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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 44, de 28/02/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de febrero de 2012
Núm. 44
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Diputados
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página3)
Diputados que acceden a secretos oficiales
052/000002 Elección de Diputados por el Pleno de la Cámara a los efectos de lo previsto en el punto tercero de la Resolución de la Presidencia de 11 de mayo de 2004, sobre acceso por el Congreso de los Diputados a secretos oficiales ...
Personal
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso.
Cese ... (Página29)
Nombramiento ... (Página29)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al impulso de soluciones para el sector naval. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página29)
162/000129 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implantar un modelo de educación secundaria más flexible con un bachillerato de tres cursos.
Enmiendas ... (Página32)
Aprobación con modificaciones ... (Página36)
Interpelaciones
Urgentes
172/000007 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la continuidad de los Centros Especiales de Empleo ... (Página36)
172/000009 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras ... (Página37)
172/000012 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las repercusiones de la reforma laboral del Gobierno en la negociación colectiva y sus efectos en los salarios ... (Página38)
Mociones consecuencia de interpelaciones
Urgentes
173/000003 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la transferencia a la Generalitat de Cataluña de la recaudación que se realiza en Cataluña de la asignación tributaria del porcentaje
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinado a fines sociales. Texto de la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página39)
173/000004 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la ilegalización de las coaliciones 'Amaiur' y 'Bildu'. Texto de
la moción, enmienda formulada y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página40)
173/000005 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la sostenibilidad del sistema sanitario.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página45)
Aprobación con modificaciones ... (Página49)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
ÍNDICE
CASADO BLANCO, Pablo (GP) (núm. expte. 005/000254/0002) * ... (Página4)
GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS, Pedro Ramón (GP) (núm. expte. 005/000333/0000) ... (Página19)
JÁUREGUI ATONDO, Ramón (GS) (núm. expte. 005/000186/0001) * ... (Página24)
RODRÍGUEZ RAMOS, María Soraya (GS) (núm. expte. 005/000157/0001) * ... (Página9)
ROMERO RODRÍGUEZ, María Eugenia (GP) (núm. expte. 005/000332/0000) ... (Página14)
* La presente declaración sustituye a la publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 13, de 9 de enero de 2012.
DIPUTADOS QUE ACCEDEN A SECRETOS OFICIALES
052/000002
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, ha elegido, a los efectos de lo previsto en el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004, a los
siguientes Diputados:
D.ª María Soraya Rodríguez Ramos.
D. Josu Iñaki Erkoreka Gervasio.
D. Josep Antoni Duran i Lleida.
D. Alfonso Alonso Aranegui.
D.ª Rosa María Díez González.
D. Cayo Lara Moya.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
PERSONAL
299/00003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 21 de febrero de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del
Excmo. Sr. don Alfonso Alonso Aranegui, con efectos de 21 de febrero de 2012, de doña Olga María Calatrava Lesmes, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 22 de febrero de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a don Alfonso Sanjorge
Carretero, a propuesta del Excmo. Sr. don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 23 de febrero de 2012 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000087
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al impulso de soluciones para el sector naval, publicada en el 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, núm. 21, de 23 de enero de 2012.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se publican las enmiendas presentadas a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Francisco Jorquera Caselas, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley,
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al impulso de soluciones para el sector naval.
Enmienda
De adición.
Tras el apartado 3 de dos nuevos puntos 4 y 5:
'4. Crear instrumentos financieros específicos que faciliten las inversiones necesarias en el sector naval, contando con instrumentos que den garantías a la exportación de productos y servicios de los astilleros y su industria auxiliar,
siempre que presenten un plan de negocio viable.
5. Establecer una política financiera y crediticia a largo plazo para la construcción, reparación, transformación y ampliación de buques y artefactos marítimos.'
(Quedando la numeración de los siguientes apartados en consonancia con esta adición.)
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del
Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), relativa al impulso de soluciones para el sector naval.
Enmienda
De adición.
Nuevo apartado.
Se añade un nuevo apartado después del 3, con la siguiente redacción:
'3 bis (nuevo). Potenciar el control público de las ayudas dirigidas al sector naval y establecer la afectación finalista a proyectos concretos de dichas ayudas.'
Motivación.
Es preciso conseguir un control público real de las ayudas que van al sector, control que, con la desaparición de la tutela pública de la SEPI, ha sido en estos años casi inexistente. Además, esas ayudas deben tener carácter finalista para
evitar que sean simples operaciones de maquillaje de empresarios del sector más preocupados por la rentabilidad para sus accionistas que de la creación de empleo.
Enmienda
De adición.
Nuevo apartado.
Se añade un nuevo apartado después del 3, con la siguiente redacción:
'3 ter (nuevo). Asegurar el control público de los planes de viabilidad de los astilleros que se están presentando para evaluar el interés real de los accionistas en el futuro y viabilidad del sector naval.'
Motivación.
La desaparición del sector naval sería una catástrofe social al ser el motor industrial de Galicia. Es preciso el control público de los planes de viabilidad de los astilleros para asegurar la viabilidad del sector.
Enmienda
Al apartado 10.
De modificación.
El apartado 10 queda redactado en los siguientes términos:
'10. Impulsar los proyectos de diversificación comprometidos, como son los centros de reparación y diques flotantes en Ferrol (Navantia) y Vigo (Metalships), cuyos estudios ya están aprobados, y que requieren una financiación real y
urgente. En particular, la construcción de un dique flotante en Ferrol debe permitir que el centro de reparaciones de Navantia pueda ofertar también la reparación y transformación de grandes buques, encomendando la construcción del mismo a los
propios astilleros de Navantia en la ría de Ferrol.'
Motivación.
Se propone recoger también la necesidad de impulsar los proyectos de reparación y diques flotantes, además de en Ferrol, en Vigo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia a iniciativa de su Portavoz doña Rosa María Díez González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al impulso de soluciones para el sector naval.
Enmienda
De sustitución.
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Promover un debate nacional sobre el sector naval público y privado.
Concluir la negociación con la Comisión Europea de manera urgente, para dar con una solución definitiva acorde con la normativa europea.
Impulsar las negociaciones oportunas con la Comisión Europea para prorrogar temporalmente el sistema de arrendamiento fiscal español en tanto se resuelve el conflicto, o bien, que se arbitre otra solución transitoria que dé seguridad
jurídica y laboral al sector.'
Texto que se sustituye:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Solicitar a la Unión Europea que permita el 'tax lease' en la realización de contratos por parte de los astilleros, en tanto no se resuelva el procedimiento iniciado por la Comisión Europea con respecto a la aplicación del 'tax lease' en el
Estado español.
Negociar con la Unión Europea la resolución del procedimiento iniciado por la Comisión Europea, mediante un mecanismo pactado por ambas partes, diferente a la suspensión del 'tax lease' en los contratos, en el cual se contemple el carácter
estratégico del sector naval.
Intensificar la iniciativa política ante la Unión Europea de cara a revocar todas las limitaciones existentes para el óptimo desarrollo de sectores económicos básicos y estratégicos de la economía gallega, como el naval.
Por lo que respecta a los astilleros públicos de Navantia en la ría de Ferrol. Se insta al Gobierno a:
Exigir a la SEPI que elabore e impulse un plan de trabajo para asegurar la cartera de trabajo de los astilleros públicos de la ría de Ferrol. Dicho plan tendrá entre sus objetivos garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo
directos e indirectos en dichos astilleros.
Contemplar como una prioridad estratégica en la agenda exterior del Gobierno para captar inversiones en la economía española, la consecución de contratos con los astilleros de la ría de Ferrol.
Dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Gobierno de contratar la construcción en los astilleros de Navantia de la ría de Ferrol, de la VI fragata F100 para la marina española.
Emplazar a la SEPI a diseñar un plan para que los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol estén en condiciones de poder operar plenamente en todos los campos de la construcción naval civil tras el vencimiento de las limitaciones impuestas
por la Unión Europea.
Negociar en la Unión Europea la anticipación de la fecha de vencimiento de estas limitaciones y en particular la limitación que pesa sobre el astillero de Fene para que pueda construir buques y operar en el campo 'off shore'.
Demandar a la SEPI que impulse el centro de reparaciones de Navantia en la ría de Ferrol, con objeto de incrementar la carga de trabajo en el campo de la reparación y transformación de buques.
Impulsar la construcción de un dique flotante que permita que el centro de reparaciones de Navantia en la ría de Ferrol pueda ofertar también la reparación y transformación de grandes buques, encomendando la construcción del mismo a los
propios astilleros de Navantia en la ría de Ferrol.
Impulsar un plan de mejora de la eficiencia interna de la compañía que contemple las modificaciones necesarias del organigrama directivo para evitar duplicidades entre la dirección de Madrid y las factorías, así como una potenciación de los
recursos y capacidades propias como el sistema informático Nécora.
Promover en el ámbito de la Unión Europea medidas que tengan en cuenta la especificidad del sector naval y que contribuyan a superar la crisis que actualmente padece el sector. Oponerse, en este contexto, a la pretensión de introducir
cualquier cambio en la normativa fiscal del Estado español que agrave la crisis que padece la construcción naval civil.
Potenciar la reactivación de la fábrica de turbinas, en primer lugar como elemento altamente competitivo y complementario a la reparación de gaseros, y también con la recuperación o apertura de nuevas actividades industriales relacionadas
con el sector energético, especialmente el eólico.
14. Mantener el compromiso político e inversor que a través del Programa de Reindustrialización ha puesto en marcha el Ministerio de Industria para las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, dentro del período del actual Marco de Apoyo de la
Unión Europea.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto (Sr.
Jorquera), relativa al impulso de soluciones para el sector naval.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
A proseguir con sus esfuerzos de negociación con la Comisión Europea que deberían permitir en breve contar con un nuevo régimen de apoyo al transporte marítimo que facilite la contratación de buques, salvando las actuales dificultades que
atraviesa el sector; y a adoptar las medidas necesarias para la aplicación a la mayor brevedad de este nuevo régimen, una vez obtenga la conformidad de las autoridades comunitarias.
A efectuar los esfuerzos necesarios para una resolución adecuada del procedimiento incoado por la Comisión Europea al vigente régimen de apoyo al transporte marítimo.
A plantear a la Comisión Europea las posibilidades de anticipar el vencimiento de las restricciones en materia de construcción naval civil que pesan sobre Navantia, siempre que se preserven adecuadamente los intereses del conjunto de la
compañía y de sus trabajadores,
Continuar con los esfuerzos que se realizan para reforzar la actividad comercial de Navantia en el exterior, apoyando su participación en programas internacionales y la consecución de contratos que permitan incrementar su carga de trabajo
futura.
A analizar las necesidades futuras de la Armada española para poder concretar los recursos necesarios para llevar a cabo las misiones que en cada momento le sean encomendadas.
A definir y desarrollar en Navantia un plan de actuaciones para toda la compañía adaptado a la situación de cada unidad de negocio, cuya finalidad sea la mejora de la eficiencia interna, la coordinación entre los diferentes centros y el
incremento de la productividad, prestando especial atención a la innovación, con el objetivo de reforzar su posición competitiva.
A acelerar los programas de mejora de la productividad de Navantia y a intensificar el esfuerzo tecnológico de la compañía para que pueda competir en condiciones de mercado al finalizar las limitaciones actualmente impuestas a su obra civil,
preservando en todo caso su naturaleza eminentemente militar para atender los intereses esenciales de la defensa y seguridad nacionales.
8. Mantener el esfuerzo de reindustrialización impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en las comarcas afectadas, dentro del período del actual Marco de Apoyo de la Unión Europea.'
Justificación.
En coherencia con las posiciones mantenidas en apoyo del sector naval.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley, relativa al impulso de soluciones para el sector naval, del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera).
Enmienda
De adición.
Añadir al final un nuevo apartado, con el siguiente texto:
'xx. Desarrollar un programa de actuaciones específicas y adicionales de intensificación de la I+D+i y la formación del personal en el sector naval, dirigidas a mejorar la eficacia y la competitividad de dicho sector en los mercados
internacionales, y continuar dotando presupuestariamente las ayudas a la construcción naval ya previstas en ejercicios anteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000129
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición
no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implantar un modelo de educación secundaria más flexible con un bachillerato de tres cursos, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 27, de 30
de enero de 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentado IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Popular en el Congreso, relativa a implantar un
modelo de educación secundaria más flexible con un bachillerato de tres cursos.
Enmienda
De sustitución.
Se propone la sustitución de la totalidad del texto de la Proposición no de Ley, por el texto siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a potenciar un modelo de educación secundaria que garantice una formación homogénea, gratuita y obligatoria hasta los 16 años, y que conduzca a una titulación común que permita continuar
cualquier modalidad de estudios posteriores. A lo largo de la etapa se promoverá una diversidad creciente de optativas para dar respuesta a las diferentes capacidades, motivaciones e intereses del alumnado, sin que ello suponga la configuración de
itinerarios predeterminados de carácter selectivo.'
Justificación.
Nuestra enmienda se justifica por diferentes razones que comienzan por los argumentos que se esgrimen en la exposición de motivos de la misma y que terminan en lo que subyace en la parte dispositiva de la PNL propiamente dicha.
A. La exposición de motivos: Los motivos fundamentales de la argumentación se basan en ocurrencias y opiniones, no en estudios e investigaciones fundamentadas, como ya está siendo habitual en las comparecencias del Ministro de Educación.
Se afirma en este sentido que 'los alumnos no acceden suficientemente preparados para cursar estudios superiores', sin presentar más aval de dicha afirmación que una afirmación banal y gratuita como es 'así lo dicen las universidades',
afirmación que no justifica de ninguna manera que los alumnos no lleguen suficientemente preparados a la Universidad y menos aún la enorme tasa de abandono universitario, especialmente de, las ramas técnicas. No se puede justificar la falta de
competencia en una etapa, responsabilizando a la etapa anterior. El abandono universitario es responsabilidad de la Universidad.
Se afirma que 'nuestro bachillerato es uno de los más cortos de Europa cuando la mayoría opta por un inicio con una edad anterior a los dieciséis años'. No se debe mentir, no se puede tergiversar la realidad con medias verdades que acaban
siendo flagrantes mentiras. De los 49 países de Europa, en los 30 más desarrollados industrialmente, 16 de ellos comienzan a los 16 años y sólo 14 países comienzan con una edad anterior. Pero precisamente los países que más éxito académico tienen,
como Finlandia, Alemania o Dinamarca, son los que comienzan a los 16 años el bachillerato (educación secundaria superior). Decir que Finlandia, Alemania o Dinamarca tiene un bachillerato de tres años en el contexto en que lo sitúan, para justificar
el recorte de la Educación Secundaria, es una verdad a medias que justifica una manipulación demagógica de los datos: porque estos países tienen tres años de bachillerato porque empezando a los dieciséis años prolongan la enseñanza preuniversitaria
hasta los 19 años como ocurre en Alemania, Dinamarca, Suecia, Polonia, Finlandia y 15 países europeos. Islandia llega incluso hasta los 20.
En la investigación 'Revisión comparada de la educación secundaria superior en la Unión Europea y la OCDE' realizada por parte del equipo del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación del Ministerio de Educación de
julio de 2011 (Coba Arango y otros, 2011) que dice textualmente: 'en torno al aumento de la duración del Bachillerato a 3 años, (...) resulta complicado poder determinar la relación directa entre la extensión del Bachillerato y la mejora del
rendimiento' (pág. 58).
Afirmar que 'la ESO se configura como una etapa de continuación de la educación primaria con un nivel académico muy elemental, no adecuado para iniciar los estudios de bachillerato' muestra el nivel de desconocimiento de los más elementales
principios pedagógicos y educativos que orientan los sistemas de enseñanza en nuestra sociedad actual, y se afirma sin presentar estudios, investigaciones y/o revisiones científicas que lo avalan. Y aunque así fuera, que no lo es, lo lógico sería
mejorar la calidad de la Educación en la ESO, con más recursos económicos que permitiesen disminuir las ratios, potenciar una enseñanza individualizada, ..., en lugar de cambiar la duración de la etapa.
Orientar la política educativa de un país y de las futuras generaciones exige un ejercicio de responsabilidad que no parece reflejarse en la fundamentación de esta PNL.
B. La Proposición no de Ley: El modelo de educación secundaria propuesto por el Grupo Popular, que recupera los viejos itinerarios (denominándolos 'vías formativas') y recorta el último curso de ESO no sólo es una medida segregadora sino
que deriva más recursos públicos a la privada concertada en detrimento de la pública.
La PNL realmente no supone ampliar el Bachillerato, sino reducir un curso la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), como viene reiteradamente proponiendo el PP desde hace tiempo, aunque no lo llevó a cabo cuando gobernó y aprobó la LOCE.
Esta transformación del cuarto de la ESO en primero de bachillerato conlleva la pérdida de un año de educación obligatoria común y equiparable para toda la población, quebrando dos de las finalidades fundamentales de la educación:
contribuir a la cohesión social y contribuir a la igualdad de oportunidades.
Entendiendo la etapa de Secundaria Obligatoria, como finalista, el Gobierno ha de garantizar que el alumnado la finaliza con la mejor cualificación posible para integrarse en la sociedad con la formación adecuada. Y tanto si lo hacen
continuando sus estudios para mejorar su preparación, como si para incorporarse al mundo laboral
La medida que propone la PNL supone establecer vías selectivas del alumnado antes de tiempo, ya que a los quince años (si no antes) las y los adolescentes tendrán que optar por seguir bachillerato (la vía más reconocida), o hacer algún ciclo
de grado medio de FP, o hacia algún 'itinerario basura' que, en el mejor de los casos, permitiría enganchar con programas de iniciación profesional (sin cualificación reconocida en el mundo laboral), destinados al alumnado que presente más
dificultades o que, por uno u otro motivo, tenga mayores necesidades educativas.
Este enfoque de la educación obligatoria resulta claramente segregador y supone, como dice la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), una dejación en la función que debe tener la escuela de compensar las
desigualdades individuales y colectivas, al reducir el número de años de escolarización común de todo el alumnado.
Nuestro Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se opone frontalmente a este modelo selectivo para superar el fracaso escolar de las denominadas eufemísticamente 'vías formativas' flexibles, donde lo que se acaban
creando son 'itinerarios basura' a los que se arroja al alumnado con mayores dificultades, con la pretensión de que 'no entorpezcan' a los 'supuestamente excelentes'.
Por ello, los 4 años de ESO son absolutamente necesarios y la única garantía de una preparación igual para oportunidades iguales requiere posponer cualquier tipo de diversificación o itinerario para el bachillerato posterior. No se debe
vetar el acceso a ningún conocimiento básico a quienes cursan esta etapa.
Pero, desde nuestro Grupo Parlamentario, también pedimos la retirada de esta PNL porque esta medida encubre la estrategia 'oculta' de abrir la posibilidad a concertar el Bachillerato, que hasta ahora no era una etapa obligatoria. En efecto,
con esta propuesta del ministro se iniciaría el primer curso de Bachillerato dentro del último año de la enseñanza obligatoria, por lo que este primer curso de Bachillerato podría concertarse 'con pleno derecho'. Lo cual abre la vía para que los
siguientes dos cursos de bachillerato pasen a poder concertarse también, pues no tendría mucho sentido que sólo se concertara un curso, por lo que se acabaría concertando la etapa entera, una vieja reivindicación de la patronal de los concertados
con quien parecen coincidir plenamente el PP. De esta forma pasaría a financiar aún más la 'gratuidad' de la red privada concertada con dinero público, tal como hizo el PP en su día con el segundo ciclo de Educación Infantil y mantuvo el PSOE.
En definitiva, entendemos que si se reduce la Secundaria un año, eliminando 4.º de ESO, y se mantiene la obligatoriedad de la educación hasta los 16 años, ello entraña que el primer curso de bachillerato pasa a formar parte de educación
obligatoria donde sí se puede concertar. Una perfecta excusa para acabar concertando la etapa entera y reduciendo el papel de la red pública.
Por eso nuestro Grupo Parlamentario quiere denunciar que esta medida sería un nuevo atentado contra la red pública de IES, que dejarían de recibir al alumnado procedente de los centros concertados, lo que supondría a medio plazo el cierre de
unidades o centros enteros, a la par que se amplía así la financiación con dinero público de las preferencias privadas de determinados sectores sociales que huyen de una escuela pública comprensiva que no segrega y es garante del ejercicio del
derecho constitucional a la educación en condiciones de igualdad y democracia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a iniciativa de su portavoz, doña Rosa María Díez González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la
Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a implantar un modelo de educación secundaria más flexible con un bachillerato de tres cursos.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
'Se podrá acceder a la formación profesional a partir de los 14 años, manteniendo el carácter obligatorio y gratuito de las enseñanzas hasta los 16 años, y permitiendo el acceso a la educación superior a los titulados en formación
profesional.'
Texto que se sustituye:
'Se podrá acceder a la formación profesional a partir de los 15 años, manteniendo el carácter obligatorio y gratuito de las enseñanzas hasta los 16 años.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación a la
Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implantar un modelo de educación secundaria más flexible con un bachillerato de tres cursos.
Redacción que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implantar un modelo de educación secundaria más flexible, que ofrezca vías formativas de acuerdo con los intereses, motivaciones y progreso de los alumnos. El cuarto curso de ESO tendrá un
carácter terminal y propedéutico, con dos itinerarios académicamente diferenciados y correlacionados, respectivamente, con las enseñanzas propias del Bachillerato y de la Formación Profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de los Diputados don Alfred Bosch i Pascual, don Joan Tardà i Coma y la Diputada doña Teresa Jordà i Roura de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, y del Diputado don Joan Baldoví Roda, de Compromis-Q, al amparo de
lo establecido en el artículo 194 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley, relativa a implantar un modelo de educación secundaria más flexible con un bachillerato de tres cursos.
Enmienda
De modificación.
Se modifica el punto 1, que pasa a tener el siguiente redactado:
'1. Convocar y presentar al conjunto de fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados las bases para el debate sobre el modelo de educación secundaria antes de aprobar cualquier proyecto de ley al respecto.'
Enmienda
De adición.
Se añade un punto 2, con el siguiente redactado:
'2. Abrir un expediente informativo sobre las responsabilidades que se derivaran de las actuaciones policiales contra los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria del IES Lluís Vives, en la ciudad de València, que se manifestaban en
favor de la calidad de la enseñanza.'
Enmienda
De adición.
Se añade un nuevo punto 3, con el siguiente redactado:
'3. Comparecer, a través del Ministro del Interior, ante el Congreso de los Diputados para dar conocimiento de los hechos acaecidos en la ciudad de València a raíz de la alarma social provocada por la violencia con que las fuerzas de orden
público actuaron contra estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria del IES Lluís Vives, en la ciudad de València, que se manifestaban en favor de la calidad de la enseñanza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Alfred Bosch i Pascual, Joan Tardà i Coma, Teresa Jordà i Roura y Joan Baldoví Roda, Diputados.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley, relativa a implantar un modelo de educación secundaria más flexible con un bachillerato de tres cursos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De sustitución.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar el vigente modelo de educación secundaria obligatoria, como formación básica y gratuita hasta los dieciséis años, que cuenta entre sus finalidades previstas en la ley la de preparar
al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, así como la de formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
Con este fin se mantendrá el carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral, del último curso de la Educación Secundaria Obligatoria, profundizando en los elementos de flexibilidad
ya previstos en la Ley Orgánica de Educación y la normativa de desarrollo con este fin, y sin perjuicio de la obtención de una titulación común a la finalización del mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000129
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implantar un modelo de educación secundaria más flexible con
un bachillerato de tres cursos, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 27, de 30 de enero de 2012, ha acordado lo siguiente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implantar un modelo de Educación Secundaria flexible, que ofrezca vías formativas de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos. El Bachillerato constará de tres
cursos, el primero de los cuales tendrá carácter de curso de iniciación. Se podrá acceder a la Formación Profesional a partir de los quince años, manteniendo el carácter obligatorio y gratuito de las enseñanzas hasta los dieciséis años, y
permitiendo el acceso a la educación superior a los titulados en Formación Profesional.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000007
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la continuidad de los centros especiales de empleo, cuyo texto se inserta a continuación de
conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente sobre la continuidad de los centros especiales de empleo.
El colectivo constituido por los discapacitados constituye un grupo de particular vulnerabilidad en relación al acceso al mercado de trabajo, tanto en el ámbito público, ante el sistemático incumplimiento de los requerimientos de la LISMI,
como, y sobre todo, en el ámbito privado.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2008 establece de forma reforzada el derecho al empleo de las personas con discapacidad y la remoción de los obstáculos que impiden la real
implantación de este derecho.
Los centros especiales de empleo han visto últimamente mermadas sus posibilidades de actuación por los problemas que la crisis económica provoca a todas las empresas con carácter general y por la disminución de los compromisos
presupuestarios de las instituciones públicas relativos al mantenimiento de estos centros.
En este contexto resulta una obligación ineludible del Gobierno determinar en el ejercicio de sus competencias legislativas las condiciones que garanticen el apoyo y la igualdad en el acceso al mantenimiento del empleo y oportunidades a
través de Centros Especiales de Empleo.
Por otra parte, el Real Decreto-ley 10/2011 ignora la problemática de los centros especiales de empleo y elude cualquier compromiso sobre los mismos.
Es por ello, y en orden a conocer los planes futuros del Gobierno en esta materia, que se presenta la siguiente interpelación urgente para conocer las medidas que tiene previstas el Gobierno para garantizar la continuidad de los centros
especiales de empleo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
172/000009
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras, cuyo
texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente interpelación urgente sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras, para su debate en
el Pleno de la Cámara.
En el periodo de creación de la burbuja inmobiliaria en España (1996-2006), las condiciones en que las entidades financieras otorgaban créditos hipotecarios contribuyeron a la espiral inflacionista en los precios de la vivienda. Así, la
concesión de hipotecas por más del 80 e incluso del 100% del valor de mercado de las viviendas, adquiridas por personas que asumían un compromiso de pago de más del 50% de sus ingresos, junto con el incremento del plazo de duración de los créditos
hipotecarios, fue una práctica beneficiosa únicamente desde el punto de vista de las entidades que otorgaban aquellos créditos y con esto contribuían a que España lograra los mayores índice de sobreendeudamiento privado del mundo, lo cual explica
buena parte de la crudeza de la crisis actual. La reducción de los tipos de interés de la primera mitad de los años noventa y la apelación al consumo inmoderado de los últimos años fomentaron este sobreendeudamiento, ante la pasividad del Banco de
España y del Ministerio de Economía y Hacienda.
Hoy, las personas y las familias que se sobreendeudaron son las que mejor pueden comprender los perversos efectos de esta opción: se les vendió una vivienda a un precio elevado, se les concedió un crédito hipotecario que comprometería la
mayor parte de su renta y se les ofreció tranquilidad con el argumento que la vivienda siempre sube de precio, con lo cual podrían pagar su crédito y además harían un magnífico negocio.
Habiendo estallado la burbuja inmobiliaria en el año 2007, es ya evidente que quienes hicieron un magnífico negocio no han sido los ciudadanos sobreendeudados sino los propietarios de suelo, los promotores de vivienda y las entidades
financieras con mayor presencia en nuestro mercado hipotecario -con frecuente confusión de intereses entre ellos-. Y todo esto fue posible por la injustificable complicidad de la autoridad supervisora del sistema financiero y de las entidades de
crédito y la pasividad e inhibición de la Administración estatal competente.
Las prácticas denunciadas no se contendrán a través de la autorregulación de los sectores implicados y debe ser la legislación el marco del campo de juego razonable en que se deben llevar a cabo las operaciones crediticias que afectan a la
obtención de un bien básico como es la vivienda.
Partiendo de este posicionamiento, es necesario construir un sistema de límites temporales y cuantitativos en el otorgamiento de los créditos hipotecarios para la adquisición de una vivienda. Estos límites, homologables a los existentes en
otros Estados de la Unión Europea, supondrán una contención y un freno a un futuro sobreendeudamiento hipotecario y a la vez contribuirán a una mejor relación entre la capacidad mediana de compra de la ciudadanía y los precios de la vivienda.
La prevención de eventuales y futuras situaciones de sobreendeudamiento privado relacionado con la compra de vivienda no sería suficiente si no se acompaña de medidas dirigidas a proteger en mayor medida la situación de los ciudadanos que ya
se encuentran en riesgo de perder sus viviendas como consecuencia de las dificultades en el pago de las hipotecas concedidas en la etapa de expansión sin límites al sobreendeudamiento que hoy propugnamos.
En consecuencia, es necesario introducir mecanismos reguladores de los procesos de ejecución de los créditos con garantía hipotecaria, protegiendo los intereses de una ciudadanía que se encuentra en posición de vulnerabilidad ante la grave
crisis económica, y entre las alternativas a adoptar se incluye la dación en
pago, que permite que con la entrega de la vivienda quede satisfecha la totalidad de la deuda, sin perjuicio de otras modalidades que permitan mantener en la vivienda a la persona o familia afectada.
Por último, no se puede considerar suficiente, ni justo, que a la hora de abordar los efectos de la crisis financiera, como la de España sobre todo una crisis del crédito hipotecario, el Estado sólo se preocupe de salvar y reforzar la
solvencia de las entidades financieras -bancos y cajas- con la aportación de miles de millones de euros, para sanear sus cuentas y evitar los efectos negativos sobre sus cuentas de resultados de la morosidad de personas, familias y empresas, y en
cambio no se adopte ninguna medida para garantizar una protección necesaria y justa como proteger a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en riesgo de perder sus viviendas como consecuencia de las dificultades en el pago de las hipotecas
concedidas por aquellas entidades.
Sin duda, todos aquellos que firman una hipoteca se comprometen al retorno de la cantidad prestada y al pago puntual de los intereses correspondientes. Pero lo que la ley no puede permitir es la asimetría que se manifiesta cuando en un
momento de crisis como el actual se produce un doble tratamiento asimétrico, consistente en que, por un lado, el Estado considera riesgo sistémico a la insolvencia bancaria y destina dinero público a resolverla, mientras que no considera de la misma
forma que centenares de miles de familias, víctimas de la crisis, no sólo pierdan la vivienda habitual del cual ya han pagado costes de entrada fiscales y financieros, sino que encima queden endeudadas como resultado de los mecanismos de
recuperación de los riesgos en manos de los bancos.
Por otro lado, también se produce asimetría cuando las empresas promotoras, con grados de insolvencia muy superiores a los de los particulares y con mayor responsabilidad que aquellos en la burbuja inmobiliaria, son tratadas preferentemente
por los bancos a través de daciones masivas de sus activos sin deuda residual. La ley no ampara ni la mala fe, ni el abuso de derecho, ni el ejercicio antisocial de las entidades financieras. Bien al contrario, prevé que en estos casos se puedan
adoptar las medidas judiciales y administrativas, o indemnizaciones, que impidan la situación abusiva (artículo 7 del CC). Pero la Ley sí tiene que tener un trato equitativo con aquellos que son víctimas de la crisis que no han generado y sobre los
cuales no puede caer un castigo injusto y, en todo caso, redundante.
En consecuencia, resulta necesario introducir límites en el ejercicio de las facultades de ejecución hipotecaria -es decir, en las posibilidades de desahucio por impago de cuotas de préstamos hipotecarios asociados a la adquisición de la
vivienda habitual- para todas aquellas entidades de crédito -bancos o cajas- que hayan sido rescatadas con fondos públicos procedentes del FROB, o que se beneficien del aval público sobre sus depósitos de forma que se priorice la fórmula de dación
en pago y otras modalidades de acuerdos con los deudores que los garanticen, en todo caso, el mantenimiento del derecho a la vivienda.
Por todo ello, se presenta la siguiente interpelación urgente sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras, para su debate en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
172/000012
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las repercusiones de la reforma laboral del Gobierno en la negociación colectiva y sus efectos en
los salarios, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre las repercusiones de
su reforma laboral en la negociación colectiva y sus efectos en los salarios.
Motivación
La negociación colectiva y su formalización en convenios colectivos ha supuesto históricamente el instrumento de fijación de los salarios, estableciendo una regulación adaptada a cada sector o empresas y, además, revisable periódicamente.
Así lo determina el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores cuando establece que a través de la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual se determinará la cuantía y composición del salario.
Así lo explicita expresamente el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014, firmado por los interlocutores sociales el pasado 25 de enero, al manifestar que mediante acuerdo entre la empresa y la representación
de los trabajadores se podrán modificar las cuantías salariales.
También, pues, el contrato individual es fuente de fijación del salario. Ahora bien, su fijación individual no puede ser menos favorable que lo dispuesto en disposiciones legales o en convenios colectivos [art. 3.1.c) ET], aunque puede ser
superior o distinta y adaptada a las necesidades del trabajo concertado. Siendo esto así, las vicisitudes de la retribución salarial a lo largo de la vida del contrato son normalmente de mejora; si tuviera que darse una alteración en el cálculo
habría que estar al pacto entre las partes.
El Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, desconoce el citado Acuerdo y cambia la situación descrita al permitir al empresario, sin acuerdo con el trabajador ni con sus
representantes legales, proceder a la modificación de la cuantía salarial por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.
A esto se añade que el Real Decreto-ley refiere las razones señaladas a aquellas 'que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa', y también permite el 'descuelgue salarial' del
propio convenio colectivo, cuando, por ejemplo, haya una disminución persistente de ingresos o ventas durante dos trimestres consecutivos, descuelgue que, en caso de desacuerdo, se resolverá obligatoriamente mediante laudo arbitral. Con ello, se
produce un grave desequilibrio en las relaciones laborales. Desequilibrio que se acentúa con la facilidad del despido objetivo y colectivo y con la supresión de la autorización previa del expediente de regulación de empleo.
Es por ello que se presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre las repercusiones de su reforma laboral en la negociación colectiva y sus efectos en los salarios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000003
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las transferencias a la Generalitat de Cataluña de la recaudación que se realiza
en Cataluña de la asignación tributaria del porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ( IRPF) destinado a fines sociales, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de
la Cámara. Asimismo, se inserta la enmienda formulada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación
urgente sobre la transferencia a la Generalitat de Catalunya de la recaudación que se realiza en Catalunya de la asignación tributaria del porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinado a fines sociales, para su
debate en Pleno.
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Acatar las sentencias del Tribunal Constitucional (178/2011, de 8 de noviembre de 2011) en relación a las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de servicios sociales,
familias y discapacidad, y del Tribunal Supremo (recurso núm. 6507/2009, de 16 de diciembre de 2011), en relación a las bases y a la convocatoria de subvenciones para la realización de cooperación y voluntariado social con cargo a la asignación
tributaria del IRPF).
Trasladar, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, el contenido de las sentencias mencionadas a las nuevas convocatorias de régimen general y de 0,7% IRPF para el ejercicio actual a fin de garantizar a las Comunidades Autónomas con
título competencial fijar las bases para la distribución y control de los proyectos subvencionados y, en el caso del 0,7% del IRPF, proceder a transferir los recursos de acorde con lo aportado por los contribuyentes en cada una de ellas y su
población.
Ejecutar todo cuanto contiene el punto 2, atendiendo a los intereses y a las aspiraciones de todas las organizaciones sociales que hasta el día de hoy se han beneficiado de dichos fondos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción
consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tardà), sobre las transferencias a la Generalitat de Cataluña de la recaudación que se realiza en Cataluña de la asignación tributaria del porcentaje del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinado a fines sociales.
Enmienda
De sustitución.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Acatar las sentencias del Tribunal Constitucional (178/2011, de 8 de noviembre de 2011) en relación a las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de servicios sociales,
familias y discapacidad, y del Tribunal Supremo (recurso núm. 6507/2009, de 16 de diciembre de 2011) en relación a las bases y a la convocatoria de subvenciones para la realización de cooperación y voluntariado social con cargo a la asignación
tributaria del IRPF).
Trasladar, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, el contenido de las sentencias mencionadas a las nuevas convocatorias de régimen general y de 0,7% IRPF para el ejercicio actual a fin de garantizar a las Comunidades Autónomas con
título competencial el fijar las bases para la distribución y control de los proyectos subvencionados.
Ejecutar todo cuanto contiene el punto 2, atendiendo a los intereses y a las aspiraciones de todas las organizaciones sociales que hasta el día de hoy se han beneficiado de dichos fondos.
Para velar por el cumplimiento de esta moción, instamos al Gobierno a presentar, en el transcurso del presente año, una fórmula acordada con las comunidades autónomas en conferencia sectorial de asuntos sociales, con los grupos
parlamentarios en el Congreso de los Diputados y consensuadas con las organizaciones sociales, que concilie los derechos de dichas organizaciones, en el ámbito autonómico y en el ámbito estatal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/00004
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la
ilegalización de las coaliciones 'Amaiur' y 'Bildu', cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo, se inserta la enmienda formulada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González, de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en los artículo 184.2 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Moción, consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno en relación a los hechos sobrevenidos que evidencian la necesidad de promover las iniciativas legales necesarias para iniciar expediente de ilegalización de las
coaliciones 'Amaiur' y 'Bildu', a fin de impedir, mediante fraude de ley, la continuidad en ellas de los partidos ilegalizados Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Como indicábamos en la interpelación urgente al Gobierno que da origen a esta Moción, desde siempre la estrategia de la organización terrorista ETA ha pasado por combinar el asesinato, la coacción y extorsión con una serie de iniciativas y
proyectos políticos 'legales' a fin aprovecharse de la garantías y derechos de la democracia española. Es más, a nadie se le escapa que la violencia terrorista no es sino un mero instrumento para imponer un proyecto político totalitario, por lo que
desde el principio la llamada 'izquierda abertzale' promovió un conjunto de asociaciones, sociedades, coaliciones y partidos políticos, formalmente legales, que han gravitado en torno a la banda terrorista, auténtico núcleo duro de todo el
conglomerado criminal.
Precisamente para combatir esa estrategia delictiva, se creó, a través de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (LOPP), un procedimiento judicial de ilegalización de un partido por dar un apoyo político a la violencia
o el terrorismo, a fin de evitar -como se indicaba en la Exposición de Motivos- que 'un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades,
justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas'.
Siendo consciente el legislador que una vez ilegalizado un partido era relativamente sencillo la creación de nuevas formaciones políticas aparentemente legales pero destinadas a idénticos fines criminales, la citada Ley de Partidos Políticos
previó la posibilidad de ilegalizar aquellos partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores con los que se 'continúe o suceda la actividad del partido declarado ilegal y disuelto'.
Tal mecanismo de ilegalización sobrevenida de las formaciones políticas que supongan continuación de otras ya ilegalizadas no sólo es de puro sentido común y ha sido avalado por instancias judiciales europeas, sino que ha resultado
providencial ante los reiterados intentos de fraude perpetrados por la denominada 'izquierda abertzale', entre los que cabe citar la utilización instrumental del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), de Acción Nacionalista Vasca (ANV),
Askatasuna, Iniciativa Internacionalista o, recientemente, la coalición denominada Sortu, ilegalizadas todas ellas por pertenecer al entramado ETA/Batasuna y ser, en definitiva, meras franquicias de la banda terrorista.
Como es por todos conocidos, los dos últimos proyectos políticos auspiciados por la dirección 'abertzale' se han denominado 'Bildu', nominalmente formada por los partidos Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba Eraikitzen, más un número
indeterminado de 'independientes', que presentó candidaturas a los diversos procesos electorales autonómicos, forales y municipales celebrados en el mes de mayo del pasado año 2011 y la coalición 'Amaiur', vehículo utilizado para concurrir a las
elecciones generales del pasado mes de noviembre de 2011.
Respecto a la primera de las coaliciones mencionadas, bautizada como 'Bildu', no hace falta recordar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 5 de mayo de 2011, procedió a revocar y anular la previa sentencia del Tribunal Supremo
que decretaba su ilegalización.
Sin entrar ahora a valorar las circunstancias que rodearon a la citada resolución, lo cierto es que el propio Tribunal Constitucional recalcó que su decisión se adoptaba sin perjuicio de las modificaciones legislativas introducidas por la
Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, que permitirían la posterior ilegalización de Bildu tras las elecciones, si se dieran las circunstancias legalmente previstas, entre las cuales cabe señalar la de la concurrencia de vínculos personales entre
Batasuna y Bildu.
Y es que, según lo dispuesto en el apartado 4 bis del artículo 108 de la LOREG: 'En cualquier momento del mandato electoral de los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores, el Gobierno a través de la Abogacía del
Estado y el Ministerio Fiscal podrán presentar ante la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la demanda o el incidente de ejecución previstos en los artículos 11 y 12.3 de la Ley Orgánica 6/2002,
de Partidos Políticos, solicitando que se declare la vinculación de dichas agrupaciones con un partido ilegalizado o con el partido cuya ilegalización se pretende'.
Por su parte, en lo que respecta a la coalición Amaiur, sus listas no fueron ni siquiera impugnadas por la Fiscalía ni por la Abogacía del Estado, presentándose a las elecciones generales tanto en el País Vasco como en Navarra y obteniendo
siete escaños.
Desde que tanto Bildu como Amaiur se presentaron a sus respectivos comicios y entraron en las instituciones ha pasado ya cierto tiempo, durante el cual se han ido acumulando numerosas evidencias para considerar probado que forman parte de lo
que los tribunales calificaron como la marca blanca de ETA.
En efecto, los hechos que han sucedido con posterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional han venido a confirmar que la estrategia seguida por la autodenominada 'izquierda abertzale' ha sido un incuestionable fraude de ley, del
cual ya advertía en su sentencia el Tribunal Supremo:
(i) En una primera fase, y precisamente para sortear el filtro judicial, el entramado de ETA crea nuevas coaliciones políticas a las que dota de estatutos formalmente impecables.
(ii) Se esfuerza por elaborar candidaturas lo más 'limpias' posibles, formadas en su mayor parte por personas de segunda o tercera línea o incluso meros testaferros.
(iii) Finalmente, una vez pasado el filtro judicial, se compensa ese bajo perfil político con la recuperación de 'vieja guardia' de Batasuna y las restantes franquicias ya ilegalizadas.
Tal estrategia puede apreciarse nítidamente si analizamos las decisiones y actuaciones llevadas a cabo por la coalición Bildu desde su entrada en las instituciones. Así lo acreditan los nombramientos realizados por Bildu de personas
vinculadas a Batasuna y su entorno, que han pasado a integrar los principales puestos del equipo de Gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa:
(i) Como puede comprobarse por el Decreto Foral R-128/2011, de 27 de junio de 201, del Diputado General, Martín Garitano, se ha procedido al nombramiento como Jefe de Gabinete a Iñaki Errazkin, ex alcalde de Azpetia por ANV, otra de las
marcas sucesoras de la ilegalizada Batasuna, quien fue forzado a abandonar su escaño por negarse a condenar la violencia etarra tras el asesinato del empresario Ignacio Uria y votar en contra de la condena a ETA en el pleno municipal.
(ii) Se incluye en el citado Gobierno foral a Juan Carlos Alduncin, ex alcalde de Pasajes por Euskal Herritarrok (EH) desde 1999 hasta 2003, como responsable
del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
(iii) Garbiñe Errekondo, ex edil de Usurbil y ex juntera de las Juntas Generales de Guipúzcoa por HB es nombrada Diputada de Administración y Función Pública de la Diputación guipuzcoana.
(iv) Se nombra a la ex alcaldesa de Hernani por ANV, Marian Beitialarangoitia, como Directora de Comunicación, la cual se ha visto inmersa en diversos procedimientos judiciales por supuesta colaboración con banda armada y que incluso en 2008
fue citada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para declarar por su presunto delito de enaltecimiento del terrorismo: algunos meses antes había pedido un 'fuerte aplauso' para los dos asesinos de ETA acusados de llevar a cabo el
atentado de la T-4 en Madrid en 2006.
(v) Se nombra a Zigor Echeburua Urbizu, Director general de euskera de la Diputación de Guipúzcoa, que el 13 de septiembre de 2002 fue arrestado por participar en diversos actos de terrorismo callejero, lo cual no le impidió figurar como
candidato de la lista local anulada Baga Boga al Ayuntamiento de San Sebastián en las elecciones municipales de 2003.
(vi) Se designa igualmente a Arantxa Ruiz de Larrrinaga Olaizola como Directora General de Participación Ciudadana de la Diputación guipuzcoana. La misma cual ocupó la cuarta posición en la lista electoral de la coalición anulada Aukera
Guztiak a las elecciones autonómicas vascas en 2005 y formó parte también de la candidatura anulada de Acción Nacionalista Vasca (ANV) a las Juntas de Guipúzcoa en 2007.
(vii) Se nombra como Directora General de Atención a la Dependencia de la Diputación guipuzcoana a la veterana dirigente del sindicato LAB Txelo Pérez Martínez, Procuradora de Euskal Herritarrok en las Juntas Generales de Guipúzcoa durante
al menos ocho años y candidata de la anulada Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) a las Juntas de Guipúzcoa en 2003.
(viii) Se designa a José Luis Rezabal Zurutuza Director general de Función Pública, el cual ocupó en 1999 el cuarto puesto de la lista de Euskal Herritarrok al Parlamento europeo. En 2007 formó parte de las listas anuladas que ETA-Batasuna
trataron de presentar al ayuntamiento de Lasarte bajo la marca Lasarteko Abertzale Sozialistak.
(ix) Xavier Olano Jáuregui, que ocupa de la Hacienda guipuzcoana, ha sido portavoz de Batasuna en Guipúzcoa y portavoz de Euskal Herritarrok las Juntas Generales de este territorio, siendo igualmente candidato de HB al Congreso de los
Diputados en 1993.
Los ejemplos de lo que decimos son innumerables pero, por señalar algún otro, con fecha de 21 de julio de 2011 se publicaron en el 'Boletín Oficial de Guipúzcoa' los nombramientos realizados en el Ayuntamiento de San Sebastián por el Alcalde
por Bildu, Juan Karlos Izagirre, pudiendo encontrarse entre ellos a conocidas personas del entorno de ETA-Batasuna, destacando el nombramiento como asesor de Josetxo Ibazeta, ex edil de EH y conocido dirigente histórico de Batasuna. Además de dicha
persona, Izagirre cuenta con nada menos que dos delegados y 11 asesores, que acumulan importantes servicios prestados en la llamada izquierda abertzale.
De la misma manera, en otras localidades se han producido infinidad de casos parecidos, que sería imposible reproducir aquí, limitándonos a señalar que en Vitoria Bildu ha designado a lñaki Xavier Ullibarri Urraca como Jefe de Gabinete en el
Ayuntamiento, a pesar de que el mismo (o precisamente por eso) es un histórico miembro de Herri Batasuna, que ha sido candidato por esta formación y por EH en varias ocasiones en los años ochenta y noventa e interventor del PCTV, de ANV y de
Iniciativa Internacionalista. Toda una vida al servicio de formaciones ilegalizadas (declaradas por los tribunales parte del entramado de ETA), que ahora presta sus servicios para Bildu.
En resumen, Bildu está recurriendo a los cuadros y dirigentes de las organizaciones ilegalizadas por su vinculación a ETA para formar su administración foral y municipal, dejando en evidencia el papel meramente instrumental de los
'independientes' que encabezaban sus listas electorales y la intención subrepticia de, una vez entrado en las instituciones, colocar en puestos claves de las mismas a sujetos invalidados como candidatos por su historial de colaboración o integración
en ETA. Esta maniobra constituye un claro fraude de ley, y posibilitaría por sí misma el inicio de un nuevo proceso de ilegalización.
Por si lo anterior no fuera suficiente, con posterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional dictó la sentencia de fecha 16 de septiembre del 2011, en el conocido como 'caso bateragune', condenando a Arnaldo
Otegui y Rafael Díez Usabiaga como responsables de sendos delitos de pertenencia a banda armada, en grado de dirigentes, señalando como hecho probado que ambos 'se constituyeron en sujetos directamente receptores de las órdenes impartidas por ETA
(en cuya organización terrorista están insertos) a la izquierda abertzale (a cuyo complejo organizativo sectorial aquellos pertenecen)', despejando cualquier mínima duda que pudiera existir sobre la tutela que la banda terrorista ETA ha ejercido y
sigue ejerciendo sobre la nueva estrategia política de la denominada 'izquierda abertzale', de la cual tanto Bildu como Amaiur son su máxima expresión.
Por citar algún ejemplo de los que han sido publicados en prensa, el pasado mes de septiembre de 2011 la ex concejal de Batasuna en Larrabetzu (Vizcaya) y ex candidata de ANV, Ana Mezo, intervino en un congreso que el Sinn Fein celebró en la
capital del Ulster, donde manifestó que la llamada izquierda abertzale tiene una 'nueva estrategia', dentro de la cual enmarcó los 'históricos' resultados de Bildu en las últimas elecciones municipales, apostillando que el entorno de Batasuna 'ha
sido capaz de promover una nueva propuesta de paz'.
Tampoco es que Bildu se haya molestado en los últimos meses en ocultar sus vínculos con las formaciones ilegalizadas o con sus máximos responsables. Así, por ejemplo, por lo que respecta a Otegui (condenado por pertenencia a la banda
armada), el Diputado General de Guipúzcoa, Martín Garitano, en el acto de investidura de su cargo (arropado por los dirigentes de Batasuna Joseba Permach y Rufi Etxeberria) lució un pin con el número de preso de Otegui, lo cual ha repetido en otras
ocasiones, llegando a vestir en actos públicos una camiseta con dicho número de recluso, lo cual ha sido jaleado por el propio Otegui en las redes sociales.
Tales muestras de cariño y apoyo al citado dirigente de ETA se han combinado con una agenda repleta de actos de homenaje a los asesinos convictos de ETA, tolerando todo tipo de pancartas e incluso cediendo espacios públicos municipales a sus
familiares, como ocurrió en las recientes fiestas patronales de San Sebastián, la noche del 20 de enero pasado. Sin ánimo de exhaustividad se han celebrado homenajes institucionales a presos de ETA en Lizarza, Ibarra, Lesaka, Bera, Hernani,
Astigarraga, Ordicia, Anoeta, Lekeitio, Leiza, Azpeitia, Vitoria y Bilbao, lo cual se ha combinado con llamativas abstenciones en mociones de condena a ETA en localidades como Ermua, Andoain, Rentería, Alsasua, Getxo, Rentería, Sestao, Pamplona o la
Diputación de Guipúzcoa.
Sin ir mas lejos, tal y como se ha publicado en los medios, en la localidad de Anoeta miembros de Bildu (entre ellos, el actual alcalde de Bildu, Pello Estanga), se hicieron el pasado verano una foto conjunta en el marco de una exhibición de
deporte rural vasco para dar ánimos al etarra Altor Esnaola Dorronsoro, que según se indicó a los presentes fue 'injustamente' encarcelado en abril del pasado año por esconder en el caserío familiar de Legorreta un total de 850 kilogramos de
explosivos.
Algunos de tales actos no han pasado desapercibidos para la justicia y así, por ejemplo, el alcalde de la localidad navarra de Leitza, Oier Eizmendi Astibia, de la coalición Bildu, fue imputado como presunto autor de un delito de
enaltecimiento del terrorismo, cometido el 10 de agosto de 2011 durante el chupinazo que dio inicio a las últimas fiestas patronales de la localidad navarra.
Por citar otro ejemplo de la utilización por parte de Bildu de las instituciones al servicio de su proyecto totalitario, la alcaldesa de Alsasua, Garazi Urrestarazu, de Bildu, ha sido recientemente imputada por un delito de injurias a la
Corona y ultrajes a España, por autorizar una suerte de parodia, representada el pasado 3 de septiembre de 2011 en el municipio, en la que el Rey y la Guardia Civil eran representados como jerarcas nazis.
Todo esto, reiteramos, con posterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional.
En lo que respecta a Amaiur, las pruebas de su vinculación con las formaciones ilegalizadas se han producido tanto en el periodo electoral previo a las elecciones generales como posteriormente. Así, por ejemplo, el Diputado electo, Iñaki
Antigüedad es uno de los militantes históricos de Herri Batasuna, juzgado en la Audiencia Nacional por injurias al Rey en 1990. En el acto de inicio de campaña de Amaiur en el pabellón Anaitasuna de Pamplona del día 5 de noviembre pasado intervino
Pernando Barrena, miembro de la dirección de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, detenido por vez primera en 1985 acusado de pertenecer a un grupo de información de la organización terrorista ETA, el cual no tuvo reparo en leer una carta
escrita por el ya mencionado Arnaldo Otegui, condenado a diez años de cárcel por pertenencia a la citada organización terrorista.
Desde que los Diputados de Amaiur obtuvieron sus actas de Diputados en el Congreso han sido constantes sus manifestaciones en defensa de los presos de ETA, pidiendo su excarcelación y calificándolos reiteradamente de presos 'políticos' o de
'política' la violencia ejercida por los mismos. Así lo manifestó sin atisbo de rubor el parlamentario de Amaiur, Iker Urbina, en la sesión de la Comisión de Interior del Congreso celebrada el pasado día 31 de enero al exigir que se acabe con la
dispersión de los 'presos políticos', en alusión a los terroristas que cumplen condena.
Tal incidente no puede considerarse un hecho aislado, pues los Diputados de Amaiur, Iñaki Antiguedad, Rafa Larreina, Xabier Mikel Errekondo, Ion Iñarritu y Maite Aristegui tomaron parte este reciente mes de enero en una concentración
celebrada frente a la cárcel de Logroño donde se encuentra encarcelado Otegui, y que fue convocada por la plataforma 'Arnaldo Askatu, Politika Askatu' (Liberad a Arnaldo, Liberad la Política).
Este grupo es perfectamente consciente que determinadas manifestaciones, por más repulsivas y execrables que nos puedan parecer, están amparadas por la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución. No obstante, tampoco cabe
olvidar que el apoyo expreso a terroristas convictos o a la violencia armada, el negacionismo de los crímenes de la banda terrorista (como sin duda lo es calificarlos de presos 'políticos') o su negativa a condenarlos no son en modo alguno
irrelevantes para el Derecho, tal y como ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En efecto, la sentencia de 30 de junio de 2009 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que resolvió el recurso planteado por Batasuna frente a su ilegalización, tuvo ocasión de referirse detalladamente a los actos explícitos de apoyo a
presos de ETA o de la lucha armada concluyendo que 'deben ser analizados en su conjunto como formando parte de una estrategia para llevar a término su proyecto político, contrario en su esencia de los principios democráticos proclamados por la
constitución española' y, avalando, tanto la Ley
Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (LOPP) como su aplicación por los tribunales españoles (resolución núm. 87 de la sentencia).
Pero dicha sentencia, en su resolución núm. 88, también tuvo ocasión de referirse al llamado apoyo tácito al terrorismo, como por ejemplo es la negación de su existencia, calificando a los mismos de 'presos políticos', o la negativa a
condenar sus crímenes o pedir la disolución de la banda terrorista, indicando que 'este Tribunal comparte los argumentos del Tribunal Constitucional expuestos en el párrafo 46 anterior, cuando la alta jurisdicción considera el rechazo a condenar la
violencia como una actitud de apoyo tácito al terrorismo y ello, en un contexto de terrorismo que existe desde hace más de treinta años y que es condenado por el resto de los partidos políticos en su conjunto', concluyendo con un párrafo que resulta
revelador y no podemos menos que transcribir:
'Según los demandantes, la disolución se habría fundado exclusivamente sobre esta ausencia de condena de los actos violentos. Sin embargo, este tribunal debe subrayar que dicho elemento no fue la única base de la disolución de los partidos
demandantes. En efecto, el Tribunal Constitucional constató que se añadía a una pluralidad de actos y de comportamientos, graves y reiterados, que permitían deducir un compromiso con el terror y contra la coexistencia organizada en el marco de un
Estado democrático. En cualquier caso, el Tribunal señala que el simple hecho de que la disolución se hubiera fundado también en este elemento no habría sido contrario al Convenio, pues el comportamientos de los hombres públicos que engloba de
ordinario no sólo sus acciones o discursos, sino también, en ciertas circunstancias, sus omisiones o silencios, que pueden equivaler a tomas de posición y ser tan elocuentes como cualquier acción de apoyo expreso.'
A decir, por lo tanto, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la mera ausencia de condena, a la que en nuestro caso se une una pertinaz obstinación en no pedir a ETA su disolución, sería suficiente para evidenciar su 'compromiso con el
terror', incompatible con la democracia. Dichos elocuentes silencios son hoy más graves, si cabe, que los realizados con anterioridad, pues se realizan desde la autoridad que les conceden las nuevas responsabilidades institucionales que actualmente
ocupan.
Por si lo anterior no fuera suficiente, resulta que todos los hechos relatados (y otros muchos de los que sin duda tendrán conocimiento las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado), además de ser posteriores a la citada sentencia del
Tribunal Constitucional de 5 de mayo de 2011, se han producido en un contexto en el que la banda terrorista ETA no sólo no se ha disuelto sino que sus miembros permanecen armados y mantienen su operativa, según demuestran las últimas operaciones
policiales y las declaraciones del propio Ministro de Interior que recientemente indicó que ETA sigue activa en la clandestinidad , precisando que sigue guardando armamento y explosivos, a pesar de haber anunciado el final de su actividad.
Por todo ello, en opinión de este Grupo Parlamentario debería iniciarse inmediatamente el procedimiento para ilegalizar a ambas coaliciones por fraude de ley a la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, presentando a través de la
Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, ante la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la demanda o el incidente de ejecución, previsto en los artículos 11 y 12.3 de la citada Ley de Partidos
Políticos, de la sentencia de 27 de marzo de 2003 por la que fueron ilegalizados los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.
A tal fin se presenta la siguiente Moción, consecuencia de interpelación urgente, por medio de la cual el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
'1. Aplique la legislación y la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para evitar que formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista
puedan utilizar cualquier tipo de vía para, fraudulentamente, continuar la actividad de formaciones políticas ilegalizadas.
2. Vele para que, en aplicación de la legislación y de la jurisprudencia mencionadas, especialmente de las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2009 y de 7 de diciembre de 2010, no se permita la
participación en las instituciones democráticas a partidos políticos o formaciones que, tanto activamente como mediante sus silencios o negativas, sustenten o defiendan un proyecto político incompatible con el Convenio para la protección de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
3. Vigile, a través de todos los instrumentos del Estado de Derecho, la aplicación estricta de la mencionada jurisprudencia, especialmente en cuanto a los requisitos exigidos a los partidos políticos, coaliciones, federaciones de partidos y
agrupaciones de electores, para que puedan participar en las instituciones democráticas al amparo de la Constitución, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y del resto de la legislación
aplicable. Teniendo siempre presente la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de 30 de junio de 2009 y, especialmente, las resoluciones núm. 80, 90, 91 y 93.
4. En consecuencia, inicie el procedimiento para ilegalizar la coalición Bildu y la coalición Amaiur, a la vista de que los hechos sobrevenidos posteriores a la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de mayo de 2011, tanto activos como
tácitos o pasivos, acreditan la instrumentalización de ambos proyectos políticos por el entramado de ETA/Batasuna y su puesta al servicio de los
partidos políticos previamente disueltos por su vinculación con la citada organización terrorista ETA.
Por lo tanto, deberá instarse la correspondiente demanda o el incidente de ejecución, previsto en los artículos 11 y 12.3 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, de la sentencia dictada por la Sala Especial del Tribunal Supremo del
artículo 61 de la LOPJ de 27 de marzo de 2003 por la que en su día fueron ilegalizados los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna a fin de evitar su fraudulenta sucesión o continuidad por la coalición electoral 'Bildu' y
por la coalición electoral 'Amaiur'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la ilegalización de las coaliciones 'Amaiur' y 'Bildu'.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados:
1. Constata que el anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA producido el pasado 20 de octubre ha sido la consecuencia de la movilización de la sociedad contra el terrorismo y por las libertades, la unidad de las fuerzas
políticas, la labor ejemplar de las víctimas del terrorismo, la firmeza del Estado de Derecho en la aplicación de la Ley, la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la cooperación internacional, todo lo cual constituye la mejor evidencia
de la victoria de la democracia sobre la organización terrorista ETA.
2. Insta al Gobierno a mantener el diálogo con el Gobierno Vasco, con el Gobierno de Navarra y con las fuerzas democráticas, promoviendo la máxima unidad de acción para:
a) Exigir a ETA su disolución definitiva e incondicional.
b) Reforzar el compromiso con las víctimas del terrorismo para salvaguardar la memoria y la verdad, defender la dignidad y hacer justicia a todas las personas que han sufrido la violencia terrorista.
c) Favorecer los esfuerzos hacia una convivencia social construida sobre los principios y valores en que se sustenta el Estado de Derecho.
3. Insta al Gobierno a velar por el cumplimiento estricto de la ley y la persecución, en su caso, de cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico, con especial atención a la defensa de los principios democráticos, los derechos y
libertades fundamentales y la convivencia pacífica de los ciudadanos.'
Justificación.
En coherencia con la posición mantenida en la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.- Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Pere Macias Arau,
Diputado.- Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Ana María Oramas González-Moro, Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Enrique Álvarez Sostres y Laia Ortiz Castellví, Diputados.
173/000005
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y de las enmiendas presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción consecuencia de la
interpelación urgente sobre la sostenibilidad del sistema sanitario.
'El Pleno del Congreso de los Diputados:
Constata el elevado impacto económico del sistema público sanitario sobre los presupuestos de las Comunidades Autónomas, así como las disfunciones existentes entre administraciones con motivo de la determinación de las políticas de gasto que
afectan a la sanidad.
Asume el compromiso de garantizar un sistema sanitario público de calidad y sostenible.
Considera necesario impulsar, desde la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas y por los cauces reglamentariamente previstos, la creación de una Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de
las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad.
Insta al Gobierno a acordar con las Comunidades Autónomas las reformas necesarias que deban acometerse para garantizar la calidad y sostenibilidad del sistema sanitario, que se deduzcan de las recomendaciones de dicha subcomisión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), sobre la sostenibilidad del sistema sanitario.
Enmienda
De sustitución.
Se propone la sustitución de la totalidad del texto de la Moción, por el texto siguiente:
'El Pleno del Congreso de los Diputados:
- Considera al Sistema Nacional de Salud una pieza básica del Estado de Bienestar que debe quedar al margen de cualquier recorte presupuestario.
- Constata la alta calidad y el bajo coste relativo de nuestro sistema sanitario público que hacen de él uno de los mejores en el ámbito internacional (eficaz y eficiente).
- Insta al Gobierno a impulsar el llamado Pacto de Estado por la Sanidad, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
- Insta al Gobierno a recurrir y paralizar los copagos, repagos, tasas o tickets moderadores por ser contrarios a los principios del Sistema Nacional de Salud en el marco de la legislación básica del Estado.
- Insta al Gobierno a estudiar los distintos modelos de gestión y su compatibilidad con los principios del Sistema Nacional de Salud, adoptando las modificaciones oportunas de la Ley 15/1997 y conexas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a iniciativa de su Portavoz, doña Rosa María Díez González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la
Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno, del Grupo Parlamentario Catalán, sobre la sostenibilidad del sistema sanitario con número de expediente.
Enmienda
Al punto 2
De adición.
Texto que se propone:
Se añade la frase 'que garantice la equidad entre las prestaciones que reciben los ciudadanos en las distintas comunidades autónomas' al final del punto segundo de la moción, quedando el texto redactado de la siguiente manera:
'2. Asume el compromiso de garantizar un sistema sanitario público de calidad y sostenible que garantice la equidad entre las prestaciones que reciben los ciudadanos en las distintas comunidades autónomas.'
Justificación.
Mejora técnica.
Enmienda
Al punto 3
De modificación.
Texto que se propone:
'3. Considera necesario impulsar, desde la Comisión de Sanidad y por los cauces reglamentariamente previstas, la creación de una Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas
que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad.'
Texto que se sustituye:
'3. Considera necesario impulsar, desde la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas y por los cauces reglamentariamente previstas, la creación de una Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario
y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad.'
Justificación.
Mejora técnica.
Enmienda
Al punto 4
De adición.
Texto que se añade:
Se añade la palabra 'cohesión' al punto cuarto quedando el mismo redactado de la siguiente manera:
'4. Insta al Gobierno a acordar con las Comunidades Autónomas las reformas necesarias que deban acometerse para garantizar la cohesión, la calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario que se deduzcan de las recomendación de dicha
Subcomisión.'
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán
(CiU), sobre la sostenibilidad del sistema sanitario.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados:
Constata el elevado impacto económico del sistema público sanitario sobre los presupuestos y las dificultades generadas en las administraciones sanitarias para afrontarlos pagos de la factura sanitaria,
Asume el compromiso de garantizar la asistencia sanitaria pública, gratuita y de calidad en un sistema de excelencia y sostenible.
Considera necesario impulsar, desde la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y por los cauces reglamentariamente previstos, la creación de una Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las
principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad.
Insta al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a avanzar en la adopción de acuerdos que permitan, en el marco del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales anunciado por el Gobierno el pasado día 1 de febrero en la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales, hacer realidad las reformas necesarias para garantizar la calidad y sostenibilidad del sistema sanitario teniendo en cuenta las recomendaciones de dicha subcomisión.'
Justificación.
La Subcomisión creada en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en el desarrollo de su trabajo podría contar con miembros de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados doña Ana María Oramas González-Moro y don Pedro Quevedo Iturbe, de Coalición Canaria-Nueva Canarias, al amparo del artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la sostenibilidad del sistema sanitario.
Enmienda
De adición.
Se añade una expresión al punto 3.º de la Moción, quedando el texto redactado de la siguiente manera:
'Considera necesario impulsar, desde la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, conjuntamente con el Consejo Interterritorial, y por los cauces reglamentariamente previstos, la creación de una Subcomisión para el análisis de los
problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad.'
Enmienda
De adición.
Se añade un punto 5, con la siguiente redacción:
'Resultado del trabajo anterior, se deberá establecer un modelo de financiación de las Comunidades Autónomas que contemple con carácter finalista la financiación de la sanidad pública, considerando los criterios de insularidad y
fragmentación territorial.'
Enmienda
De adición.
Se añade un punto 6 con la siguiente redacción:
'De las reformas que de esta revisión se deriven deberá respetarse los principios rectores del sistema de universalidad, solidaridad, suficiencia, integración, cohesión, equidad y calidad.'
Justificación.
Se trata de abordar la suficiencia financiera del Sistema Nacional de Salud, atendiendo a las distintas realidades territoriales del Estado español y a los criterios definidos en la Ley 14/1986, General de Sanidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Ana María Oramas González-Moro y Pedro Quevedo Iturbe, Diputados.- Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Moción sobre la sostenibilidad del
sistema sanitario.
Enmienda
De modificación.
Se modifica el punto 1, que pasa a tener el siguiente redactado:
'1. Constata el elevado impacto económico del sistema público sanitario sobre los presupuestos de las Comunidades Autónomas las disfunciones existentes entre administraciones, así como la necesidad de recuperar en la próxima Ley de
presupuestos generales los porcentajes de gasto del ejercicio de 2010.'
Enmienda
De modificación.
Se modifica el punto 2, que pasa a tener el siguiente redactado:
'Asume el compromiso de garantizar un sistema sanitario público universal, basado en la equidad y la calidad y sostenible.'
Enmienda
De modificación.
Se modifica el punto 3, que pasa a tener el siguiente redactado:
'Considera necesario impulsar, desde la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y desde la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas y por los cauces reglamentarios previstos, la creación de una Subcomisión para el análisis de los
problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que se deberán acometer para garantizar su universalidad, equidad, calidad y sostenibilidad.'
Enmienda
De modificación.
Se modifica el punto 4, que pasa a tener el siguiente redactado:
'Insta al Gobierno a acordar con las Comunidades Autónomas las reformas necesarias que deban acometerse
para garantizar la universalidad, equidad, calidad y sostenibilidad del sistema sanitario, que se deduzcan de las recomendaciones de dicha Subcomisión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción
consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la sostenibilidad del sistema sanitario.
Enmienda
De sustitución.
'El Pleno del Congreso de los Diputados:
Constata la situación de insuficiencia presupuestaria del sistema público de salud, que condiciona la generación de déficit presupuestaria y una importante deuda a proveedores.
Asume el compromiso de garantizar la sostenibilidad de un sistema público de salud descentralizado, que tenga carácter universal en su cobertura, que sea gratuito sin copago por uso de servicios, que disponga de una provisión
mayoritariamente pública, que disponga de la máxima calidad asistencial, que incorpore en su oferta los avances biomédicos y que sea equitativo, cohesionado y eficiente en el uso de los recursos.
Considera necesario impulsar la creación de una Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema público de salud y la realización de propuestas de reforma que permitan resolver su insuficiencia presupuestaria, el pago
de la deuda a proveedores y garantizar su sostenibilidad.
Insta al Gobierno a acordar con las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo lnterterritorial, las reformas necesarias que, propuestas por dicha Subcomisión, hayan sido aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados como medidas a
acometer para garantizar la sostenibilidad de un sistema sanitario público de las características señaladas en el apartado 2 de esta Moción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000005
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la sostenibilidad del sistema
sanitario, ha acordado lo siguiente:
'El Pleno del Congreso de los Diputados:
Constata el elevado impacto económico del sistema público sanitario sobre los presupuestos de las Comunidades Autónomas y del Estado, así como las dificultades generadas en las administraciones sanitarias para afrontar el pago de la factura
sanitaria.
Asume el compromiso de garantizar una sanidad pública de calidad, sostenible, equitativa y gratuita.
Insta al Gobierno, para que, junto con las Comunidades Autónomas, avance en la adopción de acuerdos que permitan, en el marco del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales anunciado por el Gobierno el pasado día 1 de febrero en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, hacer realidad las reformas necesarias para garantizar la calidad, la cohesión y la sostenibilidad del sistema sanitario teniendo en cuenta las recomendaciones de la Subcomisión del punto cuatro.
Acuerda impulsar, desde la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y por los cauces reglamentariamente previstos, la creación de una Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales
reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad, incorporando en su oferta los avances biomédicos.'
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.