Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 72, de 11/04/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
11 de abril de 2012
Núm. 72
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión de Justicia
161/000495 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre reforma legislativa procesal que permita la implantación de la Oficina Judicial en la Administración de Justicia ...
161/000511 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a modificar el artículo 438.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ...
Comisión de Interior
161/000494 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión parlamentaria de investigación del 11 de marzo de 2004, a la luz de
los atentados yihadistas de Mohamed Merah en Francia ... (Página7)
161/000519 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de cooperación entre policía local y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ... (Página10)
Comisión de Defensa
161/000496 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mantenimiento de la Academia General Básica de Talarn (Lleida) ... (Página12)
161/000508 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la cesión del dominio y titularidad de los terrenos de la antigua base Loran al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Girona) y la
demolición de las antiguas baterías militares para ser destinados a equipamientos de interés cultural y natural ... (Página13)
Comisión de Economía y Competitividad
161/000498 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre protección de los usuarios de servicios financieros ... (Página14)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000499 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para luchar contra el fraude fiscal en España ... (Página15)
161/000506 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre inversiones estatales en Canarias ... (Página17)
161/000517 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la firma del Convenio de Colaboración 2012-2016, entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de
Aragón, en desarrollo del Protocolo de Intenciones suscrito el día 07/03/2011 entre ambas Administraciones ... (Página18)
Comisión de Fomento
161/000497 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la infraestructura ferroviaria en Montcada i Reixac.... (Página19)
161/000505 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la carretera N-II en el tramo Girona-frontera francesa ... (Página20)
161/000510 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la construcción de una estación de tren en Santa Perpètua de la Mogoda de la línea R-8 del Servicio de Cercanías de Barcelona ...
161/000513 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para mejorar la seguridad en la N-II a su paso por la demarcación de Girona.... (Página22)
161/000520 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sistema de peaje portugués ... (Página23)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000507 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para incrementar las pensiones de viudedad y mejorar su tratamiento fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley 27/2011, de 1 de agosto,
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social ... (Página24)
161/000509 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a desarrollar un proyecto de ley de regulación del sector de los servicios a la persona ...
161/000512 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a aprobar la estrategia para la promoción de la responsabilidad social de las empresas ...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000500 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los beneficios abusivos del sector eléctrico, el déficit tarifario, el incremento del precio de la factura y el bono
social ... (Página27)
161/000501 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las consecuencias de la catástrofe nuclear en Japón y el futuro de la energía nuclear ...
161/000504 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la inversión en el Parador Nacional de Morella (Castellón) ... (Página31)
161/000516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la marca turística 'La España Verde' ... (Página31)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000518 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la morosidad en el sector porcino ... (Página32)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000515 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la extensión de programas de mejora de la calidad asistencial en pacientes crónicos polimedicados ... (Página32)
161/000521 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de comunicaciones ...
161/000522 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la adopción de medidas de apoyo a las personas con síndrome de Down y la reposición del calendario del Sistema de Atención a la Dependencia ...
Comisión de Cultura
161/000502 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la conmemoración del centenario del nacimiento del poeta Salvador Espriu ... (Página35)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000514 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para la erradicación del sistema de Resumen de Actividades Individuales (RAI) y el Resumen de Actividad de Unidades (RAU) de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil ... (Página36)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000503 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a colaborar en la financiación del Centro Deportivo Especializado para Personas con Discapacidad de Carranque (Málaga) ...
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Justicia
181/000218 Pregunta formulada por la Diputada doña Sofía Hernanz Costa (GS), sobre fecha prevista para iniciar la construcción del nuevo edificio de juzgados de Ibiza ... (Página39)
Comisión de Interior
181/000208 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre limitación de las inversiones del Gobierno en Soria a 'inaugurar' las inversiones socialistas ... (Página40)
Comisión de Fomento
181/000200 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco González Cabaña (GS), sobre partida prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 para la redacción del proyecto de construcción de la futura variante de la autovía A-7
Algeciras-San Roque.... (Página40)
181/000201 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco González Cabaña (GS), sobre previsiones acerca del futuro de la concesión de la AP-4 Sevilla-Cádiz ... (Página40)
181/000202 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco González Cabaña (GS), sobre previsiones acerca de la construcción del enlace viario de Tres Caminos (Puerto Real-Cádiz) ... (Página40)
181/000204 Pregunta formulada por el Diputado don Vicente Guillén Izquierdo (GS), sobre prioridades del Gobierno en materia ferroviaria en Teruel ... (Página40)
181/000205 Pregunta formulada por el Diputado don Vicente Guillén Izquierdo (GS), sobre prioridades del Gobierno en materia de carreteras en Teruel ... (Página40)
181/000206 Pregunta formulada por el Diputado don Vicente Guillén Izquierdo (GS), sobre previsiones acerca de reiniciar las obras en la carretera N-232 entre Ráfales y el límite de la provincia de Castellón ...
181/000207 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), sobre opinión de la Ministra de Fomento sobre si la Autoridad Portuaria de Gijón (Asturias) ha aplicado correctamente los criterios establecidos para
la determinación de las tasas portuarias de 2012 ... (Página41)
181/000214 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de la entrada del AVE en Ourense ... (Página41)
Comisión de Educación y Deporte
181/000221 Pregunta formulada por la Diputada doña Mª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre consideración por el Gobierno de la necesidad de modificar la LOE para que la religión no forme parte del currículum escolar a fin de evitar casos de
discriminación como los que se están produciendo ... (Página41)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000209 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre valoración del hecho de que un trabajador con bajas de 8 ó 9 días en dos meses pueda ser despedido ... (Página41)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/000203 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco González Cabaña (GS), sobre convocatoria de una nueva orden de reindustrialización con presupuestos específicos para las demarcaciones de la provincia de Cádiz que se han
beneficiado de estas ayudas: la Bahía de Cádiz y zonas de influencia y la Bahía del Campo de Gibraltar ... (Página42)
181/000215 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversiones previstas en la provincia de Ourense para fomentar el turismo termal ... (Página42)
181/000216 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre prioridades en materia de turismo para la provincia de Ourense ... (Página42)
181/000217 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversiones previstas en la provincia de Ourense en materia de turismo ... (Página42)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000210 Pregunta formulada por la Diputada doña María Consuelo Rumí Ibáñez (GS), sobre ayudas que recibe España con cargo al Fondo Europeo de Pesca y posición y previsiones del Gobierno en relación con las mismas ante el actual proceso de
negociación de la reforma de la Política Pesquera Común ... (Página42)
181/000211 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre opinión del Gobierno acerca del cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Morosidad en las operaciones de compra-venta de productos agrarios ...
(Página43)
181/000212 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre previsiones acerca de legislar en materia de organismos modificados genéticamente (OGM) ... (Página43)
181/000213 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre posición del Gobierno acerca del uso de las harinas cárnicas en alimentación animal, así como opinión sobre si debe variarse la legislación vigente ...
181/000219 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre incidencia en la depuración integral en Málaga de la moratoria que ha pedido el Gobierno a la Unión Europea para finalizar el saneamiento ...
181/000220 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre actuaciones contempladas a corto plazo, para incrementar la capacidad hídrica de la provincia de Málaga ... (Página43)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
Tribunal Constitucional
233/000018 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 9689/2009, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Elche, en relación con el artículo 81 del texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (tal como han sido interpretados con carácter vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de
2004 y 22 de septiembre de 2008) y, alternativamente, en relación con el artículo 100.7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por posible infracción de los artículos 9.3, 117.1 y 123.1 de la
Constitución ... (Página44)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2012.-P. A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Justicia
161/000495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reforma legislativa procesal que permita la implantación de la
Oficina Judicial en la Administración de Justicia, para su debate en la Comisión de Justicia.
Casi dos años después de la vigencia de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial y normativa complementaria, podemos decir que en la práctica, la regulación de
dos aspectos básicos, como son la agenda de señalamientos de vistas de juicios, y la celebración de las mismas sin la presencia de los secretarios judiciales atendiendo a la implantación de sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el
sonido, no ha funcionado. Es más, la regulación normativa de estos dos aspectos ha resultado claramente insuficiente, y el servicio público no es homogéneo ni racionalmente prestado en los órganos judiciales de todo el territorio estatal; más bien
al contrario, la agenda de vistas de juicios sigue presidida por criterios individuales de cada Juez o Magistrado, no se han elaborado con carácter general las agendas programadas de señalamientos, ni -como era de prever- los criterios a los que la
Ley se refiere, y la fijación de las vistas sigue atomizada y dependiente de criterios ajenos al servicio público. Asimismo, debido a la tibia regulación en la materia, se siguen celebrando vistas donde los secretarios judiciales están presentes,
pese al incremento de competencias de este cuerpo técnico superior, lo que incide en una clara desatención y perjuicio del servicio público.
En este sentido, consideramos imprescindible profundizar en la reforma iniciada la pasada legislatura para incidir en la implantación de la oficina judicial y en la mejora de aspectos básicos del funcionamiento de la administración de
justicia en beneficio de la ciudadanía.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar en el plazo de seis meses nuevas reformas complementarias de la legislación procesal para la implantación de la Oficina Judicial en tres aspectos que, tras ser abordados por la Ley
13/2009, no han funcionado en la práctica dos años después de su entrada en vigor:
1. El régimen de los señalamientos de las vistas de juicios, para hacerlo depender de criterios objetivos y homogéneos, abandonando la atomización actual que supone tener un calendario distinto en cada órgano judicial, con la inseguridad
que ello genera para la ciudadanía.
2. El régimen de presencia facultativa de los secretarios judiciales en las vistas de juicios, con la finalidad de que la celebración de vistas sea, como regla general, sin la presencia del secretario judicial, circunstancia que ya permite
el estado actual de la tecnología de grabación audiovisual. Se trata así de habilitar plenamente a este cuerpo técnico superior para el ejercicio de facultades directivas en la oficina judicial, dadas sus atribuciones competenciales, cuyo desempeño
se ha mostrado de difícil compatibilidad con la presencia en la sala de vistas.
3. El régimen de admisión de la demanda en la jurisdicción social, en concreto de las diligencias de prueba a practicar en juicio en el caso de ser admitidas por el juez o magistrado, para agilizar y homogeneizar la tramitación de las
solicitudes mediante la atribución como regla general de su resolución a los secretarios judiciales en el Decreto de admisión de la demanda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2011.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Justicia, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a modificar el artículo 438.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Antecedentes
El pasado 16 de febrero de 2012 el Tribunal Constitucional dictó la sentencia mediante la cual se resolvía la cuestión de inconstitucionalidad relativa a la aplicación del artículo 43.1 de la Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia
de Catalunya.
El artículo que ha sido declarado inconstitucional facultaba la posible acumulación de los procedimientos de separación, divorcio o nulidad junto con la acción de la división de la cosa común respecto de aquellos bienes que tuviesen los
cónyuges en proindiviso.
La inconstitucionalidad del precepto no se desprende de la materialidad del mismo sino que viene determinada por el hecho de que se considera que lo establecido en el mismo excedía las competencias de la Generalitat de Catalunya e invadía
las del Estado en materia de legislación procesal de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.6 de la Constitución.
En el voto particular de la mencionada sentencia se establece que efectivamente la opción procesal que predisponía el artículo 43.1 respondía a una necesidad manifiesta en la realidad social del conjunto del Estado y asimismo permitía
resolver mediante mejor economía procesal y menores costes para las partes la problemática habitual de tener que dividir una vivienda en proindiviso en los procesos de divorcio.
La Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia de Catalunya fue derogada por la actual Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Catalunya. El artículo 232.12 de la presente Ley reproduce casi en su totalidad
lo indicado en el anulado artículo 43.1 de la anterior disposición y dado que el Tribunal Constitucional únicamente declaró la inconstitucionalidad del concreto precepto, formalmente, en la actualidad el artículo 232.12 es todavía vigente.
Para evitar posibles consecuencias sobre el posible planteamiento de una nueva cuestión de inconstitucionalidad, y asimismo para mejorar la legislación procesal del Estado se propone llevar a cabo una modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Civil a los efectos de poder acumular los procedimientos de separación, divorcio o nulidad matrimonial sujetos al régimen de separación de bienes con la acción de división de la cosa común ostentada por los cónyuges en proindiviso. Mediante esta
fórmula se podría dotar de una solución más ágil y eficiente para las personas afectadas por estos procedimientos, un ahorro de costes en la Administración de Justicia y a su vez resolver el problema de constitucionalidad que en la actualidad afecta
al artículo 232.12 del libro segundo del Código Civil de Catalunya.
Hay que recordar que la regla procesal recogida en el artículo 43.1 no sólo se correspondía con una institución singular del Derecho catalán sino que también nos hallábamos ante una regla procesal dispositiva, es decir, que permitía la
acumulación, no imponiéndola en ningún momento y respondiendo asimismo adecuadamente a la realidad social.
Consideramos que disposiciones procesales con este contenido son más que nunca necesarias en un momento donde la política de racionalización, la economía procesal y la ordenación del gasto público se predicada por todos los responsables de
los poderes públicos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la modificación del artículo 438.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a los efectos de que se establezca que en los procedimientos de separación, divorcio o
nulidad, cualquiera de los cónyuges, podrán ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Interior
161/000494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión parlamentaria
de investigación del 11 de marzo de 2004, a la luz de los atentados yihadistas de Mohamed Merah en Francia, para su debate en la Comisión de Interior.
Los atentados perpetrados por el terrorista yihadista francés Mohamed Merah los días 11, 15 y 19 de marzo de 2012 en Montauban y Toulouse (Francia) han vuelto a poner de actualidad la necesidad de la prevención y de la lucha específica
contra este tipo de terrorismo. Efectivamente, no estamos sólo ante una acción individual, sino ante un terrorista vinculado a un grupo salafista alineado con Al Qaeda formado en Francia, Fursan al Izza, disuelto por el Ministerio del Interior
francés a inicios de 2012. Mohamed Merah estaba fichado por la Dirección Central de Información Interior francesa (DCRI) y vigilado por la policía a partir de 2008 por sus contactos junto a su hermano Abdelkader con un grupo de yihadistas detenidos
en 2007 y condenados en junio de 2009 por 'asociación de malhechores en relación con actividades terroristas'. Pese a sus magros ingresos económicos, Merah viajó en distintas ocasiones a Egipto, Siria, Irak, Líbano, Israel, Jordania, Pakistán y
Afganistán, donde fue entrenado en Waziristán y detenido el 22 de noviembre de 2010 en Kandahar, entregado a las fuerzas de la OTAN, bajo custodia de las fuerzas de EE.UU., y deportado a Francia el 5 de diciembre de 2010. También figuraba en la
lista negra del FBI con prohibición de volar a EE.UU. Pese a estos antecedentes, las Fuerzas y Cuerpos franceses de Seguridad no fueron capaces de interceptarle a tiempo.
El 30 de junio de 2005 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una resolución que resumía las Recomendaciones de la Comisión parlamentaria de investigación del 11 de marzo de 2004. Las 141 recomendaciones se referían a la atención a
las víctimas; la mejora de la seguridad del Estado frente al terrorismo islamista (mediante la cooperación policial y judicial, estatal e internacional, la potenciación de recursos y una mayor cooperación interinstitucional); medidas legales sobre
control de las fuentes de financiación del terrorismo, obtención y tratamiento de la información, lucha contra la inmigración ilegal, confidentes y control de explosivos; una más eficaz respuesta al fundamentalismo islamista y sus consecuencias en
política exterior de seguridad, en política social, cultural y de cooperación al desarrollo y en relación con la religión musulmana. Por último, se recomendaba a los partidos políticos la realización de un Pacto contra el terrorismo internacional,
abierto a todas las fuerzas políticas democráticas.
Ante la constatación de la emergencia de un nuevo tipo de terrorismo, el Congreso exigía del Estado la adopción con la mayor urgencia posible de una respuesta global, con medidas que favorecieran la seguridad de la sociedad a través de
instrumentos políticos, legales y operativos, todo ello con el objetivo de que España no vuelva a sufrir un nuevo ataque.
Del extenso abanico de medidas preconizadas por el Congreso, los sucesivos Gobiernos ya han puesto en marcha un gran número, por ejemplo:
- La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
- La creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNA).
- El Mando policial único.
- Avances en la unificación de las bases de datos de Policía y Guardia Civil.
- Creación del Sistema de Información Común de Operaciones Antiterroristas (SICOA).
- El Plan de alerta con participación del Ejército en la protección de infraestructuras.
- La indemnización a las víctimas y la creación del Alto Comisionado y la Dirección General de Atención y Apoyo a los Damnificados. La adquisición con carácter extraordinario de la nacionalidad española de las víctimas extranjeras o
familiares directos, así como la concesión de residencia y permiso de trabajo a los mismos.
- La ampliación de las plantillas centrales y periféricas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y los traductores de árabe que están dedicadas a la lucha antiterrorista islamista.
- La mejora de la red de alerta con 12 Agregadurías policiales en Asia y África.
- La coordinación con los servicios antiterroristas de la UE y EEUU.
- El intercambio de datos policiales en tiempo real de los países de Schengen.
- La promoción y participación en una red de alerta europea sobre explosivos.
- La conexión informática de las compañías aéreas con Interior para la transmisión de datos de pasajeros en origen.
- La mejora de los sistemas de inspección y control de explosivos.
- La dispersión de presos islamistas.
- La Ley de retención de datos de las telecomunicaciones y de móviles con tarjeta prepago.
Otras recomendaciones del Congreso de los Diputados permanecen inéditas o han sido insuficientemente desarrolladas, por ejemplo:
- La comparecencia del Presidente del Gobierno cada dos años para exponer la estrategia del Gobierno frente al terrorismo islamista, si bien el Ministro del Interior ha comparecido en dos ocasiones en el último año y el Gobierno ha
suministrado a los grupos parlamentarios en la Comisión de Secretos Oficiales una información genérica sobre la lucha contra el terrorismo internacional.
- La realización de un Pacto de todas las fuerzas políticas democráticas contra el terrorismo internacional.
- El impulso de un sistema de coordinación interinstitucional.
- La creación de un Comité Estatal de Crisis.
- La regulación de la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis.
- El establecimiento de un Plan de Financiación Plurianual contra el Terrorismo.
- La construcción de un edificio sede judicial única antiterrorista.
- La creación de un Banco Judicial de Datos sobre terrorismo islamista.
- La creación de una Escuela policial europea antiterrorista.
- La regulación del trabajo integrado de fuerzas estatales y autonómicas.
- La formación específica de policías autonómicos y locales.
- El establecimiento de Protocolos de actuación ante atentados catastróficos.
- La regulación de la figura del informador policial o confidente.
- El refuerzo de la figura del infiltrado o agente encubierto.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en función del grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión parlamentaria de Investigación del 11 de Marzo de 2004, profundice las que ya han sido puestas en marcha y
desarrolle las que todavía no se han aplicado parcialmente o en su totalidad, especialmente en relación con las siguientes:
1. La mejora de la seguridad del Estado frente al terrorismo islamista:
- El rediseño integral de la estrategia antiterrorista a raíz de la aparición del terrorismo islamista radical.
- La generalización de los policías y jueces y fiscales de enlace y de los equipos conjuntos de investigación, o, más intensamente, mediante la creación de unidades policiales o judiciales mixtas, con otros países de la Unión y países
terceros.
- El establecimiento de un Plan de Financiación Plurianual.
- La intensificación de la selección y la formación de agentes con el perfil idóneo para ese tipo específico de investigaciones, que tengan conocimiento adecuado de idiomas, especialmente árabe.
- En el medio rural y en las ciudades y capitales de provincia, la creación de unidades mixtas que contemplen de manera directa la doble perspectiva de la delincuencia relacionada con extranjeros y el radicalismo.
En el ámbito judicial:
- La ampliación y mejora de los recursos humanos y materiales con que cuentan la Audiencia Nacional y la Fiscalía a ella adscrita.
- La creación en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de un grupo de trabajo especializado en terrorismo islamista, a las órdenes del Fiscal-jefe o del Teniente-fiscal.
- El acceso directo de órganos judiciales y fiscalía (vía informática) a la base de datos de antecedentes penales obrante en el Ministerio de Justicia.
- La cooperación en tiempo real entre Jueces y Fiscales con Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y CNI.
En lo referente a la coordinación entre las Policías,
- La garantía de que la Base de Datos compartida entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sea técnicamente fiable, evolutiva y descentralizada para garantizar la coordinación y la circulación interna de la información en tiempo real.
- La creación de unidades mixtas de análisis y tratamiento de datos que relacionen la inmigración irregular, la delincuencia común y el terrorismo.
- La coordinación interna de cada Policía.
- La cooperación coordinada entre CNI y las Policías.
- La cooperación entre las Policías, los Juzgados y la Fiscalía, en particular la creación de un banco judicial de datos sobre terrorismo internacional, ubicado en la Audiencia Nacional.
- La coordinación en la seguridad penitenciaria.
2. Medidas legales y normativas.
- La persecución legal del llamado 'ciberterrorismo'.
- La regulación legal y reglamentaria de la figura del informador policial, para definir los límites y las bases de colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con sus informadores. Esa normativa debe permitir, entre
otras, la gestión centralizada de una base de datos de informadores policiales.
- La reforma de la figura del agente encubierto o infiltrado, actualmente regulado en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para permitir una mayor funcionalidad, a la par que una mayor seguridad de la actuación del mismo.
Sobre la coordinación interinstitucional activa en caso de catástrofe de origen terrorista, en cooperación con las Comunidades Autónomas:
- El establecimiento de un protocolo de actuación y coordinación interinstitucional en caso de catástrofe, particularmente de aquéllas que vienen causadas por el terrorismo.
- La creación de un Comité Estatal de Crisis -posiblemente para actuar de forma complementaria a la del Comité gubernamental de crisis actual- en el que se integraran todas aquellas autoridades -nacionales, autonómicas
o, incluso, locales- que tuvieran que dar respuesta a las consecuencias derivadas del hecho terrorista, lo que permitiría una respuesta mucho más coordinada a la crisis.
- La promoción de una mayor coordinación y colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Autonómicas.
- El establecimiento de medidas para que las instituciones y empresas públicas, con especial atención a las más vulnerables a los ataques terroristas, como es el caso de los transportes públicos, estén cubiertas por seguros que garanticen la
suficiente cobertura de riesgos frente a esta amenaza.
- El desarrollo de un Plan de Vigilancia y Protección de los Medios de Transporte Colectivos (puertos, aeropuertos, trenes, metros, autobuses, etc.).
- La modificación del Decreto regulador de la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, con el fin de precisar las condiciones en las que el Presidente del Gobierno deberá reunir imperativamente a la Comisión.
- El perfeccionamiento del Protocolo Forense de Identificación y Reconocimiento de las víctimas, así como el establecimiento de un Marco protocolario de intervención de equipos especializados en caso de grandes catástrofes.
3. Una más eficaz respuesta política al fundamentalismo islamista y sus consecuencias:
En política exterior para la seguridad:
- Reforzar la coordinación contra el terrorismo islamista, especialmente a través de convenios bilaterales de colaboración en materia de inteligencia, acceso a bases conjuntas, armonización de legislaciones, investigaciones compartidas e
instrucciones judiciales.
En política cultural y social:
- Promover la integración social, económica y cultural de la comunidad musulmana en España.
- Facilitar el culto musulmán y el encuentro entre quienes profesan esa religión en espacios dignos y abiertos a la comunidad, evitando la proliferación de centros de culto sin control ni registro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2011.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley de
cooperación entre policía local y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El artículo 148.1.22 faculta a las Comunidades Autónomas para asumir competencias en materia de coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una Ley orgánica.
Tal y como recoge la exposición de motivos de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce competencias a los
municipios en materias de seguridad en lugares públicos y de ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas.
Por lo que respecta a las funciones, dado que no existe ningún condicionamiento constitucional, se ha procurado dar a las corporaciones locales una participación en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, coherente con el modelo
diseñado, presidido por la evitación de duplicidades y concurrencias innecesarias y en función de las características propias de los Cuerpos de Policía Local y de la actividad que tradicionalmente vienen realizando.
Sin la distinción formal, que aquí no tiene sentido, entre competencias exclusivas y concurrentes, se atribuyen a las Policías Locales las funciones naturales y constitutivas de toda policía; recogiéndose como especifica la ya citada
ordenación, señalización y dirección del tráfico urbano; añadiéndola de vigilancia, protección de personalidades y bienes de carácter local, en concordancia con cometidos similares de los demás cuerpos policiales, y atribuyéndoles también las
funciones de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en materia de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana. Y como, obviamente, se reconoce la potestad normativa de las Comunidades Autónomas en la materia y se parte de la autonomía
municipal para la ordenación complementaria de este tipo de policía, la Ley Orgánica, en cuanto a régimen estatutario, se limita a reiterar la aplicación a las policías locales de los criterios generales establecidos en los capítulos II y III del
título I.
Sobre la base de la práctica indivisibilidad de la seguridad pública y del consiguiente carácter concurrente del ejercicio de la competencia sobre la misma, dentro del respeto a la autonomía de las distintas esferas de la Administración
Pública, la Ley ha querido resaltar la necesidad de intercomunicación entre los cuerpos de seguridad de dichas esferas administrativas y, por ello, inmediatamente después de enumerar en el artículo 2, cuáles son esos cuerpos, proclama en su artículo
3, como un elemento constitutivo de todos
ellos, el principio de cooperación recíproca y de coordinación orgánica.
El principio de cooperación recíproca reaparece también en el artículo 53, respecto a las funciones de los Cuerpos de Policía Local.
La Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, en su disposición adicional décima, establece la necesidad de ampliar las funciones de las Policías Locales en materia de Policía de Proximidad y Policía Judicial.
En la búsqueda de fórmulas realistas de colaboración policial con incidencia favorable en la seguridad pública, uno de los órganos de coordinación, que ha venido demostrando su utilidad es la Junta Local de Seguridad, creada por el artículo
54.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, instrumento de coordinación que, constituye un mecanismo capaz de fijar medios y sistemas de relación, al objeto de lograr cierta homogeneidad y hacer factible actuaciones conjuntas, de colaboración
mutua y de cooperación recíproca. El Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, aprobó el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad.
El año 2006 el Ministerio del Interior y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) firmaron un convenio por el que se estableció un nuevo marco para asegurar una mayor participación y coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local que actúen en un mismo término municipal de cooperación, que permitiera a la FEMP y a los Entes Locales una mejor y efectiva participación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de
seguridad ciudadana, a la vez que permitió habilitar la colaboración y participación de los Cuerpos de Policía Local en las funciones de policía judicial, especialmente en la prevención, averiguación y persecución de las infracciones penales menos
graves, dentro del ámbito de la justicia local, de barrio o de proximidad (faltas penales, lesiones que no requieran hospitalización, violencia doméstica y de género, quebrantamientos de condena, hurtos, denuncias por sustracción de vehículos,
delitos contra el patrimonio histórico y cultural, actividades contra la propiedad intelectual o industrial, defraudaciones del fluido eléctrico, delitos contra la seguridad del tráfico, amenazas y coacciones, delitos relacionados con la omisión del
deber de socorro y daños al mobiliario urbano).
En las medidas que se adopte regulando la participación de las Policías Locales en las funciones de Policía Judicial deberán tenerse en cuenta una serie de factores como son el respeto al marco competencial establecido, (LOFCS, LOPJ, LECrim,
RD Policía Judicial, LRBRL...), la voluntad de la Corporación local, el número de efectivos de la Policía Local del municipio así como su nivel de formación, experiencia, capacidad técnica y operativa y disponibilidad de recursos, y también la
existencia o no en el término municipal de sedes de las FCSE.
El pasado 20 de marzo, el Ministro del Interior, en su comparecencia en el Senado, reiterando lo ya anunciado el pasado 31 del mes de enero en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, anunció la remisión a las Cortes de un
proyecto de ley de cooperación con las policías locales, que pretende mejorar la coordinación y cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales a favor de la seguridad ciudadana. Bien es verdad que en la
justificación del Proyecto de Ley, solamente habló del incremento que ello significaría del número de efectivos.
'Tengan presente que tenemos cerca de 66.000 policías locales en España, lo que unido a los 73.000 policías nacionales y a los 83.000 guardias civiles, además de la Ertzaintza y de los Mossos d' Esquadra, hacen que la ratio de policía por
habitante en España sea suficientemente elevada como para que si coordinamos e integramos de manera adecuada esos efectivos policiales no necesitemos de más efectivos, sobre todo, insisto, en unos momentos como los actuales de severas restricciones
presupuestarias y de limitación de gasto.'
También anunció, en este ámbito, que se ha creado una comisión bilateral Ministerio del Interior-FEMP, para la renovación del convenio suscrito en el año 2006 en materia de seguridad ciudadana y de seguridad vial.
Delimitada la situación en que en el momento actual se encuentra la cooperación con las policías locales, hay que señalar los principios que la regulación de esta materia debe inexorablemente respetar, así como los límites que no puede
traspasar.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Que la reforma respete escrupulosamente el reparto competencial derivado de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, así como del resto del bloque de constitucionalidad.
- Que se preserve el estatuto actual competencial del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actualmente existentes.
- Que la propuesta de reforma sea sometida al Consejo de Política de Seguridad y a la Federación de Municipios y Provincias para su informe.
- Que se fijen las transferencias que desde el Ministerio del Interior se realizaran a las corporaciones locales para financiar cualquier competencia que se atribuya 'ex novo' a la policía local.
- Que se respete la voluntad de la Corporación local, así como se delimite los requisitos mínimos que debe reunir la corporación para poder prestar nuevas competencias, tales como: número de efectivos de la Policía Local del municipio así
como su nivel de formación,
experiencia, capacidad técnica y operativa y disponibilidad de recursos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Pedro Muñoz González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/000496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
mantenimiento de la Academia General Básica de Talarn (Lleida), para su debate en la Comisión de Defensa.
Motivación
En el presente curso 2011-2012 se puso en marcha el nuevo modelo de enseñanza militar para los Suboficiales de las Fuerzas Armadas. Gracias a este nuevo modelo, que ha supuesto una revisión de los planes de estudio, los Suboficiales
obtendrán, al finalizar su formación, un título de formación profesional de grado superior del sistema educativo general.
El modelo de enseñanza que concentraba el primer curso en un solo centro, el de Talarn, ha cambiado, al tener que pasar los alumnos más tiempo en las Academias especiales. Pero ello no obsta para que se pueda compensar esta realidad con
otras soluciones que aseguren la tradicional conexión de la comarca de Pallars Jussà con las Fuerzas Armadas.
En los encuentros que el Alcalde de Tremp y la Diputada firmante, mantuvieron con la Ministra y los responsables del Ministerio de Defensa en la pasada legislatura, éstos reiteraron en todo momento el compromiso del Gobierno para mantener y
potenciar el papel de la Academia de Suboficiales de Talarn.
Este compromiso del Gobierno con la mejora de la instrucción de los Suboficiales y la Academia General Básica, volvió a ser reiterado por la Ministra de Defensa durante la inauguración del curso 2011-2012. Durante el acto, señaló que la
Academia General Básica de Talarn (Lleida) seguiría siendo una de las sedes para la formación de los suboficiales del Ejército de Tierra y anunció la impartición de nuevos cursos de especialización y perfeccionamiento para suboficiales y tropa.
En particular, la Ministra anunció el establecimiento de una nueva especialidad, que podría ser la de Protección Civil y Emergencias, en la Académia General Básica de Talarn.
Con este objetivo, los responsables del Ministerio de Defensa mantuvieron diversos contactos con el Departament d'Ensenyament de la Generalitat para alcanzar un acuerdo mediante el cual las materias de esta especialidad fueran impartidas por
profesores de los institutos de Formación Profesional de la zona.
Fruto de este trabajo en común, el pasado mes de diciembre, y por encargo de los titulares de sus respectivos Departamentos, el Director General de Enseñanza y Reclutamiento del Ministerio de Defensa y el Director General de Formació
Professional de la Conselleria d'Ensenyament suscribieron un protocolo para la puesta en marcha de esta fórmula de colaboración.
Se trata de una vía beneficiosa para ambas partes, en cuanto permite, por un lado, mantener un número suficiente de profesionales de las Fuerzas Armadas que reciben instrucción en la Academia General Básica y, por otro lado, optimizar el
número de horas lectivas impartidas por el profesorado contratado por la Generalitat (el Ministerio abonaría el coste de las mismas).
Además de desarrollar una labor clave en la formación de los Suboficiales y de la histórica vinculación entre Talarn y las Fuerzas Armadas, la Academia General Básica es vital para la actividad económica y social en la zona, contribuyendo
así al mantenimiento de la población en la comarca del Pallars Jussà.
Conviene recordar que desde su entrada en funcionamiento en 1974, la Académia General Básica de Talarn ha formado más de 23.000 suboficiales de un total de 36 promociones del Ejército de Tierra.
Por todo ello, es importante conocer si el Gobierno piensa mantener los compromisos adquiridos por el Ministerio de Defensa para mantener e impulsar la actividad de la Académia General Básica de Talarn. Dadas las últimas manifestaciones de
responsables del Ministerio y del Ejercito en el sentido de que la Académia General Básica de Talarn cerrará el próximo 5 de julio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener la actividad formativa de los suboficiales de las FFAA en la Académia General Básica de Talarn, asegurando un número suficiente de alumnos que garantice la viabilidad de este Centro.
2. Dar cumplimiento a los acuerdos firmados entre la Dirección General de Enseñanza del Ministerio de Defensa y el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, para impartir la nueva especialidad en el ámbito de la protección
civil y emergencias, acordada en la anterior legislatura.
3. Que cualquier modificación del status o cambio que afecte a su funcionamiento, de la Acadómia General Básica de Suboficiales de Talarn deba contar con el acuerdo de las instituciones firmantes de los acuerdos actualmente vigentes y
comunicados al Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-Teresa Cunillera i Mestres, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para la cesión del dominio y titularidad de los terrenos de la antigua base Loran al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Girona) y la demolición de las antiguas
baterías militares para ser destinados a equipamientos de interés cultural y natural.
Antecedentes
Por su topografía y geografía, la línea de costa gerundense ha sido desde hace décadas una ubicación estratégica para la defensa militar.
En 1961, en plena guerra fría, y en el marco de los pactos de cooperación iniciados casi una década antes entre el Régimen dictatorial del general Franco y el Gobierno de los Estados Unidos de América, se acordó la instalación de una base
militar estadounidense en el término municipal de Torroella de Montgrí (Girona).
La base, de tipo LORAN, que estuvo en funcionamiento más de treinta años, fue clausurada en 1994, coincidiendo con el fin de la guerra fría, con posterioridad a la caída del muro de Berlín. El cierre fue debido a la pérdida de valor
estratégico de la zona para el control y orientación de las comunicaciones con los países del antiguo bloque comunista, así como por la obsoleta tecnología de que estaba dotada. No obstante, hasta el año 2000, fecha de su desmantelamiento debido a
la sustitución de la tecnología de ondas de radio que empleaba por las modernas comunicaciones por satélite, siguió desempeñando tareas de control y orientación de los buques de la marina estadounidense en el Mediterráneo.
En los doce años que han pasado desde su desmantelamiento, ni el Ministerio de Defensa ni el Gobierno en su conjunto han hecho nada para dotarla de nuevo uso. En esta tesitura su degradación ha sido cada vez mayor. Aunque las estructuras
básicas se mantienen en buen estado; la base está completamente abandonada (con poca vigilancia), lo que facilita su ocupación temporal por parte de transeúntes que generalmente pernoctan en ella.
Existen en el mismo término municipal dos baterías, la número 5 (Punta Milá) y la número 6 (La Clota); construidas como estructura militar después de la Guerra Civil por el régimen anterior para evitar una posible invasión aliada. Una vez
abandonado su uso militar, se encuentran en un importante proceso de abandono y degradación a causa de la falta de mantenimiento, convirtiéndose en un peligro para los visitantes, un incentivo al vandalismo y ofreciendo una pésima imagen para el
conjunto del territorio en general y para el Parque Natural en particular.
La excepcional situación estratégica de estas edificaciones, las convierten en el centro de uno de los parajes naturales más bellos de la geografía gerundense y catalana. Por esta razón, en 2004 el Pleno municipal del Ayuntamiento de
Torroella de Montgrí instó a la Generalitat para qué negociara con el Gobierno español la cesión de la Base Loran y así, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, poder convertirla en el Centro de Estudios del Paisaje, la Fauna y la Flora del
Parque Natural del Montgrí-Illes Medes-Baix Ter. Finalmente, el proyecto no se llevó a cabo; no por razones técnicas, sino por una cierta apatía del Ministerio de Medio Ambiente, desoyendo así la presión popular y ciudadana.
Con el fin de recuperar la petición realizada en 2004 de cesión al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí de la base y atendiendo a los beneficios medioambientales, naturales, paisajísticos, sociales, humanos, económicos y turísticos, que
podrían reportar la recuperación y rehabilitación de los terrenos e instalaciones de la antigua base Loran y la demolición de las antiguas baterías militares para toda la región ampurdanesa, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Hacer efectiva la cesión al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Girona) de los terrenos e instalaciones de la antigua base Loran para su rehabilitación y reconversión en bienes de equipamiento de interés cultural y natural para el
municipio y toda la comarca, atendiendo a su privilegiada posición en el marco del futuro Parque Natural del Montgrí-Illes Medes-Baix Ter.
2. Demoler las instalaciones de las Baterías Militares número 5 de Punta Milá y número 6 de La Clota y su adecuación a elementos para el uso de la ciudadanía,
como itinerarios de senderismo, centros de educación ambiental o centros de interpretación del territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Economía y Competitividad
161/000498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre protección de los usuarios de servicios financieros, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La MiFID ('Markets in Financial Instruments Directive') es la normativa que armoniza en Europa la regulación sobre los mercados de valores, los instrumentos financieros que en ellos se negocian, la organización y relación con sus clientes de
las entidades financieras que prestan servicios de inversión y la protección al inversor. La Ley 47/2007, de 20 de diciembre, que modificaba la Ley del Mercado de Valores, y el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, la incorporó al marco jurídico
español.
Esta normativa ha tenido efectos positivos en la mayor competencia entre los diferentes centros de negociación de instrumentos financieros, en las más amplias posibilidades de elección de los inversores respecto a los prestadores de
servicios y los instrumentos financieros disponibles.
Tras cuatro años de aplicación de dicha directiva, la crisis financiera ha puesto de manifiesto en nuestro país numerosos problemas relacionados con la comercialización de determinados productos financieros que (por su carácter complejo) han
llegado a convertirse para un número apreciable de clientes en productos 'tóxicos'. Las necesidades de liquidez y de mejora de los ratios de solvencia de las entidades financieras ha llevado a que se comercializasen productos financieros complejos,
de escasa liquidez y alto riesgo, a inversores minoristas a los que no se les explicaron adecuadamente todas las características del activo en el que iban a invertir. Como consecuencia, esos inversores están sufriendo importantes perjuicios.
Dentro de esa gama de productos podríamos incluir las participaciones preferentes, la deuda subordinada, la deuda convertible, las cláusulas suelo en las hipotecas, las cédulas hipotecarias e incluso la concesión de hipotecas a clientes con perfiles
de riesgo inadecuados, etc.
Por tanto, principios generales de actuación como la honestidad, profesionalidad o la obligación de proporcionar información imparcial, clara y no engañosa, parecen no haberse aplicado.
En consecuencia, se está procediendo a una revisión de la MiFID, como parte integrante de las reformas destinadas a instaurar un sistema financiero más seguro, saneado, transparente y responsable, en beneficio de la economía y la sociedad en
su conjunto. En esta revisión, se reconoce la necesidad de realizar cambios específicos en el marco de la protección de los inversores.
Por otro lado, el artículo 29 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, prevé el deber de las entidades financieras de atender las quejas y reclamaciones presentadas por su clientela, a cuyo fin
establece la existencia obligatoria en las mismas de un Departamento o Servicio especializado de Atención al Cliente, así como la posibilidad de designar un Defensor del Cliente.
La presentación a estos servicios de Atención al Cliente o Defensor del Cliente de las reclamaciones se considera un trámite previo necesario para su posterior tramitación ante los organismos de Defensa del Cliente de Servicios Financieros:
el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Hay que recordar que no es competencia del Servicio de Reclamaciones ni la valoración de los
posibles daños y perjuicios, ni el dictado de una orden de entrega de cantidades en concepto de indemnización, teniendo sus actuaciones únicamente carácter informativo y no vinculante para las partes. Las reformas recientes (Ley 2/2011 de Economía
Sostenible y Orden EHA/2899/2011) no han modificado esta situación. Como señalan los informes del Defensor del Pueblo, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España concede prioridad a su papel de salvaguardar la solvencia de las entidades,
dejando en un segundo plano la protección del consumidor. Rara vez se pronuncia sobre el fondo de las reclamaciones que los ciudadanos plantean ya que, con carácter general, considera ajenas a sus competencias las cuestiones que no estén
relacionadas con la solvencia de las entidades de crédito. Además, el Servicio es un órgano carente de funciones ejecutivas, por lo que sus actuaciones e informes no tienen la consideración de actos administrativos. En estas condiciones, los
ciudadanos no logran ver amparados sus derechos de manera efectiva.
Tampoco parece que los esfuerzos realizados por el Banco de España y la CNMV mediante el Plan de Educación Financiera (2008-2012) estén dando los resultados deseados, en vista de los hechos arriba referidos.
Otro problema que persiste en el ámbito financiero es el del conflicto de intereses entre actividades de comercialización de productos y de asesoramiento financiero. Esto se une a unos sistemas de remuneración que crean los incentivos
perversos, tanto en los
que comercializan los productos como en la alta dirección (bonus que incentivan el cortoplacismo...).
Por todo ello, los clientes de productos bancarios (especialmente los minoristas) demandan la adopción de medidas correctoras que les garanticen un adecuado grado de protección.
Teniendo siempre presente la libertad de las partes para contratar los productos financieros y las características que mejor se adapten a sus necesidades, parece necesario mejorar los procedimientos, la información, la transparencia y la
resolución de incidencias en su comercialización.
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia considera indispensable que el Gobierno aborde con urgencia la resolución de estos problemas. Por ello, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Pedir al Ministerio de Economía y Competitividad que inste al Banco de España a que (como ya existe en el caso de las hipotecas) confeccione formularios breves, homologados y uniformes de uso obligatorio por todas las entidades
financieras. Esto facilitaría la contratación de productos financieros describiendo con la máxima claridad y sencillez posible el tipo de producto, sus características y riesgos (incluida la prelación y la garantía o no del Fondo de Garantía de
Depósito). Nada de lo que se diga en el posterior desarrollo y articulado del contrato podrá modificar lo especificado en dicho formulario.
2. Promover la mayor separación de las actividades de comercialización y asesoramiento financiero dentro de las entidades financieras, favoreciendo también prácticas como la externalización del asesoramiento financiero y la prestación de
asesoramiento financiero independiente.
3. Conceder al Banco de España funciones de supervisión de las políticas de retribución de las entidades financieras, que le permitan combatir los incentivos perversos que generan comportamientos cortoplacistas (tanto en las actividades de
comercialización como en la alta dirección).
4. Mejorar los organismos de protección de los usuarios de servicios financieros mediante la ampliación de sus atribuciones y medios, de forma que puedan desempeñar con mayor eficacia su tarea.
5. Estudiar la posible unificación de los organismos de protección del inversor actualmente dispersos, para aumentar tanto su eficacia como su visibilidad social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para luchar contra el fraude fiscal en España, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La existencia de bolsas de economía sumergida y de actividades ocultas y no declaradas atenta contra la equidad en el reparto de las cargas fiscales y constituye un ejercicio de competencia desleal entre los operadores económicos. Por estas
razones, sin perjuicio de la tradicional comprobación masiva de contribuyentes perceptores de rentas 'controladas' debe darse prioridad a la tarea investigadora de las fuentes de la elusión y evasión fiscal
El fraude fiscal en España ha alcanzado en los últimos años, según la generalidad de las estimaciones realizadas, un porcentaje que se sitúa en torno al 8% del PIB. En consecuencia es ineludible ahora más que nunca -en la actual coyuntura
de recesión económica y con déficit en las cuentas públicas que supera el 8,51% del PIB- desplegar una lucha decidida contra el fraude fiscal.
La lucha contra el fraude fiscal constituye una obligación y una responsabilidad de los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) en sus diferentes ámbitos de actuación (estatal, regional y local) así como de la Sociedad en su
conjunto y de todos y cada uno de los ciudadanos. En consecuencia no cabe reservar el cumplimiento de esta tarea a las diferentes Administraciones Tributarias, aunque es evidente que a ellas les corresponde asumir el liderazgo en este campo. A los
poderes públicos corresponde diseñar el marco jurídico, organizacional y financiero en que aquellas deben desarrollar su actuación, ajustándose a una planificación anual en la que se seleccionen los objetivos y se instrumenten las medidas que
garanticen la eficacia y eficiencia en la consecución de aquellos.
Sin embargo, el Gobierno reduce los medios de la Agencia Tributaria, cuyo presupuesto se ha recortado un 6,1%, con una caída superior a la de los Ministerios y frente al aumento de otras partidas como subvenciones o transferencias a las
CCAA. Por otra parte tampoco ha reforzado las atribuciones legales de la Administración Tributaria, ni se ha realizado la necesaria e imprescindible labor de pedagogía social para convencer a los ciudadanos de que el fraude fiscal constituye
una gravísima lacra de nuestra sociedad y compromete los esfuerzos para reducir el déficit de nuestras cuentas públicas.
Por ello, resulta imprescindible una definida e inquebrantable voluntad política para luchar contra el fraude fiscal y la corrupción que supere la simple adopción de diversas medidas aisladas que, como ha ocurrido hasta la fecha, resultan
insuficientes para combatirlo. Es necesario introducir nuevas medidas de tipo legal y organizativo que deben ir acompañadas de los medios materiales y humanos necesarios para su puesta en práctica
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar la lucha contra el fraude fiscal adoptando y poniendo en práctica, entre otras, las siguientes medidas:
1. Reforma de la normativa sobre delito fiscal consistente en una ampliación de los plazos de prescripción de los delitos, y en la tipificación de nuevas circunstancias agravantes tales como la ocultación al Fisco de información relativa a
cuentas bancarias en el extranjero, la comisión de delitos fiscales instrumentados utilizando paraísos fiscales y las actuaciones fraudulentas mediante emisión de facturas falsas. Se establecerá una pena de inhabilitación especial para actuar como
administrador, apoderado, directivo o representante de entidades mercantiles durante un plazo determinado, a los que fueren condenados por delito fiscal, en los que concurran actuaciones especialmente graves -como el caso de colaboración en el
alzamiento de bienes para evitar el pago de deudas tributarias- en función de su respectiva gravedad.
2. Ampliar los plazos de prescripción de las infracciones tributarias establecidos en la Ley General Tributaria para homologarlos con los establecidos para la prescripción de la responsabilidad penal.
3. Reformar la Ley General Tributaria estableciendo sanciones tributarias de mayor gravedad a quienes -con independencia de la cuota no ingresada- utilicen la ocultación o el engaño para la obtención de un beneficio económico directo.
4. Aprobar un nuevo Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria, en el que se definan con claridad las funciones y estructura de esta organización. Dicho Estatuto deberá diseñar un marco jurídico que garantice la máxima independencia en la
aplicación del sistema tributario y, con ese fin, establecerá el nombramiento del Director de la AEAT por mayoría cualificada del Congreso y por un período de cinco años, atribuyendo al Presidente de la Agencia exclusivamente funciones de
representación. El Estatuto determinará los puestos de trabajo que podrán cubrirse mediante libre designación reduciendo su número al mínimo imprescindible. Los demás puestos de trabajo deberán adjudicarse mediante concurso de méritos cuyas bases
se determinarán en la norma estatutaria a fin de dotar de total independencia a los funcionarios adscritos a la AEAT.
5. Incrementar sustancialmente los medios humanos y materiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), especialmente la plantilla de Inspectores y Técnicos de Hacienda del Estado dedicados al control financiero y
tributario. Reorganizar dichos medios hacia el objetivo primordial de lucha contra la elusión y la evasión fiscal, centrando sus actuaciones en la identificación de actividades y rentas no declaradas y en la regularización de conductas dirigidas a
evitar el pago del tributo o a disminuir el importe a pagar utilizando estructuras abusivas o vulnerando en el negocio realizado las exigencias de la causa típica.
6. La suscripción de un convenio entre la AEAT y el Ministerio del Interior para la creación una Policía Fiscal -dependiente del Ministerio del Interior- que permita utilizar medios de investigación policial y la creación de unidades
especializadas en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. En dicha Policía se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil junto con unidades operativas de vigilancia aduanera.
7. Reforzar la coordinación entre las Administraciones Tributarias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, en el ejercicio de sus respectivas competencias de comprobación e investigación tributaria, de modo que
se garantice su efectiva y eficiente actuación en la lucha contra el fraude fiscal. Esta coordinación es todavía más necesaria con las Administraciones forales de modo que se agilicen y mejoren los sistemas de intercambio de información y se
potencien los planes conjuntos de lucha contra la elusión y la evasión fiscal.
8. Reforzar el intercambio de información con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo. Potenciar las actuaciones conjuntas de ambas instituciones en la persecución del fraude en aquellos sectores con gran volumen de economía
sumergida.
9. Las distintas Administraciones tributarias (estatal, regionales y municipales) ajustarán sus actuaciones de investigación y comprobación tributaria a las directrices de un Plan anual de control, de cuya ejecución deberán rendir cumplida
cuenta a sus respectivos órganos rectores. Dichos planes se inspirarán en las siguientes directrices:
a) Concentrar las actuaciones en los grandes focos de fraude, con dedicación especial a las circunstancias siguientes :
- Actividades y rentas no declaradas.
- Instrumentación de operaciones a través de paraísos fiscales.
- Cumplimiento de los requisitos necesarios para gozar de beneficios fiscales o tributar con arreglo a un régimen fiscal especial.
- Requisitos de facturación, tanto en las operaciones en el mercado interior como en las operaciones intra-comunitarias.
- Fraude instrumentado mediante la utilización de facturas falsas.
- Sociedades aparentemente inactivas.
b) Reforzar el control patrimonial de las personas físicas y jurídicas para detectar incrementos de patrimonio no justificados.
c) Incrementar las obligaciones de colaboración de las entidades financieras tendentes a eliminar la opacidad de determinadas operaciones y el manejo abusivo de dinero en efectivo de alta denominación.
10. Fomentar la cooperación internacional en la lucha contra el fraude fiscal. A tal efecto se incrementará la participación y colaboración de la AEAT en las iniciativas de diversas instancias internacionales (OCDE y UE) relativas a
intercambio de información fiscal y de experiencias sobre control fiscal. Igualmente se potenciará la colaboración de la AEAT con las Administraciones tributarias de otros países sobre información, gestión y control tributarios. Se propugna, a
tales efectos, que la Agencia Tributaria Española promueva la creación de una base de datos europea.
11. Propugnar en el seno de la UE el paso desde el régimen transitorio del IVA -basado en el principio de tributación en destino- hacia el régimen definitivo -basado en el principio de tributación en origen- para las operaciones
intracomunitarias, a fin de eliminar el fraude de las tramas de IVA.
12. Reformar la normativa reguladora de los procedimientos de resolución de las reclamaciones contra actos de las Administraciones Tributarias con la finalidad de reducir de manera drástica el tiempo de resolución de las reclamaciones, así
como los actuales niveles de litigiosidad. A tal efecto se propone la adopción de las siguientes medidas :
- Incrementar la dotación de los Tribunales económico-administrativos y asegurar la especialización en materia tributaria de los funcionarios adscritos a los mismos en calidad de vocales y ponentes. Adoptar las medidas precisas para reducir
el tiempo de resolución de reclamaciones.
- Crear Tribunales contencioso-tributarios integrados por jueces y magistrados especializados.
- Potenciar la presentación de consultas vinculantes, como medio para disminuir la litigiosidad.
- Incentivar las regularizaciones voluntarias.
13. Finalmente, aunque no de menor importancia, medias de concienciación social tales como:
a) Campañas de difusión de los medios utilizados y resultados obtenidos en la lucha contra el fraude para mejorar la trasparencia de la actuación administrativa y fomentar el cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias.
b) Programas de educación cívico-fiscal tanto a adultos como en la etapa escolar, que incida en valores de equidad, justicia redistributiva y solidaridad. En dichos programas se enseñará responsabilidad fiscal referida tanto a la obligación
de pago de impuestos como al gasto y al respeto de lo público, todo ello como pilares de una sociedad democrática.
c) Campañas dirigidas a la difusión de información sobre datos de recaudación de los ingresos públicos y del volumen y asignación de los gastos en cada una de las distintas Administraciones Públicas.
14. Medidas para fomentar la participación ciudadana activa en la lucha contra el fraude, dirigidas tanto a grupos profesionales de asesores fiscales, empresarios, notarios y registradores, como a ciudadanos individuales, mediante la
utilización de internet para facilitar la aportación de sugerencias e información.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/000506
A la Mesa de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
Don Pedro Quevedo Iturbe, diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguiente del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su
debate en esta Comisión la siguiente Proposición no de Ley sobre inversiones estatales en Canarias.
La magnitud de la crisis económica, que llega ya a su cuarto año, ha provocado un profundo deterioro en diversos sectores de la vida social y económica, teniendo una dura incidencia en la destrucción masiva de empleo. En el conjunto del
Estado ya se han alcanzado los 5.273.600 desempleados, según datos de la EPA del 4.º trimestre de 2011, 4.712.098 desempleados, según el paro registrado de febrero del presente.
Canarias supera la media estatal de parados en 8 puntos, con una tasa de desempleo del 30,93%, una cifra récord de 341.900 desempleados, según la EPA, 278.898 según datos del paro registrado en febrero. Si atendemos al número de afiliados a
la seguridad que aporta la EPA, nos daremos cuenta de que hemos retrocedido
una década, a niveles de 2001, ya que del máximo histórico logrado en 2007, cuando había 806.196 afiliados, hemos pasado a 654.228 afiliados.
A estas cifras alarmantes hay que añadir el hecho de que el 38% de los parados registrados ya no reciben ninguna prestación (104.029 personas), y que el nivel de cobertura va a seguir cayendo a medida que se alarga el tiempo en que se está
desempleado. Además la EPA refleja que más del 17% de los hogares canarios tienen a todos sus miembros activos en paro y que la mitad de los desempleados llevan más de un año sin poder trabajar a pesar de querer hacerlo.
Con un modelo productivo basado fundamentalmente en el turismo y la construcción Canarias tiene un escaso margen para diversificar su estructura económica a corto y medio plazo, y para generar empleo y riqueza.
A esta situación se suma el hecho de que el archipiélago canario año tras año ha recibido menos dinero que la media de las comunidades autónomas para la realización de obras públicas, a pesar de que la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en su artículo 96, establece que el archipiélago tiene que estar en la media estatal. De haberse cumplido con el REF en 2011 las islas hubiesen tenido 242 millones de
euros más para carreteras, obras hidráulicas, y aeropuertos.
Por otro lado el sistema de financiación autonómico que se firmó en 2009 perjudica seriamente al archipiélago ya que en términos porcentuales la financiación per cápita de Canarias es más de siete puntos inferior a la media estatal.
Canarias recibe en torno a 545 millones de euros menos al año. Se trata de un sistema de distribución de recursos que quiebra la cohesión y la igualdad entre las comunidades autónomas. No es admisible que la comunidad con más paro y más pobreza
sea la que menos recursos recibe por parte del Estado para la financiación de asuntos esenciales para los ciudadanos como la sanidad o la educación.
Por todo ello es imprescindible para las islas que se corrijan estos perjuicios. Así pareció entenderlo el presidente Mariano Rajoy, ya que en su discurso de investidura manifestó su compromiso 'de invertir la tendencia para que la media de
inversión del Estado en Canarias converja con la media nacional, tal y como dispone el REF'.
Por todo lo expuesto, y ante los severos recortes que se prevén se presenta la siguiene
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Que las inversiones estatales para Canarias contempladas en las próximas Leyes de Prespuestos Generales del Estado no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo
las inversiones que compensen el hecho insular, en cumplimiento de los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991 del REF.
2. Que se implemente un verdadero plan de choque que permita hacer frente al impacto que la crisis tiene en el archipiélago y sus graves secuelas en términos de desempleo. Este plan de choque debe estar dotado al menos por un importe que
suponga el 2,5% del PIB canario y debe significar recursos económicos adicionales a los que habitualmente recibe Canarias en los Presupuestos Generales del Estado.
3. Que se ponga en marcha por parte del Instituto de Crédito Oficial una línea de préstamos de mediación con tipos de interés preferente para financiar inversiones por parte de las pequeñas y medianas empresas domiciliadas en Canarias en
cumplimiento del artículo 22 de la Ley 19/1994, de Modificación del REF. Las características de esta línea de préstamos las debe determinar el Gobierno del Estado atendiendo a la grave situación económica y financiera que padecen las Islas, que
aconsejan extender estos préstamos a la financiación del circulante de las PYMES y un importe de la línea de mediación que debe ascender al menos hasta el 1% del PIB canario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su
debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposicion de motivos
El Fondo de Inversiones de Teruel es un instrumento de promoción económica cuya base legal se introdujo en el preámbulo de la Ley 20/1990, de 26 de septiembre del Fondo de Compensación Interterritorial al advertirse que Teruel no sólo
quedaba fuera de ser considerada 'zona menos desarrollada' y, por tanto, fuera del Objetivo 1 de los Fondos estructurales comunitarios, sino que, además, tampoco se le atendía mediante el Fondo de Compensación Interterritorial.
En este contexto, la Diputación General de Aragón (DGA) y el Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) negociaron y firmaron un Convenio de Colaboración, en octubre de 1992, para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel. En
este convenio reconocen
que la Comunidad Autónoma de Aragón, no siendo región Objetivo 1 por su nivel de renta, presenta desigualdades interterritoriales significativas sobre las que la política regional no puede actuar suficientemente con los mecanismos existentes
de carácter más general. En particular admiten que la provincia de Teruel debe ser objeto de la acción pública para la mejora de su dotación de capital productivo y su nivel de renta y que para ello se requieren medidas excepcionales.
Nace así el Fondo de Inversiones de Teruel (FIT), operativo desde el año 1993, por el que la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón se comprometen a efectuar una aportación anual específica destinada a 'facilitar la
financiación de proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y de riqueza en la provincia de Teruel'. En 2002 se añade que sean generadores de empleo y contribuyan a la fijación de la población en la
provincia de Teruel.
Hasta la fecha se han firmado cuatro convenios, el último de ellos de fecha 12 de marzo de 2007, por el que se establece que cada administración hará una aportación de 30.000.000 de euros en cada uno de los años del periodo 2007-20011.
A punto de finalizar dicho Convenio, ambas partes (DGA y MEH) manifestaron la voluntad de continuar el desarrollo de actuaciones que favorezcan la generación de renta y riqueza en la provincia de Teruel y, así, el día 7 de marzo de 2011
firmaron un Protocolo de intenciones en que se manifiesta la voluntad de suscribir, a partir del año 2012 y hasta el año 2016, el correspondiente convenio de colaboración anual en los términos que permitan las disponibilidades presupuestarias en
cada ejercicio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la firma del Convenio de Colaboración 2012-2016, entre la Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Comunidad Autónoma de Aragón, en
desarrollo del Protocolo de Intenciones suscrito el día 7 de marzo de 2011 entre ambas Administraciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/000497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la infraestructura ferroviaria en Montcada i Reixac, para su
debate en la Comisión de Fomento.
Montcada i Reixac, un municipio con una población de 34.265 habitantes según el padrón de 1 de enero de 2012, está castigada por su situación geográfica. Salida natural de Barcelona hacia el norte, se encuentra partida y fracturada por
importantes vías de comunicación: tres líneas de cercanías (Barcelona-Terrassa Manresa, Barcelona-Vic Ripoli, y Barcelona-Sant Celoni Portbou), dos autopista (C58 y C33), una autovía (C17), carretera nacional (N150).
A los perjuicios ocasionados por estas infraestructuras hay que sumarles también los efectos derivados de la degradación medioambiental que generan las diversas canteras e industrias contaminantes, entre las que destaca la cementara Lafarge,
ubicada en medio de la población y que actualmente, además de la generación de polvo derivada de la actividad productiva, se ha convertido en una incineradora al recibir la autorización para 'valorizar' residuos.
En su día se vio la oportunidad de llegar a un acuerdo cuando se licitaron las obras del AVE al paso por el municipio. Se soterró la vía del AVE y entonces se adquirió el compromiso de que a la mayor brevedad se procedería al soterramiento
de la línea Barcelona-Portbou, que a su paso por el municipio tiene una gran frecuencia de paso y además tiene dos pasos a nivel altamente peligrosos, con lo cual se vio la oportunidad de acceder al paso del AVE por el municipio y, como
contraprestación, conseguir el soterramiento de estas líneas.
Ha sido clave la creación, en enero de 2006, de la Plataforma ciudadana 'Tracia Just, Soterrament total ja'. Esta plataforma ciudadana, a la que se adhirieron más de setenta entidades locales, consiguió un importantísimo apoyo social, hasta
el punto de recoger 12.000 firmas, ha realizado manifestaciones multitudinarias (3.000 y 2.500 participantes) y diferentes actos públicos con una gran participación vecinal.
El día 19 de noviembre del 2007 se firmaron los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Fomento, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, el Ayuntamiento de Montcada i Reixac y el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) en relación con el paso de la línea de alta velocidad y de la integración de la línea férrea convencional Barcelona-Portbou a su paso por Montcada i Reixac.
'Reunidos:
Don Víctor Morlán Gracia, Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento.
Don Joaquim Nadal i Farreras, Consejero del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya.
Don César Arrizabalaga Zabala, Alcalde-presidente de Mantcada i Reixac.
Don Antonio González Marín, Presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Han analizado la problemática relativa al paso de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa y de la actual línea convencional Barcelona-Portbou a su paso por el municipio de Montcada i Reixac y han adoptado los siguientes
Acuerdos:
En su paso por la zona urbana del municipio
Primero. La ejecución de las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa se llevará a cabo en primer lugar, con carácter prioritario, de acuerdo con el trazado aprobado por resolución del Secretario de Estado de
Infraestructuras de 30 de agosto de 2000 ('BOE' de 17 de octubre de 2000), y de conformidad con el proyecto contratado por el Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con fecha 23 de febrero de 2007. Este proyecto incluye
un túnel de 3.709 m de longitud a su paso por la zona urbana del municipio.
Segundo. El Ministerio de Fomento, a través de ADIF y de la Dirección General de Ferrocarriles, redactará y tramitará, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación ambiental y en la sectorial ferroviaria, el proyecto de
soterramiento de la línea convencional Barcelona-Portbou a su paso por la zona urbana de Montcada i Reixac, desde el límite con Vallbona, mediante un nuevo trazado bajo el río Ripoll, hasta su ribera norte. La asistencia técnica para la redacción
de este proyecto ha sido contratada por ADIF el 25 de septiembre de 2007.
Dentro de este proyecto, se analizará y definirá, asimismo, una nueva estación ferroviaria de Cercanías en Montcada i Reixac que garantice el servicio que actualmente se presta a la ciudad.
La licitación y ejecución de las obras se producirá, de forma coordinada con las de alta velocidad, una vez finalice la redacción del proyecto constructivo y haya sido aprobado.
Tercero. Mientras se construye el nuevo túnel de la línea convencional y la nueva estación, el servicio ferroviario de Cercanías en Montcada i Reixac se seguirá prestando en la actual estación.
Cuarto. Es voluntad de las partes que una vez entre en servicio el nuevo trazado del túnel de la línea Barcelona-Portbou, los terrenos sobre los que discurre el trazado actual se desmantelarán y desafectarán del uso ferroviario y serán
cedidos al Ayuntamiento para su calificación como zona verde pública
Los ingresos derivados de los aprovechamientos urbanísticos que correspondan a ADIF sobre estos terrenos desafectados se incorporarán a la financiación del proyecto, para lo cual el Ayuntamiento de Montcada i Reixac y la Generalitat de
Catalunya promoverán los instrumentos de planeamiento necesarios para la materialización de los aprovechamientos urbanísticos originados por la cesión de los suelos del trazado actual en los ámbitos espaciales que correspondan.
Quinto. Los presentes acuerdos se desarrollaran en un convenio posterior, a suscribir entre los firmantes del presente Acuerdo una vez estén definidas las actuaciones con precisión necesaria.'
A día de hoy, con el proyecto definitivamente aprobado, urge dotarlo presupuestariamente para poderse definitivamente llevar a cabo después de tantos años de luchas y sufrimientos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Instar al Gobierno de España a la inmediata incorporación en el presupuesto del 2012 de una partida presupuestaria de 75 millones de euros para llevar a cabo la ejecución de la primera fase del proyecto de soterramiento de la línea
convencional de Portbou, y que se traduce en el soterramiento mediante perforadora entre el barrio de Vallbona (Barcelona) y Montcada i Reixac a la altura de l'Avda. de la Unitat con C/ Leonor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-Joan Josep Nuet Pujals, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la N-II, en el tramo Girona-frontera francesa,
para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En los últimos días han aparecido noticias en varios medios de comunicación que hacen referencia al replanteo que el Gobierno de la Generalitat está haciendo del desdoblamiento de la carretera N-II en el tramo Girona-Frontera francesa. Este
replanteamiento se justifica en la existencia de una vía de alta capacidad como la AP-7 que discurre en un trazado paralelo a la carretera N-II, hecho que, de ser aprovechado, haría innecesario el desdoblamiento de la N-II, pues la AP-7 con sus 6
carriles de circulación puede alcanzar las necesidades de tránsito entre Girona y la frontera francesa.
Este planteamiento también responde a lo que establece el Pacto Nacional de Infraestructuras que, en sus principios generales, establece que antes de contemplar ningún desdoblamiento de una vía se estudiará si ya hay vías que pueden absorber
el déficit de tránsito.
Hay que recordar que esta no es una idea nueva. El estudio informativo del desdoblamiento de la carretera N-II ya recogía entre las diferentes alternativas la llamada 'alternativa R' que preveía un rescate parcial de la autopista AP-7 desde
Maçanet de la Selva a la frontera francesa. Esta alternativa era la que tenía un menor coste económico y, naturalmente también, la que tenía un menor impacto ambiental. A pesar de todo, 'la alternativa R' se descartó y se optó por el
desdoblamiento.
Desde entonces, el proyecto ha avanzado sustancialmente habiéndose efectuado las expropiaciones oportunas, movimientos de tierras y obra civil en el tramo Maçanet-Girona. El tramo Girona-Frontera francesa se encuentra todavía en una fase
más incipiente, pues los trámites de expropiación no se han acabado y el movimiento de tierras tan sólo es parcial en algunas zonas entre Girona y Figueres, sin que se haya hecho ninguna obra civil. Es lógico, pues, que en un momento donde la
disponibilidad de fondos públicos es escasa y el tránsito ha disminuido fruto de la crisis económica, el Gobierno se plantee la conveniencia de recuperar 'la alternativa R' en el tramo Girona-Frontera francesa como una manera de resolver el endémico
paso de la N-II a su paso por Girona de una forma mucho más económica y ecológica.
Por estos motivos, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
l . Ejecutar, de manera urgente, la finalización de las obras de desdoblamiento de la carretera N-II en el tramo Maçanet de la Selva-Girona.
2. Descartar el desdoblamiento de la N-II entre Girona y la frontera francesa, y en su lugar rescatar parcialmente la concesión de la autopista AP-7.
3. Redactar un proyecto de restauración de las fincas afectadas por los movimientos de tierras y compense a los propietarios afectados por los trámites de expropiación del tramo Girona-frontera francesa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para la construcción de una estación de tren en Santa Perpètua de la Mogoda de la línea R-8 del Servicio de Cercanías de Barcelona.
Exposición de motivos
El mes de junio del año pasado se inauguró el Servicio de Cercanías (Rodalies) de Barcelona entre las poblaciones de Martorell y Granollers, la línea R-8. Ésta es la primera línea de cercanías que rompe el diseño radial del servicio de
Barcelona al comunicar de forma directa las comarcas del Vallès Oriental, el Vallès Occidental y el Baix Llobregat. Tiene parada en las estaciones de Martorell, Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat, Cerdanyola-Universitat, Mollet-Sant Fost, Montmeló y
Granollers-Centre.
Con anterioridad a esta fecha, parte de esta línea ya estaba en funcionamiento pero sin romper la radialidad. Otra característica destacada de la R-8 es que buena parte de ella discurre por la línea de El Papiol-Mollet con lo cual tiene que
compartir su uso con el tránsito de mercancías.
La previsión de la estación de Santa Perpètua de la Mogoda en la línea R-8 se remonta al Pla Director d'Infraestructures 2001-2010, aprobado en 2002 por la Generalitat de Catalunya, donde se establecía la construcción de varias estaciones
para aprovechar la línea El Papiol-Mollet para el transporte de pasajeros.
El hecho de no contar todavía con ninguna estación en Santa Perpètua de la Mogoda ha causado malestar en la población ya que este municipio ha liderado la lucha para convertir la línea, hasta hace poco, de mercancías El Papiol-Moliet en una
línea de pasajeros.
De forma provisional, el Ajuntament de Santa Perpetua de la Mogoda reclama poder disponer de forma inmediata de un apeadero. Hay que recordar que los
andenes ya están construidos con lo que el coste sería relativamente bajo,
Pero ésta es sólo una solución provisional mientras no se construya la nueva estación. Reclamación que cuenta con un amplio apoyo de la población y de las fuerzas políticas catalanas, ya que el propio Parlament de Catalunya aprobó de forma
unánime una moción en este sentido. Actualmente se está en la fase final de la redacción del proyecto constructivo de la nueva estación de la línea R-8 en Santa Perpètua de la Mogoda.
El beneficio de la nueva estación queda patente al estar situado en el entorno de la riera de Caldes que actualmente cuenta con cerca de 50.000 puestos de trabajo y 80.000 habitantes. Además hay que tener en cuenta que la línea R-8 tiene
parada en la Universitat Autónoma de Barcelona en la cual estudian buena parte de los estudiantes universitarios de Santa Perpètua de la Mogoda. Estos estudiantes se ven obligados a utilizar el autobús que tarda 50 minutos en lugar de los 7 que
duraría el trayecto si hubiera estación, o a usar medios de transporte privados, cuando podrían utilizar el transporte público.
Además, la futura estación, situada en el barrio de Can Folguera, reforzaría las actuaciones emprendidas para revitalizar este barrio desde la perspectiva urbanística, social y económica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a construir con carácter provisional y urgente un apeadero en el municipio de Santa Perpètua de la Mogoda correspondiente a la línea R-8 del servicio de Rodalies de Barcelona y a finalizar con
urgencia los proyectos la construcción de la nueva estación en 2014.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para mejorar la seguridad de la N-II a su paso por la demarcación de Girona.
Exposición de motivos
Desde enero de 2008 se han producido 67 muertos en la N-II a su paso por las comarcas de Girona. Esta trágica cifra equivale a una media de más de un fallecimiento por accidente de tráfico al mes.
Desde principios de año, la siniestralidad ha aumentado notablemente con cuatro accidentes con el resultado de 9 personas muertas. Especialmente trágico fue el que ocurrió en Figueres con la muerte de cinco personas al chocar frontalmente
una furgoneta con un camión. Precisamente muchos de los accidentes que se han producido en la N-II en estos últimos años han sido choques frontales con camiones.
El aumento en el número de accidentes ha revivido el problema de las precarias condiciones de muchos tramos de la N-II a su paso por la demarcación de Girona. Como ejemplo: la variante de Figueres, donde el arcén es tan estrecho que no
permite a un coche pararse sin peligro ya que tampoco existe ningún apartadero.
De los distintos tramos, los más peligrosos son: el que va de Malgrat de Mar a Caldes, 22 kilómetros de carretera, con una media de 8,5 accidentes al año y el tramo de Girona a la frontera francesa con 16 accidentes al año.
Respecto a los accidentes de camiones, la N-II a su paso por la demarcación de Girona es uno de los puntos más negros de las carreteras catalanas. Concretamente la variante de Girona y la variante de Figueres, según atestigua el consorcio
europeo Eurorap, con 0,16 accidentes de vehículos pesados por kilómetro.
El principal problema de esta vía es que es una vía secundaria que hace funciones de autovía, como así lo demuestra su elevada intensidad media diaria (IMD) de tránsito entre 15.000 y 30.000 vehículos. Cabe recordar que como norma general,
cuando una vía supera los 10.000-15.000 vehículos diarios se aconseja su desdoblamiento. Incluso con IMD inferiores a 5.000 vehículos se han hecho autovías, como ocurre en muchos tramos de la autovía de la Plata.
Un problema añadido a esta elevada intensidad de tránsito es el alto porcentaje de vehículos pesados que utilizan la N-II. Hecho que se ha visto incrementado a raíz del aumento del precio del gasóleo el cual ha trasvasado camiones de la
AP-7 a la N-II para ahorrarse el peaje. La lentitud de estos vehículos hace que aumente el número de adelantamientos peligrosos.
Ya hace muchos años que desde la sociedad civil y desde las Instituciones, ayuntamientos, consejos comarcales, Diputació de Girona, Generalitat, se reclama la definitiva ejecución del desdoblamiento de la N-II, sin embargo esta nunca ha sido
una prioridad para el Gobierno Central. El primer anuncio de este desdoblamiento se hizo en los años ochenta, pero no fue hasta 2007 que entraron en funcionamiento los primeros y únicos ocho kilómetros de autovía.
Desde entonces la situación está estancada, se empezaron las obras de tres tramos, de Maçanet de la
Selva a Si1s (4,7 km), de Si1s a Caldes de Malavella (6,7 km) y de Medinyá a Orriols (3,4 km). Pero en todos los casos las obras se pararon poco después de empezar, los dos primeros tramos por problemas económicos de las empresas
constructoras y el tercero por los recortes en infraestructuras llevadas a cabo por el Gobierno Central en 2010.
Justo antes de las últimas elecciones al Congreso de los Diputados, se adjudicó el tramo Sils-Caldes de Malavella y sólo estaba pendiente su publicación en el BOE, pero el Gobierno en funciones decidió parar todos los proyectos en trámite a
la espera de que el nuevo Gobierno decidiera su inclusión en los presupuestos del 2012. Respecto al tramo Maçanet-Sils, requiere de un nuevo proyecto constructivo para redefinir el enlace con la C-35.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar urgentemente un plan para garantizar la seguridad vial en la N-II a su paso por la demarcación de Girona, especialmente en los tramos más conflictivos, y a incluir en los
presupuestos para 2012 las correspondientes partidas presupuestarias para su inmediata ejecución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el sistema de peaje portugués, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El pasado mes de noviembre el gobierno portugués aprobó la implantación de peajes en las autovías portuguesas (scut) en su red de conexión internacional con España. La adopción unilateral de esta decisión está teniendo, como no puede ser de
otro modo, graves consecuencias en nuestro país y en la libre circulación de ciudadanos y mercancías -en uno y otro sentido- por los distintos puntos fronterizos que se conectan a través de estas autovías a lo largo de nuestra geografía en las
provincias de Salamanca, Badajoz y Huelva.
En este último caso, la aprobación de esta medida en la A22, está teniendo una incidencia muy negativa desde el punto de vista económico pues es contraria a la política comunitaria de cooperación transfronteriza que ha servido para reforzar,
en estos años, las históricas relaciones comerciales y para configurar un importante activo para el desarrollo comercial y turístico a uno y otro lado de la frontera para las provincias occidentales de Andalucía y las regiones del Algarve y el
Alentejo en Portugal.
Estos efectos, cuantificados ya por las organizaciones representativas de sectores económicos como el transporte o el turismo, así como por los agentes económicos y sociales de uno y otro país, se suman a la difícil situación económica que
ya vienen atravesando, en el contexto de la actual crisis europea. De ahí que se haya articulado una plataforma conjunta que viene realizando una importante labor de movilización para lograr la supresión de un sistema de peaje que añade a sus
muchos inconvenientes, un mecanismo de pago caótico y que dificulta aún más la movilidad por estas autovías.
A la dudosa legalidad de esta iniciativa se suma el hecho de que, en su aplicación, se contempla la existencia de exenciones y bonificaciones en las tasas de peaje sólo a los ciudadanos residentes en Portugal, dando lugar a un trato
discriminatorio que viene a fundamentar, entre otros aspectos, los visos de ilegalidad advertidos ya por la propia Comisión Europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados rechaza, por sus efectos en nuestro país, y por ser contrario a la normativa europea la implantación unilateral por parte del gobierno portugués de un sistema de peaje en las autovías scut en su red de
conexión transfronteriza con España.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo ante Portugal, la Comisión Europea y demás instituciones de la Unión, las gestiones oportunas para lograr:
1. La supresión del peaje implantado en la A22, A25 y A23.
2. La creación, en el caso de no alcanzarse la eliminación total del peaje, de un área transfronteriza de intercomunicación libre de peaje a partir de los puntos fronterizos y en una zona de influencia de unos 100 kilómetros.
3. La aplicación por parte del gobierno portugués, de manera inmediata y, hasta tanto no sea definitiva la consecución de algunos de los objetivos anteriores, del sistema de bonificaciones y descuentos a los ciudadanos
españoles en condiciones de igualdad con los usuarios portugueses de estas autovías, así como la mejora del sistema de cobro del peaje mediante dispositivos electrotácticos mejor distribuidos para su mayor accesibilidad.
4. La convocatoria inmediata de la Comisión de Seguimiento del Tratado de Valencia para abordar este asunto y seguir profundizando en la cooperación transfronteriza entre España y Portugal, así como su inclusión en la agenda de la próxima
Cumbre Ibérica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2012.-María José Rodríguez Ramírez, José Ignacio Sánchez Amor y Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputados.- Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para incrementar las pensiones de viudedad y mejorar su tratamiento fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley 27/2011, de 1 de agosto sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
Antecedentes
La Disposición Adicional Trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, emplaza al Gobierno a: adoptar medidas reglamentarias para que la cuantía de la pensión
de viudedad equivalga al resultado de aplicar, sobre la respectiva base reguladora, el 60 por ciento, cuando en la persona beneficiaria concurran determinados requisitos; y a efectuar las modificaciones normativas oportunas en la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para incorporar un mecanismo corrector de la
progresividad en el caso de pensiones de viudedad que se acumulen exclusivamente con rentas procedentes del trabajo u otras pensiones, y dispensarles así un tratamiento fiscal más justo y adecuado.
La citada disposición es fruto de numerosas iniciativas parlamentarias, de la negociación política y de una larga e intensa reivindicación social, además de una respuesta a una situación real y conocida de necesidad, e incluso de pobreza, de
una parte importante del colectivo de perceptores de pensiones de viudedad, básicamente mujeres mayores; y a una situación de 'maltrato' fiscal que sufren las personas que trabajan y perciben a la vez, conforme a la ley, las citadas prestaciones.
Sin embargo, el Gobierno en su intento de adoptar medidas para corregir y reducir el déficit público, ha aplazado sin establecer horizonte temporal alguno, las mejoras anteriormente descritas. El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, a través de su Disposición Adicional Novena, aplaza sin fecha concreta la aplicación de la Disposición Adicional Trigésima de
la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
Habiéndose comprometido el ejecutivo públicamente y a través de su Presidente, a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, parece del todo coherente respetar y aplicar también lo que ya dispone la norma y dar cumplimiento a las
recomendaciones emanadas del Pacto de Toledo, en relación a las pensiones de viudedad. Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar la Disposición Adicional Novena del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit
público, y a cumplir con lo establecido en la Disposición Adicional Trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, por la que se incrementa, en determinadas
circunstancias, de forma progresiva la pensión de viudedad, y se mejora su tratamiento fiscal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a desarrollar un Proyecto de Ley de regulación del sector de los
servicios a la persona.
Antecedentes
El desarrollo del Estado del Bienestar en las sociedades modernas ha traído múltiples consecuencias positivas. Entre ellas, está la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, el enorme incremento de la esperanza de vida, la
incorporación definitiva de la mujer al mercado de trabajo o el aumento de la tasa de actividad.
Estas consecuencias han transformado la vida de la familia y algunas de las necesidades que la sociedad debe satisfacer, como son las referentes al cuidado de los hijos, apoyo escolar, cuidado del hogar, cuidado de personas enfermas, y toda
la gama de ayudas que requieren las personas mayores y las personas en situación de dependencia (cuidados médicos, ayuda en desplazamientos, ayuda para trámites administrativos, etc.).
Toda esta gama de servicios es lo que se denomina en Europa 'Servicios a la Persona'. Se trata de un sector con enorme capacidad para generar empleo. Un empleo que además, por la idiosincrasia de nuestra sociedad y por la evolución de la
pirámide de la población española, es sostenible a largo plazo y no deslocalizable.
Sin embargo, en la actualidad existe un problema muy grave que afecta al sector de los servicios a la persona: una gran parte de las familias y ciudadanos acuden a la economía sumergida para satisfacer estas necesidades, puesto que, por
coste, no pueden permitirse cubrirlas de otro modo. Esto supone que, según algunas estimaciones, alrededor de un millón de personas podría encontrarse trabajando en la satisfacción de estas necesidades prestando estos servicios, dentro de la
economía sumergida.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera que es necesario llevar a cabo una regularización para que aflore el sector. El objetivo es doble: primero, impulsar la actividad laboral y económica del sector dentro de la
economía formal, por su capacidad de satisfacer importantes demandas familiares en nuestro estado del bienestar; y, segundo, aprovechar el gran potencial de creación de empleo que posee la prestación de servicios a la persona. Para conseguirlo
será preciso reducir el coste de los servicios en el mercado formal, desincentivando así la actuación en la economía sumergida. En otro ámbito, y respecto al despliegue de la Ley de la dependencia, es preciso dar prioridad a las prestaciones de
servicios, creadoras de empleo, frente a las prestaciones económicas.
Una regularización e impulso de los servicios a la persona, que pretenda lograr los objetivos anteriormente reseñados, proporcionaría las siguientes ventajas:
1. La generación de un importante yacimiento de empleo, no deslocalizable y sostenible en el tiempo.
2. El afloramiento de empleos sumergidos, con las garantías laborales que ello supone para la oferta de empleo, por parte de compañías profesionalizadas y con la consiguiente reducción de la tasa de desempleo.
3. El desarrollo de un amplio sector empresarial muy intensivo en generación de empleo.
4. Para las personas que necesiten satisfacer estas necesidades y para aquellas que desean trabajar en este sector, las ventajas de su regularización son evidentes:
a) Plenas garantías de seguridad a las personas que solicitan el servicio.
b) Posibilidad de exigir estándares de calidad en la prestación de los servicios, con profesionales formados y con un sistema que permita el control y vigilancia de los prestadores de servicios.
c) Garantías y derechos laborales para los trabajadores derivadas de un empleo regulado.
Para reconocer jurídicamente el sector en toda su amplitud, deben afrontarse diversas reformas que faciliten el tránsito de la economía irregular del sector, a la economía formal. Es preciso que el coste en la economía declarada de estos
servicios, no sea una barrera excesiva respecto a la misma prestación de servicios desde la economía sumergida. Para ello, será preciso ajustar las cargas sociales y adoptar estímulos fiscales vinculados a dichas actividades.
Nuestro Grupo Parlamentario considera que estas reformas deben ser semejantes a las ya implantadas en diversos países de la Unión Europea como Francia (a través de la conocida Ley Barloo), Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Holanda.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en el plazo de 4 meses, un Proyecto de Ley de regularización de empleo e impulso a la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector de la prestación de Servicios a la Persona,
es decir servicios referentes al cuidado de los hijos, al apoyo escolar, al cuidado del hogar, y la atención a la dependencia de carácter moderado.
Dicho Proyecto de Ley incorporará, entre otras, medidas destinadas a promover la regularización de empleo informal o irregular en el sector de los servicios de atención a la persona, a desincentivar la realización de estos mismos trabajos a
través de la economía
irregular y a configurar un potente sector de servicios laborales de atención a las personas. En este sentido, deberán:
a) Regular un sistema integrado de cotización social bonificada y retenciones por IRPF liquidable conjuntamente al pago de las prestaciones por parte de las personas físicas o administraciones que lo contraten. Para ello, se emitirá un
documento de pago (cheque) para que las cantidades entregadas en este formato sean utilizadas exclusivamente para este fin, a través de empresas homologadas para la prestación de estos servicios o a través de la contratación directa de personas
físicas.
b) Aplicar desgravaciones fiscales en el IRPF destinadas a quienes intervengan en la adquisición de los servicios a las personas, esto es, desgravaciones a la persona física que los adquiera para sí misma o para cualquier persona de su
entorno familiar que lo precise.
c) Admitir, como gastos fiscalmente deducibles de las empresas, aquellos que sean destinados a facilitar la prestación de servicios personales por parte de las empresas a sus empleados y familiares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a aprobar la estrategia para la promoción de la responsabilidad social de las empresas.
Antecedentes
Recientemente, la Comisión Europea ha renovado su compromiso político con la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), aprobando su 'Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones, con el título: Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la Responsabilidad Social de las Empresas',
Con dicha iniciativa, la Comisión de manera destacada lanza una nueva definición de la RSE: 'la responsabilidad social de las empresas por su impacto en la sociedad', que acentúa la idea que el respeto a la legislación aplicable y a los
convenios colectivos entre los interlocutores sociales 'es un requisito previo al cumplimiento de dicha responsabilidad' y que 'para asumir plenamente su responsabilidad social, las empresas deben aplicar, en estrecha colaboración con las partes
interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores, en sus operaciones empresariales y su estrategia básica'. Todo ello
debe de permitir 'maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas, y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio', así como 'identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas'.
Al mismo tiempo, se constata que una mejora de la competitividad de las empresas puede estar asociada a un enfoque estratégico sobre RSE, desde el punto de vista de 'gestión de riesgos, ahorro de costes, acceso al capital, relaciones con los
clientes, gestión de los recursos humanos y capacidad de innovación'. Y un enfoque estratégico de RSE puede permitir a las empresas anticiparse a las regulaciones gubernamentales, las nuevas tendencias y expectativas sociales, en un contexto de
cambio profundo y acelerado. Al mismo tiempo, la confianza de trabajadores, consumidores y en definitiva ciudadanos, hacia sus empresas refuerza la legitimidad de las mismas y permite desarrollos empresariales más sostenibles, y orientados al
crecimiento y la innovación.
Así, la RSE forma parte del debate en torno a la globalización, la competitividad y la sostenibilidad, y se ha ido convirtiendo en un concepto cada vez más importante tanto dentro de la UE, como en el resto del mundo.
La UE considera que el potencial de las empresas puede y debe aprovecharse mejor a favor del desarrollo sostenible y de la estrategia de crecimiento y generación de empleo. Las prácticas de RSE no son ninguna solución mágica pero pueden
contribuir a lograr objetivos políticos importantes como: mercados laborales más integrados y con mayores niveles de inclusión social; inversión en el desarrollo y aprendizaje permanente, necesarios para mantener la competitividad; mejoras en las
sanidad pública; más rendimiento de la innovación; utilización más racional de los recursos naturales y menores niveles de contaminación; mejor imagen de las empresas; mayor respeto a los derechos humanos; y reducción de la pobreza. La RSE
puede contribuir de forma importante a lograr los objetivos de la Estrategia Europea 2020 para un crecimiento sostenible e integrador.
Sin duda, se ha avanzado mucho en RSE en todos los sentidos, sensibilización, comprensión, aceptación, aplicación y práctica de la RSE, pero es necesario hacerlo más. Las autoridades públicas deben seguir impulsando, facilitando y
promocionando la RSE,
como elemento central para el crecimiento y el empleo. Hay que continuar avanzando en la expansión de la cultura de la RSE, en el caso de España, iniciada con la constitución de una Subcomisión Parlamentaria para el Estudio de la RSE a
finales de 2004, que dio lugar a un Libro Blanco de Conclusiones y Recomendaciones aprobado unánimemente por el Congreso de los Diputados en 2006.
En este mismo sentido, la Ley de Economía sostenible en su artículo 39 estableció que 'Con el objetivo de incentivar a las empresas, organizaciones e instituciones públicas o privadas, especialmente a las pequeñas y medianas y a las empresas
individuales, a incorporar o desarrollar políticas de responsabilidad social, las Administraciones Públicas mantendrán una política de promoción de la responsabilidad social, difundiendo su conocimiento y las mejores prácticas existentes y
estimulando el estudio y análisis sobre los efectos en materia de competitividad empresarial de las políticas de responsabilidad social'
En estos momentos, la situación de crisis económica no debe cuestionar la necesidad de extender la cultura de la RSE. En gran parte, la crisis económica y financiera que vivimos tiene su origen en la falta de responsabilidad social, en la
irresponsabilidad, la imprudencia, en la búsqueda sin escrúpulos, del máximo beneficio para unos pocos en el mínimo tiempo posible. La cultura de la responsabilidad social de las empresas puede ser probablemente, una contribución importante para
resolver y evitar situaciones tan dramáticas económicamente como la actual.
Por ello, para avanzar en esta materia y promover de acuerdo con los objetivos europeos, la Responsabilidad Social de las Empresas, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, de acuerdo con la invitación efectuada por la Comisión Europea, a elaborar o actualizar los planes y acciones prioritarias para promover la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE),
aprobando la Estrategia Española en la materia antes de finalizar el 2012, y a hacerlo de manera que respete los principios y directrices de RSE reconocidos internacionalmente y propuestos por la Unión Europea. Dicha Estrategia deberá elaborarse en
cooperación con las empresas y otras partes y administraciones interesadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los beneficios abusivos del sector eléctrico, el
déficit tarifario, el incremento del precio de la factura y el bono social, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
En 2009 se aprobó el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, que estableció límites para acotar el incremento del déficit tarifario. Dicho Real
Decreto preveía un déficit tarifario para el año 2009 de 3.500 millones de euros, para el año 2010 en una cantidad inferior a 3.000 millones y un descenso progresivo hasta su total desaparición en el 2013.
La realidad es que dicho real decreto no cumplió su objetivo y el déficit tarifario se ha situado por encima de lo establecido originalmente por la ley todos los años. No sólo eso, se ha incrementado año a año en lugar de reducirse
progresivamente, y en el 2011 alcanzó una cifra superior a los 5.000 millones de euros. De no llevarse a cabo una reforma substancial de la regulación del sector eléctrico, su cumplimiento para el año 2013 solo se conseguiría con un incremento
exponencial del precio de la factura, es decir, haciendo pagar a los usuarios y usuarias una mala regulación del sistema eléctrico.
La primera respuesta del actual Gobierno al problema del déficit tarifario fue el decretazo del parón de las renovables, el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación
de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
Ese real decreto ahonda en la persecución a las energía renovables iniciada por el anterior Gobierno, con reformas legislativas como el Real Decreto 14/2010. Esta estrategia centraba la solución al déficit tarifario en recortar las primas a
las energías renovables, a pesar de que las renovables no son el problema. Cada año las renovables han disminuido sus costes, pero el déficit tarifario se ha ido incrementando. En 2008 prácticamente no había fotovoltaica y ya hubo 6.000 millones
de déficit de tarifa. Las primas significan un sobrecoste mucho menor que el deficiente funcionamiento del mercado eléctrico que hincha los beneficios de las compañías y permite la existencia del déficit. Todo ello, sin entrar en valorar la
cantidad de externalidades positivas
que generan las energías renovables, como la soberanía energética, la no dependencia del exterior, la ausencia de emisiones o los miles de puestos de empleo que generan.
Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha dictaminado contra de la congelación de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz en enero y reconoce la necesidad de que se recojan los costes regulados suficientes para evitar la
creación de déficit de tarifa. Si no se produce ningún cambio más en el la creación del precio de la factura, ello implicará una revisión al alza del recibo eléctrico para 2012.
Como consecuencia de ello, el Gobierno ha propuesto una subida de la factura de la luz para el mes de abril, sobrecargando en las espaldas de la ciudadanía los costes de un sistema que genera beneficios multimillonarios a las empresas
eléctricas. Esa es la vía rápida y cómoda para resolver el déficit tarifario, una vía insuficiente que no se atreve a hacer pagar a las empresas eléctricas su responsabilidad en la propia generación de déficit tarifario.
El Gobierno ha argumentado que el motivo de discriminar positivamente a la producción eléctrica nuclear e hidroeléctrica es porque son energías baratas. La afirmación tiene un elemento de verdad: el precio por kilovatio producido por
nucleares e hidroeléctricas se sitúa alrededor de 40 . El precio medio pagado por kilovatio en 2011 fue de más de 55 , sólo por la generación. Es decir, que los usuarios y usuarias finales no notan en sus bolsillos el hecho de que estas energías
sean baratas.
Ello es fruto del principal problema del sistema de precios: todas las eléctricas acaban cobrando el precio más alto de la última tecnología que entra en el mercado. Así, las nucleares y las hidráulicas, las primeras en entrar, obtienen
millones de beneficios caídos del cielo ya que sus inversiones están más que amortizadas (recordemos que las hidroeléctricas se benefician de un recurso público como es el agua y de los embalses construidos por los presos republicanos durante el
franquismo). Ignacio Pérez Arriaga en el Libro Blanco de la Electricidad, encargado por el Gobierno en el 2005, ya proponía sacar a las nucleares y las hidroeléctricas del sistema del mercado.
Así, la solución al déficit tarifario no debe pasar por rebajar las primas a las renovables ni seguir permitiendo un precio inflado de la factura, sino por un cambio decidido en el sistema regulatorio.
Además de todo ello la sentencia del Tribunal Supremo establece que las compañías eléctricas no deben financiar el bono social de la luz, ya que según la opinión del tribunal resulta discriminatorio que estas empresas tengan que asumir la
carga de esta ayuda social. El bono social fue creado por el RO 6/2009 Y consiste en una congelación de la tarifa de luz, inicialmente hasta 2012 y posteriormente ampliada a 2013, que beneficiaba a las personas que tenían instalada una potencia
mínima, pensiones mínimas, familias numerosas y familias con todos sus miembros en situación de desempleo. La sentencia no cuestiona la existencia del bono social, sólo su fuente de financiación.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar el funcionamiento del mercado eléctrico excluyendo las instalaciones de producción hidroeléctricas y nucleares del pool, para que pasen a regirse por un mecanismo que tenga en cuenta los costes en que realmente incurren, con el
objeto de que estas instalaciones no obtengan 'beneficios caídos del cielo'.
2. Garantizar la continuidad del bono social con nuevos mecanismos de financiación basados en la fiscalidad sobre los beneficios de las empresas eléctricas.
3. Presentar un informe al Congreso de los Diputados en que se comparen las primas a las energías renovables, las asignadas a la cogeneración con combustibles fósiles y los 'beneficios caídos del cielo' o retribuciones a instalaciones de
generación cuyos costes de producción son significativamente menores a los precios medios resultantes del mercado mayorista.
4. Establecer un marco para las energías renovables que incluya retribuciones decrecientes en el tiempo, que permita incentivar la eficiencia y la mejora tecnológica.
5. Aprobar una Planificación Energética integral que incluya los planes de ahorro de emisiones, los planes de renovables y los de ahorro y eficiencia energética, incrementando los objetivos europeos (30+30+30) para el 2020, internalizando
costes para todas las fuentes de energía, con un modelo de generación distribuida complementado con las interconexiones y las redes inteligentes necesarias para un modelo más distribuido.
6. Presentar ante esta Cámara un proyecto de Ley de Energías Renovables antes de finalizar el 2012 que incluya la transposición de la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y que
establezca un marco regulatorio estable, con simplificación administrativa, normas públicas de conexión y que reconozca las externalidades positivas de las energías renovables, facilitando el acceso de las renovables en hogares, empresas y ciudades.
7. Presentar ante esta Cámara, antes de la finalización del año 2012, un proyecto de ley de Ahorro y Eficiencia Energética, que contemple, como mínimo:
a) Instrumentos de planificación (plan de acción de ahorro y eficiencia energética, planes locales de ahorro y eficiencia energética para municipios de más de 20.000 habitantes).
b) Instrumentos de gestión de la demanda (auditorías energéticas, certificado de eficiencia energética a los edificios, introducción de criterios de eficiencia energética en la planificación del territorio y en la construcción de viviendas.
c) Que todas las normas de eficiencia energética sean vinculantes para las Administraciones Públicas y las empresas.
d) El cumplimiento y la transposición de la Directiva de eficiencia energética en edificios.
e) Que todos los edificios generen una energía igual a la que consuman, con un balance de energía cero antes del 2020. Los edificios de las Administraciones Públicas asumirán este objetivo antes del 2015.
f) La implementación de sistemas centralizados de calefacción y refrigeración.
g) La prohibición de la producción y comercialización a partir del 2012 de productos poco eficientes (electrodomésticos que no puedan ser catalogados con la clase energética A).
8. Aprobar medidas de fiscalidad ambiental bajo el principio de que el que contamina paga, haciendo visible a los consumidores los costes reales del CO2 y la mayor competitividad de las renovables frente a los combustibles fósiles y la
energía nuclear.
9. Llevar a cabo los trámites necesarios para llevar a cabo las modificaciones legales oportunas en el próximo período de sesiones para alcanzar un modelo de generación distribuida, mediante un sistema de redes inteligentes y un sistema
público obligatorio de contadores inteligentes antes del 2013.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las consecuencias de la catástrofe nuclear en Japón y el futuro de
la energía nuclear, para su debate en la Comisión de Industria.
El 11 de marzo de 2011 se produjo un seísmo en el pacífico en una zona próxima a Japón que tuvo como consecuencia un tsunami que devastó al país asiático. Una de las múltiples consecuencias del terremoto y posterior tsunami fue el impacto
en cuatro centrales nucleares situadas en la costa oriental de Japón, en la zona más cercana al epicentro: Onagawa (con tres reactores), Fukushima-Daiichi (6 reactores), Fukushima-Daini (4 reactores) y Tokai (un reactor)
El caso más grave es el de Fukushima-Daiichi (Fukushima 1), que sufrió incendios, explosiones, la libración masiva de radiación al exterior, fusión parcial de al menos uno de los núcleos y fuga de agua radiactiva al mar. El accidente fue
clasificado en el nivel 7 de gravedad, el más elevado de la escala Internacional de Eventos Nucleares radiológicos INES y el más alto desde el accidente de Chernóbil. 175.000 personas tuvieron que ser evacuadas por el riesgo nuclear y el perímetro
de seguridad afectó a un área de unos 5.000 kilómetros cuadrados, es decir, equivalente a la superficie de toda La Comunidad Autónoma de La Rioja. La nube nuclear llegó incluso a Europa. Se estima que los costes totales del accidente de Fukushima,
incluidas las indemnizaciones y la clausura de los seis reactores de la central Fukushima Daiichi, se elevarían a 500-650 mil millones de dólares.
Que las consecuencias han sido catastróficas y serán mayores en el futuro, es una evidencia que nadie puede ocultar. Igual que no se puede ocultar que el riesgo a un accidente como el de Fukushima es inherente al uso de la energía nuclear y
el riesgo extremo existe, también en el Estado Español. Un análisis correcto de lo ocurrido en Japón muestra que la causa real del accidente nuclear no ha sido ni el terremoto ni el tsunami (lo que estos causaron fue exclusivamente la pérdida del
suministro eléctrico a la central), sino el deficiente diseño de los reactores de agua en ebullición de General Electric y su pésimo sistema de contención, incapaces de actuar de forma eficaz ante un problema de falta de refrigeración del núcleo por
falta de aporte eléctrico externo.
Muchas causas posibles (un atentado terrorista, un sabotaje, un ciberataque, un impacto de una aeronave, una tormenta, una inundación, un fallo técnico, errores humanos...) también hubieran podido ocasionar una pérdida prolongada de
suministro eléctrico exterior en Fukushima y, entonces, la evolución de los acontecimientos hubiera sido, con toda probabilidad, la misma.
Esa misma falta de capacidad de respuesta ante una situación de emergencia de ese tipo la tendría también la central nuclear de Santa María de Garoña, puesto que su reactor nuclear es idéntico a la unidad de Fukushima-1 (y el resto de
unidades son muy similares a la de Cofrentes). El sistema de contención Mark-1 (el que posee el reactor 1 de Fukushima y el de Garoña) ha sido muy criticado intemacionalmente por su falta de seguridad, entre otros por la propia Nuclear Regulatory
Commission (NRC, el equivalente en EE.UU. al Consejo de Seguridad Nuclear español) de los Estados Unidos, país origen de esta tecnología.
Así, ya en 1986, Harold Denton, el entonces máximo responsable de seguridad de la NRC, dijo en una reunión con la industria nuclear que 'el sistema de contención Mark 1, especialmente por ser más pequeño y con un diseño que resiste menor
presión, a pesar de la cámara de supresión, si nos fijamos en el estudio de
seguridad WASH 1400, se encontrará que tiene un 90 por 100 de probabilidad de que la contención falle'.
Simplemente por el indiscutible hecho de que el reactor de Garoña es idéntico al de la unidad 1 de Fukushima y que el de la central nuclear de Cofrentes es muy similar al de resto de unidades de la planta japonesa, el Gobierno español
debería cerrar estos reactores inmediatamente, ya que su falta de seguridad ha quedado palpablemente demostrada, por su grave incapacidad de refrigeración del combustible nuclear en situación de emergencia. Cofrentes además demostró su falta de
seguridad ante posibles ataques terroristas durante la acción de protesta pacífica de Greenpeace del pasado 15 de febrero de 2011, cuando un grupo de activistas de la organización logró penetrar en el interior de la instalación, escalar una de las
torres de refrigeración y pintar en su pared 'Peligro Nuclear'.
Según datos hechos públicos por Greenpeace en diciembre de 2011, debido a sus características técnicas, la central nuclear de Garoña no podría resistir ni siquiera el impacto de un avión comercial pequeño que chocara contra el edificio del
reactor. En ese supuesto esta central -insistimos, gemela de Fukushima- se encontraría en el peor escenario de accidente posible, especialmente por la enorme y rápida liberación de radiactividad que se produciría: la fusión del núcleo con la
contención abierta. Junto a Garoña, las centrales de Almaraz y Ascó (cada una con dos unidades) presentan una alta vulnerabilidad del edificio del reactor. La colisión de una aeronave comercial de tamaño medio o grande causaría un daño muy
importante en el edificio del reactor, con los consiguientes escenarios de accidente.
Pero no solo es cuestionable la seguridad en la central de Garoña. Ascó y Vandellós han demostrado en reiteradas ocasiones una vulnerabilidad impropia de unas instalaciones de riesgo tan elevado. El pasado 24 de febrero, Ascó sufrió un
incendio, que se acumula a la larga lista de accidentes de menor o mayor gravedad. En paralelo, la central de Vandellós se encontraba en una situación de parada no programada, por un problema en la refrigeración del reactor. Este fallo de
seguridad no es, ni mucho menos, el primer accidente en Vandellós. El más grave tuvo lugar en 2004, cuando la corrosión provocada por el ambiente marino, acumulada durante lustros, inutilizó el sistema externo de refrigeración. Años más tarde, en
2008 un incendio dejó inutilizada durante días la central, poniendo en grave peligro la seguridad en la zona. Estos accidentes son fruto de la falta de cultura de la seguridad de los propietarios de las plantas, como demuestra el cúmulo de malas
prácticas o falta de un mantenimiento adecuado.
Como respuesta al accidente de Fukushima que tuvo como consecuencia una creciente y fundamentada preocupación social generalizada por los efectos devastadores de cualquier incidencia que tenga lugar en una planta nuclear, el Consejo Europeo
el 23 y 24 de marzo de 2011 impulsó la realización de 'stress test' en todas las centrales nucleares de la UE. Estos test de resistencia de las centrales evaluaron aspectos como sucesos externos de origen natural que supongan un reto para la
seguridad de las plantas y pudieran generar condiciones de accidentes severos, como terremotos o inundaciones, situaciones con pérdida de las funciones soporte de la seguridad de la instalación (alimentación eléctrica y sumidero de calor) y medidas
de gestión y mitigación en condiciones de accidente severo.
El informe definitivo elaborado por el CSN y remitido a la Comisión Europea el pasado 22 de diciembre de 2011, sigue sin despejar muchas dudas sobre la seguridad de las centrales. Cabe destacar que a pesar de que el informe remitido sea
definitivo por parte del CSN, este informe será revisado por el Consejo, que presentará su informe final en junio de 2012.
A pesar de que se ha incrementado la transparencia de la situación de las centrales nucleares, cosa que celebramos ya que hasta ahora la opacidad era máxima, los 'stress test' no han sido tan ambiciosos como requeriría una respuesta sólida a
una tragedia de la magnitud del accidente nuclear japonés podría hacer prever. Por ejemplo, no se evaluó el impacto sobre una central de un terremoto de la magnitud del que tubo lugar en Lorca. Y tampoco se profundizó en el análisis de resistencia
y grado de vulnerabilidad de las instalaciones nucleares frente a posibles ataques terroristas y sabotajes o ciberataques. La industria nuclear y sus organismos reguladores han optado por ignorar estos peligros. En Japón también se ignoraron estos
riesgos, al considerarlos muy poco probables y, desgraciadamente, han tenido que pagar las consecuencias con la catástrofe de Fukushima. Los errores cometidos en Japón se repiten en todos los países del mundo donde hay reactores nucleares.
La realidad demuestra que ningún reactor es 100 por 100 seguro y no hay sistema de regulación capaz de garantizar seguridad total para las instalaciones nucleares. Además, incluso después de que la industria nuclear lleva funcionando 60
años, ninguno de los defensores de esta energía puede afirmar con certeza que existe una forma segura de almacenar los residuos radiactivos de alta actividad durante cientos de miles de años. Sin embargo, parece que ni el gobierno ni los organismos
reguladores parecen estar más preocupados por asegurar los beneficios de la industria nuclear que en cumplir con su responsabilidad de proteger a la población.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Elaborar pruebas de resistencia en las centrales nucleares de todos aquellos aspectos que no se han evaluado en los 'stress test' requeridos por el Consejo de la UE. Estas nuevas pruebas deben incluir la evaluación
del impacto de terremotos de mayor grado, impacto de aviones sobre las centrales, sabotajes y ciberataques, así como la confluencia de varios de estos factores a la vez.
2) Elaborar un calendario de cierre de las centrales nucleares de acuerdo con su vida de diseño y sin posibilidad de renovación extraordinaria de las concesiones por encima de 30 años. Se fijará por Ley el cierre de las instalaciones y la
creación de un fondo que se nutrirá del total de los beneficios de las centrales amortizadas, y destinará un 20 por 100 al mantenimiento y seguridad de las centrales, un 15 por 100 al gestor de la central, un 15 por 100 a la dinamización social y
económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales y un 50 por 100 al impulso y la inversión en planes de energías renovables y de mejora del ahorro y la eficiencia energética.
3) Cerrar de manera inmediata la planta de Garoña.
4) Promover una Ley de Ahorro y Eficiencia Energética, con un objetivo obligatorio de reducción del uso de energía primaria del 20 por 100 para el año 2020 sobre los niveles de 2005.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
sobre la inversión en el Parador Nacional de Morella (Castelló), para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria López, anunció el 13 de marzo de 2012 su intención de paralizar los proyectos de nuevos paradores nacionales.
Habida cuenta de la importancia del Parador de Morella para la dinamización económica de una comarca del interior de Castelló (Els Ports) y dado que ya se han invertido tres millones de euros en el túnel de acceso al futuro parador, desde
Compromís-Equo se considera el proyecto como una infraestructura estratégica para el futuro turístico comarcal de Els Ports y del conjunto de la provincia de Castelló.
Tratándose de una cuestión de dinamización económica, desde Compromís-Equo se considera necesario continuar e incluso agilizar la ejecución del proyecto parar contar con un activo turístico de envergadura que dinamice la economía de
Castelló.
Por todo lo expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que revise la decisión de paralizar el Parador de Morella y que dote de consignación económica suficiente en el próximo Presupuesto General del Estado el proyecto de ejecución del
Parador de Turismo de Morella para que la infraestructura sea una realidad en el plazo más breve posible y, del mismo modo, subsanando las numerosas deficiencias que tiene el proyecto, para asegurar que se respeta al máximo el patrimonio histórico
donde se ubica dicho Parador.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.- Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, sobre la marca turística 'La España Verde', para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La importancia del sector turístico en la economía mundial, y en la economía española, es cada vez mayor. Según datos aportados por el Ministro José Manuel Soria López en su comparecencia del 31 de enero de 2012 ante la Comisión de
Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, el turismo representa un 10,2 por 100 del PIB en España en el año 2010, y seguramente habrá mejorado en el 2011.
Tenemos que aprovechar esta potente industria, porque el turismo jugará un papel importante en la recuperación económica.
España recibe millones de visitantes cuyas demandas están cambiando en los últimos años, y ya no se limitan al turismo de sol y playa, sino que están eligiendo destinos de calidad, lugares donde se preservan sus espacios naturales, donde
existe la tradición y cultura, y en el que encuentran una amplia oferta gastronómica.
El amplio territorio que comprende la marca turística 'España Verde', donde se integran las CCAA de
Galicia, Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco, presenta la autenticidad, la diversidad, y la calidad, como principales notas definitorias.
Con el objetivo de contribuir a su promoción, se firma en el año 2010, entre el Gobierno Central y las citadas CCAA, a través de la Secretaría de Estado de Turismo y las diferentes Consejerías de dichas CCAA, el decimoquinto protocolo de
colaboración 'Plan Conjunto para el desarrollo turístico de La España Verde', en base a:
- Promoción y apoyo a la comercialización.
- Posicionamiento de marca.
- Canal temático de 'España Verde'.
- Modalidades de cooperación entre Turespaña y las CCAA signatarias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir promoviendo la marca 'España Verde', dentro de la Marca España, como destino de calidad.
2. Continuar con los convenios de colaboración con las CCAA del Norte de España, dados sus buenos resultados.
3. Mantener, al menos, el presupuesto para el 2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la morosidad en el sector porcino, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, incorporó una Directiva comunitaria en la materia (Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de junio de 2000).
La reforma de esta norma legal, llevada a cabo por la Ley 15/2010, de 5 de julio, trató de adaptar la misma a la nueva situación de crisis económica y aliviar la situación de muchas empresas, sobre todo PYMES, ante la creciente morosidad.
Para ello redujo los plazos de pago a 30 días en las operaciones con las Administraciones Públicas y productos de alimentación frescos y perecederos y a 60 días el resto de operaciones entre empresas. Además, en este último caso, se pedía el pacto
entre las partes para evitar posibles prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños proveedores. Para todo ello se establece un calendario transitorio que culminará el 1 de enero de 2013.
No obstante, esta reforma legal no ha solucionado los problemas de morosidad en el sector porcino. La normativa no se ha aplicado desde su entrada en vigor en julio de 2010 y los pagos se siguen produciendo a plazos de 120 días e, incluso,
superiores. Esta situación se ve agravada por el hecho de que los ganaderos sí que tienen que hacer frente a sus obligaciones de pago (por la alimentación, la mano de obra, los suministros... ) en 30 días, que se une a la situación de crisis
económica que afecta también de forma especial a este sector.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, de forma urgente, las medidas oportunas para que se dé cumplimiento efectivo a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre en el sector porcino y para que la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) elabore un informe sobre la situación de morosidad en dicho sector, identificando las causas del actual nivel de morosidad y las posibles alternativas para dar solución a la misma e identificando, en su caso, los principios de
buenas prácticas comerciales que eviten los perjuicios que en el sector está provocando la situación actual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la extensión de programas de mejora de la calidad asistencial en pacientes crónicos polimedicados, para su debate
en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Los servicios sanitarios se enfrentan a un nuevo desafío a causa del incremento cada vez más acusado de pacientes polimedicados y crónicos, debido tanto al envejecimiento de la población como al avance científico, que cronifica patologías
antes mortales, y a la disponibilidad de nuevas herramientas terapéuticas.
Muchos de los problemas de salud relacionados con los medicamentos que terminan requiriendo atención sanitaria en las urgencias de los hospitales afectan a pacientes crónicos polimedicados.
Se entiende que un paciente está polimedicado cuando toma cinco o más medicamentos de forma continuada y durante un periodo igual o superior a seis meses.
Los problemas de salud derivados de la polimedicación se deben a que el número de medicamentos que se consumen es uno de los factores asociados a los resultados negativos de la medicación.
Para evitar este problema, desde 2009 el Gobierno socialista impulsó una estrategia conjunta con las comunidades autónomas para la atención y mejora de la calidad asistencial a pacientes crónicos polimedicados y garantizar así la mejora de
la calidad de la prestación farmacéutica, asegurando la coordinación de profesionales sanitarios de atención primaria y hospitalaria así como de los profesionales de las oficinas de farmacia.
A esta estrategia el Gobierno socialista destinó cerca de 70 millones en los ejercicios 2009/10 y 2011 para que las comunidades autónomas desarrollaran sus programas en este campo.
Es por eso que se ha desarrollado una importante política de seguridad de los pacientes y de uso racional de los medicamentos, en la que se ha dado prioridad a la atención a enfermos crónicos y polimedicados en un proyecto que ha combinado
objetivos de mejora de la calidad asistencial, de eficiencia en el uso de los recursos y de generación de empleo de calidad con la contratación de profesionales sanitarios, en especial profesionales de enfermería y farmacéuticos, para hacer labores
de seguimiento.
Estos profesionales se encargan de la revisión sistemática de la efectividad de los tratamientos de los pacientes, poniendo el resultado de estas revisiones a disposición del médico responsable del paciente para la eventual toma de
decisiones en relación a su tratamiento, en el marco de la más estrecha colaboración entre profesionales.
Las acciones especificas abordadas han sido:
1. El control y seguimiento de tratamientos y de pautas posológicas.
2. La ayuda al cumplimiento mediante apoyo presencial.
3. El control de eficacia y eficiencia de los tratamientos.
4. La detección de efectos adversos y de errores de medicación.
5. La educación sanitaria a los pacientes.
6. Acciones concretas para evitar la acumulación de medicamentos sin usar.
En la situación actual, es especialmente necesario reforzar medidas y acciones que mejoren la calidad y, además, ayuden a un uso eficiente de los recursos.
Se consigue un uso eficiente de los recursos tanto al evitar el uso de medicamentos que estén generando problemas de salud, reacciones adversas o inefectividades en los pacientes como al evitar tener que atender este tipo de consecuencias en
la salud, que requieren atención sanitaria en muchos casos.
Se estima que un adecuado seguimiento de los tratamientos a pacientes crónicos polimedicados puede generar un ahorro potencial de un 5 por 100 del gasto en medicamentos en estos pacientes.
Siendo estas cuestiones parte de un problema que aún requiere ser abordado, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando y apoyando económicamente a las Comunidades Autónomas para continuar con la aplicación del programa de mejora de la calidad de la atención a pacientes crónicos y
polimedicados, consiguiendo mejoras en la salud y ahorros en el gasto en medicamentos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-José Martínez Olmos, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el Protocolo facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de comunicaciones, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El día 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.
El nuevo Protocolo permite presentar denuncias individuales o colectivas por violaciones específicas de estos derechos. Permite también que el órgano de vigilancia, el Comité de los Derechos del Niño, actúe de oficio en casos graves,
pudiendo realizar recomendaciones urgentes a los países sin tener que esperar como hasta ahora un largo proceso de informes periódicos.
Este Protocolo establece que los niños y niñas pueden, acompañados por adultos o por asociaciones, presentar sus quejas, mediante un proceso adaptado para ellos ante una instancia internacional. Se promueven así dos de los principios
básicos de la Convención: la participación infantil y el interés superior del niño.
Para ello, contempla la regulación del Comité de Derechos del Niño, junto a un procedimiento de comunicaciones y otro de investigación para casos de violaciones graves o sistemáticas de los Derechos del Niño.
El pasado mes de febrero, España fue uno de los primeros países que suscribió en Ginebra el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño.
Con ello, España reafirma su compromiso con los derechos de la infancia. El paso siguiente debe ser la ratificación en el Parlamento.
Por otra parte, para que el Protocolo entre en vigor es necesario que lo hayan suscrito diez Estados.
Es fundamental conseguir que el Protocolo entre en vigor cuanto antes y por ello España debe animar a otros Estados a que lo firmen y ratifiquen
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Muestra su satisfacción ante la adopción por parte de Asamblea General de Naciones Unidas del nuevo Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño referido al procedimiento de comunicaciones, que supone un nuevo
avance en la protección internacional de los Derechos de la infancia en el mundo, y su firma por España.
2. Insta al Gobierno a:
- Agilizar los trámites necesarios para su pronta ratificación por España y previa autorización por las Cortes Generales.
- Emprender las actuaciones necesarias para conseguir que dicho Protocolo entre en vigor cuanto antes, incluyendo esta cuestión en la agenda de política exterior, tanto en los foros multilaterales como en el marco de las relaciones
bilaterales, con el fin de promover la adhesión de otros Estados, de conformidad con sus procedimientos internos para su firma y correspondiente ratificación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Rosa Aguilar Rivero y Soledad Pérez Domínguez Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para la adopción de medidas de apoyo a las personas con síndrome de Down y la reposición del calendario del Sistema de Atención a la Dependencia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
A mediados del mes de diciembre de 2011, el presidente de la Federación Española de Síndrome de Down, en el acto de celebración del 20 aniversario de la asociación, pedía al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que continuara desarrollando la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
La conocida como 'Ley de la Dependencia' es una de las apuestas fundamentales de los últimos años en España. Esta Ley vino a reconocer un nuevo derecho de ciudadanía: el de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas
por los poderes públicos; así como a la promoción de su autonomía personal.
La Ley tenía un calendario de aplicación que comprendía ocho años, de modo que en las primeras fases pudieran acceder al Sistema los casos más graves.
Pocos días después del llamamiento realizado por la Federación Española de Síndrome de Down a favor del desarrollo del sistema de Dependencia, el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria,
Tributaria y Financiera para la corrección del déficit público, introducía la modificación de la Disposición final primera de la Ley de Dependencia. Fue una inesperada noticia que suponía un varapalo para miles de ciudadanos que esperaban a ser
atendidos y que, debido a la modificación que
efectuaba sobre el calendario, vieron aplazado, 'sine die', el disfrute de su derecho.
En virtud de dicha modificación, las personas con Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2, que deberían acceder a los servicios y prestaciones del sistema entre 2011 y 2012 pasan a dividirse en dos colectivos en función exclusivamente de la
fecha de su valoración. Aquellas personas que no hayan sido valoradas antes de 31 de diciembre de 2011, ven aplazada la fecha de disfrute de su derecho, que se hará efectivo a lo largo de un período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y una
fecha sin determinar, por lo que tienen una expectativa de derecho cuya efectividad no queda concretada.
Las personas valoradas en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 1, tenían garantizado el derecho a las prestaciones a lo largo del séptimo y octavo año del calendario (2013 y 2014). Tras la modificación introducida por el Real
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, estas personas tienen reconocida la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia 'a partir' del 1 de enero de 2014.
La paralización del calendario de la Ley de Dependencia afecta a numerosos colectivos, entre los cuales, uno de los más perjudicados es el de las personas con Síndrome de Down, dado que una buena parte de ellos son valorados con el Grado I
de Dependencia Moderada.
En momentos de dificultades económicas como el que atravesamos debe intensificarse el esfuerzo por continuar apoyando a colectivos como el de las personas con Síndrome de Down para seguir avanzando en la conquista de la normalización, la
inclusión y la autonomía personal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. En colaboración con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, y con la participación de las asociaciones que representan al colectivo, adoptar las medidas necesarias para asegurar una adecuada atención a las
personas con síndrome de Down, impulsando la investigación y la innovación; así como la promoción de la normalización, la inclusión y la autonomía personal.
2. Derogar la Disposición final decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la corrección del déficit público, con el fin de recuperar y cumplir
el calendario de implantación del sistema de dependencia que fijaba, en su redacción original, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ('Boletín Oficial del
Estado' de 15 de diciembre de 2006). Y con ello, reponer en sus derechos a los colectivos afectados, entre ellos, a las personas con Síndrome de Down.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/000502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley, sobre la conmemoración del Centenario del nacimiento del poeta Salvador Espriu i Castelló, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El próximo año 2013, se conmemorará el centenario del nacimiento de Salvador Espriu i Castelló (Santa Coloma de Farners, 1913-Barcelona, 1985), sin lugar a dudas uno de los escritores catalanes de mayor relieve.
Muchas son las iniciativas surgidas en Catalunya, a través de instituciones públicas y entidades sociales y culturales, en favor de declarar oficialmente '2013, Any Espriu' a fin y efecto de proceder a difundir y socializar aún más su obra
en la sociedad actual.
Salvador Espriu pertenece a la generación de literatos catalanes que vieron como el estallido de la Guerra Civil y la posterior Dictadura condicionaba la creación artística iniciada en los años de la República. Espriu dedicó vida y obra al
intento de comprender las causas de los enfrentamientos y de las violencias entre personas y pueblos, tal como ya dejó patente en una primera obra teatral escrita en 1940 (Antígona) en donde plantea el desencuentro entre hermanos. Conflicto que, a
su entender y en su imaginario literario, se había establecido entre España y Catalunya y que supo reflejar de forma magistral en la obra poética Pell de Brau.
Sus reflexiones, no ajenas al pesimismo, caracterizaron una actividad creativa que, a su vez, fue destinada a salvar una lengua que por razones políticas se vio sometida a una situación de prohibición, antesala de su minorización y
desaparición, como consecuencia de la voluntad de genocidio lingüístico emprendido por los jerarcas de la Dictadura franquista.
Contrariamente al proceder de muchos otros escritores de la época, Espriu se mantuvo, pues, fiel a la lengua catalana, a pesar que este compromiso hubiera de comportar grandes inconvenientes y dificultades para dar a conocer su obra. Su
compromiso personal radicó, dicho en términos espriuanos, en la voluntad de 'salvar els mots' ('salvar las palabras'), salvar la lengua catalana.
Al margen de otros géneros literarios, Salvador Espriu cultivó mayoritariamente una dramaturgia y una poesía cultas. Ello no fue óbice para que acabara perteneciendo a la categoría de poeta del pueblo, voz del pueblo, por razón de la
orientación y contenido de buena parte de su obra dedicada a la contemplación de su país, a la crítica de los totalitarismos y abierta a la intensificación de la fraternidad entre los pueblos, y difundida a través de artistas de renombre como Núria
Espert o de la musicación e interpretación realizada por cantautores como Raimon y otros.
En definitiva, Salvador Espriu acabó convirtiéndose en un símbolo de la reivindicación las libertades democráticas y su obra, finalmente, adquirió el reconocimiento de la excelencia. En distintas ocasiones, fue propuesto para la obtención
del Premio Nobel de Literatura, sin embargo nunca le fue concedido, aún cuando obtuvo otros muchos premios, de entre los cuales la Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona, el Premi Ciutat de Barcelona, el Premio Montaigne o el Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes.
Atendiendo al hecho de la conmemoración del '2013, Any Espriu', desde diversas entidades, fundaciones y organismos públicos, entre los cuales la Generalitat de Catalunya y el Centre de Documentació i Estudi de Arenys de Mar, perteneciente al
Ayuntamiento, programarán conferencias, exposiciones, proyectos editoriales y certámenes de difusión de la vida y obra de Salvador Espriu, uno de los mitos literarios de la comarca del Maresme.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Colaborar con la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Arenys de Mar en la realización de actividades, exposiciones, publicaciones y demás iniciativas que se consideren oportunas en el marco del '2013, Any Espriu'.
2. Colaborar con el Institut Ramon Llull en los actos que se prevean organizar en el exterior para difundir la lengua y la cultura catalanas a través de la Conmemoración del '2013, Any Espriu'.
3. Impulsar el conocimiento de la obra de Salvador Espriu al conjunto de la ciudadanía del Estado español a través del fomento de la traducción de su obra a las lenguas castellana, euskara y galega.
4. Impulsar el conocimiento de la obra de Salvador Espriu al conjunto de la ciudadanía del Estado español a través de la producción de un programa divulgativo sobre su vida y obra en los medios de comunicación públicos de ámbito estatal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.- Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada Doña Rosa María Diez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la erradicación del sistema de Resumen de Actividades Individuales (RAI) y el Resumen de Actividad de Unidades (RAU) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, para su debate en Comisión de Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible.
Exposición de motivos
En la comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible el día 27 de marzo de 2012, el Ministro del Interior afirmó textualmente: 'El sistema de retribución de los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia
Civil lo diseñó la propia agrupación la pasada legislatura por mor de la autonomía que a esos efectos le dio la Dirección General de Tráfico. Nosotros vamos a revertir esa situación con una instrucción interna que estamos elaborando en estos
momentos'. El sistema de retribución al que se refiere el Ministro establece la competencia entre:
1. Agentes, mediante el RAI, Resumen mensual de Actividades Individuales, herramienta que recoge cuantitativamente la actividad desarrollada por la unidad y en la que con la inclusión de una serie de parámetros cualitativos permite obtener
una valoración en conjunto de la actividad desarrollada por cada agente
2. Sectores, mediante el RAU, Resumen de Actividad de Unidad mensual, en el que se expone el posicionamiento relativo de cada Subsector en relación al resto de los Subsectores, que quedan ordenados en tres segmentos, inferior (25 por 100),
medio (50 por 100) y superior (25 por 100) en función de la evaluación de diferentes datos de la actividad de los mismos y del
resultado obtenido en relación a la seguridad vial y la accidentalidad, medidos interanualmente. Existe también un Resumen de Actividad de Unidad mensual reducido (RAU-mensual), en el que se expone el posicionamiento relativo de cada
Subsector en relación al resto de los Subsectores en función de la evaluación de la actividad y del resultado obtenido con los datos disponibles a mes vencido.
La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 recoge la normativa fundamental y reguladora de este Complemento de Productividad. Desde entonces la política que la administración ha llevado a cabo
ha sido de ánimo únicamente recaudatorio olvidando los principios con los que se creó la Agrupación de Tráfico: 'Auxiliar, impedir can la presencia que se cometan infracciones y denunciar estos cuando no se puedan impedir'.
Este afán de incentivar exclusivamente la recaudación frente a otras tareas dignas de la Guardia Civil se puede comprobar con la tabla de baremos de incentivos que establece el RAI por puntos. Llama la atención por ejemplo, que por una hora
en auxilios no informativos o en intervenciones en accidentes se dé 2 puntos y por el contrario una denuncia por velocidad 4 puntos, una denuncia por el uso del teléfono móvil 3 o una denuncia por seguro obligatorio 2,5.
Es por lo tanto la RAI la implantación de un sistema recaudatorio, disfrazado bajo un mero sistema estadístico que no sólo impide medir dignamente la actividad sino que ejerce presión sobre los trabajadores y las unidades de tráfico.
Con el sistema de la RAU, implantada posteriormente, la finalidad que pretende es ejercer una presión sobre la RAI. Es decir, que cuando se valore la actividad de una unidad se cree un listado ordenadas de peor a mejor, resaltando
especialmente aquellas unidades que rinden por debajo de la media y que además afecta (y copia el sistema de la RAI) a los jefes de unidad con dejar de cobrar el plus de colectividad por objetivos. Este sistema fomenta que los jefes de unidad
incrementen su presión constante sobre cada trabajador de su equipo para alcanzar mayor productividad en base a la tabla de baremos de actividades individuales RAI, con particular potestad de que 'los Jefes de Sector, Subsector y Destacamento podrán
variar la valoración final de la actividad individual hasta un 25% en función de su apreciación y circunstancias'.
La jefatura de la Agrupación de Tráfico remite el RAU mensualmente a las unidades para que puedan ver sus jefes la situación de su unidad respecto al resto, creando competencia entre las unidades para ver quien tiene la mayor puntuación
finalmente. Aunque son varios los parámetros que puntúan los que realmente se valoran son las denuncias. Un alto número de denuncias, como se sabe a nivel interno, es lo que evita que el jefe de la unidad te proponga para no cobrar la
productividad e incentivos de seguridad vial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de un mes:
1. Elimine el sistema de Resumen de Actividades Individuales (RAI) y el Resumen de Actividad de Unidades (RAU) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
2. Que presente ante esta Cámara un nuevo sistema de incentivos para la Agrupación basado en los principios con los que se creó la Agrupación de Tráfico premiando principalmente el auxilio y evitando fomentar la competencia con ánimo
recaudatorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su
debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El Deporte es un elemento de inserción social y desarrollo personal, determinante en la calidad de vida de todas las personas. La práctica deportiva resulta fundamental en el mantenimiento de la salud y se constituye en un factor corrector
de desequilibrios sociales, ya que contribuye al desarrollo de la igualdad, creando hábitos favorecedores de la inserción social y, mediante su desarrollo en equipo, fomenta la solidaridad.
El Deporte es un camino para que las personas con discapacidad busquen o restablezcan el contacto con el mundo que les rodea. Se debe perseguir la integración de todas las personas discapacitadas a través del deporte y estimular el afán de
superación que puedan tener.
El Deporte y la Actividad Física son generadores de capital social porque la práctica supone un incremento de la capacidad de interrelación social a través de los puntos de encuentro. Contribuyen al desarrollo de redes sociales debidas al
entorno inclusivo en el que se realizan las actividades. La práctica de deporte y actividad
física en entornos inclusivos es un instrumento de cohesión social muy válido.
Se entiende por deporte adaptado aquella actividad físico deportiva que es susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales.
Son muchos los beneficios tanto personales como sociales del deporte adaptado, a nivel terapéutico, recreativo o competitivo contribuye en:
1. La rehabilitación, es decir favorece el proceso continuo destinado evitar o restablecer una capacidad disminuida.
2. La normalización o proceso por el que se trata de hacer normal la manera de vivir de una persona discapacitada.
3. La autonomía personal o capacidad de actuar por uno mismo sin dependencia ajena.
4. La integración social, es decir en reducir las situaciones de minusvalía fomentando los cambios y favoreciendo las igualdades sociales.
5. Impulsar y potenciar el afán de superación personal.
6. La colaboración en la supresión de barreras arquitectónicas, psicológicas y sociales.
7. La mejora de la autoestima y el desarrollo personal.
La Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, ratificada por el Congreso el 23 de noviembre de 2007, establece en su artículo 30.5 sobre 'Participación en
la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte':
'5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para:
a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;
b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les
ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema
escolar.
e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.'
Los primeros pasos en la práctica de deportes por personas con las capacidades disminuidas se dan tras la Segunda Guerra Mundial, utilizando inicialmente el deporte como un medio más para la rehabilitación, en 1960 se organizan las primeras
paraolimpiadas, este fenómeno fue creciendo hasta llegar al nivel actual en el que cada día la participación de personas discapacitadas en el deporte está bastante normalizada y se practican multitud de disciplinas a niveles recreativo y
competitivo, que nuestro país se ha consolidado como una de las grandes potencias mundiales en el concierto del deporte 'paralímpico', entendiendo este término como la expresión, al más alto nivel, de las capacidades que tienen determinados
deportistas que, secundariamente, presentan alguna discapacidad física, psíquica o sensorial.
El deporte de alta competición, a través de los valores que transmite, y de su espectacularidad, es un vehículo de concienciación social, de afirmación de la diferencia y de respeto a la pluralidad, que puede hacer cambiar la percepción y la
actitud de la sociedad. El éxito de los deportistas paralímpicos en las competiciones de alto nivel y la difusión mediática del mismo representan una motivación para niños y niñas o jóvenes deportistas de base con discapacidad.
La Junta de Andalucía con el propósito de garantizar desde las administraciones públicas, especialmente en los ámbitos sanitario, educativo, deportivo y de política social, el acceso y la práctica de la actividad física adaptada y deportiva
de las personas con discapacidad, se ha marcado tres grandes objetivos:
1. Generalizar la práctica del deporte y la actividad física para los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, con preferencia en un entorno inclusivo y en un marco próximo a su contexto social y familiar.
2. Garantizar el acceso y el uso y disfrute en el diseño de las instalaciones deportivas.
3. Impulsar la formación inicial y continua especializada en actividad física y deporte adaptado.
En este sentido y para dar cumplimiento a los mismos, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte considera que sería necesaria la creación de un centro debidamente adaptado y dotado de un conjunto de instalaciones diseñadas con el objetivo
fundamental de atender la especialización técnica de los deportistas con discapacidad motora, intelectual o sensorial desde sus inicios, a temprana edad, y durante las diversas etapas de su perfeccionamiento deportivo hasta su consolidación como
deportistas de alto nivel.
La ubicación ideal para este Centro en Andalucía sería la Ciudad Deportiva de Carranque, de Málaga, por las razones que se exponen a continuación y sería el primer centro de estas características de España.
La Ciudad Deportiva de Carranque gestionada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, es actualmente, uno de los complejos deportivos más importantes de Andalucía por su dimensión, posición estratégica dentro de la ciudad, variada
oferta deportiva y programas deportivos a todos los niveles, desde el deporte de base al de alto nivel.
La Ciudad Deportiva de Carranque además se ve especialmente complementada por el colindante Instituto Andaluz del Deporte, encargado de desarrollar las competencias de la Consejería sobre formación deportiva e investigación, estudio,
documentación y difusión de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Esta instalación no sólo cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de este tipo de actuaciones, sino también con la experiencia para su ejecución.
El Centro Deportivo Especializado para Personas con Discapacidad que promueve la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, lo compondrían un conjunto de instalaciones diseñadas con el objetivo fundamental de atender la especialización
técnica de los deportistas con discapacidad motora, intelectual o sensorial desde sus inicios, a temprana edad, y durante las diversas etapas de su perfeccionamiento deportivo hasta su consolidación como deportistas de alto nivel.
Debe destacarse que para conseguir una mayor rentabilidad social, dicho Centro no se reservaría exclusivamente al deporte de rendimiento adaptado, sino que el conjunto de sus instalaciones se pondría también a disposición del deporte base de
personas con discapacidad, que contaría así con un establecimiento deportivo totalmente adecuado a su práctica deportiva.
El Centro además de las instalaciones y espacios deportivos existentes en la Ciudad Deportiva tendría unas nuevas instalaciones deportivas adecuadas para el entrenamiento y perfeccionamiento de deportistas de alto nivel con discapacidad, con
una residencia para albergar a deportistas (50 habitaciones), unidades de apoyo a la docencia, área de medicina deportiva y las dependencias necesarias para coordinar la parte técnica, administrativa y económica de los programas de tecnificación que
desarrollará el Centro.
Respecto a la nueva área deportiva, su diseño permitiría la práctica de la mayoría de las especialidades exclusivas del deporte adaptado como la boccia o el goalball. El carácter versátil y adaptable a diferentes funciones y actividades
deportivas posibilitará, además de un uso inclusivo de las dependencias, la realización de programas de tecnificación específicos.
La construcción del Centro y las reformas necesarias en las instalaciones existentes estaría promovido por la Junta de Andalucía y debería contar con el apoyo y colaboración del CSD, Comité Paralímpico Español, además de la Fundación ONCE y
Federaciones Españolas y Andaluzas de Deportes para Discapacitados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar en la financiación del Centro Deportivo Especializado para Personas con Discapacidad de Carranque, Málaga, que sería el primero de España de estas características'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2012.-P. A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Comisión de Justicia
181/000218
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Sofía Hernanz Costa
Texto:
¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar la construcción del nuevo edificio de Juzgados de Ibiza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Sofía Hernanz Costa, Diputada.
Comisión de Interior
181/000208
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Félix Lavilla Martínez
Texto:
¿El Gobierno va a limitar sus inversiones en Soria a 'inaugurar' las inversiones socialistas, como demostró el Ministro del Interior en su visita a Burgo de Osma el pasado 12 de marzo de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Félix Lavilla Martínez, Diputado.
Comisión de Fomento
181/000200
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Francisco González Cabaña
Texto:
¿Prevé el Gobierno consignar alguna partida en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 para la redacción del proyecto de construcción de la futura variante de la autovía A-7 Algeciras-San Roque que tiene aprobada la Declaración de
Impacto Ambiental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-Francisco González Cabaña, Diputado.
181/000201
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Francisco González Cabaña
Texto:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto al futuro de la concesión de la AP-4 Sevilla-Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-Francisco González Cabaña, Diputado.
181/000202
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Francisco González Cabaña
Texto:
¿Qué previsión tiene el Gobierno respecto a la construcción del enlace viario de Tres Caminos (Puerto Real-Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-Francisco González Cabaña, Diputado.
181/000204
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Vicente Guillén Izquierdo
Texto:
¿Cuáles son las prioridades que tiene el Gobierno en materia ferroviaria en Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
181/000205
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Vicente Guillén Izquierdo
Texto:
¿Cuáles son las prioridades que tiene el Gobierno en materia de Carreteras en la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
181/000206
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Vicente Guillén Izquierdo
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno reiniciar las obras en la N-232 entre Ráfales y el límite de la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Vicente Guillén Izquierdo, Diputado.
181/000207
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán
Texto:
¿Cree la Señora Ministra que la Autoridad Portuaria de Gijón ha aplicado correctamente los criterios establecidos para la determinación de las tasas portuarias de 2012, con un 30% de subida sobre las anteriores, según se ha anunciado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/000214
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
La Ministra de Fomento apuntó que el AVE llegaría a Galicia pero no concretó ningún tipo de fecha, alegando problemas de financiación y que el proyecto de entrada del AVE en Ourense, tal y como quedó planificado por el anterior Gobierno, no
es razonable por su coste.
¿Qué tiene pensado el Gobierno hacer con la entrada del AVE en Ourense?¿Piensa modificar el actual trazado? ¿Piensa modificar el proyecto de la estación? ¿Sigue estudiando el soterramiento de las vías? ¿Qué plazos fija?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión de Educación y Deporte
181/000221
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputada doña Mª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿No considera el Gobierno necesario modificar la LOE para que la asignatura de religión no forme parte del currículum escolar a fin de evitar casos de discriminación como los que se están produciendo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.-Mª Olaia Fernández Davila, Diputada.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000209
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
Texto:
¿Cómo valora el que un trabajador/a con bajas de 8 ó 9 días en dos meses pueda ser despedido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2012.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/000203
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputado don Francisco González Cabaña
Texto:
¿Tiene el Gobierno previsto convocar una nueva Orden de Reindustrialización con presupuestos específicos para las dos demarcaciones de la provincia que se han beneficiado de estas ayudas: La Bahía de Cádiz y zonas de influencia y la Bahía
del Campo de Gibraltar?
En caso de que esté prevista una nueva Orden de Reindustrialización, ¿cuándo se convocará y con qué consignación presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-Francisco González Cabaña, Diputado.
181/000215
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Tiene el Gobierno de España pensado invertir en la provincia de Ourense para fomentar el turismo termal?, en caso afirmativo ¿de qué manera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/000216
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuáles son las prioridades del Gobierno de España en materia de turismo para la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/000217
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuáles son las inversiones que tiene pensado llevar a cabo en la provincia de Ourense en materia de turismo y dónde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000210
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña Consuelo Rumí Ibáñez
Texto:
¿Cuáles son las ayudas que recibe España con cargo al Fondo Europeo de Pesca y cuál es la posición y las previsiones del Gobierno en relación con las mismas ante el actual proceso de negociación de la reforma de la Política Pesquera Común?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2012.-Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.
181/000211
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputado don Alejandro Alonso Núñez
Texto:
¿Considera el Gobierno que se cumplen los plazos establecidos en la Ley de Morosidad, en las operaciones de compra-venta de productos agrarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
181/000212
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputado don Alejandro Alonso Núñez
Texto:
1. ¿Tiene previsto el Gobierno legislar en materia de Organismos Modificados Genéticamente (OGM)?
2. ¿En qué sentido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
181/000213
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputado don Alejandro Alonso Núñez
Texto:
1. ¿Cuál es la posición del Gobierno en relación al uso de las harinas cárnicas en alimentación animal (piensos compuestos para el ganado)?
2. ¿Considera el Gobierno que debe variarse la legislación vigente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
181/000219
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Cómo va a afectar a la depuración integral en Málaga, la moratoria que ha pedido el Gobierno a la UE para finalizar el saneamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/000220
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Qué actuaciones contempla realizar el Gobierno a corto plazo, para incrementar la capacidad hídrica de la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
233/000018
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 9689/2009, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Elche, en relación con el artículo 81 del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (tal como han sido interpretados con carácter vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre de 2008)
y, alternativamente, en relación con el artículo 100.7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por posible infracción de los artículos 9.3, 117.1 y 123.1 de la Constitución, así como votos
particulares formulados a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2012.-P. A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Reunido en Cádiz en el Oratorio de San Felipe Neri, el día en que se cumplen doscientos años de la promulgación de la Constitución Española de 1812, el Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente,
don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega
Álvarez, y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 9689-2009, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Elche, en relación con el artículo 81 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (tal como han
sido interpretados con carácter vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre de 2008) y, alternativamente, en relación con el artículo
100.7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por posible infracción de los artículos 9.3, 117.1 y 123.1 de la Constitución. Han intervenido el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado.
Ha sido ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Cádiz, a 19 de marzo de 2012.