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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 194, de 10/10/2012
cve: DSCD-10-CO-194
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 194
EDUCACIÓN Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MIQUEL RAMIS SOCIAS
Sesión núm. 9
celebrada el miércoles,
10 de octubre de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre mecanismos para facilitar la liquidez de las universidades. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000853) ... (Página2)
- Por la que se insta al Gobierno a la revisión de la política de gobernanza en la universidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000751) ... (Página5)
- Relativa a la implantación de pruebas de evaluación del sistema educativo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000748) ... (Página9)
- Relativa a la promoción de la internacionalización y modernización de las universidades españolas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000490) ... (Página14)
- Sobre la atención educativa de la diversidad afectivo-sexual y contra la homofobia en el sistema educativo. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000754) ...
- Sobre cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación y de las sentencias de 23 y 24 de julio del Tribunal Supremo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000926) ...
- Sobre homogeneización de sueldos de los profesionales de la escuela concertada con la escuela pública. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000949) ...
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE MECANISMOS PARA FACILITAR LA LIQUIDEZ DE LAS UNIVERSIDADES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000853).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar esta sesión de la Comisión de Educación del día de hoy. En primer lugar les comunico que, si no hay inconvenientes, se va a debatir como primer punto del orden del día la proposición no de ley
número 161/000853, del Grupo Parlamentario Socialista, que figura como punto 5, y como segundo punto la proposición no de ley número 161/000751, del Grupo Parlamentario Catalán, que figura como punto 3. A continuación se debatirá el resto según el
orden previsto.
Vamos a debatir la proposición no de ley 853, del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de esta PNL, tiene la palabra la señora Costa Palacios.
La señora COSTA PALACIOS: Cuando presentamos esta PNL a finales de julio ya conocíamos los apuros de liquidez que las universidades estaban soportando. Resalto liquidez, que no financiación -aunque también aquí hay apuros- porque aunque
parezca lo mismo no lo es. Sobre financiación, el Grupo Socialista, el Grupo Vasco y otros grupos ya habíamos registrado alguna PNL hace algunos meses, pero ahora no es lo urgente. En esta proposición no de ley queremos valorar la urgencia, porque
la financiación hay que incardinarla dentro de las dificultades económicas que afectan a todos los organismos públicos y, en este escenario de dificultad para todas las administraciones, las universidades no podían ser una excepción.
Las universidades están afectadas por las reducciones presupuestarias. Recordemos que los presupuestos de la enseñanza universitaria, de 2011 a 2013, se han rebajado casi en un 70 % ; las becas y ayudas, en un 15 % , y la investigación
científica, en un 27 % -justamente cuando habíamos logrado un noveno lugar en el mundo en producción científica-, del que el 65 % aproximadamente corresponde a la investigación universitaria. Qué pena que esto se vaya a perder y, sobre todo,
cuántos años vamos a necesitar para recuperarlo. Los recortes presupuestarios en diez meses han incidido sobre todo en transferencias corrientes a las universidades directamente o por medio de las comunidades autónomas, a las que se les ha ido
encomendando que soporten la parte más onerosa de los presupuestos universitarios y que decidan la cuantía de las tasas, haciendo un enorme sacrificio. La comunidad andaluza, por ejemplo, no solo ha subido muy poco las tasas universitarias, sino
que las ha igualado a la baja en todas las titulaciones para evitar desigualdades en el acceso a una titulación. Es decir, a un alumno le cuesta lo mismo estudiar Medicina que estudiar Filosofía o Derecho, es decir, la matrícula tiene el mismo
precio. En becas y ayudas, las becas de movilidad nacional Séneca, como ya sabemos, sufren una merma del 35 %, y las becas Erasmus, casi del 40 % . Las becas y ayudas no han subido, en contra de las declaraciones de responsables gubernamentales, y
además sufrirán una importante merma por la modificación de los requisitos exigidos para su adjudicación, que incluyen la elevación del umbral académico. Esto no hubiera estado mal -nadie se opone a ello- si no se hubiera exigido en mayo o en
junio, en pleno período de exámenes, es decir, cambiando de caballo a mitad de la carrera, dejando sin duda -todavía no tenemos datos- a muchos estudiantes sin poder acceder a la universidad o llevando a los que ya estaban cursando estudios al
abandono por la pérdida de la beca a causa del nuevo porcentaje de asignaturas aprobadas exigido. Todas estas contingencias no vamos a tardar mucho en saberlas; las vamos a poder evaluar dentro de pocos meses o, tal vez, cuando acabe el periodo de
matrícula y de concesión de becas dentro de dos meses. Si baja el número de matrículas, que es una de las principales fuentes de financiación de las universidades, si se reducen las becas, si se incrementan las tasas universitarias y, sobre todo,
si a las comunidades autónomas se les detraen en transferencias corrientes casi 22.000 millones, el panorama es muy sombrío para las universidades, pero no en el futuro, sino en el presente, ya, porque ahora mismo están asfixiadas, están ahogadas.
En este escenario de dificultad de financiación para todas las administraciones públicas, las universidades no solo se resienten, como estoy diciendo, por las reducciones presupuestarias y por la restricción de acceso al crédito, que afectan
a todos los entes públicos, sino que además sufren los recortes en las políticas de I+D+i y en otras partidas presupuestarias específicas, como las relativas a los campus de excelencia internacional, gran herencia del Gobierno socialista. Lo
repito, aunque al Gobierno le pese que lo digamos siempre y además que lo diga esta portavoz con bastante insistencia, porque lo
seguimos considerando una pieza clave en la estrategia de modernización, especialización e internacionalización de las universidades. También Andalucía ha sido la primera comunidad que ha asumido en sus campus de excelencia los costes de
funcionamiento para que estos proyectos sigan siendo viables. Además -lo digo al final, pero no por menos importante- no podemos olvidar las consecuencias negativas de la aplicación de normas recientes como los decretos 14/2012, del 20 de abril, o
el 21/2011, de no reposición, que han hecho más daño, si cabe, que los propios Presupuestos Generales del Estado, los dos que se han hecho en estos seis meses.
Asimismo, la situación económica de muchas universidades públicas españolas está fuertemente condicionada por el retraso en las transferencias de las administraciones autonómicas de todo signo, que si no reciben el presupuesto del Gobierno
es casi imposible que lo puedan transferir. Por eso suena un poco a sarcasmo que el Partido Popular, que no gobierna en Andalucía, exija a la Junta de Andalucía y al Gobierno andaluz que paguen 750 millones a las universidades, cuando en realidad
se les deben 10.000 millones. Es casi imposible que esto se haga si no se paga. Esto puede generar tensiones -de hecho ya está sucediendo- de tesorería y, en general, dificultades de liquidez, especialmente para hacer frente a la retribución de
los trabajadores y para atender los pagos a proveedores de servicios básicos para su funcionamiento.
El Gobierno viene adoptando medidas de apoyo -este es el grueso de la proposición no de ley- a la liquidez de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, mediante anticipos de tesorería o mecanismos extraordinarios, como la
línea ICO-vencimiento o el Plan de pago a proveedores. Estos mecanismos extraordinarios sin embargo no han sido puestos a disposición de las administraciones universitarias para que puedan hacer frente a problemas de liquidez similares a los que
afectan a las administraciones territoriales, que los tienen y muy importantes. La persistencia de los referidos problemas de liquidez de las universidades puede incidir -de hecho está incidiendo- en el deterioro del sistema universitario, y así lo
ha manifestado más de una vez con preocupación la Conferencia de Rectores. El Grupo Parlamentario Socialista no puede ni debe mantenerse al margen de estas dificultades y penurias que están sufriendo nuestras universidades públicas, a veces tan
injustamente tratadas en algunas instancias políticas y en medios de comunicación: ineficaces, excesivas, etcétera. Quiero pensar que se debe a veces al desconocimiento del sistema universitario, pero creo que la mayoría de las ocasiones se hace
atendiendo a cantos de sirena, como ocurre con los ránquines tan genéricos, nada específicos, de las distintas universidades. Pero ese es otro cantar.
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta esta proposición no de ley, con el fin de instar al Gobierno a promover las iniciativas necesarias para poner a disposición de las universidades públicas españolas mecanismos como la línea
ICO-vencimiento o el Fondo para la financiación de pagos a proveedores, ya aprobados para las entidades locales y las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Lleva siete minutos, señora Costa.
La señora COSTA PALACIOS: Voy a terminar ahora mismo con dos frases.
Se trata de promover iniciativas que faciliten su financiación y les permitan afrontar sus problemas de tesorería. Sería -vuelvo a repetir- una medida extraordinaria para un momento extraordinario, por lo que creo que nadie nos podrá dar el
voto negativo a esta proposición no de ley.
Hay una enmienda del Grupo Popular que habla más de la financiación en general. No podemos estar en desacuerdo con eso, ya lo he dicho al principio. En la enmienda se pide que se tenga en cuenta, que se haga un estudio, que se analice, que
se busquen alternativas; en eso estamos de acuerdo, pero le pediríamos que en vez de modificación fuese de adición, además de, porque este no es un problema de financiación, que también lo es, es un problema de liquidez, como ha ocurrido con los
ayuntamientos, con las comunidades autónomas y con otras administraciones territoriales.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Moro, por el Grupo Popular.
La señora MORO ALMARAZ: Efectivamente, la portavoz del Grupo Socialista defiende una iniciativa en la que se insiste en la idea de liquidez. Permítanme que una vez más -esto suele ser habitual en esta Comisión porque ya se sabe que uno es
heredero de su propia historia- utilice lo que les he dicho a lo largo del tiempo a los alumnos para explicar lo que es un tema de liquidez. Un problema de liquidez surge porque hay deudas vencidas que son superiores no al patrimonio total sino a
los recursos líquidos de ese
momento concreto de una persona física, jurídica, privada o pública. Por tanto, la liquidez no está reñida con la financiación y no lo está porque seguramente el problema de la financiación de las universidades públicas en España, que no es
nuevo, puede determinar en un determinado momento -valga la redundancia- una falta de liquidez. Pero no es solo un sistema insuficiente de financiación el que puede provocar una falta de liquidez, pueden provocarlo también problemas de mala
gestión, de no cumplimiento con las normas o de deficiencias en el sistema de transferencias que se han ido arrastrando en el tiempo y que no se han afrontado. Hay que recordar aquí que la financiación de las universidades es competencia de las
comunidades autónomas desde que fueron transferidas hace bastantes años. Por tanto, si hablamos de financiación en un momento concreto, es en gran medida un tema de competencia autonómica, pero si hablamos de liquidez, es claramente un tema de
competencia autonómica. El Gobierno del Estado no puede enrarecer ni complicar las dificultades que existen en estos momentos por el entramado competencial a la hora de afrontar los problemas de las universidades. Le decía -y sé que usted lo sabe-
que este es un grave problema de las universidades casi desde que existen, casi desde hace ocho siglos, si nos remontamos a la universidad decana de las universidades españolas, pero si nos remontamos a unas fechas más cercanas, podemos recordar el
famoso y polémico informe Bricall, del año 2000, promovido por la Conferencia de Rectores, en cuya introducción se señalaba la necesidad de proveer soluciones inaplazables a las tensiones derivadas de un crecimiento del sistema universitario, de las
universidades españolas, desde la Ley de Reforma Universitaria. Por tanto, financiación y liquidez están relacionadas y el Grupo Popular entiende que aquí se propone una medida, como bien dice, puntual en materia de liquidez, pero que debe
corresponder a las competencias de las comunidades autónomas y a las universidades de referencia dentro de cada una de ellas. Hay que recordar que el Fondo de liquidez autonómica contempla en estos momentos la posibilidad de que las comunidades
autónomas atiendan a necesidades adicionales de financiación del déficit público y, en concreto, a pagos de proveedores, también en materia universitaria si los hubiera, y a transferencias a universidades. (El señor vicepresidente, Nasarre
Goicoechea, ocupa la Presidencia). Creemos que esa parte la están resolviendo mejor o peor con inmediatez, pero eso lo tenemos que señalar dependiendo de la comunidad autónoma, de la situación de sus universidades y del cumplimiento riguroso de las
normas por parte de las mismas.
Por otra parte, no es fácil en estos momentos instar al Gobierno desde el Congreso de los Diputados en relación con los préstamos ICO, porque gran parte de los problemas que han existido sobre los préstamos -usted ha hablado nuevamente de
ellos en el caso de los campus de excelencia- han venido dados por la imposibilidad de ser firmados tanto por las universidades como por las comunidades autónomas al no cumplir los criterios de la Ley de Estabilidad. Es la pescadilla que se muerde
la cola. Por tanto sí creo -y de ahí la motivación de la enmienda- que hay una preocupación por parte de las comunidades autónomas, por parte del Gobierno de la nación y, por supuesto, por parte del Grupo Popular por trabajar decididamente en un
modelo de financiación y hacerlo en coordinación: el Gobierno de la nación, en su faceta coordinadora, las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, y, por supuesto, las universidades. Algunas comunidades ya lo han iniciado. Es
verdad que en los últimos años, desde ese famoso informe Bricall, se ha utilizado el instrumento -y usted lo sabe- de los contratos-programa y que varias comunidades, por ejemplo la mía, la de Castilla y León, han comprometido que en 2014 se
cerrará, con acuerdo o al menos con un debate intenso con las universidades, un modelo de financiación que nos permita adecuarnos a los tiempos modernos. Luego aquel problema que ya existía en el año 1218 para financiar a las universidades ha
seguido existiendo a medida que se han ido produciendo esos cambios. El Grupo Popular no puede apoyar la literalidad de su iniciativa en materia de liquidez por las razones que he expresado, pero quiere dejar patente con esta enmienda que es
consciente de que hay que afrontar el problema de manera seria; es consciente el grupo de expertos que evaluó la estrategia Universidad 2015; es consciente el ministro, que lo dijo en enero, al iniciar esta legislatura, y es consciente la
secretaria de Estado, que hace dos días dijo aquí, en esta misma Comisión, que había sido sometido al comité de expertos, que evacuará el informe antes de concluir el año.
La ponente socialista ha aludido a otras dificultades, a las tensiones de tesorería. Usted ha participado en la gestión universitaria pública y yo también, y sabemos que hemos tenido tensiones de tesorería permanentemente. Ya en el año
2009 el Gobierno socialista se encontró con un problema por el que tuvo que llegar a un acuerdo de no disponibilidad de 40 millones. Sabemos que desde ese momento hubo una disminución en los ingresos, pero ese es un tema de financiación que no
siempre ha afectado a la
liquidez de las universidades; sí de las entidades locales pero no necesariamente de las universidades. Sin embargo, en ese otro contexto de financiación, estamos de acuerdo en que deberá afrontarlo el Gobierno, y ahí estaremos para
debatir un buen sistema de financiación que permita estabilidad a las universidades españolas.
El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señorías, después de las intervenciones que acabamos de escuchar por parte del proponente, el Grupo Socialista, y del Grupo Popular, Convergència i Unió considera que ambas cuestiones no son incompatibles.
Compartimos lo que acaba de decir la señora Moro, del Grupo Popular, esto es, que hay un problema estructural que resolver, que es el problema de la financiación, y que para resolverlo hay que contar con las comunidades autónomas y con las propias
universidades, pero sin dejar de lado este problema estructural, debemos afrontar un problema perentorio, que un problema de liquidez, que viene dado por retrasos en las transferencias de las administraciones autonómicas, por tensiones de tesorería
y por dificultades de liquidez en general en este orden de la vida y en cualquier orden de la vida, porque a nadie se le escapa que muchos de los problemas de la actual coyuntura económica tienen un fuerte componente financiero. Podemos hablar de
la estructura, podemos hablar de la financiación, pero mientras tanto, si queremos mantener la calidad y la integridad de nuestra educación superior, hemos de disponer de instrumentos para abordar estas tensiones puntuales -esperemos que sean
solamente puntuales- de tesorería.
Estamos también de acuerdo con los instrumentos que nos propone el Grupo Socialista, que son el ICO o el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Se ha hecho ya así para las comunidades autónomas, se ha hecho ya así para las
corporaciones locales y creemos que se podría ampliar -otra cosas es que se quiera o que el Gobierno del Estado esté en disposición de hacerlo- a este momento puntual de las universidades. Así como el problema de financiación sí que atañe a las
comunidades autónomas y a las universidades, el problema de liquidez no es un tema competencial, sino de voluntad política, es decir, que desde el Gobierno del Estado se quieran facilitar los instrumentos para poder seguir manteniendo la integridad
y la calidad de nuestra educación superior, especialmente en estos momentos que estamos atravesando en los que no se puede financiar de otra manera.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBERNANZA EN LA UNIVERSIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000751).
El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Terminado el debate de la primera proposición no de ley, pasamos a la segunda, que figuraba como tercera en el orden del día, por la que se insta al Gobierno a la revisión de la política de
gobernanza en la universidad, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Tomo de nuevo la palabra para defender la iniciativa que ha presentado hoy mi grupo parlamentario. Es justo reconocer que la universidad española ha vivido en los últimos treinta años, desde la publicación de la
Ley de Reforma Universitaria, un proceso intenso de crecimiento, tanto en términos cuantitativos, en número de universidades, estudios y estudiantes, como en términos cualitativos, con un proceso de actualización y modernización de los contenidos de
sus estudios, complementado con la incorporación de la investigación como elemento central de su patrimonio. Existe un convencimiento cada vez más generalizado del papel central de las universidades en el progreso social y económico de un país
-esta afirmación, válida siempre y en general, es dramáticamente crucial en los momentos actuales- y para ello es imprescindible dotar a las universidades españolas de los instrumentos necesarios; unas universidades, las españolas, que han
alcanzado buenas condiciones objetivas en cuanto a espacios, a personal, a equipamientos, pero que sin duda necesitan nuevos instrumentos que les permitan actuar más estratégicamente y avanzar en términos de calidad y de posicionamiento
internacional. Hoy a las universidades, que como he dicho son una herramienta al servicio de la sociedad, se les exige que contribuyan a ella a través de la transferencia del conocimiento y a través de la formación de buenos profesionales, lo cual
refuerza las estructuras de organización, de gestión y del saber de un país. Sin embargo, hay un proceso que se retroalimenta, porque la propia sociedad y los avances logrados en la llamada sociedad del conocimiento exigen cambios y
transformaciones en la universidad para poder
aspirar a un modelo universitario de excelencia que opte por la calidad, por la captación y retención del talento y por la internacionalización. Las nuevas exigencias sociales, un entorno más competitivo y la demanda de una mayor
contribución de las universidades al desarrollo económico y social del país implican que las universidades deban desarrollar un papel de liderazgo mayor en la sociedad del conocimiento y, para que esto sea posible, es necesaria una reforma en
profundidad de las mismas que conlleve, entre otras, una reforma de su gobernanza en sentido amplio.
Nuestro grupo parlamentario está convencido de que los cambios en el sistema universitario pasan por cambios en el sistema de gobernanza. De esta reforma va a depender también el reforzamiento, la competitividad y la calidad de nuestro
sistema universitario. España, por otra parte, es de los pocos países europeos que no han llevado a cabo ninguna reforma en este aspecto, por lo que nuestro sistema se aleja de nuestros homólogos europeos, porque sí lo han hecho incluso países como
Portugal y Grecia. Ya la pasada legislatura, la portavoz de Convergència i Unió en esta materia, doña Inmaculada Riera, planteó una interpelación que fue seguida de una moción, que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos. La propia
Comisión Europea, en diversos estudios, ha puesto también de manifiesto esta necesidad y ha evidenciado el impacto positivo de los sistemas europeos que han afrontado dichas reformas.
¿Qué proponemos para atender a estos fines? Proponemos lo que se dice en el cuerpo de nuestra iniciativa, en primer lugar, que haya un instrumento que sea el diálogo de todos los sectores implicados, esto es particularmente importante
porque debe poder participar toda la comunidad educativa; que se cuente con la máxima implicación de las universidades para estudiar y abordar las reformas universitarias; que se estudie, de cara a reformar el sistema de gobernanza, la
actualización de las estructuras organizativas universitarias y el gobierno de las universidades; la revisión de la oferta académica con el objetivo de adecuarla a la demanda y orientarla a la calidad; la dotación a las universidades de mayor
autonomía para la captación de talento, a través de los diferentes instrumentos de contratación, y la colaboración más estrecha entre universidad y empresa para garantizar una más efectiva transferencia del conocimiento al tejido productivo y para
facilitar la formación universitaria orientada a la actividad laboral. En segundo lugar, impulsamos también al Gobierno para que propicie que las universidades, sobre la base de su propia autonomía universitaria y en el respeto de las competencias
autonómicas, puedan mejorar sus propios modelos de gobernanza. En definitiva, a través de estos instrumentos, se trata de revisar la gobernanza, de hacerla más eficiente y de impulsar un modelo de organización universitaria que facilite una mayor
autonomía de cada universidad y una mayor competencia interuniversitaria, que impulse la movilidad del profesorado y que admita plenamente singularidades, como el modelo universidades, promovido, por ejemplo, desde Cataluña.
A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas. Una del Grupo Popular en la que se admite todo el cuerpo de nuestra propuesta, pero se añade que esto se haga una vez que presente sus conclusiones la comisión de expertos sobre el sistema
universitario español, constituida a instancias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Desde Convergència i Unió consideramos que la creación, por parte del Gobierno, de esta comisión ha significado un avance en todo este proceso. No
habría problema para que de una manera no concluyente ni vinculante esperáramos a escuchar las conclusiones que se nos presenten.
Por último -no sé si he agotado mi tiempo, señor presidente-, la enmienda presentada por el Grupo Socialista, en la que insiste en que se deba garantizar la efectiva y real participación de la comunidad educativa al mismo tiempo que se
garantice la necesaria participación y el máximo consenso entre los actores educativos de la enseñanza superior sobre las medidas que se adopten. A nuestro entender, estamos completamente de acuerdo con lo que aquí se propone, pero cuando nosotros
hablamos de impulsar un proceso de diálogo entre todos los agentes, no queremos decir nada más ni nada menos que lo que nos propone el Grupo Socialista. Por tanto, desde estas premisas, pasaríamos a someter a votación la iniciativa que presenta
Convergència i Unió.
El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Han presentado enmiendas a esta proposición no de ley los grupos Socialista y Popular. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Torres Mora,
que la va a defender.
El señor TORRES MORA: Señorías, todos conocemos el refrán que dice: más sabe el tonto en su casa que el sabio en la ajena. Estamos hablando de la gobernanza de la casa del sabio, de la universidad. Así que deberíamos ser prudentes si de
eso se trata y, dadas las circunstancias en las que está nuestro país y la sociedad, además deberíamos ser humildes cuando hablemos de la gobernanza en la casa del
sabio. Deberíamos acercarnos a la autonomía universitaria, con la mano temblorosa como uno se acerca a la herida de un padre, con el afán de no lastimarle más, de no hacerle daño. La impresión que uno tiene con la autonomía universitaria
es la que tiene en general en este momento, que lo mismo que ocurre con la autonomía universitaria o con la gobernanza de la universidad es lo que uno siente que sucede con la gobernanza de la democracia, con la política: hay una aproximación a
veces no suficientemente prudente ni informada de lo que ocurre.
Sería bueno, insisto, tener en cuenta cómo es nuestra universidad, antes de meter el bisturí en la gobernanza de la universidad. Porque se dicen cosas de nuestra universidad, como se dicen cosas de nuestro sistema educativo, que no son
rigurosas, que no son buenos diagnósticos y que nos llevan a hacer malas interpretaciones. Les diré, por ejemplo, que hoy mismo publica un magnífico artículo un excelente sociólogo de la educación, don José Saturnino Martínez García, profesor de La
Laguna, que dice algo referido a PISA que está muy bien. Dice: Si convirtiéramos las puntuaciones de PISA en estatura y la media de la OCDE fuera 1,80 metros, España tendría una altura de 1,79. Por un centímetro nadie acusaría a España de
enanismo. Sin embargo, cuando se habla de educación parece que hay gente que ve en la educación española un problema de enanismo. Lo mismo pasa con la universidad. Se dice de la universidad que sobran universidades, por ejemplo, se lleva diciendo
mucho tiempo, y les diré que en un artículo reciente de dos expertos en economía de la Educación, el profesor Armenteros y el profesor Pérez García, daban un dato que me parecía muy significativo: En España tenemos una universidad por cada 582.000
habitantes; en Gran Bretaña tienen una por cada 253.000 habitantes y en Estados Unidos tienen una por cada 94.000 habitantes. No se puede decir que en España sobren universidades; no solamente no sobran sino que además nuestros universitarios
tienen un magnífico rendimiento académico. Cuando la media de los estudiantes universitarios de la OCD acaba en su edad, el 70 % , en España acaban el 79 % . Por tanto, no se eternizan en la universidad. Además les viene bien pasar por ella,
porque nuestra universidad forma muy bien a sus estudiantes y tienen la mitad de la tasa de paro de los que no van a la universidad, por lo que algún bien produce no solamente para los estudiantes sino para la sociedad. Tenemos una universidad que
está bien en los ránquines mundiales cuando se hacen bien las comparaciones. Resulta que cuando se estudian los ránquines y se pueden comparar estas universidades -que se han creado tantas como se suelen denunciar-, se descubre que en el mundo
existen más de 19.000 universidades y la mayoría se han creado en los últimos veinticinco años y dentro de ellas, España tiene dos entre las diez primeras.
Nuestra universidad no está mal gobernada, debemos mejorarla, pero debemos contar con el sabio para gobernar su casa. Hace pocos días leía un artículo de un prestigioso economista, José Carlos Díez, que decía lo siguiente: Nuestra empresas
exportadoras han multiplicado por cuatro sus ventas en el exterior desde 1990, muy por encima de las alemanas. Nosotros tenemos menos empresas que exportan y necesitamos más, pero podemos sentirnos muy orgullosos de ello. Es decir, nuestra
inversión en educación ha formado a dos generaciones de españoles y ha hecho posible este milagro. Por Dios, no descuarticemos la universidad pública y matemos a la gallina de los huevos de oro. Esta universidad es la que está detrás de que muchas
cosas funcionen o hayan funcionado muy bien y sean una promesa para nuestro país.
Señorías, acabo. Si queremos salvar nuestra inteligencia, debemos usar nuestra inteligencia y debemos usar la universidad. En un momento en el que hay mucha osadía para juzgar la política y la política universitaria, es importante escuchar
y nada mejor que escuchar a los sabios sobre el gobierno de su casa. Por eso, el Grupo Socialista ha presentado la enmienda, que esperamos sea aceptada. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Nasarre Goicoechea): Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro.
La señora MORO ALMARAZ: La titular de la iniciativa, en este caso la señora Pigem, que la ha defendido por el Grupo de Convergència i Unió, ha manifestado -clarificándolo aquí- que se presenta esta iniciativa desde la perspectiva de mandar
una reflexión y acometer decisiones sobre la gobernanza entendida en sentido amplio. Efectivamente esto coloca el contexto de lo que se ha puesto aquí, que es una auténtica revisión sobre distintas cuestiones de la universidad que exceden el
gobierno de la universidad y la gobernanza en sentido estricto.
Como pone de manifiesto la enmienda que presenta nuestro grupo -y como decía la propia portavoz de Convergència i Unió-, el Grupo Popular está de acuerdo en lo esencial de esa iniciativa. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). La mejor manera de objetivarlo y de justificarlo está en los pasos que se han dado, que comienzan en legislaturas anteriores con la defensa de iniciativas, que siguen en el programa con el que se concurre a
las elecciones generales en el año 2011 y que aluden a la reflexión y a la reforma del sistema de gobernanza para impulsar una mayor profesionalización en la gestión, a una rendición de cuentas por parte de las universidades, a instrumentos para
competir, a una organización más flexible de la oferta, a la especialización y a la incorporación más ágil del profesorado.
Sobre todo esto, de forma resumida -y también respetuosa con el tiempo que se ha querido dar desde el Gobierno-, el ministro en su comparecencia dice que va a constituirse una comisión de expertos, que trabajará sobre alguna de las
cuestiones que se han puesto de manifiesto que hay preocupación en las universidades, en expertos internacionales, en los grupos políticos; que ese instrumento va a elaborar un diagnóstico, que no es el único, sino que se sumará a otros
diagnósticos, y que permitirá afrontar después mejor un proceso que evidentemente ha de ser de diálogo, de escuchar y de dar pasos seguros y firmes respecto a nuestro sistema universitario. Estamos de acuerdo -cómo no- y nuestra enmienda pone de
manifiesto esa iniciativa del Gobierno, ese tempo que parece razonable para tener un buen diagnóstico -y así también lo ha señalado el portavoz del Grupo Socialista-, junto con otros informes que se han emitido. Vuelvo a referirme al informe del
comité de expertos internacional de evaluación de la estrategia Universidad 2015, y ahí también se alude a alguno de estos aspectos. Cuando tantas voces lo dicen, algo habrá. Aquí nadie quiere ser temerario; desde luego el Grupo Popular no quiere
ser temerario, de ninguna manera, y esta diputada que les habla, menos. Me avalan al menos veintiocho años de dedicación a la universidad pública española y creo que la universidad española ha hecho un esfuerzo extraordinario por superar etapas y
por contribuir indudablemente a la excelencia en la educación superior, pero los propios universitarios somos los más críticos, no sé si se nos puede llamar sabios, pero somos los más críticos. La universidad ha crecido, con el paso de los tiempos,
a partir de épocas que no siempre son gloriosas, de sus luces y de sus sombras, porque han existido universitarios que son críticos. Se ha iniciado un proceso que no es ex novo, que evidentemente parte de varios procesos anteriores. No tengo que
recordarles a ustedes que en distintas normas se ha tocado la gobernanza. Se ha tocado en el año 1983 en una ley trascendental de transformación del sistema universitario, y no la elaboró el Partido Popular; se ha cambiado en parte en la Ley del
año 2001, una ley del Partido Popular, y se ha transformado otra vez parcialmente en el año 2007, con la LOU, y lo hizo el Partido Socialista. Sin embargo, los universitarios no estamos contentos, y los universitarios y la sociedad nos demandan una
universidad que trabaje menos en la burocracia, más en la investigación y más en la preocupación de las funciones de transferencia de docencia, pero el gran edificio universitario, de una burocracia terrible, nos ha parado.
Creo que nadie ha hablado aquí, desde luego no lo voy a hacer, de mal gobierno de las universidades; gobernanza es otra cosa, y tratar de mejorar la gobernanza o el gobierno no es decir que se ha gobernado mal, es que las universidades han
tenido que hacer verdaderos equilibrios con distintas normas, y han trabajado cada una, mejor o peor, y tenemos un resultado que no satisface a nadie en estos momentos. La universidad, para no morir, tiene que crecer. No nos demos por aludidos;
hay que decirles a las universidades -y lo decimos desde el Grupo Popular alto y claro- que valoramos su esfuerzo y que sabemos que quieren mejorar y transformarse. El Grupo Popular, sosteniendo al Gobierno, quiere que hagamos un debate, un
diálogo, un intercambio de opiniones entre todos aquellos que estamos preocupados por una mayor racionalización, porque no se multipliquen los títulos y no se evalúen, porque no haya una inseguridad como la que tienen nuestros alumnos -los
destinatarios- y porque haya una estabilidad en los procesos de crecimiento que permita tener unos docentes con una carrera docente con criterios estables, no permanentemente cambiantes; que se reconozca de verdad el valor de la investigación y de
la transferencia para evitar el desánimo que tienen ahora muchos docentes universitarios que creen que no están precisamente en la élite de la educación superior, porque nos estamos dedicando a muchas cosas menos a aquello que, no son las únicas,
pero sí son dos funciones esenciales y que sin ellas no puede caminar. En el diálogo y en el consenso, en la medida en que cada uno de los actores tiene que liderar sus procesos, el Gobierno liderará la posible reforma en aquellos aspectos en los
que hay para mejorar, en los que hay deficiencias, y todo ello redundará, sin duda, en el beneficio del sistema universitario, de la sociedad y de la economía española.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para fijar posición, por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Intervengo muy brevemente.
Comparto algunas de las cosas que se han dicho aquí por parte de varios portavoces. Comparto que la universidad es un lugar de sabios, que además de sabios hay que ser crítico -no entendería nunca una universidad que no fuera crítica, no lo
podría entender nunca- y también que nuestras universidades no están mal gobernadas. Sin duda, hay que mejorar muchas cosas y me ha parecido muy interesante el primer punto de la proposición no de ley que propone el Grupo de Convergència en cuanto
a abrir un proceso de diálogo con el conjunto de todos los agentes que estén relacionados con ese ámbito.
Me ha sorprendido -se lo digo sinceramente a la portavoz de Convergència- la aceptación de la enmienda que presenta el Grupo Popular, la puedo entender, posiblemente no la comparta por muchas razones, porque creo que en el modelo que pueda
proponer luego el Grupo Popular haya variaciones importantes respecto a lo que usted propone. No lo sé, porque está por ver lo que dice el comité de expertos. Como usted acepta las resoluciones del comité de expertos, entenderá que mi grupo no
pueda votar a favor. Parece que usted ha dicho eso, que esperará a las conclusiones del grupo de expertos. (La señora Pigem i Palmés: No). Si no es así usted me lo aclara, pero en cualquier caso nosotros, de momento, nos vamos a abstener hasta
ver qué es lo que finalmente se resuelve. Porque lo que sí tenemos entendido de oídas, todavía no con hechos concretos, es aquello que el Partido Popular propone como gobernanza en las universidades, con lo que mantenemos algunas diferencias en
profundidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pigem para decir si acepta o no las enmiendas.
La señora PIGEM I PALMÉS: Voy a aceptar la enmienda de adición del Grupo Popular, y lo voy a hacer -y le aclaro a la señora García Álvarez el tema- no porque dé un voto en blanco a lo que diga la comisión de expertos, sino que me parece
lógico esperar a que se pronuncie para empezar este proceso, no entendiéndolo como un dictamen vinculante ni que sea solo por cortesía, porque están trabajando en ello, ya que la comisión se creó para analizar también estos temas, entre otros, pero
no porque signifique un voto en blanco.
Respecto a la enmienda del Grupo Socialista, no la puedo aceptar porque es una enmienda de sustitución. (El señor Torres Mora: No, es de adición). ¿La han modificado? Es que yo tengo que es de sustitución.
El señor PRESIDENTE: Es de adición.
La señora PIGEM I PALMÉS: La tengo como enmienda de sustitución, pero en todo caso la razón es la misma. Entendiendo todos los argumentos que se han dado, me parece que aceptar esta enmienda es retrotraer el debate a estadios anteriores.
Considero que este debate ya se ha hecho. La estrategia Universidad 2015, que se llevó a cabo por un ministro socialista, me parece una magnífica estrategia y dentro de la misma figuraba el debate de los puntos que nosotros decimos. Se ha dicho
hoy aquí: las universidades están bien gobernadas, lo que hay que estudiar es si la gobernanza de las universidades se puede perfeccionar para mejorar su competitividad, su calidad y su proyección. He dicho en mi intervención que nuestra
iniciativa impulsaba un proceso de diálogo entre todos los agentes de la comunidad educativa. Lo que hay que hacer es seguir este sendero de la estrategia Universidad 2015 y el sendero de la moción que se aprobó la pasada legislatura, a instancias
de mi grupo parlamentario, y que el Grupo Parlamentario Socialista aprobó.
El señor PRESIDENTE: Con esto acaba el debate del punto 3 del orden del día.
- RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000748).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a analizar la tercera PNL, que es la número 490, del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la misma toma la palabra la señora Maniega.
¿Hay alguna confusión? Me consta que la número 490 la va a defender la señora Maniega.
La señora MORO ALMARAZ: La señora Maniega me ha dicho antes que había ido a la Comisión de Igualdad, porque le habían permitido cambiar el orden del día.
El señor PRESIDENTE: ¿No ha dicho que la iba a leer usted?
La señora MORO ALMARAZ: No.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el punto número 2 del orden del día, que sería la proposición no de ley número 748, del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la misma tiene la palabra la señora López González.
Señora Moro, sería bueno que pudiésemos aclarar que pasa con la PNL que iba a defender la señora Maniega.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Señorías, hoy traemos a esta Comisión un tema muy importante que tiene que ver con el futuro de nuestro país. Hablamos de educación, del motor de crecimiento de nuestra sociedad y también de una de las reformas
más importantes de este Gobierno: la reforma educativa. Necesitamos reformar nuestro modelo y orientar el rumbo educativo para tener una educación a la altura de nuestro país. Señorías, suspendemos en educación, nos sacan los colores por las
calificaciones obtenidas por los alumnos españoles en las pruebas de evaluación internacionales como PISA y por las elevadas tasas de fracaso escolar o de abandono escolar prematuro. Estos malos resultados en relación con las pruebas de la OCDE
suponen un problema, no solamente para la realización de la persona, sino también para el crecimiento económico de España y en esta coyuntura es necesario trabajar para conseguir una educación de excelencia que se traduzca en buenas oportunidades
laborales.
¿Cómo solucionar este problema? No existe ninguna varita mágica que permita asegurar una reducción de estos indicadores. La solución es llevar a cabo una serie de actuaciones y una de ellas es la que el Grupo Parlamentario Popular trae
hoy. Se trata de una propuesta nada ideológica, muy racional y que puede suponer uno de los mejores instrumentos para mejorar la educación. Nos referimos al sistema de evaluación. Señorías, la evaluación del sistema educativo es un elemento
fundamental para la mejora de la educación y el aumento de la transparencia del sistema. Así lo hemos dicho siempre y así apareció en nuestro programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las pasadas elecciones. Es también un
compromiso asumido por el ministro en su primera comparecencia en esta Comisión, el pasado 31 de enero, para informar sobre las líneas generales de las políticas de su departamento y, como saben, se recoge en el anteproyecto de ley orgánica para la
mejora de la calidad educativa.
Este grupo -este ministerio y este Gobierno- hace sus deberes y nos presenta esta herramienta necesaria para una mejora sustancial de la calidad de la enseñanza. Se trata de una evaluación censal, global, transparente y externa. No se
trata de una evaluación más, sino de reorganizar la existente en nuestro sistema. Proponemos un sistema de evaluación diseñado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en lo que corresponde a las enseñanzas mínimas y por las
administraciones educativas de las comunidades autónomas en la parte restante, que se llevará a cabo al finalizar las etapas obligatorias para asegurarnos de que el sistema funciona de una forma razonable. Resulta imprescindible establecer
procedimientos de evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa, y comprometer a las autoridades correspondientes a rendir cuentas de la situación existente y el desarrollo experimentado en materia de educación.
Es necesario profundizar en la evaluación de uno de los elementos del sistema más determinantes y esclarecedores, como es el de los resultados de aprendizaje del alumnado, y todo ello para una mayor eficacia del sistema educativo que permita
progresar hacia una mejora de los resultados escolares. Con la evaluación también se establece un sistema de señalización clara de los objetivos que han de cumplirse al final de cada ciclo y etapa y se incentiva el esfuerzo de los estudiantes
premiando el buen rendimiento y garantizando al alumno, a su familia y a la sociedad, un nivel de conocimiento adecuado a cada etapa. No hay que tener miedo a la transparencia ni a la evaluación, ¿por qué tener miedo a ser transparentes? Es
necesario, señorías, medir el rendimiento y, sobre todo, tener esa foto propia para saber en qué fallamos y qué aspectos se deben mejorar. Todos los sistemas educativos que obtienen mejores resultados tienen sistemas de evaluación externa. Así
países como Alemania, Italia, Países Bajos e Inglaterra exigen a los alumnos exámenes finales en etapas obligatorias y son los que tienen las tasas más bajas de abandono educativo temprano. En la misma línea, los resultados del informe PISA 2009
sugieren que los países que emplean exámenes externos basados en estándares tienden a tener mejor rendimiento. Es más, del informe se deduce -y esto es muy importante- que si España realizara pruebas externas mejorarían los resultados de PISA en 16
puntos. España podría pasar de los 481 actuales a los 497 puntos en los informes PISA, lo que nos igualaría con Alemania y nos situaría por encima de Francia, Reino Unido e
Italia. Según el informe Mackenzie 2012, los sistemas de evaluación identifican la evolución en los resultados, lo que permite asignar atención y recursos, y motivan a los educadores a elevar los resultados.
Recordamos que según lo previsto en el anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad de la educación, se trata de evaluaciones externas al final de cada etapa, todas ellas encaminadas a la mejor preparación y educación de todos los
alumnos y a la mejora continua de sus resultados escolares. ¿Saben ustedes, señorías, cual es nuestra tasa de alumnos excelentes? Un 3 % , frente al 8 % de la media de los países europeos. Por tanto, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Es
necesario realizar evaluaciones externas al final de cada etapa, extendidas a todo el alumnado, que permitan conocer el grado de progreso de los alumnos en competencias y conocimientos en relación con los objetivos prescriptivos y comprobar que,
efectivamente, todos poseen esos conocimientos básicos. Evaluaciones externas que aseguren la eficacia del sistema educativo y permitan conocer cuál es el rendimiento escolar del alumnado español, lo que dará a nivel del Estado una información
homogénea, objetiva, válida y fiable de los aprendizajes de los alumnos y que les ayudará a reflexionar a ellos mismos, a los profesores, a las familias, a los centros y a las administraciones educativas sobre la propia realidad, así como sobre las
mejoras necesarias a distintos niveles para mejorar los resultados escolares.
Por todo lo anterior procede tener en consideración esta proposición no de ley que acabamos de presentar, porque con ella contribuimos a mejorar la calidad del sistema educativo en todo el territorio español. La educación es el gran reto de
esta legislatura.
El señor PRESIDENTE: Siete minutos, señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Termino, señor presidente.
Para nuestro Gobierno, también para nuestro presidente, Mariano Rajoy, la educación es una prioridad y una razón de ser.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Tomo la palabra para defender la enmienda que he presentado a la proposición no de ley del Grupo Popular y cuya defensa acabamos de escuchar. Entiendo que esta proposición no de ley representa un elemento clave de
la inminente reforma educativa de la que solo conocemos unos primeros pasos de manera oficiosa. Es un elemento clave porque parte de la necesidad de contar con un sistema de evaluación de ámbito nacional que permita conocer el rendimiento de los
escolares españoles, entendido este como el grado de adquisición de destrezas y conocimientos de los objetivos comunes al sistema escolar, con el fin de estar en condiciones de abordar situaciones de mejora en el sistema escolar en su conjunto. Es
una idea motivadora que enlaza directamente con el interés que la evaluación ha suscitado en todos los ámbitos políticos responsables de los diferentes sistemas educativos. Desde la aprobación en 1965 en Estados Unidos de la Primary and Secondary
Education up, encaminada a asegurar la evaluación de los programas educativos puestos en marcha, hasta la construcción de indicadores internacionales de educación por la OCDE, congregados a finales de los ochenta en el proyecto INES de indicadores
internacionales de educación, pasando por los diferentes programas de evaluación educativos de carácter nacional puestos en marcha por los diferentes países, ha sido general el interés y expansión de la concepción y práctica de la evaluación de los
sistemas y subsistemas con el fin de establecer mecanismos de mejora y fiabilidad, dada la magnitud de las rápidas transformaciones de la sociedad que condicionan el sistema escolar en su conjunto.
Nuestro sistema educativo, diseñado hace más de veinticinco años, ha sido gestionado por diversas instancias políticas, adaptadas a la estructura descentralizada del marco territorial. Pero además, al menos de manera formal y regular, ha
habido un intento de flexibilización de los subsistemas escolares autonómicos hacia un cierto grado de autonomía pedagógica de los centros escolares, en un marco de libertad adaptado al entorno en el que se ubica, todo ello acompañado de una
interesada posición de conveniencia de los Gobiernos centrales en relación con la no interferencia en ámbitos de gestión de los entes territoriales, siempre suspicaces, por otra parte, ante las denominadas intromisiones gubernamentales. Ello
conlleva la ruptura con un modelo de administraciones rígido, centralizado, que nos conduce casi de manera natural a centrarnos en una evaluación de resultados. Es la rendición de cuentas que fundamenta
la convicción de que el sistema escolar debe responder a las demandas de la sociedad, demostrando el nivel de consecución de los objetivos educativos por los alumnos en los ámbitos curriculares, medidos en términos de destreza y capacidades.
Sabemos que cuando se habla de evaluación de los sistemas nos hallamos ante varias tendencias y enfoques. En la actualidad, el más extendido, es la elaboración y aplicación de pruebas de rendimiento de los alumnos en momentos clave de la
escolarización, incluyendo fases finales de etapa escolar, con la consecución de objetivos y capacidades, aunque lo cierto, y bien lo sé, es que se puede evaluar el sistema escolar sin pruebas censales de producto. Son pruebas exteriores que
superan el ámbito del juicio de profesores cercanos y diarios del centro escolar y, en nuestro caso, de la Administración educativa responsable de la gestión ordinaria. Son pruebas que complementan los modelos de evaluación habituales del curso
escolar y que, al mismo, tiempo sirven de elemento referencial de la globalidad del sistema escolar nacional. Esta metodología, de fuerte raigambre anglosajona, prima en la actualidad de manera general y es un mecanismo apto para lograr una
efectiva rendición de cuentas. A través de esta práctica se ha pasado del ámbito del aula centro a otro de carácter más público y general que permite hacer más transparente la acción educativa posibilitando diagnósticos homogéneos para mejorar el
rendimiento general del sistema.
En este tipo de pruebas resultan clave los instrumentos de evaluación que van a ser utilizados y que es conveniente diseñar participativamente, mucho más en sistemas sobre los que giran organizaciones políticas federales o cuasi federales.
Aquí es donde el campo de colaboración debe ser muy estrecho entre las administraciones educativas y el Gobierno central y donde la lealtad institucional resulta nuclear. Afortunadamente, el núcleo de grandes objetivos educativos puede ser materia
aglutinante, así como el núcleo prescriptivo de enseñanzas comunes a todos.
La verdad es que en los últimos tiempos en el mundo occidental se han dedicado muchos esfuerzos a definir los llamados técnicamente indicadores de la educación, que es la clave de este sistema. La realidad es que nos encontramos con la
existencia de diecisiete administraciones educativas que gestionan una red escolar de titularidad pública y privada, que perfilan una realidad definida por cuestiones de homogeneidad y cuestiones de diversidad y que demanda una cierta homologación
en sus rendimientos en el ámbito de lo que es común. Parece que la conclusión nos conduce a considerar como positiva la existencia de una evaluación externa y homologadora, siempre complementándola con los resultados previos de los alumnos.
Termino. En principio, probablemente Foro, a través de este diputado, votará a favor de la iniciativa, aunque, en mi opinión, en su formulación no debería hablarse de grado de progreso sino de grado de consecución, si es que se está
refiriendo a una prueba terminal. Este es el sentido de mi enmienda, sustancialmente de tipo técnico.
El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno de fijación de posiciones tiene la palabra la representante de La Izquierda Plural, la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señor presidente, cuando estaba oyendo a la portavoz del grupo proponente estaba terriblemente asustada, porque parece que suspendemos y nos sacan los colores. Paseo por la calle y nunca me he dado cuenta de que
la gente estuviera colorada, más allá de por tomar el sol en exceso. No lo sé. Probablemente ella lo sabrá mejor que yo.
El caso es que ustedes dicen este tipo de cosas y están hablando de que basan toda la credibilidad del sistema en este proceso de evaluaciones, pero se olvidan de que año tras año, vez tras vez, están recortando los presupuestos destinados a
ello. Pretenden mejorar la calidad del sistema educativo única y exclusivamente haciendo evaluaciones a los alumnos y a las alumnas, que posiblemente en alguna puedan fallar, por cierto, o en varias. ¿Es en ese proceso en lo único que piensan para
mejorar el sistema educativo? Por ahí fuera no nos van a poner colorados nunca porque cada vez vayamos gastando menos dinero en educación y sí nos van a poner colorados por otros temas. Por favor, tengan al menos un poquito de seriedad. Ustedes
están suprimiendo itinerarios de bachillerato, por ejemplo, algunos relacionados con las artes. ¿Dónde dejan a cantidad de profesores y de alumnos que han optado por esa vía? ¿En el limbo? ¿También estarán esperando evaluaciones para ver qué es
lo que pasa con ello? Hay profesores que denuncian que ustedes están suprimiendo asignaturas relacionadas con la economía. Parece que ahora la economía no tiene ningún interés. Esa asignatura no hay que evaluarla, ya la evalúan ustedes, mal, pero
la evalúan. Además, dicen que no es una propuesta ideológica. ¡Por favor! ¿Cómo que no es una propuesta ideológica? Es tremendamente ideológica. Eso sí, ustedes dicen que
venía en su programa. Les voy a dar la enhorabuena, porque probablemente es con lo único de su programa con lo que ustedes cumplen. En la justificación de la proposición dicen literalmente -usted luego no lo ha dicho, al menos yo no la he
oído verbalizarlo- que las familias también reclaman este tipo de información -conozco a unas cuantas que tienen niños en edad escolar y a mí personalmente no me han reclamado nunca este tipo de cosas, pero, por lo que veo, a ustedes sí-, porque sin
la misma es muy difícil que puedan ejercer de forma eficiente la libertad de elección de centro que le reconoce la Constitución. Muy bien, ustedes se acogen a la Constitución cuando les interesa y cuando no, la olvidan, como ha hecho literalmente
el ministro esta mañana. Entonces la olvidan. Creo que deberíamos tener un poco más de rigor a la hora de hablar estas cosas. Lo mismo que antes se pedía hablar con el conjunto de la comunidad escolar para tomar medidas de este tipo, háganlo
ahora, no les cuesta ningún trabajo.
Termino con esto. Ustedes presentan esta proposición no de ley -estamos acostumbrados y están en su derecho; hasta ahí podríamos llegar, cómo no se lo iba a reconocer mi grupo-, pero creo que lo hacen para ocupar espacio porque esto va a
ir en la Lomce. ¿O no? Para ocupar espacio está bien, ya le digo que les reconozco su derecho, pero a mi grupo le parece una tomadura de pelo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Voy a empezar mi intervención exponiendo que coincido con alguna de las afirmaciones que ha realizado la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Realmente, a mi grupo parlamentario le preocupan los
males, los problemas que pueda tener nuestro sistema educativo pero, francamente, nunca podemos pensar que estos son debidos a que evaluemos poco, porque evaluar, evaluamos muchísimo. También comparto su afirmación de que esta es una propuesta
completamente ideológica, y lo voy a sustentar en los antecedentes de la misma. Ya la hizo el Grupo Popular en la LOCE, en la Ley orgánica de calidad de la educación, que se aprobó con la anterior mayoría absoluta del Partido Popular, que no llegó
a entrar en vigor porque se suspendió; se propuso en la pasada legislatura a través de diversas iniciativas parlamentarias y, como se ha mencionado también, está en el actual anteproyecto de la Lomce. Por tanto, repito, es una propuesta claramente
ideológica que reiteradamente presenta el Grupo Popular.
Señorías, nosotros estamos completamente de acuerdo en que se debe evaluar el sistema educativo; en lo que no estamos de acuerdo ni lo vamos a estar es en quién es el competente para hacerlo. De entrada, lo que hacen en estas iniciativas
es mostrar una gran confianza en la capacidad y en la competencia de las comunidades autónomas que son las que, hoy por hoy, tienen la competencia para realizar las evaluaciones censales, las de todos y cada uno de los alumnos. Da la sensación,
señorías, de que lo que quiere el Estado, a través de esta evaluación que propone, es controlar el currículum, tal como hoy nos ha expuesto el ministro Wert, y además homogeneizar todos los contenidos educativos. La evaluación del conjunto del
alumnado es, hoy por hoy, competencia de la Generalitat, en el caso de Cataluña, y no queremos, y así lo explicitamos, renunciar a ello. En Cataluña ya existen evaluaciones muestrales. Existen las evaluaciones que hace el Estado y las que hace
PISA; el resto de evaluaciones son muestrales. Volver a evaluaciones censales es un paso atrás. Para Convergència i Unió esto es una ofensiva total contra la estructura competencial del Estatut de Catalunya que está vigente, que interfiere de
manera muy clara sobre la previsión que el Tribunal Constitucional dio por válida al reconocer la evaluación interna como competencia de la Generalitat. Los organismos internacionales, insisto, hacen las evaluaciones por muestras y competencias, no
por contenidos. Por tanto, lo que proponen es claramente una apuesta ideológica y un paso hacia atrás desde el punto de vista educativo y de competencia de las comunidades autónomas.
Por todo ello, no vamos a votar esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posición, tiene la palabra el señor Meijón, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MEIJÓN COUSELO: Señorías, instan ustedes al Gobierno a implantar una evaluación de los alumnos mediante una prueba de carácter nacional, ni siquiera ponen lo de censal en su propuesta. Hay varios aspectos curiosos. Ya existe lo
que ustedes piden, ergo, ¿para qué lo piden? Ya existen pruebas nacionales. ¿Se refieren ustedes a las pruebas anunciadas por su ministro en la Lomce? Ya está anunciado por el Gobierno, ergo, ¿para qué lo piden? ¿No se fían del ministro? ¿No se
fían del Gobierno? ¿No se
fían ustedes de la Lomce, que no deja de ser exactamente la LOCE, con la eme de Mariano en el medio? Es verdad que la comunidad educativa tampoco se fía de ustedes, ni del ministro ni de la Lomce. Por cierto, el ministro ha conseguido un
pleno, que es que el anteproyecto de ley sea peor valorado que el ministro peor valorado que, mire por donde, también es el señor Wert. ¿Lo piden ustedes para dar ánimo, aliento, apoyo a su ministro? A lo mejor les ha pedido que la presenten para
reforzar su depauperado papel ante la comunidad educativa. Esto no es serio ni es respetuoso. De su proposición no podemos deducir nada de lo que quieren hacer, porque simplemente piden una prueba de carácter nacional. Yo les pediría que fueran
honestos y concretaran qué quieren. Claro, seguramente lo que quieren es convertir la educación en una carrera de obstáculos en lugar de en una carrera de apoyo, que es como se hace, por cierto, en Finlandia, país que dicen ustedes admirar, pero
todo lo que pasa allí tratan de evitarlo aquí.
Empiezan ustedes con un dato erróneo: que hasta el año 2000 España no se había sometido a una evaluación internacional. Mentira. Lea, por favor, el informe Timss del año 1995, que todavía lo puede ver en Internet. Hablan de PISA, y
deprisa, porque hablan ustedes siempre mal y, lo que es peor, a sabiendas, porque pervierten a propósito los resultados PISA. Lean, por favor, a don Saturnino Martínez García o a don Julio Carabaña o tomen un café con el señor Torres Mora, que está
aquí detrás y que sabe bastante sobre cómo interpretar esos informes. Nunca les ha interesado lo más mínimo resaltar los aspectos positivos del informe PISA, los aspectos positivos de un sistema que ustedes quieren desmantelar. Pasan de puntillas
por la LOE, por una normativa actual que ya contempla pruebas censales y pruebas muestrales, pruebas de diagnóstico y pruebas de diagnóstico general. La ley actual advierte que nunca podrán ser utilizadas para hacer clasificaciones de centros. ¡A
ver si es esto lo que buscan! ¿Es su programa educativo lo que tratan de implantar sin pudor al hacer esos ránquines? ¿Será esto lo preparatorio para las reválidas, para más pruebas, para lo que ustedes llaman pomposamente libertad de elección de
centros, que es ni más ni menos que confundir el derecho a elegir con el derecho a ser elegidos? Por cierto, ¿pretenden ustedes eliminar las pruebas actualmente existentes? Díganlo, porque no lo ponen. Pretenden eliminar las pruebas censales de
las comunidades autónomas que, por cierto, se homogeneizan y se optimizan en los órganos correspondientes. ¿Desconfían ustedes de las comunidades autónomas? ¿Desconfían ustedes de los docentes? Con esto que piden, ¿eliminan la actual prueba
general de diagnóstico que realiza el Gobierno a través del Instituto de evaluación? Sabiendo que lo que no quieren no gusta, están ustedes presentando un ejercicio de vacuidad parlamentaria, una propuesta que, pretendiendo inspirarse en la lógica
borrosa, precisamente borra toda lógica a la propuesta. Mire usted, la honestidad parlamentaria les obliga a presentar sin ambages lo que verdaderamente pretenden en educación, que seguramente es la Lomce. Por tanto, sobra absolutamente esta
propuesta y nuestro voto solo puede ser negativo (Aplausos).
- RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000490).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley 490, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rodríguez Maniega.
La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae esta tarde a esta Comisión una proposición no de ley que les invita a debatir sobre la necesidad de promover la internacionalización y la modernización de las
universidades españolas. En esta iniciativa subrayamos el reto existente de desarrollar una política universitaria eficaz que, además de cumplir con su función de transferencia de la investigación, sea también un referente de calidad y excelencia,
que estimule el acercamiento al mundo empresarial y se sitúe a la cabeza del ranquin mundial. La comisión de expertos internacionales en el seguimiento de la estrategia Universidad 2015, creada en septiembre de 2011, extrae una conclusión que nos
parece significativo resaltar. Las universidades y los centros de investigación deben ser tratados como un todo unitario cuando se trata de elaborar políticas. Además, la innovación, al transformar el conocimiento en crecimiento económico,
convierte a las universidades en una piedra angular para el desarrollo de la misma.
Conocemos por las intervenciones que ha realizado el ministro de Educación ante esta misma Comisión, que la modernización de los distintos ámbitos sociales y académicos de nuestro país es una prioridad del Gobierno. Debo añadir que es
también una necesidad evidente si no queremos quedar anclados en estructuras anacrónicas. Es justo señalar el considerable esfuerzo realizado por nuestras universidades y sus profesionales por situarse en unos niveles destacados tanto en la calidad
de la
docencia que imparten como en la investigación que realizan. El mejor patrimonio de nuestra universidad es, sin duda, su capital humano, del que podemos sentirnos sobradamente orgullosos. Las universidades, para seguir ocupando con éxito
este lugar de vanguardia que merecen, deben tener capacidad para generar conocimiento y transferirlo a la sociedad. Separar la docencia de la investigación, es decir, separar la transmisión del conocimiento de su generación, es tan antinatural como
ineficaz. Si ambas son combinadas con la innovación, transformaremos el conocimiento en crecimiento económico. Si por algo podría definirse el pensamiento universitario es por su sentido crítico. Flaco favor haríamos a esta institución de
tradición secular si cayéramos en el conformismo. Debemos ser críticos con los resultados obtenidos hasta ahora, ser analíticos y no caer en la autocomplacencia. De hecho, nuestra proposición no de ley tiene que ver con esto. Instamos al Gobierno
a que impulse, en el seno de la Conferencia general de política universitaria, una valoración sobre el impacto del logro de objetivos de los programas de excelencia desarrollados hasta ahora y a analizar, en su caso, el diseño de nuevos instrumentos
adaptados a las necesidades de modernización de las universidades en el marco de la prioridad de lograr una mayor eficiencia de los recursos públicos.
Señorías, les decía hace un momento que la universidad es una institución de tradición secular. Ha superado crisis económicas y políticas; ha superado claroscuros de nuestra historia y superará también esta situación de la que saldremos
gracias al esfuerzo de todos y a las reformas estructurales que impulsa este Gobierno. Debemos considerar estrategias de internacionalización poco exploradas hasta el momento. También debemos considerar la posibilidad de incorporar recursos a
través de la introducción, por ejemplo, de sistemas de colaboración público-privado y potenciando el mecenazgo. Debemos, en definitiva, modernizar la universidad propiciando su unión con la sociedad, para lo que contamos con el valiosísimo
instrumento de los consejos sociales. Además de adaptar la oferta educativa a las demandas de la sociedad, nuestro desafío consiste en desarrollar políticas que conviertan, a su vez, a la primera en motor y agente de cambio de esta última, a través
de la investigación y de la innovación. Estamos ante un proyecto muy ambicioso. Para ello necesitamos la acción coordinada de las instituciones con las administraciones educativas. En ello jugará un papel clave la Conferencia general de política
universitaria.
Señorías, nos gustaría poder llegar a un acuerdo. Creemos que la propuesta que contiene esta proposición no de ley es clave para el presente y el futuro de las universidades españolas. Por todo ello, les invito a que negociemos un texto
que podamos asumir entre todos. Escucharé sus intervenciones con atención e intentaremos llegar a un acuerdo consensuado.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Buyolo.
El señor BUYOLO GARCÍA: La proposición no de ley que trae hoy el Grupo Popular está a todas luces fuera de lugar y tiempo. Mucho y no bueno para la educación ha pasado desde que se registrara esta proposición, lo que nos debería llevar a
reflexionar que algo tendremos que cambiar en la metodología y funcionamiento de este Parlamento. Si una propuesta del grupo que sustenta al Gobierno tarda seis meses en verse en Comisión, imagínense la capacidad que tenemos el resto de los grupos
parlamentarios de proponer y tratar los problemas que día a día acosan a nuestro sistema educativo. Como decía al comienzo de mi intervención, está fuera de tiempo ya que el ministro actual -por lo menos el actual, no sabemos si el próximo o la
próxima lo mantendrá- ha creado una comisión de expertos para decidir el futuro de la universidad sin la universidad.
Ya sé que las opiniones del Grupo Socialista -aunque agradezco la intervención de la diputada del Grupo Popular- no les importan -no esperaba menos de ustedes- y que posiblemente harán oídos sordos a lo que propongamos. Me han sorprendido
las declaraciones de la portavoz del Grupo Popular, que no sé si van un poco en contra o se contradicen bastante con las que en su día expresó el ministro en algún Pleno, porque hemos visto cómo el ministro ha ido desacreditando al mundo
universitario desde el primer día. En principio, acusó a los profesores universitarios de que no investigaban, de que se dedicaban solo a cobrar los sexenios sin investigar; a los alumnos que estudiaban en Europa los tildaba de juerguistas; a los
becarios los tildaba de poco estudiosos y a los investigadores de poco productivos y decía que se dedicaban más a publicar que a hacer cosas para la economía de nuestro país. Lo último que vimos fue cómo llamó niños enrabietados a los rectores
cuando lo plantaron ante el trágala al que querían someterlos. Creo que fue un mal comienzo, pero espero que, con las palabras que usted ha pronunciado hoy y su voluntad de llegar a acuerdos, esto pueda mejorarse, por el bien de la universidad, por
el bien de este país.
Antes de realizar una reforma de la universidad creo sinceramente, y así lo hemos planteado -por cierto, el señor Wert, cómo no, vuelve a premiarnos otra vez con ese giro copernicano en sus planteamientos contrarreformistas; ya verán como
dentro de poco nos plantará desde Génova una nueva ley de universidades ante el desastre que vive la actual universidad, como ya ha dicho en alguna entrevista-, que será necesario disponer de un estudio real, serio y riguroso. Le aconsejo que no
utilice las cifras a su antojo para justificar su contrarreforma. Ya nos conocemos, así que por favor no intente justificar lo injustificable.
Estamos de acuerdo, y hago mías las palabras del presidente del Consejo Superior de Deportes en su última comparecencia del pasado lunes en esta misma sala, de que no es el momento de los apocalípticos. Efectivamente, no es el momento de
aquellos que con el fin de justificar una posición tiran por el suelo toda la realidad. Los números que presenta nuestro sistema universitario reflejan que tenemos un sistema educativo altamente rentable y equitativo, con una base de crecimiento y
de éxito muy destacado y una imagen y un prestigio social elevado y que, por supuesto, tiene posibilidades de seguir mejorando en aspectos como la internacionalización y modernización de sus sistemas. Pero de ahí a pensar o a afirmar que nuestro
sistema es inviable social y económicamente o anacrónico, ya les digo que no.
No voy a aburrirles con cifras, con informes, pero no me resisto a plantear algunos datos muy significativos sobre la situación de nuestro sistema educativo universitario, datos poco sospechosos del Consejo Social y Económico publicados en
2011. Actualmente tenemos más de 9.000 títulos, de los cuales el 68 % ya están adaptados a la nueva ordenación académica; una tasa universitaria del 26,4 % , muy superior a la media europea, lo que supone que tengamos más de 1,5 millones de
universitarios y universitarias; un rendimiento académico superior a la media europea, como ya ha comentado mi compañero Torres Mora -por cierto, los criminalizados becarios tienen 14 puntos más en el rendimiento que la población universitaria
global-; la proporción de jóvenes que han finalizado sus estudios entre los treinta y los treinta y cuatro años se eleva al 40,6 % , que es el objetivo esperado para 2020. En cuanto a investigación -efectivamente tienen que estar ligadas la
universidad, la docencia y la investigación-, la universidad ejecuta el 28,3 % del gasto total de I+D, pero, además, el gasto de las instituciones supera al de la media de la Unión Europea de los Veintisiete, el 0,49 frente al 0,39. Por último,
quiero decirles también que la universidad acoge a 4 de cada 10 investigadores en España y que la producción científica sigue crecido a un ritmo de 5 puntos por año y solo en los últimos diez años se han multiplicado por 2,3.
Como ven, la foto fija no está nada mal, pero además no podemos olvidar de dónde venimos, cuánto camino hemos recorrido hasta hoy y, por supuesto, cuánto camino nos queda. Nuestras universidades se encuentran en una inmejorable condición
para cosechar grandes logros educativos, científicos y sociales que mejoren nuestra sociedad y nuestro potencial como país. Obviamente, no todo está bien, pero no es menos obvio que las medidas de mejora que se plantean no pueden realizarse sin la
participación y consenso de la comunidad educativa.
Las universidades necesitan primordialmente financiación, como ya hemos hablado en la primera y en la segunda proposición no de ley que hemos debatido. Sorprende que por un lado ustedes recorten financiación a las universidades, a través de
las comunidades autónomas, y por otro lado abran la puerta a lo que denominan colaboración público-privada. Para nosotros hay fórmulas mejores que esa reducción de gasto público para que vaya a gasto privado, porque nuevamente nos encontramos con
esa privatización que a ustedes tanto les gusta, como si lo público no pudiera ser eficaz y rentable. También me sorprende que hablen de excelencia y eliminen recursos económicos para la investigación; mala ecuación recortar presupuesto y
pretender disponer de los mejores profesionales y las mejores innovaciones. Para esa financiación privada, que creo que también es necesaria, hay más fórmulas -como el friends-raising o el fund-raising, que ofrecen transparencia y permiten que se
compartan los logros y los objetivos de las universidades- que mecenazgos o patrocinios externos de las empresas. Por supuesto, estamos de acuerdo con la rendición de cuentas, con establecer mecanismos de mejora en la gobernabilidad de las
universidades, respetando su autonomía, y sobre todo con facilitar que todos los ciudadanos dispongan de recursos públicos para estudiar.
El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando, señor Buyolo.
El señor BUYOLO GARCÍA: Acabo ya, señor presidente. La comisión de expertos de la OCDE dictaminó en 2008 que cualquier política o estrategia universitaria que se estableciera tendría mayores posibilidades de éxito si fuera transparente,
flexible, predecible y justa.
Concluyo. No caigan otra vez en el error de creerse con la verdad absoluta o de creer que sus 186 diputados y diputadas les hacen estar en posesión de la razón. En política, y menos en política educativa, no se puede legislar para la
comunidad educativa sin la comunidad educativa. Por eso le agradezco su voluntad de acuerdo y espero que así se refrende ahora en el final de esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Como el representante del Grupo Parlamentario Vasco no está, para turno de fijación de posiciones, por el grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez. Señora García Álvarez, ¿desea
intervenir? (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Nos acaban de pasar el texto transaccional al que al parecer han llegado el grupo proponente y el Grupo Socialista, y nos alegramos, porque consideramos importante y necesaria esta iniciativa, una iniciativa que
tiene como objetivo desarrollar parte de lo que se decía en la estrategia Universidad 2015: para que las universidades sean más eficientes, más internacionalizadas, socialmente más reconocidas y valoradas, mejor financiadas y que presten mayor
atención a la colaboración interuniversitaria y a la agregación estratégica con otras instituciones y agentes en educación, investigación e innovación.
Compartimos el espíritu de la proposición que presenta el Grupo Popular y compartimos también la letra del texto transaccional al que finalmente se ha llegado. Por tanto, vamos a apoyar la iniciativa, pero queremos significar que valoramos
especialmente la posibilidad de introducir sistemas de colaboración público-privada y de potenciar el mecenazgo, máxime en un momento como el actual. No es que no creamos en la inversión del dinero público -claro que creemos-, pero los recursos son
tan escasos que se debe dar la máxima importancia a esta colaboración público-privada. Por ello, Convergència i Unió, en esta misma legislatura, ha presentado una proposición de ley sobre mecenazgo, que tiene como finalidad que la inversión privada
pueda ser una fuente seria, solvente, realista y complementaria a la financiación pública. Convergència i Unió considera que las sinergias conseguidas entre los recursos privados y públicos suelen revertir en una mejora de la capacidad de gestión
de los recursos públicos en actividades de interés general y a la vez en una activa participación privada en las mismas. De hecho, si leemos todos los estudios que hay sobre inversión en este marco, veremos que cuando se refieren a España señalan
que la colaboración privada es todavía muy deficiente y muy insuficiente con respecto a lo que pasa en los países adelantados de nuestro entorno.
- SOBRE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL Y CONTRA LA HOMOFOBIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000754).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día, que es la proposición no de ley 754, del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora De Las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Señorías, como ya hemos podido comprobar, por desgracia, el ministro Wert no es un gran defensor de la escuela pública, laica y en diversidad que Izquierda Unida quiere y que además -tenemos que recordarlo-
contempla la Constitución. Hace ya tiempo, las asociaciones y colectivos LGTBI -lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales- se han venido sumando a las mareas verdes en su compromiso de lucha por una educación pública y de calidad,
pero además con pluma, como ha llegado a reclamar el colectivo Diversitat, en Valencia, por poner un ejemplo.
Bajo el pretexto de la crisis y la contención del déficit se está desmantelando el sistema educativo público y la posibilidad de poder mejorarlo. Por ello, desde los colectivos y las federaciones estatales de lesbianas, gays, transexuales,
bisexuales e intersexuales se ha condenado la desaparición de Educación para la Ciudadanía... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Ruego a sus señorías que guarden un poquito de silencio. Gracias.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Como decía, desde estos colectivos se ha condenado la desaparición de Educación para la Ciudadanía en los términos que más les interesan. El Ministerio de Educación ha eliminado todas las referencias a la
diversidad afectivo-sexual del temario de la asignatura,
lo que viene a suponer que se dejarán de tratar todos los temas que puedan contribuir a erradicar la homofobia y la transfobia en las aulas. Sería necesario que se adoptasen políticas educativas específicas y transversales que convirtieran
las escuelas en lugares habitables para todo el alumnado y, por consiguiente, que los y las jóvenes fueran futuros ciudadanos y ciudadanas que no se vieran asfixiados por la heteronormatividad, pero esto es imposible que se pueda llevar a cabo si se
mercantiliza o se pone en manos de la Iglesia, como pretende el señor Wert. La apuesta debe ser clara: educación pública, laica, de calidad, en diversidad y con igualdad. Izquierda Unida defiende una educación pública, sensible a la diversidad de
las personas, y por ello anima a los colectivos LGTBI a continuar con esa lucha que ya están realizando por la educación de todos y de todas para todos y para todas.
Desde septiembre, los alumnos de segundo o tercero de la ESO, según de qué comunidad autónoma sean, cursan una materia que solo comparte denominación con la actual asignatura de Educación para la Ciudadanía, y esto además solo ocurrirá hasta
el curso 2013-2014, momento en el que pasará a llamarse Educación Cívica y Constitucional, tras la nueva ley orgánica de educación. Con los cambios previstos, que no obedecen a razones objetivas ni de tipo pedagógico o jurídico que los puedan
justificar, se eliminará todo lo relacionado con el reconocimiento de la diversidad en los modelos familiares y en la orientación sexual, especialmente las referencias a la homosexualidad y a los matrimonios formados por personas de un mismo sexo.
Se omitirán asimismo los aspectos emocionales y afectivos como parte del aprendizaje, de la riqueza y del desarrollo personal. Además, se suprimirán contenidos hasta ahora básicos, como la cultura de la paz y el diálogo como vía de resolución de
conflictos, eliminando la reflexión sobre las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza o la desigualdad y ocultando cualquier alusión a los conflictos sociales y a las desigualdades que se dan en nuestra sociedad. Esto
lo ha denunciado también Amnistía Internacional.
Pero no se va a quedar ahí la cosa. En el Real decreto de modificación de los objetivos y contenidos de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, también se obvia todo lo referente a la igualdad entre hombres y mujeres,
eliminando del estudio la desigualdad de género, la feminización de la pobreza, la necesaria igualdad en el reparto de las tareas domésticas, etcétera. Tampoco tendrá cabida en la nueva asignatura el rechazo a cualquier forma de discriminación, no
solo homofóbica, sino también racista o xenófoba. Como colofón final al despropósito, la nueva ley de educación planteada por el ministerio facilitará y fomentará la segregación por sexos en la escuela pública.
¿Qué nos dan a cambio? ¿Temas como la defensa de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor? ¿La defensa de la propiedad intelectual? ¿La alusión constante a la simbología del
Estado nacional o cuestiones especialmente controvertidas como la moralidad humana y el respeto a la vida, ligadas, eso sí, a los postulados de la Iglesia católica?
Hay que añadir que los contenidos que se han suprimido vienen marcados por el Programa Mundial de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos, así como por directivas y recomendaciones del Consejo de Europa. Los derechos humanos y
la no discriminación, señorías...
El señor PRESIDENTE: Si pudiera ir finalizando, señoría.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Termino.
Los derechos humanos y la no discriminación forman parte de un pack completo, indivisible y no se pueden estudiar unos sí y otros no. Izquierda Unida entiende que estos cambios responden únicamente a razones partidistas ligadas a
determinados compromisos que tiene el Partido Popular con sectores de la ultraderecha. Por eso creemos absolutamente necesario y pedimos aquí el apoyo para que se recuperen la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y los
contenidos referentes a la diversidad afectivo-sexual, la igualdad y el compromiso contra la discriminación, contra la homofobia y la transfobia, y se elabore un programa de apoyo a los centros educativos para que los profesores puedan impartir
estas materias y tengan los instrumentos para acabar con el acoso escolar homofóbico o por cualquier motivo de diversidad.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Ros.
La señora ROS MARTÍNEZ: Para el Grupo Socialista, esta proposición no de ley sobre la atención educativa de la diversidad afectivo-sexual y contra la homofobia en el sistema educativo es necesaria y oportuna. Es necesaria porque el sistema
educativo es el marco idóneo para acabar con la desigualdad.
Los centros educativos deben ser espacios de libertad, igualdad, respeto y convivencia. La educación es una herramienta eficaz para abordar desigualdades; la mejor educación es la que se hace en igualdad. La asignatura de Educación para
la Ciudadanía, que fue aprobada en 2006 por el Ejecutivo socialista, contemplaba, entre otros asuntos, referencias a los afectos y emociones, a las relaciones entre hombres y mujeres, a los prejuicios sociales, racistas, xenófobos o sexistas, a la
pobreza en el mundo, a la feminización de la misma o a la falta de accesos a la educación como fuente de pobreza. Agredir, insultar y atacar a alguien por su orientación sexual e identidad de género es algo que debe ser rechazado por toda la
sociedad. La homofobia, la transfobia y la bifobia siguen siendo una de las formas de odio más extendidas, y la orientación sexual y la identidad de género siguen siendo objeto de persecución legal en muchos países.
Me viene a la memoria una frase que dice: El respeto es algo importante que te enseñan cuando eres pequeño. Pues bien, la educación sin discriminación empieza por políticas educativas con un enfoque de perspectiva de derechos humanos y de
respeto a la diversidad, diversidad familiar, afectivo-sexual y de identidad de género. El 3 de agosto de 2012, el Gobierno del Partido Popular aprobó eliminar los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que pasará a
denominarse el próximo curso Educación Cívica y Constitucional. Desaparecen contenidos como el rechazo de la homofobia y las desigualdades por motivos de raza y sexo, los conflictos sociales o la educación sexual. Nuestro grupo rechaza estos
cambios, porque significan dejar Educación para la Ciudadanía sin los contenidos de tolerancia y respeto que por lo visto tanto molestan al electorado conservador. Hemos pasado de Educación para la Ciudadanía a educación para una minoría, abocados
a un modelo donde unos pocos ganan y la mayoría pierde. Una sociedad es equitativa si logra que todos sus miembros alcancen un umbral de bienestar, asegurando a cada persona un nivel de dignidad esencial. Es oportuna también porque en los últimos
días hemos conocido declaraciones -las del expresidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, José Manuel Castelao, que ha dicho que las leyes son como las mujeres, están para violarlas- que invitan a la discriminación y a la
violencia contra las mujeres, declaraciones que son un desprecio a las mujeres y a las leyes y que hacen más necesario que nunca continuar estableciendo políticas comprometidas con la erradicación de la violencia y cualquier tipo de discriminación.
Como muy bien dice esta proposición, cada día que pasa esa necesidad se convierte más en una urgencia. Una sociedad que no educa en igualdad, respeto y tolerancia es una sociedad que no cree en la libertad ni en la democracia.
La Asociación de familias LGTB ha denunciado reiteradamente la falta de inclusión de la diversidad familiar en todo el currículum educativo. Los comportamientos de desprecio por orientación, por diversidad familiar, afectivo-sexual o de
identidad de género afectan también a los hijos e hijas de familias homoparentales, provocando el silencio por parte de los hijos e hijas sobre la orientación sexual de sus progenitores. Los comportamientos homófobos conducen a actitudes de odio y
discriminación. No se puede mantener el discurso de la igualdad de oportunidades y plantear al mismo tiempo no educar en conceptos como la homofobia. Educar en conceptos como diversidad familiar, afectivo-sexual y de identidad de género y contra
la homofobia es una realidad de justicia social, irrenunciable para el Grupo Socialista. Por ello, nuestro grupo ha presentado una enmienda con el objetivo de sumar esfuerzos para que la erradicación de la discriminación desde el ámbito educativo
sea una realidad. Pero para ello, como recoge esta enmienda, es necesario revocar la modificación de los temarios llevada a cabo mediante el Real Decreto de 3 de agosto y mantener la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Acabo, señorías. Los últimos datos sobre discriminación, publicados por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Eurobarómetro, dicen que el 44 % de la población española consultada asegura que la discriminación por
orientación sexual es una realidad social. Señorías, nadie debe ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
Acabo haciendo un llamamiento a los diputados y diputadas del Partido Popular para que rectifiquen y retiren el recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. La discriminación produce sufrimiento en la
gente y no podemos ni debemos aceptarlo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Efectivamente mi grupo ha presentado una enmienda de sustitución a la proposición defendida por la señora De las Heras. En el caso de que no sea aceptada, anuncio aquí nuestro voto contrario a la proposición no
de ley. Me limitaré a exponer brevemente las razones de nuestra posición.
El contenido de la proposición no de ley tiene cuatro puntos. El primero -creo que el más importante, al que ha dedicado su intervención la señora De las Heras- se refiere a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Pues bien, nuestra
posición no es otra que la de respetar el sentido genuino y la finalidad de la materia de Educación para la Ciudadanía conforme a los criterios claramente expuestos en la Recomendación de octubre de 2002, adoptada por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa y a la que el preámbulo de la Ley Orgánica de Educación de 2006 se refiere como inspiradora de esta asignatura, recomendación que creo recordar que fue votada y apoyada por el Gobierno del Reino de España, presidido entonces por
don José María Aznar. Tengo aquí el texto de la recomendación, que es un texto extenso, de nueve folios. En dicho texto no figura en ningún punto de manera directa o indirecta la temática a la que se refiere la proposición no de ley de su señoría.
Nosotros no queremos enmendar la plana al Consejo de Europa, aunque usted evidentemente está en perfecto derecho de hacerlo.
¿Por qué se produce esta preocupación en el seno del Consejo de Europa por hacer impulsar a los distintos Estados miembros una Educación para la Ciudadanía Democrática, que así es como se llama? Surge en los años noventa, precisamente con
la incorporación de los países europeos que había formado parte del bloque soviético. Tras la feliz caída de esos regímenes opresores, los Estados miembros se apercibieron de que en el sistema educativo de esos países se había adoctrinado con
postulados, con posiciones no democráticas. Ya en la cumbre del año 1997, la segunda cumbre de esta nueva etapa del Consejo de Europa, los jefes de Estado y de Gobierno hacen una declaración en la que resultaba necesaria una educación basada en los
derechos y responsabilidades de los ciudadanos, así como en la participación de los jóvenes en la sociedad civil. El contenido clarísimo de este impulso que da el Consejo de Europa hacia una asignatura, hacia un conjunto de materias en torno a la
Educación para la Ciudadanía Democrática, está explícitamente diciendo cuáles son los objetivos: defender los valores y principios de la libertad, del pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la ley, que son los fundamentos de la
democracia. En relación con los objetivos y contenidos de esta Educación para la Ciudadanía Democrática, la recomendación señala que abarca disciplinas específicas y áreas de aprendizaje e instituciones variadas y multidisciplinares, es decir, lo
que aquí decimos con carácter transversal. Afirma que puede incluir una educación, como disciplina, cívica, política y enfocada a los derechos humanos.
Pues bien, ¿cómo han aplicado los distintos países este impulso nacido en el Consejo de Europa? Tengo aquí el último informe Eurydice, de julio del año 2012, en el que se señala que solo seis países de los treinta y siete que forman parte
del Consejo de Europa han implantado una asignatura específica de Educación para la Ciudadanía en la etapa de primaria; que en veinte países se ha establecido una disciplina específica en la educación secundaria, en la mayoría de ellos de carácter
jurídico-político, de alfabetización política-democrática, que es el objetivo específico de esta asignatura, y que una minoría de Estados, los once restantes, le dan una forma integrada con otras disciplinas.
Pues bien, el planteamiento de la reforma que ha anunciado el ministro Wert es adoptar la posición de la mayoría de los Estados del Consejo de Europa, y el nombre de la asignatura de Educación Cívica y Constitucional, para la etapa de
educación secundaria, me parece que es relevante. La presencia de la palabra constitucional es la garante de que el contenido de la materia debe respetar íntegramente el marco constitucional, como norma suprema que rige nuestra convivencia, la
comprensión de sus valores, de las reglas de juego y de sus instituciones. Todos ellos -valores y principios de la Constitución, reglas de juego e instituciones- son los que conforman una sociedad democrática y pluralista, que es el objeto de la
formación de los alumnos a que los que va destinada esta asignatura. Y entre estos principios no podemos olvidar -es importante- que está el de la igualdad, amparada tanto en el artículo 14, que excluye cualquier tipo de discriminación, como en el
artículo 9, para mover las situaciones de desigualdad hacia la igualdad. Esta es nuestra posición. Nos parece que el contenido claro, específico de esa asignatura debe centrarse en esos contenidos inspirados por el Consejo de Europa.
Para terminar, señor presidente, los puntos 2, 3 y 4 de su propuesta no nos parecen procedentes. En primer lugar, no creemos oportuna una modificación de la composición del Consejo Escolar del Estado, del que forman parte relevantes
personalidades del mundo educativo y representantes de los componentes de la comunidad educativa. Creemos que la composición actual es equilibrada y razonable y ampliarla desnaturalizaría el sentido del Consejo Escolar del Estado. Tampoco creemos
pertinente la creación de un
observatorio estatal sobre el tratamiento de la diversidad afectivo-sexual. Es al Consejo Escolar del Estado y a los consejos escolares de las comunidades autónomas a quienes corresponde, en sus informes, estudiar y tratar todos los
aspectos de la convivencia en la vida escolar.
En cuanto al programa de apoyo que plantea la proposición, lo creemos innecesario, pues ya hay en las administraciones educativas programas muy consistentes y muy válidos para favorecer la convivencia escolar dentro de los valores que
propugna la Constitución, el más importante de los cuales, y con esto termino, señor presidente, es el respeto a cada persona, pues cada persona, con independencia de sus condiciones o características personales, está dotada de una dignidad radical.
Por esto es por lo que tenemos que trabajar todos y todos los miembros de esta Comisión. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señorías, Convergència i Unió comparte el fondo de la iniciativa que estamos debatiendo, pero no comparte y por tanto no va a poder apoyar la propuesta concreta, por un tema competencial. Lo que aquí se propone,
tanto el temario como el programa o el observatorio, son temas en los que las competencias son, en nuestro caso, de la Generalitat de Catalunya. Como compartimos el fondo de la iniciativa y consideramos de gran interés lo que se nos dice, quiero
explicitar que precisamente ayer, 9 de octubre del año 2012, el Gobierno de la Generalitat aprobó la actualización del Plan interdepartamental para la no discriminación de las personas homosexuales y transexuales. Este documento, que ha sido
impulsado por la Secretaría de Familia, actualiza el texto del año 2006, después de haberse abierto un proceso de participación de todos los departamentos del Gobierno y de las entidades del sector a través del Consejo Nacional de Lesbianas, Gays,
Hombres y Mujeres Bisexuales y Transexuales. El impulso de esta iniciativa responde al mandato del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece en su artículo 40.8 que los poderes públicos han de promover la igualdad de todas las personas, con
independencia del origen, la nacionalidad, el sexo, la raza, la religión, la condición social o la orientación sexual, y también han de promover la erradicación del racismo, del antisemitismo, de la xenofobia, de la homofobia y de cualquier otra
expresión que atente contra la igualdad y la dignidad de las personas. Este plan, con vigencia hasta el año 2014, expone propuestas y acciones del Gobierno organizadas en ocho ámbitos de trabajo e incorpora acciones concretas que tendrá que
desarrollar cada departamento.
En el ámbito educativo y de formación, que tendrá que estar dentro de la parte curricular y de los programas de la Generalitat en este aspecto, se ha aprobado trabajar en los centros el desarrollo de las capacidades afectivas de los alumnos,
potenciar la educación en valores que impulse el respeto y la no discriminación de las personas y trabajar en el alumnado el rechazo a la violencia, a los prejuicios y a los estereotipos sexistas, todo ello, como digo, con participación de todas las
entidades del sector.
Por tanto, coincidimos en el fondo, pero discrepamos por un tema competencial.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Señor presidente, un minuto por favor.
El señor PRESIDENTE: Señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Quería decirle a la portavoz de Convergència i Unió que nos parece muy importante que nos hubiera podido presentar una enmienda, porque no hubiéramos tenido ningún problema en aceptarla en los términos de su
exposición. Incluso si ella quiere -y la Mesa lo estima conveniente y adecuado que formulemos lo que ella está planteando como una enmienda in voce en esta Comisión-, nosotros no tendríamos ningún problema en aceptarlo dentro del ámbito
competencial, que nosotros respetamos total y absolutamente. Podíamos incorporarlo en una enmienda in voce que ella pueda elaborar, y así pueda apoyar nuestra proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: A estos efectos, y como quedan dos puntos en el orden del día, si antes de la finalización del debate y del comienzo de las votaciones son ustedes capaces de pasar un texto a la Mesa, será el que votaremos. En caso
contrario, por favor, tiene que señalarnos si acepta o no las enmiendas del Grupo Socialista y del Popular.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Aceptaremos las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Intentaremos llegar a un acuerdo con Convergència i Unió. No podemos aceptar la enmienda presentada por el Grupo Popular porque invierte toda la
proposición no de ley presentada por nuestro grupo.
- SOBRE CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN Y DE LAS SENTENCIAS DE 23 Y 24 DE JULIO DEL TRIBUNAL SUPREMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000926).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6 del orden del día, que es la proposición no de ley número 926, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Señorías, la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista a la consideración de esta Comisión seguramente tendría muy difícil explicación en otro país que no fuera España, tanto por el petitum, es decir,
porque pedimos que se cumpla la ley orgánica y las sentencias, como por el fondo de la cuestión, es decir, que no se paguen con fondos públicos aquellos conciertos de colegios que separan niños y niñas. Sería complicado que un francés o un alemán
entendiera que un grupo político tenga que instar al Gobierno a cumplir la ley, en este caso la LOE, y a acatar las sentencias del máximo órgano jurisdiccional del país, que es el Tribunal Supremo. Esto es así, porque parecería lógico que fuera
precisamente el Gobierno el que se erigiera tanto en garante de la legalidad como en impulsor del cumplimiento de las resoluciones judiciales, pero lo tenemos que hacer así porque el máximo responsable de la educación en España, el ministro Wert, y
algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han anunciado que harán caso omiso de la LOE, es decir, no la respetarán, y lo mismo harán con las sentencias, es decir, no las acatarán. Eso es lo que pide nuestra proposición no de
ley: que se garantice el cumplimiento de la LOE y de las sentencias y que con los créditos procedentes de la retirada de estos conciertos se incrementen las becas.
Por recordar brevemente el camino seguido hasta estas sentencias, habría que decir que ya en el año 2008 el Tribunal Supremo admitió la pretensión de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de suprimir el concierto a los centros que
separaran niños y niñas; una primera sentencia del Tribunal Supremo. Más tarde, en 2009, otras comunidades, como Andalucía, Cantabria y Asturias, procedieron del mismo modo. En el caso andaluz fue su Tribunal Superior de Justicia el que dictó
sentencia contraria a las pretensiones de la Junta de Andalucía, que procedió a interponer recurso de casación ante la Sala tercera del Tribunal Supremo, que finalmente, el 23 de julio de este mismo año, la estimó y acordó reconocer el derecho que
le asistía a la Junta de Andalucía a dictar la orden que negaba la renovación del concierto educativo al centro privado concertado El Cható, de Brenes, Sevilla. En el caso de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Tribunal Superior de Justicia
cántabro falló en contra de los reclamantes, estos interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo y el fallo del Tribunal Supremo en este caso declaró no haber lugar a dicha pretensión, presentada por los padres de los colegios Torrevelo
y Peñalabra, restableciendo así el orden jurídico anterior.
Nadie en mi grupo está negando el derecho a la existencia de centros de educación diferenciada, puesto que nuestra legislación lo permite. Lo que negamos es que con fondos públicos, con fondos de todos, podamos concertar centros que
segregan niños y niñas. Esto es especialmente grave en estos momentos de una dura crisis económica donde los recursos deben estar dirigidos, más que nunca, al interés general. Señorías, señor presidente, nos parece una burla, por parte del
ministro Wert, que se anuncie una modificación ad hoc, una modificación a la carta, de la Ley Orgánica de Educación para hacer posible que algo así como 70 colegios de los cerca de 30.000 que hay en toda España puedan tener el privilegio, la
prerrogativa y, me atrevería a decir, la gracia -como se decía en el antiguo régimen- de concertar sus enseñanzas y que además ese privilegio lo paguemos entre todos.
Señorías, les recuerdo que las sentencias del Tribunal Supremo con estos fallos sientan jurisprudencia. Cito textualmente una parte del fundamento jurídico 6.º, que dice así: Por otra parte, nadie puso en duda la legitimidad del sistema de
educación diferenciada. Cuestión distinta es que a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, sea posible que estos centros privados puedan tener la condición de concertados, sostenidos con fondos públicos, cuando expresamente en el
régimen de admisión de alumnos se prohíbe la discriminación por razón de sexo, artículo 84.3 de la ley. Y continúa: Precepto que por otra parte en nada se separa del contenido del artículo 14 de la Constitución del que es trasunto fiel a la hora
de enumerar la discriminación que proscribe. Es decir, señorías, el Tribunal Supremo no solo considera, como contrario a derecho, la concertación sobre la base del artículo 8.3 de la LOE, sino que defiende que dicho artículo es trasunto fiel -dice-
del mandato constitucional recogido en el artículo 14.8 de nuestra Constitución.
Si me permite, señor presidente, contesto ahora mismo, si no hay otra alteración posterior, a la enmienda que se nos ha planteado desde el Grupo Parlamentario Popular y que no podemos incorporar. La enmienda reza así: Proteger la libertad
de elección de los padres en el ámbito educativo. Preferimos acogernos a la propia autoridad del Tribunal Supremo, también en el fundamento jurídico 6.º, para explicar por qué no la incorporamos. Cito también textualmente: Esa imposibilidad de
obtener conciertos, por parte de esos centros docentes que optan por la educación separada por sexos, tampoco perturba ningún derecho constitucional -lo está diciendo la sentencia del Tribunal Supremo- de los padres, que conservan el derecho de
libre elección de centro y el de los titulares de la creación de centros con ideario o carácter propio y sin que se vulnere el artículo 27.9 de la Constitución porque determinados centros no puedan acceder al concierto si no reúnen los requisitos
que la ley establece.
Señorías, el Grupo Socialista no es partidario de una educación diferenciada, sino de la coeducación. Así opina la mayoría de los países de la OCDE. Pero el debate de hoy no va por esos derroteros, no discutimos, como dije al principio, la
legalidad de la existencia de esos centros; negamos que se paguen con fondos públicos. Como asistimos en los últimos años a un notable debate -es verdad que más ficticio que real- sobre las bondades de la educación diferenciada, la diferencia
neurológica entre niños y niñas y algunas otras extravagancias similares, en boca no pocas veces del partido que apoya al Gobierno y del propio ministro Wert, déjenme que les diga que este intento se ha venido abajo el pasado año cuando la revista
Science, una de las más reconocidas del mundo, publicaba un artículo con el título La pseudociencia de la escolarización por sexos y no solo rechazaba los argumentos cientificistas, sino que además afirmaba -y cito textualmente- que la educación
segregacionista aumenta el sexismo entre alumnos y docentes, fomenta los estereotipos de género y legitima el sexismo institucional. El estudio echaba por tierra los argumentos de que con una educación diferenciada los estudiantes obtienen mejores
resultados, y este estudio llegaba a afirmar que dicha separación tenía muchos paralelismos con la segregación racista.
Señorías, al igual que el creacionismo, basado en la interpretación literal de la Biblia, se disimuló con la teoría, supuestamente científica, del diseño inteligente, así muchos miembros del Partido Popular, con su ministro de Educación al
frente, intentan apoyarse en la ciencia para sostener y para separar niños y niñas y para decir que mejora los resultados escolares y camuflar en este caso esa rancia doctrina de la Iglesia católica, acuñada ya por Pío XI en la encíclica Divini
Illius Magistri, que afirmaba que la coeducación -y cito textualmente- legitimaba una promiscuidad e igualdad de sexos totalmente liberadora. Y añadía: La naturaleza humana, que diversifica los dos sexos en su organismo, inclinaciones y actitudes,
no presenta dato alguno que justifique la promiscuidad y mucho menos la identidad en la educación de los dos sexos.
Gracias, señor presidente, por su generosidad. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, para la defensa que tiene presentada el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Señorías, el debate que hoy plantea el Grupo Parlamentario Socialista es más profundo de lo que pudiera dar a entender la intervención de su portavoz, porque les guste más o menos o no les guste nada, la enseñanza
diferenciada es una realidad en nuestro país, y es una realidad que ciertamente tiene menos peso del que pudiera tener en otros países europeos, como Irlanda, Holanda, Alemania, Noruega o el Reino Unido -alguno de los cuales, por cierto, la
contemplan en el sistema público de educación- y menor también que la presencia que tiene en Estados Unidos, también introducida en el sistema público.
Me van a permitir que dé algunos datos. En el Reino Unido, entre las 100 mejores escuelas, 81 son de educación diferenciada, y entre las diez primeras solo una ofrece educación mixta. En Francia y Alemania han decidido imitar la opción
británica y curiosamente han sido diferentes partidos, de diferente signo y condición, desde los socialistas a los verdes, quienes han potenciado la enseñanza diferenciada. No es de extrañar, porque nuestros vecinos franceses hace tiempo que
desterraron los tópicos de su legislación. Sin ir más lejos, la Ley de igualdad francesa, reiteradamente mencionada en esta Cámara en múltiples debates, tras reconocer la igualdad de trato entre hombres y mujeres, señala que este principio no es
obstáculo para la organización de las enseñanzas, agrupando los alumnos en función de su sexo, artículo 2.4. En Estados Unidos, la Administración Obama ha convertido a la educación diferenciada en clave dentro del marco de reformas que se han
desarrollado en materia educativa. Cuatrocientas escuelas públicas han pasado al sistema diferenciado. Es evidente que el presidente Obama no ha debido leer con atención la revista a la que ha hecho referencia el portavoz socialista. (El señor
Bedera Bravo pronuncia palabras que no se perciben). Pero aquí el problema es otro, el problema de su planteamiento es otro,
porque aquí de lo que estamos hablando es de libertad. Lo que ocurre es que a ustedes, señores del Grupo Socialista, les chirría el artículo 27 de la Constitución española. (Una señora diputada: ¡Muy bien!) Me estoy refiriendo a la
libertad de enseñanza, a la libertad que tienen los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, a elegir la educación y el centro educativo, y esa elección pasa necesariamente por el mantenimiento del concierto en diferentes modelos,
porque solo así garantizaremos la igualdad de oportunidades.
El problema real que ustedes plantean hoy es que creen en un modelo monolítico, uniforme, y nosotros no, creemos en el derecho de las familias a elegir entre diferentes opciones pedagógicas en condiciones de igualdad. Por cierto, también la
Carta de Derechos Fundamentales, recogida en el Tratado de Lisboa, establece el derecho de los padres a no ser discriminados por la elección de una determinada opción pedagógica.
Señorías, la verdad es que con su discurso están limitando la libertad y la igualdad de oportunidades. Están diciendo a los padres que solo podrán elegir esa libertad que consagra la Constitución si pagan por ello. Ustedes condenan a
cientos de familias a ver limitados su derechos, penalizan a quien se desmarca de su ideario, pero lo más terrible es que lo hacen porque siguen instalados en el pensamiento único, basado en planteamientos ideológicos absolutamente trasnochados,
porque mientras el resto del mundo sigue la senda de la modernidad, mientras las decisiones en el ámbito educativo buscan la calidad, ustedes se acomodan a determinados estereotipos -con todo el respeto- dignos de sonrojo. Si ustedes por un momento
aparcasen los discursos fáciles e inconsistentes tendrían que ir al fondo del asunto y plantearse hasta qué punto el argumento de que la educación diferenciada supone discriminación entre los sexos es compatible con la Convención de la Unesco, que
firmó España contra la discriminación en la enseñanza, porque la Unesco sostiene que la educación diferenciada, siempre que no conlleve una desigualdad de oportunidades para chicos y para chicas, no supone una forma de discriminación. (El señor
Bedera Bravo: Ese artículo sigue después). Esta es la cuestión: si no hay discriminación en función de esa educación diferenciada no puede haber tampoco discriminación en la aportación de fondos públicos, y eso lo saben, lo mismo que saben que en
España hay 81.000 alumnos que estudian en 184 colegios de educación diferenciada, de los que 109 son concertados. También saben que estos conciertos no son nuevos, señorías, porque la enseñanza diferenciada ha estado presente en España durante todo
el periodo de vigencia de la Constitución española, porque precisamente es a partir del año 1985, con la aprobación de la LODE, por el Gobierno socialista de Felipe González, cuando se conciertan centros de educación diferenciada. Sin ir más lejos,
en la Comunidad de Madrid, ocho se concertaron en esa época.
Permítanme que les diga que me resulta cuanto menos sorprendente escuchar algunas afirmaciones que se han manifestado en el día de hoy, y más sorprendente que estas afirmaciones provengan del Grupo Socialista, cuando fue precisamente un
Gobierno socialista el que no tuvo problema alguno en concertar este tipo de centros. Por cierto, no existe, señor Bedera, con todo el respeto, ningún estudio, ninguno, cuyos resultados indiquen que la escuela diferenciada favorezca la convivencia
y la igualdad entre sexos en menor medida que la mixta; esta es la realidad. Ningún dato científico avala la prevalencia de un modelo sobre otro. (El señor Bedera Bravo: Science). Usted ha hablado de la LOE y del Tribunal Supremo, en el
artículo 116 de la LOE no se encuentra el de impartir desde un determinado modelo pedagógico, entre los requisitos que se requieren a los centros para que se les de el concierto. Ha hablado usted del Tribunal Supremo. Pues también el Tribunal
Supremo ha dictaminado que la enseñanza mixta es un medio, pero no el único medio para promover la eliminación de las desigualdades. La diferencia, como le decía, entre ustedes y nosotros, es que nosotros creemos en dos principios fundamentales:
la calidad y, en un principio constitucional fundamental, la libertad. (El señor Pezzi Cereto pronuncia palabras que no se perciben). Les puedo garantizar que, con sus teorías y si no trabajamos en la senda de la libertad, difícilmente lograremos
la calidad. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Estamos ante un tema que debemos analizarlo a la luz de varios ámbitos con el fin de aproximarnos a este centro de riguroso interés con la suficiente honestidad intelectual. Se nos presenta la educación
diferenciada por sexos como una alternativa al modelo de coeducación generalizado en España, en Europa y en el mundo occidental. En España, la coeducación se implantó de manera universal en el año setenta, de la mano de la Ley General de Educación,
y sustituyó a una muy extendida educación diferenciada en los tramos inferiores del sistema escolar. Aún hoy perduran
-y muchos todavía lo recordamos- las escuelas de niños y de niñas en edificios diferentes, con maestros diferentes y con currículos diferentes. Dos sentencias del Tribunal Supremo, de 23 y 24 de julio, sobre los conciertos públicos
aplicables a la educación diferenciada entre sexos en la etapa secundaria, han desatado todo un caudal de opiniones y controversias. Hoy en este Congreso también tiene su primer momento merced a la PNL presentada por el Grupo Socialista, que aquí
estamos debatiendo, y que, contrariamente a lo que opina el portavoz socialista, me parece realmente oportuna.
Desde el punto de vista jurídico, la cuestión no es ni lineal ni unidireccional y, como ocurre muchas veces en Derecho, rica en matices y sentencias. Hay varios fallos del propio Tribunal Supremo que antes de esa fecha admitían dicho
modelo. Varios tribunales superiores de Justicia de comunidades autónomas, como Asturias, por ejemplo, también lo confirman así. Las propias sentencias de julio tienen votos particulares de disenso. La Convención de la Unesco del año 1960 al
referirse a la lucha contra las discriminaciones en el ámbito de la enseñanza, refrendada por la ONU en 1999, afirma literalmente: La creación o el mantenimiento de sistemas de enseñanza separadas para alumnos del sexo masculino o femenino, siempre
que ofrezcan facilidades para el acceso a la enseñanza, no es discriminatorio. Por otra parte, las recientes sentencias del Tribunal Supremo no cuestionan la validez o legalidad de la enseñanza diferenciada por sexos, pero sí sientan jurisprudencia
al amparo de lo previsto en la LOE, posibilitando que las administraciones educativas puedan retirar el concierto a aquellos centros que no apliquen, como modelo pedagógico, la coeducación prevista en la antedicha norma, como opción que fomenta la
efectiva igualdad de hombres y mujeres.
La realidad es que la coeducación es un modelo pedagógico mayoritario en Occidente, pero no es un principio educativo en ninguno de sus Estados. Por eso, existen en España centros escolares diferenciados por sexos, como también existen en
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia o Canadá, donde no solo desarrollan la educación diferenciada los centros de titularidad privada, sino los de titularidad pública. Si no se cuestiona su existencia, a uno se le ocurre una pregunta:
¿Por qué debe cuestionarse o negarse el concierto con los centros en que está implantado? Algunas consejerías, por ejemplo, Asturias, va más allá del propio tribunal al considerar constitucionalmente discriminatoria y segregadora la educación
diferenciada y, en consecuencia, debieran ser cancelables los conciertos. Por tanto, entender discriminatoria la educación por sexos resulta muy endeble argumentalmente, en mi opinión. Muy distinto quizá sería si existiesen diversidades
curriculares, pero los diseños son idénticos, la titularidad de los centros mantienen diversidad de centros de ambos sexos, gestionan etapas de primaria centros con coeducación, mantienen universidades mixtas e institutos superiores mixtos. Todo
ello hace que las reticencias y los anatemas no pasen de ser, en mi opinión, un enrocamiento fundamentalmente ideológico y muy pretencioso.
Desde el plano pedagógico, no se puede considerar una vuelta al pasado. Es un método pedagógico capaz de superar el famoso mito de la neutralidad sexual, atendiendo a alumnos y alumnas con sus especificidades propias, lo que permite
alcanzar en mayor grado los objetivos educativos y culturales. Este modelo parte de la alteridad sexual como un elemento esencial de la naturaleza humana, que hace a los hombres y mujeres diferentes, pero complementarios. Es considerar la
sexualidad como una división vertebral de la persona y, por tanto, el pleno desarrollo de la personalidad se puede y se debe hacer desde esa alteridad. En definitiva, los valores comunes se refuerzan con el reconocimiento de la diferencia y de la
complementariedad recíproca. Por ello, la educación secundaria en nuestro país, que es guiada por dos principios clave, integración e igualdad, cuando son aplicados y vistos con ópticas estrechas producen perturbaciones en el mundo educativo y
social, transformando en un anatema aquello que solo es una opción: ¿Por qué no considerar modelos alternativos en libertad?
En el fondo de todo este debate está la preeminencia pretendida de un modelo sobre otro y cuyo modelo es defendido por quienes se consideran en posesión de la verdad irrefutable. Más allá de consideraciones pedagógicas o biológicas, de
beneficios o perjuicios presuntos, la pretendida preeminencia choca con el artículo 27 de la Constitución, el derecho a la educación que incluye la libertad de enseñanza como medio para garantizar el pluralismo democrático.
Concluyo. Foro siempre se opondrá a aquellas medidas que obstaculicen el ejercicio efectivo de la libertad de enseñanza y de los padres por elegir el tipo de enseñanza y el proyecto pedagógico que quieran para sus hijos. La coeducación y
la educación diferenciada son ambas opciones válidas, desde el punto de vista pedagógico, y plenamente amparadas por la Constitución. Deben resultar accesibles a todos los ciudadanos y, en consecuencia, serían deseables los cambios legislativos que
se opongan a la consecución de tales objetivos. No es ocioso decir que votaré negativamente las propuestas contempladas en su proposición no de ley. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por el Grupo de La Izquierda Plural, la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Voy a empezar con un principio para que se entienda después todo lo que voy a decir. Como decía antes mi compañera, nosotros hemos apostado siempre, en el marco de un Estado que se confiesa aconfesional, por la
educación pública y laica, así como por una moratoria de los conciertos.
Dicho esto, paso a lo que hoy me trae aquí, a esta proposición no de ley. Me han llamado la atención algunas cuestiones que he tenido que oír. La libertad está ahí. Si uno o una, de los que estamos aquí, opta por otra cuestión, o sea, si
votamos a favor de esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, parece que estamos en contra de la libertad. Señorías, no se le puede decir esto a quien se ha pasado la vida luchando por la libertad, no se le puede decir y no se lo
podemos consentir. (Rumores). No podemos consentir, señorías, aunque no les guste -ya sé que antes no le gustaba lo de la homofobia y ahora no le gusta lo de la segregación de sexos-, pero cada uno tenemos opiniones diferenciadas y todos debemos
escucharlas, nos gusten o no. He sido sumamente respetuosa con lo que ustedes han dicho, sumamente respetuosa. Dicho esto, les diré que yo he estudiado en estas escuelas también, he vivido en este país, tengo ya una edad y he sido de aquello de
los niños con los niños y las niñas con las niñas. Muchas de las cosas que usted ha dicho -es que no me acuerdo del grupo de Asturias-... (El señor Álvarez Sostres: Foro). Perdón, es por ubicarme. Lo que usted dice no se recibía en esos centros
educativos. No, no era así. (El señor Álvarez Sostres: Ya se lo he dicho). Pero es que escuche más. Cuando salió el tema de la sentencia tuve la oportunidad de escuchar en un medio de comunicación a un representante de la Conferencia Episcopal,
y lo que decía, les guste a ustedes o no, va en la línea sensu contrario a lo que ustedes dicen. Nos da la impresión, que puede ser equivocada, pero esa es la impresión que nos da, que ustedes finalmente han caído en las redes de la Conferencia
Episcopal y no en las redes de la libertad, y no en las redes de la libertad. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!) Será una barbaridad, es su problema, el mío es otro. Lo que han hecho con esto es, en primer lugar, no aceptar una sentencia del
Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo argumenta para dictarla, y ustedes no la aceptan, y hay comunidades autónomas donde gobiernan que se permiten el lujo de recortar recursos para los centros públicos y dicen que van a mantener los recursos
públicos para una empresa privada que además segrega por sexos. Luego nos extrañamos de que haya comentarios sexistas, absolutamente sexistas, que a lo único que llevan es a una dimisión por motivos personales y, sin embargo, no llevan a donde
tienen que llevar a una persona que hace ese tipo de declaraciones, que es a los juzgados, precisamente los mismos del grupo político en el que está. Además el señor ministro no desobedece -entre comillas lo de no desobedece-, como tiene potestad
para cambiar la ley, lo que hace es que la cambia. (La señora Moneo Díez: Claro). Efectivamente, tiene potestad, y lo estoy reconociendo. Cambia la ley para que los centros que segregan por sexos puedan recibir fondos públicos, mientras tanto
recortan en otros sitios que son muy necesarios para los recursos públicos que tenemos: lo uno y lo otro. A ustedes, no les gusta.
Me hace mucha gracia que se diga que tenemos el pensamiento único. Señorías, hasta ahora la única neurona que veo que existe solo ella en materia educativa es la suya. (Un señor diputado: ¿La de quién?) La única, porque van en la misma
dirección siempre, inequívocamente, no se equivocan ni una sola vez, contra los recursos públicos, contra el sistema público en educación, y eso también es una realidad. Hablan de calidad, ¿qué calidad? ¿La que decía ese representante de la
Conferencia Episcopal en ese medio? Por cierto, por primera vez tengo que reconocerlo: Decía que las mujeres éramos mucho más capaces que los hombres. (Una señora diputada: ¡Fíjate tú!) Eso se lo reconozco. (Rumores). En este caso lo siento
por ustedes que han sido siempre los discriminados. (Una señora diputada: Es que se ha vuelto loco.-Rumores y protestas).
Termino ya, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Un segundo, por favor. (Una señora diputada: ¿Eso no es sexismo?-La señora García Álvarez: Sí, sí, pero no lo dije yo.-Rumores). Durante la exposición no entren en debates. Por favor, respeten a quien está en el
uso de la palabra. (Rumores).
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ya, señor presidente, se lo garantizo, si me dejan.
Como decía, cuando las cosas no interesan surge los murmullos. No interesaba el tema de la homofobia y la transfobia, no interesa el tema del que segregan por sexos y que segregar por sexos no da más calidad al tema y lo único que hace es
retroceder precisamente en la coeducación, que es a lo que deberíamos de tender y lo que deberíamos financiar con fondos públicos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señorías, con la habilidad e inteligencia a que nos tiene acostumbrados don Mario Bedera, quiere llevar esta cuestión al cumplimiento de unas resoluciones, de las sentencias del Tribunal Supremo, pero en realidad
aquí hay un debate de mucho más calado, porque es un debate ideológico, por otra parte recurrente, porque empezó a darse también al final de la pasada legislatura, y es el debate de intentar catalogar a la educación diferenciada como una educación
discriminatoria. He llegado a esta conclusión por las referencias que en su intervención ha hecho a medios como la revista Science y a las consecuencias que se pueden derivar de este tipo de educación.
Señor Bedera, desde Convergència i Unió lo digo sin ambages: si la educación diferenciada es discriminatoria, directamente hay que prohibirla, ni subvencionada ni no subvencionada, porque pagando no se puede discriminar. Esta es la
manifestación que siempre ha realizado Convergència i Unió: pagando no se puede discriminar. No estamos de acuerdo en que pagando se pueda discriminar, pero tampoco lo estamos en dejar una opción pedagógica a las élites económicas, porque los
padres y las madres, las familias de las clases económicamente menos acomodadas, aplicando su madurez de criterio, han de poder elegir la educación y el sistema pedagógico que quieren para sus hijos e hijas. Esto es lo que nosotros entendemos.
Pero es más, señor Bedera, usted y yo éramos ponentes en la Ley Orgánica de Educación; el ponente de la parte no universitaria fue don Raimundo Benzal, compañero nuestro, querido y recordado, al menos por la portavoz que les habla. Convergència i
Unió votó favorablemente la Ley Orgánica de Educación y negoció específicamente este tema, porque lo que le acabo de explicar no es algo que pensemos ni desde hace un año ni desde hace dos. Nunca hubiéramos votado unos artículos que hubieran
impedido concertar una opción pedagógica ejercida por muchas familias en España. Es verdad que quizá el mal es una prevención ideológica, y es que mayoritariamente los centros españoles son de una confesión religiosa y concretamente muchos de ellos
del Opus Dei, a diferencia de otros países de nuestro entorno que son no religiosos y públicos, como en Estados Unidos. Nunca hubiéramos votado la LOE si no se hubiera establecido la posibilidad de que se pudiera o no se pudiera concertar ¿Por
quién? Por las comunidades autónomas que son las competentes para hacerlo. Le voy a recordar la disposición adicional vigesimoquinta que dice: Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la presente ley, sin perjuicio de lo
dispuesto en los convenios internacionales suscritos por España. Por ejemplo, la Convención de la Unesco. Esto se puso expresamente, y usted, yo y el resto de ponentes, sabíamos perfectamente lo que queríamos decir. Pero es más, el último
concierto a centros de educación diferenciada en Cataluña lo dio el Gobierno presidido por un miembro de su partido, porque estaba de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que te obligan a concertar?
No. Te dicen que cada comunidad autónoma puede concertar o no.
Vuelvo a las sentencias del Tribunal Supremo, porque hasta ahora he hablado de lo que era la voluntad del legislador. Estoy de acuerdo en que si no se interpretaba de esta manera por los tribunales esta voluntad del legislador, se debe
corregir para que lo sea, ni más ni menos; pero ese es el pacto al que entonces se llegó y que nosotros vamos a defender. En su iniciativa no dicen que se respete lo que ha dispuesto el Tribunal Supremo para la administración que recurrió sino que
se tienen que quitar los conciertos de todas las administraciones educativas, cuando las responsables son las comunidades autónomas.
Por todo lo expuesto, en Convergència i Unió no estamos de acuerdo ni con el fondo ni con la forma de su iniciativa. Queremos respetar el acuerdo al que llegamos con el Grupo Socialista en la tramitación de la Ley Orgánica de Educación,
porque consideramos, con la ley, con las convenciones suscritas por España, que la educación diferenciada no es discriminatoria, es un sistema pedagógico al que se pueden acoger los padres y que las administraciones pueden concertar o no. Y si no
es así y es discriminatorio, prohibámoslo, porque pagando no se puede discriminar.
- SOBRE HOMOGENEIZACIÓN DE SUELDOS DE LOS PROFESIONALES DE LA ESCUELA CONCERTADA CON LA ESCUELA PÚBLICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000949).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, proposición no de ley 949, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Como habrán podido ver, esta es una proposición sumamente sencilla que tiene que ver con una situación antigua y bastante enquistada hasta ahora, que es la discriminación salarial que padecían los profesores de
los centros concertados. Cuando presentamos esta moción todavía no conocíamos los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y, por tanto, no sabíamos que en este caso el Gobierno -de lo que nos congratulamos- ya había adoptado algunas
medidas para paliar esa discriminación y, sobre todo, lo que ocurrió en el año 2012 con estos profesores, que sufrieron la misma disminución salarial que los profesores funcionarios, pero con el agravante, en su caso, de que también perdían
cotizaciones a la Seguridad Social, cosa que no ocurría con los profesores funcionarios y contratados de la enseñanza pública.
Nos parece que aquí hay un principio que no se debe ignorar, que es el de que a igual trabajo corresponde siempre igual retribución, sin que deba haber excepciones de ningún tipo. También nos parece que el hecho que algunos objetan de que
los profesores de los centros concertados no hayan obtenido su plaza mediante una oposición sino mediante una contratación libre o de otro tipo no cambia ese principio y que no importa cuál sea el procedimiento por el que un trabajador obtiene un
determinado tipo de contrato si este conlleva la misma carga laboral, como es el caso y, además, son centros concertados que reciben subvenciones públicas para funcionar. Por tanto, nos parece, como digo, de aplicación ese principio universal: a
igual retribución igual salario. Por ello pensamos que los profesores de la enseñanza concertada, al margen de otras discusiones que son diferentes y que creemos que no se deben mezclar con la igualdad salarial, deben tener la misma retribución.
Entre tanto, apareció el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, lo que nos ha hecho presentar dos autoenmiendas que ustedes habrán visto ahí, en las que se retira el segundo punto de la PNL, tal como se presentó, que
decía: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a compensar la pérdida de poder adquisitivo de este sector con un incremento en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, etcétera, porque esto ya se ha corregido. La proposición no de
ley, que, como les digo, es muy sencilla y solo pretende instar al Gobierno a que haga lo posible para que se respete el principio de a igual retribución igual trabajo, quedaría de la siguiente manera. Un primer punto para garantizar en el año 2013
que los docentes de la enseñanza concertada no pierdan salario en comparación con sus homólogos de la función pública. Un segundo punto que tendría que ver con la creación de un mecanismo compensador para que puedan recuperar las cotizaciones a la
Seguridad Social que perdieron por las reducciones salariales -no tuvieron opción-, porque, como es natural, tiene repercusión en las pensiones a que tengan derecho.
A esta PNL se han presentado tres enmiendas que quería comentar brevemente. En la primera, del Grupo Popular, lo que se nos proponía era instar al Gobierno a que haga un análisis de la situación. No tenemos nada en contra, evidentemente,
de esa proposición, lo que pasa es que no es lo que nosotros proponemos. Creemos que primero hay que restaurar el principio de la igualdad de retribución para el mismo trabajo y después el Gobierno hará muy bien en reunirse con las comunidades
autónomas para ver de qué manera se puede solventar esto, que costos tiene y para analizar el impacto económico de la igualación salarial, pero no creemos que se deba hacer al revés, es decir que primero haya que analizar y después ver si aprobamos
o instamos al Gobierno a que restaure la homologación salarial que, por otra parte, ha sido contemplada en muchas disposiciones legales ignoradas hasta ahora. Por todo ello no podemos aceptar la enmienda del Grupo Popular, no porque tengamos nada
en contra de analizar nada sino porque nos parece que aquí el orden está claro y no se debería tratar de poner el carro delante de los bueyes. Aquí los bueyes son la equiparación salarial y el carro sería el análisis de su impacto económico.
Foro Asturias nos ha presentado también una enmienda, de la que tampoco tenemos nada en contra, porque las cosas que dice son ciertas. Además, curiosamente, ellos nos proponían en su enmienda unas cotizaciones a la Seguridad Social que
también quedarían integradas en la autoenmienda que hacemos. Respecto a la observación que hace de cumplir con lo previsto en la LOE, evidentemente estamos de
acuerdo. Qué menos que se cumplan las leyes, cosa a la que quizá estamos demasiado poco acostumbrados y que convendría rectificar. Respecto a la que nos plantea el Grupo Socialista no nos parece una enmienda rechazable como tal, pero tiene
un problema y es que introduce una equiparación de las pruebas de acceso. No nos negamos a que esto se discuta y se tome en consideración, pero nos parece que no debería condicionar la equiparación salarial. Es decir, no tenemos por qué decirle a
un profesor o a un docente de un centro concertado que como él no es funcionario no puede recibir el mismo trato que ellos. Evidentemente, ser funcionario y ser profesor de la enseñanza concertada son dos cosas muy distintas desde el punto de vista
laboral y no podemos limitarlo meramente a la equiparación salarial. De manera que yo les invito, si no les parece mal, a que entiendan que lo que pedimos es una cosa muy limitada, muy concreta y muy sensata, que al final ha quedado reducida a que
a estos profesores no les disminuyan los derechos de jubilación que les corresponda porque han perdido cotizaciones a la Seguridad Social. En otra ocasión podríamos discutir con tranquilidad si debería haber pruebas de acceso semejantes para los
docentes de la enseñanza concertada.
En resumidas cuentas, lo que planteamos para votación es esto: una petición al Gobierno para que estos docentes recuperen la diferencia que han perdido en sus cotizaciones a la Seguridad Social y para que el Gobierno trate de hacer real la
homologación salarial.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Señorías, para abordar este tema conviene desempolvar cuestiones que probablemente todos conocemos, en mayor o menor medida, y que en apariencia resultan ociosas, pero estimo que la claridad y el recordatorio de lo
previsto en la legalidad educativa dimensiona exactamente alguno de los problemas.
La actual LOE hace el número 5 de las leyes educativas promulgadas en los últimos veinte años, sustituyendo a la anterior Ley Orgánica, la LOCE, con la peregrina excusa de ser una ley aprobada sin consenso y sin debate. La LOE se aprobó,
efectivamente, por el 55 % de los votos del Congreso, lo que le supone el dudoso honor de ser la norma con menor respaldo parlamentario de nuestra democracia. Quizá resuma mucho si digo que casi todos los desencuentros en educación tienen como
origen las dos visiones en pugna: los principios estatalistas frente a los principios no estatalistas de la libertad de enseñanza individual de los ciudadanos. Esta libertad de enseñanza se instrumentaliza desde la LODE con el régimen de
conciertos, con el que se hace efectivo el derecho de los padres a la libre elección del centro, y es la respuesta al mandato del artículo 27 de la Constitución de que los poderes públicos ayudarán a los centros privados. Si el sistema de
conciertos no funciona se está atacando, de hecho, la posibilidad de la existencia real de una red escolar mixta y heterogénea y el impedimento, de facto, de poder elegir centro por razones exclusivamente económicas, lo que perjudicaría
inevitablemente a los sectores más desfavorecidos en el ámbito urbano. Por eso, el debate en torno al modelo de financiación y su actualización estará siempre en tensión, conduciendo a crear barreras formales al ciudadano en su capacidad de
elección.
No es ocioso recordar que la LOE, en la tradición inaugurada por la LGE, considera la educación como un servicio público, es decir, que debe ser asequible a todos sin distinción de clase, en condiciones de igualdad de oportunidades y con
garantías de regularidad, continuidad y adaptación a los cambios sociales. Este servicio público puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ello, la
Constitución reconoce la existencia de una doble red de centros, públicos y privados, y la LODE, del Gobierno socialista, del año 1985, dispuso de unos conciertos para conseguir la prestación del servicio público de la educación en condiciones de
gratuidad. La vigente LOE da continuidad al régimen de conciertos, regulando, en los artículos 116 y siguientes, el régimen económico de los mismos y el carácter básico del denominado módulo económico para cubrir el objetivo de gratuidad. En dicho
módulo se incluye el gasto del personal docente y otros gastos, como los de mantenimiento, conservación y funcionamiento; de reposición de inversiones reales y amortizaciones, además de gastos variables como los del personal docente, sustituciones,
función directiva, antigüedad, etcétera. Pues bien, este artículo 117.4 contempla que las cantidades económicas del mismo posibilitarán la equiparación gradual de la remuneración del profesorado de los centros concertados y de los profesores de los
centros públicos de las respectivas etapas.
Hoy ya no se discute, al menos entre los administradores educativos, que la dotación económica del módulo de conciertos resulta claramente insuficiente para garantizar la gratuidad de la enseñanza, con el consiguiente incumplimiento de la
propia LOE en los artículos 117, puntos 1 y 3 y siguientes. Incluso en las disposiciones adicionales 27.ª y 29.ª se contemplan medidas encaminadas a mejorar el módulo económico, dándose al Gobierno un plazo de cinco años para la fijación de los
nuevos importes. A mayor abundamiento se prevé que en el seno de la conferencia sectorial se constituya una comisión de estudio del coste real de la enseñanza en niveles de gratuidad.
Señores diputados, en este estado de la cuestión, aparecen desde el año 2010, es decir, con el anterior Gobierno socialista, toda una serie de recortes en educación, concretados en el Real Decreto-ley 8/2010, que establece un recorte del 5 %
de la masa salarial anual de los funcionarios, sin afectación de la cotización social. Dicho real decreto se aplica a los docentes de la enseñanza concertada a través del módulo de concierto, claro está, pero afectando a su Seguridad Social, con el
agravante de que estos profesionales no figuraban como personal afectado por la norma. La arbitrariedad continuó con la desigual aplicación del descuento por las diversas comunidades autónomas, incluso algunas, señorías, no lo hicieron. En el año
2011 también el Gobierno socialista trasladó un nuevo recorte del 5 % afectando al salario base y con dispersión entre las comunidades autónomas de las tablas salariales. La puntilla viene con los nuevos recortes consignados en el Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, en la disposición final décima, con una disminución del 4,5 de los salarios, con efecto retroactivo, retroactivo, desde el 1 de enero y una cantidad que va desde el 1,5 al 4,5 al resto del módulo de concierto.
Con estos hechos llegamos a unas conclusiones. Primera, con el argumento de que los módulos de concierto dependen de la financiación pública, se equiparan los recortes a los profesores de la enseñanza pública aun partiendo de situaciones
económicas y laborales muy desiguales. Segundo, la diferencia de equiparación con el personal funcionario, lejos de acortarse, como prescriben las normas orgánicas, aumenta, contrariando, repito, esa prescripción. Tercero, la disminución de las
partidas del módulo pone en peligro no solo al profesorado sino a otro personal y a todo el sector que corre el riesgo de no sostener la encomienda social prevista en las diversas leyes educativas, con la consecuente repercusión en alumnos y
familias.
Concluimos que tras un cuarto de siglo, señorías, de aplicación de lo descrito en LODE, Logse, LOCE y LOE, siguen sin cumplirse los términos de homologación, y esto es lo capital del fondo de esta iniciativa. Por todo ello apoyamos la
proposición no de ley aquí debatida, a la que hemos presentado enmiendas de adición, que ya ha citado el proponente, que completan la dimensión del problema, el análisis del mismo, suscitado por los diferentes Gobiernos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para la defensa de la enmienda presentada, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Buyolo.
El señor BUYOLO GARCÍA: Señorías, lo que hoy nos trae aquí esta proposición no de ley es la constatación de nuevos y más recortes y cómo han afectado a más de 150.000 trabajadores; trabajadores, es cierto, de la educación concertada. Es
curioso y significativo que el único recorte que el Partido Popular ha hecho a la educación concertada, sea precisamente a los trabajadores. Esta es la manera que tiene el Partido Popular de entender la educación concertada y, cómo no, los que
siempre salen perjudicados son los trabajadores.
Hemos atendido a la proposición no de ley que ha presentado UPyD y, como bien ha dicho el señor Martínez Gorriarán, creemos que queda muy limitada. Por eso hemos presentado una enmienda con tres propuestas: convocar la mesa sectorial,
trabajar con las comunidades autónomas, armonizar, por supuesto, los salarios, como ya se establecía y firmamos en su día, y como propusimos en el pacto de educación que no llegamos a firmar porque el Partido Popular tenía otras pretensiones y otros
calendarios electorales y no entendía que se tuviera que firmar ese pacto de la educación, y la equiparación de las pruebas de acceso a la educación.
Estamos ante una situación complicada y difícil que no requiere soluciones cortas y que no se atengan a todas las necesidades. Se ha producido una aplicación diversa en las distintas comunidades autónomas y por tanto, se debería regular, a
través de la colaboración y la coordinación con esas comunidades autónomas, cómo se aplican los complementos de equiparación autonómica. Creemos que efectivamente tiene que haber una equiparación salarial de los docentes que están en la enseñanza
pública con la de los que están en la enseñanza concertada, pero también tiene que existir esa equiparación, para que sea justo y real, en las pruebas de acceso que hacen unos y otros. No podemos pretender coger lo bueno de
una cosa y lo malo dejarlo aparte. En esa educación concertada también debe producirse esa equiparación de las pruebas de acceso que tienen que pasar todos los docentes en la educación pública.
La situación que se ha creado con los recortes, como bien dice la proposición no de ley de UPyD y la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, se ha visto agravada por la reforma laboral que el Partido Popular sacó sin consenso
social ni político, que ha llevado a que la mesa de negociación lleve mucho tiempo sin poder reunirse y, sobre todo, a la ruptura del diálogo entre la patronal y los trabajadores. Como siempre, al final lo que ha supuesto para los trabajadores ha
sido más recortes sociales, pérdida de derechos y recortes salariales.
Estamos de acuerdo con una de las enmiendas. Creo que habría que ver de qué manera se puede trabajar en el futuro para que ningún trabajador pierda cotizaciones a la Seguridad Social, porque está claro que, como bien ha dicho el señor
Martínez Gorriarán, afectan a su jubilación. Entendemos que los trabajadores de la enseñanza concertada, que han visto otra vez cómo se recortaban sus salarios y sus derechos con las medidas del Partido Popular, lo que necesitan son soluciones al
momento que están viviendo. Por ello planteamos esas enmiendas, que creemos que dan más cabida y una mejor solución a los problemas planteados por el sector.
Nosotros no apoyaremos la proposición de Grupo Parlamentario de UPyD, porque creemos que se queda corta en las soluciones que necesitan en este momento los trabajadores afectados.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.
El señor CABRERA GARCÍA: Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición de nuestro grupo en relación con esta proposición no de ley presentada por UPyD sobre la homogeneización de los sueldos
de los profesionales de la escuela concertada con la escuela pública.
En primer lugar, quisiera agradecer las aportaciones y las observaciones constructivas que aparecen en esta proposición no de ley. Como reflexión previa, señorías, diré que si tenemos en cuenta la contribución que las escuelas concertadas
han hecho a nuestro sistema educativo, debemos reconocer que esta aportación no ha sido valorada en su justa medida. Nuestro ordenamiento, tal y como reconocía la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, la LODE,
recoge el marco educativo que configuraba nuestra Constitución; un marco de compromiso y de concordia que, al mismo tiempo que reconoce este sistema mixto, proporciona el espacio normativo integrador en el que pueden convivir las diversas opciones
educativas, y con ello se garantiza la libertad de enseñanza y la existencia del concierto. Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 116.4 que corresponde a las comunidades autónomas dictar las
normas necesarias para el desarrollo del régimen de conciertos educativos, de acuerdo con lo previsto en dicho artículo, y en el marco de lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de la misma ley. La propia ley reconocía que debía analizarse y
desarrollarse la valoración de los costes de la impartición de la enseñanza privada concertada en condiciones de gratuidad, que el Gobierno anterior no llevó a término.
En cuanto a lo que inicialmente aparecía en la proposición no de ley, instando al Gobierno a que garantice en el año 2013 que los docentes de la enseñanza concertada no pierdan salario en comparación con sus homólogos de la función pública,
con independencia de otras consideraciones, el Gobierno ha estimado que el ajuste aplicado a los docentes en la enseñanza concertada en 2012 es algo excepcional y solo para este año. Por tanto, no se consolida y no se aplicará en 2013 ni a los
docentes ni a los centros. Así lo reflejan los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y el sector también ha podido comprobarlo. Además, estas medidas hay que valorarlas dentro de la actual coyuntura económica y del compromiso de unos
objetivos de déficit que todos hemos asumido, incluidas recientemente las propias comunidades autónomas. Cabe también recordar que la propia Ley de calidad, la Logse del año 2002, derogada por el Partido Socialista, preveía ya medidas orientadas en
este sentido.
En cualquier caso, el mismo sector considera que es una buena noticia, dentro de las actuales circunstancias económicas que estamos viviendo en nuestro país, que los presupuestos para el año 2013 recojan la recuperación de las cuantías de
los distintos módulos en los mismos niveles que aparecían en el año 2011. No obstante, cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece, con la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, LOE, y el Real Decreto-ley 2377/1985, de
18 de diciembre, que aprueba el Real Decreto de normas básicas sobre conciertos educativos, los módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados, y deja claro que estos tienen
carácter de mínimos y que, en cualquier caso, pueden ser incrementados por las propias comunidades autónomas. De hecho ha habido algunas que han realizado ya algunas de estas homologaciones.
Señorías, la transparencia es un objetivo que debe extenderse a todos los niveles en los que se maneja dinero público, y es imprescindible hacerla realidad también en nuestro sistema educativo para poder evaluar con parámetros de medidas
centrados en la calidad. En este sentido, para hacer efectiva la equidad en la educación que predica la propia LOE en el artículo 72.2, se requiere de un conocimiento previo del coste real y efectivo de cada plaza, tanto en los centros públicos
como en los privados.
En cuanto a la propuesta que finalmente aparece en la proposición, entendemos que lo que se plantea va mucho más allá de lo que afecta al propio ámbito educativo. Por estos argumentos expuestos, el Grupo Popular ha presentado una enmienda
de sustitución para su valoración y su consideración. Esperábamos que pudiera ser aceptada, pero ya hemos escuchado al proponente que no va a ser así. En cualquier caso, nosotros instábamos al Gobierno a analizar esa situación del personal de los
centros privados concertados y de los módulos de concierto (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno de fijación de posiciones, por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Respeto tremendamente el esfuerzo que ha hecho el portavoz de UPyD para hablar del tema de los trabajadores; pero creo que los trabajadores y las trabajadoras tienen organizaciones a las que se pueden remitir para
poder defender eso que ha traído usted a esta Comisión a través de una proposición no de ley.
Me remito, en primer lugar, y seguramente lo habrá escuchado antes, a la opinión de mi grupo respecto a los concertados. En cualquier caso, hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, y es que no sé si va todo muy relacionado
o es que usted tiene una fijación especial con los territorios; no lo sé. En una parte de su exposición de motivos, no ya en lo que dice la propia proposición no de ley, viene a decir que se rompe esa homogeneidad a partir de 2011 porque los
diversos territorios tienen diferentes posiciones respecto al salario base y a la antigüedad. Me da la sensación, y permítame que se lo diga con todo respeto, que usted no da puntada sin hilo a la hora de hablar de los territorios. Me da la
sensación de que usted tiene una fijación con ellos y que luego se busca todo un entramado para poder llegar a decir que lo que quiere realmente es la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, que me parece muy digno por su parte, pero que,
repito, considero que tienen organizaciones sindicales que pueden realizar perfectamente ese trabajo.
El señor PRESIDENTE: Si los señores portavoces creen que estamos en disposición de votar, pasaremos a efectuar las votaciones. Podemos hacerlo de acuerdo con el orden del día formal o real, me da igual, lo tengo preparado de ambas maneras.
¿Lo hacemos como aparece en el orden del día formal? (Asentimiento).
Votamos la proposición no de ley 490 en los términos de la enmienda transaccional entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, 1; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley 748 en los términos resultantes de la enmienda transaccional entre el Grupo Popular y el Grupo Mixto, Foro.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 24; en contra, 13; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley 751, del Grupo Parlamentario Catalán, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley 754, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley 853, que se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstención, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley 926, que se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley 949, que se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 34; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cinco minutos de la tarde.
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