboral que dimane, que esté inspirada o afectada -aunque el legislador no lo quiera- por una reforma de estas características.


Dicho lo cual, señor presidente, la lucha contra la economía irregular y el afloramiento de la economía irregular es un bien un poco discutido sobre el cual también se ha practicado mucha demagogia y poco trabajo eficiente, tanto en el
ámbito legislativo como en otros ámbitos. Hay que realizar una reflexión transversal sobre las responsabilidades, porque nosotros no podemos asumir todas las responsabilidades. Hemos tenido una incapacidad en el Estado español para el afloramiento
de una economía irregular que muchas veces se ha considerado metaculturalmente como una especie de mal necesario en tanto que relativizaba o aligeraba algunos de los componentes del desempleo, de la falta de capacidad de los empresarios para
contratar de forma regular, que atenuaba alguno de los efectos más lacerantes de la crisis económica, que era un mal, en definitiva, con el que había que convivir. Este discurso nunca ha sido explicitado así, pero en la práctica ha sido transmitido
así, sobre todo a muchos territorios del Estado español. Sin perjuicio de esto, si llegamos a la conclusión -y esto ya sería un bien en sí mismo- de que la economía irregular es un quebranto y un gravamen que dificulta la superación de los
elementos que gravitan sobre la crisis económica del Estado español y de otros Estados, ya sería algo bueno.

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Dicho lo cual, el proyecto que se somete a consideración de esta Comisión tiene aspectos relevantes y aspectos de solo relativa trascendencia o relevancia. En primer lugar, es un proyecto de ley que, como tantos otros, sobre todo para los
grupos pequeños, se nos hace difícil de digerir, porque son tantos y tan dispersos, tan inconsistentes sistemáticamente unos con otros, tan contradictorios unos con otros, en una especie de diarrea legislativa con la que estamos conviviendo -si la
expresión no es particularmente forense o inadecuada-, que nos hacen realizar verdaderos esfuerzos, sobre todo a los grupos que tenemos menos dimensión y menos personas.


Algunas de las propuestas de este proyecto de ley son interesantes, pero no todas. Por ejemplo, a nosotros nos frustra terriblemente que no se haya terminado de articular correctamente la lucha contra una de las patologías del mercado de
trabajo que es la de la subcontratación en cascada, un mal endémico que afecta a la estructura del mercado de trabajo español desde hace muchos años y que yo comprendo que, en tanto en cuanto el ordenamiento jurídico es particularmente permisivo con
esta realidad, se va a seguir produciendo. Pero no resulta razonable que exista un empresario principal que contrata a una empresa que realice sus funciones, que esta pueda subcontratar sin ningún tipo de limitación y que, en virtud de normas
reglamentarias, vulnerando seguramente el principio de legalidad o la reserva de legalidad a esta materia, se pueda terminar subcontratando en una persona física contratada por la última subcontrata. Esa subcontratación en cascada provoca muchos
problemas que sobre todo afectan a la prevención de riesgos laborales, porque las condiciones laborales son cada vez más precarias según se va avanzando en el número de empresas subcontratadas, y a los derechos de los trabajadores, porque cualquiera
puede imaginar que, según se va subcontratando y el número de las subcontratas es mayor, las relaciones laborales son menos controlables por la Inspección de Trabajo, son más deficientes, más precarias y afectan a una suerte de abaratamiento de los
costes de la obra que el empresario principal tiene que afrontar sin saber quién está materialmente realizando la obra sobre cuyo contrato tiene la responsabilidad fundamental. Por eso vamos a mantener en sus propios términos nuestra enmienda
número 2 al artículo 1, con su propia redacción literal. El empresario principal debe ser, durante el tiempo que duren las contrataciones y subcontrataciones en cascada o a personas físicas en cascada, responsable solidario -tan solidario como
todos los demás por acumulación o sucesión o por accesión- de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas por el contratista y los subcontratistas. No le voy a descubrir a usted, que es un experto, señor presidente, que, según van
apareciendo subcontratistas nuevos, todas las obligaciones relativas a la afiliación a la Seguridad Social, a la prevención de riesgo laboral, a la elaboración de planes de prevención de riesgo laboral, se van difuminando tanto que, al final, si se
termina pudiendo subcontratar a una persona no jurídica sino física -hemos hablado mucho de ello en el ámbito del derecho punitivo, ahora vamos a hacerlo en el del derecho laboral-, ¿hasta dónde puede llegar la degradación de las condiciones de
trabajo que el ordenamiento laboral -en trance de extinción, como decía mi compañero Coscubiela- todavía sigue reconociendo a los trabajadores que por este procedimiento tan peculiar trabajan? Ni el empresario principal sabe quiénes ni ellos saben
para quién.


La enmienda número 3 de nuestro grupo propone la supresión del número 4 del artículo 31 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para evitar que con la aplicación autonómica de la reducción de la sanción resulte más
ventajoso para el infractor cometer la infracción que cumplir la norma. Esto lo ha explicado muy bien el señor Coscubiela. A veces, paradojas del ordenamiento jurídico laboral en un ámbito de estas características, resulta más ventajoso para el
empresario incumplir la norma que asumir las sanciones que dimanan de su incumplimiento si es objeto de sanción.


La enmienda número 4 pide la supresión del apartado 3 del artículo 15. Nosotros entendemos que seguir calificando esta infracción, la que se prevé en este precepto, como falta grave infringe el principio de proporcionalidad que está
previsto en la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas.


La enmienda número 5 es una enmienda de adición. Se añade un apartado 7 al artículo 17, que hace referencia al incumplimiento en materia de integración laboral de materias con discapacidad. Esta enmienda, señor presidente, seguramente la
estaremos defendiendo todos o casi todos los grupos presentes en esta Cámara. Es una enmienda cuyo origen todos conocemos; es una petición del Cermi, una petición de organizaciones que trabajan con el problema de la discapacidad. Que se incumplan
las normas tuitivas o protectoras de los trabajadores afectos por discapacidad nos parece algo particularmente grave que ha de ser objeto de consideración desde una perspectiva de humanitarismo y de pura sensibilidad social, de la más elemental que
se puede concebir.


Voy acabando, señor presidente. La enmienda número 7 es una enmienda de adición, como todas las siguientes hasta la enmienda número 14, que hace referencia a una cuestión que también ha sido muy

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debatida esta mañana, que es la de la prejudicialidad penal. Si algunas de las infracciones que se consignan en este proyecto de ley -y no son pocas- son constitutivas de delito, ¿se debe poner la eventual infracción en conocimiento del
ministerio fiscal o, por pormenorizar un poco más, de los fiscales especializados en materia de prevención y riesgos laborales que, desafortunadamente, no los hay en todas las demarcaciones judiciales, incumpliendo los requerimientos de distintas
normas? En todo caso, la prejudicialidad penal debe primar sobre la actuación administrativa, que siempre sería ex post.


La enmienda número 17 hace referencia a las sanciones accesorias a los empresarios y las responsabilidades específicas, que tienen que ser congruentes con la propuesta del funcionario actuante y que pueda no consistir en la pérdida no
necesariamente total de las ayudas, bonificaciones y otros beneficios derivados de los programas de empleo. Porque hay sanciones que no deberían aparejar una consecuencia tan onerosa para el empresario como la pérdida total de cualquier acceso a
ayudas, bonificaciones o cualquier tipo de propuesta promocional de las instituciones públicas, siempre que la sanción o la propuesta de sanción no tenga un carácter particularmente grave.


La enmienda número 18 hace referencia a la adición de un punto 5 en el artículo 20 del reglamento general sobre la inscripción de empresas en la afiliación de altas y bajas. La Tesorería General de la Seguridad Social, de oficio, podrá
proceder a dejar sin efecto la inscripción de una empresa carente de actividad. Este tema es particularmente importante, señor presidente, porque hay muchas empresas carentes de actividad -esta mañana también se ha debatido mucho sobre la
responsabilidad de las personas jurídicas-, y cuando se mantiene viva una empresa carente de actividad no será con finalidades benéficas o razonablemente buenas para la sociedad. Desde esa perspectiva, hay que mantener una posición siempre
preventiva con respecto al mantenimiento de empresas carentes de actividad. Las propuestas del proyecto de ley nos parecen lo suficientemente coercitivas y eficientes como para que en el caso de empresas carentes de actividad que se mantengan vivas
para realizar actos que uno puede presumir -iuris tantum en este caso- que no son actividades que el ordenamiento jurídico considere legítimas o que van a ser manifiestamente ilegítimas, la Tesorería General de la Seguridad Social, de oficio,
tuviera legitimación para dejar sin efecto la inscripción de una empresa. En definitiva, anular la inscripción registral que mantenga esta empresa viva en el registro. Estas son las enmiendas concretas que mi grupo mantiene vivas.


Señor presidente, este es un proyecto de ley bienintencionado. Nosotros le vamos a dar un margen de confianza porque nos parece un bien objetivo y no discutible la necesidad de afloramiento de la economía irregular. Nos parece que tiene
deficiencias, preceptos que son manifiestamente mejorables, que ha habido un déficit, como en tantas otras leyes, de interlocución con otros grupos políticos. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: ... Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones', de
conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara). No... (Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones', de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara). Así, como se lo digo. Ha habido también un déficit de
interlocución con los interlocutores sociales. Si es menester que no consten en el 'Diario de Sesiones' expresiones que, siendo populares, son perfectamente comprensibles e identifican la naturaleza de las cosas -parafraseando a Lucrecio-
perfectamente, que se quiten, pero, señor presidente, de esta manera no se puede legislar. Una legislación de accesión, de acumulación de leyes una detrás de otra, sin tiempo para valorarla, no negociada con nadie, en donde se aprueban por la
mayoría absoluta que posee el Partido Popular, supone un principio de prostitución del procedimiento legislativo que la Constitución en el artículo 81 y siguientes prevé en relación con la actividad más noble que en este Parlamento se puede
configurar o articular, que es la actividad legislativa. Si vamos a seguir así toda la legislatura, y quedan tres años, si es que la legislatura culmina su tiempo natural de duración, vamos a llegar a una situación... (La señora Álvarez-Arenas
Cisneros: ... Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara). Y otra vez he oído esta palabra. Pido que no conste en el 'Diario de Sesiones'. Vamos a llegar a una situación en donde
la capacidad de interpretar el ordenamiento jurídico por los interlocutores llamados a su aplicación, que no somos nosotros, son los jueces, es la Administración, es la Inspección de Trabajo y son los interlocutores sociales mediante su carácter en
derecho laboral de complementación de la legislación laboral a través de la negociación...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego que concluya, lleva diecisiete minutos.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente.


... a través de la negociación colectiva y los convenios colectivos. Si seguimos actuando de esta manera, vamos a configurar un ordenamiento jurídico de accesión, de aluvión, ininterpretable, incoherente,

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con una falta de consistencia sistemática en sí mismo, que nos va a llevar a una situación, como comentábamos esta mañana en otros debates, de nihilismo filosófico. Y cuidado con el nihilismo, porque tiene dos manifestaciones. Tiene una
manifestación de derechas, y lo comentábamos con relación a los desahucios esta mañana. La manifestación del nihilismo y del desapego y desafecto a los partidos políticos y a las instituciones puede ser de derechas. Son aquellos que dicen que no
hay dinero para los desahuciados pero sí hay dinero para los extranjeros, determinadas etnias y para las familias conflictivas. Y hay también un nihilismo de izquierdas, que dice que los partidos no servimos para nada. De la concentración o
integración de ambos...


El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor Olabarría. Entiendo que es interesante el debate, pero...


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sé que está usted de acuerdo conmigo. (El señor Coscubiela Conesa: No sé, no sé.-Risas).


El señor PRESIDENTE: Tendríamos que debatirlo. Estaría encantado de hacerlo en cualquier foro, pero ahora mi cargo me lo impide.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Si quiere lo debatimos en público, porque en privado lo hemos debatido hasta la saciedad.


Del nihilismo deriva la desafectación al sistema democrático, y la desafectación al sistema democrático solo la están provocando los que imponen sus leyes, sus normas, sus principios y sus fundamentos ontológicos sin contar con todos los
demás. Así es imposible acabar razonablemente una legislatura, en una situación de recesión económica y de crisis. Así, señor presidente, si me permite acabar con esta reflexión, no vamos a ninguna parte.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su intervención. Por supuesto, creo que no deben constar las expresiones que, aunque estén en el diccionario, no son usuales. Todos tenemos capacidad de emplear sinónimos para sustituir esas
palabras tan populares, por tanto, es mejor que desaparezcan.


A continuación, por Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En el debate de las enmiendas a la totalidad de este proyecto de ley Convergència i Unió ya tuvo ocasión de fijar cuál era la posición de fondo sobre el mismo. Cualquier medida que tendiese a reforzar las
capacidades legales e instrumentales de la Inspección de Trabajo para combatir el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social merecían nuestro apoyo. Por tanto, no presentamos enmienda a la totalidad, como otros grupos sí hicieron.


Al mismo tiempo -y ahí discrepamos de los portavoces que hasta ahora han intervenido, al menos de la mayoría de ellos-, entendemos que un abordaje a fondo de los problemas del empleo irregular, del fraude en la Seguridad Social, exigía que,
en la línea de las legislaciones y de las políticas que se vienen desarrollando en los países más avanzados de nuestro entorno, en algunos sectores de actividad donde tenemos identificada la existencia de empleo irregular y necesidades de familias y
personas que están siendo resueltas a través de empleo de estas características, se diesen también las condiciones legales, administrativas y fiscales que permitieran hacer emerger ese empleo. Esa es la tesis de fondo que discrepaba, por ejemplo,
de la filosofía que mantuvo una proposición de ley que fue impulsada en esta Cámara hace ya unas cuantas legislaturas por Izquierda Unida en relación con la regulación de la subcontratación en el sector de la construcción. Hubo una legislación,
orientada precisamente en la filosofía de algunas de las enmiendas que han defendido algunos grupos en el trámite de este proyecto de ley, que tuvo una capacidad muy escasa para combatir el problema del abuso de la subcontratación en el sector de la
construcción. Ahí, en esas visiones, nos mantenemos escépticos, donde desde la dificultad en la operativa normal del mercado se pretende impedir esos abusos. Seguramente los abusos deben de combatirse con una mayor eficacia en la actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como con aquellos mecanismos que permitan facilitar en el campo de los servicios a las personas el empleo que existe y que responde a necesidades efectivas de las familias. Al mismo tiempo entendemos,
por ejemplo, que todo aquello que facilite la compatibilidad de prestaciones de carácter asistencial con el empleo remunerado también ayuda a facilitar la presencia en la economía formal de actividades que hoy se están desarrollando en el ámbito de
la economía informal. Esa no era la orientación de ese proyecto de ley; de ahí que mantuviéramos esa tesis en ese debate a la totalidad y hemos defendido algunas enmiendas parciales que van en esa misma dirección.

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Si me lo permite, señor presidente, hecha esta consideración de carácter general, hago un repaso muy sucinto de las enmiendas que en concreto hemos presentado al proyecto de ley. La primera es la enmienda 68, que pretende establecer,
manteniendo el principio de responsabilidad del empresario principal que contrate o subcontrate, una tesis que nos parece fundamental: si el empresario principal tiene responsabilidades con respecto a la situación en materia de Seguridad Social de
las empresas subcontratadas, demos a ese empresario principal capacidad para conocer cuál es el estado efectivo de esas empresas desde ese punto de vista. En este sentido mi grupo agradece que se haya transaccionado una parte de esta enmienda, en
concreto aquella que dicta un mandato al Gobierno para establecer por la vía reglamentaria el mecanismo que garantice el acceso telemático a la información correspondiente al pago de las obligaciones referidas a la Seguridad Social. Entendemos que
la puesta en marcha de este mecanismo de acceso telemático va en la línea de permitir conocer a ese empresario principal que tiene responsabilidades si con quien está operando efectivamente responde a los requerimientos que las leyes exigen. En esa
misma enmienda 68 mantenemos una discrepancia sobre ese aumento del periodo de duración de la responsabilidad del empresario principal -éramos partidarios de reducir el periodo a dos años- y establecemos asimismo la obligación de notificar por parte
de la Seguridad Social o de los trabajadores las situaciones de las empresas subcontratadas. Estas dos últimas partes de nuestra enmienda no han sido aceptadas, pero valoramos significativamente la importancia de este mandato reglamentario y
esperamos que el Gobierno sea capaz de desarrollarlos.


Las enmiendas 69 y 70 pretendían precisamente introducir mecanismos que flexibilizasen la capitalización de la prestación por desempleo. En la actual regulación de esta capitalización por desempleo se continúan produciendo situaciones que
dificultan la incorporación al mercado de trabajo a personas que quizás hoy pudieran hacerlo y a menudo continúan situándose en la economía irregular, en la economía sumergida.


La enmienda 71 también ha sido objeto de transacción, en la medida en que establece la excepción que en materia de protección de datos se exige para que la Inspección de Trabajo pueda recabar directamente la información correspondiente a los
ciudadanos, excepción que debe establecerse por ley. Y así lo hacemos con la transacción incorporada en la enmienda número 71.


En las enmiendas 72 y 73 se recogen algunas de las demandas que nos han planteado las asociaciones del ámbito de la discapacidad, en concreto el Cermi, en la línea de aumentar la tipificación del incumplimiento de la obligación legal de la
cuota de reserva para personas con discapacidad. Ahí se ha alcanzado un acuerdo, que va en la línea de que cuando esta infracción se produzca de manera reiterada se tipifique con su máxima gravedad. Nos parece que no es aquello que planteaban
nuestras enmiendas, que pretendían que fuese muy grave esa infracción, pero es un paso en la dirección de considerar que el incumplimiento de la cuota de reserva en materia de personas con discapacidad debe situarse en la visión que tengan las
empresas como una falta grave; que no sea simplemente el incumplimiento de una obligación que existe desde el año 1982 y de cuyo incumplimiento no se derivan consecuencias. En términos de la creación de empleo para las personas con discapacidad
nos parece fundamental avanzar en esta línea.


La enmienda 75 y otras enmiendas que van en esta misma dirección, como la 76 -también han sido objeto de transacción con otros grupos y con el Grupo Popular-, pretenden que cualquiera de las propuestas sancionadoras de la Inspección sea
motivada. En el debate de ponencia tuvimos una discusión sobre si las consideraciones sobre las normas de procedimiento administrativo ya implicaban que necesariamente cualquier decisión de la Administración, en este caso de la Inspección, fuese
motivada, pero nos ha parecido importante que constase expresamente de esa manera en la legislación para garantizar a quienes se vean afectados por estas decisiones los correspondientes derechos de recurso que se deriven.


La enmienda 77 también respondía, junto con la enmienda 78, a propuestas que nos habían llegado del ámbito de la discapacidad. La 77 hace referencia a la necesidad de que la contratación pública tuviese en cuenta el cumplimiento de la cuota
de reserva por parte de las empresas que participasen en concursos públicos. A nuestro entender, aquellas empresas que no cumplan con la cuota de reserva no podrían participar en la contratación pública. Y, al mismo tiempo, hay una consideración
de carácter similar, que afectaba a una modificación de la Ley General de Subvenciones, para garantizar que las empresas que reciban subvenciones públicas cumplan con la cuota de reserva. Insisto en esa pretensión de que esa obligación legal tenga
de verdad un impacto en el comportamiento de nuestro tejido empresarial.

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La enmienda 79 era muy técnica, pero pretendía dar mayores instrumentos a la Inspección de Trabajo para combatir el empleo irregular en las campañas de trabajadores temporeros agrícolas, donde la actual regulación permite que continúe
utilizándose mano de obra en situación irregular en las campañas agrarias. La enmienda 80, a nuestro entender, era una enmienda importante, porque mandataba al Gobierno elaborar, en un plazo corto de tiempo, un proyecto de ley que permitiese la
emergencia de ese empleo que se produce en el sector de servicios a las personas -ayudas a familiares dependientes, cuidados de la casa, profesores de repaso, reparaciones informáticas, etcétera-; un conjunto de actividades que hoy, con un
tratamiento administrativo distinto, con unos costes fiscales distintos, podría hacer emerger cientos de miles de puestos de trabajo, tal y como ha sucedido en el resto de Europa, y convertirse también en instrumento de lucha contra la economía
irregular, la economía sumergida.


Las enmiendas 81, 82 y 83 también introducían mandatos al Gobierno, que iban en la línea de algunas consideraciones que hemos defendido en la reforma laboral y que no fueron aceptadas. Específicamente en la enmienda 83 introducíamos que los
recursos obtenidos por las sanciones impuestas en esta materia debieran dedicarse a las políticas activas de empleo, un mandato específico en este sentido. La enmienda 84 para nosotros también era importante porque permitía romper con una decisión
que el Gobierno impulsó hace algunos meses, cual es la separación de las bonificaciones a la contratación indefinida, y singularmente a la contratación de mayores de cuarenta y cinco años, que ha tenido carácter retroactivo, que implica un aumento
de los costes para muchísimas pequeñas y medianas empresas que optaron por contratar personas mayores de cuarenta y cinco años en base a unas determinadas previsiones del coste de este puesto de trabajo y que ahora, de manera sorpresiva, se ven
obligadas a incrementar los costes que supone ese puesto de trabajo, con las consecuencias de riesgo que implica, de destrucción de empleo, esa medida que el Gobierno ha tomado y que, por tanto, va en contra de la dirección de hacer emerger empleo
sumergido.


La enmienda 85 también ha sido objeto de transacción con el Grupo Popular, en la medida en que aumenta el plazo que tiene la Inspección de Trabajo en sus actuaciones comprobatorias en materia de lucha contra la inmigración irregular, en
concreto de la contratación de inmigrantes en situación irregular. Nos parece que ahí reforzamos la capacidad de la Inspección de Trabajo para luchar en un ámbito que sabemos que es crítico en esta materia. La enmienda 86 va en la línea también de
flexibilizar las prestaciones por desempleo. Finalmente, la última enmienda, la enmienda 87, efectivamente no es una enmienda vinculada estrictamente al objeto de este proyecto de ley, pero nos permitía abrir un debate que nos parecía también
fundamental en materia de empleo para gente joven, cual es modificar la regulación existente de las prácticas no laborales para permitir que aquellas empresas que desarrollen este tipo de prácticas no laborales, a través de programas de formación no
financiados por el sector público, los puedan desarrollar. Hoy se están perdiendo miles de oportunidades de generar prácticas no laborales para jóvenes por esa ausencia de previsión en nuestro marco legal de que puedan utilizar esta fórmula las
empresas que están consiguiendo financiación de otras empresas para desarrollar programas de formación. En definitiva, termino, señor presidente, un conjunto de enmiendas amplio que abarcaba diversas cuestiones. Mi grupo ahí sí quiere valorar el
esfuerzo que se ha hecho desde el grupo de la mayoría para alcanzar estas transacciones que he contado, por las que doy por retiradas las enmiendas que figuran en la documentación que la portavoz del Grupo Popular ha distribuido a lo largo de este
día. Eso sí, respecto de la objeción de fondo que planteábamos en el debate de totalidad, que junto con estas medidas se necesitan otras medidas para hacer emerger el empleo sumergido existente, el empleo irregular existente, no se producen avances
en esta dirección y eso, señorías, no va a permitir que Convergència i Unió pueda votar favorablemente el proyecto de ley y vamos a optar por una abstención en relación al dictamen final que vote esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Magdalena Valerio.


La señora VALERIO CORDERO: Cuando se produjo el debate de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de La Izquierda Plural en el Pleno del día 22 de octubre, el mensaje de mi grupo quedó meridianamente claro. Estamos, por
supuesto, de acuerdo en luchar contra el empleo sumergido y el fraude a la Seguridad Social, pero ya manifestamos que el proyecto que el Gobierno nos traía a esta Cámara para ser debatido y aprobado nos parecía vacío de contenido, aunque viniese
desde luego envuelto en un título que queda francamente bien: proyecto de lucha contra el empleo sumergido y el fraude a la Seguridad Social. Ya le dijimos a la ministra que nos parecía que este proyecto era mucho

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ruido y pocas nueces, un título muy potente pero un contenido muy endeble. Por cierto, nos alegramos de que nos hayan admitido la enmienda 88, porque nos pareció raro que en la exposición de motivos incluso hubiesen acuñado un término
distinto al de Estado social y democrático de derecho, que pensamos que es un término muy importante, que está además recogido en la Constitución española y no venía muy bien a cuento el modificar en la exposición de motivos esta manera de denominar
a nuestro sistema político y jurídico.


Además, este proyecto ha llegado a esta Cámara sin haberse realizado una evaluación previa de cómo estaban funcionando todas las medidas previstas en el Real Decreto-ley de 5 de abril del año 2011 y de toda una serie de instrumentos puestos
al servicio de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, como el observatorio, los planes integrados de la Inspección de Trabajo, etcétera. A nuestro grupo no le gusta esta manera de legislar porque no nos parece seria.
No obstante y en aras a poner de nuestra parte todo lo que podemos y debemos para luchar contra esta auténtica lacra social y económica que es el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, no presentamos enmienda a la totalidad, pero sí
elaboramos veintiséis enmiendas al articulado con el propósito de corregir las muchas deficiencias que, a nuestro juicio, tenía el proyecto que el Gobierno nos trajo a esta Cámara; deficiencias tanto desde el punto de vista de fondo, jurídicas,
incluso de visión política de una serie de temas que luego referiré, como deficiencias técnicas que tiene este proyecto. Aunque recuerdo que la ministra en este debate dijo, y lo voy a repetir textualmente: Es sin duda un texto de gran valor y
rigor técnico. Luego pondré algún ejemplo por el que nuestro grupo no está muy de acuerdo con esta opinión de la ministra. Pero es que, además, tenemos muy claro que el Grupo Parlamentario Popular ha reconocido que no era del todo cierto lo que
decía la ministra, porque, utilizando algunas de nuestras enmiendas -unas totalmente, otras en el espíritu, otras que nos decían que las habían incluido en las transaccionales y cuando hemos estudiado más en profundidad las doce transaccionales que
han presentado no hemos visto por ningún lado el espíritu de nuestras enmiendas y, por lo tanto, las mantendremos vivas como luego referiré-, lo que han hecho es que se han autoenmendado y nos han planteado doce transaccionales que cuando se
profundiza en ellas, en algunos aspectos es como si se estuviese viendo otro proyecto de ley distinto al que ustedes inicialmente trajeron a esta Cámara. Han aprovechado para corregir algunas deficiencias, pero también para incluir algún dislate
jurídico. Les voy a referir uno concreto que me ha parecido muy llamativo. Por ejemplo, introducen un apartado 14 del artículo 22 del texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones del orden social, y lo que hacen es cargarle al empresario
una obligación de control que le corresponde a la gestión de la propia Seguridad Social, cuando dicen: Se considera infracción grave el dar ocupación, habiendo comunicado el alta a la Seguridad Social, a trabajadores socilitantes o beneficiarios de
pensiones u otras prestaciones periódicas de Seguridad Social cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena. No hemos podido pedir la supresión de este apartado sencillamente porque no estamos en fase de enmiendas, pero nos parece
que es cargar al empresario con una obligación de control que le corresponde a la gestión de la Seguridad Social.


Por otro lado, tengo que reconocer que hemos tenido varias reuniones en la ponencia y que la portavoz del Partido Popular en la Comisión, la señora Álvarez-Arenas, ponente de este proyecto, ha mostrado interés en intentar llegar a un acuerdo
en relación a todas estas transaccionales, si bien el resultado final no ha sido tan satisfactorio como nuestro grupo hubiese deseado. El proyecto que se está debatiendo, aunque se ha introducido alguna mejora en el mismo, no tenemos la garantía al
cien por cien de que vaya a ser un instrumento eficaz para mejorar la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. La intención de nuestro grupo, no obstante, siempre ha sido la de dotar de contenido un proyecto que nos ha
parecido muy flojo desde el primer momento y también intentar arreglar algunos fallos técnicos del mismo que son evidentes a primera vista. Voy a empezar por el fondo del asunto. Con relación al fondo, voy a referirme a continuación a una serie de
enmiendas, la inmensa mayoría de las cuales no han sido tenidas en cuenta por el Grupo Popular y que vamos a defender en esta Comisión porque nos parece que son esenciales. Concretamente, la lucha contra el empleo irregular exige también responder
a regulaciones como la relativa a la subcontratación y al trabajo a tiempo parcial, de forma que estas figuras no se conviertan en un reducto propicio para el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, sobre todo como consecuencia de la
reforma laboral que ha flexibilizado mucho tanto la figura del contrato a tiempo parcial como todo lo relativo a los expedientes de regulación de empleo en general. En especial nos preocupa -como ahora pondré de manifiesto- todo lo relativo a los
expedientes de regulación de empleo, de suspensión de contrato y también los de reducción de jornada.

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Con relación a la subcontratación, estamos de acuerdo en que es una figura que debe ser utilizada, pero siempre con garantía de cumplimiento de la normativa por la empresa que se beneficia del modelo económico de la subcontratación. Por
ello se propone modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores más allá de lo previsto en el proyecto de ley. Nuestra modificación otorga seguridad jurídica al tracto empresarial y así mantiene la obligación del empresario principal de
comprobar antes de su inicio que la contrata o subcontrata se encuentra al corriente del pago de las cuotas de Seguridad Social como requisito para poder celebrar el contrato mercantil que sustenta dicha contrata o subcontrata. Además, el
empresario principal también deberá responder de las deudas contraídas durante la contrata tanto de Seguridad Social como de naturaleza salarial, poniendo a su disposición por seguridad jurídica los medios, incluidos los telemáticos, que le permitan
tener conocimiento en todo momento de la situación obligacional por la cual él también va a responder. Asimismo, hacemos una equiparación garantista entre las obligaciones salariales y las obligaciones de Seguridad Social por considerar que ambas
merecen la misma protección y de las que se tiene que responder hasta cuatro años después de concluida la vigencia de la contrata o subcontrata. Me estoy refiriendo concretamente a aspectos que hemos tratado en las enmiendas 89, 95 y 104. Por lo
que se refiere al contrato a tiempo parcial y todo lo que he comentado anteriormente relativo a los expedientes de regulación de empleo, de suspensión de contrato y de reducción de jornada, partiendo de que dicho contrato responde a unas necesidades
empresariales y de determinados colectivos de trabajadores, esto no ha evitado -y creemos que con la reforma laboral aún se va a propiciar más- que esta modalidad contractual se pueda convertir en un refugio de empleo sumergido. Con nuestras
enmiendas 90, 93 y 96 -la 93 ha sido transada y por lo tanto la retiraremos- pretendemos combatir la irregularidad que supone mantener a los trabajadores dados de alta en una jornada inferior a la ordinaria realmente realizada, con claro perjuicio
de la carrera de seguro de cotización del trabajador y contra los ingresos de la Seguridad Social, circunstancia que también obliga a una respuesta más contundente en la tipificación de la infracción y de la sanción que se corresponde con esta
reforma laboral, como he dicho, que flexibiliza tanto que luego hay que extremar los mecanismos de control precisamente para contrarrestar esa mayor flexibilidad.


Por otro lado, también queremos tener en cuenta cómo dicha conducta fraudulenta tiene un especial reflejo en los expedientes de regulación de empleo, de suspensión o de reducción de jornada, en los que también se exige que se comunique a la
entidad gestora de las prestaciones de desempleo las variaciones que se originen sobre el calendario inicialmente previsto o el detalle horario. Porque si analizamos un poco los datos relativos a los expedientes de regulación de empleo hoy por hoy,
comparando los datos de enero a agosto del año 2011 con los de enero a agosto del año 2012 vemos que los expedientes de regulación de empleo en general se han incrementado muchísimo, de 12.965 a 22.007, pero sobre todo los de reducción de jornada,
que han pasado de 4.201 a 8.238 y los de suspensión de contrato de 6.117 a 10.250. Son unos incrementos dignos de ser tenidos en cuenta para extremar las cautelas. En este sentido, y por lo que se refiere también a la prestación de desempleo,
merece especial mención nuestra enmienda 98 que se dirige a evitar la equiparación que introduce el proyecto de ley entre la persona que ya está defraudando por compatibilizar la prestación de desempleo con una actividad retribuida y aquella otra
que, a pesar de estar trabajando, solicita la prestación, exigiéndole a esta última que comunique su relación laboral a la entidad gestora, y solo si no lo hace se estima que nos encontramos ante la misma conducta defraudadora.


También quiero mencionar algo sobre lo que se ha llegado a una transaccional. Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la obligación legal de reserva de puesto de trabajo a personas con discapacidad, planteamos la enmienda 101, que
vamos a retirar también porque ha sido transada. Proponemos que, en vez de elevar la sanción -como algún grupo planteaba- de grave a muy grave por no cumplir con esta obligación legal, se imponga la sanción grave, sobre todo cuando de manera
reiterada se incumpla esta obligación; que se imponga la sanción grave en su grado máximo, sin perjuicio de las reglas de reincidencia. Esto nos parece que ha quedado bastante bien en el proyecto. En relación con esta parte tan sustancial del
proyecto, es conveniente subrayar también que nuestras enmiendas, en general, persiguen garantizar el principio de proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones. También hemos planteado mejorar todos los instrumentos puestos en manos de
la Inspección para garantizar la persecución de las conductas fraudulentas, distinguiendo, entre otros aspectos, entre la mera dilación y la obstrucción de la labor inspectora, y que no se considere interrumpida la actuación inspectora cuando se
realicen actos que requieran la colaboración de otros organismos previstos en la ley, concretamente en la enmienda 94.

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Por otro lado, es tan flojo el proyecto que nos ha parecido curioso que no detecte y, por lo tanto, no regule otra línea de fraude evidente que se está produciendo en la realidad, y es la existencia de un fraude a la Seguridad Social por
parte de ciertas empresas que ante la falta de controles, han utilizado el procedimiento de reducir las cuotas e ingresar contabilizando el pago de prestaciones de incapacidad transitoria que no habían realizado o incluso por personas que no eran
trabajadores suyos o que aun siéndolo, no estuvieran dados de bajos o, finalmente, en algunos casos se alargan fraudulentamente los días de duración de las bajas. Así que con nuestras enmiendas 91 y 97 hemos intentado resolver esta laguna del
proyecto, pero no ha sido tenido en cuenta en las transaccionales.


Quiero también referirme a otras cuatro cuestiones que consideramos que son indicativas de la falta de reflexión con la que ha actuado el Gobierno a la hora de elaborar este proyecto de ley. La primera, que nos parece muy grave, a la par
que deficiente, que se planteen algunas sanciones en el texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones del orden social a conductas que previamente no se han regulado como obligaciones en el derecho sustantivo; para poder sancionar, primero
tienes que obligar. Hemos intentado resolverlo, creo que con escaso éxito, con algunas de nuestras enmiendas. No me voy a extender en todas pero sí que voy a poner como ejemplo algunas de ellas, concretamente las enmiendas 90 y 93. En al artículo
22.13 de la LISO se considera infracción grave que el empresario no comunique a la entidad gestora de la prestación por desempleo, con antelación a que se produzcan las variaciones que se originen sobre el calendario inicialmente dispuesto, en
relación con la concreción e individualización por el trabajador de los días de suspensión o reducción de jornada, así como en este último caso el horario de trabajo afectado por la reducción. Esto no lo han incluido ustedes, un trocito solo en la
transaccional. Pues bien, ¿en qué lugar del derecho sustantivo está esta obligación? Por ello, hemos planteado en nuestra enmienda 90 añadir un nuevo apartado, 5, al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y en la enmienda 93 añadir una letra
h) al artículo 230 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en el mismo sentido.


En segundo lugar, es increíble, a la par que poco serio y riguroso, que ustedes utilicen una enmienda a este proyecto, la número 65, que ha sido incluida en el dictamen de la ponencia y que pretende poner un parche al desaguisado que tienen
ustedes organizado como consecuencia de la supresión de las bonificaciones que se introdujeron en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Se cargaron, por ejemplo, la de mantenimiento de empleo para mayores de sesenta años y ahora quieren
modificar la jubilación anticipada; luego, por otro lado, también han metido alguna enmienda al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para recuperar alguna y ahora aquí intentan con la enmienda 65 incluir bonificaciones que se han
debido dar cuenta que no estaban bien eliminadas o suprimidas, como la promoción de empleo de las personas con discapacidad y para las empresas de inserción. Es muy serio, el tema de las políticas activas de empleo es tan serio que lo que deberían
hacer ustedes, a nuestro juicio, es plantear un pacto serio con todo lo relativo a las bonificaciones y no ir dando palos de ciego según el momento y la situación concreta.


En tercer lugar, la decisión de modificar en el proyecto de ley diversos reglamentos, hasta cuatro: el de desarrollo de la Ley de infracciones y sanciones del orden social; el de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social; el de inscripción, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; e incluso el hipotecario. Nos parece, según ya se planteó en la ponencia, un ejemplo de malísima y heterodoxa práctica
jurídica que también implica algo más y es que, a nuestro juicio, se vulnera claramente el principio de división de poderes, legalizando materias que son competencia del Ejecutivo. Aunque han intentado corregir este error en la transaccional
décima, una transaccional nueva, creemos que sigue planteando problemas en cuanto a la congelación de la reserva de ley y también para su posterior aplicación por los juzgados y tribunales o incluso para su explicación en las universidades, como se
comentó también en la ponencia. Se les pidió en la ponencia que planteasen al Gobierno que rectificase y se eliminasen todas las referencias a reglamentos y se tramitasen los oportunos cambios, siguiendo el procedimiento habitual para los
reglamentos. Por lo que veo, han decidido que no. Nosotros no lo enmendamos -estuvimos planteándonos presentar una enmienda a toda esta parte para colaborar en la mejora del texto- pero por coherencia con los argumentos que estoy utilizando y que
hemos sopesado en el grupo, les anuncio que vamos a retirar nuestras enmiendas a los diversos reglamentos, es decir, las enmiendas 109, 110, 111 y 112.


En cuarto lugar, haré una mención a la evaluación, que ustedes han recogido en la transaccional 6. En ella, en parte han admitido nuestra enmienda 113. Nosotros pedíamos una evaluación semestral, ustedes han decidido que anual; nosotros
decíamos que una primera evaluación antes del 31 de diciembre del

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año 2013, ustedes han planteado que la primera evaluación se haga en los seis primeros meses del año 2014. Nos gustaba más nuestra enmienda pero, mostrando buena voluntad, vamos a votar a favor de esta transaccional porque creemos que
mejora el proyecto. Es esencial evaluar, y ya lo dice el CES en su informe que es bastante crítico con el hecho de que ustedes hayan traído a tramitar un proyecto de ley que no tiene la evaluación que estaba prevista en el real decreto-ley de abril
del año 2011. Ya sé que la portavoz del Grupo Popular me va a recordar que no ha habido tiempo, que faltaba no sé qué historia de un programa informático, lo sé. Se podía haber hecho lo del programa informático porque están ustedes ya próximos a
hacer un año de Gobierno. Por lo tanto, queremos que figure y que luego realmente se haga esta evaluación, porque si queremos ver si son eficientes y eficaces los instrumentos que estamos poniendo en marcha, la evaluación es fundamental.


Concluyo diciéndoles que vamos a retirar nuestras enmiendas 88, 93, 101, 108 y 113 por considerarlas incluidas en las transaccionales, en lo esencial -que a veces no literalmente- y la 109, 110, 111 y 112 porque afectan a reglamentos. Vamos
a mantener el resto de nuestras enmiendas y las doy todas ellas por defendidas porque algunas no las he mencionado. En relación con las transaccionales, vamos a votar a favor de la 5, de la 6 y de la primera parte de la 9 porque nos parece que
crear una unidad especial de colaboración y apoyo a los juzgados, tribunales y a la Fiscalía General en el seno de la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social es muy interesante. Vamos a pedir votación separada de las dos
partes de la transaccional 9; a esta primera parte votaremos a favor. Vamos a votar en contra de la 4, 7, 8, la segunda parte de la 9 y la 12. Nos abstendremos en la 1, 2 y 3. De todas maneras, aunque hay alguna transaccional a la que vamos a
votar en contra en su conjunto, nuestro grupo no tiene ningún problema en que mantengan esas transaccionales -algunas de ellas solo se refieren a nuestras enmiendas- porque creemos que, aunque parcialmente algunas cosas están en el espíritu, mejoran
en algunos aspectos el texto del proyecto de ley.


Este proyecto -ya para concluir- se debería haber debatido en el Pleno. Consideramos que la importancia de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular merece un debate en condiciones en el Pleno. A pesar de las
deficiencias del texto, el hecho de que hayan incluido algunas de las mejoras que hemos planteado y en aras a la buena voluntad, nuestro grupo también le va a dar un voto de confianza. No vamos a votar que sí, nos vamos a abstener. Lo que sí les
digo -ya se lo dije a la ministra- es que van a tener siempre nuestro apoyo para luchar contra esta lacra, pero también vamos a estar muy vigilantes porque no nos gustaron nada algunas de las cosas que dijo la ministra. Hizo mucho hincapié en
controlar las prestaciones por desempleo y arremetió mucho contra los desempleados. No queremos que defrauden pero tampoco queremos que se use una doble vara de medir, que no se sea muy duro con los débiles y, desde luego, muy flexible y tolerante
con los poderosos; que se controle a los que cobran indebidamente prestaciones de desempleo pero también a las empresas ficticias, a las grandes tramas de fraude a la Seguridad Social, que son las que porcentualmente están haciendo un daño tremendo
a las arcas públicas y a los trabajadores de nuestro país. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señora Valerio, simplemente quiero hacer una aclaración. Agradezco mucho la voluntad política que acaba de exponer en relación con el tema de las enmiendas transaccionales, pero quiero recordar a la Comisión que el
trato que se les da no es igual en Comisión que en Pleno. En la Comisión no hace falta la retirada de las enmiendas formuladas para que se pueda debatir y aprobar o no una enmienda transaccional. Por tanto, agradezco mucho esa intención, pero
quiero que sepan todos ustedes -y mi obligación es recordárselo- que una cosa es cómo funciona esta cuestión en Pleno -donde sí es necesaria la anuencia de todos los grupos para que se pueda verificar el debate de una transaccional si no se han
retirado las enmiendas previamente, que hay que retirarlas- y cómo funciona en Comisión. Aquí no hace falta que se retiren ni hace falta que haya aprobación de todos los grupos parlamentarios.


Dicho esto, para concluir el trámite de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, doña Carmen Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señorías, mis primeras palabras van a ser para agradecer a todos los grupos el trabajo en esta ponencia, su colaboración mediante la presentación de las ciento doce enmiendas y el diálogo que se ha podido
mantener para llegar al debate de un proyecto de ley tan importante como el relacionado con la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.


Empiezo ya por contestar a algunas de las manifestaciones que ha hecho el señor Olabarría. Creo sinceramente que hemos tenido las reuniones de la ponencia que ha decidido la Comisión cuando nombró

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a los ponentes. Ha habido disposición para tener las sesiones que hicieran falta. Si no se han tenido más, es porque no se han pedido, ya que las cosas quedaron suficientemente claras. Eso no significa que haya una imposición, sino
simplemente que en democracia las cuestiones se debaten y después se votan en función de lo que los ciudadanos han decidido. En el grupo mayoritario no aceptamos para nada que se nos diga que se ha impuesto algo y que no ha habido tiempo. Hemos
tenido sesiones en las que algunos miembros de la ponencia con toda legitimidad han tenido que ausentarse o tenían prisa por salir, pero nuestra disposición ha sido la de utilizar todo el tiempo necesario para aclarar suficientemente los trabajos de
la ponencia. En cuanto al diálogo, ha habido diálogo con los grupos sociales -lo dijo la ministra y lo dije yo también en el Pleno cuando se debatieron las enmiendas a la totalidad- y ha habido diálogo con los actores más importantes de este tema.
Ha tenido participación todo el cuerpo de inspectores y subinspectores y personal de la Seguridad Social, que son los que verdaderamente conocen el tema y a los que les va a afectar la utilización de este proyecto de ley. Por tanto, doy por
contestadas las manifestaciones del señor Olabarría en este aspecto.


Antes de que se me pase, voy a aclarar algo que me ha preocupado de la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista referido a los reglamentos. Ha parecido que dejaba en el aire que había una situación de mala práctica
jurídica. Desde nuestro grupo entendemos que, efectivamente, no es una práctica habitual la inclusión de modificación de reglamentos en un proyecto de ley, pero se ha dado y hay legislación en ese sentido. Se han aprobado proyectos de ley en los
que se modifican preceptos reglamentarios. Es verdad que podría haber una congelación de rango -así lo advirtió el letrado-, puesto que a partir de ese momento podríamos tener que modificar cualquiera de esos reglamentos por vía de ley, puesto que
estaban incluidos en una ley, y yo creo que con buen criterio se ha planteado la enmienda 12 -no la 10, señora Valerio-, que introduce una salvedad jurídica para que los reglamentos puedan ser modificados por reglamento y no tengan que serlo por
ley. Por tanto, acabamos con el problema de congelación de rango. Es importante tener en cuenta la voluntad del Gobierno y del grupo que apoya al Gobierno de que el cuerpo completo de este proyecto de ley entre en vigor en un mismo espacio
temporal sin que haya que tramitar unos reglamentos que tendrían que haber ido por consulta al Consejo de Estado y, por tanto, pasaría mucho tiempo y una parte de la ley podría entrar en vigor y otra no. De ahí esa decisión. Insisto en que es una
situación que ya se ha dado desde el punto de vista legislativo y, además, queda perfectamente salvaguardada la congelación de rango mediante la enmienda transaccional 12. Dichas estas cuestiones, que me parecían de fondo pero muy importantes,
señor presidente, voy a pasar al aspecto concreto de la ley.


Señorías, el éxito en la lucha contra el fraude en el empleo y a la Seguridad Social beneficia a todos ya que esta práctica, sin lugar a dudas, merma los derechos de los trabajadores, como primera cuestión, permite, además, una competencia
desleal entre empresas y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Creo que estos son los tres grandes enunciados. Los derechos de los trabajadores, la competencia desleal y el mantenimiento de la sostenibilidad
básicamente del sistema público de la Seguridad Social, porque se está defraudando algo que luego tiene que ser utilizado para algo tan importante como las pensiones. Señorías, el plan de lucha contra el fraude está dando, desde luego, sus frutos.
Yo les voy a dar algunos datos, porque creo que son importantes cuando se habla de estas cuestiones. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado, desde enero a octubre de este año, un total de 182.000 inspecciones; de ellas, 17.000
corresponden a actuaciones inspectoras en materia de prestaciones por desempleo, y se han detectado 5.258 infracciones de empresarios, señora Valerio, por dar ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo, lo que supone un incremento del
32%. El número de trabajadores que han compatibilizado indebidamente las prestaciones con el trabajo es de 7.740, lo que supone un incremento del 50% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Respecto a las empresas ficticias -que aquí
también se ha hablado y que, desde luego, este proyecto de ley lucha claramente contra ellas; lo dijo la ministra en el Pleno y lo reiteramos desde nuestro grupo-, de estas empresas ficticias, empresas sin actividad real que se constituyen con el
único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones -yo decía empresas fantasmas- se han realizado 16.254 inspecciones, frente a 8.900 que se habían realizado el año anterior. El número de infracciones detectadas en este sentido ascendió a
1.174, lo que supone un incremento de 443% frente al mismo periodo de 2011. De ahí, se puede comprobar también la eficiencia de este nuevo plan de lucha que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular. El número de altas ficticias
anuladas, es decir, los contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones han sido de 20.051, es decir, un 55,19% más respecto a octubre del pasado año.

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Yo creo que estas cifras demuestran, señorías, que el plan de lucha ha sido positivo pero que, sin duda, este plan necesita del refuerzo de este texto normativo que hoy estamos debatiendo en esta Comisión. Por lo tanto, la prioridad de este
texto es luchar contra comportamientos fraudulentos que atentan, como he dicho, contra los derechos de los trabajadores y contra la competitividad de nuestras empresas que sí que cumplen con sus obligaciones legales. El texto legal impulsa el
afloramiento de la economía sumergida, quiere combatir los supuestos de aplicación y obtenciones indebidas de bonificaciones, reducciones, en las cotizaciones a la Seguridad Social, lucha contra la obtención y el disfrute en fraude de ley de las
prestaciones, particularmente en aquellos supuestos en que se constituyen empresas ficticias creadas con la única finalidad de defraudar a la Seguridad Social -y lo vuelvo a insistir-, empresas ficticias, lo que llamamos empresas fantasma.
Señorías, no pueden decir que hay un déficit de lucha contra estos principios, ni que la ley está inclinada a favor de los más poderosos y en contra de los más débiles, no es verdad; se lucha en su conjunto contra algo que nos parece una clara
injusticia social venga de donde venga, porque está perjudicando al conjunto de las personas que trabajan en la economía real. También este proyecto de ley persigue aflorar posibles situaciones fraudulentas en el acceso y percepciones de
prestaciones del sistema de Seguridad Social y, principalmente, en casos de falta de alta. Quiero reiterarlo porque también se ha dicho aquí en alguna de las enmiendas -y ahora me referiré a ello-, insisto en caso de faltas de altas o de carencia
de la totalidad de las horas computadas en el alta de la Seguridad Social que prestan los servicios en las empresas.


Señorías, de esta tramitación parlamentaria -y creo que es importante que lo resaltemos- ha habido ciento doce enmiendas parciales. El Grupo Popular ha presentado diez enmiendas, cinco han sido incorporadas directamente al informe de la
ponencia, las que van de la 63 a la 67, y cinco del Grupo Popular han quedado vivas sobre las que además se han construido parte de las transaccionales, que son hasta doce, que presentamos a la aprobación de esta Comisión. Esas doce enmiendas
transaccionales, a nuestro juicio, incorporan de una manera directa o indirecta en su totalidad o en su espíritu lo que se quería mejorar a través de hasta cuarenta y dos enmiendas -es difícil acompasar tantas-, treinta y siete de otros grupos, más
las cinco propias que quedaban vivas del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto -insisto-, nuestra primera consideración es agradecer a los grupos sus aportaciones y la mejora que sin duda ha supuesto esta negociación, estos acuerdos, estas
enmiendas, al propio texto que trajo el Gobierno a esta Cámara.


Señorías, el proyecto de ley en sus primeros cuatro artículos trata de propiciar la lucha contra el fraude y para ello lo aplica a la Ley de la Seguridad Social, a la Lisos, a la Ley de Infracciones, a la Ley de la Inspección de Trabajo y a
la Ley General de la Seguridad Social. Esas cuatro modificaciones son las esencias para el tema de la lucha contra el fraude. Señorías, se ha hablado aquí de algunas cuestiones que me gustaría resaltar. No tengo mucho tiempo pero me gustaría
poder incidir en los aspectos más importantes que recoge esta ley. Se ha hablado aquí sobre el tema de discapacidad, que ha sido un asunto bastante consensuado, en el que hemos estado de acuerdo todos en que había que mejorar su forma de sanciones
-porque además así nos lo habían pedido los colectivos- para impedir el fraude en este campo. Yo creo que ha sido recogido de una manera mucho más positiva de lo que venía en un principio en el proyecto de ley. Por tanto, en ese tema creo que
hemos tenido un gran consenso.


Se ha hablado mucho también por parte de La Izquierda Plural y del Grupo Socialista de mejorar en algún caso -según proponían ellos- el tema de la infracción por el exceso de horas cotizadas en algunos de los contratos. Señorías, aquí se ha
hablado inclusive varias veces de la reforma laboral y del contrato a tiempo parcial. Lo que no se puede pretender en esta ley, que lo que lucha es contra el fraude, es reiterar un debate que ya hemos tenido sobre el contrato a tiempo parcial -en
lo que podemos estar de acuerdo o no- que se recogía en la reforma laboral, no podemos ahora venir aquí a intentar modificar eso. Eso es una realidad y, además, la infracción en la Seguridad Social por cotizar cantidades inferiores a las horas
realmente trabajadas y superiores a la jornada que figuran en los contratos de trabajo -entre ellos entran los contratos a tiempo parcial- ya está recogida en el artículo 22.3 de la Lisos. Por tanto, entendemos que no había ninguna razón para
atender esta cuestión porque ya está claramente recogida. Ha habido algunas otras aclaraciones que han mejorado este tipo de infracciones en cuanto a horas no debidamente cotizadas, que sí quedan recogidas en el proyecto de ley actual.


Se ha hablado mucho -tanto por parte de La Izquierda Plural, como del señor Olabarría y creo que también por parte del señor Campuzano- en relación con el tema de la contratación y la subcontratación. Este es un tema verdaderamente medular
del proyecto de ley de lucha contra el fraude. Sin ningún lugar a dudas, señorías, aquí hemos mejorado sustancialmente cómo se puede atajar un problema que

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verdaderamente es complejo, pero que sin duda queda bastante mejorado en este proyecto de ley. Hemos ampliado el año que había anteriormente de responsabilidad solidaria de las empresas contratantes sobre las contratadas y subcontratadas a
tres años -tres años posteriormente pueden incurrir en responsabilidades solidarias-, y hemos incluido que no solamente sea la comprobación de cuando se contrata o se subcontrata, sino que además esa responsabilidad solidaria se extienda a todo el
periodo que dure la contratación o subcontratación. Por tanto, entendemos que ha quedado enormemente mejorado, además de la aportación de la enmienda 68 de Convergència i Unió, a la que ya se ha referido el señor Campuzano, en la que se habla de la
posibilidad de hacer reglamentariamente una accesibilidad de los empresarios al sistema informático para comprobar las altas en la Seguridad Social. Por tanto, señorías, es verdad que el tema de la cadena de contratación y subcontratación es
complejo, pero también es verdad que cualquier empresa -ya en el último extremo de una persona física-, aunque sea subcontratista, o subcontratista de subcontratistas, tiene la responsabilidad y está siempre pendiente la actuación de la Inspección
de Trabajo, no por eso van a salir indemnes de ello. Por lo tanto, es un tema que tiene un especial tratamiento en el cuerpo de la Inspección de Trabajo y que en este caso además se ve respaldado por las medidas que se aplican al contratista
prioritario, al contratista principal, que tendrá esa responsabilidad solidaria. Creo, insisto, que en un tema tan fundamental hemos dado un paso muy, muy importante.


Se ha hablado también, señorías -lo ha dicho el señor Olabarría- de que parecía que en algunos casos era más rentable la sanción que el cumplir con la ley. Eso desde luego ha quedado corregido en este proyecto de ley. En la enmienda
transaccional número 4 se recoge -no lo voy a reproducir por escasez de tiempo- en el artículo 46 y en el 46 bis; evidentemente se evita justamente que sea rentable incurrir en una sanción antes que no caer en fraude. Eso queda suficientemente
aclarado. Me gustaría resaltar también la unidad especial de colaboración que se establece al amparo de las enmiendas 6 a 14, que presentó también el PNV, que pedía esa unidad con la fiscalía. Yo creo que con la unidad especial de colaboración,
que se crea en el ámbito de la Inspección de Trabajo, queda cubierta esa colaboración con la fiscalía, con los tribunales y con los juzgados, señorías, hasta cubrir la totalidad de lo que puede ser la responsabilidad penal que, como saben sus
señorías, se ha ampliado en otro proyecto de ley que se ha visto en esta Cámara. Con lo cual, el tema del fraude, además de ser tratado por esta vía, también entra en el área del delito penal, y entendemos que esa unidad especial de colaboración
profesionalizada, conocedora de esta materia con la fiscalía, los tribunales y los juzgados para ampararles y apoyarles en el tema de los delitos penales, va a ser de una enorme utilidad, e insisto en que de alguna manera se recoge todo lo que
proponía el portavoz del PNV.


Hemos atendido también una cuestión que nos parece importante y que planteaba el Grupo Parlamentario Socialista como es la posibilidad de que se haga una evaluación. Por supuesto que es muy importante que se haga una evaluación. Nosotros
hemos entendido que las evaluaciones hay que hacerlas por anualidades completas para que sean rigurosas y funcionen mejor. Por eso, hemos presentado una enmienda en el sentido de que sea una evaluación anual, que es la enmienda número 6 -si no
recuerdo mal-, y proponemos que la primera evaluación se haga de todo el periodo 2013 y, por lo tanto, hay un compromiso de que se traiga esa primera evaluación antes de junio de 2014. Sí aclaramos que la evaluación va a ser anual no solamente para
evaluar el plan puntual, sino para evaluar la lucha contra el fraude continuadamente en función de la aplicación de este proyecto de ley.


Señorías, este es un proyecto de ley en el que al Grupo Parlamentario Popular nos gustaría contar con el consenso de todos los grupos parlamentarios, porque insistimos en que es una cuestión de justicia social y porque, más allá de matices,
creo que se recogen las aportaciones que han realizado todos los grupos parlamentarios de una manera u otra. Se ha hablado aquí también -y no quiero dejarlo sin tratar- del tema de la necesidad de mejorar la Inspección de Trabajo. Sin duda,
señorías, creo que todos ustedes a estas alturas conocen que justamente fuera de lo que es la congelación de la tasa de reposición han quedado el cuerpo de inspectores de trabajo y también los funcionarios adscritos a la lucha contra el fraude en el
tema de la Seguridad Social, con lo cual, sin lugar a dudas ese tema también queda salvado en algunas manifestaciones que ha hecho el representante de La Izquierda Plural.


Ya me he referido al principio de mi intervención a lo que ha dicho el representante señor Coscubiela en cuanto al tiempo que hemos dedicado en la ponencia. Insisto en que por nuestra parte ha sido todo el que se ha requerido por parte de
todos los grupos y hemos entendido que había sido suficiente porque nadie ha solicitado más tiempo ni más estudio. Pueden decir: es que no me han aprobado las enmiendas. Ahí estamos de acuerdo, este es justamente el juego parlamentario y
democrático, pero no que no le

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hayamos dedicado todo el tiempo que se nos ha requerido. Por otra parte, ha hablado el señor Coscubiela de por qué no se incluía también entre esos órganos que podrían colaborar o ser consultados el Registro Mercantil. Yo quiero decirle al
señor Coscubiela que el Registro Mercantil es público, por lo tanto, puede ser consultado por la Inspección de Trabajo cuando lo requiera o por cualquiera de los organismos, no tiene que ser un organismo colaborador porque el Registro Mercantil es
un registro público y, por lo tanto, siempre puede ser consultado a la hora de establecer cualquier mecanismo de lucha contra el fraude.


Por lo tanto, señorías, creo que hemos hecho un buen trabajo en esta Comisión, que vamos a ofrecerle a la sociedad un instrumento de justicia social, un instrumento de beneficios a efectos del mantenimiento del sistema público de la
Seguridad Social. Creo que ya el propio plan que aprobó el Gobierno en el mes de abril está dando sus frutos, pero que, sin duda, con el respaldo de esta normativa legal va a ser mucho más positivo, mucho más transparente y va a contener toda la
seguridad jurídica que todos consideramos importante para apoyar a todos, a la inmensa mayoría de los trabajadores, a la inmensa mayoría de los empresarios que en España están trabajando, cotizando y pagando sus impuestos de una manera clara y
transparente. Porque también es necesario decir que estamos luchando contra una minoría, que es necesario hacerlo, que es necesario aflorar esa economía sumergida, porque sin duda -y el representante de Amaiur también lo ha dicho, que hay que
ayudar a mucha gente que lo está pasando mal, que está con unos salarios prácticamente sociales- la mejor manera de ayudar a todas esas personas es que la economía sumergida aflore y que haya mayores cotizaciones, porque cuanto más empleo haya claro
y transparente, más ingresos habrá y, por tanto, más posibilidades de repartir y de apoyar todas esas necesidades sociales que nosotros compartimos y que, desde luego, desde nuestro grupo siempre apoyamos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tal y como habíamos dicho, a las seis en punto procederemos a la votación.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: ¿Nos van a repartir las transaccionales? (El señor Coscubiela Conesa pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Sí, ahora se repartirán.


Señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: No pido la intervención para rellenar el tiempo hasta las seis de la tarde, sino para poner un ejemplo de cómo, si podemos discutir con más permeabilidad entre los grupos, podemos resolver incluso algunas
cuestiones de naturaleza técnica que seguro que mejoraban el trabajo. Me refiero ahora, por ejemplo, a la intervención que hace la portavoz del Grupo Popular en relación con nuestra enmienda número 31, artículo 9. Es cierto, los registros
mercantiles son registros públicos, de naturaleza pública, pero el texto que usted plantea es, desde nuestro punto de vista, manifiestamente mejorable, porque lo que hace es citar una parte de las autoridades públicas, entre ellas, Administración
General del Estado, entidades y organismos autónomos, incluso algunas de naturaleza pública...


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, yo le daba la palabra porque pensé que era alguna cuestión como la del señor Campuzano, no para reabrir el debate. Yo les aconsejo que lo hablen y en el Senado pueden tener la oportunidad de
corregirlo.


El señor COSCUBIELA CONESA: Señor presidente, no quería reabrir el debate, sino sencillamente poner un ejemplo de cómo entre todos podemos mejorar el trabajo.


El señor PRESIDENTE: Y eso me parece fabuloso y, si lo pueden arreglar, la señora Álvarez-Arenas ahora a lo mejor le dice que sí.


El señor COSCUBIELA CONESA: Simplemente quiero decirle que creo que perdemos una oportunidad de mejorar técnicamente el texto, por eso ponía el ejemplo de cómo deberíamos trabajar de otra manera.


El señor PRESIDENTE: Y me parece muy oportuno y se lo agradezco.


El señor COSCUBIELA CONESA: No voy a discutir sobre la reforma laboral.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Por supuesto, porque no toca, señor Coscubiela. Hemos debatido mucho.

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En cualquier caso, señor presidente, simplemente para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' de que nuestro grupo ha estado dispuesto a dialogar sobre esto, y es la primera vez que le oigo hablar de la enmienda 31, porque hemos
tenido una ponencia, se ha podido hablar de todas las enmiendas, nuestro grupo ha llevado nuestras propuestas de transaccionales, hemos estado abiertos a escuchar las de todo el mundo y, en cualquier caso, podría haber dicho: No has incluido esta
enmienda -vamos a decirlo con franqueza, porque así es como se trabaja en las ponencias-, o qué pasa con esto. Nuestro grupo ha dicho: Podemos aceptar esto, vamos a ver si puede haber una transaccional sobre lo otro y vamos a incluir esto. No
podemos hacer otra cosa porque nuestros planteamientos van por aquí, pero, señor Coscubiela, es la primera vez que hablamos de este asunto; usted ha estado en las ponencias y usted nunca lo había planteado. Nunca me he negado a cualquier
planteamiento que usted haya querido hacer para dialogar sobre ello. Usted no puede decirlo porque creo que sería faltar a la verdad.


El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez-Arenas, creo que usted lo ha dejado en evidencia y me parece que pro futuro ustedes tienen la oportunidad, si tienen la voluntad, de razonar, de hablar y de reunirse, aquí nadie lo impide y no hay ningún
tipo de restricción para ponencias, reuniones o acuerdos, de manera que les animo a que lo hagan.


Faltan todavía cinco minutos para las seis; suspendemos la sesión para que se puedan incorporar todos los miembros de la Comisión a la votación. (Pausa).


Vamos a proceder a la votación. En primer lugar, votamos las enmiendas del señor Tardà, números 44 y 45.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 25; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Tardà.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, la número 15.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 4, 5 y 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 37; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, enmiendas 47, 53 y 54.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 37; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 48, 49, 51 y 52.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 55.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 57.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 26; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 26; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos al Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar, votamos las enmiendas 19, 26, 27, 29, 36 y 40 a 43.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El segundo bloque son las enmiendas 23, 24, 32, 33, 34, 35 y 37 a 39.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, enmiendas 86 y 70.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 80, 81, 82 y 84.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos en bloque las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


No habiendo enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Popular, sometemos a votación las enmiendas transicionales, que sus señorías ya conocen. En primer lugar, las números 2 y 3.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas transaccionales números 2 y 3.


Pasamos a continuación a las enmiendas transaccionales numeradas como 5, 9 -en la parte que afecta a la disposición final sexta del proyecto de ley que vamos a aprobar esta tarde- 10, 11 y 6.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Resto de enmiendas, incluida la segunda parte de la enmienda número 9.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 13; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos las disposiciones finales primera a cuarta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 16; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Resto del texto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 3; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Hemos votado el texto propuesto por la ponencia, el cual, con las modificaciones resultantes de las anteriores votaciones, constituirá el dictamen de esta Comisión, que está actuando, como ustedes saben, con competencia legislativa plena.


Antes de levantar esta sesión recuerdo a sus señorías que tenemos reunión de Mesa y portavoces, que resultará breve.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y quince minutos de la tarde.