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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 49, de 13/03/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 49
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK
Sesión núm. 3
celebrada el martes,
13 de marzo de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Elección de vacantes. Mesa Comisión:
- Elección de la Secretaría segunda de la Comisión. (Número de expediente 041/000014) ... (Página2)
- Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de
expediente 042/000001) ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Sobre medidas para garantizar la sostenibilidad presupuestaria de las administraciones públicas y la igualdad de acceso a los servicios públicos fundamentales. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número
de expediente 161/000006) ... (Página2)
- Relativa a la ampliación del régimen sobre incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000096) ...
- Para la creación de un registro de lobbies o grupos de intereses. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000168) ... (Página12)
- Relativa a la determinación de los beneficios procedentes de actividades económicas objeto de beneficios fiscales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000344) ...
- Sobre el DNI electrónico. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000371) ... (Página20)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:
- ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000014).
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Antes de comenzar con los debates de las proposiciones no de ley tenemos que resolver con carácter previo dos puntos del orden del día. El primero de ellos se refiere a la elección del secretario segundo de la Mesa, como consecuencia de la
renuncia de quien anteriormente ostentaba este puesto, Juan Luis Gordo Pérez. Existe una candidatura de otro integrante del Grupo Parlamentario Socialista, don Manuel González Ramos, propuesto por el mismo grupo parlamentario para ocupar ese
puesto.
Si a ningún grupo le parece mal, y para acelerar el funcionamiento de la Comisión, ¿podemos aprobar por asentimiento la sustitución del secretario segundo de la Mesa? (Asentimiento). Ruego a don Manuel González Ramos que ocupe su lugar en
la Mesa. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa). Muchas gracias y enhorabuena.
- DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ESTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de
expediente 042/000001).
El señor PRESIDENTE: El segundo punto es un trámite que ya hemos comentado en la reunión de Mesa y portavoces. Se trata de delegar en la Mesa la competencia que tiene la Comisión para solicitar la comparecencia de autoridades y miembros
del Gobierno ante esta Comisión. Esta delegación se fundamenta en una resolución de la Presidencia de la Cámara del año 1983 y es la forma habitual para poder proceder posteriormente a la solicitud de comparecencia de miembros del Gobierno.
Tiene la palabra la señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Nos parece bien la delegación que se hace a la Mesa, lo único que pediríamos sería que en el caso de que no hubiese unanimidad, de que no hubiese acuerdo en la Mesa pudiera ser la Comisión la que tuviera la última
palabra.
El señor PRESIDENTE: Perfectamente. En esos términos se delegan en la Mesa las facultades para la convocatoria.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA IGUALDAD DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número
de expediente 161/000006).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las proposiciones no de ley.
Para la organización de los miembros de la Comisión les indico que procederemos a la votación conjunta de todas las proposiciones al terminar los debates, y eso no será antes de la una. En todos los casos seguiremos el mismo orden: en
primer lugar, intervendrá el portavoz del grupo parlamentario que presenta la proposición no
de ley; a continuación hablarán los grupos parlamentarios que tengan registrada alguna enmienda al texto; finalmente, intervendrán aquellos grupos que deseen fijar su posición.
El orden que vamos a seguir es el que figura en el orden del día y que corresponde con el de presentación de cada una de las proposiciones no de ley. La primera proposición no de ley es la relativa a las medidas para garantizar la
sostenibilidad presupuestaria de las administraciones públicas y la igualdad de acceso a los servicios públicos fundamentales, presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Tiene la palabra, por un tiempo de diez minutos -que es el plazo que hemos comentado con todos-, el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: La pertenencia de España a la Unión Europea, como sus señorías saben, implica el cumplimiento de unos criterios de déficit y de deuda cada vez más estrictos. Estos criterios se formulan en términos del conjunto de
las administraciones públicas, que no se refieren solo a la Administración central sino también a la autonómica y la local, y que se nos imponen como país. Esto está unido a que, como también saben sus señorías, en nuestro país una buena parte del
gasto público está en manos de las comunidades autónomas, lo que hace que sea prácticamente imposible cumplir con estos criterios europeos si no hay mecanismos eficientes y fiables de coordinación entre dichas administraciones territoriales y la
Administración central. Hemos tenido un ejemplo reciente de esto con el incumplimiento del tope de déficit llegando al 8,5 por ciento, generándose dos tercios de esa desviación en esas comunidades autónomas. Independientemente de nuestra
pertenencia a la Unión Europea, España está amenazada de contagio de la crisis de deuda soberana, lo que hace que sea importante que los mecanismos de coordinación entre todos los niveles de la Administración sean fiables, porque una de las dudas de
los mercados internacionales, de los analistas es si España cuenta con esos mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de la Administración.
Por otro lado, no solo hay un volumen importante de gasto en manos de las comunidades autónomas sino que este se realiza en servicios públicos esenciales: sanidad y educación. Esto hace que sea importante que en una época de austeridad y
recortes, como la que ahora vivimos, esos recortes no sean asimétricos sino que se mantenga la unidad en la prestación de los servicios con un nivel alto de calidad en las diferentes comunidades autónomas. Esto implicaría que los mecanismos de
coordinación deberían ocuparse no solo del nivel de gasto de las administraciones sino también de los grandes rasgos de la composición del mismo para garantizar un gasto en sanidad y en educación que permita el mantenimiento de la calidad y priorice
que el recorte se centre en otro tipo de partidas menos esenciales.
En esta línea va la propuesta que tengo ahora el honor de defender en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Se trata de una proposición no de ley que se inspira en el semestre europeo, en la experiencia europea. En
el seno de la Unión Europea se van a supervisar y a orientar los presupuestos nacionales antes de su aprobación en los respectivos parlamentos. Nos parece que si esta experiencia es posible entre Estados soberanos también tiene que serlo, y con
mayor profundidad, entre los diferentes niveles de gobierno de un mismo país. Nuestra propuesta podría bautizarse informalmente como una especie de semestre español inspirado en este semestre europeo. Los elementos básicos de la propuesta -los
pueden ver sus señorías en el texto- se centran en el control previo del nivel de gasto de cada administración. El Ministerio de Economía, si es posible consensuándolo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pondría un techo de gasto no solo
a la Administración central, como vamos a hacer esta tarde en la Cámara, sino a cada una de las administraciones, a cada una de las comunidades autónomas, de forma que la suma agregada de todo el gasto público en España tuviese coherencia con los
objetivos de la política económica nacional; es decir, habría un techo de gasto para todas las administraciones y no solo para la del Estado. Dentro de ese techo de gasto se especificarían también las grandes líneas de la composición del mismo,
como antes explicaba, para garantizar un gasto mínimo en sanidad y en educación, de forma que se preserve la calidad de los sistemas sanitario y educativo y se prioricen los recortes en otras partidas, evitando los recortes asimétricos y manteniendo
una calidad similar de los servicios en las diferentes comunidades autónomas. Esto no hay que verlo necesariamente como una restricción sino como una forma de garantizar los recursos, de que se presten de manera efectiva, porque de nada sirve
garantizar derechos si no hay unos recursos económicos que permitan convertirlos en realidad. Las comunidades autónomas elaborarían sus proyectos de presupuestos sujetándose a estas grandes líneas del techo del gasto y de composición del mismo, y
una vez obtenida la conformidad del Ministerio de Economía continuarían con el trámite parlamentario habitual.
Esta propuesta que formula Unión Progreso y Democracia va más allá de la que plantea el Gobierno en la ley de estabilidad presupuestaria que estamos tramitando, porque en ella las comunidades se autoimponen un techo de gasto y lo hacen
basándose en un concepto de déficit estructural difícilmente observable, con lo que siempre se puede argumentar que el gasto es alto pero que el déficit estructural se está cumpliendo, aunque no sea así. Nos parece que la ley de estabilidad supone
un avance respecto a la situación previa de falta de controles, pero que es posible ir más allá, incluso que es necesario ir más allá en la situación en la que se encuentran las finanzas públicas en nuestro país. Creemos que la propuesta es
perfectamente constitucional. Es un debate demasiado amplio para hacerlo en unos minutos, pero
intentaré dar unas pinceladas diciendo que el propio artículo 156, en el que se establece la autonomía financiera de las comunidades autónomas, continúa diciendo que tiene que ser con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda
estatal y de solidaridad entre todos los españoles; es decir, que en ningún momento se plantea como absoluta sino que está condicionada por otros derechos igualmente importantes. En el artículo 149.1.13ª se da al Estado competencia exclusiva sobre
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y en el artículo 149.1.14ª sobre la Hacienda general y deuda del Estado. En la Constitución hay otros principios, como la coordinación, la armonización o la igualdad,
que soportan la propuesta que hacemos.
También ha habido recientes sentencias del Tribunal Constitucional, como la 134/2011, en la que se determina la validez de los preceptos estatales de equilibrio presupuestario, o la 198/2011, en la que se establece que corresponde al Estado
establecer los mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de la Administración. La reciente reforma del artículo 135 de la Constitución también avalaría una propuesta de este tipo.
La iniciativa, además de la lógica legal, tiene también lógica económica. Estamos comprobando cotidianamente cómo las actuaciones presupuestarias de una comunidad no la afectan únicamente a ella sino que tiene unos efectos externos sobre el
conjunto de las finanzas estatales. Si una tiene problemas estos se convierten en problemas del conjunto del país; es decir si las actuaciones individuales afectan al conjunto, parece lógico que haya unos mecanismos de coordinación fiables, y los
que hay hasta ahora no parece que hayan funcionado bien. El jueves de esta misma semana se va a tramitar en la Cámara el aval del Estado a las comunidades para hacer frente a deudas impagadas con proveedores. En la vida privada, cuando alguien
avala a otra persona parece que tiene derecho a cierto control sobre sus actividades para asegurarse de que ese aval no acaba haciéndose efectivo y de que esa deuda acaba siendo pagada. Por tanto, repito, creemos que en lo que estamos planteamos
aparte de la lógica legal existe una lógica económica.
Someto estos argumentos a la consideración de sus señorías.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda. Para su defensa tiene la palabra doña Ana Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: En primer lugar, me gustaría expresar mi deseo, en esta primera sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas y como portavoz del Grupo Popular, de que en esta legislatura esta Comisión sea
fructífera, que logremos conseguir entre todos acuerdos mediante el diálogo y la negociación para lograr el objetivo fundamental de todos los grupos aquí representados, que tiene que ser, ni más ni menos, el de sacarnos de la crisis económica en la
que estamos y conseguir creación de empleo.
Entro ya en el contenido de la propuesta. En esta iniciativa el grupo proponente desarrolla de manera muy detallada, a través de diez puntos, un procedimiento de elaboración de los presupuestos de las distintas comunidades autónomas, como
ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, contando con la supervisión previa del Ministerio de Hacienda así como también de la ejecución presupuestaria posterior, con la finalidad, dice la iniciativa, de instaurar
un mecanismo de coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado central a lo largo de un periodo de seis meses, que el grupo proponente denomina semestre español, cuya finalidad última sea la de lograr la estabilidad presupuestaria del
conjunto de las administraciones públicas españolas y salvaguardar los logros alcanzados en el desarrollo de nuestro Estado del bienestar.
Tengo que empezar diciendo, señorías, coincidiendo con las palabras del ministro de Hacienda, señor Montoro, en la interpelación que presentó su grupo, Unión Progreso y Democracia, en el Pleno que se celebró el pasado día 7 marzo, que mi
grupo no puede menos que expresar su coincidencia con los planteamientos de esta proposición no de ley, con el espíritu de esta iniciativa. Pero es tal la coincidencia, señorías, que el propio Gobierno de España, del Partido Popular, ya está
haciendo los deberes y comenzó a elaborar, desde el momento en que tomó posesión, un proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, que se remitió a esta Cámara en sus primeros días del Gobierno, que recoge los planteamientos de esta iniciativa. El
nuevo Gobierno del Partido Popular no se ha dado ni un solo día de respiro y desde el primer momento se ha lanzado a realizar, a elaborar propuestas para sacar a nuestro país de la crisis económica en la que está sumido. Por ello ha aprobado ya
muchas reformas, y entre ellas figura como prioritaria -fue la primera que abordó- el ineludible compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria de todas y cada una de nuestras administraciones públicas. Creemos que es una herramienta
indispensable para lograr el crecimiento económico y la creación de empleo, así como que nuestras administraciones sean sostenibles a largo plazo.
Señorías, creemos que llegan ustedes tarde, porque el Gobierno ha hecho los deberes con muchísima celeridad y ha aprobado un proyecto de ley, como les decía, que se está elaborando con el carácter de regulación única, de manera que en esta
ley se desarrolle el artículo 135 de nuestra Constitución, modificado recientemente, incluyendo todos y cada uno de los aspectos relativos a la estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera en el marco de la normativa europea, como no
puede ser de otra manera. Los mecanismos de coordinación del semestre europeo, al que ustedes hacen referencia en esta iniciativa, se encuentran recogidos en la normativa comunitaria, como consecuencia de la reciente
modificación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se efectuó en noviembre de 2011, y son de aplicación, por supuesto, en nuestro país. Por ello, el anteproyecto de ley orgánica contempla también nuevos mecanismos de control a las
comunidades autónomas, incorporando techos de gasto, reglas de gasto para todas ellas y mecanismos para que asuman responsabilidades por sus incumplimientos, así como otros criterios coercitivos y sancionadores.
Señorías, este proyecto de ley presentado por el Gobierno del Partido Popular contiene, como digo, mecanismos de coordinación presupuestaria y medidas para poder hacer efectivas las exigencias europeas, en la misma línea de la iniciativa
presentada por el Grupo de UPyD. El Grupo Popular, por tanto, no puede votar a favor de una iniciativa que coincide básicamente con los planteamientos de un proyecto de ley que ya está presentado en esta Cámara para su debate parlamentario y
posterior aprobación. Lo que sí pedimos al grupo proponente, por coherencia con sus planteamientos, es un apoyo explícito a nuestro proyecto de ley de estabilidad presupuestaria cuando tengan oportunidad de votarlo en esta Cámara, sin perjuicio del
ánimo de nuestro grupo de incorporar aquellas mejoras que otros grupos estimen oportuno proponer para la mejora del texto, siempre a través, como he dicho, del diálogo y el acuerdo. Por estas razones, mi grupo parlamentario presenta una enmienda
que sustituye al amplio texto de la iniciativa presentada por el Grupo de UPyD, en la que el Congreso de los Diputados manifiesta su firme compromiso con la estabilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas como criterio necesario
para conseguir el crecimiento económico y la creación de empleo. El Congreso de los Diputados considera que el proyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, presentado por el
Gobierno para su tramitación parlamentaria, es un instrumento imprescindible para garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas, para fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y para
garantizar la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar y reforzar los compromisos de España con la Unión Europea. Este proyecto de ley cuenta con el compromiso de todas las administraciones públicas, ya que en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera todas las comunidades autónomas han manifestado su apoyo al mismo. Las propias entidades locales también han mostrado su apoyo a este proyecto de ley en la Comisión Nacional de la Administración Local.
Concluyo, señor presidente. Prácticamente todos los objetivos perseguidos en la iniciativa presentada por Unión Progreso y Democracia se encuentran contemplados en el proyecto de ley elaborado ya por el Gobierno: la necesidad de que todas
las administraciones presenten equilibrio o superávit; límites al endeudamiento de todas las administraciones públicas; un techo de gasto para todas las administraciones públicas; mecanismos de alerta temprana ante desviaciones en los objetivos
de estabilidad; supervisión del Ministerio de Hacienda de la situación económico-financiera de las administraciones incumplidoras, tal y como ocurre en la Unión Europea, y sanciones para todas las administraciones públicas incumplidoras,
trasponiendo también los mecanismos correctores que ya existen en la Unión Europea. En definitiva, señorías, se trata de un conjunto de medidas comprometidas con el objetivo de estabilidad presupuestaria que, como digo, están ya contempladas en el
proyecto de ley. Por ello, esperamos el apoyo del resto de los grupos políticos, en especial, y por coherencia con los planteamientos de la iniciativa, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a la enmienda de sustitución que el
Grupo Parlamentario Popular ha presentado a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Los grupos que no han planteado enmiendas, si lo desean, pueden fijar su posición. Lo haremos de menor a mayor y por un tiempo máximo de cinco minutos.
En primer lugar, tiene la palabra, en representación del Grupo Mixto, el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: En primer lugar, quiero aportar un dato que creo que es interesante. En el año 2011 el déficit en el que incurrieron las comunidades autónomas, pese a la desviación con respecto al objetivo que se había fijado,
tan solo supuso el 34,1 por ciento del déficit total del conjunto de las administraciones existentes en el Estado español, pese a que estas tienen la responsabilidad de gestionar el 44 por ciento del gasto y del mismo, el 70 por ciento lo representa
el gasto en educación, en sanidad, en servicios sociales, en definitiva, en servicios públicos y en servicios sociales esenciales, donde no es fácil reducir el gasto sin precarizar la prestación de servicios básicos del Estado del bienestar. Creo
que estos datos son lo suficientemente ilustrativos para contrarrestar la imagen interesada que se pretende proyectar de las comunidades autónomas como estructuralmente despilfarradoras. Sin lugar a dudas, desde nuestro punto de vista, esa imagen
se proyecta al servicio de un objetivo político, que es aprovechar la crisis económica para impulsar un fuerte proceso de recentralización política del Estado como el que ya estamos viviendo. Una crisis económica que se pretende aprovechar para una
distribución más desigual de la riqueza existente, por una concentración aún mayor de la riqueza del poder económico, necesita este diseño de una centralización política del Estado. Entendemos que eso es lo que se esconde detrás de esas campañas,
porque los datos hablan por sí solos y demuestran que las comunidades autónomas en absoluto son estructuralmente despilfarradoras. Aporto este dato para justificar la razón por la cual el Bloque Nacionalista Galego se opone a esta proposición no de
ley; es decir, en congruencia, votará en contra. Entendemos que el diseño que se propone atenta claramente contra la autonomía financiera y
presupuestaria de las comunidades autónomas, también que los objetivos en materia presupuestaria deben ser concertados entre el Estado y las comunidades autónomas en foros como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin atribuir al
Ministerio de Hacienda un papel interventor, que dejaría reducida la autonomía presupuestaria a una mera invocación sin contenido real. Esta proposición no de ley está orientada por un criterio que es considerar que las políticas de consolidación
fiscal deben de ser el eje de las políticas económicas en el contexto en el que estamos viviendo. Nosotros discrepamos profundamente de eso. Consideramos que ya hay datos suficientes como para concluir que unas políticas obsesionadas por la
consolidación fiscal y, en congruencia, obsesionadas por los recortes en un contexto económico recesivo como el que estamos viviendo solo contribuyen a agudizar la crisis, a deprimir aún más la economía y no contribuyen al objetivo central, que en
teoría las justifican, que es conseguir el reequilibrio de las cuentas públicas, porque en un contexto de mayor depresión económica caen los ingresos y es imposible también el equilibrio de las cuentas públicas. Porque discrepamos de esta filosofía
económica y porque consideramos que esta propuesta reduciría a agua de borrajas la autonomía presupuestaria de las comunidades autónomas, votaremos en contra de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: En relación con la proposición no de ley que estamos debatiendo, el Grupo Parlamentario Catalán no puede apoyarla por diferentes razones. Debe recordarse que a finales de la última legislatura, tanto el Grupo
Popular como el Grupo Socialista, acordaron la modificación del artículo 135 de la Constitución, cosa que ha llevado como consecuencia a la aprobación del proyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, proyecto
de ley que en muy pocos días iniciará su tramitación parlamentaria, en la cual tendremos ocasión de fijar posición.
Convergència i Unió comparte el principio de estabilidad financiera, lo demuestra día a día en su tarea frente al Gobierno de la Generalidad de Cataluña, pero también defiende la autonomía financiera de Cataluña en el contexto de la
Constitución. La propuesta de UPyD es eliminarla, no únicamente fijando el límite de gasto y el objetivo de déficit de las comunidades autónomas, sino también supeditando al Gobierno del Estado el nivel de gasto mínimo de las partidas autonómicas
dedicadas a servicios públicos esenciales. En resumen, cuanto menos margen tengan las comunidades autónomas y cuanto más avancemos en este sentido, más recentralización del Estado habrá. Como bien puede entender el grupo proponente, Convergència i
Unió no puede coincidir con el modelo propuesto. Primero, porque es ignorar el modelo de Estado previsto por la Constitución y eliminar el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas y, segundo, porque significa diluir la
capacidad de las comunidades autónomas para que pasen a ser meras administraciones gestoras, con mínima capacidad de decisión.
En relación con la observación que realizaba el portavoz señor Jorquera también tengo otro dato. Los últimos datos del Banco de España correspondientes al tercer trimestre del 2011 indican que el 74 por ciento de la deuda pública española
corresponde al Estado y solo el 18,6 a las comunidades autónomas, el 6,5 restante es de los ayuntamientos. En magnitud, el problema está en la Administración Central no en las comunidades autónomas. Por todo ello, no podemos apoyar la proposición
no de ley formulada, derivando nuestro posicionamiento sobre este tema en la próxima tramitación del proyecto de ley orgánica.
El señor PRESIDENTE: En último lugar intervendrá la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor Anchuelo, cuando leí la proposición no de ley, solo por el comienzo de la exposición de motivos, ya sabía que íbamos a votar en contra por el rechazo que rezuma su proposición no de ley contra el Estado de
las comunidades. Le referiré alguna de las expresiones que usted plantea en la exposición de motivos. Empieza diciendo: uno de los graves defectos del actual modelo de organización territorial... Nosotros negamos la mayor, no creemos que el
Estado de las autonomías tenga graves defectos de organización, por lo que podríamos ir hasta en contra de la Constitución hablando en estos términos. Usted hace acusaciones al comportamiento de las comunidades autónomas, que nunca tendrían que
haber figurado en el Boletín de las Cortes Generales y nunca tendrían que haber figurado en el 'Diario de Sesiones' del Congreso, porque usted achaca a las comunidades autónomas tener comportamientos irresponsables. Dice su señoría que el principio
de autonomía financiera es discutible; que vulneran el principio de lealtad institucional; que los déficits pueden ser burlados; no es que tengan dificultades para alcanzarlos, sino que pueden ser burlados, y esto tiene trasfondo. Señor
Anchuelo, no compartimos en absoluto la opinión que usted tiene del Estado de las autonomías y de su funcionamiento. Por otra parte, hace alusión al mantenimiento del Estado del bienestar. Esto está bien en los tiempos que corren. Nos parece bien
que esto les preocupe a ustedes, pero dicen: en el caso de que la reducción fuera inevitable -ya vamos entrando en materia-, los recortes tienen que ser iguales para todas las comunidades y ha de ser el Gobierno de la nación el que imponga el
catalogo mínimo de prestaciones, no con acuerdo de las comunidades autónomas, sino previa consulta sencillamente. Si esto fuera así -y miramos a las comunidades autónomas que están gobernadas por el mismo grupo político que está ahora en el
Gobierno
de la nación-, le podría decir que ese objetivo mínimo para la dependencia sería cero, es decir, dependencia, fuera de las comunidades; aumento del profesorado en la enseñanza pública, de eso nada de nada y la sanidad habrá que privatizarla
porque es imprescindible. Si esto fuese así, por ejemplo, Andalucía no habría podido dedicar más del 80 por ciento del presupuesto al Estado del bienestar. Está usted pidiendo al Estado que intervenga en las decisiones políticas de las comunidades
autónomas y lo que tiene que hacer el Estado es controlar la estabilidad de las finanzas públicas. Deseo subrayar que no aceptamos la referencia que usted hace al PSOE y al Partido Popular -habló en nombre del PSOE, el PP no ha dicho nada, por lo
que no sé si está de acuerdo con ello- de haber renunciado al papel de coordinación y supervisión general en materia fiscal y financiera para satisfacer objetivos políticos y partidistas. Mi grupo rechaza totalmente que esa expresión figure en la
proposición no de ley.
No me voy a detener en los ocho puntos que tiene su proposición no de ley, me sumo a muchas de las cosas que ha dicho el señor Jorquera, pero ustedes podían haberlo resumido para que no fuera tan larga diciendo que el Ministerio de Economía
elaborará los presupuestos de cada comunidad autónoma, porque es lo que dicen. Nosotros creemos que el organismo de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que la cooperación y la
lealtad institucional son el camino para regular las relaciones financieras entre el Estado y las administraciones territoriales. Las comunidades autónomas ya dan cuenta trimestralmente al Consejo de Política Fiscal y Financiera de la evolución de
sus cuentas. También dan cuenta de la desviación del déficit y presentan planes de reequilibrio. En las condiciones que estamos viviendo sí que ha habido desviaciones, del Estado y de las comunidades autónomas y las administraciones locales han
cumplido. Hay una mayor desviación de las comunidades autónomas, porque gestionan más del 60 por ciento del gasto estructural. Por eso en estos días estamos discutiendo la distribución que se hace de la flexibilización del déficit, que veremos
esta tarde en cuánto queda si en el 5,8 o en el 5,5. Tanto las comunidades autónomas como las administraciones locales como el Estado se han comprometido a ajustarse y a continuar la senda de consolidación y en todas las instituciones tenemos que
tener la misma confianza. Sin perjuicio de que se puedan establecer cambios en los mecanismos de control o en el régimen sancionador para garantizar esa estabilidad financiera y el cumplimiento de las normas europeas, porque a todos nos interesa,
creemos en la lealtad institucional, en la autonomía financiera y en la madurez de las comunidades autónomas para elaborar sus presupuestos. En cualquier caso, muchos de estos temas, como se ha dicho antes, se van a debatir en la Cámara con el
proyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y ahí tendremos oportunidad de decir hasta dónde queremos llegar en esa distribución de competencias.
El señor PRESIDENTE: Le pido al señor Anchuelo que indique a la Mesa si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ANCHUELO CREGO: Como ya expuse en mi exposición, nuestra propuesta va mucho más allá de la ley de estabilidad, porque hay controles directos de gasto y de la composición, por lo que no es posible aceptar la enmienda.
El señor PRESIDENTE: En ese caso se votará en su momento la proposición no de ley en los términos originalmente presentados por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
- RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL RÉGIMEN SOBRE INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000096).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto del orden del día, que es la segunda proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la ampliación del régimen sobre la incompatibilidades de los miembros del
Gobierno y altos cargos de la Administración. Para defenderla tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Señorías, vivimos tiempos de crisis, no solo de crisis económica, sino también de crisis de la propia democracia. La democracia está en crisis cuando tras dejar que los mercados se gobiernen solos, los mercados
acaban gobernando también las políticas públicas, y la democracia está en crisis cuando decisiones fundamentales las imponen los grandes poderes económicos, sometiéndose los gobiernos a sus dictados. Esta es la percepción que tienen muchos
ciudadanos de la actual situación. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, plutocracia es una forma de gobierno del Estado en la que el poder está en manos de los ricos o muy influido por ellos. Esta reflexión viene a
colación del revuelo originado la semana pasada al trascender la intención de Endesa de fichar a la ex vicepresidenta de asuntos económicos, Elena Salgado. Pese al impacto causado por esta noticia, no es un hecho novedoso. Su predecesor en el
cargo, don Pedro Solbes es consejero de Enel, que posee el 92 por ciento de Endesa, y el ex presidente del Gobierno, don José María Aznar, también fue contratado por Endesa como asesor externo a cambio de una retribución de 200.000 euros anuales.
Pero la nómina es mucho más amplia, don Felipe González es consejero independiente de Gas Natural, por lo que cobra 126.000 euros al año.
El propio don José María Aznar es además consejero de News Corporation, por lo que declaró ingresos de 171.000 euros en 2010 y es asesor de Doheny Global, un grupo norteamericano con intereses en el sector energético e inmobiliario, por lo
que cobra también jugosos emolumentos. Podría seguir citando otros muchos ejemplos, pues la lista de antiguos miembros del Gobierno fichados por grandes empresas es interminable.
Señorías, ¿es presentable que estas personas puedan poner su agenda de contactos y sus influencias, adquiridas en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, al servicio de los intereses de empresas privadas? ¿Es tolerable que
expresidentes del Gobierno compatibilicen el cobro de retribuciones de empresas privadas con el disfrute de algunas de las prerrogativas de las que gozan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado? ¿Es presentable que un gobierno presidido
por don José María Aznar privatice Endesa y luego fiche por esta empresa? La existencia de conflictos de intereses entre el ejercicio de una responsabilidad pública y una actividad privada no se circunscribe solamente al periodo en que se ejerce la
responsabilidad pública. Por ello, el régimen sobre incompatibilidades se ha ido reforzando con el paso del tiempo. Sin embargo, las nuevas exigencias que se han incorporado aún permiten que se produzcan situaciones cuya ética, desde nuestro punto
de vista, es más que discutible, pues inducen a pensar que se adoptaron decisiones en el ámbito público, guiadas por el servicio a los intereses de lobbies de presión privados, y que se adoptan decisiones en el ámbito privado guiadas por una
influencia indebida derivada de haber ocupado altas responsabilidades públicas y de las decisiones tomadas en el ejercicio de las mismas.
Para evitar estas situaciones proponemos una aplicación mucho más rigurosa del régimen de incompatibilidades, con medidas como las contenidas en esta proposición no de ley, ampliando los periodos de limitación vigentes desde que se ha
producido el cese en el ejercicio de una responsabilidad pública, ampliando las situaciones en las que existen incompatibilidad o conflicto de intereses, contemplando las distintas formas de participación en empresas privadas cuya actividad está
relacionada con competencias ejercidas desde el ámbito público o modificando el estatus reglamentario de los expresidentes del Gobierno exigiendo la renuncia a las prerrogativas consignadas en la actualidad, salvo las vinculadas a garantizar su
seguridad en caso de que ejerzan actividades remuneradas por cuenta de empresas privadas.
Señorías, concluyo. El BNG no se apunta a la moda del desprestigio de la política, al contrario, estamos a favor de su dignificación, pero la dignificación de la política exige dotarla de una mayor transparencia y exige también una
separación mucho más estricta del ámbito público y privado, para preservar el servicio al interés general de la influencia de los grandes grupos de presión. Por eso, el régimen de incompatibilidades debe ser ampliado, no solo para minimizar
conflictos de intereses reales o potenciales entre la actividad pública y el interés privado. El régimen de incompatibilidades debe de ser ampliado para elevar las exigencias éticas en el ejercicio de la actividad política, antes, durante y
después, de cuando se ostentan responsabilidades públicas y también con ello se contribuirá a reforzar la calidad de la democracia.
El señor PRESIDENTE: Hay registradas dos enmiendas, ambas presentadas por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra para defenderlas el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Nos parece que la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego se ocupa de un problema social realmente existente. Hemos tenido el ejemplo reciente de la anterior ministra de Economía en que efectivamente asume una
responsabilidad en una empresa en la que estuvo involucrada muy directamente en las decisiones que han llevado a que sus propietarios sean los actuales propietarios. Hay ejemplos anteriores abundantes, como diferentes expresidentes del Gobierno.
Esto crea gran escándalo social, no por la magnitud agregada de las cifras, pero sí por lo que supone de poco ejemplarizante cuando al mismo tiempo se está pidiendo a la población que asuma sacrificios importantes. Es un tema de ética pública, más
que de equilibrio macroeconómico, pero no por eso es menos importante.
Hemos hecho unas pequeñas matizaciones a la propuesta, estando de acuerdo con su contenido general, en el sentido, en primer lugar, de limitar las incompatibilidades a las actividades más directamente relacionadas con la actividad pública.
No creemos que el paso por una actividad pública deba inhabilitar a una persona para volver a la actividad privada de manera generalizada, dado que eso limitaría mucho la participación en la actividad pública. También hacemos una pequeña matización
a la propuesta de ampliar el periodo de incompatibilidad. El periodo actual de dos años no es un periodo corto. El problema no tiene tanto que ver con el periodo, sino con que las autorizaciones para la vuelta a la actividad privada se conceden
con relativa facilidad. Si ampliásemos el periodo a cuatro años o diez años y a los pocos meses se puede autorizar una actividad, como tenemos ejemplos recientes, eso tampoco solucionaría el problema. Nos parece muy acertado el punto b) en el que
se amplían las incompatibilidades a las actividades asesoras desde fuera de la empresa, porque efectivamente no siempre la vuelta es a un puesto directivo dentro de la empresa, sino que puede haber actividades asesoras desde el exterior, que se
podrían haber logrado por cuestiones que tengan que ver con incompatibilidades. Estamos de acuerdo con el punto c) referido a los expresidentes del Gobierno, de hecho hubo una propuesta reciente de nuestro grupo en ese sentido. Aquí la matización
que hacemos es garantizar un mínimo elevado digno, por encima de cierto umbral. Aprovecho en este punto para aclarar, dado que en el debate de la
propuesta de UPyD se interpretó como un menoscabo de la dignidad de los ex presidentes del Gobierno, que nunca fue ese el espíritu de nuestra propuesta. Quien ha ocupado tan altas responsabilidades tiene derecho a este tipo de apoyo.
Nuestra propuesta tenía que ver con compatibilizar esas ayudas públicas con ingresos privados elevadísimos. Estas propuestas matizan la PNL del Bloque Nacionalista Galego, pero estamos de acuerdo con el espíritu general que hay detrás de ella.
El señor PRESIDENTE: Tienen ahora la palabra aquellos grupos parlamentarios que lo deseen para fijar posición. En primer lugar, por La Izquierda Plural tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Intervengo muy brevemente.
Aprovecharé la intervención de la exposición de nuestra proposición no de ley que tiene mucho que ver precisamente con esta temática para profundizar en esta cuestión. Nosotros daremos apoyo a la proposición no de ley presentada por el BNG.
Es pertinente y de actualidad, sobre todo porque llevamos acumulados muchos casos de escándalo y, como mínimo, si no hay un cuestionamiento legal, sí que hay un cuestionamiento ético en cómo hacemos política y en esa relación entre lo público y lo
privado. No me extiendo más. Les daremos apoyo, porque todos los puntos son positivos y ya me extenderé luego en la exposición sobre nuestra propuesta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Como recordaba el señor Anchuelo, el contenido de la proposición no de ley que hoy debatimos ya fue objeto de debate en el Pleno del pasado 14 de febrero, ampliándose en este caso a las figuras de altos cargos de la
Administración. En aquella ocasión, Convergència i Unió consideraba que los expresidentes han de desarrollar sus funciones en su condición de tales, recordando el papel y la dignidad de los mismos. Es decir, las prerrogativas se han de mantener
siempre que se mantenga el rol institucional, por la experiencia que pueden y deben aportar. Aspecto distinto es, en relación con el régimen de incompatibilidades de los expresidentes y altos cargos de la Administración, cómo debemos instrumentar
este régimen de incompatibilidades, cuándo los expresidentes o altos cargos de la Administración perciban una asignación pública y retribuciones por la prestación de servicios en el ámbito privado. Actualmente, con la legislación vigente en la
mano, esto es legal y lícito, pero en ocasiones no es estético ni ético. Aquí se abre un debate y una reflexión que debemos realizar, debate que deberíamos aprovechar en la tramitación del anunciado proyecto de ley de transparencia para reflexionar
sobre el ejercicio de los cargos públicos y de las situaciones de los presidentes y altos cargos tras la finalización del periodo en el cargo. Todo esto debe abordarse sin demagogia, sin oportunismo y con una redacción mejor para solventar todas
aquellas disonancias que se dan en la actualidad y que se puedan dar en el futuro.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Elorza.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: De entrada nos parece conveniente hacer una ligera aproximación a la realidad como primera respuesta a la proposición no de ley del BNG. Es cierto y nadie podrá decir lo contrario que en España en estos años de
democracia se ha ido regulando con acierto y de una manera más restrictiva toda esta cuestión importante de las incompatibilidades, del control de los altos cargos cuando cesan en sus actividades e incluso del papel de los expresidentes del
Gobierno. Tenemos una legislación -estoy convencido de ello- absolutamente homologable e incluso en algunos casos más rígida que en países de la Unión Europea. Otra aproximación para acercarnos a la cuestión de fondo que aquí se pretende poner en
cuestión sería cuáles son los sueldos o las retribuciones de un presidente de Gobierno en España, de los ministros o de altos cargos. Realmente se puede hacer fácilmente el estudio -lo recomiendo- con países del entorno para ver cuáles son las
condiciones retributivas de estos altos cargos y particularmente del presidente del Gobierno, el último, el anterior y el que está ahora, da igual.
Se ha avanzado y, particularmente, me parece que es una ley muy estimable la última ley que se refiere a las incompatibilidades y a los conflictos de intereses de abril de 2006 y a su reglamento, desarrollado con retraso, es cierto, y que
garantizan -con una aplicación correcta y puntual- lo que parece que algunos grupos pueden poner en cuestión que es la transparencia y que no haya ninguna opacidad. Apunto el dato, que en su día me pareció relevante, del contenido del artículo 14.4
sobre la declaración en el BOE del patrimonio de los altos cargos, algo realmente llamativo e incluso a algún grupo le pareció excesivo incorporar ese artículo 14.4 en la ley. Llamo también la atención sobre los contenido de esta ley en materia de
control, la comisión existente, los informes que se elaboran cada seis meses, su traslado desde el Ministerio de Administraciones Públicas al Congreso para que se tenga un seguimiento constante de las declaraciones de compatibilidad o de
incompatibilidad, de las advertencias, etcétera. Realmente hay todo un entramado de control democrático para evitar situaciones de opacidad, que no se dan, o de falta de transparencia y para que no se den lícitos, no hay lícitos legales.
Otra cuestión es que al proponente, con todo mi respeto, y a los miembros de la Cámara les pueda parecer que garantizada la legalidad en estos casos y establecido el control correspondiente en la Ley de 2006, entremos en debates que admiten
posiciones diferentes sobre la ética de algunas decisiones de los interesados al entrar
a trabajar en una empresa privada o en empresas o entidades, la ética que se esconde detrás de esa decisión. Otra cuestión bien diferente es la estética. La ética y la estética a veces no se acaban de diferenciar. Depende qué
posicionamiento político previo puedas tener te lleva a decir que esto no es ético, cuando en realidad podría ser una cuestión de estética. Hay actitudes de algunos altos cargos que no entran dentro de la estética, evidentemente que no, y llaman un
poco la atención. Quizá tenemos la tendencia a ser muy críticos y a estar permanentemente sometiendo a un proceso de desgaste a la legislación que nos hemos dotado en estas materias y a veces hasta incluso podemos caer en el error de contribuir a
un cierto desprestigio de la política y de los políticos. Digo de los políticos y no de una expresión que suelo escuchar a algunos grupos que parece que les gusta cuando hablan de clase política o de casta política. Ni yo ni el grupo al que
pertenezco nos consideramos integrantes de esas clases políticas o castas políticas. Con esa aproximación y entendiendo cuál es la legislación vigente, el control efectivo y cómo realmente la crisis de valores o la crisis de la democracia no se va
a resolver -sobre eso habría mucho que hablar y algo ha dicho el señor Jorquera- abordando la cuestión que plantean respecto a la incompatibilidad entre una retribución pública y una retribución privada para los exvicepresidentes. Me parece que es
sacar las cosas de contexto.
Compartimos el objetivo de velar por la calidad de la democracia. Teniendo en cuenta todos estos factores, en este momento no hay necesidad de cambios en la ley y sí una adecuada, correcta y estricta aplicación mediante los órganos que se
ha dotado la ley y las previsiones que establece el reglamento. En la letra a) de esta proposición no de ley se establece que habría que realizar una aplicación más rigurosa de la incompatibilidad de desempeñar actividades privadas remuneradas.
¿Qué es una aplicación más rigurosa de esa incompatibilidad ampliando los periodos en el tiempo? ¿Llevarlo a de por vida, a cuántos años más? ¿Dónde está el límite entre lo que a todos nos parezca que es correcto, ético, estético y lo que no es?
La letra b) establece ampliar las situaciones legales en las que existe incompatibilidad o conflicto de intereses en el caso de empresas privadas cuya actividad esté relacionada con el ámbito de competencias ejercido. Esto ya lo dice la ley.
¿Estamos hablando de empresas privadas o que esa incompatibilidad se amplíe a todas las empresas realmente, a empresas de cierta envergadura? Porque si hablamos de empresas pequeñas, ahí no habría problema. Uno esto a la letra c), relativa a la
renuncia de las prerrogativas consignadas en la actualidad para los expresidentes. Estamos hablando -y hace poco lo decía ayer o antes de ayer en el Pleno- de una dotación por la dignidad de la persona que ha ocupado el puesto de presidente del
Gobierno en España de 79.000 euros o un poco menos 76.000 y pico, lo que hace un bruto de 5.600 euros y un neto al mes que ustedes mismos pueden ver. Esas son las cantidades reales. ¿Tiene que ser esa cantidad que se perciba incompatible con
trabajar en una empresa en el supuesto de que, por ejemplo, se puede dar que sea una empresa pequeña o una empresa familiar, no pongamos siempre el ejemplo de Enagas, de Endesa o de Repsol, evidentemente puede haber presencia de altos cargos o en
este caso de expresidentes, aunque no es de momento el caso, que participen en actividades empresariales percibiendo una cantidad muy módica o muy reducida? ¿Vale entonces para todo el apartado c) que se plantea en la proposición no de ley?
El señor PRESIDENTE: Señor Elorza, vaya concluyendo.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Voy acabando.
Por último, una consideración, tenemos que intentar que se produzca -me lo apuntaban en el grupo- el trasvase entre la actividad privada y la actividad de lo público y viceversa, que ese trasvase sea ágil, que se pueda producir, que tenga
elementos de atracción, porque si no al final condenaremos a que la política sea practicada o ejercida por personas con importantes recursos o que realmente funcionarios o funcionarias de cierto nivel sean quienes se acerquen a la política en los
tiempos que corren, lo cual nos parece que es un gravísimo error. Por todo ello, si hablamos de dar ejemplo, haría una recomendación para su estudio. Nos preocupa lo que conlleva el estatus de ex presidente del Gobierno. El estatus de ex
presidente del Gobierno no debe estar vinculado a la lucha partidaria continuada. Algunos no acabamos de entender que un ex presidente del Gobierno esté en la lucha partidista, esté permanentemente en la batalla política. Ese estatus debe
conllevar un servicio al interés general de España y actividades que no supongan lucha partidista o participación en actos que seguramente todo el mundo tiene en la cabeza.
Por último, si se trata de ahorrar, podemos proponer -yo me apunto a ello- una reducción de los sueldos de los parlamentarios este año otra vez, un 5 o un 10 por ciento, para dar ejemplo a la ciudadanía, para que sepa que los parlamentarios
estamos dispuestos a asumir en carne propia una situación de crudeza para la inmensa mayoría de la ciudadanía española.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular estima que no es necesario modificar la actual normativa de prevención y gestión de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la
Administración General del Estado, ya que la Ley 5/2006, de 10 de abril, y el código de buen gobierno que le es aplicable contienen una regulación precisa y detallada de las situaciones que pueden provocar conflictos aparentes o reales de intereses,
así como de las medidas para prevenirlos y, en su caso, corregirlos y sancionarlos. En la pasada legislatura, el Grupo Parlamentario
Mixto abogaba por el desarrollo reglamentario de la citada ley y el Grupo Popular lo apoyó, porque entendía que tenía que tenerlo, y ahí está el Real Decreto 432/2009, de 27 marzo, por el que se aprueba su reglamento.
Señorías, existe ya un registro de actividades, bienes y derechos patrimoniales de altos cargos, donde todos y cada uno de ellos hacen las declaraciones de patrimonio pertinentes, y hay una oficina que, de existir alguna irregularidad,
emitiría informe, por lo que en realidad no estamos ante un marco desregulado. El control y la vigilancia que exige la exposición de motivos ya se da y eso es lo más relevante desde nuestro punto de vista.
Entrando ya en las propuestas concretas, la primera exige una aplicación más rigurosa para el desempeño de las actividades privadas, ampliando los períodos de limitación. Estimamos que las limitaciones establecidas en la actual ley con
respecto a los miembros del Gobierno y a los altos cargos es suficientemente restrictiva y está en la misma línea de la normativa de otros países de nuestro entorno, de tal forma que no solo se prohíbe realizar actividades privadas directamente
relacionadas con expedientes sobre los que hubieran dictado resolución sus superiores o sus subordinados, sino que esta incompatibilidad se extiende a asuntos que se hubieran tratado en debates en órganos colegiados a los que hubiera asistido el
cargo. En cuanto a la limitación temporal de esta actividad, el Grupo Popular considera que el plazo de dos años es suficiente para garantizar la independencia e imparcialidad de las decisiones que haya adoptado el alto cargo, dado que transcurrido
dicho periodo se extingue la posibilidad de tener información o contactos privilegiados.
La segunda propuesta se refiere a la ampliación de las situaciones legales. Actualmente la ley establece esta limitación cuando la participación del alto cargo sea del 10 por ciento, porcentaje que consideramos una cautela eficaz para
evitar que la red de amistades o influencias que haya podido tener el interesado cuando estaba en activo pueda redundar en beneficio injustificado al producirse su cese. Además, hay que tener en cuenta que este porcentaje tiene una proyección mucho
más amplia, porque no se aplica solamente a la participación directa, sino también a la indirecta en el capital social de las empresas.
La tercera propuesta se refiere a la modificación del estatus reglamentario de los ex presidentes del Gobierno, exigiendo la renuncia a la prerrogativa. El Grupo Popular considera que la figura del presidente del Gobierno, por las funciones
y las responsabilidades desempeñadas, su régimen de incompatibilidad y su proyección exterior merece una retribución por cese acorde con la dignidad del cargo desempeñado. De hecho, que tengan dicha compensación les permite permanecer durante algún
tiempo al margen del sector privado empresarial y, en consecuencia, desempeñar solo aquellas actividades ocasionales que sean representativas o estén vinculadas al papel que desempeñan.
Por todo ello, vamos a votar en contra. Creemos que la regulación es más que suficiente. Nos preguntamos si el Grupo Mixto ha conseguido consenso y ha presentado esto como tal grupo o lo presenta solo alguno de los miembros. Nos
preguntamos si tienen verdadero interés en modificar esta regulación o aprovechan el tirón de lo que se publicó ayer sobre los sueldos de los expresidentes y sobre la señora Salgado, porque el contenido de esta propuesta es absolutamente opuesto a
lo que regulan cuando están en el Gobierno o a lo que votan en otros parlamentos autonómicos. Señor Jorquera, quisiera recordarle que un texto exacto al que quieren modificar es la ley que aprobó Esquerra Republicana de Catalunya, la Ley 13/2005,
de 27 de diciembre, del régimen de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalitat. Tuvieron ocho años para cambiarla, pero no lo hicieron y Esquerra estaba gobernando en el tripartito. Es más, el propio BNG aprobó con su voto
la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega, que mantenía los mismos términos de la ley anterior, que regula exactamente lo que aquí se discute. La ley en Galicia contempla el mismo
periodo de dos años y limita al 10 por ciento la participación en empresas privadas. Por tanto, señorías, ¿de qué estamos hablando? La Izquierda Plural ha dicho que va a votar a favor y lo entiendo, porque el Grupo de Izquierda Unida en Andalucía
presentó junto al Grupo Socialista una ley por la que el estatus de los presidentes de Andalucía es el más privilegiado de toda España. Además después se modificó e Izquierda Unida ni siquiera presentó enmiendas. En Andalucía los altos cargos no
tienen que hacer pública la declaración de la renta, no aparece en el BOJA, ni aparece en la web, ni terminan las cesantías. En Andalucía, el ex presidente de la Junta suma la cesantía de dos años, la pensión máxima de la Seguridad Social, una
pensión vitalicia con el 60 por ciento del sueldo y las indemnizaciones por ser miembro del Consejo consultivo. Señores de Izquierda Unida y del PSOE, ¿de qué están hablando aquí? No se suban al carro de la demagogia que supone poner en duda el
comportamiento de cualquier ex alto cargo o cargo público. Si en otros territorios, en otras comunidades la legislación es suficiente, ¿por qué para España no? No podemos estar todo el día sembrando dudas sobre los altos cargos. Se lo digo yo,
que vengo de Andalucía, con la corrupción que está cayendo sobre los altos cargos en mi tierra. Señorías, el Grupo Popular es coherente, estima que esta regulación es suficiente y valora el peso institucional que tiene haber sido presidente de
España, sea del color político que sea, gobierne el Partido Popular o no gobierne. ¿O es que a otros grupos les gustan las leyes dependiendo de si gobiernan o no gobiernan? No hagan demagogia y sean coherentes. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A los efectos de ordenar la votación que luego realizaremos, le pido al señor Jorquera que nos indique si se admiten las enmiendas.
El señor JORQUERA CASELAS: Señor presidente, tengo que hacer una precisión, porque he sido interpelado. Como muy bien sabe la portavoz...
El señor PRESIDENTE: No, señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: No voy a rebatir. No voy a abrir debate.
El señor PRESIDENTE: No, no, señor Jorquera. No tiene turno de palabra. Vamos a seguir la práctica habitual.
El señor JORQUERA CASELAS: Ha preguntado si esto lo suscribe el Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: Es natural y absolutamente habitual que en las proposiciones no de ley existan referencias recíprocas e interpelaciones retóricas. No entiendo que sean alusiones y, por tanto, no hay turno para responderlas. En todo
caso, el debate continúa y puede usted intervenir en los siguientes turnos.
El señor JORQUERA CASELAS: Me reservaré para el siguiente punto.
Acepto las enmiendas presentadas por UPyD, que solventan algunas de las dudas verbalizadas por el señor Elorza.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, esta proposición no de ley se votará con las enmiendas incorporadas a iniciativa de Unión Progreso y Democracia.
- PARA LA CREACIÓN DE UN REGISTRO DE LOBBIES O GRUPOS DE INTERESES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000168).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al quinto punto del orden del día: Proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, para la creación de un registro de lobbies o grupos de intereses. Para defenderla, tiene
la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Antes decíamos que esta era una propuesta vinculada con la anterior, porque trata de establecer una regulación para cuando los diputados, los senadores, el Gobierno están en activo, ejerciendo sus
responsabilidades públicas. Esta es una batalla que viene de lejos. De hecho, en representación de Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera presentó en 2008 una propuesta muy parecida. En ese momento, fue la ministra Salgado la que dijo que
no era pertinente, que no tocaba. En cambio, el Grupo Popular votó a favor de la moción, que en ese momento le pareció oportuna. Después de la intervención que acabamos de escuchar de la diputada popular, espero que esa coherencia que ha expresado
-cuando el Partido Popular está en el Gobierno y cuando está en la oposición defiende lo mismo- se refleje en la votación de esta proposición.
¿Cuáles son los objetivos de esta propuesta? En primer lugar, abrir los ojos a la evidencia, poner luz en lo que sucede en nuestro sistema de toma de decisiones. La mejor medida de control es poner luz y taquígrafos y que la gente sepa
cómo se toman las decisiones; la mejor medida es poner luz y taquígrafos en esa relación entre lo público y lo privado. Antes hablábamos de incompatibilidades, pues bien, todavía es más delicado cuando alguien está en el ejercicio de sus
responsabilidades públicas. Evidentemente, hay que distinguir entre mecanismos de participación y diálogo y lo que estamos hablando aquí.
Los lobbies, los grupos de interés existen y la mejor manera de abordar las distorsiones que pueden provocar es ponerles luz. Poner luz significa también poner límites e introducir transparencia, como se ha hecho en otros países, en países
anglosajones, pero también en Alemania y en la Unión Europea, y como lo recomienda el Libro Verde de la iniciativa europea de transparencia. Nuestro grupo no plantea con entusiasmo la existencia de lobbies, como hemos visto también que ocurría en
otras intervenciones del Grupo Socialista, de Convergència i Unió o del Grupo Popular. A nuestro entender, los lobbies generan una distorsión en el sistema democrático, porque son organizaciones que tienen capacidad para incidir directamente en el
poder político, en las decisiones de gobierno, por su envergadura, por su poder económico o por su peso en la sociedad, y esa es una distorsión del Estado de derecho y del derecho a la equidad y al acceso en condiciones de igualdad a ese poder.
Recuerdo que el señor Zapatero, en la campaña de 2008, decía: Hay gente que con una llamada telefónica cambia leyes. Efectivamente. No sé si esta es una situación de la que podamos estar muy orgullosos, pero esta propuesta es realista, porque
esta situación existe y, si se da, como mínimo que se dé en las mejores condiciones posibles. Por tanto, pongamos transparencia y luz y que la gente sepa lo que hay. Decía antes que para nosotros esta no es una situación deseable; solo hace falta
ver el impacto legislativo, el impacto en las políticas públicas y en las decisiones que se han tomado en este país que han tenido los grupos de presión, especialmente las grandes corporaciones. Por eso, entristece ver algunas intervenciones muy
complacientes, que dicen que aquí todo va bien, que aquí todo es transparente. Eso, sinceramente, es bastante cuestionable si repasamos solo la influencia de cuatro grupos con mucho poder en la historia de nuestro país y en las decisiones
estratégicas que se han tomado.
El primero sería el sector financiero. El sector financiero tiene un gran poder, tiene una capacidad increíble de acceder directamente al Gobierno y a los parlamentarios y eso ha tenido una incidencia clara en una regulación favorable,
desde la Ley Hipotecaria hasta otras medidas. Podemos verlo en la última que se ha tomado:
para los bancos códigos de buenas prácticas y para el resto de los ciudadanos deberes y obligaciones que establece la ley.
Otro ejemplo son las constructoras. Este Congreso ha aprobado enmiendas hechas ad hoc. De hecho, podemos recordar la enmienda Florentino, como se ha venido llamando, o la enmienda en favor de las indemnizaciones a las concesionarias de
autopistas. Las constructoras son otro ejemplo de cómo estos grupos han dejado huella en nuestro sistema.
Un tercero es el sector eléctrico. Antes hablábamos de si la vinculación de personas que dejan la política con el sector eléctrico era ética o era estética. La influencia de las eléctricas en la regulación -una mala regulación- del sector
eléctrico en nuestro país es clara. Esto tiene un impacto directo en los ciudadanos y se debe saber; tiene un impacto en el bolsillo, en la tarifa de la luz, un impacto en los presupuestos y un impacto en malas decisiones estratégicas sobre
nuestra dependencia energética y sobre qué energía usamos. Aquí se mantienen esos privilegios, los beneficios caídos del cielo. Antes hablábamos de incompatibilidades y aquí, cuando hablamos del sector eléctrico, también tienen que ver. ¿Es
estético que alguien se vaya a una gran empresa como Endesa? No, no lo es, pero aquí estamos hablando de si es compatible tener un sueldo público, como institución del país y en beneficio de todos los españoles, y una actividad privada. Eso
debería ser excluyente, aunque sí defendemos que se mantenga la situación de los expresidentes en condiciones de dignidad, como instituciones que tienen que seguir trabajando por el interés general.
Un cuarto pilar es la industria farmacéutica, porque el lobby farmacéutico en nuestro país ha dejado una huella abrumadora en la ley y en los presupuestos, liderando el gasto farmacéutico en comparación con los países de la OCDE.
Por todo ello, no podemos tener una actitud complaciente, no podemos decir que todo va bien. Es importante aprobar medidas y poner límites y hacerlo desde el realismo, desde el conocimiento de que es una situación que existe y el
convencimiento de que los ciudadanos y ciudadanas tienen, como mínimo, derecho a saberlo, porque cuando los ciudadanos y ciudadanas saben lo que sucede, este conocimiento actúa como freno para los legisladores, el Gobierno y los altos cargos que
tienen el poder de decidir. Como mínimo, es necesario que se sepa quién defiende qué y por qué lo defiende.
Aquí proponemos la creación de una comisión parlamentaria que controle la información. En las Cortes reside la soberanía popular, por lo que ellas pueden establecer mecanismos de control al Gobierno en ese sentido y de autocontrol de los
propios diputados. Exigimos que haya una ley que establezca el registro que proponemos, que se sepa cuál es la agenda de los representantes públicos, de los que tienen el poder de cambiar leyes y de tomar decisiones, pero también cuáles son los
grupos de interés de los que dependen. También pedimos que se elabore un código que ponga límites a posibles irregularidades o a aquellas conductas que no son procedentes en la elaboración de nuestras políticas públicas. Son propuestas para
avanzar en un cambio en las formas de hacer política. Participación horizontal, sí; transparente, sí, pero no con la opacidad con la que viene funcionando y que está instalada en nuestro sistema legislativo y en los procesos de toma de decisiones
en nuestra política. Espero que haya un apoyo mayoritario a esta moción para avanzar en la transparencia.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley han sido presentadas tres enmiendas por el Grupo Parlamentario de UPyD. Para su defensa, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: El razonamiento que hay detrás de la PNL parece inapelable. Las actividades de lobby existen en España y parece lógico que en ese caso se practiquen de manera reconocida, regulada y transparente y no de forma
oculta. Esta propuesta no nos parece ni demagógica ni populista, que son los dos adjetivos que utilizamos ante cualquier reforma que molesta a alguien, porque en países que tienen democracias muy consolidadas, como Estados Unidos u otros países
europeos, existe una regulación sobre los lobbies, que es lo que aquí se está proponiendo.
El objeto de nuestras enmiendas se centra en un tema menor, en si es lo más adecuado que sea el Congreso de los Diputados el que se dedique a gestionar este registro, porque esto se puede convertir en una tarea rutinaria y seguramente con
que ese registro fuera abierto sería suficiente. Repito que es una enmienda de detalle.
El señor PRESIDENTE: Hay otra enmienda presentada por el Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: Señorías, la transparencia y las acciones encaminadas a conseguirla, como la que hoy presenta La Izquierda Plural, son un objetivo primordial para nuestro grupo parlamentario. No en vano muchas de las leyes
aprobadas en esta Cámara, que han contribuido a que existan mayores dosis de información pública y de regulación de comportamientos éticos, han sido leyes que ha aportado el Partido Socialista.
Nuestra democracia empieza a ser una democracia madura, pero hay que seguir haciendo esfuerzos para contrarrestar las fuerzas encaminadas al desprestigio de la política. Estamos de acuerdo, teniendo en cuenta el debate precedente, que a
mayor transparencia y mejor acceso a la información habrá más confianza en los representantes de la ciudadanía. Los lobbies son grupos de personas que representan intereses de grupos de población y, en tanto en cuanto esto es así, no tienen nada
que ocultar. Sería necesario conocer, eso sí, quiénes son, a quiénes representan, cuáles son sus intereses, cómo se relacionan con la política y los políticos y en qué quieren
influir. De igual manera, los representantes políticos deberíamos poder hacer público con quién nos reunimos, para qué y, si ha influido, en qué lo ha hecho y por qué, es decir, transparencia absoluta. En esta senda, en la que estamos
convencidos de que debemos trabajar, habrá que crear un marco de relaciones entre los grupos de presión y los representantes democráticos, caminando en la dirección de mejorar en claridad y apartar de los políticos y de la política supuestas
relaciones oscuras, favorecedoras de intereses muy particulares, para pasar a una clara identificación de con quién nos relacionamos y para qué. Sería deseable que se supiese exactamente quiénes han sido las personas o grupos que han participado en
la elaboración de un marco jurídico o en una política concreta. Convendrán conmigo los proponentes que hubiera sido muy interesante para esta Cámara que hubiéramos sabido, por ejemplo, quienes han influido como interlocutores en la elaboración de
la última reforma laboral. Las actividades de los lobbies deben ser conocidas y reconocidas y debe saberse a qué grupos de interés representan, además de cuáles son sus relaciones con el Poder Legislativo y con el Ejecutivo.
Por tanto, independientemente de que en el fondo estemos de acuerdo con la propuesta que hace La Izquierda Plural, como se refleja en la argumentación que acabo de hacer, no podemos compartir la forma en la que la presenta, ya que entendemos
que desde el Gobierno no se puede legislar lo que ocurra en la Cámara y viceversa, atendiendo a una cuestión meramente competencial. Por ello hemos propuesto esta enmienda de sustitución para que sea contemplada.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra el señor Jorquera, por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor JORQUERA CASELAS: Señor presidente, intervengo para manifestar nuestro apoyo sin ninguna reserva a esta proposición no de ley. Existe una congruencia evidente entre lo que plantea esta proposición no de ley y lo que planteaba la
anterior, que -aprovecho para explicarlo- era una proposición no de ley del Grupo Mixto, a iniciativa del BNG, porque, como debería saber la portavoz del Grupo Popular, el Grupo Mixto no es un grupo políticamente homogéneo y cada fuerza política
integrada en él tiene total autonomía para plantear las iniciativas que estime pertinentes.
Por cierto, teniendo en cuenta que se ha hablado de demagogia y de oportunismo, quiero recordar que esto mismo lo defendimos en la pasada legislatura y, como muy bien sabe la Mesa de esta Comisión, esta iniciativa estaba registrada mucho
antes de que trascendiese el fichaje de la señora Salgado por Endesa. Tanto esta proposición no de ley como la anterior buscan dignificar la política, asegurando su independencia frente a los grandes lobbies económicos, frente a los grandes grupos
de presión y, por tanto, su prevalencia frente a los intereses que pretenden dictar esos grandes bloques económicos. Señorías, no está en discusión que un expresidente deba tener la más alta dignidad; lo que está en discusión es si es lógico que
compatibilice percepciones públicas con jugosos emolumentos de grandes corporaciones privadas. No está en discusión que un ex alto cargo, cuando cese, abra una panadería; lo que está en discusión es si es lógico que, después de haber tomado
decisiones que afectan a intereses de grandes poderes económicos, cese y fiche por una gran multinacional o una gran eléctrica. Eso es lo que está en discusión. Por tanto, haría a todo el mundo la misma observación que hicieron anteriores
intervinientes: menos demagogia y menos oportunismo. En cualquier caso, apoyamos totalmente esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Nuestro grupo parlamentario aborda esta proposición no de ley desde una evidencia, que en el Estado español no existe ninguna regulación normativa relativa al lobbysmo o a los lobbies. El lobby en sí mismo es algo
neutro; puede ser perfectamente legítimo y, según cómo se utilice, también ilegítimo. Convergència i Unió quiere dejar claro que no está de acuerdo en cómo se plantea este debate iniciado por la proposición no de ley, con una imagen peyorativa de
esta actividad. De nuevo, como en la proposición no de ley anterior, Convergència i Unió entiende que debe impulsarse la transparencia en esta materia sin apriorismos como los contemplados en los antecedentes de la proposición no de ley.
Disponemos de ejemplos en Europa para avanzar en la transparencia. Por ejemplo, a mediados del año pasado el Parlamento Europeo acordó la creación de un registro conjunto de lobbies con la Comisión Europea, incorporando organizaciones comerciales y
no comerciales. En este sentido, existe el derecho de los ciudadanos a esperar que el proceso de toma de decisiones sea transparente, cumpla la normativa y respete debidamente los principios éticos, evitando presiones indebidas y accesos ilegítimos
o privilegiados a la información o a los responsables de las decisiones. La relación de las instituciones con asociaciones ciudadanas, ONG, empresas, organizaciones empresariales y profesionales, sindicatos, grupos de reflexión, etcétera, es
constante, legítima y necesaria para mantener la calidad de la democracia y la capacidad de ofrecer políticas adecuadas a las necesidades de la realidad. Estos son los ejemplos que debemos tener como referencia para avanzar en la transparencia del
trabajo que realizan los grupos de interés. En este caso, como decíamos, por la forma de presentación de la proposición no de ley, este grupo parlamentario no puede darle su apoyo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cervera.
El señor CERVERA SOTO: Señorías, al tratar este asunto conviene comenzar por afirmar la legitimidad de la representación de los intereses diversos, económicos o sociales, ante los decisores políticos. En este sentido, es el momento
adecuado para recordar, incluso en lectura literal, lo que establece el artículo 9.2 de nuestra Constitución, cuando dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Este principio constitucional,
plenamente vigente, exige un desarrollo amplio y un entendimiento de lo que está prescribiendo amplio y, además, progresivo, en la medida en que la sociedad también va evolucionando y sus requerimientos hacia la política y hacia sí misma van siendo
cada vez mayores. Es por esto por lo que creo que estamos ante un requerimiento perenne en el acto político, que consiste simple y llanamente en saber conciliar el interés general, que siempre debe ser el prevalente, con los intereses legítimos de
los diversos ámbitos económicos o sociales que también participen en esa definición del interés general. Por tanto, no estamos ante términos contradictorios, ante términos antitéticos, estamos haciendo del diálogo democrático, de la atención a los
sectores que tienen un determinado interés la manera de entender este asunto.
Creemos que a estas alturas en este asunto no son apropiados los maniqueísmos. La proponente ha hablado de distorsión, pero no solamente de eso, ya que ha extremado algunos ejemplos que venían a señalar que la legitimidad del legislador, la
legitimidad del decisor político, la legitimidad del gobernante estaba siendo sojuzgada por los intereses que determinados grupos de presión o grupos económicos pueden representar. Esto no es lo que debe ocurrir; lo que debe ocurrir es que las
partes se otorguen las respectivas legitimidades, la legitimidad del decisor político, la legitimidad del legislador, pero también la legitimidad del grupo de interés, que puede presentar ante el legislador una determinada manifestación de
intereses, precisamente intentando que sus intereses pueden ser entendidos como compatibles con el interés general. Eso supone el diálogo debido, el diálogo que está prescrito precisamente en el artículo de la Constitución que he señalado, como
manera de adoptar las decisiones más adecuadas en nuestra sociedad. Pues bien, tenemos que circunscribir este asunto considerando cuál debe ser la manera más adecuada de establecer esa interlocución entre las partes legítimas: legislador, poder
político y grupos de interés. Nosotros -digo nosotros en un sentido amplio, como sociedad democrática- debemos estar vinculados a la mejora del sistema de representación política, y el sistema de representación política se mejora enriqueciendo las
decisiones con las aportaciones de cualesquiera partes concernidas y mejorando al mismo tiempo -y en esto podemos estar sustancialmente de acuerdo con la proponente- la transparencia debida de los actos políticos, porque de la mejora de la
transparencia se deducirá también una mejora de la propia eficacia de los actos políticos. Al mismo tiempo -y esta es una consideración muy oportuna en este momento de crisis que vive nuestro país-, si mejoramos los sistemas de relación, los
sistemas de acceso a las decisiones, la participación de todos en las decisiones de todos, también en el estricto ámbito económico, estaremos mejorando la competitividad de nuestro sector productivo a través de normas claras, a través de normas
predecibles y a través de un interlocución que sea favorable para la generación de determinadas certidumbres. Creemos que cualquier regulación que se deba abordar en este tema debe estar orientada precisamente a mejorar la participación de los
grupos de interés con herramientas que permitan dicha participación, la internacionalización, en su caso, de sus propios estándares de funcionamiento -no nos olvidemos de que la mayor parte de nuestras empresas, desde luego, las que tienen mayor
volumen, compiten en los mercados internacionales y están sujetas a unas determinadas regulaciones en estas cuestiones- y también, como decía anteriormente, y como fundamento principal, la mejora de la transparencia en las actuaciones públicas.
Somos conscientes de que en España existe un marco de mejora para estas cuestiones, y no es baladí que la propia proponente haya indicado que, efectivamente, nuestro grupo parlamentario, cuando estaba en la oposición, incluso en legislaturas
anteriores, hizo un abordaje riguroso sobre este tema entendiendo que precisamente existe ese margen de mejora. Para nosotros, el margen de mejora debe ser fundamentado en el fomento de la participación, en el aporte de transparencia y, desde
luego, en la erradicación de cualquier circunstancia que pueda significar la distorsión de las decisiones políticas, y no digamos nada del hecho de incurrir al final en prácticas que podríamos tildar incluso de corruptas. Estamos a favor de mejorar
el funcionamiento en estas cuestiones para que nuestras actuaciones como políticos, como decisores públicos, como legisladores, incluso como Gobierno, estén sometidas a un mayor escrutinio social, a una mejor rendición de cuentas y que al final
podamos evidenciar que esas decisiones, desde luego políticas todas ellas, sean valoradas en términos de ecuanimidad y, en su caso, que sean apropiadas al fin que pretenden.
En relación con la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, queremos decir que en ella subyacen dos cuestiones que no nos parecen aceptables en los términos estrictos de la propia iniciativa. En primer lugar,
la creación de una comisión. No hay ningún país del entorno europeo, de nuestro entorno, donde estas cuestiones se hayan tratado a través de una comisión parlamentaria. La tríada de actuaciones que la mayor parte de los parlamentos occidentales
están abordando para centrar este asunto consisten, en primer lugar, en la generación de un equipo de cuestores, que son los representantes del parlamento ante los organismos de interés; en segundo lugar, en la creación de un registro
público de quienes están capacitados por la propia Cámara, en su caso, para representar determinados intereses; en tercer lugar, como elemento del triángulo, de la tríada, la generación de una serie de códigos de conducta, incluso de
códigos de autorregulación, que permitan efectivamente representar esa idea de la transparencia en las relaciones entre la administración y los administrados. Pues bien, no es esto lo que plantea esta iniciativa del Grupo de La Izquierda Plural;
incluso entendemos -como ha dicho algún otro portavoz- que incurre en un defecto formal verdaderamente relevante, y es que en el fondo está solicitando al Gobierno que regule cuestiones que son de la estricta competencia, en un marco de separación
de poderes, de este Parlamento.
Quiero decir para finalizar, señor Presidente, que aunque vayamos a negar nuestro apoyo a esta iniciativa concreta, por los términos en los que está establecida, no consideramos que este sea un tema zanjado y, por tanto, queremos establecer
algún tipo de oferta de consenso sobre esta materia para que desde el propio Parlamento podamos abordarla, como digo, en un marco de participación de todos los grupos, puesto que al fin y a la postre vamos a generar también unas normas de
comportamiento y de funcionamiento de todos. En este marco estamos ofreciendo un consenso para poder abordar este tema, hacerlo en el entorno de la aplicación del propio Reglamento del Congreso, bien mediante el refuerzo de determinadas
prescripciones de este Reglamento o bien mediante la aplicación, como norma ejecutiva, de lo que ya está establecido en el mismo, puesto que entendemos que el propio Reglamento del Congreso puede permitir algún tipo de organización y de regulación
de estas materias sin necesidad de su propia modificación; que al fin y al cabo actuemos en torno a la congruencia de la norma que ya ha propuesto el Gobierno, y que traerá a la Cámara en los próximos meses, en relación con la llamada ley de
transparencia. Esta ley de transparencia establecerá criterios de funcionamiento del conjunto de las administraciones públicas, pero también generará un clima de comportamiento que de alguna manera nos afectará como legisladores. Por tanto, en el
uso de nuestras competencias constitucionales habrá que abordar este tema en el marco de una modificación o, en su caso, interpretación normativa de nuestro propio Reglamento para que podamos conseguir que estos asuntos, como creo que se ha
planteado por todos los intervinientes, se puedan llevar con el máximo de eficacia y con la máxima transparencia, que es lo que en estos momentos la sociedad nos demanda.
El señor PRESIDENTE: Ruego a la señora Ortiz que nos indique si se admite alguna de las enmiendas presentadas.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: En relación con las enmienda de UPyD, lo que pediremos será la votación separada del primer punto.
El señor PRESIDENTE: No es posible. Tenemos normas comunes para todas las comisiones y en las proposiciones se admitirán o no las enmiendas a cada uno de los puntos, pero siempre serán votadas en bloque con el resultado final que quede del
redactado con cada una de las enmiendas admitidas o no.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: La semana anterior en otra Comisión el ponente sí podía pedir la votación separada de los puntos. He entendido que podía ser así. En otras comisiones, repito, así se ha hecho.
Estamos trabajando con el Grupo Socialista una posible transacción y de momento hemos incorporado una parte. Antes de finalizar la Comisión informaré a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
- RELATIVA A LA DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OBJETO DE BENEFICIOS FISCALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000344).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al sexto punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la determinación de los beneficios procedentes de actividades económicas objeto de beneficios fiscales, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: La proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular en esta Comisión tiene una doble vertiente: una, de carácter técnico y, otra, de carácter político. La de carácter técnico diríamos que se
podía concretar en que entendemos que la política tributaria es un instrumento ágil y eficaz para modificar determinadas circunstancias de la actividad económica en un momento en que esta está en una fase clarísima de desaceleración y, además, que
es necesario emplear todos los instrumentos de la política tributaria para conseguir una mejora del empleo que, desde luego, es la prioridad del Gobierno. Creemos que estas son dos circunstancias de carácter objetivo que a través de la política
tributaria se pueden mejorar o dulcificar, pero también hay una de carácter locativo y es que la política tributaria puede servir para incentivar la actividad económica en determinados territorios cuando por circunstancias excepcionales o de todo
tipo se puedan encontrar un poco descolgadas del resto de la economía del Estado español. En ese sentido, hay que decir que también en la exposición de motivos de esta proposición no de ley se cita especialmente a la Comunidad Autónoma de Canarias
y a su Régimen Económico
y Fiscal tratando de modificar determinados aspectos en los que más tarde entraré.
Desde el punto de vista político, y esto es lo más importante, esta proposición no de ley trata, en primer lugar, de dar continuidad a lo manifestado por el Consejo de Ministros, en el sentido de que íbamos a estudiar de forma exhaustiva y
completa la posible mejora en el tratamiento fiscal de los beneficios reinvertidos, así como también, en segundo lugar, tratar de establecer una exención en las plusvalías generadas en la transmisión de activos fijos nuevos que fueran reinvertidos
en otros activos también vinculados a la actividad; en tercer lugar, procurar una mejora en el tratamiento fiscal de aquellos beneficios no distribuidos. Hay que decir que esto, que ha sido ya anunciado por el Consejo de Ministros, y que en este
momento está en fase de estudio en el Ministerio de Hacienda para modificar normativamente todo lo que hiciera falta con el fin de lograr estos objetivos, está ya muy avanzado pero conviene establecer un calendario, un iter legislativo de lo que ha
sido normalmente la deducción en la cuota íntegra de unos beneficios por reinversión de plusvalías. Hay que decir que tradicionalmente ha sido regulado por el texto refundido del impuesto sobre sociedades del año 2004 en su artículo 42 -el famoso
artículo 42-, en el que se establece cómo se debe reinvertir, cómo se debe deducir en la cuota íntegra, y también se establecen determinadas particularidades en función de la cuantía, si es una gran empresa, si es una pequeña empresa, estableciendo
deducciones distintas según sea el tamaño de la misma. Tradicionalmente ese artículo 42 había sido objeto de enormes litigios y controversias entre la Administración tributaria y los contribuyentes, quedando demostrado que enervaba de forma fáctica
todos los resultados de política tributaria que con la exención de esas plusvalías y su reinversión en actividades productivas podía generar. Por ello, ese artículo 42 ha sido objeto de diferentes modificaciones a lo largo del tiempo. De hecho, se
modificó con posterioridad cuando se reguló la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que también tenía una modificación parcial de los impuestos sobre el patrimonio y sobre sociedades.
¿Cuál fue esa modificación? No fue otra que establecer cautelas, establecer mayor rigor en la determinación y concreción de los bienes objeto de reinversión para lograr plusvalías, porque siempre ha habido una discusión entre el origen y el
destino de la rentas, y a mayor deducción, que es lo que producía las controversias que al final se sustanciaban en los tribunales y que tardaban muchísimos años en ser efectivas, por lo que, como he dicho anteriormente, se producía una inseguridad
jurídica. Posteriormente se volvió a modificar, y estamos hablando ya de la tercera modificación, cuando hubo que adaptar el marco contable de las sociedades para cumplir la normativa de la Unión Europea. Esta adaptación contable se utilizó, desde
el punto de vista normativo, para meter en la posible deducción en la cuota íntegra las desinversiones y las inversiones en valores representativos del capital empresarial, que anteriormente estaban exentos.
Creo que este ha sido un camino de constantes mejoras, de constantes perfeccionamientos, pero no hay que olvidar que en este tratamiento también se han tenido en cuenta, no solo con carácter objetivo, las posibles deducciones en la cuota
íntegra y se ha operado en concreto sobre aquellas sociedades de pequeña dimensión que son, digamos, el 90 por ciento de las empresas de nuestro país. Se ha establecido que en estas sociedades pequeñas también es posible la amortización acelerada
en aquellos bienes en los que se realice la inversión o la reinversión del importe obtenido por una transmisión onerosa.
Antes hablaba de un objetivo de carácter locativo. Para la Comunidad Autónoma de Canarias hay que decir que se ha modificado mediante la Ley 19/94 la bonificación por rendimiento de los bienes corporales producidos en Canarias, así como la
reducción de la base imponible del impuesto para la reserva de inversiones de bienes destinados, configurados o localizados en Canarias. También el Régimen Económico y Fiscal de Canarias trata estas medidas de política tributaria con extremado
rigor y con gran cautela, haciendo suyas unas características que le son propias por el territorio donde se producen. En el artículo 29 del impuesto sobre la renta de las personas físicas no solo se establecen con concreción aquellos elementos
materiales que es posible utilizar o concretar para una reinversión y, por tanto, para obtener la oportuna deducción, sino que también se establece una libertad de amortización y amortizaciones aceleradas para todas aquellas personas que tengan una
actividad empresarial sometida a un régimen de estimación directa y, por tanto, su configuración simétrica sea parecida o igual a la del impuesto sobre sociedades. Se trata de lograr una equiparación entre actividades empresariales de las cuales el
titular sea persona física o persona jurídica. También se establece en la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, como he dicho antes, una deducción por aquellos rendimientos de los bienes corporales producidos en Canarias, así
como la reserva para inversiones de los bienes en Canarias.
Con esto quiero decir que lo que hacemos no es más que dar cumplimiento a lo manifestado por el Consejo de Ministros: utilizar la política tributaria hasta donde se pueda, con objeto de mejorar la actividad económica, mejorar el empleo y,
sobre todo, acelerar la puesta en marcha de actividades económicas en aquellas partes del territorio español que más lo necesiten.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda.
Para su defensa tiene la palabra el señor Gordo.
El señor GORDO PÉREZ: La verdad es que una vez que he oído al portavoz del Grupo Popular no sé si estamos hablando de la misma proposición no de ley que se recoge en el petitum, porque entendía que más allá
del acuerdo, de sus últimas palabras, es decir, que la política tributaria debe estar orientada a reactivar la actividad económica, con lo que estamos de acuerdo, esta PNL estaba fundamentalmente orientada a la elaboración de disposiciones
legales que determinen los elementos patrimoniales que contribuyen a la actividad económica, que evitan la conflictividad y el litigio, y sorprendentemente también recoge la PNL que evite los efectos positivos de las medidas de estímulo.
Sin duda alguna, la proposición no de ley es ambigua, imprecisa y confusa. No resulta claro determinar cuál es su intención y a qué objetivos concretos se orienta, salvo que la ambigüedad sea calculada con objeto de dar un cheque en blanco
al Gobierno. En materia legislativa, lo mismo que en otros ámbitos de la vida, conviene llamar a las cosas por su nombre: al pan pan y al vino vino. La razones expuestas nos han impulsado a presentar una enmienda de modificación que entendemos
que da solidez a la proposición no de ley; es clara y directa, llama a las cosas por su nombre, pone énfasis, sobre todo, en la seguridad jurídica y refuerza el compromiso contra el fraude fiscal, abogando por una redistribución de beneficios
fiscales procedentes de las deducciones del impuesto sobre sociedades y proponiendo el ajuste del tipo efectivo de las grandes empresas al tipo nominal.
El Grupo Parlamentario Socialista viene reclamando medidas de estímulo para la actividad económica, más allá de las que ha puesto en marcha el Gobierno, que a lo único que han contribuido ha sido a hundir el consumo, o que hundirán más el
consumo con la subida de impuestos, y a abaratar el despido, con lo cual las familias tienen miedo del futuro, lo que lleva a que baje el consumo y, por tanto, a que crezca el desempleo. Prueba de ello es que el anterior Gobierno -el Gobierno
socialista- puso en marcha importantes medidas de estímulo económico que se concretan, fundamentalmente, en el Real Decreto-ley 13/2010. Los socialistas fuimos los primeros en incentivar este tipo de medidas. Yo mismo tuve ocasión de ser ponente
en el Senado de un paquete de medidas de estímulo económico que, por cierto, siempre contó con el rechazo del Grupo Popular. El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo en impulsar medidas de este tipo que reactiven la actividad económica y
generen empleo. Reactivar la economía con la inversión, sí, pero es necesario vincularlo a la creación y al mantenimiento del empleo.
Es muy importante el papel que pueden desempeñar en este sentido los elementos patrimoniales tanto del activo como del pasivo, tanto de personas físicas como de personas jurídicas. De ahí la necesidad de flexibilizar el marco normativo de
la Ley del impuesto sobre sociedades y buscar un mayor dinamismo y puesta en escena de recursos orientados a esa dinamización económica. Para que estas medidas reguladoras tengan éxito han de orientarse selectivamente hacia aquellos nichos de
actividad económica y masas patrimoniales donde su aplicación pueda contribuir a generar más puestos de trabajo, pero, a su vez, también es necesario establecer requisitos y determinar el alcance de las ventajas fiscales, tanto en la transacción de
bienes materiales como inmateriales, así como las herramientas de evaluación ex post para evitar el fraude fiscal y garantizar la debida seguridad jurídica. En nuestro grupo entendemos que también es necesario vincular las deducciones fiscales
tanto en el IRPF como en la Ley del impuesto sobre sociedades. A su vez, entendemos que se ha de penalizar a las personas físicas o jurídicas que se acojan a ventajas fiscales y actúen fraudulentamente.
El Grupo Popular tuvo a gala poner de manifiesto que contaba con un plan para sacar a España de la crisis. Hoy tiene la responsabilidad ante la ciudadanía de articular en el Parlamento iniciativas que sean precisas y que en su exposición
determinen el alcance y contenido de los objetivos a los que se orientan. En la proposición no de ley que estamos analizando no se dan esas circunstancias, es más, cabe todo; cabe una nueva regulación de sectores diferenciados o de las operaciones
vinculadas a los sectores diferenciados. La idea que parece expresar la PNL consiste en tratar todas las actividades como un todo indiferenciado a la hora de aplicar las deducciones por reinversión del impuesto sobre sociedades y del IRPF. El
problema radica en encontrar el punto de equilibrio entre la flexibilidad y la evitación del fraude fiscal. También caben operaciones vinculadas. Aquí quiero recordar la Ley de medidas del año 2006 para evitar el fraude fiscal. El Tribunal
Constitucional, como saben, ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo sobre las obligaciones de documentación justificativas del valor de mercado de la operación y el régimen sancionador. Muchos
despachos de asesoría fiscal -así se recoge en las revistas y en los periódicos especializados- están llamando a la puerta del ministro de Hacienda para buscar una revisión integral del régimen de las operaciones vinculadas. El Gobierno ha
anunciado también el desarrollo de una ley de emprendedores, prometida por el presidente Rajoy en campaña electoral. Sin duda esta ley sería el vehículo idóneo para recoger esta nueva regulación de operaciones vinculadas; pero tengo que recordar
que es un campo abonado para el fraude fiscal que requiere, ante todo, rigor y no estar al albur de las presiones de lobbies que buscan todo menos el interés general. Por eso le digo que conviene ser precisos, porque tal y como está redactada la
proposición no de ley cabe todo.
El Grupo Parlamentario Socialista ha hecho una propuesta que precisa el contenido de la PNL, en la búsqueda de una mejor redistribución de los beneficios fiscales procedentes de las deducciones del impuesto sobre sociedades. Hoy día, las
grandes compañías consiguen eludir de forma legal hasta dos tercios de la carga fiscal que les correspondería. Las empresas pagan ya por sus beneficios menos que los hogares, que destinan el 11,5 por ciento de su renta. El tipo efectivo en estos
momentos se sitúa en el 16,4 por ciento, el más bajo de la serie desde el año 1995. La mayor capacidad legal de
las grandes empresas para dejar intacto el grueso de sus beneficios explica buena parte de este desplome. Las razones expuestas avalan la necesidad de una reforma legal como la que recogemos en la enmienda a la proposición no de ley, para
que permita acercar el tipo efectivo de las grandes empresas al tipo nominal.
Sin duda necesitamos medidas de estímulo, pero han de garantizar la seguridad jurídica y evitar el fraude fiscal; sobre todo, han de ser medidas que contribuyan a crear empleo. El Gobierno acaba de anunciar, a través de su ministro de
Economía, que en 2012 se van a destruir aproximadamente 600.000 puestos de trabajo, es decir, que habrá 600.000 parados más. Nosotros pedimos al Grupo Parlamentario Popular que en proposiciones no de ley de esta naturaleza se concreten y
especifiquen aquellos elementos que permitan crear empleo y que den una mayor concreción. Hasta el momento, la política que ha desarrollado el Gobierno en materia de demanda ha sido claramente constrictiva, como decía antes, y lo que está
produciendo es un hundimiento del consumo y un recorte del gasto público y, por tanto, creando más desempleo. Pero también su política de oferta ha sido claramente constrictiva, puesto que los efectos positivos que puede generar sobre la creación
de empleo una política de incentivos fiscales como la que aquí se propone es como una gota en un océano. Estas medidas pueden ser necesarias pero, sin duda, no pueden compensar el mal hecho por otras medidas que está adoptando el Gobierno.
El texto de la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista sin duda es más preciso, concreto y da una mayor potencialidad que el que presenta el Grupo Parlamentario Popular, de ahí su redacción alternativa. Nuestra contribución
se orienta a facilitar y a reforzar la iniciativa parlamentaria para una mayor solidez y eficacia jurídica de nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, esperamos que se acepte.
El señor PRESIDENTE: Ahora tienen la oportunidad de intervenir, en relación con esta proposición no de ley, aquellos grupos que todavía no lo hayan hecho.
Tiene la palabra el portavoz de UPyD, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: A primera vista, la proposición no de ley del Grupo Popular parece inocua, porque lo que se pide al final de ella es que el Gobierno sea preciso en la elaboración de nuevas leyes, y parece difícil no estar de
acuerdo; las leyes hay que hacerlas bien, hay que tener mayor precisión. Sin embargo, esa petición de mayor precisión cobra un sentido más concreto a la luz de la exposición de motivos que la precede, porque allí la mayor precisión se liga a algo
más concreto, que es que las plusvalías de los elementos patrimoniales ligados a una persona física puedan tener ventajas fiscales si se invierten en una actividad de naturaleza económica. De nuevo, a primera vista esto podría parecer razonable si
esa reinversión se produjese en una nueva fábrica que crease puestos de trabajo. Pero creemos que la propuesta necesita mayor reflexión a la vista de la realidad económica española, porque puede tener efectos indeseados, que no parece que se hayan
previsto en la petición, facilitando mecanismos de elusión fiscal.
Es un dato conocido que en España solo hay un 5 por ciento de declarantes del IRPF que declaren rentas superiores a 53.000 euros, y eso, según la mayoría de los fiscalistas e inspectores de Hacienda, lo que indica es que es una práctica
relativamente habitual que las rentas altas constituyan sociedades patrimoniales bajo un disfraz de actividad económica. Por tanto, una medida como la que se propone facilitaría enormemente la elusión fiscal, es decir, que plusvalías que se generan
en el ámbito privado se reinviertan en sociedades patrimoniales encubiertas en forma de actividad económica de este tipo. Creemos que en una situación como la de nuestras cuentas públicas esto no es una medida adecuada precisamente, y no parece muy
justa socialmente cuando hace poco tiempo se ha subido el IRPF, que recae con una fuerza especial sobre la rentas del trabajo dependiente; es decir, a la rentas de trabajo dependiente se le suben los impuestos a un nivel nórdico y a las personas
que eluden ese pago del IRPF a través de este tipo de ingeniería se les facilita la exención de plusvalías.
La propuesta de UPyD va más bien en la dirección contraria, es decir, en la de simplificar y analizar las exenciones fiscales hoy existentes que se han acumulado en un largo periodo de tiempo y que a menudo producen una caída de la
recaudación sin un estímulo claro sobre la actividad económica. Esto es algo que se ha hecho en otros países, como en Estados Unidos, desde el inicio de la crisis. Creemos que enmarañar todavía más lo que existe en España en este ámbito no es una
buena idea y menos en el sentido en el que se propone.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ Y AZANZA: Un principio general del derecho es la seguridad jurídica, que es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada. Este principio permite al contribuyente saber de antemano cuáles
son las consecuencias jurídicas en cuanto al acto económico-jurídico que realiza. El legislador, consciente de la importancia que tiene velar por la seguridad jurídica, establece que las normas tributarias se deben interpretar conforme a su sentido
jurídico, técnico o usual, según proceda, y en aquellos casos en los que haya conceptos difusos, la Administración deberá interpretar el sentido de la norma con el fin de evitar discrepancias en su aplicación práctica. No obstante, a pesar de que
la normativa es muy clara, en la actualidad existe un alto nivel de litigios que tienen como objeto determinar la interpretación de las normas tributarias. Recuerdo que en la presentación de la memoria del año 2009 el presidente del Consejo General
del Poder
Judicial ponía de manifiesto que la cuantía global de los asuntos por tributos pendientes en la Sala tercera del Tribunal Supremo ascendía a 6.000 millones de euros.
En este sentido, y centrándonos en la proposición no de ley, mi grupo parlamentario considera que es fundamental avanzar hacia un sistema fiscal que impulse el crecimiento. Estamos de acuerdo en que es necesario y fundamental reducir la
conflictividad en las relaciones tributarias, que son un grave problema y suponen una gran carga de trabajo para los tribunales y unos desproporcionados costes para los contribuyentes. Como manifiesta la proposición no de ley, si un sujeto pasivo
quiere acogerse a los incentivos fiscales, a la actividad inversora y de creación de empleo en el ámbito del impuesto sobre sociedades o en el IRPF se le exige que el origen y el destino proceda de elementos afectos a actividades económicas. Esto
significa que si una persona física enajena un bien patrimonial y con el importe obtenido adquiere un elemento de un activo fijo afecto a una actividad económica, esa adquisición no está incentivada fiscalmente, puesto que su origen no procede de
elementos afectos a una actividad económica. La consecuencia de la regulación actual es que la determinación de los beneficios derivados de actividades económicas objeto de aplicación de una ventaja fiscal determinada producen mucha conflictividad
tributaria, ya que la normativa no es clara.
Pero yendo más allá del objeto de la proposición no de ley, creemos que lo importante es estudiar la conflictividad tributaria a fondo, con el fin de saber las causas que la provocan. En este sentido, nuestro grupo parlamentario presentará
una iniciativa para abordar estos aspectos que creemos que es necesario atajar de forma radical,
El señor PRESIDENTE: A los efectos de informar a la Mesa, le ruego al señor López-Amor que nos indique si se admite o no la enmienda presentada.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: No se admite.
El señor PRESIDENTE: No se admite, por lo que esta proposición no de ley se votará en sus términos originales.
- SOBRE EL DNI ELECTRÓNICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000371).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el último punto del orden del día que es la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre el DNI electrónico. Tiene la palabra para defenderla el señor Soler.
El señor SOLER SICILIA: Señorías, la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en su artículo 14, prevé la existencia del DNI electrónico, que es similar al tradicional, pero incorporando, como ustedes
saben, un chip integrado que es capaz de guardar información de forma segura y procesarla internamente. De este modo el DNI electrónico no solo sirve para acreditar la identidad de una persona, sino que también sirve para poder realizar distintos
trámites con la Administración pública, manteniendo a su vez su validez jurídica, de la misma forma que la proporciona la firma manuscrita. Hoy en día con el acceso a los ciudadanos y a las ciudadanas de las nuevas tecnologías, el DNI electrónico
está llamado a jugar un papel esencial en estas relaciones con los ciudadanos, tanto en la Administración pública como en los espacios privados.
El DNI electrónico se puso en marcha en marzo del 2006, actualmente se han expedido más de 25 millones de documentos a un ritmo aproximado de 30.000 diarios. Además existen ya más de 2.000 servicios de las administraciones públicas que
resultan accesibles con el DNI electrónico y donde su uso está muy extendido, por ejemplo en el IRPF. No obstante, aunque es cierto que este es un instrumento que cada vez más va adaptándose por parte de los ciudadanos y ampliándose sus servicios
por la Administración pública, a pesar de todo este camino todavía quedan espacios de mejora y de poder facilitar a los ciudadanos su utilización. A veces por razones culturales o sociales, pero a veces también por razones de seguridad y usabilidad
se tendrían que plantear estrategias y actuaciones necesarias para su plena implementación y utilización del DNI electrónico. Por ello, proponemos esta proposición no de ley en la que instamos al Gobierno a acelerar e incrementar el uso del DNI
electrónico por los ciudadanos, garantizando su máxima seguridad, como bien se ha dicho, en distintos puntos. Primero, desarrollando un programa o un software que simplifique al ciudadano esas tareas necesarias para realizar la instalación del DNI
electrónico en los ordenadores. Esto significa promover medidas que resulten necesarias para que los ordenadores personales comercializados en España estén dotados de estos dispositivos que puedan leer perfectamente el DNI. Segundo, ampliar el
periodo de uso de la clave de acceso pin. Este es un aspecto importante, ya que la seguridad pasa por este pin, aunque es cierto que para poderlo modificar hoy en día su trámite no es fácil, por lo que instamos a que se puedan instalarse más puntos
de actualización del password del DNI. Tercero, favorecer el uso del DNI en las relaciones de los ciudadanos, no solo con la Administración pública, sino también con el sector privado, a través de la suscripción de convenios con asociaciones de
banca y grandes empresas, para que pueda ser utilizado también como medio de identificación en sus oficinas virtuales, como ya suele pasar con otros documentos con las propias entidades bancarias. Cuarto, incrementar el número de servicios
públicos, especialmente utilizados por los ciudadanos, donde se pueda usar este DNI electrónico, aunque ya hemos dicho que hoy en día hay más de 2.000 trámites que se pueden realizar, habría que ir incrementando,
a medida que vaya pasando el tiempo, estos servicios públicos. Quinto, permitir que el DNI electrónico pueda ser, al igual que actualmente lo es la tarjeta sanitaria, un elemento de identificación y acceso al Sistema Nacional de Salud del
ciudadano. Quiero resaltar aquí que la ministra Mato, en su intervención, ya propuso la creación de una única tarjeta sanitaria donde, tanto en ahorro económico como en eficacia, podría perfectamente utilizarse este DNI electrónico. Sexto,
impulsar también en el seno del proyecto europeo Stork que los ciudadanos españoles puedan relacionarse también con la Administración de la Unión Europea a través del DNI electrónico y, por último, impulsar campañas divulgativas del uso del DNI por
parte de los ciudadanos. No es un tema ni mucho menos novedoso, no es un tema al que los ciudadanos y las ciudadanas no estén acostumbrados a utilizar hoy en día este DNI con los grandes accesos que hay a la informática. Lo que proponemos es, sin
duda, continuar con el camino que ya se está llevando a cabo, siempre para mejorar el servicio que se realiza a los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra para defenderla el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Intervengo muy brevemente.
No tenemos ninguna objeción a que se promueva el DNI electrónico, todo lo contrario, porque sería un elemento de modernización y facilitaría los trámites administrativos. El único problema que encuentra mi grupo tiene que ver con la forma
tan taxativa en que está formulada la necesidad de promover medidas que resulten necesarias para conseguir que los ordenadores comercializados en España tengan lectores, porque está formulada de forma tan taxativa que puede dar la sensación de que
supone una barrera al comercio y entra en conflicto con la pertenencia al mercado único europeo. Por eso, manteniendo el espíritu de lo que se dice, nuestra enmienda suavizaba ligeramente la redacción para evitar ese problema.
El señor PRESIDENTE: Tienen ahora la oportunidad de hacer uso de la palabra aquellos grupos que no lo han hecho todavía. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Martín-Toledano.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Señorías, la proposición no de ley del Grupo Socialista empieza, a mi entender, con un error de apreciación del marco jurídico. El nuevo DNI electrónico no se prevé y no se le otorga validez jurídica para
firmar documentos electrónicos en el artículo 14 de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, sino que se trata de un error, porque el marco que regula el DNI tiene su inicio en la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica, una ley aprobada por el Gobierno del Partido Popular, del señor Aznar, que, en sus artículos 15 y 16, se establece el DNI electrónico como documento que acredita electrónicamente la identidad personal de su titular y
permite la firma electrónica de documentos. La Ley 59/2003 fija la obligación al Gobierno de dictar una norma específica para regular este DNI electrónico. Esto se hace en la disposición adicional sexta, pero por desgracia el Gobierno del Partido
Socialista no fue hasta dos años después de la aprobación de esta ley del año 2003 cuando, a través del Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, regula el DNI y su certificado electrónico. Tenemos que lamentar que ese retraso por el Gobierno
socialista hiciera que el DNI electrónico no pudiera empezar a aplicarse, como prueba piloto, hasta marzo de 2006 en la provincia de Burgos.
En esta proposición no de ley se insta al Gobierno a adoptar una serie de medidas, las ha expuesto el portavoz del Grupo Socialista, pero aunque nos pueda parecer una iniciativa muy loable, no podemos entenderla así, porque todas y cada una
de las siete propuestas que realiza la proposición no de ley del Grupo Socialista ya se están aplicando desde hace tiempo. El actual Ejecutivo está profundizando y mejorando en la aplicación de este DNI electrónico. A nuestro juicio, es una
iniciativa innecesaria. Podemos coincidir es que es bueno persistir en estas iniciativas, hemos intentado alcanzar un acuerdo en una enmienda transaccional, pero al Grupo Socialista le parecía que había que concretar más. ¿Qué nos sorprende
también de esta propuesta? Que el Grupo Socialista desconozca, a día de hoy, que el Gobierno estaba y está aplicando ya estas medidas que ahora pretende presentarnos como grandes novedades. Es que se está aplicando, por lo que qué sentido tiene
instar al Gobierno a que aplique lo que ya se está aplicando. Desconozco cuál es la razón de presentar esa propuesta.
Entro a definir y a contestar a lo que nos propone el Grupo Socialista y tengo que indicarle que su propuesta también contiene algunos errores. España es líder mundial en el desarrollo de firma electrónica gracias al DNI electrónico. No
existen ya 25 millones de documentos, sino que existen 27.441.981 expedidos a 7 de febrero de 2012. Es verdad que hay problemas de aplicación para que los ciudadanos intenten utilizar o utilicen, en la validación de los sistemas de firma
electrónica, el DNI electrónico. Para eso ya existe un grupo de trabajo creado por el Gobierno, un grupo de trabajo para el fomento del DNI electrónico en el que participan la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Agencia de Protección
de Datos, el Centro Criptológico Nacional, la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Secretaría de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, la Red.es e Inteco. El objetivo del grupo es identificar las barreras que el ciudadano percibe
para usar el DNI electrónico y realizar acciones necesarias para el fomento de su uso.
En cuanto a sus propuestas, la primera es desarrollar un programa inteligente de software que simplifique las tareas necesarias para realizar la instalación del DNI en los ordenadores, ya existe un sistema inteligente para la instalación del
DNI, con la guía de instalación y configuración de todos los elementos necesarios para el funcionamiento del DNI electrónico. Dicho asistente de instalación de DNI electrónico se puso a disposición del ciudadano a mediados de septiembre del 2011.
Desde el 3 de noviembre de 2011 se encuentra disponible un módulo para Windows 7 en el servicio de actualización de Microsoft. En la segunda propuesta del punto 1 se insta a promover los medios para conseguir que los ordenadores personales
comercializados en España estén dotados de dispositivos de lectura del DNI electrónico, en cualquier punto de compra de ordenadores existen este tipo de ordenadores, pero además en todos los establecimientos existe también la comercialización de
diversos lectores de USB. Al mismo tiempo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el de Hacienda y Administraciones Públicas han repartido miles de lectores de forma gratuita.
En cuanto a la propuesta segunda, ampliar el periodo de uso de clave de acceso del pin electrónico, así como facilitar a la ciudadanía su cambio, instalando puntos de actualización en centros de administración con gran afluencia de público,
tengo que insistirle en el tema de la seguridad. No se pueden poner máquinas para modificar el pin electrónico en cualquier sitio, aún así ya se han hecho algunas experiencias. Efectivamente, el ciudadano puede modificar su pin, bien en los puntos
de expedición del DNI y también puede hacerlo, a través de Internet, mediante un procedimiento telemático. Respecto a la renovación de certificados, actualmente la caducidad de las claves y certificados, incluido el DNI, está fijado en 30 meses y
el Gobierno está planteándose la posibilidad de flexibilizar este plazo. Sin embargo, en su propuesta en cuanto a que algunas oficinas de la administración con afluencia de público puedan tener estas máquinas de modificación del pin electrónico,
del DNI electrónico, hay que estudiarlo mucho por temas de seguridad. Aun así ha existido una experiencia piloto en la campaña de la renta en una oficina de la Agencia Tributaria.
En cuanto al punto tercero, favorecer el uso del DNI en las relaciones de los ciudadanos con el sector privado, el DNI es un medio asumido, permitido y fomentado por el Gobierno y por la legislación. Se está trabajando, por ejemplo, en
julio de 2011 se ha lanzado un programa de impulso a la certificación de aplicaciones que hagan uso del DNI electrónico. Además está en ejecución una encomienda a Red.es para ejecutar una campaña de promoción de veinticinco servicios seleccionados
en la Administración General del Estado y quince en el sector privado, en los cuales se puede usar el DNI como medio de identificación y firma. La campaña se inició en julio y durará hasta mediados de 2012. Su propuesta número 4, incrementar el
número de los servicios públicos especialmente utilizados por los ciudadanos, también tiene un error de datos. Ya no hay 2.000 procedimientos que se pueden realizar por el DNI electrónico, estamos ya en 2.700 los que se están realizando y el
Gobierno sigue trabajando para ampliar estos servicios.
Respecto a la propuesta quinta, permitir que el DNI electrónico pueda ser un elemento de identificación y acceso al Sistema Nacional de Salud de los ciudadanos, es una propuesta efectivamente merece un estudio muy detenido. Es un tema
delicado, porque el acceso a los servicios sanitarios se hace con una tarjeta sanitaria expedida por las comunidades autónomas, por lo que habrá que contar con ellas para este proceso. Muchas comunidades autónomas, para pedir citas vía Internet,
permiten el uso del DNI electrónico, pero hay que hablarlo y ver que puede suponer también un cambio de modelo en cuanto a la identificación en otro tipo de documentos como puede ser: el carné de conducir, el carné de biblioteca, el de familia
numerosa, etcétera. Esto supone un cambio conceptual y técnicamente separado del caso actual, que procede estudiar con mucho detenimiento. No nos oponemos a su estudio, pero hay que analizarlo con prudencia y con un amplio consenso.
En cuanto a la propuesta sexta, de impulsar el seno del proyecto europeo Stork para que el DNI pueda ser utilizado por los ciudadanos españoles para relacionarse con las administraciones de la Unión Europea, España, aparte de ser pionero,
está dentro de este programa, está trabajando en este programa, existen convenios con las necesidades de Portugal, Italia, Austria y Estonia. Además hay un convenio directo con Portugal para el reconocimiento mutuo de sistemas de firma electrónica.
Respecto a la propuesta séptima, impulsar campañas divulgativas del uso del DNI, ahora mismo hay una campaña en marcha, la que se inició en el 2010 y finaliza en 2012. Desde luego, el ministerio va a seguir impulsando este tipo de campañas para
profundizar en el uso del DNI electrónico. En consecuencia, el Grupo Popular votará en contra de esta proposición no de ley puesto que considera innecesarias estas propuestas para proseguir en la expansión y mejora de la utilización del DNI
electrónico entre la población, dado que el Gobierno ya está aplicando todas y cada una de las siete propuestas que realiza el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Le ruego al portavoz del Grupo Socialista que nos indique si se acepta o no la enmienda transaccional presentada por UPyD.
El señor SOLER SICILIA: Sí, aceptamos la enmienda presentada por UPyD.
In voce le propongo una enmienda transaccional al Grupo Popular. Donde dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno con el último fin de acelerar...,
diga: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe realizándose con el último fin de acelerar..., ya que todo lo que se ha nombrado en los siete puntos se está realizando, iniciado por el anterior Gobierno, entiendo que
estamos totalmente de acuerdo en que el contenido es el mismo -nosotros añadiríamos: a que continúe realizándose-, tal y como ha dicho su señoría del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer un receso de tres minutos para ordenar las votaciones y ver cómo queda también otra transaccional que había pendiente y a continuación procederemos a la votación, una vez que nos aclaren la posición del
Grupo Parlamentario Popular sobre este último apartado. (Pausa.)
Vamos a proceder a las votaciones. Vamos a votar, en primer lugar, la proposición no de ley presentada por Unión Progreso y Democracia sobre medidas para garantizar la sostenibilidad presupuestaria de las administraciones públicas y la
igualdad de acceso a los servicios públicos fundamentales y la votamos en sus términos originales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 41.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En segundo lugar, votamos la proposición no de ley relativa a la ampliación del régimen sobre incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. En este caso con
las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que han sido aceptadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 36; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En tercer lugar, votamos el quinto punto del orden del día, proposición no de ley para la creación de un registro de lobbies o grupos de intereses. Se vota con la enmienda del Grupo La Izquierda Plural, salvo que algún grupo se oponga, y
con la enmienda transaccional presentada por La Izquierda Plural y el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; a favor, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora el sexto punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la determinación de los beneficios procedentes de actividades económicas objeto de beneficios fiscales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y sin
enmiendas, en sus términos originales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, votamos el séptimo punto del orden del día, proposición no lo de ley sobre el DNI electrónico, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En este caso hay una enmienda aceptada de UPyD y no se ha aceptado la transaccional
propuesta por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.