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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 18, de 13/03/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 18
Sesión plenaria núm. 17
celebrada el martes,
13 de marzo de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria:
- Acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012 del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2012.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 52, de 9 de marzo de 2012. (Número de expediente 430/000001) ... (Página4)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se excluye del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, a determinados mecanismos de financiación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 2-1, de 7 de marzo de 2012. (Número de expediente 121/000002) ... (Página30)
Modificación del orden del día ... (Página30)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de transparencia y acceso a la información pública. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 10-1, de 27 de diciembre de 2011. (Número de expediente 122/000010) ...
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la dación en pago y la protección de las personas físicas insolventes. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 11-1, de 27 de diciembre de 2011. (Número de
expediente 122/000011) ... (Página40)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la seguridad de los menores en las redes sociales en Internet. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 37, de 17 de febrero de 2012. (Número de expediente 162/000183) ...
(Página52)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acuerdo de libre asociación UE-Marruecos y el sector agrario español. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 47, de 2 de marzo de 2012. (Número de expediente 162/000215) ...
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación) ... (Página63)
Proposiciones no de Ley. (Votación) ... (Página63)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria ... (Página4)
Acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012 del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2012 ...
(Página4)
El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) presenta el acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Rangel Tarrés, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Replica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y duplica el señor Rangel Tarrés.
Cierra el debate el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Continúa el turno de fijación de posiciones con las intervenciones de los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Lara Moya, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Replica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y duplica el señor Lara Moya.
Fija posiciones el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
Replica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y duplica el señor Anchuelo Crego.
Cierra el debate el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Continúa el turno de fijación de posiciones el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Replica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y duplica el señor Azpiazu Uriarte.
Continúa el turno de fijación de posiciones con las intervenciones del señor Larreina Valderrama, la señora Jordà i Roura, los señores Jorquera Caselas, Quevedo Iturbe, Baldoví Roda, Álvarez Sostres, Salvador Armendáriz y las señoras Barkos
Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto y Asian González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación el acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria, se aprueba por 179 votos a favor, 133 en contra y 27 abstenciones.
Tramitación directa y en lectura única ... (Página30)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento y oída la Junta de Portavoces, la Presidencia somete a la consideración de la Cámara la aprobación de la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de
ley orgánica por la que se excluye del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, a determinados mecanismos de financiación, lo que se aprueba por asentimiento.
Modificación del orden del día ... (Página30)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno que el punto IV del orden del día, correspondiente a las mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes, así como las preguntas cuya contestación corresponda a los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deporte pasen a debatirse en la sesión del jueves 15 de marzo, antes del punto relativo
a las interpelaciones urgentes, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página30)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de transparencia y acceso a la información pública ... (Página30)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Batet Lamaña, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia;
Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y García-Tizón López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, relativa a la dación en pago y la protección de las personas físicas insolventes ... (Página40)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley, el señor Martínez Gorriarán, en nombre de Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CH:
La Izquierda Plural; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Gómez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista y Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de Ley ... (Página52)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la seguridad de los menores en las redes sociales en Internet ... (Página52)
Defiende la proposición no de ley al señor Escobar Las Heras, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia y el señor Trevín Lombán,
del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CH: La Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Escobar Las Heras.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acuerdo de libre asociación UE-Marruecos y el sector agrario español ... (Página56)
Defiende la proposición no de ley la señora Rumí Ibáñez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CH: La Izquierda Plural; Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; la señora Tapia
Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el señor Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, el señor Baldoví Roda y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Rumí Ibáñez.
Interviene el señor Hernando Fraile, por alusiones.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación) ... (Página63)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de transparencia y acceso a la información pública, se rechaza por 126 votos a favor, 173 en contra y 18 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, relativa a la dación en pago y la protección de las personas físicas insolventes, se rechaza por 146 votos a favor,
169 en contra y 1 abstención.
Proposiciones no de Ley. (Votación) ... (Página63)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la seguridad de los menores en Internet, se aprueba por 315 votos a favor.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acuerdo de libre asociación UE-Marruecos y el sector agrario español, se rechaza por 132 votos a favor, 176 en contra y 13 abstenciones.
Se suspende la sesión a las once de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
- ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA 2012 DEL CONJUNTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DE CADA UNO DE LOS GRUPOS DE AGENTES QUE LO INTEGRAN Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2012.
(Número de expediente 430/000001).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día es el relativo al acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012 del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran y el límite de gasto no
financiero del Presupuesto del Estado para 2012. (Rumores).
Señorías, pido silencio, porque voy a citar al orador y en estas condiciones no le oiría nadie.
Para presentar el acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señoras y señores miembros del Gobierno, señorías, comparezco hoy en esta Cámara para presentar el objetivo de estabilidad presupuestaria y el
techo de gasto no financiero del Estado para el presente año, para el presente ejercicio. Comparezco pues para dar comienzo al proceso de presentación y aprobación en las Cámaras de los Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con los
preceptos, con los pasos, con las fases que establecen nuestras normas, nuestra ley de estabilidad presupuestaria.
En esta ocasión iniciamos el procedimiento de un presupuesto peculiar, si se quiere, diferente puesto que es un presupuesto consecuencia del Gobierno que nace de las elecciones generales celebradas el pasado 20 de noviembre, razón por la que
estoy presentando materialmente ante el Congreso de los Diputados el techo y el objetivo de déficit en unas fechas como son las de este mes de marzo. Pero es un presupuesto que no duda en avanzar en un sentido, en la senda de consolidación fiscal;
un presupuesto que compromete el objetivo de estabilidad presupuestaria convencidos como estamos desde el Gobierno -estoy seguro que también desde la mayoría de la sociedad española- de que apostar por la estabilidad presupuestaria es encontrar la
salida a la crisis económica y comenzar una nueva fase de crecimiento económico y de creación de empleo. La responsabilidad de quienes hoy gobernamos es traer a las Cortes un presupuesto realista, con una previsión de crecimiento económico y de
ingresos creíble. Es por tanto la búsqueda de esa certeza, de esa seguridad y de esa fiabilidad lo que justifica una política presupuestaria comprometida con la austeridad real y efectiva necesaria para salir de la crisis.
El objetivo de estabilidad y el techo de gasto que hoy traigo ante esta Cámara son los pilares que sustentan los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en una coyuntura económica muy difícil, en una recesión económica como en la
que está sumida España después de cuatro años de larga, de intensa, de lamentable crisis económica. Así pues, lo que estamos abordando hoy, señorías, en esta Cámara es en primer lugar reconocer la realidad económica y la realidad social que estamos
viviendo; poner los pies en el suelo sobre la naturaleza de la crisis y el origen de los problemas que tenemos delante. Desde el Gobierno lo que queremos expresar como un primer mensaje claro a la sociedad española y a todos los grupos políticos
de esta Cámara es nuestra convicción de que tenemos que intensificar el proceso de consolidación presupuestaria, y vamos a seguir explicando a la sociedad española la necesidad y la oportunidad de reducir hasta eliminar el déficit público en nuestro
país. Señorías, nos conviene reducir ese déficit público; nos conviene eliminar el déficit público de las finanzas, de los presupuestos de todas las administraciones españolas porque necesitamos ante todo, como condición necesaria, financiar el
crecimiento económico y recuperar la creación de empleo. Esta es la principal razón, señorías, más allá de otro tipo de planteamientos más basados en ideas o en proyectos políticos concretos.
España no volverá a crecer y a crear empleo si no corrige a la baja cuanto antes el objetivo de déficit público. Eso es lo que significa, lo que se deriva, la obligación que proviene de nuestra pertenencia al euro, a la Unión Europea; eso
es en definitiva lo que todos los que conforman ese euro, los que conforman la unión Europea, nuestros socios en ese gran proyecto de integración europea y las instituciones europeas en su conjunto -comenzando por la Comisión Europea- esperan que
haga España, lo que esperan que haga el nuevo Gobierno de España. Eso es lo que da sentido al objetivo de déficit público, señorías; un objetivo de déficit público comprometido con una senda de estabilidad que nos lleva al objetivo de déficit
público máximo del 3% en el año 2013, el 3% de máximo para el conjunto de las administraciones públicas; un objetivo irrenunciable para el Gobierno y un objetivo que debería ser irrenunciable para la totalidad de los grupos políticos de esta Cámara
si aspiramos entre todos a acabar con esta crisis y a volver al crecimiento económico y a la creación de empleo. Eso es, en definitiva, el sustrato de lo que estamos planteando ante esta Cámara; eso es lo que en definitiva en la reunión del
Eurogrupo, que se celebró ayer, la Comisión Europea y nuestros socios europeos reclaman a España, reclaman a España que acelere ese proceso; y eso es lo que hace que traigamos hoy a este trámite parlamentario, a este debate parlamentario la
explicación del techo de gasto y la exposición para la toma de posición, para lo que será la votación de los grupos políticos de esta Cámara sobre el objetivo de déficit público del conjunto de las administraciones públicas de nuestro país;
objetivo que en principio el Gobierno de España en su Consejo de Ministros, que después trasladó al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Nacional de Administración Local, tradujo en términos de un 5,8% de déficit público y que
todos hemos de entender que es un máximo que hoy proponemos corregir en este trámite y llevárnoslo al 5,3% para el conjunto de las administraciones públicas para este ejercicio, para el año 2012.
Es así como entendemos el requerimiento de todos y es así como celebramos, como no puede ser de otra manera, la superación por parte de la Comisión Europea de los objetivos de déficit que marcaba el programa de estabilidad del Reino de
España, un objetivo de déficit que era del 4,4% y que ha quedado superado por la realidad, señorías, porque el escenario económico de este año, de este año 2012, es un escenario de recesión económica, no de crecimiento del 2,3% como determinaba ese
programa de estabilidad del Reino de España. Por tanto, había que actualizar esos objetivos de déficit público y desde esa perspectiva, desde el realismo, acentuar el compromiso del Gobierno para llevar adelante cuanto antes la reducción del
déficit público en nuestro país, para que no haya dudas sobre lo que debe ser la
senda de reducción de ese déficit público en nuestro país, y proponer también a la Cámara que ese objetivo quede comprometido en un 5,3% que es la consecuencia de que ese objetivo radique sobre los presupuestos del Estado que el Gobierno
elaborará a partir de este trámite parlamentario, hoy en el Congreso, mañana en el Senado de España, y que traerá a la Cámara: será aprobado a finales de este mes, en el Consejo de Ministros de la última semana del mes de marzo y, por tanto, tendrá
lugar su entrada en el Congreso de los Diputados en fechas lo más inmediatas, lo más cercanas posibles.
Ese es el proyecto que traemos, y también quiero anunciarles que la reducción mayor del déficit público recaería sobre el presupuesto de la Administración General del Estado, de manera que ese 0,5, que en términos porcentuales implicaría la
reducción, estaría en los presupuestos de la Administración General del Estado. Eso no significa dar más facilidad ni más flexibilidad para las administraciones territoriales, puesto que esas administraciones territoriales quedarán comprometidas
para el ejercicio siguiente con los objetivos de corrección del déficit para que entre todas las administraciones podamos llegar al 3% de déficit público en el año 2013. Es un objetivo que haremos accesible a partir de las reformas, de las reformas
estructurales, de las reformas de los servicios públicos, de las reformas de las administraciones públicas que el Gobierno de España está acometiendo ya, que concretará en los próximos meses, en las próximas semanas, y traerá en forma de proyecto de
ley a esta Cámara. Por tanto, eso hace un objetivo alcanzable, fiable; un objetivo además realista; un objetivo conformado por todos y con todos, como es el Estado de las autonomías. Señorías, de lo que se trata -lo voy a decir lo más
sencillamente posible- es de adelantar el ajuste de gasto del Estado que de cualquier manera tendría que hacerse en 2013, y llevárnoslo a 2012. De eso se trata. ¿Es un esfuerzo? Sí, pero es el propio de un presupuesto austero y riguroso. ¿Es una
renuncia? Depende de cómo se valore esa renuncia, porque a lo que no hay que renunciar, a lo que no hay que resignarse es a que no haya crecimiento económico y creación de empleo. Por tanto, no hay renuncia en términos de presupuestos del Estado,
cuando lo que hacen esos presupuestos es abrir la puerta a la confianza y a la esperanza de la sociedad española en su crecimiento económico y en la vuelta a la creación de empleo. Ese es el motivo, en definitiva, y eso es lo que hace viable y
confiable el planteamiento que traemos esta tarde a esta Cámara.
En consecuencia, el Gobierno de España se siente plenamente identificado con la senda que traza el Pacto fiscal de la Unión Europea; una senda que está trazada en términos de corrección de los déficits públicos estructurales, pero con una
consecuencia en términos de déficits nominales que tienen mucha importancia. Insisto en que lo relevante de verdad es el déficit estructural, y cuando desaparezca ese déficit estructural podremos decir a los españoles que sus servicios básicos
están financiados por ingresos recurrentes, no dependiendo de la economía, del ciclo en el momento en que nos encontremos y no dependiendo de si estamos en un ciclo alcista o bajista de esa economía, sino que sus servicios están asegurados, que las
pensiones están aseguradas, que la sanidad y la educación están aseguradas y que otro tipo de protección social, como la dependencia, está asegurado porque está asentado sobre una financiación firme y segura del Estado de las administraciones
territoriales, de comunidades autónomas y de corporaciones locales. Esa es la corrección y ese es el sentido de corrección del déficit público que estamos acometiendo. Por eso, señorías, lo que hacemos desde esta tribuna es reforzar nuestro
compromiso europeo. Somos Europa y en actos como el de hoy hacemos una Europa más fiable y más segura. España tiene que volver a ser el socio fiable y seguro que fundó el euro, el socio que lideró el crecimiento económico y la creación de empleo,
el socio que consiguió aquellos aciertos, aquellos resultados, fruto de la confianza de toda la sociedad, no fruto de un Gobierno, sino de la expresión de confianza de una sociedad que creía que en ese proyecto estaba su futuro. Eso es lo que
traemos aquí en forma de esos objetivos; insisto, objetivos de techo de gasto y objetivo de déficit público. Tengo que insistir y reiterar una vez más que el techo es un límite, señorías, y ya anuncio que en los presupuestos que elaborará el
Gobierno a partir de someter a la aprobación de las cámaras el techo de gasto y el objetivo del déficit, limitaremos a su vez el crecimiento de gasto, la evolución del gasto público en nuestro país para conseguir sobre el ajuste del gasto
fundamentalmente los nuevos objetivos de déficit público. En ese terreno quiero descartar subidas de impuestos que sean inequitativas, que sean injustas, que hagan profundizar en esta recesión económica. Señorías, vamos a hacer lo que estamos
haciendo desde el comienzo de esta legislatura: ¿Renunciar a proyectos de gastos? Sí. ¿Hacer uso de instrumentos fiscales? Sí, pero de una manera ponderada, equilibrada y justa socialmente, señorías. No vamos a hacer recaer las cargas del
ajuste sobre los más débiles (Rumores), para eso ya dejamos a otros, que ya lo han demostrado a lo largo de esta crisis. (Aplausos). Ahora, señorías, vamos a hacer presupuestos realistas, que nos hagan profundizar y ganar seguridad en Europa y que
a su vez hagan también que el proyecto del euro logre esa seguridad y esa finalidad.
Señorías, como dijo el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, en su debate de investidura: tan pronto como la Comisión Europea dé a conocer su prospectiva anual de crecimiento se presentará el cuadro macroeconómico y se traerá a la Cámara
para su autorización el techo de gasto. Este es el trámite que estamos acometiendo; un trámite donde estamos diciendo la verdad, la realidad a los españoles; por supuesto que a todos nos gustaría que esa realidad fuera diferente; por supuesto
que a todos los presentes en esta Cámara, pero a todos los ciudadanos españoles les gustaría que esa realidad
fuera diferente. Para eso hay que gobernar y hay que tomar decisiones, y para eso pedimos el apoyo a los grupos políticos de esta Cámara: porque estamos en esa situación muy difícil, de recesión económica, de caída de actividad económica.
Es la razón por la que presentamos un escenario económico que es un escenario muy difícil, de caída de actividad económica del 1, 7 en términos reales, señorías. En definitiva, un escenario donde si no tomamos las decisiones pertinentes continuará
la seria, grave, lacerante destrucción de puestos de trabajo. La voluntad y la intención del Gobierno es evitarlo. Salir cuanto antes de ese escenario recesivo y destructor de puestos de trabajo. Abrir un horizonte de oportunidades para todos
pero también especialmente para los más jóvenes de nuestra sociedad. Ese es el escenario económico, un escenario difícil donde al menos el ajuste de la necesidad de financiación de nuestra economía frente al resto del mundo se reduce prácticamente
al equilibrio.
España no necesitará seguir tomando recursos del resto del mundo y eso es positivo si somos capaces de financiar el crecimiento económico sobre bases sanas, sobre bases fiables sobre las que podamos tener más actividad, más empresa y sobre
todo más oportunidades de empleo. Un cuadro económico que da pie precisamente al planteamiento que sus señorías conocen sobre las cifras de ese techo de gasto. Techo de gasto exigente en sí pero techo de gasto que traduciremos en un proyecto de
presupuestos, un limite de gasto que será todavía inferior a ese techo de gasto que hoy sometemos aquí a la información de la Cámara, puesto que el trámite es informativo en lo relativo al techo de gasto y a lo que da pie es a que el Gobierno pueda
actuar sobre las diferentes partidas presupuestarias, los diferentes departamentos ministeriales. En definitiva un objetivo de corrección del déficit público -tengo que celebrarlo desde esta tribuna- que es compartido con las comunidades autónomas
de España salvo alguna excepción que no nos gustaría que precisamente se estuviera produciendo en estos momentos; por la gran mayoría es compartido un objetivo de corrección de ese déficit público para sanear las finanzas públicas cuanto antes y
para abrir, decía, un horizonte muy distinto al de la realidad económica que estamos viviendo.
Seguro que en el debate parlamentario tendrán ocasión de exponer si este objetivo de déficit público que ahora, en esta intervención, estamos cifrando en el 5,3% a cargo del Estado -sin excusa de que para el año que viene correrá a cargo de
todas las administraciones territoriales también, como les decía- es consecuencia de un esfuerzo. Sí, es consecuencia de un esfuerzo que se llama corregir el déficit público que no se materializó en los objetivos. No se consiguieron los objetivos
de los planes de estabilidad del Reino de España para el año 2011, señorías. Esa desviación del orden de 25.000 millones de euros está detrás de los esfuerzos que hoy tenemos que hacer. Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para
que apoyen esos esfuerzos, señorías. Eso es responsabilidad de quienes gobernaban en España hasta el mes de diciembre del año pasado: los que decían que ese programa de estabilidad se iba a cumplir escrupulosamente, y no se ha cumplido. La
desviación es muy importante, 2 puntos y medio del producto interior bruto: 25.000 millones de euros en términos de desviación. Es una desviación que ha hecho daño a la imagen de España, señorías. Ha hecho mucho daño esa desviación a las cuentas
programadas para el año 2011, razón por la que ahora tenemos que comprometernos -debemos hacerlo- conjuntamente y tener todos esa actitud positiva. Una actitud positiva, señorías, es lo que pido a todos los grupos de esta Cámara, no las que he
escuchado en los medios de comunicación a finales de la mañana. Los mismos responsables políticos, los mismos que han estado en el Gobierno de España que produjo esa desviación ahora advierten sobre las consecuencias del ajuste. (Aplausos). ¿Para
qué?, ¿de verdad que pretenden dar miedo a la sociedad española sobre los ajustes? (Rumores).
Les voy a responder anticipadamente, con la mayor confianza y la mayor seguridad posible, señorías. Ya está bien de ese lenguaje. Lo que da miedo son los 5.300.000 parados. (Aplausos). Lo que da miedo es un déficit público del 8,5%. Lo
que da miedo es haberse gastado 35 puntos de producto interior bruto; eso es donde no se ve en términos de crecimiento económico. Lo que da miedo es que los autónomos y la pequeña y mediana empresa no tengan crédito bancario. Eso es lo que da
miedo, señorías. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos). Lo que da miedo es que no se cobre de las administraciones públicas. Eso es a lo que hay que responder, señorías. A eso es a lo que hay que responder con la confianza,
la fiabilidad y el compromiso. Esta es la acción del Gobierno: el compromiso de hacer las reformas estructurales que necesita nuestro país; la reforma del sector público que tiene que ver esencialmente con ese objetivo de déficit público y de
techo de gasto; la reforma laboral que va a facilitar la contratación y va a dar seguridad a los nuevos empleos en nuestro país; la reforma financiera que sirve para facilitar esos créditos bancarios, cuya llegada tenemos que acelerar para los
emprendedores, que son los que nos tienen que sacar de la crisis. Reformas importantes, de calado que son las que devuelven la fiabilidad, la seguridad y la confianza a un país que es merecedor de ello, señorías; a un país que debe figurar entre
los socios fiables del euro; a un país que, en definitiva, tiene que volver cuanto antes a la senda del crecimiento económico y de la creación de empleo.
Esa es la causa por la que pido hoy el apoyo de los grupos parlamentarios presentes en este hemiciclo. Esta es una causa que entiendo común, participativa, una causa de compromiso en las soluciones a la crisis económica de una vez por
todas, una causa que parte de un realismo, de un reconocimiento de una situación muy difícil como la que tenemos delante, señorías. Si tuviéramos el apoyo de los grupos políticos, la iniciativa y, si se me permite, el coraje de hacerle frente, no
me cabe
ninguna duda como miembro del Gobierno de España de que acabaremos muy pronto con esta crisis y veremos un horizonte mucho más esperanzador en términos de crecimiento y de creación de empleo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Socialista el señor Rangel.
El señor RANGEL TARRÉS: Señor Presidente, señorías, subo a esta tribuna, en mi caso por primera vez, para expresar la posición del Grupo Socialista en relación con el acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para
2012 del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2012.
Era absolutamente necesario revisar la senda de consolidación fiscal. Los socialistas lo venimos reiterando con insistencia, una vez constatado el recrudecimiento de las tensiones en los mercados financieros y de la deuda soberana, así como
a la luz de las nuevas perspectivas de crecimiento de la zona euro. Si las circunstancias han cambiado, es lógico que la política fiscal se adapte al ciclo. Se lo dijo el presidente de nuestro grupo en el debate de investidura: Solo con ajuste no
llegamos, señor Rajoy; hay que hacerlo, pero solo con ajustes no llegamos. Las políticas de consolidación fiscal excesivas conducen al estrangulamiento de nuestro crecimiento, entre otras cosas porque si no hay previsiones de crecimiento positivas
no hay inversión y eso es lo que está pasando en Europa. Por tanto, tenemos que revisarlas o, mejor aún, compatibilizar esas políticas de ajuste con políticas de crecimiento a nivel europeo. En Europa, en la zona euro y también en España, eso es
lo primero que tenemos que hacer. Saben, por consiguiente, que tenían nuestro apoyo para negociar con las instituciones europeas y hacer bien las cosas -aprobar una senda de consolidación fiscal con un calendario creíble-, pero ustedes han actuado
como nos tienen acostumbrados. Primero, en enero, el ministro de Hacienda dice que el objetivo de déficit para 2012 lo marcará Bruselas; después, el presidente del Gobierno nos anuncia un objetivo de déficit al margen del acuerdo de la Comisión y,
ahora, a la vista de los acontecimientos de la reunión de ayer en el Eurogrupo, hemos pasado de la decisión soberana a la imposición de 5.000 millones de euros de ajuste adicional, que acepta el Reino de España por boca de su Gobierno. Entendemos
que el Eurogrupo comparte el fondo del asunto sobre flexibilizar los objetivos de déficit público pero, evidentemente, no comparte las formas utilizadas por el Gobierno para delimitar los nuevos objetivos.
Señores del Gobierno, nos tienen que aclarar si el techo de gasto y el objetivo de estabilidad que se someten a esta Cámara tienen o no tienen validez de verdad. Estamos realmente en un escenario dantesco que pone de relieve la falta de un
plan serio y creíble del Gobierno de España para revisar la senda de consolidación fiscal. En realidad, ¿qué estamos haciendo hoy aquí aprobando un objetivo de déficit y un techo de gasto que va a ser revisado de inmediato? ¿Cumpliendo una simple
formalidad? Ciertamente, la seriedad de lo que se está haciendo es perfectamente descriptible. Podríamos decir incluso que hay un menosprecio hacia esta Cámara que, al fin y al cabo, no deja de ser un menosprecio al conjunto de los ciudadanos.
Ahora entendemos por qué el acuerdo adoptado por el Gobierno es incompleto. Hay que recordar que la todavía vigente Ley General de Estabilidad Presupuestaria establece una serie de exigencias en relación con el citado acuerdo que no pueden
desconocerse. En la ley se establece de forma clara que el objetivo de estabilidad presupuestaria se debe fijar con referencia a los tres ejercicios siguientes. Asimismo, debe acompañarse de un informe en el que se evalúe la fase del ciclo
económico que se prevé para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dicho objetivo. Pues bien, ninguna de las anteriores exigencias se cumple en el texto remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados: ni
el objetivo de estabilidad contempla la referencia a los tres ejercicios siguientes -solo la del año 2012-, ni existe el informe sobre la posición cíclica de la economía española. Con sus decisiones nos están abocando no a una senda creíble y
factible, como se ha dicho, sino realmente al precipicio, al precipicio al que pueden arrastrar la economía española, haciendo añicos el principio de igualdad y abocando al desmantelamiento los servicios básicos del Estado del bienestar, como la
sanidad, la educación y la atención social; en definitiva, la ruptura de la cohesión social. Precisamente son esos servicios y su mantenimiento los que entendemos que deberían tenerse en cuenta a la hora de establecer el reparto interno del
objetivo de déficit. En nuestra opinión, los ajustes deberían estar encaminados a facilitar la consecución de las políticas de impulso de la economía y a garantizar los servicios esenciales en términos de calidad. En España son las comunidades
autónomas las competentes en sanidad, en educación, en atención social y, en cualquier caso, eso debería tenerse muy en cuenta a la hora de asignar esfuerzos. Con la decisión adoptada, a pesar de la rectificación que ahora sobre la marcha nos ha
contado el ministro, creemos que se pone en serio riesgo la viabilidad de la sanidad y la educación públicas, por lo que deberían revisar el objetivo para este subsector.
En cuanto al procedimiento seguido para su aprobación, también se ha producido una inversión de lo que contempla la ley pues el Gobierno debería haber conocido con carácter previo el informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las
comunidades autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas, cosa que es
evidente que no ha sucedido; precisamente se ha hecho el proceso a la inversa.
Respecto al cuadro macroeconómico y al techo de gasto, a la escasa o nula información que acompaña el contenido material del acuerdo se suma el apagón estadístico que hemos sufrido en los últimos meses, un apagón estadístico inadmisible, que
no hace más que acrecentar la desconfianza. Algunos datos que hemos conocido la pasada semana corresponden al mes de diciembre de 2011, ignorándose todavía las variables económicas que justifican la desviación del objetivo de déficit, del 8,5 por
ciento en 2011. Nada se ha dicho tampoco por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la marcha seguida por la recaudación y por la ejecución del gasto a lo largo de los meses de enero y febrero de 2012. ¿Qué ha pasado con los
informes de recaudación que publica mensualmente la Agencia Tributaria? De este apagón estadístico se ha hecho eco igualmente la Unión Europea, que viene manifestando que carece de información en relación con el proyecto de presupuestos para 2012.
Lo insólito de la situación hace que a día de hoy desconozcamos cuál es el ritmo que siguen las variables esenciales de la actividad pública, por lo que el objetivo de estabilidad no puede ser valorado más allá de considerar que es la expresión de
la voluntad unilateral del Gobierno, en este caso ya condicionada por la Unión Europea.
En todo caso, a la luz de los pocos datos disponibles, queremos comentar lo siguiente. Las previsiones de ingresos no financieros creemos que no son realistas sin medidas discrecionales. Según los datos de la Intervención General, los
ingresos no financieros fueron de 104.145 millones de euros en 2011 en términos de caja. Ustedes estiman para 2012, con el PIB nominal decreciendo el 0,8, unos ingresos de 119.233 millones de euros. En definitiva, aunque quieran explicarlo con la
subida del IRPF, faltan unos 10.000 millones de euros; por lo tanto, para materializar la previsión la pregunta es: ¿van a subir los impuestos en estos 10.000 millones de euros? Este es el momento de decirlo y de despejar la duda, ya que el día
30 vamos a ver los presupuestos pero no conocemos por anticipado cuál es su previsión. Posiblemente razones tácticas que tienen que ver con las elecciones andaluzas y asturianas le impiden comentar ese dato. El cuadro macroeconómico también revela
una reducción del 11,5 por ciento del consumo final de las administraciones públicas para 2012. Esto nos indica que es probable que haya una nueva reducción del salario de los empleados del sector público o una destrucción de empleo público. Si la
opción es la segunda, podría implicar la reducción de más de 200.000 puestos de trabajo en el conjunto de las administraciones públicas, es decir, casi un cuarto de millón de trabajadores públicos pueden irse a la calle; de hecho, la reciente
reforma del mercado de trabajo ya apunta en esa dirección y creemos que no es una casualidad. Si a todo ello le sumamos una reducción de la inversión pública del 40 por ciento, como ha anunciado el ministro de Economía y Competitividad, el panorama
para 2012 es desolador; es decir, un año perdido para el empleo. Ahora, con las nuevas cifras que acabamos de conocer, creemos que la situación todavía se va a agravar más. El objetivo de equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social para este
año nos preocupa y nos gustaría que las previsiones que el Gobierno hace se cumplieran. Aquí también sería bueno que aclarasen cómo van a quedar las prestaciones por desempleo, porque, señorías, aquí tampoco los números cuadran y nos tememos que
dichas prestaciones están seriamente amenazadas.
Como ven, el acuerdo que nos plantean ofrece tantas incógnitas y de tanto calado que apoyarlo significa firmarles un cheque en blanco y no lo vamos a hacer. Si teníamos dudas, el baile con Europa nos las ha aclarado definitivamente. España
necesita confianza, los españoles necesitan confianza en el futuro y precisamente el indicador de confianza es el que está cayendo en las encuestas. Los poderes públicos generan confianza cuando son creíbles y la credibilidad se gana siendo
coherentes con los compromisos adquiridos y siendo capaces de hacer del diálogo un instrumento que genere consensos en torno a objetivos claros y compartidos para abordar con responsabilidad el esfuerzo que se nos pide a todos. En sentido
contrario, la confianza no se consigue aprovechándose del miedo que embarga a millones de españoles ante la situación de crisis para imponer decisiones de forma unilateral. Tampoco se consigue señalando con el dedo acusador o haciendo señalar a
otros: a aquellos colectivos o entidades que molestan al Gobierno porque defienden políticas alternativas, otros proyectos legítimos en el marco de nuestra democracia que dibujan otros futuros de esperanza para todos y no para unos pocos. La
prepotencia y el abuso de decisiones unilaterales son la antipolítica y están en las antípodas de lo que España necesita en estos momentos. No es lo que nos piden los españoles, sino todo lo contrario. Les diré más: abusar del recurso a la
herencia recibida, como están haciendo, también genera desconfianza. Decimos en mi tierra que es excusa de mal pagador, es decir, propio de quien no quiere dar la cara y hacer frente a sus responsabilidades, echar siempre la culpa al otro. Eso
tampoco genera confianza, como no genera confianza un gobierno que predica una cosa y termina haciendo otra.
Voy terminando. Hoy comenzamos, como el ministro ha dicho, el debate presupuestario. Nosotros vamos a ser fieles a nuestro compromiso con los ciudadanos. Vamos a proponer y a defender nuestras alternativas, ofreciendo diálogo político
para encontrar espacios de consenso en la línea de ofrecer las mejores respuestas a lo que más preocupa a nuestra sociedad: generar empleo y salir de la crisis en la que estamos sumidos. Pero para hacerlo todos juntos, no unos pocos; para
disponer de una sociedad más cohesionada y con una nueva economía más competitiva, pero no por precariedad laboral y salarios de miseria, sino por incorporación del conocimiento a nuestro sistema productivo. Por eso vamos a trabajar
sin descanso; nuestra responsabilidad política nos obliga a ello. Lamentablemente esto no es lo que apunta la política del Gobierno hasta este momento y tampoco la poca luz que ofrece la propuesta que nos presentan hoy apunta a un cambio
radical de la misma. Por todo ello, nuestro voto va a ser negativo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.
¿Va a intervenir el señor ministro? (Asentimiento).
Señor ministro de Economía y Hacienda. (Varios señores diputados: De economía, no; de Economía poco.-Risas).
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente...
El señor PRESIDENTE: Perdón. Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Hay que corregir los errores que se cometen.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para lamentar el voto del Partido Socialista en una tarde como la de hoy. (Varios señores diputados: ¡Oh!) Lamentarlo porque, aunque respeto mucho lo que ustedes representan en la democracia española, estamos
viviendo un momento especialmente difícil, especialmente grave, un momento en el que precisamente quienes han tenido la responsabilidad de gobernar España deberían también ser responsables a la hora de asumir las consecuencias del ejercicio de ese
gobierno sobre la sociedad española, señorías. (Aplausos.-Protestas).
También subo a esta tribuna porque el argumento que he escuchado del Partido Socialista es el mismo que he escuchado a la portavoz del Grupo Socialista, que hoy no ha subido a esta tribuna para expresarlo, pero sí lo ha hecho a los medios de
comunicación hoy a mediodía, el mismo argumento, el discurso del miedo, señorías; el discurso del miedo. Ese es el único argumento que tiene el Grupo Socialista en una circunstancia como la que estamos atravesando y voy a contestar una por una
todas esas alegaciones al miedo que están ustedes provocando. (El señor Zaragoza Alonso: Miedo a Bruselas. Miedo a Europa). No habrá 200.000 parados más en la Función pública, señorías; no habrá eso que ustedes anuncian. No habrá subidas de
impuestos injustos, como fue la subida del IVA en 2010; no las habrá, señorías; no las habrá. (Aplausos.-Protestas). No habrá incertidumbre para financiar las pensiones, que he visto que al señor Rangel le preocupa esa financiación del sistema
público, cuando son ellos los que han dejado una vez más en déficit el sistema público de pensiones. (Rumores). Una vez más, señorías; una vez más ahí está, en la contabilidad nacional, su déficit. La financiación de los servicios públicos se
tiene que asentar sobre ingresos recurrentes del Estado, sobre los impuestos que pagamos todos los españoles. Mala financiación es la que viene del déficit de la deuda pública, señorías, muy mala financiación y muy mala excusa por parte de un grupo
político que sube aquí a decir: más déficit. ¿Para qué? ¿Para financiar qué? Eso es lo que están haciendo ustedes frente a lo que debe ser la imagen de una España reunida en torno a criterios de corrección del déficit público, señorías.
(Rumores).
¿Tienen ustedes una posición política? Es por supuesto válida, como cualquier otra que se exprese desde esta tribuna y desde la democracia española (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben), pero no suban a la tribuna a
decir que quieren dialogar con el Gobierno porque, señorías, ustedes vienen a infundir el miedo (Rumores) y seguro que ese miedo, doña Soraya -la he oído en los cortes de este mediodía-, tiene que ver con las elecciones del día 25 en Asturias y en
Andalucía. (Aplausos). Ese es el único argumento. (Un señor diputado: Pero los presupuestos después). ¿A ustedes les preocupa de verdad la reducción del déficit público que estamos compartiendo con el resto de los socios europeos? ¿A ustedes
les preocupa de verdad o les preocupan unos objetivos políticos mucho más cortoplacistas en este debate? ¿A ustedes les preocupa de verdad abrir la puerta de la financiación de la economía española y convertirnos en unos socios fiables en Europa y
ante los acreedores internacionales o lo que les preocupa es hacer política de corto plazo, donde dicen que están dispuestos a dialogar y lo único que escucho es el diálogo de agarrarse a una pancarta en una manifestación en la calle, señorías?
(Aplausos). ¿Esta es su forma? ¿Esta es la forma de hacer política, señorías? ¿Esa es la forma? ¿Dónde está su proyecto alternativo? Suban a la tribuna -el que quieran ustedes- a decir que el déficit público de España no debería ser el 5,3,
sino que debería ser el ...? Suban aquí a decirlo. El Partido Socialista aboga por más déficit público. (El señor Zaragoza Alonso: El 5,8, como querías tú.-Rumores). Están ustedes donde siempre han estado. Ustedes creen que la solución de la
financiación del Estado, de los servicios públicos, es siempre igual: más déficit y más deuda. (El señor Moscoso del Prado hace signos negativos.-Protestas). Es así. Y la desviación del programa de estabilidad, ¿de quién es? ¿Del Gobierno nuevo
que todavía no ha cumplido cien días? ¿O es la que dejaron ustedes? (Aplausos). Por lo menos reconozca que alguien llevó a las instancias europeas un programa de estabilidad que era una pura fantasía, señorías, irrealizable e irreconciliable con
los objetivos coherentes que debe tener un país moderno. Reconózcanlo. ¿O quieren que les recuerde que según el Gobierno anterior y el Grupo Socialista en la segunda mitad del año 2010 ya habría creación de empleo? (Aplausos.-La señora Rodríguez
Ramos pronuncia palabras que no se perciben). Sin embargo, lo que hemos recibido realmente es un desfase en déficit público. Y sus señorías
me piden los datos y siempre con la misma terminología. Yo lo que les pediría es que actualizaran la terminología, porque cuando el Partido Socialista está en la oposición siempre utiliza la misma terminología: más déficit, más deuda y
apagón estadístico. Eso del apagón estadístico ha sido formidable (Risas); ha sido realmente sensacional, señorías. (Aplausos). ¿Dónde están los responsables de las cuentas anteriores? (Rumores). ¿No están sentados en esa bancada todavía?
Emociona ver a algún antiguo ministro de Trabajo hablando sobre las relaciones laborales que él no supo reformar y actualizar. (Protestas.-Aplausos). Señorías, estamos en una situación en la que hacen falta propuestas concretas; propuestas
concretas. Suban a la tribuna a decir cuál es el objetivo de déficit que debe tener España. (El señor Zaragoza Alonso: El 5,8). Suban a la tribuna a decir cuánto tenemos que parar el crecimiento de la deuda pública. Suban a la tribuna a exponer
algo positivo. Suban a la tribuna a decir que el diagnóstico económico del Gobierno está equivocado. (Varios señores diputados: Sí, sí. El 5,8). Cuando otros teníamos otras responsabilidades subíamos a la tribuna a decir la verdad a los
españoles (Protestas.-Aplausos) no a mantener en la política la posición de siempre, la posición eterna. (Las señoras Rodríguez Ramos y López i Chamosa pronuncian palabras que no se perciben.-Rumores).
Señorías, erradiquen de una vez el discurso del miedo y miren a la sociedad de frente, a los ojos de la gente, para decir que hay que hacer un esfuerzo entre todos; un esfuerzo equitativo y ponderado que nos conduzca pronto a las puertas de
la crisis económica para salir cuanto antes de ella. Apúntense de una vez en positivo a las reformas que estamos trayendo a esta Cámara. Esa sería la aportación que podrían hacer para que su electorado y el conjunto de los españoles vieran que
desde este Parlamento se está construyendo una imagen positiva de nuestro país, una imagen que recupere la confianza y la fiabilidad de nuestro país ante los socios europeos y ante el mundo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Señor Rangel, si va a hablar desde el escaño le diré que tiene cinco minutos.
El señor RANGEL TARRÉS: Señor presidente, voy a consumir muchísimo menos tiempo.
Señor Montoro, yo soy nuevo en esta Cámara, provengo de la gestión pública, estoy acostumbrado a comprometerme y a gestionar para conseguir objetivos, y hoy no me hubiese gustado estar en su papel. Si alguien ha hecho realmente un discurso
retórico, vacío de contenido, lleno de tics y de frases que han repetido hasta la saciedad, son ustedes. Si creen que al final la gente les va a dar la razón a base de repetir muchísimo una cosa que no es cierta, les diré que eso no llega a ninguna
parte. (Rumores). Lamentablemente el recurso a la excusa de mal pagador que he contado ha sido la norma en toda su intervención de réplica. Lo lamento profundamente, porque les hemos dicho por activa y por pasiva que queremos comprometernos, pero
con un gobierno serio (Rumores) y que haga las cosas bien, no como las están haciendo ustedes. (Aplausos).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señoría, bienvenido al ejercicio parlamentario en esta Cámara, por descontado. Pero ese ejercicio parlamentario hay que hacerlo en función de las circunstancias
políticas que estamos viviendo, señoría, y las circunstancias políticas son las del país en recesión, el país con la tasa de paro más alta de todo el mundo desarrollado, con una tasa de paro juvenil realmente inaceptable e inasumible para una
sociedad moderna. A esto hay que hacerle frente con políticas como las que estamos llevando adelante este Gobierno, con políticas de reformas estructurales. Usted, como representante del Grupo Parlamentario Socialista, podrá decir, por supuesto
-esta en su legítima condición-, que no le gusta este tipo de política, pero lo que no puede hacer es negar la realidad y la evidencia; en definitiva, ante unos nuevos presupuestos del Estado en un momento sumamente crítico, realmente difícil,
están ustedes en una posición obstruccionista (Rumores), porque la réplica que usted acaba de hacer es: señor Montoro, no me gustaría estar en su papel. Mire, yo estoy en el papel en el que me han sumido los españoles (Aplausos) y aceptándolo con
buen gusto, aceptando la responsabilidad de un gobierno. También estoy en el papel de un europeísta convencido (Rumores) que entiende que el presente y el futuro de España se hacen en Europa (El señor Zaragoza Alonso: En Alemania), razón por la
que hay que estar siempre colaborando con las instituciones europeas, desde esa franqueza y desde esa lealtad. Y si hay algo positivo en las noticias de ayer y de hoy es que esas instituciones europeas han enterrado un programa de estabilidad del
Reino de España que realizó el Gobierno socialista y que nunca fue merecedor de la confianza ni de la fiabilidad de nadie, como ahora se ha vuelto a demostrar. (Aplausos.-El señor Ruiz-Gallardón Jiménez: ¡Muy bien!).
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro, señorías, lo que hoy estamos debatiendo y probablemente se va a aprobar posteriormente es el techo de gasto para el
año 2012, que va a suponer una reducción del 5,2 por ciento respecto al techo de gasto del año 2011 y no del 4,7 por ciento, como plantea este real decreto -ya el señor ministro ha matizado esta modificación- y al mismo tiempo se pretende
aprobar un objetivo de estabilidad del déficit consolidado de todas las administraciones públicas, pero no del 5,8, sino del 5,3 por ciento. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió considera que esta reducción del techo de gasto y este
objetivo de estabilidad para el año 2012 son coherentes con el principio de austeridad presupuestaria que se exige desde la Unión Europea y, al mismo tiempo, lo consideramos indispensable para dar credibilidad a la economía española y a los mercados
internacionales. Este rigor presupuestario también es fundamental para reducir la prima de riesgo existente entre la deuda soberana española y el bono alemán, estos más de 300 puntos de diferencia que existen en la actualidad y que están mermando
la competitividad de la economía española. Por tanto, primera consideración importante: esta reducción del techo de gasto y este objetivo de estabilidad son absolutamente coherentes con los planteamientos y los objetivos planteados por el
principio de austeridad de la Unión Europea.
Desde Convergència i Unió siempre hemos mantenido una posición muy rigurosa en cuanto a todos aquellos aspectos que hacen referencia al mantenimiento del déficit, una posición muy rigurosa con el principio de estabilidad presupuestaria.
Siempre hemos manifestado, por activa y por pasiva, que no se puede gastar más de lo que se ingresa, contando como ingreso los déficits previstos en los diferentes ejercicios presupuestarios. Hay una regla de oro, que es imprescindible cumplir: no
gastar más de lo que hemos ingresado. Continuamos manteniendo que hemos de ser implacables en la lucha contra el déficit. Esta es la posición de rigor, de solvencia y de seriedad que hemos puesto en marcha desde que hace aproximadamente un año
Convergencia i Unió gobierna la Generalitat de Catalunya bajo estos principios de rigor presupuestario, de solvencia y de seriedad, y de intentar implementar una política presupuestaria en la que nunca se pueda no cumplir esta regla de oro de no
gastar más de lo que se puede ingresar.
Señor Montoro, en todas las manifestaciones y fijaciones de posición siempre hemos mantenido lo que hemos estado haciendo desde el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, porque pensamos que hemos tenido la oportunidad, ya que se han
producido las elecciones con anterioridad al resto de las comunidades autónomas, de poder dar un ejemplo de cuál ha de ser una política presupuestaria de rigor y solvencia. Nos hemos puesto a la cabecera de la manifestación para poder dar ejemplo,
no solamente al resto de las comunidades autónomas -que vamos a ver si siguen la senda que han empezado Convergència i Unió y el Gobierno de la Generalitat-, sino también al Estado, a la Administración central, de que la medicina preventiva que
ustedes están practicando en estos momentos nosotros ya la hemos aplicado en nuestros presupuestos. Dado que creemos sinceramente que estamos dando un ejemplo de seriedad, de solvencia y de rigor presupuestario, también estamos en condiciones de
plantear algunos ajustes sin desviarnos del objetivo general de estabilidad para que ustedes puedan tener esta sensibilidad que nosotros hemos empezado a experimentar en nuestras propias carnes a través de la gestión del Gobierno de la Generalitat
de Catalunya.
Desde el Gobierno de la Generalitat hemos planteado una disminución del gasto no financiero del 9% en los presupuestos para el año 2012 -que es una cantidad muy considerable- y por primera vez se va a producir un ahorro sanitario de
alrededor de 700 millones de euros. Hemos procedido a un ajuste salarial de las plantillas de la Función pública, extremo al que nos ha costado muchísimo llegar porque es un hecho doloroso; no es agradable plantear decisiones de esta envergadura,
pero lo hemos hecho y no se nos han caído los anillos. Lo hemos hecho para mantener este rigor presupuestario y para mantener un déficit que no presuponga en ningún momento que se gasta más de lo que se ingresa. Hemos hecho unos ajustes de
nuestras empresas públicas muy importante. Hemos reducido un 40% los cargos de confianza del Gobierno de la Generalitat y hemos hecho unos ajustes salariales del Gobierno de la Generalitat y de su presidente de un 25%. Por lo tanto, pensamos
sinceramente que, cuando hablamos de plantear y distribuir los diferentes déficits estructurales del Estado, estamos en condiciones de pedir también una sensibilidad más importante de la que en algunos momentos se ha planteado.
Cuando estábamos hablando del objetivo de estabilidad previsto en este real decreto -que ahora ya se ha subsanado y se ha sustanciado por las recomendaciones de la Unión Europea-, nosotros siempre habíamos mantenido la posición de que esta
distribución por parte del Estado en cuanto a los déficits estructurales de la Administración central y de las comunidades autónomas era injusta, incluso un poco arbitraria y desproporcionada respecto a lo que tenía que soportar la Administración
central y lo que ustedes pretendían plantear a las comunidades autónomas. Entendíamos que el esfuerzo que ustedes pedían a las comunidades autónomas era desproporcionado respecto a sus posibilidades reales, ya que ustedes saben perfectamente, señor
ministro, señoras y señores diputados, que las comunidades autónomas tienen una importante responsabilidad directa en el gasto en educación, en servicios sociales y en sanidad, y tienen menor margen de maniobra de lo que tiene el Estado en sus
distribuciones generales. Ahora ustedes, en este planteamiento definitivo en el que se pasa de un déficit del 5,8 al 5,3 -con este 0,5% menos de déficit para el año 2012- plantean una decisión importante, que era la que correspondía en momentos
difíciles y delicados, y este 0,5% de déficit lo aplican única y exclusivamente a la Administración General del Estado, dejando el déficit de las comunidades autónomas en un 1,5%. Esta es una decisión que les honra y que a nosotros nos ha
gustado. Creemos que este planteamiento es el que se corresponde con la realidad, ya que es la Administración General del Estado la que puede hacer un esfuerzo más importante del que se podría adjudicar a las comunidades autónomas. De
todas maneras, el señor ministro ha dicho en su intervención que ahora el Estado absorbe este medio punto más de margen a la Administración General del Estado, pero que hay que tener en cuenta que en los presupuestos del año 2013 también se va a
equilibrar esta proporción o esta distribución del déficit entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Vamos a ver cuál va a ser esta distribución. Lógicamente, nosotros queremos también participar decisivamente en este
tipo de decisiones porque, señor ministro -y por eso hoy en mi intervención inicial le he manifestado algunas cuestiones-, usted sabe perfectamente cuál es el esfuerzo que están haciendo algunas comunidades autónomas y, sin lugar a dudas, también el
resto de comunidades autónomas lo tendrán que hacer para el ejercicio 2012.
Asimismo, es importante hacer pedagogía activa de cuál es la distribución de los déficits de la Administración central y de las comunidades autónomas, porque sinceramente a veces diferentes miembros del Gobierno, en este caso del Partido
Popular o cuando gobernaba también el Partido Socialista, en las intervenciones de los ministros de Economía y Hacienda se dejaba traslucir la sensación de que todos los déficits siempre son imputables a las comunidades autónomas y siempre las
comunidades autónomas son las únicas responsables de todos los males de los déficits estructurales que padece la economía española, y esto no es así. Por este motivo es muy importante coger una fotografía de los déficits de los años 2008 a 2011 y
ver quiénes son los principales culpables de los déficits de las diferentes administraciones y cuál es el porcentaje que le corresponde a cada administración. Si ustedes cogen una fotografía de los déficits de los años 2008 a 2011, observarán unos
datos que son relevantes, que son importantes y que también valdría la pena que todas sus señorías, y el Gobierno por descontado, los tuviésemos en la cabeza a la hora de exigir responsabilidades a las diferentes administraciones. Si miramos los
déficits acumulados en las diferentes administraciones de los año 2008 a 2011, observaremos que el déficit acumulado por la Administración General del Estado ha sido del 23,12% del PIB; sin embargo, los déficits de las comunidades autónomas en
estos últimos cuatro años solamente han sido del 9,58%, es decir, menos de la mitad del déficit de la Administración central. Y si miramos qué administraciones son las más culpables de las desviaciones de déficit que se han producido en estos
últimos cuatro años, también observamos que las desviaciones acumuladas por los déficits de la Administración central equivalen al 11,6% del PIB y los déficits acumulados de las administraciones autonómicas solamente equivalen al 5% del PIB.
Sinceramente, entiendo que estos ejemplos son muy significativos, están en las diferentes contabilidades publicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al alcance de todo el mundo y uno puede observar que básicamente hay dos
datos que son importantísimos. Si miramos cuál es el volumen del déficit global de la Administración central y de las comunidades autónomas, veremos que más del 70% de la deuda de las administraciones públicas en general corresponde a la
Administración central y el 12% corresponde a las administraciones autonómicas y a las corporaciones locales. Por tanto, son datos -repito- muy significativos.
Hechas estas consideraciones, después de manifestar que nos va a gustar intervenir en la futura distribución de los déficits para los presupuestos del año 2013, lógicamente vamos a esperar a la presentación de los Presupuestos Generales del
Estado que el Gobierno va a presentar próximamente, a finales de este mes. Vamos a ver si en estos presupuestos se consignan todas aquellas partidas que por el principio de lealtad institucional tienen que estar incorporadas, que hacen referencia a
todas aquellas deudas que la Administración General del Estado adeuda a las comunidades autónomas y, en concreto, a la Generalitat de Catalunya, como son la disposición adicional tercera del año 2008, la disposición adicional tercera del año 2009,
los fondos de competitividad, etcétera, cantidades que usted sabe, señor ministro, que ascienden a más de 1.500 millones de euros. Cuando nosotros veamos estos presupuestos, vamos a actuar en consecuencia. De todas formas, dada la situación actual
de la economía española, dado el frente común que hemos de hacer para luchar y ser rigurosos en la lucha contra el déficit y por la estabilidad presupuestaria, nosotros en este planteamiento que hace el Gobierno hoy ante esta Cámara vamos a plantear
una abstención constructiva a la espera de ver los presupuestos, repito, una abstención constructiva, que ha de ir en la dirección de la lucha contra el déficit, que nosotros calificaríamos de posición muy europeísta, en el sentido de que es
fundamental para ser efectivos en la lucha contra el déficit y para ser efectivos en la lucha contra el paro y por la creación de empleo,...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe acabar.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: ...nosotros planteamos esta abstención constructiva y esta abstención europeísta.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Lara.
El señor LARA MOYA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Montoro, esta mañana viendo la prensa y leyendo si iba a ser el 5,3 o el 5,8 venía una
preciosa fotografía de su colega el ministro señor De Guindos, al que tenía cogido del cuello el presidente del Eurogrupo, señor Juncker. Cuando he visto esa fotografía, me imaginaba que automáticamente después el señor De Guindos cogería
del cuello a nuestro ministro de Hacienda, que a su vez el ministro de Hacienda cogería del cuello a los presidentes de las comunidades autónomas y, finalmente, los presidentes de las comunidades autónomas cogerían del cuello a los ciudadanos para
que se aprieten el cinturón en los 5.000 millones de euros más de recortes que la gracieta entre colegas del señor De Guindos y el señor Juncker nos va costar en este proceso. (Aplausos). Esos son los mismos colegas que han dado a la banca 530.000
millones de euros, de los que la banca española ha cogido unos 120.000 millones de euros al 1% y que la banca española compra deuda pública al 3 o al 4%; es decir, especula y negocia con la deuda pública española, y al mismo tiempo apalanca los
recursos, no los lleva a la economía real y los mantiene al 0,25 dentro del Banco Central Europeo. Esa es la colaboración que la banca está haciendo con el desarrollo de nuestro país.
Nos trae a este debate el acuerdo del Consejo de Ministros sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria del sector público y su techo de gasto no financiero para los presupuestos generales de 2012, que curiosamente se asimila al mismo
techo de gasto que tuvieron los presupuestos hace ocho años, señor ministro. Este techo de gasto tiene un nombre para nosotros, se llama recortes en la inversión pública, se llama deterioro de los servicios públicos. Yo tengo una duda razonable -y
dicen que somos esclavos de nuestras palabras- y me he quedado con su expresión de que no se va a despedir a 200.000 trabajadores de las administraciones públicas. La CEOE elaboró un documento -algunas cosas se hacen al dictado de la CEOE- diciendo
que sobraban en España 800.000 trabajadores y trabajadoras del sector público; ojalá que su palabra esté por encima de las ideas de la CEOE. Ese techo de gasto tiene otro nombre, que es más grave porque tiene rostros humanos, esos a los que
miramos a los ojos cada día, que se llama más recesión, más paro y más sufrimiento. Ha dicho Cáritas que ha crecido en un 34% el nivel de pobreza en nuestro país. Es un techo tan bajo que va a obligar a los españoles a vivir encorvados, agachados,
sin levantar la cabeza durante un tiempo. Caminamos para atrás como los cangrejos y la pregunta es cómo hemos llegado a esta situación. Es cierto que ha habido una reducción drástica de los ingresos por el estallido de la burbuja inmobiliaria;
una burbuja que se hinchó en el mayor proceso especulativo inmobiliario de todos los conocidos, pero no es menos cierto que, en paralelo, los gobiernos de este país actuaron de forma irresponsable con reducciones de impuestos sobre todo a los
beneficios del capital, rentas altas y grandes fortunas, bonificaciones fiscales intolerables, pasividad ante un inmenso fraude fiscal, tolerancia ante la economía sumergida y avales y ayudas sin fin directas a la banca.
Si los gobiernos responsables de estas políticas y los partidos que las han apoyado en esta Cámara -no estaba de parlamentario, pero veía por televisión cómo en esta bancada también se aplaudía la reducción de impuestos y especialmente la
bonificación del cien por cien del impuesto sobre el patrimonio- hubieran observado el cumplimiento del artículo 31 de la Constitución, luchando contra el fraude fiscal y la economía sumergida, hoy no estaríamos en esta situación ni de déficit ni de
deuda. Es cierto que aquí ha habido excesos y derroches, como la construcción de aeropuertos sin aviones y sin pasajeros o estaciones del AVE fantasma. Ahora, con las políticas de recortes y de ajustes, todos pagamos el festín y los excesos de
unos cuantos que sí han vivido por encima de nuestras posibilidades, de las posibilidades de todos y de todas. (Aplausos).
El corsé al déficit que impone la Unión Europea y que llevaron ustedes, el Partido Popular y el Partido Socialista, a la Constitución -por cierto, sin consulta popular- es un chantaje que no reconocemos a la soberanía de este Parlamento.
Todo ello para satisfacer el interés de los mercados financieros con los que -no hay que olvidarlo- se endeudó la banca española y garantizarles el pago de intereses y la deuda antes que cubrir nuestras necesidades sociales; una banca, nuestra
banca, que es la primera responsable de la deuda exterior de este país. La modificación de la Constitución fue precedida de medidas que han dañado y dañarán más en el futuro nuestro Estado de medioestar y empleo, como la reforma de las pensiones,
los recortes presupuestarios o la reforma laboral. Todo en aras de dar mensajes de confianza a los mercaderes, que han demostrado ser insaciables, apoyados evidentemente por las agencias de calificación estadounidenses. La continuidad en las
políticas de recortes de este Gobierno con la nueva reforma laboral y la firma del Tratado de estabilidad, que nos compromete a mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5% del PIB a partir del 2020, son medidas que no han limitado los
excesos de los mercados, han servido para sembrar dudas sobre la recuperación económica al basarse exclusivamente en el ajuste duro, han deprimido la demanda y han generado desempleo; no han actuado sobre los ingresos y la reducción del déficit no
se ha acompañado con la recuperación económica y la preservación del modelo social.
La propuesta de déficit que nos presenta hoy, 5,8 -ya sabemos que ahora es 5,3-, más suave que el 4,4 de la previsión del anterior Gobierno, es aparentemente más dura si tenemos en cuenta que se hace sobre una recesión prevista del 1,7%
cuando la anterior se fijaba sobre un hipotético crecimiento del mismo porcentaje. Si a ello le sumamos las mayores prestaciones por desempleo y reducción de ingresos por la recesión y el ajuste, sea el suyo o sea el de Bruselas, será imposible de
aplicar a través de más recortes, porque esta sociedad no lo va a soportar. ¿Creen ustedes que los ciudadanos van a aguantar resignados un nuevo recorte en la inversión pública del 40%, tal como anunció el señor De Guindos?
¿O el recorte a las comunidades autónomas de más de 15.000 millones de euros y los recortes suplementarios que exige Bruselas? En cuanto a la previsión del déficit cero en la Seguridad Social, tampoco es creíble que se mantenga con 630.000
nuevos parados, anunciados por el Gobierno, y la correspondiente reducción de cotizaciones a la Seguridad Social cuando en 2011 ya se cerró con déficit, y más aún en un marco de recesión económica. ¿O acaso piensan ustedes tocar las prestaciones de
desempleo, como ha apuntado la Cepyme? Señor ministro, el Plan de estabilidad no se sostiene y es muy poco estable. Obviamente por ello y otras razones no lo vamos a votar favorablemente.
Reducir el déficit sin recuperar la economía y el empleo es un objetivo inviable. Creemos que anteponer el objetivo de reducción del déficit a la recuperación económica solo empeorará la situación. ¡Largo me lo porfías, amigo Sancho!,
decían en el libro del Quijote. Lo que realmente mejorará la situación y pondrá en marcha un nuevo proceso de recuperación será sin duda el incremento de la demanda interna. Un crecimiento interno basado en las inversiones públicas y privadas,
enfocadas al cambio de modelo productivo, y la reducción de nuestra dependencia energética, nos llevaría a una mejor situación para una creación de empleo sostenible.
Señor ministro, su drama es que el Gobierno ha comprometido su credibilidad en el esfuerzo de consolidación fiscal y ha afirmado que no va a reparar en los ajustes que sean necesarios, aunque nos duela a los españoles. Ahora bien, lo más
importante del ajuste es quién lo soporta y en qué proporción. ¿Ha considerado el Gobierno cómo afectarán a nuestra economía los recortes realizados y unos presupuestos más restrictivos para 2012 y 2013, hasta llegar al 3% en 2013? Todo ello,
señorías, unido a una reforma laboral que abarata el despido y reduce los salarios de los trabajadores. ¿No sería más razonable vincular la reducción del déficit al descenso del paro, de la economía sumergida o del fraude fiscal a niveles próximos
a la media de la eurozona? Para nuestro grupo parlamentario solo existe un medio para corregir los desequilibrios de nuestras finanzas públicas, y es el crecimiento económico.
Desde el inicio de la crisis llevamos planteando un programa alternativo de salida social a la misma que pasa por una movilización de recursos públicos y privados hacia el cambio de modelo productivo y el fortalecimiento de la sociedad del
bienestar. Este cambio de modelo productivo llevaría un incremento de los ingresos públicos muy superior a los ahorros obtenidos con los recortes efectuados y con los previstos. Por eso, no compartimos el techo de gasto que ustedes nos plantean.
Pensamos que habría que mantener ese techo en niveles anteriores al inicio de los recortes en términos reales. El criterio fundamental del presupuesto debe ser el establecimiento del principio de suficiencia en los ingresos; es un viejo principio.
Por eso, la reforma fiscal es ineludible. La fiscalidad que tenemos se corresponde con el periodo de auge y se asienta en los ingresos inmobiliarios, por ello el desplome de la recaudación en España no tiene parangón con lo sucedido en otros países
de la Unión Europea y no es proporcional al descenso de la actividad económica originado por la crisis.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda han fijado el fraude fiscal en más de 60.000 millones de euros. Lo dicen aquí, señor ministro, en este documento. Supongo que tiene información suficiente, porque dependen de su ministerio. Las tres
cuartas partes de los 60.000 millones que defraudan a Hacienda las empresas en este país proceden de las grandes empresas y el fraude laboral -dice este mismo documento- en cotizaciones está en torno a 30.000 millones de euros. La economía
sumergida alcanza casi un cuarto del PIB. Todo ello justifica claramente una completa reforma fiscal y un papel más serio para la Agencia Tributaria, que de no realizarse no sería entendido por la mayoría de los españoles. Como les cuesta entender
que al anterior presidente de la CEOE le reclamen los tribunales 99 millones de euros por fraude en el impuesto de sociedades o como les cuesta entender que los asalariados declaremos en este país 8.500 euros más de renta que declaran los
empresarios y los profesionales. Esto cuesta mucho entenderlo en esta España.
Ustedes van a exigir el equilibrio presupuestario a los ayuntamientos. Antes de llevarlo a cabo, deberían traer a este Parlamento, en nuestra opinión, un proyecto de ley de financiación local que defina con claridad las competencias
fiscales de los ayuntamientos. Deberían ustedes volver al Consejo de Política Fiscal y Financiera y negociar con las comunidades autónomas, aunque la inmensa mayoría sean de su color, especialmente si van a hacer caso a la nueva imposición de
Bruselas -ya veo que sí- y van a pedir nuevos sacrificios a comunidades y ayuntamientos. Ustedes están exigiendo más esfuerzos al resto de las administraciones territoriales que al propio Estado central. Les pedimos que cuando traigan los
presupuestos incorporen contenidos de racionalización y control del gasto y de lucha contra la corrupción. Es preciso modificar la Ley de contratos de las administraciones públicas para dotar a todos los procesos de mayor transparencia y para
limitar de una forma estricta las desviaciones en los presupuestos de obras y adquisición de bienes por parte de las administraciones; la palabra se llama transparencia. Nuestro grupo traerá a la Cámara una propuesta para modificar el Tribunal de
Cuentas.
Concluyo, señor ministro. Le exigimos a su Gobierno que mantenga, con un compromiso firme ante la Cámara, el gasto en servicios públicos. Por una parte, el gasto global, con un criterio de convergencia con la Unión Europea y, por otra
parte, todas las administraciones deben mantener el gasto en educación, sanidad, dependencia y en sus infraestructuras. Finalmente, tenemos que constatar que en su propuesta de estabilidad la creación de empleo brilla por su ausencia, lo que
contrasta con su lema electoral: lo primero, el empleo. Ni es lo primero ni es lo segundo ni es lo tercero, sino que
se ha anunciado que habrá 630.000 parados nuevos; no sabemos en qué lugar va. Con el dinero en ayudas y avales que han dado a los bancos en este país todos los gobiernos, 140.000 millones de euros, dedicados a la economía productiva
directamente, seguro que se hubiera resuelto una parte muy importante del paro en nuestro país. Por eso le emplazamos a que convoque un Pleno monográfico sobre el empleo para que traigan ustedes a esta Cámara sus medidas para crearlo. Los
pancarteros crecerán, señor Montoro, porque si no cambian de política, son ustedes la mejor fábrica de crear pancarteros en este país.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.
Por el Grupo UPyD tiene la palabra el señor Anchuelo. (El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, pide la palabra.-El señor Centella Gómez: El señor ministro ha pedido la palabra; para una vez que nos
contestan). Perdón, señoría, creí que no iba a pedir la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señoría, voy a responder con la mayor brevedad posible al planteamiento del señor Lara, sobre todo a ese final. Señoría, la política no es una pancarta; las
pancartas pueden y deben ser legítimas en una democracia y en una sociedad moderna, pero esta posición suya en la que siempre, lo que no consigue a través de los votos, trata de arrancarlo en una pancarta, en un momento de crisis de confianza y
donde tenemos que ganar la reputación de España, créame su señoría que, lejos de aportar, está restando a la imagen de España. Además le voy a decir, aclarándole alguno de los ámbitos a los que se ha referido su señoría en esta Cámara -y por lo
demás, para sembrar la duda-, que lo que estamos haciendo en el Gobierno es garantizar servicios públicos, lo que estamos haciendo en el Gobierno es garantizar el sueldo de los funcionarios; garantizar el sueldo de los funcionarios. Eso es lo que
está detrás de esas cifras y de esos objetivos, por tanto, señorías, dejen de sembrar esas dudas. No sé qué clase de rédito político tienen, cuando ustedes si están en el proyecto europeo deberían sumar también a ese proyecto europeo y deberían
tomar actitudes políticas que no fueran la de estar siempre en contra de las posiciones, de los proyectos de gobierno que estamos trayendo a esta Cámara. Yo solo voy a coincidir en una parte de su intervención: en la lucha contra el fraude fiscal.
Exactamente, señoría, tiene gran importancia. Por lo menos reconozca que cuando hubo un Gobierno del Partido Popular el fraude fiscal se redujo mucho en España, y cuando hubo un Gobierno del Partido Popular crecía la recaudación del IVA al 16%
cuando el consumo en España crecía entre el 6 y el 7%, porque había eficacia en la gestión tributaria, y eso es absolutamente básico para que consigamos un equilibrio y una cohesión social en una sociedad moderna, en la sociedad española.
Señorías, no es tiempo de pancartas, es tiempo de compromisos, de compromisos con objetivos que no solo deben ser de esta Cámara, sino que son compromisos de los españoles con toda Europa para recuperar cuanto antes el crecimiento y la
creación de empleo.
Gracias, señoría. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Señor Lara, tiene cinco minutos.
El señor LARA MOYA: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, nosotros somos tan europeístas como el primero, la diferencia es que nosotros creemos en la Europa de los pueblos, en la Europa social, en la Europa de la intervención pública en la economía, y no en la Europa de la
desregulación, del liberalismo puro y duro, de la libre economía de mercado, y en definitiva de la Europa de los banqueros. No creemos en esa Europa en la que nuestro propio banco central da dinero a los especuladores de la banca para que compren
nuestra deuda y hagan negocio con nuestros propios recursos. En esa Europa no creemos. Creemos en una Europa donde su banco de inversiones haga inversiones públicas para que salgamos de este atolladero de crisis económica y de desempleo, y no se
sigan primando los intereses de los especuladores, que son los que nos están llevando a la ruina. Esa, señor Montoro, es nuestra Europa y vamos a continuar apostando por ella en las instituciones y con la pancarta. (Una señora diputada: ¡Muy
bien!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.
Ahora sí tiene la palabra por el Grupo UPyD el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, asistimos esta tarde en la Cámara a un importante debate, uno de los más importantes debates económicos en torno al objetivo de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto. Estos objetivos se basan en un cuadro macroeconómico
previo que los sustenta, así que comenzaré mi intervención comentando ese cuadro macroeconómico. Lo primero que deseo comentar, dado que nuestro grupo se plantea la opción política desde la racionalidad y no desde la visceralidad, es que el cuadro
macroeconómico es razonable, es un cuadro realista. Por primera vez en bastantes años se nos presenta un cuadro macroeconómico que coincide con las previsiones de los organismos internacionales, que coincide con las previsiones de los expertos,
porque nos hemos acostumbrado durante los últimos años a leer cuadros macroeconómicos muy poco realistas que a veces parecían ejercicios de ciencia ficción. En ese sentido nos felicitamos del realismo del cuadro macroeconómico. Debería ser lo
normal, pero no estábamos acostumbrados. Sin embargo no entendemos para llegar
a esta previsión qué necesidad había de esperar tantos meses, porque el Banco de España hace tiempo que tiene una previsión similar. ¿Era necesario esperar a esta previsión? ¿No tienen técnicos el Banco de España, el Ministerio de
Economía, para llegar a conclusiones similares? ¿No tiene nada que ver con las elecciones andaluzas toda esta espera innecesaria? Creemos que para llegar a esta cifra no era necesario esperar tanto tiempo.
Aunque las previsiones sean realistas, y le felicitamos por ello, no dejan por eso de ser menos desoladoras, y si tradujésemos en lenguaje coloquial estas cifras a la sociedad española realmente la haríamos consciente de la gravedad de la
situación. Detrás de estos porcentajes, tecnicismos, todo suena muy frío, pero precisamente los que somos economistas estamos en condiciones de interpretar mejor a veces lo que esto significa y de traducirlo a los términos coloquiales. Se nos está
diciendo en este cuadro macroeconómico algo muy frío: el PIB va a caer un menos 1,7%. Traducido al lenguaje coloquial lo que se nos está diciendo es que volvemos a caer en una fuerte recesión después de cinco años de crisis; una sociedad española
agotada, desesperanzada, se enfrenta a los peores momentos de la recesión, una caída doble después de cinco años de crisis. Detrás de ese agregado macroeconómico, el PIB, hay una serie de componentes de la demanda agregada, y si vamos analizándolos
uno a uno, insisto, el cuadro es realista pero desolador; si uno lo traduce al lenguaje coloquial es una situación realmente muy complicada la que aquí se presenta. Se nos dice que el consumo privado, que es el componente mayor de la demanda y el
más estable, va a caer un 1,4%. Realmente tampoco es sorprendente si nos ponemos en la piel de una familia española, por el tipo de panorama que se encuentra para el próximo año: un paro del 22% y en aumento, es decir, la posibilidad de perder su
empleo, ahora independientemente de que sea un empleo indefinido, ahora independientemente de que sea un contratado laboral en la Administración, nadie queda a salvo ya del riesgo, de la probabilidad de pérdida de empleo. Perspectivas de reducción
salarial en términos reales, perspectivas de subidas de impuestos, se nos dice que no, se deja en el aire, pero en cualquier caso se han subido los impuestos directos sobre la renta a un nivel ya propio de los países nórdicos. El crédito sigue
congelado y los efectos inmediatos de la reforma financiera harán que siga congelado probablemente durante un par de años. Y todo esto que en parte se debe a los efectos a corto plazo de las medidas del Gobierno se suma a los problemas que ya
teníamos antes: al alto endeudamiento privado que arrastran nuestras familias. Realmente no es sorprendente que el consumo se contraiga, y esperemos que se mantenga la contracción en los niveles que aquí se nos dice.
Respecto al consumo público se nos anuncia una reducción drástica del 11,5%. Esto en términos de PIB equivale más o menos a una reducción de 2 puntos del PIB. Se nos está anunciando una reducción del gasto corriente de 20.000 millones de
euros. Nos gustaría cuanto antes, de una vez, ver concretado en qué se materializan estos recortes y dejar ya las generalidades y entrar en los detalles. La inversión continúa totalmente hundida. La construcción no remonta pese a los años que
lleva con problemas, y también parece lógico, dado que hay expectativas de bajada de precios. En cuanto a la infraestructura pública, el ministro de Economía ya nos informó el otro día de la drástica reducción del 40% que se plantea. De la
inversión en bienes de equipo para qué vamos a hablar, con el crédito congelado y estas perspectivas de demanda. Todo esto nos da una contribución de la demanda interna del crecimiento fuertemente negativa que en las previsiones del Gobierno se
compensa parcialmente con un saldo exterior positivo. Aquí es donde tenemos alguna reticencia sobre el realismo de las previsiones, porque se nos dice que las exportaciones van a crecer un 3,4% y nos parece un escenario un poco optimista teniendo
en cuenta -ya sé que son bienes y servicios- que nuestras exportaciones se concentran mucho en la zona del euro, que la zona del euro está entrando en recesión, y que nuestros países vecinos, con los que comerciamos más intensamente, Portugal e
Italia, son de los más complicados. Por tanto aumentar las exportaciones en esta situación va a ser complicado, y ojalá se consiga.
Hay una fuerte caída de las importaciones del 5,9% y eso indica en parte la gravedad de la recesión, la caída de la demanda que se traduce en menores importaciones, pero recordemos que hay un riesgo geoestratégico relacionado con el precio
del petróleo, la situación en Irán, que hace que no sea descartable que surjan problemas imprevistos. Quiero decir con esto que el saldo exterior, que en buena medida compensa la caída de la demanda interna, no está garantizado. En cualquier caso,
le reconozco que no le corresponde al Gobierno hacer este tipo de cábalas, sino ceñirse al consenso de los analistas y es lo que ha hecho. Nos parece un cuadro en conjunto realista, aunque dibuja un panorama terrible para nuestro país en este año
2012. Ese panorama terrible se traduce también en términos de empleo con la destrucción de 630.000 puestos de trabajo de nuevo tras cinco años de crisis, de nuevo tras continuas caídas del empleo. Esta destrucción es en términos de contabilidad
nacional, en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, lo que quiere decir que en términos de la EPA será mayor y aquí se nos está anunciando sobrepasar la barrera de los 6 millones de parados en la Encuesta de Población Activa. Esto nos
indica la magnitud de los retos a que nos enfrentamos y uno de los retos es precisamente el que nos ocupa esta tarde: el control del déficit público. UPyD apoya al Gobierno en la reducción del déficit público. No entendemos las políticas que se
basan en seguir gastando simplemente basándose en el deseo. Uno no puede gastar más de lo que ingresa si no hay alguien que está dispuesto a prestar la diferencia, y eso está dejando de suceder. No es una opción reducir el déficit público, es una
necesidad. Se tiene que hacer pausadamente.
Tenemos discrepancias con el Gobierno sobre los procedimientos y sobre en qué recortar, pero desde luego en cuanto a la reducción del déficit público el Gobierno puede contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
Con el sustento de este cuadro macroeconómico se nos ofrecen unas cifras de objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas y el reparto entre los agentes que lo componen. Nos felicitamos por que se haya elevado el
objetivo de déficit respecto al nivel inicial que se había propuesto del 4,4%. Creemos que en una economía en recesión, como acabo de describir, un recorte tan drástico era inasumible, era suicida, y nos felicitamos por que la senda de ajuste sea
más pausada. Incluso el nuevo objetivo que se plantea va a ser complicado de alcanzar. Aun así nos felicitamos, pero en realidad no deberíamos felicitarnos como país. Estamos muy contentos de que hemos conseguido atenuar un tanto el ajuste, pero
esto lo que está reflejando es que hemos perdido un año en el ajuste del déficit. Ha sido del 8,5%, prácticamente igual que el año anterior, y como país ha sido un fracaso colectivo que amenaza nuestra credibilidad frente a los mercados
financieros, y amenaza incluso el conjunto del proyecto de integración europea en el que España en este momento tiene una importante responsabilidad. Deberíamos ser conscientes de que estamos agotando las oportunidades, de que una y otra vez
estamos llegando cerca del límite y una y otra vez no reaccionamos, y sería importante no seguir desaprovechando oportunidades.
En este contexto no puedo dejar de mencionar lo que ha sucedido a lo largo de la tarde. Se nos ha presentado una cifra de déficit del 5,8% y sobre la marcha se ha cambiado la misma al 5,3. Sinceramente, señor ministro, nos parece muy poco
serio como representante del pueblo español, como miembro del Parlamento. No sé si habría habido la opción de retrasar este debate y hacerlo seriamente en vez de encontrarse con este cambio de cifras sobre la marcha, que nos parece inadecuado y que
no son formas de debatir una cuestión tan importante. Esta urgencia en el cambio nos lleva también a que se ha modificado sobre la marcha el reparto del déficit entre agentes, entre diferentes niveles de la Administración Pública. Inicialmente se
decía 4 puntos para la Administración central, 1,5 para las comunidades, 0,3 para las corporaciones y la Seguridad Social en equilibrio, y ahora el ajuste se cambia y se carga todo sobre el Estado. El señor ministro no ha dado ninguna explicación.
¿Por qué? ¿Porque es políticamente más sencillo? ¿Porque va a generar menos protestas? Porque la Administración central hasta ahora está soportando la mayor carga de los ajustes. ¿Y por qué estos 5.000 millones adicionales a la Administración
central del Estado? ¿Porque es políticamente más sencillo? Nos gustaría escuchar alguna explicación del motivo, dado que se ha anunciado este cambio sobre la marcha.
No estamos de acuerdo -dicho sea de paso- con que este mayor ajuste no se distribuya entre todas las administraciones y recaiga totalmente sobre la Administración central del Estado, donde las desviaciones han sido menores y el ajuste hasta
ahora ha sido más intenso. Nos parece dudoso que vaya a ser posible que la Seguridad Social se mantenga en equilibrio, dada la fuerte caída del número de afiliados, y creemos que hoy habría sido una magnífica ocasión para introducir por primera vez
el concepto del déficit estructural en nuestro mecanismo presupuestario. En Europa se está diciendo que lo que reducimos es el déficit estructural. ¿Va a tener un importante papel en la ley de estabilidad? Habría sido bueno para informar al
Congreso en condiciones traer las estimaciones de déficit estructural para los diferentes niveles de la Administración. Claro que, si no se nos han podido traer las cifras globales, pedir el déficit estructural es pedir demasiado, pero sería bueno
incorporar cuanto antes este concepto de déficit estructural a nuestro proceso presupuestario, dado el protagonismo que queremos que tenga.
Ha habido una gran polémica en torno a que el déficit de las comunidades autónomas sea menor que el del Estado. Me sorprende que el ministro de Hacienda no responda a esto, lo que podría hacer cualquier estudiante de primero o segundo de
Economía o en los primeros cursos de Hacienda Pública. Esto no tiene nada que ver con que el Estado sea más despilfarrador que las comunidades, sino con el diferente tipo de actividades que unos y otros realizan. La Administración central del
Estado se encarga del gasto en desempleo. Evidentemente cuando hay crisis el desempleo aumenta y el gasto en desempleo aumenta, porque es cíclico. La Administración central del Estado paga casi todos los intereses de la deuda porque las
comunidades nacieron sin deuda, y la mayor parte de la deuda pública es estatal. El gasto en intereses de la deuda aumenta con la crisis. Parte del gasto de la Administración central son transferencias de nivelación a las comunidades autónomas,
que sin embargo aumentan el déficit del Estado, es decir, que el déficit del Estado es mayor por el tipo de actividades que realizan y no porque sean más derrochadoras. Las comunidades están centradas en sanidad y en educación, y la gente no va más
al médico ni al colegio porque haya crisis económica. Creo que estoy haciendo su papel, señor ministro, porque esta defensa le correspondía a usted.
UPyD está de acuerdo con la reducción del déficit, pero discrepa del Gobierno en cómo alcanzarla. Con este documento, aparte del techo de gasto del Estado, deberíamos recibir el techo de gasto de cada una de las comunidades autónomas, y eso
nos ayudaría a controlar el gasto total del conjunto de las administraciones públicas, pero cada vez que planteamos esto se nos pone prácticamente como si fuéramos un partido extremista. Sin embargo la realidad es la que es. Reflexionen un momento
sobre lo que ha pasado aquí esta tarde. Un Estado soberano, España, corrige sobre la marcha su déficit porque la Unión Europea le dice que es necesario. ¿Por qué es escandaloso plantear algo similar entre el
Estado y una comunidad autónoma? ¿Se imaginan ustedes un debate en que una comunidad autónoma cambiase su proceso presupuestario por una orden de Madrid? Es impensable. ¿Tienen más soberanía las comunidades respecto al Estado que el
Estado respecto a la Unión Europea? El jueves van a aprobar un aval del Estado a la deuda de las comunidades. Las dos cosas van unidas; si uno avala parece que tiene derecho a controlar el gasto. Quiero decir con esto que nuestra coincidencia en
la reducción del déficit no debe interpretarse como una coincidencia en los medios, porque planteamos otras formas de reducirlo preservando el gasto en sanidad y educación. Junto a ese techo de gasto de las comunidades habría que garantizar un
mínimo en sanidad y educación para preservar la calidad de estos servicios.
Llegamos esta tarde a la Cámara con la intención de apoyar al Gobierno en esta importante cuestión. Sin embargo nos ponen ustedes muy difícil que les apoyemos. Cambian continuamente las reglas del juego y nos piden prácticamente cheques en
blanco. Apoyamos la reducción del déficit público, pero no podemos apoyarles en un debate en el que cambian las cifras sobre la marcha, y hacen recaer el ajuste sobre el Estado únicamente sin explicar el motivo. Por eso, aunque nuestra intención
inicial era apoyarles, les anunciamos que nos vamos a abstener en la propuesta que nos formulan.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Voy a intervenir para clarificar algunos de los extremos que UPyD ha reclamado. Señorías, si ustedes están de acuerdo con la integración europea -y lo están como
proyecto político-, no deberían buscar excusas para no apoyar al Gobierno en un trámite como el de hoy cuando está trayendo un objetivo de déficit que no está impuesto por nadie. Es a nosotros como miembros de la Unión Europea a los que nos
conviene ser socios fiables y componentes de las instituciones europeas.
En segundo lugar, claro que hay un objetivo en España para las comunidades autónomas. El objetivo comprometido para este año es del 1,5% sobre una desviación liquidada en el año 2011 del 2,9%. Por tanto hay un compromiso de reducción muy
exigente sobre las comunidades autónomas para el ejercicio 2012.
En tercer lugar, el proyecto del Gobierno -ya está en esta Cámara- es una ley de estabilidad presupuestaria que traslada a la actual los reglamentos del propio funcionamiento de la Unión Europea en cuanto al control de las instituciones en
España. Por tanto si UPyD está a favor de la reducción del déficit público lo antes posible, si UPyD está a favor de nuestra integración europea, y si UPyD reconoce que el problema de los servicios públicos es de todas las administraciones como lo
hace el Gobierno de España, debería estar apoyándolo en el trámite de esta tarde y no buscando subterfugios o cautelas que no existen en ninguno de los planteamientos, como le acabo de sintetizar.
Gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Señor ministro, nuestro partido es un partido europeísta. Con la misma normalidad que podemos aceptar que España tiene que adaptar sus compromisos a las exigencias de la Unión Europea, querríamos que con la misma
normalidad sucediese lo mismo dentro de nuestro país. Usted nos dice que hay una ley de estabilidad presupuestaria y que contiene un objetivo de déficit. El problema es que en esa ley de estabilidad presupuestaria las comunidades se van a
autoimponer el techo de gasto basándose en el déficit estructural, que todavía estamos esperando que alguien lo calcule y nos lo diga. Usted acaba de revisar el déficit de España diciendo que no incumple el déficit estructural. ¿Qué impide que las
comunidades hagan lo mismo y pongan un techo de gasto alto en referencia al déficit estructural? Llevamos ya demasiados años haciéndonos trampas al solitario. Ha habido muchos planes y muchos compromisos, pero año tras año se incumplen. Creemos
que la única forma de asegurarnos que no se incumplan es con propuestas como las que formulamos que se dirigen directamente al gasto -que sí es observable- y no a variables que no se pueden medir y a buenas intenciones.
Por otro lado, tenemos dudas incluso de la calidad de la información estadística. En las últimas semanas nos aparecen miles de millones de facturas en los cajones. ¿Tiene el Gobierno de España instrumentos de control para que sea efectivo
lo que está prometiendo? Porque no se trata de convencernos a nosotros -demagogos, populistas, irresponsables-, se trata de convencer a nuestros socios europeos, se trata de convencer a los mercados internacionales. Lo mismo que le decimos
nosotros aquí, estoy seguro de que se lo dicen allí, pero seguramente allí no le responden de la misma manera.
Van a tener nuestro apoyo en la reducción del déficit público, pero nosotros no tenemos por qué firmar cheques en blanco, no tenemos por qué llegar aquí esta tarde y encontrarnos con que se cambia el objetivo, encontrarnos con que cae todo
sobre el Estado y no recibir ninguna explicación. Me habría gustado oír en su intervención la explicación que le he pedido y no la sarta de eslóganes que nos ha endosado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor Anchuelo, lo que he traído como miembro del Gobierno de España a esta Cámara esta tarde es un objetivo de déficit, el que aparece en la documentación es
siempre revisable a la baja. Por tanto lo que yo le pido a UPyD es coherencia. Yo puedo entender que a ustedes no les guste el objetivo de déficit, pero no me pongan excusas imposibles ni me hagan un planteamiento que es un auténtico popurrí; lo
que ha hecho su señoría es un popurrí. Si ustedes estuvieran de acuerdo con la reducción del déficit público dirían que sí sin más; cuanto menos déficit, mejor para salir de la crisis. ¿Se entiende? El compromiso del Gobierno es reducir el
déficit estructural al menos 3 puntos en el año 2012, y para el año próximo seguir reduciéndolo a través de las reformas estructurales que afectan a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no deciden su propio déficit, lo hacen en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, señorías. Las cifras de España son completamente fiables y comparables a las mejores de Europa, a las mejores estadísticas contables de Europa, señorías, eso es lo que quiero aclarar y certificar para la
tranquilidad de espíritu de sus señorías y de UPyD. Haga usted lo que entienda como oposición política, pero no se justifique en pretextos banales e inútiles, esos calificativos que usted mismo ha utilizado y que yo no he dicho de usted en modo
alguno, señoría. Lo que yo le pido es coherencia. Los que quieran estar con la corrección a la baja del déficit esta tarde, que lo hagan, y los que quieran estar con un proyecto de gobierno integrador del euro, formalizador de la presencia de
España, que lo hagan; el resto son excusas que realmente no vienen a cuento durante una tarde como esta. (Aplausos).
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor ministro, un nuevo debate económico en esta Cámara, un debate a ciegas, tal y como califico cada año, que corresponde al acuerdo para la fijación del límite de gasto no financiero de los Presupuestos
Generales del Estado, y del objetivo de déficit de los diferentes niveles institucionales, puesto que carecemos de la información suficiente y relevante utilizada por el Gobierno para presentarnos las exiguas cifras que el documento recoge. Esta
vez posiblemente un debate nulo e inválido, puesto que el Eurogrupo, la Unión Europea ha decidido modificar la cifra de déficit público de las administraciones públicas del 5,8 al 5,3 para este año. En una actitud cuasi infantil y más propia de un
mercader del zoco de Marrakech que de un acuerdo entre países europeos, la Unión Europea ha dejado a nuestro juicio sin validez el acuerdo que el Gobierno ha traído a esta Cámara para su aprobación. Lo lógico, jurídica y políticamente, es que se
reinicie el proceso, se acuerde el nuevo reparto del déficit público en el seno del Consejo de Gobierno, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de la Comisión de la Administración Local, y sin olvidar, señor Montoro, la Comisión Mixta del
Concierto, y posteriormente se traigan las nuevas cifras a esta Cámara para su debate y aprobación. No sé cómo van a poder evitar este traspié; ahora, señor Montoro, parece que usted a modo de enmienda in voce plantea la modificación, algo que a
mí, sin ser un experto jurista, me parece increíble. Seguro que es un ejemplo a estudiar en las aulas de Derecho, pero sigamos, porque esto no me parece del todo relevante. A pesar de ello, decía, un debate a ciegas, sí, pero en un momento en el
que la actualidad y la importancia del debate económico son incuestionables y cruciales. Por tanto, al margen de las miserias comunitarias, creo que merece la pena reflexionar sobre la situación con la suficiente honradez intelectual como para
tratar de evitar al menos que las decisiones económicas del Gobierno nos conduzcan a una mayor recesión y a un mayor paro de los que ya son inevitables.
Existe un preocupante consenso en cuanto a la intensidad de la crisis económica. La economía española experimentará este año un considerable retroceso. El Gobierno estima que el producto interior bruto caerá un 1,7% en términos reales y
cerca del 1% incluso en términos nominales. Otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España o la propia Comisión Europea apuntan en el mismo sentido. Una curiosidad, señor ministro. ¿Por qué insistió su Gobierno en
esperar a las previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea para la economía española antes de fijar la cifra de déficit y cuando esta estimó la caída del PIB en un 1%, ustedes, emparejados al Banco de España, la situaron en el 1,7%?
Sinceramente no lo entiendo, pero, al margen de la anécdota, personalmente me temo que cuando hagamos balance al final del año este sea desgraciadamente aún más negativo que el que hoy se prevé.
Paralelamente o como consecuencia de ello, se continuará destruyendo cientos de miles de empleos, ayudados, facilitados y abaratados por una reforma laboral que el Gobierno acaba de aprobar, y es muy posible que el número de parados supere
los 6 millones y alcance el 25% de la población activa. Son datos del Gobierno, señor Montoro. El cuadro macroeconómico, como usted es bien consciente, es para echar a correr, puesto que la demanda interna, como un dato de este cuadro
macroeconómico, el consumo y la inversión experimentarán un retroceso cercano al 5%. ¡Vaya panorama, señor ministro! Y lo peor es que tampoco se observan mejoras significativas para el año que viene. De hecho, ustedes ni se aventuran a avanzar
previsión alguna sobre el PIB o el paro, ya no le digo nada sobre el déficit público.
En este contexto económico de preocupación e incertidumbre y de continuadas y variopintas medidas denominadas reformas, instrumentadas mediante sucesivos reales decretos-leyes, hemos vivido a través de los
medios de comunicación la partida de póquer que ha jugado el señor Rajoy con el Consejo y con la Comisión Europea. Todos, al menos con los que yo hablé y yo mismo, pensábamos que acataría el 4,4% de déficit para este año, y nos sorprendió
con un 5,8%. Ahora parece que Europa lo ha situado en el 5,3%. Le voy a decir que en esta cuestión puntual nos sorprendió favorablemente, aunque solo fuera para mostrar que mayores recortes significan mayor recesión y mayor desempleo, para decirle
a Europa que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible, como diría el castizo, y que, amén de preocuparse por el déficit, también lo debería hacer por el crecimiento y por el empleo, porque lo que se entiende hoy por Europa, la política
liderada por la señora Merkel, se preocupa por el paro solo de boquilla, con palabras huecas y promesas vacías, mientras que establece mecanismos rígidos de control y sanción para obligar a los países miembros a recortar gastos, a subir impuestos y
a llevar a cabo una serie de reformas estructurales de corte neoliberal.
Usted sabe perfectamente, señor Montoro, porque es perro viejo y está familiarizado con las tripas de los presupuestos, que tampoco va a ser posible cerrar el año con el 5,8% de déficit público y mucho menos con el 5,3%. Aunque cuadre las
cifras en el presupuesto a martillazos, la realidad de la recesión, del paro y de las tensiones sociales que vamos a vivir este año le va a impedir cumplir con el objetivo de déficit. Ya sé que usted no me lo puede decir ni reconocer ahora, pero
como dentro de pocos meses vamos a tener un debate como este, pondremos los datos sobre el tapete y desgraciadamente -no para usted sino para la economía y para los ciudadanos- yo le ganaré esa mano. Reducir del 8,5% al 5,8% el déficit en términos
de PIB, es decir, 2,7 puntos porcentuales, es una tarea imposible, a no ser que generemos una revolución social. Del 8,5% al 5,3% es lógicamente más difícil aún, son 3,2 puntos.
El pasado año, plagado de recortes, sacrificios no solo en la Administración Central del Estado sino también en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales, el déficit se redujo en 0,8 puntos y eso que la economía creció un 0,7.
¿Cómo lo va a reducir en 3,2 puntos, cuatro veces más, con una economía que no solo no crece, sino que cae un 1,7%?, en unos presupuestos, además, que cada vez tienen menos dónde recortar, salvo que nos metamos a fondo en el sueldo de los
funcionarios o en las pensiones. Ya se oyen voces en Andalucía e incluso en Euskadi. Hemos oído al señor López decir que incumplirá el objetivo de déficit si cumplirlo significa recortes sociales. ¿Cómo lo va a hacer, señor Montoro? Difícil. Y
créame que no me alegro por ello sino todo lo contrario.
Desconocemos el modelo econométrico que ha utilizado para hacer los cálculos y las hipótesis empleadas para estimar los ingresos. Lo podremos, me imagino, conocer mejor cuando nos traiga los presupuestos para este año. Pero de los pocos
datos que nos ha traído a esta Cámara le señalaré tan solo uno a modo de ejemplo que me sorprende sobremanera. Según usted, señor Montoro, las cuentas de la Seguridad Social van a estar equilibradas, con déficit cero. Si el pasado año experimentó
un déficit de cuatro décimas, ¿cómo va a pasar este año a tener déficit cero? Con más parados, con menores salarios, con más bonificaciones, con una población cada vez más envejecida, ¿cómo lo va a conseguir? Porque, como le digo, una cosa es el
papel, que lo aguanta casi todo, y otra es la realidad. Le repito, ojalá me equivoque y le tenga que dar la razón. Lo haré encantado, aunque me temo desgraciadamente que no va a ser así.
Señor ministro, sé que dispone de un margen de maniobra muy limitado, que Europa, los mercados, la prima de riesgo, el resto de los socios europeos, los banqueros, la patronal y otros muchos le atan en corto y le penalizan si se sale del
discurso oficial. En Europa todos parece que están de acuerdo, salvo Reino Unido y República Checa, porque los Veinticinco han firmado hace menos de dos semanas el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza, pero que estén de acuerdo no
quiere decir que estén en lo cierto. Tal y como señala un economista, Alberto Alberdi, en un magnífico artículo -lo puede encontrar en la red y se lo recomiendo- que se titula Euskadi y Europa ante la gran depresión 2.0, señala que tanto en la
política como en la economía y las finanzas son cada vez más comunes los comportamientos del tipo de banco de peces: todos en la misma dirección, lo que no excluye, como bien hemos comprobado años atrás, que la misma conduzca directamente hacia el
desastre. Europa tiene que apostar por el crecimiento y el empleo. Es posible e imprescindible a nuestro juicio un New Deal europeo, una política europea keynesiana que, como dice Alberdi, restablezca la progresividad fiscal y promueva un paquete
de gasto relevante en términos de PIB que impulse nuevas infraestructuras, capital humano y la I+D+i y que tenga una especial incidencia en los países con dificultades. Su tesis -y modestamente la mía- es que si la austeridad sigue enseñoreándose
de toda Europa y las políticas de deflación salarial no resultan acompañadas por ese New Deal europeo, volveremos a cometer los mismos errores de nuevo. Entonces, la gran depresión 2.0 puede tener consecuencias devastadoras para las esperanzas y el
bienestar de una buena parte de la población europea. Esta es una cita literal. Tratemos de evitarlo, señor Montoro, al menos no empujemos en esa dirección. Lleve ese discurso a Europa; quizá vaya poco a poco teniendo eco y los peces, aunque no
sean todos, cambien hacia la adecuada dirección.
Cambiando ahora completamente de registro tengo que volver a recordarle, señor Montoro, que en el acuerdo que nos envía a esta Cámara, en su punto 5, se habla y refiere al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas
de régimen común -de régimen común, señor Montoro- y de la Comisión Nacional de Administración Local. Se vuelve a olvidar de la Comisión mixta del Concierto, que es como usted bien sabe, y también olvida, el órgano en el que según
las leyes de estabilidad y el propio Concierto Económico se debe acordar la senda de déficit en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Nafarroa también tiene su propio órgano bilateral. Si el lehendakari o el consejero de Economía y
Hacienda del Gobierno vasco van a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo harán a modo personal o como invitados, pero no pueden y no deben ir a acordar nada con relación al compromiso de déficit público que se deriva de las
leyes de estabilidad. Es ilegal y es políticamente irresponsable, lo he denunciado antes, ahora y lo haré todas las veces que ocurra. Falta, pues, el acuerdo firmado de la Comisión mixta del Concierto y de ello tan solo cabe realizar una lectura,
la de que ni el Gobierno vasco, ni las diputaciones forales, ni los ayuntamientos de Euskadi están sometidos a la cifra de déficit público que se recoge en este acuerdo que usted, señor ministro, somete a debate y votación. Llueve sobre mojado,
señor Montoro, y en estas cuestiones, las del respeto a las reglas de juego y al marco competencial, como usted bien sabe, vamos a ser implacables desde el Grupo Vasco. Por lo tanto y en coherencia con la posición que solemos mantener cuando se
tratan temas fiscales que no afectan a la Comunidad Autónoma de Euskadi y a la Comunidad Foral de Navarra, nuestro grupo se abstendrá a la hora de votar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Azpiazu, ciertamente entiendo su posición, pero otra vez me hubiera gustado que en lugar de la abstención estuviera apoyando lo que hace el Gobierno. Quiero explicarle que lo hacemos desde el mayor respeto a la foralidad, puesto que
la presencia de las comunidades con haciendas forales en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera es importante, porque allí se abordan cuestiones también importantes, como por ejemplo el Plan de proveedores, que debe afectar
positivamente al pago de proveedores de ayuntamientos y de haciendas forales, ayuntamientos que están bajo las haciendas forales, y a ese respecto, siendo cierto que falta el trámite de la reunión con la Comisión mixta del Concierto, lo que quiero
decirle es que en modo alguno eso supone un desconocimiento por parte del Gobierno, sino la consecuencia de esa premura y el respeto a los procedimientos que son completamente esenciales en el Estado de derecho español, en el Estado de las
autonomías de España, donde la foralidad está reconocida como tal y es aplicada como tal por parte del Gobierno.
En relación con el asunto que hoy nos trae aquí, que no es este exactamente, pero quiero clarificarlo, lo que debemos entender, y yo pediría la posición del Partido Nacionalista Vasco, es si apoya o no apoya realmente un objetivo de déficit
público que es difícil, que exige esfuerzos, pero que tenemos que hacer entre todos en esta Cámara, y si apoya o no apoya las medidas de Europa, puesto que estamos hablando de la reunión de las instituciones europeas con los Gobiernos de Europa que
están comprometidos en la reducción de ese déficit público. Por eso yo insisto, señoría, en que sean precisos sobre el sentido político de la votación de esta tarde, que no se reserven tanto, que se mojen, si me permite la expresión: mójense,
pronúnciense sobre cuestiones que son esenciales, como usted decía.
El cuadro macroeconómico que trae el Gobierno a esta Cámara es realista, extremadamente realista sobre la situación que está viviendo Euskadi y el conjunto de España y por tanto es el momento en el que grupos políticos como el Partido
Nacionalista Vasco están obligados a pronunciarse sobre la senda que abre ese proceso de reducción del déficit público e incluso, me permito decirlo, amablemente, le invito a que colaboren con el Gobierno de España, que apoyen al Gobierno del España
en las medidas que nos conduzcan a resolver esa crisis, a superar ese cuadro macroeconómico, a que podamos decir que ese cuadro macroeconómico va a formar parte de nuestro pasado.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor Montoro, yo conozco su sensibilidad en relación con la foralidad, lo que pasa es que hay que practicarla también. Yo creo que las cuestiones formales en democracia son importantes y haber dispuesto de este
acuerdo con el Gobierno vasco era una condición para nosotros fundamental. Le he dicho que esta es una cuestión importante y que la voy a perseguir, pero desde el punto de vista económico he hecho una reflexión y he valorado favorablemente que el
déficit público se haya situado en primer lugar en el 5,8 -ahora en el 5,3- y ese esfuerzo que ha hecho en ese sentido el Gobierno. Creo que hay que seguir en la lucha del control del gasto público -esto lo entiendo-, pero también creo que hay que
ganar márgenes de libertad, porque un esfuerzo excesivo en un tiempo muy corto en materia de reducción de gasto público o de subida de impuestos puede llevar a un estrangulamiento que la economía no soporte, ni en términos de crecimiento ni en
términos de empleo. Eso es lo que estoy intentando también explicar al Gobierno para que trate de ganar esos márgenes de libertad adicionales, como ha conseguido el Estado esta vez con el 5,8 %. Sabe que siempre que hemos formulado planteamientos
en relación con el déficit público o con los temas económicos, lo hemos hecho, como decía yo en mi intervención, con cierta honradez intelectual, que es como creo que se debe hacer, sin ningún recoveco y sin ningún pliegue. Seguiremos colaborando
para que la economía vaya cada vez a mejor, pero lo que sí le puedo
decir, señor Montoro, es que entiendo que la economía no va a ir a mejor si se produce un proceso tan brusco, en un periodo tan corto de tiempo, de austeridad y de control de gasto público.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
A continuación va a intervenir el Grupo Mixto y, por la importancia de este debate, va a haber intervenciones de todas las sensibilidades de dicho grupo. Pido a quienes intervengan que respeten los tiempos que hemos establecido de común
acuerdo, porque realmente va muy avanzada la tarde y todavía seguimos en este debate. En primer lugar tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro, hoy ha venido usted alegre y combativo y creo que la ocasión lo merece. Usted decía que estábamos en el inicio del proceso de aprobación presupuestaria, y es verdad, pero también es cierto que
abordamos este debate con una enmienda de totalidad acordada ayer por el Eurogrupo, que impone ya una limitación del déficit del 5,3% en lugar del 5,8 previsto. Es un comienzo que para nosotros tiene una significación especial porque incrementa
nuestra preocupación acerca de los planes del Gobierno.
Nuestro grupo defiende el concepto de estabilidad presupuestaria y estamos de acuerdo con los conceptos de austeridad, con la necesidad de reformas estructurales, con la necesidad de controlar el déficit público. Usted se refería
especialmente al déficit estructural, que es uno de los elementos fundamentales que más nos preocupa a nosotros de esta cuestión. Cuando hablamos de déficit estructural estamos hablando además de los déficits de la estructura socioeconómica del
Estado. En esta tribuna ya en varias ocasiones nos hemos referido a ello y me ha preocupado un elemento, y es cuando usted ha echado la vista al pasado reciente metiéndose con el Partido Socialista y sus responsabilidades de Gobierno, pero
posteriormente se ha referido al pasado más pasado, cuando ustedes tenían responsabilidades de Gobierno. Ha dicho que entonces ustedes lideraron el crecimiento económico y la creación de empleo. Es cierto, pero no es para estar orgulloso de ello,
porque precisamente ese crecimiento y esa creación de empleo estuvieron basados en la economía especulativa, que es la que nos ha llevado ahora a esta situación de déficit estructural. Por eso nosotros en todos los debates estamos planteando que
desde nuestro punto de vista hay un error de diagnóstico de la situación, porque no están atacando las raíces del problema, no están yendo a la raíz del problema, que es el abandono de la estructura económica productiva del país, y ese es un
elemento que a nosotros nos preocupa especialmente.
Nosotros estábamos de acuerdo con esos conceptos que le decíamos. Con lo que no estamos de acuerdo, es más, estamos en total desacuerdo, es con la orientación claramente neoliberal de las medidas que el Gobierno está articulando al amparo
de dichos conceptos positivos. Usted mismo decía que hay que abandonar los conceptos políticos, que es un concepto muy neoliberal. Es decir, todo lo demás es política, la política neoliberal no es política, es realidad, ¿no? Entonces ustedes
tienen que abandonar sus conceptos políticos, porque nos preocupa ese enfoque neoliberal. Detrás de las medidas que están implementando se esconde el desmantelamiento del Estado del bienestar, se esconde la reducción de los servicios públicos, la
reducción del poder adquisitivo de las personas del mundo del trabajo, del funcionariado, el recorte de derechos y el aumento de la indefensión de las personas que tienen un contrato de trabajo cada vez más precario. Al mismo tiempo están
impulsando el fortalecimiento de un oligopolio financiero y el desmantelamiento de entidades financieras de carácter social y control público. Y eso nos preocupa porque son reformas estructurales que van en contra del crecimiento económico y que
van en contra del empleo. Además, desde el punto de vista macroeconómico, sus medidas nos llevan a adentrarnos en la recesión económica y a encerrarnos en un círculo vicioso de más paro, menos consumo, menos alegría de la economía, menos ingresos
públicos y privados, más recortes de servicios públicos, más gente bajo el umbral de la pobreza: más recesión otra vez, en definitiva.
Nosotros también estamos de acuerdo con los conceptos de esfuerzo y sacrificio que se deslizan en sus discursos. Con lo que no estamos de acuerdo es con que el esfuerzo y los sacrificios recaigan siempre sobre los de siempre, sobre los que
menos oportunidades tienen: sobre trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena o autónoma, sobre las personas que sobreviven como pueden de una pensión, sobre las pymes, en definitiva, sobre la gente de la calle, esa misma gente de la calle que en
Euskal Herria y también en otras partes del Estado el día 29 va a salir a la calle en la huelga general reclamando al Gobierno que deje de servir a los mercados y apoye a las personas, que sirva a la ciudadanía y que respete, en el caso de Euskal
Herria, nuestro derecho a un marco propio de relaciones laborales y protección social.
Usted nos pedía en su discurso una actitud positiva y nosotros tenemos actitud positiva y nuestro discurso quiere ser una llamada de atención, una llamada a la reflexión. Usted argüía que por parte de otros portavoces se hablaba del
discurso del miedo. Pero es que, mire usted, a nosotros nos preocupa, nos da miedo desde ese punto de vista de la preocupación que cuando ustedes hablan del paro hablan de reformas estructurales y hablan de una reforma laboral que no genera más
empleo, que va a generar más paro y que recorta derechos. Eso nos preocupa, nos da miedo. Nos preocupa que cuando ustedes hablan del crédito bancario, de facilitar el crédito a las pymes, a los autónomos, hacen una reforma estructural que va en
dirección totalmente contraria, va en la
dirección de generar un oligopolio financiero. En definitiva, están hablando del desmantelamiento del bienestar y eso nos preocupa.
Desde Amaiur expresamos la necesidad de que se afronten reformas que vayan a la raíz de los problemas que ustedes vienen provocando. Sé que a algunos de ustedes les sorprende que digamos que nos preocupa España, y es verdad, porque
nosotros, los soberanistas vascos, no queremos que se hunda España, queremos tener una relación de igual a igual, la relación de dos países soberanos que se respetan y, por qué no, se apoyan. Por eso estamos aquí, para reivindicar nuestro derecho a
decidir nuestro propio futuro, para defender nuestro derecho a un marco vasco de relaciones laborales y protección social y para contribuir a reforzar el Estado del bienestar. Queremos una realidad muy diferente, como usted decía, señor Montoro,
pero precisamente queremos una realidad muy diferente para nuestro país y también para el suyo: una realidad que esté basada en el reforzamiento del Estado del bienestar y por eso vamos a votar no.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señor ministro, señorías, no es la crisis, es la ideología. No es tampoco austeridad, es un finiquito al Estado del bienestar y al modelo autonómico. Recortar a las autonomías es recortar en
sanidad, es recortar también en educación y en servicios sociales, en definitiva, recortar derechos. La autoflagelación de reducir medio punto más el déficit a las órdenes de madame Merkel la pagan, en una austeridad sadomasoquista, azotando con
disciplina a las autonomías. De hecho, la imagen gráfica no es la de Juncker estrangulando a De Gindos, sino la de De Guindos abrazándose a Juncker después de que este lo estrangulara.
Señorías, con la actual situación llevan a los países con déficit disparado a escenarios de lamentable miseria y mayor destrucción de puestos de trabajo. Votaremos, pues, en contra del acuerdo del Consejo de Ministros para la fijación del
objetivo de estabilidad presupuestaria, y les aseguramos que no nos faltan razones. Citaremos cuatro. La primera es que hay un manifiesto peligro de austeridad excesiva. La ortodoxia excesiva, señor ministro, en la limitación de la deuda pública
puede alargar aún más la recesión económica. Segunda, una baja credibilidad. Una reducción tan extremadamente drástica del déficit público del 8,5 al 5,3 resulta poco creíble. Tercera, existe una distribución jacobina de los límites de la deuda.
El gasto anunciado para cada una de las administraciones no es proporcional ni guarda ninguna correspondencia con el esfuerzo fiscal desarrollado en cada territorio. Cuarta y última, la arbitrariedad del Estado, que impone unos objetivos y unas
medidas correctoras a la Administración central que, a diferencia del resto de administraciones, no tiene que someterse a ninguna otra validación ni rendir cuentas a nadie, más que al propio Consejo de Ministros. La distribución de los objetivos de
estabilidad, pues, se debería modificar, con excepción de la Seguridad Social, para contemplar el peso relativo del gasto asumido por cada nivel de Administración en los últimos diez ejercicios presupuestarios liquidados. Así pues, si se mantuviera
el objetivo general del 5,8% del déficit público, la distribución resultante en relación con el PIB español sería aproximadamente: Administración central, 1,9%, comunidades autónomas, 2,9% y corporaciones locales, un 1%. De la misma manera,
tendría que tenerse en cuenta cómo se reparte en cada nivel de Administración la cuota, incorporando como criterio principal el esfuerzo fiscal ejercido en cada jurisdicción en los últimos cinco años para introducir cierta corresponsabilidad.
En definitiva, el Estado, que es la Administración que más deuda acumula, el que percibe más impuestos y el que tiene menos obligaciones de gasto, traslada la disciplina franco-alemana a las administraciones autonómicas, que son las que
perciben menos impuestos y las que tienen más obligaciones de gasto. Por cierto, la mayoría del gasto que tienen es gasto social. Señor presidente, no me va a dar tiempo a hablar de los ayuntamientos. Aquí lo voy a dejar. Acabo como he empezado,
diciendo que esto no es crisis, es ideología, ideología neoliberal, ideología neojacobina.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro, recientemente el premio Nobel de Economía Paul Krugman afirmaba que las políticas de recortes que se están practicando en el Estado español lo único que harán será reforzar la espiral descendente
y acercar más la posibilidad de una catástrofe real. Y es que todos los datos demuestran que las políticas obsesionadas por la consolidación fiscal ni favorecen la reactivación de la economía ni son eficaces para aquello que se suponía que era su
objetivo, el saneamiento de las cuentas públicas, dado que contraen la demanda, deprimen la economía y provocan una fuerte disminución en los ingresos públicos.
Desde el inicio de esta crisis hemos insistido en que hay que romper este círculo vicioso, acomodando los objetivos de déficit a las necesidades de la economía, sin comprometer la inversión productiva y el gasto social. Por eso, señor
ministro, nos congratulamos de que ustedes abdiquen, aunque sea muy tímidamente, de sus planteamientos, fijando para 2012 un objetivo de déficit menos drástico que el contemplado en el acuerdo de
estabilidad pactado en la Unión Europea, una Unión Europea en la que el presidente del Eurogrupo, el señor Juncker, afirma en un alarde de cinismo que preocupa el aumento de la pobreza y el incremento del paro en España, mientras bromea
ahogando al señor De Guindos. Y es que aunque ustedes presenten el nuevo objetivo de déficit como un triunfo de su Gobierno en Europa, pese al medio punto adicional que impone Europa, lo que nos proponen supondrá nuevos y drásticos ajustes que
ahogarán aún más la economía y conllevarán más paro y más pobreza. ¿Qué efecto tendrá, si no, en economía el recorte del 40% de la inversión pública que anunció su Gobierno? ¿Y qué efecto tendrá para la educación, la sanidad o los servicios
sociales el brutal ajuste que exigen a las comunidades autónomas?
Señorías, para quienes utilizan la crisis como coartada centralista, quizá sea conveniente recordar algunos datos: el porcentaje de déficit público atribuible a las comunidades autónomas representa el 34,1% del total, sensiblemente inferior
al porcentaje de gasto público que tienen la responsabilidad de gestionar, un 44%, pese a que más del 70% de ese gasto lo absorben servicios públicos y servicios sociales esenciales. Pese a estos datos, ustedes pretenden, conforme a sus objetivos
iniciales, constreñir en 2012 el déficit de las comunidades autónomas al 25,8% del déficit total para empujarlas a que degraden y privaticen prestaciones sociales y servicios públicos fundamentales. Señorías, votaremos en contra porque este acuerdo
traerá más crisis y más paro; votaremos en contra porque este acuerdo atenta contra la autonomía financiera de las comunidades autónomas, y votaremos en contra porque este acuerdo marca el camino para iniciar y profundizar en el desmantelamiento
del Estado de bienestar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.
Señorías, nos reúne hoy aquí la propuesta de acuerdo del Gobierno de España sobre el plan de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto para el año 2012. Creemos que este acuerdo responde a una concepción política equivocada, que no
responde a una evidencia económica o empírica que la sustente. De hecho, creo que ya está claro -creo que el Gobierno lo ha reconocido- que conduce a una segunda recesión económica y no a otra cosa. Es positivo el objetivo de la estabilidad, por
supuesto, pero no con las urgencias con las que están planteadas las actuales, a sabiendas que son perniciosas porque claramente se trata de frenar la actividad económica, incrementar el paro y destruir los servicios públicos tal como hoy los
conocemos. Además, estas urgencias son incumplibles. No es posible cumplir con los objetivos de déficit que ha planteado el señor ministro hoy. En sentido contrario, ya es un billón de euros lo que han recibido las entidades financieras del Banco
Central Europeo, al 1% desde diciembre del año pasado. No es comprensible cómo es tolerable que esa cifra no haya repercutido ni en la financiación de las familias ni en la financiación de las empresas o incluso en ayudar al Estado, como ocurre en
países absolutamente recomendables de nuestro entorno, como son Inglaterra, Japón o Estados Unidos.
Por último, es una concepción profundamente centralista. No es razonable que cuando las comunidades autónomas gestionan el 40% del presupuesto, frente a la Administración Central del Estado que gestiona el 20% del presupuesto y además son
las comunidades autónomas las que precisamente gestionan los servicios públicos esenciales, se plantee una disminución de recursos disponibles para las comunidades y un incremento de recursos disponibles para la Administración Central del Estado.
Esto no es razonable a no ser que se pretenda otra cosa: responsabilizar en su día a las comunidades autónomas de la crisis financiera, como ya hemos venido escuchando en alguna ocasión, señor ministro; tratar de confundir dónde está la esencia en
las responsabilidades sobre las cifras que hoy padece el Estado español, cuando lo que realmente va a acabar ocurriendo es que vamos a agravar seriamente las políticas fundamentales que las comunidades autónomas tienen la obligación de defender.
Anuncio, por tanto, que Nueva Canarias, a quien represento, va a formular su voto negativo a la propuesta que usted nos trae hoy aquí por las razones apuntadas. Igualmente, aprovecho para señalar la abstención de la diputada de Coalición Canaria,
señora Oramas, en relación con este asunto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
El Partido Popular y el Partido Socialista decidieron que para salvar la economía se debían salvar los bancos y por esto aprobaron la reforma de la Constitución, el artículo 135 y la obligación de pagar con cargo al presupuesto los intereses
de la deuda, delimitar el techo del gasto vinculando las deudas y no a las necesidades de las personas. No se ha dado la oportunidad a la ciudadanía de saber por qué hemos llegado hasta aquí, por qué el Estado ha dejado a las autonomías y a algunos
ayuntamientos que se endeudaran para que ahora recorten bienestar y esté en peligro tener el mismo nivel de asistencia sanitaria y la educación. Entendemos que hay que ajustar los ingresos y los gastos, entendemos que no se puede gastar más de lo
que se ingresa; pero lo que los ciudadanos no entienden es cómo hemos llegado hasta aquí, quiénes son los responsables, por qué tienen que pagar justos por pecadores, aquellos que no son responsables.
Hace falta anunciar la necesidad de articular una auditoría de la deuda pública para entender las razones. Los ciudadanos quieren saber qué ha pasado. Por ese motivo, les anuncio que Compromís-Equo registrará una petición a todos los
grupos parlamentarios, incluido el suyo, para que apoyen la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la deuda pública estatal, autonómica y de los municipios, el pago de los intereses, los beneficiarios de estos y su impacto en
la política social y el desarrollo sostenible del país. Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
El señor ministro hablaba hace un momento de los miedos. Cada uno tiene sus miedos y yo tengo mis miedos. Mi miedo se llama qué pasará en mi país, en el país de los valencianos, en 2012 cuando vencen 3.000 millones de deuda y no se podrán
emitir 1.479 que se contemplaban en el presupuesto, casi un 11% de su importe consolidado. A mí me da miedo la magnitud del desastre que nos ha dejado a los valencianos y a las valencianas el señor Camps, su presidente, con una deuda sobre el PIB
regional de casi el 20%; en ocho años el señor Camps, del Partido Popular, ha endeudado a la Comunidad Valenciana en más de 13.000 millones de euros, más o menos lo que costaron las Olimpiadas de Atenas de 2004. A mí me da miedo que el bono
valenciano sea declarado como basura. A mí me da miedo cuánto nos recortará el Estado a los valencianos. A mí me da miedo cómo podrán mantener los ayuntamientos los servicios públicos esenciales. A mí me da miedo que solo se hable de déficit, de
abaratar los despidos y no de estimular el empleo, este déficit que en mi país, en Valencia, se ha empleado para financiar grandes proyectos y eventos o aeropuertos peatonales. Estamos pidiendo sacrificios a los ciudadanos y los ciudadanos exigen
que se les dé una explicación cuando se les compromete su futuro, cuando no han sido ellos los que han vivido por encima de sus posibilidades. Por eso, es necesaria la creación de esta comisión de investigación, porque no nos podemos sentir
solidarios de un problema que no hemos creado nosotros ni tenemos elementos suficientes de juicio sin tener todos los documentos encima de la mesa para crearnos una opinión justa. Por eso, anunciamos el voto del Compromís-Equo negativo para esta
propuesta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Señor presidente, señor ministro, señorías, los razonamientos que se vienen utilizando por parte del Gobierno en aras de justificar el nuevo objetivo de estabilidad, hoy 5,3, mañana veremos, se asientan
fundamentalmente en dos parámetros: primero, la desaceleración de la economía española registrada en el último trimestre del año 2011 y, en segundo lugar, la previsión de una nueva etapa de recesión económica cuyos efectos se notarán
previsiblemente a lo largo del ejercicio de 2012. En este sentido, la modificación del objetivo de estabilidad para 2012 es una medida de ajuste que podría parecer razonable, pero tiene un hándicap importante desde nuestro punto de vista, que es
que no lleva explicitado el principio de solidaridad consagrado en la Constitución, trasladando a Asturias un hecho de consecuencias gravísimas como es la eliminación de los fondos mineros. En definitiva, la distribución de la estabilidad genera
curiosamente una gran inestabilidad de las comunidades autónomas, concretamente en Asturias, en un ámbito donde se han quitado 8.500 millones de euros de ajuste al Principado, imputándole una enorme cantidad con la eliminación de los fondos mineros
por un importe, referente a Asturias, de 800 millones de euros, y somos, por utilizar su frase, de los más débiles del país. Señor ministro, y entiéndame que esto no es una excusa como usted ha citado, es cierto que el verdadero ajuste se hará en
2013, donde no podrá superarse el 3% del PIB, pero el ajuste que ha sido asignado a Asturias como primera medida no podemos asumirlo y, por ello, no podemos votar favorablemente este acuerdo de estabilidad que hoy debatimos. No podemos, señores del
Gobierno, señor ministro, dar un cheque en blanco porque eso es votar la insolidaridad. Ahora bien, lo que tienen que saber los ciudadanos es que la crisis económica y la consecuente caída de ingresos no son las únicas causas de desviación de los
objetivos de déficit. En el particular caso de las comunidades autónomas, la desviación promedio del 1,6 obedece al afloramiento de ingentes cantidades de dinero que hasta la fecha venían ocultándose en sus contabilidades bajo subterfugios e
ingenierías financieras conocidos como gastos desplazados. Es una inmoralidad pública que debe mostrarse a la ciudadanía con toda su claridad y con toda su extensión, como ha hecho Asturias, que remitió sus cuentas regionales el 17 de febrero
pasado, incluyendo una desviación de cerca de 400 millones de euros por gastos desplazados que ahora afloran y que se venían acumulando desde hace muchos años.
En relación al límite de gasto no financiero, desde la perspectiva cuantitativa, el techo de gasto que se propone de 118.575 millones supone una sustancial reducción frente al existente, pero la reducción, señor ministro, debe ajustarse a
los perfiles de sacrificio de cada comunidad autónoma. No todas estamos igual.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, concluya, por favor.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Concluyo. Es preciso que el diseño de la política presupuestaria tenga en cuenta el esfuerzo fiscal a ejecutar por las comunidades autónomas, puesto que, de no ser así, se pueden producir situaciones de enorme y
no deseable trascendencia social y económica, como el ejemplo que le he citado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez.
Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, todos sabíamos, incluido el PP, por supuesto, que el nuevo Gobierno tendría que hacer frente a una época de vacas flacas larga, compleja y muy dura. Larga porque la crisis española es más profunda que una simple
pájara de un día; compleja porque para salir de ella no dependemos de nosotros mismos solamente, ni siquiera controlamos las teclas que en otro tiempo podían permitirnos una más rápida recuperación, y dura porque debemos asumir que en lo sucesivo,
y ante el horizonte del objetivo de déficit del 3% a finales de 2013, tendremos, sí o sí, que aprender a vivir mejor con menos. Lo mejor que puede decirse de su propuesta de techo de gasto es que pretende ser realista y que huye de pasados
voluntarismos, de optimismos antropológicos o más bien patológicos. Fíjense, señorías, desde el año 2004 hasta el año 2011, solamente en el ejercicio 2005 la diferencia entre el límite de gasto presupuestado y el ejecutado fue favorable al primero.
En el resto de los años la suma asciende a 47.000 millones de euros de desfase entre lo presupuestado y lo ejecutado. Y lo mismo ocurre con los ingresos. Es obvio que así no hay quien sea creíble. Hoy, por tanto, salvo los que defienden y
trabajan en la destrucción del proyecto de España, el resto estamos convocados a trabajar más por este país con voluntad de entendimiento y concordia. No podemos seguir enzarzados siempre en la misma pelea partidista, apostando a que el que está
arriba caiga, falle o se equivoque para volver a construir un nuevo proyecto cada cuatro años sobre las cenizas del derrumbe del partido que en cada momento histórico tiene la responsabilidad de pilotar la nave del Estado. Así, señorías, no vamos a
ningún lado. Lo que toca hoy es adaptar los presupuestos al ciclo económico sin demagogia, sin voluntarismos, sin más autoengaños y con más rigor. Unión del Pueblo Navarro, como sabe, señor ministro, asumió un compromiso electoral con el Partido
Popular ante los ciudadanos navarros, que incluía entre otros acuerdos apoyar los Presupuestos Generales del Estado y a nosotros, señor ministro, nos gusta ser leales a la palabra dada. Cuentas claras, amigos viejos, se dice. En todo caso, señor
ministro, queremos participar en la elaboración de estos presupuestos que hoy inician su tramitación y también en aquellos que con posterioridad elaboraremos para 2013. Tenemos en Navarra compromisos pendientes, proyectos transversales que
requieren el acuerdo con su Gobierno y nuevas iniciativas, ideas e inversiones que deseamos poner en marcha con la participación también del Estado central. UPN, señor ministro, no comparte el optimismo sin fundamento de algunos y tampoco el
derrotismo de los más agoreros ni el aprovechamiento inapropiado de quienes siguen queriendo aferrarse a una realidad que dejó hace tiempo de existir. UPN le anima, señor ministro, a mantener la determinación que hasta ahora ha demostrado este
Gobierno con las medidas que ha impulsado para revertir la actual situación y que son -mucho me temo- la única alternativa creíble en el momento de crisis que estamos viviendo.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Por todo ello, señoría, señor ministro, votaremos a favor del acuerdo del techo de gasto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, nos trae a Pleno el acuerdo sobre el techo de gasto de las primeras cuentas de su Gobierno y lo hace con un texto, el que nos remitieron tras el Consejo de Ministros del pasado 2 de marzo, que prevé un déficit del
5,8%. Desde aquel día, y en esta semana y media, su Gobierno, señor Montoro, ha mantenido un público -por cierto, bien publicitado- pulso con la Comisión, que se saldaba anoche con un más que amistoso -me refiero al tono de las partes- acuerdo en
torno al 5,3%. El Gobierno ya ha anunciado que lo asume y se felicita por el éxito de haber conseguido una revisión de casi un punto en el techo impuesto por el Eurogrupo inicialmente, y a las críticas de la oposición esta tarde, y además de manera
contundente, responde que este bien escenificado éxito ha pasado del 4,4 al 5,3. Bien, pero seguimos teniendo un problema y además muy grave, señor Montoro, un problema grave para la reactivación de la economía, un problema grave para el
mantenimiento de los parámetros actuales del Estado del bienestar, y un grave problema porque no parece que este techo de gasto permita que la inversión palie el drama del paro. Es algo de lo que su Gobierno nos viene avisando día sí y día también.
Señor ministro, si con el techo de gasto previsto en torno a un déficit del 5,8% del PIB esto no era posible, ¿cómo puede serlo con medio punto menos? Pero además este acuerdo nos deja más preguntas. Si el 5,8 se repartía de manera escalonada -4,
1,5 y 0,3 entre Administración central, comunidades autónomas y corporaciones locales, respectivamente-, ¿cómo va a ser asumido ahora este esfuerzo en que sigue insistiendo Europa? Nos ha adelantado usted que lo asumirá de manera unívoca la
Administración Central del Estado, así que entonces la pregunta que formulo es la repregunta. Si el recorte recaerá sobre la Administración central, ¿cómo quedan consumo e inversión pública? Quiero recordar que hace menos de una semana en este
mismo salón de plenos su compañero el titular de Economía
y Competitividad, el señor De Guindos, nos decía -y cito el 'Diario de Sesiones'- que en los presupuestos para 2012 se reducirá el consumo público en un 11% y la inversión pública -por su falta de responsabilidad, decía refiriéndose al Grupo
Parlamentario Socialista- en un 40%. Estos eran datos que el señor De Guindos nos daba el otro día con un techo de gasto previsto en torno a un déficit del 5,8%, no del 5,3. Por tanto, señor Montoro, ¿cómo van a quedar las cifras tan duras que he
referido?
Por último, tres minutos, tres preguntas, señor ministro, ¿cómo prevé que pasaremos a cumplir el objetivo de déficit en 2013? No sé qué opinará usted, pero el presidente de la Comisión Europea, el señor Barroso, ya ha dicho hoy públicamente
para toda Europa que su Gobierno -el suyo, señor Montoro- va a cumplir sí o sí el déficit en 2013. Francamente, si junto a los 30.000 millones de reajustes ya previstos para 2012 nos anuncian hoy que van a pegar un tijeretazo de 5.000 millones más,
no podemos comprender cómo, de dónde y, sobre todo, a costa de quién se va a cumplir el déficit sin revisar el capítulo de ingresos. Termino ya, señor presidente. Señor Montoro, todas estas incógnitas son motivos más que suficientes para Geroa Bai
para anunciar nuestro voto negativo a un techo de gasto que a todas luces va a lastrar la reactivación de la economía y, frente a lo que usted señalaba hoy aquí, va a castigar la sanidad, la educación y la dependencia y muy difícilmente va a generar
empleo.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quisiera recordar que en fecha relativamente reciente -en julio de 2012- esta Cámara aprobó el programa de estabilidad presupuestaria, que contiene la senda de consolidación fiscal que asigna un objetivo de déficit
para la economía española del 4,4% del producto interior bruto. Este déficit del 4,4% del producto interior bruto se calcula, entre otros parámetros, sobre la base de una previsión de crecimiento económico del 2,3. Pues bien, desde julio hasta
aquí han sucedido hechos relevantes que ponen de manifiesto la necesidad urgente de revisar esta cifra de déficit. En primer lugar, en el momento en que se aprobó el acuerdo de fijación de objetivos de déficit para 2012 ya existían indicios más que
suficientes que hacían prever que la situación financiera económica internacional era complicada. Había un contexto que permitía prever fuertes tensiones en los mercados financieros, y en particular de la deuda pública. De esta manera, la
evolución del producto interior bruto de la economía española, lejos de finalizar con un crecimiento del 2,3, ha terminado -de acuerdo con el cuadro macroeconómico recientemente aprobado por el Consejo de Ministros de 2 de marzo- con un retroceso de
la economía española del 1,7% del producto interior bruto, en línea con las previsiones formuladas por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco de España. Esto implica además una importante caída de las cifras de
empleo en nuestro país, lo cual justifica el problema de la economía española y la reciente reforma laboral aprobada en esta Cámara que, junto con la reforma del sistema financiero, pondrán indudablemente las bases para el crecimiento y el empleo en
España. Junto a esta fuerte desviación de las previsiones macroeconómicas se ha producido otro error no menos importante, y es una desviación de 2,5 puntos en el cumplimiento del objetivo de déficit de 2011, de forma que el objetivo previsto
inicialmente del 6% se ha transformado en un 8,51%, 25.000 millones de euros. ¿Qué significa esta desviación? Sencillamente, que los fondos, los recursos financieros que tenían que haber estado en el sector privado, en las economías y en las
empresas para financiar el empleo, el crecimiento y la inversión, han estado en el sector público, y además en las circunstancias internacionales a un coste muy elevado, porque no se nos ha ocultado que ha habido una crisis importante de deuda
soberana. Es más, la situación tan dramática que atraviesan muchos países de la zona euro está íntimamente relacionada con la financiación de déficits excesivos, que solamente han ido trasladándose hacia delante por una situación de crecimiento
mundial a través de emisiones continuas de deuda pública, a las que ha tenido que venir a ayudar el Banco Central Europeo. ¿Para qué? Para bajar los tipos de interés, que también se han comentado aquí. Todas estas inyecciones de dinero público
del Banco Central Europeo serán insuficientes si los países que conformamos la zona euro seguimos sin disciplinarnos e incrementando descontroladamente el déficit público. Por tanto, estas dos consideraciones, la fuerte desviación de las
previsiones del cuadro macroeconómico en sentido negativo más la desviación del objetivo de déficit, hacen que razonablemente el Gobierno de España entrante tenga que revisar el objetivo que ahora estamos haciendo de cara a 2012 para el sector
público y el conjunto de agentes que lo integran. Pero es que además nada más llegar al Gobierno se tuvo que abordar una reforma para reducir el déficit público, y gracias a la misma se ha podido mantener el coste de las pensiones, los sueldos de
los empelados públicos y el sistema de nuestro bienestar social, reforma que se instrumentó en la vía del gasto a través de una retención de crédito de cerca de 9.000 millones; la reforma en su totalidad fue de 15.000 millones.
¿Qué nos reúne en esta Cámara ahora? El acuerdo del Consejo de Ministros; acuerdo que se ha criticado aquí que se ha efectuado sin las formalidades precisas con un afán electoralista. No cabe esa crítica, resulta incomprensible, porque se
podría haber demorado dos semanas más, se hubiera traído el informe de posición cíclica de
nuestra economía, que con ese pomposo nombre no arregló las deficiencias en las previsiones económicas, pero entonces dirían que se había traído más tarde también por motivos electoralistas. Solamente veo en la conducta del Gobierno de
España un ejercicio de responsabilidad al modificar la cifra de déficit para 2012, que creo que ha sido reconocido prácticamente por la totalidad de los grupos políticos. En cuanto a la fijación de la cifra, he de decir que es realista. En el
acuerdo se contiene un 5,8, una posición soberana de nuestro país. Sin embargo, también estamos decididos a intensificar el sacrificio en la senda de consolidación fiscal y llegar al 5,3 que nos exige la Unión Europea. Quiero recordar a este
respecto que en nuestro país, además de tener una situación de déficit importante, lo fundamental es cómo hemos llegado hasta aquí, porque hemos llegado aquí después de una situación de cuentas públicas muy saneadas: en 2005, 2006 y 2007 hemos
tenido tres ejercicios continuados de superávit; el 2008 fue el primer ejercicio con déficit; y en 2009 llegamos a la asombrosa cifra de un déficit del 11,2% del producto interior bruto. Tanto es así, que las instituciones europeas tienen que
llamarnos la atención, proponernos un programa de estabilidad y decirnos que al menos reduzcamos el déficit en un 1,5% del producto interior bruto. Se hace un ejercicio, pero ya en 2011 se incumple. La única reducción que hemos logrado en 2011 ha
sido del 0,8%. Por tanto, las reformas estructuradas a lo largo de 2011 han sido insuficientes y nos enfrentamos a un año 2012 ciertamente complicado. Afortunadamente, las previsiones en las que se fundan son realistas y el cuadro macroeconómico
está en consonancia con los expertos, las instituciones europeas y las instituciones españolas, como el Banco de España, con lo cual el Grupo Parlamentario Popular tiene que considerar que la cifra de déficit, además de estar apoyada en el sentido
común, es razonable y está motivada.
En cuanto al límite de gasto no financiero establecido para el presupuesto del Estado, no ya para la totalidad de entes que integran el sector público sino exclusivamente para el Estado, indudablemente lo primero que hay que decir es que la
modificación de la cifra de déficit va a afectar a este límite de gasto. ¿Por qué? Porque, como ha explicado aquí el ministro, el 5,8% inicialmente previsto en el acuerdo del Consejo de Ministros de marzo, que se distribuía 4% para la
Administración General del Estado, 1,5% comunidades autónomas y 0,3% entidades locales y equilibrio para la Seguridad Social, se va a modificar y todo el sacrificio, el 0,5%, lo va a absorber la propia Administración General del Estado, en un
ejercicio, como no puede ser de otra forma, de responsabilidad. Le quiero comentar el límite de gasto no financiero para el Estado porque para mí es importante; lo haré para todas aquellas personas que han argumentado que el Estado debería, por un
lado, controlar el déficit y, por otro, realizar una política de inversión importante. Quisiera decir esto porque el límite de gasto no financiero se compadece con el límite establecido para el gasto en términos de contabilidad nacional. Con los
ingresos no financieros previsibles para el Estado, más la capacidad de gasto definida por el propio déficit, restándole los ajustes en términos de contabilidad nacional, así como las transferencias que se hacen a las administraciones territoriales,
porque el límite de gasto del Estado no computa estas administraciones territoriales, tendríamos la cifra de lo que podríamos decir que son las disponibilidades que tienen los ministerios. A esta cifra quiero llegar, a esta cuantificación, para
explicarlo en sentido sencillamente aritmético. Si tenemos un límite de gasto que se ha configurado por los ingresos más el déficit, menos los ajustes de la contabilidad nacional, menos las transferencias a las administraciones territoriales, y ese
límite de gasto discrecional que tienen los ministerios está comprometido en más de un 60% -¿por qué está comprometido? Precisamente con los intereses de la deuda pública y con el pago de las pensiones de las clases pasivas-, cualquiera que fuera
su importe, previamente designado en 118.565 millones de euros, si el 60% está para pagar los intereses del déficit y las pensiones de las clases pasivas, a las cuales tenemos derecho, como todos los trabajadores de la Seguridad Social, realmente es
muy difícil sostener que con unas altas cotas de interés de la deuda pública, y sin engendrar mayor déficit, se pueda realizar una política de crecimiento con el propio gasto público.
El Grupo Popular apoya la postura del Gobierno porque creemos en el control del déficit. Además creemos en el control del déficit estructural, no el control del déficit que está vinculado a la oscilación económica. Pero creemos en las
políticas de crecimiento, y las estamos haciendo. Ahí tienen la reforma laboral, la política de reforma del sistema financiero, los pagos a proveedores que estamos estableciendo como mecanismo para el crecimiento de nuestra economía. Por tanto,
para confirmar la posición del Grupo Popular, únicamente he de añadir que se ha producido otra circunstancia, y es que el desvío en las previsiones de la Administración General del Estado al realizar el cuadro macroeconómico en 2011, que previó un
incremento de la economía del 1,3% que luego ha resultado ser el 0,7%, ha confundido a las comunidades autónomas, a lo mejor las ha llevado a un déficit superior de lo que habría sido de haber conocido exactamente cuál hubiera sido la previsión de
sus ingresos. Como es sabido y se ha dicho en esta Cámara, las comunidades autónomas tienen libertad y autonomía para aprobar sus presupuestos, pero el margen de maniobra con respecto a los ingresos es muy reducido y toda su capacidad de gasto,
hasta un límite muy elevado (80%, 90%), está comprometida con el gasto social.
De acuerdo con lo expuesto, el Grupo Popular apoya la postura del Gobierno, porque estamos comprometidos precisamente con la sostenibilidad del sistema, de los gastos en educación, en sanidad y en el mantenimiento de las pensiones. Para
ello es necesario como primera partida definir un objetivo de déficit público que restrinja
los ingentes gastos en deuda pública y además esté basado en estimaciones realistas.
Gracias por la atención. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Asian.
Vamos a proceder a la votación del acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012 del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran y el límite de gasto no financiero del
Presupuesto del Estado para 2012.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 179; en contra, 133; abstenciones, 27.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado (Aplausos).
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVA LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE EXCLUYE DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DE LA LEY ORGÁNICA 3/2006, DE 26 DE MAYO, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2001, DE 13 DE DICIEMBRE, COMPLEMENTARIA DE LA LEY GENERAL DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, A DETERMINADOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN. (Número de expediente 121/000002).
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno
del proyecto de ley orgánica por la que se excluye del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, a determinados mecanismos de financiación. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento) En ese caso y al ser adoptado acuerdo de tramitación en lectura única, el debate y votación del proyecto de ley orgánica, al que nos
estamos refiriendo, se producirá en la sesión plenaria del jueves 15 de marzo.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Conforme al artículo 68 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara que el punto IV del orden del día, correspondiente a las mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes, así como las preguntas cuya contestación corresponda a los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deporte pasen a debatirse en la sesión del jueves 15 de marzo antes del
punto relativo a interpelaciones urgentes. ¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada esta modificación del orden del día y les informo que el plazo para la presentación de enmiendas a las mociones, que debatiremos el
jueves, finalizará mañana miércoles a las veinte horas.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 122/000010).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto II del orden del día relativo a proposiciones de ley. Comenzamos con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de transparencia y acceso a la información pública. Para la defensa de la
iniciativa tiene la palabra la señora Batet (Rumores). Por favor, a los diputados que vayan a abandonar la Cámara, les ruego que lo hagan con toda rapidez y en silencio. Tiene la palabra, señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidente.
Señorías, gobierno abierto, rendición de cuentas, transparencia, participación, mayor acceso a la información pública han pasado de ser conceptos positivos e importantes a ser una exigencia imprescindible para una democracia y una sociedad
del siglo XXI. La mejora y la apuesta por una regulación del derecho de acceso a la información pública garantizarán elementos, a nuestro modo de ver, esenciales: más credibilidad para el sector público; hacer que sean mucho más difíciles
situaciones de arbitrariedad e incluso de corrupción; ofrecer un marco de mayor libertad para los ciudadanos, cosa que al mismo tiempo ofrecerá que disminuya la desafección y la desconfianza; y un mejor funcionamiento y hábitos de las
administraciones públicas, porque saber que su actividad va a ser controlada, transparente, que van a estar trabajando de alguna manera con una ventana abierta cara a la ciudadanía, va a provocar que sean más eficientes, que tengan una mejor y una
mayor organización y que estén más incentivados a hacer un buen trabajo (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos reconocer que no pudimos culminar con la regulación de
esta proposición de ley en forma de proyecto de ley, que sí llegó a Consejo de Ministros, pero no por ello queríamos renunciar en este inicio de legislatura a traer un texto que nos parece prioritario, importante y relevante para la coyuntura
actual. Presentando esta proposición de ley no pretendemos monopolizar el
tema, al contrario; y tampoco pretendemos decir que pueda ser el mejor texto posible, pero pensamos que puede ser un buen elemento, un buen pretexto, para iniciar un debate para que entre todos busquemos las fórmulas más adecuadas.
Señorías, hemos elegido esta primera proposición de ley porque, como ya he dicho, nos parece un tema de máxima prioridad y actualidad. Prueba de ello es que muchos gobiernos autonómicos, entre ellos el navarro y el extremeño, o incluso
algunos informes importantes de instituciones públicas, como el Sindic de Greuges de Catalunya, han dado máxima prioridad a este tema y han presentado proyectos de ley o informes al respecto. Hemos presentado esta proposición de ley como la primera
que queremos debatir en este Pleno porque hemos querido que la primera propuesta del Grupo Parlamentario Socialista sea una propuesta para el consenso, sabiendo que compartimos el objetivo con el resto de grupos parlamentarios, especialmente con el
grupo mayoritario de la Cámara, que da soporte el Gobierno. En tercer lugar, la hemos presentado porque estamos convencidos de que una ley de transparencia y de acceso a la información pública es uno de los grandes saltos cualitativos que nuestra
democracia se merece, permitiendo además abordar algunos retos estructurales de nuestra Administración pública, como es la falta de rendición de cuentas o la descoordinación que existe; y en cuarto lugar, porque es una cuestión estrechamente ligada
a la crisis económica. Precisamente uno de los peligros que se ha agravado con esta crisis ha sido el distanciamiento que se ha producido entre ciudadanía y política, y esta ley puede ser un instrumento que favorezca de nuevo el acercamiento, la
confianza y el compromiso con las instituciones democráticas. Como dice el señor Jáuregui, una nueva ecuación entre política y economía y entre Estado y mercado está por hacer. En ese marco una democracia que no se aleje de los ciudadanos, que no
acreciente la sensación de distanciamiento y que haga sentirse al margen a una parte de esta ciudadanía es fundamental, y para ello la transparencia va a ser uno de los instrumentos claves que tenemos en nuestras manos.
Señorías, cuando hablamos de la necesidad de transparencia, querría, para profundizar un poco más en las cuestiones de fondo, hacer referencia al Libro Blanco de la gobernanza europea de la Unión Europea que se aprobó en 2001, en el que se
decía literalmente que la necesidad de transparencia se producía con un objetivo claro: contribuir a un debate público informado. La idea kantiana del sapere aude, del piensa por ti mismo, requiere acceder la información de manera veraz para así
poder hacer un análisis racional sobre cualquier cuestión, y eso conlleva irremediablemente a un ejercicio de responsabilidad; si no implica responsabilidad por parte del ciudadano se corre el peligro de convertirse en un instrumento al servicio
del populismo o de la lectura e interpretación morbosa sin más. Esto no sirve ni al objetivo de fortalecer la democracia, que es uno de los que queremos resaltar en esta intervención, ni tampoco al debate público informado; al contrario. Por otro
lado, esta nueva regulación implica una concepción en la relación entre administraciones públicas y ciudadanía distinta, en la que la Administración pública se desprende del paternalismo y asume que la información no le pertenece sino que la
información pública pertenece a toda la ciudadanía. Está tendrá, es verdad, más información y más libertad, pero también, como decía, más responsabilidad; una responsabilidad que desde nuestro punto de vista deberá ejercerse con un compromiso
activo de construir sociedad.
Respecto del principal contenido que esta regulación presenta, querría destacar algunos puntos básicos. En primer lugar, apuesta por el principio de máxima publicidad, en el que la Administración pública debe ser proactiva, por tanto
ofrecer el máximo de información posible sin necesidad de que el ciudadano se la reclame, y para eso será importante impulsar y desarrollar algunos elementos que ya tenemos aprobados como es la Ley de Acceso Electrónico, las páginas web de los
ministerios o las redes 060 y SARA; en segundo lugar, la no exigencia de un interés legítimo por parte del peticionario, cosa que contempla la legislación actual; en tercer lugar, establecer que las excepciones a este derecho de acceso a la
información se circunscriban, se limiten estrictamente a las constitucionalmente garantizadas. En este aspecto hemos avanzado mucho, prueba de ello es la Agencia de Protección de Datos que existe en el ámbito estatal y también las distintas
agencias de protección de datos de las diferentes comunidades autónomas que vigilan el cumplimiento de esos límites. Ahora lo que debemos hacer es precisamente desarrollar el derecho de acceso a la información. En cuarto lugar, hay que dotar a la
Administración pública de infraestructuras internas adecuadas para facilitar ese acceso y para cambiar esta relación con los ciudadanos. Les pondré un ejemplo. Ya hace mucho tiempo que desde el punto de vista legislativo se ha aprobado y se ha
explicitado que la Administración no podrá requerir a ningún ciudadano un documento que ya esté en manos de esa misma Administración o de cualquier otra, en cambio no acaba de aplicarse esta normativa. Por tanto hay que dotar de instrumentos a las
administraciones públicas para que también pueda haber esa comunicación necesaria, esa coordinación necesaria entre ellas. En quinto lugar, es importante también establecer la gratuidad o el precio de coste en la obtención de la información. Y,
por último, seguramente será necesario establecer una autoridad independiente que actúe como garantía de revisión imparcial de la solicitud.
Para ir terminando, señor presidente, señorías, quiero poner en valor la buena predisposición que ha mostrado el nuevo Gobierno a continuar participando en la iniciativa internacional del Open Government Partnership liderado por Estados
Unidos, Brasil, Noruega, Reino Unido, México, entre otro países, y la predisposición que tiene que ir acompañada por el cumplimiento de algunos
requisitos si queremos realmente apostar por esta iniciativa. Los requisitos que se solicitan a España y a todos aquellos países que quieran participar activamente en esta iniciativa son en primer lugar suscribir la declaración sobre
Gobierno abierto, en segundo lugar presentar un plan de acción concreto y abierto a consulta pública y, finalmente, aceptar la evaluación externa de las medidas adoptadas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos mostrar el apoyo para que
el Gobierno cumpla con estos requisitos, y creo que sería muy positivo involucrar desde ya a la sociedad civil en esa consulta pública que se prevé.
Para terminar, querríamos pedir explícitamente el voto afirmativo a todos los grupos de la Cámara para su tramitación conjunta, en el caso de que llegara el proyecto de ley anunciado por el Gobierno, porque pensamos que compartimos objetivos
-compartimos los objetivos que se recogen en esta proposición de ley-, porque es una iniciativa pensada para el consenso y porque sería una buena señal para la ciudadanía darle un mensaje de acuerdo en esta materia. Queremos pedir el voto
afirmativo también porque pensamos que es bueno para nuestra democracia y, sobre todo, porque es bueno para acercar las instituciones públicas, el sector público, la política, a la ciudadanía, cosa que a todos nos debería preocupar.
Muchas gracias (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Batet.
En el turno de fijación de posición, en primer lugar tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, todos coincidimos en que no hay democracia sin transparencia. La falta de transparencia es la fuente de la que emana la corrupción; no en vano el Estado español, uno de los pocos de la Unión Europea que no tiene una ley de
transparencia, es uno de los más afectados por la corrupción. La transparencia es uno de los pilares fundamentales de la democracia, como la opacidad lo es de la dictadura y del mal gobierno. Solo una administración que hace un mal uso del dinero
público puede tener intención de esconder cómo lo gasta. La ciudadanía tiene el derecho a saber qué hace la Administración con el dinero que paga con sus impuestos, por ello hay que desarrollar el inalienable derecho al acceso a la información
pública. Todos los poderes del Estado deben estar sometidos al principio de la transparencia, y digo todos -ya saben por dónde voy-, incluida la jefatura del Estado, porque ustedes hoy hacen de nuevo trampa. La jefatura del Estado y la familia
real, mientras cobren de los Presupuestos Generales del Estado, también deberían estar incluidos en el contenido de su proposición de ley. Ustedes hacen otra vez trampa, porque ni siquiera ellos, ni siquiera el rey, ni siquiera la Casa Real, tal
como se está comprobando con el caso del yerno o yernísimo, el señor Urdangarín, están exentos de la sombra de la duda de la corrupción. ¿Saben por qué? Porque no hay transparencia. En democracia ningún poder público puede ser una excepción al
control democrático, señora Batet; ningún poder público. El derecho de acceso a la información pública, basado en el principio de su transparencia, debe ser un derecho básico de la ciudadanía para controlar a los poderes del Estado. Es un derecho
básico individual de la ciudadanía, pero que adquiere una vital dimensión colectiva cuando las organizaciones civiles, como expresión de la participación ciudadana, hacen una labor de fiscalización de los poderes públicos, lo que convenimos en
llamar la sociedad civil organizada, y además, por extensión, permite un mayor control democrático y de fiscalización por parte de los profesionales del periodismo. Ustedes han oído hablar mucho -quizás tendríamos que oír hablar más- del llamado
periodismo de investigación.
Por otro lado, la información generada por la Administración pública debe ser de dominio público, y debe ser la Administración quien de manera activa la ponga a disposición de la ciudadanía. Esquerra Republicana de Cataluña fue el primero
-creo que no me equivoco- en reclamar ante esta Cámara una ley de transparencia, y lo recuerdo porque además me tocó hacerlo a mí, en el debate de política general, lo que ustedes llaman el estado de la Nación, del año 2010. Nuestra propuesta fue
aprobada por unanimidad, ustedes votaron a favor, y además nos emplazamos todos por unanimidad a que en seis meses ustedes presentarían un proyecto de ley, y el proyecto de ley no llegó. Ahora presentan una proposición de ley, cuando están en la
oposición. Mejor ahora que nunca, pero qué lástima que aquella resolución aprobada por unanimidad y presentada por Esquerra Republicana quedara en agua de borrajas. Ustedes vienen ahora tarde y mal. Digo tarde porque estamos en la X Legislatura y
mal porque nos obligan a abstenernos, porque nosotros no vamos a contribuir a alimentar esta trampa que nos hacen, por ejemplo, con la Casa Real y con la figura del jefe del Estado. Esto es trampa; repito, trampa. Nos vamos a abstener. No vamos
a votar en contra porque somos muy conscientes de cuál es la correlación de fuerzas en este Parlamento, pero vamos a abstenernos. Además, invade claramente las competencias. Mire, a iniciativa nuestra, de Esquerra Republicana de Catalunya, el
Partido Socialista de Catalunya, conjuntamente con Convergència i Unió, con los compañeros de Iniciativa, de Esquerra Unida i Alternativa, creo que incluso del Partido Popular, hemos creado en el Parlament de Catalunya una ponencia, que ya lleva
celebradas siete u ocho reuniones, que está redactando el articulado de la ley de transparencia catalana, por cierto, al amparo del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Catalunya que, aun cuando pasó el cepillo del señor Guerra, al menos esto
quedó salvado.
Pues bien, no tiene ningún sentido que además ustedes incluyan en el contenido de su proposición de ley el ámbito autonómico. Es más, incluso con las limitaciones
que ustedes ponen en el artículo 8, de hecho, tal como lo han redactado, por ejemplo, sería difícil conseguir que tuviéramos acceso a aquello tan reclamado desde Catalunya, también por ustedes, como son las balanzas fiscales. Tal como está
redactada la proposición de ley que ustedes presentan, podíamos quedar ignorantes, por ejemplo, de un tema tan importante para el debate político y económico como el de las balanzas fiscales. Esta es la tercera trampa; la primera es la relativa a
la Casa Real y la segunda es la invasión competencial. Tiene narices que ahora que están en la oposición sigan formulando proposiciones de ley que invaden las competencias y que no respetan el Estatuto de Autonomía de Catalunya aprobado por las
Cortes del Estado. Esta tercera, a la que me he referido, es la de las salvaguardas que ustedes han tenido interés en fijar en esta proposición de ley que, repito, podía quedar en una ley, dicho en términos populares, de papel de fumar, que no
pasaría el ISO de la calidad democrática que ustedes teóricamente persiguen. La Constitución habla de unos límites, estamos de acuerdo: el límite de la afectación a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de delitos o la intimidad de
las personas. Bien, estos serían los tres límites. El techo viene marcado por la misma Constitución española y no por este largo listado de salvedades que ustedes han escrito o redactado en el artículo 8 de su proposición de ley. De manera que
nos reafirmamos en que no vamos a votar favorablemente. Consideramos que la transparencia debe incluir cómo gasta el dinero el destinatario final. Esto es importante, es decir, debe quedar explícito que aquellas empresas u organizaciones que
reciben subvenciones o contratos públicos deben justificar públicamente hasta el último céntimo recibido. Estamos de acuerdo. No digo que ustedes y nosotros estemos en las antípodas. Estamos hablando de voluntad de modernizar el Estado, de
hacerlo transparente, diligente, es decir, de profundizar en la democracia. Yo no digo que estemos en las antípodas, razón por la cual no votaremos en contra, pero sí nos vamos a abstener.
En definitiva, como además suponemos que el Partido Popular tampoco está por la labor -porque si ustedes no estuvieron por la labor imagino que ellos menos-, hoy nos quedaremos a la espera de una verdadera ley de transparencia que, repito,
incluya a todos los poderes del Estado, empezando por el que quiere dar ejemplo de honradez, de modernidad y de transparencia; empezando por el jefe del Estado que todavía se tiene que ganar la verdadera legitimidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario del PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señora Batet, su intervención ha sido como todas las que usted realiza en esta Cámara: brillante. Tengo que alabar su elocuencia, la lucidez de algunas de sus reflexiones y, por qué no decir
toda la verdad, retórica en una buena parte; una reflexión híbrida, que una buena parlamentaria como usted ha acreditado a lo largo de su periplo en esta legislatura. Desde esta perspectiva tengo que decir que es convincente y son incuestionables
algunas de las reflexiones de naturaleza jurídico-política, casi de Ciencia Política o de Filosofía del Derecho que usted ha realizado. Que la transparencia y la información están vinculadas al principio democrático nadie está en condiciones de
discutirlo seguramente en esta Cámara, que la democracia se basa o debe basarse de forma creciente en el acceso de los ciudadanos a la información de todos los actos de los poderes públicos, y cuando digo todos son todos, porque en este artículo
ustedes en cuanto a la legitimación para acceder a la actividad de los poderes públicos llegan a incluir hasta las cartas circulares de obligado cumplimiento, me parece correcto. Que evidentemente hay normas y actos de las distintas
administraciones atinentes a la legislación comunitaria que avalan este criterio no se lo voy a negar también; existe un código de buen gobierno del año 2005, existe la Ley de 2006 de Conflictos de Intereses, Ley de 2006 de Conflictos de Intereses
respecto de cuya aplicación nosotros tuvimos cuando ustedes gobernaron algunas reservas en relación con algunos de los pedimentos o reclamaciones invocando los requerimientos en materia de conflictos de intereses en relación con alguna ministra o
algún ministro que nosotros solicitamos, y ustedes no la aplicaron con la suficiente eficiencia o la eficiencia que nosotros esperábamos cuando menos.
Existen otras leyes por ejemplo en relación con el acceso a la información en materia de medio ambiente cuando la materia de medio ambiente está judicializada, del año 2006; la Ley de 2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a la
información pública, y en el ámbito comunitario forma parte del acervo comunitario, del acquis communautaire, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Reglamento 2001 de acceso a la información del Parlamento, del Consejo y de
la Comisión Europea, el Convenio Europeo de 2008 que ya está en condiciones de ser ratificado e incorporado al ordenamiento jurídico español desde el año 2009. En definitiva, hay un corpus, hay un cuerpo jurídico en donde se invoca y se sacraliza
la opinión de que el derecho a la información de los ciudadanos debe formar parte de una suerte de derecho cuya identidad jurídica ustedes no precisan en esta proposición de ley, y esta es la primera crítica que tengo que hacerle. Porque usted,
señora Batet, cita una serie de preceptos de la Constitución: el 9.3, el 24.2, el 51.2, el 80, el 91 y el 120, de los cuales no cabe deducir que se cristalice un derecho subjetivo de los ciudadanos para acceder a la información y a la transferencia
que usted invoca en su argumentario, en su pedimento. En definitiva, no puede deducirse de la interpretación acumulativa, casi concursal -usando una expresión procedimental-, de todos estos preceptos constitucionales un derecho de naturaleza
abstracta desvinculado de las obligaciones de las administraciones públicas -aquí ustedes incluyen a todas y este es el defecto fundamental de esta proposición de ley- que se pueda configurar como identificado o configurado por la
Constitución española, ni con sus características de derecho fundamental o sus características de derecho ordinario, porque estamos hablando, cuando hablamos del 9.3, del 24.2, del 51.2, del 80, del 91 y del 120, de acceso a informaciones de
naturaleza sustancialmente diferentes: acceso a informaciones de las leyes aprobadas por las Cortes, acceso de información a los debates parlamentarios, acceso de información a las leyes aprobadas, acceso de información a determinadas actuaciones
jurisdiccionales, acceso de información -el 9.3 sería el más próximo a la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico-, al acervo de los derechos ciudadanos, al principio democrático y a la publicidad de las actuaciones públicas, pero de aquí a
deducir que existe en la Constitución española o que invoca la Constitución española o cristaliza un derecho de naturaleza abstracta, desvinculado de las obligaciones de las administraciones públicas que reconozca como derecho subjetivo de los
ciudadanos el derecho a todo lo que ustedes preconizan que tienen derecho en el artículo 3, va un trecho muy largo que usted no ha sido capaz de concretar en su brillante disertación.
Puesto que este derecho, que usted no ha sido capaz de concretar en su brillante disertación no existe como derecho abstracto, salvo que usted -usted es una buena jurista, espero que no me haga esta trampa- pretenda reconocer que este es un
derecho de lo que en este momento se ha venido a denominar un nuevo derecho de ciudadanía, expresión que ha causado gracia pero que no es reconocible ni reconocida por la cátedra, por la de Lluch, por la doctrina científica, por los juristas,
todavía estamos esperando muchos a saber cuando ustedes se refieren a crear nuevos derechos y les denominan derechos de ciudadanía, ¿a qué se están refiriendo exactamente? Porque ni la Constitución ni ningún sector del ordenamiento jurídico,
ninguna ley orgánica, utiliza esta alocución, utiliza esta expresión. Por tanto, es imposible la predeterminación o la determinación del contenido esencial de estos llamados derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, me estoy refiriendo al derecho a
la dependencia. Hablan de derechos de la ciudadanía y podrían utilizar cualquier otra alocución porque son derechos que no tienen referencia constitucional alguna y no están legitimados por la Constitución. Son derechos que tienen la tutela
jurisdiccional y el contenido que ustedes les quieran dar en las leyes reguladoras. Salvo que usted me esté hablando de un derecho de estas características, no me está hablando de nada. Si no me está hablando de nada, esto nos lleva a un debate de
naturaleza diferente, señora Batet, la habilitación constitucional del Estado para regular un derecho abstracto de información que la Constitución no prevé, y que no es un derecho fundamental, no es un derecho constitucional ordinario y tampoco es
un derecho de ciudadanía, alocución que usted y yo convendríamos con facilidad que no existe.
Desde esa perspectiva, ¿cuál es el título constitucional legitimante para que estas Cortes puedan regular el contenido de este derecho? El que ustedes citan, el 149.1.18 que atribuye al Estado la regulación de las bases del régimen de las
administraciones públicas, no, porque un derecho de carácter abstracto como el que usted ha definido no está vinculado solo a las obligaciones concretas de las administraciones públicas. Sobre todo cuando ustedes sobredimensionan el espectro de las
administraciones públicas concretándolas entre dos límites: la Administración Central del Estado, pasando por las comunidades autónomas, pasando por la Administración Local y terminando, incluso, en las sociedades públicas e incluso las privadas
que realicen actividades de naturaleza jurídico-pública. Esta sobredimensión vulnera el bloque de constitucionalidad, vulnera la Constitución Española y vulnera estatutos de autonomía como el de Euskadi, como el de Catalunya, como el de Galicia y
como cualquier otro de los que podemos citar aquí. ¿Por qué? Porque si se puede incardinar, señora Batet, en algún precepto, en algún estatuto, en alguna norma orgánica en el bloque de constitucionalidad o de las que configuran el bloque de
constitucionalidad este derecho abstracto, sería más bien en el artículo 148, el que atribuye a las comunidades autónomas competencias en materia de autoorganización de sus instituciones de autogobierno. Solo aquí tendría derecho, y he atendido
detenidamente a sus explicaciones y a su argumentario, lo que ustedes pretenden consagrar como un derecho deletéreo, de difícil ubicación por falta de referencias constitucionales en cuanto a su ubicación. El 148 atribuye competencias solo a las
comunidades autónomas, no atribuye competencias normativas o legislativas a las Cortes Generales del Estado. Luego, ya solo la invocación de la falta de habilitación competencial de este Congreso nos bastaría para decir que nosotros no podemos
votar, honestamente se lo digo, la proposición bienintencionada, adecuada y correcta; nosotros también creemos en la transparencia y en el derecho de información, como consustanciales insitus al principio democrático.
Además, desde una perspectiva técnico-jurídica no es buena su proposición y no es buena porque consigna en su seno contradicciones que son de imposible superación, que antes de su degradación está dentro del propio contenido normativo de la
proposición de ley que ustedes presentan por la manifiesta incompatibilidad de los derechos que atribuye a los ciudadanos sin ninguna excepción y de las excepciones por la manifiesta incompatibilidad entre el artículo 3, el artículo 8...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Vaya finalizando, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señora presidenta.
... y la disposición adicional primera. El artículo 3, pretendidamente, atribuye todos los derechos a los ciudadanos, incluso el acceso a las cartas circulares de la Administración. Solo les falta incluir la estructura orgánica de los
ministerios o departamentos de las comunidades autónomas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, lo siento, pero tiene que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Pero por la vía de excepciones -de verdad esta es mi última expresión, señora presidenta- del artículo 8 y de la disposición adicional primera, mediante un movimiento elíptico digno de mejor causa, señora Batet,
usted deja vacío de contenido el derecho que proclama el artículo 3. Ese movimiento elíptico nos coloca en la fase de partida. No avanza un milímetro en materia de derecho de transparencia e información esta proposición de ley. ¿Por qué? Por las
excepciones, por la sobredimensión de las excepciones. Por estas razones y por otras más que con más tiempo hubiese podido argumentar, señora presidenta, y sabiendo que su profesión a la flexibilidad es la justa, señora Batet, mi grupo
parlamentario se ve en la tesitura de votar que no, desafortunadamente, a una proposición bienintencionada y que yo, sinceramente, le agradezco que haya presentado.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Olabarría. Se ha pasado usted un minuto y medio de su tiempo; por lo tanto, la generosidad ha sido importante. Por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia,
tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Lo primero que quiero decir es que en esta materia, como en muchas otras -me refiero a la política de transparencia-, mi grupo cree que el sectarismo está de más y por eso mismo vamos a apoyar la tramitación como ley de esta propuesta del
Partido Socialista. Nosotros en la legislatura pasada llegamos, aunque no hubo tiempo para tramitarla, a presentar también un proyecto de ley a favor de la transparencia y contra la corrupción y lo volveremos a presentar en esta. Esperemos que
todas las que sean concomitantes se puedan tramitar juntas para mejorar el trabajo de unos con las observaciones de otros.
Dicho esto, quería hacer un par de comentarios sobre la primera impresión que nos produce esta proposición de ley. En primer lugar, llamarle ley de transparencia nos parece exagerado. En realidad, es una ley de acceso a la información y
sería interesante subrayar que la transparencia tiene una pequeña diferencia con el acceso a la información. El derecho de acceso a la información es básicamente un derecho administrativo y sobre todo es un derecho pasivo, algo a lo que podemos
acogernos los ciudadanos para reclamar a las administraciones que nos pasen determinadas informaciones que nos atañen o por las que sencillamente tenemos curiosidad, pero la transparencia es otra cosa distinta. La transparencia son políticas
activas. ¿Cuál es la diferencia? Que no es tanto permitir el acceso a la información como que las propias administraciones, las propias instituciones son capaces y se comprometen a: producir información relevante sobre su actividad para que los
ciudadanos tengan un conocimiento cabal de qué se hace en esas instituciones, de qué manera transcurre la gestión en las administraciones. Esa es la diferencia fundamental, que desde luego insistiremos en subrayar cuando se haga la tramitación de
esta ley si, como esperamos, se lleva adelante. Esta diferencia, además, justamente pone en relación las políticas de transparencia con la corrupción, con la buena gestión, con el open government y con otros conceptos que hoy en día son moneda
corriente, pero sobre los cuales, lamentablemente -una vez más hay que decirlo-, arrastramos un retraso legislativo sencillamente injustificable. La verdad es que no se comprende cómo es posible que ya en el año 2009 se suscribiera y existiera un
convenio europeo de acceso a los documentos públicos, convenio europeo, por cierto, que parte de un principio, de un axioma, el de afirmar que toda la información que obra en poder de las administraciones es por definición información pública y,
puesto que es información pública, en una democracia con un mínimo nivel de exigencia debe ser de fácil acceso. Más allá, además, de la facilidad del acceso -insisto- está el compromiso de las instituciones, de las administraciones, por explicar a
los ciudadanos de una manera inteligible, comprensible y flexible qué es lo que están haciendo. Es verdad que lo de la publicidad de las leyes, de la actividad administrativa, es tan antiguo que en las primeras polis griegas y luego en las ciudades
romanas esto se hacía nada menos que inscribiendo en mármol o en bronce la actividad legislativa de la comunidad. Por fortuna, hoy en día tenemos Internet y así no tenemos que acabar con los yacimientos de mármol y con todo el cobre del mundo para
publicar la monstruosa actividad legislativa, normativa, etcétera, de las administraciones españolas que, como ustedes saben, según un estudio nuestro que hasta ahora nadie se ha molestado en refutar seriamente, ascendía en el año 2009 a 800.000
páginas. Imagínense todo eso en mármol. El espectáculo haría las delicias de cualquier marmolista.
Por tanto, lo que vamos a proponer es una ley de transparencia que, enganchándose a esta propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, insista básicamente en las políticas activas de transparencia y que no se limite al desarrollo de un
derecho administrativo -que es lo que esencialmente afirma la Constitución-, sino que vaya más allá y en la línea de mayor exigencia democrática desarrolle toda una batería legislativa que afecte no solamente a las políticas de acceso a la
información sino de transparencia activa, lucha contra la corrupción -que está íntimamente ligada al desarrollo de la transparencia-
y demás prácticas de buen gobierno. Conviene subrayar que si se hubieran hecho los deberes legislativos en las anteriores legislaturas y se hubieran desarrollado este tipo de políticas quizá hoy no tendríamos que deplorar ni lamentar cosas
como los casos de corrupción en la oficina de Irún de la Hacienda guipuzcoana o el caso Palau en Cataluña, o el caso Gürtell o los falsos ERE en Andalucía, etcétera. Son asuntos de corrupción que hubiera sido posible atajar a tiempo con leyes de
transparencia eficaces, que no solamente habrían evitado el descrédito de las instituciones y de la democracia, sino que además hubieran evitado la profundización de la crisis económica hasta el extremo al que estamos llegando. No se olviden
ustedes que también en la opacidad, en la mala gestión y en la corrupción está la raíz de buena parte de nuestros problemas económicos. Bastaría con que hubiera habido políticas de transparencia sobre los tejemanejes y chanchullos existentes
durante todos estos años entre administraciones autonómicas, municipales y cajas de ahorros para habernos evitado gran parte de los problemas a los que hemos tenido y tenemos que hacer frente; si es que podemos, cosa que -como digo- está por ver.
Otra cosa que echamos de menos, que nos parece fundamental y batallaremos por ello es que la ley de transparencia afecte para empezar a todas las administraciones. En este sentido, nos parece un tanto preocupante que su disposición
adicional primera ya prevea una serie de excepciones verdaderamente impresionante. Dice que esta ley no afectará no solamente a los secretos oficiales sino al Registro Civil, al Registro de la Propiedad, al Catastro, al Registro Mercantil,
etcétera. Al final los ciudadanos solo accederían a cuestiones municipales, algunas autonómicas, algunas del Estado y poco más. Además, es fundamental que las políticas de transparencia sean de obligado cumplimiento -es decir, tengan rango legal-
para aquellos organismos e instituciones que tienen una relación continuada con las administraciones públicas y se financian con el erario, es decir, partidos políticos, sindicatos y asociaciones patronales. Los partidos políticos, los sindicatos y
las asociaciones patronales no pueden estar al margen de las exigencias de las políticas de transparencia que afectan a las administraciones. Sobre esto quería señalar que tampoco hemos visto ninguna previsión en esta ley para derogar aquellos
decretos-leyes de los años ochenta y posteriores -hasta los noventa y tantos- que blindan como datos especialmente protegidos cuestiones de gran relevancia política como la deuda de financiación de los partidos políticos, tanto por la financiación
ordinaria como por la extraordinaria de campañas electorales. No vamos a aceptar esas excepciones ni creo que la sociedad esté por aceptar que ciertas instituciones como los partidos políticos, las patronales y los sindicatos estén protegidas del
escrutinio público de cuál es su verdadera situación financiera, de cómo se financian y de qué conexiones hay entre esa financiación y otra serie de problemas económicos que hemos tenido en el sector financiero como el funcionamiento de las cajas de
ahorros, la condonación habitual de créditos, etcétera.
Para ir terminando, ya les anuncio que cuentan con nuestro entusiasmo para la tramitación de esta ley. Les anuncio también que presentaremos la nuestra y que no nos vamos a conformar meramente con una ley menor de acceso a la información
que recoge demasiadas excepciones, tiene demasiadas cautelas y, además, parece ser que no aspira al carácter de ley orgánica, con lo cual entraría en conflicto con otras leyes orgánicas que sí protegen la información como un bien de especial
protección por parte de la Administración precisamente para los administrados sepan lo menos posible.
Termino. Lo que se persigue con la ley de transparencia es la permeabilización de las instituciones, tanto a las denuncias por mal funcionamiento, por corrupción, etcétera, como a las propuestas constructivas de la ciudadanía y de la
sociedad civil. En España no tenemos apenas sociedad civil debidamente articulada para un país de nuestro nivel de desarrollo político y económico. Una de las maneras de conseguir que se desarrolle es precisamente este tipo de leyes, pero por una
cosa que quizá no sea muy agradable para muchos: porque van a quitar poder a las instituciones políticas tal como hoy en día las concebimos. Esta es la cuestión. Permeabilizar, quitar poder -en el sentido de poder unido a la opacidad- y, sobre
todo, estimular la participación; pero la participación que realmente importa, no la participación de la pataleta, de la protesta desorganizada y de los tipos habituales de protesta contra el poder político decimonónico. No, estamos hablando de
que la ciudadanía tenga un instrumento político para participar en la gestión de las cosas públicas. De eso se trata con este tipo de leyes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, simplemente anunciar que vamos a votar a favor de la tramitación de esta proposición de ley. Como se ha dicho ya aquí, consideramos que ha sido una oportunidad perdida, porque esta proposición de ley contiene elementos que
avanzan en la profundización de la democracia; es una oportunidad perdida porque el Partido Socialista ha estado casi ocho años gobernando y ha tenido la oportunidad de presentarla justo cuando había un Parlamento, un Congreso, una Cámara con
mayoría de izquierdas y cuando era más fácil promover esta ley. Ahora sin embargo tenemos que enfrentarnos a una Cámara con mayoría absoluta conservadora que probablemente no deje pasar una proposición que en su tramitación, en su discusión y en su
debate podría haber sido mejorada. Digo mejorada porque también incluye elementos que se quedan claramente atrás, que son claramente
insuficientes y que deberíamos profundizar y mejorar en un debate serio una vez se estuviera ya tramitando en el Congreso.
En este sentido, queremos decir claramente que estamos comprometidos con profundizar en esta transparencia. De hecho, ya lo ha dicho el diputado de Esquerra Republicana, aunque se le ha olvidado mencionar que la proposición no de ley fue
presentada desde el grupo, en el que también entra Iniciativa Catalana Verde e Izquierda Unida, y es que estas son iniciativas que se vienen demandando para profundizar en la transparencia en nuestras instituciones. Se hace por dos motivos:
primero, porque creemos que la democracia no se puede limitar a depositar un voto en las urnas cada cuatro años; la democracia hay que profundizarla también con la participación activa de los ciudadanos en los procesos políticos y, por supuesto,
satisfaciendo el derecho a saber de la ciudadanía sin formación pública, esa información que le corresponde saber a los ciudadanos; los ciudadanos necesitan y tienen todo el derecho a saber qué se está haciendo con los recursos que ellos están
generando a través de los impuestos. Eso es también democracia, y ese es el punto que nosotros creemos que tiene que ser la columna vertebral de cualquier ley de transparencia. Porque no podemos olvidar que estamos sumidos no solo en una crisis
económica, sino también en una crisis democrática. La ciudadanía está desprestigiando a lo que llaman la clase política -concepto que yo ni yo ni mi grupo compartimos porque creemos que no todos los políticos son iguales, que no existe la clase
política sino políticos de distintas clases-; es cierto que en la calle hay un sentimiento generalizado de que las instituciones políticas no están al servicio del pueblo, sino que están al servicio de otros intereses oscuros, opacos, que se
esconden tras las cortinas oscuras de las instituciones del actual sistema político. Por eso hay que profundizar en la democracia, por eso hay que avanzar y romper esas cortinas, para permitir que la ciudadanía pueda tener una clara información de
lo que está ocurriendo en el sistema político. En este sentido estamos apostando por la transparencia precisamente para salvar a la democracia, porque en la medida en que no sigamos profundizando en ella vamos a ir permitiendo que se vaya
deteriorando poco a poco el espíritu democrático.
Por eso, entre otras cuestiones hemos presentado hoy mismo una proposición no de ley en la Comisión de Hacienda en la que instábamos al Gobierno a abrir un registro de lobbies, de grupos de interés que reflejaran también esta falta de
transparencia que existe actualmente. Desgraciadamente no ha podido salir adelante porque tenía el voto de oposición del Partido Popular. España está en el puesto número 31 según el ranquin de transparencia internacional en lo que se refiere a
falta de transparencia, un ranquin que interpreta la posición a través de la corrupción. Creemos, y se puede visualizar en ese ranquin, que es uno de los datos más desfavorables para España porque está en las peores posiciones de los países más
desarrollados. Somos de los países más oscuros en el tratamiento de la información; la ciudadanía no tiene garantías de que puede saber lo que está ocurriendo con sus ingresos, con los impuestos que están dejando al Estado. Eso hay que corregirlo
porque detrás de la corrupción no solo hay un coste económico que es claramente visible, como desgraciadamente estamos comprobando en los medios de comunicación casi a diario, sino que también hay un coste democrático muy importante y no podemos
desviar la atención y centrarnos única y exclusivamente en el aspecto económico. Para paralizar la corrupción, para prevenirla, es importante establecer mecanismos -como podría ser la transparencia- para facilitar, para impedir, para revelar los
posibles procesos de corrupción y que fuera más difícil poder usar de forma errónea o no apropiada los recursos públicos.
Hoy estamos en un contexto en el que defender la democracia parece un acto profundamente revolucionario; hoy, que en los países de la Unión Europea hay Gobiernos que no han sido elegidos democráticamente, como en el caso de Grecia o de
Italia; hoy, en que las instituciones que dominan la economía moderna, como el Banco Central Europeo, también son claramente antidemocráticas. En este momento, en este contexto histórico defender la democracia es un acto profundamente
revolucionario. Por eso creo que el Partido Popular no puede desaprovechar esta oportunidad y debe aceptar tramitar esto como proyecto de ley para así poder debatir después todo lo que tiene de ineficaz, de ineficiente, para que podamos cambiar y
corregir porque tiene muchas deficiencias, algunas de las cuales ya se han planteado: aspectos concretos que impiden que la ciudadanía pueda acceder completamente y como nosotros entendemos a esa información. Hay deficiencias que hay que corregir,
no cabe ninguna duda, incluso en el ámbito competencial, pero es una oportunidad de oro para poder traer a esta Cámara un tema tan importante como es la transparencia. Por eso anuncio, como portavoz de este grupo, que votaremos a favor de la
tramitación de esta proposición.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Convergència i Unió está a favor de una ley de transparencia, está a favor de lo que ya viene denominándose la Administración de cristal, la Administración accesible, la Administración que facilita los datos, la Administración que permite
mayores controles, que son exigibles siempre en un Estado democrático. Por tanto, primera valoración: bienvenida sea una propuesta normativa en materia de transparencia. Lástima, señora Batet, que
usted, que la ha defendido tantas veces, la presente hoy desde la oposición, cuando hemos perdido unos años importantes en los que esta normativa debería haberse aprobado ya. Había resoluciones de este Pleno del Congreso que instaban al
Gobierno a hacerlo; había compromisos del anterior presidente tanto en el año 2004 como en el año 2008 y se dejó pasar esa oportunidad. Nosotros compartimos la necesidad de esa ley de transparencia.
Un dato. La nueva legislatura del Parlamento de Cataluña se inició en diciembre del año 2010 y en febrero del año 2011 Convergència i Unió presentó ya una propuesta para regular una ley de transparencia en el ámbito de lo que es Cataluña,
que está en una ponencia conjunta, como recordaba también el diputado Joan Tardà. Vamos a regularlo ya desde el inicio de esta legislatura y esperamos tener ese necesario consenso.
Por tanto, entendemos que se planteen en esta legislatura propuestas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado, lo entendemos y lo compartimos, a pesar, señora Batet, de que lamentamos que precisamente usted, que hoy la
defiende con argumentos convincentes, como siempre -yo le aplaudo esos argumentos-, deje un dato dramático en este expediente: que, anunciada ya la disolución de la Cámara, de las anteriores Cortes Generales, en julio de 2011, el Gobierno
finalmente aprobó un anteproyecto, sabiendo ya que no podría ver la luz como ley aprobada. Por tanto, es una asignatura pendiente.
¿Cómo regularla? Este es el segundo aspecto, y aquí hago mías las palabras del diputado don Emilio Olabarría. Estamos ante el núcleo del autogobierno de las comunidades autónomas. Si una competencia exclusiva existe es la de
autoorganización de cada una de las administraciones autonómicas y evidentemente Cataluña quiere plena soberanía para autoorganizar su Administración pública. No admitimos ni podemos admitir de ninguna de las maneras una proposición de ley que
pretenda ser de obligado cumplimiento para la Generalitat de Cataluña, para todos sus organismos, para todas las corporaciones locales. Le recuerdo, señora Batet, que la competencia en materia de régimen local en Cataluña también la tiene la
Generalitat y además incluso de organismos propios como el Sindic de Greuges, como la Sindicatura de Comptes. Todo ello debería pasar por el filtro de esta Loapa de la transparencia que hoy usted nos ha planteado aquí en este Pleno. Por tanto, no
podemos compartir la regulación propuesta. Si se tomara en consideración sería objeto de severas enmiendas para preservar precisamente ese ámbito competencial. Aquí el 149.1.18.ª no cabe; aquí ese régimen jurídico de las administraciones
públicas, esas bases, no caben para una ley de transparencia porque sería tanto como entrar en la contradicción de que los socialistas en Cataluña están aprobando una ley en el ámbito del Parlament de Catalunya que quedaría desdibujada si hoy
aprobáramos esta proposición de ley tal y como se nos presenta; quedaría totalmente desdibujada porque habría un choque evidente de títulos competenciales y de doble normativa. Nosotros lo que queremos es transparencia, Administración de cristal,
ese derecho al acceso a la información. Quiero recordar que incluso Naciones Unidas, la ONU, el 6 de diciembre del año 2004 configuró ese derecho al acceso a la información en poder de las autoridades públicas como un derecho humano fundamental.
Por tanto, estamos totalmente de acuerdo en que debe regularse, y cada Parlamento a su Administración, no este a la de todos; cada uno a la suya y el Parlament de Catalunya para, en los órganos autonómicos catalanes, instaurar esa necesaria
transparencia. Galicia lo ha hecho ya y tiene su ley de transparencia para la Administración galega, Navarra también está ya legislando y no podemos admitir que, vía Loapa de la transparencia, se impongan unos criterios obligatorios que en Cataluña
queremos cumplir pero a través de nuestras propias leyes, de las leyes que apruebe el Parlament de Catalunya. Esta es una importante discrepancia ante un importante punto de coincidencia: que hace falta, que es necesario que en el ámbito de la
Administración General del Estado, cuanto antes y en esta legislatura, se apruebe una ley de transparencia tantas veces prometida y tantas veces incumplida esa promesa.
Hoy no sé qué nos va a decir el grupo mayoritario de la Cámara, pero lo puedo intuir. En la Comisión Constitucional la propia vicepresidenta del Gobierno anunció ya que en esta legislatura se iba a presentar un proyecto de ley de
transparencia. ¿Qué le pedimos al grupo mayoritario? Primero, que cumplan esa promesa, que no caiga nuevamente en un saco roto, pero le pedimos y le advertimos ya de entrada que estaremos directamente vigilantes para que la nueva normativa, esa
ley de transparencia, acote bien su ámbito de aplicación, que debe ser la Administración General del Estado. Para eso están estas Cortes Generales. Por tanto, sí a la finalidad; sí al contenido; discrepancia en cuanto al ámbito de aplicación.
También entendemos en Convergència i Unió que cuando se aborde un tema tan importante como la ley de transparencia deberíamos regular -y esta sería una de las deficiencias del texto hoy presentado- cuando un ciudadano exige una copia de esa
información que obra en poder de la Administración pública, que incluyéramos los distintos formatos. Me estoy refiriendo al formato braille, al formato en documento con audio, porque muchas personas que padecen algún tipo de discapacidad agradecen
que en esas nuevas normativas del siglo XXI, de la transparencia, seamos capaces de incorporar copias en esos distintos formatos. Y en una futura ley de transparencia también deberíamos incorporar las prácticas del buen gobierno e incorporar lo que
sería la transparencia en el transcurso de un proceso administrativo; cómo se regula esa transparencia en el marco de un proceso administrativo es uno de los aspectos que no encontramos en el texto hoy propuesto, pero que en todo caso podría
introducirse vía enmiendas parciales al articulado.
Termino ya, señora presidenta, señorías. Sí a la finalidad, sí a la necesidad de esa regulación de una ley de transparencia, sí a que se acote, a que se delimite esa regulación a la Administración General del Estado; pero dejemos que cada
comunidad autónoma, que cada parlamento, que tiene esa potestad de autoorganizarse, pueda regularlo en su respectivo ámbito competencial. Por tanto, como compartimos plenamente el objetivo pero discrepamos absolutamente de su ámbito de aplicación,
hoy, que es un debate inicial, una toma en consideración, nuestro grupo se va a abstener. Nuestro grupo se va a abstener, no porque vayamos a coincidir ni un ápice en lo que es ese ámbito de aplicación, pero sí porque compartimos esa necesidad de
que cuanto antes se regule esa normativa sobre transparencia para el ámbito de la Administración General del Estado en estas Cortes Generales. Pedimos también al grupo mayoritario, que tiene la responsabilidad de gobierno, que cuanto antes presente
ese proyecto de ley, que se pueda tramitar y que se haga en todo caso respetando la máxima transparencia, que es garantía en democracia, pero respetando también las competencias autonómicas en este ámbito.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, subo a la tribuna en este trámite de fijación de la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto de la proposición de ley que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista. Ciertamente la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, del grupo proponente, ha reconocido, como no podía ser de otra manera, que esta proposición de ley viene tarde. Efectivamente viene tarde, tiene un retraso
de ocho años, porque la proposición de ley se presentó el 27 de diciembre de 2011, una vez que ya se habían celebrado las elecciones y el Partido Socialista ya no estaba al frente del Gobierno. Por lo tanto, la primera consideración que tengo que
hacer es que si hubiese habido una voluntad de verdad del Grupo Socialista o del Partido Socialista de llevar adelante un proyecto de ley de transparencia, de derecho a la información, han tenido ocho años para poder hacerlo. Esta proposición de
ley es la misma que se aprobó a finales de julio del año 2011 y lógicamente ya se sabía que no iba a tener entrada en la Cámara y que no iba a poder ni siquiera debatirse. Si el Partido Socialista hubiera querido de verdad trabajar en favor del
derecho a la transparencia y del derecho a la información, fácilmente hubiera tenido la ocasión a través de diversas iniciativas que se habían presentado en esta Cámara por distintos grupos, y señaladamente por el Grupo Popular, como fue una
proposición de ley de mejora de la transparencia en la información de la ejecución de la inversión en el sector público o, más amplia, de la proposición de ley de transparencia y de acceso a la información pública y buen gobierno, o las múltiples
mociones o proposiciones de ley que se fueron presentando a lo largo de toda la legislatura anterior.
Esta proposición de ley, en el fondo, no hace más que reproducir parcialmente alguna de aquellas iniciativas y ni siquiera tiene un concepto global de lo que es la transparencia y el derecho a la información. Realmente de lo que trata más
en profundidad -por eso digo que es un aspecto o reproducción parcial de otras iniciativas- es del derecho a la información, pero deja fuera todo lo que es el ámbito de la transparencia y, lo que es más importante, también deja fuera todo lo que es
el buen gobierno. Por eso, cuando se hacía alusión a la iniciativa Obama-Rousseff, presentada en Nueva York en julio de 2010, en el fondo aquellas exigencias que se manifestaban por la portavoz del Grupo Socialista están muy bien como información,
pero eso no se ve recogido después en la propia proposición de ley, pues nada dice sobre prácticas de buen gobierno, nada dice respecto de un gobierno abierto, nada dice sobre exigencias de responsabilidad, nada dice sobre la evaluación externa y la
aceptación de esa evaluación externa. En definitiva, señorías, esta es una iniciativa que me atrevo a calificar de curiosa puesto que se presenta cuando ya ha agotado su mandato el Partido Socialista y cuando ya el Partido Popular ha anunciado
-tanto por las manifestaciones hechas por el presidente del Gobierno actual en el discurso de investidura, como por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia en su primera comparecencia en el mes de enero en la Comisión
Constitucional y después en el Senado- que una de las prioridades del Gobierno sería traer a la Cámara en los primeros meses del año 2012 ese proyecto de ley de transparencia, de derecho al acceso a la información y del buen gobierno. Hay una
cierta oportunidad, si me apuran ustedes, de querer arrogarse la bandera de la iniciativa de esta materia cuando ya se ha anunciado por el Gobierno y por el Partido Popular lo que iba a ser una de sus prioridades. En ese sentido, nosotros, el Grupo
Parlamentario Popular, vamos a votar en contra de esta iniciativa, primero porque, como acabo de decir, es una iniciativa parcial, que no recoge en profundidad lo que se necesita en estos momentos en materia de transparencia, en materia de derecho a
la información y en materia de buen gobierno, sino que se limita a una parte de esa materia. En segundo lugar, porque cuando ha sido ya anunciado que se va a traer esa iniciativa, además en profundidad, tras un largo periodo y proceso de audiencia
pública, como manifestó la propia vicepresidenta en su comparecencia ante el Senado, no entendemos que haya ni siquiera ocasión de discutir esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista porque estaríamos hurtando de verdad
un debate en profundidad y estaríamos de alguna manera dejando sin respuesta lo
que es un clamor respecto de estos derechos en estos momentos.
Sin entrar en mayores consideraciones, como las que se han establecido hoy aquí, en la tarde, por algunos grupos de la Cámara, fundamentalmente los partidos nacionalistas, lo que a nosotros sí nos preocupa en estos momentos es que esa
proposición de ley, ese proyecto de ley, esa normativa venga con el amplio contenido que debe tener esta ley. Me refiero a la transparencia en sentido activo, y esta ley apenas tiene veladas alusiones a la misma, aspecto que sí recogía, por
ejemplo, la proposición de ley que presentó en su día el Grupo Parlamentario Popular en la anterior legislatura; que delimite bien el derecho de acceso a la información pública, que está limitadamente tratado en esta proposición de ley y, en tercer
lugar, que tenga de verdad un código de buen gobierno y que no sea de alguna manera una reproducción de lo que fue en la pasada legislatura una orden ministerial de un conjunto, de una amalgama de normas que, bajo el pomposo título de código de buen
gobierno, nos presentó el anterior Gobierno. Nos hace falta, por tanto, un buen decálogo de transparencia en sentido activo, una buena regulación del derecho de acceso a la información y, en tercer lugar, un verdadero código de buen gobierno. Esto
no lo tiene la proposición de ley que nos ha presentado el Grupo Socialista, ya digo, de una forma rápida, si me apuran ustedes, con cierta oportunidad y una proposición que venía al hilo de las últimas aprobaciones de anteproyectos del Gobierno
anterior pero a la que falta el sosiego, la profundidad y el meditado estudio que requiere esta materia. Por eso, repito, señora presidenta, nuestro grupo votará en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor García-Tizón.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA A LA DACIÓN EN PAGO Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS INSOLVENTES. (Número de expediente 122/000011).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la dación en pago y la protección de las personas físicas insolventes. Para su presentación
tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente la proposición de ley que traemos aquí tiene que ver con lo que se llama la dación en pago, para resolver el problema de las ejecuciones hipotecarias, que ha sido causado básicamente por la crisis económica y por el gran número
de situaciones de insolvencia sobrevenida ocurridas a muchas personas, a muchas familias, no solamente especuladores o personas ingenuas que han pedido créditos fuera de sus posibilidades, sino gente que se ha visto atrapada en la destrucción de
empleo, en la destrucción de sus rentas y que a día de hoy se encuentran con hipotecas que en su momento eran proporcionadas y estaban dentro de las posibilidades de lo que podían asumir pero que hoy ya no.
Me gustaría subrayar como una cuestión previa que esto que estamos tratando y que es una cuestión de la mayor importancia social, política y jurídica no es para nosotros una cuestión de derechas y de izquierdas como tantas veces hemos oído
en esta Cámara. Verlo así sería una especie de manifestación de una patología, en fin, de tipo espacial-ideológico que consistiría en ver solo derechas e izquierdas y no saber que hay delante, detrás, arriba, abajo, etcétera, y que para lo que
estamos aquí todos los presentes es para resolver los problemas de la gente y no crear nuevos. Esa es la intención que nos anima a presentar esta proposición de ley, que es una proposición de ley muy pensada por sus consecuencias jurídicas, por qué
tipo de cuestiones legales quedan afectadas y cómo creemos que se podrían solventar con rapidez justamente de cara a cortar, a atajar lo que se está convirtiendo en un drama, que además puede tener consecuencias sociales serias, las consecuencias de
la morosidad en un país donde hasta ahora -también una vez más y en otro campo jurídico importante- ha habido una absoluta pereza legislativa y tenemos una legislación que de alguna manera está siendo arrollada por la nueva realidad -dramática
realidad- que está imponiendo la crisis.
Por tanto, lo que nosotros proponemos es una ley que resuelva la cuestión de la llamada dación en pago desde el punto de vista de la perspectiva concursal. Es decir, de las diferentes formas en que jurídicamente se podría abordar esto, lo
que proponemos es sobre todo una modificación de la Ley Concursal, pero también de otras leyes como por ejemplo de la Ley Hipotecaria, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de otras leyes
asociadas con esta última. Como tienen el detalle en la proposición de ley, no voy a extenderme en estas cuestiones jurídicas sino más bien en los objetivos que persigue y en las cuestiones de fondo. Lo que nos parece esencial es precisamente
acabar con el principio de responsabilidad ilimitada, que está en la inmensa mayoría de las hipotecas que han sido concedidas por entidades financieras en España. Y acabar con este principio de responsabilidad ilimitada en dos sentidos. En primer
lugar, para evitar condenar a los deudores al ostracismo económico y financiero, algo que es consecuencia de ese principio puesto que, como es sabido, una vez que alguien contrae una deuda hipotecaria puede ser perseguido por esa deuda durante toda
la vida, llevándonos a situaciones dignas de aquellas novelas de Dickens donde la gente acababa encarcelada por sus deudas, por lo cual evidentemente jamás podían saldar su deuda puesto que estaban
encarcelados, no podían trabajar y no podían desarrollar su autonomía económica. Hoy en día, sin que tengamos leyes de pobres como aquellas de la Inglaterra victoriana que llevaban a tan chuscas situaciones, sí se puede afirmar que la
situación que está prevista en la legislación ordinaria no solamente va a privar a muchas familias endeudadas de su vivienda, sino que además les va a privar de la posibilidad de iniciar una nueva vida económica. Por cierto, esto introduce una
discriminación dificilísima de justificar -yo creo que imposible- entre el trato que se reserva a las empresas cuando hacen un concurso de acreedores y el trato que se reserva a los particulares endeudados, a los que no se permite esa opción y, como
digo, por vía legal se les persigue hasta la extinción de la deuda o, como es más fácil, hasta su propia extinción como deudores, en este caso prácticamente física.
De manera que perseguimos dos objetivos fundamentales. Por una parte, como digo, evitar esta condena eterna a la situación de deudor y, por otra parte, evitar desestabilizar a las entidades financieras, al sistema financiero con lo que
sería una opción, vamos a decir que ideológicamente golosa y atractiva, como sería imponer la retroactividad universal de las hipotecas; mejor dicho, suspender el principio de seguridad jurídica e imponer retroactivamente la dación en pago
obligatoria para cualquier tipo de situación bancaria. Esta tampoco es la situación, porque se trata de que tampoco nuestro sistema financiero se vea arrastrado por sus propios errores. Aunque por supuesto no voy a ser yo quien haga una apología
de su manera de entender el negocio inmobiliario hipotecario, lo que está claro es que se trata de sanear ese sistema, de someterlo a control público y a una legislación eficaz y eficiente. ¿Qué proponemos, por tanto, para este asunto? Proponemos
un sistema que en otros países como Estados Unidos y otros Estados europeos se conoce como fresh start, que podríamos traducir como reencendido, como puesta en marcha, y que consiste básicamente en que un deudor a la hora de llegar a la ejecución
hipotecaria pueda recurrir a la autoridad judicial para que esa autoridad judicial, en primer lugar, ponga en marcha un convenio entre el acreedor y los deudores, y, en su caso, si ese convenio entre acreedor y deudores no tuviera éxito o fuera
impugnado durante el procedimiento, dé lugar también a un concurso de acreedores. En cualquier caso, el juez tendría autoridad para dar por exonerado el pago del resto de la deuda y para resolver que con la entrega de la finca la deuda pendiente
con la entidad financiera quedara resuelta, no en todos los casos, porque efectivamente puede haber conductas fraudulentas y abusos. Se trata -ese es el objetivo de nuestra proposición de reforma legislativa- de proteger a aquellos que se han visto
atrapados por la crisis económica en una situación de insolvencia sobrevenida, no esperada, en principio sorprendente. Y, en cambio, se trata de no proteger a aquel sector de la población que, animado por la propia dinámica de la burbuja
inmobiliaria, iniciaron una inversión que en muchos casos ha sido una inversión fallida, lo que otros llaman especulación. Se trata, por tanto, de dar garantías también de que aquellos que se beneficien de este cambio legal son personas que han
dejado de estar en condiciones de hacer frente al cien por cien de su deuda con sus recursos habituales, los que les son necesarios para desarrollar una vida autónoma. Para facilitar este tipo de proceso legal se propone en esta proposición de ley
la instauración de una mediación notarial, con el fin de facilitar un sistema rápido para la insolvencia, es decir, para llegar a un acuerdo entre los acreedores y los deudores, y una serie de reformas de tipo legislativo para tratar de eliminar
ciertas malas prácticas bancarias, que no es que fueran ilegales -la ley las permitía- pero que han dado lugar a una situación de abuso generalizado, además sumamente impopular, como no podía ser de otra manera. Por ejemplo, proponemos incrementar
al 70% de la tasación escriturada de la finca el valor por el que el acreedor pueda adjudicarse la finca, si no hay otros postores; es decir, que en ningún caso la entidad financiera se pueda quedar con una casa que estaba hipotecada por un precio
que sea inferior al 70% de la tasación escriturada. Está habiendo en este sentido muchísimos abusos y estamos encontrándonos con unas prácticas especulativas particularmente perversas, que consisten en que la entidad financiera se queda con una
casa por un valor muy inferior al que estaba estipulado en la escritura amparándose precisamente en la falta de otros postores, en la falta de interés del mercado. Para garantizar que esto no va a ocurrir y para facilitar y estimular que haya
subastas limpias, concursos de acreedores limpios y convenios de acreedores limpios, se trata de poner un límite inferior a la tasación de esa vivienda a la hora de la ejecución hipotecaria. También proponemos que cuando el deudor ponga su casa, su
finca, voluntariamente a disposición de la entidad financiera, para estimular la negociación y que no se eternice se interrumpan los intereses de demora y haya además una pequeña quita automática de hasta el 2% del valor de la tasación. Es decir,
proponemos facilitar, estimular y premiar a aquellos acreedores que están dispuestos a hacer un acuerdo limpio con las entidades acreedoras. Entre otras reformas que proponemos, me parece fundamental limitar los intereses de mora, y hacemos la
propuesta concreta de que estos intereses de mora no superen en 6 puntos al tipo fijo o al de referencia al que se suscribió la hipoteca.
Finalmente, el cambio legal quizá más importante, porque esto vendría a normalizar como un sistema habitual las hipotecas de responsabilidad limitada, es decir, lo que popularmente se conoce como dación en pago, es que la propia ley exija a
las entidades financieras que ofrezcan hipotecas de responsabilidad limitada y que la responsabilidad limitada sea lo normal, salvo en caso de un acuerdo expreso por parte del deudor respecto al acreedor. En caso de que ese acuerdo expreso no
exista, se deberá entender que la hipoteca será siempre de responsabilidad limitada y que, por tanto, contempla la
dación en pago como una salida normal a la ejecución hipotecaria en caso de impago.
Nos parece también fundamental otra mejora que tendría que ver con exonerar al deudor de algo que actualmente ocurre -que es bastante asombroso-, que es la obligación de tributar por incremento de IRPF en el caso de que consiga que la
ejecución hipotecaria acabe con que la entidad financiera se quede con la propiedad de su finca. Evidentemente, cuando alguien entrega su casa porque no puede pagar una deuda, no hay ningún incremento del patrimonio, lo que hay son ganancias
inexistentes, lo que hay son pérdidas. Por tanto, debemos legislar para exonerar al deudor en estas situaciones.
Consideramos también que esta ley es un primer paso y que va a haber que desarrollar en dos sentidos. En primer lugar, va a hacer falta desarrollar una ley de crédito responsable, ligada a la Ley de Economía Sostenible, vinculando a su
cumplimiento o incumplimiento la dación en pago forzosa. Es decir, en caso de que haya un abuso por parte de las entidades financieras en su relación crediticia con los deudores, lo que proponemos es que esa ley de crédito responsable resuelva la
situación siempre a favor del consumidor si ha habido fraude de ley o si ha habido un incumplimiento de esta ley de crédito responsable por parte de la entidad financiera. Con esto, evidentemente, perseguimos acabar con la práctica que tanto daño
ha hecho de ofrecer créditos disparatados, no sostenibles, a personas insolventes sobre la base de un beneficio especulativo al final. Es un hecho -quizá difícil de admitir, pero más difícil aún de negar- que determinadas entidades financieras han
conseguido hacer un negocio de las ejecuciones hipotecarias, es decir, de la morosidad. Evidentemente, esto no es tolerable. En segundo lugar, hay que desarrollar además las políticas de transparencia también en este campo. Antes hemos hablado de
ellas y uno de los campos donde desde luego se hace más urgente es precisamente el del mercado hipotecario porque afecta a muchísimas personas y por el enorme peso económico que tiene en el conjunto de la economía.
Nos gustaría llamar la atención sobre un fenómeno que sin duda está en la base del problema de la dación en pago y también de lo que ha inspirado al Gobierno en su decisión del Consejo de Ministros para proponer no una ley, sino un código de
buenas prácticas de adhesión voluntaria, y es el siguiente: el fenómeno de la titulación de hipotecas a terceros. La situación actual es que muchísimos acreedores hipotecarios en España sencillamente no saben quién es en la actualidad el que posee
su hipoteca, porque su banco se la ha vendido a su vez a alguien, que puede ser cualquier otra entidad financiera internacional. No es posible sostener -porque sería una ficción verdaderamente ridícula y reírse de la gente- que existe una igualdad
de trato y una relación de igual a igual entre sujeto contratante y entidad crediticia si resulta que ni siquiera uno sabe cuál es la entidad crediticia a la que adeuda el dinero. En este sentido, vamos a proponer también modificaciones de la Ley
de protección de datos tanto para que las entidades financieras no puedan ampararse en la ignorancia de a quién le estaban prestando crédito, en el sentido de si eran personas solventes o no, como en el sentido de que sea público y notorio, en
cualquier caso, quién es el titular de una hipoteca que una persona ha suscrito.
Acabo con esto. Creo que es una proposición de ley sencilla, pero también bien trabajada. Yo no soy jurista, pero por eso lo digo, porque cuando una ley solo la entienden los juristas es un indicio seguro de que no es una buena ley.
Nosotros lo que proponemos es una modificación de las leyes concursal, hipotecaria, de enjuiciamiento civil, de impuesto sobre la renta de las personas físicas y, como consecuencia de esta última modificación y colgando de estas, de las leyes de
impuesto sobre sociedades, renta de los no residentes y sobre el patrimonio. Esta es la ley que proponemos a su consideración. Como les decía antes, considero que nuestra obligación es resolver los problemas de la gente y no aumentarlos y sería
incomprensible que, si no es esta ley -que, por supuesto, espero que sea esta-, no haya otra que rápidamente solucione lo que es un drama causado en gran parte por la indolencia legislativa de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez.
Para fijar posición, por el Grupo Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gorriarán, no sé cómo terminará esta votación hoy aquí, pero en principio siempre que viene este tema al Parlamento vemos cuál es el resultado. El resultado del último día que se discutió fue realmente demoledor, descorazonador.
Votaron a favor 36 personas, 36 diputados y diputadas; en contra, 181 y abstenciones, 118. Una vez más, volvió a demostrarse quién manda en este país: el dinero, los bancos. El PP volvió a defender los intereses de los poderosos y se puso de
espaldas a los débiles, a los que han perdido su trabajo y ahora no pueden pagar la hipoteca porque han de dedicar lo poco que tienen a comer, a mantener a su familia; se puso de espaldas a los que pierden sus casas, lo que ya habían pagado por
ella y además se quedan endeudados con sus bancos, que les dijeron que su casa valía el doble de lo que vale ahora. Y, mientras el PP se puso de espaldas, el PSOE se puso de perfil, como si esos problemas no fuera con ellos.
El ministro nos presentó el otro día su real decreto en el que habla de código ético y de buenas prácticas. Los valencianos decimos: fum de borratja, es decir, agua de borrajas, humo. Porque el real decreto lo dice muy claro: los bancos
podrán adherirse, voluntariamente podrán adherirse. Hago presente una cita de Nicolás Maquiavelo: No puede haber grandes dificultades donde abunda
la buena voluntad. El problema es que ya sabemos cuál es la voluntad de los bancos y de sus representantes aquí, la voluntad de los bancos no es precisamente ayudar a las personas, ya se lo dijeron hace unos días al señor ministro: esa no
era su obligación; la voluntad de los bancos es ganar más dinero cada año, mucho más.
Y ahora entremos en el código de buenas prácticas o, lo que es lo mismo, una auténtica carrera de obstáculos, porque cada requisito que se impone para acceder a la dación en pago es una traba al ciudadano, una auténtica carrera de
obstáculos. Cuando superas los cinco obstáculos: que estén todos en paro, que no trabaje nadie, una cuota hipotecaria..., en definitiva, cinco obstáculos, luego vienen tres obstáculos más, o sea, facilito y asequible. Ahí disentimos de su
propuesta, porque usted habla de que no haya retroactividad. Con eso no estamos solucionando el problema de millones de personas, de esos más de 300.000 desahucios que se han producido en esta crisis. ¿Qué les decimos a esas 160.000 familias en
proceso de ejecución que estaban esperando estas buenas prácticas? Que se aguanten, que se aparten, que ese es su problema.
Quiero terminar reiterando mi promesa y la de mi Grupo Compromís-Equo de estar al lado de las plataformas de los afectados por las hipotecas -creo que esa es la solución-, de ayudar a recoger el sentir de la gente, de ayudar a recoger firmas
para que una iniciativa legislativa popular apoyada por cientos de miles de personas se discuta de nuevo en esta Cámara y se discuta apoyada por esas firmas, por esas voluntades de los ciudadanos. Quiero comprobar una vez más cuál es la disposición
de los partidos mayoritarios para resolver de una vez por todas este drama que afecta a miles de familias. Entendemos que su propuesta va en el sentido de solucionar muchos problemas, pero la dación en pago se tiene que dar conforme a como lo están
planteando ahora las plataformas hipotecarias.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Señorías, ya hace muchos años los banqueros, cambistas que hacían negocio en las plazas públicas tenían que jugar a no engañar a sus clientes. Si lo hacían, los magistrados rompían las bancas donde hacían sus negocios. De ahí viene el
término bancarrota. La mala fe de los banqueros era la que provocaba su bancarrota, la mala fe. Pero aquellos tiempos en que la Iglesia consideraba que la lucha por los intereses sobre un préstamo era pecado de usura ya han desaparecido y hoy los
banqueros están absueltos de todo ello y además se abrazan a magistrados y a gobiernos, recuerden el famoso abrazo del señor Botín con el señor Zapatero. De ahí el lamentable e indignante caso de las pólizas preferenciales, comercializadas por
entidades de crédito que han sumido en la desesperanza a miles de personas que no pueden disponer de sus ahorros en estos momentos tan graves o bien arruinados de por vida, como es el caso que hoy nos ocupa, un caso de pérdida de vivienda y de ruina
de por vida ante la imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca.
Después de tantas reivindicaciones, de tantas luchas, de tantos desahucios, el Gobierno se despacha con un real decreto que pretende una dación en pago basada en la buena fe de los bancos, lo cual nos provoca una gran carcajada. La buena fe
de los bancos es un oxímoron, una contradicción en sus términos, no puede ser, no se entiende. La dación en pago debe ser, en justicia, una obligación legal. Si no es una obligación legal, no lo entendemos. Si el Estado intervino rápido y de
forma eficaz para saldar la demanda de los bancos y evitar su bancarrota, ¿por qué se lava las manos? Porque el contenido del Real Decreto 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, es un lavarse las manos.
Por eso hoy nosotros vamos a apoyar esta proposición de ley de UPyD, como también apoyamos la buena iniciativa parlamentaria, muy bien defendida por el diputado catalán de Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Coscubiela, de la misma manera que en la
pasada legislatura el Grupo de Izquierda Unida-Esquerra Republicana de Catalunya presentó también distintas iniciativas parlamentarias, es decir, apoyamos todo aquello que sirva para romper el muro y para hacer un boquete en la muralla de esta
incomprensión de los partidos políticos mayoritarios.
Es verdad que sin la presión popular, sin la presión parlamentaria de los grupos que nos hemos mojado de verdad y, sobre todo, sin la presencia en la calle de la ciudadanía, posiblemente el Partido Popular no se hubiera activado lo poco que
se ha activado como tampoco se activó el Gobierno socialista. De ahí que debemos mantener la reivindicación a la espera de la llegada de la iniciativa legislativa popular, para la cual se está procediendo a la recogida de firmas, y mantenernos
vigilantes con el desarrollo reglamentario del real decreto, que creo que existe un plazo de seis meses para que el Gobierno desarrolle esta iniciativa aprobada en Consejo de Ministros hace pocos días. Repito, a nuestro entender, es un engaño
porque al final los bancos, una vez capacitados para atender solo en casos de viviendas de escaso valor o limitando el universo de los beneficiarios a los situados en el umbral de la pobreza, solo acabarán aceptando la dación de aquellos casos en
los que el capital pendiente sea inferior al precio del piso o de la vivienda.
Votaremos a favor de la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia ha presentado y nos instamos a ejercer la máxima presión para romper -repito- esta muralla. De hecho, nos encontramos con otra razón para
salir a la calle el día 29.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Gorriarán, la verdad es que se está produciendo en este debate un cierto efecto paradójico consistente en lo siguiente. La proposición de ley que usted ha presentado es una iniciativa muy depurada jurídicamente y muy bien
estructurada, pero lo que pasa es que usted no ha hecho ninguna reflexión del derecho positivo de naturaleza jurídica. Se ha referido a Dickens, ha hecho unas reflexiones de naturaleza general, otros portavoces se han dedicado a estigmatizar a la
banca. En fin, es un proceso un tanto recurrente y, en mi opinión, a veces superficial sobre un problema que es jurídicamente muy complejo de solucionar.
Señor Gorriarán, usted que tiene una gran capacidad de estudio -usted y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo-, además de leer a los autores que ha citado, no sería malo que de vez en cuando se dedique a leer alguna de las obras de
Savigny o de Napoleón, padre de los códigos con los que todos convivimos, o incluso de Platón, usted que es filósofo, que ya se refirió en La República al contrato de préstamo. El contrato de préstamo tiene una fundamentación ontológica que no ha
sido discutida tradicionalmente por nadie, que consiste en las prestaciones o en las contraprestaciones, siendo un contrato bilateral conmutativo, en la reintegración de la totalidad del patrimonio de lo prestado al prestatario por el prestador,
obviamente. Sin embargo, ustedes tienen razón en lo que dicen en buena parte, en otra parte no. Su proposición tiene deficiencias, que no son de imposible regeneración en un debate parlamentario y por eso vamos a votar que sí a la toma en
consideración de su tramitación, y tiene también aspectos que no tenemos ninguna reserva mental en calificar de particularmente positivos, incluso más positivos que algunos de los anuncios que nos han hecho recientemente respecto a cómo solucionar
este vidrioso problema.
Las deficiencias hacen referencia, primero, a un planteamiento un tanto reduccionista, que es vincular al derecho concursal -un derecho particularmente complejo- la resolución del problema de la dación en pago. En primer lugar, ustedes
establecen -se lo digo yo y esta es la paradoja que quería comentarle, porque tengo que argumentar jurídicamente lo que usted no ha hecho; le digo yo lo que ustedes dicen y usted debería haber defendido, pero ya se lo defiendo yo, no se apure,
seguramente que con menos eficiencia o menos conocimiento que usted- una especie de preconcurso de carácter notarial o bajo la dirección de un notario sin garantía de inclusión de todos los acreedores. No sé si ustedes han contactado con los
colegios notariales para que los notarios asuman esta función. Me da la impresión de que no, porque yo sí he hablado con el presidente del colegio notarial español, don Manuel López Pardiñas, y me ha dicho que ustedes no han contactado con él a
efectos de asumir una función de naturaleza jurídico-pública, como la que ustedes pretenden endosarles. En este procedimiento preconcursal que ustedes atribuyen al notario -últimamente, a los notarios, a falta de otro tipo de actividades que están
en decadencia por mor de la crisis económica, se las están incrementando mediante la incorporación de otras competencias como esta, la posibilidad de celebración de matrimonios y otras-, en esta situación preconcursal bajo la dirección de un
notario, queda en libertad para los acreedores y deudores en principio, salvo mejor pormenorización de su proposición de ley, la incorporación al convenio concursal, sin poder impugnar el convenio los que no estén incorporados al convenio concursal,
de modo que quedan en mejor condición los acreedores excluidos que los incluidos en el convenio concursal.
En un convenio concursal -usted en la legislatura pasada no fue diputado y no tuvo la oportunidad de debatir la Ley Concursal, una ley particularmente compleja- no se pueden segmentar los sujetos de un concurso de acreedores. Los sujetos de
un concurso de acreedores se caracterizan por su carácter homogéneo y por la igualdad de obligaciones y derechos que asumen los unos y los otros. La segmentación en un concurso de acreedores o de deudores de diferente condición, o de diferente
condición jurídica, es un problema sobre el que ya le advierto -no le voy a decir que no acepte la toma en consideración de su proposición, pero tengan cuidado con esto- que afecta a uno de los principios fundamentales del derecho concursal, tal
como la legislatura pasada la Ley Concursal se concibió.
Por otra parte, ustedes establecen una particularmente errática e inconexa regulación mediante la interacción de estos preceptos de los apartados cuarto y quinto del artículo 1, que suponen una especie de jeroglífico que provee una
dificultad de interpretación, una exigencia hermenéutica muy fina para saber comprender exactamente qué es lo que ustedes pretenden o preconizan en este ámbito. Cuando ustedes establecen que en el caso de concurso fortuito -concepto también
extravagante al derecho concursal- se puede acordar la limitación temporal de la responsabilidad genérica al único precepto que usted ha citado, el 1911 del Código Civil, de modo sorprendente a continuación se establece que el juez que resuelve el
concurso determinará que, transcurrido un plazo que no podrá ser inferior a tres años ni superior a cinco, el deudor quedará exonerado de la obligación de pagar el pasivo concursal que permanezca insatisfecho. ¿Qué está diciendo usted?
Seguramente, ni usted lo sabe, pero yo se lo explico: que queda exonerado de la satisfacción de este pasivo aquel bien inmueble objeto de una garantía hipotecaria. Se lo explico; una contraprestación, a efectos de ilustración de su señoría.
En el apartado quinto se señala que la solicitud del deudor debe hacerse antes de la aprobación judicial del informe de la Administración concursal. Es un momento
procesal manifiestamente inoportuno si atendemos a los requerimientos del derecho procesal. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía no se sabe ni el activo ni el pasivo del concurso ni si los interventores van a proponer una u otra
calificación, es decir, si se trata de un concurso fortuito o de un concurso no fortuito -creo que usted va siguiendo lo que le quiero decir en esta disertación; me da la impresión de que sí, aunque no sin algunas reservas mentales-, concluyendo
que tampoco podrá decretarse la exoneración del pasivo cuando la insolvencia se haya producido por circunstancias previsibles y evitables. ¿Cuál es el problema en este ámbito del argumentario de su proposición? El problema es el siguiente: parece
difícil, señor Gorriarán, que sea declarado fortuito un concurso si la insolvencia se ha producido por circunstancias previsibles o evitables. El otro problema de naturaleza jurídico-procesal no sustantiva es que el plazo de tres o cinco años, que
ustedes establecen en su proposición de ley para reclamar, supera ampliamente las acciones personales, que tienen un plazo de caducidad de prescripción siempre inferior a los tres o cinco años. Ya sé que el que está a su izquierda entiende mucho
mejor que usted lo que le estoy diciendo, pero no son problemas irrelevantes los que les estoy comentando. Desde esta perspectiva, le invito a que usted valore estas disfunciones que llevan a una pérdida de potencia de las previsiones
bienintencionadas -y seguramente también razonables en su conceptuación troncal- de esta proposición de ley que ustedes presentan con un gran sentido de la oportunidad.
¿Cuál es la parte más positiva de lo que ustedes preconizan? Se lo voy a decir con sinceridad. Estoy absolutamente de acuerdo con ustedes en que los intereses moratorios no pueden superar en seis puntos los intereses convenidos en el
contrato de hipoteca. A nuestro grupo parlamentario siempre le ha parecido un abuso ese incremento de los intereses moratorios en tanto en cuanto la ejecución de la hipoteca es muy fácil en el tiempo inmediato con los mecanismos jurídicos de los
que disponen los acreedores -en este caso sí hay que citar a los bancos e instituciones de crédito- para ejecutar las hipotecas. Nos parece muy razonable también y es un requerimiento de justicia social elemental que el valor de tasación no sea
inferior al 70% del valor del inmueble para evitar lo que constituye una verdadera actuación de rapiña: la recuperación de inmuebles por valores de tasación inferiores al 70% cuando todos sabemos históricamente cómo y en qué condiciones han sido
concedidos este tipo de créditos. Incluso le voy a decir más. Nos parece hasta razonable ese plazo de diez días en que ustedes de forma convencional atribuyen a la entidad acreedora la posibilidad de administrar el bien inmueble sin la presencia
en dicho bien inmueble del deudor del crédito hipotecario. Evidentemente, ustedes tienen razón cuando afirman que el desahucio es tan complejo con nuestra normativa que esto automáticamente reduciría espectacularmente el precio de recuperación o
reubicación del bien en el mercado de la vivienda. También en este plazo de diez días, mediante ese sistema un tanto alambicado que ustedes establecen por el cual la administración de ese bien se hará con cargo a las rentas del bien respecto al
cual el depósito se concede a la entidad acreedora...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene usted que acabar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya.
Decía que así la persona que cede, el deudor que cede el inmueble a esa persona para que pueda ser visitado por posibles compradores o postores, en el caso o supuesto de una subasta, durante esos diez días sea beneficiado por una quita del
2% y la supresión de los intereses de mora.
Explicado todo esto, señor Gorriarán, para que usted entienda lo que mi grupo parlamentario sucintamente quiere afirmar, nos parece que su propuesta está en términos jurídicos bien articulada, responde a requerimientos de justicia social
elementales, pero no está falta de carencias, sobre todo en lo atinente a la parte concursal o los aspectos concursales que ustedes han proclamado de forma manifiestamente contradictoria con la Ley Concursal que acabamos de aprobar en la anterior
legislatura. Entre todos seguramente podremos arreglar esta cuestión. Esta es una buena iniciativa para entre todos poder solucionar un problema de justicia social que está dejando en una situación de verdadera precariedad social, económica y
humana a miles de habitantes, a miles de conciudadanos. Desde esa perspectiva, esto hay que intentar hilvanarlo y consensuarlo con otras iniciativas que va a presentar el Gobierno, así como con otras iniciativas que sé que obran en otros grupos
parlamentarios. Vamos a ver si entre todos en el ámbito de la dación en pago podemos llegar a una situación de justicia, aunque resultaría un metafísico imposible utilizando las locuciones que a ustedes, los filósofos, les gusta utilizar, pero nos
podría...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene usted que acabar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Señor presidente, señorías, vamos al grano. Nuestro grupo va a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley presentada hoy por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia. Por
supuesto, y es obvio, esto no significa una plena conformidad con todo su contenido, pero sí nuestra consideración favorable a la oportunidad de que la Cámara trate de nuevo esta cuestión. Hay alguna discrepancia, sin duda, especialmente en la
exposición de motivos, y no le vamos a tener en cuenta, señor Martínez, su introducción previa desde esta Cámara en esa relación que usted hace de no hay izquierdas y no hay derechas. Yo no sé si hay izquierdas o derechas para usted, pero
lo que sí es evidente es que en el tema de la dación en pago hay gente que está a favor de proteger el derecho de los bancos, hay gente que está a favor de proteger el derecho de las personas desahuciadas, hay gente para la que lo más importante es
el derecho a la propiedad sin ningún tipo de límites, incluso en contra de la Constitución, que exige que el derecho a la propiedad se ejerza atendiendo a su función social, y hay gente que piensa como nosotros, y seguro que usted también, que es
muy importante el derecho a la vivienda y que esa vivienda nunca puede ser considerada como en estos momento se está considerando en este país, un mero producto financiero. Pero eso es una digresión.
El único problema es que me ha tocado usted una especie de timbre, cada vez que oigo a alguien decir que no hay izquierdas y derechas me pongo en alerta, porque no digo que sea su caso, pero casi siempre es de derechas. Es como aquel que
dice que no hay lucha de clases, que no hay conflicto social, y el que dice eso está intentando llevarse toda la parte del beneficio a su huerto. Perdone esa digresión, pero que conste que no va a modificar en absoluto nuestra posición inicial
favorable a la toma en consideración. Lo hacemos llamando la atención de esta Cámara sobre una cuestión; no han pasado ni dos meses desde el inicio de las sesiones y ya es la tercera vez que esta Cámara discute sobre el tema de las personas en
situación de sobreendeudamiento, de insolvencia, sobre la dación en pago. Se hizo en su momento con la moción consecuencia de interpelación que presentó nuestro grupo, se está haciendo ahora con la proposición de ley que ustedes presentan, y mucho
me temo que si el Partido Popular no adopta una posición distinta y no entiende que es imprescindible abordar el problema de fondo, vamos a continuar discutiendo muchas más veces sobre esta problemática. La realidad es tozuda, y la realidad es que
-y lo va a expresar muy pronto la iniciativa legislativa popular que se va a presentar en esta Cámara, seguro que con centenares de miles de firmas- en estos momentos la situación de drama humano es insostenible, de desequilibrio jurídico, social y
de todo tipo que se está produciendo en la relación entre entidades financieras y personas que son embargadas porque no pueden asumir la hipoteca que en su momento firmaron, y que como consecuencia de eso no solo pierden el derecho a la vivienda,
sino que se ven en muchos casos embargadas por todos sus bienes presentes y futuros, y no solo tienen hipotecada su vivienda, sino incluso su futuro, su vida y la de sus familias.
Por eso nos parece bien que ustedes de nuevo hayan traído este debate hasta la Cámara. Especialmente eso tiene una mayor significación después de que estemos comprobando cómo el Gobierno está optando, a nuestro juicio, por la peor de las
actitudes en este tema. Somos conscientes, el tema no es fácil en términos jurídicos. Tampoco lo es en términos económicos. Cualquier decisión tiene repercusiones importantes, pero como dice el Gobierno con relación a la reforma laboral no nos
podemos quedar cruzados de brazos, lo importante es que se haga algo, porque mientras ya son 300.000 familias las que en estos momentos se están viendo afectadas de manera muy cruda por una realidad que el Gobierno parece que no está dispuesto a
afrontar. Lo que es peor y creo que más duro para esas personas que comprobar que el Gobierno, y el Partido Popular que le sustenta, no están dispuestos a abordar el problema de fondo es que encima se estén generando falsas expectativas con falsas
soluciones.
Creo sinceramente que lo que ha ocurrido la semana pasada debería ser objeto de una llamada a la atención de cómo no puede tratarse la dignidad de los ciudadanos de este país. No puede el jueves filtrarse de manera interesada un debate del
Consejo de Ministros haciendo creer a los ciudadanos que se les va a resolver su problema, no puede el viernes continuar contaminándose comunicativamente a la ciudadanía haciéndoles ver que lo que se va a aprobar en Consejo de Ministros es una cosa,
cuando no es así, y a pesar de que el sábado de manera reiterada, como sucede todas las semanas que el Consejo de Ministros se reúne, el 'Boletín Oficial del Estado' desmiente las filtraciones del jueves y del viernes, a pesar de eso, el titular ya
está hecho, la contaminación y el engaño a los ciudadanos ya están ahí, y luego ¿quién lo viene a resolver en términos de generación de falsas expectativas? Eso fue lo que sucedió esta semana y esa es la gravedad. Hay familias que están en una
situación muy dramática, y es muy difícil resolver ese problema, pero lo que no se puede hacer, además de no resolvérselo, es engañarlos de manera permanente. Lo hizo el señor De Guindos cuando respondió a nuestra interpelación, lo hizo después el
Grupo Popular cuando respondió a nuestra moción, y lo ha hecho de nuevo con el Real Decreto-ley 6/2012.
He tenido la oportunidad de analizar este real decreto, y no voy a ponerme al nivel -no puedo- de Emilio Olabarría, pero les puedo asegurar que no solo jurídicamente, sino desde una perspectiva política, es algo más que un engaño. Plantean
que son beneficiarios de la supuesta dación en pago todas aquellas personas que reúnen unos requisitos que se califican como de umbral de la exclusión, cuando de hecho las características y las condiciones que se imponen a esas familias no son las
de umbral de la exclusión, sino las del corazón de las tinieblas. ¿Están en esa situación? ¿Se han dado ustedes cuenta, señores del Gobierno y señores del Partido Popular, de lo que significa exigir que todos los miembros de una familia estén en
desempleo, no tengan ingresos de ningún tipo, que además la cuota hipotecaria que tengan que pagar supere el 60% de sus ingresos, que además si tienen avalistas también estos se encuentren en las mismas condiciones que el deudor principal, que
además de todo ello tengan que acreditar unos cuantos requisitos más, y que cuando los tienen todos cumplimentados tengan que esperar a saber si la entidad financiera con la que han suscrito su hipoteca ha decidido voluntariamente o no
acogerse al código de buenas prácticas, y después de cumplir ese requisito y de acceder a si su entidad financiera ha firmado o no ese código de buenas prácticas, tengan que ver cómo todos y cada uno de los compromisos que se asumen por esa entidad
financiera del código de buenas prácticas no son obligatorios, como se ha dicho públicamente? En el primer caso, la consideración que se plantea a las entidades financieras de la necesidad de plantear una propuesta de reestructuración de la deuda
se deja en la entidad financiera, y es absolutamente abierta, con muy pocos límites. El segundo caso además, la quita, queda estrictamente a la decisión voluntaria de la entidad financiera y solo en el último extremo, en el extremo del extremo, en
el corazón de las tinieblas hay posibilidad de pedir la dación en pago. Y que a eso lo llamen una solución a la situación de esas familias es sin duda un motivo de escándalo. Por eso, aunque solo fuera por eso, merecería la toma en consideración
de su propuesta.
Pero además, sin duda, su propuesta como se ha dicho está bien articulada. Me permito decirles, y ustedes lo saben, que han abordado la realidad de esas personas insolventes en situación muy dramática desde una sola perspectiva. Mejor
dicho, desde dos perspectivas pero en cualquier caso no son todas las que sin duda conlleva esa problemática. Pero no es ese el elemento determinante; eso se puede resolver sin duda en una tramitación si se aceptara en estos momentos la toma en
consideración. Y es eso lo que nosotros vamos a intentar propiciar con nuestro voto favorable a la toma en consideración de su proposición. Estamos absolutamente convencidos, y lo dije en su momento y espero que no se interprete mal -lo siento por
los señores y las señoras del Partido Popular, lo siento por los señores y las señoras del Gobierno-, de que los grupos de esta Cámara no vamos a cejar en nuestro interés en que ese tema se aborde definitivamente. Y van a sentir nuestro aliento muy
cerca porque es el aliento de centenares de miles de familias que no pueden tolerar que además de estar en una situación absolutamente insostenible se les pretendan plantear falsas soluciones y decretos leyes, que más que decretos leyes son reales
engaños.
Termino, si me permiten -lo mío no es ni la poesía ni el canto, y corro el riesgo de hacer el ridículo aquí-, citando una canción que en Cataluña tiene mucho pedigrí: (Pronuncia palabras en catalán). Y eso es lo que pretenden. Señores del
Gobierno, señores del Partido Popular, sean conscientes de que no vamos a cejar ni un minuto hasta conseguir que ustedes aborden de una manera seria y rigurosa el tema de la situación de desespero, de drama que tienen centenares de miles de familias
en nuestro país con la imposibilidad de pagar sus deudas, y con las falsas soluciones que ustedes están planteando. Aprovechen la oportunidad que les da la proposición de ley de UPyD y no hagan como hicieron la semana anterior, desechar las
posibilidades de otros grupos y continuar por ese camino de intentar hacer ver que dan soluciones cuando en el fondo lo que están dando es simplemente engaños. Hagan caso a UPyD, den esa oportunidad a esta Cámara y sobre todo a los ciudadanos
afectados por esta situación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, ya les anticipo que nuestro grupo va a votar favorablemente a la toma en consideración de esta proposición. La señora Díez está sonriendo; a continuación no sé si va a sonreír, porque tengo que decirles que
ustedes han copiado esta proposición de ley del Parlament de Cataluña. (Denegación.- Rumores). Sí, sí. Y me tendrán ustedes que reconocer que el Parlament de Cataluña, que seguramente para usted no es, como decimos nosotros, santo de su devoción,
hace cosas muy bien hechas. Y no solamente los partidos políticos presentes en el Parlament de Cataluña que son muy plurales, como en esta Cámara, están coincidiendo con ustedes en la solución que yo mismo defendí la semana pasada de utilizar la
perspectiva concursal, sino que además están haciendo algo que por enésima ocasión mi grupo va a plantearles a todos ustedes, y es que hagamos como hace el Parlament de Cataluña que es trabajar conjuntamente esta temática.
El presidente Rajoy en el discurso de investidura, cuando aún no era presidente, se comprometió a volver a crear la subcomisión que ya había existido sobre la reforma del sistema hipotecario español. Era un compromiso del presidente; yo me
lo creo y por tanto estoy esperando que esta subcomisión se apruebe cuando antes. Estoy seguro de que voy a contar con su voto también, con el del señor Coscubiela, que parece que también está muy interesado en esta cuestión. ¿Por qué? Por la
coincidencia entre su propuesta y las propuestas que estamos trabajando muchos grupos, el Parlament de Catalunya, no sé si otros parlamentos, por ejemplo la que está trabajando también el Consejo del Colegios de Abogados de España, o las propuestas
que nos llegan del Colegio de Notarios o de Registradores, hay grandes propuestas, y deberíamos ser capaces de hacerlas confluir en la solución a la problemática de tantas y tantas familias. Evidentemente coincido con usted y coincido con otros
portavoces que han intervenido anteriormente en que con la solución del Gobierno no se soluciona la gran mayoría de las problemáticas que en estos momentos tienen muchas familias españolas; no se solucionan. Si todo funciona, si todas las
entidades se apuntan a esta especie de código de buenas maneras bienintencionadamente yo creo que se podrá solucionar un bajísimo
porcentaje de las ejecuciones. Por tanto nosotros debemos intentar que se solucione la gran mayoría de las circunstancias.
Señoras y señores diputados de todos los grupos, también del grupo mayoritario, por favor, retomemos cuanto antes los trabajos de la subcomisión. Yo creo que esta propuesta, que no sé si va a contar hoy con el halo de la fortuna o no, puede
servir de base, los trabajos que ya se realizaron también, las aportaciones de tantos colectivos también, todo lo que se ha trabajado, la proposición no de ley de la semana pasada, todo puede servir, todo. Nos debemos a los ciudadanos y nuestra
responsabilidad es trabajar este tema intensamente. Los miembros de esta subcomisión en la última legislatura le echamos muchos codos, fue una de las subcomisiones que más trabajó, durante más horas, en pleno mes de julio hasta agotar lo que era la
legislatura. Hay mucho trabajo realizado, ¿por qué no lo acabamos? ¿Por qué no lo culminamos? Nosotros, aunque solo sea por la contribución positiva de esta proposición de ley, vamos a votarla afirmativamente.
¿Qué aspectos, a nuestro entender, nos parecen positivos? De entrada dar una solución jurídica, que evidentemente ha sido comentada con mucho rigor por el señor Olabarría, pero que tiene aportaciones muy notables de utilizar una institución
como es el concurso de acreedores para poder dar una solución. Yo creo que esto existe, por tanto pongámoslo al servicio de los ciudadanos. Este es un deber que tenemos. Seguramente su proposición de ley puede ser perfeccionada, ya lo haríamos en
el trámite parlamentario, pero a nuestro entender es la solución. ¿Por qué? Porque entre otras circunstancias nos permite superar el problema de la retroactividad, es decir, dación de pago a partir de hoy, pero cómo; a través de una institución.
Tenemos la solución jurídica y tenemos que aplicarla, y puede poner fin a esta dicotomía de sí o no, de si estamos a favor o no estamos a favor; estamos a favor de dar a los ciudadanos el mismo instrumento que tienen las empresas, que es poder
hacer un punto y aparte en un presunto error, que es haberse endeudado más de la cuenta. Nos parece muy natural, tratemos a los ciudadanos como empresarios. A mí me parece muy bien que a los empresarios les demos segundas oportunidades, pero
también a los ciudadanos. Y esto además creo que puede dar también solvencia al sistema hipotecario, porque este es también un bien a proteger. Por tanto en la base central de esta proposición de ley yo creo que se encuentran argumentos de una
solidez conceptual muy importante que nos van acercando a lo que debería ser la solución. Por supuesto todo esto es perfectible, el procedimiento que la proposición de ley prevé puede alargarse hasta un periodo de tres a cinco años; constituye una
especie de moratoria nuestra propuesta; la del Parlament de Catalunya, provisional, es más inmediata, pero ya lo discutiremos. El camino a nuestro entender es este.
Además de esta propuesta, la proposición de ley se hace eco también de otras propuestas que encontraron un amplio consenso entre todos los miembros de esta subcomisión. Por ejemplo, el acotar ya de una vez la vergüenza de unos tipos de
interés moratorios absolutamente exorbitantes. Por tanto también en este sentido cabe aplaudir. Nosotros habíamos propuesto otra solución, pero en cualquier caso la de acotar seis puntos de diferencia -creo que son- nos parece un elemento para
empezar a trabajar. También estamos de acuerdo en utilizar instrumentos fiscales que en estos momentos incluso castigan el acuerdo entre el prestatario y el deudor. Por tanto desde este punto de vista a nosotros nos parece que la proposición tiene
elementos positivos, pero tiene algunos que nosotros no compartimos. A nosotros no nos gusta incluso una frase del preámbulo que dice que resulta imprescindible incentivar el abandono de la posición por el deudor ejecutado. Pues no, a mí me gusta
más que el deudor pueda continuar con la posesión, continuar en la vivienda, con otros instrumentos, a través de un alquiler o de lo que sea. En este caso no estoy de acuerdo con el preámbulo, pero es igual, es una aportación, lo vamos a debatir,
lo vamos a discutir.
Otra de sus aportaciones que a nosotros nos parece interesante ya se discutió en el anterior mandato, incluso el anterior Gobierno tomó alguna decisión -también por cierto muy tímida en este sentido-, que es la de invertir el trámite que
ahora tiene la aprobación de las hipotecas con sus garantías. Ahora, si tú no dices nada, se supone que la garantía es ilimitada, y si quieres que sea solo con el propio bien hipotecado, tienes que decirlo expresamente. Yo creo que la idea de
invertirlo es también francamente interesante, y habría que trabajar sobre la misma.
Finalmente en el preámbulo de la ley se anuncia que se complementará con una nueva ley destinada a desarrollar la obligación de crédito responsable. Prevención. Yo creo que es un aspecto importantísimo, y sería bueno que el Gobierno, los
grupos, la subcomisión, quien sea, pueda desarrollar cuanto antes, definir y elaborar la ley de endeudamiento responsable, que fuera la protección definitiva, la garantía. Y en esto, señoras y señores diputados, nuestro grupo, que siempre ha sido
considerado muy europeo, mira hacia Europa, mira hacia el norte porque casi todos los países disponen de leyes de endeudamiento responsable. Nuestro grupo hace unos años presentó una proposición de ley en el Senado, que al final tampoco llegó a ser
tramitada, pero en cualquiera de los casos creo que esta es otra de nuestras obligaciones.
En definitiva, señorías, una iniciativa más. Sea bienvenida, no sé si va a ser aprobada -por nosotros no va a quedar-, pero en cualquier caso, la asignatura pendiente es la constitución de la subcomisión. Pido aquí a todas las señoras y
los señores diputados que, por favor, por una vez incluso ustedes hagan caso al señor presidente del Gobierno y aprobemos esta subcomisión hipotecaria cuanto antes.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Gómez Sánchez.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, señorías, permítanme un pequeño excurso antes de comenzar esta intervención por el ámbito de la política laboral, que me parece especialmente procedente en una intervención sobre un tema como el que
estamos aquí tratando. Muchas veces oímos decir que algo tendrá que ver nuestro mercado de trabajo para que, cuando las cosas nos van mal durante las crisis, perdamos siempre muchos más empleos que la mayoría de los países europeos. Déjenme que
les diga algo de lo que hablamos poco dentro y fuera de esta Cámara. Cuando en 1985 ocupábamos en España a 800.000 personas, 800.000, en la construcción, en Alemania se ocupaba a 3 millones de personas. Casi cuatro veces más. Cuando nueve años
después, en 1994, ocupábamos a 1.100.000 personas, en Alemania se ocupaba prácticamente a los mismos, aquellos tres millones: se ocupaba a 2.900.000 personas. Y cuando trece años después de 1994, en 2007, ocupábamos a 2.700.000 personas en la
construcción, en Alemania se ocupaba a dos millones y medio. Señorías, nos va peor que a Alemania porque en veinte años hemos pasado de ocupar un tercio -apenas un tercio- de los trabajadores en la construcción que ocupaba Alemania a ocupar mucho
más que ella en 2007, antes de que comenzara la crisis. Un país, el alemán, que tiene el doble de habitantes que nosotros y el triple de producto interior bruto, y estas diferencias, si bien con mucha menos intensidad, se mantienen para Italia en
nuestra comparación, para Francia o para el Reino Unido, los grandes países europeos. Nos va peor porque esos empleos son los que ahora se han perdido, después de alegrar la vida y sobre todo el bolsillo de unos cuantos. Por cierto, de algunos a
los que ahora tenemos que reflotar entre todos.
Esta es una explicación, señorías, mucho más solvente en mi opinión que algunas brillantes aportaciones que tanto escuchamos en estos días. La última de ellas fue la de la señora Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando decía
que nuestro problema es que nuestra legislación laboral todavía mantiene demasiados elementos franquistas. Decía ella. La verdad es que la vimos poco entonces pidiendo libertad de afiliación sindical y pidiendo libertad de afiliación empresarial.
Pero es verdad que hoy el señor Montoro nos ha ofrecido una explicación mucho más brillante si cabe. La explicación es que qué más da, que lo mismo que teníamos que hacer en 1993 lo podemos hacer en 1992. No nos ha dicho lo contrario, que lo mismo
que podíamos hacer en 1992 podíamos haberlo hecho cuando pase el tiempo, en 1993 o en 1994. Pero la verdad es que cuando uno oye al señor Montoro -inevitablemente esto va de citas en el día de hoy- uno recuerda a Isaiah Berlin, aquel gran
intelectual liberal. Él decía que casi todas las personas o son zorros o son erizos: los zorros saben de muchas cosas un poco, y los erizos saben mucho de una sola cosa. A veces cuando oigo al señor Montoro en su forma de pronunciarse en la
Cámara -en la forma y en el fondo de lo que se pronuncia- pienso que quizá no es ni un zorro ni un erizo. (Risas.-Aplausos).
Señorías, hemos llegado en España a esta situación porque entre 1997 y 2007 hemos construido más de la mitad de las viviendas que se han construido en el área de Europa, y mientras tanto el precio de la vivienda aumentó en un 200% en esa
década 1997-2007, con gobiernos del Partido Popular y con gobiernos del Partido Socialista; y mientras tanto 4,3 salarios anuales necesarios para comprar una vivienda de 90 metros se convirtieron en nueve años de salario. En aquella fecha se
hicieron nueve millones de hipotecas nuevas para comprar vivienda, ¡nueve millones de hipotecas nuevas! Y mientras tanto el esfuerzo medio de las familias creció desde el 28% de los ingresos familiares en 1997 hasta el 51% en el 2007. Se duplicó
largamente. Hubo un ministro, el de Fomento de la época -me estoy refiriendo al año 2002, no sé si está por aquí el ministro de Fomento anterior- que en el año 2002 llegó a decir que no veía dónde estaba el problema, que no pasaba nada, que si se
hacían tantos pisos era porque la gente los compraba, y daba lo mismo para qué y por qué. Ahora, diez años después, sabemos lo que pasa cuando la gente deja de comprar casas. Que se lo pregunten si no a nuestras entidades financieras, que tienen
que quedarse con ingentes cantidades de viviendas y sobre todo de suelo que financiaron irresponsablemente, con dinero tomado a préstamo en los mercados internacionales, préstamo por cierto a corto plazo, a mucho más corto plazo que al que se
producía el devengo de los créditos que concedían en el mercado interior. Pero ahora sabemos sobre todo qué es lo que pasa cuando la gente deja de pagar las casas que ha comprado con hipoteca.
Desde que ha comenzado la crisis ha habido más de 350.000 desahucios ejecutados en España, prácticamente el 10% de todas las hipotecas que se hicieron en ese periodo. Estamos -se ha dicho aquí bien- ante uno de los graves y más acuciantes
problemas sociales por los que atraviesa la sociedad española. La respuesta del Gobierno es, en nuestra opinión, claramente insuficiente. En eso coincidimos con la proposición de UPyD. La opción por un código de buenas prácticas resulta una
opción paradójica. Primero, porque supone reconocer que buena parte del sector no debía seguirlas, porque si las siguiera no sería necesario. Pero además, al ser voluntario, ¿qué es lo que en realidad añade? ¿Determinar qué es lo bueno?
¿Determinar qué es lo bueno frente a qué es lo malo? Es un código por cierto que ocupa página y media del Boletín Oficial del Estado, en un real decreto con tantas restricciones que tenemos muchas dudas de que pueda afectar a algo más que a una
persona de cada diez del objetivo al que pretende llegar, el objetivo del conjunto de las personas que atraviesan un proceso de desahucio en España sobre su vivienda habitual. Señorías,
esto a estas alturas del problema en España es absolutamente insuficiente. Creemos que hay ir más allá, porque las dimensiones que afrontamos no solo son estas, las de los 350.000 desahucios, sino que seguirán todavía creciendo con el
tiempo, al menos durante los próximos dos o tres años.
La proposición de UPyD se inclina claramente por una norma, no por un código voluntario, una norma que dé respuesta a los problemas planteados. A nuestro juicio, es también una norma insuficiente, incluso en algunos aspectos como en el de
la remisión sistemática en buena parte de las actuaciones a un procedimiento notarial, porque creemos que la normativa actual tendría a su vez que ser modificada, puesto que -es nuestra humilde opinión- en este momento no lo permite. Para el Grupo
Socialista una respuesta que avance sobre la situación actual -una situación que, no se olvide, ya fue modificada en junio del año pasado en algunos puntos esenciales: elevación del porcentaje sobre el valor de tasación en caso de que la entidad
acreedora se quedase con el bien, en este caso con la vivienda, y elevación del suelo inembargable- debería pasar por algunas cuestiones esenciales. En primer lugar, debe establecerse una moratoria general y excepcional que agrupe a todos aquellos
deudores hipotecarios que carezcan de rentas derivadas del trabajo o de cualquier otra actividad económica, y que imposibiliten por esa razón el pago de una cuota hipotecaria por encima del 60% de la renta familiar; no un código voluntario, tiene
que ser una moratoria legal de carácter general, por dos años, y durante ella solo se pagarían intereses a un tipo reducido a la mitad del pactado, sin que se amortice durante ese tiempo capital alguno. En segundo lugar, el porcentaje en caso de
que la entidad ejecutara la hipoteca y se quedara con el bien hipotecado debe elevarse desde el 60%, en que a su vez fue elevado en junio desde el 50 vigente hasta entonces, hasta el 80%. En tercer lugar, durante el periodo de tiempo transcurrido
entre el impago de la subasta y la propia subasta, entre el impago en este caso del deudor y la ejecución de la subasta tiene que establecerse un límite a los intereses en mora, un límite que para nosotros debe ser suficientemente inferior al
planteado en la iniciativa de UPyD. En cuarto lugar, creemos que la tasación que se efectúe en el momento de la hipoteca no puede ser alterada, al menos durante cinco años, salvo acuerdo expreso entre el deudor y el acreedor. En quinto lugar,
creemos que es absolutamente imprescindible -este es un tema que no está planteado tampoco-...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Termino ya, señor presidente.
Es absolutamente imprescindible que haya una separación entre la entidad tasadora en gobernanza, en capital y en gestión, y la entidad financiera.
Termino ya con dos cuestiones que nos parecen fundamentales. Para nosotros es esencial asegurar que si una vez que se produce la ejecución el deudor se plantea, como consecuencia de sus propias condiciones de imposibilidad sobrevenida, y
fuera posible que así se produjera, su permanencia en la vivienda tiene que ser posible. Y tiene que ser posible que se ofrezca por parte del acreedor una vivienda alternativa, con un valor de arrendamiento proporcional, adecuado a la renta del
deudor.
Creo que las propuestas del Gobierno son insuficientes, como también lo son algunas de las que he citado de la proposición de ley de UPyD, pero nos parece que merece la pena que hoy votemos también favorablemente esta inicitiva, merece la
pena que la discutamos. Somos partidarios de que haya una posición común lo más fuerte posible en el seno de la Cámara y nos parece que esa posición debe articularse alrededor de la consideración de que un código de buenas prácticas como el que
ofrece el Gobierno es una solución absolutamente insuficiente.
Señorías...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, termine ya.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Acabo ya, presidente.
Señorías, cuando el débil y el fuerte llegan a un acuerdo la mano del fuerte no debe ser usada para golpear al contrario cuando este no puede cumplir. Es la ley la que debe garantizar una segunda oportunidad, la misma oportunidad que
estamos ofreciendo a buena parte de nuestro sistema financiero para impedir que muera a causa de sus propios errores.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, señorías, señor Martínez Gorriarán, me parece que a usted le ha pasado hoy lo que a Paco Umbral, que usted lógicamente ha venido a hablar de su libro, que para eso se lo ha trabajado -y, además,
coincido con el señor Olabarría en que es un texto muy bien trabajado-, y el resto de los grupos parlamentarios, sobre todo los de la izquierda, han hablado, en primer lugar, del mío, es decir del Real Decreto-ley 6/2012, y no han hablado del suyo,
y el señor Gómez no ha hablado de ninguno de los dos, sino que ha hablado del mundo laboral del que él se debe sentir orgulloso después de haber sido también protagonista o coadyuvado a lograr 5.300.000 parados en España. (Aplausos). Yo intentaré,
de verdad, señor Martínez Gorriarán, hablar de su libro y también me referiré al mío, que usted también ha mencionado.
Quiero hacer dos manifestaciones, una al señor Gómez cuando habla del mundo laboral y de los que trabajaban en mil novecientos ochenta y pico, en el año 2004 y en 2007. Le voy a recordar otras cifras. En
España trabajaban en 1975, cuando murió Franco, 12 millones de personas. En 1995, después de trece años de Gobiernos socialistas, trabajaban en España 12 millones de personas, exactamente las mismas que en 1975. En 2004 trabajaban 17
millones de personas y en 2007, 19 millones. Y da la casualidad de que no fue el Gobierno del Partido Popular el que se puso a construir pisos para vendérselos a 12 millones de trabajadores, sino que esos 5 millones que se incorporaron al mundo del
trabajo tuvieron la posibilidad de cumplir con sus anhelos, que era tener una vivienda; se pusieron, cuando tuvieron un trabajo fijo, a comprar viviendas y de ahí el extraordinario crecimiento del número de viviendas entre 1995 y 2004 y hasta 2007,
porque muchas personas que antes jamás habrían pensado sino en comprar, en el mejor de los casos, una vivienda protegida, pudieron comprar una vivienda y satisfacer un sueño personal y familiar. Eso es lo que ocurrió en España desde 1995 en
adelante.
Los demás grupos de la izquierda siguen empeñados en plantear en esta Cámara esa especie de superioridad moral de la izquierda. El señor Martínez Gorriarán dijo que la dación en pago, igual que unos intereses elevados o bajos, no es
cuestión de izquierdas o de derechas, y yo lo comparto, pero hay partidos en la Cámara que lo siguen manteniendo, incluso grupos parlamentarios que estuvieron en la legislatura pasada y que saben perfectamente que la iniciativa de crear una
subcomisión para el análisis y la reforma del sistema hipotecario español partió del Grupo Parlamentario Popular, al cual se sumaron todos los grupos. Para no decirlo yo desde mi grupo parlamentario, aquí hay declaraciones del señor Borrell en las
cuales dice: Ojalá el Gobierno socialista hubiera aprobado algunas medidas del Partido Popular como la dación en pago y la cancelación de la deuda pública con las pymes y autónomos. Otra manifestación de otro socialista, del señor Bono, que ha
señalado que coincide plenamente con José Borrell al lamentar que haya sido un Gobierno popular y no socialista el que haya bajado los sueldos a los banqueros o haya promovido la dación en pago. Eso lo dicen socialistas que estuvieron en esta
Cámara y hoy no están y por tanto deberían recordar quién ha llevado la iniciativa sobre estos aspectos en la legislatura pasada.
Señor Martínez Gorriarán, felicitándole por la redacción y desde el punto de vista técnico de la propuesta que nos hace, le adelanto que vamos a votar en contra de la toma en consideración y creo que los motivos de rechazo son plenamente
razonables, además creo que son tan razonables que esperamos que sean compartidos por la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara. Basta con echar un vistazo al cronograma o a la agenda del Gobierno y de estas Cortes Generales en estos
últimos dos meses. El 14 de diciembre UPyD presenta una batería de iniciativas en la cual se encuentra la iniciativa que hoy debatimos -el 14 de diciembre, antes del discurso de investidura y antes de conformarse el Gobierno-. El 22 de febrero el
ministro de Economía, Luis de Guindos, anuncia ante este Pleno un conjunto de iniciativas legislativas dirigidas a reducir el impacto de los desahucios en colectivos en riesgo de exclusión social y por primera vez un Gobierno de España habla de
permitir para esos colectivos en riesgo de exclusión social la dación en pago como medio liberatorio de la totalidad de la deuda, por primera vez, y ante ese anuncio del ministro, el Grupo de UPyD, una semana después, solicita la incorporación de
esta proposición de ley en el orden del día del Pleno de esta Cámara, y el viernes 9 de marzo el Gobierno aprueba el Real Decreto-ley 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Desde mi grupo parlamentario no
entendemos cómo por parte de Unión Progreso y Democracia se decidió traer esta proposición de ley al Pleno una semana después de haber anunciado el ministro su iniciativa y también nos resulta incomprensible que, una vez publicada esa iniciativa, ya
se plantee debatir su contenido en esta Cámara.
No son solo razones de oportunidad política, que también, las que nos mueven a rechazar la toma en consideración de esta proposición de ley. Si la comparamos con el real decreto aprobado por el Gobierno, podemos comprobar que los fines son
algo distintos o, más bien, que el real decreto-ley se justifica en otras prioridades y que da una mejor respuesta, a nuestro juicio, al drama que están viviendo cientos de miles de familias españolas. En el primer párrafo de la exposición de
motivos del texto que hoy debatimos se deja claro que para Unión Progreso y Democracia una de las más graves situaciones de vulnerabilidad en la que se pueden encontrar los ciudadanos españolas -y leo textualmente- 'es, sin duda, la de las personas
físicas que tras la ejecución de la hipoteca sobre su vivienda no consiguen ver saldada su deuda'. Con ese diagnóstico y con ese objetivo de solucionar únicamente ese problema, es lógico que el articulado de la proposición de ley se limite
exclusivamente a la modificación de la Ley Concursal y también de la Ley de Enjuiciamiento Civil, facilitando a las personas físicas, a los deudores hipotecarios, que se acojan al concurso, y en los casos de que el activo, es decir la vivienda
hipotecada, no cubra la totalidad del pasivo, es decir la deuda, puedan quedar exonerados de su deuda si transcurrido un plazo de tres a cinco años persiste su situación personal de insolvencia. En definitiva, lo que pretende la proposición de ley
de Unión Progreso y Democracia no es evitar el lanzamiento de la vivienda del deudor y su familia, sino evitar que el deudor, una vez perdida ya la vivienda que constituye su hogar familiar, continúe debiendo el resto de la deuda el resto de su
vida.
Esa situación, sin duda, es una consecuencia más de un sistema hipotecario que nosotros y yo mismo desde esta tribuna hemos calificado como injusto y desproporcionado, pero no es la consecuencia más grave. La consecuencia más grave, el
verdadero drama es la pérdida de la vivienda que constituye el hogar familiar por parte de quienes, habiendo sido siempre cumplidores de sus obligaciones, se encuentran en una situación de
insolvencia sobrevenida por la pérdida de su empleo, por la pérdida de su puesto de trabajo. En esos casos la vivienda habitual no puede ser considerada solamente como una garantía más de un contrato de préstamo, sino que el legislador debe
otorgarle un tratamiento singular, porque en esos casos la vivienda lo es todo, la vivienda es el hogar de toda una familia y debe ser protegido, especialmente, en el caso del deudor de buena fe, no del que hace mal sus cálculos o del que se endeuda
para invertir o para disfrutar una segunda residencia. Debe ser protegido aquel en el que la garantía es su única vivienda y que incumpla sus obligaciones no por un mal cálculo, como he dicho, sino por la pérdida de su puesto de trabajo. Esa
situación es la que protege el real decreto-ley que el Gobierno ha aprobado.
El real decreto-ley establece para las familias en situación de exclusión social, de las que se ha hablado aquí, es decir, que sus miembros se encuentren en desempleo, que carezcan de otros bienes con los que hacer frente a la deuda
hipotecaria y que, como consecuencia de sus rentas -no que no perciban nada-, sino que como consecuencia de sus rentas, la cuota de amortización suponga el 60 por ciento de sus ingresos, para esas familias se establecen una serie de medidas para
evitar la pérdida de la vivienda. Estas medidas son: reestructuración de la deuda hipotecaria, es decir, periodo de carencia de cuatro años, reducción del tipo de interés al Euríbor más 0,25 y ampliación del plazo de devolución hasta los cuarenta
años, al objeto de disminuir la cuota de amortización. Si a pesar de esa reestructuración el pago de la deuda continuara siendo inviable, se podrá solicitar sobre el capital pendiente una quita, y si a pesar de que la reestructuración y la quita
siguen haciendo inviable la devolución del préstamo hipotecario...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que terminar.
El señor MATOS MASCAREÑO: Termino inmediatamente, señor presidente.
... se podrá solicitar la dación en pago de la vivienda, lo que supondrá la cancelación total de la deuda. En resumen, para quienes no pueden pagar sus cuotas de amortización por haber perdido el empleo, reestructuración de la deuda,
periodo de carencia y seguir en la vivienda. Si aún no pueden, quita de parte de la deuda y seguir en la vivienda. Si aún así tampoco pueden, dación en pago, cancelación total de la deuda y arrendamiento por un mínimo de dos años, por tanto,
seguir en ese periodo en la vivienda.
Señorías, señores de UPyD, con toda seguridad para ustedes la norma idónea es el texto que han traído aquí, están legitimados para hacerlo, pero desde luego nosotros también estamos legitimados por los argumentos expuestos a rechazar esta
propuesta, porque seguimos prefiriendo la norma aprobada por el Gobierno el pasado viernes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matos.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS MENORES EN LAS REDES SOCIALES EN INTERNET. (Número de expediente 162/000183).
El señor PRESIDENTE: A una hora relativamente avanzada vamos a entrar ya en las proposiciones no de ley. La primera es del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la seguridad de los menores en las redes sociales en Internet.
Para su defensa tiene la palabra el señor Escobar. Rogaría a todos los intervinientes que se ciñeran a sus tiempos.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Muchas gracias, señor presidente, y tomo nota de la recomendación que me hace. A mí me gustaría como riojano debatir este tema tomando un vino, pero como las circunstancias son las que son y por respeto a los
que han trabajado, y muy bien, en esta proposición no de ley, me voy a ceñir lo máximo posible a la cuestión.
El Grupo Parlamentario Popular trae al Congreso algo que está de radiante actualidad y que tiene que ver con las redes sociales, con el uso de Internet y fundamentalmente con la prevención y la seguridad que del uso de las redes sociales
hagan nuestros menores. Estamos hablando de un mundo ciertamente apasionante pero nuevo, un mundo que necesita, lógicamente, una administración y una responsabilidad y quiero agradecer en este sentido la excelente disposición que para la confección
del trabajo de la proposición no de ley y de la enmienda transaccional nos han facilitado grupos como el Defensor del Menor, la Fundación Protégeles, Maya, Aliados, Tuenti y últimamente, a través de Twitter, Save the Children. A todos ellos muchas
gracias, como agradezco también la buena disposición de todos los grupos que han trabajado en el texto final que ahora nos ocupa.
Señorías, convendrán conmigo que las llamadas TIC y más concretamente las redes sociales están transformando absolutamente los hábitos sociales y hasta el lenguaje, sobre todo de la gente más joven. Seguramente en esta Cámara -por lo menos
así lo espero- alguien estará twitteando esta intervención, con lo cual podemos considerar que hay un nuevo medio que es cada vez más intenso y más extenso en su empleo, lo mismo que su empleo es algo positivo para usos policiales, porque no
olvidemos que en Internet todo lo que funciona, todo lo que navega deja rastro y esto también es importante tenerlo en cuenta cuando se trabaja en aspectos policiales. En definitiva, estamos ante el reflejo de lo que ahora mismo estamos disfrutando
y todos de alguna manera hasta podemos decir que padecemos. Lo digital se está imponiendo al mundo analógico, pero en este
cosmos digital los jóvenes, los niños son los usuarios más avanzados, son los nativos y lo son, en primer lugar, porque son más diestros, son más hábiles en el manejo de Internet; en segundo lugar, por cultura social y en tercer lugar,
señorías -no lo olvidemos-, porque este territorio resulta mucho más ajeno o mucho menos familiar a los adultos, y ahí es donde el menor y el joven se desenvuelven con más libertad aparentemente.
Si eso es lo bueno, también en la red, en Internet, podemos encontrar, desgraciadamente, lo malo y más vale en este sentido prevenir que tener que lamentar, sobre todo cuando se trata de menores. Me van a permitir, señorías, que en este
sentido comparta con ustedes algunos datos que ilustran esta afirmación de hasta qué punto es importante que tomemos buena nota de este nuevo entorno en el que nos toca desenvolvernos. El cien por cien de la población juvenil entre doce y
diecisiete años utiliza de forma intensiva Internet -cuando digo intensiva es que todos los días utiliza Internet-. El 87% de los menores entre doce y diecisiete años utiliza las redes sociales y la mayor parte de ellos, concretamente un 52%, lo
hace más de cuatro o cinco horas a la semana. Atentos al dato que voy a facilitar ahora. Solamente el 15% de los padres conocemos el uso que nuestros hijos hacen de Internet, en qué emplean el tiempo libre cuando se conectan a Internet, solo un
15%. Otro dato para la reflexión. Un 30% de los adolescentes se ha sentido en algún momento acosado, dato también a tener en cuenta. Y un 14% de los adolescentes, fundamentalmente de catorce años, ha acudido a alguna cita de las llamadas a
ciegas, es decir con gente que no conocía o que ha conocido a través de Internet. O sea, que el riesgo del acoso, de la pederastia o de la apología de la violencia existe y planea también en Internet. Precisamente por esto, esta proposición no de
ley recoge las recomendaciones de la Unión Europea, que el 9 de febrero de 2009 perseguía reducir el riesgo de acoso y frenar la práctica del grooming. ¿De qué se trata, señorías? Lo resumo. Se trata de tener en cuenta las recomendaciones que
hace la Unión Europea, homogeneizar la normativa de las redes sociales, garantizar que los servicios ofrecidos se adaptan a la edad del usuario destinatario, responder con rapidez a las notificaciones relativas a conductas o contenidos ilícitos y,
finalmente, garantizar siempre el derecho al olvido.
En este panorama de redes sociales hay una red de la que podemos sentirnos especialmente satisfechos los españoles. Me estoy refiriendo a Tuenti, porque cumple los estándares de seguridad que marca la Unión Europea. El informe del Defensor
del Menor aquí en España insiste en algo fundamental, que tenemos que mejorar la información y la formación de padres y profesores y, en segundo lugar, tenemos que facilitar que las redes sociales den una respuesta rápida a las demandas de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Hay muchas otras cosas que se están haciendo -y bien- en España: Plan chaval.es, Plan Avanza o Plan contigo, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. ¿Es suficiente? No es suficiente. Por eso traemos aquí
esta proposición no de ley y como la seguridad empieza en casa, me permito recordarles a todos ustedes una recomendación que aprovecho para mencionar en la tribuna y compartirla con todos ustedes. Si Internet es importante, si el mundo virtual está
creciendo, sigamos un consejo: lo que no hagamos en la vida real no lo hagamos en Internet, no lo hagamos ni en las redes sociales. Esa es la recomendación que más vivamente tenemos que trasladar a nuestros menores.
Hay más cosas por hacer y las pongo encima de la mesa en este debate. Tenemos que posibilitar que los filtros parentales funcionen por defecto en nuestras redes sociales. Tenemos incluso que revisar la descarga libre de fotografías y,
finalmente, tenemos que dar una regulación específica al agente encubierto. Con estas cuestiones ponemos desde esta tribuna encima de la mesa esta proposición no de ley, que ha recibido diferentes aportaciones y sugerencias de los grupos políticos,
a los que se lo agradezco. Esta enmienda transaccional ha sido facilitada al presidente y no puedo hacer otra cosa que agradecer el esfuerzo de todos los grupos, consciente como soy de que no se trata de solucionar toda esta problemática cuestión
ni de resolver la seguridad de las redes sociales en absoluto, pero sí se trata de dar un paso.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene ya que acabar.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Confío en haberles convencido para que, entre todos y de forma unánime, demos un paso importante en la seguridad de las redes sociales, lo que es tanto como hablar del futuro de nuestros menores.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escobar.
Han sido presentadas a esta proposición no de ley varias enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, son casi las diez de la noche y queda aún otra proposición no de ley en el orden del día. Vamos a intentar explicar con brevedad el contenido de la enmienda que Convergència i Unió
presenta a esta acertada proposición no de ley que plantea don Conrado Escobar. Coincidimos con el objetivo y coincidimos con el diagnóstico. Existe un riesgo para los menores en materia de utilización de las redes sociales, de Internet, del
Facebook. Son elementos importantes para su comunicación y sus relaciones sociales. No podemos desconocer la mayoritaria implantación de las redes sociales entre los jóvenes, los adolescentes y los menores de edad. Existe esa realidad y, por
tanto, es oportuna esta proposición no de ley, así como instar al Gobierno a intentar reforzar la prevención. Coincidimos totalmente con este objetivo.
¿Qué hace Convergència i Unió? Añadir a ese objetivo dos concreciones y un marco global. Respecto a las concreciones, en primer lugar, queremos alertar de los riesgos que implica introducir fotografías de los menores en las redes sociales.
La introducción de fotografías sin el consentimiento de los padres o de quienes tienen la tutela en ese momento tiene sus riesgos. Esas fotografías quedan allí y hay que tomar precauciones al respecto. El segundo elemento son los datos personales
del menor que, una vez introducidos en la red, también dejan su huella. Estas son las dos concreciones que Convergència i Unió ha introducido mediante una enmienda.
En cuanto al marco global, aquí hay unos actores que ayudan a la prevención, que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero lo son también las policías autonómicas, en el caso de Cataluña los Mossos d'Esquadra. La Policía
autonómica catalana, los Mossos d'Esquadra, es modélica en este ámbito de la prevención. Desde el 1 de mayo del año 2008 tiene un plan específico, el Plan de acción Internet segura para la protección del menor, con excelentes resultados e
intentando concienciar no únicamente a los menores sino también a madres, padres, personal docente y responsables de cibercentros. Es una actuación modélica y por ello entendíamos que era conveniente que en el texto que finalmente se va a aprobar
se introdujera de manera expresa esa referencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las policías autonómicas.
Enhorabuena, señor Escobar, le agradezco su buen talante a la hora de negociar ese texto transaccional; le vamos a dar apoyo y esperemos que esto finalmente redunde en esa mayor protección del menor, que es lo que en definitiva pretende su
proposición no de ley, pero también todos los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané, por su claridad y concisión.
Por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.
Yo también voy a ser breve, señorías, porque la hora lo aconseja, y voy a ir muy al grano. Podemos felicitarnos y darnos besos y abrazos por esta proposición no de ley pactada por todos o prácticamente todos los grupos del Congreso. Es
mejor hacer esto que no hacer nada, señor Escobar, desde luego, pero francamente para nosotros es una falta de ambición muy preocupante en el grupo que sustenta al Gobierno. Ustedes vuelven a insistir en la idea de que este problema se solucione
promoviendo acuerdos con las empresas que explotan las redes sociales, cuando ya se ha demostrado -y ustedes mismos citan el informe de la Comisión Europea, que dice que los acuerdos no han funcionado- que la autorregulación de las redes sociales no
ha funcionado, que la autorregulación ha fallado. Por lo tanto, si ha fallado la autorregulación, hay que pasar a la fase de la regulación, que es a lo que expresamente estamos renunciando mediante este acuerdo, porque estamos volviendo a insistir
en que se llegue a acuerdos y no en que se regule. Ha dicho usted: vamos a dar consejos, vamos a hacer recomendaciones. Esto esta muy bien, pero creo que estamos aquí para otra cosa, estamos aquí para legislar.
Echo en falta que no se haya hablado exactamente de en qué consisten todos estos fenómenos que hoy renunciamos a regular: el ciberacoso, el grooming, el sexting, etcétera, pero para quien no lo sepa -es algo muy crudo, pero creo que merece
la pena hablar de ello porque está ocurriendo y les está ocurriendo a nuestros jóvenes-, consiste en que personas adultas entran en contacto con ellos, se ganan su confianza y cuando lo han hecho los amenazan, los agreden psicológicamente, los
acosan y obtienen fotografías o vídeos de carácter pornográfico y erótico, lo que supone para estas muchachas y muchachos un acoso psicológico que los afecta en la edad en que precisamente están desarrollando su personalidad y que les puede dejar
secuelas de por vida. Creo que este es un asunto muy serio como para que nos limitemos a felicitarnos por un acuerdo que va a permitir que siga pasando lo que venía ocurriendo hasta ahora, es decir, que haya más libertad para el acosador que para
los jóvenes que navegan por la red y que se desenvuelven en ellas. No estamos protegiendo a los menores con esta proposición no de ley. Yo espero que en el futuro podamos hacer algo mejor. Es muy triste decirlo, pero esta dejación legislativa
ayuda a los delincuentes.
Tendríamos que hacer más cosas. Nosotros les proponíamos también una enmienda en el sentido de un plan nacional que contribuyera a concienciar a los padres y a las madres, a concienciar a las familias de la importancia de las redes sociales
para así guiar a sus hijos y ayudarlos a desenvolverse en esos medios, pero tampoco hemos podido conseguir que se haga esto. Por insistir un poco más en la idea de la autorregulación, que es lo que seguimos proponiendo, le he traído aquí, señor
Escobar, para que lo vea, una página web que se llama Protegeatushijos.com, que se hizo por el acuerdo de la Policía Nacional y Microsoft con el fin de dar instrucciones a los padres de cómo proteger a sus hijos. Dos años después de que se llegara
a ese acuerdo, si ustedes entran en esta página verán que lo que se anuncia son productos de Microsoft, venta de su software, etcétera. Es bastante sarcástico, pero es lo que ocurre cuando se deja a las empresas que se autorregulen. Esto es lo que
va a seguir ocurriendo. Yo comprendo que obligar es un verbo desagradable, pero es el que le toca conjugar al Gobierno, y es una pena que no lo hayan querido hacer hoy.
Un último ejemplo. Existe bastante legislación en muchos países sobre este asunto, es decir, que tampoco tendríamos que haber hecho mucho más que un cierto estudio de Derecho Comparado, pero por ejemplo en Estados Unidos tanto Facebook como
Twitter están
obligadas a reportar los casos de envío de archivos pornográficos o de abuso de menores a las autoridades, una legislación aquí inexistente. En España, casualmente existe legislación que permite suspender el servicio de páginas web cuando
hay amenazados intereses comerciales, pero no cuando los amenazados son nuestros hijos. Se podía avanzar mucho más en esta legislación, y se podía hacer respetando el derecho a la intimidad y sin criminalizar la red. La red es una herramienta y,
como todas las herramientas, se puede utilizar para el bien y para el mal. Se puede utilizar un martillo para colgar un cuadro de Picasso y para matar a alguien dándole un golpe en la cabeza. No se trata de criminalizar la red, sino de
criminalizar sin descanso a los criminales. Que las empresas que explotan las redes sociales nos digan que la cantidad de información que manejan es tan ingente que no pueden controlarla, es algo así como si nos dijeran los fabricantes de coches
que no tiene sentido ponerles freno porque, como hay tanto tráfico, de todas maneras se van a chocar. Esto es lo que está ocurriendo y lo que nosotros aspiramos a mejorar mediante este acuerdo. Las redes sociales son herramientas muy útiles para
nuestros hijos y tenemos que enseñarles a usarlas.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar, se le ha acabado el tiempo.
La señora LOZANO DOMINGO: Voy a terminar, señor presidente.
Tenemos que perseguir al acosador y tendríamos que hacerlo desde esta Cámara, cuya función es legislar. La autorregulación ha fracasado, las redes sociales están fallando a nuestros hijos y, aunque vamos a apoyar esta proposición no de ley,
pensamos que también estamos fallando nosotros y está fallando el Gobierno a la hora de proteger a los menores.
Muchas gracias, presidente (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar nuestra posición sobre esta iniciativa del Grupo Popular sobre seguridad en Internet para jóvenes y niños, y lo voy a hacer, primero, subrayando una coincidencia, dando dos consejos al
Gobierno y haciendo tres propuestas. La coincidencia que quiero subrayar: todas aquellas iniciativas que se presenten en esta Cámara para defender a los menores de los peligros de Internet tendrán siempre la predisposición del Grupo Socialista
para apoyarlas. Es más, tendremos siempre una postura constructiva para mejorarlas si es posible.
Los consejos. Dos consejos para el Gobierno a los que le instamos con esta proposición no de ley. Es conveniente en política evitar el adanismo. Partir de cero, pensar que toda la experiencia acumulada anteriormente no sirve para nada,
hacer tabla rasa de la experiencia de profesionales y de las administraciones, es un defecto importante que raya en el vicio, y deben procurar evitarse las tentaciones revisionistas inquisitoriales. Hacer una interpretación negativa o inquisitorial
de toda la realidad que uno se encuentra, especialmente en estos aspectos, nunca es positivo para el avance y la eficacia de la lucha en este caso contra los peligros que tiene Internet para los menores. Por tanto quiero hacer aquí un
reconocimiento muy especial de la experiencia, la profesionalidad y el buen trabajo que los grupos de la Policía y de la Guardia Civil han realizado a lo largo de todos estos años y le pido al Gobierno que las tenga muy en cuenta, que evite el
adanismo y que evite ese revisionismo inquisitorial que, como digo, en algunas ocasiones raya en el vicio.
Tres propuestas. Una primera proponiéndole al Gobierno que refuerce los grupos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que trabajan en la defensa de los menores en Internet. Una segunda que tiene relación con la vigilancia de
aquellos contenidos que hay en la red que puedan afectar a la integridad moral de los menores para sacarlos de la red. Y en tercer lugar, abrir vías para facilitar la cooperación, la colaboración y el diálogo entre los profesionales de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, los padres y madres, los profesores y los propios alumnos.
Hemos llegado a un acuerdo para que cada uno hagamos cesión de nuestras partes y el Grupo Socialista hace cesión de la misma. Tengo que decirles una cosa ahora que quedamos pocos en esta Cámara, una lectura tranquila de la transaccional que
conseguimos seguramente será de difícil comprensión lectora para muchos de los que se enfrenten a ella, pero tengo que hacer una loa especial al portavoz del Grupo Popular, que hizo un intenso trabajo para que, aunque sea con un corta y pega de
difícil comprensión, todos quedáramos conformes. Mi agradecimiento por tanto por ello.
Acabo. Solamente me queda un pequeño regusto amargo, el que no hayamos podido encontrar un espacio para favorecer ese encuentro que ya se da en alguno de los programas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil con la comunidad
educativa -con los padres, las madres, los profesores y los alumnos-, para que los expertos policiales y los propios expertos educativos se intercambien información y formación. Es en la prevención donde creo que debemos trabajar más, pero para
ello necesitamos conseguir que la buena imagen que tenían en españoles de todas las edades las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se mantenga. El uso desproporcionado de la fuerza con estudiantes de Valencia, algunos menores, no va
precisamente en esa dirección. Por eso le pido al Gobierno que tenga propósito de enmienda en ese sentido, porque favorecer el intercambio, la colaboración y el entendimiento entre
comunidad educativa y escolares puede ser uno de los mejores remedios que tengamos en este aspecto.
Muchas gracias, señor presidente (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.
Simplemente quiero manifestar en nombre de nuestro grupo la satisfacción y el pleno acuerdo con la transacción alcanzada.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tapia.
Por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Empiezo por una cuestión de forma, y es que hubiese sido una delicadeza que se nos hubiese pasado el texto previamente a la firma para la consideración por parte de todos los grupos. Lo hemos firmado finalmente pero ya se nos ha pasado el
original cual si se tratase de un plato de lentejas, si quieres lo comes y si no lo dejas.
El objetivo de la protección de los menores frente a cualquier tipo de abuso o acoso es loable en cualquiera de los ámbitos en los que se desarrolla su vida, entre ellos y cada vez con un mayor tiempo dedicado a Internet y las redes
sociales. Pero la protección de las personas menores de edad frente a cualquier tipo de abuso debe ser un objetivo asumido por esta Cámara y por el conjunto de la sociedad con una perspectiva más amplia, considerando todas las formas de violencia
que se ejercen contra la infancia. Los ámbitos son múltiples, como también lo son las formas en las que se ejerce violencia contra ellos y la respuesta que demos ha de asumirlo. Son importantes los esfuerzos policiales en la persecución eficaz de
la delincuencia practicada contra menores en Internet, como lo son todos los esfuerzos que políticamente se puedan hacer para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de los y las menores en cualquier ámbito del mundo de la comunicación. Es
importante en este sentido el impulso a las acciones preventivas en el ámbito educativo mediante programas específicos que formen e informen sobre los riesgos en Internet no solo a los menores sino también a educadores y padres. La colaboración
para ello con organizaciones sociales, que han acumulado una importante experiencia y protagonismo en este campo, es algo también fundamental. Pero la prevención no debe tampoco limitarse a campañas y a actividades formativas, sino que debe
afrontar los riesgos teniendo en cuenta a los menores como usuarios no solo de las redes sociales sino de Internet en su conjunto, que en ocasiones es el vehículo para la difusión y la comisión de delitos como la pornografía infantil o el turismo
sexual. Para prevenir estos delitos se deben realizar actuaciones que vayan más allá de los acuerdos autorreguladores con las redes sociales, debiéndose trabajar también con otros sectores empresariales como los grupos de comunicación o la
industria turística. También es necesario avanzar en el refuerzo y coordinación entre los diversos organismos responsables de la protección de niños y niñas y la prevención del abuso contra ellos en los ámbitos educativo, sanitario, de la atención
social, policial y judicial. Haciéndonos eco de las reivindicaciones de organizaciones sociales específicamente dedicadas a la protección de la infancia, la discusión de esta proposición no de ley sobre seguridad de los menores en las redes
sociales debería constituir una oportunidad para recordar al Gobierno la necesidad de trasponer las previsiones de la Directiva 2011/92, de 13 de diciembre, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la
pornografía infantil, todo ello en el marco del cumplimiento del compromiso internacional asumido por España en el Convenio europeo de protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, llamado Convenio de Lanzarote.
Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa y Chunta reclamamos al Gobierno la adopción de normas de autorregulación, no solo para las redes sociales, sino también del conjunto de sectores que puedan ayudar a prevenir los
abusos y los delitos contra los menores, tanto en nuestro país como en otros por lejanos que estén, y tanto en las redes sociales de Internet como en cualquier otro ámbito de la vida de nuestros niños y niñas, aunque en alguno de esos ámbitos se
haya impuesto durante muchos años el silencio cómplice de unas jerarquías que tratan recurrentemente de imponer su moral excluyente y discriminatoria.
Gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sixto.
Señor Escobar, parece, como se ha dicho reiteradamente, que hay una transaccional, que es la que someteríamos a votación. ¿Es así? (Asentimiento). Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL ACUERDO DE LIBRE ASOCIACIÓN UE-MARRUECOS Y EL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL (Número de expediente 162/000215).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acuerdo de libre asociación Unión Europea-Marruecos y el sector agrario español. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señor presidente, gracias.
Como saben sus señorías, lo que aprobó el Parlamento Europeo el pasado 15 de febrero es la prórroga del acuerdo con Marruecos, que se suscribió originariamente en el año 2000 por un Gobierno del Partido Popular (La señora vicepresidenta,
Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Esta prórroga, me van a decir, la negoció un Gobierno socialista, y es verdad; pero es que nosotros no cuestionamos el objetivo final de este acuerdo: crear una zona de libre comercio, en este caso con
Marruecos, que, aunque no ha cumplido su horizonte temporal, será una realidad algún día. Pero este protocolo ha de aplicarse de forma correcta, equilibrada y justa, y no con las insuficiencias que se han detectado durante estos años. Hoy como
entonces, hemos defendido siempre los intereses de los españoles, los intereses andaluces y almerienses, en general los intereses de todo el sector hortofrutícola español que se ve afectado por este acuerdo, y lo hemos hecho siempre desde la
coherencia. Existen aspectos positivos de este acuerdo para el campo español, los recogemos en la exposición de motivos. Se ha mantenido la calificación de productos sensibles como el tomate, el pepino, el calabacín, la clementina y el ajo.
También se han suprimido algunos aranceles de entrada a Marruecos para hortalizas y cítricos españoles en el primer año de vigencia del acuerdo y de las demás frutas nacionales en los cinco años siguientes, por citar algunos ejemplos. Pero es
innegable que también hay aspectos que requieren mejoras o ajustes. No tengo que explicárselo a aquellos diputados que son de regiones como la mía, de fuerte producción agrícola, en Almería, en Huelva, en Granada, pero también en Navarra, en
Levante o en Canarias. No hay que explicar ni a los ciudadanos ni a sus representantes los problemas que pueden derivarse de la aplicación de este acuerdo si en paralelo no tomamos otras medidas complementarias. Son estos aspectos los que
justifican esta iniciativa. Precisamente mi grupo la presenta para evitar esos daños colaterales y dar garantías al sector hortofrutícola español. Ni el Partido Popular Europeo ni el Gobierno han querido -y espero que solo hasta ahora- defender el
sector hortofrutícola español y establecer las garantías que este necesita ante la aplicación del acuerdo; garantías que fueron defendidas por los eurodiputados socialistas en una enmienda que no fue aprobada por la oposición del Partido Popular
Europeo.
Señorías, lo que les proponemos con esta iniciativa es establecer salvaguardas para la equilibrada aplicación del acuerdo, para que nuestro campo, nuestros agricultores, no sufran daños que, si nos ponemos de acuerdo, pueden ser evitados.
En primer lugar, el Gobierno español debe realizar las gestiones necesarias ante las instituciones de la Unión Europea para la correcta aplicación de este acuerdo. Es decir, la Unión Europea y sus Estados miembros tienen que verificar el
cumplimiento por parte de la producción marroquí de los estándares comunitarios en el ámbito sociolaboral y también en el ámbito fitosanitario y ambiental. Tiene que controlar los contingentes y también los precios de entrada y sobre todo, sobre
todo, señorías, tiene que dotarse de un fondo específico que permita resarcir a los agricultores de nuestro país por el daño económico que este acuerdo les va a producir. Los costes de la transición a la nueva situación creada por el acuerdo no
tienen por qué recaer sobre el sector, sino sobre la comunidad beneficiaria en última instancia de su aplicación. Este último aspecto lo consideramos esencial, más aún en un contexto de crisis económica, agravada en el campo por varias campañas de
bajos precios que han reducido los márgenes del sector. En segundo lugar, se insta al Gobierno a llevar a cabo una serie de medidas de mejora de la competitividad del sector agrario y, en colaboración con el Gobierno francés y con las empresas
españolas establecidas en Marruecos, la adopción de medidas de control. En definitiva, se trata de completar el protocolo con medidas que pretenden garantizar una correcta y equilibrada aplicación.
Le pedimos al grupo mayoritario de esta Cámara que vote a favor de esta iniciativa; debería hacerlo si quiere ser coherente. Hace exactamente un año se debatió una proposición del Grupo Popular sobre esta cuestión en la Comisión de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino. Nosotros presentamos una enmienda que va en la línea de lo que hoy mantenemos aquí: controlar la aplicación del acuerdo. Es decir, a los socialistas nos preocupaba hace un año lo mismo que ahora, y proponíamos
entonces, y también ahora, trabajar en la misma dirección. Confío en que el Grupo Popular no le dé la espalda a nuestra propuesta, porque en ese caso se la estaría dando a los intereses de nuestros agricultores. Lo que no es admisible, señores del
Grupo Popular, es defender el acuerdo de libre comercio en el año 2000, cuando se suscribe, con el mismo ministro del ramo que hoy desempeña el cargo, y luego, cuando está en la oposición, hacer demagogia entre los agricultores españoles contra la
aprobación de la prórroga, y una vez de nuevo en el Gobierno, con el mismo ministro, con el señor Arias Cañete, acusar a esos mismos agricultores de catastrofistas por señalar los desequilibrios que produce la aplicación de este acuerdo y además
como coartada para no solicitar ayudas económicas a Bruselas y negarse a hacer un estudio del impacto que puede producir este acuerdo. Así no se defienden los intereses españoles en Europa ni tampoco los de los agricultores; así tampoco se
defiende una acertada política con Marruecos, porque la cooperación entre las dos riberas mediterráneas, entre España y Marruecos, es un objetivo básico e irrenunciable de la política española, con independencia de quien gobierne. Lo sé muy bien y,
desde las responsabilidades del Gobierno, he puesto todo el empeño para contribuir a ello. Ahora bien, esto no puede ser excusa para que el Gobierno actual no aplique medidas que protejan los intereses de nuestros agricultores.
Señorías, en definitiva, le pedimos al Gobierno, le pedimos al Grupo Popular, le pedimos a toda la Cámara que apoyen esta iniciativa. Y en especial, al Grupo Popular que cambien su actitud, que hoy es pasiva,
porque lo que nos trae aquí no merece ni la indiferencia ni la confrontación sin sentido.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora diputada, tiene que acabar.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Nosotros les proponemos un acuerdo en torno a esta iniciativa y ustedes tienen que optar por aceptarlo o por darle la espalda a una situación que podría afectar a miles de familias.
Muchas gracias (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rumí.
Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la verdad es que teníamos decidido votar que sí a esta proposición, pero después de oír la intervención de la señora diputada, me ha surgido alguna duda. Nosotros estamos en contra sin matices del acuerdo, porque es un acuerdo
malo. Es un acuerdo perjudicial para el campo andaluz y español. No hemos entendido muy bien la intervención y finalmente votaremos el texto escrito porque, repito, si votásemos la intervención nos asaltarían algunas dudas. Es un acuerdo malo que
va a condenar a la desaparición a más de 300.000 agricultores. Es un acuerdo malo, porque igual que hemos empezado este Pleno cuando la Unión Europea nos ha impuesto, le ha impuesto al señor Montoro, un recorte de 5.000 millones de euros en los
presupuestos, también la Unión Europea nos impone un modelo de agricultura que es contrario a los intereses de nuestros agricultores (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por tanto, se demuestra una vez más quién es quien manda, quién es
quien gobierna en este país, que no son precisamente quienes se sientan en el banco azul. Es un mal acuerdo y, por eso, votamos en contra en el Parlamento Europeo, por eso creo que votaron también en contra los eurodiputados del Partido Socialista.
Creemos que hay que cambiar, creemos que hay que plantar cara decididamente a una idea de la Unión Europea que quiere condenar a nuestro mundo rural prácticamente a la desaparición. Los agricultores hoy no pueden aguantar más. Nuestros
agricultores no pueden seguir resistiendo una política europea contraria a sus intereses. Por eso es el momento de plantar cara. Por eso es el momento de que este Parlamento empiece ya a decirle al Gobierno, al ministro de Agricultura, que hay que
ir a la Unión Europea a defender más y mejor los intereses del campo español. Por eso, creemos que en estos momentos debe salir algo positivo de este Parlamento. No debe salir un no, sino una llamada de esperanza para los agricultores. En función
de eso posiblemente votaremos que sí a la propuesta. Pero hemos presentado una enmienda, que también tiene que quedar hoy aquí clara, y es que no podemos seguir tolerando que la Unión Europea llegue a acuerdos con el Reino de Marruecos saltándose
la legalidad internacional, saltándose la legalidad que no le reconoce a Marruecos el dominio del Sáhara Occidental. De una vez por todas hay que reconocer la legalidad internacional que señala claramente que el Sáhara Occidental no es parte del
Reino de Marruecos. Por eso, cuando se firma un acuerdo que incluye ese territorio, es la Unión Europea la que se sitúa fuera de la legalidad internacional y, por eso, nuestra enmienda trata de plantear claramente que el Gobierno español tiene la
obligación de exigir a la Unión Europea el respeto a la legalidad internacional. Yo estoy convencido de que si en lugar de ser Marruecos fuese otro Estado quien estuviese ocupando ilegalmente un territorio, allí estarían los tanques de la OTAN
bombardeando ese territorio. Pero no es así. Marruecos es un sistema, un régimen al que hay que proteger, porque también es verdad que es un régimen amigo de quien manda en la Unión Europea. Por eso, nuestra enmienda va claramente en el sentido
de que se respete esa legalidad, que también esta Cámara tenga hoy una llamada de aliento al pueblo saharaui, que sigue resistiendo, que sigue reivindicando algo tan simple como el derecho de disfrutar de las riquezas de su territorio, de que no
sean robadas, de que no sean usurpadas y que no le sean quitados los productos de su propia tierra. Por eso, no es de recibo, no es justo que el Gobierno español siga mirando para otro lado cuando la Unión Europea firma acuerdos con Marruecos que
son claramente contrarios a que el pueblo saharaui sea capaz de ser dueño de su destino. Ese es el sentido de nuestra enmienda, que no va en contra de la propuesta, que no va en contra de la intervención del Grupo Socialista.
Termino como empezaba, no nos ha gustado la intervención. Tenía que haber habido algo más de claridad, ese no a un acuerdo que es negativo, una defensa más clara del campo andaluz. Señorías, si no somos capaces en este momento de entender
que la PAC, que la política agraria comunitaria que se nos viene encima es claramente contraria a nuestros intereses, flaco favor le vamos a hacer a los intereses de millones de personas que viven todavía de la agricultura, que viven en el mundo
rural y que necesitan el apoyo del Gobierno y de todas las fuerzas políticas de esta Cámara.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario es muy crítico con el acuerdo de libre asociación entre la Unión Europea y Marruecos. Estamos de acuerdo en cuál debería ser el
espíritu de ese tratado; nadie puede negarle a países menos ricos que nosotros, menos desarrollados, la posibilidad de comerciar con nosotros para así evolucionar, crecer y generar riqueza. Hasta ahí es la teoría, lo que pasa es que, como
en muchas ocasiones, nos encontramos con que lo que realmente falla es la práctica de la misma.
Vamos a presentar dos enmiendas y, esgrimiendo la misma coherencia que usted ha dicho que se debiera esgrimir para que se acepten, creemos que su grupo debería aceptarlas. En primer lugar, negamos la mayor. De eso habla una de las
enmiendas, la primera de ellas, del necesario cumplimiento de la cláusula democrática de la Unión Europea, que, obviamente, aquí no se cumple, señoría. La segunda habla, como acaba de decir el diputado de La Izquierda Plural, de la inclusión en el
acuerdo de las fronteras del Sáhara Occidental. No es tan complicado. Estados Unidos y Marruecos sí que lo han incluido en el acuerdo de libre comercio entre ambos países. Pero, como decía al principio, es en la práctica donde encontramos los
problemas de algo cuya música, en teoría, sonaba muy bien. En la práctica observamos que este tratado ha conseguido que se roturen tierras medioambientalmente muy ricas; que se dé trabajo a trabajadores de Marruecos con sueldos muy bajos, a los
que además no se les deja asociarse sindicalmente; se añade a eso el problema del trabajo infantil, que ha sido denunciado por Unicef; se usan de una forma desmedida recursos hídricos en una zona que, además, es muy sensible en este aspecto y que
está sufriendo una bajada dramática del nivel freático de sus aguas subterráneas; se utilizan pesticidas que nosotros ya no permitimos que se utilicen y no existen controles de seguridad o de seguridad alimentaria o de calidad, que nosotros sí
exigimos a los agricultores europeos. A todo esto hay que añadir el hecho de que la mayoría de las empresas que se benefician de estos acuerdos son grandes empresas de capital mixto, habitualmente franco-marroquíes, y la agricultura familiar, las
familias del país vecino no perciben ninguna ventaja.
Como vemos, la práctica de la ley se ha ido alejando del espíritu de la misma y, por eso, nos parece razonable, como han hecho ustedes, denunciar el acuerdo, porque en realidad estamos empobreciendo a un país en vez de ayudar a
desarrollarlo. Es un acuerdo -nos parece importante recalcar esto- que además deja en franca desventaja, respecto a los productos marroquíes, a nuestros agricultores, haciendo que siga un drama que ya se está desarrollando especialmente en nuestro
país y en el resto de Europa: el abandono de las tierras de cultivo. Es un acuerdo, además, que creemos que contradice el espíritu de la creación de la PAC, que no era otro que asegurar a Europa soberanía en un aspecto tan sensible y tan
estratégico como es la alimentación. Señorías, este tipo de acuerdos nos va a hacer más dependientes de otros países para poder alimentar a nuestra población y nos dejará a merced de la inestabilidad de un mercado que ya ha producido y que ya ha
provocado grandes crisis, como la de 2008, que no nos afectó tanto a nosotros porque teníamos productores propios y, por tanto, cierta seguridad alimentaria. A todos estos problemas debemos añadir los que se derivan de la aplicación de los antiguos
acuerdos; acuerdos que no se están respetando, que no se han respetado, creando situaciones como la denunciada por la Federación española de productores y exportadores de frutas y hortalizas, por ejemplo el caso en el que entraron más de 14.000
toneladas de tomate marroquí solamente a través del mercado de Perpiñán por un precio inferior al acordado en el protocolo agrícola del acuerdo y sin pagar los aranceles fijados. Sobre este hecho en concreto, nuestro grupo, Unión Progreso y
Democracia, ha hecho una pregunta escrita al señor ministro Cañete, y estamos esperando que nos responda a estas cuestiones: qué medidas va a pedir el señor ministro, si pedirá el cobro de aranceles no devengados en su día y qué hará para impedir
que este tipo de hechos se repitan. Estamos, pues, de acuerdo con que se inste al Gobierno español para que consiga un fondo específico y medidas de apoyo a productos españoles para compensar productos afectados. En cuanto al hecho de pedir que se
establezca un sistema para la correcta aplicación de los contingentes y los controles que garanticen que las cantidades no sean rebasadas, quiero matizar solo que creemos que esos controles ya existen, lo que parece que no existe es una voluntad
política de llevarlos a cabo. Estamos de acuerdo con establecer reciprocidad y control en el cumplimiento de los estándares fitosanitarios, sociales y medioambientales, así como en la seguridad alimentaria. Apoyamos los estudios que ustedes están
pidiendo. Solamente nos gustaría solicitar que no sirvan de coartada para la inacción porque el sector no está para dilaciones. Creemos que es necesario ayudar al sector. Nos parece bien, pero creemos que hay que diversificar, bien mediante
producción de energía, como se hace ya en países como Holanda, o bien con cosas como el turismo rural. Estamos de acuerdo en pedir ayudas nacionales, tales como rebaja de tarifas eléctricas, gasóleo bonificado, etcétera. Creemos que no solamente
se debe implicar al Gobierno francés, porque a través de la frontera de Holanda también están entrando irregularmente muchos productos.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que terminar.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Acabo, señor presidente.
Quisiéramos que se explique cómo se piensa implicar al sector español en Marruecos a cumplir con el acuerdo. Hace falta que se nos explique y que se haga algo en cuanto a la persecución del fraude de etiquetado que a veces hace pasar
productos marroquíes como europeos. Por último, nos gustaría haber leído algo más en su propuesta acerca de la marca España.
Muchas gracias, señor presidente (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.
Señora Rumi, nuestro grupo parlamentario coincide con usted en que la aprobación de este acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos es una mala noticia para la pequeña producción agraria, tanto para la europea y la española como
para la marroquí y la saharaui. Además este acuerdo favorece principalmente a aquel sector menos sostenible ambientalmente, que menos redistribuye la economía, es decir las grandes productoras agrícolas. Con ello se permite además una apertura
comercial que ataca directamente a la rentabilidad de nuestras empresas, de nuestras productoras agrarias, al provocarse la saturación de los mercados europeos; hacen caer los precios y, desde luego, no existen medidas reales para reducir la crisis
que se produce en el mundo agrario. Además, podemos afirmar que hasta ahora el control del fraude en las aduanas de la Unión Europea ha sido y es prácticamente inexistente y se ve favorecido asimismo por una normativa débilmente aplicada. Por
tanto, consideramos que se han de establecer nuevos mecanismos o mejorar incluso los existentes para que se respeten las cuantías aduaneras que están establecidas y que se asegure el cumplimiento de contingentes; plenamente de acuerdo con esos
temas. Si además tenemos en cuenta el esfuerzo que realiza nuestro sector agrario, resulta imprescindible condicionar la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos, en materia evidentemente sociolaboral pero
también ambiental y sanitaria, en beneficio de la seguridad alimentaria de todos los consumidores europeos, pero también para mejorar las condiciones de trabajo de todas esas personas que viven en esos países productores. Nuestro grupo sigue
apostando, como siempre ha hecho, por un modelo agrícola basado en pequeños productores, mantener las áreas rurales, modelos agrícolas de proximidad basados en productos de calidad certificada que constituyen uno de los pilares de nuestra actividad
agraria. No hay que olvidar que cada vez es más creciente la conciencia social acerca de la calidad de los alimentos que consumimos, de todas las consecuencias medioambientales en su producción, de todas nuestras compras, en definitiva ligados a
esos elementos. Creemos que todos los aspectos relacionados con mejoras tecnológicas, con aplicaciones también de innovación en este ámbito, pueden ayudar a transformar el sector agrario y a mejorarlo. Existen oportunidades de negocio en este
ámbito que desde luego los productores agrícolas deben utilizar, y tenemos que ayudarles
Estamos plenamente de acuerdo con la propuesta que han presentado ustedes como proposición no de ley, sin embargo resulta reprobable que la Unión Europea apruebe un acuerdo comercial con Marruecos en el que no se excluya específicamente los
territorios ocupados del Sáhara Occidental. Ha sido nuestra postura también en el Acuerdo de pesca, como en este caso; es el mismo posicionamiento por la misma razón. Con este nuevo acuerdo Marruecos se permitirá continuar la entrada en el
mercado comunitario de productos que están, como en el caso de los tomates, producidos en los territorios ocupados militarmente del Sáhara Occidental, contrario al derecho internacional. Puesto que en el acuerdo agrícola aprobado se vuelve a
ignorar este aspecto, desde luego hemos presentado una enmienda a esa proposición no de ley, una enmienda adicional a lo que ustedes han ofrecido. No hay que olvidar que el Estado español sigue teniendo una responsabilidad con el Sáhara; lo dice
la ONU al señalar que el Sáhara sigue siendo un territorio no autónomo, es decir un territorio que no ha concluido su descolonización, y es a España a la que le corresponde la autoridad administrativa del Sáhara Occidental, no a Marruecos en ningún
caso. Para nuestro grupo constituye una prioridad que se incluya esta enmienda, puesto que se han identificado plantaciones en el territorio del Sáhara, tales como la ciudad de Dajla, cuando no existe población local en las empresas que están
actuando en ese ámbito; las empresas que trabajan y las personas que allí trabajan son marroquíes, no saharauis. Ellos trabajan en esas fincas durante meses, en viviendas subvencionadas por el Gobierno marroquí mientras los saharauis siguen
desempleados. No podemos cerrar los ojos ante esta situación y olvidar la continua violación de derechos humanos en el Sáhara. Por tanto, sus propuestas son adecuadas pero, desde luego, a juicio de nuestro grupo considerar todo este ámbito del
Sáhara Occidental es prioritario también en el acuerdo agrario con Marruecos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tapia.
Por el Grupo Popular, para presentar la enmienda tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo que manifestar esta noche ya a estas horas que la capacidad de sorpresa que a determinada edad uno tenía absolutamente o previsiblemente agotada crece con las intervenciones, los cambios de rumbo de algunos portavoces y de
algunos grupos parlamentarios en esta Cámara, con la capacidad de extenderse aun más allá de lo necesariamente posible y soportable. Señora Rumí, estamos hablando de un protocolo de asociación entre Marruecos y la Unión Europea ratificado por el
Gobierno del Partido Socialista en diciembre del año 2010; un protocolo agrícola promovido, impulsado y negociado por ustedes; un protocolo defendido como positivo en esta Cámara y en otras instancias e instituciones por ustedes, y tiene guasa que
ahora venga usted, señora Rumí, a echar la culpa de esto al señor Arias o al Gobierno del Partido Popular. Señoría, un poco más de rigor y un poco menos
de caradura (Aplausos). Desde el año 2008, señores del Grupo Socialista, estuvimos advirtiendo de los problemas sobre la negociación de este protocolo. Les advertimos de los problemas en la competencia desleal, en la trazabilidad, en la
falta de controles, en el incumplimiento de los cupos, en los problemas de los calendarios que ya existían, en el fraude al respecto de los precios de referencia. Entonces ustedes nos acusaban de demagogia, ahora parece ser que por primera vez
reconocen en esta Cámara que ese protocolo va a afectar a los agricultores. A buenas horas, mangas verdes. Yo quiero refrescarles a ustedes y a esta Cámara la memoria.
Quiero recordar que la señora Espinosa o la señora Aguilar, ministras del ramo, dijeron que el acuerdo era positivo, que hasta ahora se cumplían y se cumplen los cupos pese a las protestas de agricultores, de asociaciones o del PP y que
además el Gobierno había mejorado el texto resultante. Quiero recordarles los artículos publicados en El País por el señor Puxeu y López Garrido, compañeros de usted, tan secretarios de Estado como usted, señora Rumí, en los que decían de nuevo:
El acuerdo es positivo y necesario, facilitará el acceso al crédito y a las campañas de promoción y además los países receptores se han comprometido a un adecuado control y vigilancia de los precios de entrada. No voy a entrar en el papelón de su
grupo parlamentario en el Parlamento Europeo donde estuvieron votando que sí a este acuerdo hasta dos semanas antes de la convocatoria de las elecciones andaluzas. Aquí en el Parlamento nacional pregunten a sus portavoces, señora Rumí. En el
Senado decían que no se puede sostener que los controles fitosanitarios no se hagan o su portavoz de agricultura -todavía portavoz de agricultura- nos decía, defendiendo el tratado, que estos temas hay que verlos con cierta estrategia -decía- y,
sobre todo, con mirada larga -también nos decían- (Rumores). Pues más que mirada larga lo que le he visto a usted ha sido una mirada aviesa; mirada aviesa contra el PP echándole la culpa de los que ustedes hicieron y que ahora no quieren asumir
(Aplausos).
¿Por qué, señora Rumí, si dijeron que el acuerdo era positivo, ahora dicen lo contrario? ¿Por qué si decían que se cumplían los cupos ahora dicen lo contrario? ¿Por qué si el texto resultante había sido mejorado ahora dicen lo contrario?
¿Por qué si decían que había un adecuado control y vigilancia en los precios de entrada ahora dicen lo contrario? ¿Por qué si decían o manifestaban que se hacían los controles ahora dicen lo contrario? (Rumores).
Nosotros hemos presentado una enmienda que recoge en verdad las necesidades del sector, que coincide con la iniciativa que se ha aprobado en esta Cámara en Comisión, que es más amplia que la que ustedes han presentado, con la que
pretendemos, sin duda, llegar a un acuerdo; un acuerdo que ustedes pudieron conseguir en el pasado, pero que no quisieron en su momento ni con nosotros ni en el seno de la Unión Europea. Hay cuestiones que evidentemente no se pueden aceptar.
Ustedes en su iniciativa dicen que hay que crear un fondo, y parece razonable que cuando se crea un fondo sea por unos perjuicios. Si el tratado entra en vigor el 1 de junio, esperemos a que entre en vigor para valorar esos fondos. Ya sé que
ustedes son de aquellos que crean fondos sin motivo, razón o destino -lo estamos viendo especialmente en estos días en Andalucía-, pero yo creo que cuando se va a pedir un fondo exigiendo compensaciones hay que determinar las cuantías y las
cantidades.
En cuanto a las ayudas a las tarifas eléctricas, señora Rumí, ustedes pertenecen a un Gobierno que gracias a su apuesta energética ha permitido que a los agricultores de Almería las tarifas les suban un 95 por ciento, que el precio del agua
haya subido en estos años un 80 por ciento, que además a los agricultores de Almería...(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que ir acabando.
El señor HERNANDO FRAILE: Acabo.
... se les haya subido los impuestos, eso del IVA que ustedes hicieron. Por tanto, y para acabar ya, señora Rumí, acepte nuestra enmienda; sería la oportunidad de que ese proceso de conversión -ya sabe usted aquello de San Agustín: ¡Dios
nos libre de la fe del converso!- en realidad no sea algo pasajero y se convierta en una realidad. Los agricultores de su circunscripción se lo agradecerán.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Para fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente. Lo haré desde el escaño dada la hora y para ahorrar tiempo. Simplemente quiero manifestar a la proponente nuestra intención de votar afirmativamente la proposición siempre y cuando
fueran aceptadas las enmiendas relativas a un condicionamiento básico, y es que el acuerdo con Marruecos solo puede ser suscrito en respeto absoluto a las circunstancias del Sáhara. Si fuera así votaríamos a favor.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero señalar una cosa previamente para la señora Rumí sin ninguna acritud. Ha hablado usted de agricultores canarios, navarros y andaluces y se ha referido a los valencianos como Levante. Le agradecería, ahora que el hemiciclo está tan
lleno, que cuando se refiriera a los agricultores valencianos o a nuestro gentilicio dijera valencianos. Nos disgusta mucho que nos llamen Levante
porque nosotros no llamamos a nadie poniente. Nos gusta que nos llamen valencianos (Rumores).
En el minuto que me queda quiero decir que no sé quién tiene la culpa, si los de aquí o los de allá; lo que sé es que a veces los agricultores valencianos y los agricultores del Estado español parece que no sean europeos. Este acuerdo es
totalmente nefasto para los intereses valencianos. Liberaliza la entrada de naranjas y de hortalizas, aumenta el contingente de clementinas; el acuerdo mejora las condiciones de determinadas frutas y hortalizas que son competencia para las
valencianas, lo que supone mayores dificultades para los productores valencianos y del Estado español. Tampoco prevé medidas de compensación por las consecuencias de este acuerdo. Primero se ha aprobado el acuerdo y después se verá la repercusión,
cuando ya no se pueda rectificar y haya afectado al sector agrario valenciano o del resto del Estado español. Hay que calcular la repercusión económica y social para los agricultores valencianos y españoles y según este cálculo exigir
compensaciones a Bruselas por la mala política de acuerdos del Parlamento Europeo, que perjudica a un sector económico europeo y por tanto a ciudadanos comunitarios, como somos los valencianos. Por eso, Compromís-Equo votará a favor de la
propuesta, porque cualquier propuesta que pretenda valorar los costes que ese acuerdo supondrá para los agricultores, que pretenda consignar fondos para compensar a los agricultores afectados, así como un mayor control de contingentes y el
cumplimiento de exigencias fitosanitarias, en definitiva que pretenda ayudar a nuestros agricultores, la aprobaremos decididamente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Lamentamos profundamente que el ministro no haya aceptado la comparecencia que le pedimos para este asunto, porque es un tema importante. Simplemente quiero decir que ya ha pasado y que ahora hay que garantizar varias cosas: las
condiciones de competitividad, sobre todo con el tomate canario -coincidimos en tiempo-, además de las condiciones laborales, medioambientales y sociales, porque si no no se puede competir. Hay que exigir un cumplimiento exacto de lo que son
contingentes, precios y control de fronteras; en eso hay que trabajar. Solamente quiero añadir que hay que ocuparse de las compensaciones. Hay que ir estudiando las compensaciones porque en este momento es un golpe de muerte a un sector, sobre
todo en Canarias, donde más de 20.000 personas viven de él. En ese sentido, aunque en junio se implanten, hay que trabajar conjuntamente y no desechar las compensaciones, como hizo el ministro en esa entrevista que tuvo en Marruecos, donde
manifestó que por ahora no piensa en compensaciones. Hay que pensarlas, trabajarlas y negociarlas con el sector.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Finalmente, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Señor presidente, señoras y señores diputados, señora Rumí, más allá de compartir íntegramente o no la exposición de motivos de esta proposición no de ley, entendemos que esta recoge la preocupación lógica de
nuestro sector agrario después de la aprobación del Acuerdo de libre asociación de la Unión Europea con Marruecos del pasado febrero por el Parlamento Europeo. Es necesario, pues, a raíz de esta preocupación, que el Congreso pueda reunirse con el
sector y recoger esa inquietud, expresando la voluntad de minimizar al máximo el impacto de este acuerdo. Si bien el abasto de acuerdo no afecta igual a todas las zonas del Estado, crea un precedente y lo que ahora se anuncia como un acuerdo
bilateral sobre una gran cantidad de productos pueda acabar siendo una liberalización total donde estén incluidos todos los productos. Eso sí que afectaría a todas las zonas del Estado. Decimos esto porque el tema va más allá del simple hecho de
dónde puede afectar más o dónde puede afectar menos. Después de este acuerdo pueden venir más, y esto puede poner el peligro nuestro tejido productivo. Si a todo esto le añadimos la grave crisis económica por la que pasa el sector, este acuerdo
merma de forma evidente o -por decirlo de alguna manera- pone demasiados interrogantes en el futuro inmediato de nuestro sector agrario, que no sabe realmente el impacto económico de dicho acuerdo. Con este acuerdo la Unión Europea consideró que la
apertura de los mercados y la integración progresiva en el mercado interior de la Unión Europea pueden ser instrumentos poderosos para el desarrollo de países del sur del Mediterráneo y se puede ayudar así a mitigar la pobreza generalizada y la
desocupación. Este es un planteamiento teórico que supera la estricta contextualización en términos agrarios.
En el punto 1 de esta proposición no de ley se insta al Gobierno a llevar a cabo ante la Comisión Europea y demás instituciones de la Unión Europea las gestiones oportunas para minimizar los efectos negativos del acuerdo. En el Grupo
Catalán de Convergència i Unió y en Cataluña estamos de acuerdo en todo con estas medidas propuestas, siempre y cuando se garantice el mismo trato que a los productos provenientes de la Unión Europea en lo que se refiere al sistema de inspecciones y
controles sobre el cumplimiento de las exigencias y requisitos medioambientales, sanitarios, de bienestar animal, de salud pública y del uso de las normas laborales a las importaciones de productos de terceros países con el objetivo de que no haya
competencias desleales con los productores de la Unión Europea. Esta exigencia ya se aprobó en una resolución del Parlament de Catalunya en abril de 2010, y en este
sentido un reciente documento de posicionamiento de Cataluña respecto a la PAC, por tanto, un documento consensuado entre todos los sectores agrarios ... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.
Ruego un poco de silencio para que se pueda oír al orador.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Como decía, un documento aprobado por todos los sectores agrarios y la Administración catalana concluye, entre otras cosas muy importantes, que se debe exigir el principio de reciprocidad en las importaciones
provenientes de terceros países para evitar así problemas de seguridad alimentaria. Por tanto, se debe ser estricto en las medidas sanitarias y fitosanitarias, así como en las condiciones medioambientales en que se producen estos productos. La
segunda parte de esta proposición no de ley también está en línea con la Resolución 671/8, de 20 de abril de 2010, del Parlament de Catalunya y también con el nuevo posicionamiento ante la PAC del Parlament. Por tanto, el Grupo Catalán de
Convergència i Unió votará a favor de esta proposición no de ley.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Solsona.
Señora Rumí, su turno para que manifieste qué enmiendas acepta o rechaza.
La señora RUMÍ IBÁNEZ: Señor presidente, me ha costado mucho seguir este debate. Fíjese si me habrá costado que al señor Hernando le he entendido que quería ser el forense de la agricultura (Protestas). Es decir, que no aceptaba ni los
fondos ni las ayudas hasta que no se vieran sus consecuencias (Continúan las protestas).
El señor PRESIDENTE: Señora Rumí, no es momento ahora para hacer incursiones ingeniosas. Conteste al tema de las enmiendas.
La señora RUMÍ IBÁNEZ: Hemos ofrecido una transaccional al Grupo Popular que no ha querido aceptar por estas dos razones, ni fondos ni ayudas, por tanto se vota en sus términos (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rumí (El señor Hernando Fraile pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.
Intervengo por alusiones evidentes. Yo sé algo de medicina por razones familiares, pero si hay alguien a quien le tiene que agradecer algo más que lo que pasa por el forense en Almería es a su Gobierno. Cuando nosotros gobernábamos había
23.000 parados y con ustedes 168.000. De eso son forenses ustedes, del paro (Protestas.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones correspondientes.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (Número de expediente 122/000010).
El señor PRESIDENTE: En primer lugar vamos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de transparencia y acceso a la información pública.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 126; en contra, 173; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA A LA DACIÓN EN PAGO Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS INSOLVENTES (Número de expediente 122/000011).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, relativa a la dación en pago y la protección de las personas físicas insolventes.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 146; en contra, 169; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS MENORES EN LAS REDES SOCIALES EN INTERNET (Número de expediente 162/000183).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones de las proposición no de ley. En primer lugar la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre la seguridad de los menores en las redes sociales en Internet. Hay una transaccional que conocen todos los grupos, por lo que pregunto: ¿Alguien se opone a que pueda ser votada?
(Denegaciones). En ese caso votamos la transaccional.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 315.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL ACUERDO DE LIBRE ASOCIACIÓN UE-MARRUECOS Y EL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL. (Número de expediente 162/000215).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Acuerdo de libre asociación Unión Europea-Marruecos y el sector agrario español (El señor Bermúdez de Castro Fernández pide la palabra).
Señor Bermúdez.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Señor presidente, si el grupo proponente no se opone, solicitaríamos votación separada de los apartados d) y e) del punto 1 y de los apartados b) y c) del punto 2 de la proposición no de ley del Grupo
Socialista (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señora Rumí, usted es la dueña de la proposición no de ley, por lo que usted decide cómo quiere que se vote (Denegación). Se votará entonces en sus propios términos y en su totalidad.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 132; en contra, 176; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Se suspende la sesión.
Eran las once de la noche.